PREFACIO

Esta obra colectiva surge para reflexionar sobre el riesgo y los costes de la hipotética ruptura de España desde diferentes perspectivas —histórica, política, psicológica, jurídica, cultural—, y también para proponer soluciones. Reflexionar, debatir y proponer alternativas que eviten ese desastre es fundamental, y más aún en un momento de lamentable debilidad del debate político, sustituido por la consigna, la propaganda y el improperio sectario.

Todos sus autores, que por lo demás tienen sus propias ideas sobre multitud de cosas, coinciden en que la ruptura de España sería un desastre para todos nosotros, los ciudadanos españoles, y no solo para los separatistas partidarios de la secesión, sumergidos en un sueño narcótico que da la espalda a la realidad y desprecia la razón democrática.

La ruptura de España es un riesgo cierto que no cabe ignorar, como se ha hecho tantas veces desde el establishment político, económico y mediático, hasta que ha sido imposible seguir ignorando que «el dinosaurio seguía allí». Pero la ruptura no es inevitable: ni ha sucedido ni tiene por qué ser inexorable. Al contrario, si ha llegado a ser una amenaza real es como consecuencia de una prolongada desidia y pasividad que ya son intolerables.

La resignación, la neutralidad, la pereza y el inmovilismo son los mejores aliados de esa amenaza. Un peligro nacido en buena medida del desistimiento, la incomparecencia o el ninguneo, durante muchos años, de una defensa activa y razonada de lo mucho que une y tienen en común los ciudadanos españoles de todas las comunidades y territorios que componen España. Mientras que el localismo, el regionalismo y el nacionalismo separatista eran vistos y reivindicados con comprensión y simpatía, para hablar de España parecía obligado empezar pidiendo perdón primero. Lo común, desde la lengua hasta la historia y la cultura, ha sido visto como sospechoso y reaccionario, mientras cualquier localismo o tradición particularista, auténtica o recién inventada, era elevada a la categoría de bien cultural amenazado, a defender contra la «uniformidad».

Quizá el mayor logro conseguido por los partidarios de la desunión, la ruptura y la segregación basada en el narcisismo de las pequeñas diferencias haya sido un triple mensaje inoculado con indudable éxito en amplios sectores de la opinión pública española, y especialmente entre los que se consideran más progresistas, abiertos y ajenos a cualquier sospechoso «nacionalismo español»: la nación española es una ficción impuesta por la dictadura franquista (las naciones verdaderas son las étnico-lingüísticas de los nacionalistas: vascos, catalanes, gallegos, etc.); la secesión de una parte, como Cataluña o el País Vasco, es asunto exclusivo de ellos, porque tienen «derecho a decidir»; la obligación de los demás será aceptar ese ejercicio unilateral de un derecho del que aquellos están excluidos.

En resumidas cuentas, el mensaje es que la ruptura de España no tendría ningún coste para los ciudadanos de lo que quedara de ese extraño Estado sin nación. Y sin duda le iría mucho mejor al territorio separado, liberado de la intromisión española. Así que todo el mundo contento: «Aquí paz y después gloria».

La verdad es muy diferente: en un proceso de secesión y ruptura de la nación española perdemos todos. Y no solo, que también, en términos económicos —seríamos más pobres, especialmente los separados—, sino políticos, históricos, culturales, morales y emocionales.

Pensar que es posible romper sin coste alguno una comunidad unida por intrincados lazos seculares —tan reales como invisibles para quien no quiera verlos— es empeñarse en ignorar todo lo que la historia muestra y todo lo que sabemos de la naturaleza humana. La ruptura representaría un trauma gigantesco y una frustración colectiva difícil de imaginar. Aunque no mediara violencia física, al estilo de la que bañó en sangre la desmembración de Yugoslavia (basada en argumentos no muy diferentes a los que manejan entre nosotros los partidarios de la secesión), la ruptura de España sería el resultado de ejercer una extremada violencia simbólica, ética y emocional: la indispensable para convertir en «extranjero» (y a menudo en «traidor») a un vecino, compañero, amigo o pariente.

Como demuestra el avance del separatismo allí donde se produce, la primera pérdida que provoca es la del pluralismo. No solo político, sino de cualquier otra clase. El separatismo necesita unanimidad y justificarse con la existencia de un enemigo opuesto a la «libertad» colectiva que invoca. Para eso necesita fabricar ese enemigo, que no es otro que el antiguo conciudadano y compatriota. Y para instaurar el colectivo propio como un pueblo enfrentado al otro, priva de libertad personal a sus propios miembros: o se está con el «nosotros» unánime y monolítico que se pretende emancipar, o se está con el enemigo que lo impide.

Esto requiere sacrificar la libertad cultural e intelectual de los individuos, que representa un gran inconveniente en ese proceso. El separatismo es siempre un «pensamiento único» que no admite alternativas. O se está con la independencia, o contra ella; o se pertenece al «nosotros», o se apoya al enemigo. Y con las alternativas excluye a las personas que las defienden. La exclusión de la disidencia siempre conduce a la exclusión del disidente y a su persecución. Como ha ocurrido en Cataluña, se comienza imponiendo la inmersión lingüística obligatoria en la escuela a los niños castellanohablantes (algo más de la mitad de los catalanes), y se acaba promoviendo el incumplimiento de la Constitución y de las leyes desde el gobierno de partidos implicados en numerosos casos de corrupción.

Ese mundo en blanco y negro de fervorosos patriotas y enemigos de la patria inventada es, en última instancia, incompatible con una democracia auténtica. Los «patriotas» se perdonan todo a sí mismos, incluyendo el crimen, pero a sus «enemigos» nada. Cuando todos los partidos defienden lo mismo, cuando todos los medios de comunicación comunican la misma línea editorial, cuando la educación y la cultura se ponen al servicio de ese mensaje único, entonces desaparece la «libertad de elegir» y, por tanto, esa libertad que es el requisito y objetivo de la democracia.

Donde solo hay una elección posible desaparece la libertad y, por tanto, la democracia. A veces incluso más, como advierte el siniestro eslogan del nacionalismo castrista en Cuba: Patria o muerte, copiado por ETA en el País Vasco (aberria ala hil) para justificar sus asesinatos.

Irónicamente, los partidarios de esa reducción de la democracia a una pura apariencia donde todo conflicto interno se «sacrifica» a la necesaria unanimidad contra el enemigo (ya discutiremos entre nosotros cuando seamos independientes) invocan, como fundamento de la erradicación de la «libertad personal de elegir», un presunto «derecho colectivo a decidir» que no es sino la exclusión del otro despojado de su derecho a la igualdad, tanto del que vive en otro territorio —los demás españoles, que no podrían decidir sobre su país— como del disconforme que vive en el interior. Como bien saben los vascos, en el lenguaje del nacionalismo, «españolista» es un simple sinónimo de «traidor» y, sobre todo, una amenaza si viene de los violentos.

Si España llegara a romperse, lo que se habría roto es no solo un Estado con siglos de historia, sino sobre todo una comunidad nacional democrática. Todos perderíamos y seríamos mucho más pobres. Lo que se empobrecería no es solamente la economía, sino las libertades personales y civiles, la igualdad jurídica y de oportunidades, la dignidad colectiva y la pertenencia a una comunidad frustrada y fracasada. Donde ahora solo hay líneas en un mapa de comunidades autónomas, habría fronteras muy reales. Donde existe la libertad de circular y vivir como ciudadano en un amplio y diverso país, se instauraría el confinamiento y la extranjería en pequeños territorios.

Ciertamente, en los territorios separados sería aún peor: nuestros actuales conciudadanos dejarían de serlo y perderían además la libertad de elegir y de pensar o sentir por su cuenta de modo diferente a la mayoría tribal. Habrían perdido la pertenencia a una gran comunidad de iguales —España y también la Unión Europea— para «ganar» en enemigos, extranjería, exclusión y pobreza. Muchos acabarían en el «exilio interior» de ser tratados como extranjeros en su propia casa. Y, finalmente, vendrían la frustración y el resentimiento de la mayoría al descubrir la falsedad del edén prometido, la marginalidad, debilidad y vulnerabilidad de los pequeños Estados en un mundo globalizado donde no tienen sitio, excepto algunos paraísos fiscales.

Ahora bien, nada de esto es inexorable. El antídoto consiste en recuperar y reforzar aquello que está amenazado por la disgregación, es decir, todo lo que nos ha unido material, política, cultural, moral y afectivamente. Para ello hay que hablar claramente y en voz alta a favor de España, nuestra auténtica comunidad nacional democrática, pero la única que, para algunos, no debería ni siquiera mentarse.

Hablar a favor de España es hacerlo a favor del pluralismo y la diversidad, pero también a favor de la unidad y la ciudadanía compartida. Y también a favor de todas las comunidades que la componen: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valencia, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, de Ceuta y Melilla.

Y hablar a favor de España es hacerlo también a favor de una Europa verdaderamente unida, de la ciudadanía europea. La Unión Europea nació para impedir más guerras entre los estados europeos, provocadas por contenciosos nacionalistas. Europa es un proyecto político de superación del nacionalismo, de la guerra y del cultivo de la diferencia, y a favor de la cooperación, la igualdad y la democracia compartida.

Nada habría más opuesto al progreso de Europa que la desintegración de uno de sus grandes estados miembros, España, en un explosivo conjunto de miniestados nacionalistas a la greña. Y no solo por las razones jurídicas que se invocan, como lo previsto en los tratados europeos respecto a la salida automática de la Unión de cualquier territorio segregado de un Estado miembro: es que Europa solo avanza cuando los estados ceden soberanía y entonces crece como comunidad política.

Por eso la ruptura de alguno o varios de sus estados miembros —también hay fantasmas de secesión en el Reino Unido, Bélgica, Francia e Italia— es, para el proyecto europeo, tan nefasta y antagónica como los programas nacionalistas eurofóbicos que piden la pura desaparición de las instituciones europeas y el regreso al estatus anterior a la fundación de la Europa común: un mosaico de estados enfrentados, dominados por el nacionalismo y la xenofobia. No hay ninguna diferencia sustancial entre eurofobia y separatismo: son dos caras de la misma moneda.

En fin, hablar a favor de España es hacerlo a favor de los españoles, de lo que hemos demostrado que podemos y sabemos hacer mejor juntos: superar las divisiones heredadas, el apego a lo mezquino y el cultivo del resentimiento por viejos agravios, reales o imaginarios. Contradiciendo a los partidarios del pesimismo histórico, hemos demostrado que también sabemos cómo conseguir más libertad, más igualdad y más oportunidades. Pero para hacerlo son necesarias comunidades más grandes, más pluralistas y más inclusivas, como ya lo es España dentro de Europa.

Este libro quiere ser una aportación para esa tarea nunca acabada, en la que nadie pierde sus legítimos derechos y aspiraciones, y todos ganamos la posibilidad de hacer reales unos y otras.

La elaboración de este libro ha tratado de ser innovadora, buscando promover la participación y colaboración. Se convocaron varias reuniones con los autores para que todos pudieran conocer el trabajo de los demás y opinar sobre él. También se celebró un seminario el 6 de noviembre de 2013, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, para discutir el borrador provisional del texto, al que se invitó a más de un centenar de expertos, profesores, empleados públicos y agentes sociales y en el que estuvieron, entre otros, la catedrática de Derecho Internacional Araceli Mangas, el economista del Instituto de Análisis Económico del CSIC Ángel de la Fuente, el escritor Félix de Azúa, el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras, el presidente de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón José Varela Ortega, el economista Carlos Bustelo y los catedráticos de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado y Antonio Jiménez Blanco. Las aportaciones realizadas en el seminario se tuvieron en cuenta en la redacción definitiva del texto. Nuestro agradecimiento a todos ellos. Del mismo modo, este libro no habría sido posible sin el trabajo de Ramón Cuevas, quien ejerció las labores de secretaría administrativa del grupo; nuestro agradecimiento también para él.

FUNDACIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA

PRÓLOGO

¿CIUDADANOS O NATIVOS?

«El nacionalismo es la indignidad de tener

un alma controlada por la geografía».

GEORGES SANTAYANA

Incluso los observadores menos alarmistas coinciden en señalar que la actual situación social y política de España es francamente grave. No solo por la larga crisis económica que padece (y que comparte, aunque a veces con peores síntomas, con otros países europeos), ni siquiera por la desconfianza generalizada de los ciudadanos ante las instituciones más básicas y sus representantes (partidos políticos, sindicatos, bancos, jueces, la misma monarquía), fomentada por casos de corrupción tan flagrantes como en demasiadas ocasiones impunes o mal esclarecidos, sino sobre todo por una seria amenaza de desarticulación del país como tal. Una de sus regiones autónomas más prósperas parece querer independizarse, otra está saliendo de un largo periodo de terrorismo separatista cuyos simpatizantes desean rentabilizar políticamente el cese de la violencia, las demás comunidades se encierran en sí mismas y anteponen la urgencia de sus intereses a la reclamación de la unidad del conjunto. Y todo en un desconcertante concierto de reproches mutuos, de agravios manipulados, de malquerencias orquestadas hacia la fragmentación. No son males políticos inéditos en Europa, desde luego, pero sí han adquirido una virulencia distintiva en España, una vocación suicida de la que muchos parecen desentenderse y otros, aún peor, alegrarse.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Vale la respuesta que dio el matador cuando le preguntaron cómo uno de los banderilleros de su cuadrilla había llegado a gobernador civil: «¡Degenerando!». Tras el monolitismo seudoimperial del franquismo, en España había un lógico deseo de diversidad y de reconocimiento de culturas autóctonas regionales, con sus peculiaridades lingüísticas y su problemática social propia, que exigía una gestión diferenciada. Las comunidades con mayor tradición nacionalista (Cataluña, País Vasco y Galicia) eran las que reivindicaban con mayor denuedo estas diferencias. Para evitar discriminaciones territoriales entre los ciudadanos y no dar cauce a los separatismos que tanto contribuyeron al hundimiento de la república, se propició una fórmula autonómica general tan descentralizadora que prácticamente equivalía a un federalismo no reconocido como tal. Con ello se pretendía que los nacionalismos se volviesen autonómicos, pero salió el tiro por la culata y fueron las autonomías las que se contagiaron de nacionalismo. Todo lo local, a veces apresuradamente inventado para el caso pero dotado de inmediatos pergaminos de linaje ancestral, se vio glorificado, mientras que cuanto se compartía con el resto del país se minimizó como una subordinación vergonzosa. Ser «catalanista», «andalucista» o «vasquista» podía llevar a excesos, pero era, sobre todo, positivo; ser «españolista» resultó un insulto. Se volvió dogma patético la vieja boutade de que «son españoles los que no pueden ser otra cosa». Cada uno de los gobiernos autonómicos llegó a la conclusión de que la única forma de obtener ventajas era achacar todos los males al gobierno del Estado, al modo de los nacionalistas. Los impuestos que pagan siempre los ciudadanos y que garantizan la solidaridad dentro del país y la redistribución de riqueza por medio de servicios públicos fueron vistos como un expolio de «España» a tal o cual comunidad.

De tal modo que los ciudadanos han llegado a reconocer su vinculación unitaria como país solamente en casos de triunfos deportivos (¡la «Roja»!) o ante catástrofes accidentales de envergadura, pero nunca en nada relacionado con la ciudadanía que ejercen: en política prefieren siempre las adhesiones locales. Las comunidades conviven, no siempre de forma armónica, yuxtapuestas unas a otras como los quesitos en porciones de la Vaca Que Ríe (o quizá, para ser más castizos, del Caserío), cada cual envuelto en su infranqueable e impermeable papel de plata. Los más conciliadores aceptan compartir la misma caja, otros prefieren ser vendidos por separado… Por otra parte, gracias a la vigente ley electoral, los partidos políticos de vocación estrictamente regional, es decir, más nacionalista, que solo presentan listas electorales en sus respectivas autonomías, están mejor representados en el parlamento estatal que los que se presentan en todo el territorio, de modo que se han venido convirtiendo hasta ahora en indispensables para que uno de los dos partidos mayoritarios alcanzase la mayoría absoluta. Así se ha reinventado un nuevo avatar del clásico caciquismo hispano: el bipartidismo de facto se apoya estatalmente en nacionalistas regionales a cambio de dejarles manos más o menos libres en su territorio. Así se explica, entre otras muchas cosas, la resignación ante prácticas neofranquistas como la inmersión lingüística que arrincona y proscribe la lengua común, así como concesiones en temarios escolares aberrantes de historia, geografía, etc.

No ha sido cosa de un día ni de un mes, sino de décadas de desidia que han fragmentado la conciencia ciudadana y que han reforzado cualquier diferencia del vecino como legítima y deslegitimado, en cambio, cualquier reivindicación unitaria como reaccionaria. Así se ha conseguido que muchos vieran la plaga terrorista como algo que «debían resolver los vascos», o que hoy se considere que el futuro de Cataluña, dentro o fuera de España, sea un asunto de los catalanes y no de los españoles. En la configuración de esta mentalidad fraccionada que convierte a los ciudadanos en meros nativos (aunque sea de adopción) han colaborado a lo largo de los años muchos medios de comunicación y creadores de opinión considerados progresistas y que bien podían serlo en otras cuestiones, pero, desde luego, no en esta.

Cuento mi experiencia personal: a veces he protestado ante amigos que escriben habitualmente diatribas desacomplejadas contra el gobierno del Estado su falta de beligerancia en el caso de los abusos nacionalistas. Muchos se justifican diciéndome: «Hombre, ya sabes lo que pienso yo de los nacionalistas». Cierto: lo sé y no suele ser nada favorable. Pero lo sé porque me lo han confiado en conversaciones privadas y charlas en petit comité. En cambio, sus descalificaciones sobre Rajoy, Bárcenas o los recortes abusivos en Sanidad y Educación las conoce todo el mundo, porque escriben de ellas un día sí y otro también. Cuando arriesgan algún comentario desfavorable contra el separatismo, para compensar siempre se hace a continuación otro contra la recentralización, el españolismo y, a fin de cuentas, de Aznar, para ellos los culpables en el fondo del «agravamiento» de la situación. Nunca se les leerá ninguna franca defensa de la España unida y democrática por la que algunos tanto luchamos en la dictadura. Claro que la mayoría de ellos no lucharon, todo hay que decirlo… De modo que solo le quedan como paladines a España representantes de la derecha más gesticulante y esencialista. Conviene recordar, además, lo que les sucede a los pocos intelectuales progresistas que asumen sin rodeos una actitud antiseparatista. Si viven en territorio nacionalista, padecerán, en el mejor de los casos, un discreto ostracismo y, en el peor, varios tipos de inquina inquisitorial, incluso violenta (porque puedo dar fe de que mamporreros que interrumpen actos culturales o cívicos con exhibición de banderas, gritos y amenazas no solo los tiene la extrema derecha falangista). En el resto del país dejan de ser progresistas y pasan directamente a ser «fascistas», término de descalificación que ya no se aplica a conservadores económicos ni neoliberales como se hacía antaño —con no menor injusticia—, sino que se reserva para cualquier partidario abierto de la unidad de España. En UPyD sabemos algo de ese asunto…

Actualmente, con motivo de la crisis y del lógico malestar social, algunos se preguntan si es posible que en España surja algún tipo de «populismo», ese ersatz de la democracia para ignorantes. Desde mi punto de vista, ya existe el modelo entre nosotros, so capa de nacionalismo. Tanto el populismo como el separatismo son enfermedades políticas oportunistas que atacan al cuerpo del Estado cuando se debilita socialmente. En el País Vasco hemos padecido durante largo tiempo un populismo tipo Che Guevara, terrorista con ínfulas de guerrilla, y ahora vemos en Cataluña otro modelo Chávez, que acogota a los discrepantes con manifestaciones callejeras y el unanimismo manipulado de los medios de comunicación al servicio de la retórica demagógica. Su caballo de batalla —o de Troya, más bien— es la reivindicación del «derecho a decidir». Por supuesto, que los ciudadanos reivindiquen el derecho a decidir en democracia es como si los peces reclamasen airadamente el derecho a nadar. Todos lo tenemos y basamos nuestra ciudadanía en él, aunque sometidos a las leyes que son precisamente el primer resultado de nuestras decisiones colectivas. El derecho a decidir pertenece al ciudadano, que lo es del Estado y no de una de sus regiones o territorios. En la época feudal existían los siervos de la gleba, labradores considerados como partes forzosas del terruño que cultivaban y que eran vendidos o comprados como parte de la propia finca. Los nacionalistas pretenden inventar el «ciudadano de la gleba», pegado a su demarcación y que es el único con derecho a ejercer como tal en ella. Lo cual por cierto no le impide en otros casos reclamarse parte activa de la totalidad del Estado, sobre todo cuando hay que recibir subsidios y apoyos para empresas consideradas, entonces sí, de «interés común». El derecho a decidir que reclaman los nacionalistas es en realidad el derecho a exigir que los demás no intervengan en las decisiones sobre lo que consideran territorio exclusivamente propio. Exigir en tales condiciones un referéndum sobre la independencia es en realidad una petición de principio, porque de hecho tal referéndum implica lo que se pregunta en él, la capacidad de no dejar al resto del país intervenir en decisiones que también les afectan. Se pide decidir sobre si los catalanes quieren seguir siendo españoles, pero se prohíbe al resto de los españoles decidir sobre si quieren seguir siendo catalanes…como legítimamente lo son ahora. Y ello con todas las dudas que presupone establecer quiénes son «catalanes» a este fin (¿nativos, oriundos, asimilados…?) como categoría que sustituye a la ciudadanía del Estado español, que es la vigente.

Este libro que presentamos no se dirige, en cambio, a catalanes, vascos, gallegos o andaluces en exclusividad, sino a ellos y a todos los demás: es decir, no a los nativos, sino a los ciudadanos españoles. Su objetivo es informar de quiénes somos políticamente, de lo que está en juego en los retos separatistas y de lo que podemos perder por desidia o indiferencia, pérdidas que van ciertamente más allá de los indudables perjuicios económicos que pueden auspiciarse. No es cierto que estemos ya en un camino sin retorno, aunque por desgracia se hayan causado heridas demagógicas pero sangrantes que serán difíciles de restañar. Queremos despertar una respuesta política al separatismo, no solo entre ciudadanos afincados en tal o cual región, sino en todos los del país, porque, aunque nadie puede decir con razón que España le roba, sí tenemos buenas razones para alarmarnos de que quieran robarnos España.

FERNANDO SAVATER

I

UN DIAGNÓSTICO PRELIMINAR:
LAS RAZONES DEL ÉXITO DEL
NACIONALISMO DISGREGADOR EN ESPAÑA

RAMÓN MARCOS ALLO

Introducción

¿Por qué está triunfando en España el nacionalismo disgregador? ¿Por qué pueden germinar y crecer posiciones de nacionalismo étnico en una sociedad avanzada de Occidente en el siglo XXI? ¿Por qué una sociedad con un nivel educativo muy aceptable puede poner en juego su futuro aceptando de manera acrítica un discurso plagado de falacias y mitos? ¿Por qué una sociedad abierta y cosmopolita puede convertirse en una sociedad cerrada y ensimismada hasta poner en peligro la propia paz social? ¿Por qué ha fallado la democracia y la capacidad de respuesta del Estado?

Estas y otras preguntas semejantes surgen en la España de 2013 ante los acontecimientos que se están viviendo en Cataluña y que se han vivido y se viven en el País Vasco. Hay que preguntarse qué factores han concurrido para que en la sociedad vasca, tras décadas de terrorismo etnicista, se renuncie al ejercicio de la justicia, o para que en una sociedad como la catalana, donde pocos años atrás el sentimiento separatista era minoritario, casi marginal, haya llegado a formarse una cadena humana para recorrer toda Cataluña de norte a sur pidiendo la independencia.

Al inicio de la década de 1980, cuando Jordi Pujol gobernó Cataluña por primera vez, el porcentaje de separatistas no alcanzaba el 10 por ciento declarado, y esta proporción se ha mantenido relativamente estable hasta fechas muy recientes. La sociedad catalana era una mezcla de gentes provenientes de toda España, no solo desde la emigración de los años cincuenta y siguientes décadas del siglo pasado, sino desde finales del siglo XIX, e incluso antes. En este sentido resulta en extremo revelador comprobar cómo la guía de teléfonos de la ciudad de Barcelona es más parecida a la de Madrid que ninguna otra del resto de España, pues ambas son el resultado de la mezcla de gente procedente de todos los rincones del país, tal y como demuestra el economista José V. Rodríguez Mora en sus estudios. Cabe decir que, en Cataluña, cerca de un 90 por ciento de la población tenía vínculos directos con el resto de España, viajaba en verano a las ciudades y pueblos de sus padres, se casaba con otros españoles o compartía programas de televisión.

Algo después de tres décadas nos encontramos con una sociedad dividida en la que el porcentaje de independentistas ha crecido hasta llegar al 50 por ciento, o incluso superarlo según algunas encuestas. El sentimiento separatista domina por completo el espacio público, del que se ha desterrado cualquier simbología que remita a España, donde la eficacia movilizadora del F.C. Barcelona se pone al servicio del nacionalismo, donde los medios de comunicación y la escuela son instrumentos en manos de unos poderes públicos consagrados a la única tarea de crear una nación independiente de España, y donde la gran parte de la ciudadanía que todavía piensa de manera diferente se muestra desorientada, apabullada por un discurso nacionalista tan falaz como persistente, pero que los representantes del gobierno central no aciertan a contradecir, o bien no se atreven a manifestarse por la presión del pensamiento dominante.

El caso del País Vasco es distinto por la existencia de un terrorismo continuado, extremadamente violento y consentido por una parte importante de la población, que en Cataluña fue de mucha menor intensidad y duración. Pero la extrañeza ante el resultado es semejante: a pesar de que los terroristas no se han rendido y ni siquiera han pagado políticamente sus crímenes, el nacionalismo y los herederos de ETA han conseguido imponer sus posiciones ideológicas y han logrado controlar las instituciones vascas. El Estado ha renunciado a la victoria de la justicia y la libertad.

Nos hallamos ante un proceso de conversión social que no es fruto del azar. El objeto de este capítulo es analizar, en primer lugar, qué condiciones existían al inicio de la Transición que pudieran favorecer el éxito del nacionalismo disgregador; en segundo lugar, prestaremos atención a los factores políticos, sociales y culturales de los que se ha servido ese nacionalismo disgregador para imponer su ideología, y en tercer lugar nos preguntaremos cómo es posible que este éxito del nacionalismo se esté logrando a la vista de todos, y sin que nadie haya sabido darle respuesta.

Un buen caldo de cultivo

El crecimiento desbordante del separatismo en Cataluña en los últimos tiempos es asimilable a un proceso vírico. El independentismo está francamente «de moda» en Cataluña. Cientos de millares de catalanes se lanzan a las calles para «alcanzar la libertad» y para «hacer realidad el sueño de la independencia». Muchos de ellos incluso intuyen, o son muy conscientes, del coste de la No-España, de los graves perjuicios que sin duda les ocasionaría, de producirse, un cambio de este tipo, y a pesar de ello avanzan ilusionados hacia adelante, con la mirada clara y lejos y la frente levantada, persuadidos de que por alto que sea ese coste, «la independència no té preu».

Sin embargo, si nos remontamos al principio de esta historia, apenas ningún ciudadano catalán en pleno uso de razón creía que no era libre, haciendo la salvedad de un puñado de personas con un fuerte rechazo hacia España y una clara voluntad separatista. Pero estos pocos individuos, líderes sociales y políticos perseverantes, bien conectados y con un objetivo perfectamente claro, han conseguido que su mensaje haya calado en gran parte de la sociedad catalana hasta el punto de provocar una especie de histeria colectiva. No debemos olvidar que el nacionalismo es una ideología que apela a los sentimientos creando un relato muy similar al de las religiones, y eso tiene más fácil acogida por la gente.

En su conocida obra The Tipping Point (2000) el sociólogo Malcolm Gladwell estudiaba las claves para entender las epidemias sociales. Para Gladwell, el tercero de los pilares de estos fenómenos, junto al mensaje vírico y las personas que lo extienden, es el poder del contexto. En efecto, las epidemias son sensibles a las condiciones y las circunstancias de los tiempos y los lugares en que se encuentran. En este punto vamos a citar algunos de los ingredientes del caldo de cultivo del independentismo.

Pervivencia de un fuerte sentimiento nacionalista en una minoría muy activa e integrada de la población

En la Transición existía en la sociedad catalana un minoritario, pero muy activo, sector de la población que defendía tesis nacionalistas e incluso abiertamente independentistas. El número de personas con un fuerte sentimiento de animadversión hacia lo español era despreciable, si se consideraba la sociedad catalana en su conjunto, pero pasaba a ser notable cuando el ámbito de referencia era el de la participación política. Este fue el inicio de un mal endémico en Cataluña: la distancia que durante años ha separado, y aún separa, la Cataluña real de la Cataluña oficial.

Muchas de las personas que integraban la Asamblea de Cataluña, sobre la que se articuló la oposición al régimen franquista a partir de 1976, provenían de familias tradicionales catalanas de ideología catalanista. Por el contrario, apenas podemos encontrar entre sus principales dirigentes personas procedentes del mundo de la inmigración venida del resto de España. Era evidente el sesgo sobre la realidad social a favor de una minoría catalanista que perseguía la realización de políticas nacionalistas, más o menos explícitas. Muchos de estos personajes, como Pujol, Raventos, Ribó, Antoni Gutiérrez o Isidre Molas, acabarían copando la dirección de los principales partidos catalanes: PSC, CiU, PSUC y ERC.

A estos dirigentes políticos hay que sumar los líderes de opinión que formaban parte de la élite social y económica de Cataluña, como Oriol Bohigas o Xavier Rubert de Ventòs. Eran los herederos del catalanismo anterior a la Guerra Civil, representado por la Lliga y posteriormente por ERC; un catalanismo que a juicio de Joan Lluis Marfany (La cultura del catalanisme, 1995) es sinónimo de nacionalismo y que era un movimiento de clases medias con ambición de ascenso social. Su objetivo era que la política catalana de la Transición se hiciera en términos nacionalistas, evitando el peligro de lo que ellos llamaban lerrouxismo (el republicanismo ya había fracasado ante la Lliga) y que se podía encarnar en las masas de ciudadanos procedentes del resto de España, que no eran catalanistas y que podían cuestionar su hegemonía social.

Cabe decir que toda «la lógica de la acción colectiva» jugaba a favor de este grupo poco numeroso pero organizado y con muy notables «incentivos selectivos positivos». Tal y como recuerda el gran politólogo Mancur Olson en su obra Auge y decadencia de las naciones (1986): «Un reducido número de sujetos muy ansiosos por obtener determinado bien colectivo actuarán con más frecuencia de manera colectiva para conseguirlo que una cantidad mayor de sujetos que tengan la misma voluntad de conjunto», para concluir con cierta resignación: «Sin la menor duda, la gran importancia histórica de los pequeños grupos de fanáticos se explica en parte por esta razón». Con todo, no les faltó ayuda, llegada de los lugares más insospechados. El propio Alfonso Guerra, en la cima de su poder, «vendió su alma» al dejar a su 85 por ciento (la Federación Socialista Catalana) en manos del 15 por ciento minoritario cuando pactó la fusión con los partidos socialistas dominados por esas minorías y les dejó el poder, a pesar de las resistencias de los dirigentes de la Federación Catalana.

Menor peso específico en la sociedad de una mayoría con fuertes vínculos con el resto de España

La inmigración que llegó a Cataluña y al País Vasco desde el resto de España, como la que llegó masivamente a Madrid desde la década de 1950, estaba compuesta en su inmensa mayoría por una población poco formada que llegaba para realizar trabajos manuales en la construcción, las nuevas factorías o servicios de bajo nivel. Esta inmigración de aluvión se fue asentando en condiciones muy precarias con servicios públicos casi inexistentes y con fuerte carga de trabajo. En las zonas nacionalistas este sector débil de la población tuvo que lidiar no solo con las dificultades propias de la inmigración, sino con un nacionalismo implícito, pero efectivo incluso durante la dictadura, que ponía límites a su integración y que dificultaba su participación social. A diferencia de otros lugares de acogida, como la propia ciudad de Madrid, donde el origen y el acento no fueron un obstáculo para la cohesión social, en el País Vasco y en Cataluña se construyó un techo de cristal con el material de esos rasgos identitarios.

Cuando llegó la Transición, esta menor participación social se tradujo en una menor participación política en Cataluña, lo cual reviste una enorme importancia, pues es tanto como decir que a la gran mayoría del pueblo catalán se le privó, por la vía de los hechos, de uno de los derechos civiles básicos, como es el sufragio pasivo. Como señala Pedro Gómez Carrizo, la «limitación al sufragio pasivo ha existido en Cataluña, en la práctica, en la forma de un efectivo techo de cristal, y de hecho esa barrera ha determinado el mapa político catalán, y en consecuencia la realidad de Cataluña, favoreciendo que los intereses soberanistas de quienes en 1978 eran una exigua minoría de catalanes acabaran siendo aclamados por 120 de los 135 parlamentarios catalanes el 30 de septiembre de 2005» (http://hayderecho.com/2013/10/23/el-hurto-del-sufragio-pasivo-una-de-las-claves-del-exito-delnacionalismo-3/). La mayoría social quedó infrarrepresentada en las instituciones, y la consolidación de esa realidad generó un círculo vicioso, pues esos catalanes procedentes de otros lugares de España o hijos de emigrantes se apartaron todavía más de la política catalana, considerada «propia de catalanes». La baja participación en los procesos electorales autonómicos es un síntoma de esta deficiencia y su resultado lo conocemos: se suprimieron del debate político las preferencias o intereses de este amplio sector de la población y se dejó vía libre para que se impusiera el ideario nacionalista, una de cuyas consecuencias fue la puesta en práctica de las políticas de «normalización» que dificultaron su movilidad social.

La baja condición socioeconómica de este segmento de la población ha sido también, y sigue siendo, un factor favorecedor del éxito de los programas de ingeniería social llevados a cabo desde las instituciones públicas. El proyecto nacionalista es un sistema de dominio y, por consiguiente, se muestra tanto más efectivo cuanto más débil y maleable es el sector de población sobre el que se aplica.

Debilidad tradicional de la idea de España y de sus símbolos cohesionadores

Los símbolos comunes de España son débiles y cuestionados. El régimen liberal del siglo XIX no logró definir unos símbolos comunes a los ojos de una mayoría de españoles. Como describen Javier Moreno Luzón y Xosé M. Núñez Seixas en Ser españoles (2013), su determinación se hizo de forma tardía y reactiva frente al emergente nacionalismo catalán de principios de siglo: Ley de Jurisdicciones de 1906. Como consecuencia de ello se produjo una identificación entre los símbolos de la monarquía y los del nacionalismo católico español. La dictadura de Primo de Rivera abundó en esta anomalía, y todo ello motivó que en la República se optase incluso por cambiar la bandera, sustituyendo una banda de color rojo por otra de color morado, en homenaje al pendón comunero de las libertades castellanas. La dictadura franquista recuperó la bandera y el himno de la monarquía y prohibió cualquier otra bandera o himno, como la senyera y «Els segadors» en Cataluña.

Con estos antecedentes, en el momento en que se inició la Transición la bandera y el himno adolecían de un exceso de identificación con el régimen franquista. Por ello, a pesar de que el PCE y los demás partidos de izquierda los aceptaron, su prestigio no mejoró. El problema afectaba incluso al propio nombre del país, España, tan identificado con el régimen dictatorial que mucha gente de izquierdas, además de los nacionalistas, procuraron sustituirlo por «el Estado», «el país» u otras expresiones similares. Durante años los líderes de opinión nacionalistas han sabido alimentar y sacar partido de estos prejuicios profundamente arraigados en buena parte de la población, para quienes el término «España» significaba un estado centralizado y antidemocrático. El contagio alcanzó también al gentilicio «español», de tal suerte que desde los núcleos emisores del nacionalismo se transmitió con notable éxito la vinculación entre «facha» y «español». Por razones estrictamente políticas, pero con el beneplácito de la propia Real Academia de la Lengua, incluso nuestro idioma común dejó paulatinamente de llamarse «español» en beneficio del término «castellano».

El hecho de que estos símbolos representativos no hayan conseguido una aceptación profunda en la nueva España democrática facilitó la implantación de los símbolos autonómicos y su elevación a símbolos representativos del nuevo régimen. Así, tanto en el País Vasco como en Cataluña los nacionalistas pudieron imponer con naturalidad sus símbolos a todos los ciudadanos, al tiempo que rechazaban los españoles. Los privilegiaron y promocionaron hasta lograr convertirlos no solo en los oficiales, sino en los «naturales y propios» del país. Todo este proceso, como tantos otros, fue emulado por las élites regionales del resto de comunidades autónomas, con lo que los símbolos comunes se debilitaron todavía más.

Vinculación tradicional en España entre la izquierda sociológica y el ideario nacionalista

Cuando se produjo la Transición, se dio una clara confluencia entre el nacionalismo y la izquierda española. Ambos eran antifranquistas y coincidían en su interés por derribar el régimen dictatorial y sustituirlo por una democracia. Esta confluencia tenía raíces históricas desde el periodo de la Restauración, pero también filosóficas al haber derivado ciertas posiciones de izquierda desde el universalismo ilustrado hacia el comunitarismo y la defensa de los movimientos sociales.

La acción común entre la izquierda y el nacionalismo había sido parcial durante el periodo de la Restauración. Para Joan Lluís Marfany (El País 24/05/1995), entre el catalanismo naciente y el republicanismo había similitudes, pero se diferenciaban en que aquel era joven y burgués, mientras que este era veterano y popular. De hecho, para el republicanismo y su deseo de identificación con la nación española, la conformación de un nacionalismo de masas, sobre todo el catalán con la creación de su propio sistema de partidos, era una importante competencia.

Mayor unión de intereses se dio al final de la dictadura de Primo de Rivera, para derribarla y con ella el régimen monárquico de Alfon- so XIII. Esa unión colaboró para la instauración de la República y fue determinante para la aprobación del Estatuto de Autonomía de Nuria en 1932. En el País Vasco, durante el régimen alfonsino y la República, la confluencia fue menos marcada, seguramente por el enfrentamiento entre el PNV y el PSOE, que luchaban en esa zona del país por la hegemonía política.

Al final del franquismo la izquierda y el nacionalismo coincidieron en los movimientos de lucha contra el franquismo, de forma que gran parte de la izquierda española miraba con admiración lo que se hacía en Cataluña y el País Vasco. La defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos era uno de esos puntos en común. Y ello apuntaló entre las personas de izquierda menos informadas la idea de Cataluña y el País Vasco como «pueblos oprimidos» por España. El propio PSOE desde el Congreso de Suresnes estableció durante años en sus resoluciones el pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de todas las nacionalidades ibéricas. Asimismo, el PCE recogía este derecho como un principio esencial. Esas ideas se plasmaron en la aceptación como propio, por parte de la izquierda, del lema impulsado desde Cataluña: «libertad, amnistía y estatuto de autonomía», con el que se identificaba la autonomía como un elemento esencial del régimen democrático que tenía que nacer.

Durante el debate constitucional se constitucionalizó la autonomía, pero no el derecho de autodeterminación. Aunque, como se puede deducir, del Informe España 2013, de Santiago Muñoz Machado, su espíritu inspiró el Título VIII y el régimen territorial abierto y pactado a través de los estatutos de autonomía, que tantos problemas han terminado dando. Para entender algunas posiciones y su raigambre, resulta pertinente conocer el debate de las enmiendas que se presentaron para la constitucionalización del derecho de autodeterminación; entre ellas una de ERC y el Grupo de Socialistas de Cataluña (el futuro PSC), que pretendía señalar que la soberanía reside en el pueblo, sin calificarlo como español, para, con esta fórmula ambigua, poder hacer una interpretación a favor de la existencia de una pluralidad de pueblos como sujetos de soberanía. Concepto este, por cierto, que sí figuraba de forma explícita en una enmienda del PNV y EE, que fue también derrotada. Como fueron derrotadas asimismo las propuestas de Letamendía (EE), que, sin embargo, contaron con el apoyo del PNV y la ausencia de la Minoría Catalana y del Grupo de Socialistas Catalanes.

Un régimen institucional propicio

El sistema institucional establecido en la Transición ha favorecido la consolidación del nacionalismo periférico. En una obra reciente, Por qué fracasan los países (2011), Robinson y Acemoglu aportan ejemplos de la importancia de las instituciones en el devenir de los países. En el nuestro, el sistema electoral y de partidos, junto con la regulación del modelo territorial surgido de la Transición, han resultado ser claves para el éxito del proyecto nacionalista.

a)   El sistema electoral español

El régimen electoral de un país define su configuración institucional. Determina en gran medida el sistema de partidos que vayan a luchar por la victoria electoral y, por tanto, quiénes van a gobernar y las preferencias políticas que se van a articular. Esto se ha cumplido en el caso español, cuyo régimen electoral ha sido determinante en la hipertrofiada capacidad de influencia de los partidos nacionalistas para marcar las preferencias políticas de nuestro país.

Nuestro sistema electoral está influenciado por decisiones tomadas en los estertores del régimen franquista y el principio de la Transición. Muerto Franco, se abrió un debate en el Gobierno de Arias Navarro para implantar un régimen de pluralismo limitado. En él surgieron una serie de ideas sobre el régimen electoral que trataban de asegurar el poder a las élites conservadoras del régimen franquista. Ignacio Lago y José Ramón Montero lo explican en un trabajo de 2005. Como producto de esas reflexiones se pensó que era conveniente un sistema que tuviera un Congreso con pocos miembros y donde la circunscripción fuera la provincia. Posteriormente, el presidente del Gobierno Adolfo Suárez y una serie de dirigentes, que, a pesar de haber tenido responsabilidades en el régimen anterior, tenían una verdadera voluntad democratizadora del país, recogieron parte de esos principios en la Ley de Reforma Política del año 1977, aprobada por las residuales Cortes franquistas, y en el Real Decreto Ley 20/1977, en el que se reguló el sistema electoral español en las primeras elecciones democráticas de junio de ese año.

El sistema que se aprobó tenía tres elementos básicos: un Congreso de tamaño reducido, la provincia como circunscripción electoral y el prorrateo desviado para la asignación de escaños a cada una de ellas. Así se pretendía evitar la excesiva fragmentación política (uno de los problemas del sistema electoral de la República), primar el voto conservador, dificultando que las élites provenientes del régimen anterior perdieran el control de la Transición, e integrar a los nacionalismos periféricos, al permitirles una importante representación política fruto de la concentración de voto en sus territorios.

Estos elementos se aceptaron en lo sustancial por la oposición democrática y terminaron consolidándose parcialmente en la Constitución de 1978 y definitivamente en la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, cuando el PSOE constató que le servía para ganar elecciones con amplias mayorías. De esta forma, algunos dirigentes del franquismo, junto a otros que provenían de la democracia cristiana, y con el consentimiento entusiasta de los socialistas, acabaron definiendo el sistema electoral que lleva más de treinta y cinco años vigente en España.

Este sistema ha cumplido en parte las funciones para las que se creó: logró que muchos dirigentes que provenían del anterior régimen o sus aledaños se integraran en la democracia y participaran decisivamente en la elaboración de la Constitución; también logró que no hubiera un exceso de partidos, al generar un régimen de bipartidismo imperfecto con el predominio de dos partidos nacionales; pero ha fallado en algo esencial, aunque al inicio todo apuntaba en otra dirección, al no conseguir integrar el nacionalismo periférico y, por añadidura, dejar en sus manos las principales decisiones del país, al ser a menudo su apoyo determinante para completar las mayorías de los gobiernos del PSOE o el PP.

Esta indeseada consecuencia ha debilitado el Estado y sus políticas comunes. La normativa electoral ha dificultado mucho la existencia de un tercer partido de ámbito nacional, ya que todos aquellos partidos cuyo porcentaje sea inferior al 25 por ciento, si tienen el voto disperso por todo el territorio nacional, quedan subrepresentados, mientras que todos los que superan ese porcentaje son sobrerrepresentados. Esta subrepresentación no se da, sin embargo, para los partidos locales nacionalistas con importante implantación en sus provincias. Debido a que al concentrar sus votos en determinadas circunscripciones el efecto mayoritario les favorece, de forma que con un porcentaje muy inferior al 15 por ciento a nivel nacional —y muchas veces al de terceros partidos nacionales—, eluden el castigo de la infrarrepresentación y obtienen la relación de escaño-votos más beneficiosa de todo el sistema, incluidos PP y PSOE.

No cabe duda de que la elección de estas reglas ha tenido consecuencias performativas para el éxito del nacionalismo disgregador, lo cual no deja de ser curioso, si se tiene en cuenta de dónde surgieron las ideas principales del sistema.

b)   La falta de un modelo territorial definido en la Constitución

La Constitución de 1978 no definió de forma adecuada el modelo de distribución territorial del poder. La estructura territorial quedó, por tanto, «abierta», y a merced de los sucesivos embates que no tardarían en llegar. La desconstitucionalización del Estado autonómico resultante, como cuenta Santiago Muñoz Machado, derivó en parte del deseo del catalanismo político de la Transición de que se restableciera la Generalitat republicana. Otros factores fueron la falta de un modelo común de los partidos nacionales, así como el reconocimiento de una especie de derecho de autodeterminación de provincias y municipios para constituir comunidades autónomas. Esto condujo a que no se definiera en la Constitución cuáles eran las comunidades autónomas, su estructura y régimen de competencias —que luego se podría haber desarrollado por leyes estatales—, y en lugar de ello se optó por la ficción de un régimen paccionado que se plasma en los estatutos de Autonomía, que son leyes del Estado y al tiempo norma básica de cada comunidad.

Este régimen «paccionado» planteó problemas desde el principio. Ya en el año 1981 los partidos nacionales, UCD y PSOE, se dieron cuenta del peligro inherente a ese modelo centrífugo y convocaron una comisión de expertos que elaboró el llamado informe García de Enterría, cuyas conclusiones se plasmaron en la LOAPA. Sin embargo, esta ley fue declarada en parte inconstitucional por el Tribunal Constitucional, lo que hizo que a la postre el sistema continuara abierto y se fuera definiendo a golpe de intereses de parte, tanto de los partidos nacionalistas, como de las élites locales de los partidos nacionales. Los centros de poder local se fueron engordando en un proceso de emulación de las peticiones nacionalistas: exigencia creciente de poder y competencias, más presupuesto que gestionar y más cargos que repartir.

Primero se fueron otorgando más competencias a las comunidades autónomas de régimen común por la vía del artículo 150 de la Constitución, tras un acuerdo del PP y el PSOE en el año 1991, y posteriormente se fueron renovando los estatutos de autonomía de todas ellas para configurar un modelo que entre finales del siglo pasado y principios de este se creía más o menos cerrado. Para entonces el vaciamiento del Estado había sido muy notable. Particularmente dañino para los intereses comunes fue dejar en manos de las comunidades autónomas las políticas de educación, junto con la posibilidad de constituir un sistema de medios de comunicación propio, regado con el abundante dinero que les iba llegando.

Por añadidura, el denominado «café para todos» no fue del gusto de los nacionalistas y, dado que la Constitución no definió el modelo, primero el País Vasco, con el Plan Ibarretxe, y luego Cataluña, con su nuevo Estatuto, plantearon una vuelta de tuerca más, que fue seguida por más reformas estatutarias en otras comunidades.

c)   El sistema de partidos en Cataluña, especial referencia al PSC

En Cataluña el sistema de partidos estuvo en gran medida determinado por los dirigentes políticos que procedían de la lucha contra el franquismo y que habían formado parte de la Asamblea de Cataluña, tanto de la derecha nacionalista como del catalanismo progresista. Entre ellos estaban Jordi Pujol, Joan Raventós, Rafael Ribó, Lluís Maria Xirinacs y Antoni Gutiérrez Díaz. De ahí surgirán los dirigentes principales de Cataluña durante las décadas de 1980 y 1990. Aunque transversalmente repartidos por los principales partidos catalanes, todos ellos tenían en común su catalanismo. CiU se formó a partir del movimiento de Jordi Pujol y congregó a la derecha nacionalista; en la izquierda estaban el PSUC dirigido por Antoni Gutiérrez, con Rafael Ribó, ERC, movimientos minoritarios de corte independentista como la Coal·lició Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional (BEAN), donde militaba Xirinacs, y luego los movimientos socialistas, con Raventós como uno de sus representantes principales. Entre sus objetivos estaba el de configurar un sistema de partidos propio y diferenciado del español, como había existido en la República y previamente desde la irrupción de Solidaridad Catalana.

En el movimiento socialista y el PSUC es donde se dio la divergencia mayor entre dirección y representados. Este hecho ha tenido importantes consecuencias para el éxito del nacionalismo. Basta una simple mirada para darse cuenta de que entre sus dirigentes no había nadie significativo que procediera de la amplísima mayoría de la población que no era nacionalista o catalanista, ya fuera porque procedía del resto de España o tenía antecedentes propios, ya porque no formaba parte de la clase con más poder económico e influencia social de la que formaban parte aquellos dirigentes. Esa parte de la población se sentía más identificada con las posiciones que representaba el PSOE en el conjunto de España, un partido que en la República no había tenido presencia en Cataluña, pero que durante la Transición tenía una potente federación que contaba con un notable apoyo social. Sin embargo, esta federación adolecía de falta de pedigrí: no contaba con dirigentes de apellido conocido y carecía de una masa crítica de gente formada e integrada en los círculos de influencia sociales y económicos de Cataluña.

Esa falta de masa crítica y el deseo del PSOE de sumar mayorías para ganar las elecciones llevaron a la firma del acuerdo de fusión en 1978 entre la Federación Socialista del PSOE de Cataluña y el PSC-Congrès, entre cuyos dirigentes estaban Joan Reventós, Raimon Obiols, Isidre Molas, Narcís Serra y Pasqual Maragall.

En 1977, un año antes de la fusión, ambos partidos con otros independientes se habían presentado juntos a las primeras elecciones generales. A pesar de que, como era fácilmente comprobable, los votos los aportaba mayoritariamente la Federación del PSOE, ninguno de los 12 senadores y solo 4 de los 15 diputados elegidos formaban parte de ella. Para fundar el PSC se unió un tercer partido: el PSC-Reagrupament de Josep Pallach, que en 1977 había concurrido a las elecciones en coalición con la Convergència Democràtica de Catalunya de Jordi Pujol.

Alfonso Guerra terminó de firmar el acuerdo de fusión que dio origen al PSC. Para Guerra, tal y como reconoce expresamente en su primer libro de memorias, Cuando el tiempo nos alcanza: memorias (1940-1982), este fue uno de sus mayores errores políticos. El pacto no fue entre iguales. La Federación aportaba la masa y los votos; los otros, los dirigentes y el ideario, profundamente nacionalista. El catalanismo fue desde su mismo origen, para el PSC, tanto o más importante que el socialismo. El acuerdo con el PSOE dejó una completa soberanía al PSC en Cataluña, a cambio de que apoyase las posiciones del PSOE para el conjunto de España. Esta decisión tuvo un efecto de enorme trascendencia: en adelante, las tesis nacionalistas iban a estar sobrerrepresentadas en la esfera política catalana. Para diferenciarse de su rival político, la coalición explícitamente nacionalista CiU, el PSC trató de vender a su electorado que el catalanismo era algo sustancialmente distinto. La realidad demostró que en los temas que afectaban a la causa nacional, catalanismo y nacionalismo eran indistinguibles.

En las primeras elecciones a la Generalitat de 1980 el partido ganador fue la CDC de Pujol (aunque sin llegar a la mayoría absoluta), a pesar de que en las generales de 1979 el mejor resultado había sido del PSC. Una explicación plausible es que en las elecciones generales el candidato había sido Felipe González, mientras que en las catalanas fue Joan Reventós, con un discurso catalanista. En las siguientes elecciones a la Generalitat, los candidatos fueron similares a aquel. Raimon Obiols sustituyó a Reventós y perdió en tres ocasiones, lo mismo que su sucesor Joaquim Nadal. Durante su larga etapa en la oposición, el PSC no dejó de apoyar todas y cada una de las políticas de «normalización» que proponía el nacionalismo gobernante. Fundamentalmente, la inmersión lingüística en educación, la creación de unos medios de comunicación propios y el desarrollo de una administración que cada vez acaparase más competencias.

Por otra parte, desde el Gobierno de España se consentían esas políticas, cuando no se favorecían, aunque no beneficiaran a la población que los apoyaba en Cataluña en las elecciones generales, que, sin embargo, proceso electoral tras proceso electoral, se abstenía de participar en las elecciones a la Generalitat catalana. No hay que olvidar que en esos gobiernos tuvieron un importante papel ministros como Narcís Serra o Ernest Lluch, procedentes de los sectores catalanistas que habían ocupado cargos dirigentes del PSC. No es de extrañar que una gran mayoría de ciudadanos que votaban PSOE en las generales en Cataluña, prescindieran de votar al PSC en las autonómicas: sentían que las elecciones autonómicas no les incumbían y que el PSC no los representaba.

En esas primeras elecciones autonómicas tuvo un resultado aceptable Centristes de Catalunya-UCD (18 diputados), como lo había tenido en las generales de 1977 y 1979 (donde fue segundo con 12 diputados tras el PSC). Su desaparición no nos permite saber qué hubiera pasado de seguir existiendo, pero sí que apoyó a Pujol por nada para investirlo presidente en 1980 y que se habían constituido en un partido autónomo dentro de UCD.

En el ámbito municipal el PSC sí pudo gobernar desde 1979. Sus feudos fueron las principales ciudades en torno a Barcelona, el llamado «cinturón rojo», donde vivían los charnegos. En la capital, Barcelona, el candidato fue Narcís Serra, sustituido en 1982 por Pascual Maragall al ser elegido ministro. Para la estrategia de la ciudad Maragall eligió al arquitecto Oriol Bohigas, acérrimo defensor del independentismo.

Paralelamente a esta monopolización de los principales puestos por parte de la cúpula catalanista, tuvo lugar un riguroso proceso de selección de políticos procedentes de la Federación Socialista Catalana susceptibles de formar parte de las listas electorales municipales. El mensaje estaba claro: para prosperar en el PSC era preciso asumir como propio el ideario que la cúpula catalanista había dejado bien establecido. El catalanismo era la única vía para hacer carrera política.

Josep Maria Sala fue el encargado de lograr que «los nuevos catalanes» que entrasen en las listas del PSC no discutieran el corpus teórico esencial del catalanismo, que incluía la idea de Cataluña como nación política, la construcción de la cohesión social en torno al eje identitario, la defensa de la inmersión lingüística o la construcción de un ámbito institucional propio y diferenciado al español. Merece la pena señalar que entre estos ámbitos de autonomía ocupaba un lugar destacado el reforzamiento del PSC como partido distinto del PSOE. El PSC mantuvo su «soberanía» al tiempo que aumentaba su capacidad de influencia en el PSOE, gracias a los votos del propio PSOE obtenidos en cada elección general. Sin duda, este tipo de relación asimétrica entre PSC y PSOE era un reflejo de la idea que el PSC defendía para las relaciones entre Cataluña y España.

Durante este tiempo Pujol gobernaba Cataluña con mayorías absolutas desde su segunda legislatura y lograba aplicar paulatinamente su estrategia nacionalista. En su camino, bien pautado, el PSC opuso pocos contratiempos. Sí pudo suponer un freno a este proceso el PP de Aleix Vidal Quadras, que en las elecciones de 1995 se presentó con un discurso diferenciado que alcanzó un éxito sin precedentes entre la población no nacionalista. Pero en esta ocasión fue el sistema electoral español lo que vino en ayuda del nacionalismo: al necesitar el apoyo de CiU en el Congreso desde 1996, el PP pasó a actuar como el PSOE, dio a Pujol la cabeza de Vidal Quadras en bandeja y le permitió seguir gobernando desde posiciones nacionalistas.

En 1999 CiU perdió las elecciones en votos, que ganó Pasqual Maragall, pero obtuvo cuatro escaños más y pudo gobernar con el apoyo del PP. Esto frustró enormemente al PSC. Para evitar perder de nuevo la oportunidad de gobernar en Cataluña, los socialistas catalanes decidieron cambiar de estrategia y jugar a romper los apoyos de CiU, reforzando a ERC para poder pactar con ellos en el futuro. En 2003 esa estrategia tuvo éxito y el PSC alcanzó por fin el ansiado palacio de la Generalitat, gracias al primer pacto tripartito con los independentistas de ERC y con la ICV de Rafael Ribó, escindida de IU en 1997 por diferencias con Anguita sobre sus posiciones nacionalistas. Por si cabía alguna duda sobre la íntima coincidencia entre el catalanismo del PSC y el nacionalismo, el gobierno tripartito liderado por el PSC, lejos de aportar una alternativa a las políticas nacionalistas de Pujol de los últimos veintitrés años, dejó en manos de ERC precisamente las dos principales herramientas de la ingeniería social: la política educativa y de comunicación del gobierno, la escuela y la televisión, al tiempo que impulsaba la reforma del Estatuto en clave soberanista. El tripartito repitió con Montilla como presidente y dejó una Generalitat llena de deudas y una sociedad más dividida y más imbuida en las políticas nacionalistas de lo que jamás antes había estado.

Ante las políticas del tripartito, en la sociedad catalana surgió un movimiento social que terminó en la constitución del partido Ciutadans, que nació con la pretensión de corregir las posiciones nacionalistas del PSC, y que finalmente ha pasado a formar parte de la especificidad del sistema de partidos catalanes, aunque sus posiciones sean explícitamente contrarias a la independencia.

Las siguientes elecciones las ganó CiU. En ese momento, tras el largo debate del Estatut, la centralidad política en Cataluña ya había sufrido un enorme desplazamiento, y planteamientos que pocos años atrás eran considerados radicales configuraban ahora el pensamiento dominante. Casi movido por las circunstancias, ante el peligro de que otros ocupasen su lugar, el partido nacionalista moderado pudo por fin exhibir su soberanismo sin ambages e intensificar su presión contra el Estado.

En el caso del País Vasco, el sistema de partidos tuvo una configuración diferente que estuvo marcada por la existencia del durísimo terrorismo de ETA. La hegemonía inicial del nacionalismo vasco del PNV se vio rápidamente rota como consecuencia de la escisión a mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado del PNV y la aparición de EA. Esto conllevó una relativa igualdad de representación de la mayoría de los partidos en liza en las elecciones de 1986 y que el partido con más escaños fuera el PSOE. Este partido pactó un gobierno de coalición con el PNV, que, con más o menos dificultades, continuó hasta que en 1998 el PNV firmó el Pacto de Estella con ETA. Tras las elecciones de ese año, el PNV accedió al Gobierno vasco con el apoyo de la marca política de esa organización terrorista y aplicó unas políticas de corte soberanista —similares a las actuales de Cataluña— que derivaron en el llamado Plan Ibarretxe, que fue derrotado en las Cortes en el año 2005. Entre medias tuvo lugar un hecho trascendental: la aprobación de la llamada Ley de Partidos, que permitió la ilegalización de los partidos políticos instrumento de ETA. Más adelante, tras el fracaso estrepitoso del mal llamado «proceso de paz», el PSOE accedió al gobierno con el apoyo del Partido Popular. Un gobierno que perdió tras las últimas elecciones en las que se permitió que participara la marca política de ETA nuevamente, a pesar de que esa organización terrorista sigue existiendo. En la actualidad, el PNV gobierna de nuevo con el apoyo parlamentario del PSOE.

La estrategia sostenida del nacionalismo

En el manual de «recatalanización» elaborado por CiU en 1990 (véase el artículo http://www.elperiodico.com/es/noticias/al-contrataque/tengamos-hijoscatalanes-2635015, así como el libro Por la educación hacia la independiencia (2009), de Pedro Antonio Heras), basado en el ideario de su líder Jordi Pujol, y que se convirtió en la hoja de ruta ideológica del nacionalismo, se reclamaba, entre otras medidas que erizan igualmente el vello, la «Potenciación del modelo familiar que garantice la sustitución biológica» (sic).

Merece la pena citar por extenso varios de los párrafos de este documento doctrinal del nacionalismo, porque se comentan por sí solos: «Solo avanzan los pueblos jóvenes. Es necesario concienciar a nuestro pueblo de la necesidad de tener más hijos para garantizar nuestra personalidad colectiva», «Incidir en todos los medios de comunicación a través de personas con influencia social», «Impulsar el sentimiento nacional de los profesores, padres y estudiantes», «Elaborar un plan de formación permanente y de reciclaje del profesorado que tenga en cuenta los intereses nacionales», «Reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza. Vigilar de cerca la elección de este personal», «Incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas», «Velar por la composición de los tribunales de oposición», «Estimular el sentimiento nacional catalán de los estudiantes y profesores de la universidad», «Potenciar a personalidades de ideología nacionalista en los órganos rectores de las universidades», «En los medios de comunicación dependientes de la Generalitat establecer líneas de pensamiento que contribuyan a un estado de opinión nacionalista», «Crear un código de comunicación. Crear una agencia de noticias catalana de espíritu nacionalista», «Introducir a gente nacionalista de elevada profesionalidad en todos los lugares claves de los medios de comunicación», etcétera.

La simple lectura de estas líneas basta para desmontar una de las últimas falacias del pensamiento único catalanista: la que pretende hacernos creer que las movilizaciones independentistas actuales son un movimiento espontáneo de la ciudadanía que la clase política se ha limitado a tratar de canalizar y liderar. Según estas voces, por ejemplo, la ANC (Assemblea Nacional Catalana), organizadora de la Vía Catalana, entre otras muchas iniciativas, sería una entidad nacida en el seno de la sociedad civil para recoger el auténtico sentir del pueblo. Sucede, por el contrario, que la propia presidenta de la ANC, la profesora de lengua y literatura Carme Forcadell, es la firmante de otro documento muy similar al recién citado, las «Resolucions i propostes corresponents al Tema 5: “Sobirania nacional i defensa de la llengua”» (http://www.oocities.org/antavianadigital/Report/Text/Sobira.htm), elaboradas con ocasión del III Congrés de Cultura Catalana, del año 2000. En este texto se anima a «recuperar las raíces, los mitos y la historia colectiva a través de la educación y de los medios de comunicación, como herramienta de concienciación nacional», y se lanzan algunas propuestas para tal fin, entre otras: «Exigir la escolarización totalmente en catalán en las islas Baleares y en el País Valenciano», «Ejercer el control lingüístico y de contenidos de la TV y de las radios, para asegurarnos de que están al servicio de la lengua y la cultura de nuestro país» o «Realizar los cambios necesarios para garantizar que la escuela y la educación, en general, sean una herramienta de transmisión de nuestra identidad, y por tanto de nuestra cultura y de nuestra lengua». La misma Carme Forcadell, líder de esta plataforma cívica, tuvo oportunidad de ejercer generosamente las tareas de control y concienciación que reclamaba, pues entre 1991 y 2004 fue la coordinadora de normalización lingüística del Servei d’Ensenyament del Català del Departament d’Educació, el temido SEDEC, organismo sobre el que recaía la alta responsabilidad de velar por la pureza catalana de todos los centros de enseñanza y de convertir a la causa nacional a todos los niños escolarizados en Cataluña.

Resulta incuestionable que todo el proceso de «construcción nacional» se ha basado en una estrategia sostenida de ingeniería social implementada a través de tres instituciones esenciales: el sistema educativo, los medios de comunicación y las instituciones políticas y sociales.

Además, el nacionalismo ha sido perseverante en la persecución de sus objetivos, aplicando un incrementalismo estratégico: paso a paso, han ido alcanzando pequeños hitos graduales que consiguen no ser rechazados por los gobiernos de España gracias a su aparente intrascendencia, pero que propician la consecución del siguiente hito y les acercan cada vez más a la meta. La dificultad para rechazar esos pequeños pasos es especialmente notable ante quienes, como los catalanistas, han hecho del victimismo su más lucrativa herramienta.

Desde la Transición se fueron dando pasos que condujeron, primero, a la creación de una identidad colectiva que prevaleció sobre la libertad individual (son ejemplo todas las políticas de normalización lingüística); más adelante, con la reforma del Estatuto de Autonomía del año 2006, se trató de identificar el pueblo con un territorio, Cataluña, que tendría derechos históricos sobre él; y ahora se está en el tercer peldaño del totalitarismo: el proceso de exigir la autodeterminación, una vez que se ha conseguido religar un pueblo en torno a una identidad y hacer de esa identidad la única propia, o propietaria, del territorio.

Con el afán de Procusto, los responsables de las políticas nacionalistas de normalización social han buscado mutilar la realidad de la sociedad a la que gobernaban para encajarla en sus normas, valores, lenguaje y símbolos preferentes.

Para desgracia de la sociedad catalana, el único posible contrapoder, el PSC, no solo transigió con estas prácticas, sino que las fomentó. No podía ser de otro modo, habida cuenta de que, como queda dicho, quienes creaban el discurso en ese partido no procedían del entorno de los llamados «capitanes», todos ellos personajes muy grises que cifraban toda su ambición política en alcanzar el poder orgánico y convertir el partido en una lucrativa agencia de colocación, sino del ala más catalanista. Como ejemplo podemos traer a colación las declaraciones de Jordi Font a favor de un «estat propi per Catalunya». Esta toma de posición por parte de un militante socialista resulta extraordinariamente reveladora si tenemos en cuenta que este mismo Jordi Font, mano derecha de Raimon Obiols, miembro de la Ejecutiva del PSC desde 1980 hasta el 2000, y secretario de Cultura hasta 1996, fue nada menos que el alma del Pacte Cultural que en 1985 marcó las líneas maestras de la política cultural nacionalista.

La educación

En Cataluña el control de la educación, la lengua en la que se enseñaba y sus contenidos, fue una de las primeras decisiones adoptadas. En un principio CiU no se atrevió a proponer la inmersión lingüística. Fue el PSC, auspiciado por la pedagoga Marta Mata, quien hizo suyo ese objetivo. Por cierto, que Marta Mata, ideóloga del sistema de enseñanza que más ha contribuido a descoyuntar el Estado, acabase siendo presidenta del Consejo Escolar del Estado a propuesta del PSOE, es un buen ejemplo del incauto papel del Estado en todo este proceso.

Los argumentos del PSC partían de un prejuicio previo: para ellos debe haber un pueblo, el catalán, que se define desde la identidad catalana. Por ello, para lograr la cohesión social —esto es, nacional— hay que convertir a esa identidad a la mayoría social que carece de ella. Con ello, según el wishful thinking socialista, se lograría la igualdad con las clases dirigentes, ellas sí poseedoras por naturaleza de la correcta identidad catalana. Una forma imposible por definición, pues no existe inclusión entre iguales si para serlo hay que renunciar a la libertad. Este prejuicio suponía aceptar como incuestionable la dominación existente, y en definitiva consolidarla, al hacer sentir a los que no consideraban auténticos catalanes como ciudadanos de segunda. Su concepto de cohesión o inclusión social siempre partió de la necesidad de que una parte de la sociedad catalana tuviera que renunciar a su manera de ser, a su autenticidad. Como se trataba en realidad de un sistema de dominio, esta normalización coactiva tuvo más éxito entre las clases populares y los segmentos más débiles de la sociedad. Entre las parejas catalanas de clase acomodada en las que ambos miembros son castellanohablantes, la lengua utilizada para hablar con los hijos es siempre el castellano. El empleo del catalán con los hijos por parte de parejas castellanohablantes aumenta conforme disminuye su nivel sociocultural: nadie deja de ser lo que es si previamente no lo han convencido de su inferioridad. Para toda esta parte de la población, hijos de inmigrantes pobres y de poca cultura, el tránsito hacia la independencia no es más que el corolario lógico de un proceso de negación de los orígenes que empezó en el mismo momento en que sus padres o abuelos pusieron el pie en Cataluña.

La Ley de Política Lingüística de 1983 recogía que la enseñanza sería en catalán en todos los niveles, pero también que los niños tenían el derecho a escolarizarse en castellano en su primera enseñanza. Sin embargo, la presión creciente fue haciendo muy difícil que se pudiera optar por recibir enseñanza en español en los primeros años de escolarización, sobre todo a partir de 1992 en que se aprobó el Decreto de Inmersión Lingüística. Con la Ley de Política Lingüística del año 1998 se dio una vuelta de tuerca más al extender la inmersión. Esa ley, que recogía sanciones por el no uso del catalán, fue aprobada por CiU, PSC, IC y el partido de la Independencia (una escisión de ERC) y consentida por el PP, que no la impugnó ante el TC y presionó al defensor del Pueblo para que tampoco lo hiciera.

Esta inmersión (en una lengua, por cierto, que supone un «enriquecimiento cero» del ámbito comunicativo de los afectados, como explica Pedro Gómez en el artículo «Argumentos contra el bilingüismo: una reflexión sobre el valor de las lenguas»), afectaba a las capas más humildes de población y ha tenido consecuencias permanentes al ser sus hijos, casi todos de lengua materna castellana, los que tuvieron peores resultados académicos. La Fundación Jaume Bofill publicó en 2004 un estudio en el que mostraba que el modelo educativo catalán era uno de los más clasistas en España. Esa misma Fundación, en varios estudios (http://www.vozbcn.com/extras/pdf/20111025bofill1.pdf) hechos con datos PISA, muestra que el nivel de comprensión lectora es significativamente inferior en Cataluña entre la población castellanohablante. Además, señala en un estudio de enero de 2013 (http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/docu ments/Dosierdeprensa_CrisisTrayectoriasSocialesyEducacion_PaD_CST.pdf), cómo en el periodo 2003-2009 se han incrementado las desigualdades sociales y el empobrecimiento y reducido la movilidad social, entre otras causas por culpa de la educación. Y no es arriesgado deducir que, si el nivel educativo de los castellanohablantes es inferior al de los catalanohablantes, su movilidad social también lo será.

La inmersión tiene poco que ver con las necesidades de enseñanza del catalán. Es la clave de bóveda de la estrategia catalanista, instrumento esencial para la formación de la identidad colectiva y la transmisión de los valores y mitos nacionalistas. El control de la educación no se efectúa solo mediante la lengua, sino también seleccionando los profesores según criterios nacionalistas (además de la propia exigencia del catalán, que es ya un filtro que evita la llegada de profesores de otros lugares de España) y fijando unos contenidos diseñados para acentuar la diferencia con respecto al resto de España y en ocasiones incluso el odio hacia lo español.

La política de inmersión era tan importante para los nacionalistas que pusieron todas las trabas posibles para dificultar la elección de los padres. En los formularios de matriculación no se daba opción a elegir lengua en los primeros años de escolarización, se controlaba desde la inspección educativa la lengua en la que hablaban los profesores, la que usaban los niños en el patio y hasta en los comedores escolares. Si algún padre tenía el suficiente arrojo, voluntad y paciencia para lograr que se reconocieran los derechos de su hijo, la Generalitat cumplía finalmente alguna sentencia, sacando al niño de la clase y aislándolo de su entorno social, con lo que pocos padres optaban por defender sus derechos. La universidad tampoco se libró de esa realidad.

El nuevo Estatuto de Autonomía recogió los principales preceptos de la Ley de 1998, y declaró que el catalán era la lengua vehicular de la enseñanza. El TC, en su sentencia de 2010, ha reinterpretado ese precepto y lo ha dejado sin efecto jurídico, de forma que ahora la inmersión no sería obligatoria. Pero esta sentencia tampoco se cumple, sin que por ello ocurra nada.

La educación ha estado siempre en manos nacionalistas. Cuando el PSC llegó al poder, ERC le exigió la Consejería de Educación en el primer tripartito y se nombró a Josep Bargallò (licenciado en Filología Catalana) y luego a Marta Cid (profesora de primaria). En el segundo tripartito fue consejero Ernest Maragall, quien recientemente ha abandonado el PSC para apoyar las posiciones separatistas. Este consejero fue quien sacó adelante la Ley Catalana de Educación del año 2009, hecha en desarrollo del Estatuto y en cuyo preámbulo dice que «quiere reforzar la importancia del catalán y su aprendizaje en cuanto lengua propia de Cataluña y factor de inclusión social». También fue este consejero el que se negó a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo para permitir la escolarización de niños en lengua materna castellana.

A la última reforma educativa catalana del año 2009, elaborada por Ernest Maragall, se han ido uniendo en apoyo múltiples instituciones nacionalistas. Destaca Som Escola, entidad a la que están adheridos CCOO, UGT, Plataforma pel Dret Decidir (PDD), Federació d’Organitzacions per la Llengua, Xarxa d’Entitats Cíviques i Culturals dels Països Catalans, Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), entre otras asociaciones. Esto es una muestra de las conexiones entre todas las instituciones, tal y como querían los proyectos de CiU, ERC, PSC y las políticas identitarias en torno a la escuela.

Los medios de comunicación

El control de los medios de comunicación comenzó rápidamente. Primero, mediante la creación de una televisión propia. Desde un principio la cadena TV3 no se limitó a emitir en catalán, sino que se convirtió en un instrumento esencial de transmisión de la ideología y los mitos del nacionalismo, según estaba previsto en los planes de ingeniería social citados. La cadena pública catalana se especializó en culebrones supuestamente costumbristas que retrataban una sociedad ideal en la que incluso los rateros del extrarradio hablaban un catalán fabriano. La anomalía era perfectamente coherente con su política de normalización: lo que era normal en la calle, debía dejar de serlo, y era la ficción de TV3 la que debía trasladarse a la realidad. Otro ámbito de actuación muy cuidado eran los espacios de meteorología: se trataba de introducir en las mentes un nuevo mapa con nuevas fronteras, que por cierto no se limitaban a la Cataluña oficial, pues abarcaban todos los denominados Países Catalanes. Junto a la geografía, la historia se llevaba la palma del martirio, pues fue la disciplina más maltratada al concentrarse en ella el mayor número de mitos y falsificaciones del nacionalismo. Todos los eslóganes movilizadores del independentismo y todas las manipulaciones han contado con la desvergonzada parcialidad de los medios de comunicación catalanes, desde la demostración documental de la caída del Estado Catalán (sic) en 1714 bajo las armas de la invasora España, hasta la falacia del «España nos roba» o el tramposo lema del «derecho a decidir», pasando por la catalanidad de Cristóbal Colón o de Miguel de Cervantes.

Además de la televisión propia, que fue creciendo con más canales y agencias de noticias, la Generalitat intervino en la radio mediante el otorgamiento de frecuencias de emisión y la prensa mediante subvenciones directas, inserción de publicidad y compra de ejemplares. De manera que la prensa en estos momentos depende en buena medida del presupuesto público. Una de las razones que explican los «editoriales conjuntos», como el que se hizo con motivo de la sentencia del TC sobre el Estatuto. Asimismo, las entidades locales colaboraron en la extensión de esa ideología, aunque fueran gobernadas por el PSC, mediante la creación de televisiones y radios propias. Otro instrumento clave fue el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), creado por ley del año 2000, y que se ha encargado de ejercer un control de catalanidad de los medios.

La política de comunicación en los diferentes gobiernos de la Generalitat ha estado en manos de personajes clave del nacionalismo más radical. En el primer tripartito le correspondió a ERC esa función, con el comisario político Miquel Sellarès, y luego con Enric Marín.

El ideario transmitido de manera insistente por TV3 ha creado una clara zona de exclusión social: todo aquel que piensa de manera diferente queda fuera de la cohesión social. Con ello se incentiva una espiral de silencio que acalla las voces disidentes. La conexión entre el ideario de TV3 y la sociedad catalanista ha sido absoluta, sin fisuras. Mientras esto sucedía, la población castellanohablante menos culta optaba por Telecinco y Antena 3, cadenas que siempre han evitado meterse en estos temas para ofrecer entretenimiento fácil. Existe en esto también una responsabilidad del Estado, que ni contando con una cadena de televisión propia se ha ocupado de destruir los falsos mitos del nacionalismo. Todo ello ha coadyuvado a que la población no nacionalista no tuviera elementos que permitieran cuestionar los dogmas nacionalistas y a profundizar el control de la sociedad que tiene el poder nacionalista en Cataluña.

El sistema institucional catalán

La distancia señalada en los puntos anteriores entre la Cataluña real de la calle y la Cataluña oficial de la escuela y los medios de comunicación se agravaba en el ámbito político. El sistema institucional propio, y singularmente el Parlamento catalán, es el tercer factor determinante del proceso de ingeniería social. En el inicio de la Transición las posiciones nacionalistas entre la clase política representaban un porcentaje abrumadoramente superior a su peso real entre la ciudadanía, pues no solo eran mayoritarias entre los partidos explícitamente nacionalistas, como CiU y ERC, sino también entre aquellos que no ponían en cuestión la necesidad de hacer profesión de fe catalanista para poder ejercer la actividad política. En este cajón entraba el PSC en pleno, IC (antes PSUC) e incluso gran parte del PP. En este sentido, el catalanismo transversal, que compartía lo esencial del discurso identitario nacionalista sin reconocerse como tal, resultó ser a la postre mucho más tóxico para el pluralismo que el propio nacionalismo.

El politólogo estadounidense Jeff Miley, en su obra Nacionalismo y política linguística: el caso de Cataluña (2006), aporta estudios estadísticos que ponen en evidencia cómo el sentimiento nacionalista de los diputados del Parlamento de Cataluña, de los políticos locales y de los profesores es significativamente mayor que el del conjunto de la población. Y ese sesgo es todavía más marcado entre los dirigentes principales de los partidos y entre la inspección educativa. La agenda de construcción nacional se ha podido imponer de arriba abajo, desde el poder sobre los ciudadanos.

La responsabilidad del PSC en todo este proceso ha sido muy elevada. Se ha hablado a menudo de la «traición del PSC a sus bases», y estamos de acuerdo con esta apreciación. Los dirigentes del PSC compartieron sueños durante años con los nacionalistas —esos sueños que «soñaba Cataluña», según el poético preámbulo del Estatut impulsado por el nieto de Joan Maragall— al tiempo que sacaban provecho del perfil charnego de sus capitanes para engañar de manera consciente a sus votantes. Personajes como José Montilla, Celestino Corbacho, Manuela de Madre, Manuel Bustos, Daniel Fernández o José Zaragoza, representantes de la supuesta «alma española» del PSC, nunca cumplieron más función que la de acaparar poder orgánico a cambio de servir de cebo para atraer el voto de la mayoría de la población remisa con el nacionalismo (véase el artículo «Destino Ítaca: ¿estamos ya todos a bordo?», de Pau Mari-Klose y Francisco Javier Moreno Fuentes o http://www.eldiario.es/agenciapublica/blog/destino-itaca-bordo-6-12496594.html). Y a esos votantes se les hurtó una representación de sus intereses. Tras la derrota de Maragall en 1999 se abrió la posibilidad a una vuelta de timón, pero estos políticos prefirieron apostar por acceder al poder y repartir más puestos de trabajo. Para ello definieron una estrategia política que facilitará un pacto con ERC y en el congreso del PSC del año 2000 redefinieron sus objetivos y aprobaron unas resoluciones donde ya aparecía negro sobre blanco el germen de lo que sería el nuevo Estatuto.

Estos objetivos se confirmaron en el 10º Congreso del PSC-PSOE de 2004, que dedicó un capítulo al epígrafe «Una nación de ciudadanos», y en cuyas resoluciones se consagra la normalización como el eje central de su programa de gobierno presidido por Pasqual Maragall, así como del nuevo Estatut que había de salir de él. En ese mismo Congreso se acordó suprimir las siglas PSOE del nombre público del partido. Un paso simbólico más para la creación de un ámbito de partidos propio para Cataluña.

Por añadidura, el pacto con ERC aportó beligerancia y radicalidad a ese impulso socialista. Ese partido actuó con inteligencia para reforzarlas. Joan Ridao, diputado en el Congreso y hacedor del pacto con Zapatero en 2004, uno de sus principales dirigentes en aquella época, relata en Les contradiccions del Catalanisme, i altres qüestions del laberint nacional (2004), en relación con el pacto para el primer gobierno del tripartito: «Según los republicanos (ERC), el papel clave del socialismo catalán en el nuevo Gobierno ha permitido de paso conjurar cualquier eventual deriva hacia el españolismo, enterrando cualquier intento de resucitar el lerrouxismo ante el enésimo fracaso electoral de la última generación catalanista del PSC. […] Para ERC […] este es el mejor escenario para evitar la división de Cataluña en dos bloques antagónicos: nacional-no nacional; y permitir la máxima integración de los hijos de la inmigración en el proyecto de liderar Cataluña. Porque Cataluña no es el País Vasco, y dado que el modelo de bloque nacional ha fracasado en Irlanda, Quebec o el País Vasco, donde se ha producido una fractura sociopolítica y un empate infinito entre los partidarios y los contrarios a las tesis soberanistas, en nuestro caso, este escenario irreal sería aprovechado por el PP y PSOE». El libro está prologado por Xavier Rubert de Ventós, quien fue diputado del PSC en el Congreso en la década de 1980, hombre de confianza de Pasqual Maragall, y en la actualidad una de las principales voces del independentismo. También personajes como Marina Geli, Montse Tura, consejeras del PSC, o el propio Joaquim Nadal, que fuera candidato a la Presidencia de la Generalitat por los socialistas, ya han apoyado la independencia. Solo ahora ese partido, cuando corre el riesgo de desaparecer por sus ambivalentes posiciones políticas ante los últimos embates del independentismo, ha mostrado una posición más clara contra la secesión de Cataluña y la falacia del derecho a decidir. Algo que le puede fácilmente conducir a la división, pero que si lo hace le llevará a la irrelevancia política.

La apuesta de ERC por el tripartito concilió su interés a corto plazo por llegar al poder con su interés a largo plazo para impulsar la independencia de Cataluña y seguir mientras creando una sociedad diferente de la española. Así, los republicanos salieron al rescate de los dirigentes catalanistas del PSC, que habían perdido siempre las elecciones a la Generalitat, y lo hicieron conscientes de que era la oportunidad de ir un paso más allá, dejando atrás el nacionalismo y el catalanismo para defender directamente la independencia de un «Estado colonial interior [que apuesta] por la construcción de un Estado-ciudad: Madrid», por decirlo de nuevo con las expresiones empleadas por Joan Ridao en su explicativo libro.

Con esta abrumadora mayoría parlamentaria a favor de las reivindicaciones básicas del nacionalismo, era de prever que la presión política e institucional se concentrase en lanzar mensajes orientados a la concienciación nacional, particularmente los del «expolio fiscal» y el «derecho a decidir», las dos trampas de donde se ha nutrido el éxito de las dos últimas diadas.

Junto al control del Parlamento, fueron entrando en los sindicatos, en las organizaciones empresariales, en los colegios profesionales y los fueron ‹‹nacionalizando» a base de acuerdos y subvenciones. Asimismo, potenciaron la creación de un marco jurídico propio, para lo que han hiperlegislado —algunos años su parlamento ha legislado más que Alemania—, llegando incluso a elaborar un Código Civil catalán, para el que se han elegido las figuras jurídicas que más se diferenciaban de las comunes. Por otra parte, han creado una administración poco profesional, en la que los partidos han tenido una gran influencia a través de los nombramientos de sus cargos directivos y con un personal seleccionado con criterios lingüísticos.

No podemos acabar un apartado dedicado a estudiar la importancia del sistema institucional en el éxito del nacionalismo sin hacer mención a la corrupción, mayormente siendo Cataluña el tema principal de estudio, pues fue en su Parlamento donde los actores Pasqual Maragall y Artur Mas representaron uno de los esperpentos más notables de nuestra historia política contemporánea. Nos referimos a la famosa escena del 3 por ciento. Sin espacio para extendernos en este tema, queremos llamar la atención simplemente sobre la idea expuesta por Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith en su libro El manual del dictador (2003): la corrupción es un disolvente social, pero un fuerte pegamento para las élites. En efecto, conseguir corromper al círculo próximo y asegurarles impunidad y mayor libertad en el saqueo, aunque la tarta disminuya, al disminuir el país, es algo muy apetecible. Por eso la corrupción en Cataluña, liderada por Pujol, en realidad ha sido un acicate para todas las posiciones independentistas: los corruptos, en su conjunto, sin importar el partido al que pertenezcan, comparten intereses, de tal forma que prefieren apoyarla para seguir enriqueciéndose a costa de los ciudadanos y reducir los controles externos, ya sean judiciales, policiales o de otro tenor.

En definitiva, como señala Jaime Berenguer, en un conjunto de artículos sobre los procesos psicológicos de conformidad grupal aplicados al caso catalán (http://jaimeberenguer.blogspot.com.es/2013/10/procesos-psico sociales-basicosen-la_7.html), «las personas que han vivido en Cataluña se han visto sometidas a un proceso permanente de recompensa y castigo, institucional y social, simbólico y real durante todos estos años hasta conformar un patrón estable aplicado socialmente». Y este patrón es el patrón nacionalista.

Conclusiones: la falta de respuesta del Estado ante la élite política nacionalista

Empezábamos este capítulo expresando la sorpresa que todo observador externo debe sentir al constatar el cambio operado en la sociedad catalana en los últimos años en relación a la cuestión nacional. Tras analizar en el primer apartado las buenas condiciones de posibilidad que existían para esa transformación social, la sorpresa inicial disminuye notablemente. Y una vez conocidos los recursos de todo tipo —escuela, medios de comunicación e instituciones— que el nacionalismo ha consagrado durante tres décadas al objetivo de la ingeniería social, desaparece por completo cualquier atisbo de sorpresa. Más bien nos queda la impresión de que el resultado de la evolución social no podía haber sido otro.

Pero esta impresión es falsa. Pues incluso con ese buen caldo de cultivo y esa buena estrategia de incrementalismo estratégico señalada, la sociedad catalana podía haber evolucionado en otra dirección más saludable. En realidad, para el éxito del nacionalismo integrador ha sido imprescindible la concurrencia de un tercer factor: la falta de respuesta, o el pleno desacierto, de aquellos que tenían la obligación de defender los intereses comunes.

En su obra El cemento de la sociedad (2006), Jon Elster constata un proceder que define en buena medida lo que el gobierno catalán, sin ser Estado, ha podido realizar en Cataluña: «Los Estados forman sociedades y culturas al regular las interacciones y al imponer la uniformidad. Los aranceles aduaneros y las leyes de inmigración hacen más impenetrables las fronteras sociales. Las leyes que imponen religiones de Estado o prohíben la enseñanza de las lenguas de minorías en escuelas públicas hacen que los gradientes culturales sean tan empinados que llegan a la discontinuidad».

Durante todos estos años las élites políticas nacionalistas han trabajado en esa dirección con el beneplácito del Estado, que se ha retirado por completo del terreno de juego. La Generalitat ha impedido la enseñanza en castellano en la escuela pública, ha impuesto el catalanismo como religión de Estado, ha utilizado la administración para generar una serie de trabas que dificulten la movilidad y el mercado común con España, ha desarrollado sus relaciones exteriores al margen, cuando no en contra, de los intereses comunes españoles, ha generado su propio marco institucional a través de la presión y la subvención, que ha laminado el tejido social independiente en favor de un poderoso entramado clientelar. Etcétera. Y por todo ello el gradiente cultural entre la realidad de Cataluña y el resto de España ha crecido cada vez más, al dificultarse las interacciones y achicar constantemente los espacios compartidos.

En resumen, esto ha sido posible por la presencia de una élite política nacionalista que ha ocupado la dirección de los principales partidos políticos, sobre todo en Cataluña, limitando la representación en las instituciones de una gran parte de la sociedad no nacionalista o catalanista, lo que les permitió practicar —con el consentimiento del Estado y de los principales partidos nacionales— esas políticas. Ahora, esas élites quieren maximizar su poder, aunque sea a cuenta de los intereses de los ciudadanos.

La aritmética parlamentaria

Una razón decisiva de esa actuación del Estado ha sido la aritmética parlamentaria, fruto del sistema electoral surgido de la transición. Pero también ha sido esencial la negligencia de los responsables nacionales de los partidos, que han dejado en manos de los dirigentes regionales la resolución de toda la cuestión relativa al nacionalismo. Existen muchos ejemplos tanto en el caso del País Vasco como de Cataluña. La inclusión en la Constitución de los derechos históricos del País Vasco y Navarra, como legitimadores del autogobierno; la negociación de la Ley del Cupo, que permite una sobrefinanciación de su gasto público por habitante respecto de la media española superior al 70 por ciento, o la negociación con ETA, son algunos de los principales del País Vasco. En Cataluña también ha habido varios momentos clave. El PSOE, durante los gobiernos de Felipe González, asumió las políticas de «normalización» y dejó a Pujol y al PSC vía libre para sus experimentos sociales. Y esto se hizo sin necesitar sus votos, en una especie de pacto de no agresión. Más adelante siguió con la negociación de competencias relativas a la financiación y seguridad ciudadana, cuando ya el PSOE no tenía mayoría absoluta, y continuó con el primer gobierno de Aznar, también con la financiación autonómica y renunciando a competir con CiU con un discurso alternativo al descabezar al PP de Cataluña y cesar a Vidal Quadras, única voz que había puesto en aprietos a Pujol. La cesión culminó con el consentimiento del PP con la Ley de Política Lingüística de 1998, impulsada por CiU en clave catalana para redimir su apoyo al PP en el Congreso y por su miedo al crecimiento de ERC, que ha sido clave para las políticas de inmersión y otras iniciativas de coacción social que hasta entonces solo pedía ERC. En esa ley se reforzaba la inmersión en la escuela, el control de los medios de comunicación y se imponían sanciones por el no uso del catalán. En materia de financiación el Estado no construyó un argumentario sólido al mensaje de las balanzas fiscales que en Cataluña empezó a cobrar fuerza a mediados de la década de 1990. Y volvió a caer en un mensaje parecido con la Ley de Financiación Autonómica de 2009, que pretendió beneficiar a Cataluña e incorporar previsiones del Estatuto de Autonomía.

La falta de iniciativa

Un efecto perverso derivado de la contumaz falta de respuesta del Estado es que cuando finalmente se produce suele ser desacertada. La razón es que una vez que ha renunciado a llevar adelante una estrategia política proactiva, al Estado no le queda más remedio que actuar tarde y mal, es decir, en el límite y de forma reactiva y poco o nada argumentada. Este tipo de actuaciones suelen ser aplaudidas por el nacionalismo, que las considera acertadamente beneficiosas para su causa. No es difícil oír decir a los líderes nacionalistas que las reacciones del Estado son «generadoras de independentismo», y tienen buena parte de razón, porque una gran parte de la ciudadanía asume estas respuestas como reaccionarias. El nacionalismo ha sido siempre muy hábil en este terreno, y es capaz de poder mantener hasta el extremo una postura abiertamente agresora sin perder la aureola de víctima en el embate.

Un ejemplo paradigmático de esta mala gestión de la respuesta, por dejación de iniciativa, fue la tramitación del nuevo Estatuto de Cataluña, que acabó siendo percibido por la mayoría de los catalanes como un «trágala» de España hacia Cataluña.

Vamos a recordar el proceso. En Cataluña se empezó a principios de la década del 2000 a hablar de modificar el Estatuto, justo en la última legislatura de Pujol. Fue un debate planteado por el PSC y por ERC y entraba dentro de su estrategia de acercamiento y de enfrentamiento al gobierno de CiU, que era sostenido por el PP. Cuando se formó el tripartito, se dio un impulso a la tramitación de su reforma, sobre todo pensando en utilizarlo como una estrategia más de confrontación con el gobierno nacional del PP, que se suponía repetiría en las elecciones generales de 2004, y frente al cual habían hecho el pacto del Tinell. El PP perdió las elecciones y ganó un PSOE que necesitaba complementar su mayoría parlamentaria para gobernar. Una mayoría a la que ayudaba el voto de ERC, socio del PSC. De esta forma el interés del PSC en mantener el tripartito en Cataluña condicionó la política de alianzas del PSOE. Y con estas condiciones favorables, y el compromiso de Rodríguez Zapatero de aceptar la reforma que viniera del Parlamento de Cataluña, el tripartito aceleró la reforma del Estatuto vigente.

Estas decisiones dejaron a CiU fuera del control de la Generalitat y sin influencia en el gobierno del Estado. Algo que les condujo a una radicalización de su discurso, para poder competir con ERC. Por ello, durante la tramitación del Estatuto tensaron al máximo la cuerda haciendo propuestas de difícil compatibilidad con la Constitución y generaron una dinámica de incrementalismo soberanista que se incorporó al texto que se aprobó en el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005, para ser remitido al Congreso.

El texto salió adelante, contra pronóstico, porque Zapatero pactó en secreto con Mas su tramitación en el Congreso y el acuerdo entre los dos para darle una redacción definitiva más ajustada a la Constitución, pero manteniendo la idea de nación, los derechos históricos, la regulación de la lengua, la definición de las competencias y las modificaciones del régimen económico y compromisos de inversiones del Estado. El Estatuto fue aprobado en las Cortes, pero sin el apoyo del Partido Popular. También ERC se desmarcó, por el acuerdo con CiU.

A pesar de la efervescencia política que originó, las encuestas seguían sin mostrar la reforma estatutaria como una reclamación popular. Cuando se votó, el Estatuto contó con menos apoyos que el del año 1979, tanto en votos a favor, menos del 75 por ciento, como en participación, que no llegó al 50 por ciento.

Las consecuencias del Estatuto de Cataluña reforzaron el nacionalismo. Esta reforma que afectaba directamente al núcleo constitucional se hizo sin contar con el apoyo del principal partido, entonces de la oposición, el PP. Y no era casual, sino buscado: derivaba del deseo de marcar distancias con el PP, que en el imaginario nacionalista y en el del PSC se identificaba con España y con todo lo negativo.

La tramitación del Estatuto fue convulsa y terminó ante el Tribunal Constitucional, que tardó más de tres años en resolver el recurso planteado por el Partido Popular. Y lo hizo con una sentencia de 2010 poco clara y bajo la acusación de politización. Por otra parte, la sentencia supuso confrontar dos legitimidades: la legal y la de los ciudadanos de Cataluña. Desde el Estado no se reaccionó y no se supo explicar su porqué y las consecuencias que tendría.

Asimismo, desencadenó por emulación en otras comunidades autónomas el deseo de reformar sus estatutos y acercarse competencial y financieramente a lo previsto en el Estatuto de Autonomía catalán. Este proceso de emulación se produjo tanto en comunidades gobernadas por el PSOE, como por el PP, y respondía al impulso de sus élites locales reforzadas por el sistema autonómico y electoral del país. La posición incongruente del PP restó legitimidad a su oposición al Estatuto de Cataluña. De nuevo los partidos nacionales antepusieron sus intereses a corto plazo y su voluntad de conseguir o mantener el poder regional, para lo que creían que les hacía falta un discurso de más competencias y dinero. El respeto a los intereses generales del país hubiera exigido un acuerdo de ambos partidos para una redefinición del modelo territorial de distribución del poder, que reforzará el Estado. Por el contrario, con su actuación lo debilitaron más y no dieron respuesta al envite que venía de Cataluña.

Esta incompetencia de los partidos estatales y de los sucesivos gobiernos fue aprovechada por los partidos catalanes comandados por Montilla para incidir en el victimismo y convocar una manifestación en contra de la sentencia. Lo que pasó posteriormente ya lo hemos relatado.

En el País Vasco también se propuso una reforma estatutaria por el año 2000 con un PNV tras el Pacto de Estella en manos del brazo político de ETA. Esta reforma implicaba una profunda modificación de la Constitución, así como la creación de ciudadanos de dos categorías en el País Vasco. La reforma de este Estatuto, a diferencia de la catalana, fue rechazada en el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2005.

Los cambios necesarios

En su obra de 2001, Álvarez Junco, al constatar el relativo fracaso español para construir un Estado legitimado a los ojos de todos los ciudadanos, señalaba entre las causas la debilidad de las instituciones centrales y la insuficiencia del sistema escolar. En nuestra opinión resulta incuestionable que para responder a ese reto no basta con mentar a la Constitución Española y utilizar un perfil bajo para mantener la política de apaciguamiento de los nacionalistas. Con ser esto importante, pues las vías en las que no se decide con respeto a la ley conducen al totalitarismo (aunque sea bajo una supuesta apariencia democrática), no es suficiente. Es también necesario cambiar las condiciones de posibilidad que han permitido su éxito, gracias a las cuales una minoría radical ha podido crecer hasta ocupar el espacio público.

Ahora bien, esos cambios que reclamamos no han de ser solo una respuesta al independentismo defendido por unas élites regionales que quieren maximizar su poder. Las terceras vías que algunos proponen como respuesta y que inciden en profundizar la deriva confederal del Estado no son solución, como mucho un paso más a la independencia definitiva. Esas terceras vías además son profundamente perjudiciales para el país, ya que pueden contaminar el funcionamiento completo del Estado por emulación de otras regiones de esa deriva confederal y hacer que el anormal funcionamiento del Estado se ahonde. Frente a esas terceras vías, los cambios necesarios para mejorar nuestro sistema político demandan políticas pensadas para el largo plazo, que van más allá del actual envite independentista que probablemente fracasará. Esos cambios exigen reformas profundas que se deberán decidir entre todos, tras ser consultadas a todos los ciudadanos del país. Estas reformas deberán abarcar el sistema electoral para que el peso de los partidos nacionalistas no sea superior al del resto de partidos y para que la voluntad de los españoles, aunque esté dispersa por todo el territorio nacional, tenga representación parlamentaria. También es imprescindible una reforma del modelo territorial del Estado, para que este no quede abierto y sujeto a la presión de los nacionalistas o de las élites locales de los partidos políticos estatales, que también se han vuelto ‹‹nacionalistas» por sus actos y reclamaciones. Asimismo, hay que replantearse la función de la educación y los medios de comunicación. Unas competencias en las que el Estado debe ganar peso y autoridad para garantizar la igualdad e impedir el adoctrinamiento y el fomento del odio entre españoles. Será imprescindible también que se haga cumplir la ley. No hay país democrático que no haga respetar su estado de derecho. Los partidos nacionales deberán intentar que no haya una ruptura de un ámbito común de partidos políticos y del marco institucional. No pueden seguir premiando la deslealtad de muchos de sus miembros en Cataluña, sobre todo del PSC, muchos de cuyos dirigentes, que se han declarado expresamente independentistas, ocuparon cargos de alta responsabilidad en el Estado por decisión del PSOE.

Para construir intereses comunes es esencial disponer de un marco común. No podemos dejarlo perder. Esta es una tarea de responsabilidad que debe ser compartida por todos los españoles y que implicará un profundo cambio de la forma de gobernarnos, porque todo está ligado.

II

MÁS DE QUINIENTOS AÑOS JUNTOS:
SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DE CATALUÑA Y EL PAÍS VASCO EN ESPAÑA

CLARA EUGENIA NÚÑEZ Y GABRIEL TORTELLA

Introducción

Perspectiva comparada

Un grave problema político de España, que rebrota hoy con especial fuerza, pero que resurge repetidamente a lo largo de la Historia, es la tendencia centrífuga y separatista, que se manifiesta con especial frecuencia en Cataluña, pero que lo hace también en otras regiones como, sobre todo, el País Vasco y otras, como Galicia, Andalucía, Canarias, etc. Aunque el del separatismo sea un problema especialmente grave en España, se da también en muchos otros países, en especial, pero no exclusivamente en Europa (Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia, Escandinavia, más países destruidos por el separatismo: Imperio austrohúngaro, Yugoslavia, Unión Soviética); Estados Unidos y otros países americanos lo han conocido asimismo; también se ha dado en otros ámbitos y continentes tales como África (Abisinia, Nigeria, Sudán), o Asia (China, India, Indonesia). Por tanto, aunque en España sea agudo, debemos observar que el problema es bastante común, lo cual nos permite hacer comparaciones que pueden ser útiles.

Una ojeada a la experiencia histórica mundial nos dice que el separatismo puede tener múltiples causas: conflictos económicos, religiosos, étnicos, lingüísticos; además, muy frecuentemente, se dan, como trasfondo, condicionantes geográficos. Así, por ejemplo, la separación norte-sur en los casos de Estados Unidos y de Italia, las barreras montañosas en los casos de la Península Balcánica, de Escocia, en Gran Bretaña, y de España, las condiciones insulares de Córcega, Cerdeña, las Canarias, Sumatra, etc.

Condicionantes geográficos

Los condicionantes geográficos explican buena parte de los movimientos políticos centrífugos en la Península Ibérica, separada del resto de Europa por la barrera pirenaica, pero a su vez dividida en una serie de regiones naturales muy dispares por las cadenas montañosas que separan la meseta interior del litoral y a su vez dividen la meseta en una serie de subregiones. Las identidades regionales que caracterizan a Europa en su conjunto tienen a menudo orígenes prehistóricos y resurgen tras la fragmentación política que el continente sufrió con el fin del Imperio romano; en España tales identidades se acentúan durante la Edad Media debido a esta subdivisión geográfica, que da lugar a numerosas unidades políticas regionales, en algunos casos con sustratos prerromanos, como el de los incipientes reinos cantábricos y pirenaicos. Las barreras montañosas y el caudal modesto de sus ríos dificultan el transporte y las comunicaciones, lo que contribuye al aislamiento de los distintos reinos y principados medievales, que conservan rasgos culturales y lingüísticos distintivos. Al factor geográfico se unen en España las consecuencias de la conquista y la permanencia de la civilización musulmana en la península, que añaden, especialmente en el sur, un factor diferenciador más, cultural, religioso, político, étnico y lingüístico.

Síntesis histórica

El crisol medieval

Junto a todos los factores de disgregación señalados se da en la Península Ibérica un fuerte elemento centrípeto, que se hace sentir especialmente en la Baja Edad Media y que culmina en 1580. Al fin y al cabo la península añade a sus barreras orográficas una clara unidad geográfica que hace que se la conozca como una totalidad con el nombre de «Hispania», al menos desde tiempos romanos. Es curioso, a este respecto, que sea en la Edad Media cuando se acuña el término «español» para designar a los habitantes de estos reinos, y que ese término sea de origen no español, ya que este es el único patronímico en nuestra lengua con esa desinencia, que trasluce su origen de palabra lemosina. En efecto, en el sur de Francia se llamaban españoles (o spagnols, espanyols, etc.) a los cristianos del sur de los Pirineos que se asentaron al norte de las montañas huyendo de la invasión musulmana (Lapesa, Castro 1973). Y parece lógico suponer que la mayor parte de estos primeros españoles provinieran de lo que más tarde se llamaría Cataluña, siendo antes, durante dos siglos, la Marca Hispánica del Imperio carolingio.

En todo caso, existen varios factores que contribuyen a esta tendencia unificadora en la Baja Edad Media: probablemente el más fuerte sea la religión cristiana romana, pero muy importante es también el recuerdo de la monarquía visigoda, que es el primer Estado «español»; y sin duda lo es también el lingüístico: los cristianos hablan latín, o lenguas romances que tienen mucho en común. Pero la versión romance que acaba por imponerse en gran parte de la península es el castellano, que incluso en las zonas donde hay otra lengua adopta el carácter de lingua franca (Lapesa).

Otro factor unificador es la Reconquista, fenómeno no solo español, sino europeo. En efecto, la Reconquista española tiene lugar en el periodo en que la Europa cristiana experimenta un fuerte empuje expansivo, que tiene sus manifestaciones más llamativas en las Cruzadas, pero también en la conquista o reconquista de tierras orientales (expansión alemana en el oriente, por tierras eslavas) y meridionales, no solo en España, sino también en el sur de Italia (Sicilia), a lo que habríamos de añadir la conquista de Inglaterra por los normandos. En España este influjo de allende los Pirineos se manifiesta no solo en las peregrinaciones a Santiago, sino también en el papel de franceses e ingleses en varias batallas cruciales de la Reconquista (Navas de Tolosa, toma de Lisboa). Incidentalmente, un texto del cronista catalán Bernat Desclot pone de manifiesto hasta qué punto se consideraban españoles los catalano-aragoneses del siglo XIII y colaboradores en la causa común de la Reconquista; dice Desclot que, tras la batalla de la Navas de Tolosa (1212), «el rey de Aragón y los otros reyes de España se volvieron cada uno a su tierra» (citado en Castro, 1973,77). Por supuesto, la empresa reconquistadora agrupa a los reinos hispánicos, aunque también fomente las rivalidades. Son notables, en especial, las existentes entre Castilla y Aragón-Cataluña acerca de Murcia. El acuerdo final reservando a Castilla la reconquista de este reino musulmán ponía fin a la expansión aragonesa en la península, pero estimuló la creación de un imperio aragonés en el Mediterráneo durante el siglo XIV.

Otra manifestación del impulso centrípeto es la sucesiva adhesión a Castilla de los territorios vascos. Estos, que hasta muy recientemente «no constituyeron nunca ni una entidad política independiente, ni siquiera una unidad administrativa» (Fusi, 1990, 185), sin duda por razones geográficas —zona montañosa con abundantes valles casi aislados—, habían basculado en la Alta Edad Media entre Asturias y Navarra, pero en la Baja Edad Media se fueron adscribiendo voluntaria y separadamente al próspero y pujante reino de Castilla (Vizcaya en 1188, Guipúzcoa en 1200, Álava en 1332). Como señala Fusi (1990, 186), «hasta finales del siglo XVIII, la integración de los territorios vascos en el Estado castellano y español después, no fue nunca políticamente problemática». Ello no fue óbice para que conservaran algunos rasgos lingüísticos, culturales y administrativos comunes, compartidos con el occidente de Navarra y otros tres territorios vascos al norte de los Pirineos.

La unión de los reinos

En definitiva, la consecuencia de esta tendencia unificadora fue la aglutinación de la península, en las postrimerías de la Edad Media, en tres grandes reinos, Portugal, Castilla y Aragón, siendo estos dos últimos, a su vez, resultado de la incorporación de otros reinos preexistentes, como Asturias, Galicia y León, más varios reinos musulmanes, en el caso de Castilla; y el principado de Cataluña, más Valencia y Mallorca en el de Aragón. A ellos habría que añadir los reinos de Navarra y Granada, siendo este último el único musulmán restante. A finales del siglo XV parecía claro que, siendo Castilla el mayor y más poderoso de estos tres grandes reinos, estaba llamado a absorber a Aragón y a Portugal, como así acabó ocurriendo. La primera unión, y la más duradera, fue con Aragón, en gran parte por decisión personal de la heredera del trono de Castilla, Isabel de Trastámara, que decidió casarse con su primo Fernando, el heredero del reino de Aragón.

Los logros de este singular matrimonio (que más tarde recibiría el título papal de Reyes Católicos) son considerables: dieron el primer paso hacia la unificación de España al unir ambas monarquías, Castilla y Aragón, en sus personas, aunque no hicieron ningún esfuerzo por unificar política o incluso administrativamente ambos reinos; pero esta unión de hecho iba a conducir lentamente a la formación de la nación española en sentido moderno (Fusi, 2000). Además, incorporaron a sus reinos los de Granada y Navarra (este, muerta ya Isabel), con lo que se lograba la unidad peninsular, a excepción de Portugal. Otro señaladísimo éxito fue el patrocinio del viaje transatlántico de Colón que produjo el descubrimiento de América, hecho histórico de consecuencias universales incalculables, al dar lugar a que el mundo tuviera por primera vez conciencia y prueba irrefutable de su naturaleza global. También ensancharon las posesiones aragonesas en Italia y, por medio de una sabia política matrimonial, establecieron una larga relación con el Imperio alemán. Todas estas victorias hicieron de la nueva corona de España una de las mayores potencias mundiales. Además, fueron notables las reformas interiores emprendidas por ambos soberanos en sus respectivos reinos. En Castilla se restauró el orden mediante la creación de la Santa Hermandad, se recopiló la legislación en las Ordenanzas de Montalvo, se puso, por medio especialmente de las llamadas Leyes de Toro, coto a los desmanes de la nobleza, abusivamente beneficiaria de las llamadas «mercedes enriqueñas» (concesiones hechas por Enrique IV, hermano y antecesor de Isabel), y se promulgó una eficaz y duradera reforma monetaria; en Aragón tuvo gran importancia la «sentencia arbitral de Guadalupe» (1486), que puso fin a la larga «Guerra de los remensas», restaurando la paz entre los campesinos y la nobleza, al abolir los poderes más odiosos de que esta gozaba, aunque manteniendo prácticamente incólume el poder de este estamento. También tuvieron gran trascendencia las medidas económicas tomadas a raíz de las Corts de 1481 que bosquejaron un redreç (arreglo) al desgavell (desorden) económico que reinaba en especial en la cuentas de Barcelona, cuya deuda había crecido desmesuradamente (Vicens Vives, 1936-7, caps. IV, VII y VIII). En pocas palabras, el reinado de los Reyes Católicos es la culminación definitiva del impulso de unión y colaboración de los diversos reinos peninsulares (Portugal será anexionado en 1580, pero esta unión solo durará sesenta años) y sus éxitos dan la medida de la fuerza creada por esta unificación.

Sin embargo, hay que reconocer que los Reyes Católicos cometieron también serios errores: el establecimiento de la Inquisición, la expulsión de los judíos, la asimetría en el tratamiento de los reinos de Castilla y Aragón, y el monopolio castellano sobre América. Las dos primeras medidas obedecieron al deseo de llevar más allá la unificación y homogeneización de los reinos, con la idea de fomentar la paz interior y la fortaleza exterior. La equivocación (consideraciones éticas aparte) fue gravísima: la Inquisición ejerció una opresión ideológica que dañó grave y secularmente los resortes intelectuales de la sociedad española; a ello contribuyó la expulsión de los judíos, que constituían una de las secciones más dinámicas de esa sociedad.

Consideración aparte merecen los otros dos errores, que son dos caras del mismo problema, cuya causa fundamental fue la asimetría existente entre los reinos de Castilla y Aragón: no solo era Castilla mucho mayor en extensión y en población (la población aragonesa era aproximadamente una quinta parte de la castellana), sino que poseía una mayor vitalidad y empuje: el reino de Aragón, y en especial Cataluña, se había visto muy debilitado por las guerras civiles de los siglos XIV y XV y por la terrible epidemia de peste que asoló Europa en esa época con intensidad desigual: el declive de la población y de la actividad de Barcelona en esa época es bien conocido. También es conocido que los fueros de Aragón, y en particular los de Cataluña, dificultaban extraordinariamente el ejercicio del poder real en una época en que la tendencia en Europa es hacia el absolutismo. En consecuencia, Castilla se convirtió en el centro de la política de los Reyes Católicos: Fernando, que se consideraba rey de Castilla por propio derecho, residió allí y visitó raramente Aragón. Es un hecho que desde entonces, por mucho tiempo, Castilla se convirtió en el centro de la política española, y a ella se anexionaron tanto Granada como Navarra. A ello hay que añadir que, pese al papel nada despreciable que el reino de Aragón desempeñó en el descubrimiento y primeros pasos de la colonización de las Indias, estas fueron consideradas desde el principio como pertenecientes exclusivamente a Castilla: así se refleja en el Tratado de Tordesillas (y en la anterior bula papal), que atribuía solo a Castilla el hemisferio occidental. Esto fue ratificado en el testamento de Isabel (Thomas, 2004, 53-205 passim), que ordenaba que, en vista de que el descubrimiento de las Indias fue financiado y llevado a cabo por Castilla (afirmación discutible), «el trato e provecho dellas se aya e trate e negocie destos mis Reynos de Castilla y de León, y en ellos venga todo lo que dellas se traxere». En consecuencia, hasta el siglo XVIII los aragoneses fueron tratados como extranjeros (o casi) en América.

Otra asimetría de signo inverso tuvo lugar en materia fiscal: a la mayor riqueza y poder de Castilla correspondió también una mayor presión fiscal y una gran exigencia en número de soldados aportados al ejército real, algo que durante la mayor parte del próspero siglo XVI no pareció plantear serios problemas (pese a las tres bancarrotas de Feli- pe II, en 1557, 1575 y 1596), pero que, sobre todo a partir de la derrota de la Armada, empobreció a Castilla de tal manera que casi podríamos decir que nunca se repuso, en tanto que Portugal y los llamados territorios forales (Aragón, Navarra y territorios vascos) compensaban su menor peso político con una llevadera presión fiscal y una cierta autonomía administrativa.

La España imperial

El desequilibrio entre Castilla y Aragón no hizo sino aumentar durante los reinados de Carlos I y Felipe II, en que Castilla se constituyó en centro del Imperio español, aunque los reinos del Imperio catalán-aragonés tuvieron importancia considerable en la política exterior y algunas familias catalanas, como los Requesens, tuvieran un papel relevante en el diseño de la política exterior española. En el reinado de Felipe II se culminó la unión política de la península con la anexión de Portugal en 1580. Podemos decir que esta unión marca el ápice del poderío español en el mundo y la culminación de las políticas diseñadas años atrás por los Reyes Católicos. Sin embargo, ocho años más tarde llegaría la derrota de la Armada, que señalaría el inicio del declive del poder español. El papel de Cataluña en todo esto es secundario pero no despreciable; su influencia fue limitada a causa de varios factores: su economía mantuvo un tono bajo y es difícil saber si esto se debió a su relativa exclusión del comercio con América o si esta exclusión fue debida a su atonía económica (Según Martínez Shaw, 1981, p. 14, «la exclusión legal de Cataluña del comercio americano se nos aparece hoy como una mera leyenda, a pesar de la insistencia en este punto de un sector mayoritario de la historiografía catalana»). Por otra parte, aunque libre de guerras civiles, el bandolerismo fue endémico en Cataluña, y la sociedad se mantuvo dividida y trabada por el poder y número de la clase nobiliaria y la complejidad de sus instituciones. El papel económico más señalado de Cataluña en el siglo XVI fue su comercio con Italia y su intermediación en la exportación española de metales preciosos. Señala Lynch (1965, I, pp. 198-204) que Cataluña resultaba difícil de gobernar para Felipe II, tanto por la citada complejidad institucional y su propensión a las obstrucciones y atascos políticos, como por la tendencia del Principado a interesarse por lo que le afectaba directamente (el Mediterráneo) y desentenderse de lo lejano (el Atlántico): así, por ejemplo, y para su fortuna, los catalanes tuvieron un papel destacado en la victoria de Lepanto y apenas participaron en la Armada.

La crisis del siglo XVII y las rebeliones catalanas

A partir de la derrota de la Armada en 1588 España conoció un largo siglo (ciento veinticinco años) de desventuras y catástrofes que no tiene parangón en su historia. Las derrotas militares, la desunión, el desmembramiento (Quevedo comparaba a Felipe IV con un pozo: «más grande cuanta más tierra le quitan») y la decadencia económica se sucedieron y encadenaron. Las causas profundas de este largo episodio que la historiografía internacional conoce como «el declive español» (the decline of Spain) son claras. Por un lado, los errores que vimos antes: la decadencia intelectual, fruto de la intolerancia religiosa, la Contrarreforma y la Inquisición; la asimetría política, con la asunción por Castilla de la hegemonía, pero también la carga y el peso de las responsabilidades políticas; el predominio de los valores feudales, con total ignorancia de las realidades económicas; y un desfase creciente entre las posibilidades del país y los objetivos perseguidos, desfase que se pudo mantener y acrecentar durante mucho tiempo gracias a la importación de metales preciosos de América. España era un país de limitadas posibilidades económicas, especialmente agrarias, en la Europa de la Edad Moderna, donde la principal fuente de riqueza era la agricultura cerealista. La España medieval tuvo su gran recurso en la ganadería trashumante, pero esta requería una baja densidad de población.

El poder militar en la Europa moderna exigía ejércitos numerosos y, por tanto, altas densidades de población. España pudo contrarrestar su inferioridad gracias a la plata americana, pero a finales del siglo XVI esta resultaba ya insuficiente y, además, su producción empezó a disminuir. La derrota de la Armada exigió nuevos impuestos (los «millones») que esquilmaron a Castilla y, aun así, resultaron insuficientes; comenzaron de este modo las emisiones de vellón, que causaron inflación y empobrecieron aún más a Castilla. La crisis no fue un fenómeno exclusivamente ibérico, sin embargo, sino que afectó a todo el ámbito mediterráneo, que se vio desplazado de manera casi definitiva por la Europa del norte como centro del poder político y económico europeo. Pero es en España donde la crisis alcanzó caracteres más dramáticos y trascendentales.

Las guerras europeas, en especial la de Flandes, absorbían más recursos de los que Castilla y las Indias podían allegar. El proyecto del conde-duque de Olivares de equilibrar las contribuciones militares de los reinos españoles (la «Unión de Armas») halló fuerte resistencia en Aragón y Portugal, provocando finalmente la secesión de este reino y de Cataluña en el malhadado año de 1640. Portugal halló apoyo en Inglaterra y Cataluña en Francia, que estaba en guerra con España. Para España estas secesiones colmaron el cáliz de la amargura: incapaz de vencer en Flandes, se enfrentaba ahora a dos rebeliones más. Flandes y Portugal se dieron por perdidos, pero Cataluña, desengañada ante el trato recibido de Francia, acabó reintegrándose tras la rendición de Barcelona en 1652. Como dice Lynch (II, 107), «carecía de los recursos necesarios para la independencia y no quería ser satélite de Francia; los mejores términos a su alcance eran los que ofrecía España».

Pero si para España la secesión de Cataluña fue catastrófica, para Cataluña el balance fue aún peor (P. Vilar, 1962, I, 633-8; Kamen, 1969, p. 375). Además de las mortandades y devastaciones de la guerra, sufrió la pérdida del Rosellón y gran parte de la Cerdaña (la llamada «Cataluña norte»), que su reciente aliado, Francia, reclamó en el tratado de los Pirineos (1659), reclamación que España no estaba en condiciones de resistir. Francia en poco tiempo acabó con los fueros de la recién anexionada «Cataluña Norte» y, por supuesto, reprimió el uso de la lengua catalana como en España jamás se ha hecho, ni siquiera en tiempos de Franco. Sin embargo, en la Cataluña española se recuerda como un héroe al canónigo Pau Claris, principal artífice de la sumisión de Cataluña a Francia y de la prolongación de una guerra que devastó y desmembró al Principado. Por otra parte, Felipe IV no buscó venganza por la traición de Cataluña (imaginemos el trato que hubiera recibido la Navarra francesa, por ejemplo, si se hubiera aliado con España durante la guerra entre ambos países): perdonó a los cabecillas de la rebelión, respetó los fueros catalanes y no aumentó la llevadera presión fiscal. Todo ello no es óbice para que un historiador nacionalista tan respetable como Albert Balcells, aun reconociendo la benevolencia del rey, se esfuerce (con poco éxito) en buscar pruebas de una «represión más inclemente y rigurosa» (2004, p. 478).

Aún más desastrosos, si cabe, fueron la Guerra de Sucesión (1703-1713) y el papel que en ella desempeñó Cataluña. Esta no fue una guerra de secesión, sino una defensa desesperada de los fueros en la guerra civil de sucesión, en que el reino de Aragón tomó la parte del archiduque Carlos de Austria y el de Castilla la de Felipe de Anjou, proclamado rey como Felipe V en 1700. Como señaló Vicens Vives (1966, pp. 140-141), «los catalanes lucharon obstinadamente por defender su criterio pluralista en la ordenación de la monarquía española, aun sin darse cuenta de que era precisamente el sistema que había presidido la agonía de los últimos Austrias y que sin un amplio margen de reformas de las leyes y fueros tradicionales no era posible enderezar el país. Lucharon contra la corriente histórica y esto suele pagarse caro». El archiduque Carlos estaba apoyado por una amplia coalición internacional encabezada por Inglaterra y Austria, mientras que Felipe de Borbón estaba apoyado por Francia. La guerra fue larga y cruenta, pero, tras la batalla de Almansa (1707) y la accesión del archiduque al trono imperial (1711), prácticamente toda España quedó en poder de Felipe V e Inglaterra perdió interés en la causa española del nuevo emperador. Solo Barcelona, una pequeña parte del territorio catalán y Mallorca resistieron tres años más, hasta que Barcelona fue tomada al asalto en septiembre de 1714. La paz de Utrecht, poniendo fin al conflicto internacional, se había firmado un año antes. La resistencia barcelonesa fue heroica, pero obcecada y suicida.

Las consecuencias de esta guerra civil volvieron a ser catastróficas, tanto para España como, sobre todo, para el antiguo reino de Aragón-Cataluña. Las pérdidas territoriales fueron de nuevo muy grandes: Inglaterra se quedó con Gibraltar y Menorca; Austria, con Nápoles y Cerdeña; Saboya con Sicilia: fue el adiós definitivo al imperio mediterráneo catalano-aragonés. Inglaterra consiguió además grandes concesiones comerciales en el Imperio español. De nuevo, los aliados de los perdedores se beneficiaron a costa de estos. La economía española, y en especial la catalana, quedó muy malparada. El siglo largo de crisis económica y desunión política se había pagado, efectivamente, muy caro. Sin embargo, un siglo corto de unión y paz interior (1715-1808) restañó las heridas y trajo consigo una moderada restauración económica, que benefició en especial a Cataluña.

Ilustración y crecimiento

El siglo XVIII marca el inicio del desarrollo económico de Cataluña, que se vio claramente beneficiada de su asimilación con el resto de España. Todo el reino de Aragón fue, con pocas excepciones, liberado de sus arcaicos fueros (también llamados «constituciones» o «libertades») que, como dice Kamen (1980:19), se reducían, en efecto, a «una defensa de bajos impuestos y altos privilegios para la nobleza». A pesar de que los historiadores nacionalistas se rasgan las vestiduras hablando de «desnacionalización» (quizá fuera más apropiado hablar de «desmedievalización») con un anacronismo que resulta evidente para P. Vilar (1992:352), autor poco sospechoso de «centralismo», es claro que la abolición de los antiguos fueros medievales y la introducción de un régimen fiscal más racional y equitativo, a la par que la asimilación de Aragón con Castilla con relación al comercio con América, junto a la supresión de las aduanas interiores (Martínez Shaw, 1981, esp. cap. 2; Walker, 1979:101), constituyó un poderoso estímulo para el crecimiento económico y la modernización social, que se pone de manifiesto, entre otros muchos indicadores, en el inicio de la transición demográfica en Cataluña, muy por delante del resto de España, pero también en el progreso de la agricultura, del comercio e incluso un inicio de industrialización (Vilar, 1962, passim; Thomson, 1992). Un indicador muy elocuente de este cambio es el hecho de que la población de Barcelona, cuya estructura apenas cambió entre el siglo XV y comienzos del XVIII, creciera y se modernizara radicalmente durante este siglo (Nadal y Giralt, 1963; Vilar, 1962, II, pp. 15-114).

No hay duda de que Felipe V se propuso terminar con el régimen foral del reino de Aragón, que se había pronunciado en su contra precisamente en defensa de esos fueros, y que lo hizo con los llamados decretos de Nueva Planta, que en Valencia y Aragón entraron en vigor inmediatamente tras la batalla de Almansa; en Cataluña, aunque los decretos no se emitieron hasta 1716, la derogación del régimen foral se llevó a cabo inmediatamente tras la conquista de Barcelona. Los historiadores nacionalistas hablan de «régimen opresor» (Soldevila, 1973, 206) o de «terrorismo militar» (Balcells, 2004, 510); pero sería inconcebible que tras dos rebeliones militares en el espacio de poco más de dos generaciones y tras la «benevolencia» con que fue tratada la primera, el rey vencedor no hubiera impuesto una drástica reforma, como, por otra parte, había prometido repetidamente. Las brutalidades cometidas, odiosas y reprobables, estaban lamentablemente dentro de los usos de la época. Siglo y medio más tarde, tras la Guerra de Secesión norteamericana, el bando vencedor también llevó a cabo un proceso de «desnacionalización» con el nombre de Reconstruction que tuvo muchos puntos en común con la Nueva Planta borbónica: militarización, abolición de muchas instituciones (entre otras, la esclavitud), destitución de los órganos de gobierno, nombramiento de nuevos cargos, muchos de ellos desempeñados por forasteros, etc. Y eso que el Sur solo se rebeló una vez. El caso del Sur norteamericano, junto con el de Alemania, Japón e Italia tras la Segunda Guerra Mundial, dio lugar a la conocida teoría de Mancur Olson (1982) acerca de la ventaja que representa para muchas sociedades perder una guerra y ser sometidas a una reforma profunda que termina con las instituciones caducas que obstaculizan el desarrollo económico y el progreso social, y que son frecuentemente causa del estallido de conflictos. Olson muestra econométricamente que el Sur de Estados Unidos se benefició de la Reconstrucción, tan denostada por los escritores sudistas. Toda la evidencia sugiere que lo mismo ocurrió en el XVIII catalán con los decretos de Nueva Planta. Refuerza la tesis de Olson el hecho de que el Catastro, reconocido como superior al régimen fiscal de Castilla, no llegara a aplicarse en este reino, pese a los denodados esfuerzos del marqués de la Ensenada y al decidido apoyo de Fernando VII y Carlos III. Los intereses creados en la Castilla vencedora lograron bloquear la modernización de su sistema fiscal, con grave detrimento de su bienestar y su crecimiento económico.

Las opiniones arriba expuestas sobre la Nueva Planta coinciden plenamente con la de Vicens Vives (1966, pp. 144-145), para quien la «“nueva planta” echó por la borda del pasado el régimen de privilegios y fueros de la Corona de Aragón [..;] el desescombro de privilegios y fueros [...] benefició insospechadamente [a Cataluña], no solo porque obligó a los catalanes a mirar hacia el porvenir, sino porque les brindó las mismas posibilidades que a Castilla en el seno de la común monarquía [...]. Este proceso de integración social entre los distintos pueblos de España, en el que los catalanes tomaron parte decisiva mediante una triple expansión demográfica, comercial y fabril fue de mucha mayor enjundia que cualquier medida legislativa ideada desde la época de Felipe II».

Además de verse favorecida por una fiscalidad más equitativa, moderna y llevadera (Fernández de Pinedo, 1984; García-Zúñiga, Mugartegui y De la Torre, 1991), la economía catalana se benefició de la casi total abolición de las aduanas que hasta entonces la habían separado de allende el Ebro. Su industria, por otra parte, recibió una considerable protección arancelaria de los gobiernos de Felipe V y sucesores. Estos, además, deseosos de fomentar la construcción naval y la recuperación económica, estimularon los intercambio de Cataluña con América, permitiendo desde 1745 que los navíos catalanes comerciaran directamente con las Indias sin más requisito que recalar y registrarse en Cádiz; y desde 1765, sin siquiera este requisito. El acceso a los mercados del resto de España y de América contribuyó decisivamente al crecimiento de la industria y el comercio de Cataluña (Martínez Shaw, 1981, cap. 3; Vilar, III, pp. 324-566).

Tras estos decretos de «Nueva Planta», los únicos regímenes forales que quedaron en España fueron los de los territorios vascos y Navarra, que, por haber permanecido leales al Borbón, fueron premiados con la conservación de los fueros. Es posible que a la larga se tratara de un regalo envenenado.

La gran revolución mundial y la Guerra de Independencia

La primera gran revolución mundial, que se inicia con la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América (1776) y concluye con la Independencia del Continente Hispanoamericano (1824), y tiene como fenómeno central la Revolución Francesa (1789-1815) (Tortella, 2007, cap. II), afectó muy gravemente a España, que participó en muchas guerras, fue invadida por Francia, perdió su imperio y se vio devastada económicamente, devastación de la que se recuperó con desesperante lentitud; sin embargo, la unidad peninsular subsistió incólume a todas estas vicisitudes. Es en la Guerra de Independencia española cuando aparece el moderno nacionalismo español. No podía ser de otra manera, porque el concepto moderno de «nación» (como unidad política de ciudadanos libres e iguales) es producto de la independencia norteamericana y de la Revolución Francesa. Por eso es un anacronismo y una grave inexactitud hablar de «desnacionalización» a principios del siglo XVIII e incluso en la Edad Media, como hacen algunos historiadores nacionalistas.

En la Guerra de Independencia española, a pesar de la disgregación que se produce al desaparecer de hecho la monarquía y diseminarse el poder en una serie de juntas confusas y efímeras, la idea nacional nace y persiste (García Cárcel, 2009), como lo demuestra la fidelidad general a dos símbolos que en realidad eran contrapuestos: las Cortes de Cádiz y Fernando VII.

La Constitución de 1812, motejada de centralista por algunos historiadores nacionalistas, obedecía perfectamente al nuevo concepto de nación y recibió un amplio refrendo en las Cortes, que sin duda reflejaba el apoyo de las clases medias y de una parte de la nobleza y del clero, incluidos los propios representantes catalanes; así, Antoni de Capmany, el más distinguido de estos, dijo en las Cortes:

[E]sta patria, que antes no era más que un vano nombre en la vida política, hoy la vemos realizada en nuestros corazones [...]. Todo español de cualquier clase, condición y estado es hijo legítimo y natural de esta madre, cuya salud está a cargo de todos.

Años antes, en su informe sobre la convocatoria a Cortes, había defendido la españolidad de las provincias forales: «¿Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra no son de España y no lo eran antes? ¿Han sido extranjeras las Provincias Vascongadas y el Principado de Asturias, gobernadas por sus fueros y juntas concejales?». Su definición de las «provincias de fueros», por tanto, era amplia, pues incluía a las que los habían perdido casi totalmente un siglo antes y a la propia Asturias que no ha sido generalmente tenida por tal (ver Artola, 1959, I, 558, y II, 459-460).

Pero, por desgracia, estos grupos liberales eran una minoría en la sociedad española, donde la religión y la monarquía tradicional conservaban mayor adhesión. Ello explica la relativa facilidad con que Fernando VII pudo instaurar por dos veces el absolutismo.

Liberalismo y «mercado nacional»

Además de las calamidades internas de la Guerra de Independencia, España pierde gran parte de su imperio americano y queda relegada a potencia de tercer orden en el sistema de naciones. Esto no se debe solamente al fin del imperio, sino a la debilidad intrínseca de la España europea, debilidad cuya raíz es económica y derivada de factores que ya hemos visto. La escasez de capital humano y la aridez de la tierra condenan a España a una agricultura de subsistencia que conlleva un bajo nivel de vida y una estructura social arcaica y estática, que a su vez impide la consolidación del liberalismo parlamentario. La gran revolución mundial dio a la burguesía acceso al poder. Pero la burguesía española era muy débil y durante todo el siglo XIX tuvo grandes dificultades para consolidarse en él. En el XIX español el absolutismo se alía con la defensa de los fueros para producir el partido carlista, que promueve la guerra civil en Cataluña y el País Vasco. En ambas regiones, sin embargo, el progreso económico estimula la urbanización y el desarrollo de clases medias que sustentan la causa liberal y constitucionalista (Fusi, 1990, 162-163; Fernández de Pinedo, 1974, cap. XI).

Se ha querido ver en el carlismo un antecesor del nacionalismo, especialmente en el caso vasco. No cabe duda de que hay una relación entre ambas corrientes. El carlismo es un movimiento de reacción y resistencia contra la modernización social, como indica otra de sus denominaciones, el tradicionalismo. El nacionalismo adapta muchas de las nostalgias del carlismo a una ideología que se pretende moderna. Las dos regiones donde arraiga con mayor fuerza el carlismo son aquellas donde años más tarde brotará con mayor brío el nacionalismo; y tanto el nacionalismo vasco como el catalán apelarán repetidamente a un pasado idílico donde regían los fueros, las «libertades», las «leyes viejas» (lagi zarra) a las que apelaba imprecisamente el fundador del nacionalismo vasco, Sabino Arana. Otro elemento en común que tienen el carlismo y el nacionalismo vasco y catalán es la oposición a un elemento poco grato pero inseparable de la modernización social: el pago universal de impuestos, especialmente los directos.

En el caso concreto de Cataluña, el desarrollo de la industria y del comercio la convierten en un baluarte del liberalismo español, con una excepción: su cerrada defensa del proteccionismo, que ha propiciado el crecimiento de la industria algodonera desde el siglo XVIII. Tras la pérdida del imperio, la industria catalana se aferra al «mercado nacional», es decir, al de la península e islas, Cuba y Puerto Rico. Nadie invoca tan profusamente la integridad de la nación española en el XIX como los proteccionistas catalanes, agrupados en la asociación Fomento del Trabajo Nacional. Del gran peso que tiene Cataluña en la política nacional hay abundante evidencia, magistralmente expuesta en el libro Industrials i polítics de Jaume Vicens Vives. La más palmaria es el triunfo y la persistencia del proteccionismo a lo largo de todo el siglo XIX y la mayor parte del XX.

Sin embargo, España sigue siendo un país atrasado en el concierto europeo y sigue ofreciendo flancos muy débiles: la inestabilidad política, un mercado poco profundo, un bajo nivel cultural y científico. Todo esto es motivo de insatisfacción para las élites catalanas, que desde mediados de siglo promueven un renacimiento (Renaixença) de la cultura autóctona. Como dice Castro (1973: 24), «el atroz problema de los separatismos estuvo y sigue ligado al abstencionismo cultural de los castellanos». Esto, sin embargo, hay que matizarlo: las letras y las ciencias españolas tienen un indudable resurgir desde finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil.

El «desastre» y los separatismos

La insatisfacción sube de grado con la penúltima crisis colonial, la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898. Cuba, en especial, ha sido en el siglo XIX el mercado cautivo para la industria textil catalana y la agricultura cereasiderúrgica vasca. La pérdida de tan importante mercado aboca a la industria catalana a la crisis. A la consiguiente alarma se une la extensión de la plaga filoxérica, que amenaza uno de los más importantes cultivos: la vid. La alarma es especialmente aguda en la costa mediterránea. A todo esto se añade la competencia de los trigos extranjeros, que afecta a la agricultura cerealista.

Estimulados por la desmoralización y la alarma, crecen desde finales del XIX los movimientos autonomistas-separatistas en Cataluña y el País Vasco, y los partidos de protesta social en el resto de España. En el último cuarto del siglo XIX el pacto no escrito de la Restauración había dado lugar a una era de estabilidad política basada en el caciquismo electoral y el predominio de los partidos conservador y liberal. La crisis finisecular pone fin al «turno pacífico» en el poder de estos partidos, ante la aparición de nuevas formaciones nacionalistas y radicales: la Lliga en Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco (Payne, 1974, caps. III y IV; Granja, caps. 2 y 3), el Partido Socialista, el Radical, el Republicano, más movimientos sindicales de importancia creciente. Ante este crecimiento de la izquierda y el autonomismo, la derecha también se organiza. Se produce así una mutación en el papel político del Ejército español, que de liberal en el siglo XIX, se transforma en el XX en profundamente conservador, en defensor del orden establecido y de la «unidad de la patria» (Headrick, 1981). Esta derechización del Ejército se ve espoleada por la derrota de 1898 y por los comienzos de la última crisis colonial: la de Marruecos.

Si bien la descomposición del régimen político de la Restauración se ha visto precipitada por el «desastre» de 1898, en realidad es la consecuencia natural de un proceso más profundo y prolongado. Desde mediados del siglo XIX la economía española viene creciendo a ritmo lento pero constante, que se acelera con el cambio de siglo. La agricultura se moderniza lentamente y la industria se diversifica; a las de consumo se añaden las de base: la eléctrica, la química, la metalúrgica, la del cemento y la construcción, etc. Ello trae consigo mayor urbanización, proletarización y descenso del caciquismo electoral; la consecuencia natural de todo esto es la aparición y desarrollo de esos nuevos partidos políticos, de implantación urbana y menos sujetos a los despotismos locales.

La segunda revolución mundial y sus efectos en España

La Primera Guerra Mundial precipita la segunda gran revolución mundial, que podemos definir como socialdemócrata, ya que esencialmente consiste en la extensión de la democracia y la incorporación al poder de la clase obrera (Tortella, 2007, cap. VII). En Rusia triunfa el Partido Comunista; pero a la larga más importancia tiene el que en Europa, gracias a la extensión del sufragio, lleguen al poder los partidos socialdemócratas, con un programa profundamente reformista. Esto a su vez provoca la aparición de grupos de extrema derecha decididos a poner coto al avance de la izquierda con métodos totalitarios copiados de los comunistas; se los conoce genéricamente como «fascistas», por su precursor italiano. En los países mediterráneos, también en España, hay una considerable penetración del fascismo en el Ejército. Sectores de la aristocracia y de las clases medias apoyan estos movimientos. En España el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, implanta una dictadura de corte fascista, que reprime tanto a los grupos nacionalistas periféricos como, sobre todo, a los anarquistas, en tanto que soluciona, en concierto con Francia, el problema de Marruecos. Si bien la dictadura se declara programáticamente antiseparatista, su política económica favorece a Cataluña y al País Vasco, que se benefician de su decidido nacionalismo económico, de su proteccionismo, de su fomento de la industria y de su política de obras públicas. Su política de orden favorece la paz laboral y beneficia a los empresarios. Sin embargo, al carecer de un proyecto político claro, la dictadura termina por hundirse en 1930 y, tras un año de indecisión gubernamental, se llega a la proclamación de la Segunda República, que va a acoger con benevolencia las aspiraciones de los autonomistas catalanes, vascos y gallegos, y a aprobar sendos estatutos autonómicos. (El vasco, ya comenzada la guerra. El gallego no se llegó a aprobar, y quedó en proyecto).

Pero las contradicciones políticas y sociales de la España republicana, agravadas por las repercusiones de la Gran Depresión mundial, y por el avance del fascismo en Europa, dan lugar a grandes bandazos electorales que desembocan en la Guerra Civil, iniciada en julio de 1936.

La Guerra Civil, el franquismo y su legado

La Guerra Civil entre el gobierno republicano, por un lado, apoyado por los partidos de izquierda y por la Unión Soviética, y gran parte del Ejército español por otro, coaligado con partidos de extrema derecha y fascistas (Falange), y ayudado por la Italia fascista y la Alemania nazi, terminó con la victoria de este último bando, encabezado por el general Francisco Franco. El principal partido catalanista conservador, la Lliga, terminó dando su apoyo a Franco, cuya dictadura se prolongó durante más de treinta y nueve años, contando los de guerra. En 1937, en la Cataluña republicana, tuvo lugar una miniguerra civil entre el Partido Comunista y la ultraizquierda, que se saldó con la derrota de esta última. Tal escisión contribuiría a debilitar al bando republicano, acelerando su final.

Por su duración y su dureza, la dictadura de Franco deja pálida a la de Primo de Rivera. Los valores de ambas son muy parecidos: el anticomunismo, la represión del autonomismo (por no hablar del separatismo), el control policial, y antiliberal de la historia de España son aplicados por Franco de manera implacable. Lo mismo ocurre con su política económica, que comparte con Primo de Rivera parecidos principios, aunque llevados al extremo, sobre todo en el primer veintenio, 1939-1959, donde la autarquía, la intervención del Estado en la economía, el control férreo del mercado laboral, el fomento de la industria y la omnipresencia del Estado están a la orden del día. Durante los últimos dieciséis años de la dictadura, a partir del Plan de Estabilización de 1959, los controles férreos se suavizaron considerablemente: la autarquía se convirtió en proteccionismo y la economía española se abrió hacia el exterior, entre otras cosas, por medio de un acuerdo económico alcanzado en 1970 con la Comunidad Económica Europea, antecesora de la UE. Es bien sabido que esta relativa liberalización fue acompañada por altas tasas de crecimiento económico, las más altas en la historia de España. Pues bien, también en esta situación Cataluña y el País Vasco se vieron beneficiados por la política económica dictatorial: las cifras no dejan lugar a dudas. La economía catalana creció durante el franquismo más que la española en su conjunto, y lo mismo es cierto de la vasca (Maluquer de Motes, 1998, 168; Carreras y Tafunell, 2005, cuadro 17.20).

Luces y sombras de la Transición

El único legado positivo del franquismo fue el desarrollo económico (un régimen democrático probablemente lo hubiera logrado en mayor medida), que permitió que la transición a la democracia fuera relativamente fácil e incruenta. El legado político fue ponzoñoso, en gran parte porque su extremismo produjo un efecto pendular: el nacionalismo español quedó totalmente desprestigiado, en tanto que los nacionalismos regionales adquirieron un aura incomprensible en otras condiciones.

El que los equipos políticos que pilotaron la transición estuvieran encabezados por personal de origen franquista (Suárez, Martín Villa, Fraga, Fernández Miranda...) contribuyó al problema, porque, en su deseo de exonerar su pasado, fueron enormemente condescendientes con los nacionalismos periféricos: de ahí surgieron errores tan graves como la vuelta a la excepcionalidad fiscal vasca y navarra (que estas regiones habían alcanzado en el siglo XIX como compensación por la pérdida de los fueros); una ley electoral que favorecía extraordinariamente a las minorías nacionalistas; y la aprobación de unos estatutos autonómicos que ponían en manos de los gobiernos regionales instrumentos tan poderosos como la enseñanza y los medios de comunicación. Se aceptó también la definición del catalán como «lengua propia de Cataluña», cuando esta fue siempre bilingüe, e idéntico tratamiento logró la lengua vascuence, que era muy minoritaria y además comprendía varios dialectos. Todo esto hizo posible que, a medida que pasaban los años, aunque la ejecutoria económica de los gobiernos nacionalistas catalanes no fuera nada brillante (según un reciente estudio de la Unión Europea, la ejecutoria del gobierno catalán es la de calidad más baja de España; la del vasco, en cambio, es la de calidad más alta: ver Charron, Lapuente y Dijkstra, 2012), la opinión pública en esa comunidad culpara a «España» de los problemas económicos catalanes, y creciera la opinión favorable al separatismo desde niveles muy bajos en los años de la Transición hasta niveles actuales que, según las encuestas, oscilan entre un 30 por ciento y un 50 por ciento. Los complejos de culpabilidad frente a un nacionalismo agresivo permitieron también que, durante las décadas del «pujolismo», y hasta la actualidad, se toleraran políticas abiertamente inconstitucionales, especialmente las relativas a la cooficialidad del castellano y el catalán en las escuelas, en los organismos oficiales y hasta en la publicidad de las empresas privadas. La situación en el País Vasco presenta características parecidas. Esta sistemática dejación de responsabilidad por parte de los gobiernos nacionales, en lugar de concordia, ha producido el efecto contrario: fomentar la discordia, porque los gobiernos nacionalistas han aprovechado estos signos de debilidad para ocupar el terreno que se les abandonaba y aumentar la estridencia de sus reivindicaciones. Basta seguir las declaraciones del gobierno catalán durante los últimos treinta años para advertir el alza en el tono victimista y culpabilizador, hasta llegarse al zafio «Espanya ens roba» (que, por cierto, no marca el punto máximo de la zafiedad).

Los problemas de hoy

No hay duda de que la economía catalana desde la Transición hasta la actualidad ha adolecido de serios problemas, que se pueden resumir en una palabra muy en boga: la «desindustrialización». Si bien este fenómeno ha afectado igualmente al País Vasco, en este han tenido más éxito las políticas de reconversión. La desindustrialización es común en las economías occidentales desde hace varias décadas, pero la transición desde el proteccionismo franquista hasta el liberalismo de la UE aceleró el proceso en España y, por ende, en Cataluña. Culpar de ello a España no por fácil resulta menos falso. El intervencionismo, el despilfarro, la corrupción y el desgobierno de los nacionalistas catalanes, factores más próximos y evidentes, parecen candidatos más probables. Cataluña, como hemos visto, es considerada como la región peor gobernada de España en el reciente documento de la Unión Europea arriba citado. Pero estas son cuestiones que ni el gobierno nacionalista ni sus medios de comunicación están dispuestos a examinar. Como ha dicho de las tan traídas y llevadas balanzas fiscales un escritor nacionalista (López i Casasnovas, El País, 2 julio 2013), «el debate [...] es político, no técnico. [Se trata de obtener el resultado] que declaradamente interesa al Parlamento de Cataluña». Hoy, como en 1640, el fondo del problema es económico y, más concretamente, fiscal. El sistema impositivo español necesita una reforma a fondo para acabar con iniquidades tan flagrantes como la excepcionalidad navarra y vasca. Pero hay muchos más defectos que corregir, entre ellos, y señaladamente, los mecanismos redistributivos.

Nuestro país tiene problemas políticos y económicos muy serios, heredados del franquismo y de los errores de la Transición, y agravados por la dura y larga crisis que aqueja a Europa y que ha dejado al descubierto las lacras que afligen a España. Hay que ponerles remedio con reformas sensatas y profundas, y Cataluña debe desempeñar un papel importante en estas mejoras. Desentenderse de la propuesta y ejecución del programa reformista y huir hacia adelante utilizando el chantaje de la secesión para aumentar la iniquidad del sistema fiscal es irresponsable e injusto, tanto con España en su conjunto como con Cataluña. Es sintomático y triste, por ejemplo, que Balcells (2009: 854), al hablar de la concesión del concierto económico al País Vasco y Navarra en 1978, no lamente el hecho en sí, sino que Cataluña no tratara de obtenerlo también.

En cuanto al nacionalismo vasco, lo mejor que puede decirse de él es que acostumbra a tener apoyo mayoritario en las elecciones autonómicas. Sus objetivos (autonomía, independencia) son ambiguos y cambiantes; sus reivindicaciones históricas o económicas, inexistentes. El País Vasco tiene un régimen fiscal privilegiado; sus provincias han estado integradas en Castilla (más tarde, consiguientemente, en España) desde la Edad Media sin especial conflictividad hasta la aparición del carlismo en el siglo XIX; la derrota de este trajo consigo la abolición de los fueros, abolición que, como en Cataluña un siglo antes, vino seguida de un brillante proceso de crecimiento económico e industrialización. Sin embargo, el ala más radical del nacionalismo vasco ha sometido a España, desde los últimos años del franquismo hasta muy recientemente, a la ola de terrorismo más feroz que se ha dado nunca en este país.

Conclusiones

Al inicio de este ensayo vimos que los condicionantes geográficos pueden explicar buena parte de las tendencias centrífugas en la historia de España, y también de algunos otros países. Sin embargo, estos factores geográficos, que limitaban las comunicaciones entre unas regiones y otras, tienen hoy mucho menor importancia, por el gran desarrollo que han alcanzado los medios de transporte y comunicación. Esto explica la tendencia a la unificación que se ha dado en Europa y, en menor medida, en el continente americano. Hoy las barreras políticas se ven más como un obstáculo al desarrollo económico y social, y como un instrumento para la defensa de privilegios, que como instituciones que tengan alguna utilidad social; son, en definitiva, reliquias del pasado. La pretensión en el contexto europeo de elevar barreras nacionales hoy solo puede obedecer a atavismos irracionales o a los intereses egoístas de ciertas élites políticas. Los nacionalistas catalanes llevan más de treinta años tratando de construir barreras lingüísticas, culturales, legales y de todo tipo, apelando con frecuencia a una versión sesgada e inexacta de la historia, para separar a Cataluña del resto de España y justificar la construcción de una frontera nacional que nunca ha existido. Tal frontera, si llegara a existir, no beneficiaría ni a los catalanes, ni al resto de los españoles, ni a ningún ciudadano de la UE, salvo a una pequeña élite política catalana, que se vería capacitada para manejar el nuevo Estado a su antojo. Algo parecido podría decirse del caso vasco: el intento de utilizar la lengua como elemento separador es muy parecido en ambas comunidades.

El enorme peligro del movimiento separatista catalán (y de los movimientos separatistas en general) estriba en que, una vez dado el paso de la separación, es muy difícil que tenga vuelta atrás. Por desgracia, la política, como ciencia social que es, raramente se presta, a diferencia de las ciencias naturales, a la experimentación. La historia, al contrario que el laboratorio, no permite repetir experimentos reproduciendo las condiciones anteriores. De modo que si, enardecidos por más de treinta años de propaganda y adoctrinamiento nacionalista, los catalanes votaran por la independencia, sería muy difícil que pudieran más tarde rectificar el error cometido, porque la élite política que habría logrado alcanzar el poder gracias a esa «consulta» tendría en sus manos instrumentos aún más poderosos que los que le habían permitido precipitar la ruptura. Sería virtualmente imposible que una mayoría desengañada tuviera más adelante la capacidad de organización y propaganda suficientes para volver a la situación de partida y deshacer el entuerto.

La perspectiva histórica nos permite afirmar que las épocas de disensión y los intentos de separación han sido calamitosos para España en su conjunto, pero sobre todo para Cataluña, en tanto que la cooperación y la integración han coincidido con épocas de prosperidad, sobre todo para Cataluña. Incluso cuando esta unión o esta colaboración se ha llevado a cabo bajo un régimen opresivo, como durante las dictaduras del siglo XX (o, para algunos, bajo el cetro de Felipe V), el desarrollo económico y social de Cataluña no solo ha sido indudable, sino que ha excedido al de España en su conjunto.

La separación de Cataluña y su integración, si tuviera lugar, en la Unión Europea entrañarían una pérdida de peso de España y de Cataluña en la Unión, pero en particular de esta última: España seguiría siendo el quinto país por tamaño en la Unión; Cataluña pasaría a ocupar el puesto decimosexto, entre Austria y Bulgaria. Sus intereses están mejor defendidos en Europa como una de las mayores y más ricas comunidades autónomas de España que desde una posición independiente, pero equiparable a la de una república balcánica. Un País Vasco independiente ocuparía el puesto vigésimo tercero por población, por detrás de Lituania. Su pérdida de relevancia en Europa sería aún más radical.

La Unión Europea sigue siendo, aunque a muchos nos desagrade, y a pesar del camino recorrido hacia la Unión, un conjunto de naciones. El mercado único sigue siendo un objetivo lejano. Los mercados nacionales siguen prevaleciendo, sobre todo en los países grandes. Esto es un hecho en España, donde Cataluña y el País Vasco siguen teniendo su principal mercado en el resto del país —el «mercado nacional»—, pese a que una política autonómica errada tienda a fragmentar el mercado español, no solo el de productos, sino también el financiero, el laboral y el de servicios. Esto aminora los beneficios de las economías de escala y afecta seriamente a los flujos de inversión, que ya desconfían de Cataluña por su tendencia introspectiva, por su exceso de regulación, por las deficiencias de su administración y por la incertidumbre de su futuro. La separación de Cataluña agravaría estas tendencias negativas, de las que Cataluña sería la principal víctima. Lo mismo puede decirse de las economías de escala en servicios estatales: los independentistas se plantean ya cómo financiar un ejército, una diplomacia, una adecuada administración de los recursos, etc., si esos gastos han de recaer exclusivamente sobre la población catalana. Por desgracia, el problema tiene una única solución: aumentar muy considerablemente la presión fiscal que sufren los ciudadanos de Cataluña.

Debemos reconocer que España tiene hoy serios problemas. Cataluña, con su peso demográfico y económico, puede y debe ser un elemento dinamizador en la tarea de reformar España, en lugar de retraerse, ensimismarse y desinteresarse por los problemas comunes.

La historia muestra también que los gobiernos españoles han cometido serios errores y que varias de las reivindicaciones de Cataluña estaban justificadas. La «Unión de Armas», por ejemplo, hubiera debido ir precedida de una reorganización de las responsabilidades y derechos políticos entre los distintos reinos. La asimetría política entre Castilla y Aragón fue excesiva, en especial bajo los Austrias. Pero el aferramiento de algunos catalanes a sus tradiciones medievales y la nostalgia por los tiempos de Wifredo el Velloso y Ramón Berenguer IV (no hablemos de las ensoñaciones racistas de Sabino Arana sobre una arcadia vasca alto-medieval) adolecen del mismo regusto rancio que la nostalgia de los franquistas por los Reyes Católicos y Felipe II.

Terminemos esta galopada histórica con una constatación muy simple: en 1640 se separan de España Cataluña y Portugal; este para siempre, Cataluña solo por doce años. Pues bien, al inicio del siglo actual la renta por habitante de Cataluña estaba un 21,8 por ciento por encima de la media española (la del País Vasco, un 22,5 por ciento) (INE). La de Portugal, un 24,8 por ciento por debajo (Banco Mundial). ¿Cómo se explican esas diferencias? ¿Espanya ens roba? ¿No estará de nuevo Cataluña luchando «contra la corriente histórica»? Ya dijo su mejor historiador que «esto suele pagarse caro».

III

EL CONTENIDO REAL DEL DERECHO
A DECIDIR: UN PATRIMONIO COMÚN
DE TODOS, NO FRACCIONABLE

RAMÓN MARCOS ALLO Y ALBERTO G. IBÁÑEZ

De cómo el derecho a decidir se ha convertido en el centro del debate secesionista y algunas de sus falacias

En la loca carrera de los grupos nacionalistas a la secesión la batalla por el derecho a decidir se ha convertido en clave de su estrategia. La razón resulta sencilla. Como podemos comprobar a lo largo de este Informe, todos sus presupuestos, datos históricos, sociológicos y económicos que predicen un paraíso automático al día siguiente de la secesión, resultan claramente discutibles y endebles, tanto ad intra como cuando se trata de vender internacionalmente como plausible la idea de romper España, un Estado miembro de la Unión Europea que viene formando parte de la comunidad internacional, con sus fronteras claras y definidas desde hace siglos.

Por ello, dentro del cierto marasmo que toda idea de ruptura lleva consigo, era importante dar con una idea que tuviera buena venta en todos los contextos y que sirviera para ocultar cualquier debate sobre las consecuencias prácticas de la secesión: el derecho de la gente a decidir su destino, lo que se conoce como el «principio democrático». Hace ya tiempo que los movimientos secesionistas vascos (a los que luego imitaron como en tantas cosas los catalanes), cambiaron hábilmente el derecho a la autodeterminación por el derecho a decidir, mucho más «asumible» por la sociedad, sobre todo extranjera (ver, Ruiz Soroa, 2010:158). Cuando se celebró el referéndum quebequés en 1998, los estudios sociológicos mostraban que el apoyo a la propuesta separatista bajaba 20 puntos si se utilizaba el término «independencia» en lugar de «soberanía», y sucedería lo mismo si en vez de «decidir» se hablase sin tapujos de «separarse» (Ruiz Soroa, 2012); la postura algo acomplejada del PSC a este respecto resulta esclarecedora. En otras palabras, a un interlocutor ajeno al proceso pueden resultarle más o menos ligeros los argumentos que se están utilizando a favor de la independencia de Cataluña y el País Vasco, pero le parece aceptable que la gente se pronuncie sobre la fórmula política bajo la cual quieren vivir, y cuestionable que se les prive o prohíba la posibilidad de pronunciarse sobre su destino.

Sin embargo, la hábil estrategia nacionalista de simplificar el debate en torno al derecho a decidir pretende ocultar, tanto a la ciudadanía como a los potenciales observadores bienintencionados del ámbito internacional, algunos importantes problemas y cuestiones sin resolver que subyacen a la hora de plantear una consulta rupturista, aspectos que simplemente se tratan de disfrazar para no tenerlos siquiera en cuenta. De hecho, el enfoque superficial y simplista, en clave puramente emocional, del derecho a decidir suena a déjà-vu o fenómeno paramnésico, pues sus contradicciones ya fueron resueltas por el Tribunal Supremo canadiense, lo que a la postre determinó que Quebec acabara por renunciar a convocar más referéndums.

Veamos con más detalle algunas de las «falacias y dificultades ocultas del derecho a decidir», tal como lo plantean los secesionistas.

Algunos aprioris secesionistas puestos en cuestión

¿El derecho a decidir viene legitimado y carece de límites según el Derecho Internacional?

No.

Son varios los autores que han aclarado esta cuestión en nuestro país en los últimos tiempos, entre los que cabe destacar al recientemente desaparecido y reconocido catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla, Juan Antonio Carrillo Salcedo, en un esclarecedor artículo publicado en enero de 2013 o ya en 2007 a la catedrática Araceli Mangas con ocasión del «Plan Ibarretxe» (ver también en similar sentido Ruiz Soroa, 2010:159-162). Hay dos principios que se mantienen vigentes en el Derecho Internacional: el de la libre determinación de los pueblos y el de la integridad territorial de los estados soberanos. Este último principio ha sido un factor de paz y estabilidad, frente a una potencial interpretación excesiva del primero (en lo que se ha llamado «tribalismo postmoderno»), que provocaría la creencia en un derecho ilimitado o absoluto de los pueblos a la secesión. Dicha interpretación excesiva en realidad llevaría al absurdo, pues cualquier grupo humano más o menos homogéneo podría pretender alcanzar el estatuto de Estado, provocando de esta manera una fragmentación permanente y mimética como solución sencilla y de urgencia ante todo tipo de problemas (por ejemplo, la crisis económica) y una seria amenaza a la paz mundial (Carrillo Salcedo, 2013:22). Como sostiene Robert Dahl (1993:237): «un derecho absoluto a la autonomía política vuelve ilegítimo a todo Estado y legaliza la anarquía». Una suerte de «derecho a la estatalidad» para cualquier minoría nacional sería suicida para una organización estable del mundo y autodestructivo para la propia minoría nacional, que se vería a su vez indefensa frente a nuevos ataques de subminorías nacionales, lo cual no es nada extraño máxime teniendo en cuenta el fenómeno de la emigración. Incluso comunidades sin territorio podrían reclamar su derecho a apartarse del gobierno existente y organizarse y gobernarse de forma autónoma y soberana (Ruiz Soroa, 2010:164).

Resulta comúnmente aceptado que el derecho a la autodeterminación deba concentrarse en los casos de descolonización, de un pueblo oprimido o sujeto a ocupación militar extranjera, o en el que exista una violación sistemática de los derechos humanos (ver, en la valoración de esta doctrina, Dictamen del Tribunal Supremo de Canadá de 20 de agosto de 1998). En ninguno de esos tres supuestos nos encontramos en los planteamientos de secesión que se hacen en España. Al contrario, la violación de derechos humanos se ha producido, desde que hay democracia y se aprobó la Constitución, por parte de los grupos terroristas (ETA y Terra Lliure) que han apoyado las tesis secesionistas, con el resultado de más de mil muertes inocentes.

Lo cierto es que, contrariamente a lo que en ocasiones se sostiene por los círculos secesionistas, España ya respeta plenamente el derecho a la libre determinación, tal como lo reconocen las Resoluciones de la Asamblea General de la ONU n.º 1.514, del año 1960, y n.º 2.625 del año 1970, «hasta el punto de que lo hemos ejercido cuando decidimos al aprobar colectivamente la Constitución y al aprobar cada Comunidad Autónoma su Estatuto de autogobierno» (Araceli Mangas, 2007). Aquí no existe ningún dominio colonial ni se discrimina a nadie en ninguna institución pública o privada por ser vasco, catalán o gallego. Antes al contrario, gran número de ministros e incluso presidentes del Gobierno español han procedido históricamente de esas regiones, que hoy poseen el mayor nivel de autogobierno de su historia, incluido, por cierto, el responsable de una dictadura centralizadora que duró casi cuarenta años.

Aquellos que pretenden sostener otra interpretación del Derecho Internacional se fundamentan en el Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de 22 de julio de 2010 en el asunto de Kosovo/Serbia. Pero, a pesar de la manipulación periodística de este caso, lo cierto es que el Tribunal no entró a analizar el derecho a la secesión de Kosovo, y se limitó a contestar formalmente a la pregunta que le formulaba la Asamblea de Naciones Unidas: si era contrario al Derecho Internacional el que las instituciones provisionales de Kosovo hicieran una declaración unilateral de independencia. El Tribunal expresamente se negó a ir más allá, reduciendo su respuesta a contestar que no era contrario hacer declaraciones, pero sin querer pronunciarse sobre el valor jurídico de esa declaración (ver, Ruiz Soroa, 2010:160).

En conclusión, en el estado actual del Derecho Internacional público no existe un derecho incondicional a la secesión de todos los pueblos, sino tan solo en ciertos casos tasados en los que por cierto no se encuentran ni el País Vasco ni Cataluña. Por el contrario, la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU, en su párrafo sexto, afirma lo siguiente: «Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas».

¿A pesar de lo que dice el Derecho Internacional, puede el derecho a la autodeterminación quedar reconocido en la Constitución?

Resulta inviable.

Con independencia de que España no se encuentre dentro de los supuestos previstos por el Derecho Internacional, lo cierto es que además, y en todo caso, debería quedar claro quiénes pueden ser los sujetos legitimados para ejercer ese supuesto derecho a la autodeterminación, y esto nos lleva a plantearnos qué entendemos por una nación, y cuándo se dan las condiciones para reconocer que un conjunto concreto de ciudadanos «tienen derecho» a crear un Estado propio que opere ex novo en la esfera internacional. A nivel interno ese supuesto derecho ha sido denegado en estados profundamente federales. Así, en la sentencia del Tribunal Supremo americano de 1869, Texas v. White, el alto tribunal declaró la nulidad de la ordenanza tejana que establecía la secesión, y ello porque la Constitución federal de Estados Unidos creaba una unión nacional permanente y no una suerte de liga disoluble al capricho o conveniencia de una de sus partes (sentencia citada y comentada en Redlich, Schawrtz y Attanasio, 1995:38,39).

En los casos vasco y catalán se ha abusado de una interpretación del pasado histórico discutible (ver capítulo II) que llevaría a que casi cualquier región en el mundo (y principalmente en Europa) pudiera reclamar el estatuto de nación. Seguidamente se apela a una lengua y cultura propias, lo que resulta más obvio, pero no menos indefendible. Ya en el año 1994 el profesor Daniel J. Elazar (1994:43), de la Universidad Temple de Filadelfia, estableció que existían en el mundo alrededor de 3.000 grupos humanos que presentaban una identidad colectiva, mientras que existían 185 estados reconocidos por la ONU, de los cuales el 86 por ciento ya tenía una composición multiétnica. Hoy el número de estados reconocidos son algunos más (192), mientras que los estudios lingüísticos muestran que en el mundo existen entre 3.000 y 5.000 lenguas, según los criterios de valoración que se utilicen. La pregunta resulta clara: ¿cualquier población con características propias debe tener derecho a crear su propio Estado?, ¿queremos un mundo con más 3.000 naciones?, ¿resultaría gobernable?, ¿sería eficaz para los ciudadanos?, ¿es lo que necesitan España, Europa y un mundo globalizado?, ¿multiplicar la diversidad de voces? Bueno, pues esto es a lo que nos llevaría aceptar el derecho a la autodeterminación disfrazado de «derecho a decidir». Volvamos de nuevo a la esfera internacional y recordemos lo que decía, en este sentido, el secretario general de las Naciones Unidas, Boutros-Gali en 1992 (citado por S. Dion, 1995:78): «Si cada uno de los grupos étnicos, religiosos o lingüísticos aspirase al estatuto de Estado, la fragmentación no conocería límites y la paz, la seguridad y el progreso económico para todos se volvería cada vez más difícil de asegurar».

El derecho a la autodeterminación hoy figura en países como Etiopía y dos islas antillanas (San Cristóbal y Nevis) que comparten Estado. ¿Son estos los modelos de estados modernos que los nacionalistas quieren para España? España es ya respetuosa con el derecho a la libre determinación, tal como lo reconocen las resoluciones de la ONU, de hecho los españoles ya lo han ejercido colectivamente al dotarse de un régimen constitucional que admite el derecho a la autonomía de las comunidades que se constituyan. Otra cosa es el supuesto derecho a la secesión de una parte respecto del todo.

Por último, desvirtuemos una falacia más de este supuesto derecho: el que encontraría su fundamento en la propia Unión Europea. Para muestra, un botón: el art. 4.2. del Tratado de la UE señala: «La Unión respetará (…) las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional». Si Cataluña quiere dejar de ser parte de España no puede aferrarse a los derechos que tenía por formar parte del Estado del que voluntariamente se desgaja (A. Mangas: 2013. Ver también capítulo IV de este libro).

¿El derecho a decidir puede afectar solo a los ciudadanos que residen en Cataluña o el País Vasco?

No.

Un presupuesto en el que los movimientos secesionistas tratan de fundamentar la legitimidad de sus pretensiones es el «derecho» de los habitantes de un territorio a decidir su destino sin más condicionantes, equiparando así, de forma un tanto simplista, democracia con derecho de un conjunto limitado de ciudadanos a decidir la forma de gobernarse. Para ello se basan en un presupuesto democrático: no se puede desoír la voz de los ciudadanos. Este planteamiento parece irrebatible a primera vista y de hecho es uno de los argumentos que, como hemos dicho, más pueden convencer, si no se analiza en profundidad, fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, sostener que lo más democrático es que los habitantes de un territorio decidan autónomamente romper el Estado al que pertenecen es claramente una apuesta trufada de trampas y medias verdades.

En primer lugar, se obvia la importante cuestión de que si otorgamos en exclusiva el derecho a decidir la ruptura de un Estado a una parte del mismo estaríamos negando en ese acto el derecho a decidir del resto de los ciudadanos que se ven afectados del mismo modo por esa decisión. En otras palabras: el derecho a decidir que reclaman para ellos solos los movimientos separatistas consiste en no dejar decidir al resto de los compatriotas sobre el futuro político de tal o cual región del país que hasta ahora compartimos todos (F. Savater, 2013:6). En realidad, el derecho a decidir no está en cuestión, lo que se plantearía por los secesionistas sería el derecho a decidir quién decide, es decir, la configuración del demos.

Por otra parte, resulta asimismo claramente antidemocrático el hecho de que sea el propio gobierno catalán (o el vasco) el que decida sobre las características de la comunidad política que deba decidir sobre la secesión, cuando en realidad el conjunto de ciudadanos afectados por esa decisión es más amplio. Imaginemos que el «pueblo» andaluz se arrogara el derecho a decidir en exclusiva sobre la secesión catalana (imponiendo, por ejemplo, su veto), teniendo en cuenta los evidentes efectos que tendrían sobre miles de sus ciudadanos que han emigrado o tienen familia en Cataluña. ¿Quién podría negárselo si aceptamos un derecho a decidir fraccionado y en función de intereses particulares?

En un acto organizado por el diario El País en Barcelona sobre la relación Cataluña-España (El País, 16 de diciembre de 2012), el expresidente del Gobierno Felipe González defendió algo obvio: que el que los catalanes se vayan de España afecta a todos los españoles, no solo a los catalanes. González lo tenía claro: «Si alguna vez decidís», le dijo a Pujol, «yo quiero votar». De hecho, son al menos cuatro las razones que justifican que cualquier referéndum o consulta que afecte a cuestiones esenciales relativas a la organización o forma del gobierno se deba celebrar en todo el territorio:

—  Razones jurídicas: la Constitución, refrendada por el pueblo español por amplia mayoría (incluidos los ciudadanos catalanes), dice lo que dice; en concreto, que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos» (arts. 1.2, 2, 92 y 149.1.32.ª)

—  Razones políticas: el demos español incluye al demos catalán desde hace siglos, por lo que no es posible hablar de una decisión democrática del demos catalán que no afecte y condicione al demos español, el cual lógicamente debe ser asimismo consultado en lo que le atañe.

—  Razones sociológicas: hoy en día, tras siglos de convivencia, intercambio y mezcla social y familiar, resulta materialmente imposible identificar a un supuesto «pueblo» catalán o vasco, pues personas de antecedentes vascos o catalanes viven tanto o más en el resto de España que en esos territorios. La mezcla es la característica española.

—  Razones de moralidad pública: negar a una parte de los españoles el derecho a opinar/decidir sobre el futuro del Estado que llevan construyendo desde hace siglos, y democráticamente al menos desde hace treinta y cinco años, sería discriminatorio e inmoral (A. Espada, 2013).

El supuesto derecho a decidir implicaría que quienes en Cataluña o el País Vasco decidieran continuar siendo españoles debieran dejar de serlo de la forma en la que lo han venido siendo hasta ahora. Por tanto, ese derecho a decidir significaría no solo decidir por uno, sino decidir por terceros que tienen un criterio diferente en algo tan sustancial como es la nacionalidad. Por ello tampoco servirían aquí las reglas ordinarias de las mayorías democráticas, ya que se trata de modificar el estatus de derechos fundamentales; lo mismo pasaría si se pretendiera ahora «decidir» el nivel de protección que hemos aceptado sobre la vida de las personas (como la pena de muerte), la igualdad de género o cosas parecidas, si se pretendiera volver a «estándares» medievales. La interpretación histórica que da soporte a las pretensiones nacionalistas adopta parecida flecha del tiempo.

En conclusión, en democracia el derecho a decidir ya existe, no hay que crearlo «de nueva planta». La cuestión nada baladí es que ese derecho a decidir pertenece a todos los ciudadanos españoles y no solo a una parte de ellos.

¿Los propios partidos secesionistas pueden decidir quién es el pueblo catalán o vasco?

No.

«We, the people», sí, pero ¿quién decide quién es el pueblo en el caso de un proceso secesionista dentro de un Estado que ha convivido con profundos flujos migratorios internos a lo largo de más de cinco siglos? Decía Sir W. Ivor Jennings, el gran constitucionalista británico, a propósito del derecho de autodeterminación en la primera postguerra europea: «Superficialmente parece razonable: dejemos al pueblo decidir. De hecho, era ridículo, porque el pueblo no puede decidir hasta que alguien decide quién es el pueblo». En efecto, el decidir los contornos y límites del concepto «nosotros» en contraposición al de «ellos» no es tarea fácil ni exenta de trampas ideológicas o emocionales interesadas y partidistas.

Resulta obvio que para una gran parte de los nacionalistas el contenido del «pueblo» vasco o catalán coincide miméticamente con las personas que comparten al cien por cien sus objetivos secesionistas, pasando el resto (con independencia de donde hayan nacido o su tipo de sangre) a ser considerados traidores, hijos bastardos, o meros sujetos incultos que deben elegir entre ser convencidos y sometidos o abandonar el territorio que les ha visto nacer [ver, en este sentido, las contribuciones del libro de Jesús María Osés (dir.) 2001, Diez palabras claves sobre el nacionalismo, especialmente: Juan Olabarría «Identidad», pp. 15-70; María Cruz Mina «Ciudadanía», pp. 71-110; Jesús María Osés «Romanticismo», pp. 111-150; Mikel Azurmendi, «Pueblo» pp. 217-272; Carlos Martínez Gorriarán, «Lengua», pp. 377-408]. En este sentido hemos asistido a propuestas de todo tipo: los vascos serían los que cuentan con un número determinado de apellidos de una tipología concreta (ocho, por ejemplo), o recurriendo a otras consideraciones más discutibles de tipo racista (un determinado RH en la sangre)

También se ha acudido a variar caprichosamente el criterio de la edad: el pueblo sería los ciudadanos y las ciudadanas que residen en Cataluña «a partir de los dieciséis años». ¿Por qué no, ya puestos, a partir de la edad preescolar? Se trata aparentemente de elegir la propuesta que permita un resultado más cercano a las apetencias de los secesionistas, desoyendo cualquier otro criterio, incluido lo que se entiende normalmente por mayoría de edad, «por si acaso…». No se habla de los vascos o catalanes que residen fuera del País Vasco o Cataluña (en el resto de España o fuera de ella), como si estos, debido a su traición o la necesidad de buscar trabajo fuera, ya no formaran parte del «pueblo». Tampoco lo serían quienes, aunque hayan vivido largos años en el País Vasco o Cataluña por cualquier razón, ya no lo hagan, aunque mantengan estrechos lazos familiares y emocionales con ese territorio. ¿Un nieto de españoles puede pedir la nacionalidad española y un nieto de catalanes no puede votar sobre el destino de la tierra de sus abuelos? Pero incluso con los mismos criterios que defienden los secesionistas podemos llevarnos sorpresas respecto a la verdadera «entidad singular» del pueblo vasco o catalán. Así, como ha demostrado el profesor José V. Rodríguez Mora, si estudiamos la guía telefónica de Madrid y Barcelona, veremos que el peso de los distintos apellidos es similar. Por no hablar de las familias que falsean sus raíces castellanas, eliminando apellidos de su árbol genealógico o simplemente «escondiéndolos» con un guion seguido o precedido de otro apellido «más de la tierra».

Pero es más, el ideal ciudadano moderno lleva a que resulte imposible hablar de grupos con derecho a la propiedad de partes segregadas del territorio de un Estado, pues esa base fáctica es un proindiviso, donde todo es de todos, sin que nada sea de nadie en particular; no estamos ante una sociedad anónima o un contrato entre partes o entre pueblos; uno puede marcharse del territorio pero «no irse con lo suyo» (F. Ovejero, 2013:26). A fin de cuentas, el nacionalismo, como señala F. Savater en el «Prólogo» a este libro, «convierte a los ciudadanos en meros nativos (aunque sean de adopción)».

En conclusión, definir el conjunto electoral de un supuesto derecho a decidir no es tan fácil como a veces, ingenua o maliciosamente, se cree. Lo cual resulta lógico, pues en un Estado-nación con más de quinientos años de historia las personas, independientemente de su origen, no han estado quietas: se han movido, ha establecido lazos familiares con otros grupos, han tenido hijos que a su vez han hecho lo mismo, etc… Por tanto, bien pudiera ocurrir que después de todo este embrollo identificar quién es el pueblo catalán o vasco y quién no, resultara a la postre una tarea imposible.

¿El proceso secesionista es la consecuencia de la falta de generosidad «federalizante» del sistema constitucional español?

Es todo lo contrario.

Los procesos secesionistas catalán y vasco se producen dentro de uno de los sistemas más descentralizados del mundo, claramente mayor por ejemplo que el británico (caso escocés) o incluso que el canadiense (caso quebequés). Es más, las consecuencias de esta estrategia rupturista van a ser muy probablemente contrarias a las esperadas, ya que la mayoría de los estados volverán con seguridad (ya lo están haciendo) a posturas más centralizadoras ante el fracaso del modelo «autonómico» español basado en hacer constantes concesiones. En este sentido, los grupos secesionistas catalanes y vascos, con su cortedad de miras, se convertirían a la postre en los mayores enemigos de las regiones que opten a mayores cuotas de descentralización en otros lares del mundo. Esto mismo sucedió en Canadá cuando el ejemplo de Quebec acabó planteando que la Federación canadiense corría el riesgo de fracasar por una sobredosis de descentralización y tolerancia, lo que se convertiría en un fácil pretexto de todos los partidarios del mundo de la línea dura frente a las aspiraciones de las minorías (S. Dion,1995:47).

Tampoco, contra lo que superficialmente se afirma, ha sido el «café para todos» la causa de esta deriva. Primero, porque, como ya hemos visto, la causa primera del café para todos no se encuentra en la Constitución, sino en la previa decisión, sobre todo de los nacionalistas catalanes, de oponerse a la rehabilitación del régimen autonómico conseguido en la República. Esta era la idea originaria de los constituyentes que hubiera acabado con el debate, pero fueron precisamente las aspiraciones insaciables de los nacionalistas lo que lo hicieron imposible, al pretender conseguir un régimen más ambicioso que el republicano, sobre todo en materia de política educativa, un instrumento imprescindible, pensaban ellos, para cambiar la sociedad. Y la cambiaron, vaya si la cambiaron.

Pero, por otra parte, no existe ningún régimen federal en el que queden justificadas mayores concesiones de competencias a unas regiones sobre otras, que no se fundamenten en hechos objetivos y no interpretativos o emocionales. Y ello por una simple razón: lo que se presenta como positivo para un territorio difícilmente va a ser aceptado por el resto que solo lo adquieran unos pocos. Por ejemplo, en Canadá, por recurrir al supuesto que más se cita, la propia provincia de Quebec aceptó la Declaración de Calgary, que parte del principio de igualdad entre todas las provincias (así se llama allí a las regiones), reconociendo al mismo tiempo el carácter singular de Quebec, pero debido «únicamente» a la lengua francesa, la cultura a ella aparejada y un derecho civil particular. De esta manera se combinan unidad y diversidad, prohibiendo al mismo tiempo ningún tipo de privilegio, ya que ello iría en contra precisamente de la esencia federal fundamentada en el principio de la ayuda mutua (S. Dion, 1995: 261-265). Como resultado: el cupo vasco sería inviable en Canadá.

Tanto los hechos como las palabras (pronunciadas, eso sí, en sus territorios y no en Madrid) de los partidos nacionalistas presuntamente moderados muestran claramente que nunca creyeron en el Título VIII de la Constitución, constituyendo para ellos el Estado de las Autonomías, por muchas concesiones que recibieran (incluido el sistema de concierto fiscal en su caso), una mera plataforma e instrumento para alcanzar su auténtico objetivo político desde el principio: la independencia (Cfr. R. Blanco Valdés, 2012:336). Cabe concluir, por tanto, que los más opuestos estos años al espíritu de lo que el federalismo significa han sido los propios grupos nacionalistas, por lo que caer en su trampa argumental solo puede ser cosa, bien de una derecha todavía acomplejada por parte de su pasado, o bien de una izquierda ingenua o simplemente intelectualmente «zombi» (ver F. Ovejero Lucas, 2013)

La frágil pátina democrática de la consulta: no hay democracia sin reglas

Cuando se habla de la consulta sobre la secesión como el culmen del principio democrático, en realidad se está confundiendo lo que es y significa la democracia. Por el contrario, como se nos enseña desde Canadá y por un quebequés, la estrategia secesionista encaja mal en sociedades democráticas consolidadas (S. Dion, 2005:13). Es más, la estrategia de la consulta funcionaría como señuelo o cortina de humo para evitar discutir las condiciones y consecuencias de la secesión, las cuales se disfrazarían de fáciles y positivas en todo caso, hurtando cualquier debate que sembrara dudas sobre los efectos de tal decisión traumática que a la postre pudieran resultar perniciosos para la calidad de vida de los ciudadanos.

No obstante, tampoco puede obviarse que son varios los académicos que aun mostrándose en contra de la secesión de Cataluña o de una concepción simplista del derecho a decidir, sí plantean la conveniencia política y la posibilidad jurídica de que el Estado convoque una consulta (Ruiz Soroa, 2010:166-175, Rubio Llorente: 2013, Victoria Camps). De hecho, un país fuerte y seguro de sí mismo no debe tener miedo a la democracia; ahora bien, tampoco puede permitir amenazas, manipulaciones o vivir en el chantaje emocional perpetuo. En este mismo sentido, todos debemos admitir que la democracia está sujeta a reglas que nos damos entre todos, pues, si no fuera así, la democracia correría el riesgo de convertirse en una excusa para acabar con la misma democracia. El propio Tribunal Supremo de Canadá (Re: Secession of Quebec, 1998, 2 S.C.R., 217, p. 75) ya estableció que el principio según el cual un voto mayoritario en una parte del territorio puede superar legítimamente a la Constitución del todo supone malinterpretar la esencia de la democracia constitucional, que es mucho más rica. La cuestión estribaría en las reglas y condiciones a las que debe someterse esa consulta, pues lo relevante de ese «derecho a decidir» no es el contenido sino el cómo (Ruiz Soroa, 2012).

Pues bien, es precisamente el análisis de estas reglas y condiciones el que nos lleva a concluir que una tal consulta puede resultar difícilmente viable a la postre así como contraproducente, en todo caso, para los intereses de los propios secesionistas. Volvamos al caso canadiense para ver con más detenimiento cuáles serían algunas de estas reglas y condiciones.

La necesidad de la voluntad clara I: qué pregunta y qué momento

Una de las condiciones que estableció el Tribunal Supremo canadiense en relación con el referéndum de Quebec fue la necesidad (lógica) de que la voluntad secesionista para producir los efectos traumáticos que pretende dentro de un sistema democrático deba ser una «voluntad clara». Esta claridad constituye «una evaluación cualitativa de una voluntad libre de ambigüedad, tanto en los términos de la pregunta como en la medición de los apoyos que recibe» (Re: Secession of Quebec, 1998, 2 S.C.R., 217, p. 87).

Esta claridad afectaría a dos cuestiones: que la formulación de la pregunta y el momento de la consulta sean determinados de forma objetiva y no interesada o sesgada. La pregunta debería estar por de pronto alejada de toda ambigüedad o de manipulaciones psicológicas y/o emocionales. Resulta obvio que según se formule la pregunta el resultado puede variar en uno u otro sentido, incluso si se formula en términos positivos o negativos. Tampoco se trata de ocultar la realidad bajo formulaciones más o menos retóricas que destaquen exclusivamente los posibles aspectos positivos (ocultando que en una decisión de este porte inevitablemente se producen otras consecuencias negativas, algunas de ellas no inicialmente previstas) o planteando como realidades seguras lo que solo son potencialidades hipotéticas o imaginarias: por ejemplo, que Cataluña o el País Vasco se conviertan en nuevos miembros de la UE.

Por otra parte, la cuestión del momento de la convocatoria es también muy relevante: ¿por qué los movimientos secesionistas no plantearon el derecho a decidir cuando se aprobaron los primeros estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña? La respuesta es fácil: porque sabían que entonces una consulta sobre la independencia hubiera arrastrado (¿curiosamente?) un resultado claramente negativo. Si tomamos el ejemplo de Quebec, este ha sido el caso incluso con preguntas claramente ambiguas y confusas: en 1980 la propuesta fue rechazada por el 60 por ciento de los votantes, y el 1995 (con una fórmula de soberanía todavía más complicada y difusa) fue también rechazada aunque solo fuera por unas décimas. Hasta que, como hemos visto, el Gobierno de Canadá, cansado de esta cascada de referéndums, planteó su conocida pregunta al Tribunal Supremo y se aprobó la «Ley sobre la Claridad»: ya no ha habido más consultas.

Pues bien, la trayectoria del nacionalismo para cambiar la realidad social y permitir que una supuesta mayoría pro-secesionismo pudiera surgir no se ha hecho sin trampas: el establecimiento de una educación ideologizada ensalzadora de un pasado glorioso de cada territorio, unos medios de comunicación y de promoción cultural subvencionados y controlados por el poder local de turno, un discurso machacón de que todos los problemas de Cataluña y el País Vasco provienen de «España», junto a una presión crecientemente agobiante (en ocasiones llegándose a la exclusión social cuando no a la violencia) para que los «españolistas» se marcharan a otro lugar… hablan por sí solos. Resultaría por tanto injusto y discriminatorio premiar esa estrategia. Es más, cabe afirmar que en la actualidad no se da la necesaria «neutralidad institucional» para convocar ningún referéndum. Previamente, habría que establecer unas reglas de juego (incluidas las electorales) justas y equitativas para todos, con igualdad de oportunidades, limitando al mismo tiempo la prensa subvencionada, aumentando la libertad en televisión, una escuela imparcial en el terreno ideológico, etc… Como consecuencia: en el momento presente no se dan las condiciones mínimas de higiene democrática y juego limpio necesarias para una votación de estas características.

La necesidad de la voluntad clara II: hay que conocer previamente las consecuencias de uno u otro resultado

Dado que la cuestión que se consulta tiene tintes traumáticos y es de carácter irreversible —pues no cabe la posibilidad de volver atrás si se comprueba que les habían engañado, que el paraíso no era tal, que el cálculo interesado estaba mal hecho, o que los efectos negativos superan a los positivos—, algo excepcional en democracia, sería necesario en su caso que antes de votar se supiera qué se vota exactamente, esto es, que quedaran establecidas las consecuencias de esa decisión. En otras palabras, parece lógico que antes de plantearse la viabilidad de una posible consulta, debería conocerse con detalle, al menos, la verdad de todos los posibles efectos internos e internacionales que ella tendría (A. Mangas, 2013). Votar a ciegas o bajo planteamientos abstractos e ingenuos de un paraíso feliz que se abriría mágicamente al siguiente día de la votación es lo que pretenden los grupos secesionistas, pero esto supondría falsear la democracia que dicen defender.

Estas consecuencias incluirían la fijación clara de fronteras o la protección de las nuevas minorías, creadas por el efecto de la posible secesión. Así se dice expresamente en el dictamen del Tribunal Supremo canadiense: que el mismo espíritu de apertura que opera sobre la posibilidad de dividir lo que está unido a nivel estatal —Canadá debe operar a nivel regional, Quebec—, con lo que si en la misma consulta se dedujera que existen poblaciones concentradas territorialmente que mostraran claramente su opción de seguir unidas al resto, debería respetarse esa voluntad. Por ejemplo, si la ciudad de Barcelona votara mayoritariamente por permanecer en España, aunque en el total de Cataluña triunfara el secesionismo, debería respetarse asimismo su voluntad; lo mismo ocurriría si parecido resultado se da en una comarca o provincia claramente identificada, como Tarragona. En consecuencia, como destaca el propio Tribunal Supremo de Canadá, este proceso negociador necesario puede que resulte a la postre negativo para los propios secesionistas, armados a menudo de datos parciales o interpretados en una sola dirección. Ello podría derivar en hacer de la consulta un acto contraproducente para todos o simplemente imposible, no por problemas jurídicos sino por sus consecuencias indeseables para el interés de los propios ciudadanos.

Por otra parte, los que defienden la consulta la suelen plantear bajo unos principios diferentes según se trate de la «suya» o la «de otros». Por ejemplo, cuando, apelando al principio de protección de las minorías, se reclama un derecho a la secesión para el pueblo catalán o vasco pero no se acepta el mismo principio para grupos «culturalmente» identificados dentro del propio ámbito catalán o vasco. Es decir, según «sus» reglas se podría dividir España, un país jurídica y políticamente reconocible durante siglos, pero no Cataluña o el País Vasco. O que se prefiera defender los derechos de las minorías religiosas que los de las lingüísticas. Esta es una de las consecuencias perversas de que las reglas del juego las pueda decidir por su cuenta el equipo que plantea precisamente la ruptura.

La necesidad de una mayoría clara

La regla de la voluntad clara lleva también a la necesidad de exigir un porcentaje de votos positivos a la secesión cualificado, no bastando a estos efectos la regla de la mayoría simple. Las razones son varias: supone una decisión traumática, se quiebra el marco de convivencia que ha venido funcionando en los últimos siglos y refrendado por referéndum de todos los españoles en 1978, es una decisión que romperá también familias causando posibles flujos de nuevas migraciones hacia el resto de España… En definitiva, se trata de una decisión (no se insistirá nunca lo suficiente) en la que no se puede correr el riesgo de equivocarse, por lo que no basta disponer de una mayoría simple para darla por buena.

Ello llevó al TS de Canadá a plantear requisitos reforzados tanto de participación como de votos positivos. Con estos requisitos el referéndum de ratificación del último Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006 (objeto de tanta controversia) no hubiera sido válido, por ejemplo. Pero incluso aquí cabe defender un «estatus» especial reforzado para España, pues en el caso de Canadá se trata de un país de reciente creación en un proceso paulatino de acumulación de colonias (desde 1867 a 1931), cuya autonomía del Estado británico se produjo solo en el Estatuto de Westminster de 1931 y todavía más recientemente por el Acta de Constitución de Canadá de 1982, con dos áreas lingüísticas claramente diferenciadas provenientes ambas de conjuntos de poblaciones llegadas de otros países lejanos. Por el contrario, en el supuesto de España se trata de un territorio cuyo origen se pierde en los tiempos remotos, donde ha habido una continuidad en la sucesión e incorporación de poblaciones y donde la mezcla e intercambios sociales han sido profundos y mantenidos a lo largo de los años. Por tanto, el «caso español» requeriría en su caso un tratamiento singular, no solo por lo que dice su Constitución, sino porque los costes sociales, psicológicos y políticos serían mayores, sin perjuicio de que pueda ser imitado en el futuro por otros estados de características similares, por ejemplo, dentro de la propia Unión Europea.

Conclusión: la consulta que España necesita es otra

Hemos analizado la virtualidad real del derecho a decidir afrontando todas sus dificultades y problemas que a menudo se ocultan y desvirtuando algunos aprioris del discurso secesionista. La conclusión es que tal como se plantea por los grupos nacionalistas, el derecho a decidir resulta una falacia y un engaño. De hecho, el derecho a decidir ya existe, solo que pertenece a todos los ciudadanos y no resulta jurídica ni políticamente fraccionable. Pero es más, si entramos a analizar las condiciones y requisitos que la propia democracia exigiría para una tal consulta, vemos que resultaría en la práctica inviable.

Por otra parte, focalizando nuestra atención en cómo puede romperse España se están desviando nuestros esfuerzos de lo que realmente interesa hoy, y mucho más cara al futuro, a la propia España, pero también y sobre todo a una Europa en crisis, con ya demasiadas voces, y a un mundo globalizado a la permanente búsqueda de una organización más justa y eficaz; esto es, cómo mantener la unidad de estados formados por poblaciones diferentes que, a fin de cuentas, constituyen el 86 por ciento de los estados reconocidos por la ONU (S. Dion, 1995:43); mucho más en el caso de los estados que más tiempo histórico presentan a sus espaldas con fronteras consolidadas. La consulta que necesita España no es la que de forma parcial y sesgada plantean los partidos secesionistas, sino otra, que plantease las cuestiones fundamentales que deban ser objeto de reforma constitucional para mejorar el funcionamiento de nuestro Estado y ponerlo a la altura de las exigencias del siglo XXI. En un referéndum de tal factura la pregunta sobre la posibilidad y mecanismo para que una región española se constituyera en un Estado independiente podría figurar junto a otras: si se debe mejorar el sistema de división de poderes, la lucha contra la corrupción o simplificar y racionalizar el Estado autonómico…, y luego que el pueblo soberano español decida lo que considera fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y asegurar el futuro de sus hijos y nietos.

IV

LOS COSTES DE ROMPER ESPAÑA

1.   LOS COSTES ECONÓMICOS
DE UNA POSIBLE RUPTURA

JOSÉ V. RODRÍGUEZ MORA

España, una realidad política y social durante al menos quinientos años, vive un peligro real de disgregación. Es indudable que grupos significativos de la población del País Vasco y Cataluña desean romper los vínculos de solidaridad y ciudadanía que les unen con el resto de los españoles. Un deseo que expresan permanentemente y con inusitada vehemencia. Está por ver la extensión de este deseo (y si es, o no, una actitud mayoritaria en estas comunidades), pero no cabe ninguna duda de que el apoyo hacia las posiciones de ruptura y separación ha aumentado enormemente en el curso de los últimos cinco años.

En Cataluña, donde la situación está más exacerbada, la defensa de este nacionalismo (radical y enemigo de encontrar espacios comunes) era hace apenas un lustro una excentricidad. Los defensores de estas posturas (que los había, y en posiciones de poder) raramente expresaban en público su deseo de ruptura. Hoy, sin embargo, lo proclaman a los cuatro vientos, aunque usen aún algún eufemismo que otro; y lo hacen sin ningún rubor. Aunque parezca sorprendente, parece que incluso con orgullo. Para defender esta postura disfrutan de casi un monopolio en los medios de comunicación catalanes. Desde púlpitos mediáticos, a menudo generosamente regados por el erario público, no solo se apoya al gobierno de la Generalidad en su salto hacia la independencia, no. También se le arenga y se le insta. Se les dice y se les repite a los catalanes, de forma machacona, la buena nueva: la independencia será una fiesta.

El problema es España (con lo que quieren decir, el resto de España). Si nos libramos de ella, se acabarán nuestros problemas. Tras la independencia se vivirá mejor. ¡Tú vivirás mejor! Y no un poco mejor. ¡Muchísimo mejor!

Ser independientes, dicen, para vivir mejor. Nos dicen que esto de la independencia no se desea por cuestiones sentimentales, no. Es porque a los catalanes les conviene. El independentismo, nos dicen, es moderno. Es económico, no sentimental. Existe, porque es lo que les conviene a los catalanes. Por eficiencia incluso.

Y nos lo cuentan como si eso de lo sentimental no fuese con ellos. Eso de emocionarse por el color de la bandera; o de llorar cuando suena el himno. No, eso no va con ellos. Es dinero, dinero, dinero... dicen.

De hecho, en el contexto de crisis y de recortes este discurso ha dado para mucho. No es exagerado decir que la presunta bonanza económica que traería consigo la independencia se ha convertido en el punto central del argumentario independentista. Cuando las cosas van mal, es bueno encontrar un chivo expiatorio, y parece que al resto de los españoles les ha tocado vestir el San Benito. Son la causa de los males de los catalanes. O eso es lo que propagandistas y agitadores susurran en el oído de los catalanes. Que la independencia será una fiesta.

Y no. No lo será. Mienten. El guion no es de comedia, es de drama. Esperemos que al final las aguas se encaucen, y esto acabe en poco más que un susto, pero hay serios motivos de preocupación si este sinsentido tira adelante. Las razones por las que el asunto debería ser preocupante son sencillas y fáciles de entender.

Uno de los hechos más sorprendentes de todo este asunto es la inacción de los poderes del Estado en la batalla de las ideas. La posición del Estado debería ser fuerte y contundente, porque está cargado de razones. La lógica, la economía, el sentido común, la legalidad y la ética caen todas del lado de mantener nuestros lazos de unión. El Estado debería ser capaz de convencer a los ciudadanos del País Vasco y Cataluña de que, sin duda alguna, lo correcto es mantener nuestros vínculos con el resto de españoles. Y no solo porque es lo éticamente decente, que lo es. Ni porque es lo estéticamente correcto, porque lo contrario es una vuelta al etnicismo castizo cutre y majadero que nos atenazó en el pasado. No, es que, además, es lo mejor para catalanes y vascos desde un punto de vista puramente egoísta.

Las supuestas razones económicas de la independencia son una mezcla de falsedades y medias verdades, sazonadas por estereotipos cutres y anticuados. Su argumentación carece de lógica o método. Se fundamenta en mitos fabricados y repetidos. Una y otra vez desde púlpitos mediáticos afines. En esta industria del mentir participan desde académicos de prestigio hasta gente de la farándula, pasando por una infinidad de periodistas de tres al cuarto. Todo regado, y generosamente, por el erario público.

En este libro exponemos la falsedad de su formulación y repasaremos de forma ordenada los costes económicos de la ruptura de España. Miraremos primero por qué el principal argumento económico proindependencia es fraudulento de raíz, producto de una actitud intelectual pobre y de una actitud ética en bancarrota. A continuación exploraremos algunos posibles escenarios tras una hipotética ruptura de los lazos que nos unen. Estudiaremos preguntas del tipo: ¿Es concebible una salida de la Unión Europea? ¿Qué moneda tendrían Cataluña o el País Vasco tras su independencia? En tercer lugar miraremos el valor de lo que quieren romper. ¿Qué valor tienen los lazos de unión entre los que a día de hoy somos conciudadanos? Concluiremos preguntándonos si, después de todo, no va a resultar que los propagandistas del odio desean la independencia por motivos que nada tienen que ver con lo económico. Nos preguntaremos si es razonable pensar que esos expertos que peroran de las grandes ventajas de la independencia pueden estar cegados por las pasiones. O quizá, vete tú a saber, simplemente mientan.

La territorialización de la actividad pública

El principal argumento de los partidarios de la independencia de Cataluña, a juzgar por la insistencia con la que hablan del tema, es lo que ellos llaman el «expolio fiscal». En vernáculo, «Espanya ens roba».

La argumentación no podría ser más simple. Sale más dinero hacia el resto de España del que entra, luego nos roban. En parte porque son gandules, en parte porque son chorizos, pero los españoles nos roban. Luego, «in-inde-independencia».

Hasta aquí el profundo discurso económico de los economistas con chaquetas de colores: «Hoy pagamos, tras la independencia no; luego con la independencia ganamos». Ya está. No hay más. No hacen falta muchos doctorados para esto. España como el pariente gandul que vive de tus esfuerzos. Es un argumento similar al «Roma ladrona» de la Liga Norte italiana (perdón, padana). Un argumento cargado de estereotipos y lleno de prejuicios que cubre de mentiras una verdad obvia y casi inocente.

Empecemos por los hechos. Sí, es cierto que existe un flujo fiscal neto desde Cataluña hacia el resto de España. En los números hay mucho ruido, y en la forma de presentarlos, muchísimo teatro; pero que el saldo fiscal de Cataluña es sustancialmente negativo no es debatible. Los números oscilan entre un 6 por ciento usando la metodología de «flujo-beneficio» al 8-9 por ciento usando el llamado «flujo-costes». La primera imputa como beneficio para un ciudadano catalán la parte alícuota de los gastos efectuados en su beneficio fuera de Cataluña, como el ejército, el Tribunal Supremo, las embajadas, etc. La metodología del «flujo de costes» contabiliza solo los gastos en Cataluña, no los que son en beneficio de sus ciudadanos. Aunque si nuestra intención fuera medir quién paga y quién cobra, sería palpablemente más razonable usar la primera que la segunda definición, el gobierno de la Generalidad y sus acólitos usan en exclusiva la segunda. Sin duda, porque implica mayores salidas netas desde Cataluña.

En todo caso, es muy interesante observar que este argumento fiscal no se oye nunca en boca de un nacionalista vasco, debido a que la peculiaridad inexplicable del cupo vasco hace que este argumento en boca de un señor de Bildu tendría hasta gracia. En España eso de la redistribución no pasa en todas partes. La gran rareza fiscal de España es que algunos ricos no tienen por qué repartir su bienestar con los demás. No todos, solo algunos. Los que viven en el País Vasco o Navarra. De acuerdo con el Instituto de Estudios Fiscales, la transferencia neta desde el País Vasco al resto de España en el año 2005 es del 0,6 por ciento del PIB vasco, estimada bajo la metodología del «flujo-beneficio», lo que representaba 16 euros por habitante. Para hacernos una idea, Cataluña y Madrid (ambas comunidades sustancialmente más pobres que el País Vasco) pagaban respectivamente 155 y 240 euros netos por habitante. Independientemente de si la metodología correcta es la de «flujo-beneficio» o la de «flujo-costes», lo que es claro es que el País Vasco está completamente fuera del sistema redistributivo de rentas que los españoles se han dado a sí mismos. Siendo (relativamente) ricos, los ciudadanos del País Vasco no comparten su relativo bienestar con ciudadanos de otras partes de España, mientras que los ciudadanos de otras comunidades autónomas sí lo hacen. De hecho, lo hacen los ciudadanos de todas las otra comunidades autónomas excepto, claro, Navarra. Por este motivo el debate de los efectos económicos de la independencia es muy distinto en Cataluña o en el País Vasco. Y por este motivo la pregunta razonable no debería ser por qué Cataluña contribuye, sino por qué el País Vasco no lo hace. Por desgracia, no es la pregunta que nos hacemos.

Muy bien. Existe una salida neta desde Cataluña. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? Si es porque el Estado español (malo, malo, malo) explota y oprime al pobre y esforzado pagès catalán. O si es por alguna otra razón. Quizá más pueril y menos malévola.

Veamos, el Estado tiene una importante participación en la economía. El objetivo de tal intervención es, no en pequeña medida, aminorar las diferencias entre los ciudadanos. Esto es, asegurar que los que peor viven no vivan tan mal. Que la arbitrariedad del dónde y de quién nacimos no determine nuestro devenir con la misma rotundidad con la que lo haría si el Estado no corrigiese las desigualdades de salida. No es poca cosa. Se llama Estado del bienestar. Socialdemocracia dicen algunos, democracia cristiana otros, estados modernos aún otros. Una consecuencia obvia de esto es que si la distribución territorial de la renta no es uniforme necesariamente tiene que haber áreas que sean contribuyentes netas al fondo común (las más ricas), y otras que sean receptoras netas (las más pobres).

Y, mira tú por dónde, que eso es precisamente lo que pasa en España. Que hay redistribución, y como el área geográfica determinada por Cataluña está habitada por ciudadanos que en términos medios son relativamente ricos, en términos medios son ciudadanos que pagan más que cobran del fondo común. Mientras que, como los ciudadanos del área geográfica determinada por Extremadura son en términos medios relativamente pobres, en términos medios ellos cobran más que pagan. Ojo al «en términos medios». ¡Por supuesto que hay extremeños que son contribuyentes netos, y catalanes que son receptores brutos!

Pero es que es más divertido. No es solo eso, sino que además ni en Cataluña ni en Extremadura la distribución de la renta es homogénea desde el punto de vista territorial. Hay áreas geográficas de Cataluña que en su conjunto son receptoras netas, como (probablemente) las zonas agrícolas, o el cinturón de Barcelona. Y también hay necesariamente zonas de Extremadura que son contribuyentes netas: allí donde viven los extremeños más ricos.

Fíjense que el argumento de las balanzas fiscales es simplemente elegir una parte de la población que está dentro y otra que está fuera. Lo del expolio fiscal no es más que dar cuerpo de una cierta manera al pronombre «nosotros». Lo que quieren decir es que consideran que hay unos señores, los «catalanes», que por algún motivo se constituyen en el sujeto político válido. Son los que tienen derecho a asegurarse «conmigo» contra las vicisitudes de la vida. Si se pertenece al grupo, es correcto redistribuir. Si no se pertenece al grupo, no es correcto. No dicen (o no dicen aún) «els pobres de Catalunya ens roben». Ni siquiera dicen, aún, «Santa Coloma de Gramanet ens roba». Dicen «Espanya ens roba», queriendo decir: «El-resto-de-Espanya ens roba». «Ellos» no son parte del grupo. No son parte de «nosotros». No tienen los mismos derechos de conciudadanía que tenemos «nosotros».

¿Y por qué no? Pues... y aquí empieza a ponerse la cosa complicada. Empiezan a balbucear. Que si la historia; y se nos han olvidado los últimos quinientos años juntos. Que si la cultura; y Dios sabrá lo que se quiere decir con eso. Que si la lengua; aunque el 60 por ciento de «nosotros» tenga el castellano como lengua materna y a día de hoy el cien por cien lo hablen... y, en todo caso, ¿qué puede tener que ver la lengua en todo esto? ¿Por qué la lengua y no, por ejemplo, el color de ojos o si se habla con frenillo?

Cuando se quedan sin palabras, siempre te dicen que ¿y por qué no redistribuir con África (o Marruecos, o algún otro país relativamente pobre)? Pues porque, desgraciadamente, aún no se puede. Porque gente como ellos hace que sea difícil, imposible, soñar con uniones de ciudadanos mucho mayores de las que tenemos. De hecho, lo mejor que tenemos es nuestra aspiración de una Europa de ciudadanos iguales. Un camino frenado por mezquindades nacionalistas. Por mucho que se les llene la boca cuando hablan de Europa, los nacionalistas de la periferia española parecen no darse cuenta de que el camino de Europa es precisamente el contrario al que ellos quieren tomar.

Raramente dicen lo que en realidad piensan. Su motivo es que «nosotros» (léase aquí «catalanes» o «vascos») somos mejores. Porque esos «españoles» son gandules, no son honrados. Porque «nosotros» nos gobernaríamos mejor. Porque tenemos un nesequá, un savoirfeure, una belleza interior. ¡«Nosotros» somos fetén!... ¡«Nosotros» somos «nosotros», y tú no! Es el argumento de los economistas de chaquetas de colores, ejemplo lustroso de lógica cartesiana.

Para que pudiésemos empezar a hablar del tema, lo que tendrían que argumentar, y no argumentan, es que los catalanes están discriminados. No que redistribuyen. Y eso es algo muy difícil de argumentar. Cataluña paga mucho, sí... pero Madrid más. No porque esté aún más discriminada, sino porque es aún más rica. A veces hablan de que el problema es que el sistema de financiación autonómica cambia el ranking de bienestar de las comunidades. Pero eso es otra vacuidad. El ranking ¿de qué? Siempre habrá algo que cambie. ¿Que hay relativamente más inversiones en Extremadura que en Cataluña? Eso es discriminación. Pero si hay más inversiones en el campo catalán que en la ciudad de Barcelona, eso es «dar estructura al territorio».

De hecho, lo remarcable es que no existe ninguna evidencia razonable (¡ninguna!) de que la exposición a la redistribución territorial sea en España en general, y Cataluña en particular, especialmente estremecedora. Los otros países no parecen redistribuir (territorialmente) menos que España. El que se expone a continuación, obtenido de un artículo de Ángel de la Fuente, así lo demuestra. Muestra que el tratamiento fiscal que Cataluña tiene en España sería lo que Cataluña debería esperar si formase parte de los EE UU (el lugar donde hay más datos a este respecto). Difícilmente puede un nacionalista llorar que le «expolian», y ciertamente debería andarse con cuidado de llorarle eso a un norteamericano. No, la balanza fiscal catalana no es excepcionalmente alta. Aquí lo único excepcional es la balanza fiscal del País Vasco, que es ridículamente baja.

Así pues, la continua perorata de la territorialización pública (del «expolio») es una vacuidad. Si refleja algo, es sobre quien la perora. A veces refleja falta de principios éticos por parte de quien llora por el «expolio», que con una afectada victimización oculta su sentimiento de superioridad para con el interlocutor. A veces, es simple tontería. La de quien no es consciente de que todo lo que está haciendo es declinar «nosotros» de una forma muy concreta. Por último, es también posible que la perorata responda a que quien la repite y repite está simplemente en contra de la redistribución. Habla de beneficios fiscales, pero lo que de verdad le molesta es la transferencia de consumo y bienestar desde unos individuos, los favorecidos, hacia otros, los desfavorecidos. Y no porque crea que el desfavorecido ha realizado más o menos esfuerzo, o ha hecho más o menos méritos, no. Sino por la desdicha o bendición de haber nacido allá o acullá... algo de lo que difícilmente se puede acusar a nadie. Nacer en el sitio equivocado.

Difícilmente a esto se le puede llamar progresista. Se trata de disminuir la redistribución entre los individuos que a día de hoy son conciudadanos. Si es usted conservador, pues bien, puede ser que este tipo de política le vaya a usted bien. Ahora, no puede usted decir al mismo tiempo que favorece esta política y que es usted progresista. No se puede ser independentista y de izquierdas.

Pero que no se nos entienda mal. Bien puede ser cierto que la Generalidad está mal financiada. La LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) es una barbaridad, y una barbaridad compleja. De hecho, el sistema impositivo español es absurdo y de una impracticalidad pasmosa. Produce peleas eternas entre CCAA y el Estado, y entre ellas. Además, exige renegociaciones continuas que son un sinvivir, y dan alas a los partidarios de la separación. Es posible que algunas comunidades tengan problemas reales para equiparar sus obligaciones de gasto con sus disponibilidades de ingresos. Pero aquí lo importante es señalar que es el mismo sistema para todas. La misma ley para todas; para Cataluña, igual que para la Comunidad Valenciana o Madrid. Bueno, para todas todas, no. Porque el sistema tiene la rareza adicional de excluir al País Vasco y Navarra, lo cual no redime su impracticalidad, sino que la empeora.

Además, hay que remarcar que el sistema actual fue una imposición de los nacionalistas catalanes del tripartito al gobierno del señor Zapatero; y que el sistema anterior fue una imposición de los nacionalistas catalanes de Convergencia al gobierno del señor Aznar. Parece que ellos imponen el sistema, y después no les gusta. Una y otra vez. Quizá uno tenga que pensar que a ellos lo que no les gusta es la redistribución. De hecho, a veces cuando hablan da la sensación de que creen que Franco era catalanista, porque con Franco no había «expolio» fiscal. Es, al parecer, un invento de la democracia. Con esa dichosa manía de tratarnos a todos igual, y querer distribuir.

Parece razonable desear un cambio en la LOFCA. Un cambio radical. Hay mucho donde cambiar, pero casi en la dirección contraria de por donde esta gente quiere ir. Se trataría de que el País Vasco fuera tratado menos como un ente seudofeudal y más como parte de un Estado federal moderno.

Fíjense que la obsesión nacionalista en territorializar acaba justo en sus fronteras. Las balanzas fiscales no se publican en casi ningún sitio. No sé si se han dado ustedes cuenta, pero no se ha visto nunca en la discusión las balanzas fiscales de Francia o de Italia. No, y no se han visto, porque al gobierno francés o italiano le crearía un montón de problemas. Porque territorializar el debate fiscal es generar crispación.

Aunque a veces lo parezca, la mezquindad geográfica, lo del terruño y el mío-mío, no es un vicio exclusivamente español. En todos los países con variación geográfica importante en el nivel de renta publicar las dichosas balanzas fiscales sería caldo de cultivo de problemas. Por eso no las publican. Existen para Estados Unidos (donde el papel del Estado es limitado), se ven algunas alemanas, pero oscuras y difíciles de entender; igual que las canadienses. Los demás países, esencialmente nada. Por algo será. De hecho, les garantizo a ustedes que si un día (Dios no lo quiera) Cataluña es un país independiente, tendrá un gobierno centralista y centralizado. Será como Francia pero en pequeñito, y como tal será un estado jacobino que no publicará las balanzas fiscales ni por provincias, ni veguerías, ni comarcas. No fuera que los charnegos de Barcelona se enfadasen al darse cuenta de que les estaban pagando una fiesta a los pageses de Olot. Todo y que no es un verbo, hay muchas formas de declinar «nosotros».

Los costes transitorios de la independencia y la teoría de juegos

De un tiempo a esta parte se oye y se repite un argumento pseudoeconomicista que frecuentemente acompaña al del «expolio». Según este argumento una declaración unilateral de independencia no debería tener ninguna consecuencia negativa para las partes que se separan. El motivo sería que ni a España ni a la Unión Europea les conviene castigar a Cataluña o el País Vasco con una expulsión de la Unión (tanto económica como monetaria), luego no lo harán. Que a España no le conviene boicotear productos vascos y catalanes, luego no lo hará. Que a nadie se le ocurriría sacar a Cataluña de Europa, porque el comercio de España con Europa tiene que pasar por Barcelona.

Es el «¡y tú peor!». Si me fastidias, te fastidiarás aún más a ti que a mí. Luego, no me fastidiarás.

Según este argumento, si Cataluña y el País Vasco se declaran unilateralmente independientes, nadie se lo va a impedir, porque sería costoso para quien lo intentase. Y nadie va a intentar perjudicarles expost a la independencia, porque sería un coste para nada. En inglés se diría que «bygones are bygones»... mejor no mirar atrás.

Es un argumento que se usa para todo. No se comerciará menos, porque no conviene. No se impedirá la entrada en Europa, porque no conviene. No se expulsará a Cataluña del sistema europeo de garantías de depósitos bancarios, porque no conviene.

Si uno no piensa, parece un argumento poderoso, hasta casi razonable. Ahora bien, si se pone uno a pensar, y basta un poquito, el argumento se cae a pedazos. Para comenzar, confunde infantilmente «optimalidad» con «equilibrio». Es una confusión demasiado común en Ciencias Sociales, y en particular en Economía y Ciencia Política, sobre todo cuando la practican los profanos. Se trata de creer que si algo es lo mejor, es lo que va a pasar. Porque cómo iba a perder alguien la oportunidad de mejorar.

Ahora, decir que los gobiernos siempre toman la «mejor» decisión es sencillamente absurdo. Primero, un ejemplo de fútbol. Es seguro que al conjunto de la liga española no le conviene que el Barcelona deje la LFP y juegue en la muy competitiva liga catalana. Ahora, a un buen montón de equipos del fútbol español sí que les interesaría que el FCB no estuviese en la Liga Española. El Real Madrid seguro que perdería con la ausencia del gran rival, pero Atlético de Madrid, Sevilla o Valencia podrían aspirar a conseguir esos seguidores que a día de hoy tiene el Barcelona repartidos por la geografía española. Si tenemos que apostar por lo que pasaría, yo apuesto que el Barcelona jugaría en la excitante liga catalana. Al fin y al cabo los países del tamaño de Cataluña juegan sus propias ligas. El Ajax juega la liga holandesa, no la alemana, por muy obvio que sea que se generaría más rentas si cambiase. El resultado (dejar o no al Barcelona en la Liga Española) dependería de lo que votasen Atlético de Madrid y Valencia, y su objetivo no es maximizar los ingresos de la Liga Española, sino maximizar los ingresos del Atlético de Madrid y el Valencia. Algo muy, muy distinto.

Pensemos ahora en un posible veto a la entrada de Cataluña o el País Vasco en Europa. Incluso si fuera cierto que el veto no le convendría a España en su conjunto (lo cual no es obvio, porque existen procesos de aprendizaje y especialización; España puede querer captar muchas industrias que ahora se concentran en Barcelona), es casi evidente que tal expulsión beneficiaría a muchos españoles. Los editores madrileños estarían contentísimos de alejar a la industria editorial catalana; los fabricantes zaragozanos de alejar a las manufacturas catalanas, etc.

Organizados como grupos de presión, no les debería resultar difícil impedir el acceso a la Unión Europea, pues tras la independencia la simpatía en lo que quede de España por catalanes y vascos sería previsiblemente muy escasa.

Y lo mismo se aplica a nivel internacional. Es posible que para el conjunto de la Unión conviniese tener a Cataluña o el País Vasco dentro (al fin y al cabo sería contribuyente neta, con lo que empezaría otro «expolio» la mar de divertido). Ahora bien, quizá al gobierno de Rumanía no le interese que a su minoría húngara le vengan ideas a la cabeza. O quizá sea el gobierno de Italia, o el francés, o el británico, o el chipriota, o el búlgaro, o el belga; todos ellos con minorías potencialmente díscolas. Quizá a alguno de estos países le dé por vetar el acceso a la Unión. Aunque el acceso a la Unión de Cataluña o el País Vasco le conviniese al conjunto (que repito no está ni mucho menos probado), no significa que le interese a todos sus miembros.

Además que, nótese, que lo mismo al alcalde de Marsella (o de Nápoles) se le ocurre que si Barcelona no está en la Unión Europea se puede quedar con un pellizco de los ingresos por turismo que a día de hoy disfruta Barcelona. O quizá quieran convertirse en el puerto de referencia del Mediterráneo a expensas de Barcelona... y hagan una llamadita a su primer ministro.

No, el acceso a la Unión no está en absoluto garantizado. El gobierno de España puede creíblemente comprometerse a que el acceso sería esencialmente imposible, a no ser que hubiese un acuerdo previo y sustancial entre las partes. Como el coste de no llegar a ese acuerdo sería enorme para Cataluña o el País Vasco, bajo ningún concepto les saldría barata la separación.

La sugerencia que hacen algunos de que podrían desinhibirse de la parte alícuota de la deuda del Reino de España que les corresponde se antoja ridícula. Quien tiene el palo en un proceso de negociación hacia la independencia no sería la región díscola, sino el gobierno de España.

No, gratis no va a salir.

Los costes permanentes de la ruptura: la cercanía que perdemos

Los efectos comerciales de una posible independencia son sutiles. Provienen del hecho de que las fricciones al comercio no son solo los aranceles y los costes de transporte. Son mucho más. No todo el mundo comercia con todo el mundo con la misma facilidad. Se comercia más con quien se está físicamente cerca, donde existe un marco regulatorio común, donde se hablan idiomas mutuamente inteligibles, donde hay población emigrada e inmigrada, o donde los consumidores tienen gustos parecidos. Todo lo que dificulta estas relaciones es equivalente a poner fricciones comerciales. Es razonable esperar que si dos economías comparten un Estado tiendan a compartir experiencias comunes. Gustos y regulación se hacen similares, y el comercio entre ellas fluye más. Si, por el contrario, y debido a los motivos que sea, se decide concertada o unilateralmente que se conviertan en dos estados distintos, es previsible que diverjan. Que el conjunto de experiencias comunes disminuya, y con él la facilidad para relacionarse económicamente con el otro lado. Todo esto sin que haya animadversiones, ni boicots, ni nada parecido. El simple devenir de relaciones entre estados cercanos. Incluso entre estados que son «mejores amigos».

A esto se le llama a menudo «efecto frontera», y sus consecuencias se antojan devastadoras. Como explicaremos más adelante, tanto la economías catalana como la vasca están enormemente integradas en la del resto de España. Mucho más de lo que ningún par de países de Europa están integrados entre sí. Las fricciones comerciales entre Cataluña o el País Vasco para con el resto de España son mucho más bajas de las que hay entre cualquier par de países de Europa. Lo razonable es esperar que tras la independencia, si Cataluña o el País Vasco se convierten en países «normales» de la Unión Europea, sus relaciones comerciales (y las fricciones comerciales entre ellos) se vuelvan también «normales». También en relación con Lo-que-quede-de-España. Pero esto implica en la práctica un enorme aumento de las fricciones comerciales a las que se enfrentarían las empresas y los ciudadanos catalanes, vascos y, en menor medida, del resto de España. La consecuencia lógica de esto es una dislocación del comercio, una pérdida de productividad de las empresas y una substancial pérdida de renta y bienestar. Si tras la separación de Cataluña o el País Vasco, estos quedasen excluidos de la Unión Europea, lo razonable es esperar que las fricciones aumentarían incluso más, y por tanto la pérdida de bienestar sería sustancialmente mayor.

Hay dos problemas para medir y cuantificar estos efectos. El primero es determinar cuánto es razonable que aumentarán las fricciones comerciales tras la independencia, y consecuentemente cómo se verá afectado el comercio. El segundo es traducir estos cambios en el comercio a cambios en bienestar y renta.

El objetivo de este capítulo es articular una propuesta para medir estos efectos e implementarlo para el estudio de una eventual disgregación de España; incluyendo una medida de los cambios fiscales que ello conllevaría. Pretende ser una exposición no técnica del tema y accesible a no especialistas.1

Lo que hacemos es medir cuánto perderían Cataluña y el País Vasco por separarse de España bajo distintos escenarios de las fricciones que se generarían, y compararlo con las «ganacias» fiscales que pudiesen tener como consecuencia de la separación. Obviamente, también miraremos los efectos para el conjunto de España.

Nuestros resultados indican que lo previsible es que los costes de la independencia sean substanciales. Para todos. El motivo es que la creación de barreras artificiales dificultaría la actividad económica. Empresas mediocres tendrían mejores oportunidades de supervivencia, y la productividad media disminuiría. La No-España es un paraíso de mediocres.

Perdemos todos. Catalanes y vascos también. Asumiendo que las fricciones comerciales con el resto de España quedasen al mismo nivel que tiene Portugal (el país más cercano a España en términos económicos), a los catalanes la independencia les resultaría en una caída neta de la renta disponible (esto es, contando que ya no aportarían nada al fisco común), que es de más del 3 por ciento del PIB anual. A los vascos la independencia les saldría aún más cara, alrededor del 10 por ciento de su renta.

En el caso catalán, la única forma en que es posible concebir que la renta disponible aumentase con la independencia (otra vez, bajo el supuesto de mantenerse en la Unión Europea) es suponer que la Cataluña independiente se convierte en un anacronismo. Un bicho raro que mantiene una relación de cercanía con el resto de España que es imposible entre países normales. Si sucediese (lo que parece impensable), debería necesariamente ser el reflejo de una profunda anomalía. Para defender que Cataluña puede ganar con la independencia, hay que asumir que tras ella Cataluña será un país marciano.

El País Vasco, ni eso. No hay forma concebible de que pueda ganar con la independencia.

Pero vayamos por partes.

La cercanía con el resto de España

Los partidarios de la independencia tienden a olvidar, o desconocen, que la relación económica entre Cataluña o el País Vasco con el resto de España es enormente más íntima que la que tienen cualquier par de países de la Unión Europea (o del mundo, de hecho) entre ellos. Consecuentemente, es impensable imaginar que tras la independencia no habrán procesos de ajuste de enorme magnitud. La mejor forma de verlo es comparando los patrones de comercio catalán o vasco con los de otros países. Son enormemente diferentes, no solo cualitativamente (quien comercia con quien), sino sobre todo cuantitativamente, pues el nivel de concentración del comercio es enormemente mayor para el País Vasco o Cataluña. En el caso hipotético y, francamente, inimaginable de que sus patrones de comercio no fuesen a cambiar, sería indicativo de que como países independientes Cataluña y el País Vasco serían rarezas. Bichos raros. Reflejaría una anomalía increíblemente excepcional: serían independientes, pero seguirían siendo (en lo comercial al menos), españoles.

Empecemos por ver que tanto el País Vasco como Cataluña comercian mucho, y lo que comercian lo hacen sobre todo con el resto de España, como demuestra el cuadro 1.

Cuadro 1
SOCIOS COMERCIALES DE LA PERIFERIA DE ESPAÑA, 2005

Porcentaje del PIB regional

País Vasco

Cataluña

Exportaciones al resto de España

37,5 por ciento

35,5 por ciento

Importaciones del resto de España

45,00 por ciento

25,20 por ciento

Exportaciones al resto del Mundo

28,50 por ciento

30,40 por ciento

Importaciones del resto del Mundo

27,70 por ciento

36,00 por ciento

Claramente, el resto de España es el principal socio comercial de ambas comunidades. Cataluña concentra muchísimo su comercio con el resto de España, y el País Vasco incluso más. Además, el comercio con el exterior es una parte considerable de la economía de ambos. Distan de ser economías cerradas.

Por ello, lo que pudiese pasar con su comercio exterior debería preocupar a quien desee la independencia... y la figura 1 debería producirle un sudor frío. Muestra un índice de concentración del comercio2 para todos los países de la Unión Europea más el índice que tendrían Cataluña y el País Vasco si fuesen independientes.

Del gráfico aprendemos que si Cataluña o el País Vasco fuesen independientes y mantuviesen los mismos patrones de comercio que tienen en la actualidad, serían el reflejo de una enorme anomalía. Simplemente, no son como los otros países. Ni de lejos. Concentran su comercio muchísimo más que ningún otro país, y lo concentran con alguien bien modesto, lo que queda de España. Nadie, ningún país del mundo, tiene un grado de concentración similar en una economía tan relativamente pequeña. Fíjense que no puede ser por simple aproximación cultural. Incluimos a Austria, que habla alemán como Alemania; o a Bélgica, tan similar a Francia; o a Irlanda, que podría pensarse que es muy cercana al Reino Unido. Y eso que las economías de Alemania, Francia o el Reino Unido son muchísimo más grandes que la de Lo-que-quede-de-España. Debería ser mucho más fácil concentrar su comercio en ellas. Y nadie lo hace tanto como Cataluña o el País Vasco.

Fígura 1

ÍNDICE DE HERFINDAL DE CONCENTRACIÓN DE COMERCIO

Solo queda pensar que el motivo por el que Cataluña y el País Vasco comercian tanto y de forma tan exclusiva con el resto de España tiene que ver con el hecho de que a día de hoy forman parte de España. Que esa es la causa por la que las relaciones personales y económicas entre los ciudadanos del País Vasco y Cataluña con los del resto de España son muy fluidas. Muchísimo más fluidas, muchísimo más intensas y muchísimo más exclusivas que entre los ciudadanos de cualquier par de países de Europa.

Son las relaciones que hay entre ciudadanos del mismo país. Entre personas que comparten cultura y espacios comunes. Que se entienden con facilidad. Que tienen amigos y conocidos en el otro lugar. Puntos de contacto y encuentro.

Las empresas catalanas o vascas no son discriminadas en la adjudicación de contratos públicos en el resto de España, y es de imaginar que hay un equivalente viceversa. Los consumidores extremeños no consideran que un producto vasco sea más ajeno que uno madrileño. Los empresarios catalanes acuden a las mismas ferias comerciales que los del resto de España. Los parámetros de consumo de catalanes y vascos son muy similares a los del resto de los españoles, lo que hace que un empresario que sepa vender a vascos o catalanes... sabrá vender en el resto de España. Un empresario catalán o vasco sabe mejor que uno sueco cómo hacer para que la regulación española le favorezca. A qué puertas hay que llamar, qué mensajes enviar. De hecho, es autoevidente que el regulador español tiene en la cabeza el bienestar de vascos y catalanes (como consumidores, pero también como trabajadores y empresarios), por lo que (solo por eso) es mucho más probable que el regulador sea mucho más sensible a sus intereses. Además, la población fluye entre Cataluña y el País Vasco y el resto de España con mucha más fluidez que con cualquier otro sitio. La mayoría de los catalanes tienen familia directa en el resto de España como consecuencia de los enormes flujos migratorios de los últimos sesenta años. Todo esto conlleva cercanías; espacios comunes; facilidad de intercambio; comercio.

Y nótese. Las empresas catalanas o vascas no comercian muy principalmente con empresas del resto de España porque se las fuerce. Ni por hacerle un favor al resto de España. No. Sencillamente, saben vender y comprar en Madrid mejor que en París; y en Logroño o Zaragoza mejor que en Hendaya o Toulouse. Si ganasen más dinero comprando y vendiendo en Francia, sin duda que lo harían. Las empresas no son ONG, lo que quieren es ganar dinero. Obviamente, ganan más dinero comprando y vendiendo en España que en Francia, o que en cualquier otro sitio. ¿Por qué? Pues por todo lo que hemos dicho con anterioridad: afinidades, espacios comunes, gente que se conoce y entiende. Cercanías.

Obviamente, es de esperar que, en el caso hipotético de que se produjese la independencia, muchas de estas cosas cambiarían. Sería de ilusos esperar que la adjudicación de contratos públicos no se viese afectada. Ni parece razonable imaginar que la actitud de los consumidores del resto de España vis à vis los productos catalanes o vascos se mantendría inalterada. Sería simplemente tonto asumir que la actitud del regulador en Madrid hacia las empresas vascas no vaya a sufrir un cambio radical. Lo razonable es imaginar que esos espacios comunes se achicarán, que los intercambios serán menos comunes. Que en lo económico, como en lo sentimental, hubiera más fricciones. Más distancias.

Sé que hay quien dirá que estas cercanías no tienen por qué cambiar. Que seremos tan amigos. Que no habrá animosidades, y que, por tanto, no habrá boicots, y tan amigos. Cuando dicen esto, el argumento pseudoeconómico que viene a continuación es del tipo: si a una empresa de Zaragoza le vale la pena comerciar con una empresa catalana, tras la independencia lo seguirá haciendo, porque la empresa maña tampoco es una ONG. No funciona por motivos patrióticos, sino comerciales. Si compra en Barcelona, es porque la empresa catalana es la que le vende el mejor producto al mejor precio, y esto no tendría por qué cambiar tras la independencia (dándose por asumida la permanencia en la Unión Europea y el euro). ¿No?

Pues no. ¡Rotundamente no! Lo razonable es esperar que mucho va a cambiar. Para empezar, el entorno. Primero, porque habrá cambios en regulación, y cambios en voluntades y querencias. Segundo, porque los horizontes vitales cambiarán. La empresa de Zaragoza podría tener como cliente al gobierno de su comunidad, que quizá la presionase para comprar a un proveedor local. O la regulación sobre las características del producto en cuestión podría cambiar, y una empresa de Valladolid (que casualmente ha estado hablando con un secretario de Estado) comienza a fabricar un producto que le resulta más conveniente (dada la nueva regulación) a la empresa aragonesa.

Pero quizá no, quizá el empresario de Zaragoza estudió en Barcelona, y tiene amigos allí, y entiende Cataluña, y se entiende con la gente de allá; quién sabe, quizá incluso habla catalán en la intimidad. Ya está a gusto comerciando con catalanes, por mucho que ahora sean extranjeros. Pero su hijo... ¡Ay!, a su hijo no le apetece estudiar en el extranjero. Prefiere ir a Madrid, que los chavales de allí han visto los mismos programas en la tele que él, que con ellos se entiende mejor. Hace amigos allí, y conoce y se entiende con esa gente. Y, en consecuencia, cuando se haga cargo de la empresa, dentro de veinte añitos quizá, será más tendente a comprar en Madrid.

¿Que cómo sé yo que va a pasar esto? Pues porque pasa en todas partes. Porque es lo que pasa entre países normales. Mírese otra vez el gráfico, por favor. Con la independencia y el paso del tiempo las especiales afinidades que a día de hoy hay deben morir... Por los mismos motivos por los que mueren en todas partes.

¿Hay evidencia de estas cosas? ¿Qué hay de la antigua Checoslovaquia? Llegados a este punto, por motivos de difícil discernimiento, los voceros de la independencia siempre hablan de la República Checa y Eslovaquia. Hay quien dice que son la prueba de que la independencia no trae problemas, porque después de la independencia las cosas les fueron bien a los dos, crecieron y comerciaron mucho. Sus afinidades, dicen, no cambiaron.

Vaya por delante que en opinión de quien esto escribe poco podemos aprender nosotros del ejemplo checoslovaco, porque al mismo tiempo que se independizaban el uno del otro a estos países les sucedieron varias cosas interesantes. Se abrieron a la economía mundial y dejaron de ser comunistas.

¡Por supuesto que crecieron unos años tras la independencia! Lo único que esto prueba es que si cruzas el desierto con un yunque, cuando lo sueltas puedes correr más.

En todo caso es ciertamente interesante y quizá informativo que los dos países dejaron de concentrar su comercio en el otro de forma rápida y radical. Eslovaquia, que es el más pequeño de los dos, en 1993 (el año de la independencia) concentraba el 42 por ciento de su comercio con la República Checa, lo que es remarcable, porque la República Checa es una economía muy pequeña en términos absolutos. El índice de Herfindhal de Eslovaquia era, necesariamente, enorme. Cinco años después, en 1998, concentraba en la República Checa menos del 20 por ciento de su comercio, y en 2003 menos del 14 por ciento. Una caída radical y radicalmente rápida. Pero, además, no puede ser achacada al aumento generalizado del comercio con terceros países, porque el porcentaje del comercio con otros antiguos países comunistas incluso aumentó (para Polonia y Hungría, por ejemplo, pasó de un 7 a un 10 por ciento entre 1993 y 1998). Las pautas seguidas por la República Checa son similares. No sé si eran tan raras como lo serían Cataluña o el País Vasco, pero se normalizaron en un periquete. Que es lo que usted debería esperar que le pasase a Cataluña o el País Vasco.

Debo confesar que cuando oigo eso de que nada va a cambiar, me quedo perplejo. Si nada va a cambiar, ¿para qué la independencia? Uno diría que un nacionalista que quiere la independencia querrá poner políticas nacionales. En todo caso, parece correcto imaginar que los que desean la independencia, la desean para tener un país «normal», no un bicho raro. Y es de perogrullo que los países normales no tienen las relaciones comerciales que Cataluña o el País Vasco tienen con el resto de España. Ni concentran su comercio tantísimo, ni tienen con ningún otro país la misma cercanía, la misma ausencia de fricciones comerciales. Decir que lo que se quiere es ser independientes sin que haya cambios en las relaciones comerciales con el exterior, pero un bicho raro... es algo que yo no he oído aún defender a ningún partidario de la independencia. No creo que sea posible, pero incluso si lo es, no creo que sea el objetivo de nadie.

Los voceros de la independencia, incluso entre los supuestamente académicos y educados como el colectivo Wilson, repiten y repiten que van a tener las dos cosas: independencia y cercanía con España. Uno no sabe si es porque desconocen España (esto es, la enorme cercanía con el resto de España), o porque desconocen el resto del mundo (esto es, que entre ningún par de países esta cercanía es ni de lejos similar), o porque entienden estas cosas pero creen en milagros (y quizá tienen acceso a un oráculo y les ha contado la inminencia de uno). El argumento básico de los que hacen propaganda de la independencia (no hay nada que perder) es un argumento al que los datos le dan bofetadas.

Lo que es casi divertido es que cuando predicen cómo será la economía de una Cataluña o un País Vasco independientes los describen como si fuesen una anormalidad, países frikis. Engendros. No comparables a nada existente... y al mismo tiempo dicen que ellos quieren la independencia para ser un país normal. Pues chato, no. O lo uno, o lo otro.

Nosotros vamos a ver qué pasa si sucede lo otro. Esto es, si tras la independencia de Cataluña (o el País Vasco), se convierte en un país normal, no un bicho raro. Obviamente para ello tendremos que hacer un ejercicio contrafactual. De lo que se trata es de encontrar uno razonable que nos permita evaluar qué deberíamos esperar que pase.

Si usted no cree que tras la independencia algo vaya a cambiar, en tal caso usted ya ha hecho su ejercicio contrafactual. Ahora bien, usted debería ser consciente de que cree que el futuro de Cataluña y el País Vasco independientes será el de ser países muy raros. Casi marcianos.

Un modelo de comercio

Nuestra forma de actuar es la siguiente: primero, cogemos el modelo estándar de comercio entre países desarrollados y nos preguntamos qué implicaciones tiene para determinar las fricciones comerciales de Cataluña (o el País Vasco) para con el resto de España. Después hacemos lo mismo entre España y el país con menos fricciones comerciales con España, que resulta ser Portugal. Por último, usamos la distancia que obtenemos entre Portugal y España para realizar un ejercicio contrafactual: qué le pasaría a las economías catalana y vasca si tuviesen las mismas fricciones con España que tiene Portugal. Por último, realizamos el ejercicio contrafactual de anular las transferencias fiscales para con el resto de España, porque ya hemos visto que los propagandistas de la independencia dicen que por ahí ganarán muchos dineritos. De hecho, acabaremos preguntándonos cómo deberían ser las fricciones comerciales con España para que (asumiendo que se sigue en la Unión Europea) la independencia conllevase un aumento de la renta disponible.

Por supuesto, también miraremos qué sucederá en el conjunto de España, donde la independencia de sus partes constituyentes solo puede traer problemas. Esta es la historia de la destrucción de un activo: la cercanía.

A continuación describimos el ejercicio que hacemos. Omitimos las derivaciones matemáticas (que pueden obtenerse en las referencias anteriormente citadas) y nos centramos en explicar la intuición del funcionamiento del modelo, que, por otra parte, es el modelo estándard, el más moderno y usado en economía internacional.

Calibramos un modelo de Hopenhayn-Melitz con tres economías: la parte de España que se disgrega (Cataluña o el País Vasco, según sea el caso), el resto de España y el resto del mundo. En este tipo de modelos las empresas difieren en su productividad, y la distribución de empresas es endógena. Esto es, depende de circunstancias que afectan al mercado. Hay economías con empresas que son mejores en términos medios, y economías con empresas peores. La distribución de empresas (si son buenas o malas) depende entre otras cosas del grado de apertura de la economía.

En el modelo la productividad de una empresa se determina el día en que nace. Esta productividad es una extracción de una distribución de probabilidad (constante e igual en todos los países). La distribución es la misma en todas partes, pero la distribución de calidades de las empresas no lo es, porque una vez observan su productividad estas necesitan tomar dos decisiones: (i) si vale la pena continuar existiendo y, en caso afirmativo, (ii) en qué mercados va a vender.

Qué decide hacer depende de tres factores: a) por supuesto, de la productividad de la empresa; pero también b) de los costes laborales en su lugar de producción (ya que a mayores salarios, más complicado es tener beneficios, y es mejor cerrar que tener pérdidas) y de c) de la demanda de sus productos, tanto en el mercado interior como en el exterior. En particular, la demanda de sus productos en el exterior depende de las fricciones comerciales (a más fricciones, menos demanda, claro).

El resultado de todo esto es que hay distintos niveles mínimos de productividad para determinar si vale la pena existir, y para decidir si vale la pena vender en un mercado exterior. Esto tiene dos implicaciones de especial interés:

1.   En primer lugar, una empresa con baja productividad tiene más probabilidades de subsistir en una economía con salarios bajos. Esto hace que si los salarios fuesen mayores, la productividad media de las empresas tenderá a ser también mayor (pero no olvide usted que el salario es endógeno y que si los salarios se fijaran artificialmente altos, habría mejores empresas, porque las malas no podrían sobrevivir, pero también que habría más desempleo y menos PIB per cápita... los salarios se determinan en el modelo en conjunto con todo lo demás).

2.   En segundo lugar, entre las empresas a las que les merece la pena seguir existiendo (es decir, con la productividad lo suficientemente alta), es más probable que se exporte a un mercado cuanto menores sean las fricciones comerciales con ese mercado y cuanto mayor sea la productividad de la empresa. Por ello, quizá no sorprendentemente, en estos modelos: (i) las empresas que exportan son las más productivas y (ii) se exporta e importa más entre países que tienen menos fricciones comerciales.

La consecuencia de todo esto es la característica definitoria de este tipo de modelos. En ellos el comercio internacional no es beneficioso solo porque aumenta la variedad de bienes a disposición de los consumidores, sino que la facilidad para el comercio internacional (esto es, que las fricciones comerciales sean bajas) tiene efectos positivos para la economía porque mejora la productividad de las empresas. Esto es, mejora la selección de empresas. En la práctica tener fricciones comerciales escasas es similar a tener más competencia entre las empresas, lo que conlleva que a las mediocres les cuesta más subsistir.

El mecanismo es el siguiente. Las empresas tienen en realidad dos características que las definen, su productividad y el país donde producen. Con la misma productividad una empresa local tiene una ventaja vis à vis frente a una empresa que es exactamente igual, excepto en el hecho de ser foránea. Cuanto mayores son las fricciones, mayor es la ventaja de la empresa local. Mayor es la productividad que necesita tener una empresa extranjera para tener la misma efectividad en el mercado local que una empresa autóctona mediocre. Por supuesto, esto va en las dos direcciones. Una empresa local muy eficiente puede tener enormes problemas para vender en el exterior, mientras que una empresa extranjera muy mediocre puede tenerlo mucho mejor en su mercado si está protegida por fricciones comerciales suficientemente altas.

Así las cosas, el resultado de aumentar las fricciones es hacer más relevante el «de dónde» es una empresa y menos relevante el «qué sabe hacer». Específicamente, si aumentan las fricciones las empresas muy competitivas (que son las que exportan), exportan menos. Esto hace que disminuya la demanda de trabajo. Esto a su vez hace que los salarios tiendan a ser más baratos. Y esto a su vez hace que empresas menos productivas a quienes antes (con salarios altos) no les valía la pena producir, ahora puedan sobrevivir. En los dos países los salarios son más bajos, y todo suma de forma correcta, porque las productividades de las empresas son también más bajas. La productividad es más baja y, en consecuencia, el nivel de vida, los salarios, son también más bajos. En nuestro modelo las características básicas de una economía son: su tamaño, las fricciones comerciales que mantiene con el exterior y la productividad de sus trabajadores. El tamaño lo sabemos, lo demás lo tenemos que deducir; y lo hacemos mediante un ejercicio de calibración. Esto es, calculamos cuáles tienen que ser las fricciones y las productividades para que la economía simulada por el modelo se parezca lo más posible a la economía real. Así elegimos las fricciones y productividades para que en la economía simulada las exportaciones y las rentas per cápita en los distintos países sean las mismas que se observan en los datos.

Permitimos que las economías se diferencien entre ellas también en la productividad intrínsica de los trabajadores, lo que incorporaría cosas como educación, infraestructuras, etc. La renta (y productividad) media viene determinada por la convolución de la productividad intrínseca de los trabajadores y la distribución de productividades de las empresas.

Nuestros ejercicios contrafactuales consisten en mover parámetros como las fricciones y el nivel de transferencias fiscales. Miramos qué predice nuestro modelo, qué le pasaría a la economía manteniendo el resto de parámetros en sus valores calibrados. Estos cambios afectan a la productividad media (y la renta), porque afectan a la distribución de calidades de las empresas (asumiremos siempre que la productividad intrínseca de los trabajadores permanece constante e igual al valor calibrado).

Cualificaciones un poco técnicas

En este punto hay que notar que en el modelo hay un par de parámetros que obtenemos de datos independientes. Lo que sigue es una digresión un tanto técnica, pero es importante. Se piden disculpas por adelantado.

El primero de estos parámetros es la elasticidad de sustitución entre bienes, que en el modelo denominamos θ, y que en términos prácticos determina el grado en que el simple tamaño del mercado produce aumentos en el bienestar. La literatura económica provee de un amplio rango de estudios estimando este valor. Muchos ejercicios numéricos de modelos tipo Hopenhayn-Melitz usan un valor de la elasticidad de 3,8, que es el número que obtienen Bernard, Eaton, Jensen y Kortum (2003) con el objetivo de calibrar la distribución de tamaños y productividades de las empresas que exportan con respecto a las que no lo hacen. Este parámetro ha sido usado extensivamente [por Ghironi y Melitz (2008), Davis y Harrigan (2011) o Bernard, Redding y Schott (2007), por ejemplo]. Es, por consiguiente, una parametrización que no debería provocar especial controversia.

El segundo parámetro que desconocemos (al que llamamos k) determina la distribución de productividades de las empresas (antes de determinar si existe o no). Una vez tenemos el valor de θ, es posible recuperar k mirando a la distribución de ingresos de las empresas (que es una amalgama de la elasticidad de sustitución y la distribución de productividades). Nosotros seguimos la estrategia de Deminova (2005) a este respecto y con ello obtenemos un valor de k de 3,3. Este valor es parecido al que muchos otros autores han dado a este parámetro [por ejemplo, Davis and Harrigan (2011), Ghironi y Melitz (2005), Deminova (2005) o Felbermayr y Jung (2011)]. Es, además, un valor razonable a la luz de medidas independientes (que usan metodologías completamente distintas), como Mayer y Ottaviano (2007) que estimando una distribución de Pareto de las productividades de empresas obtienen un valor de 2,55 para Francia y 3 para Italia.

La parametrización que hacemos para k y θ son convencionales, pero, aun así, debemos estar razonablemente tranquilos de que produzcan implicaciones de bienestar razonables. Esto es importante porque un artículo reciente de Arkolakis, Costinot y Rodríguez-Clare (2012) demuestra que en una amplia variedad de modelos (todos los que implican una ecuación de gravedad) las implicaciones de bienestar de cambiar las barreras comerciales dependen de un único parámetro, la elasticidad de las exportaciones con relación a las fricciones comerciales en la ecuación de gravedad.

Esta elasticidad nosotros no la estimamos, sino que es una implicación directa de k y θ. Específicamente, es 1-kθ/(1θ). Que dado los parámetros que usamos, implica una elasticidad del comercio a las fricciones de 3,48. Nuestro modelo implica una ecuación de gravedad, y (si no hay cambios simultáneos en las transferencias fiscales) este valor de 3,48 determina cuánto se pierde en términos de PIB por una caída dada del nivel de comercio (si hay cambios en las transferencias fiscales es un poco más complicado, pero es de ese orden de magnitud). Lo importante es observar que las estimaciones modernas de las ganancias generadas por el comercio («gains from trade» en el argot profesional) son de este orden de magnitud. Así, por ejemplo, Simonovska y Waugh (2012) estiman una elasticidad de 3,41 usando modelos de Melitz similares al nuestro.

En resumen, nuestra calibración es robusta y la parametrización que usamos es perfectamente acorde al consenso en la profesión de cuál es el efecto del comercio sobre el bienestar. Es importante matizar esto, porque uno de los argumentos más absurdos realizados por los defensores a ultranza de la independencia es que no deberíamos preocuparnos del efecto frontera, porque el comercio internacional no tiene efectos sobre el bienestar. Algún economista (alguno incluso de prestigio) ha escrito que no deberíamos preocuparnos, porque el comercio, efectivamente, no importa para el bienestar, porque la elasticidad del comercio a las fricciones es mucho mayor (del orden de 8 o 9), en cuyo caso los efectos sobre el bienestar serían mínimos. Obvian decir que esas medidas son: 1) muy antiguas, 2) descartadas por la investigación reciente, 3) implican resultados obviamente absurdos, como que si acabamos con el comercio internacional completamente, las implicaciones sobre el bienestar serían mínimas. Como no creo que los (economistas serios) que dicen esto desconozcan la literatura relevante, y como no creo que puedan creer que el comercio es ir relevante, tiendo a pensar que dicen estas cosas en una calentura, tratando de defender una posición a favor de la independencia basada en el hecho de que la desean por motivos sentimentales.

Hecha esta salvedad, retomamos nuestro argumento. A continuación explicamos con más detalle cómo y por qué usamos Portugal como ejercicio contrafactual.

Portugal como vara de medir

Recordemos el ejercicio que hacemos:

1.   Calibrar en un modelo estructural la distancia entre Cataluña y el País Vasco con el resto de España.

2.   Calibrar entonces la distancia entre Portugal y España.

3.   Sustituir la distancia del País Vasco con el resto de España por la que tiene Portugal con España; y mirar lo que les pasaría a ambos en esta economía virtual.

4.   Cambiar también las transferencias fiscales (igualarlas a cero) y ver qué sucedería en la economía virtual.

Cuando calibremos el modelo, obtendremos una medida de la distancia entre la parte que se segrega (Cataluña o el País Vasco) con el resto de España. Y es razonable suponer que esta distancia será mayor tras la independencia. Ahora bien, en principio no sabemos si mucho o poco. De igual manera no sabemos en principio qué significa aumentar esa distancia en un 1 por ciento. No tenemos una métrica, una vara de medir. No sabemos lo que es razonable suponer. De hecho, esta es la dificultad del ejercicio, y de intentar predecir los efectos comerciales de la independencia.

Nuestra propuesta es usar Portugal como vara de medir. ¿Por qué Portugal? Pues porque es el país más cercano a España en el siguiente sentido: si hacemos una regresión3 del comercio de España con sus socios europeos en función de su tamaño, Portugal es el país que comercia más con España por encima de lo que uno esperaría dado su tamaño. Esto es, hay países (como Francia) que comercian más con España, pero son muy grandes. Con Portugal comerciamos muchísimo más de lo que es esperable dado su tamaño. De ahí que podamos decir que Portugal es más cercano.

Somos mejores amigos, incluso nos votamos mutuamente en Eurovisión. Según wikipedia, el país del que España ha recibido más puntos acumulados históricamente es Portugal, que es el segundo país en recibir más puntos de España (el primero es Andorra). Así pues, portugueses y españoles nos votamos mucho, nos queremos mucho y comerciamos muchísimo.

Yo no sé qué pasará entre Cataluña, el País Vasco y el resto de España después de una supuesta independencia. No sé si habrá mucho amor o mucho odio. No sé si se votarán mutuamente en televisión. Por no saber, no sé si estarán en el euro o en la Unión Europea. Si estarán en bancarrota, o si se habrán declarado la guerra. No sé, ni puedo saberlo.

Sin embargo, sí sé (o puedo medir) cuán cercana está España del país a quien tiene más cercanía y con quien más comercia (relativamente). Un país con un idioma casi mutuamente inteligible, donde se ve mucha televisión española y con una larga historia compartida. Sí podemos medir las fricciones comerciales con el país con el que España tiene menos fricciones. Hay quien dirá que subestima los costes de la independencia, porque habría salida de la Unión Europea, y porque la parte despechada de un divorcio no está para muchas querencias. Puede ser, considérese entonces que estamos haciendo una estimación por lo bajo de los costes de la segregación.

Por otro lado, también habrá quien diga que no, que no hay por qué enfadarse. Que nada cambiará (y todo eso que ya hemos discutido antes).

Yo no sé. Pero les puedo decir a ustedes lo que pasaría si la distancia para con España se hace la misma que la que Portugal tiene con España. Sírvanse de ella como vara de medir, y ajusten los resultados a sus creencias.

Y antes de hacer el ejercicio, una última salvedad. Nosotros solo hablamos de lo que sucede en estado estacionario. No hablamos de la transición hasta tal estado. Esto es, no hacemos suposiciones sobre si durante la transición las fricciones serán mayores o menores. Y no lo hacemos, porque no tenemos ni idea.

Llegados a este punto, los propagandistas de la independencia se empeñarán en decir que durante la transición las fricciones aumentarían lenta y paulatinamente. En tal caso el valor presente de los costes sería menor debido a que debemos descontar futuros eventos a un tipo de interés. Este es el escenario del divorcio amistoso: te vas de casa y dejas de pagarme la pensión, cariño, pero no dejamos de querernos.

Pues quizá sí. No es imposible, claro. Aunque parece muy improbable, porque también podría ser que a corto plazo las fricciones comerciales y los costes de ajuste fuesen incluso mayores. Al fin y al cabo, este divorcio tiene visos de no ser cordial; si una de las partes no se quiere divorciar de ninguna de las maneras, pero la otra lo hace unilateralmente y dando un portazo; en el futuro inmediato parece naif no esperar en el resto de España una enorme antipatía hacia las partes segregadas, particularmente si los costes a corto plazo sobre Lo-que-quede-de-España son elevados. Este es el tipo de tema por el que se rompen relaciones personales; y no digo ya comerciales, que comparadas parecen una broma. Además, el dichoso boicot es mucho más que plausible. Luego parece perfectamente plausible que el proceso de ajuste fuese al revés, de más a menos. Primero odio y vísceras, no dejar entrar en la UE y querer darse bofetadas. Después, poco a poco, nos ayuda el olvido. Hasta llegar a una bendita indiferencia. Y quien haya pasado por un proceso de ruptura, que haga introspección.

Con esta dinámica (primero bofetadas y boicots, luego olvido) las cosas podrían ir verdaderamente mal. Hay diez mil maneras de pegarse bofetadas económicas, empezando mañana. Por ejemplo, vetando y poniendo trabas a la entrada en la Unión Europea. Y no digo nada si esto se da en un escenario de crisis fiscal generalizada, impago de deuda pública, salida (o salidas) del euro, etc. El coste se antoja brutal, como mínimo por la caída en la demanda de quien es, por un trecho enorme, tu principal socio.

Pero nada de esto lo introducimos en nuestro modelo. No somos magos, no tenemos acceso a oráculos que nos puedan anticipar el futuro. Nos conformamos con pensar lo que pasaría en estado estacionario. En un escenario claro y fácil de entender. Otra vez, nosotros presentamos una vara de medir. Úsela usted a su conveniencia.

Calibración del modelo

Recuerde que tenemos tres economías de diferente tamaño, la parte que se segrega (Cataluña o el País Vasco), el resto de España (rdE) y el resto del mundo. Hay tres parámetros que calibramos en el modelo: las distancias entre la parte que se segrega y el resto de España, las distancias entre ambas y el resto del mundo, y una medida de la productividad relativa de los trabajadores en la parte que se segrega y el resto de España. Como hemos discutido con anterioridad, los otros parámetros, o bien no necesitamos calcularlos (porque afectan multiplicativamente a todas las variables de interés), o bien conocemos su valor por trabajos anteriores de la literatura. Realizamos entonces nuestro ejercicio.

El cuadro 2 presenta los valores calibrados cuando consideramos el País Vasco, el resto de España y el resto del mundo. Llamamos dPV−rdE a la distancia entre el País Vasco y el resto de España, que es lo que más nos interesa. Los valores Dh y Dj se refieren a un compuesto de la distancia de cada uno con el resto del mundo y de la demanda en el resto del mundo. Finalmente, sj es el ratio de la población efectiva (población multiplicada por eficiencia productiva) en el País Vasco relativo al resto de España.

Cuadro 2

CALIBRACIÓN CON RESTO DE ESPAÑA (H) Y PAÍS VASCO (J)

Parámetros
Calibrados

Targets

Modelo

Datos

dP V −rdE

1,527

Interaction h and j

0,051

0,051

Dh

0,051

Total Trade in h

0,621

0,621

Dj

0,019

Total Trade in j

1,377

1,377

sj

0,081

GDP ratio

15,245

15,245

Cuadro 3

CALIBRACIÓN CON RESTO DE ESPAÑA (H) Y CATALUÑA (J)

Parámetros
Calibrados

Targets

Modelo

Datos

dCat−rdE

1,4

Interaction h and j

0,11

0,11

Dh

0,051

Total Trade in h

0,69

0,69

Dj

0,04

Total Trade in j

1,27

1,27

sj

0,25

GDP ratio

4,35

4,35

El cuadro 3 muestra los resultados de la misma regresión, pero con Cataluña, el resto de España y el resto del mundo.

De momento, lo único que podemos aprender es que los trabajadores tanto del País Vasco como de Cataluña son más productivos que los del resto de España. Si fueran igual de productivos, el valor imputado a sj sería igual al ratio de la población vasca (o catalana) a la del resto de España. En tal caso el modelo indicaría que el trabajador vasco o catalán medio es igual de productivo que el trabajador medio del resto de España, en el hipotético caso de que estuviesen trabajando en empresas con la misma productividad. Esto es, la productividad de los trabajadores viene determinada por su productividad intrínseca y la productividad de las empresas donde trabajan. Como sj es en ambos casos mayor que el ratio de poblaciones, indica que condicionado a la empresa donde trabajan, el trabajador medio del País Vasco es 1,58 veces más productivo que el trabajador español medio, y el catalán 1,35 veces.

Son números altos que reflejan en parte el nivel de participación en el mercado laboral y desempleo; también que la población del País Vasco y Cataluña está por lo general más (y quizá mejor) educada que la media de España. Cuando hagamos nuestro ejercicio de distancia, lo que no vamos a tocar es esto. Seguiremos asumiendo que los trabajadores vascos y catalanes son intrínsecamente más productivos que la media de los españoles. Ahora bien, como veremos enseguida, lo que el modelo predice es que caerá la productividad de las empresas, y por tanto la productividad y la renta generada.

Cuadro 4

CALIBRACIÓN CON ESPAÑA (H) Y PORTUGAL (J)

Parámetros
calibrados

Targets

Modelos

Datos

dSpain−
Portugal

2,35

Interaction h and j

0,027

0,027

Dh

0,047

Total Trade in h

0,566

0,566

Dj

0,018

Total Trade in j

0,647

0,647

sj

0,205

GDP ratio

5,894

5,89

El resto de valores son poco informativos. En particular, las distancias con el resto de España de 1,53 y 1,4 no significan nada en sí mismas. Para que tenga algún sentido, necesitamos una vara de medir. Empezamos a hacerlo a continuación. La siguiente tabla presenta el modelo calibrado para España, Portugal y el resto del mundo.

Lo primero que se puede observar es interesante, aunque importa poco para nuestra historia. De la misma manera que los trabajadores vascos y catalanes son más productivos que los del resto de España, los españoles son más productivos que los portugueses. En particular, estos números implican que 0,84 trabajadores españoles producen lo mismo que un portugués condicionado por la calidad de la empresa donde trabaja.

Lo que sí es relevante para nuestra historia es que la distancia de España con Portugal (2,5) es un número mucho mayor que la que el País Vasco o Cataluña tienen con el resto del país. Ahora bien, todavía no sabemos lo que esto significa. Para ello tenemos que imputar esa distancia en las calibraciones del País Vasco y Cataluña, y ver qué consecuencias tendría. Esos son los ejercicios contrafactuales que realizamos a continuación.

Ejercicio contrafactual I. La independencia de cataluña

Empezamos por Cataluña. El cuadro 5 nos traduce lo que implicaría para Cataluña (referido como j) y el resto de España (referido como h) la independencia, si la distancia pasara de la que les estimamos (1,4) a la que estimamos que tiene Portugal con España (2,35), y cambiando el saldo de balanzas fiscales de 6,5 por ciento a 0; pero dejando todas las otras características de Cataluña y el resto de España inmutables.

Cuadro 5

EJERCICIOS CONTRAFACTUALES. CATALUÑA

1
Base

2
Cambio de la distancia

3
Cambio de
distancia
y fiscalización

d = 1,4; F = 6,5 %

d = 2,35; F = 6,5 %

d = 2,35; F = 0

1 yj

100 %

89,50 % –10,5 %

87,28 % –3,8 %

2 yh

531,00 %

521,00 % –2,0 %

2008,84 % –3,5 %

3

60,70 %

12,90 % –47,7 % pts

25,18 % –47,6 % pts

4

66,50

82,90 % +16,4 % pts

73,14 % +17,9 % pts

5 θjj

—

—   –14,0 %

—   –13,4 %

6 θjh

—

—   –84,20 %

—   –87,50 %

7 θjR

—

—   –7,0 %

—   –5,7 %

La columna 1 tiene los valores a día de hoy, la columna 2 los valores de cambiar la distancia (pero no las balanzas fiscales) y la columna 3 cuando cambian las dos cosas. Por filas, 1 y 2 tienen el PIB de Cataluña y el resto de España. La fila 3 tiene el grado de comercio entre ellos y la fila 4 el grado de comercio entre Cataluña y el resto del mundo. Las filas 5, 6 y 7 indican, respectivamente, el nivel mínimo de productividad para tener una empresa en Cataluña dedicada solo a la producción para el mercado interior 5, para también exportar al resto de España 6 y para exportar al resto del mundo 7.

El primer ejercicio, y de hecho el más relevante, es cambiar la distancia que Cataluña tiene con el resto de España por la que tiene Portugal. Pasar de la primera a la segunda columna.

Lo primero es notar que la caída del PIB de toda España (Cataluña más la del resto del país) es de un 3,3 por ciento del PIB. Esta cantidad es el coste verdadero de la independencia. El coste de poner una frontera y perder con ella la cercanía que a día de hoy tenemos. Lo que resta es ver cómo se reparte esa pérdida.

Si la transferencia de Cataluña hacia el resto de España no cambia, la pérdida para Cataluña es de más del 10 por ciento y para el resto de España del 2 por ciento. La diferencia se debe a que el resto de España es mucho más grande que Cataluña, y por tanto nota menos el aumento de la distancia. Obviamente, es mucho más probable que una empresa catalana comercil con una del resto de España que al revés, simplemente porque hay muchísimas más empresas en el resto de España; y son estas empresas las que sufren de manera directa el aumento en la distancia. Como en tantas otras facetas de la vida, el tamaño sí importa.

Nótese que en nuestro experimento Cataluña se abriría al resto del mundo, y se cerraría a España: el grado de apertura (exportaciones más importaciones) con el resto del mundo sube muchísimo, desde un 66 por ciento hasta un 83 por ciento del PIB (fila 4), mientras que con el resto de España desciende del 61 al 13 por ciento. Una barbaridad. Esto es lo que significa tener la misma cercanía que España tiene con Portugal. Una caída estremecedora de las interacciones comerciales mutuas. Por supuesto que se abre al resto del mundo, porque en algún lugar deben usarse los recursos productivos que antes se usaban en comerciar con el resto de España. Pero no se produce (ni se exporta) lo mismo. Se produce menos. Mucho menos. El motivo es que la composición de empresas en Cataluña cambia para peor.

En la fila 6 observamos que el límite de calidad necesario para exportar al resto de España aumenta dramáticamente. Esto es una consecuencia obvia de que ahora es mucho más difícil exportar, luego necesitas ser mejor para poder hacerlo. El resultado es que muchas empresas buenas demandan menos trabajo, pues ya no exportan (o al menos no tanto) al resto de España. Esto conlleva una caída del salario, y esto hace que sea más fácil existir si te concentras solo en el mercado local (vasco). De ahí que en la fila 5 observemos que el límite mínimo de calidad para tener una empresa cae un 14 por ciento. Esta es la fiesta de las empresas mediocres, y aquí está el grueso de la pérdida en bienestar observada.

Con todo, la caída de los salarios ayuda a abrirse al resto del mundo. Esta distancia no ha cambiado, y menores salarios mejoran la «competitividad». Se vende más al exterior, pero no porque los productos de uno estén mejor valorados sino porque la caída salarial permite vender a precios más bajos. El resultado es que más empresas venden al exterior (fila 7), y las que exportan al resto del mundo, lo hacen más. Pero nótese que este es un efecto de equilibrio general, ni mucho menos compensa la caída en las exportaciones al resto de España.

Resumiendo. No hay boicots, Cataluña pertenece a la UE y todo sigue igual excepto que hay una frontera, aunque es la más difusa de las observadas. Suponemos que Cataluña y lo que quede de España son mejores amigos. En tal caso la renta generada caería en el conjunto de lo que a día de hoy es España, y lo haría desproporcionadamente en el País Vasco. Este es el valor de mantener la frontera actual en vez de la de dos países que se quieren muchísimo y se votan en Eurovisión.

En la tercera columna, además de cambiar la distancia, igualamos a 0 las transferencias de Cataluña al resto de España (obviando que pueda haberlas a través de la Unión Europea). En este caso el reparto de la pérdida de más de un 3,3 por ciento del PIB es más equilibrado. Cataluña pierde poco más del 3,5 por ciento y el resto de España poco menos de esa cantidad. El motivo es obvio y es lo que repiten sin parar los voceros de la independencia: en una sociedad más conservadora donde se redistribuye menos, los relativamente ricos viven mejor. Bueno, menos mal. Porque nótese que la ganancia fiscal al catalán medio no le compensa el alejamiento con el resto de España.

Habrá quien diga que asumir que la transferencia es del 6,5 por ciento es asumir muy poco. Que ese es el número de la metodología «flujo-beneficio», que si se hace con la metodología de «flujo de costes» es de un 8, o un 9 por ciento. Pues no, ni así. Porque la pérdida bruta de poner la frontera es de más de un 10 por ciento en el caso muy conservador de asumir que hay mantenencia en la Unión Europea, y que no hay bofetadas, ni crisis de deuda, ni problemas sociales, ni boicot económico, ni nada malo que pueda pasar. Pero es que, aunque la ganancia fiscal fuese de un 10 por ciento (que ni de lejos es razonable). En el mejor de los casos posibles para un independentista las posibles ganancias serían mínimas. Pero no nos ofusquemos. Uno no debería extraer de todo esto la lección de que Cataluña seguro que pierde, sino la de que la idea de que la independencia sale gratis es una absoluta estupidez. Lo razonable es esperar que pierda, y en el caso (muy difícil de concebir) que ganase, ganaría bien poco.

Cuadro 6

EJERCICIOS CONTRAFACTUALES. PAÍS VASCO

1

Base

2

Cambio de la distancia

3

Cambio de distancia
y fiscalización

d = 1,527; F = 0,6 %

d = 2,336; F = 0,6 %

d = 2,336; F = 0

1 yj

100 %

86,71 % –13,29 %

87,28 % –12,72 %

2 yh

2022,74 %

2009,60 % –0,65 %

2008,84 % –0,687 %

3

82,53 %

25,15 % –57,38 % pts

25,18 % –57,34 % pts

4

55,22

73,01 % +17,8 % pts

73,14 % +17,92 % pts

5 θjj

—

—   –17,59 %

—   –17,54 %

6 θjh

—

—   –62,63 %

—   –62,85 %

7 θjR

—

—   –8,17 %

—   –8,05 %

A pesar de que en Cataluña se ha convencido a muchos de las supuestas bondades de la escisión con el dichoso «expolio fiscal», si los voceros de la independencia fuesen honestos, que no lo son, la economía no sería parte del discurso independentista. Lo que deberían decir no es: «Si nos independizamos, vamos a ganar más de dos mil euros más al año», que es una absoluta memez, sino: «Yo estoy dispuesto a pagar el coste de la independencia, ¿y usted?». Probablemente en tal caso sus cadenas tendrían muchos menos eslabones.

Ejercicio contrafactual II. La independencia del País Vasco

Y si en el caso catalán los números no son muy proclives a que haya ganancias con la independencia, en el caso vasco los números dan bofetadas. El cuadro 6 reproduce el ejercicio para el País Vasco.

Cambiar la distancia implica una caída del PIB conjunto de España, pero menor, porque el País Vasco es mucho más pequeño que Cataluña. El PIB vasco cae muchísimo, más de un 13 por ciento, el del resto de España solo un 0,65 por ciento debido (otra vez) al tamaño. España importa mucho para el País Vasco, pero el País Vasco es mucho menos importante para el resto de España.

Como antes Cataluña, el País Vasco se abriría al resto del mundo y se cerraría a Lo-que-quede-de-España. De hecho, en parecidos órdenes de magnitud. Como en Cataluña, la calidad de las empresas disminuiría, y con ello los sueldos. Hay pocas diferencias entre Cataluña y el País Vasco cambiando solo las distancias.

Donde las diferencias son sustanciales es cuando cambiamos también las transferencias. La tercera columna incluye igualar a cero las transferencias del País Vasco al resto de España. En el caso vasco es irrelevante. La extrañísima capacidad del sistema fiscal español para blindar al contribuyente vasco de consideraciones redistributivas hace que no importe qué hacemos con la parte fiscal... el País Vasco paga tan poco (si es que paga en términos netos), que poco puede ganar por aquí. Desde el punto de vista económico, considerar seriamente que el País Vasco puede ganar con la independencia solo puede hacerse bajo el efecto de una sobredosis de estupefacientes.

Comparación de los resultados con la literatura

Los números que nos salen son muy altos, una pérdida enorme de riqueza y productividad para Cataluña, el País Vasco y el resto de España. ¿Son razonables?

La literatura económica coincide esencialmente en todo lo que sostenemos. Hay dos objetos a medir: 1) cuánto comercio se pierde por levantar barreras y 2) cuánto bienestar se pierde por perder comercio. Con relación al segundo ya hemos visto que las ganancias asociadas al comercio implícitas en nuestro análisis son las que la literatura moderna acepta como correctas.

Con relación al primero de estos temas (cuánto comercio se pierde), es importante remarcar que nuestros resultados no deberían aparecer en absoluto como sorprendentes. La literatura relevante es la del «efecto frontera». Si uno hace regresiones sin controlarlas por el comercio con terceros países, el valor del efecto frontera es altísimo. Ahora bien, Anderson y Van Wincoop en un artículo enormemente influyente demuestran que si tenemos en cuenta la relación con el resto del mundo el efecto frontera es sustancialmente menor... y, sin embargo, aún enormemente importante. En sus cálculos, que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra metodología, la diferencia entre el comercio entre dos regiones en lugar de entre dos países es de más de 5 veces, que es del orden de magnitud que nosotros encontramos en nuestro estudio. En nuestros resultados el comercio de Cataluña con el resto de España es 5,25 veces mayor antes que después de la independencia. Para el País Vasco es «solo» 3,77 veces mayor.

Nuestros números están en línea con los suyos porque, como ellos, nosotros tenemos en cuenta que el mundo no se acaba en la frontera. Cuando las fricciones aumentan, al poner una nueva frontera, los recursos no se quedan inutilizados, sino que se emplean en comerciar más tanto con el resto del mundo como con el mercado interior. En nuestra economía simulada tras la independencia la economía de la zona segregada se vuelca mucho más en el resto del mundo. Sigue vendiendo muchísimo en el resto de España, porque sigue siendo la economía más cercana que tiene. Ahora bien, se trata de una economía mucho más diversificada en cuanto a quiénes son sus socios. Se trata de un país que no es una anomalía, pero es más pobre.

Conclusiones

Con toda seguridad habrá quien dirá que no, que no nos distanciaremos tanto como Portugal. Que cuando Cataluña se separe será un país raro, con la distancia con Lo-que-quede-de-España bien pequeñita. No sabrán muy bien por qué, y ni siquiera se darán cuenta de que hay una enorme inconsistencia en pedir la independencia para ser un bicho raro... incluso dirán que lo que quieren es ser un país normal... Por pedir, se puede pedir la Luna.

Sus oráculos les dicen que la distancia con España no cambiará. ¡Oh, maravilla milagrosa! Cataluña y/o el País Vasco serán casos únicos en el mundo. Nosotros no disponemos de tal oráculo. No sabemos qué pasará. Hemos reportado lo que la teoría económica moderna sugiere que perderían Cataluña y el País Vasco si su distancia se igualara a la de Portugal... pero, obviamente, no sabemos cuál será la distancia. Sí que sabemos que para que Cataluña ganase, la cercanía tendría que ser enorme, muchas menos fricciones de las que hay entre países normales. Para el País Vasco, dado que la independencia no aportaría ventajas fiscales, no hay esencialmente ninguna combinación posible donde pudiera haber beneficios económicos de la independencia.

Obsérvese que en nuestro ejercicio no hemos cubierto todos los costes económicos de la segregación de Cataluña y el País Vasco, ni mucho menos. De hecho, nos hemos concentrado en lo que en opinión de muchos es un escenario de color de rosa. El menos malo de los posibles. Donde tras la independencia las partes segregadas se hacen países normales y son el mejor amigo de Lo-que-quede-de-España. Y están en la Unión Europea, y en el euro.

Hay otros escenarios. Podría haber conflicto social. Una Cataluña independiente tendría un mínimo de un 30 a un 40 por ciento de individuos con un sentimiento de identificación nacional no catalán, que hablarán un idioma (el castellano) que no será el idioma «normal» de Cataluña (está por ver cuál es su estatus oficial, pero independientemente de ello, no parece esperable que el gobierno de la Cataluña independiente promueva o apoye el uso del castellano), que estarían concentrados geográficamente en el área metropolitana de Barcelona, y con rentas medias mucho más bajas que los catalano-parlantes. Parece un cóctel explosivo desde el punto de vista social. Un mito recurrente de los nacionalistas es que en España hay demasiadas diferencias, que Cataluña independiente sería más homogénea, luego más eficiente. ¡Ni hablar! Cataluña independiente sería mucho más heterogénea que España: dos poblaciones similares en número y radicalmente opuestas en todo lo demás. Y quien dice Cataluña, dice el País Vasco, que en esto son tal para cual. Charnegos por maquetos.

Podríamos también haber mirado a los costes de transición a la independencia. Las incertidumbres. Toda la inversión que no se hace porque no se sabe qué puede pasar. Cómo se arreglará la deuda. Cómo se arreglarán las cuentas de la Seguridad Social. No es que creamos que son irrelevantes, es que son difíciles de medir. Son, en lo principal, imponderables. De acuerdo, hay algunos que podrían medirse con cierto esfuerzo. Que si las duplicidades de ejércitos, de gobiernos, de organismos. Que si tres veces las embajadas... Pero todo eso, siendo importante, no es fundamental.

Pensamos que el coste en el que nos centramos es el coste esencial de la No-España. La No-España es acabar con los lazos que nos unen. Que se han tejido durante los últimos quinientos años, pero con muchísimo más vigor en los últimos seis decenios, coincidiendo con el desarrollo y el despegue económico. El coste de la No-España es el de hacernos mutuamente extranjeros. Desconocidos. Es el coste derivado de achicar los espacios comunes y crear distancias.

No sería de extrañar que los nacionalistas no perciban estos costes. Al fin y al cabo ellos ya tienen una distancia emocional y afectiva, cuando no cultural, con el resto de España. Es posible que sean sinceros cuando no valoran las posibilidades que tiene compartir tantos espacios comunes con el resto de nuestros conciudadanos. Sé que muchos de ellos dirán que lo que quieren es compartir espacios comunes con los suecos o los neozelandeses. Ya, pero querer no es lo mismo que ser. Querer compartir no es lo mismo que compartir.

A día de hoy catalanes y vascos somos españoles, independientemente de nuestra voluntad de serlo. Compartimos mucho. Cómo vemos el mundo, y cómo nos ven desde él. El conocimiento de cómo somos, y las infinitas querencias y afinidades que se han ido forjando a través de generaciones. Afinidades afectivas, humanas, familiares. Cuyo valor va mucho más allá del puramente comercial. Hemos visto que la teoría económica moderna sugiere que los costes de perder esas afinidades especiales son substanciales, pero la teoría económica moderna desconoce completamente los costes afectivos, humanos y familiares de esa pérdida. Todo y el indudable coste económico del mentecato camino a la independencia, para quien esto escribe, y con seguridad para muchísimos otros catalanes y vascos, es esta pérdida afectiva lo que más duele. Lo que más nos cuesta. Y esa pérdida no la hemos ni empezado a contar.

2.   EL ESTADO A PRUEBA:
COSTES POLÍTICOS E INSTITUCIONALES

FRANCISCO SOSA WAGNER Y MERCEDES FUERTES

El territorio como fundamento

Las constituciones suelen contener algunos preceptos destinados a regular las situaciones extraordinarias que pueden producir una alteración básica del sistema político que ellas mismas instauran. Se llaman estados de sitio o de excepción, e incluso algún autor, como Carl Schmitt, constitucionalista destacado y también teórico de la dictadura, dejó escrito, en frase muy repetida después, que «soberano es quien decide sobre el estado de excepción».

Pero adviértase que estos regímenes singulares anormales están concebidos como transitorios, como fenómenos patológicos que urge corregir para volver desde ellos a la normalidad político-constitucional. Son un remedio, una medicina que ha de permitir la recuperación de la salud democrática.

Lo que no suele haber, sin embargo, en los textos constitucionales son previsiones acerca de una ruptura tan honda del orden político como sería la pérdida de una parte del territorio nacional por constituirse una entidad nueva independiente, es decir, un Estado distinto y de nueva factura. Por supuesto que se han producido estas alteraciones territoriales y ahí están para demostrarlo los ejemplos de la desaparición de la unión Suecia-Noruega, a principios del pasado siglo, o la ruptura de Checoslovaquia ya avanzado ese mismo siglo, o Kosovo después, por no citar la descomposición de todo un Estado, caso relevante de Yugoslavia tras el desplome en el Este de Europa de las dictaduras comunistas. Pero por regla general no se ultiman tales nacimientos aplicando puntillosamente en la sala de partos previsiones constitucionales. Un caso singular es el de Alemania Federal, que vio no mermado, sino incrementado su territorio como consecuencia de la incorporación de los Länder que habían formado parte de la República Democrática alemana tras la caída del Muro y la conversión de esa república en un despojo. Tal operación jurídica se llevó a cabo aplicando un artículo de la Constitución cuya importancia había subrayado tempranamente Hans Peter Ipsen en su discurso rectoral en Hamburgo de 1950. En efecto, Ipsen, al abordar el problema de las relaciones con la naciente República Democrática, aclaró que no pertenecían al derecho internacional, sino al derecho estatal y, como algún día tales relaciones dejarían de existir (la división alemana se vivía como algo transitorio), dejó abierta la puerta para que los Länder de la zona soviética pudieran pedir la incorporación a la República Federal, algo que efectivamente ocurrió en 1990.

Con todo, existen juristas que tratan de reconducir a procedimientos legales perfectamente articulados las posibles secesiones o rupturas territoriales de los estados. En España, por ejemplo, un ensayista no sospechoso de veleidades nacionalistas, José María Ruiz Soroa, ha defendido la conveniencia de regular el procedimiento de una posible secesión de Cataluña o del País Vasco, por tanto, de una ruptura del espacio territorial español, mediante la aprobación de una ley ordinaria de las Cortes. Y el profesor Francesc de Carreras defiende que el gobierno español autorice la celebración del referéndum en Cataluña para acabar de salir de lo que él llama «la pesadilla nacionalista».

Nosotros estamos en posiciones más clásicas. Tratemos de precisarlas remontando un poco el vuelo de nuestra mirada.

En primer lugar, se impone componer el concepto de territorio tal como ha sido formulado en la teoría jurídico-política, porque la referencia a un espacio y la efectividad de actuar sobre él han sido dos caracteres fundamentales para definir al Estado, cuyos tres poderes —el legislativo, el ejecutivo y el judicial— se han concebido tan solo vinculados a un concreto territorio. Junto a la población y al poder político, este forma parte de la triada de elementos configuradores de ese ente abstracto llamado Estado, que no se compone hoy de partes o enclaves aislados, sino de un espacio unido, articulado y completo. Y es que, en efecto, en la teoría de los tratadistas clásicos, el territorio ha sido uno de sus elementos, junto a la población y el poder. Así se explicó en obras relevantes del siglo XIX y en un libro canónico, el de Georg Jellinek (su Teoría general del Estado traducido a las lenguas más importantes), que aparece justo cuando se inicia el siglo XX y que ha sido un faro de luz para todas las obras posteriores, hasta hoy mismo.

El territorio ha servido para definir el ámbito espacial exacto en el cual el Estado ejerce su soberanía o poder de dominación, donde puede imponer el Derecho que emana de los órganos constitucionalmente habilitados para producirlo. El aspecto positivo de esta realidad es que todas las personas o cosas que se hallan en ese territorio están a él sometidas, sin perjuicio de las singularidades que procedan del derecho internacional. El negativo sería que, dentro del territorio estatal, ninguna otra autoridad puede ejercer su dominio o soberanía, a menos que tales autoridades estén expresamente admitidas por las leyes de ese mismo Estado: sería el caso de la actual Unión Europea que hoy comparte «soberanía» con los estados miembros. Sobre estas afirmaciones volveremos.

Históricamente sabemos que la emergencia del Estado en la Edad Moderna se basó en la eliminación de las trabas feudales para poder dominar un territorio que se hallaba en manos de los señores —laicos o eclesiásticos— con unos poderes extendidos a vidas y haciendas. La culminación de este proceso de asentamiento del Estado en un espacio determinado costará varios siglos, siendo el XIX el que puede apuntarse en su haber el triunfo formal definitivo. A lo largo del mismo se instaura la modernidad y queda arrumbado entre los objetos apolillados de la historia el Antiguo Régimen.

Justamente la integración de los elementos en que se descomponía el mundo fragmentado del Antiguo Régimen —explicado desde el derecho de propiedad y basado en relaciones personales— es lo que permite crear un espacio jurídico unitario, cimiento a su vez sobre el que se ha podido construir nada menos que el Estado de Derecho. Es el momento en que la relación de fidelidad al rey, propia del feudalismo y que ataba al súbdito, se sustituyó por otra basada en el derecho, la que entabla el ciudadano libre con el Estado.

Por todo ello, podemos decir que el principio territorial es un paso decisivo en la modernización de las estructuras políticas que impulsa la revolución liberal en el siglo XIX.

Y es, al tiempo, el punto de partida para exponer en toda su complejidad el orden jurídico internacional y las relaciones que se traban entre los estados. Sus fronteras —terrestres, marítimas y aéreas— fijan sus respectivos espacios, pero a veces son conflictivas y se determinan tras años y años de negociaciones, pero son necesarias para el armónico desarrollo del orden internacional.

Ese territorio se puede ver ampliado (Alemania tras la reunificación, como hemos visto), se puede encoger (España cuando se independiza Guinea Ecuatorial), o su significado se puede transformar, como ocurre con la actual construcción de Europa y la globalización, pero sin él es imposible concebir al Estado.

Cuando, en la literatura jurídica, se ha querido rebajar la importancia del territorio (especialmente a partir de Kelsen o, en España, de Alejandro Nieto), se ha acudido en todo caso a referencias parecidas, como es el caso del ámbito donde despliegan su validez y eficacia las normas o aquel donde es permitido ejercer unas determinadas competencias.

Es decir, que para el Estado su «territorio» es:

a)   Objeto y fundamento de una supremacía que justifica el principio de primacía del derecho estatal.

b)   Ámbito de ejercicio de sus competencias y atribuciones o, si se prefiere, parámetro para medir la validez de su propio derecho.

c)   En fin, elemento esencial para su existencia porque un Estado sin territorio sería sencillamente un fantasma.

Y ello sin perjuicio de que ese espacio convencional, como consecuencia de la integración europea y del fenómeno arrollador de la globalización, se haya visto erosionado por la necesidad de hacer frente a problemas colectivos que superan las fronteras tradicionales (protección del medio ambiente, lucha contra el terrorismo, pandemias, crisis económica, telecomunicaciones...). Pero ello no ha llevado a la disolución del territorio a la hora de determinar las hechuras del Estado, sino tan solo a que ha perdido su vestimenta absoluta o la exclusividad que le acompañó durante mucho tiempo. Pues también en ese mundo jurídico tan singular que es la Unión Europea («objeto político no identificado» lo definió Jacques Delors) se puede hablar igualmente de un «espacio territorial de validez» de su derecho originario y de su derecho derivado, constituido básicamente por el propio de los estados miembros (principio de las «fronteras mudables» definidas por los instrumentos del derecho internacional).

Una vuelta inesperada al feudalismo

Recordada de esta forma la trascendencia del territorio en la teoría política y en la teoría del Estado, añadamos que una de las características de la España contemporánea es la sustancial degradación del poder del Estado en el territorio español como consecuencia de la aparición de unos poderes neofeudales que anidan en las instancias territoriales, cuyo ejercicio se agrava por el hecho de que la misma fragmentación que afecta al Estado se advierte claramente en los partidos políticos que han gobernado y gobiernan España, cuyos dirigentes, al carecer de criterios sólidos y válidos para toda España sobre cuestiones fundamentales, se orientan exclusivamente por la brújula lamentable de los intereses electorales a corto plazo y, ya como guinda, lavan sus manos a diario en la palangana del sectarismo y de la improvisación.

A esta calamitosa situación no hubiéramos llegado si no contáramos con un sistema político enhebrado por una red de relaciones personales e intereses singulares que están poniendo en pie, como decimos, un sistema feudal remozado que conecta a los individuos por intereses de grupo, territoriales y corporativos. Es decir, un sistema democrático degradado a toda prisa.

Pues bien, la expresión más elocuente y más grave de esta realidad es el intento de separación del territorio de Cataluña del resto de España. Que no es un intento solitario, pues, aunque ahora no se halle en el orden del día más urgente, recordemos que hace poco más de un año una gran manifestación recorrió las calles de Pamplona con una bandera que reclamaba «independencia» para el País Vasco y sus cuatro puntos cardinales. Reivindicación apoyada a distancia y con amor de padre por un partido nacionalista bien conocido y buen tejedor de glorias en la política española.

Pero volvamos al problema planteado por el gobierno de Cataluña al anunciar el inicio de un proceso secesionista que obviamente supondría una acusada alteración del territorio del Estado español. ¿Cómo afrontar desde el punto de vista jurídico este desafío? Nosotros pensamos que disponemos de previsiones constitucionales aptas para desenredar la madeja creada.

Procede acercarse despacio al asunto.

El camino constitucional

Un pequeño recordatorio no vendrá mal: en octubre de 1934 al presidente de la Generalidad no se le ocurrió mejor idea que proclamar la independencia de Cataluña —y por tanto la ruptura del territorio de España— como airada protesta contra la formación de un gobierno que consideraba «fascista» pese a haber salido de las urnas. Madrid respondió enviando a Barcelona al general Batet, encarcelando al gobierno de la Generalidad y suspendiendo el Estatuto de Autonomía. Aunque la situación actual no es la misma, no está de más recordar los métodos contundentes que gastaba una República que ciertas fuerzas, aunando candidez e ignorancia, invocan como un paraíso. El régimen monárquico constitucional actual observa modales más refinados.

Hoy, en una España en bancarrota y en llamas, con varios millones de parados y graves problemas de credibilidad ante nuestros socios europeos, nos encontramos de nuevo con la reivindicación nacionalista catalana en su más exacerbada versión. Ello produce al espectador un denso hastío, porque constatar el empeño de algunos partidos catalanes de estar dándole indefinidamente al manubrio del bodrio arruina a cualquiera la templanza, la prudencia y probablemente el resto de las virtudes cardinales.

La chispa —lo sabemos— saltó con la celebración de una manifestación —otra manifestación— reivindicando la independencia de Cataluña, apoyada por el gobierno de la comunidad autónoma. No nos parece que tomar al pie de la letra tales celebraciones populares, crisol donde se mezclan y funden los materiales más heterogéneos, sea muy propio de democracias maduras, pues en ellas conviven otros artilugios más sutiles y seguros, si de conocer la voluntad popular se trata. Dar demasiada importancia a las manifestaciones y recontar hasta la extenuación sus participantes es lo propio de la democracia «por aclamación» que han patrocinado todos los dictadores del mundo y sus corifeos.

Pero como las fuerzas políticas otorgaron una gran significación a lo sucedido en las calles de Barcelona, procede que, con un poco de sosiego y manejando los palillos de la argumentación jurídica, precisemos qué se puede hacer en la actual situación. Porque ya Montaigne anotó que «el Estado alberga en su seno todo tipo de accidentes y venturas y, entre ellas, el orden y el desorden, la desdicha y la dicha» y, como estamos —en efecto— en tiempo de desdichas, se impone idear ofertas para afrontarlas.

Una de ellas es convocar un referéndum, idea ante la que se disparan los interrogantes: ¿en España o solo en el territorio catalán? Y sobre todo: ¿es deseable reducir a una pregunta simple, propia de este tipo de consultas, un asunto como este que supone resueltamente una quiebra rotunda de nuestro sistema constitucional y del territorio del Estado? No lo parece si se tiene en cuenta además que el referéndum es, de entre los instrumentos de que disponen las democracias, el menos afinado. Probablemente por ello es también el procedimiento preferido por los dictadores.

En las democracias los ciudadanos tenemos diversos cauces de participación y decisión porque, parece mentira que haya que recordar lo obvio, los sistemas democráticos se basan precisamente en que los ciudadanos participamos en los asuntos públicos y elegimos a nuestros representantes. Esa petición nacionalista de reconocimiento del derecho a decidir es, por ello, superflua, porque desde hace décadas, en España y en la Comunidad Autónoma de Cataluña, los ciudadanos ejercemos nuestros derechos a decidir al votar de manera periódica. ¿O es que se trata del derecho a decidir «uno solo»?

Pero lo cierto es que el gobierno catalán insiste en plantear unilateralmente una consulta popular. En la medida en que tales consultas carecen de encaje en nuestro Ordenamiento jurídico, pues estas han de seguir los cauces del artículo 92 de la Constitución (más la referencia contenida en el artículo 149. 1, 32 de la misma Constitución), tal grave situación tendría una respuesta constitucional al estar previsto que, cuando una comunidad autónoma no cumpla sus obligaciones o actúe contraviniendo de manera muy grave el interés general de España, puede el gobierno adoptar las medidas que sean necesarias para encauzar la situación. Lo que deberá aprobar el Senado por mayoría absoluta (artículo 155 de la Constitución). Es esta una cautela que trata de cerrar todas las posibilidades de desórdenes y alteraciones graves y es similar a la que existe en los sistemas federales. En las más relevantes federaciones, esto es, Alemania o Estados Unidos, sus constituciones cuentan con preceptos idénticos, utilizados cuando han existido esos riesgos graves por la actuación de las autoridades regionales. Se suele olvidar, pero en los Estados Unidos, a raíz de la sentencia histórica del caso Brown, que declaró inconstitucional la segregación racial en la educación, Eisenhower envió a la Guardia Nacional a Arkansas (1957) para proteger a los estudiantes negros, e igualmente hizo Kennedy en 1963 en Alabama para permitir la inscripción en la universidad de estudiantes negros.

En consecuencia, no consideramos ajustada la propuesta patrocinada desde Cataluña. A nuestro entender, el camino adecuado para abordar la secesión requeriría la reforma constitucional. Un procedimiento que aseguraría la participación de todos los ciudadanos españoles en una delicadísima cuestión, supuesta la evidencia de que las partes no pueden por sí solas decidir acerca de la forma de su integración en el todo.

Si el resultado de este iter es contrario a la independencia de Cataluña, las fuerzas políticas de esta comunidad tendrán que aceptar este veredicto y dedicarse a solucionar, ya sin excusa alguna, los problemas de los catalanes, nada livianos, por cierto.

Si, por el contrario, el resultado fuera favorable a la independencia de ese territorio, entonces procederá, a través de las leyes y otros instrumentos jurídicos, abordar diversas cuestiones delicadas y del más subido interés.

Primeras consecuencias de la secesión

Varias aventuras excitantes suscitaría la secesión. Para empezar, las nuevas autoridades deberían solicitar su ingreso en la ONU y en la Unión Europea.

Sabemos, por un lado, que la Carta de las Naciones Unidas no ampara el derecho de autodeterminación fuera de los supuestos de situaciones coloniales, pero es que, además, podemos aventurar que ese proceso de adhesión estará trufado de ciertas dificultades. Se requiere el voto favorable del Consejo de Seguridad, y su composición actual invita ya a considerar la oposición que una demanda de esta naturaleza encontrará.

Con relación a la Unión Europea, está fuera de toda duda jurídico-institucional la salida inmediata del territorio escindido de la Unión Europea porque el artículo 4.2 del Tratado reconoce que la Unión debe respetar «la identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales... las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial». Además, el artículo 52 del mismo Tratado enumera los estados miembros que hoy integran la Unión, entre ellos, obviamente, el Reino de España, lo que excluye la presencia de nuevos estados, que solamente pueden ser aceptados como nuevos socios tras superar el procedimiento de adhesión contenido en el artículo 49 que exige a la postre una decisión favorable del Consejo Europeo adoptada por unanimidad y debiendo ser el Acta de Adhesión ratificada por los parlamentos nacionales y el europeo.

Para que los dirigentes del futuro Estado catalán vayan ejercitándose en la virtud de la paciencia, conviene que sepan que tal procedimiento de adhesión es largo, pues tras la solicitud de ingreso, la Comisión ha de analizar si el peticionario satisface unos criterios básicos y, después, el Consejo Europeo puede otorgar ya un específico mandato para iniciar las negociaciones de la adhesión, que se prolongan durante años. Las adhesiones que se suscribieron en el año 2004 se habían iniciado siete años antes y la reciente incorporación de Croacia en julio de 2013 es fruto de un proceso que ha durado diez años.

De esa salida de la Unión Europea derivan otras muchas consecuencias, porque no solo los ciudadanos perderían las ventajas de libertades comunitarias de circulación por los países miembros del Tratado Schengen, de libre establecimiento o ejercicio profesional en otros estados miembros, de libre circulación de capitales, del derecho a participar en las elecciones al Parlamento Europeo, así como a incorporarse a la función pública europea, sino que también otras muchas conquistas que derivan de Europa se dejarían de aplicar en este nuevo Estado. Los agricultores catalanes no recibirían las ayudas de la política agraria comunitaria; las escuelas catalanas, tampoco percibirán los importantes fondos de ayuda alimentaria en los colegios; los trabajadores en paro perderían las cuantiosas ayudas procedentes de los fondos de cohesión y solidaridad; los científicos la financiación para sus proyectos, y los estudiantes universitarios dejarían de contar con las becas Erasmus, también las universidades catalanas quedarían fuera de esos intercambios. Los consumidores catalanes no quedarían protegidos por las exigencias de calidad, de menor coste energético de los productos, de las garantías de las ventas... en fin, se diluirían los incentivos para seguir luchando por conquistar los índices de calidad del aire o de la salubridad de las aguas para el baño, pues ya no serían tampoco normas de obligado cumplimiento.

Preocupación esencial de las nuevas autoridades del territorio escindido será decidir acerca de la moneda de curso legal.

En principio, el euro podría seguir utilizándose, ya que la Unión Europea y, en concreto, el Banco Central Europeo mantiene una postura neutral sobre la utilización internacional de esta moneda permitiendo las transacciones internacionales entre quienes están fuera de la eurozona. Por eso es moneda común en países como Andorra, Mónaco o Montenegro, a los que desconocemos si la nueva Cataluña tiene como ejemplo.

Ahora bien, las nuevas autoridades secesionistas no podrán acudir a los instrumentos de liquidez y financiación establecidos por el Banco Central Europeo para conseguir euros. Deberán apelar a entidades crediticias privadas, suscribir con ellas, y según sus condiciones de mercado, las líneas de financiación y los préstamos. En este sentido, debe recordarse la dificultad de promover nuevas emisiones de Deuda Pública, porque las agencias de calificación ya tienen asignada la calificación de bono-basura a los títulos hasta ahora emitidos por la comunidad autónoma, que lleva varios años fuera de los mercados. No debería ignorarse, además, que las amortizaciones de esa deuda se han realizado en parte gracias a las aportaciones del Fondo Estatal de Liquidez, que ha inyectado más de cinco mil millones de euros en el año 2012 y que, si atendiera a las peticiones actuales de las autoridades catalanas, se vería obligado a entregar otros nueve mil millones.

Si, tras advertir estas dificultades, la opción es acuñar una nueva moneda, deberán atender esas autoridades que se estrenan otros riesgos no menores: no es impensable la posible huida de los grandes capitales ante su segura devaluación, la reconsideración de establecer «un corralito», así como la extensión de una hiperinflación.

Tarea prioritaria será también organizar un ejército propio y decidir su ingreso o no en la OTAN. Respecto de esta hay que tener en cuenta que ya los políticos nacionalistas se han declarado contrarios a disponer de un ejército porque para ellos no tiene sentido «replicar cosas que son de otros tiempos», aunque sí querrían estar bajo el «paraguas» de la OTAN. Ahora bien, no sabemos por qué la OTAN va a molestarse en proteger a una Cataluña que no solo ha abandonado a un aliado como es España sino que además no aportaría fuerza militar alguna. Se comprenderá que esta tosca reedición de la ley del embudo difícilmente pasaría el filtro de los mandos, ya muy experimentados, de la OTAN.

Siendo todo esto complicado, lo más arduo habrá de ser el restablecimiento de unas fronteras que inevitablemente afectarán a la circulación de las personas y a los flujos comerciales con la posible introducción de nuevos aranceles. En tal sentido, el nuevo Estado deberá incorporarse a la Organización Mundial del Comercio para poder participar en sus deliberaciones y acuerdos. Mientras tanto, se multiplicarían los aranceles al quedar excluidos del mercado único europeo y las estrenadas autoridades deberán iniciar negociaciones con los estados para ultimar los correspondientes acuerdos bilaterales.

Y, como hemos avanzado, los nuevos ciudadanos catalanes deberán disponer de un pasaporte para utilizar el puente aéreo y desplazarse a Madrid, a París, a Toulouse o a Berlín, y por supuesto no podrán beneficiarse del «espacio Schengen» hasta no ser admitidos en este club, una vez observadas las normas que lo regulan.

Problema bien candente es la determinación de la nacionalidad de los residentes en Cataluña que, hasta el momento de la secesión, contaban con la nacionalidad española y, en consecuencia, con el privilegiado estatus de ciudadano europeo.

Los múltiples conflictos que, a lo largo de los últimos siglos, han derivado en el nacimiento de nuevos estados, disoluciones y secesiones, han puesto sobre la mesa los graves problemas que repercuten en los ciudadanos y que han tratado de atender los organismos y foros internacionales. Aunque España, como otros tantos países, no ha firmado esos acuerdos, pueden ser una pauta para advertir cuáles son algunos criterios que manejan las organizaciones internacionales.

Así, por ejemplo, en las Naciones Unidas, tras los estudios de una comisión de expertos, se presentó una Resolución (A/RES/55/153) en la que se «invita a los Gobiernos a que [la] tengan en cuenta, si procede». En resumen, trata de evitar las situaciones de apatridia, establece la presunción de que los residentes en el nuevo Estado adquieren la nueva nacionalidad (previsión que debe matizarse con el derecho a que nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad, art. 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos); aconseja la máxima información a los afectados, así como la rápida adopción de medidas; admite que cada uno de los estados pueda establecer el régimen de pérdida de la nacionalidad al adquirir la del nuevo Estado o requisitos para otorgarla; así como la necesidad de garantizar el derecho de opción entre la nacionalidad antigua y la del nuevo Estado que se separa.

Similares criterios también fueron propuestos por el Consejo de Europa a través de la presentación de un convenio para la nacionalidad, así como en los trabajos que realiza la Comisión Europea para la democracia a través del Derecho (también conocida como Comisión Venecia). Tales textos insisten en evitar la apatridia y en permitir a los residentes optar entre las dos nacionalidades. La doble nacionalidad se ve como una patología, porque elemento político esencial de todo Estado es su población y, en lógica coherencia, no puede desgajarse una parte de un territorio para querer constituir un nuevo Estado pero sin contar con unos nacionales propios.

En consecuencia, en la situación que ahora nos ocupa, deberán tener en cuenta el gobierno español y el del nuevo Estado catalán estos problemas y establecer en los convenios que firmen el modo en el que los hasta ahora españoles puedan optar por una u otra nacionalidad.

Asimismo, creemos que las nuevas autoridades deberían atender a los mecanismos de protección de las minorías. Téngase en cuenta que los estados europeos existentes, con su riqueza cultural y su diversidad, resultan más respetuosos con el pluralismo interno que lo sería un Estado pequeño salido de sus panzas, porque estos, precisamente para empinarse como estados, se verían obligados a construir unas «señas de identidad», sobre todo de índole lingüística y cultural, impulsadas por las élites políticas, que el Estado grande puede permitirse el lujo de orillar.

Será preciso afrontar muchas reformas institucionales y de reordenación territorial tanto en España como en ese flamante Estado. Así, habría que acomodar el número de diputados y senadores excluyendo a quienes hoy representan a los ciudadanos de las provincias catalanas. Del mismo modo, habrá que reordenar la planta de los juzgados y tribunales de justicia y fijar los cauces para el traspaso de las sedes, y locales, y dando la opción a jueces, magistrados, fiscales y personal de la Administración de Justicia para elegir entre otro puesto en la organización judicial española o su abandono de la función pública española.

Naturalmente, será necesario buscar una nueva sede en el territorio español para la Escuela Judicial que hoy se encuentra en Barcelona.

Otros órganos relevantes españoles deberán también acomodar su estructura interna a la nueva situación. Así por ejemplo el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Con relación al Banco de España, será preciso decidir qué destino tienen sus dependencias en Barcelona y cesarán las funciones de supervisión y fiscalización de las entidades financieras que tengan su domicilio social en el territorio escindido. En este sentido, hay que tener en cuenta que un importante grupo de cajas de Ahorro catalanas ha sido nacionalizado para evitar su quiebra y que en la actualidad operan bajo la denominación «Catalunya Banc», organización bancaria sostenida gracias a las cuantiosas ayudas que le ha aportado el Fondo de Ordenación y Reestructuración Bancaria, en cuyo último informe se cifraban ya en doce mil millones de euros. La secesión supondría negociar el cauce de devolución de estas ayudas si las nuevas autoridades catalanas quisieran adquirir la titularidad de esta entidad financiera.

Ya que estamos metidos en dineros, añadiremos que los Presupuestos Generales en curso deberán ser ajustados a la nueva realidad territorial, así como las ayudas y subvenciones a municipios, tanto las llegadas del Estado como las de la Unión Europea, de la que —por cierto— ha procedido un río de dinero para empresas y trabajadores en apuros.

Otros organismos relevantes que se verían concernidos serían la Comisión Nacional del Mercado de Valores que tiene una importante sede en Barcelona, así como los órganos de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que se alojen en lo que hasta hace poco era la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, obligados a trasladarse a Madrid o a otra ciudad de España.

El hecho de la presencia en Barcelona de estas dos comisiones ha tenido un influjo relevante en la domiciliación en Cataluña de empresas y servicios (despachos de abogados, economistas, ingenieros, etc.) y en la celebración en Barcelona de un acontecimiento tan importante como el Congreso Mundial de Telefonía Móvil, que cambiaría de sede. Con relación a las bolsas, la de Barcelona, que es una sociedad anónima privada, deberá reconsiderar su integración en la Sociedad de Bolsas (BME), organización gestora del mercado de renta variable español.

Obligadamente saldrán del territorio catalán escindido los restos aún existentes de la Administración periférica del Estado: Delegación del Gobierno, subdelegaciones en las provincias, delegaciones de la Agencia Tributaria, servicios del Ministerio de Trabajo o de asistencia a los funcionarios (MUFACE). Y lo mismo habrá de predicarse respecto de las sociedades estatales que tienen delegaciones o empresas filiales con sede en el territorio escindido. Tal es el caso por ejemplo de la Empresa de Transformación de Productos Agrarios (TRAGSA) y de Mercabarna.

Y hablando de los funcionarios, deberá abrirse un cauce para que quienes hoy dependen del Estado o se hallan en territorio catalán como consecuencia de traspasos realizados en su día a una comunidad autónoma, traslados o concursos (profesorado, personal sanitario, registradores y notarios, etc.), así como quienes prestan sus servicios en las instituciones europeas, puedan optar entre permanecer en el territorio escindido y perder, en los términos de la legislación en vigor, la nacionalidad española y la carrera administrativa, o pasar a España. Tal régimen se habrá de aplicar igual a los funcionarios militares y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Importará también atender cómo se financiarán las pensiones contributivas —de jubilación, incapacidad permanente, viudedad...—. Y es que, según un reciente informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en caso de que las comunidades autónomas tuvieran la responsabilidad de esta gestión, en Cataluña no podría afrontarse el pago de las pensiones con las cotizaciones de los trabajadores y empresarios que residen en ese territorio.

Capítulos también que exigirán esfuerzos considerables son los que han de abrirse para solucionar los problemas que plantea el río Ebro. En la actualidad sabemos que la Confederación Hidrográfica integra de manera adecuada la representación territorial así como la de empresarios y usuarios del agua. Pues bien, en el futuro habrá que tramitar y negociar un acuerdo internacional con el nuevo Estado, supuesto el hecho de que el Ebro tiene la veleidad de discurrir por territorios que no quedarían comprendidos en los del Estado catalán.

Lo mismo procede señalar respecto de las redes de alta tensión, en particular los proyectos en curso de conexión con Francia que tan costosos están siendo.

Respecto de las carreteras y autopistas, lo lógico será que pasen a depender del nuevo Estado, pero tendrán que decir adiós a las cuantiosas ayudas y subvenciones que, para la reducción de los peajes, han venido recibiendo en los últimos años. Como reconoció la propia ministra de Fomento en una comparecencia en el Senado el 12 de septiembre de 2012, más del 50 por ciento de todas las ayudas vertidas a estas infraestructuras han ido dirigidas a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Idéntica lógica habrá que aplicar a otras infraestructuras, como las ferroviarias, aeroportuarias y portuarias, donde las nuevas autoridades habrán de subrogarse en todas las relaciones jurídicas y en las cuantiosas deudas que arrastran debido a las grandes inversiones estatales realizadas en los últimos años.

Del resultado de todo este complejo proceso irán surgiendo concretas cifras de «finiquito» por la valoración de todos los bienes que se entregan, así como las deudas pendientes si aceptamos que finiquito es, según la Real Academia, «el remate de las cuentas, o certificación que se da para constancia de que están ajustadas y satisfecho el alcance que resulta de ellas». Porque no hay que desconocer que parte de la deuda pública viva que mantiene ahora España deberá asumirse por el nuevo Estado catalán (algunos estudios económicos la cifran en unos 150.000 millones de euros).

Y, junto al finiquito, rellenar los vanos dejados por la legislación española de la que no dispone Cataluña, renglones estos en los que hay que incorporar las bagatelas del Código Civil, del Penal, del de Comercio, de la Leyes de Enjuiciamiento, de la legislación laboral, de la de sociedades mercantiles, de la Ley Hipotecaria, de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y un largo etcétera que resultaría algo extenuante exponer en su detalle pero que aportaría una larga etapa de inseguridad jurídica, festín de pleitos y abogados.

En fin, un intrincado derecho transitorio habrá de regular la situación en la que quedan los pleitos pendientes ante los órganos de justicia, los contratos públicos en curso, los procedimientos de inspección y los sancionadores y cualesquiera otros conflictos judiciales o sometidos a arbitraje que se presenten, porque sería conveniente establecer unas bases o criterios para resolver posteriormente cualesquiera otras cuestiones que no hubiera sido posible solucionar en el momento del finiquito.

Son dificultades ciertamente, porque la convivencia que se rompe ha sido de siglos, pero, en fin, son las emociones a vivir por quienes insisten en la actitud de los persas que Montaigne nos describe: «la naturaleza nos echó a este suelo libres y desatados y nosotros nos aprisionamos en determinados recintos como los reyes de Persia que se imponían la obligación de no beber otra agua que la del río Choaspes, renunciando por torpeza a su derecho a servirse de todas las demás aguas». O, dicho de otro modo, renunciando a disfrutar de la alta claridad de la solidaridad.

El coste de la no-España. Es, en efecto, del coste de la no-España de lo que hablamos en este libro. Pues bien, cuantífiquese el coste que supone dedicar nuestras energías a debatir este problema artificialmente planteado en un país que padece, además de una crisis económica grave inscrita en la esfera de la que afecta a otros países, una crisis institucional propia, doméstica, de unas dimensiones incalculables. De la primera, de la crisis económica, iremos saliendo por el sacrificio de muchos españoles y por la ayuda de Europa y el efecto de la globalización económica. De la crisis política e institucional no saldremos si no somos nosotros quienes aprestemos los instrumentos para ello. Es decir, si en la esfera política no se adoptan las decisiones pertinentes.

Dedicarse a estos asuntos en un momento como el que vive la sociedad española es de una irresponsabilidad patente y grave.

Porque salta enseguida la pregunta: ¿crear un Estado nuevo para ingresar en la Unión Europea y acabar aplicando la misma legislación que en ella se gesta?

La soberanía diluida

Y es que, si no queremos engolfarnos en la ignorancia y miramos limpiamente hacia el pasado, advertiremos que los estados europeos que conocemos han representado muchas cosas importantes, pero un par de ellas fundamentales: han sido la mejor protección contra las crisis y las convulsiones económicas, es decir, la primera agencia de seguridad, y también los defensores de las fronteras a través de sus ejércitos, precisamente nacionales. Pues bien, la causa de su debilidad actual se debe a que estas funciones ya no las pueden cumplir cabalmente, porque su autonomía se ha visto drásticamente erosionada y limitada por organizaciones mundiales o continentales. Es decir, en estas cruciales cuestiones, los estados han devenido minusválidos, necesitan una ortopedia imprescindible para caminar erguidos. Una realidad que, si no se sabe encarar, puede tener perturbadoras consecuencias, porque ya Hobbes dejó escrito que las obligaciones del súbdito con el Estado duran lo que dura la capacidad de este para protegerle. Ni un minuto más.

Si se nos permite decirlo en términos generales, el Estado-nación en Europa se encoge como se encogen los parlamentos tradicionales con sus leyes sacrosantas y los gobiernos con sus pretendidos poderes taumatúrgicos, o los sindicatos que creían dominar los intersticios del mercado laboral. Las multinacionales, los complejos industriales y económicos, las relaciones económicas que fluyen de los mercados y las grandes organizaciones internacionales rebañan, de manera desenfadada y metódica, jirones y jirones de siglos de teoría política, dejándola huérfana y perpleja.

Porque a estas nuevas circunstancias de la vida económica se ha unido otra que ya venía incubándose también desde mucho tiempo: el monopolio de la fuerza, santo y seña del poder del Estado, se ha escapado en parte de sus manos como consecuencia de la creación de estructuras militares internacionales, a lo que debe añadirse una privatización de los medios de destrucción que permite a minúsculos grupos de activistas disponer con facilidad de instrumentos mortíferos obtenidos en los tenderetes del mercado mundial, pequeños artilugios aptos para desencadenar con facilidad terribles calamidades.

Tras lo dicho, nos parece claro que las ideas que alimentaron las naciones y el nacionalismo han dejado de mover las turbinas de los tiempos y además han perdido su función de servir de legitimación al poder. Los ciudadanos actuales tienen raíces en sus pueblos, en sus países, etc., pero también disponen de alas: para volar a otros continentes, a otros espacios, para integrarse en otras comunidades...

A la vista de estas alteraciones que han transformado la posición de los estados europeos: ¿alguien puede pensar seriamente en una economía española o francesa independientes?, ¿y a dónde nos llevaría imaginar una catalana o bávara o sajona?, ¿alguien imagina con la cabeza fría que estados pequeños nuevos puedan ser capaces de ofrecer alternativas en el escenario mundial de una economía abierta?, ¿no es todo ello algo extemporáneo y extravagante?, ¿es que se ignora que el Fondo Monetario Internacional controla la política económica de al menos la tercera parte de los estados «soberanos» de la tierra?

Esta realidad pone de manifiesto algo que no debe olvidarse: el territorio de reducidas dimensiones que se quiera independizar y librarse de las cadenas del Estado más grande al que ha pertenecido podrá conseguirlo, a base de esfuerzos imaginativos y de airear pasados gloriosos que no está dispuesto a compartir, pero será inevitable que acabe cayendo en las garras de otros poderes más difusos, los transnacionales tan activos a que nos estamos refiriendo, y que ante ellos se vean mucho más indefensos que las grandes y más robustas unidades políticas. Y es que, como bien dispara Hobsbawm, «el mundo más conveniente para los gigantes multinacionales es un mundo poblado por estados enanos o sin ningún estado».

Haciendo un poco de notarios, diríamos que estamos en Europa en época de transformación de grandes mamíferos, entre los que ocupan lugar de privilegio los nacionalismos tradicionales que han producido monstruos y angustiosas pesadillas.

Cuando este proceso se culmine, la buena educación impondrá enterrarlos y dejar caer sobre su tumba una aureola de tinieblas.

Es muy significativo que los nuevos estados surgidos en Europa en el último tramo del siglo XX, con sus presidentes, sus ministros, sus protocolos y sus parlamentos, son estados débiles que, si en algo han puesto o están poniendo empeño y determinación, es en integrarse con rapidez en espacios políticos más amplios, notoriamente en la Unión Europea, a cuyas puertas han llamado o llaman, enfadándose si no se abren con diligencia: los casos de Estonia, Letonia,

Lituania y Eslovenia son bien significativos. Como también lo son los de Polonia, la República Checa, Hungría, Eslovaquia y Croacia. No han intentado, como acaso hubiera sido esperable, constituir o formar alianzas locales o regionales, sino que han sido seducidos sin más trámites por el imán de Bruselas. Y menos mal, porque algunos, especialmente en los Balcanes, reeditaron un nacionalismo racista y totalitario y mostraron una temible inclinación a la industria de la lavandería étnica, al juego bronco con fusiles ametralladores y al entretenimiento de quemar la casa del vecino.

Y es que la Europa actual nuestra se forma como respuesta a las necesidades de paz tras la batahola desencadenada precisamente por el nacionalismo de Hitler.

Si hoy avanzamos juntos es porque sabemos que ya ninguno de los estados nacionales que la Historia ha dejado como estela es capaz de proyectar señal inquietante alguna en el escenario de un mundo que es radicalmente nuevo. Solo nuestra unión nos permite disponer de instrumentos aptos para conformar la realidad, pues, aunque con quinientos millones de habitantes y con el mayor mercado interior del mundo, somos una entidad política impresionante, seguimos siendo pequeños si tomamos los cinco continentes como medida. Decía Paul-Henri Spaak, primer ministro belga, que «todos los estados europeos son pequeños, lo que ocurre es que algunos no lo saben». Dicho de otro modo: dividida, Europa no cuenta; unidos, los europeos tenemos la posibilidad de llegar a ser uno de los más originales motores del nuevo gobierno de la mundialización y además proteger en este territorio con especial solvencia libertades y derechos fundamentales.

Y si ya los estados actuales que integran la Unión Europea son «pequeños» e insignificantes considerados por separado en el concierto mundial: ¿qué se diría de unos nuevos «estaditos» fruto de secesiones?

En este sentido, no hay que desconocer que existen tensiones con cierta similitud en Bélgica entre las zonas flamenca y valona, en Córcega, en el norte de Italia, en Escocia... Si la espiral secesionista engullera estos movimientos y lanzara a los mapas nuevos estaditos que, con el tiempo, solicitaran y consiguieran su incorporación a la Unión Europea: ¿cómo avanzaría el gobierno de la Unión? Si ahora ya la representación gubernamental de 28 estados en el Consejo Europeo y en el Consejo de Ministros genera sus dificultades en la toma de decisiones, en las votaciones; sus tensiones a la hora de la designación de comisarios o de otros representantes en los organismos y agencias europeas; si ya los ciudadanos advierten que no entienden los procedimientos de adopción de acuerdos: ¿no existiría el riesgo de desintegrar el proyecto europeo y originar un pandemonium?

Debe imponerse la sensatez. Si estamos avanzando hacia una auténtica integración europea, a una comunidad de derechos en un mercado integrado, no debe consentirse la confusión de querer retroceder a una convivencia feudal o tribal, en la que se estanquen determinados grupos de familias o de intereses patrimoniales.

A tal efecto, disponemos de un artefacto importante entre manos que son las instituciones europeas. Hay quien quiere destruirlas como el insensato que quema los muebles del palacio para calentarse las manos y hay quien quiere simplemente dejarlas como están. Lo procedente es renovarlas, impulsar la corrección de sus defectos sin dejar de realzar sus muchos elementos positivos.

Es un poco aburrido, pero no hay más remedio que volver sobre ello. En un contexto en el que tantas ideas básicas se mueven y sufren mutaciones, conviene que seamos conscientes del vuelco que han vivido algunas de ellas. Prestemos atención a la idea de «soberanía», fundamento nada menos que del Estado en la Edad Moderna, pero respecto de la que hoy debe decirse que se ha desplazado desde la individualidad de los estados a su actuación como miembros de una comunidad, razón por la cual se ha esfumado el «poder único e indivisible» de que habló Bodino para emerger otro de rasgos renovados basado en la existencia de un orden jurídico complejo e irisado, pero dotado de los suficientes elementos para ser reconocido como un todo unitario, trabado por el derecho y cimentado por el principio de «lealtad» de la Unión con los Estados y viceversa. Es la «soberanía diluida», concepto apto para describir esta nueva situación juridicoconstitucional.

Convengamos pues en que la soberanía, entendida al modo tradicional, ha devenido una pieza herrumbrosa en el mundo europeo y global que se está construyendo.

Ahora bien, procede añadir que este traslado de competencias a la instancia europea que implica la soberanía diluida no puede ser entendido como una simple cesión, sino como la conformación de nuevas potestades y de un nuevo haz de competencias que afecta por lo demás a las ejercidas por los tres poderes tradicionales del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que ven paralelamente mermadas sus atribuciones. El mismísimo sacrosanto espacio que ocupa la Constitución ya no puede considerarse seguro ante las posibles mudanzas que vive. Respecto del legislativo, el simple hecho de que el 80 por ciento de las normas afectantes al derecho económico y el 50 por ciento de las que no se refieren a este específico ámbito, se hallen determinadas por el derecho europeo, da una idea del alcance del debilitamiento que padece la potestad legislativa nacional, sobre todo si se tiene en cuenta además que los parlamentos apenas participan en la elaboración de ese derecho, debiéndose limitar las más de las veces a tareas atinentes a su ejecución o desarrollo.

Se comprenderá que está sobre la mesa un cambio de modelo que puede resumirse así: si el Estado en Europa ha de seguir siendo indispensable, será a base de perder su «nacionalidad», para expandirse cooperativamente en amplios espacios de poder capaces de poner firmes a los grandes sujetos del nuevo orden internacional y a los grandes conglomerados económicos. Un proceso de integración que se está intentando en los demás continentes que nos miran como modelos.

El ridículo como pariente de la secesión

Por estas razones es desenfocado el planteamiento que hacen las fuerzas políticas catalanas al asegurar que Cataluña puede ser un Estado, pues, por población, los hay más pequeños en Europa. Esto es verdad, pero no se trata de un problema de número de habitantes sino de asumir la realidad que hemos descrito y que tiene difícil contestación.

Imaginemos —ahora en un tono irónico— una Cataluña independiente, ya liberada de la «opresora» monarquía española. Podría proclamar la república independiente, porque no sería cosa de entronizar un nuevo monarca extraído de las casas reinantes por la sencilla razón de que están para pocos trotes o sus miembros padecen una artrosis desbocada. Una república implicaría nombrar un presidente (a ser posible, sin antecedentes penales), buscar un palacio en cuyas ventanas cante el ruiseñor y unos guardias con uniformes vistosos como cristalerías de luces. El himno no es problema, pues existe, lo mismo que las gargantas para cantarlo. Y la bandera ya ondea en sus edificios, tan solo se trataría de quitar la «otra», y en ello con un minuto sobra.

Nombrar ministros es coser y cantar y no digamos presidentes de tribunales de justicia, de cuentas, constitucionales... Colas harían los profesionales más distinguidos para atarse al ejercicio de estas responsabilidades, aunque con ello pusieran en peligro su salud y su vida familiar. Coches oficiales habría que comprarlos a cientos, con lo que el ramo volvería a conocer días de gloria y esplendor.

Habría que imponer a esa población entusiasta tributos e impuestos, pero esta los pagaría con entusiasmo; la lacra de la evasión fiscal no se conocería, puesto que todo lo recaudado iría a parar al engrandecimiento de la nueva nación.

Pues, ¿y diseñar una moneda propia? Sería innecesario endeudarse, pero, si tal acaeciera, los virtuosos republicanos de la nueva nación adquirirían cualesquiera títulos que se les hiciera llegar. Si, aun así, hicieran falta nuevos fondos, ahí estarían los mercados internacionales dispuestos a comprar el producto financiero más sólido y el de garantías más aquilatadas.

¡Adiós a los vaivenes de las primas de riesgo! Solo por despedir a estos parientes, merece la pena iniciar la aventura de la independencia.

¿Se tiene conciencia de lo ridículo del camino emprendido? Probablemente no, porque el discurso que consiste en aclarar a quien no quiere oír que el nacionalismo ha sido el partero de las desgracias colectivas más aniquiladoras que ha sufrido la humanidad, que reproducirlo en los inicios de este siglo XXI es suicidio y homicidio a un tiempo, y añadirles que no hay sueño más placentero para las grandes empresas y los intereses económicos intercontinentales del planeta que la proliferación de estados raquíticos, empinados en su ridícula poquedad, esforzarse en todo ello es sin más empeñarse en perder el tiempo. O, como se dice clásicamente, majar en hierro frío.

Con todo, para nosotros, que estamos en contra de estos desvaríos, es obligado no darse por vencido, vestir las armas del combate y luchar contra estas sombras lúgubres del pasado.

3.   LAS CLÁUSULAS PSICOSOCIALES
DEL CONTRATO SECESIONISTA

JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ DOLS Y
JAIME MARÍA DE BERENGUER DE SANTIAGO

Cuando las personas comparten conductas o características visibles, es probable que se les «clasifique» en una categoría social («hombre», «católico», «catalán», «padre»). A resultas de tal clasificación desarrollan un sentimiento de identidad compartida, lo que técnicamente hablando se llama «identidad social». En un contexto normal una persona puede pertenecer a diversas categorías sociales y, por tanto, su identidad social es compleja. La identidad social es psicológicamente saludable, nos enriquece con formas diversas de cooperación y sentimientos compartidos y es una fuente de autoestima y emociones positivas. Pero la identidad social también tiene un lado oscuro: nos enfrenta a los que no son «como nosotros», y facilita el prejuicio y la discriminación como una forma de aumentar nuestra autoestima mediante el desprecio «al otro».

Las identidades compartidas (ser mujer, ser católica, ser catalana, etc.) se pueden utilizar de muchas maneras. Una de las más populares es sacralizarlas convirtiéndolas en proyectos políticos. Una de esas categorías «sacras» es la «nación», una categoría inventada por las élites de la Europa del Romanticismo que permitió, durante el siglo XIX, convertir los antiguos reinos europeos en naciones. Más allá de los mitos políticos, los movimientos nacionalistas y sus consecuencias no son el resultado del movimiento telúrico de un «espíritu nacional» encarnado en un «pueblo llano», sino la meta del programa político de una élite local. La traducción conductual del término «libertad» es poder. Cuando una élite política reclama más libertad para su ámbito de influencia, al que suele llamar su «pueblo», lo que, en términos prácticos está reclamando, con mejores o peores intenciones, es simplemente más poder para la propia élite.

Una característica fundamental del programa nacionalista de cualquier élite local es la relativización del individuo en nombre de un ente superior, la nación. La nación es un personaje misterioso e invisible con un pasado noble y un destino glorioso; solo las élites intelectuales nacionalistas pueden oír sus designios. En la lógica nacionalista, la política se hace para la Historia con mayúscula (otro personaje misterioso e invisible), y la Historia no se fija necesariamente en la felicidad o el bienestar individual de los ciudadanos; hay que mirar más allá, a los intereses de la nación, y solo la Historia podrá juzgar, dicen los dirigentes nacionalistas. Eso explica, entre otras muchas calamidades, el terrible neocolonialismo europeo de los siglos XIX y XX (que impuso arbitrariamente el concepto de nación a todo el mundo) y las dos guerras más cruentas de la historia de la humanidad, amén de otras más limitadas pero no menos atroces como la Guerra de los Balcanes.

Los nacionalismos europeos

Tras la Segunda Guerra Mundial algunos políticos e intelectuales europeos aprendieron una lección: el nacionalismo de las élites locales europeas era algo demasiado peligroso. Debía ser domesticado. ¿Cómo? Transformando lo que podríamos llamar «el brazo armado» de la nación: el Estado. El Estado es también un concepto abstracto, pero se materializa en instituciones pobladas por funcionarios y una clase política que dicta y ejecuta las leyes de la nación. Las leyes deben ser obedecidas de grado o a la fuerza. Por eso un clásico de las ciencias sociales, Max Weber, proporcionó la definición clásica del Estado: la institución que tiene el monopolio de la violencia legítima dentro de sus fronteras, al administrar la ley, y más allá de sus fronteras, en la defensa de su soberanía.

¿Cómo se intentó y se sigue intentando «desarmar» a las naciones? Debilitando sus estados con nuevas entidades supraestatales como la Unión Europea o las cortes penales internacionales. La apuesta era que unos estados amables («estados del bienestar») darían lugar a naciones —y sus correspondientes espíritus nacionalistas— razonablemente amables.

El proyecto ha tenido un indudable, aunque desigual, éxito, pero, para sorpresa de los politólogos, el nacionalismo europeo muestra un sorprendente renacimiento a través de una mutación. Mientras que las viejas naciones europeas occidentales son fieras razonablemente dormidas que sueñan (o deberían soñar) con un estado de bienestar supranacional, solidario y justo, surgen nuevas naciones que reivindican una secesión de la antigua nación, pero no cumplen, para cualquier observador no interesado, ninguna de las condiciones básicas previstas en Ciencia Política para un típico movimiento de secesión: ni están especialmente oprimidas, ni particularmente segregadas, ni han sido abandonadas a su suerte por razones étnicas o religiosas. Surgen en lugares como Flandes, Escocia, «Padania» o Cataluña, regiones más ricas que el resto de la vieja nación europea a la que pertenecen. Sus seguidores reivindican, sobre todo, no compartir su riqueza con el resto de la sociedad con la que conviven.

Esas nuevas mutaciones del nacionalismo europeo ocultan, en su «código fuente», las características de su matriz primigenia y, por tanto, cualquier ciudadano debería tener presente que suscribir nuevos nacionalismos supone además suscribir la «letra pequeña» del viejo programa nacionalista.

Y esa «letra pequeña» implica el riesgo de que los neonacionalismos europeos cometan los mismos errores que las viejas naciones de las que se quieren escindir. Que el «brazo armado» de la nueva nación, su naciente Estado, sea peor, menos amable, solidario y tolerante que el viejo Estado del que se escinden.

En este capítulo vamos a revisar datos que hacen sospechar que un revitalizado nacionalismo secesionista no pueda garantizar un Estado amable y pacífico, ni una clase dirigente que promueva una sociedad solidaria, ni unos líderes empáticos con las necesidades de los ciudadanos a los que dicen servir, ni la ausencia de las prácticas conductualmente más indeseables de los viejos nacionalismos. Ejemplificaremos con el caso que nos ocupa: Cataluña.

El nacionalismo catalán

El nacionalismo catalán es un ejemplo más de esa visión romántica en la que una élite se constituye en el oráculo del destino de un colectivo más o menos imaginario. Los programas nacionalistas son iniciativas políticas e intelectuales impuestas, mediante una combinación de fuerza y propaganda, desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. En dicho proceso el control de la educación es clave. Como dice Ernest Gellner en Naciones y Nacionalismo, el orden social del nacionalismo del siglo XX ya no descansa, como en tiempos pretéritos, en los verdugos, sino en los maestros.

Esa afirmación se aplica igualmente en el caso del espíritu nacional catalán. Son las clases acomodadas y, sobre todo, la élite política las que comparten la visión nacionalista con más frecuencia y entusiasmo. Por ejemplo, un reciente análisis de los datos del Barómetro Autonómico del CIS en 2013 (Mari-Klosé y Moreno Fuentes, 2013) reseña cómo el 65 por ciento de la clase obrera, que constituye casi la mitad de la población, se considera bastante o muy orgullosa de ser española, mientras que en los estratos más altos de la sociedad catalana ese porcentaje desciende al 33 por ciento. Otros datos empíricos recientes (Martínez Herrera & Miley, 2010) muestran que mientras el 41 por ciento de los votantes de CiU se sentían tan españoles como catalanes, ningún diputado de CiU se enmarcaba dentro de esta categoría. Por último, mientras que solo el 18 por ciento de los votantes de CiU se sentían únicamente catalanes, esta categoría fue escogida por el 68 por ciento de los diputados de CiU.

El profesor de la Universidad de Cambridge Thomas Miley (2007, véase también Gaviria y Miley, 2012) cuestiona el supuesto carácter «cívico» del nacionalismo catalán. Miley describe cómo la implantación del espíritu nacional en la Cataluña contemporánea respondió a un programa revanchista diseñado desde las élites políticas locales e instrumentado a través de la creación de un cuerpo docente con un fuerte sesgo ideológico. En los datos de Miley, mientras solo un 9,3 por ciento de la población prefería una enseñanza exclusivamente en catalán, el 41 por ciento de los maestros y el 3,8 por ciento de los políticos se inclinaban por dicho modelo.

La letra pequeña de la oferta secesionista catalana

Primera cláusula. Un Estado potencialmente menos humano y justo

Algunos politólogos (véase, por ejemplo, Bartkus, 1999) sugieren que la eclosión de movimientos secesionistas en lugares prósperos de Europa se debe a la pérdida de vigencia del Estado o, más concretamente, a la crisis del concepto de Estado tradicional a la que hemos aludido anteriormente. De esta forma el monopolio de la violencia institucional ya no sería un rasgo central de los estados y ello haría viable estados donde antes hubieran sido imposibles. El lector puede creer o no en esa visión rosada de la historia, pero no debería olvidar lo que ha ocurrido con otras recientes predicciones optimistas: el fin de la historia, la globalización, la desaparición de la religión de la arena política etc. El optimismo es popular. A todos, incluidos los expertos, les gusta oír que «esta vez es distinto», que el paraíso está al alcance de la mano, pero un gran volumen de investigación conductual muestra que cuanto más optimista es un líder más probable es que encamine a sus seguidores a un desastre previsible (Kahneman, 2012). Reinhart y Rogoff dieron un título muy gráfico a su influyente análisis de la actual crisis financiera: Esta vez es distinto. Ocho siglos de necedad financiera.

El «renacimiento» de la historia en las nuevas tensiones geopolíticas en Oriente Medio, la traducción de la globalización en deslocalización salvaje, el desmantelamiento del Estado de bienestar, el terrorismo fundamentalista, la Guerra de los Balcanes y, sobre todo, la inoperancia de la Unión Europea no sugieren un cambio significativo en la importancia de la violencia en el papel de los estados a corto, a medio o a largo plazo. Basta abrir un periódico y echar un vistazo a la sección que no casualmente se llama «Internacional», para constatar que, para los estados, la guerra sigue siendo la medida de todas las cosas.

No es imposible que la secesión de Cataluña fuera un caso único en la historia. Una secesión pacífica y democrática, indolora y rentable económicamente. Pero, para ser realistas, es muy improbable. El adagio dice que los que desconocen la historia están obligados a repetirla. El problema, en este caso, es que la historia está llena de dos tipos de acontecimientos relevantes para la predicción: secesiones dolorosas y programas políticos que se autoproclamaron «distintos» y acabaron en tragedias. Apostar por la radicalización de una doctrina política cuyas versiones más radicales han sido las causantes del mayor número de muertos por asesinatos políticos en España durante los últimos setenta años es, cuando menos, excesivamente optimista, si no temerario.

Si el lector está dispuesto a considerar la hipótesis de que el Estado es, y seguirá siendo durante muchísimo tiempo, la institución con el monopolio legítimo de la violencia, le puede interesar preguntarse qué gana en un hipotético nuevo Estado catalán. ¿Qué gana con que el monopolio de la violencia lo detente la élite política local?

¿Sería un Estado más amable que el viejo Estado de España? ¿O sería menos amable? Nos inclinamos por sugerir que hay grandes riesgos de que el Estado catalán pudiera fácilmente ser menos humano y justo que el Estado del que se escindiera. Y ello por tres razones psicológicas y una política, cualquiera de ellas de enorme importancia:

a)   La alta autoestima y la inseguridad generan la búsqueda de un enemigo interno o externo (chivos expiatorios). Desgraciadamente, la lista de chivos expiatorios en situaciones de crisis es interminable: los judíos, los kurdos, los gitanos, los tutsis, los cristianos, los musulmanes y un largo etcétera. Los políticos catalanes han jugado a veces con este monstruoso proceso al sugerir que algunas regiones de España o España al completo los parasitan. Es un juego con fuego que puede prender con gran fuerza en circunstancias de incertidumbre (Staub, 2002) tales como una escisión. Hay antecedentes preocupantes en el discurso público de los representantes de los partidos catalanes. Tal fue, por ejemplo, el caso de un concejal que, en 2008, invitaba a «apadrinar niños extremeños» en su blog, acompañándolo de una fotografía de niños semidesnudos en medio de un lodazal. Lo que es una anécdota desafortunada se convierte, desde el punto de vista conductual, en la punta de iceberg de la incursión del discurso político en el terreno de la animalización de seres humanos (Leyens, et al., 2007). Y todo para reivindicar, paradójicamente, una «excesiva» solidaridad con un estereotipo de español sucio, pobre e incapaz, es decir, digno de desprecio. Es más que probable que la nueva nación cree sus propios chivos expiatorios si, como también es más que probable, no llega el paraíso prometido tras la escisión. Los políticos saben que los enemigos internos y externos son una fórmula infalible para no abordar otros problemas y generar cohesión y lealtad.

b)   El discurso nacionalista fomenta la categorización social, es decir, la creación de categorías estables, internas, permanentes y excluyentes aplicables a las personas, ya sea a nivel individual o grupal. La categorización social es uno de los predictores más poderosos de discriminación y conflicto intergrupal (Tajfel, 1981). Ser catalán se convertiría en una característica intrínseca que no todos pueden adquirir (aunque la propaganda nacionalista diga lo contrario), porque en su definición esencial es una condición no elegida, dictada por el nacimiento. Veamos un ejemplo. El Centre d‘Estudis Estratégics de Catalunya, un think tank al servicio de la élite política catalana, generó durante este año un informe sobre el futuro ejército catalán en caso de una secesión (CEEC, 2013). En la descripción del nuevo ejército se prescribe que los soldados y oficiales deberán haber nacido en Cataluña. Además, se recomienda exigir que los oficiales hablen el catalán mejor que los soldados (nivel C —fluidez en textos complejos— frente a nivel B —enlazar frases de forma sencilla—, en términos de la nomenclatura europea para la enseñanza de las lenguas). Una recomendación que solo puede aspirar a cierta mayor «pureza nacional» en los oficiales que en los soldados, ya que, desde un punto de vista operativo, es cómico diseñar un ejército contemporáneo en el que los soldados no entiendan a sus mandos por dominar peor el idioma en el que se van a comunicar (salvo que el catalán no vaya a ser la lengua vehicular del ejército catalán, lo que convertiría a esta hermosa lengua en un mero símbolo de estatus, como el francés para la aristocracia zarista). Y el problema no afecta solo a los soldados. Ser ciudadano catalán en un Estado independiente exigiría que las personas no puedan usar otras categorías (como «español»), que serían percibidas como incompatibles. La imposición de una categoría social dominante da lugar, además, a nuevas subcategorías positivas o negativas o a una exacerbación de algunas antiguas. Y, como acabamos de indicar, la categorización social implica discriminación. Una persona que vive en una nueva nación, pero no se ajusta al perfil categorial ideal de «nuevo ciudadano», pasará de ser un «ciudadano de primera» a ser un ciudadano «de segunda» implícita o explícitamente discriminado en su vida laboral, cívica o personal. El estatus social se organiza en torno a nuevos signos de identidad. Dominar el castellano y el catalán, por ejemplo, ya no sería una virtud ni la recomendación pedagógica que se suele mencionar para justificar los programas de inmersión lingüística. Dominar el castellano en la nueva Cataluña se convertiría en una lacra o al menos en algo irrelevante para un funcionario, un alumno o un comerciante. Es responsabilidad del lector decidir si le atrae la institucionalización de criterios implícitos o explícitos sobre quién es genuinamente catalán según su perfil familiar, profesional y cultural, en una hipotética Cataluña independiente.

c)   La consecuencia más probable de un discurso victimista que fomenta la percepción de injusticia es la venganza. Está en manos del ciudadano decidir si quiere apostar en contra de esa ley conductual en función de la supuesta excepcionalidad humana de los dirigentes nacionalistas («Esta vez es distinto»). ¿Es la clase dirigente catalana excepcionalmente tolerante y abierta a la disidencia? Hay varias respuestas plausibles, pero las dejamos a la imaginación del lector. Un ejemplo basta para ilustrar la facilidad con la que la crítica a determinados políticos o instituciones se convierte, para una élite local hegemónica, en una crítica a la nación y por tanto un delito o algo peor. En 2008 The Economist publicó una serie de artículos analizando la situación de la sociedad española.

En uno de ellos se comentaban las ventajas y desventajas del Estado autonómico. En el capítulo de las desventajas se mencionaba, muy razonablemente —a partir de entrevistas con respetables intelectuales como Antonio Muñoz Molina o Josep Ramoneda—, el riesgo de renacimiento del caciquismo con políticos que se perpetuaban en el poder. The Economist ejemplificaba con Pujol, Fraga y Chaves, y los calificaba de auténticos «reyes» con sus «cortes» y unas políticas cada vez más maximalistas. El gobierno catalán justificó pronto los temores de The Economist con un comunicado que no fue emitido por su portavoz o los responsables de cultura sino nada menos que por la consejera de Justicia (Publico.es, 11/11/2008). ¿Por qué justicia? Probablemente porque en dicho comunicado se caracteriza a The Economist, a modo de requerimiento judicial, como un delincuente que ha difamado e insultado no tanto al ejecutivo catalán o a su élite política sino a Cataluña, exigiendo una rectificación y una disculpa. Es un ejemplo ilustrativo de cómo una élite dirigente puede blindarse al revestirse del supuesto destino de un pueblo y considerar «denunciable» cualquier forma de crítica y disidencia. Y una pista de cuál puede ser la excepcionalidad humana de una parte representativa de la clase política catalana respecto a su administración de las llamadas a la venganza derivadas de su discurso victimista.

d)   Y, en cuarto lugar, hay una razón política que hace temer un Estado menos amable que el denostado Estado español. En toda sociedad hay élites que, de una forma u otra, tienen la permanente tentación de explotar a los ciudadanos de a pie. La mejor garantía de que no se produzcan esos abusos es vivir en una sociedad pluralista, lo más grande y abierta posible, con muchas, diversas, amplias y permeables élites cuyo poder se contrarreste entre sí. Las élites locales son más incontrolables, porque son pocas, uniformes, reducidas y cerradas. El riesgo de caciquismo o arbitrariedad es mayor en sociedades pequeñas, aunque solo sea porque, cuantas menos sean sus miembros, más fácil será que lleguen a acuerdos para explotar la sociedad que rigen. Una de las mayores garantías de una sociedad amable, en toda la acepción de la palabra amable, es la diversidad de sus élites. El conflicto entre las élites protege a los ciudadanos de sus potenciales abusos y fomenta una sociedad plural y un liderazgo virtuoso basado en el control mutuo y el compromiso.

Segunda cláusula. Un régimen nacido de la insolidaridad

No es evidente que un nuevo régimen político en Cataluña vaya a ser necesariamente más solidario que el régimen actual en España. De hecho, algunos elementos sugieren fuertemente lo contrario. El más llamativo y alarmante, desde el punto de vista conductual, es la concepción de la libertad del discurso secesionista. El concepto de «libertad para Cataluña» descansa, en su versión actual y más exitosa, en la afirmación de que la riqueza de los catalanes debe ser solamente para los catalanes, a partir de preguntas como «¿qué deben los catalanes a los extremeños?».

El filósofo y lingüista George Lakoff (2006) distingue entre un concepto progresista de libertad —en el que la libertad es capacidad para ejercer solidaridad y responsabilidad social— y un concepto conservador de libertad, en el que la libertad es para satisfacer nuestros propios intereses, sin la interferencia de instituciones que nos obliguen a ser solidarios. El discurso del «expolio español» es una variación política de la reivindicación del egoísmo de los que tienen más.

La persona que lea estas líneas debe considerar, desde un punto de vista individual, que un discurso que reivindica el egoísmo (técnicamente «autointerés») en términos de un supuesto ente colectivo («el pueblo catalán») aplicará, por pura coherencia lógica, ese mismo principio a las personas dentro de Cataluña. Libertad para Cataluña es, en pura coherencia ideológica, libertad para defender los intereses propios, haciendo caso omiso de los principios de empatía, solidaridad o responsabilidad social de otros discursos políticos. No hay nada que impida, en términos racionales, aplicar la misma lógica para afirmar que los barceloneses de los barrios acomodados (o los herederos de grandes fortunas) deben tan poco a los extremeños como, por ejemplo, a los habitantes del cinturón industrial de Barcelona. No hay ningún impedimento racional para afirmar que la mayor parte de los catalanes de clase obrera «roban» a los catalanes pudientes que no usan la sanidad, la educación o el transporte público, pero deben pagarlo con sus impuestos (de hecho, algunos podrían llegar a afirmar que muchos habitantes de Cataluña no solo no son acreedores, sino deudores, dada su descendencia de inmigrantes).

El discurso reivindicativo centrado en los costes de la solidaridad convierte un valor cívico fundamental en cualquier sociedad en una mercancía con un precio. Esta doctrina, adoptada por el discurso nacionalista catalán, tiene una íntima conexión ideológica con las reivindicaciones del Tea Panty, un movimiento social con gran influencia en la clase media estadounidense que reivindica precisamente la disolución del Estado protector de los que no tienen casi nada en aras del interés de los que tienen casi todo. Un análisis detallado de ambos movimientos pone de manifiesto interesantes paralelismos: el Tea Panty toma su nombre de una rebelión contra los impuestos de un poder central, en aquel caso colonial, y se apodera del discurso político calificando los impuestos como «cargas» y las acciones de solidaridad como un fraude o abuso. Lamentablemente, este lenguaje ha calado tanto que incluso políticos de izquierdas, presumiblemente comprometidos con una visión internacionalista de la solidaridad de clase, han caído también en esa retórica.

No hay nada en la política social y económica del actual gobierno catalán que desmienta esta hipótesis, lo que, por desgracia, convierte su discurso en una sucursal mediterránea de la ideología conservadora más radical que rige una porción significativa de la política occidental actual. El lector que desee considerar esta cuestión debe tener en cuenta que un mayor ingreso en las arcas del «pueblo catalán» no acarrea necesariamente un mayor ingreso en los bolsillos de los ciudadanos. Hay cosas que no cambian, dando mayor poder a las élites locales que ya han ejercido el poder durante más de treinta años.

Tercera cláusula. Una sociedad sin expectativas de un mejor liderazgo

No hay datos que avalen que las élites catalanas sean esencialmente distintas, en sus niveles de honestidad o competencia, a las del resto de España. Tampoco es necesariamente cierto que la proximidad de los dirigentes garantice su control por los ciudadanos. Son otras circunstancias, como la transparencia de las instituciones o la vulnerabilidad a los sobornos, las que parecen marcar la tendencia a la corrupción. Los ayuntamientos españoles, en principio la institución más próxima a sus electores, han sido la institución con más casos de corrupción recientes, ligados no obviamente a la distancia sino fundamentalmente a una normativa urbanística excesivamente opaca.

La conducta pasada es el mejor predictor de la conducta futura y todos los partidos implicados en el proyecto secesionista han estado ya en el poder. Los niveles de corrupción de la clase política catalana no parecen, a simple vista, mayores ni menores que los del resto de la clase política española. De hecho, los datos de Transparency International España (2012), con relación a la transparencia en las comunidades autónomas, muestran que en el actual contexto las instituciones autonómicas de Cataluña no son más transparentes que las del resto de España. Cataluña se sitúa en un discreto décimo lugar entre las 17 comunidades españolas, y en el decimosegundo, si se toman como referencia los indicadores de la nueva Ley de Transparencia. No es necesario mencionar casos concretos de corrupción, ya que están en la prensa diaria. Como The Economist sugirió en el informe que hemos mencionado anteriormente, una clase política que se mantiene en el poder durante decenios, en cualquier lugar del mundo, genera oligarquías cuyo objetivo primordial es perpetuarse a sí mismas.

Por otra parte, no hay indicios de que la élite dirigente de Cataluña haya sido particularmente sensible a las necesidades de los trabajadores catalanes. El salario bruto medio en Cataluña (24.499 euros en 2011) es superior a la media española (22.899), pero ligeramente inferior al de Madrid y el País Vasco (INE, 2013) y, en cualquier caso, a una enorme distancia de los salarios de los países con los que, supuestamente, Cataluña se codearía en un escenario secesionista. Por ejemplo, el salario bruto medio anual para empleados a jornada completa en empresas de más de diez empleados fue de 60.002 euros en Dinamarca, y de 46.287 euros en los Países Bajos (Eurostat, 2013).

Otra cuestión que podría reflejar una mayor responsabilidad social por parte de las élites dirigentes catalanas es la igualdad de género. Más allá de la retórica o los gestos, la brecha salarial entre hombres y mujeres en Cataluña (más de 7.200 euros) es, según los datos publicados por el INE (2013), superior a la diferencia para el total de la población española (5.900 euros).

En general, las élites que aspiran a monopolizar la administración de la violencia en Cataluña, es decir, su Estado, se autoproclaman capaces de construir un mundo mejor para los catalanes, pero no hay llamativos indicios de una especial sensibilidad a los objetivos básicos de las viejas naciones europeas con estados del bienestar, incluida España. Veamos el ejemplo más relevante a la hora de hablar del futuro de una sociedad: las inversiones en educación del gobierno catalán son y eran, ya antes de los recortes presupuestarios y en plena bonanza económica, inferiores a la media española y europea. En el año 2009 la inversión del gobierno catalán en educación era el 3,95 por ciento del PIB, mientras que para el conjunto de España era del 4,7 por ciento (Albaigés y Martínez, 2012). Antes de la crisis la situación era igual o peor: por ejemplo, en 2005 la inversión pública en Cataluña en educación no universitaria era un 2,22 por ciento, frente a un 3,01 por ciento para el conjunto de España (Bonal y Albaigés, 2006). Y lo que quizá sea más interesante para comprender los valores de las élites locales: en general, como constata la Fundación Jaume Bofill (Albaigés y Martínez, 2012), el análisis comparado de las políticas de inversión en educación de las comunidades autónomas muestra una esperable relación entre el gasto público por alumno y la renta pe cápita: Cataluña y Andalucía son las dos comunidades que más se alejan de este patrón, con un gasto muy inferior al esperable de su nivel de riqueza.

La polémica sobre el uso del catalán en la escuela oculta que, más allá de los titulares, la actitud de las élites locales catalanas hacia la educación no es mejor o incluso es peor que la del resto de España. Las diferencias en inversión no son un mero espejismo estadístico. En 2011 Cataluña tenía un 21,9 por ciento de jóvenes entre dieciséis y veinticuatro años que ni estudiaban ni trabajaban, una cifra superior a la media nacional (20,3 por ciento) y más próxima a la cifra de Andalucía, la comunidad más castigada por esta lacra (24 por ciento), que a comunidades con una renta per cápita similar a Cataluña (por ejemplo, Madrid, con un 16,8 por ciento) o en el extremo opuesto de la distribución (Navarra, con un 8,2 por ciento). Y mientras que en el curso 2009-2010 la tasa de graduación en la ESO y abandono prematuro de estudios era para España en su conjunto del 81,2 por ciento y 28,4 por ciento respectivamente, las tasas de Cataluña eran 78,2 por ciento y 29,0 por ciento, la segunda peor y la octava peor, respectivamente, de toda España (Albaigés y Martínez, 2012).

El fondo de estas cuestiones suele casar con las formas. Dos ejemplos «populistas» para un político, pero diagnósticos desde un punto de vista conductual, y que completan la descripción de las élites locales catalanas: los salarios del presidente de la Generalitat, así como el de sus consejeros y directores, eran, según un estudio de la Junta de Andalucía, difundido por la prensa (elEconomista.es, 2012), los más altos de la península. Por ejemplo, los ingresos del presidente eran superiores a los 122.000 euros, mientras que la media de los presidentes de las comunidades autónomas no llegaba a los 77.000. Un segundo ejemplo: según la prensa, la nueva estrella de la radio nacional catalana ha sido fichada en 2013 con un salario de 430.000 euros anuales al tiempo que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales pactaba un expediente de regulación de empleo para despedir a unos 250 trabajadores (El Confidencial, 2/08/2013).

El lector deberá decidir si una secesión liderada por esta clase política puede, realmente, generar en Cataluña una nueva y mejor sociedad, atenta a las necesidades de los ciudadanos. Recordemos de nuevo un axioma en Psicología Social: el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada.

Cuarta cláusula. Un proyecto basado en la persuasión emocional

Las llamadas a la independencia descansan típicamente en una argumentación basada en el abuso o la pérdida de derechos humanos. En general, los politólogos consideran anómalos movimientos independentistas como los de Cataluña, una región europea con una renta per cápita superior a la media española y niveles de autogobierno por encima de los de la mayor parte de las regiones o provincias europeas.

Una hipótesis verosímil para este nuevo fenómeno es que el apoyo a la secesión es un fenómeno instrumental para las élites locales, pero, a nivel de la opinión pública, fuertemente expresivo. Con el apoyo a las tesis nacionalistas se quiere, en realidad, mostrar la irritación que produce la catastrófica gestión de la sociedad española. Si antes criticábamos a las élites locales y en particular a la clase política catalana, no está de más dejar claro que sus carencias y lacras en la gestión económica y social de Cataluña se parecen a las de otras élites del resto de España lo que un huevo a otro huevo.

Los partidos nacionalistas parecen comprender bien que la simpatía por el independentismo puede ser otra cosa. Al fin y al cabo, la rabia con algo o alguien significa, psicológicamente, que nos sentimos parte de ese algo o alguien. Quizá por eso intentan acelerar el proceso secesionista para mantenerlo «en caliente» y recurrir a actividades colectivas, de naturaleza fundamentalmente emocional, para justificar el apoyo a sus políticas, sin que se explique claramente el sentido de la secesión más allá de la expresión de protesta.

Se promueven conciertos, manifestaciones o cadenas humanas que son una copia lúdica, apoyada y financiada por las instituciones, de conciertos, manifestaciones o cadenas humanas cuyos originales no solo no fueron apoyados y financiados, sino perseguidos: los conciertos, manifestaciones o cadenas humanas organizadas, por ejemplo, contra la voluntad del régimen franquista o el régimen soviético. Aunque tales simulacros de acciones políticas de protesta copian las formas de aquellas, su organización, infraestructura y sentido último se parece más a las grandes paradas, concentraciones de exaltación y homenajes de un régimen político.

Algo que es sabido desde una perspectiva conductual es que, si bien tales acontecimientos emocionales pueden satisfacer ciertas necesidades psicológicas de las personas, no resuelven, e incluso pueden agravar, otros problemas objetivos más acuciantes. La exaltación de un acto de masas no alivia el paro, la malnutrición infantil o la carestía de la vivienda. En el mejor de los casos hacen olvidar los problemas por algún tiempo, en el peor los agudizan. De hecho, el recurso a actos colectivos no es una válvula de escape, sino un poderoso mecanismo de activación emocional y pérdida de responsabilidad individual basada en el anonimato (lo que en Psicología Social se denomina «desindividualización»; Festinger, Pepitone y Newcomb, 1952). Ese mecanismo se acentúa con prácticas muy queridas en el nacionalismo europeo de todos los tiempos: los uniformes, la escenografía que oculta al individuo o le exige, mediante reglas coreográficas más o menos justificadas, convertirse en un miembro disciplinado de una columna, en una letra de un inmenso cartel o en una bandera andante. Tales coreografías son la perfecta representación material del principio central del nacionalismo: el carácter prescindible de la individualidad en nombre de un ente superior, la nación.

Para los dirigentes nacionalistas los beneficios de esa estrategia han sido siempre múltiples. En primer lugar, las exigencias normativas de tales actos colectivos distraen a los seguidores; los actos masivos se convierten en un fin en sí mismo, lo que atenúa la necesidad de considerar fríamente las razones que supuestamente los motivan. En segundo lugar, los actos masivos diluyen la responsabilidad individual de los seguidores. En tercer lugar, con esos actos se señala fácilmente al tibio, al contrario, al que no se pone el uniforme o participa en el desfile.

No es probable que, pasadas las emociones de los actos masivos, la situación individual de los ciudadanos de Cataluña vaya a mejorar. De hecho, desde una lógica nacionalista, la secesión legitima los sacrificios o incluso los «supremos sacrificios». Lo que hoy parece una forma amable de reivindicación se convertirá, en el futuro, en la liturgia necesaria para desviar la atención del ciudadano de sus problemas en nombre de un destino superior o las necesidades del «pueblo».

La persona que deba ejercer su ciudadanía tendrá que ponderar si es el renacimiento de esa liturgia, tan popular en la Europa del siglo XX, lo que quiere para sus descendientes en el siglo XXI.

Quinta cláusula. Una hoja de ruta que ignora la tozuda geografía

Ningún programa independentista, por radical que sea, puede negar la realidad física: Cataluña no es una isla. Es una región mediterránea embutida en la Península Ibérica y allí permanecerá con independencia del régimen político que la rija. A los nacionalistas catalanes les gusta comparar su futuro con Luxemburgo, Países Bajos o Dinamarca, pero es sociológica, geográfica y políticamente más razonable que los países que les sirvan de espejo sean Malta, Grecia, Rumania, Bulgaria o Chipre. La comparación puede parecer inadecuada, pero no lo es en absoluto, al menos cuando se manejan datos clave para valorar el «músculo» de la sociedad civil y sus dirigentes. Volvamos a la educación. El gasto público en educación con relación con el PIB de Cataluña fue, en 2009, 3,95 (Albeigés y Martínez, 2012); el de Chipre, 7,98; el de Malta, 5,46; el de Bulgaria, 4,58; el de Rumania, 4,24 y el de Grecia, 4,04 (Eurostats, 2012), es decir, superiores.

El concepto de «cultura catalana» desde una pequeña nación es más vulnerable que el concepto de «cultura catalana» desde España: alguna lección debería extraerse de que las reivindicaciones independentistas tengan que estar, con frecuencia, en inglés. A la supuesta hegemonía de la cultura española le pueden suceder hegemonías políticas y culturales mucho más destructivas. Repitiendo al general De Gaulle, las naciones no tienen amigos sino intereses. Una nación amistosa pequeña, con unas capacidades limitadas y una cultura poco relevante a nivel mundial, es percibida por los dirigentes de otras naciones como una colonia o un cliente, no como un aliado (Cottam y Cottam, 2001).

Por eso una constante de todo un nacionalismo joven, rodeado de estados más grandes y antiguos, es crecer: la llamada expansionista. Los proyectos expansionistas son onerosos y generalmente, de una forma u otra, violentos, pero irresistibles para el nacionalista fervoroso. La anexión o la expansión son constantes del discurso neo-nacionalista de corte decimonónico. Cataluña, en manos de la élite secesionista, exigirá inevitablemente sacrificios a sus hijos para convertirse en la cabeza de los Países Catalanes o la Gran Cataluña.

Sexta cláusula. La verdadera familia es la nación

Una última cláusula nacionalista en «letra pequeña» es que la relativización del individuo en aras de la nación destruye o deforma no solo la vida pública sino también la vida privada. La eclosión de un proyecto nacional divide a las familias, las amistades o los conocidos entre los que «ven» y los «ciegos». Una de las características más importantes de una democracia, la tolerancia, desaparece o sufre notablemente porque así lo exige la nación.

Un caso que supera la ficción, con todas las características de una tragedia griega, ilustra la brutal corrosión a la que el nacionalismo puede someter los sentimientos que nos hacen más humanos y constituyen nuestras relaciones más cercanas. En 1962 un vecino de Azkoitia, Ramón Baglietto, salvó la vida de un niño, Kandido, que iba a ser aplastado por un camión. Dieciocho años más tarde ese niño asesina a Ramón en nombre de la nación vasca. Quien da la orden a Kandido es un sobrino de Ramón, Eugenio Etxebeste, Antxon.

La tragedia tiene un tercer acto. Tras cumplir quince años de cárcel, Kandido vuelve a Azkoitia y decide instalarse en un local justo debajo del domicilio de su víctima, donde aún vivía la viuda. Cuando los periodistas preguntaron a Kandido si él cree admisible que, por ejemplo, un violador se fuera a vivir al lado de su víctima, la respuesta de Kandido, según la prensa (El País, 2005) ilustra muy bien esa disolución de los sentimientos más humanos en nombre de un mandato superior, abstracto y solo al alcance del entendimiento de los elegidos: «No tiene nada que ver (...) lo que pasa es que fuera de Euskal Herria no se entiende lo que pasa aquí. Todos los pueblos han utilizado en algún momento la lucha armada para conseguir su independencia».

No fue Kandido quien mató a quien le salvó la vida, ni Eugenio Etxebeste quien ordenó matar a su tío, un humilde comerciante simpatizante de UCD, sino el Pueblo Vasco en su lucha armada. No hay nada personal, en toda la acepción de la palabra, en el asesinato que arruina la vida de todos los protagonistas de esta historia con minúscula: son los designios de la Historia con mayúscula.

El caso de Kandido y Ramón ilustra perfectamente la fuerza corrosiva del nacionalismo al impregnar poco a poco todos los ámbitos de la vida privada.

Las personas que lean estas líneas deben preguntarse si merece la pena pagar semejante tributo a un naciente y voraz neonacionalismo. Y no deben descartar un escenario trágico como algo imposible en Cataluña, porque la dinámica ya está en marcha y acaba de llegar al núcleo central y más vulnerable de la vida privada: los niños. En fechas recientes la prensa ha mostrado imágenes de niños instrumentados o aleccionados para tomar partido en el conflicto político generado por el independentismo catalán. Tales prácticas solo pueden calificarse, desde el punto de vista conductual, como monstruosas, y quizá sean, para el psicólogo social, el síntoma más alarmante de lo que está pasando en nuestra sociedad. El discurso maniqueo del nacionalismo se hace aún más maniqueo y simplista en la mente infantil y, a diferencia de conflictos lúdicos como el fútbol, abarca todos los aspectos de su vida. Hace de la infancia un perfecto caldo de cultivo para las formas de prejuicio más atroces, las que se aprenden muy pronto de la mano que mece la cuna. ¿Qué conclusiones saca un niño, envuelto en una bandera, al lado de una pancarta, escrita por sus padres, que dice «nostra paciencia s’ acaba»? ¿Qué cree el niño que deberá hacer cuando se acabe la paciencia?

El riesgo psicosocial derivado de incluir a los niños en un escenario de conflicto político es, a largo plazo, atroz, porque tales iniciativas pueden generar «perfectos seguidores» inmunes al sufrimiento de los «otros», dogmáticos, limitados en su identidad, inhumanos (Burdman, 2003). Capaces de hacer abstracción de cualquier sentimiento de gratitud o cariño para servir a un programa político. Y esta es, de todas las cláusulas en letra pequeña que venimos comentando, la que al nacionalismo más le gusta que las familias firmen, porque garantizaría la materia prima humana de una nueva «gran» nación.

Una adenda a la letra pequeña: ¿por qué hemos llegado al neonacionalismo secesionista?

«De todos los pueblos y todas las razas vinisteis a nosotros como hermanos nuestros, como hijos de la España inmortal».

Muchos lectores se preguntarán por qué iniciar esta sección con una cita que hoy día parece totalmente inapropiada. Durante la segunda mitad del siglo XX los dos países europeos que probablemente han huido más de este tipo de retórica nacional, que hoy resulta rancia y trasnochada —cuando no repulsiva— han sido Alemania y España. Una profesora alemana contaba que, a su vuelta a Alemania después de un viaje en sus tiempos de estudiante, su madre le reprochó cariñosamente que manifestara, en el entusiasmo de la vuelta a casa, que los pasteles alemanes eran los mejores del mundo. Y una hipótesis verosímil, apuntada recientemente por Timothy Garton Ash (2013), es que una de las causas de la crisis de la deuda europea no es el imperialismo alemán, sino la extrema reluctancia de la clase dirigente alemana a asumir el liderazgo de Europa en nombre de la nación alemana.

La sociedad española asimila las apelaciones al patriotismo con el franquismo, y la inmensa mayoría de los españoles contemporáneos han procurado, tanto en su vida pública como privada, evitar regocijarse con la exaltación patriótica. Las razones de ese rechazo hay que buscarlas en cómo el régimen franquista se apropió de la retórica nacional, que en sus orígenes no era monopolio exclusivo de los partidos nacionalistas o de derecha. La cita que encabeza esta sección fue dicha por Dolores Ibarruri «La Pasionaria» en el discurso que pronunció para agradecer, en noviembre de 1938, a los brigadistas internacionales su apoyo a la República. Una política vasca (nada sospechosa de fascismo, por cierto) hablando a una audiencia igualmente poco sospechosa de «españolismo franquista». El discurso se pronunció en Barcelona.

La sociedad española se quedó, y esa fue una de las mayores secuelas de la Transición, sin símbolos de identidad nacionales, o, mejor dicho, con símbolos de identidad irremediablemente asociados al franquismo. Quizá hubiera sido bueno cambiar más radicalmente esos símbolos o adoptar una política más agresiva de erradicación de la presencia franquista en los iconos de España, pero la Transición fue un proceso mucho más complejo de lo que retrospectivamente pueda parecer. Sus protagonistas tuvieron que mantener equilibrios muy delicados entre los agentes de cambio y las fuerzas, enormemente poderosas en la época, partidarias del antiguo régimen.

Sin embargo, la pérdida de identidad se convirtió, en los años subsiguientes, en uno de los logros de la sociedad española. En parte por accidente y en parte por convicción, la gran mayoría de los españoles profesaron, y todavía profesan, una versión «silvestre» o, si se prefiere, «vulgar» del «patriotismo constitucional» de Jürgen Habermas (no casualmente, un intelectual alemán), en la que la vieja retórica nacionalista es sustituida por un razonable compromiso con los valores de una constitución democrática —que, en último término son los valores de la Europa occidental— y, sobre todo, por una apuesta decidida por la modernidad. Ese «patriotismo débil» es probablemente la clave de la entusiasta y unánime incorporación española a la comunidad internacional.

Salvo en momentos muy puntuales —y lo que es significativo, lúdicos: los deportes, espectáculos, etc.—, es difícil ver a grandes masas de españoles enarbolar su bandera. Los intentos recientes de reforzar los símbolos nacionales (por ejemplo, proporcionar letra al himno nacional) no han generado interés ciudadano. Muchos no nacionalistas de izquierdas consideran políticamente correcto hablar del «Estado español» en lugar de España, y recientemente el gobierno ha patrocinado la «marca España», un concepto que, por su mercantilismo rampante, haría revolverse en su tumba a los dirigentes políticos españoles del siglo xx, con independencia de su adscripción política. Podría concluirse que la sociedad española no es nacionalista o, mejor, que no hay un nacionalismo español popular. A título de anécdota, una de las causas de asombro preferidas de los turistas españoles cuando viajan a Estados Unidos es la presencia constante de la bandera estadounidense no solo en edificios públicos, sino incluso en viviendas, vehículos privados o productos. Hasta la extrema derecha española parece haberse resignado a ese estado de cosas cuando utiliza los símbolos del régimen franquista, en lugar de los nacionales, como señas de identidad. Algo impensable en la mayor parte de los movimientos políticos de extrema derecha en Europa, que suelen utilizar con profusión los símbolos contemporáneos.

Este «patriotismo constitucional» que practica la mayoría de los españoles sin saberlo, como el señor Jourdain practicaba la prosa, tiene unas indudables virtudes como la promoción de la tolerancia y confluye admirablemente con el espíritu de la Unión Europea, que desea la progresiva relativización de los viejos Estado-nación. Sin embargo, al mismo tiempo, una visión conductual permite detectar un conjunto de fenómenos que sugieren que el espíritu del «patriotismo constitucional» ha dejado sin satisfacer ciertas necesidades psicológicas, lo que ha dado lugar a algunos fenómenos preocupantes para el conjunto de la Unión Europea en general y España en particular.

La causa remota de esas carencias es que dicho patriotismo constitucional nunca se ha beneficiado de una clase dirigente que sacara provecho de su racionalidad para provocar un ciclo virtuoso de mejora de nuestra sociedad cívica. En 1996 Víctor Pérez Díaz hizo un análisis de los problemas de la democracia española que, quince años después, sigue estando, en nuestra opinión, vigente: las élites políticas españolas, incluida la catalana, no gustan de una «sociedad civil blanda», sino regimentada y en la que el tribalismo basado en categorías como «izquierda», «derecha» y «nación» bloquea los argumentos racionales y evita «debates enojosos que no se pueden ganar argumentando, pero sí recurriendo al grito de la tribu». El argumento fundamental en política se convierte así, dice Pérez Díaz, en la solidaridad con la tribu frente a la tribu enemiga.

El nacionalismo de bajo perfil

Si la causa remota de las limitaciones del patriotismo constitucional «silvestre» o «vulgar» es la falta de interés de las élites políticas por fomentarlo, las causas próximas se localizan en las propias características de tal patriotismo.

El «patriotismo constitucional» o, para simplificar, un nacionalismo «débil» o de «bajo perfil» plantea una serie de retos que no siempre son fáciles de asumir, especialmente cuando, como acabamos de explicar, las élites políticas en todos los niveles de la sociedad se preocupan más de crear un régimen a su medida que de robustecer la cultura cívica.

Un nacionalismo «blando» es muy racional, y eso dificulta, en primer lugar, la comprensión de los mecanismos de solidaridad y el fomento de la confianza de los ciudadanos entre sí y de los ciudadanos con las instituciones. La falta de transparencia, el recurso a los discursos maniqueos y la herida no cicatrizada del régimen de Franco en la cultura cívica española fomentaron una forma de comunidad moral alternativa y más antigua que los debates colectivos racionales en el marco de una constitución: el «grito de la tribu»; los nacionalismos o sus hermanos pequeños, los particularismos.

La fórmula para la solidaridad del nacionalismo tradicional es más simple que los planteamientos racionales de un patriotismo constitucional: la comunidad del «nosotros» proporciona una coartada moral para el egoísmo de «lo nuestro» con respecto al resto del mundo. El patriotismo constitucional no proporciona fórmulas tan sencillas y automáticas de solidaridad porque faltan los iconos, las ceremonias y, sobre todo, los mitos que identifican el «nosotros» en el plano irracional. Ello no quiere decir, por supuesto, que tales mecanismos de solidaridad no sean posibles, pero exigen ciudadanos que en un proceso cognitivo «frío» establezcan un equilibrio delicado entre una preocupación universal por el bienestar de la humanidad y un compromiso emocional con aquellos con los que comparten su comunidad nacional (que se convierte en un instrumento para garantizar la libertad e igualdad de todos).

Un segundo problema del «nacionalismo de bajo perfil» fomentado por la Unión Europea y, por razones históricas, por países como Alemania o España es que al ciudadano se le da una gran libertad para elegir su destino. El origen nacional ya no es un privilegio o una condena de por vida.

Puede resultar paradójico que tal libertad individual pueda resultar un problema, pero lo es al menos en dos frentes. Para comprender la paradoja es preciso tener en cuenta que la libertad es poder; la libertad individual es simplemente el ejercicio de poder individual. Por ello, una mayor libertad individual es una amenaza para las élites locales, que tradicionalmente han vivido de la explotación de una población no muy educada o educada en una visión monocolor del mundo, incapaz de acceder al mercado de trabajo o a la educación superior más allá de sus fronteras. En segundo lugar, es una amenaza para muchos ciudadanos que ven en esa libertad individual una pérdida, porque supone sustituir un pequeño mundo de costumbres y tradiciones por un escenario cosmopolita en la versión más amable de la sociedad abierta occidental, en donde el individuo vale por lo que hace y no por lo que es o lo que es su grupo. Es más cómodo, por ejemplo, pedir la libertad para Cataluña que plantearse cómo ejercer la propia o cómo luchar por ella.

Un tercer problema, que resume los anteriores, es que el nacionalismo débil o de bajo perfil es «frío», no suscita grandes emociones. Y un axioma conductual es que «importante» es sinónimo de emoción. Todo lo que es importante genera emociones y todo lo que genera emociones es importante.

Estos tres problemas ayudan a entender que la Unión Europea haya sido el caldo de cultivo de neonacionalismos secesionistas que compiten con las viejas identidades nacionales europeas de países democráticos. Lo que las viejas identidades nacionales no pueden dar en el contexto de la Unión Europea lo proporcionan estos nuevos nacionalismos que son llamativamente distintos, al menos en sus características psicológicas, de los nacionalismos vinculados a los procesos de descolonización o a movimientos nacionales producidos en Europa occidental a principios del siglo XX o en la actualidad en la Europa del Este.

Los neonacionalismos europeos, patrocinados por élites locales prósperas, han recibido un apoyo popular que no estaba indudablemente previsto en la estrategia de la Unión Europea, pero que es explicable a partir de las debilidades del nacionalismo de bajo perfil. Los fenómenos colectivos observados en Europa después de la caída del bloque soviético han mostrado que, en contra de la ilusión compartida por muchos dirigentes y pensadores occidentales, no se ha producido un «fin de la historia», y la emoción, el conformismo y las tradiciones siguen interpretando en los seres humanos el mismo papel central que interpretaron antes de las dos grandes catástrofes europeas (las dos grandes guerras). Y, lo que es quizá más escalofriante, en algunos casos con contenidos casi idénticos a los que se manifestaron antes de dichas guerras: el antisemitismo, por ejemplo, empieza a ocupar el mismo lugar central que tenía en la política local de algunos miembros de la UE antes de la Segunda Guerra Mundial.

En ese contexto crece el número de personas que buscan, especialmente en tiempos difíciles, una identidad compartida, un modelo nacional tradicional, menos «frío» que el europeo, con mitos capaces de producir fuertes emociones y sentimientos de injusticia que alivien, culpando a un enemigo exterior o «chivo expiatorio», las frustraciones cotidianas.

Lo que está en juego

¿Qué conclusiones quisiéramos subrayar de todo lo argumentado anteriormente? La más importante es que el debate sobre el nacionalismo se está disfrazando de cálculo racional y concreto de costes y beneficios económicos, cuando todo nacionalismo es un fenómeno intrínseca y esencialmente irracional, abstracto y, por tanto, ajeno, si no contrario, a la gestión racional de recursos. El discurso nacionalista tiene dos caras. En su anverso promueve «hacia dentro» conductas positivas, aunque irracionales desde el punto de vista individual, tales como el sacrificio o la solidaridad en nombre de un ente abstracto (la nación). En su reverso promueve «hacia fuera» conductas emocionales de enorme potencial destructivo tales como el egoísmo, la indiferencia o, en casos de conflicto, los sentimientos de injusticia y el revanchismo. Desde una perspectiva conductual, es evidente que el discurso nacionalista nunca podrá escapar del plano irracional, porque la irracionalidad está en su «código genético», en sus raíces románticas.

Disfrazar el debate sobre la secesión de argumentación racional puede tener graves consecuencias, porque oculta fenómenos emocionales de alto riesgo, entre los que cabe destacar el odio.

La secesión es exclusión de otros que hasta entonces eran nuestros iguales, y la exclusión es inevitablemente percibida, desde una perspectiva emocional, como desprecio. Y el desprecio es un sentimiento peligroso, porque puede generar en el objeto de desprecio odio. Cuando el nacionalista dice estar harto de España, o que España le roba, no comprende, desde su visión abstracta de la realidad, que no es a un ente misterioso, España, al que dirige tales afirmaciones. Los únicos que tienen oídos para escuchar y corazón para sentirse despreciados son personas normales y corrientes que quisieran no tener que renunciar a disfrutar libremente de una porción significativa, si no vital, del lugar físico y simbólico en el que, para bien o para mal, les ha tocado vivir. Porque dentro o en relación con esa porción de su territorio pueden hacer cosas como enorgullecerse con unos Juegos Olímpicos, trabajar, comprar, confiar sus ahorros a bancos, casarse, hacer amigos o disfrutar de la belleza (por ejemplo, visitando masivamente la exposición dedicada en Madrid durante varios meses de este año a uno de los grandes artistas catalanes del siglo XX, Salvador Dalí).

Y ese desprecio, fomentado a cada oportunidad por algunos políticos nacionalistas para mantener la tensión emocional necesaria para su programa, genera a su vez desprecio u odio en ambos lados del conflicto, en un juego de ping-pong que puede ser perfecto a corto plazo en un proyecto secesionista pero muy dañino para todos a largo plazo.

Si no es demasiado tarde, sería bueno promover una deliberación colectiva realmente racional, que centre la atención de los ciudadanos en el verdadero problema que arrastra nuestra democracia desde la Transición: un tribalismo a varias bandas que ha servido a las élites políticas para eludir la construcción del Estado transparente, representativo y solidario que nuestro «patriotismo constitucional vulgar», nacido de la Transición, se merece. En otras palabras, que centre la atención de la ciudadanía en ella misma, no en la retórica tribal de las nacionalidades o los bandos políticos que se enfrentaron en las sucesivas guerras civiles de los últimos doscientos años.

En 1994 Rwanda fue testigo de la matanza de tutsis. Irónicamente, el origen de las palabras hutu y tutsi aludía, en sus orígenes, a una cuestión meramente económica: tutsi era el propietario de ganado; al resto de la población, más pobre, se le llamaba hutu. La distinción no era en absoluto étnica hasta que en 1933 la metrópolis, Bélgica, obligó a los habitantes de lo que era su colonia a hacerse un carnet de identidad en el que obligatoriamente debían señalar la «etnia» a la que pertenecían. La mera existencia de la etiqueta generó los correspondientes mitos, fomentados por los europeos, sobre el carácter tutsi, superior, o el carácter hutu, inferior. Una serie de decisiones políticas desde Bruselas que beneficiaban a unos u otros generaron una historia de odio mutuo que, sesenta años más tarde, explotó durante cien días en la matanza de casi un millón de personas (Block, 1994).

El colonialismo nacionalista europeo inventó los carnets, en un monstruoso experimento conductual de categorización, para dividir a la población y mantener su hegemonía. Ya es hora de que algunas de nuestras propias élites no abusen de nuestra inocencia para que, jugando a metrópoli colonial, nos propongan nuevos carnets. Quizá no nos matemos entre nosotros, pero es indudable que su mera existencia es un simbólico «disparo en el pie» de ambos bandos, un nuevo episodio de autodestrucción como tantos otros durante los últimos doscientos años de nuestra historia. Una triste historia de élites que no han sabido estar a la altura de la gente corriente.

4.   POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS
PARA LA SECESIÓN

AURELIO ARTETA

La secesión de España es el objetivo político nacionalista tanto en Cataluña como en Euskadi. Al no contar con respaldo ciudadano suficiente, en otras comunidades (la valenciana y balear, la gallega y la navarra) esa deriva se produce en grado bastante menor. Para alcanzar semejante meta, y dado su carácter de nacionalismos lingüísticos (es decir, cuya seña diferencial o identitaria es la llamada «lengua propia» de un territorio), tienen como palanca principal la política lingüística. Esta política de «construcción nacional», junto a otras, ha mostrado desde el inicio de la Transición ese propósito, ha ido fraguando la antiespaña. Por tanto, puestos a calcular sus costes, habrá que referirse a los acumulados a lo largo del pasado y del presente, y no solo a los futuros, más o menos previsibles y que empezaríamos a pagar a partir de la hipotética secesión. Son costes ya satisfechos por adelantado. En suma, son costes para o con vistas a la secesión. La política lingüística de los nacionalistas es tanto productora como producto creciente de esa voluntad de separarse de España.

Son los costes de una política de imposición, o incluso de elección (como se ha explicado en el segundo apartado), de la denominada «lengua propia» cuando no coincide con la «propia lengua». Y esos costes, por cierto, no son solo ni primordialmente costes lingüísticos, sino de muy diferentes clases.

Los costes de una política lingüística «después de» una hipotética secesión de las comunidades bajo mayoría nacionalista serían, cabe suponer, la exacerbación de los costes anteriores a la secesión. Lo que significa: a) en materia educativa, una inmersión más acentuada y, en consecuencia, una mayor imposición para los castellanohablantes; b) restricción del mercado lingüístico (y por eso también cultural, intelectual y económico), a menos que exista un bilingüismo de hecho. Esto último es previsible, por más que el catalán o el euskera tendrían prevalencia como la respectiva lengua oficial del nuevo Estado. Si la opción política escogida fuera alguna forma de federalismo, serían de prever unos costes derivados de la política lingüística aproximadamente iguales a los previstos para el caso de la secesión. Sobra añadir que si antes de una hipotética secesión esos costes ya son distintos en Cataluña que en Euskadi por el distinto grado de implantación de su «lengua propia», otro tanto valdría para después de ese futurible.

Dimensiones de la injusticia lingüística

Los costes de una política nacionalista al servicio de la secesión se dejan ver como mínimo en cinco dimensiones básicas.

a)   La siembra de falsos principios normativos

El principio clásico nacionalista proclama que las naciones gozan del derecho a su soberanía política, a lo que el nacionalismo lingüístico añade que la lengua es la primera forjadora de una nación. Pero lo cierto es, de una parte, que tenemos una lengua común y, de otra, que la presencia del catalán, euskera y gallego entre sus poblaciones resulta insuficiente o muy escasa. De manera que sus respectivos nacionalismos coinciden en predicar este silogismo práctico más o menos explícito: «Para ser una nación y fundar así nuestro derecho a convertirnos en Estado, es preciso recuperar (o propagar o inventar) nuestra lengua». Premisas y conclusión son normativamente infundadas, pero el silogismo resulta harto efectivo. Todo hace pensar, sin embargo, que muchos ciudadanos españoles y sus representantes políticos aún no han reparado ni en la presencia de ese razonamiento subyacente ni en su eficacia fraccionadora.

Si este parece un principio último, pero por lo general latente, otros resultan bien expresados en las reflexiones públicas que se permiten los responsables de las políticas lingüísticas. El más burdo podría ser el de la «normalización», según el cual, en lugar de reconocer la lengua que es de uso normal o mayoritario en esa comunidad, la política lingüística nacionalista pretende transformar por cualquier medio en normal el conocimiento y uso de la lengua minoritaria o anormal. Un especialista ha escrito que «se ha introducido el objetivo no solo de garantizar los derechos de los hablantes, sino, además, de crear nuevos hablantes, de que las lenguas distintivas de las CCAA crezcan y sean cada vez más importantes en sus territorios respectivos. No solo se trata de proteger lo existente, sino de transformar la realidad» (A. López Basaguren, 2010-2011: 9-10, cursivas mías, A.A). El pasado más o menos mítico de la lengua debe someter e incluso suplantar al presente; o bien lo que fue el uso simplemente antiguo, hoy muy menguado en ciertas comunidades, se interpreta como si fuera tradicional, o sea, como si llegara hasta el momento actual y demandara por ello su derecho a pervivir. Los muertos mandan a los vivos.

En otros casos el nacionalista se refiere a los presuntos derechos de la lengua, del pueblo o del territorio. Se atribuye entonces a estos entes abstractos la condición de verdaderos sujetos de derechos, dotados de capacidad para imponer obligaciones a los individuos singulares. Los nacionalistas amplían el viejo catálogo de alienaciones a base de insuflar vida personal a sus propias obras, aquí, la lengua, para a continuación, obligar a someterse a ellas. Lo malo es que el argumento ha calado también en muchos ajenos al nacionalismo. Más todavía, lo que encarna una doctrina reaccionaria que privilegia la etnia particular sobre la universal ciudadanía, la tradición por encima de la justicia, etc., ha logrado persuadir en general a la sociedad española de la ecuación entre nacionalismo y progresismo.

En esta época en que se festeja la pluralidad a tiempo y a destiempo, se pondera también en favor de la «lengua propia» el valor de la diferencia, la riqueza de la diversidad. Con la fuerza de una tesis indiscutible no se aclara en qué radica ese valor ni cómo y cuánto enriquece ni a costa de qué otros ideales colectivos. Todo lo diverso siempre es bueno ya solo por ser diverso, no por ser bueno. También la variedad de lenguas es por sí misma algo valioso, digna de conservarse, y exige del individuo su disposición a defenderla. Frente a la lengua común en una comunidad, la lengua de algunos vale ya por ser distinta y requiere además el aprendizaje de todos.

De un lado y de otro se viene, en fin, a converger asimismo en el prejuicio de la igualdad de las lenguas y, en caso de desigualdad del número de sus hablantes, en el deber político de discriminación positiva a favor de las lenguas de menor presencia social. Las autoridades lingüísticas repiten sin cesar que la relación entre castellanohablantes y catalanohablantes o vascohablantes sigue estando «descompensada» y cifran su meta en lograr un «bilingüismo equilibrado». Es otro principio normativo aceptado en nuestro país por bastantes, pero nacido de las entrañas del nacionalismo lingüístico y que tiene a este como su mayor beneficiario. Pero el caso es que la disparidad numérica de hablantes de las lenguas no entraña por fuerza injusticia alguna ni está escrito que haya un deber moral o democrático de repararla. Injusticia sería que a los hablantes no se les reconociera el derecho a servirse de su propia lengua, que se les impusiera otra, o que se discriminara entre los derechos de los hablantes de una lengua y de otra. Siendo todas las lenguas iguales en sus funciones comunicativas, serán sus hablantes —dentro de sus circunstancias históricas— quienes las hagan más o menos extensas, las adopten o no como lenguas literarias, las introduzcan o no en el mercado...4

Es probable, pues, que por debajo de aquel prejuicio esté operando una confusión entre las desigualdades causadas por alguna injusticia social o política lo bastante reciente como para que subsista el recuerdo y la reversión sea posible y las que no proceden de injusticia alguna. Habrá que subsanar y corregir las primeras, pero a las otras desigualdades, salvo excepciones, hay que dejarlas estar. No en vano el principio que debe guiar la justicia lingüística es el de la adecuación a la realidad sociolingüística.5

b)   La implantación de sentimientos colectivos infundados

Nuestros nacionalismos insisten aviesamente en traducir la expresión «least used languages» («lenguas menos usadas», así las denominan los organismos internacionales) como «lenguas minorizadas» o, lo que es lo mismo, premeditadamente disminuidas a resultas de haber sido perseguidas o prohibidas desde el poder del Estado. Contra esa discriminación negativa de la que fue supuesto objeto, se justifica la actual discriminación positiva que defiende el nacionalista.6 Pero el caso es que su progresivo decrecimiento no responde a caprichosos decretos de algún gobernante malévolo, sino en su origen a necesidades administrativas para regir un Estado y después a fenómenos tan impersonales como el tránsito de una sociedad agraria y rural a otra industrial, urbana y de mercado, cuando no al hecho de que el español pronto se convirtió en la lengua de la mayoría o lengua común.

No importa. El nacionalista siempre está en trance de inventar la historia o de corregirla en lo que no concuerda con sus dogmas. Esa falsa conciencia de persecución, incluso con riesgo de extinción de la lengua propia, origina en quienes comulgan con tales premisas un indudable sentimiento de culpa ante la pérdida de la lengua de los antepasados. O bien de odio hacia quienes supuestamente se la arrebataron y a quienes reputamos como sus descendientes. Y con él, claro, una voluntad de venganza y un deber de recuperación de la lengua venida a menos. Triunfa un victimismo que aboca en el desafío abierto al Estado de derecho cuando emite sus normas y sentencias en materia lingüística. Es el caso de Cataluña, donde el ciudadano es testigo de cómo el nacionalismo local —con su terca desobediencia— socava la autoridad legítima de las más altas instituciones políticas.

La otra cara del fenómeno es que así se alimenta también una visible mala conciencia en la mayoría de contemporáneos de una comunidad por no hablar su lengua propia, o ni leerla, ni escribirla ni entenderla. A mayor lejanía de la lengua local respecto de la común, más nutrida será la población que vive de espaldas a la lengua local, pero conviviendo a diario con rótulos, impresos, topónimos, folletos, etc., escritos en esta lengua. A esta avergonzada mayoría le toca entonces vivir en un permanente disimulo, haciendo «como si» necesitara una lengua que no necesita y comprendiera lo que no comprende, cuando le bastaría con la lengua conocida y hablada por todos sus conciudadanos. O la hipocresía le fuerza a una constante petición de disculpas por no dominar una lengua en que bien pocos se expresan allí donde reside. Pero al fingir plegarse a lo políticamente (o sea, nacionalmente) correcto, comienza ya a pagar un obligatorio «peaje lingüístico».

Ese peaje puede llegar muy lejos; puede exigir hasta el sacrificio de los propios hijos para liberar a los padres de toda sospecha entre los vecinos o del cargo de desidia en esta materia. Las lenguas vernáculas solo las saben o emplean algunos en sus propias comunidades, en unas más y en otras menos, o mucho menos (Álava y Navarra). En el caso máximo, no más del 35 por ciento en Cataluña; en el mínimo, 18 por ciento en Euskadi y no llegan al 8 por ciento en Navarra.7 Ahora bien, en la educación pública la inmersión lingüística somete a todos los alumnos catalanes casi sin excepción, y entre los alumnos vascos, el 11 por ciento, el 23 por ciento y el 65 por ciento estaban matriculados respectivamente en el modelo A (en castellano), en el B (bilingüe) y en el D (en euskera) durante el curso 2011-2012. Pero en el 2013-2014 entre los nuevos escolares se produce el ascenso imparable del modelo D (77,73 por ciento) y la supervivencia puramente residual del modelo A (3,05 por ciento). ¿Cómo se explica semejante desproporción entre el escueto número de conocedores o usuarios de esas lenguas entre la generación anterior y el número de alumnos hoy matriculados en esos modelos? A primera vista se atribuiría a aquellos sentimientos que incuban la conciencia de culpa, además de la esperanza en la mayor probabilidad de acceder al mercado de trabajo y la confianza de que la lengua común se aprenderá gracias al influjo ambiental. Pero creo que debe ponerse por delante como un factor principal el «temor al aislamiento» por el que la opinión pública, a través de la presión grupal, va reorientándose y conformando nuevas mayorías (E. Noelle-Neuman, 1995).8

c)   El sufrimiento de muchos

Vamos a concentrarnos sobre todo en el sufrimiento causado a niños y adolescentes a lo largo de su enseñanza, tanto mayor cuanto menor parecido guarde con la lengua común y el modelo de enseñanza apenas admita el castellano, y más todavía si se trata de una lengua de escaso o nulo empleo en su comunidad. Entonces, por imposición legal de su gobierno o decisión de sus padres, muchos de esos escolares (a veces, todos) estudian en una lengua que no es la suya, ni de su familia, ni en todo caso la mayoritaria en su ambiente; en definitiva, en una lengua que no requiere en su vida ordinaria. Se desdeña la directriz pedagógica central, avalada por la UNESCO, que recomienda la escolarización del alumno en su lengua materna. He ahí un sacrificio inútil, o artificioso, o demasiado costoso y, a fin de cuentas, solo explicable desde la propaganda gubernamental o la promesa de mayores expectativas de obtener un puesto de trabajo. Cabe imaginar la sensación de extrañeza e impotencia de hijos y padres, a la hora de cumplir los deberes escolares en casa.

El detrimento de la calidad de la enseñanza y del rendimiento escolar se pone de manifiesto cuando el propio gobierno vasco pide que los alumnos seleccionados para presentarse a las pruebas conducentes al Informe PISA las hagan en su lengua materna. La distancia o contradicción entre lengua real y lengua de enseñanza de la mayoría salta entonces a la vista. El 86,4 de los que se presentaron en el año 2010 a esas pruebas hicieron en castellano, su lengua materna o usual, y el 13,6 en euskera, pese a que la gran mayoría cursaban sus estudios en esta última lengua. Más revelador todavía es que, del alumnado del modelo D (todo en euskera), el 73,3 por ciento prefirió responder en castellano y el 26,7 por ciento optó por el euskera (El Mundo, 7/12/2010).

Todo ello lo corrobora el mismo Consejo Escolar de Euskadi en 2012 al concluir que los modelos que agrupan a más del 90 por ciento de los estudiantes, y que enseñan la mayoría de las asignaturas en euskera, alcanzan un «bajo nivel competencial» en este idioma. Y ese escaso dominio del euskera, naturalmente, «influye en el aprendizaje de las materias impartidas en esa lengua». Una cifra complementaria recogida del mismo informe (El País del País Vasco, 20/1/2012): el 70 por ciento del alumnado no sabe el euskera en el momento en el que accede al sistema, por más que de media el 60 por ciento de las materias se enseñan en esa lengua (en el modelo D, todas salvo el castellano). En este punto más aún puede decirse de Cataluña. Y por eso se ha llegado a achacar a la Generalitat con pleno fundamento «que se sirve de los alumnos para implementar su proyecto político» (M. Vilarrubias, 2012: 118). Son costes sociales y morales que, como se ha denunciado, surgen cuando se usa a los individuos para promover un interés grupal. «Deberíamos mantenernos especialmente alertas a tales costes cuando vayan a recaer en los niños» (Th. Pogge, 2003:121-122).

Pero, en el caso de Euskadi (y es de suponer que en todas las comunidades con lengua propia) no hay que limitar ese indudable abuso al infligido a los chicos a lo largo de su periodo escolar. Hay que extenderlo también a todos los empleados públicos. En la convocatoria del año 2011 suspendieron nada menos que el 91,2 por ciento de los que se presentaron para acreditar su nivel de euskera; y, de quienes lo aprobaron, la mayor parte solo acreditaron el perfil más bajo de los cuatro posibles. La mayoría de ellos estaban liberados parcial o totalmente de su trabajo, aunque son muchos los que tardan bastantes años en superar esta evaluación y, peor todavía, con una elevada probabilidad de no verse obligados jamás a emplear esa lengua en sus quehaceres administrativos (El Correo, 19/1/2011). Pero la amenaza de perder su puesto en la Administración siempre está al acecho y, por desgracia, se ha cumplido para muchos funcionarios (por ejemplo, profesores) que han debido abandonar el País Vasco.

Vengamos por último a mostrar otra indudable molestia, unida a la humillación, que estas políticas lingüísticas orientadas a la secesión propinan a los usuarios de la sanidad pública. En Cataluña un protocolo de doce páginas establece que el personal de la sanidad autonómica «siempre hablará en catalán, independientemente de la lengua que utilice su interlocutor», incluso cuando constate que el paciente tiene «cierta dificultad» de comprensión. Esta orden es aplicable a las comunicaciones internas y externas, tanto cuando hablen por teléfono, por megafonía, en actos públicos protocolarios y cuando los médicos hablen entre ellos, especialmente cuando haya delante «terceras personas» (La Voz de Barcelona, 15/1/2012). La misma obsesión puede detectarse en los planes que la sanidad vasca acaba de hacer públicos. A fin de fomentar que médicos y enfermeras hablen euskera, Osakidetza creará un registro de pacientes y trabajadores euskaldunes para identificar las preferencias lingüísticas de los pacientes. Premiará el uso del euskera como lengua de trabajo con estímulos económicos en los contratos con los centros. La justificación le delata al tiempo que la condena al fracaso: el Servicio de Salud pretende avanzar «siempre caminando un paso por delante de la demanda de los ciudadanos» (El Mundo, 4/11/2013).

d)   La desigualdad de oportunidades entre los ciudadanos

Las lenguas autonómicas levantan unas barreras institucionales para acceder a un buen número de empleos, sobre todo, públicos. Lo que significa, de un lado, que limitan para muchos (para empezar, los no catalanohablantes y los no euskaldunes) las opciones de hallar trabajo en Cataluña, Valencia, Baleares o en Euskadi, mientras que los catalanes, valencianos, mallorquines y vascos no hallan cortapisas en los demás lugares de España porque también se expresan en la lengua común; y, del otro, que alienta las preferencias de los ciudadanos de esas comunidades en favor de sus «lenguas propias», precisamente para así excluir a competidores extraños en el ámbito laboral... Lo primero es establecer diversos grados del llamado «perfil lingüístico», que fijan para cada concurso u oposición el nivel de conocimiento del euskera (o el catalán o el gallego) que se requiere. Unas veces la «lengua propia» será requisito y otras un mérito más para concursar a la plaza.9

Ya hemos mencionado el estruendoso fracaso de los funcionarios vascos en estas convocatorias. Pero mucho más llamativa es la falta de correspondencia entre el número de plazas convocadas y las supuestas funciones lingüísticas que muchas de ellas van a desempeñar. El Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco (Zuzenean) reconocía el año pasado que el 85 por ciento de las consultas ciudadanas las recibía en castellano y solo el 13 por ciento en euskera. ¡Lo sorprendente es que para este modestísimo porcentaje de consultas en euskera se haya obligado sin necesidad a un 44 por ciento de funcionarios a que prueben ante un tribunal su dominio de la «lengua propia»! (El País del País Vasco, 11/8/2011).10 Sería una buena muestra de la intransigencia política en este punto de las autoridades nacionalistas, animadas por unas falsificadas encuestas sociolingüísticas que pregonan un número de conocedores o hablantes del euskera muy por encima del verdadero.

Pues bien, esa misma infundada exigencia como requisito o como mérito descollante vale desde hace decenios para la selección de los empleos públicos en sanidad, enseñanza, diputaciones, ayuntamientos, gobierno, etc. Veamos, sin ir más lejos, un ejemplo entre un millón, la Universidad del País Vasco. El valor del euskera como mérito del concursante a profesor viene el primero y da derecho a 11 puntos sobre un máximo de 100. Según mi propia experiencia, en estos concursos, esa sola ventaja basta por regla general para situarse a la cabeza de la lista de candidatos. ¿Que se resienten la igualdad, mérito y capacidad, principios nucleares en un justo procedimiento administrativo? Pelillos a la mar, si aceptamos que la UPV debe contribuir a la construcción nacional; es decir, que este propósito partidista debe primar sobre cualquier otra función universitaria.

Hagamos unas ilustrativas comparaciones. Exhibir algún certificado de conocimiento del euskera cuenta tanto como escribir entre cuatro y cinco libros, o siete capítulos de libro, o casi cuatro artículos o haber disfrutado de cinco estancias largas en centros de investigación. Podemos expresarlo en sentido contrario: lograr el Premio Extraordinario de Doctorado representa menos que la quinta parte del valor del manejo de ese idioma que probablemente no le servirá en su trabajo universitario. Donde mejor se observa el disparate es al comprobar que el conocimiento de nuestra lengua propia (que es la propia lengua de los menos) cuenta casi cuatro veces más que cualquier otra extranjera. Saber francés, inglés y alemán, todos juntos, se valora solo en 9 puntos; el de euskera solito, en 11 puntos (A. Arteta, 2010).

La mayor empresa de Euskadi, Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), de 22.000 trabajadores, incurre en el mismo atentado contra la equidad. Como en los demás empleos públicos, el personal más euskaldunizado parte con gran ventaja frente al más cualificado. En sus últimas convocatorias se determina que el conocimiento de euskera con perfil lingüístico 1 (PL 1) supone, en el baremo de créditos, 9 puntos, y el PL 2, 18 puntos (Boletín Oficial del País Vasco, 26/1/2012. Resolución 19/2012, del 9 de enero). Un médico, doctor cum laude, diez años como catedrático, que ha impartido 10 ponencias internacionales y que conoce inglés, francés y alemán alcanzaría menos puntos que los 18 que asegura un médico que solo posea el PL 2 de euskera. Así ocurre proporcionalmente en las demás categorías de personal sanitario. Y de cualesquiera otras, de acuerdo con una noticia reciente: «La Diputación de Guipúzcoa y casi la mitad de los municipios guipuzcoanos exigirá el euskera en los contratos públicos» (El Mundo, 31/1/2013).

A la vista de prácticas tan parciales, hay que dar por supuesto que las autoridades de política lingüística catalanas o vascas no han escuchado las palabras de un teórico político tan poco sospechoso para ellos como Kymlicka: «La educación pública estandarizada en un mismo idioma se ha considerado esencial si se quiere que todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades laborales en la economía moderna. De hecho, la igualdad de oportunidades se define en razón, precisamente, del igual acceso a las principales instituciones que operan en el idioma de la mayoría» (W. Kymlicka, 2006). Más descorazonador todavía es constatar que durante treinta años miles de padres y madres de familia consientan sin rechistar que, en el momento crucial de optar a un puesto de trabajo, sus hijos sean sistemáticamente relegados frente a otros candidatos de menores méritos académicos y profesionales.

e)   El derroche presupuestario

De todo lo anterior se desprende sin esfuerzo que salvar o fomentar la lengua minoritaria origina una inmensa sangría de dinero público en su comunidad. Será por eso por lo que refiriéndonos solo a la Comunidad Autónoma Vasca tropezamos con la oscuridad de esas cuentas, su parcialidad, su discrepancia entre las fuentes accesibles, etc., que a un profano en contabilidad pública (como el que suscribe) le prohibe sacar conclusiones más precisas.

Hará unos quince años que Pablo Mosquera, diputado de Unidad Popular por Álava, se atrevió a publicar las suyas (P. Mosquera, 1999). Según los cálculos que hizo entonces, los programas de normalización lingüística de la CAV «suponen todos los años como mínimo, 20.000 millones de pesetas». La pena es que tal dilapidación de recursos públicos va destinada a transformar una realidad que antes y después se resiste a cambiar. Por ejemplo, en 1996 los procedimientos judiciales que requirieron traducción en euskera fueron en Vizcaya el 0,25 por ciento, en Guipúzcoa el 0,49 por ciento y en Álava el 0,25 por ciento. En 1998 la euskaldunización del sistema educativo se llevaba 5.800 millones de pesetas, mientras que la investigación científica no alcanzaba los 1.600 millones y la enseñanza de lenguas oficiales de la Unión Europea suponía... 113 millones. Por esas mismas fechas la televisión pública vasca era con diferencia la más cara de todas las autonómicas. Las conclusiones de Mosquera eran no solo que el proceso de normalización lingüística «es un gran negocio», sino que además recorta los programas del Estado del Bienestar, «porque el Gobierno Vasco sitúa la política lingüística dentro del gasto social»...

Claro que las cifras de esas partidas presupuestarias están hoy rebasadas con creces. A preguntas del parlamentario de UPyD, el gobierno vasco remitió al Parlamento un solo folio que mostraba los «Datos sobre euskaldunización 2009-2012». Allí se hacía constar que la cantidad destinada a tal fin durante ese cuatrienio ascendía a 196.221.594,C (es decir, más de ocho mil millones de pesetas por año). Ahora bien, esos datos son absolutamente parciales, pues solo recogen el coste de la normalización lingüística de los funcionarios, y ni siquiera de todos los departamentos. Falta además consignar los gastos de la EITB, ikastolas y euskalteguis, las subvenciones a medios de comunicación, actos culturales o comercio, las ayudas a numerosas fundaciones, publicaciones, traducciones, rotulación viaria y, por si fuera poco, las partidas correspondientes de cada una de las tres diputaciones, capitales, ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, etc., entre otras muchas.

Así se entiende que en el año 2010 el presupuesto total confesado para la promoción del euskera (gobierno+diputaciones+capitales+mun-icipios mayores de 5.000 hab.) rozara los 160 millones de euros o 26.000 millones de pesetas, un 20 por ciento menos que en años anteriores (datos tomados de EUSTAT, Instituto Vasco de Estadística, 2013), según la cual las administraciones de la Comunidad Autónoma Vasca se han gastado 2.500 millones de euros en los últimos trece años para implantar el euskera en la sociedad vasca. Con esa ingente inversión, que equivale a dos tercios del presupuesto anual de Navarra, se hubieran podido crear 61.000 puestos de trabajo, 488.000 plazas de educación infantil o 50 hospitales oncológicos. Pero el resultado obtenido ha quedado muy lejos del perseguido: el uso del euskera ha aumentado en ese período en un 2 por ciento... Aun así, quedamos a la espera de conocer los costes reales de este prólogo lingüístico a la secesión de Euskadi, que pueden sobrepasar con creces los apuntados.

El resultado seguro de tanto derroche es una clamorosa discriminación social, pero con excelente conciencia de «progresista» y de «hacer país». Llegados aquí, brota una pregunta de naturaleza político-moral a la que no podemos hurtarnos. A saber, si la carencia o necesidad atendida por la política lingüística es comparable en gravedad, extensión y urgencia a otras necesidades sociales de los ciudadanos vascos.

Dicho de otra forma, si esa política particular se atiene o no al criterio de justicia lingüística, que sería un componente de la justicia social. Y es de suponer que lo que se pregunta a propósito de la política lingüística vasca, en la proporción debida, vale para las demás comunidades españolas bilingües.

¿Un derecho de elección lingüística?11

Debo advertir al lector que, en lo que sigue, este escrito roza o traspasa las líneas rojas de la Constitución y de la jurisprudencia de los altos tribunales. Espero que no se escandalice por ello y lo tome, según es mi propósito, como una hipótesis digna de reflexión. No creo que ante un problema de tal envergadura hayamos de conformarnos con un planteamiento meramente legalista. Al fin y al cabo, ¿ha sido ante todo la violación de las normas constitucionales, o más bien la política lingüística atenida a ellas y plasmada en los estatutos de Autonomía la que ha impulsado la crecida nacionalista en España?

He aquí lo que sería, a mi entender, un falso principio normativo, pero esta vez no esgrimido por parte del nacionalismo, sino presuntamente contra la política lingüística nacionalista. Ha cobrado fuerza en los últimos años en numerosas mesas y plataformas por la elección lingüística, que defienden lo que a primera vista parece una opción mediadora entre la enseñanza de la lengua propia y la de la propia lengua. Mejor aún, se erige en la alternativa contraria a la política de inmersión monolingüe y respecto de ella entraña sin duda una ganancia: es la libertad frente a la imposición. Pero en lo biensonante de su fórmula reside precisamente su carácter engañoso, porque se queda muy corta al lado de lo que pide la justicia lingüística. Pues nos referimos a un país, España, en el que coexisten una lengua común y en ciertas comunidades unas lenguas particulares que son minoritarias, incluso dentro de su mismo entorno regional. Estas últimas se conocen como «lenguas propias», por más que sean solo características de un «territorio» y no la «propia lengua» de la mayoría de «personas» que pueblan ese territorio.

La libertad de opción lingüística debería reconocer al ciudadano de las comunidades bilingües dos derechos esenciales. En general, el de que no se prohíba al hablante de cualquiera de ellas hablar o cursar su educación en su propia lengua. Más en particular, el derecho del ciudadano hablante de ambas lenguas a escoger una de las dos como lengua de su relación con las autoridades públicas y a ser educado en ella. Pero hoy, entre nosotros, son muchos los que entienden también que esa libertad lingüística postula, con cargo al erario público, el derecho del hablante de la lengua común a convertirse en hablante o conocedor si lo desea de la lengua minoritaria y a ejercer ese derecho para la educación de sus hijos o para sus relaciones con la Administración. Aunque sea a título de tentativa, me atrevo a pensar que como derecho moral este derecho no existe, o no existe sin serias reservas. Intentaré probarlo mostrando primero los que me parecen sus errores y después algunas de sus perversas consecuencias.

Errores o confusiones principales

a)   Sustitución del derecho primario a la enseñanza en la propia lengua por el derecho a optar entre la enseñanza en la propia lengua de la comunidad o en la lengua propia de los alumnos. O, lo que es igual, se está convirtiendo lo que es un hecho y un derecho fundamental en mera preferencia entre opciones. Es como si, valga la analogía, frente a la amenaza del atracador de quitarnos la bolsa o la vida, reclamáramos nuestro derecho a elegir entre ambas alternativas, y no simplemente el derecho primordial a nuestra vida. Una sentencia del Tribunal Supremo (28/12/2008) pareció a algunos que abría la puerta a la elección lingüística de los padres entre el español y el catalán como lengua vehicular de enseñanza de sus hijos. Pero esa sentencia, a propósito del impreso de preinscripción del alumno, asienta «la necesidad de incluir en él las preguntas dirigidas a conocer cuál es su lengua habitual», sea el catalán o el castellano. Si así se hiciera, la lengua propia quedaría subordinada a la propia lengua. Dada esa lengua ordinaria correspondiente a la comunidad de habla en que se vive, se sobreentiende que esa será la «opción» debida y no habrá lugar a una elección propiamente dicha. Más exactamente, y como he anticipado, derecho a la elección de su lengua solo tendrían los ciudadanos efectivamente bilingües. Cierto que será difícil obtener la constatación fiable de la lengua real de cada alumno (y de su padre), que la vía que garantice la verdad de las respuestas no siempre será segura, pero hay que poner los medios para acercarse a ella en lo posible.

La alternativa constitucional, dado el idéntico rango legal de la lengua propia y el castellano como lenguas vehiculares, sería que ambas se incluyeran entre las materias escolares «como un derecho que se ha de reconocer sin necesidad de que se inste». El derecho de los alumnos a recibir una enseñanza bilingüe no debe ser sometido a rogación, sino que la Administración está obligada a proporcionarla a todos ellos, sin que tengan que solicitarla los padres (Tribunal Supremo, 12/06/2012). O, lo que es igual, tampoco por este lado habría un derecho a la elección lingüística y el argumento anularía todos los modelos monolingües implantados en esas comunidades con «lengua propia».

b)   Desprecio de la norma básica de adecuación a la realidad lingüística. Y eso probaría que una política lingüística puede no ser rechazable tan solo por la manera autoritaria de implantarla, sino antes de nada por ser ilegítima desde su raíz. Pues ese principio proclama que, desde un punto de vista político —y salvo circunstancias especiales—, una lengua es lo que debe ser y debe ser lo que ha llegado a ser.12 Con arreglo a esa norma última, sería legítimo instaurar un principio de «zonificación lingüística», como el que rige en Navarra. Es decir, habría que distinguir dentro de una misma comunidad política diversos derechos lingüísticos de sus habitantes según la mayor o menor presencia de la lengua propia en la zona geográfica de que se trate. Otra cosa significaría dejar el paso expedito a las premisas nacionalistas, unas premisas que han llegado a ser secundadas —en mi opinión, indebidamente— por el propio Tribunal Supremo: v .g., la del necesario equilibrio entre ambas lenguas y la licitud del recurso a la discriminación positiva para lograrlo.13

c)   Confusión entre elegir para uno mismo o su hijo el aprendizaje de la lengua preferida con cargo a sus medios privados y con cargo al presupuesto público. O sea, entre el derecho a una libertad privada ilimitada de elección lingüística y una limitada libertad pública de tal elección. Naturalmente, la indudable excepción es el derecho de quienes requieren aprender esa lengua particular en razón de la nueva comunidad de habla en que residen (verbigracia, inmigrantes por razones laborales o de persecución política), como medio de integración social y de acceso a sus condiciones laborales. En lo demás no cabe hacer valer como norma del gobernante el criterio de atención a la demanda.

d)   Indistinción entre el derecho primario de los hablantes de una lengua y el derecho secundario (o no derecho en absoluto) de los aspirantes a conocerla y hablarla mediante ayudas públicas. Se entiende enseguida que ese derecho del hablante procede de su inserción en una comunidad de habla y su ejercicio se extiende solo a ella, no a otras comunidades lingüísticas. Su derecho es territorial, no personal. Por su parte, el derecho del demandante a aprender una lengua distinta de la suya, que es (ya sea bastante usual o, al contrario, prácticamente inexistente en su comunidad de habla) entrará en competencia con múltiples derechos sociales de los ciudadanos. Habrá, pues, que parangonar esos pretendidos derechos con los demás invocados por los miembros de una comunidad y dilucidar cuáles de ellos se refieren a necesidades más amplias, graves o urgentes. Para ello, tal como recoge la Carta Europea de Lenguas regionales y minoritarias, habrá de tenerse en cuenta el número de miembros de esa comunidad lingüística y los recursos públicos de que dispone, seguramente exiguos para hacer frente a otros apremios colectivos prioritarios...14

e)   La consagración constitucional de la cooficialidad del castellano y de la lengua propia en las comunidades bilingües contribuye bastante al malentendido y al conflicto. Con demasiada frecuencia el derecho a elegir la opción lingüística preferida descansa en el hecho de que el territorio nacional cuenta, a lo largo de sus diversas comunidades, con varias lenguas elevadas todas ellas a la categoría de «oficiales». Esto inmediatamente da a entender dos supuestos erróneos. De un lado, que la lengua común y la regional disponen de hablantes distintos, con olvido de que la primera de ellas —la común o franca— comprende de hecho a todos y que ya solo por ello son cualitativa y cuantitativamente incomparables. Del otro, que en esas comunidades provistas de dos lenguas los ciudadanos poseen competencias o usos lingüísticos parecidos en una y otra. Pero no hay tal, ni mucho menos.

A juicio de Appiah, lengua oficial debería ser la que llama «lengua política» por ser la común (J.A. Appiah, 2007: 164 ss).15 Ella es un instrumento clave para el ejercicio de la ciudadanía y, por eso mismo, a la hora de fijar las obligaciones lingüísticas en los planes escolares. Pues «la educación pública debería tener como objetivo la enseñanza de la lengua política a todos los ciudadanos». Dicho de otra manera, esa enseñanza de la lengua común no busca el mantenimiento de una identidad cultural única, claro objetivo nacionalista, sino la igualdad de ciudadanía. Es esta precisamente la igualdad que se rompe cuando se equipara en oficialidad la lengua común con las regionales o, más todavía, cuando se otorgan a estas últimas alicientes o ventajas injustificadas. A fin de evitarlo, habría que plantear en este punto otra posible reforma de la Constitución.

f)   La equiparación en valor entre una y otra lengua da lugar a una falsa apariencia de igual respeto a los derechos lingüísticos del ciudadano. Pero el caso es que la minoría con lengua propia (allí donde la hubiera) tendría el derecho y el deber de conocer la lengua de todos, y por eso la oficial, lo que no puede decirse en modo alguno a la inversa. Los hablantes de la lengua común no tienen un derecho indiscutible ni mucho menos un deber a aprender la otra lengua de su comunidad para sí o para sus hijos. En España el aprendizaje en y del español representa un derecho y un deber de todos El aprendizaje en las lenguas particulares solo es un derecho indiscutible de sus hablantes, con las excepciones antes señaladas, y también en las zonas lingüísticas particulares donde se concentran. Otra cosa es que, en pro de una mejor armonía social, pueda cobrar sentido la recomendación para todos de estudiar asimismo la lengua peculiar y prestarle la atención debida.

Algunos efectos perversos

A los costes de la injusticia lingüística reseñados en la parte anterior, habría que añadir otros nuevos derivados de la reivindicación de la libertad de elección.

1)   Unos resultados inesperados. Desde un punto de vista pragmático, se reconocerá que, en el País Vasco al menos, la puesta en práctica de esa elección en la enseñanza ha dado lugar al crecimiento de la demanda del euskera como lengua vehicular. A los que confiaron en esa fórmula como un arma frente a la imposición lingüística nacionalista les ha salido el tiro por la culata. Para explicar el fracaso ya he sugerido como hipótesis más fiable el «temor al aislamiento» o, lo que es igual, la potencia avasalladora de la presión ambiental y la incapacidad individual y colectiva de contrarrestarla.

2)   La renuncia a la justificación. Limitarse a argüir la libre opción en esta materia equivale a desentenderse de la revisión crítica de las razones de los sujetos, y con ellos de sus fundamentos de legitimidad. Significa renunciar a todo intento de justificación moral de la enseñanza y uso de una u otra lengua, como si los móviles, objetivos y fundamentos de sus sujetos fueran equivalentes. Todas las opciones lingüísticas, lo mismo que las políticas que las plasmen, serían respetables. Al parecer, solo importa que haya libertad de elección para el sujeto, no el valor respectivo de las opciones propuestas o adoptadas.

3)   Una inmensa injusticia social. Ya hemos dicho que las reclamaciones de los no hablantes de una lengua y en un espacio donde esa lengua carece además de arraigo suficiente deben compararse con las pretensiones de otros ciudadanos y grupos relativas a servicios de salud, educación, vivienda o de otros bienes primarios en la misma comunidad. O, para expresarlo mejor, quienes reivindican ese derecho lingüístico «deberían preocuparse de basar sus demandas en principios conforme a los cuales se dispusieran a juzgar también las demandas de cualesquiera otros grupos» (T. Pogge, 2003: 122).

4)   Las reivindicaciones imparables. El ejercicio de la libre opción lingüística comienza por la enseñanza, pero enseguida se extenderá a múltiples esferas de la vida colectiva. Primero vendrá la exigencia de seleccionar los maestros y demás personal dotados de la preparación lingüística adecuada; luego, la de destinar a ese lugar al médico, y al cura, y al guardia municipal capaces de atender a esos niños en la lengua que han cursado; más tarde propondrían implantar una línea de estudios en esa lengua en cada facultad universitaria cuando sean mayorcitos..., por más que todos ellos y su entorno sigan hablando exclusiva o mayoritariamente la lengua común. Al final, allí no habrá nacido una comunidad de habla en esa lengua, sino a lo sumo unos pocos alfabetizados en ella.

En la encuesta del gobierno vasco del 2010, no pasa de una tercera parte de encuestados la que dice conocer bien el euskera (aun cuando menos de un 20 por ciento confiesa usarlo habitualmente y solo un 13 por ciento entre amigos). En los incesantes sondeos de este tipo quienes responden que desean un mayor conocimiento de la lengua propia de su comunidad ascienden a un porcentaje nada desdeñable. Ningún entrevistador les ha preguntado, para verificar la coherencia de sus respuestas, cuánto estarían dispuestos a «pagar» por aprenderla (en tiempo, dinero u otros costes) o en qué orden situarían esa preferencia particular con relación a otras tal vez más atractivas. Se diría que ahora aceptan imponerse unas obligaciones que durante bastantes años han sido reacios a satisfacer y que además recortan otras inversiones públicas más provechosas. En esa encuesta la mayoría incluso de quienes confiesan hablar el euskera con soltura prefieren conversar en castellano; pero eso no les impide sostener al mismo tiempo que el euskera es el idioma «por excelencia» de los vascos. Es de temer entonces que no solo estén falsificadas estas encuestas, sino antes y sobre todo la conciencia moral de numerosos ciudadanos que las responden16.

Porque, si el dato más revelador de la realidad de una lengua es el número efectivo de hablantes, lo inocultable es el llamativamente escaso uso de la lengua vasca entre los ciudadanos vascos. Tal es la principal conclusión de la VI Medición del uso de las lenguas en la calle (2011) llevada a cabo por el Cluster de Sociolingüística, con la subvención de dos departamentos del gobierno vasco y de las cuatro diputaciones forales, en 97 municipios de Euskal Herria (sic) y mediante la información obtenida de más de 154.000 entrevistas y 363.000 interlocutores, y con un nivel de confianza del 95 por ciento. Según esta investigación, solo el 13,3 por ciento de los vascos recurre habitualmente al euskera, lo que significa que su uso está prácticamente estancado y que durante los últimos veintidós años (1989-2011) ha aumentado nada más que en un 2,5 por ciento.17 Es probable que otras regiones españolas sean comunidades con un bilingüismo más arraigado que el de Euskadi. Sea de ello lo que fuere, solo ese empleo real de las «lenguas propias» más que su autodeclarado conocimiento dará argumentos fundados para justificar o abandonar su cooficialidad, los derechos individuales atribuidos y los variados costes de las políticas lingüísticas vigentes.

5.   LOS COSTES CULTURALES

ENRIQUE HELGUERA

«És molt més cómode i fácil de creure que d ‘aprendre, que de conéixer».

JOSEP PLA, Notes del Capvesprol

«—Cuando yo uso una palabra —insistió Humpty-Dumpty con un tono de
voz más bien desdeñoso—, quiere decir lo que yo quiero que diga...,
ni más ni menos.
—La cuestión —insistió Alicia— es si se puede hacer que
las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
—La cuestión —zanjó Humpty-Dumpty— es saber quién es el que
manda..., eso es todo».

LEWIS CAROLL, Alicia a través del espejo

«El poder del odio está infravalorado. Es más fácil unir a la gente alrededor del odio que en torno a cualquier creencia positiva».

LAURENCE REES, El oscuro carisma de Hitler

Las consecuencias o efectos que tendría para la cultura española la secesión de Cataluña y viceversa abarcan un vastísimo espacio, que se desborda en todas direcciones y penetra, en muchos casos, en los territorios explorados por diferentes trabajos de este proyecto común. Por razones de espacio y tiempo me centraré tan solo en algunos aspectos esenciales y muy significativos de la cultura, que son, al tiempo, claramente representativos del estado de la cuestión. Para concluir diré que el análisis se centrará principalmente en Cataluña, aunque casi todo lo que se dice puede extenderse, con sus peculiaridades, al País Vasco y, en menor medida, a Galicia.

La fragmentación: huella en el inconsciente colectivo y en el cuerpo social

a)   Efectos en/para España

El primer efecto del movimiento secesionista en Cataluña ya se ha producido y es, en general, para el resto de España y la ciudadanía, una sensación de «fracaso histórico», un desgarramiento que puede sumirnos en una situación de profunda crisis psicosocial que presentaría muchas similitudes con la crisis del 98, pues ahora, como entonces, cuestiona la idea de España, las señas de identidad que constituyen el inconsciente colectivo del país. Representa, además, el «fracaso del modelo político de la Transición», pensado en su día como una forma generosa de democratización y descentralización, que fuera un punto de encuentro y de reconocimiento de las distintas culturas y planteamientos políticos del país.

En tercer lugar, es un «fracaso generacional» que afecta especialmente a la franja de personas que ya eran adultos cuando murió Franco y a todos los que llegamos a la mayoría de edad algo después y que creíamos que durante todos estos años —nuestra vida activa— estábamos construyendo algo que sentíamos sólido, como sintetiza certeramente, el título del muy recomendable ensayo de Antonio Muñoz Molina, Todo lo que era sólido.

Finalmente, conviene apuntar que esta sensación de fracaso colectivo no afectará tanto a las nuevas generaciones, porque ocurre con la idea de España como con la arquitectura de las ciudades: los jóvenes no van a echar de menos los edificios, en este caso simbólicos, que nunca conocieron. Las reacciones aisladas de «patriotismo español» frente a la actitud de Cataluña (cuyo máximo ejemplo fue el grupo de fascistas que irrumpieron en el Centro Blanquerna de Madrid el día de la celebración de la Diada de 2013) contrastan con la apatía, pasividad y displicencia con la que asiste la ciudadanía del resto de España a este fenómeno, y particularmente, los jóvenes, quienes descreen y quizá, desesperan, del sistema y de los políticos que lo gestionan, por lo que no van a hacer nada por defenderlo, ni siquiera apuntalarlo. Paradójicamente, el rechazo y el desprecio catalán a lo español está produciendo una reacción simétrica muy preocupante en parte de la juventud española: el desprecio, el rechazo y, en definitiva, la negación de Cataluña como parte de España. A la postre, la campaña nacionalista no solo ha conseguido crear esa conciencia de la otredad en buena parte de los suyos, sino también de rebote ha difundido la misma idea entre los jóvenes del resto de España.

b)   Efectos en/para Cataluña

Para Cataluña el primer efecto de la independencia sería de «logro histórico», de entusiasmo potenciado por la triste situación general de España y la quiebra de su forma de Estado (crisis de la Corona), del sistema político y las instituciones (corrupción, incompetencia), de los derechos fundamentales de los ciudadanos (precarización laboral, privatización de la sanidad pública) y de la economía. Mucha gente en Cataluña, sobre todo gente joven, afirma, con una ingenuidad pasmosa, que lo que quieren es empezar desde cero.

Representa, por otro lado, para los movimientos políticos nacionalistas, la consecución de los fines que habían perseguido realmente durante la Transición, porque, en realidad, veían el sistema político de la Constitución de 1978 como un periodo puramente transitorio en su hoja de ruta.

Tanto para los profesionales de la política (si no, no se explica que los socialistas catalanes hayan terminado por ser solo catalanistas, traicionando los principios elementales del socialismo) como para los ciudadanos de las generaciones de la Transición, apuntarse al carro de la independencia o del derecho a decidir les da una idea de destino común, y el convencimiento de haber participado activamente, de ser protagonistas, en la creación de esta nueva realidad.

Finalmente, para las nuevas generaciones, educadas en la profundización de las diferencias y en la pérdida de la identidad común por la inmersión lingüística y los medios de comunicación, esta aventura adquiere la misma dimensión totalizadora y colectiva que tuvo el sueño de la democracia, el socialismo o la izquierda revolucionaria para los que teníamos su edad durante la Transición. El electorado de ERC es, en general, muy joven. Adicionalmente, el proceso de ruptura en el caso de Cataluña resulta más inocente, menos traumático que el vasco, más asimilable para las conciencias, puesto que estas nuevas generaciones catalanas no tienen, en principio, nada que reprocharse, aunque sea subliminalmente, pues no existe la barrera psicológica del terrorismo y la violencia. En la juventud vasca hay no pocos jóvenes que se resisten de alguna manera a entrar del todo en ese sueño identitario, pues de alguna forma adquiere, incluso involuntariamente para ellos, ciertas tonalidades de pesadilla. Es un hecho cierto que la juventud española y europea en general es ahora más pacifista, menos conflictiva o violenta que hace quince ó veinte años. Pero lo importante en el caso de Cataluña es que la imposición de un modelo excluyente e identitario se ha producido muy despacio y con formas de coacción de baja intensidad (educación, adoctrinamiento, cambio de las denominaciones geográficas, etc.), por lo que no se percibe tan nítidamente como violencia, sino como restauración de la verdadera cultura nacional, siempre oprimida desde el poder central. No es de descartar que dentro de unos años, si se llegase a producir una ruptura total, parte de esta juventud pudiera sentirse incómoda —e incluso asfixiada— con la doctrina nacionalista y las limitaciones y vacuidad de la cultura catalana «étnicamente» pura. Y quizá volverían a mirar a España de forma diferente: viendo lo que nos une en vez de lo que —falsamente— nos separa. La primera catarsis tendría que ver claramente con el idioma, pues las frustraciones en el campo universitario, laboral y personal derivadas de estudiar (y sentir) el español como segundo idioma, como una lengua extranjera igual que el inglés o el japonés (recuerden el célebre y desdichado exabrupto de Artur Mas) pueden llegar a ser verdaderamente grandes. Sin dominar la lengua y la cultura españolas, además de sufrir la amputación de una parte de su identidad, sus posibilidades de estudiar, viajar, trabajar y residir en otras regiones del país o en Iberoamérica serán mucho más reducidas.

El homenaje a Orwell de Cataluña: la neolengua, la policía del pensamiento y el ministerio de la verdad

«En el proyecto nacionalista, la política lingüística es un instrumento fundamental, el punto de partida que tiene como estación término la exigencia de independencia, en un caminar argumental que avanza con tres pasos: la lengua es la base de la diferencia y de la identidad colectiva; la identidad colectiva es el cimiento de la nación; la nación es fuente de soberanía».

FÉLIX OVEJERO LUCAS, La trama estéril: izquierda y nacionalismo

La destrucción de la cultura común y con ello de cualquier atisbo de sentido común se ha realizado de forma planificada y continuada bajo ese concepto tan siniestro denominado «la construcción nacional», que remite a un proceso artificial no natural de ingeniería social que pervierte el normal desarrollo y mestizaje de las sociedades modernas. Y sus vectores son:

a)   La imposición del catalán como lengua propia, contrapuesta al castellano —que sería la lengua ajena, extraña, extranjera— es la primera barrera: todo lo escrito en español, aunque sea en Cataluña, es foráneo. Dejando a un lado la inmersión lingüística en la enseñanza, el uso cotidiano del castellano en el recreo o en la calle ha empezado a tener connotaciones «españolistas», es decir, sospechosas. La política de subvenciones a los medios de comunicación y editoriales que publican en catalán, su imposición como lengua única en TV3, el uso exclusivo del catalán como idioma de la administración pública y la inconstitucional normativa sancionadora de la rotulación en castellano ahondan día a día la diferenciación entre lo propio y lo ajeno. La literatura «nacional» sería en lengua catalana, aunque al postularse como una sociedad abierta, tolerante y plural admitirá «generosamente» la presencia de la literatura en castellano y otras lenguas foráneas. Por regla general, no se habla del español o de la lengua española, sino del idioma castellano, o, yéndose al otro extremo, de lo hispánico, que tiene esa característica de ser algo muy antiguo, tan lejano como el Imperio romano; y por ello fácil de asimilar en el presente para situar a Cataluña junto a México, Cuba y demás países iberoamericanos, en una perfecta equidistancia con relación a España.

b)   La catalanización del territorio y la toponimia, para individualizarlo y convertirlo en algo genuino y diferenciado del entorno, es el presupuesto de base para obtener la independencia: solo una nación con territorio puede convertirse en Estado. El proyecto de cambiar la organización provincial actual por las veguerías medievales (impagable metáfora del carácter retrógrado del proyecto nacionalista) persigue exactamente dicha finalidad. La ley fue aprobada por el Parlamento de Cataluña el 27 de julio de 2010, aunque una sentencia del Tribunal Constitucional la ha dejado aparcada por el momento.

c)   La construcción de las señas de identidad de Cataluña, primariamente, sobre la base de negar lo español, lo común, partiendo de la demonización de España como el violento invasor y ocupante, a través de la reinvención de la historia (el famoso 11 de septiembre de 1714) y la creación de un conflicto permanente entre dos sujetos colectivos aparentemente iguales («España contra Cataluña»). La eliminación de la bandera común y otros signos institucionales en espacios públicos y salas de prensa oficiales, la sustitución de la palabra España (una realidad sociológica) por Estado o Estado español (una fría estructura de poder) y la prohibición de las corridas de toros bajo el sofisma de la defensa de los animales son ejemplos claves de esta estrategia. Mención especial merece el apartado de la educación y los doctrinarios libros de texto, cuyo análisis en profundidad queda fuera de esta parte del trabajo, pero cuyos efectos distorsionadores y perversos ya han cortocircuitado las neuronas de tres generaciones de catalanes. En la misma línea está el Libro de Estilo del ente público Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que dicta la realidad mediática consagrando el uso exclusivo del catalán, el fomento de la identidad nacional, y la obligación de que términos como «nación» o «gobierno» se refieran únicamente a Cataluña. Este Libro de Estilo es muy recomendable para conocer la abracadabrante línea editorial, el marco lingüístico y las normas periodísticas que han de aplicar de forma obligatoria los profesionales de los diversos medios que la integran, esto es, TV3, Catalunya Rádio y 3cat24.cat, entre otros. Como siempre, una imagen vale más que mil palabras, y lo más destacado de la programación televisiva catalana es su original mapa del tiempo, en el que aparecen siempre, como marco de referencia geográfico y político, los países catalanes, para luego diluirse el entorno en un mapa europeo del que está ausente la demarcación de España. Uno no termina de entender cómo se ha podido permitir, desde la legalidad democrática y el respecto a la Constitución española de 1978, la expansión de un modelo orwelliano en la educación y en los medios de comunicación. Y podemos citar otros muchos hechos, que parecen anecdóticos, pero que resultan significativos, como la vandálica destrucción de todos los anuncios del toro Osborne (pobre marca España) que existían en Cataluña o la asimilación de hechos diferenciales que se nacionalizan como el flamenco o la rumba catalana, que es, sencillamente, rumba gitana, andaluza, española, con un toque latino. Este género solo tiene de catalán el lugar en que se inventó, pero ningún elemento propio de la cultura o tradición catalana. En definitiva, se trata de contraponer siempre una bandera contra la otra, una lengua contra la otra, una nación contra la que ellos pretender crear para, desde esta nueva y privilegiada situación reenfocar la existencia de otras lenguas o raíces culturales como un ejemplo del cosmopolitismo de la nación catalana y no como lo que han venido siendo desde hace quinientos años: el mestizaje horizontal de las diversas singularidades y culturas de España.

d)   La exaltación de los rasgos étnico-culturales genuinamente catalanes resulta a primera vista algo puramente folclórico (los castellets, la butifarra, los calcots, la sardana) si nos limitamos a su faceta más visible de ritos y tradiciones. Sin embargo, el peligro subyace en los valores intangibles e invisibles —y por tanto normalmente etéreos o directamente inexistentes—, pero que se afirman como caracteres genuinos y raciales: de un lado, está la proverbial laboriosidad del pueblo catalán, frente a la haraganería genética y escaso rendimiento de los demás pueblos de España, como reza uno de los eslóganes de CIU. Pero además nos encontramos con algo todavía más peligroso y que deja traslucir el lema «España nos roba»: la gran distancia ética que media entre los dos pueblos, la bondad y rectitud del pueblo catalán, frente a la pérfida alma española, que persigue esquilmar a los pueblos que domina.

e)   Hay en el imaginario catalán otra afrenta intolerable y que conduce sin remedio a la permanente confrontación de Barcelona con Madrid. Son las dos únicas ciudades españolas que pueden rivalizar en peso histórico, económico, sociológico y cultural, aunque, por azar y necesidad, solo a una de ellas le ha tocado ser la capital de España. Barcelona aspira a ser capital, nunca segunda ciudad, y solo lo podrá ser si tiene su propio país. Barcelona, al ser una gran ciudad abierta y cosmopolita, con un tejido social de clases medias y alto nivel cultural, era, en principio, el espacio menos proclive al nacionalismo catalán. La clave para arrastrarla en la dirección del independentismo no es contraponerla a España —pues una buena parte de su población viene de otras regiones del país—, sino a Madrid y su tiránico centralismo, así como su gris fisonomía de «poblachón manchego» (Azorín) en comparación con la elegancia capitalina de Barcelona, ciudad cosmopolita a orillas del mar Mediterráneo.

f)   Finalmente, el espacio deportivo, sobre todo el mundo del espectáculo futbolístico, es, también, un terreno de alta carga simbólica, en el que el triunfo del Barcelona FC (cuya segunda indumentaria oficial este año reproduce la bandera oficial de la comunidad autónoma) es siempre un asunto de Estado. Con los equipos de fútbol ocurre, por suerte, lo mismo que con los hombres que, como apuntaba Ortega y Gasset, no tienen naturaleza, sino únicamente historia. Paradójicamente, en sus orígenes, el Barcelona FC fue un equipo fundado por el suizo Hans-Max (Joan) Gamper en 1899 y reservado a jugadores extranjeros, mientras que el RCD Español, creado tan solo un año después por los catalanes Ángel Rodríguez Ruiz, Octavi Aballí y Lluís Roca, se fundó para que pudieran jugar los españoles, siendo originalmente la mayor parte de ellos catalanes, además de algunos vascos y andaluces. Pocos años después, sin embargo, todo dio la vuelta y se fue creando la nítida identidad que percibimos hoy día: el Barcelona representa a Cataluña y los duelos con el Real Madrid traducen la confrontación con el Estado, con España.

Más que el terreno de un juego simbólico es la escenificación de una guerra sin cuartel. Lo expresaba mucho mejor Manuel Vázquez Montalbán:

Es una verdad histórica que en España hay tres equipos de fútbol que son más que un club: el Bilbao, el Real Madrid y el Barcelona. Tienen una carga de representatividad épica de una comunidad determinada [...], en el caso de Cataluña, representa la vanguardia épica de Cataluña, es decir, del País Vasco y Cataluña, son dos naciones sin estado y sin ejército. Y esa dimensión de necesidad de satisfacción épica la sacian a través de los equipos de fútbol, el Bilbao en el País Vasco y el Barcelona en Cataluña. Y el Madrid es un equipo que, lo quiera él o no lo quiera, asume una representatividad de Estado.

Aunque también conviene escuchar lo que decía Ángel Valdano:

El deporte puede ser un elemento importante de integración y también un elemento importante de división. En la España de las autonomías no hay nada que tenga más poder de integración que la Liga española. Aunque luego en el campo se ven muchas veces odios ancestrales, solamente por aceptar estar en la misma liga hay implícita una integración que yo creo que ayuda mucho a la idea de España.

La separación de Cataluña de España significaría, en principio, que los equipos de fútbol catalanes quedarían fuera de la Liga española y tendrían que jugar entre ellos, y quizá sea este uno de los argumentos más poderosos que pueden cambiar el signo de muchos votos en un hipotético referéndum. Este escenario de ficción no deja de ser una excelente metáfora del grado de empobrecimiento y solipsismo en que puede quedar la realidad catalana tras la independencia, con el Barcelona, el Español y dos o tres equipos recorriendo en autobús las diversas comarcas, jugando eternamente consigo mismos. Algo inimaginable en la realidad, ya que, como en una relación sadomasoquista, en la que el odio puede llegar a crear una dependencia emocional más fuerte que la del amor, ningún aficionado puede concebir una liga española sin el eterno retorno de la confrontación directa entre el Barcelona y el Real Madrid y la victoria/derrota/supremacía/destrucción del uno por el otro. Cataluña, sin la permanente negación de España, pierde parte de sus señas de identidad, se queda sin referente.

No obstante, conviene no hacerse ilusiones, pues los políticos podrían encontrar soluciones a los ingentes intereses económicos que hay en juego y ya existen precedentes análogos: el FC Andorra juega en categoría regional de la liga española, el AS Mónaco en la francesa y el San Marino Calcio en la italiana.

El símbolo del toro o el toro como símbolo

La silueta del toro de Osborne hace tiempo que pasó de ser un anuncio publicitario a un icono que simboliza España. Fue creado en 1956 por el gran dibujante y diseñador gráfico andaluz, republicano y comunista, Manolo Prieto (1912-1991) para el grupo Osborne. Pronto se extendió su imponente figura de catorce metros de alto y varias toneladas de peso, tanto por la geografía española como por la latinoamericana. El responsable de la difusión de dicha imagen fue el publicista catalán, Miquel Monfort (Terrasa 1935-1998), uno de los fundadores de la agencia barcelonesa MMLB, quien convenció al grupo Osborne de la fuerza del logotipo de Veterano y los animó para que lo generalizaran como imagen del grupo empresarial. Tan solo en nuestro país llegó a haber unas 500 vallas publicitarias con la efigie del toro, aunque ahora solo quedan unas 90. Tras diversas vicisitudes y por la acción de comunidades autónomas, municipios, asociaciones y movimientos cívicos fue indultado de la prohibición que impuso la normativa europea (materializada en España a través del Reglamento General de Carreteras en 1994) de los anuncios en las autopistas y demás vías automovilísticas, para evitar distracciones de los conductores. Ese mismo año el toro fue declarado por el Congreso de los Diputados «patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España». Finalmente, en diciembre de 1997, el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor del mantenimiento de los toros de Osborne, ya que «ha superado su inicial sentido publicitario y se ha integrado en el paisaje y debe prevalecer, como causa que justifica su conservación, el interés estético o cultural, que la colectividad le ha atribuido».

En las comunidades de mayor peso nacionalista (incluyendo no solo Cataluña, País Vasco y Galicia, sino también Valencia y Baleares) la destrucción de estos toros por grupos de vándalos se ha hecho con la mayor impunidad, sin que las autoridades autonómicas, municipales o policiales le hayan prestado ninguna atención, con la consecuencia de que finalmente la empresa haya renunciado a reconstruirlos en los territorios conflictivos, pues es una gran inversión de dinero, que solo resiste en pie unas pocas semanas. En los últimos años solo quedaban dos en Cataluña, uno cerca de L’Aldea (Tarragona), que apareció decapitado en 2005 y con las palabras «Puta España» pintadas sobre su cuerpo, una suerte de performance llevada a cabo por el grupo Moviment de Defensa de la Terra. Otro toro se encontraba fatídicamente emplazado en un lugar tan mítico como El Bruch (Barcelona) y fue derribado por última vez en 2007 por un grupo independentista de nombre siniestro, Hermandad Catalana La Bandera Negra. El comunicado transmitía que querían «limpiar la silueta de la sagrada montaña de Montserrat de la inmundicia cornuda española». Y esta pequeña reseña sirve también para entender mejor la intención del capítulo siguiente.

La tauromaquia

El verdadero trasfondo de la faena de acoso y derribo de la fiesta de los toros en Cataluña, disfrazada de protección de los derechos (sic) de los animales y de acabar con su maltrato y sufrimiento, quedó en evidencia cuando, en julio de 2010, el Parlamento catalán modificó la Ley de Protección Animal y prohibió las corridas de toros a partir del 31 de diciembre de 2012. Esa ley estableció la excepción de «los correbous» o toros embolados, sueltas de bestias con los cuernos convertidos en teas ardientes, muy populares sobre todo en la provincia de Tarragona donde se celebran al menos 60 al año. Según el art.6.2 de la citada Ley, por su carácter tradicional: «Quedan excluidas de estas prohibiciones las fiestas con toros sin muerte del animal (correbous) en las fechas y localidades donde tradicionalmente se celebran. En estos casos, está prohibido inferir daño a los animales».

La tradición taurina de Cataluña se remonta, como en el resto de España, casi al origen de los tiempos, pero al menos hay constancia escrita en el Archivo de la Corona de Aragón de la celebración de una corrida de tres toros y «dos matatoros» en el año 1387, en honor de Juan I en la Plaza del Rey de Barcelona. En todo caso fue durante el siglo XIX cuando se generalizó la fiesta taurina tal y como la conocemos en la actualidad, y en Cataluña llegaron a existir muchas plazas fijas, además de las móviles y desmontables. La más antigua plaza de toros de Cataluña es la de Olot (Gerona), construida en 1859, pero también se construyeron en Mataró, Tarragona, San Feliu de Guixols, Tortosa, Figueras, Camprodón y Vich, aunque algunas de ellas han sido demolidas o recicladas para otros usos. En Barcelona llegaron a existir tres cosos taurinos: El Torín de la Barceloneta, Las Arenas y la Monumental. La nómina de toreros catalanes registrados es muy amplia y se remonta hasta mediados del siglo XIX, llegando sin solución de continuidad hasta nuestros días: Pedro Aixelá i Torner «Peroy», José Rovirosa Virgili, Eugenio Ventoldrá Miubó, Gil Tovar Bonafont, Mario Cabré Esteve, Ramón Arasa Fontuila «Fuentes», Paco Corpas Brotons, Joaquín Bernardo Bertomeu, Joaquín Bernadó, José María Clavel Cucalón, Luis Barceló Mitjavilla, Francisco Batalla, María Dolores Velázquez Álvarez «Lola de España», Juan Serrano Pineda «Finito de Córdoba», Marcos Sánchez Mejías, Alfonso Cansado Campos, Serafín Marín y un largo etcétera a los que habría que añadir todos los toreros nacidos fuera de Cataluña, pero que residían allí, y que fueron muy numerosos durante la llamada época dorada del toreo en dicha comunidad autónoma. Este periodo abarcó desde 1927 a 1968, coincidiendo con la actividad del empresario y promotor catalán Pedro Balañá Espinós, quien situó particularmente a Barcelona en la cúspide del mundo taurino.

Durante catorce años funcionaron los tres cosos, lo que da idea de la importancia de la fiesta en la ciudad condal. Los toreros de postín tomaban la alternativa en Barcelona desde los tiempos de Julián Casas, El Salamanquino y Frascuelo, hasta los más recientes de Victoriano Valencia, Chamaco, Cabañero, José María Clavel y Barceló, Paquirri, Julio Robles y Paco Alcaide, pasando por Sánchez Mejías, Antonio Márquez, Félix Rodríguez, Armillita Chico, Domingo Ortega, Gallito o Morenito de Talavera. Manolete fue el referente taurino catalán de los cuarenta. Toreó en la Monumental de Barcelona más corridas que en ninguna otra plaza de España.

El ensayista, militar y político Antonio de Capmany i Montpalau (Barcelona, 1742-Cádiz, 1813) defendió ardientemente la fiesta taurina como diputado de las Cortes de Cádiz por Cataluña y escribió una Apología de la fiesta pública de los toros que se publicó en 1815. Mucho más recientes son las obras de Néstor Luján, autor de De toros y toreros (1946) e Historia del toreo (1967). Los políticos catalanes de la Segunda República, Francesc Maciá y Lluis Companys, presidían con frecuencia las corridas de toros. Finalmente, infinidad de artistas de origen catalán como Mariano Fortuny, Ramón Casas, Valentí Castanys i Borrás, Rosendo Nobas Ballvé, Joan Miró, Salvador Dalí, Antoni Tapies y Francesc Catalá-Roca han representado la fiesta taurina en su obra.

Para el poeta y escritor catalán Pere Gimferrer la prohibición de los toros «demuestra un desconocimiento profundo no solo de la cultura ibérica —española y portuguesa— o la francesa, sino de la propia cultura catalana y de la historia de su sociedad (....)», y añadía que le parecía la más grave agresión cultural desde la Transición. Firmó en su día el «Manifiesto de la Mercé» junto a muchos intelectuales y artistas como el ensayista Arcadi Espada, el filósofo Víctor Gómez Pin o los directores teatrales Mario Gas y Albert Boadella, etc. En ese texto se recordaba a la clase política que «no es solo la realidad cultural, festiva, tradicional, económica y social de los toros lo que está en juego: es la misma libertad, es una fracción más de libertad, de la libertad de todos, que con su voto pueden borrar o no de nuestro entorno, y que todos nosotros aquí y ahora podemos perder».

Literatura, edición, prensa y subvenciones

«La coexistencia de dos tradiciones literarias, en catalán
y en castellano, no tiene naturaleza de prótesis
o de fallo histórico, sino de posibilidad de dos cánones».

VALENTÍ PUIG, L’os de Cuvier Cap a on va la cultura catalana

Quizá la expresión más lograda de perfecta simbiosis de la literatura catalana y castellana sea la figura del recientemente fallecido filólogo, medievalista y ensayista Martín de Riquer (Barcelona, 1914-2013), referente incuestionable en el ámbito de la lengua y la literatura catalana y castellana. Asimismo, su trayectoria profesional y personal rompe todos los tópicos y falsos esquemas de «la confrontación España-Cataluña», al haber luchado en la Guerra Civil, como burgués y católico, en los requetés franquistas. A Martín de Riquer, quien escribía en ambas lenguas, le debemos no solo los grandes estudios de la literatura medieval española, sino también la mejor edición de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes (1944), y su excelente Historia de la literatura catalana (1964), así como muchas otras obras entre las que destacamos, por el asunto que nos ocupa, Cervantes en Barcelona (1989) y Tirant lo Blanch, Novela de historia y de ficción (1992). Gracias a él se divulgó el conocimiento de la literatura catalana, cuyo origen tiene, también, como dato curioso, el hecho de que sus dos grandes clásicos, Ramón Llull y Ausias March, no nacieran en Cataluña, sino en Mallorca y Valencia, respectivamente, zonas en las que el mestizaje cultural perceptible en toda España no plantea en principio —y hasta ahora— ninguna crisis de identidad ni brotes de esquizofrenia.

Escritores catalanes de expresión castellana o que alternaban ambas lenguas existen desde el siglo XV; por ejemplo, Pere Torroella, Juan Boscán, Francisco de Moncada y Joaquín Setantí. El idioma catalán fue dejando paso al castellano a raíz de la unión dinástica de los reinos de Castilla y Aragón, tanto por ser el idioma de la corte y de la aristocracia como por las razones derivadas del comercio entre las regiones y la inmigración. A raíz del Decreto de Nueva Planta de 1715, tras la Guerra de Sucesión a la Corona de España, el castellano fue imponiéndose en todos los ámbitos y la decadencia del uso de la lengua catalana se agudizó durante el siglo XVIII y comienzos del XIX: los filósofos Antonio de Campmany y Jaime Balmes son un buen ejemplo de la preponderancia del castellano. El resurgimiento del catalán se produjo en la segunda mitad del siglo XIX, durante La Renaixenca, de la mano de Bonaventura Larles Aribau, quien escribió en las dos lenguas, vivió en Madrid largo tiempo y fundó la Biblioteca de Autores Españoles. Muy relacionado con él estuvo el periodista y escritor romántico Ramón López Soler. De hecho, en este periodo no existía un rechazo de lo español, sino una actitud de abierta convivencia y admiración recíproca, como ejemplifica el intercambio epistolar de Joan Maragall y Miguel de Unamuno. Tanto Eugenio d’Ors como Josep Pla escribieron en las dos lenguas. Más recientemente la nómina de catalanes de expresión castellana o bilingüe resulta copiosa, y cito, sin atender al orden generacional o calidad literaria, los que recuerdo, como un simple botón de muestra: Jaime Gil de Biedma, Enrique Badosa, Alfonso Costafreda, Carlos Barral, Carlos Ruiz Zafón, Baltasar Porcel, Ignacio Agustí, José María Gironella, Manuel Vázquez Montalbán, Félix de Azúa, Carlos Pujol, Carmen Laforet, Lorenzo Gomis, Luis, Juan y José Agustín Goytisolo, Eduardo Mendoza, Javier Cercas, Javier Calvo, Alicia Giménez Bartlett, Juan Marsé, Mercedes Salisachs, Pepe Ribas (editor también de la revista Ajoblanco), Ana María Matute, Francisco Ledesma, Néstor Luján, Josep Maria Castellet, Ana María Moix, Ildelfonso Falcones, Joan Perucho, Fernando y Guillermo Díaz-Plaja, Enrique Vila-Matas, etc. Asimismo, de las últimas generaciones citaremos —perdón por las omisiones involuntarias— a Francisco Casavella, Kiko Amat, Berta Marsé, Lolita Bosch, José Ángel Cilleruelo, Neus Aguado, Carmen Borja y Eduardo Moga.

La actividad editorial comenzó en Barcelona en 1473, cuando los primeros impresores alemanes se establecieron en la ciudad. Con el paso del tiempo Cataluña se convertiría en una de las principales capitales de la edición en castellano. En la época de Franco Barcelona se situó, sobre todo a partir de los años sesenta del pasado siglo, en el centro del mundo editorial en español. Casi todos los sellos editoriales de la época han sobrevivido, si bien, en la mayor parte de los casos, integrados en grandes grupos empresariales, entre los que cabe mencionar al Grupo Planeta, que a su vez participa en el negocio de la televisión (Antena 3, La Sexta), radio (Onda Cero, Europa FM ) y prensa (diario La Razón). Se trata de una empresa familiar, fundada por José Manuel Lara y dirigida actualmente por su hijo, José Manuel Lara Bosch. Además de editar libros con su propio sello, Planeta es propietaria de múltiples sellos legendarios: Seix Barral, Espasa-Calpe, Destino, Martínez Roca y Edicions 62. Recientemente alcanzó una participación importante en Tusquets Editores y compró el 50 por ciento de las acciones del Círculo de Lectores. Asimismo, el grupo convoca premios de gran proyección, como el Planeta, o de enorme prestigio, como el Nadal y el Josep Pla de ediciones Destino, el Apel.les Mestres de Destino Infantil y el Espasa de Ensayo.

Otro grupo editorial y de comunicación radicado en Barcelona, Random House Mondadori, posee sellos tan reconocidos como Debate, Grijalbo, Lumen o Plaza & Janés. También está RBA, propietaria de La Magrana, L’Avenc Molino y Gredos. Otra editorial más pequeña, Edhasa, adquirió Castalia —el sello de los grandes clásicos españoles—, Akal y Siglo XXI. Salvat, que pertenece al grupo Hachette, también tiene su sede en Barcelona. Finalmente, citaremos a algunas editoriales independientes como El Acantilado, de Jaume Vallcorba, o la Editorial Montesinos de Miguel Riera, asimismo editor de las revistas Quimera, Camp de L’arpa y El Viejo Topo. Y cómo no, la editorial Anagrama, fundada por Jorge Herralde, y que convoca otros dos premios de prestigio, el Anagrama de ensayo y el Herralde de novela. Recientemente, esta editorial ha seguido el paso de las demás, integrándose en la órbita del grupo empresarial italiano Feltrinelli Editore.

El sector editorial español, según los datos proporcionados por la agencia ISBN, publicó unos 88.000 títulos en 2012. Madrid y Cataluña fueron las dos regiones con mayor volumen de actividad editorial, con 36.576 (41 por ciento) y 21.757 (25 por ciento) títulos respectivamente, seguidas de Andalucía (10.929), Valencia (4.854) y País Vasco (2.553). Los libros publicados en lengua catalana representaron el 8 por ciento, mientras que los editados en gallego fueron el 2 por ciento, y en euskera y valenciano el 1 por ciento respectivamente.

La tradición de la prensa catalana en castellano se remonta al siglo XVIII con la Gazeta de Barcelona, a la que luego siguieron, entre otros, El Diario de Barcelona y El Diario de Gerona. En 1881 se fundó La Vanguardia, el periódico más influyente y más leído en Cataluña y que, hasta mediados de 2011, se editaba únicamente en castellano. El otro periódico catalán, originalmente en castellano y ahora en edición bilingüe, es El Periódico de Catalunya, fundado en 1978. Según datos de finales de 2011 publicados por la Fundación Audiencias de la Comunicación y la Cultura (FUNDACC), el 81,4 por ciento de los catalanes que lee prensa, lo hace en castellano (3,1 puntos menos que hace un año), mientras que un 33,9 por ciento (5,5 puntos más que hace un año) lo hace en catalán (la suma supera el cien por cien, ya que las opciones no son excluyentes). Una parte de esta variación se explicaría por la aparición del diario Ara y la puesta en marcha de la edición en catalán de La Vanguardia y El Periódico, que han nivelado la oferta en ambas lenguas.

La convivencia pacífica y preponderancia natural del castellano, debida a las razones históricas y al mestizaje con el resto de España, se combate desde la Generalitat a fuerza de dinero que se destina a subvencionar la edición catalana el doblaje de películas (2,5 millones de euros en 2012) y a financiar a los medios de comunicación privados en dicha lengua. Durante ese mismo año la Consejería de Presidencia otorgó ocho millones y medio de euros en subvenciones a prensa y radio, a las que hay que sumar las ayudas que entregan otras consejerías y entidades autonómicas y la inacabable publicidad institucional que premia la fidelidad a los principios generales del movimiento de la construcción nacional. A la cabeza del disparate presupuestario y el delirio patriótico se encuentran las ayudas a la flotabilidad de TV3 (el titán y «Titanic» del catalanismo), que ha recibido 1.100 millones en los últimos cuatro años.

Música, flamenco y rumba

No es posible en estos apuntes tratar la música en profundidad, pero sí me gustaría destacar la visión plural, abierta e integradora que los grandes compositores catalanes de finales del siglo XIX, Enrique Granados e Isaac Albéniz, tenían de la música española. Sin embargo, nos detendremos, como claro fenómeno de identidad compartida, en el arraigo de la más rica y profunda música folclórica de nuestro país: el flamenco. En Cataluña, y particularmente en Barcelona, su presencia viene de muy lejos. Hay datos que informan sobre la llegada de gitanos a Cataluña desde 1425, pero, sobre todo, ha habido una estrechísima relación con Andalucía desde el siglo XVIII. En aquella época eran precisamente los catalanes los que emigraban a Andalucía para participar del comercio con América, que estaba monopolizado por Sevilla y Cádiz. En el siglo XIX la corriente migratoria se dio la vuelta y desde mediados de la centuria hubo emigración del sur hacia Cataluña como mano de obra para su despegue industrial. Después de la Guerra Civil la emigración aumentó considerablemente y en la actualidad hay por lo menos un millón de andaluces viviendo en Cataluña (cuya población total es de unos 7 millones de personas), sin contar los descendientes de la emigración del siglo pasado. Tanto los intelectuales y artistas de comienzos del siglo XX como las clases populares catalanas acogieron muy bien el flamenco, y hacia los años treinta del siglo XX, en el barrio del Raval, había unos 100 colmaos y cafés cantantes con este tipo de música. La mejor bailaora de flamenco de la historia se llamaba Carmen Amaya, y nació en el antiguo barrio gitano de chabolas de Somorrostro, demolido en 1966 y que estaba ubicado en la actual Barceloneta. En 1963 protagonizó una película con Antonio Gades, Los Tarantos, nominada al Oscar de Hollywood como mejor película de lengua no inglesa, y cuyos exteriores se rodaron en Barcelona.

En la actualidad los focos de inmigración andaluza se han desplazado hacia las ciudades del cinturón industrial: Terrasa, Santa Coloma, Sabadell, Badalona. Hay cantaoras flamencas jóvenes espléndidas, como Ginesa Ortega, Maite Martín y Montse Cortés. Entre los cantaores destacan Miguel Poveda, Duquende y Blas Córdoba. Asimismo contamos con guitarristas excepcionales como Rafael y Juan Manuel Cañizares, Juan Gómez «Chicuelo», Juan Ramón Caro y Pedro Javier González. Si nos referimos al género más popular, la rumba, surge en la Barcelona de los años cincuenta del pasado siglo de la mano de Antonio González «El Pescaílla», Peret y Josep Maria Valentí «El Chacho», a los que siguieron luego, entre otros, los populares Rumba Tres. Finalmente, también en la escena de la música joven y de fusión está muy presente el flamenco rumboso y las letras en español: Ojos de Brujo, Estopa, Muchachito Bombo Infierno, La Pegatina o la Troba Kung-Fú.

Poder, presupuestos y destrucción de la estructura estatal y de la industria de la cultura común

La política de fragmentación cultural es claramente visible a nivel de las consejerías de cultura e instituciones públicas, museos y archivos nacionales, asociaciones de profesionales y agentes económicos del sector: editores, diseñadores, comisarios, artistas plásticos, productores, distribuidores, fundaciones, universidades, festivales de cine, teatro y música, etc. Al estar transferidas las competencias en materia de cultura, los presupuestos, la potestad normativa y la regulación de incentivos dependen del poder autonómico, lo cual fomenta el clientelismo asegurado a través de la adhesión inquebrantable al régimen. Para los que no están de acuerdo, el instinto de supervivencia les hace posicionarse en el limbo, por las consecuencias económicas negativas que conllevaría significarse demasiado. La defensa de los intereses corporativos y las ventajas adquiridas por los residentes en las distintas comunidades autónomas en todo lo relacionado con selección de artistas, contenido de exposiciones, adjudicación de concursos públicos, premios literarios, subvenciones directas e indirectas, etc. contribuyen a romper el tejido cultural común con el resto de España desde la propia sociedad, a través de su base de sustentación que es, cómo no, la economía y el flujo del dinero. Muchas asociaciones empresariales (Foment del Traball), sindicales y profesionales están desligadas o se están desligando de las estructuras estatales y se conectan con el resto de España a través de federaciones como la Federación del Gremio de Editores u otras fórmulas que denotan soberanía.

Por otro lado, y para cerrar el círculo vicioso, el coste de duplicar estructuras burocráticas por parte de las comunidades autónomas, invadir competencias estatales en el ámbito de la cultura y dilapidar el dinero en políticas sectarias, resulta rentable para los que gobiernan, porque, en definitiva, están invirtiendo en poder y en controlar áreas exclusivas de influencia desde las que reescribir la verdadera historia e identidad de los pueblos originarios que componen el «artificial» Estado español contemporáneo.

Conclusiones

Como hemos intentado explicar a lo largo de este trabajo, la secesión de Cataluña dejaría una huella traumática en la cultura española, sumiéndola en una crisis psicosocial similar a la del 98, pues, como entonces, cuestiona la idea de España. En Cataluña la independencia de España mediante la afirmación excluyente de su singularidad y la negación de lo común o compartido, creará una realidad social compleja y escindida, con una parte de la población cercana a la euforia por la inauguración de un nuevo destino colectivo, y otra parte, decididamente esquizofrénica y proclive a episodios depresivos, intentando disimular en la superficie la clara amputación artificial de una parte de su identidad.

La creación de una identidad colectiva despojada de toda relación con España pasa por la destrucción de la cultura común, y ello se está produciendo, de forma planificada y continuada, desde la propia Generalitat catalana, las instituciones públicas, los partidos nacionalistas y asociaciones de particulares convenientemente subvencionadas a través de los vectores de la construcción nacional mencionados más arriba. Se trata de un proceso de ingeniería social digno de una novela distópica de ciencia ficción. Un mecanismo que pervierte y crea una confrontación violenta y artificial en el cuerpo social, frente a lo que debería ser el lógico y natural proceso de agregación y mestizaje integrador en una sociedad cosmopolita en el marco de la aldea global del siglo XXI. La finalidad última es lograr la ilusión de destino común (o unidad de destino en lo universal que propugnaba la Falange) en la mayor parte de la sociedad catalana para cimentar que el derecho a decidir sobre el futuro de esa región del país solo lo decidan ellos. ¿Un nuevo minipaís inventado en un mundo real globalizado y sin fronteras?

Frente a la idea falsa y distorsionada de una cultura catalana, pura, genuina y esencial, hemos intentado mostrar a grandes rasgos la realidad histórica de una sociedad rica, entreverada de tradiciones diferentes y profundamente mestiza que, como las cajas chinas, se insertan las unas dentro de las otras: Cataluña, España, Europa. La integración es progresista, porque crea ciudadanos iguales, y el nacionalismo es reaccionario, porque promueve tribus con privilegios. Pero la ambición política no tiene límites, o mejor dicho quiere fijar los propios, y la quimera de un Estado propio pasa por inventarse la esencia del pueblo que dice representar. Y por eso es tan importante reescribir la historia, ya que, como decía George Orwell en la obra 1984: «Aquel que controla el pasado controla el futuro. Aquel que controla el presente controla el pasado».

V

EL FUTURO DE ESPAÑA

CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN

Buena parte de los problemas políticos actuales de España derivan del fracaso o la insuficiencia de los distintos proyectos de modernización del siglo XIX. Esta dramática y a veces trágica sucesión de fracasos duró hasta el final del franquismo, e incluso proyectó su sombra negativa en la transición a la democracia. Numerosos y vetustos demonios familiares que parecían languidecer han revivido con fuerza en la oportunidad brindada por la doble crisis iniciada en 2008, como el caciquismo y la corrupción, el fracaso de las instituciones y el auge del separatismo. Hasta el punto de que preguntarse sobre si España tiene futuro, tal como la conocemos, ha dejado de ser una pregunta retórica para convertirse en una preocupación muy real. Solo los inmovilistas más recalcitrantes —dominantes en el establishment— niegan hoy que sean necesarios profundos cambios constitucionales y del entramado institucional si queremos que España y sus ciudadanos tengan futuro.

El fracaso de los proyectos de nación constitucional

Un vicio intelectual y político que ha mantenido toda su ascendencia es la dificultad para abordar con realismo los problemas más acuciantes, diluidos de modo confuso en meditaciones metafísicas, religiosas e identitarias sobre «el ser de España» o de los pueblos que la compondrían. Incluso hoy en día el gobierno de Rajoy justifica las cuantiosas y antieconómicas inversiones en AVE, como ya hicieran los de Zapatero, con el argumento de que el ferrocarril de alta velocidad «vertebrará España», como si los tendidos ferroviarios tuvieran misteriosas cualidades y propiedades mágicas de las que carecerían instituciones como la educación, el Estado o la mismísima política. Es, por cierto, una presunción que data del siglo XIX, cuando la inversión ferroviaria también estuvo asociada a especulación, caciquismo y corrupción.

Cánovas cortó una discusión sobre la definición esencialista del «ser español» con una frase lapidaria: «Es español quien no puede ser otra cosa». Resulta casi imposible imaginar a un colega suyo europeo o americano diciendo algo remotamente parecido. Al contrario, la segunda mitad del siglo XIX asistió al auge del nacionalismo imperialista y del entusiasmo patriótico en los estados viejos y nuevos, de Gran Bretaña y Francia a Alemania e Italia. Se daba por supuesto que cosas tales como «ser inglés» o francés, ruso o americano, eran extraordinariamente importantes y, en general, una bendición divina. Incluso los desastres de la guerra reforzaban ese sentimiento ideológico de «ser y hacer nación», como expresó el histórico discurso de Abraham Lincoln en el campo de batalla de Gettysburg: «Somos más bien los vivos los que debemos consagrarnos aquí a la gran tarea que aún resta ante nosotros: que de estos muertos a los que honramos tomemos una devoción incrementada a la causa por la que ellos dieron la última medida colmada de celo. Que resolvamos aquí firmemente que estos muertos no habrán dado su vida en vano. Que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad».

España tuvo sus Gettysburg, pero ningún Lincoln. En el siglo XIX el orgullo de pertenencia a una comunidad nacional firme y respetada se veía no solo como un valor positivo y un imperativo categórico de patriotismo obligado, sino que se proyectaba como la mejor solución política para los problemas de las «naciones sin Estado» descubiertas por el romanticismo: la supervivencia de esas comunidades dependía de que se convirtieran en naciones plenamente realizadas, es decir, con su propio Estado. La alternativa parecía ser la disolución paulatina de esas comunidades arcaicas «sin historia» en las grandes naciones surgidas del progreso histórico, como plantearon sin reservas Marx y Engels (a diferencia de sus herederos actuales vendidos, también sin reservas, al nacionalismo reaccionario).

España es un viejo Estado que se remonta al fin del siglo XV; es el más antiguo de Europa occidental, con Francia y Portugal. En nuestra historia hubo tempranas afirmaciones protonacionalistas, como la rebelión generalizada contra Napoleón y la Constitución de Cádiz de 1812, pero, en la época de Antonio Cánovas del Castillo, España parecía impermeable al nacionalismo dominante en los estados vecinos. La ironía escéptica de Cánovas suena hoy más realista que cualquier otra cosa, pero expresaba cierto inmovilismo político responsable del caciquismo y del artificioso «turnismo» bipartidista. Del mismo modo en que el canovismo fue un régimen oligárquico de apariencia democrática, España era en apariencia una nación más o menos moderna, pero en realidad aún no lo era del todo, y no solo por sus atrasos económicos, educativos y sociales. Arrastraba una indefinición nacional integrada en la impostura política de una oligarquía disfrazada de democracia, y eso facilitó la incubación de nacionalismos separatistas en Cataluña y el País Vasco, dos regiones periféricas estratégicas por muchas razones.

Las caricaturas políticas de la prensa española de la época representaban a España como un viejo león famélico atormentado por las pulgas. Como político pragmático y realista que era, Cánovas sabía de sobra que las definiciones constitucionales de identidad nacional, como aquella optimista de la Constitución de Cádiz sobre «los españoles de ambos hemisferios», no tienen ninguna eficacia si no se fundamentan en la realidad del país. El voluntarioso esfuerzo integrador de los constituyentes de Cádiz fue incapaz de impedir la separación de los «españoles» del hemisferio americano, tan impulsada por la lejanía como por el rechazo de la oligarquía criolla del sistema liberal de la Constitución gaditana.

En la ironía antinacionalista de Cánovas había pesimismo histórico, frustración, impotencia y conservadurismo oligárquico. Esas emociones melancólicas aumentaron en la Generación del 98: a Unamuno le dolía España. Cánovas y su generación parecieron contener e incluso solucionar la sucesión de calamidades del tenebroso XIX, desde la invasión napoleónica y el fracaso de la Constitución de Cádiz al carlismo, los pronunciamientos militares y los experimentos revolucionarios y dinásticos. Pero los españoles de finales del XIX se enfrentaron al fracaso del propio sistema canovista, de sus modestas aventuras coloniales en África y a la traumática pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas (y un conjunto de estratégicos archipiélagos del Pacífico malvendidos a Alemania).

Todavía quedaba el desastre de las guerras del Rif que acabaron con la Restauración, trajeron la dictadura de Primo de Rivera y, como consecuencia, el hundimiento de la monarquía, la instauración de la Segunda República y otra guerra civil mucho peor que cualquiera de las anteriores. Liquidada brutalmente la España republicana, para la oposición al franquismo resultaba difícil sentirse orgulloso de «ser español», a pesar de las glorias pretéritas amortizadas que llenaban los libros escolares del franquismo a falta de otra cosa de que presumir. Yo mismo tuve un texto escolar que decía muy ufano: «En 1492 los Reyes Católicos conquistaron Granada a los moros y Dios premió a España con el descubrimiento de América». A falta de éxitos nacionales en la modernidad, la identidad española del nacionalismo franquista no tenía otra cosa que ofrecer que la presunción de una continuidad político-religiosa ininterrumpida desde los reyes godos al dictador. Sin duda, esa identidad tan vinculada a un régimen despótico que evolucionó desde amagos de totalitarismo a la dictadura militar con libertad económica, hizo un gran daño a la imagen de sí mismos y como nación que tenían muchos españoles, renovando el sentimiento resignado canovista. Y a la inversa, favoreció mucho el éxito del relato nacionalista periférico, que negaba incluso la existencia de una nación española y ponía su propio éxito como piedra de toque de la calidad democrática del «Estado español».

La frustración y la sensación de fracaso histórico, unidas al caciquismo, cultivó un fenómeno sin parangón en los estados europeos, el auge meteórico de nacionalismos separatistas en las regiones más ricas: Cataluña y el País Vasco. Eran las únicas —con la excepción parcial de Madrid y otros enclaves industriales aislados— que a finales del XIX eran más urbanas que rurales y disfrutaban de una economía industrial comparable a la de Europa Occidental. En efecto, los nacionalismos no faltaban en otros estados europeos, pero en ningún otro país —con la excepción parcial del Imperio austrohúngaro y el nacionalismo checo en la industrializada Bohemia— ocurría que el nacionalismo étnico ascendiera a fuerza política dominante en las regiones más prósperas y teóricamente más modernas de la nación, con burguesía y proletariado homologados.

Este sí que es un hecho histórico diferencial, pero no catalán o vasco, sino de España como Estado nacional constantemente impugnado. Basta con leer los dicterios y caricaturas racistas que Sabino Arana lanza contra los españoles, para él una raza inferior y fracasada, moral y políticamente degenerada (entre otras cosas por el caciquismo, en lo que no le faltaba razón), para comprender la importancia de esos sentimientos de odio racial en la configuración ideológica del nacionalismo vasco triunfante, el sabiniano o aranista. Tales sentimientos son, junto a diversas mitomanías y falsificaciones históricas, su única sustancia. Y conviene recordar que Sabino Arana descubrió y aprendió el nacionalismo durante su estancia en Barcelona.18 El nacionalismo étnico busca e inventa sus ancestros rebuscando en una historia local manoseada, pero lo cierto es que es otra ideología política de la modernidad, como el socialismo y el liberalismo.

Con todo, no se puede ignorar el enorme peso del fundamentalismo católico y el carlismo en el País Vasco. Por eso el nacionalismo racista de Sabino Arana es más deudor de la ideología de «limpieza de sangre» del antiguo régimen que del nacionalismo burgués. Paradójicamente, los nacionalismos antiespañoles de España pueden presumir de una indudable estirpe ideológica de rancia españolidad. Pero peculiaridades aparte, la modernidad del nacionalismo explica que fuera tan potente en las comunidades más modernas, y testimonial o precario en las demás. En Galicia, por ejemplo, el nacionalismo cultural tuvo mucho más peso intelectual que político, lo que explica que siga siendo el PP (es decir, la derecha española tradicional) el guardián y promotor de todo el galleguismo simbólico que parezca necesario. Para revalidar esa función, el PP gallego ha hecho aprobar recientemente una «Ley de Galleguidad»,19 ocupando en esa comunidad el nicho que CIU y PNV tienen en la catalana y vasca.

Pese a las denuncias del supuesto imperialismo cultural españolista a cargo de los nacionalismos periféricos, hasta la irrupción de estos últimos el nacionalismo español era un asunto intelectual sin la menor importancia política. Ese peso minúsculo explica la frase de Cánovas, impensable en sus homólogos europeos o americanos. Los españoles, en su inmensa mayoría, no eran ni son «nacionalistas españoles», y solo un régimen impuso la fe nacionalista obligatoria: el franquismo con su nacional-catolicismo. Una carencia que algunos deploran, pero que sin embargo proporciona un buen punto de arranque para concebir un país más basado en la ciudadanía y en la calidad inclusiva de las instituciones del Estado que en los mitos excluyentes de cualquier nacionalismo. Bien mirado y empleado, puede ser una suerte. Y quizá explique la afortunada situación de que España sea uno de los pocos países de Europa donde el nacionalismo xenófobo y antieuropeo no cuente a día de hoy con partidos nacionales relevantes.

Nacionalismo y negación de la nación española

El problema que representó el auge del nacionalismo catalán y vasco para el conjunto de España fue, como todos los de su clase, poliédrico. Una de las aristas de este poliedro que más ha resistido la erosión del tiempo es la negación de que exista e incluso haya existido una auténtica nación española. La cosa tiene su lógica, porque el nacionalismo separatista es étnico aunque ahora haya sustituido ese término poco presentable por el de nación o cultura (y lengua), y fundamenta sus aspiraciones en que mientras vascos, catalanes o gallegos son «etnias» (naciones), no hay ninguna etnia (nación) española digna de ese calificativo, lo que de nuevo es una gran suerte. La izquierda ha terminado aceptando esa tesis etnicista, fundamento de su idea de España como «Estado plurinacional», es decir, multiétnico o multicultural. La variedad lingüística de España —con cuatro lenguas oficiales en diferentes ámbitos territoriales y otras más candidatas a serlo—20 es presentada como prueba irrefutable de esa conclusión, aunque es una clásica falacia post hoc ergo propter hoc a partir de que lengua, cultura y nación política son en realidad lo mismo. La falacia dice que como en España hay numerosas lenguas regionales, existen otras tantas naciones, y por tanto España es como mínimo un Estado multinacional, pero siempre que se acepte que la lengua preceda a la nación y sea su auténtico fundamento natural, como enseñara Johann G. Fichte en 1800 en sus Discursos a la nación alemana, pendiente de fundación.

Es el caso extraordinario de un Estado nacional moderno despojado de nación y nacionalidad, contra toda evidencia, por el negacionismo histórico de sus nacionalistas separatistas, y por la aceptación de sus tesis por la izquierda. La izquierda se ha unido a este coro por razones espurias: todo lo que parezca contrario «al sistema» y «alternativo» goza para ella de pedigrí más democrático y progresista que la nación constitucional, por reaccionario que ello sea en hechos y en ideas. La negación de la nación española, y la colocación del concepto mismo bajo la sombra infamante de sospecha de «fascismo», mientras los nacionalismos separatistas devienen «progresistas» por arte de pensamiento mágico, no tiene otro sentido, propósito ni efecto que negar la igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos de esa nación. En fin, se niega la mayor de cualquier Constitución nacional democrática: que la nación es la suma de todos los sujetos iguales que la componen. En España tal suma no podría hacerse, y por tanto no habría nación, porque no hay tales sujetos iguales, sino sujetos diferentes por ser vascos, catalanes, gallegos etc., con sus propios derechos y obligaciones derivados de su pertenencia étnica. Y el Estado de las Autonomías ha hecho eficaz este negacionismo a base de erosionar la igualdad de los ciudadanos mediante la eliminación paulatina de derechos y obligaciones comunes, a mayor gloria de las «competencias autonómicas» y los nebulosos «hechos diferenciales».

Esto tiene su importancia. Como señaló Benedict Anderson en su clásico Comunidades imaginadas, para que haya nación debe haber primero «nación imaginada». No es lo mismo que «imaginaria»: los constituyentes de Cádiz imaginaban una nación que no existía bajo el absolutismo y solo podía desarrollarse en un régimen constitucional liberal, pero no hablaban de una entidad imaginaria, sino de los muy materiales reinos, comunidades y territorios que componían la monarquía española. Sin embargo, como mostró Ernest Gellner, los nacionalismos preceden a las naciones, y la capacidad fabuladora del nacionalismo —las tradiciones inventadas de Eric Hobsbawm— puede prescindir tranquilamente de las contradicciones de la realidad. Esa es una de las paradójicas razones de la «discutida y discutible» —en palabras de un sucesor de Cánovas, Rodríguez Zapatero— entidad de la nación española: la extrema debilidad política de cualquier nacionalismo español es la clave de la buena salud de sus adversarios.

La nación imaginada de Anderson implica la adhesión del sujeto a una comunidad política definida por tradiciones, instituciones, lengua, religión o cualquier otro rasgo comunitario funcional. Pero también sirve para ese fin constituyente la comunidad de objetivos, como demostró ampliamente la historia suiza o la Revolución Francesa. En efecto, la Francia del antiguo régimen estaba lejos de ser un Estado uniforme en materia de instituciones, lengua o fe religiosa. La unificación y el Estado unitario centralizado fueron, como se sabe, un logro de la revolución misma, fundada en la idea de la indivisibilidad de la República. Fue mérito de Napoleón y su régimen militarista y expansivo, tan poco republicano, convertir ese proyecto en instituciones perdurables como el Código Civil o la escuela pública, que siguen vivas en Francia y otros países que las adoptaron. En cambio, la historia posterior española es en buena medida la del fracaso, insuficiencia o atraso de la clase de instituciones que convirtieron las viejas comunidades en naciones modernas, de la escuela pública a la seguridad jurídica.

Fracaso del Estado liberal-conservador: atraso y negacionismo de la nación española

En España el fracaso del proyecto liberal de la Constitución gaditana arrastró el de la correspondiente nación imaginada. Curiosamente, una de las instituciones liberales de mayor éxito fue la provincia, instaurada más adelante por la reforma del afrancesado Javier de Burgos en 1833. La cosa venía de antiguo: los españoles eran más de su provincia que de la nación, crítica que ya encontramos en ilustrados constituyentes de Cádiz, como el alavés Valentín de Foronda o el catalán Antonio de Capmany. Por tanto, no se reconocían en la pertenencia a la misma nación sino de un modo relativo, aunque la guerra napoleónica (como en Francia, pero en sentido antagónico) hizo mucho para instaurar la nación política y no meramente natural, foral o de lengua. En un movimiento cuasi revolucionario los españoles, o al menos muchos de ellos, se habían levantado contra el invasor y por la independencia de la patria, aunque para no pocos esta se identificara con la restauración absolutista en la persona de Fernando VII. La nación naciente entró enseguida en crisis por una violencia política imparable entre absolutistas tradicionalistas y liberales progresistas.

España se quedó rezagada en la creación de las instituciones indispensables para la emergencia de una nación, como la escuela pública, el ejército moderno, el progreso económico, la seguridad jurídica y el pluralismo político. El nuestro fue, como podemos deducir al hilo del celebrado ensayo de Acemoglu y Robison, Por qué fracasan los países, otro caso de insuficiente creación de «instituciones inclusivas», es decir, de aquellas que abren el camino a la democracia, la innovación y el crecimiento económico. La restauración del absolutismo con Fernando VII y el rosario de guerras civiles, revoluciones y pronunciamientos posteriores impidieron que España, a diferencia de otros países sin mayores méritos ni habilidades, desarrollara las instituciones legales y políticas imprescindibles para que la emergencia de una «nación imaginada» moderna fuera algo más que la aspiración de una élite liberal y progresista.

El oxímoron ideológico conocido como «liberalismo conservador» inventó el sistema de partidos que gobernaban por turno mediante elecciones amañadas, y recurrió al caciquismo y el inmovilismo como claves para un objetivo por lo demás virtuoso y necesario: evitar revoluciones de cualquier signo, fueran republicanas, anarquistas, carlistas o pronunciamientos militares.21 Pero el objetivo de impedir más revoluciones y violencia conllevó el precio del atraso, porque ese mismo sistema que impedía experimentos políticos frustraba también la innovación económica, social, educativa y científica. Y tampoco pensaron, parece, en que la relativización de la nación española, su mantenimiento en el atraso y la corrupción, daba alas al nacionalismo hispanófobo. ¿Nos suena todo esto? ¿No sigue siendo la estrategia básica de autopreservación del bipartidismo actual?

La peculiaridad de la historia española, comparada con nuestros vecinos, quizá sea que las cosas parecen salir a medias. España acumuló retrasos tecnológicos, económicos y políticos, pero, atrasada y todo, no era un país «tercermundista» por mucho que en su territorio grande y poco poblado hubiera comarcas enteras que sí lo eran. Las franjas sociales ancladas en el analfabetismo y la marginación, dependientes del caciquismo o del clero, coexistían con sociedades urbanas mucho más dinámicas o al menos aspirantes a serlo.

La industrialización, por ejemplo: que fuera tardía no significa que no se produjera, sino que lo hizo tarde y no en las mejores condiciones. Arraigó con más fuerza en Cataluña y el País Vasco antes que en otros territorios no menos «diferentes» respecto a la media nacional. Podía haber ocurrido en Andalucía, pero no fue así por esa mezcla de casualidades, oportunidades y tendencias que llamamos historia. Para España, que seguía sin haber elaborado su «nación imaginada», el que la modernidad se instalara en dos regiones periféricas con abundantes peculiaridades fue un problema, como el que fuera incapaz de suministrar a las élites respectivas suficientes mercados cautivos (coloniales e interiores) para, por ejemplo, garantizar el desarrollo sostenido de la industria textil catalana. En un mundo proteccionista e imperialista, la debilidad política y colonial del Estado propio era una desventaja económica para la iniciativa privada.

La calumnia nacionalista catalana «Espanya ens roba» comienza en realidad con el fracaso de España en conseguir nuevas colonias durante el siglo XIX. No es casual que las aventuras coloniales africanas de Juan Prim, militar catalán liberal, hijo de un guerrillero antinapoleónico catalán y liberal, tuviera en la primera Guerra de África (1859-1860) como punta de lanza al batallón de «voluntarios catalanes», llamados «los nuevos almogávares» y reclutados por la Diputación de Barcelona. La pérdida de Cuba y Filipinas en 1898 dio un impulso extraordinario al nacionalismo catalán porque servía para demostrar que España no era un país a la altura de Cataluña, sino un obstáculo para su pleno desarrollo. Irónicamente, fue Prim, uno de los primeros políticos «catalanistas», quien había defendido sabiamente conceder la independencia a Cuba mediante un referéndum y una compensación económica a España garantizada por los Estados Unidos.

Dice mucho de la peculiaridad española un curioso doble fenómeno intelectual: la aparición y desarrollo del hispanismo académico, y la etnografía de la propia España y de sus «pueblos».

España seguía siendo vista como una rareza poco coherente con el resto de Europa occidental, según expresara el poco amable «África empieza en los Pirineos» atribuido a Napoleón Bonaparte. Y esa rareza poco definible fue la que intentó resolver el hispanismo, desde Washington Irving y Théophile Gautier hasta Gerald Brenan, Marcel Bataillon o Paul Preston. El hispanismo inicial era una filia por lo exótico que no dejaba de considerar a España como un misterio cultural entre la civilización y la barbarie, comparable a los árabes, indios, persas, chinos, turcos y otros pueblos objeto de estudio del orientalismo. Debemos a la perspicacia de Karl Marx este resumen de la cuestión, escrito en 1854: «Acaso ningún otro país, excepto Turquía, es tan poco conocido y tan mal juzgado por el resto de Europa como lo es España».

Tras el hundimiento de la monarquía imperial, España era una co- munidad carente de imagen común. Eso condujo a otra peculiaridad, el desarrollo de etnografías sobre «los pueblos de España», como la famosa e influyente de Julio Caro Baroja. España no se veía muy distinta de otros países compuestos de pueblos que no acababan de conformar naciones modernas, como los países balcánicos y eslavos. Los folkloristas, etnólogos y antropólogos españoles tenían su materia de estudio en su propia casa. Y una de las consecuencias políticas de estos estudios fue anteponer la diferencia y la peculiaridad a las indudables semejanzas de comunidades que llevaban juntas muchos siglos, inmersas en una cultura común. Basta con leer a Cervantes y los autores del Siglo de Oro para comprobar que los españoles de los siglos XVI y XVII eran tan conscientes de sus diferencias territoriales y sociales como de su comunidad de creencias y cultura, certificada también por los observadores europeos que no hacían gran diferencia entre los diversos tipos de españoles, para ellos notablemente semejantes. El escudero vizcaíno Sancho de Azpeitia farfulla en mal castellano, pero su única «peculiaridad» cultural es que toma en serio a Don Quijote. En la época de Cervantes existía un relato compartido sobre lo que era España y significaba ser español, relato que perdió credibilidad en la inacabable crisis del XIX.

Sin embargo, la manía del constante interrogarse metafísico sobre el «ser de España» y sus vicisitudes, normalmente calamitosas, fue objeto de una famosa trifulca entre dos ilustres republicanos, Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz. Y llevó a Ortega Gasset a exigir aquello tan lúcido y actual de «¡Españoles, a las cosas!». En efecto, la elaboración de una comunidad nacional moderna no podía ni puede hacerse sobre fundamentos metafísicos y diferencias sacadas de quicio, sino sobre las cosas que componen la realidad. Conviene recordar que los problemas políticos, como el de la nación democrática, requieren soluciones políticas; las soluciones ontológicas no sirven por atractivo que sea especular con ellas.

Símbolos de unión y de desunión

Cosas como la «identidad nacional» son básicamente simbólicas. Los símbolos no son abstracciones, sino materia de una clase muy especial. Y especialmente poderosos porque, como insistió Charles S. Peirce, los símbolos también son ideas capaces de actuar y cambiar la realidad. Desde esta perspectiva, es fácil comprender que España, como nación, tiene un doble problema: la debilidad de los símbolos propios y la superabundancia simbólica del nacionalismo hispanófobo. El simbolismo separatista impulsa con gran eficacia el proyecto nacionalista mientras que la debilidad española crea desafección: es un estado de cosas cuyos efectos centrífugos para España han sido potenciados con tremenda fuerza por la prolongada y profunda crisis política y económica, y sus dramáticos efectos sociales en forma de paro prolongado y aumento de la pobreza.

Aunque el origen de la escalada nacionalista en estos treinta últimos años radica en su dominio de la educación y de los medios de comunicación de masas, no puede ignorarse que la debilidad de España durante la crisis, ese nuevo fracaso institucional, ha realimentado como nunca la ofensiva nacionalista. La corrupción, el aumento de la pobreza y el mal gobierno, por ejemplo, han sido apuntados al debe nacional de España mientras élites nacionalistas superiores a la media en corrupción y mala gestión apenas sufren desgaste por sus culpas, como se puede comprobar en Cataluña. Es cierto que lo mismo puede decirse del PP y PSOE en otras comunidades azotadas por la crisis y la corrupción, como Madrid, Comunidad Valenciana o Andalucía, pero la especificidad nacionalista es que han empleado la crisis para inculpar a España como principal responsable de la misma. Sensu contrario, bastará salir de España para superar la crisis: tal es el mensaje de CIU, ERC, Bildu-Amaiur, BNG y el PNV con más sordina. La manipulación de las emociones colectivas a través de la simbología nacionalista resulta fundamental: una frase simbólica como la famosa «Espanya ens roba» encierra todo un programa de acción sumamente eficaz.

Romper los sistemas básicos comunes para implantar 17 sistemas educativos y sanitarios, o reducir al mínimo legal la unidad de mercado poniendo trabas a la libre circulación de profesionales y empresas mediante normas autonómicas incongruentes, no solo es una decisión política negativa para las cuentas públicas y la economía productiva. Además, es un modo muy eficaz de lograr un objetivo esencial del nacionalismo: deshacer las redes materiales, simbólicas y afectivas nacidas de compartir un mismo sistema educativo, sanitario y productivo. O dicho con otro lenguaje más coloquial, es un modo eficaz de romper España. La proliferación de sistemas de servicios autonómicos tiene por tanto importantes consecuencias simbólicas, en este caso para simbolizar que España es, para no pocos conciudadanos, un país limitado a unas pocas y remotas instituciones indignas de confianza. Las más cercanas son exclusivamente autonómicas, diferentes y consagradas a cultivar la diferencia. Y esto tiene especial importancia en la educación y los medios audiovisuales públicos; una vez más, Cataluña y el País Vasco son los que han marcado la pauta de «desenganche» de España y creación de una nacionalidad alternativa basada en instituciones propias políticamente manipuladas, pero la mayoría de las comunidades autónomas han avanzado en esa misma dirección con mayor o menor recorrido y profundidad.

Sin duda, los símbolos son importantes para las comunidades políticas, y una de las dificultades que tiene España como comunidad política es la falta de símbolos comunes aceptados con naturalidad. El franquismo debilitó el sentido de comunidad al apropiarse de los símbolos y asociarlos a su propio nacionalismo autoritario y extremista, y el intento de la Transición de que la monarquía solucionara ese problema con una Corona cercana y popular tampoco ha llenado ese déficit. Mientras, la izquierda tradicional no ha tardado mucho en volver al empleo de los símbolos republicanos, como la bandera tricolor, convertida en símbolo alternativo enfrentado a los constitucionales. Poco o nada queda de la histórica renuncia del PCE y su aceptación de la bandera monárquica y la propia Corona en bien del interés general.

Los únicos que han comprendido y llevado al extremo la importancia política de los símbolos nacionales son los nacionalistas hispanófobos, que no solo han impuesto de un modo u otro los suyos hasta extenderlos como únicos de la comunidad, sino que además han perseguido incluso con violencia física, y siempre moral, a los símbolos españoles.

Un ejemplo es lo sucedido en el País Vasco durante la Guerra Civil, cuando el PNV consiguió que los demás partidos, y singularmente los del Frente Popular, entonces poco o nada proclives a la ideología y simbología abertzale, asumieran desde el nombre del ente político autónomo (Euzkadi) y el lenguaje «institucional» (lehendakari, ertzaintza, jaurlaritza, etc.) hasta la bandera e himno del PNV como bandera e himno de los vascos, pese a la existencia de símbolos muy anteriores como el corónimo Euskal Herria (irónicamente apropiado e impuesto después por ETA para desplazar al Euzkadi/Euskadi del PNV, en el contexto de la lucha por la supremacía ideológica). En el fragor y urgencia de la guerra los demás partidos pensaron que más valía aceptar la exigencia nacionalista a cambio de que se incorporaran a la guerra contra Franco, aunque ello no evitó luego la traición del PNV en el Pacto de Santoña con los italianos, ni en los años sesenta el nacimiento de ETA como reacción a las largas vacaciones del PNV En la Transición los partidos no nacionalistas repitieron el mismo error: aceptar como símbolos de la comunidad los del PNV primero, y luego los de ETA, como un tributo inevitable a una supuesta paz social que no es sino victoria de la imposición y erradicación del pluralismo. Y en esta ocasión, esa entrega vino facilitada por la rendición ideológica de la izquierda al nacionalismo. Declaraciones como la del socialista vizcaíno Indalecio Prieto, calificando de «Gibraltar vaticanista» la Euzkadi autónoma proyectada por el PNV, hubieran sido consideradas blasfemas por sus herederos «vasquistas».

La Transición puede considerarse, pese a sus grandes méritos, como un proceso de desmantelamiento progresivo de instituciones y símbolos comunes en beneficio de la proliferación de duplicados autonómicos y locales. Salvo en las llamadas «comunidades históricas», este proceso no respondía a demandas sociales, sino al proyecto político de unas élites locales que adoptaron el modelo nacionalista y las prácticas clientelares para preservar su poder político, estrategia favorecida por el sistema electoral y la indefinición competencial de la Constitución. El resultado ha sido una renovación del viejo caciquismo. Seguimos empantanados en buena medida en la renuncia a pensar en España como una nación de ciudadanos constituidos en una democracia. El resultado es un supuesto Estado plurinacional donde lo particular prima sobre lo común, y sometido a un proceso de disolución confederal.

Por tanto, el futuro de España pasa por corregir las consecuencias de ese proceso en dos sentidos: uno, restaurar instituciones comunes por razones tanto económicas como político-simbólicas, especialmente las relacionadas con educación y sanidad (en general, con políticas sociales), pero también medio ambiente y gestión de recursos naturales. Y dos, desarrollar instituciones comunes propias de una democracia avanzada, como administraciones públicas profesionales, políticas laicas en materia educativa y cultural, leyes de transparencia y gobierno abierto, y reguladores y supervisores independientes que refuercen simbólica y prácticamente el ejercicio de la ciudadanía común, liberada de cualquier corsé étnico.

Entre las razones para la última escalada del nacionalismo tiene una importancia fundamental la crisis económica y sus efectos sociales, consecuencia del mal funcionamiento de las instituciones incapaces de preverlos y paliarlos. El debate político constructivo de alternativa al separatismo debería centrarse en que el nacionalismo, más allá de sus responsabilidades pioneras o compartidas en la burbuja inmobiliaria, la pésima gestión financiera o la corrupción, tampoco soluciona nada. Al contrario, el propio nacionalismo de los estados europeos es responsable de la lentitud, inequidad e insuficiencia de muchas políticas anticrisis de la UE. Y por otra parte, la Unión Europea es incompatible con la balcanización de sus estados miembros: o la impide o la propia Unión quedaría amenazada de muerte. Eso significa, como ya se ha dicho, que una eventual Cataluña o Euskadi independientes quedarían no solo fuera de España, sino de la UE e incluso de la comunidad internacional, más allá de los contactos bilaterales que pudieran establecer con estados semejantes.

El futuro de España y Europa

Una última reflexión sobre el papel de Europa respecto al futuro de España (y viceversa). La unificación europea siempre ha sido una gran esperanza para el pensamiento liberal y progresista español, que esperaba y espera, como Salvador de Madariaga, que subsuma nuestras rémoras históricas y compense nuestras carencias institucionales. Sin duda, es un punto de vista acertado, pero a condición de que no se caiga en el error de esperar que Europa aporte soluciones políticas que no podría dar ni aunque quisieran los demás estados de la UE. Por otra parte, el futuro de España ha quedado vinculado al del propio proyecto de unión política europea de un modo impensable hace treinta años. No es exagerado decir que ambos van de la mano, y que la ruptura de España sería una pésima noticia para el avance de la unidad e integración de Europa.

En cualquier caso, la pasividad refugiada en la expectativa de que Europa evitará nuestra ruptura es un error. Si España no es capaz de resolver por sí misma sus problemas constitucionales y de cohesión nacional, no lo harán otros estados ni las débiles instituciones europeas. La entrada de España en la UE, tan anhelada por todos los demócratas progresistas españoles, no conllevó ningún retroceso de los nacionalismos separatistas ni tampoco el descrédito ideológico del omnipresente localismo regionalista español, que más bien ha conocido su edad de oro ayudado por los fondos europeos de cohesión.

Al contrario, debido a las ambigüedades y contradicciones del propio proceso europeo, PNV y CIU consiguieron incluso presentarse como «partidos europeístas» y miembros históricos del movimiento europeo. Hoy en día forman parte del Grupo Liberal del Parlamento Europeo (ALDE), a pesar de lo antiliberales que son sus prácticas políticas en sus respectivos dominios. Además, el nacionalismo consiguió difundir la especie de que la independencia de sus comunidades sería facilitada por la UE, que los recibiría automáticamente como nuevos estados miembros en pie de igualdad con los demás, a pesar de que los tratados europeos excluyen claramente esa conjetura. De manera que también en este terreno el nacionalismo ganó la batalla de la comunicación por las razones habituales: incomparecencia y desistimiento del rival. Los sucesivos gobiernos españoles de UCD, PSOE y PP han dejado este terreno a los nacionalistas, exactamente igual que les cedieron los símbolos, las cajas de Ahorros, la educación o los medios públicos de comunicación, entre otras instituciones estratégicas.

Solo cuando las secesiones vasca y catalana pasaron a ser algo plausible hubo una reacción de representantes de las instituciones europeas advirtiendo de que una Cataluña independiente quedaría automáticamente fuera de la UE y, como mínimo, durante largos años. Si hace años hubiera habido una posición clara y expresa sobre este particular, los nacionalismos separatistas no habrían podido engañar a sus opiniones públicas tan fácilmente, arrastrando al independentismo a mucha «gente de orden» que no quiere salir de la Europa económica. Pero la UE sigue siendo una asociación de estados por encima de cualquier otra cosa, como la crisis del euro ha puesto crudamente de relieve, y esos estados ni desean mostrar sus propias debilidades, caso de España, ni quieren implicarse en asuntos internos de sus socios para protegerse a su vez de intromisiones.

Por eso no existe una política europea de oposición expresa a los procesos separatistas: no se desean ni se alientan los que hay en marcha en España, Bélgica, Gran Bretaña (Escocia) o Italia, pero tampoco se consideran un asunto europeo que requiera de una posición común expresa. Es un error, otro más, a pesar de la trágica enseñanza de la terrible desmembración de Yugoslavia, alentada por varios estados europeos —sobre todo Alemania y Francia— con diversos propósitos hegemónicos en la región. Es muy difícil que la Unión Europea sobreviviera a la fragmentación de algunos de sus principales estados miembros, pero es uno de esos temas diabólicos de los que se prefiere no hablar para no invocarlos, en otro ejercicio de pensamiento mágico.

Respecto a otras experiencias de ascenso y freno del separatismo, la de Canadá tiene de interesante precisamente lo que menos se ha comprendido: que la Ley de la Claridad, primero, y la sentencia de su Tribunal Constitucional sobre las condiciones de una eventual separación de Quebec, no facilitan la celebración de referéndums separatistas (que la Constitución canadiense reconoce a las provincias), sino que imponen límites específicos y condiciones de claridad que consiguen desalentarlas, como ha demostrado el retroceso del independentismo en Quebec tras entenderse las consecuencias de la separación. Algo parecido se ha observado en Cataluña, cuando se han comenzado a conocer, no sin dificultades, las falsedades propagadas por el nacionalismo sobre la falta de consecuencias de una ruptura con España: salida automática de la Unión Europea y difícil reingreso, exclusión del euro y de todos los tratados internacionales suscritos por España, y probable ostracismo internacional. La claridad y la transparencia vuelven a demostrar su superioridad democrática sobre la opacidad, el disimulo y las maniobras dilatorias.

La pretensión de conseguir el «encaje» del nacionalismo es una pérdida de tiempo. Hay quien lo ha entendido hace mucho, con buenos resultados. Por ejemplo, el comisario europeo António Vitorino, a quien conocí con motivo de un premio que nos concedieron ex aequo en la Comunidad Valenciana a él y a Basta Ya, a quien yo representaba. En la charla posterior Vitorino me contó una anécdota reveladora. En cierta ocasión acudieron a verle a Bruselas una delegación de nacionalistas vascos. Buena parte de su discurso consistió en quejas contra España y en cómo les había despojado de sus derechos y soberanía ancestral. Insistieron mucho en que esperaban el apoyo europeo para recuperarla. Vitorino escuchó pacientemente y, cuando le tocó el turno de réplica, les dijo: «Señores, lo que cuentan es muy interesante, pero se han equivocado de puerta: aquí todos venimos a ceder soberanía a la Unión Europea, no a reclamar que nos la devuelvan».

Esa es la mentalidad adecuada. La solución política del desafío secesionista radica en la extensión y cultivo de la idea de «cesión de soberanía» a todos los niveles, desde el constitucional al simbólico, pasando por el económico y social. La quimérica reclamación de «independencia» debe dejar paso a valorar la real interdependencia del mundo en que vivimos.

España necesita una reforma constitucional presidida por el objetivo de compartir soberanía en dos direcciones: hacia el exterior con la Unión Europea, e internamente devolviendo al Estado común buena parte de las competencias que han pasado a ser exclusivas, o casi, de las comunidades autónomas, como educación, sanidad, justicia o medio ambiente. Son precisamente las competencias que diferencian hoy en día a un Estado independiente de una comunidad con autonomía. Y son además las que representan la inversión económica fundamental de la que depende la cohesión, la igualdad y el progreso en las sociedades avanzadas.

Un Estado así tendría una estructura plenamente federal, liberada de las adherencias confederales (y los restos centralistas) que convierten al de la Constitución de 1978 en un híbrido inestable en constante revisión. Y sobre todo, estaría en condiciones de desarrollar una democracia avanzada, es decir, comprometida con el mantenimiento y mejora de la igualdad jurídica y de oportunidades, con el desarrollo de las libertades, la cultura y la educación, con el impulso de una economía productiva basada en la innovación, y con buscar la eficiencia y transparencia del Estado y de las administraciones públicas, entre otros objetivos saludables.

Hay que insistir en que muchos de los actuales males de España (y a otra escala y dimensión, de la Unión Europea) no son la consecuencia de sedicentes defectos idiosincrásicos o maldiciones históricas, sino de la pobre calidad de nuestras instituciones políticas, sociales y económicas. La crisis financiera ha demostrado, por ejemplo, los gravísimos perjuicios derivados de la incapacidad del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y luego de la fiscalía, para atajar en su momento la ruinosa deriva de las cajas de Ahorro que financiaron la burbuja inmobiliaria y llegaron a estafar a docenas de miles de pequeños ahorradores con las opciones preferentes y otros productos financieros opacos.

Los españoles no somos más corruptos y vagos ni menos altruistas y trabajadores que cualquier otro colectivo humano. Al contrario, la Transición ha demostrado que en España se saben hacer grandes cosas que se consideraban imposibles. Pasamos sin excesivos traumas —con la excepción del País Vasco a causa del terrorismo— de una férrea dictadura nacional-católica a un gran pluralismo político y una creciente aceptación social de la diferencia (lo que ha hecho de España uno de los países menos xenófobos de Europa, pese a la rápida llegada de inmigración masiva). Y hemos creado servicios públicos a la cabeza de la eficiencia internacional, como el Sistema de Salud. Pese a las críticas, no siempre justas y ecuánimes, los progresos de España en educación, ciencia, calidad de vida o infraestructuras son sencillamente impresionantes para quien haya conocido aquel país atrasado de 1975.

Sin embargo, la corrupción institucionalizada, el inmovilismo político y el egoísmo nacionalista han sido favorecidos por unas instituciones ineficaces y capturadas por las élites, resultado de un sistema político consagrado, como el canovista, a tratar de asegurar la estabilidad del propio sistema, es decir, de las élites que viven de él, antes que a su adaptación a los cambios que la época y el país reclaman, como la crisis iniciada en 2008 ha puesto crudamente de relieve. El secesionismo forma parte de ese vetusto mundo político de élites aferradas a un poder ejercido sin competencia en una pequeña comunidad gracias a su capacidad caciquil para controlarlo casi todo. Es la consecuencia de los efectos separadores de la manipulación emocional, simbólica, educativa y cultural de una sociedad civil vulnerable, debilitada por aviesos cantos de sirena sobre lo mucho que les roba un enemigo imaginario que no es otro que su propio conciudadano de otras comunidades menos afortunadas.

Impulsar una democracia avanzada, comenzando por la reforma constitucional y electoral indispensables para que sea factible, es la condición sine qua non para superar los efectos disgregadores del nacionalismo separatista, y también para reanimar el decaído proyecto europeo. No es casualidad, sino causalidad, que el auge de los nacionalismos en los estados europeos, con su corolario de xenofobia y eurofobia, haya ido de la mano del egoísmo de los gobiernos de los estados y de la incapacidad de las instituciones europeas para superar con rapidez, decisión y equidad la crisis del euro. La falta de control y objetivos democráticos atractivos de la Unión Europea, unidos a la carencia de liderazgo político, al temor a la globalización y a la sobreabundancia de burocracia e ineficiencia, han alentado el auge de políticas nacionalistas y neopopulistas por todo el continente. En España, ese nicho político es, precisamente, el ocupado por los nacionalismos separatistas.

España y Europa están en cierto modo enfrentadas al mismo dilema: o dan un salto hacia una mayor cohesión, basada en compartir soberanía y democracia de más calidad, o su futuro será incierto e inestable.

En este punto cabe una última reflexión sobre las llamadas «terceras vías», como las que proponen para España profundizar en cierto confuso federalismo asimétrico. Lo que se propone no es ni más ni menos que profundizar en lo que ya tenemos, el desigual y caótico Estado de las Autonomías. En Europa, la «tercera vía» consiste en profundizar en la cesión de soberanía a las instituciones europeas por motivos económicos y financieros, pero sin avanzar en integración política ni control democrático de esa cesión. Por ejemplo, como prevé el llamado Two-pack, sometiendo a supervisión de Bruselas los presupuestos de los estados de la zona euro para asegurarse de que cumplen los objetivos de contención del déficit público antes de que los aprueben los parlamentos nacionales. Algo así no solo sería aceptable, sino afortunado, si los encargados de esa supervisión hubieran sido elegidos y supervisados a su vez por los ciudadanos de Europa a través de un Parlamento europeo con más poderes legislativos y de control institucional.

Aplicando el mismo principio a España, los rescates y las transferencias financieras del gobierno a las comunidades autónomas deberían ser supervisados y autorizados por el Parlamento nacional según principios de claridad, transparencia y finalismo de los Presupuestos, de un modo similar al europeo. Eso permitiría conocer datos objetivos sobre la gestión de las instituciones autonómicas y del Estado, y desmontar algunos mitos nocivos sobre las «balanzas fiscales» y otras transferencias interterritoriales, permitiendo abordar un sistema federal de financiación basado en la equidad, la solidaridad y la transparencia. Y por supuesto, libre de tóxicas subsistencias del pasado como el Concierto Económico vasco y el Convenio Económico navarro, con sus opacos Cupo y Aportación.

Las «terceras vías» no ofrecen por tanto ninguna perspectiva de solución de los problemas seminales que comentamos. Como mucho, prometen una demora y una ganancia de tiempo hasta que las circunstancias cambien. Pero no hay ninguna razón, salvo el inmovilismo o intereses poco confesables, para no intentar un camino mucho más ambicioso de regeneración del sistema. En España, mediante una reforma constitucional y democrática que potencie lo que tenemos en común, restaurando el demos nacional en detrimento del narcisismo de las pequeñas diferencias comunitarias, agigantadas por una política antidemocrática de ataque sistemático a la igualdad.

Esa reforma debería llevarnos a un Estado federal capaz de articular un país tan heterogéneo como indudablemente es España, conciliando el derecho al autogobierno con la unidad constitucional, y la existencia de diferencias de diverso tipo con asegurar las libertades y la igualdad de los ciudadanos. Para eso es necesaria una reforma en profundidad de las instituciones públicas, desde los partidos políticos y la justicia a los supervisores y reguladores, pasando por la educación y los servicios sociales. Perseverar en el sistema actual, que la crisis ha demostrado insostenible e ineficaz, no sería otra cosa que profundizar en la apertura de fosos para separarnos, y por tanto para liquidar la democracia.

VI

DOS REFLEXIONES FINALES

1.   ¿QUIÉN DEFIENDE A ESPAÑA?22

ROSA DÍEZ

«Amo demasiado a mi país para ser nacionalista».

ALBERT CAMUS

Cualquier nacionalista vasco o catalán tacharía de traidor a todo vasco o catalán que no proclamara su voluntad de defender a Cataluña o al País Vasco. Pero esos mismos ciudadanos que veneran los símbolos y las banderas de su comunidad arrojarán al infierno a cualquiera que se atreva a expresar la necesidad de defender a España. Creo que merecería la pena reflexionar sobre cómo se explica que una transición modélica haya devenido, en apenas 30 años, en una crisis política e institucional tan profunda que defender en España lo común, lo que nos une, el Estado, merezca casi siempre la descalificación o el adjetivo de «centralista», cuando no de «carca». En suma, cómo hemos llegado a esto.

Hoy nadie duda de que la crisis económica y financiera internacional —y española— tuvo su origen en que se relajaron los mecanismos de control sobre el riesgo; de igual modo, el origen de nuestra crisis política hay que encontrarlo en que se relajaron los mecanismos de control sobre la democracia y se rompieron los vínculos con los que se estaba constituyendo nuestra incipiente ciudadanía española. Y es que, si bien hemos sido capaces de transitar de la dictadura a la democracia, de conformar instituciones democráticas e impulsar leyes homologables con las de cualquier país del entorno europeo en el que nos hemos integrado, en España no hemos hecho pedagogía democrática. Nuestra nación no tiene ciudadanos que la defiendan, porque nadie nos ha explicado que el único proyecto político que merece la pena, el más digno de todos ellos, es la defensa de la ciudadanía, que no es otra cosa que defender una integración social basada en compartir los mismos derechos al margen de la parte de la nación en la que se viva o se haya nacido, al margen de la etnia, de la religión, de la tradición cultural... ¿Puede haber algo más progresista, en el verdadero sentido de la palabra, que la cerrada defensa de la igualdad entre ciudadanos? ¿Puede haber algo más reaccionario, también en su auténtica dimensión, que afirmar que la pertenencia debe primar sobre la participación política, y que es más defendible la identidad étnica que la igualdad entre ciudadanos?

Ciertamente, el deterioro de la convivencia y el abandono de la defensa de lo común —esa contraposición de la diversidad frente a la unidad, de la pluralidad por encima de la igualdad (como decía Savater, no es lo mismo el derecho a la diversidad que la diversidad de derechos)— que se ha producido en España sin que apenas nadie reaccionara, hubiera resultado imposible en cualquier democracia de nuestro entorno. Porque si bien ningún país está a salvo de que llegue al poder un gobernante iluminado ni de que a este le suceda en el cargo un pusilánime, los países serios tienen contrapoderes democráticos que actúan en defensa del interés general cuando los responsables de defender los valores comunes pierden la cabeza o, simplemente, dejan de cumplir con su obligación. Piensen en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en EE UU... E imagínense que llega al gobierno alguien dispuesto a romper la tradición republicana, la unión de las dos Alemanias, el atlantismo, los principios de la Constitución norteamericana... Ni con mayorías absolutas en las cámaras hubieran podido hacerlo; porque tras todos esos nombres propios de país existen ciudadanos alemanes, franceses, norteamericanos, británicos... Una ciudadanía vertebradora que exige respeto a los derechos de todos y cada uno de los que la componen.

Es por esa debilidad de nuestra democracia, por esa falta de voces que defiendan el Estado —a lo que se suma la ausencia de un discurso nacional en los dos partidos que históricamente se han alternado en el poder— por lo que hoy resulta imprescindible explicar lo que significa defender a España. Defender a España es defender la igualdad de todos los españoles; defender a España es defender el mantenimiento de los vínculos de lealtad entre nuestros conciudadanos; defender a España es defender la inmutabilidad de los artículos fundamentales de nuestra Constitución, que son aquellos que proclaman que la soberanía reside en el pueblo español; que todos somos iguales ante la ley; que los titulares de derechos son los ciudadanos y no la tribu o el territorio. Defender a España es defender a los ciudadanos españoles, lo que nos obliga a establecer unos límites infranqueables en la acción política: nada, ni la historia milenaria, ni la lengua, ni las tradiciones, está por encima de los derechos de los ciudadanos.

Pero no debemos afrontar esta cuestión como si fuera un debate abstracto o teórico, porque lo que está ocurriendo tiene consecuencias en la vida de los ciudadanos. En esta España que se debilita quienes más riesgos asumen son las clases sociales más débiles, las más desfavorecidas, los ciudadanos que más necesitan de la protección del Estado. La gente más sencilla necesita un Estado que le garantice el ejercicio efectivo de sus derechos en condiciones de igualdad; o el derecho a elegir ser educado en su lengua materna; o el derecho a acceder a una plaza en la Administración dentro del territorio nacional en igualdad de condiciones con cualquiera de sus conciudadanos. Porque conviene recordar que quienes tienen recursos, quienes pueden moverse dentro y fuera de España, no sufren las consecuencias de las barreras que imponen quienes en nombre de «su» patria quieren convertir a una parte de sus conciudadanos en extranjeros en su propia tierra.

El patriotismo es cosa seria, ni necesita «enemigos» ni excluye a nadie; el «patriotismo», en el sentido republicano y democrático del término, consiste en defender los valores comunes y la lealtad entre conciudadanos, lo que es un concepto esencial para la democracia; pero el patriotismo requiere de patriotas y en España no parece haberlos, al menos entre los que tienen capacidad y poder para actuar. Por eso en nuestro país es común oír proclamas en nombre de los vascos, de los catalanes, de los gallegos, de los andaluces... Pero ¿quién habla en nombre de todos los españoles? ¿Quién defiende a España? Quién nos iba a decir que, tantos años después, iba a seguir teniendo validez aquella sentencia de Emilio Castelar en su discurso de dimisión el 2 de enero de 1874: «Aquí, en España, todo el mundo prefiere su secta a su patria».

Frente a quienes apelan a su sagrado (o histórico) derecho a decidir basándose en la pertenencia a un grupo vinculado por la sangre, la religión, la herencia, la tradición cultural, la lengua..., nosotros defendemos una democracia de ciudadanos unidos por una lealtad mutua.

Frente a quienes quieren construir una «patria» pequeña rompiendo la lealtad entre conciudadanos españoles, nosotros defendemos la unidad de la nación española como un instrumento imprescindible para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, unidos por vínculos de solidaridad y propietarios de todo el país.

Frente a quienes quieren privarnos del derecho a decidir nuestro futuro entre todos y de legarles a nuestros hijos un país fuerte y unido, frente a quienes quieren monopolizar la ciudadanía de una parte del territorio nacional, defendemos el derecho de todos los españoles a mantener la pertenencia al conjunto del país.

En los seis años de vida de nuestro partido hemos explicado muchas veces que nacimos para defender el Estado, aportando a la vertebración del país el discurso y el compromiso de un partido inequívocamente nacional y laico, nada dogmático ni fundamentalista, que defiende el protagonismo de la ciudadanía en la tarea de regenerar la democracia. También he explicado más de una vez nuestra vocación de reconstruir esa tercera España que tan bien representaron un liberal como Marañón y un socialista como Besteiro, hombres cabales ambos, españoles sin complejos. Hoy, resquebrajados y golpeados por la pulsión secesionista los vínculos entre conciudadanos, debilitado el Estado por el silencio cobarde o cómplice de quienes debieran defender lo que nos une, creemos que construir esa tercera España resulta más necesario que nunca. Defender esa tercera España, que es la de la mayoría, es nuestro compromiso.

2.   EL DERECHO A DECIDIR23

MARIO VARGAS LLOSA

El mejor artículo que he leído sobre el tema del independentismo catalán, que, aunque parezca mentira, está hoy en el centro de la actualidad española, lo ha escrito Javier Cercas, que es tan buen novelista como comentarista político. Apareció en El País Semanal el 15 de septiembre y en él se desmonta, con impecable claridad, la argucia de los partidarios de la independencia de Cataluña para atraer a su bando a quienes, sin ser independentistas, parezcan serlo, pues defienden un principio aparentemente democrático: el derecho a decidir.

Allí se explica que, en una democracia, la libertad no supone que un ciudadano pueda ejercerla sin tener en cuenta las leyes que la enmarcan y decidir, por ejemplo, que tiene derecho a transgredir todos los semáforos rojos. La libertad no puede significar libertinaje ni caos. La ley que en España garantiza y enmarca el ejercicio de la libertad es una Constitución aprobada por la inmensa mayoría de los españoles (y, entre ellos, un enorme porcentaje de catalanes) que establece, de manera inequívoca, que una parte de una nación no puede decidir segregarse de esta con prescindencia o en contra del resto de los españoles. Es decir, el derecho a decidir si Cataluña se separa de España solo puede ejercerlo quien es depositaria de la soberanía nacional: la totalidad de la ciudadanía española.

Ahora bien, Cercas dice, con mucha razón, que si hubiera una mayoría clara de catalanes que quiere la independencia, sería más sensato (y menos peligroso) concedérsela que negársela, porque a la larga es «imposible obligar a alguien estar donde no quiere estar». ¿Cómo saber si existe esa mayoría sin violar el texto constitucional? Muy sencillo: a través de las elecciones. Que los partidos políticos en Cataluña declaren su postura sobre la independencia en la próxima consulta electoral. Según aquel, si Convergencia y Unión lo hiciera, perdería esas elecciones, y por eso ha mantenido sobre ese punto, en todas las consultas electorales, una escurridiza ambigüedad. Al igual que él, yo también creo que, a la hora de decidir, el famoso seny catalán prevalecería y solo una minoría votaría por la secesión.

¿Por cuánto tiempo más? Cara al futuro, tal vez Javier Cercas sea más optimista que yo. Viví casi cinco años en Barcelona, a principios de los setenta —acaso, los años más felices de mi vida—, y en todo ese tiempo creo que no conocí a un solo nacionalista catalán. Los había, desde luego, pero eran una minoría burguesa y conservadora sobre la que mis amigos catalanes —todos ellos progres y antifranquistas— gastaban bromas feroces. De entonces a hoy esa minoría ha crecido sin tregua y, al paso que van las cosas, me temo que siga creciendo hasta convertirse —los dioses no lo quieran— en una mayoría. «Al paso que van las cosas» quiere decir, claro está, sin que la mayoría de españoles y de catalanes que son conscientes de la catástrofe que la secesión sería para España y sobre todo para la propia Cataluña, se movilicen intelectual y políticamente para hacer frente a las inexactitudes, fantasías, mitos, mentiras y demagogias que sostienen las tesis independentistas.

El nacionalismo no es una doctrina política sino una ideología y está más cerca del acto de fe en que se fundan las religiones que de la racionalidad que es la esencia de los debates de la cultura democrática. Eso explica que el president Artur Mas pueda comparar su campaña soberanista con la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King en los Estados Unidos sin que sus partidarios se le rían en la cara. O que la televisión catalana exhiba en sus pantallas a unos niños adoctrinados proclamando, en estado de trance, que a la larga «España será derrotada», sin que una opinión pública se indigne ante semejante manipulación.

El nacionalismo es una construcción artificial que, sobre todo en tiempos difíciles, como los que vive España, puede prender rápidamente, incluso en las sociedades más cultas —y tal vez Cataluña sea la comunidad más culta de España— por obra de demagogos o fanáticos en cuyas manos «el país opresor» es el chivo expiatorio de todo aquello que anda mal, de la falta de trabajo, de los altos impuestos, de la corrupción, de la discriminación, etcétera, etcétera. Y la panacea para salir de ese infierno es, claro está, la independencia.

¿Por qué semejante maraña de tonterías, lugares comunes, flagrantes mentiras puede llegar a constituir una verdad política y a persuadir a millones de personas? Porque casi nadie se ha tomado el trabajo de refutarla y mostrar su endeblez y falsedad. Porque los gobiernos españoles, de derecha o de izquierda, han mantenido ante el nacionalismo un extraño complejo de inferioridad. Los de derechas, para no ser acusados de franquistas y fascistas, y los de izquierda porque, en una de las retractaciones ideológicas más lastimosas de la vida moderna, han legitimado el nacionalismo como una fuerza progresista y democrática, con el que no han tenido el menor reparo en aliarse para compartir el poder aun a costa de concesiones irreparables.

Así hemos llegado a la sorprendente situación actual. En la que el nacionalismo catalán crece y es dueño de la agenda política, en tanto que sus adversarios brillan por su ausencia, aunque representen una mayoría inequívoca del electorado nacional y seguramente catalán. Lo peor, desde luego, es que quienes se atreven a salir a enfrentarse a cara descubierta a los nacionalistas sean grupúsculos fascistas, como los que asaltaron la librería Blanquerna de Madrid hace unos días, o viejos paquidermos del antiguo régimen que hablan de «España y sus esencias», a la manera falangista. Con enemigos así, claro, quién no es nacionalista.

Al nacionalismo no hay que combatirlo desde el fascismo, porque el fascismo nació, creció, sojuzgó naciones, provocó guerras mundiales y matanzas vertiginosas en nombre del nacionalismo, es decir, de un dogma incivil y retardatario que quiere regresar al individuo soberano de la cultura democrática a la época antediluviana de la tribu, cuando el individuo no existía y era solo parte del conjunto, un mero epifenómeno de la colectividad, sin vida propia. Pertenecer a una nación no es ni puede ser un valor ni un privilegio, porque creer que sí lo es deriva siempre en xenofobia y racismo, como ocurre siempre a la corta o a la larga con todos los movimientos nacionalistas. Y, por eso, el nacionalismo está reñido con la libertad del individuo, la más importante conquista de la historia, que dio al ciudadano la prerrogativa de elegir su propio destino, su cultura, su religión, su vocación, su lengua, su domicilio, su identidad sexual, y de coexistir con los demás, siendo distinto a los otros, sin ser discriminado ni penalizado por ello.

Hay muchas cosas que sin duda andan mal en España y que deberán ser corregidas, pero hay muchas cosas que asimismo andan bien, y una de ellas, la más importante, es que ahora España es un país libre, donde la libertad beneficia por igual a todos sus ciudadanos y a todas sus regiones. Y no hay mentira más desaforada que decir que las culturas regionales son objeto de discriminación económica, fiscal, cultural o política. Seguramente el régimen de autonomías puede ser perfeccionado; el marco legal vigente abre todas las puertas para que esas enmiendas se lleven a cabo y sean objeto de debate público. Pero nunca en su historia las culturas regionales de España, su gran riqueza y diversidad, han gozado de tanta consideración y respeto, ni han disfrutado de una libertad tan grande para continuar floreciendo como en nuestros días. Precisamente, una de las mejores credenciales de España para salir adelante y prosperar en el mundo globalizado es la variedad de culturas que hace de ella un pequeño mundo múltiple y versátil dentro del gran teatro del mundo actual.

El nacionalismo, los nacionalismos, si continúan creciendo en su seno como lo han hecho en los últimos años, destruirán una vez más en su historia el porvenir de España y la regresarán al subdesarrollo y al oscurantismo. Por eso, hay que combatirlos sin complejos y en nombre de la libertad.

© MARIO VARGAS LLOSA, 2013

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IV.   Los costes de romper españa

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SOBRE LOS AUTORES

Prólogo

FERNANDO SAVATER, filósofo, escritor y comprometido ciudadano con la democracia de su país, destaca su implicación frente al totalitarismo de ETA y su entramado terrorista, ha redactado el prólogo de este ensayo: «¿Ciudadanos o nativos?», donde señala que se dirige a todos los ciudadanos españoles para explicarles las ventajas de permanecer unidos con una ciudadanía común y lo que se podrían perder si prosperara el separatismo.

I.   Un diagnóstico preliminar: las razones del éxito del nacionalismo disgregador en España

RAMÓN MARCOS ALLO, letrado de la Seguridad Social, vivió durante más de siete años en Barcelona y estuvo afiliado al PSC donde se opuso a su deriva nacionalista. Tras unos meses en Ciudadanos participó en los inicios de UPyD en 1997 y actualmente es diputado en la Asamblea de Madrid por este partido. Este autor ha escrito el primer capítulo del libro donde se analizan las causas del triunfo del nacionalismo disgregador en España. Entre ellas destaca la existencia de una élite nacionalista homogénea que ocupó la dirección de los principales partidos políticos en Cataluña, limitando de facto la representación en las instituciones de una gran parte de la sociedad no nacionalista o catalanista, lo que les permitió practicar políticas de «ingeniería social» que llamaron de «normalización» y la existencia de una estructura institucional en España que facilitó que se realizaran esas políticas.

II.   Más de quinientos años juntos: síntesis de la evolución histórica de Cataluña y el País Vasco en España

CLARA EUGENIA NÚÑEZ, profesora titular de Economía en la UNED, es doctora en Historia por la New York University y en Economía por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha impartido cursos de postgrado en la Universidad Carlos III, en la OEI y en la Fundación Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas. Ha sido visiting scholar en las universidades de Chicago, Harvard y Columbia, así como directeur d’études associé en la Maison de Sciences de L’Homme, en París y ha sido directora general de Universidades e Investigación en la Comunidad de Madrid.

GABRIEL TORTELLA, profesor emérito en la Universidad de Alcalá, es doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin y en Derecho por la Complutense de Madrid. Ha sido profesor en la Universidad de Pittsburgh, en la Complutense, en la de Valencia y en la de Alcalá, y profesor visitante en California La Jolla, Chicago, Harvard y Columbia, además del Institute for Advanced Study de Princeton, el Colegio de México, el Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires y la Universidad de Burdeos. Fue presidente de la Asociación Internacional de Historia Económica, del Consejo Académico de la Asociación Europea de Historia Bancaria y Financiera y recibió el Premio Rey Juan Carlos de Economía (1994).

Ambos han escrito numerosas obras científicas. Son autores, conjuntamente, de «Nacionalismo y economía: el caso español» (Claves, oct. 2002), El desarrollo de la España contemporánea (Alianza, 2012) y Para comprender la crisis (Gadir, 2009). Tienen en prensa, respectivamente, Universidad y ciencia en España (Gadir) y Spanish Money and Banking (con José Luis García Ruiz, Palgrave Macmillan).

Esos dos autores han redactado el segundo capítulo dedicado a una síntesis de la evolución histórica de Cataluña y el País Vasco en España en los últimos quinientos años. En ese capítulo señalan cómo la perspectiva histórica nos permite afirmar que las épocas de disensión y los intentos de separación han sido calamitosos para España en su conjunto, pero, sobre todo, para Cataluña, en tanto que la cooperación y la integración han coincidido con épocas de prosperidad, también, sobre todo para Cataluña.

III.  El contenido real del derecho a decidir: un patrimonio común de todos, no fraccionable

ALBERTO G. IBÁÑEZ, doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Florencia (Italia) y doctor en Ciencias de las Religiones por el Instituto Universitario de Ciencias de la Religión (Universidad Complutense), especialista en Derecho Administrativo y Derecho Europeo (autor de la monografía The Administrative Supervision & Enforcement of EC Law: Powers, Procedures and Limits, publicada por la editorial Hart de Oxford), y RAMÓN MARCOS han redactado el tercer capítulo referido al contenido real del derecho a decidir. En su capítulo concluyen que, tal y como se plantea por los grupos nacionalistas, el derecho a decidir resulta una falacia y un engaño. Y señalan que el derecho a decidir ya existe, solo que pertenece a todos los ciudadanos y no resulta jurídica ni políticamente fraccionable.

IV.   Los costes de romper España

Los costes económicos de una posible ruptura

JOSÉ V. RODRÍGUEZ MORA nació en Barcelona en 1965, el año que más españoles nacieron, es doctor en Economía por el MIT y desde el año 2006 catedrático de Economía de la Universidad de Edimburgo. Actualmente es profesor visitante en la Universidad de Minnesota y el Federal Reserve Bank of Minneapolis y fue miembro del grupo promotor de Ciutadans, y por ello coautor y firmante de sus primeros manifiestos, ha elaborado el primer apartado del capítulo cuarto referido a los costes económicos. En su estudio concluye que es muy probable que Cataluña y el País Vasco, como lo que quedase de España, perdiesen económicamente por las fricciones comerciales que se generarían entre ellos al ser países distintos, con independencia de que no haya boicots, ambos nuevos países siguieran en la UE, fueran los tres países amigos y todo siguiera igual excepto que ahora hubiera una frontera que los separara.

El Estado a prueba: costes políticos e institucionales

FRANCISCO SOSA WAGNER, catedrático universitario, ocupa ahora un escaño en el Parlamento Europeo. Es autor de numerosas obras jurídicas, también ensayista y escritor galardonado con varios premios literarios. Entre sus libros destacan su ambiciosa obra Maestros alemanes del Derecho público, cuyo tercer tomo «Juristas y enseñanzas alemanas (1945-1975). Con lecciones para la España actual» (Marcial Pons, 2013), acaba de aparecer; con su hijo Igor Sosa, El Estado fragmentado. Modelo austro-húngaro y brote de naciones en España (Trotta, 5ª ed. 2007); Los Juristas en la Segunda República. 1. Los iuspublicistas (Marcial Pons, 2009); y los ensayos El mito de la autonomía universitaria (Civitas, 3ª ed. 2004); y el Estudio preliminar a la traducción La trampa del consenso de Thomas Darnst (Trotta, 2005).

MERCEDES FUERTES, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León. Autora de varias monografías que analizan aspectos y problemas diversos de Derecho público. Sus últimos libros publicados en coautoría con Sosa Wagner son El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la España autonómica (Marcial Pons, 2ª ed. 2011), Bancarrota del Estado y Europa como contexto (Marcial Pons, 2011) y Cartas a un euroescéptico (Marcial Pons, 2013).

Los dos autores han escrito el segundo apartado del cuarto capítulo dedicado a los costes políticos e institucionales. En su apartado concluyen que el nacionalismo ha sido el partero de las desgracias colectivas más aniquiladoras que ha sufrido la humanidad, que reproducirlo en los inicios de este siglo XXI es suicida y un homicidio a un tiempo, y añaden que no hay sueño más placentero para las grandes empresas y los intereses económicos intercontinentales que la proliferación de estados raquíticos.

Las cláusulas psicosociales del contrato secesionista

JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ DOLS, catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid, donde enseña Psicología Política. Uno de sus intereses es la conducta moral y su interacción con las normas y valores sociales. El profesor Fernández Dols pertenece a diversas asociaciones científicas y comités editoriales, fue cofundador de la Revista de Psicología Social y ha publicado más de 90 trabajos científicos sobre conducta social y psicología de la emoción, así como libros de texto y artículos de divulgación.

JAIME MARÍA DE BERENGUER DE SANTIAGO, doctor en Psicología y Premio Extraordinario de Tesis Doctoral por la Universidad Autónoma de Madrid, donde desarrolla su labor investigadora y docente desde 2001. Especialista en Psicología Ambiental, ha publicado artículos de investigación en las revistas más relevantes de su campo a nivel nacional e internacional. Es concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz adjunto del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia.

En su apartado concluyen que si no es demasiado tarde, sería bueno promover una deliberación colectiva realmente racional, que centre la atención de los ciudadanos en el verdadero problema que arrastra nuestra democracia desde la Transición: un tribalismo a varias bandas que ha servido a las élites políticas para eludir la construcción del Estado transparente, representativo y solidario que nuestro «patriotismo constitucional vulgar», nacido de la Transición, se merece. En otras palabras, que centre la atención de la ciudadanía en ella misma, no en la retórica tribal de las nacionalidades o los bandos políticos que se enfrentaron en las sucesivas guerras civiles de los últimos doscientos años.

Políticas lingúísticas para la secesión

AURELIO ARTETA, catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad del País Vasco y autor de múltiples obras, entre ellas sus ensayos éticos La compasión. Apología de una virtud bajo sospecha (Paidós, 1996); La tolerancia como barbarie (en M. Cruz, comp., tolerancia o barbarie. Gedisa, 1998); La virtud en la mirada. Ensayo sobre la admiración moral (Pre-Textos, 2002); y, por último, Mal consentido. La complicidad del espectador indiferente (Alianza, 2010), ha redactado el apartado del capítulo cuarto dedicado a los costes de las políticas lingüísticas. En él explica cómo la implantación de falsos principios normativos como los presuntos derechos de la Lengua, del Pueblo o del Territorio, que se atribuyen a esos entes abstractos como verdaderos sujetos, conlleva la capacidad de imponer obligaciones a los individuos singulares que conducen a la implantación de sentimientos colectivos infundados como la falsa idea de que el catalán o el vasco son lenguas minorizadas. Estas políticas han ocasionado el sufrimiento de muchos, la desigualdad de oportunidades de los ciudadanos, la quiebra de la comunidad política y además derroches presupuestarios. En su estudio se plantea también la existencia del llamado derecho de elección lingüística.

Los costes culturales

ENRIQUE HELGUERA es abogado, diplomado en Derecho Constitucional y en Ciencia Política, periodista y consejero delegado de Tau Diseño, empresa de identidad visual y comunicación, y colaborador desde su fundación de La Luna de Madrid y editor de Sur Exprés. Ha redactado el apartado IV 5, sobre los costes culturales. En su apartado dice que la creación de una identidad colectiva despojada de toda relación con España pasa por la destrucción de la cultura común.

V.   El futuro de España

CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, licenciado en Historia por la Universidad de Deusto y doctor en Filosofía por la del País Vasco, profesor titular de Estética, fue portavoz de la Iniciativa Ciudadana Basta Ya (Premio Shajarov, 2001), cofundador de Unión Progreso y Democracia en 2007 y desde 2012 es diputado por UPyD en el Congreso de los Diputados, es el autor del quinto capítulo dedicado al futuro de España. En su capítulo dice que «España necesita una reforma constitucional presidida por el objetivo de compartir soberanía en dos direcciones: hacia el exterior con la Unión Europea, e internamente devolviendo al Estado común buena parte de las competencias que han pasado a ser exclusivas, o casi, de las comunidades autónomas, como educación, sanidad, justicia o medio ambiente. Son precisamente las competencias que diferencian hoy en día a un Estado independiente de una comunidad con autonomía. Y son además las que representan la inversión económica fundamental de la que depende la cohesión, la igualdad y el progreso en las sociedades avanzadas».

ROSA DÍEZ, cofundadora de UPyD y portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados; fue miembro destacada de la iniciativa ciudadana Basta Ya, consejera del gobierno vasco y eurodiputada, entre otras funciones. En su reflexión se pregunta: ¿Quién defiende España? y responde que, frente a quienes apelan a su sagrado (o histórico) derecho a decidir basándose en la pertenencia a un grupo vinculado por la sangre, la religión, la herencia, la tradición cultural, la lengua..., defendemos una democracia de ciudadanos unidos por una lealtad mutua.

MARIO VARGAS LLOSA es escritor, articulista, premio Nobel de Literatura y políticamente siempre comprometido con la democracia y la libertad. En su artículo dice que el nacionalismo, los nacionalismos, si continúan creciendo en su seno como lo han hecho en los últimos años, destruirán una vez más en su historia el porvenir de España y la regresarán al subdesarrollo y al oscurantismo. Por ello, hay que combatirlos sin complejos y en nombre de la libertad.

Los lectores interesados en obtener más información podrán dirigirse a los coordinadores a través del siguiente correo electrónico:

afavordeespana@upyd.es

Notas

1   Para una exposición detallada (y mucho más técnica), véanse dos artículos: «Measuring Costs and Benefits of Independence», de David Comerford, Nicholas Myers y José V. Rodríguez Mora, WP de la Universidad de Edinburgo (2013), accesible en https://dl.dropboxusercontent. com/u/5123809/CostBenInd.pdf, y «The Costs of Independence: An Application to The Basque Country», de los mismos autores, accesible en https://dl.dropboxusercontent.com/u/5123809/Basque_Writeup.pdf.

2   El índice de Herfinthal es la suma del cuadrado de los porcentajes del comercio con cada posible socio potencial. Su valor máximo (uno) se obtiene si solo se comerciase con un socio y el mínimo cuando se comercia con todos los socios en la misma cantidad. Es la medida estándar de concentración. Los datos de comercio regional provienen de C-intereg, EUSTAT e Idescat. Los datos son de 2007.

3   Los flujos comerciales provienen de IMF DOTS. Los valores del PIB del World Bank WDI. Los gráficos ilustran la distribución de residuos de la siguiente regresión:

ln(Exportsij) = b0+ b1PI Bi.

En el panel de la izquierda consideramos las exportaciones de España a cada país de EU27. En el de la derecha las de Portugal. En ambos casos la sorpresa es cuánto comercia el uno con el otro.

4   A propósito de la política lingüística del nacionalismo catalán, F. Ovejero (2011:108 ss) analiza los que llama sus «cuatro dogmas mayores», que vienen a coincidir a grandes rasgos con los que acabo de exponer. Véase también F. Caja, 2013:54-63.

5   «La coherencia entre realidad social de las lenguas y sistema jurídico permite canalizar las exigencias sociales (...) y evitar que la diversidad lingüística sea fuente de conflicto». A. López Basaguren, 2010-2011:4.

6   Lo tremendo es que sea con la entusiasta connivencia de sindicatos y partidos llamados de izquierda. Tan escandalosa es esa connivencia que hasta una revista con el historial de Mientras Tanto clamaba hace bien poco contra las múltiples y espectaculares dimensiones de lo que llamaba «discriminación lingüística institucional» en Cataluña. «Negruras de España». Mientras Tanto 107, octubre 2012.

7   Para el catalán, cfr. el «Balance de política lingüística» durante el periodo 2004-2010 ofrecido por el entonces consejero Carod Rovira (El Confidencial, 28/7/2010). Las cifras vascas se mencionan en recientes declaraciones de la exviceconsejera del Gobierno Vasco (El Correo, 25/3/2011). Los datos de Navarra corresponden a la encuesta sociolingüística gubernamental del año 2008.

8   Pese a la mayoría de familias castellanohablantes en Cataluña, al parecer no llegan a cinco por año las que solicitan una educación primaria solo en español (cfr. M. Vilarrubias, 2012:19). Irene Lozano aduce otro factor, que se acerca bastante a mi hipótesis del «temor al aislamiento». Trasladando los resultados de estudios psicológicos relativos a la donación de órganos, muchas familias catalanas no pedirían para sus hijos la enseñanza en castellano «porque la forma oficial de presentar la elección les disuade deliberadamente de hacerlo (...). La razón viene a ser que todos tendemos a pensar que la opción ofrecida por defecto es la mayoritaria, y nos sumamos, cosa poco sorprendente siendo la naturaleza humana gregaria como es» (El Confidencial, 4/10/2013).

9   El Tribunal Constitucional acaba de suprimir la exigencia del conocimiento del catalán para acceder a la función pública en Baleares (26 de septiembre de 2013). Ahora bien, la sentencia se funda en que, dado que la inmensa mayoría de funcionarios conoce ya el catalán, el legislador puede introducir una reforma a fin de «equilibrar el papel del castellano en el ámbito oficial y administrativo». La sentencia avala entonces una tesis nacionalista voceada a diario. En el caso vasco, mientras haya diferencia entre el número de vascohablantes y castellanohablantes a favor de estos últimos, ¿se justificarían a la inversa las medidas que buscan equilibrar el papel del euskera en el ámbito oficial y administrativo?

10   Además de falto de legitimidad, se trata de un requisito en buena medida inútil. Según un estudio elaborado por 26 técnicos de la normalización lingüística y 76 empleados del gobierno, la disfunción mayor de las pruebas para el perfil lingüístico está en que se acredita el nivel y no se utiliza el euskera». El conocimiento de la lengua «no garantiza la utilización real del euskera», ya que se considera que está «muy alejado del lenguaje realmente utilizado en el puesto». Tanto los normalizadores lingüísticos como el resto de trabajadores encuestados creen que el gobierno ha dedicado «gran cantidad de recursos a la euskaldunización», un esfuerzo que «no se ha visto acompañado del correspondiente avance en el proceso de normalización lingüística». El País del País Vasco, 5/6/2013.

11   En este último apartado pretendo resumir lo expuesto en A. Arteta: 2011:30-41.

12   «Es la realidad y no el voluntarismo el que aboca a uno u otro sistema [de protección de la diversidad lingüística], la que se sitúa en la base de la idoneidad de cada modelo y de su propia coherencia interna». A. López Basaguren, 2010-2011:3.

13   Desechada la condición estatutaria del catalán como lengua «preferente», se consagra su igualdad con el castellano. Pero todo ello «sin prejuicio, claro está, de la procedencia de que el legislador pueda adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que alguna de ellas pudiera tener» (Tribunal Supremo, 12/06/2012).

14   Arts. 1; 7. lb, 7.4, 7.1g; 8.1, 8.2; 9.1; 10.1, 10.2 e y f, 10.3; 11.1, 11.3; 12.1, 12.2; 13.2.

15   Véase también Kymlicka, 2006: nota 17. Sobre la preeminencia política de la lengua común y sus indispensables servicios al ciudadano, cfr. A. Patten-W. Kymlicka, 2003: 38-39.

16   Las cifras de Navarra no resultan menos escandalosas. Según la encuesta sociolingüística del 2008, los vecinos de la Comarca de Pamplona en los pueblos entonces ubicados en la zona no vascófona (Aranguren, Belascoain, Galar, Noáin y Beriáin) que reconocían servirse más del euskera que del castellano alcanzan entre todos ellos la abrumadora cifra... ¡del 1 por ciento! Ello no fue óbice para que el 72 por ciento de sus habitantes manifestara, y años después lograsen, su deseo de integrarse en la zona mixta de Navarra. Es decir, en esa zona donde se supone que subsiste el vascuence en grado menor que en la vascófona y que ello otorga a sus residentes derechos a esa lengua en materia educativa, de relaciones con la Administración y otras... La mayoría parlamentaria, presunta izquierda incluida, fue favorable a esa pretensión.

17   Hay diferencias por territorios, claro: en Guipúzcoa suben hasta el 32,7 por ciento, mientras que en Vizcaya se quedan en 9,4 por ciento, en Navarra el 5,7 por ciento y en Álava llegan justamente al 4 por ciento. Llama la atención que en capitales como San Sebastián el porcentaje de usuarios sea el 15,9 por ciento, el mismo que el medido hace diez años. Peor es que en Vitoria y en Bilbao los hablantes reales ronden el 3 por ciento y que en Pamplona oscilen entre 2,5-2,9 por ciento. Y más remarcable, de acuerdo con el estudio, que «en Vitoria, Bilbao y Pamplona otras lenguas se utilizan más que el euskera».

18   Francisco Caja ha investigado exhaustivamente los orígenes racistas del catalanismo, siempre activos, en La raza catalana (2012) y La raza catalana (segunda parte): la invasión de los ultracuerpos (2013).

19   El art. 2 de la Ley de Galleguidad define así ese concepto típicamente étnico: «Se entiende por galleguidad, a los efectos de la presente ley, el derecho de las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia a colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo gallego, tal y como señala el artículo 7.1 del Estatuto de Autonomía de Galicia».

20   Me refiero al español o castellano, catalán, gallego y vasco o euskara; las que aspiran a serlo son otras hablas románicas, como el asturiano y el aragonés (más bien un conjunto de hablas), y dialectos del catalán como el valenciano y el mallorquín (e incluso el ibicenco y el menorquín), sin olvidarnos otras variedades dialectales que algunos nacionalistas quieren convertir en lenguas «propias», incluyendo el andaluz, el murciano o panocho y algunas más. En ningún país como en España tiene mayor sentido aquel famoso dictamen de que una lengua es un dialecto con ejército o policía.

21   Es la brillante tesis sobre el canovismo que expone José Varela Ortega en Los señores del poder (2013).

22   Artículo publicado en el diario El País el 7 de octubre de 2013.

23   Artículo publicado en el diario El País el 22 de septiembre de 2013.

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© Del prólogo: Fernando Savater, 2014

Autores de los artículos: Ramón Marcos Allo, Clara Eugenia Núñez, Gabriel Tortella, Alberto G. Ibáñez, José V. Rodríguez Mora, Francisco Sosa Wagner, Mercedes Fuertes, José Miguel Fernández Dols, Jaime María de Berenguer de Santiago, Aurelio Arteta, Enrique Helguera, Carlos Martínez Gorriarán, Rosa Díez y Mario Vargas Llosa

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