Hasta 1945 el régimen franquista estuvo inmerso en una estrategia posibilista, que le llevó a tejer una red de continuas negociaciones enmarañadas, con la traída y llevada guerra del wolframio, la devolución del oro nazi o la larguísima negociación de los Pactos de Madrid. Se trataba de aguantar y de sobrevivir al final de la Segunda Guerra Mundial con continuos reacomodos. Una política adaptativa en la que se entrecruzaron, en ocasiones de manera contradictoria, los prioritarios intereses económicos y los artefactos ideológicos con el objetivo de apuntalar al régimen. Los distintos capítulos de este libro aportan más información a estas dinámicas de tira y afloja: la progresiva aceptación del franquismo al hilo del permanente interés norteamericano por mantener las cuotas de intercambio comercial durante y después de la segunda guerra —como observa Misael Arturo López—; las contemplaciones de los aliados para aplicar la estrategia del Safehaven y beneficiarse de la liquidación de los bienes alemanes —que pormenoriza Carlos Collado Seidel—; y el gran éxito negociador de Demetrio Carceller para mantener abiertos los conductos comerciales con ambos bandos contendientes —explicado por Francisco Contreras—. Y, junto a ello y por ello, la fuerte permanencia del lenguaje político para consumo interno a pesar del reacomodo exterior —como marca Zira Box—; el nulo reconocimiento de los derechos democráticos, representados aquí por la censura aplicada a la prensa, la radio, el libro —véase Manuel Peña— o la cinematografía —especificada por Magí Crusells—, pero también la inagotable imaginación para burlarla. Así como la represión de la enseñanza y el no reconocimiento de la libertad de cátedra y la larga vigilancia sobre la ciencia —abordados por Alberto Carrillo Linares—, dependiente primero de Falange y luego bajo control de los católicos.

AA. VV.

Alianzas y propaganda durante el primer franquismo

ePub r1.1

Titivillus 02.08.2019

Título original: Alianzas y propaganda durante el primer franquismo

AA. VV., 2019

Encarnación Lemus

Manuel Peña

Carlos Collado Seidel

Misael Arturo López Zapico

Francisco Contreras

Zira Box

Magí Crusells

Alberto Carrillo-Linares

Prologista: Carlos Mártinez Shaw

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Prólogo

PRÓLOGO

Este libro es el resultado de un encuentro científico celebrado en la Universidad de Huelva y organizado por el grupo HUM-420 («Aprender la Democracia») con la colaboración del Instituto Atarazanas, que allí hizo su primera aparición pública presentándose como una entidad con el fin de fomentar el estudio y el debate en el campo de la historia económica y, más concretamente, de la historia corporativa. Después de las palabras de recepción a los participantes de la magnífica rectora, María Antonia Peña, dieron comienzo las ponencias y los debates de los que aquí se recoge la parte más sustantiva, excelentemente resumida por Encarnación Lemus en su presentación de las temáticas tratadas por los distintos autores y en su conclusión sobre la política adaptativa del franquismo y sobre su estrategia de supervivencia, donde los prioritarios intereses económicos se vinculaban a los artefactos ideológicos que apuntalaban el régimen y a los factores militares y geoestratégicos que permitían, basándose en su pregonada cruzada anticomunista, buscar la complicidad de las potencias occidentales que acabarían por derrotar en los campos de batalla a la Alemania del Tercer Reich.

La primera mitad de los trabajos aquí incluidos se ocupan de las cuestiones estrictamente económicas, que también dominan el largo texto de la ya citada presentación, que viene a ser una síntesis de la historia económica del primer franquismo, definida en el interior por la autarquía, el intervencionismo estatal y la moneda fuerte, aunque al final semejante política no consiguiera ni la independencia ni el crecimiento de la economía, en aquellos años en que, según la expresión de la autora, «parecía que el tiempo no avanzaba en el país».

Francisco Collado Seidel (Universidad de Marburgo), aceptando como axioma que la política pragmática del franquismo y los intereses de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos compartían el postulado de que «toda influencia alemana debía ser eliminada», se detiene en los acuerdos de 1946 y 1948, que garantizaban los derechos de los adquirentes del patrimonio estatal germano en España, así como en la mayor complicación que suscitó la apropiación de los bienes de propiedad privada, los correspondientes a las 133 empresas alemanas que habían tenido (o seguían teniendo) negocios en España.

Misael Arturo López Zapico (Universidad Autónoma de Madrid) estudia las relaciones económicas entre España y Estados Unidos, primero antes del desencadenamiento de la guerra civil, cuando la desigual potencialidad de ambas economías se reflejaba en el permanente déficit de la balanza de pagos española respecto de la estadounidense; después, desde el final de la guerra civil, cuando las diferencias políticas no fueron óbice para la formulación de un nuevo sistema de intercambios (lo que no sorprende, acostumbrados como estamos a los pactos contra natura detrás de los cuales se esconde el ascendiente de los intereses económicos sobre los principios ideológicos) con el énfasis puesto en algunos ejemplos como la negociación de 1941, basada en la entrega de petróleo estadounidense contra el wolframio español, y, finalmente, con un tratamiento más somero, desde la firma de los Pactos de Madrid de 1953, que dejó vía libre a una relación mucho más autónoma y abierta. La tesis mantenida por el autor queda reflejada en el título mediante la alusión mitológica al metafórico triunfo del sutil Mercurio sobre el furioso Marte, en un estudio documentado y erudito de las relaciones bilaterales entre ambos países, situado en un más amplio contexto internacional y justificado (quizás innecesariamente) por la exigencia de este tipo de investigaciones como base para la construcción de una historia global.

Por su parte, Francisco Contreras (Universidad de Huelva) vuelve a defender la misma idea ya alegada en el trabajo anterior, en el que el dios del comercio le gana la partida al dios de la guerra y en el que las relaciones bilaterales son el objeto primero de la investigación, aunque también se hallen enmarcadas en un espacio compartido por otras diversas potencias, además de Reino Unido como principal protagonista de la trama. El estudio parte de la figura de Demetrio Carceller, empresario del petróleo, nombrado ministro de Industria y Comercio en 1940 y cuyas discretas (e incluso secretas) negociaciones con Inglaterra se pueden seguir a partir de los documentos conservados en el Foreign Office. Caso singular, Carceller, en plena euforia de la autarquía económica, llevó a cabo una considerable gestión comercial exterior con diversos países, haciendo gala de un meditado posibilismo en sus relaciones con Reino Unido (las que aquí se analizan), con Alemania y, en menor grado, con Estados Unidos, es decir, con países que eran o amigos o enemigos políticos de España y que entre sí eran rivales enfrentados en el campo de batalla. Sorprende, pues, la enorme habilidad política y económica de este ministro que fue decisiva para que el régimen de Franco no participase en la segunda guerra mundial.

La segunda parte de los trabajos se refieren a los cimientos ideológicos del régimen surgido de su triunfo en la guerra civil. Este bloque temático (no tan separado del anterior como podría parecer a primera vista) se abre con el artículo firmado por Zira Box (Universitat de València), quien se ocupa de analizar los rasgos esenciales que definieron la cultura del franquismo: una cultura de la victoria sustentada en una cosmovisión violenta donde no cabía la reconciliación, sino el exterminio o la descalificación del enemigo. En particular analiza el tratamiento dado a dos componentes esenciales de ese constructo ideológico: la desigualdad radical entre las clases sociales y la apreciación del género (masculino) como un territorio dividido entre los detentadores de la virilidad (los vencedores) y los estigmatizados por su afeminamiento (los republicanos).

Por su parte, Manuel Peña (Universidad de Córdoba) estudia el relevante papel ejercido por la censura en el atropello del pensamiento de la primera sociedad franquista. Una censura ejercida sobre los libros, sobre la prensa, sobre la radio, sobre el cine (aunque no con la misma intensidad: una obra de teatro podía exigir hasta diez censores, mientras que dos eran suficientes para una novela). Una censura que dependía de una consigna general, pero muchas veces no de normas concretas, sino sometidas a la arbitrariedad de la denuncia de un particular más fanatizado de lo habitual o de un burócrata sentado en su despacho. Una censura que se hacía inmanente, interiorizada, pero que en cualquier caso alcanzó un alto nivel de eficacia, de rigidez y de intransigencia al servicio de la ideología franquista, especialmente de la fracción dirigida a exaltar los valores de la disciplina militar o de la moral nacional-católica.

Magí Crusells (Universitat de Barcelona) se centra en el cine (aunque no en la censura cinematográfica, que ya había sido analizada en el artículo anterior y de la que solo ofrece aquí algunos ejemplos singularizados por su ridiculez), dividiendo su exposición en dos partes. La primera muestra algunos ejemplos de la represión practicada sobre las personas, sobre los cineastas, como fue el caso del sevillano Francisco Carrasco de la Rubia, sumariamente puesto frente a un tribunal e inmediatamente fusilado (junto con otras 18 personas) en el barcelonés Camp de la Bota. Más extensa es la segunda parte (donde a sus propios conocimientos une los del malogrado especialista José María Caparrós, fallecido poco antes de abrirse el encuentro en cuyo programa estaba anunciada su participación): el eje central es la concepción, por parte de los responsables del Departamento Nacional de Cinematografía, del cine como un «arma política», con lo que se privilegiaba la componente de adoctrinamiento sobre la de entretenimiento. Esta realidad queda de manifiesto con el análisis de algunas de las películas más representativas de esta etapa: Sin novedad en el Alcázar (heroicidad del Ejército), El crucero Baleares (heroicidad de la Marina), Escuadrilla (heroicidad de la Aviación), ¡A mí la Legión! (sin comentarios) o Raza, la obra personal del dictador.

Finalmente, Alberto Carrillo-Linares (Universidad de Sevilla) presenta una magnífica panorámica de la universidad española de posguerra. Acuñada en un marco ideológico profundamente antiliberal, la institución tuvo que ser la otra cara de la universidad republicana y prácticamente una «universidad de guerra» (pese a los años transcurridos tras el final de la contienda). Para ello se hizo precisa una renovación completa (y brutal) del personal, de modo que a la eliminación de los veteranos profesores (el capítulo de las depuraciones, las represiones y los exilios es particularmente ilustrativo) siguió una búsqueda de jóvenes sustitutos encargados de moldear el pensamiento de las nuevas generaciones. La institucionalización de esta operación quirúrgica fue reglamentada por la Ley de Ordenación Universitaria de 1943, inspirada por el objetivo de la imposición del catolicismo y de la ideología política nacionalsindicalista. El resultado, concluye el autor, fue la derrota de la ciencia a manos de los beneficiarios de la victoria.

En definitiva, el libro presenta muchos atractivos. Por un lado, los artículos denotan la mano de especialistas que conocen perfectamente su objeto de estudio y que saben exponer esos conocimientos con todo rigor y con notable elegancia literaria. Por otro, los trabajos incorporan, no solo novedades absolutas en los diversos campos de investigación, sino que dan noticia de muchos materiales inéditos susceptibles de ser utilizados por otros estudiosos. Y, tal vez, por encima de esta abundante información, deban destacarse los elementos de reflexión que los diferentes textos proponen al lector, sobre unas temáticas todavía poco transitadas por los historiadores españoles, que en muchos casos ni siquiera tuvieron (y a veces ni siquiera tienen) acceso a la documentación sobre la que se basan sus análisis y sus conclusiones, es decir, para terminar, lo que se dice un libro indudablemente solvente y realmente estimulante.

CARLOS MARTÍNEZ SHAW

Abriendo huecos. Los aliados y el franquismo

ABRIENDO HUECOS.

LOS ALIADOS Y EL FRANQUISMO

Encarnación LEMUS

Universidad de Huelva

Resulta habitual en los textos que analizan el franquismo y, en particular, la larga duración de la dictadura, subrayar su capacidad de adaptación como uno de los factores que hacen posible su pervivencia. También que se señale la comprometida situación del régimen a partir de la victoria aliada en la segunda guerra mundial y, por ello, se destaque el interés por difuminar su apoyo a las potencias del Eje, por orillar el carácter fascista, el cese de Serrano Suñer, el regreso de la División Azul, la aprobación del Fuero de los Españoles y la sustitución de ministros falangistas por otros católicos, entre otras medidas. En los libros de texto se define este periodo como el de la autarquía, caracterizada por el bloqueo económico y el ostracismo, con referencias a las conferencias de Yalta y Potsdam y a la Resolución 39 (I) de la Asamblea General de la ONU en 1946. Y, siendo así, también lo es la permanente disponibilidad que tuvieron los vencedores para pactar con el franquismo y aceptar la pervivencia de la dictadura y del propio Franco, abriéndole un hueco en el bloque occidental.

En realidad, los estudios de distintos especialistas han destacado tanto la porosidad del bloqueo económico como el pragmatismo aliado: la tesis de Martínez Lillo sobre Francia[1]; los múltiples trabajos de Ángel Viñas[2], de Florentino Portero[3], de Fernando Guirao[4], así como de Anne Dulphy[5] o Wayne H. Bowen[6], entre otros, así lo muestran. Más recientemente, la pormenorizada investigación de Xavier Hualde Amunárriz, cuyo planteamiento multilateral contempla conjuntamente las actuaciones de los tres aliados occidentales, concluye que no hubo apenas cerco, ni político ni económico[7], basándose en la documentación de los NARA Archives del Departamento de Estado, el Foreign Office y el Quai d’Orsay.

En cierta medida, cada vez parecen más acertados los consejos de Carrero Blanco, «orden, unidad y aguantar», un planteamiento que desarrollaba por extenso en dos informes elaborados poco antes de terminar la segunda guerra, en abril y mayo de 1945 respectivamente, en los que manifestaba el convencimiento de que los aliados no tardarían en enfrentarse entre ellos y España podría sacar la mayor ventaja de la rivalidad. Ante la nueva situación, como explica Antonio Téllez Molina, Carrero refiere que España debería buscar un reacomodo internacional que garantizara la subsistencia del régimen y sus condiciones internas, para lo cual:

Nuestra posición es, pues, francamente sólida y puede sintetizarse en estos dos aspectos: Inglaterra y los Estados Unidos nos necesitan, conjuntamente, para luchar contra el imperialismo ruso. Inglaterra y Estados Unidos se disputan nuestra amistad con vistas al futuro, cuando, desaparecido el peligro ruso, sus intereses se encuentren frente a frente.

Este era el texto de abril; la tesis se desarrolla igualmente un mes después y proseguía:

De momento y con urgencia, es el catolicismo y el anticomunismo lo que conviene esgrimir y a lo que hay que sacar todo el partido posible[8].

Y en la estrategia del reacomodo casi podría decirse que halla el franquismo su esencia, una red de continuas negociaciones enmarañadas —con ambigüedades, cinismo, cesiones, tozudez—, que se teje en la tan traída y llevada guerra del wolframio, en la devolución del oro nazi o en la larguísima negociación de los Pactos de Madrid. Y tal vez ahí esté el quid: en cuánto se trataba de aguantar y en hasta dónde se podía llegar con el reacomodo. Y, si como argumentan estudios impecables, se aguantó hasta caer «en las garras del águila» y se «renunció a todo»[9] o si, ayudado por la triple circunstancia de la miseria económica de la Europa victoriosa, la falta de alternativa de un posible gobierno de oposición, la rápida implantación de la bipolaridad y la Guerra Fría, el régimen se enzarzó en hábiles negociaciones, más de forma que de fondo, confiados en que el tiempo hiciera su trabajo. Se aguantó a la espera de un futuro que generalizara el comportamiento pragmático francés, que Anne Dulphy explica al rescatar la frase del ministro de Exteriores, Georges Bidualt, en 1947, que alegó en favor de la reapertura de fronteras: «La question de fait: il n’y a pas d’oranges fascistes, il n’y a que des oranges»[10], una afirmación que refleja con un acierto impactante el pragmatismo por encima de la ideología y, en este caso, tal vez tuviéramos que destacar que ese pragmatismo fue la moneda común de unos y de otros, por parte de los aliados y por parte del régimen franquista.

Los distintos capítulos de este libro aportan más información a estas dinámicas de tira y afloja: la progresiva aceptación del franquismo al hilo del permanente interés norteamericano por mantener las cuotas de intercambio comercial durante y después de la segunda guerra mundial —como observa Arturo López Zapico—; las contemplaciones de los aliados para aplicar la estrategia del Safehaven y beneficiarse de la liquidación de los bienes alemanes —que pormenoriza Carlos Collado Seidel—; el éxito de Carceller para mantener abiertos los conductos comerciales con ambos bandos contendientes —explicado por Francisco Contreras Pérez— y, junto a ello y por ello, la fuerte permanencia del lenguaje político para consumo interno a pesar del reacomodo exterior —como marca Zira Box Varela—; el nulo reconocimiento de los derechos democráticos, representados aquí por la censura aplicada a la prensa, la radio, el libro —véase Manuel Peña— o la cinematografía —especificada por Magí Crusells—, pero también la inagotable imaginación para burlarla, así como la represión de la enseñanza y el no reconocimiento de la libertad de cátedra y la larga vigilancia sobre la ciencia —abordados en el capítulo de Alberto Carrillo-Linares—, dependiente primero de Falange y luego bajo control católico.

Y, a pesar de la bibliografía y de la, cada día mayor, documentación primaria desclasificada, conviene mantener vigente la cuestión de los porqués o, mejor, constatar que los mismos porqués que justificaron la «no intervención» en 1936 aconsejaron la tolerancia en 1945 y la rehabilitación en 1950 y 1953: la defensa de los intereses económicos respectivos —británicos, norteamericanos, franceses—, el miedo a la influencia soviética en la península y la salvaguarda del interés estratégico, es decir, por un lado, los intereses económicos, los elementos ideológicos y los factores militares y geoestratégicos, que fueron siempre de la mano aunque adquiriendo distintos matices y versiones según las coyunturas históricas, y, por el otro, la habilidad del régimen para no atarse hasta el final con los principios ideológicos, su maleabilidad y su falta de empacho en ceder en todo aquello que no implicara la fragmentación del autoritarismo ni la pérdida de los canales para el enriquecimiento de la oligarquía franquista.

En 1936 pesó el miedo británico al ascendiente soviético sobre la península y esa causalidad se mantuvo ante la falta de sintonía entre anglosajones y soviéticos en las conferencias de posguerra, el progresivo avance de la Guerra Fría y el mundo bipolar y, finalmente, el clima bélico entre bloques con la guerra de Corea. El peso de las circunstancias internacionales, que tan claramente percibía Carrero, impulsó la aceptación, pero no solo, ni en el primer momento: los mercados también participaron en ello activamente.

En 1936, como explica Enrique Moradiellos, el principal interés británico en el Mediterráneo occidental era la seguridad de las comunicaciones marítimas y aéreas y del comercio que atravesaba el estrecho de Gibraltar y discurría cerca del sur de España[11]. El anticomunismo británico y su convencimiento de la debilidad democrática republicana y de que los intereses económicos británicos estaban mejor salvaguardados con los sublevados se impusieron deﬁnitivamente en la desigual «no intervención». En concreto, a juicio de este autor, la posición neutralista frente a la guerra española obedecía a dos motivos complementarios: los gobernantes británicos pensaban que España desde febrero de 1936 atravesaba una situación revolucionaria como la de Rusia de 1917 y juzgaban impotente al gobierno; la otra razón estribaba en la política de apaciguamiento practicada en Europa como intento de evitar una guerra que, aunque se ganara, provocaría pérdidas deﬁnitivas en la posición económica, militar e imperial de Reino Unido[12].

En 1939 se volvía a reiterar el interés político-estratégico en la península y, a principios de 1940, se otorgó la concesión de un crédito de 4,5 millones de libras como parte del acuerdo bilateral de comercio y pagos, por el que España se comprometía a invertir una parte de sus ingresos anuales en libras para pagar sus deudas con Reino Unido[13]. Por parte británica, este acuerdo se planteó como una ayuda a España —«Si queremos que la marea en España cambie a nuestro favor, es esencial que se restablezca el comercio anglo-español»—, y Moradiellos destaca el éxito de esa postura, porque mantuvo a Franco en una neutralidad obligada por su dependencia de los créditos y suministros aliados[14]. De hecho, a partir de 1942 y aunque el comercio con Alemania se hubiera convertido en mayoritario, el intercambio con Reino Unido continuó con sus envíos tradicionales: productos agrarios —naranjas y otras frutas, verduras, en especial tomates— y materias primas —mineral de hierro y piritas—.[15] A pesar de la entrada de Estados Unidos en la segunda guerra mundial, Gran Bretaña siguió desempeñando la responsabilidad conjunta de la acción aliada en España. Churchill frenó una y otra vez las iniciativas norteamericanas de ejercer una mayor presión sobre la España franquista, con los argumentos de que podría ocasionar el abandono de la «no beligerancia» y la entrada en la guerra con el Eje, poniendo en peligro el control sobre Gibraltar y dificultando más la actuación aliada en el Mediterráneo. Sobre ello, Carlos Collado ha detallado el día a día de esa labor de contención que pudo llegar a quebrarse, pero intervino el azar en la detención de ese telegrama que Churchill llegó a escribir, admitiendo la propuesta intervencionista de Roosevelt, y que por horas no fue enviado el 25 de abril de 1944[16].

Como eso no sucedió, se mantuvo la actitud de apaciguamiento y, ya en la fase final del conflicto, en diciembre de 1944, el Foreign Office enviaba al Departamento de Estado norteamericano un documento para acordar la política de posguerra, en cuyo primer punto, se leía: «Nuestros intereses estratégicos y comerciales de posguerra requieren una España amiga y en paz». Según Moradiellos, en dicho documento solo se contemplaban el ejercicio de tibias y cautelosas presiones diplomáticas. En el texto también se incluía el siguiente párrafo:

[…] la mejor esperanza para España reside en la modificación del presente régimen en el próximo futuro por medios pacíficos desde dentro de España […]. Sin embargo, la información […] indica que los elementos moderados en España, tanto republicanos como monárquicos, están en una situación de ánimo desfavorable y crece en ellos la tendencia a aceptar el régimen existente en España con todos sus fallos porque al menos parece garantizar orden y seguridad comparativa[17].

Los británicos, que en 1936 dudaron de la firmeza del gobierno republicano, parece que en 1944 iban a más, adjudicando a «los republicanos moderados» las mismas actitudes que ellos querían aplicar, es decir, que interpretaban lo que ellos mismos querían interpretar —wishful thinking—. Ya en 1945 el consentimiento del franquismo adquirió otros matices, el peligro a que una injerencia desencadenara un respaldo mayor al régimen, por una reacción nacionalista de los sectores más autoritarios, o una guerra civil, cuando Gran Bretaña no podía ya sostener por sí misma la posición de Grecia en el extremo opuesto de Europa. Tampoco se contaba entonces con una alternativa fiable de gobierno, pues se descartaba a los monárquicos juanistas y los republicanos se desautorizaban por su invalidante división interna, lo que propició que incluso la Francia más afín llegara a la misma conclusión, como veremos. Se prorrogó así una no injerencia salpicada de «alfilerazos retóricos» que desde 1947 dejaron de aparecer, porque se andaba ya en la senda de la rehabilitación del régimen.

Para entender estas decisiones no hay que perder de vista, tampoco, que, como expresa Xavier Hualde, el esfuerzo bélico había llevado a Gran Bretaña prácticamente a la ruina y había terminado siendo la mayor deudora del mundo[18]. Como detalle concreto, en relación con España, Elena Martínez Ruiz aclara que las compras preventivas —en este estudio se tratará el tema del petróleo y el wolframio— estuvieron compensadas por los británicos desde 1943 por sus ventas de oro a España: en noviembre de 1943, el Banco de Inglaterra vendió al Instituto Español de Moneda Extranjera 15 toneladas de oro contra pesetas en una estrategia de expulsar a los alemanes del mercado español[19], objetivo que, como explicará Carlos Collado en su capítulo, no se alcanzó.

A partir de 1946, los norteamericanos fueron cada vez más reactivos al mayoritario seguimiento de los partidos comunistas en Francia e Italia y, por lo tanto, a que una desestabilización en España pudiera desembocar en una presencia comunista también en este país. Ese temor creció con la salida de Charles de Gaulle de la presidencia de Francia y la llegada a la presidencia de un consejo, en el que los comunistas tuvieron mucha fuerza, del socialista Félix Gouin a principios de 1946[20]. Así, rápidamente se puede apuntar que, en ese marco, adquiere un gran impacto, como explica Xavier Hualde, el Long Telegram de George Kennan, diplomático de la embajada de Moscú, que envió el 22 de febrero de 1946 ese amplio texto denunciando la necesidad de expandirse que tenía el régimen soviético y el valor estratégico que adquiría en esa proyección la península Ibérica, que lo señala como uno de los factores del cambio de la estrategia norteamericana con respecto a España y que tendrá mayor incidencia una vez que el propio Kennan se incorpore al Policy Planning Staff un año después[21].

Se había entrado en un nuevo escenario de Guerra Fría y habían comenzado, de hecho, las ventas de armamento a España. Definitivamente, sería la guerra de Corea la que forzaría la implantación de la opinión de los departamentos económicos y los criterios militares sobre la visión de la secretaría de Estado y se impuso el planteamiento de la normalización de las relaciones bilaterales —lo que facilitó la revocación en la ONU de la resolución condenatoria de 1946, en 1950, y la inclusión en las agencias especializadas— y de la incorporación de España en el sistema de Seguridad Occidental, preferentemente en el marco de la OTAN, pero ante la oposición de sus socios europeos, a través de acuerdos militares bilaterales para que, en un hipotético enfrentamiento con la Unión Soviética, se contara con una frontera defensiva en los Pirineos a partir de la cual plantear una defensa de Europa.

Pero volvamos a las naranjas tan apreciadas por los británicos durante la guerra y que no lo fueron menos después. A lo largo de 1946, ante la solicitud francesa para que secundaran su propuesta de bloqueo económico al régimen y tras la Resolución 39(I) de 12 de diciembre de 1946 de la ONU, el Foreign Office elaboró un informe sobre los efectos de la aplicación de sanciones a España para la economía de Reino Unido y las condiciones de vida de los británicos, ya al límite en ese durísimo invierno de 1947. Por otra parte, ese año, el abastecimiento español también estuvo al borde del colapso, hasta el punto de que los norteamericanos llegaron a plantearse, más que firmar acuerdos comerciales, enviar alimentos como ayuda humanitaria a un país cuya población sufría una hambruna al mismo tiempo que en los circuitos internacionales vendía alimentos en búsqueda de divisas con las que pagar las importaciones imprescindibles.

En definitiva, el informe del Foreign Office recogía las repercusiones negativas en la dieta de la población, las consecuencias para la industria metalúrgica, los intereses financieros en España, las empresas británicas como Río Tinto, el coste de vigilar el cumplimiento y, de hecho, la confirmación portuguesa de que se negarían en rotundo a colaborar en el bloqueo, más la repercusión sobre las relaciones económicas con Argentina. Por todo ello, en lugar de la ruptura, aconsejaba la colaboración. Así, en 1947, se alcanzó la firma de un acuerdo bilateral de comercio y pagos que flexibilizaba y ampliaba el marco anterior de 1940[22]. Tal decisión no solo obtuvo repercusiones en las relaciones bilaterales, sino que ese clima que favorecía los contactos con España para beneficiarse tanto de su potencial exportador como del importador, más interesante aún, fue tenido muy en cuenta en Francia para terminar con el cierre de fronteras y, por parte norteamericana, para que los departamentos económicos se unieran a los militares en su demanda de un acercamiento a España. Como indica Viñas, las concesiones de préstamos norteamericanos, alcanzadas tras una larga negociación, constituyeron un punto de inflexión en este sentido. Este autor relata que el Departamento de Estado rechazó una primera petición de crédito para la adquisición de cereales al Export-Import Bank y ofrece un detalle que ayuda a entender los diferentes raseros por los que se movía la realidad española: en su negativa, los norteamericanos argumentaron que la ayuda se había solicitado al tiempo que se presentaba una oferta de compra de motores de aviación de desecho, ofreciendo por ellos cerca de un millón de dólares, una cifra «diez veces superior a su valor real» que bien podría destinarse esa cantidad a la compra de trigo para aminorar el hambre de la población[23]. Pero la presión de los organismos militares terminó ganando y, poco después, a finales de ese 1949, el Chase Manhattan Bank de Nueva York concedió un primer crédito de 25 millones de dólares y, ya al año siguiente, se otorga la perseguida línea de crédito del Export-Import Bank, disponible para organismos y empresas españolas públicas y privadas[24].

Digamos que brevemente estos fueron los porqués, admitiendo la falta de una alternativa real para un gobierno salido de la oposición exterior y llegando a reiterar que, con los contactos bilaterales, se podría favorecer una democratización desde dentro, que fue verdad que llegó, pero tras la muerte del dictador, componiendo un capítulo alejado de esta etapa de la autarquía, aunque se pueda establecer un nexo[25].

El resumen de lo que había sucedido creo que nos lo ofrece Guirao al contextualizar el interés de los aliados en seguir comerciando con la España franquista a partir de 1945 por la urgencia de abastecer a su población de alimentos después del sostenido sacrificio bélico —naranjas dulces y amargas, aceite, conservas de pescado— y por el gran esfuerzo realizado para reconstruir y modernizar las economías —piritas y fosfatos como fertilizantes, mercurio, wolframio, hierro para la industria— que los llevó a acudir a un mercado de importación como el español que no requería el pago en dólares cuando más escaseaba esa divisa. Puede, por lo tanto, entenderse así que la «débil e ineficiente economía española pudo ser percibida como necesaria por muchos gobiernos europeos»[26].

En definitiva, con algún que otro matiz, los investigadores están de acuerdo en que el cerco económico nunca existió, con la salvedad del ocasional cierre de los Pirineos durante casi dos años y, por lo tanto, aun en un marco de animadversión política, las diatribas contra el régimen —alfilerazos—, que traducían un sentimiento de aversión verdadero, apenas tuvieron incidencia en las relaciones exteriores, porque, por un lado, las declaraciones internacionales contrarias a la dictadura —Yalta, Potsdam, la Declaración Tripartita de 2 marzo de 1946, la Resolución 39(I)— tuvieron un alcance limitado, sin implicar la ruptura de relaciones, por otro, la praxis de los intercambios fue abriendo el camino del reconocimiento internacional: para unos se trata de pragmatismo económico; para otros, de cinismo político.

Y ese rechazo político, que fue real, impregnó a los dirigentes —en los capítulos que siguen se insistirá en ese sentimiento por parte del presidente Harry Truman o de los secretarios Anthony Eden o Ernest Bevin del Foreign Office— y a amplios sectores de la opinión pública en los países aliados, pero únicamente en Francia, ideología y sentimientos antifranquistas lograron frenar la imposición de la realpolitik. En el país vecino no solo se impuso el cierre temporal de la frontera, sino que la proximidad geográfica y la fuerte presencia de los exiliados de 1939, su implicación en la Resistencia, la acogida al gobierno republicano en el exilio y, más tarde, la llegada continua de nuevos opositores y emigrantes económicos explican que una parte de la intelectualidad francesa y amplios sectores de la izquierda mantuvieran siempre viva una repulsa antifranquista. Esta actitud, no obstante, no impidió el contundente desembarco del capital francés a mediados de los cincuenta, como prólogo del Plan de Estabilización, ni la llegada a lo largo de los sesenta como turistas de esos mismos franceses críticos. Por ello y porque ninguno de los capítulos que siguen abordan las esenciales relaciones con Francia, me extiendo en esta introducción sobre la relación bilateral con el país fronterizo[27].

La primera fase, hasta el cierre de los Pirineos en marzo de 1946, significó una etapa de transición. Con la liberación de París, se produjo la formación, en septiembre de 1944, del gobierno provisional del general De Gaulle, quien contó con Georges Bidault para el desempeño del cargo de ministro de Exteriores. Unos días antes ya había ocupado la embajada francesa en Madrid quien había sido representante oficioso del Comité Français de Libération Nationale, Jacques Truelle. De Gaulle, ferviente anticomunista, concebía a España como un país incluido en la órbita de la influencia gala, útil para mantener una política francesa lo más independiente posible en el marco emergente de las relaciones con las potencias anglosajonas, por eso mostró cierta condescendencia con el franquismo. Esa actitud sostuvo la interrelación económica, sellada con la concesión, esta vez por parte española, de un crédito comercial de 200 millones de pesetas en septiembre de 1944 y, al año, en septiembre de 1945, se había firmado el Acuerdo Comercial Hispano-Francés, en términos muy flexibles y beneficiosos para París.

Simultáneamente, no obstante, la ciudadanía francesa se manifestaba mayoritariamente en contra de la España franquista y, así, se produjo en junio de 1945 un asalto popular en Chambéry, la Saboya francesa, a un tren que transportaba repatriados de la División Azul, lo que dio lugar a un litigio bilateral que persisitiría durante los años siguientes al igual que las protestas permanentes por la libertad de movimientos de los republicanos y el tratamiento favorable a las personalidades del exilio. Del mismo modo, la mayoría parlamentaria se declaraba contraria a cualquier condescendencia con el franquismo y pedía al gobierno un cambio drástico en la política bilateral y un cierre de fronteras al que se oponía Georges Bidault, por considerar la medida inútil y perjudicial en sí y aún más tomada en solitario.

Como indica Anne Dulphy, a partir de marzo de 1946, las relaciones bilaterales incluyen dos medidas complementarias: el ostracismo a España por el cierre fronterizo y el compromiso creciente con la oposición republicana, en consonancia con la decisión de favorecer un posible gobierno alternativo entre los republicanos. Por ello, al tiempo que se pretende ayudar a la progresiva unificación de las oposiciones clandestinas en el interior peninsular, Francia recibe a los miembros del gobierno republicano en el exilio y se nombra un delegado, Lionel Vasse, para actuar como nexo con las autoridades francesas[28]. A medida que esa opción se aleja, el bloqueo económico se revela abiertamente sin sentido y perjudicial, sobre todo, para Francia, ya que Reino Unido había firmado el Tratado de 1947, antes citado, y los norteamericanos habían iniciado una estrategia de acercamiento a España; en septiembre de ese año, Bidault reclama en la Asamblea la reapertura con su exitosa frase.

La propia inestabilidad de la política interior francesa y la volatilidad de los gobiernos de esta etapa justifican tanto la persistencia del cierre en 1947 como la posterior reapertura, en febrero de 1948. Con la preeminencia comunista en la formación de 1947, el gobierno se vio a sí mismo como un puente entre las dos superpotencias y aspiraba a instalarse como tal en el corazón de las relaciones exteriores europeas; la pérdida de poder comunista en el gobierno de Robert Schuman, la persistencia de Bidault y la multiplicación de la demanda de los sectores económicos afectados, particularmente en los departamentos del sur, conducen a la reapertura de los pasos fronterizos, que apunta a una nueva etapa de transición larga hasta la llegada del conservador Antoine de Pinay en 1952, aunque el antifranquismo social perdudaría.

En un marco todavía con reservas diplomáticas en el que Francia pretende recuperar su tradicional ascendiente sobre la península, se firma en mayo de 1948 un acuerdo comercial y el país vecino encontrará que, tanto en el plano político como en el económico, ha de tener en cuenta el fortalecimiento de Estados Unidos en la escena. A pesar de ello, Francia puede seguir contando con su arraigada influencia cultural en la península y la disponibilidad de una extensa red de consulados, centros culturales y educativos que seguirán desarrollando su prestigiosa labor de siempre. No obstante, como se ha venido afirmando, el antifranquismo seguía implantado en todos los niveles y el intercambio de embajadores, de acuerdo con la recomendación de la ONU en 1950 —en cuya votación Francia se había abstenido en decisión acordada con Gran Bretaña—, implicó una nueva oleada de protestas, tanto en la Asamblea Nacional como en la calle, con movilizaciones favorables a los exiliados. La sustitución del delegado de embajada, Bernard Hardion, tuvo que esperar y, en una maniobra de tránsito, él mismo fue nombrado embajador, provocando el disgusto español y sucesivos tiras y aflojas hasta que, finalmente, se le otorgó el plácet e, igualmente, Manuel Aguirre de Cárcer, que venía actuando desde 1947 como representante oficioso, fue nombrado embajador en París[29], como arreglo temporal hasta la llegada definitiva de Jacques Meyrier a finales de 1951, dando paso así a una nueva etapa, ahora sí, de reconciliación que impulsa el conservador Antoine de Pinay desde la presidencia del Consejo[30].

La normalización diplomática y la consecuente reapertura de las fronteras daban cumplimiento a la presión de los intereses comerciales y se coordinan con un preacuerdo fiscal ya en agosto de 1951 —definitivamente cerrado en abril de 1953—, previo al tratado definitivo de comercio bilateral del año siguiente, 1952. Para entonces, se habían abierto cauces a los objetivos del empresariado francés de colocar su inversión en España, tanto por la introducción de filiales francesas como por la inversión en la modernización y reconstrucción de nuevas infraestructuras, una etapa ya dirigida hacia la liberalización muy estudiada por Esther Sánchez[31].

A lo largo de los párrafos anteriores, se ha admitido la interrelación entre política exterior y comercio exterior, aunque la propaganda del régimen siempre lo negó —y en los documentos internos se afirmara lo contrario—, pero llegamos ahora a otro nudo gordiano, el doble planteamiento de si la aceptación en política exterior, en base al gradual acercamiento económico y militar, norteamericano, británico o francés, estuvo en la base de una también gradual llegada de la liberalización y el fuerte desembarco de la inversión de estos países —y de la RFA, como explica Collado Seidel— o de si fue la miseria imperante, el mantenimiento de las cartillas de racionamiento y el pobre crecimiento lo que impulsa un cambio radical de política económica que dejara atrás la prolongada autarquía, aunque hubiera que esperar para ello a la firma de los Pactos de Madrid y la entrada en la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), es decir, casi dos décadas después de terminada la guerra. O más fácil, si la autarquía dependía del boicot o del ubicuo intervencionismo interior, sostenido a pesar de los aires cambiantes. Y es aquí donde me parece muy sugerente el aludido texto de Ángel Viñas que subraya el vínculo entre la autarquía y una visión amenazadora de la política exterior imperante en Franco y su entorno[32], porque una línea de análisis es la mirada desde el exterior, que hasta ahora se ha empleado, y otra la de la mirada hacia el exterior que se realiza en la España autárquica y que es la que Viñas contempla en el texto citado.

La autarquía aspira al desarrollo económico con los recursos propios para asegurar la independencia del exterior e impone una fuerte intervención en todo el entramado productivo y la obsesión por la balanza de pagos favorable y la industrialización. Ahora bien, por un lado, es imposible prescindir de las importaciones y se implanta un perverso mecanismo de licencias discrecionales de importación en función de criterios clientelares; por el otro, para intentar, infructuosamente, frenar la descompensación de la balanza comercial, se drena hacia la exportación lo de siempre, productos agrarios, aumentando así el sufrimiento de la población, y materias primas, lo que también perjudicaba el ya débil tejido productivo, castigado por la falta de importaciones —también lo de siempre: combustibles, algodón, chatarra, fosfatos, maquinaria…—, pero en la misma rigidez se alimentaba la discrecionalidad en la aplicación y, por ello mismo, la corrupción.

Cuando se va produciendo el cambio en la marcha de la segunda guerra mundial y más aún con la derrota del nazismo, urgieron los reacomodos:

[…] la justificación autárquica de la economía española podía y debía modificarse sustancialmente, si bien su plasmación industrial, organizativa e institucional, apenas si cambió […] aunque modernizó el enunciado por el de sustitución de importaciones, a cualquier costo, manteniendo un irreal valor de la peseta y hasta límites inverosímiles el sistema de autorización previa y discrecional para todas y cada una de las transacciones con el exterior[33].

Con tales políticas, el régimen fue el causante de la extensión de la pobreza y del bajísimo nivel de vida de la población hasta mediada la década de los cincuenta, en una recuperación mucho más lenta que la de la Europa devastada por la guerra mundial[34]. Sin embargo, como en otros muchos ámbitos de la vida pública, el ordenamiento y el intervencionismo a ultranza nunca terminaron por encuadrar la práctica económica cotidiana ni en las grandes transacciones ni en las domésticas: ya lo había adelantado la práctica de Demetrio Carceller al frente de Industria y Comercio —como se verá en su capítulo— porque si el régimen se manifestó como un experto en supervivencia, una parte de la ciudadanía también[35].

Sobre intervención y balanza de pagos, Elena Martínez explica que, una vez que se asumió que España no sería incluida en el Plan Marshall, no quedaba otra que aplicar medidas para remediar la escasez de divisas y, en lugar de una devaluación de la peseta encaminada a mejorar los saldos comerciales, se siguió la línea marcada por el ministro de Industria y Comercio, Juan Antonio Suanzes, con la aplicación de un intrincado «sistema de tipos múltiples», es decir, incrementar la intervención sobre el sector exterior y, a finales de 1948, se aprobó una serie de tasas y subvenciones para favorecer la exportación y desincentivar la importación. Con todo ello, se alejó más a la economía española del incipiente multilateralismo que nacía en Europa[36].

Termina explicando Viñas que todavía en 1961, lanzada y sin vuelta atrás la liberalización, aún persistía la vertiente aislacionista del régimen y, ahora, vuelvo a las palabras de Carrero que el investigador recoge:

Contra estos tres poderes [las internacionales comunista, socialista y masónica] tendremos que luchar y, mientras tengan acción en el mundo, no tendremos amistades [de] verdad con países donde puedan ejercer su influencia [las democracias]. Nos ayudarán por cuanto nos necesitan, pero de paso que nos ayudan intentarán dominarnos, y esto es lo que no hay que perder de vista. Está bien que nos aprovechemos de la ayuda, porque, de momento, el comunismo es el peligro más inmediato, pero con gran cuidado de no incurrir en la ingenuidad de concesiones peligrosas. La única contrapartida a nuestra ayuda no puede ser otra que la voluntad de combatir al comunismo con todas nuestras fuerzas, pero nada más[37].

Tal vez la idiosincrasia del régimen esté en que alguien tan directamente vinculado a la pérdida de soberanía que los Pactos de Madrid suponían escribiera este texto para el ministro Fernando María Castiella, por cuya mediación sería cesado y sustituido en 1969, cuando, en la renegociación del acuerdo hispano-norteamericano, presionó para recuperar capacidad de acción para España o, al menos, elevar la compensación por la cesión y disminuir el número de facilidades, enarbolando una alternativa de neutralidad hasta un límite que se consideró peligroso por parte de Carrero, como ha analizado Rosa Pardo[38].

En suma, que la autarquía se mantuvo, aun sin el cerco, como un intervencionismo a todos los niveles, una industrialización sin competencia que no reparaba en costes, porque tenía reservado el consumo interno y una obsesión por el superávit de la balanza de pagos y una peseta fuerte, que encarecía las ventas españolas. Se mantuvo, pero cosa distinta es que cumpliera sus objetivos de lograr la independencia y el crecimiento económicos.

A finales de la década de los cuarenta y en los cincuenta no correspondería hablar de una España fascista y la autarquía imperante tampoco obedecía al corporativismo integrador fascista. En el país, sin el cerco exterior, imperó el nacionalcatolicismo —autoritario, jerárquico, represivo, con un lenguaje machista y sexista—. Al igual que el régimen con el exterior, hubo que aprender a sortear el burocratismo, la vigilancia, la incoherencia y la imagen sospechosa de la cultura con estrategias de supervivencia: periodistas, editores o cineastas jugando con la censura; profesores y científicos colándose por los márgenes de la estrechez, y cada cual a distintos ritmos y tiempos, porque eso, el tiempo, parecía que no avanzaba en este país.

Toda influencia alemana debería ser eliminada. El proyecto aliado de expropiación y liquidación de los bienes alemanes en España

TODA INFLUENCIA ALEMANA

DEBERÍA SER ELIMINADA.

EL PROYECTO ALIADO

DE EXPROPIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE

LOS BIENES ALEMANES EN ESPAÑA

Carlos COLLADO SEIDEL

Universidad de Marburgo

La historiografía ha dejado claro que los regímenes nazi y franquista fueron propulsores de una misma causa, una alianza que tiene sus raíces en los comienzos de la sublevación militar en julio de 1936. A partir de la decisión de Hitler de apoyar a Franco se estableció una estrecha relación tanto política como ideológica y militar. Durante el transcurso de la guerra civil, el Tercer Reich se convirtió en el principal sostén de los generales sublevados y, sin el suministro de material bélico, la victoria de Franco habría sido más que dudosa. Por otra parte, Falange Española veía en el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán un gran modelo que pretendió mimetizar. La España de Franco fue desde su establecimiento un régimen orientado hacia el Nuevo Orden Europeo liderado por la Alemania nazi, con la que se sentía estrechamente vinculada.

Esta persuasión de sintonía ideológica y política permaneció básicamente inalterada, no obstante la neutralidad oficial de España durante la segunda guerra mundial. Franco no ocultó en ningún momento de qué parte estaban sus simpatías. El ingreso de España en el Pacto Anti-Komintern, la declaración de «no beligerancia», así como el encuentro de Franco con Hitler en Hendaya eran signos inequívocos de esta solidaridad con las potencias del Eje.

La mayor parte de los generales españoles estaban impresionados y hasta deslumbrados por la magnitud del potencial bélico alemán y su organización militar y, hasta muy avanzado el curso de la guerra, es decir, hasta el desembarco aliado en Francia en junio de 1944, no concibieron que la Wehrmacht, la Fuerza de Defensa alemana, acabaría siendo derrotada. La solidaridad alcanzó uno de sus puntos culminantes cuando Franco, en julio de 1941, bajo la impresión de la ofensiva alemana contra la Unión Soviética, no solo se identificó públicamente con los objetivos bélicos alemanes, sino que además exaltó a España y a las potencias del Eje como una comunidad de destino. Fue la hora del nacimiento de la División Azul.

Materias primas codiciadas

Materias primas codiciadas

Durante estos años, el Tercer Reich tuvo una influencia preponderante sobre España, marcada sobre todo por la vinculación económica. Tal y como ha resaltado Rafael García Pérez, dada la relevancia de España para la industria bélica germana, las relaciones hispano-germanas siempre estuvieron supeditadas a la preeminencia de los intereses económicos, muy por encima de los políticos o militares[1].

Esta vinculación se encontraba enmarcada en los parámetros definidos por el primer plan cuatrienal alemán, establecido en 1936, que preveía una impresionante producción armamentística como paso previo a una guerra. A raíz de estos planteamientos, la estrategia diseñada en Berlín iba dirigida a asegurarse las fuentes de suministro de todas aquellas materias primas necesarias, creándose a estos efectos una amplia red comercial en la Europa continental. Si bien, en un principio, los alemanes centraron su interés en los países balcánicos, el estallido de la guerra civil y la ayuda solicitada por el general Franco ofrecieron la oportunidad de ampliar dicha base de aprovisionamiento. A partir de ese momento centraron igualmente su interés en la riqueza mineral del suelo español. A lo largo de la segunda guerra mundial, esta función suministradora se fue reforzando como consecuencia de las crecientes necesidades del Tercer Reich. La dependencia alemana de suministros desde España incluso llegó a ser extrema, sobre todo en relación con diversos minerales de especial importancia para la industria armamentística, como lo fueron el molibdeno, el espato-flúor y, especialmente, el wolframio. La relevancia de dichos suministros incluso condicionó la actuación nazi y las decisiones políticas respecto de España, primando en todo momento la preservación del flujo de exportación en condiciones lo más favorables posibles.

Este flujo comercial fue orquestado primeramente por medio de dos organismos dependientes del Reich, la Rowak (Rohstoff-Warenkompensation), anclada en el Ministerio de Economía berlinés como organismo coordinador para la obtención de los productos necesitados por la industria bélica, así como una empresa correspondiente en España, denominada Hisma (Compañía Hispano-Marroquí de Transportes), y, posteriormente, el consorcio Sofindus (Sociedad Financiera Industrial), ya con la ambición decidida de lograr una posición de preeminencia dentro de la economía española. A partir de ahí, por medio de la creación de más de una docena de empresas volcadas en diversas ramas de la extracción de materias primas, sobre todo en el sector minero (entre las que se encontraban Aralar, Montes de Galicia, Sierra de Gredos, Montañas del Sur), pero también de exportación de otros productos como resina o pieles, comenzó una fase de expansión para asegurarse las materias primas codiciadas.

Si bien el gobierno español procuró limitar la desbordante penetración alemana, pues las bases materiales del rol asignado a España atentaban contra las convicciones nacionalistas del régimen, y aunque el programa económico británico y posteriormente anglo-estadounidense logró contrarrestar la completa subyugación de la economía española, en la práctica, los alemanes lograron asegurarse la producción en los sectores de su interés, obviando en parte incluso la legislación de protección de la industria nacional por medio de la interposición de testaferros.

Las inversiones de la industria privada alemana se centraban, además, en cuatro sectores de la economía: la industria química, la industria electrotécnica, bancos y seguros. Dentro de este conjunto, la presencia fue especialmente notable en el sector químico y farmacéutico, donde empresas alemanas mantuvieron una situación de dominación del mercado español por medio de filiales de los grandes trusts como la IG-Farben, Siemens o AEG. Además, existían diversas empresas importantes en otros sectores de la economía creadas en su mayoría por miembros de la colonia alemana afincada en España. Esta era una de las más numerosas en el país, superada únicamente por los portugueses, y comprendía un gran número de técnicos y especialistas integrados en los circuitos empresariales españoles. A esta presencia industrial alemana hay que añadir el liderazgo absoluto del Reich durante la segunda guerra mundial en la transferencia de tecnología a España, si bien, en este ámbito, las expectativas españolas no se vieron satisfechas de la forma deseada[2]. El comercio bilateral entre ambos países llegaría en estos años a niveles impresionantes al alcanzarse un volumen de exportación de productos españoles a Alemania, cuyo valor era equiparable a la suma total de las exportaciones hacia Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia[3].

El Tercer Reich aprovechó también la situación prevaleciente para lograr la mayor influencia posible en la administración española. Los distintos servicios secretos, como la Gestapo, el servicio de información y de contraespionaje militar Abwehr, así como el Partido Nazi y sus distintas organizaciones mantuvieron estrechos lazos con las fuerzas de seguridad españolas, los altos mandos del ejército y la cúpula de Falange[4].

Esta amistad dio rápidamente frutos, pues, al comenzar la segunda guerra mundial, la inteligencia alemana obtuvo facilidades para organizar en territorio español una extensa red de espionaje. La Abwehr tenía libertad para observar, en un principio sin ningún género de dificultades, los convoyes y el paso de unidades navales aliadas por el estrecho de Gibraltar; podía abastecer submarinos alemanes desde diversos puntos de la costa atlántica española o desde las islas Canarias, y, además, se dedicaba a interceptar los mensajes radiotelegráficos de los aliados. Según el testimonio de Walter Schellenberg, último jefe de los servicios secretos de Hitler, se hallaban en España las más amplias instalaciones de escucha y descifrado de que disponía el Reich en el extranjero[5]. Dentro de esta sintonía, el almirante Canaris, jefe de la Abwehr, viajó repetidamente a Madrid para definir en mutuo acuerdo con las autoridades españolas el radio de acción de los servicios secretos. El Reichsführer-SS, Heinrich Himmler, y el entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, firmaron acuerdos sobre cuestiones de seguridad que otorgaron a la Gestapo una gran libertad de movimientos en el territorio español.

El Ministerio de Propaganda alemán tuvo, por su parte, presencia en España a través de la Sección de Prensa de la embajada alemana, cuyo agregado de prensa, Josef Hans Lazar, que disponía de un nutrido equipo de colaboradores y de considerables medios financieros, ejercía una influencia preponderante en la prensa del país y en la censura, a cargo de organismos de Falange.

Así pues, no es de extrañar que el embajador británico, sir Samuel Hoare, escribiera sumamente inquieto, a primeros de junio de 1940, al ministro de Información londinense la siguiente sentencia: «Jamás he visto un control tan completo de los medios de comunicación, prensa, propaganda, aviación, etc., como el que tienen los alemanes aquí. De hecho, me atrevo a decir que la embajada y yo únicamente existimos aquí porque nos toleran los alemanes»[6].

Un peligro para la paz de posguerra

Un peligro para la paz de posguerra

Ante esta omnipresencia alemana en España y la compenetración entre ambos regímenes, que en lo básico continuó inquebrantable hasta el final de la guerra, los aliados no solo pretendieron contrarrestarla a lo largo de la contienda, sino que, una vez terminada la guerra, la presencia alemana representaría un peligro para la consecución de los fines declarados de erradicación del nazismo y militarismo alemanes.

Ante la pervivencia del régimen de Franco resultó, por lo tanto, imperativa la «desnazificación» de España, pues era de temer que precisamente aquí, bajo los auspicios del general Franco, pudieran sobrevivir agrupaciones nacionalsocialistas que desarrollaran posteriormente actividades subversivas sirviéndose, por una parte, de los excelentes contactos con los representantes del régimen y, por otra, tanto de la red de industrias alemanas afincada en España como de capitales traídos ante la inminencia de la derrota. De hecho, distintos informes inquietantes de los servicios secretos de los aliados indicaban que grandes cantidades de capital, planes industriales, así como personal especializado y altos mandos nazis habían llegado a España con instrucciones para la posguerra o estaban en proceso de hacerlo para continuar en este país una vida clandestina y preparar la vuelta al poder[7].

De ahí surgió la consigna de la depuración que vino a ocupar el punto neurálgico de las actividades diplomáticas de británicos y estadounidenses en España en los primeros años de la inmediata posguerra, razón por la que no puede, por consiguiente, extrañar la siguiente constatación de un funcionario del Foreign Office londinense en noviembre de 1946: «Toda influencia alemana, sea esta positiva o nociva, debería ser eliminada de España en la medida de lo posible»[8].

Las medidas que los aliados tomarían a este respecto perseguían dos objetivos: el primero, repatriar a Alemania a todos los alemanes considerados peligrosos, es decir, a todos los agentes de espionaje, los miembros y simpatizantes del Partido Nazi, así como a los funcionarios del Reich. Estas personas representaban para los aliados un potencial que podría contribuir al mantenimiento de la ideología nazi y sus estructuras. El segundo objetivo, de no menor importancia, era neutralizar el peligro inmanente en los bienes alemanes en España, pues, además de su valor estratégico, podrían ser utilizados para la financiación de grupos de resistencia nazi bajo el cobijo del régimen de Franco.

En España, la puesta en práctica del programa, denominado Safehaven (Operación Puerto Seguro), comprendía una tarea impresionante. La colonia alemana, de unos diez mil residentes, tuvo que ser investigada minuciosamente con el fin de identificar a todos aquellos que podrían constituir un peligro en el futuro. Los resultados de estas investigaciones se plasmarían en largas listas con los nombres de centenares de alemanes cuya expulsión de España exigían los aliados. Estos, además, habrían de tomar las precauciones necesarias para evitar la infiltración de nuevos y posiblemente más peligrosos nazis.

De dimensiones impresionantes fue igualmente la tarea de identificación de los bienes alemanes. Estas averiguaciones corrieron el peligro de desbordarse en pesquisas interminables, pues no solo había que hallar la totalidad del patrimonio alemán declarado, sino, además y especialmente, aquellos bienes camuflados e infiltrados en España, pues precisamente estos podrían constituir la base económica para actividades nazis de posguerra.

Las informaciones recogidas no solo procedían de investigaciones hechas en España, sino que incluían también aquellas acumuladas durante el curso de la guerra sobre transacciones realizadas por los alemanes en el extranjero, así como las procedentes de archivos requisados en Alemania; un sinfín de interrogatorios de funcionarios alemanes y de gerentes de empresas ayudarían a completar la panorámica de los haberes alemanes en España.

Aparte de estas consideraciones en materia de seguridad, los bienes alemanes en España representaban también un importante valor económico y, puesto que las potencias vencedoras estaban decididas a exigir de Alemania reparaciones por los daños sufridos durante la guerra, quedó rápidamente claro que, dada la devastación del país germano, estos bienes intactos tendrían que ser incluidos en el grueso de las reparaciones[9]. En la Conferencia de Potsdam se fijaron al respecto los límites territoriales para el reparto de estos bienes y, en la Conferencia Interaliada de Reparaciones, celebrada en París, se establecieron los mecanismos por medio de los cuales esos bienes debían ser liquidados y distribuidos entre los Estados perceptores. Este aspecto económico fue la segunda consideración importante de la operación Safehaven.

Los aliados calcularon el valor de los bienes privados alemanes en España en unos setecientos millones de pesetas de la época[10], lo que equivale a unos trescientos cincuenta millones de euros actuales, a los que había que sumar el valor de los bienes estatales en forma de empresas, dinero en metálico, oro e inmuebles, que ascendería igualmente a unos cientos de millones. Por esta razón, el programa de seguridad relativo a España revistió también desde el punto de vista económico una considerable importancia para los aliados.

En la puesta en práctica del programa, las potencias occidentales, sin embargo, tropezaron de entrada con una dificultad básica, pues dependían de la voluntad de cooperación del régimen de Franco. Londres y Washington no disponían de un gran margen de acción en el trato con el dictador. Si bien habrían preferido una política de claras exigencias, combinada con amenazas de sanciones económicas que incluso habría podido llevar a la desestabilización del régimen, británicos y estadounidenses se vieron obligados a tener en consideración los propios intereses nacionales en vista de la incipiente confrontación con el imperio soviético.

Londres aspiraba a tener una España amistosa o al menos no hostil para asegurar la ruta del Mediterráneo y su fortaleza de Gibraltar. Una situación en España semejante a la que se presentaba en la Francia liberada, en la Italia de la inmediata posguerra o en Grecia, como resultado de un caos revolucionario provocado por sanciones económicas, no estaba en consonancia con los intereses de Londres[11].

Washington, por su parte, tuvo que plegarse igualmente y a regañadientes a las exigencias de geopolítica en vista de la creciente confrontación con la Unión Soviética de Stalin, una confrontación que ya se vislumbraba en la Conferencia de Potsdam. La amenaza comunista dirigida desde el Kremlin, ampliamente iluminada por el diplomático estadounidense George Kennan, no dejaba lugar a dudas: una desestabilización del régimen de Franco llevaría automáticamente a una intromisión de Moscú en España en detrimento de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Franco, por lo tanto, no podía ser presionado en demasía para la consecución de los fines del programa Safehaven.

El régimen de Franco, de hecho, presentó serios problemas para la puesta en práctica de la operación Safehaven, problemas que en gran medida fueron debidos a que, en la España franquista, aun después de terminada la guerra mundial, se mantuvo viva la simpatía por Alemania y el nacionalsocialismo. Altamente significativa es en este sentido la sentencia de José Ignacio Escobar en defensa de los nazis refugiados en España, según la cual el único crimen perpetrado por los alemanes había sido el de no haber logrado ultimar a tiempo la bomba atómica, con lo que habían perdido la guerra[12]. Bajo esta predisposición generalizada de simpatía hacia los alemanes, se entiende que la España de Franco ofreciera un clima propicio para el mantenimiento de organizaciones nazis y que los aliados tuvieran que vencer graves dificultades para conseguir la ejecución de Safehaven.

Por otra parte, la expulsión de alemanes que los aliados denominaban «odiosos», así como la liquidación de los bienes germanos, pasaron a convertirse en asuntos que ponían a prueba la credibilidad del régimen. Si el gobierno español optaba por colaborar con los aliados en este asunto, ofrecería una prueba de haber dejado atrás su pasado fascista y de estar dispuesto a integrarse en el orden que se había establecido en la Conferencia de San Francisco en junio de 1945. El régimen de Franco, por lo tanto, se veía en la obligación de colaborar con los aliados para con ello evitar que —como ocurrió con las acusaciones del delegado polaco Oscar Lange en la ONU en abril de 1946— se le tachara de constituir un serio peligro para la paz mundial por dar refugio a miles de nazis y criminales de guerra, por promover su integración en los aparatos de seguridad y militares y por consentir la infiltración de capital y científicos alemanes que continuarían sus actividades siniestras con la aquiescencia de Franco.

Además de la necesaria cooperación por parte española, Safehaven se vio ante el problema de que los mismos alemanes, especialmente los más significados —que evidentemente temían represalias en Alemania—, así como aquellos en poder de fondos camuflados, harían todo lo posible para evitar que los representantes en España del Consejo de Control Aliado lograran su cometido. En este sentido, también contarían con la ayuda tanto de altos cargos del régimen como de personas subalternas. Por lo demás y como problema adicional, resultó también que algunos de los testaferros interpuestos e incluso la administración española intentaron aprovechar la oportunidad que se les presentaba para apropiarse de los valores que les habían sido encomendados.

Mientras que la repatriación de los alemanes considerados peligrosos tropezaría con una serie de obstáculos insuperables debido a los lazos de amistad existentes con altos representantes del régimen así como por la inquebrantable simpatía por Alemania y por el nacionalsocialismo, los aliados sí lograrían la cooperación respecto de los bienes afincados en España, mostrándose el régimen dispuesto a negociar sobre su expropiación y liquidación.

Una de las razones de que así fuera se derivaba de la pretensión del gobierno de Madrid de contar con el patrimonio alemán en España como medio para saldar sus propias cuentas con Alemania. Esto se refería a reparaciones exigidas a causa de diversos daños sufridos como consecuencia de la guerra, especialmente por españoles residentes en Alemania. Y sobre todo existían deudas comerciales por un valor importante, debido a cuantiosas exportaciones de materias primas no saldadas hasta el final de la guerra.

Otro asunto de importancia para el régimen era el destino que correrían los bienes incautados: en el caso de que las empresas intervenidas cayeran en manos de los aliados, se temían graves consecuencias para la economía nacional, en aquellos años dominada por el dogma de la autarquía. Por otra parte, sin embargo, si los aliados pretendían desmantelar las empresas, las consecuencias serían igualmente graves para determinados sectores de la economía española. Además, su liquidación y, en consecuencia, una repentina exportación masiva de capital habría tenido enormes repercusiones sobre la balanza de pagos de un país económicamente subdesarrollado como España.

De esta forma, el gobierno español exigiría el control de los procesos de liquidación y de la destinación de los bienes expropiados. Además, el régimen solo se mostró dispuesto a considerar «peligrosos» y, por lo tanto, expropiables aquellos bienes en España cuyos propietarios estuvieran a salvo del control directo por parte de autoridades españolas debido a su ausencia física, con lo que quedarían exceptuadas las propiedades de alemanes residentes en España[13].

Si bien esta fórmula no encajaba precisamente en los planteamientos que partían de la percepción de la España de Franco como un puerto seguro para los intereses nazis, los aliados accedieron. Esto fue debido a dos motivos: por una parte, el grueso de los bienes alemanes en España lo representaban las filiales de los grandes trusts germanos que, según las previsiones, serían liquidados. Por la otra, también se incluirían en la lista de bienes expropiables a aquellos de los alemanes cuya repatriación había sido decretada por motivos de seguridad. Además, los aliados lograrían participar en la designación de los bienes reservándose el derecho de otorgar el plácet correspondiente[14], con lo que quedarían salvaguardados sus propios intereses de seguridad.

Pero también el reparto del producto de las liquidaciones resultó ser un asunto altamente conflictivo a raíz de una larga lista de reclamaciones españolas que originó arduas discusiones a lo largo de año y medio entre la delegación aliada y el gobierno español. Los aliados no negaban que España tuviera reclamaciones pendientes con Alemania, pero sí se oponían a considerar esas reclamaciones en su totalidad e incluso a darles prioridad sobre las de los aliados[15]. Estos, finalmente, lograron imponer su criterio y la fórmula de compromiso sería equiparable a la que se encontró en las negociaciones con otros neutrales. Así, en un acuerdo firmado el 10 de mayo de 1948, se dispuso una distribución sobre una base porcentual: de los primeros cien millones obtenidos, los españoles obtendrían una participación de un 20 %; esta participación iría creciendo gradualmente hasta llegar a un 30 % a partir de un producto de cuatrocientos millones. Con esto, los aliados querían crear un estímulo para que las autoridades españolas, con el transcurso del tiempo, no empezaran a perder el interés en proseguir con las expropiaciones y liquidaciones[16].

Además, a pesar de que los aliados se negaron a incluir en la base de distribución el producto de las liquidaciones de los bienes estatales alemanes, se llegó también en esta cuestión a un compromiso con el traspaso a los españoles de la propiedad de los edificios de la mayoría de los antiguos colegios alemanes. Claro está que los españoles, al mismo tiempo, se obligaron a no devolver los edificios a los alemanes ni a utilizarlos como colegios alemanes. El valor de dichos edificios que vendría a corresponder al de la participación exigida por los españoles se calculó en unos treinta millones de pesetas[17].

Sobre la base de un canje de notas, el 28 de octubre de 1946[18], los representantes del Consejo de Control Aliado pudieron disponer libremente del patrimonio estatal alemán en España que comprendía tanto inmuebles como una amplia red de empresas encuadradas sobre todo dentro del consorcio Sofindus, pero también comenzó la búsqueda de valores propiedad del Reich, camuflados ante la derrota. En el curso de las indagaciones no solo se comprobó que, efectivamente, en los últimos días de la guerra habían tenido lugar importantes movimientos de capital, para de esta forma evitar su incautación, sino que, además, para sorpresa de los aliados, los alemanes creyeron que depositar grandes cantidades de dinero en efectivo y de oro en el Ministerio de Asuntos Exteriores español sería el medio más adecuado para evitar que cayeran en manos de los aliados[19].

Al cabo de un largo pulso tanto con antiguos miembros de la embajada alemana como con funcionarios españoles, finalmente llegó a acumularse una cantidad de 57 317 609,40 pesetas, diversas cantidades importantes de divisas y metales preciados, así como una partida de 115 641 soberanos británicos, una tonelada de oro amonedado. Fuera de toda duda, algo debió de escapárseles a los aliados, pero, aun así, estos creyeron haber logrado su cometido de cruzar el propósito de los diplomáticos y agentes alemanes de crear una reserva considerable de divisas y metales. El resultado de la liquidación de los bienes estatales y semiestatales alemanes, con la suma de 245 636 551 pesetas, sobrepasó con mucho los cien millones de pesetas que en un principio se habían calculado[20].

Respecto de los bienes privados, según el resultado de las investigaciones practicadas, el número de empresas españolas con participación de capital alemán expropiable ascendía a 133 firmas[21]. El núcleo de este potencial industrial alemán en España lo formaban a su vez unas treinta empresas que supuestamente sumaban alrededor de un 70 % de las inversiones de capital alemán en España[22]. La determinación en concreto de las participaciones alemanas en las empresas inspeccionadas, sin embargo, no resultó ser tarea fácil. Una de las mayores dificultades con que tropezaban los inspectores era la de descubrir a los testaferros, pues, en un gran número de filiales de empresas alemanas, figuraban españoles como propietarios nominales de paquetes de acciones, propietarios, naturalmente, que eran personas interpuestas para de esta forma eludir la legislación vigente sobre la participación de capital extranjero en empresas radicadas en España.

La mayor parte de ellos acababa confesando, más pronto o más tarde, que funcionaban como testaferros, pero, en otros casos, no fue así, lo que dificultó considerablemente la comprobación de la situación real de la propiedad, sobre todo si la información con documentos remitidos de Alemania era fragmentaria, mientras las empresas afectadas hacían todo lo posible para evitar que se conociera a los verdaderos propietarios. Así surgieron repetidamente diferencias de opinión irreconciliables entre los aliados y las autoridades españolas respecto de la propiedad de las acciones en determinadas empresas.

Uno de esos casos fue el de la filial española de C. H. Boehringer Sohn, empresa de productos químicos y farmacéuticos. Los aliados estaban convencidos de que se trataba de una empresa de propiedad enteramente alemana, pero, a falta de pruebas, tuvieron que ceder y solo el 5 % del capital social por valor de cincuenta mil pesetas pudo ser expropiado[23]. Otro ejemplo es el de la empresa Productos Químico-Farmacéuticos S. A., filial española de Merck, que de esta forma incluso lograría evitar su expropiación.

La valoración de las empresas también era problemática, porque en la mayoría de los casos no se podía deducir de la contabilidad ni el volumen real de los negocios ni las ganancias, de manera que no se disponía, por lo general, de cifras fiables que se pudieran tomar como base de los cálculos. Según la pauta marcada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el valor de tasación, que al mismo tiempo sería el precio de venta, fue por lo demás intencionadamente lo más bajo que se podía tasar, a fin de que los aliados recibieran la menor cantidad de dinero posible. Al mismo tiempo, el gobierno español no quiso renunciar a la diferencia entre el precio fijado y un supuesto valor de mercado, que en un principio se calculó en un 50 % por encima de lo acordado. Así, los compradores de bienes expropiados fueron forzados a aceptar el pago de un importe superior al establecido en la tasación que sería destinado a organismos oficiales y, sobre todo, a proyectos de investigación dirigidos por el C. S. I. C. La recaudación recibida de este modo, calculada sobre la base de unas veinte empresas que tuvieron que abonar esas «tasas», ascendió a unos cuarenta o cincuenta millones de pesetas[24].

Un agravante adicional resultó de la circunstancia de que la economía española no disponía de suficiente capital líquido para absorber a las empresas alemanas. España padecía escasez de capitales y el país buscaba de forma desesperada créditos del extranjero, que, sin embargo, le eran negados a causa del régimen prevaleciente. Los problemas de financiación se mostraban claramente en que, dado el considerable valor de las empresas alemanas mayores como las filiales de Bayer, Schering o Siemens, las solicitaban consorcios en que participaban institutos bancarios.

Además, resultó que el número de concursantes, incluso respecto de empresas altamente atractivas, no fue tan grande como lo esperado. Así, en el caso de Productos Químicos Schering, solo hubo un competidor. Lo mismo ocurrió con Siemens Industria Eléctrica. Únicamente en casos contados hubo tres o más solicitudes para una misma empresa, como fue el caso de AEG y de Depósito de Carbones de Tenerife. Ante estas dificultades de encontrar compradores, los plazos de presentación de las solicitudes tuvieron que ser una y otra vez prorrogados, pero, aun así, también esas prórrogas resultaban a menudo insuficientes. Más de una vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores tuvo que temer que los concursos acabaran quedando desiertos.

Dada la precariedad de la situación, no es extraño que en ocasiones los aliados finalmente incluso aceptaran compradores que en circunstancias normales habrían rechazado, es decir, ciudadanos alemanes. Los españoles, por su parte, no veían problema alguno en adjudicar empresas a directivos alemanes que ya habían estado al frente de ellas, sino todo lo contrario: lo que hacían incluso era animar a esas personas a adquirirlas. Detrás de esta disposición estaba el argumento de que el valor de una empresa dependía en gran medida de la cualificación del personal directivo. Si ese personal directivo conocía ya de antemano la empresa y, además, se hacía así más fácil reanudar la cooperación técnica con Alemania, tanto mayor interés cobraba para la economía española.

Los aliados pusieron en un principio grandes reparos a la introducción de esa práctica en la adjudicación, pues era diametralmente contraria a la intención de eliminar el potencial económico en manos de alemanes[25]. Por otra parte, sin embargo, estaba resultando que con la incipiente normalización de las relaciones con la recién creada República Federal y su incorporación en el bloque antisoviético precisamente el argumento del peligro inherente en estos bienes era cada vez menos convincente. Los aliados, finalmente, ante la escasez de interesados en la adquisición de los bienes, se tuvieron que plegar, aunque sin dejar de reservarse la decisión en cada caso[26].

Así ocurrió que varios anteriores ejecutivos alemanes volvieran a hacerse con el control de sus antiguas empresas: el gerente de Agfa-Foto, Heinrich Herold, tomó parte en la adquisición de las participaciones de la empresa puestas en venta y el antiguo ejecutivo de IG Farben, Ferdinand Birk, compró la empresa Unicolor S. A. de Colorantes y Productos Químicos, una de las filiales de IG Farben en España, pagando por ella la suma considerable de 800 000 pesetas[27].

Aun con todos los problemas, a finales de 1950 había quedado concluida una buena parte de las tareas por realizar en cumplimiento del acuerdo. Las expectativas respecto de los beneficios de las expropiaciones tuvieron, sin embargo, que ser corregidas a la baja. Hasta el verano de 1952 habían quedado eliminadas las participaciones empresariales alemanas en 77 empresas y, además, unas dos docenas habían sido disueltas forzosamente. Tan solo quedaban ya por adjudicar 17 empresas y ello se debía a que no se habían encontrado compradores o a que aliados y españoles no habían llegado a ponerse de acuerdo respecto de los paquetes de acciones expropiables. En todo caso, se trataba de empresas menores. Las recaudaciones finales como producto de las liquidaciones quedaron con 219 893 622 pesetas muy por debajo de las estimaciones iniciales[28]. Con todo, el acuerdo de mayo de 1948 había sido cumplido en su mayor parte y el patrimonio alemán en España había quedado eliminado casi por completo.

Cambios de perspectiva

Cambios de perspectiva

Desde el mismo momento de la creación de República Federal en septiembre de 1949, el gobierno de Adenauer, en defensa de los intereses de la industria alemana, intentó entorpecer la prosecución de las expropiaciones y liquidaciones de los bienes alemanes en el extranjero. Y, ya que el gobierno de Bonn entonces aún no tenía capacidad legal para actuar en el exterior, procuró conseguir su propósito por medio de canales extraoficiales.

De esta forma, a comienzos de 1950, se desató una campaña de prensa en contra de las expropiaciones realizadas en España. Las informaciones estaban basadas, por lo general, en alegaciones y datos incorrectos o exageraban enormemente las circunstancias. En el fondo, los artículos llegaban a una misma conclusión: las medidas de expropiación eran ilegales o, al menos, amorales. Las críticas apuntaban especialmente en contra del argumento considerado traído de los pelos de que las propiedades privadas en España constituían un peligro para la seguridad pública y que las expropiaciones se realizaban por motivos de seguridad nacional. Y, en efecto, no parecía plausible que, a modo de ejemplo, la librería Herder de Barcelona o un pequeño comerciante de vinos constituyeran una amenaza.

Además, los observadores se quejaban de que las valoraciones de los bienes no se correspondían ni en lo más mínimo con su valor real y que la administración española obraba con absoluta arbitrariedad en el momento de elegir a los adjudicatarios. Para estos observadores, el gobierno español obraba como un oportunista al lucrarse con la nacionalización de valiosas empresas y cobrando además tasas adicionales, extorsionadas a los compradores. Y lo más enojoso desde este punto de vista era, finalmente, que diversos Estados sudamericanos que además se habían encontrado en estado de guerra con Alemania habían comenzado a restituir bienes a los antiguos propietarios.

A pesar de las quejas crecientes, a finales de 1951 ya había quedado liquidada la mayor parte de las inversiones alemanas en España. A partir de entonces, sin embargo, la enajenación de los restantes bienes alemanes se hizo de hecho cada vez más problemática, pues al recobrar en 1951 parte de su soberanía y de su capacidad de acción exterior, Bonn comenzó a torpedear a nivel oficial la liquidación de las últimas propiedades, pasando por alto la prohibición expresa de los aliados en inmiscuirse en el tema de las expropiaciones en el extranjero[29].

Si bien ambas partes contratantes seguían manteniendo el propósito de continuar con las expropiaciones y liquidaciones según lo acordado, pues no querían perderse el resto de las ganancias, las circunstancias habían cambiado. El tiempo resultó ser un factor decisivo que jugaba a favor de los alemanes, pues el proceso de integración de la República Federal en Occidente obstaculizaría cada vez más la continuación del programa Safehaven, ya que ambos cometidos eran evidentemente contradictorios.

Las potencias de ocupación occidentales, en 1952, incluso se declararon conformes con la terminación de las exigencias de reparaciones dentro del territorio federal. Además, por aquellas fechas, comenzaron conversaciones sobre una contribución militar alemana para la defensa de Occidente y, en esta cuestión, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre España y la República Federal resultaría ser una carga adicional. Para la diplomacia española, no cabía duda de que no se podría seguir liquidando bienes alemanes bajo los ojos de un embajador germano, cuya llegada estaba anunciada para noviembre de 1952[30].

Por otra parte, no se veía por ningún lado que el partido u otras organizaciones nazis hubieran logrado mantener sus estructuras en unas dimensiones que pudieran considerarse amenazantes. Si bien era cierto que se podía constatar la fuga y la ocultación de diversos dirigentes nazis y especialmente de criminales de guerra, estos parecían estar sobre todo interesados en salvarse y evitar su captura, en vez de planear un resurgimiento nazi o incluso la toma de poder. Además, en Alemania, los programas de desnazificación por aquellas fechas ya estaban llegando a su final y ya se había comenzado a echar el manto del olvido sobre el pasado de todos aquellos alemanes implicados en el anterior régimen, pero dispuestos a colaborar en la reconstrucción del país.

Si bien, por lo tanto, el acuerdo de 1948 seguía estando en vigor, la continuación de un programa dedicado a la debilitación de Alemania carecía básicamente de sentido. El programa Safehaven se presentaba como un anacronismo y tanto los aliados como los españoles eran conscientes de esta situación. La cuestión de la propiedad alemana era, además, el asunto de creciente trascendencia en el orden del día de las relaciones hispano-alemanas y estaba quedando claro que era imprescindible llegar a un acuerdo mutuo en este asunto para poder entrar en una nueva fase en las relaciones bilaterales. El gobierno de Madrid, por otro lado, mostraba ahora indicios de nerviosismo con motivo de la oposición por parte del gobierno de Bonn. Así, en agosto de 1952, se interrumpió la ejecución de las medidas de enajenación y liquidación y, para eliminar la posibilidad de reclamaciones por parte de los alemanes, se exigió a partir de ese momento de los aliados que comprometieran al gobierno de Bonn a reconocer de forma oficial el acuerdo de 1948, con todas sus consecuencias.

La pretensión de los alemanes era, de hecho, renegociar todos los aspectos de las medidas tomadas y lograr la restitución de los bienes expropiados. Y, con permiso o sin él, el gobierno alemán siguió presionando y exigió, en noviembre de 1952, negociaciones directas en este asunto[31], exigencias que serían apoyadas por el Parlamento alemán y que además serían secundadas por una nueva oleada de artículos de prensa que atacarían las medidas de expropiación tomadas en España[32].

Sobre este trasfondo, el Ministerio de Asuntos Exteriores español intentaría, en mayo de 1953, zanjar el asunto, llegando a un acuerdo final con los aliados sobre Safehaven y, de esta forma, presentar un fait accompli irrevocable, pero también esta iniciativa se vería frustrada por la intervención masiva de Bonn que haría saber por medio del asesor jurídico del Auswärtiges Amt, que se trasladó apresuradamente a Madrid, que el gobierno alemán no estaba dispuesto a reconocer ni el acuerdo de 1948 ni las medidas tomadas al respecto, sino que pretendía entrar en negociaciones sobre todos los asuntos pendientes desde 1945[33]. Si bien Bonn, tal y como lo dejarían claro los aliados en una carta de protesta[34], seguía sin tener la capacidad legal para hablar con los españoles sobre el tema de las expropiaciones, Madrid, ante el temor a posteriores exigencias de Bonn, se echó atrás y prefirió dejar el asunto pendiente y exigir con más urgencia que nunca que los aliados forzaran a Bonn que ratificara el acuerdo de 1948.

Adenauer, por su parte, exigiría ahora abiertamente de los aliados el fin de las restricciones prevalecientes, así como el permiso de entrar en negociaciones bilaterales sobre los bienes alemanes en los países del programa Safehaven[35], siendo apoyado en esto por una nueva oleada de protesta de políticos, periodistas e industriales alemanes. Viento en contra también soplaría del otro lado del Atlántico, pues en Estados Unidos habían comenzado discusiones acerca de la liberación de bienes alemanes secuestrados durante la guerra, así como la restitución de los productos de las liquidaciones. Los aliados, inevitablemente, tuvieron que constatar que, con base legal o sin ella, la República Federal les estaba robando la iniciativa, sin que ellos pudieran actuar con eficacia en su contra, pues estaba claro que una amenaza con represalias estaba completamente fuera de lugar. En vistas de la asunción plena de la soberanía, estaba claro que, sin la participación de Bonn, ya no sería posible llegar a un acuerdo en la materia[36].

Los aliados se encontraban en apuros no solo en relación con España. En 1945 habían partido del convencimiento de que aquellos países que habían tenido interés en requisar y posteriormente liquidar los bienes alemanes afincados en su territorio nacional, para de esta forma saldar reclamaciones propias o disponer de reparaciones de guerra, también estaban interesados en recibir garantías para impedir que los alemanes algún día reclamaran la restitución de dichos bienes. En este sentido, los aliados habían dispuesto una prohibición al respecto. Ya entrados los años cincuenta, sin embargo, se presentaba una situación según la cual un número creciente de países querían precisamente, por la razón que fuera, entrar en negocios sobre dichos bienes. La negativa por parte de los aliados de permitir dichas negociaciones, por lo tanto, no solo había causado malestar en Bonn sino también en los diversos países afectados[37].

En enero de 1954, por consiguiente, la Comisión Aliada de Control decidió permitir dichas negociaciones ligándolas a una serie de restricciones, tal y como estaba dispuesto en el tratado de traspaso de poderes y de asunción de soberanía de 1952, que, en espera de la integración de la República Federal en el bloque de defensa occidental, aún no había entrado en vigor: a los alemanes solo se les permitiría llegar a acuerdos sobre bienes que aún no habían sido expropiados o cuando no se había aún dispuesto del producto de las liquidaciones; además, el gobierno de Bonn tendría que aceptar la legalidad de las medidas de expropiación tomadas hasta entonces[38].

Si bien Adenauer se mostró dispuesto a obrar en este sentido, surgieron nuevos contratiempos, pues, cuando a finales de abril de 1954, el gobierno de Madrid entró en conversaciones directas con los alemanes, los aliados temieron que ambos llegaran a un acuerdo a sus espaldas, haciendo peligrar así sus intereses económicos derivados del programa Safehaven, ya que aún les correspondía una participación considerable del producto de las liquidaciones, de cuyo reparto, suspendido, no querían prescindir[39]. Además, el gobierno de Bonn, ante la perspectiva de recobrar su soberanía en pocos meses, evidentemente no mostraba ninguna inquietud en llegar a un convenio auspiciado directamente por las potencias de ocupación. De esta forma, las negociaciones se postergaron una vez más hasta la entrada en vigor del acta de soberanía en mayo de 1955 y, a los pocos meses, finalmente, tuvo lugar un primer cambio de impresiones, primero en Bonn y después en Madrid. Durante estos sondeos, caso de llegarse rápidamente a un acuerdo, incluso se barajó la posibilidad de un viaje del mismo Adenauer a finales del verano a Madrid para sellar con su firma lo que era considerado el inicio real de las relaciones bilaterales de posguerra[40].

Nuevamente, sin embargo, se interrumpieron las negociaciones a instancias de las antiguas potencias de ocupación, que no querían verse confrontadas con un fait accompli, ni en España ni en ningún otro país en el que quedaban a tratar problemas residuales de esta índole. En consecuencia, norteamericanos, británicos y franceses buscaron, en enero de 1956, un acuerdo general sobre el procedimiento común para finalizar todos los asuntos pendientes en relación con la liquidación de bienes alemanes en el extranjero. Respecto de España, las antiguas potencias de ocupación pretenderían hacerse con la participación en la cuota aún no repartida, si bien las expectativas en esta cuestión parecían cada vez menos halagüeñas, y exigirían de Bonn sobre todo la aceptación expresa de las medidas de incautación realizadas en España a instancias del Comité Aliado de Control sobre la base del acuerdo de 1948 para de esta forma evitar posteriores reclamaciones[41].

A continuación, después de finalizar las negociaciones bilaterales sobre los bienes alemanes en Portugal, pudieron comenzar finalmente, en enero de 1957, las conversaciones entre Madrid y Bonn. Pronto, sin embargo, quedaría claro que, aun dentro del margen impuesto por los aliados, los puntos de vista de ambos gobiernos diferían considerablemente. Así se negaban los españoles a la restitución de las marcas y patentes industriales expropiadas, pues esto habría privado a una serie de empresas, especialmente a las del sector químico-farmacéutico, de su base de producción. Igualmente se negaban a aceptar la proposición de los alemanes de permitir la comercialización simultánea de productos elaborados según el mismo procedimiento y distribuidos bajo una misma marca, pues evidentemente le tenían miedo al poder competitivo germano. Otra cuestión de litigio era la exigencia de los alemanes de obtener el permiso de readquisición, previo acuerdo con los nuevos propietarios, de las antiguas participaciones de capital, pues la Ley de Protección de las Industrias de Interés Nacional del año 1939 solo preveía una participación máxima de capital extranjero en empresas españolas de un 25 %.[42]

El cambio de gobierno en España, en febrero de 1957, volvería a causar demoras debido a que la radical reorientación de los planteamientos de política económica en función de este relevo ministerial forzó la reconsideración de todos los asuntos pendientes, paralizando así la gestión hasta la redefinición de una posición de principio. Por otro lado, esta profunda reorientación de la política económica, que pretendía una liberalización y una apertura de la economía nacional hacia el extranjero para facilitar la entrada de capital como uno de los requisitos para la puesta en marcha del «Plan de Desarrollo», allanaría al mismo tiempo las negociaciones con los alemanes.

Finalmente, en febrero de 1958, ambas partes llegaron a un acuerdo. El convenio que llevaba el título eufemístico de «Convenio sobre ciertos efectos de la segunda guerra mundial entre España y la República Federal de Alemania» y al que acompañaba una serie de cartas anejas, preveía, por una parte, el levantamiento de todas las medidas de bloqueo de bienes alemanes aún vigentes y el sobreseimiento de los procedimientos de expropiación y liquidación todavía pendientes. Al mismo tiempo, quedaban garantizados los derechos de los nuevos propietarios de los bienes que habían sido adjudicados según las disposiciones legales establecidas en el acuerdo de 1948. El gobierno alemán, además, renunció a reclamaciones en contra del Estado español por las medidas tomadas en contra de los bienes estatales, mientras que España, a cambio, restituía a la República Federal la propiedad de aquellos siete inmuebles de antiguos centros culturales alemanes que no habían sido vendidos[43].

Al mismo tiempo también se levantaba la prohibición de transferir la propiedad de los bienes enajenados a personas jurídicas o naturales alemanas. De esta forma, se eliminaba un obstáculo de principio para que los antiguos propietarios pudieran readquirir sus antiguas posesiones. Esta previsión se veía además reforzada por la disposición española a estudiar, caso por caso, la posible autorización para que los antiguos propietarios de bienes industriales alemanes pudieran readquirir participaciones superiores al 25 %. Esta cláusula era evidentemente un resultado de la reorientación de la política económica española y, si bien no comprendía ningún compromiso firme por parte del ejecutivo español, abría las puertas al restablecimiento del statu quo ante.

En un segundo convenio, titulado «Convenio para la rehabilitación de derechos de propiedad industrial entre España y la República Federal de Alemania», se sancionaba en lo básico la situación vigente. Con la mera excepción de aquellas patentes que no hubieran sido aprovechadas por los adjudicatarios en un plazo determinado, se garantizaba la propiedad de las patentes y marcas industriales adquiridas por medio del proceso de enajenación. Si bien el mismo Adenauer no viajaría a Madrid con motivo de la firma del convenio el día 8 de abril de 1958, sí lo haría el ministro de Asuntos Exteriores, Heinrich von Brentano, dando con ello al acuerdo el peso correspondiente.

Por medio de un protocolo adicional, firmado entre los gobiernos de Madrid y los de Washington, Londres y París el 9 de agosto de 1958, se cancelaban finalmente las obligaciones contraídas por las partes contratantes del acuerdo de 1948[44]. Ambas partes, además, aún pudieron repartirse el producto de las liquidaciones retenido desde 1952, que sumaba 141 millones de pesetas, pues el gobierno de Bonn había renunciado a su intención de hacerse con este dinero después de llegar a la conclusión de que ello acarrearía la obligación, resultante del acuerdo de 1948, de indemnizar a la totalidad de los antiguos propietarios con la cantidad fijada en el precio de adjudicación de los bienes, lo que, para Bonn, resultaría ser una carga económica desproporcionada[45].

En términos generales, el gobierno español había logrado, en lo fundamental, mantener su posición de partida a todos los respectos. Incluso la previsión de una posible readquisición de los bienes expropiados por los antiguos propietarios era satisfactoria, pues, por una parte, no obligaba al ejecutivo a nada y, por la otra, casaba perfectamente con la nueva orientación de la política económica exterior. La restitución de siete inmuebles, finalmente, no era más que una pequeña contrapartida que, además, era de esperar que tuviera efectos psicológicos positivos.

Por su parte, también el gobierno de Bonn se sentía satisfecho, pues, por un lado, había logrado al menos la perspectiva de readquisición de los bienes expropiados por los antiguos propietarios; por otro, el acuerdo cerraba, por fin, un obstáculo que hasta entonces había impedido la profundización de las relaciones bilaterales. Este punto de arranque aparecía en ese momento aún más valioso ante la perspectiva de la apertura política y económica y, a medio plazo, podría incluso conducir a una rehabilitación del régimen y a una mayor integración de España en Europa y, en consecuencia, a un margen mucho mayor de intercambio a todos los niveles.

El retorno del capital alemán

El retorno del capital alemán

Aun con el resultado obtenido con la expropiación y la liquidación del capital alemán, los aliados tuvieron que constatar tempranamente que, a fin de cuentas, no se lograría el cometido de eliminar en España la presencia de la industria alemanas. Ya en 1950, Londres vivió por primera vez el recuerdo del dominio alemán en España durante la segunda guerra mundial: según los observadores británicos, todo parecía indicar que el gobierno español pretendía enlazar con aquellos tiempos y proseguir su proyecto de industrialización del país por medio de ayuda tecnológica y material alemana[46]. De hecho, los directores de la política económica en España estaban convencidos de necesitar de la cooperación con Alemania para, después de la expropiación de los bienes industriales, poder mantener la producción en aquellos sectores en los que, como en el químico-farmacéutico o el electrotécnico, los alemanes habían tenido una posición preeminente. De ahí se entiende también que las autoridades españolas animaran a antiguos gerentes de las empresas expropiadas a concursar por la adquisición de las propiedades en venta, pues, de esta forma, parecía asegurada la cooperación tecnológica con las sedes matrices en Alemania.

Así, la filial española de productos químicos Schering, adquirida por el Grupo Urquijo junto con otras empresas químicas alemanas, con la intención de crear un gran consorcio nacional químico-farmacéutico que abarcara más de un 80 % del sector, ya se había puesto en contacto con anterioridad a la adjudicación con la antigua casa matriz por medio de su antiguo gerente, el conde de Seefried. La intención era llegar a un acuerdo para la cooperación tecnológica. El conde de Seefried, cuñado del primer embajador de la República de Bonn, Adalberto de Baviera, a la vez volvería a formar parte del consejo de administración de su antigua empresa.

Y es más: todo indica que incluso las cantidades considerables de dinero desembolsadas para la adquisición de las empresas por parte de antiguos gerentes, como Birk y Herold, procedían de Alemania y, en concreto, de las antiguas sedes matrices. Ya durante las negociaciones bilaterales hispano-alemanas que condujeron al acuerdo de 1958 había quedado patente que la industria alemana estaba interesada en restablecer su antigua posición en sus filiales expropiadas. La documentación alemana señala, además, que aquellos antiguos propietarios interesados en recuperar su antigua posición ya contaban antes de la firma del acuerdo de 1958 no solo con contactos en sus antiguas filiales, sino que estaban convencidos de llegar a una «situación satisfactoria», incluso en el caso de no lograrse abrir, por medio del acuerdo, las vías a la readquisición[47].

Posteriormente, el gobierno alemán también fue informado de que empresas alemanas como AEG o las filiales de la antigua IG Farben habían invertido considerables sumas de dinero al margen de la legislación española para readquirir sus participaciones mediante la interposición de testaferros o de empresas españolas encubiertas. En septiembre de 1957, el embajador alemán en Madrid llegaría a afirmar durante una reunión en el Auswärtiges Amt, el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, que en muchos casos las antiguas empresas de hecho ya habían logrado restablecer el statu quo ante[48]. La firma del acuerdo de 1958 fue en este sentido la materialización de una tendencia establecida con antelación y, a partir de ese momento, se suspendían las últimas limitaciones para el restablecimiento de la antigua situación de propiedad y abriéndose la posibilidad de legalizar las transacciones realizadas con anterioridad. Esta inversión camuflada por parte de empresas alemanas no habría pasado desapercibida para los responsables del ordenamiento de la economía española; más bien, es de suponer que se había llegado a un acuerdo tácito al margen de la legalidad, que beneficiaría a ambas partes pues garantizaba enormes ganancias.

No es, por lo tanto, de extrañar que en los años que siguieron al acuerdo, aquellos sectores que representaban el tradicional campo de la actividad industrial alemana estuvieran a la cabeza de las inversiones de este país en España: la industria química acapararía un 40 % del total invertido en 1964, seguida de la industria de maquinaria industrial con un 15 % y de la electrotécnica con un 10 %.[49] A mediados de los años sesenta, la industria química y farmacéutica española volvía a estar dominada por empresas alemanas. Bayer, Hoechst, BASF, Schering, pero también Agfa y AEG disponían nuevamente de filiales, cuyo capital pertenecía en un cien por cien a las casas matrices. Otro ejemplo es el de la filial española de Siemens que había sido adquirida en su día por un grupo de industriales y banqueros, entre los que se encontraba José María Aguirre Gonzalo. Años más tarde, este (su hermano Antonio María fue el primer embajador español en Bonn) aparece como presidente de la filial de Siemens en España, que a su vez era propietaria a comienzos de los años setenta de tres cuartas partes del capital social.

De esta forma, las más importantes empresas alemanas en España volverían a ser precisamente aquellas cuya creación databa de antes de la guerra civil[50]. Únicamente en el sector de la industria minera, donde las inversiones alemanas, como los grandes depósitos de carbones establecidos con posterioridad a la Gran Guerra o las explotaciones de wolframio en las postrimerías de la segunda guerra mundial, habían tenido una fuerte connotación estratégico-militar, la industria alemana, probablemente por desinterés, no volvería a recuperar su posición de anteguerra.

La cooperación tecnológica también se haría notar en otro campo que unos años atrás habría hecho estremecer a los aliados. El gran número de técnicos alemanes establecidos en España en los años cincuenta —círculos diplomáticos alemanes incluso afirmarían que nunca en la historia habían estado trabajando más técnicos germanos en empresas españolas que por esas fechas[51]— en ocasiones no habían llegado a España con las manos vacías. Así, unos ingenieros alemanes trajeron consigo los planos de construcción de un fusil de asalto que había sido estudiado por la industria alemana, la cual había fabricado y ensayado ya unos prototipos. Los técnicos en cuestión ofrecieron dichos planos a militares españoles y el general Muñoz Grandes, como ministro del Ejército, respaldó el proyecto de desarrollo de esta arma que llegaría a conocerse como el fusil de asalto Cetme, que posteriormente, debido a la cooperación tecnológica, también sería fabricado por la industria de armamentos alemana. Esta arma, no solo formaría parte del equipamiento de los ejércitos español y alemán, sino que se convertiría en el fusil de asalto de excelencia del bloque de defensa occidental[52].

Por otra parte, tanto la empresa aeronáutica Dornier como el afamado ingeniero de aviación Willy Messerschmitt construyeron en España aviones de aplicación militar, eludiendo de esta forma la prohibición de fabricación de armamentos impuesta por las potencias de ocupación. En los años en que los alemanes se vieron privados de una industria militar, el gobierno de Bonn propulsó esta cooperación con España en el desarrollo y la producción de armamentos. Y, como ya había tenido lugar durante la segunda guerra mundial, la República Federal, a partir de 1951, también volvería a comprar en España grandes cantidades de armas de mano y municiones. Más tarde, en 1960, el gobierno de Bonn incluso perseguiría planes para el establecimiento en España de bases militares de aprovisionamiento y entrenamiento para el ejército alemán, si bien este proyecto fue más allá de los límites aceptables por las antiguas potencias de ocupación con lo que fracasaría por la presión en su contra ejercida por la OTAN[53].

Por otra parte, el acuerdo de 1958, sin embargo, no cumpliría las expectativas de cooperación industrial a un nivel general. La industria alemana se mostró reacia a invertir capital a gran escala, claro deseo del gobierno español. El problema se debía, en un principio, a que en España persistía un temor generalizado a las consecuencias de la liberalización y de un fortalecimiento del sector privado, y seguían predominando los conceptos intervencionistas. A finales de los años cincuenta, aún no estaba nada claro en qué medida el gobierno iba a abandonar la política proteccionista y dirigista, si bien la limitación básica de capital extranjero del 25 % (a excepción de lo dispuesto en el acuerdo de 1958 que favorecería exclusivamente a las antiguas empresas alemanas) ya no era una barrera insuperable y fuera posible alcanzar una cuota del 50 % que, a partir de 1963, incluso podría ser mayoritaria.

Ante esta situación, los responsables de la ordenación económica en España no pudieron convencer argumentando, en vistas de la emigración masiva de mano de obra española hacia Alemania a partir de los años sesenta, con que era preferible que el capital alemán acudiera a España a que miles de españoles se vieran obligados a emigrar al extranjero ni indicando que el hecho de no estar reconocido en España el derecho de huelga también era un factor positivo para realizar inversiones en este país. Los bajos costes de producción o la posibilidad de exportación de productos a terceros países no resultaban en definitiva atractivos, si no era posible una exportación significativa de los beneficios. Tal y como diría un alto representante del Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), el capital alemán está interesado en hacer negocios y no regalos[54].

Otro problema radicaba en que la industria alemana, representada por el BDI, se vio obligada a tratar a nivel oficial con la Delegación Nacional de Sindicatos. Esta seguiría ejerciendo en buena medida como portavoz de la política autárquica, promocionando la presencia de las empresas integradas en el Instituto Nacional de Industria (INI) y desplazando a su vez no solo a otros órganos gubernamentales como los Ministerios de Comercio e Industria, sino también a buena parte de la industria privada española[55]. Esta situación dificultaría de forma adicional el establecimiento de contactos directos en España de aquellas empresas alemanas que no gozaban del privilegio de poder disfrutar de unas estructuras ya sólidamente establecidas desde hacía décadas. Un factor adicional desalentador era el funcionamiento lento e imprevisible de la burocracia española.

Por otra parte, la pretensión española de obtener voluminosos créditos a largo plazo y con intereses a condiciones especiales tampoco resultaron viables, pues las condiciones exigidas no eran interesantes para la banca privada y el gobierno alemán no tenía un interés especial en conceder créditos a España. En este sentido, no puede extrañar que el embajador español en Bonn, ante la concesión en febrero de 1962 de un excepcional crédito estatal de 200 millones de marcos con cargo al fondo de ayuda para países en vías de desarrollo, para la realización de dos proyectos de regadío en Andalucía llegara a constatar: «No te costará creer que ese día ha sido tal vez el más alegre de mi vida de embajador»[56]. La política de ayuda económica alemana, en aquellos años, tenía otras prioridades que la cooperación con España.

De esta forma, el volumen de las inversiones de capital alemán en España fue creciendo a medida de los progresos en la liberalización económica, pasando de unos 55 millones de marcos en 1961 a 408 millones en 1966. La cuota alemana en el total de las inversiones extranjeras, sin embargo, oscilaría alrededor de un 10 %, siendo con ello similar o incluso menor a la de otros países inversores como Estados Unidos o Francia. Desde la perspectiva de la República Federal, las inversiones en España tendrían un papel aún más reducido: para el año 1964, los 230 millones de marcos invertidos en España no representaban más que alrededor de un 3 % del total de las inversiones en el extranjero, mientras países como Brasil o Argentina fueron merecedores de inversiones mucho más cuantiosas[57].

Ante el relativo desinterés por parte de la industria alemana y las reticencias en España para abrir el mercado interior a inversiones extranjeras a gran escala, habría que esperar hasta el final del régimen de Franco y la redefinición de la política económica por parte de una España dispuesta a integrarse de lleno en el orden político y económico europeo, para de esta forma dar comienzo a una nueva etapa de reestructuración en las relaciones industriales entre ambos países, sin embargo, en detrimento de los antiguos pilares de la presencia industrial alemana en España.

Cuando Marte se cruza con Mercurio: las relaciones económicas de España con Estados Unidos desde la guerra civil española hasta el nuevo orden de posguerra

CUANDO MARTE SE CRUZA CON

MERCURIO: LAS RELACIONES

ECONÓMICAS DE ESPAÑA CON

ESTADOS UNIDOS DESDE LA GUERRA

CIVIL ESPAÑOLA HASTA EL NUEVO ORDEN DE POSGUERRA

Misael Arturo LÓPEZ ZAPICO

Universidad Autónoma de Madrid

El 17 de junio de 1944, H. E. Soule, en calidad de editor del The National Observer de Minnesota, remitió al congresista republicano Richard P. Gale una carta en la que pedía explicaciones ante la eventual remisión a la España franquista de un cargamento de cien mil balas de algodón norteamericano[1]. La escasa entidad del medio dirigido por el mencionado Soule no parece justificar su inclusión en un estudio como el que aquí se presenta. Sin embargo, se concitan en torno a este documento determinadas cuestiones que parecen invitar a realizar, a partir del mismo, una revisión del escenario en el que se insertaron las relaciones hispano-norteamericanas durante los largos años de la segunda guerra mundial y sus postrimerías.

Para empezar, la carta fue enviada a un miembro de la Cámara de Representantes que había mostrado gran interés en explorar la posibilidad de llevar la guerra contra el Eje hacia derroteros poco convencionales. Tanto es así que se declaraba partidario de rociar desde el aire los campos alemanes y japoneses con distintos patógenos como esporas de roya u hongos del arroz para arruinar sus cultivos[2], una propuesta vinculada a su larga experiencia en actividades agrícolas, pero que deja también patente hasta qué punto durante el conflicto mundial las cuestiones económicas —especialmente el abastecimiento de las necesidades civiles y militares— se convirtieron en un verdadero campo de batalla[3].

A su vez, tanto el editor como el medio parecen tener conexiones con la masonería, detalle que habría hecho las delicias de un régimen como el franquista, obsesionado desde sus orígenes por desvelar el peso de estas sociedades en el devenir histórico español e internacional[4]. No deja de resultar irónico que fuera precisamente un presidente norteamericano abiertamente vinculado a la masonería el encargado de liderar la reconstrucción del orden de posguerra[5]. Está probada la escasa simpatía profesada por Harry Truman hacia un régimen franquista, caracterizado por su intolerancia hacia masones y protestantes, lo que no hizo más que alimentar en su interior una visión conspirativa acerca de un supuesto gobierno en la sombra que muñía los designios del mundo y tenía a la católica España como víctima propiciatoria de tal confabulación[6], un argumento que ha pervivido entre ciertos apologetas de la figura del dictador, quienes explican bajo esta misma lógica determinadas decisiones tomadas por Estados Unidos hacia España durante la segunda guerra mundial[7].

Por más que existieran sobrados argumentos para derribar al franquismo tras el conflicto, es sabido que fue la ausencia de una alternativa fiable y el enconamiento del enfrentamiento entre bloques lo que propició su rehabilitación internacional de la mano norteamericana[8]. Un acercamiento bilateral que culminó con la firma de los acuerdos de 1953, pero que no implicó la inmediata superación de los fantasmas del pasado[9]. Se trataba de algo así como un mal menor que no conseguía opacar la existencia de múltiples frentes en los que seguían anidando la desconfianza y los prejuicios. Algunos de ellos eran de larga duración, mientras otros se habían labrado durante la guerra civil española a raíz de la vinculación emocional de parte de la sociedad norteamericana hacia uno de los dos bandos contendientes[10].

Precisamente, volviendo a la carta que nos sirve de introducción, encontramos en ella determinadas expresiones que hicieron fortuna en el imaginario colectivo de aquellos norteamericanos frustrados por la victoria de Franco en la guerra y su posterior supervivencia tras la caída del Eje. Apelativos como el de carnicero (butcher) para referirse al dictador español fueron frecuentes en las críticas vertidas por parte de los detractores de la dictadura —tanto internos como externos— contra la postura conciliadora del gobierno de Estados Unidos hacia el régimen[11]. Lo interesante de la misiva es que, por más que lo haga recurriendo a una argumentación un tanto maniquea, pone sobre la mesa un controvertido dilema al interrogar a las autoridades norteamericanas sobre los motivos que explicaban el mantenimiento de relaciones comerciales —en este caso, el producto decíamos que era algodón— con un país que había practicado una política errática durante la mayor parte del conflicto:

Dejando a un lado la consideración de que el «carnicero» Franco será probablemente capaz de encontrar alguna manera con la que poder escamotear la mayor parte de este algodón hacia a su amigo Hitler, para ser transformado en explosivos con los que acribillar a nuestros valientes hombres en Francia y en cualquier parte: los artículos de algodón han incrementado su precio en nuestro país entre un 100 % y un 300 % desde nuestra entrada en la guerra, e incluso con estos precios abusivos son difíciles de conseguir[12].

Un breve pasaje que denuncia tanto el doble juego que, a nivel no solo político sino también comercial, desarrolló la España franquista durante esos años, como la supuesta incongruencia de detraer productos de primera necesidad a la población norteamericana para compartirlos con una nación sospechosa. El objetivo del presente capítulo será, por ello, tratar de dilucidar las razones que motivaron que España y Estados Unidos siguieran comerciando, pese al diferente signo de sus sistemas políticos y a los frecuentes desencuentros diplomáticos que caracterizaron las relaciones hispano-norteamericanas del momento, unas conexiones económicas que no pueden sustraerse del contexto de guerra mundial —de ahí ese encuentro entre Marte y Mercurio al que hace referencia el título—, pero tampoco es adecuado analizarlas sin tener en cuenta las dinámicas pre-existentes o los intereses privados que estaban en juego[13]. Es posible anticipar en este punto que fueron, pues, diversas las circunstancias que coadyuvaron en la definición de las mismas, lo que propiciará que el análisis haya necesariamente que plantearse en términos provisionales y de entenderse como una aproximación que aspira a revisitar unas relaciones que no por conocidas dejan de presentar zonas grises que necesitan ser atendidas.

Ha de indicarse, por último, que si la mencionada carta ha llegado a nosotros es porque H. E. Soule remitió una copia de la misma al también periodista Stephen T. Early, quien actuaba por aquel entonces como secretario del presidente Franklin Delano Roosevelt (FDR), una eventualidad que ha facilitado que hoy sea accesible en los fondos custodiados en la Presidential Library ubicada en Hyde Park, Nueva York, cuyos diseño y propósito parten justamente de una iniciativa del propio Roosevelt para preservar el patrimonio documental estadounidense y contribuir a su difusión[14]. Como se atestigua en el siguiente apartado, han sido varios los investigadores que han recurrido a este archivo para obtener de él fuentes primarias con las que estudiar el periodo. No obstante, consideramos que su potencial no está ni mucho menos agotado. De ahí que estemos ante una buena oportunidad de volver a revisitar su catálogo y recuperar una documentación poco utilizada que, además, puede aportar nuevas claves si es interrogada desde una perspectiva eminentemente económica.

Las relaciones hispano-norteamericanas en perspectiva: una aproximación bibliográfica

Las relaciones hispano-norteamericanas en perspectiva: una aproximación bibliográfica

Teniendo en cuenta que la guerra civil española y la segunda guerra mundial se encuentran entre los acontecimientos del pasado siglo que han concitado un mayor número de publicaciones y estudios académicos, disponemos de un importante volumen de obras que han abordado cómo se desarrollaron las relaciones hispano-norteamericanas en ambos periodos. De hecho, la existencia de continuidades al ser analizados los conflictos desde una lógica bilateral ha invitado a que algunos autores se acerquen a ellos sin introducir una clara cesura entre los mismos. Así lo hace, por ejemplo, Joan Maria Thomàs, quien toma como eje de su investigación las figuras de Roosevelt y Franco para brindar una aportación de especial importancia para el presente trabajo, al ser uno de los historiadores que ha utilizado de manera más intensiva la documentación custodiada en la FDR Presidential Library[15].

La gran cantidad de trabajos de entidad dificulta la labor de reunir en unas pocas líneas la nómina de autores que, desde ambos lados del Atlántico, han tratado de profundizar en el conocimiento de las relaciones entre España y Estados Unidos. Se produce además la circunstancia de que muchos hispanistas estadounidenses se han interesado también por el periodo, lo que ha conllevado una cierta visión norteamericana de episodios clave de la historia reciente española más allá del conflicto fratricida que asoló al país a finales de los años treinta[16]. Si comenzamos por las obras dedicadas al posicionamiento del gobierno norteamericano ante el estallido y devenir de la guerra civil española, disponemos de referencias muy cercanas al propio desarrollo del conflicto[17]. Las mismas adolecen de una excesiva implicación emocional, muy en la línea de lo advertido en páginas anteriores, circunstancia que limita en buena medida su utilidad.

Sin embargo, no tardaron en aparecer nuevos trabajos elaborados bajo unas coordenadas más ajustadas a las necesidades de un producto de corte historiográfico. Destacan en esta línea las aportaciones de Dante A. Puzzo, Richard P. Traina e incluso la obra iniciática de James W. Cortada, quien extiende el marco temporal para dedicarse no ya a la guerra civil, sino a las vicisitudes de la relación bilateral durante la conflagración mundial[18]. La figura del polifacético Cortada, hijo del cónsul estadounidense en Barcelona de 1967 a 1970, cobró especial protagonismo a finales de los años setenta al publicar una síntesis de las relaciones diplomáticas hispano-norteamericanas desde la independencia de las trece colonias hasta su contemporaneidad y coordinar otro volumen con aportaciones de destacados académicos estadounidenses[19], una iniciativa colectiva en la que también participó el historiador Charles R. Halstead, principal especialista en la figura del embajador norteamericano en España entre los años 1939 y 1942, Alexander W. Weddell[20].

Al calor de la renovación de los estudios sobre la guerra civil española que caracterizó a la década de los ochenta y los comienzos de los años noventa, muchos investigadores apostaron por acometer una profunda revisión del factor internacional del conflicto[21], pretensión que también propició un necesario avance en el conocimiento de la actitud de Estados Unidos ante la Segunda República, siendo los trabajos de Fredrick B. Pike o Douglas Little un claro exponente de esta línea[22]. Así, este último autor arrojó luz sobre la importancia que habían tenido las percepciones cultivadas en los ambientes diplomáticos británicos y estadounidenses de que la revolución era inevitable en la España de los años treinta, a la hora de condicionar el posicionamiento de sus gobiernos al estallar la guerra, una visión alarmista que estuvo también muy presente en determinados círculos empresariales norteamericanos con intereses en el país ibérico, especialmente entre los altos mandatarios de la International Telephone and Telegraph Corporation (ITT[23]).

La senda inaugurada por Little fue continuada poco después por Enrique Moradiellos —en su caso, fijándose exclusivamente en la conducta británica— y, años más tarde, fue consolidada por Aurora Bosch con sus investigaciones[24]. No debe perderse de vista el interés que tienen, para una mejor comprensión de las relaciones hispano-norteamericanas durante la segunda guerra mundial, las obras consagradas al análisis de la política británica[25]. Los aliados procuraron coordinar sus iniciativas en la zona a través de una estrecha vinculación entre sus servicios diplomáticos[26]. Sin embargo, no siempre compartieron dinámicas de actuación análogas, existiendo momentos de disensión que fueron aprovechados por las autoridades franquistas[27].

A medida que fueron generalizándose las síntesis sobre la guerra civil o el papel jugado por España durante el conflicto mundial —las cuales han servido para completar lo ya conocido a través de las obras precedentes—, las temáticas de estudio bajo una perspectiva bilateral fueron basculando hacia temas más específicos como la cultura, la propaganda, el exilio o el papel de los voluntarios norteamericanos en la guerra civil, insertándose muchas de las nuevas investigaciones en marcos cronológicos más amplios[28]. A su vez, la posibilidad de disponer de documentación desclasificada para otros periodos del franquismo, e incluso de la transición española a la democracia, fueron desplazando el interés por la variable estadounidense más allá de los años treinta y cuarenta[29]. Esto no impidió que se siguieran cultivando géneros más tradicionales, como puede ser la reconstrucción de las trayectorias seguidas por los diplomáticos desplazados a España o Estados Unidos para cumplir su misión en estos críticos momentos[30].

Al asomarnos a lo acaecido durante la última década, incluyendo en este balance aquellos títulos que han ido apareciendo de forma anticipada, el saldo arrojado bien puede calificarse como considerablemente fértil[31]. A pesar de la mencionada dispersión temática y de la ampliación de la cronología sujeta a examen, las novedades para el periodo no han cesado de acumularse. A los ya mencionados trabajos de Joan Maria Thomàs o Aurora Bosch —los cuales dialogan en sintonía con la trilogía de Ángel Viñas sobre la República española en guerra—, han de añadirse las contribuciones de Dominic Tierney, Emilio Sáenz-Francés, Wayne H. Bowen, Michael E. Chapman, Andrew N. Buchanan, Juan Carlos Merino, Andreu Espasa o José Manuel Aguilar de Ben[32].

A tenor del panorama anteriormente delimitado, cualquier lector podría preguntarse si existe entonces margen para mejorar el conocimiento sobre un periodo sobre el que ya se han vertido ríos de tinta. Se trata de una prevención razonable, pero que queda atenuada por el hecho de que definitivamente la faceta económica de la relación hispano-norteamericana durante los años treinta y cuarenta sigue requiriendo de una mayor atención o, más bien, existe una cierta necesidad de avanzar con determinación hacia una clase de trabajos que combinen la economía —en su amplio sentido, incluyendo los flujos comerciales, pero también las inversiones y las iniciativas empresariales, las políticas estatales de fomento de la actividad económica, las políticas crediticias públicas y privadas, etc…— con los condicionantes políticos del momento. Estamos, por lo tanto, reclamando trabajos de corte histórico que, al mismo tiempo, tiendan puentes entre la economía política y la diplomacia. De hecho, existen ejemplos de estudios que han ensayado esta vía para la época justamente anterior a la que aquí nos ocupa, destacando la monografía de José Antonio Montero dedicada a la relación bilateral durante el primer tercio del siglo XX[33].

En cierto modo, más que ante un vacío nos encontramos con que el protagonismo de la variable económica suele diluirse entre otras explicaciones. Algo especialmente cierto para el periodo de la guerra civil, donde el componente ideológico —e incluso emocional— acaba por opacar ciertas lógicas empresariales insertas en un ambiente marcado no solo por el auge de los totalitarismos, sino también por los problemas que presenta un determinado modelo capitalista puesto en cuestión a raíz de la crisis de 1929, es decir, no es que algunas de las obras anteriormente consignadas hayan pasado por alto el peso de la economía, pero suele integrarse dentro de una visión eminentemente política. Un saldo aceptable aunque no completamente satisfactorio, sobre todo porque desde la historia económica tampoco se han cubierto esos flancos, detectándose en ocasiones una preocupante ausencia de diálogo entre disciplinas afines. Para completar el recorrido bibliográfico contenido en este apartado, procedemos, por último, a pasar revista a aquellas obras que han situado el foco de su investigación en el devenir de las relaciones económicas entre ambas naciones.

Resulta chocante que por décadas la única referencia exclusivamente centrada en el intercambio económico hispano-norteamericano durante el periodo aquí concernido fuera una publicación fechada en 1945[34]. Concebida en su origen como una conferencia pronunciada en la Real Academia de Jurisprudencia de Madrid, su autor, José Miguel Ruiz Morales, desempeñó importantes cargos diplomáticos durante el franquismo[35]. No puede por ello extrañar que la intención de su opúsculo fuera poner de manifiesto el desequilibrio comercial existente entre España y Estados Unidos, proponiendo como solución el reforzamiento de los vínculos con Hispanoamérica a través de potenciar una suerte de mercado triangular favorable a los intereses españoles[36]. Al tratarse de una visión interesada y que pretendía ofrecer una aparente normalidad ante el orden de posguerra que ya entonces se vislumbraba, aunque valiosa por los datos que aporta, resultan obvias las limitaciones del contenido de la obra.

Apenas tres años después, vio la luz otro libro igualmente orientado a fijar el relato sobre el comportamiento que había mantenido el gobierno franquista durante la lucha entre los aliados y el Eje. Nada novedoso si no fuera porque el ejemplar firmado por Herbert Feis, frente a otras publicaciones coetáneas como las de Charles Foltz o Thomas J. Hamilton, respondía a un análisis en primera persona muy sólido en cuanto a la información de carácter económico que manejaba, toda vez que su autor había sido una pieza clave en la puesta en marcha del Iberian Peninsula Operating Committee (IPOC[37]). Ideado como un comité interdepartamental orientado a la gestión de las relaciones económicas estadounidenses con España y Portugal, se convirtió, desde su creación en marzo de 1942, en un interlocutor de máxima importancia para la dictadura franquista al encargarse, entre otras funciones, de supervisar el consumo de las reservas petrolíferas españolas como condición necesaria para autorizar envíos de crudo norteamericano[38].

El repaso presentado por Feis está marcado por una cierta carga de amargura, la cual obedece a su sensación de que los aliados «habían escogido dejar que los acontecimientos evolucionaran en España en lugar de dictarlos», una actitud cuyo corolario fue la permanencia de Franco en el poder[39]. No ha de descartarse que la publicación fuera, asimismo, una reacción a la autocomplaciente narración planteada por el exembajador Carlton Hayes sobre su misión, a escasos meses de abandonar su cargo[40]. En el agitado contexto de posguerra que condujo al régimen al ostracismo, no puede extrañar que las autoridades españolas se aferraran a este tipo de salvavidas mediáticos, por más que no salieran del todo favorecidos en la imagen[41]. Se libró entonces una auténtica batalla por el relato. Aunque parece suficientemente asentada la imposibilidad de calificar a Hayes como un mero peón del franquismo —al igual que tampoco parece consecuente hacerlo con Winston Churchill—, no le falta razón a Herbert Feis cuando señala que hubo actitudes que, definitivamente, facilitaron que la mencionada disputa dialéctica pudiera llegar a producirse.

La importancia de la obra de Feis radica en que desvelaba información que hubiera tardado décadas en ser accesible a través de los archivos públicos norteamericanos. Sin embargo, su posicionamiento como parte interesada resta algo de valor al contenido y evidencia la conveniencia de disponer de una suficiente distancia emocional para observar la imagen con una mayor perspectiva. De hecho, contribuyó a fijar la problemática del comercio petrolífero entre ambas naciones —con Reino Unido como tercer elemento en discordia— como el asunto preferente de las relaciones económicas hispano-norteamericanas, en una ecuación en la que también se otorgaba gran importancia al intercambio de wolframio, asunto sobre el que volveremos un poco más adelante. Sin negar su trascendencia, son cuestiones que deben integrarse dentro de una política de compras preventivas con muchas más aristas de las que aparentemente tiene.

Con la firma de los Pactos de Madrid en 1953, el interés por las cuestiones económicas que afectaban a la relación bilateral volvió a experimentar un repunte. Soplaban nuevos tiempos de amistad espoleados por el sentimiento anticomunista que guiaba los designios de ambas naciones. Fueron frecuentes en esta década los análisis sobre el prometedor futuro que parecía aguardar al país ibérico merced a las ayudas ligadas a los acuerdos para la construcción de las bases[42], unas aportaciones caracterizadas por un patente presentismo —acompañado también de ejercicios prospectivos— y que parecía andar de puntillas por el conflictivo pasado compartido hacía apenas un par de décadas. La consolidación de Estados Unidos como principal socio comercial de España y la masiva penetración de capital norteamericano en los años del desarrollismo concitaban todo el interés en explicar las consecuencias que esto tenía para la economía nacional[43]. No es de extrañar que en los estertores del franquismo y el arranque del proceso transicional se acumularan los libros sobre los beneficios que el gigante americano extraía de esta desequilibrada relación[44].

Sin embargo, en la década de los setenta, se publicaron también dos trabajos de gran utilidad para acercarse a las relaciones comerciales hispano-norteamericanas durante la contienda mundial. Por un lado, la ciclópea obra sobre la política comercial exterior en España nos brinda la posibilidad de disponer de una reconstrucción de los flujos de importación y exportación desde los años treinta[45]. Por el otro, la ya citada obra de James Cortada sobre España y Estados Unidos en la segunda guerra mundial, que tiene su origen en la memoria de máster defendida por el autor en la Florida State University, y que destaca por situar la compra y distribución del wolframio hispano en el centro de la cuestión[46].

La observación de las tablas contenidas en el primer volumen de la mencionada obra sobre la política comercial exterior de España revela que, antes de la guerra civil, Estados Unidos tenía una posición dominante como suministrador de insumos y era uno de los principales mercados para los productos españoles[47]. Circunstancia de importancia, pues, al margen del marcado desequilibrio que arrojaba el saldo comercial entre ambas naciones, también se detecta la presencia de Alemania como socio destacado, junto a Francia y Gran Bretaña. Un detalle en absoluto baladí, ya que las nuevas relaciones de amistad establecidas por el bando golpista con la Alemania nazi distorsionaron profundamente esta imagen, siendo Estados Unidos el gran perdedor de ese cambio de tendencias[48].

El pago de la deuda acumulada con los germanos, una vez finalizado el conflicto patrio, supuso una pesada losa para la economía española, si bien también se convirtió en una perfecta excusa para que determinadas autoridades franquistas justificaran ante los aliados la persistencia de las relaciones comerciales con el nazismo. Más allá de evidentes filias y fobias puramente ideológicas, todas estas transacciones reportaban pingües beneficios, siendo el mayor exponente de estas conductas oportunistas el propio ministro de Industria y Comercio, Demetrio Carceller[49]. Aunque las cifras de las exportaciones españolas hayan de ser manejadas con prudencia, parece probado que hasta 1943 la parte del león correspondió a Berlín, quedando Londres y Washington rezagados en las estadísticas hasta experimentar un poderoso repunte en los años finales de la guerra[50]. Un patrón marcado por la evolución de la estrategia de compras preventivas desplegada por los aliados y, obviamente, por la propia dinámica interna del conflicto[51].

El wolframio, mineral de alto valor para la industria bélica por sus múltiples usos en la fabricación de municiones y blindajes, fue, como señala Thomàs, «la “compra preventiva” más importante de las realizadas por Estados Unidos y Gran Bretaña en España a lo largo de la guerra»[52]. Ya durante la primera guerra mundial se había producido una elevada demanda de este material, lo que llevó a un exponencial incremento de las pequeñas explotaciones ibéricas, generando un lucrativo negocio al abrirse ya entonces canales para el contrabando y el aprovechamiento ilícito de estos recursos[53]. Junto a los trabajos de Cortada o del propio Thomàs —quien ha tratado además de abordar el tema atendiendo a una lógica multilateral—, desde la historia económica también se ha procurado arrojar una mayor luz sobre el alcance de este comercio[54]. A su vez, la ubicación de muchos de estos yacimientos en zonas fronterizas con Portugal o cercanas a la costa cantábrica ha propiciado que, en los últimos años, hayan menudeado los estudios que conectan el tráfico de wolframio con las redes de información y de espionaje que operaban en esas latitudes[55], por no mencionar la conexión de esta política de compras preventivas con las presiones económicas ejercidas por los aliados a través del control del petróleo suministrado a España[56]. Nuevamente Marte valiéndose del influjo de Mercurio.

La paradoja reside en que, pese a la existencia de todos estos trabajos, en determinados foros siga presentándose todo lo relativo al tráfico de wolframio como un episodio desconocido en los juegos de alianzas y traiciones protagonizados por el franquismo durante la segunda guerra mundial[57], pero, de hecho, es todo lo contrario: es posible que se le haya otorgado tanta importancia que, en cierto modo, haya distorsionado la comprensión histórica de unas relaciones diplomáticas y económicas mucho más complejas. Así lo han señalado con anterioridad otros autores:

En la literatura se ha enfatizado indebidamente el caso del wolframio como el gran ejemplo de los problemas y oportunidades del comercio exterior español durante la guerra mundial. Creemos que, a pesar de tratarse de un producto absolutamente vital para Alemania […], el hincapié hecho en el mismo deforma los problemas de la producción española de exportación durante todo el conflicto. […] los movimientos tácticos de política exterior con respecto al Eje no se vieron tan condicionados por la dependencia comercial frente a los aliados. Al considerar adecuadamente esta disfuncionalidad, es posible que los juicios que merezca la trayectoria del régimen durante el conflicto sean mucho menos favorables que los que han sustentados [sic] sus defensores[58].

Todo ello aconseja a que, en la medida de lo posible, el estudio de las relaciones hispano-norteamericanas en la perspectiva económica se afronte sin olvidar su inserción en un marco global mucho menos limitado, una amplitud de miras que debe devolvernos a dialogar con obras de carácter más general, como aquellas que surgieron al calor de la normalización historiográfica para el periodo ya referido con anterioridad[59]. A su vez, sin descuidar la faceta comercial —para la que disponemos ahora de series reconstruidas de gran utilidad—, existen otros agentes económicos que no deben ser obviados[60]. A través de estudios como los de Nuria Puig, Rafael Castro, Julio Tascón, Teresa Tortella o Adoración Álvaro, tenemos constancia de la forja durante las décadas anteriores al estallido de la guerra civil de una inicialmente modesta red empresarial norteamericana en España, que sirvió de avanzadilla para la llegada de nuevos capitales e inversiones más audaces[61].

El rastreo de este tipo de flujos resulta siempre menesteroso ante la posibilidad que tienen los inversores de operar mediante intermediarios o, simplemente, porque los datos no sean del todo fiables, pues algunas operaciones no se registraban. Buena muestra de ello es que el número de empresas estadounidenses con presencia en España que ofrece Adoración Álvaro para comienzos de la década de los cuarenta prácticamente quintuplique las identificadas por Tascón[62]. De ahí la conveniencia de atender a esta faceta de la relación bilateral atendiendo, especialmente, al escrutinio de las tendencias a medio plazo. Al mismo tiempo, no ha de soslayarse el papel que jugaron determinadas iniciativas privadas, así como los poderes públicos norteamericanos como facilitadores de la inversión directa que arribaba a España. En caso de estos últimos, lo más destacado fue su contribución indirecta, localizando oportunidades de negocio y buscando marcos de entendimiento con el gobierno español que fueran favorables para los intereses económicos de la potencia en expansión[63]. Asimismo, en 1917, quedó conformada la Cámara de Comercio Americana, institución llamada a ejercer también una poderosa influencia no solo en su faceta de lobby, sino también como espejo en el que se miraban los empresarios locales[64].

El repaso a estas últimas obras revela que conocemos bastante mejor el escenario empresarial anterior a los años treinta que el del periodo inmediatamente subsiguiente, volviendo a ser este conocimiento nuevamente muy profundo ya para los años cincuenta. Parece claro que la inestabilidad del periodo aquí referido, sumado al nuevo modelo de Estado derivado del golpe de julio de 1936, condujo a una compleja situación en la que unos optaron por abandonar y otros por mantener un compás de espera con la esperanza de que llegaran tiempos más propicios, una cesura que no significó, ni mucho menos, que el contador se pusiera a cero sino todo lo contrario: sería difícil entender la acelerada expansión de la inversión directa estadounidense en España en los años del milagro si no se hubiera sustentado en las redes precedentes a las que hacíamos antes referencia[65].

Podemos, pues, concluir este apartado ratificándonos en que, pese al elevado volumen de trabajos académicos que se han ocupado del periodo, el conocimiento de algunos aspectos de las relaciones hispano-norteamericanas durante los años treinta y cuarenta aún flaquea. Nuestra aportación no modificará, ni mucho menos, las líneas generales de lo planteado por los expertos en la materia, pero quizás sí que contribuya a señalar esas zonas todavía en penumbra. De ahí que propongamos repasar algunos documentos de la época conservados en la FDR Presidential Library, con la finalidad de jugar con las piezas del puzle por si pueden encajar de otra manera distinta.

Las relaciones económicas hispano-norteamericanas durante el periodo presidencial de Franklin Delano Roosevelt

Las relaciones económicas hispano-norteamericanas durante el periodo presidencial de Franklin Delano Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt llegó a la Casa Blanca tras su victoria en las elecciones de noviembre de 1932. El tema estrella de la campaña, como no podría ser de otro modo, fue la situación económica del país. En su discurso de toma de posesión, el nuevo presidente demócrata solicitó a sus ciudadanos que no tuvieran más temor que al miedo en sí mismo, anticipando la enorme tarea reformista que se avecinaba para volver a poner en marcha al país[66]. Mientras esto sucedía, en España, el tercer gobierno de la Segunda República, liderado por Azaña, ya se había visto sobresaltado por el golpe de Sanjurjo y vivía unas horas bajas ante la difusión y utilización de los sucesos de Casas Viejas para desestabilizar al ejecutivo[67].

Las relaciones hispano-norteamericanas durante los primeros compases del periodo republicano habían estado marcadas por la profunda desconfianza del embajador de Estados Unidos en Madrid, Irwin B. Laughlin, hacia los nuevos gestores de la política española[68]. Especialmente preocupantes para el diplomático resultaban las señales emitidas en materia económica, siendo frecuentes los sobresaltos ante supuestos proyectos nacionalizadores que afectarían a empresas norteamericanas. Douglas Little llega a calificar el periodo del primer bienio con la expresión «guerra fría comercial» para caracterizar los problemas existentes entre ambas naciones[69]. Al existir voces dentro del gobierno republicano que reclamaban revertir las concesiones que la empresa telefónica disfrutaba desde 1924[70], el principal escollo para mejorar el entendimiento fue el contencioso abierto sobre la ITT. El Departamento de Estado se implicó activamente en la defensa de una de las principales inversiones norteamericanas en España, llegando la tensión a alcanzar niveles críticos cuando a finales de 1932 el subsecretario William Castle llegó a plantear la retirada del embajador si el gabinete Azaña no desistía en su empeño[71].

El cambio de administración en Washington y la debilidad interna del gobierno azañista contribuyeron a que la crisis se cerrase, experimentando las relaciones una mejoría con la sustitución del embajador Laughlin por Claude Bowers. Tampoco ha de obviarse el impacto positivo que en dicha mejora tuvo el triunfo de las opciones conservadoras en las elecciones de noviembre de 1933. Muchas de las medidas del anterior bienio fueron revertidas y se generó un nuevo clima de confianza entre el empresariado estadounidense, el cual, no debe olvidarse, estaba en contacto con las élites económicas españolas a través de iniciativas como la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España.

El mejor síntoma de esa mejoría fue la decisión del gobierno norteamericano de explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial de amplio espectro con España. Con anterioridad, hasta noviembre de 1923, había estado operativo el tratado alcanzado en 1906 por el que se acordaba la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida, fórmula que los diferentes mandatarios españoles trataron de evitar aplicar en sus más amplias consecuencias[72]. A su vez, en 1927, quedó establecido un modus vivendi, cuyas limitaciones invitaban a ser corregidas con ese eventual nuevo acuerdo comercial. En una comunicación remitida en marzo de 1934 por Bowers al secretario de Estado Cordell Hull, el embajador consideraba que en Madrid existía un gobierno amistoso hacia Estados Unidos y deseoso de emprender unas negociaciones para alcanzar concesiones recíprocas[73]. Todo este proceso negociador se puede seguir con cierta facilidad a través de los documentos recopilados y publicados dentro de la colección The Foreign Relations of the United States (FRUS), dependiente del Departamento de Estado[74].

Su lectura deja patente la gran preocupación que existía entre los representantes españoles por el abultado déficit que arrojaba la balanza de pagos del país ibérico respecto a la potencia americana. Así se lo trasladó el embajador Luis Calderón a Cordell Hull, advirtiendo que Estados Unidos lideraba el listado de países con los que España tenía un manifiesto desequilibrio comercial, pues llegó a representar hasta el 46,6 % del conjunto del déficit de la nación en este concepto[75]. Una información refrendada en un breve despacho expedido por la embajada estadounidense en Madrid, donde se recogía que ese saldo desfavorable se tradujo para el año 1933 en un total de 83 601 000 pesetas-oro, cantidad resultante de sustraer las exportaciones españolas a Estados Unidos —con un valor estas de 53 794 000 pesetas-oro— de unas importaciones con origen norteamericano que se elevaban hasta las 137 395 000 pesetas-oro[76].

Cabe mencionar que el comercio entre ambas naciones había experimentado un considerable descenso, en línea con el deterioro general de las transacciones internacionales que caracterizó a la Gran Depresión. Si en 1928 las exportaciones a España desde Estados Unidos habían sumado 86 millones de dólares, estas cayeron a los 30 millones en 1933. De forma análoga, las importaciones de productos españoles pasaron de 35 millones de dólares a tan solo 13 millones en el mismo periodo[77]. Unos datos extraídos de un voluminoso informe confeccionado por la Office of the Special Adviser to the President on Foreign Trade, agencia dirigida por el economista George N. Peek. Preparado a partir de informaciones de origen público y privado, en sus páginas se esconde un concienzudo análisis de la situación económica de la España republicana, previsiblemente para ser utilizado como material de apoyo en las negociaciones del mencionado acuerdo comercial bilateral:

Las principales mercancías exportadas normalmente desde los Estados Unidos a España son algodón sin manufacturar, automóviles, camiones y piezas, gasolina, madera, cuero, neumáticos y hoja de tabaco. Los principales productos importados son aceitunas y aceite de oliva, corcho, cebollas, uvas, pieles de cabra y oveja, productos de la pesca y mercurio[78].

Como puede apreciarse, en los años venideros, este listado apenas se verá modificado, si bien el contexto bélico propiciará la incorporación del wolframio, tal y como ya se ha mencionado. Resulta destacable la inclusión de un anexo en el informe sobre el carácter estratégico del mercurio como material destinado a fines bélicos. Tras indicar que en tiempos de paz España, Italia y Estados Unidos eran capaces de producir el 90 % de las necesidades mundiales de este mineral, se afirma que «las setenta minas en este país [España] podrían proveer nuestras necesidades completas para un periodo de dos años, contando con el precio sea suficientemente elevado»[79]. Que realice esta mención y no se haga lo propio con otros materiales es una patente demostración de hasta qué punto la política de compras preventivas tuvo como principal objetivo dañar al enemigo, en una carrera de suministros que no siempre resultaban ser necesarios para el comprador. La otra circunstancia que se debe tener en cuenta es que, como socio comercial, España tenía una importancia relativa para el gigante americano, pues los productos que importaba de ese país apenas rozaban un 1 % del total. En sentido inverso, las exportaciones a España no alcanzaban un 2 % de todo lo que Estados Unidos vendía al exterior[80].

Las anteriores cifras dejan patente dos aspectos de la relación. En primer término, lo absolutamente desproporcionado de la misma. Por otro lado, el grave problema que para España suponía el galopante déficit comercial con los norteamericanos. Con toda lógica, los analistas de la embajada de Estados Unidos señalaban el notable riesgo que entrañaba este panorama para la economía española, resultando perentorio que Madrid pudiera arbitrar soluciones para tratar de corregirlo. No obstante, esta urgencia no acababa de concretarse en acciones —y, además, se solapaba con problemas derivados de las condiciones impuestas al comercio de automóviles con otros países—, lo que postergó el inicio de las negociaciones hispano-norteamericanas hasta mayo de 1935.

A finales de octubre de 1935 circulaba ya entre los interesados un borrador del posible acuerdo comercial y este recibió el beneplácito del secretario de Estado un mes más tarde[81]. Sin embargo, algunos ministros españoles manifestaron dudas sobre el contenido del mismo, lo que acabó prolongando la decisión[82]. En enero de 1936, el embajador Bowers seguía apostando firmemente por la iniciativa, convencido de que este compromiso permitiría a Estados Unidos consolidar su posición en el país a la espera de nuevos acontecimientos. De lo contrario, «el fracaso en la firma del acuerdo acarreará, indudablemente, la pérdida de la mayor parte del mercado español y resultará difícil recuperarlo»[83]. El Departamento de Estado coincidía en el análisis del diplomático, pero mostraba su preocupación por conocer los detalles sobre a qué otros acuerdos iba a llegar Madrid con Londres y París sobre los pagos de las transacciones comerciales en un contexto crítico para España, ante sus dificultades para disponer de divisas con las que hacer frente a sus obligaciones[84].

Detrás de estas maniobras y prevenciones se oculta la existencia de dos formas de entender la arquitectura comercial internacional. Estados Unidos, como el propio Cordell Hull se encargó de recordar al embajador español, apostaba abandonar el bilateralismo y unas políticas comerciales que tachaba de discriminatorias, en aras de un modelo más integral[85], una visión netamente interesada del escenario mundial que era la que estaba expandiendo la administración Roosevelt por su área de influencia centro y sudamericana. Todos estaban, pues, compitiendo por obtener una mejor parte del pastel. Esto incluía a la Alemania nazi, país que había escalado posiciones hasta situarse en 1935 en segunda posición tras Estados Unidos en el valor de las exportaciones destinadas a España —147 637 747 pesetas-oro los norteamericanos, frente a las 120 336 220 pesetas-oro germanas— y únicamente por detrás de Gran Bretaña en lo referente a la adquisición de mercaderías con origen español, quedando en este capítulo cuartos los estadounidenses.

Mientras tenía lugar esta guerra de posiciones comerciales, la actividad política española no cesaba. La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 volvió a situar a Manuel Azaña como presidente de gobierno. En una de sus últimas entrevistas con el embajador norteamericano, el líder republicano parece que trasladó a su interlocutor el convencimiento de que había que avanzar hacia un marco general que permitiera resolver los problemas con todos los países en lugar de negociar acuerdos de pagos de carácter bilateral[86]. Igualmente, reafirmó la voluntad de su gabinete de alcanzar definitivamente un tratado comercial hispano-norteamericano. No es posible saber con certeza si efectivamente una república en paz se hubiera inclinado hacia tal senda o, más bien, Azaña estaba regalando los oídos de Bowers. Lo que está claro es que tras el golpe de julio de 1936 saltaron por los aires las posibilidades de rubricar tal acuerdo comercial y una España partida en dos se precipitó hacia una senda autodestructiva que dejó en segundo plano muchas de las cuestiones que han ido apareciendo en los últimos párrafos.

Es bien conocida la postura adoptada por la administración Roosevelt al estallar la guerra civil[87]. En buena medida, su posición inicial estuvo marcada por la existencia de un entramado legal de corte neutralista o, más bien, aislacionista, que se había entretejido desde 1935. Ante la imposibilidad de aplicar dicho marco a lo que estaba sucediendo en la península, Washington acabó siguiendo la política de hechos consumados inducida por las democracias europeas y propugnó una política de no injerencia articulada a través de lo que se conoció como un embargo moral. Durante meses, la prohibición de exportar material bélico a cualquiera de los bandos no estaba respaldada por ley alguna, valiéndose para su sostenimiento de una apelación directa a los valores patrióticos de los comerciantes. Cuando esta fidelidad se quebró, el congreso norteamericano aprobó en enero de 1937 la Spanish Embargo Act, lo que supuso un fortísimo varapalo para la causa republicana. Pese a los denodados esfuerzos del embajador Fernando de los Ríos para lograr torcer la voluntad de aquellos que seguían justificando la conveniencia de aislar el conflicto únicamente dentro de las fronteras españolas —haciendo caso omiso a las múltiples señales de que se trataba de un conflicto que, en realidad, estaba plenamente internacionalizado—, todas las iniciativas fueron infructuosas. La única esperanza parecía radicar en que el escenario mundial continuara deteriorándose y que las dudas cada vez más patentes de Roosevelt hacia la política de apaciguamiento franco-británica acabaran por convertirse en certezas, una táctica de resistencia a ultranza encarnada por el doctor Juan Negrín, pero que, en el caso de Estados Unidos, fue derrotada por cálculos de política doméstica y un secretario de Estado poco favorable a una intervención activa en el conflicto. En suma, unas condiciones fatales para los designios republicanos y tremendamente propicias para el bando sublevado.

Más allá de la alta política y la diplomacia de salón, la guerra civil estuvo igualmente marcada desde la perspectiva norteamericana por la necesidad de salvaguardar sus intereses económicos en el país[88]. Ya hemos hecho referencia a las diversas empresas de matriz estadounidense que operaban en España. Ante el temor a incautaciones o colectivizaciones promovidas por la izquierda, muchos empresarios no tuvieron dudas en situarse a favor de la causa nacional, entendiendo que sus intereses estarían más protegidos. De hecho, compañías como Texaco tuvieron desde el inicio un indisimulado trato de favor hacia los golpistas, traduciéndose el mismo en la posibilidad de disponer de un bien tan preciado en la guerra como es el combustible[89]. Otras empresas, como, por ejemplo, las automovilistas Ford o General Motors, suministraron productos a ambos contendientes, lo que lejos de igualar las cosas ha de entenderse como un claro gesto hostil al gobierno republicano. Más compleja si cabe fue la situación de la ITT, sociedad que acabó prestando sus servicios a los dos bandos, lo que terminó propiciando un largo contencioso acerca del control de la Compañía Telefónica al finalizar la guerra civil[90]. Para su resolución fue crucial la implicación del Departamento de Estado, organismo que a través de sus representantes sobre el terreno se encargó de atender las necesidades de sus ciudadanos en España.

Hacíamos antes referencia al embajador Fernando de los Ríos y, entre los episodios por él protagonizados que pueden leerse en clave económica —pero obviamente también política—, se pueden mencionar al menos dos. El primero está ligado a sus gestiones para que Estados Unidos adquiriese una cantidad de plata propiedad del gobierno español, transacción que autorizó el secretario del Tesoro Henry Morgenthau en uno de los escasos gestos de verdadero compromiso de la administración Roosevelt hacia la causa republicana[91]. El segundo es, si cabe, una maniobra más desconocida. En una reunión con el subsecretario de Estado Sumner Welles, el representante de los intereses republicanos trasladó la siguiente propuesta: «que la administración y distribución de los depósitos de mercurio ahora controlados por el gobierno español fuera realizada por una compañía americana»[92]. Días después el político estadounidense declinó esta oferta, considerando que las reservas californianas de mercurio eran suficientes para cubrir las necesidades del país, por lo que Washington no estaba interesado en participar en la gestión ni «directa o indirectamente»[93]. Eso sí, dejaba en manos del Departamento del Comercio la posibilidad de que sugiriera a los españoles los nombres de algunas empresas norteamericanas que pudieran querer involucrarse, algo que De los Ríos agradeció en una breve nota manuscrita[94].

Que la mencionada consulta sobre las explotaciones de mercurio se produjera en paralelo a los trámites para la venta de la plata no parece casual, toda vez que el embajador llevaba meses redoblando sus quejas sobre la legislación norteamericana que estaba lesionando los derechos legítimos de su gobierno para adquirir armas. La última gran oportunidad de alterar este escenario se produjo en mayo de 1938 cuando el senador Nye, espoleado por la campaña desplegada por distintas personalidades del mundo del arte y la cultura a favor de la causa republicana, planteó una resolución para levantar el embargo, una iniciativa que desembocó en una vía muerta y que, junto a la resolución de la crisis de los Sudetes tras la Conferencia de Múnich, acabó con las escasas opciones de un gobierno de Negrín que a la desesperada trataba de valerse del mercado negro para conseguir armas que le permitieran seguir resistiendo[95]. Todo fue en vano y, el 1 de abril de 1939, la administración Roosevelt no tuvo más remedio que reconocer al régimen franquista.

Se abre entonces una nueva etapa en las relaciones hispano-norteamericanas marcada por la necesidad de resolver los contenciosos pendientes —especialmente la repatriación de los brigadistas estadounidenses que aún permanecían apresados y el problema de la ITT—, el retorno a una cierta normalidad en materia comercial y el progresivo deterioro de la escena internacional. Las gestiones en Madrid fueron inicialmente encargadas a H. Freeman Matthews, quien se desempeñó como chargé d’Affaires ad interim hasta la llegada del embajador Alexander W. Weddell a mediados de 1939. En Estados Unidos, el gobierno franquista siguió confiando en Juan Francisco de Cárdenas, quien durante la guerra civil había actuado como agente del gobierno nacional en Nueva York[96]. Este último fue el encargado de tramitar la concesión de un crédito con el Export-Import Bank para la compra de 300 000 balas de algodón que proveerían a una industria textil española ávida de materias primas.

La principal baza negociadora que tuvieron los norteamericanos durante todo el periodo fue justamente el deteriorado estado de la economía española y su dependencia de productos de primera necesidad. Sin embargo, el régimen lejos de mostrarse sumiso ante las reclamaciones de Washington, se refugió, en ocasiones, en un discurso nacionalista en el que cierto componente de orgullo patrio se entremezclaba con la velada amenaza de dejar que Alemania ocupase el eventual hueco que dejasen sin cubrir los estadounidenses. De hecho, un argumento utilizado por Cárdenas ante el retraso en la concesión del crédito para abastecer de algodón a la industria española era, precisamente, que Estados Unidos estaba perdiendo una oportunidad de reforzar a los sectores moderados del gobierno franquista, frente a aquellos que apostaban por lanzarse a los brazos de Alemania e Italia. Además, arguye que el fracaso de la gestión tendría consecuencias económicas duraderas, pues si las razones del retraso en la concesión del crédito eran insuperables,

el gobierno [español] podría verse obligado a acometer una drástica modificación de su política de compras de algodón. El embajador comentó que su gobierno explicó que las fábricas de algodón en España estaban adaptadas al largo del algodón producido en Estados Unidos, particularmente el algodón de Texas, y que si ellos tuvieran que adquirir todo su algodón de otro sitio o no pudieran mezclar algodón de origen no-americano con algodón americano, sus telares habrían de ser modificados[97].

Otro elemento de fricción era el destino de las propiedades de titularidad estadounidense en España, las cuales ascendían a cerca de 80 millones de dólares. En uno de múltiples encuentros mantenidos entre Cárdenas y Sumner Welles durante 1939, el diplomático español comparó la situación de estas propiedades con la venta de la plata republicana gestionada por su predecesor[98]. Para escándalo del subsecretario, el embajador asumía que si en el caso de la plata se produjo una «expropiación sin compensación, él no veía cómo este gobierno [el estadounidense] podría poner objeciones si el gobierno de España decidiera expropiar propiedades en España de ciudadanos americanos sin ofrecer compensaciones por ellas»[99]. Tampoco gustó a Weddell que Franco, en una entrevista, pareciera querer vincular el destino de la repatriación de los brigadistas con la agilización del crédito para la compra del algodón[100]. Lo curioso es que, en otras ocasiones, son justamente los norteamericanos quienes ponen sobre la mesa este tipo de presiones.

Vemos, pues, cómo los temas se entrecruzaban en una maraña difícil de desentrañar, ya que no existía tampoco una línea de actuación única compartida por cada una de las partes, razón por la que eran frecuentes las disensiones internas[101]. Los temores a que el régimen franquista se lanzara a una audaz política nacionalizadora llevaron a que Welles trasladara a Cárdenas el apoyo del gobierno norteamericano a sus empresarios —especialmente a las iniciativas del coronel Behn, en calidad de máximo responsable de la Compañía Telefónica— y la intención de la administración Roosevelt de «defender los derechos legales de estas inversiones americanas en España con la misma decisión y el mismo interés que lo había hecho en el pasado»[102]. No parece que en la voluntad de Cárdenas estuviera precisamente que el contencioso por la ITT se convirtiera en un escollo para la relación, pero fue un conflicto que se mantuvo aún abierto durante meses[103].

A finales de julio de 1939, el crédito para la adquisición del algodón americano fue definitivamente aprobado. El subsecretario Welles confirmó a Cárdenas su satisfacción por un acuerdo que sería beneficioso para los intereses comerciales de ambas naciones, obteniendo por respuesta el compromiso del gobierno español de que respetaría los intereses americanos en el país de forma justa y acorde a la legalidad internacional[104]. Fue algo parecido a la calma que antecede a la tempestad. Pese a declararse neutral tras el estallido de la segunda guerra mundial, la España franquista estaba claramente inclinada hacia la causa alemana. Las carencias materiales y la existencia de divergencias en el seno del régimen —que procuraron ser explotadas por los aliados— favorecieron el despliegue de un doble juego en el que las invectivas lanzadas desde la prensa española contra los anglosajones no impedían seguir comerciando con ellos.

Así, a finales de noviembre de 1939, el embajador trasladó al Departamento de Estado una petición del Ministerio de Comercio para conocer los términos en los que podría concretarse la compra de 200 000 toneladas de trigo[105]. Igualmente, en esas mismas fechas, se negoció la acuñación de piezas de níquel en la casa de la moneda de Estados Unidos para su uso como dinero de curso legal en España[106]. Ya en 1940, este tipo de peticiones no cesaron y, ante la falta de liquidez que padecía, la dictadura se mostró interesada en obtener en Estados Unidos créditos por un valor entre 120 y 200 millones de dólares. Sumner Welles descartó la posibilidad de que estos pudieran salir de los fondos públicos y, manifestando sus dudas de que alguna entidad financiera estuviera dispuesta a asumir ese riesgo en un contexto tan espinoso, redirigió a su interlocutor a la banca privada norteamericana[107].

Obviamente, el Departamento de Estado no iba a ceder de una manera tan sencilla una baza tan importante. De ahí que, prácticamente de forma simultánea al rechazo antes referido, Welles remitiera una carta al embajador Alexander Weddell en la que le autorizaba a trasladar a las autoridades franquistas «que podría ser posible la exportación a España de productos agrícolas americanos, particularmente aquellos de los que se dispusieran excedentes bajo control de las agencias gubernamentales del país»[108]. Asimismo, lo instaba a invitar a que los españoles propusieran una renovación de los acuerdos crediticios con el Export-Import Bank para mantener el comercio de algodón. Tanto la extensión de los créditos como la posibilidad de mercadear con Estados Unidos estaban, eso sí, sometidas a una serie de factores. El más importante era que España mantuviera su condición de país neutral y que se mostrara efectivamente deseosa «de mantener y desarrollar relaciones amistosas tanto comerciales como políticas»[109]. Una perfecta ejemplificación de la política de «palo y zanahoria» que caracterizará al resto del periodo y que británicos y estadounidenses intentaron llevar de forma coordinada, aunque en estas primeras fases del conflicto resultara complejo[110]. La intención era doble: prevenir la entrada de España en el conflicto, pero también evitar que los productos que llegaban al país —junto a materiales de alto valor estratégico disponibles en suelo español— fueran re-exportados a Alemania[111].

Por más que Juan Francisco de Cárdenas sostuviera «lo que el pueblo español necesitaba era comida y no aventuras militares», afirmando que cualquier intento de llevar al país a la guerra sería contestado por un movimiento revolucionario, las vertiginosas victorias alemanas en sus campañas de 1940 no hicieron más que reforzar la inclinación de la dictadura hacia el Eje[112]. El desencuentro entre el cada vez más poderoso Serrano Suñer y Weddell era total, al embajador le molestaba especialmente el tono acre con el que la prensa controlada por el gobierno se refería a Estados Unidos[113]. Resulta paradójico que la animadversión del diplomático para con el ministro de Asuntos Exteriores fuera tal que, verdaderamente, llegó a creer en la coexistencia de dos almas dentro del régimen, interpretando que Serrano era mucho más proclive al nazismo que su cuñado, circunstancia que, cuando el ascendiente serranista decayó, fue hábilmente utilizada por un Franco siempre preocupado por mantenerse en el poder[114].

Cuando en junio de 1941 se desencadenó la operación Barbarroja y se produjo el envío de los voluntarios de la División Azul a combatir en el frente oriental, muchos pensaron que la entrada de España en la guerra era inminente. Como reacción a esta nueva coyuntura, los envíos de petróleo a España quedaron prácticamente suspendidos[115], una posición de firmeza que fue atenuada para atender la petición británica de no estrangular totalmente la economía española. Una estrategia seguida por el gobierno franquista era la de negociar previamente con Reino Unido la concesión de los preceptivos permisos marítimos —navicerts— para, posteriormente, hacer fuerza ante los norteamericanos aduciendo que ya disponían de tales certificados[116].

Así lo hicieron con varios petroleros que en octubre de 1941 esperaron amarrados en Port Arthur, Texas, hasta que finalmente las autoridades estadounidenses aceptaron el envío[117], aprobación que estuvo avalada por el embajador Weddell, quien trasladó al Departamento de Estado el diagnóstico realizado in situ por los inspectores británicos y el compromiso adquirido con CAMPSA para que el combustible fuera únicamente utilizado en el ámbito nacional[118]. El propio Roosevelt se pronunció a favor de permitir las exportaciones dentro de los límites marcados por los británicos y, posteriormente, el Departamento de Estado desarrolló una declaración más amplia que cubría todos los aspectos de las relaciones comerciales con España. En la misma se advertía al gobierno español de que

este tipo de exportaciones no podrían mantenerse por mucho tiempo a no ser que determinados productos españoles, como corcho, zinc y aceite de oliva, los cuales necesitamos con urgencia y que deseamos mantener lejos de las manos alemanas, sean enviados en contrapartida[119].

Un texto que fue el germen de la propuesta de acuerdo comercial que, el 29 de noviembre de 1941, los responsables del Departamento de Estado entregaron en mano al embajador Cárdenas. El texto no escatima detalles a la hora de explicitar bajo qué condiciones se exportaría petróleo a España y qué productos del país ibérico —incluyendo en este listado el tungsteno, es decir, wolframio— serían requeridos para cubrir las necesidades estadounidenses[120]. El control del tráfico de mercancías bajo estas coordenadas fue la tónica dominante durante los años siguientes, clarificando así unas relaciones que, hasta ese momento, funcionaban más bien atendiendo a una casuística individualizada. Por ejemplo, poco antes de que Estados Unidos fuera atacado por los japoneses, se rechazó una solicitud española para la exportación de 5000 toneladas métricas de alquitrán, alegando que era un producto estratégico para las necesidades defensivas del país[121], una negativa que también afectó a una nueva petición de petróleo, si bien en este caso el Departamento de Estado aconsejó a Cárdenas que volviera a cursar la petición a través de la Texaco para que pudiera ser valorada otra vez.

Lógicamente, la implicación directa norteamericana en la segunda guerra mundial, a partir de diciembre de 1941, no hizo más que complicar este tipo de intercambios. Por ejemplo, fueron frecuentes los registros y las intervenciones del FBI para tratar de destapar, entre otras cosas, la colaboración española con el Eje en materia comercial y espionaje[122]. No es de extrañar que, a mediados de 1942, el embajador de España en Washington se quejara ante el subsecretario Welles por los problemas que estaban experimentando los arreglos comerciales hispano-norteamericanos y se sirvió para ello del ejemplo de las dificultades sufridas por los vapores Motomar y Comillas para poder llevar a cabo sus trayectos[123].

Cabe mencionar que, desde marzo de este año, estaban ya operativas agencias como la IPOC, así como otros organismos dedicados a administrar las compras preventivas. Además, Alexander Weddell fue relevado al frente de la legación estadounidense en Madrid. El nuevo inquilino en la embajada, el historiador católico Carlton Hayes, llegó a su nuevo destino en mayo, con la intención de desarrollar su misión con un estilo distinto al de su antecesor. Un cambio de piezas que resultó crucial ya que, pocos meses después, también desapareció de escena Serrano Suñer, en una maniobra de Franco motivada por el incremento de la presión económica y las dificultades que estaba encontrando el Eje para mantener la iniciativa, sin olvidar el varapalo que había recibido la política americanista del régimen tras la Cumbre de Río[124]. Aunque tardaría en observarse una mejoría en las relaciones comerciales, no está de más anotar que Estados Unidos había detectado que sus socios británicos, sin traicionar el espíritu de su estrecha colaboración, no desperdiciaban ninguna ocasión para hacer negocio con sus intercambios con España. De ahí que comenzara a gestarse la sensación de que la política de firmeza estaba resultando un tanto gravosa para la economía estadounidense.

Uno de los hitos que cambió el curso de la guerra fue la denominada operación Torch, iniciada el 8 de noviembre de 1942 con el desembarco de tropas aliadas en Marruecos y Argelia[125]. La posición geográfica de España como puerta al Mediterráneo explica la importancia que Churchill y Franco otorgaron a que el régimen franquista no reaccionara negativamente ante la invasión. De ahí la concesión de garantías por parte del presidente estadounidense para que el dictador no temiera por la integridad territorial de España, garantías que Franco utilizó a posteriori para justificar su permanencia en el poder e incluso su supuesto trato amistoso para con los aliados[126]. En una nota preparatoria de lo que iba a ser el mensaje que tendría que trasladar el embajador Hayes a Jordana —quien ocupaba el cargo de ministro de Asuntos Exteriores desde el cese de Serrano Suñer acaecido en septiembre—, se menciona que como reconocimiento a la difícil situación a la que iba a tener que enfrentarse España:

este gobierno tiene la intención de incrementar de forma inmediata el alcance de sus actuales acuerdos económicos con España para que parte de los suministros requeridos por España puedan ser más fácilmente obtenidos y puedan ser procurados en mayor volumen para el gobierno español dentro de Estados Unidos. Siempre y cuando España se mantenga fuera del conflicto y no permita que su territorio sea invadido por los poderes del Eje, el ofrecimiento de este incremento en la asistencia económica por parte estadounidense será factible[127].

Se abría, por lo tanto, una nueva etapa, que va a permitir que el tándem Jordana-Cárdenas se presente ahora ante sus interlocutores norteamericanos con renovados argumentos. El más común fue la petición de un incremento en las cantidades de combustible que llegaban a España en 1943, razón por la que el embajador se quejaba de que recibían menos petróleo en esta nueva coyuntura que antes, por lo que solicita que se retorne a unas cifras semejantes a las de 1941 y nunca menos que las de 1942[128]. Su razonamiento no deja de resultar irónico:

dijo [Cárdenas] que no podía encontrar ningún sentido a haber permitido al gobierno español, cuando había estado tan profundamente dominado por Serrano Suñer, obtener más productos petrolíferos que ahora, cuando está profundamente dominado por el actual ministro de Exteriores cuya política estaba guiada por su determinación de conducir a España más cerca de las Naciones Unidas[129].

Resulta patente que Cárdenas había regresado de España con un mensaje meridiano. Ya nadie en el gobierno de Franco creía en la victoria de Alemania y vislumbraban quizás un posible entendimiento entre los contendientes. Por su parte, el conde de Jordana apostaba firmemente por mantener una total neutralidad y, si bien Falange continuaba «deseando perseguir una política amistosa con los poderes del Eje», el gobierno había eliminado Falange Exterior y prohibido su propaganda fuera de las fronteras españolas[130].

Un discurso que el embajador en Washington quiso trasladar en persona al propio Roosevelt, sin éxito en su empresa[131]. Sin embargo, nos ha llegado un interesante documento que condensa los mensajes que el embajador portaba desde Madrid y que deseaba trasladar al presidente de Estados Unidos. De parte de Franco llegaba la seguridad de que España se resistiría con todas sus fuerzas ante una eventual invasión germana, remarcando la independencia de un país con el que sus relaciones eran, sin embargo, buenas. Además, negaba cualquier aspiración imperialista en Latinoamérica y proporcionaba una definición del régimen, el cual «no es ni nazi ni fascista; es español […] el régimen está basado en la tradición hispana, es esencialmente cristiano y católico»[132]. Dicho esto, el dictador —que justificaba que su gobierno era autoritario por las condiciones impuestas por la guerra civil y el contexto bélico mundial— incluía también una chocante petición: «tras remarcar que en el presente no hay causa de preocupación, el Generalísimo pregunta si, si la hubiera, el gobierno americano estaría dispuesto a proveerle de armas (estrictamente confidencial)»[133].

En este mismo documento, se recogen también las misivas del ministro Jordana, quien se presentaba como un decidido defensor de la neutralidad que confiaba, igualmente, en que se alcanzara una paz cristiana que evitara una nueva conflagración. Manifestaba que «el país estaba cambiando y que se debía tener confianza en España»[134]. Hablando justamente de confianza, el redactor del informe planteaba las relaciones comerciales en los siguientes términos:

Es muy recomendable tratar a España con confianza y creer sus promesas. La actitud es excelente, existiendo un profundo deseo de conceder el máximo, pero no es recomendable ejercer presión que en un momento de angustia podría conducir a concesiones que podría causar reacciones extremadamente peligrosas por parte de otras fuentes[135].

Una visión que encaja a la perfección con la que Carlton Hayes traslada por esas mismas fechas al presidente Roosevelt a raíz del desembarco aliado en Sicilia[136]. Para el embajador eran patentes los cambios favorables experimentados por la política exterior del régimen y restaba valor a las campañas propagandísticas de Falange y sus ataques contra Estados Unidos, ya que los mismos no provenían del Ministerio de Asuntos Exteriores, es decir, se reforzaba así la mencionada teoría de la coexistencia de dos almas en el interior de los órganos rectores de la política española, quedando Jordana y el propio Franco fuera de la órbita de Falange. El embajador tenía claro cuál debía ser la estrategia:

Lo que de manera inmediata tengo entre ceja y ceja para España, creo que con tus bendiciones, es la ruptura de los lazos comerciales del país con el Eje y atraerla a una alianza económica virtual con América, Gran Bretaña y el norte de África francés. De este modo, podríamos utilizar la península, […], como depósito y ruta de tránsito para el abastecimiento de nuestros ejércitos y de las eventualmente liberadas poblaciones en Italia, sur de Francia, etcétera, y al mismo tiempo podríamos transformar gradualmente esa cooperación económica en una virtual alianza política[137].

Unos ambiciosos planes que, como es sabido, no llegaron a materializarse, toda vez que la dictadura mantuvo activas relaciones comerciales con Alemania hasta prácticamente el fin de la guerra[138]. Incluso así, resultan igualmente sugestivos los planteamientos de Hayes acerca del futuro que auguraba para España, previendo un cambio de régimen que podría bascular hacia la monarquía, la república o tener incluso la forma de una dictadura evolucionada, pero claramente más liberal y cooperante con Estados Unidos. Mientras tanto, el historiador metido a diplomático solicitaba a Washington la misma paciencia que él estaba teniendo con un régimen que, en absoluto, le ilusionaba, entendiendo que hasta entonces esa estrategia había resultado útil para contribuir a los esfuerzos bélicos aliados.

En suma, quedaba así enunciada la formulación de la estrategia conciliadora, la cual otorgaba un gran valor a elevar el volumen de combustible que se exportaba a España. Un incremento que, como se indica en el documento al que anteriormente hacíamos referencia, Jordana podría usar para contrarrestar la propaganda falangista[139]. Según datos proporcionados desde Madrid, el consumo total de combustible —sumando gasolina, queroseno, gasóleo y fueloil— en 1935, último año sin conflicto bélico, había sido de 750 000 toneladas. Se estimaba que, desde entonces, las necesidades de gasóleo y fueloil habían aumentado como consecuencia de la carencia de carbón, lo que implicaba un consumo potencial de 1 026 000 toneladas. Frente a ello, las exportaciones a España por semestre durante 1941 habían ascendido a 279 213 toneladas y a 247 800 para cada semestre de 1942[140]. En el informe se incide en el razonamiento, trasladado previamente por Cárdenas, sobre la aparente falta de congruencia de este descenso de los envíos —para el primer semestre de 1943 estaban previstos el envío únicamente de 57 000 toneladas de combustible más 9000 de lubricantes— en una etapa en la que el riesgo de invasión parecía haberse atenuado y las relaciones eran más amistosas. Se solicitaba por ello que se reconsiderara la situación, permitiendo que los petroleros españoles operaran al máximo de su capacidad y que los servicios de aviación, que como el de la línea Madrid-Lisboa habían sido suspendidos, pudieran volver a estar operativos[141].

Frente a estas posiciones contemporizadoras se alzaban cada vez más voces críticas en el Departamento de Estado. Les resultaba frustrante tener que soportar las diatribas de parte de una sociedad norteamericana en frontal desacuerdo con la adopción de tácticas apaciguadoras con una dictadura que no solo seguía relacionándose económicamente con los nazis, sino que además se quejaba de la actitud exigente de los aliados. La carta con la que abríamos el capítulo es una buena muestra de este descontento. Por ello, para disgusto de Hayes y de los británicos —que siempre se mostraron mucho más acomodaticios—, los sectores «duros» de la administración Roosevelt impusieron sus tesis. La excusa utilizada para modificar la política atendió a la torpeza manifestada por la diplomacia española cuando, en octubre de 1943, fue remitido un telegrama de felicitación a José Laurel por su nombramiento como presidente del Estado títere creado por los japoneses en Filipinas[142]. Sin embargo, se trataba de una decisión mucho más meditada y fundamentada, también, en el escándalo que había supuesto la firma en agosto de un acuerdo adicional que prolongaba el convenio comercial hispano-alemán alcanzado a finales de 1942[143]. Este fue el origen de la ya referida batalla del wolframio, que, como ha quedado patente, es todo menos un episodio desconocido de las relaciones entre España y Estados Unidos[144].

A través de los fondos de la FDR Library y la selección documental del FRUS, es posible seguir con todo detalle la evolución de uno de los periodos más tensos de dicha relación. Estos materiales permiten observar cómo Washington apostó por adoptar una postura de firmeza, decretando un embargo sobre los envíos de combustible a España. Las peticiones estadounidenses eran muy claras: la dictadura franquista debía renunciar al comercio con Alemania —especialmente el del wolframio, pero también el de otros productos como manganeso y aleaciones de hierro—; expulsar a los agentes nazis radicados en Tánger y que estos cesaran las actividades de espionaje realizadas con la connivencia hispana; promover el retorno de los restos de la División Azul aún presentes en el frente oriental; otorgar permisos de aterrizaje a aeronaves norteamericanas, y, finalmente, liberar las naves de bandera italiana amarradas en puertos españoles[145].

Durante los primeros meses de 1944 queda patente cómo los británicos buscaron sin éxito que Estados Unidos rebajara sus pretensiones, temerosos ante «el riesgo de perder los beneficios sustanciales de las concesiones políticas ya otorgadas por España»[146]. Existían, sin embargo, razones más prosaicas que explican este comportamiento. No puede perderse de vista que, ante el avance aliado, la oposición al franquismo comenzó a idear planes alternativos para una España sin Franco, una circunstancia que preocupaba especialmente a Reino Unido, cuyos dirigentes, con el recuerdo de la guerra civil vívido en su memoria, no querían que la situación en el país volviera a descontrolarse. Si a ello añadimos los intereses económicos británicos, ya contamos con las claves explicativas que ayudan a comprender su oposición a estrangular completamente al régimen franquista. Como Churchill declaraba en un mensaje confidencial remitido a Roosevelt a comienzos de abril de 1944, en el cual instaba a alcanzar un compromiso de carácter inmediato con los españoles, no era posible olvidar «el interés británico en la península a largo plazo»[147].

Es importante situar este acalorado debate entre Londres y Washington dentro del contexto general de la segunda guerra mundial. El mismo se desarrolló en paralelo a los preparativos para el desembarco aliado en Normandía, por lo que en los cálculos planteados por las autoridades británicas y norteamericanas siempre estaba presente que el devenir del conflicto acabaría por condicionar las posibilidades comerciales de España. El 2 de mayo de 1944 se alcanzó un acuerdo tripartito que contemplaba el cese del embargo petrolífero, siempre que España se atuviera a las condiciones fijadas por los aliados[148]. Durante unos meses todavía persistió el comercio de wolframio —como demuestra la disposición de la compañía gallega Hijos Cerezales a vender entre 10 y 20 toneladas del mineral a agentes alemanes—, pero la liberación de París y el acuerdo alcanzado con Salazar para que también Portugal cesara sus exportaciones acabaron por dejar a Alemania sin apenas suministros[149]. La España franquista tenía ya entonces otras preocupaciones y la principal era evitar seguir el mismo destino que los derrotados.

A modo de conclusión

A modo de conclusión

Llegados a este punto, resulta conveniente echar la vista atrás y volver al contenido de las primeras páginas de este capítulo. Se hablaba en ellas de un cargamento de algodón norteamericano listo para ser enviado a España, a mediados de 1944, y de la indignación que tal circunstancia provocaba en determinados sectores de la sociedad norteamericana. No deja de resultar irónico que, meses más tarde, en una nota publicada en el diario ABC —la cual reproducía el contenido de un artículo aparecido en La Nación de Buenos Aires en marzo de 1945—, vuelvan a aparecer referencias al mencionado algodón, pero esta vez en un sentido completamente diferente al de la misiva de H. E. Soule[150]. En la página del periódico, además de quedar recogidas las tranquilizadoras declaraciones para el régimen vertidas por el flamante sustituto de Hayes al frente de la embajada en Madrid, Norman Armour, se hace también alusión a una información aparecida en Stars & Stripes, publicación dependiente del ejército estadounidense. En la misma, se explicitaban las razones que invitaban a que los aliados desplegaran una política eminentemente realista hacia la dictadura franquista. Dentro de estas, una de ellas era puramente económica y respondía a

la conveniencia aliada de aprovechar la neutralidad española para satisfacer las necesidades bélicas y comerciales anglosajonas. […], los barcos mercantes españoles prestan servicios indispensables y en [sic] tan creciente progresión en el comercio con España, que en 1944 este país transformó en dos millones de toallas y miles de mantas y camisas, con destino a los aliados, 250 000 balas de algodón que se le enviaron; asimismo expidió 3 000 000 de metros de tela para Francia y elaboró artículos de gran utilidad para las Naciones Unidas con 2000 toneladas de goma sintética que se le entregaron[151].

Suele decirse que toda historia tiene al menos dos caras y, en este caso, resulta patente hasta qué grado algo tan material como un cargamento de algodón puede adquirir otros significados, hasta acabar siendo utilizado en la confrontación dialéctica acerca del papel desempeñado por España en la segunda guerra mundial. Puede parecer anecdótico, pero, detrás de la mayor parte de las relaciones hispano-norteamericanas durante el periodo de la guerra civil y la dictadura franquista, se esconden este tipo de reinterpretaciones. Baste simplemente con recordar el saldo totalmente dispar que arroja contraponer las obras de protagonistas directos del periodo como Herbert Feis, Alexander Hayes o Willard Beaulac. La intención de este capítulo era, precisamente, ofrecer una cara menos conocida de las relaciones bilaterales, esa otra historia que deja patente el complejo juego de intereses económicos que tuvo como escenario el teatro ibérico durante los años treinta y cuarenta.

En primer término, ha quedado de manifiesto lo que suele acontecer cuando se contraponen intereses de dos países con economías muy desiguales. En este periodo España siempre sufrió las consecuencias negativas de enfrentarse al gigante americano. Básicamente, porque no podía prescindir de sus productos ni de su know-how empresarial. Es cierto que trató de capear el temporal como pudo y que, en determinadas coyunturas —aquí el capote que le echó el gobierno de Churchill o las maniobras del embajador Hayes fueron cruciales—, incluso se atrevió a desafiar a Washington, pero al final los hechos son tozudos y la derrota del nazismo dejó a la economía española muy necesitada de créditos y materias que únicamente Estados Unidos podía proveer. Se observa, del mismo modo, que existen pautas que fueron cristalizando con el paso de los años como, por ejemplo, el desequilibrio que arrojaba la balanza comercial hispano-norteamericana en la década de los treinta y que será una constante durante el desarrollismo.

En segundo lugar, una de las ventajas de analizar la situación a través de una visión de largo plazo es que esta nos permite, efectivamente, advertir cuál fue la evolución de determinadas redes económicas que tienen su origen ya a finales del siglo XIX y comienzos del XX, es decir, las excepcionales situaciones generadas, primero por la guerra civil y posteriormente por la segunda guerra mundial, no operaron sobre el vacío. Todas ellas se desarrollaron sobre una serie de prácticas ya suficientemente consolidadas[152]. De ahí que muchas empresas norteamericanas no huyeran ante los problemas y, al contrario, optaran por aguantar a la espera de que vinieran tiempos mejores. De hecho, cuantos mayores vínculos hubieran establecido con socios locales, mayor era su posibilidad de supervivencia. Esto explica por qué, durante los años del primer franquismo, muchas empresas con capital estadounidense recurrieron a toda clase de subterfugios y al concurso de testaferros para mantenerse operativas[153].

Una tercera conclusión es que el apoyo que recibían muchas de estas empresas por parte de los poderes públicos norteamericanos no era inmediato. Dependía del caso concreto, de cómo se desempeñaran sus cúpulas directivas respecto a las autoridades y/o del contexto. Son, en suma, las clásicas tesis al respecto de Mira Wilkins[154]. Eso sí, desde la creación y el desarrollo del cuerpo de agregados comerciales en tiempos de Wilson, estas empresas contaban con información oficial muy fiable sobre el clima inversor, las regulaciones que imperaban, las oportunidades de negocio, etc[155]… Y por todos es sabido que la información es poder.

Una cuarta cuestión que ha sido igualmente atendida es la conveniencia de reevaluar los efectos que tuvo el uso de la economía como arma de guerra. Restringir su estudio a la batalla del wolframio o al racionamiento del petróleo resulta limitado. De ahí que en este capítulo no se haya optado por reconstruir series o cuantificar el tráfico legal o ilegal de todas las mercancías afectadas por esa conjunción metafórica de Marte con Mercurio. Lo más importante era poner de relieve determinadas tendencias. Con ellas parece quedar claro el doble juego llevado a cabo por el gobierno franquista durante la guerra mundial. Su apoyo al Eje está fuera de toda duda y no puede justificarse más que por su interés de contribuir a la victoria de la causa nazi. Además, se abusó del programa de compras preventivas con el objetivo de dañar a los aliados, al tiempo que algunos pocos hacían fortuna con esta oportunidad coyuntural.

También resulta patente que la postura de los aliados hacia España no fue homogénea, pesando más, a la postre, la opinión británica de que el franquismo era un mal menor que podía ser asumible. Sobre todo si esto evitaba un eventual retorno a la confusión republicana. Además, los intereses económicos británicos eran, en cierto modo, divergentes de los estadounidenses por una mera cuestión de distancia geográfica, pero también de tamaño. Recordemos, como ya ha quedado apuntado, que Reino Unido utilizó también «el palo y la zanahoria» pensando en sus intereses comerciales[156]. En un escenario de guerra siempre alguien está haciendo negocio e, igualmente, siempre alguien está ya pensando en cómo hacer negocio cuando la guerra finalice.

Han quedado, eso sí, cuestiones en el tintero. Se podría haber profundizado más en la percepción que los diplomáticos norteamericanos tuvieron sobre la evolución de la economía española durante los años de la Segunda República y la guerra civil. Es este un campo abierto, todavía por explorar completamente[157]. También requiere de una mayor atención el análisis de la competencia comercial entre Estados Unidos y la Alemania nazi antes del estallido de la guerra civil[158]. Es posible que un examen más detallado de la cuestión aporte nuevas claves a lo sucedido con posterioridad. Finalmente, queda asimismo pendiente una investigación más completa acerca de los medios de pago utilizados por el Eje y por los aliados en sus relaciones comerciales con España y viceversa. La escasez de divisas y la necesidad de conseguir pesetas, a veces recurriendo al mercado negro, son temas sobre los que futuros historiadores y economistas pueden aún decir mucho. En todo caso, sí que se ha cumplido la aspiración de plantear un estudio centrado en una óptica puramente bilateral. En tiempos de historias globales parece incluso una osadía plantear esto. Quizás porque algunos de sus defensores no se den cuenta de que un buen análisis bilateral no supone ser ajeno a lo que ocurre alrededor. Todo lo contrario, la globalidad se construye también a partir de un buen conocimiento de lo bilateral.

Demetrio Canceller en los papeles del Fogeign Office (1940-1945)

DEMETRIO CARCELLER

EN LOS PAPELES DEL FOREIGN OFFICE

(1940-1945)

Francisco CONTRERAS

Universidad de Huelva

Demetrio Carceller fue un ingeniero textil que, en la práctica, se reconvirtió en directivo químico y llegó a ser ministro de Industria y Comercio en 1940. A los historiadores no parece haberles interesado mucho ese singular y meteórico recorrido. Sin embargo, sí les ha importado, y mucho, los calificativos políticos del personaje para encajarlo en el primer franquismo. Algunos afirman que era un camisavieja, otros aseguran que fue un serranista, mientras que unos pocos lo han visto como un antiserranista. Está bastante extendido el calificativo de filonazi y, sobre todo, el de germanófilo. Ninguno ha tenido la tentación de corregir esas impresiones sobre filias políticas si se tiene en cuenta que Carceller no tuvo, por ejemplo, el mismo comportamiento respecto a los alemanes o hacia los aliados en 1940 que en 1943.

El ascenso político de un escalador social

El ascenso político de un escalador social

Es conocido el episodio de la estafa de gasolina sintética con la que el químico austriaco Albert von Filek intentó engañar a Franco[1], hasta que intervino Demetrio Carceller y destapó el engaño[2]. Aunque se ha especulado mucho sobre las razones que tuvo el dictador para ascender a un experto conocedor del sector petrolífero y recién nombrado jefe de la Falange barcelonesa, ningún historiador ha sugerido que este episodio fuera una causa inmediata de su nombramiento. Lo cierto es que el 16 de octubre de 1940, Franco remodelaba por tercera vez su gobierno y Carceller entraba para ocupar la cartera de Industria y Comercio, en sustitución de Alarcón de la Lastra. Tan solo Joan Maria Thomàs ha intuido que el asunto del combustible pudo estar detrás de tan meteórico ascenso. Para este historiador, Carceller era ante todo «un hombre de negocios ligado al negocio del petróleo y como tal se comportaría en el seno del gobierno»[3]. También Jordi Catalan apunta a que fue un imperativo más económico que político: «La realidad de una cosecha mucho peor que la esperada y el cese de los embarques de petróleo debió de influir de forma decisiva en el cambio de actitud del titular de Industria y Comercio»[4]. En definitiva, para explicar este «incomprensible» nombramiento se repiten con cierta frecuencia que Carceller era en ese momento el cerebro económico de Falange. Aunque nadie ha conseguido asegurar que fue falangista por convicción ideológica antes que por conveniencia política y económica.

Un día de los últimos de la República, quizás poco antes de las elecciones de febrero de 1936, en la penumbra de su despacho comentó a su secretario Torrente Fortuño: «A mí me dicen que Gil Robles, pues muy bien; me dicen que José Antonio, bueno; el caso es que haya alguien que trabaje para España»[5]. Ese comentario muestra un matiz revelador de Carceller: su pragmática, posibilista y «costista» lectura de la política, que tiende a revelarse cínica al toparse con los doctrinarios y los faccionalismos, como en este caso entre la derecha conservadora de la CEDA y la «revolución» nacionalista de Falange[6]. El golpe de Estado redujo las cartas de la baraja, había que elegir entre unos y otros, y Carceller optó por el poder. No debe extrañar que el falangista Valdés Larrañaga dudase en sus memorias del falangismo de Carceller. No existe ningún consenso sobre el falangismo de Carceller. Para la historiografía de izquierdas y, sobre todo, para la encabezada por Preston, no cabe duda alguna: fue un falangista camisavieja sin escrúpulos. Para la historiografía revisionista conservadora practicó un falangismo mal entendido, de probables veleidades totalitarias[7]. En ese sentido, el franquista Suárez Fernández cita la siguiente afirmación de Carceller cuando ya era ministro, el 9 de noviembre de 1940, al constituirse el Sindicato del Metal: «En España, se había concluido el juego de las opciones: o se estaba con Falange o no se estaba en política; así de simple»[8].

En toda esta maraña de suposiciones, una cuarta interpretación adquiere cierta credibilidad: Carceller tuvo un impreciso perfil ideológico. Según Francesc Cabana, el ingreso en Falange fue una consecuencia del ambiente de primera hora y de su estrategia, más que de su ideología. Carceller conocía muy bien los entramados de la economía del momento para dejarse seducir por los principios de Falange, que supeditaban la política económica a la estrategia política. Para Cabana no hay duda: Carceller fue falangista por conveniencia. Fue una táctica más que un pensamiento, afirma. Y, como testimonio que respalda esta interpretación, cita un comentario de uno de sus subordinados, Rufino Beltrán Vivar, director de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes: «Don Demetrio no era muy amigo de los dirigentes falangistas», con ellos «los roces fueron continuos». Cabana ironiza incluso con el apelativo «cerebro económico de la Falange, porque si tenía realmente cerebro económico es porque no aplicaba los principios del Partido». Y aporta un último testimonio, según el cual ni siquiera respetaba al general Franco, al que definía como «un teniente al que todos hemos ayudado a construir»[9]. Sin embargo, otros datos reveladores muestran que, salvo su nacionalismo español antiliberal y autoritario, apenas coincidía con la doctrina nacionalsindicalista, ni siquiera citaba en sus primeros discursos a José Antonio.

¿Carceller contra Serrano?

¿Carceller contra Serrano?

Según Thomàs, entre las diversas familias falangistas, a Carceller se lo señalaba por ser un serranista, pero no duda en afirmar que cuando se constituyó la nueva Junta Política tras la formación del III Consejo de Falange, ya defenestrado Serrano Suñer en 1942, se produjo un corte radical con la anterior. Ahora iba a estar formada por falangistas legitimistas de la tendencia antiserranista. Y, entre ellos, Demetrio Carceller: «Era la Junta Política de una Falange sumisa y fiel, falangista pero sin proyecto de hegemonía alguno; franquista ante todo»[10].

¿Qué había ocurrido entre Serrano y Carceller? Hubo diferencias sobre cómo llevar las negociaciones con los alemanes y los aliados. Las tensiones entre los falangistas y entre los miembros del gobierno habían ido en aumento y, hasta cierto punto, todos conspiraban contra todos. Un obstáculo importante para los británicos era el poder y el carácter de Serrano. ¿Llegaron a planear su eliminación? Política, desde luego. En documentos desclasificados del Foreign Office aparecen unos matices decisivos que despejan quiénes pudieron estar detrás del posible atentado contra Serrano. En una carta de Hoare a Eden fechada el 8 de julio, el embajador británico afirma:

Usual source reports that Generals, including Vigon, are now convinced that Suner’s policy is endangering Spain’s neutrality and that he must be eliminated. Way and means are being seriously considered, bearing in mind danger of doing nothing on the one hand and on the other hand that of provoking Germany. Idea is to make it look as much like purely internal affair as possible[11].

Es decir, existía un grupo de generales que veían con claridad que la política de Suñer estaba poniendo en peligro la neutralidad de España. Y esa y no otra era la razón por la que creían debía «ser eliminado». Existían muchos riesgos, tanto si no se hacía nada como si se actuaba y se provocaba a los alemanes[12].

Es en una carta fechada el día 9 donde Hoare alude a una conversación con un contenido muy relevante sobre el contexto del verano de 1941. En esa misiva informaba de una reunión que un funcionario de la embajada, David Eccles, había tenido con Carceller y uno de sus más estrechos colaboradores. Según Hoare, estos habían comentado que Serrano se había convertido en una persona tan intolerable que merecía que lo «liquidasen». Aunque no hablaron de asesinato, Hoare hizo la siguiente acotación: «Con tal horrible expresión es obvio que querían denotar que era físicamente». Y para subrayar la importancia de la información, Hoare añadió que «se trataba de una afirmación muy notable hecha por uno de los miembros más importantes del gobierno y su principal lugarteniente». La documentación confirma no que Carceller estuviera detrás del intento de asesinato de Serrano sino que estaba muy bien informado, hasta el punto de que valora negativamente que se llegase a ejecutar el atentado. Carceller dejó caer que la eliminación de un familiar de Franco podría ocasionar graves consecuencias y una de ellas tenía que ver con un movimiento de las tropas alemanas que estaban en la frontera de los Pirineos. De cualquier modo, la confidencia de Carceller era tan importante que los británicos buscaron cotejarla. De ahí que Hoare comentase en dicho informe:

Today, however, from an almost equally important source I have further information that the Generals are contemplating liquidating Suner in the next week or two and with a view to avoiding German retaliation following the liquidation by an inmediate signing of the Triple Pact with the Axis. I am at once having it conveyed to them that any signature of the Pact would in my view be suicidal and that the inmediate effect would be finally to strange the U. S. A. and ourselves and to make it impossible for any new regime to keep going in Spain. Apart, however, from the fluidity of the present situation and the impossibility of my leaving Spain in the face of so many uncertainties[13].

Los británicos comprobaron que había un complot contra Serrano en el que estaban implicados varios generales y que, para evitar la reacción nazi, querían firmar lo antes posible el acuerdo tripartito. Viñas comenta de este modo este confuso episodio: «No sabemos mucho acerca de este complot ni de a quién se le ocurrió que, evidentemente, no era un genio. El embajador hizo lo que procedía: hacer saber a los generales por el conducto habitual (¿cuál?) de que no habría cosa peor que proceder a tal firma. Equivaldría a un auténtico suicidio. Su efecto inmediato sería alienar a España de Gran Bretaña y de Estados Unidos e imposibilitar la tarea del gobierno o de cualquier otro que lo siguiera»[14]. Pero queda otra duda por aclarar ¿por qué Carceller hizo esa confidencia a los británicos sobre los movimientos contra Serrano? ¿Acaso era partidario de la neutralidad? ¿Su germanofilia era impostada? La documentación ofrece datos concretos sobre el supuesto atentado y, sobre todo, del conocimiento que de él tenía Carceller, quien precisó que estas tensiones afectaban a un buen número de militares: «el complot de los generales». Queda claro que no fue el instigador, sino el informante a los británicos del malestar que existía entre esos generales hacia Serrano.

Preston, aunque no tuvo conocimiento de estos complots, refiere que a los oídos de Franco le había llegado un comentario que había hecho Serrano durante su viaje a Italia en junio de 1942. Según una nota del embajador portugués a Salazar, Serrano había llamado a Franco «criado ignorante». Y fue el dictador el que se quejó a Carceller de que «Tenemos un Ministro de Asuntos Exteriores que no quiere saber nada de cuestiones económicas»[15]. Como vemos, el antiserranismo estaba tan extendido que Franco optó cortar por lo sano y sacar del gobierno a su cuñado el 3 de septiembre de 1942. Si Carceller había entrado, según el parecer de algunos, en el gobierno por el padrinazgo de Serrano, quedó libre de compromiso con ese presunto padrino político. Desde ese momento, su único interlocutor, al que tenía rendir cuentas o convencer, era el mismísimo dictador.

Un empresario en el ministerio

Un empresario en el ministerio

El 26 de febrero de 1940, cuando aún no era ni jefe provincial de Falange ni ministro, Carceller dictó una conferencia en el edificio del Senado. Fue una puesta de largo de un empresario de éxito, que decían había sido amigo de José Antonio y estaba muy próximo a Serrano Suñer. Entre los asistentes a la conferencia estaban casi todas las autoridades más destacadas del momento. Nadie con poder podía decir que no conocía ya a Demetrio Carceller[16]. El contenido del discurso no coincide con la interpretación que ha realizado la mayoría de los historiadores que aseguran que la apuesta por una política económica autárquica formaba parte del proyecto político que legitimaba el nuevo Estado y no respondía al contexto bélico internacional, sino que se basó sobre todo en la propia mentalidad de Franco[17]. Según Jordi Catalan, la política económica española de los años cuarenta intentó copiar las políticas alemanas e italianas, tanto bélicas como prebélicas[18]. Para Carlos Barciela, el ideal supremo de la autarquía fue una culminación del nacionalismo y del rechazo a lo extranjero, como objetivo intermedio para alcanzar el deseo nacionalista de ser una potencia militar e imperial[19]. Si ser autárquico era sentir, difundir y practicar un rechazo visceral del capital y de la tecnología extranjeras, Carceller no lo fue ni mucho menos. Otro asunto era su obsesión con la deuda y con la balanza de pagos. No gastar más de lo que ingresas, esa era su máxima, y en tiempos de guerra internacional y de posguerra, optar por esa vía era en extremo arriesgado.

Con un mercado interior tan débil y pobre, con un ahorro interno tan escaso, con el acusado subdesarrollo tecnológico y científico, con la escasez de productos energéticos y de materias primas, etc., optar por la autarquía era «un callejón sin salida». Según Barciela, el principal objetivo de la autarquía era controlar el comercio exterior: «Los aranceles quedaron arrumbados ante instrumentos más poderosos de intervención como el comercio de Estado, las restricciones cuantitativas, el establecimiento de licencias, los acuerdos bilaterales y, sobre todo, con el control de cambios y monopolio del comercio de divisas»[20]. Sin duda, ahí está la clave del papel de Carceller. Antes que un germanófilo, fue un negociador. La postrada situación económica del país no permitía obtener los réditos de la neutralidad que se obtuvieron durante la Gran Guerra. La guerra comercial seguía siendo otro instrumento junto con las campañas militares y era más difícil sustraerse a aquella que a estas: defender la independencia económica del país, así como aprovechar las eventuales oportunidades de negocio de este contexto bélico obligaban a transitar en torno a una delgada línea roja. Ahora más que nunca este espacio requería en mayor medida las dotes de simulación del negociador que las del integrista, pues la segunda guerra mundial presentaba una sutil pero decisiva diferencia: fue un conflicto más ideologizado que el de 1914.

Los historiadores hablan una y otra vez de voluntad autárquica en general; sin embargo, quizás sea necesario distinguir entre los discursos, las prácticas y las representaciones autárquicas. Con los discursos —como el de Carceller—, el gobierno franquista intentó trazar un difícil equilibrio entre la profunda crisis de una economía de (pos)guerra, motivada no tanto por la destrucción de infraestructuras, sino por el desabastecimiento y la búsqueda de una balanza comercial lo más favorable posible. En la medida que había que surtirse de divisas, las importaciones y las exportaciones estuvieron controladas, no solo por las posibles comisiones para los intermediarios del ministerio —como ha afirmado Fontana—,[21] sino también por la imperiosa necesidad de conocer los circuitos de entrada y salida de dólares y libras, así como por la relación de este esforzado y tenso juego con el ideal económico de una industrialización prioritaria, según sectores.

El discurso podía ser en su conjunto autárquico pero en la práctica no hay un planteamiento nítidamente autárquico. Aparece trufado con una fuerte defensa de los intereses empresariales españoles en un contexto de apertura a las relaciones comerciales con los contendientes, junto con una actitud adaptativa. Al contrario, se busca y se desea una apertura económica en tanto el contexto internacional favoreciese el flujo de capitales de manera mucho más intensa: «Hemos aceptado con serenidad y firmeza las situaciones que las circunstancias unas veces imponían y otras aconsejaban, y al reintegrar a todos los países sin excepción, beligerantes de ambos bandos y neutrales, los cuantiosos créditos que les debíamos, hemos cancelado nuestras obligaciones con ellos»[22]. El ministro no decía toda la verdad, quedaba por saldar la deuda contraída con la Italia de Mussolini. Pero, en conjunto, el éxito financiero era incuestionable con la deuda con Alemania, aunque las exigencias alemanas de cobrarla lo antes posible la convirtió en una pesadísima losa para la economía española[23].

Ante la dificilísima situación económica, la representación o la imagen oficial fue la difusión de la autarquía como un esfuerzo identitario patrio, que todos sabían imposible en su conjunto, pero que tenía que ser rentable para la proyección ideológica del nacionalismo español y su permanencia en el poder. Había que vencer a la realidad del hambre y del racionamiento. El mayor error de la política económica con Carceller fue la fijación de precios a la baja de productos básicos, pues generó un extraordinario mercado negro y agravó el desabastecimiento de la gran mayoría de la población. Todos los esfuerzos sucumbían ante la realidad del hambre. Antes de la batalla del wolframio, uno de los objetivos de Carceller fue importar comida a costa de lo que fuese. La situación era tan crítica para Carceller que, en un excepcional testimonio escrito del que no era nada partidario dejar constancia, comentó al ministro de Asuntos Exteriores, Gómez-Jordana, su adversario en el gobierno: «No existe problema en España que tenga tanta importancia, ni siquiera aproximadamente, como la necesidad absoluta de seguir importando un mínimo de 50 000 toneladas mensuales de trigo, sin las cuales el hambre sería un hecho fulminante para grandes masas de la población española»[24].

Llama la atención la contradicción entre una política autárquica ignorante de los principios básicos del mercado y desastrosa para el conjunto de la economía nacional, incluso en función de sus propios fines, y el perfil que se obtiene del ministro de Industria y Comercio español en la gestión comercial con el exterior a través de los papeles británicos. Con los diplomáticos alemanes, con los británicos y, en menor medida, con los norteamericanos, Carceller se reveló como un negociador posibilista: sus dos tácticas eran ganar tiempo dada la débil posición del país y hacer valer en el tablero de la guerra las escasas bazas de que disponía, la comercial frente a los alemanes —el wolframio— y la política frente a los aliados —la neutralidad—. No fue casualidad que el 2 de noviembre de 1940 nombrase como subsecretario al técnico financiero Manuel Arburúa, conocido adversario de Falange y de Serrano Suñer, y muy bien considerado entre los aliados y en el ámbito de las multinacionales[25]. No obstante, Paul Preston recuerda que mientras Serrano Suñer estaba de nuevo en Alemania, el 19 de noviembre de 1940 y a petición de Franco, Carceller y Gamero se estaban reuniendo con Alexander Weddell, el embajador estadounidense. Las razones que le dieron es que no se podían declarar neutrales porque podían provocar a los alemanes, que estaban en la frontera de los Pirineos («Alemania en la frontera, agazapada y presta para saltar»). No era correcto, dice Preston, a tenor de las estrechas relaciones hispano-alemanas después de Hendaya, del gesto de Tánger, etc., pero sí reconoce que el «afable» Carceller era ya el ministro encargado de las negociaciones económicas con Gran Bretaña y Estados Unidos, «a quien Franco utilizaba cada vez más para apaciguar a los aliados, mientras que reservaba Serrano Suñer para los tratos con el Eje»[26].

La documentación del Foreign Office confirma la intensa actividad de Carceller en la embajada británica al margen de los alemanes. Así se hace constar en un «Acta de Conclusiones del Gabinete de Guerra», fechada en Londres el lunes 24 de marzo de 1941. En los tres telegramas que habían recibido desde Madrid, se informaba de rumores de que el gobierno español podría intentar sabotear el plan de colaboración anglo-americana de asistencia económica a España. Había sido Carceller quien les había asegurado que pronto habría un bloqueo total de los alemanes en el Mediterráneo y que después no sería posible importar sino de Italia y Alemania. Se estaba sugiriendo que los alemanes amenazaban a España en el caso de firmar un acuerdo económico con los aliados[27].

Las relaciones debieron de ser algo más que puntuales, según comenta Hoare en sus memorias. Debieron de ser horas y horas de conversación, hasta el punto de que el aristócrata embajador se refirió a Carceller como «el Ministro español más pintoresco que había conocido. Me recordaba a un personaje de lo que ha descrito la picaresca española». En un informe fechado el 24 de abril de 1941, Hoare alude a una amplia charla con Carceller sobre temas tan diversos como la exportación de mercurio español a Gran Bretaña, el embargo, el ultimátum de Alemania a España, el miedo que tenían algunos ministros españoles por el riesgo para «sus cabezas», la presión del ministro británico de economía de guerra, previsión del colapso industrial español, etc. Se comprende que en un memorándum de Eden titulado «Our policy in Spain», fechado el 20 de julio de ese mismo año, se afirme que «the object has been to keep Spain out of the war, and we have used the rather limited means at our disposal for this pursose, and to endeavour to stimulate a spirit of resistance and a realisation of the value of maintaining neutrality». Pero ¿quiénes eran en el verano de 1941 los principales colaboradores en la defensa de la neutralidad y de los intereses británicos en España?: «This is largely due to the helpful attitude of the present Spanish Ministers of Commerce and of the Interior». Es decir, Carceller y Valentín Galarza, conocido también por su explícito antifalangismo. Coincide esta impresión con el contenido de un informe, fechado el 13 de enero de 1942, en el que Hoare se refiere a la posición de Suñer en el gobierno como la «debacle de los falangistas». Y menciona la oportunidad que eso supone para los objetivos de Gran Bretaña para incidir en la política del régimen, de ahí que pidiese más compromiso por parte de Estados Unidos. Se comprende que, desde finales de 1941, el «falangista» e inicialmente progermánico Carceller estuviese decidido a acercarse a la opción británica, por la buena opinión que de él tenía Hoare, pese a su comentario picaresco.

Demetrio Carceller se había convertido también en un referente —si no confidente— para los británicos en asuntos que trascendían lo crematístico. Uno de los episodios más comentados fue cuando Franco pronunció, un día antes, el discurso del 18 de julio de 1941 calificado por todos como prohitleriano y antialiado. Hasta Serrano se extrañó del fervor germanófilo de Franco: «¿Se trata de una corrida?», le preguntó. Como reconoce Preston (1994, 550), «La tarea de minimizar el impacto de su discurso en los círculos aliados recayó en otros». Y de nuevo tuvo que ser Carceller el que comentó a Hoare que esa exaltación germanófila se produjo por dos motivos, ambos muy dudosos. El primero era que Franco intentaba quitar protagonismo a su cuñado, dirigiéndose directamente a Falange. El segundo era que no deseaba que sus amigos del Eje lo vieran demasiado cerca de los aliados, tras acabar de resistirse a las grandes presiones de Mussolini para que se uniera al Pacto Tripartito. Franco exageraba sobre los requerimientos del Eje. Recuerda también Preston que fue nuevamente Carceller el interpelado por Willard Beaulac, consejero de la embajada estadounidense, el 6 de agosto de 1941, para que explicara el antiamericanismo de Franco, contestando el ministro que «Franco tenía fuertes inclinaciones democráticas» y que el antiamericanismo del gobierno se limitaba a Serrano Suñer: «Carceller hizo la asombrosa proposición de que los Estados Unidos otorgaran productos para pasarlos de contrabando a Alemania y dar así impresión de cooperación». Franco y Carceller intentaban jugar a dos bandas, pero no influyeron en el Departamento de Estado americano[28].

En este contexto de aproximaciones y negociaciones constantes, no debe extrañar que mientras Carceller luchaba contra el desabastecimiento estableciendo nuevas vías comerciales con los aliados, también fuera capaz de seguir con los intercambios con Alemania. A principios de septiembre de 1941, Franco envió a Carceller a pedir ayuda a Berlín ante el previsible colapso industrial español. En vez de ayuda económica directa, tenía que pedir el consentimiento alemán para un deshielo en las relaciones con las potencias anglosajonas, que ya se había producido.

Mientras, en ese juego a dos bandas en el que se movían, Carceller le dijo al embajador americano que, después de haberle sido negada durante varios meses la audiencia con Franco, se le iba a conceder una, y que España iba a seguir siendo neutral, aunque continuaría con «el apoyo ilimitado a Alemania». Y, en el otro lado, Carceller dijo a los diplomáticos alemanes que «España está preparada para cualquier cosa, no importa cuál, planeada por parte alemana. España se acomodaría sin más en el marco de la política paneuropea diseñada por Alemania; pero entonces no debería ser tratada como la Cenicienta ni despreciada, sino que debería incluirse en la planificación económica general»[29]. Un increíble ejercicio de equilibrismo diplomático del astuto ministro de Industria y Comercio.

Un contexto volátil

Un contexto volátil

Mantener la neutralidad española era clave para Gran Bretaña y, en ese interés, España veía la posibilidad de que los británicos intercedieran para mejorar las relaciones comerciales vía clearing con Estados Unidos. Era una excelente oportunidad para redefinir las relaciones diplomáticas y comerciales del régimen de Franco con los aliados, como sustitutos del Eje y por la frustración derivada de las tensas relaciones comerciales hasta entonces preferentes con Alemania. Por otra parte, pero íntimamente ligado con el contexto exterior, en política interior asistimos a la caída de Suñer. Estos dos factores articulan los contenidos de la documentación secreta británica, en la que se observan los esfuerzos de Hoare y sus contactos españoles en torno a la posición exterior de España: el nuevo ministro Jordana (Exteriores) y la continuidad de Carceller (de Comercio), con quien la embajada mantiene y refuerza el canal de confidencialidad abierto a principios de 1941 coincidiendo con el complot por liquidar a Suñer.

Aunque inicialmente las referencias expresas a Carceller pudieran parecer menores que en 1941, un análisis detallado de la documentación y la correcta interpretación en su contexto nos dibujan un panorama donde este político del régimen adquiere una especial relevancia en la lectura que hace y transmite Hoare a Londres. Esto pudo ser así ya a través del embajador, ya de alguno de sus funcionarios, como vimos con Eccles en 1941 y ahora también con un «amigo del ministro» llamado Taberna[30].

Hoare no solo canalizaba información al Foreign Office sino que incluso insistía en rectificar la postura contraproducente, en su opinión, de sus aliados, el Estados Unidos de Roosevelt. El embajador ponía en ocasiones un apasionado énfasis pedagógico para hacer entender la posición de las autoridades españolas y transmitir su visión de las cosas en este nuevo contexto geopolítico y de relaciones comerciales, que se suma al inaplazable problema de desabastecimiento del mercado español. Ya el 22 de enero de 1942 el general de división Ismay llamaba la atención en un telegrama desde Madrid al Ministerio de Relaciones Exteriores británico en el que señalaba que era el momento de que los estadounidenses liberasen suministros, particularmente de petróleo a España. La expectativa de este suministro de petróleo por parte de los americanos pudo influir aún más en el constante acercamiento de Carceller en su decisión favorable a los aliados, en el marco de un control marítimo en manos de las fuerzas navales aliadas. La petición de Gran Bretaña a Estados Unidos parece ir dirigida a favorecer este giro en las autoridades del régimen previamente contactadas por Hoare y a sugerencia de este, como es el caso de Carceller[31].

El nuevo factor desestabilizador a favor de los aliados, evidente a ojos de todos, es que habían fracasado las expectativas comerciales prometidas por Alemania y los germanófilos españoles y, sobre todo, por los problemas que estaban surgiendo con los controles aliados del contrabando hacia Alemania por la Francia ocupada, especialmente en torno al pago mediante clearing. Así se recogía en un amplio expediente que demuestra que, desde comienzos de 1942, el gobierno británico era conocedor que desde puertos portugueses y españoles se venía evadiendo el embargo aliado contra Alemania mediante el envío de suministros a la Francia ocupada, usando indistintamente la navegación de cabotaje por el golfo de Vizcaya y camiones vía Irún: materias primas industriales como el wolframio, hierro y petróleo (ibéricos y sudamericanos), pero también café, naranjas, limones… Los dos países ibéricos y sus islas funcionaron durante este periodo como plataforma de evasión del embargo y de redistribución por contrabando de todo tipo de mercancías provenientes de cualquier parte del mundo, cuyo destinatario final no declarado era territorio bajo control alemán. Los exportadores españoles y portugueses, con el consentimiento y las licencias comerciales respectivas de sus gobiernos, sin duda encontraron aquí un filón de hacer negocio de miles y miles de toneladas de lo que fuera demandado por Alemania[32].

¿Los posteriores problemas de pago por parte de los alemanes y el más eficiente control marítimo británico ayudó a que Carceller como hombre de negocios se decidiese por los aliados desde principios de 1942? ¿Hubo soborno británico o fue una lectura realista de los negocios en el volátil contexto de guerra de mediados de 1942?

Fueron días y semanas decisivas para fijar la neutralidad española. En un informe del 29 de agosto de 1942, tras dos meses de inicio de la operación Torch por parte de los aliados, Hoare evaluó las implicaciones políticas que para España podía tener dicha operación. Explicaba que era un momento delicado que podía ser explotado por los alemanes animando a España a atacar Gibraltar, punto logístico de las operaciones aliadas. Recordaba que tanto Franco como Suñer habían apostado públicamente por la victoria alemana. Señalaba la necesidad de dar garantías al gobierno de Franco de que la operación no afectaría al territorio nacional y aconsejaba que como gesto de buena voluntad no se retuviesen a los barcos españoles en los puertos americanos[33].

A mediados de septiembre, el Foreign Office mandaba un telegrama a Washington en el que se recogían las recomendaciones de Hoare para un comunicado conjunto entre británicos y americanos dirigido a Franco. Dos aspectos quedaban muy claros: primero, con la operación no se comprometía las posesiones españolas en el norte de África, y con ello no se ponía en cuestión la supervivencia del propio régimen, y, segundo, se reconocía que existían relaciones comerciales entre España y ambas potencias, por lo que se tranquilizaba al gobierno de Franco de que lejos de verse alteradas, incluso se harían más seguras con la victoria aliada en el norte de África. Estas palabras debieron reconfortar el pragmatismo de ministros como Carceller en el gobierno de Franco, cuyos deseos podían estar influyendo en la opinión que transmitía Hoare al Foreign Office[34].

¿Cómo podía utilizar Carceller y su ministerio este apoyo comercial explícito de los aliados al régimen de Franco? En un telegrama fechado el 14 de octubre enviado desde Londres a Washington se mencionaba la utilización de los navicerts como un instrumento de los aliados para gratificar la cooperación de los gobiernos no implicados en la guerra. Sin duda, era el mejor modo con el que Hoare podía pagar la cooperación de individuos de dentro del gobierno de Madrid con intereses en negocios de importación a la península. Esos navicerts eran imprescindibles para importadores como Carceller, de cuyo Ministerio de Comercio además salían las licencias de importación emitidas por las autoridades españolas[35].

En un informe de 22 de octubre, Hoare insistía en que los americanos no terminaban de cumplir con su parte de suministros, estrategia dilatoria que generaba desconfianza y resentimientos entre los españoles: «No tienen ningún deseo de aumentar su saldo en dólares. Son suministros, no dólares, lo que quieren»[36]. Hoare refiere, sin nombrar, a una autoridad del gobierno de España (¿Carceller?) que afirma que la prioridad es solucionar el desabastecido mercado español, con una hambrienta población española, dado que es difícil encontrar productos de primera necesidad en el mercado internacional al acapararlos los contendientes[37].

Después de la caída de Serrano del gobierno el 3 de septiembre de 1942 y el nombramiento del conde de Jordana, Hoare inicia su acercamiento al nuevo ministro de Asuntos Exteriores con una cena ofrecida a Jordana y su mujer. De esa conversación mantenida esa noche en la embajada británica, sobresale que el hombre de confianza de Carceller en el Ministerio de Industria y Comercio era un tal Taberna, presente en la cena, y que se cita en el informe como «oficial» del Foreign Office. Taberna era el contacto permanente de Hoare y la embajada con el ministerio de Carceller. En ese momento debía existir cierta sintonía entre Jordana y Carceller, puesto que ambos habían pactado el traslado de Taberna al departamento económico del ministerio de Jordana, es decir, la reorientación aliadófila de la política exterior de Jordana tenía como pieza clave un hombre que trabajaba para un ministro al que se lo reconocía públicamente como germanófilo, pero, como hemos visto hasta ahora, había sido cómplice con los británicos en muchos asuntos políticos y económicos. En ese nuevo escenario abierto por la expansión aliada en el norte de África, la labor de Hoare parece dar sus frutos, si bien le queda convencer a los americanos con una política de suministros que satisfaga las necesidades de la economía española, reforzando de este modo las posiciones internas de estos dos ministros clave para los intereses aliados en España: Jordana y Carceller[38].

¿Carceller frente a Jordana? Los informes de H. Ellis-Rees

¿Carceller frente a Jordana? Los informes de H. Ellis-Rees

Descartado Serrano, en el mantenimiento de la «neutralidad» española no hay duda de que el triunfo para la posteridad lo alcanzó el general Francisco GómezJordana. El aristócrata y militar que se hizo cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores desde septiembre de 1942 hasta su accidental muerte en agosto de 1944 parte de una ventaja de cara al posterior juicio de la Historia: legó unas memorias, es decir, su testimonio personal, sobre los acontecimientos. La consulta que de sus memorias han hecho los historiadores, empezando por Javier Tusell[39], han elevado al conde de Jordana a la categoría de neutralista aliadófilo, el que más influyó en este giro de la política exterior española. Ha sido este historiador y su escuela los que han sentenciado que el giro neutralista que experimentó la política exterior española fue responsabilidad del conde de Jordana y que se produjo de forma previa al desembarco aliado en el norte de África en los primeros días de noviembre de 1942. Hasta Payne afirma que el conde no se opuso directamente a las simpatías personales de Franco por el Eje, pero sí dirigió claramente la diplomacia española, durante la guerra mundial, hacia la neutralidad, «logro que lo hace merecedor de ocupar un lugar distinguido en la Historia de España»[40].

Un informe de Hoare fechado el 4 de enero de 1943 recoge noticias muy relevantes que matizaban la tesis de Jordana como el primer ministro que apostó por la neutralidad y los aliados. Fue en una larga charla en Madrid con el asesor económico británico, Ellis-Rees[41], un 9 de septiembre del año anterior, donde Carceller se había manifestado como un franquista convencido, había atacado a los monárquicos y defendido la División Azul: «Empezando por esto último, dijo que sus propios sentimientos y los de muchos de sus compatriotas eran tan fuertes porque no solo conocían los peligros que la asociación con Rusia tenía para el mundo, sino que con sus propios ojos los había presenciado. Arremetió con fuerza contra el comunismo, usando todos los argumentos bien conocidos e ilustrándolos con muchas experiencias propias, tanto en su faceta de negociador con intereses petroleros rusos como en la de fugitivo durante la Guerra Civil»[42].

Después de esta declaración ideológica, le dejó bien claro a su interlocutor que «España quería ser completamente neutral y no tenía ninguna duda de que todas nuestras quejas [británicas], si es que aún persistía alguna, serían solucionadas. Él, y otros que como él pensaban, tenía una perspectiva realmente neutral. No aceptó el nuevo orden alemán como un hecho y España siempre se negó, a pesar de la petición de los alemanes, a negociar en Berlín sobre cuestiones relacionadas con los países ocupados». En su informe, Hoare calificó la actitud de Carceller que había mantenido ante Ellis-Rees de desafiante, «aunque de una manera muy cordial». De lo que no tenía ninguna duda el ministro español es de que España tenía una deficiente política exterior, al quejarse de que no se contase con ella para las conferencias mundiales que se estaban celebrando sobre agricultura y alimentación en Hot Springs. Estaba reconociendo una nefasta herencia del recién cesado ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer.

Ellis-Rees volvió a incidir en el punto débil del ministro cuando le recordó las dificultades que para esa presencia internacional significaba que España tuviera combatientes en el frente ruso con la División Azul. Carceller reaccionó y afirmó «que si eso era un obstáculo, antes renunciaría a las conferencias y permanecerían fuera del Comité de Naciones». En su militante anticomunismo ni dudó en asegurar «que estaba convencido de que en breve descubriríamos que toda asociación con el mariscal Stalin no puede perdurar en el tiempo. Si nuestro poder (de los ingleses) fuera tal que pudiéramos restar importancia a la amenaza rusa, España sería la primera en felicitarnos». Sin duda, Carceller parece recurrir al argumento de lo que llegaríamos a conocer como la «doble guerra». Ser anticomunista no significaba ser fascista. Por si los británicos dudaban, Carceller negó que él fuese falangista y añadió que «el general Franco fuera el jefe de la Falange, pero no era de ningún modo un falangista».

Su antimonarquismo era bastante dudoso, y no solo por su vieja amistad con viejos monárquicos como Alfonso Sala: «Dijo que tenía un gran número de amigos entre la aristocracia y la plutocracia que le habían pedido a menudo utilizar su influencia con el general Franco para traer la restauración de la monarquía. Siempre les preguntaba cómo pensaban que el Rey podía gobernar y mantener el orden. Si pudieran responder a esa pregunta, defendería su regreso mañana». Con su particular ironía, le refirió a su interlocutor que «Franco era realmente el mejor monárquico de todos, porque había evitado el precipitado regreso de Don Juan y su consecuente asesinato y el asesinato de sus principales partidarios».

La conversación debió de irse relajando porque sugirió la persistencia de un cierto guerracivilismo entre las élites, que solo su admirado general al frente del Estado podía evitar: «¿Qué alternativa podía haber al gobierno actual?». Aparte de esto, dijo que «de unos posibles trescientos líderes monárquicos solo podía haber unos pocos de ellos como ministros y los que se quedaran sin nombramiento atacarían inmediatamente a la monarquía. Lo mismo se aplicaría a todos los generales del ejército y a los principales industriales que no fueran inmediatamente nombrados duques y marqueses». Si aceptamos como fidedignas estas confesiones, Carceller no se sentía partícipe de las dos grandes «familias» en liza dentro del régimen de Franco: monárquicos y falangistas. Era un hombre hecho a sí mismo.

Según Ellis-Rees, el ministro hizo una firme defensa de la labor de Franco en el contexto de la segunda guerra mundial: «Dijo que los Aliados debían poner un monumento al General Franco en cada plaza, desde mucho antes que América entrara en la guerra». La principal razón, según Carceller, era que «Franco había impedido que Hitler ocupara España y, con España, Gibraltar y Casablanca». Pero si optaba por la neutralidad, ¿por qué seguían tratando con los alemanes?, debió de preguntarle su interlocutor. En su respuesta resumió muy bien su papel como intermediario entre unos y otros, como el negociador al que todos admiraban tanto como envidiaban: «Estaba seguro de que todas las quejas que teníamos [los británicos] de discriminación a favor de los alemanes serían respondidas adecuadamente, siempre exceptuando la existencia de la División Azul. Mencionó que cuando el programa de radio estadounidense había sido omitido de la prensa (española) y el alemán había sido admitido, fue al general Franco y dijo que él pensaba que tal cosa era sabia en las circunstancias actuales [sic]. El caudillo ni siquiera le respondió, pero inmediatamente escribió en un trozo de papel que dio lugar a que los anuncios americanos se publicaran al día siguiente. Lo mismo ocurrió con muchos otros problemas, especialmente económicos. Pensó que estábamos [los aliados)] recibiendo un tratamiento mucho mejor que el de los alemanes y no negó que lo merecíamos. Si presionamos por un trato neutral en materia económica, estaríamos peor que en el presente». Todo un hombre de negocios y un político pragmático. Y así continuó en los meses posteriores hasta que su opción posibilista fue frenada en seco por el embargo norteamericano.

Las manifiestas diferencias ideológicas, entre un católico conservador irlandés como Ellis-Rees y un católico antiliberal español como Carceller, no restaban un ápice al mutuo interés que profesaban por un orden internacional donde el capitalismo occidental fuese el único y principal triunfador. Se comprende que en un informe de Hoare a Eden con fecha del 20 de enero de 1944 se siguiese dejando constancia de la inestimable ayuda que Carceller daba a los aliados, con sus informaciones sobre los contactos con los alemanes[43]. En esa carta, el embajador advertía de la amenazante actividad de alemanes en España en ese momento. Una de las fuentes para este informe era Carceller, quien había compartido con Ellis-Rees detalles derivados de las recientes negociaciones financieras al más alto nivel de los gobiernos alemán y español. Se trata de una información alarmante para la propia seguridad de las embajadas británica y norteamericana. En el mismo informe, el embajador decía conocer la reciente llegada de numerosos industriales y hombres de negocios alemanes, junto con fugitivos nazis (probablemente de zonas liberadas). En suma, el gobierno británico y los aliados estaban al tanto de estos y otros muchos detalles de dichas negociaciones y de las relaciones financieras y comerciales hispano-germanas directamente gracias a Carceller.

El negocio del wolframio, con unos y con otros

El negocio del wolframio, con unos y con otros

El año 1943 es un punto de inflexión en la segunda guerra mundial: los aliados habían ganado la guerra aérea en Europa, consolidarían la marítima contra los U-Boats y comienzaría la «liberación» por el norte de África; en julio vencían a Mussolini tras el desembarco en Italia, mientras que la debacle de los ejércitos alemanes en Stalingrado supondrá la caída del frente oriental y el principio del fin para la Alemania nazi. En España, el desarrollo de la guerra en Europa y en el Mediterráneo no podía menos que incidir en la vida política del régimen, con los reajustes en la correlación de fuerzas internas entre falangistas, monárquicos y militares. En la primavera de 1943 se da a conocer un manifiesto de algunos procuradores a Cortes, que Hoare menciona como el plan de Ventosa (empresario catalán de comunión tradicionalista). Se trataba de una carta personal a Franco que, tras el tono laudatorio de su labor para con España, contenía realmente una invitación cortés a que restableciera la monarquía ante un final de la guerra que parecía inminente y favorable a los aliados. La reacción de Franco y de los falangistas fue expulsarlos de la cámara[44].

Carceller, ante esas luchas internas entre familias del régimen, parece seguir su característico sentido pragmático que lo aleja tanto de los planes de restauración de los monárquicos como de las «locuras» —Hoare dixit— de una Falange que no deja de aprovechar cualquier ocasión para implicar a España en la guerra. En esta coyuntura de 1943, lejos de su optimismo inicial, los falangistas empiezan a percibir que estos avances de los aliados en distintos escenarios bélicos pueden derrotar al Eje y, por lo tanto, arrastrar al régimen español y, con él, su sueño de una «revolución nacional socialista». En una clara huida hacia delante, Falange vuelve a presionar a Franco y lanza rumores a la opinión pública con la intención de favorecer una ruptura de la neutralidad formal española a favor del declinante Eje. Ahora bien, cabía también la posibilidad sobrevenida de que el desenlace de la guerra en Europa no supusiera el fin del régimen sino su enrocamiento nacional-católico y su autoaislamiento en un nuevo orden internacional, como finalmente así ocurrió. En ambos escenarios, no encajaba, al menos en la primera línea de la política del régimen de Franco, la actitud pragmática de Carceller.

Ya en noviembre de 1943, el gobierno norteamericano había exigido el embargo total de los envíos españoles de wolframio a Alemania, a lo que el gobierno español se resistió. Para Carceller era necesario mantener esa exportación porque beneficiaba al equilibrio en el propio gobierno: mientras los alemanes no pudiesen pagar con productos básicos, podían hacerlo con armas, tan del agrado de generales como Gómez-Jordana, y se reducía la deuda que se arrastraba desde la guerra civil, pero, en enero de 1944, la política económica de los aliados se hizo mucho más dura y se anunció el embargo total de los envíos de petróleo a España hasta que se pusiera fin a la exportación de materias primas estratégicas a Alemania. Gómez-Jordana prometió que así se haría, pero, sorprendentemente, se produce una revelación de Carceller en la embajada británica que de inmediato se lo comunican a Hayes, el embajador norteamericano. El ministro afirmó que habían concedido un crédito de 425 millones de pesetas a Alemania para la compra de wolframio y la concesión a Alemania de toda la producción de una mina de dicho metal. La reacción norteamericana fue inmediata. El embargo fue absoluto desde mediados de febrero de 1944[45].

En un informe del 21 de febrero, Hoare muestra su desconcierto y disconformidad con los planes del gobierno americano para España a raíz del tema del wolframio que exporta a Alemania. Advirtió de lo contraproducente que serían las medidas de fuerza propuestas desde Washington. Hoare demanda que se le confirme una política «benevolente» hacia el régimen de Franco del que ha conseguido recientemente el compromiso de neutralidad. Por otra parte, cabe subrayar que el embajador no negó en ningún momento la existencia de este comercio de wolframio, lo que proponía era seguir contemporizando con ello para restar presión alemana sobre el gobierno español. Mirar hacia otro lado era un mal menor, primero, porque cualquier política de fuerza por parte de los aliados podía provocar el efecto rebote de dignidad nacional ultrajada por parte de Franco y Falange, y, segundo, porque si España cesara en el suministro, esto sería entendido por Alemania como un posicionamiento proaliado del régimen de Franco, con el riesgo de un ataque alemán a la península o islas. En el informe no mencionaba a Carceller, pero era el ministro conocedor y posibilitador de este comercio de wolframio. De ahí que, en este contexto de difícil equilibrio e intereses encontrados, Carceller convergiese con la política de Hoare para mantener la neutralidad española, por la situación tan volátil en los juegos internos de fuerzas del régimen y por el contexto de huida hacia delante del régimen de Hitler. Sin olvidar, los excelentes beneficios que todos estaban sacando del asunto del wolframio[46].

En otro informe se insiste en la misma línea y cita una propuesta de Jordana para mantener una cuota anual máxima de exportación de wolframio español a Alemania[47]. Y, cuando los gobiernos británico y americano, a través de sus departamentos de economía de guerra (lord Hallifax y Mr. Hull), están a punto de cerrar una cifra admisible para esa cuota, el tercer gran aliado, la Unión Soviética, interviene interesada en conocer qué se está haciendo respecto a las exportaciones de wolframio español al enemigo común alemán en el frente occidental de la guerra[48].

¿Por qué Carceller comentó aquel valioso y decisivo dato sobre el préstamo a los alemanes? Él sabía que podía desencadenar esa respuesta, ¿lo hizo a propósito para acelerar la decisión de Franco de pasarse al bando aliado ante el inminente hundimiento de Alemania? ¿Por qué alentó entonces a los alemanes a sacar el wolframio de contrabando desde España? ¿Solo por sus intereses personales o porque creía que era el momento de provocar un cambio en el Consejo de Ministros y acabar con esa apariencia (muy forzada ya) de que él seguía siendo el adalid nacionalista y germanófilo ante la política neutralista de Jordana? Según Preston, «la mayoría de los Ministros, con Carceller como portavoz, consideraban sus esfuerzos (de Jordana) en favor del compromiso como una traición a la dignidad nacional»[49]. Y según contaba el embajador portugués Pereira, «Franco prestaba considerable atención a Carceller porque este le había ayudado a evadir capital a Suiza». El diario de Gómez-Jordana es una guía para seguir los días tan difíciles que sucedieron tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer el embargo de petróleo si España no suspendía total y permanentemente el envío de wolframio a Alemania. Las discusiones entre el conde y Carceller debieron de alcanzar un tono elevadísimo ante un Franco impasible, que disfrutaba viendo cómo se peleaban sus ministros. Si acaso él ya decidiría, como así sucedió, cuando no hubo más remedio, porque los aliados le impusieron la decisión. Carceller fue el responsable final por haber revelado el secreto a los británicos y, aunque era algo más que un rumor, Franco debió de darse por enterado[50].

El 1 de mayo de 1944 se formalizó un acuerdo tripartito por el cual se daba satisfacción a todas las demandas planteadas por los aliados: España reservaría casi todo su wolframio para los aliados, cerraría el consulado alemán de Tánger y expulsaría a los agentes alemanes a cambio del envío de petróleo y otros productos. Cambó dejó escrito en su diario la verdadera importancia del fin del embargo del petróleo: «El arreglo consolida a Franco». Había sido Gran Bretaña la que había obligado a los norteamericanos a aceptar ese trato. Churchill fue el responsable de ayudar al régimen de Franco en sus esfuerzos por sobrevivir económicamente en 1944[51]. Y, como ha recordado Wigg, Churchill olvidó otro tema muy importante[52]. Durante la batalla del wolframio, España había seguido adquiriendo oro para sus reservas, sin tener en cuenta la Declaración del Oro firmada en febrero por el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y habían sido Carceller y su equipo los grandes conseguidores del oro. Aunque la embajada estadounidense intentó que Madrid cumpliera la Declaración de Bretton Woods sobre el oro saqueado, Carceller ordenó al Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME) que adquiriese «tanto oro como permitieran los excedentes comerciales en España». Las inexistentes reservas del Banco de España comenzaron a llenarse nuevamente de oro, hasta 1945 Franco no comenzó a cumplir la declaración[53].

Y, a pesar de esos «triunfos franquistas», tanto de los neutrales nacionalistas como de los técnicos regeneracionistas, los conflictos entre Carceller y Jordana continuaron. Solo la inesperada muerte del conde, el 3 de agosto de 1944, acabó con esas diferencias que parecían tan irreconciliables.

El año 1944 significa la recta final de la segunda guerra mundial. En Europa, la operación Overlord («Desembarco de Normandía») y la debacle alemana en el frente oriental están en el horizonte estratégico de los gobiernos aliados desde principios de año. Esto implica reforzadas presiones exteriores de todo origen sobre el gobierno de España y constantes realineamientos internos de sus «familias» políticas. El gobierno de Franco parece enrocarse en sí mismo, una «segunda autarquía», esta vez autoimpuesta a costa naturalmente del ya precario bienestar de una población cautiva de casi treinta millones de personas. Tras la liberación de Europa, la numerosa documentación del Gabinete de Guerra en torno a «our policy towards Spain» de finales de 1944 demuestra que el mayor obstáculo para Gran Bretaña de restablecer una relación mutuamente beneficiosa será ante todo el partido Falange, aceptando incluso la anomalía del propio régimen de Franco en la nueva Europa. Desde este enfoque y a tenor de la documentación británica, y especialmente por los informes de Ellis-Rees, el cese de Carceller podríamos entenderlo, más allá de algún elemento determinante, en su desafección o incomodidad en esta deriva de un régimen que pronto se topará con «su propia soledad política» en la nueva Europa y el nuevo orden internacional. Salvar Falange a costa del país es imponer la política sectaria frente al sentido común que dicta a un hombre de negocios como Carceller.

Un documento de septiembre de 1944 arroja luz sobre el papel clave de Carceller como el negociador a quien el dictador confiaba la resolución de temas tan espinosos y poliédricos como la exportación de capitales alemanes vía España y la deuda italiana, cuando ya los fascistas y los nazis habían sido derrotados en casi toda Europa. En el asunto de la exportación encubierta de capitales alemanes a terceros países vía España para ponerlos a salvo del avance de los aliados, Carpi, el representante de la nueva república italiana, afirma que los nazis no han contado con dirigentes de Falange por ser «demasiado estúpidos». En su lugar han recurrido a personas más capacitadas del gobierno, no por ser germanófilos sino por sus conocimientos prácticos sobre el mercado de capitales. Entre otros, Carpi menciona a Carceller y a Areilza, hombre de confianza del primero en el consejo de administración de CEPSA. Un comentario político que no debe pasarse por alto, pues considera que Carceller es de una facción de monárquicos que aceptan una restauración pero controlada desde el régimen actual. Sobre el pago de la deuda a Italia, las condiciones cambiaron con la muerte de Jordana, quien estaba dispuesto a aceptar todas las condiciones de los representantes de los intereses italianos, incluyendo un tipo de cambio muy favorable a estos últimos. Cuando Carceller se incorpora a las conversaciones, muestra, según Carpi, una actitud más dura, opuesta a la complaciente de Jordana cuando era ministro, recalculando a la baja dicha deuda, a partir de un cambio más favorable a los intereses de España. En esta situación, el nuevo gobierno italiano suspendió las negociaciones sobre la deuda bajo el argumento de tener que reconstruir su representación diplomática en España[54].

A modo de conclusión

A modo de conclusión

En términos del desarrollo del país, los años de Carceller al frente del Ministerio de Industria y Comercio forman parte del periodo que se ha acuñado como la «noche de la industrialización española». El retroceso en los niveles de desarrollo y bienestar fue abrumador e inapelable como queda fijado por un rotundo consenso académico. No hemos querido aquí entrar en analizar este plano, ni nos hemos inmiscuido en una discusión sobre las responsabilidades de una nefasta política autárquica que a todas luces ignoró las más elementales reglas del mercado con perdurables consecuencias en el tiempo. Cabe decir que era una política de Estado en la medida que sobreviviría a la salida de Carceller en el gobierno. En todo caso, Carceller gestionó una economía-en-guerra que, coincidiendo con su marcha y el fin de la segunda guerra mundial en 1945, se prolongaría en una segunda e intensa autarquía, sometida en esta ocasión a una única regla: salvar el régimen incluso a costa de todo un país.

La extraordinaria relevancia de la documentación británica analizada permite matizar tres clásicas interpretaciones del primer franquismo, teniendo como protagonista a Demetrio Carceller: ¿fue un régimen satélite germanófilo y autárquico?, ¿fue una dictadura autónoma y sometida a la exclusiva voluntad de Franco?, ¿fue un régimen rendido frente a las presiones de los aliados? El primer franquismo fue el resultado de correlaciones de fuerzas que, si bien no cuestionan la estructura piramidal de la toma de decisiones, sí pone en entredicho algunos mitos y lugares comunes. Los papeles británicos ponen en duda la tantas veces señalada germanofilia de Carceller, precisando con todo detalle cuándo comienzan sus tempranas negociaciones con los británicos y, por extensión, con los americanos. No fue un espía sino un confidente circunstancial británico. Fue un enlace que pasó información no sobre los movimientos del gobierno, sino sobre tensiones internas, sus puntos débiles y sus fortalezas, siempre y cuando beneficiaran al régimen y a la crítica situación económica de España.

Carceller compartió con el consejero británico Ellis-Rees detalles derivados de las negociaciones financieras al más alto nivel entre los gobiernos alemán y español. Esto demuestra que Carceller fue aliadófilo y partidario de la neutralidad, al menos desde 1941. No fue el cerebro económico de Falange, como tan a menudo se afirma, sino el cerebro económico de la política exterior, primero no beligerante, después neutral y, en la práctica, cada vez más aliadófilo. Su principal obsesión desde 1940 fue luchar contra el desabastecimiento: como afirmaban con frecuencia los británicos, quería siempre suministros antes que dólares. El ministro de Industria y Comercio se revela como el hombre clave en todas las negociaciones con los alemanes, los italianos, los británicos y los americanos. En sus confidencias con Ellis-Rees, queda claro que Carceller no fue ni monárquico ni falangista, era un conservador autoritario y antiliberal que compartía con Franco un beligerante y obsesivo anticomunismo. Para los británicos, frente a los delirios ideológicos de la familia falangista, Demetrio Carceller fue ante todo un hombre de negocios y un político pragmático. Es innegable que también aparece en todo momento como «franquista» y defensor del papel histórico de Franco en la España de 1936 en adelante, aunque, como buen amigo del Portugal de entonces, habría podido sentirse más cómodo con una opción salazarista a la española en las relaciones con las potencias aliadas.

Con tantas horas de negociación, el ministro entabló cierta amistad y confianza con algunos consejeros de las embajadas aliadas. Ramón Garriga contó una anécdota que da buena cuenta del ingenio, la simpatía y la capacidad de persuasión que tenía el incansable Carceller. Un día estaba charlando con el agregado comercial de Estados Unidos y le preguntó cómo podría obtener un coche Buick de un modelo precioso que acababa de salir de fábrica. El funcionario le dijo que no se preocupara, que él haría las gestiones. «Acepto —respondió Carceller—, pero nada de regalos. Lo quiero pagar». Pasadas unas semanas, el diplomático se presentó y le anunció: «Señor ministro: a la puerta del ministerio está el Buick que usted deseaba. Le sugiero un paseo de prueba». Carceller dejó todo lo que tenía entre manos y bajó a probar el coche. Entusiasmado con su Buick, le comentó: «Me tiene que decir lo que le debo, pues quedamos que lo quería pagar». El norteamericano le dijo un precio ridículo para dejarle claro que se trataba de un regalo: «Me debe 500 pesetas». Carceller sacó la cartera y alargó un billete de 1000 pesetas. «No tengo cambio», se excusó el diplomático. «No importa —respondió el ministro—. Quédese con las 500 pesetas y envíeme otro Buick»[55].

Cuenta en sus memorias Girón de Velasco, ministro de Trabajo de Franco, que, en junio de 1945 (meses antes de que a Carceller lo sustituyera Suanzes en el Ministerio de Industria y Comercio), manifestó mucha preocupación ante la victoria aliada y soviética y muchos empezaron «a sentir miedo». Girón recoge un diálogo que tuvo con Carceller al terminar una reunión del Consejo de Ministros en su coche a Madrid desde el Palacio del Pardo. Carceller le preguntó si Girón «tenía seis hombres de confianza dispuestos a todo» hasta cruzar la frontera por Portugal, pues Carceller «lo tenía todo dispuesto» (para huir). Parece ser que Girón se enojó mucho ante aquella actitud «cobarde» de su colega falangista[56]. Solo un ingenuo podía creer que Carceller tuviera miedo de los aliados, sus estrechos y secretos colaboradores. En todas las mesas de negociación, Carceller practicó como nadie el arte del aparentar y del disimulo, no ha de extrañar que sus dos grandes pasiones fueran el teatro y el cine.

Tras el análisis de la documentación del Foreign Office, entendemos que un más completo perfil sociopolítico de Carceller no debe despreciar estos planos: el hombre de negocios hecho a sí mismo, el falangista a fuerza de ser anticomunista y «antiplutócrata» (las ineptas élites tradicionales), un comerciante metido a ministro de una economía de guerra, un franquista confeso… Pero, ante todo, concibió la política como una circunstancia.

Los atributos de la nación. Género y clase en la España franquista

LOS ATRIBUTOS DE LA NACIÓN.

GÉNERO Y CLASE EN

LA ESPAÑA FRANQUISTA

Zira BOX[1]

Universitat de València

Introducción: el lenguaje de la nación

Introducción: el lenguaje de la nación

Una de las líneas de investigación preferentes dentro de los estudios del nacionalismo ha sido la que, a lo largo de los últimos años, se ha centrado en la recepción y presencia de la nación experimentadas por los sujetos. Planteada como una perspectiva desde abajo complementaria de los procesos de construcción y difusión de las ideas nacionales impulsados por el Estado y las instituciones oficiales, la conexión entre los discursos y las políticas nacionalistas, por un lado, y los individuos y sujetos específicos que las reciben, por otro, ha recabado una creciente atención por parte de historiadores y científicos sociales.

Algunas de las preguntas en torno a las cuales se han planteado las investigaciones para el caso español han versado sobre el modo en el que los individuos sometidos a procesos de nacionalización personalizan o viven biográficamente la nación; sobre los elementos de los que estos se apropian; sobre el modo en el que la integran dentro de su identidad personal; sobre la manera en la que la consumen, o sobre las diversas formas de interrelación que se establecen entre la cultura nacional que produce el Estado y las prácticas diarias que se desarrollan de forma individual[2].

Simultáneamente, un renovado interés por el ya relativamente longevo concepto de nacionalismo banal elaborado por Michael Billig ha consentido interrogarse sobre las expresiones patrióticas cotidianas y voluntarias que reproducen la nación, repensando, más allá de las iniciativas oficiales, los espacios en los que la identidad nacional es reiterada y asimilada. Consecuentemente, el estudio de cómo vivieron la experiencia nacional amplios sectores de la población a lo largo de los siglos XIX y XX se ha reactualizado a través de nuevos trabajos que, sin renunciar a una mirada crítica sobre las líneas de análisis que el estudio del nacionalismo banal concede, han aportado nuevas perspectivas para el caso español[3].

El trabajo de Tim Ederson acerca de la presencia de la nación en la vida cotidiana —una presencia que abarcaría desde espacios y objetos de uso diario hasta costumbres y prácticas que pasan desapercibidas y en las que se transmite y performa la nación[4]— también ha servido como punto de partida para algunas investigaciones que se han interrogado sobre la cultura popular (el cine o la televisión serían buenos ejemplos[5]), el hogar y las prácticas domésticas (desde la arquitectura y la decoración, hasta los hábitos culinarios)[6] o la moda como espacios de construcción nacional. En todos ellos, como se ve, la clave reside en apuntalar un cambio de prisma: superando la visión oficial, la atención recae sobre la tentacular presencia nacional, así como sobre la recepción que de la misma protagonizarían los sujetos.

En lo que respecta específicamente al caso de la dictadura franquista, esa nación vivida a la que aludía Carlos Fuertes en su investigación sobre las actitudes y opiniones populares, reivindicando el interés de incluir en los trabajos de historia social la dimensión nacional, se ha visto complementada de forma reciente con nuevos análisis que han acentuado el papel de la sociedad civil, sus ritos, prácticas y creencias compartidas que conformaron y articularon la vida cotidiana de la población como complemento, desafío o matiz a los agentes de nacionalización clásicos[7]. Dentro de esta perspectiva en sentido amplio, cabe destacar, en tanto que vía de renovación analítica privilegiada, los trabajos sobre la ritualidad y vivencia de la religiosidad popular, que han permitido matizar el alcance real del régimen en determinados contextos de especial potencia celebratoria[8].

Mucho más desatendido ha estado, en mi opinión, el estudio del lenguaje utilizado a la hora de expresar y dar presencia discursiva a la nación. En este sentido, lejos de suponer una mera vía de transmisión de mensajes —mensajes que pueden ser más o menos oficiales y propagandísticos o más o menos cotidianos—, el lenguaje se puede concebir como un instrumento que nos ayuda a profundizar en la cotidianeidad de la nación y en el modo en el que, presumiblemente, los sujetos se relacionan con ella. Aunque no se trate exactamente de una visión desde abajo como las mencionadas, los discursos nacionales y los adjetivos, metáforas o denominaciones utilizados en ellos contienen una serie de posibilidades analíticas que van más allá del simple contenido. A este respecto, me gustaría destacar fundamentalmente tres.

En primer lugar, cabe señalar que el lenguaje utilizado en la transmisión de la nación resulta fundamental para conocer una realidad imaginada que, como señalaba Craig Calhoun, no puede medirse empíricamente, sino que ha de conocerse, principalmente, a través del modo en el que se piensa y se habla sobre ella[9]. Se trataría, en última instancia, de tomar en consideración que, junto a otras dimensiones esenciales, la nación también es hablada[10]. Prestar atención al lenguaje que conforma el discurso nacional ayuda, por lo tanto, a profundizar en el universo de significados y cosmovisiones disponibles a través de los cuales los individuos interpretan y experimentan el mundo, unos significados que resultarían difícilmente aprehensibles sin este recurso narrativo.

En segundo lugar y, si consideramos que el discurso nacional funciona como un marco de referencia que dota de sentido y estructura a la realidad que nos rodea, íntimamente relacionado con lo anterior, su análisis nos proporciona pistas no solo para comprender esos marcos generales sino, también, para imaginar —de ahí su importancia— cómo pueden ser las experiencias, las acciones o las percepciones de los propios sujetos[11]. El lenguaje nos permite deducir y explorar aquello que, en un contexto determinado, resulta legítimo y concebible, ayudando a la comprensión de esas estructuras de significado que lo permiten. A este respecto, hace ya muchos años que, pensando en el radical contexto de la Alemania nazi, el lingüista alemán de origen judío Victor Klemperer alertó de que ahí radicaba, justamente, el peligro del lenguaje del nazismo, en su capacidad para actuar de forma subliminal como si se tratara de una dosis ínfima de arsénico: «Uno las traga sin darse cuenta —continuaba—, parece no surtir efecto alguno y, al cabo de un tiempo, se produce el efecto tóxico»[12].

Esta ha sido, precisamente, la perspectiva que han adoptado los trabajos que se han centrado en el estudio de la construcción del enemigo durante la guerra civil y la posguerra, probablemente uno de los escasos aspectos en los que el análisis específico del lenguaje ha sido tomado en consideración por parte de los estudios del franquismo. Así lo aventuró en uno de los trabajos pioneros Michael Richards, argumentando que no se podía comprender el primer franquismo y sus dolorosos niveles de violencia y represión si no se tenía en cuenta el discurso que lo había hecho posible: sin entender el modo en el que se había construido un marco discursivo dentro del cual la eliminación del otro resultó factible, el entendimiento de la represión quedaba incompleto[13]. Y así lo han corroborado trabajos posteriores que han ahondado en el lenguaje y el discurso sobre el enemigo y el régimen republicano, intentando arrojar luz sobre cómo fueron posibles dosis de violencia tan elevadas[14].

Junto a las dos posibilidades analíticas mencionadas, el estudio del lenguaje también nos permite una tercera: abordar los aspectos sociales que se hallan implícitos en él. Con lo anterior me refiero a tener en cuenta que el lenguaje y los discursos constituyen prácticas sociales que, por un lado, reflejan las posiciones, intereses y estrategias de los sujetos que lo enuncian, pero que, por otro, construyen, confirman y reproducen relaciones y jerarquías de poder. De este modo, en tanto que el lenguaje refleja y performa, tenerlo en cuenta permite conocer mejor a las comunidades que viven y experimentan la nación a través de él[15]. Simultáneamente, el estudio de las narrativas nos acerca al contenido implícito que se halla en las mismas. Se trataría, entonces, de cuestionarse por las huellas lingüísticas que el contexto deja en ellas, porque cuando se utilizan unas metáforas u otras, unos u otros calificativos, adjetivos o denominaciones, en ellos van valores, intenciones, presupuestos culturales y perspectivas del mundo adyacentes que son específicas de quienes, en un tiempo y espacio determinados, los eligen y ponen en circulación[16].

El objetivo de este capítulo tiene que ver con lo expuesto: acercarse al discurso nacionalista de la dictadura durante los radicales años de la guerra y, principalmente, la posguerra. Unos años que, como muestran el conjunto de trabajos de este libro colectivo, supusieron el afianzamiento de la dictadura en el poder y —como los propios actores lo denominaron— la compleja conquista de la victoria. Un breve periodo dentro de la duración completa del régimen que, sin embargo, supuso abordar retos tan importantes como la gestión de la depauperización económica, las fracturas de la guerra o posicionarse dentro del complejo contexto europeo de la segunda guerra mundial.

El interés de estas páginas es, por lo tanto, el discurso sobre la nación y, de forma más delimitada, el examen de los atributos, calificativos y adjetivos que contribuyeron a definirla dentro de una cosmovisión que encajó con la cultura de la victoria. La idea de la que parte este capítulo es que dichas denominaciones nacionales contienen datos valiosos sobre el papel que jugaron la clase y el género en tanto categorías de clasificación simbólica que, actuando de forma entrelazada, sirvieron para ahondar en las líneas de división de las naciones en liza. En este sentido, el interés que una y otro guardan para este texto tiene que ver con su ya mencionada capacidad clasificatoria, funcionando como un prisma en el que los significados —siempre múltiples y cambiantes— otorgados a la diferencia sexual, y entrelazados con la divisoria de clase, resultaron indisociables de la construcción de la idea nacional[17]. No se trata, por consiguiente, de pensar —o no solo— en cómo se concibieron lo masculino y lo femenino o en cómo estas afectaron a los sujetos sexuados, sino en el modo en el que la nación victoriosa —de igual modo que la otra España, la liberal y republicana— fue intrínsecamente concebida en base a valores y atributos generizados que, a la sazón, reprodujeron la valorización simbólica jerarquizada: la virilidad pensada como propia de la España franquista conllevó su exaltación mientras que la feminización de la España enemiga ahondó en su condena[18].

La importancia crucial de la nación dentro de la cosmovisión política de la dictadura se hace manifiesta si se asume, como se hace en este capítulo, la perspectiva de las culturas políticas, entendiendo que se trata de una herramienta —el concepto de cultura política— que incide en la comprensión de las acciones políticas a partir de las construcciones de sentido elaboradas y de los entramados simbólicos tejidos[19]. Si en un texto relativamente reciente Xavier Andreu repasaba la centralidad de la nación española para el conjunto de culturas políticas de los pasados siglos XIX y XX, para el caso del franquismo, han sido los múltiples trabajos de Ismael Saz los que han permitido entender el régimen como el contexto de confluencia de las dos principales culturas políticas del nacionalismo antiliberal del pasado siglo XX, la del fascismo y la del nacionalismo reaccionario y autoritario; dos culturas políticas transnacionales surgidas durante las primeras décadas de la pasada centuria que, en el caso específico español, se materializaron a lo largo de los años treinta en el partido de Falange y en el grupo de Acción Española, respectivamente, amalgamando entre ambas al conjunto de tendencias ideológicas pertenecientes al variado espectro de la derecha política[20]. Una y otra mostraron, como ha argumentado Saz, las características suficientes como para poder ser consideradas tales: un discurso coherente estructurado alrededor de la nación, unas prácticas codificadas a partir de un engranaje simbólico y ritual y, finalmente, su puesta en juego en el combate político, dirigiéndose hacia la meta de trocar a la España franquista en la nación que cada una de ellas imaginaba. Integradas desde el mismo estallido de la guerra en el conjunto franquista, se convirtieron en los actores principales de la dictadura desde el principio y hasta el final[21].

Se trata de una perspectiva, por lo tanto, que destaca, como se ha dicho, la centralidad de la nación, proponiendo la indisolubilidad de los proyectos políticos que conformaron el franquismo del discurso en torno a la definición, imaginación y expresión de lo que era y significaba la nueva España vencedora en la guerra. En este sentido, a lo largo de las páginas que siguen, se asume implícitamente la doble perspectiva que concede asumir el enfoque de las culturas políticas: por un lado, atender a la nación franquista, concebida como el resultado siempre híbrido y plural de un régimen que fue eminentemente heterogéneo; por otro, tener en cuenta que, más allá del resultado, los actores —el sujeto fascista y el sujeto nacionalcatólico— también importaron, de modo que sus movimientos, pugnas, aspiraciones y entrecruzamientos resultan esenciales[22]. Este capítulo está precisamente dedicado a ver cómo, a pesar de los combates y los desacuerdos, también a pesar de la innegable distancia que existió entre los proyectos políticos de una y otra, en lo tocante a la expresión de la virilidad de la nación a través de atributos y adjetivos, hubo amplios lugares de confluencia entre ambas en función del uso que se hizo del género y la clase: tal y como se ha sugerido y como se verá a continuación, un uso vinculado a la clasificación y a la consiguiente valorización simbólica desigual de las Españas en lucha que el recurso a uno y otra permitió.

Nación viril/nación afeminada

Nación viril/nación afeminada

«Nuestra hora de España y nuestro estilo falangista son la gravedad y el laconismo en su perfecta expresión: la austeridad», se escribía en un editorial de Arriba España a tan solo dos meses del final de la guerra. El texto, centrado en la defensa de la sencillez y de la sobriedad propias de la España y del estilo falangista, funcionaba como una declaración de principios en la que la nación que era propia y se sentía renacida se afirmaba frente al tiempo anterior contra el que se imponía: contra la vanagloria y la jactancia, antítesis de la sencillez y «producto resabiado de los viejos tiempos de dominación liberal». Era entonces cuando «privaba el aire zarzuelero de los banquetes, de las glorias de casino, de los homenajes al cacique o al encasillado»; cuando la decadencia, la vulgaridad, el «ditirambo exagerado y la baja adulación» contrastaban con la sobriedad de una España imaginada escueta y sencilla. «Con el Nuevo Estado, ejemplario de sobriedad —se afirmaba— parece que debían haber terminado esas formas de la añosa política liberal». La voluntad imperial de la raza se ejercitaba en los actos de servicio, los cuales nada tenían que ver con «los éxitos de galería», el «halago fácil» o la «adulación». La grandeza de espíritu se medía por la «cita escueta y sobria», no por la propia vanagloria. «Nuestra patria, a la que aspiramos, ha de ser dura y heroica, cruda y acerba, difícil y auténtica, capaz de no rayarse por el diamante y de una conciencia vertical disparada hacia lo alto, con firmeza de aguja de catedral». Se trataba, en definitiva, de ejemplificar, a través de ese estilo «grave y serio de la Falange», «una nota de viril autoridad» —la que era propia de la nueva España— «al modo castrense de entender la vida»[23].

Casi por las mismas fechas, aparecía en el soriano Labor un editorial titulado «Línea recta». En él, se recordaba que esta figura, «la línea recta», definía el credo y el estilo de la España falangista, así como la conducta de aquellos —los fascistas españoles— que la representaban. La línea recta sintetizaba los valores nacionales, la tensión, la vigilancia, la austeridad de la vida difícil. Se oponía a «lo curvo», o al «curvo tobogán», que obraba «en las encrucijadas de la decadencia». La línea recta representaba los valores nacionales: de nuevo, la sobriedad y lo escueto, pero, también, la tensión, la certeza y el arrojo, funcionando, al mismo tiempo, como imagen metafórica de la rectitud propia del cinturón prieto del sacrificio —«El fascismo desdeña la vida cómoda. ¡Ay del que viva alegre y frívolamente!, recordaba Agustín Sarasa parafraseando a Mussolini»[24]— o de las venas sangrantes de los caídos[25].

Un texto y otro resumían, se podría considerar, los valores y atributos pensados como propios de la España franquista. Se trataba de unos adjetivos y calificaciones recurrentes que impregnaron el discurso sobre la nación; impregnaron el del discurso falangista, por supuesto, pero también, con gran capacidad de transversalidad, el del régimen en su conjunto, acercándonos a cómo se pensó, imaginó y —también— expresó la España vencedora durante los primeros años de dictadura. Así, apelaciones a la rectitud de la nación, a su sencillez, sobriedad, dureza, vigor, arrojo, rigidez, serenidad, solidez, firmeza o crudeza fueron tan constantes que se puede afirmar que contribuyeron notablemente a conformar la imagen de la España vencedora, haciéndola omnipresente y dotándola de presencia cotidiana. Junto a ellas, aquellos recordatorios de que España también era valiente, fuerte, voluntariosa y plena de coraje se unían a los anteriores con la intención de apuntalar la idea de la nueva España franquista.

Simultáneamente, presentando dichas denominaciones en forma de reverso y de contrario, la idea nacional se estructuró, como se apuntó antes, desde la oposición a la nación liberal y republicana contra la que se luchaba; los tiempos de guerra y posguerra, marcadamente beligerantes y extremos, requerían del antagonismo y simplificación del lenguaje en términos de España y antiEspaña. Consecuentemente, la nación franquista era sencilla, austera y acerba, precisamente, porque no era exagerada, exuberante o jactanciosa. Era dura, rígida y heroica porque no era fofa, blanducha o decadente. Era recia y lineal porque no era flexible, ni sinuosa.

El discurso no dejaba margen a la duda. Si en el primer editorial mencionado se había aludido a la condena y al alejamiento de la exageración, la adulación o los denominados éxitos de galería, en el ABC se hablaba de «sensiblería blandengue y enfermiza», entendida como sinónimo de una España aquejada de «raquitismo patriótico», para referirse a la España de las «perfidias republicanas» en uno de sus artículos publicado a escasas tres semanas del final de la guerra[26]. También lo confirmaba el ministro del Aire, el general Yagüe, en un contundente discurso pronunciado en el mismo verano de la victoria: en la nueva España, «la vida cómoda y fofa ha desaparecido», porque las grandes virtudes de la España franquista eran el sacrificio y la constancia[27]. Por su parte, si la línea recta —«ni sinuosa, ni curva, recta igualita a la que existe entre dos estrellas»[28]— definía a España y los españoles, las «curvas zaragateras de estilo gastado, de cuernos retorcidos de carnero» se descartaban por encerrar «mala intención»[29].

Lo contemplativo, frío y ñoño debía depurarse y eliminarse de España, ya que había llegado «la hora exigente de analizar conductas y determinar propósitos», porque a España la representaba una juventud que, como ella, no podía sentirse contemplativa, explicaba el mismo Franco en Burgos a finales de febrero de 1939[30]. Se trataba, en definitiva, de aclarar que la nueva nación que había vencido en la guerra era la antítesis de la vencida: valiente, fuerte, rigurosa, sólida, recta, vigorosa, austera, contenida, sobria y decidida, justamente porque no era cobarde, débil, borrosa, blanda, curva, fofa, ditirámbica, exagerada ni cómoda.

La elección de los adjetivos, atributos y denominaciones utilizados estaban, como se ve, muy lejos de la neutralidad. Más bien al contrario, contenían un fuerte contenido generizado por el que la España franquista se definía de acuerdo a una virilidad triunfante que se alejaba de esa otra antiEspaña que, en función de su naturaleza fofa, blanda y pasiva, a la par que histriónica, jactanciosa y palabrera, resultaba intrínsecamente afeminada y, por lo tanto, antiética de la nación victoriosa.

La oposición entre la España viril y la antiEspaña afeminada fue la que conformó, ciertamente, el mecanismo simbólico con el que el discurso franquista imaginó una España y otra. En este sentido, si tenemos en cuenta que el género es siempre una categoría relacional que se construye en relación con uno —o varios— otro(s), fue esta oposición fundamental, por encima de la de masculino/femenino, la que sirvió para construir las imágenes y los discursos de las dos Españas en liza[31]. A este respecto, como señalaron Francisco Vázquez y Richard Cleminson pensando en el discurso regeneracionista con el que el sector falangista del régimen reivindicó tantas deudas, el peligro para la nación no se hallaba en las desviaciones de sexo, sino en las de género: mucho más peligroso que, por ejemplo, la homosexualidad resultaba el afeminamiento y el alejamiento de la virilidad de aquellos hombres que se consideraban ejemplo y representantes de la nación[32].

Efectivamente, en esta apelación a la virilidad de la nueva España hubo múltiples continuidades con el discurso de las décadas previas: principalmente, el hecho de que, también en este caso, la recuperación y la salvación de la patria se pensasen dependientes de su alineamiento con unos valores viriles amenazados[33]. Simultáneamente, el énfasis en el honor, el coraje, la valentía o el deber, proclamas altamente persistentes y transversales y con gran capacidad de articularse en narrativas nacionalistas de signo muy diferente, formaron parte del radical discurso franquista de la guerra y la posguerra, adaptándose a su específica idea de nación[34]. A este respecto, si resulta importante comprobar las continuidades que existieron con relación a discursos anteriores, también lo es preguntarse por las especificidades de su reactualización, así como por los motivos que impulsaron a este nuevo uso de la retórica generizada para pensar la nueva España.

Una respuesta se halla en la potencia que un discurso viril y movilizador como el mencionado concedía a un régimen dictatorial que iniciaba su andadura tras tres años de cruenta guerra. Así, valores de fuerza, arrojo, vigor o decisión permitían no solo exaltar a la nación vencedora y condenar a la enemiga, sino, también, incluir dentro de un discurso victorioso las elevadas dosis de muerte y dolor que el nuevo régimen cargaba a sus espaldas: a través del mencionado discurso de la virilidad, la lucha firme y heroica, valiente y decidida, dotaba de sentido a la muerte de todos aquellos que, como la propia España, representaban la dificultad, el arrojo y la fuerza[35].

Efectivamente, en el caso de la España franquista, estos atributos de virilidad se mostraron plenos de belicosa fuerza. Lo expresaba con virulencia Carlos María Rodríguez de Valcárcel, jefe nacional del SEU, en el discurso pronunciado ante la juventud congregada en la madrileña Universidad Central para conmemorar el décimo aniversario de la fundación del sindicato. No caigáis «en esa cosa asexuada y fofa con que sueñan los bienpensantes inútiles», exhortaba a los jóvenes estudiantes. Sed «el grupo viril de donde la Patria ha de sacar sus capitanes y sus gobernantes, sus poetas y sus técnicos». Porque «pretendemos —continuaba— que no caigáis jamás en el quietismo estúpido, ni que ¡por Dios! os convirtáis en esas gentes de orden que propugnan aquellos a quienes un vítor, un disparo o una canción de primavera perturban sus digestiones»[36].

El mencionado discurso, fuertemente fascista, se realizaba con presencia del ministro de Educación Nacional, el católico y monárquico José Ibáñez Martín. También en este caso, la cultura política del nacionalcatolicismo se reconocía en un discurso viril que afectaba tanto a la propia concepción de la nación como a los sujetos católicos que la representaban, encontrando múltiples puntos de encuentro con el discurso de Falange. Así, si los proyectos políticos que una cultura y otra ambicionaban para el país eran, como se sabe, divergentes e, incluso, en algunos aspectos incompatibles, y si las pugnas y el enfrentamiento sobre la idea nacional habían provocado algunas crisis políticas de profundo calado, existió una básica confluencia alrededor de los atributos y cualidades que, de acuerdo con la intrínseca virilidad de la nueva España, se consideraban propios de la nación franquista[37]. De este modo, sin olvidar que la intersección entre religión y género desembocó en un complejo y plural mosaico de resultados, el cristianismo triunfal del primer franquismo supuso, según ha señalado Mónica Moreno, un proyecto de recristianización viril del nacionalcatolicismo[38].

Los mitos del imperio, la conquista o la guerra santa que articulaban el imaginario nacionalcatólico así lo confirmaban, construyendo una imagen de España fuerte y viril: la de una nación de conquistadores y guerreros, de fuertes imperios bajo el peso de la cruz. Al mismo tiempo, la guerra convertida en cruzada y la paz vigilante ayudaban a revitalizar la figura del soldado cristiano, ese que era de «espíritu valiente, decidido, firme y moral en religión, español en patriotismo, viril en lo humano, heroico, grandioso y magnánimo en todas las manifestaciones. Intransigente siempre», según lo definía el tradicionalista Pensamiento Alavés a principios de 1940[39]. Se retomaba, así, el recurso al ensalzamiento de la militarización en el que, hasta actitudes típicamente cristianas como la obediencia, la sumisión o el sacrificio, fácilmente percibidas como femeninas en la sociedad del momento, quedaban resignificadas para entenderse como muestras del coraje, la constancia y la disposición para actuar en favor de Cristo, uno de los actos considerados más viriles[40].

La fuerza, el arrojo o la valentía no eran, con todo, los únicos rasgos de la España vencedora que, de acuerdo con el discurso franquista, encajaba con la idea de virilidad dominante porque, si esta se definía en relación con los atributos mencionados, también lo hacía en función de la capacidad de control y autodominio, de moderación y rectitud, de racionalidad y templanza, fusionando fuerza con contención y arrojo con compostura, valores que también eran propios de la nueva España[41]. Consiguientemente, cualidades y adjetivos definitorios de la nación franquista apuntados anteriormente, tales como la sobriedad, la austeridad, la crudeza o la sencillez, se esgrimían en oposición a la jactancia, la vulgaridad, la exageración o el ditirambo de la antiEspaña. Así lo había publicado el diario Arriba: lo que España necesitaba era «silencio, trabajo, obediencia, disciplina, austeridad, seriedad, fijeza en sus fines, convergencia de todos los esfuerzos y no pólvora en salvas»[42]. Porque la sencillez encajaba mal con la baja adulación, del mismo modo que la humildad y la laboriosidad católicas lo hacían con la vanidad y la jactancia. «Hay que apartar del pensamiento el ansia de lujo, de cosas que no sean necesarias», escribía Gabriel Briones evocando las enseñanzas del Evangelio. «La vida nueva exige austeridad, espíritu de conformidad, modestia, sobriedad, sencillez, hasta la privación»[43]. Si lo primero era, como se ha dicho, símbolo de virilidad, el alejamiento de la discreción y de la mesura eran síntomas del afeminamiento de la nación republicana.

Tampoco este discurso era nuevo: también el regeneracionismo había interpretado en clave de afeminamiento no solo la falta de vigor, la pasividad o la flojedad, sino, igualmente, el chismorreo, la maledicencia o la incontrolada palabrería[44]. Sin embargo, en el caso del discurso franquista, las diferencias no estribaban exclusivamente en la obsesiva reiteración y multiplicación de las proclamas, sino en la belicosidad del discurso: en este caso, la retórica no se dirigía simplemente a la mordaz crítica del régimen político defenestrado, sino hacia a la construcción de una cosmovisión en la que la física eliminación del otro pudiese quedar legitimada.

Ciertamente, cabe comprobar cómo muchas de las continuidades existentes con respecto al discurso regeneracionista previo se amplificaron y radicalizaron para exacerbar la caracterización de todo aquello que escapase de la contención, la sobriedad o la mesura. Ya no se trataba simplemente de la vanagloria, la palabrería o la exagerada superficialidad, sino de un discurso que, apelando igualmente al exceso, sexualizaba y radicalizaba los atributos de la nación republicana para trocarla en selvática, desgreñada y animalizada. Las referencias eran explícitas: una España de «ferocidad y chacalismo», una «República desarrapada, desgreñada, de ojos sanguinolentos y voz aguardentosa» era la descripción que proporcionaba el diario católico La Gaceta de Tenerife en un aún bélico segundo año de la guerra[45]. Ese mismo adjetivo, desgreñada, era el que utilizaba un editorial del falangista Azul publicado casi por las mismas fechas: titulado elocuentemente «Dos Españas», el mencionado texto contraponía la España desgreñada y agria con aquella otra joven, vigorosa y de trazo firme[46].

Esta nueva dicotomía entre una España y otra se asentaba, en última instancia, sobre una fractura aún más radical: aquella que distinguía entre la civilización y la barbarie, entre aquella España viril, controlada y encuadrada, y esa otra de chusma selvática y hordas desenfrenadas[47]. En este caso, el peligro no descansaba, como se ve, en el alejamiento de los valores viriles en base a la inacción de una antiEspaña cobarde, cómoda, pasiva y fofa, sino en un proceso aparentemente contrario que culminaba, sin embargo, en el mismo resultado: una nación afeminada y condenable que, esta vez, resultaba antagónica de la virilidad no por defecto, sino por exceso: por su desbordamiento, su desproporción y su abundancia[48].

Efectivamente, a esa nación sobria y encuadrada la amenazaba la sexualizada animalidad de una nación que, por exagerada, se concebía masificada y rebosada, lo contrario de la modestia y la moderación que pertenecían, según explicaba la revista mensual católica Venga a nos el tu Reino, a la virtud general de la templanza y a la que amenazaban los excesos y el vicio[49]. En consecuencia, la nación se derramaba en su masificación para pensarse intrínsecamente sucia y cochambrosa, pegajosa y encharcada, porque esas turbas no podían sino ensuciar una España que había de ser limpia. Aparecían, entonces, nuevos elementos en el discurso franquista sobre la nación que, también con un fuerte componente generizado, servían para trazar y ahondar en la línea divisoria: la suciedad, viscosidad, humedad y corporalidad como desafíos a la limpieza, solidez, sequedad y pulcritud de la España de la victoria[50].

Los atributos eran, nuevamente, generizados, se ha dicho, pero no solo, porque en la contraposición entre una España y otra, la clase se sumaba como diferenciador y como mecanismo asumido de fractura entre ambas. Así, según se verá a continuación, la antiEspaña de exuberancias y exageraciones, de suciedad, hordas y chusma, era, también, una España de arrabal, achicoria y guisote; de casticismos, mal gusto y chabacanería que la alejaban de esa otra que, pensándose popular, iba a apelar a la contención, el equilibrio y la mesurada elegancia.

Nación popular/nación populachera

Nación popular/nación populachera

En efecto, en la caracterización de la España republicana funcionó de manera entrelazada con el género una asumida concepción de clase que situaba a las turbas histriónicas y tan contrarias a la virilidad en «lo más soez de los bajos fondos», conformando ese «populacho harapiento y sucio», esa «cochambre inmensa» que había invadido la ciudad durante los años de la República y de la guerra[51]. Era, también, una España de tabernas, porque era ahí donde se reunían la suciedad física y la suciedad moral, como recordaba el diario católico salmantino La Victoria aludiendo a los «trajes usados, rostros sin afeitar, gabardinas sucias, descosidas» que producían una sensación de abandono, inmoralidad y degradación y que se daban cita en los bares y en las tabernas de los barrios bajos[52].

La España republicana era una nación de mal gusto y mínima educación, como denunciaba reiteradamente el periodista Francisco Casares desde las páginas de ABC a lo largo de los años de posguerra. Una España gritona, muestra de la chabacanería de quien no se daba cuenta de que, con voz mesurada, se podían decir todas las cosas de este mundo[53]. Y es que cuando Madrid —ciudad utilizada por Casares como ejemplo extrapolable al conjunto de la España republicana— había estado sometida al arbitrio de las hordas marxistas, la nota característica había sido la chabacanería y la plebeyez. «Una persona que vistiera decentemente resultaba sospechosa. Un lenguaje moderado era delatador. Dominaban los descamisados. Y, para recatarse y adoptar posiciones de garantía, se hacía preciso el desaliño, el abandono. Porque esa era la tónica y ese es el signo». La norma era «la ordinariez, el mal gusto», el triunfo de la falta de decoro, de todo lo que fuese despechugado y grosero[54].

Que la antiEspaña fuera una nación soez y chabacana —epítetos repetidos una y otra vez en tanto contrapunto de la mesurada sobriedad— no quería decir que la España franquista se asumiese alejada del auténtico y sencillo pueblo español. Más bien al contrario, la guerra había igualado a todos en el dolor y la heroicidad de la lucha —se esgrimía con convicción—, «al labrador y al estudiante», «mezclando apellidos nobles y vulgares» al pasar lista, uniéndolos en esa denominación de camaradas en la que todos eran iguales[55]. Así lo había explicado el mismo José Antonio Primo de Rivera en un radical artículo publicado en Arriba en mayo de 1935 y recuperado y difundido en la prensa de posguerra: los obreros eran sangre y suelo de España, «parte de los nuestros». «No los creáis enemigos, aunque griten contra nosotros —había escrito el líder falangista—, aunque nos apedreen, aunque sean capaces de disparar contra nosotros. No, camaradas: no son enemigos todos los que os miran con malos ojos cuando voceáis nuestro periódico, cuando repartís nuestras hojas. Son parte misma de nuestras Falanges»[56].

Al obrero había que reconocerlo como propio, pero había, también, que salvarlo. Con un indudable paternalismo, la política socializante del primer franquismo concebía las nuevas medidas legislativas, encabezadas por el Fuero del Trabajo, no solo como logros de justicia social, sino, al mismo tiempo, como actos salvíficos y redentores. Así se explicaba en las «glosas al Fuero del Trabajo», publicadas en Nueva España pocas semanas después de que se hubiese aprobado la mencionada ley con la intención de dar a conocerla: la nueva iniciativa no era solo justa, se explicaba, permitiendo superar tanto la esclavitud a la que abocaba el capitalismo como la mentira y miseria a la que conducía el marxismo; se trataba de una medida con la que, además, se salvaba al obrero del embrutecimiento y la vida miserable. «Ya se te hizo, obrero, realidad la destrucción de la taberna, donde te embrutecías, con regocijo de los que te expoliaban sobre tu cansancio sin descanso de todos los días, sobre tu tristeza de todas las horas sin esperanza, sobre tu desesperación de cada instante sin posibilidad de acceso al disfrute de todos los bienes de la cultura, la alegría, la milicia, la salud y el deporte»[57]. Y es que eso quería Falange, se explicitaba en un editorial publicado también en el invierno de 1938, elevar el rango cultural y económico del obrero, dignificarlo, hacerlo partícipe activo en la gran tarea de levantar España, «porque en esta Patria moza y justa, se terminaron para siempre las castas, los privilegios, las divisorias»; a cambio, imperaría «la unidad de todos en esa otra unidad que es España». Y es que Falange llamaba y buscaba a los hombres del Trabajo, «al obrero de manos encallecidas por las asperezas de la vida dura del taller o quemadas por el sol y los cierzos de las tierras de la España irredenta»[58].

Una buena matización que permitía distinguir a las hordas cochambrosas de las masas de obreros susceptibles de ser salvados de su embrutecimiento e integrados en la nueva España residía en distinguir lo popular de lo populachero. Lo diferenciaba Eugenio Montes en una conferencia pronunciada en el paraninfo de la Universidad de Sevilla en plena victoria: lo genuino y hermoso de una cultura propia era lo popular y esto no debía confundirse con «lo plebeyo y populachero»[59]. Lo primero era propio de la España franquista y suponía tener en cuenta las verdaderas esencias nacionales, las de una nación que era, como se apuntó anteriormente, cruda y ruda, sobria y austera, trabajadora y en disposición de asumir la dificultad. No podía extrañar, por lo tanto, que se reclamase el componente proletario no «como elemento decorativo, como en aquellos tiempos de líderes y de jefazos en que los trabajadores, con hambre de pan y de justicia […], formaban en calidad de comparsas», ofreciendo el «triste espectáculo de un exhibicionismo grotesco»[60], sino como parte ineludible de una nación sólida y recta, una nación que, a la sazón, se proclamaba interclasista y justa.

Lo popular era tomar en consideración esas manos honestas del verdadero pueblo español. Pero implicaba, igualmente, tener en cuenta las tradiciones propias del alma española, desde las muestras artísticas con las que se expresaba la autenticidad nacional, hasta sus fiestas y verbenas, sus atuendos, paisajes e, incluso, sus tradiciones culinarias. Así se confirmaba con la revalorización y la exaltación del folclore nacional emprendido en la posguerra, ejemplificado en la iniciativa impulsada por la Sección Femenina para la creación de los Coros y Danzas, cuya intención era, según afirmaban sus propias impulsoras, salvaguardar la cultura nacida del pueblo y en peligro de perderse, o en el creciente interés mostrado por la organización femenina por los trajes, la culinaria popular y la artesanía[61]. Y así debía interpretarse la continua apelación a recuperar las constantes de españolidad en el arte, la arquitectura o hasta en los paisajes.

Más complejo, polisémico y resbaladizo que lo popular resultaba ser lo populachero. Su función esencial radicaba en la construcción de una identidad que era principalmente política: la de la antiEspaña republicana y aquellos que la representaban, una identidad en la que la característica cardinal resultaba ser su destructiva e inherente capacidad de deformar lo auténticamente español. Ahí residía, precisamente, la clave: en la capacidad que tenía la nación republicana de pervertir lo popular; en su capacidad de deformarlo a través del histrionismo y la parodia, conformando, no una versión diferente de lo que se presuponía como auténticamente español, sino una distorsión que ofrecía una imagen grotesca y caricaturesca de España. El peligro se anclaba, por consiguiente, no tanto en cambiarla, como en trocarla, tal y como había dicho José Antonio Primo de Rivera, en «caricatura patriotera»[62].

En este afeamiento y mixtificación deformante, volvían a jugar un papel importante la clase y el género. Lo explicaba con gran claridad el conocido periodista y escritor Emilio Carrere. Lo hacía ejemplificándolo nuevamente en Madrid, la ciudad en la que lo popular, ese Madrid de la zarzuela La verbena de la Paloma o el gracejo de los personajes creados para la revista musical La cuarta de Apolo, había ido progresivamente fosilizándose para convertirse durante los años de la República en un tópico. «Así fue despintándose la estampa madrileña. Graciosa un día y con donaire popular, para degenerar en abigarrado como falso y populachero». No era preciso explicar, continuaba Carrere, que aquello no era el auténtico Madrid, sino «lo histriónico de Madrid». Era «la pandereta de exportación, con sus chulos, sus rabaneras, sus frescos, sus capigorrones, sus matasiete… Toda la picaresca colorista y decadente, con alma minúscula, insensible o burlona de lo heroico, de lo poético y de lo tradicional»; todo lo que era claramente «incompatible, por anacrónico» y, por carecer de alma, con lo verdaderamente español[63].

Lo había apuntado el editorial de Arriba España señalado al inicio: esa deformación de lo auténtico se manifestaba en el «aire zarzuelero» —ahí se veía, de nuevo, el papel de la clase como categoría de división—, en esa «flamenquería barata» que constituía la España castiza, la misma que a Pedro Laín —no lo podía reprimir— le provocaba asco, ese casticismo de castañuelas, aguardiente, canción y gresca que, como escribía Julio Fuertes, estaba muy lejos de la España anhelada[64].

En este miedo a la deformación en clave de tópico y populacherismo, entraban en juego varios peligros. Uno —probablemente, el más fácil de combatir— era el que venía de fuera, el extranjerizante que, con sus aires aparentemente modernos y extravagantes, distorsionaba el alma española. Así ocurría con la invasión de algunas modas y costumbres, alejadas «de nuestras viriles características raciales» que, como la música y los bailes extranjeros, «ablandan y afeminan el alma»[65]. Era, como se ha dicho, fácil de combatir: bastaba con eliminar de la nueva España todo lo que amenazase con pervertirla. En todo caso, era más fácil de erradicar que el segundo peligro, otro que también venía de fuera pero que, en esta ocasión, resultaba inquietante por afectar a la misma definición de España. Y es que ya no se trataba de una simple moda extranjera, sino de la mirada que se posaba sobre el país para deformarlo, folclorizarlo y adulterarlo. Era la mirada que transformaba la seriedad española en tópico; lo español, en españolada, y lo auténtico, en grotesco. Era la que conformaba la pandereta de exportación a la que se había referido Carrere y que trasmutaba a España, por desproporción, en una nación dolorosa y tentadoramente orientalizada y bárbara[66].

Se trataba, como se ha dicho, de un peligro más insidioso porque, tal y como se constataba con pesar en El Diario de Burgos en un tardío octubre de 1943, España había padecido a menudo vocaciones extraviadas y la de contribuir a reproducir el tópico no era una menor[67]. Ese era el verdadero peligro: el hecho de que las élites políticas e intelectuales del país asumiesen la detestable imagen posada sobre la patria durante siglos a través del mito romántico, una imagen que, al ser incorporada, se imitaba y reproducía. La tensión experimentada entre la opción de rechazar o negociar esta mirada externa en el proceso de construcción de la identidad nacional no era nueva: había atravesado el siglo XIX y la apoteósica preeminencia de la leyenda romántica española[68]. Sin embargo, con el régimen republicano, parecía ejemplificar y alcanzar todo su paroxismo: el derrotado sistema político había supuesto, como se ha dicho, la extrema connivencia con la caricaturización y la decadencia de España, la absoluta exaltación de la versión grotesca y panderetesca de la patria.

Con especial brutalidad lo explicaba Fermín Yzurdiaga: los enemigos de la nación, escribía, habían ganado posiciones a través de un supuesto amor patrio «blando, mercenario, fácil como el amor de una mujer mala». Este «estaba cuajado de patrioterismo de bambalinas, de cintajos, del “tata chim” de los pasodobles en las verbenas explosivas y localistas como la pandereta y el madroño». Se trataba de una falsificación, un entusiasmo físico y carnal con el que había que «dar al traste». Afortunadamente, proseguía, «en medio de esas falsas posturas», había nacido la voluntad de imperio, porque a los soldados de Falange, al igual que al resto de los soldados de Franco, les daba «disgusto y asco […] la gruesa caricatura patriotera» de aquella cosa —se citaban las conocidas y reiteradas palabras de José Antonio— tan delicada y exacta que era España.

De ese amor de disgusto y de crítica, de ese amor fecundo a la nación, al que exhortaba Yzurdiaga, surgía, precisamente, el ímpetu de la España viril[69]. Surgía de la alerta ante el peligro de que no se lograse forjar la España dura, fuerte y vigorosa; surgía ante la posibilidad de perder, como prevenía Manuel Siurot desde el ABC, la victoria, porque si «el sensualismo, la molicie decadentes nos hicieran abandonar el camino del deber», se levantarían contra los vencedores todos los grandes de la civilización española. Había que ser, entonces, continuaba Siurot, «hombres administradores de la Victoria: austeros, dignos, alegres, trabajadores y buenos»[70].

El crucial momento que suponían los años de la guerra y la posguerra, años de extrema violencia y fundación, proporcionaban a los vencedores la sensación de que había llegado el momento de vindicar —ese era el verbo que utilizaba Yzurdiaga repetidamente— la historia patria. Era el momento de dar la vuelta a la nación torcida —España era un Jano bifronte, había diagnosticado un artículo del madrileño Arriba en la primavera de la victoria— para devolverle su autenticidad: la de una nación pensada y expresada en términos viriles. Había, como se anunció al inicio de estas páginas, un punto de encuentro transversal a este respecto: todos estaban de acuerdo en cuáles eran los verdaderos atributos de la nación española. Y aunque existían, por supuesto, matices en función de los específicos proyectos que cada una de las culturas políticas defendía, la fuerza, el arrojo o el ímpetu de España resultaban tan incuestionables como su humildad, su austeridad y su templanza.

Para Falange, claro está, no había dudas. La virilidad y su alejamiento de la tentación populachera y chabacana se manifestaba en el vigor de una nación revolucionaria con vocación de imperio, pero tampoco las había para los sectores católicos y tradicionalistas, porque, tal y como se expresaba a propósito de la fiesta de los Mártires de la Tradición de 1940, la tradición no suponía ir hacia atrás, sino hacia delante, «siempre hacia delante, con una gran ambición de porvenir, con un anhelo muy hondo de horizontes». La tradición, en tanto sustancia, savia y germen fecundo, era lo que había permitido sacudirse la modorra, vencer el marasmo y la molicie. Y era lo que permitía, justamente, mantenerse palpitante, persistir «en el impulso viril y no en un enfermizo sumergirse en el aire dormido del pasado remoto»[71].

La guerra se había ganado, como había ocasión de recordar continuamente en los primeros años cuarenta, y lo que iban a compartir unos y otros, una y otra cultura política, era la convicción de que había llegado el momento de reivindicar la España dura y cruda, fuerte y vigorosa, austera y contenida, recta y lineal, que derrocase definitivamente a la antiEspaña, representando la autenticidad de los atributos que definían a la verdadera España. Como se ha intentado poner de manifiesto en estas páginas, independientemente de que esta reivindicación se clamase apelando a la revolución o a la tradición, al combativo ideal falangista o al soldado cristiano, o que se hiciera pensando en la nación totalitaria o en la España católica, la virilidad de la nueva España, expresada a través de un conjunto de características constantemente reiteradas, iba a ser para todos ellos una prioridad incuestionable.

Conclusiones

Conclusiones

Efectivamente, la concepción de la virilidad como rasgo intrínseco a la nueva España fue un punto de confluencia y encuentro entre todos los sectores ideológicos del régimen franquista. Fue una concepción que mostró muchas continuidades con las décadas previas, conformándose desde la doble caracterización de una llamada a la fuerza y el vigor acompañada, al mismo tiempo, de la valoración del autocontrol y la compostura. Y fue una convicción —la de que España era viril— que se expresó a través de un conjunto de reiterados adjetivos, epítetos y atributos que han constituido uno de los objetivos de análisis preferente de estas páginas, dado que actuaron como puntos centrales del discurso sobre la nación. Una de las ideas que han interesado aquí ha sido la consideración de que fue con —y a través de— estos calificativos como la imagen de la España vencedora adquirió, durante los radicales años de la guerra y la posguerra, protagonismo y presencia.

Una de las especificidades que mostró la recuperación y reactualización del discurso de la virilidad durante el contexto franquista fue el uso que se hizo de él en términos fuertemente binarios. En unos años de antagonismo en el que la España enemiga estaba siendo físicamente vencida y represaliada, la narración de la nación en clave de oposición resultó útil para construir la violenta cosmovisión del primer franquismo. A este respecto, una de las ideas que se han argumentado aquí es que la utilización de atributos con un claro contenido de género y clase sirvieron para establecer la fractura y la división entre las dos naciones enfrentadas al reproducir la valorización simbólica jerarquizada: la virilidad de la España franquista, junto a las características derivadas de ella (la contención, la mesura o la austeridad) funcionó como característica positiva mientras que el afeminamiento de la España republicana y la consiguiente exuberancia, jactancia o demasía, siempre en difuso límite con lo chabacano, histriónico o esperpéntico, profundizó en su condena. En cualquier caso, el juego especular —ese que contrastó a la España y la antiEspaña— no fue simple ni lineal. Y a partir de la oposición principal entre la virilidad y el afeminamiento se abren vías para futuros trabajos en los que seguir profundizando en el mecanismo de anverso y reverso, de antítesis binarias establecidas no tanto desde el miedo a lo diferente como a partir del temor a pervertir y deformar lo propio.

Censuras y censores en el primer franquismo

CENSURAS Y CENSORES EN EL PRIMER FRANQUISMO

Manuel PEÑA

Universidad de Córdoba

Desde el golpe militar de julio de 1936 se instaló una censura dirigida al libro y, por supuesto, a la prensa y a la radio. Fue una censura aplicada según las circunstancias y en parte descentralizada mediante los bandos de declaración del estado de guerra. El 30 de julio, la Junta de Defensa Nacional, constituida por los sublevados, hizo extensiva la orden de censura a todo el territorio que ellos controlaban y fueran ocupando. En mayo de 1937, se constituye la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, donde se centraliza el control censorio hasta abril de 1938, momento en que se transforma en Departamento de Propaganda. La única normativa conocida fue un anuncio en el que obligaba «tanto a autores, editores e impresores, a remitir a la delegación cinco ejemplares de toda clase de publicaciones»[1]. Progresivamente fueron implantando un control más directo sobre novedades editoriales, fuesen primeras o nuevas ediciones, con un procedimiento administrativo que comenzaba con el envío del libro —mecanografiado o en galeradas— a la delegación. Si eran folletos de menos de veinte páginas podían ser censurados en las subdelegaciones. Después de la lectura del censor y su correspondiente resolución —prohibitoria, expurgatoria o permisiva—, se le comunicaba al autor, al editor o a la subdelegación correspondiente la decisión adoptada.

En enero de 1938, se reorganizó de nuevo la administración del nuevo Estado y se creó el Servicio Nacional de Propaganda (SNP) dentro del Ministerio del Interior. A finales de ese mismo año pasa a denominarse Ministerio de la Gobernación con una subsecretaría de Prensa y Propaganda, en que se inserta el SNP. El cambio más importante fue el control de todo el proceso por parte de Falange —una vez unificada y domesticada— y, en concreto, por Serrano Suñer. Los intelectuales falangistas pasaron a ser los adoctrinadores en materia de propaganda y de censura. Al frente de la Jefatura Nacional de Propaganda se nombró a Dionisio Ridruejo, el jefe de la sección de Ediciones y Publicaciones sería Pedro Laín Entralgo y el jefe de la sección de Censura de Libros Juan Beneyto Pérez[2].

Pero, sin duda, fue la ideología totalitaria de sus dirigentes lo que marcó la implementación de los distintos departamentos. En los orígenes del Instituto Nacional del Libro, Ridruejo dispuso que debían ponerse bajo su control todos los escritores y publicistas de libros, editores, libreros, intermediarios, impresores, grabadores, encuadernadores y fabricantes de papel; la razón no era otra que «la necesidad de que la producción y el comercio del libro —máximo instrumento de la obra de educación popular que acomete el nuevo Estado— dejen de ser considerados como tarea meramente privada». El fracaso de Ridruejo fue no conseguir que el nuevo instituto dependiese del SNP, sino que obtuvo una categoría similar y se insertó en el organigrama de la subsecretaría de Prensa y Propaganda. Su desencanto lo recogió en sus memorias: «Durante tres años ocupé el cargo de que dependían los servicios de censura de libros, cine y teatro. Pero yo mismo no podía aflojarla ni dirigirla. Una junta superior, más o menos secreta y con abundante participación eclesiástica, establecía normas y confeccionaba lista de exclusiones. Luché alguna vez porque se pudieran publicar obras de Goethe, de Kant, de Stendhal, etcétera. Y casi siempre fui derrotado»[3].

Esta censura de guerra marcó el desarrollo de la normativa y la práctica censorias durante buena parte de la dictadura del general Franco. Aunque ni al principio ni durante ni al final de la dictadura hubo un corpus de criterios objetivados ni unas normas permanentes de aplicación. Ni siquiera en lo tocante a la moral sexual, a la religión y a las opiniones políticas. Todo dependía del contexto.

La censura del libro

La censura del libro

Todos los líderes que creían en el nuevo orden de la nueva Europa (Alemania, Portugal, Italia y España) fomentaron una estructura censoria al servicio de la propaganda de un proyecto político totalitario, fuese el Ministerio della Cultura Popolare italiano, el Reichminisnterium für Volksauklärung und Propaganda alemán, la vicesecretaría de Educación Popular española o el Gabinete de Coordinaçao dos Serviços de Propaganda e Informaçao portugués. No obstante, las formas y las prácticas censorias variaron de una dictadura a otra. Mientras en España se dio mayor importancia a la censura previa, en Italia y en Alemania se dio a la posterior y, en Portugal, fue una censura mixta y selectiva según la temática de la obra en cuestión.

Esta fase de la censura totalitaria, entre el fin de la guerra civil y el de la segunda guerra mundial, se inició con la fiesta del libro celebrada el 23 de abril de 1939 en Madrid: ese día se organizó una gran pira de libros en el patio del rectorado de la Universidad Complutense con una quema, relatada por el diario Ya el 2 de mayo bajo el título: «Auto de fe en la U. Central. Los enemigos de España fueron condenados al fuego». En su discurso, el catedrático de Derecho, Antonio Luna, hizo una justificación que resumía los demonios de los vencedores:

Para edificar a España una, grande y libre, condenados al fuego los libros separatistas, los liberales, los marxistas, los de la leyenda negra, los anticatólicos, los del romanticismo enfermizo, los pesimistas, los pornográficos, los de un modernismo extravagante, los cursis, los cobardes, los seudocientíficos, los textos malos y los periódicos chabacanos[4].

Uno de los criterios censorios estuvo condicionado, como ha demostrado José Andrés de Blas, por el propio contexto bélico. Así, se aplicaron criterios logísticos, tanto de selección como de secreto en la información difundida, fuese sobre noticias referentes a entrada o salida de barcos o a cualquier otro movimiento de tropas, aun cuando fueran escritos por adictos a los sublevados. Un excelente ejemplo fue la resolución contra el libro Tiempos heroicos de la Falange en Granada de José Cirre: «Esta prohibición se debe a no considerarse oportuno, mejor aún, prudente, la publicación en estos momentos de obra en la que aparezca el nombre de tantas personas que en sí o en sus familiares podrían resultar perjudicadas». Al no admitirse bajo ningún concepto frivolidad alguna al respecto o en proyectos relacionados con la futura organización económica de la dictadura, otros criterios censorios se centraban en la exaltación heroica de la guerra. No era positivo adelantarse a lo que «estime oportuno el Jefe del Estado»[5].

Entre 1939 y 1945 seguiría siendo una élite intelectual falangista la que controló la censura previa y la propaganda con mano firme y totalitaria. Ello no impidió que las aventuras editoriales de significados falangistas sufrieran la represión. Juan Ramón Masoliver, amigo barcelonés de Ridruejo, fundó la editorial Yunque y ya el primer libro —Tras las águilas del César, de Luys de Santa Marina— tuvo problemas. Fue recogido porque, según Ridruejo, la censura «temía que un retrato tan despiadado de las violencias de la Legión ofendiese a los moros, a la sazón amigo»[6]. Pero no todas las aventuras editoriales cayeron en desgracia. La editorial Tartessos, promovida por el falangista barcelonés Félix Ros, fue comprada por un joven legionario andaluz, José Manuel Lara, paso previo a la creación de Planeta en 1949. En Pamplona, la iniciativa editorial del cura Fermín Izurdiaga, Jerarquía, que publicó obras de Agustín de Foxá, José María Pemán o Ernesto Giménez Caballero, fue refundada a partir de 1941 como Editora Nacional, dirigida a partir de 1943 por el falangista Pedro Laín Entralgo. Ese mismo año publicó Javier Mariño, de Gonzalo Torrente Ballester, y La fiel infantería, de Rafael García Serrano, ambas retiradas por la censura.

En acciones que puedan parecer paradójicas, hay falangistas activando la censura, los mismos falangistas que la sufren y los mismos que ayudan a republicanos exiliados para volver y editar. El editor catalanista José Janés, que en tiempos de la guerra civil había colaborado con la Generalitat publicando libros para los soldados republicanos, retornó de su breve exilio en París gracias a la ayuda su amigo falangista Eugenio d’Ors. Y, pese haber sido encarcelado, pudo ser liberado y retomar su actividad con la editorial Emporion, ahora en castellano, con el apoyo de sus otros amigos falangistas catalanes como Ignacio Agustí, Luys de Santa Marina, Martín de Riquer o Félix Ros, entre otros. Para evitar los tediosos trámites burocráticos, con la complicidad de las autoridades, falsificó el pie de imprenta. Aunque los libros se fabricaban en Barcelona, aparecían como editados en Madrid, y Janés figuró hasta 1945 como director y no como editor. Una extraordinaria carrera editorial —con 1600 libros en castellano en 53 colecciones— que se vio truncada en 1958 en un accidente de tráfico, cuando apenas contaba cuarenta y nueve años. Uno de los escritores españoles que amparó Janés fue Camilo José Cela, del que en 1947 editó El bonito crimen del carabinero que se abre con «Notas para un prólogo». Si se leen solo las letras iniciales de las oraciones separadas por punto y seguido y punto y aparte se construye esta frase: «Publico esto en pedazos porque tengo que comer. El cura que me censuró es un desdichado»[7].

Las tácticas de Janés para superar los obstáculos censorios eran muy variadas, una era el recurso a las traducciones de obras foráneas. En 1942, los dirigentes del Instituto Nacional del Libro Español (INLE), con Miguel Herrero García a la cabeza y Patricio González de Canales, se quejaron de que Janés y otros editores barceloneses publicasen tantas traducciones. Las ediciones continuaron, pese a estas y otras quejas y recomendaciones, como la que hizo el INLE a los libreros en 1943: «Todo librero español tiene el deber indeclinable de exponer en sus escaparates de manera bien visible y preferente, aquellas obras nacionales cuyo fondo dogmático o de doctrina política contribuya a la mayor difusión y a la más exaltada loa de las glorias o epopeyas patrias»[8]. El asunto de fondo era la escasa y dudosa calidad de los escritores españoles de esos años y, al parecer por falta de divisas, el ahorro que suponía publicar traducciones al no pagar derechos a los autores extranjeros. Los comentarios negativos sobre tantas traducciones se habían transformado en irónicos. En un número extraordinario de 1946 de la revista cultural oficial del régimen, La Estafeta Literaria fundada por el delegado nacional de Prensa, Juan Aparicio, se comentaba si las tan frecuentes restricciones eléctricas eran la causa de la escasa capacidad creativa de los autores españoles[9].

Otro modo de no tener problemas con la censura fue la táctica adoptada por Manuel Aguilar. Una vez acabada la guerra, permaneció en Madrid y reconstruyó su empresa con el uso de un papel que no sufría cupos, como era el papel biblia, con la publicación de autores que no tuvieran problemas con la censura y con la apertura de filiales en América Latina. En su colección Breviarios, la más famosa, se publicaron autores como Ovidio, Erasmo, Fray Luis de León, Shakespeare, Cervantes, Cánovas del Castillo, Manuel Machado, etc.[10]

Aunque no se debe contraponer Iglesia y Falange, no hubo unanimidad en los criterios. Es conocida la campaña de la revista Ecclesia, órgano oficial de la Junta Nacional de Acción Católica Española (ACE) y exenta de censura estatal, contra las lecturas perniciosas para los católicos que circulaban sin problema alguno. Contaba con un cuerpo de voluntarios llamados «lectores-censores»: a menudo ellos mismos tenían que comprar los libros que debían censurar para remitir los informes al Secretariado de Orientación Bibliográfica de la ACE. Dichos escritos no eran únicamente críticas textuales de obras ya publicadas, también podían ser referencias sobre impresiones de escaparates de librerías o quioscos. Las listas se publicaban en la revista siempre que a los libros se pudiesen aplicar las reglas prohibitivas del índice romano (inmoral, dañosa, peligrosa, frívola…). Además, debían señalar la recomendación, según fuese el lector persona formada, mayor, ilustrada, todo el mundo, por jóvenes o niños.

La censura católica tuvo otro medio de comunicación, el Boletín de Información del Secretariado de Información de Publicidad y Espectáculos (SIPE), cuyos criterios fueron incluso calificados durante 1942 por la vicesecretaría de Educación Popular como tendenciosos. La beligerancia de este boletín, vinculado a las Congregaciones Marianas, era notoria y se fue consolidando en los años sucesivos como un referente inexcusable de la moral del buen católico. Era una suerte de circular en la que se advertía de las grietas del sistema, intersticios por donde se infiltraba la amoralidad. Marcaban con colores (blanco, azul, rosa, grana y negro) sus calificaciones de las películas de la mejor a la más peligrosa, unos juicios que chocaban de pleno con la política censoria oficial y, así, desde la arrogancia de quien está en posesión de la verdad, afirmaban después del estreno de El séptimo cielo de Frank Borzage:

¿Es que somos demasiado severos en nuestros juicios? No creemos esto, pues hay películas inmorales en su fondo y su forma, en los diálogos y en los pensamientos de los personajes, películas en las que ni por equivocación aparece algún ser medianamente decoroso[11].

Las denuncias del SIPE en materia de libros incidían una y otra vez en la necesidad de una tutela de la lectura que evitase los riesgos de una relación íntima entre el lector y su libro. Los casos ejemplares que exponían eran impactantes: niños reventándose el corazón de un disparo por meterse en un argumento violento, jóvenes suicidándose fascinadas por el mal, etc. Desde el boletín se reivindicaba la vigencia del Índice de libros prohibidos, desconocido hasta por los buenos católicos. Luego el SIPE se afanó en dar publicidad de lo prohibido en dicho catálogo romano: Descartes, Hume, Locke, Hobbes, Diderot, Jovellanos, Balzac, Flaubert, Hugo, etc. A partir de 1947, la Dirección General de Propaganda prohibirá los libros incluidos en dicho índice, cuya última edición era de 1940. En realidad, lo que el SIPE reclamaba era la aplicación del canon 1399 de León XIII de 1897 que recogía una serie de prohibiciones tan amplias que preveían las futuras y que, aunque se centraban en obras de carácter religioso, condicionaba la censura de muchísimos otros libros. Chocaba total y absolutamente con la censura oficial. Así, las obras de Pío Baroja, Valle-Inclán, Unamuno, etc., debían ser totalmente prohibidas. Dicho boletín continuó opinando, pero el régimen no siempre coincidió con esas recomendaciones condenatorias. España no podía ser tan represivamente católica.

Además de estas católicas y autónomas censuras, el régimen franquista también tuvo que activar mecanismos oficiales de este tipo de censura a posteriori mediante el secuestro o la retirada de libros del mercado, la prohibición de reediciones, la limitación de las tiradas o de los lectores autorizados para comprar esas publicaciones. Eran mecanismos necesarios para corregir errores permisivos. Algunos de ellos derivados de que las publicaciones oficiales no necesitasen más autorización que la mera presentación de dos originales al organismo correspondiente. Ante los casos que utilizaban esta grieta del sistema para extralimitarse ideológicamente, en noviembre de 1942, desde la Delegación Nacional de Propaganda, se le recordó a la Editora Nacional la necesidad de solicitar autorización expresa. El caso más conocido fue el del escritor falangista Rafael García Serrano, autor de La fiel infantería, una obra que recibió en 1943 el Premio Nacional de Literatura José Antonio Primo de Rivera. Pese a ello, no gustó nada al arzobispo de Toledo, el catalán Enrique Pla Deniel, que consiguió su retirada al aplicársele la censura eclesiástica. Un premio no te aseguraba apoyo alguno para la publicación.

A partir de 1942, la censura de libros pasó a depender de la vicesecretaría de Educación Popular dentro de la secretaría general del Movimiento. Aunque en un primer momento, Beneyto continuó al frente, muy pronto fue sustituido por el secretario nacional de Propaganda, Patricio González de Canales. Sobre estas continuas reubicaciones y las referidas grietas, él mismo llegó a afirmar en enero de 1942 que «nadie sabe lo que tiene que hacer ni adonde ha de dirigirse para enterarse correctamente de su deber». Había que organizar el Servicio de Censura, tenía que ser efectivo y no dar palos de ciego: González de Canales estaba convencido de que estaba rodeado de incompetentes. No en vano, por esta u otras razones, cuando tomó las riendas de la censura franquista despidió a casi todos los censores, en su mayoría por «emitir dictámenes sin la atención requerida». No era extraño, pues cobraban en función de los informes elaborados, por lo que algunos habían alcanzado en febrero de ese año la admirable cifra de 60 obras censuradas.

Para ser censor había que cumplir algunas de las siguientes condiciones: ser licenciado, haber publicado algún texto, poder traducir algún idioma, pertenecer a la vieja guardia antes del 18 de julio de 1936, ser militar, ser sacerdote o ser falangista con méritos suficientes. En principio, casi cualquier adepto al régimen con una formación media podía optar a una de las seis plazas, pero antes debía superar tres pruebas: exposición sobre la censura, valorar una obra o traducir un idioma. Si se aprobaba, el ejercicio de su función debía hacerse con el mayor secreto y sin el menor atisbo de corrupción, al menos en teoría.

La propuesta de González de Canales era ambiciosa: crear un fichero con todos los autores y editores españoles y extranjeros, sustituir el «sello de control» por un permiso de venta y circulación, imponer un régimen de penas y multas, hacer públicas las obras autorizadas en el Boletín Oficial del Movimiento, distribuir entre los jefes provinciales las listas de libros prohibidos y mejorar los controles en aduanas y correos. Y para que la diligencia de los censores siguiese un cauce ordenado, informó de cuál iba a ser desde ese momento el procedimiento clasificatorio de los libros:

Política, historia de España y pedagogía política. Los libros que se agrupasen en este bloque serían supervisados personalmente por el jefe de la Censura o por el falangista que él considerase más idóneo.

Religión y pedagogía católica. Estas obras serían controladas por la censura eclesiástica, mediante la designación directa de un teólogo.

Libros científicos y de texto. El censor de este grupo debía ser un prestigioso doctor.

Historia y técnica militar, incluidos textos sobre la guerra civil. Los permisos debían ser otorgados por el Ministerio del Ejército.

Lecturas de entretenimiento. No era necesario personal ajeno a la sección.

Dos años más tarde se añadió el bloque temático de África y el Islam, cuya vigilancia se delegaba a la Dirección General de Marruecos y Colonias. En 1945 se creó la Junta Censora Colonial que supervisaba, por ejemplo, si las películas autorizadas en España eran aptas para todos los públicos en Guinea Ecuatorial. La segregación afectaba también a los libros con la expresión bastante frecuente «no apta para indígenas»[12].

El sistema censorio imponía que, una vez pasada la censura, la valoración aprobatoria debía incluirse en la primera página de cada ejemplar. La ausencia de este juicio convertía a cualquier libro en clandestino y objetivo de persecución. Como el volumen de lo censurable sobrepasaba la capacidad de la sección y sus delegados, en 1944 se decidió que cuatro tipos de publicaciones quedaran exentas de la obligación de pasar por la lectura de un censor, aunque sí debían poseer un oficio de una autoridad correspondiente en cada ámbito que informase favorablemente, fuesen academias, universidades u otros centros reconocidos. En concreto, se trataba de los textos litúrgicos católicos, de la literatura española anterior a 1800, de partituras musicales —y con letra— anteriores a 1900 y los libros técnicos y científicos. Como ha subrayado Ruiz Bautista, no es posible interpretar estos cambios como una medida liberalizadora, en todo caso fue una delegación para aligerar carga censoria en el servicio en un grupo de publicaciones poco o nada comprometidas. Además, siempre quedaba el recurso de la censura a posteriori. Incluso en este caso, cabía la posibilidad de recurrir a informes extranjeros, especialmente de los países amigos del Eje. Así sucedió en 1942, cuando González de Canales les pidió a las embajadas alemana, italiana y portuguesa una lista de autores y títulos que debían también ser prohibidos en España. La iniciativa acabó incluyendo otros temas que, en un principio, no se consideraban peligrosos. Ya no eran solo libros de autores considerados enemigos al régimen dominante en sus respectivos países, sino que también se incluyeron títulos de autores de otras nacionalidades pero con una posición antialemana (inglesas y francesas en su mayoría), hasta novelas de espionaje, etc.

En sentido inverso, también se produjeron conflictos de criterios, en buena medida motivados por la complicidad entre censura y actitudes de ideología totalitaria, que desde 1939 ya estaban siendo denunciadas por la alta jerarquía eclesiástica, es decir, se permitieron obras alemanas por el hecho de ser filonazis, aunque expusieran creencias consideradas heréticas entre los medios católicos. Un caso muy elocuente fueron las denuncias por luterana y blasfema contra La vida sencilla de Ernst Wiechert, que desembocaron en una propuesta de retirada. La protesta de la embajada alemana fue sorteada por el delegado nacional de Propaganda con una solución salomónica: no se recogían los que estaban en las librerías pero no se permitía una nueva edición, pese a que la obra incluía ilustraciones que dejaban «en ridículo a dogmas fundamentales de la Iglesia». El objetivo era conseguir sustituir las preferencias lectoras por la literatura inglesa y francesa. Como las editoriales prefirieron continuar en esa línea, González de Canales les ordenó que aquellos autores fueran sustituidos por españoles y alemanes. A la resistencia del mercado se impuso la estrategia de la suspensión, fueran libros de Balzac, Dumas, Victor Hugo, Stendhal, etc. Ruiz Bautista, en su excelente investigación sobre la censura en los años azules, halló un testimonio que resume muy bien la readaptación de unos y otros al nuevo régimen y sus aliados. Es el caso del editor José Janés, quien, en su afán por no sufrir más suspensiones, le solicitó al agregado cultural de la embajada alemana catálogos y ejemplares de títulos alemanes para ser traducidos: «Se trata, pues, querido Petersen, de una pequeña batalla contra intereses bastardeados por los enemigos del nuevo orden europeo que ya está ganada». Al seguir esta estrategia editorial, puso al descubierto las contradicciones entre las corrientes del régimen, fuesen falangistas o católicas, al publicar obras nazis inadmisibles[13].

Durante estos primeros años del régimen, la censura estuvo al servicio de un nacionalcatolicismo, pero no solo como pieza importante de un sistema represor, sino sobre todo como parte de una ambiciosa construcción cultural: la nueva España, tanto en su vertiente culta como en su proyección popular, que no necesitaba de reconciliación alguna. Como la mayoría de los lectores cultos podían distinguir lo bueno de lo malo, hubo autores y títulos que fueron permitidos pese a ser conocida que la ideología de ellos no había sido afín a la dictadura. No ha de extrañar que las Obras completas del escritor republicano que ya había fallecido, Vicente Blasco Ibáñez, fuesen autorizadas a ser impresas por la editorial Aguilar en 1941. A pesar de haber sido catalogado por Ecclesia como un autor inmoral, una selección de títulos de Valle-Inclán también fueron permitidos en 1942, en edición de lujo y tirada limitada. Fueron numerosos los libros con ediciones muy limitadas —en número, en formato o en lengua—, que en algunos casos no debían superar los cincuenta ejemplares o no podían ser traducidos.

Pese a los intentos de González de Canales de poner orden y criterio, la realidad fue la superposición y la disparidad de criterios. En septiembre de 1942, Arias Salgado, ministro secretario general del Movimiento, fue informado de que cargos sin competencias en materia censoria, como el jefe de la sección de Ediciones y el director del Instituto Nacional del Libro, habían distribuido una lista de obras prohibidas, en las que destacaban conocidos títulos de autores europeos (Goethe, Balzac, Salgari, Verne, Stendhal, Dumas, etc., obras de medicina y hasta los popularísimos Cuentos de Calleja). El conflicto se resolvió con otra solución salomónica del delegado nacional de Propaganda, Manuel Torres López: estaban prohibidos para la lectura popular, luego podían ser impresos «en ediciones numeradas y bajo la responsabilidad y custodia de un Organismo oficial». Se estaba elaborando el misterioso y anhelado «fichero azul», en el que debía constar el nombre del comprador erudito. En realidad, se trataba de una iniciativa similar a las licencias inquisitoriales para leer libros prohibidos[14].

Otra de las estrategias censorias fue la de levantar un muro de silencio sobre autores no afines al régimen: para ellos se impusieron nuevos criterios en la selección de biografiados en enciclopedias. Así le sucedió a la editorial Sopena, a la que le fueron secuestradas las ediciones de su enciclopedia y de su diccionario enciclopédico. Ante la imposición se planteó la negociación: editar un apéndice con nuevas biografías y momentos estelares del Movimiento, una solución fallida, pues persistían en la memoria muchos republicanos. Una vez más la actitud mediadora del catedrático granadino Torres López libró a Sopena de una multa de 10 000 pesetas, a cambio de reeditar la obra. Al eliminarse las biografías de Azaña, Besteiro, Ortega y Gasset, Lerroux, Largo Caballero, Alcalá-Zamora, etc., desaparecía la Segunda República. Y, por supuesto, el marxismo se evaporaba del pensamiento occidental: Lenin, Marx, Stalin, Troski, etc., nunca habían vivido. Pero ¿qué hacer con obras de republicanos exiliados que seguían siendo útiles? Uno de los ejemplos más llamativos fue Paleografía española, del catedrático canario Agustín Millares Carlo, candidato en dos ocasiones por Acción Republicana y amigo de Azaña. Su manual, publicado por Labor en 1929, era imprescindible para la universidad española. Los estudiosos necesitaban consultarla y comprarla, por lo que ellos solicitaban permisos que les eran concedidos[15].

Además de leer y censurar, el servicio tuvo que estar muy atento a otro frente que aún continuaba abierto: las librerías y sus fondos heredados de los prolíficos años editoriales durante la República. Las novelas populares habían inundado anaqueles, quioscos, bibliotecas ambulantes y puestos callejeros, habían circulado tan profusamente que la pretensión de eliminarlas al menos incautándolas, se antojaba imposible[16]. El primero en dar la voz de alarma fue Laín Entralgo en 1939, cuando le pidió al jefe de la sección de Censura que ordenase a los delegados gubernativos una intervención inmediata de las librerías de viejo. Para limitar los negativos efectos de este control, la Cámara Oficial del Libro de Barcelona se ofreció a hacer los registros, además de sugerir que se exportasen estos fondos de saldo al mercado americano. El negocio era el negocio. Y es más, se solicitaba que se recuperase la práctica inquisitorial con los libreros, es decir, que estos tuviesen un catálogo de libros prohibidos para que ellos mismos depurasen su propia tienda. En 1943 se optó por visitas inesperadas de librerías con el fin de recoger todo tipo de libros, pero con especial interés la literatura popular heredada de los años republicanos[17].

Todos los colaboradores eran necesarios. Un inspector de enseñanza primaria de Madrid informaba sobre sus impresiones al pasearse un domingo por el Rastro. Y, por supuesto, la policía era imprescindible. Sin embargo, este cuerpo no colaboraba del mismo modo en Madrid que en Barcelona o, al menos, de eso se quejaba el jefe provincial de Propaganda en la capital catalana. Y si estas ayudas y aquellas medidas no eran suficientes para evitar reediciones, siempre les quedaba el recurso del control del papel, incautándolo y generando una falta de materia prima que obligaba al paro o al cierre de imprentas, si bien estas podían recurrir, en el caso de las publicaciones populares, al papel de embalaje, barato y libre de controles, pero de pésima calidad. Y, ante nuevas transgresiones, nuevas normas. La orden de Arias Salgado de 2 de octubre de 1941 de prohibir todas las novelas de aventuras «a base de crímenes, robos, etcétera, de coste económico» tuvo que ser aclarada cinco días más tarde: económico quería decir que tuviese el libro un precio inferior a cinco pesetas.

La ofensiva contra los libros populares, que no habían pasado por el tamiz del nacionalcatolicismo, continuó con la vigilancia de editoriales, pero, sobre todo, con el control directo de la calle. La policía dio muestras de una gran eficacia durante algunos meses incautando a libreros de lance, quiosqueros y vendedores ambulantes títulos como Colmillo blanco, de Jack London, El parador de Alsacia, de George Simenon, Los estranguladores del frac, de Cecil Hodge, etc. Un caso paradigmático de literatura popular que sufrió la censura fue «El Caballero Audaz», seudónimo del escritor cordobés José María Carretero que, desde que estalló la guerra, se mostró abiertamente afín a los sublevados. Prolífico autor de novelas eróticas y libros políticos, pese a su fidelidad propagandista con el régimen, no pudo evitar que su novela Malas costumbres no consiguiese la autorización y que las publicadas antes de la guerra también quedasen prohibidas. Era comprensible que Carretero manifestase su sorpresa, que quedó silenciado cuando le comentaron que no debía considerarse castigado, ya que no le habían multado, pese a que lo mereciese[18].

Las censuras de las propuestas editoriales eran constantes, una presión que llegó a ser considerada asfixiante por los editores. No lo veía así el ministro Arias Salgado que a finales de 1942 pedía más contundencias con libreros y editores. En este sentido, Ruiz Bautista concluye, no sin cierta ironía, que durante el primer franquismo los intelectuales y los dirigentes de la política cultural en el Nuevo Estado «compartían con sus enemigos ideológicos esta inveterada identificación entre el libro y la verdadera cultura». Cierto es que no se conjugaba del mismo modo el verbo leer durante la Segunda República que en el franquismo. Los católicos y los falangistas consideraban que leer sí, pero según cómo, cuándo, dónde y con quién. Luego censura y propaganda fueron de la mano, a veces sin saber quién era quien ponía el resorte de la represión cultural en marcha, si el censor o el propagandista. Las fortalezas y las debilidades de uno eran compartidas por el otro y viceversa. El objetivo era el mismo: transformar ideológicamente el panorama cultural y literario mediante no solo el expurgo o la prohibición, sino, también, y sobre todo, mediante la colaboración de tantos y tantos ciudadanos, fuesen profesionales o simples lectores, pero con frecuencia lectores-censores sin necesidad de sueldo, por el gusto de servir a la sacrosanta trinidad («Dios, Patria y Familia»). La agresiva defensa de la implantación y la exaltación de este dogma de fe del franquismo formó parte de un amplio programa que contó con la valiosa colaboración de adherentes. Sin una mayoría silenciosa pero cómplice, el franquismo no habría sobrevivido, fueron numerosos los apoyos sociales e individuales que rentabilizaron el silencio de otros. Sobre ese silencio se erigieron voces fuertes y represoras, destinadas a fomentar una cultura oficial que exaltaba los valores del régimen: catolicismo integrista, culto a la familia, apología del hecho diferencial hispánico… De ese modo, como ha señalado Zira Box, se fueron limando las aristas del heterogéneo bloque de los sublevados. Al ímpetu revolucionario de grupos falangistas se impuso el componente tradicional y reaccionario y, sobre la tentación fascista, triunfó la legitimidad otorgada por la Iglesia y el nacionalcatolicismo[19].

La censura de prensa

La censura de prensa

La primera Ley de Prensa también fue promulgada en 1938 (22 de abril) con el objetivo de convertirla, como así fue, en un instrumento de propaganda al servicio del Estado. Tal como expuso García Venero ese mismo 1938, «un periodismo técnico y políticamente al servicio absoluto de la Patria», el periodista pasaba a ser un trabajador más del Estado, aunque su sueldo lo abonase una empresa privada. Justino Sinova ha recordado que esta ley, más que una ley «de» prensa fue «contra» la prensa. Al ser considerada culpable, su misión había de cambiar siguiendo el admirado modelo del ministro de Propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, la legislación fascista italiana. Debía transmitir «las voces la Nación y comunicar a esta las órdenes y directrices del Estado y su Gobierno», se convertía en «una institución nacional», más tarde llamada «Prensa del Movimiento». En 1944, esta prensa integraba treinta diarios matutinos, siete vespertinos, cinco «hojas del lunes», ocho revistas semanales y siete mensuales. El volumen de la empresa era inversamente proporcional a su rentabilidad. Entre 1945 y 1948, el déficit medio anual rozó los cinco millones de pesetas[20]. Esta lógica totalitaria, según Javier Tusell, se podía hallar en la prensa del momento. El 7 de mayo de 1938, el Ideal de Granada comentaba que «si el discurso del Caudillo sobre la unificación hizo entrar a España en las vías totalitarias, la Ley de Prensa es su complemento en el orden ideológico»[21].

No había sitio para el libre ejercicio de la información, luego el mercado de la noticia no existía y el periodista debía ejercer como una suerte de apóstol en apoyo de la acción política del régimen. En una orden del 1 de octubre de 1938, se resumía muy bien cuál iba a ser el papel de la prensa con el franquismo: «una Prensa capaz de interpretar adecuadamente los anhelos, la doctrina, los propósitos y la emoción de la Patria redimida y de la futura grandeza española». La ley emplazaba en primer lugar a regular el número y la extensión de las publicaciones, que necesitaban una autorización para editarlas. Este control dio lugar a un buen número de órdenes y normas de acumulativa y enrevesada aplicación. Justino Sinova halló una carta de febrero de 1942, dirigida al vicesecretario de Educación Popular, que se resume muy bien el calvario que tenía que sufrir un editor —en este caso, Carmelo Caravantes— para conseguir publicar una revista, aunque fuese de entretenimiento. Es un extenso documento que clarifica muy bien el descontrol controlado de la censura de prensa durante esta primera etapa:

Hace más de medio año empecé a realizar gestiones para la publicación de una revista mensual, modesta como todo lo mío, pero en la cual tenía fundadas esperanzas en relación con el subsistir económico de mi hogar y en cuya empresa me disponía a invertir las diez o doce mil pesetas que constituían todo mi patrimonio. Pues bien, a la primera consulta se me contestó en redondo que no podría autorizárseme dicha revista (dedicada a crucigramas, pasatiempos, etcétera) por no tener yo carnet de periodista. Insistí al mes, enterado de que las revistas similares eran autorizadas sin tal requisito, y después de ir de un negociado a otro, me informan en el de Censura que tengo que presentar con la solicitud tres ejemplares citados y, todavía no terminados, me surge una duda que fui a plantear a la mencionada ventanilla de censura y, no sin asombro, me entero casualmente allí de que los repetidos tres ejemplares no son de momento necesarios, bastando el solicitar la autorización para que se publique la revista. Presento la solicitud en el registro el 20 de diciembre del pasado año y, pasado un mes, voy a indagar el estado de tal documento, diciéndoseme en la ventanilla de censura que yo al presentar la solicitud debí exigir que en el resguardo correspondiente se me pusiera el número de entrada y que por no hacerlo no podían informarme de momento. Volví otro día y entonces me enviaron a la Sección de Revistas, en donde me dijeron que lo habían remitido de nuevo a Censura. Retorno a Censura y aquí me informan […] «que no saben nada», pero que vuelva otro día. Vuelvo y afirman haber encontrado la solicitud, pero que debo volver pasada una semana «porque no está despachada». Pierdo una enésima jornada de trabajo para volver cuando me dijeron y entonces resulta que la habían mandado —mi solicitud— a la Delegación Provincial. Envío a preguntar a la misma y dicen haberla devuelto en oficio 396/45. Me acerco esta misma mañana a la ventanilla de Censura y con el mayor estupor oigo que tampoco pueden decirme nada porque el Registro «había creído» que mi petición correspondía a aquel Departamento y allí la mandaba; allí —en Censura— «habían creído» que correspondía a otro sitio y […] tenían que hacer no sé cuáles nuevas averiguaciones para contestarme […]

Ante esto, ya no he podido más y me he decidido a elevar a Vd. una respetuosa reclamación por todo lo expresado. He perdido más de medio año, ya no tengo el capital inicial para lanzar la revista (toda vez que lo he necesitado como medio de vida) y […] todavía estoy en parecida o peor situación de cuando inicié estas gestiones en el verano del pasado año. Y por las reclamaciones —algunas airadas— que he oído en ventanilla en varias ocasiones puedo asegurar que mi caso no es único[22].

Si la censura tuvo un funcionamiento muy eficaz durante el primer franquismo, fue en el ámbito de la prensa. La vigilancia a la que fue sometida fue estrecha por el Servicio Nacional de Prensa, luego convertido en Dirección General de Prensa. En los primeros meses, tras el golpe de Estado, el primer delegado de Prensa fue el periodista derechista y antisemita Juan Pujol, que muy pronto sería sustituido por el general Millán Astray y este por un profesor vallisoletano, Vicente Gay, y contó con colaboradores como Juan Aparicio, Ernesto Giménez Caballero, Víctor de la Serna, Ramón Rato, etc. En estos primeros tiempos existieron dos organizaciones paralelas: en enero de 1937, Nicolás Franco creó la Delegación para Prensa y Propaganda, al tiempo que comenzaba a funcionar la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de Falange, que publicaba el periódico Arriba, y donde se concentraba la intelectualidad del partido (Luis Rosales, Pedro Laín Entralgo, Manuel Ballesteros, Gonzalo Torrente Ballester, Dionisio Ridruejo, Antonio Tovar, José Antonio y Enrique Giménez Arnau, etc.).

Con la Ley de 22 de abril de 1938, los periodistas pasaban a depender de la Delegación Nacional de Prensa, a su vez dependiente de la vicesecretaría de Educación Popular de la Falange Española Tradicionalista y de la JONS, perteneciente a la secretaría general del Movimiento. Dicha dependencia suponía la selección de las personas que podían ejercer la profesión. En esta invención de un nuevo periodismo, el Registro Oficial de Periodistas se inició en 1940 con la concesión del primer carnet como periodista de honor a Franco, seguido por Serrano Suñer. Según el artículo sexto de dicha ley, además de la Delegación Nacional de Prensa, la censura podía ser ejercida por otras dos instituciones: el gobernador civil y el Ejército.

Después de la guerra, la represión y la depuración fueron implacables, con numerosas condenas a cadena perpetua o a muerte de periodistas que habían informado desde el bando republicano. Una vez hecha la purga, los periodistas que quedaron en activo o que se fueron incorporando tuvieron que demostrar a diario que eran fieles al régimen. Para que su instrucción fuese la adecuada, en noviembre de 1941 se creó la Escuela de Periodismo y, en marzo de 1943, la Unión Española de Periodistas. Todos debían comportarse en consonancia con los deseos del poder, los riesgos a ser procesados y sufrir humillaciones eran conocidos, y no solo a comienzos de los años cuarenta, todavía a finales de esa década el recurso del rapado al cero era uno de los castigos a los que estaban expuestos.

Desde mayo de 1941, el Delegado Nacional, el falangista Juan Aparicio, puso en marcha varios procedimientos complementarios, además de crear lemas de larga vida («España, Una, Grande, Libre» y «Por la Patria, el Pan y la Justicia») y adoptar el yugo y las flechas para el fascismo español[23]. En primer término, desplegó a sus vigilantes en un proceso de descentralización administrativa con las delegaciones provinciales, que también estaban en estrecho contacto con el gobierno civil correspondiente y con los directores de los periódicos, que también pasaron a ser nombrados por la administración. La situación, que de tanto en tanto sucedía, era que estos directores tenían que actuar en contra del periódico que dirigían, puesto que eran serviles sumisos a los políticos que les habían nombrado y no a las empresas que les pagaban el sueldo.

Tras una fallida suavización de la censura impulsada en 1945 por el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, se impuso de nuevo la posición totalitaria del ya primer consejero de Franco, Luis Carrero Blanco. Pero, para que el mecanismo funcionase fue necesario la aplicación de una exitosa estrategia: «la consigna» (directriz). Uno de los medios para difundirlas entre los periódicos era el Boletín de Información. En él se incluían las noticias de obligada publicación, frases de Franco o José Antonio, lemas, o consignas para ese día o para noticias concretas. Por ejemplo, en diciembre de 1944, se pasó a los periódicos cómo debían informar sobre las tareas de las Cortes: «Con este objeto, y solo como información, se adjuntan cuatro guiones sobre este tema, guiones que deberían ser desarrollados, evitando la repetición de párrafos contenidos en ellos, a fin de que una visión total de la prensa española no acuse uniformidad en este tema»[24]. En los años de la segunda guerra mundial, las órdenes sobre qué publicar afectaban a la evolución del conflicto bélico, a la supuesta política de neutralidad, a la Unión Soviética, incluso a veces al término comunista, sustituyéndolo por el de socialista.

Otras consignas rayaban el ridículo, como la que afectó a Demetrio Carceller el 18 de octubre de 1940 —no se pudo publicar que había sido cesado como jefe provincial del Movimiento en Barcelona por haber sido nombrado ministro—, pero todas debían tomarse como amenazas. Se podían publicar declaraciones de ministros, pero no comentarios sobre ellas sin orden expresa del mismo. Las relaciones con Alemania condicionaron las consignas sobre las noticias sobre la Iglesia. Así, las persecuciones que sometieron los nazis a los católicos polacos no tuvieron eco en España, incluso el diario vaticano —L’Osservatore Romano— fue suspendido en algunos momentos. Tampoco podía ser publicada cualquier noticia que pudiese recordar a la República, ni, por supuesto, cualquier nombre vinculado con ella (Alcalá-Zamora, Azaña, Indalecio Prieto, García Lorca, Miguel de Molina…). Otros prestigiosos escritores como Pío Baroja fueron relegados al silencio hasta el mismo día de su muerte. Jacinto Benavente fue también silenciado, hasta que en octubre de 1944 fue recuperado y ensalzado como «insigne dramaturgo». La evolución de la consigna sobre las referencias a Gil Robles fue a la inversa, pasando de respetado político derechista a censurado líder monárquico; situación similar le sucedió al historiador Jesús Pabón, que de colaborador con Serrano Suñer pasó en 1944 a ganarse la sanción del silencio por manifestar su monarquismo. Otras censuras nominativas afectaron a ilustres españoles como Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, etc., y, desde 1942, al mismísimo Dionisio Ridruejo.

Un criterio aplicado durante años consistió en la eliminación de las páginas de los periódicos de cualquier noticia por breve que fuera sobre la aplicación de penas de muerte o de conflictos sociales. Hasta el asesinato de un guardia civil era convertido en un «muerto en acto de servicio». Durante esos primeros años ni había delitos ni crímenes ni represión. El silencio fue absoluto sobre las condenas y muertes de rojos, no existieron. Ni siquiera se informó de fusilamientos de enemigos ilustres como los de Lluís Companys, Julián Zugazagoitia, Juan Peiró, etc. El control era tan riguroso que se ocultaban accidentes de aviación y explosiones accidentales o se maquillaban incendios, como el que destruyó la cuarta parte de la ciudad de Santander en febrero de 1941. Y, por supuesto, desapareció cualquier anuncio o referencia que pudiera parecer ligeramente inmoral o políticamente inapropiada en unos años en que la mayoría de la población sufría hambre y tantas necesidades. Nada de propaganda ostentosa de convites, celebraciones, inauguraciones, etc. Y todo españolizado: se debían evitar expresiones o palabras en francés o en inglés: «¡Atención! Suprimir la palabra Palace en las informaciones de Sevilla. Solo deberá decirse Hotel Andalucía» (3 de febrero de 1942[25]). Pero si una consigna fue seguida hasta el infinito de la adulación y la sumisión fue la exaltación del dictador, siempre en primera página y con una excelente calidad formal.

Durante treinta años los desobedientes o los resistentes fueron duramente castigados, bien mediante multas, destituciones, incautaciones, etc. La suspensión más recurrente fue la de director por negarse a publicar editoriales o noticias de inserción obligatoria. Hasta los directores impuestos eran sancionados, en ocasiones motu proprio. Ese fue el caso del escrupuloso José Losada, director del ABC, que el 30 de diciembre de 1942 comunicó que se le retuviese «el importe de un día de mi haber como sanción por una errata» que no se había corregido en un artículo. Otra sanción bastante común fue la retirada del carnet de periodista o la multa al periódico por no publicar una noticia de obligada difusión. Por ejemplo, el semanario Mundo se vio sancionado con 5000 pesetas por no haber conmemorado el 20 de abril de 1944 el cumpleaños de Hitler. El doble había importado la multa al ABC de Sevilla en agosto de 1939 por insertar un anuncio sobre el vino que terminaba con «Para excelencia, González Byass». El censor vio una retorcida alusión al Jefe del Estado[26].

Las prácticas censorias se hacían de día y de noche. Los censores leían en distintos turnos las galeradas que les llegaban de los periódicos, aplicaban el lápiz rojo, las suspendían a la espera de consultas, confirmaban la correcta inclusión de los artículos enviados por el Gobierno, etc. Y posteriormente comprobaban que dichas instrucciones se habían cumplido. En las delegaciones provinciales se elaboraban cada día unas hojas de inspección, en la que se recogía con detalle los periódicos y su seguimiento de las consignas, además de significativos comentarios sobre su contenido y forma. Por ejemplo, en la hoja de inspección del 15 de enero del Diario de Burgos se incluyó la siguiente nota: «La mitad del periódico se dedica a artículos de colaboración y recortes de otros periódicos […] Como, además, se cumplen las consignas respecto al discurso del camarada Arrese, al Osservatore Romano, etc., resulta un periódico completamente plomizo y falto de vitalidad»[27].

No obstante, los servicios de censura mostraban grietas. Su misma desorganización facilitaba que, en ocasiones, una noticia censurada en Madrid fuera publicada en otras ciudades o que los conflictos entre organismos facilitase cierto descontrol en la circulación de informaciones, sobre todo entre las publicaciones de Falange y de la Iglesia. A ello se sumaban los directores de los periódicos con sus quejas por prohibir noticias que eran publicadas por otro: cuando una noche de julio de 1943 el director del ABC recibió una llamada del censor diciéndole que no publicase en titulares el bombardeo de la catedral de Colonia, Losada le recordó que Ya lo había hecho con todo lujo de detalles.

Los censores se ocupaban del tono, del estilo y de la forma de los titulares, del tipo de letra, se tachaban palabras, se introducían elogios o se añadían párrafos. El problema derivado de tanto control sobre las noticias es que los periódicos se parecían sobremanera unos a otros. Para evitar esa uniformidad, obligaban a realizar reequilibradas coberturas de las noticias. Así sucedió en relación con un acto de afirmación sindical celebrado el 28 de octubre de 1940:

Máxima amplitud los diarios Pueblo, de la tarde, y la mitad Arriba, de la mañana; menos de la mitad los diarios Madrid e Informaciones de la tarde y Ya de la mañana; menos de una tercera parte los periódicos El Alcázar de la tarde y ABC de la mañana[28].

Entre los censores hubo funcionarios anónimos y nombres muy conocidos. Camilo José Cela colaboró con la censura de prensa entre 1941 y 1945. Como ya demostró Justino Sinova, el oficio de censor durante el franquismo estaba «mal visto por la sociedad, evitado por los destinatarios de su tarea, humillado por sus patronos». Sin calefacción ni luz suficiente ni coches a su servicio, en sótanos oscuros y pestilentes, trabajaron durante años en condiciones muy lamentables. Pero además de estos censores, hubo otros que colaboraron desde fuera como el mismo alcalde de Madrid, el ministro de Trabajo, el presidente de las Cortes, numerosos jefes de sección y no menos directores generales, decanos, catedráticos, etc. Una lista interminable que hacía de la censura un mecanismo desbordado por la misma práctica.

La censura de la radio

La censura de la radio

El 6 de octubre 1939 se puso en marcha la censura de la radio, en la que se prohibía a las emisoras «radiar más noticias que las que se refieran a acontecimientos que hayan tenido lugar en la provincia o región, siempre estas con censuras de las Jefaturas Provinciales o Locales de Prensa». Además, se las obligaba a conectar con Radio Nacional para «los noticiarios generales y especialmente de asuntos internacionales». Con la orden del 7 de marzo de 1941, se inició toda una serie de normas de censura previa sobre la publicidad en la radio. A comienzos de 1938, Dionisio Ridruejo, como jefe nacional de Propaganda del Ministerio del Interior, creó un Departamento de Radio desde el que se controlaron las emisoras durante la guerra y sus conexiones con Radio Nacional de España (RNE), así como la ejecución de himnos, retransmisión de discursos, etc. Otras de las conexiones que se impusieron fue la emisión de programas de Falange y uno de los métodos más expeditivos fue la incautación de todo su material, como sucedió con Radio Huelva en septiembre de 1938, pero los silencios en tiempo de guerra no eran únicamente una consecuencia de la intervención directa de la censura, sino de la misma precariedad con la que se sobrevivía día a día: en noviembre de 1938 el jefe provincial de Propaganda de Toledo informaba que EAJ-49 Radio Toledo había reanudado su funcionamiento «cuyo servicio quedó interrumpido el 23 de abril último por habérsele fundido dos lámparas e inutilizado un condensador»[29].

La estrategia censora de la dictadura respecto a la radio, similar a la acometida con otros medios, fue circunstancial y camaleónica. En una primera etapa estuvo marcada por la represión de los profesionales —propietarios, directores, locutores, etc.— mediante la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas. Una de las primeras víctimas más conocida fue Luis Medina. Este popular locutor de Unión Radio de Madrid durante la Segunda República fue condenado a muerte y, posteriormente, su pena fue conmutada por treinta años de cárcel. A partir de 1941, con los cambios en la estructura organizativa de los servicios de Prensa y Propaganda, la anterior jefatura pasó a denominarse Delegación Nacional de Radiodifusión. El control se concretó no solo en la censura de las emisiones radiofónicas, sino también en la de la publicidad y sus tarifas, así como en la sanción de los transgresores, en la dirección de la propaganda radiada del Estado y en la concesión de licencias para instalar emisoras. El 23 de octubre de 1944 se reorganiza como Servicio de Radiodifusión integrado en la Delegación Nacional de Propaganda con dependencia directa del vicesecretario de Educación Popular y, con la reforma de mayo de 1945, del Ministerio de Educación Nacional. Los cambios continuaron en 1946 con el traspaso de este órgano al Ministerio de Información y Turismo, pero la misión siguió siendo la misma:

Desarrollar administrativamente las actividades y funciones de este Ministerio en orden a las empresas radiofónicas, estaciones radio-emisoras en todos sus aspectos, como el técnico, informativo, político, cultural, religioso, educativo, artístico, económico, publicitario o jurídico, así como los medios técnicos por los que los usuarios se benefician de las emisiones; ejecutar las órdenes que para el gobierno de los servicios radiofónicos de las instalaciones propias reciba del Ministro. (BOE, n. 5, 24/02/1952).

Para Ángel Faus, la política del MIT respecto a la radio se puede resumir en un acoso permanente a las emisoras privadas mediante el refuerzo de RNE y de las emisoras de Falange, la implantación de radios comarcales, la incautación de acciones de las empresas y el traslado en 1958 de todas las privadas de la onda media (OM) a la naciente frecuencia modulada (FM) que apenas tenía audiencia por no existir receptores adecuados. Durante toda la dictadura el control de la radio se realizó mediante diversos métodos, pero sin duda el más utilizado fue el de las circulares que compilaban las normas. Esta «otra legislación», como la denomina Faus, nunca fue publicada en el BOE. Varias de estas circulares tuvieron un enorme impacto. La número 4 del 28 de abril de 1938, que se reenvió en 1942, contenía las normas para la censura de las emisiones de radio y un cuestionario sobre la estación y sus circunstancias. Las nueve normas generales fueron las siguientes:

1)No será autorizado ningún texto que refiriéndose a España, bajo cualquier aspecto, lo haga en un sentido irrespetuoso, poco veraz o tendencioso.

2)Queda totalmente prohibido todo escrito que, más o menos directamente, sea contrario o interprete confusa o equivocadamente los principios fundamentales del Estado o del Partido.

3)No se autorizarán escritos que, al referirse al Caudillo, no le traten con el máximo respeto; lo mismo que al Ejército, Institutos Armados, Milicias del Partido o sus representaciones, así como las insignias, emblemas y palabras de significado, sentido o representación nacional.

4)No será autorizado ningún escrito que atente o sea irreverente con los dogmas de la Iglesia Católica o sus representantes.

5)No se autorizará escrito que trate de forma inconveniente a los países amigos, sus creencias, instituciones y costumbres.

6)No será autorizado ningún texto que confunda los Gobiernos enemigos de la Patria, de la Religión y de la Civilización, con la Nación o el Pueblo. De igual forma, tampoco se admitirá que, al referirse a los enemigos, se incurra en la expresión plebeya o del mal gusto que los distingue a ellos [sic].

7)No se autorizará ningún escrito que por anticipado comente futuras medidas legislativas; salvo cuando la campaña difusora se ordene por la Delegación Nacional de Propaganda.

8)En general, todo texto sobre cualquier materia deberá estar redactado para poder autorizarse en una forma correctamente gramatical y en un tono de acuerdo con el asunto de que trate. No será admitida ninguna bufonada, juego de palabras o frases cómicas, más que en los escritos cuyo fin sea un humorismo y admisible.

9)Cualquier duda podrá ser consultada directamente con la Delegación Nacional de Propaganda a través de los Jefes de este servicio. Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.

El problema era cómo controlar el estricto cumplimiento de dichas reglas. Años más tarde se reconocía que se habían dictado «las presentes normas de censura, dejando la interpretación justa al buen sentido y criterios de quienes la ejerzan el cumplimiento que en cada momento debe observarse al practicarla»[30]. La deficiente distribución diaria de las circulares debilitaba el sistema y hubo que elaborar una circular (n.º 95) para intentar paliar estas insuficiencias. Con estas normas específicas del 23 de septiembre de 1942 se implantó la obligación de elaborar y presentar cada día y por triplicado un cuaderno tamaño folio «precedido de una guía índice o programa, en el que se expresará el orden de la emisión, los títulos de todas la [sic] partes o secciones de que se compone el programa y el horario exacto de esta». Debía ser presentado con treinta y seis horas de antelación al día que se hubiera previsto radiar el programa. En un plazo no menor a veinticuatro horas antes de la emisión la emisora recibiría «un ejemplar sellado con supresión de aquellas partes que no estén de acuerdo con las disposiciones correspondientes». Lo más gravoso para los profesionales era que también había que presentar el desarrollo del contenido de la guías-índices «en el mismo orden que figure en esta». Todo, texto tras texto y canción tras canción que radiar, y firmado y sellado por el autor y la emisora correspondiente, pues «quedan absolutamente prohibidas las improvisaciones ante el micrófono. Todo cuanto por él se emita estará previamente censurado», incluida la publicidad. Los tiempos de los anuncios —gravados por una tasa estatal (20 % de los ingresos)— debían oscilar entre cinco minutos cada hora de funcionamiento, sin superar las trescientas palabras, y los programas especiales publicitarios superior a treinta minutos, que necesitaban un permiso especial. Había tres excepciones que permitían la improvisación: las retransmisiones de actos oficiales, las de competiciones deportivas, corridas de toros, etc., y los servicios de socorro y urgencias.

Además, la influencia de la normativa nazi de 1935 elaborada por Goebbles era perceptible en la norma que afectaba a la música: «Queda totalmente prohibido: transmitir por medio de discos o por especialistas que actúen en el Estudio la llamada música “negra”, los bailables “swing” o cualquier otro género de composiciones cuyas lecturas estén en idioma extranjero». Se daba especial relevancia a la música española, fuese canción española, coros regionales o cantantes correctos (Bonet de San Pedro, Jorge Sepúlveda, Antonio Machín, etc.). No solo el contenido, sino también los tiempos de la música estaban controlados: no se podía superar las dos novenas partes del tiempo total de la emisión del día en espacios de bailables. Para un control sorpresivo y puntual se constituyó la figura fiscalizadora de los «escuchas locales de radiodifusión», encargados de contrastar lo leído ante el micrófono con el texto censurado. A medida que aumentaba la importancia de estos escuchas, se relajaron las exigencias previas.

Como en la prensa, la consigna fue otro de los mecanismos censorios más efectivos. Se trataba de radiar, sobre un fondo militar de piezas marciales, pequeñas frases de manera intercalada entre la programación. Consignas como las siguientes: «España es una unidad de Destino en lo Universal, Hablamos de la España eterna, de la España Imperial; El Mundo Hispánico ha de ser un algo único e indivisible…». Otros textos que se leían eran las interferencias, que, además de las propagandísticas del pensamiento nacionalcatólico con alegatos del propio Franco, podían ser también comentarios que divulgaban medidas político-sociales adoptadas por el régimen. Un tercer grupo de textos radiados eran artículos de jefes del Movimiento, salidos de la propia Sección de Radiodifusión de la Delegación Nacional de Propaganda.

Uno de los hombres clave en este periodo hasta mediados de los años sesenta fue el periodista falangista Manuel Aznar Acedo, subdirector general de Radiodifusión. Tras el final de la guerra civil, colaboró con la dictadura en la refundación de Unión Radio como Sociedad Española de Radiodifusión (SER) que dirigió entre 1942 y 1962. Fue el artífice principal de la transformación de un medio que, sin dejar de lado las consignas franquistas y la manipulación cotidiana de la información, se convirtió en el vehículo más eficaz para el régimen y el más atractivo y funcional para los ciudadanos.

La censura del cine y otros espectáculos

La censura del cine y otros espectáculos

El 2 de noviembre de 1938 se estableció la censura del cine, modificada el 23 de noviembre de 1942. El primer franquismo consideró a la cinematografía uno de los más eficaces instrumentos de la propaganda y una importante industria. La sociedad española de la posguerra demandó cine como uno de los pocos modos de evasión. El control de las autoridades franquistas se centró en esa doble vertiente. Por un lado, apoyo a la industria con unas condiciones innegociables. En primer lugar, salvo casos muy excepcionales, era obligatorio el doblaje al español de todas las películas extranjeras. En segundo término, se dieron ayudas económicas para el rodaje y la promoción. A continuación, se crearon premios y, en 1946, se estableció la categoría de «interés nacional» para aquellas películas que contuviesen «muestras inequívocas de exaltación de valores raciales o enseñanzas de los principios morales y políticos del nacionalismo franquista». Por último, se impuso una política proteccionista con un canon de importación a las películas extranjeras, los llamados «cheques». Según el periodista Ramón Garriga, el ministro Carceller utilizaba dichos cánones como premio o ayuda a colaboradores en apuros:

Conozco de algún amigo suyo que, en momentos de apuro, recibió lo que se llamaba un cheque cinematográfico, que no era otra cosa que un permiso firmado por Carceller para importar una película. El favorecido con este cheque solo tenía que negociarlo con una empresa cinematográfica, y de acuerdo con su habilidad y las necesidades del mercado, cobraba entre 100 000 y 150 000 pesetas[31].

Desde 1940 hasta la creación del MIT en 1951, la cinematografía dependió del Ministerio de Industria y Comercio para los asuntos económicos; para la censura previa y los permisos de rodaje, de la Dirección General de Propaganda, y, desde 1945, de la Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro, sujetos todos a la vicesecretaría de Educación Popular; el Sindicato Nacional de Espectáculos revisaba los asuntos laborales. Una vez superados todos los trámites para el rodaje, la película pasaba a la Junta Superior de Orientación Cinematográfica para ser censurada y clasificada. Le quedaban otros obstáculos menores hasta el último y decisivo ámbito provincial, donde el gobernador civil o sus inspectores supervisaban la seguridad de las salas y la moralidad de las películas por proyectar. Las películas, una vez pasados los guiones por una consulta previa, se sometían nuevamente a censura, que solía introducir cambios o cortes que, aunque podían mutilar hasta el mismo sentido de las cintas, permitían que se proyectasen pese a hacerse incomprensibles en su desarrollo.

El doblaje de las películas extranjeras fue un campo donde los censores actuaban a su antojo, aunque sus decisiones rozasen el ridículo. Es conocido el caso de una heroína americana que en la versión original decía no negando con la cabeza, mientras en la versión doblada pronunció un sí con el mismo gesto negativo[32]. El último episodio censorio se producía en el momento de la proyección. El dueño de la sala de cine debía presentar la hoja de censura de la película al delegado local y este autorizaba en firme el pase. En un sistema con tantas instancias, se producían, en algunas ocasiones, falsificaciones de las hojas de censura. No se trataba de proyectar películas subversivas sino de acelerar los trámites. Cuenta Abellán que en 1944 a una distribuidora de Bilbao esta picaresca le costó una multa de 10 000 pesetas. Las delegaciones locales fueron decisivas para aplicar la censura o para denunciar sospechas sobre su incumplimiento[33].

Para los espectáculos teatrales, los censores del Departamento de Teatro de la Delegación Nacional de Propaganda eran los encargados de leer, dictaminar, aprobar o prohibir las obras presentadas. Como sucedía con el cine, los empresarios de teatros estaban obligados a presentar a los delegados locales, con tiempo suficiente antes de la representación, las hojas de censura de cada uno de los libretos —sellados también por la vicesecretaría de Educación Popular— del repertorio de la compañía en cuestión. Pero ¿qué sucedía si era un grupo de vecinos aficionados los que deseaban hacer una representación? La responsabilidad censora era del delegado local que debía autorizar o no el texto y la puesta en escena, al tiempo que estar presente durante la función de estreno. Los delegados locales enviaban sus informes a los delegados provinciales que a su vez los elevaban a la Delegación Nacional. El celo censor en provincias era, en ocasiones, extremo. Por ejemplo, a finales de 1940, el delegado provincial de Burgos envió un informe sobre varias obras de Antonio Paso, denunciando la inmoralidad de algunas expresiones y situaciones, para sugerir: «Creo que mejor que tachar frases en las obras de Antonio Paso sería prohibir en todo el territorio nacional su representación. Y aun prohibir que el autor escribiera obras teatrales». La respuesta de la Delegación Nacional le recordó que «¿Qué da usted por el conde?, además de haber sido censurada por el censor de turno, lo ha sido también por el eclesiástico (Rdo. P. Constancio Aldeaseca), que la ha aprobado»[34].

Los delegados locales o comarcales tenían, sin embargo, un papel crucial para el sistema censorio. Como sucedía con el teatro, para autorizar definitivamente el espectáculo, había que realizar un ensayo general ante el delegado local correspondiente. Para aquellas representaciones que se adaptaban en función del tipo de público, la vigilancia de estos personajes podía ser tan celosa como sobornable. Los niveles y las zonas de permisividad, como apuntó Abellán, se implantaban según la colaboración o la participación de las élites franquistas locales. Por ejemplo, los clubs de noche con variedades podían estar sometidos a comisiones pecuniarias o a favores femeninos por censura ejercida, según denunciaban las circulares enviadas desde instancias superiores. Desde las normas generales de 1944, el control de estos espectáculos afectó muy especialmente a los repertorios de canciones, eliminando cualquier género moderno de blues, fox, etc., y prestando mucha atención a la música cubana y latina en general. Asimismo, como ya vimos para la radio, quedó prohibido reproducir o retransmitir «la llamada música negra, los bailables swing o cualquier otro género de composiciones cuyas letras estuviesen en idioma extranjero o que por cualquier otro concepto pudiesen rozar la moral pública o el más elemental buen gusto». Además, se debían revisar mediante diseños o fotografías la indumentaria de los espectáculos. Una vez pasado el estreno, el cumplimiento de la norma era responsabilidad de la empresa y del actor, esa grieta pudo ser aprovechada para incumplir lo acordado, a riesgo de ser descubierto y sancionado. Así le sucedió en un espectáculo por las mismas fechas:

que el trapecista cómico del grupo Olwar’s ha realizado ciertos gestos obscenos en el transcurso de su trabajo. Resultando que dichos gestos fueron omitidos el día del estreno. Considerando, por tanto, que existe una deliberada infracción de las normas de censura, tanto por parte del artista como de la empresa […] resuélvase este expediente imponiendo una multa de quinientas pesetas (500 ptas.) al trapecista […] y otra de mil pesetas a la empresa de este[35].

En los años cuarenta el control de los actos públicos alcanzaba también a los conciertos e incluso las conferencias que no fueran de carácter religioso. Si el orador no estaba en la nómina de propagandistas de la Delegación Nacional, en la solicitud que se mandaba a la autoridad correspondiente debía figurar, además del texto o guion de la conferencia, un informe sobre el conferenciante.

A modo de conclusión

A modo de conclusión

Que en las obras de teatro pudieran coincidir hasta diez censores, en las películas veinte, mientras que en las novelas con uno o dos era suficiente, es significativo de cuál era la principal preocupación de la propaganda franquista. El miedo a la divulgación condicionaba cualquier disposición y acción a aplicar.

La dictadura inventó y reinventó nuevos departamentos con el fin de ejecutar con éxito el control de la palabra y, por extensión, del pensamiento. Sin embargo, estas reorganizaciones no vinieron acompañadas de una mayor dotación presupuestaria, auténtico talón de Aquiles del sistema, ni de una mejora en la comunicación entre el centro y las jefaturas provinciales. Por ejemplo, para un control sorpresivo y puntual de la radio se constituyó la figura fiscalizadora de los «escuchas locales de radiodifusión», encargados de contrastar lo leído ante el micrófono con el texto censurado. A medida que aumentaba la importancia de estos escuchas se relajaron las exigencias previas. El locutor Mariano de la Banda relató a Ángel Faus cuál fue su impresión de los entresijos de esta censura. A comienzos de los años sesenta tuvo que ir, junto a Máximo San Juan —jefe de programas de la Cadena Azul del Frente de Juventudes de Falange y más tarde popular viñetista—, a las oficinas de la censura de Radio en Madrid a dar explicaciones de unas emisiones incorrectas:

Ese día conocimos Máximo y yo «la cara de Madame Censura», ciertamente patética en su primera imagen. Nos fuimos a la calle de Juan Bravo y nos recibieron en la sala de Censores de Radio […] Era una habitación lóbrega con un mostrador corrido a lo largo de las paredes, en el que había receptores de radio con auriculares, y donde funcionarios atendían cada cual a «su emisora» guion en mano: cada emisora tenía un censor-oyente que anotaba lo ocurrido en los programas y pasaba luego el informe a sus jefes. La impresión era fuerte, porque hay que advertir que se trataba de mutilados de guerra. Algunos ciegos[36].

La mala gestión y la ineficacia pudo condicionar el éxito de los nuevos organismos censorios. Aunque fuese deficiente el ejercicio práctico censor, la suma de la imagen y de la práctica de la censura marcó a la cultura española y a la vida cotidiana de los españoles. El impacto brutal de la guerra y de la represión fue la mejor justificación y presentación que la censura tenía en cada momento para ser ejecutada. Así, más que un régimen institucional de control y represión de la palabra y el pensamiento, la censura fue, sobre todo, una práctica cotidiana con una poderosísima imagen pese a sus miserias internas. Se comprende que su aplicación respondiese en muchas ocasiones a repentinos y antojadizos criterios del censor de turno —fuera un párroco o un plumilla paniaguado o superviviente— más que a normas impuestas desde arriba. De un modo y de otro, sin esos colaboradores y esos cómplices delatores, la censura no habría conseguido construir su propia imagen de eficacia, rigidez e intransigencia al servicio de la moral católica y la disciplina militar.

El resultado fue un país condicionado por una censura inmanente, interiorizada, que provocaba que muchos españoles, en ocasiones, escribieran, leyesen o vieran películas —incluso las que estaban permitidas— de perfil. Ahí radicó el éxito de la censura y, a la postre, su inevitable fracaso, previo peaje de cuarenta años. Fueron los mismos falangistas, algunos de ellos, los que meses más tarde del triunfo denunciaron que censurar, sin criterio y a merced del cura o del militar de turno, no era el camino. Esa fue la razón por la que Juan Ramón Masoliver marchase a Italia: «¡Qué mierda de país! ¡Qué pobreza espiritual! Era terrible… ¡A hacer puñetas la posguerra!»[37].

El cine español en los primeros años de la dictadura de Franco. Entre el entretenimiento y la propaganda

EL CINE ESPAÑOL EN LOS PRIMEROS

AÑOS DE LA DICTADURA DE FRANCO.

ENTRE EL ENTRETENIMIENTO

Y LA PROPAGANDA

Magí CRUSELLS

Centre d’Investigacions Film-Història

Universitat de Barcelona

Con la firma el 1 de abril de 1939 del último parte de guerra, firmado por el general Francisco Franco, se puso final a la guerra civil española, quedando claro que había llegado la victoria y no la reconciliación. Por esta razón, el cine español se convierte en un arma legitimadora al servicio del Estado. Los argumentos de las películas explicarán el conflicto bélico según los vencedores. Es más, algunos de los profesionales que habían dirigido filmes durante la República y en guerra civil fueron represaliados, en un caso condenado a pena de muerte.

La represión contra cineastas

La represión contra cineastas

Durante la guerra civil española hubo una serie de personas relacionadas con el cine que fueron encarceladas, pero no hay constancia de que fueran ejecutadas tras una sentencia judicial. En cambio, durante el franquismo sí.

Francisco Carrasco de la Rubia nació en Sevilla en 1905. Desde muy joven manifestó interés por la pintura y por el cine. Dos meses antes de la sublevación militar de julio de 1936, entró a trabajar en La Vanguardia como crítico cinematográfico. Con el estallido de la guerra, Carrasco se traslada al frente de Aragón, donde permanece poco más de un mes, ya que posteriormente vuelve a ejercer como crítico. En noviembre de 1938, fruto de la relación sentimental apasionada que vive con su compañera Conchita, nace Marta. Al finalizar la guerra, deciden no exiliarse porque la niña tiene meses y porque él no se considera en peligro al no haber cometido ningún delito de sangre. No obstante, se le abre un proceso militar el 25 de febrero de 1939 bajo acusaciones como «ser un anarquista destacado de toda la vida, furibundo propagandista de la CNT-FAI, colaborador durante el Movimiento en el periódico Solidaridad Obrera, al mismo tiempo que en el frente rojo de Aragón, trabajaba como reportero gráfico de La Vanguardia. Por sus antecedentes y conducta se le considera sujeto peligrosísimo» y hacer «elogios de Durruti y otros jefes anarquistas, atacando el Movimiento Nacional e injuriando al Caudillo»[1]. Las personas que son citadas a declarar lo hacen en su contra como fue el caso de Antonio Martínez Tomás, el posteriormente crítico de cine en La Vanguardia, destacando que el procesado, en una conferencia en el Ateneo Barcelonés en el año 1938, «se ocupó del empleo del cine como instrumento para combatir el Alzamiento Nacional en el extranjero y para, según él, educar al pueblo en los nuevos principios revolucionarios». Asimismo, destaca que en sus crónicas «siempre insistía en sus violentísimos ataques contra el General Franco y su victorioso y glorioso Ejército». Como pruebas de la fiscalía se incluye una crónica —La Vanguardia (18 de enero de 1938)— en la que Carrasco de la Rubia describe a Franco como «fantoche gallego».

En el autorresumen, el tribunal hace constar que el procesado trabajó en la sección de cine de la «Subsecretaría roja de propaganda desarrollando activísima labor en pro de los marxistas». Por el contrario, el propio Carrasco de la Rubia en su declaración dice que ingresó en la UGT, una vez iniciada la guerra, por necesidades de trabajo y que en cierta ocasión la subsecretaría de Propaganda del gobierno republicano le encargó «ilustrara con fotografías unos textos; que esta labor la cobró al terminarla, sin haber formado parte nunca entre el personal» de este organismo. Por razones obvias, Carrasco de la Rubia no nombra las películas que dirigió. En la Filmoteca Española se conserva el documental Campesinos de ayer y de hoy (1938), dirigido y con guion del propio Francisco Carrasco de la Rubia para la subsecretaría de Propaganda republicana. Es una obra sobre el alcance de la Reforma Agraria emprendida por la República.

Fue condenado a muerte el 13 de abril. Franco se dio por enterado de la pena impuesta el 11 de mayo. En las cartas que envía a su mujer le manifiesta su amor eterno, pero que no tiene fe en un indulto porque en esos momentos no confía en la justicia por el odio y la revancha que existe (CRUSELLS y CAPARRÓS, 2010, 54-55). Fue ejecutado el 13 de mayo de 1939, junto a 18 personas más, en el Camp de la Bota de Barcelona.

La primera película argumental escogida por los anarquistas para el nuevo cine social que pretendían realizar durante la guerra fue Aurora de esperanza, obra de Antonio Sau Olite (Luceni, Zaragoza, 1910-Barcelona, 1988). Para Sau, supuso el debut tras las cámaras. En 1923, se había trasladado a Barcelona para trabajar como crítico en pequeñas cooperativas cinematográficas y como doblador. Al estallar la guerra se vio obligado a afiliarse al comité de cine de la CNT-FAI, predominante en aquel entonces, si se deseaba trabajar. Aurora de esperanza explica las vicisitudes de Juan, un obrero que se ha quedado sin empleo. En un principio, piensa que encontrará otro, pero pronto comprueba que no será así debido a la crisis que hay en el país. Desesperado, decide iniciar una «Marcha del Hambre» entre los parados y dirigirse al Parlamento de la capital como medida de protesta. Cuando se dirige allí, estalla la revolución en el país. Entonces, Juan decide, junto con sus compañeros, proseguir su marcha con diferentes armas, pero no se especifica el signo concreto de la causa que van a defender, solo que es a favor de los trabajadores. En la España de 1936, tal valor era propio de los partidos que integraban el Frente Popular, pero no era exclusivo de ellos porque también podía estarlo en otros antagónicos como, por ejemplo, la Falange, cuyo programa preconizaba este punto. Este tono inconcreto evitó que su director tuviera problemas graves con la justicia de Franco. Una vez concluida la contienda española, Sau fue detenido e ingresado en la cárcel Modelo de Barcelona el 13 de mayo de 1939. Se enfrentó a un Consejo de Guerra Sumarísimo de urgencia. Tras estudiar las pruebas y la declaración de los testimonios se le puso en libertad el 30 de junio. El propio director lo recordaba con las siguientes palabras cuarenta años después: «Otros que habían realizado películas para la CNT-FAI no les pasó nada… ni tampoco me ayudaron. Era comprensible, por el miedo que todos teníamos. Pero tras un proceso, en el cual pudieron analizar el contenido de Aurora…, fui liberado. Me salvó ese tono universal, inconcreto de país, etc., que se puede apreciar en la película. Sin embargo, gente de cine —antiguos compañeros cuyos nombres prefiero evitar— quisieron que no brillara mi nombre al regreso a la industria y dificultaron mi vocación de realizador» (CAPARRÓS LERA, 1981, 183-184).

Retrato de Francisco Carrasco de la Rubia, realizado por su hermano José, fusilado por los franquistas en Sevilla en octubre de 1936.

Fuente: Marta Carrasco

En definitiva, la carrera de Antonio Sau como director quedó truncada, pues quedó relegado como ayudante de dirección, a colaborar en guiones sin firmar y como jefe de producción. En 1947 pudo dirigir dos películas, Alma baturra y La gran barrera. Luego continuó como director de producción hasta que en 1965 se retiró del cine, para dedicarse a trabajar como importador de aparatos foto-cinematográficos.

Pedro Puche Lorenzo (Yecla, Murcia, 1887-Barcelona, 1958) fue un autor polifacético. Estudió Magisterio y se licenció en Derecho. Se dedicó desde muy joven a escribir piezas teatrales y letras de canciones. En esta faceta, fue el autor de la letra de algunos cuplés conocidos, destacando Nena —popularizado en los años veinte por la cupletista Pilar Alonso y rescatado en la película El último cuplé (1957), interpretado por Sara Montiel—. Más adelante, fue director y dialoguista de doblajes para el cine y, en 1932, se instaló definitivamente en la Ciudad Condal para dirigir los estudios Trilla-La Riva, al tiempo que colaboró en filmes de la época. Debutó como director cinematográfico con No me mates (Los misterios del Barrio Chino), de 1935.

Estallada la guerra, Puche aceptó realizar Barrios Bajos para la CNT-FAI por necesidades económicas. El rodaje se llevó a cabo entre enero y febrero de 1937. El argumento expone cómo un joven abogado, que ha asesinado al amante de su mujer, se refugia en el barrio chino, alrededor del muelle. Allí conoce a dos personas: un antiguo cliente suyo, «el Valencia», a quien había defendido en un juicio, y Rosa, de la que se enamora, que trabaja como camarera en una taberna, pero que es acosada para ejercer la prostitución. Se puede criticar la simplista visión que ofrece de un determinado mundo criminal y mafioso de una gran ciudad así como el carácter de folletín de la trama, pero también es cierta la denuncia de la explotación sexual femenina, contemplada como una lacra de la sociedad burguesa.

Con posterioridad a Barrios Bajos, Puche dirigió otro film de ficción para el sindicato anarquista: La última (1937), un cortometraje que denunciaba el alcoholismo. El mensaje es claro: la necesidad de sobriedad es imprescindible en una guerra para estar alerta ante cualquier incursión del enemigo.

En un principio, Pedro Puche pudo continuar su carrera cinematográfica durante los primeros años del franquismo. En 1939 dirigió Manolenka. Dos años después crearía Producciones Cinematográficas Ritmo y realizó los largometrajes Una conquista difícil (1941) y Mi adorable secretaria (1942). El 16 de diciembre de 1944, siendo director de la casa de doblaje de películas Acustic, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo lo acusa de pertenecer a la logia masónica Liberación de Barcelona. Inicialmente es condenado, el 19 de septiembre de 1945, a doce años y un día de reclusión menor e inhabilitación absoluta perpetua al probar que había ingresado en la logia en julio de 1925 y que, aunque había sido dado de baja en febrero de 1927 por falta de asistencia y de pago, no había presentado la retractación ordenada por la Ley de Represión de la Masonería de 1940, lo que constituía delito. Y todo ello a pesar de su arrepentimiento, a pesar de no haber pertenecido a ningún partido político durante la guerra y a pesar de haber favorecido a personas de derechas. A la espera de una revisión, está bajo prisión atenuada en su domicilio y con la obligación de presentarse los días 10, 20 y 30 de cada mes al jefe superior de la Policía de Barcelona. El 22 de noviembre de 1946, el Consejo de Ministros conmuta la pena y queda reducida a la inhabilitación y separación de cargos públicos[2]. Luego continuó en el mundo del doblaje y fue el primer director de Parlo Films. Su hijo, Miguel Ángel Puche, fue el director gerente de La Voz de España.

Fuente: Centre d’Investigacions Film-Història

La producción cinematográfica española durante el franquismo

La producción cinematográfica española durante el franquismo

Por razones obvias, las películas españolas producidas entre el final de la guerra civil y la muerte del general Franco que tienen como tema el conflicto bélico, nos ofrecen una única visión del mismo: la de los vencedores. Son escasísimos los films en los que se rinde tributo a los perdedores, y estas obras cinematográficas se produjeron a partir de los años sesenta, cuando el franquismo había pasado de ser un estado totalitario —antes y durante la segunda guerra mundial— a ser «solo» una dictadura, a partir de la Guerra Fría.

Acabada la guerra española, los dos principales organismos cinematográficos eran el Departamento Nacional de Cinematografía —creado en 1938 y dependiente de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda del Ministerio del Interior— y la Subcomisión Reguladora de la Cinematografía —fundada en 1939, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio—. Mientras que la subcomisión tenía competencias económicas sobre la importación y la producción de películas, el departamento tenía funciones en la concesión de los permisos de filmación y en la censura. Si en noviembre de 1937 ya se había creado una Junta Superior de Censura, un año más tarde se establecieron unas normas de censura cinematográfica. Las autoridades franquistas tenían presente la gran influencia que el cinematógrafo tenía en el pensamiento y en la educación de las personas. La política cinematográfica que se aplicó fue proteccionista con una doble finalidad: hacerlo competitivo dentro del propio país y ser utilizado como instrumento de control para mejor desarrollo de un cine completamente dirigido. En mayo de 1943 se creó una Comisión de Clasificación que determinó la categoría de las películas.

Finalizada la guerra, el régimen franquista impuso una fuerte censura que también afectó al ámbito cinematográfico. Por ejemplo, el 15 de marzo de 1939, dos semanas antes que concluyera la contienda, la oficina de censura de cine de Barcelona suprimió de la película Sopa de ganso (Leo McCarey, 1933), protagonizada por los hermanos Marx, una parte del canto de guerra antes de iniciar la batalla, debido a la guasa con la que se tomaban sus intérpretes las acciones bélicas. Fueron prohibidos filmes extranjeros que mostraban la militancia republicana de sus protagonistas, como es el caso de Por quién doblan las campanas (Sam Wood, 1943), o alterados sus diálogos. El ejemplo más paradigmático sería Casablanca (Michael Curtiz, 1943). El protagonista de esta mítica obra, Rick —papel interpretado por Humphrey Bogart— regenta durante la segunda guerra mundial un café en esta población del Marruecos francés. En un momento determinado, Rick reconoce que, como fiel seguidor de las causas perdidas, combatió junto a los republicanos en el conflicto español. Esta alusión fue suprimida por la censura franquista cuando la película se estrenó en España, en 1946: Rick pasó a ser un combatiente contra la anexión nazi de Austria, en 1938.

Los responsables cinematográficos de la España franquista eran partidarios de que el cine, además de entretener y ser un negocio —es un espectáculo y una industria, respectivamente—, debía ser un arma política.

Frente de Madrid (1939)

Frente de Madrid (1939)

Edgar Neville (Madrid, 1899-1967), conde de Berlanga del Duero, fue una persona muy polifacética: escritor, autor teatral, director de cine, pintor, diplomático… Tras licenciarse en Derecho, se incorporó a la carrera diplomática y desempeñó el cargo de cónsul de España en Los Ángeles (1929). Así fue como empezó a trabajar en los estudios de Hollywood, donde escribió los diálogos de las versiones españolas de las películas de la Metro-Goldwyn-Mayer. Como director de cine debutó con el mediometraje Yo quiero que me lleven a Hollywood (1931). Dirigió uno de los mejores filmes realizados durante la Segunda República, La señorita Trévelez (1935).

El inicio de la guerra civil española le sorprendió fuera de España y regresó a Madrid para trabajar en el Ministerio de Estado. Allí vivirá en primera persona los desmanes revolucionarios, que están a punto de provocarle la muerte por proteger a personas conservadoras. Fue enviado a la embajada de Londres como primer secretario, en septiembre, pero para aquel entonces estaba ya desengañado con la Segunda República y realizó una actividad de espionaje y quintacolumnista al servicio de la España nacional. Edgar Neville no era un auténtico franquista, sino un bon vivant conservador que sabía que iba a vivir mejor con Franco que con el Frente Popular.

Fue expulsado por el gobierno republicano al trascender sus contactos con el bando franquista a finales de 1936. Ello no le libró, sin embargo, de ser depurado por la Junta de Burgos (por tres votos contra dos) cuando se pasó a la España nacional. Entre sus cargos estaba su afiliación en los años treinta a la Izquierda Republicana de Manuel Azaña. El escritor apeló, en primer lugar, al testimonio de intelectuales y políticos inequívocamente afectos al régimen franquista. El propio Neville reconoció sus errores y se arrepintió de ellos ante el tribunal que lo juzgó en 1938. Asimismo, admitió que durante el trágico verano de 1936 no solo había ocultado en su casa y en el último piso del Ministerio de Estado a perseguidos de los republicanos, sino que había hecho correr bulos que favorecían los intereses de los sublevados. Finalmente, el tribunal decidió, por unanimidad, reintegrarlo a la carrera diplomática en situación de disponibilidad. Esto quería decir que no fue admitido directamente al servicio. No lo consiguió hasta julio de 1940.

Para demostrar su comunión con la causa franquista, Neville se afilió a Falange Española, más por interés que por afinidades ideológicas. Se incorporó voluntario al Ejército de Franco y participó en los servicios de propaganda, para los que rodó tres documentales para el Departamento Nacional de Cinematografía: La Ciudad Universitaria (1938), Juventudes de España (1938) y ¡Vivan los hombres libres! (1939). Fue uno de los creadores, junto a Antonio Lara «Tono» y Miguel Mihura, del semanario de humor La ametralladora (1938).

Publicidad de la versión italiana de Frente de Madrid.

Fuente: Centre d’Investigacions Film-Història

Durante la contienda española escribió cinco novelas cortas de guerra, tres de ellas aparecieron publicadas en la revista falangista Vértice, reunidas posteriormente por Espasa en el libro Frente de Madrid (1941). En Italia se editaron en la revista Nuova Antologia, pocos días antes de terminar el conflicto español, y fue un éxito. Neville recibió un telegrama de Film Bassoli, llamándolo a Roma para tratar de su compra y adaptación al cine. Tras alcanzar un acuerdo económico, regresó a España para contratar el reparto mayoritariamente español. La compañera sentimental de Edgar Neville, Conchita Montes, debutó en el cine con un papel de protagonista. El equipo técnico fue italiano y existieron dos montadores: Sara Ontañón para la versión española y Fernando Tropea para la italiana, ya que entre ambas hay algunas diferencias debido a la actuación de dos actores en el papel masculino: Rafael Rivelles en la copia española y Fosco Giachetti en la italiana. Los exteriores se rodaron en Madrid y alrededores, mientras que los interiores en los estudios Cinecittà de Roma. El film se estrenó en Italia, con el título Carmen fra i rossi, tres meses antes que en España y Film Bassoli se encargó de producir al año siguiente Sin novedad en el Alcázar. Asimismo, Frente de Madrid se exhibió en Alemania con el título In der roten Hölle.

El mismo Neville, a la vez que rodaba la versión española, se encargó de dirigir la versión italiana. Salvo el protagonista masculino, los actores fueron los mismos en ambas. En la trama se narra la odisea de un joven falangista, Javier, que recibe la orden de cruzar las líneas enemigas para entregar un mensaje a la resistencia, que vive en la capital española. Su novia, que trabaja de cerillera en un cabaré frecuentado por republicanos, pasa información al bando nacional hasta que es descubierta. Por otra parte, él es herido cuando intenta regresar con los suyos. Se refugia en un hoyo, provocado por un obús y situado en tierra de nadie. En él coincide con un miliciano republicano también herido. Pese a que los dos intentan ayudarse, finalmente fallecen.

La fraternización final de la película provocó algunas reacciones contrarias. El propio Neville lo recordó así: «La hice lleno del entusiasmo que teníamos todos en abril del 39 y la traje a Madrid con la mayor ingenuidad; comencé a encontrar tropiezos, pegas, a tener que cortar esto y aquello y a descubrir que la vida en el frente no era, por lo visto, como la recordábamos los que la habíamos vivido, sino como querían que fuese gentes que no se habían asomado a él. Se estrenó, sin embargo, y tuvo mucho éxito. Algunos críticos no regatearon del todo mis méritos. Pero afortunadamente fue un éxito de Conchita, que sin oficio ni experiencia realizó una buenísima interpretación» (GÓMEZ SANTOS, 1969, 358-359).

La censura española autorizó Frente de Madrid —estrenada el 23 de marzo de 1940 en Madrid—, pero con una serie de modificaciones que afectaban sobre todo a la supresión y el cambio de diálogos en la escena final de la confraternización entre los enemigos, según la documentación conservada en el Archivo General de la Administración (AGA). La metáfora sobre la idea de la reconciliación nacional era prematura en un momento en que el régimen practicaba la más feroz represión política contra sus enemigos en la guerra civil. Esta escena reflejaba la crueldad de una contienda que enfrenta a compatriotas. Un crítico de la época calificó el film de «cinta muy discutible, inadmisible para todos aquellos que conocieron de cerca el calvario de sufrimientos del Madrid rojo» (MÉNDEZ-LEITE, 1941, 86). Tal como señaló su compañera sentimental Conchita Montes, a Edgar Neville «no le iban el “Imperio”, la “Santidad”, las “Gestas heroicas”, las “Gualdrapas” de aquella época. Su extraordinario sentido del humor hubiera convertido las gualdrapas en unos visillos o cortinas de casa burguesa cursi» (cit. PÉREZ PERUCHA, 1982, 17). La trayectoria y el posicionamiento de Edgar Neville es acertadamente descrito por el historiador e investigador Rafael de España al afirmar que aunque este escritor y director había militado con absoluta convicción en las filas nacionales, mostrando su vinculación en films de propaganda, pronto su trasfondo aristocrático y su sólida formación cultural «detectaron la vulgaridad y estrechez de miras que caracterizaban al nuevo régimen, y le hicieron renunciar a cualquier tipo de maniobras destinadas a ganarse las simpatías de las autoridades» (ESPAÑA, 1993, 47).

Sin novedad en el Alcázar (1940)

Sin novedad en el Alcázar (1940)

L’assedio dell’Alcazar es una coproducción entre Italia y España —estrenada en nuestro país como Sin novedad en el Alcázar el 28 de octubre de 1940 en Madrid—, dirigida por el italiano Augusto Genina (Roma, Italia, 1892-1957), que recuerda uno de los episodios más mitificado y explotado por el franquismo: el asedio que sufrió la Academia de Infantería entre el 22 de julio y el 28 de septiembre de 1936.

Genina debutó como director en 1912 y, en sus tres primeros años de carrera, trabajó a un ritmo frenético y realizó veinte filmes. Hasta 1927 había dirigido 57, la mayoría eran dramas históricos, productos de consumo de la época. En la década de los veinte emigró a Alemania, donde hizo películas de considerable éxito y crítica. Cuando regresó a su país estaba en la cima.

El coronel José Moscardó no tiene en Sin novedad en el Alcázar un papel protagonista sino secundario. Moscardó, director de la Escuela de Educación Física de Toledo, declaró el estado de guerra ante la sublevación contra el gobierno republicano y, ante la imposibilidad de dominar la ciudad, se retiró al Alcázar y algunos edificios cercanos, donde se encerró con unos mil doscientos cincuenta hombres, quinientas mujeres, cincuenta niños y unos cincuenta rehenes. En el film se reproduce cómo el 23 de julio, un republicano —el abogado de Toledo Cándido Cabello— telefoneó al coronel para comunicarle que si el Alcázar no se rendía en diez minutos fusilaría a su hijo Luis. El padre llegó a hablar con su hijo y le dijo que encomendara su alma a Dios. Luego replicó al republicano que el periodo de gracia no era necesario. Sin embargo, Luis Moscardó no fue fusilado hasta un mes más tarde —aspecto no señalado en el film—, como represalia por un bombardeo aéreo. Este hecho provoca que la historia parezca muy dramática. De todas formas, se convirtió en leyenda en la España franquista.

El general Moscardó conversando con Augusto Genina.

Fuente: Centre d’Investigacions Film-Història

Pero, volviendo a la obra cinematográfica de Genina, la visión que se ofrece de los milicianos solo es comparable a la de unos salvajes, ya que, por ejemplo, disparan durante una tregua y matan al novio de una de las protagonistas. El film se basa en la dicotomía: el orden y la disciplina de los martirizados y asediados, contra la anarquía y el caos de los indisciplinados y tiránicos anarquistas. En cambio, los militares republicanos se muestran con más dignidad, como es el caso del comandante Vicente Rojo, antiguo profesor de la academia, el mediador enviado por el gobierno de Largo Caballero, que prometió transmitir la petición de enviar un sacerdote, quien dio la absolución a los sitiados y a los familiares como personas condenadas a morir. Lo que no se cita es el destino de los aproximadamente cincuenta rehenes que se llevaron consigo los defensores al principio, y es de suponer que casi todos tuvieron un trágico final. Otro elemento que no coincide con la realidad es que se obvia la presencia de tropas moras en el Ejército nacional. Además, estas llegan de forma pacífica al Alcázar. La verdad fue muy diferente, ya que estuvo presidida por la violencia y la venganza. El teniente Noël Fitzpatrick, antiguo miembro del Ejército inglés que se enroló en la Legión española y participó en la conquista del Alcázar, escribió que, en represalia por el hallazgo de los cuerpos mutilados de dos aviadores del bando nacional en los alrededores de Toledo, no se hicieron prisioneros al entrar en la ciudad y que por la calle principal corría la sangre hacia las puertas de la población (cit. THOMAS, 1979, 308-309). De hecho, no se permitió la entrada de los corresponsales de guerra hasta unos días después. Dos sucesos sangrientos fueron el fusilamiento de más de cien enfermos sobre sus propias camas en el Hospital Tavera y la ejecución en el cementerio municipal de alrededor de una veintena de embarazadas que fueron extraídas de la maternidad toledana.

El film finaliza con la llegada del general Enrique Varela al interior de un Alcázar semidestruido y con la célebre frase que el coronel Moscardó le dijo a modo de informe: «Sin novedad en el Alcázar, mi general».

Los diálogos de la versión española fueron obra de Fernando Fernández de Córdoba, actor de cine, que se convirtió en la «voz» de los franquistas en Radio Nacional de España. Los asesores militares fueron los tenientes coroneles José Carvajal Arrieta y Ricardo Villalba Rubio. Fernández de Córdoba y Carvajal llegaron a entrevistarse con Benito Mussolini durante una visita del Duce a los estudios Cinecittà en Roma[3]. La película tuvo un presupuesto de siete millones y medio de liras, una cifra muy elevada para la época. Los interiores fueron rodados en los estudios Cinecittà de la capital italiana, mientras que los exteriores en Toledo y en las ruinas del Alcázar, ya que por aquel entonces todavía no estaba reconstruido. Las secuencias de los bombardeos se realizaron a partir de maquetas, con exteriores en la ciudad manchega. El resultado es un film épico que exalta la hazaña franquista a partir de las tragedias personales de unos cuantos personajes seleccionados. El mismo Augusto Genina afirmó que su propósito al dirigir este film era «exaltar el heroísmo español ante el mundo»[4]. Incluso el propio Genina comparaba su obra con El acorazado Potemkin (Sergei M. Eisenstein, 1925), pensando que el film de Eisenstein «turbó las masas, desviándolas de su justo camino», mientras que su película «servirá para afianzar en ellas los nobles ideales de la revolución e indicar, especialmente a los jóvenes, el camino a seguir. Patria, familia y religión operan el milagro del Alcázar. ¡Ojalá que las nuevas generaciones españolas comprendan que en este nuevo trinomio se basan la prosperidad, el porvenir y la grandeza de sus destinos futuros!»[5].

L’assedio dell’Alcazar obtuvo la Copa Mussolini en la Mostra de Venecia de 1940 y se exhibió en Alemania con el título Alkazar. La obra cinematográfica ofrece la imagen de que el Alcázar fue prácticamente bombardeado y cañoneado de forma continua desde el inicio de la guerra, cuando la realidad es que fue intermitente y mal coordinado por parte republicana. La intensidad solo comenzó tres semanas antes de que llegaran las tropas franquistas. La decisión de minar los muros desde fuera no se tomó hasta mediados de septiembre, cuando el general Franco estaba a punto de enviar a sus tropas sobre la ciudad.

Se realizaron dos versiones diferentes de la película, en italiano y en español, con los mismos actores. Cada plano fue rodado dos veces, con los diálogos en estos idiomas, para después ser doblados, ya que la cinta fue rodada sin sonido directo.

Hasta hace unos años solo existía la versión remontada que se exhibió comercialmente en ambos países en la década de los sesenta. En esta versión se recortaron casi quince minutos, se cambiaron diálogos e incluso la cabecera y desapareció el negativo original. Por fortuna, el negativo español fue localizado en Italia junto con la banda sonora a partir de un duplicado negativo y una copia ya positivada en 16 mm. Los herederos del productor cedieron los derechos a la Filmoteca Española para que hiciera una restauración.

En la copia de 1940 existían unos rótulos iniciales que eran triunfalistas, ya que indicaban que «este film se propone hacer revivir en la pantalla el sublime heroísmo de los defensores del Alcázar de Toledo. Todos los episodios que componen la revocación de la gloriosa epopeya y todos los personajes que en ella aparecen, desde el ilustre Jefe del Alcázar al más humilde combatiente, se han inspirado en testimonios y documentos de absoluta autenticidad histórica». En cambio, en la versión de los años sesenta no era tan beligerante. Como ejemplo, se podía leer que «con este film no se pretende defender ninguna idea política, sino simplemente la exaltación máxima del heroísmo humano, común a todas las naciones». Asimismo, en la versión de la década de los sesenta desapareció el anuncio del asesinato de Calvo Sotelo, así como las personas que se reunieron en el cementerio y que juraron ante Dios vengar su muerte y salvar a España, mientras realizan el saludo fascista. En definitiva, todos estos cambios y cortes eran para acomodarlos a las circunstancias políticas de los nuevos tiempos.

El crucero Baleares (1941)

El crucero Baleares (1941)

Enrique del Campo (México, 1902-Madrid, 1947), actor y director mexicano afincado en España, fue la persona que dirigió El crucero Baleares. El hundimiento del Baleares, una de las mejores unidades de la flota nacional, se produjo en la madrugada del 6 de marzo de 1938, cuando fue alcanzado por tres torpedos republicanos frente a la costa de Cartagena y en pocas horas se hundió. Los muertos pasaron de seiscientos, entre ellos, el contraalmirante Manuel Vierna, el jefe del Estado Mayor Gabriel Fernández de Bobadilla y el comandante del navío Isidro Fontela, más la mayor parte de jefes y oficiales. Dos buques ingleses acudieron en su socorro y consiguieron salvar a más de cuatrocientos náufragos El hundimiento de una unidad tan importante supuso para la República un triunfo moral, aunque no decisivo porque no les proporcionaría el control del mar Mediterráneo.

Con esta película se pretendía continuar con la tendencia del cine de gestas franquistas si nos atenemos a las declaraciones de Emilio P. D. de Argüelles, director general en España de Radio Films —filial de la estadounidense RKO Radio Pictures—: «Conceptuábamos que el crucero Baleares es el sublime episodio naval de la Cruzada española, equivalente al que para el Ejército de Tierra es el Alcázar de Toledo». Asimismo, destacaba el apoyo dado por las autoridades porque «en todos los organismos del Estado hemos hallado plena facilidad. Se ha llegado incluso a movilizar la Escuadra y se nos ha facilitado asesores navales para nuestro trabajo»[6].

Portada y contraportada del programa de mano.

Fuente: Centre d’Investigacions Film-Història

Todo juicio actual sobre esta película es muy difícil porque, como se comentará posteriormente, se ordenó la destrucción de su negativo así como de sus copias de explotación. Según Carlos Fernández Cuenca, el film arranca con el estallido de la guerra en un navío en el que la mayoría de sus miembros mata a casi todos los hombres que se muestran contrarios a la República. Algunos de los supervivientes se pasan a la zona nacional y son destinados a otro crucero. A partir de este instante se mezclan dos historias: las gestas del nuevo crucero y la relación de amor entre unos marineros y sus novias. A pesar de sus proezas, el destino le tiene preparado un trágico final al crucero, porque una noche es alcanzado por el enemigo. Mientras se hunde, su tripulación muestra la disciplina militante ya que «los marinos formados en cubierta y con las gorras en alto, cantan el Cara al Sol» (FERNÁNDEZ CUENCA, 1972, 800).

La película contó con la ayuda del Ministerio de Marina, que prestó diversas unidades de su flota, pero cuando fue proyectada —dos días antes de su estreno— ante las autoridades de la Armada, estas ordenaron su inmediata retirada del mercado y no se llegó a estrenar comercialmente, pese a su anuncio para el día 12 de abril en el cine Avenida de Madrid. Los motivos por los que se prohibió su exhibición comercial no se hicieron públicos. El anteriormente citado Carlos Fernández Cuenca baraja diferentes posibilidades: «Para unos, la baja calidad del film había defraudado a las autoridades de la Marina; para otros, no estaban reflejados con la dignidad debida las costumbres y los principios de la escuadra; para algunos había excesivo ambiente de frivolidad en la acción cinematográfica; para los demás, la tragedia del Baleares era un hecho demasiado reciente y que precisaba de mayor perspectiva para ser tratado en debida forma» (FERNÁNDEZ CUENCA, 1972, 556). Para el historiador Juan Antonio Cabero, «sin duda las autoridades de Marina no conceptuaron esta producción a la altura que el episodio requería» (CABERO, 1949, 452).

El crítico A. Mas-Guindal de Primer Plano apuntaba en un artículo los motivos sobre su prohibición: «Las películas que llevan un título tan glorioso y de tanta trascendencia como el de El crucero Baleares están obligadas a una talla que no siempre se consigue. La gesta histórica del Baleares ha sido llevada a la pantalla mezclada con una historia de amor como elemento ameno de la cinta. La película ha resuelto muchas cosas difíciles, pero ha descuidado la construcción del asunto, la natural claridad requerida que se presta a los confusionismos. Varía los escenarios y emplea el mar consiguiendo buenos efectos parciales. Posiblemente se ha querido hacer un argumento al estilo norteamericano, y este deseo es la causa de no dar un tono dramático intenso y del empleo de personajes cómicos»[7].

El historiador Juan Antonio Martínez-Bretón realizó un riguroso estudio, consultando la documentación conservada en su día en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (MARTÍNEZ-BRETÓN, 1995, 137-154). El rodaje se inició a finales de octubre de 1940 y duró hasta febrero del año siguiente, dos meses más de lo previsto inicialmente. Los interiores se rodaron en los Estudios Ballesteros, mientras que los exteriores en Galicia, Cádiz, San Fernando, Barcelona y Cartagena. El presupuesto inicial fue de ochocientas mil pesetas, que al final resultaron alrededor de tres millones. Podemos comprobar que las previsiones iniciales, tanto de rodaje como presupuestario, se superaron con creces. El 9 de abril de 1941 la Junta de censura la autorizó para todos los públicos. La productora preparó un lanzamiento espectacular, ya que se iba a proyectar en 48 cines de las más importantes ciudades españolas; un aspecto que estaba al alcance de muy pocas obras cinematográficas. Todos los esfuerzos económicos y materiales no tuvieron recompensa tras la prohibición. Enrique del Campo escribió una carta, fechada el 9 de mayo, a Manuel Augusto García Viñolas —responsable del Departamento Nacional de Cinematografía— en la que indica que transmita al Ministerio de la Marina su predisposición a realizar las modificaciones que hiciera falta. 19 días después, el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada desestima la instancia. En 1948, Radio Films solicita a la Dirección General de Cinematografía y Teatro que se aclare la situación legal de la película para, dado el caso, darla de baja a fines fiscales. Esta demanda fue aprobada.

Como consecuencia de todo este lío, junto con el incidente de Rojo y negro (1942) que se comentará en su momento, se reorganizaron los organismos de censura en noviembre de 1942 y se instaba a que «ninguna autoridad podrá suspender por motivos de censura la proyección de una película debidamente aprobada por la Comisión Nacional de Censura Cinematográfica».

Escuadrilla (1941)

Escuadrilla (1941)

Esta película supuso el debut en el mundo del largometraje de ficción de Antonio Fernández Román (Orense, 1911-Madrid, 1989), tras una etapa como crítico y documentalista, iniciada en 1934 con Canto de emigración. Era una persona con inquietudes culturales. El historiador Pepe Coira explica que un día en una tertulia se comentaba el gran éxito de la película heroica Sin novedad en el Alcázar, estrenada en Madrid en octubre de 1940. Uno de los contertulios, Adolfo Arenaza, conocedor de la afición cinematográfica de Román le preguntó si no tenía un guion similar. La respuesta fue que sí. Se trataba de una historia escrita con su amigo José González de Ubieta. Arenaza, un empresario con diversas actividades, entre ellas la productora Hércules Films, se animó a llevar a la pantalla dicho proyecto. Debido a la inexperiencia de Román con las películas de ficción —por ejemplo, no tenía experiencia en la dirección de actores— se le propuso un supervisor. Eligió a un viejo conocido suyo, José Luis Sáenz de Heredia, un veterano en el medio (COIRA, 2004, 44-47). Ambos están considerados representantes del cine épico de la causa franquista. Son los autores del guion de Raza (Sáenz de Heredia, 1941), mientras que Román dirigirá Boda en el infierno (1942), films de los que se hablará en sus correspondientes entradas.

Con motivo del éxito de la película se editó una novela con fotos del film.

Fuente: Centre d’Investigacions Film-Història

Escuadrilla, estrenada el 23 de octubre de 1940 en Madrid, exaltó el heroísmo del bando franquista durante la guerra. Comienza con una escena de grandes bombardeos realizados por los aviones de la España de Franco y en los que toman parte algunos de los protagonistas del film. El capitán Pablo Campos es nombrado jefe de una escuadrilla de caza. Un amigo suyo, el teniente Miguel Alarcón, solicita el traslado a esa unidad. El grupo de aviadores se halla situado en un cortijo, propiedad de don Enrique que acoge a los jóvenes con mucho cariño. Este tiene una hija (Ana María) estudiando en Londres, pero su padre la reclama que venga a vivir con él. Al hablar de ella la llama «su niña» por lo que los aviadores piensan que es menor de edad. Su sorpresa es grande cuando comprueban que es una mujer guapa. Tanto el teniente como el capitán se enamoran de ella, por lo que aparece la rivalidad entre ellos, ya que ninguno quiere ser el perdedor. Además, la joven en un principio se muestra indiferente y despreocupada con la situación bélica que existe en el país, por lo que los dos hombres le harán tomar conciencia de los intereses que defienden los franquistas.

Un día, el teniente escucha una conversación del capitán hablando con otra persona y solicitando que, en caso de peligro, haga todo lo posible por salvar a Elena y Miguel. Este cree que Elena es la novia o la mujer del capitán. Por esta razón, le recrimina su conducta de que esté enamorado de Ana María. Pablo intenta darle una explicación, pero Miguel no solo no lo escucha sino que se separa de él con un gran disgusto. Esta situación provoca odios y rencores entre ellos que incluso repercuten en sus misiones. El teniente no obedece las órdenes de su superior y se precipita con gran temeridad y desprecio a la vida entre el enemigo. Con su comportamiento compromete a todo el grupo, que tiene que hacer grandes esfuerzos para salvar a su compañero. Todos ellos se quejan amargamente de esta situación, pero él continúa con su actitud hasta que cae prisionero. El capitán, al descubrir que Ana María está realmente enamorada del teniente, en un acto de heroísmo se adentra en territorio republicano. Consigue salvarlo de una ejecución, pero fallece sin poder regresar. Poco antes ha confesado a su amigo que aquella Elena es su hermana. El teniente Alarcón reconoce su error y se reconcilia con Ana María y siempre tendrá presente a su querido compañero.

Hemos podido comprobar que en el argumento aparece la habitual historia sentimental. La protagonista, en un primer momento, se muestra indiferente a la causa nacional y, después, se convertirá en una firme partidaria gracias al amor que siente por un teniente, papel interpretado por Alfredo Mayo. Precisamente, Mayo fue uno de los galanes de las pantallas españolas, en las que encarnó, en diversas ocasiones, a un heroico militar franquista. Llegó a ser uno de los actores mejor pagados del cine español, pues llegó a cobrar cien mil pesetas por película cuando el sueldo anual de un capitán general, para hacer una comparación, era de treinta mil pesetas durante la inmediata posguerra. La película recuerda a films americanos en los que se mezclan sabiamente la aventura y el romanticismo como, por ejemplo, Los tres lanceros bengalíes (Henry Hathaway, 1935) o Beau Geste (William A. Wellman, 1939).

Oficialmente, el rodaje tuvo lugar entre febrero y septiembre de 1941 en los estudios cinematográficos Roptence de Madrid. Contó con el asesoramiento militar del teniente José Ruiz Jiménez. Algunas de las imágenes de los combates aéreos pertenecían originalmente a documentales rodados con anterioridad, mientras que en otras se utilizaron transparencias de gran tamaño, aspecto bastante novedoso para la industria cinematográfica española[8].

Fue examinada por la Comisión de Censura Cinematográfica el 2 de octubre de 1941 y fue aprobada sin cortes y autorizada «incluso para menores de 14 años». Hércules Films se encargó de la distribución. La sesión de estreno fue a beneficio del Colegio de Huérfanos de la Aviación. Obtuvo el segundo premio a la mejor película del Sindicato Nacional del Espectáculo, una forma de sopesar el apoyo oficial a unas películas u otras, y recibió por ello doscientas cincuenta mil pesetas. Uno de los problemas con los que se encontró el franquismo fue la falta de capital para producir cine. A partir de 1941, el sistema de protección y fomento de la producción cinematográfica quedará de la siguiente forma: permisos de importación, fondo económico y cuota de pantalla. El fondo de protección se basa en las licencias de importación y en las licencias de doblaje que pagaban las películas foráneas al llegar a España y obtener el permiso para exhibirse en nuestras pantallas. Las autoridades facilitan «el 52 % del capital que manejan los productores: un 40 % a fondo perdido por medio de los permisos, premios, ayudas a los guiones y becas y un 12 % a devolver por medio de los créditos». La cuota de pantalla establecía una semana de cine español por cada seis de extranjero. Este elemento debería «contribuir a que las productoras ganasen en taquilla otro 38 % de los ingresos, mientras el 10 % restante provendría de la exportación» (DÍEZ PUERTAS, 2002, 84).

Tanto la crítica como el público aplaudieron Escuadrilla, por lo que su director alcanzó un prestigio que muy pocos obtenían con su primera película de ficción. Este no hizo más que aumentar con su siguiente proyecto, Boda en el infierno. Escuadrilla fue reestrenada durante las décadas de los años cincuenta y sesenta en programas dobles.

Porque te vi llorar (1941)

Porque te vi llorar (1941)

Mientras estudiaba la carrera de Derecho, Juan de Orduña (Madrid, 19001974) empezó a trabajar como actor, debutando en el teatro en 1923 y un año después en el cine. Aunque dirigió su primera película en 1927, Una aventura de cine, no fue hasta después de la guerra civil española cuando empezó su fructífera carrera. La primera de estas obras cinematográficas fue Porque te vi llorar, en la que desempeñó los tres papeles principales de un equipo técnico: dirección, producción y guion. Para tal fin creó Producciones Orduña Films, realizando cuatro películas más para ella. En 1956, fundó Juan de Orduña Productor Cinematográfico.

En esta película se introduce el tema de la violación de una mujer, María Victoria, descendiente de una familia noble, por un minero republicano de Asturias el 18 de julio de 1936 en Castralto. Ese mismo día, iba a tener lugar una fiesta, ya que su novio, José Ignacio, iba a pedirle la mano. Él será asesinado y ella ultrajada y embarazada. Una vez ha tenido a su hijo vive con resignación su situación. Una noche es sorprendida en su habitación por un hombre. Al sobresalto, él responde que va en busca de su hijo. A partir de entonces, ella vivirá angustiada y decide tomar una decisión. Pretende marchar donde nadie la conozca, pero antes quiere que alguien le dé nombre y apellidos a su hijo a cambio de dinero. El elegido es José, un electricista, sobre quien caen sospechas que pudiera haber sido el violador. Además, es quien penetró por el balcón. Una vez casados, él recibe cien mil pesetas y lo ingresa en un banco a nombre del niño. Envía el resguardo a su mujer, quien queda asombrada ante esta actitud. María Victoria decide ausentarse del hogar, solicitando permiso a su marido. Él accede con la condición de que antes vaya a su casa para que su madre conozca al pequeño. La visita es muy grata, por lo que decide volver en más ocasiones y va retrasando así su partida. Una vez se apodera de la documentación de José y descubre que es mutilado y que el 18 de julio estaba en Oviedo, al lado de las tropas que combatían contra la República. Sorprendida, le pregunta el motivo por el que se hizo pasar por el padre y él responde «Porque te vi llorar». A partir de este instante, ambos vivirán juntos.

Como se puede comprobar, el argumento de este melodrama está lleno de sentimentalismo lacrimógeno. El historiador Román Gubern cree que la violación de una mujer honesta por un miliciano se puede interpretar como una alegoría de la violación de España por los revolucionarios; mientras que el final feliz entre la mujer de origen noble y el trabajador vehiculaba la consigna fascista de reconciliación de las clases sociales antagónicas, eliminando automáticamente todas las contradicciones sociales (GUBERN, 1986, 92-93).

En la obra cinematográfica, estrenada el 18 de diciembre de 1941 en Madrid, se acentúa la resignación católica y cómo obtiene su recompensa. Una vez es madre, María Victoria encuentra refugio y sosiego en un templo rezando a la Madre de Dios. Un día observa cómo se ilumina la corona de la imagen y cree que es un milagro. Se va sin percibir que el origen de la iluminación es fruto del trabajo de José, su futuro marido y salvador, que está arreglando las luces que decoran la parte superior de la Virgen.

Cartel de la película.

Fuente: Centre d’Investigacions Film-Història

Según el propio Orduña, su obra «era como todas las películas de la época: muy sentimental, mirando mucho a lo comercial, muy a propósito con la situación en la que vivíamos; aunque lo más inteligente hubiera sido no tocar la guerra para nada, en mi film se tocaba, pero sin molestar a nadie» (CASTRO, 1974, 292).

La película estaba basada en una obra de teatro. Juan de Orduña compró los derechos y encargó a Ricardo Gil Álvarez, el futuro director de El hombre que se quiso matar (1941), que hiciera una primera adaptación. Este solicitó, el 3 de marzo de 1941, la aprobación del guion a la Censura de Cinematografía de la Dirección General de Propaganda del Ministerio de Gobernación. Este organismo concedió el permiso el día 7 por ser la adaptación al cine de una obra de teatro autorizada el 27 de julio de 1939. De Orduña, de todas formas, no quedó muy satisfecho con este trabajo, porque decidió reescribir el guion cinematográfico junto a Santiago de la Escalera. Según la documentación conservada en el Archivo de la Administración, tres son los cambios introducidos. El primero es la muerte de Ignacio. En el argumento redactado por Gil no es asesinado durante la guerra. Cuando descubre que su prometida está en estado huye, aunque posteriormente quiere casarse con ella. María Victoria no accede, aduciendo que no desea aceptar un sacrificio que espontáneamente no salió de su corazón. La segunda modificación es convertir a José en mutilado de guerra. El tercero y último es que ambos se casarán una vez se descubra esta condición.

Oficialmente, el rodaje empezó el 12 de agosto y finalizó el 4 de octubre de 1941 en los estudios Roptence de Madrid con un presupuesto de quinientas mil pesetas. El 2 de diciembre, la película se presentó a la Comisión de Censura, que tres días más tarde aprobó sin cortes el film, autorizándolo únicamente para mayores de 14 años.

El éxito de Porque te vi llorar provocó que Vicente Casanova —el propietario de Cifesa (Compañía Industrial Film Español S. A.), la principal empresa cinematográfica de la España de la posguerra— contratara a De Orduña para realizar diversas películas en la década de los cuarenta y principio de los cincuenta.

La Delegación Nacional de Cinematografía autorizó, en agosto de 1943, a Cifesa la exportación a Rumanía de esta película junto con otras nueve, entre las que estaba El frente de los suspiros (1942) del propio Juan de Orduña. Las otras fueron principalmente comedias y dramas: Rumbo al Cairo, Es mi hombre (ambas dirigidas por Benito Perojo en 1935), Alma de Dios (Ignacio F. Iquino, 1941), La condesa María (Gonzalo P. Delgrás, 1942), El hombre que se quiso matar (Rafael Gil, 1942) y Los ladrones somos gente honrada, El pobre rico y La culpa del otro (estas tres por Iquino en 1942). Recordemos que, por aquel entonces, Rumanía estaba bajo la influencia de la Alemania nazi.

Juan de Orduña dirigió otros dos films en 1942 para Cifesa ambientados en parte en la guerra civil: ¡¡A mí la Legión!! y El frente de los suspiros. El primero narra la amistad entre dos legionarios: un veterano con pasado borrascoso —Alfredo Mayo— y un príncipe heredero de un país europeo. Cuando el segundo regrese a su país para cumplir con sus deberes de monarca, su compañero cae en una depresión. Tanto le encuentra a faltar que abandona el ejército y se va a aquel país, donde salvará a su amigo de un atentado llevado a cabo por unos revolucionarios. Tras producirse la sublevación militar en España, ambos deciden cumplir con su deber: servir a la patria combatiendo en el bando franquista. La productora del film comunicó al general José Millán Astray —organizador en la década de los veinte de la Legión en España— la realización de esta película, «el cual manifestó de la manera más efusiva su sincero entusiasmo»[9]. En El frente de los suspiros, la trama gira en torno a un asesinato, cuyo motivo tarda en esclarecerse. La acción se desarrolla en la guerra, aunque esta aparece de fondo. El protagonista vuelve a ser Mayo junto a Pastora Peña.

Raza (1941)

Raza (1941)

El argumento de Raza está basado en una novela original escrita por el general Francisco Franco bajo el seudónimo de Jaime de Andrade: Raza. Anecdotario para el guion de una película. La familia de Francisco Franco era descendiente por parte materna de los gallegos condes de Andrade. Se gestó entre finales de 1940 y principios de 1941. El film narra la historia de una familia gallega, los Churruca, desde 1898 hasta 1939. Pedro Churruca (Julio Rey de las Heras) es un capitán de la Marina que fallece en combate durante la guerra de independencia de Cuba. Con el paso de los años, sus cuatro hijos ya adultos seguirán caminos diferentes, sobre todo durante la guerra civil española.

Cuando Franco adoptó la decisión de convertir en película su novela se acordaron una serie de medidas. El film fue producido por el Consejo de la Hispanidad, organismo estatal autónomo creado por Ley el 2 de noviembre de 1940 y adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la secretaría de Estado para el fomento de la cooperación cultural, económica y científico-técnico entre España e Iberoamérica. De esta manera, los recursos del Estado estaban a disposición del film. Se efectuó un examen entre los directores más importantes del cine español que consistió en escribir los primeros cien planos de la obra escrita por el dictador, sin que conocieran la verdadera personalidad de su autor. Franco eligió personalmente a José Luis Sáenz de Heredia (Madrid, 1911-1992), primo hermano del fundador de la Falange.

Cartel del film con motivo de su estreno.

Fuente: Centre d’Investigacions Film-Història

Carlos Fernández Cuenca aporta los siguientes datos en torno a su realización, a raíz de su estreno: el rodaje duró 109 días —del 5 de agosto al 22 de noviembre de 1941—, de los cuales 34 en exteriores —Villagarcía, Barcelona y en Madrid y sus alrededores—; se construyeron cincuenta decorados; el coste de la película fue de un millón seiscientas cincuenta mil pesetas; se confeccionaron quinientos trajes para las escenas de época y cien más para los personajes femeninos contemporáneos, e intervinieron 35 actores principales, cincuenta secundarios y unos mil quinientos extras[10]. Días antes de su estreno, se proyectó en el Palacio de El Pardo y obtuvo el beneplácito de Franco. Su director lo recordó con estas palabras: «La vimos Franco y yo delante, y su señora y demás gente, detrás; yo le observaba de reojo, y con la luz de la pantalla veía que estaba emocionado y con los ojos húmedos, y muy atento, lo que me alegraba mucho, porque era señal de que iba muy bien. Al concluir me dijo exactamente esto: “Muy bien, Sáenz de Heredia, usted ha cumplido”» (CASTRO, 1974, 370).

El film se proyectó en Alemania, Italia, Portugal y en algunos países de Hispanoamérica como, por ejemplo, Argentina. Asimismo, según un documento conservado en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, se exhibió a los soldados de la División Azul enviados a la Unión Soviética para luchar contra el comunismo y algunos fragmentos fueron visionados por el papa Pío XII. Según una carta del embajador en la Santa Sede, José de Yanguas —fechada el 9 de mayo de 1942 y dirigida al ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer—, el pontífice «quedó altamente complacido por el alto espíritu que la informa, a pesar de que solo presenció las escenas de más alta emoción religiosa». Eso sí, Pío XII expresó «su deseo de que no se le dé publicidad por tratarse de un caso excepcional» (CRUSELLS, 2011, 265).

En España, estrenada el 5 de enero de 1942 en Madrid, la crítica se mostró casi unánime en sus elogios. Obtuvo el premio a la mejor película otorgado por el Sindicato Nacional del Espectáculo.

La obra cinematográfica contiene ciertos rasgos biográficos de Franco. Citaré solamente un par de transposiciones biográficas. El protagonista de la película, a pesar de la tradición naval familiar, no ingresa en la Armada sino en el Ejército de Tierra. Asimismo, tiene un hermano republicano e izquierdista, como Ramón Franco, pero que al final se redimirá. El historiador Román Gubern estableció una serie de hipótesis psicoanalíticas en el libro Raza: un ensueño del general Franco (1977).

Casi una década después del estreno de Raza se realizó una segunda versión. Según José Luis Sáenz de Heredia, la razón fue la siguiente: «Para el envío a la Argentina en aquel momento [1950], se pidió por los empresarios argentinos, o por sus clientes en la Argentina, que en vez de poner el título original, se pusiera ese otro: Espíritu de una Raza. A lo que no sé por qué —no fue mi propósito— se accedió. Y luego, se conoce que, a la vuelta de la Argentina, hubo aquí (en España) un reprise en el que se reestrenó, efectivamente, con ese título, que no me parece adecuado, ni tampoco las mutilaciones que a la película se le hicieron. Pero, claro, eran para servir…, eran otros momentos» (CASTRO, 1974, 177). Las mutilaciones a las que hace referencia Sáenz de Heredia son los diez minutos que se suprimieron y las transformaciones de muchos de los diálogos. Las escenas que desaparecieron fueron cortadas en las salas de montaje de NO-DO. El historiador cinematográfico Ferran Alberich añade que «no se sabe de quién partió la iniciativa de modificar la película y estrenarla de nuevo, lo que sí sabemos es que la operación corrió a cargo de los nuevos responsables de la propaganda cinematográfica, los dirigentes de NO-DO»[11].

Ninguna copia de la versión original, Raza, fue exhibida desde 1950. En 1993, la Filmoteca Española localizó una copia de nitrato de Raza que procedía de un cine ambulante que la había proyectado sin interrupción, por lo que su estado era muy malo. De todas formas, se pudo comprobar la importancia de los cambios entre la versión de 1941 y la de 1950. Entonces se inició la búsqueda de la primera versión en los países en que se había proyectado. Afortunadamente, en 1995 se halló el negativo íntegro de Raza en la Filmoteca de Berlín, procedente de los archivos de la UFA que habían permanecido en la antigua República Democrática Alemana, lo que posibilitó la comparación de las dos versiones y el estudio exhaustivo de las modificaciones introducidas en Espíritu de una Raza. No solo se produjeron cambios en la banda sonora entre ambas versiones, sino que también hubo cortes de imagen. Por lo que se refiere a las principales modificaciones visuales que se detectan en Espíritu de una Raza se eliminan las alusiones a la intervención de los Estados Unidos en el conflicto en la parte que transcurre en la guerra de Cuba. De la acción que nos sitúa entre 1936 y 1939 desaparecen todas las referencias falangistas: los saludos fascistas, los «¡Arriba España!», una jota dedicada a Falange que se canta en una trinchera, y faltan imágenes de archivo de aviones bombardeando Bilbao, así como los planos del retrato de José Antonio y de los obreros colocando el de Franco en las calles de Madrid tras la entrada de las tropas nacionales. Además, en Espíritu de una Raza aparece, después de los títulos de créditos iniciales, un rótulo —que no se incluía en Raza— en el que se culpabiliza al comunismo de todas las desgracias acontecidas en la película: «La historia que vais a presenciar no es un producto de la imaginación. Es historia pura, veraz y casi universal, que puede vivir cualquier pueblo que no se resigne a perecer en las catástrofes que el comunismo provoca».

La duración total de Raza es de cien minutos aproximadamente, mientras que en Espíritu de una Raza es de noventa. Recordemos que en 1950 la ONU levantó su condena al régimen de Franco, lo que después conllevaría el ingreso paulatino en organismos internacionales —la FAO (1950), la OMS (1951) y la UNESCO (1952)— que culminó con la entrada en la Organización de Naciones Unidas con pleno derecho (1955). Ante este cambio, la imagen que el régimen de Franco quiso dar también se transformó para conseguir el reconocimiento de las democracias occidentales. Esta operación de metamorfosis afectó, en mayor o menor grado, a todos los sectores, entre ellos el cine. Dentro de estos esfuerzos hay que situar el nuevo montaje de Raza que se estrenó en 1950 con un nuevo título, Espíritu de una Raza. En ambas versiones se explica la versión oficial de la guerra civil española, o sea, desde la óptica de los vencedores. La diferencia entre ambas versiones es que nos muestra el viraje del gobierno: de la apuesta falangista al acomodo de la Guerra Fría.

Boda en el infierno (1942)

Boda en el infierno (1942)

Tras el enorme éxito de Escuadrilla, Antonio Román se jugaba su prestigio con su siguiente realización. La génesis del mismo nació tras leer la novela anticomunista Sucedió en un puerto ruso. Consiguió la financiación a través de su amigo Adolfo Arenaza, propietario de Hércules Films, empresa que había distribuido la primera película de Román. En esta ocasión, volvió a contar con los actores José Nieto y Manolo Morán. En el equipo técnico destacaban varias personas de origen extranjero, pero afincadas en España desde hacía un tiempo, como el italiano Giovanni Doria o el austriaco Heinrich Gärtner, quienes habían castellanizado sus nombres, mientras que entre los artistas estaban la brasileña Conchita Montenegro y el portugués Tony D’Algy. Asimismo, el coguionista y ayudante a la producción, Pedro de Juan, había nacido en Inglaterra. Antonio Román inició con este último una amistad y relación laboral que duró muchos años.

El rodaje tuvo lugar entre el 13 de febrero y el 29 de mayo de 1942, oficialmente. La filmación de interiores se hizo en los estudios Roptence de Madrid, mientras que los exteriores fueron en los alrededores de dicha ciudad y en el puerto de Barcelona con un presupuesto previsto de millón y medio de pesetas.

La trama es la siguiente: en 1935, Blanca, hija del último embajador del zar en España, mata a un comisario soviético cuando este intenta violarla. Para huir del país, convence al capitán de un petrolero español anclado en Odessa para fingir que son un matrimonio. Ambos huyen de la Unión Soviética. Durante el viaje en tren hacia París, conocen a Ricardo, hombre aficionado a la danza, que al notar en ella una predisposición para este arte le propone ayudarla. Poco tiempo después, Carlos regresa a España, mientras que Blanca debutará como bailarina y alcanzará el éxito. En 1936, coincide con el capitán durante una actuación en Madrid. El amor surge entre ellos y hace que él abandone a la novia española con la que iba a casarse, Mari-Lis. De todas formas, Carlos y Blanca deciden tomarse un tiempo de reflexión y reunirse en septiembre en San Sebastián. Cuando estalla la guerra civil, Mari-Lis es detenida y encarcelada, mientras todos sus familiares son asesinados. El inicio de la contienda bélica coincide con el regreso del barco del capitán de la Unión Soviética a Barcelona. Este, al enterarse de que esta ciudad está en poder de los republicanos, ordena cambiar el rumbo hacia Tetuán, pero para conseguirlo debe sofocar la sublevación de la tropa. En septiembre, conforme lo habían convenido, Carlos y Blanca se encuentran en San Sebastián y le cuenta la situación de Mari-Lis. Aprovechando su condición de extranjera, Blanca se ofrece a pasar a la zona republicana y consigue liberarla tras una serie de estratagemas. En Hendaya se encuentran todos y vuelven a la España franquista el capitán con su novia, mientras la bailarina vuelve a París para reanudar sus triunfos.

Programa de mano.

Fuente: Centre d’Investigacions Film-Història

Según la documentación conservada en el AGA, en el argumento presentado el 11 de noviembre de 1941 se indicaba que la pareja protagonista se divorciaría al año. Este aspecto no debió de ser del agrado de las autoridades franquistas, porque en el guion definitivo presentado a la Comisión de Censura, el 29 de mayo de 1942, consta que firman un acta de matrimonio falsa, por lo que la boda no era legal.

En la película había bastantes aspectos difíciles de creer. Uno de ellos es cómo Blanca conoce y seduce al responsable de la checa donde está la prisionera y consigue que le deje a esta como doncella, alegando que en Rusia durante la revolución estas cosas se solían hacer. A continuación, aprovechando una ambulancia de la Cruz Roja, llegan a la frontera sin ningún tipo de problemas.

La escena cumbre de Boda en el infierno, por su heroicidad, es cuando el capitán Carlos Ocharán lucha bravamente para sofocar la rebelión de sus subordinados, cuando estalla la guerra, y es herido. Los marineros son partidarios de la República, mientras que los oficiales no. Una vez en territorio de la España nacional, es felicitado por las autoridades, como no podía ser de otra manera, y su petrolero se pone al servicio de la Armada. Las escenas marítimas fueron rodadas en Barcelona. Al respecto, el director recordaba, pocos meses más tarde, cómo un crítico le reprochó que en unas escenas de una nave «la cámara, con una panorámica, ha pretendido imitar el movimiento de un barco que, en realidad, no se mueve». Según Román, la cámara estaba en tierra, sólidamente instalada, el barco marchaba a varias millas, mientras se filmaba con un teleobjetivo[12].

En diversos momentos de la película aparece la dualidad entre dos mundos opuestos. En el comunista todo es gris e incluso los obreros parecen unos seres mecanizados al estilo de Metrópolis (Fritz Lang, 1926). En cambio, la alegría y la diversión aparecen en los otros países. Asimismo, el aspecto de Blanca es deplorable en la acción que transcurre en la Unión Soviética, mientras que luce una belleza radiante una vez ha huido del país de los sóviets.

Una semana más tarde de haber finalizado el rodaje, de forma oficial, y haber obtenido el permiso por parte de la censura, se hizo un preestreno a beneficio de la División Azul. Debido al trabajo laborioso de posproducción (montaje, doblaje, sincronización, etc.) y a la precariedad de medios de la industria cinematográfica española, se hizo en un tiempo récord. También existe la posibilidad de que esta primera versión no estuviera del todo pulida y se acabara de hacer cuando se estrenó en Madrid el 5 de junio de 1942. La razón por la que se exhibió con tanta prisa fue poder entrar en la selección de los galardones del Sindicato Nacional del Espectáculo de la temporada 1941-1942, que concluía el primero de julio de este último año. Tal como apunta Pepe Coira, si se permitió participar fue debido a la flexibilidad de las autoridades franquistas y más con una película con un mensaje ideológico tan afín. Compartió el primer premio, dotado con cuatrocientas mil pesetas, con Raza (COIRA, 2004, 57).

Al igual que sucedió con Escuadrilla, la prensa especializada elogió Boda en el infierno. Por ejemplo, un periódico almeriense publicaba la siguiente crítica en la que tras alabar la técnica depurada así como las características psicológicas de los personajes y la verosimilitud de la trama, señalaba «las magníficas posibilidades y los claros horizontes que se abren a nuestra cinematografía nacional, apartada ya por completo de los viejos tópicos y discurriendo por cauces propios, por su propia cuenta y sin extrañas influencias. Entre otros detalles de cine bien logrado resalta el desarrollo magnífico de la idea inicial, que tiende a darnos a conocer un tema sobre el que se han debatido —y nunca la cuestión se agota ni deforma— la cinematografía y la literatura de otras naciones»[13]. En definitiva, una película sumamente representativa del cine español de aquellos años en el que se ensalzaba el llamado «Alzamiento militar» contra la Segunda República. El preestreno ante la División Azul sería un excelente ejemplo para estimular a la tropa que iba a luchar contra la Rusia comunista. Recordemos que por aquel entonces las potencias nazi-fascistas reinaban en gran parte de Europa y España había pasado de la neutralidad a la no beligerancia en la segunda guerra mundial. El film fue reestrenado en la década de los sesenta.

Rojo y negro (1942)

Rojo y negro (1942)

El argumento de esta película está estructurado en tres partes: «La mañana», «La tarde» y «La noche» y tiene como tema central la relación entre Luisa y Miguel. En la primera se muestra la relación de los dos protagonistas siendo niños. Ambos presencian un desfile de unos soldados que van a la guerra de África. Él se muestra pacifista, mientras que ella no. La segunda nos traslada a la época de la Segunda República. Él está afiliado al comunismo libertario y ella a la Falange. La última transcurre en el Madrid asediado de 1936. Ella colabora como quintacolumnista hasta que es descubierta. Detenida, es violada en una checa. Mientras, él es tildado por sus compañeros de blando por no ser partidario de asesinar a todos los burgueses. Cuando descubre lo que le ha sucedido a su amiga intenta salvarla, pero es demasiado tarde porque ya ha sido fusilada. Es entonces cuando Miguel ante el trágico final dispara contra una patrulla de milicianos. Estos responden de la misma forma causándole la muerte.

La estructura narrativa del film es clásica: planteamiento, nudo y desenlace. Carlos Arévalo (Madrid, 1906-1989) había estudiado escultura en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y ocupaba la cátedra de Escultura en la Escuela de Artes y Oficios de la capital española. Finalizada la guerra rodó varios cortometrajes. Su primer largometraje fue Harka (1941), una exaltación nacional ambientada en el Marruecos español. Según el expediente conservado en el AGA, bajo el número de registro 3611, el Departamento Nacional de Cinematografía autorizó el rodaje de Rojo y negro el 29 de septiembre de 1941. Este tuvo lugar entre el 10 de octubre y el 10 de mayo de 1942, oficialmente, y fue producido por CEPICSA (Compañía Española de Propaganda Industrial y Cinematográfica S. A). La Comisión de Censura aprobó el montaje el 20 de mayo y fue autorizada solo para mayores de 14 años. Cinco días más tarde fue estrenada, coincidiendo con el regreso de la primera expedición de la División Azul que luchaba en la Unión Soviética, desapareciendo de las pantallas tres semanas después.

La puesta en escena es buena, destacando el edificio donde está la checa, que es un decorado sin fachada de cinco plantas, construido a tamaño natural en los estudios Chamartín de Madrid. La cámara nos muestra, a través de una serie de movimientos de una grúa, la actividad de todo el edificio: las reuniones en las oficinas, los juicios celebrados en los despachos, la angustia de los presos en sus celdas, etc.

Se estrenó el 25 de mayo de 1942. La bibliografía especializada en el cine franquista recoge diversas hipótesis sobre la posible eliminación de esta obra cinematográfica de las pantallas españolas. Veamos algunos ejemplos. Román Gubern y Domènec Font señalan que se ordenó la retirada «de cartel y hasta de circulación, debido a protestas de jerarquías superiores, aunque no se dio ninguna explicación oficial» (GUBERN y FONT, 1974, 34). Para Emilio Sanz de Soto el motivo fue que las autoridades franquistas veían como poco ejemplar la amistad entre una falangista y un anarquista (SANZ DE SOTO, 1989, 167). En esta misma línea, Rosa Añover escribe que los problemas aparecieron al mostrar al protagonista «como una persona normal, capaz de enamorarse y de tener arranques heroicos. Admitir esto significaba tanto como reconocer que la guerra civil había sido una lucha entre personas de diferente ideología y no una contienda entre Dios y el diablo»[14]. Recordemos que el conflicto español había finalizado hacía solo tres años. Carlos F. Heredero indica que el film «respiraba quizás demasiada ambigüedad para el sector militar del régimen, que podía ver en ella un equívoco manifiesto falangista al estrenarse la película, precisamente, durante el mes en que arreciaban las presiones del ejército sobre Franco para contrarrestar el poder de Falange» (HEREDERO, 1996, 60). Alberto Elena opina que no hay pruebas de ninguna prohibición y que, por lo tanto, todas las hipótesis son posibles. Consultó la prensa de la época y comprobó que la inmensa mayoría de la crítica era favorable, por lo que se descarta una hostil reacción. Él sugiere que la propia productora podría haber retirado la película de la cartelera a causa de la conflictiva situación política vivida en 1942 con las tensiones entre falangistas y militares[15]. Recordemos que el llamado incidente de Begoña fue el desencadenante de una tragedia. El general José Enrique Varela, ministro del Ejército, fue objeto de un atentado, atribuido a falangistas, a la salida de un acto religioso celebrado en el santuario de la Virgen de Begoña (Bilbao), del que resultó ileso, el 16 de agosto de ese mismo año. Se celebraba el sexto aniversario de la toma de Tolosa, antigua capital foral de Guipúzcoa. Tras el suceso, los ministros del Ejército y de Gobernación actuaron por su cuenta y acusaron a unos falangistas. Un consejo de guerra condenará a muerte a dos de ellos y uno será finalmente indultado, el resto de procesados sufrirán diferentes penas de prisión. Franco aprovechará la ocasión para mantener controladas a las diferentes tendencias políticas, asumiendo personalmente la dirección de Falange y sustituyendo a los ministros de Gobernación, Asuntos Exteriores y del Ejército. Finalmente, José Lorenzo García Fernández, un estudioso del cine de la Falange, en un artículo publicado en el número 5 de la revista digital Rastro de la Historia (2001) afirmaba que los sucesos de Begoña «no estarían muy alejados del malestar generalizado por la marcha de la revolución pendiente [por parte de los falangistas]. La retirada, confinamiento y olvido del impecable film de Carlos Arévalo pudo ser el canto del cisne del falangismo más combativo, creativo y revolucionario»[16].

Ismael Merlo y Conchita Montenegro en una escena del film de Carlos Arévalo.

Fuente: Centre d’Investigacions Film-Història

Supervivientes de la época aportaron datos diferentes cuando fueron entrevistados por investigadores. Manuel Augusto García Viñolas, del Departamento Nacional de Cinematografía, alegó en 1996 no saber nada sobre una posible prohibición, manifestando que pensaba que su retirada de circulación tuvo que ver con alguna estrategia de la productora, sin poder precisar nada más al respecto (Secuencias. Revista de historia del cine, n.º 7, octubre de 1997). Arturo Marcos Tejedor, auxiliar de producción del film, manifestó en 2000 que había asistido al estreno en Madrid, donde había muchísimos militares con fervorosa pasión, pero a medida que avanzaba la proyección muchos se iban revolviendo en sus asientos. Al final, un coronel exclamó indignado: «¡Esto es intolerable!»[17]. La polémica continúa abierta. Tal como señala el historiador Vicente Sánchez Biosca, esta película «daba la cara al enemigo, lo trataba de analizar humanamente, aunque denunciaba sus errores ideológicos, penetrando en el corazón del Madrid sitiado» (SÁNCHEZ BIOSCA, 2006, 31).

La historiadora Rosa Añover pudo consultar el expediente de censura del guion de Rojo y negro antes de su misteriosa desaparición en el AGA. En el mismo se indicaba que se debía «cuidar mucho el decoro de algunas escenas, como el asesinato de Calvo Sotelo, un mitin falangista en un teatro (recuerdo del de la Comedia), las escenas del congreso y la cabalgata final de las figuras salientes de la historia de España»[18]. Se está refiriendo a la elipsis narrativa que resumen los motivos del alzamiento militar. En un momento determinado, aparecen dos planos con referencia a Falange. El primero es uno general de los asistentes a una reunión, el otro son los pasos de un orador —tal vez su fundador—, andando por un pasillo, mientras de fondo se escucha el Cara al Sol. Precisamente el autor de la banda sonora de la película es el mismo que el de la música del himno falangista.

Todos estos elementos permiten clasificar esta obra cinematográfica como un ejemplo de cine realizado desde una óptica falangista. Durante muchos años no se pudo visionar el film porque no existía ninguna copia. En 1993 apareció una que fue restaurada por la Filmoteca Española y se exhibió, con gran éxito, en un ciclo de cine de posguerra en 1996.

Conclusiones

Conclusiones

Finalizada la guerra civil española, la dictadura del general Francisco Franco, como cualquier estado totalitario, incorporó a su servicio todos los ámbitos de la vida cultural, aprovechando los canales de comunicación. Por esta razón, las autoridades franquistas consideraron el cine uno de los vehículos más efectivos para la propaganda política porque con él se podía adoctrinar a la población. Para ellos, era obvia la gran influencia que el cinematógrafo tenía en el pensamiento y en la educación de las personas, por lo que resultaba evidente que se tenía que controlar. En este sentido, tenía que primar más la producción de filmes, cuyo argumento estuviera más próximo al adoctrinamiento político que al entretenimiento. La diferencia entre ambos modelos es que el cine de adoctrinamiento pretendía recordar y legitimar la guerra civil a través de la exaltación militar, mientras que el de entretenimiento quería olvidar no solo la tragedia del conflicto bélico sino la dura posguerra. Entre 1939 y 1942, coincidiendo con el auge expansionista de las potencias nazi-fascistas se realizaron Frente de Madrid, El crucero Baleares, Escuadrilla, Porque te vi llorar, Raza, Boda en el infierno y Rojo y negro. Dos de estas películas —Frente de Madrid y Raza—, más otras dos —Romancero marroquí y Sin novedad en el Alcázar— estrenadas en la Alemania nazi, fueron prohibidas por las potencias vencedoras de la segunda guerra mundial en los antiguos territorios del Tercer Reich por transmitir un mensaje contrario al de la causa aliada (SHORT, 1996, 66-68). Coincidiendo con el declive de las potencias nazi-fascistas durante la segunda guerra mundial, no se produjo en España entre 1943 y 1945 ninguna película en la que el tema de la guerra fuera el eje principal.

Por otro lado, las nuevas autoridades gubernativas fueron las responsables de la organización de la represión de personas sospechosas de ser contrarias al régimen. Los ejecutores fueron las fuerzas militares y los civiles que las secundan, principalmente miembros de Falange y personas que delataban y/o declaraban en contra del detenido. En este capítulo se han expuesto tres ejemplos de represión practicada en Cataluña contra directores de cine con suerte bien distinta: juicio sumarísimo con el resultado de pena de muerte a Francisco Carrasco de la Rubia; juicio sumarísimo y puesta en libertad sin condena a Antonio Sau, y condena a doce años finalmente conmutada y reducida a la inhabilitación a Pedro Puche.

Bibliografía citada

Bibliografía citada

CABERO, Juan Antonio (1949): Historia de la cinematografía española (1896-1948). Madrid: Gráficas Cinema.

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HEREDERO, Carlos F. (1996): La pesadilla roja del general Franco. El discurso anticomunista en el cine español de la dictadura. San Sebastián: Festival Internacional de Cine.

MARTÍNEZ-BRETÓN, Juan Antonio (1995): «El crucero Baleares, un caso atípico de la censura franquista», en PÉREZ PERUCHA, Julio (coord.): De Dalí a Hitchcock. Los caminos del cine. A Coruña: Centro Galego de Artes da Imaxe y Asociación Española de Historiadores del Cine.

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SANZ DE SOTO, Emilio (1989): «1940-1950», en MARTÍNEZ TORRES, Augusto (ed.): Cine español (1896-1988). Madrid: Ministerio de Cultura.

SHORT, K. R. M. (ed.) (1996): Catalogue of Forbidden German Feature and Short Film Productions held in Zonal Film Archives of Film Section, Information Services Division, Control Comision for Germany. Londres: Flicks Books e Imperial War Museum.

THOMAS, Hugh (1979): La Guerra Civil española. Vol. 2. Madrid: Urbión.

Entre la ciencia y la conciencia: la universidad franquista (1939-1945)

ENTRE LA CIENCIA Y LA CONCIENCIA:

LA UNIVERSIDAD FRANQUISTA

(1939-1945)

Alberto CARRILLO-LINARES

Universidad de Sevilla

Introducción: la Universidad y el marco político

Introducción: la Universidad y el marco político

Una cuestión primera es determinante para comprender a la Universidad española nacida de la guerra civil: el peso abrumador de las cuestiones ideológicas de corte antiliberal, en su dimensión política y religiosa, que pretendía inundarlo todo. La institución que se reconstruye se concibió como una reacción a la representante del racionalismo y la Ilustración que confluyeron en el liberalismo decimonónico, pero también, política y filosóficamente, fue la negación de las corrientes antiliberales a su izquierda, representadas por los socialismos en cualquiera de sus diversas tradiciones, con su visión eminentemente materialista y rompedora y su intención transformadora. Reacción, por lo tanto, antiliberal, antidemocrática, antiizquierdista y ultracatólica que a veces parecía querer el regreso al siglo XVII, con un centralismo nacionalista ahora mucho más depurado. Desde esta perspectiva, a lo largo de los siglos XVIII y XIX se fue gestando la base cultural y política, intelectual en definitiva, en la que cristalizó la República, en realidad una forma política que encubría la negación de la esencia española.

Las siguientes páginas se centran en el ministerio de Ibáñez Martín (1939-1951), ministro de profundas convicciones católicas, del círculo de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) y vinculado a Acción Española. Con él se puede decir que se asientan las bases del nacionalcatolicismo, si bien es cierto que sus antecesores en la cartera prepararon el terreno: José María Pemán (presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, 1936-1938) y Pedro Sainz Rodríguez (ministro de Educación Nacional, 1938-1939[1]). El de Educación fue siempre durante toda la dictadura un ministerio en manos de católicos, propagandistas y opusdeístas y, justo en estos años, los falangistas, además del Ministerio de Trabajo, se hicieron con el de Justicia al frente del cual se situó Eduardo Aunós Pérez, antiguo ministro con Primo de Rivera, monárquico y falangista que procedía de Renovación Española.

Aunque con los años evolucionaría sensiblemente, sobre todo en los cincuenta y sesenta, la universidad que se diseña en 1939-1945 responde a cuestiones nacionales e internacionales. Nacionales en tanto que la institución, surgida de una guerra y puesta en marcha en circunstancias de posguerra —y no llegó la paz sino la Victoria—, tendría que ser el reflejo, y puntal al mismo tiempo, del Nuevo Estado, de su grandeza e ideario y aportar la base científica para su desarrollo. Internacionales porque el discurso en torno a ella contenía elementos belicosos, ultranacionalistas, imperialistas, totalitarios e intolerantes, propios del momento, que encajan con los referentes extranjeros más idealizados (Italia, Portugal, Alemania).

En los primeros años (1939-1943), las publicaciones y los discursos públicos fueron más agresivos; en los siguientes (1944-1949), se volvieron más suaves y propagandísticos, subrayándose las bondades del régimen, de cara al reconocimiento internacional que se ambicionaba. El ministro de Educación Nacional José Ibáñez Martín fue prolífero pronunciando discursos que, en ocasiones, fueron publicados en revistas o impresos en folletos. Su tarea propagandística es destacada y se ha conservado el material publicado de las diversas campañas. Este hecho nos suministra una fuente útil para adentrarnos en la concepción de la Nueva Universidad para la España que nacía con el Nuevo Estado que se armaba legalmente[2].

Se corresponde esta década con un viaje adaptativo clave para el franquismo: el que lo llevó desde la proximidad a las potencias del Eje (Alemania, Italia), con una retórica vehemente y el empleo de conceptos habituales en los discursos fascistas y de la derecha reaccionaria, a otra posición donde se procura atraer el calor de los países aliados en un contexto de Guerra Fría favorable para la dictadura, en el que se intentan mostrar los logros obtenidos (muchas veces, simples proyectos).

Los años que discurrieron entre 1939 y 1945 resultan sugerentes para evaluar las bases estructurales e ideológicas sobre las que se quería asentar el nuevo régimen. La complejidad de esta operación estribó en las diferentes capas de las que se conformaba el franquismo, con densidades culturales y materias primas muy diversas, en ocasiones antagónicas, como podía ser el caso de la Iglesia, los carlistas y falangistas, con proyectos para España no exactamente coincidentes. De hecho, aunque la presencia de la Iglesia siempre fue muy acusada en toda la dictadura, entre 1939 y 1944 parecía imponerse la retórica y estilos totalitarios en el sentido fascista. La diplomática y el lenguaje formal creo que pueden dar cuenta de ello. Un guiño a las potencias del Eje con las que la España de Franco se sentía (o decía sentirse) hermanada. Son los años más azules, donde es fácil encontrar, sin el más mínimo complejo o rubor, referencias laudatorias y glorificadoras a Hitler y la Alemania del Tercer Reich[3]. Conceptos como «total», «totalidad», «totalitario», etc., que se colaron con asiduidad en textos legales o educativos, con el paso de los años fueron desvaneciéndose[4].

Universidad de reacción y guerra

Universidad de reacción y guerra

Si hubo conceptos que desaparecieron, otros se mantuvieron tan obsesiva como estratégicamente durante todo el franquismo, como eran aquellos que tenían que ver con su origen, con las justificaciones de la guerra civil como reacción a la Segunda República. Por respuesta, la Nueva Universidad tendría que ser y representar la antípoda de la republicana. No habría márgenes de confusión. Se intentó fraguar un esqueleto con el que dar contenido al proyecto del Nuevo Estado —y de la Nueva Universidad— que se movía entre lo clerical y lo político y donde las principales instituciones de referencia sobre las que se elevaban los valores morales eran la Iglesia y el partido único, FETJONS, en esa mezcolanza particular que supuso el franquismo, que integraba además de a católicos y falangistas, a militares, carlistas, monárquicos juanistas, agraristas, opusdeístas, etc.

Para asegurar la pureza ideológica —política, religiosa y moral—, se vio necesaria la depuración y la separación del servicio de aquel personal docente que hubiera mostrado signos de heterodoxia, cuando no de abierta o tímida oposición, o, simplemente, hubiese mantenido una actitud neutra, lo que los colocaba en la sección de sospechosos. Había que transformar la universidad heredada de la República y eso afectaba al personal, pero también al funcionamiento de la institución, a los órganos colegiados y de representación, a los cargos académicos, a los planes de estudio, al contenido de las asignaturas, a la censura de los libros, a las políticas educativas, a la contratación del profesorado, a los sistemas de representación estudiantil, etc. Así pues, la nueva situación política debía quedar asegurada en la Universidad, lo que se pretendió lograr por medio de la designación de todos los cargos; por su parte, los rectores eran procuradores (natos) en Cortes. El centro educativo no solo debía formar profesionales, sino, principalmente, buenos ciudadanos españoles, identificados con los principios del Movimiento. En conclusión: las transformaciones operadas durante la República, casi todas del periodo republicano-socialista, fueron drásticamente modificadas.

Es conocido el empeño que la República puso en la cuestión educativa, sobre todo en la primaria y secundaria, tratando de cultivar los olvidados y yermos espacios rurales. Era, sin duda, una buena carta de presentación republicana que trató de neutralizar la dictadura franquista. Desacreditados los maestros y profesores republicanos por la mala influencia que pudieran ejercer sobre la infancia y juventud, también se trató de minusvalorar lo realizado en materia de personal docente, remuneraciones, infraestructuras, etc. En un alarde de medios propagandísticos, y más por necesidades publicitarias ante el nuevo panorama internacional, el ministro Ibáñez Martín publicaba un monumental libro, de gran calidad gráfica y tipográfica, sobre las realizaciones culturales a lo largo de su mandato, en el que se solían establecer como fechas para las comparaciones 1935 (bienio radical-cedista) y 1949, tratando de demostrar la enorme diferencia a favor de los diez primeros años del nuevo régimen, frente a la menguada acción republicana en cuestiones educativas y culturales[5]. En todos los frentes ganaba el franquismo: en inversiones en infraestructuras escolares (en los tres niveles), en bibliotecas, en «Misiones Pedagógicas» [sic], remuneraciones a los docentes, número de profesores adjuntos, catedráticos, porcentajes de titulados, colegios mayores, etc.

Desde el punto de vista del funcionamiento de la Universidad, hubo notables cambios respecto a los avances logrados a partir de 1931. El claustro, la junta de gobierno, las juntas de facultad, etc., una vez finalizada la contienda, dejaron de tener representantes elegidos de manera democrática. Desaparecieron prácticamente las mujeres de la mayoría de las aulas en las que habían entrado como docentes y dejaron de estar presentes en los órganos colegiados, en los que habían hecho su tímida aparición con la llegada de la República, en consonancia con lo que ocurría en el Parlamento nacional.

Tras la guerra, eliminada la democracia liberal («inorgánica») y sus valores disolventes, en la Universidad se debería implementar un sistema ajustado al nuevo orden. La guerra civil había sido la realidad necesaria y dolorosa para reconducir España, por los «pecados de la Razón» cometidos. La visión de la Historia estuvo filtrada por este tamiz: el movimiento ascendente, perdido dos siglos atrás, se recuperaría por el impulso actual de la Universidad. De este modo lo expresaba el catedrático de Derecho Civil de la Universidad Central, Federico de Castro, en la inauguración del curso 1939-1940, concebida como un verdadero acto fundacional del régimen militar, en el primer Año de la Victoria:

La función de la Universidad en el Nuevo Estado, que no ha de ser sino enlace con la rota tradición, redescubrimiento de los auténticos valores nacionales, en contraste y oposición con el caduco malvivir que se inicia en el siglo XVIII racionalista, para borrarse con la sangre purificadora de la reciente gesta[6].

El Estado franquista, que negaba la conciencia y el derecho individual, compartía plenamente con cualquier fascismo la estadolatría y su pretensión de estar presente en la totalidad de la vida de las personas, privada o pública, haciendo buena la consigna mussoliniana: «Todo en el Estado. Nada fuera del Estado». La educación era cosa del Estado y de las corporaciones tradicionales en materia educativa (Iglesia), que sí tendrían potestad. La necesaria centralización y el afán por estar presente en los diversos espacios se gestionó, entre otras formas, estableciendo un sistema de partido único, una representación vertical por designación, y garantizando la presencia de representantes (que de facto eran delegados del Gobierno-Estado) en los órganos correspondientes. La composición de las Cortes, a partir de la Ley del 17 de junio de 1942 que las regulaba, garantizó que los rectores —que eran elegidos por el gobierno— fueran representantes natos. De este modo, durante el franquismo, el cargo máximo de la Universidad, elegido desde el ministerio, fue un mero ejecutor mudo de las órdenes gubernamentales, no solo de naturaleza administrativa, sino que, además, era el máximo guardián y responsable de los valores políticos y religiosos en los campus universitarios.

Como es lógico pensar, durante la guerra civil, la Universidad no pudo funcionar con normalidad. El 5 de septiembre de 1936 se «militarizó» al suspenderse el inicio del nuevo curso e iniciarse la movilización obligatoria de los universitarios: estudiantes, profesores y personal administrativo fueron llevados al frente o a servir desde sus cátedras al Nuevo Estado (laboratorios, sanidad, etc.); en ocasiones, con la preparación de material bélico tradicional; en otras, para la guerra química, eufemísticamente llamada «antigas», en la que se contó con la colaboración alemana e italiana, cuyo material entraba por puertos seguros como el de Sevilla[7]. Pese a esta circunstancia militar que obligó a la parada académica, durante la guerra se organizaron algunos cursillos en la «zona liberada» «bajo la advocación del gran polígrafo español Menéndez Pelayo», que pasó a convertirse en el máximo referente intelectual en la España de Franco[8]. La función de estos cursillos no era otra que la de formar en la historia, los valores y la ciencia patria a las nuevas generaciones. Y así se explicaba:

En estos momentos en que la España Nacional va fraguando los cimientos de un nuevo Estado progresivo y tradicional, nada parece más apropiado que los esfuerzos del Profesorado universitario se inspiren en el sentido hispano de la fecunda y dilatada labor realizada por aquel insigne patriota […].

[El cursillo] versará sobre temas que tiendan a destacar el valor de la cultura tradicional, el de la ciencia española, según las enseñanzas del insigne Menéndez y Pelayo y el de la Historia Patria […].

Los programas de los cursos desarrollarán los temas siguientes: a) Temas relacionados con el Movimiento y sus aspectos jurídico, político, social, antecedentes etc. […] c) Historia de España. Puntos y temas fundamentales y singularidades de la Historia regional, pero de valor nacional. (Convendría intensificar las lecciones de Historia española en las ciudades de los distritos donde haya habido tendencias separatistas)[9].

Casi paralizada entre 1936 y 1939, para reordenar la Universidad se hubo de aprobar una batería de disposiciones legales que elevaron un esqueleto teórico, pero no solo de leyes estaba hecho el régimen. También de seres humanos y, antes que leyes, se necesitaban docentes para que la Universidad funcionara.

Depuraciones, represiones y exilios

Depuraciones, represiones y exilios

El marco intelectual en el que se implanta la Nueva Universidad, de raíz profundamente antiliberal, tuvo sus hondas consecuencias, pero destacaré una esencial de la que se podrían derivar muchas otras: desde el punto de vista intelectual y científico, la guerra y el triunfo del ejército franquista supusieron un grave retroceso en la ciencia y la cultura españolas. Por la pérdida de capital humano (muertes, depuraciones, carreras y vidas rotas, exilio, etc.), por el freno y la reorientación de las investigaciones y de los trabajos en curso y por el acoplamiento de la actividad científica a objetivos militares, religiosos y políticos.

Un buen número de los recientes estudios sobre la Universidad española de aquellos años han atendido preferentemente a las consecuencias nefandas que tuvo la guerra y la subsiguiente dictadura franquista, una línea que se ha consolidado en las últimas décadas con la efervescencia de la memoria histórica[10]. Trabajos como los coordinados por el profesor Otero Carvajal, las investigaciones de Jaume Claret, las de Carolina Rodríguez o Yolanda Blasco son buenos ejemplos[11]. En ese sentido, son bastantes ya las investigaciones que se han preocupado por los procesos depuradores (tanto en la enseñanza primaria, como en la secundaria y superior), por el exilio y sus devastadores efectos[12]. La conclusión de quienes han estudiado en profundidad la sustitución del personal docente es contundente:

La separación definitiva de la Universidad de catedráticos, auxiliares numerarios y profesores temporales […] destruyó el tejido científico que a lo largo del primer tercio del siglo XX había permitido el despegue de la ciencia en España y la renovación de la Universidad española […]. Se actuó sin piedad y con saña, sin importar el coste para la estructura científica del país[13].

La Universidad fue considerada, desde el primer momento de la guerra, un objetivo estratégico por conquistar. Ello se debía a que, entre los sublevados, se creía que en su seno se habían inspirado muchas de las ideas corrosivas de la verdadera España, difundidas a través de la educación a los más jóvenes. Además, desde La Gloriosa de 1868, el perfil intelectual de las revoluciones tenía que ver cada vez más con las influencias de corrientes extendidas entre universitarios, como el krausismo o el darwinismo. Y fueron notables los desplantes políticos de destacados profesores universitarios, como la fundación de la Institución Libre de Enseñanza (ILE); cuando no entraron directamente en la arena política en sus diferentes niveles y ámbitos de participación. A ellos se les fueron sumando los estudiantes, cada vez más politizados, que dinamizaron los espacios públicos y se posicionaron políticamente.

La Segunda República no fue ajena, todo lo contrario, a este fenómeno de creciente politización de la Universidad. A los pocos días de haber triunfado el levantamiento militar, el 11 de agosto de 1936, Gonzalo Queipo de Llano nombraba al nuevo rector de la Universidad de Sevilla, Mariano Mota Salado, una vez que presentó su dimisión el anterior, Francisco Candil Calvo. Aunque Candil tenía otro perfil, en el recuerdo de Queipo estaba, sin duda, la actuación estelar del anterior rector de la Hispalense, Estanislao del Campo, en el aborto del golpe militar de Sanjurjo iniciado en la ciudad de Sevilla el 10 de agosto de 1932, justo hacía cuatro años, cuando el máximo dignatario de la Universidad, militante del Partido Radical y vicepresidente de la Diputación, organizó y capitaneó el creado ad hoc Comité de Salud Pública para la defensa de la República, ante el secuestro de los máximos cargos civiles de la ciudad. De la mano de Del Campo había venido el impulso democratizador de la Universidad: elecciones, claustros, representación, etc.

La suerte de Francisco Candil Calvo fue muy diferente a la de otros rectores: depurado y separado del ejercicio docente, fue repuesto en su cátedra en 1940. No tuvieron tanta fortuna los rectores de Granada: Salvador Vila Hernández; Oviedo: Leopoldo García-Alas; o Valencia: Joan Peset Aleixandre, fusilados en 1936, 1937 y 1941 respectivamente. A ellos se sumaban decenas de profesores que si evitaron la muerte fue a costa de depuraciones y exilios. En la Universidad de Madrid, los tres últimos rectores republicanos (1931-1939) murieron en el exilio: José Giral Pereira, Fernando de los Ríos Urruti y José Gaos González de Pola. Había que hacer limpieza del cuerpo enfermo y degenerado, que precisaba de una intervención quirúrgica, algo que se explicaba con una retórica y metáforas de influencia regeneracionista.

En palabras del ministro del ramo, pronunciadas en la inauguración del curso académico de 1940-1941 en la Universidad de Valladolid, con la presencia de Franco:

Era así vital para nuestra cultura amputar con energía los miembros corrompidos, segar con golpes certeros e implacables de guadaña la maleza, limpiar y purificar los elementos nocivos. Si alguna depuración exigía minuciosidad y entereza para no doblegarse con generosos miramientos a consideraciones falsamente humanas, era la del Profesorado[14].

El proceso de depuración —que se abría con la solicitud del interesado para rehabilitarse en su puesto o de oficio— no tenía que concluir con un expediente, una sanción o la expulsión del cuerpo docente. El encausado debía declarar su fidelidad y adhesión a los principios del Movimiento y demostrar la rectitud de su conducta moral, política y religiosa, mediante certificados de buena actitud firmadas por el párroco, el alcalde, militares, falangistas, excombatientes, personas de prestigio, etc. Por lo demás, fue una práctica común en la zona republicana (el 27 de septiembre de 1936 se aprobaba por el gobierno de Francisco Largo Caballero una medida general para la depuración de funcionarios) y también la hubo en otros países[15]. En el ámbito educativo, el sector que más se vio afectado fue el de las enseñanzas primaria y secundaria (aproximadamente del 30 al 40 % del profesorado sufrió sanciones), aunque el de la superior no pudo zafarse[16].

Según propaganda oficial franquista ya referida sobre la gestión del Ministerio de Cultura en los diez años anteriores (1939-1949), en 1935 estaban dotadas 550 plazas de catedráticos y 440 de adjuntos; en 1949 ya eran 800 y 750 respectivamente[17]. Según los cálculos de Claret Miranda, más de 170 profesores universitarios fueron sancionados en primera instancia, a los que habría que sumar los muertos por actos de violencia política, los exiliados y represaliados por otras vías (económicas, etc.), los jubilados, etc. El escalafón de 1935 debió reducirse en más de un 50 % a principios de los años cuarenta[18]. Quizás algo más de un tercio marchó al exilio.

Para compensar el déficit —«rellenar los claros», en expresión poco afortunada del ministro Ibáñez— se multiplicó el número de cátedras que deberían ser ocupadas por afines al régimen, no sin dificultad a veces por la falta de candidatos con las mínimas garantías (profesionales, políticas y religiosas[19]). Resultado en cinco años:

Un nuevo y admirable plantel de cerca de dos centenares de Catedráticos jóvenes que ha llegado al servicio docente poseídos de una ilusión fervorosa para dar timbres de gloria a nuestro esfuerzo cultural y calidades cristianas y españolas al ejercicio de sus enseñanzas[20].

Es frecuente referirse a estas como las «cátedras patrióticas». Los candidatos con «méritos» políticos contaban con ventajas, pero pese a todo hubo sonados escándalos. En la Universidad de Madrid, el psiquiatra y militar Antonio Vallejo Nágera, pronazi, defensor de la «raza hispana», encargado de los Servicios Psiquiátricos del Ejército Nacional, que había tratado de demostrar la teoría del marxismo como enfermedad mental, no lo tuvo fácil para acceder a la cátedra, pese a que había estado impartiendo la materia desde hacía unos años y era un acólito y persona cercana a Carmen Polo. De hecho, no lo consiguió, tras varios intentos fallidos, hasta 1947, año en que desplazó a Juan José López Ibor, que también aspiraba a ella, estableciéndose así dos comunidades en el terreno de la psiquiatría bien diferenciadas y enfrentadas históricamente[21]. Fue el primer catedrático de la especialidad en España[22]. Los estudiantes de la Federación Universitaria Escolar (FUE) se quejaron del caso que fue muy comentado, con total seguridad por anómalo en el funcionamiento de la Universidad española de posguerra:

La FUE ha presenciado estos días dos inmoralidades más del Régimen. Es [sic] primero, esa oposición para conceder la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Madrid. Como en su día ha dicho nuestra Asociación de Estudiantes de Medicina, la historia de esas oposiciones es uno de los hechos más repugnantes del presente Estado falangista[23].

Y lo cierto es que el segundo gran problema que ponían los clandestinos de la FUE sobre los pupitres era el de las depuraciones, mostrando abiertamente sus referentes intelectuales, que miraban a la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), a los institucionalistas y su universo:

La ineptitud y el retraso de los intelectuales españoles data de antiguo y el proceso de regeneración y mejora iniciado por la INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA empezaba todavía a hacer decente y presentable la Universidad en 1936. Se había conseguido mucho, pero no podía hablarse aún en serio, de plenitud y madurez. ¿Cuál fue el efecto de la «Salvación de España» en lo que iba siendo ya una realidad espléndida? Retroceder treinta años de golpe. La Universidad había quedado vacía de sus elementos mejores; peor aún, de la misma savia y sol de vida nueva que con trabajo se le había ido inyectando en decenios verdaderamente gloriosos. […] Pero un estado fascista es autosuficiente. La menor desviación y disidencia ideológica, etc. ha servido para destituir, rebajar, trasladar vejatoriamente a rincones absurdos a científicos totalmente inofensivos[24].

Tampoco eran cuestiones ajenas al exilio, donde en México se creó la Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero (UPUEE), que contaba con un boletín propio. En la revista Las Españas, escribió en 1947 Mariano Ruiz Funes, catedrático de Derecho Penal, un artículo titulado «La corrupción en la Universidad española», sobre las depuraciones y la provisión de plazas en aquellos años, dando el dato de 214 plazas cubiertas entre octubre de 1940 y diciembre de 1944[25].

Sea como fuere, se garantizó la fidelidad, o el acatamiento silencioso, del personal docente a los valores del nacionalcatolicismo. Las depuraciones conseguían librarse de los profesores sospechosos o considerados culpables y dejaba el hueco libre para los que se hubieran identificado con el nuevo régimen. De este modo, la universidad se renovó en esos primeros años no con los mejores profesionalmente sino con los allegados. Se cubrieron vacantes y se proveyeron nuevas plazas para remozar por completo la plantilla del profesorado. Se necesitaba un Ejército para atender al frente intelectual y cultural del Nuevo Estado y dar validez y continuidad a lo conquistado en el terreno militar. El ministro lo expresó en 1942 de manera clara:

El régimen necesita una falange intelectual y docente. Falange apiñada, disciplinada. Fervorosamente nacional. A esta Falange se exige ante todo un deber de ciencia. Ciencia una, rendida a la verdad y al bien, concebida como servicio a Dios y a la Patria. […] La primera línea de deberes de la nueva aristocracia intelectual ha de figurar este imperativo de restaurar la lumbre de la ciencia hispana, so pena de delito de lesa Patria.

[…] Por eso, en gran parte, el instrumento más eficaz de la revolución espiritual española ha de ser el gran ejército de cincuenta mil maestros, verdadera legión apostólica[26]…

No solo habría un estricto control sobre el profesorado sino también sobre las materias enseñadas, así como sobre los libros y manuales de texto empleados. El contenido de las asignaturas debía estar en consonancia con el respeto a la moral católica y los principios fundamentales del Movimiento. Fue entonces (1942-1944) cuando hicieron su aparición las conocidas como las tres marías: las asignaturas obligatorias, durante los estudios universitarios, de Educación Física, Formación del Espíritu Nacional y Formación Religiosa: la primera impartida generalmente por militares, la segunda por personal de FETJONS y la tercera por un religioso. Acabaron por perder su virtualidad y prácticamente de existir más que sobre el papel convirtiéndose en asignaturas de aprobado general, al coste de la matrícula y del salario de un profesor. En el mundo estudiantil, desde entonces, es habitual el empleo de la expresión «asignaturas marías» para referirse a las más fáciles de aprobar.

En búsqueda de la juventud

En búsqueda de la juventud

Fue común el sonido del recuerdo de los estudiantes «caídos por Dios y por España», de la juventud que había derramado la sangre propia por España. Se le adjudicaba a la Universidad su parte de responsabilidad en lo ocurrido en el país, pero también se la señalaba por su aporte a la salvación del mismo. Esta se debió a varias circunstancias: la contribución humana de los universitarios en el seno del ejército nacional (frente y retaguardia), pero, sobre todo, en el moldeado del nuevo hombre identificado con los valores y la idiosincrasia española. En la juventud se encontraba la única garantía de futuro.

Muchos años más tarde, en 1963, Jesús López Medel, antiguo seuista de posguerra y capitán del cuerpo jurídico del Ejército del Aire, volvió sobre estas ideas, cuando se comenzaba a percibir la «pérdida de la juventud». Y este era el verdadero objetivo trascendente por el que competían varios perseguidores. Recordaba:

En la juventud de hoy hay mucho de lo que ocurra mañana. Si queremos o pretendemos que el azul español siga hermoso y bello, sepamos estar alertas a la [sic] nubes grises y traidoras que puedan convertirse en tormenta, y más si es tormenta de las que el comunismo prepara en el silencio de los muertos y en la conquista engañosa y torpe de la juventud.

[…] El timón de nuestra sociedad futura debe estar basado en un 18 de julio permanente. Es importante el heroísmo de unos y el testimonio de otros, pero en la continuidad deben contar con amplitud los que hoy acuden a la Universidad, levantada en sus muros y espíritu con sangre mártir. Ellos harán la posible o probable guerra total contra el comunismo[27].

En Sevilla, la Universidad editaba el Libro Áureo (1940), en el que se recogían y homenajeaban a 108 estudiantes muertos en la guerra. Junto a la foto se añadía una breve reseña biográfica de cada escolar. El prefacio, firmado por el rector Mota Salado, comenzaba:

La Universidad —Centro superior de cultura—, donde se incuban las inteligencias que regirán los futuros destinos de la Nación, ha debido vivir siempre apartada de toda influencia política, con el espíritu tradicional, sin contaminarse en las ideas disolventes.

[…] La Universidad fue foco de perturbación, de desorden y de escándalo; influencias extrañas contaminaron la vida académica, pero bien demostrado está que las virtudes raciales, el espíritu cristiano y caballeroso, estaban latentes, aunque parecieran dormidas por los narcóticos de las malas doctrinas.

[…] La Universidad tiene una idea clara de su misión y conoce sus deberes; los ha cumplido en la guerra, los cumplirá en la paz, con fe y entusiasmo. Además de ser el Centro de más alta cultura, será Escuela y Vivero de buenos ciudadanos»[28].

El franquismo en la Universidad necesitaba en 1939 inyectar disciplina y valores morales: la defensa de la religiosidad en los centros de enseñanza estaría garantizada por Ibáñez Martín; la disciplina y la transferencia de la savia política, más retórica que fáctica, se llevaría a cabo a través del Movimiento, el SEU y otras organizaciones que debían garantizar la pureza de los valores nacionales y católicos, estatales y confesionales, fundidos en una misma realidad institucional.

Se trataba de un fascismo especial, más bien de circunstancias, en el que el elemento católico estuvo siempre muy presente, algo recogido desde pronto por José Pemartín, que, en 1938, fue nombrado jefe del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media y había publicado un año antes una obra titulada Qué es «lo nuevo», donde explicaba la fusión entre lo político y lo religioso en la misma esencia de España, de ahí que su fascismo fuera «eminentemente católico». Resultaba la perfecta fusión de lo tradicional y lo moderno[29].

La importancia del componente religioso como premisa de Estado solo era comparable al de la vecina Portugal de Salazar y muy alejada en este sentido confesional de los modelos italiano y, sobre todo, alemán. En cualquier caso, la conciencia política y religiosa debía impregnar todo y a todos; lo que se enseñara y aprendiera en los centros escolares no pondría en cuestión los principios doctrinales sobre los que se fundaba el Nuevo Estado, todo lo contrario, vendrían a sancionarlo religiosa y científicamente. Dichos valores eran la luz y guía de la España reconquistada, convertida en reserva espiritual de Occidente.

El encuadramiento de los individuos

El encuadramiento de los individuos

Los estudiantes vieron cómo se eliminaban los procesos participativos, propios de las sociedades abiertas, para cercenarse la libertad asociativa e imponerse un sindicato estudiantil único, a imagen y semejanza del partido, el Sindicato Estudiantil Español (SEU), articulado verticalmente según la concepción clásica fascista, donde los cargos se elegían de arriba hacia abajo, por designación, en base a unas condiciones políticas (adscripción al Movimiento, excombatiente, etc.), que fueron cambiando con los años.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SEU (1937)

Fuente: Decreto del 21 de noviembre de 1937

Elaboración: Propia

En estos primeros años del franquismo, el proyecto de encuadramiento que se diseña para la juventud fue ambicioso. Ningún joven debía escapar a la presencia del Estado a través de las múltiples organizaciones existentes, pretendiendo la «unidad de las juventudes al servicio del Movimiento», según expresaba la Ley de 6 de diciembre de 1940, por la que se instituía el Frente de Juventudes, dependiente de FET-JONS. En el mundo universitario, la ley implicaba la adscripción de las Milicias Universitarias (creadas en marzo de 1941), a través del SEU, al Frente de Juventudes; con ello, el Ejército procuraba canalizar la formación técnica y profesional de los estudiantes o licenciados universitarios, al mundo castrense, otorgándoles ciertas ventajas en la realización del servicio militar obligatorio[30]. En la primera convocatoria (1942), las Armas más demandantes fueron Infantería e Ingenieros, que reclamaban estudiantes de ocho formaciones cada uno (Medicina, Farmacia, Derecho, Filosofía y Letras, Comercio, Aduanas, Odontología, Magisterio, Arquitectura, Ingenierías —Minas, Caminos, Montes—, Telecomunicación, Bellas Artes, Obras Públicas y Aparejadores). Todas cualificaciones muy útiles en la inmediata España de posguerra, aunque, en cualquier caso «teniendo presente que la finalidad perseguida —de la Milicia Universitaria— es la de transformar rápidamente los jóvenes en soldados»[31]. De hecho, el escudo de las Milicias Universitarias estaba formado por la imagen del SEU (cisne alado, sobre damero con el yugo y las cinco flechas), con otra imagen superpuesta en representación de la correspondiente Arma[32].

Por la Ley de Ordenación Universitaria de 1943, el SEU —creado en 1933 y legalizados sus estatutos en 1937— se convirtió en el sindicato estudiantil único, de afiliación obligatoria, no sin tensiones con católicos y tradicionalistas. Hasta la fecha había sido un mecanismo de encuadramiento de carácter profascista, que en los años de la República mantuvo duros enfrentamientos políticos con la FUE (organización republicana nacida en 1927 para luchar contra la dictadura de Primo de Rivera). Su plan académico para la Universidad era absolutamente vago, más allá de proclamas incendiarias, ultranacionalistas con tonos imperiales. Sería a partir de enero de 1940, con la celebración del IV Congreso Extraordinario Nacional del SEU, cuando este dibujara algunas de sus aspiraciones para la Universidad, si bien en un contexto de tensiones «revolucionarias» y «contrarrevolucionarias» en el seno de la organización ante la deriva de los acontecimientos nacionales (implantación del franquismo y aparente fuerza falangista) e internacionales (inicio de la segunda guerra mundial, con una fase claramente esperanzadora para el Eje[33]). De hecho, el SEU fue de los pocos (si no el único) espacios donde se mantuvo (y permitió) un discurso falangista puro, joseantoniano, revolucionario, anticapitalista y antiburgués; con una retórica mucho más encendida y crítica que en otras instancias; donde más tiempo se mantuvieron fórmulas oficiales aceptadas como «Por la revolución nacionalsindicalista» o alusiones a la «revolución pendiente», que se van desdibujando a partir de 1945 en otras instituciones del Estado. De ese caldo de cultivo, surgirán en la Universidad, unos años más tarde, organizaciones falangistas contrarias al régimen como FES, FUNS, etc., y opositores a la dictadura no falangistas.

La presencia del falangismo y el SEU en la Universidad fue real e intimidatoria, especialmente en estos primeros años entre 1936 y 1945, pues impusieron en muchas ocasiones el tono, no sin tensiones con los sectores más conservadores, al crear un ambiente militarizado y realizar una representación pública de lo que se tenía que ser, como retrataba el libro juvenil Así quiero ser[34]. Esta presencia, evaluable de diversas maneras, quedó orgánicamente asegurada a través del encuadramiento de estudiantes (SEU) y profesores (SEP). Lo cierto es que el modelo del SEU —organización estudiantil dependiente del partido fascista— estaba inspirado en los ejemplos alemán e italiano y simbolizaba el encuadramiento vertical en la Universidad, instaurado también en España para el mundo obrero por medio del Fuero del Trabajo (1938) a partir de la Carta di Lavoro (1927) de Mussolini, de fuerte sentido corporativista. En Italia, la presencia organizada del fascismo en el campo estudiantil es perceptible desde 1923 con el Gruppi Universitari Fascisti (GUF), de afiliación obligatoria desde 1934[35]. Su homónimo alemán, el Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund (NSDStB), había sido fundado en 1926.

A mediados de los años cincuenta y tras sucesivas reformas legales, se puede decir que el SEU navegaba sin rumbo y sin muchos camaradas dispuestos a tratar de recuperar al enfermo. En 1965 se expedía el certificado de defunción legal del SEU. Su sentido original se había desvaído con el paso de los años y la llegada de nuevas generaciones alejadas del espíritu fundacional y la omnipresencia de la guerra civil como justificadora de todo el estado de cosas existentes. Sobre la función del SEU aseguraba el delegado Nacional, José Miguel Guitarte, en su discurso de apertura del año académico de 19391940: «El SEU no tiene más finalidad que agrupar a todos los estudiantes para hacer una España grande y libre»[36]. Guitarte lucharía, siendo jefe nacional del SEU, en la División Azul, y mantuvo durante estos años una actitud dura, propia del falangismo más radical y revolucionario. La temperatura política de sus intervenciones no estaba alejada de la que podía llegar a alcanzar el ministro. Sobre la División Azul, convertida en modelo de comportamiento generoso, abnegado y solidario de la juventud española, escribió Ibáñez en 1942:

La División Azul no es sólo la vanguardia de España contra las fuerzas enemigas del ateísmo asiático; es, ante todo y sobre todo, la más exacta representación del honor español, del que nuestro pueblo hace gala otra vez en la historia del mundo, en defensa de todo lo que de eterno encierran la civilización y cultura occidentales[37].

De hecho, se realizaron varias convocatorias de «exámenes de Estado» destinadas a los divisionarios azules que regresaban de Rusia de luchar junto a los nazis contra el comunismo, para el acceso a la Universidad.

Por su parte, el profesorado fue encuadrado en el Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Superior (SEPES), del que existía también su homólogo de enseñanzas medias, al que se incorporaron los colegios oficiales de doctores y licenciados. Los contenidos de las materias y los manuales empleados también fueron objeto de intervención y regulación, como ocurrió con las bibliotecas públicas, revisadas por las comisiones depuradoras, formadas por representantes de la Universidad, Falange, la Iglesia, el Ejército, la Asociación Católica de Padres de Familia y por personal del cuerpo de archiveros y bibliotecarios. No faltaron algunas quemas públicas de libros, actos que recordaban a la Inquisición o al Berlín nazi. El 2 de mayo de 1939, algunos diarios españoles (ABC, Ya) daban cuenta de la quema de libros en el patio de la Universidad de Madrid. ABC (edición de Madrid) publicaba junto a la fotografía de la pila de libros ardiendo el siguiente texto:

FIESTA DEL LIBRO EN MADRID. El domingo se celebró en el patio de la Universidad Central un acto en el que se hizo una quema simbólica de los libros que durante el dominio rojo sirvieron para corromper y engañar a las juventudes de la llamada Universidad Popular[38].

Con aquel cuadro, en los momentos de la inmediata posguerra, la presencia intimidatoria de un SEU envalentonado parecía hacer casi imposible la existencia de voces opositoras en la Universidad, pero no fue así. Precisamente en 1945, al calor del curso de la guerra mundial, un grupo de estudiantes de la Universidad de Madrid trató de rescatar las siglas de la FUE (que había sido activa durante la guerra civil en la zona levantina), con la intención de ir preparando el terreno de cara a una hipotética (y deseada) intervención militar de los aliados para despojar a Franco del poder. Durante dos años se realizaron actividades de captación, reuniones, lanzamiento de propaganda, pintadas, contactos con otros distritos (Barcelona y Salamanca), pero justo antes de la Semana Santa de 1947 se procedía en Madrid a una redada que acababa de un golpe policial con prácticamente toda la red opositora de la FUE, acusada de auxilio a la rebelión, y a la que se le aplicó el duro Código Penal militar aprobado en 1944 en un momento álgido del falangismo en España[39]. Como dato de interés, se señalará que en la causa militar estaban incursas dos mujeres, Albina Pérez Fernández, estudiante de Filosofía y Letras, y Mercedes Vega Martín, alumna de doctorado en la Facultad de Ciencias, que fue quien aportó la fórmula para mezclar la pintura de los grafitis con nitrato de plata para que se adhiriera mejor a la piedra[40]. Hubieron de pagar su arrojo con cárceles, campos de trabajo y exilios[41].

En diciembre de 1946 se había producido la caída de un segundo grupo de la FUE (este con menor implantación en la Universidad) que funcionaba de manera autónoma en torno a Ricardo Muñoz Suay[42]. Finalmente, en 1949, en un amago individual sin impacto ni continuidad, se trató por última vez de poner en marcha la organización estudiantil de la FUE. Salvo estos intentos y alguna acción aislada en la que participan los escolares, la Universidad durante el ministerio de Ibáñez fue una balsa de aceite en la que las protestas y discrepancias estudiantiles fueron ahogadas por el miedo paralizante.

La institucionalización

La institucionalización

En 1939 existían doce distritos universitarios en España, con otras tantas universidades. Una vez realizados los procesos depuradores y seleccionado convenientemente el personal docente, debían volver los alumnos a las aulas. En el curso 1935-1936 fueron 29 249 los estudiantes matriculados en las universidades españolas; en el 1939-1940, se alcanzaron los 54 336 alumnos (de los cuales, 7623 eran alumnas), si bien es cierto que inmediatamente se contrajo el dato hasta los 35 555 estudiantes matriculados (4471 alumnas) en el curso 1940-1941, superándose las estadísticas de 1939 ya en el ministerio siguiente, con Ruiz Giménez (1951-1956).

Entre los haberes del gobierno está la puesta en funcionamiento de la Universidad tras la guerra (una verdadera necesidad de supervivencia para el régimen), especialmente con la apertura de nuevas titulaciones, como Veterinaria y Ciencias Políticas y Económicas. Se mantuvieron las carreras tradicionales (Filosofía y Letras, Derecho, Medicina, Ciencias, Farmacia, diversas ingenierías y escuelas técnicas, etc.), a las que en ocasiones se intentó darles un enfoque industrial y de mercado, aunque la reforma de los planes de estudio miraba mucho más hacia su conversión en instrumento para la grandeza y la defensa de la ciencia española y la hispanidad que a una preocupación verdaderamente científica. De esa forma, se explicaba la incorporación de la historia en todas las titulaciones de las correspondientes disciplinas:

Por eso hemos colocado en todas las Facultades el estudio de la historia de cada especialidad, porque es realidad incontestable que existió una Medicina española, una Farmacia española, una Pedagogía española, un humanismo español, una Economía española y una Botánica y una Física. […] En verdad, ha existido una Ciencia española que fue maestra universal, una Ciencia que influyó decisivamente en el progreso humano, una Ciencia que, por ser ante todo cristiana en sus raíces, llevó al perfeccionamiento del pensamiento intelectual el reflejo de la verdad eterna[43].

Fuente: INE, Estadística de la Enseñanza en España, ap. Ricardo MONTORO: La Universidad…, p. 141.

Elaboración: Propia

Entre las novedades más interesantes estaba la creación y el interés particular del Jefe del Estado por la titulación de Ciencias Políticas y Económicas. Su provecho radicaba en que se concibió como un nido de hombres de Estado, de técnicos, administrativos, políticos y profesionales que, bajo la correcta educación e inspiración providencial de Franco, estaban llamados a convertirse en los soportes del régimen en el futuro. Eran muchas las esperanzas que albergaba el dictador en dicha facultad:

Esta nueva Facultad ha respondido a una evidente necesidad de la vida española: la de formar hombres para la Administración pública, la de crear entre nosotros economistas, hombres de negocios, hombres de empresa. Tarea esencialmente universitaria.

[…] Que al iniciar sus tareas en el pasado octubre ha constituido el éxito más brillante que ha registrado, quizás, los anales de nuestra Universidad. La matrícula de su primer curso ha desbordado todas las esperanzas y la acogida dispensada a la nueva Facultad en todos los sectores de la vida española ha demostrado bien claramente el acierto con que el Caudillo planteó su fundación[44].

Lo paradójico del asunto es que sería la Facultad de Ciencias Políticas una de las más politizadas y movidas en España en los años siguientes, pero no precisamente en el sentido que se había imaginado el Caudillo. Desde los años sesenta se convirtió en uno de los referentes fundamentales de la oposición de izquierdas en España.

Junto a la creación de centros y titulaciones (con sus correspondientes campus que se fueron inaugurando o cuya apertura se fue anunciando), fue notable también la inversión en infraestructuras, algo, por lo demás, lógico, si se tiene en cuenta el estado en que habían quedado después de tres años de conflicto armado. Fue la época dorada de los colegios mayores, concebidos como espacios no solo para albergar a los estudiantes sino como lugares de sociabilización política[45].

Como fue también relevante la fundación de instituciones y publicaciones que sirvieran para demostrar el nivel de la ciencia en España. Entre estas últimas, algunas han pervivido hasta la actualidad: Revista de Estudios Políticos, Hispania, Escorial, Arbor, etc. También proliferaron por entonces las publicaciones del SEU, aunque sus vidas corrieron diferentes fortunas. Su consulta hoy resulta útil porque a través de estas revistas se puede seguir la pista a las diferentes familias del régimen, su composición, su posición ideológica y su evolución.

A todo este arsenal de medidas se le sumaron una serie de disposiciones legales que hicieron de armazón del nuevo edificio educativo e investigador en España. Para el periodo de 1939-1945 se aprobaron dos leyes fundamentales que vertebran y ayudan a comprender la significación que la dictadura daba a la educación reglada: por un lado, la Ley de septiembre de 1938, aprobada en plena guerra civil, que regulaba la enseñanza del Bachillerato; por otro, el pilar legislativo básico para entender la Universidad imaginada por el franquismo en estos primeros años, la Ley de Ordenación Universitaria, del 29 de septiembre de 1943. Aunque no parecía imperioso aprobar una ley de educación para las enseñanzas medias durante la contienda fratricida, lo cierto es que se hizo, lo que sugiere la trascendencia y urgencia con la que se la consideró: además de los campos de batalla, había que reconquistar las conciencias de los jóvenes.

A la Ley de 1943 le siguieron muchas otras disposiciones legales a lo largo de los años que reflejaron la evolución de la institución y, a la vez, la incapacidad de las autoridades por mantener el control de la Universidad, según el modelo confeccionado apenas quince años antes. A mediados de los años cincuenta se produjeron las primeras disensiones políticas sensibles y visibles en Madrid y Barcelona. Solo había hecho falta una generación de jóvenes para poner en duda la herencia recibida y su justificación.

Por lo que respecta a la Ley de 1938, con Sainz Rodríguez en el ministerio, daba muchas pistas sobre la orientación que tendría en el futuro la enseñanza en España, comenzando por la básica y la secundaria, mucho más trascendentes, desde la óptica de la aculturación de valores, que la universitaria, por dos razones fundamentales: porque resultaba más sencillo impregnar conceptos morales, políticos y religiosos en los preadolescentes que no disponían de mecanismos para contrastar y, en segundo lugar, porque por esos niveles educativos debían pasar, al menos en teoría, todos los niños y niñas españoles, lo que ya no ocurría con la formación superior. Sobre la primera cuestión, aseguró Ibáñez Martín en 1942: «Queremos así una noble y cristiana revolución del espíritu, forjada en una reeducación de las generaciones presentes, y en una formación pura de las que hoy día son arcilla modelable en nuestras manos»[46].

En ambas leyes se concibe la enseñanza como una presencia más de la total intervención del Estado en la configuración política y religiosa de las sensibilidades privadas, de cara al engranaje del sistema político. En su preámbulo, la Ley de septiembre de 1938, entrelazando conceptos de fuerte carga política en aquel contexto histórico (tradición, espiritualidad, negación de la influencia extranjera, virilidad juvenil, etc.), aclaraba:

El Nuevo Estado tiene la altísima preocupación de revisar los problemas capitales de orden espiritual, reafirmando el sentido de nuestra tradición con la experiencia de tendencias nuevas, largamente aplicadas en países que ocupan un lugar preeminente en el orden de la cultura.

[…] Iniciase con la reforma de la parte más importante de la Enseñanza Media —el Bachillerato universitario— porque el criterio que en ella se aplique ha de ser norma y módulo de toda la reforma, y porque una modificación profunda de este grado de Enseñanza es el instrumento más eficaz para, rápidamente, influir en la transformación de una Sociedad y en la formación intelectual y moral de sus futuras clases directoras.

[…] Formadas las jóvenes inteligencias con arreglo a estas normas, se habrá realizado, para plazo no muy lejano, una total transformación en las mentalidades de la Nueva España y se habrá conseguido desterrar de nuestros medios intelectuales síntomas bien patentes de decadencia: la falta de instrucción fundamental y de formación doctrinal y moral, el mimetismo extranjerizante, la rusofilia y el afeminamiento, la deshumanización de la literatura y el arte, el fetichismo de la metáfora y el verbalismo sin contenido, características y matices de la desorientación y de la falta de vigor intelectual de muchos sectores sociales en estos últimos tiempos, todo ello en contradicción dolorosa con el viril heroísmo de la juventud en acción, que tan generosa sangre derrama en el frente por el rescate definitivo de la auténtica cultura española[47].

Por su parte, la Ley de Ordenación Universitaria de 1943 era aún mucho más explícita en su apego religioso y político cuando recogía en sus artículos 3.º y 4.º lo siguiente:

La Universidad, inspirándose en el sentido católico, consubstancial a la tradición universitaria española, acomodará sus enseñanzas a las del dogma y la moral católica y a las normas del Derecho canónico vigente.

La Universidad española, en armonía con los ideales del Estado nacionalsindicalista, ajustará sus enseñanzas y sus tareas educativas a los puntos programáticos del Movimiento[48].

La sumisión del conocimiento científico parecía total al Estado; la acción concreta de este debía estar orientada en sentido claro[49]. Los contenidos educativos no podían ser ajenos a los dogmas de la religión católica y el programa del partido único. La ciencia debía, como el resto del Estado, estar centralizada, de donde saldría una sola e inequívoca verdad, en un sentido totalizador[50]. Escribía el ministro con ocasión de la presentación del CSIC en 1945 (había sido creado en 1939), centro de investigación fundado para estos fines patrióticos, junto con el Instituto de España, etc.:

La investigación para la vida, sí, pero a condición de que la vida sea para la Verdad. Cuando la Ciencia desciende a servir tendencias fragmentarias, aspectos bajo los que se encubren miopías o sectarismos […] una infiltración tóxica ha penetrado en el dinamismo de su marcha, un virus esterilizador ha comenzado a acogotar el desarrollo científico.

La Ciencia no puede inhibirse del servicio total que exige el mundo con sus tragedias y dificultades, pero tampoco puede alentar aquello que en el fondo es causa de fomento de esas catástrofes y dificultades[51].

Sería ciencia por y para España, para iluminar el mundo, con la misión de «renacionalizar la Ciencia española», propuesta por Menéndez Pelayo. Un año antes, en octubre de 1944, el ministro explicó el sentido de la asignatura de Formación del Espíritu Nacional, sentenciando que el amor a la patria estaba por encima de la «soberbia científica»:

Hace unos días se ha firmado la orden correspondiente por la que se designa el Profesorado de estos cursos, cuidadosamente seleccionado, y al que se confía una de las tareas más delicadas e importantes de nuestra educación universitaria. […] Podrá decirse así que la nueva Universidad respira y se siente en español y forma auténticos ciudadanos para los que el amor a la Patria está por encima de todas las cosas, sin que lo deforme o corrompa la soberbia científica. La ciencia española será así, por siempre, para España.

[…] En verdad, ha existido una Ciencia española que fue maestra universal, una Ciencia que influyó decisivamente en el progreso humano, una Ciencia que, por ser ante todo cristiana en sus raíces, llevó al perfeccionamiento del pensamiento intelectual el reflejo de la verdad eterna[52].

En aquellas condiciones políticas, se desarrolló la actividad científica en la España de Ibáñez, donde el Estado procuró dirigirla a través de una serie de instituciones creadas al efecto, y de las que la fundación del CSIC no fue más que una de ellas. Por Decreto del 27 de diciembre de 1937, se había creado el Instituto de España, que agrupaba a todas las reales academias existentes en el país. Heredera de la JAE, de la que recibió su legado, entre las atribuciones del Instituto de España se encontraba la preparación y aprobación de los libros de texto escolares y a él se le debe la primera Historia de España oficial tras la guerra civil, tanto para la primaria como para la secundaria (1939). Al frente de la institución patriótica se trató de colocar a un receloso Manuel de Falla, que acabó marchando también al exilio argentino.

Universidad, hispanidad e imperio

Universidad, hispanidad e imperio

Durante la misma guerra civil se concibió la Universidad como instrumento al servicio de un proyecto imperial, cuyo fin último era la defensa de la hispanidad y la catolicidad. En abril de 1939, encontrándose Pedro Sainz Rodríguez al frente del Ministerio de Educación Nacional, a los pocos días de haber concluido la guerra, se publicaba en el BOE un Proyecto de Ley de Reforma universitaria que incluía las correspondientes referencias imperiales, en un contexto internacional de máxima tensión, durante la etapa más azul del régimen. Conceptos como «raza», «imperio», «espacio vital», totalidad, etc., combinados con el de tradición, catolicidad, es fácil encontrarlos en discursos públicos, manuales de enseñanza, legislación o prensa, de estos primeros años del franquismo. En la Base 3 (sobre «Los fines de la Universidad como organismo docente»), del citado proyecto de Ley, se recogía que el primer fin era:

Desarrollar en toda la juventud estudiosa aquellos fundamentos ideales de la Hispanidad, base de la cultura auténtica española y del sentido tradicional y católico de nuestro pensamiento imperial[53].

Y en el artículo preliminar se explicaba que la ley se había inspirado en la:

Revitalización histórica de la Universidad española por su plena compenetración con el ideal de la Hispanidad, fundamento de su vida original propia y de su potencia de universalidad[54].

Cinco meses más tarde, en octubre, el nuevo ministro, José Ibáñez Martín, durante el discurso de inauguración del año académico 1939-1940 —que, es importante recordarlo, no solo representaba la inauguración del curso, sino del franquismo académico— afirmó en una intervención repleta de referencias imperiales y católicas:

Era ya la hora imperial de la hispanidad. Yo necesito recordar todo esto. Porque con ser tan claro se empeñaron en olvidarlo muchos de nuestros intelectuales. España tiene una tradición y una doctrina imperial universitaria. […] En el siglo XVI salieron nuestras ideas como otras naves aventureras a conquistar el mundo para la inteligencia de España. A nuestra fuerza expansiva se rinden todas las Universidades europeas[55].

La Universidad del siglo XVI tuvo que estar unida a la grandeza del imperio pretérito, nutriéndola con su conocimiento: «Fue así posible que la Universidad diera al Imperio español contenido y pensamiento. Que creara su doctrina, la que, ante todo, fundió el humanismo renacentista en el alma nacional»[56].

En 1939 la Universidad estaba llamada a cumplir la misma función que se le atribuía antaño. En realidad, la Ley de Enseñanzas Medias de 1938 ya había anunciado el enfoque que se querría dar a la enseñanza y los fines que se les encomendarían a los centros escolares:

El procurar esta formación, camino seguro para la vuelta a la valoración del Ser auténtico de España, de la España formada en los estudios clásicos y humanísticos de nuestro siglo XVI, que produjo aquella pléyade de políticos y guerreros —todos de formación religiosa, clásica y humanística— de nuestra época imperial, hacia la que retorna la vocación heroica de nuestra juventud; poder formativo político corroborado todavía notablemente con el ejemplo de las grandes Naciones imperiales modernas[57].

Inquietantes, sin duda, podían resultar las palabras del ministro referidas a su tiempo presente por el componente nacionalista y agresivo que podían implicar, porque no estaban pronunciadas en cualquier momento, aunque el desarrollo de la segunda guerra mundial hizo que se ahogaran solas:

Ha vuelto a surgir la constante imperial y católica de nuestra cultura, a la que juramos servir con disciplina militar, con voto religioso y grave, con entrega absoluta del pensamiento y del corazón. Tenemos otra vez la voluntad de imperio de la cultura hispánica.

[…] El fermento imperial que anida ya en el fondo étnico de la Celtiberia fuerte y fiel, engendra desde los momentos más lejanos una corriente expansiva[58].

De este modo, lo sentenciaba Francisco de Cossío en «La Tercera» del ABC:

La victoria de España tiene una significación demasiado evidente, para que no tuviese su reflejo en los Centros más calificados de la investigación y el saber. Se luchó precisamente para eso, para restablecer los principios fundamentales de la tradición cultural de España, por cuanto, constituyó en los siglos más gloriosos de nuestra Historia el cimiento de los grandes impulsos nacionales[59].

Básicamente, con la guerra fratricida se trataba de restablecer la grandeza española y elevar la ciencia y la cultura a las alturas del Siglo de Oro, revisando la función de la institución. Federico de Castro proclamó el recuerdo permanente de los días de la guerra, que no concluyó con la paz sino con la Victoria y, en la inauguración del curso 1939-1940, dijo:

No basta con un frío «decíamos ayer». Tengamos siempre el recuerdo de aquellos días; que el testimonio de los que vivimos en la zona roja no se pierda, que la muerte de los héroes y de los mártires no haya sido en vano. La cuenta de las desgracias sufridas sería interminable; ninguna, sin embargo, mayor que el pecado contra el espíritu, contra la católica misión de España y de sus Universidades[60].

Por su parte, el ministro Ibáñez no se quedó a la zaga y en el mismo acto fundacional-inaugural de octubre de 1939 explicó en el paraninfo universitario la responsabilidad de los intelectuales en los acontecimientos bélicos de los últimos años:

Yo empiezo por condenar […] a los hombres del intelectualismo frío y laico, que renegaron de la majestad imperial y católica de nuestra historia, y fueron desde estas aulas, con su fariseísmo científico, los máximos responsables de la decadencia espiritual de nuestro pueblo. […] La subversión general de las conciencias que anegó a las masas populares e hizo precisa la guerra redentora, se incubó aquí. Fueron pecados de la razón —esos para los que se resiste hasta la misericordia evangélica— los que precedieron a los crímenes de las multitudes[61].

Así vistas las cosas, la Nueva Universidad venía en realidad a rescatar la vieja tradición cultural y científica española, rota con la emergencia del racionalismo desde el siglo XVIII y su corolario, el liberalismo del XIX, lo que da sentido a la crítica y rechazo general hacia esta etapa, precipitada con la Revolución francesa. Era una idea muy arraigada en el primer franquismo, aunque se mantuvo permanentemente en algunos sectores de apoyo del régimen, profundamente antiliberales. El mismo Franco volvía sobre la idea en 1950 en un discurso pronunciado en el Ayuntamiento de Baracaldo, el 21 de junio:

El siglo XIX, que nosotros hubiéramos querido borrar de nuestra Historia, es la negación del espíritu español, la inconsecuencia por nuestra fe. La degeneración de nuestra unidad, la desaparición de nuestro Imperio, todas las generaciones de nuestro ser, algo extranjero que nos dividía y nos enfrentaba entre hermanos y que destruía la unidad armoniosa que Dios había puesto sobre nuestra tierra[62].

La guerra civil se contempla, pues, como un corte quirúrgico para salvar a España; en la Universidad se incubaron algunos de aquellos virus que produjeron la enfermedad degenerativa en el cuerpo nacional. El rector de la Universidad Central, Pío Zabala, historiador y conocedor de la historia de la Universidad por sus investigaciones, lo expresaba señalando directamente con el dedo a los intelectuales y sus responsabilidades. Al leer la relación de los estudiantes caídos por Dios y por España, en la misa ofrecida en su honor, exclamó: «Esa es la obra de aquellos llamados intelectuales de los partidos de izquierdas, que son los responsables de los crímenes de la revolución roja»[63].

Con esta preocupación obsesiva por la pureza ideológica resultaba difícil imaginarse una universidad próspera y de referencia en el terreno cultural y científico. No la hubo en estos años.

Conclusiones

Conclusiones

Las consecuencias devastadoras de la guerra se dejaron notar con especial dureza en los años inmediatamente posteriores, que coinciden con el ministerio de Ibáñez Martín. La tarea de reconstrucción fue ingente (depuraciones, falta de personal cualificado, desarrollo legislativo, fundación de instituciones, construcción de infraestructuras, creación de publicaciones, diseño de planes de estudio, etc.); pese a todo, los resultados, desde el punto de vista intelectual y cultural fueron muy pobres, paupérrimos. En buena medida, una parte de la mejor intelectualidad tuvo que dejar la universidad, lo cual supuso una sangría humana, cultural y científica, de un enorme calado.

En los primeros años de la dictadura, la asfixia política era total, como las pretensiones totalitarias que tenía el franquismo durante aquel lustro (1939-1944): el peso del ideario oficial, religioso y político, era atronador, si bien las posiciones individuales fueron múltiples. La mayoría de los universitarios que se habían salvado lo aceptaban con diferentes gustos o mantenían un benefactor silencio. Solo una minoría se metió en política (nacionalcatólica) de buen grado en la Universidad, incluso para defender el franquismo. El SEU fue lo mismo nido de franquistas, como de antifranquistas en los años siguientes, como de arribistas que hicieron posteriormente carrera dentro de la dictadura.

La represión había sido feroz y el miedo se había colado hasta por los últimos rincones de la existencia, lo que condicionó las respuestas. Pese a ello, no faltaron tampoco voces de protesta entre los estudiantes que veían cómo eran encuadrados en una organización de corte fascista y cómo se alejaba el horizonte de lo posible, la silueta de una universidad en un país libre. El atrevimiento de estos jóvenes, hombres y mujeres, costó varios años de prisión y exilios, mucha suerte si se compara con la de sus pares del grupo de resistencia alemán la Rosa Blanca, ejecutados en Múnich en 1943 por actividades opositoras similares: básicamente, lanzamiento de pasquines y pintadas.

El Estado franquista consideró que la actividad científica que se realizara en los laboratorios o despachos no podía contravenir los principios fundamentales del Movimiento, no podría negar la moral y el dogma católico que encarnaban la España verdadera y, por ello, eterna. La ciencia debía protegerla de los corrosivos ataques. De esta manera, los hombres y mujeres que hicieron ciencia en las universidades españolas durante los años 1939-1945 debieron mantener un, a veces, imposible ejercicio de equilibrismo: con escasos medios, bascularon entre los métodos científicos y los valores políticos y religiosos. Ciencia y conciencia quedaban atadas por la misma soga.

Pese a ello, es necesario reconocer que, aunque dominó un ambiente de miseria intelectual, también salieron buenos investigadores e investigaciones de las universidades franquistas que, en la medida de sus posibilidades, procuraron hacer ciencia, en ocasiones tratando de compaginar las fuerzas en pugna; otras, obviando las ataduras intelectuales que pretendió imponer el franquismo, y otras más, distanciándose de este, en los escasos laboratorios y facultades donde se siguió generando ciencia y cultura en condiciones muy complicadas.

Por otro lado, lo que parece claro es que más leyes o más duras no forjaron franquistas y la Universidad creció en los años cincuenta y sesenta en buena medida escapándose al control ideológico y social de los universitarios. El ideal de universidad hispánica, católica e imperial quedó solo en la febril mente del ministro y sus acólitos e impreso en los numerosos discursos y publicaciones donde se defendió. El fin de la segunda guerra mundial y la deriva del mundo tras 1945 fueron suficientes y poderosas razones para olvidarse rápidamente de muchas de aquellas ideas políticas que se acondicionaron a otro marco, ahora atento a la supervivencia y conservación del régimen.

En apenas quince años se manifestaron los nuevos aires tecnocráticos, que aún no se percibirían, pero que acabaron por transformar completa e irreversiblemente la Universidad en los años siguientes, siendo en el segundo franquismo cuando tuvieron lugar las reformas más importantes de los planes de estudio. Las limitaciones docentes e intelectuales del profesorado, el crecimiento acelerado de centros, la masificación, las carencias de material técnico y científico, con los problemas asistenciales (precios del comedor, etc.) fueron el cuadro habitual en los calmados campus universitarios de posguerra. Por su parte, las purgas del profesorado sirvieron para mantener la calma entre el estamento docente. La Victoria se impuso sobre la paz y la ciencia, de ahí que, en el orto del franquismo, la Universidad anduviera, más que nunca, entre la ciencia y la conciencia.

Notas

[1] Pedro MARTÍNEZ LILLO: Una introducción al estudio de las relaciones hispano-francesas (1945-1951), Madrid, Fundación Juan March, Serie Universitaria, n.º 228, 1985. <<

[2] Ángel VIÑAS: «Autarquía y política exterior en el primer franquismo», en Revista de Estudios Internacionales, n.º 1, enero-marzo de 1980, pp. 61-92. Disponible en: www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/fondo-historico?IDR=14&IDN=1198&IDA=34926. Se trata de un artículo ya antiguo, pero muy sugerente con planteamientos que he utilizado en este escrito e iré citando. Ángel VIÑAS: En las garras del águila. Los pactos con Estados Unidos de Francisco Franco a Felipe González (1945-1995), Barcelona, Crítica, 2003. <<

[3] Florentino PORTERO: Franco aislado. La cuestión española (1945-1950), Madrid, Aguilar, 1989. <<

[4] Fernando GUIRAO: «Naranjas y piritas: los embajadores de Franco en la inmediata segunda posguerra mundial», en Enrique FUENTES QUINTANA (dir.): Economía y economistas españoles en la guerra civil, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2008, pp. 555-605. <<

[5] Anne DULPHY: «La politique espagnole de la France (1945-1955)», Vingtième Siècle. Revue d’Histoire, n.º 68 (octubre-diciembre de 2000), pp. 29-41, esp. p. 32; «Antoine de Pinay et l’Espagne franquiste», Relations Internationales, n.º 101, 2000, pp. 73-88, y La politique de la France à l’égard de l’Espagne de 1945-1955. Entre idéologie et réalisme, París, Direction des Archives, Ministère des Affaires Étrangères, 2002. <<

[6] Wayne H. BOWEN: Spain during World War II, Columbia, University of Missouri Press, 2006. <<

[7] «Si el “cerco” político internacional nunca llegó a ser tal, mucho menos puede considerarse así en el ámbito económico», en Xavier HUALDE AMUNÁRRIZ: El «cerco» aliado. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia frente a la Dictadura Franquista (1945-1953), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2016, p. 274. No obstante, el texto ya señalado de Viñas ya enunciaba que el «tan cacareado “cerco”» no puso en riesgo la subsistencia del régimen en Ángel VIÑAS: «Autarquía y política exterior…», p. 76. <<

[8] Antonio TÉLLEZ MOLINA: «España y la IIª Guerra Mundial: los informes reservados de Carrero Blanco», en Mélanges de la Casa de Velázquez, tomo 29-3, 1993, Époque Contemporaine, pp. 263-280, www.persee.fr/doc/casa_0076-230x_1993_num_29_3_2674. Un informe análogo fechado en el siguiente agosto es citado por Enrique MORADIELLOS: Franco frente a Churchill, Barcelona, Península, 2005, p. 438 y nota 26, recogido igualmente en Misael Arturo LÓPEZ ZAPICO: Las relaciones entre Estados Unidos y España durante la guerra civil y el primer franquismo (1936-1945), Gijón, Trea, 2008, p. 329. <<

[9] Para Fernando Termis, el régimen estuvo dispuesto a renunciar a los intereses de España para anteponer «intereses particulares del régimen franquista» y que ambos intereses resultaron excluyentes en la negociación de los Pactos de Madrid y en sus renovaciones: Fernando TERMIS SOTO: Renunciando a todo: el régimen franquista y los Estados Unidos desde 1945 hasta 1963, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, p. 227. <<

[10] Anne DULPHY: La politique de la France…, p. 157. La frase, por su expresividad, es retomada para titular un epígrafe por Xavier HUALDE en El «cerco» aliado…, p. 237. <<

[11] Enrique MORADIELLOS: Franco frente a Churchill…, pp. 26 y 27. <<

[12] Enrique MORADIELLOS: «La embajada de Gran Bretaña durante la Guerra Civil», en Ángel VIÑAS (dir.): Al servicio de la República. Diplomáticos y guerra civil, Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 89-119 y pp. 94 y 95. <<

[13] Fernando GUIRAO: «Naranjas y piritas…», p. 581. <<

[14] Enrique MORADIELLOS: Franco frente a Churchill, p. 103 y nota 36 en la misma. El historiador inserta en la p. 107 un cuadro de Ángel Viñas que refleja el incremento de exportaciones españolas a Gran Bretaña y Estados Unidos en 1940. La misma idea en Wayne H. BOWEN: Spain during…, p. 61. <<

[15] Las importaciones se habían incrementado desde los casi 19 millones de pesetas oro en 1940 a los 30,3 millones y el crecimiento había sido mayor en las exportaciones. Enrique MORADIELLOS: Franco frente a Churchill…, pp. 264 y 265. <<

[16] Carlos COLLADO SEIDEL: El telegrama que salvó a Franco. Londres, Washington y la cuestión del régimen (1942-1946), Barcelona, Crítica, 2016. El autor también explica el mantenimiento de los flujos comerciales entre los aliados y España durante la guerra mundial. <<

[17] Enrique MORADIELLOS: Franco frente a Churchill…, pp. 395 y 396. <<

[18] Xavier HUALDE: El «cerco» aliado…, p. 53. <<

[19] Elena MARTÍNEZ RUIZ: «Las consecuencias de la guerra civil en el sector exterior: de la deuda alemana a los pactos de septiembre», en Enrique FUENTES QUINTANA (dir.): Economía y economistas españoles en la guerra civil, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2008, p. 537 y pp. 555-605. <<

[20] Anne DULPHY: «La politique espagnole de la France…», p. 32. <<

[21] Rosa PARDO: «La política norteamericana», en Florentino PORTERO (ed.): La política exterior de España en el siglo XX, Ayer, n.º 49 (2003), pp. 13-53, esp. p. 34, y Xavier HUALDE: El «cerco» aliado…, pp. 133 y 192. <<

[22] Fernando GUIRAO: «Naranjas y piritas…», p. 583, y Xavier HUALDE: El «cerco» aliado…, p. 171. Tanto este autor como Xavier Hualde estiman que el informe exageraba las repercusiones del boicot de cara a justificar la política de acercamiento. <<

[23] Ángel VIÑAS: En las garras…, p. 72. <<

[24] Elena MARTÍNEZ RUIZ: «Las consecuencias de la guerra civil…», p. 550. <<

[25] Con Lorenzo DELGADO: «Estados Unidos, ¿soporte del franquismo o germen de la democracia?», en Lorenzo DELGADO, Ricardo MARTÍN DE LA GUARDIA y Rosa PARDO (coord.): La apertura internacional de España. Entre el franquismo y la democracia (1953-1986), Madrid, Sílex, 2016, pp. 263-307. <<

[26] Fernando GUIRAO: «Naranjas y piritas…», p. 561. <<

[27] En estos párrafos voy a seguir mi trabajo anterior, Encarnación LEMUS LÓPEZ: «Vecinos, aliados y rivales», en Marta HERNÁNDEZ RUIZ (coord.): Historia de la política exterior española en los siglos XX y XXI, Madrid, CEU Ediciones, 2015, vol. II, pp. 13-54. <<

[28] Anne DULPHY: «La politique de la France…», p. 186. <<

[29] Pedro A. MARTÍNEZ LILLO: «La normalización de las relaciones diplomáticas hispano-francesas después de la II.ª Guerra Mundial (septiembre de 1950-enero de 1951)», en Mélanges de la Casa de Velázquez, tomo 29-3, 1993, p. 312. Disponible en: www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/casa_0076-230X_1993_num_29_3_2676. <<

[30] Anne DULPHY: «Antoine de Pinay et l’Espagne franquiste», Relations Internationales, n.º 101, 2000, pp. 73-88. <<

[31] Esther SÁNCHEZ SÁNCHEZ: Rumbo al sur. Francia y la España del desarrollo, 1958-1969, Madrid, CSIC, 2006. <<

[32] Ángel VIÑAS: «Autarquía y política exterior…», pp. 83 y ss. <<

[33] Ángel VIÑAS: «Autarquía y política exterior…», pp. 73 y 79. <<

[34] Wayne H. BOWEN: Spain during…, pp. 92 y 93. <<

[35] Lucía PRIETO y Encarnación BARRANQUERO: Así sobrevivimos al hambre. Estrategias de supervivencia de las mujeres en la posguerra española, Málaga, Diputación Provincial, 2003. <<

[36] Elena MARTÍNEZ RUIZ: «Las consecuencias de la guerra…», pp. 548 y 549. <<

[37] Ángel VIÑAS: «Autarquía y política exterior…», p. 81. <<

[38] Rosa PARDO: «La política norteamericana de Castiella», en OREJA AGUIRRE y Rafael SÁNCHEZ MANTERO: Entre la Historia y la Memoria. Fernando María Castiella y la política exterior de España, 1957-1969, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2007, pp. 397-482. <<

[1] Rafael GARCÍA PÉREZ: Franquismo y Tercer Reich. Las relaciones económicas hispano-alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994. <<

[2] Ibid., p. 554. <<

[3] Ángel VIÑAS, Julio VIÑUELA, Fernando EGUIDAZU, Carlos FERNÁNDEZ PULGAR y Senén FLORENSA: Política comercial exterior en España, 1931-1975, 3 tomos, Madrid, Banco Exterior de España, 1979, tomo I, p. 427. <<

[4] Véase al respecto: Manuel ROS AGUDO: La guerra secreta de Franco (1939-1945), Barcelona, Crítica, 2002. <<

[5] Walter SCHELLENBERG: Aufzeichnungen. Die Memoiren des letzten Geheimdienstchefs unter Hitler, Wiesbaden/Múnich, Limes, 1979, p. 112. <<

[6] Samuel HOARE (Viscount Templewood): Ambassador on Special Mission, Londres, Collins, 1946, p. 32. <<

[7] Carlos COLLADO SEIDEL: España, refugio nazi, Madrid, Temas de Hoy, 2005, pp. 25-31. <<

[8] Minuta del Foreign Office (FO), 22-11-1946, FO 371/55359/C 15100. <<

[9] Carlos COLLADO SEIDEL, España, refugio nazi…, pp. 229-231. <<

[10] Véanse los cálculos contenidos en el informe del Departamento de Estado, 11-7-1946, NARA, RG 59, 4210. <<

[11] Véase Carlos COLLADO SEIDEL: El telegrama que salvó a Franco. Londres, Washington y la cuestión del régimen (1942-1945), Barcelona, Crítica, 2016, pp. 258 y 259. <<

[12] Carta de Escobar a Artajo, 12-7-1946, AMAE, R/2160/4. <<

[13] Memorándum de la delegación española a los representantes del Comité Aliado de Control (CAC), 28-11-1946, AMAE, R/5477/1. <<

[14] Memorándum de la delegación aliada, 7-3-1947, AMAE, R/5477/2. <<

[15] Acta de negociaciones entre el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) y los representantes del CAC, 21-10-1947, AMAE, R/5477/13. <<

[16] El texto del acuerdo se encuentra en AMAE, R/5477/2. <<

[17] Informe de la embajada en Madrid al Departamento de Estado, 5-2-1948, NARA, RG 59, 4241. <<

[18] El texto del acuerdo se encuentra en: AMAE, R/5477/1 y R/5477/7. <<

[19] Carlos COLLADO SEIDEL, España refugio nazi…, pp. 161-179. <<

[20] Informe de la embajada británica al FO, 26-11-1953, FO 371/105795/CES 1491/75. <<

[21] IARA, SG, Doc. 228, 11-7-1947, FO 371/65257/CJ 416. <<

[22] Informe sin fecha [junio de 1947], AMAE, R/5477/14. <<

[23] Informe ministerial [febrero de 1950], AMAE, R/4209/8; listado de empresas expropiadas en AMAE, R/5656/50. <<

[24] Nota «garantías técnicas ofrecidas por las empresas», sin fecha, AMAE R/4209/8. <<

[25] Acta de una reunión entre miembros de la Sección de Bloqueo y representantes del CAC, 19-1-1948, AMAE, R/5477/13. <<

[26] Memorándum de los representantes del CAC al MAE, 8-11-1949, AMAE, R/10003/9. <<

[27] Informe sobre Unicolor, sin fecha, en: AMAE R/5656/50. <<

[28] Informe de la embajada británica en Madrid, 26-11-1953, PRO, FO 371/105795/CES 1491/75. <<

[29] Carlos COLLADO SEIDEL: Angst vor dem «Vierten Reich». Die Alliierten und die Aussschaltung des deutschen Einflusses in Spanien 1944-1958, Paderborn, Schöningh, 2001, pp. 388 y 389. <<

[30] Nota de una conversación entre representantes del CAC y un miembro del MAE, 1610-1952, PRO, FO 371/99874/CES 1495/62. <<

[31] Aide Mémoire de la embajada alemana al MAE, 19-11-1952, APG, JE 15/1.5, así como en AMAE, R/5656/50. <<

[32] Informe del embajador en Bonn al MAE, 907, 2-11-1952, AMAE, R/5464/5. <<

[33] Telegrama del embajador británico al FO, 176, 17-VI-1953, PRO, FO 371/105795/ CES 1491/58. <<

[34] Telegrama del FO a la embajada en Madrid, 188, 19-VI-1953, PRO, FO 371/105795/ CES 1491/59. <<

[35] Carta de Adenauer a Kirkpatrick, 31-7-1953, PRO, FO 371/104102/CW 1495/58. <<

[36] Carta del FO al CAC en Bonn, 12-3-1954, PRO, FO 371/109684/CW 1491/24. <<

[37] Minuta «Disposal of German External Assets», 13-10-1953, PRO, FO 371/104104/ CW 1495/97. <<

[38] Carta de Hoyer Millar (presidente de la CAC en Bonn) a Adenauer, 21-1-1954, PRO, FO 371/109684/CW 1491/12. <<

[39] Informe del embajador británico al FO, 82, 5-4-1954, PRO, FO/371/109430/CES 1496/5. <<

[40] Carta de Navasqüés (Bonn) a Artajo, 12-7-1955, AMAE, R/5662/3. <<

[41] Minuta «Tripartite Conference on German External Assets in former neutral and exenemy countries», 9-2-1956, PRO, FO 371/124659/WG 1493/37. <<

[42] «Información confidencial sobre el contenido y negociación de los recientes acuerdos con la República Federal de Alemania», 15-4-1958, AMAE, R/8607/6. <<

[43] Los inmuebles afectados eran los de Madrid (Castellana 25, Rafael Calvo 18-20, Fortuny 15), Vigo, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Cádiz. <<

[44] «Protocolo de liquidación de las obligaciones derivadas del Convenio de 10 de mayo de 1948 sobre bienes alemanes en España», 9-8-1958, AMAE, R/7223/1. <<

[45] Birgit ASCHMANN: «Treue Freunde…?» Westdeutschland und Spanien 1945-1963, Stuttgart, Steiner, 1999, p. 181. <<

[46] Informe de la embajada británica en Madrid al FO, E. 196, 6-7-1950, PRO, FO 371/85713/CE 3611. <<

[47] Birgit ASCHMANN: «Treue Freunde…?»…, p. 192. <<

[48] Walter LEHMANN: Die Bundesrepublik und Franco-Spanien in den 50er Jahren. NS-Vergangenheit als Bürde?, Múnich, Oldenbourg, 2006, pp. 52-55. <<

[49] Datos tomados de Carlos SANZ DÍAZ: España y la República Federal de Alemania (1949-1966). Política, economía y emigración, entre la Guerra Fría y la distensión, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2005, p. 790. <<

[50] Véase la tabla en Nuria PUIG: «La conexión alemana: redes empresariales hispano-alemanas en la España del siglo XX». Manuscrito presentado al VIII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica, Galicia, 16-18 de septiembre de 2005. <<

[51] Carlos SANZ DÍAZ: España y la República Federal…, p. 276. <<

[52] Carlos COLLADO SEIDEL: «El proyecto de bases militares alemanas en España», en Walther L. BERNECKER (ed.): España y Alemania en la Edad Contemporánea, Fráncfort, Vervuert, 1993, pp. 234-236; Petra Maria WEBER: Spanische Deutschlandpolitik 1945-1958. Entsorgung der Vergangenheit, Saarbrücken, Breitenbach, 1992, pp. 176-179. <<

[53] Carlos COLLADO SEIDEL: Die deutsch-spanischen Beziehungen in der Nachkriegszeit: Das Projekt deutscher Militärstützpunkte in Spanien 1960, Saarbrücken, Breitenbach, 1991. <<

[54] Carlos SANZ DÍAZ: España y la República Federal…, pp. 774 y 775. <<

[55] Ibid., pp. 1278, 279, 781 y 794-796. <<

[56] Carta de Bolarque (Bonn) a Castiella, 26-2-1962, AMAE, R/6917/52. Vid. Collado Seidel (1993), 489 y 490. <<

[57] Datos tomados de SANZ DÍAZ: España y la República Federal…, pp. 788-790. <<

[1] «H. E. Soule a Stephen T. Early» (Minneapolis, 17 de junio de 1944), Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, Nueva York [a partir de ahora FDRL], Official File [OF], OF 422-OF 422c Spain, box 1. <<

[2] «Ex-Rep. Richard P. Gale Of Minnesota Dies at 73», The New York Times, 6 de diciembre de 1973, p. 50. <<

[3] La conexión entre avituallamiento y los esfuerzos bélicos no eran, en puridad, una novedad, pero no son pocos los especialistas que han señalado la importancia que tuvieron determinadas pautas económicas para determinar el destino de la segunda guerra mundial. Sobre este particular, véase Richard OVERY: Why the Allies Won, Nueva York, W. W. Norton & Company, 1996. <<

[4] La obsesión de los altos jerarcas del franquismo con la masonería, verdadera bestia negra del régimen junto al comunismo, queda patente en obras como las firmadas por el almirante Carrero Blanco o por el propio Franco. Estas aparecieron bajo seudónimos como Jakim Boor o Juan de la Cosa, teniendo especial predicamento en los años de aislamiento diplomático que sucedieron al fin de la segunda guerra mundial. Un análisis completo de la cuestión durante el primer franquismo lo encontramos en Javier DOMÍNGUEZ ARRIBAS: El enemigo judeo-masónico en la propaganda franquista (1936-1945), Madrid, Marcial Pons, 2009. Sobre las conexiones de H. E. Soule y The National Observer con la masonería disponemos de algunas pistas dispersas como son las menciones a dicha condición recogidas en el periódico The Fiery Cross o en un documento de actas de la Gran Logia del estado de Minnesota: «Klanograms», The Fiery Cross, 27 de abril de 1923, p. 3. Recuperado de internet (newspapers.library.in.gov/cgi-bin/indiana?a=d&d=FC19230427.1.3&e=-------en-20--1--txt-txIN-------) y «Proceedings of the Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons of Minnesota at the Eighty-Second Annual Communication Held at Saint Paul, January 16 and 17 1935». Recuperado de internet (www.mn-masons.org/sites/mn-masons.org/files/1935%20Proceedings.pdf). <<

[5] David MCCULLOUGH: Truman, Nueva York, Simon & Schuster, 1992, pp. 71-72. <<

[6] El historiador Wayne Bowen plantea esta situación refiriéndose a una suerte de profecía autocumplida que parecía hacer realidad los temores de Franco acerca de una operación masónica antiespañola que condicionara el debate de las potencias vencedoras sobre el futuro del régimen. Wayne H. BOWEN: Truman, Franco’s Spain, and the Cold War, Columbia, University of Missouri Press, p. 65. <<

[7] Así parece hacerlo Luis Suárez cuando interpreta que en la decisión del subsecretario de Estado Sumner Welles de no entrevistarse con el embajador español en Londres durante la gira del representante estadounidense por Europa entre febrero y marzo de 1940 influyó decisivamente la coincidencia en el tiempo de la aprobación en España de la Ley sobre Represión de la Masonería y del Comunismo: «La influencia de la masonería en el gobierno norteamericano es un dato cierto». Tesis refrendada por el autor en otro pasaje en el que, junto a relatar las supuestas maniobras del político republicano Diego Martínez Barrio desde su exilio para utilizar las redes masónicas contra la dictadura, afirma que «con la entrada de los Estados Unidos en la guerra, entraba en juego un nuevo elemento, la masonería, enemiga declarada de Franco y de su régimen». Luis SUÁREZ: España, Franco y la segunda guerra mundial, Madrid, Actas, 1997, pp. 173, 174, 356 y 357. <<

[8] Argumentos presentes en las obras de Boris N. LIEDTKE: Embracing a Dictatorship. US Relations with Spain, 1945-53, Londres, Macmillan, 1998; Jill EDWARDS: Anglo-American Relations and the Franco Question. 1945-1955, Oxford, Clarendon Press, 1999; Ángel VIÑAS: En las garras del águila. Los pactos con Estados Unidos, de Francisco Franco a Felipe González (1945-1995), Barcelona, Crítica, 2003; Fernando TERMIS: Renunciando a todo. El régimen franquista y los Estados Unidos desde 1945-1963, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, o Wayne H. BOWEN: Truman, Franco’s Spain, and…, pp. 79-152. <<

[9] Lorenzo DELGADO: «Estados Unidos, ¿soporte del franquismo o germen de la democracia?», en Lorenzo DELGADO, Ricardo MARTÍN DE LA GUARDIA y Rosa PARDO (coord.): La apertura internacional de España. Entre el franquismo y la democracia (1953-1986), Madrid, Sílex, 2016, pp. 263-307. <<

[10] Sobre la persistencia de tópicos y sentimientos encontrados, véanse los trabajos de Carlos A. ZALDÍVAR: «Miradas torcidas. Percepciones mutuas entre España y Estados Unidos», Documento de trabajo Real Instituto Elcano, 22 (2003); José Antonio MONTERO: «La relación hispano-norteamericana en imágenes», en Lorenzo DELGADO y M.ª Dolores ELIZALDE (eds.): España y Estados Unidos en el siglo XX, Madrid, CSIC, 2005, pp. 301-321, y Daniel FERNÁNDEZ DE MIGUEL: El enemigo yanqui. Las raíces conservadoras del antiamericanismo español, Zaragoza, Genueve Ediciones, 2012. Por otro lado, todo lo referente a la movilización de la sociedad estadounidense durante los casi tres años de conflicto civil en España ha sido abordado por Marta REY: Stars for Spain. La guerra civil española en los Estados Unidos, La Coruña, Ediciós do Castro, 1997. Una investigación que deja patente que fue el bando republicano el que obtuvo una mayor cantidad de apoyos. Igualmente interesantes son las anotaciones sobre la movilización de importantes sectores del catolicismo norteamericano a favor de la causa golpista presentes en Javier TUSELL y Genoveva QUEIPO DE LLANO: El catolicismo mundial y la guerra de España, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1993. El principal debate generado es hasta qué punto es posible hablar de un triunfo moral de los leales a la República entre la opinión pública estadounidense. Por más que las encuestas de la época parezcan corroborar esta idea, existe en ella algo de espejismo. Verdaderamente el apoyo a los republicanos era mayoritario entre quienes seguían con interés lo que sucedía en España, especialmente entre los intelectuales, pero en términos generales predominaba la indiferencia o el desconocimiento. Por ello, aunque las tendencias de opinión fueran evolucionando en sentido inverso al del desarrollo material de la guerra civil, ese apoyo no pudo dar un vuelco al aislacionismo estadounidense imperante ni impulsar un cambio en la política exterior del país. Esta problemática ha sido resumida en Misael Arturo LÓPEZ ZAPICO: «A un océano de distancia. La propaganda franquista en Estados Unidos durante la guerra civil española», en Antonio César MORENO CANTANO: El ocaso de la verdad. Propaganda y prensa exterior en la España franquista (1936-1945), Gijón, Trea, 2011, pp. 95-126. <<

[11] Un buen ejemplo puede ser la repetición de este epíteto en un estudio sobre la trayectoria de Harold L. Ickes, siendo difícil de discernir si su empleo es responsabilidad del autor del mismo o se ajusta a lo planteado por el sempiterno secretario del Interior para contrarrestar hacia 1949 las maniobras del ferviente senador anticomunista Pat McCarran a favor de rehabilitar a la dictadura. Véase MONT J. HARMON: Harold L. Ickes: A Case Study in New Deal Thought, Madison, University of Wisconsin, 1953, vol. 2, p. 264. Igualmente significativo es el uso de la misma expresión por parte de la prensa cubana como reacción a la célebre visita del presidente Eisenhower a España: «Cubans Turn Ire on Eisenhower: Castro Newspaper Assails President’s “Embrace” of “Butcher Franco”», The New York Times, 23 de enero de 1960, p. 9. <<

[12] «H. E. Soule a Stephen T. Early» (Minneapolis, 17 de junio de 1944), FDRL, OF, OF 422-OF 422c Spain, box 1. A partir de este punto, todas las traducciones de documentos y fuentes primarias incluidas en el capítulo son responsabilidad del autor. <<

[13] Para acercarnos a dichas dinámicas de largo alcance son valiosas síntesis como las de Antonio ÑÍGUEZ: «Las relaciones políticas, económicas y culturales entre España y los Estados Unidos en los siglos XIX y XX», Quinto Centenario, 12 (1987), pp. 71-134; Rosa PARDO: «La política norteamericana», Ayer, n.º 49 (2003), pp. 13-53; Misael Arturo LÓPEZ ZAPICO: «La política exterior española hacia Estados Unidos desde la crisis del 98», en José María BENEYTO y Juan Carlos PEREIRA (dirs.) y Marta HERNÁNDEZ (coord.): Historia de la política exterior española en los siglos XX y XXI, vol. II, Madrid, CEU Ediciones, 2015, pp. 161-207. <<

[14] Véase «History of the FDR Library». Recuperado de internet (fdrlibrary.org/history-fdrlibrary). <<

[15] Joan Maria THOMÀS: Roosevelt y Franco. De la guerra civil española a Pearl Harbor, Barcelona, Edhasa, 2007. Esta obra tuvo además su continuación para cubrir el periodo restante del conflicto mundial: Joan Maria THOMÀS: La batalla del wolframio. Estados Unidos y España de Pearl Harbor a la Guerra Fría (1941-1947), Madrid, Cátedra, 2010. <<

[16] Baste con pensar en nombres como los de Gabriel Jackson, Edward Malefakis o Stanley Payne, a los que podemos sumar los pertenecientes a generaciones posteriores como Carolyn P. Boyd, Pamela Radcliff, Soledad Fox Maura, Brian D. Bunk, Sasha Pack, Sebastian Faaber o James D. Fernández, entre otros muchos. Para más detalles sobre la cuestión, véanse Carolyn P. BOYD: «El hispanismo norteamericano y la historiografía contemporánea de España durante la dictadura franquista», Historia Contemporánea, 20 (2000), pp. 103-116, y Francisco J. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ: «Aproximación a la historiografía estadounidense sobre la Guerra Civil española», Studia Histórica. Historia Contemporánea, 32 (2014), pp. 463-480. <<

[17] F. Jay TAYLOR: The United States and the Spanish Civil War 1936-1939, Nueva York, Bookman Associates, 1956, y Allen GUTTMAN: The Wound in the Heart. America and the Spanish Civil War, Nueva York, The Free Press of Glencoe, 1962. Cabe destacar que Taylor, en una fecha tan temprana, ya pudo incorporar a su estudio algunos documentos custodiados en Hyde Park. Aunque ya no centrado en el papel de Estados Unidos, sino en el conflicto en general y en la utilización del pasado de manera interesada por parte de la dictadura, se puede incluir también aquí la recopilación bibliográfica de Herbert R. SOUTHWORTH: El mito de la Cruzada de Franco, París, Ruedo Ibérico, 1963. <<

[18] Richard P. TRAINA: American Diplomacy and the Spanish Civil War, Bloomington, Indiana University Press, 1968; Dante A. PUZZO: Spain and the Great Powers (1936-1941), Nueva York, Columbia University Press, 1962; James W. CORTADA: United States-Spanish Relations, Wolfram and World War II, Barcelona, Manuel Pareja, 1971. Poco tiempo después, esta obra fue traducida, siendo lanzada al mercado como James W. CORTADA: Relaciones España-USA 1941-1945, Barcelona, Dopesa, 1973. <<

[19] James W. CORTADA: Two Nations over Time. Spain and the United States, 1776-1977, Westport, Greenwood Press, 1978, y James W. CORTADA (ed.): Spain in the Twentieth-Century World. Essays on Spanish Diplomacy, 1898-1978, Westport, Greenwood Press, 1980. Vinculado durante décadas a la empresa IBM, se fue reconvirtiendo hacia el estudio de las tecnologías de la información, si bien España nunca desapareció del todo de su agenda. Recientemente, ha publicado una sugestiva recopilación de los informes preparados por el agregado militar de la embajada de Estados Unidos en España durante la guerra civil española. James W. CORTADA (ed.): La guerra moderna en España. Informes del ejército de Estados Unidos sobre la Guerra Civil, 1936-1939, Barcelona, RBA, 2014. <<

[20] Charles R. HALSTEAD: «Diligent Diplomat: Alexander W. Weddell as American Ambassador to Spain, 1939-1942», The Virginia Magazine of History and Biography, vol. 82, 1 (1974), pp. 3-38, y Charles R. HALSTEAD: «The Dispute between Ramón Serrano Suñer and Alexander Weddell», Rivista di Studi Politici Internazionali, vol. 41, 3 (1974), pp. 445-471. Este mismo autor también dedicó sus esfuerzos a analizar la trayectoria del sustituto de Weddell, véase Charles R. HALSTEAD: «Historians in Politics: Carlton J. H. Hayes as American Ambassador to Spain 1942-45», Journal of Contemporary History, vol. 10, 3 (1975), pp. 383-405. <<

[21] Una completa panorámica de dicha evolución hasta prácticamente el momento actual puede encontrarse en Ángel VIÑAS y Juan Andrés BLANCO (dirs.): La Guerra Civil española, una visión bibliográfica, Madrid, Marcial Pons Digital, 2017. <<

[22] Fredrick B. PIKE: (1982): «The Background to the Civil War in Spain and the U. S. Response to the War», en Mark FALCOFF y Fredrick B. PIKE (eds.): The Spanish Civil War, 1936-39. American Hemispheric Perspectives, Lincoln, University of Nebraska Press, 1982, pp. 1-48, y Douglas LITTLE: Malevolent neutrality. The United States, Great Britain, and the Origins of the Spanish Civil War, Ithaca, Cornell University Press, 1985. <<

[23] El propio Little nos brinda un completo estudio sobre este polémico caso en Douglas LITTLE: «Twenty Years of Turmoil: ITT, the State Department and Spain, 1924-1944», Business History Review, vol. 53, 4 (1979), pp. 449-472. <<

[24] Enrique MORADIELLOS: Neutralidad benévola. El gobierno británico y la insurrección militar española de 1936, Oviedo, Pentalfa, 1990; Enrique MORADIELLOS: La perfidia de Albión. El gobierno británico y la guerra civil española, Madrid, Siglo XXI, 1996; Enrique MORADIELLOS: «El general apacible. La imagen oficial británica del general Franco durante la Guerra Civil», en Paul PRESTON: La república asediada. Hostilidad internacional y conflictos internos durante la Guerra Civil, Barcelona, Península, 2001, pp. 27-57; Aurora BOSCH: «Entre México y la Unión Soviética. La visión estadounidense sobre los conflictos sociales en la Segunda República española (1931-1936)», Historia Contemporánea, n.º 15 (2006), pp. 315-342; Aurora BOSCH: Miedo a la democracia. Estados Unidos ante la Segunda República y la Guerra Civil española, Barcelona, Crítica, 2012; Aurora BOSCH: «Entre la democracia y la neutralidad: Estados Unidos ante la Guerra Civil española», Ayer, 90, 2013, pp. 167-187. <<

[25] Un buen ejemplo son las aportaciones de Denis SMYTH: «Franco y los aliados en la segunda guerra mundial», en Sebastian BALFOUR y Paul PRESTON: España y las grandes potencias en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 142-161; Enrique MORADIELLOS: Franco frente a Churchill, Barcelona, Península, 2005; Richard WIGG: Churchill y Franco. La política británica de apaciguamiento y la supervivencia del régimen, 1940-1945, Barcelona, Debate, 2005; Emilio GRANDÍO: A Balancing Act: British Intelligence in Spain during the Second World War, Brighton, Sussex, 2017. <<

[26] Javier TUSSEL: «Roosevelt y Franco», Espacio, Tiempo y Forma, serie V, 4 (1991), pp. 13-30. <<

[27] Véase Antonio MARQUINA: «The Spanish Neutrality during the Second World War», American University International Law Review, vol. 14, 1 (1998), pp. 171-184, o Carlos COLLADO SEIDEL: El telegrama que salvó a Franco. Londres, Washington y la cuestión del Régimen (1942-1945), Barcelona, Crítica, 2016. <<

[28] Al margen de las que ya han aparecido citadas, se propone el siguiente listado sin ánimo alguno de exhaustividad: Javier TUSELL: Franco, España y la segunda guerra mundial, entre el Eje y la neutralidad, Madrid, Temas de Hoy, 1995; Massimiliano GUDERZO: Madrid e l’arte della diplomazia. L’incognita spagnola nella seconda guerra mondiale, Florencia, Manent, 1995; Michael ALPERT: Aguas peligrosas. Nueva historia internacional de la guerra civil española, 1936-1939, Madrid, Akal, 1998; Genoveva GARCÍA QUEIPO DE LLANO: «El impacto internacional de la Guerra Civil española», en Javier TUSELL, Juan AVILÉS y Rosa PARDO (eds.): La política exterior de España en el siglo XX, Madrid, UNED, y Biblioteca Nueva, 2000, pp. 221-244; Jean François BERDAH: La democracia asesinada. La República española y las grandes potencias, Barcelona, Crítica, 2002; Inmaculada CORDERO y Encarnación LEMUS: «La internacionalización de la guerra civil (1936-1939)», en Juan Carlos PEREIRA: La política exterior de España (1800-2003), Barcelona, Ariel, 2003, pp. 475-494; Antony BEEVOR: La guerra civil española, Barcelona, Círculo de Lectores, 2005; Paul PRESTON: La guerra civil española, Barcelona, Debate, 2006; Julián CASANOVA: Historia de España. República y guerra civil (vol. 8), Madrid, Marcial Pons, 2014. Como muestra de la apertura temática mencionada, sirvan los trabajos de Germán RUEDA: La emigración contemporánea de españoles a Estados Unidos 1820-1950: de «Dons» a «Misters», Madrid, Mapfre, 1993; Peter N. CARROLL: The Odyssey of the Abraham Lincoln Brigade. Americans in the Spanish Civil War, Stanford, Stanford University Press, 1994; María de los Ángeles ROMAY: «Control y ambigüedad: las investigaciones del FBI sobre las publicaciones periódicas españolas impresas en Estados Unidos (1936-1960)», en Carmen FLYS JUNQUERA y Juan E. CRUZ: El nuevo horizonte: España/Estados Unidos. El legado de 1848 y 1989 frente al nuevo milenio, Madrid, Instituto Universitario de Estudios Norteamericanos, 2001; Antonio NIÑO: «El exilio intelectual republicano en Estados Unidos», Cuadernos de Historia Contemporánea, volumen extraordinario (2007), pp. 229-244; Peter N. CARROLL y James D. FERNÁNDEZ: Facing Fascism. New York & the Spanish Civil War, Nueva York, New York University, 2007; Sebastiaan FABER: Anglo-American Hispanists and the Spanish Civil War. Hispanophilia, Commitment, and Discipline, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2008; Antonio César MORENO CANTANO: «Proyección propagandística de la España franquista en Norteamérica (1936-1945)», Hispania Nova: Revista de Historia Contemporánea, n.º 9, 2009; Alejandro PIZARROSO: Diplomáticos, propagandistas y espías. Estados Unidos y España en la Segunda Guerra mundial: información y propaganda, Madrid, CSIC, 2009; Pablo LEÓN AGUINAGA: Sospechosos habituales. El cine norteamericano, Estados Unidos y la España franquista, 1939-1960, Madrid, CSIC, 2010; Ana VARELA-LAGO: «From Migrants to Exiles: The Spanish Civil War and the Spanish Immigrant Communities in the United States», Camino Real. Estudios de las Hispanidades Norteamericanas, n.º 10, 2015, pp. 111-128; Pilar PIÑÓN: Go West Young Woman! Redes transatlánticas e internacionalismo cultural. Las mujeres como protagonistas del intercambio académico entre España y los Estados Unidos (1919-1939), tesis doctoral, UNED, 2015; Carmen DE LA GUARDIA: «El poder de los afectos. Amistad y cooperación entre las modernas españolas, latinoamericanas y estadounidenses (1920-1987)», en Pilar TOBOSO: Redes, alianzas y grupos de poder en el mundo Atlántico, Madrid, Síntesis, 2016, pp. 143-169; David MOTA ZURDO: Un sueño americano. El Gobierno Vasco en el exilio y Estados Unidos (1937-1979), Vizcaya, Instituto Vasco de Administración Pública-Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 2016; Adam HOCHSCHILD: Spain in Our Hearts: Americans in the Spanish Civil War, 1936-1939, Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2016. <<

[29] La efervescencia producida al calor del cincuenta aniversario de la firma de los Pactos de Madrid ha tenido continuidad hasta el presente, abriéndose un abanico de temas que van desde los estudios clásicos de política exterior a los centrados en la diplomacia pública, las inversiones directas y la capacitación de cuadros empresariales, la imagen o el antiamericanismo. Véanse Ana DEL HOYO: «Estados Unidos desde la historiografía española», Ayer, n.º 59 (2005), pp. 299-309; Pablo LEÓN AGUINAGA: «Los estudios históricos y las relaciones hispano-norteamericanas durante la II  guerra mundial y la Guerra Fría», Circunstancia, 27 (2012), y Misael Arturo LÓPEZ ZAPICO: Acciones y percepciones. La diplomacia, la economía política y la prensa escrita en las relaciones hispano-norteamericanas durante el tardofranquismo y los inicios del proceso democratizador, Huelva, Universidad de Huelva, 2013, pp. 13-27. <<

[30] Marta REY: «Fernando de los Ríos y Juan F. de Cárdenas: dos embajadores para la guerra de España (1936-1939)», REDEN: Revista Española de Estudios Norteamericanos, n.º 11 (1996), pp. 129-150; Misael Arturo LÓPEZ ZAPICO: «Against all odds. El diplomático Juan Francisco de Cárdenas durante la guerra civil española y el primer franquismo», en Antonio César MORENO CANTANO: Propagandistas y diplomáticos al servicio de Franco (1936-1945), Gijón, Trea, 2012, pp. 303-331; Emmet KENNEDY: «Ambassador Carlton J. H. Hayes’s Wartime Diplomacy: Making Spain a Haven from Hitler», Diplomatic History, vol. 36, 2 (2012), pp. 237-260; Joan Maria THOMÀS: «Catolicismo, antitotalitarismo y franquismo durante la Segunda Guerra Mundial y la inmediata postguerra: Carlton J. H. Hayes y España», en Joan Maria THOMÀS (coord.): Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Japón y sus relaciones con España entre la guerra y la postguerra (1939-1953), Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2016, pp. 13-62. <<

[31] La comparación del estado de la cuestión planteado en la monografía resultante de la memoria presentada, en septiembre de 2006, por el autor del capítulo para alcanzar la suficiencia investigadora se convierte en una perfecta piedra de toque para comprobar la evolución, desde entonces, del acervo bibliográfico sobre la materia. Misael Arturo LÓPEZ ZAPICO: Las relaciones entre Estados Unidos y España durante la guerra civil y el primer franquismo (1936-1945), Gijón, Trea, 2008. <<

[32] Ángel VIÑAS: La soledad de la República, Barcelona, Crítica, 2006; Ángel VIÑAS: El escudo de la República, Barcelona, Crítica, 2007; Ángel VIÑAS: El honor de la República, Barcelona, Crítica, 2009; Dominic TIERNEY: FDR and the Spanish Civil War: Neutrality and Commitment in the Struggle that Divided America, Durham, Duke University Press, 2007; Emilio SÁENZ-FRANCÉS: Entre la antorcha y la esvástica. Franco en la encrucijada de la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Actas, 2009; Emilio SÁENZ-FRANCÉS: «Domar a Franco: la planificación aliada con respecto a España en vísperas de la operación Torch», en Antonio Manuel MORAL y Francisco Javier GONZÁLEZ (coords.): España ante la Segunda Guerra Mundial. Otras visiones del conflicto, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2014, pp. 17-35; Wayne H. BOWEN: Spain during World War II, Columbia, University of Missouri Press, 2006; Wayne H. BOWEN: «Con la mayor reticencia: Harry Truman, Francisco Franco y la Alianza España-Estados Unidos», en Joan Maria THOMÀS (coord.): Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña…, pp. 63-102; Michael E. CHAPMAN: Arguing Americanism. Franco Lobbyist, Roosevelt’s Foreign Policy, and the Spanish Civil War, Kent, The Kent State University Press, 2011; Andrew N. BUCHANAN: «Washington’s “silent ally” in World War II? United States policy towards Spain, 1939-1945», Journal of Transatlantic Studies, vol. 7, 2 (2009), pp. 93-117; Andrew N. BUCHANAN: American Grand Strategy in the Mediterranean during World War II, Cambridge, Cambridge University Press, 2014; Juan Carlos MERINO: «La “batalla” de Washington. La Guerra Civil Española en los Estados Unidos», Estudios Internacionales, 176 (2013), pp. 51-71; Andreu ESPASA: Estados Unidos en la Guerra Civil española, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2017; José Manuel AGUILAR DE BEN: «EE. UU. de América y la Segunda República española», en Ángeles EGIDO (ed.): La Segunda República y su proyección internacional, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2017, pp. 188-223. <<

[33] José Antonio MONTERO: El despertar de la gran potencia. Las relaciones entre España y los Estados Unidos (1898-1930), Madrid, Biblioteca Nueva, 2011. Este mismo autor dispone, asimismo, de un artículo que se podría tomar como modelo de la senda que en el cuerpo del texto invitábamos a transitar. José Antonio MONTERO: «Diplomacia económica y balanza de pagos. Los pactos hispano-estadounidenses de 1918», Revista de Historia Económica/Journal of Iberian and Latin American Economic History, XXVI, 2 (2008), pp. 243-276. Un enfoque semejante al de la primera monografía puede encontrarse, de igual manera, en Andrés SÁNCHEZ PADILLA: Enemigos íntimos. España y los Estados Unidos antes de la Guerra de Cuba (1865-1898), Valencia, Universitat de València, 2016. <<

[34] José Miguel RUIZ MORALES: Relaciones Económicas entre España y los Estados Unidos, Madrid, Cultura Hispánica, 1945. <<

[35] Juan VELARDE: «José Miguel Ruiz Morales», en REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA: Diccionario Biográfico electrónico. Recuperado de internet (www.dbe.rah.es/biografias/21309/jose-miguel-ruiz-morales). <<

[36] Estas pretensiones no parecen ajenas al nuevo diseño preparado desde el Palacio de Santa Cruz para tratar de capitalizar los vínculos de España con América Latina como un aval ante los aliados cuando la segunda guerra mundial ya estaba en sus postrimerías. Véase Rosa PARDO: Con Franco hacia el Imperio. La política exterior española en América Latina 1939-1945, Madrid, UNED, 1995, pp. 310-337. <<

[37] Herbert FEIS: The Spanish Story. Franco and the Nations at War, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1948; Charles FOLTZ JR.: The Masquerade in Spain, Boston, Houghton Miffling Company, 1948; Thomas J. HAMILTON: Appeasement’s Child. The Franco Regime in Spain, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1943. <<

[38] Joan Maria THOMÀS: La batalla del wolframio…, pp. 33-61. <<

[39] Herbert FEIS: The Spanish Story. Franco…, p. 263. <<

[40] Carlton J. H. HAYES: Wartime Mission in Spain. 1942-1945, Nueva York, The Macmillan Company, 1945. No fue el único alto cargo de la legación estadounidense en Madrid durante el periodo aquí contemplado que dejó por escrito un balance de su paso por la embajada. Véase también Claude G. BOWERS: My Mission to Spain. Watching the Rehearsal for World War II, Nueva York, Simon and Schuster, 1954; Willard L. BEAULAC: Franco. Silent Ally in World War II, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1986. <<

[41] No es casual que la obra de Hayes fuera traducida casi de inmediato al castellano, indicando en la página legal del libro que la traducción había sido autorizada y revisada por el embajador. Así mismo, cabe mencionar que fue publicada por Editorial Prensa Española (EPESA), vinculada al grupo editor del ABC. Carlton J. H. HAYES: Misión de guerra en España, Madrid, EPESA, 1946. Lo mismo sucedería con la publicación en formato libro de un seminario impartido por el historiador en el College of the Holy Cross y en cuyas páginas ajustaba cuentas con la visión transmitida por Feis y el Departamento de Estado sobre las veleidades de Franco hacia la causa del Eje durante la segunda guerra mundial. Un lavado de imagen muy propicio para las negociaciones que acabarían conduciendo a la firma de los Pactos de Madrid y que, nuevamente, fue explotado por el régimen para presentarse como víctima de las circunstancias, asumiendo que el futuro —como indica en su nota introductoria Antonio Espinosa, a la sazón primer secretario de la embajada de España en Washington y traductor de la obra— pasaba por reconocer el liderazgo de Estados Unidos y el establecimiento de relaciones cordiales. Carlton J. H. HAYES: The United States and Spain. An Interpretation, Nueva York, Sheed & Ward, 1951, y Carlton J. H. HAYES: Los Estados Unidos y España. Una interpretación de Carlton J. H. Hayex exembajador de los EE. UU. en España, Madrid, EPESA, 1952. <<

[42] Baste en ese sentido observar las publicaciones en revistas de actualidad económica aparecidas durante los años cincuenta y sesenta que aparecen recogidas en la siguiente bibliografía: Lorenzo DELGADO y David CORRALES: Relaciones entre España y los Estados Unidos en el siglo XX. Bibliografía orientativa, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2016. Recuperado de internet (www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcqv5k8). <<

[43] Un repaso a las relaciones económicas hispano-norteamericanas durante el segundo franquismo puede hallarse en Misael Arturo LÓPEZ ZAPICO: Acciones y percepciones. La diplomacia…, pp. 157-178. <<

[44] A modo de ejemplo, Manuel VÁZQUEZ MONTALBÁN: La penetración americana en España, Madrid, EDICUSA, 1974; Eduardo CHAMORRO e Ignacio FONTES: Las bases norteamericanas en España, Madrid, Euros, 1976; Ángel VIÑAS: Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos. Bases, ayuda económica, recortes de soberanía, Barcelona, Grijalbo, 1981. <<

[45] Ángel VIÑAS y otros: Política comercial exterior de España (1931-1975), 2 vols., Madrid, Servicio de Estudios Económicos del Banco Exterior de España, 1979. <<

[46] James W. CORTADA: United States-Spanish Relations… <<

[47] Ángel VIÑAS y otros: Política comercial exterior de…, vol. 1, p. 136. <<

[48] Ibid., pp. 1235-247. <<

[49] Joan Maria THOMÀS: La batalla del wolframio…, p. 316. Sobre la trayectoria de este pragmático ministro véase el capítulo siguiente pp. 99-123. <<

[50] Ángel VIÑAS y otros: Política comercial exterior de…, vol. 1, pp. 426-428. <<

[51] Ángel VIÑAS: «Factores económicos externos en la neutralidad española», Revista de Occidente, n.º 41 (1984), pp. 73-87. <<

[52] Joan Maria THOMÀS: Roosevelt y Franco. De la…, p. 530. <<

[53] Leonardo CARUANA y Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: «La producción y contrabando de wolframio en España durante la primera guerra mundial», Ayer, 95 (2014), pp. 183-209. <<

[54] Joan Maria THOMÀS: «Tungsten in the Second World War: China, Japan, Germany, the Allies and Iberia», Comillas Journal of International Relations, n.º 10 (2017), pp. 65-90; Leonardo CARUANA y Hugh ROCKOFF: «A Wolfram in Sheep’s Clothing: Economic Warfare in Spain, 1940-1944», The Journal of Economic History, vol. 63, 1 (2003), pp. 100-126; Xoán CARMONA: «La minería española del wolframio, 1936-1954: los años de la fiebre», en Glicerio SÁNCHEZ RECIO y Julio TASCÓN (eds.): Los empresarios de Franco. Política y economía en España, 1936-1957, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 261-280. <<

[55] Emilio GRANDÍO y Javier RODRÍGUEZ (eds.): War Zone. La segunda guerra mundial en el noroeste de la península ibérica, Madrid, Eneida, 2012; Emilio GRANDÍO: «No solo wolframio. Galicia, campo de juego de las redes de inteligencia durante la segunda guerra mundial», Revista Universitaria de Historia Militar, vol. 4, 8 (2015), pp. 101-117. <<

[56] Marta SANSIGRE: «El petróleo en las relaciones España-USA (1940-1941)», Historia 16, n.º 98 (1984), pp. 11-17; Leonardo CARUANA y Hugh ROCKOFF: «An Elephant in the Garden: The Allies, Spain, and Oil in World War II», NBER Working Paper Series, 12228 (2006). Recuperado de internet (www.abc.es/play/cine/noticias/abci-batalla-desconocida-cuando-eeuu-amenazo-invadir-espana-wolframio-vendia-nazis-201710251153_noticia.html); Gabriel TORTELLA: «Oil Policies in 20th Century Spain», en Alain BELTRAN (ed.): A Comparative History of National Oil Companies, Bruselas, Peter Lang, 2010, pp. 143-162. <<

[57] Recientemente se ha estrenado un documental que plantea la cuestión en esos términos. Véase Paula CONS: La batalla desconocida, España, Agallas Films, S. L., 2017. Una referencia a cómo se ha presentado el mismo ante la prensa en La batalla desconocida: «Cuando EE. UU. amenazó con invadir España por el wolframio que vendía a los nazis», ABC, 25 de octubre de 2017. Recuperado de internet (www.abc.es/play/cine/noticias/abci-batalla-desconocida-cuando-eeuu-amenazo-invadir-espana-wolframio-vendia-nazis-201710251153_noticia.html). <<

[58] Ángel VIÑAS y otros: Política comercial exterior de…, vol. 1, p. 429. La idea final del párrafo ha sido verificada por Eric Bernard GOLSON: The Economics of Neutrality: Spain, Sweden and Switzerland in the Second World War, tesis doctoral, London School of Economics, 2011. Recuperado de internet (www.etheses.lse.ac.uk/id/eprint/178). <<

[59] Como muestra pueden servir los trabajos de Albert CARRERAS: «Depresión económica y cambio estructural durante el decenio bélico (1936-1945)», en José Luis GARCÍA DELGADO (ed.): El primer franquismo. España durante la segunda guerra mundial. V Coloquio sobre Historia Contemporánea de España, Madrid, Siglo XXI, 1989; Antonio GÓMEZ MENDOZA: «La economía española y la Segunda Guerra Mundial: un estado de la cuestión», Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea, 7 (1994), pp. 349-369; Jordi CATALÁN: La economía española y la segunda guerra mundial, Barcelona, Ariel, 1995. <<

[60] Antonio TENA: «Sector exterior», en Albert CARRERAS y Xavier TAFUNELL (coords.): Estadísticas Históricas de España, siglos XIX y XX, Bilbao, Fundación BBVA, 2005, pp. 573-644. <<

[61] Nuria PUIG y Rafael CASTRO: «Patterns of International Investment in Spain, 18502005», Business History Review, 83 (2009), pp. 505-537; Julio TASCÓN: «La red yanqui desde los años treinta hasta los años del milagro», en Julio TASCÓN (ed.): Redes de empresas en España. Una perspectiva teórica, histórica y global, Madrid, Lid, 2005, pp. 137-154: Teresa TORTELLA: «La inversión extranjera a través del archivo del Banco de España (1916-1966)», en Julio TASCÓN: La inversión extranjera en España, Madrid, Minerva, 2008, pp. 49-84; Adoración ÁLVARO: «Hízose el milagro. La inversión directa estadounidense y la empresa española (c. 1900-1975)», Investigaciones de Historia Económica, 7 (2011), pp. 358-368; Adoración ÁLVARO: La inversión directa estadounidense en España. Un estudio desde la perspectiva empresarial (c. 1900-1975), Madrid, Banco de España, 2012. <<

[62] Adoración ÁLVARO: La inversión directa estadounidense…, p. 58, y Julio TASCÓN: «La red yanqui desde…», p. 189. <<

[63] José Antonio MONTERO: El despertar de la…, pp. 95-331. <<

[64] José Luis GARCÍA RUIZ & Nuria PUIG: «AMCHAM Spain and the transformation of Spanish Business, 1917-2007», en Hubert BONIN y Ferry DE GOEY (ed.): American Firms in Europe. Strategy, Identity, Perception and Performance (1880-1980), Ginebra, Droz, 2009, pp. 385-409. <<

[65] Julio TASCÓN: «Capital internacional antes de la “internacionalización del capital” en España, 1936-1959», en Glicerio SÁNCHEZ RECIO y Julio TASCÓN: Los empresarios de Franco…, pp. 281-306. <<

[66] FDR Library: «Excerpts from President Roosevelt’s first inaugural address, March 4, 1933». Recuperado de internet (www.fdrlibrary.marist.edu/archives/collections/avclips.html). <<

[67] Gérard BREY y José Luis GUTIÉRREZ (coords.): Los sucesos de Casas Viejas en la historia, la literatura y la prensa (1933-2008), Cádiz, Diputación provincial de Cádiz, 2010. <<

[68] Aurora BOSCH: Miedo a la democracia…, pp. 9-31 <<

[69] Douglas LITTLE: Malevolent neutrality. The United…, pp. 111-129. <<

[70] Ángel CALVO: Historia de Telefónica: 1924-1975. Primeras décadas: tecnología, economía y política, Barcelona, Ariel y Fundación Telefónica, 2010. <<

[71] Douglas LITTLE: «Twenty Years of Turmoil…», pp. 461 y 462. <<

[72] José Antonio MONTERO: El despertar de la…, pp. 56 y 57. <<

[73] «The Ambassador in Spain (Bowers) to the Secretary of State» (Madrid, 21 de marzo de 1934), Foreign Relations of the United States (FRUS), 1934, Europe, Near East and Africa, vol. II, doc. 581. <<

[74] FRUS: «Spain: (Documents 574-598)», en Newton O. SAPPINGTON, Kieran J. CARROLL y Francis C. PRESCOTT: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1934, Europe, Near East and Africa, vol. II, Washington, United States Government Printing Office, 1951; FRUS: «Negotiations respecting a trade agreement between the United States and Spain (Documents 550-605)», en Rogers P. CHURCHILL y Newton O. SAPPINGTON: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1935, The British Commonwealth; Europe, vol. II, Washington, United States Government Printing Office, 1952; FRUS: «Negotiations respecting a trade agreement between the United States and Spain (documents 842-854)», en Matilda F. AXTON y otros: Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1936, Europe, vol. II, Washington, United States Government Printing Office, 1954. <<

[75] «The Spanish Ambassador (Calderón) to the Secretary of State» (Washington, 27 de junio de 1934), FRUS, 1934, Europe, Near East and Africa, v. II, doc. 588. <<

[76] «The Spanish Embassy to the Department of State» (Washington, 16 de enero de 1935), FRUS, 1935, The British Commonwealth; Europe, vol. II, doc. 552. <<

[77] «United States-Spain Economic Relations» (febrero de 1935), FDRL, OF, OF 422-OF 422c Spain, box 1. <<

[78] Ibid. <<

[79] Ibid. <<

[80] Ibid. <<

[81] «Draft Trade Agreement between the United States and Spain» (23 de octubre de 1935), FRUS, 1935, The British Commonwealth; Europe, vol. II, doc. 596, y «The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Bowers)» (Washington, 26 de noviembre de 1935), FRUS, 1935, The British Commonwealth, Europe, vol. II, doc. 601. <<

[82] «The Ambassador in Spain (Bowers) to the Secretary of State» (Madrid, 11 de diciembre de 1935), FRUS, 1935, The British Commonwealth, Europe, vol. II, doc. 602. <<

[83] «The Ambassador in Spain (Bowers) to the Secretary of State» (Madrid, 20 de enero de 1936), FRUS, 1936, Europe, vol. II, doc. 847. <<

[84] «The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Bowers)» (Washington, 22 de enero de 1936), FRUS, 1936, Europe, vol. II, doc. 848. Más detalles en Ángel VIÑAS y otros: Política comercial exterior de…, vol. 1, pp. 94-125. <<

[85] «Memorandum by the Secretary of State» (Washington, 25 de marzo de 1936), FRUS, 1936, Europe, vol. II, doc. 851. <<

[86] «The Ambassador in Spain (Bowers) to the Secretary of State» (Madrid, 6 de abril de 1936), FRUS, 1936, Europe, vol. II, doc. 852. <<

[87] Se sintetiza en el siguiente párrafo el contenido de Misael Arturo LÓPEZ ZAPICO: Las relaciones entre Estados…, pp. 49-120. <<

[88] Algunos autores han detectado un incremento del peso de la inversión directa norteamericana en España durante los años centrales del conflicto, lo que denota que incluso en un escenario tan adverso los negocios estadounidenses siguieron encontrando su espacio. Véase Julio TASCÓN: «Capital internacional antes de…», pp. 290 y 291. <<

[89] La compañía estadounidense Texaco estaba en aquel entonces presidida por el filofascista Torkild Rieber, quien se entrevistó con Franco en agosto de 1936 para ofrecerle la posibilidad de adquirir a crédito todo el combustible que precisara hasta ganar la guerra. Véase Dominic TIERNEY: FDR and the Spanish…, p. 68. <<

[90] Joan Maria THOMÀS: Roosevelt y Franco. De la…, pp. 86-233. <<

[91] Pablo MARTÍN ACEÑA: El oro de Moscú y el oro de Berlín, Madrid, Taurus, 2001, pp. 149-151. <<

[92] «Memorandum of Conversation (Memcon): Señor Dr. Don Fernando de los Ríos, The Spanish Ambassador; The Under Secretary» (20 de enero de 1938), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[93] «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Dr. Don Fernando de los Ríos; The Under Secretary» (25 de enero de 1938), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[94] «Nota de Fernando de los Ríos a Sumner Welles» (26 de enero de 1938), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[95] Soledad FOX: «Misión imposible: la embajada en Washington de Fernando de los Ríos», en Ángel VIÑAS (dir.): Al servicio de la República. Diplomáticos y guerra civil, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación / Marcial Pons, 2010, pp. 155-176. <<

[96] Misael Arturo LÓPEZ ZAPICO: «Against all odds. El diplomático…», en Antonio César MORENO CANTANO: Propagandistas y diplomáticos al servicio de Franco (1936-1945), Gijón, Trea, 2012, pp. 320-321. <<

[97] «Memcon: Señor Don Juan Francisco de Cárdenas, Spanish Ambassador; The Under Secretary» (28 de junio de 1939), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[98] El relato personal de Cárdenas sobre el particular se encuentra en Juan Francisco de CÁRDENAS: Tres Cárdenas embajadores de España, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Escuela Diplomática, 1950, pp. 201 y 202. <<

[99] «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; The Under Secretary» (10 de mayo de 1939), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. Para disgusto de Washington, el Banco de España había abierto un litigio en los tribunales de la ciudad de Nueva York contra el gobierno estadounidense por considerar que la transacción de la plata republicana había sido fraudulenta. «General Counsel to the Secretary of Commerce» (20 de junio de 1939), FDRL, Papers of Harry L. Hopkins, box. 119. <<

[100] «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; The Under Secretary» (7 de noviembre de 1939), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[101] Por ejemplo, vemos que desde el Departamento del Tesoro se solicitaba que no se avanzara en el crédito para la compra de algodón hasta que España cesara en su reclamación sobre la plata. «Memo for FDR» (26 de junio de 1939), FDRL, OF, OF 422-OF 422c Spain, box 1. <<

[102] «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; The Under Secretary» (29 de mayo de 1939), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[103] Sobre el mismo planeó también la sombra de una supuesta disparidad de criterios dentro del régimen, pues Cárdenas parecía favorable a encontrar una solución. Ante la negativa del dictador a recibir al embajador Weddell para tratar el particular, su cuñado Serrano Suñer se escudaba en que los asuntos de la ITT eran responsabilidad de otras instancias. «Memcon: The Spanish Ambassador; The Under Secretary» (16 de abril de 1940), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. «Cárdenas a Sumner Welles» (19 de abril de 1940), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[104] «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; The Under Secretary» (28 de julio de 1939), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[105] «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; The Under Secretary» (29 de noviembre de 1939), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[106] «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; The Under Secretary» (30 de enero de 1940), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. Cárdenas llegó a consultar si el Departamento del Tesoro estaba dispuesto a comprar monedas de plata de 5 pesetas en una cantidad suficiente para pagar por la acuñación de las piezas de níquel. «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; The Under Secretary» (12 de febrero de 1940), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[107] «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; The Under Secretary» (15 de mayo de 1940), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[108] «Letter from Sumner Welles to Alexander Weddell» (26 de mayo de 1940), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. Uno de estos productos era maíz americano. <<

[109] Ibid. <<

[110] Joan Maria THOMÀS: Roosevelt y Franco. De la…, pp. 115-505 <<

[111] Fueron frecuentes las auditorías por parte aliada de las reservas petrolíferas españolas, comenzando estas ya en 1940: «Últimamente han estado en España funcionarios británicos que han podido comprobar la perfecta normalidad y el exclusivo consumo interno del petróleo recibido en España». «Memo de la embajada española en Washington» (26 de julio de 1939), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[112] «Memcon: The Spanish Ambassador; The Under Secretary» (16 de abril de 1940), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[113] «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; The Under Secretary» (2 de diciembre de 1940), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[114] Puede además añadirse que, en el relato de los hechos que presentaba Cárdenas ante sus interlocutores en el Departamento de Estado, el embajador siempre mantenía que sobre España pesaba la amenaza de una invasión nazi y presentaba a Franco y a Serrano como los principales responsables de que esta no hubiera tenido lugar hasta el momento. «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; The Under Secretary» (10 de noviembre de 1941), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[115] «Memo to Mr. Atherton» (21 de agosto de 1941), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[116] Una explicación sobre cómo funcionaba este mecanismo de control comercial en Ángel VIÑAS y otros: Política comercial exterior de…, vol. 1, pp. 321-325. <<

[117] «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; The Under Secretary» (20 de octubre de 1941), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. En esta misma conversación se menciona también la concesión de un navicert para la exportación de 50 toneladas métricas de sales de cromo con origen en la Mutual Chemical Company of America y destino en la compañía Massó. <<

[118] «Letter to FDR» (31 de octubre de 1941), FDRL, OF, OF 422-OF 422c Spain, box 1. <<

[119] Ibid. En el documento se explicita que los productos con los que Estados Unidos estaba dispuesto a comerciar con España eran aquellos que no resultaran de vital importancia para el programa nacional de defensa. <<

[120] «The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Weddell)» (Washington, 8 de enero de 1942), FRUS, 1942, Diplomatic Papers, 1942, Europe, vol. III, doc. 210. <<

[121] «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; The Under Secretary» (19 de noviembre de 1941), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. Anteriormente ya se había denegado la exportación de otros productos como chatarra de hierro y acero. En contraposición, sí que se tramitaron licencias para exportar sulfato de amonio, aunque no en las cantidades que España demandaba «Letter from Joseph C. Green to the Under Secretary» (6 de febrero de 1941), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166 y «Letter to Mr. Green» (5 de febrero de 1941), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[122] «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; The Under Secretary» (17 de julio de 1942), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[123] «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; Under Secretary, Mr. Welles» (17 de julio de 1942), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[124] Rosa PARDO: Con Franco hacia el…, pp. 245-265. <<

[125] Vincent O’HARA: Torch. North Africa and the Allied Path to Victory, Annapolis, Naval Institute Press, 2015. <<

[126] Paul PRESTON: Franco. «Caudillo de España», Barcelona, Grijalbo, 2002, p. 522. <<

[127] «Memo to the American Embassy. Madrid» (4 de noviembre de 1942), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[128] «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; The Under Secretary» (18 de junio de 1943), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166 y «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; The Under Secretary» (25 de julio de 1943), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[129] «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; The Under Secretary» (2 de agosto de 1943), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[130] «Memcon: The Spanish Ambassador, Señor Don Juan Francisco de Cárdenas; The Under Secretary» (16 de junio de 1943), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. Sobre la trayectoria de Falange Exterior en Estados Unidos, véase Misael Arturo LÓPEZ ZAPICO: «Much ado about nothing. El servicio de Falange Exterior en Estados Unidos (1936-1945)», en Antonio César MORENO CANTANO (coord.): Cruzados de Franco. Propaganda y diplomacia en tiempos de guerra (1936-1945), Gijón, Trea, 2013, pp. 211-239. Una visión de carácter general es accesible en Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: «El servicio exterior de Falange y la política exterior del primer franquismo: consideraciones previas para su investigación», Hispania, 186, vol. LIV (1994), pp. 279-307, y Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: «La propaganda exterior de FET y de las JONS (1936-1945)», en Antonio César MORENO CANTANO (coord.): El ocaso de la…, pp. 157-190. <<

[131] Entre los papeles de Sumner Welles existe una nota dirigida a George T. Summerlin, a la sazón jefe de protocolo de Roosevelt, donde se anuncia la petición de audiencia por parte del embajador de España tras su regreso del país. En el escrito se entiende que sería fácilmente justificable una negativa por parte de la Casa Blanca. «Memo from Welles to Summerlin» (23 de junio de 1943), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. Cabe mencionar que en el diario de Roosevelt únicamente consta un encuentro entre el presidente norteamericano y Juan Francisco de Cárdenas, que tuvo lugar el 7 de mayo de 1943 y que se prolongó durante tan solo cinco minutos (de las 12:55 p. m. a las 13:00 p. m., hora que el máximo mandatario norteamericano tenía reservada para el almuerzo). «May 7th, 1943, Franklin D. Roosevelt Day by Day, a project of the Pare Lorentz Center at the FDR Presidential Library». Recuperado de internet (www.fdrlibrary.marist.edu/daybyday/daylog/may-7th-1943/). <<

[132] «Notes on the interview with the Spanish Ambassador of Spain. Audience with his excellency President Roosevelt» (16 de junio de 1943), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[133] Ibid. Recordemos, como una muestra más del doble juego desarrollado por la dictadura franquista, que el régimen mantenía operativo en esos precisos momentos un acuerdo para la importación de material de guerra alemán. Véase Christian LEITZ: «Programm Bär: The Supply of German War Material to Spain, 1943-1944», en Christian LEITZ y David DUNTHORN (eds.): Spain, in an International Context, 1936-1959, Nueva York, Berghahn Books, 1999, pp. 171-190. <<

[134] «Notes on the interview with the Spanish Ambassador of Spain. Audience with his excellency President Roosevelt» (16 de junio de 1943), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[135] Ibid. <<

[136] «Letter to FDR» (12 de julio de 1943), FDRL, OF, OF 422-OF 422c Spain, box 1. <<

[137] Ibid. <<

[138] Véase Rafael GARCÍA PÉREZ: Franquismo y Tercer Reich. Las relaciones económicas hispano-alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994 y Christian LEITZ: Economic Relations between Nazi Germany and Franco’s Spain. 1936-1945, Oxford, Clarendon Press, 1996. <<

[139] «Notes on the interview with the Spanish Ambassador of Spain. Audience with his excellency President Roosevelt» (16 de junio de 1943), FDRL, Sumner Welles Papers, box 166. <<

[140] Ibid. <<

[141] Ibid. En el documento se afirma, de manera confidencial que el gobierno de España había rechazado el ofrecimiento alemán de combustible para volver a poner en marcha la línea área Madrid-Lisboa, añadiendo que el mantenimiento de la línea Berlín-Madrid reportaba beneficios propagandísticos a los nazis. <<

[142] Florentino RODAO: Franco y el Imperio Japonés, Barcelona, Plaza y Janés, 2002. <<

[143] Lucas MOLINA: «1943. Entre la estafa y el mito. Las negociaciones económicas entre Alemania y España para justipreciar el armamento enviado en el seno del “Programa Bär”», Aportes, 85 (2014), pp. 133-156. <<

[144] Joan Maria THOMÀS: La batalla del wolframio… <<

[145] «Memorandum of Conversation, by the Secretary of State» (Washington, 22 de noviembre de 1943), FRUS, 1943, Europe, vol. II, doc. 566; «Memo from Oscar Cox to William T. Stone» (19 de junio de 1944), FDRL, Cox Papers, box. 82, y «Memo to the President» (22 de febrero de 1944), FDRL, OF, OF 422-OF 422c Spain, box 1. <<

[146] «Memo from William T. Stone to Lauchlin Currie & James L. McCamy» (4 de abril de 1944), FDRL, Cox Papers, box. 82. <<

[147] Ibid. <<

[148] Enrique MORADIELLOS: Franco frente a Churchill, Barcelona, Península, 2005, p. 381. <<

[149] «Economic information» (s. d.) FDRL, Cox Papers, box. 82; «Telegram from American Legation, Lisbon to Secretary of State, Washington» (6 de junio de 1944), FDRL, Cox Papers, box. 82. <<

[150] «El horizonte diplomático español, despejado. Comentarios a un artículo de Ortiz Echagüe en La Nación», ABC, 14 de marzo de 1945, p. 9. <<

[151] Ibid. <<

[152] Parte de estas reflexiones ya fueron compartidas durante la presentación pública de la comunicación de José Antonio MONTERO y Misael Arturo LÓPEZ ZAPICO: «La inversión directa estadounidense en España (1898-1986). Las relaciones político-diplomáticas como factor para comprender su comportamiento», XI Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Económica, Madrid, 2014. Recuperado de internet (www.aehe.es/xi-congreso-internacional/). <<

[153] Surgen así bufetes de abogados como los vinculados a Garrigues o Marañón, los cuales fueron expertos en aconsejar y asesorar a nuevas empresas para su penetración en el mercado español desde los años cincuenta. Véase Adoración ÁLVARO: La inversión directa estadounidense… <<

[154] Mira WILKINS: The Maturing of Multinational Enterprise: American Business Abroad from 1914 to 1970, Cambridge, Harvard University Press, 1974. <<

[155] José Antonio MONTERO: El despertar de la…, p. 116. <<

[156] Baste con recordar lo que comentó Churchill en Potsdam sobre su interés en seguir importando naranjas y otros productos españoles. Véase Víctor GAVÍN: «Anglo-Spanish Commercial Relations, 1946-1950», en John FISHER, Effie G. H. PEDALIU y Richard SMITH (eds.): The Foreign Office, Commerce and British Foreign Policy in the Twentieth Century, Londres, Palgrave Macmillan, 2016, pp. 345-360. <<

[157] Así lo señalan también otros autores. Véase James W. CORTADA (ed.): La guerra moderna en…, p. 19. <<

[158] «United States-Spain Economic Relations» (febrero de 1935), FDRL, OF, OF 422OF 422c Spain, box 1. <<

[1] Ignacio MARTÍNEZ DE PISÓN: El caso Filek, Barcelona, Seix Barral, 2018. <<

[2] Charles FOLTZ Jr.: The Masquerade in Spain, Boston, Houghton Mifflin Company, 1948, p. 260. <<

[3] Joan Maria THOMÀS: La Falange de Franco. Fascismo y fascistización en el régimen franquista (1937-1945), Barcelona, Plaza Janés, 2001, 248. <<

[4] Jordi CATALAN: La economía española y la segunda guerra mundial, Barcelona, Ariel, 1995, p. 218. <<

[5] José Antonio TORRENTE FORTUÑO: Bolsistas, banqueros y periodistas. 150 semblanzas convividas, Madrid, 1991, pp. 181 y 183. <<

[6] Ni falangista ni integrista, sino técnico regeneracionista, es como Amando de Miguel califica a Carceller en el conjunto de los ministros franquistas en Sociología del franquismo: análisis ideológico de los Ministros del Régimen, Barcelona, Euros, 1975, p. 213. <<

[7] Álvaro DE DIEGO: José Luis Arrese o la Falange de Franco, Madrid, Actas, 2001, p. 130. <<

[8] Luis SUÁREZ: Francisco Franco y su tiempo, tomo III, Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1984, p. 218. <<

[9] Francesc CABANA: La burgesia catalana. Una aproximació històrica, Barcelona, Proa, 1996, pp. 167-168. <<

[10] Joan Maria THOMÀS: La Falange de Franco…, p. 244. <<

[11] «Según fuentes habituales, generales, entre ellos Vigón, están convencidos de que la política de Suñer está poniendo en peligro la neutralidad de España y que debe ser eliminado. Se consideran seriamente los modos y los medios, teniendo en cuenta, por un lado, el peligro de no hacer nada y, por el otro, el de provocar a Alemania. La idea consiste en hacer que parezca ante todo un asunto puramente interno» (traducción propia). <<

[12] TNA: FO 954/27A/165. <<

[13] «Hoy, sin embargo, de una fuente casi igual de importante, tengo más información de que los generales contemplan liquidar a Suñer en la próxima semana o dos y, a fin de evitar tras la liquidación las represalias alemanas, un adelanto de la firma del Pacto Tripartito con el Eje. Al mismo tiempo les estoy haciendo llegar que, en mi opinión, cualquier firma del pacto sería suicida y que el efecto inmediato sería finalmente extraño [sic] para los Estados Unidos y para nosotros mismos y haría imposible la continuidad de cualquier nuevo régimen en España. Además, por otra parte, de la fluidez [labilidad] de la situación actual y mi imposible salida de España ante tantas incertidumbres» (traducción propia). TNA: FO 954/27A/172. Expediente «Plans for liquidating Suner…». <<

[14] Ángel VIÑAS: Sobornos. De cómo Churchill y March compraron a los generales de Franco, Barcelona, Crítica, 2016, p. 298. <<

[15] Paul PRESTON: Franco…, p. 576. <<

[16] La Vanguardia Española, 27 de febrero de 1940. <<

[17] Javier CERVERA: «La causa de todos los males», en Juan Carlos Laviana (ed.): El franquismo año a año. 3. 1943. Franco viste de uniforme a las Cortes, Madrid, Unidad Editorial, 2006, pp. 8-11. <<

[18] Jordi CATALAN: La economía española…, p. 72. <<

[19] Carlos BARCIELA: «Autarquía y mercado negro. La auténtica economía política del franquismo», en Ángel VIÑAS (ed.): En el combate por la Historia, Barcelona, Pasado & Presente, p. 649. <<

[20] Ibid., p. 650. <<

[21] Josep FONTANA: «Els fonaments ideològiques del primer franquisme», en Jordi FONT AGULLÓ (coord.), Història i memoria: El franquisme i els seus efectes als Països Catalans, Valencia, PUV, 2007, p. 25. <<

[22] Demetrio CARCELLER: La situación económica de España, Madrid, Servicio de Propaganda del Ministerio de Industria y Comercio, 1943, p. 67. <<

[23] Rafael GARCÍA PÉREZ: Franquismo y Tercer Reich, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994, p. 286. <<

[24] Cit. Ángel VIÑAS y otros: Política comercial exterior en España (1931-1975), Madrid, Banco Exterior de España, 1979, vol. I, p. 372. <<

[25] Sin embargo, a pesar de ese nombramiento, se sigue asegurando que Carceller era un germanófilo que había sustituido al ministro Alarcón de Lastra, un militar neutralista y partidario de los aliados, véase Enrique MORADIELLOS: Franco frente a Churchill. España y Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Barcelona, Península 2005, p. 173. <<

[26] Paul PRESTON: Franco…, pp. 507 y 544. <<

[27] TAN: CAB 65/18/10. <<

[28] Este comentario de Carceller refleja el pragmatismo que aplicaba ante las situaciones adversas, incluidas las complejas relaciones con la diplomacia norteamericana. Foreign Relations of the United States, 1941, Europe vol. II, Washington, USA Government Printing Office, 1959, docs. 912-14; véase también Paul PRESTON: Franco…, pp. 552 y 553. <<

[29] Ibid., p. 553. <<

[30] Sobre Vicente Taberna y las diferencias que mantuvo con Carceller después de su paso a Exteriores, véase Rafael GARCÍA PÉREZ, Franquismo…, pp. 411 y ss. <<

[31] TNA: CAB 79/17/25. <<

[32] Hemos encontrado un amplio expediente (casi 200 pp.) con informes comerciales del Ministerio de Economía de Guerra y las notificaciones de interceptación del Ministerio de Información de Gran Bretaña relativos a este transporte de contrabando o «clandestino» (no certificados por Gran Bretaña) desde Portugal y España. Entre esta documentación, se menciona por los servicios de información británicos en España un barco de nombre Tannefels identificado como uno de los que participan en este comercio y de nombre muy parecido al Tanne que en otro expediente de 1941 se menciona como buque que trabaja para Demetrio Carceller. Otros mensajes anotan que estos transportes de cabotaje están visados o son conocidos por un «Ministery» español (suponemos que el de Industria y Comercio). Respecto a este comercio clandestino, el Almirantazgo propuso bombardear estos mercantes incluso en aguas territoriales españolas como refuerzo a la presión política que se ejercía sobre el gobierno de Franco, medida que finalmente no fue considerada necesaria u oportuna dadas las informaciones remitidas desde Madrid por Hoare y su equipo. TNA: FO 837/760/1. <<

[33] TNA: FO 954/27B/268. <<

[34] TNA: FO 954/27B/273. <<

[35] TNA: FO 954/27B/292. <<

[36] Sobre esta necesidad de suministros en lugar de divisas, véase Pablo MARTÍN ACEÑA: El oro de Moscú y el oro de Berlín, Madrid, Taurus, 2001, pp. 276 y ss. <<

[37] TNA: FO 954/27B/303. <<

[38] TNA: FO 954/27B/316. <<

[39] Javier TUSELL: La España de Franco. El poder, la oposición y la política exterior durante el franquismo, Madrid, Historia 16, 1989. <<

[40] Stanley PAYNE, El Franquismo. Primera Parte. 1939-1950. La dura posguerra. Madrid. Arlanza, 2005, p. 42. <<

[41] Sir Hugh Ellis-Rees era un diplomático de carrera, consejero financiero de la embajada británica en Madrid. Sería durante la posguerra cabeza de la delegación británica para la OCDE en París en 1955 (British Foreign Policy 1945-56, Nueva York, Macmillan, 1989) y chairman de la Anglo-Spanish Society desde 1967 a 1973 (L. MARTÍNEZ CAMPOS: Cultural Diplomacy. A hundred years of history of the British-Spanish Society, Liverpool, Liverpool University Press, 2005). <<

[42] TNA: FO 837/783/1. <<

[43] TNA: FO 954/27C/454. <<

[44] Entre otros, hay un interesante documento posterior a estos hechos que refleja las diversas posiciones de notables empresarios del lobby catalán respecto a este complot monárquico (TNA: FO 954/27C/415, 5 de julio de 1943). <<

[45] Paul PRESTON: Franco…, p. 632. <<

[46] TNA: FO 954/27C/472. <<

[47] TNA: CAB 66/48/20. <<

[48] Véase el informe del 21 de abril de 1944 TNA: FO 954/27C/504. <<

[49] Paul PRESTON: Franco…, p. 636. <<

[50] Francisco GÓMEZ-JORDANA: Milicia y diplomacia. Los diarios del Conde de Jordana 19361944, Burgos, Editorial Dossoles, 2003. <<

[51] Stanley PAYNE, El Franquismo…, p. 223. <<

[52] Richard WIGG: Churchill y Franco. La política británica de apaciguamiento y la supervivencia del régimen, 1940-1945, Barcelona, Debate, 2005, p. 277. <<

[53] Pablo MARTÍN ACEÑA: El oro …, pp. 276 y ss. <<

[54] TNA: FO 371/40997/3. <<

[55] Ramón GARRIGA: La España de Franco II. De la División Azul al triunfo aliado, Madrid, G. del Toro, 1976, p. 382. <<

[56] José Antonio GIRÓN DE VELASCO: Si la memoria no me falla, Barcelona, Planeta, 1994, pp. 107 y 108. <<

[1] La autora participa en los proyectos «Derechas y nación en la España contemporánea. Culturas e identidades en conflicto» (HAR2014-53042-P) y «La nación en escena: símbolos, conmemoraciones y exposiciones en España y América Latina (1890-2010)» (HAR201675002-P). Es, igualmente, miembro del Grup d’Investigació d’Excel·lència Prometeo de la Generalitat Valenciana Grup d’Estudis Històrics sobre les Transicions i la Democràcia (GEHTID) (PROMETEO/2016/108). <<

[2] Todas estas cuestiones están trabajadas de manera teórica en los siguientes artículos publicados en el mismo número de Ayer, 90/2 (2013): Alejandro QUIROGA: «La nacionalización en España. Una propuesta teórica» (pp. 17-38); Fernando MOLINA: «La nación desde abajo. Nacionalización, individuo e identidad nacional» (pp. 39-63); Ferran ARCHILÉS: «Lenguajes de nación. Las experiencias de nación y los procesos de nacionalización: propuestas para un debate» (pp. 91-114). <<

[3] Marta GARCÍA CARRIÓN y Ferran ARCHILÉS: «Nacionalismos banales», Pensar con la historia desde el siglo XXI. Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, UAM Ediciones, 2015, pp. 3913-3917. Ferran ARCHILÉS y Alejandro QUIROGA: «Introducción. Ondear la nación como problema», en Ferran ARCHILÉS y Alejandro QUIROGA (eds.): Ondear la nación. Nacionalismo banal en España, Granada, Comares, 2018, pp. IX-XIII. <<

[4] Tim EDENSOR: National identity, popular culture and everyday life, Nueva York, Berg Publishers, 2002. <<

[5] Por ejemplo, Àlvar PERIS: «Nación española y ficción televisiva. Imaginarios, memoria y cotidianeidad», en Ismael SAZ y Ferran ARCHILÉS (eds.): La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea, Valencia, PUV, 2012, pp. 393-418. <<

[6] Eric STORM: «La nacionalización del hogar en España», Journal of Iberian and Latin American Studies, 23:2 (2017), pp. 255-275. <<

[7] Carlos FUERTES: «La nación vivida. Balance y propuestas para una historia social de la identidad nacional española bajo el franquismo», en Ismael SAZ y Ferran ARCHILÉS (eds.), La nación de los españoles, Valencia, PUV, 2012, pp. 279-300. Véase el monográfico coordinado por Xosé Manoel NÚÑEZ SEIXAS: «Franquismo e identidad nacional: una mirada desde abajo», Historia y Política, 38 (2017). <<

[8] César RINA: «La construcción de los imaginarios franquistas y la religiosidad popular, 1931-1945», Pasado y Memoria, 14 (2015), pp. 179-196. Mary VINCENT: «La Semana Santa en el nacionalcatolicismo: espacio urbano, arte e historia. El caso de Valladolid (1939-1949)», Historia y Política, 38 (2017), pp. 91-117. <<

[9] Craig CALHOUN: Nationalism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997. Un análisis de las dimensiones de la nación narrada, en Stefan BERGER: «Narrating the Nation: Historiography and Other Genres», en Stefan BERGER, Linas ERIKSONAS y Andrew MYCOCK (eds.): Narrating the Nation. Representations in History, Media and the Arts, Nueva York, Berghan, 2008, pp. 1-19. <<

[10] Jon E. FOX y Cynthia MILLER-IDRISS: «Everyday nationhood», Ethnicities, 8:4 (2008), pp. 536-576. Los autores diferencian cuatro dimensiones en el estudio de la nación y su presencia cotidiana: la nación hablada, en tanto constructo discursivo; la nación elegida, de acuerdo con las decisiones que toman los individuos; la nación performada, referida a su dimensión simbólica y ritual, y la nación consumida, relativa a la distinción nacional de acuerdo con los hábitos y gustos. <<

[11] Umut ÖZKIRIMLI: Contemporary debates on Nationalism. A Critical Engagement, Oxford, Palgrave, 2005, pp. 28 y ss. Un análisis general, en Miguel Ángel CABRERA: Postsocial History. An Introduction, Oxford, Lexington Books, 2004, cap. 3. <<

[12] Victor KLEMPERER: LTI. La lengua del Tercer Reich, Barcelona, Editorial Minúscula, 2014, p. 31. <<

[13] Michael RICHARDS: Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 1999. <<

[14] Un detallado análisis, en Francisco SEVILLANO CALERO: Rojos. La representación del enemigo en la guerra civil, Madrid, Alianza Editorial, 2007. Igualmente, David ALEGRE: «El fascismo como experiencia interna somatizante. Una propuesta de análisis del fascismo español a través del lenguaje», en Miguel Ángel RUIZ CARNICER (ed.): Falange, las culturas políticas del fascismo en la España de Franco (1936-1975), Zaragoza, Instituto Fernando el Católico, 2013, vol. 2, pp. 25-40. <<

[15] Luis Enrique ALONSO: La mirada cualitativa en Sociología, Madrid, Fundamentos, 1998. <<

[16] Fernando CONDE: Análisis sociológico del sistema de discursos, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009, p. 54. <<

[17] Geneviève FRAISSE: Los excesos del género, Madrid, Cátedra, 2016, pp. 45 y ss. El género como categoría de clasificación simbólica, en Joan SCOTT: «El género: una categoría útil para el análisis histórico», en Género e Historia, México, F. C. E., 2008, pp. 48-74. Pierre BOURDIEU: El sentido práctico, Madrid, Siglo XXI, 2008. <<

[18] La valorización simbólica jerarquizada, en Françoise HÉRITIER: Masculino/Femenino. Disolver la jerarquía, México, F. C. E., 2007. <<

[19] Serge BERNSTEIN: «L’historien et la culture polítique», Vingtième Siècle, 35:1 (1992), pp. 67-77. Una visión y balance crítico del concepto, en Miguel Ángel CABRERA: «La investigación histórica y el concepto de cultura política», en Manuel PÉREZ LEDESMA y María SIERRA (eds.): Culturas políticas: teoría e historia, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010, pp. 19-85. <<

[20] Xavier ANDREU: «Nacionalismo español y culturas políticas. El comienzo de una buena amistad», Historia y Política, 34 (2015), pp. 355-381. <<

[21] Ismael SAZ: «Las raíces culturales del franquismo», en Ismael SAZ y Manuel PÉREZ LEDESMA (eds.): Historia de las culturas políticas. Del franquismo a la democracia, 1936-1975, Madrid, Marcial Pons, 2015, pp. 21-51. Del mismo autor, «La historia de las culturas políticas en España (y el extraño caso del nacionalismo español», en Benoît PELLISTRANDI y Jean-François SIRINELLI (eds.): L’histoire culturelle en France et en Espagne, Madrid, Collection de la Casa de Velázquez, 2008, pp. 215-234. Y «Las culturas políticas del nacionalismo español», en Manuel PÉREZ LEDESMA y María SIERRA (eds.): Culturas políticas…, pp. 313-329. <<

[22] La reivindicación de los sujetos, en Ismael SAZ: Las caras del franquismo, Granada, Comares, 2013, cap. 1. Y Javier RODRIGO: «A este lado del bisturí. Guerra, fascistización y cultura falangista», en Miguel Ángel RUIZ CARNICER (ed.): Falange…, pp. 143-169, esp. pp. 143-146. <<

[23] «De la vanagloria a la austeridad», Arriba España, 27 de septiembre de 1939. <<

[24] Agustín SARASA: «Cuando nacía el fascismo», El Avisador Numantino, 23 de marzo de 1940, p. 2. <<

[25] «Línea recta», Labor, 21 de agosto de 1939. <<

[26] «Tono español», ABC, 7 de marzo de 1939, p. 9. <<

[27] El discurso, en ABC, 29 de agosto de 1939, p. 15. <<

[28] Josefina DE LA MAZA: «El campamento femenino. Continuador del hogar», ABC, 24 de junio de 1942, p. 12. <<

[29] Enrique Antonio DEL CORRAL: «Estilo y contraste», Arriba España, 2 de noviembre de 1939. <<

[30] «Claridad y lealtad», Imperio, 9 de noviembre de 1939. El discurso de Franco está en la prensa del 28 de febrero de 1939. <<

[31] Sonya O. ROSE: ¿Qué es historia de género?, Madrid, Alianza Editorial, 2012, p. 38. <<

[32] Francisco VÁZQUEZ y Richard CLEMINSON: Los invisibles. Una historia de la homosexualidad masculina en España, 1850-1939, Granada, Comares, 2011, p. 178. <<

[33] Para las décadas previas, Nerea ARESTI: «Masculinidad y nación en la España de los años 1920 y 1930», Mélanges de la Casa de Velázquez, n.º 42(2), 2012, pp. 55-72. De la misma autora, «A la nación por la masculinidad. Una mirada de género a la crisis del 98», en Mary NASH (ed.): Feminidades y masculinidades, Madrid, Alianza Editorial, 2014, pp. 47-74. Gemma TORRES: «La nación viril. Imágenes masculinas de España en el africanismo reaccionario después de la derrota de Annual (1921-1927)», Ayer, n.º 106 (2), 2017, pp. 133-158. Un análisis del discurso católico finisecular, en Pilar SALOMÓN: «“Armémonos de valor, y por Dios y por la Patria, adelante”: definir una masculinidad para la regeneración nacional católica finisecular», en Inmaculada BLASCO (ed.): Mujeres, hombres…, pp. 96-114, esp. pp. 108-114. <<

[34] Robert A. NYE: «Western Masculinities in War and Peace», American Historical Review, 112:2 (2007), pp. 417-438. Joanne NAGEL: «Masculinity and Nationalism: gender and sexuality in the making of nations», Ethnic and Racial Studies, 21:2 (1998), pp. 242-269. <<

[35] Un análisis de este discurso, incluidas las ambigüedades y dificultades de sumar a él a los mutilados y heridos de guerra, en Mary VINCENT: «La reafirmación de la masculinidad de la cruzada franquista», Cuadernos de Historia Contemporánea, 28 (2006), pp. 145-148. <<

[36] El discurso está recogido en la prensa del 23 de noviembre de 1943. <<

[37] Ismael SAZ: España contra España. Los nacionalismos franquistas, Madrid, Marcial Pons, 2003. Para las crisis, del mismo autor y aparte de la mencionada obra: «Mucho más que crisis políticas: el agotamiento de dos proyectos enfrentados», Ayer, 68 (2007), pp. 137-163. <<

[38] Mónica MORENO SECO: «Masculinidades y religión. Los hombres de Acción Católica en el franquismo», en Inmaculada BLASCO (ed.): Mujeres, hombres y catolicismo en la España contemporánea. Nuevas visiones desde la historia, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 137-143. Cruces entre género y religión, en Marit MONTEIRO: «Repertoires of catholic manliness in the Netherlands (1850-1940). A case study of the Dutch Dominicans», en Patrick PASTURE, Jan ART y Thomas BUERMAN (eds.): Beyond the Feminization thesis. Gender ad Christianity in Modern Europe, Lovaina, Leuven University Press, 2012, pp. 137-155. <<

[39] «Hermandades de la Cruzada», Pensamiento Alavés, 9 de enero de 1940. Un análisis de este discurso, en Mary VINCENT: «The Martyrs and the Saints: Masculinity and the Construction of the Francoist Crusade», History Workshop Journal, 47 (1999), pp. 69-98. <<

[40] Mónica MORENO SECO, «Masculinidades y religión…», p. 147. El reto de masculinizar actitudes cristianas, en Tine VAN OSSELAER: «Christening Masculinity? Catholic Action and Men in Interwar Belgium», Gender & History, 21:2 (2009), pp. 385 y ss. <<

[41] George L. MOSSE: La imagen del hombre, Madrid, Talasa, 2000, cap. 2. Claudine HAROCHE: «Anthropologies de la virilité: la peur de l’impuissance», en Jean Jacques COURTINE (eds.): Histoire de la virilité, París, Éditions du Seuil, 2011, p. 16. <<

[42] «Lecciones de sobriedad», Arriba, 8 de agosto de 1939. <<

[43] Gabriel BRIONES: «Sobriedad, sencillez, modestia», Hoja Oficial del Lunes, 21 de agosto de 1939, p. 2. <<

[44] Francisco VÁZQUEZ y Richard CLEMINSON: Los invisibles…, pp. 173-175. <<

[45] Maximiliano D. MONTESINOS: «El cinismo a voleo», La Gaceta de Tenerife, 17 de febrero de 1938, p. 3. <<

[46] «Dos Españas», Azul, 25 de mayo de 1938. <<

[47] La referencia de chusma selvática, en «¡Madrid! ¡Madrid!», Imperio, 29 de marzo de 1939. Nerea ARESTI y Darina MARTYKÁNOVÁ: «Masculinidades, nación y civilización en la España contemporánea: Introducción», Cuadernos de Historia Contemporánea, 39 (2017), pp. 11-17. <<

[48] Esta tensión, ejemplificada en el nacionalismo vasco, está sugerida en Nerea ARESTI: «El gentleman y el bárbaro. Masculinidad y civilización en el nacionalismo vasco (1893-1937)», Cuadernos de Historia Contemporánea, 39 (2017), p. 88. La misma autora lo ha estudiado en diferentes trabajos a través del ejemplo de donjuán y su afeminamiento dentro del discurso regeneracionista. <<

[49] «La modestia de la vida y del vestido», Venga a nos el tu Reino, 12, julio de 1940. <<

[50] Un análisis de este discurso, en Zira BOX: «The “corporealization” of the nation: notions of the unclean and viscosity in the nationalist discourse of Spanish fascism», Journal of Spanish Cultural Studies, 18:1 (2017), pp. 1-20. <<

[51] Julio CAMBA: Madridgrado, Madrid: Ediciones Españolas, 1940, pp. 40-41. Jacinto MIQUELARENA: «Las primeras horas y los primeros días de Madrid», Vértice, 21 (1939). <<

[52] «Los gérmenes», La Victoria, 24 de septiembre de 1938. <<

[53] Francisco CASARES: «Los rótulos», ABC, 14 de septiembre de1939. <<

[54] Francisco CASARES: «Las buenas formas», ABC, 13 de julio de 1943, p. 3. <<

[55] Mariano R. RODRÍGUEZ, «Camarada», La Victoria, 11 de junio de 1938. <<

[56] José Antonio PRIMO DE RIVERA: «El frente rojo», Arriba, 16 de mayo de 1935. Reproducido en Labor, 15 de mayo de 1940, p. 2. <<

[57] «Justicia Social. Por defensa del trabajador», Nueva España, 7 de abril de 1938, p. 10. <<

[58] «Afirmaciones», Imperio, 28 de enero de 1938. <<

[59] El discurso está recogido en ABC, 12 de abril de 1939. <<

[60] «Afirmaciones», Imperio, 28 de enero de 1938. <<

[61] Carmen ORTIZ: «The uses of Folklore by the Franco regime», Journal of American Folklore, 446 (1999), pp. 479-496. De la misma autora, «Folclore, tipismo y política. Los trajes regionales de la Sección Femenina de Falange», Gazeta de Antropología, 28:3 (2012). <<

[62] José Antonio PRIMO DE RIVERA: Obras, Madrid, Editorial Almena, 1971, p. 720. <<

[63] Emilio CARRERE: «La dramática de la Nueva España», El Diario palentino, 7 de noviembre de 1939, p. 3. <<

[64] «Contra la flamenquería», Heraldo de Zamora, 4 de julio de 1939. Julio FUERTES: «Un jefe de centuria», Imperio, 27 de marzo de 1942. La expresión de Laín está citada en Ismael SAZ: España contra España…, p. 247. Un análisis del anticasticismo falangista, en Zira BOX: «La mirada sobre Madrid; anticasticismo y castellanismo en el discurso falangista radical de la inmediata posguerra», Historia y Política, 27 (2012), pp. 143-166. <<

[65] Francisco PADÍN: «La música de jazz y sus estragos», Ritmo, 1 de noviembre de 1943. <<

[66] Un análisis detallado de este discurso, en Zira BOX: «Anverso y reverso de la nación: el discurso de la antiespañolada durante los primeros años 40», Hispania, 75:249 (2015), pp. 237-266. <<

[67] Diario de Burgos, 28 de octubre de 1943, p. 5. <<

[68] Xavier ANDREU: «¡Cosas de España! Nación liberal y estereotipo romántico a mediados del siglo XIX», Alcores, 7 (2009), pp. 39-61. <<

[69] Fermín YZURDIAGA: «¿Qué es el Imperio?», Labor, 10 de octubre de 1938, p. 4. Del mismo autor, «Con las cinco flechas en el yugo», Labor, 22 de agosto de 1938, p. 3. <<

[70] Manuel SIUROT: «Administración de la Victoria», ABC, 24 de mayo de 1939, p. 5. <<

[71] «La conmemoración de hoy», Hoja oficial de la provincia de Barcelona, 11 de marzo de 1940, p. 3. <<

[1] Un excelente estudio de la circunstancial normativa bélica y de los nombramientos y nuevos departamentos censorios es el de José Andrés de BLAS: «La censura de libros en la guerra civil española», en Eduardo RUIZ BAUTISTA (coord.): Tiempo de censura. La represión editorial del franquismo, Gijón, Trea, 2008, pp. 19-44, cit. p. 24. Véanse también, aunque con enfoques temáticos y más amplios, los magníficos trabajos de Fernando LARRAZ: Letricidio español. Censura y novela durante el franquismo, Gijón, Trea, 2014 y Ana María RODRIGO: El libro autárquico y la biblioteca nacionalcatólica. La política del libro durante el primer franquismo (1939-1951), Zaragoza, PUZ, 2018. <<

[2] Véanse sus impresiones y confesiones en José BENEYTO: «La censura en los primeros años del franquismo. Las normas y los nombres», Diálogos Hispánicos, 5 (1987), pp. 27-40. <<

[3] Dionisio RIDRUEJO: Casi unas memorias, Barcelona, Planeta, 1976, p. 435. Los historiadores, como De Blas, dudan de que existiese una «junta secreta» y tal vez Ridruejo se refiriera a la junta que hacía de intermediaria entre las católicas comisiones depuradoras de bibliotecas y la SNP. <<

[4] Citado en Ana MARTÍNEZ RUS: «No solo hubo censura: la destrucción y depuración de libros en España (1936-1948)», Creneida, 5 (2017), p. 61. En su magnífico estudio La persecución del libro (Gijón, Trea, 2014), se puede comprobar el enorme impacto de las incautaciones y depuraciones de bibliotecas de ateneos, centros y sociedades obreras, así como los métodos de destrucción de volúmenes que aplicaron los vencedores entre 1936 y 1951. <<

[5] Sobre esta significativa censura marcada por un contexto inestable y aún bélico, véase José Andrés de BLAS: La censura de libros…, p. 30. <<

[6] Dionisio RIDRUEJO: Casi unas memorias…, p. 411. <<

[7] Camilo J. CELA: El bonito crimen del carabinero, Barcelona, José Janés, 1947, pp. 9-15. <<

[8] Xavier MORET: Tiempo de editores. Historia de la edición en España, 1939-1975, Barcelona, Destino, 2002, p. 88. <<

[9] A pesar de todo, durante los primeros años cuarenta, fue escasa la preocupación que generaban las traducciones a Juan Permartín, director del INLE. Véase Fernando GONZÁLEZ ARIZA: «El mundo editorial en La Estafeta Literaria», en Pilar FERNÁNDEZ y otros: La Estafeta Literaria y su contribución a la difusión de la cultura del siglo XX, Madrid, Sílex, 2001, p. 162. <<

[10] Xavier MORET: Tiempo de editores…, pp. 89 y ss. <<

[11] Boletín del SIPE, 1-12-1942. Sobre este semanario y el sistema de calificaciones morales, véase Fernando SANZ: Catolicismo y cine en España (1936-1945), Zaragoza, IFC, 2013, pp. 232-236. <<

[12] La mejor síntesis de este periodo, instituciones y cambios de procedimiento la ha realizado Eduardo RUIZ BAUTISTA: «La censura de los años azules», en Eduardo RUIZ BAUTISTA (coord.): Tiempo de censura…, pp. 45-75. Las páginas que siguen deben mucho al estudio de Ruiz Bautista. <<

[13] Eduardo RUIZ BAUTISTA: Los señores del libro: propagandistas, censores y bibliotecarios en el primer franquismo, Gijón, Trea, 2005, pp. 279-291. <<

[14] Eduardo RUIZ BAUTISTA: La censura de los años azules…, vol. \163 y 64. <<

[15] Ibid., p. 66. <<

[16] Gonzalo SANTONJA: La insurrección literaria. La novela revolucionaria de quiosco (1905-1939), Madrid, Sial, 2000. <<

[17] Eduardo RUIZ BAUTISTA: La censura de los años azules…, pp. 68-70. <<

[18] Antonio LÓPEZ HIDALGO: «José María Carretero. Escritor “porno” y pionero de la entrevista-perfil», Andalucía en la Historia, 47 (2015), pp. 82-87. <<

[19] Zira BOX: España, año cero. La construcción simbólica del franquismo, Madrid, Alianza, 2010. <<

[20] Ricardo MARTÍN DE LA GUARDIA: Cuestión de tijeras. La censura en la transición a la democracia, Madrid, Síntesis, 2008, p. 39. <<

[21] Javier TUSELL: Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957, Madrid, Alianza, 1984. <<

[22] Justino SINOVA: La censura de prensa durante el franquismo (1936-1951), Madrid, Espasa Calpe, 1989, p. 46. <<

[23] Sobre la anécdota de cómo se inventó el símbolo, véase Dionisio RIDRUEJO: Casi unas memorias…, p. 155. <<

[24] Justino SINOVA: La censura de prensa…, p. 164. <<

[25] Ibid., p. 256. <<

[26] José PORTOLÉS, La censura de la palabra: Estudio de pragmática y análisis del discurso, Valencia, PUV, 2016, p. 200. <<

[27] Justino SINOVA: La censura de prensa…, p. 133. <<

[28] Ibid., p. 130. <<

[29] Ángel FAUS: La radio en España (1896-1977). Una historia documental, Madrid, Taurus, 2007, pp. 522 y ss. <<

[30] Ibid., p. 573. <<

[31] Ramón GARRIGA: La España de Franco II. De la División Azul al triunfo aliado, Madrid, G. del Toro, 1976, p. 382. <<

[32] Román GUBERN, La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo, Barcelona, Península, 1980, p. 39. <<

[33] Manuel L. ABELLÁN, Censura y creación literaria en España (1939-1976), Barcelona, Península, 1980, p. 24. <<

[34] Ibid., p. 35. <<

[35] Ibid., p. 41. <<

[36] Ángel FAUS: La radio en España…, p. 596. <<

[37] Declaración realizada en 1995, véase Xavier MORET: Tiempo de editores…, p. 21. Sobre el precoz desencanto de estos falangistas catalanes, véase también Joaquim MOLAS: «1939: any-límit de la literatura catalana», en Actes del X Colo·loqui Internacional de Llengua i Literatura, Barcelona, PAM, 1994, pp. 57 y ss. <<

[1] Consejo de Guerra Permanente n.º 1, Juzgado Militar n.º 2, Sumarísimo de urgencia n.º 1. 159. Depositado en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona. <<

[2] Ministerio de Cultura. Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Sumario 1414-44 del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. <<

[3] Madrid, 17-I-1940 <<

[4] Primer Plano, n.º 146, 1-8-1943. <<

[5] Primer Plano, n.º 3, 3-11-1940. <<

[6] Primer Plano, n.º 5, 17-11-1940. <<

[7] Primer Plano, n.º 26, 13-4-1941. <<

[8] Primer Plano, n.º 39, 13-7-1941. <<

[9] Ya, 9-5-1945. <<

[10] Idem. <<

[11] Archivos de la Filmoteca, n.º 27, octubre de 1997, p. 59. <<

[12] Primer Plano, n.º 123, 21-2-1943. <<

[13] Yugo, 2-7-1944. <<

[14] Historia 16, n.º 158, junio de 1989. <<

[15] Secuencias. Revista de historia del cine, n.º 7, octubre de 1997. <<

[16] www.rumbos.net/rastroria/rastroria05/RojoYNegro_.htm. Última consulta: 20 de julio de 2018. <<

[17] Idem. <<

[18] Historia 16, n.º 158, junio de 1989. <<

[1] Alicia ALTED VIGIL: «Bases político-ideológicas y jurídicas de la universidad franquista durante los Ministerios de Sainz Rodríguez y primera época de Ibáñez Martín (1938-1945)», en Juan José CARRERAS ARES; Miguel Ángel RUIZ CARNICER (eds.): La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991, pp. 95-124. Para el periodo que cubro en este texto resulta útil, a modo de marco, Ricardo MONTORO ROMERO: La Universidad en la España de Franco (1939-1970), Madrid, CIS, 1981, pp. 23-38. <<

[2] Publicadas mucho tiempo después de ocurridos los acontecimientos y, por lo tanto, con otro valor, pueden consultarse las memorias de Pedro SAINZ RODRÍGUEZ: Testimonios y recuerdos, Madrid, Planeta, 1978. Existen estudios sobre los discursos de apertura académica: Pilar AMADOR CARRETERO: «La Universidad española de los cuarenta: discursos de inauguración y apertura del curso de la Ciudad Universitaria de Madrid», en CARRERAS ARES, Juan José; RUIZ CARNICER, Miguel Ángel (eds.): La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991, pp. 283-301. <<

[3] Véase por ejemplo en Nueva España. Revista gráfica nacional, número extra dedicado al primer aniversario de la Victoria [ca. abril de 1940], s/p, la serie de artículos centrados en los apoyos internacionales (Italia, Alemania y Portugal). El dedicado a Alemania, con el rostro de perfil del Fürher a página completa, se titula «Alemania. Imperio amigo», iba acompañado de la esvástica, imágenes militares y la fotografía del ministro de Relaciones Exteriores del Reich, Joachim vom Ribbentrop. <<

[4] Dada la buena sospechosa sintonía entre el Nuevo Estado y el Tercer Reich, este organizó diversas campañas propagandísticas en España, entre 1937 y 1940, que hicieron saltar las alarmas de la Iglesia. La exposición bibliográfica iniciada con notable éxito en la Universidad de Sevilla en diciembre de 1938, con el busto de Hitler incluido, pasó a la Universidad de Granada, tras su parada en Málaga, siguiendo posteriormente un itinerario por España y varias universidades. Sobre la iniciativa propagandística nazi, Isabel BERNAL MARTÍNEZ: «Libros, bibliotecas y propaganda nazi en el primer franquismo: las exposiciones del libro alemán», Hispania Nova, 7 (2007), pp. 224-252. <<

[5] José IBÁÑEZ MARTÍN: 1939-1949. Diez años de servicios a la cultura española, Vitoria, Hijos de Heraclio Fournier [1950]. <<

[6] ABC (Madrid), 24 de octubre de 1939, p. 11. <<

[7] En Sevilla, Queipo de Llano nombró jefe de la «Sección de Antigas» en enero de 1937 a Francisco Yoldi Bereau, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla. Su hermano Jesús, químico también, y antiguo alcalde de Granada, había sido fusilado por los sublevados solo dos meses y medio antes, en octubre de 1936. El nombramiento: Archivo Histórico Universidad de Sevilla, leg. 3184-1. «Minutas de comunicaciones a la Superioridad. 1937», n.º 7, 12 de enero de 1937. También colaboró la Universidad en la fabricación de munición, aportando materias primas (mercurio), maquinaria, en servicios sanitarios, etc. <<

[8] «Orden sobre la organización de una serie ordenada de lecciones en todas las Universidades de la zona liberada», BOE, 332, 17 de septiembre de 1937, p. 3396. <<

[9] Ibid. <<

[10] Un balance bibliográfico reciente sobre esta temática puede verse en Sara GONZÁLEZ GÓMEZ: «Historia de la Universidad en España durante el franquismo: análisis bibliográfico», Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, 26 (2015), pp. 187-212. <<

[11] Para el periodo concreto que nos interesa (1939-1945), Luis Enrique OTERO CARVAJAL (dir.): La destrucción de la ciencia en España. Depuración universitaria en el franquismo, Madrid, Editorial Complutense, 2006; Jaume CLARET MIRANDA: El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el franquismo, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006, y, de carácter más general y sintético, del mismo autor: «Cuando las cátedras eran trincheras. La depuración política e ideológica de la Universidad española durante el primer franquismo», Hispania Nova, 6 (2006). Carolina RODRÍGUEZ LÓPEZ: La Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura o continuidad (1939-1951), Madrid, Dykinson, 2002, y de la misma autora: «Las universidades españolas en el arranque del franquismo: los años cuarenta», CIAN, Revista de Historia de las Universidades, 5 (2002), pp. 85-126. O específicamente sobre la ocupación de cátedras tras la guerra en estos años: Yolanda BLASCO GIL; María Fernanda MANCEBO: Oposiciones y concursos a Cátedra de Historia en la Universidad de Franco (1939-1950), Valencia, Universidad, 2010. Y para las oposiciones a cátedras en todas las disciplinas de todas las universidades, es indispensable la consulta del voluminoso trabajo colectivo recopilado en Luis Enrique OTERO CARVAJAL (dir.): La Universidad nacionalcatólica. La reacción antimoderna, Madrid, Universidad Carlos III-Dykinson, 2014. <<

[12] Es muy abundante la literatura sobre el exilio en su relación con la cultura, desde los pioneros trabajos coordinados por José Luis ABELLÁN: El exilio español de 1939, Madrid, Taurus, 1976, 6 vols., hasta los más recientes de Alicia ALTED, como (coord.): «La cultura del exilio republicano español de 1939», Madrid, UNED, 2003, o sus trabajos individuales centrados en diversas cuestiones culturales. Por no citar los múltiples autores y autoras que han abordado el exilio desde diferentes perspectivas en distintos lugares del mundo. Para el mundo universitario, procedente de un congreso previo sobre la materia: José Ángel ASCUNCE, Mónica JATO, M.ª Luisa SAN MIGUEL (dir.): Exilio y Universidad (1936-1955), Donostia, Saturraran, 2008, 2 vols. También es ilustrativo el trabajo de María Fernanda MANCEBO ALONSO: «La Universidad en el exilio. El Estado franquista editor pirata (1939-1945)», en CARRERAS ARES, Juan José; RUIZ CARNICER, Miguel Ángel (eds.): La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991, pp. 159-195. <<

[13] «Introducción», en Luis Enrique OTERO CARVAJAL (dir.): La Universidad nacionalcatólica…, p. 9. <<

[14] José IBÁÑEZ MARTÍN: Hacia un nuevo orden universitario. Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. José Ibáñez Martín, Ministro de Educación Nacional, en la inauguración del curso académico de 1940-1941, en la Universidad de Valladolid, Valladolid, 1940, pp. 45 y 46. <<

[15] Decreto de Presidencia, Gaceta de Madrid, 273, 29 de septiembre de 1936, pp. 2042-2043. <<

[16] El trabajo más completo sobre la depuración de docentes universitarios es, sin duda, el de Jaume CLARET: El atroz desmoche…, donde se hace un repaso universidad por universidad. Para la depuración del magisterio, véase Francisco MORENTE VALERO: La depuración del Magisterio Nacional (1936-1943). La escuela y el Estado Nuevo, Valladolid, Ámbito, 1997. Existen además valiosos trabajos a escala provincial. <<

[17] José IBÁÑEZ MARTÍN: 1939-1949. Diez años de servicios a la cultura española, Vitoria, Hijos de Heraclio Fournier, [1950], p. 93. <<

[18] Jaume CLARET: El atroz desmoche…, pp. 353-355. <<

[19] La expresión del ministro, en José IBÁÑEZ MARTÍN: Realidades Universitarias en 1944. Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, Don José Ibáñez Martín, en la solemne apertura del curso académico 1944-45, en la Universidad de Valencia, Valencia, 1944, p. 27. <<

[20] Ibid., p. 28. <<

[21] La tercera «corriente», alejada del franquismo, fue la representada por Carlos Castilla del Pino, militante del PCE, que tuvo que esperar más de un cuarto de siglo para acceder a la cátedra de Psiquiatría, ya en democracia (1983). Resultan interesantes las reflexiones y los recuerdos de Castilla del Pino sobre la Universidad de esos primeros años: Carlos CASTILLA DEL PINO, Pretérito imperfecto. Autobiografía, Barcelona, Tusquets, 1997. <<

[22] Sobre el incidente universitario, cfr. Fernando PÉREZ PEÑA: Los últimos clínicos de San Carlos. Estampas y vivencias de la Facultad de Medicina de San Carlos, Madrid, Vision Net, 2005, pp. 244-249. Sobre el uso de la psiquiatría con fines políticos, Enrique GONZÁLEZ DURO: Los psiquiatras de Franco. Los rojos no estaban locos, Barcelona, Península, 2008. <<

[23] FUE. Órgano de la Federación Universitaria Escolar de Madrid, 3, 1 de febrero de 1947, p. 1. <<

[24] Ibid., p. 2. Las mayúsculas son del original. <<

[25] En Yolanda BLASCO GIL y María Fernanda MANCEBO: Oposiciones y concursos…, pp. 24-25. Sobre Ruiz Funes y sus divergencias con el ministro Ibáñez Martín en relación con el problema de la enseñanza universitaria y la hispanidad (entre 1937 y 1953), puede leerse Tomás SAORÍN PÉREZ; Yolanda BLASCO GIL: «Universidad e Hispanidad. Tres décadas de trayectorias entrecruzadas del ministro José Ibáñez Martín y el catedrático exiliado Mariano Ruiz-Funes», Revista de Indias, 269 (2017), pp. 263-304, esp. pp. 279-298. <<

[26] José IBÁÑEZ MARTÍN: El sentido político…, pp. 21-23. <<

[27] Jesús LÓPEZ MEDEL: Ejército y Universidad, Madrid, SEU, 1963, pp. 102 y 116. <<

[28] Mariano MOTA SALADO: Libro Áureo, Sevilla, Imp. Ed. de la Gavidia, 1940, [pp. 1-3]. <<

[29] José PEMARTÍN: Qué es «lo nuevo»… Consideraciones sobre el momento español presente, Sevilla, [s. n.], [Tip. Álvarez y Zambrano], 1937. Reeditada en 1938 y 1940. <<

[30] «Ley instituyendo el Frente de Juventudes», BOE, 342, 7 de diciembre de 1940, pp. 8392-8394; «Decreto de Organización de la Milicia Universitaria», BOE, 64, 5 de marzo de 1941, pp. 1547-1549. La primera convocatoria que se menciona: Decreto del 14 de marzo, BOE, 92, 2 de abril de 1942, pp. 2349 y 2350. <<

[31] «Decreto sobre formación de instructores para la milicia premilitar de FET y de las JONS», BOE, 64, 5 de marzo de 1942, p. 1549. <<

[32] La particular defensa de las Milicias Universitarias, con información histórica, en Jesús LÓPEZ MEDEL: La Milicia Universitaria. Alféreces para la paz, Madrid, Fragua, 2012. <<

[33] Miguel Ángel RUIZ CARNICER: El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. La sociabilización política de la juventud universitaria en el franquismo, Madrid, Siglo XXI, 1996, pp. 125-137, donde se reconstruye la historia del SEU en estos años. Véase también Elena HERNÁNDEZ SANDOICA; Miguel Ángel RUIZ CARNICER; Marc BALDÓ LACOMBA: Estudiantes contra Franco (1939-1975). Oposición política y movilización juvenil, Madrid, La Esfera de los Libros, 2007, vol. \166 y ss. <<

[34] Fernando MARCO: Así quiero ser (El niño del Nuevo Estado), Madrid, Hijos de Santiago Rodríguez, [1940]. <<

[35] Sobre el tema, pueden consultarse: Miguel Ángel RUIZ CARNICER: «Juventud universitaria y fascismo. GUF, NSDStB y SEU. Un análisis comparativo», en Juan José CARRERAS ARES y Miguel Ángel RUIZ CARNICER (eds.): La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991, pp. 63-92. Sobre el GUF: Luca LA ROVERE: Storia dei GUF. Organizzazione, politica e miti della gioventù universitaria fascista (1919-1943), Turín, Bollati Boringhieri, 2003. Para el asociacionismo juvenil en general, con pasajeras referencias al GUF: Marco FINCARDI: «Italia: primer caso de disciplinamiento juvenil de masas», Hispania. Revista Española de Historia, 225 (2007), pp. 43-73 (en especial, pp. 58 y 59). <<

[36] ABC (Sevilla), 24 de octubre de 1939, p. 5. <<

[37] José IBÁÑEZ MARTÍN: El sentido político de la cultura en la hora presente. Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional en la inauguración del curso académico 1942-1943, Madrid, Imp. Samaran, [1942], p. 18. Se trata de un discurso con verbo encendido y exaltación ideológica y patriótica, donde se repite insistentemente la idea de la «revolución» salvadora, la de perdurabilidad y esencialismo del régimen, etc. <<

[38] ABC (Madrid), 2 de mayo de 1939, p. 5. Junto a esta otra noticia, aparecía otra con fotografía de un desfile ante la puerta de Brandemburgo decorada con esvásticas, donde se informaba de la visita de la delegación española a Alemania con ocasión del quincuagésimo cumpleaños de Adolf Hitler. <<

[39] Sobre este episodio de la FUE puede verse: Alberto CARRILLO-LINARES: «Consejos de Guerra contra estudiantes antifranquistas: la última Federación Universitaria Escolar (FUE) (1945-1950)», en Juan Carlos FERRÉ OLIVÉ (coord.): Derecho penal de la posguerra, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2016, pp. 165-194. <<

[40] Esta parte de la historia es la más conocida por haber saltado el caso al cine: Los años bárbaros (1998), de Fernando Colomo, donde se cuenta la detención y evasión real de dos de los estudiantes presos, Nicolás Sánchez Albornoz y Manuel Lamana. <<

[41] La historia narrada por Nicolás SÁNCHEZ ALBORNOZ: Cárceles y exilios, Barcelona, Anagrama, 2012. <<

[42] Sobre el otro grupo de la FUE (27 procesados), puede consultarse Esteve RIMBAU: Ricardo Muñoz Suay. Una vida en sombras, Barcelona, Tusquets, 2007, pp. 117-125. Archivo General e Histórico de la Defensa, sumario 137 930, leg. 7625. <<

[43] José IBÁÑEZ: Realidades Universitarias…, p. 24. También se crearon las secciones de Historia de América en Sevilla y Madrid, comprensible dentro del proyecto de la Hispanidad soñado. <<

[44] Ibid., p. 18. <<

[45] En 1963, el SEU, cuyo jefe nacional era por entonces Rodolfo Martín Villa, publicaba una recopilación de artículos (significativamente la publicación no recogía ninguno anterior a 1952), entre los que aparecieron algunos relativos a la función de los colegios mayores. Cfr. VV.AA.: Con la misma esperanza, Madrid, SEU, 1963. <<

[46] José IBÁÑEZ: El sentido político…, p. 10. <<

[47] «Ley de Enseñanzas Medias», BOE, 85, 23 de septiembre de 1938, p. 1385. <<

[48] «Ley sobre Ordenación de la Universidad Española», BOE, 212, 31 de julio de 1943, pp. 7409 y 7410. <<

[49] Sobre la Ley de 1943, cfr. Mariano PESET REIG: «La Ley de Ordenación Universitaria de 1943», en CARRERAS ARES, Juan José; RUIZ CARNICER, Miguel Ángel (eds.): La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991, pp. 125-158. <<

[50] Sobre el proyecto de cultura uniforme en la Universidad, puede verse María Encarna NICOLÁS MARÍN: «La Universidad en los años cuarenta: por una cultura unitaria y tradicional», en CARRERAS ARES, Juan José; RUIZ CARNICER, Miguel Ángel (eds.): La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991, pp. 341-370. <<

[51] José IBÁÑEZ MARTÍN: La labor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, La Gráfica Comercial, 1945, pp. 15-16. <<

[52] José IBÁÑEZ: Realidades Universitarias…, pp. 14 y 24. <<

[53] Orden de 25 de abril de 1939, BOE, 117, 27 de abril de 1939, pp. 2264-2270 (la cita en p. 2266). <<

[54] Ibid., p. 2265. <<

[55] José IBÁÑEZ MARTÍN: La Universidad actual ante la Cultura hispánica. Discurso pronunciado el 23 de octubre de 1939 —Año de la Victoria— en el Paraninfo de la Universidad central, con motivo de la apertura del curso académico 1939-1940, Madrid, Imp. Silverio Aguirre, 1939, p. 15. <<

[56] Ibid., pp. 116 y 17. <<

[57] «Ley de Enseñanzas Medias», BOE, 85, 23 de septiembre de 1938, p. 1386. En el mismo preámbulo podía leerse: «Se trata así de poner de manifiesto la pureza moral de la nacionalidad española; la categoría superior, universalista, de nuestro espíritu imperial, de la Hispanidad, según concepto felicísimo, de Ramiro de Maeztu, defensora y misionera de la verdadera civilización, que es la Cristiandad». <<

[58] José IBÁÑEZ MARTÍN: La Universidad…, pp. 16-17, 7 y 11. <<

[59] Francisco de COSSÍO: «La Universidad Española», ABC (Sevilla), 24 de octubre de 1939, p. 3 (opinión). <<

[60] ABC (Madrid), 24 de octubre de 1939, p. 11. <<

[61] José IBÁÑEZ: La Universidad actual…, p. 6. <<

[62] Cit. en Agustín del RÍO CISNEROS (Selección): Pensamiento político de Franco. Antología, Madrid, Servicio Informativo Español, 1964, p. 54 [hay también edición de 1975 de Ediciones del Movimiento, 2 vols.]. <<

[63] «Se celebra una solemne misa, por los Camaradas caídos de la Facultad de Ciencias», La Hoja oficial del lunes, 124, Granada, 13 de noviembre de 1939, p. 1. <<