Prólogo

ESTE LIBRO, QUE NOS sumerge en la lucha por la defensa de los derechos humanos durante la larga noche del franquismo, nos invita a pensar en una nueva forma de abordar el estudio de la naturaleza del régimen. Antes de ocuparnos de esto conviene, sin embargo, decir algo sobre su origen y contenido.

José Gómez Alén y Rubén Vega emprendieron hace unos años la ambiciosa tarea de rescatar la historia de los abogados que defendieron ante los tribunales franquistas a los perseguidos por sus actividades de oposición y, muy en especial, a los dirigentes y militantes del movimiento obrero. Este proyecto culminó en los dos volúmenes de Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, editados entre 2010 y 2012, que no sólo contenían un estudio de las fuentes para la investigación del tema y una extensa selección de documentos, sino también una amplia colección de testimonios en que la historia de la labor efectuada en estos años se reconstruía sobre la base de los recuerdos personales de los protagonistas: Enrique Múgica, Joaquín Ruiz Giménez, August Gil Matamala, Gregorio Peces Barba, Francisca Sauquillo, Pablo Castellano, Montserrat Avilés, Héctor Maravall, Jaime Sartorius, etc.

Lo que han hecho ahora los autores no ha sido sintetizar aquellos materiales, una tarea que hubiera tenido poca utilidad, sino emplearlos para esbozar una visión global de la historia de esos combates contra el franquismo, arrancando del surgimiento de un grupo de laboralistas, de unos «abogados de obreros» que a la vez que asumían las labores de defensa en los tribunales, protagonizaron una acción democratizadora dentro de los colegios profesionales, creando espacios de libertad que no hubieran sido posibles en otra parte. Una lucha en que participaron desde el comienzo una serie de mujeres que ocuparon posiciones de primera línea en la tarea, tras haberse abierto camino en una profesión en que dominaba la discriminación de género.

Un objetivo esencial de estos combates fue, desde los años cincuenta, la campaña contra las jurisdicciones especiales, en unos momentos en que había en España hasta 26 tribunales y jurisdicciones represores distintos. Los problemas que creaba esta situación llegaron a su punto culminante en 1962, con los movimientos de huelgas que se iniciaron en Asturias, que obligaron al gobierno a declarar el estado de excepción y a recurrir de nuevo a la jurisdicción militar. Las ejecuciones de Julián Grimau y de los anarquistas Granados y Delgado en 1963 completaron el descrédito del régimen, denunciado al mundo entero por un informe de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, que señalaba que las supuestas garantías que ofrecían las leyes del régimen, como el Fuero de los españoles, «carecen de importancia práctica, dado que la mayoría de los derechos fundamentales enunciados (...) son menoscabados por la legislación y por la práctica administrativa». Los ejemplos aportados en este libro muestran que lo mismo sucedía con la aplicación de las leyes por parte de unos sindicatos en los que los trabajadores no encontraban ni ayuda ni protección.

Nada cambió en sustancia con la creación en 1963, como respuesta a las críticas internacionales, del tribunal de Orden Público (TOP), que pretendía trasladar los delitos políticos, tales como el de «sembrar la zozobra en la conciencia nacional», a una jurisdicción civil, sin atenuar la dureza ni la arbitrariedad de la represión.

No era preciso cambiar porque, para Franco, todo lo que sucedía no era más que el fruto de siniestras conspiraciones del comunismo o de la masonería, cuya mano veía tras un robo de hostias consagradas en una iglesia. En 1958 culpaba de las huelgas de Asturias a «los enlaces sindicales, que en su mayoría son de izquierdas y bastantes de ellos comunistas», a los jueces de primera instancia «que se apresuran a poner en libertad a los detenidos» y a los ingenieros, que no bajaban a las minas a comprobar los problemas de que se quejaban los mineros.

Tras las huelgas de 1962, sus interpretaciones resultaron todavía más simplistas: «Todo lo que ocurre viene de la decisión de Altos Hornos de Bilbao de aumentar los salarios a los obreros metalúrgicos; esto repercutió en la cuenca minera [de Asturias], pues es justo que los obreros que trabajan tan duramente en el interior de una mina y a muchos metros debajo de la tierra con una constante exposición de su vida, tengan mayor salario que los de las fábricas. Lo malo es que la política lo estropea todo y se desea obtener por la ilegalidad y la violencia lo que se puede obtener en buena armonía con discusiones serenas y constructivas. Los mineros ganan lo suficiente para atender a sus necesidades, y no carecen de nada debido a lo que se acordó a raíz de la anterior huelga. Ahora piden aumentos de sueldo base, puntos, pluses de productividad, hospitales, escuelas, casas, etc., etc.».

Su primo «Pacón», Franco Salgado-Araujo, que es quien nos ha transmitido estos pensamientos del Caudillo, le replicó objetando que, según sus noticias, los acuerdos con los trabajadores no se cumplían en todas partes, y le daba el ejemplo de Villablino, donde no había escuelas ni hospitales, de modo que cuando un minero sufría un accidente de trabajo, «hay que trasladarlo en un mulo, recorriendo grandes distancias y con un gran frío en los meses invernales», lo cual le parecía que era lo que daba motivo a «la agitación social».

Pero aun cuando Pacón se comprometió, según él mismo nos dice, a «llevarle una extensa información que tengo de la zona de Villablino», no hay noticia de que el Caudillo se preocupase por tales minucias. ¿Qué se podía esperar de un régimen cuyo jefe supremo no conocía, o no quería conocer, la situación real del país?

En realidad, como muestra el seguimiento de la lucha de los abogados que se hace en este libro, el régimen no sólo no se reformó ni moderó, sino que siguió encarcelando por delitos como el de organizar actividades sindicales y siguió ejecutando hasta el 27 de septiembre de 1975. Y ni siquiera se puede decir que la represión concluyera con la muerte del dictador. Los abogados, que habían sido víctimas desde el principio de una persecución que les hizo objeto de multas, detenciones y cárcel, siguieron siendo acosados durante la Transición, con no menos encono, como lo manifiestan las matanzas de Atocha de enero de 1977, que son buena prueba de que el franquismo sobrevivió a su fundador.

Un hecho, el de la persistencia de la violencia franquista, que conviene recordar para combatir la leyenda de la Transición. Véase, si no, la lista de muertos, más de un centenar, y de heridos por la «violencia política de origen institucional» que Mariano Sánchez Soler recoge en su libro La Transición sangrienta.

La reflexión más importante que sugiere la lectura de este libro me parece que es la de que necesitamos revisar el concepto de «represión franquista» que usamos habitualmente, apartándonos del juego equívoco de contar los muertos de la guerra y la inmediata posguerra en los dos bandos, una operación que se presta al propósito de ocultar la culpabilidad de quienes iniciaron el conflicto y se beneficiaron de él, como puede verse en las sucesivas oportunidades en que la Iglesia va alumbrando nuevos «mártires» para eludir el reconocimiento de su complicidad en los crímenes de la dictadura.

La violencia franquista no fue una consecuencia de la guerra civil, sino que formaba parte consubstancial de su programa y derivaba de su propia naturaleza, que es lo que explica que, como muestra el testimonio de la lucha de los abogados, no se agotase con la guerra civil, sino que siguiese, día a día y año a año, incluso hasta después de la muerte del Caudillo, porque no todo dependía de la voluntad de Franco, que no fue el único responsable de muchos de los crímenes de la dictadura, y por descontado, no lo fue de ninguno de los de la postdictadura.

Repensar el franquismo a la luz de una visión más realista de su naturaleza nos puede ayudar a entender no sólo las razones que explican las supervivencias que toleró la Transición, sino la reaparición en la actualidad de algunos rasgos, que aunque se presenten en un contexto distinto y con una justificación diferente, nos devuelven en algún modo al pasado, y nos recuerdan que el legado del franquismo sigue mucho más vivo de lo que se suele creer. Y está claro que no me refiero a la exhibición de signos y gestos fascistas, sino a la política misma de estos años de involución de los derechos sociales por los que lucharon conjuntamente los trabajadores y los abogados que les defendían en los tribunales.

JOSEP FONTANA

Octubre de 2013

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Introducción

ENTRE LOS DIFERENTES SUJETOS colectivos que protagonizaron con mayor o menor intensidad la lucha por la democracia durante la dictadura franquista y de cuya actividad da cuenta una ya copiosa bibliografía, ha sido escasa la atención recibida por los profesionales del Derecho que rompieron con la lógica imperante de una Justicia al servicio de un régimen político cuya actuación vulneraba regularmente los principios de la Carta de los Derechos Humanos. Dentro de ellos, los abogados antifranquistas constituyeron, sin duda, un núcleo reducido en número pero cualitativamente fundamental como proveedor de una cobertura de carácter jurídico defensivo para la oposición política y social a la dictadura.

LA ABOGACÍA ANTIFRANQUISTA EN EL LARGO CAMINO HACIA LA RECUPERACIÓN DE LAS LIBERTADES

Aún no se había apagado el eco de los bombardeos que acompañaron el fin de la Guerra Civil, cuando las leyes represivas del nuevo estado y los tribunales militares encargados de aplicarlas comenzaban una nueva fase en su objetivo de extirpación del enemigo ya derrotado. La política represiva de la dictadura, en cuyo vértice se encontraba el general Franco, comenzaba a desarrollar las directrices diseñadas por un grupo de juristas desde meses antes de finalizar la guerra en el cuartel general de Burgos.¹

Los tribunales militares aplicaban lo que se había ensayado desde el comienzo de la guerra allí donde había triunfado el golpe militar en julio de 1936. Se trataba de aniquilar totalmente a los que habían combatido la versión española de los fascismos y movimientos contrarrevolucionarios europeos de entreguerras o que simplemente hubieran mostrado desafección pública —o, en ocasiones, incluso privadamente— por el Movimiento Nacional «con actos concretos o con pasividad grave» como señalaba la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939. La aplicación de esa ley se complementaría con la de Represión de la Masonería y el Comunismo, de marzo de 1940, con las que nadie que «oliera» a republicanismo o democracia quedaba libre de ser juzgado por aquella lógica del terror que se inauguraba «al paso alegre de la paz».

La legislación represiva y los instrumentos jurídicos encargados de aplicarla, y que se analizan en el capítulo correspondiente de este volumen, muestran la verdadera faz de aquella «paz» y la lógica del terror franquista. La política de exterminio social iba a tener instrumentos represivos políticos y policiales suficientes para que, después, las Jurisdicciones Especiales y los militares, jueces y magistrados que las conformaron ejecutaran con el más absoluto de los rigores y dictaran penas de muerte o condenas de cárcel sin el más mínimo respeto a los Derechos Humanos. La aplicación de la jurisdicción propia de la Guerra Civil tuvo su último acto con el proceso y la ejecución en abril de 1963 del dirigente comunista Julián Grimau, aunque se mantuviera formalmente hasta 1969. El rechazo público a la ejecución de Grimau y la repulsa internacional, junto con la política de maquillaje emprendida por la dictadura para acceder a los mercados y a los foros internacionales, redujeron el papel en la represión política de la Jurisdicción Militar, sustituida en gran parte por el Tribunal de Orden Público (TOP). Lo que no eliminó totalmente la formalización de consejos de guerra, tal y como seguirá sucediendo todavía en los años setenta.

Para los acusados por cualquier delito juzgado en los consejos de guerra en los años posteriores a la contienda civil, la posibilidad de defensa era nula desde el mismo momento de su detención. Se encontraban privados de asistencia letrada y procesados por tribunales militares, con sumarios instruidos por ponentes de escasa o nula formación, como demostraría la comisión jurídica de los presos comunistas en el penal de Burgos con el conocido caso de Manuel Fernández Martín, ponente en numerosas causas. Sin posibilidad de disponer en principio de abogados civiles para su defensa, sus abogados tenían que ser también militares, sin que fuera imperativo que tuvieran nociones de Derecho. No es extraño pues que desde comienzos de los años cuarenta emergiese en las mismas cárceles un movimiento defensivo y solidario por parte de aquellos presos que tenían formación jurídica para asesorar y defenderse mínimamente de la injusticia y la arbitrariedad que padecían. Éste fue el sentido que adquirió la Comisión de penadas de la cárcel de mujeres de Ventas creada por Matilde Landa,² o las que en Ocaña, El Dueso y Burgos potenciaron en determinados momentos los abogados comunistas Luis Castillo Almena y Gregorio Ortiz Ricol.

La indefensión ante los tribunales militares hizo indispensable articular algún tipo de amparo para los militantes clandestinos. La actuación, por ejemplo, de los abogados catalanes Josep Solé Barberà o Josep Benet asistiendo legalmente a conocidos líderes clandestinos como Miguel Núñez o Joan Comorera representa los esfuerzos realizados desde los años cincuenta por la abogacía democrática para estar presente en los consejos de guerra.³ En un primer momento como público y, cuando se les permitió, en los consejos de guerra sumarísimos como asesores de los defensores militares a los que, si era posible, trataban de seleccionar entre aquellos que podían garantizar una defensa con cierto sentido ético de la Justicia y del significado de las garantías procesales. Después, pudieron convertirse ellos mismos en letrados defensores en determinados procesos políticos y enfrentarse en el estrado con los militares que instruían los sumarios o con los fiscales que solicitaban las más duras penas. Éstas, que con frecuencia eran de muerte, y que estaban decididas de antemano, eran refrendadas, sin ningún tipo de vacilación, por el dictador, «legitimado» por su victoria en la «Cruzada», quién aún dos meses antes de su extinción física rubricará con el pertinente «enterado» las cinco últimas ejecuciones.

En aquel escenario político y judicial tuvieron que lidiar en una primera etapa los pioneros de la abogacía comprometida con un sentido democrático y ético de la Justicia y con la mirada puesta en la defensa de los Derechos Humanos, poniendo su conocimiento profesional y su compromiso político al servicio de los ciudadanos que eran perseguidos por sus ideas.

EL ALIENTO POLÍTICO Y UN ENEMIGO COMÚN

Desde los sombríos años cuarenta y especialmente en la década «bisagra», los cincuenta, un puñado de profesionales fue orientando su labor al servicio de la defensa del ejercicio de los derechos fundamentales —de asociación, de opinión, de huelga, de manifestación. A esa tarea se incorporaron letrados de origen social, formación o ideas políticas muy diversas, incluso provenientes de bandos antagónicos durante el conflicto bélico. Derrotados y procedentes de familias republicanas como los ya citados Solé Barberà y Benet, August Gil Matamala, Alberto García Esteve, María Luisa Suárez, Antonio Montesinos, Luis Castillo Almena, Gregorio Peces-Barba, José Manuel López o Alfredo Flórez, entre otros. Junto a los que procedían de manera más o menos militante del bando vencedor como Jaime Miralles, los hermanos Jiménez de Parga, Antonio Rato, Joaquín Ruiz Giménez o Pablo Castellano. Estos pioneros y pioneras, a partir de experiencias personales y geográficas diferentes, adelantarán iniciativas como la creación de despachos orientados a la defensa y asesoría legal de trabajadores y presos políticos. Muchos de ellos, además, mantendrán vínculos con partidos y sindicatos proscritos.

El concurso, desde mediados los años sesenta, de jóvenes licenciados en Derecho muy críticos con la realidad política de la dictadura y con una arraigada conciencia adquirida en las movilizaciones estudiantiles, ampliará la nómina de abogados antifranquistas erigiéndose en aliados imprescindibles del movimiento obrero, potenciando y dando forma a un colectivo que convertirá sus despachos en «espacios de libertad». Centros de trabajo o salas de consulta improvisados en barrios de aluvión y asesoramiento a un incipiente movimiento vecinal ampliarán los «frentes de lucha» contra el franquismo en su ocaso bajo la batuta del ejercicio de un uso alternativo del Derecho.

El laboralismo, ejercido con unos planteamientos de clase y para la clase, será un terreno novedoso que, precisamente por ello, ensanchará las posibilidades de crecimiento profesional de las mujeres en una esfera pública tradicionalmente hostil. Mientras la profesión sigue dominada por una absoluta preponderancia masculina que apenas deja espacio para las mujeres, en el escenario de la abogacía antifranquista se abrirá un frente donde las mujeres participarán de forma destacada desde fechas muy tempranas, en un plano de igualdad respecto a sus compañeros varones y muchas de ellas con un peso muy destacado. Abogadas como María Luisa Suárez Roldán, Montserrat Avilés, Manuela Carmena, Cristina Almeida, Francisca Sauquillo, Elvira Landín, Aurora León, Ascensió Solé o el bufete de abogadas de Quart de Poblet en Valencia, protagonizarán una vía de incorporación de la mujer tanto a la afirmación de sus derechos como profesionales en ejercicio como a la militancia clandestina, en medios —el de la abogacía y el del obrerismo— frecuentemente dominados por prejuicios de género y una concepción subalterna de la participación femenina. Su presencia y actividad representarán una ruptura con patrones de comportamiento y costumbres que afectaban a la propia consideración que de sí mismas tenían las mujeres comprometidas y a su relación con los varones con quienes comparten espacios de militancia y profesión.

Unos y otras formaron un amplio colectivo que, por encima de la diversidad social e ideológica o de las divergencias políticas, con mayor o menor grado de compromiso con las organizaciones clandestinas y ofreciendo una notable variedad ideológica (comunistas, socialistas, democristianos e incluso algunos monárquicos liberales e independientes), fue capaz de enfrentarse a la dictadura en la lucha por las libertades democráticas, contra la conculcación de los Derechos Humanos allá donde fuese y por una Justicia democrática. La abogacía será uno de los pocos terrenos donde, desde fechas tempranas, se aprecian actuaciones unitarias del conjunto de la oposición, ya sea en la labor desarrollada conjuntamente en el seno de los colegios profesionales, ya superando las prevenciones sectarias cada vez que un militante de una determinada organización era defendido por un letrado de otra.

El Derecho era una muleta para la Justicia. Una muleta en que te apoyas, pero que también te puede estorbar. Queríamos la subversión del Derecho. Es decir, bajo el Derecho frontal buscar las raíces que la propia oligarquía no tenía más remedio que ofrecer, utilizar esos fundamentos. Por ejemplo, cuando el Código Civil hablaba de que la interpretación de la norma tiene que ser conforme al espíritu de los tiempos y de las realidades. Cuando el Código Penal te planteaba una cuestión de legítima defensa nosotros lo podíamos llevar al estado de necesidad de una clase de gente que no tenía lo suficiente para vivir [...] Había también la «dialéctica defensiva»: transformar la situación de tal manera que al final la verdad fundamental resplandezca sobre la legalidad formal. El procesado defendía a los defensores, el hecho de estar en el banquillo era porque había militado y había arriesgado su libertad por una sociedad mejor de la que se iban a beneficiar todos. Nos defendimos juntos.⁴

FRENTES DE ACCIÓN

La multiplicidad de espacios en que desarrollarán su compromiso —tribunales de excepción y ordinarios, causas laborales y políticas, colegios profesionales, pero también sus propios despachos, que actuaron con frecuencia como punto de encuentro de opositores— los convertirá en nexo y puente entre colectivos y ámbitos diferenciados que se incrementarán y diversificarán tras la eclosión del movimiento laboralista.

La capacidad de superación de divergencias ideológicas y la confluencia con letrados de generaciones anteriores serán esenciales para cambiar la relación de fuerzas que existía en el seno de los Colegios de Abogados y presentar desde allí batalla por su democratización, por la eliminación de las Jurisdicciones Especiales y por la amnistía, que tuvo su momento culminante en el histórico Congreso de la Abogacía de León en 1970. De su importancia, pero también de la urgencia de definir el papel de la abogacía en la sociedad, se hacía eco un editorial de Cuadernos para el Diálogo al señalar que:

En la contraposición entre Legalidad y Juridicidad, Legislación y Derecho, radica hoy todo el problema con el que se enfrenta la Abogacía española. Si concebimos la Ley como un instrumento regulador que emana del Estado, de forma rígida, estaremos abogando por la automatización de la Administración de Justicia. Si, por el contrario, la concebimos como plasmación de normas de convivencia, conforme a Derecho, emanadas de la propia sociedad, estamos defendiendo la función imprescindible del jurista.

Igualmente, caracterizaba con acierto las acciones que en los Colegios de Abogados tenían lugar, destacando:

El movimiento de renovación y de perfeccionamiento que desde hace dos años late y alienta en el seno de la Abogacía, y que ha tenido su plasmación en todo un conjunto de Juntas Colegiales que a través de sus acuerdos mayoritariamente adoptados han hecho patente su oposición a situaciones de legalidad carentes de elemental juridicidad, y así han elevado su voz contra la proliferación de Jurisdicciones, y contra el tratamiento penitenciario de figuras «legalmente» delictivas, que se encaminan más a la limitación de puras conductas de participación política y sindical, que a la persecución de verdaderos delitos.⁵

El deber de conciencia de los juristas, así como su insoslayable obligación de constituir una garantía social frente al poder del Estado, será debatido y suscrito por el millar de letrados congregados en León. Aunque no sin tensiones, dada la trascendencia de los temas a debatir, el Congreso Nacional de la Abogacía de León aprobó lo que para el sector más comprometido de la abogacía venía siendo objeto de una incansable lucha: la demanda de instauración en España de un verdadero Estado de Derecho.

La imbricación entre las causas políticas y las laborales, actuando como abogados naturales en ambos tipos de procesos, vendría determinada por el aliento político y por el anhelo compartido del antifranquismo como motor de actuación. En ese sentido, el resurgir del activismo obrero y, con él, el incremento de la conflictividad supondrán el reencuentro de los profesionales del Derecho con vocación de búsqueda de la Justicia Social con el movimiento obrero y su confluencia en adelante en la erosión del Régimen. Será ésta la máxima que los conducirá en la defensa de trabajadores sin ningún tipo de militancia o compromiso político, pero sobre todo la que los motivará a colaborar estrechamente con el movimiento obrero convirtiéndolos en sus «compañeros de procesos» ante los tribunales de Justicia. Cuando algunos juristas se interesen en la gestión de una sanción, multa o despido y lo hagan desde un enfoque cercano y, sobre todo de clase, con un trabajador en conflicto, se iniciará un vínculo de confianza en el profesional que había estado lastrado por años de monopolio verticalista. En el planteamiento de las defensas no seguirán tanto una formulación «rompedora» con la legalidad establecida como una argumentada exigencia de aplicación de la normativa laboral. Este colectivo fue conformando un nuevo Derecho del trabajo y de las relaciones laborales y fue capaz de combatir la falta de libertad de expresión y de canales para difundir la jurisprudencia que se originaba con su trabajo y de crear sus propios medios de comunicación con sus clientes y sus colegas. Desde el primer boletín Ecos del Foro a la Gaceta de Derecho Social, pasando por los aliados de información general como Cuadernos para el Diálogo, Triunfo o Cambio 16, la abogacía dejaba caer su voz solidaria y de lucha sobre la sociedad.

Durante las décadas de los años sesenta y setenta, el incremento de la oposición política clandestina, la represión de las huelgas y los despidos laborales inundaron el TOP y las magistraturas de trabajo, lo que obligó a los abogados a mantener una actividad incesante.

LA REBELIÓN DE LOS PROFESIONALES

Su compromiso ético y profesional y el significado social y político de su contribución atrajeron también la mirada represiva de la dictadura sobre el colectivo. Su trabajo y sus despachos fueron vigilados política y policialmente y fueron muchos los directamente represaliados de formas muy diversas: desterrados, multados o sancionados para ejercer su profesión. Algunos llegaron a ser procesados por el mismo Tribunal de Orden Público y conocieron las cárceles franquistas, otros pagaron con su vida aquel compromiso, como fue el caso de los cinco fallecidos en el atentado del despacho de Atocha el 24 de enero de 1977.

De la importancia que la labor de estos abogados y abogadas tenía en la lucha contra la dictadura da buena cuenta el hecho de que fuesen objeto de un especial seguimiento y vigilancia. Un informe fechado en agosto de 1975 ilustra la inquietud que sembraban en las filas del franquismo. Bajo el significativo título de «Interés policial de los despachos laboralistas» la DGS alimentaba su obsesión anticomunista al tiempo que señalaba:

Desde la creación de estos despachos servidos por abogados, alguno de claro matiz comunista y otros conocidos por su plena desafección al Régimen, se presumió la importancia que iban a alcanzar para los fines del PCE, dado que de ello, a pretexto de consulta de tipo laboral, dimanarían las consignas tendentes a alterar el orden de los centros de trabajo, al tiempo que se coordinarían otras acciones de tipo diverso. El éxito ha hecho que el interés comunista haya ido creciendo, situando estos despachos en un lugar preeminente en las tareas de tipo orgánico del Partido. Puede decirse que en el momento actual han pasado a ser verdaderos centros nerviosos y de decisión en cuanto a la política comunista del interior del país y a los que se consulta a la hora de adoptar algún acuerdo por parte de los dirigentes del exterior. La razón fundamental del papel que les toca jugar a estos abogados, no se deriva únicamente de su superior capacidad intelectual y doctrinal con relación a otros militantes, sino que debido a su profesión gozan de grandes facilidades para actuar ilegalmente dentro de la más absoluta legalidad aparente.⁶

La «rebelión de los profesionales» no era nueva y por ello ya desde 1962 funcionaría un Gabinete de Enlace del Ministerio de Información y Turismo. Éste tenía la misión de coordinar aspectos concretos de la información política que los departamentos ministeriales pudieran recibir y funcionaba como centro de documentación y canalizador de información. La actuación de los abogados, como no podía ser de otro modo, sería atentamente vigilada. El interés del régimen se constata por el gran número de expedientes individuales abiertos entre 1962 y 1976. Así, Juan José del Águila, Cristina Almeida, Montserrat Avilés, Enrique Barón, Diego Carrasco Masdeu, Albert Fina, Alfredo Flórez, Alberto García Esteve, Carlos García Valdés, Antonio Giménez Pericás, Guillermo García Lakunza, Felipe González, Augusto Hidalgo Champsaur, Jaime Miralles Álvarez, José Luis Núñez Casal, Gregorio Ortiz Ricol, Gregorio Peces-Barba, Antonio Rato, Mariano Robles Romero-Robledo, Amandino Rodríguez Armada, Joaquín Ruiz-Giménez, Fernando Sagaseta, Agustí de Semir, Josep Solé Barberà o María Luisa Suárez eran puntualmente seguidos y la información recopilada sobre ellos engrosaba los correspondientes dosieres.

En 1971, en un contexto de protesta social generalizada, un extenso documento titulado «Esquema sobre libertad y seguridad en la comunidad nacional ante la situación política actual» recogía el clima reinante en el país y justificaba en su introducción que «el hecho de que el hombre sea portador de valores eternos no le excluye de su condición de ciudadano; ello permite al Estado poseer el derecho a limitar las libertades concretas en cuanto sea necesario para su constitución, conservación y funcionamiento». El documento analizaba las conductas disidentes a que se enfrentaba en el entorno eclesial, universitario o laboral. También dedicaba un nutrido análisis a la subversión de «determinados» colegios profesionales:

Las actitudes aisladas de oposición al Régimen, que se concretaban y manifestaban en algunos Colegios de Abogados y en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, adquirieron un fuerte impulso a partir del Decreto-Ley de bandidaje y terrorismo de agosto de 1968. Hasta entonces alguna figura altamente comprometida con el Régimen había defendido dentro de nuestras propias estructuras modificaciones sustanciales en nuestra legislación, así por ejemplo en el Código de Justicia Militar. También el conflicto del «tren de bandas» de Bilbao fue aprovechado para ensalzar el concepto sobre la huelga.

Pero la escalada ideológica tuvo manifestaciones más concretas a partir de la fecha aludida del verano del 1968 al conexionarse los grupos de «abogados cristianos» con los movimientos clandestinos obreros de Madrid. De esta unión se iban a derivar acciones importantes que determinarían una trayectoria de apoyo a la subversión jalonada por: Las reuniones del Colegio de Abogados de Madrid en enero de 1969, tras la propuesta de Ruiz Jiménez; la formación de grupos de defensores homogéneos ante el Tribunal de Orden Público; el Congreso de la Abogacía de León y el ataque frontal a conceptos antes respetados (supresión del Decreto-Ley de bandidaje, supresión de la pena de muerte, amnistía total de presos políticos, etc.).

Este movimiento del Colegio de Abogados de Madrid fue inmediatamente secundado por el de Barcelona, San Sebastián y después sucesivamente por unos cuantos más. La actuación final fue la negativa a actuar como defensores ante el Tribunal de Orden Público, hecho profundamente subversivo y totalmente nuevo en toda nuestra historia forense.⁷

La contribución prestada por los abogados y abogadas antifranquistas a la lucha por las libertades encuentra su continuidad en el papel relevante que siguen desempeñando en el nuevo marco constitucional resultante de la Transición. Algunos de estos nombres figuran entre quienes han ocupado las máximas responsabilidades institucionales: presidencias del Gobierno y del Congreso de los Diputados, Defensor del Pueblo..., han resultado electos en candidaturas de diverso signo o han prestado su concurso a la consolidación de partidos y sindicatos. Muchos otros han proseguido su labor profesional desde el mismo compromiso ético que les llevó a enfrentarse a la dictadura. En general, el advenimiento de la democracia ha supuesto la desaparición del denominador común que la dictadura les proporcionaba y que les confería cierta identidad como colectivo y, en consecuencia, les ha conducido por caminos dispares. Para unos ha significado el retorno en exclusiva a la actividad estrictamente profesional, para otros la docencia universitaria o el paso a la Judicatura y para unos cuantos su integración en las instituciones y el desempeño de responsabilidades políticas. Desde cualquiera de estos ámbitos han representado a menudo un aporte relevante.

SOBRE EL PROYECTO QUE HA DADO ORIGEN A ESTE LIBRO

El presente libro es fruto del trabajo de varios años de investigación y pretende recoger a modo de síntesis y con una finalidad divulgativa los resultados del proyecto «Los abogados laboralistas y la lucha por una Justicia democrática». Dicho proyecto nació en buena medida alentado por el propósito de arrojar luz sobre un aspecto poco conocido y apenas estudiado de nuestra historia reciente y en el ánimo del equipo investigador estaba contribuir a la memoria democrática recuperando las trayectorias vitales y profesionales del colectivo de abogados antifranquistas.

El proyecto fue iniciado con la edición del CD Rom Las sentencias del Tribunal de Orden Público, que incluye TOPDAT: una base de datos para explotar. De este modo vio la luz el excelente trabajo de recopilación y sistematización realizado por el otrora abogado laboralista Juan José del Águila Torres, que constituye una fuente de capital interés para documentar la represión política precisamente en los tiempos en que el Régimen trató de revestirse de los ropajes de una «dictablanda» y obtuvo credenciales interpretativas tan convenientes como la que lo catalogaba como un «sistema autoritario de pluralismo limitado».

Posteriormente fueron editadas dos publicaciones de recopilación de fuentes. En el primer volumen la atención se centró en los fondos documentales disponibles para abrir líneas de investigación en un tema hasta entonces escasamente explorado. La diversidad y riqueza de estas fuentes quedaba de manifiesto en el amplio dosier documental con el que se complementaba el análisis de la naturaleza y accesibilidad de los fondos documentales contenidos en distintos archivos.⁸ A su vez, el segundo volumen se centraba en los testimonios orales de los protagonistas. El desarrollo del proyecto había permitido afrontar un extenso plan de entrevistas en las que se ahondaba en la memoria de un buen número de aquellos abogados y abogadas. Sumados estos testimonios a los que ya se contenían previamente en diversos archivos, resultó posible componer un relato coral en el que se contemplaban muy variados aspectos de la experiencia y las vivencias de la abogacía antifranquista.⁹ Los libros incluían, además, una serie de semblanzas biográficas de un total de 18 abogados y 5 abogadas.¹⁰

Más de medio centenar de entrevistas fueron realizadas en el marco del proyecto y puestas a disposición de los investigadores una vez depositadas en el Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias (AFOHSA), sito en la Universidad de Oviedo.¹¹ Además de las entrevistas realizadas ad hoc en el curso de la investigación, se utilizaron testimonios orales provenientes de la Red de Archivos Históricos de CCOO (Arxiu Històric de la CONC-Fundación Cipriano García, Archivo Histórico de CCOO de Andalucía, Archivo Histórico Sindical José Luis Borbolla de CCOO del País Valenciano y Fundación 1.º de Mayo), así como de la Fundación Francisco Largo Caballero de UGT.

Lo realizado hasta ahora sólo es posible desde el sentido colectivo del trabajo. Y para ello conviene recordar a todos lo que nos acompañaron en la ejecución del proyecto, realizando y transcribiendo junto con nosotros entrevistas y realizando las semblanzas biográficas de los volúmenes citados. Especialmente Carlos Gordon, coautor del laborioso trabajo de selección de fuentes y autor él mismo de una de las semblanzas. Junto a él y con los firmantes de este texto colaboraron Alberto Gómez Roda, Javier Tébar, Manuela Aroca, José Ángel Etxaniz, José Antonio Pérez, Marcial Sánchez Mosquera, Manuel Bueno, Inmaculada García Escribano, Javier Muñoz Soro, Francisco Erice, Andreu Mayayo, Carlos Fuertes, Lluís Úbeda, Anna Gabriel, David Fernández, Francina Espuny, Sergio Gálvez, Carme Molinero, Pere Ysás y David G. Tato, autor del índice onomástico. Agradecemos, así mismo, a Josep Fontana la forma en que ha acogido nuestro trabajo, suscitando, a su vez, el interés de Crítica que ha dado lugar a esta edición.

Finalmente tenemos necesariamente que agradecer a todas las instituciones que de una u otra forma han contribuido a la realización de un trabajo iniciado en 2007. En primer lugar a la Fundación Abogados de Atocha, que acogió el proyecto con dedicación y entusiasmo; al Principado de Asturias y sus consejerías de Justicia y Cultura (2007), que nos brindaron su apoyo en cuanto conocieron los rasgos generales del proyecto, al igual que en el 2008 lo hizo la Consellería de Xustiza de la Xunta de Galicia, los ministerios de Cultura y de Presidencia (2008-2010) y el Consejo General de la Abogacía Española (2011), y muy especialmente nuestro agradecimiento a todos los abogados con los que hemos trabajado y entrevistado y que han puesto su tiempo y su voluntad de colaboración siempre a nuestra disposición.

Desde la perspectiva que nos da el camino recorrido y la profusión de fuentes consultadas, podemos concluir que la relevancia de la labor de estos abogados y abogadas es aún mayor de la que presuponíamos al plantearnos el proyecto. Queda aún mucha labor historiográfica que realizar para dar cabal cuenta del tema y situarlo en sus justas dimensiones. A los historiadores les corresponde esa tarea y a la sociedad la de recuperar la memoria individual y colectiva de aquel compromiso ético y del trabajo profesional desplegado entre 1939 y 1977.

ADENDA FINAL A LA INTRODUCCIÓN

Coincidiendo con la fase de corrección de pruebas de este libro, la Asociación Nacional de Magistrados de Chile ha hecho pública una declaración pidiendo perdón «a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena» por el papel desempeñado por los jueces ante la sistemática violación de los Derechos Humanos perpetrada durante la dictadura militar. Este reconocimiento de culpa sin ambages se expresa como «un paso esencial destinado a contribuir al reposicionamiento de la tradicional dignidad moral» del Poder Judicial, aliviando de este modo «a las actuales y futuras generaciones de magistrados de la vergüenza y oprobio anudados a este capítulo de nuestra historia». Nada semejante ha sucedido hasta ahora en España, donde ninguna petición o expiación de culpa ha provenido del ámbito de la Judicatura ni de cualquier otra alta magistratura del Estado. Por el contrario, las demandas de anulación de las sentencias de los consejos de guerra y de los procesos políticos llevados a cabo por Jurisdicciones Especiales creadas para la represión de la disidencia han sido sistemáticamente desoídas cuando se trataba de reclamos políticos y desestimadas en sede judicial cuando respondían a la iniciativa de los familiares de las víctimas. Y la controvertida ley que se dio en llamar de Memoria Histórica ni siquiera osó adentrarse en ese terreno. Los abogados que protagonizan las páginas de este libro forman parte de la minoría que, en condiciones adversas, mantuvo su dignidad e hizo honor a la deontología profesional en el ejercicio del Derecho. Con toda la diversidad que encierran sus trayectorias individuales, configuran colectivamente una de las raíces de las aspiraciones democráticas y del anhelo de libertad que alentaba bajo el espeso manto de la dictadura franquista. Su decisiva labor ha sido, sin embargo, largamente olvidada y pobremente reconocida.

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Un estado sin ciudadanos y sin derechos

El marco jurídico y la actuación de los abogados ante los tribunales militares

¿Se nos pregunta del otro lado que dónde vamos? Es fácil y lo hemos repetido muchas veces: a imponer el orden, a dar pan y trabajo a todos los españoles, y a hacer justicia por igual. Ahora bien, ni rendición, ni abrazos de Vergara, ni pactos de Zanjón, ni nada que no sea victoria aplastante y definitiva. Después, si el pueblo lo pide, habrá piedad para los equivocados; para los que alentaron a sabiendas una guerra de infamias, crueldades y traiciones, para éstos, jamás; antes la Justicia de la Historia, la nuestra, la de los patriotas que ha de ser inmediata y rápida [...] Tengan bien entendido que esa obra de reconstrucción nacional que se han propuesto realizar y realizarán, ¿quién lo duda?, en esa formidable empresa hemos de poner nosotros, los militares, sus cimientos, hemos de iniciarla. Nos corresponde por derecho propio, porque ése es el anhelo nacional, porque tenemos un concepto exacto de nuestro poder y porque únicamente nosotros podemos consolidar la unión del pueblo con el Ejército.¹

CUARENTA AÑOS NO ES NADA

En la madrugada del 27 de septiembre de 1975 eran fusilados cinco militantes antifranquistas.² Las últimas ejecuciones en vida del dictador —que fallecería dos meses después— ponían de relieve cómo, cuatro décadas después de su llegada al poder, la violencia continuaba siendo la clave de bóveda de su política. El franquismo moría como había nacido: matando.

El carácter estructural de la represión para el control del disenso y la persecución de los opositores se convertirá en la piedra angular del Régimen y sobre ésta, oportunamente «actualizada» y «dosificada» al albur de la coyuntura interna e internacional que atravesará durante su dilatada existencia, cimentará su poder. Para «legalizar» la violencia y, en la misma medida, legitimar su cuestionable existencia, el Régimen se irá dotando de todo un arsenal jurídico e institucional en el que principios como la unidad jurisdiccional, las garantías procesales o la presunción de inocencia serían despojados de todo contenido. Entre las múltiples Jurisdicciones Especiales existentes, la Militar será la que concentre las competencias y atribuciones en la persecución y castigo de delitos «políticos».³ Su poder sancionador en este terreno será absoluto hasta que entre en funcionamiento el Juzgado y Tribunal de Orden Público en 1964, un tribunal especial civil que en modo alguno supondrá que el aparato militar deje de intervenir y penalizar conductas disidentes. De hecho, será un tribunal militar quien condene a la máxima pena a once de los procesados por su militancia en ETA y en el FRAP en septiembre de 1975 (la «gracia» del Generalísimo determinará el indulto a seis de los condenados a muerte) y en 1974 sentencie a muerte por garrote a Salvador Puig Antich. Igualmente, el conocido como Proceso de Burgos sentará a varios militantes de ETA ante un consejo de guerra. Aunque serán cientos los civiles procesados por tribunales militares entre 1964 y 1975, la repercusión mediática, amén de las protestas y movilizaciones tanto dentro de España como en el extranjero, suscitadas en el transcurso del Proceso de Burgos, devolverán al primer plano de la actualidad lo que por parte de la abogacía más comprometida venía siendo objeto de numerosos pronunciamientos en contra de la vigencia de la Jurisdicción Militar en la sanción a civiles.⁴ Como veremos en las páginas que siguen, la lucha contra la omnipresencia del aparato militar dentro del entramado jurídico y político del Régimen centrará buena parte de los esfuerzos de los letrados antifranquistas, tanto en estrados, cuando les sea permitido asistir legalmente a los procesados, como desde otras plataformas de denuncia como los Colegios de Abogados.

Mediante la ley por la que se creaba el Juzgado y Tribunal de Orden Público las competencias de la Jurisdicción Militar eran parcialmente transferidas a un tribunal que, aunque especializado, estaba integrado por personal civil con formación jurídica y pasaba a asumir gran parte de las conductas punibles de índole subversiva recogidas por la legislación.⁵ Su entrada en vigor en diciembre de 1963 había venido precedida, ese mismo año, de dos escandalosos e irregulares consejos de guerra a los anarquistas Granados y Delgado y a un conocido dirigente comunista, Julián Grimau.⁶ La condena de éste a la pena capital, hecha efectiva tras el pertinente «enterado» de Franco, ponía sangriento fin a más de dos décadas de primacía militar en la Administración de Justicia y cerraba, al menos en el plano simbólico —en el legal habrá que esperar hasta 1969 para que sean sobreseídas causas relacionadas con la guerra—, la «deuda» del enemigo vencido en la guerra con la Nueva España. Otros «enemigos», que no habían hecho la guerra aunque si habían heredado la memoria y los ideales de los perdedores, que incluso eran, en no pocos casos, hijos de vencedores, pasarán a ser perseguidos y condenados por delitos contra el orden público o contra la seguridad del Estado por reclamar e imponer mediante su uso derechos de libertad de expresión, de asociación, de sindicación o de huelga.⁷

El ajusticiamiento por garrote vil de Francisco Granados y Joaquín Delgado, falsamente acusados de la colocación de explosivos en dependencias oficiales (Delegación Nacional de Sindicatos y la Dirección General de Seguridad),⁸ trazaba otro «perfil delincuente», no relacionado con delitos derivados de la contienda civil, pero mucho más peligroso que el obrero que hacía una huelga o repartía panfletos subversivos, sobre los que la Jurisdicción Militar, merced a las excepciones contempladas en la legislación, tendría plenas competencias. Así pues, en ningún momento el Ejército dejará de intervenir en la represión de delitos políticos y será al albur del incremento de la contestación social cuando oportunos decretos y ampliación de competencias jurisdiccionales (en 1968, 1971 y 1975) reestablezcan plenamente su potestad para actuar.⁹

El Poder Judicial, de por sí enormemente limitado, se había visto fragmentado en Jurisdicciones Especiales y sometido al interesado dictado de una legislación que, aunque había ido adaptándose a la realidad del país, lo había hecho al albur de los intereses coyunturales de la dictadura, que, de esta manera, podía esgrimir ante cuantos la cuestionasen su «excepcional» juridicidad. Una juridicidad destinada a legitimar y garantizar su propia supervivencia y en absoluto interesada en reconocer derechos asumidos como inalienables en las democracias occidentales.

La necesidad de aceptación en foros internacionales había hecho aconsejable mudar las formas para que la esencia permaneciese intacta. La irrupción desde mediados los años cincuenta de la protesta social y con ella la reactivación de los temores del Régimen ante el cuestionamiento de su orden lo obligarán a readaptar su política judicial, aunque reservándose la potestad de actuar expeditivamente prevaliéndose de las prerrogativas que siempre conservará la Jurisdicción Militar. Hasta 1968, fecha en la que nuevamente es puesto en vigor el Decreto de represión del Bandidaje y Terrorismo de 1960, que había sido parcialmente derogado tras la entrada en vigor del TOP, la Jurisdicción Militar reducirá notablemente su protagonismo en la sanción de causas políticas, si bien nunca se irá del todo al permanecer vigentes tipos delictivos como el de injurias al Ejército o los de terrorismo, que, al ser contemplados como delitos contra la seguridad del Estado, la facultarían plenamente para intervenir. Así sería entendido por el gobierno tras el asesinato, en 1968, del jefe de la Brigada Político Social de Guipúzcoa, Melitón Manzanas, a manos de ETA, reestableciéndose el artículo II del Decreto sobre Bandidaje y Terrorismo de 1960 mediante el Decreto ley de agosto de 1968. La consecuencia inmediata del reestablecimiento de las competencias castrenses en «asuntos» civiles será la petición de seis penas de muerte —finalmente conmutadas— y 752 años de cárcel a 16 personas acusadas, entre otros delitos, de pertenecer a ETA en el Proceso de Burgos de diciembre de 1970. Para reforzar aún más su poder y a la vez no dejar cabo suelto que pudiera inducir a su cuestionamiento legal, la Ley de 15 de noviembre de 1971 por la que se añadían determinados artículos al Código de Justicia Militar, en vigor desde 1945, era explícita respecto de las atribuciones que tendría la Jurisdicción castrense en materia de defensa del Estado, unidad e integridad territorial, orden institucional y seguridad, así como en su actuación rápida y ejemplarizante.

En 1975, a pocos meses de la desaparición del dictador, en un incontrolable escenario de protesta social, huelgas y manifestaciones, entraría en vigor una ley antiterrorista que contemplaba la celebración de consejos de guerra sumarísimos y la imposición de penas de muerte, lo que en opinión de no pocos juristas liquidaba las últimas apariencias formales que subsistían sobre garantías y sobre la independencia del Poder Judicial, añadiendo innecesarios sufrimientos a los perseguidos, a los que se privaba de toda posibilidad de defensa real. En un extenso y crítico documento elaborado por letrados catalanes tras la aprobación del Decreto ley sobre Prevención de Terrorismo, se rebatía punto por punto tanto la oportunidad —que en un gesto más de arbitrariedad y vulneración de toda garantía procesal sería aplicado con carácter retroactivo a los 11 militantes de ETA juzgados en el mes de septiembre en dependencias militares de Barcelona, Madrid y Burgos— como la misma intencionalidad, que, arropada bajo la prevención de delitos de terrorismo, abarcaba conductas que nada tenían que ver con éste y que únicamente habían sido introducidas para perseguir y sancionar grupos, organizaciones y personas cuya única característica era su discrepancia con el Régimen.¹⁰ Como tendremos ocasión de ver en las páginas que siguen en esta disposición, la jerarquía militar se reservaba acciones contundentes hacia aquellos letrados que, en el legítimo ejercicio de sus funciones, se «excedieran» en el planteamiento de sus tesis de defensa.

Sin embargo, el tiempo de los fusilamientos masivos en las tapias de los cementerios y de los «paseos» de madrugada había pasado, y, muy a pesar del dictador y de gran parte de sus adalides, ya no era ni oportuno ni viable políticamente el recurso a la represión sistemática. Ni el «enemigo interior» era el mismo de los años de posguerra, ni la población socializada en el franquismo aceptaría la vuelta a los viejos métodos de la «paralización por el terror». Por ello resultaría tan anacrónico como esperpéntico que la última aparición pública del dictador, el primero de octubre de 1975, coincidiendo con el trigésimo noveno aniversario de su exaltación a la Jefatura del Estado, fuera para contrarrestar, ante un nutrido grupo de incondicionales, las muestras de repulsa e indignación posteriores a los fusilamientos de septiembre. «Todo lo que en España y Europa se ha “armao” —dirá un senil y agónico Franco a los concentrados en la plaza de Oriente— obedece a una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece.»¹¹ El mismo argumento que 35 años antes se recogía en el preámbulo de la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo y que había servido para justificar la erradicación del panorama político de determinadas ideas y adscripciones políticas progresistas.¹²

El lenguaje y la escenificación que rodearon esta «espontánea» concentración reproducían fielmente los multitudinarios actos de adhesión que habían sido habituales y de obligada asistencia durante la posguerra. Como si cuarenta años no fueran nada, el enemigo interno y exterior, las conspiraciones de variado pelaje, los tribunales militares y, sobre todo, la violencia, seguían estando tan presentes en el ideario franquista como en 1936. En realidad, nunca se habían extinguido.

LAS COMISIONES JURÍDICAS

«He tenido la ocasión de leer sentencias militares, de los primeros años de la dictadura, que ponen la piel de gallina. Sentencias de dos o tres líneas que imponían la pena de muerte, muchas veces sin concreción de los hechos. Claramente, se trataba de matar al enemigo político con una cierta formalidad legal.»¹³ Retengamos para las páginas que siguen esta reflexión de Albert Fina porque en ella se contienen las líneas maestras de la actuación de la Justicia durante el primer franquismo.

La represión irregular, en caliente, de los primeros momentos del asalto a la legalidad republicana en julio de 1936 había sido considerada como un «horror saludable» y necesario en palabras del ideólogo de la conspiración Emilio Mola.¹⁴ Esta política de exterminio al «rojo» se prolongaría con absoluta tolerancia durante los años siguientes, remitiendo en intensidad cuando el «paso alegre de la paz» certificara la derrota republicana. De esta violencia sistemática y expeditiva, de compleja cuantificación aún en la actualidad, el bando vencedor obtendría cuantiosos réditos para el futuro, inoculando entre la población el miedo y la desconfianza. Pero en paralelo y conviviendo sin que se denunciara «injerencia competencial» alguna, los golpistas procederían a regular la violencia contra civiles emanada de los tribunales de guerra, cuya potestad para la actuación rápida y contundente quedó recogida en la Declaración del Estado de Guerra.¹⁵ Ésta sería sólo la primera de una larga serie de disposiciones legales de cuestionable juridicidad que iría dirigida a emular formalmente la representación de un estado regido por el Derecho.

El rosario de leyes, decretos y tribunales creados ex profeso para la penalización del enemigo político se completaría, ya pacificado el país, en los años siguientes. Así, se dictaría la Ley de Responsabilidades Políticas en febrero de 1939 y se dispondría a su vez la creación de un tribunal especial para su desarrollo; la Ley de Seguridad del Estado en marzo de 1940 y la de Represión de la Masonería y el Comunismo en 1941, que para su eficaz desenvolvimiento contaría con un tribunal especializado. Por su parte, las leyes que redefinían y tipificaban el delito de Rebelión Militar en tiempos de paz entrarían en vigor en marzo de 1943. Al año siguiente se aprobaría el Código Penal, en el que se contemplaban como delitos de lesa patria los que atentaran contra la seguridad interior y exterior del Estado, y en 1945 el Código de Justicia Militar. Posteriormente, sendos Decretos, respectivamente de abril de 1947 y de septiembre de 1960, de represión de los delitos de Bandidaje y Terrorismo, perfilarían aún más la maquinaria de represión política. Esta abundante legislación punitiva se completaría con la promulgación en 1959 de la Ley de Orden Público.¹⁶ Se trataba sin duda de un auténtico arsenal normativo para configurar un sistema represivo de las libertades públicas que en los primeros años de la dictadura presentaba un elemento común de carácter procesal de una importancia decisiva: la atribución de la competencia jurisdiccional para instruir y juzgar estos delitos a la Jurisdicción Militar.

La consagración de la Jurisdicción castrense a la represión severa del enemigo político solventaba al tiempo la imagen de una Justicia reglada y, en apariencia, respetuosa con las normas procesales.¹⁷ Sin embargo, los procesos ante tribunales militares que habrían de conducir al paredón o, en el mejor de los casos, a largas condenas de reclusión a miles de hombres y mujeres, adolecían de flagrantes irregularidades. Un testigo de las habituales y públicas vistas en los consejos de guerra de la primera época y firme partidario del Alzamiento recordaba que había comenzado «una represión que a él se le antojó de un “rigor inoportuno”; era como si hubiese que liquidar a “ciertas especies”. Se hacían cosas que no deberían haberse hecho. El fiscal militar pidió tantas penas de muerte y con tanta rapidez que le pusieron el apodo de “Ametralladora”. Muchos de los ejecutados no habían hecho más que cumplir las órdenes dadas por otros...».¹⁸

Habida cuenta de que lo que estaba en juego eran vidas o largas condenas de reclusión, la brevedad de los consejos de guerra, en los que, además, se juzgaba en una misma causa a docenas de personas «por analogía», dejaba meridianamente claro que se trataba de guardar las formas bajo un aparente ropaje de juridicidad, pero que la pretensión era otra: la erradicación del enemigo político. De la lectura de cualquier sentencia de las dictadas por estos tribunales se destaca su absoluta falta de objetividad e imparcialidad tanto en la exposición de los hechos como en los fundamentos jurídicos, en los que se asumían expresamente como legítimos los motivos y fines del golpe militar. La misma identificación de los miembros del tribunal (a quienes no se exigía conocimiento jurídico alguno) con los principios de los sublevados añadía, a la ya de por sí delicada situación de unos reos condenados de antemano por su adscripción política y/o sindical, más dificultades. Además, la falta de independencia de la Administración de Justicia y su sumisión al poder Ejecutivo quedaban de manifiesto cuando la ejecución de la pena de muerte exigía del «enterado» del Jefe de Estado.¹⁹

La vulneración de todas las garantías y derechos fundamentales que concurrían tanto en los procedimientos sumarísimos como, en menor medida, en los ordinarios anulaba las escasas posibilidades de defensa que pudieran presentar los acusados, porque la instrucción era secreta y el Juzgado Militar practicaba diligencias de averiguación apoyándose exclusivamente en las fuerzas de orden público y en los informes que le eran remitidos por parte de los servicios de Falange. La relación del juez con los reos se limitaba a la audiencia de los mismos sin que éstos pudieran acudir amparados de asistencia letrada. Así pues, las garantías jurisdiccionales hacia la integridad física, el derecho de defensa, el uso de medios de prueba o el derecho a un juez imparcial, eran simplemente inexistentes.²⁰

Hasta 1943 y bajo estas premisas habían sido condenadas miles de personas a lo largo y ancho del país. Aquellos que no habían muerto ante un pelotón de fusilamiento o como consecuencia del hambre y de las enfermedades en las abarrotadas cárceles, se pudrían desde entonces entre rejas sin más amparo y contacto con el exterior que el de las esporádicas visitas de sus familiares (el Régimen, fiel a su política de «ni piedad ni perdón», procurará que los penados cumplan condena en centros de reclusión alejados de sus lugares de residencia).

En ese contexto de arbitrariedad, la supervivencia de los presos pasaba por el apoyo mutuo y la articulación de elementales redes de solidaridad que, en el plano jurídico, se traducirán en la creación de informales «Comisiones Jurídicas» cuya existencia es posible documentar tempranamente. Ya en los campos de concentración, a los cientos de prisioneros que el Ejército sublevado mantenía recluidos se les informaba a través de altavoces dispuestos en las instalaciones tanto de las vicisitudes de la campaña militar (obviamente para minar su moral) como de las distintas disposiciones legislativas en vigor. Aunque esta tediosa rutina tenía claramente una finalidad atemorizadora, al menos les permitía conocer de qué se les acusaba y a qué se enfrentaban. Serán prisioneros con nociones de Derecho quienes canalicen esa información haciéndola comprensible y facilitando la articulación de unas muy básicas plataformas de defensa.²¹ Con la pacificación total del país, la ausencia de derechos y de asistencia legal de los miles de presos extenderá la fórmula de las Comisiones Jurídicas a los centros penitenciarios. Desde que una persona era detenida y hasta que finalmente era juzgada podían pasar meses e incluso años. Durante ese tiempo carecía de asistencia letrada y cuando ésta finalmente le era asignada, el amparo que este «derecho» representaba era, las más de las veces, una rémora. Ni el militar responsable de la defensa contaba con formación, ya que únicamente era preceptiva para el ponente, ni, en la mayor parte de las ocasiones, éste estaba dispuesto a ejercer como honesto valedor de los intereses de su defendido. Las escasas posibilidades de articular una defensa en esa tesitura quedarían pues fiadas a la propia iniciativa de los reos, que tratarán de hacer valer sus derechos coordinándose previamente para hilvanar y dar coherencia a su versión en los escasos segundos en que uno a uno les era otorgada la palabra por el tribunal,²² o impulsando, como hará Matilde Landa en la madrileña cárcel de Ventas, una «oficina de penadas» para tramitar los recursos de las condenadas a muerte:

Cada vez que venía una condenada a muerte Matilde hablaba con ella, le explicaba todo el caso; el porqué le habían condenado, qué cosas le habían hecho, qué interrogatorios había sufrido, qué acusaciones tenía, cómo se había desarrollado el proceso y si ella conocía a alguien que le pudiera ayudar o proporcionar algún aval. Era un trabajo apasionante... efectivamente empezó a surtir efecto. [...] Trabajamos una chica que se llamaba Pura González, Conchita Feria del Pozo, Angelines Vázquez y yo. Nosotras fuimos las personas que ayudamos a Matilde, sabíamos redactar una petición o una instancia; teníamos un archivo con todos los nombres de estas mujeres. Por ejemplo, había muchos casos en que la gente del pueblo, por rencores, les habían puesto denuncia, pero a lo mejor ellas, durante la guerra, habían salvado a alguien y eso no se sabía, nosotras les dictábamos las cartas para que ellas hicieran las peticiones, diciendo si habían hecho algún favor a alguna gente de derechas, para que se dirigieran a alguien que pudiera dar informes buenos. Todos esos trabajos, como ellas eran de fuera y no tenían abogados ni posibilidades, ni quien las informara, todo se hacía desde dentro de la cárcel. A veces se sacaban todas estas cartas o instancias autorizadas y peticiones para hacer una recogida de firmas en el pueblo. Alguna vez nos decía una de ellas: «Pues a lo mejor si me dirijo a menganito o fulanito, ése dirá que yo durante la guerra...».²³

La agilidad y eficiencia de los tribunales de guerra habían dejado «vistas para sentencia» la gran mayoría de las causas relacionadas con la Guerra Civil antes del desenlace de la conflagración mundial en 1945. Para entonces, los delitos de rebelión militar (tanto de auxilio como de adhesión) que habían fundamentado el grueso de las acusaciones ya requerían de una «actualización» que, sin restar un ápice de su original pretensión de prolongar la militarización de la sociedad, los adaptara a las nuevas modalidades de acción antifranquista. Sendas disposiciones con rango de ley publicadas en marzo de 1943 vendrían a tipificar el concepto de Rebelión Militar en tiempos de paz. La primera definía y sancionaba el concepto de Rebelión y la segunda condensaba y unificaba los bandos y medidas excepcionales dictados desde julio de 1936. En el artículo primero quedaba claro que serían considerados reos del delito de Rebelión Militar «los que atenten contra las personas o causen daños a la propiedad por móviles políticos, sociales o terroristas cualquiera que sea el resultado y consecuencia de estos hechos». A continuación se establecía la competencia jurisdiccional a favor de la Jurisdicción de guerra de acuerdo con su procedimiento sumarísimo. No obstante, ese mismo precepto introducía una ligera posibilidad de que la causa pudiera pasar a la jurisdicción penal ordinaria siempre y cuando la propia jurisdicción castrense así lo decidiese: «Las autoridades judiciales militares podrán dejar de conocer de aquellas causas incoadas por delitos comprendidos en esta ley y acordar su remisión ordinaria cuando estimen que los hechos que las originan por su índole y naturaleza no afectan de modo directo al Orden Público o a los Ejércitos».²⁴

En la posibilidad de transferir sus causas a la Justicia ordinaria, cuyas competencias por otra parte habían quedado reducidas a la mínima expresión dada la proliferación de Jurisdicciones Especiales, basarán los presos en adelante sus estrategias de defensa.²⁵ Hasta los años cincuenta seguirán siendo las Comisiones Jurídicas de cárceles y penales las que traten de contrarrestar las flagrantes vulneraciones de sus garantías procesales. Ni la promulgación en julio de 1945 del Fuero de los Españoles, un texto político de declaración de derechos cuya redacción no puede entenderse si no es atendiendo al desenlace de la contienda mundial y la derrota de las potencias fascistas, ni la posibilidad de amparo que representaba la consideración formal de un Consejo de Guerra como ordinario permitiendo con ello que abogados civiles pudieran intervenir en procesos militares, mostrarán un cambio sustancial de la situación legal de los encarcelados, si bien es cierto que la delicada coyuntura internacional que atravesaba la dictadura, único país con un gobierno fascista que todavía seguía en el poder en Europa, redundará en una ligera «suavización» de la represión, entendida ésta como disminución de las ejecuciones.

Serán principalmente los presos comunistas quienes en este periodo, y siguiendo la estela de iniciativas como la impulsada por Matilde Landa en 1939, se organicen para denunciar su situación. Como con anterioridad había hecho el abogado Luis Castillo Almena en el penal de Ocaña, su correligionario Gregorio Ortiz Ricol, fiscal en ejercicio detenido en 1948 acusado de auxilio a Bandoleros, asumirá, junto a otros camaradas como Ambrosio Valcárcel, el papel de defensor «informal» y orientador en las estrategias de defensa de los allí recluidos:

Había constituida una llamada Comisión Jurídica por parte del Partido, porque la gran mayoría de los presos, casi la mayoría, eran comunistas o éramos, y el Partido había constituido una Comisión Jurídica que se encargaba de que los presos que tenían que ir a juicio, el día de antes les reunía un compañero que tenía conocimientos jurídicos para orientar de la forma más adecuada qué tenían que responder a las preguntas que les hiciera el fiscal, porque además, entonces se tenía un defensor militar, pero que no era tal, simplemente pues era un oficial del ejército al que habían nombrado de una lista, que no tenía ninguno, bueno el que la tenía era de casualidad, la carrera de Derecho, por consiguiente, jurídicamente, no tenían... y por otra parte eran abogados defensores, no como tales abogados, sino como militares y estaban sujetos a la Jurisdicción Militar y a la obediencia correspondiente. Las preguntas que hacían de defensa nada, únicamente allí el que tenía algo que plantear era el fiscal. Entonces les orientaban de la manera mejor para salir lo mejor parados posible, y entonces yo me incorporé a esa Comisión Jurídica en cuanto llegué, en cuanto salí al patio.²⁶

Una de las estrategias más rupturistas que utilizaban consistía precisamente en no reconocer como competente al tribunal que los estaba juzgando y demandar la vista de su causa ante la Justicia ordinaria. Más que confrontación abierta, la Comisión Jurídica se prevalía de un certero conocimiento del entramado legal para denunciar la incompetencia de la Justicia militar ateniéndose precisamente a que los supuestos de Rebelión Militar sobre los que eran juzgados en aplicación de la ley de 2 de marzo de 1943 habían quedado derogados tras la aprobación del Código Penal de 1944, donde se tipificaban tipos delictivos que asimilaban aquellos que ya había previsto la citada ley de 1943 y que habían de ser vistos por la jurisdicción penal ordinaria.²⁷

La lucha contra el aparato judicial franquista, ejerciendo de abogados de sí mismos y asumiendo en fin la responsabilidad de su propia defensa, representa una variante temprana del «Uso Alternativo del Derecho» al utilizar la estrategia de enfrentar la dictadura a su propia legislación y retórica, que, andando el tiempo, será una de las características fundamentales del trabajo legal de los abogados antifranquistas. De hecho, la entrada en escena de los pioneros de la abogacía comprometida y su asistencia letrada en los Consejos de Guerra no supondrán la desaparición de las Comisiones Jurídicas. En la cárcel de Burgos, que concentrará a buena parte de los presos políticos desde los años cincuenta, será muy útil el trabajo de éstas para apoyar la labor de los abogados que desde el exterior, y mediante pronunciamientos tanto en los Colegios de Abogados como ante los foros internacionales, exigirán el completo remozamiento de la Administración de Justicia.

La Comisión Jurídica del penal de Burgos desarrollará una intensa labor de revisión de diligencias y sumarios así como de la información que obraba en su poder sobre el desarrollo de consejos de guerra, indagando en los puntos débiles que permitieran interponer un recurso. El mayor éxito de la Comisión fue el descubrimiento de la impostura del comandante Manuel Fernández Martín. Ponente en cientos de consejos de guerra —entre éstos el de Grimau o Granados y Delgado— carecía de licenciatura en Derecho. Prevaliéndose del Código de Justicia Militar, que minuciosamente había estudiado, el equipo concluyó que la falta de formación jurídica del falso ponente era motivo suficiente para solicitar la anulación de los consejos.²⁸ Este descubrimiento, que suscitó una desproporcionada reacción defensiva del aparato militar, había venido precedido de una labor de indagación y búsqueda de cuantos resquicios legales pudieran aliviar las duras condiciones de los presos y de igual modo cuestionar la juridicidad del Régimen. Así, asestaron un importante golpe al aparato represor franquista al constatar cómo las condiciones en que se aplicaba la libertad condicional resultaban erróneas. En un extenso informe dirigido a «todos los profesionales del Derecho del mundo», el equipo legal de Burgos denunciaba la inseguridad jurídica reinante en España ateniéndose a que una disposición del Consejo Supremo de Justicia Militar ampliaba los supuestos que debían aplicarse para la obtención de la libertad condicional y que éstos eran sistemáticamente obviados desde la dirección de prisiones.²⁹ El consejo de guerra de que fueron objeto por injurias al ejército sirvió para dar a conocer la indefensión en que se encontraba el colectivo. La movilización que, aunando esfuerzos, realizó el equipo del penal, con letrados del Colegio de Abogados de Madrid como María Luisa Suárez, Antonio Rato, Amandino Rodríguez Armada o Luisa Elena del Portillo, forzó a la autoridad militar a su sobreseimiento definitivo. Éste supuso para los presos una victoria moral, pero sobre todo jurídica, que, en fin, sirvió para avalar la labor legal desarrollada por la Comisión Jurídica de la cárcel de Burgos.³⁰

La primera toma de contacto de los abogados antifranquistas con el universo castrense no será en absoluto positiva. Dada su licenciatura en Derecho, Albert Fina realizará su servicio militar desempeñándose como secretario de Juzgado Militar. Allí se dará cuenta de la ignorancia, lógica, de los militares con respecto a las leyes que debían hacer cumplir y su completa falta de experiencia en los detalles esenciales de cualquier proceso legal. No tendrá mejor opinión de los jurídicos militares que sí eran licenciados en Derecho.³¹ En los mismos términos se expresaba Antoni Cuenca. Este pionero del laboralismo pasa por ser de los primeros civiles que asesoraron en consejos de guerra. De hecho, iniciará su actuación como abogado defensor a partir de 19491950 de manera fortuita: «Entré como sustituto de un capitán de Caballería y, después, ya no me pusieron obstáculos porque me dejaron en los sumarísimos de urgencia, hacía muchos. Se ha de decir que yo conocía muy bien cómo se hacían. ¡Lo hacían muy mal! Y lo hice de abogado de oficio porque no había nadie que lo hiciera, hice la liquidación de responsabilidad de todas las causas que había pendientes de los años anteriores. Y, a partir del año 50, únicamente se hacían los consejos de guerra por asuntos nuevos y los asuntos nuevos eran el maquis, el PSUC y CNT».³²

Los defensores militares apelaban a la clemencia ante el delito, no rebatían las acusaciones ni cuestionaban el delito en sí mismo. Es decir, reconocían a priori la culpabilidad del acusado y la legitimidad del tribunal militar para juzgar cuestiones que se escapaban de su competencia y para las que los miembros del tribunal no estaban capacitados profesionalmente para decidir.³³

LOS LÍMITES DE LA ABOGACÍA

En los años cincuenta, la dictadura había «superado» el escollo de su existencia como régimen político de incuestionable raigambre totalitaria y era tolerada entre las potencias democráticas, inmersas ya en la guerra fría contra el comunismo. Franco y su régimen habían procedido a pulir las formas (el saludo a la romana sin ir más lejos dejará de ser preceptivo), y a dotar al pueblo de una particular y «excepcional» Carta Magna, el Fuero de los Españoles. Una muy útil credencial de cara al exterior, pero de nula operatividad jurídica. Este texto de declaración de derechos, cuyo contenido no podía ser esgrimido delante de los tribunales —atendiendo precisamente a su condición de documento programático en el que únicamente se explicitaba la intencionalidad de proceder a su desarrollo mediante oportunas concreciones legislativas (nunca llevadas a cabo)—, será una de las siete Leyes Fundamentales de que se dotará el Régimen a lo largo de su existencia para revestirse de legitimidad.³⁴

En paralelo a éstas y al desarrollo de argumentarios de legitimación como el «plebiscito armado», concreción a su vez de la temprana doctrina de la «santa rebeldía» desarrollada por Cirilo Martín Retortillo, y el posterior de la «legitimidad de ejercicio» esgrimida en respuesta al demoledor informe que en 1962 hará público la Comisión Internacional de Juristas sobre la Justicia en España,³⁵ convivirá sin ningún pudor la «arbitrariedad controlada» de la Jurisdicción Militar, cuyos tribunales condenarán, entre 1954 y 1963, a más de 6.000 ciudadanos.³⁶

Los cambios operados en el interior del país, las primeras muestras de descontento social y, en fin, la liquidación en este periodo de la guerrilla y de la acción armada —aunque todavía en 1960 sería promulgado un Decreto Ley de Represión del Bandidaje y Terrorismo— determinarían la creación, en 1958, de un Juzgado Especial de Actividades Extremistas. Heredero del también especial Juzgado para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el de Actividades Extremistas consagrará su actividad (hasta 1964) a la persecución de los disidentes políticos que desde mediados de los años cincuenta comenzaban a ensayar nuevas modalidades de acción antifranquista. El coronel Enrique Eymar, eximio exponente del aparato represivo de la dictadura, será el juez especial responsable del mismo, con jurisdicción en todo el territorio nacional, para la tramitación de los procedimientos judiciales derivados de las actuaciones extremistas que, se decía, «recientemente habían sido descubiertas».³⁷

Será en este desfavorable escenario legislativo e institucional en el que se desenvuelvan profesionalmente los pioneros de la abogacía comprometida. Dada la hegemonía del aparato militar en el entramado judicial del Régimen, su práctica chocará con no pocos impedimentos. Su condición de letrados civiles, ajenos por tanto a la institución militar, será sólo el primero de los impedimentos que tengan que superar, habida cuenta de que la propia legislación establecía que habían de ser militares quienes actuaran como defensores. Este precepto restringía enormemente su presencia en los procesos políticos, aunque si el procedimiento era ordinario se consentía la asistencia letrada de abogados civiles.³⁸

El Consejo de Guerra Sumarísimo consistía en que tenía que ser tramitado el sumario en un término de tres días porque sumarísimo quiere decir urgente. Se tiene que tramitar por el procedimiento de urgencia, pero como resulta que hay millares y millares de procesos eso no se puede observar. Es que era imposible porque todo el proceso, sobre todo ya cuando Eymar se encarga del procesamiento de toda España, pues suman miles y miles de casos y esos miles de casos no se pueden tramitar en tres días, pero se sigue juzgando por el procedimiento sumarísimo a efectos de que sean militares los defensores. Es que es otra diferencia que hay y es que en el Consejo de Guerra Ordinario sí que puedes llevar un abogado civil.³⁹

Sin embargo, el primer escollo para su desempeño profesional se presentaba aún antes de que el tribunal se decantara por un procedimiento sumarísimo u ordinario y residía en las limitaciones que encontraban para asistir a los detenidos por supuestos actos subversivos. La arbitrariedad era tal que desde el mismo momento en que un ciudadano era arrestado podían transcurrir días e incluso meses hasta que pasara a disposición del temible Eymar. Durante ese tiempo, en el que no se respetaban los derechos que teóricamente contemplaba el Fuero de los Españoles, eran practicadas por las fuerzas de Orden Público las oportunas «diligencias de indagación», término eufemístico que escondía las torturas de que eran objeto.⁴⁰ Obviamente, en todo este proceso no era autorizada la presencia de abogados. Aún con posterioridad, cuando tremendamente maltrechos ingresaban en la cárcel, la comunicación con los abogados encontraba múltiples trabas. La movilización de los letrados más comprometidos contra esta flagrante vulneración de las garantías procesales y de los Derechos Humanos, amparada bajo la más neutra de denuncia de los impedimentos que encontraban para su desempeño profesional, se convertirá en una constante desde entonces y hasta que en 1970 el Congreso de León apruebe en sus conclusiones solicitar de las autoridades judiciales el derecho a asistencia letrada desde el mismo momento de la detención.⁴¹

Una cosa es la condena militar, otra cosa es el cumplimiento de la condena que ya entra dentro de la esfera civil. Y otra cosa es también que puedan hacer el testamento y que puedan tener problemas jurídicos, y entonces el Colegio nos apoyaba y al final conseguimos que nos dejaran verlos. Nos dejaban verlos con toda clase de inconvenientes, porque entonces llegar a Burgos me parece que eran las siete de la mañana o las ocho de la mañana y no nos dejaban entrar casi hasta las diez y media, te tirabas ahí pasando frío... pero al final nos abrían.⁴²

La comunicación con los presos políticos, apelativo este último que el Régimen nunca reconocerá, representará una importante vía de contacto de éstos con el exterior y con sus organizaciones a través de los abogados que, aunando compromiso profesional y militancia, se integrarán, de variadas formas, en las estructuras de los sindicatos y partidos clandestinos y servirán doblemente a la causa antifranquista actuando de oportunos correos y transmisores de consignas, pero también desempeñando una «molesta» labor de exigencia de una Justicia garantista. Esta concepción militante y comprometida de su trabajo se fundamentará en un certero conocimiento y aprovechamiento de los entresijos legales que, dada la limitada formación jurídica de los militares, les resultará tan útil como problemático. Albert Fina recordaría en este sentido cómo en las defensas ante la Jurisdicción Militar de detenidos políticos «actuaba igual que lo haría delante de un jurado, diciendo cosas que nunca habría osado decir en un tribunal jurídico. Me habría dado vergüenza».⁴³

Otra importante faceta de su labor consistía en contactar con los militares que habían sido asignados para ejercer las defensas de los acusados, ofreciéndose como asesores si éstos carecían de nociones de Derecho o apelando a una suerte de código deontológico si eran jurídicos militares. En estos casos, su conocimiento de los rudimentos legales se prestaba a que, dentro de la arbitrariedad reinante y aun a pesar de la obediencia debida al estamento militar, el acusado contara con una tesis de defensa afín a sus intereses.⁴⁴

Mi papel era ir a ver a los militares diciéndoles que yo era amigo de la familia, que sabía que él no era abogado y que yo le podía orientar, que conocía el Código de Justicia Militar porque yo había hecho la mili en la Ciudad Universitaria y había tenido que estudiar, en fin, pamplinas de ésas. Unos te mandaban a la mierda de entrada, otros te recibían bien, pero te decían que el escrito que tú les proponías no lo podían hacer, y uno incluso llegó a sacar la pistola: «¡Usted es del Socorro Rojo! Ya me habían dicho que vendría usted a casa. ¡Ahora mismo le pego un tiro!». «Pero mi teniente, si el Socorro Rojo ya no existe... es del año 39.» «¡Cómo que no! ¡Cabrón! ¡Hijoputa! Anda, vete, vete, te perdono la vida, hijoputa.» O sea, había para todos los gustos. Otra forma era buscar militares, sobre todo al final, cuando ya nos dejaban entrar, que fueran de cuerpos que habían estudiado Derecho.⁴⁵

El celo mostrado por algunos militares en sus defensas sería entendido por el tribunal como deslealtad a la institución, siendo por ello severamente sancionados. Quizá el caso más conocido sea el de Alejandro Rebollo. Jurídico militar en 1963, en él recaerá la defensa de Julián Grimau.⁴⁶ Junto a Amandino Rodríguez Armada, el abogado civil del dirigente comunista, argumentarán una sólida defensa fundamentada tanto en la escasa fiabilidad de las pruebas como en la inoportunidad del «delito continuado» que básicamente sería la doctrina que el tribunal utilizará para sentenciar a la pena capital a Grimau por unos hechos acaecidos supuestamente en 1939.⁴⁷

Si expeditivo era el estamento castrense respecto a las «desviaciones» de los militares durante los procesos políticos, también actuará sin contemplaciones cuando sean civiles quienes asuman la responsabilidad de la defensa. Josep Solé Barberà, sin ir más lejos, será sancionado con una cuantiosa multa y prohibición de actuar como letrado en consejos de guerra durante seis meses a raíz de su vehemente defensa de Miguel Núñez. En el Consejo de Guerra ordinario seguido contra el líder clandestino, el tribunal consideró inadmisible el «mitin político» a dos voces protagonizado por Solé Barberà y su defendido para publicitar la política de Reconciliación Nacional propugnada por el Partido Comunista.⁴⁸

Sin menoscabo de la relevancia que este rompedor planteamiento tenía, tanto por lo temprano de su formulación, 1958, como por el hostil escenario en el que fue pronunciado, una corte marcial, resulta de notable interés para comprender las dificultades que se encontraban los abogados antifranquistas en el desempeño de su práctica profesional y cómo ésta era severamente penalizada cuando sus tesis de defensa entraban en contradicción con el pensamiento del juzgador. Cuando varios años después, en 1972, Jaime Miralles, un abogado en las antípodas ideológicas de Solé Barberà, sea procesado por la Jurisdicción Militar tras haber remitido un escrito a los ministros del Ejército, Justicia y al fiscal del Tribunal Supremo en el que hacía constar las circunstancias de la muerte de Pedro Patiño, se actualizará el debate sobre los límites de la abogacía y, sobre todo, el maltrato y la absoluta falta de respeto hacia su estatuto profesional por parte del estamento militar.⁴⁹ Entonces, un nutrido plantel de conocidos y prestigiosos abogados como Antonio Pedrol Rius, Juan del Rosal, José María Stampa Braun, Eduardo García de Enterría, Joaquín Garrigues, José Mario Armero, Manuel Escobedo Duato o José A. López Huerta remitirá al Consejo General de la Abogacía un escrito en el que se hacían valiosas precisiones sobre el «caso Miralles» en particular, pero cuyo contenido concernía directamente a los abogados antifranquistas que, desde los ya lejanos años cincuenta, se habían prestado a actuar ante los tribunales militares:

La relación directa y exclusiva entre la actividad del Sr. Miralles y su cargo de defensor de un determinado cliente, pone al descubierto la necesidad de que los organismos representativos de la abogacía se ocupen de los graves problemas suscitados por la actuación de letrados ante las Jurisdicciones Especiales. El abogado puede ser colocado en una zona de riesgo que en unos casos sería de honor por no haber llegado bastante lejos, y en otros de seguridad por haberse excedido en la defensa [...] El abogado necesita también, si no queremos minimizar su papel en la sociedad, poder expresar con respetuosa pero libre sinceridad su tesis de defensa aunque esta tesis no coincida con el pensamiento del juzgador [...] Resulta también urgente que dentro de nuestra colectividad profesional se formulen concretas declaraciones de cuáles son las garantías mínimas que el abogado necesita para el ejercicio de su profesión.⁵⁰

Hasta 1975, cuando el Decreto Ley de Prevención del Terrorismo establezca sin ningún tipo de pudor jurídico una restrictiva actuación de los letrados en Consejos de Guerra que coaccionan su papel en estrados y vulneran el elemental derecho de defensa de todo procesado, la relación de la abogacía antifranquista con el estamento militar había distado de ser armónica.⁵¹ Ya con anterioridad al procesamiento de Miralles, habían procedido sin ningún tipo de cortapisas llamando a declarar ante el Juzgado Militar a los abogados que exigían el cese de las detenciones ilegales y reclamaban la comunicación con sus clientes, o abriendo diligencias contra ellos por criticar sentencias militares contra delitos políticos.⁵² Pero era en el ritual en sí del Consejo de Guerra donde se escenificaba sin disimulo alguno el menosprecio hacia los civiles. Albert Fina recordaba cómo había una discriminación formal muy evidente: «Cuando el fiscal militar pedía la pena para el acusado, todos debían ponerse de pie, abogados defensores incluidos. Una cortesía que, en cambio, no se ejercitaba cuando eran éstos los que demandaban un veredicto de absolución o de penas menores».⁵³ No obstante, también los abogados tenían la capacidad de contrarrestar el impecable ritual merced a un certero conocimiento de las formas por las que habían de guiarse los miembros del tribunal, lo que, como bien indicaba Antonio Giménez Pericás, no dejaba de ser una humillación en su propio escenario:

Juan Moreno Lombardero [...] les ponía unas pegas casi insolubles para los militares. Bueno, los ponía nerviosos con la ley, no les dejaba ni respirar. Hombre, hubo una vez que tenía el Cristo o el crucifijo a la izquierda y Moreno Lombardero como si no pasara nada, pasando hojas. Dice: «Señor presidente, una cuestión previa: el artículo tal, tal, tal, de la Ordenanza militar dice que en la constitución del Consejo de Guerra el Santo Cristo figurará a la derecha del presidente». Bueno... el presidente a punto del ataque de nervios, que le dijera un abogado rojo dónde tenía que tener el Santo Cristo, que no era cosa suya. Es que eso era causa de anulación del consejo, por la combinación de ese artículo y otro. Y entonces el presidente tenía que tragar, avisar al oficial de guardia y decirle que el Cristo se lo pusiera al otro lado. Otra cosa era recordarle al fiscal que si estaba vestido de semi-gala debía portar sable: artículo tal. Y no tenía sable. El coronel tenía que suspender el Consejo y avisar al de la guardia para que le trajeran un sable al fiscal. Bueno, eso son humillaciones...⁵⁴

3

Los pioneros

Primeros pasos de una abogacía democrática

LA OSCURA ESPAÑA DE los años cincuenta, la de la autarquía, la represión y la tímida aparición de la oposición antifranquista, fue también la del nacimiento de una generación de abogados laboralistas que desarrollaron una labor profesional marcada por la decidida vocación de servicio a la clase trabajadora y por el ineludible compromiso antifranquista. En un momento fundacional, plagado de complejidades, estos abogados permitieron el reencuentro entre los profesionales del Derecho comprometidos con la justicia social y el movimiento obrero y ejercieron de portavoces, en diferentes frentes, de la defensa de los principios democráticos.

LA ABOGACÍA ANTIFRANQUISTA EN UN ESCENARIO DE POSGUERRA

En el escenario de la dura posguerra empezaron a perfilarse las carreras de aquellos abogados que asumirán la tarea común de reconstruir el vínculo, truncado por la guerra y el triunfo franquista, entre el movimiento sociopolítico y los profesionales del Derecho. En una generación integrada por nacidos mayoritariamente en los años veinte o en los primeros treinta, la fractura que supuso la guerra y el triunfo franquista, junto a las consecuencias que esto conllevó en su círculo inmediato, fue fundamental para motivar su toma de conciencia. La derrota de la causa republicana, que muchos sufrieron en primera persona, o el conocimiento de las represalias a familiares directos, no hizo sino reforzar una concienciación que en la mayor parte de los casos había sido labrada previamente en el entorno familiar y social. Éste, junto a la formación educativa recibida en la infancia y juventud, jugó un papel determinante en las actitudes y posicionamientos que como profesionales estos abogados adoptaron. Sin embargo, una primera aproximación a las biografías de estos pioneros revela la existencia de unos orígenes sociales y familiares diversos, característica apreciable también en sus trayectorias ideológicas. Junto a integrantes del bando de los vencidos (en algunos casos, como los de Solé Barberà o García Esteve, afectados de forma directa por la represión franquista) aparecen miembros de la clase media e incluso hijos de familias acomodadas con vinculaciones nobiliarias (como Antonio Rato). En ocasiones la relación con el pasado formaba parte de la experiencia vital reciente de quienes habían participado en la guerra, ya fuera en el bando republicano, como Solé Barberà, Alberto García Esteve o Luis Castillo Almena, o en el franquista, como Jaime Miralles o Joaquín Satrústegui. Solé Barberà, por ejemplo, tuvo una relación directa con iniciativas colectivas de abogados de izquierdas surgidas en la época republicana y participó en la preparación de la defensa de varios encartados en los consejos de guerra que siguieron a la represión de octubre de 1934 en Cataluña. Durante la guerra, además, fue juez de instrucción y comisario político.¹ Para Castillo Almena, un viejo maestro republicano, y para García Esteve, afiliado al Partido Comunista desde agosto de 1936, el período de su encarcelamiento fue el que supuso el inicio de un interés por el estudio y la práctica del Derecho.² Entre los abogados más jóvenes, que no participaron en la contienda pero sí sufrieron sus consecuencias, la relación con el clima político, social o cultural republicano presenta distintas vertientes. En casos como el de Josefina Arrillaga, la educación en un ambiente republicano o liberal marcó su trayectoria, mientras que para María Luisa Suárez Roldán, el paso por la Institución Libre de Enseñanza fue el que la dotó de un tipo de sensibilidad que, unida a su relación con Fernando Ontañón, combatiente republicano y destacado militante comunista, dio como resultado una fuerte conciencia de oposición al régimen. La influencia de la Institución Libre de Enseñanza en Madrid o, por ejemplo, de los centros anarquistas de barrios como el barcelonés del Clot ilustran el ambiente roto por la «victoria» en la medida en que ayudan a comprender cómo se afrontará y enfrentará la formación posterior en la Universidad en un contexto completamente diferente.

Una característica común a muchos de los miembros de esta generación es la ausencia de una tradición directa de ejercicio de la abogacía en sus familias. Existen, por supuesto, excepciones notables como la de José Federico de Carvajal, proveniente de una ilustre familia de pasado cercano a la política y al Derecho.³ Otros futuros abogados como Francesc Casares se acercaron al Derecho como una extensión de sus incipientes preocupaciones políticas: «Lo que me influyó más para optar por la carrera de Derecho fue el hecho de haber leído en libros de ciencia política que los políticos en general en este país, y yo suponía que en todas partes, más bien era gente de la rama de Derecho, abogados sobre todo». En este caso, existía una vez más cierto vínculo con el pasado todavía reciente, manifestado en el interés de Casares por figuras como las de Lluís Companys o Francesc Layret, que unían el ejercicio de la profesión de abogado y la política: «Era un tipo social que me atraía».⁴

Antonio Montesinos, con el recuerdo vivo de haber presenciado el consejo de guerra que condenó a muerte a su tío en 1943, entendió que siendo abogado «podía hacer algo para ayudar a la gente o, por lo menos, para enterarme de por qué se mataba a la gente en esas circunstancias».⁵ En la misma línea, María Luisa Suárez optó por el Derecho como deber moral de reparación de los desastres ocasionados por la guerra y la represión y, según sus propias palabras, se dijo a sí misma: «Tengo que salir de este pozo en el que estamos todos metidos y algo tengo que hacer. ¿Qué voy a estudiar? Voy a estudiar algo que pueda servirme para luego conocer bien las leyes y hacérselas pasar canutas. [...] No sabía cómo, porque no estaba organizada en ningún sitio, pero yo pensaba estudiar para prepararme para luchar».⁶ Aunque las posibilidades que ofrecía la abogacía no fueran aún tan evidentes, los estudios de Derecho sí se consideraban ya una herramienta eficaz para luchar por la justicia laboral y social. Sin embargo, si las biografías de estos pioneros de algo son ilustrativas es del efecto extremadamente negativo que las depuraciones tuvieron en el sistema educativo, incluida la enseñanza superior. La promoción de docentes y profesionales con vínculos políticos y militares con el régimen, la primacía de los «buenos informes», los «exámenes patrióticos» y la obediencia por encima de otras consideraciones, distorsionaban gravemente, también entre profesiones liberales como la abogacía, la validez de los criterios de capacitación. El fuerte adoctrinamiento político y el conservadurismo pedagógico de las universidades llevó a que muchos de los futuros abogados antifranquistas tuvieran que formarse y aprender realmente su oficio casi de forma exclusiva en la práctica, con suerte en las pasantías o directamente a través de la creación de sus propios despachos.

Las trayectorias de los pioneros revelan también la pluralidad de vías a través de las que, en este contexto, se adquiere la militancia política. En el Madrid de la posguerra, por ejemplo, la figura del abogado comunista Gregorio Ortiz Ricol es vital para entender el vínculo que los más veteranos tejieron en torno a él, su militancia y su ejercicio profesional;⁷ para otros, como José Jiménez de Parga, el ambiente estudiantil fue el espacio en el que se cimentaron compromisos que en el futuro le llevarían a militar oficialmente en organizaciones clandestinas.⁸ En otras ocasiones, la militancia fue adquirida a partir de relaciones establecidas en el extranjero, que continuaron con la vuelta a España. Así, por ejemplo, Antonio Montesinos gastó su primera minuta, en 1954, en un viaje a París en el que conoció a Jorge Semprún, responsable del trabajo de los comunistas entre los intelectuales y profesionales. Los contactos establecidos en ese viaje le llevaron a integrarse, en 1957, en la célula que el PCE había creado en el Colegio de Abogados de Madrid.⁹ También en 1954 Antonio Rato aprovechó una estancia en París para ampliar su formación política, frecuentar la Librería Española y mantener encuentros con cuadros comunistas y futuros camaradas como Manolo López o Manuel Ballesteros.¹⁰

El sombrío escenario de la posguerra creaba así las condiciones necesarias para que comenzara a surgir una generación de hombres y mujeres pioneros en la concepción de su profesión, que lograron retomar el contacto con las organizaciones de la izquierda clandestina —tanto con aquéllas que mantenían sus direcciones en el exilio como con las creadas en el interior— y consiguieron que, tras la honda fractura de la guerra y la derrota republicana, la abogacía democrática volviera a caminar con pasos firmes.

EL PRIMER LABORALISMO. LA PIONERA EXPERIENCIA CATALANA

A lo largo de sus trayectorias los abogados antifranquistas desarrollaron su trabajo en muy distintos frentes, pero en este período fundacional su principal campo de batalla fue la asesoría jurídica laboral, una tarea que, junto a la militancia política, es fundamental para comprender su relación con el movimiento obrero.

La concepción que el nuevo régimen tenía de la legislación laboral había quedado definida ya durante la guerra. El punto VII del Fuero del Trabajo y el Decreto de 13 de mayo de 1938 habían establecido la creación de Magistraturas de Trabajo —reguladas en 1940—, que en un primer momento sólo tenían competencia para resolver conflictos individuales.¹¹ De hecho, y hasta el final de la dictadura, la laboral será una de las denominadas Jurisdicciones Especiales cuya desaparición e integración en la justicia ordinaria motivará buen número de pronunciamientos de los Colegios de Abogados. Además, hasta la Ley de Procedimiento Laboral de 1958, la representación de los trabajadores ante estos tribunales estuvo hegemonizada, de forma casi incontestada, por los funcionarios y abogados de la asesoría jurídica de la Organización Sindical Española (OSE), uno de cuyos principales objetivos era apurar al máximo las posibilidades de conciliación. Ante esta realidad, ya desde finales de los cuarenta y principios de los cincuenta, muchos demandantes obreros, en gran parte militantes clandestinos, comenzaron a desconfiar de la práctica de los letrados del aparato del Estado y decidieron acudir a los pocos asesores independientes que, con gran valentía, se entregaron a la tarea de darles cobertura legal. Antoni Cuenca, Felipa Español, Antonio Martín y Agustí de Semir fueron los primeros que, retomando el camino que en la Cataluña de principios de siglo había iniciado el republicano Francesc Layret, se pusieron al servicio de unos trabajadores que en el marco del sindicato vertical carecían de representación y defensa.¹² Estos profesionales coincidían en la crítica teórica y práctica de un sindicalismo oficial que consideraban un instrumento incapaz —e ilegítimo— tanto para representar a los trabajadores dentro de la empresa como para asesorarlos en sus demandas contra los incumplimientos de aquélla. Como abogados independientes cuestionaban duramente el trabajo profesional de los letrados de la OSE, una institución impuesta por el Estado, y entendían que era necesario tomar partido por los más desfavorecidos, ejercer su defensa y luchar por sus derechos laborales. Este planteamiento desembocará en la reivindicación de un nuevo tipo de profesional del Derecho comprometido con una perspectiva de clase, con métodos de funcionamiento y organización distintos a los habituales en la profesión, y que estará en el origen de los futuros despachos laboralistas. De hecho, si en sentido estricto un laboralista era un especialista en Derecho del trabajo, gracias a la labor de estos pioneros el laboralismo acabó siendo identificado, no sólo por la profesión sino sobre todo por la ciudadanía, con aquéllos a los que con gran precisión Albert Fina denominó «abogados de obreros».

En este contexto legal y represivo no es extraño que gran parte de estos precursores del laboralismo llegaran a la defensa de los derechos e intereses de las clases trabajadoras a través de su vínculo con el catolicismo social. En los años cuarenta y cincuenta, el obrerismo militante y las críticas a la desigualdad social sólo podían expresarse con cierta libertad mediante los dos lenguajes políticos tolerados por el Régimen: la retórica falangista de la revolución pendiente y la deriva socializante dentro del nacionalcatolicismo. Teniendo en cuenta la abierta dependencia del falangismo respecto de los aparatos de Estado de la dictadura, solamente la Iglesia gozaba de autonomía para elaborar y difundir ideas de justicia social que no provocasen inmediatamente una dura represión. Además, el carácter proselitista de las ramas obreras del apostolado católico permitía a los activistas vivir desde dentro las realidades del mundo del trabajo y extender su influencia sobre amplias capas de lo que será el nuevo movimiento obrero. Desde su nacimiento en 1946 la Hermandad de Obreros de Acción Católica (HOAC) impulsó la creación en sus secciones de Asesorías Jurídicas Laborales, precedente directo de una plataforma de asesoramiento jurídico laboral al margen del oficial. La actividad de estos asesores pronto fue más allá de su labor pastoral y permitió la incorporación de especialistas en Derecho laboral con la finalidad expresa de formar e informar a los trabajadores.* En 1959, en respuesta al Plan de Estabilización, la HOAC se embarcó en una campaña nacional contra el paro y por la «seguridad en el trabajo» que proponía en uno de sus puntos, junto a la creación de cajas de socorro para los despedidos, «la puesta en marcha de consultorios y asesorías jurídicas a todas las escalas: local, provincial, nacional, internacional».¹³ Así, la Hermandad acabó compitiendo abiertamente con el sindicato único desde su Secretariado de Servicios Sociales a Obreros o las Mutualidades Laborales. Sus letrados (jóvenes abogados, estudiantes de Derecho o graduados sociales) recopilaban información laboral y legal de publicaciones como el BOE y la organizaban en ficheros que, en muchas ocasiones, acabaron fundamentando legalmente las reclamaciones laborales de los obreros.¹⁴

La influencia de estos primeros movimientos obreros cristianos, alrededor de los cuales se vehicularon en Cataluña buena parte de las primeras formas de organización contra el régimen franquista, fue determinante en la evolución profesional y política de quien es considerado el primer abogado laboralista de Barcelona tras la Guerra Civil, Antoni Cuenca.¹⁵ Hoacista de simpatías libertarias, en 1951 fue nombrado responsable del gabinete jurídico de la Comisión Diocesana de la ciudad y, partiendo de esa experiencia, en una fecha tan temprana como 1952 abrió un despacho en la barriada de Sant Martí del Clot. Desde esta plataforma Cuenca no sólo se especializó en la defensa de reclamaciones laborales, sino que también se ocupó de otros casos relacionados siempre con las necesidades del entorno popular en el que trabajaba. Fue uno de los primeros abogados civiles en participar en la defensa de procesados en consejos de guerra y su «clientela» abarcó desde maquis libertarios hasta dirigentes del PSUC. Como miembro de la Comisión Diocesana de la HOAC, y a instancias de Guillermo Rovirosa, elaboró un programa de atención al problema de las barracas marginales que proliferaban en Barcelona, y desarrolló una labor de asesoramiento y gestión en iniciativas relacionadas con la mejora de viviendas que puede considerarse como precedente directo del activo papel que a partir de los años setenta desempeñarán los abogados antifranquistas en los movimientos vecinales.¹⁶ Además, en las elecciones para la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona en 1957, fue uno de los impulsores de las candidaturas de oposición dentro de la institución, después de haber sido durante años una de las pocas voces críticas que intervenía públicamente en un foro dominado por los abogados adictos al régimen.¹⁷

Con su entregada y polifacética labor, desplegada en muy diversos frentes, este abogado, que aunó el catolicismo social con una progresiva identificación con el anarquismo, se convirtió en el «hermano mayor de los laboralistas de Cataluña».¹⁸ Por su despacho de Roger de Llúria pasaron abogados como Antonio Martín Martín, Felipa Español o Albert Fina, que trabajó con él en 1958 y que recordaba así las implicaciones de su paso por el despacho de Cuenca:

Antoni Cuenca tiene el mérito de haber sido el primer abogado de la posguerra en defender a los trabajadores en circunstancias realmente difíciles. Al principio estaba solo y aislado. Recuerdo que, entonces, alternábamos nuestro trabajo en Barcelona y Vilanova i la Geltrú, dedicados a temas laborales con otras materias del Derecho en las cuales se veían implicados trabajadores, desde problemas de tipo penal, a civil, fiscal, arrendamientos urbanos, etc. Toda esta experiencia me sería muy útil para convertir en realidad mi nueva ideología y poder ponerla en práctica. He de agradecer a Antoni Cuenca el haberme permitido contactar con el mundo obrero. Trabajando con él conoceré al abogado Antonio Martín, con el que desde entonces me une una sincera amistad. Y va a ser también en el despacho de Cuenca donde contacto con un mundo obrero políticamente organizado —anarquista o comunista— y donde veo la necesidad de llevar a cabo una actividad política obrera.¹⁹

Buena parte de los despachos laboralistas que proliferaron en Barcelona desde finales de los años sesenta fueron fundados por abogados que en su día se iniciaron en la práctica de la abogacía con, o al lado de, Antoni Cuenca. Pero además, en el primer laboralismo catalán destacan otras figuras pioneras entre las que es necesario recordar a Francesc Casares Potau, quien precisamente reconocía a Antoni Cuenca como «no de los primeros, yo diría el primero en Barcelona que merece esta calificación de abogado laboralista. Y no solamente hacía defensas laborales, sino que si había una familia que tenía un problema de desahucio del piso, temas de arrendamientos o todo lo que hacía referencia a lo que podían llevar gente de clase humilde. Y tenía el despacho en el Poblenou».²⁰ Casares, abogado y militante del Moviment Socialista de Catalunya (MSC), de enorme prestigio entre la profesión gracias a su rigor dialéctico, técnico y jurídico, había formado parte, durante sus años de estudiante de Derecho en la Universidad de Barcelona (entre 1945 y 1948), del Front Universitari de Catalunya. Tras finalizar sus estudios, en 1950 se especializó en Derecho laboral y hasta la apertura de su propio despacho trabajó como pasante con Gabriel Avilés, haciéndose cargo de los asuntos de laboral y adquiriendo así una notable experiencia en la defensa de demandas obreras:

Antes de ejercer por mi cuenta, que no fue hasta el año 57 o 58, 58 debía ser, yo estuve trabajando de pasante en el despacho del abogado Avilés, el padre de Montserrat Avilés, don Gabriel Avilés Cucurella, que tenía un despacho que se había ido orientando a los temas laborales y que defendía trabajadores, si venían, y, sobre todo, empresas. Y allí, ya lo he explicado algunas veces, quizá exagerando el aspecto humorístico, pero sí que era así, que a veces entraba la criada y decía, —«Don Gabriel, hay una visita»—, y el señor Avilés le preguntaba, —«¿Qué aspecto tiene?»—, quería decir si eran obreros o no, y la criada le decía, —«Me parece que son trabajadores, obreros»—, y, entonces, el señor Avilés decía, —«Que los reciba Casares»—, y así empecé yo, dentro de un despacho que defendía también empresas, a defender trabajadores.²¹

En 1955 su compromiso con la defensa de la clase trabajadora cristalizó con la apertura, en Sabadell, de la Asesoría Técnico-Jurídica del Productor, especializada en cuestiones laborales. A pesar de que, ya durante sus años de facultad había establecido contactos con el MSC, no ingresó en sus filas hasta finales de 1953, cuando se lo pidieron Joan Reventós y Ramon Porqueras. Siendo aún un joven abogado recibió el encargo de asesorar a uno de sus militantes, caído en 1953 tras la detención del socialista Tomás Centeno, y en el desarrollo de su cometido Casares puso en práctica algunas de las funciones que posteriormente resultarán más representativas de la actividad de los abogados laboralistas. Por ejemplo, desde el primer momento fue él quien ejerció la labor de enlace entre los presos políticos y la dirección clandestina.²² Los paros y subsiguientes despidos que tuvieron lugar en la Pirelli de Manresa en la primavera de 1954 reforzaron la relación entre militancia política y actividad profesional de Casares, lo que, sumado a su experiencia ante las magistraturas de trabajo, llevó al MSC a ofrecerle participar en el despacho de uno de sus militantes, Lluís Torras, para hacerse cargo de las demandas de los obreros ante la empresa.²³ Aunque en ese momento decidió no incorporarse formalmente al despacho, Casares sí se hizo cargo de redactar y fundamentar las demandas, poniendo en marcha una iniciativa de colaboración que supone un ejemplo temprano de cómo la idea de crear despachos colectivos de laboralistas empezaba ya a fraguarse. En 1958 pasó varios días preso en Carabanchel, junto con otros miembros de la dirección del partido, y tras su puesta en libertad retomó el activismo político y centró sus esfuerzos en la defensa de los detenidos y el asesoramiento de los trabajadores a través de un despacho propio, que estableció «de una manera precaria» en Sabadell en 1959. En principio el bufete estaba dirigido «a todo el que viniera, es decir, lo que se podría decir un abogado generalista [...] Claro, después ya vino la defensa de casos, pues, motivados por la persecución política y, claro, entre los trabajadores que venían al despacho había los que únicamente se había de plantear una reclamación social a las Magistraturas del Trabajo de aquella época y aquellos que, además, se distinguían por ser unos elementos activos del movimiento obrero y, entonces, acababan muchas veces represaliados y en manos de la policía y pasaban a la cárcel y pasaban a ser juzgados, después, ya mucho más adelante, por el Tribunal de Orden Público, etcétera. Y, entonces, los abogados que actuábamos como laboralistas, para decirlo en la terminología diríamos que ya ha tomado carta de naturaleza, pues al mismo tiempo éramos los que llevábamos las defensas políticas».²⁴

La apertura de su despacho en un entorno como el de Sabadell, de tipo industrial, y la defensa de los trabajadores acrecentaron su conciencia social y política: «Empecé a incrementar las dos actividades, o sea, política en la clandestinidad con el MSC, y el aspecto social convirtiendo mi despacho o guiando la dirección de mi despacho hacia la defensa de trabajadores y, evidentemente, como deriva natural de esto, la participación en defensas políticas cuando el Estado español actuaba represivamente sobre todos aquellos que reivindicaban posiciones que no eran compartidas por un Estado totalitario, o sea, tanto por las reclamaciones de tipo social y económico como las de tipo político».²⁵ A partir de ese momento su despacho se convirtió en un centro neurálgico al que jóvenes abogados acudían con el reclamo de que allí «se podía hacer un aprendizaje de profesión jurídica, es decir, de abogado al servicio de una clase, la clase trabajadora, y de un movimiento, el movimiento obrero».²⁶

Así, en la temprana fecha de 1959 había establecidos en Barcelona ya dos despachos, los de Cuenca y Casares, especializados en la defensa jurídica de los trabajadores. De la labor de ambos y de su forma de entender la profesión, al servicio de los más desfavorecidos, surgieron posteriormente los distintos sectores de abogados laboralistas que desempeñaron en la Cataluña de los años sesenta y setenta un papel fundamental.²⁷

LA OPOSICIÓN EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID Y LOS PRIMEROS INTENTOS DE UNA ARTICULACIÓN ORGÁNICA

Si en los años cincuenta el Derecho empezaba a perfilarse como un campo de posibilidades que podía ser especialmente fértil para lograr una imbricación de la vertiente profesional con la militante, en esta misma etapa plataformas como los Colegios de Abogados comenzaron a adquirir una notable relevancia como portavoces de demandas de democratización y como espacios en los que esa convergencia de intereses podía hacerse realidad.²⁸ Comunistas, socialistas, monárquicos y democristianos se sirvieron de la seguridad y la libertad de movimiento —ambas precarias— que proporcionaban el Estatuto General de la Abogacía y los Colegios de Abogados para articular redes de militantes en un sector social que pronto se reveló como fundamental para llevar a la práctica proyectos unitarios de oposición. Con todas sus limitaciones, tras la restauración por Orden Ministerial de diciembre de 1951 de las normas de elección de los Decanos, los Colegios se convirtieron en uno de los pocos espacios en los que se podía practicar un sistema de gobierno con rasgos democráticos, por lo que en su interior comenzaron a organizarse grupos de abogados que optaron por promover candidaturas encabezadas por republicanos moderados, conservadores o monárquicos desafectos a la dictadura y a los letrados que ejecutaban la política gubernamental en los colegios. Las iniciativas llevadas a cabo en la capital resultan, a este respecto, muy ilustrativas.

Uno de los intentos de oposición interna más tempranos y significativos fue la creación de la agrupación de abogados socialistas conocida como Secretariado de Abogados de la UGT, cuyo origen estaba en una iniciativa puesta en marcha en 1952 por la dirección socialista exiliada. A cargo del mismo, trabajando inicialmente desde Casablanca, se encontraba Miguel Peydró. El secretariado, con representación en la dirección ugetista encabezada por Pascual Tomás, comenzó su andadura a través de los contactos que su responsable mantenía con abogados socialistas exiliados en Francia, Inglaterra, Argentina y el norte de África, fundamentalmente. Para la expansión en Hispanoamérica se contó con la colaboración del veterano Luis Jiménez de Asúa. Entre sus principales cometidos estaba el de proporcionar a los afiliados un servicio de consulta jurídica gratuita, dirigida fundamentalmente a solucionar los problemas laborales de los trabajadores exiliados e inmigrantes españoles que encontraban serias dificultades en el mercado laboral y en la legislación de sus países de acogida. Tampoco faltaban consultas de carácter más privado relacionadas, por ejemplo, con la obtención de documentación para acreditar el estado civil cuando se carecía de originales o con la situación de los hijos nacidos en Francia así como divorcios, legitimación de hijos o desahucios. Para ello se emplearon diversos procedimientos, desde la apertura de asesorías en las agrupaciones, hasta el uso de páginas en el Boletín de la UGT. La iniciativa resultó exitosa y aumentó notablemente la demanda de este tipo de servicio. Además de la asesoría laboral el Secretariado tenía encomendadas otras tareas, entre las que destacaba la colaboración con asociaciones de abogados y juristas socialistas, la redacción de informes sobre los procesos políticos y la situación de los presos en el interior, la divulgación de las sentencias de los tribunales franquistas o la redacción de artículos en la prensa extranjera. Todas estas actividades se insertaban directamente en la estrategia socialista de mantenimiento y extensión de una importante red de relaciones internacionales, especialmente con los partidos socialdemócratas y laboristas así como con la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL).²⁹

Las campañas llevadas a cabo en el exterior para que los procesados socialistas y ugetistas en consejos de guerra pasaran a la jurisdicción civil ordinaria (el principal campo de actuación política del Secretariado en estos años) tuvieron, en la segunda mitad de 1953, un interesante correlato con respecto a los contactos en el interior. Tras la muerte de Tomás Centeno, su sucesor al frente de la organización barcelonesa, Ramon Porqueras (militante del MSC), fue detenido junto a nueve militantes ugetistas y juzgado en consejo de guerra. El Secretariado de Abogados en el exilio, por sugerencia del Comité Ejecutivo del sindicato, envió a profesionales y Decanos de varios colegios de abogados españoles una carta circular exponiendo su condena del uso de tribunales militares para actividades políticas y solicitando solidaridad con los detenidos, para lo que apelaba moralmente a su profesión por encima de las ideologías políticas:

Pero en ningún instante ha llegado a nuestro conocimiento que los abogados que ejercen en España actualmente hayan elevado sus voces condenando los procedimientos, los fallos de los tribunales, las ejecuciones, que tienen lugar allá. [...] Los abogados de España han permanecido silenciosos durante catorce años ante una situación que viola los derechos de la persona humana, que es un atentado permanente a la justicia, que significa el desconocimiento total del Derecho. [...] Ninguna profesión es más honrosa que la del abogado, ninguna más encumbrada ni más noble, como tampoco más delicada, más áspera, más difícil. [...] Y animados de cuanto en nosotros vive de amor profundo a nuestra profesión, a la Justicia y al Derecho, requerimos a nuestros colegas de España para que, sobre las politiquerías del momento (que jamás pueden ser eternas aunque duren años), sitúen sus deberes profesionales y por cuantos procedimientos tienen a su alcance traten de imposibilitar la continuación en nuestro pobre país (que es de todos: vuestro y nuestro) de cuanto signifique violación de los Derechos Humanos, de la justicia y de las más elementales normas de probidad y de humanidad en la esfera de sus competencias.³⁰

Sin embargo, a pesar de sus ambiciosos objetivos, los nexos de la organización con el interior debieron de ser francamente débiles, pues el 12 de septiembre de 1958 se constituyó en Madrid el Secretariado de Abogados de la UGT en el interior, sin que constara dependencia orgánica con respecto al exilio y aprovechando el dinamismo que había impreso a la actividad socialista el liderazgo de Antonio Amat, las luchas estudiantiles de 1956 y la propia efervescencia que se estaba viviendo en el Colegio de Abogados de Madrid.³¹ A cargo de esta organización, activa hasta marzo de 1960, se encontraban dos jóvenes militantes de PSOE/UGT, José Federico de Carvajal (que ya se había ocupado de algunas defensas encargadas por Antonio Amat) como presidente y Josefina Arrillaga (por aquel entonces profesora auxiliar en la Facultad de Derecho de la capital) como secretaria. Ambos ostentaban sus cargos sin recibir remuneración y el acta de constitución subrayaba el hecho de que habían sido «elegidos por unanimidad, en votación directa y secreta». El Secretariado tenía el cometido de defender sindicalmente los intereses profesionales así como los intereses y derechos de los trabajadores españoles. Además, debía ocuparse de la defensa de los despedidos y sancionados, dando a estos servicios carácter gratuito, sin perjuicio de reembolsar los gastos que el procedimiento o el material utilizado ocasionaran para fomentar la solidaridad y comprensión que debía existir «entre los trabajadores españoles manuales, intelectuales y de todas las profesiones». Asimismo, debía mantener contacto con el Secretariado de Abogados de la UGT en el Exilio y con las Organizaciones Internacionales de Abogados de espíritu libre y democrático, así como con la CIOSL. Finalmente, el Secretariado debía «trabajar en la medida de sus posibilidades por el restablecimiento en España del Estado de Derecho, que corresponde a la categoría europea y civilizada del pueblo español».³²

Junto al presidente y la secretaria, firmaban el acta constitutiva de este Secretariado Ángel Gutiérrez Escudero, Antonio Villar Massó, Antonio Alonso Baño y José Antonio Muñoz Atienza. Carvajal y Arrillaga permanecieron en sus cargos hasta septiembre de 1959, año en que fueron sustituidos, durante escasamente mes y medio, por Juan Miguel Bautista Bolonio (presidente) y Antonio Alonso Baño (secretario). En la creación del Secretariado destacó el papel de Antonio Villar Massó, un cuadro socialista procedente de la Facultad de Derecho de Madrid, en la que había sido secretario del Sindicato Español Universitario (SEU). Tras un viaje a Francia en 1950, Villar contactó con las organizaciones socialistas y se convirtió en el enlace entre la dirección de aquéllas y el núcleo de profesionales universitarios. A él, abogado en ejercicio y con experiencia en defensas políticas, se le encomendó la puesta en marcha de la organización. Como ya se ha señalado, no parece que haya existido una relación de dependencia orgánica entre el Secretariado de Abogados del exilio y la nueva agrupación profesional madrileña. Villar Massó hacía referencia, en el informe que daba noticia de su constitución, a los escasos contactos existentes con su homólogo del exilio, dada la falta de actividad de éste. Sobre los miembros del Secretariado afirmaba que

de momento, hemos considerado conveniente que intervengan como miembros fundadores exclusivamente militantes del Partido de la UGT, de probada seguridad. Esto explica el reducido número de firmantes, dejando aparte el hecho de que algunos otros compañeros que hubieran debido firmar se encuentran ausentes de Madrid. No obstante, habida cuenta el carácter sindical y oficialmente apolítico que debe revestir el Secretariado, creo interesante que en el futuro vayamos incorporando otros compañeros de profesión que, aun no siendo correligionarios, tengan ideas democráticas y antifranquistas, y una conciencia sindical y social suficientemente desarrollada. Sin embargo, no temas que el Secretariado se nos escape de las manos; los socialistas, dentro de él, procuraremos ser siempre los más entusiastas y eficaces y, además... los más numerosos.³³

Este deseo de ampliar el número de adherentes por encima de las siglas quizá explique la aparición, ya en septiembre de 1959, de algunos nombres de destacados abogados comunistas entre los diez abogados en ejercicio con que contaba el Secretariado en esa fecha. Además, había cuatro abogados que se adjuntaban como «apartados temporalmente» de la organización por voluntad propia. Solamente había dos mujeres y, entre los integrantes, cuatro procedían de familias represaliadas (como el secretario Alonso Baño) o habían sufrido ellos mismos la persecución franquista.³⁴

La organización de abogados de UGT en el interior afrontó, a finales de 1959, importantes debates que ayudan a definir el tipo de actividades que sus miembros llevaron a cabo. Así, en octubre tuvieron lugar tres reuniones de las que se rindió cuenta a Toulouse. La primera de ellas se centró en la designación de letrados para defender a los presos políticos encarcelados en Carabanchel tras la caída de Antonio Amat en 1958, que arrastró a su vez a destacados militantes de Asturias, País Vasco y Madrid. Entre los tres abogados designados, Josefina Arrillaga se hizo cargo de la defensa de Amat. En la segunda reunión, se acordó realizar gestiones para entrar en contacto con la comisión de mujeres de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, en visita por las cárceles de mujeres de Ventas y Alcalá de Henares y se llegó al acuerdo, por otra parte, de que cuatro miembros del Secretariado se inscribiesen en los Cursos de Estudios Sindicales ofrecidos por la OSE. Pero, sin duda, uno de los debates de mayor trascendencia fue el que enfrentó a los miembros del Secretariado partidarios de que la UGT y el PSOE abonaran minutas por la defensa de presos políticos y los que consideraban que esta práctica desprestigiaría a las organizaciones, opción esta última que acabó triunfando. Asimismo, y en el marco de la agitación existente en el Colegio de Abogados de Madrid, se dio cuenta a Toulouse de la adhesión de «seis antiguos y prestigiosos abogados de claro abolengo republicano». Además, la denuncia de infiltrados también tuvo cierto protagonismo en sus reflexiones.³⁵

La organización interna del Secretariado en la clandestinidad adoptó el habitual sistema de fragmentación en células de cinco militantes, con un responsable en cada una de ellas encargado de mantener el contacto con el presidente y el secretario. Las funciones básicas de la agrupación se dividieron en cuatro: profesional, corporativa, técnica y de conexión o actuación sindical. La primera de ellas consistía en «la defensa y asistencia jurídica a los perseguidos por el Régimen, sin discriminación de credos, pero muy especialmente a aquéllos pertenecientes al PSOE y a la UGT». Como ejemplo, se informaba a Toulouse de las defensas realizadas en Madrid y Zaragoza, estando también otras en curso. En segundo lugar, la actividad denominada corporativa tenía como marco el Colegio de Abogados de Madrid, institución considerada fundamental ya que eran los Colegios de Abogados de toda España los que se habían situado «en franca rebeldía con el régimen». En el desempeño de esta función los abogados ugetistas entraron en contacto con otros grupos de oposición y participaron en comisiones como la encargada de la redacción de un proyecto de Estatutos para el Colegio. Aunque se reconocía que tenía pocos visos de ser aceptado, esta iniciativa mostraba la fuerza que la oposición tenía en la institución. La tercera de las actividades, la llamada técnica, comprendía la elaboración de informes y dosieres sobre leyes sindicales, asociaciones y otras cuestiones laborales, mientras la actividad sindical apostaba por una visión de la realidad española y de los nuevos actores en la oposición antifranquista que partía de la necesidad de «extenderse y conexionarse con el resto de las fuerzas sindicales del país».³⁶

El trabajo político dentro del colegio madrileño incluyó, por ejemplo, una activa participación en el debate sobre las tasas judiciales aprobadas por el gobierno para gravar las profesiones vinculadas a la Administración de Justicia. Al cuestionar directamente las directrices del ministerio, la reivindicación profesional se convertía en una polémica de inevitable carácter político. La tensión se incrementó con los expedientes disciplinarios que la Junta de Gobierno abrió a un abogado de la oposición (de procedencia falangista) y la solicitud —avalada por cuatrocientas firmas— de convocar una Asamblea Extraordinaria en el Colegio. A esta situación se unió la prohibición de constituir una agrupación de Abogados Jóvenes, considerada por los letrados franquistas como una maniobra comunista que daría alas a quienes proponían la disolución de los Colegios y la integración en un sindicato profesional dentro de la OSE. Otras actividades del Secretariado incluían, por ejemplo, la divulgación de literatura y prensa socialistas o democráticas entre los colegiados.

El Secretariado se convirtió pronto en el símbolo de la UGT en Madrid. Sin embargo, como afirma Manuela Aroca, las funciones que en la práctica asumió fueron, indudablemente, menores que las que se le atribuían en la declaración de su constitución. Durante algunos períodos, de hecho, su actividad se limitó a las reuniones en los despachos o los domicilios de los abogados.³⁷ El temor a que el trabajo político pusiera en peligro la seguridad del grupo, así como una amarga polémica interna que se saldó con la dimisión de Carvajal y Arrillaga, llevó a que el Secretariado del interior se disolviera en marzo de 1960.³⁸ Sin embargo, esta experiencia no desapareció sin más sino que contribuyó de forma decisiva a que el Colegio madrileño contara, en los años sesenta, con una serie de profesionales, como Pablo Castellano, que asumirán la representación de esta corriente antifranquista en los debates y acciones del futuro próximo. Además, los abogados del Secretariado siguieron trabajando, a título individual y coordinadamente, por la consecución de sus fines fundacionales.³⁹ José Federico de Carvajal continuó su carrera profesional combinando defensas ante Magistratura de Trabajo y en el Tribunal de Orden Público. Por su parte, Josefina Arrillaga, además de asumir funciones de reorganización del movimiento socialista del interior, defendió a colectivos obreros como los mineros asturianos detenidos a raíz de las huelgas de 1963.⁴⁰ Sus disensiones con la estrategia de la UGT en el exilio fueron haciéndose cada vez más profundas, sobre todo debido a los contactos con comunistas, democristianos y otros sectores que no gozaban de la confianza de la dirección de Rodolfo Llopis. Con Josep Pallach y otros militantes formó parte de la Alianza Sindical Obrera (ASO), constituida en gran medida por sindicalistas socialistas descontentos con Toulouse, y junto a Manuel Fernández Montesinos mantuvo abierto un despacho en Madrid situado en la línea ya consolidada de asesoría jurídica laboral y centro de organización política y sindical. A raíz de una serie de caídas de militantes de la ASO y decepcionada con la UGT en el exilio, Josefina Arrillaga abandonó España en dirección a Alemania en 1966.⁴¹

Los abogados ugetistas habían comprobado las posibilidades que ofrecía la acción común con otros antifranquistas, así como las exigencias del doble papel profesional y político que caracterizaba a la abogacía comprometida. Y en este terreno los letrados comunistas no se mantuvieron inactivos. Al contrario, la documentación generada por el Partido desde finales de los cincuenta deja constancia del temprano interés que el PCE y el PSUC, conscientes de la importancia de los contactos entre la clandestinidad política y los disidentes dentro de los colegios, mostraron por las actividades desarrolladas dentro de los Colegios de Abogados de Barcelona y Madrid.⁴² En la capital, en la segunda mitad de los años cincuenta, Gregorio Ortiz Ricol, Antonio Montesinos y Luis Castillo Almena formaron el núcleo de un grupo de abogados comunistas madrileños que, en 1957, se constituyeron en célula dentro del Colegio de Madrid. La decisión de iniciar una actividad de agitación política en el seno del Colegio de Abogados partió de Francisco Romero Marín, encargado de la reorganización del Partido en la capital. Fue él quien puso en contacto a Antonio Montesinos —que desde 1956 trabajaba en el despacho de Gerardo Abad Conde y que en 1957 había formalizado su ingreso en el Partido Comunista— con Gregorio Ortiz Ricol —enlace con la dirección comunista clandestina— y Luis Castillo Almena —un viejo maestro que se había hecho abogado en el penal de Ocaña—. En los años siguientes, a través de Gregorio Ortiz, se incorporaron al Colegio otros profesionales como María Luisa Suárez Roldán o José Jiménez de Parga y esta institución se convirtió, así, en punta de lanza de iniciativas y gestiones encaminadas a la consecución de un Estado de Derecho.⁴³ Además, otros importantes abogados comunistas como Diego Carrasco, Amandino Rodríguez Armada, Alfredo Flórez o Antonio Rato participaron en esta iniciativa que trataba de explotar las posibilidades de crítica y expresión que ofrecía la institución para el debate, así como de llevar a cabo una labor proselitista y de contacto con otras fuerzas antifranquistas. Antonio Montesinos no dudaba en calificar al Colegio de Abogados de Madrid como una suerte de parlamento:

El Colegio de Abogados de Madrid era una especie de parlamento. Realmente en las sesiones que había en las Juntas Generales del Colegio se hacía política. Yo recuerdo que los primeros que empezaron a hacer política ahí, junto al PCE, y yo creo que antes incluso, son los monárquicos. Fueron los partidarios de don Juan III, como le llamaban. Y, ciertamente, que se movieron muy bien. [...] Y tomamos contacto con esta gente, de Unión Española [...] y tomamos café con ellos. [...] Ciertamente que se movían. Y se movían también los socialistas. De los socialistas sí que recuerdo que eran conocidos. Además, tampoco se ocultaban mucho. Pero nosotros sí, claro. No teníamos otro remedio que ocultarnos [...] En aquella época, a partir del 57 o 58, ya se movían en el Colegio de Abogados. Yo creo que era el sitio donde más gente se movía.⁴⁴

Desde el principio, la célula comunista se concentró en la reivindicación profesional como herramienta para la captación y la movilización de los abogados. Como principal instrumento para esta tarea, además de los contactos personales y la participación en la creación de organismos unitarios (entre los que destacará la Asociación de Abogados Jóvenes), la célula publicó un boletín clandestino que comenzó su andadura en 1959 con el nombre de Ecos del Foro. Portavoz de los abogados madrileños. El periódico estuvo a cargo de Gregorio Ortiz Ricol, junto al que trabajaron Antonio Montesinos y Luis Castillo Almena, y tuvo tiradas de hasta 700 ejemplares, publicándose a lo largo de 1959 y hasta comienzos de 1960.⁴⁵ Su subtítulo era, en sí mismo, un programa y una estrategia: quería representar las demandas profesionales de los abogados sin distinción, esquivando cuidadosamente cualquier referencia a la filiación comunista de sus redactores. Sin embargo, distaba mucho de ser un órgano puramente profesional, lo que quedaba de manifiesto en el hecho de que la consigna que encabezaba sus números fuera, precisamente, «Amnistía para los presos y exiliados políticos». La proximidad del periódico al PCE era patente, también, en la línea editorial, convergente con la estrategia de Reconciliación Nacional que adoptaron Ortiz Ricol y Montesinos como principales responsables de su redacción, así como en el empleo de un léxico político acorde con esta propuesta. Como planteamiento general, el boletín defendía la necesidad de que la abogacía no se aislara del resto de la sociedad y para ello sus redactores llevaron a cabo una labor de orientación sobre cuestiones nacionales candentes, que no les hizo, sin embargo, olvidar los problemas específicos de una profesión liberal como la suya.⁴⁶ Además de las reivindicaciones profesionales, que constituían uno de los ejes de la oposición en los colegios, estos artículos mostraban también la existencia de una incipiente reflexión sobre la relación entre compromiso sociopolítico y abogacía. El objetivo prioritario de forjar lazos con el resto de la sociedad llevó a proponer, por ejemplo, la constitución de una alianza de los perjudicados por el Plan de Estabilización que abarcara desde la pequeña y mediana empresa hasta los trabajadores, a quienes la situación de indefensión en que les colocaba la preferencia de la dictadura por el gran capital nacional y extranjero llevaría a acudir necesariamente a la abogacía:

Ninguna profesión se halla tan inmediata y directamente vinculada como la nuestra a la situación económica de estas clases. Todos nuestros clientes pertenecen a ellas. Su regular y sano desarrollo económico es condición precisa para la subsistencia de nuestra profesión, que no por capricho se la califica de profesión liberal. Las grandes sociedades monopolistas tienen ya sus abogados a sueldo, lo que realmente es la negación de la abogacía.⁴⁷

La célula comunista coincidió además con otros grupos antifranquistas en una de las grandes luchas corporativas del momento, el decreto de fijación de tasas impuesto por el gobierno en 1959. La estrategia de sus integrantes consistió en llamar a la unión de los abogados, pero también a la identificación entre estos profesionales y su clientela, que deberían actuar para hacer presión sobre una medida gubernamental considerada autoritaria y arbitraria. Además el asunto de las tasas tenía un filo político dentro del propio Colegio de Abogados relacionado con el voto de censura al decano Manuel Escobedo.

En 1960, con motivo de la organización y desarrollo de la frustrada Huelga General Pacífica de 1959, Gregorio Ortiz Ricol fue detenido y María Luisa Suárez Roldán, que trabajaba entonces de pasante en el despacho del decano Escobedo Duato, fue la encargada de sucederle como responsable de la célula. La caída de Ortiz Ricol terminó con la andadura de Ecos del Foro, pero no de la célula.⁴⁸ De hecho, el ambiente unitario generado en el Colegio fue decisivo para la puesta en marcha de otra de las iniciativas que permitieron desarrollar en estos años una mayor actividad opositora, la Unión de Abogados Jóvenes, que aunque no tenía cobertura legal, se reunía en los locales del Colegio.⁴⁹ La Unión de Abogados Jóvenes, que recogía el espíritu del Congreso de Valencia, puede considerarse también parte de la estrategia entrista que grupos de oposición como los comunistas estaban llevando a cabo en el ámbito laboral, mediante la participación en las elecciones sindicales con la aspiración de intervenir en la gestión de los organismos e imprimirles, en la medida de lo posible, un sentido antifranquista. Además, el debate sobre esta asociación participó de lleno en las polémicas que presidieron los últimos años del mandato de Escobedo en el Colegio de Abogados de Madrid. Como recuerda quien fue uno de sus promotores, Antonio Montesinos:

Tratamos de constituir la Asociación de Abogados Jóvenes. Allí participaban grupos comunistas, socialistas y, claro está, allí teníamos un policía. Pero lo cierto es que todo aquello significaba unos debates que venían a politizar a las gentes que se interesaban por aquello. [...] Estábamos 30 o 40, quizá más. Pero también al final conseguimos que el Decano, que era contrario, nos dejara intervenir. Nos dejó usar el salón para reunirnos. Así que, bueno, el Decano tenía más o menos su tolerancia. Pero, claro, la Dirección de Seguridad nos mandó un policía. Y ya sabíamos que lo que había que hablar importante, había que esperar a que se fuera el policía para eso. La Asociación tuvo su interés porque en alguna de las elecciones conseguimos meter en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados a dos abogados, uno era Eugenio Mazón, que no era del Partido Comunista, pero que estaba de acuerdo con nosotros en muchas cosas. Y otro hombre, del que no recuerdo el nombre. Estos dos intervinieron después en defensa de Grimau cuando le detuvieron y me parece que uno de ellos estuvo en el Consejo de Guerra. No lo sé con exactitud. Y cuando detuvieron también a Gregorio Ortiz. Es decir, que la Asociación de Abogados Jóvenes, aquella asociación tolerada, tuvo su influencia en la vida colegial y sirvió además como un medio de cambiar impresiones, de mantener viva la idea política. Había gente de todos los colores allí.⁵⁰

En una línea similar Antonio Rato, a quien se le había encomendado la tarea de establecer contactos con monárquicos como Satrústegui, Jaime Miralles o Piniés, lo recordaba como una especie de «tapadera para la agitación».⁵¹ Los intentos de legalizar la Unión fueron un arma arrojadiza para los abogados monárquicos, socialistas y comunistas que se enfrentaron a la Junta de Gobierno. En el número del Boletín del Colegio de noviembre-diciembre de 1958 se había publicado una nota en la que anunciaba la voluntad de constituir la asociación. Casi un año después, 50 abogados firmaron un llamamiento dirigido a la Junta en el que demandaban el reconocimiento formal de la Unión de Abogados Jóvenes y aprovechaban para dar publicidad a sus principios. Los abogados jóvenes aptos para entrar en la Unión debían contar con menos de diez años de ejercicio y ser menores de cuarenta años. El escrito subrayaba su acatamiento tanto a los procedimientos como a las instituciones que regían la vida colegial, aunque también su voluntad de crear una Junta de Gobierno autónoma para la asociación «de forma democrática». Afirmaban también que los fines que perseguían eran exclusivamente «el fomentar la cultura jurídica y estudiar los problemas de índole profesional que a los abogados jóvenes se les plantean».⁵²

El anuncio fue acogido con frialdad y recelo por algunos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio. Sintiéndose amenazada, la mayoría de Escobedo incluso apeló a la amenaza gubernamental contra la autonomía corporativa de la profesión para desalentar a sus promotores en el propósito de creación de la Unión. En una reunión se advertía de la existencia de «maniobras comunistas dentro del Colegio» y se aseguraba que si no unían esfuerzos para defenderlo «quizá la policía lo clausurase y los abogados se integrarían en toda España en un Sindicato Vertical dependiente de la Organización Sindical Española».⁵³ Esta advertencia tenía cierta base en la notoriedad que había adquirido la filiación política de algunos abogados antifranquistas y lo cierto es que gran parte de los desacuerdos y polémicas que se discutían, como los problemas de procedimiento e interpretación de los estatutos, en realidad encubrían una pugna política cada vez más evidente. Los abogados jóvenes no esquivaron la batalla y así, en noviembre de 1959, apareció otro llamamiento colectivo firmado por «un grupo de Abogados Jóvenes que nos sentimos abochornados por el lamentable espectáculo que presenciamos en la Junta General del pasado día 14». En aquella ocasión se había demandado un voto de censura contra Escobedo que había sido, según los afectados, desestimado y silenciado de forma autoritaria y expeditiva. Esta exhibición de autoridad por parte de la Junta y el decano eran denunciadas en el escrito, en el que se afirmaba que «actitudes como ésta no creemos que puedan ni deban tolerarse. Estamos contra los que alborotan, pero estamos igualmente contra los que con su conducta provocan los alborotos».⁵⁴ Los motivos de la censura son explicados en otra carta pública que la justificaba:

Porque queremos un Colegio en el que sólo se discutan y ventilen problemas profesionales, donde los debates se dirijan por los imparciales y no por los implicados en ellos, donde se discuta con mesura y se vote con orden, sin que a nadie se le exija, con firma legible, la manifestación pública de a quién vota o por quién vota, te lo pedimos en fin, porque queremos un Colegio, en el que nuestros representantes sientan el honor de nuestros mandatarios y no consideren como una condecoración la pérdida de la investidura. Queremos, en fin, algo nuevo, sin mixtificaciones ni engaños, venimos con el caudal de nuestra juventud a llenar todo con el aire puro de la Ciudad Universitaria.⁵⁵

Su tabla reivindicativa incluía un nuevo estatuto y un reparto más justo de los tributos y cargos colegiales. La nómina de firmantes integraba a representantes de todas las tendencias opositoras en el Colegio, desde democristianos, monárquicos y liberales, hasta socialistas y comunistas.⁵⁶ En 1960 algunos miembros de la Agrupación de Abogados Jóvenes como Antonio Rato, Tomás Maestre Aznar, F. G. Puyol o Pascual Meneu remitieron al decano del Colegio de Madrid un escrito en el que demandaban la realización de un congreso en el que los «temas a tratar habrán de escogerse y tratarse no en función de un interés de clase o económico sino pensando más bien en el interés general, como bien se dijo en el Congreso de Madrid de 1932, recordando que “la abogacía tiene una nota característica entre todas las profesiones; se ejerce para los demás”, por lo que habremos de ocuparnos no de aquello que nos atañe principalmente sino de aquello que afecta al interés del país, y este en primer término es el interés de la justicia».⁵⁷

Sin embargo, a pesar de su considerable actividad, la vida de la Unión transcurrió en un limbo legal cada vez más amenazado por motivos internos y externos a la situación en el Colegio. El enfrentamiento, además, adquirió connotaciones políticas más rápida y abiertamente, si cabe. En abril de 1960, Francisco Zapico, en calidad de presidente de la Comisión Organizadora de la Asociación de Abogados Jóvenes, y J. A. Zulueta presentaron un escrito al director general de Prisiones protestando por el trato dado a los presos políticos detenidos en las caídas socialistas y comunistas de 1958 y 1959, que estaban llevando a cabo una huelga de hambre en Carabanchel. Firmaban 30 abogados «que somos o hemos sido abogados defensores de procesados por delitos políticos o hemos colaborado en la defensa de los mismos». En el escrito se defendía abiertamente el carácter político de estos presos, que el gobierno se negaba a reconocer. Igualmente, elevaban una queja contra «las dificultades crecientes con que tropezamos para ejercitar nuestra asistencia jurídica y concretamente al intentar comunicar en la prisión con nuestros defendidos».⁵⁸

Tras este incidente la Unión de Abogados Jóvenes se disolvió progresivamente. En la decisión seguramente influyeron tanto la creciente presión sobre los abogados socialistas y comunistas, cada vez más involucrados en tareas de enlace y otras facetas del trabajo clandestino, como el fracaso en el intento de legalizar la asociación. La coincidencia en el tiempo de la detención de Gregorio Ortiz Ricol con la desarticulación del Secretariado de Abogados de UGT ayudó también a sumirla en una atonía de la que sería difícil recuperarse.⁵⁹ Su utilidad, sin embargo, fue para quienes la integraron indiscutible. En palabras de María Luisa Suárez Roldán:

Fue muy interesante porque creo que fue como si dijéramos la levadura de lo que más tarde... no pretendo decir con esto que fue el origen de la Plataforma Democrática o de la Junta Democrática, ni muchísimo menos, pero sí fue un principio de reunirnos todos, de distintas tendencias y ponernos de acuerdo sobre cosas de tipo profesional que luego fueron llegando a otras que no eran ya tan profesionales...⁶⁰

Precisamente por ello esta iniciativa no cayó en el olvido y ya en los setenta se puso en marcha una Asociación de Abogados Jóvenes que alcanzó una considerable extensión por el resto de España, llegando incluso a convocar un congreso propio en Palma de Mallorca.⁶¹ Una vez más, la labor de quienes ya se consideraban «pioneros» resultaba inspiradora para las generaciones más jóvenes.

ENSAYANDO NUEVAS FÓRMULAS, DEFINIENDO UN NUEVO MODELO

La lucha por la democratización de la justicia y por la conquista de los más elementales derechos civiles y políticos que, desde mediados de los años cincuenta y desde distintas opciones políticas antifranquistas, esta generación de abogados llevó a cabo desde los Colegios, jugó un papel fundamental en la gestación de las primeras denuncias públicas del aparato represivo franquista, y sus esfuerzos por dignificar la profesión y por conseguir que la práctica profesional fuera «ajustada a Derecho» sirvieron para sentar las bases de una renovada concepción de la abogacía como deber de Justicia y compromiso con la sociedad. El Derecho ponía en manos de estos profesionales un arma eficaz para la lucha antifranquista y, por ello, dirigieron su actuación hacia muy diversos frentes. Pusieron sus conocimientos al servicio del asesoramiento jurídico laboral de los trabajadores, se encargaron de su defensa frente a la represión e incluso les asesoraron en su lucha contra los abusos de los ayuntamientos franquistas.⁶² En sus memorias, Francesc Casares proporcionaba ejemplos para Barcelona, pero existen en esta primera etapa otros precedentes significativos. En Sevilla, por ejemplo, ya a finales de los cincuenta comenzó a funcionar, en San Jacinto, el despacho de José Julio Ruiz Moreno; en lugares como Valencia destacaban, en esas mismas fechas, nombres como los de Rafael Molina Galán, Joaquín Ruiz Mendoza o Rafael Fernández Sanchís, y en Canarias Antonio Cubillo abría en 1956, en Santa Cruz de Tenerife, un bufete en el que puso en marcha prácticas que prefiguraban las de los despachos colectivos de los años sesenta.⁶³ Su combinación de asesoría laboral y organización del movimiento obrero de la isla en un momento de transición, como es el final de la década de los cincuenta, le convierten en un precedente muy relevante. Entre 1956 y 1962 asesoró a un gran número de trabajadores tinerfeños sobre las condiciones laborales en sus respectivas empresas y sectores. En su despacho se extendió la práctica de las «igualas», consistente en que «a cambio del pago, por parte de los obreros de diferentes centros de trabajo o ramos de la producción, de una cuota mensual al abogado en cuestión, éste les presta todos los servicios necesarios de gestión administrativa y de representación y asistencia jurídicas». A través de prácticas como ésta, así como de la utilización que hacía de los resquicios legales del franquismo para presionar con sus propias leyes el incumplimiento de lo estipulado, su despacho se convirtió en un punto de referencia para la clase trabajadora y su labor fue decisiva para que comenzara a resurgir el movimiento obrero no sólo en Tenerife sino también en la isla de Gran Canaria.⁶⁴ La abogacía empezaba a convertirse, ya en los años centrales de la década de los cincuenta, en un eficaz instrumento para la lucha antifranquista. De hecho, como ya se ha señalado, en casos como el del nutrido grupo de abogados madrileños —entre los que destacaban Federico de Carvajal, Gregorio Ortiz Ricol, Antonio Rato, María Luisa Suárez Roldán o Antonio Montesinos— existían vínculos orgánicos con partidos y sindicatos clandestinos. La estrecha relación que entablaron con los presos políticos y con sus familias es una buena muestra de la concepción comprometida y militante de su trabajo profesional, que excedía al propio de un letrado en el ejercicio de sus funciones.⁶⁵ En un momento en que aún no había eclosionado el movimiento laboralista, los despachos no tenían aún, lógicamente, la significación política que adquirirán posteriormente. De hecho, abogados como Ortiz Ricol, Antonio Rato, María Luisa Suárez o Antonio Montesinos mantuvieron en un principio su adhesión a la causa antifranquista fuera de sus lugares de trabajo. Montesinos, por ejemplo, militante comunista desde mediados de los cincuenta, combinó durante estos años su labor «subversiva» con su trabajo en el despacho Abad Conde, al que acudían conocidos miembros de la alta sociedad madrileña. También María Luisa Suárez Roldán comenzó a trabajar simultaneando la asistencia al despacho de Rosende con la atención en el suyo familiar de Feijoo 14. Sin embargo, el conocido compromiso político de todos ellos hizo que por su bufete pronto empezaran a aparecer dirigentes obreros, como Romero Marín o Marcelino Camacho, que con relativa frecuencia utilizaban el despacho de María Luisa Suárez como punto de encuentro.⁶⁶ Como ella misma recordaba, «en 1959 Marcelino Camacho vino a mi despacho, a través del PCE, y así comenzó una relación profesional que resultaría muy fructífera para el desarrollo del embrión de los despachos laboralistas futuros».⁶⁷ La labor profesional de estos abogados les había llevado al contacto directo con el nuevo movimiento obrero y acabó conduciéndolos a defender a muchos de sus dirigentes en procesos políticos. En una etapa en la que el aprendizaje se adquiría necesariamente por la práctica, estos profesionales aportaron una visión instrumental del Derecho que se convirtió en una herramienta extremadamente eficaz en la lucha que se libraba contra el régimen, ensayando algunas de las características y métodos de organización que definirán al posterior movimiento de los despachos laboralistas de la capital.⁶⁸ En algunos casos iniciaron incluso una precoz labor en otro frente profesional que excedía el campo del Derecho del trabajo: el asesoramiento y gestión en iniciativas relacionadas con la mejora de viviendas y barriadas obreras. En un contexto de cambio en la política urbanística en el que los desahucios y las protestas vecinales afloraban cada vez con mayor frecuencia, algunos profesionales como Antoni Cuenca en Barcelona, Montesinos en Madrid o José Julio Ruiz Moreno en Sevilla se iniciaron en esta práctica profesional íntimamente conectada con su sensibilidad social y política, abriendo un camino por el que tiempo después, en los años de eclosión del movimiento vecinal, discurrirá la trayectoria de los conocidos como «abogados de barrios».⁶⁹

Con su labor profesional y política, esta generación de abogados estaba, por tanto, sentando las bases de una renovada visión, comprometida y militante, de la abogacía. Además, las asesorías laborales, los pasillos de Magistratura de Trabajo o las salas del Colegio de Abogados se convirtieron, desde finales de los cincuenta, en lugares para el debate y el intercambio de experiencias. En las defensas, las visitas a los presos y en los colegios se encontraron compañeros y compañeras que participaban de una semejante visión acerca del papel de la abogacía y que compartían los mismos objetivos de compromiso profesional con el movimiento obrero, por lo que pronto surgió la necesidad de poner en práctica acciones conjuntas que hiciesen más eficaz su trabajo. Fue así como en Madrid, de forma similar a como antes había ocurrido en Barcelona, surgió la idea de crear el primer despacho colectivo especializado en la defensa y asesoría legal de trabajadores y presos políticos. En 1965, José Jiménez de Parga, María Luisa Suárez Roldán y Antonio Montesinos unieron sus fuerzas para poner en marcha el despacho en el que aparecen en estado embrionario los parámetros que definirán al movimiento de los despachos laboralistas que las próximas generaciones desarrollarán al máximo.⁷⁰ De hecho, el bufete de Cruz 16 se convirtió pronto en una auténtica universidad paralela para una nueva generación de abogados que darán en él sus primeros pasos en el laboralismo. Cristina Almeida, Manuela Carmena, Luisa Elena del Portillo o Juan José del Águila, algunos de los discípulos aventajados de Cruz 16, contrajeron con los ya veteranos una deuda que siempre reconocerán abiertamente. Manuela Carmena recordaba que «los nuevos abogados laboralistas nos beneficiamos de la experiencia jurídica y política de los abogados clásicos en el partido», mientras Cristina Almeida aseguraba que «personas del valor humano y jurídico como tenían María Luisa Suárez Roldán, Pepe Jiménez de Parga, Antonio Montesinos y otros [...] nos enseñaron no sólo la práctica jurídica que desconocíamos, sino los valores humanos y el compromiso político que es lo más valioso que he aprendido en mi vida».⁷¹ Será esta generación la que, a mediados de los años sesenta, desarrolle plenamente el modelo de los bufetes laboralistas de oposición antifranquista. Sin embargo, la idea de los despachos colectivos como instrumento de defensa de las reivindicaciones obreras y como núcleo de acción clandestina con cobertura legal, puede apreciarse ya en estos años cincuenta y en la labor de ilustres veteranos como Antoni Cuenca, Josep Solé Barberà, Francesc Casares, Gregorio Ortiz Ricol, Antonio Rato, María Luisa Suárez Roldán o Antonio Montesinos. Todos ellos, combinando una cierta espontaneidad y el necesario aprendizaje por la práctica con un sólido compromiso y un incuestionable rigor técnico y jurídico, sentaron las bases de una renovada forma de entender la abogacía, de un nuevo modelo de abogado que, como afirmaba el propio Francesc Casares, «con el tiempo sería reconocido como otro tipo de abogado: es decir, como un abogado laboralista».⁷²

4

Acción democrática en los colegios de abogados

De los congresos de la abogacía a la denuncia en los foros internacionales

LOS COLEGIOS PROFESIONALES, ESPECIALMENTE los de abogados, adquirirán una notable relevancia como portavoces de demandas de democratización y exigencias de un Estado de Derecho durante el franquismo. Ya desde finales de los años cuarenta se alzarán las primeras voces de colegiados que, muy tibiamente, comenzarán a demandar reformas jurídicas.¹ Éstas apuntaban a la línea de flotación de un Régimen que había fundado su legitimidad sobre los cimientos de la victoria bélica y su legalidad en el desarrollo de un corpus jurídico diseñado para castigar a los vencidos —«legalizando» no sólo su muerte física, sino también la civil— y otorgando carta de «ley» a la inseguridad y arbitrariedad jurídicas.² La ausencia de garantías de los procesados —por no hablar de la impunidad con la que miles de vidas fueron segadas al margen de cualquier procedimiento— unida a la falta de unidad jurisdiccional será objeto, ya de manera más contundente, de pronunciamientos contra su vigencia en los años cincuenta. El III Congreso Nacional de la Abogacía, celebrado en Valencia en 1954, representará en ese sentido un notable avance, pero también el primer «toque de atención» para el Régimen de lo que pocos años después será el díscolo «frente colegial». En las conclusiones del mismo, entre otras cuestiones, se había acordado recomendar a las autoridades la normalización de la Justicia, entendida ésta como la supresión de las Jurisdicciones Especiales y la devolución de competencias a la Justicia ordinaria.

Con el final de la década, e inaugurando desde entonces un permanente «goteo» de pronunciamientos en pos de una Justicia garantista que limitara los abusos del Régimen, serán no pocas las voces y notablemente variado el espectro ideológico de las mismas las que se alcen exigiendo la sujeción del país a un Estado de Derecho. Desde las consentidas pero nunca reconocidas Agrupaciones de Abogados Jóvenes de los colegios, dinamizadas por los letrados más progresistas, hasta las clandestinas de organizaciones políticas y/o sindicales proscritas se llevarán a cabo iniciativas orientadas a corregir unas prácticas profesionales viciadas en origen y acomodadas a las incidencias pasajeras de la coyuntura política. La seguridad que suponía subsumir estas exigencias bajo el más neutro y seguro paraguas de la defensa de sus intereses corporativos y de la estricta observancia del Estatuto de la Abogacía —reconocido mediante el decreto de 28 de junio de 1946— facilitará la ampliación y diversificación de la oposición en los colegios de abogados. Comunistas, socialistas, monárquicos juanistas y democristianos se servirán de las seguridades y libertad de movimiento —precarias ambas en la arbitrariedad de una dictadura— que proporcionaba el Estatuto General de la Abogacía y los Colegios de Abogados para articular redes de militantes en un sector social, el de los profesionales de clase media, que será fundamental para llevar a la práctica los proyectos unitarios de oposición que se reformularán después del abandono de la vía guerrillera.

El «privilegiado» estatus de que gozaban los Colegios Profesionales dentro del Régimen, unido a la intervención de los letrados manifestándose en cuestiones que afectaban al ordenamiento jurídico del Régimen, hará de los colegios de abogados los más beligerantes entre las corporaciones profesionales. De hecho, con la transformación que sufrirá la profesión a partir de la consolidación del franquismo, la vinculación entre abogacía y política se reducirá a una simple pero determinante dicotomía de «estar» con el Régimen o contra él, «politizando» unos lazos que habían sido neutrales desde el triunfo del parlamentarismo liberal. «Hacer política» era manifestar la aberración jurídica que suponía la fragmentación de la justicia en Jurisdicciones Especiales o exigir la inmediata restricción de competencias de la Jurisdicción Militar, pero también lo era sostener la defensa a ultranza de una juridicidad emanada de una victoria bélica y no consensuada democráticamente.³ En esta tesitura, no es de extrañar que, a medida que se incrementaba la nómina de letrados díscolos, fueran frecuentes las alusiones a la «politización» de los colegios de abogados y poco velados los intentos del Régimen por limitar su influencia.

El aplazamiento de un nuevo congreso nacional, inicialmente previsto para el año 1961 y finalmente celebrado una década más tarde, la promulgación de una restrictiva Ley de Colegios Profesionales en 1974 o la reforma del Estatuto del Abogado cabría entenderlos como injerencias políticas por parte del aparato del Estado para, paradójicamente, contrarrestar la «politización» del estamento colegial.

Las prerrogativas de que gozarán, pese a los denodados esfuerzos de la dictadura, permitirán al sector más progresista atender a tres «frentes» de trabajo en una institución legal y a la vez con un alto grado de autonomía con respecto al Estado: la movilización y concienciación de otros colegiados en torno a reivindicaciones profesionales, la formación de candidaturas para participar en las elecciones, dando visibilidad a la oposición, y la relación de fuerzas entre los antifranquistas, los adictos al Régimen y los indiferentes.

Las motivaciones que alentarán a los letrados críticos a promover iniciativas para la dignificación de la profesión, en las que la práctica jurídica fuera «ajustada a Derecho», remiten en último extremo a una concepción del ejercicio profesional como deber de Justicia y compromiso social. Estas premisas estarán en la base de las defensas planteadas ante los Tribunales de Trabajo o en procesos políticos. Pero también, la propia naturaleza de las peticiones que suscribirán, que afectaban al orden institucional vigente, explica que los más comprometidos acaben conformando una plural y activa plataforma antifranquista.

Indudablemente, ello no es óbice para despreciar la capacidad de influencia de aquellos colegiados que, enormemente apegados a la esencia de «el espíritu del 18 de julio», sostendrán posturas inmovilistas. Enfrente tendrán a un nada desdeñable e influyente grupo de colegiados adscritos a diversas tendencias ideológicas. Todos ellos enarbolarán, ciertamente no sin tensiones, como causa común el antifranquismo y la firme convicción del papel que la abogacía debía cumplir ante la sociedad. Una sociedad cambiante que demandaba libertades y un escrupuloso respeto a los Derechos Humanos, sistemáticamente vapuleados por el Régimen.

Los Colegios de Madrid y de Barcelona serán quienes se muestren más críticos con la Administración de Justicia. Desde los años setenta, en un proceso de protesta generalizada en todos los ámbitos sociolaborales del país, otros colectivos profesionales, de otros colegios de abogados, pero también de arquitectos, aparejadores o médicos, secundarán las protestas de los juristas catalanes y madrileños.⁴

Las conclusiones del IV Congreso Nacional de la Abogacía, celebrado en León en 1970, donde se consensuó la petición de inmediata supresión de las Jurisdicciones Especiales, así como la oposición a la Ley de Colegios Profesionales, serán el caballo de batalla que escenifique, apenas dos años antes de la muerte del dictador, el enfrentamiento entre progresistas e inmovilistas o en términos estrictamente políticos entre Democracia y Dictadura.⁵

AGITACIÓN COLEGIAL EN LOS AÑOS CINCUENTA

Albert Fina recordaba que «cuando no se permitía hacer política por los caminos normales —partidos, sindicatos, Parlamento, etc.— había que hacerla donde se pudiera y nos dejaran. En aquellos años hicimos política en las iglesias, los colegios profesionales, asociaciones de todo tipo y también [...] en nuestros mismos despachos. Era lógico que fuera así cuando los otros caminos —los propios de una democracia— estaban absolutamente cerrados».⁶ En esta certera observación de Fina subyacía asimismo la convicción de haber actuado conscientes de «la necesidad de lo que se hacía y lo que se tenía que hacer», que, a la postre, habría facilitado la conquista de «espacios de libertad».⁷ La fortaleza del grupo en este contexto, concitando en torno a él adhesiones e intereses comunes, habría dificultado en último extremo la acción de los adversarios y, por ende, limitado el impacto de la represión.⁸

Entre los «espacios de libertad» «litigados» a la dictadura destacan los colegios de abogados. Justo es señalar que éstos partían con ventaja respecto a otros escenarios en disputa —los centros de trabajo o la propia calle, sin ir más lejos— sometidos a un estricto control y vigilancia gubernamental, pero también lo es que ya desde temprana fecha se prevalieron de la relativa autonomía e independencia de que gozaban para denunciar las arbitrariedades del sistema judicial franquista.

Los Colegios Profesionales habían sido decididamente impulsados por el Régimen y consiguieron conservar su independencia del Sindicato Vertical. Regidos desde el final de la contienda por una Junta de Gobierno nombrada directamente por el ministro de Justicia, por Orden Ministerial de diciembre de 1951 se restauraban las normas de elección de los decanos y equipos de gobierno de estas instituciones. De esta manera, y aún con severas limitaciones, los Colegios de Abogados se convertirían en uno de los pocos espacios donde se pudo practicar en España un sistema de gobierno con rasgos democráticos. Esto permitiría la formación de candidaturas progresistas y la concurrencia en las mismas de letrados de distintas tendencias ideológicas, facilitando asimismo la inclusión de propuestas democratizadoras en los programas electorales.

Manuel Escobedo Duato y Francisco de Asís Condomines, decanos respectivamente de los colegios de Madrid y Barcelona, serán los primeros en ser elegidos libremente desde el final de la guerra. Con unas candidaturas que incorporaban propuestas lo suficientemente renovadoras como para concitar la adhesión de los colegiados más críticos y/o profesionales, afrontarán sus gobiernos en un contexto de creciente descontento que no hacía sino reproducir en el escenario colegial la situación que atravesaba el país. Y es que los cambios operados en el ámbito económico-laboral, así como las primeras manifestaciones de protesta social, demandaban modificaciones jurídicas de imposible aceptación para un Régimen anclado todavía en la fortaleza que le habían conferido las armas y el omnipotente aparato militar.

El primer síntoma de que «algo se movía» se constató en el transcurso del III Congreso Nacional de la Abogacía. Celebrado en Valencia en 1954, en las conclusiones del mismo se abogaba por la supresión de las Jurisdicciones Especiales y la normalización de la Justicia como primer e ineludible avance del país en el reconocimiento de los Derechos Humanos.⁹ La petición no era baladí. Implicaba acometer reformas estructurales, si bien lo más relevante habría de residir en que el consenso en torno a este sensible asunto se había alcanzado merced a una discreta pero efectiva labor de agitación previa desde los colegios profesionales.

Si determinante será esta labor de denuncia política por parte de la abogacía antifranquista, tampoco debe desdeñarse como factor de movilización la defensa de los intereses profesionales del colectivo. Los intentos gubernamentales por redefinir y limitar prerrogativas contempladas en el Estatuto del Abogado como la confidencialidad abogado/cliente, la inviolabilidad de los bufetes o algunas prácticas solidarias corporativas, escorarán hacia la oposición a no pocos colegiados que, aún careciendo de un posicionamiento ideológico definido, apoyarán sin ambages un escrupuloso respeto de su estatuto profesional. Será la imbricación de ambas facetas, la más «política» y la estrictamente profesional, hábilmente refundidas, las que, a la postre, contribuyan a ampliar notablemente la nómina de letrados críticos dando forma a un plural y heterogéneo frente disidente en los colegios de abogados.

En Barcelona, la batalla colegial se librará desde los primeros años sesenta recogiendo los frutos sembrados por el pionero del laboralismo Antoni Cuenca desde años antes, cuando éste, junto a otros jóvenes letrados antifranquistas como Francesc Casares, animen las elecciones apoyando una candidatura progresista que los hará acreedores por parte del sector más inmovilista de despectivos calificativos como «petardistas» o «curas obreros».¹⁰ Será su homónimo madrileño el que, en la oscura década de los cincuenta, detente la bandera de la movilización antifranquista en el frente colegial.

La vitalidad de la oposición interna del Colegio de Madrid tendrá en la consentida pero nunca reconocida Agrupación de Abogados Jóvenes su baluarte más dinamizador. En torno a ésta convergerán miembros de las clandestinas células del PCE y Secretariado de Abogados de la UGT, pero también algunos monárquicos y democristianos como Jaime Miralles, Joaquín Satrústegui, José A. Zulueta, Mariano Robles, Vicente Piniés o Joaquín Ruiz-Giménez.¹¹

Estas organizaciones coincidirán en que el campo de lucha de los abogados debía centrarse básicamente en tratar de imponer algún tipo de límite, por medio del mismo entramado legal franquista, al aparato represivo y político de la dictadura. Es decir, tratar de forzar con los medios a su alcance la imposición de algunas garantías jurídicas que eran propias de los estados de derecho de la Europa Occidental.

A cargo de la Agrupación de UGT, constituida en el interior en 1958, se encontraban dos jóvenes militantes de PSOE/UGT, José Federico de Carvajal (abogado en ejercicio colegiado en Madrid y que ya se había ocupado de algunas defensas encargadas por Antonio Amat) como presidente y Josefina Arrillaga (en esos momentos profesora auxiliar en la Facultad de Derecho de la capital) como secretaria.¹² Por su parte, la célula de Abogados del PCE, cuyo responsable era el exfiscal Gregorio Ortiz Ricol, buen conocedor del engranaje militar franquista por haber sido condenado por un tribunal de guerra, contará en su andadura inicial con otro expreso político, Luis Castillo Almena. El dúo se completará con Antonio Montesinos, quien será clave para la instalación del primer despacho colectivo laboralista en la madrileña calle de Cruz 16 años después.¹³

La actividad de ambas organizaciones encontrará en la Agrupación de Abogados Jóvenes una muy eficaz, y tolerada, vía para la agitación. Los primeros pasos para su constitución, recogiendo un llamamiento aparecido en el boletín del Colegio, se darán en 1958 merced al contacto previo entre los letrados monárquicos, socialistas y comunistas del Colegio.¹⁴ Aunque no será reconocida formalmente, sus reuniones, seguidas de cerca por la Brigada Político Social, acogerán también a letrados críticos con la gestión del decanato de Escobedo Duato. Si bien resulta complejo establecer quiénes fueron sus más decididos impulsores, habida cuenta de que su «alegal» actividad se ralentizará tras la detención del responsable de la célula comunista, Gregorio Ortiz,¹⁵ y el cese formal de actividades de la Agrupación de Abogados socialista, su interés radica en la convergencia de diferentes lealtades unidas contra una causa común.¹⁶ La del excesivo apego que el decanato madrileño mantendrá respecto al Régimen dictatorial, pero también la más profesional de la crítica a las tasas judiciales aprobadas por el gobierno para gravar actividades vinculadas a la Administración de Justicia, o la elaboración de nuevos estatutos que regularán el funcionamiento del colegio. En el fondo de esta movilización, sin embargo, subyacía una pugna política, más acusada si cabe tras la imposición de la toga colegial al dictador. Aunque simbólico, este acto fue entendido como un reconocimiento tácito que el Colegio madrileño otorgaba al Régimen en la persona del Caudillo, poco tiempo después del posicionamiento contrario a la política represiva de éste suscrito en Valencia.

La máxima tensión se alcanzará en 1959. La normalidad que acompañaba a las sesiones ordinarias se romperá en el transcurso de la celebrada en enero. El acalorado debate que enfrentará a Juan Antonio Zulueta con Escobedo Duato iría mucho más allá de los desencuentros que habían marcado la última fase de su mandato. La denuncia del estado policíaco que sufría el país y la ausencia de derechos y garantías para los presos políticos exigían de la Judicatura un posicionamiento contundente que debía empezar por los abogados y sus corporaciones.¹⁷ Desde entonces y hasta la defenestración del decano durante una junta extraordinaria acaecida a finales de ese mismo año, la agitación no cesará. Un informe reservado elaborado por la Agrupación de Abogados de UGT era contundente:

Desapareció el ambiente de silencioso orden y tranquilidad de estos veinte años. El letrado Sr. Zulueta inició el rompimiento del hielo, hay que reconocérselo —hace tan sólo unos meses—. Actualmente el ambiente de sacudimiento se acentúa por días. Motivo oficial: Las tasas aprobadas por el Gobierno, y que gravan la Justicia.— Motivos subterráneos: La divulgación de noticias políticas.— Estas son: la existencia de Abogados Socialistas dentro del Colegio, la información de que funciona un secretariado de Abogados de la UGT.— Los Abogados de Unión Española que van adquiriendo, etc.— Los sres. Moutas (vicedecano), conde de Colombi y sr. Gallo, ambos de la Junta de Gobierno, han manifestado a un miembro de este Secretariado, en entrevista celebrada sobre la Unión de Abogados Jóvenes (posibilidad de constituirla), que «existían maniobras comunistas dentro del Colegio», y que si no nos apretábamos todos para defenderlo, quizás la Policía lo clausurase y los Abogados se integrarían en toda España, en un Sindicato Vertical, dependiente de la Organización Sindical Española.— Con estas noticias se tendrán ideas sobre el ambiente de estos momentos en el Colegio de Abogados.— Cuatrocientas firmas de Letrados pidiendo celebración de Asamblea Extraordinaria, se recogieron y presentaron, y dicha Asamblea se celebrará el día 14 de noviembre. No obstante, hoy día 4, aún no se comunicó por circular como se acostumbra a hacerlo, con diez días de anticipación.— Circulan rumores de que el Ministro de la Gobernación prohibirá la celebración de esta Asamblea de Abogados.— En ella, se planteará el problema de Manxisidor, antiguo falangista, que hoy está en la oposición, y que por motivos personales, el sr. decano del Colegio, lo tiene sometido a expediente disciplinario y baja temporal del Colegio. Una representación internacional de juristas parece ser que intervendrá a favor del sr. Manxisidor.¹⁸

El «éxito» de la moción de censura contra Escobedo Duato auparía al decanato a Fausto Vicente Gella. Tras su elección en 1960 y durante sus cuatro años de mandato, centrará sus esfuerzos en tratar de equilibrar los intereses de una corporación dividida en torno a planteamientos profesionales, pero también de orden político, de imposible conciliación. Los representados por el grupo de juristas adscritos al aparato administrativo del Estado (letrados sindicales, procuradores en Cortes, abogados del Estado) sostenían una postura de defensa a ultranza del sistema judicial imperante frente a la defendida por el sector más crítico unido en torno a la Agrupación de Abogados Jóvenes. Si en 1959, con motivo del «lamentable espectáculo» que había rodeado la dimisión de Escobedo Duato, su posicionamiento, sintetizado en un escrito dirigido a todos los colegiados, denunciaba la falta de transparencia «democrática» del Colegio,¹⁹ en los años siguientes sus esfuerzos irán dirigidos a denunciar en el interior, pero también en foros internacionales, la indefensión jurídica de los presos políticos y las trabas impuestas para comunicar con sus clientes, en lo que entendían era una vulneración tanto de los Derechos Humanos como del Estatuto del Abogado.²⁰ Precisamente será esta sensible cuestión la que a la postre facilite un fructífero intercambio de experiencias con su homónimo barcelonés, a raíz de la detención y torturas a un grupo de opositores catalanes en el transcurso de los luctuosos acontecimientos del Palau.²¹ María Luisa Suárez Roldán y José Jiménez de Parga serán quienes, en representación de la Agrupación de Abogados Jóvenes, viajen a Barcelona para recoger las actas notariales con los testimonios de denuncia sobre torturas custodiadas en el Colegio de Abogados de la Ciudad Condal y presionar de esta manera a la Junta de Gobierno del colegio madrileño para la creación de un servicio de atención permanente a detenidos en la línea del que ya operaba en Barcelona.²²

Pese a su activismo, desde 1961 la Agrupación de Abogados Jóvenes del Colegio madrileño perderá el fuelle movilizador que había sido su seña de identidad y no volverá a recuperar su antiguo dinamismo hasta varios años después.²³ En su decaimiento influiría que no fuera reconocida legalmente por la Junta de Gobierno, pero sobre todo la presión a que fueron sometidos los abogados que actuaban como enlaces de las organizaciones clandestinas socialista y comunista, muy activas en su seno.

Como veremos, la detención del responsable del PCE en el Colegio, Gregorio Ortiz Ricol, conllevará, amén de una mayor discreción de la célula en sus actividades posteriores, la movilización de la Junta de Gobierno y el personamiento del decano en las dependencias de la DGS para que cesasen las torturas que le estaban siendo infligidas.²⁴ Sin embargo, la experiencia breve pero intensa de la oposición clandestina colegial no desaparecerá sin más. La Agrupación de Abogados de UGT contribuiría de forma decisiva a que el colegio madrileño contara con una serie de profesionales, como Pablo Castellano en los sesenta, que asumirán la representación de esta corriente antifranquista en los cruciales debates y acciones que se avecinaban. Para la oposición comunista, remozada con nuevas y activas incorporaciones de jóvenes licenciados en Derecho, el concierto con otras lealtades ideológicas que, no sin esfuerzo, habían trabado pioneros de la talla de Antonio Rato, María Luisa Suárez o Amandino Rodríguez Armada, había logrado plasmar en el seno del Colegio la política de Reconciliación Nacional propugnada por el Partido Comunista.

EL IMPERIO DE LA LEY

La agitación impulsada desde Madrid convergerá, desde los primeros años sesenta, con la protagonizada por los juristas catalanes, lo que conformó desde entonces, y hasta el ocaso de la dictadura, un sólido «frente» de acción conjunta. Hasta 1960 la relación de los letrados barceloneses antifranquistas con el Colegio y sus órganos rectores había sido de nula comprensión, mostrándose estos últimos refractarios a las iniciativas que había tratado de impulsar el colectivo de críticos. El primer intento de introducir en el Colegio de Abogados problemas profesionales relacionados con temas de ética política y social se había planteado en 1957 con motivo de la renovación de cargos en la corporación. El fracaso de la candidatura progresista que Cuenca y Francesc Casares, entre otros, apoyaban, frente a las más «tradicionales» de Condomines y Pi i Sunyer, había venido además precedido de una campaña de desprestigio por parte del sector inmovilista.

Albert Fina, entonces un recién colegiado que comenzaba, de la mano precisamente de Antoni Cuenca, a dar sus primeros pasos en la profesión, recordaba que ésa había sido la época «en que desde el Colegio se nos calificaba de “petardistas” —aunque jamás, que yo sepa, lanzamos ningún petardo— y, peyorativamente, de “curas obreros”. Eran los años en que unos cuantos comenzaban a ejercer de abogados de obreros, siguiendo el camino iniciado por Antoni Cuenca y Francesc Casares. Era la época, al mismo tiempo, en la que se hablaba mucho de los curas obreros, los de verdad, cuando aquí se tradujo aquella obra de Cesbron que tanto leímos los católicos progresistas de entonces, titulada Los santos van al infierno, que explica la historia de unos sacerdotes obreros. Por todo esto nos denominaban “curas obreros”».²⁵

Sin embargo, con la llegada al decanato de Josep Maria Pi i Sunyer, vencedor en los comicios de 1957, y especialmente tras el nombramiento de Frederic Roda Ventura en 1962, la posibilidad de plantear iniciativas democratizadoras por parte de la oposición chocará con menos trabas. En ese sentido, resultará muy valiosa la receptividad de Sunyer por haber sufrido él mismo, dado su pasado liberal, un proceso de depuración.²⁶ La reivindicación, elevada a la Junta de Gobierno, del uso del catalán en el Colegio, sería la primera de las demandas democráticas obtenida por la oposición colegial.²⁷ Pocos meses después, y a instancias de los mismos firmantes (Albert Fina, Antoni Cuenca, Josep Solé Barberà, Josep Benet y Montserrat Avilés), se lograba que a través de la Junta de Gobierno se interpusiera un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto de 1960 sobre «Rebelión militar, bandidaje y terrorismo».²⁸ Aunque finalmente no será admitido a trámite por el Tribunal Supremo, esta acción confirmó, amén de la buena sintonía que la oposición mantenía con sus órganos rectores, que desde la corporación no se iba a permanecer al margen de cuantas disposiciones jurídicas interfiriesen en el desempeño de la práctica profesional de los colegiados.

La decidida intervención del Colegio en asuntos que cuestionaban la política judicial franquista, nuevamente puesta en duda tras la denuncia elevada por la Junta de Gobierno ante el Ministerio Fiscal por las torturas infligidas a los detenidos en el Palau de la Música, era, apenas inaugurada la década, tildada como una molesta injerencia que el Régimen además hacía extensible a otras corporaciones.²⁹ Quizá por ello, y por el contacto que a raíz de estos hechos sostendrán con abogados madrileños, se aplazará la convocatoria del IV Congreso Nacional de la Abogacía.

En el frustrado encuentro, previsto para el año 1961 en Barcelona, estaba previsto abordar cuál debía ser la aportación de la abogacía en pro de la consecución de un Estado de Derecho en España, ocupándose de aspectos que por su relevancia justificaban, en opinión de los organizadores, su inminente celebración. La actualización de aspectos relacionados con la competencia, independencia y organización de la Administración de Justicia, pero también los más sensibles de la unidad jurisdiccional, la sumisión de toda actividad judicial a Derecho o los abiertamente «políticos» relacionados con la situación de los detenidos o la amnistía, se contaban entre los temas a debatir en las sesiones.³⁰ Sin embargo, habida cuenta del clima de agitación reinante en las dos corporaciones más importantes del país, y de la delicada coyuntura política que atravesaba la dictadura, que pocos meses antes había solicitado formalmente el ingreso en la Comunidad Económica Europea, su celebración fue considerada inapropiada y el congreso aplazado sine die.

El Régimen se mantenía de esta manera fiel a una manera de gobernar y administrar Justicia que, básicamente, consistía en negar, maquillando la realidad, que cada vez fueran más quienes se alzaban exigiendo reformas y libertades. Lo hará también en 1962, reaccionando burdamente ante la publicación de un dosier sobre la justicia en España, precisamente cuando el país había sido sacudido por la más importante oleada huelguística desde el final de la contienda.³¹ La Comisión Internacional de Juristas, firmante del documento, era explícita respecto a la situación de la Justicia del Régimen, haciendo hincapié tanto en la falta de independencia del Poder Judicial y de libertad en el ejercicio de la abogacía, como en las competencias que mantenía desde la guerra la Jurisdicción Militar, sobre la que puntualizaba: «En época de paz la utilización, constante en España, de la Jurisdicción Militar para reprimir muchos delitos que normalmente serían juzgados por los tribunales ordinarios es una inquietante violación de los principios del imperio de la ley».³²

La respuesta oficial en forma de «contrainforme» se demoraría hasta 1964, coincidiendo con la conmemoración de los XXV años de Paz.³³ La campaña gubernamental había sido cuidadosamente diseñada para proyectar ante la ciudadanía, pero sobre todo ante los foros extranjeros, la imagen de un país que había superado la fractura de la contienda y la división entre vencedores y vencidos, y apostaba por la «legitimidad de ejercicio» que tras dos décadas de «paz» y «progreso» representaban, de por sí, un aval más que solvente para atajar a cuantos cuestionaban la falta de legitimidad real de la dictadura.

En la campaña, sin embargo, se obviaba que la «paz» se había cimentado sobre una implacable represión, cuya «civilización» posterior únicamente había mudado las formas y suavizado las prácticas violentas. Que miles de personas fueran acusadas y penalizadas por actos delictivos considerados como derechos básicos en aquellos países a los que, precisamente, el Régimen pretendía igualarse resultaba de una insolencia insultante. Más aún cuando había hecho oídos sordos a las peticiones de concesión de una amnistía general para todos los delitos políticos suscritas por los abogados antifranquistas y trasladadas a través de los Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona para su consideración formal por parte del gobierno.³⁴

Que abogados antifranquistas lograran trasladar sus exigencias de democratización a las más altas instancias de la Judicatura y del Estado había requerido, además de un paciente entendimiento entre sensibilidades ideológicas dispares, la ocupación de cargos en los órganos rectores de las corporaciones, que, al fin y al cabo, eran quienes ostentaban la representación ante los Poderes Públicos. En unos casos, como ocurrirá durante el breve pero comprometido decanato del barcelonés Frederic Roda Ventura (1962-1967), su triunfo será el de la candidatura «izquierdista» y su gestión, por tanto, ajustada a parámetros progresistas de defensa de los intereses corporativos de los colegiados, pero también extraordinariamente receptiva al planteamiento de denuncias contra el andamiaje jurídico del Régimen.³⁵ En Madrid, por el contrario, la sintonía de la oposición con José María del Valle Iturriaga, decano entre 1964 y 1972, atravesará momentos muy tensos, mostrando una cuestionable ambigüedad ante flagrantes vulneraciones del Estatuto de la Abogacía.³⁶

La búsqueda de aliados en la formación de candidaturas «democráticas» (tanto de renovación de diputados, como, sobre todo, de elección de decanos) exigirá una dedicación constante, y en cierta medida especializada, por parte de las distintas corrientes opositoras en la que el debate sobre la inclusión de mujeres en las listas también será objeto de controversias. Si María Luisa Suárez Roldán será descartada por su condición de género como aspirante a diputada en el colegio madrileño, las reticencias respecto a Montserrat Avilés en su homónimo barcelonés serán felizmente superadas.³⁷

Las no siempre fluidas relaciones en el seno de una plataforma tan plural y heterogénea requerirán en no pocas ocasiones de destrezas propias de avezados diplomáticos, pero también de renuncias. En la institución madrileña, por ejemplo, el juego de alianzas, mediatizado por un visceral rechazo hacia cualquier propuesta encabezada por el grupo de abogados comunistas, condicionará su labor, permaneciendo éstos en un discreto segundo plano. Sólo excepcionalmente el prestigio de algunos letrados como Antonio Rato, cuya militancia en esta organización clandestina era vox populi, sería considerado un activo.³⁸ En Barcelona el antifranquismo unirá bajo la misma causa al grupo de «izquierdistas» formado por los laboralistas y defensores del TOP (Tribunal de Orden Público), pero también al grupo más elitista y conservador conocido como «del Salón Rosa». Sin fuerza suficiente por separado para imponer su presencia en los órganos rectores de la institución, ambos grupos limarán asperezas aliándose en la proposición de candidaturas progresistas:

De alguna manera estos grupos son los que intentábamos aliarnos para ir a las elecciones de la Junta del Colegio de Abogados de Barcelona [...] pues los días que quisimos ir en candidatura sola los demócratas de izquierda, pues perdimos [...] y dijimos: «Bueno, o se entra o no se entra a la Junta del Colegio de Abogados, y si se entra, pues, tenemos que pactar con alguno», entonces intentábamos pactar con el grupo de profesionales, que ellos se llamaban profesionales, porque profesionales también lo éramos todos, pero profesionales ¿por qué?, porque podían ser de la democracia cristiana, podían ser de lo que fuera, pero como mínimo estaban posicionados enfrente de la dictadura.³⁹

El consenso, en todo caso, se alcanzará en la elección de personalidades de indudable prestigio personal y profesional e identificados con el antifranquismo aunque en las antípodas de posturas ideológicas «radicales». Albert Fina lo sintetizaba al trazar el perfil de Roda Ventura como «un hombre de derechas profundamente antifranquista», ilustrando esta afirmación con anécdotas de su mandato al frente de la corporación catalana como la retirada de la fotografía de Franco de su despacho o su negativa a asistir a una recepción oficial con el Caudillo.⁴⁰ Igual planteamiento —aunque sin el mismo éxito— guiará a la oposición en la apuesta por Joaquín Ruiz-Giménez como candidato al decanato del Colegio de Abogados de Madrid.⁴¹

Lo que queríamos cuando hacíamos una candidatura era que se reforzara no tanto el aspecto de la defensa de los intereses profesionales y económicos, sino el respeto a la profesión y la defensa de las garantías procesales. Y eso era lo que más hacíamos siempre. [...] Entonces, Ruiz-Giménez era un hombre ya no vinculado al franquismo y por otro lado era un hombre integrador de esta voluntad, que había defendido a Marcelino Camacho, a [los de] Laminación de Bandas... Todo eso eran datos para buscar a una persona integradora y jugábamos a esa candidatura y les apoyábamos y luchábamos bastante, porque él sabía que lo que más nos importaba era tener un Colegio democrático que amparara nuestros derechos. [...] Éstas ya eran relaciones muy abiertas y sabíamos que tendríamos cualquier apoyo en la Junta [del Colegio] que iba a favorecer la lucha, por eso luchábamos también con los demás profesionales.⁴²

El fortalecimiento del «frente colegial» antifranquista en la corporación madrileña (más funcional y con proyección de futuro en lo que a generación de consenso y acción unitaria se refiere que a «éxitos» en los comicios electorales) movilizará en su contra al sector afín a la dictadura. Éste, que incluía tanto a letrados adscritos a la Administración como a aquellos colegiados que, aunque no ejercientes, disfrutaban del derecho de voto y de veto, iniciará una abierta campaña de descalificaciones hacia los abogados antifranquistas que llegará incluso a las manos y convertirá tanto la convivencia diaria en el colegio como las normalmente rutinarias juntas ordinarias y extraordinarias en un inusual campo de batalla. Ya mediante panfletos como el titulado «Abogados progresistas, demócratas y anticapitalistas», suscrito por un autodenominado Grupo de Defensa Profesional del Colegio de Abogados de Madrid, que buscaba minar el prestigio de los abogados de la oposición, haciendo pasar sus ataques por argumentos no políticos, frente a la «politización» que los antifranquistas estarían haciendo de la Justicia y la abogacía, ya recurriendo directamente a la violencia, con agresiones como la sufrida por Jaime Miralles o amenazas, pistola incluida, hacia Jaime Sartorius,⁴³ de lo que no había duda era que el enfrentamiento iba más allá de las desavenencias profesionales.

ABOGACÍA Y POLÍTICA

La trascendencia de los acontecimientos que marcarán los últimos años del franquismo, como el Proceso de Burgos o el Proceso 1001, en un contexto de protesta social generalizada, se traducirá por parte del gobierno dictatorial en la restricción de los ya de por sí limitados derechos ciudadanos. Con el país sometido a sendos Estados de Excepción, en 1969 y entre diciembre de 1970 y junio de 1971, y con la suspensión de las garantías contempladas en la «Carta Magna» del Régimen, el Fuero de los Españoles, la actuación de los abogados se verá enormemente dificultada. La imposibilidad de amparar legalmente a los cientos de detenidos en dependencias judiciales y aún el recrudecimiento de las medidas represivas hacia ellos mismos harán más unánimes y clamorosos los pronunciamientos contra el orden institucional vigente. Para el Régimen estaba claro que los juristas conformaban un peligroso núcleo disidente, más complejo de neutralizar que el representado por otros colectivos como el movimiento obrero o el ciudadano, sobre quienes resultaba poco «problemático» actuar de forma expeditiva.⁴⁴

En el fondo, esta apreciación sólo actualizaba un debate de añeja controversia: el de los límites y compromisos de los abogados en el ejercicio de sus funciones. Si el escenario político no fuera el de una dictadura que respondía a cualquier contestación recrudeciendo los actos represivos o cercenando aún más los de por sí restringidos derechos ciudadanos, el debate se plantearía en otros términos. Pero la realidad en un contexto dictatorial situaba indefectiblemente al colectivo de profesionales del Derecho más celoso y comprometido con la práctica jurídica como un potencial enemigo, por cuanto ese mismo celo y la rotundidad con que argumentaban cómo la Justicia debía guiarse incluían una crítica al funcionamiento coercitivo y arbitrario del aparato del Estado. No había duda de que a la abogacía incumbía la construcción de un orden jurídico, político y social dinámico y progresivo con una arraigada vocación de servicio a la Justicia,⁴⁵ pero los juristas «no debían extravasar su propio ámbito de actuación so pretexto de cuestiones presentadas de forma inconcreta y demagógica».⁴⁶ Y en esa línea, cuyos trazos habían ido haciéndose más difusos al socaire de la (in)adaptación del Régimen a la realidad social del país, iba, paradójicamente, haciendo más evidente que, en un contexto dictatorial, abogacía y política eran las dos caras de una misma moneda.

Así se pondrá de manifiesto durante la negativa de letrados a ejercer las defensas ante el TOP en 1970, tras el veto institucional a dos de los candidatos «democráticos» que se postulaban para el decanato del Colegio de Abogados de Madrid (Enrique Tierno Galván y Joaquín Ruiz-Giménez) en 1972, o con la promulgación de una restrictiva Ley de Colegios Profesionales en 1974, pero también en episodios de gran relevancia sociopolítica como el consejo de guerra celebrado en Burgos contra varios integrantes de ETA o en el conocido como «Proceso 1001», que sentó en el banquillo de los acusados a los líderes de Comisiones Obreras.

El primer acto que escenificaría la imbricación entre abogacía y política, o más explícitamente entre abogacía comprometida y democracia, tendría lugar en León, entre los días 14 y 20 de junio de 1970, en el transcurso de las sesiones del IV Congreso Nacional de la Abogacía. El último, el 26 de enero de 1977, cuando un clamoroso silencio rodearía la salida del Colegio de Abogados de Madrid de los féretros de cinco letrados comunistas asesinados por la ultraderecha en el despacho laboralista de Atocha 55.

La abogacía más progresista había venido manifestándose contraria a la política judicial del Régimen desde los años cincuenta. La constancia en sus pronunciamientos al denunciar la indefensión jurídica de los presos políticos, la arbitrariedad que suponía la fragmentación de la Justicia o la omnipresencia del aparato militar para entender asuntos que excedían sus competencias, habían sido respondidas por el Régimen con reformas que, no obstante, no introducían sustanciales modificaciones en su andamiaje legal. Así cabría entender la creación del TOP en 1963 y el trasvase de algunas de sus competencias a la jurisdicción civil, pero también el endurecimiento de las disposiciones legales para castigar a los disidentes.⁴⁷ La poco brillante estrategia «una de cal y otra de arena» aplicada desde el Gobierno, en una suerte de huida hacia delante para contrarrestar la movilización social y las exigencias de democratización, era «enfrentada» diariamente por el colectivo de abogados antifranquistas en las magistraturas de trabajo y en el TOP. Ante estos tribunales especializados actuarán coordinadamente, aparcando divergencias ideológicas y firmemente imbuidos por una concepción militante y comprometida del Derecho. En el «frente colegial», igualmente sobre la premisa de la unidad de acción, sus esfuerzos se centrarán en la conquista de cargos en los órganos rectores y en la formalización de Comisiones específicas para abordar los acuciantes problemas a que se enfrentaba el colectivo.

En Barcelona, la dinámica de funcionamiento que había impreso Roda Ventura, fallecido inesperadamente en 1967 cuando, de madrugada, abandonaba las dependencias judiciales donde había acudido a interesarse por la suerte de unos detenidos, tendrá continuidad en sus sucesores.⁴⁸ Bajo el decanato de Manel Abós se formalizará una Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio del la Abogacía que desarrollará una notable actividad, coincidiendo con la celebración, en 1968, del año internacional de los Derechos Humanos.⁴⁹ En la institución madrileña, sacudida por graves enfrentamientos internos y con la gestión del decanato de Del Valle Iturriaga en el centro de todas las críticas, se formalizarán, tras una tensa Junta Extraordinaria en enero de 1969, sendas Comisiones de Estudio sobre la Unidad Jurisdiccional y el Estatuto del Preso Político.⁵⁰

La labor de agitación colegial requería, como hemos visto, de conciertos entre las distintas corrientes opositoras, que éstas habían visibilizado prevaliéndose de los mecanismos que regían el funcionamiento de las Corporaciones. Lo harán formalizando candidaturas progresistas para concurrir a las elecciones, con mayor o menor éxito, pero sobre todo participando de la rutina del Colegio. Para ello, además de reuniones semanales consentidas por la Junta de Gobierno,⁵¹ utilizarán como plataforma para hacerse oír las oficiales que ésta convocaba bianualmente (las juntas ordinarias) y las extraordinarias (que para su celebración requerían del apoyo de 25 por 100 de los colegiados). En el transcurso de éstas eran elevados para su consideración y aprobación por parte de los colegiados distintos temas que afectaban tanto al desenvolvimiento interno de la corporación como a los problemas que enfrentaba el colectivo en el desempeño de sus funciones. En estrecha relación con esto último, el debate conducía indefectiblemente a la crítica o defensa del ordenamiento jurídico vigente. Por ello, las Comisiones específicas de estudio sobre la política judicial del Régimen o sobre la libertad e independencia de la Abogacía sancionadas en las juntas y respaldadas —en ocasiones con notables reticencias— por las Juntas de Gobierno cumplirán una importante función.

De su trabajo, y de las conclusiones en ellas contenidas se nutrirán las sesiones del IV Congreso Nacional de la Abogacía, formalmente convocado por el Consejo General de la Abogacía para su celebración en León en junio de 1970. Llamado a ser el «congreso de la ruptura», dada la relevancia de los temas a debatir, sus sesiones y debates tendrán una importante cobertura mediática y seguimiento ciudadano.⁵² Igualmente, sus conclusiones representarán un importante respaldo para el colectivo de abogados más comprometido en las acciones futuras que se avecinaban.

En León se plantearon, en términos explícitos, una serie de reivindicaciones democratizadoras que no sólo afectaban a los Colegios de Abogados, sino a la Administración de Justicia en general, y abarcaban desde el autogobierno e independencia de las corporaciones hasta puntos que, puestos en práctica, implicarían una modificación sustancial de las estructuras de poder fascista, avanzando hacia el Estado de Derecho y el cumplimiento y ejercicio de los derechos de la persona en su sentido más amplio. Por ello quizá fue inusual la nutrida asistencia del colectivo de juristas vinculado profesional o ideológicamente al aparato del Estado, en un intento por salvaguardar la juridicidad del Régimen. Por su parte, la oposición colegial, cuyo trabajo de años podía finalmente obtener un importante respaldo, acudió dispuesta a «plantar batalla». De hecho, buena parte de éstos se levantaron de sus asientos cuando el ministro de Justicia tomó la palabra para inaugurar el Congreso. Era un acto simbólico que avanzaba en qué términos rupturistas iba a discurrir el encuentro.⁵³ Después, interminables sesiones «informales» al margen de las oficiales harían posible el gran éxito del Congreso y de la oposición: el consenso en la petición al Gobierno de la supresión de las Jurisdicciones Especiales, la derogación de los decretos de 1960 y 1968 sobre bandidaje y terrorismo, la limitación de las competencias de la Jurisdicción Militar y la expresión en el ámbito penitenciario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.⁵⁴

No menos importancia tendrían otros temas relacionados con la reforma del Estatuto de la Abogacía, habida cuenta de las trabas e injerencias gubernamentales que en su desempeño profesional encontraban los letrados. Así, además de consagrar el principio de independencia de la Abogacía, para lo que se propuso la sustitución del juramento de fidelidad a las leyes e institución del Estado, por el juramento de fidelidad al «imperio del Derecho y de la Justicia y a los deberes inherentes a la profesión», se consensuó el derecho a la asistencia letrada desde el mismo momento que cualquier persona fuera requerida o detenida para presentarse ante cualquier autoridad, Juzgado o Tribunal y la inviolabilidad de sus centros de trabajo.⁵⁵

DE LEÓN A ATOCHA

La coincidencia del Congreso con el inicio de las incomparecencias de letrados defensores ante el TOP, motivadas por la negativa del tribunal a permitir la audiencia pública en el juicio que se seguía contra el líder comunista asturiano Horacio Fernández Inguanzo, avivó el debate acerca de la supresión del Juzgado y Tribunal de Orden Público que la imposición de severas sanciones a los abogados que se unieron al plante iniciado por Manolo López no hizo sino incrementar.⁵⁶ Este plante tuvo una respuesta solidaria por parte de los abogados muy notable y durante meses paralizó el normal funcionamiento del Tribunal. La fuerza de este acto de rebeldía colectiva residía nada más y nada menos que en lo suscrito en León, forzando a las corporaciones, mediante sus Juntas de Gobierno, y al Consejo General de la Abogacía a solicitar de la Administración que las conclusiones adoptadas en el reciente congreso fuesen acatadas.⁵⁷ Lejos de esto, el Gobierno respondió haciendo caso omiso y recrudeciendo su política represiva. Al procesamiento de Manolo López seguiría, aunque en su caso por la jurisdicción castrense, el de Jaime Miralles, acusado de injurias al Ejército. En ambos casos se ponía de manifiesto que el Régimen no estaba dispuesto a aceptar lo suscrito en León, vulnerando el legítimo derecho a la tesis de defensa que había esgrimido López al negarse a defender a puerta cerrada en el TOP y Miralles al exigir, en calidad de abogado de la familia de Pedro Patiño, que se clarificaran las circunstancias de su muerte a manos de las fuerzas de Orden Público.⁵⁸

La movilización contra estas vulneraciones estatutarias de los profesionales del Derecho tendrá una doble consecuencia: de un lado hará más unánimes y plurales los pronunciamientos desde distintos colegios de abogados del país, y de otro ahondará la crisis en la corporación más numerosa y dinámica, la madrileña,⁵⁹ con cuya Junta de Gobierno la oposición distaba de estar en sintonía y que ya había originado profundas fricciones con su decano, quien, con motivo del encierro de letrados en sus dependencias durante el Proceso de Burgos, había consentido la clausura del mismo.⁶⁰ Durante este consejo de guerra, en el que se pedían penas de muerte para los procesados, fue notable la agitación, no sólo colegial, que además de en Madrid responderá con encierros en Barcelona o Zaragoza, sino también ciudadana, forzando al Régimen, presionado también desde foros internacionales, a conmutar las penas impuestas por las inmediatas inferiores.⁶¹

La rebelión de los profesionales del Derecho, pero también de los vinculados a otras profesiones liberales que acompañarán con sus pronunciamientos a los letrados y harán suyos los acuerdos de León, determinará que desde el Gobierno se acometa la reforma de la Ley de Colegios Profesionales ampliando notablemente con ello un frente disidente que se unía al de otros movimientos sociales, pero también de la Judicatura (Justicia Democrática iniciará su andadura en los primeros años setenta).⁶² La misma ley que hasta entonces había permitido hacer de los colegios profesionales «islas de libertad».

Pese a todo, y hasta el ocaso de la dictadura, en las dependencias del Colegio de Abogados seguiría librándose la batalla dialéctica contra la dictadura, la de los pronunciamientos cimentados sobre la firme convicción de que la Abogacía y sus instituciones no podían, ni debían, permanecer al margen de la realidad social, máxime cuando ésta demandaba cambios y democracia. Entre sus paredes, también, serían velados los restos de los cinco abogados laboralistas asesinados en Madrid el 24 de enero de 1977. Amarga victoria, en la antesala de la conquista de la Democracia, para un colectivo que había hecho de la práctica de la Abogacía un compromiso social y político en pos de la consecución en España de un Estado de Derecho.

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Mujeres en primera línea

Abogadas en la lucha por las libertades y el ejercicio de la igualdad

ENFRENTADAS A UN MERCADO laboral masculinizado y a un contexto social, económico y político de desigualdad legal que favorecía las estructuras y el poder patriarcales, un grupo de letradas que, pese a ser minoritario, fue creciendo de forma muy significativa, libró durante los años del franquismo su particular y doble batalla contra la dictadura y contra la discriminación en el ámbito de una de las profesiones liberales más arraigadas en la sociedad, la abogacía. La historia de la abogacía, como la de la mayor parte de las profesiones, está marcada por la existencia de barreras de género que en períodos como el de la dictadura franquista se volvieron aún más difícilmente franqueables. El acceso de las mujeres a los Cuerpos Jurídicos se produjo, y sólo parcialmente, cuando el gobierno de la Segunda República declaró la igualdad de derechos laborales. Las mujeres pudieron entonces incorporarse a los Tribunales de Jurado, opositar a Notarías, a Registradores de la Propiedad, a la Procuraduría de Tribunal y a la Secretaría de Juzgado Municipal. Sin embargo, seguía bloqueado su paso a la Judicatura y a la Fiscalía. Como es bien sabido, la victoria franquista en la Guerra Civil supuso para la población femenina un enorme retroceso en derechos y libertades, destruyó toda esperanza de emancipación y acabó con sus expectativas de progresiva incorporación a la profesión. Sólo en 1966 se volvió a permitir el acceso gradual de las mujeres a las profesiones jurídicas.¹ Sin embargo, ya desde la década de los cincuenta y especialmente a partir de mediados de los sesenta, el de la abogacía antifranquista se convirtió en uno de los espacios en los que el carácter marginal de la posición de las mujeres en la profesión se impugnó de forma más palpable. Letradas comprometidas en la lucha contra la dictadura llegaron a ejercer, en estos años, responsabilidades profesionales y políticas que incluían desde la presencia en juntas de gobierno de Colegios como el de Barcelona hasta la coordinación y dirección de despachos laboralistas. Movidas por un fuerte compromiso con la defensa de la justicia, pusieron su profesión al servicio de la clase trabajadora y contribuyeron al desarrollo de la democracia y al avance del conjunto de la sociedad. Pero además, abriéndose paso en un marco político y jurídico hostil a la presencia de las mujeres, lograron, también, dar un paso histórico en la conquista del derecho a la igualdad.

LAS PRIMERAS LABORALISTAS

La presencia y el protagonismo de las mujeres en los despachos laboralistas serán especialmente visibles a partir de la segunda mitad de la década de los sesenta. Sin embargo, en el inicio de lo que más tarde se considerará un movimiento organizado de abogados antifranquistas, también estuvieron presentes un puñado de mujeres cuyas trayectorias reflejan, de forma temprana, la particular combinación de elecciones personales, profesionales y políticas que va a caracterizar al colectivo de letrados antifranquistas. Mujeres como María Luisa Suárez Roldán, Josefina Arrillaga y Montserrat Avilés, por señalar sólo a algunas de las más reconocidas, fueron abriendo camino en una primera etapa especialmente complicada no sólo para el ejercicio de la abogacía comprometida, sino también para la presencia de las mujeres en el espacio público. Y a su solitaria y pionera labor deben mucho, sin duda, las experiencias de las siguientes generaciones de abogadas laboralistas.

Aunque estas mujeres no conformaron un entramado homogéneo y sin particularidades, como colectivo compartieron itinerarios vitales, políticos y profesionales similares. De las mencionadas anteriormente, todas ellas provenían de familias de la pequeña burguesía de profesiones liberales. La más veterana, María Luisa Suárez Roldán (Madrid, 1920), pertenecía a una familia liberal de clase media y sus padres, aunque no se habían significado políticamente, sí mostraban simpatías republicanas. María Luisa se hizo alumna de la Institución Libre de Enseñanza en 1928, en gran parte porque su madre se había formado en sus aulas, pero también porque sus renovadores y avanzados métodos de enseñanza encajaban a la perfección con el ambiente liberal, culturalmente progresista y laico que se respiraba en el entorno familiar. Tras finalizar los estudios de bachillerato la futura letrada abandonó la Institución, aunque su influencia la acompañó a lo largo de toda su trayectoria. El cambio a un instituto de enseñanza reglada, que coincidió con la proclamación de la República, lejos de suponer un choque cultural llevó a María Luisa a tomar contacto con alumnos y alumnas de distinta extracción social, lo que supuso para ella un enriquecimiento personal que le permitió, además, encontrar respuestas a algunas de sus cada vez mayores inquietudes.² Pero sin duda, un punto de inflexión en su proceso de concienciación política y social fue el inicio de su relación con el que será su esposo, Fernando Ontañón, hijo de un profesor de la ILE y perteneciente a una familia de firme compromiso político republicano, con el que María Luisa comenzó pronto a disfrutar de largas charlas sobre política. Ontañón, que había ingresado en la JSU y había ido voluntario al frente, estuvo tras la guerra internado en el campo de Albatera y esta experiencia, sumada al período de separación que sufrió la joven pareja, reforzó en María Luisa un sentimiento antifranquista que comenzó a canalizar, a partir de entonces, a través de una informal militancia comunista.³ En 1944, movida por la convicción de que el Derecho podría servirle para ayudar a reparar los desastres ocasionados por la guerra y la represión, ingresó como alumna libre en una Universidad en la que la presencia de mujeres era totalmente minoritaria.⁴ La educación en un ambiente republicano o liberal fue también un factor importante en la trayectoria de la que será la abogada más activa de la clandestinidad socialista, Josefina Arrillaga (Bilbao, 1933). Su padre, un ingeniero que había sido socio de la progresista Sociedad El Sitio en Bilbao, había sido represaliado tras la guerra y su madre, que presumía de haber sido «la primera que puso en Bilbao la bandera republicana en un edificio público», había colaborado en el esfuerzo bélico ejerciendo de chófer voluntaria para la agrupación Mujeres Libres. Josefina los recuerda a ambos como personas con «una inquietud social enorme», de quienes aprendió la importancia de defender la legalidad y la legitimidad por encima de todo.⁵ Aunque en su caso, igual que en el de María Luisa Suárez, no existía una tradición directa de ejercicio de la abogacía en la familia, su ambiente familiar y cultural influyó en la decisión de estudiar una carrera como derecho, en la que se matriculó en 1950. En este sentido el perfil de Montserrat Avilés (Barcelona, 1936), procedente de una familia del liberalismo conservador catalán profundamente religiosa, supone una notable excepción. Montserrat era hija única de Montserrat Vila y de un prestigioso jurista barcelonés, Gabriel Avilés Cucurella, al que Francesc Casares, que fue pasante suyo entre 1950 y 1958, evocaba como un hombre de derechas y favorable, sin demasiado entusiasmo, al régimen franquista.⁶ Como ella misma recuerda, estudiar Derecho era algo que siempre había dado por supuesto: «Mi padre era abogado, tenía el despacho en casa, conocía desde lo que hablaba él hasta los clientes». Precisamente por eso, cuando tomó la decisión de ingresar en la universidad Montserrat no encontró oposición alguna en su familia, sino al contrario: «Estaban encantados, mi padre me llevaba a Magistratura a enseñarme —“Es la niña”— a los magistrados. Estaban encantados de la vida, era hija única».⁷ Eso sí, tanto unas como otras se formaron en una universidad con una testimonial presencia de mujeres. Teniendo en cuenta que hasta 1920 éstas no habían sido admitidas en el ejercicio de la abogacía, no resulta extraño que la carrera que habían elegido tuviese un carácter marcadamente masculino.

Una vez terminados los estudios universitarios, Arrillaga, que se dio de alta formalmente en el Colegio de Abogados en 1959, se inició en la profesión ejerciendo de auxiliar de profesor de Derecho Procesal durante dos años, tras los cuales se fue a estudiar a Cambridge. María Luisa, por su parte, comenzó su carrera trabajando de pasante en el bufete de Rosende, un abogado de simpatías republicanas que había decidido aceptarla en su despacho por consideración hacia su padre. Ya en su primera experiencia laboral, la joven abogada pudo comprobar el peso de las barreras de género existentes en los bufetes de aquella época. Apenas le pasaban expedientes, su lugar de trabajo estaba separado del resto de sus compañeros y sus intentos por cambiar la situación recibían como única respuesta la sugerencia de dedicarse a otras labores «más propias de su sexo». Como ella recuerda, en alusión a Rosende:

¡No me hacía ningún caso! Porque había tres o cuatro que estaban por delante de mí, y yo era la última palabra del credo y... ¡además una mujer! [...] Me daban algún trabajo... nada más que para ver cómo era un expediente, en fin, esas cosas de principio que es odioso, y con una mujer porque todos me decían: «¿Por qué no se casa usted y se deja usted de tonterías de ejercer? ¿Pero qué quiere usted ejercer? [...] Pasó el tiempo, estaba ahí en casa de este hombre, no prosperaba nada, pero bueno, algo siempre se aprende, por muy tonto que sea uno y además por muy poco caso que le hagan, pues si le dejan a uno un expediente, va uno enterándose de por dónde van las cosas. Pero lo tremendo, el antifeminismo ese terrible de «a esta mujer pues que se case y que se quite de en medio, las mujeres porque no sirven para nada más que para estar estorbando».⁸

Moviéndose necesariamente en los estrechos márgenes de maniobra que la legislación franquista dejaba a las licenciadas, su futuro parecía reducirse a intentar establecerse por libre o tratar de colocarse en un ministerio. Así las cosas, optó por abrir un modesto despacho que instaló en su domicilio familiar. En 1947 comenzó a ejercer, ingresó en el Colegio de Abogados de Madrid y contrajo matrimonio con Fernando Ontañón. Simultaneando la asistencia al despacho de Rosende con la atención al suyo propio en Feijoo 14, María Luisa preparó, además, oposiciones a Registros. Fue entonces cuando nuevamente vio cómo su condición de mujer, casada en esta ocasión, limitaba sus posibilidades de promoción laboral. En el escrito remitido por el tribunal elogiando su examen se argumentaban los motivos de denegación atendiendo a que «lo lógico es que fuera su marido quien la mantuviera».⁹ Como ella misma recuerda, también en el Colegio era la única mujer.¹⁰

Las facultades y los colegios de abogados eran, sin duda, espacios fuertemente masculinizados. Sin embargo, en esta etapa del franquismo se convirtieron también en una buena cantera de cuadros militantes femeninos y estas abogadas son buen ejemplo de ello. Josefina Arrillaga, por ejemplo, fue la mujer más representativa de la clandestinidad socialista hasta mediados de la década de los sesenta. Su acercamiento al Partido Socialista se había producido por mediación de Antonio Villar, quien, a finales de los cincuenta, la invitó a participar en las reuniones clandestinas que tenían lugar en Madrid. Así conoció a Antonio Amat, que por entonces aspiraba a reconstruir el partido en el interior y, tras la redada que en 1958 descabezó la incipiente organización socialista, Josefina se hizo cargo de su defensa ante los tribunales, asumiendo además la tarea de reconstrucción del Partido.¹¹ A partir de entonces en sus manos quedaron labores como la solidaridad con los presos y detenidos, el mantenimiento del vínculo con la Comisión Ejecutiva de Toulouse, la integración de la actuación con el resto de los miembros del partido en el interior y la relación con los medios de comunicación internacionales. Además Arrillaga, a quien los compañeros del interior denominaban «La Apóstol» y que firmaba su correspondencia con Toulouse con el sobrenombre de «La Amazona», creó junto a José Federico de Carvajal el Secretariado de Abogados de UGT en el interior, ocupando la secretaría de este organismo entre 1959 y 1960. Asimismo, fue miembro de la ASO y participó en diversos congresos de la CIOSL hasta que en 1966 se trasladó a Alemania, donde permaneció hasta 1974 alejada de la política española.¹² Como dirigente, en consonancia con la línea oficial del Partido, mostró escasa preocupación por la situación de la mujer en la vida pública; sin embargo, en los años centrales del franquismo, Arrillaga se convirtió en la militante femenina más activa del PSOE y la UGT. Precisamente por ello, en su labor como abogada antifranquista coincidió en algunas de las plataformas unitarias de la época con la que fue la abogada comunista más representativa de esta etapa de la clandestinidad, María Luisa Suárez Roldán. De hecho, cuando en 1961 el PCE y otras fuerzas políticas convocaron en París una Conferencia por la Amnistía de los Presos y Exiliados Políticos españoles, la Agrupación de Abogados Jóvenes envió como representantes a dos mujeres, Josefina Arrillaga por el PSOE y María Luisa Suárez por el PCE.

Por aquel entonces, María Luisa militaba en el Partido Comunista desde la plataforma profesional del Colegio de Abogados de Madrid, de la que se había hecho responsable tras la detención de Ortiz Ricol en febrero de 1960. Como militante comunista tuvo una importante presencia en Seminarios como el celebrado en Arrás en 1963, a través del cual el Partido trató de captar a profesionales que pudieran servir de cuadros para la acción en el interior. Además ejerció con frecuencia de correo con los presos de Burgos, fue corresponsal para Radio Española Independiente (REI) y llevó, por ejemplo, la defensa colectiva de varios mineros asturianos en 1962. En esa misma época formó parte de la Asociación de Mujeres Universitarias, donde coincidió con esposas e hijas de apellidos ilustres como Ortega, Rafael Lapesa o Julián Marías. En 1965, finalmente, entró a formar parte del Comité Central del Partido.¹³ En ese momento María Luisa, junto a sus compañeros de profesión y militancia Jiménez de Parga y Antonio Montesinos, empezó a plantearse la necesidad de crear un despacho colectivo que atendiera a la vez a la política practicada por el PCE y a los requerimientos del nuevo movimiento obrero. La ocasión se presentó cuando el abogado del que era pasante Montesinos, Abad Conde, accedió a alquilarles su despacho de la calle Cruz 16.¹⁴ Surgió así el que se convertiría en el primer despacho laboralista colectivo de Madrid, al que pronto se sumaron los más jóvenes José Esteban y Manuela Carmena y, durante un breve período de tiempo, Gregorio Ortiz Ricol. Tras la marcha, en 1967, de Jiménez de Parga y Esteban, María Luisa contó con la colaboración de Luisa Elena del Portillo y, ya como titulada, de Manuela Carmena. Finalmente, en 1969, se incorporó al despacho Juan José del Águila. Si bien en un primer momento la asunción de tareas —asesoramiento a los trabajadores y defensas ante el TOP— se repartía entre los titulares del despacho, era María Luisa la que se ocupaba preferentemente de las causas políticas.¹⁵ De hecho, se convirtió en la segunda abogada con mayor número de defensas ante el TOP (147), tras Cristina Almeida.¹⁶ Además era ella también quien se encargaba de asignar personalmente las tareas, mostrando siempre un gran interés por ir introduciendo a jóvenes en la profesión. De hecho, lo suyo fue un auténtico magisterio y así lo recuerdan algunos de los que, como Manuela Carmena, aprendieron con ella antes aún de haber finalizado la carrera.¹⁷ Como señala Irene Díaz, el estilo tanto militante como profesional de María Luisa, definido por la férrea disciplina, el seguimiento a ultranza de las consignas partidistas y el cuidado en las formas y la relación con los compañeros, fue sumamente conservador: «Me llamaban “la monja”, y desde luego rehuía los asuntos de abortos, violaciones, abusos deshonestos... No los llevaba por no tener que decir una serie de palabras, ni tampoco permitía que se contaran chistes obscenos en mi presencia». Nunca se consideró abanderada de vindicación feminista alguna: «Me da vergüenza decirlo, pero nunca me preocupé de esas cosas...», pues estaba convencida de que eran otras las «urgencias» de aquellos años: «Las feministas tienen mucha razón en una sociedad machista. Pero había tanto preso político, tanto problema laboral, que los problemas de la mujer no te llamaban la atención».¹⁸ Inevitablemente, cuando con el tiempo comience a incorporarse al ejercicio de la profesión una nueva generación de abogadas, con una cultura política distinta a la de las veteranas, estas cuestiones generarán ciertos desencuentros e incluso algunos conflictos. Así lo recordaba, por ejemplo, Manuela Carmena: «En el tema de lo de la moral, yo por ejemplo recuerdo que cuando nosotros entramos en contacto luego ya como abogados con los comunistas clásicos, también hechos aquí, pero de generaciones anteriores a la nuestra, no sé, nos parece... no estamos de acuerdo con ellos, nos parece que son muy conservadores y no... Yo, por ejemplo, me acuerdo muy bien que cuando yo ya soy abogado y empezamos a las reuniones por la noche y tal, María Luisa Suárez me dice que, que venga siempre a las reuniones con mi marido, ¿no?, porque una mujer casada no puede ir a una reunión por la noche y tal, y yo: “Venga, María Luisa, yo le digo aquí a Eduardo que venga y le da, vamos, le da la muerte letal” [...] pero nos reímos de ellos, quiero decir cariñosamente, pero nos parece que son como nuestros padres pero en cosa de izquierdas, no estamos nada de acuerdo, [...]».¹⁹ Sin embargo, aunque María Luisa no mostró interés por la llamada cuestión femenina, sí tomó conciencia pronto de la situación de discriminación en la que se encontraban las mujeres en la sociedad y luchó por combatirla. En 1942, una breve experiencia como alumna oficial de la Facultad de Filosofía y Letras, que simultaneaba con los estudios de Derecho, fue reveladora: «El catedrático de Historia, Antonio Ballesteros, el primer día de clase, alegando que éramos muchas mujeres, nos hizo pasar con su ayudante, que era una mujer, y durante todo el curso sólo dio clase a los chicos».²⁰ La discriminación de género de que ella misma fue objeto desde que accedió a los estudios universitarios y las dificultades que encontró después en su despegue y consolidación profesional, la concienciaron acerca del sometimiento jurídico en que se encontraba la población femenina. Así María Luisa comenzó a asistir legalmente a mujeres que habían transgredido las rígidas limitaciones que la legislación les imponía y desarrolló un notable interés por la reivindicación de sus derechos, especialmente por cuestiones como la formalización de matrimonios civiles.²¹ En 1957 leyó en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación un trabajo titulado «La mujer ante la Ley, la autorización marital», que resultó toda una declaración de principios, jurídicamente sustentados, sobre la «minoría de edad» de las mujeres. Como ella recuerda: «La clave de mi conferencia se centraba precisamente en la arcaica institución de la licencia marital, cuya supresión estimaba imprescindible para liberar a la mujer casada de la incapacidad legal a la que estaba sometida».²² En 1958 la Revista Jurídica Astrea, a través de María Telo, directora de la sección «La mujer en el Foro», le pidió un artículo y así surgió «El problema de la forma del matrimonio en la legislación española». La revista fue secuestrada por la Dirección General de Seguridad y el decano llamó la atención a María Luisa por haber tenido que responder por ella ante la policía: «Cuando leí la revista comprendí que la misma era pura dinamita».²³ Desde entonces no dejó de reivindicar la necesidad de luchar, mediante la argumentación jurídica, por mejorar la situación de las mujeres respecto a sus derechos civiles y laborales. Y esta labor, que será continuada por las siguientes generaciones de abogadas comprometidas, contribuyó decisivamente a transformar la legislación. De hecho, como señalaba Montserrat Avilés: «Había una absoluta discriminación legal, quiero decir plasmada en leyes y éste es un caso, [...] en que así como normalmente las leyes vienen a regular lo que existe en la sociedad [...] a veces la ley es la que transforma la sociedad. Y en este punto yo pienso que avanzó más la ley que la sociedad, en el tema de la mujer».²⁴

La propia Montserrat es otro buen ejemplo de cómo la sociedad no estaba aún preparada para ciertos cambios. Cuando comenzó la carrera, en 1953, eran sólo diez mujeres: «En aquel momento es que éramos diez entre mil. Por eso de aquel momento, de aquella época la mayoría de abogados me recuerdan a mí y, en cambio, a mí me es más difícil porque, claro, eran muchos».²⁵ En su caso, a pesar de que no se vinculó directamente a ningún sindicato estudiantil, por edad (es la más joven de estas pioneras) sí participó de la agitación universitaria de la segunda mitad de los cincuenta.²⁶ Después de una breve colaboración como ayudante de cátedra en la misma universidad, en 1959 se colegió y comenzó su actividad profesional en el despacho de su padre, en Barcelona, poco antes de que éste falleciera ese mismo año.²⁷ También entonces conoció al que sería su compañero de vida, trabajo y militancia, Albert Fina, que reflexionaba así sobre la situación en la que se encontraban las mujeres en el mundo de la abogacía:

Cuando empecé de abogado, en el año 1959, había muy pocas abogadas. [...] En aquellos años recuerdo que se decía de la casi única abogada conocida: «Tiene muy poca vergüenza. Fíjate: va tan tranquila al Palacio de Justicia estando embarazada y todo. Con aquella tripa, así de gorda, y aún así va a los juicios». Así se hablaba en los ambientes jurídicos. De la misma chica, hoy toda una señora, se decía: «Y además parece —por lo que dicen— que es soltera...». «¡Oh... —decían escandalizados otros abogados— ¿qué me dices? ¿Y va enseñando su vergüenza públicamente? Esto no puede ser. El Colegio de Abogados tendría que hacer algo.»²⁸

De hecho, incluso parte del entorno familiar de Avilés consideró que, una vez muerto su padre, sería más conveniente que ella se buscara otra ocupación o, en su caso, que se buscara «un buen marido».²⁹ Avilés y Fina se casaron en 1960 y el mismo Albert recordaba cómo: «Cuando nos casamos un magistrado nos dijo: “Les felicito. Que sean ustedes muy felices y que tengan muchos hijos. Y —dirigiéndose a Montserrat—: ahora usted, claro, dejará de ejercer de abogado y, naturalmente, se hará cargo de la casa, de los hijos y de su marido”. Montserrat le contestó que no tenía ninguna intención de cuidar de su marido —servidor— y mucho menos de la casa. Y que hijos, de momento, no teníamos. Que ya lo arreglaríamos como pudiésemos, pero que ella quería seguir ejerciendo. Y efectivamente, arreglándolo como hemos podido, Montserrat ha seguido, como yo mismo, ejerciendo la abogacía desde entonces, y con dos hijos».³⁰ Sin embargo, tras contraer matrimonio Montserrat tuvo que dejar la Universidad, donde daba clases de Derecho del Trabajo, porque el responsable de la asignatura decidió que no quería mujeres casadas en su cátedra.³¹ A partir de entonces comenzó a compartir con su marido una trayectoria definida por una «indivisibilidad profesional y política», en palabras de Javier Tébar, que se mantuvo intacta a lo largo del tiempo. Las asesorías laborales que, desde 1960, pusieron en marcha en Barcelona y sus alrededores les convirtieron en un referente para los militantes de Comisiones y para numerosos trabajadores de las empresas de la zona. Las primeras defensas de Montserrat ante el TOP fueron las de Francisco Roca y Teresa Ferrán, y el primer consejo de guerra sumarísimo en el que participó, junto a Albert Fina, fue en el que se juzgó a seis militantes del PSUC detenidos durante el estado de excepción de enero de 1969. Entre 1967 y 1976 ambos abogados actuaron en un total de 125 defensas, en 68 Avilés y en 57 Fina. Políticamente, tras haber estado ligados entre 1959 y 1962 al Front Obrer de Catalunya (FOC), en 1967 formalizaron su ingreso en el PSUC, donde militaron hasta 1976. En estos años Montserrat llegó a formar parte de los comités centrales del PCE y del PSUC y en 1962, movida por su compromiso profesional y político, se presentó a vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona, en la candidatura de Frederic Roda Ventura. Y fue elegida.³² Según recordaba Fina, los abogados, desconcertados, se preguntaban cómo no era él quien se presentaba; algunos lo encontraban tan incomprensible que llegaron a inventar explicaciones de lo más pintorescas. Incluso cuando ella ganó, pese a todas sus virtudes personales y profesionales, Fina opinaba que muchos abogados con prejuicios la habían votado porque hacía poco que había muerto su padre, Gabriel Avilés, con gran prestigio dentro del Colegio.³³

Era la primera vez que una mujer ocupaba un lugar en una Junta de Gobierno de un Colegio de Abogados y el camino hasta ahí no había sido, en absoluto, fácil. Al contrario, mujeres como éstas, que desempeñaron su profesión en un mundo diseñado por y para hombres, tuvieron que superar obstáculos que a sus compañeros no se les planteaban y se vieron obligadas a demostrar una valía que a la mayoría de ellos se les suponía. Moviéndose en la cultura común del antifranquismo, exploraron los límites que les imponía su condición femenina, adaptándolos o franqueándoles según las experiencias y lograron ocupar puestos de relevancia tanto en su profesión como en sus organizaciones políticas, convirtiéndose en una minoría respecto al resto de las mujeres de su tiempo. Con su labor doblemente pionera, no sólo como abogadas que se movían en un ambiente mayoritariamente masculino sino también como laboralistas que comenzaban, junto a sus compañeros, a sentar las bases de una nueva forma de entender la profesión, se convirtieron en referentes para las mujeres de las siguientes generaciones.

LA LLEGADA DE UNA NUEVA GENERACIÓN DE ABOGADAS LABORALISTAS

El trabajo de las pioneras en los años cincuenta y principios de los sesenta no cayó, por tanto, en saco roto. Al contrario, desde mediados de los sesenta y hasta el final de la dictadura, el número de abogadas antifranquistas que se insertó en las redes de despachos que practicaban un uso alternativo del derecho en defensa de las libertades políticas y la igualdad social aumentó de forma notable. Y esto se debió, fundamentalmente, a dos factores. El primero de ellos tiene que ver, precisamente, con la transmisión directa de conocimiento y con la formación que realizaron las «veteranas» con las jóvenes abogadas que se incorporaron a sus bufetes en los años sesenta. El segundo está relacionado con el aumento progresivo del número de mujeres en las facultades de derecho, fruto, a su vez, de la lenta pero imparable modernización de las costumbres que se estaba produciendo en el país y que tuvo un eco evidente en las familias de clase media del desarrollismo, a las que pertenecían la gran mayoría de estas futuras abogadas. En términos generales, todas ellas compartían el ambiente familiar y las aspiraciones propias de las clases medias españolas de la época, para las que la educación era un valor fuertemente vinculado al estatus económico pero también al prestigio social, aportaba identidad y tenía tanta importancia como el anterior. Sin embargo, el hecho de ser mujeres en una clase social donde profesiones como la de la abogacía se estructuraban y concebían fundamentalmente alrededor de características asociadas a lo masculino, hace que sus trayectorias representen un cambio importante respecto a la pauta del itinerario establecido dentro de la clase media.

En el aspecto cultural, el ambiente en el que se desenvolvía la mayor parte de estas abogadas se caracterizaba por el mismo tipo de divisiones que arrastraba el país: «Como tantas familias españolas divididas, donde había habido gente pues que tenía una postura a favor de la República y después otro sector de la familia que era al contrario, muy religioso y muy conservador».³⁴ Así, por citar sólo algunos ejemplos, había hogares conservadores y católicos como el de Aurora León (Fuentes de Andalucía, Sevilla, 1946) o Francisca Sauquillo (Madrid, 1943) en los que la religión se vivía con una «autenticidad» que es fundamental para entender su posterior sensibilidad hacia la cuestión social.³⁵ El conservadurismo, no obstante, no iba asociado a la imposición de la exclusividad católica en la educación de los hijos y así, por ejemplo, Dolors Monferrer, Lola (Vilafranca, Castellón, 1947), perteneciente a una familia vinculada a la CEDA valenciana, además de los valores religiosos recibió por influencia de su madre (hija del director de la Escuela Normal masculina de Badajoz y de la directora de la Escuela Normal femenina de la misma ciudad) una educación moderna que no renegaba de los logros del librepensamiento.³⁶ En otros casos, la influencia familiar derivaba de simpatías republicanas y modernizadoras que favorecían actitudes librepensadoras. Es el caso de Ana María Ruiz Tagle (Sevilla, 1944), cuyo padre —ingeniero industrial— se había posicionado como republicano y en su juventud universitaria había formado parte de la FUDE.³⁷ Además de posibles influencias familiares ese espíritu librepensador se forjó también, en ocasiones, en determinados colegios privados, religiosos o no, que mostraban cierto interés por métodos educativos más modernos. Así, por ejemplo, Manuela Carmena (Madrid, 1944) acudió a un colegio religioso donde se manifestaba un ambiente de cierto «liberalismo» cultural e incluso una tímida reivindicación del feminismo católico de los años veinte, lo que asociado al compromiso social le permitió escapar, en cierto modo, de los imperativos del nacionalcatolicismo ortodoxo: «Las monjas nos propusieron a las que queríamos ir a enseñar catecismo a las chabolas de, de Vallecas, ¿no? Y entonces pues yo creo que fue uno de los elementos de concienciación así pues como más evidentes. [...] [También] había un libro que se llamaba La ética de la seglaridad que era un libro que había escrito Lily Álvarez. Lily Álvarez es una feminista, no sé si recordáis, que tiene bastante importancia pues en el franquismo porque ella es una mujer que habla de los derechos de la mujer y de la necesidad de que... y ella había sido una campeona de tenis».³⁸

Algo similar ocurría en instituciones como el Colegio Estudio, el Liceo Francés de Madrid y otro tipo minoritario de escuelas privadas que formaban a sus alumnos y alumnas de acuerdo con valores «liberales», con la esperanza de crear una élite cultural y técnica más homologable a la existente en la Europa occidental del momento. La propia Carmena recuerda cómo sus amigos de entonces «los que no eran del Liceo eran del Colegio de Estudio, y los que no, del Británico, es decir, un poco de esos ambientes».³⁹ Aun así, seguían siendo más habituales los casos en los que las jóvenes recibían una educación a la medida de la época —«la que se le daba a una señorita en aquellos tiempos»—, entendida como método de adoctrinamiento de la mujer, considerada eje de la familia y última responsable de la transmisión ideológica intergeneracional.⁴⁰

Todos estos elementos son importantes para evaluar la actitud de los padres de clase media ante la perspectiva de que sus hijas estudiaran una carrera universitaria y, además, pretendieran ganarse la vida con una profesión liberal masculinizada y poniendo sus conocimientos al servicio de una causa que iba decantándose, cada vez más, hacia formas de participación y militancia políticas y antifranquistas, es decir, ilegales y susceptibles de ser reprimidas. De hecho, aunque entre las mujeres de esta generación no era excepcional que jóvenes de familia acomodada estudiaran, sí seguía existiendo cierta especialización de carreras. Como reconocía Aurora León: «Todo el mundo me decía que las mujeres teníamos que estudiar Filosofía y Letras o Farmacia [...]. En las familias biempensantes, para que la mujer no abandonara la casa la farmacia era la salida ideal porque las mujeres ponen su farmacia, con su mancebo, están en casa y no tienen que ir».⁴¹ Por ello, la elección de Derecho no siempre fue acogida con comprensión. La experiencia de Lola Monferrer es, a este respecto, ilustrativa. Lola recuerda cómo su decisión fue difícil de aceptar para su madre, que entendía que era una elección equivocada para una mujer, mientras sí contó con el apoyo de su padre. Como en los casos de otras muchas compañeras de generación, la mayor parte de las madres de estas futuras abogadas consideraban que el mundo del Derecho, asociado a los enfrentamientos y la lucha jurídica, era demasiado duro para una mujer, mientras sus padres apostaron por darles un voto de confianza. También la valenciana de origen conquense Mercedes Belinchón, Elisa Maravall (Madrid, 1951) o Manuela Carmena se encontraron con padres muy receptivos a la idea de que sus hijas estudiaran.⁴² Para esta última: «Como buen comerciante, tenía una cierta intuición del futuro. Y era curioso. Yo creo que era un hombre con mucha intuición, un hombre muy inteligente y yo creo que intuyó que las mujeres teníamos que tener otro futuro. [...] Me acuerdo, por ejemplo, de que él admiraba muchísimo a Josefina Carabias, que escribía siempre en el Ya y recortaba la tirita de Josefina Carabias cuando escribía. Yo di una conferencia cuando era todavía muy joven en no sé dónde, que la comentó Josefina Carabias y a él eso le llenó de orgullo. [...] En mi caso, pues fue quizá donde él encontró más eco sin necesidad de decir nada. Recuerdo, por ejemplo, el orgullo que le daba cuando veía mis tarjetas de abogado y eso. No sé, él estaba muy satisfecho de nosotras».⁴³

En unos y otros casos, un elemento común al conjunto de las mujeres de esta generación, y que las diferencia de las abogadas pioneras, es que su paso por las agitadas, aunque aún mayoritariamente masculinas, facultades de Derecho de los años sesenta fue el punto de partida del inicio de su verdadera concienciación y politización: «Mi llegada a la universidad de Madrid, a la Facultad de Derecho de la Complutense, fue como entrar en un mundo nuevo y en una sociedad desconocida, inquietante, pero a la vez atractiva y liberadora. En los años sesenta éramos pocas las mujeres universitarias, al menos en Derecho, y el encontronazo con la vida docente fue para mí como la llegada a un espacio de ideas nuevas y perspectivas innumerables. Un cambio de vida radical».⁴⁴ Así lo expresaba Francisca Sauquillo quien, tras comenzar sus estudios en el curso 1961-1962 y como un buen número de las futuras abogadas de su generación, encontró en los movimientos católicos surgidos al calor del Concilio Vaticano II la vía inicial de incorporación al activismo político. A partir del quinto curso, Sauquillo se afilió a la Acción Sindical de Trabajadores (AST), grupo iniciado por jesuitas obreros procedentes de la Vanguardia Obrera Social, y formó parte del sector que se integró en las Comisiones Obreras hasta que, ya terminada la etapa universitaria, participó en la fundación de la ORT y pasó a formar parte, en 1970, de su Comité Central.⁴⁵ Coincidiendo también con el momento de plena efervescencia de los movimientos católicos, llegaron a la facultad de Derecho de Sevilla Ana Ruiz Tagle, que se incorporó en 1962, y Aurora León, que lo hizo un año más tarde. La participación en la Federación Española de Congregaciones Universitarias Marianas (FECUM), una organización de estudiantes vinculada a los Jesuitas a la que pertenecía también, por ejemplo, Paca Sauquillo, fue fundamental para despertar en esta última su preocupación por los más desfavorecidos, mientras para la primera fue decisivo el descubrimiento de la JEC, a la que se incorporó a través del coadjutor, Francisco Gil Delgado, y de Manuel García Vázquez, un cura sevillano muy vinculado a los movimientos cristianos. El progresivo contacto con los líderes del nuevo socialismo sevillano y su relación con Alfonso Fernández Malo y su padre, el histórico socialista Alfonso Fernández Torrez, determinaron la posterior implicación de Ruiz Tagle con el socialismo, mientras Aurora León se convertirá ya en los años setenta en una activa dirigente comunista.⁴⁶ También Lola Monferrer, que inició sus estudios en Valencia en 1965, entró en contacto con el que fue desde entonces su principal frente de activismo sociopolítico, las comunidades cristianas de base, en sus años universitarios.⁴⁷

Si fueron muchas las futuras integrantes de despachos laboralistas que en sus años de carrera pasaron por organizaciones católicas de carácter social, otro semillero de vocaciones antifranquistas fueron las propias organizaciones juveniles universitarias del régimen o la Sección Femenina. La participación en algunas de las iniciativas de estas organizaciones, especialmente en las relacionadas con la asistencia social, puso a estas jóvenes en contacto directo con escenarios de pobreza social y explotación laboral y tuvo una influencia decisiva en su posterior decantación por el laboralismo. Para Cristina Almeida (Badajoz, 1944) la experiencia vivida en el verano del año 62, cuando terminado su primer curso de carrera se fue a realizar una campaña de alfabetización a Granada, fue determinante.⁴⁸ En el caso de Manuela Carmena, que también participó en campañas de alfabetización como la que se llevó a cabo en los barrios marginales de Madrid, a la experiencia en la asistencia social se añadió la posibilidad de realizar, a través del SEU, un viaje a Inglaterra y de entrar en contacto con personas y realidades muy diferentes a las de la España franquista: «Allí conocí gente de Yugoslavia, gente que me empezó a hablar de la situación de los países comunistas; te daban muchísima información, veías el ambiente de libertad de Londres. Y luego a su vez, por lo menos para mí y para mis amigos, creo que fue muy importante la experiencia del trabajo físico. Darte cuenta de lo que era el trabajo físico. Yo había leído cosas de Simone Weil sobre el trabajo y con todo esto empezabas como a reforzar tu visión de una mentalidad de izquierdas. Recuerdo por ejemplo, en Inglaterra, trabajando en una fábrica, que esa experiencia nunca se me olvidará en la vida, lo terrible que es no poder pensar cuando tienes que estar sacando un número determinado de vasos que había que fregar. [...]. Y bueno, yo creo que todo eso son como materiales que conforman una visión de una persona de izquierdas. Y todo eso estuvo muy permitido por el sistema de la universidad en ese momento».⁴⁹

Este bagaje de experiencias llevó a mujeres como Almeida o Carmena a la inserción en organizaciones clandestinas universitarias que combatieron, hasta conseguir su disolución, el monopolio del SEU. Almeida entró en contacto con la FUDE hacia 1962 y a través de la Unión de Estudiantes Democráticos, que agrupaba a democristianos que en muchos casos ya estaban girando hacia posiciones progresistas, tuvo Manuela Carmena sus primeras experiencias en el «entrismo» que practicaban estos grupos estudiantiles. En cuarto y quinto curso la agitada vida estudiantil madrileña cristalizó en la realización de numerosas asambleas y manifestaciones que acabaron con la expulsión, entre otros muchos estudiantes, de la propia Carmena, que fue expedientada. Fue precisamente entonces cuando ésta entró en contacto, a través de su compañero de estudios, Fernando López Agudín, con el PCE, partido al que se había incorporado también en 1964 Cristina Almeida, de la mano del propio López Agudín y de Juan Francisco Pla y Juanjo del Águila.⁵⁰ Pero si las aulas madrileñas vivieron en esos años una intensa agitación política, semejante era la situación, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, cuya Facultad de Derecho fue, de hecho, de las primeras que planteó abierta y públicamente la existencia del Sindicato Democrático. Una de sus alumnas, Ascensió Solé (Barcelona, 1946), recuerda que fue precisamente de la mano del responsable del mismo, Enric Argullol, e influida por Josep Solé Barberà y Lluís Salvadores que se integró, en 1968, ya al final de su etapa universitaria, en el PSUC.⁵¹ En suma, estas y otras facultades de Derecho se convirtieron en una importante cantera de cuadros militantes femeninos. Y así, la politización universitaria, la presencia de la FUDE y la UED y los debates en los que coincidían las preocupaciones sociales del entorno del catolicismo social con las propuestas de oposición política al Franquismo, llevaron a muchas de sus alumnas a una decantación política y social clara que afianzó en ellas la decisión, fruto de una mezcla de idealismo y sentido práctico, de utilizar los conocimientos adquiridos para luchar contra la dictadura.⁵²

Pero además, en el caso de las mujeres, esta sensibilidad social y política que llevó al cuestionamiento de la estructura de clases y la desigualdad asociada a ella llevó también, aunque de forma más lenta, a cuestionar la desigualdad asociada al género, que contenía variables diferentes a la primera. Desde la segunda mitad de los años sesenta, las juventudes y los movimientos universitarios se convirtieron en un frente de lucha en el que comenzaron a destacar mujeres que empezaban a ser conscientes de su situación de opresión y sometimiento y que buscaban un espacio en el que desarrollar su activismo en una situación de mayor igualdad con los varones.⁵³ En ocasiones, esta primera toma de conciencia respecto a la situación de subordinación en la que la población femenina se encontraba en las leyes y en la sociedad se produjo a través de las propias organizaciones universitarias oficiales. Para Manuela Carmena, por ejemplo, el contacto en primero de carrera con la Sección Femenina tuvo una influencia positiva («las mujeres que yo conozco son de Sección Femenina pero son feministas») y su discurso, que insistía en la importancia de que las universitarias ejercieran al terminar sus estudios, caló de forma significativa en ella. Así se despertó, por ejemplo, su interés por recuperar la voz de mujeres como Victoria Kent y por reconstruir una genealogía femenina que había sido cercenada por el franquismo.⁵⁴ Una vez en el PCE, en un momento en el que éste mostraba un creciente interés por organizar a las universitarias y en el que la reivindicación de las predecesoras en la lucha por la igualdad se presentaba como uno de los principales instrumentos para captar militancia femenina, los mimbres adquiridos en sus primeros años universitarios le fueron de gran utilidad. Según sus propias palabras: «Lo que habíamos hecho con la Sección Femenina ahora lo hacemos desde el Partido Comunista y empiezas a intentar saber quiénes fueron las mujeres republicanas, por qué se discutió el voto en España y entonces a partir de ahí empiezas también a generar...».⁵⁵ También para Cristina Almeida la llegada a la universidad supuso, en este sentido, un punto de inflexión. No sólo porque ahí descubrió que había «otra vida y además que ya no están las monjas detrás para controlarme, que es mi vida, que me la controlo yo», sino también porque desde el primer curso coincidió en las aulas de la facultad de Derecho de la Complutense con compañeras como Carmena y Sauquillo, con las que estableció fuertes lazos de amistad que permanecieron a través de los años.⁵⁶ Todas señalan el impacto que tuvieron en ellas, por ejemplo, los seminarios que comenzaron a organizar entonces, ya desde 1964, en torno a obras de referencia del feminismo como El segundo sexo o La mística de la feminidad, y cómo a través de estas actividades surgieron espacios de encuentro en los que fue posible intercambiar opiniones, reconocer exclusiones e identificar problemas. Así, de mano de la amistad y en un claro ejemplo de la importancia de las relaciones personales en el proceso de concienciación de género, fueron reafirmando sus ideas. En palabras de Sauquillo: «Empecé a ser consciente del cambio que tenía que experimentar la mujer. Organizamos un seminario en el que estaba Manuela Carmena, Cristina, varias... Tomamos como base el libro de Simone de Beauvoir, el libro de Betty Friedan y empezamos a organizar seminarios en la universidad a través de esos libros. Bueno, ¡fue todo un cambio!».⁵⁷ En un contexto en el que la prioridad de la lucha contra el régimen impregnaba la militancia y en el que las cuestiones relacionadas con las mujeres no sólo ocupaban una posición subordinada en el discurso del antifranquismo sino que a menudo eran consideradas una fuente de división que restaba potencialidad al objetivo principal, estas actividades compartidas fueron decisivas para fortalecer en estas estudiantes universitarias su compromiso con la lucha por la igualdad. Las lecturas de textos feministas y los intercambios de opiniones les permitieron reflexionar sobre la realidad de las mujeres de forma consciente y estas actividades se convirtieron en una buena práctica de concienciación para descubrir su papel en una sociedad que las oprimía por el género.⁵⁸ Como la propia Almeida reconocía: «El compromiso político de meterme en el PCE en el 64 fue importante después de haber conocido todo lo que era la realidad y los sindicatos y las asociaciones de estudiantes y todo eso, y lo mejor que me pasó luego fue tener un compromiso de mujer, que eso ni iba ligado a la izquierda ni para nada, que eran más misóginos y machistas que te caes.»⁵⁹

En efecto, la lucha por las libertades ocupaba todavía, en estos años, la mayor parte del tiempo y de las acciones de las organizaciones de la oposición. Las reivindicaciones específicas tenían un espacio demasiado reducido para expresarse y el proyecto político feminista estaba oscurecido por otro considerado de mayor envergadura. Sin embargo, a partir de los setenta su peso se irá haciendo cada vez mayor entre el colectivo de abogadas y un número creciente de ellas comenzará a darse cuenta, a través de su propia experiencia profesional y política, de que como mujeres se veían obligadas a ir abriéndose paso y derribando prejuicios en dos entornos, el de la abogacía y el del antifranquismo, que seguían estando fuertemente masculinizados. La propia Almeida recordaba cómo el contacto directo, en el comienzo de su andadura profesional, con la dura realidad legal en la que se encontraban las mujeres terminó de despertar, definitivamente, su conciencia feminista. En 1967, en una de sus visitas a Eduardo Saborido en prisión, recibió un trato discriminatorio cuando no se le permitió denunciar como abogada al director porque no estaba presente su marido, que en ese momento era considerado su representante legal. Y ahí empezó realmente «otro tipo de batalla y de lucha, pero muy vinculada a la conciencia personal, a la conciencia personal de mujer, de roja, de sindicalista, de lo que quieras, pero de mujer».⁶⁰

ROMPIENDO ESQUEMAS, ASUMIENDO RESPONSABILIDADES

Así, a partir de la segunda mitad de los años sesenta y transgrediendo los roles según los cuales las abogadas debían ejercer fundamentalmente en el ámbito del derecho privado, una nueva generación de mujeres irrumpió en el mundo de la abogacía dispuesta a poner la profesión al servicio de la oposición democrática a la dictadura, pero también de la lucha jurídica por la igualdad entre hombres y mujeres. De esta forma, a las experiencias de abogadas ya veteranas como María Luisa Suárez Roldán —que en 1969 trasladó su actividad de Cruz 16 a Alcalá 151—, Montserrat Avilés o Josefina Arrillaga, se sumaron las de un buen número de letradas que desempeñaron un papel protagonista en el movimiento de despachos colectivos antifranquistas. Un breve recorrido, sin ánimo de exhaustividad, por las trayectorias de algunas de ellas basta para comprobar cómo el laboralismo se convirtió, a partir de los años sesenta, en un frente pionero en la participación de mujeres en plano de igualdad con los varones.

Entre las primeras mujeres que ejercieron labores de dirección y coordinación en un despacho propio destaca, sin duda, Cristina Almeida, quien tras realizar en 1965 un período de prácticas en Cruz 16 y colegiarse en 1967, abrió su primer despacho laboralista en Madrid, en la calle Modesto Lafuente. En 1972, el trabajo acumulado era tal que hubo de trasladarse a un nuevo local, y así surgió el despacho de Españoleto, al que se incorporaron otras mujeres como Julia Marchena o Dolores González Ruiz. Hasta que abandonó Españoleto a principios de los ochenta, Almeida fue la cabeza visible y la encargada de coordinar el trabajo del despacho, desempeñando una intensa labor que le hizo ganarse el respeto de la profesión y la confianza de los líderes del movimiento obrero. De hecho, es la letrada con más defensas ante el TOP (149), por detrás sólo de Josep Solé Barberà (207) y Juan María Bandrés (152).⁶¹ Ya en 1966, sin ser abogada, había asistido a Joaquín Ruiz-Giménez en el juicio laboral por la huelga de Laminación de Bandas en Frío en Echévarri, y en los años setenta participó, entre otros muchos procesos, en el que afectó en 1971 a los dirigentes de las Comisiones Campesinas de Galicia, en el Proceso 1001 o en el de los 23 de Ferrol. En 1977 actuó, además, como abogada de la acusación en el juicio por la matanza de Atocha.⁶² También en Cruz 16 dio sus primeros pasos como abogada otra de las protagonistas del movimiento de despachos laboralistas, Manuela Carmena. María Luisa Suárez, que había sido la encargada de defenderla cuando fue expedientada por su activismo estudiantil, le propuso que se incorporara al despacho para ayudarles y así, antes aún de estar colegiada, Carmena empezó a ejercer en Cruz 16 hasta que se trasladó a Barcelona, donde su pareja realizaba el servicio militar. Allí, y a través de Jiménez de Parga, entró en contacto con Albert Fina y Montserrat Avilés y se afilió al PSUC, encargándose desde entonces de establecer contactos regulares entre Madrid y Barcelona. La organización de despachos madrileña, de hecho, debe mucho a su labor como intermediaria entre los laboralistas de ambas zonas. En 1969, tras regresar a Madrid con el Estado de Excepción de enero, volvió por un breve período de tiempo a trabajar con María Luisa, que había solicitado su colaboración tras la marcha de Jiménez de Parga y, en 1971, pasó a dirigir Atocha 49. Más tarde, cuando la diversidad de frentes atendidos hacía necesaria una ampliación, Carmena pasó al despacho de Atocha 55, donde llegó poco después Elisa Maravall, que reconocía en Manuela a su maestra: «Le debo lo muchísimo que me ha gustado siempre el laboralismo y aprendí todo de ella».⁶³ También en Madrid, la que fuera compañera de curso de Almeida y Carmena, Francisca Sauquillo, se convirtió en titular de uno de los bufetes más activos, el despacho de Lista. Tras trabajar durante dos años (desde 1967) como pasante en el despacho del democristiano Jaime Cortezo y entrar en contacto con el padre Llanos y con su labor en el Pozo del Tío Raimundo, Sauquillo decidió independizarse y establecerse por su cuenta. Junto a Juan Canet y Rosa Sáez de Ibarra montó, en 1971, el despacho Lista dedicado al asesoramiento laboral, a la actuación ante el TOP (con un total de 138 es la tercera abogada con más defensas ante este Tribunal) y, muy especialmente, a la atención al asociacionismo vecinal y a los problemas de viviendas e infraestructuras en los barrios. A lo largo de estos años, desarrolló una intensa trayectoria que abarca desde la estafa de la empresa inmobiliaria VILDA hasta la defensa de trabajadores de Standard, Pegaso y Marconi, pasando por los huelguistas de Potasas y de Eaton Ibérica en Navarra, el Proceso 1001 o la defensa, en 1975, del segundo sumario de los consejos de guerra que culminaron con la ejecución de militantes de ETA y el FRAP.⁶⁴

Precisamente la influencia de Sauquillo tuvo cierta importancia en el origen del nacimiento en Sevilla de un despacho de características similares, en el que destacó la labor de la que sería la más conocida abogada laboralista de la ciudad en los años del tardofranquismo, Aurora León. Como ella misma recuerda: «Por aquel entonces, algunos compañeros de FECUM en Madrid, como Paquita Sauquillo y Rosi Sáenz de Ibarra, montaron un despacho laboralista, y esa experiencia, junto con las relaciones que íbamos entablando, nos animaron a alguna gente de FECUM a intentar algo parecido, lo que, terminada la carrera, llevamos a cabo en el Cerro del Águila gracias a la colaboración de los jesuitas obreros y de un amigo suyo, Manuel Arévalo».⁶⁵ Así, con Arévalo como titular y junto a Manuel Chaves, Aurora León comenzó a trabajar como pasante en el despacho del Cerro del Águila, creado a finales de 1970. Su identificación con el nuevo movimiento obrero fue tal que ya en 1971 Eduardo Saborido le ofreció trabajar para el Partido. Sin embargo, su ingreso en el PCE no se formalizó hasta 1974, momento en el que también se produjo la mudanza del despacho a su nueva sede en la calle Jiménez Aranda, 15. En los tres años en que permaneció activo en esta misma ubicación, mientras Aurora León adquiría cada vez más responsabilidades en el partido, el despacho se convirtió en uno de los más conocidos de CCOO y en todo un símbolo del nuevo movimiento obrero sevillano.⁶⁶ Pero Aurora no fue la única mujer que en estos años tuvo un papel protagonista en el laboralismo sevillano. Ana María Ruiz Tagle, que había iniciado su trayectoria profesional en el despacho de Cabeza del Rey Don Pedro, fue la fundadora, junto a Felipe González, de la emblemática Asesoría Jurídico Laboral de Sevilla, que se convirtió en el germen de la agrupación más activa del PSOE. Además, en 1972, se desplazó temporalmente a Gijón y allí estableció una Asesoría Laboral en apoyo de Miguel Ángel del Pino, que había trabajado con ella en Sevilla.⁶⁷ Pero además de Madrid o Sevilla, lugares como Galicia, Barcelona o Valencia fueron también testigos del protagonismo que en estos años adquirieron las abogadas en el movimiento de despachos laboralistas. En Vigo, Elvira Landín abrió, junto a Fernando Randulfe, un despacho dedicado al asesoramiento en la negociación colectiva y la tramitación de todo tipo de demandas ante la Magistratura de Trabajo. Además de llevar, junto a su marido, todo el trabajo que generaba la comarca viguesa y la zona sur de la provincia de Pontevedra, Landín atendió ocasionalmente casos en Ferrol, en ayuda del despacho de Rafael Bárez. Como ella misma recuerda, fue la segunda mujer en el Colegio de Abogados de Vigo y la primera que ejercía en la ciudad en el ámbito laboral.⁶⁸ En Barcelona, por su parte, Ascensió Solé inició la que sería una larga trayectoria como laboralista haciendo la pasantía en el despacho de Antoni Cuenca entre 1968 y 1969. Con Cuenca trabajó, por ejemplo, representando a los trabajadores de la empresa Rivière en el puerto de Barcelona y tras esta etapa inicial pasó a formar parte del Despacho Fina Avilés, donde desempeñó una intensa labor que la llevó a defender, entre 1970 y 1975, desde a trabajadores de SEAT, La Maquinista, Hispano Olivetti o empresas del metal, hasta a inquilinos y vecinos con problemas de vivienda o a trabajadores de la Térmica de San Adrián de Besós. En 1975, Solé decidió fundar con Julia Doncel un despacho propio.⁶⁹ También en Barcelona destacó en los años setenta otra mujer, Angelina Hurios, esposa de Josep Maria Gasch, que había militado primero en Acción Católica y después en el Front Obrer de Catalunya (FOC). En 1972 Hurios comenzó a ejercer como abogada a media jornada en el despacho montado por los fundadores del Col·lectiu Ronda, donde se encargó de cuestiones no estrictamente laborales, como accidentes de trabajo y de tránsito, derecho civil y matrimonial o derechos fundamentales de las personas, y dedicó siempre especial atención a cuestiones que afectaban a las mujeres y la mala praxis médica. De hecho, su feminismo la condujo a presidir la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas.⁷⁰ Por último, merece la pena detenerse, aunque sea brevemente, en algunos de los despachos laboralistas creados en estos años en Valencia, donde destacaron nombres como los de Dolores Monferrer, Carmen Pertejo o Mercedes Belinchón. Monferrer, por ejemplo, inició su andadura como laboralista a finales de 1970 en el despacho de Alberto García Esteve y en 1973 montó, junto con Salvador Ferrando Cabedo y Javier Soto Ibáñez, un bufete propio en la calle Cirilo Amorós. Desde allí, por iniciativa de dos sacerdotes relacionados con la gran factoría de Altos Hornos de Sagunto, Lola y sus compañeros abrieron otro despacho en la calle La Palmereta de Puerto de Sagunto dedicado a asesorar a los trabajadores de la zona.⁷¹ También en el despacho de García Esteve se inició en la profesión Carmen Pertejo Pastor, quien pasó después a integrar el despacho colectivo de Quart de Poblet, un bufete exclusivamente femenino muy activo durante el tardofranquismo y la Transición en materia laboral, en el asesoramiento al movimiento vecinal y, especialmente, en la defensa de los derechos de las mujeres. Junto a Carmen Pertejo trabajaron en el despacho abogadas como Concha Blat Mellado, Teresa Kity Blat Gimeno, Carmen Pérez Ferrón o Concha Gisbert Jordá. También una importante participación de mujeres tuvo el despacho de Manuel del Hierro, convertido desde finales de los sesenta en otro punto de referencia de los represaliados y abogados comprometidos valencianos y en el que se formaron abogadas como Ángeles Momparler Carrasco, quien se vinculó más adelante como abogada a CCOO o Mercedes Belinchón, que empezó a trabajar como laboralista en este despacho.

En definitiva, un recorrido, aunque sea somero, por algunos de los principales despachos laboralistas activos en estos años del franquismo pone de manifiesto cómo, sin lugar a dudas, estos espacios fueron pioneros en la incorporación de mujeres en igualdad de condiciones con los abogados varones. La práctica totalidad de las abogadas que trabajaron en ellos coinciden, de hecho, en resaltar que en términos generales no se sintieron discriminadas en el desempeño de su actividad profesional. Sin embargo profundizando en sus relatos se observan ciertas experiencias de discriminación directa o indirecta que, aunque a menudo se expongan como «anécdotas» precisamente para subrayar su excepcionalidad, demuestran que el camino recorrido por estas mujeres no siempre fue fácil. El propio Albert Fina afirmaba, en 1985, que «actualmente las cosas han cambiado, aunque tampoco de forma radical. Siguen los prejuicios y las bromas con las mujeres abogados, los “piropos, etc.».⁷² La discriminación existente la experimentó Fina de cerca en algunos de los casos que llevó junto a Montserrat Avilés o en situaciones como la que ambos vivieron cuando tuvieron a su primera hija, en 1964. En la Mutua del Colegio les dijeron entonces que tenían que consultar si el parto podía considerarse como un período de baja retribuible ya que no se había dado hasta entonces un caso similar.⁷³ En el mismo sentido, aludiendo precisamente a la primera experiencia de discriminación que recordaba haber sufrido Cristina Almeida, Jaime Sartorius reconocía que: «Las chicas que trabajaban como abogados lo tenían clarísimo. Pero claro, Cristina la primera vez que quisiera ver a un detenido [...] tenía que pedir permiso a su marido para que le concedieran el poder... es que entonces era así. Primero, la mayoría de edad era a los 23 años para la mujer. Segundo, no podían disponer de sus bienes; su marido era administrador de sus bienes [...]. Tenía que pedirle permiso a su marido para hacer esta cosa, esta otra o la de más allá».⁷⁴ También el de las Magistraturas de Trabajo era un ambiente caracterizado por prejuicios machistas. Dolores Monferrer recordaba la primera vez que fue al juzgado en compañía de Alberto García Esteve: «El primer que va fer va ser presentar-me el jutge, la secretària, els funcionaris... I recordo que jo em vaig quedar un poc sorpresa perquè si tu presentes a un company dos besos no és habitual, almenys aleshores, una abraçada tampoc, pues lo normal es que te donaren la mà. Jo vaig a donar la mà i me la van agarrar fent el gest com se saludava a les senyores... Jo ací no vinc a què me saluden com una senyora! Jo vinc a treballar!».⁷⁵ Esta actitud se reproducía también entre algunos clientes que, imbuidos de la concepción más tradicional del papel de la mujer, preferían a los abogados varones para llevar sus defensas jurídicas. Aunque la mayor parte pronto se desprendió de prejuicios y depositó su confianza en las abogadas, no era infrecuente que se dirigieran a ellas como si fueran administrativas o colaboradoras de los titulares (más de una vez Avilés tuvo que escuchar cómo le preguntaban si iba a ir su marido al juicio, dando por hecho que era a él a quien le correspondía la defensa) o que mostraran ciertas reticencias ante la idea de ser defendidos por ellas, más aún si éstas eran chicas jóvenes: «Yo no tenía [...] clientela, porque me veían una chica joven ahí apuntando, yo tenía un aspecto muy juvenil. Y entonces yo aquello pues lo fui madurando, lo fui viendo, y un día digo: “Esto no puede ser, esto no puede ser”».⁷⁶ Incluso algunos compañeros, normalmente de forma inconsciente, mostraban cierto paternalismo o un aire de suficiencia.⁷⁷ Con todo, el mayor problema para las mujeres abogadas se presentó, en los casos en que tuvieron hijos, en el momento de compaginar la maternidad con una carrera profesional que exigía una gran dedicación y esfuerzo. La llegada de los hijos se convertía entonces en una suerte de «resorte de género» que limitaba la disponibilidad sólo a una parte de los profesionales, las mujeres, que todavía asumían el rol reproductivo casi por completo.⁷⁸ Como recordaba Elvira Landín: «[...] sí es verdad que en casa nos repartíamos el que Fernando fregaba y yo cocinaba y cosas de ésas con naturalidad desde el principio, pero cuando ya nacieron las niñas yo tenía clarísimo que a las 8 de la tarde, cuando las niñas venían al despacho quien se marchaba era yo y no se me ocurría decirle: oye Fernando vete tú con las niñas que yo tengo que hacer esto. Y de eso me di cuenta más tarde, es verdad, yo tenía asumido que era una suerte que pudiera trabajar en una profesión que me gustaba y que tuviera un marido que viera eso con cierta naturalidad y que colaboraba en casa. Yo tenía asumido y él también tenía asumido esa especie de rol y que yo me iba con las niñas a casa y él era el que tenía tiempo para mejorar en su profesión y tener esas actividades políticas fuera de la jornada del despacho, eso sí que es verdad, pero de eso me di cuenta mucho más tarde».⁷⁹ Quienes se encontraron en esta doble presencia se vieron obligadas a elegir entre sus responsabilidades laborales y familiares o a buscar soluciones para suavizar los efectos de su doble carga o, simplemente, para hacerla viable sin renunciar a lo que consideraban importante en su desarrollo personal.⁸⁰

Sin embargo, en términos generales, estas abogadas se movieron en un ámbito laboral en el que sortear las barreras de género se hizo algo más sencillo que en otras profesiones. El laboralismo era un terreno novedoso y precisamente por ello ensanchó las posibilidades de crecimiento profesional de las mujeres en una esfera pública tradicionalmente hostil. Los despachos llegaron a convertirse en auténticos espacios de libertad para el ejercicio de la profesión y de la militancia y, como tales, no había en ellos lugar para los prejuicios de género. De hecho, algunos abogados como Alberto García Esteve mostraron en todo momento un firme compromiso con la emancipación femenina y la lucha por la igualdad.⁸¹ Además, aunque la división de tareas persistía en perjuicio de las mujeres que tenían la doble carga del trabajo y la familia, mayoritariamente estas profesionales contaban con el apoyo de sus parejas —con las que en muchos casos compartían profesión y militancia— y disponían de más recursos que otras trabajadoras para la delegación o para la organización de su doble presencia.⁸² Pero por encima de todo, si estas abogadas lograron independencia y respeto fue, fundamentalmente, gracias a su trabajo. Su implicación en las labores de coordinación y dirección de despachos, su actuación en Magistraturas de Trabajo, en consejos de guerra y ante el TOP y su actividad en el frente colegial hace que se pueda hablar de los despachos laboralistas no sólo como pioneros en la incorporación de mujeres en igualdad de condiciones sino como espacios en los que se desarrollaron, en los difíciles años de la dictadura, formas de liderazgo femeninas.⁸³ Y este protagonismo femenino en el ejercicio de la profesión llevó a que, desde estos despachos, se dieran importantes avances en la conquista de la igualdad.

Si la militancia política y el compromiso social había llevado a estas abogadas a luchar por la consecución de la democracia, esta lucha no les hizo olvidar la inaplazable situación discriminatoria de las mujeres, sino que al contrario, las llevó a implicarse activamente, y en una doble dirección, en la defensa de sus derechos. En primer lugar, conscientes de que el carácter patriarcal de la sociedad seguía vigente en las leyes, se implicaron en la lucha jurídica por la igualdad y, siguiendo la estela de las primeras abogadas que habían alzado sus voces en la década precedente, lucharon por introducir reformas en la legislación vigente.⁸⁴ Los artículos de María Luisa Suárez Roldán (que ya había publicado un polémico artículo en la revista Astrea a finales de los cincuenta), Cristina Almeida o Manuela Carmena en Cuadernos para el Diálogo, en el número extraordinario de 1965 dedicado a «La Mujer», o los publicados por las dos últimas en Triunfo en 1970 y 1971 son buena muestra de ello.⁸⁵ Además, la activa participación de abogadas en mesas redondas, charlas o conferencias a lo largo de los años setenta debatiendo sobre la situación de las mujeres en las leyes y en la sociedad, o su presencia en actos como los llevados a cabo con motivo de la celebración del Año Internacional de la Mujer de 1975 o en las I Jornades Catalanes de la Dona son ejemplo del interés por poner sus conocimientos al servicio de la lucha por la igualdad.⁸⁶ Como colectivo, estas abogadas se movilizaron contra el androcentrismo del aparato legislativo franquista y su papel, en el contexto del inicio del movimiento feminista, contribuyó a la crisis de los valores patriarcales y al avance en la conquista de derechos para el conjunto de la población. Pero también supuso un punto de inflexión en el proceso de toma de conciencia de muchas mujeres respecto a su propia situación de discriminación. El siguiente testimonio, que sitúa el despertar feminista en la lectura del monográfico de Cuadernos para el Diálogo resulta al respecto muy ilustrativo:

Creo que hay un momento donde hago «crack», y es cuando me doy cuenta de que no estoy loca, y cae en mis manos una revista, Cuadernos para el Diálogo, hay además un monográfico sobre mujer, no tengo esa revista..., ya no recuerdo muy bien quiénes eran las que escribían, una era Cristina Almeida, la otra Cristina..., sí Alberdi, más mujeres también... y entonces digo..., esto es lo que yo pienso, porque sí que era verdad lo de la conciencia de clase, mi marido, además, se había organizado o, por lo menos, andaba cerca de gente de la CNT pero claro, yo veía que sí, sí, muy obreros, mucho contra el capital y el patrón, pero las mujeres qué pasa... Entonces para mí, creo que fue, una de las cosas más importantes que me han pasado, el encuentro de ese monográfico sobre mujeres, y es comprender en ese momento..., o decir, esto es lo que yo estaba pensando y ni estoy loca ni mucho menos, no me gusta esta situación y tengo que salir de ella [...].⁸⁷

Pero además, la dedicación a la causa de la igualdad llevó también a estas abogadas a mostrar especial interés por defender a mujeres ante el TOP, asesorar a colectivos femeninos como los de las mujeres de los presos o luchar por mejorar las condiciones de las trabajadoras y poner fin a las discriminaciones específicas de las que éstas eran objeto.⁸⁸ Ana Ruiz Tagle, Angelina Hurios, Cristina Almeida, Paca Sauquillo o Ascensió Solé se ocuparon, con especial interés, de los asuntos relacionados con la igualdad entre sexos en los conflictos laborales. Por poner sólo un par de ejemplos, Solé representó en los setenta a las trabajadoras de SEAT y a las de la empresa Galletas Solsona de Sabadell, mientras Almeida se encargó de la defensa de mujeres huelguistas en empresas como INDUYCO y Roche o del asesoramiento de las trabajadoras de Iberia en conflictos motivados por discriminaciones de género.⁸⁹ En ocasiones, la relación creada entre estas abogadas y algunas de sus «clientas» proporcionó a estas últimas elementos de análisis para cuestionar las prácticas patriarcales que existían en su propio entorno, algo que fue especialmente significativo en el caso de las mujeres de los presos o detenidos. En los testimonios de éstas, organizadas desde la segunda mitad de los años sesenta en torno a prácticas solidarias, se repite el recuerdo de haberse sentido tan bien acogidas por las abogadas que entre ellas se crearon uniones que, desde una relación de autoridad femenina, perduraron en el tiempo y fueron de gran importancia para su evolución personal.⁹⁰ Pero además, la implicación en la defensa de estos casos llevó a gran parte de estas abogadas, como a Cristina Almeida, Paca Sauquillo o Manuela Carmena, a reforzar aún más sus vínculos con el feminismo o, en algunos casos, a iniciar un compromiso militante con él. Lola Monferrer, Ana Ruiz Tagle o Elvira Landín son un buen ejemplo de abogadas para las que el feminismo pasó de ser algo en cierto modo secundario, diluido en los primeros tiempos en la lucha social y política, a una prioridad en sus trayectorias posteriores.⁹¹ La mayor parte de estas abogadas, llegada la Transición, optaron por una doble militancia, en sus organizaciones políticas y en el feminismo. Como recordaba Francisca Sauquillo, a excepción del grupo liderado por la abogada catalana Lidia Falcón, «que tenía claro que había que militar con mujeres, otras pensábamos que había que militar con hombres porque habíamos entrado antes en la vida política por la lucha por las libertades que por la lucha por la igualdad. Ellas no. Y nosotros creíamos que teníamos que luchar por el cambio, por las libertades, como partidos políticos. Y dentro del partido político teníamos que crear grupos específicos para conseguir la igualdad dentro del propio partido».* En cualquier caso, este proyecto ocupó, desde entonces, un lugar central en las preocupaciones de todas ellas.

No cabe duda, en definitiva, de que el camino recorrido por estas abogadas a lo largo de los difíciles años de la dictadura estuvo salpicado de limitaciones y obstáculos, pero sus trayectorias son también el reflejo de una sucesión de conquistas, logros y transformaciones. Si bien la abogacía femenina siguió representando una minoría de género, esta realidad se vio compensada, dentro del ámbito del laboralismo, por el prestigio y el activismo de unas letradas que superaron las dificultades derivadas de su condición de mujer gracias a su competencia y esfuerzo. Políticamente, la mayoría de ellas se integró en organizaciones femeninas estructuradas de forma clásica, es decir, como organizaciones sectoriales de mujeres en un frente más amplio liderado por los partidos clandestinos. Sin embargo, en las generaciones más jóvenes, como consecuencia de la influencia del feminismo, de su experiencia y sobre todo de una ardua negociación, tanto personal como colectiva, con elementos identitarios como la clase y la cultura política, se fortaleció una conciencia de género que fue decisiva para poner en cuestión el paradigma aceptado sobre el rol de las mujeres en las organizaciones políticas y en la sociedad. Así, si el papel del colectivo de abogadas laboralistas fue decisivo en la lucha que desde los despachos se libró frente a la dictadura franquista, su presencia como mujeres ayudó a derrumbar prejuicios de género asociados al ejercicio de la profesión, abrió caminos, sentó precedentes y permitió que se reformulara el estilo profesional y militante, rompiendo estereotipos y patrones de comportamiento.

6

Entre el compromiso ético y la militancia política

La represión sobre la abogacía democrática

EN EL PÁRAMO SOCIAL que era la España de los primeros lustros de la posguerra, germinaría en el colectivo de la abogacía una conciencia de solidaridad democrática que llevaría a una parte de sus componentes a optar por la dedicación a un determinado campo de su profesión. En aquel camino confluyeron los que venían de familias republicanas con los que procedían de los sectores sociales que habían apoyado el golpe militar pero a quienes la verdadera faz del franquismo llevaría a ejercer su profesión con un sentido social y jurídicamente ético, con respeto a lo que significaba ser abogado en un país donde se conculcaban a diario los Derechos Humanos, donde se perseguía y procesaba a los vencidos de la Guerra Civil sin garantías de defensa jurídica y donde la pena de muerte formaba parte de la vida cotidiana de aquellos que osaban resistirse a la dictadura que se había instalado en el país.

«Mis primeros recuerdos de niño eran ir a la cárcel a ver a mi padre. Me acuerdo siempre de la cárcel de Torrijos, con unos suelos de madera lavados con lejía. Y me acuerdo de ir a recoger el día de Nuestra Señora de la Merced unos regalos que daban a los hijos de los presos. Son así mis primeros recuerdos. Y luego también me acuerdo de ver a mi padre en el Valle de los Caídos, una noche que me quedé a dormir allí en el petate, tendría yo entre cuatro y cinco años... le condenaron a muerte pero, como le juzgaron tarde, ya habían desembarcado los aliados en Italia, pues no le ejecutaron... Y tengo que decir que nunca nos mandó ningún mensaje ni de rencor ni de revancha. Y era una persona en ese aspecto muy constructiva. Eso sí, lo que me transmitió fueron dos cosas desde pequeñito: el amor al socialismo y a la Unión General de Trabajadores... Había sido fiscal pero, claro, tuvo que dejar eso al acabar la guerra y cuando salió de prisión tuvo que ejercer la abogacía y tuvo dificultades. A mí me enseñó mucho... yo quería hacer lo mismo que mi padre y por eso hice Derecho... y aprendí muchísimo del ejercicio profesional de mi padre...».¹

Ese recuerdo personal o familiar de la República derrotada, de la represión injustificada de la posguerra y de la pena de muerte que encierran las palabras de Gregorio Peces-Barba explica el origen de su compromiso particular en la defensa de los protagonistas de la oposición política a la dictadura y coincide en varios casos con la motivación de otros letrados que iban a orientar el ejercicio de su profesión por el mismo camino en los consejos de guerra o ante el Tribunal de Orden Público y en la representación de los derechos laborales y sociales de los trabajadores ante las Magistraturas de Trabajo.

Algunos de los nombres que figurarán en la primera generación de abogados comprometidos en la lucha por los derechos civiles venían directamente de la militancia republicana y ya habían ejercido profesionalmente en el mundo del Derecho. Éste fue el caso de Josep Solé Barberà. El letrado catalán había sido juez de instrucción durante la Guerra Civil y condenado a muerte en un consejo de guerra en 1941. Posteriormente le fue conmutada la pena y finalmente después de muchos avatares fue liberado, pero aún debería esperar hasta los años cincuenta para ejercer como abogado.² Otros futuros abogados formaban parte del contingente social de los derrotados, y habían sufrido la represión de la posguerra o la habían visto en su entorno familiar, como Antonio Montesinos: «Yo me pregunto muchas veces por qué me hice abogado y me hice comunista... El primer consejo de guerra que presencié fue en el que condenaron a muerte a un hermano de mi padre. Yo tenía dieciséis años y fui acompañando a mi padre a presenciar el Consejo de Guerra en las Salesas... Con mi tío había cuatro más, acusados de intentar rehacer el PCE... Sentencia, cinco penas de muerte. Fusilaron a mi tío el 16 de marzo de 1943. No lo olvido. Naturalmente yo no entendía nada y no oía nada más que el sonar de los sables, oía insultos, pero no sabía... Entonces pensé que siendo abogado yo podía hacer algo para ayudar a la gente o, por lo menos, para enterarme de por qué se mataba a la gente en esas circunstancias...».³ También Alberto García Esteve, detenido y condenado en 1939, que estudiaría derecho al salir de la cárcel a mediados de los años cuarenta, aunque, como Solé Barberà, no comenzaría su andadura profesional hasta los cincuenta.⁴

Algo similar ocurriría con los que mantenían en su memoria el recuerdo de la República, la defensa de Madrid y la solidaridad. Es el caso de María Luisa Suárez, formada en la Institución Libre de Enseñanza «...que yo supiera mis padres eran republicanos pero no pertenecían a ninguna cosa... llegamos a Madrid y yo dije “yo quiero colaborar con la República”... entonces me puse a tejer y mientras estudiaba hacía punto y todas las semanas me había comprometido a llevar un jersey o un pasamontañas o unos calcetines o unos guantes... con lo que yo pude contribuir y me siento orgullosa de haber contribuido a... la defensa de Madrid... La llegada de los Internacionales nos alegró... Yo ya tenía diecisiete años. Nos llenó de entusiasmo, primero porque demostraban que nos iban a ayudar, pero al mismo tiempo porque ponían en evidencia la maravilla que era, que un montón de personas que eran de cada país diferente, vinieran románticamente a defender una idea... tan maravillosa y tan bonita como era la idea de la República...».⁵ También el fiscal Gregorio Ortiz Ricol, al que la realidad social del primer franquismo llevaría a relacionarse con los comunistas, evolucionaría ideológicamente y de resultas de ello daría un significado diferente a su actividad profesional.

Otros como Alfredo Flórez Plaza habían sufrido las consecuencias de la derrota: «Mi padre murió en la defensa de Madrid... eso fue durísimo, que mi madre estaba con un niño en brazos y dos hijos desaparecidos o en campos de concentración... yo viví el franquismo y lo viví casi desde el principio al fin porque nosotros como familia de los vencidos fue terrible... Yo de niño me moría de hambre, ¿eh? Hambre de un pedazo de pan... hambre de verdad, luego la angustia, la humillación en el colegio... mi madre era de origen burgués, mi abuelo era médico, mi padre era industrial... En el colegio me hicieron pasar la humillación de decir “este niño no paga el colegio”... y mi madre dijo “aquí no comemos pero este niño estudia”»;⁶ o Manuel López, que vería de cerca la cara de la represión: «En la taberna que había al lado de la panadería conocí a gente que salía de la cárcel, un anarquista que había salido de la cárcel, que le quise muchísimo. Yo debía de tener quince años...».⁷

La procedencia familiar conservadora o incluso la participación en el bando vencedor tampoco fue un obstáculo para que germinase la ética profesional ante la injusticia y la aspiración de conseguir un Estado de Derecho entre letrados monárquicos liberales y cristianos demócratas como Jaime Miralles, Joaquín Satrústegui o Joaquín Ruiz-Giménez. Para otros como José Jiménez de Parga sería determinante el cristianismo de base y el contacto con la realidad social de los barrios marginados de Madrid.⁸ Para Antonio Rato y Pablo Castellano lo fueron los viajes a Europa y el contacto con los exiliados. «Entro en Francia en contacto con unos exiliados que, lógicamente, cuando saben que voy a volver a Madrid pues me dan las indicaciones para que ya, en la vida estudiantil madrileña, pueda tener un cierto activismo... Muy moderado y sinceramente de poca o nula eficacia, pero que es muy importante, que te iba armando ideológicamente...»⁹

La coincidencia con las primeras ideas de cambio que comenzaban a bullir en la universidad española de mediados de los cincuenta daría sentido político al compromiso profesional de personas como José Federico de Carvajal, cuyo padre era también abogado, Josefina Arrillaga, Enrique Múgica o Francesc Casares. «...el establecimiento de lazos de amistad o de compañerismo dependía de los casos, con compañeros que poco a poco demostraban sus ideas políticas y sociales parecidas a las que tu profesabas y, entonces, empezaban a venir las confidencias y las propuestas de compromiso de determinadas organizaciones, incipientes en aquella época, de tipo clandestino... diría que lo que más me influyó para optar por la carrera de Derecho fue el hecho de haber leído libros de ciencia política... había una biografía que me llamaba poderosamente la atención, que era la de Francesc Layret... Y este tipo de personajes que unían el ejercicio de la profesión de abogado y la política, era un tipo social que me atraía. Y fue por ese motivo que me incliné a estudiar la carrera de Derecho...».¹⁰

Desde finales de los años cincuenta la nómina de la abogacía democrática se iría ampliando generación tras generación, en paralelo con el crecimiento de las actividades de la oposición; los mismos factores definirían la adscripción política y el recorrido profesional de los nuevos licenciados que salían de las universidades, como ocurrió con Jaime y Nicolás Sartorius, José Luis Núñez, Agapito Ramos o August Gil Matamala.¹¹ Mientras en otros casos, como Montserrat Avilés, fue el peso de la tradición profesional familiar lo que orientaría su interés por el campo del laboralismo: «Mi padre había sido abogado afiliado a la UGT porque, en aquel momento, me parece que todo el mundo se afiliaba en un sitio o en otro. Principalmente me explicaba lo de la UGT o la CNT, él había estado en la UGT, no marchó a Barcelona cuando la guerra..., se quedo aquí y siguió ejerciendo... tenía el despacho en casa, conocía desde lo que hablaba él hasta los clientes... tenía como pasante, en aquel momento... a Francesc Casares y yo hablaba con él... y esto también influyó mucho para que yo me decidiera por lo de laboralista de trabajadores...».¹²

Las numerosas incorporaciones a la abogacía antifranquista de las generaciones posteriores a la primera mitad de los años sesenta presentaban rasgos parecidos a las anteriores. La militancia política clandestina en la universidad y la solidaridad con los sectores más desfavorecidos de la sociedad sensibilizaron a los que como Cristina Almeida se licenciaban en Derecho: «...en la universidad descubro que hay otra vida... en 1.º de Facultad nos hacemos amigas Manola (Carmena) y la Paca (Sauquillo)... en 2.º de Facultad ya empecé a meterme donde quería; en el invierno fui a hacer otro curso de alfabetización al Pozo del Tío Raimundo, allí conocí al padre Llanos y todas las cosas que nos han ido determinando un sentido de la vida distinto. Me metí en la FUDE, en el Sindicato Democrático de Estudiantes y en todo eso. En el año 64 me metí en el Partido Comunista, que era clandestino... pero era donde se metían José María Elizalde, Manuela Carmena... la mejor gente que yo había conocido... lo mejor de mi generación... Entonces cuando salí de la Facultad ya tenía claro que lo que quería era tener mi título para ponerlo al servicio de los trabajadores y de los presos políticos».¹³ Manuela Carmena, Elvira Landín, Aurora León o Francisca Sauquillo, con similares experiencias vitales, coincidían con las sensaciones que influirían en su futura actitud en el ejercicio de su profesión. «Comprometerme políticamente me comprometí en la Facultad, pero fue un compromiso sin afiliación. Mi familia, en el fondo, había estado en el bando ganador. Y para mí la universidad de esos años, del 61 al 66, fue muy importante porque ahí tuve contactos con grupos progresistas y democráticos, cristianos. Tuve contacto con RuizGiménez, con jesuitas progresistas, que me hicieron cambiar...Ahí conocí gente que procedía de la República, hijos de republicanos, gente que venía del Partido Comunista... había grupos que estaban moviéndose para que hubiera libertad sindical y eso fue un cambio muy importante en mi vida...»¹⁴

Y de igual manera ocurriría con la generación de abogados que comenzaron su andadura profesional en los años setenta. Letrados como José María Mohedano, Rafael Bárez, Elisa Maravall, Leopoldo Espuny, Alberto Alonso o Miguel Medina Fernández-Aceytuno, formados en el contexto de los conflictos estudiantiles de finales de la década anterior y que habían conocido los rigores de la represión franquista por su participación en aquellas movilizaciones, cuando finalizaron sus estudios ya tenían decidido a qué actividad dedicarían sus conocimientos jurídicos. Fernández-Aceytuno lo tuvo siempre muy claro: «No estudié derecho por capricho. Estudié Derecho para, de alguna manera, hacer una actividad política después. Para ser abogado laboralista... la opción académica estaba enmarcada ya en una opción política. No estaba aún en el Partido Comunista... La decisión vino fundamentalmente motivada por una experiencia económica y social muy adversa que abre los ojos a la gente».¹⁵ Incluso a los que, como Rafael Bárez, no les interesaba especialmente aquella parcela del Derecho, no tenían dudas sobre su papel: «No me gustaba nada el Derecho laboralista pero se trataba de poner los conocimientos profesionales al servicio de la clase obrera».¹⁶

LAS PRIMERAS ACTITUDES DE RESISTENCIA Y LA REPRESIÓN

Durante la primera etapa de la dictadura aquellos abogados, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas que los separaban, fueron capaces de entender colectivamente que el ejercicio de su profesión debía estar ligado a la defensa de los más elementales Derechos Humanos y sus primeras actividades en el ámbito del Derecho estaban relacionadas con las necesidades jurídicas en los consejos de guerra, bien como asesores o colaboradores de los abogados militares o asumiendo en algunos consejos la defensa de los procesados. El trabajo de los abogados fue fundamental en algunos procesos de aquellos años, como ocurrió con Josep Benet, Agustí de Semir, Álvaro Agustí Llatas, Antoni Cuenca, Josep Solé Barberà y otros en el juicio contra 26 militantes del PSUC entre los que estaba Miguel Núñez; en la defensa de los mineros asturianos en los que intervinieron tanto los socialistas José Federico de Carvajal y Josefina Arrillaga como los comunistas Antonio Rato, María Luisa Suárez y José Jiménez de Parga, o la colaboración de Amandino Rodríguez Armada con la defensa que realizó Alejandro Rebollo en el consejo de guerra contra Julián Grimau.

El trabajo en los tribunales no era la única actividad a la que se dedicaban los abogados, su compromiso continuaba con la asistencia a los presos políticos, visitándolos en las cárceles para facilitar los recursos y la presentación de todo tipo de reclamaciones con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en los penales. En relación con estas tareas hay que destacar su temprana lucha contra los malos tratos y la tortura, que llevaron incluso al interior de los colegios. En 1960 treinta abogados remitieron un escrito a la Dirección General de Prisiones: «...Somos o hemos sido defensores de procesados por delitos políticos o hemos colaborado en la defensa de los mismos, nos dirigimos a V. I. para exponerle nuestra preocupación por el tratamiento inadecuado para su condición de presos políticos, que vienen recibiendo nuestros defendidos, especialmente en estos últimos meses. Igualmente elevamos a V. I. nuestra queja por las dificultades crecientes con que tropezamos para ejercitar nuestra asistencia jurídica y concretamente al intentar comunicar en la prisión con nuestros defendidos...».¹⁷ En el Colegio de Barcelona se producían iniciativas parecidas y Solé Barberà y sus colegas Antoni Cuenca, Josep Benet, Montserrat Avilés y Albert Fina presentaron además un escrito a la Junta de Gobierno del Colegio para que se permitiera el uso del catalán¹⁸ y poco después el mismo Solé Barberà trataría de que el Colegio de Abogados asumiera la campaña por la amnistía que habían emprendido los abogados presos en Burgos, y al mismo tiempo planteaba «la creación dentro del Colegio de una comisión encargada de velar por los Derechos del Hombre».¹⁹

Estas actividades no apartaban a los letrados de los objetivos profesionales que compartían colectivamente y que comenzaron a mostrar en el Congreso de la Abogacía de Valencia en 1954 y en la agitación que comenzaba a convulsionar la vida interna de los colegios de abogados de Barcelona y Madrid. A finales de los años cincuenta, los letrados madrileños celebraron diversas reuniones para aprobar una solicitud de supresión de las Jurisdicciones Especiales que finalmente terminaría asumiendo la Junta General del Colegio.²⁰

Como consecuencia de esas actividades, que no dejaban dudas respecto a su actitud, sus movimientos tanto en el ámbito judicial como en el colegial no pasaron desapercibidos para los instrumentos represivos de la dictadura y pronto comenzarían a sufrir las consecuencias de la atención policial. Solé Barberà, después de la defensa de Miguel Núñez, fue multado con 50.000 pesetas y suspendido para ejercer como letrado en los consejos de guerra durante seis meses.²¹ Otros abogados de diferentes tendencias ideológicas fueron detenidos por sus actividades: en 1958, Francesc Casares y Antoni Piferrer del Moviment Socialista de Catalunya, y en Madrid en una reunión de los miembros del Secretariado de Abogados de la UGT fueron detenidos Antonio Villar Massó y Antonio Muñoz Atienza, que unos años más tarde, ya en libertad condicional, serían juzgados y ya no volverían a la cárcel.²² En esta organización Josefina Arrillaga y José Federico de Carvajal, que mostraban ciertas simpatías hacia la estrategia de lucha obrera de los comunistas y se manifestaron dispuestos a colaborar en la difusión de la campaña a favor de la Huelga Nacional Política en 1959, lograron evitar las detenciones que se produjeron con motivo de aquel intento de movilización social.

Otros militantes del PCE no lograron evitar la detención, como sucedió en el caso de José Manuel López, detenido en el contexto de la preparación de la convocatoria huelguística. Fue torturado en las dependencias policiales y llevado ante el juez instructor, el tristemente célebre coronel Enrique Eymar. Denunció las torturas sin que éste le prestase mayor atención. José Jiménez de Parga, que disponía de una lista de posibles defensores militares, se encargó de coordinar la defensa, que asumiría un capitán de aviación, y finalmente Manuel López sería condenado a seis años de cárcel.²³ También en enero de 1959, en Madrid, fueron detenidos los monárquicos liberales Jaime Miralles, Joaquín Satrústegui y Enrique Tierno Galván y multados con 25.000 y 50.000 pesetas.²⁴

A esas alturas la actividad política de los abogados comunistas en el Colegio de Madrid era ya importante y su responsable, el antiguo fiscal Gregorio Ortiz,²⁵ fue nuevamente detenido en febrero de 1960. En la comisaria fue torturado durante cuatro días: «Allí me sometieron a las torturas correspondientes... me dejaban sin conocimiento y todas esas burradas que te hacían, pero lo agravante consistía en que esas torturas se celebraban delante de mi mujer. A mi mujer la llevaron a la cárcel, ella había estado también en la cárcel por comunista y la detuvieron. Otras veces me llevaban a rastras sin conocimiento delante de la celda donde ella estaba y le decían: “Bueno, si quiere le traemos aquí a su marido y usted le dice que declare” ... Bueno pues a los cuatro días cesa todo como por encanto... luego me enteré... yo había fundado la célula del Partido Comunista en el Colegio de Abogados y... llegó a su conocimiento que me habían detenido, fueron a hablar con el decano, que me acuerdo de su nombre, Vicente Gella, que se portó maravillosamente... fue a hablar con el ministro de Justicia y... cesaron mis torturas...».²⁶

María Luisa Suárez se había encargado de promover aquella campaña de solidaridad entre la abogacía madrileña y propuso que la Junta de Gobierno del Colegio se interesase por la situación del detenido ante la Dirección General de Seguridad para que se pusiera fin a las torturas que le dejaron secuelas durante tiempo: «Le dieron unos palos impresionantes, le rompieron tres o cuatro costillas; estuvo luego muy enfermo, cuando le llevaron a Burgos, bueno fue una cosa tremenda». Los compañeros también plantearon que desde el Colegio se ayudase a la familia: «Conseguimos que la Junta de Gobierno acordase una asignación anual para pagar el colegio de los hijos, que tenía un chico de seis o siete años, y para hacer frente a los gastos».²⁷

Una parte importante de la abogacía se había movilizado para solidarizarse con el detenido. Se elaboró el citado documento contra los malos tratos, que fue firmado por un amplio número de abogados y que se presentó poco antes de la celebración del consejo de guerra, en el que su defensor y primer firmante del texto, Antonio Cases, no pudo llevar la defensa. Gregorio Ortiz fue condenado a veinte años y un día y trasladado al penal de Burgos, donde se encontraría con los también letrados Fernando Sagaseta, Enrique Múgica, José Ramón Herrero Merediz y Antonio Giménez Pericás, si bien los dos últimos aún no se dedicaban al ejercicio de la abogacía.²⁸

Con motivo de las huelgas de la minería asturiana de 1962 fue detenido Nicolás Sartorius, que había intentado montar un despacho laboralista para defender a los trabajadores represaliados por las huelgas.²⁹ Fue juzgado en un consejo de guerra junto con mineros asturianos y fue condenado a dos años y medio de cárcel por un delito de rebelión militar. Aunque de forma menos severa, la represión alcanzó igualmente a otros abogados que también eran vigilados por las fuerzas de seguridad, como les ocurriría a los asistentes a la reunión que la oposición moderada mantuvo en Múnich en 1962. A su regreso a España fueron detenidos y procesados algunos de los participantes democristianos y monárquicos, Joaquín Satrústegui y Jaime Miralles, despedido como abogado de la Diputación Provincial de Madrid y desterrado nueve meses a Fuerteventura.³⁰

EL AUGE DE LA CONFLICTIVIDAD Y LA LUCHA CONTRA LA DICTADURA. LA REPRESIÓN EN TODAS SUS FORMAS

A partir de la explosión huelguística de 1962 y sobre todo en la segunda mitad de la década, la consolidación de las Comisiones Obreras, el desarrollo de la negociación colectiva, la conflictividad laboral y el crecimiento de la oposición política clandestina, incrementaron las necesidades de asesoramiento y defensa jurídica. En esa nueva etapa el Estado iba a crear un nuevo instrumento judicial, el Tribunal de Orden Público, para reprimir la amplia tipología de delitos que se derivaba de la actividad laboral del nuevo movimiento obrero. En ese marco, se hacía imprescindible disponer de despachos de abogados en todos los centros industriales. Comenzó así una etapa de desarrollo del laboralismo y los recursos humanos de la abogacía democrática se incrementaron con nuevas generaciones de letrados que asumieron todo tipo de riesgos al comprometerse directamente con las organizaciones clandestinas. La creciente actividad de los abogados en el frente profesional y en el político atrajo también la atención y la mirada represiva de los servicios de información del Gobierno, de la policía y de los mismos jueces y magistrados.

El incremento de licenciados que se incorporaron a los despachos laboralistas facilitó su expansión y permitió una mayor diversificación de las actividades de los abogados y la apertura de nuevos frentes de trabajo jurídico. Los despachos se convirtieron en espacios de libertad donde tenía cabida el asesoramiento en la negociación colectiva y otras actividades de carácter laboral, además de atender la defensa de los despedidos en las Magistraturas y de los cuadros del movimiento obrero, y otros sectores sociales acusados de diversos delitos contra el Estado. Las detenciones masivas en estos sectores forzaron también a sus defensores procesales a organizar en muchas ocasiones defensas colectivas con una mayor coordinación que en los años precedentes, decidiendo en cada momento qué tipo de defensa realizar. La estrategia defensiva pasó a ser un instrumento importante para denunciar la falta de libertades y presentar ante la sociedad española la verdadera cara represiva de la dictadura, contando para ello con el espacio que los medios de comunicación comenzaban a dedicarle a algunos procesos y a las diversas actividades de la abogacía.

El nuevo escenario de lucha democrática llevó a los abogados a desarrollar una incesante actividad política. Por un lado cada vez era mayor su participación en los partidos clandestinos, y ese compromiso los llevaba a participar en otras tareas dentro o fuera de los Colegios de Abogados. Por el tipo de clientela los despachos eran lugares idóneos para la edición de circulares o boletines cuya información, como ya hemos visto en otro capítulo, contenía una gran carga política antifranquista; muchos de los letrados participaban en todo tipo de conferencias, organizadas desde diferentes instancias: el Club de Amigos de la UNESCO, tapadera de la oposición clandestina en muchas ciudades; las asociaciones culturales o las asociaciones de vecinos, que proliferaron desde la segunda mitad de los años sesenta por todo el país;³¹ los actos públicos y las mesas redondas organizadas en el Colegio de Madrid para tratar de anteproyectos de ley como el de la reforma del Código Penal en 1967, cuestionado duramente por Mariano Robles, María Luisa Suárez, Antonio Rato y Jaime Cortezo.³² El mismo sentido político tenían las intervenciones de los letrados en las juntas de los respectivos colegios cuando se trataba de conseguir resoluciones oficiales del Colegio sobre la supresión del TOP o la petición de un régimen especial para los presos políticos, aprobadas finalmente en una Junta extraordinaria en Madrid en 1968.³³ También en las instancias jurídicas internacionales, cuyos contactos mantenían Antonio Rato y José Federico de Carvajal.³⁴

Participaban en actos de protesta relacionados con los malos tratos a sus clientes, como ocurriría con el asesinato en comisaría del estudiante Enrique Ruano en 1968; elaboraban comunicados y escritos por la amnistía o contra las medidas represivas del Gobierno, como el Estado de Excepción de 1969.³⁵ Por otra parte la nueva savia que salía de las facultades también se preocuparía por revitalizar las anteriores asociaciones de abogados jóvenes tanto en Madrid como en Barcelona.³⁶

Toda aquella actividad atrajo, aun más de lo que había sucedido en el pasado, la atención de la dictadura, que ensayaría nuevas formas de represión para frenar el avance de la abogacía democrática en su ámbito de actuación. Desde la vigilancia permanente que la Brigada de Investigación Social mantenía sobre los movimientos de los abogados, de una u otra forma ya «fichados», y cuyos informes se remitían a las instancias y ministerios correspondientes para que aplicasen las medidas represivas que en cada momento se considerasen oportunas.³⁷

La presencia policial era permanente en todas las actividades en las que participaban los abogados: las juntas generales de los colegios profesionales, los juicios, las conferencias y congresos, las reuniones de tipo profesional: «Un policía estaba presente en las reuniones de la Agrupación... daba noticias de qué habíamos hablado... no nos importaba porque dentro del Colegio no se atrevieron nunca a hacernos nada...».³⁸ Vigilaban las iniciativas de todo tipo aunque fueran en el ámbito profesional, como ocurrió cuando se informaba a las autoridades de la intención del «abogado comunista José Jiménez de Parga de publicar un Boletín de Información de Legislación laboral a través del Club de Amigos de la Unesco... y que tiene una marcada intervención en la Agrupación de Abogados Jóvenes, influida por abogados conocidos como de tendencias hostiles al Gobierno...».³⁹ La atención policial llegaba incluso hasta ceremonias políticamente tan inocuas como podrían parecer los entierros, tal como se evidencia en el informe policial sobre la convocatoria en la prensa y sobre los asistentes al entierro del letrado Julián Hernández Montero.⁴⁰

La policía también ponía en práctica medidas disuasorias y de presión para atemorizar a los letrados. Desde la vigilancia permanente y los registros regulares de los despachos más significativos, la presión sobre los clientes —a la policía la teníamos allí (se refiere al despacho de Cruz 16) acompañando a la clientela—,⁴¹ hasta los asaltos y las amenazas. «Vigilaban mi despacho constantemente e incluso en las vísperas del 1.º de mayo llegaron a asignar a doce policías para que me controlaran. Durante el estado de excepción de 1969 yo estaba trabajando en Madrid y cuando llegué a Valencia recogí a mi hijo y una maleta y nos fuimos a Madrid a escondernos a la Cañada —mi mujer me dijo posteriormente que la policía había ido a buscarme al día siguiente. De la Cañada pasamos a casa de un cura y allí me hicieron llegar la promesa que el gobernador le hizo al decano del Colegio de Abogados de Valencia, que en caso de volver a Valencia, si era detenido, no sería torturado.»⁴²

El Gobierno, a través de algunos ministerios como Gobernación o Información y Turismo, aplicaba la represión directamente contra la abogacía de múltiples formas: el cierre de despachos o de sus medios de comunicación, como ocurrió con el Boletín de Información Laboral citado, que finalmente y después de 8 números sería prohibido por la Dirección General de Prensa; promovían panfletos difamatorios como el titulado «Abogados progresistas, demócratas y anticapitalistas», donde se hacía referencia a algunos aspectos relacionados con la vida profesional y personal de los abogados citados en este libro para desprestigiarlos ante sus compañeros;⁴³ los destierros y la suspensión del ejercicio profesional; las multas tanto por las intervenciones en los juicios como por desacato y sobre todo las detenciones y los procesos contra los abogados en el Tribunal de Orden Público.

Durante la segunda mitad de los años sesenta las detenciones fueron en aumento. En 1965 en Barcelona fueron detenidos Joaquim Ferrer Mallol, Agustí de Semir y Antoni Cuenca por sus actividades antifranquistas. En 1967 les toca el turno al socialista Emilio Barbón y a Nicolás Sartorius junto a otros dirigentes de Comisiones Obreras que serían juzgados en el TOP. En 1968, como consecuencia de las protestas por la muerte del estudiante de Derecho Enrique Ruano, fueron detenidos Rafael Jiménez de Parga y Gregorio Peces-Barba, quien además sería desterrado, primero a Villafranca de los Montes de Oca y después a Santa María Campo en Burgos;⁴⁴ Juan José del Águila sería procesado más tarde en el TOP y en 1969 August Gil Matamala, condenado al destierro en Fuerteventura, evitaría el cumplimiento de la orden primero escondiéndose y finalmente por la presión del Colegio de Abogados de Barcelona.⁴⁵

Desde el aparato judicial se trataba de atemorizar a los abogados en el ejercicio de su trabajo, en especial ante algunas intervenciones; se dificultaban las defensas, se conculcaban las garantías profesionales y los derechos de los acusados y detenidos obstaculizando la relación con sus defensores. El mayor peso de la represión se alcanzaba con los procesos en el Tribunal de Orden Público. Desde 1964 a 1969 fueron bastantes los abogados que pasaron por él. Después de las diligencias, los autos de procesamiento de algunos de ellos serían sobreseídos y solamente 20 fueron finalmente procesados con sentencia.

En estos seis años los abogados juzgados en el TOP pasaron también por la cárcel y son representación de toda la geografía española: el País Vasco, Cataluña, Galicia, las Islas Canarias, Madrid, Andalucía, Navarra, Segovia y Alicante. Las acusaciones eran muy variadas aunque predominaban las de propaganda ilegal (9) y asociación ilícita (4); por ultrajes a la nación y al Jefe del Estado (2); por desórdenes públicos (2); por reunión no pacífica (3) y por sedición (2). Mayoritariamente pertenecían al PCE/PSUC y a las Comisiones Obreras (9), a ETA (1), al MPAIAC (1), a la HOAC (1), a la ASO (1) y a la UGT (1). La mayoría fueron condenados a diversas penas de cárcel con las correspondientes multas y la suspensión del ejercicio profesional. Las penas más duras fueron para los canarios Carlos Suárez y Manuel Morales (PCE/CCOO), acusados de un delito de sedición por dirigir las huelgas de los estibadores en 1968 y para los que el fiscal pedía ocho años de prisión mayor.⁴⁶ Defendidos respectivamente por Antonio Rato y José Manuel López López fueron condenados a cuatro años de prisión menor cada uno; Antonio Cubillo (MPAIAC), defendido por Fernando Huerta, a tres años, Nicolás Sartorius (PCE/CCOO), condenado a dos años y seis meses, fue defendido por José Luis del Valle Iturriaga, que también defendió a Eduardo Cierzo (UGT), condenado a un año; Juan José del Águila, defendido por Jesús García Varela, a un año, y otros como el vasco Guillermo García Lakunza, defendido por Alfredo Flórez Plaza, sería absuelto por falta de pruebas. Otros defensores de estos abogados fueron Josefina Arrillaga, Mariano Robles Romero y Jaime Gil-Robles y Gil Delgado y Joaquín Ruiz-Giménez. Enfrente tuvieron como presidentes del TOP a José Hijas Palacios y a José Mateu Canovés y a magistrados como Antonio Torres-Dulce.⁴⁷

Desde 1970, los abogados intensificaron sus actividades tanto en el ámbito profesional y colegial como en la lucha política general por las libertades democráticas, lo que provocaría un enfrentamiento abierto con el aparato jurídico represivo de la dictadura y como consecuencia un aumento de la represión sobre ellos. En ese sentido, 1970 sería un año histórico para la abogacía democrática. Desde los primeros meses comenzaron las reuniones y la preparación de una estrategia reivindicativa por la amnistía con la mirada puesta en el Congreso de la Abogacía de León. Las reuniones por la amnistía y las declaraciones de algunos colegios venían sucediéndose desde finales del año anterior⁴⁸ y con ellas las detenciones, como ocurrió en Barcelona con Solé, Barberà y otros puestos a disposición del TOP, mientras un grupo de abogados dirigía una carta a su Colegio para que solicitase la libertad de los abogados detenidos.⁴⁹

El ambiente de movilización de la abogacía por la amnistía fructificaría colectivamente en el histórico Congreso de León, donde consiguieron que se aprobase la declaración de la amnistía y la supresión de las Jurisdicciones Especiales. El congreso coincidió en el tiempo con el enfrentamiento entre José Manuel López y el presidente del TOP, Mateu Canovés, en el segundo juicio contra el dirigente comunista asturiano Horacio Fernández Inguanzo y que derivaría en la huelga de abogados que se negaron a actuar ante ese Tribunal. Manolo López se negó a defender a Horacio a puerta cerrada: «Estaba conmigo José Ramón Herrero Merediz, no había nadie más, estaba la sala vacía, pero claro, se creó una tensión del carajo y estaba el agente judicial. Estaban los dos guardias con una tensión tremenda y se levanta Mateu Canovés, que no era mala persona... Y entonces volvió Mateu con una resolución muy bien hecha y yo me di cuenta y digo tres veces: no defenderé y me retiraré; y entonces, otra vez, tres veces, no defenderé y me retiraré. Me procesaron por desobediencia y... por cierto había un juez, José Enrique Carrera Gistau. Me absolvió. Y le armaron una... En la audiencia de Madrid, no en el Tribunal de Orden Público... Al fiscal le ordenaron y además... a mí no se me olvida que dijo que yo había sido muy correcto y que por eso no me acusaba de desacato, que hubieran sido años. Que me acusaba de desobediencia. Y por eso fui a la cárcel, me sacó el indulto de Matesa. Me condenaron como era por un delito que no estaba penado más que hasta seis meses, porque si hubiera sido desacato eran años... Como yo tenía antecedentes me pusieron cuatro meses y un día».⁵⁰

Además de la sanción de 18 meses de suspensión tuvo que hacer frente a un proceso en febrero de 1971, en el que, defendido por su amigo Antonio Rato, fue absuelto. El posterior recurso del fiscal le llevaría a un segundo proceso en agosto de ese año, ante la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, donde, defendido de nuevo por Rato, fue condenado a cuatro meses de cárcel y 20.000 pesetas de multa.⁵¹ La sanción a Manolo López desencadenó un proceso de solidaridad desde la abogacía madrileña. El 2 de junio un grupo de 45 letrados presentó un escrito al presidente del Tribunal Supremo en el que cuestionaba la actuación del TOP. Los firmantes apoyaban la actitud del letrado madrileño. Un informe policial atribuía la redacción del escrito a Gregorio Peces-Barba, Jaime Gil-Robles, Manuel López, Manuela Carmena, Cristina Almeida y María Luisa Suárez. También alertaba de los contactos con letrados de otras provincias y responsabilizaba concretamente a Manuela Carmena de pedir a Solé Barberà la solidaridad y no intervención en los juicios. El mismo día, doce letrados se negaban a intervenir en el TOP.⁵² Mientras la prensa se hacía eco del conflicto la huelga se extendía al resto de los abogados madrileños, a Zaragoza, Valencia, Sevilla, Vizcaya o Barcelona, donde Solé Barberà se encargaría de organizar la huelga que contó con la participación de Montserrat Avilés y Albert Fina, que fueron inmediatamente sancionados por el TOP junto a otros 40 abogados de toda España. El conflicto se mantuvo el resto del año y en octubre aún estaban viéndose en ese tribunal los recursos contra las sanciones.⁵³

El proceso y la condena a Manolo López generaron un movimiento de solidaridad: «A partir de ahí hicimos una huelga en el Tribunal de Orden Público ... No sabíamos cómo meternos con ellos y dijimos: “Sí, pues una huelga al Tribunal de Orden Público”. La primera huelga fue la hostia, porque la primera la hicimos entrando en un proceso... Era un proceso de muchísima gente y estábamos veintitantos abogados... El caso es que... coordinamos la defensa y entonces decidimos, como les pedían solo por propaganda ilegal, era una condena pequeña y... dijimos: “Este es el momento”... Nos pusimos de acuerdo los abogados y entonces decidimos hacer una huelga de brazos caídos, de no hablar. Le dejamos a Federico Carvajal, que era un socialista expulsado del Partido (Socialista) y... que hablara en nombre de todos y entonces dijo las razones por las que nos negábamos a defender, que resultaban duras. Bueno, se quedó lívido el Tribunal. A todo esto, antes a los procesados les preguntaban: “¿Quieren ustedes manifestar algo?”, antes y después. Y ninguno contestaba... desacato... le quitamos toda la legitimidad al tribunal, no tenía ninguna legitimidad para juzgarnos... Bueno a partir de ahí ya empezamos las huelgas que duraron varios meses y claro nos suspendieron a todos... sobre todo a los que más juicios tenían en ese momento que tuvieron que suspender. Suspendían a tres meses en el ejercicio de la profesión y a Manolo López le llegaron a suspender un año y medio... Empezamos la huelga. Luego hubo sus más y sus menos. Los vascos la hacían con mucha reticencia. Yo siempre me llevé fatal con Bandrés por eso, porque claro, no solo hacíamos la huelga nosotros, la gente del PCE y Comisiones, sino que hacíamos una especie de pequeños piquetes antes de entrar en cada juicio, para que la gente que venía de fuera explicarles por qué estábamos en huelga... unas veces se ponían en huelga ellos también y otras pues se metían adelante. Y Bandrés me dijo, cuando lo intenté convencer de que no entrara... dijo “eso es un problema del centralismo... que a nosotros no nos afecta” y se metió. Fue uno de los primeros que conculcó la huelga...».⁵⁴ Finalmente Bandrés también participaría en la huelga.

En diciembre el consejo de guerra de Burgos fue otro momento de especial implicación de los abogados españoles en su lucha contra la pena de muerte. La participación primero en la defensa de los miembros de ETA de Peces-Barba, Eduardo Cierzo o Solé Barberà y más tarde las protestas para conseguir que se conmutaran las penas de muerte fueron otros momentos de movilización de la abogacía española que continuarían en los años siguiente con nuevos conflictos con el aparato judicial y que supondrían sanciones, detenciones y procesos de los letrados. «El proceso de Burgos y con motivo de la huelga de abogados ante el TOP originó reuniones de los abogados del TOP afectados y así conectaríamos gente como el vasco Juan María Bandrés, el catalán Solé Barberà, el madrileño Pablo Castellano, el canario Fernando Sagaseta o el valenciano Alberto García Esteve. Lo mejorcito de cada casa.»⁵⁵

En diciembre de 1971 la vigilancia policial sobre el despacho de Albert Fina y Montserrat Avilés y el control sobre las circulares que enviaban a sus clientes permiten a la policía entrar en el despacho en busca de lo que consideraban propaganda ilegal y detener a Fina, al que no le permitieron comunicarse con el Colegio de Abogados; requisaron su documentación y la de los clientes, obreros de la SEAT, a pesar de sus protestas.⁵⁶ Detenidas también Ascensió Solé y Montserrat Avilés, los tres serán acusados de propaganda ilegal y reunión no pacífica. Procesados en el TOP, presentarán una querella contra los policías por coacción y amenazas. El juicio se celebró en 1974 y serían absueltos. Los tres letrados serían también procesados por propaganda ilegal en 1972 por difundir una de las circulares informativas del despacho. Fueron condenados a cuatro meses de prisión para Ascensió Solé y tres meses para los titulares del despacho, que volverían a ser detenidos en octubre de 1973 en la reunión de la Assemblea de Catalunya.⁵⁷ Las detenciones y los procesos de Fina y Avilés generaron también un movimiento de solidaridad y apoyo en la abogacía catalana. Los jóvenes abogados manifestaron su repulsa por las sanciones y «por impedir la libertad de reunión y expresión en el ejercicio de la profesión, limitar la libre defensa de los intereses de sus clientes» y pedían a la Junta de Gobierno del Colegio de Barcelona que se dirigiera al Gobierno para solicitar el respeto a los derechos en el ejercicio profesional.⁵⁸ Igualmente el juicio de 1975 en el TOP generaría la solidaridad de los abogados madrileños, doscientos de los cuales se reunieron para analizar el proceso que también atrajo la atención de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, que presentó un detallado informe analizando el auto de procesamiento y todo lo referido al proceso, con la esperanza de que la sentencia confirmara los derechos y las garantías procesales para los abogados y sus clientes.⁵⁹

En Madrid la represión volvía a alcanzar a Jaime Miralles. Esta vez como consecuencia de su informe relacionado con la muerte del obrero de la construcción Pedro Patiño, asesinado por la Guardia Civil durante una huelga en Getafe cuando repartía octavillas en 1971. «Miralles hizo una defensa de la viuda de Patiño estupenda. Pidió el cadáver... no le dejaron ver el cadáver. Le dieron la ropa y estaba clarísimo dónde le habían pegado los tiros... Miralles hizo un informe precioso, precioso ... Con la ley en la mano, el enjuiciamiento criminal, lo que sale en las autopsias. Bueno incumplían todo los militares. Total, que cuando vieron que era tan gordo lo detuvieron...»⁶⁰ Acusado de propaganda ilegal y ofensa a un Cuerpo del Ejército, pasó 6 días en la cárcel de Carabanchel y fue procesado en un consejo de guerra el 31 de mayo de 1974. Él mismo se autodefendió y fue absuelto tres años después. De nuevo desde el colegio de Madrid, el conjunto de la abogacía se solidarizaba con el letrado y se movilizaría para lograr la anulación del auto de procesamiento. Su caso tuvo repercusión internacional y el periódico británico The Times le dedicó gran atención.⁶¹

En esos años otros abogados, Felipe González y Enrique Múgica, fueron procesados en el TOP y sus defensores finalmente consiguieron que no hubiera sentencia. El proceso suscitó también el interés de las organizaciones sindicales internacionales.⁶²

Otro caso que tuvo gran repercusión fue el del letrado gallego Rafael Bárez. Detenido en marzo de 1972 como consecuencia de su participación como asesor del Jurado de Empresa en la negociación del convenio colectivo de la Bazán de El Ferrol, fue encarcelado durante nueve meses y denunció ante el Colegio de Abogados y el Congreso de la Abogacía Gallega los malos tratos a que había sido sometido y la conculcación como abogado de sus derechos de defensa procesal. Su caso recibió la solidaridad de los letrados gallegos y del Congreso de la Abogacía Gallega. Fue juzgado en el TOP en julio de 1975, formando parte del conocido proceso de los 23 de Ferrol y defendido por José Manuel López, quien después de argumentar cuál era la relación de Bárez con los enlaces obreros también procesados y de señalar su papel como letrado en la negociación colectiva concluyó diciendo: «Parece que tengo que defender a Bárez de ser abogado. En fin detrás de estas actuaciones profesionales entran las sospechas de la policía pero no hay nada más». Rafael Bárez sería absuelto por falta de pruebas.⁶³

Otros abogados también serían llevados ante el TOP, como Alejandro Rojas Marcos, procesado en 1971 por propaganda ilegal y condenado a dos años de prisión menor y suspensión del ejercicio profesional; Nicolás Sartorius, detenido con otros dirigentes de las Comisiones Obreras en 1972. Fue procesado en el juicio 1001 en diciembre de 1973 y condenado a 17 años de cárcel. En 1974 Leopoldo Espuny, que fue detenido en los actos contra el consejo de guerra a Salvador Puig Antich y multado, pasaría un mes en la cárcel Modelo de Barcelona; más tarde volvería a ser detenido y juzgado en el TOP.

Entre 1970 y 1976 el número de abogados procesados con sentencia en el TOP se incrementó con respecto a los años sesenta. Fueron 25 los letrados juzgados y algunos de ellos en dos ocasiones diferentes. De nuevo el grupo más numeroso pertenecía al PCE/PSUC y Comisiones Obreras (8); también había procesados del Partido Comunista del Interior (4); de ETA (1); del Movimiento Comunista (1); Unión Democrática de Cataluña (1); otros aparecen sin adscripción política. En cuanto a las acusaciones predominaban las de asociación ilícita (13) y las de propaganda ilegal (8); otras eran por desórdenes públicos, manifestación no pacífica o tenencia ilícita de armas.⁶⁴

Las medidas represivas del Gobierno continuaron en los estertores de la dictadura e incluso se prolongarían durante la etapa de la Transición con diversas formas para tratar de reducir la cada vez mayor implicación de la abogacía en la oposición política. Así, desde las medidas de vigilancia y presión ya habituales, y que sufrían sobre todo los despachos y los abogados más conocidos y activos, se trataba de combatir las formas de organización de los abogados con decisiones como la de 1974, cuando desde el Gobierno Civil se suspendió la actividad del Grupo de Abogados Jóvenes del Colegio de Madrid sin explicar las razones. Desde el Colegio se presentó un recurso ante el Ministerio de Gobernación, que no obtuvo resultados positivos.⁶⁵ Otras prácticas frecuentes eran el desalojo policial cuando se celebraban reuniones y encierros para tratar la reivindicación de la amnistía, o los registros de despachos, ambas medidas disuasorias para los clientes y de presión para los letrados.

Las detenciones aumentaron durante esos años, como lo prueba la de 26 abogados comunistas en el despacho de Atocha 49 en 1975,⁶⁶ o la de Peces-Barba por la defensa de los despedidos de FASA Renault también ese año. Filomeno Aparicio, responsable de la Junta Democrática, fue detenido y acusado de asociación ilícita y propaganda ilegal, aunque finalmente no sería juzgado al desaparecer el TOP; también fueron detenidos Fernando Martín Mora y Miguel Medina Fernández-Aceytuno en Andalucía, y Francisca Sauquillo en Madrid.

Por otra parte, hasta la instauración de la democracia la policía dejaría que la extrema derecha realizase una parte del trabajo de presión sobre los abogados. «En el 75, nos ametrallaron el despacho desde la calle. Fue como abril. Y esa misma noche, a mí me intentaron secuestrar y “limpiarme el forro” en casa. Llegaron a casa por la noche, me sacaron, me dieron de hostias... Pues eran cuatro o cinco. Tocaron la puerta... Eran las cuatro de la mañana. Hay que ser idiota por mi parte, haber abierto. “Nos persigue la policía”. Yo abrí la puerta, entonces me pusieron un saco encima, me empezaron a dar de hostias, empezaron a bajar las escaleras. Mi mujer salió, le soltaron una ráfaga por encima.»⁶⁷ Y las pintadas y las amenazas eran constantes. Ejemplos como el del despacho de Filomeno Aparicio en Córdoba, que soportaba frecuentes pintadas con la complacencia policial.⁶⁸ Finalmente las amenazas se convertirían en una trágica realidad con el asesinato de los abogados del despacho de Atocha 55 en enero de 1977 y con posterioridad en algunos casos como el de Alberto García Esteve continuaron: «Asaltaron y quemaron mi despacho y dejaron escrito en la pared “acuérdate de Atocha”».⁶⁹

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Los grandes procesos del franquismo

De los consejos de guerra al Tribunal de Orden Público

EL TRÁNSITO DE LA JURISDICCIÓN MILITAR A LA CIVIL

La política legislativa franquista tuvo en la proliferación de Jurisdicciones Especiales uno de sus rasgos más definitorios. Desde sus orígenes, el régimen franquista se orientó no sólo a recuperar algunas de las Jurisdicciones Especiales establecidas con anterioridad a su instauración sino a favorecer, además, la creación de otras nuevas que se convirtieran en un eficaz instrumento represivo a su servicio y en un soporte primordial para el mantenimiento de sus intereses políticos.¹ Unas y otras eran piezas integrantes de un sistema en el que la justicia ordinaria se veía seriamente reducida en competencias y vaciada de significado. Precisamente por ello, desde los años cincuenta se produjeron, en el seno de la abogacía, campañas en contra de las Jurisdicciones Especiales que revelaban, más que cierta desafección al régimen o un intento de impugnar sus bases jurídicas, una crítica a la proliferación de éstas por su ineficacia y porque ya no respondían a las condiciones que habían motivado su creación. Una de las primeras reivindicaciones colectivas de la unidad de las jurisdicciones tuvo lugar en el I Congreso Nacional de Derecho Procesal de 1950. En marzo de 1952 el asunto alcanzó la importancia suficiente como para que el ministro de Justicia tuviera que salir al paso de las demandas y afirmar que «las jurisdicciones nacidas de circunstancias excepcionales y transitorias, es decir, las llamadas de emergencia, desaparecerán cuando desaparezca la situación que las creó. Todas las demás, nacidas en momentos de excepcional necesidad, desaparecerán a medida que desaparezcan las causas que las motivaron. Pero aquéllas que nacieron por razones de la singularidad de la función o de la materia, estimo que subsistirán con indudable razón de ser, a causa de la materia y de las personas a que se refieren».² Dos años después, en 1954, tenía lugar el III Congreso Nacional de la Abogacía Española cuyas conclusiones recogían, si bien aún tímidamente, algunas cuestiones que fijaban una posición crítica respecto a la política del gobierno en relación a las garantías y derechos civiles, así como a las propias Jurisdicciones Especiales.³

En las fechas en que se produjeron estos movimientos de opinión dentro de la abogacía, las jurisdicciones y tribunales especiales ascendían a 26. Algunos de los tribunales especiales represivos, como el de masonería y comunismo y otros relacionados con la jurisdicción castrense, fueron desapareciendo a lo largo de la década de los cincuenta, mientras la Jurisdicción Laboral siguió formando parte de las jurisdicciones y tribunales especiales no represivos, sin que sus competencias fueran entregadas a la jurisdicción ordinaria y bajo la dependencia exclusiva del Ministerio de Justicia.⁴ Ahora bien, si hay un momento decisivo en la evolución de las Jurisdicciones Especiales durante el franquismo éste es, sin duda, el año 1962. Durante la primavera el régimen se vio sorprendido por un ciclo de luchas obreras que, aunque se había iniciado a finales de los cincuenta, adquirió entonces una intensidad y una extensión desconocida que llevó a decretar, en dos ocasiones sucesivas, el estado de excepción, permitiendo la actuación de la Jurisdicción Militar para la represión de las actividades políticas disidentes. Esta circunstancia perjudicaba seriamente los intereses del régimen en un momento en que, recién iniciado el «milagro económico» del desarrollismo, comenzaba a plantearse la renovación de su lenguaje político de la mano de los tecnócratas y aspiraba a vestirse con los ropajes de un «Estado de Derecho» que le hiciera respetable ante los prósperos asociados de la CEE. La renovación del lenguaje político y jurídico suponía la búsqueda consciente, por parte de la dictadura, de una nueva legitimidad que, sin olvidar que su origen se hallaba en un triunfo militar, naturalizase su situación de hegemonía. Para ello el lenguaje franquista incorporó y utilizó habitualmente «conceptos y expresiones ajenos a sus raíces políticas tales como democracia, libertades, constitución o Estado de Derecho, desnaturalizándolos absolutamente, construyendo así en el plano discursivo lo que podría denominarse un régimen “virtual” poco acorde con el realmente existente».⁵ Predominaba la apelación a las nuevas fuentes de legitimidad de ejercicio con la utilización exhaustiva de términos como «desarrollo», «bienestar», «paz» o el mismo uso de la expresión «Estado de Derecho», que figuraba en la declaración programática del nuevo gobierno de 1957.⁶ Un «Estado de Derecho» cuyo principal valor debía ser el orden y en el que no había presos ni procesos políticos, y la existencia de Jurisdicciones Especiales, particularmente la militar, para juzgar «delitos» cometidos por civiles no se consideraba contradictoria con el «imperio de la ley».

De ahí que el informe que, precisamente con el título de «El imperio de la ley en España», redactó en 1962 la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra fuera recibido con gran hostilidad e indignación por parte del franquismo. El informe, dividido en diez apartados que abarcaban prácticamente todas las instituciones políticas y judiciales de la dictadura, tanto en lo político como en lo laboral, hacía mención especial al papel de la abogacía y de las Jurisdicciones Especiales. En él se vinculaba directamente la primacía de las Jurisdicciones Especiales en las labores de control y represión política con los orígenes militares del régimen. Se aludía al Estado español como «el resultado de una rebelión militar», a la República como «gobierno legal» y al partido único como «fusión de otras dos inspiradas por corrientes totalitarias». Totalitarismo y rebelión militar eran dos conceptos de los que el franquismo pretendía huir y recordarle sus orígenes minaba el esfuerzo invertido en su discurso propagandístico —interno y externo— de paz, bienestar y democracia orgánica. La intensa actividad de la jurisdicción especial militar, plenamente vigente en este año 1962, fue como no podía ser de otra forma uno de los aspectos más duramente criticados en el informe, en el que se llegaba a afirmar que «en época de paz la utilización constante en España de la Jurisdicción Militar para reprimir muchos delitos que normalmente serían juzgados por los tribunales ordinarios es una inquietante violación de los principios del imperio de la ley».⁷ Prueba de ello era el decreto de 21 de septiembre de 1960 que continuaba la tradición de asimilar algunos delitos cometidos por civiles a delitos militares. Entre los tribunales militares represivos el informe citaba, obviamente, el Juzgado Militar Especial Nacional de Actividades Extremistas, antecesor del Tribunal de Orden Público, y destacaba la existencia de un concepto de «actividad extremista» muy ambiguo. Además se aseguraba que el control sobre el Poder Judicial que aspiraba a tener el ejecutivo entorpecía conscientemente el trabajo de los abogados, que no podían tomar parte en algunas fases de las actuaciones judiciales, lo que acababa dibujando una situación peligrosamente cercana a un estado policial.⁸ La reacción a este Informe no se hizo esperar y el régimen contraatacó a través de protestas oficiales pero también de una campaña de prensa destinada a desacreditar a la Comisión. El informe «España, Estado de Derecho», elaborado como respuesta a finales de 1963, pone de manifiesto que el franquismo estaba lejos de renunciar al cambio de lenguaje con el que buscaba encontrar fuentes de legitimidad y respetabilidad diferentes a las de su origen.

Los acontecimientos descritos hasta el momento son determinantes para comprender la forma en la que, entre 1962 y 1963, se produjo el tránsito de la Jurisdicción Militar a la de Orden Público. Pero sin lugar a dudas, en este cambio tuvieron también mucho que ver las consecuencias de la detención y asesinato de Julián Grimau y de los anarquistas Granados y Delgado, así como las reacciones exteriores a ambos hechos. El caso Grimau, tanto por la relevancia del protagonista —dirigente del Partido Comunista— como por las irregularidades cometidas en su proceso —desde que fue detenido en noviembre de 1962 y condenado a pena de muerte por un consejo de guerra en juicio sumarísimo hasta que fue fusilado en el mes de abril—, se convirtió en uno de los acontecimientos políticos más importantes de los años de dictadura y en uno de los que mayor escándalo causó en la opinión pública internacional, dejando en evidencia la persistencia de la Jurisdicción Militar y la carencia de las mínimas garantías procesales para los detenidos.⁹

En este contexto, en diciembre de 1963 se aprobó en las Cortes la creación de la Jurisdicción de Orden Público, en un intento de trasladar los «delitos» políticos a la jurisdicción civil sin perder capacidad represiva y de control sobre la disidencia.¹⁰ La decisión de creación del TOP no fue, pese a lo que pudiera esperarse, unánimemente aceptada por las distintas familias del Régimen, algunas de las cuales consideraban innecesario apartar a la Jurisdicción Militar de las funciones represivas. En el extremo opuesto se encontraba el procurador y ex ministro Joaquín Ruiz-Giménez, quien, desde las filas del Derecho y de la oposición moderada, presentó una enmienda a la totalidad del proyecto de ley que contó con el apoyo de algunos otros procuradores. En ella esgrimía argumentos que cuestionaban directamente la legitimidad de la dictadura apelando, para ello, a textos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita por los estados integrados en la ONU o a diversas encíclicas papales.¹¹ Estas fuentes serán posteriormente utilizadas en las defensas políticas por parte de los letrados antifranquistas que acudirán al TOP, para quienes Ruiz-Giménez se convertirá pronto en un referente indiscutible.¹²

El nacimiento del TOP ratificó la tendencia del régimen franquista a la creación de un ordenamiento jurídico caracterizado por la profusión de tribunales de excepción que sustituyeran a los ordinarios de manera que, aunque éstos persistieran, no tuvieran competencia sobre asuntos relacionados con los valores políticos del Estado.¹³ Además de una nueva jurisdicción especial, la de Orden Público era una «justicia politizada» con competencia privativa respecto a aquellos delitos cuya finalidad era «subvertir en mayor o menor gravedad los principios básicos del Estado o sembrar la zozobra en la conciencia nacional». Más del 80 por 100 de los casos incoados en el TOP estaban relacionados con los delitos «contra la seguridad interior», entre los que se encontraban los de asociación ilícita, propaganda ilegal, manifestaciones y reuniones, desórdenes públicos y sedición. De un exhaustivo análisis de las sentencias del TOP, Juan José del Águila extrae la conclusión de que el número total de sentencias condenatorias fue muy superior a las absolutorias (75 por 100). Un 25 por 100 de las sentencias afectaban a más de tres procesados y además destacaba el número de procesos en los que, como resultado de la actuación de la Brigada Político Social (BPS) contra miembros de los grupos de oposición al régimen, se hallaban inculpadas más de diez personas. El juicio con mayor número de procesados tuvo lugar en diciembre de 1964 y en él se juzgó a 40 mineros asturianos que recibieron sentencias condenatorias que sumaron en total cincuenta y cinco años de prisión.¹⁴ Casi la mitad de los procesados por el TOP fueron obreros (seguidos en segundo lugar por los estudiantes), lo que deja pocas dudas acerca de la naturaleza del Tribunal y de su objetivo de reprimir cualquier rasgo de disidencia de la clase obrera.¹⁵

Como no podía ser de otra forma, la naturaleza política y represiva del TOP no pasó en absoluto desapercibida para los abogados antifranquistas sino que, al contrario, llevó a que se produjeran, en el seno del colectivo, debates en torno a la actitud a tomar ante este tipo de tribunales que todos consideraban ilegítimos. La sistemática vulneración de las normas procesales que debían proteger a los detenidos desesperaba a los abogados y el «blindaje» que rodeaba a los informes de la Brigada Político Social, cuyo peso en denuncias, atestados y diligencias era decisivo, trabajaba conscientemente en contra de sus defensas en los procesos políticos. A los abogados raramente les era permitido cuestionar ni las informaciones ni los métodos utilizados por la Brigada para establecer los hechos en que se basaba la acusación. En estas circunstancias, sobre todo desde finales de los años sesenta, los Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona desempeñaron una labor fundamental a favor de la deslegitimación del TOP.¹⁶ Pero la acción que sin duda tuvo mayor repercusión pública fue el plante que los abogados defensores llevaron a cabo con motivo del encarcelamiento e inhabilitación temporal del letrado Manolo López después de que éste se negara a defender a puerta cerrada al dirigente comunista Horacio Fernández Inguanzo, en mayo de 1970. Esta acción tuvo como consecuencia la suspensión en el ejercicio de la abogacía durante meses y derivó en la conocida como «huelga de Orden Público», que tuvo su momento álgido en junio de ese mismo año, durante la celebración de un juicio contra más de 40 dirigentes de Comisiones Obreras. Los abogados defensores se negaron a hablar, excepto José Federico de Carvajal, que expuso el comunicado conjunto en el que explicaba los motivos de su acción conjunta. Se abrieron expedientes a todos los abogados defensores pero la «huelga» continuó obligando al tribunal a suspender los juicios y a fijar nuevas fechas para su celebración. Lo que había empezado como un movimiento de defensa y solidaridad con López derivó en una huelga que demandaba explícitamente la supresión del TOP y las Jurisdicciones Especiales, y que se convirtió en una manera de bloquear, o al menos retrasar, la máquina represiva franquista.¹⁷

El TOP se suprimió en 1977, pero, durante sus trece años de existencia, el auge de la conflictividad y el incremento de la actividad de las organizaciones de la oposición hicieron que el número de detenciones y, por consiguiente, de procesos judiciales aumentara considerablemente, llevando a la mayoría de los abogados laboralistas a actuar también en este tribunal.* La manera en que estos abogados se enfrentaron en el terreno de la legislación y la Judicatura a esta instancia represiva estuvo condicionada, evidentemente, por las propias estructuras y normas de las que el régimen se dotó para conservar su dominio y castigar a quienes se oponían a él. La sistemática arbitrariedad de la administración de justicia y la absoluta falta de garantías procesales limitaban seriamente su trabajo y abocaba a los procesados a la indefensión. Precisamente por ello, lejos de mostrarse pasivos y sumisos, los letrados concienciados con la lucha contra el régimen utilizaron todas las herramientas que tenían a su alcance y desplegaron todas sus habilidades para encontrar la forma de diseñar estrategias de defensa hábiles y eficaces que pudieran evitar, o al menos suavizar en la medida de lo posible, las condenas de los procesados.

PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE DEFENSA EMPLEADAS EN LOS PROCESOS POLÍTICOS

Dejando a un lado la incuestionable naturaleza política del Tribunal de Orden Público y su falta de legitimidad, en comparación con la Jurisdicción Militar los componentes del TOP tenían, al menos, formación jurídica, lo que hacía que existiese la posibilidad de hacer razonamientos de tipo legal.¹⁸ Su creación supuso, en este sentido, una mejora para los encausados y permitió al grupo de abogados que se movían en la órbita del antifranquismo aportar sus conocimientos para, manteniendo un difícil equilibrio entre legalidad e ilegalidad, defender a los procesados.¹⁹ Este «juego» con la legislación franquista resultó posible gracias al pormenorizado conocimiento que los abogados tenían del marco jurídico en el que desarrollaban sus defensas y a un estatus profesional que les ofrecía ciertos recursos para la creación de «zonas de libertad» desde las que poder desempeñar una labor que era al mismo tiempo profesional y militante.²⁰

En un primer momento, la mayor parte de las defensas ante el TOP corrieron a cargo de los abogados antifranquistas más «veteranos», como María Luisa Suárez, Josep Solé Barberà o Antonio Rato. Con frecuencia, el vínculo que se establecía entre «cliente» y abogado provenía de la iniciativa de los familiares del detenido o de las relaciones personales entabladas, por ejemplo, en la asesoría previa en materia laboral y salarial. De hecho, muchos militantes obreros llamaban a quienes ya les habían defendido en Magistratura de Trabajo. En otras ocasiones, ante el gran número de sumarios colectivos incoados por los tribunales franquistas debido al aumento de la represión, eran los propios abogados los que buscaban colegas que pudieran representar a los detenidos. Incluso antes de la formación de redes de despachos colectivos, no era inusual que los letrados acudieran a compañeros de los que conocían las simpatías políticas e ideológicas, para que colaboraran en defensas colectivas. Muchas de estas relaciones entre abogados se habían forjado en el activismo en los colegios o en el trabajo en los propios despachos. También, el hecho de que las vistas de los juicios del TOP se celebraran en el Palacio de las Salesas favoreció la coordinación de estrategias entre los abogados defensores, que al igual que los procesados procedían de diferentes lugares de España. Obviamente, la creación de despachos colectivos a partir de mediados de los años sesenta reforzó esta tendencia y las defensas colectivas, nacidas como fruto de la necesidad, acabaron cuajando en una práctica políticamente consciente. Adolfo Burriel recuerda cómo antes de ir a Orden Público «cuando era un expediente colectivo, en el que todos estábamos en la misma historia, nos juntábamos y lo examinábamos todo en común».²¹ Ahora bien, esto no implicaba que existiera una única estrategia por parte de todos los letrados, que podían mantener su estilo y esgrimir sus propios argumentos, y procesos como el 1001, celebrado en Madrid el 20 de diciembre de 1973, son buen ejemplo de ello.²² Lógicamente, la orgánica era también una vía habitual de elección de defensores. Desde la segunda mitad de los años cincuenta las células de abogados antifranquistas habían sido integradas, de forma variada, en las estructuras de los partidos y sindicatos clandestinos, que necesitaban contar con la adhesión de profesionales que defendieran a sus militantes. En ocasiones eran las propias organizaciones las que ponían en contacto a unos y otros, aprovechando para ello a familiares o compañeros de trabajo, aunque, como afirma Manuela Aroca, las defensas de los abogados que trabajaron ante el TOP fueron siempre indiscriminadas, es decir, no se vieron condicionadas por la ideología del letrado que ejercía la defensa.²³ A pesar de ello, sí es cierto que existía una especialización derivada de la militancia común. De hecho, despachos como los creados en Madrid a partir de 1965 habían nacido con la voluntad expresa de servir de apoyo a las Comisiones Obreras y al PCE y la mayor parte de los abogados que se integraban en ellos formaban parte de ese espacio sindical y político.

La elección de un abogado que compartiera la «posición moral» de su defendido era, por tanto, un punto de partida fundamental para garantizar la eficacia de la defensa. La profunda conexión entre abogados y procesados era, precisamente, lo que hacía que el trabajo en el TOP fuera para los letrados una experiencia «excitante [...] por el privilegio de estar ideológicamente asociado a la causa de su patrocinado», pero al mismo tiempo implicaba la asunción de grandes responsabilidades.²⁴ Por ello, aunque eran muy conscientes de que el resultado final no dependía tanto de su mayor o menor acierto como «del mayor o menor rigor con que se interpretaran las pruebas y la situación política y social del momento», los abogados defensores pusieron toda su pericia y profesionalidad al servicio de los acusados y de su defensa. Para ello trataron, en primer lugar, de cumplir estrictamente la parte procesal.²⁵ Obligados a sortear las trabas que implicaba encontrarse frente a un juez que tenía la potestad de interrumpirles en cualquier momento, contaban sobre todo con su palabra, porque «si te cortan o te retiran la palabra, pues, te has lucido [...] sabías, quieras o no, lo que podías hacer para que salga lo menos malo posible, que es hacer de abogado, ¿no?».²⁶ Y «hacer de abogado», «defender» en los procesos políticos del franquismo era, precisamente, impedir que se aplicara la ley, sirviéndose de un profundo conocimiento de las interioridades jurídicas de la dictadura que les permitiría explotar sus contradicciones. Lo contrario, como señalaba Leopoldo Espuny, significaría «condenarlos a la cárcel y convertirnos nosotros en colaboradores de unas leyes injustas».²⁷ Lenguaje legal y procedimiento formal eran, por tanto, las principales herramientas con que contaban las defensas que con enormes limitaciones podían manifestarse en los tribunales.

En general, se pueden distinguir dos tipos de procesos políticos que dan lugar a estrategias de defensa diferentes en función de los grados o niveles de implicación de los procesados en los hechos. Cuando se trataba de sumarios en los que se encausaba a personas, generalmente estudiantes y obreros, por «delitos» como el de propaganda ilegal o manifestación no autorizada, la principal estrategia consistía en «negar los hechos, es decir, destruir la prueba buscando cualquier contradicción en los informes policiales, en la declaración».²⁸ El delito de «propaganda ilegal» era descrito como el acto de imprimir o repartir octavillas, periódicos y otros materiales que llamaran a «subvertir violentamente» o destruir la organización política, social, económica o jurídica del Estado. Y el juego con el adverbio «violentamente» era clave para intentar abrir brecha en las defensas. Los acusados eran por lo general jóvenes trabajadores o estudiantes detenidos por agentes durante la comisión del reparto y, en estos casos, aunque se establecieran conexiones con organizaciones ilegales, la petición fiscal se centraba menos en la pertenencia a un partido o sindicato clandestino que en el propio aspecto de la propaganda. Lo que los abogados trataban de hacer era minimizar la importancia de este hecho y refutar la supuesta intencionalidad de subvertir el orden. Es decir, intentaban evitar que los acusados manifestaran los motivos por los que contribuían a la lucha antifranquista y conseguir así la absolución o al menos la imposición de una pena menor para los defendidos. Los argumentos empleados por Albert Fina al defender a dos jóvenes acusados de repartir propaganda ilegal en 1968 resultan muy ilustrativos a este respecto. Fina cuestionaba el informe policial apelando, en primer lugar, a «alguna pequeña incongruencia en las declaraciones prestadas ante la Guardia Civil, totalmente explicables por la edad de los procesados y la ofuscación consiguiente ante los expeditivos interrogatorios que realiza el expresado Cuerpo». Uno de los procedimientos para disculpar la presencia de los acusados en lugares donde se repartía propaganda, o incluso la circunstancia de que fueran detenidos portando ejemplares de la misma, era alegar, como hizo Fina, que el procesado encontraba «en una de las calles del barrio de ambiente trabajador donde reside varias hojas esparcidas por el suelo, de las que profusamente, por aquellas fechas, se habían distribuido. Por curiosidad las recoge, las muestra a su compañero; las juzgan inocuas por cuanto hablan de aspectos relacionados con el mundo del trabajo y ellos son también trabajadores y, sin darle mayor importancia, no las destruyen, simplemente las conservan». A veces, también se insinuaba que eran los propios agentes los que provocaban la comisión del delito al presentarse de incógnito y solicitar a los acusados que les dieran octavillas. Así desde el punto de vista legal, la defensa cuestionaba que el reparto se hubiera producido en las condiciones que las leyes establecían para definirlo como delito.²⁹

Reunión ilegal o asociación ilícita fueron, asimismo, otros de los delitos que más frecuentemente fueron juzgados en el TOP. Cuando se trataba de asociación ilegal la defensa se centraba en proporcionar alternativas o detectar en los informes de la BPS inexactitudes que permitieran al abogado presentar el trabajo policial como poco metódico. En estos puntos jugaban un papel determinante las elecciones de testigos o testimonios de descargo y las informaciones que éstos habían facilitado. A veces, los testimonios acusatorios provenían de interrogatorios y el abogado cuestionaba los fundamentos de la acusación apelando a los métodos utilizados por la policía o cuestionando los «informes secretos y confidencias» empleados para llegar hasta los procesados.³⁰ La defensa también apuntaba a la falta de matices y a un uso abusivo de generalidades. La falta de concreción de los hechos imputados a los procesados que habitualmente se recogía en los autos de procesamiento era argumentada por los defensores como «procesalmente no admisible». Así, la estrategia de la defensa se centraba en la falta de pruebas concluyentes y en la ausencia de matices, pero sin negar taxativamente la acusación. En los casos de reunión ilegal los letrados sustentaron sus planteamientos amparándose, además, en la legislación obrante al respecto. Aprovechando las grietas existentes en la misma formulaban conclusiones de defensa en las que establecían que no había prohibición alguna de reunión, siempre que no concurrieran ni una intención demostrable de alterar el orden ni un número superior a veinte personas concentradas en el mismo lugar.³¹

Una gran parte de los casos en los que se juzgaba este tipo de delitos se saldaba con condenas bajas.³² Ahora bien, no era lo mismo ser receptor de propaganda ilegal que encargarse de su elaboración y distribución. La relativa benignidad del TOP desaparecía cuando se trataba de cuadros o dirigentes reconocidos de organizaciones clandestinas y la estrategia a seguir por los letrados cambiaba completamente en función del reconocimiento de la pertenencia a una organización considerada subversiva. Basta recordar, a este respecto, la importancia que tuvo la aplicación del término «asociación ilícita» para la ilegalización de las Comisiones Obreras en 1967 y lo que esto supuso para las posteriores defensas de sindicalistas, centradas en gran medida —como en el Proceso 1001— en tratar de desvincular a las Comisiones del Partido Comunista. En procesos abiertos por delitos de asociación o propaganda, los militantes comunistas, por ejemplo, sufrían elevadas condenas. El papel protagonista que organizaciones como el PCE y las incipientes Comisiones Obreras jugaban en la agitación social no pasó desapercibido para la justicia franquista, que se fijó entre sus objetivos sentar a estos militantes ante el Tribunal de Orden Público. Un tribunal cuyas sentencias irán endureciéndose al calor del aumento de la movilización social y el recrudecimiento de la represión de los conflictos obreros desde finales de los sesenta.

Así, algunos de los abogados más bregados en estas lides tuvieron que ver con frustración cómo sus defendidos eran castigados con altas condenas. En 1964, Antonio Rato, que acabará convirtiéndose en uno de los abogados con más experiencia en el TOP, no pudo evitar, por ejemplo, que dentro del proceso encabezado por José Sandoval, Antonio Montoya Pérez, al que se achacaba la responsabilidad del aparato de propaganda del Partido en la capital, fuera condenado a quince años por asociación y tres por propaganda; o que el comunista madrileño Víctor Díaz Cardiel sufriera, en 1966, la condena a diez años por asociación ilícita y tres por propaganda ilegal. En 1971 Rato tuvo que asumir una de las sentencia más contundentes cuando su defendido Luis Lucio Lobato fue condenado a diecisiete años y cuatro meses por asociación ilegal y a cuatro años y dos meses por propaganda.³³ Otros sumarios, como el que en 1967 juzgó a trece miembros de Comisiones Obreras, entre los que se encontraban Nicolás Sartorius, Julián Ariza, Luis Hoyos, Antonio Federico Muñoz Sánchez y Manuel Diego González de la Rubia, demostraron la dureza con que la administración de justicia contemplaba la adscripción a Comisiones Obreras mediante la aplicación de condenas que sumaron más de 25 años de cárcel.³⁴ Por su carácter emblemático destaca la detención, en 1972 en Madrid, de la práctica totalidad de miembros de la Coordinadora General de CCOO, encabezada por Marcelino Camacho, origen del Proceso 1001, que concluyó con durísimas condenas de cárcel para los encausados.

En estos juicios, de carácter claramente político, la defensa se preparaba como parte de una lucha general por la democracia y el proceso se convertía en un proceso contra la dictadura. En este duelo entre el aparato judicial franquista y los abogados opositores, la preparación de la defensa presentaba complicaciones que requerían del defensor no sólo el dominio y conocimiento de la teoría legal sino también la capacidad de buscar vías para que los acusados pudieran utilizar su testimonio como forma de exponer su doctrina política y cuestionar la legitimidad del régimen.

La estrategia empleada en estos casos no excluía, no obstante, el «posibilismo» empleado en defensas como la llevada a cabo por Albert Fina en el caso de los jóvenes repartidores de propaganda. De hecho, uno de los medios para garantizar una defensa adecuada a los detenidos era bloquear la maquinaria burocrática del proceso político, técnica que ha terminado por conocerse como «neutralización cuantitativa de la represión» y que era también fruto del considerable incremento de procesados por el TOP.³⁵ Asimismo, a partir del precedente sentado por la Huelga de abogados Orden Público en 1970, muchos abogados empezaron a negarse a comparecer en señalamientos y vistas obligando al tribunal a suspender los juicios hasta próxima convocatoria.³⁶ Se trataba, eso sí, de una estrategia de eficacia limitada, ya que el problema no era tanto la neutralización de los juicios o su aplazamiento sino «dificultarle a la policía la detención».³⁷

En general, en este tipo de procesos la personalidad de los acusados y su manifiesta voluntad, comunicada a sus abogados, de hacer propaganda de sus ideas imponían una estrategia directa de denuncia política ante la sede judicial. Uno de los argumentos más utilizados para la consecución de este objetivo fue el cuestionamiento del uso de leyes criminales para tratar con actos políticos, que, en el caso de los partidos y organizaciones clandestinas ajenas a estructuras «militares» y que optaban por la resistencia pacífica, eran impugnaciones de la legitimidad del Régimen y de su anacronismo en el contexto de la mayor parte de la Europa occidental. Se trataba de demostrar que se juzgaba por opiniones, no por auténticos «delitos». Otra vía para enfrentar al Régimen con sus pretensiones de encarnar la ley positiva era la de incidir precisamente en esa contradicción de acusar de delitos de rebelión armada a personas cuya actividad política se realizaba en ausencia de estructuras militares. Ésta fue, por ejemplo, la fórmula escogida por Manolo López en el proceso al dirigente comunista Horacio Fernández Inguanzo en 1969.³⁸ En el punto, codificado legalmente, del propósito de derrocar violentamente el régimen existente es en el que se basa su defensa:

La redacción del artículo 166 del Código Penal me permitió preparar un interrogatorio detallado sobre los diversos puntos de la denominada «línea política» del Partido. El precepto legal sancionaba las organizaciones prohibidas por la ley que tuvieren por objeto la subversión violenta o la destrucción de la organización jurídica, política, económica o social del Estado. Cabía, pues, hacer preguntas sobre las propuestas del Partido acerca de la no violencia en su actuación, o de sus proyectos jurídicos, políticos, económicos o sociales, y mostrar yo en el análisis posterior que todo ello no vulneraba los preceptos penales. Horacio se explicó detalladamente sobre todos los puntos mientras Mateu, el presidente del Tribunal, sostenía con tensión la campanilla para impedir preguntas, sin poder hacerlo porque estaban muy cuidadosamente preparadas. Supe después que se le había reprochado a Mateu haber permitido que el juicio se convirtiera en lo que una autoridad llamó el primer mitin del Partido Comunista de España desde el 1.º de abril de 1939.³⁹

Posteriormente, en 1973, Manolo López volvió a utilizar una estrategia similar con su defendido Juan Muñiz Zapico en el contexto del Proceso 1001. En esta ocasión, además de subrayar la inadecuación del delito a la definición legal del mismo (negando el carácter violento) intentó, por distintas vías, minar la legitimidad de la dictadura en una de sus construcciones legales más importantes, la identificación entre un régimen político particular y la forma de Estado en general. La exaltación de la unidad y la represión de toda pluralidad no canalizada por el propio Régimen —considerada como «disolvente»— era uno de los ejes centrales de su discurso. En la jurisprudencia franquista, el epítome de esta pasión por lo centralizado y unitario era la fusión que se establecía entre Estado y Régimen político.⁴⁰ Por ello, cuestionar esta doctrina era cuestionar la legitimidad del poder. La disociación de ambas nociones implicaba negar que un sistema político en particular pudiera atribuirse naturalmente el monopolio de la organización del Estado y, por ende, la representación exclusiva de la voluntad general de los ciudadanos. Con ello se cuestionaba la necesidad de obediencia reclamada como natural por una forma de gobierno particular.⁴¹ Era ésta una estrategia de defensa compatible con la búsqueda de minimizar la previsible sentencia condenatoria de los tribunales políticos franquistas, es decir, que partía de una concepción determinada de lo que se conoce como uso alternativo del Derecho.

Aunque en la práctica esta perspectiva había sido utilizada en España con anterioridad (por ejemplo en el caso de Julián Grimau), los fundamentos teóricos del uso alternativo del Derecho suelen remitirse al trabajo de juristas de izquierda procedentes de la Facultad de Derecho de Bolonia en los años sesenta.⁴² Los adeptos y practicantes de esta corriente negaban el positivismo jurídico y la neutralidad del derecho en una sociedad capitalista y el papel del abogado como estricto profesional que solamente se debía a su cliente sin más obligaciones ni compromisos políticos y sociales. Propugnaban el uso del Derecho —entendido como la materialización, por la vía de la lucha, de las reivindicaciones democráticas y sociales de las clases populares— como palanca para explotar las contradicciones de la sociedad de clases y proteger a los trabajadores de los abusos del sistema y de la represión. Tres jóvenes abogados de los años setenta, formados con el valenciano Alberto García Esteve, lo definían de esta manera:

Entonces comprendimos que el Derecho hábilmente utilizado permitía ampliar espacios democráticos del ordenamiento jurídico, en defensa de las libertades y derechos fundamentales. Cuando nos encontrábamos ante un marco jurídico autoritario y represivo, Alberto nos mostró la forma de sortearlo, de provocar sus contradicciones, de utilizarlo a favor de la implantación de un sistema democrático, que nos llevara a progresar hasta una sociedad más igualitaria y justa. Nunca faltaban sus referencias marxistas y republicanas, que tuvo presentes en todo momento y ante cualquier persona e institución, de forma que nadie podía ignorar su pensamiento ni sus actos.⁴³

Así entendido, el uso alternativo del Derecho se presentaba como un complemento perfecto para la estrategia del «entrismo» que desde las Comisiones Obreras se venía utilizando para penetrar en el mundo laboral a través de los cauces legales.

Otra vía para desmontar el argumento del derrocamiento violento era mostrar la naturaleza, precisamente violenta, de la propia dictadura, para lo que los letrados emplearon diversas tácticas. Una de ellas era la apelación a la biografía de los acusados. En el caso de dirigentes veteranos, con participación en la Guerra Civil, se utilizaba su historial político y personal para mostrar de qué manera habían superado los odios y conflictos de aquel período, evidenciados en su práctica de los postulados de la política de «Reconciliación Nacional» aprobada por el PCE en junio de 1956 o, en el caso de los más jóvenes, subrayando la ausencia en su educación de esos mismos odios e incluso su adscripción familiar al bando de los vencedores. En general, se trataba de evitar la caricatura de los acusados como ejecutores sumisos de consignas al servicio de intereses y máquinas políticas clandestinas internas o externas. Al contrario, los acusados, que en su mayoría pertenecían a la clase trabajadora, eran presentados como trabajadores honrados, con todo lo que ello implicaba sobre la calificación moral que tenían los acusadores y el propio sistema que permitía que este tipo de personas fueran puestas ante un tribunal. Al igual que en otras defensas se planteaba un enriquecedor contraste entre «derecho» y «justicia», en estas ocasiones los abogados sacaban a la luz otra importante pareja de contrarios: «honradez real» contra «honorabilidad oficial».

Esta línea podía ir de la mano, asimismo, de la ya mencionada estrategia de impugnación de los métodos de investigación seguidos por los cuerpos de seguridad del Estado, una vía que tenía una eficacia más limitada pero que poseía una virtud fundamental en este tipo de casos: ayudaba a poner de manifiesto, en las vistas públicas, los límites del presunto «garantismo» del que el Franquismo alardeaba internacionalmente. Esta táctica de zapa de los procedimientos policíacos, a cargo la mayor parte del tiempo de una policía política que no rendía cuentas más que a determinadas instancias del gobierno y que practicaba sus pesquisas y detenciones sin prácticamente ninguna limitación legal, se centró en aspectos como los malos tratos a los detenidos y el uso de denuncias anónimas imposibles de contrastar, así como en su desmedido peso en los sumarios. De hecho, las denuncias por detención ilegal y abuso de poder por parte de la Brigada Político Social y otras fuerzas del orden abundaron en la etapa final de la dictadura, desde principios de los años setenta. Uno de los casos de mayor repercusión fue el intento de Cristina Almeida, Tomás Duplá, Jesús García Varela y José Luis Núñez Casal de procesar a varios agentes de la BPS gallega en 1971, utilizando la vulneración de los derechos y garantías de sus defendidos contra la policía y los tribunales que decían ampararlas y defenderlas.⁴⁴ En este tipo de actuaciones era necesario combinar conocimiento jurídico, capacidad de investigación y habilidad para sortear la persistente negativa de los jueces a admitir el más mínimo cuestionamiento de la labor policial. Como en otras ocasiones, se trataba de poner de manifiesto la ilegitimidad del régimen y su fundamento último en la arbitrariedad y represión pese a sus constantes intentos de vestir su carácter violento con ropajes legales.

La versión más radical del uso alternativo del derecho, tanto en lo político como en su propia concepción del Derecho, fueron los juicios de ruptura.⁴⁵ En éstos se replanteaba la función del profesional del Derecho en relación con la sociedad que lo rodeaba y la concepción que éstos tenían de sí mismos y su estatus como miembros de una corporación. Este proceso, en la práctica, ya había sido avanzado por la experiencia de los abogados laboralistas en la definición acuñada por Albert Fina como «abogados de obreros» y también por la labor desempeñada por los abogados antifranquistas en la defensa de compañeros de partido o de disidentes en consejos de guerra u otras instancias. Pero lo que planteaban teóricos del juicio de ruptura como Miguel Castells era una profundización de ese proceso y una radicalización del mismo que borraba las fronteras entre lo profesional y lo militante, de una manera muy característica del activismo de los setenta. Para Castells, el proceso político era la prueba máxima de las relaciones de dependencia que existían entre Derecho y política. Los juicios a miembros de la oposición eran el espectáculo orquestado por el poder para mostrar su fuerza y advertir a los opositores. Por tanto, éstos debían contraatacar haciendo su propia puesta en escena que apelara a la presencia y movilización del pueblo. Durante el proceso de ruptura las figuras del abogado y acusado cambiaban radicalmente, al tiempo que se ensanchaban los límites del espacio en el que se desarrollaba el juicio, haciendo especial hincapié en la implicación del entorno de los procesados en el mismo.⁴⁶ El juicio de ruptura suponía la puesta en práctica de una línea de defensa de enfrentamiento abierto radical y de no reconocimiento de la legitimidad del Régimen.

En definitiva, ya fuera desde esta perspectiva o desde la combinación del planteamiento político con el de la defensa y protección de los acusados, las distintas estrategias puestas en práctica por los abogados antifranquistas reflejan el profundo significado político y personal que la defensa jurídica tenía para ellos.⁴⁷ Con sus intentos de que la práctica profesional fuera «ajustada a Derecho» y sus esfuerzos por limitar los abusos del Estado, dejaron fuera de toda duda su firme compromiso con la abogacía entendida como deber de Justicia y compromiso con la sociedad. Su movilización, colectiva y consciente, logró sacar los procesos a la calle y permitió que, pese a los denodados esfuerzos del Régimen, se librara desde la sede judicial una batalla pública en la que no sólo se estaba luchando por la libertad de los acusados sino que se estaba denunciando la naturaleza represiva de la dictadura franquista.

ACUSAR A LOS ACUSADORES. EL PROCESO POLÍTICO FUERA DE LA SEDE JUDICIAL

En efecto, el desempeño de una intensa actividad en la que lo profesional y lo militante estaban profundamente imbricados, permitió a los abogados defensores convertir estos procesos políticos en juicios públicos a la dictadura. Sin embargo, basta un rápido recorrido por algunos de los más conocidos procesos políticos, como el Proceso 1001, el de los 23 de Ferrol o la redada que implicó la caída de miembros de la Assemblea de Catalunya, para comprobar que en estos casos los procesados no permanecieron pasivos ante la justicia represiva del régimen franquista. Al contrario, especialmente en los procesos que implicaban a dirigentes clandestinos de peso, éstos tenían mucho que decir y, por ello, mostraron una voluntad clara de convertirse en directos acusadores del sistema que les juzgaba. En algunos casos, ante una condena segura, los procesados aspiraban al menos a poder explicar sus motivaciones, para lo que era imprescindible la habilidad de los defensores al hacer que éstos pudieran difundir su mensaje sin ser cortados de raíz en el uso de la palabra por el tribunal. Esto fue lo que consiguió, por ejemplo, Manolo López con Horacio Fernández Inguanzo al diseñar para su defensa interrogatorios tan sutiles como explícitos.

En otras ocasiones, los procesados decidieron reaccionar abiertamente ante los tribunales, a pesar de conocer las seguras consecuencias que dicha actitud acarrearía en lo relativo a su sentencia. José María Rodríguez Manzano, por ejemplo, al ser detenido en 1964 por asociación ilícita, propaganda ilegal y entrada clandestina, manifestó su deseo de «seguir con las esposas que me sujetan en este régimen que oprime y encarcela a los trabajadores», siendo condenado a una pena de ocho años de prisión mayor.⁴⁸ Significativo también es el caso de Luis Lucio Lobato, que en el juicio celebrado en 1971 se empeñó en manifestar abiertamente su condición de comunista y de dirigente, a pesar de las recomendaciones de su abogado, Antonio Rato, para paliar el veredicto.⁴⁹ Un caso de contestación colectiva al TOP lo protagonizaron Marcelino Camacho, Fernando Serrano y Manuel Sosa, acusados, junto a otros nueve trabajadores, de asociación ilícita. En el juicio, en el que fueron defendidos por María Luisa Suárez Roldán y Cristina Almeida, Camacho acabó dirigiéndose al presidente del tribunal en los siguientes términos: «Me veré obligado a denunciar al Tribunal de Orden Público como un Tribunal de Excepción al servicio de una dictadura que se hunde». Es más, tras la respuesta del Tribunal Camacho exclamó: «¡Vivan las Comisiones Obreras! ¡Fuera los Tribunales de Excepción!». En ese momento el resto de los procesados se sumaron, con gritos y aplausos, a las protestas. Los hechos provocaron la instrucción de un nuevo sumario y la sentencia fue contundente: Camacho fue condenado a tres años y seis meses de prisión menor por desacato. Como ha señalado Juan José del Águila, con esta sentencia y la que en 1973 le fue impuesta en el Sumario 1001, en el que fue condenado a veinte años de reclusión por asociación ilícita, Camacho se convirtió en el inculpado que más tiempo pasó en la cárcel en cumplimiento de las penas impuestas.⁵⁰

Precisamente el sumario 1001 es uno de los más representativos de un tipo de proceso en el que la colaboración de los acusados con los letrados iba aún más allá, hasta el punto de que eran ellos mismos quienes marcaban la línea a seguir en la defensa. En el Proceso 1001, desde el primer momento los detenidos manifestaron su intención de convertir el juicio en una acusación contra el Régimen. Una acusación que procedía de una oposición antifranquista cuya unidad debía reflejarse en la composición plural de los abogados elegidos.⁵¹ Precisamente por ello, siendo como eran dirigentes de las Comisiones Obreras y, en algunos casos, dirigentes clandestinos del PCE, decidieron optar por no recurrir exclusivamente a profesionales vinculados al partido. Entre los procesados se produjeron debates internos que quedaron reflejados en una carta de Juan Muñiz Zapico a sus camaradas comunistas, en la que se explicitaban los puntos que los «diez de Carabanchel» consideraban imprescindibles para el tipo de defensa que deseaban. En primer lugar, se buscaba evitar los personalismos y mostrar a los procesados como encarnación de un movimiento unitario y colectivo. En segundo lugar, se admitía sin tapujos que el juicio tenía que ser político, haciendo del proceso «lo que en realidad es, el proceso a la clase obrera».⁵² Este protagonismo de su condición obrera, además, serviría para que, llegado el caso de materializarse las severas penas que demandaba la petición fiscal, se pusiera de manifiesto la contradicción del Régimen con su propia legalidad «dejando claro el carácter policial del proceso». En este sentido, una tercera demanda de los procesados era la de definir una línea de defensa que impugnara el intento del fiscal y del mismo Régimen de convertirlos en «agitadores profesionales». Y la mejor manera sería «contestar a las preguntas de nuestros defensores de una forma sencilla, muy ligada a nuestra personalidad obrera, a la exposición del porqué de esa personalidad, huyendo de altisonancias, alejándonos del mitin por el mitin, que lo único que nos conducirá es a salir de la sala sin exponer la problemática que bien expuesta resultará más punzante que la mención de cuatro verdades conocidas».⁵³ Asimismo, se indicaba el deseo de que, al contrario de lo ocurrido en los casos de Núñez y Fernández Inguanzo, se subrayara su militancia en las Comisiones Obreras y su calidad de dirigentes sindicales, desligándose de su pertenencia al PCE.⁵⁴

Con la línea de defensa a seguir definida por los propios procesados, una de las principales preocupaciones de los abogados era darle «publicidad» a los juicios llamando la atención de la opinión pública para poder explicar, a través de diversos medios de comunicación, los conflictos. Cristina Almeida, defensora de Eduardo Saborido en el 1001 recuerda que:

repartimos las labores de defensa para que fuera un juicio internacional. Los 10 de Carabanchel llevaron cada uno un abogado que podían venir de todas las fuerzas políticas. Y había una expectación..., porque yo estaba con una petición de 20 años y 1 día, es decir, que no era moco de pavo, por ser dirigentes de Comisiones Obreras, filial del Partido Comunista. [...] Nos jugábamos el porvenir de los sindicalistas, date cuenta de que estaban Nicolás Sartorius, estaba Camacho, Ariza, estaba Saborido, estaba Soto, estaban los que eran los jefes de las Comisiones de toda la nación. Y estaba la prensa de todo el mundo aquí, desde los australianos a todos los demás. Había cientos de acreditados y había unas colas el día de ese juicio, que nunca se me olvidará, de kilómetros, que iban hasta la Plaza de Colón, del público que venía.⁵⁵

El 1001 fue un proceso excepcional, tanto por la importancia que tuvo para la acción antifranquista en la abogacía como por su repercusión exterior. El papel que tuvieron algunos periodistas y corresponsales de diferentes diarios y revistas extranjeras fue, en efecto, decisivo para informar acerca del juicio y de las condenas impuestas por el TOP a los opositores. Y si lograr la mayor repercusión posible en los medios de comunicación era un objetivo prioritario de los abogados, otra pieza clave para conseguir que las voces de los procesados se escucharan más allá de los tribunales era la implicación del entorno en el proceso, especialmente la de las mujeres de los presos. Éstas, desde el mismo momento en que sus familiares estaban presos o detenidos, desarrollaban una acción conjunta y coordinada para reclamar la amnistía y para denunciar públicamente la represión ejercida por el régimen franquista, por lo que contar con ellas era un punto crucial para preparar de forma conjunta las defensas y asegurar el éxito de los juicios.⁵⁶ La implicación de las mujeres se veía, además, favorecida por esa dialéctica entre lo orgánico y lo personal que había resultado tan útil como estrategia de defensa. En las visitas a sus familiares era habitual que éstas coincidieran con los abogados, que organizaban numerosos viajes con el objetivo no sólo de comunicar con los presos o servir de enlaces entre las cárceles y las organizaciones clandestinas, sino también como una manera de poner en práctica un ejercicio de solidaridad personal con los detenidos. La tarea de los abogados iba mucho más allá de lo puramente jurídico e incluía no sólo avisar a las organizaciones de las detenciones de sus cuadros sino también animar y apoyar a los presos y, al mismo tiempo, asesorar a las familias para que supieran cómo actuar y cuáles eran los trámites legales necesarios para las visitas, así como los derechos que les asistían respecto a sus familiares presos.⁵⁷ Además, como recuerda Héctor Maravall, «también les contábamos cómo iba todo el proceso, el sumario, es decir, les contábamos un poco la perspectiva, para preparar un poco el juicio».⁵⁸ Y esta red de relaciones tejida entre abogados y sus familiares mostraba toda su eficacia cuando se producían los procesos,⁵⁹ poniendo de manifiesto, una vez más, que la conexión personal y profesional resultaba ser una útil estrategia de defensa. Los abogados reconocían el valor de la implicación familiar en el éxito de los juicios: «Las mujeres, que se comportaron todas, absolutamente todas, que yo recuerde no hubo nunca ninguna deserción de las mujeres, todas apoyaron a sus maridos [...] Y entonces enfocábamos todos de mutuo acuerdo la defensa».⁶⁰ Y las mujeres de los presos depositaban grandes esperanzas en la labor de los abogados, al tiempo que reconocían lo importante que para ellas era su papel asegurando, como hacía un grupo de mujeres de presos de Sabadell en 1970, que «a través de su lucha por la democratización de la Justicia, la abogacía española ha jugado y jugará un papel decisivo en la democratización de todas nuestras estructuras políticas. Las actuaciones de los abogados defensores de presos políticos constituyen una brillantísima página de nuestra lucha».⁶¹

Por último, no se puede olvidar el papel de otra pieza clave en la lucha por conseguir el objetivo de denuncia pública al Régimen: el contacto con las organizaciones internacionales. Con el fin de utilizar a la opinión pública europea para presionar a favor de sentencias favorables, o menos desfavorables, para los acusados en procesos políticos fueron no pocos los abogados que se ocuparon de canalizar la ayuda internacional y que ejercieron de denunciantes en foros internacionales de la represión política en España. En un contexto en el que el Régimen estaba profundamente interesado en presentar la situación española como «normal» y en buscar eufemismos que ocultaran su naturaleza para acceder a instituciones como el Mercado Común, los contactos internacionales de los abogados y de las organizaciones en el exilio trataron de sabotear el intento de la dictadura de legitimarse internacionalmente. En este sentido fue notable, por ejemplo, la labor de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales (CIOSL), que envió frecuentemente, sobre todo en los años setenta, a observadores a algunos de los procesos más importantes del tardofranquismo, como el celebrado en abril de 1970 contra trece socialistas españoles, entre ellos Ramón Rubial.⁶² Significativo del apoyo internacional de la CIOSL fue también el sumario abierto contra los socialistas Enrique Múgica, Nicolás Redondo, Felipe González, Ambrosio Gutiérrez y Cristóbal Cáliz, acusados de pertenencia al PSOE y la UGT. El juicio, que no llegó a tener sentencia en gran parte por la habilidad de los abogados defensores, Peces-Barba, Ruiz-Giménez, Pablo Castellanos, Alberto Múgica y José María Gil-Robles, suscitó un alto interés internacional, llegando a acudir a una de las sesiones programadas el secretario general de la CIOSL, Otto Kersten.⁶³ Por su parte, la Federación Sindical Mundial, de orientación comunista, y sobre todo la Confederación General del Trabajo (CGT) francesa y la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) participaron activamente en la creación de fondos solidarios con los presos políticos y sus familias, así como en la convocatoria y organización de manifestaciones y acciones contra las sentencias dictadas por los tribunales franquistas.⁶⁴

Todos estos rasgos, desde la creación de un equipo de abogados demócratas de distintas ideologías hasta la presencia de movimientos de solidaridad nacionales y la implicación de las organizaciones internacionales confluyeron en el último gran proceso del TOP, que fue también, sin duda, uno de los que adquirió mayor resonancia pública. Se trata del proceso que tuvo lugar en julio de 1975 contra los principales dirigentes de las Comisiones Obreras de Galicia, conocido como «el juicio de los 23 de Ferrol».⁶⁵ Alrededor de la celebración del juicio se llevaron a cabo numerosas acciones colectivas y se convocaron huelgas en los centros industriales de Galicia con el objetivo de buscar la anulación del proceso y la amnistía. La solidaridad con los procesados se manifestó también a través de diversos escritos de apoyo, como el firmado por 500 intelectuales gallegos o el elaborado por un grupo de mujeres de Vigo. Gracias a ello se contó, en el juicio, con la presencia de todos los medios de comunicación de Galicia, de enviados especiales de algunos periódicos europeos y de revistas como Cambio 16, Cuadernos para el Diálogo y Triunfo, además de la asistencia de representantes de organismos internacionales. La repercusión del proceso en los medios de comunicación fue realmente llamativa. La sesión comenzó el 1 de julio en una sala repleta de familiares y compañeros de los procesados y las excelentes intervenciones de los abogados defensores, en especial de José Luis Núñez, Cristina Almeida, Jaime Miralles y Manuel López, forzaron la modificación de las conclusiones provisionales del fiscal, que retiró la acusación contra cinco implicados y redujo en 23 años el total de las penas de cárcel que en principio se solicitaban.⁶⁶ Como otros grandes procesos, el de los 23 de Ferrol se había convertido, sin duda, en un juicio político contra la dictadura franquista. Gracias a la compleja y eficaz dialéctica generada entre la labor de los abogados y el papel de los procesados y los movimientos de solidaridad que luchaban por su causa, la sede judicial que había sido creada para la represión política se había transformado, involuntariamente, en un púlpito para denunciar unas leyes injustas y en un espacio privilegiado desde el que atacar políticamente a un régimen constituido sobre la violencia y la negación del Estado de Derecho. Después de trece años de existencia, el incremento de la conflictividad laboral y del activismo obrero había llevado a un elevado número de abogados y abogadas laboralistas a desempeñar una intensa y frenética actividad ante el TOP. Y esa actividad, marcada por un profundo compromiso ético y profesional y encaminada en todo momento a la defensa de la justicia frente a la ley, no sólo fue fundamental, en lo inmediato, por las vidas de aquéllos que habían arriesgado su libertad al servicio de sus ideas, sino que tuvo también, a largo plazo, un incalculable valor en el desarrollo de una cultura democrática.

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«¿In dubio pro operario?»

Abogados de obreros y letrados verticalistas ante las magistraturas de trabajo

LA VICTORIA FRANQUISTA EN la contienda civil supuso una derrota sin paliativos para la clase trabajadora. A la reacción desatada para combatirla decretando la proscripción de todas las organizaciones políticas y sindicales de clase siguió una implacable represión poco selectiva y ejemplarizante. Paralizada por el miedo la población laboral, esa inicial inversión en terror iría acompañada de un copioso rosario de leyes e instituciones laborales tendentes en último extremo a garantizar la sumisión del trabajador. Sin embargo, aunque tremendamente diezmada y sometida, nunca el Régimen va a dejar de considerar a la clase trabajadora como su principal antagonista, un estatus que le conferirán tanto sus partidarios como sus opositores. Será por ello que la política laboral del Régimen girará en torno a un complejo «juego de equilibrios» que alternará la aplicación de prácticas enormemente lesivas para los intereses obreros con otras que podríamos definir como de «halago», traducido éste en la articulación legislativa de ciertas medidas protectoras y de reconocimiento de derechos a los trabajadores. Anotemos esto para las páginas que siguen porque en torno a ese binomio concesión-represión se tejerán las relaciones laborales durante el franquismo. Sin embargo, como tendremos ocasión de ver a continuación, durante las dos primeras décadas del franquismo el reconocimiento de derechos a los trabajadores fue sistemáticamente obviado y la legislación que los sustentaba convertida en papel mojado. Esa misma legislación, junto a normativas que se irán articulando al albur de los cambios experimentados en el país desde finales de la década de los cincuenta será un «arma» poderosa que, convenientemente utilizada, tratará de poner coto a dos décadas de indefensión jurídica de los trabajadores.

Esta aseveración no obstante no debe hacer olvidar al lector que en ningún momento podrá hablarse de unas relaciones laborales equilibradas durante el franquismo, ni los organismos laborales funcionarán como entidades reequilibradoras de las relaciones de producción, aun cuando las transformaciones experimentadas por el país obliguen a corregir flagrantes arbitrariedades.

El viraje de la política económica desde la autarquía a la liberalización, con la entrada en vigor del Plan de Estabilización, y el reconocimiento (parcial y controlado) de la capacidad de negociación colectiva mediante la aprobación de la Ley de Convenios Colectivos inaugurarán un nuevo período en el que las relaciones laborales, enormemente constreñidas hasta entonces, sufrirán notables transformaciones. La mayor capacidad de reacción de los asalariados, la pérdida del miedo y la incorporación al mercado laboral de nuevas generaciones serán determinantes para tratar de limitar tanto el abuso patronal como la indefensión y arbitrariedad jurídica e institucional que habían caracterizado las relaciones laborales desde el final de la Guerra Civil. Es en este cambiante escenario en el que irrumpirán los primeros abogados de obreros con un sentido del ejercicio profesional comprometido social y políticamente y en el que más meridianamente se escenificarán los límites y las contradicciones del andamiaje laboral pergeñado por el Régimen. Y es que, como tendremos ocasión de ver, será precisamente «la letra pequeña» que encerraba la retórica de la Revolución Nacional Sindicalista —prontamente «reconvertida» en revolución pendiente— y todo su arsenal jurídico-laboral la que dará un margen, ciertamente escaso pero efectivo, de defensa jurídica a los obreros.

UN ESCENARIO ADVERSO

En 1938, aún antes de finalizada la contienda, era promulgado el Fuero del Trabajo. Inspirado en la fascista Carta di Lavoro italiana, en su articulado se esbozaban las líneas maestras de la política laboral del Nuevo Estado, que concebía tanto las instituciones como la normativa laboral como aparatos y mecanismos de encuadramiento, represión y control de la clase trabajadora. El objetivo, desterrada la lucha de clases e impuesta por ley la armonía, no era sino garantizar la sumisión y disciplina de los «productores», así denominados en la nueva jerga Nacional-Sindicalista tanto a los propietarios de los medios de producción, renombrados como «jefes de empresa», como al poder político. En la «carta magna laboral» del Nuevo Estado se establecían los cimientos de la entidad llamada a ser la garante de tales aspiraciones: la Organización Sindical Española (OSE).¹ Su andamiaje legislativo y de fundamentos fue sistematizado en sendas disposiciones (Ley de Unidad Sindical y Ley de Bases de la OSE, ambas de 1940) que, amén de perseverar en la armonía y «hermandad cristiana y falangista» de patronos y «productores», debía procurar el engrandecimiento económico de España.²

La realidad era muy distinta, como los hechos habrían tempranamente de mostrar. A unas condiciones de vida y trabajo leoninas se añadió la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora en un escenario que dejaba nulo margen para la protesta. «El obrero, aunque no exteriorizaba sus pensamientos, tenía la sensación y el encubierto temor de que no tardaría en caer en una nueva era de esclavitud en el trabajo.» ³ Así de rotundo se mostraba el primer alcalde falangista de Sabadell, José María Marcet, respecto al escenario laboral recién implantado.

Proscritos por ley los derechos de asociación y huelga, tradicionales «armas» de defensa de los intereses obreros, éstos pasarían, al menos en teoría, a ser garantizados por la OSE. La «hostilidad manifiesta» de los productores hacia esta institución era reconocida sin ambages por el primer Delegado Nacional de Sindicatos, Gerardo Salvador Merino,⁴ y es que el encuadramiento en su seno de productores y empresarios distaba mucho de ser equitativo. Aunque la OSE debía mostrar su eficiencia a la hora de defender los intereses obreros (distintas órdenes generales y decretos suscritos entre 1941 y 1943 completarían el entramado burocrático del Sindicato Vertical, entre ellos el de creación de los Servicios Jurídicos), las amplias prerrogativas reconocidas a la patronal sobre el incuestionable principio de autoridad eran la piedra angular que en sí misma desarbolaba toda su retórica integradora y ecuánime.

La lectura pues era simple, si la Central Nacional Sindicalista tenía como objetivo primordial garantizar la disciplina social del trabajador, aspecto este expresamente recogido en el articulado de su Ley de Bases, y esa misma CNS encuadraba en su seno a una patronal que podía hacer «razonable» y «justo» uso del principio de autoridad (reconocido como causa de despido en la Ley de Contrato de Trabajo de 1944), la capacidad de ésta a la hora de velar por los intereses de los trabajadores estaba enormemente condicionada.

De la misma manera, mientras a los trabajadores les fue negada toda posibilidad de asociarse, el empresariado gozó de una notable autonomía en el seno de la Organización Sindical, dándose incluso la paradoja de ser los propios patronos quienes tomaran el control de los aparatos provinciales de la OSE, de tal suerte que ésta pasó a reproducir la red gremial-empresarial de preguerra.⁵

A mayor abundamiento era la OSE quien debía proponer al gobierno las ordenanzas y reglamentos sobre los que habrían de regirse los centros de trabajo. Si tenemos en cuenta que tanto la Ley de Contrato de Trabajo, promulgada en 1944, como la de Reglamentaciones de Trabajo, suscrita dos años antes, otorgaban al patrón amplias concesiones para determinar aspectos esenciales de las condiciones de trabajo como los salarios, las categorías profesionales o la organización del trabajo, etc., y consagraron como inexcusables los principios de autoridad y obediencia (que sustituyó al de diligencia que recogía la ley republicana de 1931), la teórica equidad que debía guardar la OSE respecto a productores y jefes de empresa se ponía una vez más en cuestionamiento.

Y es que aunque eran las autoridades laborales quienes marcaban las pautas en términos de política laboral sobre la premisa de que «en un sistema de unidad de empresa es imposible reconocer la existencia de intereses antagónicos entre los elementos que la componen y es el Estado quien más equitativamente conoce las necesidades y demandas que se requieren en el orden económico»,⁶ eran los «jefes de empresa» quienes, merced a las prerrogativas reconocidas por la legislación, tenían la posibilidad de determinar y diseñar a su antojo las condiciones de trabajo, reforzadas aún más al disponer de total libertad para confeccionar los Reglamentos de Régimen Interno de cada centro de trabajo. Las disposiciones disciplinarias desarrolladas en estos reglamentos contemplaban tantas conductas punibles que era extremadamente sencilla, y legal, su utilización por parte de los patronos para penalizar a un trabajador, facilitando con ello los abusos. Lo más significativo residía en que gran parte de los hechos sancionables que aparecían en los reglamentos nada tenían que ver con el rendimiento productivo del trabajador sino más bien con cuestiones de orden moral y, sobre todo, de subordinación.

Los derechos que reconocía la legislación laboral a los trabajadores quedaron pues subsumidos bajo el peso de las prerrogativas que ese mismo corpus legislativo otorgaba a los empresarios. Las desavenencias que de su aplicación pudieran derivarse, que habían de ser planteadas de manera individual —hasta 1962 no se reconocería la existencia de conflictos colectivos—, se resolvían en primera instancia en el seno de la propia Organización Sindical, que, a sus múltiples funciones, añadía también la de ejercer como mediadora entre las partes en litigio como trámite previo y obligatorio a la actuación de la Magistratura de Trabajo.

La gestión del conflicto individual ante la Magistratura era principal, pero no exclusivamente,⁷ desarrollada desde los propios Servicios Jurídicos de la Organización Sindical integrados por letrados y asesores de incuestionable adhesión al Régimen, quienes, en calidad de integrantes del aparato vertical, no gozaban de la confianza del trabajador.⁸

Si hubo ciertamente no sólo desapego sino clara aversión en no pocos casos por parte de los letrados sindicales hacia requerimientos de los obreros, también muchos otros trataron de efectuar una gestión honesta de la demanda reconociendo la justeza de la misma.⁹ En estos casos, no obstante, su capacidad de defensa del interés del obrero chocaba con múltiples trabas, las impuestas por la legislación, pero también las determinadas por las Magistraturas de Trabajo, que, al menos durante las dos primeras décadas del franquismo, se caracterizaron por un acusado carácter antiobrero. «La actitud de la MT ante los conflictos obrero/patronal fue coherente con los principios mismos de autoritarismo e intransigencia laboral que el Régimen sustentó, aunque aplicados sin el ropaje paternalista propio del discurso político.»¹⁰ En ese sentido, resulta reveladora una sentencia de la Magistratura de Oviedo fallada contra un obrero de la siderúrgica Fábrica de Mieres que reconocía como procedente su despido dada la «rebeldía del demandante». Lo más significativo sin embargo residía en la propia valoración que los letrados hicieron de la sentencia, puesto que reconocían sin ambages que «la prueba testifical en el acto del juicio no pudo ser más desastrosa para la Empresa, pero el Sr. Magistrado no tomó en consideración las contradicciones en que incurrieron los testigos presentados por la Fábrica de Mieres».¹¹

En esta tesitura, cuando la realidad sociopolítica comience a reclamar modificaciones, forzadas por la cada vez más difícil contención del malestar obrero y, sobre todo, cuando otros abogados irrumpan en el escenario laboral, el papel de los letrados verticales tendrá que redefinirse drásticamente y, en particular, luchar denodadamente contra la imagen que de su función tendrá la gran mayoría de los trabajadores, labrada durante años de incompetencia y de abierto posicionamiento a favor del interés patronal.

Fue en función de un escrupuloso respeto a las prerrogativas de la patronal como intervinieron durante este período instituciones como las Inspecciones de Trabajo¹² o las Magistraturas. Durante los años cuarenta, del total de sentencias dictadas por la Magistratura de Trabajo, las completamente favorables a los trabajadores superaron el 20 por 100 de manera excepcional.¹³ Una sentencia de la Magistratura número 2 de Barcelona de 21 de agosto de 1940, relativa a una demanda por despido de un trabajador del Banco Español de Crédito, es explícita en cuanto a los criterios utilizados por las autoridades ante las alegaciones de los trabajadores sancionados. En último término, ser considerado desafecto al Nuevo Estado era motivo de despido. En dicha sentencia se afirmaba: «No debe en justicia la Magistratura de Trabajo desconocer los hechos que se demuestren y prueben al ver una demanda por el despido y declararlo justo cuando exista incompatibilidad del trabajador con todo o parte de lo que representa el Glorioso Movimiento Nacional o actuación contraria a los intereses de la empresa durante la dominación roja, y aplicar por analogía la calificación de indisciplina prevista en el 6.º del artículo 89 de Ley de Contrato de Trabajo y justificativa de despido, pues indisciplina evidente es conducirse en forma contraria a lo que representa el Glorioso Movimiento Nacional o a los intereses y buen nombre de la empresa ilegítimamente arrebatada a sus dueños y contra la cual se pretende ejercer, al reclamar contra el despido, un derecho que solo pueden tener quienes lealmente le han servido».¹⁴

No es de extrañar pues que la norma que en Derecho laboral amparaba —y aún lo hace— a la parte débil del contrato de trabajo, esto es, al obrero, mudara los términos en este período. Y es que más que de «in dubio pro operario» las sentencias dictadas entre 1939 y 1958 permiten constatar como a falta de pruebas concluyentes que la máxima que guiaba a los magistrados de trabajo era la de «in dubio pro empresario». Esta reinterpretación de la norma, enormemente lesiva para los intereses obreros, no hacía sino trasladar al ámbito de la Jurisdicción Laboral los mismos principios de arbitrariedad y aberración jurídicas que caracterizaron la Jurisdicción Militar y sirvieron para reprimir a los partidarios de la legalidad vigente en el momento de la sublevación, la republicana, definida por Serrano Súñer como de «Justicia al revés».

VERTICALISTAS Y ABOGADOS DE OBREROS ANTE LA MAGISTRATURA DE TRABAJO.

Junto a la OSE, y la Inspección de Trabajo, las Magistraturas de Trabajo componían el cuerpo institucional que vertebraba la Jurisdicción Laboral del Régimen. La laboral era una de las denominadas Jurisdicciones Especiales cuya desaparición e integración en la Justicia Ordinaria motivará buen número de pronunciamientos de los Colegios de Abogados en el segundo franquismo. La falta de unidad jurisdiccional así como la fragmentación de la Justicia franquista en Jurisdicciones Ordinarias y Especiales podrían ser analizadas atendiendo a una doble función, aparentemente contradictoria pero complementaria, que ésta cumpliría ante la sociedad. Según este planteamiento, sobre la Justicia Ordinaria recaería la tarea de frenar los abusos de poder sobre la ciudadanía y la de garantizar el cumplimiento de leyes y normas actuando para ello la Judicatura de manera independiente y autónoma, ajena por tanto a la injerencia del Estado, mientras que las Jurisdicciones Especiales se erigirían en elementos esenciales para la represión, estando estas instituciones consecuentemente mediatizadas por un posicionamiento político y, por tanto, dependiente.¹⁵

Indudablemente, la realidad jurídica durante el franquismo distaba mucho de reducirse a un binomio inamovible de dependencia/independencia política de la Judicatura y de la Justicia puesto que ambas se convirtieron en un instrumento político de primera magnitud.

Se ha dicho —afirmaba Eduardo Aunós, ministro del ramo— que la Justicia no es política, y ello es verdad, en cuanto repudia toda sumisión al banal partidismo de los grupos que en el Estado liberal se disputaban permanentemente el Poder. Pero tiene deberes políticos indudables si entendemos por tal la unánime expresión de soberanía, fuera de la cual se asfixiaría. Cuando el ambiente nacional está impregnado de sentido unitario, como ocurre en el actual Estado español, no podría la Justicia desarrollarse con plenitud de eficacia si se situase fuera de una órbita política que es tan esencial para la nación como para los astros la de su curso sideral...¹⁶

Sin ir más lejos, el Régimen se valdrá de la Justicia para dotarse de una legalidad y juridicidad de la que carecía en origen o, reduciéndolo a un plano más simbólico, pero no por ello carente de trascendencia, a la obligatoriedad de jurar los principios de adhesión al Movimiento Nacional y lealtad al Caudillo de todos los miembros, sin excepción, del aparato judicial.¹⁷

Una interesante y reveladora anécdota respecto al grado de injerencia política en el funcionamiento de los Tribunales de Trabajo la relata, no sin cierta ironía, Antonio Montesinos. Refiere que encontrándose un letrado sindical, Ceferino Valencia Novoa,¹⁸ defendiendo a un obrero en Magistratura, hizo acto de presencia durante el transcurso del juicio el ministro de Trabajo entonces, José Girón.

Cogió el magistrado, le cedió su silla y este se puso a administrar justicia. Y yo seguí defendiendo al obrero. Cuando terminó, me felicitó, me dio un abrazo y me dijo que la defensa que había hecho del obrero es la que debía hacerse en España. Porque no había derecho a que hubiera patronos explotadores. Y toda esa serie de cosas. «Me echó un discurso tremendo», me dice. «Y tanto me ha gustado que en este momento te nombro Director General de Ordenación del Trabajo, para que metas en cintura a estos magistrados», señalando al pobre que se había levantado de su silla. Y esa era la forma en que se administraba justicia laboral en aquella época.¹⁹

El hecho mismo de que las Magistraturas de Trabajo, que eran la institución central en la resolución de un conflicto, fueran unos tribunales regidos, al igual que los Tribunales Militares o el Tribunal de Orden Público, por normas especiales y tribunales especializados, denota la capital trascendencia otorgada por el Régimen para garantizar el control de una mano de obra tan necesaria como hostil. Sin embargo, la sensibilidad de los magistrados, y con ella el carácter de las sentencias por ellos dictadas, sufrió, obviamente con ciertas limitaciones impuestas por la propia naturaleza del Régimen, modificaciones notables, especialmente constatables desde finales de los años cincuenta.

Gregorio Ortiz Ricol, fiscal depurado, preso político y «abogado de obreros» ante el TOP y la Magistratura de Trabajo, resume acertadamente los cambios en la sensibilidad de los magistrados de Trabajo ateniéndose, precisamente, a cuestiones de índole sociolaboral y a la cambiante realidad del país. «...Te atenías a la legislación directamente, porque eso del Uso Alternativo del Derecho me parece que surgió apoyándose en una modificación que hubo del título preliminar del Código Civil que permitía al juez interpretar la ley conforme al ambiente social que hubiera...».²⁰ En el mismo sentido se manifestaba Justicia Democrática en un informe de 1973, apuntando además como factor determinante de esa nueva sensibilidad un mayor nivel de conciencia de los trabajadores.²¹ El catalán Albert Fina, uno de los nombres más relevantes del laboralismo comprometido, abundaba en esta cuestión e iba incluso más allá al señalar que la mayor capacidad de reacción obrera ante determinadas sentencias de Magistratura estaría incluso en la base de determinadas movilizaciones.²²

El engranaje legal que se ponía en marcha para admitir a trámite una demanda, siempre de carácter individual, contemplaba una fase inicial en la que era preceptivo tratar con el jefe de empresa o en su defecto con el responsable del centro de trabajo, acerca del motivo que había originado la protesta. Fracasado el diálogo y no habiendo el trabajador encontrado satisfacción a su reclamación, intervenía el Jurado de Empresa. Si también ante esta instancia era imposible lograr un acuerdo entre las partes en litigio, era la Organización Sindical, a través de sus servicios jurídicos, quien intentaba la conciliación que, de resultar nuevamente negativa, ya requería de la mediación de la Magistratura de Trabajo, contra cuya sentencia cabía recurso de Suplicación o de Casación. La actuación de la Magistratura de Trabajo era gratuita hasta la ejecución de sentencia, pudiendo comparecer los litigantes por sí o representados.²³

Este procedimiento, que otorgaba un importante protagonismo a las instancias mediadoras representadas por el Jurado de Empresa o la Organización Sindical, se adoptó desde 1958 con la aprobación de la Ley de Procedimiento Laboral ese mismo año y buscaba infructuosamente maquillar la realidad de una conflictividad latente que además escenificaba sin ambages que, pese a estar proscritos por ley, existían intereses contrapuestos y difícilmente «armonizables» entre los propietarios de los medios de producción y los asalariados. Igualmente y pese a la farragosidad de los preceptos que la legislación obligaba a cumplir para la presentación de una demanda los trámites eran ágiles. A ello ayudaba el que la vista ante el tribunal fuera oral.

Las demandas más frecuentes ante las Magistraturas de Trabajo eran por despidos improcedentes o nulos, reincidentes de admisión, reclamaciones de cantidad, sanciones, incapacidad laboral, accidentes de trabajo, conflictos colectivos, expedientes de crisis o por aplicación de la Ley de Amnistía Laboral en la Transición.²⁴

Las defensas en las reclamaciones ante la Magistratura, sobre todo por parte de los laboralistas, se efectuaban atendiendo a su carácter reivindicativo o simplemente lesivo del interés crematístico del trabajador:

En Magistratura había, por así decirlo, tres tipos de juicios, el juicio estrictamente económico, que es el de uno que no le han pagado o que le han descontado las pagas, una cosa muy mecánica y que no tiene ninguna dificultad ni ninguna trascendencia de ningún tipo salvo que el trabajador salga contento, que le has sacado lo que él quería y que ha visto que eras honrado, que no te has compinchado con la empresa, ni te has quedado con su dinero, pero eso lo podía hacer un abogado laboralista o un abogado honrado, de esos había muchísimos [...] La inmensa mayoría eran casos de estos, pero contribuían a dar prestigio al despacho, estos eran los juicios que te daban posibilidades de cobrar y luego pues crecía la orla de gente que se iba satisfecha. Luego estaban los juicios que suponían un planteamiento de intentar mejorar un derecho o una interpretación abierta de la legislación o un despido que es injusto y que tiene, en fin, que tiene más contenido, para entendernos sociopolítico [...] pero luego estaban los juicios de... por ejemplo la huelga de Standard, la huelga de Perkins, la huelga de SKF pues que ahí muchos de esos eran colectivos, éramos seis o siete abogados y era un juicio de demostración, y que duraba a lo mejor dos días o una mañana y una tarde.²⁵

Cabría preguntarse, llegados a este punto, ¿qué factores coadyuvaron a que ante la misma demanda planteada sobre la base de una legislación que nunca dejará de ser enormemente restrictiva y lesiva para el obrero ésta fuera cada vez con más frecuencia resuelta a su favor? ¿Cuáles fueron los límites impuestos a ese cambio de sensibilidad? ¿Qué papel jugaron tanto la movilización obrera como el asesoramiento jurídico externo representado por abogados independientes y comprometidos en esa coyuntura?

El creciente descontento entre la clase trabajadora estalló en 1962. Aunque el epicentro del gran movimiento huelguístico estuvo en Asturias, prontamente la llama de la huelga prendió en otros lugares del país. Tal estallido obligó al Régimen a reconocer y regular los conflictos colectivos, si bien distinguía entre aquellos que eran de naturaleza económica de los planteados por motivos políticos. Esta diferenciación, objeto como veremos de lecturas encontradas cuando se planteen demandas laborales por despido e inasistencia al centro de trabajo, por ejemplo, reflejaba las contradicciones de un Régimen que debía adaptarse a la nueva realidad sociolaboral del país, pero sobre todo el salto cualitativo experimentado por una clase obrera que parecía haber despertado de su forzado letargo —impuesto por la implacable represión— y exigía no sólo una más equitativa redistribución de la riqueza sino también derechos básicos como el de asociación o el de huelga, severamente perseguidos y penados por la ley.

Ciertamente la espita se abrió en el 62, si bien con anterioridad la clase obrera había dado muestras de un notable malestar protagonizando importantes movimientos huelguísticos en Cataluña o el País Vasco que, no obstante y pese a su trascendencia, no representarán una sacudida tan significativa como la iniciada por los mineros asturianos en la primavera de 1962. El malestar obrero era innegable al igual que lo era el que, a medida que los trabajadores se iban recomponiendo de décadas de abusos y arbitrariedades, escenificaran sin temor su rechazo a las estructuras oficialistas que los representaban como colectivo.

La proliferación de comisiones de obreros que «de facto» se erigían en defensores auténticos y legitimados por los trabajadores y mediante el «entrismo» tratarán de ocupar cargos representativos en la Organización Sindical, así como la generalización de la protesta desde los años sesenta, situaban al Régimen ante un escenario en el que no sólo era contraproducente recurrir a la violencia para contrarrestar la creciente movilización social sino también inútil. Ciertamente ésta había ejercido un papel paralizador de primera magnitud en la inmediata posguerra, y de sus réditos habría de vivir en los años siguientes el Nuevo Estado, pero el desarrollismo y con él la apertura al exterior ya no hacían viable ni políticamente oportuno su recurso sistemático como medio de control de la oposición.

La liberalización económica obligó también a reconocer cierto margen de independencia a las partes implicadas en el proceso de producción. La Ley de Convenios Colectivos, aunque fue suscrita en 1958 y permitía el acuerdo —tutelado en último extremo por el Gobierno— de las condiciones de trabajo entre obreros y patronal, no comenzará a dar sus frutos, entendidos éstos como la generalización de esta modalidad de negociación de las condiciones de trabajo, hasta después de las grandes huelgas de 1962, permitiendo en su transcurso la apertura de ciertas fracturas que otorgarán un limitado margen de maniobra a los trabajadores. Una buena muestra del salto cualitativo experimentado por el movimiento obrero lo ofrece la estadística de reclamaciones planteadas por los trabajadores. Entre 1965 y 1971 su número ante Magistratura se duplicó, mientras que en el período comprendido entre 1949 y 1964 las demandas se mantuvieron en idéntico número.²⁶

No es de extrañar, pues, que esta renovada coyuntura obligara a corregir y «limar» los flagrantes abusos que en el orden jurídico venía sufriendo la clase trabajadora. Así, asistiremos a un interesante intento de transformación de los propios servicios jurídicos de la OSE. Éstos arrastraban una bien merecida fama de inoperancia; sin embargo, su papel desde los años sesenta se verá condicionado tanto por la pérdida de influencia del conjunto de la estructura verticalista dentro del entramado institucional del Régimen como por sus denodados esfuerzos por reconducir su pésima gestión y «reconquistar» a los trabajadores. Obviamente, dentro de unos límites. Los impuestos por la propia naturaleza de las demandas y su carácter «político» o estrictamente económico o el más contundente que representaba el cuestionamiento del «principio de autoridad». Que en ese proceso mediara un atinado e interesado análisis de la coyuntura socioeconómica es indudable, pero lo es también que hubieron de enfrentar, como no lo habían hecho antes, una competencia: la de otros abogados que no llevaban a sus espaldas el lastre de su labor jurídica previa y que entendían el ejercicio profesional como un deber de clase, que se autorrepresentaban a sí mismos, en fin, como «compañeros de procesos» de los trabajadores.²⁷

Alberto Alonso, abogado de la «segunda generación y media» de laboralistas, refiere atinadamente ese adverso escenario que afrontaban los letrados sindicales: «Perdían influencia, perdían importancia, perdían capacidad de maniobra, perdían posibilidad de influir sobre los trabajadores».²⁸ Esta afirmación, no obstante, no debe oscurecer la realidad de que al menos en la década de los setenta, y con anterioridad aunque no disponemos de las estadísticas, un porcentaje próximo al 70 por 100 del total de las demandas vistas ante Magistratura eran gestionadas por letrados sindicales.²⁹

Para entender esta aparente contradicción conviene centrarse en qué tipo de casos llevaban y su grado de complicación tanto desde el punto de vista del «orden público» que pudiera deducirse de la actuación del trabajador como de la complicación jurídica que el caso en cuestión pudiera plantear. Cuando de lo que se trataba era de una reclamación simple, de un desacuerdo económico con el empresario o de un despido «estándar», por ejemplo, su labor solía ser eficaz por estar éstas contempladas en la legislación y, sobre todo, porque no planteaban en su formulación elemento alguno que cuestionara el orden imperante.

La clave en este período residirá por tanto en un posicionamiento «menos antiobrero» de los magistrados de Trabajo pero también en una mayor dedicación del letrado sindical. «El Sindicato Vertical podía servir para resolver problemas pequeños, problemas de diferencias de una naturaleza no política, ni sindical, como eran ya los problemas que se avecinaban, que surgían a finales de los años cincuenta.»³⁰

Sin embargo, el cambio de mentalidad y de actitud impuesto por las circunstancias a los letrados sindicales será gradual. La generación de los pioneros del laboralismo, iniciados en el Derecho Laboral de manera autodidacta y movidos por un sentido del ejercicio profesional radicalmente opuesto al practicado por los burócratas de la CNS, afrontará un escenario todavía cercano al imperante en los años cuarenta.

La madrileña pionera del laboralismo María Luisa Suárez Roldán aporta elementos para entender la naturaleza de las relaciones entre los abogados independientes y los letrados de la organización sindical franquista antes y después de la Ley de Convenios Colectivos de 1958.

Merece la pena sacar a colación un ejemplo del funcionamiento del sindicato vertical: un acto de conciliación entre un trabajador del metal y un representante de la empresa. El asunto a dilucidar era una nimiedad, un retraso en la llegada al punto de trabajo. El abogado sindical, que legalmente había de defender al trabajador, comenzó el acto de conciliación regañando y tratando de manera despectiva al trabajador, intentando amedrentarle. Llegó un momento en que parecía el reo de algún terrible delito. Era todo tan arbitrario y tan impuesto que el representante de la empresa comenzó a restar importancia al asunto que allí les había convocado. Ello provocó una gran indignación al letrado sindical, que exclamó: «Pero bueno, ¿usted a quién representa?». Esta escena tenía lugar en 1950.³¹

De forma menos contundente aunque igualmente crítica definía la actuación de los abogados verticalistas otra de las grandes figuras de la abogacía comprometida, Francesc Casares. Los describía, en la Barcelona de 1950, como «verdaderos funcionarios y, como tales, solamente cobraban un sueldo [...] Todos ellos tenían el carnet de Falange y los más mayores eran, también, excombatientes del bando franquista. [...] Eran profesionales que realizaban un trabajo rutinario. Algunos de ellos lo hacían con total responsabilidad. Otros aspiraban, solamente, a independizarse cuanto antes mejor, y acababan consiguiéndolo. Entonces, normalmente, se convertían en abogados de empresa...».³²

Coincidiendo con la apertura de los primeros despachos laboralistas colectivos orientados en exclusiva a la defensa de asalariados, la mayoría de los abogados de la Organización Sindical, salvo excepciones, seguían manteniendo una postura de escasa dedicación y compromiso. De tal punto que, al menos en Barcelona, y así debía ser frecuente en otras zonas del país, eran muchos los abogados de la CNS estrechamente unidos a intereses patronales y hasta relacionados con la aristocracia. Albert Fina reflexionaba en ese sentido acerca de la voluntad de colaboración y sensibilidad que podría tener el que un hijo de un marqués, un aristócrata, ejerciera como asesor sindical de un obrero.³³

En los años setenta estos asesores sindicales irán paulatinamente despojándose del ropaje ideológico que había impregnado su actuación en defensas laborales aunque perdurará, al menos así lo constatarán no pocos laboralistas, una manera de hacer Derecho laboral completamente burocratizada:

El problema de los abogados del Sindicato Vertical era más que nada que eran unos vagos, no se preparaban los casos, no es que fueran gente, que también los había, falangistas o de derechas, el problema fundamental es que estaban totalmente burocratizados y como tenían un sueldo no ponían excesivo celo en... y alguno de ellos estaría pensando: «Me voy a pelear yo con los empresarios si algún día...». Entonces no era un tema tan ideológico, en la mayor parte de ellos, como una cuestión de que no estaban especialmente motivados.³⁴

Más allá de los perfiles, las motivaciones y el hacer de los letrados sindicales habrá una barrera, la de los «asuntos políticos», que nunca se traspasará desde la OSE. Como integrantes de un aparato del Estado los abogados verticalistas debían mostrar su inquebrantable adhesión al Régimen y ello desde luego incluía en el cotidiano ejercicio de su práctica jurídica imponer unos límites a ésta. Así, fue frecuente la inhibición de letrados verticalistas para atender a trabajadores cuyas sanciones estuvieran motivadas por «causas políticas» tales como abandono del lugar del trabajo, la participación en conflictos o en huelgas «no laborales», etc.³⁵

El bautismo de fuego de Antonio Montesinos en el ámbito de las defensas laborales se lo proporcionará precisamente un «asunto político», el de una mujer encarcelada por su participación en la convocatoria de la Huelga General Pacífica impulsada por el PCE en 1959. Ante su mesa de despacho ésta le confirmó que no la quería defender nadie y que los «Sindicatos Verticales la vinieron a echar escaleras abajo». Lo significativo residía en el hecho de que a la mujer no se le había notificado la imposición de una sanción por su participación en la huelga y por ello había ido a la cárcel.

La Magistratura de Trabajo ya sabíamos ella y yo que no había nada que hacer. Pero la pretensión suya fue la de poner de manifiesto la injusticia que significaba el meter en la cárcel a una mujer por una multa de ochenta pesetas. Ella tenía suficiente dinero para pagarla. No se lo habían notificado, esa era la reclamación que yo formulaba. Después de salir de allí me di cuenta de la trascendencia que podía tener aquello, en el año 59.³⁶

Esa «trascendencia» intuida por Montesinos, en la que además había sido su primera incursión en el ámbito de la jurisdicción de trabajo, será en buena medida la que aliente y dé sostén al laboralismo comprometido que emergerá con fuerza en los años sesenta. Y es que, como veremos en las páginas que siguen, el movimiento laboralista nacerá y crecerá al albur del incremento de la contestación obrera y de la necesidad de dotar a ese movimiento obrero de asistencia jurídica, aunque su labor no se centrará exclusivamente en este perfil de cliente: «El florecimiento de los despachos tiene mucho que ver con el incremento reivindicativo de los trabajadores, no solamente del movimiento obrero y sindical sino de los trabajadores. No es que haya un desplazamiento, sino que hay un nuevo ámbito y ahí entramos nosotros».³⁷

Como acertadamente apunta Francesc Casares, «fueron ellos los que empezaron a practicar la estrategia, nada brillante, pero eficaz, consistente en usar los pocos asideros que las leyes laborales iban ofreciendo como una prueba, por lo demás bien inútil, de la falsa vocación social del Régimen. El panorama que empezaba a dibujarse era algo parecido a una batalla desigual en la que los más débiles se apuntaban a la lucha con las armas que los vencedores dejaban abandonadas en el campo de batalla. El abogado laboralista defendía la parte débil del contrato de trabajo. Muy pronto denunciaría, además, la opresión».³⁸

Aunque buena parte de la actuación de estos abogados de obreros, la que los convertirá en inseparables compañeros de viaje de los trabajadores más «díscolos» para el Régimen, concentrará gran cantidad de sus esfuerzos, no sólo ante las Magistraturas de Trabajo sino también ante el TOP, y hará del movimiento laboralista un referente inexcusable del antifranquismo, no debe obviarse su labor, nada más y nada menos que como «simples» abogados laboralistas en los frecuentes desacuerdos surgidos entre un asalariado y un empresario. Su mera presencia representaba un desafío para los letrados sindicales no tanto en términos cuantitativos (que como hemos señalado era abrumadoramente superior)³⁹ sino en el más difícil de aprehender de la relación abogado/cliente. Manuela Carmena destaca este factor como determinante en la manera de ejercer la práctica profesional por parte de los laboralistas. De María Luisa Suárez Roldán, con quien compartiría sus primeros pasos en la abogacía, recordaría como: «...Cuando un cliente venía y le contaba algo, era como si para ella fuera importantísimo. Es decir, yo la sensación que tenía es que a ella le importaba lo que nos decía la gente, y yo creo que nosotros seguimos esa escuela. El gran éxito de los despachos laboralistas no es que supiéramos, porque inicialmente no sabíamos nada, pero es que estábamos extraordinariamente motivados».⁴⁰ Quizá por ello el desempeño de su trabajo suscite recelos, y sea objeto de atención por parte de los Servicios Jurídicos que encontraban su competencia desleal cuando se trataba de un asunto menor.⁴¹ Incluso los empresarios tratarán de contrarrestar su influencia haciendo correr bulos entre los trabajadores acerca del repentino enriquecimiento de los laboralistas.⁴²

Los despachos laboralistas ciertamente tenían establecido un sistema de cobro que sólo se hacía efectivo (y en ningún caso superaba el diez por 100) en caso de que el trabajador ganara el pleito. La consulta previa era gratuita y si finalmente el magistrado de trabajo fallaba en contra, el cliente no tenía que abonar cantidad alguna al abogado. El hecho de que, aun pagando, fuera creciente el número de trabajadores que comenzaba a buscar asesoramiento externo para la resolución de un litigio también tenía que ver con la profesionalidad con la que afrontaban cada uno de los casos que tenían planteados. En no pocas ocasiones a sus despachos acudían trabajadores que se encontraban descontentos por el modo de resolver los contenciosos los letrados sindicales a base de impedir la continuidad de los litigios entre empresario y asalariado.⁴³ «¿Por qué nos pagaban a nosotros el diez por ciento si ganábamos? Primero porque confiaban en que cobrando solo en caso de ganar tendríamos más interés en ganar y segundo porque confiaban más en lo que representábamos nosotros que en lo que representaba el Vertical»⁴⁴

La estrategia de la defensa en estos casos era simple: se ceñían a la aplicación de la ley escrupulosamente, explotando el margen de la legalidad existente a favor del trabajador para articular unas reclamaciones que podían ser de despidos individuales, salarios o de temas relacionados con la Seguridad Social. Y lo hacían aun contando con una infraestructura económica y profesional mínima.⁴⁵ La formación jurídica, dada la juventud de muchos de ellos, no era siempre perfecta, pero se suplía con entusiasmo y militancia y eso permitió a los despachos laboralistas competir efectivamente con los Servicios Jurídicos del Sindicato Vertical.

En los despachos se trabajaba sobre la base de que había que obligar al Régimen a cumplir su propia normativa laboral, estructurada a partir de declaraciones retóricas y demagógicas, pero con cierto margen para que los trabajadores no quedaran completamente indefensos. Los aspectos más positivos de la legislación quedaban invalidados por la propia naturaleza dictatorial del régimen y la falta de sindicatos libres, así como por el poder que tenían las empresas para poder violar las sentencias y fallos [...] En un momento en el que era indiscutible la despolitización de la sociedad española, nosotros ofrecíamos eficacia. Muchos obreros venían a consultarnos simplemente porque habían oído que en uno u otro caso había conseguido anular un despido, o logrado una fuerte indemnización en un accidente o el reconocimiento de cualquier plus.⁴⁶

Sin embargo, y pese a la enorme trascendencia jurídica de esta manera de hacer Derecho, la actuación de los laboralistas ha tendido a identificarse más con su papel en los procesos políticos que con los laborales, aun cuando algunos de éstos tuvieran una nada desdeñable cobertura mediática y fueran decisivos en la formación de una jurisprudencia menos lesiva para el trabajador, haciendo posible muchas mejoras y conquistas sociales y permitiendo ampliar el ámbito reivindicativo en la empresa.⁴⁷ Los argumentos de sus defensas contribuyeron a «ensanchar» la rígida legislación existente valiéndose en sus argumentaciones de Leyes o Principios programáticos como los contemplados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre o en el articulado del Fuero de los Españoles. También de «ajustadas» lecturas de las leyes de Enjuiciamiento Criminal y/o Civil y de la de Contrato de Trabajo. De esta manera se lograron, por ejemplo, algunos fallos positivos, como el que desde Barcelona logró que una empresa fuera condenada por apropiación indebida por no pagar las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores, influyendo esta sentencia en la modificación de la legislación.⁴⁸

La valoración que a este respecto realiza Antoni Cuenca de la labor profesional de los abogados laboralistas ante Magistratura así lo confirma: «Se vio dificultada ciertamente, pero no pudo ser decapitada en absoluto ya que su actuación profesional fue por regla general irreprochable, la Magistratura de Trabajo que en muchos casos lo veía en complacencia, y aun cuando se sabía que tenían implicaciones políticas o sindicales, su actuación se ajustaba a la Ley por lo que la Magistratura jamás opuso ninguna dificultad en su actividad, que en su aspecto puramente jurisdiccional se ceñía estrictamente a la normativa vigente en la materia, y estaba plenamente amparada por otra parte por el Colegio de Abogados».⁴⁹

No cabe duda de que hubo de mediar un cambio en la sensibilidad de los magistrados, que eran quienes, en fin, tenían la última palabra. Una interesante perspectiva para entender esa transformación en el seno de los Tribunales de Trabajo la aporta Manuela Carmena al señalar la disminución de la carga ideológica en las nuevas promociones de magistrados. La laboral era una de las jurisdicciones que, merced al incremento de la protesta y de la reivindicación de derechos laborales, más crecerá durante el segundo franquismo, permitiendo a una Judicatura joven, que de otra manera lo tendría muy complicado para ejercer en grandes ciudades, adelantarse en el escalafón si se especializaba en Derecho Laboral. Al menos en Barcelona, esto supuso contar con titulares jóvenes únicamente concernidos por que los planteamientos de los abogados se ajustasen a Derecho.⁵⁰

Estos cambios experimentados en el terreno jurídico-laboral no pueden hacer olvidar que lo que se perseguía era equilibrar la balanza que regulaba la relación obrero/empresario, pero ello naturalmente chocaba con la frontera de la «ilegalidad» de actos protagonizados por asalariados o con el principio de autoridad que per se impedía que este equilibrio fuera pleno.⁵¹

Justicia Democrática apuntaba en su informe de 1972 que la benignidad del Tribunal Central de Trabajo y el Tribunal Supremo se hacía, dentro de la Jurisdicción Laboral, más patente en aquellos temas que no estaban relacionados con el orden dentro de la empresa. En estos casos las sentencias tenían un carácter intimidatorio y ejemplarizante.⁵² A este respecto podemos citar un expediente de despido planteado por la empresa ENASA en 1972 contra varios miembros del Jurado de Empresa por difamación y falta de respeto a los directivos. La sentencia de Magistratura, recurrida ante el Supremo, no cuestionaba las motivaciones o intenciones de los encausados. Incluso matizaba que las críticas a directivos podían ser aceptadas, pero, y así se recoge en los considerandos: «Por lo que respecta al contenido de los escritos dirigidos a los Srs. Procuradores en Cortes y a la Prensa, aparte de resaltar las frases y conceptos recogidos en los hechos probados, tomados de dichos escritos, es evidente que en ellos se atribuyen a la dirección y a altos Jefes de la Empresa, bien actitudes dolosas gravemente perjudiciales para la marcha de la empresa y para sus intereses o por lo menos una ineptitud gravísima traducida en síntesis en la desacertada, según ellos, gestión de la empresa; y no ofrece duda que las duras frases empleadas y el tono general de los escritos, prescindiendo en absoluto de la falta de intención que se alega y del buen fin que los interesados dicen pretender con su conducta, son por sí solas y objetivamente consideradas más que suficientes para declarar que envuelven clarísimamente los malos tratos de palabra y falta grave de respeto y consideración a la Dirección y altos Jefes de la Empresa, comprendidos como causa de despido en el apartado c) del art. 77 de la ley de Contrato de Trabajo, pues nuestro Tribunal Supremo en Sentencia de 1 de abril de 1970 estima como tal falta de respeto y consideración el negar ostensiblemente el saludo a su superior, hecho que evidentemente no puede compararse en cuanto a trascendencia con los que han realizado los aquí expedientados».⁵³

Los denodados esfuerzos por limitar o corregir las amplias prerrogativas que la ley otorgaba a los empresarios serán otro de los caballos de batalla de la práctica de los laboralistas, y es que aún decretando la Magistratura de Trabajo el despido nulo e instando a la empresa a la readmisión del trabajador, ésta solía incumplir la sentencia prevaliéndose del principio de autoridad, ante lo que Magistratura únicamente podía incrementar la cuantía de la indemnización.⁵⁴ Además, el demandante tenía que sortear otros obstáculos como la dificultad para aportar pruebas, ya que el temor a las represalias patronales era un elemento disuasorio para los compañeros a la hora de declarar a su favor, pues los empresarios podían interpretar dicha intervención como un acto de deslealtad hacia la empresa amparándose, como expresamente recogía el Fuero del Trabajo, en la doctrina de obediencia.⁵⁵

FORZANDO LA LEGALIDAD. LAS HUELGAS

Tanto los abogados laboralistas formados en distintas tradiciones políticas como los despachos que regentarán concebirán el ejercicio del Derecho como un deber de clase y para la clase que requerirá un posicionamiento contundente y, sobre todo, partidista.⁵⁶ Será ésta la máxima que, como hemos visto hasta ahora, los conducirá en las defensas de trabajadores sin ningún tipo de militancia o compromiso político, pero sobre todo la que los motivará a colaborar estrechamente con el movimiento obrero convirtiéndolos en sus «compañeros de procesos» ante los tribunales de Justicia.

Buena parte del sustrato teórico que los guiará en su decidido apoyo a la «parte débil del contrato de trabajo» se apoyará en el Uso Alternativo del Derecho, teoría jurídica importada de Italia que reivindicaba el Derecho como un instrumento político comprometido. La utilización de los medios legales vigentes debía servir para proteger la actividad política y sindical de las clases subalternas, restringiendo, de paso, el margen de maniobra de las clases dominantes en su pretensión de ampliar la explotación económica y el control político de las clases populares. En el contexto de la dictadura franquista esta teoría se concretará en la defensa y asesoramiento en exclusiva de trabajadores.⁵⁷ Su cometido formaría parte de una amplia estrategia que, sin excluir métodos de confrontación directa no violenta, habría de potenciar los medios legales existentes con el objetivo último de forzar el reconocimiento de formas de organización y protesta obrera, expresamente proscritas por la legislación franquista.⁵⁸

En paralelo, iniciarán la búsqueda de caminos legales alternativos para tratar de contrarrestar las consecuencias derivadas de la participación de los trabajadores en acciones conceptuadas por el Régimen como atentatorias contra el orden establecido en dos escenarios judiciales, el del TOP y el de las Magistraturas de Trabajo, toda vez que buena parte de los encausados por la primera de estas Jurisdicciones acababan siendo objeto de sanciones que debían ser vistas ante la Jurisdicción Laboral.

La generalización de los conflictos colectivos, especialmente desde la segunda mitad de los años sesenta, y con ellos las demandas formuladas para forzar el reconocimiento del derecho de huelga, tanto «a pie de fábrica» por los trabajadores más concienciados, como por los laboralistas, a través de contundentes pronunciamientos dirigidos a las autoridades,⁵⁹ se centrará en evitar que los despidos u otras sanciones por esta causa fueran considerados no procedentes.⁶⁰ Así, se valdrán tanto de la normativa imperante, enfrentando al Régimen con sus propias contradicciones, como de la «teoría Gradualista», que defendía que para que fuese causa de despido la participación del trabajador en un conflicto ésta tenía que ser activa y destacada: «La teoría gradualista, que defendimos nosotros y que muchos jueces aceptaron, quería decir que cogiéndose en la ley la máxima sanción, que es el despido, que las sanciones siempre vienen dadas en la ley, se ha de reservar esta sanción para el máximo culpable que es el dirigente y, por tanto, todo el resto de sanciones se deciden en virtud de la teoría gradualista».⁶¹

Indudablemente y teniendo en cuenta el seguimiento masivo de no pocas huelgas, era muy difícil de demostrar cuál había sido el grado de participación de los sancionados: «Como es lógico, resultaba mucho más difícil a las empresas probar que un trabajador despedido había sido dirigente de la huelga porque esto implicaba una prueba de esta conducta, especialmente de dirigentes... lo que teníamos que impedir era que los testigos a quienes interrogábamos pudieran demostrar con su testimonio que los trabajadores despedidos por la huelga habían sido todos dirigentes de la misma. Y en muchos casos conseguíamos que los despidos, todos, fuesen declarados improcedentes porque los testigos de la empresa no eran capaces de explicar qué tipo de conductas habían tenido los despedidos que los caracterizaran como dirigentes de la huelga».⁶² El esfuerzo y el calado jurídico que suponía articular un planteamiento de estas características, que, junto con otros pergeñados por ejemplo a partir del argumento del «estado de necesidad» que habría conducido indefectiblemente al litigante, sin ir más lejos en el curso de una negociación colectiva estancada, a participar en una huelga, contribuyeron enormemente a ensanchar las posibilidades de defensa de los trabajadores en un escenario abiertamente adverso. En otras ocasiones, no obstante, primará más la creatividad y oratoria de los letrados ante el estrado o, el más funcional, aunque efectivo, defecto de forma que anulaba el procedimiento.⁶³ Otras tácticas, en fin, eran aplicadas basándose en actuaciones que hasta ese momento no habían sido habituales en las Magistraturas y que resultaban muy efectistas. Pedían a los trabajadores, por ejemplo, que acudieran a las vistas de los juicios y las pequeñas salas se llenaban a rebosar.⁶⁴

El que un Régimen que negaba taxativamente el derecho de huelga contemplara, muy a su pesar, cómo determinadas sentencias venían a «vulnerar» su doctrina política y el empresariado viera cómo sus prerrogativas eran acotadas nos permite constatar la evolución de parte de la Judicatura especializada. «El ejemplo poético era la huelga, lo que planteábamos es que había un conflicto de intereses y los trabajadores utilizaban la huelga no para perjudicar a la empresa, sino para negociar con la empresa mejoras que iban a redundar en ellos y en la empresa, pero, es decir, lo que nosotros planteábamos es fundamentalmente quitarle toda perspectiva de que lo que queríamos era... porque decían hundir a las empresas, alterar el orden, consignas. No, no, esto es una huelga y se hacen huelgas en Estados Unidos, en Francia, en Suecia, y no pasa nada y todas las empresas tienen grandes beneficios.»⁶⁵

En ese sentido, Barcelona, como en otros muchos aspectos relacionados con el laboralismo, se convertirá en pionera al conseguir que algunos magistrados dictaran sentencias afines al trabajador en un caso de despido por huelga.⁶⁶ También, aunque no cabe generalizar, los fallos de magistraturas solían amparar al trabajador que habiendo sido puesto a disposición judicial por su supuesta implicación en un «acto delictivo», si no era finalmente procesado conseguía frecuentemente que fuera declarada improcedente la sanción laboral que por una prolongada inasistencia al centro de trabajo solía incoar la dirección de empresa. En los resultandos se argüían disposiciones y preceptos como, por ejemplo, la presunción de inocencia y la no voluntariedad de abandono del trabajo.⁶⁷

Si relevante fue la parcela de trabajo desempeñada por los laboralistas en los conflictos colectivos, no menos importancia tuvo la que llevaron a cabo como asesores en la negociación o renovación de convenios. De hecho, muchos de los conflictos se originaron precisamente en este contexto. En estos casos, su papel como letrados no se limitó a defensas en los juicios, sino que fue frecuente su participación en asambleas en las propias empresas afectadas, en parroquias o en reuniones en sus propios despachos informando o asesorando a los trabajadores de los pasos a seguir. En ocasiones, esta «extralimitación» acabó sentándolos en el banquillo de los acusados como instigadores de desórdenes públicos, lo que, en último extremo, confirma su papel como puente entre el movimiento obrero y como portavoces en diferentes escenarios de la defensa de los principios democráticos. Conflictos de importante repercusión mediática como los planteados por trabajadores de la SEAT, Pegaso, Bazán, Maquinista Terrestre, Astano, Dique Duro Felguera, por citar algunos, dan buena cuenta de ello.⁶⁸

Si, a tenor de lo referido, es innegable el avance que para el movimiento obrero representó el que cada vez más sentencias les resultaran favorables, ello no debe hacernos olvidar que el contexto político y laboral seguía negándoles autonomía y derechos. La expresión «que el árbol no impida ver el bosque» bien podría ilustrar esta afirmación. Y es que miles de trabajadores serán, pese a todo, penalizados laboralmente por sus reivindicaciones. Será la Ley de Amnistía Laboral, aprobada en 1977, la que finalmente venga a corregir décadas de abusos. Y, como no podía ser de otro modo, serán los laboralistas quienes cursen los formularios que permitirán a los trabajadores acogerse a sus beneficios.

9

Los despachos laboralistas

Más allá de la defensa jurídica

DURANTE LOS AÑOS CUARENTA y cincuenta la clase obrera, obligada a pertenecer a la Organización Sindical Española y privada de instrumentos sociales para poder defenderse colectivamente de la miseria salarial que se imponía desde el Ministerio de Trabajo, fue capaz de generar diversas formas de conflictividad y manifestar su malestar a través de protestas y reclamaciones individuales que se dirigían hacia los órganos de representación social en las grandes empresas. Las reclamaciones podían también elevarse ante la OSE y, como último recurso, ante las Magistraturas de Trabajo, aunque siempre tramitadas por los abogados del Sindicato Vertical, que, en general, no veían con buenos ojos las demandas.

En escenario tan adverso, los trabajadores socialmente desamparados tuvieron que buscar primero el asesoramiento de los abogados independientes que se movían en los diversos ámbitos de oposición a la dictadura; más tarde, ya en la segunda mitad de los años cincuenta, comenzaron a convertirse en una alternativa a los servicios jurídicos del Vertical. Sus asesorías facilitaban la tramitación y orientación de las demandas laborales, en las que básicamente se solicitaba el reconocimiento de diferentes niveles salariales, la reclamación de pluses familiares o primas de toxicidad, peligrosidad, trabajos sucios, etc.¹ Éste era el caso de Antoni Cuenca y Francesc Casares en Barcelona; Antonio Montesinos y María Luisa Suárez en Madrid, o Antonio Cubillo en Santa Cruz de Tenerife, entre otros. El trabajo que desempeñaban ante las Magistraturas era un síntoma de que algo se movía políticamente entre la abogacía, como también lo evidenciaría la actitud de algunos letrados en el Congreso de Valencia en 1954 o su participación en determinados consejos de guerra.

LOS PRIMEROS PASOS DEL LABORALISMO Y LA APARICIÓN DE LOS DESPACHOS

A partir de 1958 y hasta 1962, las necesidades económicas de la dictadura obligaron a introducir cambios importantes en el escenario laboral. La Ley de Convenios de 1958 abrió la puerta a la negociación colectiva y también a una nueva forma de conflictividad laboral, que pronto iba a alterar la aparente paz social instaurada desde el final de la Guerra Civil. Las huelgas y los conflictos colectivos que resurgieron, sobre todo, en los grandes centros industriales, reflejan un malestar social larvado hasta entonces y que de manera más generalizada iba a estallar al calor de las huelgas de la minería asturiana en la primavera de 1962.

Con la Ley de Procedimiento Laboral de 1958 se quebraba el control y la uniformidad jurídica de la OSE y los trabajadores pudieron abandonar el paraguas obligado de sus servicios jurídicos y elegir libremente abogados que los representasen en las Magistraturas. La dirección del PCE, que llevaba años tratando de que su militancia utilizase los instrumentos que la legislación franquista permitía para convertir a la clase obrera en el eje de su política de oposición, intuyó las nuevas posibilidades de movilización colectiva que se abrían en la lucha contra la dictadura y orientó sus esfuerzos a incrementar sus recursos de organización y a potenciar su recursos jurídicos para defender a sus militantes de los despidos y las frecuentes detenciones. Los responsables comunistas en el interior, conscientes de las nuevas necesidades, se plantearon el reclutamiento de afiliados y simpatizantes entre la abogacía como alternativa a los del Sindicato Vertical.

En Madrid, Francisco Romero Marín, responsable político del Partido Comunista en el sector, alentaba a Gregorio Ortiz Ricol a aportar sus conocimientos y su trabajo militante para organizarse dentro del Colegio de Abogados: «A lo que te tienes que dedicar es a hacer que en el Colegio de Abogados hagas una labor para que los abogados se manifiesten en contra de la dictadura. Hay que constituir allí una célula del partido. Y esa célula la constituimos tres abogados: yo, Antonio Montesinos Villegas y otro... Luis Castillo Almena. Y nosotros empezamos a trabajar allí».² Finalmente formarían varias células con la integración de María Luisa Suárez Roldán, Antonio Rato, Alfredo Flórez, Amandino Rodríguez Armada y Diego Carrasco Masdeu.³ Ellos fueron los promotores del boletín Ecos del Foro y de la Unión de Abogados Jóvenes que se constituyó formalmente en 1959, con una declaración de principios presentada a la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid con la finalidad de «fomentar la cultura jurídica y estudiar los problemas de índole profesional que a los abogados jóvenes se le plantean».⁴ «Nosotros empezamos a trabajar, sobre todo entre los abogados jóvenes, pues se encontraban bastantes dificultades para el ejercicio... al año teníamos 20 o 30 abogados en la Asociación... y claro la utilizábamos también para la movilización del colegio en contra de la dictadura. Se incorporaron bastantes abogados... un cubano que se llamaba Gorgas que estaba aquí ejerciendo...»⁵ También participaron letrados que militaban en el PSOE, José F. de Carvajal, Josefina Arrillaga, Antonio Villar Massó, Ángel Gutiérrez, Antonio Alonso, J. Antonio Muñoz Atienza y Juan Bautista Bolaño, que formaban el Secretariado de Abogados de la UGT en el interior (1958-1960).⁶ Ambas organizaciones coincidieron en el tiempo compartiendo inquietudes judiciales y políticas: la defensa de los trabajadores y la libertad sindical; los intereses profesionales y el restablecimiento de un Estado de derecho en España, como recoge el acta fundacional del colectivo socialista.⁷ En el interior del Colegio de Abogados se movían también algunos monárquicos y democristianos como Jaime Miralles, Joaquín Satrústegui, José A. Zulueta, Mariano Robles, Vicente Piniés y Joaquín Ruiz-Giménez.⁸ El trabajo inicial de este amplio y diverso colectivo de letrados sería esencial para la posterior democratización del Colegio de Madrid.

Algo similar ocurría en Barcelona, donde ya desde comienzos de los años cincuenta tenía un despacho el antes mencionado Antoni Cuenca, ligado a la HOAC y que es considerado por todos sus colegas como el precursor del laboralismo catalán.⁹ Ya a finales de la década en Sabadell, Francesc Casares, miembro del Moviment Socialista de Catalunya, defendía a los trabajadores despedidos y asesoraba las demandas en Magistratura. Otras necesidades judiciales como la defensa en los consejos de guerra las atendían letrados como Agustí de Semir, Josep Benet, Agustí Llatas, Robert Vergés, Carles Feliu de Travy, el mismo Cuenca y también Josep Solé Barberà, que por iniciativa de la dirección del PSUC se incorporó a las tareas procesales de la oposición política.¹⁰

En otras provincias también se produjeron algunos intentos para dotarse de los servicios jurídicos que, desde la oposición democrática, se veían como aliados imprescindibles para la defensa de los trabajadores. Sin embargo, habría que esperar unos años para que se extendiera el movimiento, con la excepción de Canarias, donde, a mediados de los cincuenta, Antonio Cubillo y Fernando Sagaseta —que se movían ideológicamente entre el PCE y Canarias Libre— realizaban una labor similar a la de los catalanes mencionados; en Valencia lo hacían Rafael Molina, Carles Lluch y Alberto García Esteve (PCE), y Adolfo Cuéllar en Sevilla.¹¹

El tsunami huelguístico que en 1962 se extendió por la geografía española sorprendió al Gobierno por su magnitud y su repercusión social y mediática. El Estado se vería obligado a reconocer la existencia del conflicto colectivo y a crear nuevas instancias judiciales para juzgar los delitos que se derivaban de las nuevas formas de acción colectiva y de la movilización social de la oposición clandestina. La Ley de Orden Público en 1959 y más tarde la Ley de Conflictos Colectivos de Trabajo, Conciliación y Arbitraje en noviembre de 1962, fueron también la antesala legislativa que condujo a la creación del Tribunal de Orden Público con el que el Gobierno, después de la dureza represiva de los primeros años sesenta, pretendía maquillar el rostro de la dictadura ante Europa, con una instancia judicial más presentable en Europa que los habituales consejos de guerra para juzgar los delitos relacionados con la oposición clandestina: asociación, huelga, manifestación o propaganda ilegal.¹²

Para un sector de la oposición la marea huelguística del 62, al tiempo que facilitó el aprendizaje de las nuevas reglas que regirían las relaciones laborales, fue la confirmación de una estrategia de lucha política diseñada en la década anterior y en la que coincidían tanto el Partido Comunista como los sectores cristianos que se movían en torno a la HOAC. Por el contrario, tanto el PSOE como los sectores anarquistas continuaban rechazando la conocida táctica del entrismo, lo que iba a ir decantando la organización del nuevo Movimiento Obrero hacia las Comisiones Obreras y hacia la estrategia de su principal valedor político, el PCE, que se esforzaría en dotar a su organización con todo tipo de recursos, entre los cuales los despachos de abogados se convertirían en una pieza fundamental en las luchas laborales.

Desde ese momento la generalización de la negociación colectiva, el crecimiento de los conflictos laborales y las consecuencias jurídicas de las movilizaciones incrementaron la urgencia organizativa y los grupos clandestinos comenzaron a dar los primeros pasos para dotarse de aliados en el ámbito de la abogacía. El primer intento de crear un despacho laboralista lo protagonizarían José Jiménez de Parga y Nicolás Sartorius en 1960 en Vallecas, y más tarde, cuando ya el primero se había desplazado desde el cristianismo de base hacia el PCE, tres militantes del FELIPE (Frente de Liberación Popular), Jaime y Nicolás Sartorius y Félix Santos, crearon otro despacho que tuvo una actividad muy reducida y una vida efímera al decidir sus miembros integrarse en otras organizaciones: «Termino la carrera en el 64 y abrimos un despacho... mi primo Nicolás, Félix Santos y yo. Lo abrimos en la Glorieta beata María de Jesús... y ahí estamos dos años... pero no teníamos la clientela adecuada... lo que pasa es que cuando lo abrimos nos pasamos al PCE, es cuando empieza el PCE con la política de despachos laboralistas... Además desde el punto de vista económico no podíamos sobrevivir... de tal forma que al cabo de un año, o unos meses tanto Nicolás como Félix se fueron. Los dos eran además de abogados, periodistas. Entonces lo que hice fue cortar ese despacho y meterlo en mi casa».¹³

Fue a comienzos de los años sesenta, ante la oleada represiva que en aquel momento llenó de obreros las cárceles franquistas,¹⁴ cuando la dirección comunista comenzaría a realizar los primeros movimientos para dotarse de recursos jurídicos estables con los que defender a sus militantes ante las Magistraturas de Trabajo y ante el TOP. Para definir el trabajo político de los militantes en los sectores de profesionales e intelectuales en el interior, se organizó un encuentro en Arrás, al que asistieron varios abogados de Madrid, María Luisa Suárez, Castillo Almena y Antonio Rato, y en el que se habló de las formas de integración de estos sectores, su trabajo en los Colegios profesionales y sus tareas políticas y profesionales. La insistencia de Romero Marín convenció a los letrados madrileños de las necesidades procesales y sobre todo a Montesinos y Jiménez de Parga, que ya desde principios de los sesenta colaboraban en el despacho que María Luisa tenía en Madrid,¹⁵ y que por su parte mantenía frecuentes contactos con líderes obreros: «Marcelino Camacho comenzó a finales de los años cincuenta a tener contactos conmigo como abogada del PCE, y a enviarme a mi despacho de Feijoo, 14, trabajadores que precisaban asesoramiento jurídico y asistencia ante la Magistratura del Trabajo».¹⁶ La idea de crear un despacho laboral colectivo fructificaría definitivamente en 1965. En él se integraron militantes como Luis Castillo Almena, José Esteban, Luisa Elena del Portillo y Gregorio Ortiz, que se incorporó algo más tarde, cuando regresó de una de sus estancias en las cárceles franquistas y donde ya había adquirido experiencia de trabajo colectivo, puesto que en el penal de Burgos había organizado una asesoría jurídica «formada por Higinio Recuenco (que era un procurador valenciano), Sagaseta y yo y uno de los objetivos que nos propusimos fue el de conseguir la nulidad de todas las sentencias».¹⁷ La comisión jurídica que funcionó en Burgos contaba también con el apoyo y la colaboración de letrados de Madrid y Barcelona, Antonio Rato, Jiménez de Parga, María Luisa Suárez o Solé Barberà, que realizaban frecuentes visitas y a los que les pasaban notas con las demandas de la comisión o comunicados por la amnistía, que posteriormente difundían entre los profesionales del derecho y en sus respectivos Colegios.¹⁸

De la puesta en funcionamiento de Cruz 16 se encargaron Jiménez de Parga, Antonio Montesinos y María Luisa Suárez, a la que Romero Marín comunicó que el PCE «se hacía cargo de los gastos del despacho hasta que pudiéramos independizarnos».¹⁹ El local elegido terminaría siendo el mismo que ocupaba el despacho en el que Montesinos trabajaba de pasante. Su titular de entonces quería dejarlo y después de un encuentro con Jiménez de Parga en la Audiencia decidieron quedarse con la titularidad que firmaría el mismo Montesinos.²⁰ Después de un tiempo de actividad colectiva, algunos de los componentes originales, por diferentes motivos, fueron dejando el despacho en el que sólo quedarían María Luisa y Montesinos. Amandino Rodríguez Armada mantenía su despacho en Narváez 14 y Gregorio Ortiz pasaba a trabajar exclusivamente en Esparteros 8.²¹ Por su parte, José Jiménez de Parga montó en 1967 el despacho en Arapiles e incorporó a nuevos licenciados, Fernando Martínez Randulfe, que trabajaba en la Universidad, y Elvira Landín, que llegaría desde el País Vasco después de contribuir a establecer la relación entre abogados vizcaínos y madrileños a raíz de los despidos de la huelga de Bandas: «Cuando terminé la carrera me fui a Madrid... y empecé a trabajar sustituyendo a una chica del PC que estaba de permiso de maternidad y empecé a ir por el despacho de la calle Cruz, porque Manola, que trabajaba entonces allí, se trasladó a Barcelona... y yo me quedé en su lugar y... en el despacho estábamos en lo laboral, estaba María Luisa Suárez... estaba Pepe Jiménez de Parga... luego por razones de que había que separar un poco más las funciones, nos fuimos al despacho de Arapiles, que era la casa del propio Jiménez de Parga y nos fuimos él y yo».²²

Antonio Rato, que se centraba básicamente en el derecho penal y en todo lo relacionado con la defensa de cuadros obreros y políticos ante el TOP,²³ recibiría el apoyo de Manuel López, con el que mantenía frecuentes contactos en la Biblioteca Nacional y que sólo accedió a dedicarse al derecho cuando Santiago Carrillo le indicó la conveniencia de que «me hiciera abogado, que sería bueno para el Partido porque podría hacer una gran labor defendiendo a los presos en las causas políticas ante el Tribunal de Orden Público.²⁴ Esta sugerencia me pareció interesante, y como yo deseaba luchar contra el franquismo en todos los frentes, y la abogacía me permitiría ampliarlos, luego de largas y fructíferas conversaciones con Antonio Rato, comencé a trabajar como abogado en 1967».²⁵ El trabajo de Manolo López, que alternaba indistintamente el derecho laboral y el penal, se complementaba con el mayor interés de Rato por las defensas ante el TOP: «Me venía muy bien porque me quitaba trabajo de Orden Público, porque es que no podía con tanto, me entraban toneladas... Él llevaba laboral también porque... a mí laboral la verdad es que como nunca he creído en los jueces digo, solo falta que los jueces vayan a hacer la revolución, bastante está con que no nos peguen».²⁶

El intenso trabajo desarrollado en Cruz 16 convertiría ese despacho, en la segunda mitad de los años sesenta, en una referencia del laboralismo para los numerosos comunistas y miembros de las Comisiones Obreras que requerían de defensa y asesoramiento. Fue también una verdadera escuela de Derecho laboral para una parte de la abogacía española y para los jóvenes militantes comunistas que, finalizada la carrera en la Universidad Complutense de Madrid, se incorporaban al despacho para colaborar en diversas tareas al tiempo que completaban su formación como laboralistas o penalistas. Fue así como aterrizaron en Cruz 16 Cristina Almeida: «En el año 65 estuve aprendiendo... allí estuve haciendo mis primeras prácticas»;²⁷ de su mismo curso su amiga Manuela Carmena: «Nos echan de la universidad y entonces unos determinados abogados nos ofrecen defendernos... y me presentan a María Luisa Suárez... y entonces María Luisa me propone ir al despacho. Dice: vente al despacho y empiezas a ayudarnos porque necesitamos a gente que nos ayude... y bueno pues nos metemos».²⁸ También entrarían Julián Hernández Montero y posteriormente Juan José del Águila, María Teresa García y otros jóvenes con ideas y formas renovadoras que se fueron formando y curtiendo judicialmente con sus primeras actuaciones ante los tribunales.

Aquél no sería el único despacho de Madrid donde los trabajadores pudieron encontrar refugio y amparo jurídico para defenderse de la represión en la primera mitad de los años sesenta. También los letrados que se movían en la órbita del socialismo y la democracia cristiana ya mencionados colaboraban en la defensa de los trabajadores y estudiantes y, sin dedicarse exclusivamente al laboralismo, compaginaban su especial atención a las actividades de democratización en el Colegio de Abogados con su participación esporádica, sobre todo en procesos numerosos, incluso en aquellas provincias donde los recursos jurídicos eran más débiles. Como en el caso de los comunistas, a ambas tendencias políticas se fueron incorporando nuevos letrados que terminarían afiliándose al PSOE, como Pablo Castellano o Gregorio Peces-Barba, y que convertirían en habituales sus actuaciones ante el TOP.²⁹

En Barcelona se desarrolló un proceso de fortalecimiento del laboralismo similar al caso madrileño. Los cimientos puestos por las asesorías de Francesc Casares y Antoni Cuenca recibieron nuevas energías militantes al dar cabida a los jóvenes licenciados que desde finales de los años cincuenta pasaron a formarse con los ya veteranos en la defensa de los trabajadores. Francesc Casares comenzó trabajando en el despacho de Gabriel Fina, donde realizaba tareas relacionadas con demandas obreras y en la segunda mitad de los cincuenta se independizó montando una asesoría laboral en Sabadell. «Al principio aceptaba una reclamación por la vía económica administrativa, hasta un tema de separación y... después ya vino la defensa de casos derivados de la persecución política y claro entre los trabajadores que venían al despacho había los que únicamente había que plantear unas reclamaciones sociales en la Magistratura del Trabajo... y entonces acababan muchas veces represaliados y en manos de la policía y pasaban a la cárcel... Entonces los abogados que actuaban como laboralistas al mismo tiempo éramos los que llevábamos la defensa política.»³⁰

En el despacho de Antoni Cuenca comenzaron a foguearse en los asuntos laborales jóvenes de todas las tendencias ideológicas: cristianos de la HOAC, comunistas, anarcosindicalistas, catalanistas y entre ellos Albert Fina, que recordaba su acercamiento al derecho laboral: «Antoni Cuenca tiene el mérito de haber sido el primer abogado laboralista de la posguerra en defender a los trabajadores en circunstancias verdaderamente difíciles. En principio estaba solo y aislado. Recuerdo que alternábamos nuestro trabajo en Barcelona y Vilanova i la Geltrú, dedicados a cuestiones laborales y otras materias del derecho en las cuales se veían implicados los trabajadores... Toda aquella experiencia me sería muy útil para convertir en realidad mi nueva ideología y poder llevarla a la práctica. He de agradecer a Antoni Cuenca el haberme permitido contactar con el mundo obrero. Trabajando con él voy a conocer al abogado Antonio Martín... Y va a ser también en este despacho donde voy a contactar con un mundo obrero políticamente organizado —anarquista o comunista— y donde veo la necesidad de llevar a término una actividad obrera».³¹ Con Fina coincidieron en ese bufete Filipa Español (1959) y el citado Antonio Martín (1960).³² Poco tiempo después entraría Ascensió Solé: «Cuando acabé la carrera, al cabo de dos días de acabar los exámenes, ya estaba de pasante con Cuenca Puigdellívol, a través de una chica, una estudiante que hacía dos años que había acabado... y que encontró que yo reunía el perfil progre, para ir de pasante al despacho de Cuenca... y allá empecé a aprender... Entonces ya había entrado en el PSUC... Estuve año y medio».³³ Algunos de los rasgos que caracterizaron el funcionamiento de los despachos en los años sesenta tienen su origen en la particular forma de ejercer la abogacía de Antoni Cuenca, con dedicación absoluta al cliente, la defensa de los trabajadores por encima de los intereses de las empresas, las formas de pago y financiación, las igualas, como recordaba Mateo Seguí, otro de los letrados del despacho: «Él había iniciado hacía muchos años un pleito laboral defendiendo a los trabajadores de Pirelli, que lo ganaron. Y, entonces, allí, muchos trabajadores de Vilanova se apuntaron a lo que se llamaba antes una iguala, a su despacho. Pagaban una cuota mensual de muy poco dinero y, entonces, tenían derecho a asesoramiento. Cuenca los asesoraba y cuando yo entré a trabajar con él, ya dejó de trabajar los sábados y me colocó a mí para trabajar allí el sábado».³⁴ El testimonio del mismo Cuenca completaba los rasgos generales de ese modelo de financiación: «Las formas de actuación de estos despachos para sindicales... eran de una cotización por barrio o fábrica... cubriendo además de la acción legal, actuaciones no amparadas por la ley de entonces, reuniones, etc., con lo que me cotizaban de las fábricas ya tenía bastante para mantener los gastos del despacho y si después me encargaban un asunto, pagaban módicamente, de un despido se cobraba el 10 %».³⁵ Esa forma de pago y el sistema de abonados iba a seguirse más tarde en el resto de los despachos.

Poco tiempo después, a finales de 1960, Albert Fina y Montserrat Avilés, que había dado sus primeros pasos en el mundo del Derecho con su padre, montaron en Mataró su primer despacho, cuya influencia pronto se extendería hacia el Bajo Llobregat. Las luchas laborales del cinturón rojo de Barcelona generaron una inmensa cantidad de trabajo para la pareja de laboralistas tanto en las magistraturas como en el TOP, lo que les obligaría a ampliar el bufete en 1965, abrir otro en Barcelona que, en poco tiempo, se convertiría en el despacho oficioso de los trabajadores y cuadros de las Comisiones Obreras de Cataluña y en referencia esencial del laboralismo catalán, al tiempo que Avilés y Fina, éste desde el FELIPE, daban el salto político hacia el comunismo que en Cataluña representaba el PSUC. Conflictos como el de la Maquinista, Seat, la huelga de la Harry Walker a comienzos de los años setenta o las numerosas actuaciones de ambos letrados ante el TOP, no son más que una muestra de la enorme actividad procesal del despacho y de su colaboración con el resto de los abogados no sólo de Barcelona sino también de Madrid.³⁶ Con Fina y Avilés trabajaron y se formaron otros abogados como Antonio Martín y Ascensió Solé, Joan Gay, Josep M.ª Manté, Francesc Gallissà, Josep Egea, Gallego y Jordi Oliveres, entre los que estaban algunos que en los años setenta crearían el Col·lectiu Ronda.

En 1960 August Gil Matamala, apadrinado por Solé Barberà, mantuvo una reunión en París con el dirigente del PSUC Gregorio López Raimundo, que le convenció para que se convirtiese en abogado del PSUC: «Mi incorporación a la abogacía fue en buena parte un acto de militancia. Yo no tenía ninguna tradición familiar en este ámbito profesional, ni contacto ni clientes en perspectiva. Por no tener, ni tan siquiera estaba muy seguro de mi vocación jurídica. Pero de la dirección del partido me vino la indicación de que hacían falta abogados que ayudaran a estructurar los incipientes movimientos sindicales de oposición. Me decidí pues por ejercer la profesión, con la determinación de usar la abogacía como mi herramienta de intervención en la lucha antifranquista».³⁷ La apertura del despacho en el mismo edificio en que aquél tenía el suyo y la relación que mantenían lo convirtieron en el hombre de confianza de Solé y su bufete comenzó a llenarse de clientes cuando se corrió la voz del nuevo despacho. Su actividad, como la de los anteriores, se orientó hacia el asesoramiento de enlaces y jurados y la defensa jurídica de sus clientes. Allí se preparaban escritos reivindicativos, las reclamaciones individuales, se organizaban las visitas a los presos y la asistencia a sus familiares.³⁸ Expulsado del PSUC en 1968, el perfil ideológico de sus clientes se desplazará hacia otros sectores de la izquierda política, anarquismo, leninismo, maoísmo y desplegando una gran actividad que le llevó a tener 2.000 abonados al final de la dictadura y a participar en la coordinadora de despachos autónomos que se movía en el ámbito de la extrema izquierda y de la que formaban parte despachos de otras ciudades de Cataluña y del resto de España.

A mediados de la década, Luis Salvadores puso en funcionamiento un nuevo despacho en el paseo de San Juan 7, vinculado al PSUC y a atender a los trabajadores, ligado también a las Comisiones Obreras. Su trabajo era similar al del resto de despachos catalanes. Al igual que sus colegas sufría la vigilancia policial, mantenía relaciones profesionales y políticas con abogados de Madrid, Zaragoza y Valencia, realizaba tareas de reclutamiento de militantes, organizaba seminarios para la formación de cuadros para el movimiento obrero, celebraba reuniones de las células de abogados. Con Salvadores trabajaron José Poch, Lluís Krauel, Enrique Leira y Leopoldo Espuny,³⁹ y con Solé Barberà lo hacían Piris Pérez, Rafael Senra, Luisa Medina y José María Bernat.

En otras provincias, donde apenas hubo referentes iniciales, surgieron algunas iniciativas e intentos, sobre todo a partir de las elecciones de enlaces sindicales de 1966. El triunfo entonces de las candidaturas de las Comisiones Obreras, su estabilidad organizativa, su coordinación y su expansión por toda España, contribuyeron al desarrollo de la conflictividad laboral. El Gobierno respondió con las habituales medidas represivas a las huelgas y las movilizaciones y la sentencia del Tribunal Supremo que las declaraba ilegales facilitaría la ampliación de la tipología de delitos que pasaban al TOP.⁴⁰

En ese escenario las organizaciones clandestinas iban a necesitar aún más recursos de defensa para atender el enorme volumen de asuntos que inundaría los despachos conocidos, que verían cómo su actividad se ampliaría a nuevos campos de actuación en el ejercicio del Derecho. Como veremos más adelante, ahora ya no se trataba solamente de la defensa en Magistratura o ante el TOP, sino que se requería un mayor asesoramiento en la negociación de los convenios y una mayor implicación en la expansión de las CCOO y en el resto de organizaciones. La asistencia a los detenidos requería más atención por parte de los abogados, al igual que su participación en la formación de cuadros sindicales o a fijar su atención en el movimiento vecinal que comenzaba a emerger en las grandes ciudades. Además, desde la segunda mitad de los sesenta, tanto los letrados de Madrid como los de Barcelona dieron continuidad a sus respectivas Asociaciones de Abogados Jóvenes, y su actividad en los colegios o en la lucha política cotidiana contribuiría a desarrollar los lazos de colaboración profesional.⁴¹

En estos años los despachos laboralistas se extendieron por diferentes provincias al calor de los conflictos laborales, como sucedería en Las Palmas, donde ejercían Carlos Suárez Cabrera y Manuel Morales, ligados al Partido Comunista, o en Andalucía, donde culminarían los intentos del PCE por dar cobertura procesal a las Comisiones Obreras. El despacho de José Rubín de Celis era una referencia como asesoría del PCE para la negociación de convenios y desde 1959 funcionaba también el de José Julio Ruiz Moreno, que daría cabida a Fernando Martín Mora y Miguel Medina Fernández-Aceytuno, que se había iniciado en el laboralismo en los despachos de Cruz 16 y en el de Ferrol: «Me voy primero a un despacho laboralista en El Ferrol... Y tuve una suerte tremenda, suerte personal, porque... estuve un mes o dos meses aprendiendo los procedimientos con un compañero que fue un destacado dirigente de Comisiones Obreras y al mes siguiente se produce en Ferrol una caída y detienen a todos los miembros del despacho... En Madrid estuve un mes y con Fernando Sena nos dice el Partido que montemos el despacho... En enero del 72 nos dimos de alta en el Colegio de Abogados».⁴² En 1967 se formalizó el primer despacho colectivo dirigido por Ruiz Moreno y en él participaron comunistas, democristianos y socialistas: Adolfo Cuéllar, Alfonso de Cossío, Eduardo del Campo, Ignacio Romero, Rafael Piñero, Francisco Carballo, José Cabrera y un breve tiempo Felipe González. Este último montaría en 1969 una asesoría, primero en Cabeza del Rey Don Pedro y después en Capitán Vigueras, donde se concentró el colectivo de abogados del PSOE formado por Francisco León, Manuel Martínez James, Miguel A. del Pino, Antonio Gutiérrez, Rafael Escuredo, Ana Ruiz Tagle y Manuel del Valle, que estaba trabajando en el despacho de Alfonso de Cossío: «Un buen día Felipe (González), Rafael (Escuredo) vienen a verme y me dicen, Manolo, vamos a montar este despacho, nosotros somos laboralistas, nos hace falta alguien que no sea laboralista para que pueda llevar Civil y Penal...».⁴³ Era una asesoría jurídico-laboral que seguía la estela de los despachos del PC y CCOO, cuyo objetivo era dar cobertura al PSOE y entrar en contacto con los trabajadores para construir la UGT y competir sindicalmente con la opción de los comunistas.⁴⁴

En Córdoba se encontraban dos de los más veteranos despachos andaluces. El más antiguo era el de Rafael Saraza, creado a finales de los cincuenta y donde trabajó temporalmente Filomeno Aparicio (PCE-CCOO) hasta que montó su propio despacho con Juan Sánchez de Miguel y otros que se incorporaron posteriormente, Rafael Martínez Ráez y Juan Muñoz Haro. El otro pertenecía a Joaquín Martínez Bjorkman, donde se había formado el citado De Miguel, quien más tarde abriría un despacho en Sevilla.⁴⁵

En Valencia el movimiento de abogados se desarrollaría con características similares. En la ciudad funcionaba un primer despacho que prestaba toda la atención procesal que requerían los trabajadores y los cuadros de las Comisiones Obreras y del PCE. Su titular era Alberto García Esteve en Almirante 7, donde trabajaban Carlos Lluch y Dolors Monferrer.⁴⁶ En el segundo lustro de los años sesenta la represión y las numerosas caídas de militantes incrementaron considerablemente el trabajo del despacho, lo que también iba a forzar la búsqueda de nuevos recursos jurídicos. En esos años el trabajo de García Esteve confluiría con el de Manuel del Hierro y los abogados que trabajaban con él, Rafael Molina, Carmen Pertejo (PCE), Àngels Monferrer (CCOO), Juan A. Ruiz Peris, María Ángeles Momparler y Mercedes Belinchón.⁴⁷

También estaban Rafael Fernández Sanchís, con quien trabajaba Antonio Esteban, y Miguel de Pedro, que montaría más tarde un bufete propio; Vicent Álvarez Rubio, que desde 1959 disponía de una asesoría jurídico-laboral ligada a CCOO; Dolors Monferrer, que montaría, ya en los primeros setenta, un despacho donde trabajarán Salvador Ferrando y Javier Soto Ibáñez; el despacho de Ricardo Peralta (PCE); el de José Luis Albiñana (PSOE), y en Alicante el de Antonio García Miralles (PSOE) y el de Luis Berenguer (PCE). Hay que destacar aquí, por su composición, la creación del despacho de mujeres de Quart de Poblet, formado por Lola y Carmen Pertejo, Concha Blat Mellado, Teresa Kity Blat Gimeno; Carmen Pérez Ferrón y Concha Gisbert Jordà, que iban a compaginar el derecho laboral con el asesoramiento en el campo vecinal.⁴⁸

En el País Vasco Antonio Giménez Pericás, que como ya señalamos participó de alguna forma en la comisión jurídica de Burgos, cuando salió de la cárcel en 1965 y aconsejado por María Luisa Suárez decidió dedicarse a la abogacía y organizar el primer despacho de Comisiones Obreras de Vizcaya; el contacto para montarlo fue Juan M. Moreno Lombardero (que posteriormente se afiliaría al PST de Tierno Galván). «Cuando sale de la cárcel, a mí me dice el Partido Comunista, aunque yo no era del Partido, que le ayudase. Él no monta el despacho. Yo tenía un despacho en Colón de Larreategui. Y llevaba las dos cosas juntas, los casos normales y los casos políticos. Ese despacho lo monté con la ayuda de Comisiones Obreras, que fueron quienes estuvieron pintando y arreglando el piso sin cobrar un solo céntimo. Y entonces me llamaron y me dijeron que querían que Pericás empezase conmigo.»⁴⁹ Con ellos trabajaban Guillermo García Lakunza, José A. Etxevarrieta y Enrique Gil Sáez. El trabajo se acumulaba de tal forma que en algunos momentos en los conflictos de mayor relevancia tuvieron que recurrir a letrados de Madrid. Ese tipo de colaboración era lo habitual en aquellos años, como ocurriría con los despidos de Laminación de Bandas de Echévarri: «Cuando estalló la huelga... conecté con aquel movimiento obrero porque habían pedido ayuda a Joaquín Ruiz-Giménez y a un catedrático de derecho de Barcelona, Manuel Alonso... Como despidieron a 565 trabajadores de la plantilla hubo que hacer toda la tramitación de esos despidos y entonces esos abogados no tenían despacho en Bilbao y la conexión vino a través de Manuela Carmena, que era muy amiga mía ya desde la época de la carrera y trabajaba en el despacho de la calle Cruz, con Pepe Jiménez de Parga, a quien yo ya había conocido... y es el que le dijo a Ruiz-Giménez: “Elvira puede hacer de puente entre Bilbao y Madrid para toda esa historia de la presentación de las demandas, citaciones...”».⁵⁰ El equipo de defensores estuvo formado por Ruiz-Giménez, Manuel Alonso, José Jiménez de Parga, José Luis Arredondo, José Ignacio Caballero y José Ramón Recalde.

La debilidad del laboralismo vasco se fue superando con nuevos abogados que se incorporaron a las tareas procesales que demandaban los diversos sectores de oposición a la dictadura, sobre todo desde las Comisiones Obreras y desde el movimiento nacionalista que representaría ETA. Éste fue el caso de Esteban Eguren del PCE o desde los movimientos cristianos y nacionalistas nuevos letrados como Pedro Ibarra Güell a finales de la década: «Conocí a Paco Letamendía y entonces decidimos montar el despacho, en enero del 69... En principio lo hicimos en mi casa, en Algorta. Luego hicimos uno... en Bilbao... A mediados de los setenta estábamos doce abogados... pasamos a tener cuatro despachos, uno en Baracaldo, otro en Basauri... y otro en Durango... Nuestro despacho... tuvo relaciones con todos los grupos, quizás con la excepción de Comisiones/PCE, entre otras cosas porque había un despacho de Comisiones /PCE que era el de Antonio (Giménez Pericás)».⁵¹ Entre los abogados que desplegaron una gran actividad procesal están Juan M.ª Bandrés y José Ramón Recalde.

La incorporación del PSOE al laboralismo en el País Vasco se haría con cierto retraso. Conscientes de la debilidad ante otras opciones políticas y sindicales, la orientación de los abogados socialistas, al igual que había ocurrido en otras provincias, se centró en la creación de una estructura organizativa de su Partido y de la UGT. José Recio en 1970 y Txiqui Benegas, Isidro Infante, Enrique y Fernando Múgica llevaban el peso de aquellas iniciativas y desde 1974 consiguieron extender el trabajo que realizaban en Vizcaya y abrir una asesoría laboral en Eibar donde se asentaría Ramón Jáuregui: «Acabé la carrera y en base a mis prácticas con los despachos laboralistas que ya estaban abriendo Benegas con otro compañero nuestro, Enrique Iparraguirre, ... ya era un despacho conectado con ese mundillo... hablo del 74-75 y yo iba al despacho a aprender. Escuchaba. Recuerdo con qué entusiasmo me ponía en los casos... Yo quería ser abogado de los trabajadores... cuando dejé la fábrica empecé a trabajar en tres despachos. Primero en el de Rentería, abrimos un despacho laboralista en Eibar y mantenía durante la mañana el despacho civil, penal, administrativo para ganar dinero en Rentería, junto a Enrique Múgica y Enrique Iparraguirre... En Rentería el despacho laboral era gratis... Esto era para hacer sindicato, para hacer Partido. Prácticamente no cobrábamos nada. Ahí hacíamos Partido, hacíamos organización... con el único que teníamos relación era con Esteban Eguren, en Eibar, que era el abogado de los cocos».⁵²

LA FORMACIÓN DE UNA RED DE DESPACHOS Y SU DIVERSIDAD POLÍTICA

Mientras la inicial oleada de asesorías laborales iba extendiéndose con mayor o menor dificultad y rapidez por las provincias españolas, en Madrid y Barcelona comenzaría una fase de expansión del movimiento laboralista desde los despachos pioneros. En un primer momento hacia otras zonas de la ciudad y posteriormente a otros municipios de las respectivas provincias, para terminar configurando una verdadera red que abarcaría toda la geografía española. El reducido colectivo de abogados que formaban parte de aquella red, a pesar de la diversidad de su orientación política o ideológica, fue capaz de establecer canales de comunicación entre todos ellos y de articular formas de colaboración procesal cuando las circunstancias lo requerían, sobre todo para hacer frente a los grandes procesos del TOP o para colocar en el primer plano de sus reivindicaciones y luchas profesionales la defensa de los Derechos Humanos, la lucha por la amnistía y las libertades políticas o la democratización de los Colegios de Abogados y de la misma Justicia. En este sentido el histórico Congreso de la Abogacía de León, ya tratado en un capítulo de este libro, simboliza la lucha colectiva de la abogacía democrática española durante la dictadura.

En Madrid, para cubrir la demanda de asesoramiento que había en los ayuntamientos de la periferia, Jaime Sartorius, siguiendo las indicaciones del dirigente comunista Simón Sánchez Montero, montaba en Getafe un despacho junto a José Luis Núñez, José M. Martínez y Marian Lozano. «El despacho era pequeño, lo alquilamos en el centro de Getafe... procurábamos no estar el mismo día. El Partido nos daba el dinero para poder pagar el local, pagar la fianza, comprar el mobiliario... que devolvimos en uno o dos años, escrupulosamente hasta la última peseta, pero en fin era el Partido el que lo propiciaba... pero yo creo que ya los siguientes se creaban ya de una forma natural... El de Cristina en Españoleto, que fue uno o dos años después del nuestro... El de Manola Carmena, lo mismo en la calle Atocha... ya era la organización del PCE de abogados que veíamos... lo que faltaba... quiero decir que ya no venía Simón a decirnos, oye abrir Españoleto, ya no era necesario, pero estaban encantados de que lo hiciéramos... En los despachos llegamos hasta poner de nuestro dinero para las fianzas del Tribunal de Orden Público, para conseguir las libertades, fianzas que recuperábamos muy pocas veces».⁵³

Y muy pronto del despacho matriz de Cruz 16, aquellos jóvenes abogados de los sesenta, una vez adquirida la formación y la experiencia suficiente, emprendieron con sus iniciativas un camino de independencia en la profesión con una visión colectiva que no sólo era una necesidad organizativa producto de su entusiasmo militante, sino también una necesidad social y política por el incesante incremento de las necesidades procesales. Era también una consecuencia de las diferencias con los veteranos del laboralismo que se empezaron a percibir después de los primeros momentos del trabajo conjunto, a pesar del respeto y el afecto mutuo. Los jóvenes, que no habían vivido la Guerra Civil o la posguerra, y que habían despertado políticamente en los conflictos estudiantiles de los años sesenta, tenían puntos de vista diferentes que se derivaban de la distancia generacional tanto en las cuestiones referidas al funcionamiento y organización de los despachos como en aspectos formales y personales que incluso iban más allá del mismo trabajo jurídico. La consecuencia lógica de estas diferencias generacionales llevaría a los jóvenes letrados a buscar espacios propios, también para su libertad personal, donde aplicar sus ideas y planteamientos organizativos y vitales, y por lo tanto a establecerse profesionalmente con criterios y personas con las que pudiesen sentirse cómodas y totalmente identificadas. Así Cristina Almeida: «En mayo [de 1967] abrí mi primer despacho laboralista. En la calle Modesto Lafuente... Lo abrí con Julián Hernández Montero. Entonces estuvimos desde el 67 al 72... llegamos a estar hasta ocho abogados. Entonces estaban Tomás Duplá, Nacho Salorio, Javier Roldán... Sí, estaban todos los gallegos y luego vino el que era mi marido, Jesús [García Varela] y Carlos Sánchez Montero».⁵⁴ A comienzos de los setenta ampliarían su actividad con otro despacho en Españoleto: «En Modesto Lafuente llegaban las colas desde el cuarto piso y bajaban hasta la calle. Venían empresarios, porque ya se iban imponiendo los despachos laboralistas por encima del propio sindicato, querían venir a negociar y decían “Cristina... si es que tienes el despacho que no podemos ni entrar a negociar. A ver si ponéis uno más cómodo”, y entonces salió la idea de poner Españoleto»,⁵⁵ al que se incorporaron Dolores González Ruiz, Javier Sauquillo, Julia Marchena y Héctor Maravall, que habían montado otro despacho en General Oráa,⁵⁶ y posteriormente Javier Benavides y Alberto Alonso. El despacho de Españoleto, que realizaría un inmenso trabajo en todos los frentes, fue el que «más creció... montamos toda una red de despachos fuera de Madrid que dependían de Españoleto... en Móstoles, Torrejón, Alcalá, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada».⁵⁷ Los abogados se desplazan a esas localidades y según van creciendo van introduciendo a nuevos letrados que funcionan siguiendo las normas y el modelo del despacho de origen.

Manuela Carmena también terminaría dejando Cruz 16 para montar un nuevo despacho, después de regresar de su experiencia personal entre los abogados del PSUC y CCOO de Barcelona. Pasó a dirigir Atocha 49 y más tarde, cuando la diversidad de frentes que atendían obligó a una reestructuración y a ampliarlo, al que, en plena Transición, se convertiría en el tristemente famoso despacho de Atocha 55. Con ella se fueron José Luis Núñez, Ignacio Montejo y los que llegaron posteriormente desde otros despachos o desde la universidad, como José M.ª Mohedano, Alejandro Ruiz-Huerta o Elisa Maravall. «Me sentaba al lado de Manuela, atendía a la gente, iba escuchando y al cabo de unos meses ya le hacía escritos, hacía denuncias a la Inspección de Trabajo... Manuela fue mi maestra. Le debo lo muchísimo que me ha gustado siempre el laboralismo y aprendí todo de ella... me daba mucha autonomía...»⁵⁸

Aquellos jóvenes letrados cambiarían las formas de enfrentarse a los jueces franquistas, la organización y las relaciones entre las diferentes personas que formaban parte de los despachos, incluso sus hábitos, costumbres y vestimentas, que sorprendían a los magistrados a los que se enfrentaban y a los veteranos del derecho laboral, como recordaba Manuela Carmena: «Íbamos a la Magistratura con vaqueros, los chicos con el pelo largo, barba y pantalones de campana, y nosotras con rizos, collares y faldas y, a pesar de todo, ganábamos muchas veces».⁵⁹

La orientación del trabajo en estos despachos abarcaba numerosos frentes. Por un lado las cuestiones ya clásicas, relacionadas con la conflictividad laboral, los convenios colectivos y los despidos en la Magistratura del Trabajo que provenían de la oposición política y que obligaba a atender las actuaciones frente al TOP; el Colegio de Abogados y el novedoso frente de barrios, con los inicios del asociacionismo vecinal y los problemas derivados del urbanismo, la vivienda y las infraestructuras, trabajo este al que se le dedicaba una especial atención en Atocha y que obligaba a los abogados a desplazarse a las asociaciones de vecinos para asesorarlos en esos temas.

La expansión de la abogacía del Partido Comunista continuaría con la apertura de nuevos despachos. En 1969 María Luisa Suárez trasladó su actividad a Alcalá 151 y con ella se fueron Juan José del Águila y María Teresa García, mientras en el despacho de la calle Cruz quedaba Antonio Montesinos. Al tiempo los veteranos José Jiménez de Parga, María Luisa Suárez, Antonio Rato y Manolo López multiplicaban su presencia ante el TOP, y este último también ante la Magistratura de Trabajo, e incluso se hacían cargo de diversos procesos en otras zonas como Asturias, Galicia, Valencia y Zaragoza.

Si los despachos ligados al Partido Comunista y a Comisiones Obreras formaban una red, también desde otras opciones políticas los diversos frentes de actividad obligaban a redoblar esfuerzos y ampliar su presencia en este sector profesional. Ésa era la intención de los abogados que militaban en el Partido Socialista, donde Pablo Castellano, Federico de Carvajal o Gregorio Peces-Barba, al igual que hacían monárquicos y democristianos como Jaime Miralles, José M.ª Gil-Robles, Ruiz-Giménez o Jaime Cortezo, que aunque colocaban en un primer plano las actividades políticas relacionadas con la lucha democrática, dedicaban su atención al frente colegial tanto con su participación en los congresos de la abogacía como con la articulación de candidaturas unitarias de la oposición democrática frente a los sectores inmovilistas. Además eran también frecuentes sus actuaciones procesales ante el Tribunal de Orden Público, especialmente en algunos de los grandes procesos de aquellos años.⁶⁰

Durante los años setenta otras opciones políticas hicieron acto de presencia y entre su militancia dispusieron también de letrados. Algunos de estos abogados y despachos dedicaron una especial atención al asociacionismo vecinal y a los problemas de los barrios marginales de Madrid. Ése es el caso de uno de los más conocidos por el trabajo de asesoramiento legal y lucha social realizado en ese campo. El despacho montado por Francisca Sauquillo en Lista. Esta letrada procedía del cristianismo de base y había trabajado desde 1967 en el despacho de Jaime Cortezo, donde se atendía a trabajadores de todos los grupos políticos clandestinos, desde el nacionalismo vasco hasta la gente de CCOO. Allí comenzaría su trabajo como laboralista: «Me colocó Gregorio Peces-Barba en un despacho, que era de don Jaime Cortezo. Era un demócrata cristiano. En ese despacho estuve dos años de pasante con otros compañeros... Ahí empecé a defender a trabajadores, sobre todo ante el Tribunal de Orden Público...».⁶¹ Durante los últimos años sesenta estuvo también muy ligada al trabajo que realizaba el padre Llanos en el Pozo del Tío Raimundo, lo que la sensibilizaría con los problemas de los barrios de la periferia madrileña. Después de un tiempo de identificación con el conocido jesuita se decidió a montar en 1969 el despacho de Lista con Juan Canet. A ellos se unirían colegas como Javier Aritio, Jacobo Echevarría, José Folguera, José Luis Gil Olmo y Elvira Posada, con los que se integrarían en la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT). El trabajo en el despacho se orientó hacia tres frentes: el asociacionismo vecinal con los problemas de vivienda e infraestructuras de los barrios, el laboralismo y las Magistraturas de Trabajo y la atención a los delitos derivados de la actividad política clandestina ante el TOP.⁶² El incremento de la conflictividad social y las diferentes áreas de trabajo que atendía hizo crecer el despacho «de tal forma que llegamos a estar aquí prácticamente más de veinte abogados, especializándonos en diferentes ramas. A su vez empezamos a montar despachos laboralistas en diferentes sitios... Getafe, Alcalá de Henares, Vallecas, puramente como despachos aunque siguiéramos yendo a las parroquias a ayudar a la gente. Durante la década de los setenta... salieron más de 60 abogados que nos coordinábamos, discutíamos los temas juntos... Aparte la coordinación que hacíamos dentro del propio Colegio de Abogados con los otros despachos de otros compañeros (de la ORT). Había un despacho en Pamplona, otro en Bilbao, en Extremadura y dos en Cataluña».⁶³ Había otras organizaciones como Organización Marxista-Leninista Española (OMLE), donde militaban Javier Baselga, Paquita Villalba, Iñaki Esnaola, M. Castells y los citados J. A. Etxevarrieta y Juan María Bandrés. Igualmente otros partidos como la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) o el Movimiento Comunista (MC) dispusieron también de grupos de abogados que dedicaron sus conocimientos jurídicos a los mismos campos de actividad política y social.

En Barcelona, la intensidad y la cantidad de trabajo que realizaban los abogados ya conocidos produjeron una difusión del laboralismo similar a la de Madrid, y desde los despachos de Cuenca, Casares, Fina-Avilés, Matamala o de Luis Salvadores salieron también jóvenes abogados que contribuyeron a configurar una red por toda la provincia y con idénticas conexiones fuera de Cataluña. En ese proceso de expansión de la abogacía progresista catalana hay que reseñar la formación del Col·lectiu Ronda entre 1972 y 1973. La iniciativa surgió de los contactos que Josep Maria Gasch Riudor mantuvo con un grupo de abogados que se movían en posiciones políticas críticas con el modelo de asesoría y con el tipo de laboralismo que realizaban los abogados de los despachos en la órbita del binomio PSUC-CCOO y que entonces hegemonizaban la defensa jurídica de los trabajadores catalanes. Algunos de aquellos abogados se habían formado profesionalmente en esos mismos despachos. El núcleo fundacional estaba formado por Josep Maria Gasch y Angelina Hurios, vinculados a movimientos cristianos y a los que se unirían Francesc Gallissà, Josep Lluís Gallego, Jordi Oliveres, Josep M.ª Manté, Joan L. Jornet y Jordi Pujol Moix. Mayoritariamente pertenecían al FOC (Front Obrer de Catalunya) y el despacho funcionaba de manera asamblearia. El trabajo se dividía por áreas y su atención se centraba en el frente laboral y en el vecinal; defendían un sindicalismo autónomo, crítico con el modelo de acción sindical de las CCOO y del PSUC y coincidían con la deriva que había experimentado el despacho de Matamala después de su expulsión de ese partido. Intervinieron en algunos conflictos laborales de importancia como los de Joresa y Condiesel en 1973-1974 y durante la Transición en las huelgas de Roca. Su actividad derivó hacia el cooperativismo y participaron en la creación de una red de despachos, la Coordinadora estatal de despachos laboralistas, que a partir de 1976 aglutinaba a letrados de Aragón, País Vasco, Valencia, Andalucía y Madrid.⁶⁴

Un proceso expansivo similar se vivió en las provincias andaluzas. Aquí el eje difusor fueron las asesorías ya existentes en Sevilla y Córdoba en 1970. Después de las experiencias de los años sesenta Aurora León, que, como otros letrados, procedía del cristianismo de base y de la Federación de Congregaciones Universitarias Marianas, abrió un despacho en el que llevaba una parte importante del trabajo que se derivaba de los conflictos protagonizados por las Comisiones Obreras, lo que hizo que uno de los líderes comunistas del movimiento obrero, Eduardo Saborido, le planteara la posibilidad de oficializar su trabajo con aquéllas, y aunque en principio no aceptó la propuesta, Aurora León terminaría afiliándose al PCE y convirtiendo su despacho del Cerro del Águila en uno de los más conocidos y con más trabajo de las CCOO.⁶⁵ Apoyado por curas obreros, contó con la participación de varios letrados, Jaime Castiñeira, Manuel Arévalo, Fernando Martín Mora y Manuel Chaves, que en 1972 lo abandonaría por entender que políticamente se había escorado en exceso hacia el PCE. El despacho fue creciendo a la par que los conflictos laborales y los despidos consiguientes y su radio de acción fue extendiéndose por el occidente andaluz. Aurora León comenzó a desplazarse a Cádiz para atender los casos de la ciudad, también lo hacían Castiñeira, Carlos Fernández Santa Cruz, Manuel García Matas y Fernando Martín Mora, que se quedaría a cargo del despacho y después incluiría Jerez en su itinerario. En Huelva fue el PSOE el que desde Sevilla envió a Carlos Navarrete para trasladar la experiencia de la asesoría de Felipe González a esa ciudad. Comisiones Obreras abrió un despacho en Algeciras que llevaba Jaime Orozco y la USO lo hizo en el campo de Gibraltar.⁶⁶

La difusión del laboralismo por las provincias orientales se realizó desde Córdoba, desde donde se movía Filomeno Aparicio Lobo. Miguel Medina Fernández-Aceytuno con Fernando Sena montaron el despacho de Granada «de acuerdo con el Partido Comunista para trabajar en el movimiento obrero y promover Comisiones Obreras... El Partido apenas aportó económicamente. El Partido hacía un gran trabajo de dar a conocer las Comisiones Obreras y de alguna manera ofrecer un asesoramiento legal a todos los trabajadores en las reivindicaciones económicas, laborales, que tenían los trabajadores»,⁶⁷ y otro en Málaga, mientras en Linares (Jaén) lo hacía Filomeno Aparicio con Agustín Bellido y Francisco Navarro. Filomeno realizó una intensa actividad procesal y fue esencial para la expansión de las CCOO, llegando a estar colegiado en 7 provincias.⁶⁸ En Málaga también abrirían una asesoría Leopoldo Prado y Carlos San Juan del PSOE, y en Almería María Luisa Jiménez Burkhardt se encargaría de todo el trabajo que emanaba de la actividad de las Comisiones Obreras.⁶⁹

En el norte de España la formación de los despachos laboralistas como tales llegó algo más tarde. En Galicia, desde 1967, los conflictos laborales experimentaron un fuerte crecimiento en Ferrol, Vigo y Coruña y como consecuencia de las huelgas el número de sanciones y despidos aumentó sensiblemente, lo mismo que las detenciones y los procesos ante el TOP. La represión obligó a los promotores de las movilizaciones a buscar la defensa procesal entre aquellos abogados que tenían un perfil progresista o un talante profesional democrático, pues como recurso jurídico estable disponían solamente de un abogado de Santiago de Compostela, Manuel Rodríguez, que se dedicaba a asuntos de índole muy diversa, lo que a todas luces era insuficiente para atender la demanda de asesoramiento y defensa en Magistratura que necesitaban en aquellos momentos y que solamente pudieron cubrir con la colaboración de abogados gallegos como Antonio Reinoso, Marcelino Lobato, Manuel Iglesias Corral, Antonio Fernández Chao o José Rodríguez Pardo y con la casi habitual presencia de los madrileños María Luisa Suárez, Manuel López, Antonio Rato, Manuel Murillo, Luis Enrique de la Villa, Cristina Almeida, José Luis Núñez y en menor medida Jaime Miralles o Gregorio Peces-Barba, que cubrirían las necesidades procesales para defender a obreros, estudiantes, marineros y campesinos en aquellos años.⁷⁰ El Partido Comunista analizaba la importancia de los anteriormente citados: «Dichos bufetes están siendo en la práctica el escudo tras el cual se cubre el desamparo legal en que se encuentran los trabajadores, al mismo tiempo que un guía, un orientador sobre la maraña de despropósitos que son las leyes laborales actuales»,⁷¹ y lamentaba la falta de recursos mientras continuaba tratando de conseguirlos: «En cuanto al bufete, éste todavía no ha podido ser consolidado a pesar de todos los intentos realizados. Algo que echamos mucho de menos es un bufete de abogados aunque andamos tras su pista pero que por el PCE debería pensarse en descentrar un poco lo concentrado en Madrid, donde hicimos gestiones».⁷²

Tendrían que esperar a 1970, cuando Rafael Bárez, recién finalizada su carrera, comenzó a trabajar con el mencionado Manuel Rodríguez para abrir al mismo tiempo un despacho propio en Ferrol. Pero los grandes conflictos de aquellos primeros años setenta y la represión que los acompañaba incrementaron el número de despedidos, detenidos y sancionados, y a pesar de que Bárez contaba con el apoyo de otros licenciados que temporalmente estaban en Ferrol, como fueron el valenciano Ruiz Peris y el andaluz Fernández-Aceytuno, no podía abarcar la defensa jurídica que requería la densidad de demandas y juicios y al mismo tiempo mantener el asesoramiento en la negociación colectiva. Aquella situación de debilidad creaba problemas de todo tipo a las Comisiones Obreras y llevó a los líderes comunistas a solicitar soporte jurídico más estable a la dirección del PCE.

Las demandas fueron atendidas con cierta rapidez y la dirección comunista en Madrid, después de tantear a unos de sus militantes gallegos en un despacho de la capital, logró llegar a un acuerdo con Elvira Landín y Fernando Randulfe, que trabajaban en el despacho de José Jiménez de Parga, y que, sin ser militantes del Partido, aceptaron la propuesta de desplazarse para abrir un despacho en Vigo, lo que tampoco escaparía a la vigilancia de los jerarcas del Vertical: «Nos llegan rumores de que a la Región Gallega se trasladan abogados del Partido Comunista, al objeto de funcionar en cometidos de asesoramiento a sus miembros».⁷³

Elvira Landín y Fernando Martínez Randulfe se dedicaron fundamentalmente al asesoramiento en la negociación colectiva y a tramitar todo tipo de demandas ante la Magistratura de Trabajo. Llevaron todo el laboralismo de la comarca de Vigo y por lo tanto tuvieron que enfrentarse a la marea de despidos provocada por las huelgas de 1972; con la detención de Rafael Bárez, tuvieron que hacerse cargo de una parte de los asuntos que llevaba el letrado coruñés. Para atender los procesos en el TOP, que en los primeros años setenta afectaron a obreros, campesinos y marineros, contaron con el despacho de Alfonso Álvarez Gándara, mientras que de los asuntos del norte, Ferrol y A Coruña continuaron haciéndose cargo los abogados ya mencionados de Madrid y Galicia.⁷⁴ La insuficiencia de los recursos preocupaba a los dirigentes políticos del Partido Comunista, que continuaron tratando de encontrar soluciones: «Últimamente parece que la situación va a cambiar positivamente sobre todo por dos motivos, 1: la incorporación al Partido de otros camaradas abogados que ayudan a Javier (Bárez) en este trabajo y 2: los acuerdos logrados con otras fuerzas políticas en Galicia y que casi todas ellas tienen gente en la abogacía...». Por lo que se planteaba la posibilidad de constituir un núcleo del Partido entre la militancia de la abogacía del que se responsabilizaría a Bárez para contactar más formalmente con los letrados gallegos antes citados, entre los que había tiernistas y de la Democracia Cristiana, para abordar problemas específicos de este sector profesional.⁷⁵

Cuando Bárez salió de la cárcel en 1973 volvió a hacerse cargo de todo el trabajo que generaban Ferrol y Coruña, donde abrió su Asesoría Jurídico-Laboral.⁷⁶ En el camino hacia la Transición los problemas para cubrir las necesidades de asesoramiento legal en otras ciudades y provincias continuaban preocupando: «Lo que estamos viendo desde Vigo es si un abogado de los de aquí puede trasladarse dos veces al mes a cada uno de esos sitios (Orense y Santiago). Para eso tendrá que colegiarse, contar con un despacho donde atender a los trabajadores de forma legal... eso daría un nuevo impulso a la lucha en cada una de esas zonas». A pesar de esas intenciones tendrían que esperar a la incorporación de otros abogados en los despachos de Vigo y Coruña.⁷⁷

También en Asturias las diferentes fuerzas políticas de la oposición trataban de crear estructuras estables de la abogacía laboralista. Ya poco antes de las huelgas mineras de 1962, Nicolás Sartorius y José Manuel Peláez, ambos en el FELIPE, trataron sin éxito de abrir un primer despacho laboral en El Entrego. Posteriormente la conflictividad laboral que caracterizó el mundo del trabajo asturiano durante el resto de los años sesenta, y que dejaba un reguero de despidos, detenciones y procesos por todo tipo de delitos en el TOP, requería una labor procesal que no podía cubrirse desde Asturias, por lo que abogados de Madrid como María Luisa Suárez, Antonio Rato, Manolo López y abogados socialistas como Josefina Arrillaga o Peces-Barba se encargaron de una parte importante de las defensas ante el TOP o las magistraturas. Los esfuerzos de unos y otros tardaron en fraguar en despachos estables. El primero que funcionó fue el de Emilio Barbón (PSOE-UGT); Ramón Herrero Merediz, que se dedicaría a la abogacía por indicación del PCE: «Horacio Fernández Inguanzo me dice que me tengo que colegiar... Se portó muy bien conmigo Jorge Margolles, que tiene un despacho abierto... pero prácticamente no lo utiliza y entonces entro en el despacho con Jorge Margolles a principios de los setenta».⁷⁸ Otros letrados que trabajaron en Asturias fueron Miguel Ángel Redel Pino en Gijón en 1970; el citado Jorge Margolles de La Vega; Luis Vega Escandón (democristiano); Juanjo Montero, y a mediados de los setenta José Alberto Alonso, que venía del despacho madrileño de Españoleto, y Luis Fernández Ardavín y Juan Luis Rodríguez Vigil (PSOE-UGT), que formaron parte de la alternativa asturiana a los abogados del vertical.

Algo similar ocurriría en Zaragoza, aunque los citados abogados madrileños llevaron ante el TOP casos importantes relacionados con Aragón y la relación más directa con la abogacía antifranquista la establecieron con los catalanes, que entonces cubrían las necesidades de defensa jurídica de la lucha contra la dictadura. A finales de los años sesenta una parte de los asuntos laborales los llevaban Juan Antonio Aragues Landín, que trabajaba con Antonio García Mateo, y fue el que formó en el Derecho laboral a los jóvenes que después tomarían el relevo, Francisco Polo que militaba en Larga Marcha, que montó el primer despacho estrictamente laboral en 1968 con un abogado del PCE, Arturo Acebal, que posteriormente formaría un despacho que mantenía frecuentes contactos con los despachos de Madrid y Barcelona. Con él trabajarían Adolfo Burriel y Arturo García.⁷⁹ En los años setenta Joaquina Sarga y Carlos Baya también trabajarían con Polo. En Santander a comienzos de los sesenta funcionaba el despacho de un abogado del FELIPE, Tomás del Campo, y en la década siguiente el de Mario García-Oliva, ligado a Izquierda Democrática. En otras provincias como Albacete, Murcia, Logroño, Badajoz, Burgos, Valladolid, Baleares o Navarra los intentos para disponer de asesorías laborales sólo fraguarían a mediados de la década de los setenta.

A pesar de la gran disparidad de despachos y asesorías jurídico-laborales que dibujaron el mapa de la abogacía democrática que inundó con sus togas las Magistraturas de las ciudades españolas, aquellos letrados, que pertenecían a diferentes generaciones, que procedían de ámbitos más o menos alejados de la práctica del derecho, que se adscribieron y comprometieron con los diferentes partidos y las organizaciones sociales del antifranquismo, fueron capaces, en el ejercicio de su profesión, de desarrollar rasgos comunes a todos ellos y solventar las diferencias que generaba su militancia bajo siglas distintas. Su relación se mantuvo de una forma natural, sin conflictos y enfrentamientos insalvables, porque por encima de las diferentes posiciones políticas que surgían cuando preparaban las candidaturas unitarias en los Colegios o cuando se organizaba la distribución de defendidos en determinados procesos en el TOP, eran capaces de mantener lo esencial, el código de valores que guiaba su dedicación al Derecho penal o laboral, que iba más allá de las propias siglas políticas, ante las que incluso siempre mostrarían su sentido crítico y su independencia.

Fue con las actitudes de tolerancia, con el sentido de solidaridad y unidad labrado en las experiencias del trabajo común, en condiciones difíciles y de semiclandestinidad, como aquellos despachos se convirtieron en «espacios de libertad: «Las salas de juntas o las salas de espera eran pequeños espacios de libertad, ahí hablaban unos con otros. En seguida se daban cuenta del que quería pegar la hebra y del que no quería saber nada... Para ellos fue el sitio donde Comisiones hizo más proselitismo. Ahí y en las fábricas y en las huelgas, claro. Pero en el tête-à-tête, allí».⁸⁰ Eran lugares donde los trabajadores podían reunirse de manera legal y con una moderada sensación de tranquilidad: «Muchas veces nos reuníamos (los militantes socialistas madrileños) en el despacho de abogados... quieras o no quieras daba una cierta cobertura, no se podía entrar o interrumpir en un despacho y hacer ningún registro sin permiso del decano... yo tenía un despacho que tenía una sala de espera, que obviamente cuando se montó, ya se montó pensando en que un día tendría otras utilidades... Funcionaba, porque pasó de ser un despacho personal a ser uno colectivo... Cuando llegaron [algunos abogados] no eran militantes socialistas. En el despacho se hicieron militantes socialistas... Bien, ellos realmente suplían toda mi dedicación a la lucha en el Colegio de Abogados».⁸¹

Los abogados fueron unos aliados fundamentales para el movimiento obrero y sus despachos se convirtieron en un recurso fundamental para la estrategia de la oposición clandestina en la lucha contra la dictadura. Aportaban en primer lugar la defensa procesal imprescindible para hacer frente con garantías profesionales a la represión que se ejercía desde las diferentes instancias judiciales. Aportaban lugares moderadamente seguros para la realización de reuniones, tanto legales como clandestinas. Esa posibilidad se la daba el mismo ejercicio profesional, que permitía una relación legal y permanente entre los clientes y sus defensores. Y esa necesidad era la coartada defensiva que los titulares de los despachos podían argumentar ante la presión y la vigilancia policial. «Éramos cobijo de los propios trabajadores para preparar muchas más cosas que un juicio. Me refiero a que venía gente de distintos sectores porque aquí estaba justificado que se pudieran reunir: venían a ver al abogado.»⁸² De esa forma, las reuniones profesionales que podían realizarse para el asesoramiento en la negociación de convenios,⁸³ en la preparación de reclamaciones o defensas colectivas en las Magistraturas, podían convertirse en la realidad en reuniones de representantes obreros o de dirigentes de las organizaciones sindicales para diseñar las estrategias de lucha y las movilizaciones en los conflictos laborales, o para colaborar en la articulación de las redes de solidaridad. «Muchas veces la dirección de Comisiones se reunía o bien en el despacho nuestro en el paseo de Sant Joan o en otro despacho de compañeros nuestros... en el mismo paseo de Sant Joan. Ahí se reunió a menudo la dirección de Comisiones. Al principio en el nuestro, pero cuando se creó el otro gabinete se decidió trasladar las reuniones de los dirigentes obreros al otro gabinete porque era menos conocido por la policía y resultaba menos peligrosos».⁸⁴ En otros casos facilitaban las reuniones entre distintos grupos de la oposición: «...se reunía gente de todas aquellas banderías... para hacer reuniones de comités del tipo de fábricas, que había gente que estaba organizando una huelga. Yo recuerdo hacer reuniones interpartidos aquí. Reuniones antirrepresivas, de esas había sin parar. Huelga General Política y tal... todos los partidos se reunían para hacer un panfleto».⁸⁵

Los despachos eran, en casos excepcionales, lugares idóneos para esconder un aparato de propaganda o para distribuirla. También la existencia de medios de reproducción estaba justificada por las propias características del trabajo. Y todo ello a pesar de que estaban permanentemente bajo sospecha y en continua vigilancia,⁸⁶ incluso soportaban amenazas diversas tanto de las fuerzas del orden como de los miembros del Sindicato Vertical y de los sectores más inmovilistas del régimen, y en ocasiones el imprimir unos panfletos o guardar ejemplares de la prensa clandestina para su distribución suponía un debe para el titular del despacho en el caso de que se le encontrase propaganda ilegal.⁸⁷

Su trabajo no finalizaba con la defensa ante el TOP o las Magistraturas, sino que continuaba después de las sentencias, sobre todo si éstas suponían la privación de libertad de los clientes. Eran los abogados los que los visitaban regularmente, no sólo para informarles de los recursos o las peticiones de libertad, sino también para asesorarles y ayudarles en la elaboración de los escritos de protesta y de las instancias para solicitar la mejora de las condiciones de vida en las cárceles. También servían de mensajeros de sus familias. A esta tarea le dedicaron especial atención algunos de los abogados ya citados del Partido Comunista. Desde José Jiménez de Parga, que fue el primero que lo logró, o Antonio Rato, que «se convertiría en un visitador habitual de los presos comunistas»,⁸⁸ hasta los jóvenes de los años sesenta y setenta, todos mantenían una relación con sus clientes que, en muchas ocasiones, iba más allá de la estrictamente profesional y no era sólo la militancia política en la misma organización la que originaba la identificación con los defendidos y sus familias, sino también la forma de entender la asistencia al cliente, la implicación en su vida y la cercanía personal lo que llevaba algunas veces a la amistad en que terminaba convirtiéndose la relación procesal.⁸⁹

Los abogados se dedicaban con total intensidad y sin limitación de tiempo a cubrir todas las facetas que se derivaban de su trabajo. La jornada laboral no tenía hora límite y en ocasiones comprendía «sábados y domingos». Algunos tenían el despacho en su propia vivienda, sobre todo en un primer momento, como fueron los casos de Jaime Sartorius, Ibarra Güell, Francisca Sauquillo, José Julio Ruiz Moreno, Rafael Bárez y tantos otros. «Vivíamos prácticamente para esto. Aquí hemos salido muchas veces a las doce de la noche. Las denuncias contra las detenciones ilegales presentadas cuando funcionaban los juzgados de guardia, que estaban abiertos hasta las doce de la noche, para presentar escritos a la una de la madrugada. No había horarios. Las secretarias tampoco tenían horarios y salían a la hora que fuera. Y luego los fines de semana, casi todos íbamos a las cárceles...»⁹⁰ Además, desde comienzos de los setenta, con el progresivo incremento de la conflictividad laboral, las necesidades de apoyo jurídico rebasaron su espacio geográfico de trabajo y tenían que viajar de una ciudad a otra para atender la enorme demanda que les llegaba, lo que les obligaría a colegiarse en varias provincias; en ese turismo procesal participaban tanto los veteranos como Rato, María Luisa Suárez, Manolo López, Peces-Barba, como los más jóvenes Cristina Almeida, José Luis Núñez, Aurora León, Fernández-Aceytuno, o el caso ya mencionado de Filomeno Aparicio, que estuvo colegiado en 7 provincias.

También realizaban otro tipo de actividades. Preparaban las plataformas y los escritos relacionados con las diferentes áreas de trabajo: los barrios, el derecho laboral o el TOP; la formación de cuadros para el movimiento obrero y el reclutamiento de su militancia. En algunos despachos se hacían regularmente seminarios de formación para que los enlaces sindicales pudieran manejar los rudimentos legales de la negociación colectiva. «Yo tenía una labor, con los responsables del partido... dábamos cursos de formación... de Escuela Sindical... una perspectiva básica de los elementos esenciales, del contrato de trabajo desde el punto de vista jurídico. Que supieran lo que era una hora extraordinaria, lo que no era. O sea, puro derecho básico para que luego en los conflictos que hubiera en la empresa el sindicalista nuestro, aunque no lo fuera oficialmente, supiera discernir y tuviera un mínimo de conocimientos, de lucidez, para analizar desde un punto de vista jurídico. Esto es una base técnica, nada más. Claro que llevábamos Comisiones Obreras a todas partes, como un instrumento movilizador del movimiento... Tienen que despertar la conciencia de la necesidad de que se organicen... Lo ibas explicando por pequeños grupos... que los jurados de empresa podían ser una basura o un instrumento útil... había dos fases del trabajo, una preparar el comportamiento en comisaría de los posibles caídos..., o sea había que inducir una versión errónea a la policía a través de los que van cayendo... para evitar caídas...»⁹¹

La formación se complementaba con las circulares que se remitían a los posibles clientes y con notas o carteles colocados en las salas de reunión: «¡Al que firme un finiquito le corto la mano!». Esa frase encabezaba en ocasiones las circulares que salían del despacho de Españoleto y su sentido también se explicaba: «A todo el mundo le gusta mucho el cartel que tenemos en nuestra sala de espera, y sabemos de más de uno que ha estado a punto de quedarse sin las dos manos. Pero aun así es preciso insistir más, porque las empresas, especialmente en la construcción, siguen haciendo firmar finiquitos en gran cantidad...». El documento continuaba explicando la utilización de las firmas en papeles en blanco, que solía hacerse al comenzar la relación laboral o al firmar la liquidación, que las empresas solían disfrazar con frases y subterfugios diversos y se insistía en las normas de actuación. «No firmar papeles en blanco; antes de firmar algo, si hay algo que no entiendes es necesario consultar antes con el abogado...»⁹²

La captación de militancia, a partir de la actividad y el asesoramiento laboral de los despachos, se generalizaría entre las diferentes organizaciones obreras. «El despacho de Capitán Vigueras, no es que fuera de UGT sino que eran el banderín de enganche para la UGT, en el sentido de que nosotros prestábamos un asesoramiento jurídico a determinadas grandes empresas y ese asesoramiento les permitía a los militantes de UGT en esas empresas conseguir afiliaciones porque con esa afiliación la gente tenía la seguridad de que iba a tener un buen asesoramiento jurídico.»⁹³

El funcionamiento fue cambiando con el tiempo, desde el incipiente igualitarismo inicial y la colaboración entre letrados hasta la organización colectiva tanto en el diseño de las áreas de trabajo como en su división, y alcanzó también a la distribución salarial igualitaria a todos los que trabajaban en los despachos fuera cual fuera su función. Ese funcionamiento venía en parte forzado por la necesaria ampliación de recursos humanos y en parte por la incorporación de los jóvenes cuyas ideas de trabajo colectivo estaban muy asentadas incluso por sus experiencias vitales en la universidad de los sesenta. Los rasgos colectivos se trasladaban también a las forma de organizar el trabajo en áreas y en una progresiva especialización procesal, aunque cuando la situación lo requería todos ellos podían atender asuntos en las diferentes instancias. «Yo creo que [en Cruz 16] ya había un poco de división del trabajo, es decir fundamentalmente el trabajo en Orden Público lo llevaba María Luisa y digamos que ella un poco lo distribuía.»⁹⁴

Los despachos, como ya hemos visto, surgían algunas veces por las indicaciones de las organizaciones clandestinas y otras por la propia iniciativa de los abogados, militantes o no. Y si en ocasiones los primeros gastos se cubrían con los escasos fondos que aportaban esos partidos y con el trabajo voluntario de sus militantes, en otras era con el esfuerzo económico de sus propios medios de financiación, partiendo siempre de los escasos beneficios que todos obtenían de su trabajo. De ahí que poco a poco la financiación de los despachos, desde el camino que marcaron los pioneros, fue adquiriendo también un sentido igualitario y partiendo de las primeras experiencias de Antonio Cubillo en Canarias y Antoni Cuenca en Barcelona, se introdujo el sistema de abonados, las llamadas igualas.

«Mi primer grupo de trabajadores abonados fue el de Hispano Olivetti. Empezamos con un duro al mes... pronto lo convertimos en veinticinco pesetas por trimestre... Eran unas 50 personas. En un inicio recogíamos el dinero directamente de la fábrica pero vimos que podían ser sancionados. Era peligroso. Decidimos hacer unos recibos nominales y yo me encargué de buscar a un cobrador que iba a los domicilios y cada tres meses cobraba la cuota... en algún momento llegué a tener 2.000.»⁹⁵ Cuando se trataba de juicios por despidos, «los casos perdidos no se cobraban y se cobraban los que se ganaban. Y cobrábamos el 10 por 100 y luego en los casos de los que estaban abonados me parece que pagaban el 5 por 100, la mitad».⁹⁶ En otros como en el Col·lectiu Ronda el porcentaje era del 15 por 100 y para los miembros del colectivo o los abonados bajaba al 10 por 100.⁹⁷ Aunque las formas de pago no variaban hubo algunas verdaderamente originales, como la que afectó a Albert Fina con el conflicto de la Harry Walker, donde fueron los propios trabajadores reunidos en asamblea los que decidieron la cuantía y la forma de pago, que el abogado barcelonés aceptó sin reparos.⁹⁸

De aquel modelo de financiación emanaba también la distribución salarial más o menos igualitaria que se fue imponiendo en todos los despachos y que en el caso de Atocha llegó al máximo nivel. «La verdad es que se ganaba muchísimo dinero, lo que ocurre es que teníamos una división verdaderamente comunista en el sentido literal de la palabra... Es decir nosotros teníamos un sueldo fijo para todos... que eso nos lo criticaban algunos compañeros, hasta las personas que estaban en la limpieza y que daban los números. Todos ganábamos lo mismo, pero aun así ahorrábamos dinero. Ganábamos mucho porque yo creo que ganábamos muchas cosas e íbamos a un tanto por ciento. Si se perdía no se ganaba nada y si se ganaba se cobraba.»⁹⁹

El modelo financiero también se hacía público para los clientes, que conocían todos los detalles del mismo. «En nuestra sala de espera hay un cartel en el que se explica... el funcionamiento económico de este despacho, incluyendo las cuentas de cada mes. Nosotros consideramos que en un despacho para trabajadores las cuentas tienen que estar claras. Aquí... somos un total de nueve compañeros que trabajamos como abogados y tres compañeros que trabajan como administrativos. Pensamos que en una sociedad justa cada uno debería cobrar conforme a sus necesidades pero mientras y ante las dificultades hoy por hoy... creemos que el criterio que en este momento debe guiarnos a la hora de establecer nuestro salario es el de igualdad absoluta.»¹⁰⁰

Como se puede deducir de todo lo anteriormente descrito, la expansión de los despachos por la geografía española pobló sus ciudades de laboralistas y penalistas que lejos de funcionar aisladamente, lo hicieron como una red que a su vez estaba formada por las diferentes redes que con mayores o menores efectivos formaron la diversidad de opciones ideológicas que se enfrentaron a una tarea común, la conquista de un Estado de Derecho. Ese esfuerzo común fue posible por la estrecha relación que fueron capaces de mantener durante los numerosos momentos de acción colectiva en el ámbito del derecho, a pesar de las reticencias a la hora de montar candidaturas unitarias en los Colegios de Abogados o de las diferencias que surgían cuando se organizaba la defensa procesal múltiple en determinados procesos en el TOP. Por encima de las diferencias, al final siempre permanecían los objetivos comunes y la propuesta de acción unitaria.¹⁰¹

Hasta la muerte del general Franco el movimiento de la abogacía democrática fue así capaz de crear formas de actuación colectiva en los diversos frentes de la lucha contra la dictadura, ya fuese en el movimiento obrero o el asociacionismo vecinal, enfrentándose a sus jueces, magistrados y fiscales de manera unitaria y por encima de las diferencias políticas e ideológicas que pudiesen separarlos. Llevaron al interior de sus colegios profesionales la lucha por la amnistía y por una Justicia democrática, al mismo tiempo que trataban de democratizar su funcionamiento. Fueron cerca de 1.400 los letrados que intervinieron ante el Tribunal de Orden Público en defensa de los que luchaban por las libertades democráticas, la mayor parte de los cuales forman también la amplia nómina de aquella red de abogados laboralistas que se extendió por toda España.¹⁰² El inicio de la Transición a la democracia abría para ellos una nueva etapa, tanto profesional como personal o política; detrás quedaban 35 años de compromiso ético con el ejercicio de su profesión y con la causa de los Derechos Humanos, cuya importancia en la conquista de la democracia todavía no ha sido medida en toda su extensión.

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Burlando la censura

De Ecos del Foro a la Gaceta de Derecho Social

A LA BÚSQUEDA DE UN ÓRGANO DE EXPRESIÓN: LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS Y LA RESPUESTA REPRESIVA DEL ESTADO

A finales de los años cincuenta, cuando la estrategia del Partido Comunista contra la dictadura estaba definitivamente asentada entre la militancia, su dirección trataba de movilizar a la clase obrera contra las consecuencias del Plan de Estabilización y se embarcaba en la aventura de lanzar la Huelga Nacional Política. En ese contexto, la necesidad de activar todos sus recursos de movilización y de ampliar la lucha a los sectores intelectuales y profesionales caló en el grupo de abogados que mantenían una organización clandestina en el Colegio de Abogados de Madrid y alentaban con diversas actividades la Asociación de Abogados Jóvenes. La importancia que el Partido confería al aparato de propaganda para la difusión social de cualquier acción política contra la dictadura les llevó a plantearse la elaboración de diversos periódicos y entre ellos uno dirigido al sector de la justicia. Nacía así Ecos del Foro, cuyo responsable sería Gregorio Ortiz Ricol, el impulsor de la célula de abogados comunistas en Madrid.¹ «Ecos del Foro nace de la célula que nosotros teníamos en el Colegio de Abogados y allí pues, con una multicopista... reproducíamos escritos. Se trataba de una hoja por las dos caras y unos artículos los escribía yo y otros los escribía Montesinos, éramos los que verdaderamente escribíamos... La Asociación de Abogados Jóvenes debía tener una afluencia en la calle para que la gente la conociera... que se conocieran las actividades que se realizaban en el Colegio de Abogados a favor de la democratización del país. En la redacción interveníamos fundamentalmente Antonio Montesinos y yo, yo se lo llevaba a Manolo López... y él decía “pero si esto es una chorrada” y yo le decía “pues participa tú en su redacción también...”.»²

Aquella iniciativa fue un primer intento de la abogacía democrática de disponer de un órgano de expresión donde plasmar sus propuestas en el ámbito del derecho, orientada hacia los profesionales pero enmarcada en la lucha general contra la dictadura y en la defensa de los trabajadores. Era una forma de mantener el contacto y el intercambio de ideas con los compañeros de profesión que compartían, desde otras tendencias ideológicas, las ideas sobre la justicia que motivaban su militancia en el Colegio de Abogados.

Los textos de aquella publicación clandestina los realizaban Gregorio Ortiz, Antonio Montesinos y Luis Castillo Almena.³ Su impresión se realizaba en una multicopista que Manolo López tenía en su poder.⁴ La tirada alcanzaba los 700 ejemplares y el reparto lo realizaban también Ortiz y Montesinos, que los distribuían entre profesionales del Derecho, miembros de la Asociación de Abogados Jóvenes, jueces y magistrados y gente del movimiento obrero.

La consigna que acompañaba a su cabecera, «Amnistía para los presos políticos y los exiliados», era toda una declaración de objetivos y de intenciones políticas.⁵ También el subtítulo, «Portavoz de los abogados madrileños», estaba en línea con la estrategia unitaria y de ampliación de la base social e ideológica que preconizaba la dirección del PC. La publicación era coherente con los planteamientos unitarios que los abogados comunistas mantenían en sus actividades en el Colegio de Abogados. En cuanto al contenido de los artículos se alternaban los que tenían un carácter político con duras críticas a las consecuencias del Plan de Estabilización o el rechazo a la presencia del presidente de Estados Unidos Ike Eisenhower, con otros de índole estrictamente profesional que hacían referencia a los problemas de la abogacía: los que se referían a su oposición a la Ley de Tasas impuesta por el Gobierno, tema este que se repite en varios números; la oposición al decano Manuel Escobedo, apoyando un voto de censura y su sustitución con las nuevas elecciones en el Colegio de Abogados. Incluían también breves reseñas con noticias variadas y finalmente se recomendaba su difusión: «Una vez leído este Boletín pásaselo a otro compañero».⁶

Después de publicados cinco números, la experiencia llegaría a su final cuando Gregorio Ortiz fue detenido en febrero de 1960 con una parte del que sería el último número. A pesar de las torturas a que fue sometido resistió y solamente admitió ser el responsable del boletín. «Le trasladaron inmediatamente a la cárcel de Carabanchel, adonde llegó bastante maltrecho. Su comportamiento ante la político-social fue de suma entereza y firmeza. Se responsabilizó de la redacción de Ecos del Foro, de su publicación y reparto, y el grupo de abogados del PCE pudimos continuar con nuestro trabajo sin sufrir daño alguno».⁷ Conocida pues la resistencia de Ortiz Ricol y con parte de los ejemplares a salvo pendientes de distribución, los abogados debatieron qué hacer con el futuro del periódico. «Estaba pendiente de distribuir... Yo tenía en mi poder si no la mitad, sí una proporción importante... y ciertamente dijeron “lanzamos otros números”. Mi opinión fue que no se lanzaran más números porque, en definitiva, yo lo que pensaba es que este hombre había asumido la responsabilidad como único autor del periódico y... no procedía seguir publicando la misma revista... y si entonces lanzábamos otros números...»⁸ la policía podía centrar su atención sobre otros abogados, lo que podría poner en peligro la actividad de los restantes miembros de la célula de abogados. Finalmente decidieron abandonar momentáneamente aquella experiencia.⁹

La represión que había finalizado la pervivencia de Ecos del Foro no impidió que los abogados comunistas mantuvieran viva la idea de disponer de un órgano de expresión propio con el que transmitir sus ideas y sus planeamientos jurídicos frente a la legislación laboral del franquismo. Pocos años después, cuando el escenario general había experimentado algunos cambios y las condiciones se habían vuelto más favorables, iniciarían un nuevo proyecto informativo. A mediados de la década de los sesenta, las Comisiones Obreras eran ya una realidad estable en gran parte de los principales centros industriales españoles y preparaban su salida a la luz pública de manera generalizada, aprovechando la convocatoria de elecciones sindicales de 1966. En ese contexto, los abogados comunistas ya habían creado en Madrid su primer despacho laboralista colectivo en la calle Cruz 16, ya citado en el capítulo anterior. Allí coincidían los que habían alentado Ecos del Foro con José Jiménez de Parga, del que partiría la iniciativa de editar una revista, idea que venía rondando la cabeza de todos ellos desde la creación del despacho. En esta ocasión tratarían de hacerlo aprovechando los resquicios que ofrecía la legalidad franquista, que a finales de 1965, cuando fue solicitado el permiso para la publicación del nuevo boletín, estaba finalizando la elaboración de la Ley de Prensa e Imprenta promovida por el entonces titular del Ministerio de Información y Turismo, Manuel Fraga, y cuya puesta en funcionamiento, en marzo de 1966, formaba parte del maquillaje político emprendido por la dictadura a comienzos de los años sesenta. Esta ley serviría para enmarcar los límites de la apertura franquista dentro del ámbito periodístico y de ella dependerían la viabilidad de publicaciones como la que planteaba Jiménez de Parga, quien vería como su iniciativa pasaba la primera prueba con el correspondiente permiso y comenzaba su andadura por el proceloso ámbito de la legalidad que suponía la nueva censura implantada por Fraga Iribarne.

Así, en marzo de 1966, con el depósito legal correspondiente, veía la luz el primer número del Boletín de Información de Legislación Laboral que dirigiría el mismo Jiménez de Parga.¹⁰ «Montamos el primer boletín de información que se hacía para informar a los trabajadores de sus derechos...»¹¹ La revista se vendería al precio de diez pesetas y se promovía la suscripción de socios para remitirla a todos los interesados en los diversos temas del derecho laboral, profesionales de la abogacía y la Judicatura y también para los cuadros del movimiento obrero y los trabajadores en general. «Fundamos el Boletín de Información Laboral en Cruz 16 para distribuir por fábricas y talleres para orientar a los trabajadores acerca de los medios de lucha frente a los abusos de las empresas»¹² y «se procuraba distribuir en combinación con Comisiones Obreras, que era la que se encargaba de llevarlo a las empresas».¹³ El consejo de redacción del Boletín lo formaban los miembros del despacho José Jiménez de Parga, Antonio Montesinos, José Esteban, María Luisa Suárez y también Manuela Carmena y Manuel López. Este último colaboró con su firma en numerosos artículos. Entre todos decidían los temas a tratar, a los que añadían la información y las colaboraciones que les llegaban de otros abogados que se fueron incorporando a la revista.

Los objetivos del Boletín estaban directamente relacionados con la actividad que se desarrollaba en el despacho de Cruz 16 y por lo tanto se trataba de difundir aquellos elementos del marco de relaciones laborales que podían contribuir a la formación de los enlaces y trabajadores que tenían que enfrentarse a la negociación colectiva, lo cual requería familiarizarse con los términos y conceptos que se manejaban en la negociación de los convenios. «Era una labor de divulgación del derecho, orientar a los trabajadores acerca de lo que era un expediente de crisis, de lo que era un despido. En una época en que no había seguro de desempleo. No había más que una indemnización, que además no estaba tasada. Era al arbitrio del magistrado, que señalaba hasta un tope máximo las indemnizaciones.»¹⁴

El primer editorial recogía esas ideas: «...Ahora, ante la imperiosa necesidad de conseguir una verdadera justicia social, fuente de verdadera comunidad. Es ahora cuando nuestro Boletín de Información de Legislación laboral aparece con la intención de colaborar en la medida de lo posible a la consecución y logro de estos objetivos. Nuestro Boletín nace de una necesidad sentida por los que durante varios años venimos dedicándonos a la defensa de los intereses de los trabajadores... de una necesidad que cada día se hace más acuciante ante la complejidad de nuestro ordenamiento laboral y ante la suma de disposiciones y decretos», y el mismo Jiménez de Parga llamaba a la colaboración tanto a los colegas de profesión como a los mismos trabajadores en lo que venía a ser una declaración de intenciones respecto al papel formativo que aquella publicación debía tener para los líderes del nuevo movimiento obrero que a diario se encontraban con una legislación laboral adversa.¹⁵ Los abogados, en su trabajo cotidiano, veían las dificultades de los trabajadores para moverse por el entramado de unas leyes laborales que «no se cumplen ni se aplican porque son desconocidas por los trabajadores, de ahí la necesidad y la importancia de la publicación del Boletín».¹⁶ En coherencia con toda la experiencia de su trabajo profesional la revista se presentaba como un canal de comunicación permanente entre los laboralistas y los protagonistas de su trabajo procesal, y debería contribuir a vertebrar la lucha común por la justicia social y la democracia. Sus promotores no olvidaban tampoco la necesidad de articular a la abogacía democrática y tenían in mente la posibilidad de recuperar las propuestas de trabajo y organización unitaria que ya anteriormente habían tratado de construir con la Asociación de Abogados Jóvenes. De ahí que ya en el número cuatro plantearan la creación de una asociación que diese cabida a sus inquietudes en el ámbito del Derecho laboral, lo que por otra parte suponía también atender a sus legítimas preocupaciones profesionales y a la defensa de los Derechos Humanos en el marco del ejercicio profesional.¹⁷

A lo largo de todo el año los números fueron saliendo con la periodicidad mensual señalada y tanto los artículos de opinión como la información legislativa laboral o las noticias publicadas constataban el cumplimiento de los objetivos marcados por el primer número. El número de colaboradores fue creciendo paulatinamente con el paso del tiempo y se fue diversificando tanto en lo que se refiere a los abogados como a la participación de cuadros sindicales y dirigentes de las Comisiones Obreras. Además, aquella iniciativa de la abogacía madrileña pronto despertó el interés de letrados de otras provincias que rápidamente comenzaron a remitir trabajos desde diversas partes de España. En aquellas páginas coincidieron las ideas de dirigentes de Comisiones Obreras como Marcelino Camacho, Julián Ariza o el laboralista Nicolás Sartorius, con las reflexiones y análisis de las leyes que realizaban los abogados veteranos como María Luisa Suárez, Antonio Montesinos, Jiménez de Parga de Madrid; Fernando Sagaseta de Canarias; Antoni Cuenca, Montse Avilés y Albert Fina de Barcelona; Adolfo Cuéllar de Sevilla, y otros jóvenes que iniciaban su andadura por el Derecho laboral como José Luis Núñez, Manuela Carmena y Jesús Varela, o los ya no tan jóvenes Manolo López en Madrid y José Antonio G. Pericás en el País Vasco, que habían decidido finalmente incorporarse al mundo del Derecho laboral.¹⁸ El amplio colectivo de articulistas fijó su atención en los temas que más preocupaban al movimiento obrero en los años centrales de la década: la negociación colectiva, las horas extraordinarias, los contratos de trabajo, los despidos y las indemnizaciones, el derecho de huelga como instrumento de desarrollo social o la propuesta de creación de la Asociación Española de Derecho Laboral, para lo que se habían realizado reuniones de abogados en varias provincias. En sus páginas también tuvieron cabida algunos conflictos laborales que se desarrollaron en empresas como Perkins Hispania, los astilleros de Barreras de Vigo, la Bazán de Ferrol, Laminación de Bandas en Bilbao o la Babcock Wilcox, cuyo Jurado de Empresa mantuvo una tensa controversia con la dirección de la revista a causa de la firma del convenio colectivo.¹⁹ Esas referencias que solían recogerse en la sección «España laboral», junto a secciones como Jurisprudencia y legislación, en las que se reproducían y comentaban las leyes o las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Central, contribuyeron a ampliar la cobertura mediática entre los trabajadores y los sectores del laboralismo. Casi todos los números de la revista incluían la sección «Hemos leído para usted», en la que se comentaba las novedades bibliográficas de interés.

Una de las cuestiones que más espacio ocupó en los números editados fue el de las elecciones sindicales, que terminaría concentrando la animadversión del Gobierno y a la postre provocaría su definitivo cierre. Con los planteamientos programáticos y las ideas que habían motivado la aparición de la revista, era inevitable que su director y el equipo de redacción centraran su atención en la primera batalla sindical que se iba a producir entre las Comisiones Obreras y la Organización Sindical Española, las elecciones sindicales de 1966. El Gobierno estaba decidido a utilizar todos los recursos a su alcance para salir airoso del desafío que le planteaban las CCOO y, en su opinión, el Partido Comunista que las controlaba. El ministro José Solís participó directamente en aquella campaña propugnando su consigna «Vota al mejor». El Boletín también se implicaría directamente en aquella batalla sindical y política. En varios números, el 2, el 3, el 5 y el 6, los artículos de Julián Ariza que aconsejaban incluso la formación de «piquetes que garanticen al máximo la normalidad del proceso»,²⁰ los de Nicolás Sartorius, Doroteo Peinado o Manuel López sobre los jurados que suponían llamamientos a participar y a votar a la candidaturas unitarias, que como era conocido estaban promovidas por las CCOO, fueron acompañados de otros artículos donde se exigían garantías electorales, se insistía en la importancia de los jurados de empresa y se criticaba la suspensión de los cargos sindicales.²¹ Los editoriales de varios números entraban también con intención y compromiso en el tema y así pedían garantías y máxima libertad en el desarrollo del proceso electoral para decidir libremente y votar a los más representativos, exigían respeto para el derecho de reunión y señalaban su importancia en el «camino hacia un sindicato auténticamente representativo».²²

La claridad con que los miembros de la revista, y por consiguiente el colectivo de abogados que se suponía estaba detrás de ella, manifestaron su posición de apoyo a las Comisiones Obreras encendió las luces de alarma en el Ministerio de Información y Turismo, y desde la Dirección General de Prensa, en el mes de octubre, se comunicó a su director que se le incoaba un expediente administrativo por considerar que el contenido de sus artículos sobre las elecciones sindicales «extravasa los límites del objeto para el que fue autorizada la publicación». Jiménez de Parga presentó el correspondiente pliego de descargo argumentando su solicitud de sobreseimiento, que sería rechazada.²³ Finalmente el 11 de febrero de 1967 recibía la resolución de cierre definitivo del que la prensa daba cumplida información. «La Dirección General de Prensa ha suspendido la publicación de la revista Boletín de Información de Legislación Laboral dirigida por el abogado José Jiménez de Parga...» La noticia indicaba la causa principal de aquella decisión: «... implicará la caducidad del permiso todo cambio o modificación que se haga tanto en el contenido y orientación de la revista como en su aspecto material sin haber sido previamente autorizado por esta Dirección General. [...] el número de septiembre fue dedicado de modo extraordinario al tema de las elecciones sindicales en contra de la autorización del Ministerio a tal modificación. Hasta el momento se han editado 8 números del Boletín y en ellos han colaborados junto a especialistas en cuestiones jurídicas laborales destacados representantes sindicales...».²⁴

El mismo día Jiménez de Parga remitía una carta a todos los suscriptores: «Nos es muy doloroso comunicarles que, por resolución de la Dirección General de Prensa, se suprime la aparición del BOLETÍN... Durante varios meses hemos intentado cumplir con los objetivos que en el primer número nos habíamos trazado: orientar de una manera clara a todos los afectados por las normas laborales... la decisión por tanto de la Autoridad nos parece muy grave. El BOLETÍN DE INFORMACIÓN era, hasta ahora, una de las pocas publicaciones dedicadas a dar a conocer nuestra legislación laboral y a ayudar a los trabajadores en la consecución de sus derechos reconocidos por nuestras leyes... El BOLETÍN nació pues de una necesidad que no ha sido tenida en cuenta. Desde la fecha de su aparición hasta hoy nuestras relaciones con la Administración han sido normales. En el mes de mayo solicitamos se nos concediera un número extraordinario sobre la Seguridad Social, de 32 páginas, cosa que nos fue concedida. Asimismo pedimos la correspondiente autorización para que el número 5 constase de 32 páginas y que fuera dedicado a las Elecciones Sindicales. La autorización se nos negó y el número apareció con las páginas normales... posteriormente se nos abrió expediente disciplinario, al que contestamos. Y ahora, la Administración cancela la autorización concedida, sin referirse para nada al expediente y por distinto motivo... La ruptura de nuestras relaciones... nos crea una situación delicada, ya que obra en nuestro poder cierto dinero que nos adelantó al abonar la suscripción. Para resolverlo, hemos decidido tres fórmulas: devolverle el dinero sobrante; dejarlo en nuestro poder hasta la fecha de la nueva aparición o descontarlo del precio de futuras publicaciones que el equipo del Boletín está redactando. Esperamos confirmación en ese sentido». El texto finalizaba haciendo un llamamiento a mostrar la adhesión al equipo de redacción.²⁵

El posterior recurso de alzada igualmente sería desestimado en julio de 1967 y la experiencia, una vez más, finalizaba como consecuencia de la represión. «El Boletín duró pues nada, nueve números, porque Fraga cuando sacó la Ley de Imprenta, fue la primera revista que cerró.»²⁶ Como había sucedido con Ecos del Foro, parecía que la abogacía más comprometida políticamente no conseguía burlar de manera permanente el modelo de censura que imponía el entonces ministro de Información.

SORTEANDO LA LEGALIDAD FRANQUISTA: OTRAS FORMAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Pero no fueron ésos los únicos medios de prensa que en la década de los sesenta vieron la luz. En el intervalo de tiempo que va entre Ecos del Foro y el Boletín de Información surgieron nuevas experiencias a caballo entre lo periodístico y lo estrictamente profesional. Por un lado, desde algunos despachos comenzaron a difundirse unas circulares informativas dirigidas hacia los grupos sociales que formaban su clientela, fundamentalmente trabajadores, que también llegaban a los colegas de otras provincias. Por otro lado, en Madrid surgía Cuadernos para el Diálogo, una revista constituida legalmente que iba a dar a la abogacía democrática española mucho juego tanto en el plano político como en el ámbito profesional. Como veremos brevemente, serían dos tipos de propuestas diversas en cuanto a su tipología, alcance y funciones, aunque ambas con objetivos muy definidos que caminaron de igual forma por el estrecho filo de la legislación represiva del franquismo, navegando siempre al borde de una legalidad con la que chocarían en algunas ocasiones.

En 1963, desde el colectivo de abogados que se movían en el círculo de la democracia cristiana emergió una propuesta periodística, Cuadernos para el Diálogo, escorada profesionalmente hacia la abogacía y comprometida nítidamente con la defensa de los Derechos Humanos y la lucha por un Estado de derecho.²⁷ Promovida por Joaquín Ruiz-Giménez, su primer director, lo acompañaron en su fundación colegas como Gregorio Peces-Barba, Leopoldo Torres, Óscar Alzaga y otros que se incorporarían más tarde como Félix Santos, que dejaría el despacho de Sartorius y Jiménez de Parga para dirigir la revista.²⁸ Planteada como una revista de información política que, aunque ideológicamente mostraba una clara tendencia hacia las familias democristianas, rechazaba comportarse como un «coto patrimonial de un grupo y, aun más, trinchera de un club ideológico o de una bandería de presión... Solo tres cualidades se exigen para lograr presencia activa en estas páginas: un mutuo respeto personal, una alerta sensibilidad para todos los valores que dan sentido y nobleza a la vida humana y un común afán de construir un mundo más solidario y más justo. Intento, ciertamente, tan elemental como difícil. Quienes inician esta aventura del espíritu tienen clara conciencia de los obstáculos de diversa índole —públicos y privados, institucionales y afectivos— que es preciso superar y de las condiciones básicas e insoslayables que se requieren para que exista un diálogo serio y auténtico, sobre todo en el plano estrictamente político...». El leivmotiv de la revista se filtraba con nitidez tras las sosegadas palabras de su primer editorial, que reconocía las dificultades y clamaba «por un diálogo inteligente y generoso con otros hombres... Sus páginas quedan abiertas a cualquier español... o simplemente hombre de recta intención y no importa de qué color o lengua, que tenga algo significativo que contar, enjuiciar o proponer... sobre la vida colectiva aquí y ahora en un clima de libertad responsable, de sincero aprecio a la dignidad humana y a sus derechos y deberes irrenunciables y de servicio al bienestar común».²⁹ Nacía como un foro abierto a la pluralidad de plumas, que a lo largo del tiempo iría desplazándose hacia posiciones más progresistas, lo que incluso provocaría una fractura en el grupo democristiano. Esa deriva moderadamente izquierdista facilitó también la presencia en sus páginas de miembros de toda la oposición democrática, tanto del ámbito de la abogacía como del sindicalismo, lo que no dejaría de ocasionarles problemas con la censura.³⁰ Igualmente sus contenidos fueron adquiriendo un mayor compromiso conforme fue avanzando la década de los sesenta y entre sus colaboradores fue aumentando la presencia de abogados de las diferentes opciones ideológicas y allí junto a los habituales demócrata cristianos como Leopoldo Torres, José M.ª Gil-Robles y Gil Delgado, coincidieron socialistas y comunistas. Pablo Castellano, Peces-Barba, Enrique Barón, Enrique Múgica, J. M. Benítez de Lugo, Carlos García Valdés, José Ramón Recalde, Nicolás Sartorius, Cristina Almeida, Manuela Carmena, Paquita Sauquillo, José M.ª Mohedano, Juan María Bandrés y otros muchos que, unidos por el trabajo procesal común, intervenían con frecuencia ante el TOP o las Magistraturas de Trabajo en defensa de los trabajadores. Aquella presencia tan amplia suponía también un incremento de la temática jurídica laboral en el contenido de los artículos: «La permanente defensa de los Derechos Humanos; el reconocimiento de la libertad y la objeción de conciencia, la supresión de las Jurisdicciones Especiales, en particular la militar y la de orden público; el reconocimiento del estatuto de los presos políticos».³¹ Otra de las líneas más frecuentadas por los abogados era la de los diferentes aspectos relacionados con las relaciones laborales: elecciones y derechos sindicales, de asociación, reunión y huelga, la conflictividad laboral y las consecuencias represivas que se derivaban de ella. Conflictos como los de Granada, San Adrián del Besós, Standard, la huelga general de Vigo o la de Bazán de Ferrol, que supuso el secuestro del número correspondiente del mes de marzo de 1972.³² Otros temas que se repetían con cierta frecuencia estaban más centrados en problemas profesionales como la democratización del Colegio de Abogados de Madrid y sus elecciones o el histórico Congreso de la Abogacía de León.³³

Desde los primeros números de Cuadernos para el Diálogo, los instrumentos represivos encargados de controlar los medios de comunicación social se activaron ante una iniciativa que nacía con intenciones muy definidas y que no podía contar con la bendición de la dictadura porque las personas que la auspiciaban despertaban la desconfianza del núcleo duro del poder franquista y porque tampoco gozaban de las simpatías políticas del titular del Ministerio de Información, Manuel Fraga. La lenta evolución de la revista, tanto por su línea editorial como por los temas tratados o por la tipología de los colaboradores, pronto la colocaría en el punto de mira de los censores. Desde el Ministerio comenzaría una vigilancia especial y con la puesta en funcionamiento de la Ley Fraga sería sometida «a un detenido seguimiento a través de los informes de lectura realizados por su servicio técnico jurídico y por la Delegación Provincial de Madrid». El control del Ministerio tuvo efectos directos sobre la estabilidad de la revista y notas como la que sigue aparecían periódicamente en la prensa española: «Nuevo expediente al director de Cuadernos para el Diálogo... El expediente se basa en haber publicado en un reciente número dedicado al sindicalismo una encuesta que incluye determinadas manifestaciones de los trabajadores Manuel García Ross, Juan Alamillo Cuesta y Eduardo Saborido Galán que, a juicio de la citada Dirección General, pueden suponer infracción del artículo segundo de la vigente Ley de Prensa en lo que se refiere al debido respeto a las instituciones en la crítica de su acción política y administrativa; haber publicado también determinadas manifestaciones de don Enrique Tierno Galván que podrían suponer igualmente falta de acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional al desprenderse de ellas que se está proponiendo indirectamente el establecimiento de un sistema de partidos políticos y finalmente por haber publicado diversos párrafos en un informe titulado “Pasado, presente y futuro de la Organización Sindical” que a juicio de la Dirección General de Prensa pudiera lesionar el citado artículo segundo...».³⁴ Un reguero de expedientes con sanciones y multas frecuentes, retirada de artículos y secuestros de números jalonaron el recorrido de la revista desde la segunda mitad de los sesenta hasta 1976, con los correspondientes retrasos y perjuicios económicos que, sin embargo, no fueron capaces de evitar que acompañase durante todo ese tiempo a la oposición política en el camino hacia la democracia.³⁵

La abogacía dispuso también de la posibilidad de utilizar Triunfo, otra revista de información general que, algunas veces, prestaba atención a los problemas derivados de la actividad procesal de los abogados. A partir de los primeros años setenta, letrados como Pablo Castellano, Cristina Almeida o Alfonso de Cossío se asomaron a sus páginas, en las que también algunos periodistas como Guillermo Díaz-Plaja, Manuel Vicent, Luis Carandell o Fernando Lara ejercían de aliados ocasionales de las luchas de la abogacía y realizaban informes sobre sus actividades, sus colegios profesionales y sus congresos, así como de la represión que ejercía el Estado contra ellos.³⁶

Otra experiencia que iba a tener continuidad en el tiempo emanaría de los mismos despachos laboralistas, en este caso con un claro compromiso sociopolítico, lo que implicaría también un mayor riesgo personal para sus promotores. Se trataba de unos boletines o circulares de información que regularmente los letrados remitían a sus clientes y colegas especializados en el Derecho laboral. Uno de los primeros despachos que lanzó estos boletines fue el de Fina y Avilés. «Desde el comienzo de nuestras actividades profesionales —en 1960— siguiendo el ejemplo de otros laboralistas vamos a comenzar a editar y enviar a nuestros clientes unas circulares mensuales primero y después trimestrales, donde se informaba de las normas referentes a las relaciones de trabajo. El texto de la circular no tenía el lenguaje jurídico y estaba escrita de manera comprensible al mundo de los obreros... no se trataba exclusivamente de temas jurídicos sino que también se hacía referencia a otros tema de calado social y político.»³⁷ Aquel boletín lo coordinaba Albert Fina y colaboraban los miembros del despacho: «Albert lo debía de hablar con Montserrat, pero era él quien nos planteaba: “Mira, podríamos hablar de esto y de lo demás allá y tal” y, bueno, normalmente le decíamos que sí y si había alguna cosa de noticias o de sentencias o de casos o de conflictos, esto también servía para informar porque no había otra forma... y, después de derechos ¿no? Y, entonces, esto se pasaba a máquina y se debía ciclostilar y se enviaba por correo o venían a recogerlo y los repartían y, en principio, nosotros entendíamos y, además, yo creo que teníamos razón, que no era una propaganda ilegal porque venía firmada como una comunicación de los abogados a sus... abonados... la circular molestaba al régimen, obviamente, que para esto también se hacía, claro, para informar, porque informaba de lo que no querían que se informase... de una manera muy sutil... se decía...: la Carta de los Derechos Humanos dice tal cosa... En fin, siempre se introducían elementos sobre las libertades... no recuerdo que en la sala de espera hubiese, pero podría haber habido y me parece que se enviaba por correo a todos los abonados individuales, porque claro los abonados tenían ficha».³⁸

Los contenidos de aquel boletín siempre tenían una carga política: «DERECHO DE REUNIÓN. Hoy nadie niega teóricamente el derecho que tiene cualquier persona a reunirse y por tanto —teóricamente, repetimos— no se niega el derecho a los trabajadores a reunirse... no obstante en algunos países, a pesar de dicho reconocimiento teórico, se encuentra de hecho prohibido tal derecho y no se permite, en beneficio de la empresa, que los obreros se reúnan libremente y traten sus problemas... En aquellos países donde esto ocurra ha de ser una exigencia también de los obreros la posibilidad de reunirse.»³⁹ Opiniones similares se reproducían sobre los derechos de los detenidos, el sindicalismo o sobre los conflictos laborales, se informaba sobre las detenciones de obreros o se criticaba la creación de un nuevo juzgado de Orden Público. Este tipo de textos eran habituales en aquella circular y no es extraño que ocasionaran más de un problema a los titulares del despacho.

Para algunos abogados madrileños la Circular de Fina y Avilés era vista como un modelo a seguir, sobre todo después de las fallidas experiencias protagonizadas por Gregorio Ortiz y José Jiménez de Parga. «En ese boletín, nosotros en Madrid leíamos con envidia sentencias dictadas por la Magistratura de Trabajo de Barcelona, que tardamos mucho en importar a Madrid.»⁴⁰ Lo lograrían a comienzos de los años setenta con la creación de los despachos de Españoleto y de Atocha y sobre todo con la creación en 1970 de la Gaceta de Derecho Social, con la que, con otro carácter y con una mayor difusión, recuperarían la vieja idea de la abogacía madrileña y que, como veremos más adelante, se convertiría en una revista de referencia en toda España para los despachos especializados en el Derecho laboral.

Desde el comienzo de la actividad del despacho que dirigía Cristina Almeida en Españoleto se publicaría la Circular Informativa de la Asesoría, de gran interés sindical y político. Consistía en cuatro páginas mecanografiadas que se imprimían en multicopista y se remitían quincenalmente a los clientes y a los cuadros de las Comisiones Obreras. En el primer número de 1972 presentaban los objetivos de la Circular y los rasgos de funcionamiento del despacho: «Como sabéis, este despacho comenzó a funcionar en abril de ese año, como una nueva experiencia para atender mejor el asesoramiento y defensa de los trabajadores. Cuando comenzamos no queríamos que este despacho se quedara solo en un aumento de abogados, en una sala de espera más grande o una mayor comodidad para todos. Queríamos principalmente mejorar nuestra forma de trabajo como despacho colectivo y lograr una mayor compenetración entre abogados y trabajadores... Esta hoja de información, que procuraremos que aparezca cada 15 o 20 días, quiere servir en parte a este propósito. Aquí sacaremos, junto a los problemas concretos que afectan a los trabajadores, las leyes que vayan saliendo y que interese conocerlas, lo que nosotros pensamos de nuestro trabajo... asuntos que llevamos, noticias e información... Esperamos que estas circulares os interesen y que los defectos que veáis nos los digáis claramente, para que así podamos todos hacer las cosas mejor, que es de lo que se trata...».⁴¹ A lo largo de los siguientes números, cumplirían con lo prometido y centrarían su atención en los temas relacionados con los problemas laborales, las normas de actuación en el marco de las relaciones laborales dirigidas hacia los trabajadores, la negociación colectiva o el conocimiento de la legislación laboral, los derechos, las demandas y las sentencias.⁴² También daban información sobre otros despachos de Madrid y de las diferentes áreas de trabajo a que se dedicaban: barrios, laboralismo y Colegio de Abogados e informaban incluso de la financiación del despacho: «En nuestra sala de espera hay un cartel en que se explica más o menos el funcionamiento económico de este despacho, incluyéndose las cuentas de cada mes. Nosotros consideramos que en un despacho para trabajadores las cuentas tienen que presentarse claras...».⁴³ Algo similar se realizaba en el despacho de Atocha 49, que dirigía Manuela Carmena, donde editaban las Hojas Informativas de la Oficina de Información Laboral, que se ocupaban de los mismos temas y tenían el mismo sentido sociopolítico y la misma difusión que el anterior.⁴⁴ Sus autores también eran plenamente conscientes del peligro de su edición, que bordeaba la legalidad: «Las circulares cada vez que teníamos un rifirrafe con la policía pues... no les gustaban, pero bueno tampoco eran subversivas, es decir entonces les decíamos que eran circulares para los clientes y eran... En algún caso alguna circular llamó la atención, pero en fin tragaron con las circulares... poníamos un precio, dejábamos un fajo y una cajita y al final de la tarde las que ya no estaban más o menos equivalían al dinero que habían dejado, pero más que nada era una coartada para decir que no eran propaganda, que eran información técnica para los trabajadores».⁴⁵

Estos boletines de información laboral pronto se extendieron por toda la geografía española. Como el de Aragón: «Me parece que se llamaba Hoja Informativa del despacho. No tenía depósito legal, la mandábamos por correo y dábamos información, a veces en la propia sala de visitas colocábamos carteles con información, hasta dibujos y chistes, cosas como “nuevo convenio, aquí lo tienes, no te lo lleves, si quieres alguna información pídela”»;⁴⁶ el que editaba el Col·lectiu Ronda en Cataluña: «Iba dirigida a todos los abonados... al menos hacíamos diez mil... y después dejábamos en las salas de recepción y, además, siempre quedaba un depósito de treinta como mínimo para poder regalar después... Al principio debíamos de hacer dos o tres mil y hasta que llegamos a los diez, doce mil, porque entre Mataró y Barcelona, pues no sé, no está mal el grueso de abonados que teníamos».⁴⁷ O más tarde el colectivo de abogados laboralistas básicamente del PSUC, que editaba otro.⁴⁸ Todos ellos informaban sobre huelgas, elecciones sindicales, negociación de convenios, juicios en Magistratura o ante el TOP, o trataban cuestiones políticas como la lucha por la amnistía, la democratización de los colegios de abogados y otros temas que interesaban al movimiento obrero y a la oposición política. En ocasiones, en algunos colegios profesionales, la abogacía democrática lograba introducir artículos y noticias de carácter político laboral críticos con el Régimen.⁴⁹

Hay que indicar también que durante todo este tiempo la prensa clandestina comunista, que era la que más circulaba por los ámbitos de la oposición democrática y sobre todo por las factorías españolas, daba cumplida cuenta del papel de los abogados y de su posición ante todo aquello que afectaba al movimiento obrero, aunque evidentemente esta prensa tenía una difusión limitada y no era suficiente para cumplir los objetivos mediáticos de la abogacía en su lucha contra los instrumentos jurídicos represivos de la dictadura, si bien los abogados no dejaban de reflejar en ellos los grandes conflictos laborales, la actividad en los colegios profesionales, la huelga de abogados y los grandes procesos en el TOP y en las Magistraturas de Trabajo.⁵⁰

REBASANDO LA CENSURA. LOS DESPACHOS LABORALISTAS Y LA «GACETA DE DERECHO SOCIAL»

Aprovechando los resquicios que dejaba la legalidad franquista, el colectivo de abogados del Partido Comunista en Madrid en 1970 se planteó iniciar una nueva aventura editorial: «Nosotros montamos la Gaceta de Derecho Social. Durante un tiempo cada despacho ponía una cantidad para la Gaceta. Nosotros lo hicimos todo, es decir alquilar el sitio, todo. Crear la Gaceta fue una decisión que tomamos los despachos, de poner un dinero y de montarla y de escribir. Fue una decisión política de los despachos. Todos dijimos, como línea del Partido, vamos a crear esto para que estén Fulano y Mengano y Zutano. Es decir, que no hicimos una cosa para nosotros sino que hicimos una publicación en la que queríamos que estuvieran todos. Pero la idea fue nuestra y la primera financiación fue nuestra... Todo lo hicimos nosotros sin perjuicio de que después implicamos a toda la gente próxima de los distintos despachos».⁵¹

Otro de los que inicialmente tomaron parte en la decisión de poner en pie aquel proyecto que caminaría siempre bordeando la legalidad fue Manuel López. «La Gaceta de Derecho Social la creamos seis personas que pusimos mil pesetas cada uno... La mayoría de las reuniones las hacíamos en casa de Manola (Carmena), luego pusimos de director a un chico que se llamaba Miguel Ángel Pando para que no se notara demasiado que éramos nosotros y después pasó a ser de Comisiones... los primeros números los hicimos, éramos un grupo muy reducido... yo casi siempre escribía con pseudónimo porque es que era un vida muy complicada... eras abogado y militante del PCE.»⁵²

Finalmente el primer número de la Gaceta se ponía a la venta en septiembre de 1970 con un consejo de redacción formado por Carlos García Valdés, Elvira Landín, Elvira Posada y Juan Lozano, y como director el mencionado Miguel Pando. El primer editorial marcaba los objetivos y el tono jurídico, laboral y político de la revista, que presentaba una gran similitud con las ideas, los objetivos e incluso la estructura formal que anteriormente había intentado consolidar el laboralismo madrileño desde las páginas del Boletín de Información de Legislación Laboral. «Interpretar una nómina, preparar un convenio, [...] conocer la legislación laboral... son cuestiones que forman parte de la vida diaria de los trabajadores. Al mismo tiempo la realidad laboral es el objeto de una continua y cambiante legislación, cuyo conocimiento se hace difícil, tanto por la dispersión de las normas como por sus contradicciones. La tarea de interpretar, divulgar y explicar acentúa, por lo tanto, su importancia en este contexto, más aun si se tiene en cuenta que una proporción cada vez mayor de trabajadores entra en la esfera del Derecho del Trabajo por la misma evolución socioeconómica y la dinámica de la contratación colectiva. Gaceta de Derecho Social nace intentando ser un instrumento eficaz de ayuda, divulgación e interpretación de la problemática laboral... que quiere dirigirse a los problemas concretos de la clase trabajadora, individual y colectivamente, aportando una información jurídico-laboral, con un tono al mismo tiempo práctico y profesional...»⁵³

La revista fue cumpliendo sus objetivos con sus lectores y suscriptores en los primeros años y con más o menos dificultades continuó su andadura. Por ella pasaron abogados de diversas tendencias como Juan Canet, Fernando M. Randulfe, Cristina Almeida, Jesús G. Varela, Manuela Carmena, Rafael Saraza, José Luis Núñez, José Jiménez de Parga, Enrique Barón y los más habituales Elvira Landín, Manuel López o Carlos G. Valdés. Sin embargo, una parte de los colaboradores del grupo promotor tuvieron que atender otras tareas y problemas derivados de su actividad profesional o de su militancia. Por un lado, la expansión de la red de despachos y la edición en ellos de las circulares informativas y por otro, el enfrentamiento de los abogados con el TOP por el conocido procesamiento de Manuel López, que ocasionó numerosas sanciones, provocarían problemas de edición que se solucionarían algo más tarde.

Poco a poco, unos fueron abandonando sus páginas y otros fueron incorporándose para iniciar una nueva etapa a mediados de 1972. El número 14 de julio de 1972 ofrecía un consejo de redacción renovado y ampliado y se hacía un llamamiento: «Superada la época artesanal iniciamos una nueva etapa... GDS necesita el apoyo incondicional de todas aquellas personas relacionadas con el extenso campo del Derecho Social y a ellas apela en busca de suscripciones».⁵⁴ También desde los despachos madrileños se llamaba a contribuir a mantener la Gaceta: «...Los que habéis venido varias veces al despacho estaréis acostumbrados a ver encima de la mesa una revista que se llama Gaceta de Derecho Social; algunos la habréis comprado, otros estaréis suscritos, otros tan solo la leéis mientras esperáis y luego la dejáis encima de la mesa. Los que venís por primera vez es posible que no la conozcáis y os preguntéis qué es esta revista. [...] Esta revista que sale hace más de dos años podría servir para dar a conocer y explicar a los trabajadores sus derechos, las leyes que se van promulgando y en general todo ese mundo complicado de las Magistraturas, las reclamaciones laborales, etc. La Gaceta tuvo al principio que hacer frente a muchas dificultades, hubo meses que no salía a tiempo... Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que había muchas cosas que cambiar y responsabilizar de la revista a personas especializadas... Y de nuevo... vuelve a salir. Es nuestra intención que en la revista aparezcan artículos sobre Cataluña, Galicia, el País Vasco, Valencia, etc.; pues a los trabajadores y a sus abogados les interesa conocer otras experiencias... pero puesto que una revista de este tipo, sobre asuntos laborales, no es un negocio, como otros periódicos y revistas, por eso para que salga es necesaria la ayuda de todos los trabajadores. Y esa ayuda puede ser de muchas formas: comprándola, vendiéndola o dejándosela a otros compañeros, suscribiéndose para recibirla mensualmente en casa... también necesitamos que nos digáis si os gusta o no, si hay cosas que se entienden o no interesan, si habría que hablar de otros asuntos... en fin, sugerencias y colaboraciones».⁵⁵

La revista se profesionalizaba con un nuevo director, Antonio Ivorra, una redacción muy amplia y plural de periodistas y abogados entre los que estaban Enrique Barón, Pablo Castellano, Gregorio Peces-Barba, Félix Santos, Francisco Gor, Tomás Duplá, Carlos G. Valdés. La nómina de corresponsales permanentes la formaban Elvira Landín desde Galicia, Pedro Ibarra desde el País Vasco, Manuel del Hierro desde Valencia, Albert Fina desde Cataluña, Adolfo Burriel desde Aragón, José M.ª Alonso Franch de Castilla León, y entre los colaboradores que frecuentaban las diferentes secciones encontramos a Nicolás Sartorius, Montserrat Avilés, Giménez Pericás, Ignacio Salorio, Rafael Bárez, Elisa Maravall: «Yo tenía un artículo fijo que salía en la revista que se llamaba Voy a juicio. Entonces me asignaron eso, a mí me parecía bien y entonces analizaba alguna norma que salía en el BOE y la comentaba».⁵⁶ La revista fue mejorando progresivamente tanto en su elaboración y edición como en la ampliación del número de páginas y de contenidos. Coexistieron las iniciales secciones como la de Jurisprudencia, en la que se comentaban y analizaban las leyes y las sentencias, con otras nuevas y con la aparición de las separatas especiales que trataban de manera monográfica algunos temas. Al mismo tiempo iba mejorando su situación financiera con el incremento del número de suscriptores y con nuevos recursos periodísticos o nuevos profesionales del Derecho laboral, y sobre todo por su presencia en todos los centros industriales españoles. Ya durante la Transición volvería a ampliar su redacción y el número de corresponsales y colaboradores.

En esos años, abogados y sindicalistas de todas las tendencias convirtieron la Gaceta de Derecho Social en un foro de prestigio entre los profesionales del Derecho laboral, en un instrumento útil que servía para analizar y difundir todas las cuestiones derivadas de la negociación colectiva y la conflictividad que emanaba de ellas, las elecciones sindicales de 1971 y 1975 o las primeras de la democracia en 1978. Por sus secciones pasaron los grandes procesos judiciales contra los líderes del Movimiento Obrero como el Proceso 1001 o el de los 23 de Ferrol; la lucha por la amnistía durante la Transición; los dramáticos acontecimientos de Vitoria o el asesinato de los abogados del despacho de Atocha 55 en 1977. La unidad sindical; el proceso de construcción de la Confederación Sindical de CCOO desde la Asamblea de Barcelona hasta su primer congreso en 1978; la libertad sindical y la amnistía laboral tuvieron una amplia acogida en sus páginas, desde las que se puede seguir la historia de la relaciones laborales y la conflictividad social de la España de los años setenta.⁵⁷

11

Un trágico amanecer

Los asesinatos de Atocha y el alumbramiento de la democracia

EL ATENTADO DE LA calle Atocha 55 constituye, sin duda, uno de los momentos decisivos de la Transición política. De forma trágica, los abogados laboralistas, que en tan alta medida habían contribuido a construir valores democráticos, pagan un tributo de sangre en la encrucijada entre una dictadura que se resiste a morir y un nuevo sistema que está aún por definir, con una abierta pugna en la calle y en las esferas de poder acerca de su rumbo y sus límites. El acontecimiento ha quedado grabado como uno de los hitos de la memoria colectiva sobre la Transición y es de referencia obligada en la bibliografía sobre el período. El contexto inmediato en que se producen los hechos luctuosos y el significado que adquieren en un plano más general contribuirían a fijarlos como pieza clave del proceso de cambio político. Indirectamente, Atocha se ha convertido en recordatorio del papel desempeñado por los despachos laboralistas. La condición de abogados, su vinculación con el movimiento obrero y su militancia comunista constituyen datos inexcusables en cualquier relato de los hechos. En el fluido discurrir de la Transición, los límites del proceso de reforma política no están aún definidos y la legalización o no del PCE constituye en buena medida el principal indicador acerca de la homologación democrática de su desenlace. A su vez, los sindicatos de clase siguen siendo ilegales, pero su actuación es ya abierta y su presencia en las calles y en los centros de trabajo no deja de crecer, en tanto que el verticalismo juega sus últimas bazas, ya desesperadas, tratando de sobrevivir.

Lo sucedido en la noche del 24 de enero de 1977 en el número 55 de la calle Atocha ha sido narrado en varios documentales y encuentra reflejo profuso en la bibliografía acerca del período. Una de las víctimas, el superviviente Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, ha publicado un libro de testimonio, reflexión y memoria, gestado durante largos años. Quienes por entonces ostentaban cargos de responsabilidad no han podido eludir una ponderación de su influencia sobre el proceso político en curso. Y muchos otros que se sintieron concernidos por la barbarie criminal, como es el caso de los militantes antifranquistas y de los abogados laboralistas, dan cuenta en las entrevistas del fuerte impacto que la noticia tuvo en su momento.

Al filo de las diez y media de la noche, tres pistoleros irrumpieron en el despacho del primer piso de Atocha 55, reunieron en una misma sala a cuantos estaban presentes y abrieron fuego sobre ellos a sangre fría con la evidente intención de acabar con las vidas de todos. Abandonaron las dependencias dando por muertos a Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Serafín Holgado, Javier Sauquillo, Ángel Rodríguez Leal, Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Dolores González Ruiz, cuyos cuerpos quedaron formando una montonera de la que manaba sangre a raudales. Con heridas de gravedad, sobrevivieron, no obstante, los cuatro últimos, de modo que la reconstrucción de los hechos y la identificación de los asesinos pudieron ser realizadas con gran precisión. Si lo sucedido en aquellos trágicos minutos nos es muy bien conocido, la trama que rodeó al atentado y las posibles responsabilidades de instigadores que no fueron autores materiales han quedado en una zona de sombra sobre la que impidieron arrojar luz los resortes que la ultraderecha tenía entonces y conservó posteriormente en las estructuras del Estado. Ni la investigación policial ni el juicio llegaron a término satisfactorio para quienes pretendían conocer toda la verdad e incluso el castigo de los culpables directos fue incompleto, ya que uno de los asesinos encontró en el juez Gómez Chaparro suficiente comprensión como para obtener un permiso penitenciario que le permitió escapar antes del juicio.

Menos aún pudieron ser acreditadas las conexiones políticas y la intención última del atentado, a pesar de los ostensibles vínculos de sus perpetradores con el involucionismo de extrema derecha. En ningún momento son exploradas las líneas de investigación señaladas por los abogados de la acusación, que reclaman el interrogatorio del dirigente de Fuerza Nueva Blas Piñar, el considerado responsable de los Guerrilleros de Cristo Rey Mariano Sánchez Covisa y el policía Juan Antonio González Pacheco (alias Billy el Niño), cuya ejecutoria como torturador no le había impedido ascender a los niveles de máxima confianza en la cúpula policial. Por el contrario, una instrucción llevada a cabo por un juez proveniente del Tribunal de Orden Público y una investigación realizada por una Policía que mantiene al frente a los antiguos responsables de la Brigada Social, descarta sin más estas hipótesis.

Las víctimas concretas del atentado son fruto de un malhadado azar, puesto que caen sencillamente quienes están en el despacho a aquella hora de la noche, dándose la circunstancia de que su reunión ha sido cambiada de lugar y que no todos los citados habían llegado todavía, lo que facilitará que los cuerpos sean encontrados rápidamente cuando el primero de los rezagados llega y se encuentra la trágica escena. A su vez, los asesinos habían preguntado por una persona determinada: el líder de la huelga del transporte y militante de CCOO Joaquín Navarro, quien se había ido poco antes al concluir la reunión en la que tomaba parte. Pero si es fruto de una desafortunada casualidad quiénes sean las personas cuyas vidas son segadas o resultan heridas, no parece que el lugar elegido para cometer el crimen fuera aleatorio ni pudiera desconocerse el significado de un despacho de la naturaleza y relevancia del de los laboralistas de Atocha. Y, desde luego, sus repercusiones inmediatas y su trascendencia histórica obedecen precisamente a la representatividad, la militancia y la labor desplegada por los abogados, además de la coyuntura política en que se producen. Así lo expresa con notable precisión Alejandro Ruiz-Huerta:

Así fue el atentado en el despacho de Atocha, que segó la vida de cuatro abogados y un administrativo, todos vinculados a Comisiones Obreras y al PCE. Un atentado de una violencia terrible, que incluso fue visto también como una exageración por personas con vínculos ideológicos o políticos con la extrema derecha. Un atentado que puso de manifiesto el papel especial que jugaron los laboralistas en aquel tiempo de transición. En palabras de María Toledano «los despachos de abogados laboralistas, colectivo al que pertenecían los abogados de Atocha, fueron en la España convulsa de los años setenta, vanguardia de la conciencia crítica, al tiempo que consuelo y refugio para muchos».

El atentado de Atocha fue un golpe contra el corazón de la Transición. El propio despacho de Atocha era un símbolo especial en la lucha antifranquista y de asesoramiento a las trabajadoras y trabajadores; como también lo eran muchos otros despachos en Madrid, Barcelona y otras ciudades; eran islas de libertad donde los movimientos obrero y ciudadano fueron desarrollándose, preparando la que iba a ser inmediata incorporación a la vida pública en los procesos de legalización que se iban a abrir pocas semanas después del 24 de enero. El efecto multiplicador del atentado de Atocha en los medios de comunicación, en el boca a boca que se extendía ante el miedo a atentados similares o incluso más graves, fue el detonante de lo que iba a suponer el entierro de los abogados.¹

La tragedia visibiliza de forma dramática la existencia de los despachos laboralistas y los legitima ante la opinión pública. La revista Triunfo lo expresa en tono emotivo bajo el título de «Laboralistas. Una profesión callada», poco después del atentado:

Su labor es de las que no hacen ruido, pero contribuyen poco a poco a hacer la Historia. Sus nombres no se relacionan con las sociedades o los Trusts ni saltan a los titulares cuando estallan los escándalos financieros. No defienden a quienes tienen hoy por hoy el poder, sino a los que sólo tienen su propio trabajo que ofrecer. Sus ingresos son parcos en ceros, como los de cualquier trabajador. Pero no envidian el status de sus colegas, ni se quejan. Han asumido conscientemente su labor, con todas sus consecuencias y con todos sus riesgos. ¿También el de verse un día acribillados por las balas de unos enemigos del pueblo que, con un único fin, disparan hoy a siniestra, mañana a diestra?

Nos estamos refiriendo, claro está, a los abogados laboralistas. A los que pertenecían los asesinados y siguen perteneciendo los heridos del despacho madrileño de Atocha. Al informar de la matanza, un periódico tituló expresamente «Cuatro comunistas muertos». Luego se habló de la relación entre el despacho y Comisiones Obreras. La tragedia confería de ese modo actualidad a una de las profesiones que más han contribuido a la potenciación y clasificación del movimiento obrero durante la última etapa histórica de ese franquismo que parece agonizar entre estertores.²

AQUELLOS SIETE DÍAS DE ENERO

Dos relatos de primera mano pueden ofrecernos una idea precisa de lo sucedido en Atocha 55 en el corto lapso que media entre la irrupción de los pistoleros y la llegada de ambulancias y policías. En primer lugar, el recuerdo de uno de los supervivientes, Alejandro Ruiz-Huerta:

Aparecen estos pistoleros en el despacho, nos juntan en el hall, en un bosque de manos que recuerda a los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, nuestro pintor del dolor, preguntan por el líder de CCOO del transporte público, porque efectivamente había protagonizado esa huelga que se estaba acabando ya. Un hombre que había estado mucho allí en el despacho, Joaquín Navarro, que alguna noche se había quedado a dormir por miedo a las represalias, porque en el Sindicato del Transporte, en Madrid, en ese momento estaba en el Vertical, dirigido por la familia García Carrés, parte de la trama civil posterior del 23-F.

Total, que en ese momento no estaba este hombre, se acababa de ir. Sin plantear más referencias ni dirigirnos más la palabra, uno de los dos, porque hay un tercero que está protegiendo la salida (que luego fue puesto en libertad por el juez que tuvo una actitud realmente fascista con los asesinos, poniendo en libertad a uno acusado de cinco asesinatos consumados y cuatro frustrados), uno se va a recorrer los despachos, donde se carga teléfonos, etc., para evitar cualquier comunicación con el exterior y llega donde están los otros. Al salir de una habitación, estaba nervioso, porque era un chaval de 18 años, iba medio tapado con un anorak, se pega un golpe contra el quicio de la puerta y la pistola roza, se le escapa un tiro, la pistola roza su brazo y se pone a disparar a lo loco sobre los que estábamos allí. Creo que porque estaba reconociendo a Ángel Rodríguez Leal, el cual había estado esa mañana en el Sindicato Vertical. Yo recuerdo... no podré olvidar nunca esa imagen de Ángel, así con unos ojos, mirándole a Carlos García Juliá, al asesino, que en ese momento le disparó. Y fue el primero que cae, porque estaba a un metro de él, no estaba a más. Y entonces dispara a mansalva y el otro, el jefe de la «camada negra», que es como hace años se llamaba a ciertos grupos de extrema derecha y fascista, que va con la cara destapada, señal de que no le importaba aparecer como tal o de que no pensaba dejar sobrevivientes, dispara con toda su frialdad, tiro a tiro, a todos los que estamos ahí. Nos derriba por los suelos a todos y, cuando estamos en el suelo, vuelven a disparar a toda la cosa, trozo de pierna o brazo que se movía, con una frialdad y un salvajismo realmente terrible.

Yo tengo la suerte de que me tapan las partes vitales, yo recibo un impacto de bala que viene rebotada de un bolígrafo que tengo en el bolsillo de la camisa que me había dejado esa mañana Ángel Rodríguez Leal. Me hace una herida y me tira para atrás, me abrió un boquete en el esternón sin tocar el hueso. Yo caigo para atrás, y en esa riada de cadáveres y no cadáveres que caen encima mío, en el suelo me rematan, me dan 5 heridas, 5 disparos en la pierna. Y cuando ya se hace el silencio, que parece que se han ido, yo empiezo a ver a Luis Ramos que está llamando por teléfono, Miguel Sarabia que sale a la calle a pedir auxilio, y en ese momento llaman a la puerta, es un amigo nuestro asturiano, Luis, que venía a la reunión, que llega tarde y al que le digo «oye, nos han tirado una bomba». Luis siempre me dice que le dije que había sido una bomba. En el despacho había un rastro de sangre y de trozos de... una sensación absolutamente salvaje y bestial, y sale corriendo a avisar a la gente y poco a poco vamos saliendo a la luz, a la vida, y a partir de ese momento es cuando conseguimos salir del despacho poco a poco.³

Narrando su propia vivencia en tercera persona, el abogado Luis Menéndez de Luarca, el primero en llegar y encontrar a los compañeros con quienes iba a reunirse heridos o muertos, ofrece la perspectiva de la conmoción de la escena:

...ese abogado [se refiere a sí mismo] estaba en su despacho de barrios y estaba hablando de unos problemas, de una gente que la querían echar de la casa y luego tenía la reunión, se lo había dicho Luis Javier, hacia las diez de la noche y antes todavía pasó por la asociación de vecinos a decir que estuviesen preparados, que podía pasar de todo, pero calma [...] entonces le entretuvieron en la asociación de vecinos o camino del metro, salió hacia Antón Martín y llegó a aquel portal. La puerta estaba entornada, pero no había luz, subió andando porque el ascensor estaba estropeado y llamó y tardaron en... y de pronto oyó ruido, como una silla caer y entonces salió una voz «¿quién es?», «soy yo, Luis» y entonces abrieron la puerta y estaba allí Alejandro Ruiz-Huerta tumbado, tenía sangre en la frente y dijo: «Acaban de estar aquí los guerrilleros de Cristo Rey y tiraron una bomba», exactamente dijo eso. [...] cree que ha comenzado la noche de los cuchillos largos, hay que intentar alejarse de allí para pedir socorro, para dar la alarma, por ese teléfono no, a la policía no. Y salió, la escalera a oscuras y salió como un topo diciendo que lo iban a matar antes de llegar al portal porque tenía la idea de que era la noche de los cuchillos largos con que tantas veces habían amenazado [...] salió sobresaltado, buscando alejarse de la zona porque pensaba que por allí estaban los que habían hecho eso [...] y él coge el metro, desde la Telefónica llama a Antonio Rato y estaba tan sobresaltado que Antonio Rato llegó a pensar que estaba borracho [...] habla con Simón Sánchez Montero [...] Más tarde, hasta la madrugada, en el Juzgado de Guardia. Se dice que los fascistas están comenzando su noche, que si acaban de estar en un pub próximo, que si fueron a un hospital a rematar. Va con el juzgado a un hospital. Ve el cadáver de un compañero.⁴

El atentado de Atocha supone el punto crítico de una escalada de tensión y de violencia que amenaza gravemente el curso de la Transición política. La concatenación de los acontecimientos da aliento a las tesis del búnker, el sector inmovilista que pretende preservar el régimen franquista contra las reformas emprendidas por el Gobierno y que encuentra en el desorden y la incapacidad del Ejecutivo para controlar la situación sus argumentos para una intervención militar o un golpe de timón que preserve la dictadura en todo su rigor. Madrid es el escenario de una secuencia de actos de violencia política desestabilizadora. El domingo 23 de enero, una banda ultraderechista —la Triple A— asesina al estudiante Arturo Ruiz en el curso de una manifestación por la amnistía. Al mediodía del lunes 24, un policía causa la muerte de la también estudiante Mari Luz Nájera, al impactarle un bote de humo lanzado a corta distancia que le fractura el cráneo en una de las manifestaciones de protesta por el asesinato del día anterior. Esa misma noche, un comando ultraderechista comete los asesinatos del despacho laboralista de Atocha. A su vez, desde las antípodas ideológicas, los GRAPO intensifican su actividad apuntando directamente al Ejército y a los cuerpos policiales, lo que no hace sino reforzar las voces que claman por el acceso de los militares al poder. Al secuestro del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, en su poder desde el 11 de diciembre, los GRAPO añaden en la mañana del mismo día 24 de enero el del teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. El viernes 28, llevan a cabo dos atentados en los que caen muertos dos policías y un guardia civil, resultando heridos varios más. Si el entierro de los abogados de Atocha había dado lugar en las calles de Madrid a una imponente manifestación de duelo controlada por un eficaz servicio de orden desplegado por el PCE, los entierros de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado suscitan incidentes en los que se suceden las apelaciones al Ejército y las imprecaciones contra el Gobierno. Las acciones de los GRAPO sirven de hecho a la estrategia de tensión del sector más duro del búnker franquista al exaltar los ánimos en los cuarteles. Tratándose de un grupo que se encuentra infiltrado por una policía a su vez dirigida por fieles servidores de la dictadura, las hipótesis conspirativas cobran verosimilitud, aunque nunca hayan sido demostradas.⁵

El entonces ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, quien en sus memorias señala aquellas fechas como las únicas en las que vio peligrar la Transición que pilotaba el gobierno al cual pertenecía, reconocerá muchos años después: «Que la policía quería localizar a Oriol y Villaescusa estaba fuera de toda duda, pero que quisiera detener a los asesinos de los abogados laboralistas no estaba tan claro». Significativamente, la investigación del atentado de Atocha será sustraída al control del máximo responsable de la lucha antiterrorista, Roberto Conesa.⁶ De hecho, los asesinos permanecerán en Madrid tras el atentado, seguramente confiados en su impunidad, hasta que el cariz de las investigaciones los mueva a irse a Murcia y Almería, donde serán detenidos el 12 de marzo. Las conexiones entre el terrorismo ultraderechista y los aparatos del Estado son evidentes para el propio Gobierno, de modo que la dificultad no radica en averiguar la autoría sino más bien en asegurarse su captura y en delimitar hasta dónde pueden llegar las investigaciones. Resulta revelador que, según las anotaciones del ministro de la Presidencia y vicepresidente Alfonso Osorio, su compañero de gabinete y responsable de la cartera de Gobernación, Martín Villa, acertadamente apuntara de inmediato, en la misma noche que se produce el atentado, que el origen de los criminales era «la mafia del Sindicato de Transporte» del moribundo verticalismo. A nadie parece sorprender en aquel momento que en el seno de los sindicatos oficiales operen grupos de tal naturaleza.⁷ El tiempo traerá nuevas revelaciones acerca de los posibles vínculos del atentado. El descubrimiento en Italia de la existencia de la Red Gladio, cuya labor anticomunista descansaba sobre una estrategia de terror, introducirá un nuevo elemento, al señalar la presencia de un fascista italiano entre los autores, lo que supondría conectar el atentado de Atocha con la trama internacional del terror ultraderechista y con los servicios secretos que, a su vez, infiltraban dicha red.⁸ Obviamente, si las implicaciones más allá del Sindicato Vertical del Transporte nunca fueron investigadas, menos aún lo serían las conexiones con agentes extranjeros. Ni siquiera en 1990, cuando los secretos de Gladio salen a la luz y son creadas comisiones parlamentarias en Italia, Bélgica y Suiza, además de una resolución de condena del Parlamento Europeo, se produce en España intento alguno de esclarecer esta hipótesis.⁹

La voluntad de circunscribir las responsabilidades a un círculo reducido que dejaba fuera a las organizaciones de la extrema derecha resultará patente a lo largo de los tres años que transcurren entre el crimen y el juicio. Especialmente eficaz resultó a ese respecto la labor del juez de la Audiencia Nacional Rafael Gómez Chaparro. El antiguo magistrado del TOP bloqueó durante más de dos años cualquier iniciativa de la acusación tendente a indagar en las conexiones del atentado más allá de sus perpetradores directos y finalmente acabó siendo apartado del caso en abril de 1979, tras conceder a uno de los asesinos un permiso penitenciario que le permitió huir del país, con el resultado de que Fernando Lerdo de Tejada nunca llegó a ser juzgado por su participación en los hechos de Atocha.

Lo que acreditará tanto la investigación policial como la instrucción del sumario es que, si bien el búnker ha sido derrotado, conserva poderosos tentáculos en los aparatos del Estado. Pese a todo, la celebración al cabo de tres años del juicio, en febrero de 1980, y la sentencia de condena obtenida representan a una victoria parcial, en tanto que se establece como hechos probados la existencia de una conspiración tramada desde el Sindicato del Transporte y se califica lo sucedido como un delito de terrorismo. Por muy aberrante que pudiera parecer, los medios ultraderechistas habían alentado una justificación basada en el patriotismo de la motivación de los autores y el clima en que se celebró la vista no estuvo exento de incidentes provocados por ultras que campan a sus anchas y llegan a insultar a las víctimas.¹⁰

La acusación correrá a cargo de los abogados Jaime Sartorius, Antonio Rato, José Luis Núñez Casal, Cristina Almeida, José María Mohedano, José Bono y Jaime Miralles. Actúa también, en representación del Colegio de Abogados, José María Stampa Braun. Finalmente, la sentencia condena a los acusados José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a 193 años de prisión cada uno como autores materiales; al dirigente del Sindicato Vertical del Transporte Francisco Albadalejo Corredera a 63 años como autor intelectual; al excombatiente de la División Azul Leocadio Jiménez Caravaca a cuatro años por suministrar las armas, y a Gloria Herguedas, novia de Fernández Cerrá, a un año como cómplice.

EL DESPACHO LABORALISTA DE ATOCHA

En buena medida, el blanco elegido por los asesinos de Atocha resultaba emblemático de la naturaleza de los despachos laboralistas, que han llegado a ser tan numerosos. Al mismo tiempo, entre las víctimas se contaban abogados pertenecientes a otros bufetes, puesto que la reunión había sido convocada para coordinar la labor de asesoramiento al asociacionismo vecinal madrileño que llevaban a cabo miembros de diversos despachos. Se trata, por tanto, de los abogados de barrios pertenecientes al PCE, un colectivo de en torno a una veintena que, a su vez, asesora en Madrid a casi un centenar de asociaciones de vecinos. Entre quienes caen abatidos por las balas, pertenecen a Atocha Luis Javier Benavides, Ángel Rodríguez Leal, Serafín Holgado y Alejandro Ruiz-Huerta, mientras que Javier Sauquillo y Dolores González Ruiz forman parte del despacho de la calle Españoleto, Enrique Valdelvira ejerce en uno sito en la calle Magdalena, Miguel Sarabia en el barrio de Usera y Luis Ramos en Alcalá de Henares. Benavides trabajaba en los barrios de Ventas, Hortaleza y Vallecas; Sauquillo y Dolores González en Fuenlabrada, Vallecas, Móstoles y Alcorcón; Sarabia en Usera, Orcasitas y Villaverde.¹¹

Ligado a Comisiones Obreras y al Partido Comunista, el de Atocha es uno de los despachos de referencia de la abogacía madrileña antifranquista, tanto por la actividad que despliega en los frentes laboral, vecinal y colegial como por el planteamiento colectivo e igualitario con el que funciona. Nacido en el número 49 de la misma calle, su crecimiento llevará a desdoblarse abriendo sede también en el 55. Su titular, Manuela Carmena, lleva el peso del trabajo en el seno del Colegio de Abogados y es una exponente destacada del laboralismo. El despacho está a su nombre y al de Carlos del Río. Trabajan en él, además, los abogados Rafael Company, Javier López, Javier García Méndez, Julio Rodríguez, Pilar Bueno, Nacho Montejo, Antonio Doblas, Ángeles Ortiz, Fuco Antas, Nacho Cestau, Serafín Holgado, Javier Sainz, Julio Fernández Segura, Pablo Aramendi, Juan Carlos Fernández, Luis Javier Benavides, Ángel Rodríguez Leal y Alejandro RuizHuerta, y las administrativas Rosa Roca, Dolores Sancho, Pilar Rodríguez, Isabel García y Maloli Castro.

De acuerdo con los postulados ideológicos de sus integrantes, el despacho de Atocha funciona sobre bases igualitarias, sin jerarquías ni diferencias salariales. Planteando su labor como un servicio a la causa de los trabajadores, se pretende abolir la relación tradicional entre abogado y cliente, así como sustituir el trabajo individual por el trabajo en equipo. Contraviniendo las normas acerca de la quota litis que rigen en la abogacía española, se presta asistencia jurídica no remunerada tanto al movimiento vecinal como en los casos de materia laboral que no se ganan. Las remuneraciones de los miembros del despacho se fijan en función de las necesidades familiares de cada cual y considerando por igual la función de los letrados y la del personal administrativo. Coordinado, a su vez, con otros despachos, el de Atocha se ha especializado en atender a trabajadores de la construcción y el transporte. Manuela Carmena describe en los siguientes términos el funcionamiento interno por el que se rigen:

Nosotros teníamos una división verdaderamente comunista en el sentido literal de la palabra porque hasta las personas de la limpieza ganaban lo mismo, es decir nosotros teníamos un sueldo fijo para todos, incluidos —que eso nos lo criticaban algunas veces algunos compañeros— hasta las personas que estaban en la limpieza y que daban los números. Es decir, todos ganábamos lo mismo pero aun así ahorrábamos dinero, ganábamos mucho dinero porque yo creo que ganábamos muchos casos y nosotros ya sabéis que íbamos a un tanto por ciento, si se perdía no se ganaba nada y si se ganaba se cobraba un tanto por ciento, entonces se ganaba mucho dinero.¹²

El despacho sostiene una actividad frenética que se extiende desde la presencia en los tribunales por las mañanas hasta las reuniones nocturnas, tras haber atendido consultas de trabajadores a lo largo de la tarde. Para una parte de los abogados, los más jóvenes, la jornada se prolonga aún en los ambientes bohemios en torno a la plaza de Santa Cruz y sus aledaños, de modo que la actividad profesional se funde no sólo con la militancia política sino también con la vida social. Alejandro Ruiz-Huerta lo rememora en extenso:

La perspectiva organizativa: factor colectivo, fundamental. Nuestro trabajo en Atocha era colectivo. Aquí mezclo dos cosas: el del grupo de abogados de barrio y el de Atocha, porque hablar de laboralismo es las dos cosas. Los de Atocha trabajábamos en plan colectivo. Por ejemplo, en ese momento, a finales del 76 y principios del 77 trabajábamos por sectores profesionales dentro del mismo despacho de Atocha. Yo en concreto trabajaba con dos de los abogados que han salido de ahí (Manuela Carmena y Rafael Company). Trabajábamos juntos en un despacho colectivo que se especializó en la construcción y el metro de Madrid, dos sectores lo suficientemente amplios como para desarrollar un trabajo amplísimo. Podíamos tener entre cien y doscientas consultas todas las tardes [...] Recibíamos a cuadrillas completas de la construcción, tres o cuatro trabajadores que venían a que les sacáramos la liquidación de la obra. Llegaban a la puerta del despacho [...] Subían arriba, pedían un número a la secretaria correspondiente y bajaban a esperar, que se formaban las colas de autobús que subían hasta el primer piso del 49, en un edificio viejo, sin ascensor, con una balaustrada enorme y aquello estaba lleno de gente, era una cosa espectacular, doscientas o cuatrocientas personas perfectamente. [...] Y todos los días nos hacíamos trece o quince juicios perfectamente. En ese trabajo colectivo igual podía hacer la consulta yo, completarla Rafael Company y Manuela Carmena hacer el juicio, no era necesario que lo hiciese todo uno. Y, por supuesto, como último factor colectivo, el salario de los trabajadores de Atocha era común a todos los trabajadores: abogados, secretarias y la mujer de la limpieza (Rosa Roca, un símbolo espectacular, quiero recordarla como esas rosas del desierto, una mujer represaliada por el franquismo toda su vida). Todos esos, con la diferencia de una pequeña cantidad si tenías descendencia, hijos, cobrábamos exactamente lo mismo. Ese era nuestro compromiso profesional, político y de organización, que manteníamos ese carácter colectivo por lo menos hasta el 77.

El despacho de Atocha [...] lo crean Manuela Carmena, Carlos del Río, José Luis Núñez, Nacho Montejo... en la calle Atocha n.º 49, un despacho laboralista sin más, sin vinculación al movimiento ciudadano, que desarrolla su labor en plena ebullición permanente de todo ese esfuerzo de cientos de consultas lunes miércoles y viernes, montones de juicios y actividad judicial paralela, Inspección de Trabajo... Se amplía en el año 74 cuando entramos un grupo de tres abogados, Antonio Doblas, Luis Javier Benavides, que matan en Atocha, y yo mismo, que teníamos varios despachos marginales en Hortaleza, al norte de Madrid y en Vallecas, al Este. Ahí teníamos nuestro despacho en asociaciones de vecinos, de asesoramiento laboral y de movimiento ciudadano. Incorporamos todo ese aparato, ese grupo de actividades al despacho de Atocha, con lo que empieza a ser preferencia [no sólo] el trabajo sindical, sino también del movimiento ciudadano.

Evidentemente, un despacho con las condiciones a las que me he referido antes, del PCE y CCOO, colectivo, con una organización por sectores, salario igual, vinculación muy grande con la construcción... En Atocha trabajábamos mucho con los líderes de la construcción de CCOO, Tranquilino Sánchez y Macario Barjas, que eran una gente especialmente importante dentro del sector.¹³

Tras el atentado del 24 de enero, los despachos de Atocha y Españoleto quedan no sólo diezmados sino también desestabilizados en cuanto a su continuidad. En primer término, queda flotando el temor de que se repita la violencia fascista, hasta el punto de que se despliega un dispositivo de protección:

Después, durante por lo menos tres meses, Comisiones montó un retén de apoyo y de protección al despacho, y estuvieron viniendo abogados, obreros de las diversas ramas... sistemáticamente para protegernos. Que no sé muy bien qué protección hubiera dado, pero la verdad es que fue una cosa que la agradecimos muchísimo porque era una cosa pues enormemente entrañable. Siempre había cuatro o cinco de distintas ramas que venían para protegernos.¹⁴

Pero las secuelas abarcan otros aspectos, incluso en el terreno de la vivencia cotidiana:

De todas maneras, el tema de la matanza de Atocha fue un elemento que tuvo efectos muy desestructurantes, desde luego, en el despacho de Españoleto. Es decir, han matado a Javier, Lola está herida de muerte y Luis Ramos estaba herido de muerte. De los diez fundadores pues tres afectados ¿no? Entonces, ese clima de amigos, de hacer la vida conjunta, eso se rompió, fue un trauma tan gordo... Mi hermana, que estaba en Españoleto, pues era la novia de Luis Javier Benavides, es decir, fue un trauma muy fuerte ¿no? que a todos nos alteró mucho la vida.¹⁵

... el dolor, el miedo... muchas cosas afectan, ¿no? Afectan. Nos cortan. La convivencia, es decir, nos han matado a parte de nuestros compañeros y eso nos ha cortado una parte de nuestra convivencia. A unos les ha dado el miedo, a otro la sinrazón, y afortunadamente, lo único [...] es que ellos son artífices de lo más importante también, de la legalización del PCE, de la legalización de los sindicatos y del inicio de la democracia. Y yo creo que eso es lo único que nos hace reconocer que su muerte, por lo menos, no paralizó nada por lo que ellos habían luchado, sino que se había conseguido. Y creo que el mejor... el mejor homenaje que yo he sentido es eso, el que ellos nos dieron a nosotros la libertad y que su muerte significó la libertad de todos. Entonces eso es lo único que me ha compensado siempre el dolor de Atocha.¹⁶

EL REVERSO DEL TERROR: DEL ENTIERRO DE LOS ABOGADOS A LA LEGALIZACIÓN DEL PCE

La reacción ciudadana frente al crimen de Atocha 55 se convertirá en uno de los hitos de la Transición política. En especial, la impresionante manifestación de duelo a que dio lugar el entierro del miércoles 26 logra invertir la estrategia del terror otorgando a la repulsa por el atentado un sentido de clamor democrático. Las organizaciones ilegales en las que militan las víctimas se ven revestidas de un enorme refuerzo de legitimidad. La relación entre este episodio y la posterior legalización del PCE parece acreditada, a tenor de los relatos de algunos de los protagonistas del momento, que atestiguan el impacto que estos acontecimientos tienen en los cálculos del presidente del Gobierno.

La actitud inicial del Ejecutivo está marcada por las tensiones que de inmediato genera la forma en que han de ser velados y acompañados los cadáveres. Ni la habilitación de una capilla ardiente en el Colegio de Abogados ni la conducción de los cuerpos por las calles de la capital cuentan con el beneplácito del Gobierno, que aduce no estar en condiciones de garantizar la seguridad y expresa el temor a que se produzcan nuevos actos de violencia. Frente a la pretensión de restar visibilidad al duelo por las víctimas, se alzan tanto la actitud del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Pedrol Rius, como la firme posición de un PCE que está haciendo denodados esfuerzos por salir de la clandestinidad. Finalmente, las tensiones se resuelven con la cesión del Gobierno, que acepta no sólo la firme exigencia de Pedrol sino también la garantía ofrecida por los comunistas de que el partido asuma el servicio de orden. De este modo, una organización ilegal se muestra en condiciones de ejercer el control de las calles en un acto que congrega a una gran multitud, mientras el Gobierno se ha confesado incapaz de hacerlo.

En el Colegio de Abogados de Madrid, adonde afluyen numerosos letrados conmocionados por la noticia, el decano comunica la negativa del ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, a que sea instalada una capilla ardiente en sus dependencias. Jaime Miralles reacciona con la vehemencia y oratoria que le eran propias llamando a constituirse en asamblea permanente hasta forzar una rectificación del Gobierno, que finalmente cede. Manuela Carmena vincula directamente la actuación de Pedrol Rius (exponente del ala conservadora de la abogacía) en la trágica circunstancia del atentado de Atocha con el respeto que los abogados comunistas se habían granjeado en años de ejercicio profesional y de implicación en la vida colegial:

Yo, cuando veo lo que ha pasado, llamo a Pedrol, que me dice que, que se viene ahora mismo con nosotros, le vamos a buscar a su casa, se levanta y se viene a los hospitales y cuando estamos en los hospitales él me dice eso: «los cadáveres van al Colegio de Abogados». [...] Cuando Pedrol decide que los féretros estén en el Colegio de Abogados es una expresión del peso que nosotros tenemos en el Colegio. Es decir porque yo me acuerdo un poco lo que él decía. Cuando dijo: «Nuestros abogados, sus cadáveres están aquí y saldrán de aquí», era decir: yo sé que son comunistas pero son abogados y son gente muy sólida. Es decir, que Pedrol sabía quién éramos, y él, sin embargo... porque teníamos un peso en el Colegio, si no, no hubiera tenido ningún sentido.¹⁷

Al día siguiente, el entierro se convierte en un inmenso cortejo que inunda las calles de Madrid. Varios miles de militantes comunistas se hacen cargo del servicio de orden y toda la oposición democrática se congrega para expresar su repulsa. La evidencia insoslayable de la concentración de masas que ha supuesto la despedida de las víctimas altera el escenario en el que el Gobierno pretende moverse, del mismo modo que la moderación que el PCE ha sido capaz de imprimir le acredita como un interlocutor a un tiempo obligado y necesario para el buen curso del proceso de cambio político. El camino hacia la legalización de los comunistas había comenzado antes y había tenido un considerable refuerzo cuando, en diciembre de 1976, la pública presencia de Santiago Carrillo en Madrid provocó primero su detención y obligó luego al Gobierno a ponerlo en libertad reconociendo la no existencia de cargos contra él. La movilización de los comunistas por la libertad de su secretario general y toda su estrategia a lo largo de ese año tendían a forzar su reconocimiento. Pero, más que el desenlace, que apuntaba la legalización como el resultado más previsible, era el plazo en que ésta se produjera lo que estaba en disputa. Una convocatoria de elecciones con los comunistas proscritos parecía, hasta entonces, la alternativa más probable. El rechazo de los militares, ante los cuales el propio Adolfo Suárez había expresado lo que fue interpretado por ellos como un compromiso de no legalizar al PCE, pesaba sobre cualquier decisión al respecto. En este escenario, el atentado de Atocha y los dos días posteriores hacen variar la posición del presidente Suárez. Así lo constatan algunos de los hombres fuertes de su gobierno:

...el hecho de tal legalización se convirtió para Adolfo Suárez en grande y grave problema a raíz de la demostración realizada por el PCE con motivo del entierro de los abogados laboralistas asesinados en su despacho de la calle Atocha de Madrid. Recuerdo cómo, con ocasión del descanso del Consejo de Ministros aquel día, algunos ministros seguían las informaciones muy directas con un receptor que yo llevé al palacio de la Moncloa. Con unos y otros datos, yo sabía que el PCE se había ganado en aquella fecha su legalización.¹⁸

Todo empezó, a mi juicio, al atardecer del 26 de enero de 1977 [...] el Partido Comunista, con la solidaridad de toda la izquierda política, había concentrado decenas de millares de militantes disciplinados, puños en alto y claveles rojos, en un evidente alarde de organización y de fuerza.

Este hecho afectó seriamente a los planteamientos políticos de Adolfo Suárez, quien, a partir de entonces, empezó a pensar si era posible llegar a las elecciones generales con el Partido Comunista fuera de la ley; y quizá —no lo sé— a alguien más.¹⁹

Además de atribuir al presidente Suárez el temor de que, caso de no legalizar a tiempo a los comunistas, «toda la operación política de la reforma» podía estar en peligro, el vicepresidente Osorio —notorio monárquico— insinúa que también en el ánimo del rey pudiera haber influido el entierro. De hecho, el rumor de que el monarca habría sobrevolado en helicóptero el cortejo fúnebre, obteniendo así una impresión de primera mano de la magnitud de la respuesta, ha circulado desde entonces dando pábulo a esta interpretación.

En lo inmediato, el miedo y las cautelas de la clandestinidad se mantienen durante un breve lapso de tiempo. La celebración de una asamblea de laboralistas vinculados a Comisiones Obreras, que reúne en Madrid el 19 y 20 de febrero de 1977 a casi un centenar de abogados, se realiza observando la viejas medidas de seguridad: vigilancia, citas por grupos pequeños, desconocimiento del lugar de la reunión hasta el último momento.²⁰ Pero la legalidad está ya al alcance de la mano. Para el PCE llegará el 9 de abril y para CCOO y otros sindicatos de clase apenas veinte días más tarde.

LA MEMORIA DE ATOCHA

Las muertes de Atocha 55 se han convertido en un lugar de memoria de la Transición política española, una referencia obligada que a menudo aparece enunciada como «la matanza de Atocha». En el marco de una memoria que ha sido construida sobre el argumento de la reconciliación y que ha tendido a resaltar el carácter pacífico del proceso, lo sucedido en Atocha desempeña un papel ambivalente. Refuerza, por una parte, este relato al subrayar la repulsa unánime y la respuesta contenida pero masiva, así como su efecto propiciador de la legalización de los comunistas, base, a su vez, de la credibilidad democrática del nuevo régimen, de la política de consenso iniciada y del pacto social suscrito poco después. Pero, por otro lado, se erige como un recordatorio de la violencia ultraderechista que salpicó la Transición, que costó en torno a un centenar de muertes. Un aspecto generalmente olvidado por resultar contradictorio con esa imagen idílica de pacífica transición a la democracia y por remitir a la incrustación de las bandas fascistas en los aledaños de los aparatos del Estado, poniendo de relieve las servidumbres de un cambio que no rompe con la legalidad de la dictadura ni depura a sus servidores.²¹

En lo inmediato, los crímenes de Atocha 55 tuvieron una gran repercusión en los medios de comunicación de la época y han sido sistemáticamente rememorados cada vez que se acercaba su aniversario. Para quienes se sintieron en su momento concernidos por aquellas muertes, ya fueran militantes, abogados o ciudadanos en sintonía con sus valores, el recuerdo ha permanecido intenso. Así lo reflejan, por ejemplo, las entrevistas realizadas con motivo del proyecto que ha dado origen a este libro, en las que se constata la claridad con que en la mayoría de los casos se sigue narrando la forma en que recibieron la noticia y la reacción posterior, así como la emoción del entierro en quienes estuvieron presentes en el mismo.

A su vez, la lectura de los hechos ha ido evolucionando hacia una difuminación de las aristas que presentaba la falta de esclarecimiento de la trama que rodeaba los crímenes y la ausencia de responsabilidades políticas, policiales o judiciales en la ocultación de esta vertiente de lo sucedido, hacia una concentración estricta en la memoria de las víctimas y la reivindicación de los valores que encarnaban y su aporte a la conquista de las libertades. Desde este punto de vista, el relato más conocido de los hechos —la versión cinematográfica dirigida por Juan Antonio Bardem y estrenada en 1979 bajo el título de Siete días de enero— ha sido en cierta medida desprovisto de la carga de denuncia que contenía. Los relatos ampliamente predominantes no han dejado de moverse, en todo caso, dentro de una sustancial sintonía con la que fue la estrategia del PCE en la Transición.

Tanto la bibliografía acerca de la Transición como las organizaciones que legítimamente se han venido considerando depositarias del legado de los laboralistas de Atocha (CCOO y PCE) han tendido a coincidir en torno a una interpretación que convierte a aquellas víctimas en una trágica contribución a la conquista de las libertades democráticas y reivindica el resultado de la Transición. Con el tiempo, esta interpretación ha pasado a ser también patrimonio común de la memoria institucional y ha quedado reflejada en la esfera pública con expresiones tales como el monumento erigido en 2003 a la memoria de las víctimas en la plaza de Antón Martín, contigua al lugar donde sucedió la tragedia, cuyo motivo es El Abrazo, una obra del pintor Juan Genovés que se ha convertido en un icono de la Transición entendida como reconciliación y que la propia leyenda de la placa adosada al pie califica como «símbolo de la restauración de la libertad». El monumento y la plaza se han convertido en escenario de los actos de recuerdo que tienen lugar cada 24 de enero y que suelen contar con una representación institucional de alto nivel. Igualmente, los fallecidos han sido condecorados a título póstumo con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, en el caso de los tres abogados (Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo y Enrique Valdelvira) y el estudiante de Derecho (Serafín Holgado), y con la Cruz de la misma orden para el empleado administrativo del despacho (Ángel Rodríguez Leal), según decisión adoptada por el Consejo de Ministros del 11 de enero de 2002. Se trata de la más alta distinción de la Justicia española a quienes han destacado por sus méritos profesionales y humanos en el ámbito del Derecho.

El 25 aniversario pareció erigirse en punto de partida de rituales de conmemoración institucionalizados. El acto más íntimo que se venía celebrando en torno a la placa colocada en el portal número 55 dejará paso a la concentración ante el monumento erigido en la plaza de Antón Martín y contará con un protocolo más formal. La creación por parte de CCOO de Madrid de una fundación que asume la tarea de reivindicar la memoria de los abogados laboralistas y de los valores que representaban favorece también este tránsito hacia la ritualización del recuerdo, que ha pasado a incluir también la concesión de premios que, desde 2004, distinguen a quienes se hayan significado en la defensa de «la democracia, la libertad y los derechos de todos». En su origen, la Fundación ha reunido en su patronato una representación institucional (parlamentaria, autonómica, judicial, universitaria, asociativa), junto a los abogados supervivientes, los que les representaron en el juicio y otros exponentes de la abogacía antifranquista, lo que resulta revelador del consenso y legitimidad alcanzada por el recuerdo de aquel atentado.

Entre las víctimas que sobrevivieron al atentado, Alejandro RuizHuerta ha desarrollado, sin duda, un especial esfuerzo en el cultivo de la memoria de Atocha. Aparte de presidir la Fundación y participar en innumerables actos de recuerdo, es autor de un libro-testimonio gestado de forma intermitente a lo largo de los 25 años que van desde el atentado hasta su publicación. Cargado con el peso de su condición de superviviente y el vínculo indisoluble que ello genera con quienes tuvieron peor fortuna, el libro revela la obsesión por preservar la memoria de sus compañeros. Una voluntad que suele expresar mediante una cita de Paul Éluard: «Si el eco de su voz se debilita, pereceremos».

12

Democracia política y libertad sindical

Un nuevo escenario

LA RECUPERACIÓN DE LAS libertades democráticas y la instauración de un régimen cuya legitimidad se asienta sobre las reglas del Estado de Derecho y no sobre la victoria en una Guerra Civil representan, para quienes habían ejercido la abogacía bajo la dictadura franquista, un cambio radical del contexto en que se desarrolla su ejercicio profesional. Para muchos de ellos, el nuevo escenario significará una redefinición de su trabajo y conllevará un proceso de adaptación. La legalización de partidos y sindicatos no sólo hace desaparecer algunos de los delitos que más esfuerzos habían exigido (asociación ilícita, propaganda ilegal...) y demanda, en cambio, nuevos campos de actuación (proceso constituyente, nueva legislación laboral...), sino que a menudo altera sustancialmente el tipo de relación que se establecía entre estos abogados y las organizaciones en las que militaban.

Para quienes ocupan puestos de dirección en un partido político o resultan elegidos parlamentarios en las elecciones generales, se abren expectativas de carrera política, tanto mayores cuanto mejores resultados hayan obtenido las candidaturas en las que estén integrados. Aunque esas oportunidades no dejan de guardar relación con sus conocimientos jurídicos, esta vía supone, de hecho, el abandono de su actividad profesional o una redefinición de la misma. En cuanto a los laboralistas, su relación con el sindicalismo de clase se ve igualmente alterada de forma profunda, creando disyuntivas que encuentran muy diversas soluciones. La autonomía o la integración de los despachos y la propia continuidad de los mismos se ven de pronto en tela de juicio en un proceso de adaptación no exento de complejidades, donde el sentido de la militancia o la disciplina y la concepción del propio ejercicio profesional entran en juego. El problema será especialmente acusado en el caso de CCOO, la organización en torno a la cual han girado hasta entonces la mayor parte de los despachos laboralistas.

También los ámbitos de militancia de los abogados se transforman, del mismo modo que la relación con sus antiguos defendidos, que pueden pasar a ser sus superiores jerárquicos en el seno de estructuras sindicales o políticas. En el caso de los comunistas, la transformación del modelo organizativo integrando en agrupaciones a todos los afiliados vacía de contenido un espacio de relación y militancia basado en la afinidad y la especialización y provoca en muchos de los abogados, como en otros sectores profesionales, un desconcierto que desemboca en el abandono o la reducción de su compromiso militante.

Las nuevas instituciones democráticas darán cabida a una parte de quienes han ejercido ante los tribunales franquistas en defensa de derechos y libertades. Aun cuando el tránsito se produce sin depuración alguna de los elementos que han servido a la dictadura, progresivamente las estructuras del Estado irán dando cabida a personas provenientes de campos ideológicos diversos. Cargos de gran relevancia en la esfera política y judicial acabarán recayendo sobre personas que habían formado parte de la abogacía antifranquista. No faltarán, no obstante, los motivos para proseguir la lucha por los ideales que habían alentado la clandestinidad, manteniéndose fuera o incluso en contra del nuevo ordenamiento y denunciando la persistencia de la tortura u otras formas de violación de los Derechos Humanos.

EL FINAL DE LA DICTADURA

Los abogados se habían distinguido, dentro del marco general de la lucha antifranquista, por una mayor facilidad para establecer cauces fluidos de relación capaces de superar las rivalidades entre las distintas organizaciones y el sectarismo de que, en no pocas ocasiones, daban muestra sus dirigentes. Por encima de las diferencias ideológicas y de las consignas partidistas, su labor les situaba en un terreno común frente a un mismo adversario, y el sentido corporativo de la profesión les proporcionaba un sustrato compartido sobre el que se tejían solidaridades cuando se trataba de la defensa de garantías para el ejercicio de la abogacía. La existencia de estructuras colegiales que preservan cierta autonomía en su funcionamiento había ofrecido, además, un frente de acción conjunta de considerable importancia, donde las posiciones democráticas eran defendidas por un espectro muy amplio que iba desde algunos abogados monárquicos, liberales o democristianos hasta los comunistas y otros grupos a su izquierda.

Las candidaturas formadas con motivo de procesos electorales en los Colegios de Abogados mostraban un carácter unitario que a menudo no guardaba correlación con las políticas de alianzas y las divisiones que marcaban la relación entre los partidos en los que militaban. No es de extrañar, por tanto, que la configuración de plataformas unitarias de oposición (Junta Democrática en 1974 por una parte, Plataforma de Convergencia Democrática en 1975 por otra, y la fusión de ambas en Coordinación Democrática o «Platajunta» en 1976) encontrase un terreno propicio en la actividad que un buen número de abogados venía desarrollando al amparo de las oportunidades que ofrecía el marco colegial.

Agapito Ramos, militante de USO, ve en las reuniones que se venían celebrando de forma regular en el Colegio de Abogados de Madrid un precedente que desemboca de forma más o menos natural en la Junta Democrática primero y en la Platajunta posteriormente:

Reuniones que se hacen, yo creo que una vez por semana, a las dos de la tarde en que nos juntamos pues 30, 40, 50 abogados, en que están Gregorio [Peces-Barba] y los democratacristianos, Leopoldo [Torres] y Gregorio; el PCE sobre todo, el de la policía que estaba siempre presente [...] y luego eso se transforma en la Junta Democrática y entonces formamos ya un núcleo un poco más pequeño que nos reunimos por la tarde, donde están algunos liberales, algunos monárquicos [...] Lo normal es que tuvieses una reunión del Colegio de Abogados una vez por semana, por la noche o en el despacho de Pablo [Castellano] porque era la plataforma esta de la Junta [la Platajunta] ... te venía desde [Antonio García] Trevijano, [Joaquín] Satrústegui, monárquicos, liberales, comunistas...¹

En el mismo sentido, José María Mohedano interpreta estas reuniones como un ensayo general de la convivencia democrática:

En el Colegio de Abogados nos entrenamos en el compromiso, el pacto y la convivencia democrática. Ahora no, pero entonces la profesión de abogados era la más dada a la política y estaban todos. Teníamos los monárquicos, con [Joaquín] Satrústegui, [Jaime] Miralles, [José Antonio] Zulueta, etc.; que jugaban un papel importante. Socialistas... Pablo Castellano, que en ese momento tenía un peso específico muy importante dentro del Partido Socialista. Los comunistas, estábamos nosotros... Es que los dirigentes del resto de partidos ¡eran todos abogados! Menos dentro del Partido Comunista, donde no había abogados. Quizá solamente Manolo López, pero Manolo López tampoco se exhibía mucho como dirigente comunista. Teníamos la Democracia Cristiana: [Joaquín] Ruiz-Giménez, [Jaime] Cortezo, [José María] Gil-Robles [...] Estaban los de la USO, los de la ORT. El Colegio de Abogados era un foro donde, además de ser abogados, estaban la mayor parte de los dirigentes de los partidos políticos. Y, claro, tenía una resonancia muy grande. [...] En el Colegio de Madrid trabajamos juntos, pero no sólo a escala de abogados, más adelante eso se tradujo en el buen entendimiento y en la unidad política.²

También en Sevilla, Aurora León refiere su participación en el nacimiento de la Junta Democrática al mismo tiempo que un grupo de diez o quince abogados se dota de un funcionamiento más flexible que permite incorporar a las reuniones a colegas que no se adscriben a la Junta. La perspectiva era ir «creando conciencia ciudadana de todas esas formas».³

Sobre esta base de deontología profesional, compromiso con los derechos y libertades y ejercicio de la ciudadanía se funda la argumentación del llamamiento en pro de la constitución de la Junta Democrática en el seno del Colegio de Abogados de Madrid:

Los abogados no podemos limitarnos a contemplar cómo se decide el porvenir de España. No podemos permanecer impasibles so pretexto de mantenernos en la pseudo-profesionalidad. Nuestra profesión es, precisamente, un incentivo más para tomar parte en la construcción del futuro Estado español. Los juristas tenemos la noble misión de servir a la realización de la Justicia, que solamente resulta posible en un Estado de Derecho. Y éste no puede existir sin la participación de toda la sociedad en sus ineludibles requisitos. Porque un poder no controlado es una fuente permanente de despotismo y arbitrariedad [...]

La abogacía no debe aceptar su marginación ante las decisiones transcendentales que se aproximan. [...] Nuestra profesión rectamente entendida exige la participación en la ordenación de la convivencia social. Ello es imprescindible, además, para la solución de los problemas profesionales porque no obtendremos la libertad e independencia de la abogacía mientras continuemos gobernados por el único Régimen dictatorial todavía existente en Europa.

Tenemos ante nosotros la posibilidad de contribuir a la creación de un auténtico Estado de Derecho. Es una tarea no sólo sugestiva, sino obligada por las exigencias de nuestra ética profesional. Por ello, un grupo de abogados hemos decidido dirigirnos a todos los compañeros para expresaros la necesidad y el propósito de fundar la Junta Democrática del Colegio de Abogados de Madrid. Advertimos que no tratamos de poner en tela de juicio resultados electorales, que nadie discute, ni queremos invadir campos ajenos. Nuestro objetivo es cumplir los deberes de ciudadanos y de juristas. Y estos exigen la participación individual y corporativa en el restablecimiento de las libertades democráticas en España, premisa indispensable para la existencia del Estado de Derecho. Convencidos de que la realización del programa adjunto constituye el medio idóneo para el paso pacífico de la dictadura a la democracia, confiamos en la fidelidad de la abogacía a una misión histórica.⁴

LA CONQUISTA DE LA LEGALIDAD

El tiempo que transcurre entre la muerte del dictador y la celebración de las elecciones generales da lugar a una situación inestable en la que los cambios hacen que las fronteras entre lo legal, lo permitido y lo tolerado se vuelvan difusas, arbitrarias y a menudo imprevisibles. La represión descarga zarpazos a la vez que se ejercen de facto derechos que la ley no contempla y se camina hacia la legalización de sindicatos y partidos. La movilización popular en pro de la amnistía y las libertades ocupa las calles con un grado de visibilidad inusitado y la conflictividad laboral se desata. Quienes militan en organizaciones políticas o sindicales viven una efervescencia sin descanso. En el caso de los abogados, el activismo político resulta especialmente intenso para aquellos que ostentan responsabilidades o abrigan aspiraciones, pero también para los que sienten que han de hacer honor a un compromiso derivado de la militancia. A su vez, los laboralistas se ven desbordados por el volumen de trabajo y sometidos a nuevos desafíos producto de la adaptación a los cambios en curso.

El desmoronamiento del Sindicato Vertical, la salida a la luz del sindicalismo de clase y la intensa conflictividad del momento crean desafíos nuevos. Los servicios jurídicos del Vertical se ven en la práctica vaciados de contenido a causa del descrédito de sus estructuras y los despachos laboralistas, más numerosos que nunca, son colapsados por una afluencia masiva de trabajadores. Su función de vínculo entre unas organizaciones sindicales todavía ilegales y los trabajadores se refuerza en la medida en que a menudo actúan de facto como sedes informales, lugares de reunión, centros de asesoramiento y dirección de conflictos. Muy rápidamente, los sindicatos que pugnan a un tiempo por su reconocimiento legal y por la hegemonía en el seno del movimiento obrero perciben como una necesidad perentoria para su desarrollo ofrecer asistencia jurídica a sus futuros afiliados, a quienes no se podrá atraer por la pura identificación ideológica que mueve a los militantes. Crear nuevos despachos en el máximo número de localidades se convierte en un objetivo apremiante, bien sea para consolidar la presencia o para adquirirla allí donde no se tenía.

Especialmente en el caso de los ugetistas, de muy débil implantación en los centros de trabajo y carentes en general de cuadros experimentados, contar con abogados puede convertirse en el camino más viable para crear organización. La importancia que estos profesionales adquieren queda reflejada en el hecho de que el sindicato llega a constituir en su seno una Federación de Trabajadores del Derecho, compuesta exclusivamente por abogados y situada en el organigrama junto a las estructuras sectoriales como Metal, Minería, Transporte o Enseñanza.⁵ Su punto de partida resulta, no obstante, muy endeble si tenemos en cuenta que a comienzos de 1974 los únicos despachos vinculados a la UGT se ubicaban en Sevilla, Huelva y Gijón. El grupo de los laboralistas sevillanos, sin duda el más numeroso y experimentado, entrará pronto en vías de disgregación a causa del acceso de algunos de sus miembros más relevantes a responsabilidades políticas tras el congreso de Suresnes, que eleva a Felipe González a la secretaría general del PSOE. En cuanto al caso gijonés, atendido por el sevillano Miguel Ángel del Pino en un esfuerzo por reforzar al sindicato en Asturias, languidece a causa de la falta de trabajo hasta provocar el retorno a Andalucía de su titular. Al mismo tiempo, el sindicato socialista abre un despacho en Madrid y se plantea como objetivo para 1975 el impulso de otros dos, en Vizcaya y Cataluña, para lo que se cuenta con ayuda económica proveniente de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, cuya solidaridad se recaba apelando a la importancia que adquieren los despachos en el asentamiento de la organización y la competencia con los comunistas, pues «a través de los despachos se puede hacer una tarea de proselitismo para la UGT, de servicio a la clase trabajadora y se puede al mismo tiempo contrarrestar la tarea que los despachos de Comisiones Obreras y del Partido Comunista realizan en beneficio de su organización».⁶

Cuando al fin se produzca el despegue de la UGT, la implantación inicial llega a menudo de la mano de la apertura de una asesoría laboral, especialmente en territorios donde no cuenta con base previa sobre la que reconstruir el sindicato. Así sucede, a partir de mediados de 1976, en Andalucía, donde el «mecanismo de expansión fue el mismo prácticamente en todas las provincias. Se creaba una asesoría jurídica en la capital y, cuando no había ninguna relación personal, se buscaba un contacto en cada uno de los municipios».⁷ El caso andaluz es, con toda probabilidad, extrapolable a otras zonas. Asegurar un servicio jurídico a los afiliados que afluyen masivamente persiste como una necesidad perentoria una vez alcanzada la legalidad y para ello el sindicato recurre a cuantos contactos están a su alcance para cubrir los vacíos existentes:

Yo también tuve que organizarles... me acuerdo que te llamaban por ejemplo de Albacete: «Necesitamos un abogado».Yo les buscaba uno y se lo mandaba para allá. Javier Barrero estuvo en mi despacho. Y en Huelva necesitaban un abogado, me llamó Navarrete: «Oye, búscanos un abogado» y les mandé a éste y se ha quedado.⁸

Sin duda, CCOO cuenta al final del franquismo con bases de partida más sólidas en términos de implantación en los centros de trabajo y experiencia de sus cuadros sindicales, al tiempo que se rodea también de una red muy extensa de despachos laboralistas. Con la Transición se abren, no obstante, nuevas exigencias en cuanto a la expansión territorial y sectorial de la organización, para lo cual la asistencia jurídica adquiere gran importancia. Más de un centenar de abogados en Madrid, otros tantos en Barcelona y en total cerca de trescientos en toda España resultan, pese a todo, insuficientes para atender a las necesidades. Incluso allá donde ya se contaba con un importante plantel de laboralistas, como es el caso de la provincia de Barcelona, se hace preciso extender e incrementar la presencia:

Los gabinetes de Comisiones al principio tenían cien abogados entre comarcas y Barcelona, al principio quiero decir el año 77 y 78 [...] Se multiplicaban los despachos laboralistas y con el acuerdo de Comisiones porque allá donde hacía falta, pues, había un despacho de laboralistas. Yo misma cuando me fui de casa Fina, ya era el 75, nos establecimos en los lugares que Comisiones consideraba que le podía interesar más y era Martorell y no sé, aparte de Barcelona; pues así proliferaron bastantes despachos de gente joven.⁹

Los despachos y el desarrollo de CCOO se retroalimentan de este modo en un proceso ascendente:

En la época de la ilegalidad y del verticalismo, los «despachos laboralistas» se convirtieron en el puente necesario entre una vanguardia concienciada y dispuesta a crear un auténtico sindicalismo y la clase obrera que acudía tímidamente a nuestras consultas. El abogado no solamente atendía entonces cuestiones jurídicas, sino que enseñaba, ante la escasez de medios, las formas de lucha obrera, las posibilidades legales y extralegales, la normativa legal y la dinámica de lo que debía ser un verdadero inicio de sindicalismo. Resolvía, con acierto o sin él, asuntos esencialmente jurídicos y asuntos exclusivamente sindicales; las fronteras entre uno y otro campo no estaban claramente delimitadas [...] En muchos lugares, los despachos se convirtieron en el embrión del actual sindicato de CCOO; las reuniones sindicales, las coordinadoras y los comités de huelga pasaron a lo largo de varios años por aquellos y en no pocas ocasiones nosotros fuimos sus impulsores.¹⁰

Cuando esta armonía se rompa, la simbiosis entre despachos laboralistas y sindicatos llega a ser cuestionada como una inercia contraproducente heredada de la situación anterior y que lastraría el desarrollo de otras dimensiones del sindicalismo de clase, tal como escribe Albert Fina en 1978:

Sin duda la herencia de la dictadura y su Sindicato Vertical hace creer a muchos —y también a una parte de la clase obrera— que el sindicato se define casi exclusivamente por la asistencia jurídica a los sindicados. Esta concepción —y la necesidad de obtener afiliados— pesa tanto que hoy las propias centrales sindicales democráticas y obreras ofrecen a sus afiliados con especial énfasis la asistencia jurídica, con olvido aparentemente de la función y esencia de un auténtico sindicalismo. Conviene eliminar tal confusión y delimitar competencias.¹¹

Para los abogados, las servidumbres de la militancia y un ejercicio desinteresado que había caracterizado su labor durante la dictadura adquieren un carácter de serio problema cuando crece el volumen de consultas. Jaime Sartorius señala que hay un momento en el que advierten que no cobran la mayoría de los asuntos que llevan y esto amenaza con hacer inviable el despacho:

Nos dimos cuenta de que cerca del 70 por 100 de los asuntos que llevábamos, no los cobrábamos. No los cobrábamos. Porque eran asuntos políticos o laborales o con conexión, o de gente con relación a la vida política que no le cobrábamos cosas civiles o cosas penales y dijimos: así no podemos seguir, así es imposible. El mantener un despacho con todos los gastos que tiene [...] Nosotros seguíamos teniendo un 30 por 100 de asuntos que no cobrábamos, pero lo que no podíamos tener era un 70 por 100.¹²

El acceso de los partidos políticos a la legalidad conllevará también, en el contexto de estreno de la democracia, nuevos servicios en los que se recurre a los abogados en su condición de militantes. La inexperiencia de los dirigentes y la precariedad de los aparatos organizativos hacen que recaiga sobre ellos el seguimiento del proceso electoral en sus diversas fases. Así sucede, al menos, en el caso del PCE:

Lo que hicimos en el 77 para el primer recuento en las primeras elecciones... porque la organización de abogados se hizo cargo de toda la maquinaria electoral desde el punto de vista jurídico, éramos los asesores. Y, además, en las votaciones de Madrid se puso como punto de referencia los despachos para estar pendientes para el asesoramiento, cómo se desarrollaba la votación, la recogida de resultados. La organización de abogados del Partido tuvo una intervención muy importante durante las elecciones porque nosotros asesorábamos, nosotros presentábamos las candidaturas, teníamos todo organizado y había un grupo dentro de la dirección del Partido para hacer esto, pero estaban asesorados por nosotros. El representante, por ejemplo, siempre fue un abogado hasta mucho más tarde, pero en las primeras los despachos recogíamos directamente todas las notas, todos los escrutinios, todo lo que nos contaban los camaradas.¹³

La inclusión en candidaturas y la participación en la campaña electoral serán novedades que, en no pocos casos, se traducen en el acceso a un escaño en el Parlamento y el inicio —o el espaldarazo— de una carrera política. Se trata, no obstante, de una dinámica muy distinta a la del ejercicio profesional mantenido hasta entonces. Manuela Carmena, incluida en las listas del PCE, refiere sus dificultades de adaptación al lenguaje del mitin y la lógica de la propaganda, según descubre al verse inmersa en la campaña de junio de 1977. Se añade a ello un desencuentro con los métodos de la dirección y las formas del aparato del partido:

Una vez que digo que sí, empiezo a sufrir una campaña electoral con la que yo me encuentro extraordinariamente distanciada. Tengo un recuerdo del primer mitin que voy a Collado Villalba. Estaba acostumbrada a hablar en público y había preparado una cuestión tratando de explicar lo que había sido la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura. Y entonces a la primera parte de mi intervención en el mitin me doy cuenta de que la gente está mirándome sorprendida y que no es eso lo que esperan [...] Me doy cuenta de que no me sé la liturgia de ese asunto y la verdad es que me quedo completamente descolocada. Estaba incómoda, ésa no es mi manera de hablar, yo quería dar razones y no estaba dispuesta a hacer un número. Y a partir de ese momento, personalmente, sufrí muchísimo en la campaña porque no me gustaban nada las cosas que se decían, me parecía que la candidatura no era democrática, Santiago no nos reunía nunca. [...] Para mí a partir de ahí fue un hito. Pensé que yo había cumplido estando en el Partido Comunista durante el tiempo difícil y que la legalidad no me interesaba. Es decir, no me sentía cómoda con esa forma de tomar las decisiones.¹⁴

El de Manuela Carmena puede ser un caso excepcional si atendemos al considerable número de abogados que pueblan los escaños parlamentarios y ocupan puestos de responsabilidad en sus partidos. Pero revela, no obstante, la naturaleza de algunos cambios que se producen en virtud del nuevo escenario político a que da lugar la Transición. Para quienes optan, con la llegada de la democracia, por emprender una carrera política, las oportunidades son ahora considerables, aunque se produzcan fracasos electorales notorios, como el protagonizado por Joaquín Ruiz-Giménez y su intento de liderar una democracia cristiana de inclinación progresista. Mejor suerte corre su correligionario Fernando Álvarez de Miranda, integrado en UCD y elegido por Palencia, quien pasa a ocupar la Presidencia del Congreso de los Diputados. También Luis Vega Escandón obtiene acta de diputado por Asturias en las filas de UCD. A su vez, en el nacionalismo catalán representado por Convergència Democràtica figura Miquel Roca i Junyent. Y el monárquico y liberal Joaquín Satrústegui accede al Senado como parte de una coalición cuyo sostén fundamental son los votos socialistas. Pero la mayor parte de los exponentes de la abogacía antifranquista que forman parte de las Cortes Constituyentes se sitúan en el campo de la izquierda. Por razones obvias, los socialistas son, a tenor de los resultados, los más numerosos. En especial, el grupo de sevillanos del que formaba parte el propio secretario general del PSOE convierte en parlamentarios a buena parte de los laboralistas del despacho de la calle Capitán Vigueras: Felipe González por Madrid, Manuel Chaves por Cádiz, Rafael Escuredo y Ana M.ª Ruiz-Tagle por Sevilla. El también laboralista Carlos Navarrete obtiene acta de diputado por Huelva. A su vez, los socialistas vascos Enrique Múgica y José María Benegas son elegidos por Guipúzcoa y Vizcaya, Emilio Barbón por Asturias, Pablo Castellano por Cáceres, Gregorio Peces-Barba por Valladolid, Javier Sáenz de Cosculluela por Logroño y Enrique Barón por Madrid, además del catalán Rudolf Guerra, perteneciente al PSC. En el Senado, los socialistas cuentan también con los abogados José Federico de Carvajal y Ramón Sainz de Varanda. Cabe señalar también que el juez Joaquín Navarro, fundador de Justicia Democrática y miembro del PSP, logra acta de senador por Almería. Aunque más numerosos, los abogados comunistas tienen una presencia muy reducida, acorde con el menor tamaño de su grupo parlamentario y también con el hecho de que en las listas electorales han quedado relegados a posiciones secundarias. Es el PSUC el que envía al Congreso de los Diputados a Jordi Solé Tura por Barcelona y a Josep Solé Barberà por Tarragona. También es el apoyo del PSUC un factor decisivo para que el veterano Josep Benet, integrante de la coalición Entesa dels Catalans, resulte elegido el senador más votado de toda España. Finalmente, el sector abertzale, que concurre a las elecciones bajo la coalición Euskadiko Ezquerra, se verá representado por dos abogados: el diputado Francisco Letamendía y el senador Juan María Bandrés, ambos elegidos por Guipúzcoa.

Cabe señalar que en este plantel de abogados con previa ejecutoria antifranquista que resultan elegidos en los comicios del 15 de junio de 1977 se cuentan no sólo el presidente del Congreso de los Diputados, sino también tres ponentes constitucionales: el socialista Gregorio Peces-Barba, el comunista Jordi Solé Tura y Miquel Roca en representación de los nacionalistas catalanes. Buena parte de los nombres arriba citados tendrán una larga vida como parlamentarios y ocuparán cargos de relevancia tanto en funciones ejecutivas como legislativas.

A partir del estreno de las instituciones de raíz democrática se abre un período constituyente que incluye, además de la elaboración de la Carta Magna, una vasta tarea legislativa. Entre las cuestiones planteadas de manera inmediata se cuenta la amnistía laboral. Así como la excarcelación de los presos políticos de la dictadura y el retorno de los exiliados constituían requisitos evidentes e indispensables para acreditar la naturaleza democrática del nuevo ordenamiento político, la readmisión en sus puestos de trabajo de los despedidos por causa de su actividad sindical o política no aparecía con la misma claridad y fue objeto de múltiples resistencias durante su tramitación parlamentaria y de notorios incumplimientos a la hora de hacer efectivo su contenido. Así lo recuerda Jaime Sartorius, que desempeñó un papel muy activo en la redacción de la norma y en las gestiones que la hicieron posible.¹⁵

Finalmente, cabe señalar que algunos de los abogados que habían tomado parte en la lucha antifranquista mantendrán, llegada la Transición, posiciones que los sitúan fuera del sistema. Los más numerosos a este respecto pertenecen al campo del independentismo vasco, en cuya órbita los abogados han desempeñado durante largo tiempo un papel destacado tanto en el plano profesional como en el político. Nombres como Miguel Castells, Francisco Letamendía o Iñaki Esnaola, encuadrados en algún momento en las filas de Herri Batasuna y parlamentarios electos, pueden ilustrar esta tendencia. Igualmente notoria resultó la actividad política de dos canarios pioneros de la abogacía antifranquista: el tinerfeño Antonio Cubillo, líder de un grupo independentista (MPAIAC) que propugna la lucha armada y que fue víctima en Argel de un atentado urdido por los servicios del Ministerio del Interior, y el grancanario Fernando Sagaseta, diputado en 1979 en representación de la Unión del Pueblo Canario.

LABORALISTAS Y SINDICATOS

Para los abogados laboralistas, la legalización de los sindicatos de clase representará una situación nueva que obliga a replantear su papel y la forma en que se relacionan con el movimiento obrero. Hasta ese momento, los laboralistas se habían erigido en alternativa a los abogados del Vertical y habían ofrecido una cobertura vital para la actividad de las organizaciones ilegales. Además de proporcionar asistencia jurídica y asesoramiento, los despachos se convirtieron en islas que ofrecían oportunidades de reunirse y de expresarse con libertad. Su simbiosis con el movimiento obrero no presenta fisuras. La voluntad de poner sus conocimientos al servicio de la causa obrera es una motivación primordial que hace que muchos de ellos reúnan al mismo tiempo la condición de militantes y que su labor se rija por ese compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores, haciendo abstracción de sus propios intereses. A su vez, esta posición les otorgaba un elevado margen de autonomía en su desempeño profesional, que rara vez era interferido por dirigentes políticos o sindicales con quienes a menudo compartían militancia.

Que la situación había de cambiar con el reconocimiento legal de los sindicatos resultaba tan evidente que el debate acerca del futuro encaje de los laboralistas y la forma en que han de articularse con las centrales sindicales está ya planteado antes de alcanzar la legalización. A comienzos de 1977 se perfilan ya claramente las disyuntivas a que se van a ver sometidos estos abogados y se está desarrollando una discusión colectiva al respecto. Al menos entre los abogados comunistas ligados a CCOO, la cuestión está abierta cuando en febrero de ese año celebran una asamblea que reúne a casi un centenar de asistentes de diversa procedencia. Una parte de las reflexiones gira en torno a la aspiración —ya frustrada de hecho en ese momento pero todavía no asumida— de la unidad sindical, pero las dudas se centran en el tipo de relación a establecer en un futuro inmediato con unos sindicatos legales en un marco de pluralidad. La forma en que estos abogados conciben su posible contribución a un proceso unitario es reveladora, no obstante, de la dinámica de la que provienen, sin vínculos formales con ninguna organización aun cuando se consideraran militantes. Su adhesión a la iniciativa de constituir en las empresas consejos de delegados directamente elegidos por los trabajadores en asambleas se plantea como un factor de unidad sindical al que los abogados se pueden vincular como asesores legales sin la mediación excluyente de ninguna sigla. La idea resulta acorde con el espíritu que había animado a las Comisiones Obreras y pretende propiciar «un proceso complejo de convergencia de las centrales sindicales» en el cual estos abogados comunistas pretenden «participar efectivamente dentro de CCOO al servicio de la Confederación, del movimiento obrero y, en definitiva, de la lucha por el socialismo en España».¹⁶

Los abogados perciben, además, una serie de tareas en las que su participación habría de ser destacada y que guardan relación con su presencia en la negociación colectiva y con la democratización de las relaciones laborales. La desaparición de las estructuras del sindicalismo vertical y el reconocimiento de los sindicatos de clase abrían expectativas de control obrero en aspectos tales como la seguridad e higiene o la organización del trabajo, así como de participación en la gestión de las oficinas de empleo. La necesidad de contar con personas con capacidad para afrontar estas nuevas funciones situaría también a los abogados ante la tarea de formar a los cuadros sindicales. En un plano más general, la democracia ha de suponer también un cambio del marco legislativo de la dictadura, dando lugar a un Estatuto de Derechos de los Trabajadores para cuya elaboración habría de resultar inestimable el concurso de los laboralistas.¹⁷

La situación de pluralidad sindical y la competencia establecida entre las distintas organizaciones por atraerse a los trabajadores, plasmada en una carrera por la afiliación a la cual CCOO se ha incorporado con retraso a causa de las contradicciones generadas por su propuesta unitaria, afectan también a los laboralistas, en tanto que su relación con los trabajadores puede pasar a estar mediada por las centrales sindicales de un modo cada vez más evidente. Tanto la afluencia de clientes como la autonomía financiera de los despachos se verá afectada por este cambio de escenario, en el que cada sindicato proporciona asistencia jurídica a sus afiliados y les cobra cotizaciones que incluyen este servicio, convirtiendo en redundante una fórmula si no frecuente sí al menos presente como la iguala, por la cual un colectivo de trabajadores se aseguraba mediante una cotización regular contar con abogados en el momento en que lo precisaran. En consecuencia, una serie de interrogantes se abren sobre la suerte que han de correr los despachos laboralistas en un contexto de libertad sindical:

¿Qué futuro espera a estos profesionales, una vez que se consoliden en la libertad las centrales sindicales? ¿Pasarán a ser funcionarios al servicio y a sueldo de aquellas? ¿Mantendrán su independencia desde el punto de vista orgánico y seguirán ofreciendo sus servicios tanto a los trabajadores sindicados como a los que no lo estén? ¿Coexistirán ambas fórmulas, como ocurre en algunos países europeos?

Tal es el debate, fundamental, que tienen planteados en este momento los laboralistas, debate cuya solución dependerá en cualquier caso del desenlace del propio proceso sindical. Mientras tanto, los despachos siguen trabajando.¹⁸

El debate acerca de la forma en que han de articularse los despachos laboralistas con sindicatos de clase dotados de una estructura organizativa legal y necesitados de ofrecer servicios a sus afiliados resulta particularmente intenso en la órbita de CCOO, dado que no sólo constituye la fuerza mayoritaria sino que es también la que sirve de referencia para la mayoría de los despachos. Las situaciones de partida son dispares y, por tanto, también lo son desde un primer momento las soluciones que se plantean:

La extremada diversidad de las condiciones de trabajo de los abogados laboralistas —desde el ejercicio individual que se practica en Asturias hasta el colectivo, autogestionario y estructurado por ramas de producción con que se opera en los despachos de Españoleto, Alcalá, Atocha, etc. en Madrid— hacía difícil una toma de posición común al respecto. Aunque todos se mostraran convencidos de que a largo plazo la integración en la Confederación (de CCOO) como funcionarios de la misma sería necesaria, se convino en adoptar formas flexibles de colaboración o de integración en función de las condiciones y necesidades de cada lugar. A este respecto, la dirección de la Confederación manifestó su preocupación por la necesidad de ofrecer a los afiliados unos servicios jurídicos propios que dieran respuesta a las preguntas que sobre las ventajas de la afiliación se hacen los trabajadores.¹⁹

La aparente solución que ofrece el texto aprobado en febrero, en el curso del encuentro de abogados comunistas, parece, no obstante, más reflejo de la postura de las direcciones del PCE y de CCOO que del sentir de buena parte de los laboralistas, entre quienes la integración como asalariados del sindicato suscita serias dudas. Aun cuando se definan a sí mismos como «técnicos asesores al servicio de la Confederación Sindical de CCOO con despachos que deben ser considerados como de CCOO y, como tales, puestos al servicio de todos los trabajadores» y se comprometan a prestar apoyo a la afiliación a CCOO y a ofrecer ventajas a los afiliados, la renuncia a la autonomía de los despachos dista de ser una perspectiva apetecible para la mayoría. Esta necesidad proviene más bien de la pugna por la hegemonía sindical y de las urgencias derivadas de la carrera por la afiliación del máximo número de trabajadores y por consolidar las embrionarias estructuras que están siendo construidas. Tal como Nicolás Sartorius expone ante los abogados en nombre de la dirección de CCOO, la conversión en una central sindical supone que, junto a militantes dispuestos a entregar generosamente sus esfuerzos, se abre las puertas a un número mucho mayor de trabajadores que esperan ventajas a cambio de su afiliación y los servicios jurídicos se presentan como la principal respuesta que se puede ofrecer, al menos de forma inmediata. La respuesta inicial ofrecida por los abogados comunistas revela tanto la voluntad de contribuir al fortalecimiento de CCOO como la consciencia de que la fórmula que resuelva su relación no ha de resultar fácil. Al tiempo que expresan su disposición a mantener una conexión permanente con los órganos de CCOO y prestar el máximo apoyo a la afiliación masiva, ampliar la cobertura geográfica de los servicios jurídicos y ayudar con su experiencia a formar nuevos abogados y cuadros sindicales, optan por definirse como «técnicos asesores de la CSCO y manifestar que sus despachos están al servicio de la misma y, por lo tanto, al de todos los trabajadores, afiliados o no a CCOO; aun cuando en el más breve plazo posible se dispensará “un trato económico más favorable” a los afiliados, según fórmulas adecuadas a cada zona que quedan por estudiar».²⁰

La cuestión de si los despachos laboralistas han de integrarse en las estructuras sindicales o vincularse a ellas desde fuera, preservando el ejercicio independiente de la profesión, se liga, por tanto, a la del desarrollo de las organizaciones sindicales en un marco democrático. En el caso de CCOO, verdadero epicentro de estos debates, el intento de la dirección del sindicato de imponer una única fórmula aplicable a todos los casos será fuente de tensiones y se saldará con la pérdida de buena parte del valioso activo que representaba la pléyade de abogados laboralistas con los que hasta entonces había existido una absoluta sintonía. En parte, el conflicto que se genera en torno a la integración o no en las estructuras sindicales guarda relación con la naturaleza de la abogacía como profesión liberal imbuida de sus propios códigos, tradiciones e idiosincrasia. La condición de militantes del sindicato no basta para que la solución pueda ser impuesta apelando al principio de autoridad. El sentido de la disciplina no actúa del mismo modo entre los abogados que en la base obrera, y tampoco la intervención en este debate de dirigentes políticos logra modificar el criterio de aquellos que defienden su autonomía.

La postura de la dirección de CCOO una vez conquistada la legalidad consiste en transformar a los abogados en empleados a sueldo del sindicato. Quedarían de este modo al servicio de sus afiliados y bajo control de los órganos de dirección. En la medida de lo posible, su labor había de llevarse a cabo en los locales sindicales, lo que, sumado a su carácter gratuito, supondría un importante reclamo en el esfuerzo por atraer afiliación y consolidar las estructuras que están siendo construidas en medio de grandes dificultades derivadas de la escasez de medios y la inexperiencia. La asistencia jurídica quedaría subordinada a las directrices marcadas por el sindicato, convertida en el principal servicio ofrecido por éste.

El planteamiento de la integración en el sindicato encuentra desde un primer momento fuertes resistencias entre los abogados. Apenas alcanzada la legalidad dan comienzo una serie de contactos en los que se ponen de manifiesto las dificultades para conciliar posturas enfrentadas. Los abogados plantean como alternativa la creación de un Organismo Técnico Asesor de CCOO a través del cual se vincularían al sindicato no como meros empleados sino preservando su independencia. Ambas posiciones serán confrontadas en noviembre de 1977 en un encuentro estatal de abogados celebrado en Valencia en el que resulta ampliamente mayoritaria la resistencia a la integración. La postura de la dirección del sindicato, que ha sido representada en las negociaciones por cuadros en notoria sintonía con la línea oficial del PCE como Julián Ariza, Adolfo Piñedo o Fidel Alonso, obtiene el apoyo de siete de los asistentes, en tanto que otros 65 se pronuncian en contra.²¹

El debate tiene su epicentro en Madrid y Barcelona, donde la masa crítica de laboralistas es mayor y la contestación a la propuesta de integrarse como empleados del sindicato más enérgica. Para quienes permanecen más alejados, la virulencia que llega a alcanzar la confrontación puede resultar desconcertante al ver cómo se rompe entre los propios abogados una armonía que hasta entonces les había distinguido como colectivo y se generan al mismo tiempo serias fisuras en la relación con un sindicato del que se sienten parte:

En uno de los congresos o reuniones que tuvimos los abogados laboralistas a nivel del Estado [...] Hubo una primero en Madrid y otra después en Valencia [...] En aquellas reuniones a nivel del Estado se dieron conflictos que, desde luego, los que no éramos de Madrid no sabíamos a qué venía aquello. Yo tenía mucha amistad con el despacho de Españoleto, con Cristina en concreto porque los asuntos de gente de aquí que llevaba ella, me los mandaba a mí. Pero nosotros lo que estuvimos viendo en aquellas reuniones es que había... quizás una diferente concepción entre Héctor Maravall y Cristina Almeida pero vamos, estaba también otra gente. Y curiosamente se rompía aquella armonía que había [...] Y yo recuerdo en Valencia [...] había un enfrentamiento entre dos posturas y para llegar a unos acuerdos comunes pues necesitábamos una comisión que se adaptara a aquello y yo formé parte de aquellas comisiones de redacción para acercar posturas y demás. Bueno, después de hacer un comunicado absolutamente descafeinado de las posturas muy divergentes que pudiera haber entre nosotros, llegó Julián Ariza y cuando le entregamos las conclusiones [...] Julián Ariza dijo que esas no eran las conclusiones del congreso, sino unas propuestas de información. [...] A nosotros aquello nos cogía absolutamente de sorpresa porque aquí en Comisiones en Córdoba jamás tuvimos ningún problema.²²

Las negativas más frontales a la integración provienen especialmente de aquellos despachos más numerosos y con más larga ejecutoria, como los de Atocha y Españoleto en Madrid o el de Fina y Avilés en Barcelona. La preservación de la independencia en el ejercicio de la profesión y la negativa a encuadrarse en una estructura jerárquica que alteraba por completo la forma en que hasta entonces se habían insertado en el movimiento obrero, se combinan en ocasiones con un cuestionamiento más amplio acerca de la naturaleza de la lucha sindical y el papel que les compete en ella a los abogados:

Fui contraria, yo pensé que esto era una imitación y sigo pensando que aún continúa siendo una imitación del Sindicato Vertical, es decir, el Sindicato Vertical tenía abogados y esto fue lo que predeterminó que los sindicatos democráticos quisiesen tener abogados, una cosa. Segunda cosa, es una forma de atracción de afiliados, mucha gente se afilia a los sindicatos porque quiere tener abogado, esto es un poco gordo, ¿no?, es la integración social del sindicalismo. Esto no es hacer sindicalismo, esto es hacer abogacía y para hacer esto ya lo hago en el despacho yo. Fui totalmente contraria, a pesar de todo lo montaron, se tomaron muy mal que nosotros no quisiésemos, éramos el principal despacho con que contaban [...] Yo había propuesto que se mantuviesen los despachos con los cuales los sindicatos contratasen en las condiciones que pactasen. Ellos nos querían dominar, esto estaba clarísimo. Yo fui muy contraria, yo creo que esto es integrar a los sindicatos... debo ser demasiado de izquierdas.²³

Nosotros éramos los abogados de Comisiones, y claro, ellos nos querían tener en el sindicato como el del globito, porque éramos lo único que podían ofertar, digamos. Era real para los trabajadores porque veníamos haciendo ese servicio sin que nos pagaran, sin que tuvieran que hacer nada. Entonces, lo único que querían era tenernos allí y yo dije que no, que ningún sindicato, ni en el vertical ni en el horizontal, que yo quería ser una abogada independiente. Y entonces les hicimos una oferta, un organismo autónomo que se llamaba la OTI, que nunca se me olvidará, Organismo Técnico Independiente. Y era juntar ese arquitecto para las cuestiones de los barrios, ese médico para los accidentes de trabajo, ese abogado para el asesoramiento, y hacerlo como un servicio a Comisiones pero sin estar en la red del sindicato. Entonces, ellos no lo entendieron y allí se produjo la división. [...] Lo que no queríamos es que nuestra profesión estuviera al servicio del sindicato porque queríamos hacer otras cosas. Es decir, que no era un problema de enfrentamiento sino de visión distinta y lo sopesábamos. [...] Eran polémicas internas, del movimiento del acoplamiento a la legalidad, de todos los servicios del sindicato. Pensaban que el sindicato tenía que ser el dirigente por naturaleza y nosotros pensábamos que ellos dirigieran todo lo que era la lucha sindical pero que el asesoramiento jurídico lo queríamos tener nosotros.²⁴

Probablemente haya sido Albert Fina quien haya desarrollado por escrito de forma más extensa los argumentos de quienes se negaron a diluir sus despachos integrándose en el sindicato que habían ayudado a construir:

En cualquier caso, el servicio jurídico ha de ser prestado, organizado y dirigido, con total independencia, por abogados —y no, como a menudo ocurre, por la burocracia sindical— que conozcan la específica y compleja normativa laboral. El abogado —cualquier abogado, laboralista o no— aspira a una lógica y legítima autonomía e independencia en su cometido profesional. Como se desea en cualquier profesión u oficio. Y esta autonomía e independencia profesional se pierde muchas veces —la realidad lo demuestra— con la integración del laboralista en la central. Por ello es normal que las centrales encuentren lógicas resistencias a la pretendida absorción —sólo parcialmente conseguida— de los despachos o abogados laboralistas.

Pero también que los abundantes despachos laborales que han mantenido su independencia —independencia, claro está, profesional y no político sindical— han contribuido y contribuyen a una práctica sindical unitaria de base. El contacto diario con trabajadores demuestra que existe una importante corriente unitaria en la base obrera. Y que en muchas ocasiones acuden comités o colectivos obreros al abogado independiente porque perteneciendo sus componentes a distintas centrales sindicales logran así una práctica de unidad y de quehacer común pese a su afiliación sindical distinta.

Las centrales sindicales no han querido ni quieren comprender la actitud de los laboralistas que no han querido la anhelada —por aquéllas— integración. Las tensiones han estado —están aún— presentes con demasiada abundancia, junto con ataques personales de menor o ninguna justificación. Pienso que aquéllas debieran pensar que el laboralista no es precisamente su enemigo por mucho que se decida a favor de una autonomía de la que siempre gozó en tiempos pasados. Y pensar también que no por ser centrales obreras tienen el monopolio del saber y de la verdad. Y que, por fin, debieran entender que el aún hoy duro quehacer diario del abogado laboralista cumple con una finalidad querida y buscada por una parte muy notable de la clase trabajadora y que tiene aquél un espacio profesional fuera de toda duda.²⁵

Desde esta perspectiva, la posibilidad de integración quedaba en suspenso sine die en tanto no se lograra un escenario sindical de fortaleza y unidad. El ejercicio del laboralismo debía anteponer los intereses de la clase y del movimiento obrero en su conjunto a los de una organización en particular:

Yo creo que mientras las centrales sindicales no consigan en todos los aspectos —y sobre todo el jurídico— el papel de protagonistas que les corresponde, el abogado laboralista se verá obligado a permanecer en esta situación, prolongando así la razón de su nacimiento, es decir, la falta de una fuerza democrática obrera. Cuando las centrales sindicales lleguen a obtener su papel de protagonistas, entonces el laboralista se integrará en la central sindical. Tanto mejor si esta central sindical es lo más amplia y unitaria posible. Mientras tanto, hemos optado, como despacho laboralista, por ponernos al servicio del mundo obrero en general y no solamente de un grupo o sector concreto, continuando de esta manera con el espíritu abierto y unitario que nos ha caracterizado durante los últimos quince años.²⁶

Cuando Albert Fina expresa públicamente estas opiniones, el debate se ha reactivado tras prolongarse durante dos años desde su inicio, lo que en sí mismo resulta revelador de la dificultad de hallar una solución. Los desacuerdos han afectado incluso a la armonía interna de los despachos y han provocado, además, un deterioro de las relaciones con los responsables sindicales y políticos que lleva a reclamar «que se mantenga un obligado tono de corrección y sin suponer aviesas intenciones a los que mantienen la opinión contraria». En el caso de los abogados comunistas, que por otra parte son la mayoría de los afectados, las discrepancias se ven interferidas por la crisis que se está incubando en el seno del PCE. El reforzamiento del control del aparato sobre los militantes se torna especialmente incómodo para los profesionales que en el tramo final de la dictadura han engrosado las filas de las denominadas «fuerzas de la Cultura». Médicos, enseñantes, artistas, intelectuales, economistas, abogados, etc., se ven inmersos, con la legalización del partido, en un proceso de cambios organizativos y alteraciones del clima interno que resultará para muchos de ellos fuente de malestar y que a menudo representa un vaciamiento del contenido y la proyección de su militancia. Junto a un estilo de dirección que dificulta el debate y tiende a enrarecerlo situando bajo sospecha cualquier expresión de disidencia interna, el cambio organizativo que, apenas estrenada la legalidad, hace desaparecer en la práctica los espacios de encuentro que hasta entonces habían permitido la reflexión y la discusión colectiva de quienes por su especialización profesional trabajaban en áreas afines como la Sanidad, la Enseñanza, el Urbanismo o el Derecho. El encuadramiento de todos los afiliados en agrupaciones que se definen exclusivamente por el lugar de residencia diluye a estos profesionales en estructuras que no ofrecen oportunidad de profundizar en sus campos específicos y conduce a muchos de ellos a una notoria frustración al sentirse desaprovechados y poco reconocidos, cuando no convertidos en objeto de sospecha por parte de un aparato que desconfía de los capciosamente denominados «picos de oro».²⁷

En el caso particular de los abogados que militan en el PCE —que en Madrid venían funcionando a través de una agrupación profesional específica que cuenta, en el momento de la legalización, con 138 integrantes— cundirá un desaliento que en los años inmediatos conduce con frecuencia al abandono de la militancia. La territorialización de las estructuras organizativas del partido aparece de este modo como una fuente de tensiones y de decepciones entre los profesionales comunistas que, en el caso de los abogados laboralistas, acaba por superponerse con el desencuentro reinante en torno a las formas que ha de adoptar su integración en el sindicato. Ambos conflictos afectan en la práctica a la autonomía con la que desarrollan su actividad y a las relaciones que mantienen con los dirigentes sindicales y políticos de las organizaciones en las que militan.

Estas cuestiones resultaron tan sensibles y provocaron consecuencias de tal calado que, al cabo de más de treinta años, siguen apareciendo como primordiales en los testimonios de los afectados. José María Mohedano ofrece un buen resumen del punto de vista de quienes se sintieron a disgusto con el proceso interno vivido en la Transición:

Hubo dos cosas en que los abogados comunistas no estuvimos de acuerdo y que fueron muy importantes. Fueron dos errores. Una es cuando quisieron sindicalizar a los abogados comunistas. Me acuerdo perfectamente la actitud de oposición y de pelea de los abogados laboralistas, cuando hubo una dirección muy burocrática dentro del sindicato de Comisiones Obreras que quiso acabar con los abogados laboralistas [...] Quisieron meter en la plantilla del sindicato a todos los abogados. Y los abogados, lógicamente, se rebelaron contra eso. Eso fue una gran crisis que a mí no me afectaba. Fue una injusticia porque no reconocieron todo el trabajo que habían hecho los abogados y, segundo, colocaron a casi todos en una situación fuera de las estructuras sindicales. Ellos querían defender su independencia como abogados. Que siempre la hemos defendido, además. Siempre la hemos discutido con todo el mundo, incluido con nuestros partidos políticos. Había unas discusiones de la agrupación de abogados con la dirección del partido feroces. Tenían que venir aquí a apagar el fuego Simón [Sánchez Montero], Armando [López Salinas], Jaime [Ballesteros], todos. Eso fue importante desde el punto de vista de los abogados de los despachos laboralistas. Segundo, lo que se llama la territorialización. La influencia política que la agrupación de abogados tenía, la influencia cívica que tenía como agrupación de abogados a través directamente del Colegio de Abogados y a través de las plataformas y la política que hacíamos en el Colegio y fuera del Colegio de Abogados, era grande. Y jugó un papel importante en la lucha contra la dictadura. Pero ¿qué pasó? Cuando viene la dirección de fuera del Partido Comunista, que estaba en París [...] hay una especie de política de sofocamiento de las agrupaciones profesionales. Que eran las más críticas con alguna parte de la política del partido [...] Total, que llega un momento que se toma una decisión que acabó con las agrupaciones de abogados y acabó con su influencia. Grave error que, además, perjudicó al Partido Comunista también. Se decidió territorializar, que es, ni más ni menos, disolver las agrupaciones profesionales para que no tuvieran influencia dentro del partido. Pero, a su vez, se les privaba de esa proyección cívica fuera del Partido Comunista que la tenía por su propio peso específico ante la población y ante los medios de comunicación. Ahí empieza, digamos, el desgajamiento, la separación, de casi todos nosotros. [...] Las dos fueron peleas fuertes.²⁸

En la práctica, los desacuerdos en torno a la forma de articular los despachos laboralistas y el sindicato conducen a soluciones diversas según la situación que se plantea en cada caso. El planteamiento inicial de la dirección de CCOO choca con una fuerte resistencia que impide su aplicación efectiva como criterio general, y obliga a un ejercicio de pragmatismo en el que se acaban combinando los abogados que se integran como asalariados con aquellos que mantienen sus despachos de forma independiente pero continúan vinculados a través de conciertos que permiten que continúen actuando como parte de los servicios jurídicos del sindicato, en tanto que otros rompen su conexión, se diversifican o abandonan incluso el campo del laboralismo para reorientarse profesionalmente hacia otras especializaciones.

Las situaciones de partida eran muy diferentes y, por tanto, también hubieron de serlo las soluciones. En Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades venían funcionando despachos colectivos numerosos y bien asentados que se negaron a desaparecer diluidos en las estructuras sindicales. En cambio, allá donde no existían esos grandes despachos, la propuesta de la dirección del sindicato encontró menor resistencia. Así sucede, por ejemplo, en Asturias, donde nunca había llegado a existir ningún despacho colectivo y los abogados que componen inicialmente sus servicios jurídicos encuentran natural la integración en el sindicato:

Aquello del laboralismo era un eslabón más de la lucha contra el franquismo y [...] los despachos laboralistas dejaron de tener sentido. Había libertad sindical y no tenía sentido seguir manteniendo aquellos despachos. O te integrabas en los servicios jurídicos de los sindicatos —en Asturias decidimos hacerlo así— o, bueno, qué se hacía [...] competir con los sindicatos parecía absurdo y en Asturias se decidió integrarnos en el sindicato, en Comisiones Obreras. El sindicato necesitaba un servicio jurídico, que es lo que veníamos haciendo en la clandestinidad. O se continuaban los despachos, con lo cual había una dispersión grande de fuerzas y una utilización no racional de los medios o se intentaba organizar dentro del sindicato. Yo lo tuve bastante claro, me pareció que la alternativa estaba cantada, tenía que ser un servicio del sindicato, desde el sindicato y con profesionales del sindicato, a sueldo del sindicato. En otros sitios no se llegó a esa situación, los despachos intentaron mantenerse al margen del sindicato, pero claro, entonces el sindicato montó sus propios servicios jurídicos y los despachos quedaron vacíos de contenido.²⁹

Igualmente en Zaragoza se produce la integración de abogados como Sofía Bernardo, Luz Cuadra o Adolfo Burriel. También, en Galicia, Rafael Bárez aceptará convertirse en asalariado del sindicato. No faltaron, sin embargo, los casos en que la decisión se derive más de la disciplina que del convencimiento, como sucede con Aurora León en Sevilla. En todo caso, los servicios jurídicos de CCOO habrán de conciliar la fórmula de ofrecer atención a sus afiliados en los locales sindicales y a cargo de abogados que forman parte de su plantilla con el establecimiento de conciertos con despachos que conservan su autonomía. Ése será el vínculo adoptado durante algunos años por CCOO del País Valenciano con el Colectivo Jurídico-Laboral, encabezado por Alberto García Esteve, y también el establecido en Córdoba con Filomeno Aparicio. A la larga, no obstante, ambas fórmulas evidenciarán sus limitaciones y conducirán con cierta frecuencia al abandono o la desvinculación de los abogados. Aurora León volverá a abrir un despacho propio abandonando la sede de CCOO ante la falta de medios en que se desenvolvía su trabajo. Bárez orienta su actividad hacia otros campos, distanciándose de lo laboral. Una evolución similar sigue García Esteve. Por otra parte, serán varios los casos en que quienes habían aceptado desde un primer momento su integración como asalariados acaben planteando reivindicaciones acerca de su situación laboral e incluso interponiendo demandas contra el sindicato, como sucede con Giménez Pericás en el País Vasco o con Herrero Merediz en Asturias.

A su vez, los despachos que prosiguen su labor de forma independiente se ven afectados tanto por el abandono de una parte de sus integrantes, que optan por aceptar la oferta del sindicato, como por la pérdida de clientes, que, en su calidad de afiliados, pueden ahora hacer uso gratuito de los servicios jurídicos. Muchos habrán de diversificar su actividad incorporando otros campos del Derecho y otros se ven abocados al cierre. El ejemplo de mayor impacto, por las connotaciones que le rodeaban, será el del despacho madrileño de la calle Atocha, que, tras haber sido diezmado por el crimen de enero de 1977 y haber rechazado posteriormente la integración en CCOO, acaba desapareciendo. La trayectoria de Montserrat Avilés, quien, pese a la temprana muerte de Albert Fina, prosigue con el despacho manteniendo su orientación laboralista hasta el presente, resulta absolutamente excepcional.

En definitiva, en un plazo muy corto de tiempo, el nutrido y vigoroso colectivo de abogados laboralistas existente al final de la dictadura se vio afectado en la Transición por un proceso tenso y traumático que se salda con la dispersión en una multiplicidad de itinerarios personales. Héctor Maravall, quien defendió desde el primer momento la conveniencia de integrarse en CCOO, describe la dispersión a medio camino entre el análisis político y la reflexión personal:

El tema de la matanza de Atocha fue un elemento que tuvo efectos muy desestructurantes [...] es decir, fue un trauma muy fuerte ¿no? que a todos nos alteró mucho la vida. Y luego pues el trauma de las elecciones políticas de junio del 77. Entonces digamos que las aguas estaban muy revueltas en el despacho y yo creo que en todos los despachos laboralistas del Partido. Entonces hubo rupturas, pues la mía, Ricardo Bodas en Atocha... Es decir, hubo gente que se marchó al sindicato con problemas y que luego, bueno luego las relaciones se recomponen, pero el problema es que luego vino la crisis del Partido que fue a más, a más. Pero vamos, fue el asesinato de Atocha, los resultados electorales, la crisis eurocomunista y, de hecho, pues es significativo que, de aquel grupo, sólo siguió en el laboralismo Cristina [Almeida]. Tomás [Duplá] se marchó a la Unión Europea, Julia Marchena hizo oposiciones a funcionaria de la Administración, mi hermana [Elisa Maravall] estuvo unos años en Comisiones, pero luego se hizo profesora, Nacho Salorio montó un restaurante en Galicia, pues es que se nos cayó... Es que el laboralismo era «un destino en lo universal», entonces, pues claro, eso se rompió, se rompió el Partido, se rompieron muchas cosas. Y al final Manuela Carmena se marchó del Partido, que fue otro trauma enorme... Es decir, que la explosión que hubo entre el 77 y el 79 fue impresionante. Yo creo que no hemos reflexionado de ese tema todavía como colectivo.³⁰

En cuanto a UGT, la solución adoptada resulta idéntica a la de CCOO: constitución de unos servicios jurídicos propios contratando abogados que en los locales sindicales atienden de forma gratuita a los afiliados y establecimiento de conciertos con laboralistas que ejercen por su cuenta y a quienes se deriva una parte de los casos. El proceso de adaptación al nuevo contexto democrático y de configuración de los servicios jurídicos del sindicato resultó, sin embargo, mucho menos traumático y conflictivo. En parte puede deberse a la inexistencia previa de grandes despachos vinculados a esta central al modo en que funcionaban los de CCOO. El único que pudiera haber presentado características similares era el radicado en Sevilla, pero el paso de sus principales integrantes a la actividad política como dedicación exclusiva va reduciendo su actividad y neutraliza también su posible transformación en empleados del sindicato, sin perjuicio de que contribuyan a crear sus servicios jurídicos.³¹ Tampoco existe en paralelo una crisis política del partido afín que pueda interferir en las cuestiones sindicales. En general, no se da entre los socialistas un debate en los términos que se produce en CCOO acerca de la relación con los abogados. Lo que no significa, de todos modos, que no hayan existido posturas contrarias a la integración por similares motivos, tal como recuerda Agapito Ramos:

A mí me lo plantea la UGT [...] pero yo he tenido siempre claro que mi independencia política y profesional es clave para ir por la vida. Me dicen que vaya y yo digo que no, y me dicen: «Échanos una mano, por lo menos un par de años» y estoy un par de años que me paso dos días por la mañana.³²

Finalmente, el campo del laboralismo contaba en la Transición con un sector no vinculado a sindicato alguno, debido a su sintonía con postulados asamblearios, consejistas o autónomos. Este planteamiento les exime de cualquier debate acerca de la vinculación con las organizaciones sindicales, pero no impide que su actividad se vea afectada por la legalización de éstas y la creación de servicios jurídicos gratuitos para los afiliados, así como por el reflujo de las tendencias autónomas en el movimiento obrero. Estos despachos llegan a alcanzar una coordinación a nivel estatal, con asistencia de abogados de Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Málaga, Canarias, Madrid, Logroño, Huesca, San Sebastián y Córdoba, teniendo como principal referencia al Col·lectiu Ronda, constituido en Barcelona en 1972. Entre ellos figuran también Vicent Álvarez, en Valencia, y Pedro Ibarra, en Bilbao. El despacho de este último, que llega a contar con una docena de abogados, había venido defendiendo causas políticas contra independentistas vascos al mismo tiempo que asuntos laborales que en buena medida provenían del sector de CCOO de Euskadi no controlado por el PCE. Con la llegada de la democracia dejarán de representar a militantes de ETA, defendidos ahora por abogados de Herri Batasuna, y refuerzan su perfil más propiamente laboralista. Aunque Ibarra abandona el ejercicio de la abogacía a comienzos de los años ochenta, el despacho se mantendrá abierto durante largos años.³³ En cuanto al Col·lectiu Ronda, transformado en 1980 en cooperativa y que ha prolongado su vida hasta el presente, mantiene su inclinación a asesorar y representar a trabajadores inmersos en procesos asamblearios, así como a experiencias cooperativas y autogestionarias.

La coordinación entre estos despachos centrados en lo laboral y deliberadamente al margen de los sindicatos persiste hasta comienzos de los años ochenta, cuando cada despacho vaya adoptando su propia orientación y los contactos se vuelvan esporádicos y basados en las relaciones personales. Hasta entonces, la coordinadora había servido de punto de referencia para quienes se habían situado al margen de los grandes sindicatos y compartían planteamientos asamblearios y postulados anticapitalistas. Sus posiciones quedan reflejadas en un documento aprobado en octubre de 1979:

Creemos que queda claro que no pertenecemos a ninguna central sindical y a ningún partido político y en consecuencia nuestro deseo es el de la UNIDAD en el seno de la clase obrera, y la potenciación de la DEMOCRACIA DIRECTA a través de las formas de autoorganización, adoptadas y asumidas por los mismos trabajadores en sus empresas, barrios, escuelas, etc., en su lucha contra el sistema capitalista.

Queda claro, también, que en nuestros despachos será atendida cualquier persona con el simple título de ser trabajador, pertenezca o no a central, partido o colectivo, sin discriminación alguna.

Y que, finalmente, todo ello no supone que debamos situarnos siempre en la posición dicha ya que la lucha de la clase obrera nos enseñará, como siempre, a estar en el lugar que nuestro servicio técnico debe ocupar en el proceso de consolidación de dicha lucha.³⁴

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Fuentes

ARCHIVOS

—Archivo de CCOO de Galicia-Fundación 10 de Marzo

—Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias (AFOHSA)

—Archivo de Historia del Trabajo (AHT)-Fundación 1.º de Mayo

—Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero (AFFLC)

—Archivo General de la Administración (AGA)

—Archivo Histórico de Asturias (AHA)

—Archivo Histórico de CCOO de Andalucía, FES

—Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE)

—Archivo Histórico Nacional (AHN)

—Archivo Histórico Provincial de Pontevedra (AHPP)

—Arxiu Històric de CCOO del País Valencià-FEIS.

—Arxiu Històric de la CONC-Fundació Cipriano García

—Biblioteca Nacional, Hemeroteca (BN. H)

FUENTES HEMEROGRÁFICAS

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Boletín de Información de Legislación Laboral: 1966.

Cuadernos para el Diálogo: 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975, 1978.

Ecos del Foro. Portavoz de los abogados madrileños, 1959-1960.

España Libre: 1965.

El País: 1985, 2009.

El Socialista: 1958, 1963, 1970.

Gaceta de Derecho Social: 1970, 1971, 1972.

Hora de Madrid. Órgano del Comité de Madrid del PCE: 1969.

Informaciones: 1970.

La Vanguardia Española: 1967, 1969, 1970, 1974.

La Voz de Galicia: 1975, 1992.

Mundo Obrero. Órgano del Comité Central del PCE: 1970, 1977, 1985.

Nova Galicia: 1967.

Tele Expres: 1970.

Triunfo: 1970, 1971, 1975, 1976, 1977, 1978.

FUENTES ORALES

Testimonios orales recogidos para el proyecto «Abogados laboralistas y lucha por una justicia democrática» depositados en el AFOHSA:

Almeida Castro, Cristina

Alonso Gutiérrez, Alberto

Avilés Vila, Montserrat

Burriel Borque, Adolfo

Carmena Castrillo, Manuela

Casares i Potau, Francesc

Flórez Plaza, Alfredo

Gasch Riudor, Josep Maria

Herrero Merediz, José Ramón

Ibarra Güell, Pedro

Jáuregui Atondo, Ramón

López López, Manolo

Maravall Gómez-Allende, Elisa

Maravall Gómez-Allende, Héctor

Menéndez de Luarca Navia-Osorio, Luis

Mohedano Fuertes, José María

Montesinos Villegas, Antonio

Núñez Casal, José Luis

Ortiz Ricol, Gregorio

Polo Blanco, Francisco

Ramos Cuenca, Agapito

Rebollo Álvarez-Amandi, Alejandro

Ruiz-Huerta Carbonell, Alejandro

Sauquillo Pérez del Arco, Francisca

Solé Puig, Ascensió

Suárez Roldán, María Luisa

RELACIÓN DE TESTIMONIOS CONSULTADOS EN OTROS ARCHIVOS:

Álvarez Rubio, Vicent, Archivo CCOO País Valenciano

Aparicio Lobo, Filomeno, Archivo Histórico CCOO Andalucía

Arrillaga, Josefina, Fundación Francisco Largo Caballero

Belinchón Belinchón, Mercedes, Archivo CCOO País Valenciano

Carmena Castrillo, Manuela, Fundación 1.º de Mayo

Carvajal Pérez, José Federico de, Fundación Francisco Largo Caballero

Castellano Cardalliaguet, Pablo, Fundación Francisco Largo Caballero

Fernández Sanchis, Rafael, Archivo CCOO País Valenciano

Gil Matamala, August, Arxiu Històric de la CONC

Jiménez de Parga Cabrera, José, Fundación 1.º de Mayo

León González, Aurora, Archivo Histórico de CCOO Andalucía

Martín Mora, Fernando, Archivo Histórico de CCOO Andalucía

Medina Fernández-Aceytuno, Miguel Ángel, Archivo Histórico CCOO Andalucía

Ortiz Ricol, Gregorio, Testimony of the Spanish Civil War and the Francoist Dictatorship. University of California, San Diego

Peces-Barba Martínez, Gregorio, Fundación Francisco Largo Caballero

Rato y Rodríguez de Moldes, Antonio, Fundación 1.º de Mayo

Ruiz Moreno, José Julio, Archivo Histórico de CCOO Andalucía

Ruiz-Tagle Morales, Ana María, Fundación Francisco Largo Caballero

Suárez Roldán, María Luisa, Fundación 1.º de Mayo

Valle Arévalo, Manuel del, Fundación Francisco Largo Caballero

RELACIÓN DE TESTIMONIOS ORALES DE LOS AUTORES

Álvarez Gándara, Alfonso, archivo personal de José Gómez Alén

Espuny, Leopoldo, archivo personal de Francina Espuny

Giménez Pericás, Antonio, archivo personal de José Antonio Pérez Pérez

Landín, Elvira, archivo personal de José Gómez Alén

Martínez Randulfe, Fernando, archivo personal de Pedro Lago

Sartorius Bermúdez de Castro, Jaime, archivo personal de Sergio Gálvez

Los autores

Claudia Cabrero Blanco es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo. Sus líneas de investigación giran en torno a las historias de género, oral y social, con especial atención al estudio de la dictadura franquista y, sobre todo, al papel de las mujeres en la resistencia al régimen en Asturias. En los últimos años ha combinado su labor docente en la Universidad de Oviedo con la participación en diversos proyectos de investigación como «Voces del pasado. Testimonios orales de la represión y la violencia política en Asturias», «Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias» o «Investigación y Estudio de los archivos sobre el trabajo de las mujeres en la industria fabril de Gijón». Es autora de Mujeres contra el franquismo. Asturias, 1937-1952. Vida cotidiana, represión y resistencia (Oviedo, KRK, 2006) y coautora de los volúmenes Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista 1 y 2 (Madrid, GPS, 2010 y 2011), así como del Mapa de fosas comunes de Asturias (Oviedo, 2011). Asimismo, es coeditora de La escarapela tricolor. El republicanismo en España: política, sociedad y cultura (Oviedo, KRK, 2008). Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y en obras colectivas, como «Asturias. Las mujeres y las huelgas» (en Del hogar a la huelga. Trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo, 2007), «Militancia, resistencia y solidaridad. Las mujeres comunistas y la lucha clandestina durante el Primer Franquismo» (en Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia social, 2009), «El ejemplo de las asturianas. Género, clase e identidad a través de la cultura política del PCE (1937-1975)» (en El movimiento obrero en Asturias durante el franquismo. 1937-1977, 2013) o «Una resistencia antifranquista en femenino» (en Represión, resistencias, memoria. Las mujeres bajo la dictadura franquista, 2013).

Irene Díaz Martínez es historiadora, especialista en metodología de la Historia Oral. Desde el año 2007, es responsable del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias (AFOHSA) de la Universidad de Oviedo, y coautora del Inventario de fondos del AFOHSA (Asturias, 2012). Sus líneas de investigación, centradas en el periodo franquista, se han focalizado en el estudio del movimiento obrero así como la violencia política y los procesos de memoria. Es autora de Vanguardia Obrera e insurrección firmada. La huelga de 1963 y las contradicciones de la dictadura franquista (Gijón, 2006) y coautora de las obras Asturias, 70 años, 70 voces. Testimonios y memorias de una guerra (Oviedo, 2007) y Vecinos y vencidos (Guadalajara, 2012). Entre sus más recientes aportaciones se encuentran los artículos publicados en la monografía El movimiento obrero en Asturias durante el franquismo, 1937-1977 (Asturias, 2013) así como los volúmenes Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, I y II (Madrid, 2010 y 2011).

José Gómez Alén, catedrático de Historia de enseñanza media, ha orientado sus investigaciones en el campo de la historia social hacia el mundo del trabajo industrial, los conflictos sociales y las relaciones laborales durante el franquismo. Es autor de libros y numerosos trabajos en obras colectivas sobre esos temas, entre los que se encuentran As Comisións Obreiras de Galicia e a conflictividade laboral durante o franquismo (1995); Galicia 1962. El eco del silencio (2002); La Pirenaica: la subversión de las ondas (2002); Manuel Amor Deus. Unha biografía da resistencia obreira ao franquismo (2008); Conflicto obrero y protesta política en Galicia. Las ciudades de Vigo y Ferrol, 19601980, (2011). Es coautor de Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista (2 vols. 2010-2012), Astilleros en el Arco Atlántico. Trabajo, historia y patrimonio (2013), Historia de CCOO nos seus documentos (1996) y O dez de marzo. Unha data na historia (1997). Ha participado como asesor histórico del film El lápiz del carpintero (2003), O 10 de Marzo (1997) y O sal da terra. Unha historia do sindicalismo galego (2000).

Ha sido coordinador y comisario de exposiciones de historia, fotografía, pintura y escultura, dentro y fuera de España: La prensa clandestina durante el franquismo; España siglo XX. Escenas del trabajo; Quessada. Arte y compromiso; Arte y solidaridad los pintores españoles y el cartelismo sociopolítico; Quessada. Human rights. Testimonies. Es coordinador del libro Quessada. Arte y libertad, que obtuvo el Premio Nacional a la edición de libros de arte de 2005. Fue director del Archivo Histórico de CCOO de Galicia- Fundación 10 de Marzo (1991-2005) y de la revista de Historia y Ciencias Sociales, DEZ. EME. (2000-2006).

Rubén Vega García es historiador y doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, de la que es profesor en la actualidad. Responsable del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias. Entre 1998 y 2003 ha dirigido la Fundación Juan Muñiz Zapico de CC.OO. de Asturias. Desde hace más de veinte años investiga sobre el período franquista y la Transición Democrática, siguiendo líneas de investigación centradas en asociacionismo, culturas del trabajo, movimiento obrero, organizaciones sindicales, conflictividad social y procesos de desindustrialización. Es, además, especialista en Historia Oral. Entre sus libros, destacan La Corriente Sindical de Izquierda. Un sindicalismo de movilización (1991), CC. OO. de Asturias en la Transición y la Democracia (1995), Crisis industrial y conflicto social. Gijón 1975-1995 (1998), La reconstrucción del sindicalismo en democracia (vol. VI de la Historia de la UGT dirigida por Santiago Castillo, 2011) y Clandestinidad, represión y lucha política. El movimiento obrero en Gijón bajo el Franquismo, 1937-1962 (1998). Es además coautor de Historia de la Cruz Roja en Asturias (2000), Las huelgas de 1962 en Asturias (2002), Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional (2002), Cien años de cooperativismo. Historia de la Cooperativa de Agricultores de Gijón, 1906-2006 (2006), Juan Muñiz Zapico «Juanín» (2007), Franquismo, oposición y transición en Gijón (2010), Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista. (2 vols. 2010 y 2012) y El movimiento obrero en Asturias durante el franquismo 1937-1977 (2013).

Ha sido además, guionista y productor de los documentales Hay una luz en Asturias…Testigos de las huelgas de 1962 (2002), Donde habita el olvido y Golpe a golpe. Queda la palabra.

Notas

1. INTRODUCCIÓN

1. Carrillo, Marc, El marc legal de la repressió de la dictadura franquista en el període 1939-1959, en Associació catalana d’expresos polítics, Notícia de la negra nit. Vides i veus a les presons franquistes (1939-1959), Diputació, Barcelona, 2001, p. 17.

2. Ginard i Féron, David, Matilde Landa. De la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas, Flor del Viento, Barcelona, 2005, pp. 96-115.

3. Mayayo i Artal, Andreu, Josep Solé Barberà, abogado. La voz del PSUC, RBA, Barcelona, 2007, p. 169.

4. Testimonio oral de Luis Menéndez de Luarca, 2011.

5. «La abogacía en vanguardia», Cuadernos para el Diálogo, n.º 80 (mayo de 1970).

6. Boletín Informativo n.º 35 del 6 de agosto de 1975 de la Dirección General de Seguridad, Comisaría General de Investigación Social, Secretaría General. Citado en Águila, Juan José del, «Voceros de libertad y parteros de la democracia: Los abogados comunistas de Madrid en el final del Franquismo (1969-1977)», en Bueno, Manuel (coord.), Comunicaciones del II Congreso de historia del PCE. De la resistencia antifranquista a la creación de IU, Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid, 2007. Edición en cd-rom.

7. Citado en el apéndice documental de Ysàs, Pere, Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975, Crítica, Barcelona, 2004.

8. Cabrero, Claudia, Díaz, Irene y Gordon, Carlos, «Fuentes para el estudio de la abogacía antifranquista» y «Selección de documentos», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén (coords.), Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, vol. I, Fundación Abogados de Atocha, Madrid, 2010, pp. 235-356 y 357-711.

9. Cabrero, Claudia, Díaz, Irene, Gómez Alén, José y Vega, Rubén, «El testimonio de la abogacía antifranquista», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén (coords.), Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, vol. II, Fundación Abogados de Atocha, Madrid, 2011, pp. 510-863.

10. Nos referimos a las semblanzas de Rafael Bárez, José Federico de Carvajal, Albert Fina y Montserrat Avilés, Alberto García Esteve, Antonio Giménez Pericás y Manolo López en el primer volumen, y Filomeno Aparicio, Antoni Cuenca, Leopoldo Espuny, August Gil Matamala, Aurora León, Jaime Miralles, Lola Monferrer, Antonio Montesinos, Gregorio Ortiz Ricol, Gregorio Peces-Barba, Antonio Rato, Joaquín Ruiz-Giménez, Ana Ruiz-Tagle, Jaime Sartorius, Josep Solé Barberà y María Luisa Suárez Roldán en el segundo. Los autores contemplan como tarea aún pendiente la edición de un nuevo libro centrado en las biografías de las abogadas laboralistas Manuela Carmena, Cristina Almeida y Paca Sauquillo.

11. La relación completa de fondos en www.uniovi.es/AFOHSA/. AFOHSA quiere agradecer especialmente a la Fundación Abogados de Atocha la cesión para su custodia.

2. UN ESTADO SIN CIUDADANOS Y SIN DERECHOS. EL MARCO JURÍDICO Y LA ACTUACIÓN DE LOS ABOGADOS ANTE LOS TRIBUNALES MILITARES

1. Mola Vidal, Emilio, «Cuartillas leídas ante el micrófono de Radio Castilla de Burgos en la emisión del 15 de agosto de 1936», reproducido en Gil, Pablo, La noche de los generales. Militares y represión en el régimen de Franco, Ediciones B, Barcelona, 2004, p. 34.

2. Jáuregui, Fernando y Vega, Pedro, Crónica del antifranquismo (3). 1971-1975: Caminando hacia la libertad, Argos Vergara, Barcelona, 1985, pp. 353-360.

3. En un artículo en la Revista de Administración Pública, n.º 47, correspondiente a 1965 y dedicado al Tribunal de Defensa de la Competencia, José María Villar y Romero, letrado del Colegio de Estado, clasificaba las jurisdicciones y tribunales de esta manera: a) Jurisdicciones y tribunales especiales represivos ordinarios (vagos y maleantes, por ejemplo) y especiales (Jurisdicción Militar, los viejos tribunales de represión de la masonería y el comunismo, la Fiscalía de Tasas...), b) Jurisdicciones y tribunales especiales no represivos, en los que encontraríamos los tribunales especiales dentro de la jurisdicción ordinaria (como los relativos a los bienes incautados o la anulación de divorcios) y las Jurisdicciones Especiales (eclesiástica, contenciosoadministrativa, agravios, juntas de tasas, administrativas y la Jurisdicción Laboral o de trabajo). Para la época del artículo, de las 26 jurisdicciones y tribunales habían desaparecido doce, entre ellas masonería y comunismo y responsabilidades políticas. El texto puede consultarse en http://www.cepc. es/rap/Publicaciones/Revistas/1/1965_047_375.PDF.

4. Entre 1963 y 1975 serán juzgadas y condenadas por tribunales militares 2.160 personas. Ballbé, Manuel, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Alianza, Madrid, 1983, pp. 427, 453-454.

5. Águila, Juan José del, El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Planeta, Barcelona, 2001, pp. 227-231.

6. Carbajal, Pedro, Julián Grimau. El último muerto de la Guerra Civil, Madrid, Aguilar, 2003. Ruiz Ayúcar, Ángel, Crónica agitada de ocho años tranquilos. 1963-1970, San Martín, Madrid, 1974. Rodríguez Armada, Amandino y Novais, José Antonio, ¿Quién mató a Julián Grimau?, Ediciones 99, Madrid, 1976.

7. Mateos, Abdón (ed.), La España de los cincuenta, Eneida, Madrid, 2008.

8. Fonseca, Carlos, Garrote vil para dos inocentes. El caso DelgadoGranado, Temas de Hoy, Madrid, 1998.

9. Decreto ley de 16 de agosto de 1968 de Represión del Bandidaje y Terrorismo que reestablecía y actualizaba el de 21 de septiembre de 1960. Ley de 15 de noviembre de 1971 modificadora del Código de Justicia Militar y Decreto ley de 27 de agosto de 1975 de prevención del terrorismo.

10. «Análisis jurídico crítico del Decreto-Ley de Prevención del Terrorismo», BOE n.º 205 de 27 de agosto de 1975, AH CCOO de Catalunya, Fondos de Asociaciones y Colegios Profesionales, Sección Col·legi d’Advocats de Barcelona, sig. VI-B.1.

11. Jáuregui, Fernando, «Las presiones internacionales no pudieron frenar los cinco fusilamientos del 27 de septiembre de 1975», El País, 27 de septiembre de 1985.

12. Carrillo, Marc, «El marco legal de la represión en la dictadura franquista durante el periodo 1939-1959», en Gómez Isa, Felipe, El derecho a la memoria, Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 2006, p. 506.

13. Fina, Albert, De la llei i la justícia, Editorial Laia, Barcelona, 1987. p. 56.

14. La justificación del golpe militar en Gil, Pablo, op. cit. pp. 32-36.

15. Bando de Guerra firmado por Franco el 18/07/36 y Declaración del Estado de Guerra de 28/07/36, de la Junta de Defensa Nacional (BOE 30/07/36).

16. Carrillo, Marc, op. cit., pp. 501-527.

17. La estructuración de la Jurisdicción Militar para dichos fines, tanto orgánica como procesalmente, tiene lugar mediante un Decreto del general Franco, el n.º 55, de 1 de noviembre de 1936. Jiménez Villarejo, Carlos, «La destrucción del orden republicano (apuntes jurídicos)», en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, n.º 7, 2007.

18. Testimonio de Alejandro Martínez, sacerdote, preso con los republicanos en Gijón durante la guerra en Asturias y partidario del Alzamiento, recogido en Fraser, Ronald, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, Crítica, Barcelona, 2001, p. 590.

19. Jiménez Villarejo, Carlos, op. cit.

20. Ibidem.

21. Pascual, Pedro, «Campos de concentración en España y batallones de trabajadores», en Historia 16, p. 16.

22. Testimonio oral de Juan Antonio Rodríguez Ania, Serie Historias de Vida, AFOHSA, sig. B4/11.

23. Citado en Hernández Holgado, Fernando, La prisión militante: las cárceles franquistas de mujeres de Barcelona y Madrid (1939-1945). Tesis doctoral disponible en http://eprints.ucm.es/13798/1/T33104.pdf.

24. Carrillo, Marc, op. cit., p. 519.

25. Un detallado análisis de la cuestión de las Jurisdicciones Especiales antes de 1963 en Águila, Juan José del, op. cit., pp. 369-395.

26. Testimonio oral de Gregorio Ortiz Ricol, 2011.

27. Aunque esta cuestión era invocada por Gregorio y los miembros de la comisión jurídica, lo cierto es que el propio Código Penal de 1944 en su Disposición Final podía permitir la pervivencia de las leyes penales dictadas con anterioridad, bajo una ambigua norma atributiva de competencia jurisdiccional tributaria de muy dificultosa interpretación jurídica. Véase a este respecto Carrillo, Marc, op. cit., pp. 501-527.

28. Los miembros de la Comisión Jurídica eran fundamentalmente Higinio Recuenco, Gregorio Ortiz y Fernando Sagaseta. Aunque en el penal también cumplían condena otros abogados —el vasco Antonio Giménez Pericás y el asturiano José Ramón Herrero Merediz—, éstos no se incorporaron al equipo, que por otra parte venía funcionando como una máquina perfectamente engranada. Testimonio oral de José Ramón Herrero Merediz y de Gregorio Ortiz Ricol, 2011. Díaz Martínez, Irene, «La justicia en capilla. Gregorio Ortiz Ricol y la lucha jurídica desde la cárcel», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista (vol. II), GPS/Fundación Abogados de Atocha, Madrid, 2011, pp. 249-255.

29. AHPCE, Sección Represión Franquista, Cárcel de Burgos, «A todos los profesionales del Derecho del mundo», 1964, jacq. 873.

30. Díaz Martínez, Irene, op. cit., pp. 254-255. Ibáñez, Norberto y Pérez, José Antonio, Ormazábal. Biografía de un comunista vasco (1910-1982), Latorre Literaria, Madrid, 2005, p. 284.

31. Fina, Albert, op. cit., p. 56.

32. Testimonio oral de Antoni Cuenca, 2011. Benet, Josep y Miquel, David, «Hi va haver gent així», en Avilés, Montserrat et al. Albert Fina, La Factoría Cultural, Barcelona, 2001, p. 186.

33. Fina, Albert, op. cit., p. 56.

34. Leyes Fundamentales del Reino, García Enciso, Madrid, 1971, pp. 12-15.

35. Gil, Pablo, op. cit., pp. 24-25. Sesma Landrín, Nicolás, «Franquismo, ¿Estado de Derecho? Notas sobre la renovación de lenguaje político de la dictadura durante los años 60», en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 5, 2006, pp. 45-58.

36. Ballbé, Manuel, op. cit., pp. 415-417 y 426; Pagès, Pelai, «El Franquisme, un règim repressiu», en Pagès, Pelai (dir.), Franquisme i repressió franquista als Països Catalans (1939-1975), Universitat de València, Valencia, 2004, p. 29.

37. Decretos de 24 de enero y 25 de abril de 1958 de Creación del Juzgado Militar Especial de Actividades Extremistas, en Águila, Juan José del, «Las medallas del Coronel Eymar», en AA. VV., VI Encuentro de investigadores sobre el Franquismo, Fundación Sindicalismo y Cultura, Zaragoza, 2006, pp. 813-826.

38. Caminal, Miquel, Joan Comorera. Comunisme i nacionalisme (1939-1958), vol. III, Editorial Empúries, Barcelona, 1985, pp. 325-347. López Raimundo, Gregorio, Para la historia del PSUC. La salida a la superficie y la conquista de la democracia, Península, Barcelona, 2006. Núñez González, Miguel, La revolución y el deseo, Cahoba, Barcelona, 2008.

39. Testimonio oral de Gregorio Ortiz, 2011.

40. Carrillo, Marc, op. cit., p. 513.

41. Escrito a la Dirección General de Prisiones de un grupo de abogados, Madrid, 18 de abril de 1960, Archivo General de la Administración (en lo sucesivo AGA), Fondo Cultura, Sección Ministerio de Información y Turismo, Oficina de Enlace, caja 82/432. «Escrito remitido por abogados defensores en procesos militares a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados denunciando las trabas impuestas por la dirección del penal de Carabanchel para comunicar con sus clientes», 29 de diciembre de 1961, AHT, Fondos de Asesorías y Despachos Laboralistas, Fondo Abogado José Manuel López, serie Correspondencia, sig. 003/002.

42. Testimonio oral de Antonio Rato, AHT, Madrid, colección Biografías Obreras y Militancia Sindical en CCOO.

43. Fina, Albert, op. cit., p. 56.

44. Testimonio oral de Gregorio Ortiz, 2011.

45. Testimonio oral de Antonio Rato, AHT, Madrid, colección Biografías Obreras.

46. La elección de Rebollo había sido en todo caso fortuita. El jurídico militar que cuidadosamente había sido seleccionado por los abogados del Partido Comunista se encontraba cumpliendo condena de reclusión por su excesivo celo en la defensa de unos hombres acusados de asociación ilícita y de bandidaje y terrorismo. Al menos en Asturias, el capitán Eduardo Cocina, compañero de promoción y amigo antes de la guerra del histórico comunista asturiano Horacio Fernández Inguanzo «El Paisano», acostumbraba a prestar, dentro de las posibilidades que le confería su estatus, ayuda a los detenidos. Testimonio oral de Juan Antonio Rodríguez Ania, AFOHSA. Igualmente, el militar asignado en la defensa de Manolo López obró consecuentemente a su formación. Gordon, Carlos, «Manolo López, abogado comunista (1930-2008)», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén (coords.), Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, vol. I, Madrid, GPS, 2010, pp. 214-217. Merced a los contactos del también abogado José Jiménez de Parga, el PCE contaba con un listado de letrados militares que se prestaban a la práctica de la defensa de acuerdo a criterios sumamente profesionales y deudores de principios jurídicos. Entre éstos, cabe mencionar a José Grifo Montilla, Pedro Martín Fernández, José Gayoso Díaz, Salgado o Durán, en Ibáñez, Norberto y Pérez, José Antonio, op. cit., pp. 241-244. El militar asignado para la defensa de Gregorio Ortiz actuará guiado por el propio Ricol. En Barcelona, el capitán Bave aceptará el asesoramiento de los letrados civiles y por ello mismo será arrestado, en Fina, Albert, Des del nostre despatx, Dopesa, Barcelona, 1978, p. 39.

47. La detención y posterior asesinato de Julián Grimau marca un antes y un después en los modos e instrumentos de la represión de la disidencia política. Además del documentado análisis jurídico realizado por A. Rodríguez Armada (Rodríguez Armada, Amandino y Novais, José Antonio, op. cit.), la actuación de los abogados en este proceso puede seguirse mediante informes como el realizado por el letrado británico Richard Freeman, en Rodríguez Martín, Nuria, «La repercusión del caso Grimau en la prensa española e internacional», en http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/taller/grimau.pdf.

48. La información relativa al consejo de guerra contra Miguel Núñez, desde las notas manuscritas con preguntas para el acusado, el escrito de defensa y ratificación de conclusiones, amén del intercambio de correspondencia de Barberà con diferentes personalidades en AH CCOO de Catalunya, Fondos de Asesorías y Despachos Laboralistas, Fondo Abogado Josep Solé Barberà, Consejo de Guerra 144/IV/58, caja IX. También, Mayayo i Artal, Andreu, «Josep Solé Barberà (1913-1988)», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, op. cit. (vol. II), pp. 452-455.

49. Fondo José Antonio Alzola Martínez de Luna, Sección Documentación Personal, Expediente de la huelga de la construcción de los años 1970-1971 y la muerte del trabajador Pedro Patiño Toledo, signatura 001701-009.

50. «Escrito dirigido al Consejo General de la Abogacía Española», 26 de abril de 1972, citado en Zaragoza, Ángel, Abogacía y política, Cuadernos para el Diálogo/Edicusa, Madrid, 1975, pp. 83-84.

51. En aplicación de la Ley Antiterrorista y de las disposiciones que ésta contemplaba sobre la actuación de los abogados civiles ante el estrado, los responsables de la defensa de los seis militantes del FRAP serán expulsados uno a uno del consejo de guerra que se celebraba en las dependencias que el Ejército tenía en El Goloso. Además, serán despojados de las togas y abandonados en la carretera sin más explicación. Jáuregui, Fernando y Vega, Pedro, op. cit., pp. 356-357.

52. Fina, Albert, De la Llei i la justícia, op. cit., p. 57.

53. Ibidem, p. 57.

54. Testimonio oral de Antonio Giménez Pericás, reproducido en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, op. cit. (vol. II), cit., p. 781.

3. LOS PIONEROS. PRIMEROS PASOS DE UNA ABOGACÍA DEMOCRÁTICA

1. Mayayo i Artal, Andreu, «Josep Solé Barberà (1913-1988)», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén (coords.), Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, vol. II, Fundación Abogados de Atocha y Ediciones GPS, Madrid, 2011, pp. 446-447.

2. García Esteve no combatió por su juventud, pero participó en el aparato de propaganda del Socorro Rojo. Gómez Roda, Alberto, «Alberto García Esteve (1919-1996)», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén (coords.), Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, vol. I, Fundación Abogados de Atocha y Ediciones GPS, Madrid, 2010, pp. 134-137.

3. Aroca Mohedano, Manuela, «José Federico de Carvajal: la instrumentalización del derecho en la democratización de España», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, op. cit. (vol. I), pp. 69-96.

4. Testimonio oral de Francesc Casares, 2011.

5. Cabrero Blanco, Claudia, «Semillas de libertad. Antonio Montesinos y el origen de los despachos colectivos», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, op. cit. (vol. II), pp. 185-186.

6. Testimonio oral de María Luisa Suárez, 2011.

7. Testimonio oral de María Luisa Suárez Roldán, 2011; testimonio oral de Antonio Montesinos, 2007.

8. Testimonio oral de José Jiménez de Parga Cabrera, colección Biografías Obreras y Militancia Sindical en CCOO. Archivo Historia del Trabajo, BIO 49/1-BIO 49/2, Fundación 1.º de Mayo.

9. Cabrero Blanco, Claudia, op. cit., p. 190.

10. Erice Sebares, Francisco, «Antonio Rato: el antifranquismo y la abogacía como imperativo moral», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, op. cit. (vol. II), pp. 294-295.

11. Benito del Pozo, Carmen, La clase obrera asturiana durante el Franquismo, Siglo XXI, Madrid, 1993, p. 350.

12. Casares, Francesc, Memòries d’un advocat laboralista (1927-1958). Primera part, La Campana, Barcelona, 2006, pp. 507-508; Espuny Carrillo, Leopoldo, «Abogados laboralistas: una particularidad del nuevo movimiento obrero», en Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, Los abogados laboralistas en el franquismo, n.º 10, Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, Barcelona, 2010, p. 61.

13. Berzal de la Rosa, Enrique, Del nacionalcatolicismo a la lucha antifranquista. La HOAC de Castilla y León entre 1946 y 1975, en http://www. cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=4673.

14. Ibidem, p. 511.

15. Doñate Sanglas, Ignasi, «Los despachos laboralistas en el proceso de transición política (1970-1985)», en Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, p. 68.

16. Úbeda Queralt, Lluís, «Aproximación a una biografía: Antoni Cuenca Puigdellívol (1925-2004)», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, op. cit. (vol. II), pp. 26-27.

17. Casares, Francesc, op. cit., p. 573.

18. Martín Martín, Antonio, en Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, p. 43. Úbeda Queralt, Lluís, op. cit., pp. 25-27.

19. Fina, Albert, Des del nostre despatx, Dopesa, Barcelona, 1978, p. 30.

20. Testimonio oral de Francesc Casares i Potau, 2011 (traducción del catalán a cargo de Lluis Úbeda).

21. Testimonio oral de Francesc Casares i Potau, 2011.

22. Casares, Francesc, op. cit., pp. 526-527.

23. Ibidem, pp. 534-535.

24. Testimonio oral de Francesc Casares i Potau, 2011.

25. Ibidem.

26. Ibidem.

27. Tébar Hurtado, Javier, «Los despachos de Fina-Avilés: compromiso profesional y lucha ideológica. Materiales para una biografía contextualizada», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, op. cit. (vol. I), pp. 102-103; Doñate Sanglas, Ignasi, op. cit., p. 68.

28. Jáuregui, Fernando y Vega, Pedro, Crónica del antifranquismo (2). 1963-1970: el nacimiento de una nueva clase política, Argos Vergara, Barcelona, 1984, pp. 364-374.

29. AFFLC, Fondo UGT en el exilio, Secretariado Profesional de Abogados, «Resumen de actividades. Secretariado Profesional de Abogados», s. f., pero de finales de 1953, sig. 003794-002.

30. AFFLC, Fondo UGT en el exilio, Secretariado Profesional de Abogados, «Borrador de la Carta-Circular a los Decanos de los Colegios de Abogados de España», 1952, sig. 003794-002.

31. Aroca Mohedano, Manuela, op. cit., pp. 69-96. Sobre el Secretariado de Abogados de la UGT en el interior entre 1958 y 1960 y la trayectoria individual de algunos de sus componentes y otros abogados socialistas y ugetistas, se puede consultar Mateos, Abdón, El PSOE contra Franco. Continuidad y renovación en el socialismo español, Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 1993.

32. AFFLC, Fondo UGT en el exilio, Secretariado Profesional de Abogados, «Acta constitutiva del Secretariado de Abogados de la UGT», Madrid, a 12 de septiembre de 1958, sig. 003794-002.

33. Ibidem.

34. AFFLC, Fondo UGT en el exilio, Secretariado Profesional de Abogados, «Informe del Secretariado de Abogados de la UGT en Madrid al CE de la UGT en Toulouse», 19 de septiembre de 1959, sig. 003794-002. La nómina de afiliados que ofrece el documento es la siguiente: Abogados en ejercicio: Juan Bautista Bolonio, Antonio Alonso Baño, Rodolfo Vázquez de Marco, José Federico de Carvajal, Diego Carrasco Masdeu, Josefina Arrillaga Ansorena, María Luisa Suárez Roldán, Luis Castillo Almena, Francisco Zapico San Agustín y José Antonio Robledano Villas. Licenciados en Derecho: Ángel Gutiérrez Escudero. Letrados temporalmente apartados del Secretariado a petición propia: Antonio de Rato Rodríguez de Moldes, Carlos de Zayas, José Antonio Muñoz Atienza y Antonio Villar Massó.

35. AFFLC, Fondo UGT en el exilio, Secretariado Profesional de Abogados, «Informe sobre reuniones del Secretariado de Abogados», 4 de noviembre de 1959, sig. 003794-002.

36. AFFLC, Fondo UGT en el exilio, Secretariado Profesional de Abogados, «Informe del presidente del Secretariado de Abogados al CE de la UGT», 2 de noviembre de 1959, sig. 003794-002.

37. Aroca Mohedano, Manuela, op. cit.

38. AFFLC, Fondo UGT en el exilio, Secretariado Profesional de Abogados, «Breve informe sobre el ambiente del Colegio de Abogados de Madrid», 4 de noviembre de 1959, sig. 003794-002.

39. AFFLC, 364-02, Carta del Secretariado de Abogados a Pascual Tomás en la que se le comunica la disolución del Secretariado de Abogados, fechada en Madrid, el 31 de marzo de 1960.

40. La noticia y la transcripción de su intervención en el juicio en España Libre, n.º del 5 de febrero de 1965.

41. Testimonio oral de Josefina Arrillaga. AFFLC. Un perfil biográfico de Josefina Arrillaga en Aroca Mohedano, Manuela, «Mujeres en las organizaciones socialistas durante la dictadura», en Fernández Asperilla, Ana (coord.), Mujeres bajo el franquismo: compromiso antifranquista, AMESDEM, Madrid, 2009, pp. 157-184.

42. Como ya se ha señalado, también el Colegio de Abogados de Barcelona vivió iniciativas similares. En sus memorias, Casares recuerda que él mismo, junto a abogados del MSC como Antoni Piferrer, democristianos (de Izquierda Democristiana, como el futuro decano Frederic Roda Ventura, o de Unió Democràtica de Catalunya), monárquicos juanistas o demócratas e izquierdistas sin militancia orgánica, crearon en el colegio de Barcelona grupos de apoyo a candidaturas antifranquistas o, al menos, a aquéllas que no se mostraban tan próximas al régimen como las que hasta entonces habían ocupado las Juntas de Gobierno. Finalmente, en 1962 el Colegio de Barcelona eligió a Frederic Roda Ventura como decano en una lista en la que participaba la militante comunista Montserrat Avilés.

43. Cabrero Blanco, Claudia, op. cit.

44. Testimonio oral de Antonio Montesinos, 2007.

45. Díaz Martínez, Irene, «La justicia en capilla. Gregorio Ortiz Ricol y la lucha jurídica desde la cárcel», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, op. cit. (vol. II), pp. 217-260.

46. Ecos del Foro. Portavoz de los abogados madrileños, n.º de noviembre de 1959. Para estas cuestiones, puede consultarse Cabrero, Claudia, Díaz Martínez, Irene y Gordon Rodríguez, Carlos, «Fuentes para el estudio de la abogacía antifranquista», Gómez Alén, José y Vega, Rubén, op. cit. (vol. I), pp. 303-304.

47. Ecos del Foro. Portavoz de los abogados madrileños, n.º de noviembre de 1959.

48. De hecho, en 1963 tendrá lugar otro de los hitos en el acercamiento a los profesionales, los del Derecho incluidos, el Seminario de Arrás, organizado con el fin de orientar políticamente a sus intelectuales y profesionales del interior. En él, Amandino Rodríguez Armada, María Luisa Suárez y Antonio Rato fueron los encargados de preparar un informe sobre la actuación en el Colegio de Abogados madrileño. Suárez Roldán, María Luisa, Recuerdos, nostalgias y realidades. Sobre la defensa de las víctimas del franquismo, Bomarzo, Albacete, 2011, pp. 89, 103, 123-124.

49. Cabrero Blanco, Claudia, op. cit.

50. Testimonio oral de Antonio Montesinos, 2007.

51. Erice Sebares, Francisco, op. cit.

52. AFFLC, Secretariado Profesional de Abogados, «Llamamiento de constitución de la Unión de Abogados Jóvenes», Madrid, 30 de octubre de 1959, signatura 003794-002.

53. Ibidem.

54. Cabrero Blanco, Claudia, op. cit.

55. AFFLC, Secretariado Profesional de Abogados, «Llamamiento de constitución de la Unión de Abogados Jóvenes», Madrid, 30 de octubre de 1959, signatura 003794-002.

56. Por ejemplo, Eugenio Mazón, Juan Miguel Bautista Bolonio, Antonio Villar Massó, José Federico de Carvajal, Antonio Alonso Baño, Josefina Arrillaga, Joaquín y Antonio Garrigues Walker, Luis Castillo Almena o Diego Carrasco.

57. AHT, Sección Fondos de Asesorías y Despachos Laboralistas, Fondo Abogado José Manuel López López, serie Correspondencia, signatura 002/008.

58. Escrito a la Dirección General de Prisiones de un grupo de abogados, Madrid, 18 de abril de 1960, Archivo General de la Administración (en lo sucesivo AGA), Fondo Cultura, Sección Ministerio de Información y Turismo, Oficina de Enlace, caja 82/432.

59. Zaragoza, Ángel, Abogacía y política, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1975. Testimonio oral de José María Mohedano, 2011, y de Jaime Sartorius, archivo personal de Sergio Gálvez.

60. Testimonio oral de María Luisa Suárez Roldán, colección Biografías Obreras y Militancia Sindical en CCOO.

61. Sin embargo, al contrario que en el colegio de Barcelona, que en 1962 elegiría a Frederic Roda Ventura como decano en una lista en la que participaba la militante comunista Montserrat Avilés, en las sucesivas elecciones la oposición antifranquista en el colegio madrileño no lograría hacerse con la Junta de Gobierno.

62. Martín Martín, Antonio, op. cit., p. 43.

63. Testimonio oral de José Julio Ruiz Moreno, Archivo Histórico de CCOO Andalucía; testimonio oral de Vicent Álvarez Rubio, Archivo CCOO País Valenciano; Cabrera, Miguel Ángel, «El resurgimiento del movimiento obrero canario y la repercusión de las huelgas de Asturias», en Vega García, Rubén (coord.), Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional, Trea, Gijón, 2002, pp. 221-236. También Millares Cantero, Agustín y Domínguez Prats, Pilar, «Pocos, activos y abnegados: Una tipificación de los comunistas en Gran Canaria (1961-1973)», en Bueno, Manuel, Hinojosa, José y García, Carmen (coords.), I Congreso de Historia del PCE (1920-1977), vol. II, Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid, 2007, pp. 195-212.

64. Cabrera, Miguel Ángel, op. cit., p. 224.

65. Testimonio oral de Antonio Rato Rodríguez de Moldes, colección Biografías Obreras y Militancia Sindical en CCOO. Archivo Historia del Trabajo, BIO 65/1-BIO 65/3.

66. Díaz Martínez, Irene, «La Justicia en capilla. Gregorio Ortiz Ricol y la lucha jurídica desde la cárcel», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, op. cit. (vol. II), pp. 240-241.

67. Suárez Roldán, María Luisa, «El Colegio de Abogados de Madrid. La oposición franquista. Los abogados del PCE 1955-1977», en Bueno, M., Hinojosa, J. y García, C. (coords.), Historia del PCE. I Congreso 1920-1977, Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid, 2007, t. II.

68. Aroca Mohedano, Manuela, op. cit. (vol. I), p. 69; Díaz Martínez, Irene, op. cit., pp. 494-495; testimonio oral de Antonio Montesinos, 2007.

69. Cabrero Blanco, Claudia, op. cit.; testimonio oral de José Julio Ruiz Moreno, Archivo Histórico de CCOO Andalucía.

70. Díaz Martínez, Irene, op. cit., p. 499.

71. Carmena, Manuela, «Albert Fina: Abogados laboralistas de Madrid y Barcelona» y Almeida Castro, Cristina, «Abogados laboralistas: un compromiso profesional y social», ambos en Memòria antifranquista del Baix Llobregat, op. cit., pp. 22-27 y 59. En un sentido similar se expresaba Alejandro Ruiz-Huerta: «Se puede decir que el origen de los abogados laboralistas está vinculado a los años cincuenta del franquismo». Conferencia de Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Serie Disertaciones, AFOHSA.

72. Casares Potau, Francesc, «Abogados laboralistas: los otros abogados», en Memòria antifranquista del Baix Llobregat, op. cit., p. 74.

4. ACCIÓN DEMOCRÁTICA EN LOS COLEGIOS DE ABOGADOS. DE LOS CONGRESOS DE LA ABOGACÍA A LA DENUNCIA EN LOS FOROS INTERNACIONALES

1. Jáuregui, Fernando y Vega, Pedro, Crónica del antifranquismo (2). 1963-1970: el nacimiento de una nueva clase política, Argos Vergara, Barcelona, 1984, pp. 364-374. Estos autores indican que la oposición de los abogados demócratas a los abusos jurídicos del Régimen puede documentarse al menos desde 1946, siendo decano del Colegio de Abogados Cirilo Tornos. Un grupo de letrados, entre los que se encontraban Joaquín Satrústegui, Jaime Miralles, Jesús Rodríguez Soler o Vicente Piniés, abogaban, ya entonces, por una tibia democratización.

2. Carrillo, Marc, «La legislació repressiva de la dictadura franquista en el període 1939-1959», en Pages i Blanch, P. (dir.), Franquisme i repressió. La repressió franquista als Països Catalans (1939-1975), Universitat de València, Valencia, 2004, pp. 75-101.

3. Pascual, Elsa, «Abogados antifranquistas: actores de la lucha para el regreso de la democracia a España y víctimas de la represión franquista», en I Congreso de Víctimas del Franquismo, disponible en http://www.congreso victimasfranquismo.org/wp-content/uploads/2011/12/20.-Elsa-Pascual.Abogados-antifranquistas.pdf (consulta: 17 de junio de 2013).

4. Marín Gómez, Isabel, «Colegios profesionales y política franquista. Entre el entusiasmo republicano y el consenso democrático», en VI Encuentro de Investigadores del Franquismo, Zaragoza, 2007.

5. Zaragoza, Ángel, Abogacía y política, Edicusa, Madrid, 1975, p. 148.

6. Fina, Albert, De la llei i la justícia, Editorial Laia, Barcelona, 1987, p. 139.

7. Gálvez Biesca, Sergio, «Jaime Sartorius: en primera línea en la reconstrucción de la “lógica democrática”», en Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, op. cit. (vol. II), pp. 397-398.

8. Pascual, Elsa, op. cit., en http://www.congresovictimasfranquismo. org/wp-content/uploads/2011/12/20.-Elsa-Pascual.-Abogados-antifranquistas.pdf.

9. Pérez Bustamente, Rogelio, La abogacía española a través de sus congresos (1917-2003), Madrid, Consejo General de la Abogacía, 2004.

10. Testimonio oral de Francesc Casares y Antoni Cuenca, 2011. Las referencias a las elecciones en el Colegio de Abogados de Barcelona en La Vanguardia, 20 de diciembre de 1957. Casares, Francesc, Memòries d’un advocat laboralista, op. cit., p. 576.

11. Muñoz Soro, Francisco Javier, «Jaime Miralles Álvarez» y «Joaquín Ruiz-Giménez Cortés», Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, op. cit. (vol. II), pp. 133-156 y 327-358.

12. AFFLC, Fondo UGT en el exilio, Secretariado Profesional de Abogados, «Acta constitutiva del Secretariado de Abogados de la UGT», Madrid, 12 de septiembre de 1958, sig. 003794-002. Junto a Carvajal y Arrillaga formaban el Secretariado Ángel Gutiérrez Escudero, Antonio Villar Massó, Antonio Alonso Baño y José Antonio Muñoz Atienza.

13. Testimonio oral de Antonio Montesinos y Gregorio Ortiz Ricol, 2011. En la célula se integrarán también María Luisa Suárez Roldán, Antonio Rato, Alfredo Flórez, Amandino Rodríguez Armada o Diego Carrasco Masdeu poco tiempo después.

14. AFFLC, Fondo UGT en el exilio, Secretariado Profesional de Abogados, «Llamamiento de constitución de la Unión de Abogados Jóvenes», Madrid, 30 de octubre de 1959, sig. 003794-002.

15. Testimonio oral de María Luisa Suárez Roldán, Antonio Montesinos Villegas y Gregorio Ortiz Ricol, 2011.

16. AFFLC, Fondo UGT en el exilio, Secretariado Profesional de Abogados, «Carta a Pascual Tomás del Secretariado de Abogados de la UGT», Madrid, 31 de marzo de 1960, sig. 003794-002.

17. Testimonio oral de Antonio Rato, colección Biografías Obreras y Militancia Sindical en CCOO, AHT, Madrid. Reproducción de los contenidos de la Junta en la publicación Astrea en Suárez Roldán, María Luisa: «El Colegio de Abogados de Madrid. La oposición franquista. Los abogados del PCE 1955-1977», en Bueno, M., Hinojosa, J. y García, C. (coords.), Historia del PCE. I Congreso 1920-1977, Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid, 2007, t. II.

18. AFFLC, Fondo UGT en el Exilio, Secretariado Profesional de Abogados, «Breve informe sobre el ambiente del Colegio de Abogados de Madrid», sig. 364-02.

19. En esa junta se había pedido claramente un voto de censura contra el decano, que había sido silenciado de forma expeditiva y, ante tal manifestación de autoridad, los abogados jóvenes mostraron su oposición: «Estamos contra los que alborotan, pero estamos igualmente contra los que con su conducta provocan los alborotos», AFFLC, Fondo UGT en el exilio, Secretariado Profesional de Abogados, «Escrito Colectivo de Abogados Jóvenes solicitando una moción de censura contra la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid», 25 de noviembre de 1959, sig. 364-02.

20. En abril de 1960 Francisco Zapico, en calidad de presidente de la Comisión Organizadora de la Asociación de Abogados Jóvenes, presentó ante el director general de Prisiones un escrito firmado por un grupo de 30 abogados «que somos o hemos sido abogados defensores de procesados por delitos políticos o hemos colaborado en la defensa de los mismos», en protesta por el trato otorgado a los presos políticos. En el escrito se denunciaba el trato inadecuado que recibían sus defendidos, un trato que no se correspondía con su estatus real de prisioneros políticos y se elevaba una queja «por las dificultades crecientes con que tropezamos para ejercitar nuestra asistencia jurídica y concretamente al intentar comunicar en la prisión con nuestros defendidos». AGA, Fondo Cultura, Sección Ministerio de Información y Turismo, Oficina de Enlace, «Escrito a la Dirección General de Prisiones de un grupo de abogados», Madrid, 18 de abril de 1960, caja 82/432. AHT, Fondos de Asesorías y Despachos Laboralistas, Fondo Abogado José Manuel López, serie Correspondencia, «A la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid», Madrid, 29 de diciembre de 1961, sig. 003/002.

21. Leira Almirall, Enric, «El Col·legi d’Advocats», en Avilés, Montserrat et al., Albert Fina, La Factoría Cultural, Barcelona, 2001, p. 252.

22. Suárez Roldán, María Luisa, Recuerdos, nostalgias y realidades. Sobre la defensa de las víctimas del franquismo, Bomarzo, Albacete, 2011, pp. 104-105.

23. En 1967 será «refundada» de la mano, entre otros, de José María Mohedano. Testimonio oral de Jaime Sartorius y José María Mohedano, 2011.

24. Testimonio oral de Gregorio Ortiz Ricol y María Luisa Suárez, 2011.

25. Fina, Albert, De la llei i la justícia, Editorial Laia, Barcelona, 1987, p. 139.

26. Testimonio oral de Francesc Casares, 2011.

27. Leira Almirall, Enric, op. cit., p. 252. En el Colegio de Abogados no había sido fácil introducir el catalán en las reuniones públicas y plenarias. De hecho, en 1959, en el transcurso de una junta Fina recordaba los altercados, con insultos incluidos, que siguieron a los intentos de un compañero de expresarse en catalán. Y, aunque desde 1960, merced al consentimiento de la Junta Rectora del colegio, ya se autorizó su uso, aún en 1967, con ocasión de la muerte de Roda Ventura, las intervenciones de abogados como Cuenca, que se expresaron en catalán, fueron seguidas de exigencias de traducción. Fina, Albert, op. cit. p. 53.

28. Mayayo i Artal, Andreu, Josep Solé Barberà, abogado, op. cit., p. 187.

29. Testimonio oral de Montserrat Avilés, 2011.

30. AHT, Sección Fondos de Asesorías y Despachos Laboralistas, Fondo Abogado José Manuel López López, serie Correspondencia, «Informe sobre el temario del proyectado congreso», sig. 002/008.

31. Comisión Internacional de Juristas, El Imperio de la Ley en España, Comisión Internacional de Juristas, Ginebra, 1962.

32. Sesma Landrín, Nicolás, «Franquismo, ¿Estado de Derecho? Notas sobre la renovación de lenguaje político de la dictadura durante los años 60», en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 5, 2006, pp. 45-58.

33. Instituto de Estudios Políticos, España, Estado de Derecho. Réplica a un informe de la Comisión Internacional de Juristas, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1964.

34. AHT, Sección Fondos de Asesorías y Despachos Laboralistas, Fondo Abogado José Manuel López López, serie Correspondencia, signatura 003/002. También en el mismo archivo Fondo Jaime Sartorius, «Escritos sobre la libertad condicional y los presos políticos», signatura 08/010. AHPCE, Sección Represión Franquista, Informes de la represión, caja 126, carpeta 2/2.6.

35. Fina, Albert, op. cit., pp. 139-141. Testimonio oral de Francesc Casares y Montserrat Avilés, 2011.

36. Testimonio oral de Manuela Carmena, María Luisa Suárez Roldán y Gregorio Ortiz Ricol, 2011.

37. AHPCE, Sección Intelectuales y Fuerzas de la Cultura, Informes, jac. 416. «Informe de un enlace del PCE sobre sus conversaciones con la abogada María Luisa Suárez». Testimonio oral de Montserrat Avilés. Fina, Albert, op. cit., pp. 150-151.

38. Testimonio oral de Jaime Sartorius y José Luis Núñez Casal, 2011.

39. Testimonio oral de Josep Maria Gasch Riudor, 2011.

40. Fina, Albert, op. cit., p. 140.

41. En diciembre de 1969 son convocadas elecciones. Serán las más reñidas de la historia del colegio madrileño por el clima de agitación y división interna. Concurren tres candidaturas, la encabezada por el que era decano en ese momento, José María del Valle Iturriaga, que resultó vencedor con el apoyo de los abogados adscritos a la Administración, Santiago Segura Ferns (que se retirará) y Joaquín Ruiz-Giménez. El programa de este último insistía no sólo en cuestiones profesionales relacionadas con la independencia de la abogacía, sino que recogía expresamente la demanda de supresión de las Jurisdicciones Especiales y la asistencia profesional a los detenidos, en Zaragoza, Ángel, op. cit., pp. 41-42. Mundo Obrero. Órgano del Comité Central del PCE, n.º 1 del 8 de enero de 1970.

42. Testimonio oral de Cristina Almeida, 2011.

43. AHPCE, Sección Intelectuales y Fuerzas de la Cultura, Profesionales, Abogados progresistas, demócratas y anticapitalistas, s. f., aunque probablemente date de 1972, jacq. 363. Este grupo ya venía, también de forma anónima, interviniendo en asuntos del colegio. Así, se pronunciarán sobre el procesamiento de Jaime Miralles, y serán muy críticos con la gestión de Del Valle Iturriaga, Zaragoza, Ángel, op. cit., p. 85. Testimonio oral de Jaime Sartorius, 2011.

44. «Esquema sobre libertad y seguridad en la comunidad nacional ante la situación política actual». Reproducido en el apéndice documental de Ysàs, Pere, Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975, Crítica, Barcelona, 2004.

45. Cuadernos para el Diálogo, n.º 62 de noviembre de 1968.

46. ABC, 23 de marzo de 1972.

47. Águila, Juan José del, El TOP. La represión de la libertad, Planeta, Barcelona, 2001.

48. Testimonio oral de Ascensió Solé, 2011.

49. Leira Almirall, Enric, op. cit., pp. 256-257.

50. Zaragoza, Ángel, op. cit., pp. 20-29.

51. Testimonio oral de Francisca Sauquillo, José María Mohedano, Ascensió Solé y Montserrat Avilés, 2011.

52. AHPCE, Sección Intelectuales y Fuerzas de la Cultura, Profesionales del Derecho, Congreso de la Abogacía Española, «Llamamiento de familiares de represaliados a los señores letrados que participan en el Congreso de León», caja 126, carpeta 2/2.3.

53. Testimonio oral de Jaime Sartorius y María Luisa Suárez, 2011.

54. Pérez Bustamante, Rogelio, op. cit. Castellano, Pablo, «El Congreso de León», en Cuadernos para el Diálogo, n.º 81-82, junio-julio de 1970.

55. Zaragoza, Ángel, op. cit., p. 50.

56. Zaragoza, Ángel, op. cit., p. 55.

57. AHT, Fondos de Asesorías y Despachos Laboralistas, Fondo Abogado José Manuel López, serie Correspondencia, «Carta de la Junta de Gobierno al Colegio de Madrid al Ministro de Justicia solicitando la supresión del TOP», sig. 002/008.

58. Zaragoza, Ángel, op. cit., pp. 82-83. Fondo José Antonio Alzola Martínez de Luna, Sección Documentación Personal, Expediente de la huelga de la construcción de los años 1970-1971 y la muerte del trabajador Pedro Patiño Toledo, signatura 001701-009.

59. La llegada al decanato de Antonio Pedrol Rius venía precedida de una prolongada crisis colegial en la que la gestión de su predecesor en el cargo había sido ampliamente contestada. Una Junta Extraordinaria celebrada en el Palacio de Deportes de Madrid, con asistencia masiva de colegiados (tanto de la oposición como valedores de la Administración), escenificará la división interna en la corporación, con poco veladas acusaciones por parte de los antifranquistas hacia la poca disposición de la Junta de Gobierno a hacer bandera de los acuerdos de León y respetar el derecho de réplica de los colegiados. La dimisión de Del Valle Iturriaga y el veto institucional a varios de los candidatos «democráticos» que concurrían en las elecciones convocadas posteriormente, determinarán la retirada de todas las candidaturas, la regencia de una junta de edad y, finalmente, tras una campaña electoral en la que ganó la candidatura no avalada por los abogados «democráticos», la llegada al decanato de Pedrol Rius en 1973. Éste, sin embargo, mostrará su consentimiento para la instalación en el Colegio de Abogados de la capilla ardiente de los abogados asesinados en el despacho de Atocha.

60. Zaragoza, Ángel, op. cit., p. 72.

61. Testimonio oral de Montserrat Avilés, Francisco Polo, Leopoldo Espuny y Alfredo Flórez, 2011.

62. Zaragoza, Ángel, op. cit., pp. 147-165.

5. MUJERES EN PRIMERA LÍNEA. ABOGADAS EN LA LUCHA POR LAS LIBERTADES Y EL EJERCICIO DE LA IGUALDAD

1. Flecha, Consuelo, Las primeras universitarias de España, Narcea, Madrid, 1996.

2. Díaz Martínez, Irene, «Espacios conquistados. María Luisa Suárez Roldán, comunista, abogada, mujer», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén (coords.), Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, vol. II, Fundación Abogados de Atocha y Ediciones GPS, Madrid, 2011, pp. 471-505 (especialmente pp. 478-479).

3. Díaz Martínez, Irene, op. cit., p. 482.

4. Testimonio oral de María Luisa Suárez, 2011.

5. Testimonio oral de Josefina Arrillaga, AFFLC.

6. Tébar Hurtado, Javier, «Los despachos de Fina-Avilés: Compromiso profesional y lucha ideológica. Materiales para una biografía contextualizada», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén (coords.), Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, vol. I, Fundación Abogados de Atocha y Ediciones GPS, Madrid, 2010, pp. 97-132.

7. Testimonio oral de Montserrat Avilés Vila, 2011.

8. Testimonio oral de María Luisa Suárez Roldán, 2011.

9. Suárez Roldán, María Luisa, Recuerdos, nostalgias y realidades. Sobre la defensa de las víctimas del franquismo, Bomarzo, Albacete, 2011, pp. 88; Díaz Martínez, Irene, op. cit., p. 483.

10. Testimonio oral de María Luisa Suárez Roldán, 2011.

11. En épocas de clandestinidad, en contextos en los que imperaba la desorganización y que estaban marcados por la ausencia de cuadros y dirigentes masculinos, era habitual que fueran mujeres, mayoritariamente en libertad y menos «fichadas» políticamente, las que desempeñaran un papel protagonista en el establecimiento de los contactos y enlaces necesarios para mantener una mínima estructura en las organizaciones políticas. Así, de hecho, ocurrió por ejemplo en la práctica totalidad del país cuando tras la guerra fueron mujeres las que llevaron a cabo los intentos de reactivación de las organizaciones clandestinas.

12. Testimonio oral de Josefina Arrillaga; AFFLC. Aroca Mohedano, Manuela, «José Federico de Carvajal: la instrumentalización del Derecho en la democratización de España», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén , op. cit., (vol. I), pp. 69-96 y, de la misma autora, «Mujeres en las organizaciones socialistas durante la dictadura», en Fernández Asperilla, Ana (coord.), Mujeres bajo el franquismo: compromiso antifranquista, AMESDEM, 2009, pp. 157-184.

13. María Luisa estuvo vinculada al PCE desde entonces hasta el final de la dictadura. También en democracia, entre 1977 y 1982, participó en la vida del partido y de CCOO. Sin embargo, poco a poco fue abandonando la militancia hasta que dejó la Agrupación de Abogados del PCE y dimitió del Comité Central. Suarez Roldán, María Luisa, «La calle de La Cruz, primer despacho laboralista», artículo aparecido en Mundo Obrero, n.º del 17 de octubre de 1985, reproducido en Camacho, Marcelino, Confieso que he luchado, Temas de Hoy, Madrid, 1990, pp. 193-196.

14. Ibidem.

15. Díaz Martínez, Irene, op. cit., p. 499.

16. Datos extraídos de Águila, Juan José del, El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Planeta, Madrid, 2001, pp. 421-440.

17. Testimonio oral de Manuela Carmena, Fundación 1.º de Mayo.

18. Díaz Martínez, Irene, op. cit., p. 472.

19. Testimonio oral de Manuela Carmena, 2011, Fundación 1.º de Mayo. Estos desencuentros entre jóvenes y veteranos tenderán a relativizarse con la perspectiva que da el paso del tiempo. Testimonio oral de Héctor Maravall, 2011; testimonio oral de Cristina Almeida, 2011.

20. Suárez Roldán, María Luisa, op. cit., p. 61.

21. Testimonio oral de María Luisa Suárez Roldán, Fundación 1.º de Mayo.

22. Suárez Roldán, María Luisa: «El Colegio de Abogados de Madrid. La oposición franquista. Los abogados del PCE 1955-1977», en Bueno, M., Hinojosa, J. y García, C. (coords.), Historia del PCE. I Congreso 1920-1977, Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid, 2007, t. II.

23. Ibidem.

24. Testimonio oral de Montserrat Avilés Vila, 2011.

25. Testimonio oral de Montserrat Avilés Vila, 2011. En la misma Universidad de Barcelona Casares recordaba, por ejemplo, cómo cuando se colegió en 1951 de los 3.000 miembros con que contaba la institución las mujeres sumaban apenas una docena. Dieciséis años después, en 1967, de 105 nuevos colegiados, solamente siete serán mujeres. «L’entrevista: Francesc Casares», en B.MM (http://www.bcn.cat/publicacions/b_mm/ebmm68/17_ entrevista_cast.pdf); María Asunción Guardia, «Ciento cinco nuevos miembros en el Colegio de Abogados», en La Vanguardia Española, n.º del 26 de enero de 1967.

26. Testimonio oral de Montserrat Avilés Vila, 2011.

27. Tébar Hurtado, Javier, op. cit., p. 103.

28. Fina, Albert, De la llei i la justícia, Barcelona, Laia, 1987, p. 149.

29. Fina, Albert, op. cit., p. 151.

30. Fina, Albert, op. cit., pp. 149-150.

31. Fina, Albert, op. cit., p. 150.

32. Tébar Hurtado, Javier, op. cit., pp. 98-113; testimonio oral de Montserrat Avilés Vila, 2011.

33. Fina, Albert, op. cit., pp. 42 y 150-151.

34. Testimonio oral de Manuela Carmena, Fundación 1.º de Mayo.

35. Bueno Lluch, Manuel y García Escribano, Inmaculada, «Aurora León González. Aproximación a su trayectoria laboral y política», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, op. cit. (vol. II), p. 95.

36. Fuertes Muñoz, Carlos, «Lola Monferrer. Historia de una abogada comprometida», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, op. cit. (vol. II), p. 161.

37. Aroca Mohedano, Manuela, «Ana Ruiz-Tagle: una abogada socialista. De la clandestinidad a la representación legislativa», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, op. cit. (vol. II), p. 361.

38. Testimonio oral de Manuela Carmena, Fundación 1.º de Mayo.

39. Testimonio oral de Manuela Carmena, 2011.

40. Bueno Lluch, Manuel y García Escribano, Inmaculada, op. cit.

41. Ibidem, pp. 98-99.

42. Fuertes Muñoz, Carlos, op. cit., pp. 163-164; testimonio oral de Elisa Maravall Gómez-Allende, 2011.

43. Testimonio oral de Manuela Carmena, Fundación 1.º de Mayo.

44. Sauquillo, Paca, Mirada de mujer, Ediciones B, Barcelona, 2000, p. 50.

45. Testimonio oral de Francisca Sauquillo Pérez del Arco, 2011.

46. Aroca Mohedano, op. cit., 2011, pp. 361-365; testimonio oral de Aurora León; Bueno Lluch, Manuel y García Escribano, Inmaculada, op. cit., pp. 98-100.

47. Fuertes Muñoz, Carlos, op. cit., 2011, pp. 163-165.

48. Testimonio oral de Cristina Almeida Castro, 2011.

49. Testimonio oral de Manuela Carmena, 2011, Fundación 1.º de Mayo.

50. Testimonio oral de Manuela Carmena, 2011; testimonio oral de Cristina Almeida Castro, 2011.

51. Testimonio oral de Ascensió Solé Puig, 2011.

52. Testimonio oral de Aurora León, 2011.

53. Rodríguez Tejada, Sergio, «Compañeras. La militancia de las mujeres en el movimiento estudiantil antifranquista en Valencia», Historia del Presente, 4, 2004, pp. 123-146.

54. Testimonio oral de Manuela Carmena, 2011. Manuela recuerda incluso el impacto que tuvo el artículo de Mercedes Formica en ABC sobre el adulterio, «El domicilio conyugal», cuya salida a la luz coincidió con el momento en que estaba en el colegio de monjas. Fue el punto de partida para el inicio de un debate acerca de la necesidad de introducir cambios sustanciales en el derecho de familia vigente, encaminados a mejorar la situación jurídica de la mujer.

55. Testimonio oral de Manuela Carmena, 2011.

56. Testimonio oral de Cristina Almeida Castro, 2011.

57. Testimonio oral de Francisca Sauquillo Pérez del Arco, 2011 y Sauquillo, Paca, op. cit., p. 56. Referencias a los mismos seminarios en Testimonio oral de Cristina Almeida, 2011; testimonio oral de Manuela Carmena, Fundación 1.º de Mayo. Probablemente contagiadas por el interés de la dirección comunista por atraerse a las élites culturales, mujeres de presos pertenecientes al MDM como Carmen Rodríguez y Dulcinea Bellido participaron también en estos seminarios, en los que tenía un papel protagonista Eva Forest. Así, de forma paralela, Dulcinea Bellido promovió encuentros entre mujeres comunistas o cercanas al partido en los que empezaron a plantearse debates que podrían considerarse prefeministas. Arriero Ranz, Francisco, «Contra Franco y algo más: el tortuoso viaje del Movimiento Democrático de Mujeres hacia el feminismo (1964-1975)», en II Congreso Historia del PCE, Madrid, noviembre de 2007, comunicaciones en pdf.

58. Martínez Ten, C., Gutiérrez López, P. y González Ruiz, P. (eds.), El movimiento feminista en España en los años 70, Cátedra, Madrid, 2009, p. 269.

59. Testimonio oral de Cristina Almeida Castro, 2011.

60. Testimonio oral de Cristina Almeida Castro, 2011.

61. Datos extraídos de Águila, Juan José del, op. cit., pp. 421-440.

62. Testimonio oral de Cristina Almeida Castro, 2011.

63. Testimonio de Elisa Maravall Gómez-Allende, Madrid, 2011.

64. Testimonio de Francisca Sauquillo, Madrid, 2011. Véase también Sauquillo, Paca, op. cit. Los datos del TOP en Águila, Juan José del, op. cit., pp. 421-440.

65. Citado en Bueno Lluch, Manuel y García Escribano, Inmaculada, op. cit., p. 108.

66. Ibidem, pp. 95-132.

67. Aroca Mohedano, Manuela, op. cit., 2011. Testimonio oral de Ana Ruiz Tagle, AFFLC, Madrid.

68. Gómez Alen, José, As CCOO de Galicia e a conflictividade laboral durante o Franquismo, Xerais, Vigo, 1995, p. 176; sembl, Bárez, p. 46. En el Colegio de Abogados de Vigo la primera mujer fue Romana San Luis, que no ejercía en lo laboral. Testimonio oral de Elvira Landín, 2011.

69. Testimonio oral de Ascensió Solé Puig, 2011.

70. Zenobi, Laura y Gassiot Ballbè, Raimon, «Els advocats del Col·lectiu Ronda durant el final del Franquisme i la Transició», en Garner, J., Gassiot, R., Pujol, J. y Zenobi, L., Advocats combatius i obrers rebels. El Col·lectiu Ronda i els conflictes laborals durant el Franquisme i la Transició, ECOS, Barcelona, 2010, p. 42.

71. Fuertes Muñoz, Carlos, op. cit., pp. 157-177.

72. Fina, Albert, op. cit.

73. Fina, Albert, op. cit., p. 151. No se puede olvidar que, hasta 1966, con la Ley del 28 de diciembre, las abogadas españolas no fueron admitidas, por ejemplo, en la carrera judicial y fiscal, y que la primera jueza española, Concepción Carmen Venero, no lo fue hasta 1971.

74. Testimonio oral de Jaime Sartorius Bermúdez de Castro, 2011.

75. Fuertes Muñoz, Carlos, op. cit., p. 173.

76. Fina, Albert, op. cit., p. 152; testimonio oral de Ana María RuizTagle, 2011; testimonio oral de Mercedes Belinchón, 2011.

77. Testimonio oral de Ascensió Solé Puig, 2011.

78. García Cuesta, Sara, «La abogacía en Santa Cruz de Tenerife: una perspectiva de género», Atlántida, 2009.

79. Testimonio oral de Elvira Landín, 2011.

80. García Cuesta, Sara, «Mujeres en trayectorias periféricas de carrera: las abogadas en doble presencia», Clepsydra, 2008.

81. Gómez Roda, Alberto, «Alberto García Esteve (1919-1996)», en Gómez Alén, J. y Vega García, R., op. cit. (vol. I).

82. García Cuesta, Sara, 2008, op. cit.; testimonio oral de Manuela Carmena, Fundación 1.º de Mayo.

83. Por poner sólo un ejemplo más, en función del número de defensas totales ante el TOP, entre los cinco abogados más activos, tres son mujeres: Cristina Almeida (149), María Luisa Suárez Roldán (147) y Francisca Sauquillo (138), por detrás sólo de Josep Solé Barberà (207) y Juan María Bandrés (152). Datos extraídos de Águila, Juan José del, op. cit., pp. 421-440.

84. Para un análisis detallado de la legislación franquista puede consultarse Ruiz Franco, Rosario, «La situación legal: discriminación y reforma», en Nielfa Cristóbal, G. (ed.), Mujeres y hombres en la España franquista: sociedad, economía, política, cultura, Editorial Complutense, Madrid, 2003, pp. 117-144, Acerca de la Ley de 1961: Ruiz Franco, Rosario, «Nuevos horizontes para las mujeres en la España de los años sesenta: la Ley de 22 de julio de 1961», en Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, vol. 2, n.° 2, 1995, pp. 247-268, o Valiente Fernández, Celia, «La liberalización del régimen franquista: la Ley de 22 de julio de 1961 sobre Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer», en Historia Social, n.° 31, 1998, pp. 45-65. Sobre abogadas como María Telo, que habían comenzado ya en los años cincuenta a luchar por la transformación de las leyes discriminatorias: Ruiz Franco, Rosario, «María Telo y la participación de mujeres juristas en la Comisión General de Codificación (1973-1975)», en Asparkia. Investigación feminista, n.º 17, 2006, pp. 165-180 y sobre la Asociación Española de Mujeres Juristas, Ruiz Franco, Rosario, «La Asociación Española de Mujeres Juristas durante el franquismo», en Bussy Genevois, D. (ed.), Les espagnoles dans l’histoire. Une sociabilité démocratique (XIX-XX siècles), PUV, Saint Denis, 2002, pp. 169-185.

85. En Cuadernos para el Diálogo, n.º II Extraordinario: La mujer, diciembre de 1965, aparecían los artículos «¡Cuidado, no nos quedemos tranquilos!», de Manuela Carmena; «No creen en su responsabilidad...», de Cristina Almeida; «Conciliación jurídica y realidad social. La discriminación de la mujer casada ante el trabajo», de María Luisa Suárez, y «Hacia una participación de la mujer en la vida pública», de Leopoldo Torres Boursault. En 1970 apareció en Triunfo el artículo de Cristina Almeida titulado «La condición jurídica de la mujer española» y un año después, en el n.º 464 del 24 de abril de 1971, la revista publicó «Ley, unión y divorcio», de Manuela Carmena.

86. Moreno Sardá, Amparo, «Sociabilidad femenina y feminista en la implantación de la sociedad de consumo (los años sesenta y setenta)», en Bussy Genevois, D. (ed.), Les espagnoles dans l’histoire. Une sociabilité démocratique (XIX-XX siècles), op. cit., pp. 237-255; Martínez Ten, C., Gutiérrez López, P. y González Ruiz, P. (eds.), op. cit.

87. Entrevista realizada a Paz D., citada en Pérez Pérez, José Antonio, «La construcción y transmisión de la identidad política antifranquista. Una aproximación desde la historia oral de las mujeres de Basauri», Vasconia, 35, 2006, pp. 387-405 (cita en pp. 402-403).

88. Por ejemplo, en el TOP, de los 109 casos de sentencias de mujeres defendidas por abogadas, las que acumulan un mayor número de defensas son Cristina Almeida (17), Francisca Sauquillo (15), María Luisa Suárez (14), Montserrat Avilés (11), Magda Oranich (7), Rosa María Sáenz de Ibarra (7), Manuela Carmena (6) y Pilar Vila (4). Entre las abogadas con menos de cuatro defensas aparecen Pilar Fernández García, María Teresa Marcos, María San Nicolás, Elvira Posada, María Antonia Lozano, Concepción Bermúdez, Concepción de la Peña, Concepción Álvaro Bermejo, María Teresa Cuadrado, Concepción Gisbert, Elisa Veiga, Concepción Infante, Elena del Portillo, Angelina Hurios, Begoña Zabala y Ana María Drets. A excepción de Manuela Carmena, las abogadas con más de diez defensas coinciden con aquellas que son titulares de despachos. Datos extraídos de las cifras aportadas por Juan José del Águila en El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Planeta, Madrid, 2001, pp. 421-440 (apéndice 3).

89. Testimonio oral de Cristina Almeida Castro, 2011.

90. Parramon, Clara-Carme, «Dones, immigració, moviments veïnals i benestar (1970-1980)», en Borderías, C. y Renom, M. (eds.), Dones en moviment (s). Segles XVIII-XXI, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona/Icaria Editorial, Barcelona, 2008, pp. 120-122.

91. Testimonio oral de Elvira Landín, 2011; testimonio oral de Ascensió Solé, 2011; Fuertes Muñoz, Carlos, op. cit., p. 178; Aroca Mohedano, Manuela, op. cit. (vol. II), pp. 380-383.

6. ENTRE EL COMPROMISO ÉTICO Y LA MILITANCIA POLÍTICA. LA REPRESIÓN SOBRE LA ABOGACÍA DEMOCRÁTICA

1. Testimonio oral de Gregorio Peces-Barba, 2011 en AFFLC, Madrid.

2. Véase Mayayo Artal, Andreu, Josep Solé Barberà, abogado. La voz del PSUC, 2007, RBA, Barcelona, pp. 38-39.

3. Testimonio oral de Antonio Montesinos, 2007.

4. Gómez Roda, Alberto, «Alberto García Esteve», en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén (coords.), op. cit. (vol. I).

5. Testimonio oral de María Luisa Suárez Roldán, 2002 en AHT, Madrid.

6. Testimonio oral de Alfredo Flórez Plaza, 2010.

7. Testimonio oral de Manuel López López, 2007.

8. Testimonio oral de José Jiménez de Parga en AHT, Madrid.

9. Testimonio oral de Pablo Castellano, en AFFLC Madrid,

10. Testimonio oral de Francesc Casares, 2011.

11. Gómez Alén, José y Vega García, Rubén (coords.), op. cit., pp. 510-531.

12. Testimonio oral de Montserrat Avilés, 2011.

13. Testimonio oral de Cristina Almeida, 2011.

14. Testimonio oral de Francisca Sauquillo, 2011.

15. Testimonio oral de Miguel Medina Fernández-Aceytuno en AHCCOOA, Sevilla. Véase Gómez Alén, José y Vega García, Rubén (coords.), op. cit. (vol. II), pp. 510-531.

16. Rafael Bárez, La Voz de Galicia, 8 de marzo de 1992.

17. El texto se refería a las torturas sufridas por Gregorio Ortiz Ricol, detenido en febrero de 1960, y el espectro ideológico de los firmantes era muy variado. Entre otros están Antonio Cases, Juan Zulueta, Diego Carrasco, José Jiménez de Parga, Antonio Rato, Fernando Álvarez de Miranda, Íñigo Cavero, Josefina Arrillaga, Amandino Rodríguez Armada, José Federico de Carvajal, Antonio Montesino y María Luisa Suárez. Madrid, 18 de abril de 1960, en AGA. Fondo de Cultura del Ministerio de Información y Turismo, oficina de enlace, caja, 82/432.

18. Mayayo i Artal, Andreu, op. cit., p. 187.

19. Carta de Josep Solé Barberà al Comité Ejecutivo del PSUC, noviembre de 1963 en AHPCE, Madrid, Sección Represión Franquista.

20. El Socialista, n.º 6, marzo de 1958, Informe firmado por Juan sin Miedo (José Federico de Carvajal).

21. Mayayo i Artal, Andreu, «Josep Solé Barberà» (1913-1988), en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén, 2011, op. cit., pp. 452-454.

22. Aroca Mohedano, Manuel, op. cit. (vol. I), pp. 76-77 y 82-83.

23. Gordon, Carlos, «Manolo López, abogado comunista (19302008)», en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén, 2010, op. cit., pp. 214-217, y una descripción personal y minuciosa de la detención, las torturas y el proceso en López, Manolo, Mañana a las once en la plaza de la Cebada, Bomarzo, Albacete, 2009, pp. 421-480.

24. Muñoz Soro, Francisco J., 2011, op. cit., p. 139.

25. Detenido en Segovia en 1948, fue sometido a consejo de guerra en 1949 y condenado a trece años de prisión. Díaz Martínez, Irene, en Gómez Alén, José, op. cit. (vol. II), pp. 226 y ss.

26. Ortiz Ricol, Gregorio, Testimony of the Spanish Civil War and the Francoist Dictatorship, University of California, San Diego, 2008.

27. Testimonio oral de María Luisa Suárez Roldán, en AHT, Madrid, 2002.

28. Antonio Giménez Pericás había sido condenado en un consejo de guerra a nueve años de cárcel, en Pérez, José Antonio, «Antonio Giménez Pericás», en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén (coords.), 2010, op. cit., pp. 177-183.

29. Testimonio oral de Nicolás Sartorius, 2007, en AFOHSA.

30. Muñoz Soro, Francisco J., 2011, op. cit., p. 142.

31. Véase el programa de actos del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, mayo de 1965, sobre temas laborales, y una mesa redonda con participación de Antonio Rato, María Luisa Suárez, José Jiménez de Parga, Mariano Robles y Antonio Cases en AGA, Informe policial 7-5-1965, Ministerio de Información, Oficina de enlace, carpeta roja de Antonio Rato, a quien agradezco la autorización para su consulta.

32. Informe muy reservado sobre el Colegio de Abogados en AGA, Ministerio de Información y Turismo. Oficina de enlace, carpeta roja Antonio Rato, 17-3-1967.

33. Informe policial, 16 enero de 1968 en AGA carpeta roja de Antonio Rato.

34. Informes sobre la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, en AGA, Ministerio de Información y Turismo, Oficina de enlace, carpeta roja de Antonio Rato, 19-7-1965 y 25-6-1969.

35. Escrito colectivo de abogados madrileños denunciando la violación de derechos ciudadanos en el Estado de Excepción y Escrito colectivo de protesta ante la violación del derecho de asistencia jurídica los presos, Madrid, 8 febrero de 1969, en AHT, Madrid, Fondo Asesorías y Despachos Laboralistas, Fondo Jaime Sartorius.

36. Escrito colectivo de abogados jóvenes solicitando una moción de censura contra la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid, en AHT, Fondo Asesorías y Despachos Laboralistas, Fondo José Manuel López.

37. En el AGA se encuentra la información generada por los servicios de información en los expedientes personales de la abogacía democrática española hasta la instauración de la democracia. Los expedientes incluyen todo tipo de documentos y un informe individual que traza un completo recorrido político y profesional de cada abogado. Véase el listado en Cabrero, Claudia, Díaz, Irene y Gordon, Carlos, Fuentes para el estudio de la abogacía antifranquista, en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén, op. cit. (vol. I), p. 240.

38. Testimonio oral de María Luisa Suarez Roldán, en AHT, 2002.

39. Nota informativa de 10 febrero de 1966 en AGA, Ministerio de Información y Turismo, Gabinete de Enlace, caja 432.

40. Informe de 25-6-1969 en AGA, Ministerio de Información y Turismo, Oficina de enlace, carpeta roja de Antonio Rato.

41. Testimonio oral de Antonio Montesinos, 2007.

42. Testimonio de Alberto García Esteve en Sanz Díaz, Benito, Rojos y demócratas. La oposición al franquismo en la Universidad de Valencia, 1939-1975, FEIS, Valencia, 2002, p. 307.

43. En Gómez Alén, José y Vega García, Rubén, 2010, op. cit.

44. Aroca, Manuela, Gregorio Peces-Barba, en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén, 2011, op. cit., p. 280.

45. Gabriel Sabaté, Anna y Fernández Ramos, David, «August Gil Matamala: en el principio de todo, la guerra», en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén, 2011, op. cit., p. 89.

46. Sobre esta huelga véase Domínguez, Pilar y Suárez, Miguel, Memoria e historia de los conflictos portuarios en el Puerto de la Luz de la Isleta (Las Palmas), en II International Conference Strikes and Social Conflicts, pre-actas, Universidad de Borgoña, Dijon 2013.

47. Todas las sentencias en Águila Torres, Juan José del, Las sentencias del Tribunal de Orden Público. TOPDAT: una base de datos para explotar en el proyecto Los Abogados Laboralistas y la lucha por una justicia democrática, Vega, Rubén y Gómez Alén, José (coords.).

48. «Ruego del decano del Colegio de Abogados al Jefe del Estado», en el que se solicita el indulto para los presos políticos, en La Vanguardia, 12 diciembre de 1969. «El Colegio de Abogados de Baleares solicita la abolición de la pena de muerte y la amnistía», en La Vanguardia, 22 de abril de 1970.

49. La Vanguardia, 11 y 15 abril de 1970.

50. Testimonio José Manuel López López, 2007.

51. Una descripción pormenorizada del conflicto en el TOP y sus procesos en López, Manolo, op. cit., pp. 611-623.

52. Informe policial, 12-6-1970, en AGA, Ministerio de Información y Turismo, Oficina de enlace, caja 432. Y Tele Expres e Informaciones, 9-61970, reproducen los nombres de los implicados: María Luisa Suárez, Francisca Sauquillo, Antonio Rato, José Esteban, Gregorio Peces-Barba, José Miguel Martínez, José Manuel López, José Luis Núñez, Juan Canet, Antonio Vázquez, Cristina Almeida, Manuel Camacho.

53. «Recurso de audiencia en Justicia ante el Tribunal de Orden Público», se refiere al recurso de José Jiménez de Parga sancionado con tres meses por el TOP, en La Vanguardia, 6 de octubre de 1970.

54. Testimonio oral de Jaime Sartorius, 2011.

55. Testimonio de Manuel del Hierro, en Sanz Díaz, Benito, op. cit., p. 303.

56. Fina, Albert, Des del nostre despatx, Dopesa, Barcelona, 1978, pp. 111-114.

57. Tébar, Javier, «Los despachos de Fina-Avilés: Compromiso profesional y lucha ideológica. Materiales para una biografía contextualizada», en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén, 2010, op. cit., pp. 214-216.

58. La Junta d’Advocats Joves, A Junta de Govern del Col·legi d’Advocats en Barcelona, septiembre de 1972, en AHCCOO de Catalunya, Fondo Asociaciones y colegios profesionales. Fondo Col·legi d’Advocats de Barcelona.

59. Informe de la Comisión Internacional de Juristas sobre el proceso de Albert Fina, Montserrat Avilés y ocho trabajadores de SEAT, Ginebra, marzo de 1975, en AHCCOO Catalunya. Fondo de Asesorías y Despachos Laboralistas. Fondo Francesc Casares.

60. Testimonio oral de Jaime Sartorius, 2011.

61. Muñoz Soro, Francisco J., «Jaime Miralles Álvarez», en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén, 2011, op. cit., pp. 143-145. Y en ABC, 19 a 23 de abril de 1972.

62. Aroca Mohedano, Manuela, 2011, op. cit., p. 276.

63. La Voz de Galicia, 2-3-4 de julio de 1975 y en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén, 2010, op. cit., pp. 43-45 y 50-55.

64. Véanse las sentencias del TOP en Águila, Juan José del, op. cit.

65. La Vanguardia, 31 de marzo de 1974.

66. Boletín Informativo n.º 25, agosto de 1975. Dirección General de Seguridad. Comisaría General de Investigación Social, en AHN, Fondo expedientes policiales, 21190 recoge el listado de detenidos y sus datos personales e informa sobre la propaganda ilegal intervenida y sobre los despachos laboralistas.

67. Testimonio oral de Pedro Ibarra Güell, 2011.

68. Sánchez Mosquera, Marcial, «Filomeno Aparicio. En defensa de una clase», en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén, 20011, op. cit., p. 20.

69. Testimonio de Alberto García Esteve, en Sanz, Benito, op. cit., p. 307. 7. Los grandes procesos del franquismo. De los consejos de guerra al Tribunal de Orden Público

7. LOS GRANDES PROCESOS DEL FRANQUISMO. DE LOS CONSEJOS DE GUERRA AL TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO

1. Águila, Juan José del, El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Planeta, Madrid, 2001, pp. 375-376.

2. Villar y Romero, José María, «El tribunal de defensa de la competencia: jurisdicción y procedimiento», en Revista de Administración Pública, n.º 47 de 1965, pp. 376-377.

3. Pérez Bustamante, Rogelio, La abogacía española a través de sus congresos (1917-2003), Consejo General de la Abogacía Española, Madrid, 2004, pp. 77-78 y 101-104.

4. Villar y Romero, José María, op. cit., pp. 377-378.

5. Citado en Sesma Landrín, Nicolás, «Franquismo, ¿Estado de Derecho? Notas sobre la renovación del lenguaje político de la dictadura durante los años sesenta», en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, n.º 5, 2006, p. 46.

6. Ibidem, pp. 47-48.

7. El Socialista, n.º del 10 de enero de 1963.

8. El Socialista, n.º del 17 de enero de 1963. Un análisis detallado sobre el informe y las reacciones al mismo, incluido el contrainforme, puede encontrarse en Águila, Juan José del, op. cit., pp. 63-73.

9. En su minuciosa investigación sobre el TOP, Juan José del Águila ha puesto de manifiesto cómo, a pesar de que el anuncio oficial de la remisión a las Cortes franquistas del proyecto de ley de creación de la Jurisdicción de Orden Público fue trece días después del fusilamiento de Grimau, el proyecto de ley había sido aprobado un mes antes, «siendo paralizados o retrasados los plazos ordinarios para su tramitación formal deliberadamente, con la finalidad de que pudiera celebrarse el consejo de guerra contra el procesado Grimau y la ejecución de su posterior y más que previsible condena a muerte». Águila, Juan José del, op. cit., pp. 75-77.

10. Para el estudio del Tribunal de Orden Público, además de la monografía de Juan José del Águila, puede consultarse Tébar, Javier (coord.), TOPCAT. 1963-1977: L’antifranquisme català davant el Tribunal de Orden Público, Fundació Cipriano García, Barcelona, 2010; Martínez Foronda, Alfonso (coord.), La dictadura en la dictadura. Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Fundación de Estudios Sindicales, Sevilla, 2011.

11. A pesar del apoyo de algunos otros procuradores, finalmente RuizGiménez retiró la enmienda. Véase Águila, Juan José del, op. cit., pp. 144 y 204-206.

12. Muñoz Soro, Francisco Javier, «Joaquín Ruiz-Giménez Cortés», en Gómez Alén, J. y Vega, Rubén (coords.), Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, vol. II, Fundación Abogados de Atocha y Ediciones GPS, Madrid, 2011, pp. 327-357.

13. Asensio Mellado, José María, «Los tribunales franquistas: una reflexión para la recuperación de la memoria histórica», en AA.VV., Entre la ética, la política y el derecho. Estudios en homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba, vol. 1, Dyckinson, Madrid, 2008, pp. 41-60.

14. Águila, Juan José del, op. cit., p. 230. El autor realiza un detallado análisis de los delitos cuya competencia tenía expresamente el TOP, así como de las sentencias, las condenas y las penas, pp. 227-258.

15. Ibidem, pp. 278-279.

16. Los debates existentes entre el colectivo de abogados quedaron plasmados en el IV Congreso Nacional de la Abogacía Española, celebrado en León en 1970.

17. Un relato del plante y la huelga en Gordon, Carlos, «Manolo López, abogado comunista (1930-2008)», en Gómez Alén J., y Vega, Rubén (coords.), Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, vol. I, Fundación Abogados de Atocha y Ediciones GPS, Madrid, 2010, pp. 226-227. También en Aroca Mohedano, Manuela, «Gregorio Peces-Barba: jurista y teórico del Estado democrático», en Gómez Alén, J. y Vega García, R. (coords.), op. cit., 2011, pp. 261-290, y en Pascual, Elsa, «Abogados antifranquistas: actores de la lucha para el regreso de la democracia a España y víctimas de la represión franquista», en I Congreso de Víctimas del franquismo, disponible en http:// www.congresovictimasfranquismo.org/wp-content/uploads/2011/12/20.Elsa-Pascual.-Abogados-antifranquistas.pdf.

18. Fina, Albert, Des del nostre despatx, Dopesa, Barcelona, 1978.

19. Aroca Mohedano, Manuela, op. cit. (vol. II), p. 283.

20. Pascual, Elsa, op. cit.

21. Testimonio oral de Adolfo Burriel Borque, 2011.

22. En este proceso, por ejemplo, Joaquín Ruiz-Giménez se distinguió por utilizar el reciclaje progresista de la Iglesia que suponen el Concilio Vaticano II y la encíclica Pacem in terris.

23. Aroca Mohedano, Manuela, op. cit. (vol. II).

24. Testimonio oral de Alfonso Álvarez-Gándara, 2011.

25. Testimonio oral de Rafael Fernández Sanchís. Archivo CCOO País Valenciano.

26. Testimonio oral de Montserrat Avilés, 2011.

27. Testimonio oral de Leopoldo Espuny, 2011.

28. Testimonio oral de Héctor Maravall, 2011.

29. «Conclusiones de la defensa en el Sumario 329/68». AH CCOO de Catalunya, Fondos de Asesorías y Despachos Laboralistas, Fondo Abogado Albert Fina, caja XI.

30. En casos como éstos se recurría a la Declaración de los Derechos del Hombre, al Fuero de los Españoles y a la Ley de Enjuiciamiento Penal, que en sus artículos recogían los derechos de los detenidos así como las obligaciones de los cuerpos de seguridad de garantizar la integridad física de los mismos.

31. «Estrategia y preparación de la defensa para el Sumario 251/68». AH CCOO de Catalunya. Fondos de Asesorías y Despachos Laboralistas, Fondo Abogado Albert Fina, Expediente 6889, caja XI.

32. Juan José del Águila ha concluido que la pena aplicada con mayor frecuencia en los años de actividad del TOP fue la de prisión menor. En un 63 por 100 de los casos sentenciados los castigos oscilaron entre los seis meses y un día y los seis años de prisión menor. A la prisión menor le siguió el arresto mayor (27 por 100) y a mucha distancia la prisión mayor (1,6 por 100). Ahora bien, como el mismo autor señala, el protagonismo del primer tipo de condena en apariencia menos punitiva no puede hacer olvidar su gravedad, sobre todo si se tiene en cuenta el número total de años a los que fueron condenados los represaliados por el TOP. Águila, Juan José del, op. cit., pp. 252-254.

33. Erice, Francisco, «Antonio Rato: el antifranquismo y la abogacía como imperativo moral», en Gómez Alén, J. y Vega, Rubén (coords.), op. cit. (vol. II), pp. 291-326.

34. Las sentencias del TOP manejadas están extraídas de Águila, Juan José del, TOPDAT: una base de datos para explotar, Madrid, 2007, edición en cd-rom. Véase en este caso, Sumario 443 de 1967, sentencia n.º 151.

35. Jáuregui, Fernando y Vega, Pedro, Crónica del antifranquismo (2): 1963-1970: el nacimiento de una nueva clase política, Argos Vergara, Barcelona, 1984, pp. 364-374; testimonio oral de José Luis Núñez Casal, 2011.

36. Águila, Juan José del, op. cit., p. 281.

37. Ibidem.

38. El 20 de noviembre de 1969 se celebró ante el TOP el juicio de revisión de sentencia del mismo tribunal, de 1964, por la que se había impuesto a Fernández Inguanzo la pena de 20 años de reclusión. Un relato coetáneo del desarrollo del juicio que pone de manifiesto su trascendencia política en Hora de Madrid. Órgano del Comité de Madrid del PCE, n.º 16, de diciembre de 1969.

39. López, Manolo, Mañana a las once en la Plaza de la Cebada, Bomarzo, Madrid, 2009, p. 612.

40. La conversión de esta doctrina política en jurisprudencia se analiza en Bastida, F. J., Jueces y Franquismo. El pensamiento del Tribunal Supremo en la dictadura, Ariel, Barcelona, 1986.

41. Una descripción pormenorizada de su actuación durante el proceso se puede encontrar en Vega García, R. y Gordon, C., «Biografía» en AA. VV., Juan Muñiz Zapico. Juanín, Fundación Juan Muñiz Zapico y editorial KRK, Oviedo, 2007. Los argumentos empleados en los recursos al Tribunal Supremo fueron tan hábiles que obligaron, incluso, al Gobierno a introducir una reforma en el Código Penal.

42. Linde, Enrique y García Herrera, Miguel Ángel, «Derecho y sociedad: La rebelión de los juristas», en Triunfo, n.º 673, del 23 de agosto de 1975. Laso Prieto, José María, «Hacia un nuevo uso alternativo del derecho», en Argumentos, n.º 3, de julio de 1977.

43. AA. VV.; Homenaje a Alberto García Esteve, Consell Valencià de Cultura, Valencia, 1998, p. 97.

44. El juicio en el TOP tuvo lugar el 14 de diciembre de 1971 y los procesados (Abal, Brandido, Gómez Pousa, Estévez, Facal, Lago, Alonso y Barros) eran miembros del PCG. El episodio de la denuncia puede seguirse en A Voz do Pobo. Órgao do Partido Comunista de Galicia, n.º 1, del 3 de enero de 1972.

45. Testimonio oral de Fernando Martínez Randulfe. Archivo Personal de Pedro Lago.

46. Castells, Miguel, Los procesos políticos. De la cárcel a la amnistía, Fundamentos, Madrid, 1977, p. 121.

47. Gómez Roda, Alberto, «Alberto García Esteve (1919-1996)», en Gómez Alén, J. y Vega, Rubén (coords.), op. cit. (vol. I), pp. 133-168.

48. Este y otros casos similares son descritos en Águila, Juan José del, op. cit., pp. 328-332.

49. Erice, Francisco, op. cit.

50. Véase Águila, Juan José del, op. cit., pp. 330-332. La declaración de Camacho al TOP en Mundo Obrero. Órgano del Comité Central del PCE, n.º 5, del 7 de marzo de 1970.

51. Testimonio oral de Manolo López, serie Juanín Llabraor de Llibertaes, AFOHSA/Fundación Juan Muñiz Zapico, sig. A59/18. En la defensa estaban representados comunistas, monárquicos, democristianos, miembros de USO (Unión Sindical Obrera) y de la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores). Sin embargo, no hubo representación del Partido Socialista y aunque se trató de asignar a José Federico de Carvajal como defensor de Miguel Ángel Zamora, designadas ya todas las defensas no hubo acuerdo y el juicio comenzó sin representación socialista. Véase Aroca Mohedano, Manuela, «José Federico de Carvajal: la instrumentalización del Derecho en la democratización de España», en Gomez Alén, José y Vega García, Rubén, 2010, op. cit., pp. 69-95.

52. Carta reproducida en Vega García, Rubén y Gordon, Carlos, op. cit., p. 286.

53. Ibidem.

54. Testimonio oral de Eduardo Saborido, serie Juanín Llabraor de Llibertaes, AFOHSA/Fundación Juan Muñiz Zapico, sig. A59/15-16. La razón de este desmarque venía dada por la propia petición fiscal y la jurisprudencia establecida con la ilegalización de las Comisiones en 1967, que calificaban a éstas de «filial del PCE». La carta finalizaba dando orientaciones incluso sobre el tratamiento que el aparato de propaganda debía hacer respecto al proceso, siempre acorde con las líneas argumentales señaladas más arriba. Véase Vega García, R. y Gordon, C., op. cit., p. 286.

55. Testimonio oral de Cristina Almeida Castro, 2011. Como recuerda la propia Almeida, el hecho de que la celebración del juicio coincidiera con el atentado contra Carrero Blanco desvió la atención de la opinión pública, con la consiguiente frustración de los implicados en el proceso. Finalmente Saborido fue condenado a 27 años de reclusión menor por asociación ilícita y seis meses de arresto mayor y multa de 10.000 pesetas por uso de documento de identidad falso. Camacho fue condenado a 20 años de reclusión por asociación ilícita.

56. Sobre la importancia que adquiere la movilización de las mujeres de los presos políticos en el franquismo, pueden consultarse Cabrero Blanco, Claudia, «Militancia, resistencia y solidaridad. Las mujeres comunistas y la lucha clandestina en el primer Franquismo», y Abad Buil, Irene, «Movilizaciones y reivindicaciones femeninas desde el PCE durante el segundo Franquismo», ambas en Bueno Lluch, M. y Gálvez Biesca, S. (eds.), Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia social, Fundación de Investigaciones Marxistas y Atrapasueños, Sevilla, 2009.

57. Testimonio oral de Montserrat Avilés, 2011.

58. Testimonio oral de Héctor Maravall, 2011.

59. Testimonio oral de Rafael Fernández Sanchís, Archivo CCOO País Valenciano.

60. Testimonio oral de Rafael Fernández Sanchís, Archivo CCOO País Valenciano.

61. AHPCE, Sección Nacionalidades y Regiones, Cataluña (PSUC), jac. 2149.

62. El Socialista, n.º de junio de 1970.

63. Aroca Mohedano, Manuela, op. cit. (vol. II).

64. Para profundizar en la importancia de la solidaridad internacional en los procesos políticos, por ejemplo el 1001, puede consultarse Vega García, Rubén y Gordon, Carlos, op. cit., pp. 113-120.

65. El juicio tiene, entre otras, la particularidad de que en él se ve implicado el conocido abogado comunista Rafael Bárez. El total de los años de cárcel solicitados por el fiscal en sus conclusiones era de 110. Todos los datos en Gómez Alén, José, «Rafael Bárez Vázquez (1946-1996): el derecho como forma de compromiso ético con la democracia», en Gómez Alén, J. y Vega, Rubén (coords.), op. cit. (vol. I), pp. 33-68. Además, sobre este proceso puede consultarse la monografía de Enrique Barrera, Rafael Pillado y José Torregrosa, El juicio de los 23. El último gran proceso del TOP, Embora, El Ferrol, 2005.

66. Gómez Alén, José, op. cit. (vol. I).

8. «¿IN DUBIO PRO OPERARIO?». ABOGADOS DE OBREROS Y LETRADOS VERTICALISTAS ANTE LAS MAGISTRATURAS DE TRABAJO

1. Babiano, José, «¿Un aparato fundamental para el control de la mano de obra? (Reconsideraciones sobre el sindicato vertical franquista)», en Historia Social, n.º 30, 1998, pp. 23-38.

2. Benito, Carmen, La clase obrera asturiana durante el Franquismo. Empleo, condiciones de trabajo y conflicto (1940-1975), Siglo XXI, Madrid, 1993, pp. 138-148.

3. Citado en Ysàs, Pere y Molinero, Carme, «Las condiciones de vida y laborales durante el primer franquismo. La subsistencia ¿un problema político?», en http://www.unizar.es/eueez/cahe/molinero.pdf.

4. Ysàs, Pere y Molinero, Carme, «Productores disciplinados: control y represión durante el franquismo, 1939-58», en Cuadernos de relaciones laborales, n.º 3, Editorial Complutense, Madrid, 1993.

5. Babiano, José, op. cit., pp. 23-38.

6. Citado en Molinero, Carme e Ysàs, Pere, «Productores disciplinados...», op. cit., p. 10.

7. A este respecto, junto a los contados abogados de obreros que comenzarán a ejercer en «los años oscuros», merece la pena mencionar la labor desempeñada por las Asesorías Jurídicas Laborales impulsadas desde la HOAC. Indudablemente, aunque su labor se verá constreñida por un universo laboral refractario a las reclamaciones de los asalariados, y mayoritariamente monopolizado por los abogados sindicales, su mera existencia representará el primer antecedente de una plataforma de asesoramiento jurídico laboral al margen de la CNS. Es el caso, por ejemplo de la de Santander en 1948. En los locales de la Hermandad en la Plaza del Príncipe, se abre una asesoría con la finalidad expresa de formar e informar a los trabajadores que se acercasen a sus dependencias. En 1959, en respuesta al Plan de Estabilización, la HOAC se embarcará en una campaña nacional contra el paro y por la «seguridad en el trabajo» que proponía en uno de sus puntos, junto a la creación de cajas de socorro para los despedidos, «la puesta en marcha de consultorios y asesorías jurídicas a todas las escalas: local, provincial, nacional, internacional». En este aspecto, la Hermandad acabó compitiendo abiertamente con el sindicato único desde su Secretariado de Servicios Sociales a Obreros o las Mutualidades Laborales. Sus letrados (jóvenes abogados, estudiantes de Derecho, graduados sociales) recopilaban información laboral y legal de publicaciones como el BOE y la organizaban en ficheros que, en muchas ocasiones, acababan fundamentando legalmente las reclamaciones laborales de los obreros. Berzal de la Rosa, Enrique, Del nacionalcatolicismo a la lucha antifranquista. La HOAC de Castilla y León entre 1946 y 1975, en http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=4673.

8. AHA, Fondo AISS, «Circular del Jefe de la Dirección General de la Jurisdicción de Trabajo al Servicio Jurídico criticando el trabajo de algunos letrados», caja 27749. Ibidem, «Carta de una comisión obrera de Aceros Duro Felguera al Delegado Provincial de Sindicatos» en la que los trabajadores cuestionan el irrespetuoso trato que les fue dispensado por el letrado de los Servicios Jurídicos.

9. Úbeda, Lluís, «Aproximación a una biografía: Antoni Cuenca Puigdellívol (1925-2004)», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista (vol. II), GPS/Fundación Abogados de Atocha, Madrid, 2011, pp. 23-49.

10. Benito, Carmen, op. cit., p. 367.

11. AHA, Fondo AISS, «Correspondencia del Asesor Jurídico Provincial al Jefe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Nacional sobre la demanda de despido de un trabajador de Fábrica de Mieres», caja 27749.

12. Entre 1939 y 1958, la Inspección de Trabajo dictó un número de sanciones mucho más bajo que el volumen de visitas realizadas; véase a este respecto Mingo, José A. de, «La resistencia individual en el trabajo, Madrid, 1940-1975», en Clase Obrera. Conflicto laboral y representación sindical. Evolución socio-laboral en Madrid, 1939-1991, GPS, Madrid, 1994, pp. 123-163.

13. Benito, Carmen, op. cit., p. 365.

14. Citado en Ysàs, Pere y Molinero, Carme, «Las condiciones de vida y laborales», op. cit.

15. Justicia Democrática, «Justicia y política 1973», en Los jueces contra la dictadura, Túcar, Madrid, 1978, p. 185.

16. Iustitia. Boletín Oficial del Ministerio de Justicia, n.º 7, junio-julio de 1944, p. 50.

17. El Decreto de 12 de marzo de 1937 reservaba la mitad de las plazas de funcionarios —y entre ellas, las de jueces y magistrados— a los excombatientes del bando franquista. A todos los integrantes de la nueva Administración se les exigió juramento de fidelidad al Caudillo y al Movimiento Nacional, requisito exigido por el artículo 4 del reglamento de oposiciones de la carrera judicial de 5 de mayo de 1941 y reiterado por el artículo 36 de la Ley de Funcionarios de 1964. El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Eduardo Divar, arengando a la promoción judicial de 1944, decía que «el juramento que se presta al ingresar en [la carrera judicial] no es meramente ritual, sino un juramento de adhesión incondicional al Caudillo y de ser fieles custodios del depósito sagrado de la Justicia», en Iustitia. Boletín Oficial del Ministerio de Justicia, n.º 7, junio-julio de 1944, p. 50.

18. Procedente de una arraigada familia burguesa de Orense. Fue director general de las Jurisdicciones de Trabajo a finales de los cuarenta. Permaneció en el cargo al menos hasta 1953. Defendía la necesidad de una jurisdicción independiente de trabajo y era contrario a la unidad de jurisdicciones, en general. Girón de Velasco actuó como testigo en la boda de su hija.

19. Testimonio oral de Antonio Montesinos, 2011.

20. Testimonio oral de Gregorio Ortiz, 2011.

21. Justicia Democrática, «Justicia y Política 1972», op. cit., pp. 131-135.

22. Fina, Albert, Des del nostre despatx, Dopesa, Barcelona, 1978, p. 79.

23. Mon Pascual, Juan, La nueva legislación de procedimiento laboral, Publicaciones de la Escuela Social de Barcelona/Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1959, p. 51. Una interesante aportación sobre el procedimiento oral en la Magistratura en Rodríguez Piñeiro, Miguel, «Sobre los principios informadores del proceso de trabajo», en Revista de Política Social, n.º 81, eneromarzo de 1969.

24. Aunque nos centraremos únicamente en las demandas planteadas ante la Magistratura de Trabajo, otros asuntos de trabajo eran dirimidos tanto por la propia Organización Sindical, cuando se trataba de reclamaciones laborales, como por las Delegaciones Provinciales de Trabajo cuando las reclamaciones guardaban relación con lesiones de derechos, contratos y condiciones de trabajo. Finalmente, las reclamaciones derivadas de prestaciones familiares eran vistas ante el Instituto Nacional de Previsión. En todos estos ámbitos actuarán tanto los letrados sindicales como los abogados laboralistas.

25. Testimonio oral de Héctor Maravall, 2011.

26. Carmena, Manuela, «Los despachos laboralistas», en AA. VV., Aspectos de la historia. 25 aniversario de la Unión Sindical de Madrid Región de Comisiones Obreras (1976-2001), U. S. Madrid-Región de CCOO, Madrid, 2001, p. 92.

27. Zenobi, Laura y Gassiot, Ramón, «Abogados combativos y obreros rebeldes», en Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, Los abogados laboralistas en el franquismo, n.º 10, Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, Barcelona, 2010, pp. 50-53.

28. Testimonio oral de Alberto Alonso, 2011.

29. En 1969, de las 81.018 demandas presentadas por los trabajadores, el 79,4 por 100 de las mismas habían sido gestionadas por letrados sindicales. En el año 1971, que concentra el de mayor número de demandas, 139.259, los trámites y la defensa ante Magistratura fueron en un 79,2 por 100 desempeñados por abogados verticalistas. Para la consulta de los datos completos véase Estadísticas elaboradas por el Secretariado de Asuntos Sociales, reproducidas en Iglesias, Carlos, El sindicalismo español, Doncel, Madrid, 1974.

30. Testimonio oral de Antonio Montesinos, 2011.

31. Suarez, María Luisa y Díaz Cardiel, Víctor, «Los Derechos Humanos y el mundo del trabajo», en Pueblos. Revista de información y debate, en http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1313.

32. Casares, Francesc, Memòries d’un advocat laboralista (1927-1958), La Campana, Barcelona, 2006, pp. 507-508.

33. Fina, Albert, op. cit., p. 46.

34. Testimonio oral de Francisco Polo Blasco y Héctor Maravall, 2011.

35. «Carta del Delegado Provincial del Sindicato de Oviedo al Secretario General de la OSE, 1968», reproducida en Benito, Carmen, op. cit., p. 399.

36. Testimonio oral de Antonio Montesinos, 2011.

37. Testimonio oral de Héctor Maravall, 2011.

38. Casares, Francesc, «Abogados laboralistas: los otros abogados», Associació per a la Memòria Històrica, op. cit., p. 74.

39. Testimonio oral de Pedro Ibarra, 2011.

40. Testimonio oral de Manuela Carmena, colección Biografías Obreras y Militancia Sindical en CCOO. Archivo de Historia del Trabajo-Fundación 1.º de Mayo, sig. BIO-010.

41. AHT, Fondos de Asesorías y Abogados Laboralistas, Fondo Abogado José Manuel López, serie Correspondencia, «Circular del Servicio de Asistencia Jurídico-Laboral de la OSE sobre la interferencia de abogados independientes», sig. 002/008. Entrevista a Jaime Sartorius, 2011.

42. Viader, Marc, «Muestra breve de una etapa solidaria: defensa de derechos de los trabajadores», en Associació per a la Memòria Històrica, op. cit., pp. 55-59.

43. Testimonio oral de Ascensió Solé, 2011. Viader, Marc, «Muestra breve de una etapa solidaria», op. cit., p. 57.

44. Testimonio oral de Alberto Alonso, 2011.

45. Fina, Albert, op. cit., p. 49.

46. Carmena, Manuela, op. cit., p. 91.

47. Fina, Albert, op. cit., p. 51.

48. Carmena, Manuela, op. cit., p. 90.

49. Úbeda, Lluís, op. cit., pp. 23-49.

50. Testimonio oral de Leopoldo Espuny, 2011. Carmena, Manuela, «Albert Fina: abogados laboralistas de Madrid y Barcelona», en Associació per a la Memòria Històrica, op. cit., pp. 22-27.

51. Entrevista a Aurora León reproducida en Díaz, Irene, Cabrero, Claudia, Gómez Alén, José y Vega, Rubén, «El testimonio de la abogacía antifranquista», op. cit., p. 649. «El bien hablar, el saber comportarse, el respeto, la consideración para los jefes, sus familiares, compañeros y subordinados», en Gaceta de Derecho Social, n.º 1 de septiembre de 1970.

52. Justicia Democrática, «Justicia y Política 1972», op. cit., pp. 131-135.

53. Extracto reproducido en Cabrero, Claudia, Díaz, Irene y Gordon, Carlos, «Fuentes para el estudio de la abogacía antifranquista», en Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista (vol. 1), op. cit., pp. 279-280.

54. El ámbito sancionador hacia las empresas permitía a los trabajadores denunciarlos ante la Delegación Provincial o ante el Instituto Nacional de Previsión, que podían imponer una multa en metálico y forzarlos a cumplir la legislación. En esta tesitura, los empresarios podían delinquir sin temor a represalias serias. Los abusos hacia los trabajadores no estaban tipificados como delitos objeto de sanción judicial sino administrativa. Este flagrante abuso que realizaba la patronal comenzó a ser objeto desde mediados de los sesenta de denuncias por parte de algunos fiscales, que insistían en la tipificación como delitos sociales de los excesos que cometían algunos empresarios e industriales. Fairén Guillén, Víctor, Panorama crítico del proceso civil español (1938-1998), Cuadernos Civitas, Madrid, 1998.

55. «El miedo a ser testigo», Gaceta de Derecho Social, n.º 3 de noviembre de 1970.

56. Gil Matamala, August, «Los abogados laboralistas en Cataluña, 1960-1975», en Associació per a la Memòria Històrica, op. cit., pp. 64-67.

57. Ruiz Huerta, Alejandro, La memoria incómoda. Los abogados de Atocha, Editorial Dossoles, Madrid, 2002, p. 49.

58. Gil Matamala, August, «Los abogados laboralistas en Cataluña, 1960-1975», op. cit., pp. 64-67.

59. AHPCE, Fondo Intelectuales y Fuerzas de la Cultura, Sección Profesionales, «Escrito colectivo de laboralistas madrileños al Ministro de Trabajo», jac. 371.

60. Un interesante análisis jurídico de la legislación sobre la huelga así como su evolución desde los años sesenta la realiza Albert Fina: «La huelga como causa de despido», reproducido en Cabrero, Claudia, Díaz, Irene, Gordon, Carlos, «Selección de documentos», op. cit., pp. 393-398.

61. Testimonio oral de Montserrat Avilés, 2011.

62. Testimonio oral de Leopoldo Espuny, 2011.

63. Una abundante relación de los planteamientos tácticos empleados por los laboralistas en la articulación de sus defensas laborales en Cabrero, Claudia, Díaz, Irene, Gómez Alén, José y Vega, Rubén, «El testimonio de la abogacía antifranquista», en Materiales para el estudio de la abogacía vol. II, op. cit., pp. 642-672.

64. Carmena, Manuela, «Albert Fina: abogados laboralistas de Madrid y Barcelona», op. cit., pp. 22-27.

65. Testimonio oral de Héctor Maravall Gómez-Allende, 2011.

66. Carmena, Manuela, «Albert Fina: abogados laboralistas de Madrid y Barcelona», op. cit., pp. 22-27. Una relación de sentencias de Magistratura falladas favorablemente al trabajador en Albert Fina, «La huelga como causa de despido», reproducido en Cabrero, Claudia, Díaz, Irene, Gordon, Carlos, «Selección de documentos», op. cit., pp. 396-398.

67. Testimonio oral de José Manuel López López, 2011.

68. Una extensa enumeración de los más importantes juicios laborales durante el franquismo aparece reproducida tanto a través de la documentación escrita como de los testimonios orales de sus protagonistas en Gómez Alen, José y Vega, Rubén (coords.), Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, vols. I y II.

9. LOS DESPACHOS LABORALISTAS. MÁS ALLÁ DE LA DEFENSA JURÍDICA

1. La importancia de la conflictividad individual es reconocida por los autores que se han acercado al tema: García Piñeiro, Ramón, Los mineros asturianos durante el franquismo (1937-1962), Fundación 1.º de Mayo, Madrid, 1990, pp. 200 y ss.; Benito, Carmen, La clase obrera asturiana durante el franquismo, Siglo XXI, Madrid, 1993; Gómez Alén, José, «La nueva conflictividad industrial. La experiencia de Galicia», en España franquista. Causa General y actitudes sociales frente a la Dictadura, Universidad de Castilla la Mancha, Albacete, 1993, pp. 215-222; Mingo, José A. de, «La resistencia individual en el trabajo, Madrid, 1940-1975», en Clase Obrera. Conflicto laboral y representación sindical. Evolución socio-laboral en Madrid, 1939-1991, GPS, Madrid, 1994, pp. 123-163; Babiano, José, Emigrantes, cronómetros y huelgas, Siglo XXI, Madrid, 1995, pp. 211-217, e Ysàs, Pere y Molinero, Carmen, Productores disciplinados y minorías subversivas, Siglo XXI, Madrid, 1998, pp. 26-32.

2. Testimonios orales de Gregorio Ortiz Ricol, 2011, y Antonio Montesinos, 2009, y también Antonio Rato y María Luisa Suárez en Archivo Historia del Trabajo-Fundación 1.º de Mayo, Fondo Biografías obreras.

3. Cabrero, Claudia, «Semillas de libertad. Antonio Montesinos y el origen de los despachos colectivos», relata esos primeros movimientos de los abogados madrileños, en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, 2011, op. cit., pp. 192-196.

4. Solicitud de autorización para constituir la Unión de Abogados Jóvenes de Madrid, octubre de 1959 en AFFLC, Fondo UGT en el exilio.

5. Testimonio oral de Gregorio Ortiz, 2011, y Suárez Roldán, María Luisa, Recuerdos, nostalgias y realidades. Sobre la defensa de las víctimas del franquismo, Bomarzo, Albacete, 2011, pp. 88-90.

6. Aroca, Manuela, «José Federico de Carvajal. La instrumentalización del derecho en la democratización de España», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, op. cit., 2010, pp. 75-77.

7. Acta Constitutiva del Secretariado de Abogados de la UGT, Madrid, 12 de septiembre de 1958, Fondo UGT en el exilio en Archivo Fundación Francisco Largo Caballero, Madrid. Se disolvería poco después por las diferentes visiones que existían con respecto a la táctica entrista del PC y otros aspectos.

8. Véase Múñoz Soro, Francisco, «Jaime Miralles y Joaquín Ruiz-Giménez Cortés», en Gómez Alén, J. y Vega, Rubén, 2011, op. cit., pp. 133-156 y 327-358.

9. Úbeda, Lluís, «Aproximación a una biografía: Antoni Cuenca Puigdellívol (1924-2004)», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, 2011, op. cit., pp. 23-50. También testimonio oral de Francesc Casares, 2009.

10. Mayayo, Andreu, Josep Solé Barberà, abogado. La voz del PSUC, RBA, Barcelona, 2007, pp. 167-187.

11. Véase Cabrera, Miguel, «El resurgimiento del movimiento obrero canario y la repercusión de las huelgas de Asturias», en Vega, Rubén, Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional, Trea, Gijón, 2002, pp. 225 y ss.; G. Roda, José Alberto, Comisiones Obreras y represión franquista, 1958-1972, Universidad de Valencia, Valencia, 2004, pp. 195-173.

12. Para la creación del TOP el trabajo de referencia es el de Águila, Juan José, del, El TOP, La represión de la libertad (1963-1977), Planeta, Barcelona, 2001. Y del mismo autor «Las sentencias del Tribunal de Orden Público. TOPDAT: una base de datos para explotar», en Vega, Rubén y Gómez Alén, José, El proyecto Los Abogados Laboralistas y la lucha por una Justicia democrática, Principado de Asturias, 2007.

13. Testimonio oral de Jaime Sartorius, 2010.

14. Águila, Juan José del, 2001 op. cit., pp. 44-46, recoge el número de detenidos en 1961 y 1962 por su adscripción ideológica: comunistas, anarcosindicalistas, HOAC, FOC, republicanos, socialistas.

15. Testimonio oral de María Luisa Suárez, 2007.

16. Díaz, Irene, «Espacios conquistados. María Luis Suárez Roldán, comunista, abogada, mujer», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, op. cit. (vol. II), p. 492. Y Suárez, María Luisa, Mundo Obrero, 17 de octubre de 1985.

17. Testimonio oral de Gregorio Ortiz, 2011: se refiere al intento de conseguir la nulidad de los consejos de guerra al descubrirse que el ponente Manuel Fernández Martín no era abogado y era preceptivo que lo fuera. Aquella comisión jurídica se encargaba de todo tipo de escritos, reclamaciones o recursos en defensa de los derechos de los presos. Una experiencia que no era nueva para Ortiz, antiguo fiscal, que ya había formado parte de comisiones similares durante sus anteriores estancias en los penales del Dueso y Ocaña. Pérez, José Antonio y Etxaniz, José Ángel, «Antonio Giménez Pericás», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, 2010, op. cit., pp. 169-200, incluyen también en la comisión de Burgos al entonces periodista Antonio Giménez Pericás, que colaboraba participando en la redacción de los escritos.

18. Carta de Josep Solé Barberà al Comité Ejecutivo del PSUC, noviembre de 1963, sobre la amnistía y las condiciones que sufrían los presos de Burgos y sobre la necesidad de plantear en el Colegio de Abogados de Barcelona la creación de «una comisión encargada de velar por los derechos del hombre», AHPCE, Sección Represión Franquista.

19. Suárez, María Luisa, 1985, op. cit.

20. Testimonio oral de Antonio Montesinos, 2007.

21. Díaz, Irene, «La Justicia en capilla. Gregorio Ortiz Ricol y la lucha jurídica desde la cárcel», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, 2011, op. cit., p. 256.

22. Testimonio oral de Elvira Landín, 2010.

23. Erice, Francisco, «Antonio Rato, el antifranquismo y la abogacía como imperativo moral», nos sitúa ante los rasgos que caracterizaron el estilo y la actividad procesal de este abogado de origen asturiano ante el TOP, en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, op. cit., pp. 291-326.

24. Gordon, Carlos, «Manolo López, Abogado comunista (1930-2008)», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, 2010, op. cit., p. 222.

25. López, Manolo, Mañana a las once en la plaza de la Cebada, Bomarzo, Albacete, 2009, p. 573.

26. Testimonios orales de Antonio Rato en Fundación AHT; y de Manuel López, 2007, Madrid.

27. Testimonio oral de Cristina Almeida, 2011.

28. Testimonio oral de Manuela Carmena, 2011.

29. Aroca, Manuela, «Gregorio Peces-Barba: jurista y teórico del Estado democrático», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, 2011, op. cit., pp. 276-277.

30. Testimonio oral de Francesc Casares, 2010.

31. Fina, Albert, Des del nostre despatx, Dopesa, Barcelona, 1978, p. 30.

32. Martín, Antonio, «Abogados laboralistas», en Memòria antifranquista del Baix Llobregat, n.º 10, 2010, pp. 41-46.

33. Testimonio oral de Ascensió Solé, 2011.

34. Mateo Seguí en Úbeda, Lluís, op. cit., p. 37.

35. Ibidem, p. 36.

36. Fina, Albert, op. cit., recuerda sintéticamente los avatares y la actividad del despacho Fina-Avilés. Y Tébar, Javier, «Los despachos de Fina y Avilés: Compromiso profesional y lucha ideológica», realiza una interesante aproximación a diferentes aspectos de la actividad procesal de los históricos laboralista catalanes y del debate político sindical que condujo a su alejamiento de la opción que había guiado gran parte de su actividad profesional, en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, 2010, op. cit., pp. 97-132. Véase también Avilés, Montserrat, «Los abogados laboralistas», en Memòria antifranquista del Baix Llobregat, 2010, op. cit., pp. 33-35.

37. Gil Matamala, August, «El Hotel de la calle Entença», texto mecanografiado de una conferencia, en archivo personal de August Gil Matamala, a quien agradezco su aportación.

38. Véase Gabriel, Anna y Fernández, David, «August Gil Matamala: en el principio de todo la guerra», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, 2011, op. cit., pp. 73-94.

39. Espuny, Francina, «Leopoldo Espuny. Semblanza biográfica», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, 2011, op. cit., pp. 51-72.

40. Un análisis de las sentencias en Bastida, Francisco, Jueces y franquismo. El pensamiento del Tribunal Supremo, Ariel, Barcelona, 1986, pp. 178 y ss.

41. Véase «A todos los abogados jóvenes» (llamamiento ante las elecciones), Madrid, noviembre de 1964 en AHT, Fondo José Manuel López, asesorías y despachos; «Las Asociaciones de Jóvenes Abogados y Recurso de suspensión contra el grupo de Abogados Jóvenes», La Vanguardia, 12 de diciembre de 1967 y 31 de marzo de 1974 o «Estatutos del grupo de abogados jóvenes», en AHCCOO de Cataluña, Fondo Asociaciones y colegios profesionales. Todos los documentos están reproducidos en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, 2010, op. cit., pp. 541-555.

42. Testimonio oral de Miguel Medina Fernández-Aceytuno. Se refiere al despacho de Rafael Bárez en Ferrol, poco antes de que detuvieran al abogado gallego como consecuencia del conflicto laboral de Bazán en marzo de 1972, en AHCCOOA, Fondo abogados laboralistas.

43. Testimonios orales de Manuel de Valle y Ana Ruiz Tagle, Fundación Francisco Largo Caballero, Fondo Fuentes orales.

44. Aroca, Manuela, «Ana María Ruiz-Tagle: una abogada socialista, de la clandestinidad a la representatividad legislativa», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, 2011, op. cit., pp. 359-383.

45. Para la formación de los despachos laborales en Andalucía, véase Martínez, Alfonso (coord.), La conquista de la libertad. Historia de Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000), Fundación de Estudios Sindicales. Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía, Cádiz, 2003, pp. 259-270.

46. Para la trayectoria profesional de esta letrada, véase Fuertes, Carlos, «Lola Monferrer. Historia de una abogada comprometida», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, op. cit. (vol. II), pp. 157-180.

47. G. Roda, Alberto, op. cit., pp. 141 y ss. analiza los rasgos que caracterizaron la relación entre el incremento de la conflictividad laboral y las grandes caídas de militantes antifranquistas con el trabajo de la abogacía valenciana. Del mismo autor, véase «Alberto García Esteve (1919-1996)», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, 2010, op. cit., pp. 133-168.

48. Sanz, Benito, Rojos y demócratas. La oposición al franquismo en la Universidad de Valencia, 1939-1975, FEIS, Valencia, 2002, pp. 302-309.

49. Testimonio oral de Juan M. Moreno Lombardero, citado en Pérez, José Antonio y Etxaniz, José Ángel, 2010, op. cit., pp. 186-187.

50. Testimonio oral de Elvira Landín, 2010. El proceso iba a marcar la vida profesional de la abogada: «Recuerdo que en la Magistratura de Trabajo en Bilbao... no cabía el personal, pero como tenían derecho a asistir al juicio pusieron unos altavoces fuera y entonces estaba la gente en la explanada escuchando su propio juicio y arriba solo los miembros del jurado de empresa y unos pocos representantes... se sabía que los despidos iban a ser declarados procedentes... Había gente en la cárcel que se había caracterizado en la defensa de aquellos... Aquello fue un aldabonazo». Sobre la importancia de este conflicto laboral, véase Pérez, José A., Los años del acero, Biblioteca Nueva, Madrid, 2001, pp. 293-304.

51. Testimonio oral de Pedro Ibarra Güell, 2011.

52. Testimonio oral de Ramón Jáuregui, 2010.

53. Testimonio oral de Jaime Sartorius, 2010, y también José Luis Núñez, 2010.

54. Testimonio oral de Cristina Almeida, 2010.

55. Ibidem.

56. Testimonio oral de Héctor Maravall, 2010.

57. Ibidem.

58. Testimonio oral de Elisa Maravall Gómez-Allende, 2009.

59. Carmena, Manuela, «Abogados laboralistas de Madrid y Barcelona», en AA. VV., Albert Fina, La Factoría Cultural, Barcelona, 2001, p. 108. Casares, Francesc, «Tan a prop, tan lluny», en AA. VV., Albert Fina, La Factoria Cultural, Barcelona, 2001, p. 58.

60. La participación de estos letrados sería especialmente importante cuando se trataba de defender despidos colectivos numerosos, como ocurrió con los mineros asturianos en las huelgas de los sesenta; Laminación de Bandas; los trabajadores de Pegaso; el juicio 1001 o con el proceso a los pescadores y a los 23 en Ferrol.

61. Testimonio oral de Francisca Sauquillo, 2010.

62. Ibidem. Véase también Sauquillo, Paca, Mirada de mujer, Ediciones B, Barcelona, 2000, pp. 67 y ss.

63. Testimonio oral de Francisca Sauquillo, 2011.

64. Véase Garner, Jason, Gassiot, Raimon, Pujol, Jordi y Zenobi, Laura, Advocats combatius i obrers rebels. El Col·lectiu Ronda i els conflictes laborals durant el franquisme i la transició, Ecos, Barcelona, 2010.

65. Bueno, Manuel y García, Inmaculada, «Aurora León González. Aproximación a su trayectoria laboral y política», dibujan la actividad profesional y la evolución política de Aurora León en el marco de la red de despachos del laboralismo andaluz, en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, 2011, op. cit., pp. 95-132.

66. Testimonio oral de Fernando Martín Mora, en AHCCOOA, Sevilla.

67. Testimonio oral de Miguel A. Medina Fernández-Aceytuno, en ACCOOA, Sevilla.

68. Sobre la trayectoria profesional de este abogado, véase Sánchez, Marcial, «Filomeno Aparicio Lobo. En defensa de una clase», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, 2011 op. cit., pp. 1-22.

69. Martínez, Alfonso, op. cit., pp. 259-270.

70. Gómez Alén, José, As Comisións Obreiras de Galicia e a conflictividade laboral durante o franquismo, Xerais, Vigo, 1995, pp. 173-176.

71. Nova Galicia, n.º 5, 1967 en Archivo CCOO de Galicia-Fundación 10 de Marzo, Santiago.

72. Carta desde Galicia, en Archivo Histórico del PCE, Madrid, Movimiento Obrero, 1967.

73. Nota informativa de la Delegación Comarcal de Vigo de la OSE en Archivo Histórico Provincial de Pontevedra, AISS, junio de 1971.

74. Ibidem. Las huelgas entre 1970 y 1972 dejaron cientos de despedidos, muchos de los cuales también fueron procesados en un consejo de guerra y en varios procesos en el TOP que afectaron a los trabajadores de Vigo y Ferrol, a los marineros de esta ciudad y a los campesinos orensanos.

75. Informe del PC de Galicia sobre abogados en AHPCE, Madrid, Sección Intelectuales y fuerzas de la cultura, diciembre de 1971.

76. Para la captación de recursos jurídicos en Galicia y la actividad procesal de este abogado, véase Lago, Pedro, La construcción del movimiento sindical en sistemas políticos autoritarios, La Catarata, Barcelona, 2011, pp. 141-151, y Gómez Alén, José, «Rafael Bárez. El derecho como forma de compromiso ético con la democracia», en Gómez Alén, José y Vega, Rubén, 2010, op. cit., pp. 33-68.

77. En el caso de Vigo, lo hicieron Guillermo Barros y Teresa Mourín, y en Coruña Santiago Güelmez, José Ángel Somoza, Rosario Crespo y Francisco Antas, que llegaba desde el despacho de Atocha, en Gómez Alén, op. cit., p. 56.

78. Testimonio oral de José Ramón Herrero Merediz, 2009.

79. Testimonios orales de Francisco Polo Blasco y Adolfo Burriel Borque, 2009.

80. Testimonio oral de Jaime Sartorius, 2011.

81. Testimonio oral de Pablo Castellano, en AFFLC, Madrid.

82. Testimonio oral de Filomeno Aparicio Lobo en AHCCOOA, Sevilla.

83. Gómez Alén, José, op. cit. (vol. I), pp. 52-54. Rafael Bárez, procesado en el TOP, se defiende de acusación de reunión ilegal argumentando que todos los dirigentes de Comisiones detenidos se reunían en su despacho porque, como clientes suyos o como miembros del jurado, los asesoraba en la negociación del convenio colectivo de Bazán en 1972.

84. Testimonio oral de Leopoldo Espuny, 2010.

85. Testimonio oral de Pedro Ibarra Güell, 2011.

86. Espuny, Francina, op. cit. (vol. I), p. 67; Informe policial sobre las actividades del abogado Juan Canet, 24 de febrero de 1971 en AGA. Fondo Cultura, Sección Oficina de Información y Turismo, Oficina de Enlace. En esta misma Sección del AGA existen informes policiales confidenciales de la mayor parte de los abogados militantes de los partidos de la oposición a la dictadura que aparecen en este libro: Antonio Rato, Cristina Almeida, Montserrat Avilés, Albert Fina, Alberto García Esteve, Antonio Giménez Pericás, Diego Carrasco, Guillermo García Lakunza, Juan José del Águila, Jaime Miralles, Gregorio Peces-Barba, Amandino Rodríguez Armada, Josep Solé Barberà, Agustí de Semir, María Luisa Suárez, José Luis Núñez, Fernando Sagaseta, Gregorio Ortiz...

87. Gómez Alén, José, op. cit. (vol. I), pp. 52-54. Rafael Bárez experimentó en su propia persona esas consecuencias.

88. Erice, Francisco, 2011, op. cit., pp. 297-298.

89. En el AHT de la Fundación 1.º de Mayo en Madrid, los fondos de José Manuel López, Cristina Almeida y Jaime Sartorius consultados contienen cartas, postales y notas que muestran la relación de amistad que se llegó a establecer entre algunos de los defendidos y sus abogados.

90. Testimonio oral de José María Mohedano, 2010.

91. Testimonio oral de Fernando Martínez Randulfe, 2008. Archivo personal de Pedro Lago Peñas, a quien agradecemos su aportación.

92. Circular del despacho de Españoleto. Carta de la Asesoría a todos sus clientes, noviembre de 1972, en AHCCOOC, Barcelona, Sección Asesorías y despachos laboralistas, Fondo Josep Solé Barberà.

93. Testimonio oral de Manuel del Valle Arévalo, en AHCCOOA, Sevilla.

94. Testimonio oral de Manuela Carmena, 2011. Esa especialización que se derivaba del crecimiento de los asuntos y frentes: barrios, laboral, penal, Colegio de Abogados... es confirmada también por otros testimonios como A. Rato, Peces-Barba, P. Castellano, C. Almeida o F. Saquillo.

95. Testimonio oral de August Gil Matamala.

96. Testimonio oral de Aurora León en AHCCOOA, Sevilla. En el mismo sentido se manifiestan Fernando Martín Mora, Jaime Sartorius, Elisa Maravall y otros abogados entrevistados.

97. Testimonio oral de Josep Maria Gasch, 2010.

98. Fina, Albert, op. cit., pp. 104-105.

99. Testimonio oral de Manuela Carmena, 2011.

100. Circular informativa de Españoleto. Carta de la asesoría a todos sus clientes, 1972, en AHCCOOC, Sección Asesorías y despachos laboralistas, Fondo Josep Solé Barberà.

101. Esa relación puede ejemplificarse con las numerosas defensas colectivas en los consejos de guerra sumarísimos o ante el TOP y las Magistraturas de Trabajo realizadas desde los años cincuenta, y con los numerosos escritos firmados por todos los protagonistas que están presentes en este libro: desde las denuncias por los malos tratos y las torturas a los detenidos, hasta las demandas de amnistía o contra la indefensión de los letrados. Véase en este sentido una selección de documentos en Gómez Alén, José y Vega, Rubén (coords.), op. cit.

102. Águila, Juan José del, op. cit., p. 279. Sobre la actividad del Tribunal de Orden Público, véase también Fuertes, Carlos y G. Roda, José Alberto, El Tribunal de Orden Público en el País Valenciano, FEIS, Valencia, 2012, y Tébar, Javier (ed.), Resistencia ordinaria. La militancia y el antifranquismo catalán ante el Tribunal de Orden Público (1963-1977), Universidad de Valencia, Valencia, 2012.

10. BURLANDO LA CENSURA: DE «ECOS DEL FORO» A LA «GACETA DE DERECHO SOCIAL»

1. López, Manolo, Mañana a las once en la plaza de la Cebada, Bomarzo, Albacete, 2009, p. 393. Véase también Gordon, Carlos, «Manolo López, abogado comunista (1930-2008)», en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén (coords.), op. cit. (vol. I), p. 214.

2. Testimonio oral de Gregorio Ortiz Ricol, 2011.

3. Cabrero, Claudia, «Semillas de libertad. Antonio Montesinos y el origen de los despachos colectivos», en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén, 2011, op. cit., p. 192.

4. López, Manolo, op. cit., p. 466.

5. Véase Cabrero, Claudia, Díaz, Irene y Gordon, Carlos, «Fuentes para el estudio de la abogacía antifranquista», en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén, 2010, op. cit., pp. 303-304.

6. Ecos del Foro, n.º de noviembre, diciembre de 1959 y enero de 1960, en Archivo Histórico del PCE, Madrid.

7. Suárez Roldán, María Luisa, Recuerdos, nostalgias y realidades, Bomarzo, Albacete, 2011, p. 103.

8. Testimonio oral de Antonio Montesinos, 2007.

9. Cabrero, Claudia, op. cit. (vol. II), p. 195 y testimonio de Gregorio Ortiz, 2011.

10. Cabrero, Claudia, Díaz, Irene y Gordon, Carlos, «Fuentes para el estudio de la abogacía antifranquista», en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén, 2010, op. cit., pp. 304-305.

11. Testimonio oral de José Jiménez de Parga, en AHT, Madrid, Fondo Biografías obreras.

12. Suárez Roldán, María Luisa, Montesinos, Antonio y Adsuar, Fedor, Obituario en El País, 20 de octubre de 2009.

13. Testimonio oral de Gregorio Ortiz Ricol, 2011.

14. Testimonio oral de Antonio Montesinos, 2007.

15. Editorial Boletín de Información de Legislación Laboral, n.º 1, marzo de 1966.

16. Ibidem. Todos los números publicados pueden consultarse en el AHT, Madrid, Fondo Manuel López.

17. Boletín de Información de Legislación Laboral, n.º 4, junio-julio de 1966, en AHT, Fondo Manuel López.

18. Véase un listado completo de los colaboradores en Águila, Juan José del, «El Boletín de Información de Legislación Laboral, marzo a noviembre de 1966 y la Asociación de Derecho Laboral: dos proyectos frustrados por medidas represivas de las autoridades franquistas», en Memòria antifranquista del Baix Llobregat, n.º 10, 2010, pp. 11-20.

19. Véase sobre la polémica entre el jurado de empresa y el Boletín en n.º 3 y 4 de 1966, en AHT, Madrid.

20. Ariza, Julián, «Campaña electoral», en Boletín de Información de Legislación Laboral, n.º 5, septiembre de 1966.

21. Véanse los números citados en el AHT, Madrid, Fondo Manuel López.

22. Editorial «Elecciones sindicales», Boletín de Información de Legislación Laboral, n.º 3, mayo de 1966.

23. Águila, Juan José del, op. cit., pp. 11-20.

24. La Vanguardia y ABC, 11 de febrero de 1967.

25. Carta circular, Boletín de Información de Legislación Laboral, 11 de febrero de 1967 en AGA, Fondo Cultura, Sección Ministerio de Información y Turismo, oficina de enlace, caja, 82/ 432. Este texto se reproduce íntegramente en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén, 2010, op. cit., pp. 559-561.

26. Testimonio oral de José Jiménez de Parga, en AHT, Madrid.

27. Muñoz Soro, Francisco, J., «Joaquín Ruiz-Giménez Cortés», en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén, 2011, op. cit., pp. 244 y ss.

28. Aroca, Manuela, «Gregorio Peces-Barba: jurista y teórico del estado democrático», y Muñoz Soro, Francisco, J., op. cit. (vol. II), pp. 345-348.

29. «Razón de ser», Editorial de Cuadernos para el Diálogo, n.º 1, octubre de 1963.

30. Sobre los colaboradores, contenidos y avatares de la revista véase Muñoz Soro, Francisco J., Cuadernos para el Diálogo (1963-1976). Una historia cultural del segundo franquismo, Marcial Pons, Madrid, 2006.

31. Muñoz Soro, Francisco J., op. cit., (vol. II), p. 344. Sobre estos temas véanse números extraordinarios como diciembre de 1966 sobre «La mujer»; diciembre de 1968 «Democracia y Derechos Humanos», o diciembre de 1970 «Justicia y política», con artículos de Antonio Rato, Jaime Miralles, José Jiménez de Parga, Albert Fina, Elvira Landín, Leopoldo Torres, Alfonso de Cossío, Pablo Castellano, Gregorio Peces-Barba o Miguel Castells.

32. Véase la sección «Cuestiones sindicales» en 1968; y el número de enero de 1969; el extraordinario de mayo de 1972 o el n.º 109, octubre de 1972, y sobre las elecciones sindicales n.º 93, junio de 1971 y el extraordinario de junio de 1975.

33. Véanse los números de abril a septiembre de 1970 y el n.º 92 de junio de 1971.

34. La Vanguardia, 15 de enero de 1969.

35. Muñoz Soro, Francisco J., op. cit., 2005, en el ilustrativo capítulo «La censura contra Cuadernos para el Diálogo», pp. 208-260, refleja los temas más perseguidos por la censura y señala que de los 115 artículos retenidos o totalmente censurados antes de 1966 solo doce pudieron publicarse después de la Ley Fraga, lo que evidencia los límites de la tan alabada apertura de la mencionada ley. Asimismo muestra en el cuadro de la página 232 que de los artículos censurados entre 1966 y 1973, el 35 por 100 están directamente relacionados con el movimiento obrero (13 por 100) y los Derechos Humanos (20 por 100).

36. Véase como muestra Triunfo, n.º 439, octubre de 1970; 465 y 466, mayo de 1971; 645, septiembre de 1975; 650, marzo 1975; 701, julio de 1976, y 735, febrero de 1977.

37. Fina, Albert: Des del nostre despatx, Dopesa, Barcelona, 1978, p. 119.

38. Testimonio oral de Ascensió Solé Puig, 2010.

39. Circular abril-septiembre de 1972, en AHCCOOC, Fondo Asesorías y despachos laboralistas. Fondo Albert Fina.

40. Carmena, Manuela, «Abogados laboralistas de Madrid y Barcelona», en Albert Fina, La Factoría Cultural, Barcelona, 2101, p. 110.

41. Circular Informativa Asesoría Jurídico-Laboral de Españoleto, 20 de octubre de 1972, en ACCOOC, Fondo Asesorías y despachos laboralistas. Fondo Josep Solé Barberà.

42. Circular Informativa Asesoría Jurídico-Laboral de Españoleto, 20 de noviembre de 1972, en ACCOOC, Fondo Asesorías y despachos laboralistas. Fondo Josep Solé Barberà.

43. Circular Informativa Asesoría Jurídico-Laboral de Españoleto, diciembre de 1972, en ACCOOC, Fondo Asesorías y despachos laboralistas. Fondo Josep Solé Barberà.

44. Cabrero, Claudia, Díaz, Irene y Gordon, Carlos, 2010, op. cit., pp. 305-306.

45. Testimonio oral de Héctor Maravall, 2010.

46. Testimonio oral de Adolfo Burriel, 2010.

47. Testimonio oral de Josep Maria Gasch Riudor.

48. Véase circular de los abogados laboralistas de Barcelona y Comarca pidiendo la abstención en el referéndum para la reforma política de 1976, en AHT, Madrid, Fondo Asesoría y despachos laboralistas. Fondo Manuel López.

49. Véanse como ejemplos, en la revista del Colegio Oficial de Abogados de Barcelona, Fina, Albert, «La participación del trabajador en los beneficios de la empresa y el accionariado obrero» y, del mismo autor, en la Revista Jurídica de Cataluña, «Infracciones delictivas de carácter laboral», marzo de 1970. Ambos citados en Tébar, Javier, op. cit., p. 126. También el Boletín del Colegio de Abogados de Madrid sobre la huelga de abogados ante el TOP, 6 de julio de 1970, y la «Circular del Colegio de Abogados de Córdoba» pidiendo la solidaridad de la abogacía ante la detención de un abogado y el registro ilegal de su despacho en ACCOOC, Barcelona, Fondo Asesorías y despachos laboralistas. Fondo Colegio de Abogados de Barcelona.

50. Mundo Obrero, Treball, A Voz do Pobo, Nova Galicia o el Boletín de la UGT, entre otros medios de prensa clandestina, recogen en sus páginas frecuentes noticias de todo tipo relacionadas con las actividades de la abogacía democrática; véanse algunos ejemplos en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén, 2010, op. cit., pp. 367-375; 430-431; 450-451; 455 y 459-460.

51. Testimonio oral de Manuela Carmena en AHT, Madrid, Fondo Biografías obreras, 2006.

52. Testimonio oral de Manuel López, 2007.

53. Gaceta de Derecho Social, n.º 1, septiembre de 1970.

54. Gaceta de Derecho Social, n.º 14, julio de 1972.

55. Circular Informativa Asesoría Jurídico-Laboral de Españoleto, octubre de 1972, en ACCOOC, Barcelona, Fondo Asesorías y despachos laboralistas. Fondo Josep Solé Barberà.

56. Testimonio oral de Elisa Maravall, 2010.

57. La colección completa de la Gaceta de Derecho Social puede consultarse en la hemeroteca del AHT, y para conocer toda la documentación interna que abarcaba el archivo de la revista, véase Mingo, José Antonio de, Inventario Archivo Gaceta de Derecho Social, en www.1mayo.ccoo.es.

11. UN TRÁGICO AMANECER: LOS ASESINATOS DE ATOCHA Y EL ALUMBRAMIENTO DE LA DEMOCRACIA

1. Ruiz-Huerta Carbonell, Alejandro, «La memoria incómoda: los abogados de Atocha 1977-2002», Nómadas, n.º 5, 2002.

2. Triunfo, n.º 732, 5 de febrero de 1977.

3. Testimonio oral de Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, serie Abogados Laboralistas, AFOHSA, sig. B31/17.

4. Testimonio de Luis Menéndez de Luarca, 2011, y texto del mismo para la asociación ovetense de estudiantes de Derecho Abogados de Atocha, Octubre 2003: http://www.foroporlamemoria.info/documentos/seguimos_ haciendo_historia.htm.

5. Casals Meseguer, Xavier, «¿Existió una “estrategia de la tensión” en España?», Historia del Presente, n.º 14, 2009, pp. 25-38. Véase también Vega García, Rubén, «Demócratas sobrevenidos y razón de Estado. La Transición desde el poder», Historia del Presente, n.º 12, 2008, pp. 148-150.

6. Martín Villa, Rodolfo, Al servicio del Estado, Planeta, Barcelona, 1984, p. 162. El País, 28 de enero de 2012.

7. Osorio, Alfonso, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Planeta, Barcelona, 1980, p. 266.

8. González, Miguel, «Un informe oficial italiano implica en el crimen de Atocha al “ultra” Cicuttini, relacionado con la red Gladio», en El País, 2 de diciembre de 1990.

9. «Resolución del Parlamento Europeo sobre el asunto Gladio», Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 24 de diciembre de 1990, p. 201.

10. Ruiz-Huerta Carbonell, Alejandro, op. cit., pp. 184 y 187.

11. Sobre el papel de los «abogados de barrios» además de los testimonios, entre otros, de Héctor y Elisa Maravall, Paca Sauquillo o Luis Menéndez de Luarca, son interesantes las aportaciones sobre el movimiento vecinal realizadas por los propios abogados, Sauquillo, Paca, Memorias de mujer, Ediciones B, Barcelona, 2000, pp. 72-80. De la misma autora, «El movimiento vecinal madrileño en la conquista de las libertades», en Pérez Quintana, Vicente y Sánchez León, Pablo, Memoria ciudadana y movimiento vecinal, Libros de La Catarata, Madrid, 2008, pp. 138-147. Ruiz-Huerta, Alejandro, op. cit., pp. 73-78.

12. Testimonio oral de Manuela Carmena, 2011.

13. Testimonio oral de Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, AFOHSA. Testimonio oral de José Luis Núñez Casal, 2011.

14. Testimonio oral de Manuela Carmena, 2011.

15. Testimonio oral de Héctor Maravall, 2011.

16. Testimonio oral de Cristina Almeida, 2011.

17. Testimonio oral de Manuela Carmena, 2011.

18. Martín Villa, Rodolfo, op. cit., p. 62.

19. Osorio, Alfonso, op. cit., pp. 276-277.

20. Triunfo, n.º 735, 26 de febrero de 1977. «Primer Congreso Abogados laboralistas del PCE», en Mundo Obrero. Órgano del Comité Central del PCE, n.º del 23 de febrero de 1977.

21. Vega García, Rubén, «Demócratas sobrevenidos...», op. cit.

12. DEMOCRACIA POLÍTICA Y LIBERTAD SINDICAL. UN NUEVO ESCENARIO

1. Testimonio oral de Agapito Ramos Cuenca, 2011. La referencia genérica a los comunistas, sin precisar nombres, quizá responda al hecho de que eran los más numerosos y resulta más difícil personalizar en alguno concreto, si bien entre los más activos en el seno del Colegio madrileño habría que destacar a Jaime Sartorius, Antonio Rato, José María Mohedano, Manuela Carmena, Manolo López, José Luis Núñez...

2. Testimonio oral de José María Mohedano, 2011.

3. Bueno, Manuel y García Escribano, Inmaculada, «Aurora León González. Aproximación a su trayectoria laboral y política», en Materiales... (vol. II), p. 117.

4. AHT-Fundación 1.º de Mayo, Fondo Jaime Sartorius. JS 8/11.

5. Vega García, Rubén, La reconstrucción del sindicalismo en democracia, 1976-1994 (vol. VI de la Historia de la UGT, coordinada por Santiago Castillo), Madrid, Siglo XXI, 2011, p. 9.

6. AFFLC, «Plan de Despachos de la Federación Nacional de Abogados de UGT», Bruselas, 5 de marzo de 1974, sig. 436-02.

7. Caro Cancela, Diego, «La reconstrucción de la UGT en la Andalucía del tardofranquismo y la transición / 1973-1977», Trocadero, n.º 14-15, 2003, pp. 27-28.

8. Testimonio oral de Agapito Ramos Cuenca, 2011.

9. Testimonio oral de Ascensió Solé, 2011.

10. AJLB-AGE, «Comunicado del Colectivo de Asesores Jurídicos de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano» al I Congreso de CCOOPV (1978), citado en Gómez Roda, Alberto, «Alberto García Esteve (1919-1996)», en Materiales... (vol. I), p. 160.

11. Fina, Albert, «Sindicalismo y asistencia jurídica»,Triunfo, n.º 829, del 16 de diciembre de 1978.

12. Testimonio oral de Jaime Sartorius, 2011.

13. Testimonio oral de José Luis Núñez Casal, 2011.

14. Testimonio oral de Manuela Carmena, 2011.

15. Gálvez, Sergio, «Jaime Sartorius: en primera línea en la reconstrucción de la lógica democrática», en Materiales... (vol. II), pp. 435-438.

16. «Primer Congreso de Abogados Laboralistas del PCE», Mundo Obrero, n.º del 23 de febrero de 1977.

17. «Abogados laboralistas. Asamblea clandestina», Triunfo, n.º 735, del 26 de febrero de 1977.

18. «Laboralistas: una profesión callada», Triunfo, n.º 732, del 5 de febrero de 1977.

19. «Abogados laboralistas. Asamblea clandestina», Triunfo, n.º 735, del 26 de febrero de 1977.

20. «Primer Congreso de Abogados Laboralistas del PCE», Mundo Obrero, n.º del 23 de febrero de 1977.

21. Vega, Pedro y Erroteta, Peru, Los herejes del PCE, Planeta, Barcelona, 1982, pp. 138-142.

22. Testimonio oral de Filomeno Aparicio, Archivo Histórico CCOO Andalucía.

23. Testimonio oral de Montserrat Avilés, 2011.

24. Testimonio oral de Cristina Almeida, 2011.

25. Triunfo, n.º 829, del 16 de diciembre de 1978.

26. Fina, Albert, Des del nostre despatx, Dopesa, Barcelona, 1978, pp. 14-15.

27. Andrade Blanco, Juan A., El PCE y el PSOE en (la) transición, Siglo XXI, Madrid, 2012, pp. 166 y ss.; Gómez Alén, José, Manuel Amor Deus. Unha biografia da resistencia obreira ao franquismo, Fundación 10 de Marzo, Santiago de Compostela, 2008, pp. 150-153 y 158-162.

28. Testimonio oral de José María Mohedano, 2011.

29. Testimonio oral de Alberto Alonso, 2011.

30. Testimonio oral de Héctor Maravall, 2011.

31. AFFLC, testimonio oral de Ana María Ruiz-Tagle.

32. Testimonio oral de Agapito Ramos Cuenca, 2011.

33. Testimonio oral de Pedro Ibarra Güell, 2011.

34. Garner, Jason, Gassiot, Raimon, Pujol, Jordi y Zenobi, Laura, Abogados combativos y obreros rebeldes. El Col·lectiu Ronda y los conflictos laborales durante el franquismo y la transición, Ecos, Barcelona, 2010, pp. 50-51.

* Así ocurrió, por ejemplo, en el Santander de 1948, donde se abrió una asesoría que respondía a este modelo.

* Testimonio oral de Francisca Sauquillo Pérez del Arco, 2011.

* Los profesionales del Derecho que como abogados asumieron un fuerte compromiso político y social sufrieron también formas de represión profesional y algunos fueron procesados por el TOP. Por su especial repercusión es necesario señalar, además del episodio derivado de la huelga de incomparecencias de defensores ante el Tribunal a raíz de la sanción a Manolo López, el largo proceso de Albert Fina, Montserrat Avilés y Ascensió Solé en 1975 tras el conflicto de SEAT y la publicación de una Circular Informativa del despacho que fue utilizada como una de las pruebas principales contra ellos.

Abogados contra el franquismo

Claudia Cabrero, Irene Díaz, José G. Alén y Rubén Vega

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© 2013, de sus respectivos capítulos: Claudia Cabrero Blanco (3, 5 y 7), Irene Díaz Martínez (2, 4 y 8), José Gómez Alén (6, 9 y 10) y Rubén Vega García (1, 11 y 12).

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