SÍGUENOS EN

@megustaleer

@megustaleerebooks

@megustaleer

@megustaleer

Prólogo

Manuela Carmena

Fue como una película. Entrábamos en el segundo mes de este 2020 cuando empezamos a hablar de un virus en China. Era algo lejano. Hablábamos de virus e infortunios que les pasaban a otros; a sociedades y países que, de una u otra manera, tendemos a mirar por encima del hombro, desde la elaborada Europa. Y, de pronto, todo cambió. Sobrevino de golpe. Apenas unas semanas después, ya en marzo, contemplamos con dolor y estupefacción que nuestros centros de ocio se convertían en improvisadas morgues para enterrar a aquellos novecientos muertos diarios que alcanzamos a tener. Eran los primeros y trágicos días de la enorme desgracia que hemos vivido.

Nos confinaron. Nos confinamos y tuvimos miedo. Miedo de que nuestro mundo, por el que caminábamos con seguridad, se nos viniera abajo. Abrimos ventanas y balcones y nos miramos con sorpresa. A los pocos días, como expresión espontánea, amparadora solidaridad, empezamos a aplaudir a nuestros sanitarios. A los que nos cuidaban, que allí estaban jugándose la vida. Vimos a vecinos que ni siquiera conocíamos. Compartimos nuestro miedo y nuestra inseguridad, buscando en la unión de unos y otros la esperanza y el consuelo. Hicimos lo que siempre hizo la humanidad: cooperar. Es decir, poner en marcha los resortes sociales.

Y desde entonces han pasado muchas cosas, tan nuevas y tan imprevistas. Ahora volvemos a la calle. Lo hacemos todavía con miedo, con medio rostro oculto y teniendo que aprender a expresarnos solo con los ojos. Sin embargo, nos sabemos varados, desconcertados, sin proyectos.

Sentimos que queremos romper nuestra parálisis, nuestro aturdimiento. Necesitamos ideas. Anhelamos, expectantes, vislumbrar un futuro superador, distinto. Y de ahí surge la necesidad de este libro. Quiere ser un toque de estímulo, un poco de aliento para que volvamos a ser conscientes de nuestros proyectos, del futuro que teníamos en nuestra mano, para que seamos capaces otra vez de llenarnos de energía. Ayuda a que de nuevo sepamos que pende sobre nuestra responsabilidad conseguir un mundo mejor, menos desigual y más justo para todos. Para que seamos capaces de superar, de levantarnos, tras los infortunios, las catástrofes o las pandemias.

Observo, no sé si estoy en lo cierto, que en las voces que concurren en este libro coral hay en primer lugar una sana ansiedad por ofrecer experiencias, reflexiones y propuestas no solo planteadas ante esta especial coyuntura de la pandemia. Parecen estar acuñadas en el transcurrir de las distintas trayectorias profesionales que han conformado la voz y el pensamiento de los autores. Son, se podría decir, el poso de esas trayectorias.

Esa constatación me lleva a otra reflexión en el marco de lo que ahora, que he dejado la política activa, cada vez me interesa más: las carencias políticas de nuestra sociedad y la insuficiencia de engranajes para la fácil aportación a los políticos de nuestra rica y elaborada sociedad civil. Probablemente nuestra sociedad, la sociedad española, la de antes y la de ahora, adolece, y mucho, de comunicación con la clase política. Cuando en las reflexiones de unos y otros veo hasta programas políticos constato esa enorme necesidad de opinar, que encierra a veces la amargura de no ser escuchados, de ser ninguneados.

Nuestra sociedad carece de debates públicos sobre nuestros problemas sociales, sobre nuestra realidad. Faltan debates profundos, sosegados y tranquilos sobre cómo mejorar la economía, la justicia, la ecología, la cultura, la sanidad o la educación. El buen debate es esa necesaria y enriquecedora actividad social. La hemos sustituido por la bronca tabernaria, en la que se han acomodado el sectarismo y el maximalismo de una mal entendida y simplista confrontación política.

De ahí que en este libro coral aparezca con nitidez ese tan intenso como necesario deseo ciudadano de actuar en política. De actuar más allá del voto, igualmente necesario pero no suficiente. De actuar precisamente por medio de lo que es la esencia de la democracia: las ideas, la escucha, el análisis, la valoración y también la respuesta.

Quizás por esto gran parte de las ofertas que se pueden desprender de estas voces vayan a veces más a lo general que a ese conjunto de medidas concretas, no solo defensivas, que en todo caso exige el imprescindible despertar del batacazo, para comenzar a reactivar cuanto antes.

Parece, pues, que deberíamos entender este libro como un portfolio con dos grandes aproximaciones: lo que hay que hacer de inmediato, hoy mismo, mañana mejor que pasado; y lo que habrá que diseñar para un futuro más a largo plazo.

Pero no hay que olvidar que ambos conjuntos proposicionales tienen una indiscutible relación. Lo que hagamos hoy tiene que servir para el futuro o al menos no imposibilitarlo.

Me parece especialmente esclarecedora la propuesta que dibuja la pedagoga Ainara Zubillaga. La escuela, nos dice, no es el aula. Se reclama, sí, la educación presencial. Pero eso no significa, advierte, mantener las aulas como las hemos conocido: pupitres, encerados, atril de profesor (para reforzar su autoridad, como reclamara E. Aguirre). Ese mantenimiento, que empieza a no ser posible por las propias exigencias de prevención ante la pandemia, nos abre la oportunidad para superar esa concepción. Tendríamos que haberlo hecho antes. Surge ahora en esa doble faceta que encierran las crisis. Hay que, y cabe plantearse, diseñar una nueva forma de enseñar. Pero esa forma de enseñar no puede quebrantar las bases sólidas de lo que significan la escuela y la escolarización. Estas comportan igualdad social. ¡Para cuántos niños y niñas la escuela no es solo un almuerzo digno! Es también, y sobre todo, el acceso a los más elementales medios educativos. Es el medio propio del desarrollo de los niños y niñas. Trasladar el aula y el encerado a la pantalla del ordenador de nuestras casas sería un error inmenso.

Hay que diseñar nuevas formas de crear escuela a base de construir, desde cada centro, maneras diferentes de enseñar y, sobre todo, de aprender.

Niños, niñas y adolescentes han vivido una experiencia única. Han visto y vivido una catástrofe mundial en directo, no en la televisión ni en el cine. Pero además ello lo han vivido intensamente junto a su familia más nuclear, padres, madres y hermanos. Compartir penas y alegrías es también enseñanza. ¿Cómo sumar lo exterior y lo interior? ¿Cómo diseñar una escuela sin aula pero con los valores que la acompañan? Todo un reto fascinante.

Esto es tarea de ahora. Es tarea inaplazable. Dice la autora que las escuelas tienen que diseñar nuevos mapas con los itinerarios que deben recorrer. Mapas en educación, con las necesarias medidas que no podemos retardar en aplicar, pero que también muestren el camino a su reconsideración a futuro.

El mapa es un buen símil, dice Ainara. Los «mapas» pueden ser una herramienta metodológica útil para diseñar las medidas urgentes que nos apremian en el marco de una visión de luces largas. «Mapas» en la economía, en la sanidad, en la justicia, en la cultura y, claro, también y muy destacadamente, en la política, entendida esta en su acepción más amplia.

Por ejemplo, necesitamos un mapa urgente sobre el transporte público, pero sin perder la visión de largo plazo. El COVID ha alertado respecto al transporte público. Por definición, los transportes públicos implican aglomeración y es precisamente la aglomeración lo que las políticas de prevención nos recomiendan evitar. Pero, tal y como afirma con rotunda claridad Yayo Herrero, es imprescindible limitar los gases de efecto invernadero. No, no puede ser que el miedo al COVID haga que muchas personas vuelvan de nuevo a la utilización de vehículos individuales para todo en la ciudad. Los viajes a pie, por proximidad de los destinos, y por supuesto la bicicleta deberán tener un mayor protagonismo que el que ahora tienen en nuestras ciudades. No obstante, no podemos olvidar que la bicicleta hoy por hoy no puede sustituir al transporte público, ni por las características de la población ni por todo un sinfín de tipos de viaje para los que no puede ser alternativa: niños, mayores, profesionales con instrumentos y bultos, compras pesadas y un largo etcétera. La reflexión, entonces, enrarecida por la coyuntura dramática del virus, no puede llevarnos a cuestionar el transporte público, colectivo. En una sociedad altamente motorizada ya resultaba fundamental convencer a la ciudadanía de que se abstuviese de utilizar el vehículo privado en la ciudad. Para ello había que ofrecer un transporte público colectivo de mayor calidad. El virus no puede interrumpir el proceso de reconversión de la movilidad urbana. Lo que hace es obligarnos a considerar con mayor prioridad la mejora y mayor cualificación del transporte público. La amenaza del virus no ha hecho, como en tantos otros aspectos, sino agudizar esa prioridad. Será seguramente imprescindible, por tanto, poner en marcha autobuses eléctricos más pequeños y quizás con mayor separación entre asientos y, sobre todo, ampliar la implantación de autobuses a demanda, más o menos autónomos.

La importancia de lo público, de lo colectivo, es tal vez la gran enseñanza que nos ha traído la pandemia. Cual vendaval, ha desvelado la debilidad que conlleva postergarlo o dejarlo languidecer. La sanidad pública, a la que hemos tenido desesperadamente que recurrir, es solo uno de tantos otros aspectos. De la pandemia, como de las pruebas de estrés (felizmente menos crueles), habría que sacar conclusiones y trazar mapas para reforzar lo público y la regulación que conlleva.

Cómo no hacerlo, y de inmediato, mediante mapas que recojan las medidas tanto urgentes como con luces largas para la economía. El profesor Gay de Liébana, con su conocida y peculiar perspectiva, diagnostica una situación extraordinariamente grave de nuestra economía, solo agudizada por la pandemia. Muestra una extremada preocupación ante la quiebra. Propone medidas urgentes y de estímulos para nuestra economía. Pero, sobre todo, sin duda como poso de una reflexión que proviene de más lejos, propone un sinfín de medidas de rediseño de la economía española. Reclama muy especialmente la industria agrícola y el fomento urgente de una anhelada reindustrialización más general, cuya prioridad se ha planteado con mayor extensión como efecto de la pandemia. Parece que, como todos aquellos anhelos que tienden a prodigarse, no encuentran fácil concreción.

El doctor César Carballo nos relata, con magnífica precisión y con la belleza de la autenticidad, la crónica en primera persona del combate de la medicina contra el COVID. Nos apunta, como reflexión a posteriori, lo que pudo hacerse mejor y no se hizo. Nos ofrece líneas de cómo debe ser una sanidad mejor para el futuro, lo que no le impide señalar algunas urgencias inaplazables, como la necesidad de efectuar tests a todas las personas que lleguen a España y de medicalizar de forma inmediata las residencias de mayores. Esto lo recomienda de forma tan contundente como polémica. Propone implantar en todas las residencias los servicios médicos que permitan a los que allí residen los tratamientos que podrían obtener en nuestros grandes centros hospitalarios.

En este libro coral, a la periodista Mamen Mendizábal le correspondió la crónica del comportamiento de los actores políticos durante esta pandemia. Con gran acierto, titula su aportación «El estado de ruido».

Estado de alarma convertido en estado de ruido que ha escenificado la enorme contradicción de vivir en un dramático periodo en el que más que nunca nos eran necesarios los políticos y a la vez constatar el imparable distanciamiento social que nos separaba de ellos y de su discurso.

Aunque parezca peligroso e incomprensible en un momento tan dramático como el que hemos vivido, la oposición política ha intentado entorpecer al máximo la actuación del Ejecutivo. Se añora la respuesta, ejemplar ante la emergencia, del líder de la oposición en el vecino Portugal. «Estoy con usted, primer ministro, y le deseo suerte, porque su suerte es la suerte de todos». Por el contrario, en España la oposición pensó que la pandemia, cuyo vencimiento pasaba a un segundo plano, podía hacer caer al Gobierno. Al parecer era su único objetivo, puramente electoral. En momentos tan dramáticos como los que hemos vivido, con los hospitales colapsados, los contagios en progresión y una mortalidad no vista desde la posguerra, resulta incomprensible que la oposición centrara todos sus esfuerzos en maximizar los errores del Ejecutivo, llegando a tildar a este de algo tan inaceptable como de criminal o incluso de asesinos. Pareciera que, al tratarse de los «muertos del Gobierno», desearan que fueran los más posibles.

En mi criterio esos comportamientos presentan especial trascendencia. Muestran la inadecuada forma de entender la política. Y ello no solo se destaca en la específica y acertada participación de Mendizábal. Prácticamente en todas las intervenciones de este libro coral hay una referencia a lo que yo llamaría necesidad de un cambio, urgente e inaplazable, de la forma de hacer política.

Lo dice Ainara, lo dice César, lo dice José María; las soluciones que todos proponen, esos «mapas de urgencia», no pueden quedar colapsados por ese sentir general de «solo vale lo de los míos y siempre es criticable lo de los otros». En infinidad de circunstancias observamos que unas mismas medidas, patrocinadas por unos o por otros, tienen aceptación diferente al estar todos inoculados con la «vacuna», cada uno con la suya, del sectarismo.

Un cambio en la manera de hacer política es quizás la medida más necesaria de todas para salir del hoyo en el que nos ha metido la pandemia. Seguramente resultará la más difícil, pero requiere que se aplique de inmediato. La política implica debate, análisis de alternativas diferentes determinadas por visiones o ideologías distintas y dispares, pero a pesar de estas diferencias no cabe duda de que, cuando se presentan situaciones como las que estamos viviendo, hay que buscar con anhelo lo que nos une, lo que nos permita la reconstrucción más integral.

El pasado 7 de julio se firmaron en el Ayuntamiento de Madrid Los Pactos de la Villa —medidas urgentes para parar la hemorragia de una ciudad que se ha visto tan herida—. El alcalde Almeida agradeció a la oposición la propuesta de pacto y su colaboración para lograrlo. No sé si los medios han recogido con el necesario realce este acontecimiento. Entre las novedades que nos deparó el acto de su aprobación destaca el discurso, sin duda sorprendente, del portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, el señor Ortega Smith. Llegó a decir algo así como «nos estábamos equivocando los políticos buscando siempre la confrontación entre nosotros. La sociedad no quiere eso». Tal vez influido por haber padecido personalmente la enfermedad, reconoció el error de dicha confrontación. No lo he visto ni recalcado ni comentado en los medios.

Como antes adelantaba, lo público, lo de todos, es en la actualidad más necesario que nunca. Yayo Herrero explica con luminosidad cómo la salud es un bien público. La cooperación social, siempre necesaria, deviene hoy el factor imprescindible para el avance que ahora tanto se reclama. La sociedad civil ha dado sobradas muestras de coherencia y solidaridad durante la pandemia. Con ello ha puesto a su vez de manifiesto hasta qué punto necesita una clase política que esté a su altura.

Adelante, claro que sí. La humanidad siempre supo que el progreso estaba en el caminar hacia delante. Nuestro diccionario describe el progreso como «el desarrollo continuo, gradual y generalizado de una sociedad en los aspectos económico, social, moral, científico, cultural, etcétera».

Saldremos de esta, sin duda, pero para hacerlo cuanto antes y con la máxima justicia y equilibrio es necesario que imaginemos esos «mapas» de medidas urgentes que a su vez nos lleven a estrategias del futuro mejores, más justas y más completas. Tenemos esperanza, por supuesto que sí, pero necesitamos inteligencia, imaginación, ideas, escucha, apoyo, cuidado, respeto y trabajo también, sí, mucho trabajo.

No sé por qué me viene ahora la imagen de las mujeres alemanas, tras la derrota en la Guerra Mundial, limpiando ladrillos que se podían aún utilizar de entre las montañas de destrucción y escombros.

Tenemos que trabajar todos en la construcción de esta esperanza. En Gran Bretaña se ha montado una oficina para ofrecer trabajos sociales voluntarios a los desocupados que están en los ERTE de allí. Nosotros también tenemos desde hace muchos años una ley de compatibilización para que los beneficiarios del seguro de desempleo puedan acometer, a la vez que cobran este, tareas sociales útiles para la comunidad. ¿No será este el momento de modernizar y actualizar esas disposiciones y crear otras si hace falta para propiciar la cooperación/colaboración social? Ello quizás contribuiría a intensificar y robustecer la esperanza por la que queremos transitar.

I

Relato médico final del COVID-19

César Carballo

César Carballo Cardona (Madrid, 1972). Estudió Medicina en la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Cursó un máster de prevención de riesgos laborales en la rama de higiene industrial, otro de medicina de urgencias y emergencias, un tercero de gestión y alta dirección hospitalaria y es especialista en enfermedades del sueño. Ha trabajado como jefe de unidad de urgencias en los hospitales Ramón y Cajal de Madrid y La Paz. En la actualidad es vicepresidente de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias, y trabaja como adjunto de urgencias en el hospital Ramón y Cajal de Madrid.

El término «zoonosis» fue creado por el médico y patólogo alemán Rudolf Virchow (1821-1902) en su obra Handbuch der Speziellen Pathologie und Therapie, publicada en 1855, para denominar a la triquinosis, una enfermedad parasitaria humana adquirida por consumo de carne de cerdo cruda. Desde entonces se han conocido muchas zoonosis que han afectado al ser humano, algunas tan graves como la epidemia de ébola hace algunos años, sospechándose del murciélago frugívoro como responsable de transmitir ese virus al hombre. Esta vez es otro murciélago el que ha transmitido otra enfermedad mortal y ha ocasionado un evento sin precedentes en la historia de la humanidad.

Muchas veces antes de la pandemia del COVID-19, le había anunciado a mi mujer que deberíamos estar preparados para afrontar una crisis mundial que llevaría a la especie humana a una situación sin precedentes, y que sería la forma en que el planeta Tierra se tomaría una justa venganza y nos enseñaría el pequeño papel que desempeña el ser humano dentro de él. Al fin y al cabo, solo llevamos habitándolo unos miles de años, lo que en tiempo cósmico no es sino una fracción de segundo para nosotros. Nuestro planeta ya estaba aquí hace millones de años, y seguirá estando cuando la especie humana se extinga, espero que dentro de unos miles de años más. También estaban los virus, aunque los científicos todavía no se ponen de acuerdo en esto. Me gusta pensar en los virus como un organismo vivo, así pongo «rostro» al enemigo, concédanme ese placer a lo largo de estas páginas.

Muchos millones de años antes de que el ser humano existiera, estudios genéticos con avispas sugieren que ya había virus infectando insectos hace trescientos millones de años. Cuando aparecimos hace unos miles de años, empezamos nuestra batalla como organismos que pueblan el ecosistema del planeta Tierra contra los otros «habitantes», y nos hicimos rápidamente con el poder como especie dominante. Sin embargo, nuestro pequeño enemigo se frotaba las manos, ahora tenía otro ser vivo al que infectar y poder así ordenar a su ejército que hiciese clones de sí mismo hasta pasar a otro huésped, y de esta forma agotar los recursos naturales o llegar a una simbiosis con ellos, y habitar como reservorio, algo que los humanos no hemos conseguido en nuestra existencia en la Tierra.

Me encanta la película Matrix, para mí una obra maestra de las hermanas Wachowski, y que dio paso a una época diferente en las películas de ciencia ficción de las que me declaro fan incondicional. En ella, Smith, un agente malvado cuyo objetivo es destruir la especie humana, le dice a Morfeo, el líder de la Resistencia humana, que catalogando especies se dio cuenta de que el ser humano no era un mamífero, sino un virus: «Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un equilibrio natural con el entorno que los rodea, pero ustedes, los humanos, no lo hacen. Se establecen en un área, y se multiplican y multiplican hasta consumir todos los recursos naturales. La única manera que tienen de sobrevivir es extendiéndose a otra área. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón: el virus. Los seres humanos son una enfermedad, un cáncer de este planeta. Ustedes son una plaga, y nosotros somos el tratamiento».

La verdad es que al reflexionar sobre estas palabras, tras ver los telediarios y siendo honestos, no me queda otra que darle la razón al agente Smith: nos comportamos como un virus con el planeta, agotamos sus recursos y lanzamos gases de efecto invernadero que causan estragos en nuestro hábitat. Siempre he pensado que la madre naturaleza está harta de nosotros. En el culmen de nuestra civilización, con todos los adelantos tecnológicos, científicos, sociales, económicos, nos creíamos invencibles, muy por encima de la naturaleza.

Esa idea cambió en diciembre de 2019.

APARICIÓN DEL VIRUS: UNA POSIBLE RECREACIÓN DE LOS HECHOS

Ajeno a polémicas de cuándo apareció el virus en China, yo lo dato como mínimo en octubre. Me imagino todas las piezas encajando como en un rompecabezas. El murciélago sobrevuela un bosque en el que vive desde hace muchos años. Los humanos estaban muy alejados de lo profundo del bosque de Wuhan, los animales salvajes corrían libres y no tenían que preocuparse por otros depredadores que no fueran los mismos habitantes de la selva. En este escenario, una de las especies de coronavirus (el que conocemos ahora como tipo 2) convivía con su huésped original, infectaba al murciélago del bosque desde hacía milenios y habían aprendido a vivir juntos en cierta armonía. El virus infectaba al murciélago que lo replicaba en sus células, alcanzando la suficiente carga viral como para saltar a otro murciélago; a cambio de esto, la infección era casi silente o asintomática. El virus había aprendido a vivir en simbiosis con su huésped: «Tú me ayudas y yo no te hago daño». Esta sociedad era perfecta hasta que intervinimos los humanos. Y es que desde hace años el ser humano ha empujado a la naturaleza hasta los límites, por lo que los animales que habitan en ella disponen de menos espacio para convivir y esto hace que tengan más interacción entre ellos. De este modo, un murciélago sale volando de su cueva y defeca sobre un árbol, en ese árbol se encuentra un pangolín (u otro animal intermedio a la espera de confirmación científica), este olfatea el árbol y los excrementos del murciélago, y el virus que se hallaba en las heces del murciélago pasa de forma directa, por vía inhalatoria, al pulmón del pangolín. Entonces, el virus pasa a un medio que no conoce, pero encuentra una puerta de entrada y tiene además las llaves para abrirla (los receptores ACE2 en el pulmón del pangolín); así se introduce en un terreno desconocido, el tejido pulmonar del animal intermedio, y empieza a reproducirse. Como con este nuevo hogar todavía no ha firmado un acuerdo de no agresión, una vez que ha entrado en la célula la obliga a seguir su libro de instrucciones, apartándola a la fuerza de otras acciones que llevaba a cabo, y después de que la célula ha realizado las copias necesarias, estos nuevos virus la abandonan recogiendo parte de la capa externa de la célula como suya y destruyéndola en ese proceso.

El pangolín comienza a sentirse enfermo, pero en ese momento es capturado en una red de un cazador que lo lleva a su casa para venderlo en el mercado de animales de Wuhan al día siguiente. Sus hijos juegan con el pangolín, como siempre que consigue cazar uno. Estos animales son relativamente inofensivos y a los niños les encanta jugar con ellos. El cazador tiene una niña de ocho y otro niño de doce, los hermanos juegan toda la tarde con él hasta que llega la hora de la cena y su madre les llama para que se sienten a la mesa. Reunida la familia, todos rezan sus oraciones y se pasan los cuencos de arroz. Esa noche, salvo el hijo mayor, con inmunidad innata por haber pasado un catarro por coronavirus de otro tipo el año pasado, todos los miembros de esta unidad familiar son contagiados por el coronavirus tipo 2, que ha pasado a sus fosas nasales después de haber rozado los cuencos de comida infectados y de tocarse la nariz y la boca. Al día siguiente venderán el pangolín después de tenerlo durante varias horas en el mercado de animales de Wuhan. En total se contagiarán ese día ocho personas, que a su vez contagiarán a otras seis, y estas, a otras seis... De esta manera, en veinte días la enfermedad se ha extendido fuera del control de las autoridades, que todavía no tienen claro qué está ocurriendo. Nadie ha dado la voz de alarma y el virus se extiende de persona a persona, como un fuego en pasto seco. El virus ha encontrado un nuevo huésped que le gusta y sobre el que no tiene defensas que le mantengan a raya en las vías respiratorias superiores.

Esa pequeña fue la paciente 0. Ella pasó la enfermedad de manera asintomática y nunca sabrá que fue la responsable de más de medio millón de muertes hasta la fecha.

Cheng (permítanme la libertad de poner nombre y cara a mi colega chino) estaba de guardia en urgencias ese día 26 de diciembre. Le esperaba una larga jornada de veinticuatro horas agotadoras en el hospital de Wuhan, que cuenta con más de mil camas de hospitalización, con un servicio de urgencias con capacidad para atender a unos quinientos pacientes al día. En esa guardia algo le molestaba, una sensación que no sabía describir, pero que no le había dejado dormir esa noche y que le hacía estar irritable. Cuando vio a su primer paciente, algo no cuadraba. Era un hombre de cuarenta y un años, con mala cara. Sus veinte años en urgencias le hacían saber cuándo realmente un paciente estaba malo, había desarrollado un buen ojo clínico. El paciente estaba disneico, es decir, le costaba respirar. Su saturación de oxígeno era del ochenta y seis por ciento, además tenía fiebre y tos. Todo esto indicaba que necesitaba oxígeno de manera urgente, pues por alguna razón sus células no tenían oxígeno suficiente para realizar sus funciones básicas y estaban sufriendo una situación de hipoxia. Por lo tanto, el diagnóstico era grave, pues el deterioro de su estado podía ocasionarle la muerte. Cheng enseguida ordenó no solo que le pusieran oxígeno, sino que le realizaran las pruebas necesarias para saber qué condición subyacente o patología le estaba ocasionando ese cuadro.

Cuando vio la placa, un gesto sombrío asomó a su rostro: los dos pulmones estaban afectados con lo que parecía una neumonía grave, y además se confirmó una disminución de oxígeno muy severa en sangre. No era habitual en una persona joven y sin patologías. No lo había visto nunca y no casaba con un cuadro clínico de infección respiratoria. Lo comentó con sus colegas y a todos les pareció extraño, así que ingresaron al paciente a la espera de que salieran los cultivos de esputo y de sangre, para bacterias y virus; allí estaría la clave para desentrañar el misterio. Cuando Cheng se fue a dormir tras finalizar su turno, comprobó su nivel de azúcar en sangre antes de ponerse su insulina nocturna, pues era diabético desde niño. Algo le molestaba, pero comprobó que su glucemia era normal. Nada le hacía suponer que ese paciente al que acababa de salvar la vida le había transmitido un virus mortal. Treinta días más tarde, y tras pasar por la misma unidad de cuidados intensivos que su paciente, ese virus acabaría con su vida.

Así me imagino que pudo ser la introducción del coronavirus en nuestro mundo. No creo en las teorías conspiranoicas que dicen que se escapó de un laboratorio o que fue creado con la idea de sembrar el caos en el mundo occidental. Muchas veces la naturaleza gana en crueldad a cualquier escenario que podamos imaginar, y este es uno de ellos.

Me he permitido la licencia de fantasear con cómo pudo desarrollarse la pandemia, ya que muchas veces he pensado que me tocaba a mí ser el doctor Cheng (espero que con un final más feliz), y siempre me he preguntado si mi ojo clínico me habría avisado a tiempo de tomar medidas de protección para mi grupo de gente y para mí, y si me habría dado cuenta de que una enfermedad transmisible de alta letalidad había llegado a mi servicio de urgencias.

Uno de mis colegas que además es amigo da una clase a los estudiantes de Medicina y residentes, todos los años el 11 de marzo, en memoria de los 191 (+1) compatriotas (fueran españoles o no)[1] que perdieron la vida ese día. Uno de los ejemplos que pone durante su exposición es el de un estudiante joven en un servicio de urgencias de Tokio en 1995, porque este alertó a sus superiores cuando empezaron a llegar víctimas con un extraño cuadro clínico que luego resultó ser una intoxicación por gas sarín. Esta intoxicación costó la vida a trece personas y dejó a decenas en estado casi vegetativo.

Gracias a la alerta de este joven médico se tomaron medidas tanto a nivel terapéutico con los pacientes que llegaban afectados como a nivel de protección del personal sanitario con los EPIS que impidieron que otros colegas se contaminaran por el residuo del gas sarín.

¿ESTÁBAMOS PREPARADOS?

Siempre he pensado que una pandemia acabaría afectándonos. Durante años se lo he anunciado a mi mujer, hasta tal punto que llegó a prohibirme hablar de ese tema por catastrofista. Yo me ponía en lo peor, en que esa pandemia acabaría con nuestra forma de vida y nos condenaría a un mundo apocalíptico. Poco ha faltado. Solo con que esta infección hubiese afectado de manera severa al estrato más joven de nuestra población, los niños, la película podría haber sido bien distinta.

Ya lo avisé en una charla que di en marzo de 2017. En ella comenté cómo habíamos preparado al servicio de urgencias de La Paz para atender casos de enfermedades transmisibles de alta letalidad como el ébola o coronavirus como el SARS o el MERS (estos dos últimos son primos de nuestro COVID). Estos virus ya habían causado brotes en años anteriores y amenazaban con entrar por la puerta de nuestro servicio, ya que éramos el servicio nacional de referencia. En ese año tuvimos más de trescientas alertas que atendimos en nuestro servicio de urgencias. Eran pacientes con sospecha de que tuviesen alguna de las enfermedades antes mencionadas. Algunos llegaban directamente del aeropuerto de Barajas y nos preparábamos para atenderlos de uno en uno. Pero lo que advertía en esa charla es que el sistema hospitalario no estaba preparado para una pandemia global, algo que ya advertía la OMS que iba a ser inevitable.

No sentó bien esa charla en el seno de la dirección médica, y al día siguiente me reprendieron diciendo que no podía crear esa alarma, que no estaba justificado, pero por desgracia las circunstancias me han dado la razón años más tarde. Ha habido una pandemia, tal y como predijo la OMS, y el sistema no estaba preparado para afrontarla, por eso a veces me hace gracia cuando leo y escucho que no se podía adivinar, que no se sabía, etcétera, etcétera.

Yo además de médico soy muy friki, en el sentido amplio de la palabra, y, como he escrito unas líneas más arriba, me encantan las series y las películas de ciencia ficción. De estas últimas no me pierdo una y, si es posible, prefiero ir a una sala de cine, donde voy solo a disfrutar de dos horas de «hechos imposibles». Recuerdo una película que guarda cierta relación con lo acontecido estos días (salvando las distancias): Guerra mundial Z. En ella se produce sin previo aviso una pandemia vírica que convierte a sus portadores en zombis. La película está basada en un best seller de Max Brooks y el héroe en la pantalla tiene los rasgos de Brad Pitt. El protagonista intenta junto a un equipo SEAL y un virólogo (es curioso ver lo que pasa con este personaje, pero no quiero hacer spoiler) dar con una cura para el virus. Pero tienen que llegar hasta el paciente 0, y para ello viaja hasta Israel, donde parece ser que están libres de infección, algo que le resulta asombroso. Al llegar allí, un alto cargo del Gobierno le explica por qué estaban preparados para la pandemia y por qué cerraron murallas y fronteras antes de que la pandemia se desarrollara a nivel mundial, y entonces le habla de la teoría del décimo hombre. Como me creo que es muy curiosa, voy a explicarla a continuación: la teoría consiste en que dados los antecedentes de «agresiones» inesperadas que sufrió Israel en años previos (Múnich, la invasión de Egipto, etcétera), han desarrollado un mecanismo defensivo por el que siempre que nueve personas estén de acuerdo en que algo es cierto, una décima persona debe defender la tesis contraria (incluso si no está de acuerdo con ella) para estar preparados ante una eventualidad o tesis improbable. Por lo tanto, cuando llegaron informes de una «pandemia zombi», los nueve opinaron que era imposible que esos informes fueran reales, pero esta persona se vio obligada a pensar y a actuar como si esa fuese una situación real. Me pareció una táctica brillante e indagué algo más sobre ella, y lo que vi en Wikipedia me sorprendió: «Aunque explícitamente no existe la regla del décimo hombre, en el Gobierno de Israel sí tienen implementada una cultura de análisis de tesis improbables, llegando a tener incluso una oficina llamada la oficina del “abogado del diablo” (Devil’s Advocate office) donde se analizan las tesis opuestas a las aceptadas»[2].

Esto me hizo pensar que debería existir algo parecido en casi todos los gobiernos, que los encargados de «protegernos» tuviesen en cuenta tesis improbables y pudiesen obrar así en consecuencia. Cuando vi a nuestro director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Simón, diciendo que en nuestro país «no iba a haber más allá de unos pocos casos», pensé para mis adentros: «De todos modos habrán pensado en la opción B». Pues no, nadie pensó en que esto podría pasar, ni se tomaron medidas. Si entras en la página web del Ministerio de Sanidad, entre sus acciones citan: «Coordinar la gestión de la información y apoyar en la respuesta ante situaciones de alerta o emergencia sanitaria nacional o internacional que supongan una amenaza para la salud de la población».

¿De verdad que nadie en ese «centro» pensó que esto podía pasar? Cuando tuvieron la reunión y dijeron que esta pandemia no nos afectaría, ¿nadie levantó la mano y dijo: «Y sí...»? Evidentemente, no. La pregunta que me he hecho es qué habría ocurrido si yo hubiera sido el décimo hombre de esa reunión. ¿Qué habría hecho? ¿Habría cambiado algo? Bueno, imaginemos que a primeros de enero alguien hubiese tenido el encargo como «décimo hombre» de pensar que la pandemia iba a llegar a España y que iba a suponer miles de afectados y muertos.

Yo habría pensado: «¿Qué necesita mi país si esto realmente sucede? ¿Cómo debe comportarse un mando único de emergencias ante una crisis de este tipo?». Como siempre digo a los residentes a mi cargo: «En último lugar, si no sabes, pregunta a otro que sepa más que tú», y gracias a Dios pocas veces me he enfrentado a un problema en el que soy el que más sabe del mundo. En ciencia siempre hay gente que o sabe más o ha visto las cosas desde otra perspectiva y que enriquece el resultado final, así que el consejo siempre es que se consulte y, si se necesita, copiar es una solución (aunque se debe citar a las fuentes y darles el honor que se merecen). A la hora de enfrentarse a una pandemia tenemos algunos de los mejores profesionales del mundo, entre ellos a los directivos de Médicos Sin Fronteras, que desafiaron a una de las peores enfermedades y epidemias a las que ha hecho frente el ser humano: el ébola.

Hace años, cuando repatriamos a nuestro cura de Sierra Leona estuvimos a punto de suicidarnos: si la auxiliar sin experiencia que se contagió (no entraré en más detalles, pero también estaba al frente el doctor Simón) al amortajar el cadáver hubiera infectado a su marido y a las dos personas que la depilaron en una peluquería, habríamos comprobado la dureza de una pandemia mortal. Madrid se habría parado, y el palo para la ciudad y el país hubiese sido brutal, pero tuvimos suerte. Sin embargo, no aprendimos... Hace años, cuando repatriamos a nuestro cura de Sierra Leona estuvimos a punto de suicidarnos, pues nadie consultó a dicha organización.

Al caso, Médicos Sin Fronteras había montado varios hospitales de campaña en Sierra Leona y Guinea Conakri, la organización tenía además experiencia en el manejo de una enfermedad mortal, tratada en modo pandemia (los pacientes allí se contaban por miles), y sus miembros son sin duda los verdaderos expertos en estas lides, pero, de nuevo, ¿alguien les preguntó? La respuesta es NO. Personas que no habían visto ningún paciente ni sabían de EPI ni de protocolos en materia de prevención y control de infecciones (o PCI, como se llaman en Médicos del Mundo), etcétera, serían las que, sin pedir ayuda a nadie, manejarían una crisis de la que no tenían ni pajolera idea...

Pero no solo nuestros dirigentes afrontaron la amenaza sin saber, ni querer saber, sin valorarla y sin un plan A, B, C, sino que cometieron varios errores que costaron muchas vidas a varios niveles. Y todo por, como dice un compañero y profesor mío, no haber llamado «al que más sabe», que es lo que hubiéramos hecho cualquiera con dos dedos de frente cuando nos enfrentamos a algo que desconocemos. En este relato hay para todos, para el Gobierno central y para la Comunidad de Madrid. Primero pasaré a describir los errores que cometimos y luego expondré finalmente qué habría hecho yo de ser el décimo hombre.

ERRORES SOBRE LOS QUE APRENDER

Empezaré por los errores cometidos en el pasado, y que sin duda nos llevaron a una situación límite que condicionó la respuesta a la pandemia.

Desde hace años nuestra inversión en I+D ha sido muy deficitaria: estamos en un 1,2 por ciento, cuando países de nuestro entorno, como Alemania (comparémonos con los mejores), Suecia, Dinamarca o Noruega invierten por encima de un tres por ciento, quedando España en un decepcionante decimoctavo puesto del ranking europeo[3].

Eso sin duda ha lastrado nuestro enorme potencial de investigación, y lo tenemos, porque los españoles poseemos unas cualidades que no tienen en otras partes del mundo: la espontaneidad, la imaginación y la iniciativa; además, no somos cerrados y nos atrevemos a experimentar y probar. Estas cualidades que están en nuestro ADN no se las he visto, por ejemplo, a nuestros homólogos alemanes y eso nos da una perspectiva única y muy valorada fuera de nuestras fronteras. Por desgracia, las cualidades de nuestros investigadores no van en consonancia con las de nuestros políticos, y desde la crisis de 2008 no se ha invertido en serio en investigación. Así que los grandes investigadores españoles se han largado fichados por otros países que han visto un filón en ellos, y un retorno de inversión evidente a años vista. Pero en este país pocos políticos piensan en un horizonte temporal que exceda las próximas elecciones, y así es imposible «cultivar la ciencia», ya que muchos proyectos dan sus frutos a los cinco o diez años, un periodo demasiado largo. Por tanto, aquí está uno de nuestros pecados capitales: EL CORTOPLACISMO.

Otra gran carestía que ha condicionado nuestra respuesta a la pandemia ha sido la de empresas que fabricaran productos críticos necesarios para afrontar la pandemia, como mascarillas, EPI o respiradores. No solo había carestía de estas empresas dentro del territorio nacional, sino que no había ese tejido industrial que pudiera ser movilizado en este tipo de amenazas. Así nos hemos dado cuenta de que dependemos de terceros para el suministro de mascarillas y respiradores. No ha ocurrido lo mismo en otros países, donde solo han tenido que hacer un llamamiento a estas empresas para tener un suministro, como se ha visto en China con las mascarillas o en Alemania con los respiradores. Tampoco contamos con industria que pueda realizar millones de dosis de vacunas una vez tengamos la piedra filosofal, y que en el verano que viene puede que sea española. ¿Tendremos que depender de una empresa extranjera que nos facilite los millones de dosis necesarias para alcanzar la tan anhelada inmunidad? Espero que esta crisis nos haya servido al menos para incentivar cierto tipo de industria nacional que debe estar en disposición de activarse en cuanto sea requerida por el sistema.

Otro gran error que hemos pagado fue la falsa idea de que nuestro sistema sanitario era de una calidad que en realidad no tenía. En los días previos al estallido de la pandemia, en Madrid se oía a nuestros políticos repetir que nuestro sistema sanitario, en el «improbable caso» de que pasase algo, estaría preparado para la atención de un posible brote en España. La realidad nos estalló en la cara, y esa realidad es que nuestro sistema sanitario desde hace mucho tiempo ha dejado de ser de tipo «A». Las continuas desinversiones en forma de bajas y jubilaciones no cubiertas; el agotamiento de unas plantillas que ven que siempre con menos hay que dar más; la progresiva bajada de sueldos, que hacen de nuestro país uno de los que menos paga a sus profesionales sanitarios; la inacción frente a la modernización de nuestro sistema y la adquisición de nuevas tecnologías; la brecha tecnológica abierta y cada vez más profunda, porque no ha incorporado las tecnologías de la información en la ayuda de los profesionales; y, finalmente, la destrucción de la base del sistema, al haber abandonado la atención primaria y las urgencias a su destino, han hecho de nuestro sistema un sistema sanitario de tipo «B». Y este sistema «B» se ha mantenido por el empeño y sacrificio de los profesionales, cada vez más agotados y que se ven siempre en las trincheras y las zonas intermedias. El Ministerio de Sanidad lleva muchas legislaturas siendo el patito feo de las carteras ministeriales, donde pululan una serie de ministros, que ni saben de sanidad ni nunca van a saber, con el objetivo de estar unos años en el cargo sin ninguna obra destacable entre sus aciertos. La verdad es que se nos veían las costuras antes de la crisis del coronavirus, y esta nos dejó las vergüenzas al aire, sobre todo en Madrid, una comunidad autónoma a la cola en inversión per cápita en los últimos diez años en España[4]. Así que no sorprenden algunos resultados obtenidos en la capital durante la gestión de la pandemia.

ESCENARIO Y ACTORES IMPLICADOS EN LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA

Con todas las piezas anteriores colocadas en el tablero, intervendrían además los actores actuales de este drama, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno de nuestro país y, en particular, la Comunidad de Madrid. La OMS es un organismo especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud. Después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la OMS en 1948 y esta institución fue organizada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Este último impulsó la redacción de los primeros estatutos de la organización. En la actualidad tiene ciento noventa y cinco países miembros.

Yo no sabía más de la OMS de lo que sabemos todos. Era un organismo del que me fiaba, y que además hacía seguimiento de todas las pandemias del planeta, tanto de las nuevas enfermedades como de las existentes, emitiendo dictámenes no vinculantes para los países, y estos podían seguirlos o no. Tuve que ahondar en mi conocimiento de la OMS y sus recomendaciones cuando preparaba a mi servicio de urgencias para afrontar la amenaza de las enfermedades infecciosas de alta letalidad de las que he hablado antes. Estudié y reestudié todas sus recomendaciones, agregué la página de la OMS a mis favoritos y regularmente estudiaba los nuevos brotes de ébola, MERS, SARS, porque nos iba la vida en ello. Gracias a esto descubrí una cita de la OMS que me pareció reveladora, pues ponía en evidencia que la aparición de una pandemia mundial era inevitable. No había que preguntarse si habría una pandemia sino cuándo. No había duda de esto si se veían varios vídeos del desarrollo del SARS en China o en los países por los que al final se extendió. La cita al final concluía: «Una pandemia mundial es inevitable, cuando se ha demostrado un reservorio ilimitado en aves, una transmisión de animal a humano y unas costumbres ancestrales que hacen inevitable el contagio». Estaba claro, de las anteriores nos habíamos librado por la virulencia del virus: la mortalidad del SARS en 2002 fue de entre el diez y el sesenta y tres por ciento dependiendo de la edad del huésped, y la del MERS, superior al treinta por ciento. La cuestión ha sido que los pacientes solo eran contagiosos cuando empezaban a tener síntomas. Eso nos libró de la propagación, porque el huésped estaba tan malo que no le daba tiempo a reproducir la infección, por eso se controló en los hospitales. Pero la OMS advertía de que solo hacía falta que la virulencia del virus bajase y permitiese al huésped el desplazamiento, y que además contagiase antes de tener síntomas; sería el virus letal perfecto... Y eso es el COVID.

La OMS, por otro lado, es un organismo que, como en su propia página web indica, «inició su andadura al entrar en vigor su constitución el 7 de abril de 1948, fecha en la que celebramos cada año el Día Mundial de la Salud. Somos la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas. El presupuesto bienal de la OMS se financia por medio de una combinación de contribuciones señaladas y contribuciones voluntarias». Y aquí es donde surgen algunos de los problemas. Yo siempre pensé que la OMS se financiaba con dinero procedente de aportaciones obligatorias de los países miembros, pero no es así: son aportaciones voluntarias públicas y privadas, que pueden decidir en qué se invierte este dinero. Les pongo un ejemplo: la fundación de Bill y Melinda Gates es el segundo financiador de la OMS, solo por detrás de Estados Unidos y muy por encima del tercero que es el Reino Unido, y España no consta entre los veinte primeros contribuyentes. Así que la OMS no es libre para destinar sus fondos a lo que crea necesario, sino que tiene que trabajar sobre lo que le dicen sus financiadores[5].

La OMS advirtió de la posible pandemia futura, pero cuando esta se presentó fue bastante lenta en declarar la emergencia sanitaria global (30 de enero de 2020) y después la pandemia (11 de marzo), lo que permitió al virus extenderse, puesto que los países menospreciaron la amenaza. Ese fue el primer gran error de la OMS.

Otro error fue no declarar el uso obligatorio de mascarillas cuando ya estaba demostrado que en los países en los que se había controlado el brote se estaban utilizando de manera global. Es más: cuando los chinos acudieron a Italia, segundo país más afectado después de China, y bajaron del avión, estos se quedaron estupefactos al no ver a la gente con la mascarilla, y esa fue una de las primeras recomendaciones que dieron a las autoridades del norte de Italia.

El siguiente error fue declarar que el virus no se transmitía por contacto, lo que desmintieron dos días más tarde. Realizaron esa declaración cuando ya se había demostrado la permanencia del virus inefectivo en superficies durante cuarenta y ocho horas. Se armó un revuelo mayúsculo a nivel mundial, pues esas palabras contradecían uno de los tres pilares básicos para la contención del virus que se estaba intentando inculcar a la población: el lavado de manos.

Cuando estoy escribiendo estas palabras, la OMS ha encargado una investigación a una comisión independiente para analizar sus actuaciones en la pandemia, cosa que la honra.

A nivel del Gobierno, comenzamos con el gran error de bulto que ya nadie puede negar: se subestimó la pandemia. En este mundo tan global, no podemos pensar que algo que afecta a ochenta mil personas en una región remota del planeta, con una tasa de transmisión de más de uno (casi nueve en el inicio, es decir, que una persona transmite la enfermedad a nueve), no va a tener consecuencias en nuestro país. Todas las previsiones fallaron, por eso necesitamos que nuestros propios expertos analicen sobre el terreno posibles amenazas globales para la seguridad nacional. Aquí ha habido varios intereses: por un lado, el de la OMS al no declarar la pandemia hasta que fue demasiado tarde, esto ha retrasado medidas que hubieran ayudado a salvar vidas, y por otro el del Gobierno central, que subestimó la amenaza y no tomó medidas hasta que la pandemia estaba ya encima. También hay que mencionar que el Gobierno permitió manifestaciones con claro tinte político que la ciencia no aconsejaba y eso empeoró sin duda la crisis. Es curioso que ese fin de semana crítico, en el que todos esperábamos los datos del ministerio para ver si la epidemia (por aquel entonces todavía no era pandemia) se había descontrolado, no se subieran los datos ni del día 7 ni del 8 de marzo. Cuando el día 9 por la tarde-noche se subieron los nuevos datos de contagios, la realidad se hizo evidente: la epidemia estaba descontrolada en Madrid y nosotros le habíamos dado gasolina para seguir creciendo. Las crónicas de 1918 hablan de una gran misa multitudinaria convocada por las autoridades, que tuvo lugar en Madrid «para pedirle a Dios que contuviese la pandemia»; las crónicas locales refieren años más tarde que eso sin duda contribuyó a expandir la enfermedad. Cien años más tarde volvíamos a caer en el mismo error.

El peor error de todos fue seguir las actuaciones de Italia e ir a una política de minimizar tests, lo que dejaba sin diagnóstico a mucha gente. Esa medida ha ido extendiendo la pandemia, sobre todo en un principio en Madrid y ahora en el resto de España. Es de primero de gestión: imita o sigue a los mejores. Ya teníamos datos de China y de Corea que estaban superando sus crisis con una política claramente distinta: test, test, test, y aislamiento. China incluso nos dio la pista clave al construir hospitales para los casos más graves cuando estaban sobrepasados. ¿Por qué no hicimos benchmarking con los mejores en vez de seguir a un país que no se había enfrentado a la pandemia? Eso nos ha condenado a seguir sus pasos.

Una cosa hizo bien el Gobierno: cuando reconoció la amenaza después del 8 de marzo, rápidamente ordenó el aislamiento, que debería haber sido incluso más «reforzado» tal y como le pedimos algunos para aislar más rápidamente al virus y poder desescalar más temprano. Los países que más tardaron en aislar a su población son los que a día de hoy están sufriendo más; véase el caso de Reino Unido, que necesitó que su primer ministro, después de afirmar que no cerraría el país, cayese enfermo y sufriese una epifanía para que abriese los ojos. Estados Unidos lleva más muertos que en la Primera Guerra Mundial y va camino de batir nuevos récords, con un sistema de salud que se ha visto que hace aguas con los más débiles (más de cincuenta millones de americanos sin seguro médico) y con un presidente que primero negó el aislamiento y después ha dicho que menos test (en fin, debe de ser muy difícil ser asesor de Trump, se le ve en la cara al doctor Fauci). Suecia se las prometía muy felices hasta que se alarmó con la cifra de los fallecidos y ahora reconoce en público el error de su estrategia. Y, por último, Brasil..., lo de Bolsonaro es capítulo aparte.

Así que esta decisión precoz, el decreto del estado de alarma el 14 de marzo, salvó muchas vidas, pero a saber cuántas se hubieran ahorrado una semana antes o cuántas se hubieran perdido una semana después.

Nunca fuimos por delante de la pandemia, solo nos aislamos (por cierto, lo mismo que hicieron cuando la peste negra en 1347) y esperamos a que el sistema de salud aguantara el golpe. Ninguna estrategia ni ninguna estimación de cuánto duraría el aislamiento a pesar de que se disponía de todos los datos en tiempo real. La página del ministerio era un chiste, aún hoy ni siquiera sabemos los fallecidos reales. Toda nuestra potencia tecnológica no sirvió de nada, salvo para tenernos conectados al mundo (que no es poco) mientras estábamos aislados y asustados en casa, contemplando cómo nuestros teóricos responsables no hacían más que dar cifras de muertos e infectados sin tener ni idea de cuándo amainaría la tormenta.

Ahora vamos con la Comunidad de Madrid. Cuando fui jefe de urgencias de La Paz solo tenía en mente dos mandamientos: protege a los pacientes y protege a tu gente. Esos dos mandamientos que me han acompañado siempre deberían estar grabados a fuego en nuestros políticos. Se oyen ahora muchas voces de la Consejería echando las culpas al Gobierno por el 8-M, por haber permitido que aquellos eventos ocurriesen, pero tampoco vi que la Comunidad se preparase para un estallido de la pandemia; deberían haber protegido a su gente, y no lo hicieron porque tampoco quisieron. El 24 de febrero mandé un wasap a un alto cargo de la Consejería advirtiéndole: «Ojo a lo del coronavirus... Se puede liar. Deberíamos prepararnos para un brote... que puede pasar mañana. Los mensajes del ministerio están bien, pero ¿qué pasa si al final tenemos un brote? No estamos preparados». Estos mensajes sé que llegaron arriba, pero nadie hizo caso. El coronavirus se desató después del 8-M y entonces todo fueron acusaciones cruzadas, mientras los de siempre, los servicios de urgencias, aguantábamos el primer golpe. En pocos días se colapsaron los servicios de urgencias de varios hospitales (Leganés, La Paz...) y fuimos incapaces de reaccionar, dejando que muchos servicios se colapsaran hasta niveles inimaginables. No había sitio para todos en la UCI y hubo que dejar a pacientes fuera; alguno de mis colegas esto lo tendrán siempre en sus conciencias. En su momento deberíamos haberlo denunciado. Hubo pacientes jóvenes que no pudieron ser atendidos por escasez de recursos, lo que les condenaba a una muerte segura, y aun así algunos negaron el colapso.

Madrid tendría que haber pedido ayuda a las comunidades vecinas y haber trasladado pacientes de todo tipo, críticos y más leves, para hacer hueco a lo que quedaba por afrontar. Deberíamos habernos enfrentado al tsunami como una fuerza conjunta y no cada hospital de forma individual. El tsunami nos pasó por encima y nadie pudo controlarlo. En mayor o menor medida, nos sobrepasó a todos.

También cometimos errores a nivel profesional; si hacemos crítica, hagámosla de todos, incluso de nosotros mismos. Hace muchos años los clínicos perdimos el poder sobre la gestión de los hospitales, gobernados ahora por gerentes que son puestos de confianza, designados a dedo por los políticos de turno, más preocupados de sus cargos y de no molestar ni sobresalir, no vaya a ser que al que asome la cabeza se la corten. Eso evidentemente no va en favor de los pacientes... Es verdad que no todos son así, pero también es cierto que los clínicos y los sanitarios, preocupados de forma vocacional por los pacientes, poco a poco hemos sido relegados, incluso hasta ser expulsados de plazas ganadas por concurso público simplemente por pérdida de confianza, sin que se tenga en cuenta si nuestra gestión ha sido buena o si contamos con la confianza de nuestro equipo, como recientemente ha ocurrido con el jefe del Hospital Universitario de Canarias.

Debimos haber denunciado de forma pública que el coronavirus ya estaba aquí nada más aparecer en Italia, debimos exigir pruebas en los casos sospechosos, debimos haber protestado cuando se rescindían contratos y se dejaban las plantillas en cuadro o cuando todos los veranos los cierres de plantas obligaban a mantener a los pacientes en urgencias con imposibilidad de subirlos a una habitación... Algunos lo hicimos, manteniendo la filosofía de crear un servicio en el que los profesionales puedan vivir, crecer y envejecer..., y fuimos despedidos.

Cuando me preguntan si se pudo hacer mejor, mi respuesta es clara: por supuesto que sí... Se debió hacer mejor.

LOS PRIMEROS DÍAS DE LA PANDEMIA: DESDE LAS TRINCHERAS

Los primeros días de la pandemia en el Ramón y Cajal fueron tranquilos, asistíamos con asombro a las noticias que nos llegaban sobre todo de nuestro hospital vecino, La Paz, donde estaban en zona de guerra con las urgencias absolutamente sobrepasadas. Ese servicio lo conocía como la palma de mi mano porque apenas un año antes había sido despedido por mantener la filosofía de proteger a mi personal y a mis pacientes por encima de otros intereses, cosa que no gustó a mis superiores. Gracias a la ampliación de plantilla que solicitamos directamente a la Consejería de Sanidad (cosa que tampoco sentó demasiado bien) y que se nos concedió, pudimos fichar a doce adjuntos que sin duda ayudaron a mantener un servicio que llegó a tener más del cincuenta por ciento de bajas de médicos durante la pandemia.

Hace años pedimos expandir el servicio de urgencias a una capilla que ocupaba una parte estratégica de espacio, y que se dividía por la mitad con el biombo de una zona donde teníamos pacientes que llegaban de nuestros hospitales de apoyo, así que un biombo a veces separaba el rito de los pacientes. Pues bien, mediante una hábil gestión con el clero, de la que me siento especialmente orgulloso, conseguimos que cediesen ese espacio para atender a pacientes, hablando antes con el obispado, ya que tenía que desacralizar la capilla. A continuación solicitamos, en un claro afán anexionista, un enorme gimnasio situado al lado de este nuevo espacio y planteamos que se dejase como espacio modular y que pudiese abrirse y cerrarse en función de las necesidades del servicio, pero no obtuvimos la aprobación para ello. Así que cuando vi que se había utilizado el gimnasio para la atención de pacientes con COVID, me imaginé desbordado el servicio de urgencias, y la situación límite que estaban viviendo mis antiguos compañeros.

Curiosamente, como dije antes, en el Ramón y Cajal no estábamos soportando demasiada presión, de ahí que critique la indecisión de la Consejería en no afrontar esta pandemia como una unidad global, sino como una lucha de hospitales de manera individual; de esta forma se saturaron hasta límites de guerra hospitales como La Paz, Leganés o Alcalá de Henares, que salieron esos días en las noticias debido al colapso de sus servicios de urgencias. Días más tarde, cuando esos hospitales tocaron fondo, nos llegó el turno a nosotros y asistimos atónitos a la llegada a nuestro servicio de riadas de pacientes, muchos más de los que podíamos atender en unas condiciones de calidad asistencial mínimas, y que colapsaron nuestro hospital en menos de setenta y dos horas.

Recuerdo cómo contemplábamos con horror las placas de tórax con neumonías bilaterales que antes raramente veíamos, salvo en casos muy graves de UCI, y que ahora se repetían una y otra vez en pacientes en apariencia no tan graves, pero que te dejaban un regusto amargo con respecto al pronóstico final de esos pacientes, así como de la recuperación posterior de esas heridas pulmonares, que nos hacían temer que dejarían una afectación severa y permanente en los pulmones, con la consiguiente disminución de su calidad de vida.

Esos días vivimos emociones muy intensas que nunca antes habíamos experimentado. Por un lado, una sensación de estar continuamente sobrepasados por la situación. Los pacientes seguían entrando a cientos, y la mayoría, incluso los jóvenes, tenían neumonías bilaterales, lo que con los antiguos protocolos de atención requerían ingreso. Pronto comprendimos, cuando nos quedamos sin espacio, que debíamos reaprender lo aprendido y realizar un triaje para ver qué pacientes podían ser derivados a domicilio de manera segura para desocupar espacios imprescindibles para los pacientes más graves. Aun así, el número de enfermos que entraba era mayor que el de las altas que podíamos dar, de modo que el hospital se iba llenando y, a pesar de que se habilitaron nuevos espacios, no dábamos abasto para ingresar a todos los pacientes que lo necesitaban.

Así que se empezaron a acumular en el servicio de urgencias, donde «cabe todo», cientos de pacientes que esperaban el ingreso mientras continuaban llegando nuevos sospechosos de COVID. Curiosamente se frenó de repente la patología habitual que solíamos ver en nuestros servicios: ictus, infartos, hemorragias digestivas... Todo esto desapareció durante meses en los servicios de urgencias. Nosotros estábamos alucinados de que ya no hubiera este tipo de patologías, sospechábamos que el pánico había hecho mella en nuestros pacientes. En efecto, la gente, como luego comprobamos en la era poscovid, se infartó en su casa y aguantó el dolor con tal de no acudir a los servicios de urgencias, que en esa época parecían las entradas de las morgues.

En esos días vivimos situaciones de hacinamiento extremo de pacientes con sospecha de COVID que se mezclaban con otros sospechosos, pero posiblemente con otras patologías, resultando al final todos infectados, fuesen o no COVID.

Otra sensación que nunca antes habíamos experimentado es la derrota sin paliativos, y además en dosis masivas. Solemos ver la muerte de cerca, y en el servicio de urgencias con frecuencia lidiamos con ella. A veces es esperada, en pacientes ancianos; otras no tanto, en pacientes con infartos, ictus o jóvenes que acaban de tener un accidente de tráfico; y siempre es un mal trago hablar con la familia y explicarle una situación de pérdida. Eso no te lo enseñan en la carrera (y deberían), la experiencia es la que te permite dar este tipo de noticias, hablar con las familias, empatizar y, a veces, hasta llorar con ellas. Pero no estábamos preparados para la muerte como compañera habitual. No poder salvar a nuestros pacientes es algo a lo que no estamos acostumbrados, y con esta enfermedad hemos tenido que aprender. Nunca olvidaremos el horror en sus caras cuando les decías que tenían el COVID o en las de los jóvenes cuando les informábamos de que íbamos a tener que intubarlos. Hemos tenido que dar noticias a hijos de que su padre iba a fallecer, y estos decirnos que su madre había muerto de lo mismo la semana anterior, y así ser testigos de familias enteras destrozadas.

Ha habido días, muchos, en los que se veía a enfermeras o médicos llorando en una esquina. Un día, cuando subía al vestuario, me encontré a una compañera, dura como el pedernal, llorando. Durante la mañana había firmado cuatro partes de defunción, todos de personas que no estaban en edad de morir, o al menos no era esperable, uno de ellos del padre de una compañera nuestra de enfermería. Han sido días que han puesto a prueba no solo nuestra resistencia física, sino sobre todo nuestra resistencia mental.

La medicina suele ser una ciencia bastante precisa. Nos movemos con evidencias que sustentan nuestro conocimiento, se proponen hipótesis y se intentan probar o desechar a través de resultados de ensayos clínicos. La mayoría de los tratamientos tienen un principio que los respalda, lo llamamos «medicina basada en la evidencia», y toda nuestra práctica diaria se asienta en ella. Otra sensación diferente que hemos experimentado con esta pandemia ha sido el no tener ninguna evidencia sólida que respaldase nuestra práctica habitual. Poníamos tratamientos estándar a ciegas y otros que para nada eran inocuos, muchos de ellos tenían efectos secundarios muy importantes. Resultaba muy complicado compaginar estos tratamientos con los tratamientos habituales de los pacientes, tanto que nos apoyábamos en aplicaciones informáticas que nos ayudaban a descartar interacciones de los primeros antivíricos (lopinavir/ritonavir). Estos los utilizábamos en el tratamiento del VIH y los empezamos a poner sin mucha fe en los pacientes COVID, provocaban muchos efectos secundarios y a las pocas semanas quedó probado que eran más perjudiciales que beneficiosos. También experimentamos con la hidroxicloroquina; yo tenía mucha esperanza puesta en ella, no solo era barata sino que los pacientes la toleraban bien y además con actividad in vitro frente al COVID. Han sido curiosos los ataques sufridos por usar esta molécula solo porque el tratamiento era barato y tenía una patente que estaba liberada (a los diez años las patentes de los fármacos se liberan y pueden ser producidos por otros laboratorios, lo que baja de manera espectacular el precio de la molécula). La hidroxicloroquina es una de estas moléculas libres y se lleva utilizando muchos años en pacientes con artritis reumatoide. Al principio tuvo un gran respaldo por parte de Trump, que dijo en declaraciones que la tomaba de forma preventiva, pero enseguida salieron estudios dudosos en contra de ella, que después tuvieron que retirarse. Ya han salido estudios que parecen más concluyentes en contra de los efectos beneficiosos de la hidroxicloroquina, pero ha habido mucha confusión con la misma. A día de hoy la hidroxicloroquina se ha retirado del tratamiento de pacientes con COVID, ya que no ha demostrado en los ensayos clínicos beneficio frente a placebo. Otra molécula que probablemente dé mucho que hablar en los meses siguientes es la aplidina (Aplidin®), con una actividad frente al virus enorme en laboratorio; estamos pendientes de tres ensayos clínicos en humanos. Esta molécula de un laboratorio español quizá sea el tratamiento más prometedor en la futura lucha contra el COVID. Sería un gustazo que una molécula de un laboratorio español fuese la pieza clave en la lucha farmacológica contra el COVID.

Imagínense disponer de una molécula válida contra la enfermedad de moda en el mundo entero, supondría tener la gallina de los huevos de oro, y eso es lo que pensó GILEAD, el monstruo farmacéutico propietario de la patente del remdesivir, una molécula que al principio se creyó que podría ser nuestra gran arma contra el virus. Gracias a ello las acciones de GILEAD subieron como la espuma, más de un veinte por ciento, tras el anuncio de que era la clave del tratamiento frente al COVID, aunque luego los estudios subsiguientes rebajaron las expectativas que teníamos en ella. Aun así, los beneficios para la compañía han sido enormes, la propia administración de fármacos y alimentos de Estados Unidos (FDA) aprobó, de manera exprés y de forma un tanto turbia, el uso compasivo del remdesivir solo para casos en los que los pacientes estuvieran muy graves, y permitía a los médicos el empleo de este medicamento en esos casos. Actualmente el remdesivir demuestra una reducción de los días que los pacientes pasan en el hospital, pero no un aumento de supervivencia, lo que a los médicos nos parece un tanto raro, y una forma de retorcer las estadísticas en provecho propio. En todo caso, llevamos utilizando remdesivir casi desde el principio de la pandemia (igual que hidroxicloroquina), y nuestra opinión es que parece que mejora el pronóstico en los pacientes más graves, así que de momento seguiremos aplicándolo.

Otra sensación a la que nos hemos tenido que acostumbrar, y también hemos tenido que vencer, ha sido el miedo: el miedo a contagiarnos y a contraer la enfermedad, y lo que era peor: a llevarla a casa y contagiar a nuestras familias. Yo vivo con mi mujer y mis dos hijos, y al principio de la pandemia no estaba claro cómo afectaba a los niños, y esto me suponía una preocupación más.

Los protocolos de sucio y limpio de nuestro servicio eran inexistentes, EPI reciclados entre paciente y paciente, colgados de ganchos improvisados por residentes a los que nunca se les había enseñado a ponerse y quitarse uno de ellos. El esfuerzo y la ilusión de los chicos era increíble, pero no tendrían que haber sido la primera línea de defensa ya que el hospital disponía de médicos con experiencia de sobra que nos habrían podido echar una mano. Sin embargo, cuando sus consultas y cirugías quedaron canceladas, se les mandó a casa durante meses. Y eran una mano de obra que hubiese venido de perlas como ayuda y refuerzo a las urgencias y también para medicalizar residencias, pero, como he dicho, se desaprovechó su potencial enviándolos a casa. Se quedaron los de siempre con residentes sin experiencia que pusieron el corazón, pero que no se cuestionaban la falta de EPI o de mascarillas.

Gracias a eso, todo el servicio de urgencias era un lugar contaminado. Yo opté desde el primer día por vestir con un EPI total, durante toda mi jornada de trabajo, que utilizaba como traje limpio, y sobre el que me ponía el segundo EPI que era el que desechaba entre paciente y paciente. Gracias a eso logré evitar el contagio hasta el día de hoy. Solo me he realizado una prueba y ha salido negativa, no he tenido contacto con el virus durante los momentos más álgidos de la pandemia. Y es una de las cosas de las que estoy orgulloso: después de más de cuatro meses de atención a pacientes con COVID no me he infectado. Todo gracias a una disciplina espartana, que empezaba cuando cerraba la puerta de mi casa y acababa después de un ritual de limpieza de manos, lavado con gel hidroalcohólico y retirada de ropa cuando regresaba a mi hogar.

Entretanto, siempre guantes, jamás tocaba una superficie con las manos desnudas; y cuando atendía a pacientes, siempre doble guante, lavado de manos cada hora, me cambiaba los guantes cada equis tiempo y evitaba tocarme la cara mientras los llevara, es decir, siempre. Algunas veces me sorprendía lavándome la cara con gel hidroalcohólico cuando sospechaba que podía haberme tocado la cara con ellos. También llevaba un gorro permanente y sobre él un gorro desechable y me ponía mascarilla quirúrgica toda la jornada, y sobre ella la FFP2. Evidentemente, todo este proceso tenía un enorme coste de desperdicio de energía, sudaba de manera profusa y tenía que hidratarme con regularidad para seguir trabajando. Llevaba calzas que impedían que me contagiara los calcetines, y las lavaba siempre con lejía ya que no disponía de repuesto para la próxima jornada.

Después de cada día de trabajo desechaba toda mi ropa (pantalón y camisa del hospital) y me metía en la ducha a la hora que fuese. Algunas veces las duchas a las cuatro de la madrugada despertaron la risa de mis colegas, pero yo lo tenía claro, debía descontaminar mi cuerpo de la mejor forma posible, y así además me iba a la cama sabiendo que lo había hecho lo mejor que había podido. Con la perspectiva de estos meses, creo que acerté.

Otra de las sensaciones que nos ha dejado a nivel local esta pandemia es el sentimiento de abandono absoluto que hemos tenido en el servicio de urgencias. No tuvimos en ningún momento apoyo de nadie, no bajaron a ayudarnos ni hubo ningún relevo, a pesar de que el cuarenta por ciento de la plantilla estaba de baja. Los que nos quedamos y resistimos todos los días oscuros nos encontramos solos, y era difícil quitarse la sensación de que éramos corderos que íbamos al matadero y que los jefes solo se ocupaban de relevarnos, si era necesario, por otro «sano» de la lista. Ni siquiera nuestros jefes tuvieron el tacto de hacer algún turno con nosotros. Siempre he pensado que un buen líder debe estar con la tropa en los malos momentos y que sin duda es un estímulo para todos los subordinados ver al jefe «sangrar» en la arena con su equipo. Además, me parece imprescindible a nivel de gestión conocer dónde están los fallos del servicio, qué se puede mejorar, cuáles son las quejas de tu personal en vivo y en directo...

No tuvimos ni una reunión de equipo durante esos días oscuros, nunca, ninguna. Los de arriba no hicieron llegar ni una sola petición de feedback con los subordinados, nunca. Solo se pasaban a repartir mascarillas, que unos pocos días antes habían negado que hicieran falta, lo que habla de lo poco que les importaba la seguridad de su gente, y se comunicaban con nosotros mediante e-mails semanales. Como he dicho, la sensación de estar abandonados a nuestra suerte entre muchos de nosotros era absoluta.

Hubo muchas sensaciones esos días, pero una de las más fuertes, la que te impulsaba a seguir, a levantarte cada día y ponerte de nuevo cara a cara frente al «enemigo» era la certeza de que constituíamos la última línea de defensa: si nosotros fallábamos, todos esos pacientes morirían y el virus ganaría. Habíamos nacido para esto, nos habíamos hecho médicos para esto, esta era nuestra guerra, éramos unos soldados diferentes, pero el enemigo era real y mataba. Todos esos días tuiteaba siempre con este comienzo, «Desde las trincheras», y contaba mis experiencias del día a día frente al horror. Intentaba dar una visión de lo que acontecía para todos aquellos que estaban en casa y asistían con asombro a las noticias diarias. Para mí fue una válvula de escape, una tabla donde agarrarme. Tenía la sensación de que la guerra que nuestros padres nos dijeron que nunca sufrimos (los míos vivieron la posguerra de la Guerra Civil y la gran hambruna de la ciudad) estaba aquí, y ahora nosotros teníamos que dar un paso adelante, resistir; veíamos cómo compañeros se infectaban y eran baja, pero el ánimo seguía alto. No abandonaríamos a nuestros pacientes, éramos lo único que les quedaba. Nos sentíamos «el escudo del reino de los hombres». Nunca esa frase fue tan cierta como en esos días oscuros.

Al principio del capítulo dije que contaría lo que habría hecho yo de ser el décimo hombre. Me imagino la reunión de crisis del centro de alertas sanitarias, cuando se dijo de manera mayoritaria (no soy malpensado y quiero creer que fue así y no hubo otros intereses detrás) que la pandemia no llegaría a España. Habría levantado la mano y habría dicho: «Perdón, pero ¿y si llega?, ¿qué pasa si, en vez de cuatro, tenemos cuarenta, cuatrocientos o cuatro mil infectados? Debemos prepararnos para eso, permitidme pensar en otras estrategias complementarias». Suponiendo que me hubieran dado la oportunidad y poder para hacerlo, habría pensado: «¿Qué se necesitaría primero para ver si la enfermedad ha llegado o puede llegar a España? Hay que buscarlo y de manera activa desde ya».

• En primer lugar, «pregunta a quien más sabe». Habría constituido un grupo de expertos multidisciplinares (clínicos, epidemiólogos, virólogos, economistas, etcétera), que asesoraran partiendo de la premisa de intentar minimizar una ola pandémica que pudiera alcanzar nuestro país, con la idea de prepararnos lo mejor posible para minimizar bajas y hacer salir cuanto antes y en las mejores condiciones al país.

• Búsqueda de manera activa. Habría ido al análisis de aguas residuales y buscado la PCR del virus en las mismas, en las grandes ciudades (Madrid y Barcelona), que son las que más peligro tendrían por tráfico aéreo, concentración de habitantes... de sufrir la enfermedad.

• Búsqueda activa de la enfermedad. Habría activado la red de alerta epidemiológica. Son centros de salud determinados que alertan todos los años frente a los casos de gripe; para que me entiendan, es parecido a medir las audiencias de televisión: se eligen ciertos centros de salud que buscan de manera activa casos de gripe realizando pruebas a casos sospechosos. Esta red está montada y funciona muy bien, nos habría alertado de PCR positivas mucho antes que los hospitales y habríamos dado la voz de alarma semanas antes.

• Logística de material. Habría pensado qué necesitaríamos si la pandemia estallaba en España. Los medios de protección en forma de EPI y mascarillas quedaban claros, pero habría procurado eliminar la dependencia de material extranjero, habría intentado montar en tiempo récord fábricas que abastecieran tres territorios (sur, centro y norte), en puntos neurálgicos de cada sitio (probablemente Sevilla, Madrid y Barcelona). Habrían tenido que ser fábricas con capacidad de producir EPI de forma continua para que nos hubieran independizado de material extranjero. En cuanto a los respiradores, no habría sido posible en tan corto espacio de tiempo, así que habría adquirido una cantidad suficiente para poder repartirlos entre las comunidades autónomas y habría ideado la forma de moverlos entre ellas en función de la demanda. Comprar dos mil respiradores es un gasto mínimo que se habría podido permitir el Gobierno central en un mercado por entonces no inflacionado. Tampoco suponía un despilfarro, seguro que se podrían haber distribuido por los hospitales españoles; mucha falta habrían hecho, con o sin COVID. Pero ese stock habría garantizado las necesidades básicas de respiradores para esta y futuras pandemias...

• Logística de espacios. Habría distribuido los planes de contingencia a las diferentes comunidades autónomas para que fuesen responsables de hacer acopio de al menos un diez por ciento más de camas de hospitalización convencional. Y, según las noticias que llegaban de China, habría triplicado las camas de UCI, y que además pudiesen estar dispuestas en un plazo de cuarenta y ocho horas máximo.

• Logística de transporte. Previendo que las medidas que se implantarían no serían suficientes, habría pensado en la posibilidad de traslados de pacientes de unas comunidades a otras, tanto de hospitalización convencional como de UCI, disponiendo un pasillo entre comunidades autónomas que posibilitara ese transporte.

Por supuesto, estas son solo unas líneas que yo habría planteado si hubiese tenido la responsabilidad de pensar como el décimo hombre.

LA ATENCIÓN A NUESTROS MAYORES: EL DRAMA DE LAS RESIDENCIAS

Con respecto a las residencias de ancianos y la atención a nuestros mayores se está hablando mucho de si hubo órdenes, de si se les negó la entrada a los hospitales... Os contaré mi versión: creo que no hubo órdenes de no trasladarlos; es más, yo nunca hubiese aceptado órdenes de nadie de ese tipo, y creo que si cualquiera de mis compañeros aceptó una orden así en contra del criterio médico debería responder por ello, al igual que si se prueba que eso fue así, los responsables deberán pagar por dar esa orden.

Ahora bien, yo no hubiese trasladado a ningún anciano al hospital, y sé que suena fuerte, pero así lo habría hecho. No creo que se les hubiera ofrecido ningún tratamiento suplementario al que se les podía ofrecer en la residencia. Ahora, eso sí, me habría asegurado de que todas las residencias tuviesen médicos, y estos no los habría sacado de primaria, pues esos médicos en concreto tenían una acción muy determinada: contener la pandemia en los domicilios, asegurarse de que se realizaba un buen aislamiento y el seguimiento de los contactos. Desmantelar primaria para llevarlos a IFEMA, el gran hospital que se construyó en Madrid, fue un gran error, porque los pacientes se vieron solos, sin sus médicos habituales, y su único contacto posible con el sistema fue urgencias, lo que ayudó a congestionar más los hospitales.

Como decía antes, yo no hubiese llevado a ningún mayor al hospital, pero me hubiese asegurado de que recibían en su residencia el mismo tratamiento que se les habría proporcionado en urgencias. Por aquel entonces, suero salino, oxígeno, hidroxicloroquina y azitromicina, fármacos que se habrían puesto por vía intravenosa en las residencias medicalizadas para tal fin. Al principio lo podrían haber hecho los médicos que fueron enviados a sus domicilios, procedentes de los hospitales, y se podría haber apoyado con equipos de extrahospitalaria (SUMMA o SAMUR en Madrid) o atención primaria. Todo esto se podría haber activado a través de un protocolo que se ofertó como posibilidad a la Consejería. Este protocolo ponía a disposición de las residencias varios equipos de extrahospitalaria, con coches con enfermera y/o médico. Su objetivo era atender todas las llamadas de residencias. De esta manera se valoraba al paciente, se le extraía sangre y se le practicaba una prueba rápida de PCR, después se remitían los resultados al hospital y este proporcionaba un tratamiento inmediato, sin esperar resultados, a ese mismo coche, que en tres horas podía llevar el tratamiento a la residencia. Había recursos y había voluntad, pero no hubo respuesta. Publiqué el protocolo ofertado en un tuit y está disponible[6].

La explicación a día de hoy sigue siendo un misterio, no lo entiendo.

Las residencias quedaron huérfanas de asistencia, de ninguna asistencia, y aquí está el pecado. El problema no fue no trasladar a los pacientes a unos servicios colapsados, donde los pobres abuelos hubieran estado hacinados y probablemente peor tratados que en sus residencias, sino no organizar la medicalización de las residencias con un médico apoyado por el equipo de refuerzo, probablemente por extrahospitalaria y primaria, que podrían haber supervisado el caso y garantizado el mejor tratamiento posible donde residía el paciente. Así se debería haber explicado a las familias: «Tranquilos, su familiar está en buenas manos, con el mejor tratamiento disponible, y ahora toca esperar». Eso no se hizo, y los responsables de este colapso y esta desatención tendrán que responder por ello, gracias a los cientos de causas judiciales pendientes.

¿NUEVA OLA?

Me preguntan muchas veces si habrá segunda ola o brote: estoy convencido de que la habrá. A día 25 de junio, cuando escribo estas páginas, empieza a haber brotes en diferentes puntos de España. Un día antes de estas líneas subimos el número de contagiados a ciento novena y seis. Se ha acabado el estado de alarma, por lo que podemos movernos por todo el territorio nacional, y para más inri abrimos nuestro espacio aéreo al mundo el 1 de julio, sin ningún tipo de control a los pasajeros que vengan a España. Las medidas de seguridad propuestas hasta ahora son un chiste: toma de temperatura, inspección visual, más test con preguntas. Tendremos problemas serios, nos ha costado mucho sufrimiento aplanar la curva y se han hecho muchos sacrificios para abrir ahora de esta manera la compuerta y dejar entrar vectores de países en los que la infección está descontrolada. No hay más que recordar que hasta hace nada se estaba batiendo el récord de infectados en todo el mundo y que la OMS ha declarado incontrolada la pandemia a nivel mundial. Por lo tanto, no protegerse del mundo cuando además tienes armas para hacerlo de manera segura es una locura y una insensatez, pero parece que no hemos aprendido nada...

Tenemos los recursos, los espacios y las tecnologías necesarias para hacerlo de forma segura. Realizar test a los pasajeros durante los próximos tres meses costaría mucho menos que volver a sumir al país en un nuevo confinamiento, cosa que ocurrirá si no tenemos cuidado. Proteger el turismo y también a los compatriotas es posible, puede hacerse con una estrategia ambiciosa de control y detección de casos y con la coordinación entre administraciones del Estado y autonómicas. Aunque esto último puede ser un obstáculo insalvable según los tiempos que corren, en los que desayunamos cada día con nuevos exabruptos y cifras (que suelen corresponder a fallecidos) que se arrojan los unos a los otros sin pudor. Además, creo que realizar pruebas a todos los turistas que entren en nuestro país potenciaría la marca España y la marca Madrid, y daría pie a un turismo de élite que busca seguridad; lo contrario solo es pan para hoy y hambre para mañana.

¿ESTAMOS PREPARADOS PARA UNA SEGUNDA OLA?

Otra pregunta recurrente es si en caso de haber una segunda oleada estaríamos mejor preparados que en la primera. A nivel de conocimiento sin duda, ahora ya tenemos calado al enemigo, sabemos cómo se presenta y cada vez conocemos más su modo de transmisión, así como sus mecanismos de acción y sus puntos débiles. Lo cierto es que todavía no existen tratamientos específicos contra el virus y las evidencias que hay de los fármacos disponibles no son muy halagüeñas. Sinceramente, no creo que se encuentre un tratamiento específico, sino más bien tratamientos sintomáticos. A esta hora sabemos que la dexametasona, corticoide que utilizamos desde tiempos inmemoriales, mejora el pronóstico en pacientes graves, pero no es un tratamiento específico, sino que actúa sobre la respuesta inflamatoria de este tipo de pacientes. Así que tratamiento específico de momento no tenemos.

A nivel de gestión creo que si nos pillara ahora en pleno verano e incluso durante el mes de septiembre, volveríamos a sufrir colapso sanitario. Unas vacaciones son imprescindibles para que el personal pueda renovar fuerzas cuando ha estado al límite y pueda volcarse después otra vez, así que el cuadro sería un tercio de la plantilla de vacaciones y un equipo que las necesita de forma desesperada (entre los que me incluyo). Sobre todo después de haber protagonizado unas jornadas físicas y psicológicas extenuantes, sin poder quitarse además el temor, siempre presente, de contagiar a otros compañeros o a sus familias. En un reciente trabajo que publicamos en una revista médica se mostraba cómo las tasas de depresión y ansiedad se han multiplicado por cuatro y por tres, respectivamente, entre el personal médico de urgencias, lo que pone de manifiesto la enorme tensión que se ha sufrido en la primera línea de batalla.

UN VICIO ESPAÑOL

A lo largo de estos meses me ha pasado algo muy curioso. Comencé a escribir sobre la pandemia porque me preocupaba el desarrollo de la misma. Entendía que la gestión no era la correcta ni a nivel macro ni a nivel micro. Desde la trinchera veíamos explotar la pandemia sin que hubiese ninguna respuesta visible por parte del Gobierno nacional o autonómico y empecé a tuitear mis quejas; gracias a esto un día me llamaron de una cadena local para una entrevista. Después aparecí un sábado de marzo en La Sexta Noche. Más tarde me localizó Iker Jiménez para que participase en un programa de Milenio Live y esta emisión multiplicó mi repercusión y alcancé los sesenta y cinco mil seguidores en Twitter. Durante estos meses me han llamado de varios programas de todas las cadenas: TeleMadrid, Cuatro, La 1, Telecinco y La Sexta, y en todos he intentado dar una versión técnica y crítica de lo que a mi entender ha fallado en la gestión de la crisis a todos los niveles. En todos estos meses he recibido muy pocas críticas, he de decirlo, pero muchas de ellas solo me tildaban de rojo o azul, dependiendo del programa al que acudía y de tal o cual declaración.

Este es el gran vicio español, enseguida etiquetamos a todo aquel que realiza una crítica a los nuestros: si criticas a rojos eres azul, y viceversa. Todo lo que he aprendido ha sido a realizar una crítica al sistema, un sistema cortoplacista más preocupado en mantener los cargos y los asientos que en mejorar el país o la comunidad.

Recuerdo una reunión con un directivo del hospital al que un día presenté un gran proyecto de una unidad de simulación que aseguraba a Madrid como uno de los centros de referencia a nivel nacional e internacional, con un presupuesto de cinco millones de euros y con un retorno de inversión en cuatro años, después todo eran beneficios. Lo presenté con una simulación en 3D del centro, presupuesto pormenorizado..., un gran trabajo en el que había invertido más de seis meses entre reuniones, cálculos y la propia elaboración del proyecto. Cuando acabó de verlo todo me dijo: «Muy interesante, César, impresionante proyecto, pero te voy a decir una cosa: NO ES MOMENTO DE DESTACAR». Cuando acabé de entender estas palabras debí poner una cara de asombro tremenda, por eso me explicó que por el momento no era conveniente sacar la cabeza en la Comunidad de Madrid... Recogí los documentos y el cuaderno de planos, el CD donde estaba la simulación y salí de su despacho. En ese instante me dieron ganas de irme a otro país donde se apreciara ese tipo de trabajo. Aquí no había ni amor hacia nuestro país ni hacia nuestra ciudad.

Cuando escribo estas palabras, acaba de rechazarse la creación de una comisión independiente para analizar la gestión de la crisis a todos los niveles (Gobierno central y comunidades autónomas); los grandes partidos se han opuesto a estas comisiones independientes, que sí van a tener lugar en Reino Unido, Alemania y hasta en la propia OMS. Así es nuestro país, no nos gusta que nos digan que nos hemos equivocado y preferimos hacer un paripé de investigación, pues como dijo Al Gore: «Es difícil que alguien descubra algo cuando su sueldo depende de que no lo descubra».

UNA MIRADA A UN FUTURO DIFERENTE: UNA NUEVA REALIDAD

Todo ha cambiado ya en la sociedad, nunca será igual que antes de la pandemia de diciembre de 2019. El COVID-19 quedará grabado en la historia de la humanidad como un evento que cambió la historia del mundo para siempre. El primer evento a nivel mundial que nos ha hecho darnos cuenta (porque lo del cambio climático no se tomaba muy en serio por diferentes países) de nuestro papel como especie dentro del mundo y de que hay ciertos retos que o afrontamos unidos o no superaremos. La fuerza de la cadena es la fuerza del eslabón más débil. O se invierte en países subdesarrollados o nunca superaremos esta pandemia que siempre tendrá un reservorio en este tipo de países, es decir, o nos curamos de manera global o esta pandemia se hará estacional como la gripe.

Acabamos de darnos cuenta de lo que puede afectarnos un chino que estornuda en la otra parte del mundo, y de que el gran enemigo de la humanidad son los virus, tal y como advertía Bill Gates hace años.

También se nos ha planteado un nuevo mundo con respecto a las características «adquiridas» que nunca antes se había presentado: la posibilidad de un mundo inmune. Les pongo como ejemplo una película de culto, Gattaca. En ella se describe un mundo distópico en el que acaba de descubrirse la posibilidad de hacer niños a la carta; treinta años después todos los niños son genéticamente superiores a los que se concibieron de forma natural, más rápidos, más fuertes y sin imperfecciones, pues todas las enfermedades genéticas se han extirpado. Así se ha creado un mundo en el que una nueva raza superior es la que está al mando. Los concebidos de forma natural, es decir, nosotros, somos «no válidos». La película trata del esfuerzo de un no válido por hacer realidad su sueño de ser astronauta frente a los válidos, y de los engaños a los que tiene que recurrir para hacerlo. Esta producción cinematográfica es una auténtica obra de arte que recomiendo ver. Este mundo real poscovid nos deja una nueva realidad, la realidad del inmune. Ya se empiezan a leer en los periódicos requerimientos de puestos de trabajo para gente inmune «que haya pasado la enfermedad», y aunque suene raro, tiene cierta lógica. ¿A quién buscarían ustedes para cuidar de su madre que no ha pasado el COVID? ¿A alguien que pueda contagiárselo o a alguien que ya ha pasado la enfermedad y por lo tanto tiene inmunidad? Estas personas ni se contagian por COVID (a día de hoy seguimos manteniendo la inmunidad) ni pueden contagiarlo. Si su madre tiene más de ochenta años y se infecta por COVID, ¿tiene un veinticinco por ciento o más de probabilidades de fallecer? Una disyuntiva difícil de contestar.

Un nuevo mundo en el que la mascarilla y la distancia social estarán presentes por mucho tiempo. Esto ha venido para quedarse, estaremos varios años con la espada de Damocles sobre nuestras cabezas hasta que la vacuna sea una realidad, no solo frente a este coronavirus sino frente a todos (esperemos que sea así, ya que hay más de cincuenta coronavirus presentes en murciélagos), y aun así el recuerdo de la pandemia nos hará mirar siempre con recelo a aquel que tose cerca de nosotros en el metro, por ejemplo. Es cierto que aquí, en España, no teníamos la costumbre de usar mascarilla, y que mirábamos de forma extraña a aquel que la llevaba puesta en una zona pública. Yo soy de la opinión de que todos deberíamos llevarla ahora y durante la temporada de gripe estacional, lo que disminuiría de forma drástica la curva epidémica, ¿lo veremos a partir de ahora? Espero que sí.

Otra cosa que nos causará menos reparo probablemente a partir de ahora será la vacunación estacional. Los índices de vacunación en nuestro país son alarmantemente bajos, incluso entre los profesionales de la salud. En mi hospital el año pasado no se consiguió más que un veintisiete por ciento de vacunación entre profesionales, que deberían estar informados y dispuestos a vacunarse ya que estamos en contacto permanente con la gripe, y aun así no se consigue. Es probable que la vacunación masiva cuando llegue la que haga frente al COVID (espero que el primer trimestre de 2021), nos haga reconsiderar nuestra postura sobre la vacunación frente a los virus.

Espero que hayamos aprendido de esto, creo que ha sido un aviso, un aviso muy serio para que nos replanteemos el mundo en el que vivimos, nuestra sociedad, nuestras expectativas y lo que de verdad importa en la vida. Tenemos tiempo de cambiar, de replantear nuestras inversiones y esfuerzos, de apoyar la investigación en nuestro país y plantear un nuevo modelo de sanidad a diez años vista basado en las indicaciones de un grupo de expertos ajenos a la política. ¿Podremos cambiar antes de la próxima pandemia y decir que esa sí nos pilló preparados? Parafraseando otra famosa película (les dejo adivinarla esta vez): «Ernest Hemingway dijo una vez: “El mundo es un buen lugar por el que merece la pena luchar”. Solo estoy de acuerdo con la segunda parte», y yo añadiría: «Nosotros lo hemos hecho así...».

II

Repensando el futuro económico

José María Gay de Liébana

José María Gay de Liébana Saludas es doctor en Ciencias Económicas y en Derecho, académico numerario de la Real Academia Europea de doctores y profesor titular de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Tiene publicados varios libros sobre economía y finanzas, es conferenciante en diversos foros y colabora con distintos medios de comunicación.

LA NUEVA ERA COVID-19 Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Empiezo a escribir estas líneas después de una jornada más o menos intensa, un poco maratoniana, en la que he tenido más de dos horas de clase con mis alumnos y alumnas de la facultad; he dado una conferencia a empresarios de Segovia; luego tenía una charla sobre economía con cineastas radicados en Los Ángeles, Nueva York, Londres y Barcelona; después he participado en una reunión con empresarios de Murcia; a continuación he intervenido en un encuentro multidisciplinar organizado en Marbella y cuyos asistentes estaban repartidos entre la Costa del Sol, Miami y Latinoamérica; y he acabado con una sesión con estudiantes universitarios de Manresa. Bueno, más bien he terminado a las 19.45 horas, una vez que he ido a jugar un apasionante doble en la pista 14 del Real Club de Tenis Barcelona-1899, donde sigo empeñado en mejorar mi volea de revés. El mismo Rafa Nadal me aconseja que le pegue más al estilo Roger Federer, entrando con más suavidad, para rematar mejor, y Marc López —medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río en 2016 con Rafa en dobles, y ganador en dobles de Masters y Grand Slam— se ha propuesto ajustarme, pero decido, como siempre, seguir los sabios consejos de mi compañero de dobles, Manuel Orantes, leyenda viva del tenis mundial, que puede escribir una enciclopedia al respecto.

¡Pues vaya actividad!, estará pensando el amable lector. ¿Y cómo puede este tío estar en tantos sitios en un solo día y encima explicarlos como si nada? ¿Y a mí qué diantre me interesa su volea de revés?

Empiezo por eso último. Me falta punch. Sí, ese instinto rematador y que define, que gana el punto y que marca la diferencia. Es el intento de caminar hacia la perfección. Es el afán de disfrutar jugando al tenis casi cada día —cuando se puede— y, sobre todo, de poder hacerlo. De punch, o sea, de pegada, por cierto, anda escasa la economía española. Pero sigo con lo esencial...

Durante años, le aseguro, comprensivo lector, que no he valorado todo lo que tenía a mi alrededor. No era consciente de que era dueño de mi vida y de mis movimientos, de mi libertad. Durante estos meses de confinamiento que, creo, los he llevado hasta el momento bastante bien —al menos eso es lo que me dicen en casa y reiteran quienes me conocen—, he aprendido a valorar lo maravillosa que es la vida, lo extraordinaria que es la libertad, dando gracias al mundo que me acoge. No obstante, pienso que era preciso, en un momento dado, hacer un alto en el camino para saber poner muchas cosas en su sitio. Todos nosotros pasamos días muy complicados, recibiendo tristes noticias de familiares, de amigos o conocidos. Nos enterábamos de fallecimientos de personas mayores, o jóvenes, a quienes no conocíamos, pero que hemos encajado como un duro golpe. Para mí no eran esos simples datos estadísticos, sino que pensaba en quienes nos dejaban, en quienes sufrían, en sus familias, y en quienes se han entregado con toda su generosidad, vocación y ahínco a cuidar a los demás y a poner los medios para combatir al fatídico virus, haciendo gala de su profesionalidad. Esta no radica solo en ser un profesional de la sanidad como la copa de un pino, sino también en regar con cariño y amor a los pacientes.

Si hace tres meses alguien me hubiera dicho que sería capaz de contar en unos cuantos segundos esa jornada —una más— que describía en el párrafo inicial, lo habría tomado por loco. Hace unos meses, a principios de marzo, precisamente estaba cruzando media España en AVE para impartir una conferencia en Córdoba. Medio día viajando de Barcelona a Córdoba, recorriendo la España vacía, para llegar a mi destino, descansar un rato, dar la conferencia para empresarios y directivos, dormir allí y al día siguiente nuevo madrugón, y de vuelta a casa.

Y, sin embargo, cuando redacto estas líneas me percato de la prolija actividad que hoy he llevado a cabo. Todas esas andanzas, ¿cómo es posible llevarlas a cabo en un mismo día? ¿Es cine, brujería, ciencia ficción, magia o qué diantre es? Pues, simplemente, la transformación digital. En pocas semanas nuestras vidas han cambiado o, mejor dicho, se han visto forzadas a revolucionarse.

Cuando recorría España en AVE camino de Córdoba no tenía ni la más remota idea de lo que era Zoom, no sabía nada sobre Microsoft Teams, desconocía que existía Google Meet, era ignoto en lo tocante a una webinar, no sabía nada de Webex, no me sonaba BB Collaborate y era analfabeto en demás inventos de tal calibre. Hoy, gracias a esas herramientas tecnológicas, puedo dar las clases con mis alumnos desde casa, impartir conferencias y mantener reuniones, mientras todos estamos confinados, incluso hacer exámenes en formato no presencial.

En pocos días tuve que hacer un duro esfuerzo para subirme a la ola de la transformación digital y mis conexiones con medios de comunicación a través de Skype, u otras plataformas —algunas enrevesadas de narices—, son ahora algo cotidiano. Seguramente, las viviendas, a partir de esta pandemia, serán remodeladas para responder a las nuevas exigencias del siglo XXI.

Heroicidades en la era digital

También he descubierto las virtudes del comercio online y la efectividad en tales lides de unas empresas y las pifias logísticas, o la falta de adaptación, de otras ante la avalancha de tal modalidad de venta. Y, al mismo tiempo, he revalorizado el impagable protagonismo del comercio de proximidad, las tiendas del barrio, que durante los meses de confinamiento se han convertido en los otros héroes, junto a nuestros sanitarios, empleados de servicios básicos, farmacéuticos, transportistas y tantos jabatos que han estado al pie del cañón, permitiendo que, pese a las adversidades, pudiéramos hacer una vida más o menos normal en una situación extraña.

Hemos entrado precipitadamente, sí, en la era de la digitalización y ese paso se antoja imparable. La economía se desarrollará, tras esta forzosa experiencia, por unos cauces distintos a los tradicionales, aunque estos se mantengan. El teletrabajo, sin duda, ha llegado para quedarse. Algunas firmas están rediseñando sus oficinas, reestructurando espacios y dan por sentado que nos adentramos en una época en la que cohabitarán el trabajo presencial y el teletrabajo. Cuando semanas atrás hablábamos de transformación digital lo veíamos como algo lejano y etéreo. De repente, se ha convertido en una necesidad.

Soy de los que confían en que este paso sirva para potenciar nuestra economía e impulse la reindustrialización de España, metiéndonos en la revolución tecnológica, abriéndonos los ojos de la innovación y que, siempre que el marco socioeconómico y político sea el idóneo, sirva para avanzar.

También soy consciente de que eso de teletrabajar supone todo un desafío para intentar conciliar la vida laboral con la vida familiar. Durante las fechas punta del confinamiento, cuando tuvimos que empaparnos de los secretos de la transformación digital, no había horas, ni Semana Santa, ni fines de semana, ni nada de nada...

Hemos progresado en asuntos de digitalización en los que España y los españoles íbamos bastante rezagados. En el llamado «índice de digitalización», figurábamos en la posición 25 de un ranking de sesenta países; o sea, que no éramos ninguna maravilla. Eso sí, un 86% de los españoles somos internautas, usuarios de internet. Eso ayuda en el proceso de digitalización. Tenemos una penetración de líneas de banda ancha que ha sido la clave del buen funcionamiento de la digitalización durante los meses de confinamiento y que debe agradecerse a Telefónica, con 46 millones de líneas, lo que supone una penetración del 98,4%. El 76% de nuestras empresas tiene presencia online.

Lo malo es que en temas de I+D España anda bastante rezagada, al destinar solamente el 1,2% de su PIB, 14.052 millones de euros, y se encuentra en el puesto 27 del ranking mundial. Y el porcentaje de uso de comercio online aún es bajo: 2,68% del PIB.

Por consiguiente, España muestra dos caras ante lo que será la era COVID-19 y el replanteamiento de los modelos económicos: contamos con bases, pero falta mayor empuje. Y eso es fundamental para encarar nuestro futuro.

Nos esperan meses durante los que nos tendremos que armar de paciencia. Y la economía va a rebufo del pulso con el virus.

Contamos con bases

España cuenta con bases para impulsar su actividad. Talento no falta, aunque desafortunadamente buena parte de nuestros potenciales investigadores se vean obligados a emigrar. En su día, tuvimos los pilares de una próspera industria manufacturera, como lo demuestra la importancia del sector de la automoción instalado en nuestro país, que a través del proceso de globalización se fue deslocalizando. Hoy, varias firmas industriales españolas tienen presencia por todo el orbe. Nuestro sector químico y farmacéutico, aunque quizá carente de tamaño, es una referencia y goza de posicionamiento internacional. Nuestra industria turística, flagelada ahora por el distanciamiento social y el temor a la movilidad que impone la pandemia, se caracteriza por su energía y por ser vanguardista, con presencia también por doquier. El sector agrario y la industria agroalimentaria española no tienen rival y en los últimos años han avanzado considerablemente en un proceso de apertura al exterior, no únicamente limitado a las simples exportaciones, sino a la internacionalización. En deporte España es una referencia a nivel mundial en varias disciplinas. Disponemos de una red de infraestructuras singular, por más que lamentemos que en su día se incurriera en un gasto público faraónico que no se supo aprovechar ni rentabilizar, que permitiría, a pleno funcionamiento, una conectividad muy efectiva a través del AVE y otras líneas de ferrocarril de alta velocidad, aeropuertos y puertos. Nuestra sanidad, aun cuando se haya visto castigada en exceso durante los picos de la pandemia debido a la falta de recursos y la carencia de material de protección, se encuentra en la cúspide mundial. Y un factor crucial es que nuestro sistema financiero en esta crisis está mucho más saneado que en la anterior. Las entidades financieras que han sobrevivido son resistentes y robustas.

Por consiguiente, España cuenta con mimbres adecuados para, bien entrelazados y coordinados, empujar adelante, si bien hay muchas cosas que pulir.

ECONOMÍA MUNDIAL: 2020, AÑO MITOLÓGICO CON CIELOS MENOS NUBLADOS

Pero viajemos en el tiempo y crucemos fronteras. Y situémonos en un año sin virus. ¿Hacia dónde iba el mundo en el terreno económico? Durante los primeros días de 2020, las dudas sobre el rumbo de la economía nos asaltaban a causa de los temores de que se prolongaran las inquietudes que habían perfilado 2019, un año más o menos extraño, en el que la economía había dado un paso atrás.

2019 formará parte de la historia como el año del estancamiento sincronizado. La ralentización en la industria y el comercio había forzado que el 90% de las economías del mundo entrara en desaceleración (justo cuando el ciclo expansivo ya delataba madurez), todo lo contrario que en 2017 cuando el 75% de las economías había experimentado una aceleración.

La parálisis del crecimiento del comercio mundial en 2019 fue del 1,1%, cuando en 2018 su auge había sido del 3,6%, lo que se traducía en que el comercio había crecido por debajo de lo que lo hizo la producción. Los síntomas de desglobalización en el comercio también se dejaban sentir tanto en el empleo, poniendo en riesgo millones de puestos de trabajo, como en el gasto de los hogares, que iba mostrando signos de desaceleración, por ejemplo, en las ventas de automóviles. Esa desaceleración llevaba a cuestionar la eficacia de los estímulos monetarios puestos en marcha por los bancos centrales, tanto de la Reserva Federal (FED) por parte estadounidense como del Banco Central Europeo (BCE) en la Zona Euro, así como otros bancos centrales como el de Inglaterra o el de Japón. ¿Estaba a comienzos de 2020 la política monetaria agotada? ¿Había llegado la hora de la política fiscal? Y respondíamos preguntándonos si había margen fiscal por parte de los países para intervenir. En muchos estados, tanto la deuda pública como el déficit fiscal siguen suponiendo sendos hándicaps para usar palancas fiscales que actúen de acicate económico.

Así que el despertar de 2020 lo hacía con cielos más nublados que despejados y riesgos bajistas acechando al crecimiento económico. Veíamos factible que se agravaran los conflictos comerciales entre Estados Unidos y sus principales socios, China y la misma Europa. Nos movíamos en la parcela de las conjeturas sobre si estadounidenses y chinos firmarían una tregua, con tintes de precariedad, o una paz comercial estable y duradera. Ese era un factor determinante para impulsar el comercio mundial y despejar sombras. Porque en el trasfondo de ese duelo comercial traslucía una mácula de guerra tecnológica en busca de la hegemonía económica mundial. Los chinos ya no solo eran y son la fábrica del mundo, prototipo y referencia de la industria manufacturera —de hecho, otros países como los conspicuos representantes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático van tomando el testigo industrial del imperio chino—, sino que sus avances en el terreno tecnológico son cada vez más sobresalientes y su grado de desarrollo en las redes, con la tecnología 5G, está ganando la partida al mismo Estados Unidos. Por consiguiente, la quintaesencia de la conflictividad entre unos y otros no solo responde a meras discrepancias comerciales que se intentan atajar, o agravar, sobre la base de políticas arancelarias, sino que es un reto tecnológico el que asoma como trasfondo de la contienda, derivando en alteraciones graves en las cadenas de suministro integradas, como acaece con los productos de alta tecnología.

A esos riesgos bajistas se agregaban otras penumbras, como la salida de Reino Unido de la Unión Europea. También cabía añadir las contingencias geopolíticas de Oriente Medio, con el petróleo como objeto del deseo de unos y otros. Además, había que tener en cuenta la fragilidad financiera en ciernes como consecuencia de las políticas monetarias laxas, con tipos de interés a ras de suelo, que daban pábulo a una elevada deuda corporativa, con los bonos basura y empresas zombi pululando en los mercados financieros, junto con la explosiva deuda pública de determinados países. Sumábamos a ese elenco de vicisitudes factibles, en el arranque del mitológico 2020, las amenazas de ciberataques, algunos de los cuales ya habían penetrado en las mismas estructuras informáticas de bancos centrales, y las advertencias nefastas sobre las inferencias del actual cambio.

Bajo ese contexto, cuando el 8 de enero de 2020 el Banco Mundial publicaba sus previsiones para 2020 y el futuro inminente, se advertía una de cal y otra de arena. En 2020, la economía mundial crecería al 2,5% para entre 2021 y 2022 ir cogiendo velocidad de crucero, creciendo al 2,6% y al 2,7%. Empero, las economías avanzadas proseguirían en ese trienio por una senda más bien endeble y, por el contrario, los mercados emergentes y las economías en desarrollo mostrarían un mayor y ascendente brío.

No obstante, esos presagios, no del todo gratos, que el Banco Mundial formulaba en los primeros días del recién nacido 2020 sufrirían un vuelco favorable apenas unas fechas después. El 15 de enero de 2020, en la Casa Blanca, bajo la atenta mirada de Donald Trump, que bendecía el protocolario acto, estadounidenses y chinos firmaban una especie de armisticio comercial que duraría en principio hasta finales de año, a la espera de los resultados que depararan los comicios presidenciales en Estados Unidos. Ese cese de hostilidades, al menos momentáneo, insuflaba algo de quietud a los mercados y fruto de ello eran los pronósticos económicos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) daba a conocer en Washington el 20 de enero haciéndose eco de ese acto, respirando aire refrescante sobre la evolución de la economía.

El FMI mejoraba los pronósticos respecto al PIB mundial previendo un aumento del 3,3% en 2020 y del 3,4% en 2021. No obstante, las economías avanzadas seguían una tónica de tímido repunte con una previsión de incremento del 1,6% tanto en 2020 como en 2021, mientras los mercados emergentes y las economías en desarrollo lo hacían con más fuste, al 4,4% en 2020 y al 4,6% en 2021.

En ese antes y este después de las perspectivas, las del Banco Mundial de 8 de enero de 2020 y las del FMI de 20 de enero de 2020, entraban en escena los estímulos en los mercados, con el punto de inflexión en la actividad manufacturera, beneficiando a China, a Estados Unidos y asimismo a la Unión Europea, el gran exportador y fabricante del mundo; la reorientación anunciada hacia una política monetaria acomodaticia, que se alejaba de repuntes en los tipos de interés; el inicio de conversaciones entre Estados Unidos y China en busca de soluciones comerciales y arancelarias; los menores temores a un Brexit sin acuerdo..., aunque todo ello plagado de incógnitas, si bien con riesgos menos sesgados a la baja que reforzarían el gasto de consumo y el repunte del gasto empresarial. Esas señales de riesgo a la baja, empero, continuaban estando amenazadas por la posibilidad de que se agudizaran las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán; que, debido a las circunstancias económicas de falta de decisión y tensiones sociopolíticas, el malestar social en determinados países se acentuara, con las clases medias devaluando su estatus; que se diera un nuevo empeoramiento de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y Europa; o que arreciaran las fricciones económicas entre otros países —verbigracia, Reino Unido y la Unión Europea de los 27—... Todo ello, a la postre, podría ocasionar un rápido deterioro con caída del crecimiento mundial por debajo de los reconfortantes pronósticos.

El afianzamiento de la actividad económica para 2020, así como la prevención de los albures negativos exigían una serie de compromisos: la cooperación multilateral más equilibrada entre países, instrumentos de políticas monetaria y fiscal en distintos marcos geográficos, resiliencia financiera, afianzamiento del crecimiento potencial, fomento de la inclusividad postergando desigualdades, cooperación transfronteriza, imposición de reglas básicas en el sistema comercial a fin de evitar discrepancias, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero velando por el medioambiente y contrarrestando los daños del actual cambio climático, apuntalamiento de la arquitectura tributaria internacional con el punto de mira en los grandes conglomerados empresariales y tecnológicos, y puesta en marcha de políticas nacionales que respaldaran la demanda a base de herramientas fiscales y monetarias. En suma, se glosaban los buenos propósitos que periódicamente evocan los organismos internacionales.

Bajo esos acordes pisábamos el mes de febrero del nuevo año con algo de esperanza..., aunque, según se oía y se leía, por alguna zona del interior de China pululaba un virus que estaba causando estragos...

Ranking económico mundial

El cierre económico de 2019 confirmaba la hegemonía mundial de Estados Unidos, la aún relevancia de la Unión Europea ya de los 27 —al soltar amarras los británicos—, el auge de China y la fuerza de la Zona Euro, la constante presencia del imperio nipón en los puestos de cabeza, la robustez algo menguada de Alemania, el sorpaso de una India pujante cuyo eje económico se inspira en el talento, en investigación y desarrollo y en innovación, y el papel cada vez más relegado a un segundo plano de España, ubicada en decimotercera posición del ranking económico internacional.

En resumen, se preveía un 2020 mejor que 2019 gracias al acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, aunque cogido con pinzas; la concordia entre estadounidenses y europeos; el Brexit ordenado; la continuidad de la política monetaria acomodaticia; una cierta moderación en el crecimiento con visos de recuperación gradual; el repunte de los países emergentes; y la posibilidad de que ya hubiera tocado fondo el descenso durante 2019 del sector manufacturero y del comercio mundial, con la industria de la automoción recuperándose, a modo de termómetro de la economía, los servicios expandiéndose, el gasto en consumo aguantando y algo de solidez en los salarios reforzados por las condiciones financieras y la baja inflación.

Cambio brusco

En esas estábamos, con un paisaje económico con aguas más o menos quietas, cuando Europa, y primeramente Italia, se vio golpeada entre finales de febrero y principios de marzo. Los estragos que vivían los italianos no tardaron en llegar a España. ¿Qué estaba pasando?

Las economías avanzadas creíamos estar a salvo de epidemias. Lo incuestionable es que la COVID-19 nos atrapó in fraganti y absolutamente despistados. Frivolizamos alegando que eso del coronavirus era un virus exótico que se daba en una parte de la China profunda, pero al final este nos alcanzó, y nos hizo darnos cuenta de que somos vulnerables... De eso nos habíamos olvidado tanto en Europa como en Estados Unidos. Y el patógeno nos embistió.

De golpe y porrazo, las perspectivas económicas para 2020 cayeron. Los economistas no supimos anticipar ni calibrar la hecatombe que se nos venía encima. Y a los científicos o no se les hizo caso cuando advertían de la virulencia del virus o andaban distraídos. ¿Y hacia dónde miraban los políticos? Continuaban ensimismados en sus endogámicas politiquerías.

Pese a que la plaga nos mermaba, cuando las muertes de personas se multiplicaban, cuando éramos dianas fáciles de la enfermedad y la crisis sanitaria nos ponía en jaque, ya pensábamos en los fatales pronósticos económicos para 2020 y elucubrábamos, por más que estuviéramos descolocados, acerca de si la recuperación sería en forma de V, U, L, I, W o esa nueva voz que es la «V asimétrica»...

Durante las semanas y meses siguientes, distintos organismos comenzaron a publicar sus previsiones acerca del rumbo económico, y lo que sí cabe afirmar es que cada nuevo vaticinio empeoraba los presagios precedentes. El 24 de junio de 2020 el FMI presentaba sus proyecciones de crecimiento económico destacando una caída de la economía mundial del –4,9% en 2020 y un crecimiento del 5,4% en 2021; con las economías avanzadas cayendo al –8% en 2020 y recuperándose al 4,8% en 2021, en tanto que las economías en desarrollo y los mercados emergentes sufrían una menor caída, del –3%, de su producto y un rebote más pronunciado en 2021 del 5,9%.

La caída de la economía mundial en 2020 se espera que sea contundente, si bien en 2021 se recuperaría en parte el desgaste. No puede decirse lo mismo respecto de las economías avanzadas que en 2021 no absorberán el desplome de este año, a diferencia de las economías emergentes y en desarrollo a las que el shock del coronavirus castiga con menor intensidad en 2020 y su capacidad de reactivación para 2021 es, al menos en teoría, sobresaliente.

Pero ¿qué perfiles presentan las grandes economías mundiales, dejando de momento de lado a las asiáticas? En Estados Unidos el desplome es severo, del –8%, y en 2021 aún no será capaz de rehacerse de la magnitud del descalabro, con el 4,5%. Peor es el panorama de la Zona Euro, cuya economía en 2020 se hunde en –10,2% y la remontada de 2021, estimada en el 6%, será insuficiente para encajar el varapalo del presente año. De hecho, las previsiones más pesimistas dadas a conocer por el Banco Central Europeo en junio deslizaban un posible desplome de la economía de la Zona Euro durante el 2020, cuyo PIB podría hundirse más allá del –12%. De ahí, pues, la expansión monetaria del banco con sede en Fráncfort, que tiene previsto inyectar más de 1,7 billones de euros, cuanto menos prolongando toda clase de estímulos hasta 2021 ante la magnitud del descalabro económico europeo.

Ese tono bajista se repite, más o menos, en Japón, Reino Unido y Canadá, y algo distinto es el panorama para otras economías avanzadas cuyo retroceso en 2020 no es tan ácido como en los países mencionados y su reacción en 2021 posibilitará restañar las heridas del presente ejercicio.

Dentro de la Zona Euro, el golpe morrocotudo se lo llevan Italia y España, según el FMI, cuyas economías se precipitan hacia una fosa del –12,8%, de la que no saldrán en 2021 al crecer al 6,3%. También Alemania (–7,8%) y Francia (–12,5%) se ven muy magulladas.

El impacto del coronavirus afecta de manera desigual a economías emergentes y en desarrollo, donde conviene subrayar la solidez de la economía china. Su crecimiento económico para 2020 se prevé del 1% para saltar en 2021 a un impresionante 8,2%, lo que haría que China volviera por sus fueros de crecimientos espectaculares. Que el país asiático se erija en la fábrica del mundo, y con más acento durante esta crisis, desempeñando un papel clave en el suministro a los países occidentales, sin duda es un factor determinante en esa tendencia.

Por su parte, India confirma esa fortaleza que gradualmente le permite escalar posiciones en el concierto internacional. Los países agrupados en el ASEAN-5, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, con cinco tigres marcando el paso, como son Vietnam, Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas, resisten el golpe en 2020 y en 2021 despegan de nuevo con una tasa de crecimiento solvente.

En otras economías emergentes, los quebrantos del virus correrán suerte desigual, aun cuando se observa que la brecha entre el desplome de 2020 y la redención de 2021 no será tan profunda como la de algunas economías avanzadas.

No cabe la menor duda de que el shock económico del COVID-19 desata una economía de guerra. Ese impacto sin precedentes en nuestra reciente historia concita unas secuelas que en opinión de organismos internacionales, como el propio FMI, la Unión Europea y el BCE, serían asimilables a la Gran Depresión de 1929 y tal vez a la Segunda Guerra Mundial.

¿Estamos ante una recesión pasajera, profunda o acaso ante un riesgo de depresión económica? El quid es: ¿recuperación acelerada o perezosa y lenta de reflejos? El peligro: ¿podría derivar en una recesión aguda o en una depresión que significaría el hundimiento de la economía?

A propósito de esta crisis sin parangón y de recuperación incierta, conviene señalar que a la hora de formular proyecciones la incertidumbre es elevada. El impacto en el primer semestre de 2020 ha sido más negativo de lo previsto y la recuperación será más lenta que lo pronosticado, perjudicando a hogares con bajos ingresos con riesgo de pobreza más extrema.

Conviene distinguir entre las economías con infección decreciente, en las que se ralentiza la recuperación por el distanciamiento social y que sufrirán más cicatrices económicas que dañan potencialmente a la oferta por el confinamiento de 2020, y a causa del golpe a la productividad (al incrementarse en las empresas supervivientes las imprescindibles prácticas de seguridad e higiene en los centros de trabajo); y aquellas economías con dificultades para controlar la infección con confinamiento más prolongado y que inflige más daños a su actividad.

Con todo, es posible que el desarrollo de los acontecimientos no coincida con las previsiones.

Política monetaria en un escenario crítico

Una de las premisas de los pronósticos del FMI reside en que se mantengan las condiciones financieras en sus niveles actuales. De unos años acá, el sesgo de las políticas monetarias está resultando decisivo para sostener unos impulsos mínimos para que la economía tire. No es osado afirmar que la mitad del crecimiento del PIB de España y de la mayoría de países de la Zona Euro en los últimos ejercicios cuenta con la inducción de las facilidades monetarias y las condiciones financieras acomodaticias que ofrece el BCE. Es decir, que si en España en 2019 nuestro PIB creció al 2%, un 1% fue gracias a tanta licencia monetaria.

En las difíciles circunstancias actuales tiene que prevalecer que se siga dando apoyo monetario a la recuperación y se mantenga la estabilidad financiera. Resulta esencial, para confiar en que gradualmente se vaya reactivando la economía, que no haya un endurecimiento de las condiciones financieras. El objetivo fundamental ahora es que los efectos positivos de la política monetaria se vayan transmitiendo hacia todos los sectores —tejido productivo y hogares— y que se superen las dificultades con las que topan las empresas de menor tamaño para acceder a las posibilidades de financiación. De hecho, los avales públicos tendrían que mitigar las reticencias de los intermediarios de incurrir en mayores riesgos.

Con todo, una de las prioridades será la de reasignar recursos financieros a empresas y sectores que contribuyan más a la recuperación de la actividad económica y del empleo.

Evidentemente, de la capacidad reactiva de los gobiernos dependerá la respuesta en clave positiva a estos interrogantes que se plantean. Por desgracia, en España, la torpeza de nuestras autoridades competentes hace presagiar lo peor. El escenario actual exige medidas inmediatas y eficaces, precisamente lo que no se ha hecho. Y, entretanto, flota el titubeo de si los bancos centrales han quemado demasiados cartuchos desde 2008 hasta los primeros meses de 2020 en aras de reanimar una alicaída economía. ¿Dispone el BCE de munición monetaria suficiente como para salvar a la economía de la Zona Euro si algunos gobiernos, como el español, están carentes de herramientas fiscales? Hasta junio de 2020 conviene admitir que la respuesta del banco presidido por Christine Lagarde está siendo contundente, y si en un primer momento su mensaje no caló como se esperaba, después sus respuestas ganaron en poder de convicción.

No obstante, la acción de la Unión Europea, demasiado parsimoniosa al tener que conjuntar los intereses de todos los países que la componen, está siendo muy poco efectiva y, en todo caso, se quedará rezagada, a diferencia, por ejemplo, de la reacción estadounidense.

En abril de 2020 Christine Lagarde no tuvo el mismo poder de convicción que Mario Draghi cuando pronunció su histórica frase el 26 de julio de 2012 en Londres: «El BCE hará todo lo necesario para sostener el euro. Y, créanme, eso será suficiente». Y eso que Lagarde hablaba de expansión monetaria e insinuaba los efectos balsámicos de 750.000 millones de euros que se inyectarían en la economía de la Zona Euro. Y en efecto esos millones se pusieron en circulación, facilitando a los bancos la obtención de liquidez para revertir en la economía privada, fundamentalmente en la esfera empresarial. Incluso el BCE los acepta como colateral, es decir, como un activo que actúa como garantía en la concesión de un crédito o de una emisión de bonos, bonos basura, que son títulos de renta fija con alto riesgo de impago y, claro, con un tipo de interés muy elevado. Todo vale, en estos momentos, para el BCE en su afán por regar con dinero a la economía del euro.

Después, el 4 de junio de 2020, madame Lagarde lanzaba la bomba de otros 600.000 millones de euros para atajar los efectos de la pandemia, guardando más bazas en el arsenal de Fráncfort. Ese proceder encajaba con la contracción sin precedentes que el BCE confirma sobre la economía de la Zona Euro, habilitando potentes medidas que apoyen las condiciones de financiación de la economía real, con familias y empresas en el punto de mira. Al mismo tiempo, los riesgos de fragmentación en los mercados de la Zona Euro y la posibilidad de que germine una nueva crisis de deuda soberana, que sería mortal de necesidad en esa tesitura del COVID-19, obligan al BCE a actuar con toda su artillería.

Aun cuando a medida que se acerca el verano de 2020 el virus parece remitir y también parece que la sanidad está más preparada para hacer frente a una nueva oleada, conviene tener presente que el impacto de la contracción económica en la Europa del euro y las claves de la recuperación dependen de la duración del confinamiento, de posibles rebrotes del patógeno, de otras epidemias susceptibles de producirse, del éxito que tengan las políticas implementadas para contraatacar la epidemia, del menoscabo causado en los ingresos o en el empleo y de cómo se configure tanto la capacidad de la oferta como el comportamiento de la demanda de resultas de la crisis.

Flota el fantasma de la deflación entrando en tiempos caracterizados por un exceso de oferta y laxitud de la demanda, con los precios, a la fuerza, descendiendo. Eso, lógicamente, se traduce en una ventaja para quienes mantengan sus niveles de renta al mejorar su poder adquisitivo y su capacidad de ahorro, y en amargo contratiempo para quienes, acumulando cotas elevadas de endeudamiento, vean reducidos sus ingresos. A su vez, el riesgo de que se frene el consumo propiamente dicho, con continuados descensos en los precios, daría lugar a la siempre temida deflación, síntoma depresivo en lo económico, y lo malo de la misma es la espiral negativa de caídas de precios, motivando que se pospongan gastos y compras de bienes al pensar que los precios aún tienen mayor recorrido a la baja, prolongándose los toques deflacionistas.

Los últimos datos sobre el índice de precios al consumo (IPC) en España, correspondientes a estos meses recientes de 2020, apuntan en esa dirección. ¿Se trata de una simple desinflación o de deflación? De ser así, se deja entrever otro hándicap: el deterioro de las clases medias. Menos empleo, más paro, reducciones salariales, trabajo precario, más población en riesgo de pobreza o en trance de exclusión social, con numerosas empresas en la cuerda floja... Por eso, por las peyorativas secuelas deflacionistas que conlleva una crisis como la del COVID-19 es por lo que los bancos centrales siempre se marcan como objetivo que se den unas tasas aceptables de inflación; por ejemplo, esa meta del 2% fijada por parte del BCE. De ahí, pues, que se suelte más munición monetaria.

Si miramos a Estados Unidos, la FED dispone de liquidez ilimitada y sus tipos de interés, como reiteradamente manifiesta su presidente, Jerome Powell, se mantendrán en el rango más bajo, en torno al 0%.

Reacciones de los gobiernos: ¿hay palancas fiscales?

¿Cómo tienen que actuar los gobiernos en una encrucijada como es la del shock económico del COVID-19? Poniendo en marcha un plan de contraataque. Se necesita dinero. ¿Hay palancas fiscales por parte de los gobiernos, es decir, superávits presupuestarios y capacidad de endeudamiento, o no? Bajo esa tesitura, ¿cuál será el papel de la Unión Europea en su conjunto?

Ese plan de contraataque al coronavirus se escribe con medidas sanitarias y económicas a la par. Por eso, los bancos centrales y las autoridades estatales que se encuentran con sus cuentas públicas en orden riegan con lluvias de dinero, como Estados Unidos que pone en marcha el metafórico helicóptero evocado por Milton Friedman con más de 2 billones de dólares.

Hablemos de lo que sí es un auténtico plan de estímulo fiscal y reacción económica. El Estado pone los susodichos 2 billones de dólares, que costea íntegramente —ni movilización de recursos ni monsergas ni mojigangas—, incluyendo 250.000 millones para pagar en cheques mensuales, a razón de 1.200 dólares por familia y 500 en efectivo por hijo; 250.000 millones para aumentar subsidios de desempleo; préstamos para pymes por 350.000 millones que, a condición de que se mantenga el empleo, no habrá que devolver; 500.000 millones para prestar a empresas que atraviesen dificultades; 130.000 millones para hospitales; asistencia financiera hasta 50.000 millones a las aerolíneas norteamericanas...

Los 2 billones que Estados Unidos pone con cargo a su gasto público representan el 10% del producto interior bruto (PIB). Además, incluidos en tal monto figuran 240.000 millones de dólares para asistencia médica; 75.000 millones de ayudas para hospitales; 20.000 millones para atención médica a veteranos; otro tanto para transporte público; 10.000 millones de ayudas a aeropuertos... Y suma y sigue... ¡Esto sí que es un plan de estímulo económico, a lo que hay que agregar además la barra libre de la Reserva Federal! Y, por estos lares, ¿qué hacemos?

La Alemania de Angela Merkel, por su parte, crea un fondo de estabilización de 600.000 millones de euros y eleva su endeudamiento público, que al concluir 2019 equivalía al 59,8% de su PIB. Francia inyecta 345.000 millones de euros e Italia, aun cuando su deuda alcanza cotas preocupantes del 134,8% sobre su PIB, moviliza 750.000 millones de euros de los que el Estado italiano avala el 90%, prácticamente el 50% de su PIB, para salvaguardar su economía, incluyendo liquidez inmediata de 400.000 millones, garantizando préstamos a sus empresas por importe de hasta 200.000 millones de euros, con préstamos de hasta 5 millones de euros a las pymes.

Además, Alemania habilita a comienzos de junio otros 100.000 millones de euros, concede subvenciones a sus empresas, préstamos a sus conglomerados industriales, entregas de dinero a familias con hijos y, de remate, bajadas de impuestos reduciendo el tipo general del IVA en tres puntos, del 19 al 16%, y recortando el tipo reducido al 5%. Francia se incorpora a la senda bajista en materia de impuestos e Italia lo hace con más osadía: no solo baja el IVA sino el IRPF, y reduce la cuña fiscal que grava el factor trabajo.

Y en España ¿qué? Pues realmente muy poco, que es lo mismo que casi nada. La grandilocuencia de las palabras presidenciales de «movilizar» 200.000 millones de euros, desglosados en 100.000 millones en avales para las empresas, 83.000 millones en otra «movilización» de recursos del sector privado —enigma pendiente de resolución— y 17.000 millones de ayudas, se queda en agua de borrajas. Aun cuando el Gobierno diga en el Programa de Estabilidad presentado a Bruselas el 30 de abril de 2020 que el total impacto de las medidas para combatir el COVID-19 es de 138.923 millones (sic), en realidad se quedan en 25.559 millones de euros, el 2,02% del PIB. Y lo de las medidas de liquidez de los flamantes 100.000 millones de euros, nada... Son los avales que el ICO da, pero que de los tantos miles de millones de euros que nuestras empresas están solicitando en ese vía crucis en el que el Gobierno las ha metido, solo se habían avalado hasta mayo 25.845 millones de una financiación que ha llegado a las empresas de 33.833 millones de euros. Más o menos, una pequeña e imperceptible tirita para un cuerpo empresarial herido de muerte por varios costados, al que la autoridad competente deja desangrar y que salva de la mortandad empresarial la banca española, que está haciendo de buen samaritano.

Por lo que respecta al dinero que pagar a millones de trabajadores acogidos a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), en los primeros días de junio cientos de miles de personas todavía no habían percibido cantidad alguna desde mediados de marzo, lo que hacía agonizar económicamente a miles de familias.

En el plano de las cargas tributarias y sociales, el Gobierno no ha concedido exenciones ni condonaciones y simplemente se ha limitado a dar moratorias en el pago de impuestos que equivalen a retardar una epidemia de insolvencias. Y parte del dinero aplazado ya se ha cobrado por Hacienda en la primera quincena de junio.

En suma, que, de tan grandilocuente movilización de 200.000 millones de recursos, el crucigrama queda resuelto: algo de calderilla a modo básico y de mínimos, porque no hay dinero para más.

Disyuntiva europea

Con todo, volviendo a Europa, surge la interpelación: ¿son suficientes las medidas adoptadas a título individual por cada Estado o la Unión Europea tiene que actuar como una auténtica unión? Sobre tal particular sigue filosofando la Comisión Europea, deslizando la posibilidad de armar un fondo de 1,5 billones de euros que hasta el momento de escribir estas líneas sigue confuso y difuso. Dudo sinceramente que cuando estos párrafos vean la luz haya fluido algo de ese dinero de la Unión Europea, aunque la subsiguiente interrogación es de dónde saldrá tal suma billonaria y en calidad de qué se hará llegar a los Estados miembros, o sea, si como mera subvención, transferencia condicionada o en concepto de préstamo sujeto a condicionalidades como exigen los países más ortodoxos: Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca.

A finales de mayo de 2020, y entrados en el mes de julio seguimos enfangados, la Comisión Europea intentaba dar un paso al frente anunciando la puesta en marcha de un fondo de reconstrucción para los Estados europeos por 750.000 millones de euros, que se plasmará en forma de préstamos benévolos y ayudas. De los cuales 140.000 millones caerían en España —77.000 como ayudas directas y 63.000 como créditos— y 173.000 irían a Italia, copando entre ambos países el 42% del generoso chorro de dinero con el que Bruselas riega a la cabizbaja Unión Europea.

Claro que la efectividad de ese fondo, por una parte, tiene que superar un largo ceremonial de tramitación a partir de la propuesta de la Comisión hasta que sea efectivo y esté disponible para los países, lo que supone meses; y, por otra parte, que el dinero que se reciba de los Estados, además de sujetarse a unas condiciones específicas de conducta fiscal y presupuestaria, tiene que aplicarse a unas finalidades muy específicas.

En concreto, el dinero que en su día percibiera España procedente de Bruselas debería destinarse a inversiones y reformas, que no a tapar agujeros financieros de nuestras descuadradas cuentas públicas, inherentes a la transformación digital y transición ecológica; a poner en marcha programas rurales; a impulsar inversiones privadas; a ayudar a empresas viables; a promocionar sectores clave como el tecnológico, medioambiente, economía verde; a dotar de más y eficaces recursos a nuestra sanidad; a promover actividades de investigación y desarrollo...

Sin embargo, esbozado lo bonito del retrato de asistencia financiera por parte de la Comisión Europea, hay que entrar ahora en la otra cara. ¿De dónde saca la Comisión Europea los susodichos 750.000 millones de euros? Pues emitiendo deuda, cosa inédita, con respaldo de la Unión Europea, que se amortizará en muchos años, a partir de 2028 y hasta 2058. A la postre, la Comisión pedirá dinero a los mercados financieros, aunque, eso sí, aprovechando la favorable coyuntura financiera que permite endeudamientos a costes muy bajos y con horizontes temporales muy largos.

¿Cómo se devolverá esa cuantía multimillonaria por parte de Bruselas? Los Estados apoquinarán durante los próximos decenios contribuyendo con fondos a las arcas europeas y devolviendo los préstamos recibidos. Pero ¿y el resto? A golpe de nuevos impuestos que recaerán sobre la ciudadanía europea. Por el momento, se barajan varias figuras tributarias: impuesto sobre el plástico, emisiones de dióxido de carbono (CO2), tasa digital que grave a las grandes multinacionales, y cuantas criaturas de perfil impositivo vayan alumbrando mentes prodigiosas. No quedará cabo suelto para que sean los ciudadanos quienes acaben soportando tan colosal esfuerzo.

¿Qué dejaremos como herencia a quienes vengan después? En teoría, nos llenaremos la boca hablando de un mundo mejor, pero dejaremos uno preñado de impuestos, con mayores e insoportables volúmenes de deuda pública, cargas de todo tipo que soportar y una pujante presión fiscal.

Lo precedente conduce a si la Unión Europea está reaccionando a tiempo y con decisión ante la crisis del coronavirus y resolviendo el consiguiente dilema entre el Norte versus el Sur, o si, como es tan habitual, va perdiendo el paso también en capacidad de respuesta fiscal. Me temo que Europa cada vez anda más descolocada y acechan dudas sobre su fragmentación según sea el desenlace del conflicto interno y las secuelas que deje el patógeno. Porque en la sede europea las decisiones están marcadas por la falta de reacción inmediata, la búsqueda de inacabables consensos, la lentitud de movimientos, las liturgias al uso y toda la mastodóntica maquinaria que van demorando los tiempos. Y Europa pide a gritos que se enderece el rumbo para su reconstrucción económica.

Con todo, a fin de evitar falsas esperanzas, la puesta en marcha de tal fondo no tiene nada que ver con lo que podría ser, en su caso, un rescate de las finanzas públicas españolas. El fondo, como su nombre indica, tiene la finalidad de ayudar a los Estados europeos en la reconstrucción de sus economías, pero el dinero no puede servir para saldar las deudas públicas acumuladas por cada país hasta la fecha. Para eso está el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), que garantiza la estabilidad financiera en los países de la Zona Euro en forma, obviamente, de préstamos para reestructurar deuda pública, apaciguar los ánimos de los mercados financieros y, como es procedente, imponiendo toda suerte de condiciones a los países rescatados.

A la postre, durante las interminables semanas en las que la pandemia azotaba, uno de los grandes interrogantes que afloraba era si en el conjunto de la Unión Europea era posible hablar o no de aliados. Esa era y es la cuestión. El Sur, la periferia, con Italia y España a la cabeza, no tiene dinero ni capacidad de endeudamiento para recabar fondos monetarios. Sus respectivos déficits públicos y lo abultado de sus deudas públicas provocan que se hallen al límite de sus posibilidades financieras. El Norte, en cambio, sí tiene dinero, con niveles de deuda pública muy controlados. En el siguiente gráfico se plasma el volumen de deuda pública en porcentaje sobre el PIB de cada Estado miembro de la Unión Europea al cierre de 2019.

Como se ve, aquellos países europeos donde predomina la disciplina presupuestaria y el rigor fiscal presentan unos niveles de deuda sobre su respectivo PIB que está cumpliendo escrupulosamente con la estipulación plasmada en el Pacto de Estabilidad de la Unión Económica y Monetaria, la Zona Euro, de que la deuda pública como máximo se sitúe en el 60% del PIB de cada país. Por cierto, exigencia que España, según modificación constitucional que se aprobó en el verano de 2011, incumple, con el detalle adicional de que los presupuestos que se aprueben a partir de 2020 tomarán visos de inconstitucionalidad si la deuda pública sigue superando el 60% de nuestro PIB, como es el caso.

Lo propio cabe decir a propósito del déficit público. Los países que cumplen con los mandatos establecidos en la Zona Euro son los más ortodoxos del Norte, mientras que por el Sur, salvo honrosas excepciones, el descuadre de las cuentas públicas es más estruendoso, al punto de que España se acerca peligrosamente al tope del 3% de déficit público sobre el PIB.

En lo concerniente al déficit público de 2019, esta es su representación gráfica:

IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

España ha sufrido fuertemente la brusca disrupción de la actividad económica y el retroceso de nuestro PIB en 2020 está siendo el más abultado en tiempos de paz. Sin duda, nos encontramos ante unas perturbaciones muy severas, con el consuelo de que serán temporales y no duraderas, que afectan de manera global y que exigen reacciones de política económica de una cierta contundencia, acompasadas en el tiempo. Es deseable que se dé una coordinación en el plano internacional o, cuando menos, en el espacio europeo. La terapia de choque tiene que propender a reducir los efectos de la pandemia en el corto plazo, intentando evitar cicatrices económicas muy marcadas y, sobre todo, facilitar un tránsito de la hibernación en que se ha sumido nuestra economía de marzo a junio a la normalidad que mitigue los daños económicos. La reactivación de nuestra economía está siendo gradual, al ritmo que avanza la desescalada, aunque siempre con la incertidumbre de rebrotes que amenacen la ansiada vuelta a la normalidad. Esa incertidumbre incide negativamente sobre el consumo y la inversión y erosiona el comercio internacional, perjudicando a uno de los sectores clave de nuestra economía como es el turismo y golpeando al transporte, a la hostelería, a la restauración, al ocio y al comercio minorista principalmente.

Durante 2020 habrá que modular los riesgos de rebrote del coronavirus con la reactivación económica, por lo que seguirán manteniéndose limitaciones y medidas sanitarias que impedirán la plena vuelta a la normalidad, condicionando el desempeño de la actividad económica en distintos sectores. Lo más grave es que como consecuencia de la crisis se atisban deterioros en algunos sectores y empresas, como el turístico, y menoscabos en grupos de población, como los de rentas bajas, mujeres, jóvenes de hasta 35 años y contratados temporalmente. A la postre, las consecuencias de la pandemia confluirán en cambios estructurales.

Por ello, es preciso desde los estamentos públicos apoyar la recuperación y seguir ofreciendo medidas para contrarrestar los quebrantos más duraderos que afectarían a nuestro crecimiento económico y, a la par, ir acomodando los ajustes en nuestra economía al escenario que surgirá tras la pandemia. Todo ello exige una lista de reformas estructurales que no puede quedarse en papel mojado, sino llevarse a cabo con premura. Y en este punto, conscientes de que las arcas del Estado están más bien vacías —por lo que sería recomendable recurrir a los mecanismos de ayuda establecidos en Europa, como el MEDE, para situaciones de tensión en las cuentas públicas—, es esencial una expansión fiscal a corto plazo de grueso calibre para evitar males mayores y, luego, una vez se vaya recuperando la velocidad de crucero de nuestra economía, será el momento de afrontar un plan para sanar y sanear nuestras cuentas públicas con una perspectiva de medio y largo plazo. El futuro de España se tendrá que escribir a través de una estrategia cabal, poniendo en marcha reformas estructurales y pisando una senda de consolidación fiscal.

El estoque a la economía española

Penetramos en un periodo peliagudo, caracterizado por varias facetas de la crisis provocada por el coronavirus. El aspecto sanitario, sin duda, es el preponderante. La crisis económica puede ser brutal si nos ceñimos a las predicciones que se barajan. El malestar social irá a más. Y el caos político, especialmente en España, se antoja enrevesado.

La economía española está mostrando sus debilidades y la paupérrima actuación de nuestros gobernantes para apoyarla le clavan el estoque. España es un país de pequeñas empresas, con mayoría abrumadora de autónomos; empresas individuales, de una sola persona y sin trabajadores; muchas microempresas, pocas empresas medianas y contadas empresas grandes. Eso convierte a nuestro tejido empresarial en sumamente vulnerable al estar desprovisto de armamento financiero apropiado y caracterizarse por una baja inversión en capital de conocimiento y pertrechos tecnológicos.

¿Por qué la crisis se alargará en España? ¿Por qué hasta 2023 España no será capaz de recuperar unos niveles de actividad económica en línea con 2019? La respuesta está en nuestro modelo productivo y en su sensibilidad a las embestidas de la pandemia.

En España concentramos el 75% de nuestra economía en el sector servicios, junto con el comercio, y su tirón depende en gran medida del turismo, que actúa como tractor de otras actividades. Además, aquí tenemos mucha empresa muy pequeña, el mercado laboral no es eficiente, al capital humano le falta fuelle formativo, el capital productivo adolece de un plus digital y de adecuada formación y cualificación profesional —como lo corrobora la alta tasa de desempleados con una educación muy elemental—, y la construcción también tiene su peso, que oscila en función del ciclo. El turismo es un sector fuertemente castigado por el coronavirus, al verse limitada la libertad de movimientos y los desplazamientos y al disminuir el número de viajes por el temor a los contagios y por las cuarentenas de rigor —y así seguirá el panorama hasta que no se dé con la panacea—, y su aportación a la reconstrucción económica de España será tímida en los meses venideros. Del mismo modo, la recuperación del empleo costará porque los servicios y el comercio se han visto tremendamente golpeados.

Eso nos lleva a poner el acento sobre nuestra estructura económica muy concentrada en el sector servicios, con el turismo erigiéndose en nuestra baza primordial. Hemos soslayado el papel del campo, del sector primario, y este ha ido perdiendo ripio en nuestro entramado económico. En el transcurso de decenios recientes, España se ha desindustrializado a pasos agigantados y ahora, en plena vorágine de pandemia, nos percatamos de esa fragilidad. Nos hemos dado cuenta de nuestra dependencia absoluta de los suministros procedentes de otros países y, también, hemos sido conscientes de que parte de nuestra industria está en manos extranjeras, por lo que en cualquier momento esos inversores foráneos pueden decidir una repatriación industrial y batirse en retirada, como en el caso de Nissan en Barcelona.

En muchos casos, dependemos de decisiones que se toman allende nuestras fronteras y en lugares muy alejados de aquí —por ejemplo, en Japón—, y de reestructuraciones a nivel mundial de grandes compañías y alianzas. Si a eso se agrega la incertidumbre política a guisa de intensa niebla que nubla el horizonte, la inseguridad jurídica, la inestabilidad normativa, las amenazas de contrarreformas, la animadversión que las autoridades muestran hacia los empresarios y la ausencia de un cuaderno de bitácora en cuestiones económicas, la posibilidad de retirada de inversiones exteriores en España crece.

La construcción constituye un sector cíclico, con sus altibajos, pero no es el remedio para nuestros males congénitos o sobrevenidos; antes al contrario, quizá la fuerte concentración en construcción y en el sector inmobiliario, unida a los errores de parte de nuestro sector financiero, nos sumió en la profunda crisis de 2008. Ahora bien, en tiempos de reconstrucción económica sí que hay que valorar el positivo impacto que tendría la puesta en marcha de obra pública al son de las tendencias que emanan desde Europa en cuanto a facilitar transición ecológica e inversiones en clave de economía verde en aras a mitigar los nocivos efectos del actual cambio climático, por más que el problema que subyace de fondo es cómo se obtienen los recursos públicos para tal menester.

En materia de I+D hemos hecho nuestra aquella frase de Unamuno: «¡Que inventen ellos!». No solo no mostramos simpatía por la revolución tecnológica, sino que damos luz verde en el Congreso a la tasa Google a modo de escarmiento para las grandes compañías tecnológicas que operan en España. Así nos convertimos en el único país que planta cara a Estados Unidos y a sus grandes compañías tecnológicas, despertando la animadversión de Donald Trump y de tales conglomerados. Esto acarreará funestas secuelas para las exportaciones de productos españoles hacia tierras estadounidenses. Además, ¿quién acabará satisfaciendo efectivamente esa tasa sino el propio consumidor final?

Seamos conscientes, ante todo, de las secuelas económicas que acarrea el COVID-19. Nos adentramos en tiempos en que aumentará el malestar social y se constatará un empobrecimiento de la población. A los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), figura alumbrada con la reforma laboral de 2012, le sucederán expedientes de regulación de empleo, los malditos ERE. Eso deviene en desapariciones empresariales, en vomitar cientos de miles de empleos hacia el paro y a dudar seriamente de que haya expectativas a corto y medio plazo de reincorporación al mundo laboral por parte de un gran número de los trabajadores afectados. Entretanto, algunas compañías industriales, como Nissan, Alcoa o Continental, cierran plantas en España. Para dimensionar lo que esto supone hay que darse cuenta de que el efecto de Nissan conlleva la desaparición directa de 3.000 puestos de trabajo y su industria auxiliar perderá más de 20.000 empleos.

Esta no es una cuestión baladí, porque los proveedores del sector de la automoción contribuyen de manera importante en nuestra industria con más de 372.000 empleos directos e indirectos, de calidad y estables, con inversión en I+D, con un encomiable posicionamiento internacional y con un significativo efecto multiplicador sobre la actividad económica. Los rumores de repatriación de algunas industrias de capital foráneo con sede en España se van propagando y no solo por cuestiones económicas y estratégicas, sino también por la incertidumbre política, el peor y acérrimo enemigo de la inversión extranjera, con las multinacionales instaladas en España exigiendo seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y un entorno confortable para desarrollar actividades empresariales. Pero las autoridades españolas desde 2018 sentenciaron a la industria automovilística. No sorprende que los gigantes de la automoción recojan velas.

En ese contexto, se vislumbra más precariedad laboral —de hecho, derogar la reforma iría justo en ese sentido, al imprimir de mayor rigidez el mercado de trabajo—, caídas de ingresos de las familias que en un buen número podrán verse atrapadas por deudas, más desigualdades y aumento del riesgo de pobreza y exclusión social, que en 2018 afectaba al 26% de la población española, es decir, a más de 12 millones de personas. De ello se infiere un retraimiento, más o menos acusado, en el consumo y recorte de gasto por parte de las familias. Y ello entraña riesgos de deflación, con caídas de precios por la mayor oferta y freno de la demanda.

Por otro lado, los riesgos sobre nuestras finanzas públicas devienen en la necesidad de ayuda exterior ante un endeudamiento sobredimensionado y un déficit descarriado. El deterioro y la radicalidad de la política española podría deparar, ante el mayor intervencionismo del Estado, no solo en reforzar el sector público, cuya obesidad sería preocupante, sino en ir pasando de una economía de mercado a una economía planificada o intervenida o hacia un modelo de economía mixta. En este sentido, baste subrayar que el gasto público en España en 2020 ascenderá al 51,5% del PIB. Es decir, que el Estado se convierte en el principal agente económico del país.

Se plantean igualmente interrogantes económicos y sociales si cruzamos el umbral de una nueva Edad Media en la que estaremos cibercontrolados, nos moveremos con reconocimiento facial y seremos más vulnerables a ciberataques destructivos. También nos cuestionamos, en el marco financiero actual, cómo se escribirá el futuro de las inversiones financieras, si seremos simples ahorradores o asumiremos un rol como inversores, a la vez que nos preguntamos dónde y cómo invertir, interpelándonos si solo primarán causas económicas o, en cambio, se revalorizará el papel social de las grandes compañías que muestran su solidaridad en tiempos como estos.

A corto y a medio plazo se ciernen dudas sobre el resurgimiento del sector del transporte aéreo, que considera que hasta 2023 no recuperará su vigor de 2019. En todo caso, el sector hotelero y los servicios inherentes se verán afectados, y el distanciamiento social fomentará el transporte privado en detrimento del público, con una probable revitalización del estilo de vida alejado de las grandes urbes, buscando el atractivo del extrarradio y del mundo rural.

Los riesgos sobre nuestras finanzas públicas, que posteriormente desmenuzaré, son preocupantes. Mayor gasto público, menores ingresos, déficit público disparado y sin control, deuda pública creciente e impagable... El llamado Estado del Bienestar, sinceramente, se pone en tela de juicio. Habrá que recurrir a la fuerza a ayudas procedentes de fuera. Y el dinero que llegue, antes o después, lo pondrá Europa, el Banco Central Europeo y, probablemente, el Fondo Monetario Internacional. ¿Veremos por España a aquellos temidos hombres de negro que paseaban con sus gabardinas y maletines en ristre por las calles de Atenas tiempo atrás? Es lo que tiene el endeudamiento sobredimensionado: que un buen día alguien se cruza en tu vida para poner en orden tus cuentas. La economía española, tanto en lo referente al sector público como a nuestras familias y empresas, saldrá de este lance sobreendeudada.

Un país sensible al coronavirus

¿Por qué España es tan sensible al coronavirus? Penetrar en la evolución y la estructura de nuestra economía resuelve la duda, así como concretar nuestro modelo productivo, patrón de crecimiento y calidad del empleo. Buscamos respuestas al shock global de la pandemia a través de las aristas de la crisis en España.

CRISIS SANITARIA

En primer lugar, estamos ante una crisis sanitaria y cabe preguntarse por qué se han recortado los presupuestos y con qué recursos cuentan los servicios sanitarios. Desgraciadamente, como veremos enseguida, el aumento del gasto público en nuestro país de unos años acá ha sido imparable. Sin embargo, se han reducido los gastos en sanidad en favor de otras clases de dispendios sobre cuya calidad y naturaleza habría que preguntarse.

No vale como excusa decir que hubo que recortar el gasto público en España en 2012 como consecuencia del rescate que se procuró adecentar, con insistencia, como ayuda al sector financiero. Es cierto que, en el memorándum de entendimiento suscrito con la troika —las instituciones—, España se comprometía a ajustar una serie de magnitudes macroeconómicas y por consiguiente a moderar y recortar su incontenible gasto público.

Ahora bien, lo que tenía que moderarse era el paquete global del gasto público y nuestros políticos optaron por la vía fácil y más egoísta: recortar sanidad, educación y protección social, pero no el gasto que genera la gigantesca industria política engendrada ni tampoco los desajustes en la contratación de las Administraciones Públicas que por sí solventarían la mácula del déficit. Y ahondando más, pese a que ahora se cargue toda la responsabilidad del llamado «austericidio» sobre el Gobierno central, que sin duda la tuvo, conviene recordar que esas competencias mencionadas están traspasadas, desde hace años, a las comunidades autónomas; ergo, fueron los gobiernos autonómicos los que optaron por disminuir el gasto en sanidad, en educación y en protección social. Pero hay que tener en cuenta que hubo autonomías que actuaron de una manera y otras que lo hicieron de modo distinto.

El gasto de las comunidades autónomas se disparó de 2007 a 2011 y 2012. Las condiciones impuestas a España de resultas del rescate implicaban una poda en el volumen del gasto público. Este hecho obligó a reajustar las cuentas presupuestarias, y en 2013 se advierte una caída de 29.000 millones de euros en el gasto total de las autonomías respecto a 2011. A la hora de la verdad, fue cada gobierno autonómico el que decidió en qué y cómo gastaba el dinero que le llegaba de Madrid. Algunos gobiernos dieron preferencia al gasto sanitario y apenas recortaron. Y otros hicieron justo lo contrario.

En concreto, España es, de los países de nuestro entorno y con los cuales pretendemos equipararnos, el que destina menos esfuerzo en salud atendiendo al porcentaje del PIB.

No obstante, la sanidad española goza de un reconocimiento urbi et orbi gracias al trabajo, logros y reputación de sus profesionales. El prestigio de nuestra medicina está reconocido internacionalmente y, de hecho, España se encuentra entre los tres primeros países del mundo por la calidad sanitaria. Además, el talento de nuestros profesionales es indudable y algunos de ellos cuentan con predicamento universal al estar al frente de los más afamados centros de investigación. Resulta chocante que bastantes científicos españoles tengan que emigrar al no apreciarse aquí su valía, así España deja volar a mentes lúcidas que asentarían la investigación. Baste indicar que no son pocos los investigadores que perciben mensualmente poco más del salario mínimo. Y así, demasiadas lumbreras saltan el charco y otros recalan en países en los que pueden desarrollar toda su energía científica.

La entrega y generosidad sin límites de nuestro personal sanitario se reconocía a raíz de la pandemia con las salvas de aplausos que cada tarde a las ocho horas se les dedicaba por parte de la población confinada durante varias semanas, refrendando el mérito de su quehacer.

¿Qué ha fallado entonces? Los recursos. Han trabajado en la cresta de la epidemia y lo siguen haciendo en condiciones precarias. De ahí, las tristes noticias sobre las cifras de contagio de nuestros sanitarios y, peor aún, los fallecidos. La carencia de medios materiales ha sido deplorable. Ellos constituyen nuestra infantería que se bate contra el enemigo en un terrorífico cuerpo a cuerpo, batallando en las trincheras sin armamento con el que plantar cara al adversario.

Tampoco ha ayudado en ese empeño nuestra demografía: el envejecimiento de la población no solo es un problema de productividad laboral, sino que también ha dejado al descubierto la debilidad del sistema para atender a nuestros mayores y a toda la población en general.

Asimismo, nuestra estructura territorial, que no deja de ser la típica de las economías avanzadas, con enormes concentraciones de la ciudadanía en las grandes urbes y despoblación en el ámbito rural, ha sido un puñal que se ha clavado en conurbaciones como Madrid y Barcelona. Por el contrario, allá donde la población reside en ámbitos rurales y poblaciones de tamaño tirando a pequeño, la epidemia ha sido más controlable y ha producido menos bajas.

CRISIS ECONÓMICA

En segundo lugar, la plaga del coronavirus no solo se cobra víctimas en lo personal, sino que acarrea una crisis económica de envergadura que empequeñece la crisis financiera de 2008. Es impepinable la destrucción de la economía productiva desencadenada por el parón e hibernación económica. Cientos de miles de autónomos, de pymes, de empresas y millones de trabajadores están con la soga al cuello. La falta de liquidez estrangula a nuestras empresas y anticipa una debacle de insolvencias. El parche de los expedientes de regulación temporal de empleo, los famosos ERTE —con numerosos trabajadores sin cobrar desde mediados de marzo hasta junio—, templa solo parcialmente la crisis en ciernes, mientras miles de concursos de acreedores germinan. Y las estadísticas testimonian que muchos de esos concursos devienen en liquidaciones empresariales.

Nuestro gobierno, a imagen y semejanza de lo que han hecho otros gobiernos europeos, incluso los mismos italianos, tendría que haber inyectado miles de millones de euros —el desfase mayúsculo del déficit público ya no venía de aquí, es decir, de una situación extrema de emergencia— para facilitar la liquidez de nuestro tejido empresarial y evitar la agonía económica. Eso no se ha hecho. Un arma coherente hubiera sido la de exonerar de cargas fiscales y sociales a las empresas más vulnerables ante las vicisitudes, alternativa que habría facilitado liquidez al descargarse de los pagos de impuestos.

Por más duro que suene, procede interpelar sobre si a los acordes de la crisis, la actuación del Gobierno español ha sido la de auxiliar, negar el debido socorro o aniquilar a nuestras empresas. Comparando su cicatera respuesta con la habida por parte de otros gobiernos de economías avanzadas, puede llegarse a conclusiones deplorables que marcarán fatalmente a nuestra economía productiva. Y es en gran parte ese proceder de los estamentos públicos el que erosiona no solo nuestro producto interior bruto en 2020, sino también la capacidad de resurgimiento en 2021, con un panorama empresarial seriamente dañado.

CRISIS SOCIAL

De lo anterior deriva otro ángulo crítico: la crisis social, al vislumbrarse una generalizada desazón agravada por el confinamiento de la población. Para algunos ciudadanos ha sido como un arresto domiciliario, y para otros se ha complicado además con una pérdida de rentas familiares. Por otra parte, se han generado interrogantes de si se habría podido evitar el encierro si las autoridades hubiesen reaccionado tempranamente, si hubiese habido desde el principio mascarillas y si se hubiera contado con las herramientas necesarias para paliar a tiempo el azote de la pandemia.

Los ERTE actúan a modo de bomba de relojería en el aspecto social. Y a los ERTE les sucederán los ERE y los despidos como consecuencia de la hecatombe empresarial. Esto provocará tasas de paro superiores al 20% de nuestra población activa. En un principio no se vislumbrará una solución a corto y medio plazo —habida cuenta de nuestro modelo productivo, muy concentrado en servicios—, esto generará mayores desigualdades, más pobreza y más riesgo de exclusión social. Toda esta situación genera el runrún de posibles revueltas sociales, tal y como ha sucedido en el sur de Italia.

El bienestar de la población, sin duda, está en juego. Las imágenes televisivas con las penosas colas del hambre son una estampa difícil de imaginar en la Unión Europea del siglo XXI, y se han visto en la España de 2020, en un país cuyos gobernantes presumen de pactos sociales, del Estado del Bienestar y de políticas progresistas.

CRISIS POLÍTICA

La cuarta derivada del shock del COVID-19 viene dada por la crisis política a la vista de la incompetencia que ha caracterizado a los representantes del pueblo, máxime a quienes gobiernan en España, así como la imprevisibilidad de sus acciones, a menudo muy erradas. Un claro ejemplo es la vuelta a la normalidad que ha soliviantado a diversos sectores económicos y a la mayoría de las empresas del país. No ha habido reacción concluyente ni respuestas positivas y eficaces, prevaleciendo la incertidumbre sobre las decisiones políticas adoptadas. Gran parte del pueblo culpa al Gobierno y a los políticos como responsables de la crisis del coronavirus. Se atisba una radicalización entre la clase política que es susceptible que cale también entre la población en cuanto la tormenta del patógeno amaine.

Y, a todo ello, nuestras finanzas públicas se hallan en jaque. España, durante los últimos años, ha experimentado un crecimiento débil de su PIB. Y de facto nuestra economía, expresada en millones de euros a precios corrientes, apenas se ha impulsado con porte. La evolución en millones de euros de nuestro PIB a lo largo del periodo 2007-2019 revela que la variación no ha sido muy pronunciada y que en ese horizonte temporal se han producido altibajos.

En el mejor de los años recientes, 2015, España creció al 3,8%. Después nuestra economía, a pesar del incuestionable impulso del tsunami turístico a causa de la conflictiva situación que se daba en varios países de la cuenca mediterránea, se fue deslizando, y en condiciones normales para 2020 se esperaba un crecimiento del 1,6%, según los vaticinios más optimistas. De este modo, quedaba patente el final de un ciclo expansivo que de improviso la pandemia del virus despeña en 2020 a un salto al vacío. Esto se traduce en palabras del Banco de España de la siguiente manera: en un escenario de recuperación temprana se situaría en –8% si la recuperación fuera gradual, sería del –11,6%. En el peor escenario se hundiría al –15,1%. El FMI, por su parte, pronostica un descenso del –12,8% en 2020 y con un rebote del 6,3% en 2021.

Soslayamos otras profecías más apocalípticas al respecto porque, evidentemente, la capacidad de reconstrucción de nuestra economía se antoja clave. Y no es lo mismo hablar de regeneración de nuestro alicaído tejido empresarial que de resurrección de empresas muertas en las batallas del coronavirus.

LA FALTA DE GANCHO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

¿Por qué nuestra economía se ha comportado durante los últimos lustros con esa atonía y sin falta de gancho?

Un país concentrado en el sector servicios

La respuesta es muy sencilla: España se ha concentrado en el sector servicios, incluyendo el comercio, y ha elegido la vía fácil del turismo, con todos los pros y los contras.

Optar por un modelo de economía cuyo pilar es el sector servicios y no precisamente caracterizado por su alto valor añadido, a diferencia de California, ha significado repudiar al sector industrial. En su día, a causa de distintas circunstancias tanto de costes como de impuestos y corsés de la Administración, se deslocalizó, asentándose en parajes más confortables, con gastos más llevaderos, con presión fiscal menos agobiante y con administraciones más laxas.

Así, a la postre, desdeñamos nuestra estructura industrial; la agricultura fue perdiendo importancia; la construcción ha tenido sus vaivenes; y el turismo, desde aquellos años sesenta del siglo pasado, se ha convertido en el motor económico de España. Un motor que ahora, por las circunstancias, se gripa.

De esta forma, el empleo se ha ido concentrando en el sector servicios, al extremo de que en 2019 absorbía al 76% de nuestros trabajadores.

La fragilidad del tejido empresarial

Con el impacto del coronavirus en nuestro país, los sectores más afectados son el turismo, junto a la restauración, la hostelería, el comercio, el ocio, el transporte y otras actividades complementarias y auxiliares que, en total, suman el 25% del PIB español. El retraimiento o frenazo en seco del consumo privado, el confinamiento, las barreras a la movilidad, el miedo a desplazarse y las dudas que envuelven la vuelta a la clásica normalidad actúan como una carga de profundidad sobre el conjunto de servicios y comercio que en total suponen el 68% de nuestro PIB y absorben el 76% del empleo.

Los principales países emisores de turistas, como Reino Unido, Alemania o Francia, se han encontrado en unas condiciones similares a las de España. Además, la prohibición de viajar hace mella en las líneas aéreas, cadenas hoteleras, restauración y todo tipo de servicios auxiliares de la industria turística. Por otra parte, hay que considerar el efecto económico del turismo sobre la industria alimentaria y el comercio. E igualmente cabe agregar las consecuencias inducidas sobre microcosmos locales, costeros, residenciales y veraniegos que sin el dinamismo turístico languidecen.

Del mismo modo, y aunque en menor medida por su bajo protagonismo, el COVID-19 impacta al sector exterior encarnado por nuestra industria manufacturera, exportadora nata y muy dinámica, sobre todo tras la crisis de 2008, golpeada por el parón y la imposibilidad de exportar a Europa y al resto del mundo durante varias semanas a causa de la hibernación económica, lo que se traduce en pérdida de negocio en destinos abiertos a otros proveedores que se cuelan en esos vacíos en el suministro dejados por parte de nuestras empresas industriales. Lo mismo cabe decir respecto al sector agroalimentario.

Además, conviene subrayar que el empuje del consumo de las familias en 2019 había sido más flojo. El ciclo económico se encontraba en su fase de madurez, la tasa de paro seguía en cotas elevadas, continuaban las incertidumbres internacionales y la falta de certeza del propio acontecer español... Todas estas circunstancias frenaban el PIB desde la perspectiva de la demanda, del mismo modo que la inversión se moderaba.

En este sentido, las previsiones macroeconómicas que el Banco de España formuló en el mes de junio son agoreras a corto plazo para el consumo privado, pero también para la inversión, así como para las exportaciones e importaciones.

El choque en la economía española originado por el virus deviene a su vez en alarmante masacre empresarial. El paro se dispara y la duda es si estamos ante un problema meramente coyuntural o, por el contrario, como ya es habitual en nuestro país, estructural. La creación de empleo, al concluir el primer semestre de 2020, presenta unas nulas perspectivas, lo que complica la salida del paro hacia la ocupación, en un paisaje de destrucción empresarial en pymes —pequeñas y medianas empresas— y autónomos.

Esta crisis se ceba con la pequeña y mediana empresa, con la empresa familiar, cuya capacidad de resistencia financiera en muchos casos está exhausta, mientras se avizoran serias dificultades para que puedan mantenerse en pie.

Tomando datos del mes de febrero de 2020, en España había 2.894.419 empresas, de las cuales 2.889.459 (99,82%) eran pymes con, como máximo, 249 trabajadores.

El número de pymes sin asalariados era de 1.569.992 (54% del total de empresas); 1.137.828 eran microempresas, con entre 1 y 9 asalariados (39% del total de empresas); 156.063 son pequeñas empresas con una plantilla de entre 10 y 49 empleados (son el 5% del total de empresas); y 25.576 empresas son medianas, esto es, que su número de asalariados es de entre 50 y 249 (suponen el 9,9% del total de empresas).

España solo tiene 4.960 empresas consideradas como grandes, o sea, que tienen 250 o más asalariados (0,17% del total de nuestras empresas).

Resumiendo, que en España únicamente hay 30.536 empresas con un mínimo de 50 trabajadores, lo que confirma bien a las claras que este es un país de pymes, muy pymes... En total, nuestras empresas emplean a 16.173.722 trabajadores, de los cuales 10.548.768 se concentran en las pymes con hasta 249 trabajadores y 5.624.954 empleos en las grandes empresas. Además, de los 2.894.419 de empresas españolas, 2.115.334 —el 73%— operan en el sector servicios, empleando a 12.145.521 personas.

En resumen, esos datos ratifican la fragilidad de nuestro tejido empresarial en esta crisis. España necesita reactivar sus empresas y fomentar el empleo. Eso requiere ayudas estatales para la financiación y exenciones fiscales y sociales para poder sortear la carrera de obstáculos a la que nos enfrentamos. Se calcula que unas 350.000 empresas españolas pueden desaparecer como consecuencia de la crisis del COVID-19.

Caen las empresas activas y se teme que desaparezcan sobre 350.000, con los consiguientes reajustes de plantillas en muchas de las que sobrevivan. Y surge una pregunta al constatar la falta de delicadeza de nuestras autoridades con nuestro tejido empresarial: ¿está dejando el Gobierno a nuestras empresas en la estacada? ¿Por qué?

ERRÁTICA GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

En virtud del paisaje económico descrito hasta aquí, las palancas fiscales del Estado tendrían que actuar ante ese desgarrador retrato. Es ahora cuando el Estado ha de acudir urgentemente y ofrecer una ayuda sin límites en favor de nuestra economía productiva. Sin embargo, la realidad, tozuda, indica justamente lo contrario: el Estado, a través del Gobierno, no solo no está dispuesto a ayudar a nuestras empresas, sino que las deja completamente tiradas a su suerte. La dejación de funciones ha provocado una destrucción empresarial dramática, un aumento grave del paro y muchas dudas sobre si va a combatir el alto desempleo en lo sucesivo. El Banco de España, en un escenario de riesgo, lo prevé en torno al 25% en 2020.

Hace años que venimos anunciando la vulnerabilidad de las finanzas públicas españolas, la nefasta gestión que se ha hecho por parte de los gobernantes y políticos de turno respecto de nuestras cuentas, la ligereza y despreocupación con la que se ha manejado el déficit, ejercicio sí y ejercicio también, y la frivolidad y pasmo que ha caracterizado la acumulación de deuda pública. En definitiva, sobre la errática y deficitaria gestión, sin ningún sentido de la responsabilidad, que ha presidido la gestión financiera del Estado, decantada hacia un gasto a menudo dadivoso y manirroto que más que responder a auténticas políticas sociales de coherente y elogiable catadura se intuye como caldo de cultivo para caladeros de votos, a la par que ha dotado a la estructura del Estado de una grasa e industria política ineficiente, nefasta y costosa, como confirma la asfixia de las finanzas públicas.

De 2008 a 2019 es de recibo destacar y elogiar los deberes de desapalancamiento hechos por el sector privado, en concreto, por nuestras familias y nuestras empresas. Los hogares que en 2008 lucían una deuda elevada de 912.816 millones de euros han rebajado la misma a 704.007 millones en 2019, es decir, 208.809 millones. Y las sociedades no financieras han disminuido su endeudamiento de 1.261.105 millones de euros en 2008 a 887.796 millones en 2019, esto es, 373.309 millones: en total, pues, familias y empresas han recortado sus pasivos exigibles en 582.118 millones de euros entre 2008 y 2019.

¿Qué ha hecho entretanto nuestro sector público? Aumentar desde 439.771 millones de euros su deuda en 2008 hasta 1.188.862 millones en 2019, o sea, acrecentarla en 749.091 millones.

¿Cómo se han saldado los ejercicios fiscales de 2008 a 2019, dicho de otra manera, con qué déficit se han liquidado todos esos años? De 2008 a 2019 el déficit público acumulado asciende a 825.216 millones de euros, lo que equivale a más del 66% del PIB de España en 2019 (1.245.331 millones de euros). Si, además, manejamos las previsiones formuladas por el propio Gobierno en el Programa de Estabilidad 2020-2021, la estimación del déficit para 2020 sería de 115.671 millones de euros debido al aumento del gasto público, que de 521.794 millones de euros pasaría a 576.714 millones —casi 55.000 millones— y al desplome de los ingresos en 25.000 millones, considerando el plomizo sesgo económico de 2020.

El gráfico siguiente resume la senda deficitaria que han ido pisando nuestras cuentas públicas en el transcurso del antedicho periodo:

Así pues, se desprende que el déficit acumulado por el conjunto de las Administraciones Públicas españolas desde 2008 hasta 2020 se situará, por lo menos, en 940.887 millones de euros, que respecto al PIB previsto por el Gobierno para 2020 representará el 84% del mismo.

En el gráfico siguiente se sintetiza esa evolución del déficit público a lo largo de ese periodo 2008-2020, expresada tanto en sus guarismos como en porcentaje sobre nuestro PIB, incluyendo los ejercicios 2020 y 2021.

Sí conviene resaltar que, según distintos organismos, la previsión de déficit público para 2020 podría ser todavía peor y agudizarse igualmente, atendiendo al derrumbe de nuestra economía, en 2021. En tal caso, estaríamos hablando de que España habrá cosechado un déficit de 2008 a 2021 superior al billón de euros, lo que representaría un porcentaje elevadísimo sobre el actual PIB español.

Teniendo en cuenta que en 2020 España tiene que refinanciar vencimientos de deuda pública del orden de 200.000 millones de euros, a los que hay que añadir la necesidad financiera derivada del déficit del año en curso, el monto que negociar y captar en los mercados financieros superará holgadamente los 300.000 millones de euros. Súmese a ello los importes que recabar en 2021 y la apelación al endeudamiento que tendrá que hacer España, enarbolando unas maltrechas cuentas públicas que elevarán el listón de exigencias de los acreedores. En tanto se cuente con la red protectora del BCE —que obviamente tiene y tendrá un límite—, España goza de algo de margen de tranquilidad financiera, aun cuando el rictus de preocupación por parte de los financiadores se agrave. Pero en el instante en que se produzca cualquier pequeño resbalón, las voces de alarma resonarán. A 31 de marzo de 2020, el conjunto de la deuda pública, según el protocolo de déficit excesivo de las Administraciones Públicas españolas, sumaba 1.224.243 millones de euros, el 109% del PIB previsto en 2020.

Comparando la deuda pública con el PIB de esos años se advierte cómo en 2007 tenía un peso del 35,8% y en 2008 del 39,6%, y cómo ha pasado a representar el 95,5% en 2019. Considerando el escenario pergeñado por el Gobierno en el susodicho Programa de Estabilidad, sobre el peso de nuestra deuda pública en el PIB para 2020 y 2021, se sobrepasaría el 115% durante este año y, más o menos, se mantendría en un nivel similar, o algo inferior, en 2021.

Empero, los vaticinios tanto del Banco de España como del FMI para este año y los dos próximos agudizan la previsión de deuda pública sobre PIB elaborada por las autoridades españolas.

Por consiguiente, se disparan, a la vista de esa tendencia de nuestra deuda pública, las señales de alerta ante la eventualidad de un rescate financiero a España, cuyas probabilidades van en aumento entre finales de 2020 y 2021.

Con todo, la tendencia seguida desde 2007 hasta 2019 por los pasivos en circulación de las Administraciones Públicas denotan una debilidad extrema, hasta el punto de que del 1 de enero de 2008 al 30 de septiembre de 2019 su saldo se ha incrementado en 1.276.700 millones de euros, por encima del PIB de 2019 que fue de 1.245.331 millones de euros, como antes se indicaba, y pasando de significar el 47,7% del PIB en 2007 al 150,5% en 2019. Solo entre el 1 de enero de 2012 al 30 de septiembre de 2019 el incremento de los pasivos en circulación de las Administraciones Públicas se concreta en 829.161 millones de euros.

LA PREGUNTA INCÓMODA: ¿ES SOSTENIBLE EL ESTADO DEL BIENESTAR?

Después de cuanto se ha expuesto a propósito de nuestras erráticas finanzas públicas, el interrogante cae por su propio peso: ¿es sostenible el Estado del Bienestar tal y como lo concebimos en la actualidad? Y la respuesta, honestamente, es contundente: no. El Estado del Bienestar plantea desafíos económicos muy serios. Los cambios demográficos nos afectan: España es un país envejecido con alta proporción de gente mayor de 65 años. En 2018 había en nuestro país 11,5 millones de personas entre 0 y 24 años y 8,9 millones de 65 a 100 y más años. En 2033, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), habrá 11,2 millones de habitantes entre 0 y 24 años y 12,3 millones de 65 años en adelante. Esa perspectiva impone una mayor demanda social para las personas de edad avanzada.

Además, se está dando una reducción de las rentas familiares desde 2009 hasta hoy, lo que en algunos casos desemboca en ese empobrecimiento de las clases medias que cada vez se esgrime por parte de más gente. Si el desarrollo económico, durante los últimos siglos, ha ido impulsando la prosperidad de la ciudadanía y la globalización ha jugado a su favor, ahora nos percatamos de que la globalización también explica el descenso social de las clases medias de Estados Unidos y Europa, junto al fenómeno de la tecnología, la automatización, la irrupción de la robótica y la digitalización. En este presente, y cara al futuro más inmediato, no basta con estar bien preparado, con tener una formación sólida en una era de polivalencia, sino que además se requieren capacidades y habilidades para incrustarse laboralmente en la nueva era. Eso afecta a la gente normal y corriente, pero también a los países que han de velar por proporcionar los recursos educativos y formativos ad hoc a su ciudadanía.

Como vale más una imagen que cien palabras, le remito al gráfico siguiente, elaborado con datos del INE.

El declive de las clases medias se recrudece y empieza a ser alarmante a raíz de la crisis económica del coronavirus con esas abominables colas del hambre ante centros sociales. Como antes se indicaba, la población que en 2018 se encontraba en riesgo de pobreza o con carencia material o con baja intensidad en el empleo ascendía a 12,2 millones de personas, el 26% de los habitantes de España. Y esto confirma que por más crecimiento inclusivo de la economía que se preconice, mucha gente queda descolgada. Las perspectivas que anuncian que España encabezará la lista del paro en el conjunto de los países de la Unión Europea, rebasando a Grecia, empaña todavía más el horizonte. Ese es un reto que nuestro país tendrá que afrontar de no enmendar el rumbo de su economía, y cuestionarse seriamente si habrá dinero público para costear tanta miseria. La solución no es, aunque se argumente lo contrario, la renta mínima.

Aun cuando se pregone que el ingreso mínimo es uno de los mayores hitos de la democracia, estamos ante el fracaso de un país sin cuaderno de bitácora, hundido en una ciénaga decadente y paupérrima, cayendo en el pozo de la miseria económica. La renta mínima evidencia que la pobreza y el hambre calan en la población española, agravando el porcentaje mencionado y la cifra de personas que se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social.

Trazar el futuro de España sobre las bases de una economía subsidiada constituye el principio del fin. Nuestra política económica, nuestro modelo productivo y nuestro patrón de crecimiento indican que seguimos tal senda. Que 850.000 hogares perciban un ingreso mínimo equivale a dar pescado. El secreto reside en dar una caña y enseñar a pescar. Eso pasa por saber reconstruir la economía española y su modelo.

Habría que celebrar como logro apoteósico que nuestro Estado invirtiera cientos de miles de millones de euros en reconversión industrial a los acordes de la revolución tecnológica, la transición energética y la transformación digital; y en I+D, dotando a nuestra reconocida sanidad con recursos que crearan empleo de calidad, indefinido, y que además destinara fondos a la formación de nuestra gente.

Si hoy nuestra deuda pública equivaliera al 60% del PIB, o sea, fuera de unos 750.000 millones de euros, y no por encima del 100%, afrontar esfuerzos constructivos sería factible. Habría margen para que España se endeudara. Empero, acumular de 2008 a 2020 un déficit público cercano al billón de euros, con B de Barcelona, impide que en la actualidad España pueda escribir su mañana económico con cimientos sólidos y robustos, afrontando un gasto público eficiente que impulse nuestra decadente economía. Atrapados en el lodazal de la podredumbre andamos... ¿Qué futuro, pues, le aguarda al Estado del Bienestar?

Además, España se ha convertido en eje de las rutas migratorias hacia Europa y eso requiere atención social a la vez que acoger inmigrantes con los costes que ello representa.

En otro orden de cosas, hemos de seguir prestando atención a las consecuencias del cambio climático y a la escasez de recursos, conllevando un incremento de recursos que destinar a cuestiones medioambientales.

Y entro en el meollo nuclear de la cuestión sobre el Estado del Bienestar: las pensiones. En el gráfico siguiente se presenta la evolución de su cuantía a la espera de confirmar los números de 2020.

La evolución de la factura por nuestras pensiones va en franca progresión. Aquellos 91.000 millones de euros de 2007 saltaron en 2019 a 154.000 millones. Los incrementos, así como sus actualizaciones, pesan en el coste de las pensiones cuya tasa de sustitución —la relación expresada en porcentaje entre la primera pensión de jubilación y el último sueldo en activo—, también llamada «tasa de reemplazo», en España es de más del 81%, a diferencia de otros países como Francia (74%), Alemania (50%), Estados Unidos (49%), Suiza (44%), Irlanda (42%) o Reino Unido (29%).

Sin poner en duda lo merecido que nuestros mayores tienen de disponer de una pensión acorde al esfuerzo que han realizado a lo largo de toda su vida laboral, sí hemos de convenir que estamos ante un coste muy alto que actualmente el sistema de la Seguridad Social tiene problemas para digerir. La longevidad de la población influye de manera determinante sobre las bases de un sistema de pensiones pensado muchos años atrás, cuando la esperanza de vida no era la de ahora. El problema se agrava a su vez a causa de la pirámide invertida que refleja la demografía en España, con cada vez más personas mayores arriba y menos jóvenes abajo. España es prácticamente el país de Europa con una menor tasa de natalidad. Si hoy la edad de jubilación efectiva está en España sobre los 64 años —y en años precedentes algo más baja—, el sistema no tendrá capacidad de aguante.

Si en 2019 la cuantía total de prestaciones sociales satisfechas por España ascendió a 196.862 millones de euros, para 2020 se presupuesta tal partida en 230.686 millones.

La parte más elevada del gasto público con el que acarrean los Estados de la Unión Europea —datos de 2018 de Eurostat— se dedican a protección social y a sanidad. El monto del gasto público, en el conjunto de Europa, equivale al 46,7% del PIB. La protección social representa, sobre el PIB, el 19,2% y la sanidad el 7%. Empero, hay países como Irlanda donde la protección social apenas supone el 9% de su PIB, mientras en otros, como Finlandia, constituye el 24,1%. Tanto el gasto en protección social como en sanidad son las partidas que más han crecido dentro del gasto público de los países europeos de 2007 a 2018, de modo que la protección social ha pasado del 38,7 al 41,2%, y el gasto público sanitario, del 14,3 al 15%.

Sobre la base del año fiscal 2018, España incurrió en un gasto en protección social del 16,9% sobre PIB, desglosado, siempre en porcentaje del mismo PIB, en 2,4% por enfermedad e invalidez; 9,4% por vejez; 2,2% por supervivencia; 0,8% por familiares y niños; 1,6% por desempleo y 0,5% correspondiente a otros conceptos.

Es evidente que costear tanto gasto social exige destinar muchos recursos que el Estado tiene que captar. En un contexto grisáceo, como el que se divisa con motivo del COVID-19, la duda es cómo y de dónde se obtendrá el dinero que cubra ese mayor y progresivo gasto social, incluyendo las pensiones.

Tanto el coste de sanidad como el de protección social constituyen sendos pilares del Estado del Bienestar, a modo de factores esenciales. Ambos se ven muy marcados, como se señalaba antes, a causa de la mayor longevidad, que dimensiona el problema de la atención a nuestros mayores no únicamente en lo concerniente a la mayor cantidad desembolsada en pensiones, sino también en lo que sería el gasto en salud, que durante 2020, a causa del virus, se incrementará notablemente. En consecuencia, la pandemia implica mayor gasto en sanidad en un entorno en el que, por razones de edad, va mermando la capacidad productiva.

Baste mencionar al respecto que la llamada «hucha de las pensiones», el fondo de reserva de las pensiones que fue, en su día, el gran logro del pacto de Toledo, prácticamente anda desaparecido en combate. Llegó a tener a finales de 2011 un saldo cercano a los 67.000 millones de euros y en la actualidad apenas quedan 1.543 millones de euros.

A pesar de ello, eso no es lo peor. El problema de fondo es que la Seguridad Social no tiene dinero para poder pagar las pensiones y lleva tiempo recurriendo a los préstamos del Tesoro para cubrir los desembolsos por pensiones. Su deuda en 2016 sumaba 17.173 millones de euros. Este año, en concreto el 31 de marzo de 2020, la cantidad se eleva a 55.025 millones. Durante los próximos meses de 2020 la Seguridad Social recibirá fondos prestados por importe de unos 45.000 millones de euros, totalizando así una deuda al cierre de 2020 de 100.000 millones de euros.

Si eso es malo al poner de relieve el desajuste del sistema financiero de la Seguridad Social, peor aún es contemplar la evolución de sus cifras durante estos últimos años.

De 2013 a 2019 la Seguridad Social acumula un déficit de 115.414 millones de euros. El descuadre de 2020, debido a las duras circunstancias por las que atraviesa nuestra economía, puede ser brutal. La sostenibilidad del sistema de pensiones está en jaque.

Al funcionar nuestro sistema de la Seguridad Social en función de la llamada «base de reparto», el cobro de la jubilación de los pensionistas depende de los cotizantes; es decir, que unos pagan, los cotizantes, y los otros, los pensionistas, cobran. Si en 2007 la proporción de cotizantes sobre pensionistas era de 2,53, en mayo de 2020 se reduce a 2,09. La supervivencia del modelo, consiguientemente, está amenazada, lo que obliga a pensar con carácter inmediato en soluciones no solo para el corto plazo sino para el medio plazo, porque al ritmo que van los números de la Seguridad Social, el sistema está condenado a hacer aguas en pocos años.

Concluyamos refiriéndonos a la evolución de la pensión media de jubilación, una vez que la reforma, que se aprobó en 2013 y que procuraba velar por el sostenimiento de las pensiones, ha quedado en papel mojado, y esa pensión media ha crecido notablemente.

PERGEÑANDO LA RECONSTRUCCIÓN

A menudo, el análisis y diagnóstico de la realidad económica se confunde con el pesimismo del vocero, a quien se califica de agorero. No obstante, es conveniente hacerse una composición de lugar adecuada sobre la situación que presenta la economía española para intentar pergeñar el reto de la reconstrucción, planteando los desafíos cruciales.

La condición necesaria, eso sí, es que exista voluntad de hacer las cosas y de sacar los proyectos adelante. Las ideas pueden ser más o menos buenas, acertadas en mayor o menor medida, pero lo esencial es llevarlas a la práctica.

España se enfrenta a la encrucijada de sus cuentas de finanzas públicas y es imprescindible e inaplazable la consolidación fiscal para garantizar la sostenibilidad de aquellas. Saldremos de la pandemia más pronto o más tarde, pero lo haremos con una deuda pública muy elevada, que nos situará entre los países más endeudados del mundo, y con un déficit incontrolable. Necesitaremos ser rescatados por Europa, aunque luego se disfrace de cooperación, colaboración financiera, instrumentos de protección monetaria o como se quiera. Y ese rescate será preciso para enderezar los torcidos guarismos públicos y para acometer los proyectos que exige la reacción de nuestra economía mediante fondos de reconstrucción. España, por sí sola, no tiene capacidad financiera para asumir tal envite. Dijo Ortega y Gasset algo así como que «España es el problema, Europa la solución». Su aserto, hoy, resurge con clarividencia.

A buen seguro, cada economista es capaz de proponer una lista de extremos determinantes para corregir nuestro rumbo. Esbozo algunas propuestas. España adolece de un bajo desarrollo económico que es debido al poco crecimiento de nuestra productividad. El modelo productivo influye. En el transcurso de los últimos veinte años, la productividad total de los factores aquí ha crecido con una tasa anual promedio del 0,2%, muy por debajo de la de potencias como Alemania o Estados Unidos. Tal vez falla la dinámica y el crecimiento empresarial y hay que incrementar la competencia sectorial. Y ello es achacable al reducido tamaño de nuestras empresas, a la diferencia negativa de productividad si comparamos pymes españolas con sus homónimas europeas.

Si se potencia el crecimiento de nuestras pymes, aumentará la productividad e igualmente la solidez financiera de nuestro tejido empresarial, que es una de las vulnerabilidades que en tiempos difíciles, como son los de la pandemia, erosionan nuestra economía. Para que eso sea factible es ineludible disponer de un mejor marco que facilite los trámites de creación de empresas, la regulación de determinados sectores, e incluso el funcionamiento judicial, es decir, que las empresas deudoras en dificultades, como sucede en 2020 y acontecerá en 2021, dispongan de un marco preventivo que permita su continuidad cuando son viables. También sería conveniente que se redujesen las trabas a la unidad de mercado que son consecuencia de la existencia de diecisiete comunidades autónomas.

Al mismo tiempo, se detectan dos debilidades: hemos de mejorar el capital humano y hemos de acometer mayores esfuerzos en capital tecnológico. Sin duda, el incremento de productividad es el resultado de mejorar el capital humano. Los niveles educativos en promedio de nuestros trabajadores y empresarios son inferiores a los de la Unión Europea. En España, además, sufrimos un elevado abandono escolar y se detectan brechas negativas en los indicadores de calidad educativa. Entretanto, la globalización comporta desafíos, al igual que el progreso tecnológico, como la automatización de tareas, la inteligencia artificial... Tendremos que rediseñar institucionalmente nuestro sistema educativo, soslayando superfluas controversias sobre si hay o no ayudas a la enseñanza concertada. Hay que reforzar el contenido del currículo estudiantil y mejorar los sistemas de aprendizaje. Al margen de otras consideraciones, debe apoyarse fuertemente la formación profesional, combinando la enseñanza teórica con las prácticas en empresas.

En el siglo XXI cualquier estrategia de crecimiento pasa por invertir en capital tecnológico, y España, mal que pese, anda rezagada en tal menester. Hay que reorientar las inversiones empresariales y se requiere más dotación presupuestaria del Estado para contar con más capital tecnológico.

En esa misma línea conviene subrayar nuestra falta de esfuerzo en I+D, que en parte es imputable al nefasto sistema de promoción y de carrera investigadora que se da en España, cuando habría que favorecer la entrada y el desarrollo de las carreras profesionales de nuevos investigadores, pues tienen inmenso potencial.

Otro aspecto, relacionado con lo que se acaba de señalar, constituye un hándicap del que cabría decir que esto no tiene arreglo. Desde 1980 la tasa de paro promedio en España es del 17%. Estamos ante un problema de una gravedad singular que ningún gobierno ha sido capaz de resolver. Soslayo los datos actuales de afiliación a la Seguridad Social y de desempleados porque ese problemón del paro adquiere descaradamente tintes dantescos. España, en mayo, encabeza ya el paro en Europa, con una tasa del 14,5% y sobrepasa a Grecia, que se queda en el 14,4%. Doblamos sobradamente la tasa de paro de la Zona Euro, que es del 7,4%, y con creces la de la Unión Europea, 6,7%. Y en paro juvenil, es decir, menores de 25 años, también lideramos el ranking europeo, con el 32,9%, y superamos a Grecia, 32,4%.

El desempleo y la precariedad del empleo son los desafíos del mercado de trabajo, que adolece de evidentes deficiencias. La tasa de temporalidad del empleo en la última década es del 25,2%, mientras que en la Unión Europea se sitúa en el 13,9%. Los trabajadores temporales son quienes soportan los flujos de destrucción de empleo, que cristalizan en desigualdades. Muchos españoles se enfrentan a carreras laborales sin continuidad, lo que se traduce en menor productividad. Y esa excesiva temporalidad condiciona la emancipación y erosiona el índice de natalidad. Por eso somos un país envejecido, no solo porque los mayores sean longevos y se alargue la esperanza de vida, sino porque no nacen niños en número suficiente en España. Tenemos un problema que exige soluciones estructurales y no subsidios...

En 2019 el 43% de los parados en España llevaba más de un año buscando empleo, por lo que se da una persistencia de las situaciones de desempleo que necesariamente exige mejorar las políticas activas de empleo. Se pone de manifiesto que los trabajadores más afectados por la actual crisis, en promedio, son quienes cuentan con menor formación. Tienen que habilitarse mecanismos que permitan el seguimiento y orientación de quienes se encuentran en el paro. Y ante los posibles cambios que se den, a causa de las secuelas de la pandemia, en la estructura de los sectores económicos es conveniente reforzar la formación continua. Del mismo modo que es bueno pensar en la posibilidad de contratos de formación con flexibilidad para jóvenes y empresas. También facilitar incentivos en forma de bonificaciones para la contratación que den prioridad a colectivos de mayor edad y menor formación se antojan indispensables.

Sin duda, uno de los desafíos decisivos que encaramos es el del envejecimiento de la población, con una tasa de dependencia que aumentará en los próximos años. La efectividad de medidas de conciliación laboral y familiar es vital, pues la decisión de toda mujer de ser madre resulta clave en el ámbito familiar. Y no solo eso. También es inexcusable adecuar las necesidades del mercado de trabajo con las políticas migratorias. Conviene tener muy en cuenta que el envejecimiento poblacional tiene un impacto más o menos severo con el transcurrir del tiempo en nuestras cuentas públicas, tanto en lo tocante a las pensiones como en lo concerniente al gasto sanitario y en los cuidados de larga duración. Y en este argumentario no puede faltar la apelación a la reforma del sistema de pensiones, cuya presión al alza en el conjunto del gasto público es relevante, así como la suspensión de la reforma del sistema de 2013, con lo cual habrá que calibrar soluciones a fin de garantizar la hoy dudosa sostenibilidad en el futuro de nuestras pensiones. Y aunque no guste que se hable de ello es primordial ajustar la esperanza de vida y el nivel de prestaciones, también la edad de jubilación, para estabilizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones e igualmente alinear la edad de jubilación efectiva con la legal.

En tiempos difíciles como los actuales hay que concentrar esfuerzos en reforzar políticas de inclusión, y en esa línea va la instauración del ingreso mínimo vital, cuya finalidad es intentar paliar situaciones de extrema pobreza. Ahora bien, tiene que fomentarse que los beneficiarios de tal medida se vayan incorporando al mercado de trabajo y, en concreto, que la implantación del ingreso mínimo vital no propicie un trasvase hacia desempeños laborales que se encuadren dentro de la economía informal.

Otra de las cuestiones recurrentes que con el paso de los años sigue sin resolverse es la política de acceso a la vivienda. Salta a la vista que las precariedades de nuestro mercado de trabajo suponen un serio impedimento para ello y que acceder a una vivienda de alquiler no es un problema exclusivo de las grandes ciudades españolas, sino en todas las grandes urbes del mundo. Pero en este sentido se echa en falta un esfuerzo por parte del sector público en la búsqueda de soluciones, que más que gravar al sector privado, incluso con ínfulas de intervencionismo en los precios de los alquileres, pasa por promover incentivos con los promotores de viviendas de alquiler y preservar la seguridad jurídica de los propietarios.

En esta larga retahíla no puede faltar una mención siquiera superficial a uno de los problemas más acuciantes que nos apremia, como es el de favorecer la vital transición hacia una economía más sostenible y combatir el cambio climático. Este es un asunto sobre el que todos nos pronunciamos a favor, y simplemente querría subrayar la trascendencia que la movilización de recursos financieros para la reconstrucción económica de la Unión Europea tendrá al respecto y, de igual manera, el rol que desempeñará en ello el sector financiero con la canalización de recursos hacia inversiones limpias y préstamos para iniciativas medioambientales, dando prevalencia a las finanzas verdes.

Y ya que menciono el sector financiero, quiero señalar el papel de ángel de la guarda que ha desempeñado en esta crisis, y que ha sido factible gracias al riguroso proceso de saneamiento que llevó a cabo en la anterior crisis financiera. Sin duda, a medio plazo la crisis actual implicará presiones adicionales en la rentabilidad de la banca que debe aplicarse en los procesos de digitalización, la trascendental ciberseguridad, y en reducir sus costes de explotación en pro de aumentar la eficiencia.

No solo es la banca uno de los sectores más sensibles después de la pandemia a estos cambios. En realidad, los retos estructurales afectan a cualquier sector y empresa. La globalización, entendida bajo la perspectiva del proceso de producción, se pone en tela de juicio y los ramalazos proteccionistas emergen. España, a raíz de la crisis de 2008, gracias al empuje de sus empresas industriales, agroalimentarias, comerciales, de servicios... se ha convertido en un país exportador y abierto a los mercados internacionales, por lo que los repliegues comerciales que se den en el plano transnacional y los espíritus individualistas y protectores hacen muy sensible a nuestra economía.

Poco tengo que agregar respecto a la necesidad de garantizar que nuestras finanzas públicas sean sostenibles a través de la consolidación fiscal y del rigor presupuestario. Pero sí quiero resaltar la imperiosa necesidad de que la solidez de nuestras cuentas públicas tiene que prevalecer por encima de guiños electoralistas, vacuas discusiones políticas e intereses partidistas en busca de favores y aritméticas parlamentarias. En pocas palabras, España se encuentra al borde de la quiebra, su déficit público destruye nuestras estructuras y la proyección de la deuda nos precipita a la insolvencia. O se actúa con prontitud o España se convertirá en una colonia de capitales extranjeros que estará a merced de sus acreedores y se moverá al dictado de órdenes internacionales. España necesita sin más dilaciones seriedad y certidumbre y mentes sensatas que sepan lo que se tiene que hacer. Porque todas las propuestas que se hagan para pergeñar la reconstrucción del país, de no vehiculizarse a través de figuras responsables y con miras de Estado, resultan estériles.

PASOS CERTEROS DURANTE LA NUEVA ERA

Conviene destacar que en estos tiempos de crisis las grandes empresas, que estaban bajo la lupa ciudadana, han potenciado su reputación, han labrado su valor social y su valor económico, y probablemente estos valores, en la medida que las vicisitudes queden atrás, mejorarán, porque han sabido hacer las cosas con delicadeza. Le ocurrirá lo mismo a la banca, que también ha tenido su buen papel ayudando a familias, empresas y autónomos ante la aberrante falta de asistencia del Gobierno. La banca ha limpiado la imagen ensombrecida de la crisis financiera y ha desempeñado, como he dicho antes, el rol de ángel de la guarda de la economía productiva española. Claro que la banca, en sus facilidades crediticias desarrolladas merced al papel beatífico del Banco Central Europeo, tendrá límites a sus disposiciones; de lo contrario, estaría jugando con fuego en cuanto a su solvencia.

La pandemia agita aún más los sentimientos de desglobalización, y por eso están resurgiendo las tendencias proteccionistas más pertinaces. Hasta cierto punto está en juego el proyecto europeo, máxime por esa disparidad de criterios entre el ortodoxo Norte y ese Sur más ligero de cascos. Se pisa el freno de la globalización, por no decir que se presiente una marcha atrás. Veremos posiblemente un individualismo de los Estados en busca de la autosuficiencia, es decir, más autonomía y menos dependencia.

Los retos inminentes de la nueva era exigen intensificar y apoyar sectores clave para nuestra economía.

En este aspecto, España tiene que concienciarse de la trascendencia de jugar fuerte en investigación, desarrollo e innovación tecnológica. No podemos estar en el furgón de cola del mundo occidental.

Hablar de las bondades de invertir en investigación y desarrollo, de innovar y de apostar por la revolución tecnológica equivale a dotar de músculo potente a nuestra economía. Aprobar la tasa Google es ir contracorriente y desincentivar a espíritus emprendedores en un sector prioritario para construir el futuro, que es ese lugar donde permaneceremos el resto de nuestros días. Es similar a la tasa Tobin que grava transacciones financieras, castigando al modesto ahorrador reconvertido en inversor.

Al hablar de la revolución tecnológica conectamos con una idea capital: la necesidad de reindustrialización que tiene España, donde la industria manufacturera apenas representa el 11% de nuestro PIB cuando lustros antes significaba el 30%. Hemos sufrido durante varias semanas por esa dependencia que teníamos de China para proveernos de mascarillas y material sanitario, incluso en lo tocante a sustancias de nuestra industria farmacéutica y química. En su día, para reducir costes, optamos por deslocalizar nuestra industria y eso ha generado serios problemas de suministro y abastecimiento en medio de una situación comprometida. No estará de más echar mano de nuestra memoria económica para rememorar aquellos planes de desarrollo que se pusieron en marcha durante la década de los sesenta y en los primeros años setenta del siglo pasado.

LECCIONES DEL PASADO

Conviene aprender del pasado. Cuando hoy se habla de la reconstrucción económica y social de España como consecuencia del shock del coronavirus, insisto en la necesidad de recuperar el espíritu de aquellos Planes de Desarrollo Económico y Social que sucedieron al Plan de Estabilización de 1959, cuyos inspiradores fueron pesos pesados de la economía española: Enrique Fuentes Quintana, Alberto Ullastres, Mariano Navarro Rubio y Joan Sardá. Los planes abarcaron el periodo 1964-1974 y tuvieron a Laureano López-Rodó como máximo exponente y valedor de la política económica española de los años sesenta, y al profesor Fabián Estapé, como hombre fuerte. Fue una época de tecnócratas que supieron imprimir frescura y apertura económica a una España autárquica. Aquellos años marcaron el progreso de nuestro país con una acentuada orientación por la industria acompañada de los primeros aldabonazos del descubrimiento del sector turístico.

¿Qué aportaron esos planes de desarrollo? Cambiaron la faz de nuestra economía, dotándola de fibroso crecimiento. Entre otras cosas, promovieron aquellos polos de desarrollo y promoción industrial que impulsaron zonas concretas en pos de reducir desequilibrios regionales, mejorando la agricultura, potenciando la industria y repoblando determinados lugares de nuestra geografía, además de atraer inversión extranjera. Aún perduran esos polos de desarrollo, como Valladolid y Vigo, con el sector automovilístico; Puertollano, con la refinería; o Murcia, A Coruña, Zaragoza, Sevilla, Burgos, Huelva... Ahora, en esta disyuntiva en la que nos encontramos, apelar al espíritu de aquellos Planes de Desarrollo Económico y Social constituiría una fuente de inspiración.

España acometió en años recientes, de 2004 hasta no hace mucho, importantes obras en infraestructuras, unas a pleno rendimiento, como las líneas ferroviarias y el AVE en buena parte del territorio y aeropuertos estratégicos para nuestro turismo y negocios, y otras que, por los motivos que sea, no han dado la talla y han llegado a tildarse como un absurdo derroche. Soy de los que creen que ahora es el momento de sacar el máximo rédito a todas esas infraestructuras, junto a la transformación digital, la revolución tecnológica, la necesidad de reindustrialización y el serio compromiso con I+D, para empujar a esa España vacía.

Tenemos universidades prácticamente en casi todas las provincias que deben actuar como ejes propulsores para investigar, desarrollar e innovar en distintos campos de actividad vinculados a sus economías regionales, constituyendo centros de referencia para promover polos de desarrollo económico, industrial, agrario, tecnológico y con servicios de alto valor añadido, que repueblen además esa España rural.

La precipitada transformación digital que hemos afrontado a lo largo de esos meses interminables nos ha abierto los ojos. Se puede hacer. Hay suelo disponible y utilizable a lo largo y ancho del territorio y necesidad de imprimir fuste en muchas comarcas españolas, promoviendo empresas, creando empleo y, eso sí, facilitando ayudas, financiación, bonificaciones en impuestos y cotizaciones sociales. De esta manera se lograría otro propósito: descongestionar conurbaciones, que son focos dados a contagios de virus. Y, además, también se sentarían las bases para un empleo de calidad en el sector industrial y tecnológico. Tenemos las empresas, porque hay industria española que está esparcida por el mundo. Si se les dan facilidades y un entorno favorable y acomodaticio, nuestras empresas industriales con una buena experiencia internacional actuarían como referentes que dinamizarían la reindustrialización del país.

HACIA UN NUEVO PARADIGMA ECONÓMICO

Esos pasos hay que darlos. Es probable que en un futuro más o menos cercano suframos procesos de desinversión industrial en nuestro país al ganar enteros la baza de la repatriación. Mucha de nuestra manufactura pertenece a capital extranjero, ese que se inquieta por los bamboleos políticos, por lo que corremos el serio peligro de caer en un mayor empobrecimiento industrial. Y por eso hemos de apostar centinelas ante la posibilidad de que broten otras pandemias y nos castiguen virus desconocidos hasta hoy, golpeando los ya de por sí débiles mimbres de nuestra economía.

En definitiva, conviene plantearse un nuevo paradigma económico para la reconstrucción de España. Sucintamente, esbocemos que sus líneas maestras pasan por una contención drástica del gasto público, que ha de cristalizar en la elaboración de unos presupuestos base cero que, obviamente, exigirían su formulación a cargo de personalidades competentes que tendrían que hacerse con las riendas de España ante el panorama desolador que se otea. Dicho en román paladino, es imprescindible la presencia de tecnócratas que sepan enfilar a España por la dirección correcta.

Al propio tiempo, debe encararse el reconocimiento más que merecido a nuestra sanidad no solo con los aplausos de cada tarde a las ocho, sino dotándola, además de los recursos que le han sido recortados, de las cantidades necesarias para que nuestro sistema sanitario se erija en un robusto bastión capaz de hacer frente al coronavirus y a otras epidemias que puedan surgir en el futuro, a modo de escudo protector de nuestra economía.

Es ineludible implementar, insistimos, un proceso de urgentísima reindustrialización del país a tenor de la puesta en marcha de planes de desarrollo económico, industrial y tecnológico a lo largo y ancho de España, incidiendo en la España vacía y absorbiendo cohortes de desempleados, cuyo empleo desaparezca a causa del impacto de la crisis del COVID-19 en distintos sectores, apostando por una rápida cualificación y reciclaje. Para ello se antoja esencial aprovechar las infraestructuras acometidas en España durante años y que en muchos casos no han sido debidamente explotadas ni utilizadas, tales como líneas ferroviarias y de AVE, aeropuertos..., e impulsando otras complementarias.

Como eje vertebrador de ese proceso de reindustrialización hay que situar a las universidades de la España interior y periférica, a la vez que redoblar e intensificar los esfuerzos en investigación, desarrollo e innovación tecnológica para hacer de España una potencia económica con voz propia en el concierto internacional de la nueva economía del siglo XXI.

Un empuje mayúsculo requiere el sector primario, con nuestro campo a la cabeza, para que se convierta en nuestro proveedor imprescindible de alimentos básicos y de nuestras necesidades vitales, al socaire del brío de nuestra industria agroalimentaria y su capacidad exportadora, que a raíz de la crisis de 2008 supo enderezar ejemplarmente su rumbo abriéndose a mercados exteriores. En paralelo, es ineludible vigorizar la formación profesional para fomentar el empleo en la España reindustrializada y agraria. Políticas activas, por consiguiente, capaces de preparar a parte de nuestra población y mitigar los perniciosos efectos de la crisis provocada por el COVID-19.

Todo ello, a la postre, exige un gobierno de concertación con liderazgo de empresarios, sabios, expertos, investigadores, economistas y, sinceramente, soslayando a políticos. Y requiere también conciencia de estímulos fiscales de toda clase para proporcionar energía a la recuperación de la economía productiva española. Si no se acomete esta nueva senda, España va camino de hundirse en una depresión económica, retrocediendo nuestro progreso, decapitando la prosperidad económica hacia tiempos pretéritos y confluyendo en un país donde campe la economía subsidiada. Aún estamos a tiempo.

III

Alarma: estado de ruido

Mamen Mendizábal

Mamen Mendizábal estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su andadura profesional en el equipo de Iñaki Gabilondo en la Cadena Ser para saltar a la televisión con el célebre formato 59 segundos. Formó parte del equipo fundacional de La Sexta como conductora del Informativo de la noche y más adelante del programa vespertino Más vale tarde. Ha cubierto como enviada especial varios procesos electorales en Estados Unidos, así como en España. Su trayectoria ha sido reconocida con premios como el Salvador de Madariaga, el Micrófono de Oro o el premio Ondas.

«Todo me altera, pero nada me cambia».

SALVADOR DALÍ

«El problema político es el combustible que hace que la pandemia sea aún más grave. El virus se aprovecha de nuestras diferencias, de las diferencias de los partidos y de las personas... Es el momento para que la derecha, la izquierda y el centro trabajen juntos para evitar peores consecuencias». El 20 de abril de 2020, cuando los muertos se contaban a millares en el mundo por la pandemia, la división política en pleno confinamiento cogía fuerza. Fue entonces cuando Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), denunció con estas palabras que las luchas partidistas estaban intensificando la pandemia. Dijo que parecía que el virus era lo de menos. La verdad es que daba la sensación de que también seguía de cerca la actualidad política española.

A la crisis sanitaria, la económica y la social hay que sumar una cuarta en esta pandemia del COVID-19: la política. Dice el filósofo Santiago Alba Rico que España es una guerra civil fría. Viendo el recorrido político de esta crisis hace falta mucho trabajo para enfriarla más. Durante esta pandemia hemos asistido a un constante estado de ruido y furia partidista entre la clase política, al menos en público, desde el momento en que pasó el primer golpe del virus. Según la encuesta del CIS, a lo largo de estos meses ha aumentado en siete puntos el porcentaje de españoles que considera que el principal problema de nuestro país son los políticos. La pandemia ha actuado como una lupa, un amplificador de nuestras tensiones políticas, sociales y económicas.

La crispación se ha apoderado del debate político, pero frente al ruido esta crisis abre nuevas oportunidades: la principal es poner en valor lo público, también reforzar nuestro estado de las autonomías, dotar de un ambicioso presupuesto a la investigación científica, fomentar la I+D+i ante los retos que están por venir, legislar el teletrabajo, crecer en procesos de digitalización, apostar por la economía verde o estimular nuestro tejido industrial y nuestra capacidad de fabricación. Todo esto está en la agenda de la crisis que ha provocado el COVID-19. No se puede construir un país en continuo estado de ruido. Muchos piden a nuestra clase política que se quite las gafas partidistas.

CORONAVIRUS, UN ENEMIGO A BATIR

El Antropoceno para muchos científicos es ya un hecho. Un cambio de era geológica que pretende reflejar el impacto del hombre sobre la Tierra, una era en la que la actividad humana impone su influencia sobre el medioambiente. El Antropoceno invita a pensar en la omnipotencia humana. Pero en 2020 un virus que provocó una pandemia dio una enorme lección de humildad a la humanidad para demostrar que la ciencia es la clave del éxito de un país.

En España el estado de alarma se decretó el 14 de marzo, entonces había 5.753 contagios y 186 muertos. Sánchez compareció para anunciar que esta crisis sin precedentes, esta guerra contra el virus, hacía necesario decretar el estado de alarma.

El primer deber de un gobierno es proteger a sus ciudadanos. Se declaró el estado de guerra al virus y se adoptó un lenguaje bélico para invocar una moral de combate. Ese estado de alarma sería el instrumento en el que el Gobierno de España depositó toda la estrategia para el control de la pandemia. Una medida capaz de restringir nuestros derechos constitucionales a la libre circulación o el derecho de reunión. Hasta seis veces se prorrogó el estado de alarma, que acabó el 21 de junio de 2020. Hasta el mes de julio Pedro Sánchez, en su primera entrevista en televisión en La Sexta, no reconoció que con los datos que se barajaban en ese momento era evidente que el Gobierno llegó tarde, pero defendió que actuó conforme a la información que los expertos facilitaron a principios de marzo. Cada quince días Sánchez tuvo que negociar, como si fuera un funambulista, para que los partidos en el Congreso le otorgaran el mando único al Gobierno. Una situación sin precedentes donde las comunidades autónomas perdieron poder y competencias mientras duró ese estado de alarma. El Gobierno lanzó un lema claro: «Este virus lo paramos unidos». La primera prórroga del estado de alarma tuvo 321 votos a favor; la última, 177. La mayoría del Congreso es de 176 diputados en un Parlamento de 350.

El Gobierno de Sánchez y el Ministerio de Sanidad asumieron el mando único en una España donde las competencias de Sanidad están transferidas a las comunidades autónomas desde hace más de dos décadas. El ministerio estaba sin músculo y nuestros hospitales se encontraban sin respiradores ni EPI ni camas UCI suficientes, pero tampoco contaban con material básico, como mascarillas o guantes. Llegamos a la peor crisis sanitaria para constatar que no tenemos la mejor sanidad pública del mundo, pero, sin duda, sí a los mejores sanitarios, que acumulan contratos precarios y temporales. Las mascarillas se convirtieron en cuestión de Estado y también en material político arrojadizo. En el pleno del Congreso, cuando se votó el 25 de marzo la primera prórroga de la alarma, Pablo Casado, el líder del PP, le espetó a Sánchez: «Estamos mandando a los soldados sin casco, chaleco ni munición... Cada retraso, mentira o error cuesta vidas».

El Partido Popular dio su «SÍ» solo a las tres primeras prórrogas; VOX, a ninguna. Ciudadanos se convirtió en un inesperado socio de Sánchez durante esta pandemia, habrá que ver si también después. Y ERC retiró en más de una ocasión los apoyos al Gobierno al que había garantizado su investidura. Pactar en España está mal visto. No hemos salido de la cultura del bipartidismo, y las alianzas, aunque sean temporales, se critican escenificando más una traición que una necesidad. Con la crisis, a pesar de lo dura que estaba siendo, comenzó para la oposición una oportunidad para agudizar el desgaste político con cada uno de los errores del Gobierno.

La última sesión de control al Gobierno durante el estado de alarma terminó con los mismos reproches entre el Gobierno y la oposición. Los guiños al pacto y a la mano tendida se convirtieron en acusaciones cruzadas de traición y en un continuo medidor de patriotismo.

El 18 de marzo, tan solo cuatro días después del estado de alarma, el jefe de Estado, el rey Felipe VI, ya advirtió que «debemos dejar a un lado nuestras diferencias. Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo: superar esta grave situación, y tenemos que hacerlo juntos». El monarca recordaba que era una crisis temporal y reclamaba la unidad política. Pero también el rey ha tenido su propia cacerolada durante esta crisis. En medio de lo peor de la pandemia hubo una nueva crisis en la monarquía: la fiscalía abrió finalmente una investigación al rey emérito por presunto delito fiscal y blanqueo de capitales. Así, en la actualidad se examinan las comisiones millonarias, las sociedades en paraísos fiscales y los regalos a su amiga Corinna.

Cuando acabó el estado de alarma, lo peor de la pandemia ya había pasado en España. En esa comparecencia final el presidente Sánchez pidió unidad y apoyo, en especial al PP: «España debe entenderse con España, Europa debe vernos unidos... No podemos aceptar como algo natural que la política se convierta en un lugar de enfrentamiento y de odio. Nadie debe renunciar a sus ideas, pero sí al insulto, al acoso y a la provocación. Nos une la voluntad de convivir».

El 21 de junio de 2020, la fecha del final del estado de alarma, España registraba 246.272 casos confirmados de COVID-19 y 28.323 muertes. Cerca del setenta y cinco por ciento de esas muertes se estima que tuvieron lugar en las residencias de ancianos. La imagen de la morgue instalada en el Palacio de Hielo en Madrid refleja cómo durante unas semanas el número de fallecidos resultó social y políticamente insoportable.

Además, el Instituto Nacional de Estadística muestra un alarmante aumento de la mortalidad. Hasta el 24 de mayo la mortalidad en España aumentó un 24,1 por ciento. Eso supondría 43.945 muertes más que durante el mismo periodo de 2019. Y eso aporta quince mil muertes más de las que hay confirmadas a través del Ministerio de Sanidad. En estos datos no se distinguen las causas, pero se evidencia que en la peor semana de COVID-19 en nuestro país, en la del 30 de marzo al 5 de abril de 2020, hubo un incremento de la mortalidad del 154,6 por ciento.

Los constantes cambios en la metodología para el recuento y algunas incoherencias en la transmisión de esos datos no han conseguido aplacar la desconfianza en las cifras finales. Más aún cuando el PP ha decidido agitar con este argumento. Para arrancar la precampaña electoral en Galicia, Pablo Casado sacó pecho y expresó que en las comunidades gobernadas por el PP habían muerto menos ancianos. Salía al contraataque con este argumento ya que la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP de Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a una tormenta política y judicial después de que el consejero de Asuntos Sociales reconociera que se envió un protocolo donde los ancianos de las residencias quedaron excluidos de la atención hospitalaria durante lo peor de la pandemia.

Pablo Casado pidió públicamente, en esa precampaña, «sacar la salud de la confrontación partidista». Y añadió: «Me causa vergüenza ver cómo el Gobierno de la nación nos arroja las cifras de muertes en las residencias». La vergüenza no debía de ser real porque segundos después lanzaba uno de los argumentos que repetiría una y otra vez en más ocasiones: «Donde más fallecidos hubo fue en las comunidades autónomas donde no gobernaba el PP».

Al término de este capítulo aún no sabremos el trágico balance de esta pandemia. Los intentos de pedagogía y las ruedas de prensa del doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias, no han conseguido que las dramáticas cifras y los bailes en los recuentos se conviertan también en argumentario para la confrontación política. Aunque parte de ese ruido que todo lo inunda es la escenificación de un desacuerdo que, van a comprobar, no siempre se ajusta a la realidad.

LO QUE EL RUIDO ESCONDE

Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha, me dice que esta crisis ha puesto de manifiesto que «ante un virus que no tiene vacuna, hay partidos que han aprovechado solo para el desgaste político, actúan con medicina tradicional y sectaria frente a una situación inédita y excepcional». García-Page insiste en separar la política y la escenificación del Congreso de lo que es la gestión de alcaldes y presidentes autonómicos que conocen el terreno. Defiende que precisamente el Estado de las autonomías ha sido el responsable de multiplicar la capacidad de nuestra sanidad, pero también de convertir al ministerio en un florero. «El que después de esta crisis quiera recuperar las competencias de Sanidad para el Estado está en la luna».

Los barones regionales han desempeñado un papel esencial en esta crisis, y algunos de los del PP han pedido a su partido moderar el tono. Apoyan una oposición crítica y firme, sí, pero los que gobiernan en sus territorios son conscientes de que la crispación moviliza a los extremos y polariza al votante. Necesitan llegar a acuerdos para poner en marcha políticas y recursos públicos. El gallego Núñez Feijóo a través de Twitter, tras la última conferencia de presidentes autonómicos de cada domingo de pandemia, agradeció la colaboración y el diálogo que había habido en la mayoría de momentos y reconoció incluso el esfuerzo del Gobierno central «con aciertos y con errores, con acuerdos y diferencias». Esto muestra un escenario muy alejado del ruido que ofrecía cada semana el Congreso de los Diputados. Mientras en esa Cámara el presidente Pedro Sánchez reprochaba al PP que usase el virus para intentar derribar al Ejecutivo, en su reunión con los presidentes de las autonomías cambiaba el tono y remarcaba el esfuerzo de trabajar hombro con hombro. Hasta uno de los azotes del Gobierno, la presidenta madrileña, reconoció que trabajar de manera conjunta hacía sortear mejor los problemas, o el andaluz Juanma Moreno valoró haber aprendido de todos. El ruido ha escondido la necesaria colaboración entre los que están al frente de nuestros gobiernos.

Para el politólogo Ignacio Jurado, profesor en la Universidad Carlos III, los liderazgos autonómicos han resultado fundamentales a pesar del mando único. «Han servido para atemperar las estrategias más duras. Esta puede ser una de las claves políticas de cara a los próximos meses. La política nacional ha absorbido todo el foco de atención, pero entre bambalinas estos líderes han sido un freno a la crispación, tal vez con la excepción de Madrid. Si gobiernas en Galicia, Murcia o Andalucía, te tienes que entender y coordinar con el Gobierno central, tiene que haber más incentivos para esta colaboración. Si miramos hacia delante, el Estado de las autonomías puede ejercer de contrapeso a la polarización de la política nacional».

Le pregunto a García-Page por los populismos, por la fragmentación y por el riesgo de que el eslogan del Gobierno de que en esta crisis saldremos más unidos sea solo una valla publicitaria. El presidente autonómico contesta: «Los que no hayan buscado el interés general durante esta crisis no se van a beneficiar. Cuando un país se disciplina porque lo dicen los médicos...». Destaca que a Sánchez le votó el veintiocho por ciento de la población, pero se ha confinado el cien por cien de la población. Me recuerda que cuando no hay focos los presidentes autonómicos se han entendido, ha habido más coordinación y solidaridad entre las autonomías de lo que el ruido político deja ver. «Más allá de la militancia política, ningún presidente ha dado un paso atrás. En la reunión de presidentes de cada domingo estábamos todos hablando de nuestras autonomías y de España, también los presidentes de Cataluña y Euskadi». Esto último me lo recalca uno de los barones del PSOE que más claro habla.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se pregunta en televisión: «Si no hemos tenido unidad frente a un objetivo común como es la pandemia, imagínate lo que va a pasar cuando tengamos que reconstruir España y no haya ni un mínimo consenso para poner en marcha las cosas fundamentales». Revilla se muestra enfadado y me dice que jamás se ha vivido un enconamiento mayor entre el Gobierno y la oposición. «Es el momento de que todos ellos muestren si están a la altura, humana y políticamente, de los precursores de los Pactos de la Moncloa. Solo el consenso entre la mayoría de los partidos políticos, pactar medidas acordadas entre todos, solo eso nos podrá sacar con éxito del atolladero». Revilla critica en su último libro, ¿Por qué no nos queremos?, a los políticos de carrera: «Parece mentira que una pléyade de políticos insensatos esté a punto de frustrar en España una trayectoria de paz. Sería útil saber cuántos han cotizado a la Seguridad Social fuera de la política. La impresión que llega a los ciudadanos es la de una lucha por los sillones y las prebendas en la que no hay pollo suficiente para tanto arroz. El objetivo prioritario es quitar a uno para poner a otro con una absoluta falta de miras al Estado».

Volviendo de nuevo a la conversación con García-Page, este concluye que «Sánchez aguantará cuatro años y no solo porque Pedro sabe aguantar... Sin la respuesta de la Unión Europea y, esta vez sí, con su estímulo económico, habría aparecido la extravagancia política y el show».

Para el primer Gobierno de coalición de nuestro país sin duda esta crisis ha sido una prueba de fuego para medir su unidad y resistencia en un mando recién estrenado. Nada es suficiente porque este Ejecutivo no tiene mayoría absoluta en el Parlamento y tendrá que sufrir con cada una de las votaciones que le esperan. El Gobierno consiguió su mayoría parlamentaria con unos socios a los que ha desatendido durante la crisis, pues juega a la geometría variable que busca alianzas para cada momento. De cara al futuro está por ver el uso político que la oposición hace de esta pandemia, de la crisis económica y su papel en la unidad frente a la reconstrucción. El patriotismo no se mide por el tamaño de las banderas, sino en acuerdos que hagan avanzar el país.

CUANDO LAS BARBAS DE TU VECINO...

Esta pandemia no sabe de fronteras ni de razas, y mucho menos de ideología. Este virus es transversal y así nos lo ha demostrado. Juzgar errores de decisiones que se tomaron en el pasado con la información que tenemos hoy es un terreno abonado para la crítica fácil. Y en esta crisis, el pasado está lleno de errores en la toma de decisiones políticas.

Muchos gobiernos de nuestro entorno, además del español, fallaron en sus estrategias contra el virus. En España tuvimos a Italia como el espejo en el que mirarnos, iban dos semanas por delante en esta pandemia, y a pesar de ello las autoridades españolas creyeron que el virus no llegaría aquí. «Spain is different», pero no tanto. Se disputaron partidos de Champions, mítines políticos, manifestaciones, no se cerró el espacio aéreo ni se limitaron los viajes. En solo unos días el virus ya era imparable en España. Europa, también despistada, no cerró el espacio Schengen hasta el 17 de marzo. La Organización Mundial de la Salud no declararía la pandemia hasta el 11 de marzo de 2020.

¿Faltó información o se obviaron las advertencias científicas? Algunos líderes ofrecieron una gestión política entre el realismo mágico y la irresponsabilidad. Trump cuestionó primero a los científicos para acabar echando la culpa a China cuando las muertes superaban al desastre de Pearl Harbor o el de Vietnam. A día de hoy al presidente de Estados Unidos le sigue pareciendo un gesto de debilidad llevar mascarillas como a Bolsonaro en Brasil, al que un juez le ha tenido que recordar que no está por encima de las leyes ni de los ciudadanos y que la próxima vez le impondrá una multa económica si continúa sin mascarilla. En este momento Estados Unidos y Brasil son los países que más muertes acumulan por este virus.

Rezar, una actitud positiva o la prohibición de hablar del virus fueron recetas para otros gobiernos alejados de la ciencia y con consecuencias nefastas para la extensión de la pandemia. Otros tuvieron la tentación de buscar una inmunidad de rebaño y dejar a la población que se contagiara sin parar la economía. Ese fue el primer plan de Boris Johnson para el Reino Unido, hasta que el número de muertes se demostró políticamente insostenible y hasta que él mismo se contagió y comprobó la dureza de este virus. También fue el plan de Suecia, alabado en un primer momento, pero ahora cuestionado por demostrarse fallido. Hasta los países que fueron alabados al principio por su gestión, como Portugal, ahora se enfrentan a nuevos brotes y a la amenaza de la epidemia. ¿Qué es lo prioritario: nuestra salud y, por tanto, el confinamiento o la economía?

Y hay otra cuestión que ha sobrevolado toda esta crisis: ¿mintió China? La sospecha afecta a todos los niveles: a las cifras, a la gravedad, a la mortandad, al nivel de alerta y al abastecimiento mundial de productos sanitarios básicos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha mostrado impotente, los miembros de la OMS son Estados que intentan avanzar en su propia agenda, y los países que la financian no le quieren atribuir verdaderos poderes.

A la OMS le ha tocado enfrentarse además de a este virus, a la epidemia de la discordia política. Los países más críticos la acusan de haber subestimado la gravedad de la pandemia y de errar con sus recomendaciones. Se ha llegado al extremo de responsabilizar a la OMS de haber sido cómplice de las tácticas de ocultamiento de China. Los gobernantes buscan en los errores de la organización, además de a un culpable, una forma de desviar la atención sobre los errores propios. Los retos sanitarios que nos depara el futuro evidencian la necesidad de replantear esta organización y de atribuirle una verdadera capacidad de liderazgo. La OMS a día de hoy no puede imponer políticas sanitarias públicas ni sancionar a los gobiernos, solo puede aconsejar y recomendar. El presupuesto de la OMS es de 4.400 millones de dólares. Para que se hagan una idea de su escasa capacidad de actuación, solo el presupuesto para Sanidad de la Comunidad de Madrid en 2018 fue de 7.700 millones de euros.

Los cambios de criterio de la OMS generan desconfianza y empieza a crecer el cabreo ciudadano. A lo anterior vamos sumando la escasez de material sanitario en España, el insoportable ritmo de contagios y muertes, la falta de previsión, los errores, la restricción de la libertad de movimientos y la dureza del confinamiento en el estado de alarma. Todo se convierte en el caldo de cultivo perfecto para la indignación y el enfado ciudadano, algo que aprovecha rápidamente la oposición para alimentar sus argumentos.

CACEROLA EN MANO

En medio de la peor crisis sanitaria, la calle se calienta. Con las restricciones de salir a la calle con normalidad, todavía en estado de alarma y con franjas horarias hasta para pasear, estalla el cabreo ciudadano. ¿Nació este fenómeno de forma espontánea?

A finales del mes de abril comenzaron las primeras caceroladas contra el Gobierno. Las convocatorias, hechas a través de las redes sociales, aseguraban no estar adscritas a ningún partido. Pronto las cacerolas bajaron de los balcones a la calle. También llegaron los escraches y el acoso a las familias de algunos ministros delante de sus propios domicilios. Ese «jarabe democrático» al que apelaba la izquierda cuando los escraches de la crisis del 2008 se hicieron a miembros del PP. Y todo esto envuelto en la bandera de España. El 23 de mayo VOX decidió convocar una protesta en coche para burlar las restricciones sanitarias y de distancia social. Aquí no hubo foto de Colón, ya que tanto PP como Ciudadanos se desmarcaron de esa protesta que colapsó las ciudades al grito de «Gobierno, dimisión». Durante esa caravana de protesta, el dirigente del partido de ultraderecha, Iván Espinosa de los Monteros, crecido ante el éxito de la convocatoria, se olvidaba de que esta pandemia acumulaba ya miles de muertes y decía mostrando su felicidad: «Lo más parecido que vi a esto fue cuando ganamos la Copa del Mundo. Gente por la calle, con alegría. Esto es una maravilla».

La calle Núñez de Balboa se convirtió en el epicentro de enfado contra el Gobierno. Es solo una calle, pero en uno de los barrios más ricos de Madrid, y fue allí donde un pequeño grupo de gente empezó las caceroladas. Desde esa calle las protestas se extendieron por toda España. Y los aplausos a los sanitarios se vieron interrumpidos por el sonido de las cacerolas contra el Gobierno. Esas cacerolas dejaron de sonar cuando las terrazas de los bares abrieron.

Le pregunto al politólogo Ignacio Jurado si este va a ser un otoño caliente y me recuerda que en España la oposición ha sido muy beligerante. «Esto no es un 15-M para la derecha, pero sí un despertar de la movilización en la calle para sus votantes. Las manifestaciones en la calle durante este periodo no representan un movimiento transversal. Es minoritario dentro del conjunto de la población, aunque refleje la alta contestación dentro de la derecha. Estamos ante un movimiento de la derecha y de la derecha extrema que va a hacer ruido. Y sobre todo lo que va a limitar es la capacidad de movimiento del PP presionado a su derecha. Durante esta crisis hemos visto cómo VOX no ha crecido en las encuestas, no ha aumentado su espectro de votantes, pero sí ha conseguido algo y es que el PP haya tenido que extremar su estrategia. A medida que crezca la presión se verá forzado a alejarse de la moderación y de la colaboración».

Que nadie tenga duda de que el enfado es legítimo y que las protestas son democráticas, pero en ocasiones la frustración, el enojo y los peores argumentos se alimentan con un peligroso combustible: los bulos y las campañas orquestadas de desinformación.

LA INFODEMIA: EL BULO ESTÁ EN TU MÓVIL

La información —pero sobre todo la desinformación— viaja más rápido que el virus. Esta pandemia ha sido la primera en nuestra historia en retransmitirse minuto a minuto a través de la televisión y los medios de comunicación, pero sobre todo a través del móvil. Las redes han tenido una influencia masiva en la creación de los estados de opinión, con lo que eso conlleva. Es lo que en esta crisis se ha llamado «infodemia».

El bulo como herramienta de propaganda tiene más poder que muchos informativos, programas o periódicos. Esas mentiras y también las medias verdades tienen ingredientes muy peligrosos: llegan directamente al móvil cuando ya no se sabe qué creer; cuando más miedo e incertidumbre hay, dice lo que se quiere oír y se busca que ese estado de opinión cargado de mentiras sea un estado de ánimo que guíe el voto. Además los bulos no se mueven solos, hacen con nosotros lo mismo que este virus: llegan, nos infectan y provocan con su mensaje que extendamos su propagación. No son mortales, pero sí muy dañinos. Detrás de ellos hay grupos de poder, partidos políticos y voluntad de alterar las reglas democráticas, unas veces con mentiras científicas, otras poniendo el foco en los inmigrantes o también emitiendo los bulos, por ejemplo, sobre el ingreso mínimo vital. Todos buscan construir un estado emocional, conectar con el cabreo ciudadano y desestabilizar políticamente. «La desinformación pone en peligro la democracia, porque destruyendo certezas se pueden crear unas nuevas que se ajusten a tu objetivo: generar la mayoría de las veces miedo, odio y desestabilizar. El bulo llega cuando el terreno está más embarrado, en el momento de mayor enfado y frustración. Además señala al periodista, al informador o a la cadena como el enemigo, el desinformador a batir», advierte Julio Montes, fundador de Maldito Bulo. «Claro que el periodismo puede equivocarse, pero el periodismo, los datos y una ciudadanía bien informada, crítica y dispuesta a que no se la cuelen, pueden detener esta otra pandemia: la de los bulos».

Para Montes estamos ante un tema muy delicado porque «a la mentira hay que tener claro que se une otra intención, la de polarizarnos y dividirnos como sociedad. Ante esa polarización, la verificación tiene que tender puentes y corredores seguros sin mentiras. La gente necesita certezas». Las democracias son mejores cuanto más libre e independiente es su prensa, es decir, cuando sus ciudadanos son informados y no manipulados.

LA BATALLA JUDICIAL

«Cuando peor, mejor». Esta es una de las frases que parece guiar las estrategias de los partidos políticos para debilitar al contrario. Cuando la gestión de una crisis como esta tenía más desbordado al Ejecutivo, comienza otra fase de desgaste: la judicialización de la crisis sanitaria. El llamado lawfare, utilizar a los tribunales para hacer política y cambiar gobiernos es una vieja táctica. La ley puede convertirse en un arma de guerra en un escenario en el que, no hay duda, ya ha empezado una ofensiva judicial contra el Gobierno. Es un instrumento legal, sí, pero de poca calidad democrática.

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, rechaza la vía penal contra el Gobierno. «El sistema constitucional español tiene un problema muy antiguo: no sabe deslindar lo que son hechos sometidos a control de tribunales, pero que son actos políticos, de lo que son actos que carecen de relevancia delictiva». Recuerda Martín Pallín que en muchas ocasiones para la tormenta política se abusa del derecho penal, y debería ser la última razón e intervención. «La judicialización de la política se ha cargado carreras políticas de forma injusta y ahora se trata de derribar al Gobierno por la vía de querellas al Supremo. Se pueden cargar al Gobierno como pasó con Lula en Brasil».

El magistrado emérito critica que el Supremo quiera meterse en lo que califica como «un lodazal judicial» y cree que el Tribunal debería rechazar de plano estas querellas contra el Gobierno. «El COVID es mundial y en todo el mundo civilizado no se ha admitido querella penal contra el Gobierno. Otra cosa es que pueda haber responsabilidades de funcionamiento de servicios públicos que van por la vía contencioso-administrativa».

La manifestación del Día Internacional de la Mujer en Madrid, el 8-M, a la que asistieron ministras del Gobierno de España, se ha convertido en el centro de la tormenta judicial. Haberla autorizado, se apuntaba desde la oposición política y mediática, puso en riesgo a la población a sabiendas de la gravedad del virus. Se celebraron manifestaciones feministas en todo el mundo ese día y en muchas ciudades españolas, pero el PP ha convertido una en concreto, la manifestación del 8-M en Madrid, en su cruzada contra el Gobierno, en su gran apuesta. La diputada popular Margarita Prohens en el Congreso llegó a decir a la ministra Irene Montero que «había jugado a la ruleta rusa con las mujeres». La política alimentó este argumento mientras los tribunales investigaban para acabar cerrando la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid. Pero la sombra de la sospecha ha servido a la oposición para el ataque y al Gobierno para presentar toda esta estrategia judicial y política como una causa general contra su gestión. Es decir, como una conspiración orquestada que pretende tumbarlo, que busca derrocar y deslegitimar a los partidos a los que las urnas llevaron al poder. Empieza el ruido golpista, el menos conveniente para nuestra calidad democrática.

Cuando termina el estado de alarma, los tribunales acumulan querellas y procedimientos judiciales contra el Ejecutivo, Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad o incluso el doctor Fernando Simón; otras contra presidentes de comunidades autónomas y sus consejeros de Sanidad; y un buen número buscan resarcir en los tribunales la opacidad con la que se ha gestionado la altísima mortalidad en residencias de ancianos. Hay cuarenta y ocho querellas contra el Gobierno por la gestión de la crisis. Por un lado están las que acusan al Ejecutivo de homicidio por imprudencia. Aquí la Asociación de Abogados Cristianos y VOX junto a asociaciones de víctimas protagonizan esta ofensiva que tiene pocas probabilidades de prosperar en el terreno penal, pero que podría acarrear penas de hasta cuatro años de cárcel. Muchas tienen que ver con posibles negligencias en residencias de ancianos. Hay más de doscientas investigaciones por parte de la fiscalía, que tendrá que dilucidar quién era la autoridad competente: directores de esos centros, responsables autonómicos o el mando único.

También hay varias querellas presentadas por sindicatos médicos y organizaciones profesionales «por poner en grave riesgo la salud y la integridad del personal sanitario», además de otras que obligan a los responsables políticos a proveer de material a los profesionales que están en primera línea. De momento se han rechazado hasta cuatro querellas contra el doctor Fernando Simón. Y se ha archivado la causa más politizada de todas, la del 8-M, que fue la primera querella que se aceptó en el estado de alarma.

Junto a los tribunales, cuyas consecuencias son imprevisibles, está la economía llena de incertidumbre y de previsiones catastróficas. El panorama que reflejan todos los medidores internacionales nos sitúa en escenarios que solo encuentran comparación económica con los de la Segunda Guerra Mundial, aunque toda crisis también trae oportunidades de cambio.

«ES LA ECONOMÍA, ESTÚPIDO»

Esta frase ya famosa en política fue acuñada por James Carville, asesor de Bill Clinton en las elecciones a la Casa Blanca en 1992. En esos comicios se enfrentó y venció a George Bush padre. Estados Unidos había pasado por una recesión y Clinton puso el foco en el bolsillo de los estadounidenses. Encontró en la economía su mejor arma para la victoria electoral.

En nuestro país esta crisis empezó siendo sanitaria, pero enseguida se convirtió en una brutal crisis económica. Para encontrar parámetros similares de destrucción hay que remontarse a la economía de posguerra. Liderar el proceso de recuperación económica es una de las prioridades de la política. Es una tarea del Gobierno, obligado a sacar adelante unos presupuestos de recuperación, pero también es responsabilidad de los agentes sociales y del resto de partidos que representan a los votantes en el Congreso. «La economía, estúpido», debe ser uno de los primeros escenarios de consenso.

La protección de los más vulnerables en nuestra sociedad es una prioridad política y también el caldo de cultivo perfecto para que crezcan los populismos políticos. El Estado sale de esta crisis con un nivel de endeudamiento que hace imposible sacar adelante los presupuestos que se plantearon en un principio. Pero el Estado se hace más necesario que nunca para reequilibrar el aumento drástico de la desigualdad, para evitar abusos e inyectar dinero en el sistema, para facilitar líneas de crédito o para permitir la exención o moratoria de impuestos. Esta crisis nos debe servir para poner «lo público» en valor. Las carencias de nuestra Sanidad pública han demostrado la necesidad de reforzarla para enfrentar posibles nuevas amenazas. Los recortes de la crisis de 2008 limitaron la capacidad de nuestra red científica para competir en igualdad en la investigación de los virus que nos amenazan. En la lucha por la vacuna nuestro presupuesto de Ciencia se revela casi irrisorio y nuestra capacidad para fabricarla nos deja en una situación de desigualdad frente a los países de nuestro entorno. No puede ser cuestión de voluntariedad o heroicidad, sino de políticas públicas que mejoren nuestra gestión y los recursos.

El ambicioso paquete de ayudas económicas de la Unión Europea trae requisitos en los que gastar esos fondos. Uno de ellos es reforzar la Sanidad y otros apuestan por políticas verdes y por la digitalización de toda actividad económica. Y aquí es donde se abre también un escenario de transformación y creación de empleo, de nuevos sectores de crecimiento, de trabajo y de creación de riqueza dentro del panorama desolador que dibujan los datos económicos. La inversión del Estado para dinamizar la iniciativa privada y para inyectar liquidez se hace determinante.

Europa también se enfrenta a sus propios demonios, el austericidio de la crisis de 2008 nadie se lo puede volver a permitir. La inyección de fondos actual tiene un pero. Los halcones de Europa acechan. Los países del Norte vuelven a señalar al Sur, quieren condiciones para los préstamos y vuelven a jugar con la credibilidad y la solidaridad de la Unión Europea.

Del fondo europeo saldrán 750.000 millones de euros de los que 140.000 millones de euros serán para España, más de la mitad a fondo perdido. La clave de este dinero es que esta vez exige no tanto reformas puntuales (en pensiones o impuestos) como planes de reformas a medio y largo plazo. Busca fomentar un modelo de desarrollo distinto en sectores como el turismo o la automoción, en los que España ya ha presentado planes concretos.

Hay otros retos. Nuestro país debería afrontar y aprovechar el dinero europeo para la digitalización, las políticas de medioambiente y la apuesta por otro modelo sanitario. También debe diseñar una política fiscal acorde con los nuevos tiempos que no solo sea más redistributiva, sino también más verde o equitativa.

Y si el Estado sale reforzado es porque tiene una misión fundamental: apoyar a sectores y a empresas concretas. Una tendencia que veremos a medio plazo es la del llamado «capitalismo de Estado». Apoyo estatal a sectores a cambio de que esas empresas se amolden al siglo XXI y se adapten a la lucha por el medioambiente o a evitar la elusión fiscal.

Hay señales de optimismo. El ingreso mínimo vital ha salido aprobado del Congreso sin ningún voto en contra. Esto es muy relevante y demuestra que cuando nuestros políticos quieren, pueden llegar a acuerdos y consensos para poner el interés general por delante de sus intereses partidistas. Esta red de protección del Estado, el ingreso mínimo, ha logrado un consenso no solo en nuestro Parlamento sino en organismos internacionales como el FMI o el Parlamento Europeo. Su presidente, David Sassoli, ha querido públicamente poner en valor esta renta mínima: «Es un claro ejemplo de lo que necesita Europa: reformas estructurales y medidas de apoyo directo a las personas, avanzar en justicia social y reducir la pobreza». Es además uno de los principales logros políticos del programa de izquierdas del Gobierno de coalición. Con estos apoyos públicos resulta imposible votar en contra, hasta VOX se abstuvo después de haber ridiculizado públicamente la medida.

También ha habido acuerdos significativos, como los de las prórrogas de los ERTE hasta finales de septiembre de 2020. Aquí la mesa de diálogo social, formada por la patronal empresarial, los sindicatos y el Gobierno, ha sido un ejemplo de cómo llegar a un acuerdo. Han pactado pese a la dureza del momento. Así, durante las negociaciones la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconocía que los agentes sociales estaban dando un ejemplo de acuerdo y de diálogo en un periodo marcado por la crispación y el ruido.

El pacto es una necesidad. El centro de gravedad del debate político tiene que moverse. Nuestra salud democrática se ha puesto a prueba. Ha pasado su examen de resistencia a los materiales. La oposición se ha lanzado a señalar los múltiples errores del Gobierno, y en parte es su misión, fiscalizar la labor del Gobierno, pero ha tirado de un viejo argumentario. ¿Es necesario que vuelva al debate político continuamente ETA, Franco y los GAL? Venezuela nunca se fue. No ha faltado nadie. Viejas batallas políticas, susurros de golpes de Estado, falta de separación de poderes, destituciones de altos mandos de la Guardia Civil en medio de la tormenta... Un continuo de vieja política cuando nos repiten que nos enfrentamos a una nueva normalidad. Sin embargo, en política, todo se está pareciendo mucho a la antigua.

CUANDO LA POLÍTICA ES EL PROBLEMA

¡La falta de confianza en el Gobierno pero también en los partidos de la oposición hace que la política y las instituciones del Estado sean cada vez más débiles. El que aspira a mandar también sale debilitado cuando no domina el interés general. Si durante la pandemia ha vuelto a aumentar la desafección de la ciudadanía hacia la política, su punto álgido, el récord, se alcanzó hace bien poco durante el último trimestre de 2019. Esto ocurrió tras las últimas segundas elecciones, después de que Pedro Sánchez no pudiera formar gobierno y en plenas negociaciones entre los socialistas y Unidas Podemos. Fue entonces cuando nuestros políticos instalados en el NO se convirtieron en el segundo problema para el 49,5 por ciento de los españoles. A día de hoy los políticos ocupan el cuarto puesto en preocupación ciudadana, por detrás de la economía, el paro y el coronavirus.

Lluís Orriols, doctor por la Universidad de Oxford y vicedecano de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, me confirma que hay estudios recientes sobre satisfacción con la democracia que «muestran que la gente ha tendido a mejorar la confianza en las instituciones durante la pandemia en los países de nuestro entorno. Ha provocado incluso adhesión al partido gobernante». Eso hace que la desconfianza en los políticos que muestran los datos en España destaque aún más. Para Orriols, «lo que denota es que esta crisis ha estado acompañada de altísimas dosis de confrontación política con un Gobierno que no ha sabido cuidar bien las mayorías que tenía y una oposición muy beligerante».

El síndic del Valle de Arán, Paco Boya, busca en el pasado referencias para el futuro: «Viendo lo que le ha sucedido a la humanidad tras las grandes guerras y las crisis del último siglo, creo que nos movemos entre una fina línea en la que la política y los movimientos sociales pueden o perfeccionar la democracia o ir hacia ámbitos donde se imponga el populismo al estilo de Trump o Bolsonaro. Los condicionantes que nos aventura el futuro van a ponérselo fácil a estas nuevas formas de dictaduras blandas que ya estamos viendo apoyadas en las redes y las fake news. Y es que construir espacios democráticos tiene dificultades añadidas. Crear espacios de amplio espectro colisiona con los ejes tradicionales del enfrentamiento entre izquierda y derecha. Hay que replantear el fondo y la forma de hacer política apostando por la proxipolítica, repensando el poder legislativo: menos leyes y mejores. Y, por último, tenemos que readaptar las instituciones para adaptar mejor nuestra capacidad de respuesta».

Orriols recuerda cómo antes de la pandemia se había trazado por primera vez una mayoría parlamentaria con visos de estabilidad. «Esta crisis ha provocado movimientos en las aritméticas parlamentarias por parte del Gobierno por su cambio de actitud, que le ha llevado a no querer cuidar a esa mayoría de investidura. Está buscando esa geometría que le permite jugar a varias bandas en función de la situación. Puede resultar viable durante la pandemia, pero puede generar una altísima inestabilidad en el futuro. Cuando amaine la crisis, se puede encontrar solo por no cuidar esa mayoría».

Le pregunto a Orriols por el papel que ha jugado y jugará el nacionalismo catalán en esta crisis: «Va a buscar acomodar su relato a las circunstancias, es lo que hace siempre. El Gobierno nacionalista ha intentado trasladar que haría políticas distintas al Estado. En cuanto a la adhesión al nacionalismo de los ciudadanos, soy escéptico sobre que el nacionalismo salga dañado porque el Gobierno de Madrid ha desconfiado de las autonomías y ha centralizado. Esta pulsión centralizadora genera en las autonomías lo que los politólogos llamamos el efecto “reacción termostática”, una respuesta contraria que, en este caso, genera mayores demandas de autogobierno. Existe el riesgo de que la gestión se perciba como una agresión precisamente hacia el autogobierno».

CONSENSO EN TIEMPOS DE COVID

¡Pedro Sánchez ha puesto a prueba su ya famoso Manual de resistencia. No llevaba ni cien días en el Gobierno cuando estalló la pandemia. Después de tres meses de mando único y de estado de alarma anuncia que desaparecen las medidas excepcionales, pero deja claro que mientras el virus siga amenazando nada volverá a ser como antes.

La salida, el paso adelante, se consigue con liderazgos y no solo políticos. Liderazgos sociales, comunitarios, económicos, digitales..., liderazgos nuevos que convivan con los que anclan nuestra estructura de Estado. Personas y organizaciones que lideren y que estimulen para que vuelva a generarse confianza y poder lanzarnos no solo hacia una nueva normalidad, sino a una democracia que no se ponga en cuestión cada vez que la tierra tiemble.

El alcalde de Madrid se convirtió en un símbolo al comienzo de esta crisis porque se mostraba como una rara avis, una especie de político poco vista que huía de la crispación y, por encima de siglas e ideologías, se ofrecía con lealtad a intentar lidiar todo lo que estaba conllevando la pandemia. Esa lealtad también se la ofrecía la oposición en el Ayuntamiento de Madrid cuando Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, levantó un aplauso de todos los grupos al brindar su apoyo total. «Es una buena noticia que hoy este pleno no se parezca demasiado al Congreso de los Diputados. Espero que los madrileños, si nos ven hoy, estén más orgullosos de nosotros que en otras ocasiones, que vean que estamos dispuestos a trabajar juntos para salir de la crisis y para cerrarla cuanto antes. Nuestro apoyo a las medidas que vayáis tomando será total», decía Rita Maestre durante su discurso de apoyo.

Muchos han querido ver estos días paralelismos políticos con la etapa de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. Cuando gobernaba el PP de José María Aznar, Gallardón como alcalde ofrecía una imagen de moderación y consenso, mientras que Esperanza Aguirre se jactaba de mostrar el ala dura del PP. Lo mismo ha pasado estos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido uno de los principales azotes del Gobierno. Ayuso en la Asamblea de Madrid llegó a decir de Unidas Podemos que era «peor que el virus».

Le pregunto por el futuro al alcalde de Madrid y me dice que «en la política, a partir de ahora lo que va a pasar es que la sociedad nos va a pedir poner el listón más alto, rebajar el nivel de debate un tanto descalificador y de crispación. Los ciudadanos no nos dejarán permitirnos las frivolidades que nos hemos permitido en política, porque después de un gran drama como el que hemos pasado y de los esfuerzos que les hemos pedido, nosotros vamos a tener que estar a la altura de esos esfuerzos».

Para el politólogo Ignacio Jurado: «El liderazgo en España ha sido fuerte. El Gobierno a través del mando único ha tomado medidas muy contundentes en materia de restricción de derechos y de reestructuración del modelo autonómico». Le pregunto si de esta crisis un Gobierno sale herido de muerte o reforzado: «Soy menos optimista de lo que parecía al principio. El impulso político solidario que hubo en todo el mundo al principio, ese impulso ha caído. En España la oposición ha sido muy beligerante. Empezamos con una enorme voluntad de unión y poco a poco la crisis sanitaria se ha politizado y los liderazgos se han polarizado. Y la nota que ponen los ciudadanos cuando se les pregunta en las encuestas tiene gafas partidistas. Esto quiere decir que la nota que ponen depende más de a quién hayan votado que a la gestión real de la crisis». Los liderazgos, concluye este politólogo, han sido divisivos. Lo que parecía una excepción en España, con mucha crispación y falta de unidad política, ahora es la norma y los líderes mundiales salen muy tocados.

Martínez Almeida reconoce que la política va a tener que cambiar porque «no nos podemos permitir esos niveles de desafección, y eso va a exigir que seamos capaces de tener voluntad y capacidad de entendimiento. Manteniendo las diferencias, tenemos que tener claro que se puede convivir, evitar los discursos fáciles que se han ido produciendo y llegar a un mayor nivel de acuerdo».

De la capacidad de acuerdo y de la magnitud de la crisis económica dependerá también la continuidad de muchos gobiernos. Es precisamente lo que está por llegar lo que les puede hacer más vulnerables.

TECNOCRACIAS: ¿UNA SOLUCIÓN?

Hay quien pide ya que los científicos ocupen puestos relevantes en los gobiernos mundiales, al margen de adscripciones políticas. Los países que aplicaron antes los protocolos científicos tuvieron un menor impacto no solo sanitario, sino también económico. En este artículo de El País, «¿Debe haber una vicepresidencia científica?», sus autores llaman «a revolucionar la política a través de la ciencia, elevar el pensamiento político a las esferas del poder», y recuerdan que eso ya se hizo con la economía y el derecho en el pasado para arraigar fundamentos nuevos en la política. Y ponen un ejemplo: «En el Congreso de Estados Unidos más de la mitad de los 535 miembros son abogados, hay tres científicos y diecisiete médicos». Eso se puede extrapolar, incluyendo excepciones, a todos los Parlamentos mundiales, y por supuesto también al español a pesar de tener la «extravagancia» de contar con un ministro astronauta como Pedro Duque. No se trata, insisten, de reclutar a científicos como líderes políticos, sino de que el pensamiento científico llegue a las instituciones. Eso permitiría huir de la búsqueda constante de rédito político, salir de la dinámica de los partidos que hacen con cada movimiento cálculos electoralistas o de desgaste. Las crisis exigen nuevos liderazgos.

Para el politólogo Ignacio Jurado «hay que incorporar personas con capacidad técnica a los gobiernos, pero no para vaciar la política». No está en contra de la tecnocracia, pero sí de los gobiernos tecnócratas. «Para que un gobierno tenga la capacidad de ejercer liderazgos y llegar a acuerdos no se puede prescindir de las habilidades políticas. Las encuestas reflejan que los ciudadanos quieren a gente preparada y con experiencia, pero votan ideología. La crisis de 2010, en plenos recortes a nuestro Estado del Bienestar, aumentó la desafección hacia la política porque creció la idea de que daba igual quién gobernase, las políticas eran siempre las mismas. Los ciudadanos son muy vulnerables a pensar de que los gobiernos son todos iguales». Recuerda Jurado casos recientes en nuestro Congreso de personas venidas de fuera de la política, como el de Marcos de Quinto, que fichó por Ciudadanos y que no necesariamente ha destacado por sus capacidades políticas.

UNIDAD SIN IRA

La historia nos recuerda que en la mal llamada «gripe española», la mayor hasta la fecha con más de cuarenta millones de muertos, la sociedad reaccionó, se emplearon grandes recursos en su investigación y se crearon vacunas y antibióticos. También nos enseña que la salida política a un clima de destrucción económica y social fue el auge de los movimientos políticos que después asolaron Europa.

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica empezó herida de muerte porque su objetivo es el constante reproche político. Hay quien llama a esa comisión «la de Destrucción». Lo deseable, pero sobre todo lo útil, es que fueran posibles acuerdos de mínimos en asuntos de investigación y desarrollo, presupuestos para la ciencia o reservas estratégicas de material para eventuales crisis en el futuro. También dicha comisión sería útil para diseñar una estrategia como país en asuntos de Estado. O se llega a acuerdos o la próxima crisis sanitaria nos pillará con un Estado más débil, más endeudado y con una clase política que genere más desafección. Es decir, nos alcanzaría aún menos preparados como país.

Patxi López, el presidente de la Comisión para la Reconstrucción, tuvo que parar una de las primeras sesiones para pedir perdón a la ciudadanía por el espectáculo político que «sus señorías» ofrecían a diario. «Llevo media vida escoltado por defender la libertad y lo llevo para que la gente pueda decir lo que le dé la gana... Pero ¿para qué venimos aquí? ¿Para reproducir los insultos y descalificaciones que ya tienen lugar en otro escenario? ¿Es que no estamos entendiendo nada de lo que demanda la ciudadanía de esta comisión? Tenemos que venir con voluntad política para proponer, acordar, entender qué espera la gente de nosotros. Y no espera que estemos todo el día en la crítica, el insulto, la descalificación y el “y tú más”. Ya está bien. Hay que entender que si en algún momento podemos demostrar para qué sirve la política, ese momento es este. Y si no, es que no servimos para nada. Para nada».

Todo el que tiene voz pública coincide en el mensaje: unidad. El gobernador del Banco de España ha reiterado la necesidad de poner en marcha una agenda de reformas estructurales basada en consensos amplios. Pablo Hernández de Cos ha reclamado «un pacto político que abarque varias legislaturas». En definitiva, políticas de Estado y no de partido. El mismo mensaje de unidad tienen los sindicatos. El secretario general de CC. OO., Unai Sordo, ha reprochado a los políticos que este país no puede conducirse por dialécticas de guerra ni por la polarización: «La gente no se va pegando por las calles ni insultándose en la panadería. Pedimos altura de miras, acuerdos y rebajar la crispación». Para los empresarios, la unidad de acción es imprescindible. Lo dejaron claro en el congreso organizado por la CEOE, la patronal empresarial. Y hasta el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ha recriminado a nuestra clase política que pueda más en ocasiones la ideología que el trabajo por el bien común. «Lideren el trabajo en común con asociaciones y empresarios. Hagamos ese trabajo juntos y dejémonos de peleas ideológicas». Alzó la voz el día en que Cáritas avisaba sobre el nuevo perfil del demandante de ayuda: el cincuenta y tres por ciento de los que se han acercado a pedir ayuda en esta crisis lo hacían por primera vez. En esas circunstancias, Omella insistía: «Ante este camino, solo unidos tendremos fuerza, como hizo Europa tras la Segunda Guerra Mundial con un panorama de pobreza semejante. Si Europa salió adelante, fue por líderes que tenían clara la misión, como Schuman, De Gasperi o Adenauer». Y más allá de estas voces que para cada uno de nosotros pueden ser más o menos autorizadas y relevantes, el mensaje es claro.

El pasado reciente nos enseña el camino que pueden traer las consecuencias económicas, pero también nos da muestras de cómo una sociedad y unos políticos más unidos consiguen mejores resultados. Los ciudadanos españoles sabemos de sobra ya lo que es una pandemia y también hemos pasado por una crisis económica como la de 2008, de la que todavía quedan heridas abiertas. Más allá de que la política se eche en cara cifras y errores, que juegue en el Congreso a ver quién tiene el estilete más afilado, son necesarias políticas de Estado, acuerdos que nos desarrollen como país y consensos que nos hagan avanzar de verdad. El ruido político debe quedar atrás si queremos avanzar y mirar hacia delante.

IV

Pisar ligeramente sobre la Tierra

Yayo Herrero

Yayo Herrero es antropóloga, educadora social e ingeniera técnico agrícola; socia-trabajadora de Garúa S. Coop. Mad; profesora-colaboradora de la cátedra Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible (UNED); coautora de más de una veintena de libros relacionados con la ecología social, el feminismo y las ciencias sociales, así como de numerosos artículos; presidenta del Foro de Transiciones. Fue coordinadora confederal de Ecologistas en Acción entre 2005 y 2014.

En 1958, Rachel Carson se trasladó a vivir a una zona rural en Maryland y allí observó las repercusiones y los impactos del uso de los pesticidas sobre los territorios, la vida natural y la salud humana. Intentó publicar un artículo en alguna revista especializada que alertase sobre los daños y los riesgos que provocaban. Las presiones que recibió para que no lo publicara le hicieron comprender que si quería hacer públicas sus sospechas, debía contar con un buen soporte empírico que le permitiera apoyar su denuncia. Durante cuatro años se dedicó a investigar meticulosamente. Recopiló multitud de datos y casos, entrevistó a infinidad de expertos y les pidió después que revisasen su manuscrito. Finalmente, en 1962 publicó Primavera silenciosa, una obra seminal para analizar las contradicciones entre la especie humana y la naturaleza en el contexto de la civilización industrial.

La respuesta de la industria que fabricaba los plaguicidas fue feroz y descalificó a Carson con todos los medios que tuvo a su alcance. Fue acusada de insensibilidad ante las muertes causadas por la malaria o el hambre, se aludió a su condición de mujer, y por tanto «naturalmente histérica», se amenazó a revistas y periódicos con la retirada de publicidad si se publicaban reseñas o comentarios positivos sobre Primavera silenciosa... Pero, a pesar de su timidez y discreción y del cáncer que sufría, Rachel Carson participó con tranquilidad en múltiples debates, careos, comisiones y entrevistas con la contundencia y la seguridad que le proporcionaba el estudio minucioso que había realizado. Tuvieron que pasar diez años antes de que el DDT se prohibiera.

Cincuenta y ocho años después de la publicación de Primavera silenciosa, Rachel Carson y su texto continúan siendo pioneros para comprender las consecuencias perversas de algunos enfoques tecnocientíficos y económicos que intervienen en la naturaleza y en la sociedad con visiones cortoplacistas, sin responsabilizarse de las secuelas que puedan tener en el medio y largo plazo.

En la primavera de 1979, Jim Hansen, investigador de la NASA, recibía el encargo de estudiar las condiciones atmosféricas terrestres. «Queremos saber más acerca de nuestro clima —le dijo a su mujer—, sobre todo cómo los seres humanos pueden influir en él»[7].

Tres primaveras más tarde, a finales de marzo de 1982, Hansen comunicó ante una pequeña audiencia en la Casa Blanca sus hallazgos[8]. La Tierra se estaba calentando desde finales del siglo XIX. Durante el siglo XXI el calentamiento alcanzaría una magnitud casi sin precedentes, que traería como consecuencia una serie de pesadillas consabidas, como la inundación del diez por ciento del territorio de Nueva Jersey o de un cuarto de la superficie de Luisiana y Florida. Explicó cómo desde 1930 la Antártida había perdido una franja de hielo de casi trescientos kilómetros de anchura.

Melvin Calvin, que había ganado el Premio Nobel por sus investigaciones sobre el ciclo del carbono, estaba presente en la reunión y, alarmado, dijo que no había que esperar a tener una mayor evidencia sobre el calentamiento global, que no habría que esperar a que las señales resultasen tan evidentes que ya fuese tarde para actuar. Los políticos que estaban presentes, sin embargo, se interesaron mayoritariamente por cuándo sería evidente el problema. Hansen se dio cuenta de que solo podían pensar en términos de tiempo electoral. Se irritó con la discusión absurda sobre si se podría compensar el problema plantando más árboles. Le angustiaron las falsas soluciones, que eran peores que la falsa esperanza, porque boicoteaban cualquier intento de tomar medidas a la altura del problema. Calvin tomó la palabra: «Ahora ya es más tarde de lo que ustedes creen»[9].

En diciembre de 2019 se celebró la COP25 sobre Cambio Climático en Madrid. En la rueda de prensa de la comunidad científica advirtieron de que los impactos climáticos están golpeando con más fuerza y antes de lo que las evaluaciones climáticas habían vaticinado una década antes. Concluían que solo una acción inmediata e integral, que impulse una drástica descarbonización, complementada con medidas políticas ambiciosas, la protección y mejora de los sumideros de carbono y la biodiversidad y los esfuerzos para eliminar el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, permitirán no ya evitar el cambio climático, sino tratar de impedir que su agudización ponga en riesgo la supervivencia de muchos seres vivos y, entre ellos, los humanos[10].

Casi cuarenta años después de que Hansen comenzase a dar la voz de alarma, la realidad es que no se ha hecho nada que haya servido para revertir la catástrofe.

En 1972, el informe del Club de Roma sobre los límites al crecimiento alertaba de la inviabilidad del crecimiento de una población superconsumidora en un planeta con límites físicos. Las proyecciones que realizaba aquel informe, conocido como Informe Meadows, anticipaba que, de no acometer cambios drásticos en los modelos socioeconómicos, el declive del petróleo y los minerales, el cambio climático, la proliferación de enfermedades y problemas para la salud, las dificultades en el acceso al agua o a los alimentos se irían generalizando.

Han hecho falta más de cuarenta años para que las élites mundiales reconozcan en los discursos lo que diversas disciplinas científicas y los movimientos sociales llevaban advirtiendo desde hacía décadas: de no afrontar una profunda y rápida transformación de los metabolismos económicos, enfrentaremos una gravísima desestabilización global de los ecosistemas y ciclos naturales con desastrosas consecuencias sobre los territorios y la vida.

¿Por qué una sociedad que se autodenomina «sociedad del conocimiento» niega la ciencia y mira hacia otro lado aunque en el fondo sienta que las cosas no van bien?

Lo que llamamos «economía» es un potente sistema digestivo que devora, a toda velocidad, minerales, petróleo, bosques, ríos, especies y personas, y defeca gases de efecto invernadero y residuos peligrosos que envenenan la tierra, el aire o el agua. El edificio de la economía globalizada se ha construido sobre la quema acelerada de carbón, petróleo y gas natural desencadenando el cambio de las reglas del juego que han organizado el mundo vivo durante los últimos milenios.

En nuestra civilización, la economía, la política y la cultura se han constituido como si «flotasen» por encima y por fuera de la naturaleza. Se apoyan sobre una creencia tan ilusa como peligrosa: la de que los individuos somos completamente autónomos e independientes de la naturaleza y del resto de las personas. Esta fantasía de la individualidad[11] es un mito peligroso para los seres humanos no privilegiados y letal para el planeta y el resto del mundo vivo.

Tres son, a nuestro juicio, los conflictos que debemos resolver si aspiramos a continuar sobre el planeta. El primero tiene que ver con subsanar el «analfabetismo ecológico», fundacional de la civilización industrial, que enseña a mirar la naturaleza, e incluso nuestros cuerpos, desde la exterioridad, la superioridad y la instrumentalidad. El segundo es la contradicción esencial que existe entre un planeta con límites físicos —ya superados— y la dinámica expansiva de una economía hegemónica que necesita crecer extrayendo cada vez más recursos, alterando los ciclos naturales y generando cantidades ingentes de residuos, que se autopresenta como si fuese una ley natural inapelable y que está dispuesta a sacrificar todo —territorios y vidas dignas— con tal de aumentar el beneficio. El tercero tiene que ver con la invisibilidad que poseen las relaciones de cuidado mutuo como insoslayables para sostener las vidas.

UNA MÍNIMA ALFABETIZACIÓN ECOLÓGICA

Cualquier persona debería tener el derecho y la obligación de conocer los principios ecológicos que le permiten estar viva: los bosques como pulmones del planeta y bibliotecas de diversidad, la fotosíntesis como «tecnología» central para la existencia, la cooperación y la autoorganización como estrategias de supervivencia, el funcionamiento en red en todo lo vivo, la existencia de límites, el sol como gran dinamizador de la vida, el trabajo de cuidados como una cuestión imprescindible...

Sin embargo, la cultura occidental se ha desarrollado abriendo una enorme grieta entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, una grieta que hace olvidar incluso que la vida humana transcurre encarnada en cuerpos siempre necesitados de cuidados. Una visión antropocéntrica del mundo que ha terminado concibiendo al ser humano como culmen de la evolución, y a la naturaleza y al resto de seres vivos como almacén de recursos a su disposición; que no valora la enorme cantidad de tiempo que, mayoritariamente mujeres, invierten de forma no libre para sostener cotidiana y generacionalmente la vida.

Aquí vamos a centrarnos sobre todo en la dimensión ecodependiente de la vida humana. Reaprender que somos vida vulnerable inserta en una trama compleja de vida es fundamental para recomponer lazos rotos con la naturaleza y adaptarnos a los cambios irreversibles que han causado las formas de organizar las sociedades de espaldas al funcionamiento de lo vivo.

Somos parte de una trama viva autoorganizada, cíclica, diversa, que funciona en red, coopera y depende del sol.

Como todas las especies vivas, los seres humanos formamos parte de la naturaleza, dependemos de ella para existir y reproducirnos y, a la vez, influimos en ella. Cuando los organismos se alimentan, crecen o se reproducen, provocan transformaciones en el entorno: transforman la energía, procesan materiales, de manera que su vida modifica el medio físico y las condiciones de vida y recursos disponibles de otros organismos.

Por ello, para comprender cómo funciona la vida hay que estudiar tanto los factores ambientales abióticos (sin vida), constituidos por elementos del medio físico tales como el suelo, el clima o el agua, como los factores bióticos (vivos), es decir, las poblaciones de seres vivos que habitan en ellos (microorganismos, hongos, vegetación o fauna) y la red de interrelaciones que se dan entre todos ellos.

Decimos, por tanto, que la vida es un sistema complejo, compuesto de elementos que se interrelacionan, no solo entre los elementos de una misma especie, sino también entre diferentes especies y con el medio físico, del que dependen y al cual modifican. De estas relaciones entre todas las especies que habitan y conviven en un mismo espacio surge el nivel de organización ecosistema y, a su vez, los ecosistemas, que no están aislados entre sí y que también interactúan, componen en su conjunto la biosfera.

La vida habría surgido en la Tierra hace unos tres mil ochocientos millones de años. Primero aparecieron microorganismos anaerobios, que no necesitaban oxígeno. Unos mil millones de años después surgieron las algas verdeazuladas, que tenían la capacidad de utilizar la luz del sol para su nutrición y producían como residuo el oxígeno. Son los mismos seres vivos, empezando por las bacterias y otros microbios, los que gradualmente propiciaron las condiciones adecuadas para que pudiese mantenerse la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Los seres vivos influyen en su entorno, no solo se adaptan a él. El conjunto de los seres vivos o biota tiene tanta importancia en la biosfera que se habla de coevolución y regulación del ambiente por parte del conjunto de los vivientes. Desde esta perspectiva, ambiente y seres vivos funcionan como si fuesen un organismo. A esta teoría James Lovelock y Lynn Margulis la denominaron «hipótesis Gaia». Esto no significa obviamente que la vida en su conjunto sea consciente o tenga intencionalidad, pero sí que se trata de un sistema extremadamente complejo, que no funciona con la lógica de una máquina, sino que se autoconstruye y autorregula.

Maturana y Valera denominaron «autopoiesis»[12] a la capacidad de los seres vivos y la biosfera de hacerse a sí mismos. Transformamos la materia para convertirla en nosotros mismos, de tal manera que el producto de esa transformación es nuestra propia organización.

Aunque la ciencia nos explica que el universo, la naturaleza y nuestros cuerpos están lejos de comportarse como si se tratase de autómatas, actuamos como si la naturaleza y la biosfera fuesen una especie de máquina inagotable, absolutamente previsible y manipulable, como si los territorios y las otras especies fuesen solo recursos, grandes minas y vertederos a disposición de una parte privilegiada de la humanidad.

Entre la estructura y la sorpresa

Al contemplar un desierto, el océano o un bosque, nos invade una percepción de estabilidad que invita a pensar que el equilibrio es lo característico de la naturaleza y su organización. Sin embargo, las condiciones ambientales cambian constantemente y los diferentes seres vivos intentan adaptarse a los cambios externos que se producen, respondiendo ante ellos para mantener unas condiciones internas que garanticen un buen funcionamiento.

Si nos miramos al espejo hoy y volvemos a hacerlo dentro de un mes, es posible que no advirtamos apenas diferencias, pero en nuestro cuerpo muchas células habrán nacido y muerto en ese periodo y en nuestro organismo bacterias, oxígeno, agua y nutrientes nos habrán mantenido con vida, a la vez que habrá expulsado muchas sustancias tóxicas y desechos. Nuestro cuerpo permanece en un cambio constante.

El proceso que hace que los seres vivos mantengan sus condiciones estables y dentro de un rango que les permita seguir vivos se denomina «homeostasis». Todos los seres vivos interaccionan entre sí y con su medio externo para mantener el equilibrio del conjunto que también está en continuo cambio.

El funcionamiento homeostático de la naturaleza requiere la existencia de mecanismos que puedan detectar las alteraciones que se producen e impulsar los procesos que restablezcan el orden. Estos mecanismos se denominan de «realimentación negativa», y actúan minimizando y amortiguando los cambios, de forma que el conjunto se estabilice volviendo a su situación de equilibrio inicial.

En la naturaleza, en nuestro cuerpo, los mecanismos de realimentación negativa corrigen las perturbaciones y restablecen los equilibrios dinámicos. Cuando estudiamos, por ejemplo, el cambio climático, advertimos que al incrementarse la temperatura media global, los mares y océanos absorben la mayor parte del exceso de calor y la mayor parte del dióxido de carbono procedente de la combustión de las energías fósiles, «tratando»[13] de restablecer los equilibrios previos y aminorando la tendencia al calentamiento que causa la perturbación.

Sin embargo, cuando la perturbación es muy grande, los mecanismos de realimentación negativa dejan de funcionar y se disparan otros que se denominan «mecanismo de realimentación positiva», que amplifican los efectos de la perturbación, alejando mucho más el conjunto del sistema del equilibrio.

Si de nuevo hablamos de cambio climático, ya se han disparado múltiples fenómenos de realimentación positiva, que agravan el problema y que son incontrolables. Por ejemplo, la descongelación del permafrost[14] provoca la liberación de metano —un gas con capacidad de calentamiento veinte veces superior a la del dióxido de carbono— a la atmósfera. O los incendios, acentuados por el calentamiento y las sequías que se derivan de este, queman los bosques y lanzan a la atmósfera los gases de su combustión.

Cuando las perturbaciones sobrepasan un cierto umbral, puede originarse una serie de cambios drásticos y en cadena que conduzcan a la desorganización y el colapso del equilibrio inicial y a la configuración de una nueva situación, incierta, en la que el azar y la sorpresa determinan el resultado final. Los seres humanos somos una especie viva, adaptada a los equilibrios dinámicos de la naturaleza que permitieron su expansión. Forzar la «innovación» en el planeta pone en riesgo a nuestra especie y a otras muchas, sin las cuales nuestra vida no es posible, o se hace más mucho más difícil.

La red, un patrón en lo vivo

Lo característico de la vida es su organización en red. En los ecosistemas se producen interacciones continuas entre las especies y entre estas y su medio. Los residuos de una especie son los alimentos de otras, la materia finita se recicla constantemente a través de la trama de la vida... La vida, desde sus inicios, se ha extendido por el planeta creando una red[15].

La base material de nuestra existencia se encuentra en la fotosíntesis, un proceso a través del cual las plantas con clorofila y algunas algas sintetizan sus propios tejidos a partir de minerales y utilizando la luz del sol. A estos seres vivos los llamamos «productores primarios». Los herbívoros y los carnívoros dependen de esa producción primaria, la única realmente renovable, se alimentan de los restos de todos los anteriores. Para que toda esta cadena se mantenga hace falta la energía del sol. Los productores, consumidores y descomponedores regulan los ciclos cerrados en los que se reciclan la materia y dejan pasar la energía. Todo este complejo proceso, a su vez, está condicionado y cambia en función de variables abióticas como la temperatura, la humedad, el relieve, la altura, etcétera.

Estas interacciones reciben el nombre de red trófica y son fundamentales para nuestra existencia. Cuando decimos que el cambio climático afecta negativamente a la fotosíntesis o que el ciclo del fósforo se encuentra alterado, lo que estamos afirmando es que la tecnología natural que constituye los cimientos de la vida tal cual la conocemos se deteriora. Cuando se advierte con alarma de la paulatina desaparición de las abejas a causa, por ejemplo, del uso de productos fitosanitarios de síntesis o de las especies invasoras, de lo que se advierte es de los riesgos para el conjunto de toda la vida, también la nuestra, y que no hay tecnología que valga —o al menos no la hay para proteger a todas las personas— para resolver el problema.

La biodiversidad, seguro de vida para la vida

El éxito del mantenimiento de la vida tiene tres claves: la enorme diversidad, la densa red de relaciones entre todo lo vivo y la capacidad de cambio permanente. Nos referimos a la vida en su conjunto. En los miles de millones de años de su existencia se han producido extinciones masivas, cambios tectónicos o climáticos que han afectado a la composición de esa biodiversidad. Muchas especies desaparecían y surgían otras nuevas.

Cada parte de la biodiversidad es el resultado de un proceso evolutivo de miles de años de prueba y error, de adaptación. Esto hace que, con independencia de su utilidad económica, todos los seres vivos tengan un valor intrínseco asociado al simple hecho de su existencia.

Pero, además, es torpe e ignorante no cuidarla. La biodiversidad está en la base de los procesos esenciales que hacen de nuestro planeta un lugar habitable. Es el resultado de la historia irreversible de la vida en la Tierra y constituye una especie de seguro de vida ante los cambios. A partir de ella se obtienen alimentos, recursos o medicinas, influyen en la regulación del clima, de los nutrientes y el agua, amortiguan la incidencia de enfermedades, inciden en la formación del suelo vivo...

La comunidad científica alertó sobre cómo la pérdida de biodiversidad hacía a la especie humana mucho más vulnerable a las enfermedades. El ébola o la más reciente pandemia del COVID-19 tienen que ver con este fenómeno, que hace más probable la zoonosis, es decir, la transmisión de patógenos desde los animales hasta los seres humanos. El COVID-19 no es un fenómeno abrupto o inesperado. Se sabía del riesgo de pandemias y se contaba con una vacuna: la biodiversidad, que la civilización industrial está destruyendo[16].

La cooperación, motor de la evolución

Las células eucariotas —las células más complejas— se formaron a partir de la unión simbiótica entre células procariotas. De no haberse dado este paso, la vida probablemente estaría formada por un conglomerado de bacterias. Los animales y las plantas estamos compuestos de células eucariotas. Lynn Margulis fue más allá y formuló la teoría de la simbiogénesis, que defiende que son las relaciones simbióticas, más que las mutaciones genéticas al azar, las responsables de los mayores cambios evolutivos.

La consideración de la biodiversidad nos lleva a la valoración de la cooperación como una estrategia adaptativa de nuestra especie. Tradicionalmente, una parte de la literatura científica, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, han resaltado las relaciones competitivas como las predominantes en la naturaleza. Sin embargo, es la cooperación la que ha actuado como motor de la evolución. Aves que comparten, licaones que cuidan de la prole en común, vampiros de Azada que se donan sangre, palomas torcaces que cazan en bandadas, bonobos que se organizan en sociedades matriarcales que cooperan y usan el sexo para resolver conflictos...

Vivimos en un planeta con límites

La Tierra es un sistema que intercambia energía con el exterior pero no materiales (a excepción de despreciables aportaciones desde el espacio tales como meteoritos). Se dice por ello que constituye un sistema cerrado. Cualquier sistema vivo, un ecosistema, una ciudad o un organismo, sin embargo, intercambia energía y materiales con el exterior por lo que forma un sistema abierto. Esto supone que los seres vivos absorben energía y materiales y los expulsan degradados en el marco físico de un planeta que cuenta con materiales limitados y con un flujo de energía que, aunque es continuo, sí presenta límites en su aprovechamiento.

Nuestro planeta tiene límites. Existen límites en aquello que llamamos «no renovable», como el uranio, el carbón o el petróleo, que se encuentran en la corteza terrestre y solo podrán ser utilizados mientras sea posible o rentable su extracción.

También existen límites en aquello que llamamos «renovable». En este caso, los límites los marca la tasa de renovabilidad de los bienes naturales, que no funcionan a la velocidad que les gustaría a los metabolismos económicos, sino a la de los diferentes ciclos naturales. El agua, por ejemplo, es un bien renovable pero, si se extrae a una velocidad mayor de su tasa de renovabilidad, podemos dejar seco el cauce de un río o un acuífero. El ciclo del agua, el oxígeno en la atmósfera, el fósforo o el nitrógeno dependen de dinámicas complejas que funcionan a un ritmo mucho más lento del que los metabolismos agro-urbano-industriales actuales precisan para poder perdurar en el tiempo.

Y también hay límites en los sumideros del planeta. Los sumideros son procesos bio-geo-químicos complejos y lentos que degradan los residuos que genera la actividad de los seres vivos. Cuando el flujo de residuos es mayor que la capacidad de los sumideros para degradarlos, esos sumideros se saturan y los residuos generados provocan la contaminación del agua, del aire, de los suelos y de los cuerpos, alterándolos y enfermándolos. Es como cuando cae una tromba de agua y se atoran las alcantarillas que funcionan normalmente si la cantidad de agua caída se corresponde con aquella para la que fueron diseñadas.

Al considerar la inserción de la especie humana en la naturaleza, irremediablemente nos sumimos de lleno en el problema de los límites. Vivimos en un planeta que tiene límites ecológicos, y estos afectan, aunque no queramos verlo, a los seres humanos, que obtenemos todo lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades interactuando con la naturaleza.

A nadie, si lo piensa, se le escapa que el agua, el alimento que comemos, todos los materiales con los que construimos las cosas que nos rodean, las fibras y tejidos con los que nos vestimos, los materiales de construcción, los minerales con los que fabricamos teléfonos, pantallas y servidores, la energía que nos ilumina y permite que mercancías y personas viajen... salen de la naturaleza.

Cualquier cosa que los seres humanos podamos producir o fabricar tiene una base material, depende de unos bienes-fondo de la naturaleza que no son «fabricados» ni controlados a voluntad por la economía o la tecnología.

Nos guste o no, queramos o no, estamos sujetos a sus límites. Y sobre lo que tiene límites físicos nada, absolutamente nada, se puede plantear que crezca de forma indefinida. Ni una plantación de soja ni un bosque de robles ni un arrecife de coral ni el tamaño de una ciudad ni, por supuesto, ningún modelo económico puede aspirar a crecer de forma ilimitada si para hacerlo necesita extraer bienes de la corteza terrestre o utilizar lo que la naturaleza genera lenta y cíclicamente.

La solución encontrada a lo largo de la evolución para resolver el problema de la finitud de materiales ha sido la articulación de un poderoso sistema de reciclaje que recupera los materiales degradados y los reincorpora a los ciclos naturales. Esta circulación constante de los materiales está regulada por los grandes ciclos biogeoquímicos como los del carbono, el fósforo o el nitrógeno. En el funcionamiento de estos ciclos intervienen los seres vivos y las dinámicas físico-químicas planetarias.

La energía, sin embargo, no se puede reciclar. Cuando un barril de petróleo se quema para mover una máquina, del calor que disipa esa máquina no es posible volver a fabricar el barril de petróleo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso aprendemos en la escuela, pero quizá no seamos tan conscientes de la trascendencia que tiene para la vida esa transformación en formas de energía no aprovechables por el sistema productivo. Esas transformaciones, tal y como explica la ley de la entropía, son irreversibles.

Si la materia circula constantemente a través de la trama de la vida, podemos intuir sin mucho esfuerzo el enorme problema que suponen las formas de producción, distribución y consumo que pone en práctica nuestra sociedad. El sistema industrial extrae recursos finitos en un lugar, los transporta a otro donde los transforma, vuelve a trasladarlos a otro lugar donde esperan a ser vendidos y pueden terminar en un vertedero en otro lugar lejano. De esta forma se imposibilita la reincorporación de los recursos extraídos a los ciclos de materiales, alterando las dinámicas naturales y la composición química de los suelos, el agua y el aire. La magnitud de la extracción y transformación de materiales en la actualidad es enorme, absolutamente desproporcionada para la capacidad que tienen los sistemas naturales de volver a incorporarlos a los ciclos naturales.

Celebramos la producción de teléfonos, coches, máquinas o pantalones a una escala enorme porque no hay conciencia de que cada coche que se fabrica hoy se hace a costa de materiales finitos que solo se incorporarán a los ciclos naturales dentro de unos tiempos que escapan a la escala humana y que, por tanto, las cosas superfluas fabricadas hipotecan «vidas en el futuro»[17]. El proceso económico, desconectado de los límites y el funcionamiento de la naturaleza, supone irremediablemente un deterioro ecológico, que suele constituir, junto a la incautación de los tiempos que de forma mayoritaria dedican las mujeres a la reproducción cotidiana generacional de la vida humana, la cara oculta del sistema productivo.

El despilfarro de las últimas décadas por una pequeña parte de la humanidad ha creado ya unos problemas gravísimos. Es obvio que no se va a poder mantener mucho tiempo, pero para entonces es posible que la dinámica y compleja estructura de la biosfera que durante los últimos miles de años ha sido favorable para la vida de la especie humana ya no lo sea.

Si es imposible que algo crezca indefinidamente en un planeta con límites, haber organizado, entonces, la intendencia de las sociedades industrializadas sobre lógicas económicas que obligan a crecer de forma exponencial —utilizando para ello cantidades crecientes de energía, minerales, tierra o agua— no es más que una ilusión fantasiosa que ha terminado declarando la guerra a la vida.

Unos treinta años después de la publicación del Informe Meadows sobre los límites al crecimiento se realizó una repetición del mismo ejercicio[18] que mostraba que las alertas habían caído en saco roto y la tendencia al desbordamiento se había profundizado. La humanidad ya no se encuentra en riesgo de superar los límites de la biosfera. Los ha superado. Desde finales de los años ochenta del siglo XX nos encontramos en una situación de translimitación[19]. La esfera material de la economía es demasiado grande en relación con los límites planetarios y, por tanto, los estilos de vida actuales están colapsando los servicios y las funciones ecosistémicas y agotando los bienes no renovables sobre los que se apoya la producción de bienes y servicios.

En las últimas décadas hemos pasado de habitar, como señala Herman Daly, un mundo vacío, caracterizado por abundancia de recursos naturales para sostener la producción y unos ciclos naturales capaces de asimilar los residuos sin perturbar el correcto funcionamiento del planeta, a habitar un mundo lleno[20].

El mundo lleno sería, por el contrario, aquel en el que los consumos humanos sobrepasan las tasas de regeneración de la biosfera y sus diversos ecosistemas, por lo que su funcionamiento se vería completamente alterado.

El elefante en la cacharrería

José Manuel Naredo[21] cuenta que hasta la llegada de la Revolución industrial los hombres y las mujeres, al igual que el resto del mundo vivo, vivieron de los recursos que proporcionaba la fotosíntesis y de los materiales que encontraban en su entorno más próximo. Los seres humanos se sostenían imitando el funcionamiento de la biosfera. La vida se basaba en el mantenimiento de la diversidad que existía. Todo lo producido era objeto de un uso posterior, en una cadena, un ciclo, que aseguraba la renovación de los materiales empleados. Los ritmos de vida eran los marcados por los ciclos de la naturaleza y estos eran dinamizados por la energía del sol.

Sin embargo, las personas se alejaron del funcionamiento de la biosfera al comenzar a utilizar la energía de origen fósil para acelerar las extracciones y las producciones. La disponibilidad, primero de carbón y luego de gas natural y petróleo, posibilitó la extensión del transporte horizontal por todo el planeta. Los bosques enterrados trescientos millones de años antes permitieron abastecer máquinas con las que se podían extraer minerales y combustible para alimentar nuevas máquinas, comenzando así una espiral de crecimiento que caracteriza a la civilización actual.

El llamado «desarrollo», que ha crecido ligado al deterioro de los ciclos naturales, a la extracción de recursos no renovables y a la generación de residuos, da completamente la espalda a todos los mecanismos de funcionamiento y ritmos de la biosfera contra las cuerdas a todo lo vivo.

El declive del petróleo y de los minerales

Uno de los fenómenos que afectan de forma dramática a las sociedades industriales es el declive de la energía fósil. El petróleo, en las sociedades actuales, constituye la fuente de energía que sostiene la economía global, tal y como la conocemos. Se usa para producir alimentos, mantener el descomunal transporte de mercancías, materiales y personas, fabricar ropa, construir casas o carreteras, mantener la posibilidad del turismo masivo, generar electricidad, etcétera. Cuando la economía crece, el uso del petróleo aumenta. En las últimas décadas, la demanda de petróleo solo disminuyó durante las crisis económicas. Así sucedió en 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, y se ha vuelto a producir durante el frenazo económico que ha causado la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19. Crecimiento económico y uso de energías fósiles están directamente acoplados.

Se llama «pico del petróleo» al momento de extracción máxima de petróleo, a partir del cual el volumen de extracción comienza a declinar. Según la Agencia Internacional de la Energía, el pico de petróleo convencional se alcanzó en 2006.

Podríamos decir de forma metafórica que nuestra civilización industrial come petróleo. O no tan metafóricamente: el modelo de producción industrial de alimentos —que alimenta sobre todo a la población de los países enriquecidos— depende por completo del petróleo. La producción en grandes monocultivos en los que se siembra y recolecta con maquinaria pesada y se utilizan fitosanitarios o abonos de síntesis es dependiente del petróleo. Al igual que el transporte entre los lugares de producción y los puntos donde se consumen los productos. No es difícil que un bote de espárragos o un paquete de garbanzos que compremos vengan de otro continente. El sistema alimentario, sobre todo en los países desarrollados, es profundamente petrodependiente.

Y lo mismo sucede con la vida en las ciudades grandes. Imaginemos una ciudad como Madrid, Buenos Aires o Tokio, en las que viven millones de personas que se desplazan decenas de kilómetros diarios en su vida cotidiana. Esto solo es posible gracias a un entramado de autopistas, trenes de cercanías y de alta velocidad que, usando grandes cantidades de energía fósil, permiten que la distancia ya no se mida en kilómetros sino en el tiempo que tardamos en recorrerla. «Vivo a una hora de Praga».

El problema es que, además, en el territorio de la ciudad grande no se produce casi nada de lo que hace falta para estar vivo. No se producen alimentos, hay que traer el agua de fuera. Incluso los residuos generados en la ciudad hay que sacarlos fuera de ella. Cada día muchísimos camiones entran y salen de la ciudad, consumiendo energía fósil, para garantizar la continuidad del metabolismo urbano. Una gran ciudad, tal y como la conocemos, es inviable sin energía fósil. Hoy más de la mitad de la población mundial vive en ciudades.

Mientras continúa creciendo el nivel de demanda de extracción para poder satisfacer una demanda fuertemente estimulada, la realidad es que cada vez resulta más complicado extraer el petróleo. Esto es así porque, ante el creciente agotamiento de esta energía fósil, los yacimientos actuales se ven obligados a hacer prospecciones más profundas, a crear plataformas en el medio del mar o a procesos de depuración muy costosos y arriesgados, que cada vez son menos rentables energética y económicamente.

Si nos preocupamos por saber de dónde viene el petróleo que usamos, los nombres nos resuenan dolorosamente: Irak, Irán, Libia, Siria, Arabia Saudí, Venezuela... Son países atravesados por violentos y dolorosos conflictos causados, no solo pero en una medida importante, por el acaparamiento de un recurso fundamental para que el modelo de crecimiento se pueda seguir manteniendo en pie.

Ante el hecho insoslayable de que el pico del petróleo ya ha llegado, algunas de las principales corporaciones energéticas han empezado a generar energía a partir de fuentes alternativas, con la intención de poder mantener los niveles de vida y de consumo actuales, como por ejemplo la energía solar o eólica. Sin embargo, la realidad es que todas las energías renovables carecen del poder energético de los combustibles fósiles. La energía solar, la eólica o la biomasa tienen unas tasas de retorno menores que el petróleo o el carbón, lo que significa que la energía que se invierte en producirlas es mayor que la que se invierte en las energías fósiles. Además hay que tener en cuenta la cantidad de materiales, como el cobre, el litio, el cobalto —también finitos, y declinantes—, que se necesitan para fabricar, por ejemplo placas solares o aerogeneradores. La energía nuclear, aparte de los problemas más conocidos —potencial riesgo y residuos que continúan siendo peligrosos miles de años después de haber sido emitidos—, depende del uranio, otro mineral no renovable, por lo que no constituye una solución para suplir lo que proporciona el petróleo.

Hoy en día no existe ninguna energía limpia y viable que dé respuesta a las enormes exigencias de un modelo de producción, distribución y consumo tremendamente consumidor de energía, que además pretende continuar creciendo.

Las energías renovables y limpias sin duda son el futuro. Pueden satisfacer las necesidades humanas pero no al ritmo de consumo actual.

El declive del petróleo supone un punto de inflexión en la historia de la sociedad industrial y obliga a cambiarlo todo. La realidad es que los seres humanos, quieran o no, vivirán con menos energía en términos globales. La clave es cómo organizar esa reducción del consumo energético de forma justa y sin violencia. Esa transformación es ya urgente.

El cambio climático

Uno de los mayores problemas que ha causado el desbordamiento de los límites del planeta es el cambio climático, provocado, fundamentalmente, por el incremento en la atmósfera de los gases de efecto invernadero.

El crecimiento y la mundialización de una economía basada en el aumento de la producción y el consumo a gran escala han hecho que, sobre todo en las últimas décadas, cada vez se queme más petróleo, carbón y gas y se usen enormes cantidades de materias primas (agua, minerales, tierra fértil, etcétera), provocando, además del progresivo agotamiento de las fuentes energéticas fósiles y de muchos minerales, el cambio del funcionamiento de muchos ciclos naturales. Entre esos cambios, el más grave es el que afecta al clima en la Tierra. La quema rapidísima de combustibles fósiles ha modificado la composición de la atmósfera, haciendo que aumente la temperatura media global.

Ese fenómeno es conocido como «calentamiento global», un problema ecológico que pone en riesgo la vida tal y como la conocemos y que afecta de forma muy desigual a las personas.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) es la principal autoridad mundial en cuestiones climáticas. Fue creado en 1988, cuando se empezó a advertir la existencia del calentamiento global. Año tras año, estos expertos han advertido de que el cambio climático de origen antropogénico es cada vez mayor, provocando situaciones de riesgo e incertidumbre alarmantes.

Están cambiando muy rápidamente las reglas del juego que organizan lo vivo: cambio en las dinámicas del agua marina y de las precipitaciones y en las interacciones de los ecosistemas, ascenso del nivel del mar, cambios en los ciclos de vida de multitud de animales y plantas o aparición de enfermedades ya erradicadas. Los informes de evaluación producidos por el IPCC afirman que si se supera el umbral de subida media de la temperatura de 1,5 ºC con respecto a la de la época preindustrial, las perturbaciones de las condiciones ambientales podrían llegar a un punto sin retorno, con fenómenos catastróficos en cadena y consecuencias desastrosas para muchas especies vivas y para la mayor parte de los seres humanos.

El cambio climático incide de forma evidente en la supervivencia de los seres vivos y por supuesto también en la economía. Todos los sectores productivos se ven afectados por sus consecuencias: la agricultura, el turismo, la pesquería... Los eventos climáticos extremos, las inundaciones de zonas costeras o los incendios, además de los daños directos a las vidas, obligan a invertir enormes cantidades de dinero en reconstruir y paliar daños a viviendas, territorio o infraestructuras.

De nuevo, la urgencia en tomar medidas es perentoria.

Pérdida de biodiversidad

Las transformaciones que están experimentado la biosfera y la Tierra son tan profundas y rápidas —en términos geológicos— que a muchas especies e individuos no les da tiempo a adaptarse y sucumben. En un mundo vivo en el que todo está conectado y unas especies dependen de otras, al amenazar a una especie se amenaza a todos los eslabones de la cadena. También al ser humano.

El ritmo de desaparición es tal que la comunidad científica considera que estamos atravesando una crisis global de extinción masiva. Se le llama «la sexta gran extinción». La IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos) manifestó en su informe de 2019 que existe una evidencia abrumadora sobre el ritmo de pérdida de biodiversidad, que califica de «siniestro». La salud de los ecosistemas de los que nosotros y todas las demás especies dependemos se está deteriorando más rápido que nunca. Robert Watson, su presidente, decía: «Estamos erosionando los cimientos de nuestras economías, medios de vida, seguridad alimentaria, salud y calidad de vida en todo el mundo»[22].

La pandemia por el coronavirus ha sido relacionada con la pérdida de biodiversidad. Ya dijimos que la biodiversidad es la densa red de relaciones que hay entre los sujetos vivos y constituye una verdadera estrategia de seguridad para la propia vida, tejida a lo largo de millones de años de evolución. Cuando se pierde biodiversidad, la zoonosis —transmisión de virus que proceden de los animales a los seres humanos— es muchísimo más frecuente. En esta línea, Fernando Valladares, investigador del CSIC, decía en una entrevista reciente: «Ya existía una vacuna contra el COVID-19 y nos la hemos cargado. Esa vacuna era la biodiversidad. Cuanto más se destruya, más expuestos estaremos a los virus». Es importante, por tanto, no destruir las barreras naturales que permiten defender a la especie humana.

LA CRISIS ECOLÓGICA ES UNA CRISIS SOCIAL: DESIGUALDADES Y EXPULSIONES

Aunque cada vez más personas son conscientes de que el planeta «está mal y hay que salvarlo», la repercusión y consecuencias de esta crisis sobre la economía, la política y el bienestar cotidiano pasan inadvertidas para la mayoría. Pareciera que la crisis ecológica es un asunto despolitizado. Pero plantar cara a la difícil situación que enfrentamos requiere afrontarla políticamente y cuestionar y revisar algunas creencias.

Lo primero es entender que no hay economía o sociedad sin naturaleza. La economía es un subsistema de la biosfera, no al revés. La crisis ecológica está en el centro de la crisis económica. Los Treinta Gloriosos, el periodo que tras la Segunda Guerra Mundial condujo a la creación del Estado del Bienestar —bien es verdad que solo en una pequeña parte del mundo—, no se van a repetir nunca más. No hay energía ni minerales que lo puedan sostener materialmente. Por tanto, necesitamos pensar cómo satisfacer las necesidades humanas de forma justa sin contar con bienes que ya no existen y con el cambio climático en marcha.

Como hemos visto, tanto por el lado de la extracción como por el de los sumideros, nuestro planeta se encuentra en una situación de translimitación. La evolución hacia el progreso social se interrumpió a partir de finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado. Supuso un punto de inflexión que inició la enorme involución que estamos viviendo y también el fin de la fantasía del crecimiento material indefinido y del progreso continuo basado en ese crecimiento. En consecuencia, el crecimiento económico, hasta el momento directamente acoplado al uso de materias primas y a la generación de residuos, se estanca y retrocede inevitablemente.

La política de forma mayoritaria sigue planteando salidas a la crisis con la confianza puesta en un imposible crecimiento económico sostenido y sostenible que se pueda traducir en condiciones de vida justas para las personas.

No encarar el debate, por crudo que sea, sobre la superación de los límites y el imposible crecimiento como respuesta a las necesidades de las personas no va a hacer que el problema desaparezca. Más bien supone perder tiempo y capacidades para diseñar políticas significativas que protejan a las mayorías sociales y, sobre todo, deja huecos vacíos que están ocupando visiones xenófobas y excluyentes que niegan el problema de origen y apuntan con el dedo a falsos culpables: migrantes, mujeres o disidentes.

Expulsiones

Los metabolismos económicos tienen cada vez menos posibilidades económicas y energéticas para iniciar nuevos ciclos de acumulación. En situación de translimitación, las posibilidades de crecimiento en un mundo lleno se ven seriamente comprometidas. A partir de los ochenta el capitalismo mundializado ha «perfeccionado» los mecanismos de apropiación de tierra, agua, energía, animales, minerales, urbanización masiva, privatizaciones y explotación de trabajo humano. Los instrumentos financieros, la deuda, las compañías aseguradoras y toda una pléyade de leyes, tratados internacionales y acuerdos constituyen una arquitectura de la impunidad[23] que allana el camino para que complejos entramados económicos transnacionales, apoyados en gobiernos a diferentes escalas, despojen a los pueblos, exploten los territorios, desmantelen la red de protección pública y comunitaria que pudiese existir y repriman las resistencias que surjan.

Esta nueva etapa de la economía globalizada se caracteriza por la expulsión. Las expulsiones «equivalen a un proceso de selección salvaje», sostiene Saskia Sassen[24] que afecta a «personas», «empresas» y «lugares». Se hace difícil imaginar la dimensión que puedan alcanzar estas expulsiones ante los escenarios de forzosa reducción de la escala material de la economía que sobrevendrán como consecuencia de la crisis ecológica global. En el momento actual ya es visible el despliegue de dos procesos: los desplazamientos forzosos de población por motivos ambientales y por acaparamiento de tierras, que indican cuáles pueden ser las tendencias.

En efecto, el desorden climático y la crisis ecológica provocan desastres, crecientes en frecuencia e intensidad, que están destruyendo medios de vida, hábitats, infraestructuras y ecosistemas. Reduce las posibilidades humanas de adaptarse y vivir en los territorios, poniendo en peligro la seguridad vital, sobre todo de quienes son más pobres y vulnerables, y provoca desplazamientos masivos de población[25].

En 2017, 18,8 millones de seres humanos, pertenecientes a más de ciento treinta y cinco países de todos los continentes, se vieron obligados a desplazarse a causas de desastres naturales. Unos quinientos millones de niños y niñas vivían en zonas con riesgo de inundaciones, ciento sesenta millones vivían en zonas amenazadas por la sequía y ciento quince millones estaban altamente expuestos a riesgos de eventos climáticos extremos[26].

Por otro lado, países ricos del Golfo Pérsico, Estados Unidos, economías emergentes asiáticas (como China, India o Corea del Sur), empresas transnacionales y entidades financieras están comprando enormes extensiones de territorio de África y América Latina. Dichas compras internacionales de tierra suponen intensificar la industrialización de agricultura para producir alimentos para las personas o la ganadería, agrocombustibles para transporte motorizado o fibras para la industria textil. Este acaparamiento implica la destrucción de economías rurales tradicionales y el desplazamiento forzoso de sociedades campesinas y pueblos originarios.

No es un fenómeno reciente. Las poblaciones se han desplazado históricamente de forma temporal o permanente durante periodos de adversidades climáticas. Sin embargo, la escala de este fenómeno crece de forma dramática como consecuencia de la interacción entre el declive de recursos naturales, la alteración, en muchos casos irreversible, de los ciclos naturales y el crecimiento de la población. El mundo se encuentra al borde de una catástrofe humanitaria de unas dimensiones descomunales.

La situación no afecta de forma simétrica a toda la población. La infancia, las personas mayores y enfermas, los pueblos originarios, mujeres y personas con escasos recursos, especialmente en los países más empobrecidos, son los grupos de población más expuestos y vulnerables ante la crisis ecológica.

El ochenta por ciento de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres, y más del setenta por ciento de las que fallecieron en el tsunami de Asia en 2004 fueron mujeres[27]. A su vez, el informe de Survival International señala que «los pueblos indígenas están en la primera línea del cambio climático. Viven en lugares del mundo donde su impacto es mayor y dependen en gran parte, o exclusivamente, del medio ambiente natural para su medio de vida, su cultura y sus vidas, por lo que son los más vulnerables de la tierra a sus efectos»[28].

Los territorios quedan divididos entre «zonas de sacrificio»[29] (de extracción y de producción y crecientemente de recepción de residuos) y los espacios de consumo (deficitarios en materias primas y excedentarios en residuos). Las personas se dividen en dos grupos: aquellas que están «dentro», protegidas, en mayor o menor medida, por el poder económico político y militar, y quienes están «fuera», la población sobrante, que ahora son expulsados, en el sentido que lo formula Saskia Sassen. En la expulsión los afectados ya no pertenecen al sistema, no tienen posibilidad de retorno y se convierten en personas de segunda clase.

Securitización y mercantilización de las fracturas ecológicas y sociales

La desestabilización de las condiciones naturales que permiten la vida, el declive de recursos básicos para mantenerla tal y como la conocemos y la precariedad vital de amplios sectores de población han sido digeridas por el poder hegemónico global a través de dos procesos separados que se retroalimentan entre sí. Por un lado, el desastre se perfila como una oportunidad para los negocios y el crecimiento económico a partir de la mercantilización de la crisis y, por otro, se formula en clave de «riesgo» y asunto de seguridad que hay que abordar por medios militares[30].

Se oculta que una buena parte de los conflictos procede de la voracidad de recursos a gran escala y del uso de medios militares para obtenerlos por parte de los países enriquecidos. Al tiempo, se invisibilizan el consumismo y los estilos de vida dependientes de la importación de recursos y se perciben las operaciones militares como inevitables y necesarias.

Las fronteras se gestionan como si fuesen zonas de guerra para impedir la llegada de desplazados a los países ricos. El mundo se fortifica y se levantan muros que separan territorios y personas. Muros que permanecen cerrados a las personas, pero que se abren y se cierran cada día para que viajen hacia las zonas de privilegio minerales, pescado, alimentos y energía procedentes en muchas ocasiones de los mismos países de los que proceden las personas migrantes, que han seguido el mismo camino que las materias primas. Si la valla que impide la entrada de personas migrantes no dejase pasar energía, minerales, alimento, pesca o productos manufacturados, los países ricos no se podrían mantener. Todos, absolutamente todos los países desarrollados viven con muchos más recursos materiales de los que se obtienen en sus propios territorios.

Mercantilización del dolor y el desastre

A medida que crece la militarización, también lo hace el negocio para las corporaciones como suministradoras de equipos y servicios para la gestión de la crisis. Una vez superado el negacionismo que parte del sector empresarial y político ha enarbolado durante más de cuarenta años, ahora lo imputan en sus cuentas de resultados, dando por hecho que se producirán subidas de la temperatura media global de 4-5 ºC y por tanto los resultados serán, según los escenarios del IPCC, catastróficos.

En este marco se plantea convertir el desastre en una oportunidad... de negocio.

Múltiples sectores económicos esperan suculentos beneficios del capitalismo del desastre. Uno de los sectores más beneficiados es el de la seguridad. Junto a las empresas tradicionales están surgiendo nuevas compañías de servicios de vigilancia y control, cuerpos de seguridad de fronteras, empresas de construcción y gestión de instalaciones de internamiento de extranjeros, logística militar y policial, planificación y entrenamiento y personal de seguridad, entre otras funciones. Desde 2008 la industria de seguridad ha crecido casi un ocho por ciento anual, a pesar de la crisis económica y la recesión mundial[31]. Las personas migrantes se convierten en la codiciada materia prima de un negocio que aspira a tener un importante crecimiento. Se estima que solo la seguridad de fronteras duplique en 2022 el presupuesto que tenía en 2015 (unos 15.000 millones de euros).

El sector de seguros contempla también buenas perspectivas ante la multiplicación de fenómenos meteorológicos extremos. Los mercados financieros también han descubierto la forma de rentabilizar la crisis ecológica con nuevos instrumentos —bonos, títulos y derivados— diseñados para especular con las fluctuaciones imprevisibles de la meteorología o los precios de las materias primas en los mercados de futuro.

Aparecen nuevos nichos de mercado ligados al acaparamiento de recursos básicos asociados a proyecciones de escasez. Tres sectores de negocio resultan clave: la agroindustria; la privatización de las fuentes y los derechos de acceso al agua; y la energía, cuyos negocios se amplían con los combustibles fósiles no convencionales, la producción de los agrocombustibles y el control de la generación de energía a partir de las fuentes renovables.

Por otra parte, aparecen sectores emergentes como la geoingeniería o la construcción de megainfraestructuras de adaptación climática, en la que se están invirtiendo miles de millones de dólares.

En nuestra opinión no hay salidas políticas justas y democráticas a estas situaciones sin mirar cara a cara a la crisis ecológica y situarla en el corazón del conflicto social. Sin una transformación radical del metabolismo económico, no son solo las personas forzosamente desplazadas las que no caben, sino que según se agrava la crisis material y el cambio climático, y a pesar de que su carné de identidad diga que son de «dentro», poco a poco muchas personas quedarán también fuera. Cuando hablamos de exclusión nos referimos, a personas desempleadas de larga duración, jóvenes que no acceden al mercado de trabajo, familias desahuciadas de sus casas o mujeres que sostienen la vida en un sistema que la ataca; estamos hablando de cómo la dinámica de expulsión del capital se expresa también en el supuesto mundo rico[32].

Desde las miradas de la ecología social, desde hace décadas se ha planteado la necesaria relocalización de la economía, el ajuste a los límites físicos de los territorios y la producción y acceso sobre todo a alimentos, energía y agua con base fundamentalmente local[33]. Hablamos también de reorientar la política e intervenir la economía de forma que las condiciones de vida digna para todas las personas sean la verdadera prioridad.

Esta relocalización de la economía y el aprender a vivir con los recursos cercanos es fundamental para frenar la expulsión de personas de sus territorios y garantizar su derecho a permanecer en ellos, teniendo en cuenta que una parte de los desplazamientos forzosos ya será inevitable y que tenemos la obligación de organizarnos para acoger a aquellos con los que hemos contraído una deuda ecológica y no tienen a donde volver.

Adoptar principios de suficiencia y austeridad en el uso de bienes de la Tierra, equitativos y justos, es condición necesaria para la solidaridad dentro y fuera de nuestras fronteras. No hablamos de autarquía, sino de la configuración de un sistema solidario de autonomías interdependientes, que sea capaz de crear bienestar con poca energía y materiales, proteger a las personas y repartir la riqueza y las obligaciones de cuidado de la vida, que recaen mayoritariamente sobre las mujeres.

PONER LA VIDA EN EL CENTRO: HACIA UNA CULTURA QUE RECONOZCA LOS LÍMITES Y LA VULNERABILIDAD

Reorganizar las sociedades para que quepamos todas requiere un reajuste valiente, decidido y explicado del metabolismo social. Para ello es preciso revisar críticamente algunas creencias que convierten la economía dominante en un peligroso fundamentalismo.

La primera de ellas es la reducción del concepto de «valor» al de «precio». En la economía real solo tiene valor aquello que se puede expresar en unidades monetarias. La producción pasa a ser cualquier proceso que se da en la esfera mercantil en el que hay un aumento de valor, medido en términos monetarios, independientemente de que lo producido sirva o no para satisfacer necesidades.

Si solo miramos la dimensión que crea valor en el mercado, que es el precio de lo que se compra y se vende, y no contabilizamos las externalidades negativas (el agotamiento, la contaminación o la alteración de los ciclos), lo que deseamos es que crezca la producción al máximo posible, sin valorar si lo producido es deseable o no y aunque, a la vez que aumentan los ingresos debidos a dicha producción, se incrementen los efectos negativos colaterales que la acompañan.

Cuando la producción se mide exclusivamente en euros, la economía y la sociedad no se preguntan sobre la naturaleza de lo que se produce y terminamos sin poder distinguir entre la fabricación de bombas de racimo y el cultivo del trigo. Ambas son producciones que se miden monetariamente, aunque, desde el punto de vista de su utilidad social, una de ellas destruya la vida y la otra la alimente.

La economía convencional celebra cualquier tipo de producción que genere beneficio monetario, aunque por el camino se destruya el presente y el futuro de personas y ecosistemas. La polinización, el ciclo del agua, la regulación del clima o los trabajos que las llamadas «amas de casa» hacen en los hogares no tienen asignado un valor monetario.

La reducción del valor al precio invisibiliza y expulsa del campo de estudio económico la complejidad de la regeneración natural y todos los trabajos humanos que sostienen la vida pero que, por no estar pagados, no se traducen en crecimiento económico.

El dinero se convierte en una creencia sagrada. Las mayorías sociales creen y sienten que, antes que agua, cobijo, alimentos o cuidados, necesitan dinero. Y la creencia está tan asentada que se asume una especie de «lógica sacrificial»: si lo que necesitamos es dinero, todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que crezcan la economía y el dinero.

La necesidad de crecimiento justifica que se arrebaten derechos laborales, se destruya el territorio, se eliminen servicios públicos, se expulse y asesine a personas que resisten al extractivismo, se cemente el territorio, se privatice la sanidad, el agua o la educación o se cambie el clima. Cualquier cosa merece ser sacrificada ante el fin superior de los beneficios. Y las personas lo tenemos tan incorporado en nuestros esquemas racionales que son minoritarias las voces críticas que denuncian el riesgo de perseguir el crecimiento económico como un fin en sí mismo, sin preguntarse a costa de qué, para satisfacer qué y quién se apropia de los beneficios de ese crecimiento.

Para construir una economía adecuada a los seres humanos, la producción y el trabajo tienen que vincularse al mantenimiento de las condiciones de vida de las personas. Hay producciones y trabajos que son socialmente necesarios y otros socialmente indeseables. Distinguir entre ambos es imprescindible y los indicadores monetarios no permiten discriminar entre la actividad que satisface necesidades humanas y la que agota recursos, altera los ciclos o explota diferentes formas de vida, sin garantizar, además, las condiciones de vida de las mayorías sociales.

Para que pueda existir producción en términos mercantiles hay una precondición: la producción de vida. Y esta se realiza en la naturaleza y a partir de los trabajos cíclicos que garantizan las condiciones de existencia.

Si compleja es la reconstrucción de un metabolismo económico justo y sostenible y de otra forma de organización social acorde con él, igualmente difícil pero imprescindible es el cambio de los imaginarios empapados de los símbolos y representaciones de una cultura centrada en el crecimiento, el consumo y la fe en que la tecnología resolverá los problemas. Este cambio no se producirá solo mediante la información sistemática y racional, sino que requiere la movilización de emociones, miradas y prácticas que alumbren nuevas subjetividades.

La posibilidad de reconstruir lazos rotos con la naturaleza y entre las personas se apoya en una serie de planteamientos que, a nuestro juicio, deben acometerse cuanto antes.

La segunda tiene que ver con asumir la inevitable reducción de la esfera material de la economía. No es tanto un principio que se pueda o no compartir; es más bien un dato de partida. Los propios límites físicos del planeta obligan a ello. Se decrecerá materialmente por las buenas es decir, de forma planificada y justa, o por las malas, de modo abrupto, injusto y violento.

Si asumimos el inevitable ajuste a los límites del planeta, es obvia la obligación de asumir que las sociedades forzosamente tendrán que acoplarse a los condicionantes que se derivan de ser una especie viva inserta en la naturaleza. Para que las vidas de las personas se puedan mantener con dignidad —las de todas las personas— debemos adoptar estilos de vida más austeros en el uso de materiales y generación de residuos; la sociedad deberá organizarse utilizando energías renovables y limpias y cerrando los ciclos de material; la economía y el ocio tendrán que adoptar criterios de cercanía —comiendo alimentos producidos cerca y viajando menos a lo lejos y más a lo hondo—; deberemos cuidar y mimar la diversidad natural y cultural; y reemplazar los ritmos vertiginosos por formas de vida más pausadas, tanto en la movilidad como en el ritmo de consumo.

El tercero tiene que ver con la interdependencia. Habitualmente el concepto de «dependencia» se suele asociar a la crianza, a la atención de personas enfermas o con alguna diversidad funcional. Sin embargo, como hemos visto, la dependencia no es algo específico de determinados grupos de población, sino que es tan inherente a la condición humana como el nacimiento y la muerte. Es la representación de nuestra vulnerabilidad.

Aceptar la interdependencia, condición para la existencia de la humanidad, en sociedades no patriarcales supone que la sociedad en su conjunto se tiene que hacer responsable del bienestar y de la reproducción social. Solo en sociedades donde los trabajos de cuidados no estén determinados por sexo, género, raza o clase puede tener sentido el ideal de igualdad o justicia social. Ello obliga a ampliar la noción de «trabajo» y a reorganizarlos, de forma que se repartan las obligaciones que comporta ser especie y tener cuerpo.

Una cuarta condición es el reparto de la riqueza. Si tenemos un planeta con recursos limitados, parcialmente degradados y decrecientes, la única posibilidad de justicia radica en la distribución de la riqueza. Luchar contra la pobreza es luchar contra la excesiva riqueza.

La reconversión de la economía bajo esta lógica implicará dar respuesta a tres preguntas que se hace la economía feminista: ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todas las personas? ¿Cuáles son las producciones necesarias para que se puedan satisfacer esas necesidades? ¿Cuáles son los trabajos socialmente necesarios para lograr esas producciones? El metabolismo social resultante que resuelva de forma justa estas tres preguntas se encuentra, con seguridad, en las antípodas del funcionamiento de la economía mundializada y neoliberal.

Muchos sectores económicos deben ser reconvertidos y otros tienen que ser expandidos. Producir alimentos que no envenenen la tierra ni a las personas y promover circuitos cortos de comercialización; desplegar las energías renovables en un contexto de disminución en el uso de energía; promover un sistema de movilidad que pivote en el caminar, en la bicicleta y en el transporte motorizado público y colectivo; estimular el empleo en la restauración de ecosistemas degradados; reconvertir el sector de la construcción hacia la rehabilitación energética y bioclimática de la construcción; velar por la existencia de servicios públicos y sociocomunitarios que garanticen la educación, la salud y el cuidado en todas las etapas de la vida...

Son muchas las posibilidades que se abren si pensamos en la economía al servicio de la satisfacción de las necesidades humanas en vez de pensar que la vida humana digna es lo que sobra después de haber maximizado las ganancias.

Es importante estar vigilantes para no caer en las falsas soluciones. Con frecuencia se apuesta por tomar medidas que agravan los problemas. Resolver los problemas que causa el exceso de turismo con más turismo; acometer la crisis del sector de la automoción estimulando la fabricación de más coches; pretender resolver los problemas de las ciudades acometiendo nuevas macrooperaciones urbanísticas es objetivamente inútil. Puede crear una ficción momentánea de solución, pero una y otra vez se desploman dejando situaciones cada vez más graves. Necesitamos pensar con imaginación, no en cómo hacer crecer la economía, sino en cómo garantizar vidas buenas.

Aprender a vivir poniendo la vida en el centro

En los últimos tiempos escuchamos la expresión «poner la vida en el centro» como un deseo de cambio que conviene concretar para no vaciarla de contenido.

Poner la vida en el centro supone reconstruir políticas y economías que tengan la dignidad de todas las vidas como absoluta prioridad.

La cuestión central es hacerse cargo de los límites y la vulnerabilidad de lo vivo. Si convenimos que necesitamos una identidad ecológica basada no en la enajenación del mundo natural (cuerpo y tierra), sino en la conexión con él, la apuesta sería reorientar el metabolismo social de forma que podamos esquivar —o al menos adaptarnos— las consecuencias destructivas del modelo actual, tratando de evolucionar hacia una visión antropológica que sitúe los límites físicos naturales y humanos y la inmanencia como rasgos inherentes para la existencia de las personas.

Son muchas las incógnitas a resolver. ¿Cómo hacer para garantizar las condiciones de vida para todas las personas? ¿Qué producciones y sectores son los socialmente necesarios? ¿Cómo afrontar la reducción del tamaño material de la economía de la forma menos dolorosa? ¿Qué modelo de producción y consumo es viable para no expulsar masivamente seres vivos? ¿Cómo abordar las transformaciones que el cambio climático va a causar en nuestros territorios? ¿Cómo mantener vínculos de solidaridad y apoyo mutuo que frenen las guerras entre pobres, vacunen de la xenofobia y del repliegue patriarcal?

Queremos terminar proponiendo un esbozo de programa político, seguramente incompleto, que pueda generar un debate que busque respuesta a estas cuestiones. Poner la vida en el centro requeriría cosas como las que enunciamos a continuación:

• Iniciar un proceso constituyente que sea la base para un cambio jurídico e institucional que proteja los bienes comunes (agua, tierra fértil, energía, etcétera), garantizando su conservación y el acceso universal a los mismos mediante un control público (no hablamos de la mera estatalización).

• Reorientar la tecnociencia, de forma que la I+D+i se dirija a resolver los problemas más graves y acuciantes.

• Establecer una estrategia de adaptación y mitigación del cambio climático capaz de garantizar la necesaria reducción de gases de efecto invernadero y la protección de las personas, los seres vivos y los ecosistemas.

• Abordar un plan de emergencia para un cambio del metabolismo económico basado en la reducción drástica de la esfera material del mismo: transformación de los sistemas alimentarios (con una reducción radical de la producción y consumo de proteína animal), cambio de los modelos urbanos, de transporte y de gestión de residuos, relocalización de la economía y estímulo de producción y comercialización cercanas.

• Dedicar recursos económicos y financieros suficientes para acometer las transformaciones necesarias y urgentes. Esto supone el establecimiento de una fiscalidad progresiva y la creación de una banca pública centrada en la financiación de la transición.

• Establecimiento de un sistema de protección y cuidado integral que garantice la cobertura de un suelo mínimo de necesidades —alimento, energía, vivienda o cuidados—, de modo que no nos dejemos a nadie atrás.

• Acometer un proceso de educación, sensibilización y alfabetización ecológica que alcance al conjunto de la población, desde las instituciones hasta las escuelas, los barrios y pueblos, orientado a la adopción del principio de suficiencia y la cooperación como aprendizajes básicos para la supervivencia.

El difícil reto, en sociedades ecológicamente analfabetas, es conseguir que las personas deseen esta transición. No hay atajos y el trabajo ha de ser colectivo en instituciones, redes y organizaciones ciudadanas. Se trata de una tarea de pedagogía popular a realizar casi puerta a puerta con diferentes lenguajes y herramientas. Para poder cambiar necesitamos desvelar los mitos y las ficciones y componer otro relato cultural más armónico con la esencia humana. Hace falta ciencia e información pero también arte, poesía y pasión.

Este camino debería haber comenzado hace décadas, pero, por el momento, la disociación entre la dureza de la situación y la ausencia de medidas políticas es dramática. Exponer la crudeza de estos datos y exigir que sea la prioridad de las agendas políticas es tildado, con frecuencia, de catastrofista. Es un error garrafal confundir la consciencia de los datos con la catástrofe. Los datos son datos y es absurdo rebelarse contra ellos. La catástrofe es que informe tras informe se constate que vamos al colapso y no se haga nada.

Nos han diagnosticado un tumor y toca afrontar el proceso de curación, reorientando todo hacia la prioridad de conservar la vida. La clave es hacerlo con otros y otras. La experiencia del COVID-19 nos ha mostrado cómo en circunstancias hostiles muchas personas dan un paso al frente y deciden conscientemente que quieren hacerse responsables de la vida de otros. Necesitamos que ese rearme comunitario sea una nueva normalidad. Solo así podremos afrontar con esperanza y fuerza los tiempos de emergencia que vendrán, que ya están aquí.

¿Podemos hacerlo?

En Las uvas de la ira, la familia Joad, hambrienta y errante, duda si recoger o no a otros que están peor que ellos. Padre dice:

«¿Y podemos alimentar una boca más? —Sin volver la cabeza, preguntó—: ¿Podemos, Madre?

Madre se aclaró la voz.

—No se trata de si podemos, sino de si estamos dispuestos —contestó con firmeza—. Lo que es poder, no podemos hacer nada, ni ir a California ni ninguna otra cosa, pero lo que queramos hacer..., vamos, haremos lo que nos propongamos».

Podemos hacerlo. Aprender a vivir pisando ligeramente sobre la Tierra es, sobre todo, una cuestión de amor.

V

El desafío de seguir educando

Ainara Zubillaga

Ainara Zubillaga es directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec para la Innovación. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes instituciones universitarias como docente, investigadora y responsable de puestos de gestión. Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, es miembro de la red nacional REDUNI+D (Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa) y de la Junta Directiva de RUTE (Red Universitaria de Tecnología Educativa), además de profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid.

16 de marzo de 2020: 770.882,424 estudiantes afectados. 44% del total de alumnos matriculados. 110 cierres de escuelas a nivel nacional.

1 de junio de 2020: 1.137.291,883 estudiantes afectados. 65% del total de alumnos matriculados. 135 cierres de escuelas a nivel nacional.

UNESCO, 2020

Casi tres meses desde que gran parte de los países decidiera cerrar las escuelas, y a escasas semanas para finalizar el curso 2019/2020, el más extraño de la historia escolar, estos datos configuraban la fotografía de la situación educativa en el mundo.

No hay distopía o experimento que pueda aproximarse a una situación como esta: más del noventa por ciento de la población escolar afectada por el cierre de escuelas y universidades, todos inmersos en un proceso de digitalización masiva de la educación, con los salones de las casas convertidos en aulas, las familias ejerciendo de maestros y la relación con los iguales —amigos y compañeros— limitada a la comunicación a través de móviles y pantallas.

CUANDO SE CIERRA LA ESCUELA. EJERCICIO DE ANÁLISIS

Laboratorio mundial educativo

«El experimento sobre educación y tecnología de mayor envergadura de la historia».

ESCULIES, 2020

Casi mil cien millones de estudiantes y jóvenes de todo el mundo están afectados por el cierre de escuelas y universidades debido al brote del COVID-19 (Unesco, 2020). Ni el diseño de investigación más ambicioso hubiera podido prever una situación similar, que permitiese a corto, medio y largo plazo validar tantas hipótesis como interrogantes distópicos que podrían configurar una novela de Philip K. Dick: qué ocurre cuando se cierran las escuelas; qué efectos tiene la virtualización masiva de la educación en términos de aprendizaje, qué implicaciones tendrá en la aceleración del proceso de digitalización de la escuela; qué impactos se producen desde la perspectiva de la conciliación; qué consecuencias habrá en términos de capital humano, y qué connotaciones tiene esto en la dimensión económica de un país; qué repercusiones vamos a ver a medio y largo plazo en materia de equidad y desigualdad; o qué ocurre si se suspenden las pruebas nacionales que habilitan para acceder a la universidad. Las preguntas son tantas que darían para una serie completa de ciencia ficción.

La investigación previa tampoco ofrece muchas pistas a estos interrogantes. Encontramos precedentes similares derivados de crisis humanitarias como el huracán Katrina, el genocidio de Ruanda o la pandemia africana de ébola. En todas ellas, el impacto en los niños fue profundo y afectó tanto a la dimensión educativa a medio-largo plazo como a su salud y bienestar mental. El parón del verano, en términos de aprendizaje, es otro de los referentes que existen respecto al potencial impacto del efecto que tiene el tiempo pasado en la escuela. Los resultados de analizar este denominado «olvido veraniego» evidencian que afecta de forma desigual a los estudiantes, y mientras que para aquellos procedentes de clases socioeconómicas medias y altas sí existe una pérdida de aprendizaje, los alumnos de los niveles más bajos desaprenden durante el verano (Cotec, 2020a). En cualquier caso, la escala mundial y la simultaneidad del fenómeno, junto a una muestra de más de mil millones de niños y jóvenes afectados, hace de lo vivido una situación excepcional sin precedentes.

Esta «muestra» privilegiada no podía dejarse escapar, y han sido numerosos los estudios que a nivel nacional e internacional han intentado ofrecer algunas luces «en directo» sobre lo que estaba pasando y sus efectos.

El estudio de BBVA y FAD, Panorama de la educación en España tras la pandemia de COVID-19: la opinión de la comunidad educativa, recoge la opinión de cinco mil profesores sobre las incertidumbres a las que se enfrentan en este curso escolar. Parte de este equipo ya había realizado dos meses antes una investigación con algo más de tres mil docentes para recoger su opinión sobre uno de los grandes aspectos que centró el debate público educativo en las primeras semanas que siguieron al cierre de las escuelas: cómo evaluar un curso que era previsible —tal como ocurrió— que terminara sin alumnos en las aulas.

Tres mil setecientos docentes y cinco mil novecientas familias componen la muestra del estudio coordinado por el Proyecto Atlántida entre abril y mayo de 2020, que pretendía recoger la visión de ambos agentes sobre la respuesta del sistema educativo a la crisis, los efectos de la brecha digital, el rol desempeñado por la administración educativa, el centro y ellos mismos, y las implicaciones que el cierre de las escuelas estaba teniendo sobre el aprendizaje y el currículo.

Estos son solo algunos ejemplos de investigaciones que se han llevado a cabo durante los meses de confinamiento, a los que se han unido numerosos grupos de investigación de universidades y diferentes organizaciones, que prácticamente desde el anuncio del cierre de las escuelas quisieron recoger información para conocer y evaluar las distintas dimensiones de la situación.

Pero evaluar con rigor y profundidad lo ocurrido requerirá cierto reposo. Desde este marco, la Unesco y la Comisión Europea junto con la IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, organismo también responsable de las famosas pruebas TIMSS y PIRLS, el equivalente a PISA en educación primaria) han lanzado un estudio que, además de proporcionar comparabilidad internacional, recogerá datos de gobiernos, equipos directivos, profesores y alumnos sobre su grado de preparación para garantizar la educación a distancia, así como las medidas adoptadas para garantizar la continuidad del aprendizaje de todos los alumnos a partir del cierre de las escuelas y las sucesivas reaperturas. REDS (Responses to Educational Disruption Survey), que es como se ha denominado, pretende dibujar una fotografía lo más completa posible del impacto que la epidemia ha generado en la educación global, con el fin de proporcionar directrices que permitan la construcción de sistemas educativos futuros más resilientes.

Desigualdad, o cómo visibilizar lo invisible

Dice Meirieu (2020) que teme «que la prisa por salir de la crisis nos haga olvidar las condiciones en las que entramos en ella, y que el regreso a la normalidad sea, según la lógica de la pendiente más pronunciada, un regreso a lo anormal». Quizá habría que añadir «un regreso a lo anormal» aumentado, porque es evidente que esta crisis ha incrementado las brechas existentes y generado otras nuevas. Sin embargo, también las ha visibilizado como nunca.

La brecha educativa se ha hecho visible al gran público a través de la brecha digital. No se reduce únicamente a ella, pero sí es lo que ha permitido ver a todos un fenómeno que resultaba ya claro para algunos: «Los problemas de equidad y de segregación educativa han salido del interior de las aulas y se han hecho visibles más allá del sector» (Moreno y Gortázar, 2020).

Resulta curioso que sea precisamente la tecnología —que estaba llamada a deshumanizar la sociedad— la que ha conseguido mostrar la desigualdad humana de manera tan evidente. Y es que ha sido justamente cuando todos hemos compartido casilla de salida —confinamiento y aislamiento en nuestras casas—, cuando nos hemos dado cuenta, de manera insultante e incluso obscena, de que salir desde una casilla u otra te da ventaja en el juego.

La brecha educativa estaba ahí, pero para muchos escondida tras las paredes de los centros y las aulas en las que se concentraba, porque lo que no se veía, no existía. No ha pasado nada que no estuviera pasando, pero al trasladar las escuelas a las casas, y las aulas a los salones, todo se ha vuelto visible.

La brecha educativa no es más que una de las caras de la brecha social. Porque cuando un niño no tiene ordenador o solo cuenta con uno que tiene que compartir con sus hermanos; cuando el único acceso a internet está en el móvil a través de un paquete de datos de no muchos gigas; o cuando sus padres no pueden explicarle lo que no entiende porque sencillamente ellos tampoco lo saben... todo eso tiene un nombre: desigualdad.

Este camino, desde la brecha digital —lo primero que se ve— hasta la brecha educativa —la que era no tan visible—, se construye con datos que evidencian que el relato de la desigualdad no es una percepción subjetiva. Los dos informes elaborados por la Fundación Cotec (2020a y 2020b), que analizan la situación educativa derivada de la emergencia sanitaria, evidencian que el cierre de escuelas produce un impacto negativo sobre el aprendizaje de todo el alumnado, pero que dicho impacto será muy superior para los alumnos más vulnerables. La brecha digital presenta una triple vertiente:

• Brecha de acceso: tener o no tener acceso a dispositivos tecnológicos y conexión.

• Brecha de uso: tiempo de uso y calidad de ese tiempo.

• Brecha escolar, es decir, cómo de preparadas están las escuelas y el profesorado para afrontar procesos de enseñanza online.

Los datos son claros: es fundamentalmente el nivel socioeconómico la variable que incide en las tres brechas, por encima de comparativas con otros países o entre comunidades autónomas.

A nivel del hogar, el reto evidente es la brecha de acceso. Mientras que la gran mayoría de los hogares disponen de conexión a internet, cuando todos los miembros del hogar conviven y demandan acceso a dispositivos para el teletrabajo, el ocio o el aprendizaje, este se vuelve más desigual: un quince por ciento de los estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos no dispone de ningún ordenador en casa y el cuarenta y cinco por ciento tiene solo uno, mientras que quienes están en los niveles más altos, el sesenta y seis por ciento, cuentan con «tres o más».

La segunda brecha, la de uso, evidencia el capital cultural y formativo de las familias, que una vez más está vinculado con el nivel socioeconómico, y condiciona cuánto y cómo usan la tecnología los alumnos, y si las familias son capaces de ofrecer alternativas educativas y de ocio más allá de las pantallas. Aquí encontramos que los estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos, a pesar de contar con menos dispositivos, registran tiempos de utilización mucho más elevados: frente al cincuenta y uno por ciento de los alumnos en niveles socioeconómicos bajos que pasan «cuatro horas o más» conectados, el porcentaje desciende a un treinta y tres por ciento en alumnos que pertenecen a los niveles más altos.

Pero es la tercera brecha, la escolar, o lo que Fernández Enguita (2020c) denomina «brecha previsible», y «la que mejor podíamos haber evitado», la que ha marcado —y marcará— las diferencias de lo que suceda. Por mucho que los estudiantes se adapten a un sistema de educación en casa, muchos centros y docentes no están preparados para esta situación. Hay que reconocer el enorme esfuerzo que han hecho por adaptarse a la situación de confinamiento y cierre de escuelas, pero también se ha de aceptar que no todos estaban igual de preparados para hacerlo. La mitad de los centros educativos españoles no cuentan con las condiciones adecuadas para proporcionar una educación en línea eficaz —un cincuenta y dos por ciento de los directores de escuelas en España considera que dispone de una plataforma digital válida para proporcionar a su alumnado un aprendizaje a distancia eficaz—; la mitad de los docentes españoles carece de formación y de recursos para proporcionar una educación digital adecuada a sus alumnos, colocándonos a diez puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE —cincuenta y cinco por ciento España vs. sesenta y cinco por ciento media de la OCDE—; y los alumnos de centros públicos parten con notable desventaja frente a los de centros privados y concertados para la transición digital. Y la titularidad del centro —ligada a la segregación escolar— condiciona aún más de lo que el nivel socioeconómico influye en la capacidad para digitalizar la enseñanza (mientras que solo el cuarenta y cinco por ciento de los directores de escuelas públicas percibe que sus docentes están preparados para integrar tecnologías en la enseñanza, el porcentaje crece hasta el sesenta y nueve por ciento en centros concertados y el setenta y seis por ciento en los privados).

La brecha de titularidad del centro se ratifica en los datos de la investigación de Bonal y González (2020) sobre desigualdades de aprendizaje en confinamiento. Los autores, a partir de un indicador de construcción propia que denominan «Oportunidades de Aprendizaje», concluyen que las diferencias en cómo han reaccionado las escuelas privadas, concertadas y públicas en términos de realización de tareas escolares e interacción con el alumnado posicionan a las dos primeras de manera significativa, con independencia de las diferencias en la renta familiar. Es decir, hay disparidad en cómo cada centro organiza y gestiona el aprendizaje en el periodo de confinamiento y se observa que hay diferencias significativas según la titularidad que este tenga.

Son precisamente las familias el último escalón en la desigualdad, y las que ejemplifican, a través de su participación, apoyo y tipo de implicación en la educación de sus hijos, las desigualdades sociales a las que se hacía referencia. El citado estudio muestra el impacto que el capital cultural y formativo desempeña en las funciones de apoyo al estudio: si durante la educación primaria el acompañamiento de las madres con estudios obligatorios es equiparable al de las madres que cuentan con mayor titulación, a medida que avanzamos a lo largo del sistema educativo se evidencian diferencias relevantes en el grado de apoyo según el nivel de estudio de las madres —en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el treinta y cinco por ciento que cuenta con estudios obligatorios ayuda a realizar tareas escolares, frente al cuarenta y ocho por ciento de aquellas que tienen estudios postobligatorios o universitarios.

El capital económico y cultural también impacta en las actividades familiares: a menor capital socioeconómico, menor acompañamiento en tareas educativas complementarias a la escuela —lectura, idiomas y deporte—, y un significativo incremento del ocio centrado en los videojuegos, la televisión y las redes sociales. Estos datos ratifican los derivados de la brecha de uso: alumnos de niveles socioeconómicos más bajos, a pesar de contar con menos dispositivos, registran tiempos de utilización mucho más elevados.

La conclusión es evidente: la pandemia y el cierre de las escuelas ha impactado en todas las dimensiones educativas de la cohesión social y la equidad. Si las diferencias entre familias, derivadas de las diferencias socioeconómicas, eran compensadas por el espacio público y compartido que supone la escuela, era de esperar que si dicho espacio desaparecía, el único fondo de escena para muchos niños y niñas sería la desigualdad existente en sus hogares. Es lógico, previsible y ya conocido. Y ahora, a la vista de todos.

El valor añadido de la escuela

Esta crisis ha escenificado las diferencias entre educación, escolarización y aprendizaje. A pesar de haber interrumpido la escolarización, la educación ha continuado, y en muchos casos —no todos— acompañada de aprendizaje. Se ha producido aprendizaje sin educación, y ambas cosas han ocurrido al margen de la escuela.

Más que nunca se ha puesto de manifiesto que las funciones de la escuela son muchas, además de la de ser el escenario educativo por excelencia. El cierre de las escuelas ha supuesto para muchos niños y niñas no solo el quebranto del aprendizaje, sino la pérdida de una comida saludable al día, acceso a recursos educativos, un ambiente seguro y libre de violencia, un área de juego y movimiento, acceso a la tecnología, recursos educativos y material escolar, o un espacio de socialización y relación con sus iguales. En definitiva, «se ha puesto de manifiesto el valor añadido de la escolarización al poder medir las consecuencias de su cierre en prácticamente todos los países del mundo [...]. La conclusión es que, además de haberse producido una pérdida de aprendizaje tan aguda como generalizada, la presencialidad en la enseñanza y el aprendizaje es insustituible, y que la función de la escolarización como espacio de socialización y de custodia de niños y adolescentes es crucial» (Moreno y Gortázar, 2020).

El cierre de las escuelas también ha impactado en las familias. El problema más evidente ha sido el de la conciliación. La función de cuidado y custodia de los menores que también tiene la escuela ha sido una de las mayores consecuencias que han tenido que absorber las familias, desbordadas no tanto por tener que ocuparse de sus hijos las veinticuatro horas del día, sino por incorporar también a sus funciones parentales las educativas, y hacerlo en un escenario de necesaria distribución de los dispositivos tecnológicos y la conexión. Y todo ello, la gran mayoría, ensayando la modalidad de un mal denominado «teletrabajo», en unas condiciones que no han sido las más adecuadas.

El impacto de la conciliación tampoco ofrece una distribución equitativa. Como era de esperar, en un escenario doméstico, con una prevalencia de las funciones de cuidado y apoyo como el derivado de la pandemia y el cierre de escuelas, la carga ha recaído de manera clara y rotunda sobre las mujeres, y ha agrandado la brecha de género que ya existía en los cuidados. De nuevo Bonal y González ponen de manifiesto que es significativamente más bajo el porcentaje de padres que apoyan en el estudio a sus hijos frente a las madres que asumen dicha función —en educación primaria, un setenta y nueve por ciento de madres frente a un cuarenta y cinco por ciento de padres, cifras que descienden en ambos casos en la ESO, pero manteniendo igualmente significativas diferencias porcentuales, un cuarenta y tres por ciento frente a un veintidós por ciento.

En la misma línea, un estudio de la Universidad de Valencia —aún en proceso de análisis de datos— arrojaba unos resultados preliminares claros al respecto: la carga de trabajo que ha recaído totalmente en los hogares no se ha distribuido de modo equitativo, y las mujeres con hijos que teletrabajan han soportado la mayor parte del estrés del confinamiento.

El triunfo de la tecnología. Y el reconocimiento de sus limitaciones

La tecnología es claramente la gran triunfadora de esta crisis. Gracias a ella hemos podido hacer la compra, trabajar, comunicarnos con familiares y amigos, ampliar nuestra oferta de ocio, gestionar nuestro dinero y, por supuesto, mantener la educación. Sin la tecnología la pérdida de aprendizaje hubiera sido mucho mayor. Esto es un hecho incuestionable, que debe tener una respuesta acorde en el diseño de próximas políticas educativas.

Pero esta situación de sobreexposición tecnológica también ha evidenciado aquellas zonas de sombra que la digitalización, por muy avanzada que sea, no puede iluminar. Estos meses han puesto de manifiesto que la presencialidad del proceso educativo es rotunda, clara e indiscutible: es insustituible. Esta afirmación puede ofrecer diferentes grados, y la edad de los alumnos es una variable clara para entender qué expectativas volcar sobre el potencial de la enseñanza online: los más pequeños han sido los grandes perdedores del cierre de las escuelas. La dimensión experiencial, física y social que se produce en las primeras etapas del sistema educativo hace prácticamente imposible reproducir esos aprendizajes a través de una pantalla. El «poder del mundo físico» (OCDE, 2020) pone de manifiesto que los niños necesitan moverse y jugar, y que aprenden con otros niños y de otros niños. Por eso, el cierre de la escuela ha supuesto eliminar esa experiencia de sus procesos educativos. Si a ello añadimos las implicaciones que sobre eficiencia y equidad del sistema tienen esos primeros años de escolarización, el impacto a medio-largo plazo para los alumnos de edades más tempranas puede ser relevante.

Por otro lado, es cuestionable si lo que hemos vivido es un proceso de enseñanza online en sentido estricto. La crisis ha obligado a migrar los sistemas educativos a la modalidad online de manera inmediata y abrupta, lo que ha dado lugar no a una educación online, sino a una «enseñanza desde casa de emergencia» (Hodges et. al., 2020). Se ha actuado desde una pedagogía de la emergencia, con el único objetivo, en muchas ocasiones, de garantizar a través de soluciones a distancia el acceso a los contenidos, las tareas y la evaluación, que, si bien han asegurado la entrada a la educación, no han supuesto una planificación y un diseño adecuados de experiencias de enseñanza y aprendizaje online. La urgencia no ha dejado ni tiempo ni espacio para ello.

El sistema educativo al desnudo: percepciones sociales de la escuela

La crisis ha hecho al sistema educativo, caracterizado en términos generales por un alto grado de opacidad sobre lo que ocurre dentro de los centros y las aulas, más transparente. El cierre de las escuelas ha forzado la apertura de lo que ocurre en ellas, ha visibilizado las funciones y las dinámicas de los profesores, y también «ha cambiado la percepción pública sobre la escolarización que tenían antes de la crisis tanto los miembros de la comunidad educativa, [...] como los empleadores, los medios de comunicación, los partidos políticos y la opinión pública en general» (Moreno y Gortázar, 2020).

Las familias han pasado de espectadores a actores principales, actuando de mediadores entre la labor del profesorado y el desempeño de los alumnos. Han actuado en labores de codocencia con los profesores, y esto les ha permitido incrementar el grado de implicación en la educación de sus hijos, conocer qué estudian, cuándo, cómo, el grado de dificultad de lo que hacen, y evaluar de manera mucho más objetiva la carga de trabajo que asumen.

Pero también les ha obligado a ver las sombras de la escuela y sus actores: qué no hace el profesor, cómo se comunica con sus hijos, si les apoya o no, si les manda excesivos deberes, o si se los corrige y cómo. Esta cercanía e implicación ha incrementado la capacidad para juzgar y opinar sobre el centro y el profesorado. El vídeo de TikTok —otro de los grandes descubrimientos de la pandemia— en el que se ve un montaje de un padre que sonríe con alivio sosteniendo un cartel, en el que se lee «El profe de mi hija no ha enviado tarea esta semana», ante una familia que celebra con gritos, llanto y risas la supuesta falta de deberes, ejemplifica desde el humor una situación de desbordamiento con la que muchas familias se han identificado durante los meses de confinamiento. Un desbordamiento que pone la primera mirada sobre los docentes.

La percepción social de la escuela es otra cuestión que ha quedado al descubierto. El primer input ha sido la necesidad, que ha evidenciado el rol de cuidado y conciliación que los centros educativos tienen: «[...] los padres tienen que volver a su empleo, si lo tienen o en cuanto lo tengan, pero con la tranquilidad de que sus hijos están siendo cuidados, que no solo quiere decir custodiados (pero lo incluye)» (Fernández Enguita, 2020a). Pero la necesidad ha ido acompañada del reconocimiento, y la escuela, como institución, ha salido fortalecida, a pesar del cuestionamiento. Seguramente por diferentes razones y para cubrir distintas funciones —no todas de naturaleza educativa—, pero todo el mundo ha extrañado la escuela, y quiere su vuelta.

Y todo esto, ¿cuánto cuesta? Inversión, objetivos y prioridades

En un escenario de necesidad de medidas pero de escasez de recursos, conocer el coste de la reconstrucción educativa es clave desde una perspectiva de política pública. El informe de la Fundación Cotec aporta una estimación de costes de las posibles medidas que podrían ponerse en marcha a partir de lo ocurrido. La mayor partida económica estaría dirigida a paliar los impactos de la crisis en términos de desigualdad: tres mil millones de euros se estiman necesarios para recuperar el Plan PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo), ampliado y ajustado a las necesidades de la crisis, y que se debería centrar en programas de tutorías, refuerzo y acompañamiento para alumnos de entornos socioeconómicos deprimidos.

Las horas extras de dedicación remuneradas para docentes —sobre un cálculo de un cinco por ciento de horas lectivas— supone la segunda partida con mayor dotación económica, estimada con 1.675 millones de euros, seguida de los recursos dirigidos a la digitalización que, en un intervalo que iría desde los cinco mil hasta los diez mil euros por centro, supondría un coste estimado de entre ciento veinticinco y doscientos cincuenta millones de euros.

Las medidas propuestas, que abordan los tres problemas principales de este curso —profesorado, digitalización y refuerzo—, suman casi cinco mil millones, una cantidad muy alejada de los dos mil millones que el Gobierno ha otorgado a las comunidades autónomas para la reconstrucción educativa, y que contempla un plan de doscientos sesenta millones para la provisión de medio millón de dispositivos digitales en centros públicos para alumnos vulnerables.

Y es precisamente la insuficiente cantidad de recursos lo que hace necesario pensar en cómo se van a gastar: para qué y en qué. Hacer política es establecer prioridades —y más en un contexto de crisis que requiere además repriorizar las que ya existían—, y a partir del análisis del impacto efectuado, se identifican tres áreas sobre las que centrar la reconstrucción educativa en términos de prioridad presupuestaria: salud, digitalización y desigualdad. En primer lugar, los costes derivados de la situación sanitaria, los costes vinculados a garantizar la seguridad en los centros educativos. En segundo lugar, la digitalización, no solo en términos de equipamiento, conexión y soluciones tecnológicas, sino también en materia de formación del profesorado: es necesario articular un plan de capacitación digital docente a la altura de la situación, que integre tanto formación en el uso de las herramientas y su integración didáctica como técnicas y prácticas de trabajo en remoto y en red, que permita integrarlas como elemento claro de la nueva cultura profesional. Y en tercer y último lugar, pero seguramente el primero en prioridad, los planes de refuerzo y acompañamiento a los alumnos más vulnerables y afectados por el impacto de la crisis.

CUANDO SE ABRE A LA ESCUELA. EJERCICIO DE IDEACIÓN

«La escuela después, ¿con la pedagogía de antes?».

MEIRIEU, 2020

Como señala Philippe Meirieu, «todo el mundo está de acuerdo en que habrá un antes y un después, pero nadie sabe de qué estará hecho este “después”». El eslogan de «la escuela del futuro» ha calado en los medios y en parte del sector educativo. La crisis ha desnudado las debilidades y fortalezas del sistema, y lo ocurrido es percibido como una oportunidad para la ansiada y tantas veces demandada transformación.

De la misma manera que es difícil creer el mantra de que «de esta crisis saldremos más fuertes y mejores», es poco probable que se produzca un giro radical de la educación y sus inercias. Pero igualmente es poco probable que nada cambie. Se han puesto en marcha caminos que no tienen vuelta atrás: ya no se puede diseñar política educativa al margen de un potencial nuevo cierre de escuelas, ya no tiene sentido dar la espalda a la entrada de la tecnología en el proceso educativo o despreciar o minimizar las aportaciones de «lo digital», igual que es evidente que la escuela ofrece un espacio público que cumple unas funciones sociales tan importantes como las estrictamente educativas. El impacto y las implicaciones que estos hechos tendrán sobre las políticas y las prácticas educativas futuras es incuestionable. Hay determinadas cuestiones que la pandemia ha traído para quedarse, y apostar por ellas supone sentar los cimientos para afrontar el desafío de seguir educando.

¡ADELANTE, ESCUELA! DECÁLOGO DE CÓMO SEGUIR EDUCANDO

1. Empoderar a los centros educativos

El discurso del centro como unidad de cambio no es nuevo. El lema de «más escuela y menos aula» (Fernández Enguita, 2018) ha calado en el discurso y la práctica educativa desde hace ya años, pero la pandemia, paradójicamente, ha visibilizado mejor que nunca que lo importante es el centro, porque durante el confinamiento se ha visto que marchan mucho mejor las escuelas que han funcionado como centro, es decir, como grupo, y no como un conjunto de aulas individuales.

El factor escuela va a ser decisivo, más que nunca. Lo ha sido en el periodo de confinamiento, y va a ser clave en este curso y posteriores. En un contexto en el que las directrices por parte de la administración educativa son escasas y generales, la denominada «autonomía de centro» adquiere el protagonismo práctico que el discurso llevaba demandando desde hace tiempo. Pero el factor escuela es una moneda de dos caras: puede ser una posibilidad de actuación en unos casos, pero también de inacción, e incluso de aislamiento, en una situación de cierre de las escuelas y confinamiento.

Entonces, ¿qué hace a un centro diferencial?, ¿qué es lo que define a un centro que, en principio, estará preparado para afrontar la incertidumbre que va a caracterizar este curso escolar? Las brechas no serán única ni fundamentalmente de titularidad, sino sobre todo de proyecto educativo, de equipo y de liderazgo: «La gran diferencia, en cuanto al objetivo de proteger el aprendizaje de los estudiantes, la están marcando los centros escolares donde existía ya una tradición fuerte de trabajo colaborativo y de innovación entre el profesorado [...], un liderazgo sólido y una capacidad fuerte para movilizarse y encontrar soluciones viables para mantener a los estudiantes involucrados en la escuela y en su propio aprendizaje» (Moreno y Gortázar, 2020).

Desde este marco se deriva la necesidad de reforzar los centros; su autonomía y su toma de decisiones es un eje vertebrador de las futuras políticas educativas. Un proyecto educativo de centro bien construido, ajustado a la realidad de sus alumnos y familias, con un equipo docente cohesionado y un equipo directivo capaz de liderar el cambio, marcará la diferencia a partir de este curso.

2. Fortalecer los vínculos como garantía de equidad

La pandemia no solo ha roto nuestros lazos con el exterior en su sentido más literal (salir a la calle, ir a trabajar, ir a la escuela o ver a familia y amigos), sino que sorprendentemente también ha impactado en otros vínculos más invisibles. El sentimiento de pertenencia a la escuela es uno de ellos.

Es posible que para algunos profesores y estudiantes esta situación haya sido una oportunidad para reencontrarse en muchos sentidos: docentes que han descubierto a alumnos que eran invisibles en la presencialidad de las aulas; estudiantes que por primera vez han sido capaces de ver a sus maestros como algo más que sus profesores; y profesores, estudiantes y familias que han establecido una relación de comunicación, apoyo y cercanía como antes no existía. Pero también se han perdido muchos vínculos: niños y niñas desconectados —en todas las dimensiones posibles (tecnológica, educativa y personalmente)—, alumnos y familias que se han quedado por el camino, y otros muchos que han decidido perderse.

La cuestión es que la pérdida de vínculos supone una amenaza para la equidad: si entendemos que la escuela es un espacio común de la igualdad de oportunidades, todo riesgo de ruptura de las relaciones entre estudiante y escuela genera un impacto en las desigualdades educativas y sociales: «Si en tiempos de innovación la escuela es la unidad de cambio, en tiempos de emergencia e incertidumbre la escuela es la unidad educativa de sentido, de permanencia, de pertenencia y relevancia» (Unicef, 2020).

La tarea más urgente cuando se vuelva a la escuela será sostener y fortalecer los vínculos existentes y, si es posible, crear otros nuevos que respondan a las dinámicas de la distancia. Porque son esos vínculos los que garantizarán que, si la escuela vuelve a cerrar, la comunidad educativa —alumnos, profesores y familia— siga funcionando.

3. Mapas: las nuevas hojas de ruta de los centros

Pensemos qué es un mapa y su función: una representación gráfica de un territorio, que permite ver sus características. Su función principal es ofrecer información que posibilite la localización y la orientación, además de conocer aquellos aspectos más importantes sobre el territorio que representa. Ahora traslademos la metáfora a los centros y pongámonos a dibujar, porque diseñar mapas de con qué y con quiénes contamos va a ser clave para poder decidir cómo funcionar a partir de ahora: mapas de recursos, mapas de rutinas escolares —nuevas rutinas—, mapas de procesos, procedimientos y protocolos, mapa de agentes y actores, mapas de herramientas, mapa de alianzas...

Cada centro tendrá un número y un tipo de mapas diferentes, pero todos deben recoger aquello que ayude a identificar, organizar y sistematizar los diferentes elementos con los que cuenta, y esto a su vez les facilitará encontrar lo que necesitan y a quién necesitan en cada momento. El dibujo de mapas también permite clarificar el rol asignado a cada agente, y con él sus funciones, tareas y responsabilidades; evita la duplicidad de tareas o funciones; optimiza el tiempo y los recursos; y ajusta la respuesta y las soluciones propuestas a la realidad de los centros.

Además, la elaboración de mapas tiene dos funciones añadidas: la gestión de la crisis y la evaluación, ambas cruciales en un escenario de incertidumbre y experimentación como es previsible que va a ser este curso. Los mapas ayudarán a configurar los planes de contingencia —qué hacemos si la escuela vuelve a cerrar—, y, por otro lado, serán el referente para evaluar las soluciones y las propuestas que se vayan aplicando.

4. Alianzas: apoyos y aprendizajes conectados

De todo el listado de mapas, en tiempo de crisis tiene especial relevancia el mapa de alianzas. La escuela no está sola —o no debería estarlo—, y ahora menos que nunca: «Se da la paradoja de que el cierre de las escuelas ha puesto de manifiesto más que nunca la necesidad de abrirlas al conjunto de la sociedad. Los alumnos no deberían salir del duro confinamiento para volver a encerrarse en las aulas, sino para ocupar un nuevo espacio en el que participe todo el entorno» (Zubillaga y Gortázar, 2020).

El triángulo tradicional escuela-familia-administración educativa resulta insuficiente. Es preciso articular la participación de nuevos actores que van a ser más necesarios que nunca: ayuntamientos, servicios sociales, organizaciones, empresas, etcétera. Y en el mapa de alianzas destaca el papel del municipio.

Los ayuntamientos adquieren un rol —que debería ir acompañado de un incremento en sus competencias educativas— que será clave en el escenario de reconstrucción educativa que tenemos por delante. A los programas municipales educativos que ya diseñaban, se deberá unir la articulación de otros apoyos dirigidos a cubrir las carencias que los centros y las administraciones educativas —ministerio y comunidades autónomas— no van a poder absorber: desde actividades dentro y fuera del horario lectivo hasta servicios complementarios al sistema escolar, que integrarán la cesión de espacios e instalaciones —la distancia de metro y medio requerida va a hacer necesario buscar espacios más allá del aula y, en ocasiones, del propio centro—, la colaboración en los programas nacionales y autonómicos de lucha contra el abandono educativo temprano y el fracaso escolar, la articulación de una red de apoyo educativo a las familias o el diseño de protocolos de colaboración público-privada que garanticen la conectividad en todas las zonas de la ciudad.

5. Aprendizaje: cuando todo el sistema educativo se vuelve aprendiz

Es posible que esta situación de crisis haya generado la mayor situación de aprendizaje simultáneo masivo por parte del sistema educativo en su conjunto. No existe ningún elemento ni actor del mismo que no haya tenido que resetearse y aprender. La inercia del propio sistema se ha roto, las reglas del juego han cambiado y las fórmulas que existían no es que no sirvan —si alguna vez sirvieron—, sino que sencillamente no es posible ponerlas en marcha. Porque el espacio que daba sentido o sinsentido a todo aquello cerró. El profesorado ha tenido que aprender, los equipos directivos han tenido que aprender, la escuela ha tenido que aprender, las familias han tenido que aprender, la administración educativa ha tenido que aprender... Todos, personas e instituciones, han ocupado de manera improvisada, y aun sin quererlo, el rol de «alumno».

El aprendizaje ha sido doble: político y profesional. Los poderes públicos han tenido que ensayar políticas «sobre la marcha», caracterizadas no únicamente por tener que dar una respuesta rápida en una situación de emergencia, sino por tener que decidir y aplicar algo sobre lo que no existía referente previo alguno. La naturaleza intrínseca de las administraciones no está hecha para una toma de decisiones ágil y cambiante, pero el grado de experimentación que se ha vivido los meses siguientes a la declaración del estado de alarma no tiene precedentes en la gestión y administración de la enseñanza.

El curso 2020/21 ha podido ser planificado con algo más de tiempo y conocimiento, pero cualquier política educativa a partir de ahora debe integrar la gestión del riesgo de crisis como un elemento inherente a la misma. Es hora de institucionalizar el riesgo como elemento inherente al diseño de políticas, y ello implica el análisis de los impactos, la priorización de objetivos, el fortalecimiento de las capacidades públicas, el diseño de diferentes escenarios, la elaboración de programas flexibles y adaptables a nuevas emergencias, y la planificación de planes de contingencia.

Otro aprendizaje importante a considerar es que la Educación debe estar en la primera fila de la planificación de potenciales emergencias y crisis que puedan venir en un futuro. Junto con la Sanidad, representa el otro gran pilar del Estado del Bienestar, y como tal debe ser considerado e integrado en cualquier plan nacional que se elabore desde este marco.

El aprendizaje profesional es la otra gran dimensión que se ha de gestionar. Lo cierto es que en una situación sobrevenida con las condiciones más difíciles, con recursos insuficientes y con los tiempos —o más bien la escasez de ellos— que se ha dispuesto, se ha hecho mucho y, en la mayoría de las situaciones, se ha hecho bien. Las escuelas cerraron, pero la educación siguió abierta gracias a soluciones tecnológicas, pero también y fundamentalmente gracias a un profesorado que empezó a buscar cómo poder continuar un proceso educativo interrumpido.

El primer aprendizaje profesional está vinculado con la digitalización. Pero no es el único: cómo gestionar un currículo sobrecargado en época de pandemia y desconexión, cómo evaluar de diferente manera —herramientas y procesos—, cómo comunicarse y apoyarse en las familias, y cómo trabajar en red con otros profesores, con otros centros, y en coordinación con otros servicios sociales configuran, entre otros, el plan de estudios de este máster intensivo que ha tenido que cursar el profesorado estos meses.

6. Liderazgo compartido

El reto es grande. Los implicados son muchos. Y los afectados, más aún. Por ello, la toma de decisiones no puede ser ni unilateral ni individual ni impuesta. Debe ser compartida, colectiva y consensuada. Asumir un liderazgo compartido implica entender que no solo se comparte qué y cómo hacer, sino también la responsabilidad de actuación de cada ámbito. La administración educativa (ministerio y comunidades autónomas) no puede ampararse en la autonomía escolar para no tomar decisiones: deben marcar directrices generales y ofrecer recursos que permitan a los centros la toma de decisiones sobre organización de los tiempos, espacios y grupos; proveer equipamiento; articular un plan ambicioso de capacitación docente; definir protocolos sanitarios y diseñar planes de contingencia en caso de un rebrote que obligue a un nuevo cierre de las escuelas.

Pero marcar directrices no es decidir. No hay dos centros iguales, por lo que no habrá dos soluciones iguales. Pero cada centro deberá proponer, aplicar, ensayar, validar, evaluar, reformular... sus propias propuestas, que estarán basadas en los mapas que hayan dibujado. Por ello, los centros y el profesorado también deben asumir el liderazgo profesional que les corresponde, un «liderazgo profesional público» (Hargreaves, 2020): son la puerta de entrada y el interlocutor que familias y estudiantes tienen con el sistema educativo, y son su conocimiento, experiencia y profesionalidad los que deben dar respuestas a las múltiples incertidumbres que surgen. No es tarea sencilla, porque para muchas de ellas no tienen respuesta, pero deben poner la pedagogía no solo al servicio del proceso educativo, sino de la comunicación con el resto de la comunidad.

7. «El poder del mundo físico»: estar y construir escuela

A finales del curso pasado, y cuando ya eran muy pocos los países que mantenían las medidas de confinamiento, casi el ochenta por ciento de los alumnos seguía sin poder volver a una escuela que continuaba cerrada (Banco Mundial, 2020; citado en Moreno y Gortázar, 2020). En nuestro país, esta situación dio lugar a un intenso debate entre el derecho a la educación y las condiciones de salud laboral del profesorado. Decidir cuándo reabrir los centros, en qué condiciones y con qué prioridades puso al sector educativo en una amarga controversia, que escenificó los diferentes intereses que se encuentran —y en ocasiones chocan— en el ámbito educativo: una economía agonizando que pedía reactivación urgente ponía de manifiesto que, para ello, necesita un espacio que acoja a los menores mientras las familias vuelven al trabajo; un colectivo docente afectado más que nunca por la falta de recursos y refuerzos materiales y humanos, y que temía no poder garantizar su propia salud; y al final de la ecuación los alumnos, especialmente los más vulnerables, a los que el mantenimiento del cierre contribuyó a seguir agrandando una brecha que finalmente los colocó en seis meses sin tener contacto con el mundo físico de la escuela. Mucho tiempo, muchas pérdidas —sí, en plural—, y posiblemente muchas consecuencias en un futuro no tan lejano.

La imprescindible distancia social que ha impuesto el virus choca con la realidad de los espacios de los centros, y con unas necesidades educativas en las que la presencialidad y sus derivadas se convierte en el gran valor añadido de estar en la escuela. La cuestión es qué hacemos en un posible escenario en el que no todos puedan volver a la escuela «a tiempo completo» y/o de forma simultánea.

Gortázar y Galindo (2020) establece tres criterios que pueden actuar como guía en la toma de decisiones. En primer lugar, la vulnerabilidad socioeconómica, criterio lógico con el relato de desigualdad e impacto de la crisis descrito anteriormente: «Los alumnos de familias más vulnerables son los que más se benefician de la atención presencial directa y la tutorización y el refuerzo individualizado o en grupos muy pequeños». En segundo lugar, y partiendo del impacto familiar del cierre de escuelas en términos de conciliación, los alumnos cuyas familias necesiten apoyos, bien por carecer de recursos que posibiliten la función de cuidados, bien porque desempeñen un trabajo cuya naturaleza dificulte o imposibilite el teletrabajo. Y, por último, criterios adicionales como la edad —los pequeños, antes y primero—, o las necesidades educativas especiales —que precisan de una atención directa y presencial y personalizada.

Parece claro el mensaje de «todos a la escuela», pero ahora la cuestión es ¿para qué? A partir del próximo curso, lo que pase cuando estemos en la escuela es clave, y la presencialidad debe revestirse de un valor añadido que permita superar el discurso de «esto lo podíamos hacer desde casa». No se trata solo de combinar lo presencial con lo digital, sino de dar otro significado a la presencialidad: habrá que diseñar actividades que puedan realizarse en la escuela —que aprovechen el potencial del grupo como elemento de aprendizaje— y otras que los alumnos puedan realizar de manera autónoma. También se pensará cómo conectar ambas modalidades, y cómo plantear actividades de colaboración presenciales y en entornos virtuales.

Frente a las voces que por un lado cuestionaban la escuela actual, y aquellas que cuestionaban el valor educativo de la tecnología, el auténtico replanteamiento del futuro de la educación pasa por la identificación y puesta en valor de aquellas dimensiones de la práctica docente que son estrictamente humanas, y su combinación con las potenciales que la digitalización ofrece. Y un escenario en el que resulta bastante previsible que se combinen ambas modalidades es el perfecto para ensayar este engranaje. El regreso a la escuela no puede entenderse como una simple vuelta a lo que ya existía, sino a un nuevo planteamiento que permita la «integración creativa de espacios, tiempo, personas y tecnologías en un ecosistema de aprendizaje» (OCDE, 2020b).

8. Tecnología: «a distancia» vs. digital

El valor de la tecnología estos meses es incuestionable. Se ha revelado como aliada —ha permitido que el aprendizaje continúe, a pesar del cierre de las escuelas—, pero también se ha convertido, en algunos casos, en la primera barrera de acceso al mismo (brecha digital).

La clave reside en transformar el modelo presencial en otro de educación a distancia y/o modelo mixto. Pero «a distancia» no es sinónimo de online o digital, o al menos, no únicamente. Ni supone que todas las actividades tengan que desarrollarse online o deban soportarse sobre herramientas tecnológicas, ni implica que la tecnología sea el único medio por el cual deba producirse el aprendizaje. Es necesario buscar y mantener un equilibrio entre el uso de la tecnología como vía para poder garantizar un proceso educativo, y la necesidad de articular soluciones no tecnológicas que garanticen que la brecha digital no sea un nuevo obstáculo en la lucha contra la desigualdad educativa.

Es posible que los tres últimos meses del pasado curso escolar hayan hecho más por el proceso de digitalización de la educación que la última década de políticas educativas sobre tecnología educativa. Los «gestos» de digitalización son seguramente los que tienen garantizado su permanencia en la vida de los centros y en la práctica docente, y la tecnología será la dimensión que impactará con más claridad en términos de políticas —planes de digitalización, que incluirán compras masivas de equipamiento y soluciones tecnológicas— y de prácticas —desde el afianzamiento del uso de plataformas virtuales hasta la virtualización de parte de las asignaturas, aunque de manera presencial.

Partiendo de la premisa de que la digitalización es un proceso sin vuelta atrás, se corre el riesgo de que la tecnología diluya a la educación: necesitamos reforzar las capacidades digitales del sistema educativo y también integrar nuevas soluciones tecnológicas que permitan cubrir procesos que hasta ahora sucedían en contextos presenciales. Pero la toma de decisiones en inversión de equipamiento debe estar siempre precedida por el para qué: qué necesidad, proceso formativo o servicio va a cubrir.

9. La hora de la innovación...

Hemos vivido unos meses de innovación forzosa y forzada. El cierre de escuelas ha obligado a ensayar fórmulas para mantener el aprendizaje a distancia, y la tecnología —que en ocasiones disfraza de innovación «lo de siempre» bajo otro soporte— ha generado la idea de que la innovación educativa ha llegado a casi todos los centros para quedarse. Pero lo cierto es que de todo lo que se ha hecho —y ha sido mucho— algunas cosas son innovación y otras mimetismo o reproducción, es decir, «lo de siempre» pero en formato digital. Igual que volverse digital no es dar una clase de una hora frente a la cámara, innovación también es diseñar una rúbrica de coevaluación junto a las familias. Asimilar tecnología como innovación implica el riesgo de mirar primero el cómo antes que el qué, lo que conduce a perder el foco.

Cambio, conocimiento y valor. Esas son las tres características que definen para la Fundación Cotec la innovación: todo cambio —no solo tecnológico—, basado en conocimiento —no solo científico—, y que genere valor —no solo económico—. Los cambios se están produciendo y, al igual que la innovación vivida, algunos forzosos y otros forzados. Muchos tecnológicos, pero también organizativos, culturales, en formas de trabajo, en relaciones y alianzas, en maneras de comunicar y comunicarse, etcétera.

La situación actual de excepcionalidad está generando nuevo conocimiento que se debe aprovechar en esta nueva normalidad de los centros educativos. Nuevas prácticas pedagógicas virtuales, protocolos de seguimiento del alumnado, comunicación con las familias de forma coordinada y eficaz. Mejorará muchos procesos que ya existían en la escuela e integrará otros nuevos. La necesidad de incorporar protocolos sociosanitarios de prevención, requisito imprescindible para reabrir los centros, es también un aprendizaje que, ante eventuales situaciones similares, nos permitirá estar mejor preparados. Cambios basados en conocimiento y orientados a generar valor educativo y social. Evitar ese olvido, al que hacía mención Meirieu, de las condiciones de entrada en esta crisis requiere planificar una salida de la misma desde la equidad y la inclusión. No podemos dejar que lo que ha visibilizado se vuelva invisible de nuevo.

Pero la llamada a la innovación de centros y profesorado ha de acompañarse de una flexibilidad por parte de las administraciones educativas que, al menos, no la dificulte o imposibilite. En palabras de Hargreaves: «No mostremos la peor de nuestras burocracias. No permitamos que los docentes tengan que esperar a que las direcciones, las inspecciones o los ministerios decidan antes de poder hacer cosas. Los docentes deben estar autorizados a ser los héroes del aprendizaje».

10. ... y permiso para equivocarse

Nuestro sistema educativo nunca se ha llevado bien con el error. No es capaz de ver ni integrar el potencial educativo que tiene el error y lo que su gestión. No solo no lo integra, sino que lo penaliza en todos sus niveles: penaliza al alumno que falla —en forma de suspenso y altas tasas de repetición—; penaliza al centro y al profesorado que innova —con un exceso de burocracia y explicaciones—; y penaliza al propio sistema y sus gestores —que se enfrentan a fuertes resistencias de algunos colectivos ante los intentos de cambio y modernización.

Esta pandemia nos ha permitido vivir, como espectadores en primera fila, el proceso científico «en directo»: errores, aciertos, conocimiento y conclusiones con escasos días o semanas de caducidad, intuiciones e hipótesis que la población asume como validadas, pero que aún forman parte de un proceso científico pendiente, etcétera. Hemos visto y convivido con la ciencia día a día, y puede que esa experiencia nos haya hecho comprender su proceso, sus métodos y sus limitaciones mejor que antes.

Trasladar los principios del método científico a la educación no solo supone tomar decisiones basadas en evidencias, sino entender que el error forma parte del proceso educativo, y que «las experiencias fallidas merecen la misma atención, no por repartir culpas sino para aprender» (Fernández Enguita, 2020). Por tanto, la innovación debe ir acompañada, y más en tiempos de incertidumbre, de flexibilidad y tolerancia al error, porque todo forma parte del camino de aprendizaje en el que estamos.

¿Generación Covid?

Comienza la era «post». En un ejercicio de proyección de futuro todo se articula en torno al cambio que viene, dándolo por hecho, como si la situación de crisis que vivimos fuera un resorte automático para la transformación de los diferentes sistemas sociales, las relaciones entre las personas, nuestra forma de estar y concebir el mundo. Puede que todo cambie para no cambiar nada. O puede que muchas de las cosas que hemos tenido que improvisar por esta crisis hayan llegado para quedarse.

¿Habrá una generación Covid? Y si la hay, ¿hablaremos de ella en términos positivos o negativos? La respuesta está por escribirse, y depende de lo que hagamos a partir de ahora. No queremos una generación Covid en términos de generación perdida, y para ello es imprescindible articular programas de refuerzo para los alumnos más vulnerables, pero también poner en cuestión la arquitectura del sistema educativo actual. Es tiempo de redefinir elementos estructurales, como el currículo, la evaluación o la selección y formación inicial del profesorado, que tienen una incidencia enorme en la equidad. Se deben, además, poner en funcionamiento herramientas públicas de tipo compensatorio que palíen los efectos de la crisis económica y sanitaria, en forma de fracaso escolar y abandono temprano, en los alumnos de los hogares más afectados. En definitiva, poner toda la maquinaria de los centros educativos y de la administración al servicio de la lucha contra las desigualdades.

Pero quizá el COVID-19 sí nos deje la primera generación que pueda entender, aprender y crecer desde el marco de la globalización. Una vez más, ni el mejor guion de ciencia ficción podría relatar la concatenación de hechos que llevaron a que un virus originario de un murciégalo pasara a ser incubado por un misterioso animal llamado pangolín y que este terminara en un mercado de Wuhan, en China. Ese murciégalo ha creado la primera generación que ha compartido la que hasta hoy es seguramente la mayor vivencia colectiva, experimentada por más de mil millones de niños y jóvenes en el mundo, de manera simultánea.

Será también la primera generación que ha vivido una inmersión tecnológica sin precedentes. Mientras nos preocupábamos por imponer modelos de relación, ocio y comunicación al margen de los dispositivos electrónicos, será la primera generación que habrá experimentado el traslado forzoso de prácticamente todas las dimensiones de su vida a la modalidad virtual: educarse, relacionarse, entretenerse, comunicarse, informarse, trabajar, etcétera. La tecnología se convirtió durante meses en la única puerta de acceso y socialización más allá del contexto familiar inmediato. La generación que está llamada a convivir con las máquinas ha vivido, en primera persona, lo que es someter su vida a las mismas, y puede que ahora sepan mucho mejor, y de manera más consciente, cómo mantener ese ansiado equilibrio entre lo humano y lo tecnológico.

Una generación que, sin embargo, ha sido la gran voz ausente de todo lo ocurrido. Han sido el eje de todos los discursos, el referente constante en la toma de decisiones y los primeros y últimos afectados. Todo ha girado en torno a ellos, pero sin ellos. Como si nos trasladáramos al escenario de la Ilustración: «Todo para los alumnos, pero sin los alumnos».

La nueva normalidad debe construirse desde lo colectivo, con la participación y desde marcos de co-creación entre todos los implicados. En Educación, no hay mayor implicado que el propio alumno. Abramos el diálogo, escuchemos qué piensan, sienten y viven. Porque necesitamos todas las voces, pero principalmente las suyas, para afrontar el desafío de seguir educándolos.

REFERENCIAS

BBVA y FAD (2020): Panorama de la educación en España tras la pandemia del covid-19: la opinión de la comunidad educativa. Disponible en https://www.campusfad.org/educacion-conectada/estudios-investigaciones/panorama-educacion-pandemia/

Bonal, X. y González, S. (2020): Desigualdades de aprendizaje en confinamiento. Resultados destacados. Disponible en, https://blogs.uab.cat/aprenentatgeiconfinament

Esculies, J.: «La educación postconfinamiento». El País, 20 de abril de 2020. Disponible en https://elpais.com/espana/catalunya/2020-04-20/la-educacion-posconfinamiento.html

Fundación Cotec (2020a): Covid y Educación I: problemas, respuestas y escenarios. Documento técnico de análisis de la situación educativa derivada de la emergencia sanitaria (20 de abril de 2020). Disponible en: https://online.flippingbook.com/view/967738/

Fundación Cotec (2020b): Covid y Educación II: escuela en casa y desigualdad. Un análisis a partir de las respuestas de directores y alumnos recogidas en el informe PISA 2018 (11 de mayo de 2020). Disponible en: https://online.flippingbook.com/view/350164/

Fernández Enguita, M. (2020a): «¿Cómo organizamos la vuelta a la escuela?». The Conversation, 21 de mayo de 2020. Disponible en: https://theconversation.com/como-organizamos-la-vuelta-a-la-escuela-139064

Fernández Enguita, M. (2020b): «Un decálogo para la vuelta a la escuela». Blog Cuadernos de campo, 10 de junio de 2020. Disponible en https://blog.enguita.info/2020/06/un-decalogo-para-la-vuelta-la-escuela.html

Fernández Enguita, M. (2020c): «Una pandemia imprevisible ha traído a la brecha previsible». Cuaderno de Campo, 31 de marzo de 2020. Disponible en: https://blog.enguita.info/

Fernández Enguita, M.: Más escuela y menos aula. Madrid, Morata, 2018.

Gortázar, L. y Galindo, J. (2020): «Reabrir escuelas: por qué, cómo y para quién». Un policy brief publicado el 2 de junio de 2020 en EsadeEcPol (Esade). Disponible en: http://itemsweb.esade.edu/research/EsadeEcPol-Brief-Educacion.pdf

Hargreaves, A. (2020): «Los docentes deben liderar la respuesta de las escuelas durante el Covid 19». Red Global de Aprendizajes, 3 de abril de 2020. Disponible en: https://redglobal.edu.uy/es/articulo/hargreaves-docenteslideres-covid19

Hodges, Ch., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. y Bond, A.: «The difference between emergency remote teaching and online learning». EducaseReview, 27 de marzo de 2020. Disponible en: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning

Meirieu, P. (2020): «“La escuela después”... ¿con la pedagogía de antes?». Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. Disponible en: http://www.mcep.es/

2020/04/18/la-escuela-despues-con-la-pedagogia-de-antes-philippe-meirieu/

Moreno, J. M. y Gortázar, L. (2020): «Escolarización en confinamiento: experimento natural y prueba de esfuerzo». Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 24(2). Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/342501818_Escolarizacion_en_Confinamiento_Experimento_Natural_y_Prueba_de_Esfuerzo

OCDE (2020a): Trends shaping education spotlinght 21. Coronavirus special education: back to school. Disponible en: http://www.oecd.org/education/ceri/Spotlight-21-Coronavirus-special-edition-Back-to-school.pdf

OCDE (2020b): Schooling disrupted, shooling rethought: how Covid-19 pandemic is changing education. Disponible en: https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/education_continuity_v3.pdf

Proyecto Atlántida (2020): Educación con las escuelas cerradas. Voces de familias y profesorado sobre la educación durante el confinamiento. Disponible en: http://www.proyectoatlantida.

eu/wordpress/educacion-con-las-escuelas-cerradas-voces-de-familias-y-profesorado-sobre-la-educacion-durante-el-confinamiento

Trujillo Sáez, F., Segura Robles A., Fernández Navas, M. y Jiménez López, M. (2020): «Escenarios de evaluación en el contexto de la pandemia por Covid-19». Disponible en: https://www.santillanalab.com/opinion-profesorado-evaluacion-covid-19/

Unesco (2020a): Impacto del Covid-19 en la educación. Disponible en: https://es.unesco.org/covid19/educationresponse

Unicef (2020): Planificar en la emergencia para seguir educando. 5 desafíos, 5 propuestas. Buenos Aires, Unicef Argentina. Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2020-06/EDU-Equipos-conduccion-COVID-1.pdf

Zubillaga, A. y Gortázar, L.: «Lo que nos entrará en el examen». El País, 31 de mayo de 2020. Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2020-05-31/lo-que-nos-entrara-en-el-examen.html

¿Seguiremos siendo los mismos después del COVID-19?

CubiertaEn el año 2020 se detuvo el mundo. Pandemia, contagios, muerte, cuarentena, distancia social, crispación política, crisis... MIEDO. Pero también solidaridad, heroicidad, resiliencia, creatividad, esperanza, música... FUTURO. ¿Somos más conscientes, como sociedad, de nuestros agujeros? ¿De lo que damos, de lo que recibimos, de lo que nos contamos y nos cuentan? ¿Quiénes somos y qué seremos en esta «nueva normalidad»? ¿Cómo serán la economía, la educación, la ecología, la política, la sanidad? ¿Hacia dónde se dirigen nuestros pasos? Cinco grandes voces del panorama periodístico, cultural, médico y económico analizan, con maestría y rigor, la situación antes y después de la pandemia, dan respuesta a las incógnitas que la «nueva normalidad» nos plantea y aportan soluciones, porque el futuro, hoy más que nunca, es solo nuestro. Adelante, siempre adelante.

Hay libros necesarios para aprender del pasado, para analizar el presente, para entender el futuro. Este libro es uno de ellos.

«Hubo muchas sensaciones los días más duros de la pandemia, pero una de las más fuertes, la que te impulsaba a seguir, era la certeza de que éramos la ultima línea de defensa: si nosotros fallábamos, todos esos pacientes morirían y el virus ganaría».

César Carballo

«España muestra dos caras ante lo que será la era COVID-19 y el replanteamiento de los modelos económicos: contamos con bases, pero falta mayor empuje. Y eso es fundamental para encarar nuestro futuro».

José María Gay De Liébana

«Más allá que la política se eche en cara cifras y errores, son necesarias políticas de Estado, acuerdos que nos desarrollen como país y consensos que nos hagan avanzar de verdad. El ruido político debe quedar atrás si queremos avanzar y mirar hacia delante».

Mamen Mendizábal

«La economía, la política y la cultura se han constituido como si “flotasen” por encima y por fuera de la naturaleza. Se apoyan sobre una creencia tan ilusa como peligrosa: la de que los individuos somos completamente autónomos e independientes de la naturaleza y del resto de las personas».

Yayo Herrero

«La brecha educativa estaba ahí, pero para muchos escondida tras las paredes de los centros y las aulas [...] Al trasladar las escuelas a las casas y las aulas a los salones, todo se ha vuelto visible».

Ainara Zubillaga

Edición en formato digital: septiembre de 2020

© 2020, César Carballo, José María Gay de Liébana, Mamen Mendizábal, Yayo Herrero, Ainara Zubillaga

© 2020, del prólogo, Manuela Carmena

© 2020, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.

Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona

Diseño de portada: Penguin Random House Grupo Editorial / Carlos Pamplona

Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del copyright. El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del copyright al no reproducir ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-03-52235-0

Composición digital: leerendigital.com

www.megustaleer.com

[1] Ese +1 es debido a que en el hospital La Paz falleció una mujer que estaba embarazada y el feto también perdió la vida. Nosotros siempre consideramos que había muerto una persona más, aunque no contabilice en las estadísticas del atentado.

[2] Si algún lector quiere profundizar más en esta teoría y en esta cita en concreto, puede consultar un PDF de Yosef Kuperwasser (2007) titulado Lessons from Israel’s Intelligence Reforms. Disponible en: https://www.brookings.edu/research/lessons-from-israels-intelligence-reforms/.

[3] Véase: https://www.elespanol.com/invertia/economia/20190225/paises-europeos-invierten-id/378963536_0.html.

[4] Los interesados pueden consultar las estadísticas en este link: https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/EGSP2008/egspPrincipalesResultados.pdf.

[5] Les dejo el enlace a la página web de la OMS donde salen los veinte principales financiadores y si la aportación es voluntaria básica o con fines especificados: https://www.who.int/es/about/planning-finance-and-accountability/planning-finance-and-accountability.

[6] Aquí facilito el protocolo a aquel que le interese: https://twitter.com/ccarballo50/status/1257816875876171776?s=20.

[7] Rich, Nathaniel (2019): Perdiendo la Tierra. La década en la que podíamos haber detenido el cambio climático, Madrid, Capitán Swing, p. 38.

[8] Rich, N. (2019): Op. cit., p. 75.

[9] Rich, N. (2019): Op. cit., p. 76.

[10] Véase: https://news.un.org/es/story/2019/09/1462482.

[11] Hernando, Almudena (2012): La fantasía de la individualidad, Madrid, Katz Editores.

[12] Maturana, Humberto, y Varela, Francisco (1995): De máquinas y seres vivos, 3.ª ed., Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 137 pp.

[13] Insistimos en que no se trata de una acción consciente e intencional, sino de un funcionamiento explicado por la termodinámica, la química y la biología.

[14] Capa de hielo permanentemente congelada en los niveles superficiales del suelo de las regiones muy frías o periglaciares como la tundra.

[15] Capra, F. (2003): Las conexiones ocultas, Barcelona, Anagrama.

[16] En este sentido se pronunciaba Fernando Valladares, biólogo del CSIC. Véase: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/yes/2020/05/07/fernando-valladares-biologo-csic-vacunaera-ecosistema-funcione-bien-hemos-cargado/00031588882772844772703.htm.

[17] Georgescu-Roegen, N. (1971): La ley de la entropía y el proceso económico, Madrid, Fundación Argentaria.

[18] Meadows et al. (2004): Los límites del crecimiento. 30 años después, Barcelona, Galaxia Gutenberg.

[19] García, E. (2004): Medio ambiente y sociedad: la civilización y los límites del planeta, Madrid, Alianza, Ensayo.

[20] Daly 2005

[21] Naredo, J. M. (2006): Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas, Madrid, Siglo XXI, p. 47.

[22] Véase: https://redprensaverde.org/2019/05/06/ibpes-anuncia-acelerado-declive-de-la-biodiversidad-global/.

[23] Hernández, Juan (2014): «El TTIP y la arquitectura de la impunidad», La Marea. Disponible en: https://www.lamarea.com/2014/12/12/el-ttip-y-la- arquitectura-de-la-impunidad/.

[24] Sassen, Saskia (2015): Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, Buenos Aires, Katz, p. 14.

[25] Solà, Oriol (2012): Desplazados medioambientales. Una nueva realidad, Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, n.º 66, Bilbao, Universidad de Deusto.

[26] United Nations International Children’s Emergency Fund. Estado Mundial de la Infancia, UNICEF, 2017, 1.

[27] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2016): Human Development Report 2016, p. 5. Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/ default/files/2016_ human_development_report.pdf.

[28] Survival International (2009): La verdad más incómoda de todas: el cambio climático y los pueblos indígenas. Disponible en: https://assets.survivalinternational.org/documents/134/Survival_Informe_Cambio_Climatico.pdf.

[29] Svampa, Maristella (2013): «Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina», Nueva Sociedad, n.º 244, marzo-abril. Disponible en: https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/.

[30] Buxton, Nick (2018): El puño escondido: cambio climático, capitalismo y ejército, Transnational Institute. Disponible en: https://www.tni.org/en/node/24428.

[31] Parenti, Christian (2017): «La convergencia catastrófica: militarismo, neoliberalismo y cambio climático», en Nick Buxton y Ben Hayes (eds.), Cambio Climático S. A., Madrid, Fuhem Ecosocial, pp. 49-68.

[32] En este sentido, Philip Alston, relator de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, advierte con preocupación una importante precarización de amplios sectores de la población en España. Véase el artículo de María Sosa del 7 de febrero del 2020 en el diario El País. Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2020/02/07/actualidad/1581076697_951659.html.

[33] Para ver una propuesta sobre el cambio de metabolismo social se puede consultar Prats, F.; Herrero, Y., y Torrego, A. (2016): La gran encrucijada, Madrid, Libros en Acción.