Antonio Morales Moya (ed.)

1714

CATALUÑA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII

Contenido

Prólogo

La guerra de Sucesión, en primer término

España y Cataluña en la centuria ilustrada

Presente y futuro: ante una posible secesión

Agradecimientos

PRIMERA PARTE. LA GUERRA DE SUCESIÓN Y LA CENTRALIZACIÓN BORBÓNICA

Capítulo primero. El dictamen «más firme a la seguridad de mantener inseparables los reinos de mi corona». La sucesión de Carlos II

Capítulo 2. La guerra de Sucesión, una guerra poliédrica

Capítulo 3. La guerra de Sucesión en España: luces y sombras en la historiografía actual

Un gran problema historiográfico

Las reformas militares y los nuevos planteamientos de la nueva historia militar

El proyecto austracista en perspectiva histórica

El peso del presente: resistencia heroica y nacionalismo

Capítulo 4. Cataluña y la monarquía después de 1714

Capítulo 5. La Nueva Planta del Estado: consejos y secretarías

Sucesión, guerra y reforma, un conjunto complejo

Años decisivos: 1705-1714

Secretarios que serán ministros

El «arreglo» de los consejos

Uno entre muchos: el Consejo de Castilla

De sujetos ambiguos a personajes reconocidos

La modernización del Estado: ¿un proceso truncado?

Capítulo 6. Nueva Planta de la administración provincial y local

El espacio provincial

La creación de las intendencias

La institucionalización definitiva de las intendencias

Los partidos, una organización territorial intermedia de la Nueva Planta

Los municipios aragoneses en la Edad Moderna

El municipio valenciano

El municipio mallorquín

El municipio catalán

La organización de la estructura local básica

Capítulo 7. Más continuidad que cambio: la venalidad de los empleos en España en el siglo XVIII

Cronologías y espacios de venalidad en el siglo XVIII

La persistencia de la venalidad: los cargos militares

Conclusiones

SEGUNDA PARTE. LA MONARQUÍA BORBÓNICA Y LA ESPAÑA ILUSTRADA

Capítulo 8. La nación española preconstitucional

En torno a la nación y el nacionalismo español en el siglo XVIII

La nación española en la centuria ilustrada

El proceso nacionalizador en la Ilustración. El patriotismo como impulso

¿Nacionalismo español en el siglo XVIII?

Capítulo 9. Ejército y administración militar en el siglo XVIII español

El ejército borbónico

El mando y la administración de los ejércitos y armadas: la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Consejo Supremo de Guerra

La organización del poder militar territorial: las capitanías generales

Reflexión final: ¿un poder militar bajo el régimen borbónico?

Capítulo 10. La renovación económica y social de los Borbones: la política económica de España en el siglo XVIII

La economía española en 1700

La política fiscal

La política comercial

La política agraria

La política monetaria y bancaria

Conclusión

Capítulo 11. Cultura e Ilustración. Interpretaciones catalanas del siglo XVIII

«Decadència», cultura y lengua

Lengua y patria: estrategias

La diferente cultura catalana de la Ilustración

¿Un proyecto de Ilustración catalana?

Capítulo 12. Censuras bajo el reinado de Felipe V

Normas y transgresiones

Antirregalismo, índices y licencias

Que se quemen públicamente las imprentas

TERCERA PARTE. LA MEMORIA DE 1714 Y LOS BORBONES

Capítulo 13. Esbozo acerca de los nacionalismos: una hipótesis sobre «historicismo» y «nocionalismo»

¿Quién es legítimo?

¿«Estado-Nación» vertical o «Nación-Estado» horizontal?

La interacción de la religión y de la magia

Nacionalismos de historiador

La divulgación de las verdades históricas

La Historia General de España y su contundente pervivencia

Interpretaciones whig sin protestantismo

Conclusión

Capítulo 14. Los primeros Borbones y su época en dos momentos de la historiografía española

Capítulo 15. Cataluña entre dos guerras: 1714-1814

La venganza catalana: malestar y bienestar en la Cataluña del siglo XVIII

De la guerra contra la Convención a la guerra de la Independencia

Consideraciones finales

Capítulo 16. Consecuencias de la independencia sobre la economía catalana

Introducción

El núcleo del argumentario economicista

Cataluña, una región europea privilegiada

El peso de las exportaciones de Cataluña al RDE a comienzos del siglo XXI y las consecuencias de la ruptura del mercado único español

La «eurización» de la economía catalana

Balanza fiscal, déficit fiscal y el dividendo fiscal de la independencia

Conclusiones generales

Capítulo 17. El año 1714 desde la perspectiva política actual

El Borne: un centro ¿cultural?

«España contra Cataluña»: un simposio ¿de historia?

El Informe del Consell Assessor: legitimidad ¿histórica?

Conclusiones: la manipulación de la historia en la construcción nacional de Catalunya

Capítulo 18. Una aproximación a la bibliografía sobre Cataluña publicada en los últimos años (enero 2010-mayo 2014)

Los autores

Créditos

Prólogo

Antonio Morales Moya

Durante los días 10 y 11 de abril del presente año se celebraron, patrocinadas por las Fundaciones Ortega-Marañón y Alfonso Martín Escudero, presididas por los profesores J. Varela Ortega y J. R. Parada Vázquez, y en la sede de la primera, unas Jornadas de Historia, con el título «La Nueva España borbónica y los comienzos de la centralización», en las que se rindió homenaje al permanente magisterio del profesor Miguel Artola. En este volumen se recogen los textos que fueron expuestos y discutidos en las Jornadas, junto con otros solicitados posteriormente a sus autores.

Hace ya tiempo que el acontecimiento —antes «espuma de la historia»— interesa a los historiadores, incluso se les impone: Pierre Nora lo invistió de dignidad científica. El acontecimiento no importa solo por lo que revela sino por lo que desencadena, viniendo a ser signo, reflejo de las estructuras. No se trata de un simple suceso en el mundo, sino que forma parte de un sistema simbólico. El hecho, en definitiva, se entiende dentro de un conjunto y se va conformando a través de las diversas interpretaciones que sobre el mismo se han ido sedimentando hasta darle la forma con la que hoy se manifiesta.

Los tratados de Utrecht y Rastatt de 1714 desecharon las pretensiones de Carlos VI de Austria sin resolver el «caso de los catalanes», abandonados por sus aliados. Después de un sitio de un año y tres meses, las tropas de Felipe V mandadas por el duque de Berwick asaltaron Barcelona la noche del 11 de septiembre, que resistió casi todo el día siguiente antes de capitular. El asedio y sus consecuencias fueron muy duras para una ciudad que había sufrido otros recientes —1697, 1704, 1705 y 1706 por parte de franceses, austracistas y borbónicos—, siendo «incuestionable» el patetismo de su «épica y dramática» (García Cárcel). Caerá después Cardona y con ella toda Cataluña. El 3 de julio de 1715 se rendirá la ciudad de Palma. La guerra de Sucesión a la Corona de España había concluido.

1714 constituye un año decisivo en el imaginario del nacionalismo catalán. Hoy, trescientos años después, se da por terminada la fase autonómica, la de los «tiempos de paciencia» (1980-2003) dedicados a la construcción nacional, a «fer país», para pasar al llamado «derecho a decidir». Y ante la escasa reacción ideológica del Estado y de buena parte de la comunidad intelectual, se continúa con la fase de la independencia, fijándose por el Parlamento de Cataluña (incluyendo el texto de las preguntas) el 9 de noviembre de 2014 como fecha del referéndum que debe decidir sobre esta. El año 1714 se viene conmemorando en Cataluña, por tanto, como «forma de avivar los sentimientos nacionales catalanes y decantarlos hacia posiciones independentistas» (F. de Carreras).

Las formas de conmemoración han sido múltiples. Organizados por el Ayuntamiento de Barcelona, coordinado con la Generalitat, se han realizado más de un centenar de actividades que incluyen, entre febrero y septiembre de este año, exposiciones, seminarios, publicaciones, conciertos, itinerarios urbanos, propuestas artísticas y hasta gastronómicas —cerveza 1714, bombas Berwick, Olivares, Barceloneta o Espartero...—, en una auténtica «explosión historicista», en palabras de J. Luna. Una exposición en el Museu d’Història de Catalunya convierte la Diada —11 de septiembre— en mito nacional. En fin, «1714 sin complejos», titulaba un artículo Pilar Rahola, impresionada por la inauguración del nuevo Borne, mercado, plaza pública, museo, centro cultural, muy discutible, sin embargo —F. de Carreras lo califica de lieu de mémoire de los supuestos agravios perpetrados por España—, y que, en cualquier caso, manifiesta, como apuntaron J. E Maluenda y E. Encabo, la «superficialidad con la que entienden las administraciones su compromiso con el espacio público». Y, desde luego, la historia ha desempeñado un papel fundamental en las celebraciones, como elemento clave para la construcción nacional, destacando el muy criticado simposio España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014), dirigido por Jaume Sobrequés y patrocinado por el Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Generalitat de Catalunya) y la Societat d’Estudis Històrics (Institut d’Estudis Catalans). En la solapa del folleto que lo anunciaba se leía:

el objetivo es analizar con criterios históricos, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, las consecuencias que ha tenido para el país la acción política, casi siempre de carácter represivo, del Estado español en relación con Cataluña [...]. Los diversos ponentes analizarán las condiciones de opresión nacional que ha sufrido el pueblo catalán a lo largo de estos siglos,

para concluir de forma poco coherente que «no han impedido [su] pleno desarrollo político, social, cultural y económico». No entramos en el debate. Sí hay que subrayar la crítica que en este mismo libro hace F. de Carreras de la conferencia inaugural de J. Fontana, «España y Cataluña: trescientos años de historia», y la conclusión de J. M. Fradera: «imponer un relato centrado en la enemistad entre Cataluña y España no puede ser considerado de otro modo que un retroceso historiográfico. Se puede formular de una manera menos fatalista (pero no menos fatal)». O el juicio de J. H. Elliot: «No merece la pena hablar. Con este título (“España contra Cataluña”) ya sé que no me interesa. Es muy poco histórico y no tiene rigor alguno. Es un disparate».

Llama la atención, no obstante —¿desinterés?, ¿prudencia?, ¿corrección política?—, que la memoria de la guerra de Sucesión y 1714, en especial, hayan tenido, así parece, escaso eco fuera de Cataluña. Recordamos Cataluña en claro. Economía. Derecho. Historia. Cultura, publicado por FAES, que recoge ponencias presentadas en los seminarios organizados por esta institución en Barcelona entre finales de 2013 y principios de 2014; el catálogo de la exposición En nombre de la Paz. La guerra de Sucesión y los Tratados de Madrid, Utrecht, Rastatt y Baden. 1713-1715, de la Fundación Carlos de Amberes y Acción Cultural Española; y el ciclo de conferencias organizadas por el Banco de Santander y la Fundación Cultural de la Nobleza Española, Tratados de Utrecht-Rastatt: 1713-1714. Europa, España y América: a la búsqueda de un equilibrio global.

1714. Cataluña en la España del siglo XVIII no pretende ser un libro de combate. No se ha elaborado desde lo inmediato político. No rehúye, sin embargo, la dimensión pública desde un profundo respeto por una actividad noble, imprescindible para la vida democrática, pues por encima del juego sucio la política pretende, como ha dicho recientemente Michael Ignatiev, conservar la libertad, las instituciones, la protección de la gente, sin sucumbir al cinismo. Se trata de un libro de historia, cuyos autores —dieciocho— de pensamiento plural, no homogéneo, pretenden acercar al lector unos sucesos trascendentes cuando ocurrieron, vivos todavía para una memoria histórica infiel muchas veces a la realidad de aquellos, al tratar de construir un universo mítico, inconsistente, arriesgado, por su carácter exclusivo, encaminado a la invención de una identidad catalana. Los diversos artículos del libro permiten entretejer un relato, «traer a cuenta» en expresión de Isaiah Berlin, una serie de elementos, de aspectos que ayuden a entender unos acontecimientos, sin pretender una explicación única, en su plural dimensión: en sí mismos, en su circunstancia histórica internacional y nacional, en su elaboración e interpretación posterior.

La España que aparece en el libro no es, por supuesto, reducible a «una esencia», sino que se contempla como una realidad histórica, cambiante, no teleológica, en consecuencia sin una permanencia garantizada a través del tiempo. Lejos, pues, de intentar reanimar un «viejo y tozudo nacionalismo español». No existe ningún «deslumbramiento ante el absolutismo como paradigma de modernidad». No es el único camino hacia aquella, aunque algún autor lo considera como la mejor opción en un determinado momento histórico. Tampoco se trata de «atacar sea como sea al catalanismo», visto más bien desde la empatía y al que, por otra parte, se diferencia claramente del nacionalismo. Mas no se concibe España como una «fantasía armada», ni se cree, en coincidencia con Ernest Lluch, que los Borbones solo trajeran a Cataluña «militarismo y corrupción». Ciertamente algún(os) autores del libro, no todos, piensan que la nación española está plenamente configurada en el siglo XVIII, aunque para definir el sentimiento de los ilustrados hacia esta, el término «patriotismo» sería el adecuado y no el de «nacionalismo» de posterior aparición.

Dadas la pluralidad de colaboradores y la variedad de matices de sus artículos, no es fácil deducir del libro unas conclusiones con carácter general en las que se perderían criterios y matices. Las que ahora vamos a establecer, aunque casi siempre fundadas en los textos de aquellos, si bien no exclusivamente, al incluirse citas de autores que no participan en el libro, son responsabilidad exclusiva de quien firma este prólogo. La publicación se estructura desde una precisa concepción del acontecimiento: los hechos y sus consecuencias a partir, sobre todo, de la organización del Estado; el contexto general: la España ilustrada y la situación de Cataluña en la misma; los eventos y su valoración y trascendencia actuales.

La guerra de Sucesión, en primer término

La historia, ciertamente, no puede legitimar el presente político. No cabe fundamentar la construcción de un Estado catalán sosteniendo que tal Estado se perdió en 1714 y que ahora Cataluña, como ha dicho Artur Mas, «quiere defender con los votos lo mismo que los héroes de 1714». Concepción teleológica y victimista que no se compagina ni con la Barcelona de comienzos del siglo XVIII ni con la realidad compleja de una guerra de Sucesión, no reducible, desde luego, a un conflicto de identidades enfrentadas y cuyos orígenes están en el testamento de Carlos II a favor del futuro Felipe V, con el que se trató de preservar la unidad y la integridad de la Monarquía. La Barcelona de 1714 «era una ciudad en decadencia gobernada por una oligarquía patricia reaccionaria que defendía los viejos privilegios feudales y aristocráticos» (F. de Carreras). Y la guerra de Sucesión a la Corona de España muestra una «realidad poliédrica» (García Cárcel): en primer término, un conflicto no solo dinástico sino internacional, en el que la Corona española sufría máximo riesgo de fragmentación, de «polaquización». Surgiría de Utrecht un nuevo equilibrio continental, y aunque España perderá su imperio europeo, mantendrá —con la excepción de Gibraltar y Menorca— su integridad territorial y la de las provincias americanas. Hay que destacar, con Jover, el impacto decisivo de Utrecht en la trayectoria histórica de España como comunidad política por cuanto la liquidación de sus compromisos continentales configurará una monarquía mucho más homogénea nacionalmente, que sustituirá sus ideales universales por los intereses atlánticos y mediterráneos. En segundo lugar, austracismo y borbonismo constituyeron realidades plurales —absolutismo y constitucionalismo tienen, en este sentido, una delimitación poco clara— más que bloques homogéneos o realidades orgánicas, con diversas fases en sus discursos ideológicos. Hay, además, entre otras dimensiones que aparecen en el libro, un manifiesto enfrentamiento religioso.

España y Cataluña en la centuria ilustrada

En la España del siglo XVIII hay una Ilustración con rasgos específicos —y una Ilustración catalana con perfil propio, estudiada por E. Lluch— y un Estado ilustrado, variante dieciochesca del absolutismo, integrado por un monarca que lo representa y con el que, en buena medida, podría confundirse durante parte del período. Lo sirven hombres cuya ideología les lleva a fortalecer el absolutismo estatal, centro de una política reformista, orientada a conservar y aumentar el poder del Estado —un Estado transoceánico al que subyace una «nación imperial»— y a lograr «la felicidad de los súbditos». Resultado de este renovado absolutismo será la orientación centralizadora, continuidad, por lo demás, de la política del conde-duque de Olivares, la necesidad de configurar España como una realidad unitaria sobre la que se ejerza en plenitud el poder real, tal como ocurre con el resto de las monarquías europeas, salvo Inglaterra.

La victoria de Felipe V en la guerra de Sucesión hará posible, en represalia por el apoyo de la Corona de Aragón al archiduque, la promulgación, entre junio de 1707 y enero de 1716, de los decretos de Nueva Planta, que declararon abolidos los fueros de Aragón y Valencia, primero, y de Cataluña y Mallorca, después. «Todo el continente de España —rezaba el Decreto de 29 de junio de 1707— se reduciría a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales», suprimiéndose las instituciones políticas, administrativas, judiciales y fiscales de los territorios de la Corona de Aragón, si bien solo Valencia perdió su derecho privado. González Alonso entiende que los citados decretos «uniformizaron más que castellanizaron». Ciertamente, los avances en la modernización del Estado y en su aparato administrativo fueron importantes. No se considera, sin embargo, actualmente que la Nueva Planta absolutista fuera el único camino posible a la modernización del Estado: Elliot ha puesto de relieve «los defectos de una historia teleológica siempre en busca de la modernidad. Lo moderno hoy es lo anticuado del mañana». Aunque la pretensión de que una alternativa austracista hubiera propiciado una evolución hacia el constitucionalismo —a semejanza de Holanda— que ya se estaba produciendo en Cataluña, no tiene un fundamento sólido.

Esta política integradora —desaparecía la «tradicional configuración agregativa de la monarquía hispánica»— es generalmente criticada por la historiografía nacionalista catalana, continuando la tradición de historiadores como Sanpere y Miquel y Soldevila, en cuanto alternativa «brusca y anormal», como se ha señalado de un proceso constitucional en marcha. Al margen de la discusión sobre el concepto de «normalidad», resulta cierto que el paso del tiempo, limitando la inicial hostilidad —admitida la evidencia de la represión borbónica—, permite hablar del arraigo de la Nueva Planta, que toma carta «de indudable naturaleza» en Cataluña, como dijo Juan Mercader. A este respecto, Pierre Vilar subraya la «eficaz colaboración catalana con el poder central», multiplicándose los «signos de colaboración de la sociedad catalana con el nuevo régimen» (R. Alabrús). En resumen: «el sistema fue capaz de generar mecanismos de adaptación que le fueron ganando una adhesión cada vez más generalizada», como escribieron C. Martínez Shaw y M. Alfonso Mola, en su biografía sobre Felipe V. Y es que el progreso económico de Cataluña durante el siglo XVIII resulta incuestionable. Por lo pronto, gran parte de las instituciones suprimidas entre 1707 y 1716 tenían un carácter arcaico, y al «desescombro de privilegios y fueros» que «benefició insospechadamente» a Cataluña se refirió Vicens. La «especificidad catalana», como mostró Vilar, no se puede entender sin el despegue económico del siglo XVIII en la agricultura, la industria y el comercio. Es importante destacar el Discurso sobre la agricultura, comercio e industria del Principado de Cataluña, de la Real Junta de Comercio de Barcelona, de 1780, obra de un equipo en el que participó Jaume Caresmar, bajo la autoridad del barón de la Linde, en el que se demanda que «la Provincia» [Cataluña] tenga una realidad pública para prescribir «las reglas oportunas que [...] les sean más conducentes y propias», como forma de conseguir «la prosperidad y fuerza de toda la Nación» [España]. En este discurso —precisaba Lluch— se consideran causas de un crecimiento que hizo que «toda Cataluña pudiera llamarse una ciudad continuada» la política razonada de los Borbones —sobre todo de Carlos III—, el gasto militar —tema que Lluch trata con especial atención—, la enfiteusis y la libertad de comercio con América. Y G. Tortella considera un éxito el establecimiento del Catastro en Cataluña, al imponer una «fiscalidad más moderna y más justa que la que pervivió en Castilla», como apuntaba M. Artola, cuyo éxito en la guerra de Sucesión dificultaba su introducción al reforzarse la capacidad de oposición de una oligarquía triunfante. Por cierto, en esta época se refuerza —Ponz, Cadalso, Nifo, Jovellanos...— el estereotipo del «catalán trabajador» (Álvarez Barrientos).

La cultura, en fin, experimentará «un empuje sin precedentes», surgiendo —su centro de referencia, la Junta de Comercio— una ilustración humanística, práctica.

A mi entender —escribe Lluch—, Capmany y Caresmar, sobre todo, pusieron en marcha un programa que trabajaba por un mejor conocimiento de Cataluña en tres direcciones: 1) conocimiento de un pasado económico floreciente; 2) descripción de la actual situación y formulación de una política económica deseable y 3) afirmación del pasado glorioso de la lengua y de la literatura catalana,

y que se refleja en cuatro obras que «tardarán [...] en ser superadas: las Memorias Históricas de Capmany, el Discurso de 1780, el Diccionario catalán-castellano-latín y el Diccionario de escritores catalanes».

Fueron muchas, en expresión de Rubió y Balaguer, «las semillas sembradas en el siglo XVIII que nutrieron la corriente vital de la Renaixença y dieron nuevos estímulos a Cataluña». No obstante, ¿cabe hablar de una política genocida hacia la lengua catalana por parte de los Borbones? Se dictaron, ciertamente, las Cédulas de 1768, 1772 y 1773, que prohibían el uso oficial de la lengua catalana, estableciendo la primera de aquellas el castellano como idioma general en las escuelas. Sin embargo, la severidad de las propuestas oficiales, como ocurrió con la censura (M. Peña), no parece haberse cumplido de forma radical. El catalán pervivió, como la literatura en dicha lengua, «multiplicándose las defensas del idioma catalán, así como subsistirán gramáticas y diccionarios» (García Cárcel).

Concluyendo: el siglo XVIII fue, en general, extremadamente positivo para Cataluña, en lo que ha venido concordando mayoritariamente la historiografía. Los referentes clásicos, que hicieron de la historiografía catalana punta de lanza de la española, trátese de Vilar o Vicens y, en cierto sentido, del propio Lluch, aparecen relegados en el actual momento de la construcción nacional catalana, en un claro triunfo de la voluntad sobre los hechos, de los sentimientos y los intereses sobre la racionalidad. En definitiva, como señala J. F. Fuentes, analizando lo ocurrido en Cataluña durante las guerras de la Convención y de la Independencia, no parece advertirse precisamente un sentimiento antiespañol. Y el liberalismo será en España «durante mucho tiempo fiel a una lógica unificadora, inspirada en un igualitarismo territorial sin excepciones ni privilegios, frente a la compleja casuística jurídico-administrativa heredada del Antiguo Régimen».

Presente y futuro: ante una posible secesión

El difícil presente, el futuro inquietante al que nos llevan los nacionalismos identitarios han de contemplarse desde una triple perspectiva. La España democrática no se comprende sin la Unión Europea y debe contribuir a su integración y fortalecimiento. No faltan problemas para Europa. Como ha escrito Laurent Joffrin, «los líderes europeos no han comprendido que no es suficiente tener razón para convencer». Europa ha sido, es, un proyecto admirable, pero abstracto en estos momentos, con deficiencias notorias, desde el momento en que: las finanzas están siendo la ultima ratio de economía con la competencia como exclusivo principio; las políticas para la reducción de la pobreza y la injusticia social son insuficientes; las instituciones estatales resultan arcaicas; y, además, emerge el nacionalismo. Savater ha escrito que «la democracia europea tiene que vencer el enquistamiento nacionalista, tanto de los euroescépticos de Inglaterra, Irlanda, Dinamarca o Francia, como de los separatistas en Cataluña o Escocia, que pretenden deshacer sus Estados multiculturales respectivos», pues aunque «se proclamen favorables a Europa, en realidad pretenden estrechar aún más el filtro de la identidad nacional», excluyendo de derechos cívicos «a parte de sus hasta ahora compatriotas con el pretexto de crear nuevos Estados identitarios».

En cuanto a España, al Estado español, se echa en falta un proyecto nacional como el que informó la Transición y en el que participaron en lo fundamental todas las fuerzas políticas y sociales. Tal proyecto se ha ido progresivamente debilitando en un ambiente que, por supuesto, afecta —y en alto grado— a Cataluña, crecientemente mediocre «en todo, riqueza, bienestar, producción, intelectual y, por supuesto, liderazgo político» (Ucelay-Da Cal), echándose de menos la energía y vitalidad cultural y política de los años ochenta y noventa. Perentoriedad, ciertamente, de reestructurar un Estado necesitado, sí, de reformas, pero que, lejos de agraviar a Cataluña, como ha dicho A. Espada, «ninguno de los supuestos de agresión que cualquier teórico del secesionismo identificaría como legítimos se dan en el caso catalán», ha venido mostrando una singular pasividad ante el flagrante incumplimiento de las leyes y una limitada respuesta al endeble argumentario secesionista del nacionalismo catalán. ¿Nacionalismo español? Casi una entelequia, un sentimiento escasamente operativo que, en cualquier caso, no parece haberse apartado del ámbito de la Constitución.

Cataluña y su eventual secesión, para concluir. Los nacionalistas catalanes, ha escrito Gabriel Tortella, llevan «más de treinta años tratando de construir barreras lingüísticas, culturales, legales y de todo tipo, apelando con frecuencia a una versión sesgada e inexacta de la historia, para separar a Cataluña del resto de España y justificar la construcción de una frontera nacional que nunca ha existido». ¿Derecho a la secesión? No parece que se hayan violado en Cataluña derechos fundamentales y el permanente «victimismo», «Madrid es el problema», al «apropiarse de España [...] como el amo de la finca», debe ser revisado. Por de pronto, y dejando aparte el permanente debate sobre las balanzas fiscales, el sugerente concepto de «élites extractivas», de Acemoglu y Robinson, ¿no sería también aplicable a Cataluña? Cataluña es hoy una de las más prosperas regiones europeas, cuyo principal éxito durante los tres últimos siglos radica «en haber contado con un mercado inicialmente diez veces mayor que el suyo donde pudo colocar sus manufacturas y productos industriales» (C. Polo). Un mercado español que ha permitido prosperar a unas élites que vivieron cómoda y lucrativamente con el franquismo y cuya voluntad de dominio, comportamientos propietaristas y búsqueda de la irresponsabilidad judicial resultan patentes. Así se explica que nunca se haya planteado desde el nacionalismo catalán una seria reforma constitucional como ha subrayado S. Muñoz Machado y que en la consulta del presente referéndum las preguntas resultan notoriamente confusas como ha escrito J. de Esteban.

En definitiva, la eventual secesión de Cataluña es hoy, sin duda, el mayor problema político que tiene planteado España. Sobre las consecuencias económicas se ha escrito suficientemente, aunque los nacionalistas nunca hablen sobre ello con la claridad imprescindible, especialmente sobre lo que ocurriría en el período transicional. Por otra parte, con cierta prudencia en el caso de Convergencia, con más precisión en el caso de una Esquerra en ascenso, el horizonte parece ser el de «los países catalanes»: Valencia, las Baleares, la franja de Aragón, la Cataluña del Norte «deben estar presentes», «en el proceso emprendido, que debe culminar en la construcción de un nuevo Estado catalán en la Unión Europea». Se presume que España aceptará, o se verá obligada a aceptar, la entrada de una Cataluña independiente en Europa. El independentismo es muy difícil en sociedades democráticas y los efectos traumáticos de un referéndum secesionista, como ha escrito S. Dion, son impredecibles. Hay que preguntarse a quién beneficia la secesión. Desde luego, a unas élites soberanistas políticas, económicas, culturales que parece que han desbordado sus marcos tradicionales, ampliándose a otros sectores sociales cercanos a Esquerra. Lo ha dicho Anthony D. Smith —y suele olvidarse—: un proceso de construcción nacional, más allá de las ideas y sentimientos, proporciona, con el dominio de un territorio y su Administración, múltiples puestos a una clase media ascendente. En último término, nos encontramos en una situación cuya solución no corresponde exclusivamente a los políticos. Porque, como ha escrito Eliseo Aja, los ciudadanos «en una democracia, y esta lo es aunque imperfecta, podemos influir en nuestra opinión y participación y, en último término, decidimos con nuestro voto».

Agradecimientos

1741. Cataluña en la España del siglo XVIII es el resultado de una empresa colectiva, extraordinariamente gratificante, el resultado de una serie de generosos esfuerzos que el editor nunca agradecerá suficientemente.

La lista de reconocimientos es larga. Miguel Artola, maestro de historiadores, ante todo, quien clausuró las Jornadas celebradas los días 10 y 11 de abril de este año, y a las que ya nos referimos en el Prólogo, y los profesores Varela Ortega y Parada Vázquez, Presidentes de las Fundaciones Ortega-Marañón y Alfonso Martín Escudero, que no solo patrocinaron el Simposio, sino que participaron activamente en el mismo. A todos los colaboradores del libro, tanto a los que presentaron sus ponencias en las Jornadas —Álvarez Barrientos, Blanco Valdés, Castro, Carreras, Donofrio, Fuentes, García Cárcel, López-Cordón, Orduña, Ribot, Tortella y Ucelay-Da Cal—, como aquellos otros a quienes se les solicitó, con muy poco tiempo, artículos necesarios para complementar el libro: Alabrús, Andújar, García Hernán, Peña y Polo.

Y finalmente, mas no en último lugar, a Alfredo Pérez de Armiñán, quien estuvo en todo momento interesado en las Jornadas y en el libro, a Ricardo García Cárcel, sin cuya amistad y apoyo esta publicación no hubiera sido posible, a Demetrio Castro y Andrea Donofrio, verdaderos organizadores de las Jornadas, a Raúl García, de ediciones Cátedra, capaz de publicar el libro en un tiempo inverosímil, y a Anabel Hernández y Elsa Otero, por dar uniformidad a los textos.

PRIMERA PARTE

LA GUERRA DE SUCESIÓN Y LA CENTRALIZACIÓN BORBÓNICA

CAPÍTULO PRIMERO

El dictamen «más firme a la seguridad de mantener inseparables los reinos de mi corona». La sucesión de Carlos II1

Luis Ribot

Uno de los defectos de la historiografía española que más ha costado desarraigar ha sido el ensimismamiento, que tuvo causas y manifestaciones diversas, y, entre ellas, la desaparición de la memoria histórica de la monarquía de España, la reducción del interés de los historiadores al espacio geográfico del Estado español contemporáneo o la pérdida de una perspectiva analítica más amplia. Es curioso que el franquismo, exaltador del Imperio, no recuperara la conciencia histórica de la monarquía. Sorprende menos, en cambio, que no fuera capaz de situar en un marco más amplio la historia de España, pues el auge que tuvieron entonces los estudios sobre política internacional fue desde la óptica limitadora y triunfalista de los éxitos de los Reyes Católicos y los Austrias del siglo XVI. Tampoco lo hizo posteriormente, pese al avance de planteamientos y métodos que supuso, la historia económico-social, la cual concentró la investigación en el ámbito local y regional, al tiempo que desacreditaba la historia política y diplomática. Ha tenido que ser la nueva historia política, favorecida por el avance de la historia comparada y el abandono de los planteamientos nacionales, la que reivindicara tanto la dimensión historiográfica de la monarquía de España como la importancia de la política y de las relaciones internacionales en la explicación del pasado2.

El tratamiento de la sucesión de Carlos II es uno de los mejores ejemplos del aludido ensimismamiento. Nuestros libros de historia se han ocupado mucho de las cuestiones internas, la pugna sucesoria, los derechos de cada uno de los candidatos o las luchas cortesanas entre los partidarios de una u otra opción. No es que lo que ocurre en la corte española no tuviera importancia; la tiene, y mucha, sobre todo para el conocimiento de la historia del reinado de Carlos II. Pero los hechos internos fueron bastante secundarios ante el gran proceso de reordenación territorial que se anunciaba en Europa, que constituye el aspecto esencial de la cuestión y que encontró en la falta de descendencia de Carlos II la gran ocasión para hacerse efectivo. No se trataba de una crisis sucesoria cualquiera, como las varias que se habían producido y seguirían produciéndose en distintos tronos, sino de algo que afectaba al conjunto de Europa, no solo por la envergadura del gigante que era la monarquía de España, sino sobre todo por su decadencia internacional manifiesta desde mediados del siglo XVII. La muerte de Carlos II era la oportunidad para liquidar su estructura y redistribuir el mapa político, enormemente favorable a España hasta entonces como consecuencia de la hegemonía ejercida desde los Reyes Católicos hasta Felipe IV. Las paces de Westfalia (1648) y Los Pirineos (1659) sancionaron el final de dicha supremacía política, así como la emergencia de los intereses nacionales por encima de un teórico interés cristiano común que se había defendido hasta entonces, al menos en el plano teórico. La consecuencia en el ámbito internacional era la sustitución de un poder hegemónico basado en la defensa de la religión, como el que había encarnado España —heredera en última instancia de las viejas aspiraciones imperiales—, por una serie de poderes diversos, católicos y protestantes, que solo podían prosperar sobre la base de unos principios que impidieran la aparición de nuevas supremacías. El derecho internacional, que iniciaba su lenta andadura, trata de evitar el interés egoísta y la desmesura de un único poder, preconizando en cambio métodos de diálogo entre los príncipes3. Surgirá así la teoría del equilibrio, que irá desarrollándose a partir de ahora hasta triunfar en las paces que pusieron fin a la guerra de Sucesión, en la segunda década del siglo XVIII.

La crisis sucesoria que se produjo en el trono español tuvo su epicentro en 1700, con la muerte del rey y su testamento en favor del duque de Anjou, nieto de Luis XIV, que se convertiría en Felipe V, primer monarca de la Casa de Borbón en el trono de España, pero abarcó un espacio de tiempo mucho más largo, antes y después de tales hechos, que coincide básicamente con la dilatada fase de reestructuración territorial iniciada a mediados del siglo XVII. El período previo arranca de finales del reinado de Felipe IV, cuando se plantean las primeras dudas sobre la salud y la esperanza de vida de su hijo —continuadas durante el resto de la existencia de este, a medida que iban frustrándose las esperanzas de que lograra engendrar un heredero—, y el posterior se adentra en las primeras décadas del siglo XVIII, con el gran conflicto internacional que fue la guerra de Sucesión, el más amplio e importante —por el número de implicados y la cantidad de territorios en juego— de cuantos habían afectado hasta entonces a la Europa Moderna.

Conviene detenerse en las grandes paces de mediados del siglo XVII y sus consecuencias, imprescindibles para entender la crisis sucesoria. Tres son los aspectos que interesa resaltar. El primero, que la derrota internacional de España —y en menor medida de los Habsburgo austríacos— supuso el final de las guerras de religión, el reconocimiento de pleno derecho de los príncipes protestantes europeos y la conclusión del ciclo histórico de predominio internacional del papado de Roma que, no por casualidad, coincide con la fase hegemónica de España4. El segundo, que el fin de la supremacía hispana no dio paso a una serie de poderes de potencia similar —como hubieran requerido las aludidas aspiraciones al equilibrio— sino a una nueva hegemonía, la de la Francia de Luis XIV, fuertemente inspirada en el ejemplo de la España anterior, de cuyos grandes reyes era descendiente el monarca francés5. El tercero, que la derrota de la Monarquía de España y las aspiraciones al equilibrio implicaban, a corto o medio plazo, la pérdida de buena parte de su estructura territorial y, consecuentemente, una fuerte reordenación del mapa político, que podía afectar no solo a Europa sino también a otros continentes, dada la extensión de las posesiones españolas.

Era evidente la incapacidad de la monarquía de España para mantener su amplia, variada y dispersa estructura territorial, que, además de sus extensos dominios en América, África y Asia —hasta 1668 no se haría efectiva la independencia de Portugal y su imperio colonial—, ocupaba territorios en buena parte de Europa, con tres centros principales: España, Italia y el núcleo flamenco borgoñón. Si había podido conservar hasta entonces un conjunto tan amplio de dominios —que hacía de ella un auténtico imperio— era gracias a su hegemonía internacional. Concluida esta, la continuidad de sus posesiones resultaba imposible. Sin tener en cuenta las ambiciones y expectativas que este hecho provocó, resulta inexplicable la política internacional europea de la segunda mitad del siglo XVII, cuyo trasfondo está regido por una idea o sensación de provisionalidad, de fin inevitable de una etapa que anunciaba grandes cambios en el mapa político. El futuro de la monarquía de España, la idea de que se avecinaba algún tipo de reorganización territorial que habría de cambiar el mapa del continente —y tal vez de América y otros espacios— a corto o medio plazo fue, junto con el expansionismo francés, el elemento dominante de la política europea durante la segunda mitad del siglo XVII.

El fin de la estructura territorial de la monarquía de España podía producirse por tres vías o posibilidades diversas. La primera era la separación de algunas de sus partes como consecuencia de tensiones centrífugas, como las que se habían dado en las revueltas de Cataluña, Portugal o Nápoles en los años cuarenta. Afortunadamente, la Monarquía lograría controlar las de Nápoles y Cataluña y solo sufrió la separación de Portugal y sus colonias, al tiempo que, durante el reinado de Carlos II, consiguió superar con bastante eficacia los problemas internos, como la revuelta y la guerra de Mesina, menores en cualquier caso que los de la época de Felipe IV. La segunda posibilidad era la agresión exterior, especialmente por parte de un nuevo poder interesado en apoderarse de diversos territorios de la monarquía. Es lo que ocurrirá con la Francia de Luis XIV durante todo el reinado de Carlos II. No obstante, las nuevas circunstancias de la política internacional —con la aversión al surgimiento de otra supremacía, la emergencia de los intereses nacionales y la idea de equilibrio— frenaron las ambiciones francesas. Cada vez que Luis XIV ponía en práctica su política agresiva —no solo contra la monarquía de España, sino también contra otros, como por ejemplo el ataque a Holanda en 1672— se formaban coaliciones defensivas destinadas a pararle. Era algo novedoso, pues no había ocurrido, o no con tanto automatismo, en los tiempos anteriores, y resultó sumamente eficaz, hasta el punto de que, si se compara con la de España, la hegemonía internacional de Francia duró mucho menos, poco más de medio siglo, dándose por concluida con la guerra de Sucesión y la paz de Utrecht. La tercera posible vía para el fin de la estructura territorial de la monarquía era el reparto, que es la solución que se invocó, sobre todo a finales de la centuria, ante la previsible muerte sin sucesión de Carlos II. Los tratados de reparto se hicieron siempre en nombre de la paz, y aunque orquestados todos ellos hábilmente por Luis XIV, no dejaban de ser una solución, a priori pacífica, a los problemas que podían plantearse a la muerte sin descendencia de Carlos II. De hecho, eran la única opción que podría hacer compatible la redistribución territorial y la salvaguarda de la paz. Esto último no estaba sin embargo garantizado, pues cabía la posibilidad de que hubiera príncipes que no estuvieran de acuerdo con el reparto propuesto o de que algunos de los territorios afectados no aceptasen soluciones acordadas a sus espaldas. La reacción airada que provocaron en la corte de Madrid ante la agresión que indudablemente suponían es una buena muestra de las dificultades que podría haber conllevado su aplicación6.

El convencimiento que siempre tuvieron las cortes europeas de que la vida de Carlos II habría de ser corta, así como, ya en su edad adulta, la evidencia cada vez más firme de su esterilidad, proporcionaron la ocasión esperada ante la prevista extinción de su línea dinástica. En cualquier momento podría quedar vacante el trono de la enorme monarquía de España, abriendo por tanto la oportunidad para el esperado reajuste territorial. A medida que transcurría su reinado, el problema de la monarquía de España, que de una u otra forma se habría planteado también en el caso de que hubiera tenido descendencia, se fue concretando en torno a la cuestión sucesoria, que llegaría a ser el gran asunto de la política europea en la segunda mitad del siglo XVII. El porvenir de la monarquía de España —ataques y guerras de Luis XIV aparte— se vinculó así a la sucesión, convirtiéndose en —o manifestándose a través de— un asunto dinástico, lo que significa que, a falta de un heredero directo, hijo o hija del rey, el futuro de la monarquía entraba en los márgenes tradicionales de la cultura política europea, que tenía en los derechos y las reivindicaciones dinásticas uno de sus principales ejes de articulación. Los únicos elementos novedosos eran los que se derivaban de esa naciente idea del equilibrio, aún imprecisa y vaga, que llevaría a las diferentes propuestas y tratados de reparto, opuestos a toda idea de derecho y ajenos por tanto a la cultura política y jurídica europea, pero que parecían ser la única posibilidad, en principio pacífica, de redistribuir entre diversos príncipes una monarquía incapaz de mantener por sí sola sus excesivas posesiones.

De acuerdo con el planteamiento dinástico, plenamente arraigado en dicha cultura pese a las polémicas y enfrentamientos que con frecuencia provocaba, los príncipes que podían alegar derechos a la herencia de Carlos II eran, obviamente, sus familiares más cercanos; es decir, los descendientes de las hijas y hermanas de Felipe IV, por lo que la sucesión podría recaer, bien en un príncipe de la Casa de Habsburgo austríaca, bien en un miembro de la Casa francesa de Borbón. Entraban por tanto en juego las dos grandes dinastías reales europeas, los dos principales poderes del continente, lo que incrementaba la dimensión y el alcance del posible conflicto.

Existe un marcado paralelismo entre los matrimonios de las hijas de Felipe III y las de Felipe IV. En ambos casos, la mayor se había casado con el rey de Francia (Ana con Luis XIII y María Teresa con Luis XIV), y la menor, con el emperador (María con Fernando III y Margarita con Leopoldo I). Era evidente el derecho preferente a la sucesión de cada una de ambas hermanas mayores. Sin embargo, por exigencia española, las capitulaciones matrimoniales de las dos infantas-reinas de Francia habían incluido sendas renuncias a sus derechos sucesorios, lo que daría pie en el futuro a una prolija discusión jurídica sobre la validez de las mismas. Ya en vida de Felipe IV, la diplomacia francesa pretendía que la renuncia de María Teresa a una posible sucesión española quedaba sin efecto, al no haberse satisfecho por parte de España la dote estipulada en las capitulaciones matrimoniales de 16607.

Si se aceptaba la validez de las renuncias, el trono había de pasar a un príncipe de la familia Habsburgo, la cual tenía además la ventaja de tratarse de la misma casa dinástica que la española, concepto este de enorme importancia en la época, que consideraba a ambas una única familia, una misma sangre, lo cual había llevado en el pasado a pactos de sucesión mutua entre las dos ramas —la española y la imperial— en el caso de que una de ellas quedara sin sucesión. El emperador Leopoldo I era hijo de Fernando III y de la infanta María, hermana de Felipe IV. Era, por tanto, nieto de Felipe III y primo carnal de Carlos II. En 1666 se había casado, además, con la única hermana de padre y madre de este, la infanta Margarita, lo cual era también muy importante porque constituía la línea familiar más cercana al monarca reinante. La temprana muerte de la emperatriz Margarita, dejando tan solo una hija, la archiduquesa María Antonia, abría para el futuro una relevante posibilidad sucesoria en la línea Habsburgo, en el caso de que María Antonia tuviera herederos varones.

Luis XIV, hijo de Luis XIII y Ana de Austria, era también nieto de Felipe III y primo carnal de Carlos II. Al igual que Leopoldo I, reforzó el parentesco con los Habsburgo españoles en virtud de su casamiento con la infanta María Teresa, hija mayor de Felipe IV y hermanastra de Carlos II, quien nacería en 1661, al año siguiente de dicha boda. Pero a diferencia de Leopoldo I, Luis XIV tuvo un hijo varón de este matrimonio, el Gran Delfín, que era en consecuencia la persona que reunía mayores lazos de parentesco con la familia real española, pues mientras que el archiduque Carlos —hijo segundo de Leopoldo I— sería únicamente nieto de una infanta española, el Gran Delfín —quien transmitiría sus derechos a su hijo segundo, el futuro Felipe V— era hijo y nieto de sendas infantas españolas, mayores además, como ya se ha indicado, que sus respectivas hermanas. Visto desde nuestra perspectiva actual, los lazos familiares de los Borbones de Francia eran indudablemente mayores, pero no conviene olvidar que en aquella época la idea de familia se vinculaba esencialmente al tronco Habsburgo. Un escrito contrario a la sucesión francesa mostraba su indignación por el hecho de que seis consejeros de Estado quisieran obligar a su soberano a declarar sucesor, «y de ajena y enemiga familia»8.

Hasta entrada la última década del siglo, las opciones sucesorias se reducían a dos: la austríaca y la francesa. Sin embargo, el 28 de octubre de 1692 surgió una nueva candidatura cuando la archiduquesa María Antonia, casada con el elector Maximiliano Manuel de Baviera desde 1685, dio a luz en Viena a José Fernando Maximiliano. Dos meses más tarde, el 24 de diciembre, moría la madre, víctima de fiebres puerperales, pero dejaba un hijo con grandes posibilidades de hacerse con la sucesión. No solo era nieto de la única hermana de padre y madre de Carlos II —y por tanto el pariente más cercano a este— sino que además, a diferencia de los príncipes de las poderosas Casas de Habsburgo o Borbón, pertenecía a la Casa ducal de Baviera, mucho menos destacada en el tablero internacional. Ambos hechos explican las numerosas simpatías que suscitó pronto en Madrid, pues suponía la posibilidad de conseguir un rey ajeno a las dos grandes dinastías europeas. De hecho, los dos primeros testamentos de Carlos II, en 1696 y 1698, le nombraron sucesor, e incluso el tratado de reparto de este último año le adjudicó la herencia de toda España menos Guipúzcoa, además de los Países Bajos y las Indias. Pero el joven príncipe murió a los siete años, en febrero de 1699, con lo que se volvió a la situación previa a 1692, con la lucha sucesoria reducida a dos únicas opciones.

Al comienzo de este texto me he referido específicamente al ámbito de las relaciones internacionales, dado que el problema esencial no era la cuestión sucesoria sino el gran proceso de reordenación territorial que se avecinaba, como consecuencia del fin de la hegemonía internacional de la monarquía de España. Tal vez por esta fuerte dependencia de hechos que transcendían a la propia Monarquía y su gobierno, la cuestión sucesoria se planteó sobre todo a escala internacional, desde sus orígenes hasta el final de la crisis con los tratados de paz 1713-1714. Naturalmente, tuvo sus manifestaciones —y repercusiones— internas, especialmente en la corte de Madrid y en menor medida en otras cortes y territorios de la monarquía, como ocurre en el caso de Nápoles9. Pero la mayoría de las decisiones, hechos, ritmos y vicisitudes, tanto en vida de Carlos II como en la posterior guerra de Sucesión y en las paces que le pusieron fin, estuvieron en gran parte determinados por agentes externos a la monarquía de España. Utilizando un símil teatral, diría que los hechos se adaptaron sobre todo a un guion que utilizó elementos de los guiones propuestos por diferentes autores, con una escasa participación española. Quienes tuvieron una mayor capacidad para orientar los acontecimientos en el sentido que a ellos les interesaba fueron, inicialmente, el cardenal Mazarino —responsable principal del matrimonio de Luis XIV con María Teresa de Austria— y luego, durante el reinado de Carlos II, el propio Luis XIV, que fue el personaje más decisivo en la consecución de un testamento favorable al candidato francés. En los años de la guerra de Sucesión y en los tratados de paz posteriores, las potencias aliadas asumieron también un papel de enorme importancia en el diseño o guion de los hechos. Sobre todo Inglaterra, decisiva en muchos momentos y que determinó el final del conflicto cuando a ella le convino y con grandes beneficios para su comercio con América y su hegemonía marítima. En menor medida el Imperio, que, pese a la pérdida del trono español para el archiduque Carlos, convertido desde 1711 en el emperador Carlos VI por la muerte inesperada de su hermano José I, logró la mayoría de los territorios europeos que habían pertenecido hasta entonces a la monarquía de España.

La parte del guion escrita en España fue escasa. Durante el reinado de Carlos II se redujo a su testamento, que tuvo sin embargo una importancia excepcional, al conferir a Felipe V una legitimidad de origen —o, si lo preferimos, un plus de legitimidad con respecto al archiduque— que habría de resultar determinante para garantizarle la lealtad de la mayoría de sus súbditos. En el curso de la guerra, dicha lealtad desempeñó también un papel importantísimo, pues no solo le mantuvo en el trono en los peores momentos, especialmente a partir de 1709, cuando el propio Luis XIV estuvo a punto de abandonarle, sino que, tras las victorias de Brihuega y Villaviciosa, ambas a finales de 1710, hizo desistir a los ingleses de combinaciones y arreglos en los que se otorgaba la corona española a otros príncipes10. La lealtad mayoritaria hacia el monarca fue pues la segunda aportación española al guion que finalmente siguieron los hechos, y en ella tuvo mucho que ver la reformulación del conflicto en términos religiosos por la presencia de «herejes» ingleses y holandeses en las tropas del archiduque11.

Se ha dicho siempre que la historia la escriben los vencedores, pero en el caso de la sucesión de Carlos II la que ha acabado imponiéndose durante mucho tiempo en la historiografía es la versión de los vencidos. Sabedores de la importancia decisiva que había tenido el testamento de Carlos II, los partidarios de los Habsburgo pusieron desde el principio un empeño especial en deslegitimarlo, para lo que había que insistir, por un lado, en el testamento de Felipe IV y la validez de las renuncias de las dos infantas-reinas de Francia del siglo XVII, y, por otro, en que la voluntad de Carlos II se vio forzada por las presiones del cardenal Portocarrero y los eclesiásticos que asistieron con él al rey en su última enfermedad12. La herencia francesa —contraria a la legalidad para quienes defenderían los derechos del archiduque— no podía ser sino el fruto maduro de una larga conspiración de sus partidarios para conseguir inclinar la voluntad del monarca. Por ello insistieron en la existencia de un potente partido o bando sucesorio francés, encabezado por el cardenal Portocarrero y fuertemente instalado en la corte desde años atrás. Naturalmente —y dentro de la superioridad ética que dicha historiografía ha otorgado siempre a la opción Habsburgo y sus partidarios— los miembros del partido francés solo podían actuar por intereses mezquinos, ya fuera el dinero, distribuido a manos llenas por el embajador Harcourt, o la promesa de mediar para que Portocarrero fuera elevado al solio pontificio. Su falta de escrúpulos les llevó a expulsar del poder a sus enemigos para asegurarse el control sobre la decisión final del rey, utilizando para ello un golpe político que supo aprovechar la carestía de la primavera de 169913.

En diversos trabajos sobre la sucesión española de 1700 creo haber demostrado que tales explicaciones no responden a la realidad y que son fruto, en muchos casos, de la frustración de los partidarios de los Habsburgo14. La cuestión de la validez o no de las renuncias no pasa de ser una querella jurídica, con opiniones para todos los gustos. Lo cierto es que el testamento de Carlos II anulaba el de su padre y también tales renuncias. Para los partidarios de la opción Habsburgo era preciso invalidarlo, y la mejor opción para ello consistía en señalar que el rey no lo firmó libremente. ¿Quién puede saberlo? Resulta imposible penetrar en el secreto de la cámara en la que el monarca vivió su última enfermedad, y lo cierto es que el documento cuenta con todos los requisitos jurídicos que exige su autenticidad. En cuanto a los partidos, considero que no es correcta la idea de que durante los años anteriores a la muerte de Carlos II existían bandos bastante claramente definidos de cara a la sucesión: los partidarios de la opción bávara, el bando proaustríaco y el profrancés, que se reducirían a estos dos últimos tras la muerte de José Fernando de Baviera en febrero de 1699. En varias de sus cartas a su embajador en Madrid, Luis XIV insistía en la necesidad de aprovecharse de la opinión difundida por Europa de que había un fuerte partido francés en la corte madrileña, temeroso —decía— de que descubrieran que no era cierto. Durante todo el reinado, y al igual que en los anteriores, hubo indudablemente bandos y clientelas políticas que competían en la lucha por el poder. Lo que resulta más difícil es vincular tales alineamientos con la cuestión sucesoria, entre otras razones porque era un tema del que nadie se atrevía a hablar, y la postura oficial se basaba en la esperanza de que Dios bendijera al rey, aún joven, con una descendencia suficiente. Aunque se mantenía en vigor el testamento de Felipe IV para el caso de que no fuera así, es evidente que las inquietudes por la incógnita de la sucesión hubieron de existir, si bien apenas han dejado huella documental. También parece lógico que se hablara sobre ello, aunque la circunspección y el temor a manifestar una postura debieron de ser grandes. El embajador francés, marqués de Harcourt, lo dice claramente cuando señala el secreto de las conversaciones que mantenían con él los cortesanos. Cara a cara consiguió hablar de dicho asunto con alguno, pero en presencia de un tercero todos callaban. Es probable que la cautela fuera mayor en relación con la opción francesa, pero también que la actitud no fuera muy distinta con el embajador austríaco Harrach o, en su momento, con el enviado del duque de Baviera. Era necesario nadar y guardar la ropa, y mucho más en aquellas cortes habituadas al disimulo, al juego de las apariencias y a los engaños.

La prueba de hasta qué punto resultaba difícil identificar la inclinación de los principales personajes de la corte en la cuestión sucesoria la tenemos en la opinión que se formaron los contemporáneos, que no nos permite asignar una tendencia clara e invariable a la mayoría de ellos. No hay ninguno al que las fuentes consideren siempre e inequívocamente en un mismo bando, pues hasta los que acabaron identificándose de forma más clara con el archiduque tuvieron —o se les asignaron— veleidades a favor de la sucesión francesa, y al revés, por no hablar de la opción por el príncipe electoral de Baviera, que complicaría aún más las cosas. Para un cortesano de los años finales del reinado, una cosa era el candidato ideal —si es que lo tenía— y otra las posibilidades reales o las circunstancias, desconocidas hasta el último momento, en que pudiera producirse la sucesión, que le obligarían a actuar con la máxima cautela. Como acababa la carta de un personaje que decía escribir desde la corte, en una fecha tan tardía como mediados de septiembre de 1700, cuando pasara el tiempo podría informar «con más sólidos fundamentos, porque se habrá corrido el velo que hoy ocupa a tan sublimes arcanidades»15. Gabriel Maura comparó la sucesión con un drama cuyo desenlace fue incomprensible para todos hasta el final. Así nos explicamos la indeterminación de muchos, sus dudas, o su prudencia y cálculo político ante la incertidumbre de lo que pudiera ocurrir16.

También me he referido en los trabajos citados a la inconsistencia del mito del oro francés para ganar voluntades17, o al curioso caso del llamado «motín de los gatos» del 28 de abril de 1699, que supuso el alejamiento del poder del conde de Oropesa y el almirante de Castilla. Siempre se ha interpretado como un golpe político organizado por los partidarios de la sucesión francesa, que facilitó el acceso al poder del bando del cardenal Portocarrero. Los documentos muestran, sin embargo, que se trató de una conjura política contra la reina, su camarilla y los gobernantes que colaboraban con ella, especialmente los dos citados. La acción se preparó durante meses en una serie de reuniones nocturnas en las que participaban gentes que habrían de tener actitudes diversas ante la sucesión, y quien colaboró con ellos, asumiendo un papel fundamental, fue el embajador imperial, conde Aloisio de Harrach, el cual deseaba sobre todo alejar del poder a unas gentes que habían defraudado sus expectativas y de quienes pensaba entonces que se oponían a la sucesión Habsburgo18.

La interpretación del motín en clave sucesoria muestra hasta qué punto dicha cuestión ha enmascarado muchas de las realidades políticas españolas de los años finales del siglo XVII. Había ciertamente una incógnita sobre el futuro, pero no todo puede explicarse desde ella. La lucha política tenía sus propios objetivos y los bandos que se enfrentaban por el poder no eran los portavoces de una determinada candidatura, como siempre se ha tendido a verlos, sino grupos distintos que aspiraban a controlar el gobierno, incluyendo, en su caso, la decisión que hubiera de tomarse en su momento sobre la sucesión del monarca. Sus objetivos políticos eran prioritarios a la cuestión sucesoria, que no parece que se planteara de forma explícita hasta los últimos meses de la vida del rey.

El ensimismamiento al que me refería al comienzo ha llevado a la historiografía española a concentrarse en exceso en lo que ocurría en la corte, como si la decisión sobre el heredero se fuera a tomar libremente y sin influencias exteriores. Lo que sucediera en Madrid era importante; sin embargo, Luis XIV nunca esperó que Carlos II eligiera como sucesor a uno de sus nietos, por lo que una de las principales misiones que encomendó a su embajador Harcourt (1698-1700) fue evitar que se decidiera en favor de otro de los candidatos. Que impidiese a toda costa un testamento. También le encomendó que procurara propiciarse a los cortesanos españoles. No obstante, el monarca francés no se fiaba de ellos y, pese a la importancia que ha dado la historiografía a la actuación del marqués de Harcourt, consideraba secundaria la negociación de su embajador en Madrid.

Los años de la embajada de Harcourt, sustituido posteriormente por el encargado de negocios Blécourt —lo que prueba el escaso valor que daba el monarca francés a su representación en Madrid—, fueron de paz con España y, por tanto, de relaciones diplomáticas. Pero, no nos engañemos, la política de Luis XIV no varió sustancialmente con respecto a los tiempos anteriores, en que tales relaciones estuvieron interrumpidas por la guerra. Su gran argumento siguió siendo, como siempre, la fuerza. Desde el inicio de su reinado personal había aspirado a la herencia española, pero ello no le hizo renunciar a la guerra. En el caso de que Carlos II hubiera logrado tener un heredero, la guerra le permitiría al menos incrementar sus posesiones a costa de la monarquía de España, al tiempo que alimentaba su prestigio dentro y fuera de su país, consolidaba su supremacía internacional y atemorizaba a los gobernantes españoles. De producirse la muerte de Carlos II, la fuerza era en última instancia su argumento, confiado en su capacidad para imponer sus derechos con las armas, por lo que no resultaba decisivo el que estuviera o no en guerra con el rey de España y otros príncipes. Así se entiende su falta de reparo en provocar conflictos y los muchos años en que estuvo enfrentado a España y a las coaliciones que se formaban para defenderse de sus agresiones. Con todo, lo ideal era que la sucesión ocurriera en tiempo de paz y que contara con la mayor aquiescencia posible de los españoles. Ello, junto al cansancio y los reveses sufridos, explica los deseos de Luis XIV de concluir la guerra de la Liga de Augsburgo (1688-1697), que habría de ser la última del reinado de Carlos II, así como la generosidad que demostró con España en el tratado de Ryswick, devolviéndole los territorios recientemente conquistados. Antes, sin embargo, había demostrado su fuerza en hechos como el bombardeo de Alicante o la conquista de Barcelona. Es el doble aspecto de la atracción y la exhibición de su potencia —o, en otros momentos, la amenaza— que caracteriza toda su política en relación con España, incluidos los últimos años del reinado de Carlos II, en los que mantuvo relaciones diplomáticas con la corte española.

Desde 1697, tras el desgaste que supuso para Francia la guerra de la Liga de Augsburgo, su gran objetivo pasó a ser la negociación internacional de los tratados de reparto, inspirados en la idea del equilibrio y que le sirvieron no solo para garantizarse una parte de la herencia de Carlos II sino también para deshacer la alianza contra él de sus enemigos anteriores, atrayéndose a Holanda e Inglaterra y aislándolas de Austria. Es probable que buscara también un tercer objetivo, no explícito en los tratados, que fue forzar a los españoles a evitar el reparto entregándole toda la monarquía. De ser así, la jugada le salió perfecta. Por otra parte, al conseguir el trono para su nieto, Luis XIV logró que la monarquía de España, que desde las paces de Westfalia y Los Pirineos necesitaba la ayuda de otros poderes para sobrevivir, sustituyera la tutela de las potencias marítimas por la suya.

Luis XIV fue la pieza clave, el personaje decisivo que inclinó la voluntad de los consejeros de Estado españoles y, en última instancia, del propio Carlos II, pero más por sus gestiones internacionales de los tratados de reparto, sus amenazas y su capacidad de amedrentamiento que por la negociación de sus representantes en Madrid. Su poder no solo era mayor, sino mucho más cercano y tangible que el del emperador, como podía comprobarse, por ejemplo, en las tropas dispuestas a intervenir que había situado al otro lado de los Pirineos. Tal amenaza influyó sin duda en los consejeros de Estado. Sin embargo, el elemento decisivo fue el tratado de reparto firmado en 170019. Cuando los consejeros solicitaron al rey que nombrara sucesor a un nieto de Luis XIV, en junio de aquel año, buscaban dos objetivos. El primero y prioritario era mantener la unidad de la monarquía, como lo prueban las opiniones manifestadas por ellos en numerosas consultas, así como la indignación notable que produjeron, en España y otras partes de la monarquía, los dos tratados de reparto de 1698 y 1700. Es significativo que en ambos años hiciera Carlos II sendos testamentos —segundo y tercero de los suyos—, y en los dos casos después de cada uno de tales tratados. El testamento de 1698 se inscribe muy claramente en la reacción provocada por el conocimiento del acuerdo para dividir la monarquía, y el de 1700 —último y, por tanto, único válido— fue concebido por los consejeros que le inspiraron como la única forma viable de evitar tal división. El rey aún tardaría varios meses en decidirse y no lo hizo hasta encontrarse ya gravemente enfermo, cuando apenas le quedaba un mes de vida. Como confesaba al papa Inocencio XII en la famosa consulta sobre la sucesión, le pedía su opinión «para que, entendido el rectísimo dictamen de Vuestra Santidad, [...] tome yo el más firme a la seguridad de mantener inseparables los reinos de mi Corona, la Sagrada Religión y sus cultos, y cumpla cabalmente todas las obligaciones de mi cargo y todos los fueros de mi conciencia»20. Sin duda alguna —y habida cuenta tanto de su inclinación natural hacia la Casa de Habsburgo, a la que pertenecían su madre, su abuela y su bisabuela paternas, como de las muchas guerras y agresiones de Francia que había padecido durante su reinado— le costó dar el paso de ceder toda su herencia a un príncipe francés, lo que explica que no firmara el testamento antes, así como la insistencia de los consejeros de Estado para que lo hiciera21. El segundo objetivo de estos era la independencia con respecto a Francia. Por ello, tanto las consultas como el testamento final no se refieren al hijo único de Luis XIV, el Gran Delfín —que era el depositario de los derechos—, ni tampoco al hijo mayor de este, el duque de Borgoña, puesto que ambos estaban llamados a heredar la corona francesa, sino al hijo segundo, el duque de Anjou, y en su defecto al tercero, en ambos casos con el requisito de que renunciaran a sus derechos sucesorios en Francia.

La insistencia de los consejeros, así como de numerosos escritos y testimonios de la época, en la importancia de mantener la unidad de la monarquía, su integridad territorial, es un hecho interesante que no ha sido suficientemente valorado. Es cierto que hubo de influir la irritación provocada por el proyecto de dividir la Monarquía sin contar con ella y en vida del rey, pero convendría estudiar hasta qué punto había llegado a crearse, dentro y fuera de la Península Ibérica, una conciencia de identidad, tal vez incluso con elementos culturales comunes. En definitiva, una cierta cohesión que no excluye, por supuesto, la existencia de descontentos y de elementos contrarios a la misma22. El empeño de los gobernantes de la segunda mitad del siglo XVII por mantener los Países Bajos españoles es una buena prueba, entre otras muchas que podrían citarse, de esa aspiración a conservar la integridad de la monarquía de la que aún nos queda mucho por conocer23.

Formalmente el testamento de Carlos II se inspiraba en el de su padre, Felipe IV, aunque lo contradecía en lo esencial al no aceptar las renuncias de las infantas-reinas de Francia. La cláusula 13 decía:

Y reconociendo, conforme a diversas consultas de Ministros de Estado y de Justicia, que la razón en que se funda la renuncia de las Señoras Doña Ana y Doña María Teresa, Reinas de Francia, mi tía y mi hermana, a la sucesión de estos Reinos, fue evitar el perjuicio de unirse a la Corona de Francia, y reconociendo que viniendo a cesar este motivo fundamental subsiste el derecho de la sucesión en el pariente más inmediato, conforme a las leyes de estos Reinos, y que hoy se verifica este caso en el hijo segundo del Delfín de Francia, por tanto, arreglándome a dichas leyes, declaro ser mi sucesor (en el caso que Dios me lleve sin dejar hijos) al duque de Anjou, hijo segundo del Delfín; y como a tal, le llamo a la sucesión de todos mis Reinos y dominios, sin excepción de ninguna parte de ellos.

Seguían después otras cláusulas en las que se prescribía que, en el caso de que Felipe de Anjou muriera antes que Carlos II, la sucesión pasaría a su hermano menor, el duque de Berry; en tercer lugar, al archiduque Carlos de Habsburgo, y, tras este, al duque de Saboya, en cuanto descendiente de la hija menor de Felipe II, la infanta Catalina Micaela24.

El testamento de Carlos II impidió la realización de los tratados de reparto, con lo que, al menos inicialmente, los consejeros de Estado lograron el objetivo esencial que les había llevado a optar por la sucesión francesa, que no era la inclinación hacia Francia sino el deseo de preservar la unidad de la monarquía. A este respecto, conviene recordar que en las consultas del Consejo de los meses posteriores a junio-julio de 1700 en que se manifestó a favor de la misma, abundan las críticas severas a la política de Luis XIV. Los consejeros consideraban que la vinculación al rey de Francia era la opción mejor para mantener íntegra la herencia y evitar el reparto de la monarquía, pero ello no les impedía manifestar el desacuerdo con las amenazas y la forma prepotente de actuar de Luis XIV, junto con el deseo de que el futuro rey tuviera una política propia e independiente.

La opción de los consejeros de Estado —aceptada por Carlos II en su último testamento— estuvo inspirada ante todo por el pragmatismo. A la altura de 1700 solo había tres salidas: aceptar el reparto de la monarquía acordado por Francia, Inglaterra y Holanda; declarar heredero —como era previsible— al archiduque Carlos, o —lo que era menos esperable— un testamento en favor de Felipe de Anjou. Solo la última ofrecía alguna posibilidad de evitar la catástrofe inminente que se cernía sobre la monarquía. Como resumía un escrito sobre el tratado de reparto: «Mirada (como debe mirarse) esta unión [de la monarquía] como fin, somos forzados a diferir su sucesión a la sangre de Francia, porque si es algo difícil lograr tan alto fin por este medio, por otro es imposible...»25. La primera de las tres posibles salidas aceptaba la división y muy probablemente habría dado lugar a tensiones y enfrentamientos; la segunda (el testamento en favor del archiduque) habría implicado la inmediata invasión de España por parte del ejército que Luis XIV tenía movilizado al otro lado de los Pirineos, y es fácil pensar que sus tropas hubieran entrado también en territorios como los Países Bajos, Luxemburgo o el ducado de Milán, sin que el lejano emperador hubiera tenido muchas posibilidades de impedirlo. Solo la tercera permitió unos meses de tranquilidad, con la esperanza de que la situación pudiera consolidarse y la monarquía mantenerse incólume bajo la protección de la poderosa Francia. El duque de Anjou fue proclamado rey, como Felipe V, y aceptado por la mayoría de las cortes europeas con la excepción del emperador. Toda España le aclamó —incluidos los territorios de su vasta monarquía— y la propia Cataluña le recibió con grandes muestras de adhesión en 1701. Pero nuevamente, como había ocurrido siempre y seguiría ocurriendo en la cuestión sucesoria, los hechos determinados por agentes externos a la monarquía se impusieron. La política ambiciosa de Luis XIV llevó a una guerra que habría podido evitarse con mayor prudencia y, al final de la misma, al reparto de la monarquía que los consejeros de Estado y Carlos II habían tratado a toda costa de impedir26. Los consejeros se agarraban al clavo ardiendo de la única oportunidad, aunque es difícil pensar que, de haberse mantenido la paz, la estructura territorial de la monarquía hubiera podido continuar unida durante mucho tiempo.

La opción del Consejo de Estado no gustó, sin embargo, a todos. Los escritos surgidos en este momento muestran opiniones diversas, aunque pueden agruparse en dos grandes grupos: los partidarios —más o menos entusiastas, e incluso por puro pragmatismo— de la solución francesa y los enemigos de esta, en muchos casos fieles a la Casa de Habsburgo. Lamentablemente, la mayoría de tales escritos son anónimos, no están fechados y han llegado hasta nosotros en copias manuscritas, a veces incluso con enmiendas y tachaduras, formando parte de colecciones facticias, la mayor parte de las cuales se encuentran en la Biblioteca Nacional de España o en la colección Salazar y Castro de la Real Academia de la Historia. Con cierta frecuencia un mismo texto aparece repetido en diversas copias, de nombre idéntico o similar. Pese a tales inconvenientes, creo que reflejan bastante bien las dos posturas básicas a las que hemos aludido. A mediados de junio de 1700, el arzobispo de Zaragoza, que había sido gobernador del Consejo de Castilla, Antonio Ibáñez de la Riva Herrera, en la carta a un desconocido que le preguntaba sobre la impresión que había hecho el tratado de reparto, decía que generalmente se abominaba de él y que «las personas más políticas» discurrían que se debía «en todo caso» conservar «la Monarquía en su integridad, debajo de un Monarca Católico»27. La idea general que decía transmitir era que, si no era urgente declarar la sucesión, había que adquirir fuerzas propias por mar y tierra, suficientes para mantener la resolución que en su tiempo tomare el rey con el parecer de sus consejos y reinos. Pero si fuera necesario tomar resolución en breve,

se tiene por inevitable en el estado presente que hoy tienen las Monarquías de Europa, tomar acuerdo con el Rey de Francia en alguno de sus Nietos, que hallándose tan poderoso por mar y tierra y sus estados contiguos a España, no se duda que sin riesgo se podrá mantener la integridad de toda la Monarquía y de la religión Cristiana en todos sus dominios28...

No parecía una postura muy entusiasta, aunque en la guerra fuera un fiel partidario de Felipe V. Otro obispo, el de Solsona, respondía con bastante sagacidad a la petición del rey de que informara sobre el tratado de reparto29. Embajador en Viena hasta poco antes, muy crítico con Francia y partidario de la solución Habsburgo, entre otras propuestas instaba a Carlos II a que comprometiera al emperador en la defensa de la integridad de la monarquía. Tal vez intuía —o sabía— lo que estaba pasando en la corte, al pedir al rey que, en su mensaje a Leopoldo I, añadiera

que ve muy resueltos a sus Reinos y vasallos de defender a todo trance la misma integridad, y teme por consiguiente que antes, por salvarla, admitirán como sucesor de V.M. a un segundogénito del Delfín (bien que sea con natural repugnancia) que al Sr. Archiduque (bien que tan amable y deseado), si ha de ser a costa de tan odiosa laceración de la corona30.

El pragmatismo —además de la idea de mayor parentesco de los Habsburgo a la que nos referíamos páginas atrás— se muestra también en la copia de una carta que un correspondiente anónimo que decía estar en la corte escribía a un tal marqués de Luberi sobre la sucesión de la corona. Argumentando sobre ambos candidatos, trataba de resumir lo que oía a «los hombres de juicio» de la corte. Si el rey muriera sin dejar sucesión,

quedará Castilla sin rey, con que se verán precisados a casar con uno de los pretendientes la soberana deidad de Castilla y, siendo ambos parientes, no deberá obligar en tal caso el mayor o menor parentesco sino la mayor conveniencia. Esta deidad por necesidad se casa, pues ¿por qué se ha de casar con la necesidad y no con las conveniencias? Regúlense las que tienen las Lises y las que tienen las Águilas y, si fueren iguales, cásese con las Águilas y no con las Lises, y logre el mayor parentesco tan feliz fortuna, pero si las Lises tienen más caudal y más conveniencias, y por todas partes superiores fuerzas, ¿por qué razón no se ha de elegir el partido de que suplan las mayores fuerzas el menor parentesco, y si los celos inquietaren a las Águilas, para eso se casa Castilla con las conveniencia de quien pueda corregirlos31.

Los que se oponían a la elección de un príncipe francés criticaban indignados al Consejo de Estado, a cuyos miembros acusaban, entre otras muchas cosas, de actuar con «desesperación», «pusilanimidad, cobardía y alucinamiento». Uno de tales textos señalaba el engaño en que habían caído de pensar que «con la elección de un Príncipe francés se conseguiría la conservación de la Monarquía en su entero y la tranquilidad de la Europa». Anticipando el futuro, vaticinaba que todas las potencias, y especialmente las dos que habían firmado el tratado con Francia,

sacarían la cara a contradecirlo y el emperador como más interesado (aunque con repugnancia por el cariño y afecto que profesa al rey) se vería precisado a tomar las armas a daños de esta corona, y si no pudiera entrar con ellas en España las moviera por Italia y Flandes, cuando al mismo tiempo las armadas de Inglaterra y Holanda infestarían nuestros mares y molestarían las plazas de todas sus costas con bombardeos y desembarcos, sin que la Francia fuese capaz a estorbarlo, no obstante su gran poder, habiendo de hacer igual defensa así en sus dominios como en los nuestros, siendo superfluos los encarecimientos de los inevitables males que se seguirían, entrando en una guerra general más fiera y obstinada de las que jamás se hayan visto, que durando algunos años con desolación de Reinos y Provincias, variándose alternativamente los sucesos de una y otra parte, finalmente se vendría a ajustar una paz por necesidad, con partidos poco ventajosos para todos, pero sin compensación mucho peores para esta Monarquía, porque estando al presente en una total desprevención e inaptitud, siempre recargaría sobre nosotros el mayor daño, como más flacos y débiles32.

Vemos pues que, aunque el rechazo al tratado de reparto fue unánime, no ocurrió igual con las opiniones sobre la solución propuesta al rey por el Consejo de Estado. Pese a que la índole de los textos no nos ofrece demasiadas garantías sobre su procedencia o el momento en que se escribieron, incluido en algunos casos el autor al que se atribuyen, reflejan bastante bien las diversas reacciones de aquellos momentos tan difíciles, así como los gérmenes de la división entre borbónicos y austracistas que la guerra sacaría plenamente a la luz.

La guerra de Sucesión tuvo un doble aspecto: el internacional y el interior, con resultados diversos en ambos escenarios, pues si en Europa fueron derrotados los borbónicos, el triunfo en España correspondió a quienes defendían el trono de Felipe V. La guerra se inició como un enfrentamiento internacional entre potencias y, una vez más, los hechos procedentes del exterior se impusieron a lo que ocurría dentro de la monarquía. Ciertamente, y pese a todas las cautelas de los cortesanos a las que me he referido, la doble —y en su momento triple— posibilidad sucesoria alimentaba simpatías variables hacia las diversas opciones. Pero cuando, muerto Carlos II, se abrió el testamento, no había más que un rey y como tal se reconoció a Felipe V. El emperador no lo hizo, pero su oposición habría tenido escasas posibilidades de prosperar de no haberse llegado a la guerra. A los partidarios de Carlos II dentro de la monarquía les ocurría algo parecido. Difícilmente habrían podido manifestarse —o prosperar— de no contar con un apoyo exterior. La crisis dinástica, con la confirmación de la existencia de una alternativa, se reabrió cuando en 1702 se inició la guerra y, sobre todo, cuando en una fecha tan tardía como el 12 de septiembre de 1703 en Viena —casi tres años después que Felipe V— el archiduque Carlos fue proclamado rey de España con el nombre de Carlos III. Con todo, los partidarios que pudiera tener en España o en otras partes de la monarquía seguían sin tenerlo fácil. Hubo de ser, otra vez, un agente externo —en este caso los desembarcos aliados en la Corona de Aragón, o la extensión de la guerra a la Península Ibérica— lo que les permitiera salir claramente a la luz. De no haber existido por tanto una guerra interna —consecuencia de la guerra internacional—, es probable que la tendencia que apoyaba al archiduque, conocida a partir de entonces como el austracismo, hubiera acabado diluyéndose o canalizándose en el seno de la monarquía borbónica33.

Tanto Felipe V como el archiduque —Carlos III— lucharon por conseguir toda la herencia de la monarquía. La guerra dentro de España fue el primer conflicto sucesorio que afectó a todo el territorio, pues en ocasiones anteriores, como la guerra de Sucesión castellana de 1475-1479, tales enfrentamientos habían quedado restringidos a una determinada corona. No obstante, no fue una lucha de ningún territorio contra otro, pues la propia división territorial fue menos simple de lo que pudieran indicar los mapas de las zonas dominadas por una u otra opción, con simpatías austracistas en Castilla y significativas localidades de la Corona de Aragón que permanecieron fieles a la causa borbónica34. Hubo borbónicos en Cataluña y en el resto de la Corona de Aragón, y también austracistas en la de Castilla, particularmente entre la alta nobleza de la corte35. Tal vez una clave de lectura apropiada para entender ambas opciones, antes y después de la muerte de Carlos II, sea la cultura cortesana, pues uno de los grandes problemas es que se ha analizado la cuestión sucesoria desde los presupuestos de la cultura política actual, sin reparar en la necesidad de hacerlo en el marco de aquella, que explica mucho mejor los comportamientos. En nuestro tiempo, entendemos la elección entre dos opciones como la consecuencia de una toma de postura en virtud de ideas, programas, inclinaciones, simpatías y otros elementos, pero en aquellos años primaban criterios distintos, tales como la lealtad, el sentido del honor, el parentesco o la pertenencia a una determinada clientela o a una u otra comunidad, lo que no excluye la existencia de opciones ideológicas, como la reacción de una parte importante del clero frente al regalismo que se atribuía a la Casa de Borbón. En vida de Carlos II —como ya se ha señalado— la cultura cortesana imponía la discreción, el recelo a manifestar una postura que pudiera dejar a quien lo hiciera fuera de juego en una cuestión tan complicada cuyo desenlace no se produjo hasta el último momento. Pero la guerra —y la doble legitimidad planteada en el curso de ella— ofrecía una posibilidad para manifestar los descontentos. Todos los miembros de la alta nobleza habían aceptado a Felipe V, y buena parte de ellos —también muchos de los que habrían de ser destacados austracistas— le enviaron inicialmente cartas de fervorosa adhesión. Pero, dejando a un lado la lealtad de algunos de ellos hacia una Casa de Habsburgo a la que ahora veían con posibilidades de reconquistar el trono, la nobleza cortesana se adaptó mal a la pérdida de importancia en el sistema político impuesto por los dirigentes —especialmente franceses— de la nueva monarquía, lo cual, unido a las reacciones frente a un tratamiento no suficientemente gratificante, las decepciones personales o las expectativas frustradas —en un sistema en el que la lealtad esperaba siempre la gratificación del soberano—, provocó bastantes de las defecciones y cambios de bando que se fueron dando a lo largo de la guerra. Los casos individuales son bien conocidos por la historiografía36.

Borbónicos y austracistas participaban de una cultura política común. El triunfo final de Felipe V y la política centralista que impuso, con los Decretos de Nueva Planta que abolieron las instituciones y leyes privativas de los territorios de la Corona de Aragón, han llevado a la historiografía a identificar con cierta alegría a los borbónicos con el centralismo absolutista y uniformizador y a los austracistas con el pactismo foralista. Sin embargo, tal identificación se produjo esencialmente a posteriori, después de que la política de Felipe V y los Decretos de Nueva Planta marcaran los campos respectivos. Un austracista temprano como el franciscano fray Benito de la Soledad era partidario de incrementar el poder real sobre los reinos, en la línea de las propuestas del conde-duque de Olivares37, de la misma forma que, antes y después de los decretos, hubo borbónicos partidarios de los fueros, como el conde de Robres o el trinitario valenciano José Manuel Miñana. Tampoco puede identificarse a quienes respaldaron a Felipe V con inclinación profrancesa alguna, pues las antipatías y recelos hacia los franceses fueron casi permanentes en el bando borbónico. El conocido libro de Pedro Portocarrero —sobrino del cardenal— Teatro Monárquico de España, publicado en 1700, es una muestra de hasta qué punto resulta muy difícil en los primeros tiempos —y desde luego en el período previo del reinado de Carlos II— identificar por sus ideas a los partidarios de una u otra opción38. Mientras unos autores han contextualizado su pensamiento dentro de la corriente favorable a la llegada al trono del futuro Felipe V39, otros han señalado la cercanía entre su concepción política y los planteamientos de los austracistas castellanos40.

Durante buena parte del siglo XVII —y también en las primeras décadas del XVIII— existía una marcada conciencia de la necesidad de hacer cambios en la organización política, de la urgencia de estructurar sobre bases nuevas la monarquía, para superar su decadencia y resolver los problemas que la habían aquejado en los últimos tiempos, garantizando así su futuro. Tal conciencia explica los numerosos tratados y memoriales que se escriben, dentro de ese clima reformista, de auténtico laboratorio político, que caracterizó el reinado de Carlos II, y creo que también el de su sucesor. Así pues, junto a la crisis dinástica, podemos hablar de una crisis más profunda, aún no demasiado estudiada, que afecta a la constitución de la monarquía41.

El guion internacional siguió imponiéndose sobre el interior en el curso de la guerra, y también en su final. Durante ella, a punto estuvo de expulsar del trono a Felipe V. Después, lo que los tratados de Utrecht hicieron no fue sino formalizar un nuevo acuerdo internacional de reparto, que era la solución prevista en los tratados estipulados entre Francia, Inglaterra y Holanda en 1698 y 1700, aunque algo diferente en cuanto que, aunque perdía todas sus posesiones en el continente, España no pasaba a manos de un Habsburgo sino de un Borbón. Al final, la solución del reparto acabó imponiéndose como fórmula para establecer un cierto equilibrio entre potencias, acabando con la estructura territorial de la monarquía de España. Solo que las invocaciones a la paz desde las que se formulaba a finales del siglo XVII podían verse ahora como una broma macabra, después de una guerra enormemente sangrienta que involucró a buena parte de Europa. Eso sí, a diferencia de los primeros tratados de reparto, que eran una atrocidad sin precedentes desde el punto de vista del derecho, al disponer de los territorios legítimamente poseídos por un príncipe aún reinante, aliado además de los tres soberanos que los firmaron, el tratado de Utrecht se basó en un derecho tan antiguo como el de la guerra. Comparado además con algunos de los proyectos de reparto que dividían los territorios españoles de la Península Ibérica, hay que pensar que la solución pudo haber sido peor. Felipe V perdió la totalidad de los territorios europeos de la monarquía de España, además de Gibraltar y Menorca, pero conviene recordar que todos ellos —a excepción de Sicilia— habían sido conquistados por los aliados en el curso de la guerra. De todos modos, Felipe V, confirmado como rey de España y sus Indias, no se conformó con lo dispuesto en el tratado y, durante el resto de su reinado, trató con bastante éxito de recuperar para sus hijos tanto los territorios italianos que habían formado parte de la Monarquía como los ducados de Parma, Piacenza o Toscana a los que tenía derecho su segunda esposa Isabel de Farnesio. Fue la política del revisionismo italiano que llegaría hasta la paz de Aquisgrán (1748), en los primeros años del reinado de Fernando VI. Así pues, y aunque después de que la paz de Utrecht sancionara el reparto de los territorios de la vieja monarquía de España la cuestión dejó de ocupar un lugar preeminente, su liquidación había protagonizado prácticamente un siglo de la política internacional europea.

1 El presente trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación «Conservación de la Monarquía y equilibrio europeo entre los siglos XVII y XVIII» (HAR2012-37560-C02-01).

2 L. Ribot, «Italianismo español e Hispanismo italiano», en C. Hernando Sánchez (coord.), Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, vol. I, Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2007, págs. 79-80.

3 L. Bély, L’art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne, XVIe-XVIIe siècles, París, PUF, 2007, págs. 252-255.

4 G. Galasso, «Roma papale e Monarchia Cattolica nei secoli XVI-XVII», en C. Hernando Sánchez (coord.), Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, op. cit., vol. I, págs. 45-51.

5 R. Valladares Ramírez, «Felipe II y Luis XIV», en Torre de los Lujanes, núm. 33 (1997), págs. 143-155; del mismo autor, «Heredero de quién: Luis XIV y el legado de Felipe II», en A. Alvar Ezquerra (dir.), Imágenes Históricas de Felipe II, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2000, págs. 115-140. J.-F. Schaub, La Francia española. Las raíces hispanas del absolutismo francés, traducción de Alicia Martorell, Madrid, Marcial Pons, 2004.

6 Aunque en la época se conocieron solo los dos tratados de reparto de 1698 y 1700, hubo uno anterior, en 1668, firmado entre Luis XIV y el emperador Leopoldo I. Véase L. Ribot, «La repercusión en España del tratado de reparto de la Monarquía de 1668», en P. Sanz Camañes (coord.), Tiempo de cambios: Guerra, diplomacia y política internacional de la Monarquía Hispánica (1648-1700), Madrid, Actas, 2012, págs. 55-96.

7 En Francia nunca se concedió excesiva importancia a tales renuncias. Como escribe un autor del primer tercio del siglo XIX, Luis XIV se casó con la hija mayor de Felipe IV, como antaño Luis XIII lo había hecho con la hija mayor de Felipe III, «sous la condition illusoire de la renontiation à la couronne d’Espagne». Cfr. M. Duvivier, Observations sur la guerre de la succession d’Espagne, 2 vols., tomo I, París, J. Corréard jeune, 1830, pág. XVIII.

8 «Sobre la sucesión de un príncipe de Francia en la Monarchía de España», manuscrito anónimo y sin fecha (1700, posterior a la consulta del Consejo de Estado sobre la sucesión, de junio), Real Academia de la Historia, colección Salazar y Castro, K-26, fols. 50-57.

9 A. Spagnoletti, «Il dibattito politico a Napoli sulla successione di Spagna», en A. Álvarez-Ossorio Alvariño (coord.), Famiglie, nazioni e Monarchia. Il sistema europeo durante la Guerra di Successione spagnola, número monográfico de Cheiron, 39-40 (2004), págs. 267-310. A. Musi, «Politica e cultura a Napoli tra il crepuscolo del sistema imperiales spagnolo e l’avvento degli Asburgo d’Austria (1698-1707)», en A. Álvarez-Ossorio Alvariño, B. García García y V. León (coords.), La pérdida de Europa y la guerra de sucesión por la Monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes-Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2007, págs. 785-797.

10 Véase J. Albareda Salvadó, La guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, Crítica, 2010.

11 I. M. Vicent López, «La cultura política castellana durante la guerra de sucesión: el discurso de la fidelidad», en P. Fernández Albaladejo, Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons-Casa de Velázquez, 2001, págs. 217-243; sobre la guerra de Sucesión como guerra de religión, D. González Cruz, Guerra de religión entre príncipes católicos. El discurso del cambio dinástico en España y América (1700-1714), Madrid, Ministerio de Defensa, 2002.

12 Uno de los primeros que señaló las violencias del cardenal para conseguir el testamento fue el almirante de Castilla. «Manifiesto del almirante don Juan Tomás» (1703), Biblioteca Nacional de Madrid, manuscrito 11.241.

13 Acerca de los argumentos utilizados en los primeros tiempos por los partidarios de la herencia Habsburgo, I. M. Vicent López, «Felipe V y la Monarquía Católica durante la guerra de Sucesión. Una cuestión de estilo», en Espacio, Tiempo y Forma, núm. 7 (1994), págs. 408 y ss.; también J. M. Iñurritegui Rodríguez, «Jus in armis. Texto y contexto de la Alegación Jurídica de Alejandro de Herrera», en D. Martín Marcos (ed.), Monarquías encontradas. Estudios sobre Portugal y España en los siglos XVII y XVIII, Madrid, Sílex, 2013, págs. 139-175.

14 L. Ribot, «La España de Carlos II», en P. Molas (coord.), Historia de España fundada por Menéndez Pidal, tomo XXVIII, Madrid, Espasa-Calpe, 1993, págs. 61-204 (especialmente 145-155); «La sucesión de Carlos II. Diplomacia y lucha política a finales del siglo XVII», en L. Ribot, El arte de gobernar. Estudios sobre la España de los Austrias, Madrid, Alianza Editorial, 2006, págs. 227-276; también, Orígenes políticos del testamento de Carlos II. La gestación del cambio dinástico en España, discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, Madrid, 2010; y «Portugal y la sucesión de España a finales del siglo XVII», en D. Martín Marcos (ed.), Monarquías encontradas. Estudios sobre Portugal y España en los siglos XVII y XVIII, op. cit., págs. 95-137.

15 Copia de la carta al marqués de Luberi, del 15 de septiembre de 1700, Real Academia de la Historia, colección Salazar y Castro, K-24, págs. 85-87.

16 G. Maura (duque de Maura), Vida y reinado de Carlos II, 3 vols., vol. III, Madrid, Espasa Calpe, 1942, págs. 164, 217-218.

17 L. Ribot, Orígenes políticos del testamento de Carlos II. La gestación del cambio dinástico en España, op. cit., págs. 137-138.

18 Ibíd., págs. 66-78, 128.

19 I. M. Vicent López, «Entre prudentes y discretos. La conservación de la Monarquía Católica ante el Tratado de Repartición de 1700», en Espacio, Tiempo, Forma, Serie IV, Historia Moderna, núm. 9 (1996), págs. 323-337.

20 El texto de la carta de Carlos II, del 14 de junio de 1700, junto con la respuesta del papa, ha sido reproducido por D. Martín Marcos, «Roma ante el cambio dinástico en la Monarquía española. La consulta de Carlos II a Inocencio XII sobre la sucesión», en Hispania. Revista Española de Historia, vol. LXVII, núm. 225 (2007), págs. 255-270.

21 El dolor y la tristeza con que Carlos II estableció en su testamento la sucesión borbónica es algo que reconocen todos los autores. «Esta disposición... la ejecutó el rey con repugnancia de su voluntad, rendido al dictamen de los que tenía por justos, sabios e ingeniosos». Cfr. F. de Castellví, Narraciones Históricas, J. M. Mundet i Gifre y J. M. Alsina Roca (eds.), Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, 1997, tomo I, págs. 138 y 144.

22 Algunas consideraciones al respecto en P. Fernández Albaladejo, «Dinastía y comunidad política: el momento de la patria», en P. Fernández Albaladejo (coord.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, op. cit., págs. 485-532.

23 L. Ribot, «¡Tan lejos! ¡Tan cerca! La difícil permanencia de Flandes en la Monarquía de España», en VV.AA., La senda española de los artistas flamencos, Madrid/Barcelona, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2009, págs. 21-43.

24 Testamento de Carlos II, edición facsímil con prólogo de A. Domínguez Ortiz, Madrid, Editora Nacional, 1982.

25 Escrito (anónimo) sobre el tratado de repartimiento de la monarquía de España que habían firmado Inglaterra, Francia y Holanda, sin fecha (1700, posterior a la consulta del Consejo de Estado del 6 de junio y anterior a la muerte del rey), Real Academia de la Historia, colección Salazar y Castro, K-27, págs. 35-42. Pese a la dosis de pesimismo de tales palabras, más adelante el autor se mostraba confiado en las posibilidades que ofrecería la protección francesa tanto en caso de guerra como posteriormente: «Unidas después estas potencias en una alianza por natural razón y conveniencia, ha de durar muchos años, como ha durado la de España y el Imperio...».

26 Las causas económicas de la guerra, y entre ellas la cesión a comerciantes franceses del «asiento de negros» en Indias, han sido analizadas recientemente por C. Sanz Ayán, «Causas y consecuencias económicas de la guerra de Sucesión española», en Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. CCX, núm. II (2013), págs. 187-225.

27 Véase la biografía de dicho personaje escrita por F. Gómez del Val, en el Diccionario Biográfico Español, vol. XXVI, Madrid, Real Academia de la Historia, 2009, págs. 654-655.

28 Zaragoza, 15 de junio de 1700, copia de la carta del arzobispo, don Antonio Ibáñez, a desconocido, Biblioteca Nacional de España, manuscrito 10.910, págs. 83-91.

29 Se trataba del franciscano de la reforma de San Pedro de Alcántara, fray Juan de Santa María Alonso y Valeria, quien fue obispo de Solsona (1694), luego de Lérida (1699) y embajador en Viena desde 1694 hasta 1700. Véase G. Maura (duque de Maura), Vida y reinado de Carlos II, op. cit.

30 «Consulta a SM sobre el tratado de repartición de la Monarchía concluido entre los Reyes Christianísimo y Británico y los Estados Generales», 10 de julio de 1700, Biblioteca Nacional de España, manuscrito 6.774, págs. 1-27.

31 Copia de la carta del 15 de septiembre de 1700, Real Academia de la Historia, op. cit.

32 «Reflexiones sobre el estado de las cosas de Europa y de esta corte de Madrid, con motivo de la repartición de la monarquía española; descríbense las verdades, en defensa de la inocencia perseguida, que la malicia ha tenido ocultas, y otras circunstancias dignas de la común inteligencia», manuscrito anónimo, sin fecha (1700), Real Academia de la Historia, colección Salazar y Castro, K-24, págs. 89-94. (Existe otra copia en el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, 10.919, págs. 97-118).

33 Acerca del predominio inicial en el austracismo (1700-1705) del interés por la «observancia de las leyes» sobre la propia adscripción dinástica, y la evolución que habría podido seguir de no haber llegado la guerra a la Península Ibérica, J. Arrieta, «Austracismo. ¿Qué hay detrás de ese nombre?», en P. Fernández Albaladejo, Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, op. cit., págs. 177-216; también para el análisis de dicha corriente, R. García Cárcel, «El austracismo. Representación y realidad», en VV.AA., L’aposta catalana a la guerra de Successió (1705-1707), Actes del congrés celebrat a Barcelona del 3 al 5 de noviembre de 2005 al Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2007, págs. 165-173; sobre el austracismo valenciano, C. Pérez Aparicio, «L’austracisme al País Valencià: projecte polític i reivindicacions socials», en ibíd., págs. 175-191.

34 Véase, por ejemplo, R. García Cárcel, «Fin de siglo, fin de dinastía. Algunas reflexiones», en Estudis. Revista de Historia Moderna, núm. 31 (2005), págs. 67-81.

35 Acerca del austracismo castellano, con especial incidencia en el reino de Murcia, J. D. Muñoz Rodríguez, «La Castilla del archiduque Carlos. Movilización social y discurso político en torno al austracismo castellano durante la guerra de Sucesión», en VV.AA., L’aposta catalana a la guerra de Successió, 1705-1707, op. cit., págs. 305-317.

36 Véanse, entre otros, V. León Sanz, «La nobleza austracista. Entre Austrias y Borbones», en C. Iglesias (coord.), Nobleza y sociedad en la España Moderna, II, Oviedo, Nobel, 1997, págs. 49-77; P. Molas Ribalta, «Dinastías nobiliarias y guerra de Sucesión española», en J. Fernández García, M. A. Bel Bravo y J. M. Delgado Barrado (eds.), El cambio dinástico y sus repercusiones en la España del siglo XVIII, Jaén, Universidad-Diputación de Jaén, 2001, págs. 291-305.

37 Sobre fray Benito de la Soledad, véase J. M. Iñurritegui, «Desdichada España. Despotismo y crisis política en el Memorial historial de fray Benito de la Soledad», en Studia Histórica. Historia Moderna, 2014 (en prensa).

38 Dicha obra ha sido ampliamente analizada por C. Sanz Ayán, «Estudio Preliminar» a su edición de P. Portocarrero y Guzmán, Teatro Monárquico de España, Madrid, BOE-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998; también, J. M. Iñurritegui, «1707: la fidelidad y los derechos», en P. Fernández Albaladejo, Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, op. cit., págs. 245-302.

39 J. M. Jover Zamora y M.ª V. López-Cordón, «La imagen de Europa y el pensamiento internacional», en El siglo del Quijote (1580-1680), vol. XXVI (1) de la Historia de España fundada por Menéndez Pidal, pág. 517; C. Sanz Ayán, «Estudio Preliminar» a su edición de P. Portocarrero y Guzmán, Teatro Monárquico de España, op. cit., pág. LXII.

40 J. Albareda Salvadó, La guerra de sucesión de España (1700-1714), op. cit., pág. 119.

41 I. M. Vicent López, «Felipe V y la Monarquía Católica durante la guerra de Sucesión. Una cuestión de estilo», op. cit., págs. 401-402.

CAPÍTULO 2

La guerra de Sucesión, una guerra poliédrica

Ricardo García Cárcel

La guerra de Sucesión constituye el hito más trascendental del reinado de Felipe V. Esta guerra fue pionera respecto a las múltiples guerras de sucesión que se produjeron en Europa a lo largo del siglo XVIII (la de Polonia, 1733 a 1738; la de Austria, 1740-1748...), pero sobre todo fue la primera guerra mundial y la primera guerra civil que afectó a todos los españoles. Los conflictos por cuestiones sucesorias hasta entonces solo habían tenido alcance regional. Recuérdese la guerra de sucesión en Castilla de 1475 a 1479.

Se ha escrito mucho sobre la guerra de Sucesión de España42. Aquí analizaremos algunas de las muchas vertientes de análisis que el estudio de esta guerra plantea.

1) La primera es su vertiente de guerra internacional. Guerra internacional, europea y americana. Su proyección en América ha sido estudiada por C. Martínez Shaw43. La proclamación de Felipe V en América generó una oposición austracista, hoy mal conocida, que, atizada principalmente desde Jamaica y Curaçao y desde las escuadras inglesas presentes en el Caribe, tuvo un cierto eco en Caracas y México. Los ataques de las potencias firmantes de la Alianza de La Haya en 1702 originaron grandes trastornos al comercio atlántico pese a los esfuerzos franceses por evitarlos. Los enfrentamientos navales entre las flotas (Santa Marta, isla de Barú y Cartagena de Indias) nunca resultaron decisivos. Tuvo gran incidencia la acción corsaria con pérdidas notables en el Pacífico (saqueo de Guayaquil, captura del Galeón de Manila...). Y desde luego, el tratado de Utrecht, como veremos, tuvo importantes ecos en América.

La proyección de la guerra de Sucesión en Europa ha sido estudiada, entre otros, por C. Storrs, P. Cardim y L. Bély44. Aquí solo nos referiremos ahora a la incidencia de la guerra en la inestabilidad y fragilidad de las fronteras de la monarquía hispánica.

En la guerra se puso en evidencia que los territorios de la monarquía española fueron valor de uso y de cambio para las potencias internacionales. Ello se había manifestado ya antes de la muerte de Carlos II en 1700 y se constatará a lo largo de la guerra y en el tratado de Utrecht. Hubo múltiples propuestas de repartimiento de los territorios de la monarquía española. De 1698 a 1700 hubo el acuerdo inicial de Luis XIV y Guillermo III que dejaba el trono de España con Flandes y América a José Fernando de Baviera; al archiduque Carlos, Milán, y a Felipe, Nápoles, Sicilia y Guipúzcoa. Según el primer testamento de Carlos II, de marzo de 1700, el archiduque Carlos se quedaba con España, Flandes y América, y Felipe, con Nápoles y Sicilia, mientras que el duque de Lorena absorbía Milán45. Durante la guerra, el pacto más singular fue el de 1709 entre el duque de Orleans y Stanhope según el cual Felipe volvía a Francia recibiendo Sicilia como compensación; Inglaterra se quedaba con Lérida, Tortosa y Navarra; el duque de Orleans, sobrino de Luis XIV, recibía Valencia, Murcia y Cartagena; Carlos se quedaba con España salvo la Corona de Aragón; y Francia se quedaba con buena parte de Cataluña. En los preliminares del tratado de Utrecht, a Felipe V se le asignaría España e Indias; a Francia, Italia; Inglaterra se quedaría con Cádiz, Gibraltar, Menorca, Cartagena de Indias y Panamá. Y Holanda, con Portobello. En el definitivo tratado de Utrecht, el trono de la monarquía española era para Felipe V pero a costa de que Inglaterra se quedara con Menorca y Gibraltar, Nueva Escocia (Acadia), la bahía de Hudson y Terranova, más los derechos de asiento y el navío de permiso. La Casa de Saboya recibió Sicilia de España. Holanda se hizo con la «barrera flamenca», una serie de fortalezas al norte de Flandes; a Portugal se le devolvió la Colonia del Sacramento y el emperador Carlos VI se hizo con los Países Bajos españoles, el Milanesado, Nápoles y Cerdeña. En la práctica, la guerra no acabó, el revisionismo de Alberoni intentó recuperar Sicilia y Cerdeña infructuosamente. La guerra se cerró aparentemente en 1725 con el tratado de Viena y el retorno del exilio46. Pero todavía la inestabilidad política de las fronteras españolas era patente. El famoso texto Via fora als adormits de 1734, elaborado por un inglés, proponía la formación de un reino de Aragón (la antigua Corona de Aragón a la que se incorporarían ahora también Navarra, las provincias vascas y Murcia) que quedaría autónomo bajo la protección de Inglaterra y Portugal. Galicia pasaría a Portugal y la monarquía de Felipe V quedaría reducida a Asturias, León, las Castillas y Andalucía. Como puede verse, no ya las posesiones extrapeninsulares sino el propio territorio peninsular pasó por múltiples acechanzas y repartos varios, con la amenaza de la «polaquización» de España. El mantenimiento de las fronteras españolas peninsulares desde el siglo XVI fue casi un milagro. Aun después, vendría la absorción napoleónica de Cataluña en el marco de la guerra de Independencia47.

Gibraltar y Menorca merecen comentario aparte. Los británicos habían fracasado en su colaboración en el primer asalto a Barcelona de 1704, con 1.600 hombres, pero, como compensación del fracaso, el almirante Rooke tomó Gibraltar el 6 de agosto de ese año, al lado de Jorge de Hesse-Darmstadt, antiguo virrey de Cataluña y representante del rey-archiduque Carlos (en la denominación austracista, Carlos III).

La prensa británica de la época se hizo escaso eco épico de la conquista de Gibraltar. ¿Se tomó la plaza en nombre de la reina Ana de Inglaterra o del rey Carlos de la España austracista? Berwick en sus memorias se manifestó tajante: «en verano desembarcó en Gibraltar el príncipe de Darmstadt y se apoderó de la plaza, la guarnición era muy endeble y su gobernador un imbécil»48. La toma de Gibraltar fue fácil. Solo costó a los atacantes dos tenientes, un capitán mercante y 57 marineros muertos con un total de 220 heridos. Según el cronista Vicente Bacallar, hubo tensiones desde el primer momento entre los austracistas españoles y los británicos respecto al monopolio jurisdiccional de la plaza: «fijando en la muralla el real estandarte imperial proclamó al rey Carlos el príncipe de Darmstadt, resistiéronlo los ingleses, plantaron el suyo y aclamaron a la reina Ana en cuyo nombre se confirmó la posesión y se quedó “presidio inglés”». Es probable que ondearan durante un tiempo las dos banderas. En cualquier caso, según historiadores británicos como Hills, hasta al menos un año después los ingleses no se plantearon seriamente quedarse con Gibraltar y entendieron inicialmente la toma de la plaza como un episodio irrelevante en el desarrollo de la guerra. Fue un conjunto de circunstancias que proyectaron Gibraltar hacia la mirada interesada y a la postre hacia la reivindicación de su posesión por Inglaterra. Jugó un papel importante la batalla de Málaga, unos meses después, entre franceses y británicos, que se saldó con desgaste profundo de ambos contendientes, un resultado ambiguo y desde luego la voluntad británica de cobrarse de manera directa e inmediata sus esfuerzos por la causa aliada. El papel del torpe gobernador de las costas andaluzas, el marqués de Villadarias, contribuyó ciertamente a la identificación de Gibraltar con los británicos. Lo cierto es que Gibraltar nunca se recuperó, pese a los intentos de 1727 y 1779-178349.

Después, los ingleses firmarían el tratado de Génova en junio de 1705 con los catalanes. Se prometió enviar 10.000 soldados a Cataluña (8.000 de infantería y 2.000 de caballería). La colaboración fructificó y, en septiembre de 1705, el comandante militar británico Peterborough tomó Barcelona. Un año después, los ingleses, con el aporte de 5.000 soldados por parte de Stanhope, consolidaron la posesión austracista de Barcelona frente al acoso borbónico. En 1706-1707 había unos 29.000 soldados ingleses desplazados a España. La fugaz ocupación de Madrid por los aliados en 1706 debió mucho también a las tropas británicas lideradas por Galway, el exiliado protestante francés. En la derrota posterior de Almansa estuvieron presentes unos 5.000 británicos, la tercera parte del ejército aliado50.

La compensación a la aportación británica vendría esta vez desde el frente mediterráneo. En Menorca hubo un primer alzamiento austracista en diciembre de 1706 y una segunda conspiración en marzo de 1707. Cerdeña sería ocupada por los británicos en agosto de 1708, con el almirante Leake a la cabeza. Menorca sería conquistada con toda facilidad en septiembre de 1708. Si en Gibraltar había habido 12.000 asaltantes, aquí solo hubo 3.384. Como en el caso de Gibraltar, después de la conquista se planteó el debate de si la soberanía tenía que ser del rey austracista Carlos III o de la propia Inglaterra. Inicialmente, hubo indefinición al respecto. Ciudadela para España, Mahón para Inglaterra. La instrucción de Stanhope fue en todo momento la de que Mahón fuera inglesa. La resistencia del sector austracista vinculado al rey apelaba a los siguientes argumentos:

no puede el rey mi señor entrar en Tratado sobre la isla de Minorca, ni otra del Mediterráneo que importe concesión, o translación de dominio y soberanía... no es menor reparo el del solemne juramento que prestó S.M. en Cataluña, Aragón y Valencia de no desmembrar por qualesquier motivo o pretexto de la Corona de Aragón las Islas Baleares; pues quando el vínculo del juramento fuesse disoluble necesitaría siempre del consentimiento de los Reynos; a cuyo favor se estipuló la obligación Real; y por quienes fue aceptada, y baxo estas y otras condiciones prometido y jurado el justo vasallaje, añadiéndose la consideración dela disonancia que podría ocasionar en los ánimos delos vasallos la desmembración dela isla, y las consecuencias perjudiciales, que en la coyuntura presente podrían originarse de semejante novedad; dexando a la prudente censura de VE el discurrir si conviene o no a los interesses y adelantamiento dela causa común.

Stanhope contestó con increíble frialdad: «Lo que pedimos es tan natural que el mundo entero estima debíamos quedárnoslo y sorprenderá de nuestra modestia si no deseamos otra cosa». Y la realidad es que, tanto con Gibraltar como con Menorca, consiguieron los británicos imponer su criterio51.

Los años 1710 y 1711 marcan el gran viraje de la guerra. Los tories, enemigos de la continuación de la guerra, con Robert Harley a la cabeza, entraron en el poder. La derrota de Brihuega acabó de estimular la ansiedad de paz en Inglaterra, paralela por otra parte a la de Luis XIV al frente del bloque borbónico. Oxford y Bolingbroke iniciaron negociaciones secretas con el rey de Francia. Las primeras conversaciones de Utrecht ya pusieron sobre la mesa las reivindicaciones británicas: la garantía de no sucesión por Felipe V del trono francés, la absorción definitiva de Gibraltar y Menorca para los británicos (esta última sería británica hasta 1802, con solo dos períodos de excepción: 1756-1763, en que sería francesa, y 1782-1797, en que pertenecería al rey de España) y la apertura del comercio atlántico con el derecho de asiento y el navío de permiso. Se ha escrito mucho sobre la inmoralidad británica en la guerra de Sucesión. Habría mucho que matizar al respecto. El desgaste británico en su aportación al bando austracista fue enorme. La paz de Utrecht fue una paz de cansancio. No hay que olvidar que Felipe V consiguió consolidarse como rey de España, lo que no tuvo nada claro durante la guerra, y no le importó la sangría territorial de Utrecht porque pensaba de entrada faltar al cumplimiento del tratado a la primera oportunidad que tuviera, como así ocurrió con la política revisionista de Alberoni y Ripperda52.

En la guerra internacional es bien patente la fragilidad de las alianzas tanto en el bloque austracista como en el borbónico. Como ha puesto en evidencia la correspondencia entre Luis XIV y su nieto, las relaciones del abuelo con Felipe V fueron problemáticas, con grandes diferencias de criterio en 1706, 1709 y 1713-1714. Se refleja una concepción estratégica mucho más flexible por parte del abuelo que por parte del nieto, demasiado preso de sus fijaciones anticatalanas tras el viraje catalán de 1704. En cualquier caso, parece evidente que la obsesión de Felipe V por el trono español fue lo que consiguió evitar los repartos peninsulares a los que Luis XIV siempre estuvo bien predispuesto53.

Las alianzas de los bloques fueron estratégicas. Inglaterra pactó por su cuenta con Cataluña el tratado de Génova en 1705 al margen de los demás aliados. La alianza de España y Francia no fue producto de una corriente de simpatía profrancesa. Se impuso el pragmatismo de los intereses sobre la naturaleza de los sentimientos. El caso Portocarrero es uno de los tantos testimonios que se pueden aportar de cómo se priorizó el interés al propio sentimiento antifrancés.

Por otra parte, es interesante constatar la extraordinaria debilidad militar de la monarquía española, manifestada ya desde las revoluciones catalana y portuguesa de 1640. Las sucesivas guerras causadas por una política exterior tan agresiva como la de Luis XIV y que tendrían como fuente principal Cataluña contribuyeron a que la monarquía española no acabara de sacudirse la sensación del constante peligro de su frontera pirenaica y desde luego la conciencia distorsionada de la realidad política catalana como territorio de insegura lealtad y fidelidad, con desencuentros intermitentes entre las autoridades centrales y las periféricas, y el recelo y desconfianza mutuos permanentemente flotando en el ambiente. No hay que olvidar que el célebre sitio de Barcelona de 1713-1714, que pondría fin a la guerra de Sucesión, era el último eslabón de una cadena con los sitios de esta ciudad en 1651-1652, 1697, 1705, 1706 y los bombardeos de 1691 y 169354.

2) La segunda vertiente de análisis que quiero examinar de la guerra de Sucesión es su condición de guerra nacional interterritorial española que enfrenta a la mayor parte de la Corona de Aragón con la mayor parte de la Corona de Castilla.

Hay que empezar por cuestionar que toda Castilla fuese borbónica, y la Corona de Aragón, austracista. La Cataluña borbónica no fue tan minoritaria como la historiografía nacionalista ha defendido. Cervera, Berga, Manlleu, Ripoll, Centelles fueron siempre borbónicas, y las fluctuaciones de las grandes ciudades catalanas fueron constantes a lo largo de la guerra. Solo Barcelona fue siempre austracista. El austracismo castellano tampoco podemos minimizarlo. Granada, Murcia, Santander y La Coruña tuvieron importantes focos austracistas. De la Barcelona borbónica de 1705 tomada por los austracistas salieron nueve mil borbónicos. El borbonismo catalán (botiflerisme) fue menos residual de lo que se ha dicho. Pero sobre todo se impone matizar la naturaleza de los respectivos proyectos austracista y borbónico para constatar la pluralidad de corrientes que ambos reflejan y que la frontera de diferenciación no era tan definida como creíamos. Se ha vinculado el austracismo al concepto de una España horizontal, plural, postulado por Cataluña, frente al borbonismo como representación de la España vertical o centralista postulada por Castilla. Ello exige matizaciones.

La España horizontal, plural, había sido ya postulada desde el siglo XVII desde Castilla por personajes como Palafox y Mendoza o Saavedra y Fajardo, y buena parte del pensamiento revolucionario catalán de 1640, pese a su anticastellanismo, se había fundamentado curiosa y paradójicamente en los textos escolásticos castellanos55.

El discurso anticastellano del austracismo, desde luego, es muy posterior al francófobo. Solo arranca de 1707. Es en el momento del sitio de Barcelona en 1713 cuando se dispara la agresividad anticastellana.

Ello nos conduce a una realidad cada vez más patente: la pluralidad del propio austracismo y del borbonismo. El austracismo nunca fue orgánico; los propios proyectos políticos iniciales en la guerra por parte del almirante de Castilla, Enríquez de Cabrera, y de Jorge de Darmstadt no tenían nada que ver entre sí. El austracismo fue, de entrada, banderín de enganche de todo tipo de descontentos a los que solo unía el rechazo a Francia y una cierta nostalgia tradicionalista. En Cataluña, incluso en plena euforia austracista, de 1705 y 1706, los enfrentamientos institucionales entre el Consell de Cent y la Generalitat son bien conocidos. Y la línea Vilana y sus epígonos Grases o Minguella, toda la corriente del austracismo exiliado en Viena y ligado a Carlos, es ciertamente distinta a lo que podían representar los juristas catalanes más ortodoxos constitucionalistas del momento. Los debates representados en los folletos como el Crisol de fidelidad y El despertador son testimonio de que en la Barcelona de 1713 no solo se confrontaban estrategias de resistencia distintas, sino también modelos constitucionales dispares. En 1713-1714 los catalanes resistentes tienen proyectos políticos diferentes. Los hubo republicanos, pero los hubo que siempre estuvieron interesados en España. Sabido es que Antonio de Villarroel afirmaba que «por nosotros y por toda la nación española combatimos». Era compatible la exaltación de su propia identidad («se tienen en constancia el afecto que conciben», «idólatras de sus privilegios y libertades» como los llamaba Montemar) con la inserción en una monarquía plural. Lo reflejó muy bien Francesc de Castellví cuando recordaba que «aunque todas las naciones que hay en el continente de la España se nombran con la voz común de los españoles, son muy diferentes en genios, inclinaciones, leyes, costumbres, trajes y lenguajes»56.

Por último, es evidente que tampoco los borbónicos fueron todos ellos partidarios del absolutismo contra el tópico. El conde de Robres o Miñana, cronistas borbónicos de la guerra, tuvieron simpatías foralistas, y las resistencias a la Nueva Planta en Valencia en algunos sectores borbónicos es conocida. La mala conciencia borbónica ante hechos determinados como la represión en Xàtiva subsiguiente a Almansa o la derivada del 11 de septiembre de 1714 hace pensar que la polarización ideológica austracismo-borbonismo no fue tan radical en muchos sectores de la propia sociedad catalana57.

El punto de partida de la guerra en Cataluña fue el viraje del Principado de la fidelidad inicial mantenida al rey Borbón designado como sucesor en el testamento de Carlos II a su apuesta por el rey Austria. La apuesta catalana se ha explicado por diversos argumentos (la actitud proabsolutista de Felipe V, los intereses económicos antifranceses de la burguesía catalana, la creencia equivocada de que el caballo perdedor iba a ser Luis XIV...). Pero lo cierto es que son centenares los elogios que se tributaron a Felipe V cuando vino a Barcelona a jurar los fueros de las Cortes de 1701-1702 y el rey Borbón se casó con su primera esposa en el monasterio de Vilabertrán (Girona) para satisfacer expectativas catalanas. La comparación de las Cortes borbónicas de 1701-1702, aun con la estela de sus disentiments y las austracistas de 1705-1706 no refleja diferencias capitales en el tratamiento de las Constituciones catalanas por parte del rey Borbón y del rey-archiduque Carlos. Lo que sí es evidente es que Felipe V vio en el comportamiento de una parte de las élites catalanas un delito de lesa traición que nunca perdonó58.

A partir de 1711 el austracismo se descabezó, cuando el rey-archiduque Carlos decidió asumir el título de emperador a la muerte de su hermano José I y marchó a Viena, donde moriría en 1740. La guerra perdió su sentido y los catalanes se convirtieron en «el caso de los catalanes», evolucionando en sus expectativas: primero, seguir siendo Corona de Aragón perteneciente al Imperio Austríaco, con fidelidad al que era emperador con el nombre de Carlos VI; después, en 1713, la aspiración a ser República, lo que los ingleses siempre rechazaron: «no me parece muy práctica, no dejarían de ser sus consecuencias guerras perpetuas, y ese realista pueblo por el que siente S.M. tanta bondad, sería su víctima», decían los británicos; y por último, en 1714, la aspiración de conservar sus fueros políticos59. El itinerario reivindicativo catalán, tras las ilusiones alimentadas por sus embajadas en Viena y en Londres, fue patético. Los aliados no tenían otro interés sino acabar la guerra cuanto antes. En marzo de 1713 se firmó el tratado de evacuación que marcaba el fin de las hostilidades y la salida de los ejércitos del territorio español. Y en junio de ese año, por el acuerdo de Hospitalet, se aplicaba esa evacuación a Cataluña. Un mes después, en el tratado de Utrecht entre la monarquía española y la británica, se acordó solucionar «el caso de los catalanes» concediendo la amnistía y los mismos privilegios económicos que tenían los castellanos, esto es, el acceso al mercado atlántico. El texto del artículo 13 decía exactamente:

Visto que la reina de la Gran Bretaña no cesó de instar con suma eficacia porque todos los habitantes del Principado, de qualquier estado y condición que sean, consigan no solo entero y perpetuo olvido de todo lo que se ha ejecutado durante esta guerra y gocen de la íntegra posesión de todos sus patrimonios y honores, sino que conserven ilesos e intactos sus antiguos privilegios, el rey Católico en atención a S.M. Británica, concede y confirma con el presente a los habitantes de Cataluña no solo la amnistía justamente deseada juntamente con la plena posesión de todos sus bienes y honores, sino que les da y concede también todos aquellos privilegios que poseen los habitantes de las dos Castillas, que de todos los pueblos de España son los más amados del rey Católico60.

Los británicos estaban convencidos de que el aliciente económico primaría sobre los fueros políticos. Así lo justificaba el embajador Bolingbroke:

Los privilegios de los catalanes son, en verdad, de desear por un pueblo que ansíe sustraerse del todo de la dependencia de su Príncipe y vivir de sus brazos y de sus manos; pero los Privilegios de Castilla son infinitamente de mayor valor para quienes entiendan vivir en la debida sujeción a su autoridad. Para los primeros, el poder de la bolsa y el de la espada están en absoluto en poder del pueblo de la provincia, y el Príncipe no tiene cuidado ni de lo uno ni de lo otro; pero los otros tienen el comercio abierto de las Indias Occidentales y están no solo autorizados para comerciar y entrar y salir de ellas, sino que también pueden gozar del privilegio que el Rey de España confiere en toda América61.

Ciertamente no había un único proyecto económico. En el austracismo catalán no coincidían en sus intereses los defensores de la potenciación de la industria local y los que postulaban la exportación de productos como vino y aguardiente, la importación de productos de Inglaterra y Holanda y de mercancías coloniales. Proteccionistas y librecambistas. Contra las previsiones británicas, lo que es incuestionable es que en Cataluña se rechazó la propuesta que hubiera evitado el sitio. Se convocó una Junta de brazos (unas Cortes sin rey) con los tres estamentos propios de aquellas Cortes: el brazo nobiliario, el real y el eclesiástico, que con una muy escasa presencia de sus representantes, por 78 votos contra 45, optaron por la resistencia de Barcelona. Faltó la presencia de ciudades como Figueres, Gerona, Cervera, Balaguer, Lleida y otros muchos lugares. El brazo eclesiástico, del que solo asistió la mitad de sus miembros, se inhibió: «los sujetos del Estado eclesiástico declararon que ellos no podían dar otro voto que el de la pacificación, pero resolvieron adherirse a la sabia resolución que tomarían los dos estados militar y real, por evitar toda disputa, y se salieron de la conferencia alegando que el caso no era contra la fe, concilios ni buenas costumbres». El brazo real y el brazo nobiliario o militar estuvieron profundamente divididos. Nicolau de Sant Joan y Manuel Ferrer y Sitges fueron líderes respectivos de las posiciones entreguista y resistencialista. Ciudades como Vic, Tarragona, Berga, Torredembarra o Mataró se manifestaron a favor de la sumisión de Barcelona. Manresa, Valls, Solsona y Sabadell se inclinaron por la resistencia62.

Al final el brazo eclesiástico no votó y la mayoría del brazo real y nobiliario, como he dicho, decidió optar por la resistencia, contra el criterio de personas como Rafael de Casanova (que sería elegido conseller en cap en noviembre de 1713). La indecisión se prolongó tiempo (del 30 de junio al 9 de julio) hasta la proclamación pública de la guerra. Ciertamente se tuvo muy mala información objetiva de la actitud efectiva de las potencias aliadas, y la retórica halagadora del emperador y de la reina Ana llevó al engaño a muchos de los postuladores de la resistencia. Una vez lanzada Barcelona a esta vía, el deslizamiento hacia la desmesura y el sueño de la razón fue una realidad irreversible.

La sociedad barcelonesa vivió a lo largo del año y medio de sitio una experiencia de auténtico delirio religioso que subrayan todos los cronistas. Los ciudadanos acudían cada tarde, a las tres menos cuarto, a la catedral de Barcelona. Primero oían el sermón y después organizaban una procesión en las que las mujeres vírgenes, vestidas de blanco y descalzas, eran, mayoritariamente, las protagonistas. La capacidad de convocatoria era impresionante. Concurrían tanto los sectores más populares como los cargos más relevantes de la ciudad. Todos, al son de las doncellas, cantaban letanías a la Virgen e imploraban la misericordia divina para que derrotara a los franceses.

Infinidad de glosarios, novelarios, rezos, procesiones, invocaciones a la Inmaculada Concepción. El clima se fue colmando de histeria religiosa con una ciudad en la que el clero monástico marcaba ahora la pauta. Curiosamente el brazo eclesiástico se había inhibido y no había votado en la Junta de brazos, y en cambio las órdenes religiosas (sobre todo dominicos, capuchinos, franciscanos, trinitarios, carmelitas y mercedarios) gestionaron la excitación pública con puritanismo paralelo al hambre y privaciones sufridas: severas disposiciones sobre los trajes de las mujeres, privación de juicios públicos y del teatro63.

La clericalización de la sociedad catalana se reflejó en la constitución de las llamadas Juntas de Teólogos y Consejos de Conciencia, formadas por el clero más radical y extremista. Significativamente, alguno de los protagonistas del sitio se quejaría de este poder clerical. Salvador Feliu de la Penya llegó a lamentarse del «estado en que nos han puesto las beatas y gente que se dice de virtud». El propio Rafael de Casanova, en su famosa carta del 9 de abril de 1728, se quejaba amargamente de las «supuestas beatas a quienes jamás creí bien que esperé en que Dios mitigaría el rigor de su justicia»64.

La culminación de esa situación fue la consulta de mayo de 1714. Tras la entrevista de Sebastià Dalmau y el ministro Orry en la que este llegó a ofrecerle la concesión de los fueros municipales si capitulaba Barcelona, la Junta de Gobierno se volvió a plantear si se entregaba la ciudad y se decidió solicitar al vicario general Josep Rifós que llevara a cabo una consulta, vía confesionario, por la que los resistentes decidieran si seguir o no la resistencia. El 9 de mayo la información obtenida la trasladó Rifós al gobierno. El resultado fue seguir la defensa hasta el final. El final fue el 11 de septiembre de 1714. Los juicios de un historiador británico conservador como William Coxe sobre el papel de los llamados Consejos de Conciencia son demoledores65.

3) La tercera vertiente de la guerra a la que quería referirme es la de su condición de guerra mediática. Una guerra que supuso el despegue de la opinión pública en toda Europa. La abundancia de folletos en la colección Bonsoms de la Biblioteca de Cataluña revela lo que supuso la guerra en el debate publicístico, que han estudiado desde M. T. Pérez Picazo hasta R. M. Alabrús66.

El discurso ideológico de los austracistas y de los borbónicos tendrá tres fases. Hasta 1706, los austracistas se dedicarán a la evocación nostálgica de la Casa de Austria, subrayando la ilegitimidad del testamento de Carlos II y la conciencia del apoyo internacional. Los héroes más glosados serán el propio Carlos, rey-archiduque, y los hermanos Jorge y Enrique de Darmstadt, y los demonios serán Felipe de Anjou y los virreyes Palma y Velasco. Contra Palma se plantean los disentiments de las Cortes de 1701-1702 y a Velasco se le acusa de la represión llevada a cabo tras la conjura de 1704. Después de 1707 el austracismo toma una dirección netamente anticastellana al mismo tiempo que se exaltan las bodas del rey-archiduque Carlos con Isabel de Brunswick. Ya en el período final del sitio el discurso austracista intentará disimular la evidencia de la derrota con textos de gran intensidad patriótica y con orientación progresivamente republicana.

El borbonismo pasa también por las tres referidas fases. Inicialmente, el discurso borbónico se caracteriza por una exaltación de Francia, la relativización de la importancia de la dinastía, la legitimidad de Felipe V con exhibición de sus cualidades y los riesgos de la opción austracista. El borbonismo se convierte en minoritario en Cataluña desde 1706 y su discurso se nutre fundamentalmente de textos castellanos con argumentaciones que insisten en las acusaciones a la deslealtad catalana. Desde 1710, el borbonismo crece irreversiblemente y va tomando formas cada vez más arrogantes y despectivas a partir de la conciencia en la seguridad de la victoria.

Especial interés tienen las últimas aportaciones de R. M. López Campillo en torno a la figura de Daniel Defoe, que, con Swift, jugaría al final la opción tory inhibicionista o escapista frente a un Addison, pro-whig, netamente belicista. López Campillo estudia el surgimiento de los primeros periódicos británicos a caballo de la guerra. La citada historiadora periodifica el debate sobre la guerra en tres etapas: los preliminares de la guerra, antes de 1702, en que ya emerge el publicista Defoe con varios panfletos postulando el equilibrio y las alianzas contra la Francia tiránica que se apuntan tras el testamento de Carlos II a favor de Felipe V. La guerra se impregna de caracteres religiosos al mismo tiempo que económicos con los intereses atlánticos en juego. La segunda etapa se extiende de 1702 a 1710, con la guerra en pleno ejercicio, los whig jugando la baza intervencionista y los tories con las reticencias por bandera. El año 1705 fue la cumbre del optimismo whig, que desarrollaría su lema «Ninguna paz sin España». Addison destacaría al respecto como publicista whig. Después de Almansa, el optimismo da paso a una creciente decepción, capitalizada por los tories, que tomaría cuerpo en la tercera etapa: la campaña por la paz de 1710 a 1713, en la que se impondría la fijación por los intereses inmediatos y el olvido de los compromisos contraídos durante la guerra. El giro de la reivindicación intervencionista a la defensa del abandonismo bélico lo experimentaron no pocos publicistas, incluso el whig The Obsevator de George Ridpath67.

Pero el libro de López Campillo se centra especialmente en el análisis de la trayectoria de Defoe. Para la autora, hasta 1702 sus escritos reflejaron sus filias y fobias políticas personales, su vena prorrevolucionaria y guillermista. Después, hasta 1714, se pondría al servicio de los sucesivos gobiernos: el de Robert Harley de 1702 a 1708, la causa whig de 1708 a 1710, y vuelve a ponerse al servicio de Harley hasta Utrecht. Radical y moderado según las fluctuaciones de la situación bélica, y siempre al servicio del poder establecido. Al final, sobresale su aversión a los aliados y, al mismo tiempo, su defensa de los intereses de Inglaterra, postulando el reparto de la monarquía hispánica. Su revista The Review se cerró en 1713, mientras se editaba la nueva publicación Mercator. Tras la caída tory de 1714, Defoe volvió a ponerse al servicio de los whigs. Surgirán entonces los textos representativos de la mala conciencia británica que estudió Strubell, tales como La consideració del cas dels catalans y Deplorable history dels catalans68.

4) La cuarta vertiente sobre la que quiero incidir es la de la guerra religiosa.

La guerra de Sucesión tuvo mucho de guerra religiosa, en la que austracistas y borbónicos se lanzaron mutuamente acusaciones de carácter religioso. Los borbónicos reprocharon a los austracistas compartir su causa con herejes: «A Carlos le asistían los herejes y le habían conducido a España con el fin de introducir en ella la herejía». Persistían en que: «es va conquerir el Principat per mitjà de la intervenció dels heretges; algu gosaria afirmar que això sigui de deu o causa de Deu?». A los borbónicos les obsesionó además el papel de los sacerdotes austracistas como adoctrinadores en los confesionarios: «Adolecían de este achaque los eclesiásticos persuadiendo con eficaces aparentes razones (sin eximir para ello el reservado lugar del confesionario) introduciendo a muchos por este medio el veneno (como si fuese de religión a infinitos para atraerlos a su dictamen)».

Los austracistas hicieron gala, en sus textos publicísticos, de rigurosa ortodoxia, de defensa de la fe, de exaltación de la religión tradicional frente a Francia: «Los buenos españoles, celosos de la gloria de Dios y de la honra y esplendor de su Iglesia, deben dar muchas gracias al Altísimo porque deben entender que si prosiguiera en España el gobierno de Francia con la inundación de franceses, que hemos visto, tendría mucho que hacer y padecer la religión católica». Al mismo tiempo proclamaban al rey-archiduque Carlos como el defensor más «loable de la sacra religión», vinculado a María Inmaculada, heredero de la familia israelita de Raab, y se consideraba a la Casa de Austria un «muro inexpugnable de la fe»69.

La guerra religiosa se reflejó en la confrontación del propio clero dividido. La mayoría de los obispos de la Cataluña de la guerra de Sucesión fueron borbónicos. Los obispos austracistas durante la guerra fueron Benet Sala de Barcelona, Bertrán de Tarragona y Dorda de Solsona. Las órdenes religiosas fueron mayoritariamente austracistas en Cataluña. En la primera orden de expulsión de Berwick del 2 de octubre de 1714 figuran muchos frailes a los que se les hace la acusación de publicación de gacetas y falsas profecías (al trinitario Alcantarilla se le atribuye ser el autor del papel sedicioso Despertador de Cataluña), de agitación y excitación a la resistencia, de promoción de alborotos, de ser «acérrimos en el partido de la Patria contra las armas del rey» y de pertenecer muchos de ellos a los llamados «consultores de conciencia», nombrados por los comunes, o de constituir el llamado «Seminario de la Misión»70. Los clérigos más eclécticos fueron los jesuitas que tenían general nuevo (Tamburini) desde 1706. Contaron con un confesor jesuita para controlar la conciencia del rey francés (G. Daubenton, luego sustituido en 1706 por Robinet) y otro jesuita para el rey Carlos III (Kresa, luego sustituido en 1705 por Timmermann). El general Tamburini jugó las dos bazas. Su correspondencia con el padre Baltasar Muller, en Viena, es halagadora para los austracistas, pero no faltan múltiples testimonios de la Compañía favorables a los Borbones durante la guerra. La colaboración de los jesuitas en la reconstrucción de Xátiva, destruida por los borbónicos en 1707, es bien patente. En el marco de la represión los jesuitas ofrecieron su apoyo al capitán general de Cataluña, el mariscal Tilly. La creación de la Universidad de Cervera, sin duda, al menos, les favoreció de entrada. Los pocos jesuitas que se significaron como austracistas serían los aragoneses, luego desterrados a Italia71.

En la radicalización austracista del clero influyeron el giro del papa Clemente XI en 1709 y la creciente ofensiva regalista de los borbónicos. Inicialmente el papa se mostró reticente al reconocimiento de Carlos III, hasta el punto de que llegó a prohibir, bajo pena de interdicto, que su retrato estuviese presente en la iglesia nacional alemana de L’Anima (Roma) cuando se celebrase la eucaristía en acción de gracias por su proclamación. En octubre de 1709 se decidió a pronunciarse a favor de Carlos, que debería ser tratado «con el título de rey de España», y podría hacer uso de las prerrogativas que le correspondían. La reacción de Felipe V implicó la subsiguiente protesta del duque de Uceda, embajador del rey Borbón en Roma, y la expulsión del Nuncio Apostólico Zondadari, acreditado en Madrid. El papa se decidió por Carlos porque los imperiales le aseguraban la restauración de los bienes confiscados en Nápoles y Sicilia y la inmunidad eclesiástica tras la fiscalización desarrollada durante la guerra. La restauración de las posesiones italianas era un tema pendiente desde el segundo Tratado de reparto (1700) y que el papa consideraba importante para recuperar el prestigio perdido por la Santa Sede tras la paz de Westfalia. El precipitante de la decisión pontificia fue el conjunto de medidas promovidas por Rafael Melchor de Macanaz después de la batalla de Almansa72.

Pero su apuesta nunca fue fuerte. Clemente XI veía con inquietud la proyección de los austríacos hacia Italia y nunca dejó de tender puentes con Luis XIV, aliado del duque de Parma, Francisco Farnesio. Su acercamiento a Francia incluso fue mayor cuando el rey francés cerró las escuelas jansenistas de Port Royal. El papa nombró como nuncio, en 1709, al abad Giuseppe Lucini, mal recibido por Carlos III por su bajo perfil político. Un año después, Clemente XI designó como nuncio al arzobispo de Cesárea, Giorgio Spinola, que fue recibido en audiencia por el rey Carlos III en agosto de este año73.

Ciertamente el regalismo no era ingrediente exclusivo del proyecto borbónico. Es importante recordar que ya en el reinado de Carlos II la actitud política de confrontación con la Iglesia era explícita y en todo el territorio español. En la década final del reinado del último Austria proliferaron textos anticlericales por los diversos territorios de la monarquía. En la Respuesta política, su autor, Díaz de Noreña, corregidor de Burgos, se lamentaba del gran patrimonio acumulado por los clérigos, de la sobreabundancia de conventos, de las exenciones fiscales de los mismos y de que muchos frailes defraudaban a la Hacienda de los impuestos directos: «¿Cómo se puede consentir —dice— que se cargue más a los desvalidos que a los poderosos y magnates?». Antonio de Riaño y Antonio de Centro reivindicaban, en la misma línea, el cobro de impuestos al clero. El obispo de Zaragoza, Francisco de Arausco, escribió un Memorial en el que sentenciaba lo siguiente: «Bien pueden los reyes comer la carne de la República que está en el estado secular pero les conviene quitar los huesos»74, esgrimiendo la importancia del clero para las monarquías y comparando al Estado secular con la carne, y al eclesiástico con los huesos.

Todo el pensamiento arbitrista español del siglo XVII incidió en la necesidad de una política fiscal que fustigara los privilegios del clero. Felipe V, Orry y Macanaz continuaban o consolidaban una vieja intención arraigada en España. El rey-archiduque, en cualquier caso, fue mucho más prudente que Felipe V en la cuestión regalista. No faltaron algunas fricciones con los dominicos por la injerencia de la monarquía austracista en la vida conventual. En 1706 se llegó a apresar a Jacint Segura porque había librado memoriales de protesta al rey Carlos. Las Cortes de 1705-1706 no legislaron sobre política regalista (la mayor carga fiscal recayó sobre el brazo real) y halagaron al clero catalán con compromisos de monopolio de los cargos eclesiásticos por catalanes. Pero se nombraron juntas eclesiásticas que inicialmente intentaron absorber las rentas de las sedes de las abadías vacantes, lo que preocupó mucho al propio papa. El larvado regalismo austracista, desde luego, nunca prosperó, entre otras razones por falta de tiempo75.

La publicística austracista apoyó la decisión papal de 1709. Se defendió de las acusaciones de herejía que los borbónicos formulaban y se inculpó a estos de no absolver a los penitentes si eran imperiales. El franciscano Juan Navarro sostenía que no estaban incursos en apostasía ni en excomunión los religiosos ausentes de sus conventos y citaba a algunos clérigos austracistas torturados y muertos en la represión valenciana de 1707.

El rey-archiduque, más allá del cultivo de la religiosidad popular, no hizo mucho en favor de los intereses eclesiásticos. La medida más halagadora al clero había sido la que tomaron las Cortes de 1705-1706, exigiendo que las dignidades eclesiásticas en Cataluña hubieran nacido en el Principado. El argumento era que «los que son verdaderamente catalans del present Principat son exclosos de obtener dignitats, beneficis eclesiàstics i rendes de Iglesia, de Aragó, Valencia, Castella i altres provincies i regnes». Carlos intervino en los asuntos eclesiásticos con una política de intenciones regalistas. Se reprendieron conductas no gratas de clérigos, se expoliaron las rentas de las sedes vacantes y se buscó encontrar nuevas formas de imposición fiscal. Se ordenó que no se proveyeran canonjías sin la probación real. El papa no encajó bien estas medidas y tardó en dar salida a los nuevos nombramientos de obispos76.

La gran figura del clero borbónico fue Baltasar Bastero, que sería capitán general provisional y luego obispo de Gerona. El decreto de Bastero del 8 de junio de 1715 significó toda una descalificación del clero austracista. Empieza haciendo un memorial de acusaciones a los austracistas. Les reprocha estar instalados fuera de la realidad:

Únicament tirant a fer reviure aquelles leves, vanas aéreas esperanzas, no obstant que lo temps haya subministrat i subministre lo continuat desengany desa insubsistencia i a fomentar així i avivar aquella temerària passió, per més que la raó, lo èxit i lo escarment dicten al més optenebratlo desimpresionar-la, lo que tan altera, excita i conmou les ánimes més incautes del poble perturba i desquicia la tranquilitat i quietud pública.

Se denuncia la violación de la fidelidad jurada a su majestad católica y el generar una «abominable discordia o un cuasi cisma». Se insta a los feligreses del obispado de Barcelona a la obligación bajo pecado mortal de

servir i venerar al rey Felipe V, de guardar-li la fidelitat i vassallatge que li jurarem i li devem, per tant justos tútulos i de no perturbar sos reals drets i legítimes decisions ab obres ni ab paraules, ni ab publicació de notícies falses i perniciones a la quietud pública i així mateix de amar-se i estimar-se mutua i cristianament los unos als altres, tractar-se, comunicar-se i absistir-se ab tota la correspondencia que es deu al pròxim dessapegant-se de aquelles passions i vencent totes les repugnàcies que fins ara han impedit est amor, comunicación.

Se incide especialmente en el programa del adoctrinamiento por los confesores de los penitentes:

Y per quant una de las principals causas de haberse tant apegat estos danys en las ánimas, es estat faltar los confesors al cumpliment de la obligació de sos sagrats ministeris, pues en los confesionaris molts per sa fluxedat deixan correr als penitents ab sos errors, sens que los desenganyen, altres per sa passió, lo que es mes sensible los ho apoyan y fomentan, inseguint lo parer de molts eclesiàstics graves y doctes aixis regulars con seculars per nos consultats per est efecte y lo tenor de diferents exemplars practicats a moltes ciutats y bisbats per semblants casos. Nos havem resolt á pasar una revista y fer particular resenya de tots los confesors ques troban en la present ciutat y bisbat de Barcelona; per zó comensant a donar providencia en lo que toca a fora al restant de la diòcesis, revocam primerament totas las facultats de absoldrer de casos reservats a tots y qualsevols confesors, regulars y seculars, en qualsevol temps concedidas, las quals volem que de asi al devant sian de ningun valor, forsa ni eficacia y seguidament despres de madura premeditació, de molta reflexa y precehint graves informes en virtit de las presents confirmam, aprobam y ractificam las llicencias de confesar y predicar en esta ciutat y bisbat de Barcelona ademes dels párrocos y altres, que per raho de sos títols tingan anexa la cura de ánimas, a tots los eclesiástics seculars y regulars de las comunitats de preveres y convents de religiosos que van escrits y continuats en unas llistas que se entregaran a sos respectives Comuns, junt ab lo present edicte despatxadas del mateix dia present77.

No hemos encontrado la lista de personas a las que otorgó Bastero legitimidad para confesar, pero parece ser que circuló por toda Cataluña. Bastero instaba a todos los párrocos a leer las listas de confesores que tenían licencia para confesar para que todos conocieran con quiénes debían confesarse y con quiénes no. En el decreto se convocaba a todos los eclesiásticos que no tenían conventualidad ni residencia, sospechosos «per raó de sa divagació i ociositat», para que se presentasen ante el obispo. El decreto era tan duro que el propio confesor del rey, Daubenton, consideró que era políticamente inaplicable y le propuso al rey su revocación. Este dejó el decreto en punto muerto sin desautorizar a Bastero. La represión sobre el clero austracista fue dura y en ella tuvo participación notable el propio clero borbónico. Como he dicho, auténtica guerra de religión.

5) Por último, quiero referirme a la guerra de Sucesión como una guerra de enorme desgaste, la primera guerra que tuvo realmente unos costes internacionales extraordinarios. Se ha hablado de más de un millón de muertos en Europa. Francia llegó a movilizar a novecientos mil hombres (doscientos cincuenta mil en tierra). La guerra tuvo el mayor desgaste demográfico en Francia. En España, merece recordarse que la batalla de Almansa del 25 de abril de 1707 generó ocho o nueve mil muertos (seis mil aliados y dos o tres mil borbónicos). El sitio de Barcelona generó veintiún mil muertos (curiosamente, siete mil austracistas defensores y catorce mil borbónicos asaltantes)78.

Pero los costes de la guerra, en el ámbito de la monarquía española, más que demográficos lo fueron políticos y económicos, lo que ha suscitado grandes polémicas con el discurso victimista del nacionalismo catalán como permanente telón de fondo.

Sobre los costes políticos, el debate historiográfico sigue planteado en torno a la dicotomía antigüedad-modernidad, normalidad-anormalidad, teoría y práctica del régimen político.

¿La Nueva Planta representa el triunfo de la modernidad frente al lastre de una tradición inviable en 1700 que hacía ingobernable el sistema? O, por el contrario, ¿Cataluña era un Estado en 1700, como dice Ferro, «con todos los atributos de una entidad soberana y todas las funciones de una comunidad evolucionada» que no pudo culminar su desarrollo evolutivo por la derrota militar?79.

En los tiempos más recientes parece asumirse por todos que los caminos de la modernidad son muchos, que no faltan ejemplos de evolución de estados en el siglo XVIII bien boyantes con un régimen constitucional y parlamentario; que el absolutismo no es, en sí mismo, garantía de progreso, ni el parlamentarismo tampoco. Elliott hoy ha insistido en dejar clara su posición al respecto, subrayando «los defectos de una historia teleológica siempre en busca de lo que se toma por modernidad. Lo moderno de hoy es lo anticuado del mañana y viceversa»80. Por otra parte, desde luego cada vez resulta más evidente que los sueños alternativos respecto a lo que habría podido significar el rey-archiduque Carlos en el ámbito político no parecen demasiado fundados81. No tienen sentido las especulaciones acerca de la hipotética evolución de España con un desenlace distinto de la guerra de Sucesión. Los optimistas supuestos catalanes que imaginan que el futuro posible —y frustrado— era el de una Cataluña a la holandesa podrían ser contrarrestados con otro referente más cercano, el del Portugal alienado a los intereses ingleses del siglo XVIII.

Otra guerra dialéctica se ha situado en torno a la adjudicación del concepto de normalidad. Para Ferro, Sales y la historiografía nacionalista catalana, la normalidad estaba sitiada en la Cataluña de 1700, hasta que la anormalidad de la represión acabó con aquella arcádica normalidad. Artola, en contraste, sitúa la normalidad en la monarquía de Felipe V, legitimado por un testamento no cuestionado hasta 1704 y oficializado en la convocatoria y el juramento de los fueros en las Cortes de 1701-1702. La anormalidad comenzaría a partir de 1704 y se reflejaría en la «traición cometida contra la soberanía o persona del soberano», que Lázaro de Dou calificó de delito de Lesa Majestad in primo capite. La traición se consumaría en las Cortes de 1705-170682.

Últimamente se viene confrontando la teoría y la práctica del sistema político (absolutismo y constitucionalismo) que estaría en juego en la guerra de Sucesión. La historiografía nacionalista catalana ha incidido casi siempre en la teoría del constitucionalismo para exaltar los valores del sistema político propio frente a la alteridad del Estado español, que rompería con las reglas de juego establecidas contractualmente desde el siglo XIII.

Desde la otra orilla se ha tendido a primar, más que el discurso teórico, la práctica del gobierno. El derecho, la teoría de la ley, no puede sublimarse como valor supremo olvidando la administración de este derecho y su proyección social, la distribución de intereses y beneficios que comporta. La teoría del derecho no puede soslayar la práctica política, el ejercicio constitucional. Y los agujeros negros del constitucionalismo han sido evidenciados, entre otros historiadores, por J. L. Palos, que va más allá de la clásica dicotomía vicios privados-virtudes públicas83. La realidad es que el análisis de la praxis del poder catalán durante la guerra de Sucesión refleja la confrontación entre instituciones tan representativas como el Consell de Cent y la Generalitat, que fue suprimida por el primero en febrero de 1714, meses antes del final de la guerra. Como decían los Annals consulars: «lo que mogué aquests debats foren interessos particulars» («lo que movieron estos debates fueron intereses particulares»)84.

A mi juicio, el plural se impone a la hora de definir tanto el absolutismo como el constitucionalismo. Dentro del propio austracismo hay signos evidentes de modelos constitucionales alternativos que estaban tan lejos del absolutismo como de la ortodoxia del pactismo tradicional. El jurista austracista Francesc Grases defendía en 1711 el principio de que la potestad legislativa radicaba en el rey en Cortes frente al principio típicamente pactista del rey con las Cortes. Los ortodoxos constitucionalistas estigmatizaron su obra, pero es bien patente que no se puede hablar de un único pactismo85.

La contradicción teoría-práctica se da también en el absolutismo de Felipe V. De la voluntad a la realidad, de lo que se quiso hacer a lo que se pudo hacer hay evidentes distancias que deberían ser más tenidas en cuenta. Recientemente estas disonancias entre la voluntad teórica y la práctica efectiva las han puesto de relieve C. Martínez Shaw y M. Alfonso. Según estos historiadores, Felipe V no tuvo en principio ninguna voluntad de modificar la situación existente en el momento de su llegada a España. La represión fue la consecuencia indeseable de la guerra, y la guerra, la derivación de la infidelidad al rey de unos reinos. La política de racionalización administrativa propia del reformismo borbónico se hubiera desarrollado sin los traumas que la propia represión generó. La Nueva Planta solo pretendió, según Martínez Shaw y Alfonso,

evitar mediante una vigilancia atenta el resurgir de una oposición a la dinastía y al Estado absolutista y conseguir los objetivos que este Estado absolutista llevaba siglos persiguiendo: acentuar el control monárquico sobre los reinos, conseguir una administración más racional y eficiente, fomentar las fuentes de riqueza y devolver al país su puesto de primera potencia entre las naciones europeas.

Nunca se aplicaron las medidas radicales que sí se barajaron: la asimilación pura y simple de los reinos aragoneses a la Corona de Castilla. «Pese a una medida tan traumática como la abolición de todo el entramado jurídico en funcionamiento desde hacía siglos, el nuevo sistema fue capaz de generar mecanismos de adaptación que le fueron ganando una adhesión cada vez más generalizada»86.

El otro gran ámbito del debate ha sido el fiscal y económico. La Nueva Planta llevó consigo la revocación del régimen fiscal entre 1715 y 1717 con un nuevo régimen impositivo. La Única Contribución comenzaría a aplicarse en Aragón entre septiembre de 1714 y febrero de 1715, después de haberse intentado aplicar el sistema castellano de alcabalas y millones; el Equivalente valenciano se aplicará desde marzo de 1715; en Cataluña el nuevo impuesto se llamará el Real Catastro y se introduce en diciembre de 1715; y en Mallorca se impuso en octubre de 1717 con el nombre de Talla General. Se tributaba en función de los ingresos relacionados con la actividad profesional, ya por cuenta propia o ajena, en función de los bienes inmuebles y de las rentas no profesionales (censos y censales).

La valoración de la significación de la fiscalidad borbónica ha suscitado un debate que hoy continúa plenamente abierto. Los problemas que se han planteado al respecto son múltiples.

Hay cierto consenso en que el catastro y los demás nuevos impuestos introdujeron un sistema más racional que el de los impuestos tradicionales o los castellanos (alcabalas y millones), que inicialmente intentaron introducirse en Valencia y Aragón.

La cuestión más debatida es la naturaleza de la punción fiscal: ¿grave o leve? Aquí el debate ha confrontado opiniones muy dispares, la de los críticos como J. M. Delgado o E. Fernández de Pinedo, que consideran que la presión fiscal fue gravosa, o la de C. Martínez Shaw, que considera lo contrario87. La resistencia catalana al pago fiscal la reflejó bien Patiño:

Siempre queda que temer en la propensión [de los catalanes] a sus intereses la adbersión a subministrar de sus aberes por vía de tributo, exasperando en lo lucroso de su trabajo el genio al interés, con tanto anhelo que proponen sus comodidades al provecho de lo que pueden ahorrar [...] Dificulta se pueda con solo el rigor de la justicia reducir su genio a la quietud necesaria en unos pueblos confinantes con la Francia por una parte y por otra expuestos a la libertad de mar, cuyas circunstancias pueden ser incentibos a imaginar libertades o facilitar delitos, uno y otro perjudicial al acierto con que V. M. desea establecer aquel gobierno88.

El tema del crecimiento económico catalán después de 1714 ha suscitado grandes debates. Desde la óptica nacionalista, el formidable crecimiento de Cataluña en el siglo XVIII se explica hoy desde la óptica de las virtudes de una sociedad civil catalana capaz de superar los lastres de un Estado opresor. No es, desde luego, lo que pensaba Vicens Vives, que tanto exaltó los valores de la burguesía catalana del siglo XIX, cuando escribió: «Al echar por la borda de un pasado con anquilosado régimen de privilegios y fueros la Nueva Planta de Felipe V fue un desescombro que obligó a los catalanes a mirar hacia el porvenir y los liberó de las paralizadoras trabas de un mecanismo legislativo inactual»89. La colaboración de la burguesía catalana con el Estado ha sido una constante en la época contemporánea con el proteccionismo por bandera. La «sociedad civil» catalana subsiguiente a 1714 aprendió de la experiencia vivida y sufrida una dura lección de amargura y profundo desencanto. Buen testimonio de ello es lo que escribía el ampurdanés Sebastià Casanovas:

En cas en ningú temps hi hagués algunes guerres, que en ninguna de les maneres no s’afeccionin amb un rei ni amb un altre, sino que facin com les mates, que són per los rius, que quan ve molta aigua s’aclaten i la deixen passar, i després a alçar quan l’aigua és passada; i així obeir-los tots qualsevol que vingui, però no afeccionar-se amb cap, que altrament los succeiria molt mal i se posarien en contingencia de perdre’s ells i tots sos béns90.

Y en una crónica de la guerra se podía leer:

Bella y discreta fábula la de aquel perro que llevando en la boca una presa de carne, al passar un riachuelo vio era mayor la que en el agua se le representaba, y codicioso soltó la que tenía en la boca segura para asir la que miraba incierta dentro del arroyo, quedando burlado pues quedó sin una y sin otra. Posehían los catalanes el mayor bien, y persuadidos de sus discursos soñándose más felices de lo que estaban, quisieron perder lo seguro por lo incierto.

Las polémicas más duras sobre la problemática cultural se han dado en dos ámbitos: la significación de la Universidad de Cervera, fundada en 1717, tras la supresión de las universidades catalanas, y la incidencia de Felipe V sobre la castellanización lingüística.

Víctor Balaguer consideró que la creación de la Universidad de Cervera por Felipe V pretendía «poner trabas a la instrucción del pueblo, cegar las fuentes del saber, convertir en letra muerta los privilegios reales [...] Toda vez que sofocada la voz de los patrióticos próceres se había minado y desvenido el secular movimiento de la libertad»91. La visión fatalista de Cervera (aporte cultural lamentable, implantación con voluntad exclusiva de premiar la fidelidad y castigar la deslealtad...) ya fue matizada por Casanovas y Batllori92. En los últimos años la tesis de J. Prats ha roto con muchos tópicos al respecto, planteándose preguntas como estas: ¿Por qué el castigo a todas las universidades, incluyendo las que habían sido felipistas como Solsona o Tortosa? ¿Qué sentido tenía embarcarse en una empresa tan costosa si solo se pretendía penalizar? ¿Por qué se tardó tres años en tomar la decisión? ¿Por qué se actuó así en Cataluña y no en Valencia ni Mallorca? Joaquim Prats ha aportado una nueva visión sobre Cervera93. La supresión de las universidades catalanas y la creación de Cervera obedece ante todo a la voluntad reformista representada en ese momento por Melchor de Macanaz, José Rodrigo y Luis Curiel. La mayor oposición al establecimiento de la Universidad de Cervera no vino del austracismo, sino de los sectores tradicionalistas y ultramontanos de la corte. El papel de los jesuitas fue decisivo, ya que vieron en Cervera la ocasión para desarrollar su proyecto de control universitario que no habían logrado imponer —pese a sus esfuerzos— en el siglo XVII. No fueron las peticiones de Cervera la principal razón de la creación de la universidad en esta ciudad. No fue un premio a su fidelidad. Los cancilleres serán catalanes hasta 1752 (los Queralt, Alòs...). La oferta cultural, en cualquier caso, fue mediocre, por lo menos hasta 1766, y no respondió a las expectativas de modernización que se tenían: filosofía escolástica, matemática destinada a la entrada en la milicia o marina, muy lejos del cartesianismo, exclusión de la medicina clínica... Las figuras de filósofos como Mateu Aymerich y Antoni Nicolau, el matemático Tomás Cerdà, el juriconsulto Josep Finestres... no alteran esa imagen de pobreza cultural, una pobreza que desde luego no era muy distinta de la que presentan las universidades en el siglo XVII.

Pero quizá el tema más debatido dentro de la problemática cultural generada por Felipe V ha sido la cuestión lingüística. Desde ópticas nacionalistas se ha convertido al monarca en el verdugo de la lengua catalana, con un discurso victimista de lo más efectista94. El Decreto de Nueva Planta tuvo indiscutiblemente un corolario lingüístico: la represión de la lengua catalana. El propio Patiño, en su Memorial de 1715, se refiere con un punto de desprecio al hecho de que los catalanes «solamente hablan en su lengua nativa». En la deliberación del Consejo de Castilla de 1715 previa a la Nueva Planta se proponía que:

En la Real Audiencia y ante los corregidores se sigan los pleitos en lengua castellana y en los demás tribunales inferiores se permita por ahora el uso de la catalana, las que los escribanos se vayan instruyendo en la castellana, como también aquellas primeras personas en que en los pueblos cortos suelen tener los ministerios de justicia y otros que conducen a la formación de los autos y procesos; mandando V. M., al mismo tiempo, que en las escuelas de primeras letras y de gramática no se permitan libros en lengua catalana, escribir ni hablar en ella dentro de las escuelas y que la doctrina cristiana sea y la aprendan en castellano95.

La severidad represiva de esta propuesta no se cumplió radicalmente. El Decreto de Nueva Planta establece en su artículo 4 que «las causas de la Audiencia se sustanciarán en lengua castellana». Esta será la única de las propuestas que, de momento, se recogen. A lo largo del reinado de Felipe V abundan también las referencias a instrucciones dirigidas a los corregidores en 1716 del fiscal José Rodrigo Villalpando, para introducir el castellano en Cataluña, eso sí, «de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado». La represión lingüística en el reinado de Felipe V acaba aquí. La radicalización represiva se dará ya en el reinado de Carlos III96.

El testimonio más directo de la represión lingüística del catalán es la Real Cédula de Aranjuez de 1768, que establecería la obligatoriedad del castellano en la enseñanza primaria y secundaria, muy posterior a Felipe V. La castellanización educativa se produjo en el reinado de Carlos III. El catalán se mantuvo como lengua de la primera enseñanza a lo largo de la primera mitad del siglo. Los planes de castellanización de obispos como Climent o Armanyà a partir de 1770 son bien conocidos.

Pero la pervivencia del catalán es evidente. En 1756 el marqués de Mina decía que «el castellano solo se verifica en las ciudades y las gentes cultas, pero en la inferior plebe y en las montañas ni entienden ni lo quieren entender».

En 1727 los prelados del Principado disponen que no se permita explicar el Evangelio en otra lengua que la catalana. Por otra parte, las reediciones de las obras clásicas —24 reediciones de Turmeda en el siglo XVIII, por ejemplo— testimonian la fuerza del catalán contra los tópicos de decadencia.

La continuidad de la literatura catalana queda reflejada en los escritos de fray Antoni de Sant Jeroni, Josep Romaguera, Francesc Tagell, Fèlix Farraz, Francesc Balart, Bernat Ribera, Jeroni Giriberts, Joan Ripoll, Pere Torres o Pere Serra i Postius.

Las defensas del idioma catalán se multiplican. Las mejores muestras de ello son la Apologia del idioma cathalà, de Ignasi Ferreres; la Controvèrsia sobre la perfecció de l’idioma català, cuya paternidad, como ha demostrado Modest Prats, corresponde a fray Agustí Eura; la abundante obra filológica del valenciano Carles Ros y del catalán Antonio Bastero; el tardío (1792) discurso de Antoni Francesc de Tudó sobre la lengua catalana, estudiado por A. Comas... Las gramáticas y los diccionarios catalanes perviven: Josep Bruch, Josep Martí, Albert Martí, etc., constituyen los ejemplos más representativos97.

42 Los mejores balances historiográficos en F. García González (ed.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Madrid, Sílex, 2009; J. Albareda, La Guerra de Sucesión de España (1700-14), Barcelona, Crítica, 2010; M. Ardit (coord.), La Guerra de Successió, Catarroja, Afers, núm. 52, 2005.

43 C. Martínez Shaw, «La Guerra de Sucesión en América», en F. García González, op. cit., págs. 71-95.

44 C. Storrs, La resistencia de la monarquía hispánica, Madrid, Actas, 2013; «Inglaterra y la Guerra de Sucesión española», en F. García González, op. cit., págs. 109-133; P. Cardim, «Portugal en la guerra por la sucesión de la monarquía española», en F. García González, op. cit., págs. 231-284; L. Bély, «La Guerra de Sucesión de España en Francia», en F. García González, op. cit., págs. 169-187.

45 H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España (1700-15), Barcelona, Grijalbo, 1974.

46 J. Albareda, La Guerra de Sucesión de España (1700-14), op. cit., págs. 47-51; ibíd., págs. 278-292.

47 R. M.ª Alabrús, Felip V i l’opinió dels catalans, Lleida, Pagès Editors, 2001, págs. 392-395.

48 R. M.ª López Campillo y P. Losa, «La Guerra de Sucesión española y la opinión pública inglesa», en F. García González, op. cit., págs. 133-169; P. Molas Ribalta (ed.), Memorias del duque de Berwick, Alicante, Universidad de Alicante, 2007, pág. 205.

49 C. Storrs, «Inglaterra y la Guerra de Sucesión española», en F. García González, op. cit., páginas 117-118; H. Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Madrid, Temas de Hoy, 2002, págs. 52-55; V. Bacallar, Comentarios de la Guerra de España e historia de su rey Felipe V el Animoso, C. Seco (ed.), Madrid, Atlas, 1957.

50 C. Storrs, ibíd., págs. 118-119.

51 J. J. Vidal, La conquista inglesa de Menorca: un capítulo de la Guerra de Sucesión a la Corona de España, Palma de Mallorca, El Tall Editorial, 2013.

52 C. Storrs, «Inglaterra...», op. cit., págs. 121-125.

53 J. M. de Bernardo Ares, E. Echeverría y E. Ortega, De Madrid a Versalles. La correspondencia bilingüe entre el rey Sol y Felipe V durante la Guerra de Sucesión, Barcelona, Ariel, 2011.

54 A. Espino, Las guerras de Cataluña. El teatro de Marte, 1652-1714, Madrid, EDAF, 2014.

55 R. García Cárcel, «La revolución catalana: algunos problemas historiográficos», Manuscrits, núm. 9 (1991), págs. 115-142.

56 R. García Cárcel, «El austracismo. Representación y realidad», en L’aposta catalana a la guerra de Successió (1705-1707), Actes del congrés celebrat a Barcelona del 3 al 5 de novembre de 2005 al Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2007, págs. 165-175.

57 R. M.ª Alabrús (ed.), Escrits polítics del segle XVIII. Cròniques de la Guerra de Successió, Barcelona, Eumo Editorial, 2006.

58 J. Albareda, «Els catalans i Felip V». De la conspiració a la revolta, 1700-1705, Barcelona, 1993; y del mismo autor, «Las Cortes de 1701-02 y 1705-06. La puesta al día del constitucionalismo», estudio introductorio, en Constitucions, Capítols i Actes de Cort, anys 1701-02 i 1705-1706, Barcelona, Editorial Base, 2004, págs. 35-64.

59 J. Albareda, El cas dels catalans. La conducta dels aliats arran de la guerra de Successió (1705-1742), Barcelona, Fundació Noguera, 2005, págs. 73-97.

60 R. García Cárcel, Felipe V y los españoles, Barcelona, Debolsillo, 2003, págs. 113-115.

61 Ibíd., págs. 116-119.

62 F. de Castellví, Narraciones Históricas, vol. III, Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, 1999, pág. 564; M. Bruguera, Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona, Barcelona, L. Fiol y Gros, 1871, pág. 341.

63 R. M.ª Alabrús, «Vida cotidiana y religiosidad en la Barcelona de los sitios de la Guerra de Sucesión (1704-14)», en M. Peña (ed.), La vida cotidiana en el mundo hispánico, Madrid, Abada Editores, 2012, pág. 431; R. M.ª Alabrús (ed.), Escrits polítics..., op. cit., pág. 34; J. Albareda, Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra (1705-14). El dietari del convent de Santa Caterina i les memòries d’Honorat de Pallejà, Vic, Eumo Editorial, 2011, pág. 16.

64 F. de Castellví, op. cit., vol. III, pág. 681.

65 V. Coxe, L’Espagne sous les rois de la maison de Bourbon, París, De Bure Frères, 1897, pág. 101.

66 M. T. Pérez Picazo, La publicística española en la Guerra de Sucesión, Madrid, CSIC, 1966. R. M.ª Alabrús, Felip V i l’opinió dels catalans, op. cit.

67 R. M.ª López Campillo, Imagen y propaganda política en la Guerra de Sucesión española. Daniel Defoe al servicio del gobierno de Ana Estuardo, en prensa.

68 M. Strubell (ed.), Consideració del cas dels catalans, Barcelona, Edicions Curial, 1992.

69 Biblioteca Nacional de Catalunya, Fullets Bonsoms, núms. 763, 895, 2997 y 376.

70 M. Bruguera, Historia del memorable sitio..., op. cit., págs. 365-371.

71 J. Bada, «La postura de la Companyia de Jesús davant la Guerra de Successió (1700-1718)», en L’aposta catalana a la guerra de Successió (1705-1707), op. cit., pág. 140.

72 D. Martin, El Papado y la Guerra de Sucesión, Madrid, Marcial Pons, 2011, págs. 193-212; R. M.ª Alabrús, «El pensamiento político de Macanaz», Espacio, Tiempo y Forma, 2005, págs. 177-200.

73 P. Voltes, Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria 1705-14, vol. I, Barcelona, Instituto Municipal de Historia de la Ciudad de Barcelona, 1963, pág. 107.

74 M. T. Pérez Picazo, op. cit., vol. I, pág. 35a.

75 J. Albareda, Política, religió i vida quotidiana..., op. cit., pág. 19.

76 P. Voltes, op. cit., pág. 11.

77 M. Bruguera, op. cit., págs. 416-420.

78 J. Albareda, La Guerra de Sucesión de España..., op. cit., págs. 18-21.

79 V. Ferro, El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al decret de Nova Planta, Vic, Eumo Editorial, 1987.

80 J. Elliott, Conferencia de clausura del homenaje de la revista Manuscrits. Cataluña i España a l’època moderna. Homenatge a J. H. Elliott, núm. 15 (1997), págs. 176-177.

81 V. León, «El reinado del Archiduque Carlos en España: la continuidad de un programa dinástico de gobierno», Manuscrits, núm. 18, 2000.

82 M. Artola, La monarquía de España, Madrid, Alianza Editorial, 1999, págs. 551-552.

83 J. L. Palos, Catalunya a l’Imperi dels Àustria. La pràctica de govern. Segles XVI i XVII, Lleida, Pagès Editors, 1994.

84 Annals Consulars citados por R. García Cárcel, Felipe V y los españoles, op. cit., pág. 330.

85 R. M.ª Alabrús y R. García Cárcel, «L’afer Grases i la problemàtica institucional catalana abans de la Guerra de Successió», Pedralbes, 13-II, Barcelona, 1993.

86 C. Martínez Shaw y M. Alfonso Mola, Felipe V, Madrid, Alianza Ediciones, 2001, págs. 210-212.

87 M. Artola, La Hacienda en el Antiguo Régimen, Madrid, Alianza Editorial, 1985. J. M.ª Delgado, «La industria algodonera catalana y el mercado americano (1776-1796). Una reconsideración», Manuscrits, núm. 7 (1988). Véanse las diferentes contribuciones contenidas en J. I. Fortea y C. Cremades (eds.), Política y Hacienda en el Antiguo Régimen, Murcia, Universidad de Murcia, 1993; E. Fernández de Pinedo, Haciendas forales y hacienda real, Homenaje a M. Artola y F. Ruiz Martín, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1990.

88 S. Sanpere y Miquel, Fin de la nación catalana, Barcelona, Editorial Base, 1905, pág. 678.

89 J. Vicens Vives, prólogo a P. Voltes, El archiduque Carlos de Austria, rey de los catalanes, Barcelona, Aedos, 1953.

90 J. Albareda, «Els fonaments de la societat contemporània», en J. Albareda (dir.), Historia, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Desfeta política i embranzida econòmica. Segle XVIII, vol. V, Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1995, pág. 58.

91 R. M.ª Alabrús (ed.), Escrits polítics..., op. cit., pág. 125.

92 M. Batllori, Vuit segles de cultura catalana a Europa, Barcelona, Edicions 62, 1983; I. Casanovas, Documents per a la Història de Catalunya, Josep Finestres. Epistolari, Barcelona, Balmes, 1932-1934; y del mismo autor, La cultura catalana del siglo XVIII, Finestres y la Universidad de Cervera, Barcelona, Balmes, 1953.

93 J. Prats, La Universitat de Cervera i el reformisme borbònic, Lleida, Pagès Editores, 1993.

94 F. Ferrer Girones, La persecució política de la llengua catalana, Barcelona, Edicions 62, 1993.

95 Citado por S. Sanpere y Miquel, Fin de la nación..., op. cit., págs. 679-682.

96 M. Prats, «La repressió lingüística i cultural», en J. Albareda (ed.), Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans..., op. cit., vol. V, págs. 308-324.

97 Sobre la represión lingüística, véanse M. Segarra, «Una llengua d’ús estrictament popular», en Història de la cultura catalana, III, El setcents, Barcelona, Edicions 62, 1997; A. Altés, A. Musté y J. Casassas, Aproximació a la llengua dels plets civils en el període 1700-1735, Barcelona, Bellaterra, 1987; J. Balsalobre y J. Gratacós, La llengua catalana al segle XVIII, Barcelona, Quaderns Crema, 1995; S. Marques, «L’ensenyament i la renovació cientifica», en Història, Política, societat i cultura dels Països Catalans, vol. 5: Desfeta politica i embranzida economica. Segle XVIII, Barcelona, Encilopèdia Catalana, 1995, págs. 344-348; E. Lluch, «Producció de llibres en català (1476-1860). La història de la morta viva», L’Avenç, núm. 189 (1995).

CAPÍTULO 3

La guerra de Sucesión en España: luces y sombras en la historiografía actual

David García Hernán

Un gran problema historiográfico

Mucho se ha escrito sobre la guerra de Sucesión a la corona de España desde la publicación de aquel libro, que ciertamente venía a cubrir algún espacio ante el inmenso desierto historiográfico sobre el tema, de Henry Kamen hace ya cuatro décadas98. Y particularmente, al hilo de centenario y conmemoraciones, en los últimos años, presentándose ya un bagaje historiográfico, desde diversos planteamientos temáticos y metodológicos, muy nutrido que ha enriquecido notablemente nuestro conocimiento de tan complejo como importante proceso histórico99. No obstante estas «luces» historiográficas, hay que tener en cuenta las carencias y limitaciones que se presentan ante el volumen de obras aparecidas últimamente. Estos problemas son especialmente significativos por unas deficiencias epistemológicas fundamentales que, en nuestra opinión, están lastrando gravemente el panorama historiográfico actual.

Nos referimos en concreto a dos limitaciones metodológicas que son concomitantes. Por un lado, no hay, en general, una asunción todavía de los conceptos y aplicaciones metodológicas básicas más actuales en cuanto al estudio de un conflicto militar de esta envergadura, de acuerdo con los más innovadores principios de la llamada «nueva historia militar», que sí están presentes en otros campos de estudio incluso menos importantes que el que nos ocupa. De este primer problema deriva otro que, a su vez, es origen de la limitación que acabamos de comentar: en la auténtica catarata de trabajos sobre el tema de las dos últimas décadas, es poco frecuente la obra que parta de la base de una evidencia clarísima: la guerra de Sucesión es, ante todo (y aunque parezca una obviedad innecesaria), una guerra, y, además, es una guerra dinástica. Y solo se puede comprender este fenómeno histórico desde este planteamiento, porque, de otra manera, aflora la otra gran limitación epistemológica —grave— a que nos referimos: la tendencia, en ocasiones, a juzgar (casi siempre desde un presente muy politizado que pretende extraer ventajas de una visión en teoría favorable de la historia) en vez de comprender, en su verdadero contexto, los procesos históricos.

Vayamos por partes. Realmente, es difícil encontrar un elenco tan importante, cuantitativa y cualitativamente hablando, de aportaciones historiográficas sobre una guerra sin que apenas se hable en esas decenas de miles de páginas de guerra y operaciones militares. Y creemos que este desequilibrio metodológico está afectando —además de los condicionantes políticos— en algo tan grave como que no llegue a la sociedad —en parte, intencionadamente— un mensaje claro sobre el tema por parte de la comunidad científica de historiadores.

Estamos ante el estudio, ciertamente, de una guerra, no otro tipo de acontecimiento histórico, por más que intervengan, como en todas las guerras, factores de tipo político, diplomático, económico-comercial, social, religioso y cultural. Y en una guerra dinástica del Antiguo Régimen, con todas sus características, todos los objetivos se concentran, por encima de situaciones coyunturales de muy diverso tipo, en una única dirección (como, por otra parte, en todas las guerras): vencer al enemigo. Todas las demás consideraciones son accesorias. «La guerra lo justifica todo», decía Napoléon, y «no hay dimensión social humana que no esté relacionada con la guerra cuando esta se produce», escribía el gran historiador Michael Howard. Y, si se quiere realizar un riguroso análisis histórico, se debe proceder, como tantas veces se dice, y casi otras tantas se olvida, de acuerdo con las coordenadas temporales de la época que historiamos y no otras.

Otra cita más. La de aquel aforismo del parlamentarismo español del siglo XIX: «La Historia empieza donde termina la pasión política». Es obvio que la coyuntura política de nuestro tiempo en España está afectando notablemente para que el acercamiento a este tema sea cuantitativamente enorme, pero cualitativamente poco sosegado y riguroso por parte de aquellos sectores que, a partir de condicionantes políticos nacionalistas, hacen oscurecer, por ejemplo, otro tipo de centenarios de igual o mayor importancia, como el del final de la guerra de la Independencia100. Está faltando algo tan evidente como la perspectiva de que el historiador no debe buscar quién tenía razón, sino cómo cada uno asumió sus razones y las hizo valer. Solo así se pueden comprender los procesos históricos.

En cuanto a la consideración histórica de lo que es una guerra, ya el propio clásico José Manuel Miñana, como es sabido, contemporáneo de los hechos, relataba las crueldades ajenas a todo derecho de una guerra en la que a las autoridades se les escapan de las manos muchos comportamientos que, en otros contextos, serían absolutamente impensables101 (de hecho, hoy podemos ver todavía en las guerras de nuestro tiempo este fenómeno con actores educados en las más elementales y «asentadas» normas democráticas de tolerancia y respeto...). Y en cuanto a su verdadera dimensión en la época, aquella sobredimensión de algunos aspectos a la que hacíamos referencia, parte en gran medida de la no consideración del ámbito esencialmente internacional en el que se mueve este conflicto dinástico. Para situarnos correctamente en las coordenadas precisas, es necesario partir de la base, como recuerda el profesor García Cárcel, de que «la guerra de Sucesión fue una guerra civil en tanto que internacional y no al revés»102, dentro de un conflicto dinástico europeo y extraeuropeo que traspasa las fronteras tal y como hoy las entendemos.

En la Península, una vez que fue importado el conflicto bélico sucesorio, se llevó a cabo una política de guerra, pero asimismo una economía de guerra, una sociología de guerra, una cultura de guerra y, también, como se ha estudiado bien desde el punto de vista publicístico, una religión de guerra103. Por hablar ahora de lo que quizás más generalmente afectaba a la población: se tuvieron que hacer enormes y muy excepcionales esfuerzos económicos ante las imperiosas demandas de la guerra; y se hicieron con todas sus consecuencias, como por ejemplo con la creación en un período de tiempo muy breve de nuevos cuerpos de ejército; fenómeno, como afirma Andújar Castillo, sin parangón en la historia militar de España104.

Es por eso por lo que no debemos alejar las acciones propiamente militares, como se ha hecho con demasiada ligereza (Thompson dice, acertadamente, que «no debemos pretender que las batallas sean meras anécdotas de la historia»)105, del central discurso historiográfico si queremos llegar a conclusiones válidas sobre el conflicto. Pondremos un único y muy significativo ejemplo. La batalla de Almansa (que tuvo el mayor número de combatientes que nunca se había dado en la historia de España) fue considerada en su tiempo muy trascendente, no solo en la evolución de la guerra, sino en cuanto al modelo que supuso en cuanto a tácticas y formas de lucha (Federico de Prusia llegó a decir que fue la batalla más científica del siglo). E historiadores de la talla mundial de Jeremy Black la ponen al nivel nada menos de la de Poltava. Sin embargo, no contamos todavía con un estudio global militar, de acuerdo con los nuevos patrones de la historiografía de la guerra, sobre este hecho bélico, y, realmente, aunque tenemos intuiciones basadas en los —bastante engañosos— escritos de la época y en estudios parciales, no disponemos de la perspectiva suficiente sobre de cuál fue el verdadero proceso militar. Después volveremos sobre esto.

¿A qué se debe tamaña desatención sobre lo militar? Principalmente a dos motivos. Por un lado, a la tremenda dimensión internacional del conflicto sucesorio (calificado en algunas ocasiones como la verdadera primera guerra mundial moderna), que ha llevado a los más grandes historiadores de las vanguardias de la llamada New Military History a estudiar los grandes combates (cuantitativamente mucho mayores que los que se dieron en la Península) de Blenheim (1704), Ramillies (1706), Oudenarde (1708), Malplaquet (1709), etc., y las tácticas de los grandes comandantes, como Marlborough, el príncipe Eugenio o Vendôme. Pero no la escala reducida de lo que representaba la guerra en la Península (a pesar de su importancia estratégica y política, como resultaría a la postre).

Por otra parte, a la inocente creencia en España (donde tardaron en llegar los primeros planteamientos de la New Military History, y donde todavía son bastante extraños los nuevos enfoques de la trascendencia de la logística y de la realidad de movimientos y de situaciones psicológicas en las batallas) de que ya estaba todo escrito con las minuciosas crónicas y narraciones contemporáneas de las batallas. Más allá de esas subjetivas, en muchos casos, y poco realistas fuentes de las batallas (porque describen básicamente los grandes movimientos tácticos que se habían previsto, pero no las acciones reales que tuvieron lugar y el porqué de ellas), la historiografía posterior es demasiado antigua y limitada en sus objetivos, como ocurre con las obras de C. T. Atkison (incluyendo un artículo sobre Brihuega), las de I. F. Burton sobre la infantería y, en menor medida, la de D. Francis. Y no digamos con las del tantas veces citado historiador decimonónico A. Parnell.

Para valorar en su justa medida estas obras se tenía que haber tenido en cuenta la dificultad de describir de una forma exacta los movimientos de las tropas, ya que estaba gran parte del campo oscurecido por el humo espeso producido por la combustión de centenares de miles de libras de pólvora de cañones y fusiles, amén de los poco eficientes sonidos emitidos por los pífanos para guiar a las tropas ante el estruendo ensordecedor de las armas de fuego. La presentación de la batalla como un proyecto geométrico se quedaba entonces en nada ante la falta de visión y de percepción en general de lo que estaba pasando en el combate106. Es evidente que son necesarias otras fuentes como elemento de contraste, y que queda mucho trabajo por hacer.

Lejos de tener en cuenta estas consideraciones y, sobre todo, a partir de una inercia de décadas de minusvaloración de la «demasiado tradicional» historia militar, se ha producido una brecha evidente hoy entre los escritos que podríamos llamar de alta divulgación (no hay aparato crítico, ni fuentes primarias, ni una bibliografía razonablemente extensa y actualizada) sobre la guerra de Sucesión y la historia más académica muy alejada de las batallas: no se aborda bien en su contexto la dimensión militar del conflicto107. Ni siquiera se sale de este esquema la obra colectiva, patrocinada desde el ámbito institucional castrense, que quiere entroncar con los círculos académicos (a través del congreso organizado en 2000 por la cátedra General Castaños en Sevilla)108. Y no dedica aportación alguna a las batallas importantes y sí mucho a la historia militar local y a la situación del ejército en función de las ordenanzas y de las obras clásicas.

Y no digamos las obras de carácter general producidos por estos círculos académicos. En el libro, también de autoría colectiva, resultado de un seminario internacional celebrado en 2006 en la Fundación Carlos de Amberes sobre la guerra de Sucesión y titulado La pérdida de Europa: la guerra de Sucesión por la Monarquía de España, de treinta, tan solo hay dos participaciones que se podrían considerar centradas en la historia militar o la historia de la guerra. Ambas relacionadas con los aspectos financieros de la guerra, y únicamente una de ellas sobre el territorio peninsular español109.

Por su parte, el libro más citado en los últimos años sobre la guerra de Sucesión, el de Joaquim Albareda, si bien reconoce textualmente que en Almansa se materializó la supremacía borbónica tanto en términos militares como políticos, dedica escasa o casi nula atención a cómo se llevó a cabo esa materialización: de las casi 500 páginas que tiene el libro, se dedican tres y media a Almansa, y, en realidad, estrictamente al desarrollo militar del combate, apenas 13 líneas (lo demás se centra más bien en los efectos de la batalla). Pero todavía es más sorprendente el caso de Brihuega y Villaviciosa, despachadas con ¡once líneas! en total110.

Sin embargo, de acuerdo con los nuevos planteamientos de la New Military History, para ver el verdadero significado de Almansa hay que desgranar qué es lo que llevó a que un ejército pudiera poner en combate casi el doble de hombres111, y qué circunstancias fundamentales operaron para que tuviera la mitad de las bajas. En realidad, de este modus operandi va a depender mucho lo demás, con una proyección de consecuencias (no solo el importantísimo control territorial, sino también lo que supuso de fracturas internas en la reorganización interna del austracismo)112 que, en algunos aspectos, podríamos hacer llegar incluso hasta hoy.

En este panorama, es interesante decir que es muy loable el esfuerzo que hacen algunos historiadores españoles, que no han tenido una trayectoria de historiadores militares, que con una gran profesionalidad y «oficio» han llegado en sus estudios a reconocer, aunque sea implícitamente en el enfoque de sus obras, la importancia de los hechos militares. Y así han entrado en este campo en busca de respuestas que de otra manera no podían encontrar. Si bien a casi todos se les nota una cierta falta de contextualización de lo que dicen dentro del campo de la historia de la guerra, visible a través de la ausencia de importantísimas obras de referencia en este ámbito en su aparato crítico y sus notas a pie de página. Que se acerquen a estos temas Andújar o Contreras Gay, solventes autores de la historia militar, es «natural», pero nos referimos aquí a autores como Francisco Javier Guillamón, Juan Hernández Franco, Francisco García González, etc., cuyos trabajos en este campo subrayaremos más adelante.

Las reformas militares y los nuevos planteamientos de la nueva historia militar

Entre las luces historiográficas de estos temas militares, nos encontramos con obras que han analizado con gran solvencia, aunque de una forma muy predominante en el lado borbónico, las reformas militares que se produjeron en la época, en el contexto de antes del conflicto sucesorio y una vez que este hubiera comenzado. Así, Thompson, centrándose más bien en las innovaciones generales de la época113 que se podrían aplicar para el caso de la guerra de Sucesión española, ha resaltado que las principales novedades fueron: la progresiva desaparición de la pica y la introducción de la bayoneta (con la que se resolvían, entre otras cosas, todos los problemas tácticos a la hora de combinar mejor las armas blancas y las de fuego y se aumentó muy considerablemente el potencial de los disparos y, por tanto, las muertes en batalla o fuera de ella); la restauración del papel decisivo de la caballería en las batallas, atacando por los flancos y por detrás, y armada ahora con coraza y espada, carabina y pistolas; una mayor linealidad o frontalidad de las formaciones, en relación con el potencial de fuego del fusil de chispa, que había sustituido a los mucho más arcaicos de mecha como el arcabuz y el mosquete, lo que también aumentó el potencial de fuego en un 150 por 100, y el aumento considerable de los efectivos (en Malplaquet se reunieron 200.000 hombres) debido a razones más bien de tipo administrativo, financiero y estratégico114.

Por su parte, Andújar Castillo es quien mejor ha sistematizado los cambios aplicados directamente a los primeros años del reinado de Felipe V. La primera reforma de envergadura sobre la organización militar, aunque según este autor no la más importante, fue la sustitución en 1704 de los viejos tercios por regimientos, una formación de origen francés más reducida y, sobre todo, más operativa según las nuevas formas de hacer la guerra en Europa. Además, en 1707 se suprimía el nombre de los tercios a partir de quien los mandaba por una serie de topónimos identificativos; lo que —cuestión muy importante— tendía a acabar con la idea —nefasta— del sentido de la propiedad que tenían los coroneles de sus respectivas tropas. Otras medidas se orientaban a manifestar la supremacía orgánica de las guardias del rey (lo que incidía en una dirección contraria a la que tomaba el ejército austracista, menos «sublimador» de la figura del rey), a la creación de tres regimientos reales y a la concepción del escalafón como un instrumento del poder real (para Andújar lo más importante de todo: el control del rey de la carrera profesional de los militares). Todo eso llevó a un «ejército real» que no obedecía más que a la voluntad real (con lo que de positivo tenía eso de asentamiento de la idea de unidad de mando) y a cuyos integrantes se les privaba de cualquier derecho a través de una dura disciplina y sentido de la subordinación115. Además, se impusieron importantes mejoras en la administración de la hacienda militar con la figura de Jean Orry, y se quiso reintegrar a los nobles a los puestos de mando de las unidades después de su desafección del siglo XVII116.

Todos estos cambios —entre los que la Marina se quedaba por el momento fuera117, reconociéndose, sin más, la supremacía austracista en este campo— se comenzaron a llevar a cabo en Flandes118, pero desconocemos en su verdadera dimensión qué implicación tuvieron realmente en las operaciones militares en la guerra peninsular. Hay aquí, como es evidente, un hueco historiográfico importante que debe cubrirse a partir de la nueva idea de la consideración de la batalla como elemento historiográfico fundamental.

En el panorama historiográfico más actual de la nueva historia militar, la batalla es un centro fundamental de investigación, y, con ella, la logística y la psicología del combatiente y sus efectos en las luchas. Aunque todavía no suficientemente, ha habido acercamientos a estos aspectos en los últimos años que han esclarecido algunas cuestiones que antes se nos escapaban. Ya el propio Kamen dedicaba el capítulo 4 de su La Guerra de Sucesión al «mando de la guerra», centrándose en los aspectos logísticos de abastecimientos y suministros, con sus respectivos gastos para españoles y franceses119. Pero no había una relación directa de estos cálculos con los distintos acontecimientos militares. Sin embargo, el estudio de la logística nos explica muchas realidades que en las crónicas y narraciones tradicionales quedaban completamente desdibujadas o, simplemente, no se contemplaban; aunque, bien al contrario, como decía Chandler, la guerra era en realidad la resultante de unos sistemas logísticos que obligaban a sacrificar muchas opciones teóricamente más ventajosas120. Nos puede explicar este tipo de estudios, por ejemplo, por qué las batallas en España durante la guerra de Sucesión eran significativamente mucho más pequeñas que en Europa (lo que, a su vez, tenía evidentes efectos históricos en el desarrollo del conflicto bélico). La logística imponía los límites de sueldos (luego, hombres) y mantenimientos. Un ejército sin depósitos, por ejemplo, solo podía sostenerse en territorios que tuvieran una densidad demográfica de 35 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que no ocurría en España121. Esto directamente determinaba que, muchas veces, en detrimento de objetivos estratégicos de más enjundia, se tuviera que dar prioridad a la defensa de las propias redes de comunicación y a los depósitos fortificados. De hecho, la acción imprudente de los generales aliados enfrentándose a una fuerza muy superior en Almansa estaba determinada por las dificultades logísticas y de aprovisionamiento que iban reduciendo paulatinamente la potencia de sus fuerzas122.

Muy relacionada con esta cuestión está la del reclutamiento de milicias locales, que, podemos decir, es otra de las luces en este tipo de estudios. Guillamón Álvarez y Muñoz Rodríguez han destacado hace poco la gran importancia de las milicias castellanas, dentro de un esquema de lealtad al monarca borbónico que era resultado de las estrategias de coerción y de la propaganda123, aspecto este último, como es sabido, bien transitado en la historiografía, desde diferentes ángulos, sobre el conflicto sucesorio en los últimos años. Las milicias intervendrían constantemente en el conflicto y fueron una base fundamental para la formación del ejército regular borbónico124, amén de que este tipo de fuerzas fueron empleadas precisamente para la logística, para misiones auxiliares de defensa y para el control social. Con ello Felipe V pudo contar con una extraordinaria capacidad de movilización derivada de una importante colaboración de las élites locales y el clero. Esto no solo paliaba en parte la crónica falta de soldados regulares, sino que era un nexo político-militar con la población muy importante125.

Otras interesantes colaboraciones sobre las milicias, en este caso en el contexto concreto de Almansa, las tenemos en los trabajos de Hernández Franco y Molina Puche sobre la aportación de las milicias del reino de Murcia, por un lado, y de García González sobre las propias milicias de Almansa, por otro. Estos estudios corroboran, en este ámbito, la importancia, sin ser protagonistas directos de los enfrentamientos en el propio combate, que estas fuerzas van a tener (especialmente en cuanto a la ocupación y control del territorio) y las recompensas que por ello obtienen de un monarca que es consciente de estas realidades126. Y una cuestión muy importante que se deriva de este tipo de estudios y que entronca directamente con la idea (que retomaremos más adelante) de que tanto el movimiento austracista como la propia guerra se van desarrollando primordialmente en función de las circunstancias, quedando bastante lejos los posibles planes programáticos generales establecidos. Hernández Franco y Molina Puche vienen a decir que para calibrar la adhesión de la población hacia un bando u otro hay que tener en cuenta también una cuestión, aunque algo compleja, importante; esto es, la toma de partido por aquel contra el que luchan los rivales tradicionales. De hecho, como dicen estos autores para el caso del reino de Murcia: «Como en Valencia se han decantado mayoritariamente por defender la causa del archiduque en 1705, en Murcia se abraza la causa contraria»127.

Como venimos diciendo, la batalla se ha convertido en nuestros tiempos en elemento central de análisis, especialmente, como decía Keegan, porque en sus actos se reflejan las sociedades que han producido los ejércitos que toman parte de ella, y las economías y tecnologías que han llegado a alcanzar en ese esfuerzo máximo que se requiere para el combate determinante128. Y también nos indica su resultado cuál de los sistemas militares empleados se ha hecho más innovador u eficaz. El comportamiento de los soldados en la batalla (se ha calculado que solo el 2 por 100 eran auténticamente héroes) es fundamental, y las instrucciones, el entrenamiento y la experiencia son primordiales ya desde los griegos, porque ayudan a la consecución de algo absolutamente trascedente en esos momentos: la capacidad para gestionar el sufrimiento. Tenemos que saber entonces qué es lo que hacía que los soldados lucharan y no huyeran, y cómo combatían en esas circunstancias tan extremas. De ello va a depender grandemente el resultado del combate. Pues bien, no tenemos todavía ningún estudio de este tipo sobre las batallas fundamentales de la guerra de Sucesión en España129. Los trabajos más recientes siguen un corte historiográfico genuinamente tradicional, con fuentes tradicionales, como el a pesar de todo meritorio de Cervera Torrejón sobre Almansa130, especialmente por su empeño de interpretar minuciosamente el famoso cuadro de Buenaventura Ligli sobre la batalla (que, por cierto, tiene que estar muy alejado de la cruda realidad)131.

Sabemos algo sobre Almansa: número aproximado de combatientes y disposición inicial táctica, la importancia de la superioridad de la caballería borbónica, empleo de fusiles y bayonetas132, la limitación que supuso el mando compartido entre Das Minas y Galway y la gran diversidad de tropas austracistas133, las reticiencias sobre el propio Das Minas134. Pero queda mucho por hacer desde los modernos planteamientos historiográficos. Ahora bien, sobre las otras acciones más importantes no conocemos casi nada (Villaviciosa y Brihuega se llevan la palma en esa desatención). Son muy notables las últimas aportaciones sobre los aspectos técnicos del sitio de Alicante y cómo contribuyeron a la caída del castillo y al proceso general de la guerra135, así como los numerosos trabajos que están apareciendo sobre las participaciones locales en el conflicto136. Pero sobre la evolución del conflicto en función de lo ocurrido en los preparativos y el desarrollo de los encuentros militares carecemos de una visión global adecuada. Sabemos de la no consecución austracista de bloquear la llegada de tropas francesas, del estrepitoso fracaso militar en torno a la retirada austríaca de Madrid en 1710, pero queda igualmente mucho por hacer para esclarecer verdades fundamentales. No obstante, la comprensión de este último hecho en clave de la ausencia de abastecimiento, de la descoordinación y de la nula previsión sobre el apoyo popular, arroja algo de luz también sobre la trascendencia de la falta de unidad de mando en el bando austracista137; además de la consideración acertada de que esa retirada propició la pérdida de iniciativa de este precisamente cuando todavía el ánimo de las tropas era elevado138. La desunión en el mando propició hechos tan importantes como la falta de acuerdo de los distintos reinos en el reclutamiento; todo ello aderezado también por los propios problemas que suscitaban las complejas relaciones entre los países aliados, muchos de ellos derivados de los distintos enfoques que en las reuniones de los consejos de guerra se exponían sobre la manera de llevar la guerra139.

El proyecto austracista en perspectiva histórica

Como ya hemos avanzado al principio, otro grave problema se cierne sobre el sereno análisis historiográfico del conflicto sucesorio: la politización e instrumentalización del proceso histórico, trasladando al presente categorías que solo son del pasado y analizando este desde perspectivas que únicamente corresponden a nuestro tiempo. Ciertamente, parecen premonitorias aquellas palabras de García Cárcel en su celebrado libro de 2002 sobre Felipe V (bastante antes de la crisis actual) cuando decía que Cataluña «solo se acordará de aquellos fueros arrebatados en momentos de crisis en sus relaciones con la monarquía»140. El peso del presente es tal que libros académicos construidos con un rigor metodológico bastante aceptable, como el de Joaquim Albareda, llegan a exponer en su desarrollo del conflicto sucesorio claramente «la parte por el —casi— todo» al dedicar más de la tercera parte de la obra a hablar sobre Cataluña cuando el título abarca el proceso general de La Guerra de Sucesión de España (1700-1714)141.

El presente político aparece constantemente en escena en el panorama historiográfico, como, por ejemplo, para no explicar en su verdadera dimensión hechos tan importantes como las causas de que el apoyo popular fuera mucho menor en Aragón y Valencia al archiduque que en Castilla a Felipe V. No se considera entre esas causas —y no era precisamente la menor— la política (muy genuina del Antiguo Régimen) de premio y castigo seguida tras Almansa142. Se olvida (o tal vez se quiere olvidar) que estamos en el Antiguo Régimen: el castigo y la mano dura se juzgaban, en todos los ámbitos, el mejor camino para rectificar conductas, sin ningún tipo de matices. Berwick destruye Xátiva, sobre todo, siguiendo estos planteamientos ejemplificadores, lo que horroriza a nuestra manera de pensar (inundada de la —por fortuna— monopolizadora cultura pacifista de nuestro tiempo) del siglo XXI pero era fácilmente comprensible —por supuesto no compartible y claramente censurable— desde la óptica histórica de la centuria «ilustrada». Según dijo expresamente, lo hacía el severo duque para sembrar el terror y «evitar mediante un escarmiento que tamaña obstinación se repitiese»143.

Así, los historiadores afines a planteamientos nacionalistas tienden a enfocar el enfrentamiento con unas dosis de ideología que se asemeja bastante a muchos de los análisis históricos de la Guerra Civil, que sí fue verdaderamente ideológica. Y, claro, aquí tenemos el gran problema. Como quiera que es difícil lidiar contra alguien sin que a uno se le contagien de algún modo sus formas de lucha, parece que análisis científicos y sosegados, como el de muchos buenos historiadores de nuestro tiempo, son solo la otra cara de la moneda interpretativa del proceso histórico. Como, por ejemplo, la síntesis que hace el profesor Ricardo García Cárcel tanto del proceso militar como del político de la guerra, estableciendo con extrema claridad y capacidad de análisis las distintas razones del austracismo144. Y así, algo que, científicamente, hubiera cerrado muchos debates sobre el tema en realidad no está lo suficientemente asumido todo lo que se debiera porque a primera vista parece —solo parece— que su alegato es más bien una respuesta a los nacionalistas, políticos e historiadores.

Hay una corriente historiográfica que, arrancando en El Fin de la nación catalana, el clásico de principios de siglo XX de Sanpere y Miquel, y continuando a mediados de la misma centuria con los planteamientos de Soldevila, recoge en cierta forma lo escrito por los contemporáneos de los acontecimientos (como Miñana, que hablaba de la opresión de los valencianos, que fueron alejados de su ancestral privilegio que les hacía ser «semejantes a un pueblo libre» y obligados a soportar la suerte común de toda España)145. Autores que planteaban una especie de mito historiográfico expresado en esos términos, que, como vemos, no desapareció y que ha resurgido en nuestros tiempos al calor de los acontecimientos políticos de una Cataluña que va tendiendo (por lo menos su clase política) cada vez más hacia el separatismo. Un mito (que, como todos los mitos, tiene su parte de verdad) que ve democracia y tolerancia en la Corona de Aragón frente a absolutismo, represión y dogmatismo en la mucho más atrasada Castilla a principios de siglo XVIII, y que es sustentado con afirmaciones como que las Cortes de esa época permitían «poner al día las leyes de acuerdo con la realidad social»146.

Ciertamente, existieron un programa y un proyecto austracistas, como expuso ya hace tiempo Virginia León cuando denunciaba, con acierto, el gigantesco silencio hasta entonces sobre el tema147. Pero la cuestión es qué grado de consistencia política tenían en la realidad de su tiempo y cuáles fueron las claves de su formación. ¿Obedecían a un plan bien definido o se fueron gestando sobre la marcha y en función de los acontecimientos?

El profesor Albareda incide en la idea de que hay reubicar el papel del foralismo y del constitucionalismo, a los que da mucha importancia, para comprender los comportamientos de los territorios de la Corona de Aragón en la guerra de Sucesión. Retoma para ello la idea de Soldevila de que lo que buscaban los austracistas catalanes era garantizar la España de estructura «federal» pactista y los proyectos económicos de tipo holandés, dada la vieja competencia económica con Francia. Para Albareda, la razón del alineamiento de Castilla con Felipe V se debió a que pesaron más las razones dinásticas que otra cosa, mientras que «las libertades, leyes y derechos de la patria» pesaron más que el componente dinástico en el coherente austracismo catalán148.

Sin embargo, son muchos los elementos que nos hablan a favor de que el proyecto político del austracismo, sin negar una cierta base ideológica común (se exponen con cierta solvencia cuatro puntos más o menos compartidos por muchos que podrían justificar el levantamiento)149, tanto en sus componentes como en sus ideas, se fue gestando en función de la coyuntura, sobre la marcha.

Para empezar, es difícil no estar de acuerdo en que la política del rey-archiduque en Cataluña en el fondo fue igual de centralista que la de Felipe V150. Centralista y absolutista, ya que, queriendo ser solo rey de España, se mostró, tanto en la Corona de Aragón como más tarde en su Imperio, como un rey absoluto, como lo acreditan sus continuos roces con la representación de la Generalitat, el Consell de Cent y el brazo militar; además, como recalcan Martínez Shaw y Marina Alfonso, «su absolutismo defendía los intereses de las clases privilegiadas, igual que cualquier otra versión del despotismo ilustrado»151.

Realidad que contrasta con la gran modernidad política, según Albareda, del constitucionalismo catalán exhibido en las Cortes de 1701 y 1705, algo que se vio truncado por la actuación de Felipe V. Rescatando una reflexión de Josep Fontana, está de acuerdo en que Cataluña caminaba hacia la modernidad política152. Dentro de esta supuesta modernidad, como organismo fundamental de gobierno, se da mucha importancia a la llamada Conferencia de los Comunes y, dentro de ella, al Consell de Cent153.

Esta corriente historiográfica, que, en buena lógica política, ha sido asumida con agrado por el nacionalismo catalán, viene a presentar de una forma más o menos concluyente que era más democrática la Corona de Aragón que la de Castilla porque tenía órganos representativos de la voluntad popular (no sabemos hasta qué punto eran verdaderamente representativos), mientras que a los castellanos se les presenta como «disciplinados socialmente en su relación con la corona», en «una sociedad firmemente sacralizada y propensa a la credulidad». En cambio, a los súbditos de la Corona de Aragón se les erige en depositarios de un moderno sistema político154.

Muchos de estos planteamientos han sido contemplados por grandes historiadores consagrados como Fontana, para quien, si hubieran triunfado los austracistas, el país se habría dotado de instituciones de tipo parlamentario, más propicias sin duda al desarrollo económico. Se habría podido ir evolucionando hasta llegar a un sistema político que pudiera garantizar los contratos públicos155. Lo mismo piensan historiadores de la primera fila académica de nuestros días, como Simón y Tarrés156.

El problema de todos estos planteamientos que se mueven en el terreno de «qué habría pasado si...» es que no son, ni deben ser, el objeto central de investigación de la ciencia historiográfica, que, como el propio Fontana y otros muchos grandes teóricos de la disciplina nos enseñaron, debe tender a comprender —más que enjuiciar— el pasado para explicar el presente y, también como decía Fontana, con vistas a un proyecto social de futuro a partir de una sociedad que conoce su pasado157. La ucronía histórica tiene sus ventajas para la disciplina, pero solo en el plano didáctico, o para formular posibles hipótesis interpretativas complementarias a la investigación nuclear sobre el pasado.

Para Álvarez Junco no se tiene que exagerar sobre la diversidad cultural en los distintos reinos peninsulares antes de 1700. Esa diversidad precisamente empezó a ser un problema político cuando los gobernantes comenzaron a combatirla158. Y el gran especialista clásico sobre el conflicto sucesorio, Pedro Voltes, está seguro de que, aunque es bien cierto que se consideraban señas de identidad, las prerrogativas de los reinos respondían a menudo a los intereses de las oligarquías locales159.

Hay que partir de la base, que bastantes veces se olvida, de que la preocupación fundamental de la monarquía en esos tiempos indiscutiblemente dinásticos era, como se ha recordado muy recientemente, su no desintegración ante el problema sucesorio de Carlos II160. Las distintas posiciones políticas y militares se fueron precipitando en función de las diferentes circunstancias, de todo tipo, que se iban sucediendo.

No hubo, en primer lugar, un cuestionamiento de la legitimidad de Felipe V en sus primeros años de reinado, sino que se configura el discurso austracista una vez que se ha formalizado la alianza antifrancesa, el ataque a los galeones en Vigo y la entrada en guerra de Portugal, lo que lleva también a que el discurso borbónico se haga más rígido (entre otras cosas, por un instinto natural hacia la autoprotección). De hecho, como reconoce Albareda, las primeras medidas económicas impulsadas en las Cortes catalanas de 1701-1702 fueron «claramente satisfactorias»161. El austracismo se fue haciendo; y, especialmente, a partir del aglutinamiento de toda una suerte de descontentos de todo tipo (seguramente cargados de razones objetivas), y en la creencia de la superioridad del poder militar de los aliados que le proporcionara, en las coordenadas de la época, una red frente al abismo de la culpabilidad por el delito de lesa majestad162. Y en ese proceso de gestación progresiva, el personaje del príncipe Darmastd desempeña sin duda un papel fundamental.

He aquí otra de las grandes carencias de la historiografía sobre el tema. Es evidente la gran popularidad de Darsmtadt en Cataluña, especialmente por su perfil radicalmente diferente al del denostado virrey Velasco, y la importancia de su gran papel como promotor de la causa austracista, que, junto a su muerte en combate en el asalto a Barcelona de 1795, lo elevó a la categoría de héroe popular y de «padre de la patria»163. Pero se nos hace imperativo saber qué hubo en realidad de mito y qué de realidad en su actuación tan importante en esos primeros pasos de la entrada de Cataluña en la guerra de Sucesión. La historiografía sobre este personaje es escasísima en comparación con la importancia que se le ha atribuido, y, además, metodológicamente cuestionable y con carencias importantes. El trabajo, con cierto tono épico, de Martín Grau da, por ejemplo, una explicación insuficiente del fracasado (pero importante, por sus conexiones políticas) ataque aliado de 1704 a Barcelona (otro elemento de este proceso histórico que debe investigarse mucho más en profundidad), además de no mencionar el bombardeo sobre la población ordenado por el personaje ante la ambigüedad de las instituciones catalanas (al decir del propio Albareda, «desconcertando a sus partidarios»)164. Además, no deja de haber autores que explican la escasa ayuda prestada por Rooke a Darmstadt en este contexto por el interés de Inglaterra en quedarse con la plaza de Gibraltar165. Es obvio que es otro de los grandes espacios oscuros de esta historia.

Lo que sí parece más claro es que no es posible dejar de considerar que el austracismo se fue configurando progresivamente, y falta mucho por hacer para llegar a una aceptable «sociología de la rebelión» que desgrane cómo y entre quiénes se iban generando fidelidades166. Miñana ya hablaba de la importancia de lo accidental en los dos bandos, y de que, en el desarrollo de la guerra, las consecuencias de la victoria de uno y de las represalias consecuentes iban generando sectores de fidelidad167. García Cárcel habla incluso de que el austracismo tiene distintas caras en función de los acontecimientos. El austracismo de 1705 era «españolista», mientras que el de 1714 era republicano catalán168.

Hay que contar también, como ha subrayado hace poco Martínez Shaw, con que el austracismo tuvo apenas incidencia en América169. Y, asimismo, con determinadas posturas cargadas de auctoritas en la historiografía mundial actual; particularmente la de John Elliott, muy significativamente heredero de planteamientos tan contrarios en este tema como los de Soldevila y Vicens Vives (que, como es sabido, hablaba del «desescombro» que supuso la implantación de los Decretos de Nueva Planta). Un Elliott que ha rechazado actualmente la posición de los historiadores nacionalistas diciendo públicamente que el congreso «España contra Cataluña», celebrado a finales de 2013 en Barcelona, al que se le había cursado una invitación que rechazó abiertamente, le parecía un «gran disparate».

Y es que, como el propio Elliott decía, los caminos hacia la modernidad son muchos, y ni el parlamentarismo ni el absolutismo son en sí mismos garantías de progreso170. De hecho, la victoria pudo suponer también (en las ucronías, puestos a utilizarlas, se pueden dar muchas variables) el aborto de un proyecto de sumisión económica a Inglaterra y Holanda (algo de lo que también se quejaban en su momento los gremios catalanes)171. Hay ejemplos de lo frustrado que habría podido ser, a pesar del optimismo implícito de la ucronía de una Cataluña a la holandesa: la alianza inglesa de Portugal en el siglo XVII172.

El peso del presente: resistencia heroica y nacionalismo

El último episodio de la guerra de Sucesión en España (mejor dicho el penúltimo, porque el último fue la toma de Mallorca en 1715, pero otra vez el presente «presiona» sobre la historia...) fue el desgraciado sitio de Barcelona en 1714. Como es sabido, antes se habían firmado las capitulaciones de Utrecht, que desbarataban las pretensiones catalanas de sacar partido de la lucha y, antes al contrario, van a ofrecer un panorama desolador ante el aislacionismo catalán que permitirá que el radicalismo se apodere de la situación. Aquí vemos ya otra desfiguración histórica: la no asunción de las «reglas» de las relaciones internacionales que, por ejemplo, después del tratado «obligaban» a Inglaterra a considerar como amigo a Felipe V y, por lo tanto, a dejar de presionar a favor de los catalanes. La realidad es que, previamente, tanto ingleses como austríacos habían dejado solos a los catalanes en el contexto de Utrecht. Y, fidelidades «románticas» e incluso ideológicas aparte, la realidad cruda de las relaciones internacionales hacía que en ese momento el «caso de los catalanes» no fuera algo más que residual en la ciudad holandesa. Ante nuevas realidades políticas, Carlos VI, ahora investido de la púrpura imperial, no tenía más remedio, según recalca Pedro Voltes, que desentenderse de la «causa catalana», aunque, también subraya, «no debería haberles dado tantas esperanzas infundadas» («no contribuir a tenerlos engañados, rumbo a la catástrofe»)173.

La tragedia de Barcelona (ciudad muy dolorosamente acostumbrada a ser objeto de tantos sitios en poco más de tres lustros) se empezaría a consumar a partir de determinados intereses que tenían como telón de fondo la no aceptación de la rendición. Empezando, sibilinamente, por los propios franceses, que no dejaban de tener presente que, al fin y al cabo, la unión de las dos coronas podía ser muy circunstancial (la verdad es que no tenían fundados motivos para pensar lo contrario). Los radicales y —por qué no decirlo— los fanáticos (ahí están las excentricidades de todos conocidas, especialmente las que tenían que ver con la religión) se convirtieron entonces, guiados por líderes con diversos intereses, en protagonistas de la situación, una vez que los elementos más conservadores y pacíficos hubieran abandonado la ciudad (buena parte de la nobleza, del clero y de la burguesía se marcha a tierras borbónicas ante la llegada de las tropas de Berwick)174. El propio Sanpere reparaba en que en la obstinación de los resistentes catalanes en no ceder ni un palmo de sus libertades se puede ver que se llegara tan lejos en el enfrentamiento y en la rendición de la ciudad. A ello habría que añadir la actitud del «partido austríaco intransigente», el de «muerte o nuestros privilegios conservados», en la que hubo, según el autor del El fin de la nación catalana, mucho de obcecación, «por no decir que lo que hubo fue sobra de mentecatería»175.

Nadie puede negar la durísima represión tras el sitio de Barcelona176, que, como se decía entonces, no se había dado a partido y que, por tanto, según las leyes de la guerra de la época, debía esperar todo tipo de abusos por los asaltantes que la habían tomado por la fuerza después de varios meses teniendo abierta una brecha en sus defensas. Además del carácter aleccionador (presente especialmente en las frías medidas de depuración de los meses subsiguientes) y ejemplificador de estas crueles acciones (cuya importancia histórica ya hemos visto más arriba), hay que tener en cuenta que esta rigurosidad extrema respondía a otros motivos «históricos». Desde luego, nada más lejos de exculpar a nadie (como ya hemos dicho desde el principio, le iría mucho mejor al historiador si se dedicara a comprender, más que juzgar, los procesos históricos), pero esa actitud respondía a las particularidades de una guerra de sitio de esas características, en la que, lejos de considerar (como hizo el propio Voltaire) heroicos los comportamientos de los sitiados, para los asaltantes eran cruelísimos, porque les hacían dilatar con muertes y sufrimiento un objetivo que ya se veía conseguido tras la apertura de la brecha en la muralla (no olvidemos que murieron muchos más hombres del bando vencedor que del perdedor, con todas las particularidades psicológicas —lucha temeraria contra un enemigo bien parapetado— para el combate que eso implica)177. Una vez más, es importante el conocimiento de las realidades militares de entonces para la comprensión de los fenómenos históricos.

También es fundamental el conocimiento no solo de la implacable y «antihumanista» política exterior, sino de la política interna. Como es sabido también, fue proverbial la radicalidad de Felipe V para no conceder absolutamente nada a los catalanes en Utrecht. Respondía con ello a otra realidad histórica consustancial a la estructura política del Antiguo Régimen: la extrema gravedad del delito de lesa majestad en el levantamiento de los súbditos contra su rey legítimo, castigado por todo lo que duró aquella época con las máximas penas. Tampoco se trata —ni mucho menos— de justificar actitudes que repudiaríamos hoy, sino de comprenderlas en su contexto histórico.

Considerar el episodio final de Barcelona el último y supremo acto de una guerra civil es muy arriesgado, sobre todo porque no sabemos en realidad, pese a que en la política nacionalista de nuestro tiempo se tiende a presentar a los resistentes barceloneses como el alma histórica de toda Cataluña, qué había realmente detrás de esos resistentes. Falta también aquí por hacer, como en toda Cataluña y en Valencia, una auténtica «sociología de la rebelión»178. La supresión de la Generalitat por el Consell de Cent (que, con su coronela, había cobrado gran protagonismo en las acciones militares) en febrero de 1714 tuvo mucho de debate en el que se movieron intereses particulares179.

Una vez más, el propio Sanpere dice que la Generalitat no murió el 11 de septiembre de 1714, sino el 26 de febrero, que fue cuando, muy irregularmente, entregó el poder a los concellers de la ciudad para que se encargaran de su defensa, lo que era dar la razón a los que veían las instituciones catalanas incompatibles con el espíritu moderno. Sanpere habla entonces de un «golpe de estado concejil» y argumenta (ya en un tono más político que histórico) que el contencioso nunca debía haberse resuelto en perjuicio del máximo organismo gubernamental del país, la Generalitat180. Sin embargo, esta reflexión de Sanpere es omitida, por supuesto, por los políticos y, lo que es más grave, por la historiografía nacionalista o afín a los planteamientos de lo compacto del proyecto austracista, como el propio Albareda, que ha realizado una edición crítica de este clásico del nacionalismo catalán. Sin dejar de reconocer la profesionalidad de este último, pensamos que esa tendencia general tiene bastante que ver con la interpretación de la ilegalidad cometida por una institución austracista. Una interpretación que no solo va contra el argumento de las medidas ilegales de Felipe V con la Nueva Planta sino que incluso, dentro de la especie de locura que nos envuelve en los últimos meses en la relación entre política e historia en este tema en Cataluña, menoscaba la idea de la ilegalidad de una monarquía como la actual, que no solo ha seguido con los feroces planteamientos de su antecesor, sino que ostenta una jefatura del Estado gestada por una dictadura que había salido, a su vez, de un golpe de Estado181.

Si, como se ha dicho, España pagó las facturas de Utrecht, habría que continuar el argumento y decir —siguiendo la lógica del poder del fuerte y el débil en las relaciones internacionales de la época, y, prácticamente, de las de hoy también— que España hizo pagar a Cataluña, con el centralismo, todo lo que pudo de esas facturas. En realidad era lo único que podía sacar de esta desafortunadísima guerra, y no estuvo dispuesta a renunciar a ello. Habría sido posible que renunciara, pero, si se me permite, habría sido algo «ahistórico».

Otra cosa es que fuera conveniente. Como ha dicho Mantecón, Felipe V ganó la guerra pero perdió la paz182. La publícistica y toda suerte de representaciones culturales reproducirían el discurso de la nación catalana maltratada183. Política e historia se entremezclarían recurrentemente hasta hoy, y, desde luego, en nada contribuirá este proceso (testigos somos de su cara más interesada en nuestros días) a disipar las carencias y los límites de la historiografía actual sobre la guerra de Sucesión en España.

98 H. Kamen, La guerra de Sucesión en España 1700-1715, Barcelona, Grijalbo, 1974.

99 Sin pretender ser exhaustivos, mencionaremos en estas páginas no tanto los grandes temas políticos y propagandísticos abordados (campos estos bastante conocidos a raíz de las muchas y muy buenas obras aparecidas) como algunos otros campos de estudio transitados y los trabajos más significativos.

100 Estos evidentes desequilibrios provocan en la historiografía una sobredimensión de los objetos historiables que es comparable —de hecho van en gran medida de la mano— al de determinadas posiciones políticas, como la del nacionalismo catalán ante el concierto político general. Cuando al día siguiente de la multitudinaria cadena humana pronacionalista e independentista de la Diada de 2014 le preguntaron al finlandés Oliver Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el «problema catalán», se limitó a decir: «realmente no es de eso de lo que más se habla en los pasillos de Bruselas» (algo que recuerda enormemente al «caso de los catalanes» en el contexto de Utrecht). Ciertamente, como apunta con verdad Albareda: en estos tiempos en los que no abundan los razonamientos serenos, se echa en falta la figura humana e intelectual de Ernest Lluch. J. Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, Crítica, 2010, pág. 8.

101 J. M. Miñana, La Guerra de Sucesión en Valencia, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1985, pág. 202.

102 R. García Cárcel, Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de España, Barcelona, Plaza & Janés, 2002, pág. 55.

103 Disponemos de un elenco muy importante de obras de gran calidad sobre los aspectos publicísticos y propagandísticos de la guerra. Además de la ya mencionada de García Cárcel, presentan contribuciones muy apreciables los trabajos de Rosa María Alabrús, María Teresa Pérez Picazo, R. M. López Campillo, David González Cruz y Cristina Borreguero Beltrán, entre otros.

104 F. Andújar Castillo, «La Guerra de Sucesión y los cambios en el ejército», en J. González Beltrán (ed.), El asalto anglo-holandés de 1702 a la bahía de Cádiz, entre la política internacional y las repercusiones locales, Puerto de Santa María, Ayuntamiento, 2003. Los ingresos para las arcas reales —superiores a los 85 millones de reales— provendrían en gran medida de la venalidad y de la venta de cargos (F. Andújar Castillo, «La financiación desconocida de la Guerra de Sucesión: la venta de cargos y honores», en A. Álvarez-Ossorio, B. García García y V. León [eds.], La pérdida de Europa: la guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2007, págs. 313-334), con todo lo que en términos de «economía destructiva y abuso social» llevaba eso consigo, añadimos nosotros.

105 I. A. A. Thompson, «Almansa y la guerra en Europa en torno a 1700: cambios y permanencias», en F. García González (coord.), La guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada, Madrid, Sílex, 2007, págs. 31-49.

106 I. A. A. Thompson, «Almansa y la guerra en Europa en torno a 1700: cambios y permanencias», op. cit., págs. 31-49.

107 Se da entonces el gran problema de que los primeros trabajos a los que nos referimos (muchas veces obras de profesores de instituto y de estudiosos locales) no entroncan con otros aspectos históricos importantes (casi siempre se limitan a los conocidos acontecimientos políticos), mientras que los académicos (aunque no todos), como si fuera una especie de historia de segunda división, pasan como sobre ascuas sobre las referencias militares. El vacío resultante es evidente, como veremos en estas páginas.

108 VV.AA., La Guerra de Sucesión en España y América (Actas de las X jornadas nacionales de historia militar), Madrid, Deimos, 2001.

109 A. Álvarez-Ossorio, B. García García y V. León (eds.), La pérdida de Europa: la guerra de Sucesión por la Monarquía de España, op. cit.

110 Además, se advierte en esas once líneas el nulo enfoque estrictamente militar sobre cómo se desarrollaron los hechos: «Stanhope acampó en Brihuega el 6 de diciembre y Starhemberg cerca de Cifuentes. El inglés fue sorprendido por las tropas de Vendôme, que comandaba a 20.000 soldados. Sin lugar a dudas, a partir de aquel momento, la Guerra en España dio un vuelco definitivo a favor de Felipe V, a lo que el militar francés contribuyó de forma meritoria, siendo recibido en Madrid con aclamaciones de “¡Viva Vendôme nuestro libertador!”». J. Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), op. cit., págs. 226 y 303.

111 Cómo se gestionó, por ejemplo, el acuciante y permanente problema de la falta de efectivos: reclutas de vagos, indultos periódicos a desertores, sistema de «contratas privadas» para levantar regimientos (al contratante se le ofrecía el empleo de coronel), etc. F. Andújar Castillo, «La reforma militar en el reinado de Felipe V», en J. L. Pereira Iglesias (ed.), Felipe de Borbón, 1701-1746, Córdoba, Actas del Congreso de San Fernando (Cádiz), 2002, págs. 617-640.

112 R. García Cárcel, «La Guerra de Sucesión en España», op. cit., pág. 65.

113 Descritas en los últimos años por historiadores de la talla de J. Black, A military Revolution? Military change and European Society, 1550-1800, Londres, Macmillan, 1991, y, sobre todo, European Warfare. 1660-1815, Londres, Routledge, 1994; y por, entre otros, J. A. Lynn, Giant of the Grand Siècle. The French Army 1610-1715, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

114 I. A. A. Thompson, «Almansa y la guerra en Europa en torno a 1700: cambios y permanencias», op. cit., págs. 31-49.

115 F. Andújar Castillo, «La reforma militar en el reinado de Felipe V», op. cit., págs. 617-640.

116 D. García Hernán, «La nobleza castellana y el servicio militar. Permanencias y cambios en los siglos XVI y XVII a partir de los conflictos con Portugal», en E. García Hernán y D. Maffi, Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa Moderna (1500-1700), Madrid, Laberinto, 2007.

117 H. O’Donell, «La marina durante el primer reinado de Felipe V (1700-1724), en VV.AA., La Guerra de Sucesión en España y América (Actas de las X jornadas nacionales de historia militar), op. cit.

118 F. Andújar Castillo, «La reforma militar en el reinado de Felipe V», op. cit., págs. 617-640.

119 H. Kamen, La guerra de Sucesión en España 1700-1715, op. cit.

120 D. G. Chandler, The Art of Warfare in the Age of «Marlborough», Londres, Batsford, 1976, pág. 19. Para la importancia de la logística en las fuerzas de la monarquía hispánica, véase, entre otros, D. García Hernán y E. García Hernán, Lepanto: el día después, Madrid, Actas, 1999.

121 En el nivel «máximo» peninsular en este aspecto, Almansa, no hubo más de 40.000 combatientes; esto es, la cuarta o la quinta parte de las grandes batallas «internacionales» de la guerra de Sucesión. I. A. A. Thompson, «Almansa y la guerra en Europa en torno a 1700: cambios y permanencias», op. cit., págs. 31-49.

122 F. López Iglesias y M. J. Ortiz López, La Guerra de Sucesión. Batalla de Almansa, 1707, Murcia, 2004, pág. 173, cit. por I. A. A. Thompson, «Almansa y la guerra en Europa en torno a 1700: cambios y permanencias», op. cit., págs. 31-49.

123 F. J. Guillamón Álvarez y J. D. Muñoz Rodríguez, «La lealtad castellana en la Guerra de Sucesión: movilización social y representación del poder en una sociedad en guerra», en Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante, núm. 24 (2006), págs. 513-536; y de los mismos autores: «Las milicias de Felipe V. La militarización de la sociedad castellana durante la Guerra de Sucesión», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, núm. 25 (2007).

124 P. de Oñate Algueró, «Milicias provinciales y Guerra de Sucesión: la Real Cédula de 1704», en VV.AA., La Guerra de Sucesión en España y América, Madrid, Deimos, 2001, págs. 425-438.

125 En el anexo del artículo se exponen, a través de fuentes diversas, los mandos en la formación de regimientos y compañías de milicias entre los años 1706-1707, siendo un número tan elevado como solo para el reino de Murcia, diez regimientos y 127 compañías. F. J. Guillamón Álvarez y J. D. Muñoz Rodríguez, «Las milicias de Felipe V. La militarización de la sociedad castellana durante la Guerra de Sucesión», op. cit.

126 J. Hernández Franco y S. Molina Puche, «Los ejércitos de esta frontera. El reino de Murcia y la batalla de Almansa», en F. García González, La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada, op. cit., págs. 415-433. F. García González, «La villa de Almansa en la Guerra de Sucesión», en F. García González, La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada, op. cit., págs. 435-473.

127 J. Hernández Franco y S. Molina Puche, «Los ejércitos de esta frontera. El reino de Murcia y la batalla de Almansa», op. cit., págs. 415-433.

128 J. Keegan, El rostro de la batalla, Madrid, Turner, 2013.

129 Lo más cercano es el análisis que hizo Corvisier de Malplaquet. A. Corvisier, «Le moral des combattants, panique et enthousiasme: Malplaquet, 11 septembre 1709», en ídem., Les hommes, la Guerre et la Mort, París, Economica, 1985.

130 J. L. Cervera Torrejón, La batalla de Almansa. 25 de Abril de 1707, Valencia, Corts Valencianes, 2000.

131 No solo por las circunstancias que antes mencionábamos de falta de visión global de la batalla, sino porque, como se sabía bien en el alto mando de la época, lo único que es seguro es que nunca se va a dar un desarrollo de la batalla tal y como se había planeado exactamente.

132 Todo ello en I. A. A. Thompson, «Almansa y la guerra en Europa en torno a 1700: cambios y permanencias», op. cit., págs. 31-49.

133 J. L. Cervera Torrejón, en La batalla de Almansa. 25 de Abril de 1707, op. cit., pág. 29.

134 J. Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), op. cit., pág. 223.

135 A. Benigno, «Mejoras en las fortificaciones abaluartadas de Alicante durante la Guerra de Sucesión», Tiempos Modernos, Revista de Historia Moderna, vol. 7, núm. 25, (2012). Disponible en: http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/289/366. Y M. I. Pérez Millán, «Antonio Montaigut, Esteban de Panon y Juan Martín Zermeño. Tres propuestas para la defensa del Castillo de Alicante», Tiempos Modernos. Revista electrónica de Historia Moderna, vol. 7, núm. 24 (2012). Disponible en: http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/270/333.

136 Como los de M. Tourón sobre Galicia, P. Voltes, V. Gascón y C. Pérez Aparicio sobre Valencia, J. L. Terrón, J. J. Vidal y M. Mata sobre Menorca, R. Sanchís sobre Alcoy, M. B. Pérez Álvarez sobre Aragón, F. Porcel sobre Malorca, E. Martínez Raído sobre Asturias, J. A. Gisbert y J. Calvo sobre Denia, Calvo Poyato sobre Andalucía, G. Borrás sobre Zaragoza, etc.

137 J. Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), op. cit., pág. 303.

138 V. León, Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España, Madrid, Aguilar, 2003, págs. 91-93.

139 J. Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), op. cit., págs. 200, 219 y 199.

140 R. García Cárcel, Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de España, op. cit., pág. 200. Lo que no sabemos es si el conocido historiador pensaba que en la «próxima crisis» ese recuerdo de los fueros iba a llegar a los niveles actuales.

141 J. Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), op. cit.

142 J. Hernández Franco y S. Molina Puche, «Los ejércitos de esta frontera. El reino de Murcia y la batalla de Almansa», op. cit., págs. 415-433.

143 Cit. por P. Molas Ribalta, «El duque de Berwick, vencedor de Almansa», en F. García González, La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada, op. cit., págs. 475-485.

144 R. García Cárcel, «La Guerra de Sucesión en España», en F. García González (ed.), La guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada, op. cit., págs. 51-70.

145 J. M. Miñana, La Guerra de Sucesión en Valencia, op. cit.

146 J. Albareda Salvadó, «La Corona de Aragón en la Guerra de Sucesión: el proyecto austracista», en F. García González, La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada, op. cit., 2009. La cursiva es nuestra.

147 V. León Sanz, La Guerra de Sucesión española a través de los consejos de estado y guerra del archiduque Carlos de Austria, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1989; y Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de España (1700-1714), Madrid, Sigilo, 1993.

148 J. Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), op. cit. Concretamente esa idea de que el proyecto era muy coherente la expone en la pág. 126.

149 El sentimiento antifrancés, los abusos del virrey Velasco, los intereses de la burguesía catalana de los negocios «a la holandesa» y la defensa del marco jurídico propio. También se exponen los participantes catalanes en el bando austracista, entre los que se encuentran, además de muchos nobles y burgueses y los famosos vigatans, la mayor parte de los eclesiásticos. J. Albareda Salvadó, «La Corona de Aragón en la Guerra de Sucesión: el proyecto austracista», en F. García González, La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada, op. cit. Además, según se ha remarcado también, el papado (un tanto contradictoriamente) se mostró a favor de los austracistas en la guerra. J. Casey, «La Guerra de Sucesión en la historiografía española: la perspectiva catalano-valenciana», en F. García González, La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada, op. cit., págs. 379-395. No parece discutible que si eclesiásticos y curia papal del Antiguo Régimen estaban a favor de los austracistas, tenían que ayudar más bien poco en cuanto al desarrollo de un moderno sistema político.

150 R. García Cárcel, Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de España, op. cit., pág. 87.

151 C. Martínez Shaw y M. Alfonso Mola, Felipe V, Madrid, Arlanza, 2001.

152 J. Albareda Salvadó, «La Corona de Aragón en la Guerra de Sucesión: el proyecto austracista», en F. García González, La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada, op. cit.

153 J. Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), op. cit., pág. 128.

154 En las conclusiones de su libro, hablando del sistema político catalán «sin parangón en España y muy notable en el contexto del parlamentarismo europeo», dice Albareda al respecto de esa pretendida modernidad: «Puestos a hablar de modernidad política, resulta más pertinente dirigir la mirada a la estructura de la Corona de Aragón por su entramado jurídico-institucional, que garantizaba un sistema representativo avanzado (sin ser democrático, no hace falta decirlo, puesto que hablamos del Antiguo Régimen) en un tiempo en que el absolutismo ganaba terreno en el continente europeo». J. Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), op. cit., pág. 492. En verdad, es difícil saber qué hay detrás de un «sistema representativo avanzado» sin ser democrático. ¿Oligárquico, más bien?

155 J. Fontana, «La guerra de Successió i les Constitucions de Catalunya: una proposta interpretativa», en J. Albareda (ed.), Del patriotisme al catalanisme, Vic, Eumo Editorial, 2001.

156 A. Simon i Tarrés, Construccions polítiques i identitats nacionals: Catalunya i els origins de l’estat modern español, Tarragona, Pubicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005, pág. 429. En esta obra está contemplada la cita de Fontana.

157 J. Fontana, Historia: análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, Crítica, 1992.

158 J. Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001, pág. 78.

159 P. Voltes, Felipe V, Barcelona, RBA, 2005. Parece razonable tener la impresión de que muchos políticos e historiadores de tendencia nacionalista pueden llegar a compartir que era una oligarquía, pero que, al fin y al cabo, era SU oligarquía.

160 T. A. Mantecón, España en tiempos de Ilustración. Los desafíos del siglo XVIII, Madrid, Alianza Editorial, 2013, pág. 25.

161 J. Albareda Salvadó, «La Corona de Aragón en la Guerra de Sucesión: el proyecto austracista», op. cit.

162 R. García Cárcel, Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de España, op. cit., pág. 69.

163 J. Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), op. cit., pág. 166.

164 M. Martín Grau, «El príncipe Georg de Hessen-Darmstadt: el último virrey de los Austrias en Cataluña», en A. Álvarez-Ossorio, B. García García y V. León, La pérdida de Europa: la guerra de Sucesión por la Monarquía de España, op. cit., págs. 445-461. El núcleo fundamental de su aportación se basa en una biografía ¡de 1859! (la de H. Künzel, das leben...), publicada «además» en Darmstadt.

165 Incluso un historiador militar como Storrs salda este episodio de la intervención inglesa en 1704 en Barcelona con un: «En el año 1704 desembarcaron [los ingleses] en Barcelona a 1.600 soldados, ingleses y holandeses, quienes se pusieron bajo el mando del antiguo virrey de Cataluña, el príncipe Jorge de Hesse Darmstadt, pero no fue posible conquistar la ciudad. Rooke se vio obligado a volver al Estrecho». Como se ve, sin entrar en los importantes «detalles» del porqué o el cómo. C. Storrs, «Inglaterra y la Guerra de Sucesión Española», en F. García González, La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada, op. cit., 2009, págs. 109-131.

166 J. Casey, «La Guerra de Sucesión en la historiografía española: la perspectiva catalano-valenciana», en F. García González, La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada, op. cit., págs. 379-395.

167 J. M. Miñana, La Guerra de Sucesión en Valencia, op. cit.

168 R. García Cárcel, «La Guerra de Sucesión en España», en F. García González (ed.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada, op. cit., 2009, págs. 51-70.

169 C. Martínez Shaw, en «La Guerra de Sucesión en América», en F. García González, La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada, op. cit., pág. 92.

170 J. Elliott, «Conferencia de clausura del homenaje de la revista» Manuscrits. Cataluña i España a l’epoca moderna. Homenatge a J. H. Elliott, núm. 15 (1997), págs. 176-177.

171 C. Martínez Shaw y M. Alfonso Mola, Felipe V, op. cit., págs. 216-217.

172 R. García Cárcel, Felipe V y los españoles, op. cit.

173 P. Voltes, Felipe V, op. cit., págs. 158-160.

174 J. Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), op. cit., págs. 378-381.

175 S. Sanpere y Miquel, Fin de la nación catalana, Barcelona, Editorial Base, 1905.

176 J. M. Torras i Ribé ha descrito bien estas atrocidades y sus repercusiones, hablando de que las tropas borbónicas se guiaban de acuerdo con un auténtico terrorismo militar. Véase J. M. Torras i Ribé, Felip V contra Catalunya. testimonis d’una repressió sistemàtica (1713-1715), Barcelona, Rafael Dalmau, 2005; y, del mismo autor, La guerra de successió i els setges de Barcelona (1697-1714), Barcelona, Rafael Dalmau, 1999.

177 Véanse, entre otros, D. García Hernán, La cultura de la guerra y el teatro del Siglo de Oro, Madrid, Sílex, 2006; y J. Keegan, El rostro de la batalla, op. cit., 2013.

178 J. Casey, «La Guerra de Sucesión en la historiografía española: la perspectiva catalano-valenciana», en F. García González, La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la encrucijada, op. cit., págs. 379-395.

179 Annals Consulars, cit. por R. García Cárcel, Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de España, op. cit.

180 S. Sanpere y Miquel, Fin de la nación catalana, op. cit., págs. 327, 329 y 331.

181 La pureza de la legalidad institucional catalana quedaba entonces, asumiendo el planteamiento de Sanpere, en entredicho. Y, simplemente, como la historia es la porción del pasado que rescatamos para el presente, el hecho de coger la porción que no interesa no parece una beneficiosa operación.

182 T. A. Mantecón, España en tiempos de Ilustración. Los desafíos del siglo XVIII, op. cit., pág. 31.

183 Sin duda la mejor obra para este tema es la de R. García Cárcel, Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de España, op. cit.

CAPÍTULO 4

Cataluña y la monarquía después de 1714

Rosa M.ª Alabrús Iglesias

Nadie puede negar la realidad de la dura represión impuesta por Felipe V a la sociedad catalana tras el Once de Septiembre de 1714. La conciencia por parte del rey del delito de lesa majestad cometido por los catalanes en 1704 con su apuesta por el rey-archiduque Carlos y la repetida constatación de la imposibilidad de llegar a un acuerdo a lo largo del sitio de Barcelona de 1713-1714 alimentaron una voluntad punitiva de Felipe V hacia Cataluña que tiene multitud de expresiones que han estudiado muy en profundidad José M.ª Torras i Ribé y otros muchos historiadores184.

Asumida, pues, de principio, la evidencia de la represión borbónica en Cataluña tras 1714, en este artículo pretendo reflejar tres aspectos, quizás menos conocidos, de la situación de la Cataluña borbónica de la primera mitad del siglo XVIII.

1) Hay que tener presente que los poderes fácticos en la corte de Felipe V cambiaron desde 1714, a partir del segundo matrimonio del rey con Isabel de Farnesio. Se disuelve el equipo francés que había marcado las directrices políticas durante la guerra. Macanaz marcharía exiliado a Pau en 1715 y se consolidaría la figura del pragmático Patiño. Ciertamente Patiño nunca fue simpatizante de la causa catalana y sus comentarios acerca de la sociedad catalana así lo rebelan:

El país de Cataluña es quebrado y montuoso, bastantemente fructífero por la industria y aplicación de los moradores; es muy poblado, no en lo numeroso de las poblaciones, sí en multitud de pequeñas aldeas poco sujetas a la dirección de la justicia y educación, criadas sin docilidad y con pocos incentivos de religión... que el genio de los naturales es amante de la libertad, aficionadísimo a todo género de armas, aguardan coyuntura para sacudir el yugo de la justicia, son muy interesados, apasionados a su patria con tal exceso que les haze, trastornar el uso de la razón [...] pues difícilmente se puede con el solo rigor de la justicia reducir el genio en la quietud necesaria en unos pueblos confinantes con la Francia por una parte y por otra expuestos a la libertad del mar, cuyas facultades pueden ser incentivos a imaginar libertades o facilitar delitos185.

Pero, desde luego, él nunca compartió el radicalismo de Melchor de Macanaz y su grupo en su animosidad anticatalana. Recuérdese, al respecto, que Felipe V pidió en enero de 1713 a Macanaz que le presentara un Informe sobre Cataluña. En esa memoria Macanaz propuso al rey que «por la rebelión de los catalanes, sus fueros y privilegios quedasen derogados» y que «no hay más ley, fuero ni privilegio que la voluntad del rey». Al finalizar el tratado de Utrecht, Felipe V encargó, de nuevo, a Macanaz, las Instrucciones sobre la evacuación de Cataluña (abril de 1713) en cuya redacción se abogaba por la supresión de las instituciones catalanas y se aconsejaba al rey extrema dureza en este territorio. A lo largo de la guerra, especialmente en 1714, esta línea de actuación se vio refrendada por la princesa de los Ursinos, el duque de Veragua, el príncipe de Cellamare, el conde de Montemar, Orry y el vizconde del Puerto (futuro marqués de Santa Cruz), entre otros. Llegaron a destituir al presidente del Consejo de Castilla Ronquillo y a neutralizar las opiniones del duque de Berwick (al frente del ejército francés durante el sitio final de Barcelona en 1714) y de Patiño, más pragmáticas186.

Tras la segunda boda de Felipe V con Isabel de Farnesio, en 1714, esta trajo consigo a España a Julio Alberoni, su hombre de confianza. Con él, la corte cambió de estrategia, ante la fijación de Macanaz por la uniformización y el castigo en Cataluña. Además, este último se enemistó con los grandes del Consejo de Castilla, por su afán fiscalizador, y con el clero, por su regalismo, desde el intento de desamortización de los bienes de este en Valencia (1707) hasta el Pedimento (1713) dirigido al papa Clemente XI. Su contenido se inspiraba en el Memorial de Juan Chumacero y el obispo Pimentel, quienes, a su vez, en el siglo XVII, habían presentado, a Felipe IV, una propuesta parecida. Macanaz la adaptó a las necesidades generadas por la guerra de Sucesión. Quiso evitar que Roma gravase más a España con tributos. Los cardenales Giudice y Alberoni lo acusaron ante el papa y consiguieron que el Consejo de Inquisición le abriera un proceso por herejía. De todos modos, él siempre creyó ser más víctima de una Roma antirregalista (tal y como pone de manifiesto en su manuscrito Males, daños y perjuicios...) que de la Inquisición española. Al mismo tiempo, Macanaz pretendía «discurrir el modo efectivo y eficaz para contener, castigar y limpiar el Principado de todos los clérigos y frailes manifiestamente conocidos por malos y rebeldes en Cataluña» al igual que en su día hizo en Valencia, lo que le acarreó una enorme impopularidad dentro del estamento eclesiástico. Por otro lado, Alberoni sintonizó mayormente con Patiño y los juristas borbónicos catalanes Francesc d’Ametller y Josep d’Alòs en la articulación de un diseño más posibilista de la Nueva Planta en Cataluña, manteniendo el derecho civil catalán. Hasta el ministro Grimaldo acabó por aceptar la candidatura de Patiño para tal proyecto. Desde entonces Macanaz tuvo los días contados. Lo mismo ocurrió con el lobby de presión que lo apoyaba. Formalmente, cayó en desgracia el 7 de febrero de 1715 y se exilió a Francia junto con Orry. También ese año, el vizconde del Puerto fue enviado a Ceuta, lejos de la corte. La Ursinos, como sabemos, fue despojada de sus responsabilidades oficiales nada más llegar la nueva reina. Desde el exterior, Macanaz y el vizconde del Puerto escribieron numerosos papeles no solo para contrarrestar la memoria austracista catalana sino para desprestigiar a los propios borbónicos como Patiño, Alberoni o Grimaldo, a los que criticaban por no haber actuado con mayor dureza en Cataluña. Ciertamente, los comienzos de Patiño no fueron fáciles. Entre 1715 y 1717 tuvo que hacer frente a varios requerimientos ante la corte, por supuestas denuncias hacia su persona, que habían llegado a oídos del rey, en el sentido de no haber sabido prever ni atajar convenientemente las sediciones de los catalanes posteriores a la guerra187.

Junto a Macanaz caería políticamente el citado vizconde del Puerto, que publicaría en 1724-1727 en Turín sus Reflexiones militares, que aparte de la exhibición de sus conocimientos estratégicos demostraba su visión del problema catalán en términos de reivindicación de una represión sin matices.

El vizconde había vivido el sitio de Barcelona de 1714 y tenía una imagen muy peyorativa de los catalanes. Escribió esta obra en plena gestación de la paz de Viena, contrario a ella (al igual que Macanaz). Con ello institucionalizó el concepto de rebelión, precisando, con la capacidad de observación del militar profesional que era, los distintos posibles tratamientos de la rebelión como problema. En 1718, ya convertido en marqués de Santa Cruz de Marcenado, Felipe V le otorgó los cargos de inspector de la guarnición de Cerdeña y gobernador de Sicilia, hasta 1720, en que se abre para él un largo período de ejercicio de la diplomacia, al ser nombrado embajador de España en Turín, donde se encontraba la corte de Víctor Amadeo de Saboya. Su casa se convirtió en uno de los centros culturales más importantes de la ciudad. Allí escribió las Reflexiones militares que se publicaron en Turín, entre 1724 y 1727, pero, como tantas obras impresas de éxito, circularon como manuscrito años más tarde de la edición. Sus estrategias fueron admiradas y seguidas hasta por Federico II de Prusia188.

La experiencia vivida de la contestación catalana, durante el sitio de 1714, le dejó la secuela del concepto de «rebelión» muy marcada. La primera cuestión que Puerto se plantea «contra las rebeliones» es el posible origen de las mismas. Al respecto, da gran trascendencia a la carestía, al exceso de contribuciones y a la extorsión de las tropas a la población, aunque considere peligrosas la libertad de opinión y la libertad religiosa. Participa de la tradición cultural arbitrista que le lleva a preocuparse por solucionar el problema de la carestía evitando sacar demasiado grano de una provincia a otra, trasladando a los pobres a lugares más ricos, combatiendo la holgazanería y la ociosidad y controlando los gremios. En el discurso segundo es consciente de que la presión militar genera descontentos, hace circular pasquines y propicia el almacenamiento de armas y el contrabando. Para ello, recomienda no dar demasiada confianza a los naturales y analizarlos psicológicamente, para saber cuáles son sus objetivos. En el discurso tercero desarrolla toda una serie de medidas necesarias para combatir los rescoldos de la rebelión catalana. Son las siguientes: detectar y acabar con los cabecillas; hacer ver a los sublevados que, en el pasado, también se rebelaron y apostaron por un príncipe (archiduque Carlos) equivocado que les abandonó. Indicarles lo bien que viven ahora y lo mal que estuvo que su rey los abandonara; expulsar o sacar del país a los sospechosos descontentos; dar cargos a los rebeldes ricos para comprometerlos con el Estado, si bien estos cargos nunca deberían tener importancia política o capacidad de decisión para no favorecer rebeliones; respecto a los grandes, que hiciesen sombra al rey, habría que evitar que se casasen entre sí y obligarles a pagar el mismo tributo en hacienda, aplicando el principio de la igualdad o paridad. Finalmente establece lo que el mismo considera medidas represivas extremas. Consisten en quitar la hacienda a los enemigos declarados de mala fe y que hayan cometido delitos contra el Estado; controlar los pequeños castillos en las fronteras que sirvieron de albergues a los miquelets catalanes que, respaldados por el regente de Francia, se sublevaron entre 1719 y 1720; construir ciudadelas cerca o en las zonas sediciosas, desarmando a los paisanos que se opongan a ellas; hacerles ver que se hace porque puede invadirles el enemigo; atacar por sorpresa a los ciudadanos sospechosos mientras duermen; apoderarse de las armas de los sublevados de tres maneras: cuando las dejan en tierra para descansar y correr por los campos; sacarlos o exponerlos a revista obligatoria un día de mucha lluvia, por lo que mantendrían sus armas a cubierto y se separarían de ellas, y crear desorden entre ellos. En el discurso cuarto se apuntan otras medidas de represión, como amenazar a los parientes con sufrir castigos, y se recomienda tener caballos para perseguir mejor a los sediciosos y no adormecerse con el «viva el rey» de los revoltosos. Cree que deben conceptualizarse también como delitos de lesa majestad las rebeliones contra los jefes o ministros, y si la rebelión empieza por los nobles, sugiere atraer la atención de los plebeyos para confrontarlos con aquellos. El discurso quinto analiza el posible perdón a los rebeldes y el modo de tratarlos después de sosegados. El sexto lo dedica específicamente a los tumultos y rebeliones de la tropa. Sobre el particular, recomienda encarcelar o desterrar a los oficiales cuyos soldados se amotinaron contra ellos por su proceder. En el séptimo discurso, Puerto desconfía de los nobles y los demasiado adinerados para ejercer cargos públicos porque no les gusta el trabajo, pero también considera que no es conveniente dar cargos a gente demasiado pobre porque «son codiciosos y no tienen hacienda y honor»189.

Pero Puerto, como Macanaz, ya no contaba. Se le nombró gobernador en Ceuta para tomar Orán y murió en el empeño. Macanaz siempre sostuvo que Puerto había sido asesinado por Patiño:

Y los que lo mataron fueron los asesinos que Patiño tenía pagados para esto y que siendo soldados dragones extranjeros el mismo Patiño los hizo oficiales y su hermano el marqués de Castelar, celebrando la muerte de aquel héroe [...]. Muchos generales franceses que habían visto obrar a Santa Cruz y leídos sus Obras Militares y que tenían ciertas relaciones de lo que había pasado, le dijeron en su casa que Don José Patiño, su hermano lo había hecho asesinar porque no pudo quitar la idea al Rey de tener por ministro de la guerra a Santa Cruz190.

El pragmatismo de Patiño irá calando en la propia sociedad catalana, que elaboró una memoria de la guerra de Sucesión cargada de moralina y en la que se reconocían las crueldades cometidas por los borbónicos durante la guerra, y en especial en el sitio de Barcelona:

Perdieron lastimosamente los catalanes cuanto hay que perder, que fue la libertad, a la que no se la igualan cuantos tesoros encierra en sus entrañas codiciosa tierra, ni las riquezas todas del mundo. No estaban hechos a tan fuerte martirio como el de la servidumbre.

Bella y discreta fábula es la de aquel perro que llevando en la boca una presa de carne, al pasar un riachuelo vio era mayor la que en el agua se le representaba y codicioso soltó la que tenía en la boca segura para asir la que miraba incierta dentro del arroyo, quedando burlado, pues quedó sin una y sin otra. Poseían los catalanes el mayor bien y, persuadidos de sus discursos, soñándose más felices de lo que estaban, quisieron perder lo seguro por lo incierto [...].

Decía lastimosamente uno del país, hecho cargo de lo sucedido: no es malo el vernos como hemos quedado, ni lo que se ha perdido, sino el que ya todos nos han conocido. Y así, entregada Barcelona al llanto, suspire, sienta y llore raudales de lágrimas, si es que en tanta pena puede este desahogo ser la del alivio a su quebranto191.

El temor a nuevas rebeliones se refleja en la construcción de esta memoria borbónica que busca cauterizar las heridas sangrantes de la guerra y la represión, que todavía supuraban, como demuestra la revuelta de Carrasclet de 1719. La aventura de Alberoni en Cerdeña y el revisionismo de Utrecht no contribuyeron positivamente a romper con el pasado, especialmente por lo que implicó la invasión francesa de Cataluña, tras la triple alianza, en 1718. Pero frente a los nuevos estímulos resistenciales se va imponiendo la idea del desengaño sobre todo desde 1720. Los testimonios son múltiples. Desde el payés leridano Aleix de Ribalta, que proclamaba que «si mai veus guerra, nos pot fiar des de ningú», hasta el otro payés, este ampurdanés, Sebastià Casanoves, que advertía y recomendaba con absoluto escepticismo:

En cas en ningún temps hi hagués algunes guerres, que en ninguna de les maneres no s’afeccionin amb un rei ni amb un altre, sinó que facin con les mates que són per los rius, que quan ve molta aigua s’aclaten i la deixen passar i se tornen a alçar quan l’aigua és passada, i així obeir-los tots qualsevol que ningú però no afeccionar-se amb cap, que altrament les succeiria molt mal i se posarien en contingència de pendre’s ells i tots sós béns192.

El concepto de desengaño lo reiteran los textos borbónicos catalanes que inculcan la necesidad de adaptación a los nuevos tiempos. Se había perdido la guerra y había que renunciar a sueños imposibles. La Casa de Austria había abandonado a los catalanes y ninguna alternativa había sino la de la integración en la monarquía de Felipe V. En 1709 se editaba la Carta que un amich escriu a son corresponen amb lo qual desenganya de sas errades ideas sobre la situació actual de les coses a Europa i en particular por lo que toca a Catalunya. En el texto se escribe:

De esta verdadera i certa renunciació ja acceptada i firmada amb tant forts i expressives clàusules, per lo mateix Príncep, del qual confiàvem, queda a la llum de Món clar nostre desengany i desvanescut, amb confusió nostra, tot quant se figura nostra loca i vana esperança i perquè me fasses la deguda justícia amb la reflexió i consideració del oblit o per millor dir abandono que se ha fet de nosaltres, recordat amic, quant després de la publicació del Tractat d’Utrecht, te digue, que no creia que pugués mai més ocupar la seria atenció del Prínceps de l’Europa, la peculiar reflexió de nostre interès en mantenir i conservar les llibertats i exempcions, per mes que nostres importants solicituds o vanitats haguessen conseguit, que se reserves aquest Article per el tractat de pau; y en veritat que no se llegeix en tot el tractat clàusula alguna favorable a nostra Idea (...) y mirant-ho sens passió, no ho extranyo; perquè en semblants tractats la raó d’estat passa per desobra d’aquestes reflexions...

[...] Merescut càstich de la Divina ma a nostra loca confiança puix fou en nosaltres desmesurada, irregular, inconsiderada, e injusta la passió (sens distinguir motius) a un Príncep d’aquella Casa, y així ab rahó se ha desatès per nostre escarment, y confusió, tot quant a son favor indirecta e inconstantment obrà aquest Principat.

[...] Ab tots estos sòlidos desenganys, bé podias inferir quant es lo actual sistema de las cosas del que la malicia de alguns tal vegada vol encare tergiversar sens mes rahó, que son fantàstich discurs, persuadint y pronosticant conseqüències favorables a est Principat de esta publicada Guerra; sens anyadir nous tropeços als errors passats, digasme, que ceguera seria tan tenebrosa, en mig de la llum de tant clar desengany [...]193.

Ese caldo de cultivo del desengaño sería fundamental para el despegue económico de la burguesía catalana, con lo que cambiaría radicalmente la opinión sobre Cataluña desde el otro lado del Ebro. Francisco Aznar, en su discurso referente a la Real Hacienda y Administración de ella (Madrid, 1727), y Francisco de Moya Torres, en su Manifiesto universal de los males envejecidos que España padece (Madrid, 1730, reeditado por A. Domínguez Ortiz en 1992), defendían el establecimiento de un régimen autónomo catalán para desarrollar mejor sus actividades económicas. Salvador José Mañé en su Historia del duque de Riperdá (editada en 1740 y 1796) subrayaba que todas las provincias de España, salvo Cataluña, sentían desprecio por las fábricas. Bernardo de Ulloa, en el Restablecimiento de las fábricas y comercio español (Madrid, 1740), identifica el movimiento comercial catalán con todo el tráfico comercial español. El periodista Nipho en el Correo general de España (17-VIII-1770) mostraba a Cataluña como ejemplo a seguir por todas las provincias españolas. Su comentario merece ser transcrito:

Todos saben que el Principado de Cataluña no es de los más favorecidos por la Naturaleza, ni el mejor ni más dilatado territorio de España; antes al contrario, es corto y poco fértil su suelo; con todo este, al parecer, estorbo para su felicidad, es la mejor y más rica porción de la Península y también la más instruida, la que mejor asiste al pasajero y en donde reina más decoroso y regular el buen gusto, pues en artes, comercio, agricultura y ciencias puede servir de ejemplar a toda la España. No se duda que en tributos paga, aun fuera de las leyes de la proporción, más que cualquiera otra Provincia; su territorio es áspero, montuoso, seco y poco fructífero; las gracias y privilegios no afilan el estímulo; y con todo, por un genio constante de aplicación, amor al trabajo y a la industria, ladeada de la ganancia, es la parte más rica de España. ¿Y en qué consiste su felicidad? En que se mueven los brazos y para pagar sus tributos se le niegan vergonzosos feudos a la vanidad y al ocio. Pues convengamos en que si en España fueran todos catalanes para la acción, serían todos agentes provechosos de la riqueza y aumento del Estado; y siendo más laboriosos y menos omisos, lucirían las artes, se dilataría el comercio y, envidiosos unos de otros, harían una guerra terrible a unos contrarios que, después de sacarle toda la substancia a la España, le pagan con censuras infamatorias y pesadas burlas194.

2) En el mismo marco en el que se produce la represión es también incuestionable que hay múltiples signos de colaboración de la sociedad catalana con el nuevo régimen borbónico. El año 1714 no supuso la ruptura en la trayectoria de la burguesía comercial como tantas veces se ha dicho195. Salvo los comerciantes más significados del austracismo catalán, con Sebastià Dalmau a la cabeza, que habían articulado el lobby de intereses comerciales con Inglaterra y Holanda, puede decirse que entre los comerciantes catalanes, después de 1714, hubo una línea de colaboración notable con la nueva monarquía y que llevó a un relanzamiento del proteccionismo textil que Feliu de la Peña había promocionado como programa a seguir desde finales del siglo XVII. Significativamente como administradores de la Taula de Canvis, nombrados por Patiño, vemos a Joan Lapeyra, Josep Dalmau o Joan Puigguriguer, que habían sido mercaderes de protagonismo austracista. En 1723 hubo disposiciones proteccionistas contra la invasión de productos franceses y a favor de los vestidos fabricados y labrados en estos «Reynos de España».

La burguesía catalana sería la principal proveedora del ejército español en el siglo XVIII y, desde luego, la conexión entre militarización en Cataluña y negocios de abastecimiento, al respecto, parece más que probable. La Junta de Comercio se crearía en 1738 y pronto emergerían los grandes nombres de la burguesía catalana del momento: Milans, Tarradellas, Busquets, Matas, Gloria, Picó...196.

El clero catalán fue el sector social que planteó más problemas a la monarquía, y la dura represión sobre el clero austracista está más que probada. El decreto de 1719 del canónigo de Tarragona, Ramón Marimón, refleja la extraordinaria sensibilidad que suscita la tensión con el clero, al mismo tiempo que se aportan argumentos pragmáticos en favor de la calma:

Sent de nostre obligació per nostre ofici, prevenir a nostres súbdits, u darlos veus, per a que estigan advertits [...]. En cumpliment de esta obligació havem resolt, valernos de esta Carta per a servos present la obligació teniu de regonèixer, amar, y obehir a la Majestad del Rey nostre Senyor Felip V, per se nostre llegítim Rey y Senyor Natural [...].

Es doctrina Catòlica, que los Vassalls per Dret Natural, Divino y Positiu estan obligats a amar y obeir a sos Prínceps i Reis, baix pena de pecat mortal [...]. La mateixa naturalesa, que ensenya als homes, fins a les més bàrbares Nacions lo culto, y veneració de un Deu, los ensenya també la obediència, rendiment i vassallatge als Reys i Senyors Naturals dictant-los que així com sens la deguda subordinació dels membres al cap, no pot subsistir lo cos natural, no pot tampoc sens ella la deguda subordinació dels membres al cap, no pot subsistir lo cos natural, no pot tampoc sens ella conservar-se lo polític (...). Esta obediència, fidelitat i reverencia deguda als Reys, encarrega, y mana Déu en molts llocs de les Sagrades Escriptures [...].

En lo Dret Canònic són molts los Capítols, en què severíssimament s’encarrega esta mateixa obligació [...]. Les Lleis Civils no tenen altre mira que establir y fundar esta obediència y subordinació de súbdits a Superiors y de Vassalls a Prínceps; y quedarien inútils totes, si no hi hagués en uns la obligació de guardar-les y l’autoritat en altres, per a compellir a la observància d’elles.

Però ninguna cosa fa més visible esta obligació y la gravetat del pecat de la inobediència y desllealtat als Prínceps y Senyors Naturals que los innumerables càstics, ab que Déu, zelant esta obediència, y lelatat, ha castigat als vassalls inobedients i deslleals [...].

Què millor fortuna? Què conveniencias esperar, si se tornés a perturbar la quietut de esta Província? No estaren exposats als mals, que os he ponderat, i altres, que la mateixa experiència vos ha fet conèixer! No seria certa vostra ruïna? Y per última no restaríeu burlats i perduts? Perquè per més que s’enten, quedaríen vassalls de nostre Rey y Senyor Felip V a qui Deu ha posat y conservat en lo Trono, sens que pugan fundar alguna esperança, en cas que algú conservés l’antiga inclinació al Senyor Arxiduc, en què aquest Príncep ha de tornar a renovar ses pretensions a la Monarquia d’Espanya; puix és ben notori, que ha renunciat solemnement a totes elles; ni en la guerra, que novament han fet publicar la Regència de França y la Inglaterra, perquè no es a efecte de conquistar alguna de les Províncies de Espanya per a sí; ni per altre Príncep; si sols per a obligar lo Real Animo, a frmar alguns projectes a ells útils,a nosaltres danyosos i poc decorosos de sa Majestat [...]197.

Pero debido a que las inmunidades eclesiásticas se acabaron asegurando, la actitud del clero entró por vías de docilidad. El programa regalista de Macanaz se abandonó y los privilegios del clero se garantizaron, aunque no faltarían tensiones en relación con la aplicación del Catastro198. De la colaboración del clero con la monarquía de Felipe V hay múltiples pruebas. Los capuchinos que habían destacado por su austracismo militante en 1723 glosaban la figura de Felipe V, que es «el rey coronado entre los reyes del orbe», de Isabel de Farnesio, de la que se subrayan su prudencia y discreción, y de Luis el primogénito, «pues con las luces de su hermosura, belleza y discreción que manifiesta en sus pocos años es el hechizo de la monarquía española»199.

En la misma línea hay que situar las loas a Luis I en marzo de 1724 cuando asume el trono tras la renuncia de su padre y los lamentos a su muerte:

Si en algún tiempo has tenido

motivos Noble ciudad,

de Vique, para dar gracias

a la Suprema Bondad.

Es oy día tan feliz

en quien empieza a rayar,

un Sol, que no tiene ocaso

y en su curso sin parar,

pasa al antártico Polo,

y entre giros de Cristal

da luces al Nuevo Mundo

sin dexar de iluminar [...].

El Noble, el Rico, el Plebeyo,

Todos diziendo a la par,

Viva Luis nuestro Rey,

y por poder celebrar

con su comúne alborozo,

han de salir a baylar.

Vique, Barcelona, Urgel,

Berga, Cervera su igual,

Cardona, Gerona, Lérida,

Tarragona con su Mar,

Mataró, Tortosa alegres,

Solsona no ha de faltar,

con Manresa al gran festín

para poderse alegrar,

porque todos intentasen,

en dicha tan singular

Vique.

Vique soy la que mil veces,

besó Señor vuestras plantas,

pues se acreditan mis dichas

siendo Vos hoy mi Monarca [...].

Barcelona.

[...] A vuestros pies la que veys

correr Luis es Barcelona,

y pues soys mi Padre y Rey,

me ofresco a serviros prompta,

con todo afecto os consagro

haziendas, vidas, personas,

baluartes, premios, llaves,

y afectos con que os adora [...].

Tarragona.

[...] Tarragona soy que humilde

os ofresco Gran monarca

los volcanes de mi pecho,

de mi corazón las ansias,

a vuestros rayos rendidos

se miran todas mis palmas,

porque en palmas mis afectos

llevan la dicha que alcanzan.

Gerona.

La que veis Príncipe excelso,

soy Gerona que postrada

me dedico en holocausto,

toda a tus Sagradas arcas,

soy fuerte, Noble y afecta,

ala Gran Monarca de España,

por lo que ruido contrariamos

aun cuando falten balas;

soy Tigre, León y Fiera

contra las huestes contrarias [...]200.

Tortosa, Lérida, Manresa, Urgel, Solsona, Mataró y Cervera repiten las mismas encomiásticas alabanzas al rey Luis I con referencias constantes también en el mismo sentido a su padre Felipe V.

Igualmente merecen recordarse aquí las fiestas que se tributaron a Carlos, el futuro Carlos III, infante de España, en 1731 en Gerona:

Carlos Augusto, acepta el sacrificio

que obsequiosa Gerona a tus alturas

consagra, esperándose propicio,

aun cuando más de lexos la mandares!

que la pise tu planta, es beneficio,

que esculpirán en láminas sus lares:

su plan, pues, de la ofrenda la bajeza,

las elevadas Arcas de tu alteza,

de España Infante ha nacido,

sobre Castillas León;

y pasa a la Sucesión201.

3) Si nos adentramos en el ámbito cultural, también conviene subrayar que hay muchos indicadores de una notable continuidad del nuevo régimen borbónico respecto al anterior. La Universidad de Cervera fue diseñada por el sector borbónico más moderado que representa Luis Curiel. La intención punitiva es discutible porque la supresión de universidades catalanas incluía también centros como Solsona o Tortosa que habían sido profelipistas. Los cancilleres de la Universidad de Cervera fueron catalanes hasta 1752: Francesc de Queralt, Narcís de Queralt, Miguel Goncer y Manuel Alós, todos ellos proborbónicos en la guerra, pero muy flexibles.

La Academia de Buenas Letras se creó en 1729 como aportación cultural fundamental de la monarquía de Felipe V en Cataluña. Los primeros miembros de la Academia fueron 26. El primer presidente elegido fue el padre teatino Vicente Sobrecases, aunque muy pronto fue sustituido por el capitán general de Cataluña, marqués de Risbourg (hasta 1734), y Bernat Antoni de Boixadors, conde de Perelada, hijo de una de las figuras del austracismo catalán, el conde de Savallà, que había acompañado a Carlos a Viena tras su elección como emperador. Los dos vicepresidentes iniciales fueron el agustino Agustín Minuart, que había adoptado una actitud neutra en el sitio de Barcelona, y el benedictino Antoni d’Ametller y Muntaner, hijo de Francesc Ametller, hombre clave en la Nueva Planta. Entre los miembros de la Academia vemos a borbónicos militantes, pero no faltan austracistas destacados, entre ellos fray Juan Tomás de Boixadors, general de los dominicos y hermano del citado conde de Perelada; Ramón de Dalmases y Vilana, marqués de Vilallonga, hijo de Pau Ignasi de Dalmases, que había sido embajador austracista en Londres; Francesc de Setmanat y Agulló, marqués de Setmanat, de familia austracista tibia; Manuel Marià Ribera, mercedario, y Pere Serra y Pòstius, que fue austracista militante en la guerra de Sucesión y perdió buena parte de su biblioteca en el bombardeo de 1714. Contribuyó a la copia de la Crónica de Pujades y se esforzó por mantener la memoria histórica catalana202.

Respecto a la lengua, es bien conocido que en el Decreto de Nueva Planta se estableció que las causas de la Real Audiencia se resolvieran en castellano y se ordenó que los corregidores introdujeran esta lengua mediante «las providencias más templadas y disimuladas, para que se consiga el efecto sin que se sienta el cuidado». La obligatoriedad del castellano en la enseñanza primaria no se decretó hasta 1768. Pero el fenómeno de la castellanización es de mucho mayor calado que la imposición del castellano en 1714, y la diglosia social castellano (para usos sociales escritos) y catalán (usos sociales orales y populares) venía de lejos. Tanto Nuria Sales como Ernest Lluch ya subrayaron lo que de falso tenía el supuesto réquiem del catalán en el siglo XVIII203. Lluch defendió que la lengua catalana experimentó una escasa disminución después de la guerra de Sucesión y volvería a tener una tímida recuperación a mediados del siglo XVIII. No hubo decadencia porque desde el siglo XVI «el català no hauria viscut cap període substanciós d’opulència». Ciertamente la comparación de la producción impresa en catalán y en castellano refleja una correlación de fuerzas favorable al castellano prácticamente constante salvo en el período 1705-1707.

Los textos publicados en catalán son dominantemente de temas jurídicos administrativos o de literatura religiosa, con obras como la de F. Baucells (su Font Mistica se publicará en catalán en 1703, 1704, 1711 y 1737; en castellano en 1737-1740; otra vez en catalán en 1747 y otra vez en 1751 y 1765), J. Formiguera (Alivi de Pastors, 1718), O. Martorell (Pràctica de la Devoció al Santíssim Cor de Jesús, 1745), M. Alsinet (Sermó de les funerals exèquies, 1749), J. Roig (Vida de San Francesc de Paula, 1738), J. Barón (su Tresor per els vius i almoyner del Purgatori se publicó en catalán en 1732 y su Luz de la Fe en castellano en 1747, 1756, 1762 y 1768). No volverá e editarse la obra del rector de Vallfogona después de 1703 y destaca entre las obras impresas en catalán el Compendi de les regles de la aritmética de F. Ifern (1754-1758)204.

No he visto editado a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII ninguno de los clásicos de la literatura catalana medieval. A los grandes nombres de la literatura castellana que se editaron durante los años de la guerra de Sucesión (Solís, Quevedo, Gracián, fray Luis de Granada) hay que añadir otros nombres como los de santa Teresa de Jesús (de la que se editan dos obras suyas en 1724 y 1725), María de Zayas (con sus novelas ejemplares editadas en 1716 y 1763), san Juan de la Cruz (Avisos y sentencias espirituales, 1724) y Cervantes (Quijote, 1755, y Persiles y Sigismunda, 1760 y 1768). Durante el reinado de Felipe V se publican grandes defensas del catalán como la del borbónico Antoni Bastero (Cruzca Provenzale, 1724) y la del agustino Agustí Eura (Controversia sobre la perfecció del idioma català, 1720). En su defensa del catalán, Eura utiliza los siguientes argumentos:

1.º La condición de lengua propia:

Bé és veritat tinch una suficient noticia del idioma castellà; però he volgut imitar al rey Chicho de Granada del que diu Pujades en lo Pròlec a sa chrònica que sabent la llengua castellana mai la volgué uzar: i interrogat: perquè no la uzaba pues la sabia, respongué: per no posarme en arrisch de cossa [...].

La segona per ésser Cathalà, y preciarme de tal, y per consegüent no poder ésser ingrat a ma noble pàtria, a la qual notablement ennobleix la propietat o particularitat del idioma.

2.º Las propias virtudes de la lengua catalana:

Lo significat és arrogant, si també arrogant la mateixa prelació de la veu; y si lo significat és suau, sia lo suau lo terme. Esta proporció la observa nostre idioma, pues lo matex nom alegria alegra; y lo matex nom angustia ab sola pronunciació melancoleza, i així matex de qualsevol terme que significa alguna particular pació del ànimo: luego és perfectíssim nuestro idioma.

Diré que tenir en un idioma, una sola dicció varios significats no és limitació, no cortedat; com no sien moltas. Los termes equívochs en ningun idioma deuen ésser demasiats, altrament causarien confusió la que deu evitar tots idioma.

Nostra pronunciació és primosa i delicadíssima: pues unes matexas lletras vocals, en uns matexos termes feridas o pronunciadas ab més o menos forsa, mudan la significàcia. Se proba la bondat del idioma cathalà; de articularse an aquells instruments que per a parlar a destinat la naturaleza, com és la llengua y llavis; de ahont lo idioma, se diu també llengua, per ésser esta lo propi instrument, que articula a diferència de altres idiomas que parlan ab lo gasnate, com los Bàrbaros y Gitanos.

3.º La extensión del catalán:

Més que mèrit, és fortuna se extén per tota la província de Cathaluña, per tot lo regne de València, y per los regnes de Mallorca i Menorca i se bosqueja en lo Llenguadoch e Islas de Cerdeña.

4.º Las ventajas del uso del idioma propio:

No volgué Christo que els Apòstols predicassen en llatí als de Aràbia, ni als Persas en grech, ni als Cythas en arameo, ni en espanyol als caldeos; sinó que cad hu los ohís ab lo idioma de sa nació. Algunas vegadas haventhi immediatament vocal abtes de vocal en diferents termes no hi cometo synalefa, no per necessitat, que faci fora acomodarho: sinó per què les sinalefas las usa la Poesia in favorem, o exfecunditate, i no exnecesitate.

Perquè encara que havem de apreciar als bons termes propis antichs del idioma, no és necessari limitarnos als antichs, altrement sempre quedarien los idiomas en sa primitiva pobreza o cortedat y no lograrien may apreciables progresos: ante bé importa molt ampliarlos per a que abundian de sinònims, y ab ocasió trobia lo enteniment un, o altre à ma per a expressar son concepte.

Y ja que sia tant convenient ampliar al idioma, sento que és millor usar dels termes propíssims de altres idiomas que inventarne de nous temeràriament; usantlos però a nostra moda, sò és, Cathalanitzantlos. Perquè així ho practican també altres idiomas y entre altres lo castellà; pues usa a vegades termes cathalans castissos propríssims y molt antichs205.

Las pautas de lectura que se pueden deducir de las bibliotecas presentes en los inventarios de bienes de la primera mitad del siglo XVIII reflejan el extraordinario predominio de la literatura religiosa (sobre todo lecturas piadosas, devocionarios y hagiografías) y del derecho. Según la tesis doctoral de J. Burgos, en el período 1727-1729 el 26 por 100 de los inventarios barceloneses contenían libros, una cifra superior a la media española del momento. El clero, la administración y la burguesía comercial eran los grupos sociales que tenían en Cataluña mayor posesión de libros. Solo la mitad de los nobles catalanes tenían algún libro. El mayor número de títulos por biblioteca curiosamente lo tenía la nobleza, seguida de la burguesía comercial y las profesiones liberales. La biblioteca más poblada que conozco en estos años es la del Pau Ignasi Dalmases, ilustre austracista, con 2.664 libros206.

El contenido de las bibliotecas revela una notable continuidad en relación con los años de la guerra de Sucesión. La presencia de la cultura castellana es bien patente. El austracista Salvador Feliu de la Peña (1733) tenía obras de Palafox, fray Luis de Granada, Quevedo, Juan de la Cruz, Lope de Vega, fray Antonio de Guevara y santa Teresa de Jesús. Lo mismo podemos decir de personajes como Josep Albia (1719), con De los nombres de Cristo de fray Luis de León entre muchas otras obras castellanas, Josep Romaguera (1723), con las Empresas de Saavedra Fajardo, Joan Magarola (1722) y tantos otros207...

El mejor testimonio de eclecticismo cultural se ve en la biblioteca de Pau Ignasi Dalmases. Se encuentran libros de la literatura castellana (Simón Abril, Álamos de Barrientos, sor María de Ágreda, Mateo Alemán, A. Nebrija, A. Pérez, Calderón, Cervantes, Martín del Río, Garibay, O’Campo, Góngora, Gracián, Mariana, Hurtado de Mendoza, Quevedo, Juan de la Cruz, Solórzano, Saavedra Fajardo, Teresa de Jesús, Lope de Vega, Ulloa...), al lado de libros catalanes, especialmente de historia (Corbera, Desclot, Llull, Ausias March, Fontanella, Marzillo, Peguera, Feliu de la Peña, Pujadas, Tarafa, Roig i Jalpí...)208.

Conclusión: cultura híbrida castellano-catalana en las bibliotecas de los hombres que hicieron la guerra de Sucesión de uno y de otro lado. En ningún caso puede hablarse de polarización cultural del austracismo y del borbonismo. Después de 1714 se intensifica el proceso de castellanización, pero, más que apelando a la razón de la fuerza de los vencedores o a un criterio punitivo, se retoma el ya utilizado desde el siglo XVII argumento del mercado cultural, del entendimiento por toda la sociedad catalana, catalanoparlante o no. Es bien expresiva la postura del fiscal de la Audiencia respecto a la predicación en catalán:

Hallándose en esta provincia tantos vasallos de S. M. de las provincias de Castilla y otras ya ocupadas ene el Ministerio público, ya en el de sus reales tropas, ya en el de su real hacienda, ya en otros oficios y empleos políticos y establecidos todos son sus domicilios en esta provincia y que por lo general, unos en absoluto no entienden la lengua materna de esta provincia y otros no la poseen bien y con perfecta inteligencia... siendo conforme el que se predique y enseñe en aquella lengua que todos entiendan, que la palabra espiritual se comunique en diferentes lenguas para que llegue a todos... debe permitirse se explique el Evangelio en aquella lengua que ajena se entienda y perciban al gusto los oyentes. Parece y no tiene duda que en los tiempos presentes y en esta provincia los más de los naturales entienden y perciben el idioma castellano y no es tan cierto el que los castellanos entiendan el idioma catalán, se ha de permitir se predique en castellano sin que se prohíba predicar en catalán [...]209.

184 J. M. Torras i Ribé, Felip V contra Catalunya, Barcelona, Rafael Dalmau, 2005; A. Muñoz González y J. Catá Tur, Repressió borbònica i resistència catalana (1714-1736), Barcelona, Genérico, 2005; J. Albareda, «Cataluña en la España del siglo XVIII: represión, acomodación y disidencia», en J. Arrieta y J. Astigarraga (eds.), Conciliar la diversidad. Pasado y presente de la vertebración de España, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2009, págs. 55-75.

185 Citado por S. Sanpere y Miquel, Fin de la nación catalana, Barcelona, Editorial Base, 1905, pág. 671.

186 S. Sanpere y Miquel, Fin de la nación..., op. cit., págs. 27-30.

187 Biblioteca Nacional de Madrid (BNM), ms. 2768. M. R. de Macanaz, Males, daños y perjuicios que han ocasionado a la España a su Iglesia y a su rey los extranjeros que han tenido en el ministerio español, 1744; S. Sanpere y Miquel, Fin de la nación..., op. cit., págs. 74 y 76; J. Mercader i Riba, Felip V i Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1985, págs. 25-26, 31-33 y 95-96.

188 Biblioteca Universitaria de Barcelona (BUB), ms. 427. A. Navía Osorio (vizconde del Puerto y marqués de Santa Cruz de Marcenado), Contra las rebeliones. El documento que he manejado es un fragmento manuscrito de las Reflexiones militares del vizconde del Puerto y marqués de Santa Cruz de Marcenado que circuló después del motín contra el ministro Esquilache en Cataluña, fruto de la tensión que se vivió también en el Principado catalán. La subida de los precios y el regalismo de Carlos III comportaron varias rebeliones desde 1766 hasta el reclutamiento de las quintas de 1773 y suscitaron el pavor borbónico ante la posibilidad de un revival neoaustracista. Por ello, lo combatieron con textos de calado ideológico absolutamente contrapuesto. Uno de ellos fue la obra mencionada inicialmente editada entre 1724-1727 pero también otros como el manuscrito de las Precauciones contra alborotos, motines y rebeliones en la plaza de Barcelona (atribuido según Ll. Roura al director general de las fortalezas de Cataluña, Pedro de Lucuce). Este texto coincide con los métodos represivos del marqués de Santa Cruz; Ll. Roura (ed.), Pedro de Lucuce. Precauciones contra alborotos, motines y rebeldías en la plaza de Barcelona, Vic, Eumo Editorial, 2002; R. García Cárcel y R. M. Alabrús, «El concepto de revolución y el pensamiento reaccionario en el siglo XVIII», en Homenaje a Emilia Salvador, vol. I, Estudios de Historia Moderna, Universitat de València, 2008, págs. 312-228.

189 Ibíd.

190 BNM, ms. 2768. R. M. de Macanaz, Males, daños y perjuicios..., op. cit., págs. 394-395; R. M.ª Alabrús, «El pensamiento político de Macanaz», Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, vol. 18-19 (2005-2006), págs. 177-201.

191 Rosa M.ª Alabrús (ed.), Escrits polítics del segle XVIII. Cròniques de la Guerra de Successió, vol. IV, Vic, Eumo Editorial 2006, pág. 125; BC, ms. 763. Relación de la Guerra de Sucesión en Cataluña.

192 Cit. por J. Albareda, en «Desfeta política i embranzida econòmica. Segle XVIII», en B. de Riquer (ed.), Historia. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol. V, Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1995, pág. 58.

193 BC, Fullet Bonsoms, núm. 9606. Carta que un amich escriu a son correponen ab lo que desenganya de sas errades idees sobre la situació actual de les coses a Europa y en particular per lo que toca a Catalunya, Barcelona, 1719.

194 Citado por Carrera y Pujal, Historia política y económica de Cataluña, vol. III, Barcelona, Bosch, 1947, pág. 78.

195 A. García Espuche (coord.), Drogues, dolços i tabac. Barcelona 1700, Barcelona, Ayuntamiento, 2010, págs. 18-107; Política, economia i guerra. Barcelona 1700, Barcelona, Ayuntamiento, 2012, págs. 12-36.

196 M. Arranz y R. Grau, «L’economia urbana de Barcelona i la Guerra de Successió», Recerques, núm. 24 (1921), págs. 115-142; R. Fernández, La burguesía comercial barcelonesa en el siglo XVIII, tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 1987.

197 BC, Fullet Bonsoms, núm. 4907, D. Ramón de Marymón, Ardiaca Major y Canonge de la Santa metropolitana iglesia de Tarragona a tots els faels del present arquebisbat, Tarragona, 1719.

198 BC, Fullet Bonsoms, núm. 3061, Copia del memorial que en nombre del estado eclesiástico de Cataluña se ha puesto en las reales manos del Rey, por el doctor Joseph Casanovas, canónigo de la santa Iglesia de Lérida, Barcelona, 1716; Fullet Bonsoms, núm. 771, Copia del memorial que en nombre del estado eclesiástico de Cataluña se ha puesto en las reales manos del Rey, Barcelona, 1716.

199 BC, Fullet Bonsoms, núm. 7665, Villancicos que se cantaron en el nuevo real convento de Santa Madrona de los Padres Capuchinos de la Ciudad de Barcelona, Barcelona, 1723; Fullet Bonsoms, núm. 2770, Sermón panegyrico predicado en el tercer día de las fiestas que se hizieron en el convento de Santa Madrona de Barcelona, Barcelona, 1723.

200 BC, Fullet Bonsoms, núm. 962, Festivas demostraciones y lucidos obsequios con que se esmeró la ciudad de Vique en la proclamación del rey Don Luis Primero, Barcelona, 1724.

201 BC, Fullet Bonsoms, núm. 964, Descripción de las solemnísimas fiestas con que la ciudad de Gerona recibió al Sr. Don Carlos Borbón Farnesio, infante de España, duque de Parma y declarado heredero sucesor de los estados de la gran Toscana, el día 24 de noviembre de 1731, Gerona, 1731.

202 J. Carreras Bulbena, «Estudis biogràfics de alguns benemèrits patricis que ilustren aquesta Academia», Butlletí Real Academia de Bones Lletres, núms. 96-97 (1927), págs. 179-240, y números 98-99 (1928), págs. 262-306; J. L. Betrán, A. Espino y Ll. F. Toledano, «Pere Serra i Pòstius y el criticismo historiográfico en la Barcelona de la primera mitad del siglo XVIII», Manuscrits, núm. 10 (1992), págs. 315-330.

203 N. Sales, Senyors bandolers, miquelets i botiflers. Estudis sobre la Catalunya del segles XVI al XVIII, Barcelona, Empúries, 1984; E. Lluch, «Producció de llibres en català (1476-1860): La història de la morta viva», L’Avenç, núm. 189 (1995), págs. 22-27.

204 J. Burgos, Imprenta y cultura del libro en la Barcelona del siglo XVIII, tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 1993.

205 M. Prats, «Notes sobre La controvèrsia sobre la perfecció del idioma català», Els Marges, núm. 2 (1974), págs. 27-43.

206 J. Burgos, op. cit.

207 Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona (AHPB), not. Tomás Guaschi Brull, invent. 1733, f. 42-44; not. Jerónimo Brotons, invent. 1724, sf.; not. Francisco Tos Arquer, invent. 1917, f. 43.

208 BC, ms. 677; véase Butlletí BC, núm. 3 (1916), págs. 28-57.

209 R. M. Alabrús, «El conflicto de dominicos y jesuitas en los siglos XVI y XVII», en X. Torras (ed.), Les altres guerres de religió, Catalunya, España, Europa. Segles XVI-XIX, Girona, Papers de l’IHR, 2, Documenta Universitaria, 2012, págs. 159-188.

CAPÍTULO 5

La Nueva Planta del Estado: consejos y secretarías

M.ª Victoria López-Cordón Cortezo

Sucesión, guerra y reforma, un conjunto complejo

No cabe duda de que Luis XIV tuvo mucho que ver, como inspirador y modelo, en la trayectoria política de los primeros años del reinado de Felipe V. Y por más que la comunidad de intereses que proclamaba en sus cartas no fuera del todo desinteresada, esto no quiere decir que propugnara la implantación inmediata y ex novo del sistema francés con todas sus consecuencias210. Es más, tan equivocado es ignorar su influencia como simplificador, a la luz de recientes trabajos, no establecer una cronología y una evolución en los objetivos perseguidos. Es decir, el esquema piramidal francés, con el monarca en el vértice, gobernando con ayuda de unos ministros casi burgueses, y con las provincias sometidas a la autoridad de los intendentes, agentes de la centralización, se ha venido parcialmente abajo, porque, en lo que llamamos Antiguo Régimen, las cosas casi nunca son lo que parecen. No lo son, en primer lugar, en el vocabulario, en el que las palabras «gobierno», «administración» o «política» tuvieron acepciones abiertas hasta bien entrado el setecientos. Tampoco por el carácter de unos regímenes que eran autoritarios, o absolutos, pero no arbitrarios, debido a que en ellos no solo se imponía sino que se acordaba. Así ocurrió durante mucho tiempo en Francia, donde se ha constatado con qué generosidad los comisarios fueron repartiendo todo el poder que, generosamente, les habían atribuido Saint-Simon o Tocqueville211. Y, desde luego, en España, donde ha quedado bien probado que, durante todo el siglo XVIII, siguió funcionando el sistema de clientelas e, incluso, se incrementó la venalidad de cargos y honores212. Es decir, no solo estos poderosos monarcas tuvieron que conformarse con hombres, costumbres e ideas que no dependían de su voluntad, sino que las necesidades pecuniarias limitaron su propia capacidad para nombrar agentes y recompensar servicios.

Pero situémonos en 1700. Que la monarquía casi intacta que recibía Felipe de Anjou era un legado con problemas lo conocía bien Luis XIV. También era consciente de los costes políticos y, a corto plazo, bélicos que suponía no aceptar los acuerdos de reparto y mantener en su nieto los derechos hereditarios de Francia. La pretensión de redondear fronteras al calor de la alianza de familia era un viejo objetivo, al que se unía el más acuciante de resarcirse económicamente, consiguiendo las anheladas ventajas en el comercio con América213. Pero no trataba de conformar la monarquía de España a su imagen y semejanza, ni tampoco pretendía que los consejeros franceses se quedaran en Madrid más tiempo del imprescindible.

Otra cosa fue que sus propósitos no se cumplieran. Consciente de la inexperiencia de su nieto, Luis XIV consideró necesario rodearle de un entorno francés restrictivo y anónimo, pero eficaz, para que le asesorase, dejando a los españoles «gobernarse por sí mismos». Pese a los informes cada vez más negativos que llegaban sobre la situación española y las voces de quienes le instaban a tomar las riendas de España si quería evitar que, como decía el marqués de Blecourt, la tenteur naturelle des espagnols llevase a la parálisis del país, mantuvo este criterio214. La llegada del nuevo embajador, duque d’Harcourt, confirmó estas opiniones, pero aun así el monarca dio plenas garantías a Portocarrero de que no habría franceses en los puestos importantes y de que nadie del entorno inmediato de Felipe V intervendría en los asuntos internos del reino215.

Una vez el monarca en Madrid, la realidad se impuso a los buenos propósitos. El Consejo de Regencia, bajo la presidencia de la reina viuda, dejó de tener efecto. Entonces, tres de sus miembros, Portocarrero, Arias, como presidente del Consejo de Castilla, y Francisco de Ubilla, en su calidad de secretario del Despacho Universal, constituyeron una junta de despacho o consejo de gobierno efectivo. El último citado, notario del testamento del rey difunto, era un burócrata con experiencia cuyo papel resultó fundamental para la transmisión de poderes. A su lugar de trabajo, en la covachuela, llegaba la documentación de los consejos y de otros altos puestos militares o administrativos, que sus oficiales leían, resumían y anotaban para trasladarla al monarca y dar cuenta, después, de su resolución: un trabajo casi mecánico, que suponía el acceso directo al rey y que resultó imprescindible para establecer una mínima continuidad en el gobierno. Así lo entendieron Felipe V y su abuelo, que, con el pretexto de limitar su influencia, abrieron la puerta del restringido consejo al embajador francés en 1701216. Una nueva afrenta a la nobleza y una forma de ratificar que los consejos habían dejado de ser centros efectivos de poder. Si la Junta o Consejo Despacho pretendió ser el Conseil d’Haut español es algo que la historiografía discute, pero, en cualquier caso, suplantó las funciones de un debilitado Consejo de Estado217.

Hasta la llegada de Louville, la influencia del embajador francés en esa institución fue muy limitada218. Sus sucesores, el cardenal César d’Estrées, su propio sobrino, l’abbé d’Estrées, o el duque de Gramont, mal vistos por la corte española y por la reina, tuvieron poca capacidad de iniciativa. Si a esto añadimos la marcha del rey a las jornadas de Cataluña e Italia, entre 1701-1703, y a la campaña de Portugal en 1704, el funcionamiento de la Junta, como tal, fue precario219. Por otra parte, las relaciones de Luisa Gabriela, mientras actuó como gobernadora, con Portocarrero fueron tan difíciles que este solicitó a Felipe V salir del Consejo. Desde entonces, el monarca se limitó a despachar con Ubilla, que, en su calidad de secretario del Despacho, le acompañaba tanto en la corte como en sus viajes. De modo que, hasta la llegada de Amelot en 1705, los embajadores de Francia, en teoría ministros de Felipe V, usaron poco de este privilegio, unas veces por ausencia del rey y otras por desconfianza de la reina.

No importaba, porque la reforma política podía esperar, pero no la financiera. Para ponerla en marcha llegó a España un técnico reconocido, Jean Orry, cuya misión inicial fue hacer un recuento de los recursos de la hacienda española, mejorar su administración y aliviar, así, los gastos militares que iban a pesar sobre Francia. Tenía a su favor el apoyo de la reina y de la princesa de los Ursinos, pero Portocarrero y Arias, que se negaron a hacer reformas en ausencia del rey, y el propio embajador francés entorpecieron su trabajo. Fruto de estas dificultades, Orry redactó un proyecto en el que los objetivos hacendísticos se inscribían en un plan político de mayor alcance. En él renunciaba al objetivo inicial de implantar el modelo francés y se inclinaba a favor de una cierta continuidad con lo ya existente. Sus primeras medidas se dirigieron a poner los gastos de guerra bajo control real, reduciendo así la intervención del Consejo de Guerra y de los capitanes generales sobre estas partidas. Para ello propuso desdoblar la única plaza de secretario del Despacho nombrando para ella a un colaborador suyo, el marqués de Canales, Manuel Coloma y Escolano. De forma paralela, otro hombre de su confianza, el conde de Soriana, pasó a ser tesorero mayor de Guerra220. Lo interesante no es la mayor o menor compenetración de ambos con el esquema francés, sino la aceptación de una ley universal: que la hacienda y el gobierno político no eran asuntos separados, sino interdependientes221.

Así pues, la Secretaría del Despacho se dividió, pasando todos los asuntos relativos a hacienda y guerra a Canales y manteniendo el resto bajo la autoridad de Ubilla, marqués de Ribas desde dos años antes. La oficina, formalmente, nunca llegó a dividirse, pero Canales eligió a sus oficiales entre los de los consejos y se instaló en la covachuela. Un nuevo desaire a los grandes, que veían alejarse su objetivo de restaurar los consejos, que sembró el desconcierto entre los consejeros franceses y provocó conflictos de competencias entre el nuevo secretario del Despacho y su tesorero mayor con el gobernador del Consejo de Hacienda y, de manera indirecta, a través del gobernador de las armas en Castilla, Francisco Ronquillo, con el gobernador del Consejo de Castilla, conde de Montellano222.

Fallaron muchas cosas en el nuevo engranaje: la campaña de Portugal terminó sin éxito y la toma de Gibraltar hizo que Luis XIV perdiera su confianza en Orry y, todavía más, en Canales. Así pues, el francés salió de la corte; el marqués cesó en su puesto y la reina perdió a su camarera, protectora de ambos, restaurándose, en agosto de 1704, el gobierno del rey con su gabinete y recuperando los papeles el secretario Ubilla223. Solución transitoria, porque una real orden de 11 de julio de 1705 cesó a este último y se volvió a desdoblar la secretaría del Despacho. Una medida favorecida por la llegada de un nuevo embajador, Amelot, «un barón prudente y sagaz», en opinión del marqués de San Felipe224, con el que volvieron Orry y la princesa de los Ursinos.

Años decisivos: 1705-1714

El real decreto de julio de 1705 dividió la antigua Secretaría del Despacho Universal en dos departamentos de desiguales extensión y atribuciones: uno encargado «de todo lo que tocare y perteneciere a Guerra y Hacienda» bajo la responsabilidad de Grimaldo, antiguo oficial en la secretaría de Canales, y otro que reunía «todo lo demás de cualquier materia que sea», con Pedro Fernández del Campo, marqués de Mejorada, como responsable225. También restableció la Tesorería Mayor de Guerra, de nuevo con el conde de Moriana, al tiempo que Ronquillo pasó de gobernador de las armas a gobernador del Consejo de Castilla. El posterior nombramiento del obispo de Girona, Lorenzo Armengual, cerró lo que constituía un verdadero equipo de gobierno226.

La división supuso el desdoblamiento de la única oficina existente, con personal de instituciones más o menos afines, y obligó a resolver la relación entre la Secretaría del Despacho y las del Consejo de Estado, poniendo fin a la rotación que los titulares del Despacho venían realizando por las secretarías de ese consejo227. No hubo diferente responsabilidad entre uno u otro secretario, pero la marcha de Amelot en 1709 inclinó la balanza a favor de Grimaldo. Articular las relaciones entre los nuevos secretarios del Despacho y los consejos de Estado, Guerra y Hacienda llevó cierto tiempo. En cambio, respecto a los territoriales, todo fue más inmediato, ya que la propia dinámica de la guerra tuvo como consecuencia la supresión de algunos: el 29 de marzo de 1702, el de Flandes, al quedar los Países Bajos bajo la tutela de Luis XIV; el 15 de julio de 1707, el de Aragón, tras el decreto de 29 de junio que abolía los fueros y privilegios aragoneses y valencianos, distribuyendo sus negocios entre el Consejo de Castilla y el de Italia, en el caso de las islas de Cerdeña, Mallorca y Menorca, y transfiriendo al de Órdenes los asuntos de la orden de Montesa. También hubo remodelaciones en los de Castilla e Indias y solo quedó al margen el de Navarra, que, al no residir en la corte, tenía características especiales228.

En realidad, los problemas con los consejos databan de 1701, fecha en la que se repuso la planta de 1691, que suprimía los supernumerarios y revocaba algunos nombramientos. Hubo quejas y cundió el temor de que se quisiera debilitarlos, pero el conflicto no fue a más hasta que, con la vuelta del rey a la corte, en enero de 1703, la cuestión de las precedencias volvió a surgir al pretender el de Castilla consolidar su superioridad sobre el resto, incluido el de Estado. Al tiempo, defendió su competencia en materia de nombramientos y protestó por las autorizaciones permisivas concedidas a franceses sobre comercio y moneda229. Que la institución más imprescindible de todas, por su condición de alto tribunal de justicia y la amplitud de sus atribuciones, fuese la más reticente a los planes de reforma de Orry y a su pretensión de implantar los intendentes favoreció el progresivo recurso a lo que ya se llamaba la vía reservada230. No faltaron conflictos con el de Hacienda, afectado por la actuación de Canales desde la Tesorería Mayor de Guerra, que llevaron a la renuncia de su gobernador, Tomás Jiménez Pantoja, conde de Estrella, por sentirse desposeído de sus funciones231.

Que la división de la secretaría había tensado las relaciones con los consejos era palpable. Por ello, resultó fundamental la política de nombramientos, con los que se buscaba no solo fidelidad al rey, sino conformidad con sus medidas. Las ventajas de esta política pudieron verse al acceder Ronquillo a gobernador del Consejo de Castilla, ya que desde entonces, noviembre de 1705, desaparecieron las discordias. Es más, constituido en asesor jurídico del nuevo equipo de gobierno, asistió al Consejo del Despacho y, gracias a su afinidad con el secretario Grimaldo y el embajador Amelot, a pesar de sus diferencias sobre las regalías, preservó las prerrogativas de la institución, que incluso ganó competencias232. Prueba de este entendimiento fue que, cuando la corte abandonó Madrid ante la inminente entrada del archiduque, en 1706, él fue el único presidente de consejo que, junto a Grimaldo, Moriana, Canales y Amelot, siguió al rey en su periplo, en vez de permanecer en Burgos, con la reina y el resto de los consejeros233. Entonces se inició también la colaboración entre Grimaldo y uno de los secretarios del Consejo de Indias, trasladado allí con el archivo, Bernardo Tinajero de la Escalera, un hombre de Orry, a salvo de cualquier sospecha234.

La salida de la corte de Madrid marcó una nueva inflexión en las relaciones del rey con los consejos. Todos sus miembros recibieron la orden de abandonar la capital, bajo la amenaza de perder sus plazas si no había una causa justificada, y de trasladar consigo los archivos y papeles de la covachuela. Aunque la mayoría obedeció, algunos se quedaron, reconociendo de forma más o menos explícita al archiduque. El caso del de Indias fue significativo por el número de los que se quedaron y porque continuaron con su actividad, instando a la Casa de Contratación a prestar obediencia al nuevo gobierno. Al volver Felipe V, no solo prohibió a las autoridades americanas aplicar las órdenes emanadas bajo la autoridad del gobierno austracista, sino que desterró de la corte a quienes le habían reconocido: trece consejeros, dos secretarios y algunos subalternos235.

La situación volvió a repetirse en 1709-1710, una coyuntura especialmente difícil por haber iniciado Luis XIV las conversaciones de paz. No se quiso entonces arriesgar en castigos que disminuyeran los apoyos, dados los escasos colaboradores que encontró don Carlos durante el tiempo que estuvo en Madrid, pero al tener que trasladarse con la reina y el príncipe a Vitoria, para mayor seguridad, de nuevo quedaron paralizados. Mientras tanto, el rey, con un reducido equipo, Grimaldo, Mejorada, Bedmar, más los gobernadores de Castilla y Hacienda, Ronquillo y Compoflorido, continuó gobernando. Lo que había significado el nombramiento de Ronquillo respecto a la colaboración del de Castilla con la vía reservada lo supuso el de Juan de Dios González Ríos, antiguo asentista y tesorero general de la Tesorería de Guerra, marqués de Campoflorido, en 1707, como gobernador del de Hacienda. Y el de Isidro de la Cueva Benavides, marqués de Bedmar, gobernador general de Armas de Flandes, consejero de Estado y capitán general y virrey de Sicilia, como presidente del de Órdenes en 1712236. Es decir, más allá de la depuración de las plantillas, la guerra puso a prueba el sistema polisinodial y avaló el de los secretarios, más flexible, estrechando la relación entre personas que serían clave en los años posteriores.

El inicio de las conversaciones de paz, la vuelta de Orry y su nombramiento como veedor general en 1713, así como su buen entendimiento con Macanaz, permitieron poner en marcha reformas no circunstanciales sino sujetas a un plan político. La primera fue un real decreto de 10 de noviembre de 1713 que, con el fin de mejorar la administración, transformaba la planta del Consejo de Castilla y del de Hacienda, reduciendo su plantilla y modificando su funcionamiento. Respecto al primero, lo más importante fue la supresión de la Cámara, por donde pasaban todos los nombramientos, como medio de terminar con la influencia de los colegiales, distribuyendo sus competencias entre las otras salas. A su vez, sustituía a su poderoso presidente por cinco, iguales en autoridad, al frente de cada una de las cinco salas que lo componían y entre las que se repartían sus 24 consejeros. Se definían las competencias de cada una de ellas, reservando a la plenaria, compuesta por todos los presidentes y consejeros, las relaciones entre la iglesia y el gobierno, las causas de los grandes de España y los pleitos graves, de lesa majestad. Se suprimía la sala de Mil y Quinientos y se creaba en su lugar una de lo criminal, formada por 18 consejeros237, y se convertía la de alcaldes de Casa y Corte, un organismo anejo que había funcionado como una audiencia, en una sala más del consejo, trasladándose los procesos criminales a la sala del mismo nombre. La reforma supuso el cese de Ronquillo y del fiscal Luis Curiel, lo que permitió la promoción de Macanaz como fiscal general. Las fuertes divergencias entre Macanaz y Ronquillo en materia de regalías alejaron a este último de Grimaldo y, con ello, volvieron las fricciones entre las secretarías y el Consejo238.

En el mismo decreto se reformaba también el Consejo de Hacienda, un organismo especialmente complejo al estar estrechamente unido a la propia historia institucional de la Real Hacienda. Ya en 1687-1691 se había intentado afrontar su compleja gestión mediante la creación del superintendente general y de 21 superintendentes en las provincias castellanas, y ese fue también el objetivo del nombramiento, en 1703, del conde de Moriana como tesorero mayor de Guerra para que, a través de la vía reservada, concentrara en una sola caja los fondos destinados a la misma239. Y lo mismo pretendieron Orry en 1703 y 1714 y Bergeyck en 1711, al crear los intendentes240, así como la reforma fiscal en Valencia y Aragón y la de Cataluña de septiembre de 1714, al transferir la cuenta de las generalidades a los respectivos superintendentes de la Hacienda Real que, más allá de su carácter punitivo, respondían al propósito de buscar una mayor eficiencia en la administración fiscal241.

El decreto de 10 de noviembre, inspirado por el secretario de Guerra y Hacienda y Orry, cambió drásticamente la estructura de este Consejo, que pasó a estar compuesto por un veedor general y cuatro presidentes, 36 consejeros, mitad togados y mitad de capa y espada, dos fiscales togados, cuatro abogados generales togados, más sustitutos y subalternos. Dividido en cinco salas: la de gobierno, presidida por el veedor general, la de justicia, la de millones, la criminal y la Contaduría Mayor de Cuentas, redujo sensiblemente las competencias de los procuradores del reino, cuatro castellanos y uno por las 15 ciudades de la Corona de Aragón a las que se había concedido voto en Cortes, que formaban parte de la sala de millones. Por ello, ya en 1714, se dividió en dos, de gobierno y justicia, a pesar de disponer el Consejo de otras para los mismos asuntos242.

Y con igual fecha, otro decreto reformó el Consejo de Indias, aumentando a tres los presidentes, a 20 los consejeros, diez letrados y diez de capa y espada, y a tres los secretarios, entre otros cambios. De sus tres salas, la primera, formada por el Consejo en pleno, trataba los asuntos más importantes de Perú y Nueva España. Al mismo tiempo, para resolver la situación financiera se creó una junta específica que provocó la protesta del Consejo, que no quería quedarse reducido a los asuntos de justicia. Pero el rey se mantuvo firme en su deseo de uniformar «en esta planta y regla» todos los tribunales de la corte243.

Respecto al de Órdenes, reorganizado en 1701, según la planta de 1691, estaba compuesto por un presidente, siete ministros, un secretario y un fiscal244. Tres decretos y una cédula de Felipe V en 1706 y 1707 confirmaron tanto el fuero de sus caballeros como su jurisdicción, lo que le permitió actuar en la causa seguida contra aquellos caballeros que habían optado por el bando austracista, en detrimento de la jurisdicción real. La fidelidad de su presidente, el duque de Veragua, tuvo mucho que ver en esta benevolencia, que permitió que el monarca pagara con promesas de futuras encomiendas los servicios de los militares y nobles que apoyaron su causa245. La incorporación de la orden de Montesa en 1707 no afectó a su funcionamiento, pero sí lo hizo el decreto de 10 de noviembre de 1713 por el que se dotó al Consejo de dos presidentes y se aumentó a 12 el número de consejeros. Como el resto, se dividió también en tres salas: del consejo pleno, de gobierno y de justicia, y se vio afectado en la práctica por la doble condición de Felipe V como rey y maestre246.

El último consejo reformado fue el de Guerra. De acuerdo con la planta de 1691, estaba compuesto por cuatro consejeros militares y dos natos, el capitán general de la Artillería y el comisario general de Infantería y Caballería. Tenía dos peculiaridades: la participación de consejeros de Castilla como asesores, en materias estrictamente judiciales, y la asistencia a sus reuniones de los de Estado, todo lo cual se mantuvo hasta 1714. Entonces, por un decreto de 23 de abril, se elevó a 16 el número de consejeros, diferenciándolos entre militares y togados, todos con voto, al convertirse estos últimos en miembros natos del tribunal. Los puestos militares, entre los que se nombraba el decano, estaban vinculados a empleos castrenses del mayor rango, en la práctica capitanes generales, con objeto de prestigiar la institución. Pero como para asistir al Consejo era necesario residir en la corte, se autorizó a que fueran reemplazados por un teniente general, dando así un carácter provisional a su representación247. Igualmente se dividían las materias entre sus salas y se regulaban las funciones del pleno, conservando el rey la presidencia, tal y como lo haría durante todo el siglo XVIII.

Dado el creciente control de los secretarios sobre el antiguo aparato de gobierno, la subdivisión de sus competencias era una medida anunciada que se hizo efectiva por un real decreto de 30 de noviembre de 1714. Por él se establecieron cuatro secretarías del Despacho, encargadas de los negociados de Estado, Asuntos Eclesiásticos y Justicia, Guerra y Marina e Indias, y se nombró a un veedor general para las cuestiones de Hacienda, cargo este que quedó bajo la autoridad de Orry, inspirador de la medida. La disposición fue comunicada a todos los consejos para que remitiesen los asuntos a los respectivos secretarios, honrados con «el título y empleo de Secretario de Estado» y dotados de una oficina específica, organizada según el doble criterio de jerarquía y afinidad248.

Sin necesidad de especificar las funciones que se les atribuían, se pusieron bajo autoridad de los secretarios no solo consejos, sino el personal de los respectivos ramos, lo cual supuso un cambio sustancial en el sistema de gobierno de la monarquía española. La propia indeterminación fue un semillero de conflictos, especialmente con el Consejo de Castilla, que seguía manteniendo buena parte de su autoridad. Sobre todo con el secretario de lo que se llamará Gracia y Justicia, que afirmaba su autoridad sobre dos dominios de su competencia, el eclesiástico, en cuanto órgano de regulación y control de esta jurisdicción, con la obligación de velar por «la conservación y protección de los privilegios de la Corona», y el administrativo, como centro de relación con las otras instituciones y atribuciones en materia de nombramientos249. Respecto a las cuestiones hacendísticas, dada la extensión de las competencias del veedor general Orry, se nombró para auxiliarle un intendente universal, Lorenzo Armengual, obispo de Girona, que era a su vez presidente del Consejo de Hacienda y a quien incumbía representar en el gabinete los asuntos relacionados con este ramo250. Tras la caída de Orry, y la desaparición de la veeduría general, el sistema se homogeneizó al crearse una Secretaría del Despacho de Hacienda. El decreto de 1714 también establecía que los secretarios se integrasen en un Consejo de Gabinete, si bien no está claro si lo componían solo ellos o se integraban en el Consejo de Despacho251.

Más allá de las resistencias que provocó el conjunto de estas disposiciones, lo verdaderamente paradójico fue la pésima coyuntura en que se llevaron a cabo, entre la muerte de la reina María Luisa de Saboya en febrero de 1714 y la llegada de Isabel de Farnesio a finales de diciembre. La expulsión de la princesa de los Ursinos, los ceses de sus protegidos, Orry y Macanaz, en febrero de 1715 y el inmediato proceso de este último pusieron fin a sus proyectos.

Secretarios que serán ministros

La Nueva Planta de los consejos estuvo vigente poco más de un año y la reforma del de Inquisición ni siquiera se puso en marcha. Pero las secretarías sobrevivieron a la crisis política y la planta establecida en 1714 prevaleció, después de no pocas indecisiones252, aunque habrá que esperar a los decretos de 1754 para que sus competencias se hicieran más precisas y se fijaran sus reglamentos253. Cuando en 1787 Floridablanca llevó a cabo la división de los asuntos de Marina e Indias, separando los de Gracia y Justicia de Indias de los de Hacienda y Guerra, su número se elevó a siete con carácter provisional hasta 1790, en que se suprimieron, repartiéndose sus competencias entre los más afines, Gracia y Justicia y Guerra, pero sin fundir sus plantillas. Aunque ya tenía muchas, también recibía Hacienda las competencias sobre esta materia en Indias y todo lo relativo a minas y azogues254. Para ayudarle en la administración de los territorios ultramarinos, se creaban a su vez las direcciones de Rentas, Real Hacienda y Comercio de Indias. El conde de Aranda, aunque en su plan de gobierno de 1781 había hablado de ello, no introdujo ningún cambio y tampoco lo hizo Manuel Godoy255. Las modificaciones se llevaron a cabo durante la guerra de la Independencia, tanto por la Constitución de Bayona, que segregó los asuntos eclesiásticos en un ministerio propio y creó los departamentos de Interior y de Policía General256, como por la Constitución de Cádiz, que, en su artículo 12, estableció siete: Estado, Hacienda, Guerra, Gracia y Justicia, Gobernación del Reino y Gobernación de Ultramar, perfectamente coherentes con el proceso anterior257.

Las nuevas instituciones nacían con una evidente finalidad práctica, «la más breve y fácil expedición de los negocios», y, en un primer momento, estuvieron confiadas a personas vinculadas a las secretarías de los consejos258. Aunque por origen y título los secretarios ciñeron su actividad a una rama específica de «negocios», los cometidos de los departamentos fueron muy amplios, sin que hubiera primacía de unos titulares sobre otros. Pero desde los decretos de 1714, el desarrollo de esta institución gravitó en torno a cuatro cuestiones: la primera tiene que ver con el papel aglutinador de la Secretaría de Estado, que, de hecho, confería a su titular una función de primer ministro. Según sus defensores, resultaba indispensable para coordinar la actividad ministerial, pero las voces más críticas lo acusaban de oscurecer el propio papel del rey259. A partir de 1754, esta primacía quedó reforzada por el carácter de las nuevas competencias que recayeron sobre este despacho, como la administración de los sitios reales, la superintendencia general de Correos, la conservación de los archivos, las concesiones de grandeza, orden del toisón de oro y el cuidado de las Academias. A finales de siglo se sumaron otras relativas a orden público, sanidad, beneficencia, prensa e imprenta. Con tanta variedad pretendió acabar la Constitución de 1812, pero esto solo se consiguió con la creación del Ministerio de Fomento en 1832260.

El que los empleados de otras ramas de la administración pujaran por ocupar una plaza en Estado, incluso a costa de perder el grado y la antigüedad de los anteriores servicios261, es prueba de lo «importantísimo» que era el empleo, según Campillo262. Por ello también Carvajal recomendaba que su titular fuera «de alto nacimiento siempre»263. Más práctico, Floridablanca, en el Memorial justificativo de la Junta de Estado, sostuvo que una de las ventajas de la primacía era la de impedir la lucha por la «supremacía» entre los otros ministros264.

El segundo problema, estrechamente relacionado con el anterior, fue el de la institucionalización o no de la Junta de Secretarios. Su existencia contaba con los precedentes de comienzos del reinado de Felipe V, el Consejo de Despacho de 1701 o el Consejo ampliado que funcionó entre 1704 y 1714265, pero, como el despacho con el rey era personal, las reuniones entre los secretarios para contrastar opiniones se fueron haciendo cada vez más frecuentes, aunque solo a partir de 1763 se reconoció formalmente su existencia. Con el nombramiento de Floridablanca en 1777, la idea de reglamentar estas reuniones empezó a abrirse paso hasta que se plasmó, diez años más tarde, en la Junta de Estado. Su objetivo principal era que la unidad de criterios favoreciese la mejor resolución de los asuntos, pero también homogeneizar el sistema español con el resto de los gabinetes europeos266. El conde de Aranda, que encabezó la oposición a la Junta, la suprimió el 28 de febrero de 1792, restaurando el viejo Consejo de Estado267.

El tercer problema tiene que ver con el modelo territorial de la monarquía y, especialmente, con el gobierno de América. En efecto, la unidad o dispersión de los asuntos indianos no era una mera cuestión administrativa, sino que afectaba al modelo de relación entre la metrópoli y las colonias. Por lo que la creación de una secretaría de igual título que el Consejo, y estrechamente vinculada a él, respondía al deseo de no alterar el antiguo sistema, en el que se combinaban exclusividad económica, capacidad defensiva y tutela moral268. La unión con Marina entre 1721 y 1754 y, tras un breve desdoblamiento bajo un único ministro, Arriaga, de nuevo desde 1763 hasta 1787 era consecuencia del peso que tenían las Indias en la política defensiva de la monarquía y de la necesidad imperiosa de una escuadra para su mantenimiento. Pero dada la amplitud de sus competencias, resultó difícil una separación nítida respecto a las de otros departamentos, especialmente con Hacienda, y arreciaron las críticas contra los inconvenientes de que las Indias se gobernaran «como reino aparte». Frente a este estado de cosas, ya desde época de Wall se perfilan dos soluciones: dividir la Secretaría de Indias en dos, ya fuera por materias, o por territorios, y distribuir sus competencias entre las restantes. Esa fue, por ejemplo, la opinión de Floridablanca, partidario de que cada secretario dirigiese los mismos asuntos, «tanto en Europa como en Indias»269. Pero la medida, al diluir la especificidad legislativa, resultaba demasiado radical, por lo que, a la muerte de Gálvez, y como consecuencia de la libertad de comercio, se optó por crear dos departamentos, uno de Gracia y Justicia y otro de Guerra, Hacienda, Comercio y Navegación de Indias270. En 1790 la balanza se inclinó a favor de la asimilación, y así se hizo, pero solo en la dirección, ya que las oficinas nunca se fusionaron271. El decreto, que no afectó ni a Estado ni a Marina, donde solo cabía un planteamiento global, alteró el funcionamiento del resto de las secretarías272. Mientras, los asuntos propiamente internos se trataban en el Consejo y así siguió hasta su disolución en época de José I. Un decreto de 6 de febrero de 1809 atribuía la «gobernación universal» de los dominios en América y Asia a un Ministerio de Indias, que resultó inoperante. Por su parte, la Constitución del 12 estableció una fórmula parecida: integró en Marina y Guerra los asuntos relativos a estas materias y creó una secretaría de Gobernación de Ultramar, con funciones de administración, economía, fomento y también evangelización273.

El cuarto y último problema afectó a la secretaría de Gracia y Justicia, bajo la cual estaban «todas las materias que componen el sistema interior del reino...»274. En 1754 se incrementaron las funciones de «gracia», y se le otorgaron amplias facultades en materia de nombramientos y organización de tribunales, así como la provisión de todos los corregimientos que no fueran militares, asuntos todos cuya tramitación interfería con la Cámara de Castilla, que hasta entonces había tenido a su cargo la provisión de oficios judiciales275. Por ello, solo cuando hubo acuerdo entre el presidente de la misma y el titular de la Secretaría, la relación funcionó, tal y como ocurrió, por ejemplo, durante la etapa de Roda y Aranda276. Pero, con ser importante esta disfunción, no fue la única, ya que la Secretaría tenía a su cargo el real patronato y todo lo concerniente a disciplina eclesiástica, instrucciones de colegios y conservación de regalías de la Corona, lo que provocó un continuo solapamiento de funciones entre ella, la Cámara de Castilla y la secretaría de Estado, que llevaba las relaciones con Roma. Roda lo pudo comprobar durante su etapa de agente de preces, por lo que recomendó a Wall que llevase todos los asuntos por un mismo conducto277. Cuando, unos años más tarde, fue promovido a secretario de Gracia y Justicia, intentó resolverlo sin éxito y, desde el Estado, Grimaldi y Floridablanca se quejaron de lo mismo278. Quizás por ello este último, que llevó ambos despachos, procuró asegurarse un presidente en el Consejo de Castilla, Campomanes, que sintonizara con sus proyectos.

La articulación del funcionamiento de las cinco secretarías no fue, desde luego, un proceso lineal, máxime cuando se pretendía con ello adaptar la administración española a un modelo de organización vertical más sencillo y operativo. Pero arraigó hasta el punto de adaptarse con muy pocos cambios al nuevo sistema político liberal.

El «arreglo» de los consejos

Restablecida la antigua planta de los Consejos de Castilla y Hacienda por un real decreto de 9 de junio de 1715, después el de Indias, el 5 de agosto, y sucesivamente las del resto279, los defensores del antiguo sistema de gobierno parecían haber triunfado. Es más, la polisinodia, adaptada a la nueva realidad territorial, sobrevivió durante una centuria, pero sus fundamentos, los propios de una monarquía jurisdiccional y agregativa, habían dejado de tener vigencia280. Fracasaron las reformas, pero sus postulados, defensa de la autoridad real y regalías, siguieron vigentes, a tal punto que, no por casualidad, en 1788 Valladares dio de nuevo voz a los argumentos de Macanaz en las páginas del Semanario Erudito: «La soberanía es impartible, no sufre sociedad, se debilita y aun se acaba cuando se divide; no puede el rey separar de sí ni el todo, ni la parte, porque a él solo hizo Dios Soberano»281.

Los principios estaban claros, pero, después del accidentado intento de ponerlos en práctica, prevaleció el procedimiento, ya ensayado por Orry y por Grimaldo, indemne este de la prueba de 1714, de mantener el viejo sistema y articularlo a través de los nombramientos y la sustracción de competencias. Algo que compartía Floridablanca, que, en el punto XLVII de la Instrucción reservada, recomendaba elegir presidentes y gobernadores de los consejos sin tener en cuenta «ni el nacimiento o grandeza, ni la carrera militar, ni otra cualidad accidental de esta especie», sino buscando hombres «sabios, morigerados y activos» que también fueran «respetables por su edad, condecoración y experiencia en el gobierno»282. Era el respaldo formal a una práctica establecida: la conversión de las plazas de los consejos en una salida honrosa para la nueva nobleza de servicio o, lo que era lo mismo, en un puesto de «término», para el personal de la alta administración y, especialmente, de las secretarías.

Pero intervenidos o debilitados, los consejos siguieron siendo, entre 1715 y 1812, necesarios para la administración de justicia en sus respectivos ramos y para la regularización de ciertos nombramientos o de jurisdicciones específicas; de ahí que sus plantas se siguieran reformando y variaran algunas atribuciones. El número de consejeros aumentó, sin que esto evitara la presencia de supernumerarios, que esperaban futuras vacantes para obtener plaza efectiva. La dualidad entre ministros togados y de capa y espada se mantuvo, e, igualmente, el papel central de las salas de gobierno, intervenidas, presididas, en ocasiones, por quienes eran también agentes de la Corona. Reducida su actividad a lo judicial, su pérdida de influencia fue notoria283.

Con trazos comunes, la trayectoria varió según los casos. El Consejo de Estado nunca recuperó su prestigio, a pesar de los partidarios de restablecerlo en sus antiguas funciones. Con Felipe V y Fernando VI estuvo particularmente inactivo, hasta el punto de que este último monarca solo nombró dos consejeros, José de Carvajal y el duque de Alba, ambos ministros de Estado. Al llegar Carlos III, lo formaban seis personas: duque de Alba, como decano; tres antiguos secretarios de despacho, Sebastián de la Cuadra, Zenón de Somodevilla y Joaquín de Montealegre, marqueses de Villarías, Ensenada y Salas, respectivamente, y dos recién nombrados, Ricardo Wall y Stefano Regio, príncipe de Jacci. Entraron posteriormente, como recompensa a sus servicios, los secretarios Grimaldi, Esquilache, Muñiz y, más tarde, Arriaga, llegando a la docena de consejeros en 1774284. El proyecto de restaurarlo, presentado por el conde de Aranda al príncipe de Asturias en 1781, solo pudo cumplirse en 1792, al ser nombrado secretario de Estado285. Organizado según un reglamento que redactó Campomanes, sus ocho miembros se reunieron regularmente y, de nuevo, los papeles fluyeron en su dirección286. Pero, tras su salida, en 1795 había dejado de convocarse.

El retorno a la presidencia única del de Indias, en 1715, tuvo menor peso en su trayectoria que los efectos de la cambiante vida de la secretaría en los años posterioress287. El nombramiento en 1717 de Andrés de Pez como presidente, dictado por Alberoni, refleja bien la estrecha dependencia entre ambas instituciones, ya que en 1721 pasó a ocupar, hasta su fallecimiento, la secretaría de Marina e Indias. Activo colaborador de Patiño en la creación de la superintendencia de Marina y el traslado de la Casa de Contratación a Cádiz, fue el primero que tuvo su sede en el antiguo palacio de Mariana de Austria. A pesar de los recortes sufridos, como mantuvo todo lo relativo a lo contencioso y judicial y al gobierno municipal, las licencias para pasar a América y el patronato regio, siguió asumiendo un importante volumen de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que solo en 1723 y en 1760 llegó alcanzar los ocho consejeros togados previstos en la planta de 1715288. En mayo de 1747, un decreto de Fernando VI separó formalmente del consejo todo lo relativo a finanzas, comercio y navegación y estableció que, como venía haciéndose desde 1721, fuera por la vía reservada, limitándose a publicar las noticias que el rey le comunicaba. La expedición de los nombramientos para las plazas de justicia en Indias, bajo la imperativa consulta a la hora de proveerlos, era competencia de su Cámara, que también intervenía en los de Hacienda y en la presentación para cargos eclesiásticos. Igualmente siguió teniendo a su cargo tanto la inspección como la preparación de la Armada y administrando las minas de Almadén y el transporte del mercurio a Cádiz, aunque la financiación de las mismas corría a cargo de la secretaría, a través de la Pagaduría Mayor289.

Según sostiene García Pérez, el Consejo de Indias conoció una reanimación durante los reinados de Carlos III y Carlos IV que le llevó a desempeñar un papel importante en la política reformista en América. Un real decreto de 29 de julio de 1773 lo constituyó en tribunal de término, con rango similar al de Castilla, favoreciendo una mayor especialización de sus ministros, al preferirse a la hora del nombramiento a quienes contaban con una cierta experiencia en las audiencias americanas. Prueba de ello fue el incremento de los expedientes gubernativos y judiciales que se tramitaban, lo que obligó a desdoblar la sala de gobierno en 1776. También la Contaduría de Indias, organismo dependiente del Consejo y fiscalizador de la Real Hacienda indiana, aumentó su influencia gracias a la presencia de personajes como Felipe de Altolaguirre, Tomás Ortiz de Landázuri o Francisco Machado, interesados y bien informados sobre la realidad americana290. No se llegó, sin embargo, a modificar sus ordenanzas, que databan de 1636, a pesar de que en 1790 se constituyó una junta, integrada por consejeros de Indias, que se disolvió en 1802 sin llegar a promulgar nada291.

Respecto al Consejo de Guerra, la relación entre los consejeros togados y los militares fue clave en su evolución. La planta establecida el 30 de abril de 1715 introdujo un nuevo desequilibrio entre ambos al reducir los primeros a cuatro y suprimir los abogados. Respecto a los militares, la novedad fue establecer que, de los seis que mantenía, cuatro fuesen capitanes generales y dos procediesen de la Armada. La medida reforzó el carácter militar del Consejo, lo que se acentuó al ponerse fin al privilegio de los consejeros de Estado de asistir a sus sesiones. Pero lo más significativo fue la división en dos salas, de gobierno y de justicia, que, si bien respondían a las diferencias de formación y carrera de sus miembros, favoreció una mayor separación entre unos y otros. También se estableció que los secretarios del Despacho de Guerra y el de Marina se integrasen en el Consejo, en las mismas condiciones que los seis consejeros militares292.

La reforma de Alberoni, en 1717, fue en el sentido contrario al eliminar los consejeros militares y reducir el Consejo al estricto ámbito judicial en materia castrense, pero con las limitaciones que provenían de la existencia de cuerpos militares privilegiados que gozaban de fuero específico293. Esta reforma, con algunas alteraciones en 1724 y 1738, prevaleció hasta 1744, en que Felipe V resolvió su vuelta a la planta anterior a 1714294. Esto supuso la desaparición de los ministros togados, que pasaron a integrarse en el de Castilla, a la vez que tres miembros de este consejo se convertían en asesores del de Guerra para las causas de justicia295. Era un modo de evitar las controversias internas, y, de hecho, la reforma duró hasta la Nueva Planta de 1773, debida al conde de Ricla, entonces secretario del Despacho de Guerra, que tuvo como base una Relación elaborada por el secretario de consejo, José Portugués. Aunque la resolución final se apartó de esa propuesta y se centró en los asuntos judiciales, devolvió al organismo su carácter estrictamente militar al poner fin a la relación con el Consejo de Castilla296. Dividido en dos salas, más el pleno, con 23 consejeros, de los cuales 18 procederían de los cuerpos superiores del ejército y la Marina, la novedad más importante introducida en 1773 fue establecer dos tipos de consejeros, natos y permanentes. Los primeros lo eran en función del empleo que ostentaban, es decir, la cúpula militar de mando operativo, pero no quienes tenían el gobierno político militar de plazas o de capitanías generales. Por el contrario, los 13 miembros de continua asistencia eran dos oficiales generales de Tierra, dos de Marina, dos intendentes, cuatro consejeros, elegidos entre letrados sobresalientes, un fiscal militar y un secretario297. También se estableció que el cargo de decano recayese sobre el secretario de Guerra, lo que incrementó el control que este venía ejerciendo. La nueva estructura normalizó el funcionamiento institucional y configuró una verdadera carrera jurídico-militar que terminaba en el Consejo.

El conde de Aranda criticó en su Plan de 1781 la presencia de los consejeros natos, que, de hecho, concurrieron poco298. Y eliminarlos fue uno de los principales objetivos de la reforma de 1803, así como la reducción a diez del número de consejeros, manteniendo la proporción de seis y cuatro a favor de los militares. También se precisaron mejor las relaciones entre las dos salas, la jerarquía interna del personal y los asuntos que les competían. Pero su carácter de institución de término, reforzado por disposiciones posteriores a 1773, se mantuvo. Por servicios prestados llegaron a consejeros muchos intendentes, mientras que la secretaría del Consejo quedó reservada para los oficiales mayores de la secretaría de Guerra, lo que resulta indicativo del peso de la carrera administrativa, aunque fuera a través de instituciones militares, o jurídico-militares, en el nombramiento de los consejeros299.

Como se puso de manifiesto en 1714, la reforma del Consejo de Hacienda fue una de las más complejas. La duplicidad desapareció en 1715, al suprimirse el puesto de veedor general y convertirse el intendente universal en secretario del despacho efectivo, de modo que el consejo volvió a funcionar según lo dispuesto en 1691, remitiendo de nuevo los asuntos de justicia de la sala de millones a la general e integrando en ella a los cinco diputados del reino300. Pero el funcionamiento ya no fue el mismo al convertirse el secretario en el enlace entre el rey y las instituciones de Hacienda, en detrimento del propio consejo301. A esto se añadió que, en mayo de 1717, las recién creadas Contadurías Generales de Valores, Distribución y Millones se hicieron también con las competencias que en estas materias tenía el Consejo, de manera que sus titulares pasaron a ser consejeros. Al tiempo, la Instrucción de 4 de julio de 1718 relativa a la Tesorería General, Intendentes, pagadores y contadores302 ponía el gobierno económico en manos del superintendente general y las nuevas autoridades, dejando el consejo reducido a los asuntos judiciales303. Aunque estas medidas duraron poco, en 1726 Patiño volvió a potenciarlas mediante una instrucción que capacitaba a su titular para entender sobre todos los ingresos del erario, sin más requisito que una orden de libramiento del secretario del Despacho de Hacienda para su distribución304. Dado que él mismo era entonces, además de secretario del Despacho de Hacienda, gobernador del Consejo de Hacienda y superintendente general, la eficacia del sistema de controlar desde dentro resulta evidente305.

Las instrucciones posteriores de 1749 y 1753 se dirigieron a facilitar la gestión del superintendente general al frente de la Real Hacienda. Una real cédula e instrucción de diciembre de 1760 fijó en 48 el número de consejeros y le devolvió algunas competencias, pero la sangría a favor del superintendente y de los organismos dependientes de él continuó. Un paso más fue, en 1770, la conversión de la Sala de Millones del Consejo en Sala de Única Contribución, al introducir por decreto dicha contribución con carácter general y suprimirse las rentas provinciales y el impuesto sobre las ventas. Estaba compuesta por nueve ministros, tres togados, cuatro de capa y espada y dos eclesiásticos, y se incluía en ella a los diputados de los reinos. Con jurisdicción real y eclesiástica, tenía capacidad para conocer en todos los asuntos referentes a gobierno y justicia tanto de la Única Contribución como del resto de las rentas suprimidas. También se nombraba un colector para ocuparse de las cantidades que debía pagar el estado eclesiástico en virtud del nuevo impuesto, lo cual originó muchos pleitos con el Consejo de Castilla. La última remodelación tuvo lugar por un real decreto de 2 de febrero de 1803. El consejo quedó formado por 11 ministros de capa y espada y diez togados, repartidos en cuatro salas, de gobierno, millones, de justicia y Tribunal Mayor de Cuentas. Se pusieron entonces bajo su jurisdicción todos los asuntos relativos a la reversión de bienes y derechos a la corona, que se veían en las chancillerías y audiencias, así como las penas de cámara, gastos de justicia y otras comisiones306.

Más allá de los cambios en su composición y funciones, el Consejo de Hacienda se vio directamente afectado por un proceso de reforma de la administración financiera dirigido a la cobranza y distribución tanto de las rentas provinciales como de las generales. Una reforma con muchos límites que quitó de sus manos la gestión hacendística y lo redujo a tribunal de justicia. Gracias a él aumentaron las rentas del Estado, si bien en sectores como las aduanas o el comercio internacional, muy vulnerables a la coyuntura internacional. Estimuló la economía, pero no consiguió que la imposición fiscal creciera al mismo ritmo307.

Respecto al Consejo de Órdenes, en 1715 volvió a su antigua planta, manteniendo también su división en dos salas, de justicia y gobierno. La medida fue ratificada en 1717, y aunque en 1728 se exceptuaron algunas causas criminales de la jurisdicción del consejo y hubo posteriormente modificaciones en el fuero de las órdenes militares y, especialmente, en el de los caballeros de hábito, no sufrió, sin embargo, cambios de importancia308. Mantuvo un peculiar procedimiento administrativo, por el que los escribanos intervenían en la tramitación de los asuntos en detrimento del secretario y su independencia archivística, introducida bajo la presidencia de Bedmar, que creó una superintendencia de archivos en el consejo que le permitía no remitir los papeles a Simancas309. Limitada su jurisdicción a las materias eclesiásticas y temporales de las órdenes que regentaba, su política fue permisiva respecto al cobro de las rentas y a la exigencia de residencia de sus comendadores, lo que explica que Jovellanos se refiriera todavía a él como un tribunal de carácter eclesiástico y regular cuya jurisdicción alcanzaba a «extensos territorios que comprendían centenares de pueblos»310. Así fue, en efecto, ya que el consejo y el monarca, que pasó de maestre a «Administrador Perpetuo», fueron sobre todo los gestores de un importante legado material y jurisdiccional que nunca dejó de estar ligado a Roma por su carácter religioso. Pero lo decisivo en su trayectoria fue la voluntad de Felipe V de dotar a los infantes de numerosas encomiendas y dignidades de órdenes militares, primero a favor de don Felipe, en 1721, y después de don Luis, en 1734, política que prosiguieron tanto Carlos III, al convertir los territorios de San Juan en un mayorazgo para su hijo Gabriel, y Carlos IV, que lo hizo en favor de los infantes don Carlos María Isidro y don Francisco de Paula311. A comienzos del siglo XIX culminaba también un amplio proceso de patrimonialización de los señoríos de las órdenes militares, mucho más significativo y silencioso que las enajenaciones realizadas para las nuevas colonizaciones de Carlos III o durante la desamortización de Godoy.

Aunque no era mi propósito tratar del Consejo de la Inquisición por sus especiales características, no es posible obviar su plena inserción en la planta administrativa de la monarquía española. El inquisidor general tenía jurisdicción propia, apostólica, concedida por el pontífice y expedida por un breve papal, pero la corona siempre tuvo el poder de proponerlo y, también, de destituirlo. El Consejo, por otra parte, carecía de reconocimiento jurídico ante el pontífice, y aunque el nombramiento de sus cinco consejeros hasta Felipe IV lo hacía el rey, a partir de este monarca fue práctica consolidada que recayese sobre una terna que le presentaba el inquisidor general. Su planta a partir de entonces quedó constituida por cinco consejeros eclesiásticos, dos ministros del Consejo de Castilla y una plaza reservada a la orden de Santo Domingo, aunque hubo alteraciones por la creación de plazas de supernumerarios o aumento circunstancial de los consejeros eclesiásticos312. Con la instauración de los Borbones se introdujeron dos importantes novedades: la intervención del confesor real y la del secretario de Gracia y Justicia. También resultó habitual que las plazas reservadas a los consejeros de Castilla fueran provistas directamente por el rey313. Era, además, un tribunal cuya complejidad orgánica, debida a sus funciones y a la dispersión territorial, no era comparable a la de ningún otro y cuyo reducido número de consejeros contrastaba con el de sus dependientes, que si bien decrecieron a comienzos del siglo XVIII, volvieron a aumentar posteriormente, a pesar del notorio descenso de su actividad314.

A la muerte de Carlos II, el Consejo reconoció al rey Borbón y no dudó en colaborar a favor de su causa. Aunque no faltaran conflictos, como el intento de procesar al padre Froilán y el cese de su promotor, el inquisidor general Baltasar de Mendoza, que era austracista315, hasta 1709, en que Macanaz decidió revocar ciertas concesiones de jurisdicción temporal, como consecuencia de que Clemente XI reconoció a don Carlos, no hubo ruptura. Ni don Melchor pretendió suprimir el tribunal, sino limitar su competencia a causas de fe y religión, ni reclamó más regalía que la de publicación y censura de libros, a través de la intervención del Consejo de Castilla. El edicto de condena del Memorial de los cincuenta y cinco párrafos o Pedimento y la marcha a París del inquisidor general Giudice dieron un giro a la cuestión. Mientras el fiscal contó con el apoyo del rey y su confesor, nada pasó, por más que los consejeros no quisieron desautorizar al inquisidor general316. Pero la salida de Orry y la dimisión de su defensor, el padre Robinet, en 1715, dieron vía a su proceso, cortando cualquier proyecto de reforma y propiciando la vuelta a los procedimientos y personas de la etapa anterior. Al tiempo, Felipe V se retractaba del «poco acierto» de su actuación, asegurando no querer «entrar en el Santuario», ni «otros derechos que los que conforme a la religión me pueden tocar sobre los cuales he consultado y consultaré al Consejo»317.

A lo largo de su reinado, más allá de los procesos de judaísmo de 1721-1727, las relaciones entre el Consejo de Inquisición y el monarca siguieron de cerca las tensiones diplomáticas entre Roma y Madrid. La influencia de los jesuitas facilitó una clara ofensiva antijansenista que quedó reflejada en el Índice de 1747, en el que se prohibían las obras del cardenal Noris, que contaba con la aprobación de Benedicto XIV. Fernando VI suspendió en sus funciones al inquisidor general, Pérez de Prado, si bien el confesor real, el jesuita padre Rávago, reivindicó su actuación alegando que la Inquisición española había procedido siempre en sus juicios con independencia de Roma318. La disputa terminó con un nuevo confesor, Quintano Bonifaz, nombrado también inquisidor general y que eliminó del Expurgatorio las obras del cardenal Noris319.

Tras la firma del Concordato de 1753, hubo algún intento de reforma, en la línea de lo recomendado por la Junta Magna de 1696320, pero como la clave estaba en el tema de la censura, los problemas volvieron a suscitarse con motivo del catecismo de Mesenguy, cuya prohibición publicó el Santo Oficio en 1761. Bonifaz trasladó el breve pontificio sin informar al monarca, lo cual irritó a Carlos III, que lo había autorizado en Nápoles. Se desterró al inquisidor general y el monarca publicó una dura pragmática, preparada por Wall, por la cual subordinaba al soberano la difusión de bulas y breves en España, al tiempo que encargaba al Consejo de Castilla la investigación de antecedentes que fundamentaran la medida. Dos años más tarde, en junio de 1768, una real cédula hacía públicos los criterios para regular la censura inquisitorial321. Por ella, se restringía la censura previa a los asuntos relativos al dogma y se obligaba, antes de publicar cualquier disposición, a presentar la minuta al monarca a través de la Secretaría de Gracia y Justicia, prohibiendo que ningún breve o despacho de Roma pudiera hacerlo sin ser comunicado previamente al rey y obtener la autorización del Consejo Real.

Ante la gravedad del asunto, el propio inquisidor redactó un proyecto alternativo en el que proponía crear una junta dependiente del Consejo, a la que podría asistir una persona eclesiástica, nombrada por el rey, para tratar de las censuras de las obras alusivas a las regalías del monarca. No se llevó a la práctica porque la aplicación de la real cédula quedó suspendida, a instancias del confesor real, el padre Eleta, aunque la idea de una reforma en profundidad, o de la misma supresión del Tribunal de la Inquisición, empezó a abrirse paso. En 1779, siendo Roda secretario de Gracia y Justicia, comunicó al inquisidor general, Felipe Beltrán, la necesidad de corregir el catálogo de 1747. Este, hombre más abierto, se aplicó a la tarea, aunque el nuevo Índice de 1790 no difería en mucho del de 1747. Entre otras cosas porque su sucesor, Raimundo Magín, también murió pronto y el nuevo, Rubín de Cevallos, era mucho más conservador. Murió también en 1792 y los tres que le sucedieron, Abad y Lasierra, Lorenzana y Ramón José de Arce, envueltos en los conflictos políticos del reinado de Carlos IV, fueron cesados sucesivamente en 1793, 1797 y 1808. El primero, benedictino y director de los Estudios de San Isidro, contó con el apoyo de Campomanes322 y redactó unas nuevas constituciones en las que proponía establecer una junta con 12 vocales en la que figuraban jansenistas bien conocidos. Lorenzana, más ortodoxo, primado de Toledo y antijesuita, fue un hombre clave en el reclutamiento episcopal de la época y un gran conocedor de los estrechos vínculos entre el poder civil y el eclesiástico. El último, Arce, protegido de Godoy, nunca mereció la confianza que el abate Grégoire le dispensó323.

El Consejo de la Inquisición en el siglo XVIII, verdadero contrapunto al reformismo ilustrado, nunca fue un consejo más, ni una institución de término, sino un organismo vivo, de trayectoria irregular, sometido al rey, pero representante del poder de Roma dentro del Estado. Gozó de autonomía suficiente para frenar las tendencias secularizadoras inherentes a una monarquía absoluta y ejerció su control ideológico a través de la censura, lo que fue clave en los conflictos con la jurisdicción real y con las instituciones que intervenían también en esta materia, el Consejo de Castilla y la secretaría de Estado. Aunque a partir de los años treinta sus formas de actuación se moderaron324, hubo procesos notorios, de matiz claramente político, como los de Macanaz y Olavide, que ni Felipe V ni Carlos III quisieron o pudieron detener, porque, en definitiva, ninguno de los Borbones fue capaz de imponerse a sus escrúpulos de conciencia325. Intacto su aparato administrativo, la coyuntura de 1789 pareció resucitarlo. Por poco tiempo, ya que aunque en las Cortes de Cádiz solo tres obispos se mostraron favorables a su supresión, para entonces la Inquisición estaba ya herida de muerte326.

Uno entre muchos: el Consejo de Castilla

Cuando en 1715 Felipe V ordenó el restablecimiento de las antiguas plantas de los Consejos, empezó por el de Castilla, el más radicalmente transformado y aquel en el que los cambios habían provocado una mayor oposición. Se daba así marcha atrás al intento de resolución de tres cuestiones que iban mucho más allá de las modificaciones orgánicas y sobre las que se volvería posteriormente: la apertura de la magistratura a todos los que tuvieran el título universitario adecuado, es decir, a los manteístas, en detrimento de los privilegios colegiales; la delimitación jurisdiccional con el fin de evitar los conflictos entre la monarquía y la Iglesia, y, finalmente, la extensión del patronato regio al conjunto de los beneficios del reino, cuestión que Roma consideraba en términos de concesión, y los regalistas, un derecho. En el Concordato de 1754 se abordaron las dos últimas327.

Por lo que se refiere a la administración de justicia, el Consejo, cuyas plazas aumentaron de 25 en 1717 a 30 en 1766, fue delimitando cada vez mejor sus atribuciones respecto a las chancillerías y audiencias y haciendo cada vez más fluidas sus relaciones con la red cada vez más extensa de auditores, corregidores togados y alcaldes mayores, de lo que da buena cuenta una copiosa documentación328. Fue precisamente esta conexión con el cuerpo social lo que le mantuvo como un organismo vivo, por cuyas distintas salas fueron pasando buena parte de los asuntos más significativos de la centuria, tal y como prueba su papel en las crisis políticas de 1724, 1759 o 1766, y la creciente importancia de los fiscales a la hora de apoyar las directrices políticas de la monarquía329. Pero la falta de una reforma profunda siguió pesando sobre su actividad, sujeta a muchas disfunciones, debido a la variedad de competencias que tenían entrada en su sala de gobierno, desde asuntos de cierto calado o conflictos de jurisdicción hasta cuestiones casi anecdóticas o concernientes a particulares, lo que entorpecía la consulta de los viernes e impedía una resolución más rápida. Ensenada, en 1751, propuso a Fernando VI la conveniencia de dejarlo reducido a un tribunal de justicia, al considerar que los hombres de toga eran poco adecuados para resolver cuestiones de policía y gobierno, pero nunca se llevó a cabo330. Por otra parte, la práctica, instaurada en 1715, de que el rey expresara su parecer no por la vía del consejero consultante, sino a través del secretario de Gracia y Justicia, que era quien tramitaba las consultas, supuso una aminoración de las funciones del Consejo, de manera que aunque se alegara que sus decretos «no debían ser juzgados por un particular», quedó supeditado a la vía reservada, que interfería la comunicación institucional con el rey331.

Respecto a la denominación alternativa de presidente o gobernador y, también, decano que recibía su primera autoridad, su significación es poco clara. Con los Austrias, no parece que el tratamiento introdujera diferencias en el ejercicio del cargo, ni tampoco que el título de presidente recayese siempre en personas de la más alta nobleza. A comienzos del siglo lo ostentaron Arias y el conde de Montellano332, pero ya no hubo presidente hasta el conde de Aranda, que era grande de España. Si fue una forma de distinguirlo, o de conformar a un hombre tan celoso de su dignidad como el aragonés, en un momento en que se necesitaba su apoyo, tampoco es fácil de dilucidar. En cualquiera caso, según Martínez Salazar, el título reportaba el privilegio de no tramitarse por vía ordinaria, sino por medio de un papel escrito por el rey y dirigido al propio sujeto nombrado333. Lo cual significaba también que sus funciones, en tanto que representante del monarca, más que administrativas eran políticas. Prueba de ello es que, pese a su carácter primordial de tribunal de justicia, nunca se exigió que quienes ocuparan su cabeza tuviesen formación jurídica. En este caso, debería abstenerse, por resultar inconveniente que quien no fuera graduado «en cánones o leyes, por universidad aprobada, puede votar en pleitos de justicia»334.

El presidente del Consejo de Castilla lo era también de la Cámara, con obligación de proponer al rey los sujetos convenientes para los distintos empleos, de acuerdo con la información recibida por distintos cauces. En su calidad de guardián del orden público, en la corte y en el reino, sus tentáculos institucionales, a través de los corregidores, abarcaban ya todo el reino. El que formara parte de otras instituciones, especialmente de los consejos de Estado, Guerra o Hacienda, no le confería mayor poder, pero le permitía disponer de información privilegiada. Por algo desde 1715 fue el funcionario mejor pagado de la monarquía española335.

Los fiscales, cuya carrera era muy parecida a la de los futuros consejeros, lo habitual era que terminaran siéndolo, una práctica que en 1743 se regularizó, precisamente para evitar abandonos336. A los dos restablecidos en 1715 se sumó otro en 1735, pero con plaza específica para la Cámara de Castilla. Ya en 1769 se creó una tercera fiscalía en el Consejo y se suprimió la distinción entre civil y criminal y su relación con cada una de las dos chancillerías337. Martínez Salazar habla de ellos como «ministros de especiales circunstancias que por su literatura e integridad merecieron la confianza de los monarcas en el cargo de los asuntos importantísimos a la Corona», y así fue efectivamente338.

Respecto a la restaurada Cámara, compuesta por el presidente, por cinco camaristas, uno de ellos clérigo, el fiscal desde 1735 y tres secretarías, Real Patronato, Gracia y Justicia, adquirió una importancia creciente a partir del Concordato, promulgándose entonces una nueva instrucción sobre sus cometidos y funcionamiento339. Le correspondía proponer a los sujetos para dignidades y beneficios, por lo que no es exagerado decir que en ella se solventó buena parte de la política eclesiástica de la época, primero como instrumento de pacificación en las relaciones con Roma y, más tarde, en la prosecución de su doble proyecto regalista y de conformación de un clero colaborador con la política regia340. Desde luego no era el único cauce para la provisión de beneficios, ya que el confesor real intervino ampliamente en esta materia, unas veces directamente y otras ejerciendo su influencia sobre la sanción regia. Además estaba el agente de preces, que también dependía del Consejo de Castilla, que si en algunas ocasiones criticó la falta de doctrina de los camaristas, en otras se la proporcionó cumplidamente341. Fue precisamente la creciente utilización de cauces alternativos, especialmente a finales de la centuria, perceptible en materia de nombramientos, lo que terminó minando este organismo, cuyo poder decisorio fue irregular.

La secretaría de Gracia y Justicia desempeñó un importante papel en el nombramiento de los camaristas, sin que esto supusiera que controlara la Cámara, ni evitara los conflictos entre las dos instancias. También los hubo con los consejos por distintos motivos: con el de Guerra, a causa de los indultos que correspondían a la Cámara desde 1743; con el de Hacienda, por las exenciones y privilegios de villazgo y otras gracias; con el propio Consejo de Castilla, con motivo la mediación y expedición de los títulos de los nombramientos y de las dispensas342. También pesó no solo la mediación, sino el instituto del confesor, de manera que durante la primera mitad de siglo el espectro dominante en el episcopado fue su cercanía a la Compañía de Jesús. Pero los consejeros eran acomodaticios, de manera que la inclinación cambió al poco de llegar Carlos III, hasta el punto de respaldar el Consejo el dictamen del fiscal Campomanes contra los jesuitas, en una sesión extraordinaria convocada por su presidente Aranda, y obtener, seis años después, el apoyo mayoritario de los obispos para solicitar de Clemente XIV la disolución de la Compañía. Que a partir de entonces se nombraran prelados filojansenistas incidió más en esta evolución343.

Esta misma permeabilidad la encontramos también en el Consejo, que bajo la presidencia de Aranda (1766-1773), Ventura Figueroa (1773-1783) y Campomanes (1783-1791), además de sus competencias específicas, se implicó abiertamente en la política reformista, en un amplio abanico de asuntos que abordaron desde la enseñanza o la agricultura hasta el comercio, la industria y las reformas sociales. De todos, dos asuntos me parecen de especial interés: la reforma y control del gobierno de las universidades y el ejercicio de la censura regia. Respecto al primero, fueron el secretario de Gracia y Justicia Roda, el gobernador Aranda y el fiscal Campomanes los tres pilares que la pusieron en marcha, aprovechando la coyuntura de la expulsión de los jesuitas. El objetivo inicial era someter a la autoridad del Consejo la provisión de cátedras, para lo cual una real cédula de 14 de marzo de 1769 estableció que entre los ministros del Consejo se nombrara a los directores de universidades, encargados de informar sobre la situación de estos establecimientos y preparar las posteriores innovaciones. También se intentó revitalizar el cargo de rector, sin demasiado éxito, y se nombró a censores regios, con motivo de la defensa de unas tesis antirregalistas en Valladolid, que supusieron un nuevo elemento de control por parte del Consejo344. Es decir, las universidades, instituciones eclesiásticas, a través del Consejo de Castilla, quedaron intervenidas por el poder real con el objetivo de adecuar su formación a las exigencias que la monarquía requería en el personal que le proporcionaban. De ahí la importancia de la reforma de los colegios mayores, llevada a cabo por el secretario Roda, el obispo Beltrán y Pérez Bayer, el control en la provisión de cátedras o las iniciativas para la redacción de los nuevos planes de estudios universitarios, medidas todas en las que el protagonismo de los manteístas y la inspiración regalista quedaron bien probados345.

Las atribuciones del Consejo de Castilla en materia de censura eran antiguas. La ejercía por delegación del monarca y no de forma colectiva, sino a través de uno de sus miembros, el juez de imprenta. Era una censura previa, a la que se fueron añadiendo competencias sobre la concesión de licencias, la tasación de los precios o los privilegios de impresión. Ya a mediados del siglo XVIII se le encomendó el control y visita de librerías y la vigilancia de puertos secos y marítimos, que hasta entonces habían sido competencia exclusiva de la Inquisición. El procedimiento establecido por Felipe V al comienzo de su reinado era sencillo: autores y editores solicitaban la licencia de impresión, el escribano remitía el memorial al juez de Imprentas, quien nombraba uno o mas censores para examinar el manuscrito y hacer el informe correspondiente, tomando después la última decisión el Consejo346. Al desaparecer el Consejo de Aragón, en 1716 se autorizó a las audiencias para dar licencias en el caso de obras menores y, más tarde, a subdelegar ese poder en personas concretas, hasta que, en 1749, se dispuso que cualquier papel publicado pasase por el Consejo de Castilla. Como la licencia real no evitaba la intervención posterior de la Inquisición, en julio de 1754 un auto del entonces juez privativo de Imprentas, Juan Curiel, endureció el procedimiento, imponiendo penas muy graves a quienes imprimiesen libros o papeles sin licencia, especialmente si estos trataban sobre religión o Sagrada Escritura o estaban prohibidos por la Inquisición. Igualmente se establecía que todos pasasen por el corrector general del reino, y se daban instrucciones para la vigilancia de los talleres de imprenta. El auto de Curiel provocó la inmediata protesta de los libreros de la corte, que lograron una resolución menos lesiva para sus intereses347.

Dos años más tarde, otro auto del Consejo de febrero de 1756, también de Curiel, estableció un cuerpo de censores fijos a sueldo. El motivo fue el destierro con que se castigó a dos censores responsables de haber concedido licencia de publicación a una obra titulada El Piscator Complutense, que el secretario de Estado Ricardo Wall consideró ofensiva para el rey. El resto se negó a seguir ejerciendo esta función, con lo que el Consejo propuso el nombramiento directo de 40 personas que aceptaran y juraran el cargo, recibiendo a cambio un arancel por su desempeño. Fueron elegidos los trece párrocos de Madrid y 27 personajes más de cierto nombre en la corte, que sumaban 19 sacerdotes seculares, 17 regulares y solo cuatro seglares348.

No fue este el único asunto que enfrentó a Curiel con Ricardo Wall, como muestran los conflictos sobre la supervisión de las publicaciones periódicas, en especial la Gaceta de Madrid y el Mercurio, que eran competencia del secretario de Estado, y los referentes a la concesión de licencias para obras relativas a materias de Estado, que también reclamaba la secretaría. En ambos casos, Wall obtuvo de manera definitiva los privilegios de ambos periódicos. También Curiel se enfrentó con la Academia Española de la Lengua y la de Historia, que desde 1755 gozaban de privilegio para imprimir sus obras349.

Con la llegada de Carlos III y el nombramiento de Pedro Rodríguez de Campomanes como fiscal, los poderes del Consejo y del juez de imprenta empezaron a verse limitados. Se suprimieron la tasa y el oficio de corrector general y, con motivo de los sucesos de 1766, se dio por terminada la libertad de publicación de que gozaban las imprentas eclesiásticas. Las últimas medidas de Curiel se dirigieron contra la difusión de la literatura de cordel, los pronósticos y los calendarios. Con su sucesor, Miguel Nava y Carreño, consejero y camarista desde 1767, se suprimió el cuerpo de censores y de nuevo fue el Consejo de Castilla el que emitía las licencias. Por su iniciativa se devolvió a los presidentes y regentes de las chancillerías y audiencias y los corregidores la condición de subdelegados de que habían gozado y se intentó poner en marcha una «Mesa Censoria» en 1770, al modo de la portuguesa, que asumiera las facultades que la Inquisición tenía sobre prohibición de obras publicadas con licencia, pero no tuvo éxito350.

Por distintos motivos, el monopolio sobre las licencias de impresión de que gozaba el Consejo de Castilla se fue quebrando: las obras religiosas debían ser vistas por el vicario de Madrid; las relativas a temas de Estado pasaron a la Primera Secretaría y todas aquellas que tuvieran que ver con materias que fueran competencia de otras instituciones, ya fueran consejos, secretarías o juntas de distinto tipo, como el Protomedicato, no tardaron en serles transferidas a ellas. Bien es verdad que estas cesiones nunca fueron definitivas, y en momentos críticos, como los motines y la expulsión de los jesuitas en 1766-1767, o, más adelante, con ocasión de los acontecimientos de Francia, desde 1789 hasta 1792, la colaboración en el control de imprentas y aduanas entre los oficiales del Consejo y los de la Inquisición con la Secretaría de Estado fue estrecha351.

En 1802, ya firmada la alianza con Francia, una real cédula devolvió al Consejo de Castilla el encargo de vigilar las licencias de introducción de libros, que desde 1789 había compartido con la Secretaría de Estado. Pero su protagonismo duró poco, porque Godoy, consciente de la ineficacia del sistema, puso en marcha una última reforma de la censura que la independizó del Consejo. Así, por una real orden de 11 de abril de 1805, se creó un nuevo Juzgado de Imprentas, bajo la autoridad de un juez, al margen de cualquier tribunal, excepto de la Secretaría de Gracia y Justicia. El nuevo procedimiento redujo la casuística y prohibió que ninguna corporación, academia ni sociedad económica pudiese imprimir, ni siquiera actas o memorias, sin la licencia del juez de Imprentas. Mantuvo sin embargo la obligatoriedad de que las obras religiosas fueran vistas por la vicaría y las consultas previas se remitiesen al Consejo de Indias y los secretarios de Estado antes de que el juez diera su licencia352.

De sujetos ambiguos a personajes reconocidos

Con independencia del mayor o menor acierto de las reformas administrativas borbónicas, y evitando siempre una consideración finalista de las mismas, es necesario reflexionar sobre quiénes fueron los sujetos que les dieron vida, magistrados, oficiales, delegados regios en distintas instancias, y en qué medida la conformación en España de una monarquía administrativa fue a la vez causa y consecuencia del progresivo ascenso de unas nuevas élites sociales. Tanto o más que en el pasado, el rey, como regulador del sistema de la gracia, seguía siendo el principal dispensador de los cargos y de las recompensas, materiales e inmateriales, que su ejercicio conllevaba. No solo en pagar salarios y pensiones se consumían buena parte de las rentas reales, sino que la necesidad de recompensar servicios, ya fuera a personas de la administración, miembros de las oligarquías urbanas o financieros y hombres de negocios generosos con las necesidades del monarca, dio lugar a una renovada nobleza, en buena medida titulada, cuyas pautas culturales y de ejercicio del cargo fueron transformando, hasta contraponerlos, los conceptos de gracia y de mérito353. Desde luego que la venalidad, el clientelismo o el favor son realidades que no pueden soslayarse porque constituyeron los verdaderos nervios de la administración, y ni siquiera las instituciones de mayor prestigio quedaron al margen de su influencia354. Pero bajo esta realidad también subyace un creciente dinamismo interno que hace que estos cuerpos civiles, oficiales o militares se vayan transformando en el propio ejercicio del oficio, regulen sus jerarquías internas y, al irse diferenciando progresivamente unos de otros, establezcan límites a la arbitrariedad.

Meta final de cualquier carrera administrativa, obtener plaza en un consejo significaba entrar en un selecto y restringido grupo, de no más de 130 o 140 personas en los momentos de mayor inflación de puestos, estrechamente vinculado al monarca, el cual, sin menoscabo de su autoridad, guiaba su voluntad con su asesoramiento355. En la teoría, aunque los consejos fueran muchos, eran en realidad un mismo cuerpo, cuya cabeza era el soberano, pero la complejidad del gobierno los había multiplicado, y esa variedad se mantuvo en el siglo XVIII, tanto en lo que atañe a sus características como en lo referente a las personas que lo componían. Los consejeros tenían muchos rasgos comunes: edad más que mediana; dilatada trayectoria profesional en distintas instancias territoriales, ya fuera en tribunales o en puestos unipersonales; prestigio derivado de su categoría social y valía personal, e, incluso, un lenguaje y una forma de exposición común, la consulta, que daba forma a su parecer. Pero también diferían en el tipo de formación y estaban condicionados por el perfil específico del organismo del que formaban parte.

Así, por ejemplo, en el Consejo de Estado, nunca había habido demasiados juristas, pero en el siglo XVIII aumentaron debido a la presencia de los secretarios del Despacho, los presidentes de otros consejos y los diplomáticos letrados, sobre todo al final del período356. De él siguieron formando parte muchos grandes de España, pero también la nueva nobleza borbónica estuvo bien representada. Por sus características, los eclesiásticos fueron pocos, tan solo ocho de 97 nombramientos, con la peculiaridad de que dos corresponden al reinado de Felipe V, uno al de Carlos III, si puede considerarse así al marino, militar y bailío de la orden de San Juan fray Julián de Arriaga, secretario del Despacho de Indias, y sin embargo, cinco al de Carlos IV357. Persistió el predominio de consejeros del reino castellano, pero la diversificación geográfica fue mayor, incorporándose personas no nacidas en España, especialmente italianas358.

El perfil de los consejeros de Castilla fue muy distinto. Hasta 1766, la manera más frecuente de acceder a ese puesto fue desde una chancillería, alguna audiencia o la propia Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Pero a partir de esta fecha y de la presidencia de Aranda, aumentaron las plazas y cambiaron los criterios para cubrirlas, pues se prefería a abogados de opiniones regalistas, aunque no hubieran pasado por ningún tribunal, como fue el caso de Campomanes al ser nombrado fiscal359. Colegiales hubo muchos hasta la reforma de 1771, pero los manteístas no fueron tan pocos, concretamente 169 sobre un total de 374, lo que significaba el 45 por 100, porcentaje algo más alto en el caso de la Cámara, donde 41 de los 86 nombrados lo eran. La desventaja de los golillas, sensible al inicio de la carrera, disminuía en su transcurso, ya que la experiencia acumulada constituía un importante activo. También poseer el grado de doctor, regentar una cátedra universitaria o ser un brillante abogado solían facilitar el ascenso a una fiscalía o a la sala de alcaldes, y, desde allí, ser nombrado consejero era sencillo360. Aunque llegar a la Cámara no implicaba una mayor categoría, sí confería prestigio y mayores posibilidades de formar parte de juntas u organismos anejos. Para llegar a ella, una vez producida una vacante, el papel del secretario de Gracia y Justicia era fundamental, al ser él quien despachaba con el monarca las instancias de quienes pretendían una plaza361. Aunque la tendencia a lo largo del siglo fue a que descendiera la edad de acceso a uno u otro puesto, en torno a los 44 años en el caso de los camaristas, el de Castilla fue un tribunal de edad, ya que la mayoría de sus miembros morían en activo, con una media de 69 años y unos 30 años de servicio, en la segunda mitad de la centuria362. Respecto a la presencia de eclesiásticos, entre el reinado de Carlos II y el de Fernando VII fueron nombrados 43, de los cuales 23 lo fueron antes de 1725 y solo 20 a partir de esa fecha363. La diferencia es significativa si tenemos en cuenta que resultaban imprescindibles a la hora de asesorar en la Cámara, donde siempre debía haber uno, sobre los cargos episcopales y los beneficios, o para resolver los contenciosos entre Estado e Iglesia364.

Respecto a los sujetos que desempeñaron el puesto, tras el fracaso de la reforma de Macanaz, como había ocurrido anteriormente, los obispos volvieron a figurar a la cabeza del Consejo. A la llegada de Felipe V, arzobispo había sido don Manuel Arias, presidente hasta 1703, pero al multiplicarse la presidencia entre 1713 y 1715, solo hubo un eclesiástico, que era arcipreste, don Miguel Francisco Guerra. Sin embargo, el primer nombrado en 1715, don Felipe Antonio Gil de Tabeada, era obispo de Osma, aunque no lo fueron sus sucesores. En la segunda etapa del reinado de Felipe V, entre 1724 y 1746, hubo cuatro presidentes en propiedad, de los cuales tres fueron obispos, tónica que se mantuvo con su sucesor Fernando VI, cuyos tres nombramientos recayeron también en prelados. Con Carlos III no lo fueron ni Aranda, militar, ni Campomanes, pero sí Ventura Figueroa, patriarca de las Indias y arzobispo de Laodicea, que fue gobernador entre ambos, de 1773 a 1783. Había sido el negociador secreto del Concordato de 1753 y también fue uno de los fundadores del Banco de San Carlos. Durante la etapa de Carlos IV y la brevísima de su hijo, Fernando VII, Godoy, en 1795, volvió a nombrar a un obispo, el de Salamanca, don Felipe Antonio Fernández Vallejo. También elevó a esa dignidad a otro militar en 1798, el capitán general Gregorio García de la Cuesta365.

En el Consejo de Inquisición todos sus miembros, salvo los que procedían del Consejo de Castilla, debían ser clérigos, por lo cual, pese a su escaso número, estaba representado por la mitad de los eclesiásticos que servían al rey en los consejos y fue el que contó con mayor número de regulares. Se trata de una realidad impuesta por el propio carácter de la Inquisición, como la obligada presencia de un dominico desde 1619 y de un jesuita entre 1724 y 1767. La edad media de acceso a este consejo estaba en torno a los 48 años, pero con gran diferencia entre sus extremos. Normalmente sus miembros procedían de los tribunales provinciales y muy pocos contaban con experiencia en otros consejos. Una de sus características fue que su carrera no terminaba allí, sino que solían pasar a una silla episcopal que, en el caso de ser ya obispos, era de mayor categoría que la de origen366. Otra era la movilidad del cargo de inquisidor general, ya que solo cinco alcanzaron los diez años de permanencia, no solo debido a la edad, sino por ser removidos o por renuncia367.

También hubo eclesiásticos en el Consejo de Hacienda, especialmente al inicio y al final del siglo XVIII, debido al carácter de las competencias que se habían incorporado después del Concordato. Sus miembros tenían una media de edad ligeramente más baja que el resto y, también en este caso, el nombramiento era más bien una etapa en la carrera administrativa que un retiro. Fue también uno de los consejos en que hubo menos colegiales368. Eclesiásticos y colegiales abundaban en el Consejo de Órdenes, cuyo limitado número de consejeros, más allá de su perfil nobiliario y su condición de caballeros, tenía pocos rasgos profesionales comunes. No faltaban, sin embargo, honores y distinciones a lo largo de su carrera, así como el desempeño de algún puesto en la Casa Real369.

El Consejo de Indias, a partir de 1713, apenas tuvo eclesiásticos y contó con en torno a un 25 por 100 de colegiales370. Estos formaban parte del grupo de los togados, que, aunque no tenían prerrogativas distintas de los de capa y espada, desempeñaban más funciones y gozaban de sueldos más altos. Algunos de sus muchos cambios a lo largo de la centuria llegaron a afectar al perfil de sus consejeros. Así ocurrió, por ejemplo, con un real decreto de 1773 en el que se le declaraba tribunal de término y se modificaba el sistema de selección de sus miembros, confiriendo a la Cámara de Indias un protagonismo similar al del Consejo de Castilla en los nombramientos371. Según Burkholder, la medida favoreció la elección de sujetos más idóneos, debido especialmente a que entre los candidatos cada vez se presentaron más magistrados provenientes de las audiencias americanas, que por un lado aportaban su experiencia en asuntos ultramarinos y por otro veían ampliar así las expectativas de su carrera con la promoción al Consejo372. Los datos del estudio de García Pérez lo confirman, al señalar que solo siete de los 46 ministros togados que hubo entre 1773 y 1808 no habían ejercido ningún cargo en América. De estos, 25 procedían de las audiencias indianas, dos habían desempeñado funciones de visitador general, seis procedían de la Casa de la Contratación, cinco venían de tribunales peninsulares con competencia en las Indias y otro había sido intendente en Cuba. De un total de 83 consejeros, incluyendo los de capa y espada, de ese mismo período, 47 habían vivido algún tiempo en América, de los cuales 39 habían pasado más de diez años en aquellas tierras. Bien es verdad que solo 28 llegaron a servir efectivamente en el Consejo, ya que el resto fueron ministros honorarios373.

En el Consejo de Guerra no había clérigos y, aunque nada había regulado sobre la posesión de un determinado grado militar, la condición de oficial general era un requisito mínimo. La iniciativa para el nombramiento tampoco era precisa, ya que podía provenir del secretario de Guerra, de los interesados y, de manera excepcional, del propio monarca. Para los militares, se trataba de un destino de término, desde el cual no tenían posibilidades de ascenso en el ejército ni ninguna otra perspectiva que no fuera permanecer en él. Era un honor que no les reportaba ningún beneficio económico, ya que conservaban el correspondiente a su empleo como oficiales generales, lo cual, en una milicia en claro proceso de profesionalización, significaba cada vez menos. De ahí que los más destacados militares del siglo XVIII no figuren en el Consejo o, cuando lo hacen, sea a partir de 1773 y en función del cargo que desempeñan. Era, sin embargo, una salida conveniente para los intendentes, que, desde 1773, obtuvieron dos plazas fijas de representación. Que los extranjeros apenas figuraran en él, a pesar de que representaban en torno al 30 por 100 de los oficiales generales, no deja de ser significativo. El caso de los consejeros togados es distinto, ya que su perfil fue cambiando según la procedencia y las etapas. Además de la formación y la presencia entre ellos de algunos colegiales, un 10 por 100, mientras que la edad de su nombramiento resultaba acorde con la de los otros consejos, la de los consejeros militares era muy alta, 63 años. Además, para ellos, la entrada en la institución sí significaba un ascenso en su carrera profesional374.

No faltaron entre los consejeros hombres de mérito, que destacaron no solo por sus elaboradas consultas sino como autores de obras de erudición y que brillaron en tertulias y academias. Pero, al tratarse de un destino centrado esencialmente en la administración de justicia, al que se llegaba tras un largo recorrido y en el que la remoción se hacía pasar por jubilación, solo parcialmente resulta expresivo de los cambios que experimenta la carrera burocrática durante el siglo XVIII. Algo que no ocurre con las secretarías de Estado y del Despacho, que progresivamente se fueron haciendo con la gobernabilidad del Estado. Un colectivo pequeño con respecto a la planta de otras instituciones, piramidal y jerárquico, pero también capaz de propiciar formas alternativas de trabajo burocrático y de relación acordes con la sociabilidad de la época.

Cohesionados por la autoridad del secretario de Despacho Universal, los oficiales que componían la covachuela fueron, hasta 1705, simples plumistas que tenían como misión dar forma escrita al despacho «a boca» que su titular mantenía con el rey375. Recluidos en un espacio angosto y mal iluminado, debían «auxiliar y ayudar en las cosas de oficio a sus respectivos jefes» y comportarse «como los manos y brazos de estos»376. Pero desde que, en 1714, se dividieron por materias sus competencias, dos nuevas realidades se fueron imponiendo: la primera afectaba a su preparación personal, ya que, al establecer que «cada clase de oficiales participa de la de sus jefes y oficinas», estos no podían limitarse a «escribir, formar y dictar» los asuntos, sino que debían también ser «capaces de penetrar el alma de un expediente»377. La segunda, afectaba a la estructura de la oficina, que se fue organizando según un criterio combinado de categorías y funciones que cada vez fue más difícil de conculcar. Como en cualquier otro puesto de entrada, las relaciones familiares y las clientelas pesaban mucho, así como la transmisión de las habilidades del oficio de padres a hijos o entre parientes. Pero, una vez dentro, la promoción interna se fue convirtiendo en un cursus regular, en el que se avanzaba de forma paralela en categoría y dotación económica, aunque en tiempo diferente según los propios méritos y los apoyos.

Que a mediados del siglo XVIII estos oficios gozaban de consideración y estima social resulta evidente. Por ello, se empezó a utilizar la voz «empleo» y, por derivación, la de «empleados», para identificar a los sujetos que trabajaban «en servicio del rey y del estado», es decir, que «estaban en las oficinas del Reino»378. Aunque el término no se generalizó hasta entrado ya el siglo XIX, el carácter público de su servicio constituyó, sin duda, el elemento fundamental de su nueva dignidad, aunque no el único. También contribuyeron a ello el que sus puestos fueran «fijos», la imposición de criterios «profesionales» de promoción y la progresiva estabilidad de unas plantillas que permitieron a los mismos oficiales servir bajo distintos secretarios. A lo largo de la centuria, el tiempo de ascenso entre los distintos grados de oficiales varió, acortándose sensiblemente a finales de la misma. Veinte años y tres secretarios de Estado fue lo que tardaron en ascender los siete oficiales que componían la plantilla de la secretaría de Estado en 1756, el último de los cuales se jubiló como oficial mayor en 1776. La generación siguiente, cuyo tiempo queda marcado por el nombramiento del oficial último de 1777, José de Anduaga, como oficial mayor en 1794, recorre los mismos grados en 17 años y con la misma regularidad en el orden de ascensos. Pero entre 1794 y 1814 pasan demasiadas cosas para pretender iguales resultados: nombramientos extraordinarios, ceses y deserciones forzadas que agilizan la subida por el escalafón, lo cual permitió al oficial 9.º y último de 1794, José García de León y Pizarro, llegar a mayor en 1801, en el breve tiempo de siete años, y a titular del departamento con la restauración fernandina379.

No cabe duda de que, en el caso de la secretaría de Estado, la conversión de los oficiales en diplomáticos, gracias a la alternancia de servicios en la secretaría y las legaciones, favoreció un mayor dinamismo380. Pero esta creciente agilidad en los ascensos también es propia de la secretaría de Gracia y Justicia, en la que la promoción resultó afectada por el debate sobre la necesidad de que los oficiales fuesen juristas, condición que incluso llegó a pedirse para el propio titular381. Así, la mitad de la plantilla del año 1763 había ingresado entre 1741 y 1748, cuando Sebastián de la Cuadra era secretario, mientras que el resto, que lo había hecho en los primeros años del reinado de Carlos III, culminó su recorrido en los años ochenta. Los que entraron entonces lo terminaron en torno a 1808. Nunca llegó a ser una exigencia legal, pero el paso por las facultades de Derecho se fue imponiendo, aunque siempre al margen de la magistratura, a pesar de estar los negociados de la oficina divididos por audiencias382.

Una de las características de la secretaría de Guerra y de la parte correspondiente a Marina fue la presencia cada vez mayor de militares y marinos en su escalafón administrativo, hasta el punto de constituir la mayoría en la segunda mitad de siglo. Se trataba de personas que habían servido como comisarios de guerra o capitanes e incluso había un teniente coronel y dos ingenieros. ¿Una prueba de la progresiva inserción de militares en la administración? La de Guerra era, junto con la de Estado, la que contaba con más oficiales, nueve en 1740, frente a los ocho de Hacienda y los cinco de Gracia y Justicia e Indias, en un momento de especial contención en el personal. También fue una característica de esta plantilla el que sus oficiales obtuvieran hábitos de órdenes militares, así como los fuertes vínculos familiares383. Los oficiales del Despacho de Indias, por su parte, ordenados por categoría y antigüedad desde 1717, manejaron de manera indistinta asuntos de Marina e Indias hasta 1730. Desde entonces y hasta 1754 se especializaron en uno u otro negocio, aumentando entonces los cuatro iniciales a ocho. Fue sobre todo en los años del secretario Gálvez, y hasta 1787, cuando la oficina se multiplicó hasta llegar a contar con 19 oficiales, debido a que algunos de ellos servían por comisión en las secretarías de los virreinatos americanos, con lo cual debían ausentarse durante cierto tiempo. En 1790, al desaparecer este despacho, los oficiales de la Secretaría de Gracia y Justicia de Indias pasaron a la general de igual título, mientras que los de la extinta de Hacienda, Guerra y Navegación se dividieron entre los departamentos afines. Aunque nunca se les exigieron requisitos específicos, la recomendación de que fuesen «sujetos peritos en el gobierno del Nuevo Mundo» y conociesen el derecho indiano estuvo cada vez más presente384. Según datos aportados por M. Gómez, el número de oficiales de Indias que habían tenido contacto con el gobierno de Ultramar, desempeñando algún cargo allí o en instituciones peninsulares relacionadas, como el Consejo de Indias, fue mayor en la primera mitad de la centuria que en la segunda. En esta, sin embargo, la secretaría pudo contar con expertos en historia y derecho indianos, como Ayala o Cerdá y Rico385.

Para la secretaría de Hacienda, la recomendación nunca exigida fue tener conocimientos matemáticos y cierta experiencia en asuntos contables386. Con una plantilla de diez oficiales en los años centrales del siglo, durante el largo mandato de Miguel de Muzquiz, entre 1766 y 1785, gozó de estabilidad y competencia. Prueba de ello fueron las salidas de sus oficiales, que al llegar al grado sexto o séptimo pedían pasar a una plaza de intendente, mientras que los oficiales mayores eran nombrados secretarios de la Junta de Comercio, contadores, tesoreros o consejeros de Hacienda. La propia trayectoria de Muzquiz, oficial muchos años antes de ser secretario, y el hecho de que de los 38 individuos empleados durante su etapa 15 fueran caballeros de la orden de Carlos III, es una clara prueba de ascenso social387.

Con independencia de la especialización que los oficiales de las secretarías fueran desarrollando, su posición, personal e institucional, se vio beneficiada por ciertos rasgos comunes. El primero derivaba de su propio quehacer específico, caracterizado tanto por «manejar los papeles» como por «poner por escrito la voluntad de los reyes»388. Eso los convertía en intermediarios imprescindibles en el gobierno por la vía reservada, ya que debían disponer de todo lo que el secretario necesitaba para despachar con el rey e, incluso, sugerir la forma más conveniente de resolver un asunto y de trasmitirlo, adecuando o graduando la manifestación de la voluntad soberana del monarca a las formas legales y a las circunstancias de cada momento. De ahí que sus rutinarias competencias fueran transformándose al formar parte de una cadena de delegaciones que iba del secretario al oficial mayor y de este a los titulares de las distintas mesas. Si información y mediación son poder, no cabe duda de que estos oscuros y, en general, discretos oficiales lo tuvieron. Eso explica su creciente consideración y presencia pública, en las propias oficinas, en las que se regularon los horarios y las visitas, y fuera de ellas, en la corte y en la sociedad389.

El segundo elemento es de carácter espacial y está relacionado con la cercanía física respecto al rey, al tener las secretarías su sede en palacio. Los aposentos de la planta baja del viejo Alcázar pronto resultaron insuficientes, tanto por el aumento del personal como para dar cabida a nuevas necesidades, que hacían indispensable la existencia de archivos y bibliotecas específicas. El incendio ocurrido en 1734 les obligó a trasladar las oficinas al Buen Retiro hasta la terminación del Palacio Nuevo, ya bajo Carlos III390. Allí podía el rey «ver, oír y registrar» cuanto se practicaba en consejos, covachuelas y gabinetes, así como «bajar y subir» por todas las dependencias, en lo cual no le iban a la zaga quienes por oficio estaban instalados en ellas391. Una cercanía favorecida por el desempeño de determinados puestos administrativos cortesanos, el cargo de secretario del rey, honorífico ya en el siglo XVIII392, o de la reina, que, desde 1747, recaía en el archivero de la Secretaría de Estado, o de protocolo, como introductor de embajadores393. Si a esto añadimos que acompañaban a los monarcas en viajes y jornadas reales394, que la secretaría de Estado tenía bajo su competencia la administración de los sitios reales, bosques y alcázares, las concesiones de grandeza y la «insigne Orden del Toysón de Oro»395, y la de Gracia y Justicia «todo lo concerniente a mis casas reales, con la provisión de empleo de jefes superiores, gentilhombres de cámara, mayordomos de semana y de todos los demás criados dependientes de ella», podemos entender el proceso por el cual los antiguos plumistas se convirtieron en avezados cortesanos.

El tercer elemento, de carácter distinto, fue su paulatina integración en la república de las letras. Porque no solo frecuentaron salones aristocráticos y animaron tertulias literarias, sino que formaron parte por derecho propio de las instituciones eruditas de la época, ya fuera de la Real Biblioteca, de la Academia Española, de la de Historia o la de Bellas Artes, practicando el coleccionismo o, incluso, un cierto mecenazgo, de modo que muchas veces en estas instituciones se trastocaron las jerarquías sociales y profesionales por el peso de la autoridad intelectual. Colegiales o golillas, la curiosidad ilustrada de los oficiales no provenía del grado universitario, sino de la influencia del espíritu del siglo, tamizada, en muchos casos, por las modas cortesanas. Algunas de sus bibliotecas así lo prueban, y también su relación, administrativa y personal, con la prensa. Entre ellos hubo personajes significativos de la ciencia y la literatura del momento, como Luzán, Moratín, Iriarte, Azara, Llaguno o Urquijo, entre otros396.

Respecto a sus orígenes familiares, los oficiales de las secretarías eran hidalgos, sin demasiada fortuna, con predominio de los de origen vasco-navarro en la primera mitad de siglo y con un abanico provincial más amplio, pero todavía con perceptible predominio norteño, en el resto del período. Una gran mayoría tenía alguna relación de parentesco con personas vinculadas a la administración, incluso dentro del mismo departamento, y eran también frecuentes los casos de hijos o nietos de regidores. De manera individual, son muchos los que verán recompensados sus servicios con la concesión de un título, como Cuadra, Campos o Llano397, entre otros. Como grupo, obtuvieron con frecuencia muchos hábitos de órdenes militares y, desde su creación, como ya se ha señalado, constituyeron un importante contingente de los caballeros de la Real Orden de Carlos III. En Estado, lo fueron hasta el 80 por 100 de su plantilla; en Gracia y Justicia la proporción fue más baja, el 60 por 100398. No hubo eclesiásticos más que en misiones diplomáticas extraordinarias o en funciones de traducción o archivo.

Los covachuelistas se fueron ennobleciendo hasta el punto de que, al final del período, no faltaron en sus plantillas oficiales titulados, como el marqués de Hinojosa, el conde de Yoldi o el conde de Castañeda. La promoción reglada iba acompañada de una mejora en la situación económica, pero había también otras compensaciones. Favorecidos por una serie de medidas complementarias, como su incorporación a los recién creados Montepíos de Ministerio, constituidos sobre el modelo de los militares, «por el celo con que sirven en sus empleos de tanta confianza», debieron adaptarse a las limitaciones establecidas por los estatutos para tener derecho a sus ventajas, como la obligación de pedir licencia a sus respectivos jefes para contraer matrimonio «explicando la nobleza y las circunstancias de la novia», o ser autorizados, expresamente, si se casaban pasados los 60 años, ya que, en caso contrario, no se pagaría pensión a sus viudas, para no grabar la caja del Montepío399.

En las secretarías se fue desarrollando un cierto espíritu corporativo. La asidua comunicación entre el secretario y sus oficiales generó una peculiar relación, basada más en la «devoción» que en la amistad, que fue aumentando a medida que lo hacía el papel político del titular del departamento. La relación jerárquica con «el jefe», como se solía denominar al secretario, propició una cierta compenetración con su «proyecto», lo que dividió en ocasiones las oficinas en «criaturas» de distintas «tendencias» y «hechuras» según los superiores con los que se hubieran formado. Nada de esto afectó demasiado a la regularidad de las trayectorias, hasta el reinado de Carlos IV, en que los agravios, personales y profesionales, hicieron acto de presencia.

La modernización del Estado: ¿un proceso truncado?

¿Fue la administración, desde el punto de vista de su estructura interna, una institución de disciplinamiento social como lo fue la universidad o el ejército?400. Me atrevería a decir que sí, ya que poseía un conjunto de instrumentos, convenciones, técnicas y procedimientos, desde la jerarquía hasta la lealtad institucional, de la expresión escrita a la búsqueda documental, que fueron conformando un espíritu corporativo y una conciencia de la propia valía que pueden considerarse profesionales. Por eso resulta importante entender como parte de un mismo proceso las decisiones que se toman desde el poder y la acción de los actores secundarios que las ponen en marcha. En este sentido, es cierto que la llegada de los Borbones distorsionó, unificando y regularizando, la antigua planta de la monarquía de los reinos, pero tan importante como ese nuevo paradigma fue la desarticulación de los consejos por efecto de la guerra y el reajuste territorial, que convirtió al secretario en un instrumento imprescindible de gobierno. Al igual que el desarrollo de este nuevo sistema de gobierno, y del progresivo control del territorio llevado a cabo por capitanes generales, oidores, intendentes y corregidores, fue también importante la emergencia del grupo social de los administradores, cuyo peso se fue imponiendo no solo en el ámbito que le era propio, sino en la misma vida social e intelectual española401.

Cultos, educados y curiosos, pero también llenos de prejuicios y extremadamente sensibles a cuanto afectara a su dignidad, los burócratas que poblaban las oficinas reales fueron, sobre todo, hombres del Antiguo Régimen, que respetaron los prejuicios estamentales que dominaban aquella sociedad, como el sentido del honor, la restricción matrimonial y el deseo de patrimonialización del oficio. Pero, en tanto que individuos permeables a los criterios del siglo, aprendieron a conjugar valores profesionales y sociales y a utilizar sus habilidades en favor propio y de un Estado renovado que empezaba a trascender la figura intangible, pero también mortal, del rey.

Piezas fundamentales del reformismo borbónico, entre ellos hubo quienes se limitaron a cumplir con su oficio y quienes intentaron afrontar los problemas que lastraban a la monarquía que servían. El primero de todos, el de la indecisión en relación con el modelo a adoptar, que provocaba que las reformas, al margen de las propiciadas por la guerra de Sucesión, se demoraran demasiado o no llegaran a implantarse. Después estaba la cuestión de las regalías, sobre la que había bastante unanimidad en el entorno regio, pero de la que los Borbones, cuando tomaron medidas audaces, casi siempre se arrepintieron. Es decir, sus intereses como reyes y su conciencia como católicos fueron divergentes, dualidad que se dio también en los súbditos. De manera que este objetivo y su consecuencia más inmediata, la secularización de la monarquía, se vieron también incumplidos. Y lo mismo ocurrió con la restauración de la hacienda.

Si pasamos de un desiderátum a un análisis socioinstitucional y nos centramos en el proceso de puesta en marcha de un verdadero aparato administrativo, debemos reconocer que, pese a todo, fue mucho lo conseguido. Pero a finales de la centuria el sistema se resintió debido a una creciente politización, no solo derivada de factores ideológicos sino consecuencia de una verdadera frustración colectiva. Así quedó truncado el proceso inicial de configuración de una verdadera burguesía administrativa, visible en el siglo XIX pero desarticulada.

210 J. M. de Bernardo Ares, La correspondencia entre Felipe V y Luis XIV, vol. I, Córdoba, Publicaciones de la Universidad, 2006, págs. 12-17, y J. M. de Bernardo Ares y E. Echeverría Pereda (coords.), Las Cortes de Madrid y Versalles en el año 1707: Estudio traductológico e histórico de las correspondencias real y diplomática, Madrid, Sílex, 2011.

211 M. Potter, Corps and clienteles: public finance and political change in France, 1688-1715, Aldershot, Ashgate, 2003. E. Pénicaut, Faveur et pouvoir en tournant du Grand Siècle. Michel Chamillart, ministre et secrétaire d’État de la guerre de Louis XIV, París, École des chartes, 2004. Th. Sarmant y M. Stoll, Régner et gouverner. Louis XIV et ses ministres, París, Perrin, 2010.

212 M. M. Felices, La nueva nobleza titulada en España y en América en el siglo XVIII (1701-1746). Entre el mérito y la venalidad, Almería, Universidad de Almería, 2012. F. Andújar y M. M. Felices (eds.), El poder del dinero. Venta de cargos y honores en el Antiguo Régimen, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011.

213 D. Ozanam y A. Mezin, Économie et négoce des Français dans l’Espagne de l’époque moderne: instructions et mémoires officiels relatifs au commerce en Espagne de la gestion de Colbert, 1669, au Pacte de famille, 1761, París, Archives Nationales, 2011. C. Désos, Les Français de Philippe V: un modèle nouveau pour gouverner l’Espagne, Estrasburgo, Presses Universitaires, 2009. G. Hanotin, Au service de deux rois: l’ambassadeur Amelot et l’Union des couronnes (1505-1709), tesis doctoral, Université Paris-Sorbonne 4, 2011.

214 C. Hippeau, L’avènement des Bourbons au trône d’Espagne. Correspondence inédite du marquis d’Harcourt, París, Didier, 1875, I, pág. XCIV, y II, pág. 325.

215 Désos, Les Français..., op. cit., págs. 61-62 y 72-73, y A. Dubet, Jean Orry et la réforme du gouvernement de l’Espagne (1701-1706), Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2009, págs. 30-37.

216 C. Castro, A la sombra de Felipe V. José Grimaldo, ministro responsable (1703-1726), Madrid, Marcial Pons, 2004, pág. 37.

217 J. A. Escudero, Los orígenes del Consejo de ministros en España, I, Madrid, Editora Nacional, 1979, págs. 31-37.

218 Désos, Les Français..., op. cit., págs. 96-103.

219 M.ª V. López-Cordón, «Instauración dinástica y reformismo administrativo: la implantación del sistema minsisterial», en Manuscrits, núm. 18 (2000), págs. 96-98; A. Hamer Flores, El secretario del despacho D. Antonio de Ubilla y Medina. Su vida y su obra (1643-1726), Córdoba, Universidad de Córdoba, 2013.

220 A. Dubet, Jean Orry et la réforme..., op. cit., págs. 152-156. C. Castro, A la sombra de Felipe V, op. cit., págs. 71-72 y 74-76.

221 A. Dubet y G. Sabatini, «Arbitristas: Acción política y propuesta económica», en J. Martínez Millán y M. A. Visceglia (dirs.), La monarquía de Felipe III. La corte, vol. III, Madrid, Mapfre, 2009, c. VIII, págs. 885-892, y A. Dubet, Jean Orry et la réforme, op. cit., págs. 26-27 y 329.

222 C. Castro, A la sombra..., op. cit., págs. 70-78 y 89-93.

223 Ibíd., págs. 70-71. J. M. de Bernardo Ares et al., La correspondencia entre Felipe V..., op. cit., pág. 282; J. A. Escudero, Los orígenes del Consejo, I, op. cit., pág. 39.

224 Marqués de San Felipe, Comentarios a la guerra de España e Historia de Felipe V el Animoso, vol. 99, Madrid, BAE, pág. 84.

225 R.D. 11 de julio de 1705 en J. Martínez Cardos, Secretaría de Estado. Ministerio de Estado. Disposiciones orgánicas (1705-1936), Madrid, MAE, 1972, pág. 5.

226 C. Castro, A la sombra..., op. cit., págs. 132-136.

227 M.ª V. López-Cordón, «Instauración dinástica», op. cit., págs. 98-99; J. A. Escudero, Los orígenes, I, pág. 51.

228 A. Floristán, La monarquía española y el reino de Navarra, 1512-1808, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1991, págs. 193-198 y 269-273.

229 Carta de Harcourt a Luis XIV, 7-2-1701, y respuesta de 18-2-1701, en Hippeau, L’avènement des Bourbons, II, op. cit., págs. 463 y 492; H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España 1700-1715, Barcelona, Grijalbo, 1974, págs. 148-149 y 164-168, y «España en la Europa de Luis XIV», en La transición del siglo XVI al XVII, vol. XXVIII de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 1993, págs. 289-290; L. M. García-Babell, «Los primeros pasos de Felipe V en España: los deseos, los recelos y las primeras tensiones», en Cuadernos de Historia del Derecho, vol. 15 (2008), págs. 113-115.

230 Marquis de Louville, Mémoires secrets sur l’établissement de la Maison de Bourbon en Espagne: extraits de la correspondance du..., I, París, Maradan, 1818, págs. 78-79.

231 C. Castro, A la sombra..., op. cit., págs. 73-75. Fichoz 005966.

232 A. Dubet, Jean Orry et la réforme, op. cit., págs. 294-299; C. Castro, A la sombra..., op. cit., págs. 134-135; J. Fayard, «La tentative de réforme du Conseil de Castilla sous le règne de Philippe V (1713-14)», en Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. II, 1966, pág. 260.

233 C. Castro, A la sombra..., op. cit., págs. 158-160.

234 Ibíd., págs. 241-242. Fichoz 006728.

235 G. Bernard, Le Secrétariat d’État et le Conseil Espagnol des Indes, 1700-1808, Ginebra, Droz, 1972, págs. 4-6.

236 Fichoz 007937 y 008119.

237 J. Fayard, «La réforme», op. cit., págs. 268-269; M. Artola, La monarquía de España, Madrid, Alianza Editorial, 1999, págs. 565-566.

238 C. Castro, A la sombra..., op. cit., págs. 246-250; J. Fayard, «La réforme», op. cit., págs. 272-277.

239 A. Dubet, «La nueva política crediticia de la corona a principios del siglo XVIII: la creación del Tesorero Mayor de Guerra en España (1703-1706)», en Studia Historica. Historia moderna, vol. 30 (2008), págs. 191-216; y «La reforma en acción: gobernar la hacienda militar al principio de la guerra de Sucesión (1701-1796)», en IX Reunión Científica de la FEHM-UMA, Málaga, FEHMUMA, 2009, págs. 440-441.

240 J. P. Dedieu y J. I. Ruiz, «Tres momentos en la historia de la Real hacienda», en Cuadernos de Historia Moderna, núm. 15 (1994), págs. 77-98; T. García-Cuenca, «El Consejo de Hacienda», en M. Artola (ed.), La economía española al final del Antiguo Régimen. I. Instituciones, Madrid, Alianza Editorial, 1982, págs. 435-451.

241 M. Artola, La hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, Alianza Editorial, 1982, págs. 224-240.

242 T. García-Cuenca, «El Consejo de Hacienda», op. cit., págs. 452-456.

243 G. Bernard, Le Secrétariat..., op. cit., págs. 6-10. B.P.R., mss. 844.

244 E. Postigo, Honor y privilegio en la Corona de Castilla. El Consejo de las Órdenes y los Caballeros de Hábito en el siglo XVII, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1988.

245 E. Postigo, «Monarca frente a maestre o las Órdenes Militares en el proyecto político de la nueva dinastía: Los decretos de 1714 y 1728», en P. Férnandez Albadalejo y M. Ortega (eds.), Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola. 3. Política y Cultura, Madrid, Alianza Editorial, 1995, págs. 309-313.

246 C. López González y J. I. Ruiz Rodríguez, «Felipe V y la reforma del Consejo de las Órdenes Militares», en A. Alvar, J. Contreras y J. I. Ruiz Rodríguez, Política y Cultura en la Época Moderna (Cambios dinásticos. Milenarismos, mesianismos y utopías), Madrid, Universidad de Alcalá, 2004, páginas 443-458; E. Postigo, «Monarca frente a Maestre», op. cit., págs. 311-313.

247 F. Andújar, Consejos y consejeros de guerra en el siglo XVIII, Granada, Universidad de Granada, 1996, págs. 36-42.

248 R.D. de 30 de noviembre de 1714, en Novisima Recopilación (Nov. Rec.), l. III, tít. VI, ley IV; J. Fayard, «La réforme», op. cit., pág. 266; M.ª V. López-Cordón, «Instauración dinástica», op. cit., pág. 99.

249 M.ª V. López-Cordón, «Les nouveaux commis: le secrétariat d’État de Grâce et Justice», en R. Decimon, J. F. Schaub y B. Vincent, Les figures de L’administrateur, París, EHESS, 1997, págs. 202-206.

250 J. P. Dedieu y Ruiz, «Tres momentos en la historia de la Real hacienda», op. cit., pág. 90.

251 J. A. Escudero, Los orígenes, I, op. cit., pág. 53. M.ª V. López-Cordón, «Instauración», op. cit., págs. 99-101.

252 Así, José Patiño tuvo a su cargo Marina, Indias y Hacienda, Guerra, desde 1730, y Estado desde 1734; Sebastián de la Cuadra simultaneó las de Estado y Guerra, y José del Campillo las de Hacienda, Guerra y Marina e Indias, cargos que también tuvo su sustituto el marqués de la Ensenada, en 1743.

253 Nov. Rec., l. III, tít. VI, leyes VII a XI.

254 Nov. Rec., l. III, tít. VI, ley XVI. Los cinco departamentos eran Estado, Hacienda, Justicia, Guerra y Marina. J. A. Escudero, Los orígenes, I, op. cit., págs. 505-510.

255 R. Olaechea, El conde de Aranda y el partido aragonés, Zaragoza, Facultad de Letras, 1969, págs. 157-182.

256 El artículo 27 de la Constitución de Bayona estableció nueve departamentos, pero el artículo 29 facultaba al rey para reunir el de Asuntos Eclesiásticos con Justicia, y el de Policía con Interior.

257 Constitución política de la Monarquía española promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812..., artículos 225 y 226.

258 En 1705, el secretario de Hacienda y Guerra, José Grimaldo, había sido oficial tercero del Consejo de Estado, y el de Estado, Pedro Fernández del Campo, segundo marqués de la Mejorada, consejero de Hacienda desde 1684 y secretario de la Cámara de Castilla en 1688. En 1714, Grimaldo pasó a Estado; Miguel Fernández Durán, que había sido secretario del Consejo de Órdenes, a Guerra; Bernardo Tinajero de la Escalera, secretario del de Indias, a Marina e Indias, y Manuel Vadillo, secretario del Consejo de Estado, a la Secretaría de Justicia y Gobierno político.

259 P. de Mora y Jaraba, La ciencia vindicada contra los plumistas y definición de las Secretarías del Despacho Universal, BN, mss. 10534, ff. 1-36. Publicado en J. A. Escudero, Los Secretarios de Estado y del Despacho, IV, op. cit., págs. 1167-1189. La fábula de El raposo, contra Floridablanca, recogida por A. Ferrer del Río, Historia del reinado de Carlos III, vol. II, Madrid, Imprenta de Matute y Compagni, 1856, pág. 310.

260 Reglamentos de 1754, 1792 y 1825, en AGA, sec. A. Exteriores, caja 39, y R.D. de 5 de octubre de 1832.

261 M.ª V. López-Cordón, «La primera Secretaría de Estado: la institución, los hombres y su entorno (1714-1833)», en Revista de la Universidad Complutense, 1980, págs. 16-18.

262 R. M.ª López Campillo, Inspección de las seis Secretarías de Estado y calidades y circunstancias que deben concurrir en sus respectivos secretarios (1739), BN, mss. 10849. Publicado parcialmente por A. Rodríguez Villa, Patiño y Campillo..., Madrid, Rivadeneyra, 1882, y J. A. Escudero, Los orígenes, op. cit., vol. I, 118.

263 J. Carvajal y Lancaster, «Testamento político», en Continuación del almacén de frutos literarios..., I, 1818, págs. 3-160. Publicado por J. M. Delgado Barredo, Córdoba, UCO, 1999, pág. 70.

264 Conde de Floridablanca, Obras originales de..., t. LIX, Madrid, BAE, págs. 307-350.

265 W. Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón..., I, Madrid, 1846-1847, págs. 107 y ss. J. A. Escudero, Los orígenes, I, op. cit., págs. 32-34.

266 R.D. de 8 de julio de 1787. J. A. Escudero, Los orígenes, I, op. cit., págs. 292 y y 423-434.

267 R. Olaechea, El conde de Aranda..., op. cit., págs. 157-186. M.ª V. López-Cordón, «Relaciones internacionales y crisis revolucionaria en el pensamiento de Campomanes», en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, vol. I (1980), págs. 50-82.

268 G. Bernard, Le Secrétariat d’État, op. cit. R. M.ª López Campillo, Inspección de las seis secetarías, op. cit., pág. 122.

269 Conde de Floridablanca, «Instrucción reservada», op. cit., pág. 236.

270 R.D. de 8 de julio de 1787. Se propuso a Porlier para la primera, y a Valdés para la segunda.

271 R.D. de 25 de abril de 1790. Nov. Rec., l. III, tít. VI, ley 16.

272 M. A. Pérez Canal, «La Secretaría de Estado y del despacho de Gracia y Justicia de Indias (1808-1834)», en Historia. Instituciones. Documentos, núm. 17 (1990), págs. 183-194.

273 Decreto de 6 de abril de 1812, Colección de Decretos y Leyes..., II, pág. 179. A. Flórez Estrada, Examen imparcial de las disensiones de la América con España..., Londres, 1811, pág. 23; M. T. Berruezo, La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986.

274 R. M.ª López Campillo, Inspección de las seis Secretarías, op. cit., nota 23; M. V. López-Cordón, «Les nouveaux commis», op. cit. R. Gómez-Rivero, El ministerio de Justicia en España (1714-1807 ), Madrid, CEC, 1999.

275 R.D. de 26 de agosto de 1754. Nov. Rec., III, VI, 8. F. X. Garma y Durán, Theatro Universal de España, IV, Madrid, 1751, págs. 215-230. Sobre su funcionamiento, M. J. Álvarez-Coca, «La Cámara de Castilla: Secretaría de Gracia y Justicia...», en J. M. Scholz (ed.), El Tercer Poder. Hacia una comprensión histórica de la justicia contemporánea española, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1992, y M. A. González Fuertes, La organización institucional de la Cámara de Castilla en la época borbónica, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2002. Inventario de la Secretaría de Gracia y Justicia..., Madrid, 1993.

276 Carta de 8 de julio de 1766 en R. Olaechea, El conde de Aranda, op. cit., págs. 71-72.

277 A.G.S. Estado, leg. 4966.

278 R. Olaechea, El conde de Aranda, op. cit., págs. 71 y ss.

279 Nov. Rec., l. IV, tít. IV, ley IV.

280 P. Férnandez Albadalejo, Fragmentos de Monarquía, Madrid, Alianza Editorial, 1992, págs. 354-361.

281 J. L. Castellano, Gobierno y poder en la España del siglo XVIII, Granada, Universidad de Granada, 2006, pág. 53. La «Explicación jurídica e histórica que hizo el Real Consejo de Castilla al rey nuestro...», en Semanario Erudito, vol. IX, págs. 5-6.

282 Conde de Floridablanca, Instrucción reservada, XLVII, op. cit., pág. 31.

283 J. L. Castellano, Gobierno y poder, op. cit., págs. 28-34.

284 F. Barrios, El Consejo de Estado de la Monarquía española, Madrid, Consejo de Estado, 1984, págs. 185-187.

285 R. Olaechea, El conde de Aranda, op. cit., págs. 157-182.

286 M.ª V. López-Cordón, «Relaciones internacionales y crisis revolucionaria», op. cit., págs. 58-62. F. Barrios, El Consejo de Estado, op. cit., págs. 194-197.

287 Me refiero a la disociación de la Secretaría de Marina e Indias y el reparto de sus asuntos entre las tres restantes por una R.O. de 2 de abril de 1717. J. A. Escudero, Secretarios, I, op. cit., pág. 307.

288 Fichoz 006422; G. Bernard, Le Secrétariat, op. cit., págs. 8-10. R. García Pérez, «El Consejo de Indias en la Corte de Felipe V. Lógica Jurídica y Lógica Política en el Gobierno de América», en F. Barrios (coord.), El gobierno de un mundo: virreinatos y audiencias en la América Hispánica, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, págs. 167-202.

289 G. Bernard, Le Secrétariat, op. cit., págs. 15-17.

290 R. García Pérez, El Consejo de Indias durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, Pamplona, EUNSA, 1998.

291 R. García Pérez, «Las nonatas Ordenanzas del Consejo de Indias de Carlos IV», en Anuario de Estudios Americanos, vol. 56, núm. 2 (1999), págs. 651-672.

292 F. Andújar, Consejo y consejeros, op. cit., págs. 47-49.

293 Ibíd., págs. 50-51.

294 Nov. Rec., l. VI, tít. V, ley 1.

295 Nov. Rec., l. VI, tít. V, ley II1, y F. Andújar, Consejo y consejeros, op. cit., págs. 59-63.

296 Las disputas de precedencia se prolongaron hasta 1784, en que se prohibió que ambos Consejos participaran en actos comunes. F. Andújar, Consejo y consejeros, op. cit., págs. 116-118.

297 Nov. Rec., l. VI, tít. V, ley VII, y F. Andújar, Consejo y consejeros, op. cit., págs. 65-76.

298 R. Olaechea, El conde de Aranda, op. cit., pág. 163.

299 F. Andújar, Consejo y consejeros, op. cit., págs. 81-83, 148-153 y 164-166.

300 Nov. Rec., l. III, tít. IV, ley 4, y l. IX, tít. II, auto 1.

301 M. Artola, La hacienda del Antiguo Régimen, op. cit., pág. 17. J. A. Escudero, Los Secretarios, vol. I, op. cit., págs. 305-307.

302 J. P. Dedieu, «Les superintendants généraux de province. La première expérience de l’intendance en Espagne (1711-1715)», en J. P. Dedieu y B. Vincent (eds.), L’Espagne, l’État, les Lumières. Mélanges en l’honneur de Didier Ozanam, Madrid, Casa de Velázquez, 2004, págs. 263-278.

303 T. García-Cuenca, «El Consejo de Hacienda», op. cit., págs. 459-463.

304 Nov. Rec., auto III, tít. III, libro IX.

305 Los tres los desempeñó desde 1726 hasta su muerte, diez años más tarde.

306 T. García-Cuenca, «El Consejo de Hacienda», op. cit., págs. 478-482 y 498-500.

307 J. P. Dedieu y J. I. Ruiz, «Tres momentos», op. cit., pág. 98.

308 E. Postigo, «Monarca frente a maestre», op. cit., págs. 309-318. C. López y J. I. Ruiz, «Felipe V y la reforma del Consejo», op. cit., págs. 443-458.

309 M. J. Álvarez-Coca, «El Consejo de las Órdenes Militares», en Cuadernos de Historia Moderna, núm. 15, Madrid, UCM, 1994, págs. 297-324.

310 J. Gómez-Centurión, Jovellanos y las Órdenes Militares. Colección de documentos interesantes en su casi totalidad inéditos, con notas y comentarios, precedida de un informe aprobado en sesión de la Real Academia de la Historia, Madrid, Est. tipográfico de Fortanet, 1912, pág. 9.

311 J. de A. Gijón Granados, La casa de Borbón y las órdenes militares en el siglo XVIII (1700-1808), tesis doctoral, Madrid, UCM, 2008, págs. 247-318.

312 R. Gómez-Rivero, «Consejeros de la Inquisición de Felipe V», en Revista de la Inquisición, núm. 4 (1995), págs. 133-137.

313 R. Gómez-Rivero, «Los consejeros de la Suprema en el siglo XVIII», en Revista de la Inquisición, núm. 7 (1998), págs. 165-224.

314 Entre las obras generales recientes que abordan el siglo XVIII, R. García Cárcel y D. Moreno, La Inquisición española, Madrid, Temas de Hoy, 2000, y J. Martínez Millán, La Inquisición española, Madrid, Alianza Editorial, 2007. Entre los estudios institucionales, véanse los de J. P. Dedieu, L’administration de la foi. L’inquisition de Tolède (XVIe-XVIIIe siècle), Madrid, Casa de Velázquez, 1989, o T. Sánchez Rivilla, «Inquisidores generales y Consejeros de la Suprema: documentación biográfica», en B. Escandell y J. Pérez Villanueva, Historia de la Inquisición en España y América II, vol. III, Madrid, BAE, 2000; J. Martínez Millán y T. Sánchez Rivilla, «El consejo de Inquisición (1482-1700)», en Hispania Sacra, vol. XXXVI (1984), págs. 71-193. Sobre el siglo XVIII, A. Álvarez Morales, Inquisición e ilustración, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1982; M. Torres Arce, La Inquisición y su entorno. Servidores del Santo Oficio en el reinado de Felipe V, Santander, Universidad de Cantabria, 2001, e Inquisición, regalismo y reformismo borbónico: el Tribunal de la Inquisición de Logroño, Santander, Universidad de Cantabria, 2006.

315 J. Martínez Millán, Inquisición española, op. cit., págs. 131-132. R. López Vela, «La inquisición a la llegada de Felipe V. El proyecto de cambio en su organización y bases sociales», en Revista Internacional de Sociología, núm. 1 (1988), págs. 63-122. R. García Cárcel y D. Moreno, Inquisición, op. cit., págs. 82-83.

316 C. Martín Gaite, Macanaz, otro paciente de la Inquisición, Madrid, Taurus, 1975, págs. 260-261.

317 C. Martín Gaite, Macanaz, op. cit., págs. 291 y 315-316.

318 J. F. Alcaraz, Jesuitas y reformismo. El P. Francisco de Rávago (1747-1755), Valencia, Facultad de Teología, 1995, págs. 455-490.

319 M. Defourneaux, Inquisición y censura de libros, Madrid, Taurus, 1973, págs. 77-79.

320 J. Martínez Millán, La Inquisición española, op. cit., pág. 134.

321 Nov. Rec., l. VIII, tít. XVIII, ley 3.

322 A. Artola Renedo, La fidelidad del episcopado en España (1760-1833), Somonte, Trea, 2013, págs. 143-146; «Reflexiones sobre la práctica del regalismo, gracia regia y alta carrera eclesiástica durante el reinado de Carlos III (1759-1788)», en Hispania Sacra, vol. LXV, núm. II, págs. 253-282.

323 A. Artola Renedo, La fidelidad, op. cit., págs. 101-103. G. Dufour, «Don Ramón José de Arce, Arzobispo de Zaragoza, Patriarca de las Indias e Inquisidor General», en Tres figuras del clero afrancesado, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1987. J. M.ª Calvo Fernández, Ramón José de Arce: Inquisidor General, Arzobispo de Zaragoza y lider de los afrancesados, Zaragoza, Fundación «Fernando el Católico», 2009.

324 R. García Carcel y D. Moreno, Inquisición, op. cit., pág. 87: 10 condenadas, 4 quemadas y 56 condenadas a penitencia pública en los reinados de Carlos III y Carlos IV.

325 C. Martín Gaite, Macanaz, op. cit.; M. Defourneaux, Pablo de Olavide ou l’afrancesado (1725-1803), París, Presses Universitaires de France, 1959.

326 Edicto de 13 de diciembre de 1789. T. Egido, Carlos IV, Madrid, Arlanza, 2001, págs. 248-251. A. Artola Renedo, De Madrid a Roma, op. cit., págs. 230-234 y 283.

327 A. Mestre, «Nueva dinastía e iglesia nacional», en P. Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2001, páginas 549-568; Ch. Hermann, L’Église d’Espagne sous le patronage royal (1476-1834), Madrid, Casa de Velázquez, 1986, págs. 27-30, y M. Barrio, El Real Patronato y los obispos españoles del Antiguo Régimen (1556-1834), Madrid, CEPC, 2004.

328 Nov. Rec., l. IV, tít. VI, ley IV, y l. IV, tít. XV, ley IV; J. Fayard, Les membres, op. cit., páginas 7-9; S. Coronas, Ilustración y derecho. Los fiscales del Consejo de Castilla en el siglo XVIII, Madrid, Ministerio de Administraciones Públicas, 1992, págs. 28-33.

329 Nov. Rec., l. IV, tít. XVI, ley VII. P. Molas Ribalta, «Los fiscales de la Cámara de Castilla», en Cuadernos de Historia Moderna, núm. 14 (1993), págs. 11-28, y S. Coronas, Ilustración y derecho, op. cit. M. L. Álvarez Cañas, Corregidores y alcaldes mayores: la administración andaluza en el siglo XVIII, Alicante, UNE, 2012.

330 D. Ozanam, «Representación del marqués de la Ensenada a Fernando VI», en Cuadernos de Investigación Histórica, núm. 4 (1980), págs. 93-94.

331 J. Fayard, Les membres, op. cit., págs. 20-21. M. A. González Fuertes, La organización institucional, op. cit., págs. 52-55. A. Martínez de Salazar, Colección de memorias y noticias del gobierno general y político del Consejo..., Madrid, Oficina de D. Antonio Sanz, 1764, págs. 287-295.

332 Fr. Manuel Arias y Porres (1638-1717) fue religioso jerónimo, caballero de la orden de Malta y presidente del Consejo de Castilla entre 1692 y 1696 y 1699-1703. Miembro del Consejo de Regencia, fue nombrado arzobispo de Sevilla en 1702 y cardenal en 1712. José Solís Valderrano (1643-1713) obtuvo el título de conde de Montellano de Carlos II, con quien fue presidente de la Casa de Contratación y del Consejo de Indias y virrey de Cerdeña. Ya con Felipe V fue gobernador de la Casa de la Reina María Luisa, consejero de Estado y presidente del Consejo de Castilla entre 1703 y 1705. En esta fecha se elevó su título a ducado y se le concedió la grandeza de España. Fichoz.

333 A. Martínez de Salazar, Colección de memorias, op. cit., pág. 61.

334 Citado por J. Fayard, Les membres, op. cit., pág. 146.

335 Ibíd., págs. 145-148.

336 Únicamente nueve de 77, entre 1621 y 1746, no alcanzaron este puesto, según datos de J. Fayard, Les membres, op. cit., pág. 165. P. Molas Ribalta, Los magistrados de la Ilustración, Madrid, CEPC, 2000, pág. 28.

337 S. Coronas, Los fiscales, op. cit., págs. 51-55.

338 A. Martínez de Salazar, Colección de memorias, op. cit., págs. 94-95.

339 J. M. Delgado, «La Cámara de Castilla: fuentes legislativas para un estudio institucional», en Hispania, vol. LII, núm. 18 (1992), págs. 68-70. J. F. Alcaraz Gómez, El P. Ravago, op. cit., págs. 187-191.

340 A. Artola Renedo, De Madrid a Roma, op. cit., págs. 51-61; M. A. González Fuertes, La organización, op. cit., págs. 52-53.

341 Se trata de un agente anterior al general establecido en 1778, dependiente de la Secretaría de Estado. F. González y González, «La agencia general de Preces Roma», en Revista de Derecho Canónico, vol. XXIX (1973), págs. 5-66.

342 M. A. González Fuertes, La organización, op. cit., págs. 52-53.

343 A. Artola Ranedo, De Madrid a Roma, op. cit., pág. 348.

344 J. L. y M. Peset, La Universidad española (siglos XVIII-XIX), Madrid, Taurus, 1974, págs. 98-102; A. Álvarez Morales, La ilustración y la reforma de la universidad en el siglo XVIII, Madrid, Pegaso, 1979, págs. 85-93.

345 A. Álvarez Morales, La ilustración y la reforma..., op. cit., págs. 120-127. S. Rodríguez Domínguez, Renacimiento universitario salmantino a finales del siglo XVIII, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1979, págs. 30-37.

346 V. Pampliega, Las redes de la censura: el Consejo de Castilla y la censura libraria en el siglo XVIII, tesis doctoral, Madrid, UCM, 2013, págs. 110-111.

347 Ibíd., págs. 118-123. La resolución en Recopilación de las leyes, autos acordados del Consejo y Reales Órdenes, que manda S.M. observar a los Impresores, Mercaderes y Tratantes en Libros de esta Corte y demás Ciudades, Villas y lugares de estos Reynos, Madrid, Antonio Sanz, 1754.

348 V. Pampliega, Las redes de la censura, op. cit., págs. 124-128; J. Negreso Lorenzo, «La censura gubernativa en el siglo XVIII», en Hispania, vol. LXIV, núm. 217, págs. 571-600.

349 V. Pampliega, Las redes, op. cit., págs. 129-132.

350 Ibíd., págs. 201-204 y 413-416.

351 Ibíd., págs. 182-184. R.O. de 5 de enero de 1791, real cédula de 10 de septiembre de 1791 y real cédula de 23 de agosto de 1792.

352 V. Pampliega, Las redes, op. cit., págs. 147-152.

353 J. P. Dedieu, Après le Roi, op. cit., págs. 14-16, y J. P. Dedieu y A. Artola Renedo, «Venalidad en contexto», en F. Andújar y M. M. Felices (eds.), El poder del dinero. Venta de cargos y honores en el Antiguo Régimen, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, págs. 29-45.

354 F. Andújar, «Los contratos de venta de empleos en la España del Antiguo Régimen», op. cit., págs. 63-84, y Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711, Madrid, CEPC, 2008.

355 F. Cosandey y R. Descimon, L’absolutisme en France, París, Éditions du Seuil, 2002, pág. 144. J. L. Castellano, Gobierno y poder en la España del siglo XVIII, Granada, Universidad de Granada, 2006, págs. 18-26.

356 F. Barrios, El Consejo de Estado, op. cit., pág. 4.

357 Se trata de Arias, Armengol, Arriaga y, finalmente, Lorenzana, Sentmenat, Fernández Vallejo, Despuig y Arce. F. Barrios, El Consejo de Estado, op. cit., págs. 408-442.

358 Ibíd., págs. 239-245.

359 P. Molas Ribalta, Los magistrados, op. cit., págs. 67-75.

360 I. Arias Saavedra, «Los colegiales en la alta administración española (1701-1808)», en J. L. Castellano, Sociedad y Administración, op. cit., págs. 84-88.

361 M. A. González Fuertes, La organización institucional, op. cit., págs. 87-91.

362 A. I. Quintanilla, «Los consejeros de Castilla: eruditos y escritores (1759-1788)», en Indagación, núm. 2 (1996), págs. 141-162.

363 M. L. López Muñoz, «Obispos y consejeros eclesiásticos en los Consejos de la Monarquía española (1665-1833)», en J. L. Castellano, J. P. Dedieu y M. V. López-Cordón (eds.), La pluma, la mitra y la espada. Estudios de historia institucional en la Edad Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2000, págs. 206-213.

364 M. A. González Fuertes, La organización institucional, op. cit., págs. 163-167.

365 Fichoz 016494 y 010566.

366 R. Gómez Rivero, «Consejeros de la Inquisición de Felipe V», en Revista de la Inquisición, núm. 4 (1995), págs. 133-137.

367 M. L. López Muñoz, «Obispos y consejeros», op. cit., págs. 200-293.

368 I. Arias Saavedra, «Los colegiales en la alta administración española», op. cit., págs. 92-93.

369 M. L. López Muñoz, «Obispos y consejeros», op. cit., págs. 217-218, e I. Arias Saavedra, «Los colegiales en la alta administración española», op. cit., págs. 94-95.

370 M. Burkholder, Biographical Dictionary of Councilors of Indies (1700-1808), Connecticut, Greenwood Press, 1986, págs. 122-123.

371 M. A. Gálvez Ruiz, «Demanda de plazas en el Consejo de Indias. Méritos y servicios para la promoción para la carrera judicial», en Chronica Nova, núm. 35 (2009), págs. 311-331; R. García Pérez, El Consejo de Indias, op. cit., pág. 23.

372 M. Burkholder, Biographical Dictionary, op. cit., pág. XV.

373 D. García Pérez, El Consejo de Indias..., op. cit., págs. 131-133. Según datos tomados de M. Burkholder, Biographical Dictionary, op. cit., y del Archivo General de Indias.

374 F. Andújar, Consejo y consejeros, op. cit., págs. 148-151 y 156-161.

375 W. Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón..., I, op. cit., pág. 99.

376 L. Henry, El oficinista instruido o práctica de oficinas reales, Madrid, José Collado, 1815, páginas 3 y 81.

377 P. de Mora y Jaraba, La ciencia vindicada..., BN, mss. 10534, 7, y J. A. Escudero, Los orígenes, I, op. cit., págs. 257-258.

378 L. Henry, El oficinista, op. cit., pág. 185.

379 A.H.N. Hda. Gnal., leg. 649.

380 M.ª V. López-Cordón, «La Primera Secretaría de Estado», op. cit., págs. 15-45.

381 A.H.N. Hda. Gnal., leg. 649.

382 R. Gómez Rivero, El Ministerio de Justicia en España, op. cit.; M.ª V. López-Cordón, «Les nouveaux commis», op. cit., págs. 201-220.

383 G. Franco, «Reforma administrativa y nuevas instituciones: las secretarías de Guerra y Marina en la España del siglo XVIII», en El mundo hispánico en el siglo de las Luces, Madrid, SES.XIII, UCM, F. Duques de Soria, 1996, págs. 643-654, y «La secretaría de Estado y del Despacho de Guerra en la primera mitad del siglo XVIII», en J. L. Castellano (ed.), Sociedad y administración, op. cit., págs. 131-156.

384 Ciencia de estado para ministros de la covachuela, embajadores, enviados plenipotenciarios, dirigida a fin de establecer vaco de nuevas máximas y proyectos, el gobierno más feliz de la Monarquía y las mayores ventajas en el comercio de mar y de tierra, Real Biblioteca, mss. II/2816. J. A. Escudero (Los orígenes, I, pág. 243) lo atribuye a Joseph Méndez del Yermo.

385 M. Gómez Gómez, Forma y expedición del documento en la secretaría de Estado y del despacho de Indias, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1993, págs. 90-96.

386 Ciencia de Estado, discurso 18.

387 T. Nava, «La secretaría de Hacienda en el setecientos español: una aproximación prosopográfica», en El mundo hispánico en el siglo de las Luces, II, op. cit., págs. 949-957.

388 A. Prado y Rozas, Reglas para oficiales de secretarías..., Madrid, 1755, pág. 15.

389 AGA, A.E., caja 39. A.H.N. Estado, leg. 163.

390 M.ª V. López-Cordón, «El Palacio Real como centro administrativo», en III Curso de Archivos e Historia, Madrid, 1994 (texto dactilografiado).

391 M. Losada, El Palacio ideal..., op. cit., Madrid, 1740.

392 J. A. Escudero, Los Secretarios de Estado, II, op. cit., pág. 570.

393 Dependía del secretario de Estado, aunque el cargo siempre estuvo vinculado a un noble (Duque de Saint Simon, Cuadro de la Corte de España en 1722, Madrid, Tipografía de Archivos Olázaga, 1933, pág. 222).

394 E. Benito, «La Junta del Bureo», en Cuadernos de Historia del Derecho, núm. 1, págs. 41-149.

395 R.D. 15-5-1754. Nov. Rec., III, VI, 7.

396 Una aproximación a sus contribuciones en F. Aguilar Piñal, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, Madrid, CSIC.

397 Creados respectivamente marqueses de Villarias, del Campo y del Llano.

398 V. Cadenas, Caballeros de Carlos 3.º. Extractos de sus expedientes (1771-1847), Madrid, Ediciones Hidalguía, vol. IV.

399 Fueron creados por real decreto de 18 de abril de 1763. Las citas corresponden al Reglamento para el gobierno del Monte Pío..., Madrid, 1763, págs. 19 y 31.

400 M. Foucault, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión, Madrid, Siglo XXI, 1996.

401 J. Álvarez Barrientos, Los hombres de letras en la España del siglo XVIII, Madrid, Castalia, 2006.

CAPÍTULO 6

Nueva Planta de la administración provincial y local

Enrique Orduña Rebollo

Para introducir el tema de la administración provincial y local, en primer lugar es necesario plantear su desarrollo sobre cuatro conceptos: la provincia, como soporte territorial para la actuación de los funcionarios que le dan contenido: los intendentes, los partidos y por último el Municipio, como entidad local básica. Se ha supuesto que los Decretos de Nueva Planta afectaron exclusivamente a los territorios de la Corona de Aragón, pero eso no se ajusta totalmente a la realidad, pues durante aquellos años se crearon las Reales Audiencias de Asturias (1717) y Extremadura (1775), las intendencias se desplegaron por todo el territorio y se regularizó la situación para que magistrados y otros funcionarios, procedentes de la Corona de Aragón, ocupasen cargos en Castilla y a la recíproca.

Simultáneamente a las reformas introducidas en la organización administrativa de España, entre 1707 y 1716 se produjo un cambio radical en su organización política. El final de la monarquía hispana supuso no solo el cambio de dinastía, o la alteración en el equilibrio de alianzas, sino la desaparición del sistema territorial compuesto, creado a fines del siglo XV. En lo sucesivo, no existirán reinos, principados o coronas, solo habrá una Nación y un Estado, cuyas bases fueron sentadas entre 1707 y 1716 y que irá evolucionando lentamente hasta convertirse en el Estado constitucional de 1812, consumando el proceso de unidad legislativa y jurídica.

El espacio provincial

La provincia en la Corona de Castilla aparece a fines del siglo XVI con un carácter eminentemente fiscal, que mantiene durante la siguiente centuria con escasas modificaciones. A principios del siglo XVIII, con la reorganización de los estados de la Corona de Aragón y su integración por medio de las Leyes de Nueva Planta al sistema de organización legislativa y territorial de la Corona de Castilla, se incorporan tres nuevas provincias: Cataluña, Aragón y Valencia, que sustituían a las anteriores instituciones político-administrativas existentes hasta 1709-1716.

Con la aparición de la figura del intendente, al que se le dotaba de un espacio territorial concreto para el ejercicio de su jurisdicción: la provincia, coincidente en la mayoría de las ocasiones con las primitivas provincias fiscales, en el caso de Castilla y las demás con carácter general, se dio un paso definitivo en la institucionalización de esta figura territorial en la que concurrirían las funciones económicas, fiscales, gubernativas, militares, de fomento, judiciales, etc., repartidas entre corregidores, intendentes, presidentes, e incluso el capitán general, con la superposición característica del Antiguo Régimen en el que la diferenciación entre contencioso y ejecutivo era compleja.

El cambio de dinastía supuso una continuidad en la política de creación de provincias a lo largo del siglo, incluida la eliminación de los enclaves. Referente a este punto, pese a los diversos intentos, solo consta el éxito de la incorporación de Jumilla a Murcia, dejando de ser un enclave de Cuenca en dicho reino. Pero las deficiencias de la estructura provincial fueron objeto de críticas y censuras de los ilustrados, entre los que destacó tardíamente León de Arroyal, que pugnaba por la reordenación del territorio peninsular en sus escritos e informes, contenidos en sus cartas al conde de Lerena:

Las provincias, en el estado que hoy las tenemos, no las formó la previsión de la economía, sino la casualidad de la guerra. Las capitales se fijaron en las ciudades grandes, sin considerar las ventajas de la situación... El mapa general de la Península nos representa cosas ridículas de unas provincias encajadas en otras, ángulos irregularísimos por todas partes, capitales situadas a las extremidades de sus partidos, intendencias extensísimas e intendencias muy pequeñas, obispados de cuatro leguas y obispados de setenta, tribunales cuya jurisdicción apenas se extiende fuera de los muros de una ciudad y tribunales que abrazan dos o tres reinos402.

A fines del Antiguo Régimen, la fragmentación y heterogeneidad del territorio entre las provincias y los municipios se habían configurado a lo largo de sucesivas variaciones jurisdiccionales. Su conocimiento se obtiene con exactitud por el contenido de los trabajos realizados a iniciativa del conde de Floridablanca, para cumplimentar el Real Decreto de 22 de marzo de 1785, ordenando la elaboración de un inventario o nomenclátor territorial, cuya realización fue llevada a cabo por los intendentes de provincia, quienes recogieron una amplia información articulada en relaciones, para conocer y establecer la división territorial de todo el reino en la monumental obra España Dividida en Provincias e Intendencias403.

Y aquí una polémica historiográfica: existe una cierta disparidad entre los autores posteriores sobre el número de provincias al no coincidir las 31 intendencias con las provincias reflejadas en el Nomenclátor. Para Amando Melón existían el mismo número que el de intendencias404. Por el contrario, Guaita, interpretando a Melón, estima que son cuarenta, incluyendo la intendencia de Sierra Morena, la de Galicia con siete y las dos insulares405. También Martínez Díez facilita un número de provincias coincidente con las 31 intendencias406. El caso de Galicia, estudiado por González Mariñas, insiste en el número de siete provincias407.

Ante las diversas interpretaciones en asunto tan complejo y de difícil exactitud, entendemos que la información más fiable para el lector se obtiene de la relación de provincias y entidades territoriales superiores utilizada por la España Dividida en Provincias. De cualquier forma existía un gran contraste entre la extensión de las provincias de Aragón, Extremadura o la propia Cataluña y las encartaciones de Vizcaya. El trabajo, aunque no reunió datos poblacionales, es el instrumento más idóneo para conocer la organización territorial en el siglo XVIII.

Se realizó por provincias, subdividas en partidos, sexmos, quartos, ochavos, concejos, jurisdicciones, merindades, hermandades, etc. Complementado por un Nomenclátor en el que constan las entidades censadas con la provincia y partido de pertenencia, la indicación de su categoría, si eran de realengo o señorío y qué clase de justicias existían en él. Sin embargo, debemos señalar que la influencia de las propuestas realizadas por los intendentes ilustrados resultó menor de lo supuesto y fueron admitidas por el conde de Floridablanca en el documento final con muchas cautelas, alegando prudencia en las acciones a emprender. Este sería el caso del intendente de Extremadura, marqués de Uztáriz, sobre la nueva división en partidos de aquella provincia para facilitar el acceso de los pueblos a sus respectivas capitales.

Las reformas de la organización territorial continuaron en un proceso que no se interrumpirá hasta la consolidación del constitucionalismo, pues entre 1799 y 1805, siguiendo la inspiración del superintendente general de Hacienda, Miguel Cayetano Soler, se produjo un nuevo intento racionalizador creando seis nuevas provincias, denominadas «marítimas» en alusión a su localización costera. Cádiz, Málaga, Santander, Alicante, Cartagena y Asturias fueron las nuevas entidades territoriales que tomaban como base la existencia de un partido importante o cuya aparición obedecía a claras razones económicas. Desde la perspectiva de los propósitos racionalizadores del territorio, hay que destacar la supresión de la provincia de Toro por real orden de 24-8-1803, de modo que los partidos del norte se incorporan a la provincia de Palencia y la capital a Zamora.

Las nuevas provincias se basaban precisamente en la existencia anterior de un partido o varios partidos vinculados a provincias, que ahora precisamente, por su importancia económica, adquirían el rango superior, incluso solapando a la intendencia, pese a que las nuevas entidades territoriales solo se habían concebido como circunscripciones de carácter fiscal. De cualquier forma, otro de los propósitos de la reforma, la desaparición de los enclaves territoriales, tampoco se consiguió, al fundamentarla en el mantenimiento de los límites municipales. Para determinar la capitalidad se tuvieron en cuenta diversos factores racionales, como la centralización de su ubicación, dándose el caso de Santander, que, aunque no era cabeza de partido por su localización, fue designada capital de la nueva provincia. Otro problema lo constituyó la determinación de límites, cuya única directriz según Garrigós «era la de la menor distancia de un pueblo a una capital que a otra, para establecer su pertenencia a una de las dos»408.

La creación de las intendencias

En la España de los primeros años del siglo XVIII, a las tendencias centralizadoras de la nueva dinastía de Borbón se unían las necesidades de la guerra, que demandaban una reorganización profunda de la administración española, no solo en la cúspide del Estado, sino en los niveles intermedios territoriales de carácter provincial y local. La solución se encontró en la figura de las intendencias, con la designación de un alto funcionario al frente de ellas, nombrado por el rey, capacidad decisoria en su jurisdicción territorial y sujeto al control de un órgano superior del gobierno409.

Inspirado en el modelo francés del mismo nombre, desde 1702 se sucedieron los proyectos a cargo de Orry y el marqués de Louville, pero hasta noviembre de 1711 no se convirtió en realidad el plan de Bergeyck, ministro principal de Felipe V, y en diciembre siguiente fueron nombrados los intendentes para todas las provincias. No se conoce la nómina completa de los designados, aunque entre los más notorios destacaban José Patiño, designado para Extremadura, o Macanaz, para Aragón410.

Sus funciones rompen el esquema fiscal, ostentado hasta entonces por los superintendentes, pues en teoría asumen todas las competencias de finanzas, policía, justicia y guerra, aunque en la práctica, y a tenor del contenido de la instrucción, que se dio a todos los nombrados para el cumplimiento de sus funciones, estas se centran casi exclusivamente en el ramo militar, sin que se tenga noticia de que recibiesen otras instrucciones posteriores referidas al resto de las competencias, pese a su anunciado envío.

La explicación de que solo se reglamentasen las funciones militares hay que atribuirla, con toda probabilidad, a la situación bélica que atravesaba España en aquellos momentos, por lo que se posponía para mejor ocasión la entrada en vigor de todas las funciones que se les atribuían. Fue sintomático que en 1711, además de los correspondientes a la Corona de Aragón, solo se dotasen los destinos de intendente en las provincias fronterizas con Portugal.

Si esto puede resultar una explicación para la Corona de Castilla, no es igual para el caso de Aragón, Cataluña y Valencia, donde la derogación foral requería su urgente sustitución por otras normas, así como personas idóneas para llevarlo a cabo con eficacia; por ello en las ciudades de la Corona de Aragón los intendentes tuvieron funciones mucho más amplias y en ellas sí entendían de cuestiones referentes a policía administrativa, fomento y otras análogas, con especial atención a las de carácter hacendístico.

Según Kamen, para el caso de Zaragoza, Barcelona y Valencia, existió una continuidad y permanencia de los intendentes hasta 1718, situación que no se produce en las ciudades de Castilla, donde no se había variado el ordenamiento jurídico. Con un carácter provisional detallamos las personas que ostentaron las intendencias de las tres ciudades de la Corona de Aragón:

Barcelona: José Patiño (21-3-1713 a 30-9-1715); Nicolás Hinojosa (1-10-1715 a 29-2-1716); José Patiño (1-3-1716 a 28-1-1717); José Pedrajas (11-1-1717 a 1-12-1717).

Valencia: Rodrigo Cavallero (1-2-1711 a 10-8-1718).

Zaragoza: Melchor de Macanaz (11-12-1711); marqués de Castelar (1-7-1713 a 30-5-1721)411.

Observamos esta continuidad de las personas en el cargo, que se prolonga, incluso, hasta después del segundo período iniciado en 1718. En cuanto a las otras provincias, paulatinamente no se proveyeron los cargos, y se mantuvieron solo en los lugares donde existían actividades militares, hasta que por decreto de 25 de marzo de 1715 se suprimieron las que habían superado dicha situación.

De todas formas, la implantación de las intendencias constituyó, según Domínguez Ortiz, la innovación administrativa más importante de los Borbones. Llenaron el vacío administrativo que existía entre el Consejo de Castilla y la administración local formada por alcaldes mayores y corregidores. También su dependencia iba a resultar una novedad, pues no estaban supeditados al Consejo de Castilla, hasta entonces prácticamente ministerio universal de la monarquía, sino directamente al rey a través de sus ministros, incluido el uso de la vía reservada, razones que suscitarían el recelo del Consejo de Castilla, que pronto se manifestó como el mayor enemigo de la institución412.

Generalización de las intendencias

Lo que tuvo todos los visos de una experiencia inicial más o menos afortunada, sobre todo en la Corona de Aragón, se generalizó a partir de 1718. Concluida la guerra de Sucesión, había llegado el momento de poner en práctica con toda decisión el proyecto inacabado de establecer intendencias en todas las provincias españolas. El rango del intendente era el más alto en su jurisdicción territorial, tanto en el ámbito civil como en el militar o judicial (aunque en este aspecto con matizaciones, pues los capitanes generales, las chancillerías y las audiencias continuaban teniendo sus prerrogativas), actuando como correa de transmisión de las instrucciones y normas emanadas del gobierno y generando a su vez, en función de sus atribuciones, órdenes de carácter local.

Los reformistas de la dinastía de Borbón ya tenían instituido el instrumento ejecutor de sus proyectos, pues lo que en definitiva existía era un «gobierno centralizado en manos de oficiales nombrados y controlados por los ministros de la Corona»; de ahí la paradoja: «El ideal era borbónico, y sin embargo no más que una extensión de las aspiraciones de los arbitristas españoles del siglo previo»413.

Quizá esta afirmación, plenamente compartida, merezca alguna consideración. Con la Casa de Austria se había iniciado una tendencia hacia la uniformidad en las Españas, aplicando las leyes de Castilla, cuestión de extrema gravedad porque con la disculpa de facilitar la gobernabilidad generalizando la normativa, se hacía finalmente en provecho del absolutismo414. Al margen de los aspectos negativos de todos conocidos que produjo el absolutismo, hay otro problema añadido: las consecuencias para Castilla de utilizar sus leyes en el proceso de unificación del derecho, de modo que sobre la figura del monarca recaía un poder mucho mayor, pues como dirá Tomás y Valiente:

De este modo, la tendencia a la unificación del Derecho se entiende como equivalente a la expansión del Derecho de Castilla, a la imposición de este Derecho a los demás reinos hispánicos. Y ello no tanto por «castellanismo» emocional, sino porque tal sistema jurídico era el más cómodo para un monarca absoluto415.

El impulso de José Patiño

La figura de Patiño tiene una singular importancia en el proceso de consolidación de las intendencias. Fue nombrado superintendente de Cataluña por Felipe V el 21 de marzo de 1713, cuando sus tropas estaban por tierras leridanas, y Barcelona se rendiría año y medio más tarde. Su gestión, pese a ser contestada por los sectores afectados, a causa de sus reformas fiscales y la recaudación de nuevos impuestos, destacó por la eficacia y haberse acreditado como modelo de lo que pensaba debían ser los superintendentes de la Real Hacienda y Ejército416.

Concluida su misión en Cataluña, cesó el 28 de enero de 1717, y como consecuencia de esta probada eficacia fue destinado a Cádiz en 1717 para hacerse cargo de la Intendencia General de Marina, conjuntamente con la superintendencia del reino de Sevilla y la presidencia de la Casa de Contratación de Indias, que se habían trasladado a la primera ciudad. En su nuevo cargo influyó directamente en Alberoni para establecer las intendencias sobre nuevas bases, sin olvidar el modelo francés. Cuando en 1718 se decide el restablecimiento de los intendentes sobre criterios definitivos, Patiño fue al parecer el autor de la instrucción, según Compuesta417.

Desde sus nuevos destinos no olvidó Cataluña, impulsando la creación de una industria de guerra e influyendo notablemente en los funcionarios que le sucedieron. Alguno de los intendentes iniciales fueron considerados discípulos de Patiño y constituyeron una cantera de importantes ministros de Felipe V. Además del interesado, mencionar al marqués de Castelar, o a José Campillo, superintendente de Aragón, que sucedió a Patiño en el Ministerio. De cualquier forma, su prestigio alcanzó un gran eco que le permitiría llegar a las cotas más altas del reino418.

La cronología del establecimiento de las intendencias se sucede con una dinámica precisa: las ordenanzas se publicaron el 4 de julio de 1718, el 26 de julio es conocida la lista de intendentes con sus retribuciones, los nombramientos fueron otorgados el 10 de agosto y tomaron posesión a partir del 1 de septiembre, con lo que antes de fin de año ya estaban al frente de sus respectivas provincias. La ordenanza de 1718 supuso la introducción de intendentes en ciudades donde hasta entonces, y desde hacía varios siglos, eran gobernadas por corregidores. Los nuevos funcionarios reales asumen el cargo y las atribuciones de los antiguos, figura que por otro lado no se extingue, ya que solo se nombran intendentes de provincia y en las restantes poblaciones se mantiene la autoridad del corregidor419.

La instrucción de 1718 fue la norma clave para la implantación de los intendentes, superando el vacío legal del período anterior, razón que había influido, sin duda, en el fracaso del proyecto reformista inicial. En 1718 las cosas funcionaron de otro modo, al menos durante los años inmediatos. Pese a las reticencias y dificultades, la calidad y transcendencia de la instrucción de 1718 fueron reconocidas por uno de los opositores a la figura de nuestro análisis: el gobernador del Consejo de Castilla.

De los 143 capítulos de la instrucción de 4 de julio de 1718, más de la mitad de su articulado se dedicaba a los asuntos militares, pues, a pesar de todas las modificaciones y los claros propósitos de iniciar una reforma administrativa en profundidad, no se podía olvidar la condición militar inicial del intendente. El resto de los capítulos consagran al intendente como la primera autoridad civil de la provincia. Estaban obligados a residir en su capital, asumiendo incluso, como vimos anteriormente, el cargo y las funciones del corregidor, con excepción de Barcelona, Cádiz, Mérida, Pamplona, Cáller y Santa Cruz de Tenerife.

La regulación de sus funciones comprende las cuatro especialidades mencionadas. La de justicia le confería el mantenimiento de la ley, el orden y la prevención de la opresión en la provincia. Respecto a la hacienda, dirigía la recaudación y administración de los impuestos y rentas que perteneciesen al Consejo de Hacienda. Las competencias de policía eran, después de las militares, las más extensas, con un amplio campo de actividad, pues les encomendaban, entre otras funciones, la elaboración de un nuevo censo, hacer el estudio geográfico de la provincia, el fomento de la industria, la ganadería, la agricultura, los regadíos, el fomento caballar, la construcción de caminos y puentes, la sanidad pública, el urbanismo, la protección monetaria, vigilancia en edificios, graneros, archivos, etc.420.

Las reticencias hacia los intendentes

Para González Alonso, la oposición más firme se dedujo de la duplicidad corregidor-intendente, al producirse un evidente descenso del protagonismo e importancia del primero en el conjunto institucional, dado que el intendente era la primera autoridad provincial y todos los corregidores de su jurisdicción quedaban subordinados a él. No se puede negar que muchas de las funciones del intendente duplicaban las del corregidor (recuérdese la referencia al paralelismo de ambas instituciones que hacíamos anteriormente al contemplar el antecedente francés), por lo que podía parecer una figura innecesaria, pero no olvidemos que el corregidor tenía pocas competencias en materia hacendística, y menos en el ámbito militar421.

Campos que, acertadamente, señala González Alonso como prioritarios en el pensamiento de los reformistas borbónicos, justificados por el clima bélico que existía desde 1700 y sobre todo por la desastrosa situación de la hacienda heredada de los Austrias. Los criterios racionalizadores de los nuevos responsables políticos conferían una importancia capital a esta cuestión, en la que era preciso imponer criterios de orden y normalización. De todas formas el conflicto con los corregidores se reproduciría años después y siempre existió durante el Antiguo Régimen un enfrentamiento más o menos latente entre ambos funcionarios.

En general los intendentes despertaron recelos y oposición, que se agudizó en el caso de jueces y tribunales porque «vieron sus funciones usurpadas por oficiales gubernativos parvenus». Las críticas de este importante sector fueron canalizadas y asumidas por el Consejo de Castilla, que se manifestó contrario a la acción de los intendentes y expresó su oposición al sistema por medio del informe de 22 de noviembre de 1720 elaborado por el gobernador del Consejo, casi dos años después de que las intendencias iniciasen sus actividades. El informe incidía en dos puntos que resultan claves para comprender la decidida oposición a los intendentes conducida a través del Consejo de Castilla; el primero, y para nosotros el que refleja las causas reales, se refería a que los intendentes:

han puesto todo su conato en abrogarse jurisdicción que V.M. no les ha conferido, queriendo persuadir a todos que en su Provincia tienen una suprema authoridad, maior y de superior jerarchía que las demas justizias y tribunales... Con dificultad se dara exemplar de que alguno de los Intendentes en todo el tiempo que han servido estos empleos aya visitado personalmente su provincia

y también que: «la conservación de estos empleos, sobre no ser útil a la causa pública, la considera el Consejo por mui nociva en el todo y de gavis? perjuicio a la Rl. Hazienda».

Respecto al segundo punto, hemos de considerarlo la justificación económica de todos los argumentos contrarios a la existencia de los intendentes, alegando razones de ahorro y austeridad en el gasto, que desde la más remota antigüedad han sido esgrimidos por los poderes públicos, unas veces por causas sensatas y reales y otras para justificar decisiones más o menos conflictivas.

La crisis de la intendencia en 1721

La queja del Consejo de Castilla no cayó en vacío, pese a que el rey respondió, en principio, con una negativa a la supresión de los intendentes. A renglón seguido se introdujeron diversos cambios, como retirarles algunas de las competencias judiciales previstas en el artículo 2 y eliminar el 37, referente a la jurisdicción sobre abusos de justicia. Simultáneamente el rey encargó a una junta especial la elaboración de un informe que respondiese al emitido por el gobernador del Consejo de Castilla. El dictamen de la Junta fue contrario a este y favorable a la postura gubernamental de mantener a los intendentes.

Pero la sombra de la duda debió de pesar en el ánimo del rey, probablemente a causa de la enemistad suscitada por los intendentes no solo en el Consejo de Castilla, sino también en los estamentos judiciales, en los corregidores y en otros poderes fácticos. Es indudable que debieron de coincidir en la oposición varios sectores y personas, que aisladamente no hubieran podido hacer nada contra los intendentes, pero al coincidir varios ataques, les hicieron más frágiles ante el monarca absoluto, que no deseó enfrentarse a tan poderosos enemigos. Por otro lado se produjo una reacción muy típica de los autócratas, por lo que el 22 de febrero de 1721 expidió un decreto recogido en cédula de 1 de marzo de 1721, que abolía las intendencias en las provincias donde no hubiese tropas. Simultáneamente una reforma de la Hacienda retiró a los intendentes sus atribuciones en esta materia, conferidas por la instrucción de 1718.

Con estas dos medidas las funciones de los intendentes desaparecieron prácticamente en los lugares sin tropas, por lo que fueron suprimidos de tales sitios. La excepción fueron Barcelona, Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca, Sevilla, Badajoz, Salamanca, La Coruña y Pamplona. Obsérvese que eran provincias estratégicas, las cuatro primeras para desplegar y consolidar el nuevo régimen legal administrativo y económico, a consecuencia de los Decretos de Nueva Planta, el resto por su ubicación fronteriza o marítima de primer orden.

Sin embargo, la supresión de las demás no debió de ser tan radical, pues el decreto preveía que todos mantuvieran el título y la retribución, aunque sus funciones eran las mismas que anteriormente habían tenido los superintendentes generales de rentas. También continuaron en las funciones de corregidores los que hasta entonces lo habían sido.

Estas medidas restrictivas de la actividad de los intendentes tampoco debieron de satisfacer al Consejo de Castilla, que persistió en su actitud contraria a la institución, manifestándola en tres ocasiones por medio de sendas consultas presentadas conjuntamente a Felipe V. La primera, de fecha 22 de noviembre de 1720; la segunda, de 11 de febrero de 1722, promovida por los cuatro miembros de la Cámara de Castilla, y la última, un artículo del propio Consejo, de la misma fecha, atacando las actividades del intendente de León.

El contrainforme rechazando los argumentos del Consejo fue realizado por el marqués de Compuesta, que incluso utilizó términos inusuales para calificar al Consejo por «la idea siempre constante en los Ministros de estos Tribunales de que V.M. quite los Intendentes». Finalmente el 19 de julio de 1724 el rey firmó una real orden extinguiendo los intendentes de las provincias donde no había tropas, cesando en las retribuciones y quedando reducidos a superintendentes agregados a los corregimientos, con lo que se consumaba la degradación en el rango y la primacía de los corregidores. Sin embargo, se mantenían las intendencias de guerra con todas sus prerrogativas.

En los veinticinco años siguientes los intendentes continuaron existiendo, al menos en nueve provincias, según Kamen y a tenor del análisis detallado de algún caso específico, como el del intendente de Zaragoza, que ocupó el cargo desde 1721 hasta 1736. Aunque los intendentes que perduraron lo eran de guerra, también tenían a su cargo el control de las rentas reales, así como amplios poderes discrecionales. Lo demuestra el título de nombramiento de intendente de Aragón, expedido a favor de José Campillo, en cuyo texto se hace referencia a su amplia autoridad y jurisdicción, conferida en los mismos términos que lo habían sido hechas a sus antecesores: «assí en lo político y económico, como en lo que toca a lo Militar y Real Hazienda, en conformidad con la Instrucción que se entregó a buestros antezesores a la qual os arreglareis en todo lo que no estubiere alterado por órdenes posteriores...».

De lo que puede deducirse que, sin ignorar sus prioritarias funciones de guerra, mantenían, prácticamente, todas las atribuciones que les confirió la instrucción de 1718, exceptuando las modificaciones introducidas el 12 de febrero de 1722 y que les privaban de determinadas competencias en materia judicial y las del artículo 37 de la instrucción, que como indicamos fue derogado.

La distribución de las intendencias a partir de 1724 se puede decir que ya no responde a motivos estratégicos, aunque perduran las de Barcelona, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, por corresponder a los antiguos territorios de la Corona de Aragón, justificadas por el proceso de reordenación político-administrativo que tendía a la unificación legal del territorio. Creemos que en esta segunda época, comprendida entre 1724 y 1749, se gestó en realidad la existencia de un cuerpo de empleados de gran valor para hacer frente a las futuras reformas administrativas de los reinados siguientes. Se habían marcado las pautas y creado los hábitos de una experiencia previa provincial que no solo les confería el conocimiento de su territorio, de la periferia en una palabra, sino que les facultaba, por esa misma experiencia, para acceder a cargos de responsabilidades más amplias en la administración central y en el gobierno, pues quedaban subordinados a este, a diferencia de los corregidores.

Su valía, como vimos al referirnos al caso de Patiño, sirvió para la creación de una reserva de funcionarios que desempeñaron un papel muy importante en el intento de modernización de España realizado por los ilustrados. El acierto ya es otra cuestión, pues una vez más hemos de recordar la situación de ignorancia e incultura de la mayoría de la población, sobre la que estas reformas caían con indiferencia, cuando no con recelo y rechazo. Pero el esfuerzo hay que reseñarlo.

La institucionalización definitiva de las intendencias

La reconstrucción de la administración periférica llevada a cabo por Fernando VI estimó la necesidad de completarla por medio de los intendentes, de los que en 1746 aún existían los ocho de ejército mencionados y dieciocho de provincias. El impulso para su recuperación lo dio Casimiro de Uztáriz, por medio de un informe emitido en 1748 que constituyó un verdadero pliego de descargos en defensa de la institución, incluidos los defectos y fallos del sistema, con la recomendación final al marqués de la Ensenada de la necesidad y acierto del restablecimiento de las intendencias.

La respuesta está contenida en la ordenanza de 13 de octubre de 1749, norma que supuso de nuevo la actividad de las intendencias de provincias en toda España, encomendando a sus titulares las quatro Causas de Justicia, Policía, Hacienda y Guerra, ya previstas en 1718 pero ahora más amplias y mejor sistematizadas y reglamentado por separado cada bloque de competencias, incluida la incorporación del cargo de corregidor en las capitales de provincia. Aunque la delimitación de dichas competencias con las atribuidas a los corregidores y a otros tribunales en alguna medida repetiría los anteriores conflictos.

La ordenanza dispone de un preámbulo y se articula en 146 capítulos, los ocho primeros referidos a la creación y organización de las intendencias; del IX al XVIII, las atribuciones de Justicia; del XIX al XXXVIII, las de Policía; del XXXIX al LXIX, las de Hacienda, y desde el LXX hasta el final, las de Guerra.

El mapa de las intendencias en 1749 resultaba un tanto confuso en número y extensión, porque esta era muy diversa al haberse realizado sobre divisiones anteriores. En Aragón estaba más claro, pues se mantuvieron las tres clásicas (Barcelona, Zaragoza, Valencia), cada una de las cuales correspondía a los virreinatos existentes anteriormente. Por el contrario, en Castilla se produjo cierta confusión al solaparse las intendencias con las capitanías generales o los corregimientos. Hasta la división territorial de 1785 no se subsanaron los defectos al hacer coincidir dichos corregimientos con las intendencias.

Desde 1749 la presencia de los intendentes en el aparato administrativo político del Estado será permanente, sorteando dificultades, conflictos o celotipias con los corregidores, lo que supuso que en 1766 estos asumieran las competencias de Justicia y Policía, y los intendentes, las de Hacienda y Guerra. Aunque esto tampoco fue observado rigurosamente en las capitales de provincia, en las que el intendente ostentaba el corregimiento capitalino. En los años posteriores del siglo XVIII, desempeñarían importantes cometidos, como su participación en los trabajos del Catastro de Ensenada, los de Floridablanca y principalmente en el notable incremento de la recaudación.

Los partidos, una organización territorial intermedia de la Nueva Planta

En esta reflexión no podíamos omitir su referencia. Desde el siglo XVI, en la Corona de Castilla, también con un carácter evidentemente fiscal, hemos de anotar la existencia de entidades territoriales intermedias, como las define Burgueño, que recibían habitualmente la denominación de partidos, aunque, como hemos visto en la España dividida en Provincias, también existían otras figuras como estados, merindades, hermandades, sexmos, corregimientos, etc.422.

Encontramos partidos en las provincias de Ávila, Aragón, Burgos, Gran Canaria, Córdoba, Cuenca, Extremadura, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Jaén, León, Madrid, La Mancha, Murcia, Navarra, Palencia, Salamanca, Sevilla, Segovia, Soria, Toledo, Toro, Valladolid, Zamora. Sexmos en Ávila, Cuenca, Salamanca, Segovia y Soria. Merindades en Burgos, Navarra, Soria y Vizcaya. Corregimientos en Aragón, Burgos y Cataluña. Hermandades en León y Álava. Concejos en León. Gobernaciones en Valencia. Y uniones en Guipúzcoa. A ello debemos añadir las jurisdicciones de las provincias gallegas: 52 de Betanzos, 24 de La Coruña, 122 de Santiago, 179 de Lugo, 193 de Orense, 46 de Mondoñedo y 48 de Tuy423.

En general, a fines del Antiguo Régimen la división territorial era confusa. Esta confusión y falta de homogeneidad aumentaban por la discontinuidad territorial, producida por los enclaves, que eran una consecuencia palpable del proceso repoblador medieval basado en la agregación paulatina de territorios, lo que originó instituciones de diversa procedencia, contenido y sobre todo jurisdicción, pues mientras que en el conjunto global para toda la Península y las islas el realengo suponía el 47,14 por 100, los señoríos seglares representaban el 34,53 por 100, los eclesiásticos el 15,61 por 100, y los de las órdenes militares, el 2,73 por 100424.

Aunque reiteramos el carácter de sus funciones fiscales, principalmente el reparto de contribuciones, también podían constituir circunscripciones para ejercer la representatividad en determinados órganos y en muchas ocasiones, coincidiendo con el referido carácter fiscal, eran marco territorial para el ejercicio de actividades judiciales.

En este orden no podemos omitir una referencia a la real cédula de 21 de abril de 1783 que recogió las reformas sugeridas por Campomanes y que disponía, entre otras medidas, la división de los corregimientos en tres categorías: entrada, ascenso y término, al tiempo que se ponía de manifiesto el criterio de incrementar los corregimientos de letras a costa de los de capa y espada425. El caso es que en tal fecha los corregimientos del reino fueron agrupados de acuerdo con dicha categoría, lo que nos permitirá un acercamiento al definitivo mapa de los partidos judiciales del constitucionalismo.

Entre 1709 y 1716 se institucionalizan, como hemos visto, las tres provincias de la Corona de Aragón, Cataluña, Aragón y Valencia. El nivel territorial inferior se residencia en los corregimientos, 13 para cada provincia, subdivididos en partidos, o gobernaciones en el caso de Valencia. En detalle:

Cataluña: Barcelona, Cervera, Gerona, Lérida, Manresa, Mataró, Puigcerdá, Talarn, Tarragona, Tortosa, Vall de Arán, Vich y Villafranca. Aragón: Zaragoza, Borja, Albarracín, Benabarre, Calatayud, Cinco Villas, Daroca, Tarragona, Teruel, Jaca, Alcañiz, Huesca y Barbastro. Valencia: Valencia, Alcira, Alcoy, Alicante, Castellón de la Plana, Cofrentes, Denia, Montesa, Morella, Orihuela, Peñíscola, San Phelipe y Xisona426.

En el caso de Cataluña, como se ha dicho y según consta en la España dividida en Provincias, en todas las ciudades o villas cabecera de corregimiento su titularidad era ostentada por un militar, y solía tener uno o dos tenientes o alcaldes mayores, ubicados en las ciudades o villas de mayor población. Según la fuente citada para las tres provincias, el número de ciudades era de 32, lo que no coincide con el de corregimientos, pero hay que recordar que en los siete casos restantes se ubicaban en villas.

Si a los anteriores datos unimos otros conceptos, como las merindades navarras, las capitales de intendencias o subdelegaciones, las ya citadas cabezas de partidos económicos, incluidas las de órdenes militares, sedes episcopales, etc., tendríamos un total aproximado, según los cálculos de J. Burgueño, de 218 núcleos de población427.

Durante estos últimos años del siglo XVIII y hasta la convocatoria de Cortes en Cádiz, existieron múltiples modificaciones, la mayoría motivadas por razones hacendísticas. El hecho es que pese a la confusión existente y a la falta de coincidencia en las fuentes, a finales del siglo XVIII nos encontramos en los umbrales de una reforma transcendental no solo de la organización política, sino también del soporte territorial, y mientras este no se encuentre totalmente consolidado, el sistema político estará sujeto a múltiples convulsiones.

Los municipios aragoneses en la Edad Moderna

El sistema insaculatorio se fue extendiendo paulatinamente por todos los confines de la Corona de Aragón, reflejado en una cronología que estableció Torras i Ribé, iniciada en Játiva en 1427 y cerrada en Ripoll en 1707428. En el caso de Castellón, se introdujo el sistema por medio de una sentencia de la Real Audiencia de Valencia de 1590, recogido en unas Ordinaciones que redactó el doctor Diego Covarrubias429.

Esta reforma paulatina de la administración local tuvo un impacto político mayor que las reformas de la justicia o de las demás instituciones de los reinos de Aragón y Valencia, pues al parecer a veces se producía una duplicidad derivada de la existencia de concejos y la insaculación de oficiales y cargos locales. Se deduce esta situación de las convocatorias a Cortes, dirigidas a justicias, jurados y consello de las ciudades y villas. Ese era el caso de Teruel, que en 1483 estaba integrado por ciudadanos, vecinos y prohombres, que elegían a un juez, cuatro alcaldes y otros cuatro regidores, muy probablemente por el método insaculatorio.

De cualquier forma, en el siglo XVII era un hecho de que en las ciudades y villas de Aragón el sistema de insaculación para la provisión de cargos municipales estaba controlado por la Corona a través de sus oficiales. Para el caso de Calatayud, descrito por Artola, era preceptivo disponer de un patrimonio de 60.000 sueldos para ser procurador y de 40.000 para ocupar los otros oficios, a los que se llegaba después de un complicado proceso de eliminación a partir de la extracción de nombres de las bolsas, que habitualmente eran renovadas decenalmente en la mayoría de las ciudades y villas por parte de un comisario regio430.

Cuando medio siglo después en Aragón prendió la guerra civil, aunque entre los leales a Felipe V había numerosos nobles y ciudades, incluidas Valencia y Zaragoza, la realidad era que tanto las personas como las ciudades del reino de Aragón habían dividido sus fidelidades, y ello supuso que la rebelión se extendiera por todo el reino. A las primeras acciones de armas favorables al archiduque en 1706 sucedieron la derrota de Almansa en abril de 1707 y el abandono de Zaragoza un mes más tarde. La consecuencia de la nueva situación fue la inmediata derogación de los fueros de Aragón y Valencia y la obligación de gobernarse por las leyes de Castilla, pudiendo en lo sucesivo ocupar cargos los castellanos en aquellos reinos y, a la recíproca, los aragoneses y valencianos en Castilla en prueba de la benignidad real.

Coherente con esa cualidad, y por la existencia de numerosas personas fieles a la causa de Felipe V, tanto en Aragón como en Valencia, se consideró injusta la generalización de una sanción colectiva para instituciones y personas. En consecuencia, y según el real decreto de 29 de julio de 1707, promulgado un mes más tarde que el derogatorio, se reconoció que

muchos de ellos, y de las ciudades, villas y lugares, y demás Comunes y particulares, y en todos los más de los Nobles, Caballeros, Infanzones e Hidalgos y Ciudadanos Honrados, han sido fieles y leales, padeciendo la pérdida de sus haciendas, y otras persecuciones y trabajos que ha sufrido su constante y acrisolada fidelidad431...

Por tal causa a los fieles vasallos de los diversos estados de los reinos de Valencia y Aragón no procedía castigar con la pérdida de ningún privilegio. Y aunque dichos reinos, insistía el real decreto, deben gobernarse conforme al derecho de Castilla, en aquellos lugares que permanecieron fieles a Felipe V persistirán los fueros, privilegios y exenciones concedidos por sus antecesores o adquiridos por justo título. Asimismo se mandará expedir nuevas confirmaciones a favor de los referidos lugares, reiterando la posibilidad que aquellos buenos vasallos tenían de ocupar cargos y puestos en el gobierno y la administración de Castilla.

Pese a esta rectificación, las sucesivas derogaciones fueron reduciendo al unitarismo la diversidad territorial de España, desapareciendo la confederación de facto que suponía la Corona de Aragón. No obstante, en el reino de Aragón, al contrario que en Valencia, se conservó el derecho privado, confiriendo un carácter de reforma a las derogaciones forales, como se hizo en el caso de Cataluña, años después. Por el real decreto de 3 de abril de 1711, primero de los de Nueva Planta, se estableció un nuevo gobierno en Aragón y la planta interina de la Real Audiencia de Zaragoza, formada por dos salas, una de lo criminal, que juzgaría de acuerdo con las leyes de Castilla, y otra la de lo civil, en la que era voluntad real que: «se mantengan, queden y observen las referidas leyes municipales»432.

El municipio valenciano

A principios de octubre de 1707 se dio un nuevo paso para la uniformidad legal cuando diversos oficios de Onteniente juraron sus cargos y les fue exigido en la fórmula de juramento guardar las leyes, usos, prácticas y costumbres de Castilla. Posteriormente, el presidente de la Chancillería les comunicó los cambios de figura: el justicia por el alcalde y los jurados por regidores, incluida la desaparición del bayle y del mustaçaf. Insiste Remedios Ferrero en la falta de experiencia del nuevo Ayuntamiento en el modelo castellano, y ante las continuas consultas sobre diversos trámites administrativos, en febrero de 1708 decidieron enviar a una persona al de Villena, regido tradicionalmente por las leyes castellanas, para que fuese informado sobre la forma de redactar el libro de actas y se familiarizase con la nueva organización que debía tener a partir de entonces el Ayuntamiento. Por último, conviene recordar la publicación de un bando que obligaba a los vecinos a adaptar los pesos y medidas a la ley y práctica de Castilla433.

A propósito de esta cuestión, hay que tener en cuenta que la incidencia sobre la administración municipal fue inmediata, y afectaba a los ayuntamientos conquistados y a los que se iban incorporando al territorio dominado por el rey. De acuerdo con tales criterios, por una real orden de 8 de octubre de 1709 se constituyó el modelo de Ayuntamiento castellano en Játiva, Orihuela, Alcira, Morella, Carcagente, Castellón, Alcoy y Onteniente.

Este último municipio parece que fue tomado como referencia para la extensión de dicho modelo, pues para supervisar el funcionamiento de la nueva administración municipal se desplazó a la ciudad el abogado de los Reales Consejos Buendía, que actuó como subdelegado del presidente de la Chancillería, y para cumplir sus cometido elaboró treinta instrucciones básicas para el gobierno local, entre las que figuraban la necesidad de un libro de papel sellado para asentar los acuerdos; periodicidad de las sesiones ordinarias los lunes, miércoles y viernes sin necesidad de convocatoria y previa celebración de una misa; asistencia con atuendos decentes; orden a seguir en los asientos y en las votaciones; nombramiento de regidores encargados del pósito, las carnicerías, el administrador de rentas y el alcalde de la hermandad, y finalmente la obligación de disponer de la tradicional arca de tres llaves para guardar los papeles, una de las llaves en posesión de la justicia, otra del regidor más antiguo y la última del escribano del Ayuntamiento434.

Por último una mención al caso de la capital, cuyo consell municipal entregó la ciudad a las tropas reales el 7 de mayo; un día más tarde, a iniciativa del Consejo de Aragón, se constituyó un Ayuntamiento provisional integrado según la forma tradicional por seis jurados, un racional y un síndico. Una petición para mantener el sistema tradicional dirigida al monarca por medio de un memorial supuso la inmediata detención e internamiento en Pamplona de sus dos autores y promotores. Cuando en octubre de 1707 se constituyó el nuevo Ayuntamiento, se solicitó la libertad de ambos, alegando que no pretendían en el memorial la conservación de los fueros, sino que se les confiriese alguna distinción personal por su actitud a todos los que habían defendido la causa borbónica, constituyendo los desafectos el «tumulto de lo más despreciable que se juntó de todo el Reino»435.

Pronto se iniciaron los cambios hacia el modelo municipal castellano. En septiembre se nombró corregidor al conde de Castellar, sustituido posteriormente por Antonio del Valle, al que se nombró gobernador militar y político de la ciudad de Valencia. Al mes siguiente, con nuevos regidores de nombramiento real, el Ayuntamiento adoptó el modelo municipal castellano, prescindiendo del protocolo y los signos externos de su condición. El proceso de castellanización del Ayuntamiento de Valencia se cerró con la real orden de 30 de diciembre del mismo año, dirigida al presidente de la Chancillería, que disponía que todos los vestigios del gobierno y prácticas anteriores desaparecieran por completo y se observara en el futuro, sin ninguna diferencia, el mismo sistema de gobierno local que en Castilla436.

Aunque la presencia de los gremios en los municipios valencianos, sobre todo en el capitalino, fue importante durante la organización foral anterior, ya que formaban parte de estructura local, la identidad con los municipios castellanos supuso su práctica exclusión de los órganos del gobierno municipal. En el caso de Valencia tenían dos representantes por oficio en el Consell General, lo que suponía un peso político muy considerable que no se mantuvo al producirse el cambio de sistema con regidores de nombramiento real. De alguna forma esto produjo una crisis generalizada, a la que se unió el cuestionamiento de las ordenanzas gremiales al serles exigida la aprobación real, como en el resto de Castilla. Aunque Felipe V confirmó los privilegios tradicionales adquiridos desde tiempos pasados, los problemas se plantearon con motivo del uso de la lengua, por lo que algunos gremios pidieron la traducción de sus ordenanzas al castellano; otros solicitaron la redacción de nuevas ante la pérdida de las antiguas y para adaptarlas a la nueva situación, y finalmente otros, ante el escaso número de sus integrantes, agruparon varios oficios en un solo gremio437.

El municipio mallorquín

La situación geográfica de Mallorca suponía en el siglo XVIII un factor de riesgo a causa de las frecuentes expediciones piratas berberiscas, que atacaban la isla y capturaban rehenes y pescadores, produciendo en consecuencia un síndrome de inseguridad permanente, complicada con la presencia inglesa en Menorca, hasta mediados del siglo. Estas cuestiones se detectan varias veces en el Decreto de Nueva Planta, unas para justificar decisiones y otras para prevenir agresiones.

Tales razones fueron alegadas para hacer una reforma en profundidad del sistema municipal. En consecuencia, para atender con eficacia y vigilancia su gobierno local, era preciso elegir a las personas más idóneas, por lo que no debía dejarse al sistema insaculatorio su designación y en el futuro se escogería a veinte jurados que rigiesen y gobernasen política y económicamente la ciudad de Palma y doce para la de Alcudia, todos de nombramiento real, y en los lugares de menor población lo haría la Audiencia, todos por un período de dos años, según la aclaración a la duda 9.ª.

Las reticencias ante el nuevo carácter de los regidores, antes jurados, debieron de ser patentes, en primer lugar por su identificación con los del resto de las ciudades y villas de España y, en segundo, por las facultades económicas y políticas que debían ejercer en las poblaciones. Muestra de la discrepancia fue la constitución del primer Ayuntamiento de la ciudad de Palma el 5 de agosto de 1718, presidido por el comandante general, con incidentes previos a la sesión, no consignados en el acta, pero sí en las crónicas. Los nuevos regidores pertenecerán todos al estamento señorial, quedando excluidos los representantes mercantiles y artesanales438.

La organización local preveía la existencia de un veguer en Palma con dos asesores letrados y otro en Alcudia con un letrado, y en los demás lugares un bayle. La primera figura sería de nombramiento real y el resto sería competencia de la Audiencia, en función de la población de cada lugar. Los bayles debían conocer en primera instancia las causas civiles y criminales con apelación a la Audiencia. En las criminales, después de la comisión de un delito grave en cada jurisdicción, el veguer, o bayle en su caso, tenía que comunicarlo a la Audiencia para que nombrase un juez pesquisidor que evaluase la causa. Posteriormente, el decreto de 9 de octubre de 1716 aclaró que cualquier notificación debía cursarse a través del comandante general.

El Gran i General Consell tenía una compleja definición institucional, como advierte Lalinde, que lo califica de «órgano político no institucionalizado, dentro de los supremos de Administración pública»439. No estamos ante un órgano cercano a las Cortes medievales, pero tampoco a los consejos municipales, aunque quizá estaba más próximo a estos. Según Piña, se institucionalizó como plataforma de diálogo entre la ciudad y el campesinado de Mallorca440. El Decreto de Nueva Planta, aunque no lo menciona, supuso la liquidación a corto plazo de esta institución que llevaba más de un siglo en decadencia progresiva. La real cédula de 22 de julio de 1718 determinaba que en lo sucesivo no hubiese un cuerpo representante del reino, «ni el Gran y General Consejo que havía antes».

El municipio catalán

Durante los siglos XVI y XVII las ciudades y municipios catalanes siguieron adquiriendo nuevos privilegios en detrimento del tardofeudalismo, emancipándose de las jurisdicciones feudales; pero, en contraposición, la participación ciudadana en el gobierno local era cada vez más menguada. Incluso para la elección de oficios municipales la implantación del sistema de insaculación evitaba la asamblea de los vecinos, pero la autonomía municipal cada vez se vería más comprometida por la facultad que tenía el virrey de elaborar las listas de los nombres destinados a la insaculación. Con ello se le se hurtaba una clara competencia popular al Concejo y en el caso de Barcelona era motivo de fricciones permanentes entre el consell y el virrey441.

El municipio de Barcelona seguía siendo el más importante de la confederación aragonesa, basada su preponderancia en la influencia de la ciudad sobre el resto de las poblaciones y municipios catalanes. Sus concejales o consellers eran equiparados a los grandes de España, y pese a que la nobleza, a principios del período, se separó de la actividad municipal, en 1690 Carlos II les confirmó el privilegio de estar cubiertos en su presencia. La importancia del municipio de Barcelona la señaló Reglá, asignándole prioridad material sobre la propia Generalidad, puesto que «Catalunya era Barcelona i aquesta no governava la Generalitat, sino el Consell de Cent»442.

Esta era en general la situación de los municipios catalanes, que no tuvieron modificaciones significativas de su régimen durante gran parte de la Edad Moderna; y en lo referente al funcionamiento del concejo abierto, como en el caso de la Corona de Castilla, habitualmente quedaba relegado a los de menor población.

La guerra de Sucesión les afectó en la medida lógica en que influyó sobre todas las instituciones del Principado, ya que hubo territorios que cambiaron hasta tres veces de titularidad. El archiduque realizó una política municipal en cierta medida renovadora, que obedecía a criterios de captación de voluntades y simpatías entre amplios sectores de la población, utilizando como instrumentos básicos el halago y la concesión de privilegios443.

En su mayoría eran distinciones y privilegios concedidos a las oligarquías locales o a los miembros de los gobiernos municipales, equiparando a unos y otros, en función de su lealtad, con los más distinguidos, en este caso los consellers de Barcelona. También concedió el derecho a representación y voto en las Cortes catalanas a diversos municipios444.

Junto a estos aspectos, habrá que consignar otros que contenían en cierta medida reformas institucionales, aunque también su concesión debe interpretarse en la misma pauta graciable y privilegiada. Se comprueba en el caso de algunos municipios que vieron afectado el procedimiento de insaculación con el fin de incorporar una base participativa más amplia al gobierno local, como el caso de Mataró, ciudad muy considerada por el archiduque en la que se hizo una nueva distribución de los cargos municipales por clases sociales, reservándose la presidencia de los jurados «a los ciudadanos honrados», el segundo jurado a los mercaderes y payeses, el tercero a los artistas y el cuarto a los menestrales, marineros y pescadores. Con aquella política seguida por el archiduque, tuvieron un lugar importante las reivindicaciones antiseñoriales, por lo que se incorporaron diversos municipios a la jurisdicción real445.

Pero el caso de mayor trascendencia fue el de Ripoll, donde estaban enfrentados el pueblo y el monasterio en un pleito secular para dirimir el control de la población, que alcanzaba los 6.000 vasallos, distribuidos en 20 poblaciones entre las que destacaban Olot y Ripoll como las de mayor importancia. El abab hacía un abusivo ejercicio del poder que le confería una discrecionalidad absoluta sobre el régimen municipal, caracterizado por su dureza y la absoluta falta de autonomía o participación de los ciudadanos en las decisiones locales. La autoridad abacial se ejercía por medio de un procurador general, que era un monje, acompañado por un procurador jurisdiccional y un batlle, seglares pero nombrados por el abad446.

Un caso de autocracia feudal tan tardío llamó la atención del archiduque, que accedió a las reivindicaciones de los habitantes de Ripoll y les otorgó un privilegio de constitución municipal, regido por tres cónsules, un clavero y un mostassaf, elegidos todos ellos por el procedimiento insaculatorio.

Sin embargo, una vez más hemos de llamar la atención sobre el contenido de estas medidas que en muy poco afectaban a la restauración de la democracia directa municipal, ni tampoco podemos olvidar la concepción centralista del Estado que inspiraba la política del archiduque o sus propósitos intervencionistas en el ámbito local, manifestados reiteradamente, en lo que no se diferenciaba de su oponente Borbón.

Los avatares de la guerra dieron el triunfo a las armas de Felipe V a partir de 1707. Después del paréntesis de 1710 y la llegada a Madrid del archiduque, se produjo la reacción del ejército de Felipe V, que obtuvo el triunfo en Brihuega y Villaviciosa y provocó la retirada de aquel a Barcelona. En mes y medio, a este no le quedaban en Cataluña más que tras plazas de verdadera importancia: Cardona, Tarragona y Barcelona. Coronado emperador de Austria y abandonada la causa catalana en las negociaciones previas a la paz de Utrecht, el 11 de septiembre de 1714 las tropas del duque de Berwick vencían la resistencia de Barcelona y poco después acabó la guerra de Cataluña.

Suprimido tempranamente, el Consejo del Ciento fue sustituido por una denominada Junta de Administradores, compuesta por dieciséis individuos, todos acreditados partidarios de Felipe V, y de diversa procedencia, predominando los juristas, los miembros de la alta nobleza y los caballeros. En definitiva, fue sustituido el patriciado urbano por nobles y los que ahora definiríamos como tecnócratas. Este proceso se reprodujo en todos los municipios catalanes, en lo que podríamos denominar como fase transitoria hasta la promulgación en 1716 del Decreto de Nueva Planta. Señalar que, entre las modificaciones introducidas, el sistema insaculatorio fue suprimido y en lo sucesivo el nombramiento de regidores sería una atribución del rey en las ciudades y del capitán general en los demás lugares.

Es frecuente atribuir la derogación de los fueros catalanes al Decreto de Nueva Planta, promulgado el 16 de enero de 1716. Hemos de indicar que los Fueros catalanes en aquel momento ya se encontraban derogados, y de lo que en esta ocasión se trataba era de fijar el establecimiento de la Nueva Planta de la Real Audiencia de Cataluña. Ha de tenerse en cuenta que dicho decreto no fue una reacción inmediata e impensada al resultado de una acción bélica, pues había transcurrido más de un año desde el fin de las actividades militares; eso permitió una decisión más sosegada a la que no era extraña la sustitución en la cúpula gubernativa del grupo francés formado por Orry, la princesa de los Ursinos y Macanaz, reemplazados por Alberoni y Patiño, después de la muerte de la reina María Luisa de Saboya.

Con este decreto de 16 de enero de 1716 se dotó a Cataluña, al igual que se había hecho o se haría con otros reinos y regiones de España, de una Real Audiencia presidida por el capitán general, que solo tendría voto en las cosas de gobierno, y donde se sustanciarían todas las causas y pleitos. El decreto detallaba minuciosamente la composición del nuevo órgano judicial y de gobierno, número de salas, procedimientos, etc., incluidas las horas diarias que estaban obligados a dedicar a su labor los ministros. Como consecuencia, en Cataluña desaparecieron sus modalidades de autogobierno y la administración municipal confiada a regidores de nombramiento real, presididos por el corregidor.

Los ayuntamientos y la pervivencia institucional

El Decreto de Nueva Planta modificó la organización territorial de Cataluña al sustituir las veguerías por los corregimientos. Las quince veguerías existentes, con ocho subveguerías y el Valle de Arán, dieron paso a los trece corregimientos. Estos, sin resultar un modelo de ordenación territorial, trataron de imponer una cierta normalización, para lo cual agruparon las veguerías más reducidas en un corregimiento.

La novedad institucional fue la introducción del corregidor auxiliado por uno o más tenientes de corregidor y los bayles, en función de la extensión territorial y los núcleos de población. Sin embargo, era indudable que existían coincidencias entre el veguer y el corregidor: agentes del rey en su territorio, dotados ambos de competencias análogas de diverso orden, militares, judiciales, gubernativas, etc. La diferencia estaba en que el corregidor actuaba como el delegado de un monarca absoluto, que trataría de llevar a cabo la acción del poder del rey en su jurisdicción.

Contra el parecer del propio Patiño y del Consejo de Castilla, hasta 1725 la figura del corregidor fue asumida por los comandantes militares respectivos. Posteriormente la presencia de militares en los corregimientos se mantuvo en ciudades importantes o estratégicas como Barcelona, Gerona, Lérida, Tortosa, Vic, Manresa y Puigcerdá. Por el contrario, en el resto de las capitales se abrió la posibilidad de que existiesen corregidores letrados. Como en el caso de los magistrados de la Audiencia, la designación de corregidores estaba reservada al rey.

El sistema de gobierno municipal catalán fue sustituido por el regimiento castellano. En el decreto se fijaban veinticuatro regidores para gobernar el Ayuntamiento de Barcelona y ocho en las cabeceras de corregimiento, cuya designación en ambos casos quedaba reservada al rey. En el resto de lugares serían nombrados por el capitán general a propuesta de la Real Audiencia, en el número que considerase oportuno, por período de un año. Tal discrecionalidad se planteó en función de la población del lugar: «Más de 300 vecinos, 7 regidores. De 201 a 300, 6. De 101 a 200, 5. De 101 a 200, 5. De 61 a 100, 4. De 31 a 60, 3. Los menores de 30 vecinos, 2 regidores».

Las dificultades para adaptar el nuevo sistema, en su intento de normalizar el territorio, se planteó en las zonas rurales dada la dispersión de la población, por lo que en 1720 la experiencia aconsejó suprimir la obligatoriedad de los dos regidores en los municipios pequeños y limitó su existencia a uno solo447.

Entre las competencias y atribuciones de los regidores que el decreto les encomendaba, figuraba el gobierno político de las ciudades, villas y lugares, la administración de sus propios y rentas; tenían prohibidas las enajenaciones o recargos de censos si no existía previamente licencia real o del tribunal competente.

El decreto suprimió todos los oficios temporales, perpetuos y los comunes que existiesen con anterioridad en el principado y no hubieran sido mencionados en la ley, transfiriéndose a la Audiencia los de Justicia y Gobierno, y al intendente los pertenecientes a la Renta y Hacienda. El mismo tratamiento recibían los somatenes y otras juntas de gente armada, dada su presunta peligrosidad, advirtiéndoles de que serían tratados como sediciosos los que continuasen participando en dichos cuerpos. Pero el resto de los artículos de la norma se dedicaba a garantizar la permanencia de diversas instituciones y oficios.

Comenzaban las exenciones con la del Colegio de Notarios de Número de Barcelona, ordenando que uno de los oidores de la sala civil fuese designado protector del colegio y estuviese presente en todas sus reuniones. Aunque la vigencia se refería expresamente a los notarios de Barcelona, se entendió que afectaba a todos los notarios de Cataluña y por tanto, la organización del notariado catalán y toda la legislación referente al mismo se mantuvieron en vigor después del Decreto de Nueva Planta.

De gran importancia resulta el capítulo 43, referido al Consulado del Mar, que obtuvo la garantía de su permanencia «para que florezca el comercio y logre el mayor beneficio del país». Su interés radicó en el hecho de que el Consulado se encontraba en una situación depauperada y en plena decadencia, como consecuencia de la guerra y otras vicisitudes, pero que merced a este reconocimiento y a las nuevas regulaciones contenidas en la real cédula de 16 de marzo de 1758 y las ordenanzas de 1763 inició una nueva época de prosperidad, paralela al desarrollo de la economía catalana y la política centralista, lo que le permitió superar su estructura medieval para convertirse en un organismo público en el marco de la política modernizadora de la Ilustración.

Es de uso común la afirmación de que el Decreto de Nueva Planta suprimió en su totalidad el derecho público de Cataluña, lo que no es totalmente cierto, pues en todo el proceso abolitorio quedaron siempre vigentes las regalías del rey. A estos efectos recordemos el capítulo 41 del decreto, cuando disponía que: «Las regalías de fábricas de Monedas, y todas las demás llamadas mayores y menores, me quedan reservadas...». En el mismo sentido el capítulo 44 contiene la garantía más amplia del mantenimiento de instituciones de gran trascendencia para el gobierno político de ciudades, villas y lugares, como sus ordenanzas. Es evidente que la persistencia del derecho público catalán tuvo su expresión en el ámbito municipal. Oportunamente hemos de recordar un testimonio muy próximo en el tiempo, emitido por el magistrado Lorenzo de Santayana y Bustillo, recogido por Tomás y Valiente porque:

el autor compara y diferencia prácticas y usos jurídicos castellanos con otros todavía imperantes en la Corona de Aragón. La dialéctica unificación-diferenciación aparece amortiguada en la obra de Santayana... porque él se identifica con su papel de oficial real, instrumento de la unificación... pero el Derecho de Castilla al aplicarse en Aragón no lo arrasa todo y Santayana da fe de ello448.

El derecho común era la fuente más importante del derecho catalán, convalidado por el Decreto de Nueva Planta, que consolidó el proceso desarrollado durante el siglo XVII en Cataluña, o sea, un derecho catalán que evolucionó sobre una base normativa tradicional a través de la jurisprudencia y la doctrina. Cierto que la vigencia del derecho civil catalán quedaba al arbitrio del rey, pero también era verdad que Felipe V solo abolía el ordenamiento catalán que cuestionaba su poder absoluto o sus regalías. Como este no era el caso, existió una garantía aprovechada por la Audiencia para recibir el derecho común en cada caso.

El municipio catalán después de 1716 y la venta de oficios

Suprimidas las formas tradicionales de gobierno local después del Decreto de Nueva Planta, a las disposiciones iniciales siguieron otras, principalmente el reglamento de 6 de junio de 1717. Pero también hay que señalar una intervención política de la corona en los municipios de jurisdicción nobiliaria, contenida en el mencionado reglamento, que preveía la posibilidad de que los regidores fueran propuestos al señor por la Asamblea o el Consell, o la Real Cédula de 13 de octubre de 1718, que introdujo, como hemos visto, la figura del corregidor en los municipios catalanes, con lo que se dio un paso más en el intervencionismo del rey en la administración local. Sin embargo, el sistema de la nueva legislación suponía un distanciamiento entre la realidad política y la social de Cataluña, produciéndose una permanente fricción entre los diversos grupos sociales, gremios, cofradías, etc.449.

Como en los municipios castellanos, pese a las críticas de tratadistas y políticos, en Cataluña también se introdujo la venal práctica de la venta de oficios. El sistema a la larga no funcionó satisfactoriamente Esta práctica viciosa también fue introducida en la Corona de Aragón y, concretamente, en Cataluña, donde tuvo mayor trascendencia, por medio de la orden de 27 de diciembre de 1738, ampliada en su contenido por la de 27 de enero de 1739. Aunque existen diversas interpretaciones sobre el sentido restrictivo de la autonomía local o un intento reformista para corregir la cooperación encubierta, debemos reconocer la más inmediata de recabar fondos para una Hacienda Real en ruina, a consecuencia de los desastres de la guerra, la acuñación de moneda fraudulenta y la introducción de moneda francesa de baja ley.

Durante el período en que estuvo en vigor la orden, se vendieron en Cataluña 322 oficios, de los cuales 23 correspondían a ayuntamientos cabeza de corregimiento, y 299 a ayuntamientos normales, recaudándose 964.606 reales de vellón por todas las operaciones, de las cuales el 79,8 por 100 eran de regidores vitalicios, que alcanzaban los 257 individuos. Entre los oficios subalternos, el mejor pagado fue el de administrador vitalicio de la Tabla de Comunes Depósitos del Ayuntamiento de Barcelona, que alcanzó los 32.000 reales; en cuanto a los de regidores, fueron los del mismo Ayuntamiento, por juro de heredad con teniente o sustituto, que se cotizaron en 66.000 y 76.000 reales, respectivamente450.

Poco duró la práctica de la venalidad en Cataluña, pues debido a la experiencia negativa de la Corona de Castilla, a las dificultades para el gobierno municipal, donde se incrementó la conflictividad, a las críticas de los tratadistas de la época, como Lázaro de Dou o Ibáñez de la Rentería, y, principalmente, a los resultados económicos obtenidos, inferiores a los previstos, la orden de venta de oficios fue derogada el 24 de noviembre de 1741.

Finalmente, con las reformas de 1766, la presencia del síndico personero y del diputado del común se impuso en Cataluña al tiempo que en la Corona de Castilla, pues se trataba de una norma generalizadora. Su implantación supuso, en cierta medida, una ruptura con el procedimiento de gobierno único de regidores vitalicios nombrados por el monarca. Por último, a fines de siglo, se introdujeron diversas reformas, que en la práctica supusieron la vuelta al sistema insaculatorio.

La organización de la estructura local básica

Una vez más recurrimos a la obra España dividida en Provincias para conocer la estructura territorial inferior a los corregimientos y partidos en Aragón, Cataluña y Valencia de acuerdo con el siguiente detalle:

Entidades

Aragón

Realengo

Cataluña

Realengo

Valencia

Realengo

Ciudades

13

13

10

9

9

9

Villas

239

63

182

68

150

37

Lugares

898

430

1.405

464

381

22

Aldeas

84

37

81

23

8

5

Cotos redondos

93

—

33

—

11

—

Granjas

3

2

—

2

—

—

Arrabales

—

—

1

1

2

2

De la información anterior, hay dos aspectos a reseñar. Por un lado el elevado número de entidades de población, excluyendo cotos redondos y granjas, que sin duda influyen en la existencia de municipios en 1842, iniciado el período constitucional; Aragón, 1273; Cataluña, 1727, y Valencia, 550. Cifras que se alejan de las de la actualidad, después de los procesos de emigración del campo a la ciudad, fusiones, absorciones, etc. No obstante, conviene recordar que en 2008 la distribución municipal era de 731 ayuntamientos en Aragón, 946 en el caso de Cataluña y 542 en la Comunidad Valenciana.

El otro aspecto a considerar era el elevado número de entidades sujetas al señorío secular, eclesiástico o abacial, que suponía un porcentaje superior al estimado por Gonzalo Anes para el conjunto nacional. Pues salvo en el caso de las 32 ciudades, prácticamente todas de realengo, esta jurisdicción no supera el 25 por 100 en las villas y en los lugares no llega al 30 por 100, porcentaje que aumenta un poco más en las aldeas.

402 León de Arroyal y Alcázar, Cartas Económico-Políticas al Conde de Lerena, edición, prólogo y notas de José Caso González, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1971. Una edición anterior con estudio preliminar de Antonio Elorza, Madrid, 1968.

403 España dividida en Provincias e Intendencias y subdividida en Partidos..., Madrid, Imp. Real, 1789, 2 vols. (ed. facsímil, Madrid, INAP, 2001).

404 Amando Melón Gordejuela, Provincias e Intendencias en la España Peninsular del siglo XVIII, Madrid, Estudios Geográficos, núms. 148-149, 1977, pág. 762.

405 Aurelio Guaita Martorell, La división provincial y sus modificaciones, en Actas del III Simposio de la Administración, Madrid, IEA, 1974, págs. 313-316.

406 Gonzalo Martínez Díez, Génesis histórica de las provincias españolas. Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 51, Madrid, 1981, págs. 523-593. Ibíd., La Provincia de Burgos hasta 1833, en Actas del IV Simposio de Historia de la Administración, Madrid, 1983.

407 Pablo González Mariñas, Las Diputaciones provinciales en Galicia. Del Antiguo Régimen al Constitucionalismo, La Coruña, Diputación Provincial de La Coruña, 1978, págs. 23-85.

408 E. Garrigós Picó, Organización territorial a fines del Antiguo Régimen, vol. III, Madrid, Alianza Editorial, 1982, pág. 24.

409 Henry Kamen, El establecimiento de los Intendentes en la Administración española, Madrid, Hispania, núm. 95, 1964, págs. 368-395. Enrique Orduña Rebollo, Intendentes e Intendencias, Buenos Aires, Tres Américas, 1997.

410 Vicente Palacio Atard, «Prólogo», en Historia de España. La época de los primeros Borbones, Madrid, Espasa, 1985, pág. XIX.

411 H. Kamen, El establecimiento..., op. cit., pág. 373.

412 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel, 1984, pág. 94.

413 H. Kamen, El establecimiento..., op. cit., págs. 373 y 374.

414 E. Orduña Rebollo, Centralización y descentralización en España. Una perspectiva histórica, Madrid, Documentación Administrativa, núm. 214, abril-junio de 1989, pág. 195.

415 Francisco Tomás y Valiente, Manual de Historia del Derecho, Madrid, Tecnos, 1984, pág. 23.

416 Con carácter general en: Antonio Bethencourt Massieu, Patiño en la política de Felipe V, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1959. La cuestión catalana en: Juan Mercader Riba, Un organismo-piloto en la monarquía de Felipe V. La Superintendencia de Cataluña, Madrid, Hispania, núms. 103, 104, 105 y 106, 1966-1967, pág. 406.

417 H. Kamen, El establecimiento..., op. cit., pág. 374, nota 24.

418 J. Mercader Riba, Un organismo..., op. cit., pág. 408, que recuerda la alta retribución de Patiño, comparada con la de otros intendentes, pues de los 8.000 escudos anuales que percibía en la Intendencia de Mérida pasó a 10.000 en la de Barcelona.

419 Benjamín González Alonso, El Corregidor Castellano. 1343-1808, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970, pág. 348.

420 E. Orduña Rebollo, Intendentes..., op. cit., pág. 62.

421 B. González Alonso, El Corregidor..., op. cit., pág. 248.

422 Jesús Burgueño, Geografía política de la España Constitucional. La División provincial, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996, pág. 192.

423 España dividida en Provincias..., op. cit., págs. 23-74.

424 Gonzalo Anes, El Antiguo Régimen. Los Borbones. Historia de España, Madrid, Alfaguara, 1975, pág. 75.

425 B. González Alonso, El Corregidor..., op. cit., pág. 256.

426 España dividida en Provincias..., op. cit., págs. 23-54.

427 J. Burgeño, Geografía..., op. cit., pág. 194.

428 J. M. Torras i Ribé, El procedimiento insaculatorio en los Municipios de los reinos de la Corona de Aragón entre la renovación institucional y el sometimiento a la Monarquía (1472-7124), en Jerónimo Zurita, Su época y su escuela, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1986, pág. 341.

429 M. Arroyas Serrano, Insaculación y oligarquía municipal, en Jerónimo Zurita..., op. cit., páginas 353-362.

430 M. Artola, La Monarquía de España, Madrid, Alianza Editorial, 2000, pág. 440.

431 Novísima recopilación, vol. III, págs. 13-14.

432 Ibíd., pág. 14.

433 R. Ferrero Micó, La vertebración..., op. cit., pág. 356.

434 Ibíd., pág. 357

435 M. Peset Reig, Nota sobre la abolición..., op. cit., pág. 661. Los autores del Memorial fueron los jurados Pedro Luis Blanquer y José Ortí, el documento fue presentado el 4 de septiembre y el día 12 fueron incomunicados ambos en las Torres de Serrano, y el 14, enviados a Pamplona. Fueron liberados después del 12 de octubre cuando la ciudad aceptó el Ayuntamiento castellano.

436 M.ª F. Mancebo, El primer Ayuntamiento borbónico de la ciudad de Valencia, Valencia, Estudios de Historia de Valencia, 1978.

437 V. Graullera Sanz, Gremios valencianos y centralismo borbónico, vol. XLI, Valencia, Saitabi, 1991, págs. 201-216.

438 R. Piña Homs, «El Reino de Mallorca, redibujado tras los Decretos de Nueva Planta», en J. A. Escudero (ed.), Génesis territorial de España, Zaragoza, El justicia de Aragón, 2007, págs. 487 y 488. Al parecer los incidentes fueron provocados por el propósito de los regidores de tomar posesión de sus cargos armados con sus espadas, a lo que se opuso el comandante general, deponiendo su actitud los concejales después de las gestiones del secretario municipal don Juan Odón García. La procedencia social de los regidores estaba integrada por cinco nobles titulados, un caballero de órdenes militares, un gentilhombre de Cámara de S. M. y ocho nobles. La baja nobleza estaba representada por cuatro regidores, uno sería el juez ejecutor y otro el clavario mayor.

439 J. Lalinde Abadía, Iniciación histórica al Derecho Español, Madrid, 1972, pág. 359.

440 R. Piña Homs, El reino..., op. cit., pág. 490.

441 Con carácter general téngase en cuenta: E. Orduña Rebollo, Municipios y Provincias. Historia de la organización territorial española, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales/FEMP/INAP, 2003. Ibíd., La Nación Española. Jalones históricos, Madrid, Iustel, Fundación Alfonso Martín Escudero, 2011.

442 Joan Reglá i Campistol, Introducción a la Historia de la Corona de Aragón, Palma de Mallorca, Moll, 1969, pág. 79.

443 J. M. Torras i Ribé, La política municipal de l’Arxiduc Carles d’Austrie, Barcelona, Recerques, núm. 13, 1983, pág. 29.

444 Pedro Voltes Bou, Barcelona durante el Gobierno del Archiduque Carlos de Austria (1705-1714), Barcelona, Ayuntamiento, Instituto Municipal de Historia, 1970, pág. 262.

445 J. Llovet, La ciutat de Mataró, Barcelona, Barcino, 1961, págs. 109-110.

446 J. Torras i Ribé, La política..., op. cit., pág. 31.

447 J. M. Torras i Ribé, Los mecanismos del poder. Los Ayuntamientos catalanes durante el siglo XVIII, Barcelona, Crítica, 2003, pág. 76.

448 Lorenzo Santayana y Bustillo, Gobierno político de los pueblos de España y el corregidor alcalde y juez de ellos, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1979, 256 págs. Francisco Tomás y Valiente, Estudio preliminar a Gobierno..., op. cit., pág. XX.

449 J. M. Torras i Ribé, Los Mecanismos del poder. Los Municipios catalanes durante el siglo XVIII, Barcelona, Crítica, 2003.

450 J. M. Torras i Ribé, La venta de oficios municipales en Cataluña (1739-1741). Una operación especulativa del gobierno de Felipe V, en el IV Symposium de Historia de la Administración, Madrid, INAP, 1983, págs. 723-748.

CAPÍTULO 7

Más continuidad que cambio: la venalidad de los empleos en España en el siglo XVIII451

Francisco Andújar Castillo

Con frecuencia la historiografía ha venido relacionando el cambio dinástico, de Austrias a Borbones, con una profunda modificación del sistema de gobierno de la monarquía. La interpretación más tradicional alude a una radical cesura entre una y otra dinastías y sitúa como icono más representativo de ese cambio la pérdida de poder que experimentaron los viejos Consejos de los Austrias en favor de la vía ministerial encarnada por unos secretarios del Despacho que iban a imponer un sistema más ejecutivo o decisivo en la acción de gobierno452. Una extensa bibliografía se ha ocupado desde hace años de estudiar ese tránsito del denominado modelo de «monarquía judicial» al de una «monarquía administrativa»453. Reforzando esa misma tesis, innumerables trabajos han verificado, para diversos ámbitos de gobierno, las reformas introducidas por los Borbones, de las iniciales de Felipe V a las que luego pondría en marcha Carlos III —con las del régimen municipal a la cabeza—, hasta el punto de convertir a este último monarca en paladín y emblema del reformismo ilustrado. Por otro lado, las transformaciones experimentadas en materias de hacienda454, ejército455 y, en conjunto, en el aparato de gobierno de la monarquía456 vendrían a reforzar esa idea de modificación sustancial de las estructuras heredadas. Y en ese mismo sentido, la que se ha venido en denominar «militarización» del gobierno de la monarquía457, a la que recientemente se ha sumado la tesis de la «militarización» de la hacienda458, incidirían aún más en esa misma dirección de reafirmar las profundas transformaciones acometidas por la nueva dinastía.

Sin embargo, los elementos de continuidad entre una y otra dinastías no han despertado demasiado interés entre la historiografía de los últimos años. A pesar de ello, estudios recientes comienzan a plantear la persistencia de elementos de continuidad y a cuestionar algo que hemos venido aceptando sin más, como es la identificación de las medidas reformistas con su importación de la Francia de Luis XIV459. Y es que, junto a las reformas de gran calado —como las que tuvieron lugar en el ejército y en las guardias reales460 o en el sistema polisinodial461—, lo cierto es que buena parte de las prácticas burocráticas y de los mecanismos político-administrativos se mantuvieron inalterables, pues, en esencia, el Estado se siguió articulando según parámetros heredados, es decir, entre la lógica patrimonial y una incipiente racionalización de su aparato de gobierno.

La suma de reformas se ha planteado como una suerte de «revolución» silenciosa acometida por Felipe V para transformar el viejo sistema de gobierno heredado de Carlos II. Semejante formulación tiene como base de partida la suma de cambios acometidos durante los primeros años del primer monarca de la Casa de Borbón. Sin embargo, a nuestro juicio, no se ha ponderado precisamente eso, que fueron reformas paulatinas, administrativas y de gobierno, pero que los actores que las ejecutaron —y fundamentalmente los burócratas— fueron los mismos que habían servido a la monarquía de los Austrias. No hubo una transformación radical en este sentido, de la misma manera que tampoco se produjo, al menos durante los primeros años de la centuria, una mutación en los mecanismos de selección del personal al servicio de la administración de la monarquía. El sistema fluctuó entre una «hipotética» meritocracia y la provisión de cargos respondiendo a mecanismos más propios del gobierno patrimonial al que hemos aludido, entre ellos, la concesión de los cargos por dinero o, lo que es lo mismo, el «mérito del dinero» como un elemento más de la economía de la gracia.

Por tanto, hasta no hace mucho, el concepto de «monarquía borbónica» se ha venido identificando, de forma casi mimética, con racionalización administrativa y de gobierno. El «siglo de la Razón» no podría ser sinónimo de otros términos. No parece que en el vocabulario de la significación de esa monarquía, tildada, además, como «ilustrada», pudieran encajar otros conceptos y menos aún otra práctica política que no fueran los de la racionalidad administrativa, el orden institucional y, sobre todo, la acción de buen gobierno, siempre «a favor y por el bien de los súbditos». No en vano, los monarcas, absolutistas, pero, eso sí, ilustrados, no podrían entenderse en el marco de otra lógica diferente. Lo «racional» era recompensar el mérito, el servicio, la virtud, la experiencia, los años de servicio y el buen desempeño de los cargos en la carrera burocrática, judicial, política o militar.

Por lo que hace al «buen gobierno», en teoría en manos de hombres virtuosos, un somero repaso a la historiografía permitiría inferir que los casos de prácticas de gobierno corruptas —recordemos al respecto que cierta historiografía niega su existencia por completo en el Antiguo Régimen— fueron más consecuencia de acciones —más bien desviaciones— individuales de ciertos agentes de la monarquía que de dinámicas institucionalizadas. Los casos aislados de algunos virreyes, fundamentalmente durante la primera mitad del siglo XVIII462, de algún administrador de caudales463 o de un burócrata464, más los casos de fraude465, parecerían confirmar esa teoría de rectitud y buen gobierno de la monarquía borbónica. Pero no tenemos la certeza de si esos casos registrados responden a la realidad histórica o si son más bien producto de la carencia de investigaciones monográficas sobre el particular. Podría ponerse como ejemplo el análisis en profundidad que precisa el estudio de la descomunal acumulación de patrimonio que logró reunir el ministro de Carlos IV Manuel Godoy, y que casi siempre ha sido interpretada como producto del favor del rey y de la reina466, si bien algunos otros indicios parecen apuntar en un sentido muy diferente, más cercano a la corrupción467. En todo caso, si dirigimos la mirada hacia América, al menos hasta las reformas de Carlos III, los estudios disponibles permiten apuntar hacia una acción de gobierno de numerosos agentes de la monarquía presidida, de forma casi generalizada, por prácticas de gobierno dominadas por los «abusos y excesos», el «comercio ilícito», el contrabando, el fraude, la malversación de caudales públicos y cuantas prácticas podríamos englobar hoy en la actual acepción que le damos al término «corrupción»468.

Es por ello por lo que, en cuanto a la provisión de cargos por parte del rey, se ha escrito que «con la llegada de los Borbones» desapareció la práctica de vender los puestos de gobierno de la monarquía. Semejante formulación no se interroga acerca de una pregunta previa, que resulta esencial para entender la práctica política de la nueva dinastía. La interrogante es muy simple: ¿Qué parte de la administración de la monarquía no había sido enajenada a perpetuidad —léase privatizada— a lo largo de las centurias precedentes? ¿Qué efectos habían tenido los intensos y extensos procesos de perpetuación de oficios que habían adquirido especial intensidad a partir de la década de los años treinta del siglo XVII? O, dicho de otro modo, ¿qué parte de la administración real proveía el rey y qué parte de esa misma administración se hallaba en manos de particulares?

La respuesta a estas cuestiones, en especial a la última, aun reconociendo su trascendencia para entender el siglo XVIII del que nos ocupamos en esta aportación, resulta tan compleja como que carecemos por el momento de estudios, tanto cuantitativos como cualitativos, sobre tipologías de cargos enajenados a perpetuidad antes de la llegada al trono de España de Felipe V. Los estudios de Domínguez Ortiz, así como los de Tomás y Valiente, ya plantearon una primera aproximación a estas cuestiones, pero, como han demostrado las recientes investigaciones, estamos aún muy lejos de conocer la realidad de esos procesos469. De hecho, estas tesis refuerzan la idea de que la magnitud del fenómeno venal, en todos los ámbitos del gobierno de la monarquía, tuvo un calado muy superior al que le suponíamos hasta hace poco tiempo470. Además, sabemos que afectó a todas las escalas de gobierno de la monarquía471, desde los empleos de los municipios hasta las más altas instancias, caso de las magistraturas de los territorios italianos de la monarquía472 o los Consejos473.

Si convenimos en denominar oficios y cargos «vendidos» a todos aquellos que se enajenaron a perpetuidad y que, en lo sucesivo, a partir de su primera venta ya no iban a ser provistos por el rey, y los diferenciamos de los que se concedían también por dinero pero que iban a ser disfrutados por los adquirientes de forma temporal, vitalicia o plurivitalicia —que podríamos denominar «beneficiados»—, podemos acercarnos más a un intento de definición del patrimonio regio —en este caso oficios— que fue vendido a lo largo de los siglos XVI y XVII474. Pues bien, grosso modo, y a falta de nuevas investigaciones que puedan arrojar más luz sobre el particular, se puede afirmar que la corona vendió a perpetuidad durante esas centurias gran parte de las regidurías de Castilla, empleos municipales de toda clase, escribanías, alguacilazgos, alcaidías y tenencias de fortalezas475, tesorerías, depositarías, corredurías, contadurías, numerosos oficios de la administración de los concejos y un extenso grupo de empleos y oficios de la administración local476. Al respecto, las transformaciones de los oficios renunciables y vitalicios en perpetuos se conocen, pero distamos mucho de saber cuestiones esenciales, tales como la secuencia temporal de esas perpetuaciones, sus causas y los oficios que se vieron afectados por ellas, así como el papel que desempeñó el dinero en esos procesos de perpetuaciones. Dicho de otro modo, carecemos de estudios similares al abordado por Alberto Marcos Martín para las enajenaciones de otros bienes del patrimonio regio como las rentas reales477.

En el otro extremo del gobierno de la monarquía, en la administración central, a menudo denominada «alta administración», el proceso fue muy similar, aunque con la notable diferencia de que mientras que los oficios de los municipios se vendían por apenas unos pocos centenares de ducados, y a veces ni eso, en los principales puestos de la monarquía alcanzaron valores desorbitados, a menudo de cientos de miles de ducados. Las tesorerías, escribanías y alguacilazgos mayores de los Consejos se vendieron a perpetuidad, en tanto que numerosos empleos de hacienda —de contadores y tesoreros— se proveyeron por dinero con carácter vitalicio. El panorama de la incidencia de la venalidad sobre las instituciones permite observar diferencias entre unas y otras. En conjunto, los Consejos de Hacienda, Indias y Cruzada fueron los que registraron índices más elevados de plazas provistas por dinero. Y, como hemos mostrado en un reciente estudio, hubo instituciones, como la Casa de Contratación de Sevilla, en la que la perpetuación de oficios durante el siglo XVII hizo que tan solo quedaran exentas de ese proceso venal —aunque algunas también se proveyeron por dinero— las plazas de jueces oficiales, contador, tesorero y factor478.

Dirigir la mirada hacia otros ámbitos como la justicia o el ejército proporciona un panorama un tanto diferente. En el ejército se proveyeron cargos por dinero, pero no se vendieron oficios militares a perpetuidad y, en consecuencia, no se podían transmitir de padres a hijos. En la justicia, al menos en España, pero no en Italia479 o América480, donde sí se proveyeron algunas magistraturas por dinero —nunca a perpetuidad—, los que sí se perpetuaron por precio fueron los denominados «oficios subalternos», algunos de los cuales llegaron a alcanzar cifras descomunales, como sucedió en la Chancillería de Granada481 o la de Valladolid482 o en la Audiencia de Sevilla483.

Por tanto, cuando Felipe V accedió al trono de España, al igual que numerosos territorios y rentas habían sido enajenados a perpetuidad, una parte importante de los empleos de la administración de la monarquía estaban privatizados, en manos de particulares que los transmitían de padres a hijos o los vendían a terceros. La enorme almoneda, fundamentalmente la que tuvo lugar a partir de la tercera década del siglo XVII, había supuesto una considerable pérdida patrimonial para la monarquía. A cambio de ingresar sustanciosas sumas por la venta de oficios perpetuos, el monarca había perdido una parte de su capacidad para elegir a sus súbditos. Restaban, no obstante, cargos en poder del rey que, en cualquier momento, se podían conceder por dinero sin necesidad de enajenarlos a perpetuidad: corregidores, jueces, militares y consejeros. Hasta 1701, en todos ellos, para ejercer en España, el mérito —correspondiente en teoría con el sistema de consulta a través de la Cámara— había sido el elemento dominante en su provisión, excepto las referidas ventas de las plazas de algunos Consejos y los procesos venales en el ejército, que se producían con ocasión de la formación de nuevos regimientos. En el caso de los empleos para servir en América, como es bien conocido, desde 1674 se había iniciado una gran operación de «beneficio» de cargos que afectó a las magistraturas de justicia484, a los empleos de gobierno político y militar —alcaldías mayores, corregimientos y capitanías generales485— y a los de hacienda486, entre otros muchos.

En ese contexto, Felipe V, siguiendo las instrucciones de Luis XIV, decidió poner fin a tan excepcional —en lo cualitativo y cuantitativo— almoneda. Un decreto fechado el 6 de marzo de 1701 ordenaba la suspensión de las ventas de cargos, añadiendo además que todos aquellos cargos que tuviesen administración de justicia y que se hubiesen obtenido por precio y cuyos titulares aún no hubiesen entrado a servirlos fuesen cancelados y devuelto el dinero abonado por ellos. La suspensión tenía carácter retroactivo para todos los cargos concedidos por dinero durante los diez años precedentes a ese decreto, y se especificaba que, como no se podía saber con certeza en qué nombramientos había mediado el dinero como principal mérito, se anularían —por considerar que se habían obtenido por servicios pecuniarios— todos los títulos concedidos por medio de «decretos decisivos» o «decretos ejecutivos», es decir, todos aquellos en los que no había precedido consulta de la Cámara487.

La publicación de este decreto indujo a error a la historiografía, que interpretó que en aquella fecha se puso fin a las ventas. Se pensó que la nueva dinastía, encarnada en la persona de Felipe V, había acabado con el viejo sistema de los Austrias de enajenar los empleos del patrimonio regio y de conceder por servicios pecuniarios desde los altos cargos de la monarquía hasta los empleos inferiores de la administración local. El decreto y el discurso posterior sirvieron para reforzar la idea del reformismo y la racionalización como elementos determinantes de la impronta que la nueva dinastía parecía imponer al sistema burocrático y político de la monarquía. El error persistió durante largo tiempo, pues se pensó que las únicas excepciones a esa suspensión iban a ser las ventas de regidurías municipales que tendrían lugar en los territorios de la Corona de Aragón488. Tan solo Domínguez Ortiz había tomado en consideración la existencia de una cierta prolongación de la venalidad durante la etapa de la guerra de Sucesión, así como el mantenimiento de las enajenaciones de regidurías en los municipios, si bien estas corresponderían en la mayor parte de los casos a transacciones privadas489. Por tanto, no sería hasta el año 2004490, en el que publicamos nuestra monografía sobre el beneficio de empleos militares, y sobre todo hasta el año 2008 en el que demostramos la enorme almoneda de toda suerte de cargos que tuvo lugar durante la guerra de Sucesión491, cuando se iba a modificar de forma sustancial esa errónea interpretación de la historiografía sobre la relación entre la monarquía borbónica y los procesos venales en materia de provisión de empleos. Trabajos posteriores han abundado en esa misma dirección, corroborando no solo las tesis mantenidas en esas obras sino ampliándolas, en especial para todo lo relativo al nombramiento de agentes de la monarquía para ejercer en América492.

Tan solo dos años después de aquel decreto de marzo de 1701, Felipe V, con unas arcas exhaustas y con una guerra que precisaba cuantiosos recursos para pagar el ingente ejército que era preciso levantar, se vio obligado a renunciar a los consejos de su abuelo y a aprontar a la hacienda regia recursos extraordinarios e inmediatos mediante la venta de toda suerte de cargos, ampliando incluso lo que había sido el espacio venal conocido hasta entonces. La espita de la intensa venalidad que vendría en los años siguientes se abrió en noviembre del año 1703 cuando la presidencia de la Casa de Contratación de Sevilla se proveyó en la persona del conde de Miraflores, tras pagar por el puesto 300.000 reales493. Después de un paréntesis que apenas llegó al año, en el mes de septiembre de 1704 Felipe V, sin derogar ese decreto de 1701, volvió a la misma dinámica que había caracterizado a su predecesor en el trono y comenzó a otorgar por dinero empleos que jamás habían conocido semejante medio de provisión.

Dos explicaciones se pueden argumentar como justificación a la continuidad de las prácticas venales en el siglo XVIII. La primera, y más importante, la persistencia de necesidades financieras que obligaban a buscar en la venta de empleos y de honores —fundamentalmente títulos nobiliarios— un recurso extraordinario con el que allegar recursos a las arcas de la hacienda real en momentos críticos. Sucedió en el reinado de Felipe V durante la guerra de Sucesión494, y volvió a aparecer con fuerza en los años próximos a la suspensión general de pagos de 1739495. La venalidad había sido un medio excepcional de financiación de la monarquía durante los Austrias y lo seguiría siendo durante el reinado de Felipe V. Otra segunda explicación a esa continuidad tuvo que ver, en el caso de los empleos para servir en América, con el mantenimiento por parte de la monarquía borbónica de la misma dinámica heredada del reinado de Carlos II de concebir los empleos de gobierno, hacienda y buena parte de los de justicia como una fuente —que podríamos casi calificar de «ordinaria»— de financiación de la hacienda regia. La selección «por el mérito del oro» de la gran mayoría de los agentes de gobierno en América hasta el año 1750, manteniendo las pautas establecidas desde el último tercio de la centuria precedente, constituyó uno de los más preclaros ejemplos de la continuidad de las prácticas políticas entre una y otra dinastías. De la misma manera, al margen de cronologías, el otro gran ámbito en que se mantuvo bajo los mismos parámetros la venalidad —con la innovación añadida de vender directamente empleos desde la corte— fue en el ejército, en el que, a pesar de lo establecido en las nuevas ordenanzas militares, nada cambió en este sentido. Lo veremos más adelante.

Cronologías y espacios de venalidad en el siglo XVIII

Por tanto, Felipe V, con una considerable parte del patrimonio de cargos públicos enajenados a perpetuidad, tenía la posibilidad de recurrir, cada vez que lo precisase, al «beneficio de empleos», esto es, a la provisión de cargos no en razón de méritos sino del exclusivo, y determinante, «servicio pecuniario», que otorgaba a quien abonase la cantidad tasada un empleo por un período de tiempo concreto o, lo más frecuente, de por vida. En otros términos, se puede afirmar que la concesión por dinero de empleos vitalicios permitía a la monarquía valerse de este recurso cada vez que sus «necesidades» le obligasen a ello. De este modo, el rey preservaba la propiedad una vez que cesaban los individuos en el desempeño de los cargos temporales o fallecían quienes disfrutaban de los vitalicios. Es lo que sucedió en el terreno del ejército, donde quien adquiría una tenencia tendría para siempre, como mínimo, el rango de teniente, o quien disfrutaba de una contaduría vitalicia obtenida por dinero sería siempre contador, aunque no podría transmitir el puesto a sus hijos ni venderlo a título particular.

Dos mecanismos, el de «futuras» y el de nombramientos «supernumerarios», permitían incluso al rey nombrar cargos que se encontraban ocupados en el momento en el que precisaba proveerlos nuevamente por dinero. Fueron los sistemas más utilizados, el primero especialmente para nombrar cargos de gobierno en América, y el segundo en aquellas instituciones que por planta tenían un número fijo de miembros, caso por ejemplo de las plazas de consejero.

La primera y más intensa coyuntura de «beneficio de empleos» se abrió en septiembre del año 1704, y duró hasta finales de 1711, aunque en el caso de los cargos para ejercer en América se mantendría con altibajos hasta 1750496. La necesidad de numerario para la guerra de Sucesión, pero también para financiar la Casa de la Reina, obligó a poner en el mercado algunos empleos que hasta entonces no habían sido objeto de provisión por dinero, así como a intensificar las ventas mediante la concesión de nombramientos futurarios y supernumerarios, en especial para servir en América. La gran novedad, respecto a etapas precedentes, radicaría en la concesión por dinero de magistraturas de justicia y corregimientos para ejercer en España. Con esa ampliación de «empleos por beneficio», Felipe V extendía a España el mismo modelo que desde el último tercio del siglo XVII venía funcionando en los nombramientos para servir en América.

Se puso en marcha una vasta operación venal, en la que fue posible adquirir cualquier oficio del amplio complejo burocrático de la monarquía. La nómina fue muy extensa. Para servir en España, incluía las referidas magistraturas de justicia de chancillerías y audiencias, de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, de los tribunales de Italia, e incluso alcanzó a algunas plazas togadas de los Consejos. Precisamente en los Consejos de Indias y Hacienda vieron como hasta sus preciados sillones llegaban nuevos hombres cuyo nombramiento respondía a fuertes desembolsos monetarios, proveyéndose por dinero desde la presidencia de los mismos hasta las porterías. El sistema del «beneficio» permitió que hasta en el Consejo de Hacienda se sentaran personajes que no eran sino verdaderos impostores, como fue el caso del falsario de origen siciliano Pedro Vázquez Yebeni497. Igualmente para desempeñarlos en España, los empleos de la Contaduría Mayor de Cuentas, los corregimientos, unos pocos gobiernos político-militares y algunos cargos palatinos completaron el escenario de aquella empresa venal. Junto a ellos también se concedieron por dinero, siguiendo la estela ampliamente extendida durante el reinado anterior, honores tan importantes como los títulos nobiliarios, y se vendieron igualmente títulos honoríficos de empleos que no comportaban el ejercicio de los mismos pero que prestigiaban a sus poseedores.

Por lo que hace a Indias, un mercado venal similar al que venía funcionando desde décadas atrás se prolongó con gran intensidad entre los años 1704 y 1711, durante los cuales desde una pequeña alcaldía mayor de Nueva España o un corregimiento menor del virreinato del Perú hasta las capitanías generales —con presidencia de Audiencia— fueron objeto de provisión por «servicios pecuniarios». De la misma manera se beneficiaron magistraturas de justicia y empleos de las cajas reales.

Con todo, lo más relevante de esa vasta operación radicó en el propio sistema de enajenación de los oficios. Una compleja red de financieros privados e intermediarios fue comisionada para proceder a aquella almoneda, de tal modo que se consiguiera la mayor cuantía de dinero en el menor plazo posible y que, al mismo tiempo, el «ruido del dinero» se alejase de una corte en la que, en apariencia, no se negociaban semejantes asuntos. Bajo la dirección del secretario del Despacho, José Grimaldo, la supervisión del embajador francés Michel Amelot y la intervención de la todopoderosa princesa de los Ursinos para los asuntos de mayor enjundia, se obtuvieron por esta vía considerables recursos —más de 75 millones de reales— que se aplicaron a los gastos de una guerra que legitimaba aquellas ventas, aunque una parte importante de ese dinero acabó teniendo como destino la Casa de la Reina María Luisa Gabriela de Saboya.

Para comienzos de 1712 estaba cerrada aquella operación venal. Las causas de ese final son múltiples, pero destacan, entre otras, el nuevo giro que tomó la guerra a favor de las tropas de Felipe V a partir de 1711 y la recuperación de las rentas ordinarias, que posibilitó que llegaran más recursos a la hacienda regia y, en particular, a la Casa de la Reina. En el otro lado de la balanza, el de la propia empresa venal, el «mercado» estaba prácticamente saturado, pues apenas quedaban cargos para vender, ya que se habían llegado a enajenar hasta «terceras futuras» de algunos corregimientos y alcaldías mayores de América. A pesar de todo, en proporciones muy reducidas, durante el año 1712 continuaron las ventas de cargos políticos y de hacienda para ejercer en los territorios americanos, se vendieron algunos honores y empleos de Sicilia, pero se detuvo por completo la enajenación de cargos para ejercer en España.

Por tanto, el año 1712 marca una cesura para ese final de las ventas de cargos en España, pero no así en América. Un doble rasero, una doble forma de gobernar, que provenía ya de las últimas décadas del siglo XVII, se iba a instalar de nuevo en el corazón de la monarquía: los corregimientos, alcaldías mayores y gobiernos de los dos virreinatos americanos continuarían concediéndose por dinero, en tanto que los corregimientos y gobiernos político-militares de España se volvieron a proveer por méritos y, en el caso de los corregimientos, previa consulta de la Cámara de Castilla. Como hemos señalado, el beneficio de cargos de gobierno político, hacienda y justicia prosiguió hasta el año 1750, en el que el marqués de la Ensenada puso fin a dicha práctica en una coyuntura marcada, como consecuencia de la nueva etapa de paz, por unas menores necesidades de numerario de la hacienda real. A su vez, en ese período que va desde 1712 hasta 1750 se pueden distinguir varias fases. La primera llegaría hasta 1719, fecha en que se puso fin a la intensa venalidad de cargos de gobierno y hacienda para ejercer en América. El «mercado» estaba agotado, había numerosos futurarios y supernumerarios a la espera de entrar en los empleos que habían comprado años antes, y desde entonces un lento goteo de unos pocos cargos por año beneficiados es lo más que se pudo registrar.

La llegada de José Patiño en 1726 a la secretaría del Despacho de Hacienda, Marina e Indias marca un nuevo cambio de rumbo en la venalidad de los empleos americanos, aunque no se iba a producir de forma inmediata sino en el año 1728. Las razones de la reapertura de la venalidad como medio de financiación extraordinario no las conocemos en profundidad, pero todo apunta a que se enmarcó en el proyecto del ministro de Felipe V para superar las dificultades financieras de la hacienda y paliar el permanente déficit presupuestario. Una vez abierta otra vez la puerta al «beneficio» de los cargos en 1728, al año siguiente se añadiría un nuevo factor de demanda extraordinaria de numerario con motivo del traslado del rey a Sevilla, ciudad en la que iba a permanecer hasta 1733. El cambio de la corte supuso gastos adicionales, para los cuales se creó una tesorería especial cuyas arcas se nutrieron en buena parte con la venta de cargos y títulos nobiliarios498.

En el año 1739 un nuevo elemento se añadió para que la venalidad de cargos americanos conociera un nuevo repunte. La suspensión general de pagos de ese año obligó a buscar múltiples recursos para afrontar la dramática situación de la hacienda regia y, una vez más, el beneficio de empleos sería, como había sucedido en otras ocasiones, uno de los medios más «socorridos» en tiempos de tanta necesidad. En el año 1740 se puso en marcha una nueva operación venal cuando una Junta de Medios acordó poner a la venta empleos de España y de América. Entre ese año y 1750 se intensificaron las ventas de magistraturas de justicia, culminando así algunos tímidos intentos enajenatorios —dos plazas de oidores y una de alcalde del crimen— que habían tenido lugar durante los años 1728, 1733 y 1736499.

Mientras tanto, para ejercer en España, a partir de 1711 no parece que se registrara, al menos de forma sistemática, ninguna operación de venta masiva de cargos. Las excepciones serían los empleos militares, que se beneficiaron con ocasión de la formación de nuevos regimientos, y los que de forma muy secreta se vendieron en torno a 1740, entre los cuales hubo algunas magistraturas de justicia que se concedieron por dinero. En los tribunales ordinarios, en las chancillerías de Granada y Valladolid, y en las demás audiencias, se registrarían, a partir de ese año, las entradas de varios individuos en plazas de oidores y alcaldes del crimen como supernumerarios —por ende, a la espera de vacantes—, nombrados mediante decretos ejecutivos —no consultados por la Cámara de Castilla— y que a edades muy jóvenes accedían a una carrera judicial que para otros requería largos años de servicio.

Por otro lado, durante la primera mitad del siglo XVIII hemos podido documentar numerosos nombramientos mediante «decretos decisivos» o «ejecutivos», esto es, sin que fueran consultados por la Cámara. Además de responder a órdenes directas del rey, eran nombramientos en calidad de «futurarios» o «supernumerarios». Ambas características las reunían muchas de las plazas de consejero que se concedieron por dinero en la etapa de 1704-1711. A partir de esas fechas hubo nombramientos en esas mismas condiciones de consejeros en los Consejos de Hacienda e Indias. Desde 1712 hemos podido constatar la existencia de un total de 36 nombramientos de consejeros del Consejo de Hacienda en calidad de supernumerarios y futurarios, buena parte de los cuales debieron de tener su mérito principal en los «servicios pecuniarios». Por esa «puerta», financieros, arrendadores de rentas, asentistas y hombres de negocios en general lograron acceder al Consejo de Hacienda, invirtiendo una parte de sus fortunas en sentarse en la institución que, supuestamente, debía controlar sus propias actividades y, sobre todo, dirimir las disputas y pleitos como más alto tribunal de justicia en materia de hacienda, si bien las plazas que se solían «adquirir» eran las de capa y espada, no las togadas, que tenían sus atribuciones en la sala de justicia. En el Consejo de Indias hemos registrado 14 nombramientos con las mismas carcterísticas que tuvieron lugar, en su gran mayoría, en etapas coincidentes con operaciones venales, en concreto, con los años siguientes a 1728 y tras la suspensión general de pagos de 1739. Que algunas plazas de consejeros se proveyeran por dinero era algo que se debía silenciar para que el dinero no manchase el mérito y, sobre todo, para que los iguales no tuvieran conocimiento de los verdaderos motivos del éxito del recién llegado a un consejo. De ahí que el rastro documental de esas operaciones haya desaparecido por completo. Además, de que los méritos pecuniarios quedasen silenciados se ocupaba la Gaceta de Madrid al publicar los nombramientos de los principales agentes de gobierno de la monarquía o simplemente silenciarlos. Así, en 1746 la Gaceta de Madrid publicó que el rey había concedido una plaza de capa y espada de consejero de Indias a Manuel Salcedo Sierralta, y fue publicitada como correspondiente a sus «méritos de capitán de Guardias y de gobernador de Yucatán», si bien tal nombramiento obedecía en realidad al servicio pecuniario de 135.000 reales que pagó de forma secreta y que, por ende, desapareció por completo de su título de consejero500.

Otro «espacio venal» se mantuvo durante la primera mitad del siglo XVIII en los empleos de la administración de la hacienda estatal, fundamentalmente en los de «contadores de nombramiento» y «contadores de resultas» de la Contaduría Mayor de Cuentas, así como de oficiales de otras contadurías, como la del Consejo de Indias. En ese ámbito proliferaron los nombramientos supernumerarios en períodos en que todas las plazas estaban ocupadas501. Aunque en este caso nos movemos en el terreno de las hipótesis, es más que probable que algunos de esos nombramientos correspondieran, como había sucedido durante el período de la guerra de Sucesión y con anterioridad en el reinado de Carlos II, a méritos pecuniarios.

La provisión de empleos por dinero parece que se detuvo por completo durante la segunda mitad del siglo XVIII, aunque los vacíos documentales obligan a ser cautos en esta materia, sobre todo por la carencia de registros documentales de la hacienda estatal y por una posible desviación de la venalidad hacia la corrupción, es decir, a que el destino del dinero no fueran las arcas de la hacienda pública sino el bolsillo particular de quien «agenciaba» los empleos. Es lo que pudo suceder en un período excepcional como el que transcurrió entre los últimos años de Floridablanca y la primera etapa de valimiento de Manuel Godoy (1789-1798), durante el cual la Cámara de Castilla quedó marginada en numerosos nombramientos para ser sustituida por «decretos ejecutivos» o decisivos que emanaban directamente del monarca. Todo apunta a que fueron el nepotismo y las relaciones clientelares los que impusieron un considerable número de despachos de consejeros y jueces que hasta entonces habían sido propuestos al rey por la Cámara de Castilla. Sin embargo, no se puede descartar que el dinero circulara fuera de los espacios institucionalizados por donde hasta entonces se había movido la venalidad y que, en consecuencia, ya no fuera tan solo eso, la provisión de cargos por dinero, sino algo más cercano a la corrupción502.

La persistencia de la venalidad: los cargos militares

En la milicia se prolongaron durante el siglo XVIII las mismas dinámicas que habían imperado durante la centuria precedente, aunque se iba a introducir una significativa novedad, diferenciadora de lo que había sido hasta entonces una realidad omnipresente en las estructuras orgánicas de los ejércitos de la monarquía hispánica. En tanto que durante el siglo XVII503 la venalidad había estado vinculada siempre al reclutamiento, es decir, la concesión de patentes en blanco a los levantadores de nuevos cuerpos para «alentar» dicho reclutamiento, durante la etapa borbónica se mantuvo esa misma dinámica pero, paralelamente, al menos en tres ocasiones, se «beneficiaron» empleos militares directamente desde la Secretaría del Despacho de Guerra, siendo por tanto las oficinas regias sitas en la corte el punto de venta de despachos de alférez, teniente, capitán, teniente coronel e, incluso, de coronel de los reales ejércitos. Desde luego, el sistema no era nuevo, ni mucho menos exclusivo del ejército español, tal y como lo han demostrado los estudios sobre la institución militar en Francia e Inglaterra504.

En el ejército los empleos se «beneficiaban», nunca se vendían a perpetuidad, de tal modo que los compradores de empleos militares se garantizaban que, como mínimo, a lo largo de su vida ostentarían el grado militar adquirido, al margen de que podían en lo sucesivo ir avanzando en el escalafón militar no solo sin cortapisa alguna sino desde una posición de privilegio, pues los ascensos en la jerarquía estaban regulados por la antigüedad en el grado en lugar de por la antigüedad en el ejército. De ese modo, se producía una notable paradoja y al tiempo desalentadora contradicción para quienes servían al rey en la carrera de las armas, y es que un individuo que hubiese adquirido una patente de capitán, por ejemplo, en mayo de 1766, tenía más antigüedad para el siguiente ascenso que todos aquellos capitanes del ejército que hubiesen alcanzado ese grado con anterioridad a esa fecha, aunque estos últimos acreditasen veinte años de servicios en el ejército y el comprador del empleo tan solo unos días. Por tanto, el sistema permitía que hombres sin ninguna experiencia en la milicia se pudieran vestir de un día para otro con los galones de capitán o coronel de los reales ejércitos.

Aunque las primeras ordenanzas militares dictadas por Felipe V trataron de fortalecer el prestigio de la carrera militar al imponer un exclusivo sistema de acceso a la oficialidad mediante la creación de un camino restringido —el de cadetes—, reservado para la nobleza, de manera que la cuna y el linaje actuasen como ejes de vertebración de la institución, lo cierto es que, además de ese sistema, hubo otra vía de ingreso en la oficialidad del ejército que nunca estuvo reglada por norma alguna. Aludimos al «beneficio» —léase compra— de empleos, desde el grado de alférez hasta el de coronel, sin tener que acreditar de una forma fehaciente la posesión de sangre noble, un sistema que se erigió durante toda la centuria en una de las palancas más activas no solo de acceso a la milicia sino de movilidad social ascendente para muchas familias que anhelaban vestir a sus vástagos con los galones de la carrera castrense.

Desde una perspectiva cronológica, a lo largo de la centuria ilustrada se pueden diferenciar dos etapas en los procesos venales que, con ocasión de la formación de nuevos regimientos, tuvieron lugar en el seno de la institución militar. Una primera, situada en los primeros años de siglo, con motivo de la guerra de Sucesión, durante la cual municipios, reinos y particulares levantaron nuevos regimientos. En esa etapa la venalidad coexistió con el reparto gratuito de despachos de oficiales entre las clientelas y familiares de las élites asentadas en las regidurías de los municipios, así como en las Juntas y Cortes de los distintos reinos que hicieron servicios de tropas para la guerra. Estas élites podían optar por ese reparto de las patentes de oficiales de forma «graciosa» o por su venta para sufragar en parte los gastos de formación de las nuevas unidades que levantaban. Pero desde el año 1710 se inició una segunda etapa que supondría un profundo cambio en el modelo de reclutamiento y, con él, en el modelo de venalidad de los empleos de oficiales del ejército. A partir de ese momento, la mayor parte de las empresas de creación de nuevos regimientos serán acometidas directamente por la corona, que recurrió en la inmensa mayoría de los casos a su privatización, a un sistema de asientos similar al que se había utilizado en el siglo XVII y al que se utilizaba para el suministro de otros bienes al Estado505.

En esencia, el sistema consistía en encargar la formación de los nuevos cuerpos de ejército bien a oficiales que pretendían prosperar en la carrera militar mediante el servicio de contribuir a las necesidades del rey «levantando regimientos», bien a hombres sin experiencia alguna en la milicia que perseguían el mismo fin profesional, pues, merced al contrato que firmaban para crear un nuevo regimiento, conseguían situarse directamente en el grado de coronel de los reales ejércitos, aunque hasta ese momento jamás hubiesen visto un arma o careciesen de los más mínimos conocimientos de la profesión. Se trataba de empresas privadas en las que un individuo se comprometía a reclutar cierto número de soldados, por lo general vestidos y armados, que debían ser entregados en un tiempo y lugar previamente pactados, y a cambio el rey, para que el «asentista» o «levantador» sufragase en parte los gastos, además de darle la patente de coronel para sí, le entregaba las demás patentes de la oficialidad —reservando en algunos casos unos cuantos despachos para gente con experiencia— para que con su venta pudiese resarcirse de parte de la inversión realizada. Para el asentista, por tanto, era prioritario vender esas patentes, que previamente había firmado el rey en blanco, para de esa forma poder financiar su propia empresa. Lo decisivo era pues el dinero, y en un segundo plano solían quedar cuestiones como la pericia de los compradores en el arte de la guerra o incluso su hipotético origen social noble. Tal fue el modelo general, si bien hemos podido documentar diversos tipos de empresas venales, desde la pequeña, en que un particular u oficial ofrecía reclutar a su costa una compañía, hasta el contrato para levantar un regimiento completo, pasando por los grandes asientos para reclutar soldados en el extranjero, que, aunque solían hacerse a cambio de una determinada cantidad por hombre reclutado, también incluían a menudo patentes de oficiales para que su venta «alentase» dicho reclutamiento506.

Las cifras de lo que supuso este sistema venal en la selección de oficiales no son nada despreciables. Según nuestras estimaciones, entre 1702 y 1711 se levantaron en España en torno a 90 regimientos, a los que habría que sumar las nuevas unidades de infantería, caballería y dragones formadas en Flandes en 1701, las levantadas en Italia en 1702-1703 y las que se crearon en la Corona de Aragón antes de su incorporación a la causa del archiduque Carlos de Austria507. De las de Flandes sabemos que se formaron también por los mismos procedimientos venales que muy poco tiempo después se extenderían por España508. Una segunda oleada de formación de regimientos, y, por tanto, de nuevas ventas de empleos militares, tuvo lugar entre los años 1718 y 1719, cuando se formaron 31 nuevos regimientos con motivo del inicio de la guerra en Cerdeña y Sicilia, justo cuando se acababan de desmovilizar buena parte de los levantados durante la contienda sucesoria. La tercera etapa reclutadora, que volvió a suponer la enajenación de cientos de despachos de oficiales del ejército, se abrió entre 1734 y 1735 con ocasión de la guerra de Italia, al crearse 20 regimientos, 18 de los cuales se formaron mediante asientos. Y todavía el reinado de Felipe V conocería una última operación venal en 1742, cuando doce regimientos de infantería fueron ampliados con un tercer batallón, empresa que supuso la venta de un total de 460 empleos de oficiales.

Tras el paréntesis de la etapa de paz del reinado de Fernando VI, una nueva coyuntura de formación de regimientos —de caballería y dragones— se registró entre los años 1762 y 1774, con motivo, primero, del inicio de la guerra de Portugal mediante el sistema de «asientos mixtos» —también denominado de «capitanes proponentes»— y, luego, para incrementar la infantería con nuevas unidades —ocho regimientos más algunas compañías sueltas— que sirvieron, entre otras funciones, para suplir a aquellas que debían marchar a América como ejército de refuerzo. Finalmente, el último episodio de creación de nuevos cuerpos de ejército y de venta de patentes de oficiales se documenta entre 1793 y 1795, cuando se erigieron 16 regimientos para hacer frente a la guerra contra la Convención francesa, de los cuales siete se levantaron vendiendo los empleos y tres de ellos, por un sistema mixto en el que hubo empleos vendidos y otros concedidos por méritos.

En términos cuantitativos, la mayor parte de empleos que se beneficiaron en el ejército discurrieron por esta vía de la formación de regimientos. Pero, como señalamos, la gran novedad que se iba a producir en el siglo XVIII es que también se concedieron por precio empleos militares vendidos directamente desde el Ministerio de la Guerra, desde la Secretaría del Despacho. Esas ventas directas se registran en torno a la crisis de la hacienda de 1739, si bien con anterioridad, durante la guerra de Sucesión, se documentan algunas operaciones similares, sobre todo las de aquellos casos en los que un individuo pagaba en especie —entregando caballos o soldados— por la compra de un despacho de oficial del ejército. Legitimados sobre la necesidad de numerario para costear la guerra de Italia, los grados de oficiales del ejército se pudieron obtener en la «covachuela» de Guerra, en la que el rey enajenaba directamente su «gracia», es decir, su facultad soberana de designar, por dinero, a quienes iban a ser sus servidores en la carrera de las armas. Para enajenar los grados del ejército se podía abonar directamente el dinero en que estaba tasado cada uno de ellos o pagarlo en su equivalente en reclutas, fórmula que venía a disimular la compra, pues en la mayor parte de los casos los aspirantes acabaron entregando el dinero en efectivo. No obstante, casi siempre que se enajenaban empleos en el ejército se solían encubrir con la justificación de que el rey vendía porque carecía de numerario suficiente para afrontar los gastos de la guerra.

De mayor enjundia aún iba a ser la enorme empresa venal que se desarrolló entre los años 1744 y 1748 y en la que se vendieron más de un centenar de empleos para aplicar su producto a los gastos de una recluta general para completar los cuerpos de infantería. Dirigida por un experto en lides venales, José Manuel Vázquez Prego, sólidamente apoyado por el ministro, el marqués de la Ensenada, lo más reseñable de esta operación fue que el dinero no se ingresó en la Tesorería General del Estado sino en una caja especial o «tesorería particular» de una casa de negocios madrileña desde la cual salía el dinero para los gastos de dicha recluta general509.

Ya en el reinado de Carlos III tendría lugar un nuevo episodio venal mediante el cual se vendieron empleos directamente desde la corte. Entre los años 1766 y 1774, en la secretaría del Despacho de Guerra funcionó otra caja particular en la que se ingresaba el producto de la venta de empleos militares, una operación controlada directamente por el ministro Juan Gregorio Muniain, en estrecha colaboración con el inspector de infantería Antonio Manso, y que, como venía siendo habitual, se gestionó a través de la casa de negocios de otro comerciante madrileño, Manuel Iruegas. Se trataba, por tanto, de un dinero opaco a la hacienda regia, que se gestionaba a las órdenes del ministro, siempre en perfecta armonía con el citado inspector. Pero ese no iba a ser el único espacio venal abierto. Durante esos mismos años se ampliaron los sistemas de pago por despachos de oficiales a los «pagos en especie», es decir, la financiación de una serie de obras militares —como las construcciones defensivas de la costa del reino de Granada— o civiles mediante las cuales se podían obtener hasta empleos de coronel510. Desde la construcción del edificio de la aduana de Cádiz hasta las patentes repartidas a Juan Gaspar Thurrieguel por su tarea de traer campesinos para la colonización de Sierra Morena, prácticamente todo fue susceptible de ser intercambiado por una patente de oficial del ejército, pues bastaba con ofrecer un «servicio» al rey o, en su caso, al ministro de la Guerra.

La última etapa venal tuvo lugar con ocasión de la guerra contra la Convención, en los años 1793-1795. Lo más sorprendente en este caso fue que el número de empleos en venta superó al de aspirantes avalados por la condición hidalga, un rango social que, al menos teóricamente, las ordenanzas exigían. En consecuencia, la corona no tuvo otra alternativa que proceder, de forma abierta, a una rebaja de las condiciones sociales requeridas, al permitir que la simple justificación de la «limpieza de sangre» fuese suficiente para adquirir un empleo en el ejército. Fue, sin más, el triunfo del dinero frente al valor de la sangre, o la victoria de las capas burguesas en ascenso frente a los valores tradicionales que habían vertebrado la sociedad española del Antiguo Régimen.

Todo este largo proceso de operaciones venales que se registraron en el ejército borbónico es de difícil cuantificación, sobre todo porque los porcentajes fluctúan en razón de las unidades militares consideradas y de las coyunturas escogidas. No obstante, nuestras estimaciones son que en la primera mitad del siglo, en el arma de infantería, en torno al 50 por 100 de los que alcanzaron el grado de capitán habían comprado a lo largo de su carrera algún empleo —el de alférez, teniente o el propio de capitán—, y que esa cifra descendió al 25 por 100 para el período 1772-1776, hasta caer a un porcentaje de poco más del 20 por 100 durante la etapa 1784-1789. Por lo que hace a caballería, los cálculos son muy similares para la primera mitad del siglo y cercanos al 25 por 100 para la segunda mitad de la centuria. Tales cifras son el resultado del elevado número de regimientos que fueron creados durante el reinado de Felipe V por el sistema de «asientos». Desde mediados de la centuria los porcentajes decrecen como consecuencia de la extinción de los oficiales procedentes de nuevas levas, que tan solo serán compensados por las ventas directas que se produjeron a partir de los años cuarenta y durante el reinado de Carlos III, etapa en la que convergen múltiples formas venales, entre ellas las derivadas de la creación de nuevas unidades militares y las ventas directas desde el Ministerio de Guerra.

Conclusiones

El apresurado repaso que hemos realizado en torno a lo que supuso la venalidad en el siglo XVIII nos obliga a repensar el análisis sobre el funcionamiento de los diversos mecanismos de la economía de la gracia, así como el del juego de intercambio de mercedes por servicios y méritos, mucho más complejo de lo que suponíamos. El «mérito» del servicio pecuniario desempeñó un papel nada despreciable en los sistemas de nombramiento de agentes del rey, fundamentalmente durante la primera década de la centuria, para ir luego decayendo su relevancia hasta llegar al año 1750, en que el beneficio de cargos para servir en América tocó a su fin. No sucedió lo mismo en el ejército, en donde, como hemos visto, tuvo una incidencia mayor y se extendió desde el principio hasta el fin de la centuria, e incluso amplió su vigencia, en relación con etapas anteriores, al beneficiarse empleos directamente desde la Secretaría del Despacho de Guerra.

En relación con la cuestión planteada al principio de este capítulo, en cuanto a cambio o continuidad entre Austrias y Borbones, parece que ha quedado bien claro que, lejos de haber ruptura entre las dinámicas aplicadas por unos y otros en materia de nombramientos de agentes de gobierno, perduraron los elementos de continuidad. A nuestro juicio, esa asociación casi mimética que se ha hecho entre reformismo y monarquía borbónica ha tejido un oscuro velo que ha impedido reparar en esos elementos de continuidad, la pervivencia de viejas estructuras que no se vieron alteradas de ninguna manera. La venalidad subsistió porque siguió sirviendo durante el siglo XVIII de la misma forma que lo había hecho en la centuria precedente: como un medio extraordinario de financiación de la monarquía, como una forma de allegar recursos a las arcas reales en tiempos de necesidad, si bien la existencia de algunas «cajas especiales» gestionadas por particulares en las que se ingresaba el producto de la venta de algunos empleos orientó la venalidad hacia prácticas de gobierno colindantes con algo que podríamos asimilar a la corrupción.

451 El presente estudio se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación de I+D Venalidad de cargos y honores en la España del siglo XVIII (HAR2008-03180), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

452 M.ª V. López-Cordón, «Instauración dinástica y reformismo administrativo: la implantación del sistema ministerial», en Manuscrits: Revista d’Història Moderna, núm. 18 (2000), págs. 93-111.

453 Una de las últimas obras en las que se analiza el cambio entre una y otra dinastía desde esta perspectiva es la de J. L. Castellano, Gobierno y poder en la España del siglo XVIII, Granada, Universidad de Granada, 2007.

454 A. Dubet, Un estadista francés en la España de los Borbones. Juan Orry y las primeras reformas de Felipe V (1701-1706), Madrid, Biblioteca Nueva, 2008; «La nueva política crediticia de la corona a principios del siglo XVIII: la creación del Tesorero Mayor de Guerra en España (1703-1706)», en Studia Historica. Historia Moderna, núm. 30 (2008), págs. 191-216; «Comprender las reformas de la hacienda a principios del siglo XVIII. La buena administración según el marqués de Campoflorido», en Revista HMiC: Història Moderna i Contemporània, núm. 10 (2012), págs. 20-52.

455 F. Andújar Castillo, «La reforma militar en el reinado de Felipe V», en J. L. Pereira Iglesias (coord.), Felipe V de Borbón, 1701-1746, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2002, págs. 615-640; El ejército de Felipe V. Estrategias y problemas de una reforma, en Congreso Internacional sobre Felipe V, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003, págs. 655-676.

456 J. P. Dedieu, «El aparato de gobierno de la monarquía española en el siglo XVIII», en G. Pérez Sarrión (ed.), Más Estado y más mercado. Absolutismo y economía en la España del siglo XVIII, Madrid, Sílex, 2011, págs. 53-73.

457 P. Fernández Albaladejo, «Soldados del rey, soldados de Dios. Ethos militar y militarismo en la España del siglo XVIII», en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, núm. 11 (1998), págs. 303-320; E. Giménez López, «El debate civilismo-militarismo y el régimen de Nueva Planta en la España del siglo XVIII», en Cuadernos de Historia Moderna, núm. 15 (1994), págs. 41-75; F. Andújar Castillo, «Poder militar y poder civil en la España del siglo XVIII: reflexiones para un debate», en Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 28, núm. 2 (1992), págs. 55-70.

458 R. Torres Sánchez, «La militarisation des finances royales d’Espagne au XVIIIe siècle», en A. Dubet y J. P. Luis, Les financiers et la construction de l’État en France et en Espagne (milieu du XVIIe siècle-milieu du XIXe siècle), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, págs. 177-198.

459 A. Dubet, «¿La importación de un modelo francés? Acerca de algunas reformas de la administración española a principios del siglo XVIII», en Revista de Historia Moderna, núm. 25 (2007), págs. 207-233.

460 La bibliografía más reciente sobre el particular se encuentra en F. Andújar Castillo, «Nueva corte, nueva seguridad para el Rey: la creación del “ejército cortesano” en tiempos de Felipe V», en J. Martínez Millán, C. Camarero Bullón y M. Luzzi Traficante (eds.), La Corte de los Borbones: crisis del modelo cortesano, Madrid, Polifemo, 2013, págs. 337-366.

461 J. P. Dedieu, «La Nueva Planta en su contexto. Las reformas del aparato del Estado en el reinado de Felipe V», en Manuscrits, núm. 18 (2000), págs. 113-139.

462 A. Moreno Cebrián y Sala i Vila, El «premio» de ser Virrey. Los intereses públicos y privados en el gobierno virreinal del Perú de Felipe V, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004.

463 S. Madrazo, Estado débil y ladrones poderosos en la España del siglo XVIII. Historia de un peculado en el reinado de Felipe V, Madrid, Catarata, 2000.

464 R. Franch Benavent, «Las oportunidades de enriquecimiento ilícito generadas por el ejercicio de la intendencia más “tentadora” de España: la pesquisa realizada al marqués de Avilés como intendente de Valencia en 1762», en Estudis. Revista de Historia Moderna, núm. 28 (2002), páginas 263-285; E. Giménez López-Pradells y J. Nadal, «Conflictos entre la intendencia y la capitanía general de Valencia durante el reinado de Felipe V. Las denuncias de corrupción», en Studia Historica. Historia moderna, núm. 7 (1989), págs. 591-599.

465 A. Dubet, La Hacienda Real de la Nueva Planta (1713-1726), entre fraude y buen gobierno. El caso Verdes Montenegro, en prensa.

466 E. la Parra, Manuel Godoy. La aventura del poder, Barcelona, Tusquets, 2002.

467 F. Andújar Castillo, «Nepotismo, clientelismo y fidelidad. De Floridablanca a Godoy (1789-1798)», en Cuadernos de Historia Moderna, Anejos, vol. VII (2007), págs. 165-197.

468 Véanse, por ejemplo, A. W. Quiroz, «Redes de alta corrupción en el Perú: poder y venalidad desde el virrey Amat a Montesinos», en Revista de Indias, núm. 236 (2006), págs. 237-248; Historia de la corrupción en el Perú, Lima, Instituto de Estudios Peruanos e Instituto de Defensa Legal, 2013; A. Moreno Cebrián, «Política y dinero en el Virreinato del Perú durante la Edad Moderna: una relación siempre peligrosa», en Anuario de la Academia Paraguaya de la Historia, LIII, 2013, págs. 293-345.

469 Un reciente estado de la cuestión sobre los procesos venales se encuentra en A. Jiménez Estrella, «Poder, dinero y ventas de oficios y honores en la España del Antiguo Régimen: un estado de la cuestión», en Cuadernos de Historia Moderna, núm. 37 (2012), págs. 259-271.

470 La prueba más evidente se puede documentar en los estudios recogidos en la última publicación colectiva sobre procesos venales. Véase F. Andújar Castillo y M.ª M. Felices de la Fuente (eds.), El poder del dinero. Ventas de cargos y honores en la España del Antiguo Régimen, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011.

471 Véase la más reciente aportación sobre ventas de oficios municipales en E. Soria Mesa, «Comprando poder. Una aproximación a la venta de oficios en el Reino de Granada (siglos XVI y XVII). El ámbito rural», en A. Marcos Martín (ed.), Hacer Historia desde Simancas. Homenaje a José Luis Rodríguez de Diego, Valladolid, Ed. Junta de Castilla y León, 2011, págs. 745-762.

472 A. Álvarez-Ossorio Alvariño, «La venalidad de las magistraturas en el Estado de Milán durante el reinado de Carlos II», en Archivo Stórico Lombardo, núm. 126 (2000), págs. 111-261; «La venta de magistraturas en el reino de Nápoles durante los reinados de Carlos II y Felipe V», en Chronica Nova, núm. 33 (2007), págs. 57-94.

473 F. Andújar Castillo, «La venalidad en los Consejos durante el reinado de Carlos II», en A. Marcos Martín (ed.), Hacer Historia desde Simancas, op. cit., págs. 73-96.

474 Sobre las diferencias entre «beneficio» y «venta» se han escrito recientemente varias reflexiones. Entre las últimas, véanse M.ª M. Felices de la Fuente, «Venta y beneficio de cargos en la España moderna: consideraciones en torno al concepto de venalidad», en R. Stumpf y N. Chaturvedula (eds.), Cargos e ofícios nas Monarquías Ibéricas: provimiento, controlo e venalidade (séculos XVII e XVIII), Lisboa, CHAM, 2012, págs. 175-198, y F. Andújar Castillo, «Venalidad de oficios y honores. Metodología de investigación», en R. Stumpf y N. Chaturvedula (eds.), Cargos e ofícios nas Monarquías Ibéricas, op. cit., págs. 199-211.

475 Las alcaidías de fortalezas fueron de los únicos empleos militares que se enajenaron a perpetuidad. Véase A. Jiménez Estrella, «El precio de las almenas: venta de alcaidías de fortalezas en época de los Austrias», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, núm. 22 (2004), págs. 7-74.

476 El estudio más reciente se encuentra en A. Marcos Martín, «Las caras de la venalidad. Acrecentamientos, “criaciones” y consumos de oficios en la Castilla del siglo XVI», en F. Andújar Castillo y M.ª M. Felices de la Fuente, El poder del dinero..., op. cit., págs. 85-118.

477 A. Marcos Martín, «Ventas de rentas reales en Castilla durante los siglos XVI y XVII: algunas consideraciones en torno a su volumen y cronología», en M. García Fernández y M.ª A. Sobaler Seco (coords.), Estudios en homenaje al profesor Teófanes Egido, vol. I, Valladolid, Consejería de Cultura y Turismo, 2004, págs. 265-297.

478 F. Andújar Castillo, «La Casa de Contratación de Sevilla y la venalidad de los cargos (1634-1717)», en F. Núñez Roldán y M. Gamero Rojas (eds.), Entre lo real y lo imaginario: estudios de historia moderna en homenaje al prof. León Carlos Álvarez Santaló, Sevilla, Universidad de Sevilla-Universidad de Huelva, 2014, págs. 47-73.

479 Véase nota 21.

480 A. Sanz Tapia, «La justicia en venta. El beneficio de cargos americanos de audiencia bajo Carlos II (1683-1700)», en Anuario de Estudios Americanos, vol. 69, núm. 1 (2012), págs. 63-90.

481 En 1604 se vende la vara de alguacil mayor de la Chancillería de Granada en 80.000 ducados. Cit. en I. Gómez González, La justicia en almoneda. La venta de oficios en la Chancillería de Granada (1505-1834), Granada, Comares, 2000, pág. 82.

482 La vara de alguacil mayor de la Chancillería de Valladolid se vendió a perpetuidad al favorito del duque de Lerma, Rodrigo Calderón, por 150.000 ducados. Ibíd., pág. 82.

483 En 1591 se vendió el oficio de alguacil mayor de la Audiencia de Sevilla en 56.000 ducados. AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 24, leg. 925.

484 M. A. Burkholder y D. S. Chandler, De la impotencia a la autoridad. La corona española y las Audiencias en América, 1687-1808, México, Fondo de Cultura Económica, 1984.

485 A. Sanz Tapia, ¿Corrupción o necesidad? La venta de cargos de gobierno americanos bajo Carlos II (1674-1700), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009.

486 M. Bertrand, Grandeza y miseria del oficio. Los oficiales de la Real Hacienda de Nueva España, México, Fondo de Cultura Económica, 2011.

487 F. Andújar Castillo, Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, pág. 7.

488 J. M. Torras i Ribé, La venta de oficios municipales en Cataluña (1739-1741). Una operación especulativa del gobierno de Felipe V, en Actas del IV Simposium de Historia de la Administración, Madrid, Ministerio de Administraciones Públicas, 1983, págs. 723-747; E. García Monerris, La monarquía absoluta y el municipio borbónico. La reorganización de la oligarquía urbana en el ayuntamiento de Valencia (1707-1800), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1991.

489 A. Domínguez Ortiz, «La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales», en Instituciones y Sociedad en la España de los Austrias, Barcelona, Ariel, 1985, pág. 171.

490 F. Andújar Castillo, El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2004.

491 F. Andújar Castillo, Necesidad y venalidad, op. cit.

492 A. Sanz Tapia, «Aproximación al beneficio de cargos políticos americanos en la primera mitad del siglo XVIII», en Revista Complutense de Historia de América, núm. 24 (1998), págs. 107-122; «El acceso a los cargos de gobierno de la Audiencia de Quito (1701-1750)», en Anuario de Estudios Americanos, vol. 63, núm. 2 (2006), págs. 49-73; G. Burgos Lejonagoitia, «La provisión de cargos en la América española a través del Consejo y Cámara de Indias durante el reinado de Felipe V», en R. Stumpf y N. Chaturvedula (eds.), Cargos e ofícios nas Monarquías Ibérica, op. cit., págs. 123-143; «La venta de cargos y el Consejo de Indias durante la Guerra de Sucesión», en A. Jiménez Estrella y J. J. Lozano Navarro (eds.), Actas de la XI Reunión Científiica de la Fundación Española de Historia Moderna, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2012, págs. 639-650.

493 F. Andújar Castillo, Necesidad y venalidad, op. cit., pág. 28.

494 F. Andújar Castillo, «La financiación de la Guerra de Sucesión. El coste de la formación de un nuevo ejército», en F. Edelmayer, V. León Sanz y J. I. Ruiz Rodríguez (eds.), Hispania-Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg, Viena, Oldenbourg Verlag, 2008, págs. 108-129; «Juan de Goyeneche. Financiero, tesorero de la reina y mediador en la venta de cargos», en A. González Enciso (ed.), Navarros en la Monarquía española en el siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 2007, págs. 61-88; «Sobre la financiación extraordinaria de la Guerra de Sucesión», en Cuadernos Dieciochistas, en prensa.

495 G. Burgos Lejonagoitia, «La última gran almoneda americana. El beneficio de cargos de Indias a través de la Junta de Hacienda del cardenal Molina (1740)», en E. Serrano (coord.), De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2013, págs. 413-427; F. Andújar Castillo, «Vender cargos y honores. Un recurso extraordinario para la financiación de la Corte de Felipe V», en J. L. Castellano y M. L. López Guadalupe Muñoz (eds.), Homenaje a don Antonio Domínguez Ortiz, vol. III, Granada, Universidad de Granada, 2008, págs. 89-110.

496 G. Burgos Lejonagoitia, Las vías del poder. El Consejo de Indias y la venalidad de los cargos de América durante el reinado de Felipe V, en prensa.

497 F. Andújar Castillo, «Vivir en los márgenes de la ley: a propósito de una memoria-testamento del año 1716», en Chronica Nova, núm. 38 (2012), págs. 271-286.

498 F. Andújar Castillo, «Vender cargos y honores. Un recurso extraordinario para la financiación de la Corte de Felipe V», en J. L. Castellano y M. L. López-Guadalupe Muñoz (eds.), Homenaje, vol. III, op. cit., págs. 89-110.

499 AGS, Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 1945.

500 Gaceta de Madrid, 8 de junio de 1745. AGS, Dirección General del Tesoro, inv. 16, guion 19, leg. 8.

501 F. Andújar Castillo, «Mercedes dotales para mujeres, o los privilegios de servir en palacio (siglos XVII-XVIII)», en Obradoiro de Historia Moderna, núm. 19 (2010), págs. 215-247.

502 F. Andújar Castillo, «Clientelismo, nepotismo», op. cit.

503 A. J. Rodríguez Hernández, «Patentes por soldados. Reclutamiento y venalidad en el ejército durante la segunda mitad del siglo XVII», en Chronica Nova, núm. 33 (2007), págs. 37-56; A. Jiménez Estrella, «El reclutamiento en la primera mitad del siglo XVII y sus posibilidades venales», en F. Andújar Castillo y M.ª M. Felices de la Fuente (eds.), El poder del dinero, op. cit., págs. 165-186.

504 F. Gorau, La vénalité des charges militaires en France au XVIIe et XVIIIe siècles, Villeneuve d’Asq, Presses Universitaires du Septentrion, 2002; G. Rowlands, The Dynastic State and the Army under Louis XIV. Royal Service and Private Interest, 1661 to 1701, Cambridge, Cambridge University Press, 2003; H. Drevillon, L’impôt du sang. Le métier des armes sous Louis XIV, París, Tallandier, 2005; A. Bruce, The Purchase System in the British Army, 1660-1871, Londres, Royal Historical Society, 1980.

505 F. Andújar Castillo, «Empresarios de la guerra y asentistas de soldados en el siglo XVII», en E. García Hernán y D. Maffi, Guerra y sociedad en la monarquía hispánica: política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700), vol. II, Madrid, Laberinto, 2006, págs. 375-394.

506 F. Andújar Castillo, «Guerra, venalidad y asientos de soldados en el siglo XVIII», en Studia Historica. Historia Moderna, núm. 35 (2013), págs. 235-268.

507 F. Andújar Castillo, «La financiación de la Guerra de Sucesión», op. cit., pág. 115.

508 T. Glesener, «Venalidad y fidelidad en los Países Bajos durante el reinado de Felipe V», en F. Andújar Castillo y M.ª M. Felices de la Fuente (eds.), El poder del dinero, op. cit., págs. 187-205.

509 F. Andújar Castillo, El sonido del dinero, op. cit., pág. 196.

510 F. Andújar Castillo, «Galones por torres. La financiación del sistema defensivo de la costa del Reino de Granada: una operación venal del reinado de Carlos III», en Chronica Nova, núm. 29 (2002), págs. 7-25.

SEGUNDA PARTE

LA MONARQUÍA BORBÓNICA Y LA ESPAÑA ILUSTRADA

CAPÍTULO 8

La nación española preconstitucional

Antonio Morales Moya

En torno a la nación y el nacionalismo español en el siglo XVIII

1) La inexistencia de un marco teórico comúnmente aceptado dificulta el conocimiento riguroso del origen y desarrollo de las naciones y de los nacionalismos. Las grandes teorías —primordialismo, perennialismo, etnosimbolismo, modernismo y postmodernismo—, aun cuando hayan supuesto, en mayor o menor medida, avances sustanciales en el conocimiento de los fenómenos nacionales, no resultan suficientes para explicar realidades concretas, singulares. Consecuentemente, los paradigmas explicativos tienden a ser sustituidos, dado el gran número de variantes posibles, por modelos de alcance limitado, por el estudio de casos específicos en determinados ámbitos políticos y sociales (Smith, Kedourie, Mann). Con todo, la ortodoxia modernista, al menos en el ámbito del contemporaneísmo historiográfico, parece, con muy escasas voces discrepantes, haberse impuesto ampliamente entre nosotros.

El modernismo considera que las naciones surgen a partir de las revoluciones americana y francesa, cuyo equivalente español sería la revolución liberal iniciada en Cádiz, con los Decretos de las Cortes y la Constitución de 1812. Elemento esencial para la existencia de la nación resulta, por tanto, la radicación en la misma de la soberanía o suprema titularidad del poder político. Creemos, sin embargo, que las concepciones perennialistas o neoperennialistas —denominación poco acertada desde el momento en que evoca continuidad, duración o permanencia sin intermisión, homogeneidad, si se quiere— que vinculan las naciones modernas más que, aunque también, a procesos de modernización a su dimensión étnica, dotándolas así de una profundidad histórica que el modernismo no permite, deben colocarse en primer término, ya que el enraizamiento medieval de naciones como Inglaterra, España o Francia puede justificarse con cierta solidez. Y así, no son pocos, especialmente, aunque no solo, en el ámbito del medievalismo, los estudiosos del fenómeno nacional que, con matices propios, podrían insertarse en la corriente perennialista: Connor, Fishman, Stringer, Horowitz, Hastings, Armstrong, Grosby, Seton-Watson, Reynolds, Hutchinson, Hardtwig, Llobera, Hermet...

Entendemos, por último, que la nación no es meramente una «construcción», una «invención», una «comunidad imaginada», aun cuando, naturalmente, todas estas formulaciones contengan elementos, al margen de sus limitaciones, fundamentales para el conocimiento de las naciones y de los nacionalismos, sino que se trata, además de «una categoría práctica, una forma institucionalizada y un suceso contingente», de «una comunidad viva que siente, cuya existencia tiene unas consecuencias muy reales y poderosas»511. Entendemos, pues, empleando términos de A. D. Smith, si es que tratamos de «naciones viejas y continuas» (Seton-Watson), «que las naciones son comunidades inmemoriales y evolutivas que hunden sus raíces en una larga historia de vínculos y cultura compartidos»512.

Aun cuando seguramente no pueda darse una definición «científica» de nación (Seton-Watson), en principio, de acuerdo con Ballester Rodríguez, y teniendo en cuenta las tempranas manifestaciones de identidad entre nosotros, podemos definir la nación como «un grupo humano que entiende formar una comunidad en base a la idiosincrasia cultural compartida y que considera que esta especificidad se debe expresar en un territorio propio o autónomo»513. Y como nación, pienso, cabe considerar siguiendo a Diego Catalán, aun cuando tal conceptualización no aparezca de forma precisa, a «un grupo humano cohesionado por una herencia cultural común y cuya convivencia resulta generalizada (o forzada) por la permanencia de unas estructuras socio-económico-políticas que le favorecen». «Las naciones son formas abiertas y, por tanto, con múltiples posibilidades de desarrollo en función del entorno, del proceso histórico en el que se inserten, del sistema más amplio al que pertenecen»514. En ambos supuestos subyace, como elemento necesario, una conciencia de «identidad colectiva»; una «identidad nacional», en el sentido de identificación con la patria o la nación desde una perspectiva cultural y política, al acompañarla de un sentimiento de lealtad hacia aquella. Tal conciencia de identidad colectiva o «ipseidad», término empleado por Américo Castro y Sánchez Albornoz, no supone que tal colectividad constituya una «unidad natural, soporte de valores o esencias intemporales, siendo el destino de un pueblo a través de su historia mantener la unidad de tales esencias primigenias». Las naciones «existen» —no son meras ficciones o conjuntos de imágenes— «en la conciencia social y genealógica que [las] comunidades tienen, en cada momento, de sí mismas», en la historia, en la historiografía. También, simbólicamente, en el pensamiento y la literatura —manantiales de ideas y sentimientos—, en los textos jurídicos, en las instituciones y en las acciones de los miembros de las colectividades. Concluye Catalán: por ello «el ser y existir de un pueblo ha sido y es constantemente objeto de manipulación histórica: puede ser creado y modificado por la Historiografía»515.

Desde estas elementales referencias podemos abordar nuestro ensayo, siquiera centrándonos en la centuria ilustrada, incidiendo en lo que es, seguramente, la cuestión fundamental que afrontan hoy las teorías del nacionalismo, la antigüedad o modernidad de las naciones, teniendo en cuenta los siguientes principios:

—Afirmar la mayor idoneidad de las teorías perennialistas para el estudio de las viejas naciones no debe suponer, obviamente, que las naciones sean «naturales» o dadas, antes, al contrario, se trata de fenómenos de orden político y social.

—No aceptamos que el nacionalismo sea, con carácter general, creador de naciones. Antes bien, entendemos que las «viejas y continuas» naciones son anteriores a los nacionalismos (Hastings).

—Parece existir cierto acuerdo en que los nacionalismos surgen a fines del siglo XVIII. Desde concepciones perennialistas es perfectamente compatible sostener la antigüedad de la nación y la modernidad del nacionalismo.

2) La conmemoración en el 2008 del bicentenario de la guerra de la Independencia dio lugar a un debate especialmente significativo. Los términos de la controversia: la llamada «guerra de la Independencia» ¿fue una guerra de liberación nacional? ¿Le corresponde, incluso, tal nombre? Y lo que más nos interesa: la nación española ¿surge en Cádiz? ¿Se puede hablar histórica —y actualmente— de nación española o se trata más bien de un Estado plurinacional, en el que se incluyen, más o menos forzadamente, las verdaderas naciones?

No vamos a ocuparnos aquí detenidamente516 de una polémica que ha venido enfrentando a figuras importantes de nuestra historiografía y entendemos fundada la posición sostenida por A. Elorza, R. García Cárcel y Demetrio Castro.

Elorza entiende que la calificación de «guerra de la Independencia» resulta adecuada para designar la lucha contra «una invasión como la napoleónica que colocaba a los territorios de la monarquía hispánica bajo el gobierno de un rey delegado del Emperador [...] fue una insurrección explícitamente orientada a quebrar la dependencia respecto del Imperio napoleónico». La independencia sería «el emblema de la acción patriótica desde el primer momento», tal como recoge una abundante documentación, empezando por la declaración de guerra de la Junta Suprema de Sevilla a Napoleón del 6 de junio de 1808, en la que se le exige al corso que «respete los derechos sagrados de la Nación, que ha violado, y su libertad, integridad e independencia». En los múltiples textos que podrían citarse, la independencia se refiere siempre a la Nación:

Esta [, por tanto,] se configura como el sujeto político que sufre la invasión y se encuentra amputada de su libertad [...]. La Nación emerge como muralla simbólica contra la invasión francesa [a la que] es preciso acudir si se desea encontrar una legitimidad en ausencia de los representantes de la autoridad monárquica.

Entre agosto y octubre de 1808, hay una verdadera floración de publicaciones, generalmente folletos breves en prosa o verso, mas ha de recordarse especialmente el del catalán Antonio de Capmany, Centinela contra franceses (1808):

Cada provincia se desperezó y sacudió a su manera. ¿Qué sería ya de los españoles si no hubiera habido aragoneses, valencianos, murcianos, andaluces, gallegos, extremeños, catalanes, castellanos, etc.? Cada uno de estos nombres inflama y envanece, y de estas pequeñas naciones se compone la masa de la gran Nación.

En definitiva, para Elorza: «la lucha por la independencia y el protagonismo de la nación política se encuentran así indisolublemente unidos»517. Para D. Castro:

el concepto guerra de Independencia [resulta] el más adecuado para designar el sentido que las élites y una no pequeña parte del pueblo otorgaban al enfrentamiento con Napoleón y su ejército, y por eso precisamente la denominaron así [...]. Su uso como locución denominativa en los textos coetáneos, [es] casi constante en el discurso político y en el lenguaje periodístico, tanto en textos de carácter liberal como de carácter servil518.

No es en Cádiz, hay que concluir, donde surge la nación española. La invasión francesa, la renuncia de los reyes, la pasividad de las autoridades legítimas... se han llevado por delante el Estado. Permanece la Nación, que, reunida en Cortes, se configura como nación política e inicia la construcción del Estado liberal. García Cárcel, por su parte, afirma que el concepto de guerra nacional o de la Independencia no es un producto derivado de las Cortes de Cádiz y creado intelectualmente por los liberales cuando escriben en los años treinta acerca del conflicto: «No, fueron muchos los que vivieron la guerra desde 1808 con una conciencia nacional de beligerante independencia frente al invasor, conciencia que, desde luego, distaba de ser unívoca»519. A este último punto nos referiremos más adelante.

3) ¿Desde cuándo puede hablarse de existencia de una nación española? Reiteramos: la nación no surge necesariamente con la modernidad. Vinculada a las identidades étnicas —cuestión a dilucidar es por qué algunas de ellas se convierten en naciones y otras no—, las naciones, al menos con anterioridad al siglo XIX, preceden a los nacionalismos a los que aquellas dan lugar bajo determinadas condiciones520. Ricardo García Cárcel subraya —El concepto de España en los siglos XVI y XVII— tanto la dificultad para «denominar el proceso que se desliza de la concepción propiamente territorial a la soberanía nacional» como la necesidad de «explorar todas las variables que incidan en la identidad colectiva común, se llame como se llame: la lengua, el carácter, el Estado, la convivencia propia, la misión o destino...»521. Aunque creo —insistiré después— que puede sostenerse, como para Inglaterra o Francia, el origen medieval de la nación española, me centraré en la época convencionalmente llamada Moderna, más concretamente en el siglo XVIII. Considero, sin embargo, que la época de las Luces, al manifestarse en ella fenómenos trascendentales de carácter político, económico y cultural —centralismo político y administrativo, capitalismo incipiente o primeras manifestaciones del romanticismo—, debería integrarse en la contemporaneidad, tal como he señalado en alguna ocasión: «[...] los siglos XVIII —especialmente su segunda mitad— y XIX deben ser considerados en sus aspectos políticos, económicos y sociales como un conjunto coherente en el que las novedades, fundamentales, no pueden ocultar anticipaciones y continuidades decisivas también»522.

La nación española en la centuria ilustrada

1) En la España del siglo XVIII hay una Ilustración con rasgos específicos y un Estado ilustrado, variante dieciochesca del absolutismo, integrado por un monarca que lo representa y con el que, en buena medida, podría confundirse durante parte del período —«dinasticismo propietarista» (Fernández Albaladejo, Ruiz Torres)— y por equipos de gobierno con hombres cuya ideología les lleva a fortalecer al absolutismo real523, centro de una política reformista orientada a conservar y aumentar el poder del Estado —un Estado trasoceánico al que subyace una «nación imperial»— y a lograr la felicidad de sus súbditos. Iniciado ya en el reinado del último Austria el cambio en la coyuntura económica, poniendo fin a la crisis del siglo XVII, en ciertas zonas periféricas (País Vasco, Cataluña, Valencia), incluso, con la penetración de nuevas corrientes culturales (racionalismo, empirismo...), se agrieta con los novatores (Sevilla, Valencia) el aislamiento respecto de Europa. Mas el poder político —definido el sistema como «república aristocrática»— alcanza con Carlos II su degradación máxima524. La nueva dinastía borbónica tratará de renovar el Estado desde un vigoroso concepto de la autoridad real y de reestructurar la sociedad de acuerdo con las necesidades estatales.

¿Es posible hablar de nuestro siglo XVIII como un bloque? Sí, en cierto sentido, desde el momento en que los siglos XVIII y XIX deben considerarse —comienzo de nuestra contemporaneidad— un conjunto histórico coherente en el que las novedades, fundamentales, no deben ocultar anticipaciones y continuidades, decisivas también. Un conjunto en el que lo político adquiere singular relevancia como «ámbito de gestión de la sociedad global» (R. Rémond). No en cuanto hay que distinguir dos momentos diferentes, aunque sin total cesura, dentro de la centuria: un momento reformista, iniciado con la implantación de la dinastía (véase el Memorial con las proposiciones que dio Melchor de Macanaz al rey D. Felipe V en el año 1714 para el buen gobierno y felicidad de la Monarquía) y que culmina con Carlos III. Trabajo, economía, ordenación administrativa, secularización... serán el programa del Estado ilustrado, conscientes sus hombres de la decadencia del país, tal como aparece detallado en la Ilustración reservada para el gobierno y dirección de la Junta de Estado, de Floridablanca: en él están reflejadas «las inquietudes del siglo de las luces y las medidas adoptadas por Carlos III, según las posibilidades de nuestra tierra» (J. Marías)525. En resumen: España, desde una perspectiva general, se reforma considerablemente durante el siglo XVIII. Importantes cambios en la economía, la sociedad, la organización administrativa y la cultura permiten hablar, al concluir el reinado de Carlos III, de un país muy distinto al encontrado por Felipe V al acceder al trono526. En este sentido, V. Llombart, utilizando conceptos de A. O. Hirschman —tesis de los «grilletes feudales» y de la «futilidad» formulados en Rival Views of Market Society, y en The Rethoric of Reaction—, critica con solidez lugares comunes, fundamentalmente reaccionarios, tales como que los cambios sociales serán siempre «cosméticos» mientras el conjunto de las estructuras profundas de la sociedad permanezca incólume. En realidad, «los reformadores españoles con buen criterio y con resultados moderados pero no desdeñables se dejaron conducir [...] por la pasión de lo posible»527.

Y una segunda época, la crisis de fin de siglo. El reformismo borbónico se sustentaba, en último término, sobre bases sumamente reducidas: un monarca «ilustrado», titular exclusivo del poder del Estado, y un grupo «ilustrado» de administradores, enfrentados a una sociedad inmersa, por obra de la historia, en un mundo de valores ajenos a la modernidad, y en el que la alta nobleza y la Iglesia tenían un enorme peso social y económico: Franco Venturi señala que Carlos III tropieza con mayores dificultades en su lucha contra la Iglesia y los poderes feudales en España que en Italia528, lo que limitaría siempre su obra renovadora. La crisis, en fin, hará patente el carácter en extremo precario del Estado de la Ilustración, carente tanto del necesario soporte burgués como del apoyo de un pueblo fácilmente manejable por los estamentos privilegiados, sin contar con la trascendencia —la importancia que la personalidad del monarca absoluto alcanzaba en el orden político tiende fácilmente a olvidarse— que habría de tener el cambio de titular de la corona—. A partir de este momento, los problemas que España tenía planteados, delicados, sin duda, pero que parecían irse resolviendo en la que Marías considera «la fase quizás más sana y equilibrada de la Historia de España», entran en abierta crisis, en la que el impacto de la Revolución Francesa resulta decisivo, hundiéndose todo un mundo, trabajosamente construido, de logros y esperanzas, lleno también de contradicciones. Coincide, pues, la crisis con el reinado de Carlos IV —siquiera no se extinga totalmente el brillo de las Luces—: cambio de monarca, crisis política y moral, crisis económica, constituyen las secuencias de una crisis total529.

2) La nación española, considerada la nación un proceso530, no como un dato fijo (E. Weber), con una larga historia detrás, se consolida plenamente en el siglo XVIII: la nación ciertamente como comunidad política o «vehículo para el ejercicio del poder estatal», pero también como comunidad cultural y moral y como sociedad histórica. Para J. A. Maravall, la nación es la forma de comunidad característica de los pueblos europeos modernos y, en su forma más definida, se consolida a través del proceso histórico de la Ilustración. «Se trata, en efecto, de una etapa decisiva en la formación de un vínculo comunitario de nación». Y, entre nosotros, es en las páginas de Forner donde España se nos ofrece de manera muy clara como una nación «muy a la moderna». Una nación cuya tierra ya no es del rey sino propia de los españoles, lejos ya de esa concepción del poder real que ponía los intereses de la familia real por encima o en contradicción con los intereses nacionales. Es «la coexistencia de todos en nación [...] lo que permite hablar de la cultura de un grupo o pueblo, de su civilización», lo que hace posible la historia que trata precisamente de las cosas que a la nación conciernen, considerada esta una sociedad civil, fundada en la interdependencia de sus miembros sin la que no se podrían realizar múltiples tareas en común, e independiente de imperio o dominación extranjera. Las naciones tienen su propia constitución, y le corresponde a la historia investigarla531.

La conciencia de identidad nacional, de nación como entidad diferenciada de la monarquía, está ampliamente extendida en el siglo XVIII. Algunos ejemplos entre muchos. Feijoo, al definirla, se está refiriendo a la nación política, tal como, prácticamente, la entendemos hoy día: así en Amor de la Patria y pasión nacional define aquella como «cuerpo de estado donde debajo de un gobierno civil estamos unidos en la coyunda de unas mismas leyes»; José del Campillo justifica su obra Lo que hay de más y de menos en España por su «natural amor a la Patria», que es «nuestra nación», «nuestra España», y M. A. de la Gándara, en el «Prólogo a la nación española», de sus Apuntes sobre el bien y mal de España, se propone «inflamar su ánimo de un celo nacional [...] que no tengo más patria, más partido, más paisanaje, más carne ni más sangre que España. España y España»532... y, en fin, el sistema de adornos para el Palacio Real, diseñado por Sarmiento, para nada alude al sistema monárquico o al rey, sino a la cultura, a la lengua, a la historia, a la religión, «elementos que sirven para unificar e identificar»533. Por su parte, P. Vilar señala que «sin prejuicio, en cuanto al problema nacional, yo creo que fue en el siglo XVIII cuando España estuvo más cerca del modelo “Estado-nación-potencia”»534. Sería fácil continuar.

3) Reiteramos: la monarquía en el siglo XVIII alcanza su máximo poder. Existe en 1714 «una voluntad inequívoca, en el nuevo rey, en sus ministros y en quienes habían apoyado su causa desde el primer momento, de salir de la postración [en la que España había caído], de levantar un nuevo entramado, o al menos de enderezar, las muchas partes que se habían venido abajo»535.

Felipe V traerá consigo un nuevo arte de reinar supuestamente inspirado en Luis XIV, fundado en el amor del rey a sus súbditos, en el patriotismo y en la voluntad de conciliar el interés general de la nación con el de los particulares536. La finalidad del Estado —dejan de utilizarse las expresiones tradicionales, tales como «el rey es para el reino, no el reino para el rey» o la tomista del «bien común»— es la «felicidad» del pueblo, imposible de alcanzar sin un Estado fuerte y su fórmula «el despotismo ilustrado», que reserva al soberano la definición de dicha felicidad. Resultado de ese renovado absolutismo será la inevitable tendencia a la centralización, continuidad, por lo demás, con la política del conde-duque de Olivares, la necesidad de configurar España como una realidad unitaria sobre la que se ejerza en plenitud el poder real, tal como ocurre en el resto de las monarquías europeas, salvo Inglaterra.

La guerra de Sucesión a la corona española (1700-1714), nuestra «primera guerra civil», fue también una guerra europea, un verdadero conflicto internacional537, y había de suponer en la configuración política de España la

inspiración de una construcción centralista del Estado a partir del núcleo castellano, con voluntad uniformista y homogeneizadora en nombre de valores como la gobernabilidad eficaz y la modernidad, [frente a la concepción austracista]538 que se aferraba al constitucionalismo fuerista de los reinos de la Corona de Aragón, que postulaba el mantenimiento del statu quo previo a la guerra de sucesión, una monarquía «compuesta» en la que la diversidad primaba radicalmente sobre cualquier pretensión unificadora539.

La Nueva Planta, sin embargo, no se aplicó a Navarra, Álava, Guipuzcoa y Vizcaya, lo que no evitó tensiones político-sociales, tanto en la propia Navarra como en los territorios vascos —las «machinadas» de 1718 y 1766, la «Zamacolada» de 1804—, sobre todo, piensa González Alonso, a partir del momento en que la monarquía suscribe una política preliberal, modernizándose la economía tradicional, «pues entonces las instituciones forales, esclerotizadas por el paso del tiempo, mostraron sus verdaderas dimensiones, su incapacidad para ofrecer respuestas válidas, su debilidad, en suma»540. Después de la guerra de la Convención —«clave y decisiva —según Cánovas del Castillo— para las modernas relaciones de las provincias vascas con el resto de la Nación»—, la política moderada de Carlos III dará paso a la ofensiva antiforal de Godoy, quizá, según Domínguez Ortiz, por la proximidad de aquellos territorios con la Francia revolucionaria541, promoviendo obras históricas —el Diccionario Geográfico-Histórico (1799), las Noticias Históricas de las tres provincias vascongadas (1806-1808), del canónigo Llorente—, encaminadas a demostrar el carácter otorgado de los fueros. Junto a las posiciones críticas, ya anticipadas por Flórez y Mayans, representadas por Foronda y Vargas Ponce, y el «fuerismo moderado» de quienes, como Floranes y Fernández de Mesa, intentan compatibilizar los fueros con la organización jurídico-política de la monarquía, el pensamiento jurídico-foralista, antiliberal desde Larramendi a Novia de Salcedo, mostrará su vigor y «[...] enorme flexibilidad para adaptarse a los terrenos archivísticamente más favorables». Las bases del conflicto que enfrentará a las Vascongadas y Navarra con el poder central quedan ahora establecidas542.

Por otra parte, la centralización se verá dificultada por múltiples factores: la diferenciación geográfica y cultural del país, cuya conciencia de diversidad se veía estimulada por los escritos de los viajeros ilustrados; los problemas para lograr la unificación jurídica manifiestos en el ámbito de la codificación mercantil, no alcanzada, pese a los diversos proyectos hasta 1829, y en el de la libertad, no plenamente realizada, de trabas aduaneras; el mantenimiento de privilegios —nobiliarios, eclesiales, corporativos o particulares—, o la continuidad del pacto de colaboración entre los Austria y las élites locales, solo ligeramente desplazado hacia la autoridad estatal con Carlos III (D. R. Ringrose).

Mas, en definitiva, y aunque ciertamente el particularismo no desapareció en el país —su persistencia provoca la amarga lamentación contenida en la conocida cédula de Carlos III de 1768543—, no hubo, para algunos historiadores544,

época menos particularista que aquella [...]. Entonces fue cuando aparecieron y fueron de constante uso, a partir de 1760-1770, las palabras patria, patriota, patriotismo y pareció que lo que más había de unir a los españoles era la defensa de la lengua y del patrimonio cultural depurado con nuevos criterios [...]. Comparada, pues, con las centurias anteriores y posteriores, la Ilustración es, de hecho, la que ostenta la mayor cohesión y solidaridad en cuanto se refiere al esfuerzo de renacimiento nacional545.

Y resultan manifiestos el fortalecimiento y expansión de un Estado que, no sin contradicciones, irá desestructurando social, económica e institucionalmente el Antiguo Régimen, haciendo posible, en su momento, la emergencia del liberalismo. Un Estado cuya política se centrará, como veremos, en la creación de una comunidad nacional.

El proceso nacionalizador en la Ilustración. El patriotismo como impulso

La actuación de Felipe V, en la estela de Luis XIV, tuvo como inspiración la exaltación de la dinastía, desde «la ilimitada capacidad de intervención y disposición sobre los ordenamientos de los reinos». Junto a la política, una «Nueva Planta» historiográfica aparecerá también —Feijoo, Mayans, Huerta, Velando, Abreu— con persistentes invocaciones a la nación. Será a partir de 1739 —crisis financiera, guerra contra Inglaterra y participación en el conflicto sucesorio austríaco— cuando los intereses nacionales, según señaló William Coxe, parecen imponerse sobre los dinásticos tras el fracaso del primer Pacto de Familia (1733)546. Cabe matizar. Ciertamente, después de la guerra de Sucesión, España hubo de sustituir sus ideales universales por los ideales atlánticos y mediterráneos. Ahora bien, Jover ha resaltado cuánto tuvo la política exterior española —al margen de actitudes personales reflejadas en la obstinación de Isabel de Farnesio por procurar tronos en Italia a sus hijos— de fidelidad a los intereses nacionales, al mantenerse la independencia, frente «a la cómoda solución satelista encubridora de inepcias, adoptada por el siglo subsiguiente», así como de fecundidad en los logros. El irredentismo mediterráneo desbordó los azares dinásticos, por cuanto «la política dinástica tenida por motor de nuestra continua intervención en Italia, tuvo la fortuna de ser, al mismo tiempo, una política nacional». Nos encontramos, pues, ante una política exterior borbónica que hasta la época de Carlos IV fue fiel a los intereses nacionales, capaz de restaurar la presencia española en el Mediterráneo oriental y de mantener la integridad del Imperio indiano547. Finalmente, Ozanam ha estudiado los que denomina «instrumentos de fuerza y negociación», ejército, marina y diplomacia, que, como esenciales para la política internacional, hubieron de ser creados después de la paz de Utrecht, con éxito razonable548.

España, con la dinastía borbónica, supera el aislamiento de la anterior centuria; siquiera serán primeramente los novatores a finales del siglo XVII «quienes no solo en el terreno de las ciencias experimentales, sino en cuanto a la cultura en general, tendrán a Europa por “referencia obligada”»549. Frente a la extendida conciencia de crisis, de decadencia nacional, del desprestigio de una cultura que proyecta su imagen negativa fuera de nuestras fronteras, se abrirá paso la «voluntad inequívoca, en el nuevo rey, en sus ministros y en quienes habían apoyado su causa desde el primer momento, de salir de la postración, de levantar un nuevo entramado, o al menos de enderezar, las muchas partes que se habían venido abajo»550. Hay que «reconquistar» España (R. A. Hill), desde una triple actitud: establecer un renovado sistema de valores, especialmente visible en época de Carlos III, mediante la entonces llamada «historia civil»551; recuperar la verdadera, genuina cultura española, cuyo centro es el Siglo de Oro, concepto acuñado en el segundo tercio de la centuria552, y exponerla y reivindicarla en el extranjero, reconociendo, sin embargo, nuestras deficiencias, sobre todo en el terreno científico-técnico, respecto de Europa: de aquí esa corriente apologético-crítica, detectada por A. Mestre, que recorre todo el siglo.

España entrará, así, en relación con el movimiento ideológico europeo. Un grupo de pensadores políticos «del que Feijoo es el capitán», dice Sánchez Agesta, señalan un nuevo contenido de Europa, que proponen a España como lección. Esta singularidad de Europa no está ya en la órbita de la civilización y de los principios morales y políticos del orden social, sino en un nuevo significado de la cultura. Europa ha inventado la filosofía racionalista y la ciencia experimental; y parte de este saber le está abriendo las puertas de un nuevo mundo y un nuevo señorío del hombre sobre la creación553. Se abre paso entonces al muy importante desarrollo científico del siglo XVIII, realizándose un serio esfuerzo, que no cesa a lo largo de la centuria, para incorporar a España a la comunidad científica europea, de la que se está, seguramente, más cerca que nunca, siendo Humboldt privilegiado testigo de ello, en un ambiente social de prestigio y aun de entusiasmo. Desde el punto de vista de la ciencia, afirma Balaguer, este período significa la incorporación a la por Kuhn denominada «revolución científica»554. Y relativamente temprana será también la recepción del pensamiento filosófico y político de la Ilustración europea. Habrá, pues, «una rápida puesta al día respecto a los cambios ideológicos europeos, tras el prolongado desfase iniciado a finales del siglo XVI»555: Montesquieu, Beccaria, Adam Smith, Quesnay, cuyo Tableau Économique será utilizado por Peñaflorida a los cinco años de su aparición, Condillac, Hume, Filangieri, Mably, Voltaire, Rousseau... serán conocidos por una significativa minoría. Se apaga, pues, el espíritu del Barroco.

Una nueva visión de España surgirá entonces, crítica, sí, pero también llena de estimación y fuerza. El país se percibe ahora como «llen[o] de ingenio, de vivacidad y de incomparables talentos», condenado por «no se sabe qué fatalidad a no dar el fruto que estas virtudes debieran». Inserto en una renovada conciencia histórica desde la que la pertenencia a Europa frente al aislamiento y el «cosmopolitismo» a la vez se desprende de una concepción unitaria de la realidad europea —por fin, señala Jover, se comprende que «lo español es una provincia de lo europeo, que la condición de español comporta necesariamente la de europeo»556—, el estado presente de España [época de Carlos III] se juzga muy superior al antiguo (J. Marías). Las transformaciones que se producen en el país se llevan a cabo mediante unos procesos de nacionalización —a los que nos referiremos después— que abarcan muy diversos campos y cuyo impulso vendrá del sentimiento patriótico. El patriotismo, virtud antigua, se manifestará entonces —habría que profundizar en las razones— con notoria fuerza, especialmente en el reinado de Carlos III, en numerosos autores, y ha sido estudiado —ya se dijo— especialmente por J. A. Maravall, en relación con el pensamiento de Juan Pablo Forner. Parte el ilustrado de la estrecha y necesaria vinculación entre el individuo y la comunidad, la nación: no cabe sin aquel «cultivar, enriquecer, enaltecer, la vida en común». En fin «en la sociedad civil no es fácil vivir con felicidad, si no es feliz en sí el conjunto de la nación toda». El gran tema, la finalidad de las Sociedades Económicas de Amigos del País, será, así, «criar en todos y fomentar un amor a la patria, práctico, no especulativo». Nada que ver, por otra parte, este patriotismo con el «carácter exclusivo» que el nacionalismo revestirá más adelante: amor patrio y amor humanitario van juntos, el patriotismo y la fraternidad que enlazan al hombre con el hombre no deben separarse. Concluyendo: el patriotismo —tipo ideal— de que habla Forner y que inspira los esfuerzos de tantos ilustrados supone «el deber de trabajar en hacer prosperar a la patria, [el esfuerzo] por beneficiarla y mejorarla [...], [la colaboración] con los “compatriotas” en el esfuerzo [por] dar el mayor impulso posible a la prosperidad del país»557. En fin, sin el aliento patriótico no es posible entender el esfuerzo renovador de nuestros ilustrados.

Y es el sentimiento patriótico el inspirador fundamental de esa dimensión apologético-crítica, a la que ya aludimos, sin la que nuestra centuria ilustrada no sería comprensible, y que forma parte muy importante de su legado a las generaciones posteriores. Los ilustrados españoles defenderán a su nación de las violentas críticas que arrecian precisamente en época de Carlos III, cenit de la España ilustrada, vertidas por la Ilustración europea, participando en duras polémicas, cuyas manifestaciones, significado y alcance ha precisado Mestre558. Finalmente el debate se centró en el sentido y alcance de la aportación de España a la cultura europea. Frente a Montesquieu, Cadalso escribió una Defensa de la Nación española que no llegó a publicarse y Capmany, defensor del «honor literario» de su nación, fue capaz de advertir, sin embargo, tanto la escasa aportación española a la ciencia y la técnica europeas como el riesgo de que «la mirada apologética del pasado sirva para justificar la incapacidad de enfrentarse con el presente reconociendo nuestra inferioridad». Máxima repercusión tendrá el artículo de Masson de Morvilliers, en la Encyclopédie Méthodique, que concluía con la infamante frase: «Que doit-on à l’Espagne? Et depuis deux siècles, depuis quatre, depuis dix, qu’a-t-elle fait pour l’Europe?». Participaron apologistas de nuestra cultura —Cavanilles, Denina, Forner— criticados, a su vez, por preliberales, como Cañuelo o Pedro Centeno... Esta controversia interna puso de relieve, para François Lopez: «apparemment aucune apologie de l’Espagne ne pouvait plus rallier la nation unanime. L’espagnol pensant éprouvait déjà ce sentiment ambigu fait d’amour et de mépris envers son ingrate patrie, par quoi il est contemporain et le frère de celui d’aujourd’hui. En produisant ces contradictions, en montrant son impuissance à les surmonter, le pays entre dans la modernité», y Julián Marías percibe en la Apología por España y su mérito literario un anticipo de la reacción contra las ideas liberales que darán forma a la Revolución Francesa559.

Construir un nuevo Estado-nación, única forma de superar la decadencia, fue para los ilustrados una necesidad —«angustiosa», en términos de García Cárcel— imposible de realizar sin el apoyo del rey, que se convertirá, así, en «motor del cambio», o, para León de Arroyal, en «nervio principal de la reforma», y en el monarca habrá de legitimar su acción todo el que pretenda transformar la realidad social. Y para que el poder regio se desplegara con eficacia, era necesario, junto a la configuración de España como una realidad unitaria y la reintegración a la corona de derechos jurisdiccionales cedidos en épocas anteriores, dotar de eficacia al aparato del Estado, con la reforma —empezando por la propia corte— de la administración central y local del Estado en sus aspectos orgánicos y funcional, y la propia estructura de la sociedad. No cabe entrar en un examen detallado. Sí resaltar la eficacia y su futura proyección: la reforma administrativa de los Borbones será el antecedente de la que después realizará el liberalismo moderado560.

El reformado Estado español del siglo XVIII dará un fuerte impulso a la nacionalización del país, centralizando, uniformizando, racionalizando las estructuras político-administrativas, en fin, la geografía y la historia, en cuanto definidoras del espacio y del tiempo nacionales, puestas al servicio de una conciencia nacional. Hay que poner fin al caos administrativo anterior y mejorar, crear prácticamente una red de comunicaciones. Javier Varela ha descrito detalladamente el proyecto ilustrado, del que las Sociedades Patrióticas no fueron sino la realización en miniatura, el diseño experimental de la nación ideal de la Ilustración:

[...] compuesta por individuos, ligados por sólidos vínculos de fraternidad y amor a la Patria. Regida por un Rey patriota, socio o magistrado primero, enlazado a su vez o contenido por leyes justas que han de gobernar el todo social [...]. Es el designio calculado, planeado racionalmente de una sociedad política que trata de crear una sociedad civil a su medida.

La sociedad española dieciochesca era extremadamente heterogénea con su variedad de trajes, leyes, idiomas, monedas, pesos y medidas, aduanas, estancos, fueros, cuerpos privilegiados, jurisdicciones entreveradas: «De toda esta plétora era necesario formar un solo cuerpo. Y a ello se dedicaron los burócratas, utilizando las todavía débiles palancas del aparato estatal»561.

La política nacionalizadora se extiende a muy diversos campos, dotando de sentido a un proyecto ilustrado de construir, como se ha dicho, un nuevo «Estado-nación», y «a ello se dedicaron los burócratas utilizando las todavía débiles palancas del aparato estatal». Adquieren así sentido políticas como: a) la política secularizadora: el regalismo, concepto en rigor más amplio, se identifica ordinariamente con la política del Estado encaminada a la defensa del poder civil frente al poder de la Iglesia, más exactamente frente al pontificado en cuanto cabeza de la curia romana, considerado peligroso en el orden político; una Iglesia española a la que corresponderá el papel principal de la elaboración y difusión del pensamiento antiilustrado y cuya pugna con el Estado se manifiesta a través de diversas etapas, constituyendo momentos clave el Concordato de 1753, la expulsión de los jesuitas y el esbozo, con Urquijo, en época de Carlos IV de una «Iglesia nacional»562; b) la política educativa: (universidades, educación popular, uniformización de los espectáculos y diversiones públicas) y c) la política uniformizadora de lenguas y fueros de Godoy563. Propósito nacionalizador tendrán los intentos de reforma agraria para conseguir una amplia clase de propietarios medios—: y al «cuerpo patriótico de labradores» hará mención un manuscrito anónimo de 1766564; la investigación de los verdaderos orígenes de la nación —los ilustrados parecen haber sido «perennialistas» avant la lettre—: «las naciones, escribe Paul Hazard, intentan sumergirse hasta el fondo de su pasado para encontrar allí sus títulos de nobleza», el empuje de la nación, en fin, hace retroceder lo desconocido: tal tarea corresponderá a la Academia de la Historia565; la elaboración de mapas precisos del territorio que permitan representar a la nación, visualizar el país, hacer su retrato: tan gigantesco trabajo, solo fragmentariamente realizado, corresponderá al cartógrafo Tomás López. Corresponderá al liberalismo, como en tantos otros aspectos, retomar los tres proyectos que el reformismo borbónico «había identificado como imprescindibles para construir una nación moderna: el censo de la población, el catastro y el propio mapa topográfico»566. Historia —que había dado un «salto cualitativo muy importante, al ganar un espacio tan significativo como nuevo, el de las aulas, gracias a los compendios históricos, originales [Buffier, Dûchesne...] o traducidos [adaptados a las necesidades del país]—567 y geografía puestas al servicio de una conciencia nacional. Así, poniendo en práctica una idea de Cadalso, Quintana publica en 1807 la primera serie de las Vidas de españoles célebres, del Cid a Bartolomé de las Casas. Por otra parte, una de las empresas más importantes de la Real Calcografía fue la publicación de retratos de españoles ilustres, proyecto auspiciado por Floridablanca desde la Secretaría de Estado en 1788, continuado por Aranda y Godoy y realizado con criterios de notable amplitud. Allí estaban Carranza, Las Casas, Lanuza, Patiño, Feijoo, Jorge Juan, Ulloa...568.

La acción del Estado, en definitiva, se orienta a «disciplinar, instruir, nacionalizar al pueblo, elevarlo desde su condición de masa inerte a la inédita dignidad de ciudadanos»569. Este espíritu de unidad, henchido de patriotismo, lo expresa Juan Sempere y Guarinos, el autor del Ensayo de una Biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Carlos III, publicada en seis volúmenes entre 1785 y 1789570, cuando en el prólogo al tomo II se refiere a algunas críticas hechas al I, entre ellas la de ocuparse más del contenido de las obras que de la vida de los autores. Responde que son aquellas lo verdaderamente importante, para agregar:

A todo esto puede añadirse que en la constitución actual de España, lejos de ser convenientes aquellas noticias que se echan de menos en esta obra, podrían, por el contrario, ser perjudiciales. Cualquier hombre de juicio, conoce los daños que causa el espíritu de paisanaje, y el grande influjo que tiene, no solamente en los destinos de los sujetos, sino también en el concepto que se forma acerca de su mérito literario. Un sabio de nuestra nación se quejaba ya de semejante preocupación a mitad del siglo XVI, atribuyéndole la decadencia de la famosa Universidad de Alcalá. Desde entonces no se ha disminuido; y mientras una nación no llegue a consolidar en su seno el espíritu de unidad, y de patriotismo, le faltan todavía muchos pasos que dar en la civilización. No es el mejor medio para extinguir la rivalidad de las Provincias, el referir por menor las patrias de sus Escritores. Antes, acaso, convendría sepultarlas en el olvido; a lo menos por cierto tiempo, y que de ningún hombre de mérito de nuestra nación, se pudiera decir más que es «Español».

La nacionalización impulsada por el Estado ilustrado admitiría un desarrollo y ejemplificación mucho mayores. Concluiremos solo, en primer lugar, con una breve referencia al esfuerzo realizado para conocer y potenciar el derecho nacional —en 1763 se funda la Real Academia de Jurisprudencia de Santa Bárbara— asumiéndose que este derecho tiene una historia, necesaria para comprender y practicar el derecho vigente y en el que hay que destacar el esfuerzo de Andrés Marcos Burriel por establecer el proceso de constitución de España, por «constituir un cuerpo de nación» de matriz castellana: «se trata —para J. Vallejo— del primer atisbo de un discurso de valor constitucional cuyo contexto de origen está en la búsqueda y reconstitución histórica del derecho patrio, generador de una literatura que tal vez no necesariamente hubiera debido conducir a corolario semejante»571. En segundo lugar, al papel desempeñado por la literatura y las artes en el proceso de nacionalización, cuyas manifestaciones más destacadas se recogen en la obra ya citada de Sempere y Guarinos y en el Parnaso español (1769), de López de Sedano572. Y la nación sale a «escena», según título de David T. Gies, de forma clara, en torno a la década de los sesenta573. Y, en fin, el concepto «pertinente» de «literatura nacional española» hay que buscarlo, para Mainer, en los inicios del siglo XVIII, cuando «por una parte la noción de literatura coincide con la más amplia de saber fijada en forma de escritura y cuando, por otra parte, los intelectuales se encuentran con un canon nacional roto»574.

El proceso de nacionalización que se realiza en la España ilustrada supone, en definitiva, «producir» la nación, o, por mejor decir, fortalecer la nación existente, reordenando el espacio social, e implica la ampliación de la acción del Estado, que se expande por terrenos desconocidos hasta el siglo XVIII: los comprendidos en los conceptos de «fomento» y «policía», trasmutado más adelante este último en «administración» (González Alonso). Ello lleva consigo la reforma administrativa orgánica y funcional, la racionalización de la acción pública, necesariamente coordinada, sobre bases administrativas y catastrales. Y junto a la «construcción» de la nación, la institución, para ello necesaria, de «lo social», con las alteraciones consiguientes de las estructuras económicas y sociales. La política borbónica, inequívocamente reformista, no supuso, en modo alguno, reproducir la sociedad existente. Por el contrario, al margen de su intencionalidad, arrastrada muchas veces por su propia dinámica y por las circunstancias, tiende a deshacer el universo estamental, convirtiéndolo en polvo de individuos, anunciando el período liberal. La nobleza se concibe entonces como instrumentum regni, desplazándose del poder a su capa alta. El trabajo se revaloriza y se produce la emergencia de las futuras élites económicas del siglo XIX. Los principios económicos liberales, postulados ejemplarmente por Jovellanos, en la propiedad, la industria, el comercio, no solo están en las mentes sino que, en buena medida, se empiezan a poner en práctica: extensión de las relaciones capitalistas en el campo, desamortización —se ha definido la de 1798 como laboratorio que inspirará la mayoría de las reformas agrarias liberales—, avances significativos en la reducción del papel de esas corporaciones limitadoras de la actividad económica que son los gremios, reducción de los mayorazgos, etc. La ampliación del mercado de la propiedad urbana y rural resulta indudable en un contexto en el que la hidalguía parece ocupar —al menos en determinadas zonas— el sitio tradicionalmente atribuido a la burguesía (R. Herr). El período final del siglo XVIII supone una clara premonición del siglo liberal575.

El año 1808 supone, por tanto, no el nacimiento de una conciencia nacional, de la nación en suma, aunque sí uno de los momentos en que esta, consolidada en la centuria anterior y, al haberse derrumbado el Estado, se manifiesta con fuerza. Y con una singularidad notable, tal como ha señalado Gabriel Tortella: «la originalidad española es que, siendo un país atrasado económica e intelectualmente a comienzos del siglo XIX, lucha con una gallardía extraordinaria por preservar su identidad a la vez que se esfuerza por adoptar y adaptar lo mejor del programa revolucionario: el parlamentarismo, la Constitución, la soberanía popular, las libertades básicas»576. Mas, ¿de qué nación venimos hablando?, pues una cosa es la extensión de la conciencia de identidad nacional, la existencia de la nación, en suma, y otra, la forma de entender su configuración. Ciertamente de una nación ilustrada, preliberal, mas no fue esta el único modelo de comunidad nacional que circuló entre las élites del siglo XVIII y principios del XIX. Fernández Sebastián distingue cuatro tipos distintos, cuatro distintas versiones. En primer término, una concepción tradicional, «austracista», de la monarquía de España: una visión de la comunidad española como un mosaico de cuerpos, reinos y provincias en el seno de una monarquía tradicional. Visión, agrega, «[...] plenamente congruente con una sociedad corporativa, donde no existe contradicción alguna entre unidad y pluralidad de las partes, o al menos esta disyuntiva no se plantea en términos de absorción por el centro de los poderes de la periferia».

En segundo lugar, la monárquico-ilustrada, especialmente desarrollada en el reinado de Carlos III, a la que ya hemos hecho referencia, y que difiere mucho de la anterior. La nación se concibe como «un cuerpo social más o menos pasivo y homogéneo bajo la autoridad del monarca ilustrado que debe procurar por todos los medios su bienestar, así como la cohesión entre los elementos integrantes del Estado». La corona estaría, en consecuencia, legitimada para adoptar un papel mucho más activo, llegando incluso a intervenir y tomar decisiones de gobierno en asuntos que eventualmente pudieran colisionar con derechos adquiridos e intereses privados. En tercer término, la idea de nación soberana del primer liberalismo: como dirá en Cádiz el diputado Espiga, explicando el artículo primero de la Constitución, la nación no debe entenderse como «una reunión de territorios [...] sino de voluntades, porque esta es la que manifiesta aquella voluntad general que puede formar la Constitución del Estado». Importa destacar, sin embargo, la existencia en la Ilustración española de un nacionalismo republicano que considera la nación desde una perspectiva política, es decir, como conjunto de ciudadanos sometidos a una misma ley, de donde, en último término, la soberanía reside en la nación a la que aquellos están ligados por el vínculo del patriotismo y de defensa a las libertades. Este nacionalismo republicano, anticipo del que inspirará la Constitución de 1812, ha sido rastreado por Mario Onaindía en autores como Ignacio de Luján, Feijoo, Ibáñez de la Rentería, Cañuelo o Quintana, y en la tragedia neoclásica: Montiano y Luyando, Fernández de Moratín, Jovellanos, Cadalso, López de Ayala577.

Por último, la concepción esencialista de la nación del primer romanticismo, a la que corresponde «una visión orgánica y holista de la comunidad política como totalidad cultural dotada de una esencia ancestral». Estas cuatro representaciones de la nación española, a las que, en líneas generales, corresponden «otros tantos proyectos políticos y actores sociales», habrán de converger en la decisiva coyuntura de 1808, «produciéndose durante los años de la Guerra de la Independencia encarnizadas polémicas entre sus respectivos partidarios»578. Mas esta es otra historia.

¿Nacionalismo español en el siglo XVIII?

Algunas consideraciones: en primer lugar, como ya se indicó, una concepción perennialista de la nación —no se recalcará bastante lo inadecuado de un término que induce a la confusión— resulta compatible con la aceptación de la modernidad de los nacionalismos, pudiendo decirse que existe amplio consenso para fijar la aparición de estos a fines del siglo XVIII; en segundo término, y tal como señala Craig Calhoun, el nacionalismo es «una retórica para hablar sobre demasiadas cosas diferentes como para que una sola teoría lo explique»579; en fin, ¿demasiadas cosas diferentes? Ciertamente, Juan Pablo Fusi escribe:

Por nacionalismo —que [...] tendría mucho de construcción moderna— habría que entender muchas cosas: procesos de constitución de estados nacionales; teorías regionales e independentistas; reivindicaciones etno-nacionales y etno-lingüísticas; sentimiento de pertenencia a una nación o nacionalidad; doctrinas políticas basadas en la exaltación de la idea de patria y en la movilización emocional de masas; movimientos o partidos políticos expresamente nacionalistas580.

En la centuria ilustrada encontramos, desde luego, un proceso de construcción de Estado-nación o, quizás mejor, de asentamiento del mismo sobre nuevas bases, así como es patente la conciencia de pertenencia a una nación, más allá de la lealtad dinástica. Ello explica, sin duda, el empleo del término nacionalismo por parte de dieciochistas eminentes para referirse a sentimientos y actitudes de nuestros ilustrados. Un ejemplo por todos: Antonio Mestre, cuyos trabajos hemos utilizado ampliamente en este estudio y que reiteradamente lo emplea al estudiar esa corriente apologético-crítica que, según su propia expresión, recorre, desde los «novatores», nuestra centuria ilustrada.

Mas el término nacionalismo tiene una significación anfibológica que le da un carácter equívoco y que ha sido y es también, muchas veces, una forma de hacer política y, por tanto, una estrategia de poder581, convirtiéndose en las primeras décadas del siglo XX en un hecho de masas, con las más terribles connotaciones. Reiteramos, por tanto, que es la idea de patriotismo la que expresa mejor el pensamiento y la actitud de tantas figuras de nuestra Ilustración. Un patriotismo crítico, tal como también ha señalado Mestre, refiriéndose especialmente, aunque no solo, a Mayans. Aunque conscientes de que los conceptos tienen su historia y que su significado puede ser —casi siempre lo es— diferente según épocas o momentos, entendemos útil, por expresivo de realidades distintas, la diferenciación señalada por George Orwell en 1945: el «nacionalismo no debe ser confundido con el patriotismo. Entiendo por patriotismo la devoción por un lugar determinado y por una particular forma de vida [...] que no se quiere imponer [...]; contrariamente, el nacionalismo es inseparable de la ambición de poder»582. Patriotismo significa amor a la patria, a la nación, buscar su prosperidad sin por ello pretender —como precisa Maravall respecto de Forner— menospreciar a ninguna otra. El patriotismo, escribe también Agulhon, supone adhesión a la patria por la vinculación a los valores humanos que representa, a sus hechos gloriosos, sin erigirla en la «cumbre absoluta del sistema de valores»583. Patriotismo significa para nuestros ilustrados transcender el egoísmo, desde «esa especie de amor que no era otra cosa que una natural e ilustrada propensión al bien de la sociedad», y su carácter unificador suponía un «manantial inagotable de prosperidad», tal como leemos en Las señales de la felicidad de España y medios de hacerlas eficaces, de Romà i Rosell584. Y Carlos III será aclamado con el título de «rey patriota»585. No falta, por otra parte, en nuestros ilustrados, una crítica anticipada de lo que cabría llamar nacionalismo avant la lettre: así la crítica de Feijoo al «Amor a la patria» en cuanto «afecto desordenado» que oculta el interés propio, al paisanismo, al nacionismo. Feijoo defiende sí «las glorias de la nación», mas critica los excesos patrióticos para postular —ya se recogió— un concepto político de nación o patria en cuanto «cuerpo de Estado», bajo un «gobierno civil» y la «coyunda de unas mismas leyes»586. Capmany, en fin, cuando advierte el grave riesgo —y tiene presente el suplemento al papel titulado Los eruditos a la violeta de Cadalso— que acecha a quienes «incapaces de apreciar la Era presente se hacen los apologistas de los tiempos pasados, porque no hallan otro modo de vengar su inferioridad», cayendo en el error de creer que «todo cuanto se escribe, se prensa, se investiga y se descubre de la parte más ilustrada de Europa ha sido bebido en nuestras fuentes»587.

Concluyamos: el patriotismo, no ciertamente una total novedad, adquiere pleno sentido, como forma de superar el pesimismo, la conciencia de la decadencia, el «complejo de inferioridad», si se quiere, respecto de la Europa moderna. Constituye un rasgo esencial de la centuria y quizás su más importante legado a épocas posteriores. Dos ejemplos: el de Rafael Altamira:

Una gran parte considerable de mi actividad como escritor y como conferenciante ha tenido desde hace años [escribe en 1928] un marcado sentido patriótico. Quiero decir que he estudiado y expuesto con gran frecuencia temas referentes a las vindicaciones de nuestra historia y nuestros valores actuales, al problema espiritual de nuestra unidad y al de la educación necesaria para formar ciudadanos españoles.

Ser patriota —dirá nuestro gran historiador— no quiere decir ser nacionalista, «ni en lo agresivo de esta política, por lo que se refiere a las relaciones internacionales, ni en su inclinación retrógrada (aquí es exacta la aplicación de ese calificativo) en punto a la idealidad y tipo de vida de una nación determinada». Ser patriota, en fin, significa amar a la patria y desear siempre su prosperidad, sin vincularla «con un modo particular de concebir la vida en todas sus determinaciones, y mucho menos que ese modo sea precisamente el de hace uno, dos, tres siglos»588. O el de Julián Marías, heredero, sin duda, del patriotismo del siglo XVIII, al que dedicó páginas iluminadoras, quien, trabajando en condiciones heroicas en el Madrid de la postguerra, expresa su «ilimitado entusiasmo lúcido por España». Tras la terrible sacudida de la guerra civil, «no nos resignamos, no estábamos dispuestos a creer que España era lo que acababa de ser». Porque «teníamos presente lo que había sido España durante siglos, su historia dramática y llena de gracia, sus empresas creadoras, sus desmayos, sus tristezas, su vitalidad siempre renovada»589.

511 A. D. Smith, Nacionalismo y Modernidad, Madrid, Istmo, 2000, pág. 150.

512 Ibíd., pág. 38.

513 M. Ballester Rodríguez, «Sobre la génesis de una identidad nacional: España en los siglos XVI y XVII, Revista de Estudios Políticos (nueva época), Madrid, 2009, pág. 151. Este artículo es un resumen del libro del mismo autor La identidad española en la Edad Moderna (1556-1665). Discursos, símbolos y mitos, Madrid, Tecnos, 2010.

514 D. Catalán, «España en su historiografía: de objeto a sujeto de la Historia», ensayo introductorio a R. Menéndez Pidal, Los españoles en la Historia, Madrid, Espasa Calpe, 1982, págs. 12-13.

515 Ibíd., pág.15.

516 Lo hemos hecho en A. Morales Moya, «La nación española preconstitucional», en A. Morales Moya, J. P. Fusi Aizpurúa y A. de Blas (dirs.), Historia de la Nación y del nacionalismo español, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, págs. 128-165.

517 A. Elorza, «Despierta España», La aventura de la Historia, núm. 86 (2005), págs. 20-29, y «El Dos de Mayo y la Nación», El País, 28 de abril de 2008.

518 «La Nación en las Cortes. Ideas y cuestiones sobre la nación española en el período 1808-1814», en Cuadernos Dieciochistas, núm. 112 (2011), pág. 38. Un tratamiento más detallado del tema por este autor en A. Morales Moya, J. P. Fusi Aizpurúa y A. de Blas (dirs.), op. cit., págs. 197-226.

519 El sueño de la nación indomable. Los mitos de la Guerra de Independencia, Madrid, Temas de Hoy, 2007, pág. 233.

520 Sin entrar en mayores precisiones, no cabe omitir que, según Connor, para que un grupo étnico se convierta en nación se requiere que adquiera conciencia de constituir un grupo único. «When is a nation?», Ethnic and Racial Studies, vol. 13, núm. 1 (1990), págs. 92-103.

521 A. Morales Moya, J. P. Fusi Aizpurúa y A. de Blas (dirs.), op. cit., pág. 96.

522 A. Morales Moya, Introducción al tomo XXX, Las bases políticas, económicas y sociales de un régimen en transformación (1759-1834), de la Historia de España fundada por R. Menéndez Pidal y dirigida por J. M. Jover, Madrid, Espasa-Calpe, 1998, pág. 11.

523 Sobre el absolutismo y sus limitaciones, cfr. J. P. Dedieu, «Dinastía y élites de poder en el reinado de Felipe V», en P. Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons/Casa de Velázquez, 2002, págs. 381-399.

524 «La degeneración del país era manifiesta [...] el enfermo infeliz que fue Carlos II el Hechizado redujo la monarquía española a mera caricatura de sí misma. Bajo su reinado alcanzó la aristocracia su última y más alta cota de esplendor y poderío». H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, Grijalbo, 1974, pág. 46. Del mismo autor, La España de Carlos II, Barcelona, Crítica, 1981. Crítico con el concepto de decadencia, Pérez Magallón señala, sin embargo, con Pagden y Stradling, la evidencia de que, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, todo el funcionamiento y la gestión del Imperio Hispánico están en crisis. «Modernidades divergentes: la cultura de los novatores», en P. Fernández Albaladejo, Fénix de España. Modernidad y cultura propia en la España del siglo XVIII (1737-1766) (Actas del Congreso Internacional celebrado en Madrid, noviembre de 2004). Homenaje a Antonio Mestre Sanchís, Marcial Pons Historia/Universidad Autónoma de Madrid/Universitat de Alacant/Casa de Velázquez, 2006, pág. 48.

525 Cfr. A. Morales Moya, «El Estado de la Ilustración, la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz: la Constitución de 1812», en A. Morales Moya (ed.), Las bases políticas, económicas y sociales de un régimen en transformación (1759-1834), op. cit., págs. 78 y ss.

526 Una crítica a la política cultural de Carlos III, en negativo contraste con los reinados anteriores de Felipe V y Fernando VI, en F. Sánchez Blanco, «Dinastía y política cultural», en P. Fernández Albaladejo, Los Borbones..., op. cit., págs. 569-596. Por su parte, J. Caro Baroja coincide, en cierta medida, con el autor anterior: «Hay épocas con prestigio y épocas que no lo tienen [...] Todo el mundo al hablar del siglo XVIII se refiere a la segunda mitad de la centuria [...] Y, sin embargo, ¿sabemos que haya dejado más huella [que la primera mitad] en la vida real de nuestros abuelos y bisabuelos [...]?» La hora navarra del siglo XVIII, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1969.

527 Claves de la Razón Práctica, 1992.

528 Cit. por A. Gil Novales, «Del Antiguo al Nuevo Régimen en España. Ensayo de interpretación», en Crisis del Antiguo Régimen e Industrialización en la España del siglo XIX, Madrid, Cuadernos para el diálogo, núm. 977, pág. 31.

529 Cfr. A. Morales Moya, op. cit., págs. 114 y ss. Respecto a la periodización, Ruiz Torres, en su Reformismo e Ilustración, vol. 5 de la Historia de España, dirigida por J. Fontana y R. Villares, Barcelona, Crítica/Marcial Pons, 2007, pág. XII, se plantea la duda de si, «a fin de hacer más comprensibles los distintos procesos de cambio y las continuidades en la larga duración y no aislar a España del contexto europeo», no sería más conveniente hablar de un período que «comenzara a mediados del XVII y se prolonga hasta la década de 1780 y de otro que se iniciara con la crisis del antiguo régimen, la revolución de 1789 en Francia y la primera revolución en Inglaterra y llegara hasta bien entrado el siglo XIX».

530 Cfr. H. Methivier, L’Ancien Régime, París, PUF, 2001, págs. 75 y ss.

531 «El sentimiento de nación en el siglo XVIII: la obra de Forner», La Torre, XV, Universidad de Puerto Rico, julio-septiembre de 1967, págs. 25-56.

532 Cit. por J. Varela, «Nación, patria y patriotismo en los orígenes del nacionalismo español», Studia Historica. Historia Contemporánea, 1994, págs. 32 y ss.

533 J. Álvarez Barrientos, «Monarquía y nación española en el Sistema de Adornos del Palacio Real de Madrid de Martín Sarmiento», en P. Fernández Albaladejo (ed.), Fénix de España..., op. cit., página 212.

534 «Estado y nación en las conciencias españolas: actualidad e historia», en C. Bellini (ed.), Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, vol. I, Roma, 1982, pág. 41.

535 M.ª V. López-Cordón, «De Monarquía a Nación: la imagen histórica de España en el siglo de la Ilustración», Norba. Revista de Historia, vol. XIX (2006), pág. 153.

536 P. Fernández Albaladejo, «Dinastía y comunidad política: el momento de la Patria», en P. Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones..., op. cit.

537 Cfr. J. M. de Bernardo Ares, Luis XIV, rey de España, Madrid, Iustel, 2008. Sobre la figura y programa del cardenal Portocarrero, en orden a las tareas que debe cumplir la nueva dinastía, cfr. F. Sánchez Blanco, op. cit., págs. 569 y ss.; también A. R. Peña Izquierdo, De Austrias a Borbones, León, Akron, 2008.

538 El centralismo, según Lluch o García Cárcel, no fue necesariamente el único camino a la modernidad. Podría haberlo sido el constitucionalismo austracista.

539 R. García Cárcel, «Almansa y la historia», ABC, 28 de junio de 2007. Cfr., especialmente, J. Albareda, «Felipe V: razones de una apuesta», en P. Fernández Albaladejo, Los Borbones..., op. cit., páginas 303-330; J. Albareda, La Guerra de Sucesión de España, Barcelona, Crítica, 2010, y E. Lluch, Las Españas vencidas del siglo XVIII. Claroscuro de la Ilustración, Barcelona, Crítica, 1999; J. Arrieta Alberdi, «Austracismo, ¿qué hay detrás de ese nombre?», en P. Fernández Albaladejo, Los Borbones..., op. cit., págs. 177-216.

540 B. González Alonso, «Reflexiones históricas sobre el Estado y la autonomía regional en España», en Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen, Madrid, Siglo XXI, 1981, págs. 218-219.

541 «Poder real y poderes locales en la época de Carlos III», en Coloquio Internacional Carlos III y su siglo, vol. II, págs. 27 y ss.

542 Cfr. J. Fernández Sebastián, op. cit.; J. M.ª Portillo, Monarquía y gobierno provincial. Poder y constitución en las Provincias Vascas (1700-1809), op. cit.; F. García de Cortázar y M. Montero, «Fueros», en Diccionario de Historia del País Vasco, San Sebastián, Txertoa, 1983; B. Clavero, Fueros Vascos. Historia en tiempos de Constitución, op. cit., Barcelona, Ariel, 1985.

543 «Parece que España es un cuerpo compuesto de muchos cuerpos pequeños, destacados y opuestos entre sí, que mutuamente se ahogan, oprimen y desprecian haciéndose una continua guerra civil. Cada provincia forma un cuerpo aparte que solo se interesa en su conservación, aunque sea en perjuicio de todos los demás».

544 «¿Sería demasiado decir que lo que experimentan los españoles en el primer cuarto del siglo XVIII es el advenimiento de una nueva patria: es decir, un nuevo término de vinculación histórica, social y afectiva, destinado a su vez a definir la significación “nacional” de cada súbdito (o de cada conjunto social geográficamente definido) de los integrados en esa nueva entidad política llamada España? Es sabido que, en el Antiguo Régimen, tal vinculación apunta siempre [desde] lo jurídico al titular del poder absoluto; toma forma pues de fidelidad al soberano. Pero, por primera vez en la historia de España, esa pertenencia dinástica venía a identificarse con una condición “nacional” generalmente compartida por la totalidad de los súbditos», José María Jover, «Política y civilización en España, 1834-1874», en La civilización española a mediados del siglo XIX, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, págs. 102-103.

545 F. López, «Las Españas Ilustradas», en Carlos III y la Ilustración, Madrid, 1988, vol. I, págs. 106-107.

546 Cfr. P. Fernández Albaladejo, «La nación de los “modernos”: incertidumbres de nación en la España de Felipe V» y «Dinastía y comunidad política. El momento de la Patria», capítulos VII y VIII de Materia de España, págs. 177-196 y 197-244. Del mismo autor, «Dinastía y comunidad política», en P. Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones..., op. cit., especialmente págs. 514 y ss.

547 J. M.ª Jover, Política mediterránea y política atlántica en la España de Feijoo, Oviedo, Artes Gráficas Grossi, 1956.

548 D. Ozanam, «La política exterior en tiempos de Felipe V y de Fernando VI», en Historia de España, fundada por R. Menéndez Pidal, op. cit., t. XXIV, vol. I; y La Diplomacia de Fernando VI, Madrid, CSIC, 1975.

549 Así, «reduciéndonos al ámbito de la historiografía, las relaciones de los bolondistas (Papebroch con Mondéjar o Nicolás Antonio), de los maurinos con los benedictinos de la Congregación de Valladolid, o de Baluze con Mondéjar, constituyen una prueba fehaciente del interés y esfuerzo de los novatores por seguir la evolución de las corrientes historiográficas europeas», A. Mestre Sanchís, Apología y crítica de España en el Siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2003, pág. 72.

550 M.ª V. López-Cordón, «De monarquía a nación: la imagen histórica de España en el siglo de la Ilustración», Norba. Revista de Historia, vol. 19 (2006), pág. 152.

551 «Las proezas y hazañas de los héroes guerreros están ya sobradamente ensalzadas en millares de tomos: falta representar la vida política y vencer los tiempos pasados, los orígenes de lo que hoy somos y en la sucesión de las cosas los progresos, no de los hombres en individuos, sino de las clases que forman el cuerpo del Estado», escribe Forner, Discurso sobre el modo de escribir y mejorar la Historia de España, cit. por A. Mestre Sanchís, op. cit., pág. 58.

552 Cfr. P. Álvarez de Miranda, «De nuevo sobre Siglo de Oro: reconsideraciones y balance», en P. Fernández Albaladejo (ed.), Fénix de España..., op. cit., págs. 119-131.

553 L. Sánchez Agesta, «España y Europa en la crisis del siglo XVII», REP, núm. 91 (enero-febrero de 1957), pág. 57.

554 E. Balaguer Perigüell, «Ciencia e Ilustración. La incorporación de España a la comunidad científica», en La Ilustración española, Actas del coloquio celebrado en Alicante, 1-4 octubre de 1985, págs. 13-33.

555 A. Elorza, «Las ideas políticas. Ilustración y antiilustración», en La Ilustración española. Claroscuro de un siglo maldito, Historia 16, extra VIII (diciembre de 1978), pág. 74.

556 J. M.ª Jover, Política atlántica y política mediterránea..., op. cit., págs. 4-5.

557 J. A. Maravall, El sentimiento de nación en el siglo XVIII: la obra de Forner, Puerto Rico, La Torre, 1967.

558 Una síntesis en «La imagen de España en el siglo XVIII: apologistas, críticos y detractores», en Actas del Simposio sobre Posibilidades y límites de una historiografía nacional, Madrid, Instituto Germano-Español de Investigaciones de la Goerres-Gesellschaft, del 8 al 12 de marzo de 1983, págs. 226-246.

559 Cits. por A. Mestre Sanchís, op. cit., págs. 239-240.

560 Cfr. A. Morales Moya, «El Estado de la Ilustración, la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz: la Constitución de 1812», op. cit., especialmente págs. 94 y ss.

561 J. Varela, «Nación, patria y patriotismo en los orígenes del nacionalismo español», Studia Historica. Historia Contemporánea, núm. 12 (1994), págs. 31-43.

562 Cfr. A. Mestre Sanchís, «Nueva dinastía e Iglesia nacional», en P. Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones..., op. cit., págs. 549-567; y Apología y crítica de España en el siglo XVIII, págs. 37 y ss.; E. Giménez López, «El antijesuitismo en la España de mediados del siglo XVIII», en P. Fernández Albaladejo (ed.), Fénix de España..., op. cit., págs. 283-326.

563 Cfr. P. Bidart, «Le Project d’État-nation espagnol au XVIII siècle et le différend linguistique castillan-basque», Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. XXIII (1987), págs. 387-407.

564 Cit. por P. Ruiz Torres, op. cit., pág. 405.

565 En 1743 Mayans propondrá crear en Valencia una academia destinada a «ilustrar las cosas de España», comprendiendo las ciencias naturales, las matemáticas, la teología, la historia de la lengua española y la jurisprudencia. Mayans no encuentra contradictoria la vinculación profunda a la tierra valenciana y la defensa de la nación española, aunque denuncie el centralismo y la suspensión de los fueros. Cit. por P. Bidart, op. cit., págs. 394-395.

566 J. Pimentel, op. cit., pág. 277; también A. López Gómez, Cartografía del siglo XVIII. Tomás López en la Academia de la Historia, Madrid, Real Academia de la Historia. Departamento de Cartografía y Artes Plásticas, 2006; J. Muro, F. Nadal y L. Arteaga, Geografía, Estadística y Catastro en España 1856-1870, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996.

567 M.ª V. López-Cordón, op. cit., pág. 158.

568 Ibíd., 162.

569 J. Varela, op. cit., págs. 31-43.

570 Hay edición facsímil publicada por Editorial Gredos.

571 «De sagrado arcano a constitución esencial. Identificación histórica del derecho patrio», en P. Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones..., op. cit., págs. 419-420; P. Ruiz Torres, op. cit., págs. 322 y ss. y 450 y ss., especialmente.

572 M.ª V. López-Cordón, op. cit., págs. 164 y ss.

573 «La nación a escena: el teatro entre 1737 y 1766 (consideraciones teóricas)», en P. Fernández Albaladejo (ed.), Fénix de España..., op. cit., págs. 237-247. En esta misma obra, cfr. J. M.ª Iñurritegui, «El Panteón Imaginario: nación y héroes literarios», págs. 161-190.

574 J. C. Mainer, Historia, Literatura, Sociedad (y una coda española), Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, pág. 156.

575 Cfr. A. Morales Moya (coord. e introd.), «El Estado de la Ilustración...», op. cit., págs. 11 y ss. Del mismo autor, «Estado y nación en la España contemporánea», Ayer, núm. 37 (2000), págs. 233-269. Para Europa, cfr. W. Naef, La idea de estado en la Edad Moderna, Madrid, Ediciones Nueva Época, 1946, especialmente págs. 98 y ss.

576 G. Tortella, «El Dos de Mayo y la Nación», El País, 21 de mayo de 2008.

577 M. Onaindía, La construcción de la nación española. Republicanismo y nacionalismo, Barcelona, Ediciones B, 2002.

578 J. Fernández Sebastián, «España, monarquía y nación. Cuatro concepciones de la Comunidad política española en el Antiguo Régimen y la revolución liberal», Studia Historica. Historia

Contemporánea, núm. 12 (1994), págs. 45-74; ídem, «L’idée d’Espagne au XVIIIe siècle: l’avénement de la Nation», en Nation et République. Les éléments d’un débat. Actes du xe colloque de Dijon (6-7 avril 1994), Marsella, Presses Universitaires d’Aix, 1995.

579 Cit. por J. M. Faraldo, «Modernas e imaginadas: El nacionalismo como objeto de investigación histórica en las dos últimas décadas del siglo XX», Hispania, vol. LXI/3, núm. 209 (2001), página 962.

580 J. P. Fusi, La patria lejana. El nacionalismo en el siglo XX, Madrid, Taurus, 2003.

581 Ibíd., pág. 348.

582 Cit. por J. J. Laborda, «Patriotismo», en A. de Blas Guerrero (dir.), Enciclopedia del Nacionalismo, Madrid, Tecnos, 1997, pág. 410.

583 M. Agulhon, La République, 1880-1932, París, Hachette, 1990, págs. 119-120.

584 Cit. por P. Fernández Albaladejo, Dinastía y comunidad política..., op. cit., págs. 525-526.

585 Ibíd., págs. 485-486.

586 Cfr. P. Fernández Albaladejo, op. cit., pág. 506.

587 H. Juretschke, «La contestación de Capmany a Cadalso y su discurso de ingreso en la Academia de la Historia», en Revista de la Universidad de Madrid, vol. XVIII (1969), págs. 201-222, cit. por A. Mestre Sanchís, Apología..., op. cit., pág. 65.

588 Escritos patrióticos, Obras Completas de Rafael Altamira, XI, Madrid, Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1929, págs. 15 y 115-116.

589 «Prólogo» a D. Franco, España como preocupación, Madrid, Alianza Editorial, 1998, pág. 14.

CAPÍTULO 9

Ejército y administración militar en el siglo XVIII español

Roberto L. Blanco Valdés

El ejército borbónico

El objeto de estas páginas es acercarse al papel desempeñado por el ejército en la administración borbónica a lo largo del siglo XVIII, lo que exige dejar constancia de los principales caracteres de aquella fuerza armada para entender cabalmente, de ese modo, por qué la monarquía absoluta puso en manos del ejército un papel de extraordinaria relevancia en la gobernación política del reino. Y es que, tras un largo proceso histórico de centralización de recursos de naturaleza diferente, que contribuyeron a la acumulación del poder en manos del rey y sus agentes, el ejército borbónico respondía a una estructura y a unos objetivo que hacían de él una institución a fin de cuentas coherente con el tipo de sociedad y de monarquía a las que la milicia defendía y servía de soporte590.

a) Como tendremos ocasión de ver más adelante, el ejército borbónico se caracterizaba sobre todo, y antes que nada, por ser un ejército real. Pero además, lo que no resulta menos relevante desde el punto de vista de su configuración interna y del papel que estaba llamado a ocupar tras el establecimiento en España de una nueva dinastía, era un ejército estamental, lo que se traducía en dos circunstancias de importancia indiscutible para entender a qué clase de fuerza armada nos estamos refiriendo: los militares disfrutaban de toda una serie de privilegios y exenciones y, también, entre los primeros, de una jurisdicción independiente. Una situación que estaba, desde luego, en consonancia con el orden de privilegios característico del Antiguo Régimen, en el que la actividad realizada por los diferentes grupos humanos quedaba determinada por la posición en que se situaba cada uno en la estructura de la sociedad estamental. De ese modo, la citada actividad se transformaba, por ello mismo, y de inmediato, en una relación universal o política. No es necesario recordar en tal sentido que el orden jurídico del Antiguo Régimen se basaba en la idea central del privilegio o, lo que es lo mismo, en una discriminación social institucionalizada como elemento definidor de la propia sociedad591. Ni tampoco insistir, en consecuencia, en que en un orden social que desconocía la idea moderna de los derechos —entendidos como elementos de nivelación universal, que dan lugar a la igualdad formal ante la ley, frente a los privilegios de tipo estamental—, el ejército, como otras instituciones de la monarquía absoluta, estaba marcado por una radical desigualdad, que tenía su primera manifestación en el disfrute por los militares de un fuero propio y muy extenso. Las Ordenanzas Militares establecían al respecto que el fuero se atribuía a «todos los militares que actualmente sirven, y en adelante sirvieren en mis tropas regladas, o empleos que subsistan con actual exercicio en guerra, y que como tales militares gocen de sueldo por mi tesorería del exército en campaña o las provincias; comprendiéndose en esta clase los militares que se hubieren retirado del servicio y tuviesen despacho mío para gozar de fuero [...]»592. Pero, en lógica consecuencia con su peculiar naturaleza, el privilegio del fuero comprendía no solo a los militares, sino incluso a sus familias593 («Las mujeres y los hijos de todo militar gozarán de este fuero; y muerto aquel, lo conservarán su viuda y las hijas, mientras no tomen estado; pero los hijos varones únicamente le gozarán hasta la edad de dieciséis años [...]») y criados («Todo criado de militar con servidumbre actual y goce de salario tendrá, por el tiempo en que exista con estas cualidades, el fuero en las causas civiles y criminales que contra él se movieren [...]»)594.

La significación material del fuero se concretaba, por un lado, en el beneficio de una jurisdicción especial y, por el otro, en la existencia de numerosos y diversos privilegios personales y fiscales. Las Ordenanzas establecían en relación con la jurisdicción militar que no podrían «conocer de las causas civiles ni criminales de oficiales las Justicias Ordinarias, sino solo el Capitán General, Consejo General o Comandante militar del parage donde residieren»595. Pero las recurrentes disputas de jurisdicción, generadas por la existencia de diferentes interpretaciones en relación con la extensión material de la jurisdicción militar, dieron lugar a que, un cuarto de siglo después de entrar en vigor las Ordenanzas, el rey Carlos IV aprobase un decreto, de 8 de marzo de 1793, dirigido a acabar con el problema. Se disponía, así, en él que «en adelante los jueces militares conozcan privativamente y exclusivamente de todas las causas civiles y criminales en que sean demandados individuos de mis exércitos [...]»596. Completando el estatuto particular de los ejércitos del rey, los privilegios y exenciones presentaban muy diferentes concreciones, que se deducían tanto de lo previsto en las Ordenanzas de Carlos III como en diversos decretos y reales órdenes. De este modo, y solo se trata de algunas manifestaciones del referido estatuto militar, los oficiales y soldados no podían ser apremiados a tener oficios concejiles contra su voluntad; gozaban de la excepción de pago del servicio ordinario y extraordinario; no podían imponérseles alojamientos, repartimientos de carros, bagajes ni bastimentos; tenían el privilegio de uso y porte de determinadas armas; no podían ser objeto de prisión por deudas, ni embargados en sus caballos, armas, ni vestidos597.

Pero el orden social de desigualdad formalizada característico del Antiguo Régimen no se ponía solo de relieve, en todo caso, en el goce por los miembros del ejército de fuero jurisdiccional, y de privilegios y exenciones de naturaleza muy diversa, sino que se manifestaba igualmente en la existencia de diferentes excepciones que afectaban al propio fuero militar. Tales excepciones se traducían, en primer lugar, en algunos supuestos de desafuero, y, en segundo lugar, en otros de ampliación de la jurisdicción militar a personas no pertenecientes a la milicia. De los sujetos y los delitos afectados por el desafuero dejaban clara constancia las reales Ordenanzas, que incluían entre otros los siguientes: los que incurrieren en el delito de resistencia formal a la justicia; los que extrajeren o ayudaren a extraer moneda del reino; los que fabricaran o ayudaran a fabricar moneda falsa; los que usaran armas cortas de fuego o blancas prohibidas por las reales pragmáticas; los que cometiesen delito de robo o amancebamiento dentro de la corte, y el que delinquiera en cualquier parte contra la administración y recaudación de rentas reales598. Como es fácil de apreciar, la previsión del tipo de delitos afectados por causa de desafuero pone de relieve con una meridiana transparencia que el fuero se concebía por el rey como un privilegio del que, en tanto que tal, dejaba de disfrutarse en aquellos casos en que los militares incurrían en conductas que los hacían merecedores de la pérdida del privilegio del que gozaban por su peculiar condición social: bien, por ejemplo, porque violaban la lealtad debida a las finanzas reales (como acontecía con la falsificación o extracción de moneda), bien porque se convertían en reos de delitos que presentaban un claro carácter infamante, que era sin duda el caso del amancebamiento.

El desafuero, que excluía de la jurisdicción militar a personas normativamente amparadas en principio por ese privilegio, contrastaba con el hecho de que las reales Ordenanzas regulasen, igualmente, los casos y delitos en que aquella se consideraba competente para juzgar a sujetos o para conocer de acciones punibles no relacionadas estatutariamente con la milicia. Es suficiente con enumerar unos y otras para constatar que estamos ahora en presencia de la jurisdicción militar concebida no como privilegio estamental sino como mero instrumento de represión política, que es lo que tal jurisdicción pasará a ser, de una forma destacada, tras el establecimiento del Estado constitucional599. Por eso, los delitos no cometidos por militares cuyo conocimiento se entregaba a la jurisdicción castrense presentaban un carácter político militar y afectaban, de un modo u otro, a la seguridad de los ejércitos o a la interior del reino: así, la contribución a la deserción de tropas del ejército, incendio de cuarteles, almacenes o edificios militares; el espionaje; la conjura contra los mandos del ejército, o el insulto a centinelas o salvaguardias600. Aunque es evidente que la competencia de la jurisdicción militar en materia penal se extendía, en los casos aludidos, a supuestos que excedían del marco propio del fuero personal o del estricto privilegio estamental, lo cierto es que el carácter de todos modos restrictivo que presentaba tal extensión de la jurisdicción puede entenderse con facilidad si se tiene en cuenta una circunstancia de notable relevancia: que, para reprimir los casos de extrema gravedad, el rey tenía en sus manos un instrumento que, por su propia naturaleza, resultaba en realidad más rápido e incluso políticamente más fiable que la jurisdicción castrense: las llamadas comisiones especiales, creadas ad hoc para el conocimiento de una causa601.

El ejército borbónico presentaba una naturaleza estamental por todo lo apuntado, pero no solo por ello, pues la estamentalización se hacía patente al mismo tiempo en el hecho de que la nobleza gozaba dentro de la milicia de una posición en la jerarquía castrense que no podía ser calificada de otro modo que de privilegiada: la nobleza ocupaba, en efecto, gran parte de los cuadros de mando del ejército. Así lo determinaban sus Ordenanzas, según las cuales «el que se recibiese de Cadete ha de ser hijodalgo notorio conforme a las leyes de mis Reinos, teniendo asistencia proporcionada (que nunca baje de cuatro reales de vellón diarios) para mantenerse decentemente; y de los que fueren hijos de oficiales, en quienes no concurra esta precisa circunstancia, solo han de ser admitidos aquellos cuyos padres sean o hayan sido capitanes»602. De forma paralela a lo previsto en las reales Ordenanzas, el reglamento del Colegio de Artillería de Segovia, de 1804, y el de la Academia de Ingenieros de Alcalá, de 1802, exigían la condición de noble para el ingreso en las dos instituciones603.

Es cierto, claro, que esa situación fue evolucionando poco a poco, de tal modo que en los momentos postreros del siglo XVIII e iniciales del XIX, ya antes de que las pruebas de nobleza fueran suprimidas por un decreto de las Cortes de Cádiz604, la fuerza de los hechos había acabado por imponer una apertura social en los cuerpos de oficiales, a los que fueron accediendo crecientemente militares no pertenecientes al estamento nobiliario. Esa progresiva apertura habría sido sobre todo consecuencia, en opinión de algunos autores, de las divisiones internas de la nobleza española, origen a su vez de una ausencia de aquel esprit de corps tan característico de la nobleza francesa. Christiansen apunta, en esa línea, que, avanzado el siglo XVIII, «solo el cuerpo de Guardias, la Artillería y ciertos regimientos de Caballería podían excluir a los no nobles para cubrir los puestos vacantes de jefatura», mientras que Fernández Bastarreche pone de relieve que «la creencia en una vinculación casi total del ejército con el estamento nobiliario en el contexto del Antiguo Régimen es, sobre todo, consecuencia de una legislación mal o parcialmente interpretada, así como de una falta de consulta sobre las fuentes oportunas»605. Más cercano el momento, el conde de Clonard escribirá que las dos terceras partes de la oficialidad procedían de la clase de cadetes, lo que significaría que cuando menos los nobles representaban esa proporción606.

Más allá de todo lo apuntado, serán, sin embargo, la composición interna de la fuerza armada y sus formas de reclutamiento las manifestaciones más palpables de la naturaleza del ejército borbónico español. En la monarquía existían hasta tres diferentes clases de cuerpos armados: el ejército permanente, las milicias provinciales y las milicias urbanas. El primero de ellos, que conformaba el ejército regular de la corona, estaba integrado, a su vez, por las tropas de la Casa Real, por las armas de Infantería, Caballería, Artillería y por el cuerpo de Ingenieros. Pero, más allá de su concreta composición y organización607, lo realmente relevante a los efectos de estas páginas reside en el análisis de las formas de reclutamiento de las tropas, que se producía a través de tres procedimientos diferentes: el voluntariado, las levas y las quintas. La recurrente escasez de tropas voluntarias —que componían habitualmente menos de la mitad del contingente de soldados rasos— hizo imposible convertir el voluntariado en la forma más importante de recluta608 y forzó a las autoridades de la monarquía a echar mano de diferentes tipos de reclutamiento forzoso. Entre ellos destacará la leva, cuyo carácter judicial de castigo condicionaba en gran medida la composición de las tropas reales al dar entrada en las filas del ejército a grupos sociales claramente marginales (delincuentes, prófugos o vagabundos), que constituían las víctimas más comunes de los reclutadores reales. Las levas se ejecutaban en virtud de decreto del rey, cuando lo exigían las circunstancias militares. Carlos III, por ejemplo, mandó el 11 de septiembre de 1773 que se llevasen a cabo levas en la corte al tiempo que en los demás pueblos del reino se realizaban los sorteos para el reemplazo del ejército609. Dos años más tarde, el 7 de mayo de 1775, se publicó una real ordenanza para las levas anuales en todos los pueblos del reino cuyo notable interés se deriva no solo del hecho de ser una norma de carácter general sino de que revela bien a las claras que el objetivo que el rey y sus agentes perseguían con las levas era, además del estrictamente militar, el de de apartar de la vida social a un tipo de personas que, por su vida errabunda, resultaban muy difíciles de controlar y, en esa misma medida, potencialmente conflictivas610. Reclutarlos resultaba más económico que mantenerlos encerrados en las cárceles y más seguro que dejarlos vagar en libertad por los caminos611. Pese a todo lo apuntado, debe dejarse constancia de que el sistema de enganche no presentaba, a la postre, tantas diferencias como en principio podría pensarse con el sistema de levas. Y ello como consecuencia de los trucos y engaños utilizados por los reclutadores para conseguir el alistamiento de voluntarios612.

Sea como fuere, debemos subrayar que enganche613 y leva presentaban una común ventaja frente a la tercera de las formas de reclutamiento que previamente se apuntaban. Y ello porque ambas resultaban a fin de cuentas la única alternativa a las quintas, es decir, al reclutamiento forzoso de los súbditos, quintas que resultaban disfuncionales para la monarquía en primer lugar por sus efectos económicos (las quintas sustraían fuerza de trabajo de la agricultura y podían llegar en algún momento a ser gravemente perjudiciales, más si se tiene en cuenta que los problemas de población fueron recurrentes a lo largo de todo el Antiguo Régimen) y en segundo lugar porque solían agravar, en consecuencia, el problema de las subsistencias, a partir de las cuales podía acabar por producirse el estallido de un motín614.

Las quintas, el último de los sistemas de reclutamiento citados más arriba, eran lo más parecido a la conscripción universal que, tras la Revolución liberal, establecerán los Estados constitucionales615. Pero, como no podía ser de otra manera, frente al principio de generalidad (universalidad) en el llamamiento típico del liberalismo, coherente con el principio de igualdad formal ante la ley, el sistema de quintas vigente en la monarquía absoluta estaba completamente desvirtuado por exenciones de tipo estamental. La regulación del sistema de quintas, establecido por real declaración de Carlos III en el año 1767616, se contenía en una real ordenanza de Carlos IV, de 27 de octubre de 1800617, muy extensa y compleja, que dejaba clara constancia de su principal elemento Ancien Régime: la previsión de una enorme variedad de privilegios, personales y territoriales, que eximían a sus beneficiarios del cumplimiento del servicio militar. De este modo, y por más que el artículo X de la norma incluyese en el reemplazo a «todos los mozos solteros naturales de estos reynos desde la edad de 17 años hasta la de 36», el propio precepto hacía referencia a la existencia de diferentes clases excluidas y de exentos, liberados de la obligación de entrar en filas (los excluidos lo eran en virtud de un castigo en tanto que los exentos lo eran en virtud de un privilegio). Así, junto a una exención general de tipo estamental que afectaba a «los hijosdalgo que, según el último estado, estén en los pueblos de su naturaleza en goce y posesión de su hidalguía [...]» (artículo XXXV, n.° 1) y los clérigos in sacris, que ni siquiera debían figurar en el estado que se formase a efectos de proceder al sorteo de la quinta (artículo VIII), el ya citado artículo XXXV enumeraba todos los casos de exención, que pueden ser agrupados en tres grandes apartados: por razón de la profesión u oficio618 (hombres con alguna cualificación profesional que precisase una preparación específica o los que desempeñasen un oficio relevante para la seguridad interior); por razones familiares, que protegían a la familia como primera unidad productiva (así, entre otros, el hijo único de viuda o padre absolutamente pobre; el de padre anciano y padre impedido; los mozos solteros cabezas de familia que tuvieran establecida casa abierta; los casados, con carácter general; los hermanos de aquel que hubiese salido por soldado y el mozo que tuviere tratado matrimonio, ya con amonestaciones); y, por último, por razones de tipo territorial, que daban lugar a una exención general a favor de territorios beneficiados históricamente del privilegio de exención de quintas y a los campesinos de zonas cuya producción agrícola se quería proteger. Todas estas exenciones daban lugar a que el penoso servicio de armas —penoso por las durísimas condiciones del servicio y su larga duración: ocho años— recayese casi exclusivamente sobre la gran masa de campesinos pobres que componían la mayor parte de la población.

Tal y como previamente se apuntaba, junto al ejército permanente existían las llamadas milicias provinciales, que formaban una especie de ejército de reserva o segunda línea, movilizable en caso de guerra. Creadas en 1734, por una real ordenanza de Felipe V, que ordenaba proceder a la formación de 33 regimientos de esas tropas, habían nacido por influencia de las milices francesas instituidas en el país vecino por un reglamento de 29 de noviembre de 1688619. Aunque sus efectivos aumentaron en 1766, al disponer Carlos III que el número de regimientos se incrementase hasta un total de 42, no fue sino al año siguiente, en 1767, cuando se publicaría un extenso reglamento620 que disponía, con detalle, todo lo relativo a la formación y servicio de estos cuerpos armados. Lo más destacado de la norma es que, de nuevo, y al igual que ocurría con las ordenanzas de reemplazos de 1800, se establecían un gran número de exenciones para el servicio en armas, lo que configuraba a estos cuerpos como una fuerza igualmente estamental, privada de carácter nacional. Aunque creadas como tropas de segunda línea, que podían movilizarse en caso de una guerra exterior, las milicias provinciales fueron frecuentemente utilizadas para cubrir las numerosas bajas que por enfermedad, muerte o deserción se producían en el ejército regular.

Cuerpos armados cuyo origen más remoto se encontraba en la época medieval, las milicias urbanas eran, en fin, tropas destinadas a la defensa de plazas fuertes en puertos y fronteras, de existencia irregular, dependiente de las recurrentes crisis bélicas. El citado reglamento de 1767 para las milicias provinciales derogó todos los cuerpos de milicias urbanas en la Corona de Castilla y declaró exentos de servir en las provinciales a las plazas de armas y pueblos de frontera y marina que para su defensa debieran tener formadas compañías de milicias urbanas. No obstante, y ello puede dar buena idea de la existencia irregular de estas milicias, con idéntica denominación se crearon en 1794 diversos cuerpos armados para la defensa de algunas ciudades españolas (Madrid, Barcelona o Zaragoza), como consecuencia de la crisis en las relaciones franco-españolas derivaba del establecimiento de la Convención, con la finalidad de descargar al ejército regular de otras funciones y facilitar el envío de tropas de línea a la frontera pirenaica621.

b) La peculiar composición Ancien Régime de unas fuerzas armadas como las descritas hasta aquí influía, como no podía ser de otra manera, en su funcionamiento. Y es que el ejército borbónico, naturalmente estamental, se caracterizaba, además, por ser un ejército de súbditos, muy difícil de controlar, lo que convertía el problema del orden interno en cuestión fundamental. De este modo, solo mediante una férrea disciplina cabía gobernar un ejército mal preparado622, deficientemente pertrechado y formado en buena parte por sectores sociales marginales. De hecho, la existencia de un código disciplinario extremadamente duro, indispensable para mantener el principio esencial de la obediencia ciega, expresaba a la perfección la naturaleza del vínculo entre los soldados y los mandos militares del rey en un ejército del absolutismo: el soldado era solo un súbdito, que mantenía con el rey una relación de vasallaje, dentro de la cual se incluía la prestación del servicio militar. El contraste es, por tanto, patente con la situación que generará la revolución liberal, cuando la relación soldado-súbdito/señor se transforma en una muy distinta: soldado-ciudadano/Estado. La prestación del servicio de armas, como ha podido verse en lo previsto en las diferentes normas de la monarquía borbónica hasta ahora mencionadas, no era sino una más de las obligaciones que llevaba aparejada la condición de súbdito, de un súbdito que por serlo estaba privado de todo derecho, o, dicho de otro modo, estaba «universalmente subordinado»623. La superación de esta relación de vasallaje, esencialmente feudal todavía, aparecía por tanto como conditio sine qua non para la progresiva construcción de un ejército auténticamente nacional. Como el caso inglés se había encargado de enseñar, solo tras el hundimiento de la monarquía absoluta y la afirmación del principio constitucional de la igualdad de derechos fue posible la configuración de un ejército de soldados-ciudadanos sometidos exclusivamente al imperio de la ley624.

La consecución de la obediencia por parte de las tropas y el mantenimiento de la disciplina en el seno de las unidades militares no resultaban, en consecuencia, elementos independientes del tipo de ejército del que en cada caso se tratase. Si el ejército, como el de la monarquía absoluta borbónica, se configuraba como real y estamental, el principio vertebral de su funcionamiento no podía ser otro que el de la obediencia ciega, ya citado. Ese principio, característico de una fuerza armada formada por vasallos625, aparecía recogido en las Ordenanzas, en las que se disponía que el recluta «obedecerá y respetará a todo oficial y sargento del ejército, a los cabos primeros y segundos de su propio regimiento, y a cualquiera otro que le estuviese mandado, sea en guardia, destacamento u otra función del servicio»626. El principio troncal de la ciega obediencia —que el Estado constitucional procederá también a modificar, tras proclamar el carácter nacional de un ejército de ciudadanos—627, aparecía como la consecuencia de la naturaleza de un ejército compuesto por súbditos privados de cualquier tipo de derecho y no sometido, por lo tanto, a otra norma que a la voluntad del rey y sus agentes. La efectividad de esa obediencia daba lugar a que el mando de armas se ejerciese con una extrema dureza y una arbitrariedad absoluta. La dureza disciplinaria, de la que quedan muestras en las normas sancionadoras desperdigadas por Ordenanzas y otras reales disposiciones posteriores, se manifestaba tanto en el tipo y amplitud extraordinaria de las conductas prohibidas como en el rigor de las penas y correcciones que podían imponerse para la represión de las mismas.

En las Ordenanzas, por ejemplo, se prohibía «bajo severísimo castigo al soldado toda conversación que manifieste tibieza o desagrado en el servicio, ni sentimiento de la fatiga que exige su obligación [...]»; o se disponía que «todo inferior que hablase mal de su superior será castigado severamente [...]» y que «cualquiera especie que pueda infundir disgusto en mi servicio o tibieza en el cumplimiento de las ordenes de los gefes se castigará con rigor»628. Por si ello no bastara, se disponía, además, un principio de responsabilidad indiscriminada, al margen del grado de participación en las conductas prohibidas, lo que, tras convertir a todos en cómplices potenciales, perseguía el objetivo de estimular la delación como única forma de exención de responsabilidad. Por lo que, se refiere a la brutalidad de las penas —que, como acontecía en el Antiguo Régimen, no tenían ni una función rehabilitadota ni retributiva, pues se concebían como medidas ejemplarizantes que perseguían disuadir mediante el miedo—, en las Ordenanzas se contemplaban, entre otras, los grilletes, mordaza, mutilación de una mano, baquetas, o atravesamiento de lengua. Pero la dureza punitiva resultaba, en todo caso, completamente arbitraria, dada la inexistencia de un auténtico principio de legalidad: no se diferenciaban con claridad los delitos, origen de las penas, y las faltas, que solo debían dar lugar a sanciones correccionales. Por otro lado, la imposición de castigos podía tener lugar sin que existiese previamente un proceso, dadas las amplísimas facultades correccionales de jefes y oficiales, lo que se traducía en una permanente inseguridad para los soldados y todas las clases de tropa y en que el principio de jerarquía funcionase de hecho como patente de corso que amparaba toda clase de abusos y arbitrariedades. De nuevo algo esencialmente feudal629.

El mando y la administración de los ejércitos y armadas: la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Consejo Supremo de Guerra

Ese ejército del absolutismo borbónico, que hemos descrito como estamental y formado por vasallos, era, antes que nada y sobre todo, un ejército real. Serán, a la postre, ese carácter y esa vinculación estricta a la persona del rey, que convertían al ejército y en general a todas las fuerzas armadas de la monarquía en un instrumento al servicio de los intereses dinásticos de la familia reinante, los que definirán la naturaleza fundamental de todo el aparato militar del absolutismo. Un sistema de gobierno en el que

por encima de todo son sus personales intereses [los del Monarca], los dinásticos, los que reciben mayor consideración. La singularidad de las nuevas monarquías consiste justamente, y por obvio que pueda parecer, en que son organizaciones al servicio del propio Monarca. No es una exageración afirmar, como ha hecho Fox a propósito de Francia, que la monarquía era l’affaire qui englobait l’ensemble du royaume630.

Debe tenerse en cuenta, a ese respecto, que la guerra de Sucesión y la entronización de una nueva dinastía en 1700 de la mano del primer rey Borbón, Felipe V, supusieron el nacimiento en el territorio de la monarquía de una poderosa dinámica política y administrativa, que quebraría al fin con la situación de crisis vigente durante el siglo XVII. La nueva centuria trajo de la mano, en efecto, un proceso de recentralización que, con consecuencias en diversos planos de la vida española, se tradujo en una reorganización de los ejércitos que perseguía un doble objetivo: por un lado, impulsar el control real sobre el conjunto del aparato militar, lo que dio lugar a significativos cambios en la organización del ejército que había estado hasta entonces vigente; por el otro, reforzar al aparato armado del Estado hasta convertirlo en uno de los elementos sobre los que iba sustentarse el propio poder de la corona, como tendremos ocasión de ver al analizar el papel de los capitales generales. «La Corona española —ha apuntado en esta línea Henry Kamen—, con su autoridad realzada por un Estado unificado, su hacienda enriquecida por un aumento considerable de nuevos ingresos y con sus fuerzas armadas ampliadas y reforzadas por la guerra, salió reforzada y enriquecida de la guerra de Sucesión»631. No cabe duda: el reforzamiento de las unidades militares y su reorganización iban a ser, en la concreta esfera castrense, los signos fundamentales de la sustitución de los Austrias por los Borbones.

Comenzando por el primero de esos aspectos, el reforzamiento militar parece innegable, si se analizan los datos económicos y los estados de fuerzas de los ejércitos del rey, que contrastan de una manera patente con la caída de efectivos que se produjo a lo largo del siglo XVII632: el incremento de los gastos navales fue impresionante, al pasar de los 80.000 escudos del año 1706 a los 4,1 millones en 1718; paralelamente, en el corto espacio de tiempo que medió entre 1703 y 1722 el ejército incrementó su tamaño en un porcentaje que rondó el 400 por 100633. De este modo, si ya al concluir la guerra de Sucesión el ejército se componía de 87 regimientos y cien escuadrones, en 1718, según afirma el marqués de la Mina en sus Memorias, sus fuerzas se habían incrementado hasta el número de 76 regimientos españoles y 24 regimientos extranjeros, a lo que debían añadirse 75 escuadrones de caballería y 40 de dragones634.

Pero los cambios a los que acaba de aludirse, expresivos de un robustecimiento del aparato armado que lo era, en última instancia, de la nueva monarquía, son menos significativos a los efectos de lo que aquí nos interesa que los que tuvieron lugar en la esfera de la reorganización del mando y de la administración de los ejércitos reales. Y es que a todo lo largo del siglo XVIII se tomaron decisiones políticas que, además de mejorar la profesionalidad del aparato armado, redundaron en su estricta subordinación al poder del rey, elemento esencial en todos los procesos históricos de asentamiento del absolutismo635. La reorganización del nuevo ejército borbónico arrancó con la célebre Ordenanza de Flandes, que entró en vigor en 1701 y que, pese a diferentes modificaciones posteriores (fundamentalmente la que tuvo lugar en 1729), regiría la vida interna de la milicia española durante casi tres cuartos del siglo, hasta que en 1768 tuvo lugar la aprobación de las Ordenanzas de Carlos III. En la esfera de la profesionalización de los ejércitos, elemento histórico esencial para su efectiva modernización, una real cédula de noviembre de 1704 pasó a establecer que «en cada compañía se reciban diez cadetes, nobles e hidalgos, que se distinguirán de los demás por el servicio y la paga», lo que sentó las bases para la aparición en España de un cuerpo de oficiales, iniciativa de gran calado que encontraría su continuación con la creación de la primera escuela de cadetes en 1717. Sin embargo, y pese a la innegable significación política de estas medidas y aun de otras adoptadas en la misma línea que cabría citar636, no será sino hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando los monarcas adoptarán toda una serie de disposiciones cuyo sentido último iba claramente dirigido a afirmar la soberanía militar de la corona. Nos estamos refiriendo, esencialmente, a la creación, por decreto de mayo de 1755, de la Secretaría de Estado y del Despacho de la Guerra, que, en tanto que órgano fundamental de ejecución de la voluntad real, concentrará, según veremos de inmediato, las más relevantes facultades militares, políticas y administrativas; a la aparición de un sistema de reclutamiento obligatorio para el ejército, mediante sorteo, establecido por la citada real declaración de Carlos III en el año 1767, que instituía el sistema de quintas, ya analizado, y que preanunciaba, en algunos aspectos, el posterior servicio militar obligatorio que había de alumbrar el Estado liberal, y, sobre todo, a la publicación en 1768, por el mismo rey, de las Ordenanzas de S.M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicios de sus ejércitos, a las que nos hemos referido previamente en diversas ocasiones: la reales Ordenanzas expresaban, en su propia configuración como norma con vocación unificadora, el cambio operado hacia la permanencia, la disciplina y la subordinación, que serán los tres elementos característicos de los ejércitos del absolutismo. Las Ordenanzas marcaron, por ello, la culminación histórica de un largo proceso en el que se entrelazaban el ejército permanente y la monarquía absoluta, por encima de avances y retrocesos, que no invalidan el sentido general de una tendencia histórica similar en los más importantes Estados de la Europa de la época. Es en tan preciso contexto histórico en el que debe entenderse el hecho de que, tras el proceso centralizador que acabamos de describir de forma tan sucinta, dependiesen directamente del rey la totalidad de las actividades relacionadas con unos ejércitos que eran, en sentido estricto, sus ejércitos. Tales actividades se ejercían y controlaban esencialmente a través de dos órganos políticos fundamentales: la Secretaría de Estado y del Despacho de la Guerra y el Supremo Consejo de Guerra.

La primera, que había sido instituida a través de un decreto de 24 de mayo de 1755637, se configuraba como un órgano de ejecución de la voluntad real. Y es que como Gonzalo Anes señaló en su día con acierto, los secretarios del Despacho eran «meros auxiliares de los monarcas, y no tenían facultades para decidir autónomamente»638. A ellos se les atribuían sobre todo las funciones fundamentales de mantenimiento y gobernación de los ejércitos639. Así eran de su competencia las siguientes materias: a) «los asuntos militares, que dieren motivo a la correspondencia con mis Capitanes Generales del Exército y Provincias, Directores generales e Inspectores de los cuerpos de Infantería, Caballería y Dragones de mi Exército»; b) «todo lo que tenga y haga relación a la conservación, aumento o disminución de tropas de mi Real Casa y Exército, como a su servicio régimen, subsistencia en guarnición, cuarteles y campaña; la Artillería, en todas sus partes, según y conforme se dirigía antes de la unión de las Secretarías del Despacho de Marina y Hacienda»; c) «la formación y Cuerpo de Ingenieros, Academias y Escuelas de ambos ramos»; d) «los Estados mayores de plazas, reclutas, levas, quintas, colección de vagamundos, vestuarios, hospitales, víveres y utensilios, quarteles, forraje, alojamientos, itinerarios y demás partes correspondientes a la fuerza, armamento, entretenimiento y buena asistencia de mi Exército»; e) «la provisión de Gobiernos y Corregimientos, que en la jurisdicción de las mismas Órdenes y otras tengo señaladas para atender a los oficiales de mis tropas»; f) «la [provisión] de Plazas del Consejo de Guerra, y despacho de las consultas que sobre materia de ella me hiciese este y cualquiera otro tribunal»; g) «en la elección de Intendentes para Exército en campaña, que por la vía de la Guerra se me han de proponer, ha de concurrir el acuerdo con él del Secretario del Despacho de Hacienda, el cual me debe proponer sujetos para Intendentes de Exército y Provincia, y corregidores de las capitales de ella, de acuerdo con el Secretario de Guerra»; y h) «los asientos de todo lo que se ofrezca para el Exército se han de formar en la Secretaría del Despacho de la Guerra, con las condiciones que se tengan por convenientes; y se han de pasar a la del Despacho de Hacienda, para que ajustándose los precios con las personas abonadas para desempeñar mi Real servicio, y dándoseme cuenta, se comunique mi Real aprobación a la de Guerra, y demás partes a donde convenga para su observancia»640.

En el decreto de creación de la Secretaría de Estado quedaba también clara constancia de uno de los principales rasgos definidores del carácter real de los ejércitos: como no podía ser de otra manera, el monarca nombraba según su libre arbitrio a jefes y oficiales. Por eso, la propia norma disponía que entre los «negocios propios y peculiares de la Secretaría de Estado y del Despacho de la Guerra» estaba la «nominación de empleos de todas clases de él; la concesión de todo género de mercedes que yo haga por servicio de Guerra, exceptuando aquellas cuya execución toque a otras de las Secretarías del Despacho, pues en este caso pasará un aviso a la Secretaría por donde se deban expedir los decretos, según las facultades que concedo a cada una», especificándose, además, que si bien «los empleos de oficiales subalternos en los cuerpos militares del Exército (excepto los de mi casa Real) los prooverá [la Secretaría de Estado y del Despacho] de mi real orden», «para los de mayor grado me dará cuenta para mi aprobación»641. En un sentido similar se expresaban las Ordenanzas militares de Carlos III al disponer que «a ningún oficial ha de darse posesión del empleo a que fuere promovido sino en virtud de despacho que presente firmado de mi Real mano y refrendado por mi Secretario del Despacho de la Guerra»642. Esta facultad real de libre nombramiento de oficiales de los ejércitos, pieza clave en el proceso de centralización de facultades militares en manos del monarca, constituía la mejor prueba del punto de ruptura con la situación previa de la administración militar de los Austrias643.

Por lo que se refiere al Supremo Consejo de Guerra, se trataba del otro gran organismo rector de la administración central, encargado, junto a la Secretaría de Estado y del Despacho de la Guerra, de la administración y mando del ejército borbónico644. Para un correcto entendimiento de tal afirmación debe tenerse en cuenta, en todo caso, que la importancia de los Consejos, que alcanzaron su máximo esplendor durante el reinado de la Casa de Austria, había ido disminuyendo a lo largo del siglo XVII y «aún más en el XVIII, al ser absorbidas parte de sus funciones por la Secretaría de Estado y del Despacho». Ciertamente, el período de esplendor de los Consejos estaba en gran parte superado, ya que en el siglo XVIII estos pierden importancia relativa al ser absorbidas muchas de sus funciones por los órganos directamente dependientes del monarca645. Renacido como una derivación del Consejo de Estado, en virtud de los decretos de 27 de abril de 1714 y 23 de agosto de 1715646, la planta y funciones del Supremo Consejo de Guerra quedaron fijadas en una real cédula de Carlos III, de 4 de noviembre de 1773, que pasó a ser su norma básica y que rigió su funcionamiento hasta el año 1803.

El Consejo, presidido por el rey (el artículo 1.° de la real cédula de 1773 disponía que «[...] la presidencia de este Supremo Consejo ha de perseverar siempre en mi Real persona [...]»), se componía de 20 consejeros, diez natos y otros diez de continua asistencia. Entre los consejeros natos figuraban, según disponía el artículo segundo de la norma, los más altos mandos militares del ejército real (así, el secretario del Despacho de la Guerra, el capitán más antiguo de los guardias de corps, el coronel más antiguo de los guardias de infantería, los inspectores generales de Infantería, Caballería y Dragones, los comandantes generales de Artillería e Ingenieros y los inspectores generales de Marina y Milicias), mientras que los de continua asistencia se dividían en dos categorías diferentes: de un lado, mandos militares; de otro, personas con conocimientos jurídicos que fueran «letrados de sobresalientes circunstancias, instrucción y literatura» (artículo 3.°). La real cédula determinaba, por lo demás, las funciones generales que el rey atribuía a su Consejo, entre las que destacaban la «plena facultad y jurisdicción para conocer de decidir de la universalidad de las causas civiles y criminales que de cualquier modo pertenezcan al fuero de la Guerra y a todas las clases de que se componen mis Tropas de tierra y mar» (artículo 8.º) y la de conocer, asimismo,

en el grado correspondiente de todos los negocios relativos a cualesquiera personas, que por ordenanzas, decretos, órdenes o contratos tengan declarado el fuero militar; de los asuntos meramente contenciosos tocantes a sorteos, fortificaciones, presidios, construcciones de baxeles, astilleros y Montes de Marina [...] espías, extranjeros transeúntes, utensilios, alojamientos de tropas, sus hospitales, asientos de ellos, de víveres, vestuarios y demás pertenecientes al Exército y Armada,

y, finalmente, de «cuantas materias y causas le correspondan, en el mismo concepto de contenciosas conforme a las últimas ordenanzas Militares y de Marina» (artículo 9.º). Ahora bien, la circunstancia de que el Supremo Consejo estuviese compuesto por personas con capacidades profesionales de dos clases bien distintas (militares y jurídicas) constituía la mejor expresión de la doble faz de un órgano que tenía al mismo tiempo una función consultiva y otra de tipo jurisdiccional, aunque ambas referidas al ámbito castrense. Ello resultaba, en última instancia, del todo coherente con el tradicional sistema de la administración española antes del establecimiento del Estado constitucional, en la que «predominaba el sistema de Consejos con confusión de funciones en su seno»647. A fin de cuentas, no otra era la razón que explicaba que el Consejo se dividiese en dos salas: una de gobierno, compuesta por los consejeros militares, y encargada de tratar las «materias consultivas, y expedientes civiles como criminales de la inspección de este Consejo que puedan determinarse por Ordenanza» (artículo 14); y otra de justicia, encargada de «conocer y determinar todas las causas civiles y criminales que por cualquier razón toquen al fuero militar y que por ser contenciosas y entre partes deban resolverse conforme a las leyes y Ordenanzas» (artículo 15). La posición absolutamente predominante del monarca y el carácter de órgano subordinado del Consejo quedaban claros no solo por el hecho de la presidencia real, ya señalada, sino también en vista de las facultades del rey para proceder a los nombramientos de los consejeros, incluso al de aquellos que según la propia real cédula tenían carácter de natos.. En tal sentido, al artículo 26 de la real cédula de 1773 disponía con toda claridad que

siempre que se verifique vacante de alguno de los Consejeros de continua asistencia, me dará cuenta inmediatamente el Consejo por la vía reservada de la Guerra, para que conforme a esta Nueva Planta diga al sujeto que estimare más a propósito; y aunque los Consejeros natos lo son por sus empleos, nombraré a todos por Decreto señalado de mi real mano [...].

Pero, según acaba de apuntarse, en 1803, y por real cédula de Carlos IV, de 16 de mayo648, se introdujeron numerosas modificaciones en la planta del Supremo Consejo que afectaron sobre todo a su forma de organización y funcionamiento: se estableció, de este modo, entre otras cosas, que los consejeros fueran de asistencia continuada y se suprimió la participación en él de los consejeros natos. Además se redujo su número a seis militares y cuatro togados. Y todo ello como consecuencia de la necesidad de favorecer el objetivo de que quienes militaban bajo las banderas del rey disfrutasen

el beneficio de la pronta administración de justicia [...] notando que la última Planta de mi Consejo de la Guerra y su actual estado no es conveniente a este fin, por haber muchos individuos que solo tienen este destino en comisión, y no como empleo, y por el atraso que ha advertido en muchos negocios, ocasionado sin duda de la multitud de vocales, y de la división de asuntos que pueden manejarse mejor por pocos, que se entreguen continua y enteramente al desempeño de un empleo, tan interesante a mi servicio.

Como es fácil de observar, la especie de preámbulo o exposición de motivos (por decirlo con un lenguaje actual) que acompaña a la norma pone el acento en la necesidad de alcanzar una mayor profesionalización del órgano, para lo que era necesario romper con un principio caracterizador de la conformación de los órganos del Antiguo Régimen: el derivado del hecho de que sus miembros fuesen designados para formar parte de ellos en gran medida y en muchos supuestos como un premio a sus méritos al servicio de la corona o como una manifestación de su posición estamental y no por la utilidad que, en tanto que profesionales de un determinado oficio, pudiesen rendir a los objetivos institucionales perseguidos por el órgano para el que eran llamados por el rey.

La organización del poder militar territorial: las capitanías generales

La profunda reforma de la organización militar llevada a cabo por Felipe V tras su llegada al trono de España649 se coronó, desde el punto de vista de la administración militar del territorio, con la fijación de las competencia de los capitanes generales, lo que tuvo lugar a través de una real instrucción de 1 de enero de 1714 sobre las obligaciones, facultades y sueldos de los capitanes generales de provincia650. Aunque la norma se dictaba con un carácter general, lo cierto será que «las secuelas de la Guerra de Sucesión pesaron sobre la organización de las Capitanías Generales, pues el modelo se articuló sobre la idea de lo que debían ser las competencias de la Capitanía General de Cataluña». Es más, la explicación de la gran cantidad y variedad de facultades que se ponían en manos de los capitanes generales, a las que enseguida haremos referencia, «hay que buscarla en la Guerra de Sucesión y en el recelo que Felipe V mostró hacia los territorios de la Corona de Aragón», de modo que aunque el 1 de enero de 1714 el nuevo rey dictó una norma «dirigida a todos los Capitanes Generales, en el fondo estaba pensada para Cataluña»651.

Según la real instrucción de Felipe V, los capitanes generales tendrían asignadas, en primer lugar, facultades de naturaleza netamente castrense: era el caso del mando militar sobre los gobernadores y comandantes de ciudades, sobre fuertes y castillos o sobre las tropas regulares que se encontrasen, bien en guarnición, bien en tránsito en su territorio. Todas esas facultades abarcaban, desde luego, la adopción de las medidas necesarias para asegurar el alojamiento, el abastecimiento, el armamento, la sanidad y la justicia militar. Pero no era en la esfera de las facultades militares donde la norma de 1714 manifestaba su importancia histórica indudable, sino en las que podían encuadrarse en los campos no referidos estrictamente al mando, a la organización y al control de los ejércitos del rey. En efecto, los capitanes generales no solo ostentarían la representación del monarca en todas las jurisdicciones, sino que además, lo que resultaba fundamental, pasarían a tener la responsabilidad de mantener la seguridad pública, lo que traía como consecuencia fundamental que se les otorgasen poderes para llevar a cabo el control político sobre los respectivos territorios bajo su mando. Así, estarían «a la vista de las elecciones que se hicieren en cualquier caso, ocasión, o debajo de cualquier pretexto que sea, para que jamás propongan para empleos personas sospechosas de infidelidad desafectas al Real Servicio». Del mismo modo, atenderían «con grande aplicación en todas las partes de su Gobierno, velando mucho sobre los mal intencionados, o desafectos, y particularmente sobre los que tuvieren algún empleo, dignidad, o autoridad, sea en lo Eclesiástico, Militar o Político, estando a la vista de sus conversaciones, operaciones y movimientos, avisando al Rey lo que fuere cada uno»652. Como es fácil de constatar con la simple lectura de esas previsiones de la real instrucción, el rey estaba habilitando a los capitanes para desarrollar labores policiales no solo sobre la generalidad de la población sino sobre todas las restantes autoridades bajo el mando de cada capitán general y estaba, aún más allá, ordenándoles taxativamente espiar y denunciar a cualquier autoridad que a juicio de las altas autoridades castrenses estuviera bajo sospecha de lealtad dudosa hacia la nueva monarquía. Debe tenerse en cuenta, en todo caso, que el fenómeno de la militarización del orden público no se derivó solo de la asignación de facultades en esa esfera a los capitanes generales, sino también del hecho de que, salvo alguna excepción, los cuerpos de seguridad creados bajo la administración borbónica estaban organizados militarmente, se beneficiaban del fuero castrense y dependían orgánicamente del propio capitán general de cada territorio653.

Las facultades de los capitanes generales se completaban con las de orden judicial, aunque en esta esfera, como de inmediato hemos de ver, la amplitud de su poder no era la misma en los diferentes territorios de la monarquía, por más que en todos, «sin embarazar el curso de la justicia», tuvieran aquellos que informar al rey al objeto de que tuviera este cumplido conocimiento de los jueces, corregidores y otras autoridades cuya acción pudiese resultar molesta para los pueblos de la monarquía.

La situación que se derivaba de todo este amplio abanico de poderes militares, administrativos, policiales o jurisdiccionales ha sido resumida con claridad por uno de los mejores conocedores de la institución de los capitales generales dentro de la historiografía española:

En suma, el amplio marco de atribuciones, la representación de la persona real, y el mando militar, todo ello unificado en la persona de los Capitanes Generales, los convertía por encima de cualquier otra institución en el más eficaz instrumento de control político de la monarquía sobre los pueblos del territorio peninsular. En definitiva, el poder omnímodo de los Capitanes Generales a nivel de la administración provincial era semejante al que un ministro del Despacho podía tener en su departamento. De hecho, la nueva división territorial de España tras la llega de los Borbones, colocaba al frente de cada circunscripción a un Capitán General, es decir, obedecía a la lógica de «lo militar654.

Esta visión del papel político y administrativo de los capitanes generales durante el siglo XVIII varía en buena medida, sin embargo, si de una perspectiva de observación general pasamos a otra más particular, es decir, si aproximamos la lente del enfoque. Y ello porque diversos estudios monográficos sobre la función que cumplían aquellas altas autoridades militares han puesto de relieve el hecho cierto de que su papel político en la gobernación territorial difería, en realidad, dependiendo de la zona de la monarquía de que se tratara en cada caso. Así las cosas, habrán de ser, de hecho, la guerra de Sucesión y los Decretos de Nueva Planta los que terminarán por conformarse como elementos decisivos en la fijación de tal contraste, y ello hasta el punto de que quepa señalar la existencia de dos modelos de organización del poder territorial de la corona que terminarán por manifestarse en el mapa de las capitanías generales que se consolida una vez finalizada la contienda: «El gobierno se entiende a partir de este momento de dos formas bien distintas, unos territorios fuertemente militarizados, mientras que otros mantienen parte de sus estructuras de gobierno en poder de civiles»655. El primer modelo —al que respondieron no solo las capitanías generales de los territorios de la Corona de Aragón (sobre todo Valencia y Cataluña), dato este generalmente aceptado, sino también, según ha destacado Andújar Castillo, las plazas fronterizas, de tierra o mar— tendrá como principales consecuencias la atribución de los corregimientos a autoridades castrenses: los corregidores, que desempeñaban funciones judiciales, tanto en el ámbito penal como civil656, se pusieron en manos de «oficiales del ejército que iban a estar subordinados a la vía de guerra en lo militar y al Consejo de Castilla en lo civil»657.

Pero refiriéndonos ya, en concreto, a la citada dualidad (militarización/no militarización) en relación con la concreta institución de los capitanes generales, la diferencia entre los que desempeñaban las más altas funciones de mando castrense en unos y otros territorios de la monarquía no residió solo en el hecho, por lo demás nada irrelevante, de que presidiesen o no las respectivas audiencias, presidencia que se encomendó a los capitanes generales de Cataluña, Valencia, Aragón, Mallorca, Canarias y Galicia, aunque, ya acabando el siglo, esa situación se hizo extensiva a otros territorios mediante un real decreto de 30 de noviembre de 1800658. En realidad, y admitido el hecho de que la lectura de las normas reguladoras del papel de los capitanes generales parece indicar una similar posición institucional de todos ellos, lo cierto es que «no hubo tal uniformidad sino un mapa desigual que se manifiesta de forma nítida cuando se analizan los dos elementos claves de las Capitanías Generales: los militares que estuvieron al frente de las mismas y las funciones que ejercieron»659.

Por lo que se refiere a lo primero —es decir, al perfil social y castrense de quienes ocupaban las capitanías generales—, la situación más habitual consistió en que el puesto fuese desempeñado por oficiales que tenían el grado de teniente general, que constituía el nivel más alto del escalafón militar, con la única excepción de un rango que solo llegaron a adquirir una pequeñísima parte de los oficiales del ejército borbónico: el de capitán general de los reales ejércitos. Sin embargo, en claro contraste con esa situación, se ha observado por los estudiosos de las capitanías generales660 que existieron situaciones particulares que no respondían a la apuntada regla general: fue el caso de Cataluña y Valencia —territorios donde, como se ha visto ya, los capitanes generales tenían atribuidas, además de las funciones propias de su cargo, la presidencia de las audiencias—, donde la mayoría de los que llegaron al más alto mando castrense sobre el territorio fueron durante el siglo XVIII, y especialmente durante la primera mitad de la centuria, capitanes generales del ejército, dato bien expresivo de la extraordinaria importancia que, razones evidentemente relacionadas con el conflicto sucesorio, atribuía el rey a las capitanías generales en las que aquel conflicto había sido más agudo. Las diferencias, en todo caso, no vinieron marcadas solamente por el distinto rango de los militares elevados al máximo mando castrense territorial, sino por otros dos elementos que contribuyeron a fortalecer la indudable peculiaridad de las capitanías generales ubicadas en las zonas del país que habían sido más leales a la causa austracista. Así, el número de capitanes generales que a lo largo del siglo XVIII tenían la condición de nobles titulados fue muy superior en Cataluña o Valencia que en Andalucía o Canarias661; lo mismo aconteció con las capitanías generales ocupadas por militares extranjeros, de modo que la confianza en la mayor fidelidad de aquellos «fue una característica definidora del gobierno de los territorios en los que se impusieron los Decretos de Nueva Planta, en especial Cataluña y Valencia»662.

Pero, como más arriba quedaba apuntado, la precisa caracterización del papel desempeñado por las capitanías generales del reino en la época borbónica exige no solo constatar las diferencias existentes entre el perfil personal de quienes las servían en función de los diversos territorios en que aquellas se ubicaban, sino también analizar las particularidades relacionadas con el ejercicio de sus funciones, que deben ser abordadas, en cualquier caso, partiendo de un hecho de relevancia política indudable: que, más allá del «amplio cúmulo de competencias que recibieron, conviene precisar que su mando siempre estuvo limitado y supeditado a la suprema autoridad del Secretario del Despacho de turno. En ese sentido los Capitanes Generales administraron y gobernaron sus territorios como una especie de “agentes intermedios” de los ministros de Guerra»663. En la misma idea insistió en su día Gonzalo Anes al poner de relieve que la Secretaría de Estado y del Despacho de la Guerra se ocupaba de los asuntos militares que «daban motivo a la correspondencia con los capitanes generales del ejército y provincias, directores generales e inspectores de los cuerpos de infantería, caballería, dragones y en general, en todo lo relativo a la conservación, aumento o disminución de las tropas de la Real Casa y Ejército»664. En este sentido, y por más que los capitanes generales fueran los encargados del mando sobre las tropas de su respectivo territorio, lo cierto es que carecieron de poderes en la esfera de su organización y funcionamiento. Ello dio lugar a la delimitación «entre un “poder territorial” encomendado a los capitanes generales de provincia y un “mando militar” con sede en la Secretaría de Guerra y en su maquinaria administrativo castrense de “gobierno del ejército”». En consecuencia con ello, la mengua más relevante del poder de los capitanes generales tras el inicio del siglo XVIII se derivó de las facultades para decidir en materia de nombramientos y ascensos de la oficialidad. En última instancia, la estrecha relación existente entre los capitanes generales y la corte puede comprobarse a través del análisis de la numerosa correspondencia entre los primeros y la segunda, de modo que los capitanes actuaban de forma habitual como los intermediarios de las informaciones que les llegaban de la mano de los gobernadores militares: y así, tanto los capitanes generales como los gobernadores «actuaron como eficaces agentes del poder del rey en un territorio y, desde esta perspectiva, ejercieron funciones de todo orden entre las que la “informativa” ocupa un lugar destacado»665.

Por lo demás, no puede olvidarse el dato de que los capitanes generales sufrieron tras la entronización de Felipe V una merma de sus funciones respecto de las desempeñadas antes del acceso al poder de la nueva dinastía. La más notable fue la derivada de la creación de las intendencias, que, al igual que las capitanías, fueron reorganizadas tras la guerra de Sucesión con el fin de racionalizar el funcionamiento de la administración de la corona y de centralizar el poder político en manos del rey. Según la ordenanza de 13 de octubre de 1749 para el restablecimiento e instrucción de intendentes de provincia y ejército666, estos disponían de importantes poderes relacionados con materias de guerra (reclutamiento, pagas, hospitales, suministros, municiones, artillería, fortificaciones, milicias o cuarteles), policía, justicia y hacienda castrense. Las intendencias, al frente de las cuales deberían estar, según la ordenanza de 1718, «personas de grado, autoridad, y representación, celo, aptitud y demás partes correspondientes», constituyeron, a la postre, uno de los principales frentes de conflicto competencial con la institución de los capitanes generales.

Reflexión final: ¿un poder militar bajo el régimen borbónico?

Todo ello plantea, entre otras, la cuestión de si durante el siglo XVIII podemos hablar en sentido estricto de un poder militar y, en consecuencia, de una dinámica poder civil/poder militar como la que se abrirá posteriormente, tras el triunfo de las revoluciones liberales, en algunos Estados europeos. Aunque el problema es notablemente complejo667, y no constituye el objeto de estas páginas, no queremos cerrarlas sin hacer al mismo tiempo una referencia, por más escueta que esta deba ser. En tal sentido, creemos que siguen siendo válidas en esta materia las reflexiones que realizamos al respecto hace ya más de un cuarto de siglo cuando caracterizamos a la dialéctica poder civil/poder militar como esencialmente contemporánea668, sobre todo atendiendo a dos órdenes de motivos diferentes muy relacionados, por un lado, con la acumulación de recursos de poder en manos de la corona que se había producido en el transcurso del siglo XVIII y, por el otro, con la naturaleza misma de la constitución social característica de las monarquías absolutas. El primero de esos referidos motivos entronca directamente con la subordinación total de la cúpula del ejército a la indiscutida autoridad del soberano, que no solo nombraba y destituía a los mandos militares y exigía a toda la organización castrense una obediencia ciega y una subordinación sin quiebras, sino que además decidía, personalmente, o a través de sus secretarios de Guerra, sobre la intervención interna o exterior de sus ejércitos. Tal situación hacía, por definición, implanteable el moderno problema de las relaciones civiles-militares, que surge cuando el aparato armado nacional compite, en la cúpula del Estado, con los gobernantes civiles por la fijación de la dirección política estatal. Pero a ello se añadía, en todo caso, otra circunstancia, cuya notable importancia no puede dejar de destacarse: que durante el Antiguo Régimen las autoridades militares no eran estrictamente tales, ni por sus funciones —que, como hemos visto, se extendían mucho más allá del campo estrictamente castrense a esferas gubernativas y jurisdiccionales— ni por su naturaleza, pues mando militar y posición estamental solían estar muy relacionados, con lo que no cabía hablar con carácter general y en sentido estricto de una profesión militar. Como dejaría escrito al respecto el autor de un texto clásico en la materia de la que ahora nos venimos ocupando

en la sociedad feudal los papeles militares, políticos y económicos estaban diferenciados según la clase, más bien que sobre una base funcional. Los campesinos o siervos desempeñaban los cargos subordinados dentro de las tres esferas de actividad. La nobleza y los caballeros, por su parte, combinaban la autoridad política, el control económico de la tierra y la dirección militar669.

De hecho, fue ese mismo autor quien pondría de relieve que la existencia de un cuerpo de oficiales como un cuerpo profesional acabaría por dar un carácter único al moderno problema de las relaciones civiles-militares670. Ciertamente, solo con la aparición del ejército nacional burgués, que desarrollará la profesionalización militar en un sentido completamente desconocido en el pasado, las autoridades militares fueron dejando de designarse teniendo en cuenta su posición estamental y pasaron a seleccionarse siguiendo criterios funcionales de tipo profesional. Y, solo entonces, las autoridades militares pasaron a conformarse como tales, generando en consecuencia una ideología profesional y unos intereses corporativos susceptibles de entrar en abierto conflicto con los de los agentes civiles del Estado.

Todo lo previamente referido resulta compatible, en cualquier caso, con la existencia, ya citada, de conflictos entre los capitanes generales y otras autoridades de naturaleza no castrense. Y más aún si se tiene en cuenta que una de las particularidades del absolutismo borbónico español en comparación, por ejemplo, con el francés consistió en el carácter más marcadamente militar (con todos los matices que hayan de ponerse a esa palabra en el contexto del Antiguo Régimen, en los términos que acaban de apuntarse) de las instituciones delegadas de dominación y de control a través de las cuales el rey ejercía su poder. La incipiente profesionalización del ejército real será, a la postre, la que explicará que surgieran conflictos entre los agentes militares y no militares del monarca, de modo que, aunque los plenos efectos de tales enfrentamientos, según ya señaló Domínguez Ortiz, «solo se apreciaron en el siguiente [siglo], ya bajo los primeros Borbones (sobre todo Carlos III y Carlos IV) los conflictos de los capitanes generales y los gobernadores militares con las autoridades civiles eran frecuentes y trascendían de las meras cuestiones de etiqueta hacia otras más profundas: si la última palabra en las ciudades y provincias la tendría el poder civil o el ejército»671. Se iniciaba así una dinámica histórica que en el nuevo siglo no haría otra cosa que incrementarse, hasta llegar a convertirse en uno de los grandes problemas de nuestro Estado liberal. Pero esa, obviamente, es otra historia672.

590 Un amplio conjunto de estudios sobre distintos aspectos del ejército borbónico dieciochesco pueden verse en M. R. García Hurtado (ed.), Soldados de la Ilustración. El ejército español en el siglo XVIII, A Coruña, Universidade da Coruña, 2012.

591 B. Clavero, «Derecho y privilegio», en Materiales, núm. 4, Barcelona, julio-agosto de 1977.

592 Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina y subordinación y servicio de sus ejércitos, tratado VIII, título I, artículo 1. Hemos manejado la edición de Antonio Valecillo, en tres volúmenes, publicada en Madrid en 1850-1852. Las Ordenanzas, promulgadas por Carlos III en 1768, constituyen un ejemplo del carácter híbrido de la monarquía absoluta en la medida en que se trata de «un código unificador, pero vinculado todavía a la ideología del Antiguo Régimen en sus supuestos básicos». S. Pérez Garzón, «Ejército nacional y Milicia Nacional», en Zona Abierta, núm. 31, pág. 27, y en general págs. 23-42.

593 Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina y subordinación y servicio de sus ejércitos, op. cit., tratado VIII, título I, artículo 8.

594 Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina y subordinación y servicio de sus ejércitos, op. cit., tratado VIII, título I, artículo 9.

595 Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina y subordinación y servicio de sus ejércitos, op. cit., tratado VIII, título I, artículo 5.

596 Novísima Recopilación, libro VI, título IV, ley XXI. Hemos utilizado la edición de Marcelo Martínez Alcubilla, Códigos antiguos de España. Colección completa de todos los códigos de España desde el Fuero Juzgo hasta la Novísima Recopilación, tomo II, Madrid, Administración, 1885. Puede consultarse, en edición facsimilar de la impresa en Madrid en 1805 «mandada formar por el señor Don Carlos IV», en http://fama2.us.es/fde//ocr/2006/novisimaRecopilacion.T2.pdf.

597 Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina y subordinación y servicio de sus ejércitos, op. cit., tratado VIII, título I, artículos 3 y 4.

598 Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina y subordinación y servicio de sus ejércitos, op. cit., tratado VIII, título II, artículos 1, 2 y 3.

599 Véase R. L. Blanco Valdés, Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823, Madrid, Siglo XXI, 1988, págs. 182-188.

600 Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina y subordinación y servicio de sus ejércitos, op. cit., tratado VIII, título III, artículos 1, 2, 3 y 4.

601 P. Cruz Villalón, El estado de sitio y la Constitución, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1980, págs. 102 y, también, 113-115.

602 Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina y subordinación y servicio de sus ejércitos, op. cit., tratado II, título XVIII, artículo 1. Las Ordenanzas preveían, además, un procedimiento legal riguroso para evitar posibles fraudes a esta estricta prescripción. Así el artículo 3 disponía: «Para que en esto se proceda con toda exactitud, el que solicitare la plaza de Cadete solicitará al Coronel del Regimiento los instrumentos legítimos y testimonios auténticos fehacientes en la más debida forma del goce de hidalguía, y de ser tenido notoriamente por tal hidalgo en el pueblo de donde fuese natural y su familia residiera, o bien manifestará (con la fe de bautismo que acredite su legitimidad) la patente o copia autorizada de ella que pruebe haber tenido su padre el carácter de capitán u otro superior». Véanse, además, los artículos 4-13.

603 F. Fernández Bastarreche, El ejército español en el siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 1978, pág. 105.

604 Véase Decreto LXXXIII, de 17 de agosto de 1811, sobre Libre admisión de todos los hijos de españoles honrados en los Colegios militares de mar y tierra, y en las plazas de Cadetes de todos los cuerpos del Exército y en la Marina, sin el requisito de pruebas de nobleza, en Colección de Decretos y Órdenes de las Cortes Generales y Extraordinarias, Madrid, Imprenta Nacional, 1820-1821, tomo I, págs. 199-200 (La Colección de Decretos puede consultarse en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes). Me he referido al debate en Cortes de la medida de supresión de las pruebas de nobleza y a los duros enfrentamientos parlamentarios que generó en R. L. Blanco Valdés, Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823, op. cit., págs. 170-178.

605 E. Christiansen, Los orígenes del poder militar en España. 1800-1854, Madrid, Aguilar, 1974, pág. 5; y F. Fernández Bastarreche, El ejército español en el siglo XIX, op. cit., pág. 103.

606 «La masa general de los oficiales en los cuerpos nacionales y extranjeros procedía de la clase de cadetes o de la de sargentos. Los de la primera, que constituían las dos terceras partes de la oficialidad, solían tener una educación más esmerada, mayores conocimientos en el arte de la guerra; [...] los segundos, que componían el otro tercio, solían ser más puntuales en el cumplimiento de la parte económica de sus obligaciones [...]», conde de Clonard, Historia orgánica de las armas de Infantería y Caballería españolas desde la creación del ejército permanente hasta el día, Madrid, 1851-1859, citado en P. Casado Burbano, Las fuerzas armadas en el inicio del constitucionalismo español, Madrid, Edersa, 1982, pág. 38.

607 Descripciones detalladas de su composición, organización, mando y efectivos pueden verse en J. Balbín Delor, «El ejército español de 1808 y estado militar de España al comenzar la guerra de la Independencia», en Revista de Historia Militar, núm. 3, año II, 1958, págs. 50-83; y en J. de Sotto y Montes, «Organización militar española de la Casa de Borbón. Siglo XVIII», en Revista de Historia Militar, núm. 22, año XI, 1967, págs. 113-177.

608 Queda buena prueba de la intención de que el voluntariado fuese el procedimiento normal de reclutamiento en la ordenanza de 1800 para el reemplazo del ejército, en la que se establecía «que continúen con actividad, como hasta aquí, las reclutas voluntarias para facilitar el reemplazo de mis tropas, procurando sean de gentes honradas, no criminosas, y tales que puedan y deban participar del honor a que son acreedores los sorteados, con lo cual habrá menos reemplazos que pedir, y no padecerá el mérito y concepto que debe tener el servicio militar [...]». Véase Novísima Recopilación, op. cit., libro VI, título VII, ley XIV, artículo LXXIII, pág. 1214.

609 El Real Decreto disponía «que en Madrid, y lugares de sus contornos no contribuyentes al sorteo, se hagan al mismo tiempo levas de gente ociosa, para aplicarla a los diferentes usos de la Marina, regimientos fixos o destinos de América, según donde entonces se necesiten más, a fin de que con esta providencia no hallen en parte alguna abrigo los prófugos, que los sustraiga del servicio militar en perjuicio de los demás vasallos contribuyentes». Véase Novísima Recopilación, op. cit., libro VI, título VI, ley XII, pág. 1204.

610 Novísima Recopilación, op. cit., libro XII, título XXI, ley VII, págs. 1910-1913. «La leva general se ha de repetir anualmente en los pueblos y villas grandes, para evitar la subsistencia de gente ociosa [...]» (artículo 42). También queda clara esta finalidad primordial de la leva en las ordenanzas del reemplazo del ejército de 1800, cuyo artículo LXXIII mandaba continuar con las levas «en capitales y pueblos de un numeroso vecindario para purgarles de gentes ociosas y baldías [...]».

611 M. R. Pérez Estévez estudió los destinos de los vagos de 1730 a 1782 y obtuvo conclusiones que apuntan en el sentido que sostenemos en el texto: de los 44.777 vagos cuyo destino se conoce, 28.899 (el 56 por 100) son enviados al servicio de armas. Una descripción detallada, muy interesante, puede verse en su obra El problema de los vagos en la España del siglo XVIII, Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1976, págs. 234-235. Sobre toda la problemática de los vagos en el ejército, véanse las págs. 236-248.

612 Gómez de Arteche describía elocuentemente las tretas de los reclutadores y sus resultados, que él mismo producía: «Repugna la observación de los medios bochornosos a que se acudía para atraer a los mozos a los Regimientos. Las tabernas eran el cuartel general del banderín, y el vino, la satisfacción del juego o los caprichos brutales, los alicientes y los lazos con que se arrancaba a la juventud al amor y a la paz en la casa paterna [...]. Si en estas [las levas] caía lo más abyecto y criminal de las poblaciones, tropezando en las redes tendidas por la policía, no era lo mejor de cada casa lo que se enredaba en las seducciones groseras de la soldadesca [...]», en J. Gómez de Arteche, Guerra de la Independencia. Historia militar de España de 1808 a 1814, Madrid, 1868-1903, 14 volúmenes, volumen 1, págs. 534-535.

613 Dentro de la soldadesca enganchada se incluían, además, los mercenarios extranjeros. Su relevancia numérica había ido cayendo en España a medida que las dificultades de la hacienda real aumentaban. Y así, tras su decisivo papel durante el siglo XVII, en el XVIII constituían ya solo una parte relativamente importante dentro del conjunto de las fuerzas armadas de la monarquía española, lo que hacía de aquella un caso peculiar en el contexto europeo. Su fuerza se reducía, en los momentos iniciales del siglo XIX, a seis regimientos de suizos y a cuatro más procedentes de Irlanda, Hibernia, Utonia y Nápoles, lo que daba como resultado que solo un séptimo del ejército, aproximadamente, estuviera constituido por mercenarios extranjeros. Además debe tenerse en cuenta que incluso algunas de esas unidades extranjeras estaban servidas por soldados españoles. Véanse, al respecto, V. G. Kiernan, «Mercenarios extranjeros y monarquía absoluta», en T. Aston (ed.), Crisis en Europa, 1560-1660, Madrid, Alianza Editorial, 1983, págs. 139-140; J. de Sotto y Montes, «La infantería suiza al servicio de España», en Revista de Historia Militar, núm. 33, año XVI, 1972, págs. 117-137, y G. H. Lovett, La guerra de la Independencia y el nacimiento de la España contemporánea, Barcelona, Península, 1975, vol. 1, pág. 4.

614 Véanse, al respecto, G. Rudé, La multitud en la historia. Los disturbios populares en Francia e Inglaterra, Madrid, Siglo XXI, 1979, págs. 27, 43 y 57; y, del mismo autor, Protesta popular y revolución en el siglo XVIII, Barcelona, Ariel, 1978, págs. 52 y ss.

615 Véase R. L. Blanco Valdés, Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823, op. cit., en donde estudiamos el establecimiento por las Cortes de Cádiz del principio de generalidad en el llamamiento a filas que convertía al ciudadano en un soldado de la nación, págs. 166-170.

616 Novísima Recopilación, op. cit., libro VI, título VI, leyes VI, VII, VIII y IX.

617 Novísima Recopilación, op. cit., libro VI, título VI, ley XIV, págs. 1204-1214.

618 Los ministros y oficiales de los tribunales de la Inquisición, los doctores y licenciados en universidades, los alcaldes ordinarios, regidores o síndicos o procuradores de las villas o ciudades, los abogados relatores y agentes fiscales, los médicos, los maestros de primeras letras, los comerciantes, los fabricantes, los torreros, criadores de caballos y los trabajadores en fábricas de armamento.

619 Novísima Recopilación, op. cit., libro VI, título VI, ley IV, pág. 1192. El reglamento francés, que marcó el inicio de la historia de la milice, disponía que cada parroquia debía designar uno o varios milicianos entre los hombres solteros de veinte a cuarenta años. Véase Ch. Prochasson, «Les grandes dates de l’histoire de la conscription: de la milice au service national», en Revue Général des Armés, núm. 8, págs. 67-69.

620 Novísima Recopilación, op. cit., libro VI, título VI, ley VI, págs. 1194-1197.

621 La duplicidad milicias provinciales y urbanas, explicable por el distinto emplazamiento territorial de cada una, procede, posiblemente, de Francia, país en el cual se distinguía entre las milicias regulares establecidas en el reglamento de noviembre de 1688 y las milices gardes-côtes, reguladas en una ordenanza de agosto de 1681. Véase Ch. Prochasson, «Les grandes dates de l’histoire de la conscription: de la milice au service national», op. cit., págs. 57-58. Sobre la milicia urbana, S. Pérez Garzón, Milicia Nacional y Revolución burguesa, Madrid, CSIC, 1978, págs. 5-22.

622 De ello es buena muestra el hecho de la falta absoluta de uniformidad y de instrucción. El general Gómez Arteche menciona los casos de que en algunas paradas se había visto a varios regimientos cargar el fusil de distinta manera o que dentro de un mismo regimiento no eran iguales las evoluciones y voces de mando entre sus distintos batallones (véase J. Balbín Delor, «El ejército español de 1808 y el estado militar de España al comenzar la Guerra de la Independencia», en Revista de Historia Militar, op. cit., pág. 73). Había, además, tres sistemas corrientes de instrucción y ninguna maniobra anual. Debe tenerse en cuenta en este sentido que hasta 1808 no se aprobó el reglamento para el ejercicio y maniobras de la Infantería, tratado que tenía como misión fundamental unificar la instrucción de los distintos cuerpos del ejército. Tampoco existía el cuerpo facultativo de Estado Mayor, que no se organizó hasta 1810, bajo la dirección del general Blake.

623 «El siervo, en su calidad de tal, es un súbdito universalmente subordinado. No existe un auténtico derecho público que fije la igualdad ante la ley de todo hombre, y en realidad ni siquiera existe un derecho auténticamente privado. Dicho de otro modo, no existe aún una distinción clara entre una verdadera vida privada y una verdadera vida pública», U. Cerroni, Introducción a la ciencia de la sociedad, Barcelona, Crítica, 1978, pág. 205.

624 Véase al respecto A. Dicey, Introduction à l’étude du droit constitutionnel, París, V. Giard y E. Brière, 1902, pág. 257.

625 Un real decreto de 11 de septiembre de 1773, por el que se mandaba hacer levas en la corte, dejaba constancia de ello con toda claridad: «Habiéndose experimentado en el sorteo para reemplazo del exército, que muchos mozos útiles y sorteables de las provincias se han ausentado de su país con el fin de libertarse de entrar en suerte, olvidándose de una obligación tan esencial y precisa del vasallaje», Novísima Recopilación, op. cit., libro VI, título VI, ley XV, op. cit., pág. 1204.

626 Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina y subordinación y servicio de sus ejércitos, op. cit., tratado II, título I, artículo 6.º.

627 Nos hemos referido a esa transformación que se operó a través de la Ley Constitutiva del Ejército de 1821, aprobada durante el Trienio Liberal, norma que regulaba el principio de desobediencia debida; véase R. L. Blanco Valdés, Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823, op. cit., págs. 385-391.

628 Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina y subordinación y servicio de sus ejércitos, op. cit., tratado II, título I, artículo 21; tratado II, título XVII, artículo 2.°, y tratado II, título XVII, artículo 6.°

629 Los abusos del mando debieron llegar a ser de tal gravedad en ciertos momentos que por real orden de 29 de septiembre de 1780 se envió una circular a los capitanes generales e inspectores, en que se advertía lo siguiente: «Para atajar los perjuicios que produce el inmoderado arbitrio con que proceden algunos jefes de los cuerpos del ejército en el arresto de sus respectivos subalternos, ha resuelto el Rey por punto general, que siempre que se prenda a alguno por delito o exceso de consideración, se proceda inmediatamente a la justificación del hecho, y se le reciba su declaración dentro del tercero día, dando curso al proceso con arreglo a las Ordenanzas cuya formalidad dispensa únicamente Su Majestad en los arrestos que deben imponerse por corrección de faltas leves; pero es su real ánimo que en esta clase de delitos no exceda el arresto del término de ocho días, por considerarlo mortificación suficiente». Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina y subordinación y servicio de sus ejércitos, op. cit., tratado II, título XVI (aparece inserta en ellas).

630 P. Fernández Albadalejo, «La transición política y la instauración del absolutismo», en Zona Abierta, núm. 30, págs. 71-72.

631 H. Kamen, Una sociedad conflictiva: España, 1469-1714, Madrid, Alianza Editorial, 1983, pág. 429.

632 Ciertamente, y como no podía ser menos, la crisis del siglo XVII tuvo una directa manifestación en el tamaño del ejército español, cuyos efectivos no dejaron de descender a lo largo de toda la centuria. La comparación con Francia resulta especialmente significativa: así, el número de hombres armados del ejército francés aumentó entre el comienzo y el final de la centuria (150.000 en 1630 y 400.000 en 1700, mientras que, para las mismas fechas, las tropas españolas descendían de 300.000 a 50.000 efectivos). Tomamos los datos G. Parker, «The military Revolution. 1560-1660. A myth?», en Journal of Modern History, XLVIII, julio de 1976, pág. 200. Incluso existen cálculos más bajos para comienzos del siglo XVIII en España; véase J. R. Alonso, Historia política del ejército español, Madrid, Editora Nacional, 1974, pág. 21.

633 H. Kamen, Una sociedad conflictiva: España, 1469-1714, op. cit., pág. 429.

634 Marqués de la Mina, Memorias militares, vol. II, cit. en J. R. Alonso, Historia política del ejército español, op. cit., pág. 31, y, en general, todo el capítulo 1.º («Nacimiento de un ejército nuevo. 1700-1759»), págs. 21-43.

635 Valga, por todos, el espléndido estudio de L. Stone, para la Inglaterra de mediados del siglo XVI a mediados del siglo XVII, La crisis de la aristocracia, 1558-1641, Madrid, Alianza Editorial, 1985. El autor señala, con toda claridad, que el mayor triunfo de la dinastía Tudor «fue asegurarse definitivamente el monopolio de la violencia pública y privada, logro que alteró no solo la naturaleza de la política, sino también la calidad de la vida diaria» (pág. 108). Nos hemos referido con cierto detenimiento a los procesos de concentración de facultades militares en manos de la corona, con un estudio comparado para Inglaterra, Francia, Brandemburgo-Prusia y España, en R. L. Blanco Valdés, Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823, op. cit., págs. 9-31.

636 Sobre otros aspectos de la reorganización militar —organización de la artillería, creación de academias militares— y, en concreto, sobre la importantísima labor realizada en este ámbito por Patiño entre 1715 y 1736, central en la consolidación del nuevo ejército, J. R. Alonso, Historia política del ejército español, op. cit., págs. 33 y ss.

637 Novísima Recopilación, op. cit., libro III, título VI, ley XI; véase G. Anes, El siglo de las luces, Madrid, Alianza Editorial, 2007, págs. 337-338.

638 G. Anes, Los Borbones, Madrid, Alianza Editorial, 1983, pág. 300.

639 Para una información general sobre el estado de las distintas dependencias que conformaban la administración militar, deben verse las Guías de España (Kalendario real y Guía de forasteros de Madrid), divididas, en su parte militar, en seis apartados, que muestran, más allá de la nominación de personas, la estructura organizativa de las mencionadas dependencias: a) órganos supremos (Consejo Supremo de Guerra y Secretaría de Estado y del Despacho de la Guerra); b) Estado mayor del Exército; c) Cuerpos de Exército; d) Estados Mayores de Plazas; e) Estado militar de América, y f) Estado militar de la Armada.

640 Novísima Recopilación, op. cit., libro III, título VI, ley XI, pág. 949.

641 Novísima Recopilación, op. cit., libro III, título VI, ley XI, pág. 949.

642 Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina y subordinación y servicio de sus ejércitos, op. cit., tratado II, título XXV, artículo 1.º.

643 Nos hemos referido a ello en R. L. Blanco Valdés, Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823, op. cit., págs. 25-28.

644 Véase J. Balbín Delor, «El ejército español de 1808 y el estado militar de España al comenzar la guerra de la Independencia», en Revista de Historia Militar, op. cit., pág. 52.

645 G. Anes, El siglo de las luces, op. cit., págs. 341-342 y 347-348.

646 Novísima Recopilación, op. cit., libro VI, título V, ley I, págs. 1187 y ss.; véase G. Anes, El siglo de las luces, op. cit., pág. 347 y notas 1 y 2.

647 E. García de Enterría, «Estructura orgánica y administración consultiva», en La Administración española, Madrid, Alianza Editorial, 1972, pág. 42 y, en general, págs. 35-50.

648 Novísima Recopilación, op. cit., libro II, título V, ley X, págs. 1191-1192.

649 F. Andújar Castillo, «El ejército de Felipe V. Estrategias y problemas de una reforma», en E. Serrano (ed.), Felipe V y su tiempo. Congreso internacional, Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC) y Diputación de Zaragoza, 2004, págs. 661-682.

650 J. A. Portugués, Colección General de las Ordenanzas Militares, sus innovaciones y aditamentos dispuestas en diez tomos, Madrid, Antonio Marín, 1764, tomo II, págs. 20-28.

651 F. Andújar Castillo, «La reforma militar en el reinado de Felipe V», en J. L. Pereira Iglesias, Felipe V de Borbón (1701-1746). Actas del Congreso de San Fernando (Cádiz) de 27 de noviembre a 1 de diciembre de 2000, Ayuntamiento de San Fernando y Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2002, págs. 617 a 640 (las citas del texto en pág. 634).

652 J. A. Portugués, Colección General de las Ordenanzas Militares, sus innovaciones y aditamentos dispuestas en diez tomos, op. cit., tomo II, pág. 8.

653 Véase, al respecto, E. Martínez Ruiz, «Felipe V y los inicios de la militarización del orden público en España», en J. L. Pereira Iglesias, Felipe V de Borbón (1701-1746). Actas del Congreso de San Fernando (Cádiz) de 27 de noviembre a 1 de diciembre de 2000, op. cit., págs. 643-653. Del mismo autor, debe verse el trabajo «Vivir la guerra, vivir la paz: los militares y el mantenimiento del orden público», en M. R. García Hurtado (ed.), Soldados de la Ilustración. El ejército español en el siglo XVIII, op. cit., págs. 83-100.

654 F. Andújar Castillo, «La reforma militar en el reinado de Felipe V», en J. L. Pereira Iglesias, Felipe V de Borbón (1701-1746). Actas del Congreso de San Fernando (Cádiz) de 27 de noviembre a 1 de diciembre de 2000, op. cit., págs. 635-636. El mismo autor lleva a cabo un análisis detallado de las competencias de los capitanes generales, que clasifica en tres grandes grupos (competencias militares, el control del orden público y competencias no militares) en un trabajo sencillamente imprescindible para el análisis de la institución, F. Andújar Castillo, «Capitanes Generales y Capitanías generales en el siglo XVIII», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, núm. 22 (2004), págs. 41-62.

655 F. Andújar Castillo, «Capitanes Generales y Capitanías generales en el siglo XVIII», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, op. cit., págs. 7-78. La cita del texto en pág. 15.

656 Véase G. Anes, El siglo de las luces, op. cit., págs. 365-367.

657 F. Andújar Castillo, «Capitanes Generales y Capitanías generales en el siglo XVIII», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, op. cit., pág. 16.

658 Novísima Recopilación, op. cit., libro V, título XI, ley XV, pág. 1135.

659 F. Andújar Castillo, «Capitanes Generales y Capitanías generales en el siglo XVIII», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, op. cit., pág. 17.

660 F. Andújar Castillo, «Capitanes Generales y Capitanías generales en el siglo XVIII», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, op. cit., págs. 19 y ss.

661 Los datos que aporta Andújar Castillo para el siglo XVIII no ofrecen lugar a dudas: el porcentaje de nobles titulados fue del 100 por 100 entre los capitanes generales nombrados en Cataluña y del 92 por 100 entre los nombrados en Valencia, frente a un 64 por 100 en Extremadura, 50 por 100 en Andalucía y 27 por 100 en Canarias. En «Capitanes Generales y Capitanías generales en el siglo XVIII», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, op. cit., págs. 21-22.

662 De nuevo los datos de Andújar Castillo son concluyentes: entre comienzos y finales del siglo XVIII el porcentaje de extranjeros que ocuparon las Capitanías Generales de Cataluña fue del 60 por 100 y del 61 por 100 las de Valencia, lo que contrasta con el 28 por 100 para Extremadura, el 25 por 100 para Andalucía y el 11 por 100 para Canarias. En «Capitanes Generales y Capitanías generales en el siglo XVIII», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, op. cit., págs. 22-23, de donde procede también la cita del texto.

663 F. Andújar Castillo, «Capitanes Generales y Capitanías generales en el siglo XVIII», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, op. cit., pág. 38.

664 G. Anes, El siglo de las luces, op. cit., pág. 337.

665 F. Andújar Castillo, «Capitanes Generales y Capitanías generales en el siglo XVIII», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, op. cit., págs. 36 y 48.

666 Organizados por una ordenanza de 4 de julio de 1718 para el establecimiento e instrucción de intendentes y para tesorero general, pagadores y contadores de los exércitos y provincias, los intendentes de ejército y provincia fueron suprimidos en 1724 en las demarcaciones donde no había tropa y restablecidos por la ordenanza de 1749. Véase al respecto G. Anes, El siglo de las luces, op. cit., págs. 362-365. La ordenanza de 1718 puede verse en http://books.google.es/books?id=9INAfCNtXlEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. La ordenanza de 1749 puede verse, por su parte, en http://books.google.es/books?id=G1zyT41xqmYC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

667 Puede verse al respecto el trabajo de F. Andújar Castillo, «Poder militar y poder civil en la España del siglo XVIII» en Mélanges de la Casa de Velázquez, tomo 28-2, 1992, págs. 55-70.

668 R. L. Blanco Valdés, Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823, op. cit., págs. 240-248.

669 S. P. Huntington, «Relaciones civiles militares», en Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales, tomo IX, Madrid, Aguilar, 1977, pág. 184.

670 S. P. Huntington, The soldier and the State. (The theory and politics of the civil-military relations), Cambridge, Harvard University Press, 1981, pág. 7.

671 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel, 1976, pág. 500.

672 Del período inicial de esa historia me he ocupado en mi libro Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823, op. cit. (especialmente en el capítulo V: «La dialéctica poder civil-poder militar y la protección jurídica del Estado liberal», págs. 240-312).

CAPÍTULO 10

La renovación económica y social de los Borbones: la política económica de España en el siglo XVIII673

Gabriel Tortella

Debemos [...] concebir el despotismo ilustrado como una etapa importante en la marcha hacia la democracia, no la democracia constitucional de los liberales, tipo Montesquieu, sino la democracia de la igualdad de condiciones, como la define Tocqueville, a la que, según él, conducía toda la evolución de Occidente desde la Edad Media.

R. Herr674

A fines del siglo [XVIII] no se ha transformado profundamente el régimen económico de España, ni se ha perfeccionado en la medida que algunos deseaban [...]. No se puede negar, sin embargo, que se ensayaron remedios valerosos para mejorar seriamente la vida de los españoles y fomentar el bienestar individual y la prosperidad del reino.

J. Sarrailh675

Confieso que, redactando estas páginas, estuve tentado de titularlas «La revolución económica y social de los Borbones»: la palabra «revolución» tiene un aura, un brillo, un atractivo tal, que siempre es tentador utilizarla para designar cualquier cambio significativo. Sin embargo, pude contenerme a tiempo y creo haber evitado caer en un lugar demasiado común. La realidad es que los Borbones imprimieron un giro profundo a la política económica en la España del siglo XVIII, pero no llevaron a cabo una revolución; quizá porque no llevaron su reforma hasta el final, hoy su esfuerzo puede parecer haber sido estéril y haberse saldado con un fracaso676.

Si no fue revolucionaria, la política económica de los Borbones sí fue profundamente innovadora en muchas materias importantes, tales como la política fiscal, la comercial, la monetaria e, incluso, la agraria, aunque en muchos de estos terrenos se quedó claramente a medias, como veremos. Pero quizá el rasgo más innovador de esta política estriba en que estuvo concebida para España en su conjunto: fue, con toda probabilidad, el primer programa de política económica que se aplicó con una visión nacional española677.

La economía española en 1700

Como dice Domínguez Ortiz678, «los historiadores [...] no encuentran tintas bastante negras para pintar el estado de abatimiento en que se encontraba España» a la muerte de Carlos II. Según Bennassar679, «ningún contemporáneo albergaba dudas al respecto: durante los últimos años del reinado de Felipe IV y a lo largo del de Carlos II, España tocó fondo».

Dígase lo que se diga, el siglo XVII fue el de la decadencia de España, el de su gran crisis680, que algunos (sus razones tendrán) quieren transmutar en simples «reajustes». Por desgracia, incluso uno de los «reajustadores» tiene que reconocer681 que en la primera mitad del XVII, entre «vísperas de la peste de 1598» y «poco después de la muerte de Quevedo» (1645), España perdió 1,6 millones de habitantes, es decir, más del 16 por 100 de su población. No está mal como «reajuste». Y la recuperación que se observa en los dos últimos decenios del siglo no parece haber bastado para recuperar lo perdido, ya que, según el vecindario de Campoflorido, retocado y completado por Uztáriz682, el número de habitantes de España hacia 1717 sería de unos siete millones y medio, claramente por debajo de la cifra que Le Flem atribuye a las postrimerías del XVI (9,66 millones; él escribe 9,96, pero debe ser una errata).

Sin embargo, estas comparaciones han de hacerse con cautela, porque, aunque las cifras de vecinos sean fiables, el problema está en el multiplicador que se emplee para obtener la de individuos. Uztáriz aplica sin discusión el de 5, pero Pérez Moreda683 cree que para finales del XVI debiera emplearse uno más bajo, de lo cual se deduciría una menor cifra de población y, por lo tanto, una tasa más baja de descenso demográfico, o incluso un simple estancamiento a lo largo del XVII. Sea como fuere, el propio Pérez Moreda nos dice que la evolución demográfica del XVII es «negativa en cualquier caso»684.

Un planteamiento cuantitativo del problema de la decadencia de España en el siglo XVII685, tema abordado antes por numerosos autores entre los que se cuentan Hamilton686, Elliott687, Kamen688 e Israel689, mantiene que «la decadencia [económica] de España tiene sus raíces en el siglo XVII», cosa que se refleja en los cuadros y cifras que contiene relativos a magnitudes tales como renta nacional, población o urbanización. Es cierto que las de Álvarez-Nogal y Prados son, según sus propios autores, «conjeturas», pero están basadas en un impresionante acopio de evidencia y sus conclusiones coinciden a grandes rasgos con las de la mayoría de los autores, tanto los arriba citados (menos Kamen) como varios otros traídos a colación en el artículo. Cierto es que, como han hecho notar muchos estudiosos, la España del XVII distaba de ser homogénea, y las evoluciones económicas de las distintas regiones divergieron bastante. También es cierto que la tendencia económica no fue uniforme a lo largo de la centuria, y que, en general aunque con diferencias, se observa una cierta recuperación en los últimos veinte años. Pero, en primer lugar, como pone de relieve Israel en su polémica con Kamen690, de la decadencia de Castilla en el XVII hay poca duda, y Castilla era, con mucho, la mayor región y la más poblada, pese a la despoblación. Y, en segundo lugar, como señala Domínguez Ortiz691, «[l]a llamada recuperación de fin de siglo no es más que la atenuación de estos males», es decir, es parcial, débil e incompleta. Esto, por lo que se refiere a Castilla. En cuanto a «las provincias periféricas», la «recuperación posterior [...] parece indudable [...] aunque en modesta medida»692. Para Domínguez Ortiz, refiriéndose a España en su conjunto, «la significación profunda del año 1700 [no consiste] en una mejora de la coyuntura demográfica y económica, que aún tardaría en producirse, sino en el paso de un gobierno ineficaz y dominado por los intereses de las clases influyentes a otro decidido a obtener recursos como fuera»693.

La política fiscal

Aspectos económicos de la Nueva Planta

Para nadie es un secreto que, prácticamente desde la unión de Castilla y Aragón en 1479, la contribución de este reino a las cargas fiscales de España era desproporcionadamente pequeña; y que durante el siglo XVII esta desproporción provocó muy graves conflictos. Todo ello movió a Quevedo a escribir esa letrilla satírica que comienza diciendo:

En Valencia y Aragón

nadie tributa un real;

Cataluña y Portugal

son de la misma opinión.

Solo Castilla y León

y el noble reino andaluz

llevan a cuestas la cruz.

Mercader694 afirma que, a mediados del XVII, de los ingresos fiscales totales de la Hacienda real, que eran 18 millones de ducados, la Corona de Aragón no aportaba más que dos millones (el 11 por 100). Según las cifras de Uztáriz695 (vecindario de Campoflorido), el reino de Aragón (Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca) era el 23 por 100 de la población española. Aunque hay un desfase aproximado de 50 años entre ambos datos, la diferencia es lo suficientemente grande como para no invalidar la desproporción. Por otra parte, un documento, sin fecha, descriptivo de la Real Hacienda en el siglo XVII, que enumera ingresos y gastos, dice lo siguiente: «Aragón, Valencia y Cataluña no tienen rentas fijas, si hacen algún servicio es accidental y por una vez»696. Lo mismo afirma un historiador actual, que nos dice que «los catalanes no contribuían de forma regular a la Corona excepto para la guerra»697.

Fue la negativa de Cataluña a sufrir el aumento de la presión fiscal que entrañaba el proyecto de Unión de Armas del conde-duque de Olivares la causa principal de la rebelión del Principado en 1640; también es sabido que, en medio de la terrible crisis a que la secesión catalana dio lugar, Felipe IV utilizó la promesa de no cambiar los privilegios fiscales de Cataluña como argumento (a la larga efectivo) para atraer a los rebeldes a la sumisión.

El desarreglo de la Hacienda española no hizo sino agravarse durante la segunda mitad del XVII. Domínguez Ortiz698 se maravilla de que una nación tan exhausta aún fuera capaz de sostener una larga guerra civil (la de Sucesión) y reponerse tras ella, recomponiendo el maltrecho imperio y recuperándose de las grandes pérdidas que la guerra ocasionó. Plaza Prieto699 habla del «estado caótico de la Hacienda pública» al arribar «la nueva dinastía borbónica».

En estas circunstancias, nada tiene de extraño que Felipe V, que no prometió nada durante la guerra, y que impuso al país y a sí mismo una terrible prueba para vencer tras casi diez años de conflicto, llevara a cabo una política de reforma fiscal que tratara de equilibrar las cargas entre la Castilla vencedora y el Aragón conquistado. Se ha acusado al Borbón de hacer esto con espíritu punitivo, y sin duda tal espíritu estuvo presente en las medidas que tomó. Pero no hay que olvidar que el reino de Aragón, y en particular el principado de Cataluña, había cometido una gravísima felonía al rebelarse por las armas (y Cataluña era reincidente) contra el rey al que muy poco tiempo antes había reconocido y jurado fidelidad.

Con independencia de su carácter punitivo, la reforma fiscal para equilibrar las cargas impositivas era totalmente lógica y de justicia, y se fue imponiendo en los territorios conquistados a medida que se iban incorporando a los dominios de Felipe. En Valencia, en 1707, y Aragón, en 1711, se llevaron a cabo reformas impositivas que tenían como objetivo igualar la presión fiscal en esos territorios a la que imperaba en Castilla. Los sistemas resultantes no eran exactamente iguales en ambos territorios: al del primero se dio en llamar Equivalente y al del segundo, Única Contribución. En Cataluña, al nuevo impuesto se le llamó Catastro, por estar basado en un minucioso registro de rentas y activos, y en Mallorca, que fue ocupada por las tropas borbónicas en julio de 1715, se le llamó talla.

En Cataluña, tras la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714, se dieron unas medidas administrativas y fiscales provisionales; las definitivas se dilataron año y medio. La reorganización política y administrativa se llevó a cabo por el Decreto de Nueva Planta de 16 de enero de 1716, y el nuevo régimen fiscal se reguló por decreto de 15 de octubre del mismo año.

A diferencia de lo que sucedió en Valencia y Aragón, donde las nuevas instituciones borbónicas fueron impuestas precipitadamente siguiendo el modelo castellano, en Cataluña la elaboración del Decreto de Nueva Planta fue lenta y minuciosa, entre 1714 y 1716, y en su redacción participaron el jurista Francesc Ametller y el intendente José Patiño700.

[...] mientras en el reino privativo de Aragón el traspaso de las rentas provinciales castellanas se hizo mediante un reparto personal arbitrario (Única Contribución), y en Valencia por medio del Equivalente repartido entre los cabezas de familia sin ningún tipo de proporcionalidad, y también en Mallorca por la Talla, en el Principado catalán la Superintendencia desplegó un esfuerzo extraordinario para intentar una contribución también paralela a la castellana pero directa, única y global701.

Algo parecido se deduce de los artículos de García-Cuenca en Hacienda Pública Española702. El Catastro catalán era más complejo y elaborado que los otros impuestos directos implantados en Aragón, Valencia y Baleares durante o al final de la guerra de Sucesión.

Los historiadores catalanes afines al nacionalismo han visto en el Catastro un vasallaje y un instrumento opresivo «implantado con el objetivo fundamental de aumentar los recursos del Estado absolutista borbónico» y niegan enfáticamente que «beneficiara o propiciara el crecimiento catalán del siglo XVIII»703. Lo mismo dice Sobrequés704 sobre la Nueva Planta. Ambos autores emplean un razonamiento que les parece irrefutable: «los sistemas tributarios similares impuestos en el resto de los países de la Corona de Aragón [...] no estimularon ningún desarrollo económico de signo moderno»705. «Otras regiones o nacionalidades del Estado español, que vivieron bajo el mismo régimen político y la misma estructura administrativa, [no] consiguieron un crecimiento comparable al catalán»706. Por el contrario, Vicens Vives, maestro de ambos, afirma que «el Catastro representó la tímida implantación de un principio de justicia social en Cataluña [... y a la larga] resultó un sistema beneficioso y ágil, en cuya misma modernidad debemos buscar una de las causas del triunfo de la economía catalana en el siglo XVIII»707. Por su parte, Nadal Farreras habla del «éxito de las reformas, especialmente en Cataluña, a pesar de las dificultades iniciales. Éxito de la Real Hacienda, que vio aumentar sus ingresos en forma considerable, y éxito de Cataluña, a la que el nuevo impuesto sirvió en parte de estímulo para su espectacular recuperación en el siglo XVIII»708. Ya Campomanes, en 1774, había escrito que, tras siglos de despoblación y bandolerismo, «la nueva planta de gobierno que [...] dio Felipe V [a Cataluña] restableció la justicia, animó la industria y, con el acantonamiento de las tropas, se fomentaron insensiblemente las manufacturas»709. Por último, Martínez Shaw710, tras examinar los efectos del Catastro, concluye: «la administración borbónica proporcionó unos instrumentos que, limitados por la concepción feudal y mercantilista de la política económica, favorecieron en su conjunto el despegue de Cataluña a todo lo largo del Setecientos».

La cuestión es apasionante, pero compleja. Sin embargo, hay una cosa clara: el Catastro fue muy diferente, en su naturaleza y en su aplicación, de los otros nuevos impuestos aplicados en los otros territorios del reino de Aragón. Sobre esto ya hemos leído lo que dicen los historiadores modernos, como Albareda y Mercader; los testimonios de la época, además, parecen unánimes.

Ya hemos visto que el Catastro fue preparado con deliberación y era extremadamente minucioso. Según su propio texto, se consideraba que este nuevo tributo era «una imposición por lo equivalente a las alcabalas, cientos, millones, y demás rentas provinciales que se pagan en Castilla [que] se debe repartir entre los pueblos e individuos [...] con proporción y equidad». Para ello se regulaba con esmero; consistía la imposición en «dos especies de servicio [es decir, impuesto], el uno Real y el otro Personal». El Real recaía sobre los bienes raíces y el Personal, «sobre la industria, comercios y demás». Del impuesto personal se excluía a la nobleza; del real, no711.

El impuesto personal en realidad se subdividía en dos: el personal propiamente dicho, que recaía sobre los salarios y era más llevadero, ya que ascendía al 8,33 por 100 no de todo el salario acumulado anual, sino del 64 por 100 de esta cantidad (se calculaba que había 280 días laborables en el año y se gravaba solamente lo ingresado en 180 días; en consecuencia, el gravamen efectivo sobre los salarios se reducía a un 5,4 por 100); y el llamado ganancial, que recaía sobre los beneficios de «la industria, comercios y demás» y ascendía al 10 por 100 «del producto ganancial».

Pero la minuciosidad llegaba al extremo en lo tocante al impuesto real. Se dividió el suelo catalán en 24 zonas (veguerías), cuyas diferentes unidades de superficie se especificaban para facilitar la comparación, y en cada una de ellas se establecían hasta 32 tipos de suelo, que pagarían por unidad de medida según una escala descendente en función de su calidad.

Nadal Farreras nos describe cómo se recopiló la información en Gerona, por medio de formularios que fueron repartidos y devueltos. Estos formularios «pedían con una minuciosidad admirable todo tipo de detalles sobre la vida económica y las fuentes de riqueza [y de ellos] se ha podido comprobar que por lo menos los resultados de las encuestas fueron bastante fieles a la realidad»712.

No es sorprendente que en los primeros años hubiera desconcierto en la aplicación de estos impuestos catastrales, tanto por su complejidad, que requeriría un personal cualificado y entrenado para su administración, como por su novedad y cuantía, muy superior a lo que hasta entonces se venía tributando en el Principado, por lo que fue muy mal recibido por los nuevos contribuyentes. Señala Zavala y Auñón713, efectivamente, que hubo errores al establecer el Catastro, y numerosas protestas, por lo que se tuvo que crear «una Junta de Sujetos de la mayor inteligencia, y que habían asistido personalmente a las principales disposiciones de esta obra, en cuyo Tribunal se habían de oír los recursos». Hay que señalar que una medida de este tipo estaba ya prevista en el Decreto de Nueva Planta.

Se multiplicó «la muchedumbre de los recursos». En 1717, es decir, a poco de implantarse el impuesto, el rey rebajó su monto de 1,2 millones de pesos a 0,9, «pareciendo que en la moderación habría hueco para indemnizar a los perjudicados [...] pero no por ello cesaron los recursos»714.

Para poner fin a «la confusión», alguien propuso que «se repartiesen [las cuotas de impuesto] por los mismos Bayles y Jurados, como se repartían en Aragón y Valencia»715. Pero el rey se negó «porque no puede compararse lo justificado de las reglas de la imposición de Cataluña, con las que se practican en Aragón y Valencia», donde se hacían los repartos a ojo, en cada pueblo según

lo disponen las Justicias, los Regidores, y los más Principales de los Pueblos: cuya práctica, así en los primeros, como en los segundos, puede ser muy errada, por falta de conocimiento o por malicia de los mismos: siendo muy cierto que para que estos repartimientos sean justificados es preciso que se transformen en Ángeles los hombres; pero las reglas con que se estableció el Catastro de Cataluña, no dejan a ningún particular, justicia ni poderoso estos arbitrios, porque se ha de fundar precisamente en la noticia justificada de lo que cada uno posee, y lo que gana; y conforme a la calidad, y cantidad de las alhajas [activos], le está arreglada la tasa en la Contaduría, sin que puedan los Jurados, ni los Bayles alterarla.

Por esta superioridad diferencial mandó el rey que en Cataluña se cobrase la contribución «precisamente por las reglas del Catastro»716.

También Uztáriz717, poco amigo de los impuestos sobre la industria, afirma: «La práctica, el modo de la cobranza del impuesto en Aragón, son muy distintos de la forma con que en Cataluña se reparte, y exige el Catastro». En Aragón se practica un sistema de repartimiento y encabezamiento por localidades («cada Partido, Ciudad, Villa, o Lugar»), y en estas se reparte por

los Corregidores y demás Justicias [...] con reflexión a la posibilidad de cada vecino, según sus tierras de labranza, pastos, tráfico, rentas, y demás haberes, y con otras precauciones dirigidas a la Justicia distributiva, aunque en lo que depende del arbitrio de muchos, son casi inevitables algunos abusos, y agravios [... por lo que] se experiment[a]n quejas y alguna falta de equidad.

En cuanto a Valencia: «En el Reino de Valencia se cobran las Rentas casi en la misma forma que en Aragón»718. En resumen, según dos autoridades contemporáneas, grandes expertos en la materia, tanto en Valencia como en Aragón el nuevo impuesto, dentro de unas instrucciones generales, estaba sujeto al arbitrio de una serie de funcionarios y autoridades, en tanto que en Cataluña la evaluación se hacía según un catastro muy minucioso y objetivo.

Todo esto no evitó que en Cataluña continuasen las protestas y reclamaciones, por lo que se convocó un «Congreso de los Sujetos de todos los Vegueríos [... y ...] allí se calcularon todas las calidades de tierras, y demás especies que se comprendían en Cataluña», y se repasó también lo relativo al impuesto personal; en resumen, este «Congreso» estudió de nuevo el Catastro y llegó a la conclusión de que «las referidas justificaciones [reclamaciones] que los pueblos habían presentado, no merecían el menor aprecio». Y, además, que si la contribución «se proporcionaba a ciertas reglas» produciría muy por encima de los 0,9 millones estipulados. Y, efectivamente, en 1725 se recaudaron por Catastro 1.016.602 pesos, y en 1731, 1.021.192 pesos. Y, añade Zavala: «creo que desde mediado del referido año de 1724, que se tomó esta providencia, no se habrá visto en los tribunales de V. Mag. representación ni quejas contra el justificado establecimiento de este Tributo»719.

Y así, una serie de factores fueron suavizando los problemas del Catastro catalán, tanto por parte de los contribuyentes, que acabaron sometiéndose de mejor o peor grado, como por la administración, que también fue adaptándose a las nuevas normas y perfeccionando los datos catastrales. En este aspecto fue decisiva la actuación de Antoine de Sartine, colaborador francés de Felipe V, a quien este nombró superintendente de Finanzas en Cataluña en 1726 y que al parecer logró resolver todos los problemas del Catastro, mejorando la recogida de datos, la eficacia del personal, y resolviendo la multitud de problemas que su aplicación había planteado720. A resolver las fricciones y resistencias suscitadas contribuyeron también la rebaja que en el monto total se hizo durante los primeros años y su congelación posterior, de modo que, al aumentar la población, la renta y los precios a lo largo del siglo, la presión fiscal se fue viendo aligerada, y ya en la segunda mitad del siglo, si no antes, esta presión volvió a ser en Cataluña considerablemente menor que en Castilla721. Así, en palabras de Mercader722: «El Catastro dejó de ser para el pueblo catalán la calamidad que había sido al inicio y fue tornándose poco a poco un tributo tolerable y normal, que no obstaculizó el auge progresivo de la economía del Principado, como se temía en los primeros años, y aún menos el espectacular desarrollo del siglo XVIII».

Acudamos a una autoridad de nuestros días, Miguel Artola. Según este autor, «el tratamiento fiscal impuesto [por Felipe V] a la corona de Aragón responde a una fórmula inédita que buscó, simultáneamente, la equidad tributaria y un mejor reparto de la carga entre los distintos estratos de la sociedad. El resultado [...] fue una fiscalidad más moderna y más justa que la que pervivió en Castilla»723. Artola considera que el Catastro catalán «dista mucho de la minuciosidad que se aplicaría años después en el Catastro de Ensenada»724. Esto es posible, pero no niega que fuera mucho más minucioso que los otros impuestos del reino de Aragón, por no hablar de los del reino de Castilla. Él mismo nos dice que el equivalente en forma de capitación «que Macanaz impuso a Valencia es una fórmula arcaica y desigual, al no tomar en consideración las diferencias personales de renta ni las de patrimonio, y ni siquiera las de consumo, como sucedía en principio con la alcabala»725. Ahora bien, en Valencia, como en todo el antiguo reino de Aragón, se mantuvo «sin actualización [...] el cupo durante todo un siglo, con independencia del desarrollo demográfico», lo cual aligeró considerablemente la carga tributaria, como acabamos de ver.

Esto se comprueba también con las cifras de José Patricio Merino726 sobre el «presupuesto»727 de la Corona española en la segunda mitad del XVIII. El gráfico 1 muestra la evolución de dos importantes partidas «presupuestarias» de la Corona, el «equivalente de Aragón», es decir, lo que se ingresaba por los «nuevos» impuestos directos en los tres reinos y el principado, y lo que reportaban las «rentas provinciales», es decir, básicamente, la alcabala, los cientos y otros impuestos indirectos recaudados en el reino de Castilla para el período 1763-1800.

Lo primero que se observa es una ruptura de tendencia a partir de 1793: las dos curvas caen abruptamente a partir de ese año. La razón es que, al estallar la «guerra de la Convención» contra Francia, España recurrió masivamente a las remesas de Indias y a fuentes extraordinarias (vales reales, empréstitos voluntarios y forzosos) para financiar el aumento del gasto, por lo que la proporción de los ingresos ordinarios se desplomó. Comienza aquí lo que Artola llamó «el tránsito de un equilibrio difícil a una situación de crisis financiera»728.

Lo segundo que se advierte es que, durante el período de «equilibrio difícil» (1763-1793), la aportación de la Corona de Aragón decrece regularmente, mientras que la de los impuestos castellanos aumenta, siquiera sea débilmente. Se confirma, por tanto, que los impuestos directos de la Corona de Aragón fueron haciéndose más llevaderos, por lo menos durante la segunda mitad del XVIII, al tiempo que aumentaba la presión fiscal en Castilla.

Gráfico 1. Equivalente de Aragón y rentas provinciales como porcentaje de los ingresos totales

Fuente: J. P. Merino, Las cuentas de la Administración central española, 1750-1820, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1987.

Hemos visto, en resumen, por qué el Catastro benefició a Cataluña en mayor medida que los nuevos impuestos de otros reinos de la Corona de Aragón: fue un impuesto mejor diseñado, más justo y más equitativo. La estructura fiscal, al menos, no era igual, y el sistema en su conjunto resultó muy llevadero, por la fijeza del cupo reclamado. Por otra parte, el nuevo sistema impositivo introducido en los territorios de la antigua Corona de Aragón con el propósito de lograr una presión fiscal «equivalente» a la de Castilla es posible que lograra su propósito en los primeros años, pero es evidente que pronto quedó anquilosado (se trataba, como señala Artola, de un impuesto de cupo y no de producto)729 y a la larga mantuvo esa presión muy baja. Hay que añadir que, aunque, comparado con la época de los Austrias, el Catastro significara un aumento de la presión fiscal, el carácter equitativo, universal y codificado del nuevo impuesto impartía una certidumbre que había de facilitar el cálculo mercantil y estimular la inversión, contribuyendo así al crecimiento económico.

El intento de reformar la fiscalidad en Castilla

Tan superior era el sistema impositivo catalán que (por recomendación de Zavala y Auñón, cuya Representación tenía como finalidad la introducción del sistema del catastro en Castilla) a mediados de siglo el marqués de la Ensenada y otros ministros de Fernando VI y Carlos III trataron de adaptarlo e introducirlo en Castilla, cosa que no lograron por una serie de razones, tanto técnicas como sociales730.

Aplicando la teoría de Mancur Olson731, el antiguo reino de Aragón, y en particular Cataluña, a la larga, se habría visto beneficiado por haber perdido la guerra de Sucesión, al haberse modernizado sus instituciones rápidamente en contra de los intereses seculares de los grupos poderosos; lo contrario ocurrió en Castilla, vencedora en la guerra y, por tanto, mucho más difícil de reformar. El éxito del Catastro movió a un grupo de gobernantes ilustrados, señaladamente el marqués de la Ensenada y Pedro Rodríguez Campomanes, con el apoyo sucesivo de Fernando VI y Carlos III, a formar el catastro de la riqueza rústica en Castilla (el famoso «Catastro de Ensenada») con el propósito de utilizarlo como fuente de información para imponer un gravamen directo similar al catalán, la llamada Única Contribución. Pero como, para su desgracia, Castilla no había perdido la guerra, sino que la ganó, ni siquiera Ensenada, con todo el apoyo real, consiguió implantar allí la Única Contribución; la resistencia de una parte de la nobleza, de la Iglesia y de las corporaciones municipales acabó logrando que se salieran con la suya estos grupos de intereses, y que los oportunos decretos firmados por Carlos III acabaran convirtiéndose en papel mojado732. Artola describe muy bien cómo encalló un proyecto que contaba con tanto apoyo, real y gubernamental:

[...] en junio de 1760, [los] miembros [de la Junta de la Única Contribución] comenzaron por consultar a Carlos III la conveniencia de proceder a la revisión de una información que se había obtenido apenas hacía un quinquenio [la del Catastro, concluido en abril de 1756]. Esta propuesta induce a pensar en una decidida intención de llevar el proyecto a una vía muerta [...] A pesar de ello, Carlos III aceptó lo propuesto.

El proceso de revisión se complicó y se alargó de tal modo que llevó tanto tiempo como la confección del Catastro original. Para cuando se terminó, se estaba en vísperas del Motín de Esquilache. Hacia 1770 se intentó revivir el proyecto, pero las dilaciones se sucedieron y finalmente, entre protestas contra la pretendida desigualdad de la contribución y la pasividad de la administración, la famosa Única Contribución nunca entró en vigor. Castilla siguió sufriendo mayor presión fiscal y un reparto inicuo de la carga, sin que posteriores intentos de reforma tuvieran éxito733.

La política comercial

Como es bien sabido, durante los siglos XVI y XVII se estableció el principio del monopolio metropolitano del comercio con las Indias, pero no solo metropolitano, sino sevillano734. Se creó un organismo burocrático, la Casa de Contratación, con sede en Sevilla, que controlaba el tráfico transatlántico entre España y América. Todo barco con destino u origen en América debía fondear en Sevilla para ser registrado y dado el visto bueno para proseguir viaje o descargar. El trayecto estaba también rigurosamente regulado. Se utilizaba el sistema de flotas, por el cual los barcos debían navegar agrupados y custodiados por buques de guerra. Las flotas acostumbraban a consistir en una docena, o incluso más, navíos mercantes, custodiados por entre dos y cuatro (a veces más) buques de guerra. La periodicidad de las flotas era, teóricamente, anual, aunque en general partían menos frecuentemente. Las flotas se alternaban según su destino: unas, llamadas flotas de Nueva España, iban destinadas a lo que hoy es México, y arribaban a Veracruz; otras, llamadas galeones de Tierra Firme, iban destinadas al istmo y a América del Sur (principalmente Nueva Granada y Perú) y arribaban a Cartagena de Indias y Portobelo (en lo que hoy es Panamá). Los bienes desembarcados en Portobelo seguían viaje desde allí hasta el puerto de Panamá, en la costa del Pacífico, donde se embarcaban en la llamada Armada del Sur, que los trasladaba a Lima. En su viaje de vuelta, flotas y galeones acostumbraban a recalar en La Habana y desde allí efectuar la travesía hasta Sevilla.

El sistema, como se ve, era extraordinariamente rígido; su principal virtud era la seguridad que proporcionaba a la expedición, aunque en una ocasión (1628) gran parte de la flota fue capturada por el holandés Piet Heyn, al servicio de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. A cambio de esto, el sistema tenía graves inconvenientes: al ser escasa la relación entre los comerciantes españoles europeos y los americanos, los bienes embarcados raras veces se ajustaban en cantidad y calidad a la demanda americana, y frecuentemente se tardaba años en vender toda la carga. Como este comercio era de gran provecho a la Corona, en especial por los impuestos en oro y plata que se cobraban, esta hizo todo lo posible, sobre todo desde finales del siglo XVI, por obligar a los americanos a comprar los productos europeos. Para ello restringió cuanto y como pudo la producción en las Indias de productos que pudieran competir con los europeos: así, se prohibió la producción allí de vino y aguardientes, de productos textiles, de aceite de oliva, etc. El monopolio y las prohibiciones permitían que los productos europeos fueran muy caros, tanto más cuanto que los impuestos y aranceles sobre ellos eran cuantiosos. Esta carestía no podía sino atraer contrabando, que las flotas y guardacostas españoles trataban de mantener a raya con gran esfuerzo y dispendio.

La guerra de Sucesión debilitó el sistema, ya muy afectado por las crisis y las guerras del siglo XVII. Las hostilidades desencadenadas por el conflicto sucesorio español interrumpieron el sistema de flotas y aislaron a España de sus colonias americanas, que tuvieron que abastecerse en el mercado internacional con gran beneficio para privateers e interlopers (corsarios y piratas) que camparon a sus anchas durante aquellos años. Fue muy difícil recomponer el sistema tras la guerra, por muchas razones. En primer lugar, entre las varias concesiones que España tuvo que hacer a Inglaterra por el Tratado de Utrecht que puso fin a la guerra (la más conocida fue el reconocimiento de la soberanía inglesa sobre Gibraltar) estaban el otorgamiento del asiento de negros (es decir, el monopolio de venta de esclavos negros en América) y el navío de permiso, que era el permiso por 30 años a la Compañía inglesa de los Mares del Sur para incluir un navío al año en cada flota a Indias. Ambas instituciones permitieron a la Compañía la introducción de abundante contrabando. En segundo lugar, durante la guerra se habían establecido relaciones entre los comerciantes americanos y los agentes extranjeros que les habían abastecido, relaciones que naturalmente se mantuvieron ya restaurada la paz, en particular porque los precios de los contrabandistas eran más bajos que los de los españoles. En tercer lugar, porque el galeón de Manila735, que hacía la ruta entre Acapulco y las Filipinas, surtía en cantidades crecientes con mercancías chinas, especialmente telas de seda y algodón, que competían ventajosamente en calidad y precio. Y en cuarto lugar, porque Inglaterra, Holanda y Francia habían desarrollado sus industrias y sus escuadras y estaban en disposición de abastecer ventajosamente, aunque de manera ilegal, a las Indias. Por todas estas razones, el sistema de flotas, tal como se restableció en el XVIII, se vio aquejado de graves dificultades, que se resumen en desajustes entre la oferta peninsular y la demanda americana que se saldaron con resultados decepcionantes para ambas. Si el sistema se mantuvo durante varios decenios fue porque la Corona no veía sistema alternativo para allegar recursos, especialmente durante la primera mitad del siglo XVIII en que las guerras europeas de Felipe V entrañaron gastos cuantiosos. Con todo, en 1728 se fundó la Compañía de Caracas, que recibió el monopolio del comercio con Venezuela, especialmente para la importación de cacao. Esta compañía tiene importancia, en primer lugar, porque alcanzó bastante éxito a lo largo del siglo, hasta que se refundió en la Compañía de Filipinas en 1785; en segundo lugar, porque constituyó una excepción al principio monopolista: sus barcos navegaban directamente entre San Sebastián y Caracas; y, en tercer lugar, porque su éxito confirmó a quienes opinaban que las compañías de comercio colonial, inspiradas en la holandesa y la inglesa, eran una buena alternativa al monopolio (Uztáriz, sin embargo, estuvo en contra). Por eso a esta siguieron otras compañías, como la del Comercio de Barcelona (1755), y otras menos importantes como la de La Habana (1740) y la de San Fernando de Sevilla (1747).

En los períodos bélicos, las tenues relaciones entre la metrópoli y las colonias se establecían por medio de los llamados navíos de registro, buques que navegaban individualmente habiendo previamente obtenido una licencia o registro (de ahí su nombre). En tiempos normales, estos buques abastecían puertos alejados de la ruta de las flotas como, típicamente, Buenos Aires.

Otra innovación importante fue el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz. Aunque esta medida era consecuencia lógica de la creciente inaccesibilidad del puerto de Sevilla a los barcos que hacían la travesía atlántica, tanto por el aumento del tonelaje, y por ende del calado de los barcos, como por el progresivo aterramiento del Guadalquivir, no fue sencilla de realizar. En 1680, debido a estos problemas, Cádiz pasó a ser el puerto de embarque y arribada para las expediciones a Indias, pero Sevilla mantuvo su posición de centro administrativo. Esto planteaba las dificultades que pueden imaginarse, pero los repetidos intentos de unir puerto y administración fueron resistidos enérgicamente por los burócratas sevillanos hasta que, en 1717, Patiño consiguió un decreto para trasladar la Casa a Cádiz.

Un nuevo hiato importante fue la guerra hispano-británica de 1739-1748, «del Asiento» para los españoles, «de la Oreja de Jenkins» para los británicos. La guerra concluyó con el Tratado de Aix-la-Chapelle, que suprimió el asiento mediante una indemnización por parte de España. Pero los nueve años de hostilidades volvieron a interrumpir las flotas y generalizaron el sistema más flexible de navíos de registro, que fomentó, además, el establecimiento de agentes comerciales españoles en América, sobre todo en México, todo lo cual facilitó un mejor ajuste entre oferta y demanda736. También los comerciantes americanos pudieron abastecerse directamente en Cádiz. Todo esto suprimió intermediarios y abarató el comercio, con lo que el contrabando resultó menos lucrativo. En Sudamérica, la ruta por el Cabo de Hornos se generalizó, con el propósito de evitar los barcos ingleses, y Buenos Aires empezó a competir con Lima como centro comercial. Por otra parte, Portobelo quedó totalmente destruido durante la guerra del Asiento, y su reconstrucción era cara y lenta. El sistema de galeones de Tierra Firme fue abandonado de hecho. Las flotas de Nueva España continuaron hasta 1776, pero con poco éxito; además, en 1765 se liberalizó el comercio desde nueve puertos españoles (Santander, Gijón, Coruña, Sevilla, Cádiz, Málaga, Cartagena, Alicante y Barcelona) a las islas más importantes del Caribe (Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Margarita, Trinidad y las Islas de Sotavento). Esta ampliación vino acompañada de un considerable crecimiento del tráfico colonial, que se expandió a partir de mediados del XVIII737; también el comercio con el resto del mundo creció notablemente, pari passu con el colonial738. El éxito de esta reforma aumentó el crédito de los que venían preconizando la total liberalización (aunque conservando, por supuesto, los elevados aranceles a la importación y a la exportación, las prohibiciones y demás barreras al comercio).

Esta liberalización tuvo lugar con la promulgación del Reglamento para el Comercio Libre en la simbólica fecha de 12 de octubre de 1778. La medida, debida a la iniciativa del conde de Floridablanca, ministro de Estado, y José Gálvez, ministro de Indias, ampliaba considerablemente el número de puertos peninsulares (incluyendo Tenerife) y americanos autorizados a comerciar, aunque subsistían algunas restricciones que se fueron reduciendo en los años siguientes. También establecía el Reglamento nuevos aranceles y prohibiciones, por lo que hay que admitir que la libertad de comercio era relativa, aunque mucho mayor que la que existía anteriormente. Con todo, la promulgación del Reglamento fue seguida de una considerable expansión comercial que inmediatamente comentaremos.

En conjunto puede decirse que la política comercial de los Borbones, por tanto, constituyó un éxito, que probablemente hubiera sido mayor si la liberalización se hubiera llevado a cabo antes. Es muy difícil establecer esta hipótesis de manera rigurosa, sin embargo, por la mala calidad de los datos. No obstante, el hecho de que quince años después de la promulgación del Reglamento estallara la serie de guerras que enfrentarían a España contra Francia e Inglaterra sucesivamente, y finalmente con las colonias americanas, hace pensar que fue demasiado corto el lapso de paz en que fue aplicable el «libre comercio». Cuanto antes se hubiera llevado a cabo esta relativa liberalización, por más largo tiempo se hubieran disfrutado sus beneficios.

Gráfico 2. Rentas generales, 1763-1796, y exportaciones a América, 1778-1796 (índices, 1778 = 100)

Fuentes: para «Exportaciones», J. Fisher, Relaciones económicas entre España y América hasta la independencia, Madrid, Fundación Mapfre, 1992, tabla 4, pág. 177; para «Rentas generales», J. P. Merino, Las cuentas de la Administración central española, 1750-1820, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1987, cuadro «Ingresos».

En general, existe un amplio acuerdo acerca de la favorable evolución del comercio español con América a partir de 1778 (gráfico 2). No hay unanimidad total, sin embargo. Delgado Ribas739 concede una gran importancia a la «crisis de 1786-1787» y la estudia como si hubiera sido algo más que una fuerte fluctuación. Un análisis somero de las cifras de Fisher nos indica, en primer lugar, que el impacto inmediato del «Reglamento de libre comercio» sobre las exportaciones españolas a Indias fue relativamente modesto, debido sin duda a la guerra de Independencia de Estados Unidos, en la que España se alineó con Francia y los norteamericanos. El crecimiento de las exportaciones en los cuatro años que siguieron al Reglamento fue de un 50 por 100, respetable pero no asombroso. Sin embargo, siempre según Fisher, la paz con Inglaterra en 1783 trajo consigo un alza explosiva de las exportaciones, que en 1785 estaban más de seis veces por encima del nivel de 1778. Parece lógico esperar una fluctuación a la baja después de tal crecimiento: del lado de la demanda, tuvo que producirse una saturación; del lado de la oferta, lógicamente, las expectativas de los exportadores debieron verse frustradas ante la caída de la demanda, tanto más cuanto que, guiándose por lo ocurrido en los años inmediatamente anteriores, sin duda embarcaron partidas muy grandes con la esperanza de que continuara la euforia. Este comportamiento cíclico parece totalmente normal, especialmente si tenemos en cuenta que en los años siguientes, a un ritmo más pausado, las exportaciones siguieron creciendo hasta alcanzar en 1792 un nivel casi igual al de 1785. En 1793, sin embargo, las exportaciones volvieron a caer; pero es bien claro que esta caída se debió al estallido de la «guerra de la Convención» con Francia. En total, según las cifras de Fisher, el volumen medio de exportaciones españolas a Indias en el decenio entre la guerra con Inglaterra y la guerra con Francia, incluyendo «la crisis de 1786-1787», alcanzó un nivel por encima de 4,5 veces el de 1778.

Se ha objetado a los índices de John Fisher que su cifra correspondiente al año que toma como base (1778) parece infravalorada740, lo cual exageraría el crecimiento de los valores posteriores. En particular, García-Baquero, que critica tanto sus cifras de importación como las de exportación, afirma que el dato de Fisher para 1778 es solo «el 7,4 por 100 del valor que “realmente” alcanzó»741. La conclusión sería que el índice de las importaciones de América según Fisher exageraría desmesuradamente el crecimiento de esta variable. La crítica de García-Baquero al índice de las exportaciones es más cautelosa, pero su artículo concluye que las importaciones de América crecieron como media un 69 por 100 en el período 1778-1796, y las exportaciones cayeron un 16 por 100 en el mismo período742. Si Fisher pecó por exceso, quizá García-Baquero lo haga por defecto.

Hay sin embargo otra variable ligada al comercio exterior que nos puede servir de contraste: el rendimiento de las «Rentas generales», que son, como es bien sabido, los ingresos del Tesoro español por los aranceles de aduanas743. Se trata, por tanto, de un indicador bastante fiable del movimiento comercial exterior total, no solo el colonial. El gráfico 2 muestra que, desde 1763 hasta 1778, las Rentas generales crecieron moderadamente. En el año 1779, el primero en que estuvo en vigor el Reglamento, también crecieron, pero dentro de la anterior tendencia. En los dos años siguientes cayeron, sin duda por efecto de la entrada de España en la guerra contra Inglaterra y en apoyo de la independencia de las colonias norteamericanas. En los años siguientes se produjo una recuperación que, a partir de 1783, con el fin de la guerra, se hizo muy rápida, alcanzándose en 1785 un nivel que triplicaba el de 1778744. Si bien en los dos años siguientes hubo caídas, el índice se mantuvo muy por encima del nivel 200, y se fue acercando paulatinamente al nivel 300. En resumen, de las cifras de Rentas generales se deduce que los años siguientes a la promulgación del Reglamento contemplaron un gran salto en el comercio exterior español, y que Floridablanca no andaba descaminado, aunque su estimación era algo baja, cuando dijo que gracias al «comercio libre» los ingresos aduaneros se habían doblado745. En realidad, casi se habían triplicado: durante el decenio 1769-1778, los ingresos medios anuales habían sido de 51 millones de reales de vellón; durante el decenio 1783-1792 fueron de 145 millones. Es verdad que estamos en un período inflacionista y que las cifras deflactadas moderarían la imagen de crecimiento; pero las conclusiones básicas no se verían modificadas.

Es de suponer que, aunque el Reglamento de Libre Comercio se refiriera exclusivamente al comercio colonial, su efecto expansivo se extendería al comercio en general, ya que en las exportaciones a América había un fuerte componente de reexportaciones; sabemos que hacia estas fechas el comercio colonial de exportación venía a suponer aproximadamente la mitad de las exportaciones totales, y que en uno y otro comercio (europeo y americano) había un fuerte componente de reexportaciones746. Parece natural, por tanto, que la aplicación del Reglamento fuera seguida de un crecimiento del comercio exterior total.

Puede observarse que, a partir de 1778, la curva de las Rentas generales evoluciona de manera bastante paralela a la de las exportaciones según Fisher, lo cual refuerza la verosimilitud de esta, incluso admitiendo que pueda estar excesivamente desplazada hacia arriba.

La serie de las exportaciones españolas a América a partir de 1796 y hasta 1810747, período de guerra casi ininterrumpida, muestra enormes oscilaciones, con un pico tras firmarse la Paz de Amiens (1802) y una fuerte caída al reanudarse las hostilidades dos años más tarde. Es evidente que el comercio hispano-americano era extremadamente sensible a la coyuntura bélica, como muestran las series anteriores y como ya había sido observado por Izard748.

Javier Cuenca ha llevado a cabo una reconstrucción de las importaciones coloniales que le ha permitido un análisis muy novedoso de este comercio, comparado con el británico, que le lleva a corregir «visiones pesimistas recientes sobre el curso y los rendimientos del comercio colonial español entre 1747 y 1796» y a concluir que, «en vísperas de las guerras con Francia, el Imperio español parece haber alcanzado una posición económica más sólida de lo que podría inferirse de recientes opiniones pesimistas»749.

Otro trabajo que corrobora los efectos favorables del Reglamento de 1778 es el de Pedro Tedde750, que registra el fuerte crecimiento de las importaciones españolas de metales preciosos a partir de esa fecha y, en general, el «proceso de crecimiento económico en España, a partir de la penúltima década del siglo XVIII, que llegaría hasta finales de esa misma centuria, inducido por la llegada de mayores contingentes metálicos de América y por la política de los Ilustrados»751.

Merece la pena señalar que este auge de las exportaciones a América estimuló extraordinariamente a la economía catalana y en particular a las industrias vinícola y textil, y, dentro de esta, especialmente a la algodonera, como muestran los trabajos de varios autores752. También vale la pena mencionar que el comercio catalán con América se vio estimulado por el Gobierno español desde el final de la guerra de Sucesión753.

La política agraria

Los problemas de la agricultura española en el siglo XVIII se encuentran esquemáticamente explicados en el libro de G. Tortella y C. E. Núñez754. Aunque a esas páginas me remito, voy a resumir aquí esa explicación. Se trataba básicamente de un problema de desequilibrio entre oferta y demanda: la oferta de alimentos era rígida por motivos que ahora vamos a exponer, en tanto que la demanda crecía, por ser el XVIII un siglo en que la población española, al igual que la del resto de Europa, creció constantemente. De manera aproximada, y basándonos en estimaciones de varios especialistas755, podemos decir que a principios de siglo la población española estaba algo por encima de los siete millones de habitantes, y a finales de siglo en torno a los once. Puede afirmarse con casi total seguridad que la población española nunca antes había sobrepasado los diez millones. Se trata, por tanto, de un fenómeno sin precedentes en la historia de España, aunque aumentos parecidos, incluso de mayores proporciones, tuvieron lugar en otros países europeos, como Inglaterra o Francia.

En tanto la población española crecía, el producto agrario se hallaba estancado, por dos razones principalmente: no hubo apenas cambio en las técnicas de cultivo (salvo la introducción del maíz y la patata en algunas zonas) y no aumentó en la medida necesaria la roturación de tierras; esto fue debido a causas institucionales, como el latifundio, las llamadas «manos muertas», los problemas del regadío, etc.756. El caso es que, como dice Pérez Moreda, el «incremento de la producción de cereales se prolongó sin mayores problemas hasta 1760, pero encontró unos topes difícilmente franqueables en las últimas décadas del siglo»757. La manifestación violenta del choque con estos topes («estorbos» los llamó Jovellanos, en su Informe sobre la ley agraria) fue el célebre Motín de Esquilache en 1766, que conmovió al reino e hizo ver al monarca y a sus ministros que eran necesarias reformas.

La historia es bien conocida. Se llevaron a cabo varias innovaciones muy interesantes y hoy bien estudiadas, pero que, al cabo, tuvieron muy poco efecto a medio plazo. Hubo repartos de tierras baldías en algunos municipios, se vendieron tierras expropiadas a los jesuitas (expulsados de España en 1767), se repobló Sierra Morena asentando en nuevas parcelas a colonos traídos de Alemania y de Cataluña; es decir, se trató de aumentar la tierra cultivada por diversos medios. Pero el aumento fue muy pequeño; los reformistas se encontraron, como había ocurrido en el caso de la Única Contribución, con la oposición de los poderosos y, como dice Herr758, el problema del despotismo ilustrado radicaba en «la falta de conexión efectiva entre el gobierno real de Madrid y sus súbditos en toda la extensión del país. [Al rey] le faltaba una administración local efectiva para llevar a cabo [un amplio plan de reforma] [...] el rey no podía lograr obediencia significativa a ningún decreto que amenazara la posición de los oligarcas rurales».

Ante estos obstáculos, los reformistas procedieron con una gran lentitud. El Consejo de Castilla llevó a cabo una encuesta entre las autoridades municipales acerca de los problemas agrarios, encuesta que dio lugar a un grueso expediente que, tras rodar por diversas oficinas, fue a parar a la Sociedad Económica Matritense y, a través de esta, a Gaspar Melchor de Jovellanos, que redactó sobre él su celebrado Informe, en el que sentó las bases doctrinales de la desamortización: en esencia, afirmó que es preferible en agricultura la pequeña o mediana propiedad produciendo para el mercado y administrada individualmente que la gran propiedad administrada con criterios corporativos, comunales o feudales. El Informe, publicado en 1795759, surtió efectos casi inmediatos y, como nos dice Herr, convenció a Manuel Godoy de la necesidad de desamortizar, tanto para mejorar el bienestar campesino como para aumentar la producción de alimentos y remediar el pavoroso déficit fiscal, acrecentado por las guerras, contra Francia primero, contra Inglaterra después. Pero era ya muy tarde, y se pudo hacer muy poco, antes de que la guerra de Independencia y la reacción fernandina interrumpieran el proceso. Fue en 1835, siendo el despotismo ilustrado ya poco más que un lejano recuerdo, cuando se inició el proceso masivo de la desamortización, que, como también ha afirmado Herr760 muy convincentemente, fue el requisito indispensable para poner nuevas tierras en cultivo y poder alimentar a la creciente población española761. También muestra Herr que la desamortización no modificó radicalmente la estructura de la propiedad: si algo hizo fue dispersarla un poco.

El caso es que la idea de desamortizar se impuso y, en este sentido, Carlos IV emitió una serie de decretos en 1798762 que autorizaban o recomendaban la venta de una serie de bienes de propiedad pública o real, aunque algunos estaban en posesión de la Iglesia, como era el caso de hospitales, obras pías, capellanías, etc. Pero este inicio de desamortización, que tanto se demoró, era insuficiente y tardío. Según los cálculos de Herr763, entre 1798 y 1808 se desamortizó el 3 por 100 de toda la propiedad raíz de Castilla. Ni aumentó gran cosa la producción ni se resolvió el problema del déficit.

La política monetaria y bancaria

Después del caos monetario del siglo XVII764, el XVIII ofrece una imagen de calma y reconstrucción. Felipe V se esforzó por devolver a la moneda española su prestigio, que había quedado maltrecho no solo por las desmedidas emisiones de vellón, seguidas de improvisadas devaluaciones y revaluaciones, sino también por la entrada de moneda extranjera durante la guerra de Sucesión, y la extracción de moneda nacional. Felipe V trató de unificar el sistema monetario español, «suprimiendo las peculiaridades forales y de autonomía dineraria de los territorios que habían sido contrarios a su causa durante la Guerra de Sucesión»765. Tiene interés señalar que con la guerra se difundió por España la libra tornesa, moneda francesa de plata de unos cinco gramos, mucho más pequeña que los tradicionales reales de a ocho. En Cataluña, además, una moneda de estas características fue acuñada por el archiduque, y se popularizó con el nombre catalán de peçeta (piececita)766.

Felipe V mantuvo el bimetalismo tradicional, con el escudo de oro y el real de plata como bases del sistema, y con la moneda de cobre, o vellón, como divisionaria. Sin embargo, al mantenerse las características y razón bimetálica tradicionales, persistía el antiguo problema de la extracción de plata al extranjero, debida a dos causas: una, el déficit comercial endémico en la economía española; y, dos, el alto contenido en plata del llamado real de a ocho767, que lo hacía muy codiciado en los demás países, cuyas monedas tenían una ley menor. Para remediar, siquiera fuera parcialmente, este problema se introdujo la original novedad de acuñarse monedas de plata de características semejantes a los reales de plata, pero de ley más baja, con la idea de crear un sistema de circulación interior que no resultara tan atractivo a los comerciantes extranjeros. A estas monedas de menor ley se las llamó moneda provincial, por contraste con las de mayor calidad, a las que se conoció como moneda nacional. Pese a esta medida, la extracción prosiguió, pero la entrada de plata de América fue muy grande durante la mayor parte del siglo, de modo que el problema no fue demasiado grave hasta las últimas décadas. De la extracción da testimonio el informe de un oficial de la ceca de Segovia768:

desde que el Sr. Felipe Tercero mandó fabricar moneda de puro cobre y le dio un precio que excedía desmesuradamente al del metal y costas, se empezó a ver esta Nación defraudada por los extranjeros con introducción de moneda de cobre y extracción de las de plata y oro [...]. Las diferentes pragmáticas que por todo el siglo pasado se publicaron [...] evidencian los graves perjuicios que se experimentaban con dicha introducción; pero no fueron bastantes a cortarlos, porque el interés atropella por el sagrado de las Leyes.

Con el fin explícito de poner fin a esta situación y mejorar la calidad de las monedas circulantes, decretó Carlos III una reacuñación en 1772, tanto de la moneda de cobre como de las de plata y oro769. Esta reacuñación se prolongó al menos hasta 1778, aunque parece que no llegó a ser total, y que las monedas antiguas siguieron circulando junto a las viejas. Es posible, sin embargo, que esta reacuñación tuviera otros fines no manifestados en los decretos publicados. Según Tedde, se trataba de llevar a cabo «una devaluación subrepticia [...] para evitar la exportación de moneda de plata española»770. La misma finalidad le atribuyen el documento de la ceca de Segovia antes citado y una breve historia de la moneda española de carácter semioficial publicada a mediados del siglo XIX771. Un autor posterior, no precisamente admirador de Carlos III, llamó al decreto sobre reacuñación de plata y oro «injusto e impremeditado» y lo atribuyó al deseo de beneficiarse (el rey y/o el erario) con la devaluación. De la misma opinión es Hamilton772.

Pero las medidas más innovadoras del reinado de Carlos III en esta materia fueron los vales reales y la fundación del Banco de San Carlos; ambas están íntimamente relacionadas y, aunque brillantes iniciativas, a la larga tuvieron efectos nefastos. Los vales reales fueron idea del empresario y financiero hispano-francés Francisco Cabarrús773, y su finalidad inmediata era contribuir a la financiación de la guerra contra Inglaterra (1778-1783) con motivo de la independencia norteamericana. Los vales eran un híbrido de deuda pública y papel moneda, aunque en realidad desempeñaron el primer cometido más que el segundo. Pagaban un interés del 4 por 100 pero, para aumentar su aceptabilidad, se les dio valor liberatorio en pagos a la Hacienda pública. Sin embargo, su circulación como moneda fue muy reducida, por varias razones: en primer lugar, el público español no estaba habituado al pago en papel; en segundo lugar, la denominación de los vales era demasiado alta para las transacciones corrientes; en tercer lugar, la transmisión de un vale exigía un endoso para poder cobrar el interés. Todo esto los hacía muy engorrosos como medios de pago. «Como papel moneda, pues, los vales no hicieron más que perturbar la circulación»774. Como deuda pública, cumplieron su función aceptablemente en el caso de la guerra de Independencia de Estados Unidos (1778-1783); el problema serio apareció a partir de 1796, en que las nuevas hostilidades contra Inglaterra desequilibraron gravemente las cuentas de la Hacienda pública y las emisiones de vales se utilizaron para cubrir déficits crecientes que nunca se pudieron saldar. De ahí la rotunda afirmación de Herr: «los vales prepararon el motín de Aranjuez y de esta manera [...] contribuyeron a preparar la caída del antiguo régimen español»775.

Los vales también se llevaron por delante al Banco Nacional de San Carlos, que se fundó para respaldarlos en 1782776. El Banco también fue idea de Cabarrús, pero su realización estuvo plagada de problemas. Su diseño, junto a innovaciones notables, como la concesión de gran poder a los accionistas y la restricción de la interferencia gubernamental, tuvo graves defectos: del poder de la junta de accionistas se derivó una gran debilidad de los órganos de gobierno, en esencia un consejo de ocho directores sin clara jerarquía de mando. Otro error grave fue encomendar al Banco el abastecimiento del Ejército y la Marina, actividad no bancaria que le hizo incurrir en cuantiosas pérdidas y dio lugar a fuerte endeudamiento del Estado con el Banco cuando, tras ocho años, este abandonó la ruinosa empresa. También hizo malas inversiones, como comprar deuda pública francesa en 1788, tratar de construir un canal que uniera Madrid con Sevilla, o crear la Compañía de Filipinas, que tuvo pérdidas casi desde el principio. Pero fue el endeudamiento estatal (vales reales, otros tipos de deuda pública, préstamos y adelantos) lo que arruinó al Banco. En 1801, la deuda del Estado más la del Ayuntamiento de Madrid eran casi las tres cuartas partes (72,3 por 100) del activo del Banco. La mayor parte del resto eran la deuda francesa y la Compañía de Filipinas. En total, más del 90 por 100 del activo eran deudas incobrables. El Banco estaba virtualmente quebrado. Como dice Santillán777:

De este naufragio común [la guerra de Independencia] el Banco de San Carlos poco más que su nombre debía salvar [...], ¿qué clase de crédito fue ese que el Banco de San Carlos conservó? Un crédito inerte y enteramente infecundo [...] crédito negativo que no es ciertamente el que da vida al comercio y mucho menos a los Bancos.

Lo sorprendente es que aún sobreviviera muchos años, hasta ser reformado y convertido en el Banco Español de San Fernando en 1829.

Conclusión

El despotismo ilustrado intentó adaptar el absolutismo a la nueva situación creada en Europa —y en el mundo— tras la Revolución inglesa del siglo XVII. Se trataba de prevenir el desarrollo del parlamentarismo y la puesta en cuestión de la monarquía absoluta por medio de reformas que mejoraran el nivel de vida popular y la libertad de las clases altas. El ensayo a la larga fracasó con el estallido en 1789 de la primera gran revolución mundial, cuya primera chispa fue la francesa778. España no fue ninguna excepción: las reformas de Carlos III y de sus predecesores, bienintencionadas y en gran parte acertadas, resultaron insuficientes para detener el vendaval que se desató allende los Pirineos justo a la muerte del monarca. El talón de Aquiles del programa reformista ilustrado español fue la reforma de la Hacienda y, más concretamente, el fracaso de la Única Contribución. El acierto de Felipe V al implantar los sistemas «equivalentes» en el reino de Aragón, y especialmente del Catastro en Cataluña, no tuvo seguimiento en Castilla, el mayor territorio de la Corona. Es difícil establecer qué hubiera ocurrido de haber tenido éxito la Única contribución, pero el éxito del Catastro en Cataluña permite un cierto optimismo retrospectivo. El fracaso del proyecto en Castilla mantuvo un sistema fiscal petrificado, inicuo e insuficiente, que dependía de las remesas americanas para mantener el «equilibrio difícil» de que nos habla Artola. Las guerras internacionales, al multiplicar los gastos e interrumpir las remesas, convirtieron ese equilibrio en «crisis financiera» (Artola) y en «la caída del antiguo régimen español» (Herr).

La otra grave omisión fue la de la desamortización. Si esta se hubiera llevado a cabo después del Motín de Esquilache, quizá el aumento de la producción de alimentos y de ingresos fiscales hubiera mejorado la situación de los españoles y de su Estado. Pero la monarquía absoluta no pudo, o no supo, imponer su voluntad a los otros poderes establecidos. Las reformas que se llevaron a cabo fueron tímidas e insuficientes. Hay que reconocer, sin embargo, que los ilustrados acertaron plenamente en las medidas propuestas en los campos fiscal, comercial y agrario. El problema radicó en que se aplicaron tarde o nunca. Incluso los vales reales y el Banco de San Carlos hubieran podido ser un éxito si la Hacienda no se hubiera derrumbado. No fueron las ideas lo que falló: fueron las realizaciones. El Antiguo Régimen no podía reformarse a sí mismo con la profundidad necesaria. Su fracaso en toda Europa lo demuestra.

673 Agradezco a José Luis García Ruiz, Clara Eugenia Núñez y Gloria Quiroga su ayuda en la investigación para este trabajo. La responsabilidad por el texto es exclusivamente mía. En cuanto a las citas, he traducido los textos escritos en otros idiomas; también he modernizado la ortografía de los textos castellanos.

674 R. Herr, «Campomanes y la Ilustración», en D. Mateos Dorado (ed.), Campomanes doscientos años después, Oviedo, Universidad de Oviedo / Instituto Feijoo de Estudios del Siglo xviii, 2003, pág. 761.

675 J. Sarrailh, La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, trad. de Antonio Alatorre, México, Fondo de Cultura Económica, 1957, pág. 571.

676 Cuando Herr titula su libro La revolución del siglo XVIII en España (1958), se está refiriendo a la Revolución francesa y a la renovación intelectual del período.

677 Por razones de espacio no puedo cubrir todos los campos; me limitaré al fiscal, comercial, agrario y monetario, que me parecen los más importantes. Para un panorama más completo, véase J. Rodríguez Labandeira, «La política económica de los Borbones», en M. Artola (ed.), La economía española al final del Antiguo Régimen. IV. Instituciones, Madrid, Alianza / Banco de España, 1982, págs. 107-184.

678 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel, 1990, página 13.

679 B. Bennassar, Historia de los españoles, vol. I, Barcelona, Crítica, 1989, pág. 548.

680 Véanse dos interesantes síntesis en Á. García Sanz, «Auge y decadencia en España en los siglos XVI y XVII: Economía y sociedad en Castilla», en Revista de Historia Económica, vol. 3, 1, 1985, páginas 11-27; y «La evolución de la economía española en el siglo XVII», en La popolazione italiana nel Seicento, Bolonia, Società Italiana di Demografia Storica, 1998, págs. 455-472.

681 J.-P. Le Flem, «Los aspectos económicos de la España moderna», en M. Tuñón de Lara, Historia de España. V. La frustración de un Imperio (1476-1714), Barcelona, Labor, 1982, págs. 92-99, especialmente págs. 95-96.

682 J. de Uztáriz, Theorica y practica de comercio y marina..., facsímil de la edición de 1742, Madrid, Aguilar, 1968 [1742], cap. 18.

683 V. Pérez Moreda, «La población española», en M. Artola (ed.), Enciclopedia de Historia de España. I. Economía. Sociedad, Madrid, Alianza, 1993, pág. 372.

684 Ibíd., pág. 377.

685 C. Álvarez-Nogal y L. Prados de la Escosura, «Searching for the Roots of Retardation: Spain in European Perspective, 1500-1850», en Working Papers in Economic History, Madrid, Universidad Carlos III, 2007, pág. 3.

686 E. J. Hamilton, «The Decline of Spain», en Economic History Review, 2nd Series, vol. 8, 1938, págs. 168-179; y El florecimiento del capitalismo y otros ensayos de Historia económica, trad. de Alberto Ullastres, Madrid, Revista de Occidente, 1948.

687 J. H. Elliott, «The Decline of Spain», en Past and Present, vol. 20, 1961, págs. 52-75.

688 H. Kamen, «The Decline of Spain. A Historical Myth?», en Past and Present, vol. 81, 1978, págs. 24-50.

689 J. I. Israel, «The Decline of Spain. A Historical Myth?», en Past and Present, vol. 91, 1981, págs. 170-180.

690 Ibíd., pág. 179.

691 A. Domínguez Ortiz, Crisis y decadencia de la España de los Austrias, Barcelona, Ariel, 1971, pág. 199.

692 A. Domínguez Ortiz, op. cit., 1990, pág. 19; en el mismo sentido, Á. García Sanz, op. cit., 1998, pág. 466.

693 A. Domínguez Ortiz, op. cit., 1990, pág. 24.

694 J. Mercader i Riba, Felip V i Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1985, pág. 150, basándose en cálculos de J. L. Sureda Carrión, La Hacienda castellana y los economistas del siglo XVII, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1949.

695 J. de Uztáriz, op. cit., pág. 35. R. Herr (Rural Change and Royal Finances in Spain at the End of the Old Regime, Berkeley, University of California Press, 1989, apéndice A) critica la versión de Uztáriz del «vecindario de Campoflorido», pero a nuestros efectos la crítica es poco relevante.

696 Biblioteca Nacional, Manuscritos, núm. 2364, citado en M. Garzón Pareja, La Hacienda de Carlos II, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1980, págs. 501-504.

697 J. Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, Crítica, 2012, pág. 82.

698 A. Domínguez Ortiz, op. cit., 1990, pág. 23.

699 J. Plaza Prieto, Estructura económica de España en el siglo XVIII, Madrid, Confederación Española de las Cajas de Ahorros, 1976, pág. 773.

700 J. Albareda, op. cit., pág. 432.

701 J. Mercader i Riba, op. cit., pág. 170.

702 T. García-Cuenca Ariati, «Algunas consideraciones sobre la tributación en el reinado de Carlos III», en Hacienda Pública Española, vol. Monografías, 1990, pág. 29, y «El sistema impositivo y las rentas generales o de Aduanas en España en el siglo XVIII», en Hacienda Pública Española, vol. Monografías, 1991, pág. 66.

703 A. Balcells (dir.), Història de Catalunya, Madrid, La Esfera de los Libros, 2009, pág. 517.

704 J. Sobrequés i Callicó, L’onze de Setembre i Catalunya. Guerra, resistencia i repressió, Barcelona, Base, 2011, pág. 44.

705 A. Balcells, op. cit., pág. 517.

706 J. Sobrequés i Callicó, op. cit., pág. 44.

707 J. Vicens Vives, Manual de Historia Económica de España, Barcelona, Teide, 1959, pág. 533.

708 J. Nadal Farreras, La introducción del Catastro en Gerona: contribución al estudio del régimen fiscal de Cataluña en tiempos de Felipe V, Barcelona, Cátedra de Historia General de España, 1971, pág. 33.

709 P. Rodríguez de Campomanes, Discurso sobre el fomento de la industria popular (1774) y Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento (1775), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1975, pág. 76.

710 C. Martínez Shaw, «La Cataluña del siglo XVIII bajo el signo de la expansión», en R. Fernández (ed.), España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar, Barcelona, Crítica, 1985, pág. 97.

711 Pueden consultarse los textos de los decretos de Nueva Planta y del Catastro en J. Sobrequés, op. cit., págs. 176-188 y 199-207.

712 J. Nadal Farreras, op. cit., pág. 62.

713 M. de Zavala y Auñón, Representación al Rey n. Señor D. Phelipe V (que Dios guarde) dirigida al mas seguro aumento del real erario y conseguir la felicidad, mayor alivio, riqueza, y abundancia de su Monarquia..., 1732, pág. 38. Disponible en Google Books.

714 Ibíd.

715 Ibíd., pág. 39.

716 Ibíd., págs. 39-40.

717 J. de Uztáriz, op. cit., pág. 353.

718 Ibíd., pág. 355.

719 M. de Zavala y Auñón, op. cit., págs. 44-45.

720 J. Mercader i Riba, op. cit., págs. 181-183. Así lo afirma también J. Nadal Farreras (op. cit., pág. 67): «las normas de Sartine lograron que el Catastro tomara carta de naturaleza en el Principado».

721 E. Fernández de Pinedo, «Los ingresos de la Hacienda Real en Cataluña (1717-1779)», en M. Artola y L. M. Bilbao (eds.), Estudios de Hacienda: de Ensenada a Mon, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1984; M. García-Zúñiga, I. Mugartegui y J. de la Torre, «Evolución de la carga tributaria en la España del Setecientos», en Hacienda Pública Española, vol. Monografías, 1991.

722 J. Mercader i Riba, op. cit., pág. 183.

723 M. Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, Alianza / Banco de España, 1982, página 229.

724 Ibíd., pág. 240.

725 Ibíd., pág. 231.

726 J. P. Merino, Las cuentas de la Administración central española, 1750-1820, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1987.

727 No puede hablarse propiamente de presupuesto en la España del XVIII.

728 M. Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen, op. cit., pág. 403.

729 M. Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen, op. cit., págs. 233 y 241-246.

730 Véanse los artículos de G. Anes y A. Domínguez Ortiz en Hacienda Pública Española, número 2, 1990.

731 M. Olson, The Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities, New Haven, Yale University Press, 1982.

732 A. Matilla Tascón, La Única Contribución y el Catastro de La Ensenada, Madrid, Servicio de Estudios de la Inspección General del Ministerio de Hacienda, 1947; M. Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen, op. cit., págs. 267-279; M. D. Mateos Dorado, «La Única Contribución y el Catastro durante la época carolina», en Hacienda Pública Española, vol. Monografías, 1990.

733 Una estimación de la creciente presión fiscal en la España del XVIII en P. Tedde de Lorca, «La política financiera de la Monarquía ilustrada, 1760-1808: entre la moderación fiscal y la defensa del Imperio», mecanografiado, 2013, Cuadro 5. Una excelente síntesis sobre los problemas fiscales de Carlos III y Carlos IV en P. Tedde de Lorca, «Una economía en transformación: de la Ilustración al Liberalismo», en A. Morales Moya (coord.), Las bases políticas, económicas y sociales de un régimen en transformación (1759-1834), vol. XXX de Historia de España Menéndez Pidal, dirigida por José María Jover Zamora, Madrid, Espasa Calpe, 1998, págs. 343-389. Véase también G. Anes, «La reforma de la Hacienda durante el reinado de Carlos III», en Hacienda Pública Española, vol. Monografias, 1990, págs. 7-12. Otro tema, relacionado con la naturaleza «ilustrada» o no del gasto público de Carlos III, es el planteado por J. A. Barbier y H. S. Klein, «Las prioridades de un monarca ilustrado: el gasto público bajo el reinado de Carlos III», en Revista de Historia Económica, vol. 3, 1985, páginas 473-495, que ha sido respondido por V. Llombart, «La política económica de Carlos III: ¿fiscalismo, cosmética o estímulo al crecimiento?», en Revista de Historia Económica, vol. 12, 1994, págs. 11-39.

734 Para esta síntesis, véanse C. H. Haring, Trade and Navigation Between Spain and the Indies in the Time of the Hapsburgs, Cambridge, Harvard University Press, 1918; G. J. Walker, Spanish Politics and Imperial Trade, 1700-1789, Bloomington, Indiana University Press, 1979; C. Martínez Shaw, Cataluña en la carrera de Indias, 1680-1756, Barcelona, Crítica, 1981; J. R. Fisher, Relaciones económicas entre España y América hasta la independencia, Madrid, Fundación Mapfre, 1992; J. M. Delgado Ribas, Dinámicas imperiales (1650-1796). España, América y Europa en el cambio institucional del sistema colonial español, Barcelona, Bellaterra, 2007; y X. Lamikiz, «Patrones de comercio y flujo de información comercial entre España y América durante el siglo XVIII», en Revista de Historia Económica, vol. 25, 2007, págs. 231-258.

735 W. L. Schurtz, The Manila Galleon, Nueva York, Dutton, 1939.

736 X. Lamikiz, op. cit., 2007.

737 A. García-Baquero, Cádiz y el Atlántico (1717-1778). El comercio colonial español bajo el monopolio gaditano, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1976, vol. I, cap. XII, y vol. II, cuadros 19 y 21, gráficos 3, 4, 7, 9, 13 y 16; J. Fisher, Relaciones económicas entre España y América hasta la independencia, Madrid, Fundación Mapfre, 1992, cap. VIII, especialmente tablas 4 y 7.

738 L. Prados de la Escosura y G. Tortella, «Tendencias a largo plazo del comercio exterior español (1714-1913)», en Revista de Historia Económica, vol. 1, 1983, págs. 353-367, especialmente cuadro 1; L. Prados de la Escosura, «El comercio hispano-británico en los siglos XVIII y XIX», en Revista de Historia Económica, vol. 2, 1984, págs. 113-162, especialmente cuadro A-5.

739 J. M. Delgado Ribas, op. cit., cap. 12, passim.

740 J. Cuenca Esteban, «Statistics of Spain’s Colonial Trade, 1747-1820: New Estimates and Comparisons with Great Britain», en Revista de Historia Económica, vol. 26, 2008, págs. 326-327; A. García-Baquero, «Los resultados del libre comercio y “El punto de vista”: una revisión desde la estadística», en Manuscrits. Revista d’Història Moderna, vol. 15, 1997, págs. 303-322.

741 A. García-Baquero, ibíd., pág. 309.

742 Ibíd., pág. 322.

743 T. García-Cuenca Ariati, op. cit., 1991.

744 En este índice se ha tomado como base la media de los años 1776-1778.

745 Citado en J. Fisher, op. cit., pág. 173.

746 L. Prados de la Escosura y G. Tortella, op. cit., cuadros 2 y 3, págs. 353-357.

747 J. Fisher, op. cit., tabla 14, pág. 246.

748 M. Izard, «Comercio libre, guerras coloniales y mercado americano», en J. Nadal y G. Tortella (eds.), Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea, Barcelona, Ariel, 1974, págs. 294-321.

749 J. Cuenca, op. cit., pág. 340.

750 P. Tedde de Lorca, «Oro y plata en España: un ensayo de cuantificación (1770-1850)», en E. Llopis y C. Marichal (coords.), Latinoamérica y España, 1800-1850. Un crecimiento económico nada excepcional, Madrid, Marcial Pons / Instituto Mora, 2009, págs. 211-252.

751 Ibíd., cuadro 1, pág. 228, y págs. 246-247.

752 C. Martínez Shaw, op. cit., 1981, págs. 84-96; A. García-Baquero, op. cit., 1974, y J. K. J. Thomson, A Distinctive Industrialization. Cotton in Barcelona, 1728-1832, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, cap. 6, especialmente págs. 211-216.

753 C. Martínez Shaw, op. cit., 1981, especialmente págs. 84-105.

754 G. Tortella y C. E. Núñez, El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza, 2012, págs. 54-59.

755 R. Herr, op. cit., 1989, págs. 755-762; V. Pérez Moreda, op. cit.; M. Livi-Bacci, «Fertility and Demographic Growth in Spain in the Eighteenth and Nineteenth Centuries», en D. V. Glass y R. Revelle (eds.), Population and Social Change, Londres, Arnold, 1972; F. Bustelo, «El vecindario de Campoflorido y la población española del siglo XVII», en Revista de Historia Económica, vol. 7, 1989, págs. 297-322.

756 Para un excelente resumen de estos problemas institucionales, R. Herr, op. cit., 1989, págs. 10-32.

757 V. Pérez Moreda, op. cit., pág. 387.

758 R. Herr, op. cit., 1989, págs. 44 y 744.

759 G. M. de Jovellanos, Informe sobre la Ley Agraria, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1955 [1795].

760 R. Herr, «El significado de la desamortización en España», en Moneda y Crédito, núm. 131, 1974, págs. 55-94.

761 Una demostración definitiva de la tesis de Herr sería un análisis de los precios: si los precios relativos de los alimentos hubieran bajado en los períodos de más intensa desamortización, ello parecería prueba irrefutable de que las tesis de Herr son ciertas. Más claro sería estudiar la producción, por supuesto, pero sabemos que faltan los datos. Quizá pudiera hacerse, como ha hecho Herr en su estudio de la desamortización de Godoy, un examen de las cifras de producción pueblo por pueblo o comarca por comarca. Es un trabajo laborioso, los precios son más asequibles.

762 El primero de ellos siendo aún Godoy «primer secretario», lo que justifica que se hable de «la desamortización de Godoy», además del hecho de haber sido su inspirador.

763 R. Herr, op. cit., 1989, cap. 5, especialmente págs. 134-136.

764 Sobre los problemas monetarios del siglo XVII, véase G. Tortella y F. Comín, «Fiscal and Monetary Institutions in Spain (1600-1900)», en M. Bordo y R. Cortés-Conde (eds.), Transferring Wealth and Power from the Old to the New World. Monetary and Fiscal Institutions in the 17th through the 19th Centuries, Cambridge (Reino Unido), Cambridge University Press, 2001, págs. 150-155, y la bibliografía allí citada.

765 T. Tortella, «Introducción», en T. Tortella (ed.), El camino hacia el euro. El real, el escudo y la peseta, Madrid, Banco de España, 2001, págs. 15-16.

766 P. Vilar, Oro y moneda en la Historia (1450-1920), Barcelona, Ariel, 1972, págs. 338-339.

767 C. Marichal, «El peso o real de a ocho en España y América. Una moneda universal (siglos XVI-XVIII)», en T. Tortella (ed.), El camino hacia el euro. El real, el escudo y la peseta, Madrid, Banco de España, 2001, págs. 25-38.

768 Archivo General de Simancas, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, Leg. 815, Josep Sánchez a Pedro de Lerena, 28 de abril de 1787.

769 Pragmáticas de 5 y 29 de mayo, 1772.

770 P. Tedde de Lorca, «El real (1782-1856). La moneda española en las épocas del Banco de San Carlos y del Banco de San Fernando», en T. Tortella (ed.), El camino hacia el euro. El real, el escudo y la peseta, Madrid, Banco de España, 2001, pág. 41.

771 Anónimo, «Breve reseña histórico-crítica de la moneda española y reducción de sus valores a los del sistema métrico vigente», en J. Gener (ed.), Memorias sobre reforma del sistema monetario [Madrid], 1862, pág. 66.

772 A. de Roldán, Memoria histórica y científica de tres siglos a esta parte de los valores dados a los metales preciosos de plata y oro, y causas de haber desaparecido de España tanta riqueza..., variaciones de sus leyes, Madrid, Imprenta de Alhambra y Compañía, 1847, págs. 14-17; E. J. Hamilton, War and Prices in Spain 1651-1800, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1947, págs. 67-68, que atribuye al rey «perfidia» y «traición».

773 Hay varios estudios excelentes sobre los vales reales. Véase, por ejemplo, R. Herr, «El experimento de los vales reales (1780-1808)», en A. Otazu (ed.), Dinero y crédito (siglos XVI al XIX). Actas del primer coloquio internacional de historia económica, Madrid, Moneda y Crédito, 1978; E. N. White, «Inflationary Finance in the Eighteenth Century: A Comparative Study of Colonial America, Spain, and France», mecanografiado, 1986, y «¿Fueron inflacionarias las finanzas estatales en el siglo XVIII? Una nueva interpretación de los vales reales», en Revista de Historia Económica, vol. 5, 1987, págs. 509-526; P. Tedde de Lorca, «Política financiera y política comercial en el reinado de Carlos III», Actas del Congreso Internacional «Carlos III y la Ilustración», vol. 2: Economía y sociedad, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990, págs. 172-199.

774 R. Santillán, Memoria histórica sobre los bancos, vol. I: Reedición con motivo del bicentenario de la fundación del Banco de San Carlos, Madrid, Banco de España, 1982 [1865], pág. 10.

775 R. Herr, «El experimento...», op. cit., pág. 122.

776 Véanse, sobre el Banco, P. Tedde de Lorca, El Banco de San Carlos (1782-1829), Madrid, Alianza / Banco de España, 1988; E. J. Hamilton, «El Banco Nacional de San Carlos (1782-1829)», en Banco de España, El Banco de España. Una historia económica, Madrid, Banco de España, 1970, págs. 197-231; y R. Santillán, op. cit., págs. 5-142.

777 R. Santillán, op. cit., págs. 138-139.

778 O quizá la segunda, después de la norteamericana. En todo caso, Francia adolecía del mismo problema fiscal que España. Véase una excelente sinopsis histórica del problema francés en E. N. White, «France and the Failure to Modernize Macroeconomic Institutions», en M. Bordo y R. Cortés-Conde (eds.), Transferring Wealth and Power from the Old to the New World. Monetary and Fiscal Institutions in the 17th through the 19th Centuries, op. cit., págs. 59-99. Sobre la interconexión entre fiscalidad y guerra en España, J. Jurado Sánchez, «Military Expenditure, Spending Capacity and Budget Constraint in Eighteenth-Century Spain and Britain», en Revista de Historia Económica, vol. 27, 2009, págs. 141-174, y R. Torres Sánchez, El precio de la guerra. El Estado fiscal-militar de Carlos III (1779-1783), Madrid, Marcial Pons, 2013.

CAPÍTULO 11

Cultura e Ilustración. Interpretaciones catalanas del siglo XVIII

Joaquín Álvarez Barrientos

«Decadència», cultura y lengua

El período que conocemos como Ilustración, caracterizado en general por la mejora de las condiciones vitales y entendido como época de modernización y progreso, forma parte en la historiografía cultural catalana, sobre todo literaria, de lo que se denominó «Decadència», lapso que arranca con el Renacimiento y termina con la Reinaxença decimonónica779. No deja de llamar la atención que, en períodos de general desarrollo cultural europeo como fueron el del Renacimiento y después el de la Ilustración, ese tiempo en Cataluña haya recibido un apelativo negativo, ya que es precisamente entonces cuando se inicia la creación de la burguesía industrial y muchos, como Antonio de Capmany y José Cadalso, ven a Cataluña como el motor y la avanzadilla de España, como el ejemplo e ideal que se debe imitar (aunque es cierto que, con frecuencia, se produce la identificación entre catalán y barcelonés). Es precisamente el primero quien en las Memorias históricas sobre la Marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona señala que desea «dar a conocer el grande pueblo barcelonés de la Edad Media, cuya robusta organización, cuya independencia democrática, cuyo carácter de recio temple, inquebrantable firmeza y genio laborioso y emprendedor le hicieron capaz de rivalizar en opulencia y poderío con las repúblicas más pujantes del Mediterráneo»780.

La denominación «Decadència» se refiere a la disminución en el uso del catalán y a su no utilización como lengua de cultura. Hay que pensar, por otro lado, que esa denominación buscó poner de relieve la excepcionalidad que se quiso y quiere hallar en Cataluña, así como marcar las diferencias, reales o supuestas, entre un movimiento cultural progresista de alcance europeo y lo que sucede en la región catalana.

El concepto «Decadència», como se sabe invención precisamente de los historiadores pertenecientes a la Reinaxença, se habría utilizado tanto para poner de manifiesto su protagonismo en la restauración de la cultura catalana como para evidenciar el efecto producido por la paulatina castellanización de la Península, y por tanto de Cataluña, que fue acompañado de algunos hitos fundamentales en la cultura española, como la introducción de la lírica italiana en castellano, precisamente de la mano de Juan Boscán, barcelonés que también tradujo El cortesano de Castiglione.

La idea de que con el final de la Edad Media el Principado iniciaba esa travesía del desierto se complementaba, como imagen negativa, con el hecho de que coincide con el período conocido en nuestra cultura como Siglo de Oro, que cubre gran parte de la Decadència catalana. La otra parte la abarca el período de la Ilustración, también entendido en tiempos por determinada historiografía como momento decadente y antiespañol. Quizá haya que insertar el uso de esa terminología en la corriente historiográfica general española que hasta los años setenta del siglo XX consideró, de forma generalizada, época de decadencia la que iba desde la muerte de Calderón en 1681 hasta la aparición del Romanticismo, momento que coincide con la aceleración de los procesos nacionalistas. Esta forma de ver el período ilustrado se revisó con posterioridad y se encontró, precisamente por lo que se refiere a la cultura (aunque no solo), que España se regeneraba desde finales del siglo XVII, gracias en parte a los conocidos como novatores, algunos de ellos nacidos en Cataluña y en el Levante español781.

El sentido de esa denominación, Decadència, para tan largo período procede a priori de considerar una época mejor que las demás y aquella con la que se identifica la cultura catalana782, pero además interviene otro factor, ya que se piensa que en ese período apenas hubo autores catalanes cultos que escribieran en catalán frente a los que destacaron en castellano, y se constata que este se convirtió en el vehículo general para la transmisión de cultura y ciencia, en un proceso paralelo al que sucede en otros reinos europeos, en los que, sin dejar de hablarse las distintas lenguas del país, la cultura culta y el discurso político se expresan en una de ellas: español, francés, italiano, mientras que los «dialectos» nacionales acogen una literatura de carácter popular, abundante en asuntos religiosos y sociales, expresados estos últimos con frecuencia desde una perspectiva cómica y satírica. El proceso, ya se sabe, se da en toda Europa, como uno de los elementos que configuran los estados modernos.

Por tanto, la denominación se asocia a la inexistencia de una producción culta en catalán comparable a la que se dio en castellano y a su relevamiento como lengua de poder. Ahora bien, ¿es ajustado a razón referirse a la Ilustración en Cataluña como época de decadencia?

Si se aplican otros parámetros, no solo los lingüísticos, para medir la cultura, los resultados son distintos. Por ejemplo, como en otras capitales de España, en las de Cataluña hay academias y tertulias que centran la labor de los intelectuales, e incluso alguna, como la de los Desconfiados, tiene su origen en tiempos de Felipe V para desembocar luego en la de Buenas Letras, cuyos estatutos copian los de la Academia de la Historia. La Academia de los Desconfiados trataba los mismos asuntos baladíes, ocasionales y en verso que los que existían contemporáneamente en el resto de la Península, y sus miembros habitualmente utilizaron el castellano783.

Del mismo modo que en Madrid, Cádiz, Cartagena, Gijón y otras localidades, en Barcelona se crearon instituciones para el desarrollo de estudios técnicos, como fueron las escuelas de Náutica y de Nobles Artes, patrocinadas desde la Junta de Comercio. El ideario reformista de la Ilustración llegaba, por tanto, a Cataluña, y lo hacía con sus limitaciones y contradicciones. En 1714 se crea la Universidad de Cervera, desde donde el jesuita José Finestres y su equipo ejercieron enorme influjo, a pesar de ser una institución nacida de la represión borbónica. Pero en las instituciones convivieron partidarios de ambas casas reales, como señala García Cárcel respecto de la Academia de Buenas Letras784.

Los autores catalanes que escriben en español son numerosos, así como importante el eco de sus trabajos, y, en lo que se refiere al teatro, el género literario más destacado en su tiempo, las obras que se representan en Barcelona, por ejemplo, son las mismas que en el resto de la monarquía: aquellas que tienen éxito y se ajustan a las diferentes modas del siglo. Junto a esto hay, en efecto, una producción de obras breves, escritas en catalán, que tuvo también recorrido785. Uno de los directores del Teatro Principal a comienzos del siglo XIX fue el famoso Luciano Francisco Comella, catalán de Vich, que había triunfado extraordinariamente en los escenarios de Madrid y del resto de España, a pesar de las críticas de Leandro Fernández de Moratín. El caso de Comella es como el de tantos artistas e intelectuales del momento y de siempre, que, para triunfar, han de conquistar la capital del reino (o de la república), y así el dramaturgo acudió a la corte, donde reinó con sus obras durante muchos años786.

En la Ciudad Condal se representó teatro en español, italiano y francés, de modo similar a como se hizo en otros lugares de España, especialmente en Madrid y Cádiz. La presencia de óperas italianas en los escenarios barceloneses, que Josep Fontana destaca como rasgo del carácter cultural y de la idiosincrasia catalanes787, es más bien reflejo del gusto extendido y generalizado en toda Europa por ese tipo de música que, en lugares como París y Madrid (también en Barcelona), llevó a prohibir que se cantara en lengua italiana. La razón de esta prohibición estaba en que, dado que era tanto su éxito, dejaba sin trabajo a los actores en español, que repetidas veces pidieron amparo a las autoridades. La prohibición se cumplió de forma desigual y todavía en los años treinta del siglo XIX colea la polémica por la música italianizante y por la defensa de los ritmos patrios.

Aunque también ocurrió en otras localidades españolas788, en Barcelona quizá hubo más teatro en casas particulares, tanto de aristócratas como de burgueses y menestrales, además de en conventos y colegios religiosos. Francesc Curet localiza unos veinte locales a lo largo del siglo desde la década de 1770, no todos activos al mismo tiempo ni con la misma importancia, pero ya su cantidad y las obras representadas, así como el número de personas que movilizaban las representaciones, muestran su importancia en la ciudad y la afición de sus habitantes. Se montaron piezas de éxito en los teatros comerciales, como El delincuente honrado de Jovellanos, Carlos V sobre Túnez de Cañizares o Sidney y Wolsan de Valladares de Sotomayor. El barón de Maldá, del que se trata luego, da en su diario numerosas informaciones sobre estas representaciones, algunas de las cuales describe por extenso789.

Si una de las novedades en la España ilustrada fue la proliferación de instancias para la sociabilidad, en la Barcelona del momento pronto, al menos desde 1750, aparecieron cafés, como en Madrid, Cádiz, Sevilla, Bilbao y otras localidades. Este café, llamado Caponata, estaba en el Teatro Principal, del mismo modo que, por ejemplo, había cafés en los teatros de Madrid. Es decir, que también en las ciudades catalanas se fundaban los nuevos centros de sociabilidad que contribuían a cambiar el semblante social y a modernizar a la población igualándola en las nuevas prácticas sociales, y los fundaban los mismos que en las otras capitales: empresarios italianos que tenían casas de comida.

Por lo que respecta a los periódicos, tras varios barceloneses a lo largo del siglo, el longevo Diario de Barcelona apareció en 1792, mientras que el Correo de Gerona es de 1795. La Ciudad Condal tuvo algunas de las más importantes imprentas del momento, empezando por la de la familia Piferrer y siguiendo por la de los Suriá, que fueron impresores de la Academia de Buenas Letras y de la Real Junta de Comercio de Barcelona y que a finales de siglo consiguieron ser, como Piferrer, impresores del rey.

Interesa ver qué producción libresca se dio en Cataluña y cuánta de ella lo fue en catalán. Tuvieron imprenta Barcelona, Cervera, Figueras, Gerona, Manresa, Mataró, Olot, Tarragona, Tortosa, Vich y Villafranca del Penedés. En Barcelona se imprimieron en la segunda mitad del siglo 862 publicaciones, de modo que fue la tercera en cantidad, después de Madrid y Valencia, mientras que cuatro aparecieron en Tortosa y dos en Olot. En Cervera, Gerona y Tarragona las cifras oscilan entre cuarenta y cincuenta y cinco. La producción barcelonesa supone el 7 por 100 de la edición española en la segunda mitad del siglo. Por el censo de 1797 se sabe que en Madrid había 497 impresores y 108 en el Principado. El mejor momento de las publicaciones en Cervera coincide con la primera mitad del siglo, vinculado a la vida universitaria. Esta imprenta se dotó muy bien y tuvo el monopolio de impresión de los textos destinados a la enseñanza en todos los niveles educativos.

Ante esta situación, los impresores elevaron memoriales quejándose de la concesión del privilegio, ya que se quedaban sin trabajo ni fuentes de ingresos, pues las gramáticas y las cartillas eran las que más salida tenían, y no podían imprimirlas. A pesar de la prohibición de hacerlo, no fueron pocos los que en la segunda mitad del siglo desafiaron la norma y las vendieron. Lo que sí hay que destacar es que la baja producción barcelonesa quizá se explique porque a lo largo del siglo las imprentas se extendieron por toda la región, hasta llegar a haber en todas las capitales de comarca790.

Los datos indican que apenas hubo edición en catalán —de «residual» la califica Llanas-—, y que los títulos aparecidos en castellano eran similares a los del resto de España: prevalencia de libros religiosos, escolares, comedias, gozos, romances, obras del padre Isla, Cadalso, Feijoo, Campomanes, Romá y Rossell, teatro de Ramón de la Cruz, Leandro Fernández de Moratín, Iriarte, García de la Huerta y traducciones de Racine, Voltaire y Goldoni791.

Romá publicó en 1768 y en Madrid Las señales de la felicidad en España y medios de hacerlas eficaces, donde da soluciones a algunos de los problemas de la sociedad española y pide la repartición de las tierras, una especie de ley agraria (algo que preocupó mucho en el siglo y después), el libre comercio de granos y víveres y la abolición de la tasa. Para mejorar la producción plantea la necesidad de crear academias, y también considera que la industria solo podría despegar si los artesanos son respetados y honrados, como sucedía en Cataluña. Pensaba asimismo mismo que debían terminar los enfrentamientos entre los distintos territorios de la monarquía y que era necesaria la «unión sincera entre las provincias». Estas ideas eran compatibles con su solicitud de que se anularan los Decretos de Nueva Planta792.

Lengua y patria: estrategias

Como rasgo general y de forma natural, igual que en el resto de España, pues es la lengua del Imperio, los que se dedican a la cultura en Cataluña utilizan el castellano como vehículo de expresión, mientras en algunas instituciones se interesan por la historia y la lengua locales, por darlas a conocer, pero en español, como en la Academia de Buenas Letras, desde la que se quiere escribir —aunque no prosperó— una historia de Cataluña y editar a sus cronistas, traducidos al castellano793. Tampoco prosperó hasta comienzos del XIX el proyecto de un diccionario catalán y los que se hicieron fueron de catalán-castellano-latín, en la idea de que de ese modo se aprendería mejor el español. En el prólogo de este diccionario, de 1803, se señala que el castellano es el idioma «de casi todo el reino» y que es indispensable en Cataluña. Por lo general, aquellas obras cultas que se compusieron en catalán quedaron inéditas, y las más fueron tratados lingüísticos y apologías de la lengua, como la de Agustí Eura, Controvèrsia sobre la perfecció de l’idioma català, o la Apologia de l’idioma català, de Ignasi Ferreres, en la que demuestra que es mejor que el castellano, o la de Baldiri Reixac, impresa en 1749, incluida en sus Instruccions per l’ensenyança de minyons. Baldiri señalaba la necesidad de que los niños aprendieran primero catalán, pues era la lengua de su «patria», y luego el castellano, como «primera lengua extranjera».

La necesidad de emplear la lengua materna era percibida también por la Iglesia como necesaria para la correcta predicación y evangelización, hasta el punto de que se comparó la situación con lo sucedido en la América española, donde los misioneros predicaron en las lenguas de los nativos, según la Representación de los diputados de las ciudades de Zaragoza, Valencia, Mallorca y Barcelona a Carlos III en 1760. La cuestión de la lengua, por tanto, se planteó en esa época más en términos prácticos que identitarios. Por su parte, aunque la intención es clara, en los Decretos de Nueva Planta no hay prohibición lingüística, pues solo se prescribe el uso del castellano en la Real Audiencia (antes era el latín), como ocurría en todas las instituciones políticas de la monarquía, y siguiendo, por otro lado, la tendencia castellanizadora iniciada siglos antes; fue Carlos III quien en 1768 dispuso que se enseñara en español «para que depuesto todo espíritu provincial se subrogue el laudable de patria o nación»794. Años después, en 1780, en todas las escuelas de España se aprendía según la gramática publicada por la Academia Española, por las mismas razones de orden político.

Es obvio que estas normas suponían una jerarquización en el uso de las lenguas y que el español era así más visible; implantar en la Corona de Aragón el sistema político y administrativo castellano solo era un paso más en el proceso de construcción de la nación y de subordinación política (también de las lenguas), que venía de antes, «pero no representa una debacle en la historia social del catalán»795.

Por lo que se refiere al mencionado formato de las apologías, al elogio de la lengua o a los enfrentamientos mediante comparaciones, fueron característicos desde el siglo XVI: se valoraba la capacidad para nombrar, la riqueza de vocablos, la flexibilidad, armonía, etc.; los paralelos de lenguas y las caracterizaciones llegaron a situaciones absurdas a lo largo del XVII y del XVIII, hasta el punto de que todas las lenguas parecían la misma por el tipo de comparaciones y valores emocionales que se empleaban. Un ejemplo es el de Antonio de Capmany, que atribuye los mismos rasgos al castellano en sus observaciones sobre la excelencia atribuye esta lengua, incluidos en su Teatro crítico-histórico de la elocuencia española, y al catalán, cuando traduce el libro del consulado796. Estos paralelos ponían de manifiesto de qué manera la lengua era también un instrumento político y se creaba identidad desde ella, pero además eran importantes porque junto a ellos iba el Parnaso nacional, que se enfrentaba al de la nación comparada. Después, del Parnaso se pasó al Panteón.

Lo que se percibe en los textos apologéticos catalanes y en otros es un esencialismo que en el siglo XIX y después alcanzó desarrollo especial, y que la identidad catalana, reivindicada desde la lengua, se hizo por oposición, método utilizado frecuentemente, ya que la comparación con «el otro» sirve para saber quién se es.

Se ha repetido que la lengua catalana era de uso exclusivo de las clases bajas, pero esto se ha demostrado falso, pues también la hablaban los nobles y cultos, aunque no en las transacciones administrativas797. Su uso literario continuó en los géneros populares: sainetes, coplas de ciegos, canciones religiosas, de bandoleros, de pandero, gozos, vidas de santos, pronósticos. En esta producción, junto a temas locales, hay otros que son generales o que se repiten en diferentes territorios, de modo que hay traducciones y adaptaciones al catalán y al castellano de aquellos textos que tenían éxito porque servían para explicar algo.

Esta producción popular fue despreciada en el siglo siguiente por los hombres de la Renaixença al considerarla vulgar y no ajustada a su idea de uso cultural. Es un proceso que tiene ciertos contactos con lo que sucede en el resto de Europa y también, por tanto, de España. El Romanticismo, como antes la Ilustración, se interesó por la cultura popular y por su literatura considerando que, en tanto que expresión del pueblo, era la que mejor daba cuenta de la idiosincrasia nacional, pero esa recuperación se hizo de forma selectiva, pues no todo valía para representar lo español, lo francés, etc., y esto se encuentra también en el Principado, donde se valoró solo aquella producción en catalán que encajaba con la idea mítica que se tenía de lo que era Cataluña y del ser catalán798. Es decir, se salvó lo historicista y medievalizante que daba la imagen buscada por eruditos como Milá y Fontanals, Bofarull y Aguiló. Lo demás, que era reflejo de ese aspecto de la cultura que no se puede controlar y que se suele denominar popular, se rechazó por no cumplir con los requisitos, por no ajustarse a la idea mítica del catalanismo799.

Como señala Fradera, entre otros, la posterior reivindicación de la lengua no se dio porque interesara en sí misma y por sí misma, sino porque y cuando se asoció a una ideología, a unos valores simbólicos de creación de nación que antes no tenía, aunque algunos hombres del XVIII atendieran al pasado. En esta línea, Capmany había señalado al editar en 1791 el Código de costumbres marítimas de Barcelona que el catalán era un idioma «desconocido siempre de los extranjeros y en este siglo casi de los mismos hijos del país»800. Declaración que encaja con el hecho de que a comienzos del XIX el castellano se aceptaba mayoritariamente entre la población y con que, para contrarrestar esta pérdida de terreno y visibilidad, algunos intelectuales catalanes fabricaran una identidad de la lengua y recuperaran textos anteriores a los que se dio una interpretación reivindicativa801. El catalán poco a poco pasó a utilizarse también en la poesía culta y en la novela moral de tema medieval, de modo que se contrarrestó la asociación que hasta entonces se daba entre lengua catalana y géneros populares802. Pero reducir la identidad de la literatura en catalán a la poesía y la novela de asunto medieval significó limitar sus posibilidades expresivas, mientras que el castellano servía para dar cuenta del tiempo presente, de sus controversias, problemas y conflictos, y se creaba una industria cultural basada en la lengua española, manifiesta en la proliferación de editoriales, periódicos y teatros.

Si escritores como Bastero prepararon este camino que, a la postre, cerraba las posibilidades expresivas y las competencias literarias del catalán, al considerar que este y el provenzal eran la misma lengua, pensaban que la prestigiaban y auguraban su renacimiento. La revalorización del catalán se pretendió también al promover que era la más antigua de las lenguas románicas, evolución directa del latín, y colocarla como la base del español, francés e italiano. Bastero señalaba estas ideas en su inédita Història de la llengua catalana. Anticuar la lengua, como las ruinas, los documentos y los testimonios del pasado, era un recurso para prestigiar algo, aunque fuera falseando la realidad histórica, pero la antigüedad estaba ya suficientemente asimilada como valor803. Bastero utiliza ese criterio para estimar más aún una lengua que, como otros, tiene por perfecta, aunque no se utilizara en su tiempo por estar más difundido el español.

Sus ideas, como las de Ignasi Ferreres, rechazaban la opinión que no consideraba al catalán lengua de cultura ni nacional. En realidad, invocan y reproducen los mismos argumentos que se encuentran en las disputas entre la lengua española y la francesa, o la italiana y la francesa, por ejemplo, entonces la más extendida entre los cultos de Europa, considerada por muchos la única que podía expresar conceptos, ideas, razonamientos y matices, y responder a los desafíos del tiempo moderno. También desde la lengua se libraba la batalla por el protagonismo y la prioridad de los reinos, en tiempos en que los estados, como se ha dicho, fijaban sus parnasos y sus elencos de padres de la patria, que se enfrentaban unos a otros. En el caso del catalán, la lucha por no perderlo la acuciaba el hecho de que de manera generalizada se imponía el castellano, ya por la presión de las normas legales, ya por convicción, ya por facilidad social y comunicativa, ya por la tradición y el uso804.

Los defensores del catalán encontraron cierta contradicción en afirmar que su lengua era la mejor y más perfecta y sugerir sin embargo que no la usaran aquellos que dictaban la norma ni hubiera producción culta en ella. Ignasi Ferreres, que dejó la citada Apologia de l’idioma català vindicant-lo de les impostures d’alguns estrangers que lo acusen d’aspre, incult i escàs, lo explicaba de un modo político iniciando algo que luego fue moneda corriente, al señalar que se abandonó la lengua del mismo modo que los griegos dejaron la suya al ser invadidos por los turcos, ya que la de estos era la «llengua de cort»805. De esta forma, lo que señalaba el médico barcelonés era la supuesta causa política de la decadencia lingüística catalana, para salvar y evidenciar su calidad en todos los aspectos, y relacionar una y otra situaciones políticas. Esta apología se presentó en la sociedad Comunicació Literària hacia 1766806. La defensa política de la lengua puede estar también en quienes señalaron, como el marqués de Llió en la Academia de Buenas Letras en 1756, que el catalán fue el idioma de los papas en la Edad Media, ya que escribían sus cartas en esa lengua, o, al menos, las postdatas807. Declaración dudosa en general, pero tendencia dirigida a mostrar que era una lengua «de savis, de sants, de papes i de reis», como indica Antoni Comas en frase que hizo fortuna808.

Sin embargo, a comienzos del siglo XIX la defensa del catalán cada vez se vincula más al castellano, como en los diccionarios y las gramáticas. El caso más claro es el de Josep Pau Ballot i Torres, que en 1814 publica su gramática y apología del catalán, en la que dice que «debem parlar [castellà] tots los que nos preciam de verdaders espanyols» porque es la lengua de toda la nación, pero que también hay que estudiar los principios de la lengua nativa. Como antes y como después, el objeto es presentar al catalán como lengua de cultura, estimable y al mismo nivel que cualquiera de las que se reconocen en Europa como lenguas nacionales. Pero la caracterización que Ballot hace de su idioma en 1814 resulta ya anticuada. En esos años los enfrentamientos de lenguas han desaparecido, mientras que la competitividad nacional desde la cultura se establece mediante el poder político del idioma y el impacto de sus producciones culturales en traducciones, representaciones teatrales, preponderancia de unos autores sobre otros: Shakespeare, Molière, Cervantes, Petrarca. Ballot, que en su argumentación recuerda textos europeos anteriores, escribe: la catalana es lengua «senzilla, clara, enèrgica, concisa, numerosa, fluida i natural; i és tan sentenciosa, cortesana i dolça [...] que no ha llengua que ab més breus paraules diga més alts i millors conceptes, tenint en tot una semblança ab su mare la llatina»809. Discusión y caracterización que ya estaba sobrepasada.

En todo caso, junto a lo señalado, figuras de la talla de Gregorio Mayans, valenciano, veían en el español el instrumento necesario para construir la nación, como señala en los Orígenes de la lengua española de 1737. Como indica Sala Valldaura, «su innegable interés histórico por el vascuence y el catalán se supeditaba a una visión filológica compartida casi unánimemente, a favor de un idioma común para todos los reinos de España y de las tierras americanas»810, único modo de construir un Estado moderno, como ya observara Nebrija y pusieron en práctica desde el XVII los gobernantes europeos.

La diferente cultura catalana de la Ilustración

Josep Fontana dedicó hace unos años varias páginas a dibujar el estado de la cultura en la Cataluña del siglo XVIII. En ellas hace algunos análisis que pretenden mostrar divergencias respecto de lo que sucedía en el resto de la Península para destacar la diferencia y vincular más la supuesta especificidad catalana con Francia.

Por ejemplo, por lo que se refiere a la arquitectura, subraya que en el Principado imperaba la construcción barroca frente al «neoclasicismo» que se daba fuera, pero este es un rasgo común a todo el reino, que solo comienza a imponer el orden clásico cuando la Academia de Bellas Artes toma cartas en el asunto y obliga a los arquitectos a mostrar los planos para darles el visto bueno si se adaptaban a los nuevos gustos, lo cual no sucede hasta la segunda mitad del siglo, cuando llega Carlos III. En Barcelona, entre 1762 y 1764, como el mismo Fontana recuerda811, Ventura Rodríguez, responsable de muchos edificios en Madrid, construyó en 1760 el Colegio de Cirugía ajustado a esa norma, y otros propios de la arquitectura civil se levantaron entonces, como la lonja. También observa «la peculiaritat» de que buena parte de estos nuevos edificios se construyeran en zonas urbanas más espaciosas que las calles estrechas del centro, lo que es común a los nuevos planteamientos urbanísticos de la Ilustración, como se comprueba en las acciones llevadas a cabo en Madrid, Salamanca, Valencia, Vitoria, Albacete, Tarragona, Vigo y otros lugares en los que se procedió a ensanchar y ampliar las localidades con vistas a remodelar los extremos de las ciudades; los nuevos y regulares edificios se levantaron fuera del centro, aunque ahora formen parte de él por el crecimiento urbano. La tendencia a reorganizar esos núcleos antiguos llegó con José I, y donde más la pudo verificar fue en Madrid (menos en Valencia y Sevilla), derribando iglesias y conventos y abriendo plazas812.

Al tratar del teatro en Barcelona destaca la atención prioritaria dada a la ópera italiana, «molt més popular entre nosaltres que a Madrid»813. Sin embargo, como se dijo ya, la atracción por la música italiana y por sus representaciones fue un gusto generalizado hasta tal punto que los cómicos solicitaron repetidamente a los reyes que se prohibiera el teatro en italiano. El furor filarmónico italiano, que aún continuó en el XIX, estaba extendido por toda la Península y por el resto de Europa. Indica que había teatro en francés, pero teatro en francés se vio también en Cádiz, no solo en Barcelona —el proyecto para abrir un local con representaciones en esa lengua en Madrid no prosperó. Este detalle no parece dato suficiente para argumentar que estaba más abierta a los gustos europeos que el resto de España (o que la misma corte, donde reinas y ministros eran galos), sabiendo como sabemos el influjo ejercido por la cultura francesa (aunque sea necesario compaginarlo con otras influencias) en todo el país. Lo mismo se puede decir del tráfico y venta de libros prohibidos.

Como en el caso de los escritores, importantes músicos catalanes abandonaron la región para triunfar en otros lugares de Europa y del reino, a menudo como organistas de catedrales o en la capilla real, haciendo además música para los teatros de Madrid. Distinto es lo que sucede con dos importantes pintores y dibujantes, Manuel Tramulles y Antoni Casanovas, que no salieron del territorio. Han dejado una serie de dibujos, que se presentan como algo específico y único, sobre escenas cotidianas, pero que están en consonancia con la tendencia europea del siglo. Gracias a ellos tenemos representaciones de oficios y de momentos festivos tanto de la burguesía como populares, que son ejemplos de la sociabilidad dieciochesca implantada en todo el reino. De Casanovas se conservan escenas como El afilador, el Desfile procesional, En la notaría, En casa del peluquero, El juego de cortesanas, La velada, La hora del chocolate, Escena de alcoba, Salida de misa, Teatro en Cuaresma, El charlatán, que nos permiten poner imagen a la vida cotidiana dieciochesca y que hay que vincular con las escenas de dibujantes y pintores como Ramón Bayeu, José Aparici, José del Castillo, José Camarón, Luis Paret, Francisco de Goya, Antonio Rodríguez, Manuel Alegre y Juan de la Cruz.

Los dibujos de Casanova se suelen poner en relación con la obra de otra figura estelar de la cultura catalana de la época, el barón de Maldá, Rafael d’Amat i de Cortada, responsable de un dietario en catalán que lleva el título de Calaix de sastre (Cajón de sastre), en el que detalla tanto su vida diaria, incluyendo fiestas y saraos, como sus viajes y acontecimientos de los que fue testigo. También se destaca su excepcionalidad, y es cierto que por su volumen —sesenta tomos escritos entre 1769 y 1816— y el cúmulo de noticias lo es, pero el diario de Gaspar Melchor de Jovellanos comparte con él bastantes rasgos, si bien el de este abarca menos años aunque toca, además de las cuestiones personales, las políticas y sociales que son por completo ajenas al barón, un catalán francófobo (más durante la guerra) que da cuenta para sí y para su círculo más cercano de viajes, comidas, tipos, excursiones, celebraciones, procesiones, actos religiosos, fiestas populares y particulares, edificios nuevos, pestes, defunciones. Describe asimismo lugares y pueblos, pero no habla de lo que hoy llamaríamos aspectos cultos de la cultura.

Aunque se le ha relacionado con el periodismo, pues lleva el mismo título que el Cajón de sastre que entre 1760 y 1761 publicó en Madrid Nifo, y que el Calaix de sastre català de 1761-1762, y aunque él mismo aludió a ello al aparecer en Barcelona el nuevo Diario, el suyo es más bien el trabajo de un curioso o de un observador que escribe para sí y para dejar memoria de su actividad mundana, inserto en el género de las misceláneas y de la literatura testimonial y autobiográfica. A diferencia de los periódicos, no lo redactó para publicarlo, sino para leerlo entre sus familiares cercanos —lo cual incide en el tono empleado en la redacción—, y, a diferencia de aquellos, a veces hizo dos versiones de los mismos hechos, una para los íntimos y otra para el público más general, aunque también reducido a sus amistades y conocidos. Según él mismo señala, comenzó esta práctica cuando algunas damas protestaron por el tono de lo que escuchaban814.

La escritura del barón se enmarca, por tanto, en las prácticas de las literaturas del yo, un yo que no es íntimo y sí externo, en la línea de las autobiografías del momento, que utiliza un registro catalán popular, y que busca la risa, lo grato y agradable como respuesta del oyente o del lector. Esa lengua popular, además de ser la que debía utilizar cotidianamente, tiene que ver con la condición de literatura oral o semioral de lo escrito y con el efecto perseguido. Esta es su novedad, estar lejos de la literatura ortodoxa de la época, moralizante o satírica, pero vinculada a la escritura de carácter costumbrista que, sin embargo, es posible encontrar en folletos y sátiras sociales. Según la crítica, Maldà escribe en catalán porque es popular —aunque su obra no se conocía más que en el círculo reducido de amistades a los que leía— y porque la literatura humorística de la época se hizo en esa lengua, según moda que impuso el rector de Vallfogona, editado a comienzos del XVIII, representante de la poesía jocosa815. Pero quizá no haya que olvidar que es un texto pensado y escrito para ser expuesto oralmente en un salón, lo que proporciona unas características enunciativas y comunicativas específicas distintas de las de la literatura popular, humorística y jocosa escrita para ser leída o recitada en espacios abiertos, con la que poco parece tener que ver. El suyo es más un trabajo costumbrista y testimonial de gran valor, una afirmación del yo de quien gustaba de los placeres de la mesa y perteneció al «Col.legi de la bona vida», que se dirige a sus amistades en el tono coloquial que seguramente ese círculo empleaba en su vida diaria.

Los textos que se escriben en catalán en el siglo XVIII están vinculados por lo general a lo cotidiano, y «no son una respuesta a una supuesta defección lingüística de los compatriotas ni tampoco un desafío a la política de represión lingüística, que ciertamente existió —con más o menos éxito, eso es otro tema— durante el siglo»816.

La imagen quiere mostrar una Ilustración más moderna y avanzada en Cataluña que en el resto de España, y una sociedad vinculada más con Francia y su pensamiento. Así, por ejemplo, el proceso de «descristianización» se relaciona con ella, a pesar de que la secularización sucede en todo el reino, con distintas incidencias según clases sociales y lugares. El enorme número de folletos que critican esa secularización en España y los ataques de sectores de la Iglesia a las nuevas costumbres que promovían el alejamiento de Dios no dan opción a dudar del peso de ese proceso y de su incidencia sobre la sociedad española.

La argumentación tiende a consolidar la idea —que se trata después— de que un grupo de catalanes pensó un proyecto de Ilustración específica para Cataluña, manifiesto en recuperar su historia y signos de identidad y en potenciar la industria frente al agrarismo de Campomanes, pero los testimonios de ese plan son pocos y aislados y más bien parecen textos que historiadores posteriores articulan en forma de proyecto.

Lo evidente es que, gracias a la Ilustración, en los aspectos económicos y demográficos, el siglo XVIII termina para Cataluña mucho mejor de lo que empieza y de lo que fue el XVII817, y que es en ese tiempo cuando se refuerza el estereotipo del catalán trabajador, del que hay testimonios en textos de Antonio Ponz, Cadalso, Nifo, Jovellanos y otros. En aras de ese modelo se pidió en el Nuevo reglamento para el adelantamiento de las fábricas, tanto de seda como de lana, que en 1759 escribió Nicolás Joaquín de Adame, que se establecieran colonias de catalanes y valencianos en el centro del país para que enseñaran sus técnicas y disciplina a los demás, con vistas a mejorar la producción industrial. La propuesta no era nueva, como señala Domínguez Ortiz, y generaba las protestas de los autóctonos818.

¿Un proyecto de Ilustración catalana?

Como se adelantó, varios historiadores consideraron que en el siglo XVIII un grupo de hombres de letras trazó un plan de actuación para llevar a cabo un proyecto de «Ilustración catalana» o un proyecto «per a un país». Aunque quizá es demasiado rotundo plantearlo de ese modo —sobre todo porque se ofrecen pocos testimonios de que pudiera ser así—, sí hay interés por mantener y valorar la cultura catalana por parte de un grupo de intelectuales reunidos o relacionados con la Junta de Comercio, si bien su recuperación o recuerdo a menudo se hace en castellano, lengua de cultura y con proyección en ese momento, y con discontinuidad. Por otro lado, como indican los propios historiadores, es un interés que se enmarca en los parámetros ilustrados, es decir, similar al que existe en prácticamente todos los territorios de la monarquía.

Antonio de Capmany es uno de los casos aducidos, con sus Memorias históricas [...] de la antigua ciudad de Barcelona y otras obras suyas. A él se unen los que, como Caresmar, estuvieron detrás del largamente gestado diccionario crítico de escritores catalanes, sin olvidar al numismático Josep Salat, autor del primer catálogo de obras escritas en catalán, incluido como apéndice en la gramática de Ballot de 1814. Ernest Lluch añade el Discurso sobre la agricultura, comercio e industria del Principado de Cataluña, de la Real Junta de Comercio de Barcelona, de 1780, que, sin embargo, quedó inédito.

Las tres obras, la de Capmany, el diccionario, que finalmente apareció en 1836, y el discurso de la Junta de Comercio, son para Lluch «el mejor fruto de la Ilustración aplicada a Cataluña y estructuran un auténtico proyecto para el país: la memoria histórica y la de la literatura catalana, así como una visión del presente y del futuro de nuestra economía. Este conjunto ofreció una conciencia global del país como hacía décadas que no había existido con ese grado de perfección»819.

Es claro que hay un interés en Cataluña y fuera de ella por su historia y su cultura, y que desde dentro algunos piensan en el modo de mejorar el conocimiento y proyectar de nuevo al Principado hacia la recuperación, tanto como en proponerlo como modelo de actuación económica. Fontana y Lluch sitúan el momento inicial en 1779, año de la aparición de las memorias de Capmany, y ambos retoman lo ya expuesto por Ruiz i Calonja en su historia de la literatura catalana, para quien en el siglo XVIII se daba la recuperación y el interés por las glorias pasadas y que situaba en ese tiempo los orígenes de la posterior Renaixença820.

Su punto de vista fue continuado y desarrollado por Rubió i Balaguer en diferentes trabajos en los que vincula Ilustración y Renaixença y entiende que esta es un plan de recuperación y revitalización de la cultura catalana821. Hay que señalar entre paréntesis que ese término, Renaixença, es tardío y se utilizó sobre todo cuando ya se vieron los resultados de esa labor de recuperación, en especial a partir de 1871. Antes se emplearon voces como «restauración», «despertament», «renacimiento».

Ahora bien, el mismo concepto de renacimiento implica una continuidad en las letras y en la cultura catalanas que no todos estaban de acuerdo en aceptar, ya que gran parte de la producción cultural catalana se había escrito en español, como se ha visto. Dejar esa parte al margen cercenaba la identidad catalana, como denunciaron algunos y se verá luego. Por lo que se refiere a esa continuidad, Manuel Montoliu, años después, explicaba en su libro sobre Buenaventura Carlos Aribau que la literatura en catalán había tenido esas interrupciones desde sus orígenes y señalaba la necesidad de distinguir entre lengua escrita y lengua literaria. La lengua catalana nunca se había dejado de utilizar, incluso de escribir, como sabemos, pero no habría vuelto a ser lengua literaria sino con la oda a la patria, escrita en 1832 aunque publicada al año siguiente822. Sin embargo, a medida que la construcción de la cultura se politizaba y se veía necesario tener esa visibilidad que reforzaba la idea de continuidad y uso, el concepto de Renaixença se vinculó a la recuperación de la lengua, lo que llevó, al constatar que nunca se dejó de hablar, a dar por sentada la persistencia de una literatura en catalán, que permitiría hablar de renacimiento.

De esta forma, también se podía recuperar el siglo ilustrado en Cataluña, en especial a aquellos autores que se habían interesado aunque fuera desde el castellano por su cultura, y verlos así como responsables de un proyecto. Por eso, a pesar de ser época considerada parte de la «Decadència» literaria, Ruiz i Calonja se refiere al período como «de transición», y, como a tal, solo le dedica cuatro páginas de su historia de la literatura, que son sin embargo muy importantes por la visión incluyente que supusieron. Otros, como Rubió i Balaguer, pensaron que en esa época de decadencia es cuando surgió el deseo de recuperar la lengua como instrumento de cultura y que por eso aparecieron las apologías de la lengua catalana. Los que hicieron esto —valorarla como instrumento cultural y político— fueron algunos de los ya citados: Antoni de Bastero, que la prestigió al vincularla con el provenzal, el padre Ignasi Ferreras y Ballot, con sus apologías, obras que tuvieron importante influencia en las que vinieron después. Sin embargo, estos autores, que para algunos historiadores catalanes son el ejemplo de la existencia de un proyecto consciente que señala la especificidad catalana, para otros, como el citado Montoliu, son solo precedentes, incluido Aribau, de la Renaixença, testimonios inarticulados que no reflejaban un plan y sí un sentimiento.

Para Rubió i Balaguer, Fontana y Lluch, esta recuperación de la lengua es manifestación de un proyecto político e histórico de reivindicación de la identidad catalana. Este proceso de toma de conciencia se habría llevado a cabo de varias maneras, pero sobre todo con la elaboración de textos como el ya citado diccionario de autores, que podría entenderse como «el museo de la cultura catalana»823. Este diccionario partió de Ignasi Torres Amat, se elaboró lentamente desde finales del siglo XVIII y respondería, según estos historiadores, a una visión ilustrada de la cultura, es decir, al interés por recoger y catalogar los testimonios del pasado para historiarlo, como se percibe por toda España en la exploración de archivos, la elaboración de catálogos, bibliotecas y diccionarios. Los estudios locales han de insertarse en esa tendencia a reconocer el pasado para convertirlo en historia y en patrimonio nacional, dentro del proyecto de creación del mencionado Estado moderno.

Ahora bien, frente a otros trabajos similares e incluso de más empeño, que se realizaron en menos tiempo pero entonces, la lentitud aludida por los historiadores, entendida como reflejo de continuidad, puede significar lo contrario e incluso desinterés, pues solo se consiguió publicar el diccionario en 1836, con el título de Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes824. Cabe preguntarse, por otro lado, si esta lentitud y aparente continuidad fue algo consciente, un empeño que pasó de generación a generación, o si, llegado el oportuno momento político, se recuperó un trabajo inacabado al que después se da una lectura continuista, porque lo que se percibe es que lo recogido y catalogado durante la Ilustración, con un criterio, se interpreta durante el Romanticismo con otro, desde la perspectiva de lo diferente y específico y como ejemplo de continuación, constancia y conciencia identitaria, por la historiografía posterior.

A este texto se añaden los empeños de Capmany y el libro de Pròsper Bofarull sobre la historia de Cataluña, Los condes de Barcelona vindicados, también de 1836. Capmany, típico hombre de la Ilustración, responsable de obras sobre Madrid y sus calles, sobre elocuencia, sobre la traducción de idiomas, con una idea unitaria de España, como se comprueba en sus actuaciones en las Cortes de Cádiz, que propuso que el 2 de mayo fuera fiesta nacional para conmemorar el levantamiento y la unidad, y con una dedicación indudable en dar a conocer el pasado de la Corona de Aragón, es considerado por la Renaixença el restaurador de la conciencia histórica de Cataluña y se le relaciona con Buenaventura Carlos Aribau, que, en efecto, no era romántico, sino hijo también de la Ilustración, autor de la famosa oda a La patria. De esta forma se identificaron lengua y patria. Ambos autores representan para la historiografía partidaria de la continuidad la confianza en la lengua materna, la historia literaria concebida sin límites lingüísticos y una estructuración de los orígenes históricos catalanes. Sin embargo, esa historia literaria concebida sin límites lingüísticos no se llevó verdaderamente a cabo, pues se dejó al margen la producción castellana, como ya se adelantó, y como aún se hace hoy825.

Así, pues, la construcción de la cultura catalana se hizo privilegiando unos aspectos frente a otros, por lo que se potenció lo medieval, época en la que tradicionalmente se situaba y se sitúa la edad de oro de su cultura, que se expresaba en catalán. Interesante resulta recordar, por eso, y con la autoridad de Antonio Rubió i Lluch, que dicha recuperación deja de lado la producción catalana en español, lo que significa una disminución de su alcance. Escribió Rubió y Lluch en 1919:

Nuestro moderno Renacimiento que tantos gérmenes de renovación fecunda encierra, a fuerza de querer levantar el espíritu de nuestro pueblo, lo ha mutilado en muchas ocasiones, y en fuerza de cierto exclusivismo, quizá explicable cuando se lucha bravamente por la existencia de una causa, ha dejado fuera del área espiritual de la cultura catalana a ilustrados pensadores y escritores de todo género, y a una parte importante de su producción, por haberse valido esta y aquellos, como medio de expresión, de la lengua castellana. Los pueblos que, como el nuestro, creo yo destinados a perpetua existencia bilingüe, y conste que no trato de imponer a nadie mi opinión, no pueden cometer esta capitis diminutio intelectual, si no quieren presentarse mutilados ante la historia universal de la cultura humana. Cosa igual sucedería si prescindiésemos de la producción latina de los escritores catalanes de la Edad Media, ya que por ella nos pusimos en contacto con la civilización cristiana de la misma época y en ella tuvimos lucida representación826.

Con Aribau sucede también que, a pesar de ser presentado como iniciador de la Renaixença, su actividad general más bien lo inclina en otra dirección, como se desprende de que escribiera a favor de la centralización precisamente en 1833 y en El Vapor —justo cuando y donde había publicado unos meses antes su oda-—, que impulsara la Biblioteca de Autores Españoles y que esa oda —además de su único trabajo en catalán— fuera más bien el resultado de felicitar a su jefe, el marqués Gaspar de Remisa, como han señalado algunos autores, y no una reivindicación827. La vinculación entre Capmany y Aribau llegó a ser física y emblemática, convertidos ambos en «lugar de memoria» cuando en 1877 el Ayuntamiento de Barcelona llevó sus restos a la capilla del Cementerio Viejo y colocó sus tumbas una enfrente de la otra, con solo sus nombres en las lápidas, como «dos símbolos que mutuamente se interpretaban»828.

Todo, como se ve, dirigido a mostrar esa supuesta continuidad de la cultura que renacía, dentro de un proyecto planeado que habría tenido su desarrollo a lo largo de los años y de diferentes generaciones implicadas en él, lo que demostraría la existencia de una conciencia nacional. Esta idea se construye utilizando textos aislados que se unen para dar esa impresión de continuidad y proyecto, reinterpretándolos fragmentariamente y poniendo en ellos intenciones sin tener en cuenta las de sus autores ni los contextos en que se redactaron. Es claro que todo tiene orígenes y antecedentes y que el nacionalismo que se sitúa preferentemente en la época romántica hace su aparición en el siglo XVIII, pero no es menos cierto que se lee el pasado desde las implicaciones del presente, de modo que se interpreta según el interés del momento. Quizá el período está marcado por una lectura demasiado presentista, cuando es evidente que la cultura catalana, como cualquier otra, tuvo su continuidad y consiguiente evolución más allá o al margen de los intelectuales.

En definitiva, los historiadores de la literatura y de la cultura catalanas, sobre todo desde la Renaixença, vieron la necesidad de ofrecer el relato de la diferencia, así como el de la continuidad histórica de su cultura, para visibilizar una hegemonía, lo que implicó valorar de un modo nuevo el siglo XVIII, como etapa en la que se comenzaban a sentar las bases de la recuperación de la lengua y su prestigio (también de su literatura). Para ello recordaron los nombres de varios filólogos e historiadores: Ballot, Caresmar, Capmany, Bofarull, Finestres, Torres Amat y algunos otros, a los que se sumó un determinado número de obras interpretadas como testimonios de un proyecto consciente de relanzamiento de la nacionalidad catalana, cuando a menudo esos trabajos solo representan un estadio de recuperación inserto dentro de la tendencia historicista general que se dio en el siglo XVIII en toda Europa, pero no la pieza de un plan de renacimiento de algo que habría existido ininterrumpidamente, lo que algunos cuestionan, como se ha visto.

Esta forma de entender y defender la continuidad de una literatura catalana, que se mejora, y esta manera de ver los procesos históricos como el resultado de un plan que se completa se explican en parte por asumir el modelo historiográfico organicista, el de origen o nacimiento, desarrollo, apogeo, decadencia (y renacimiento opcional), característico precisamente del siglo XVIII aunque tenga orígenes griegos; es decir, por seguir un patrón previo al que ajustarse para explicar los hechos de forma que puedan acomodarse al presupuesto de salida.

Así, por ejemplo, se forja el mito de un Antonio de Capmany restaurador de las glorias catalanas desde sus Memorias, preconizador «de la escuela literaria que hoy se agita y que cuenta ya con no pocos nombres llenos de gloria», en palabras que Víctor Balaguer dijo en 1857 al trasladar sus restos al salón del Consell de Cent; en esta construcción, Capmany es también el Pau Claris de la guerra de la Independencia829. A este restaurador de la conciencia histórica se suma Aribau, como se ha visto, en tanto que despertador de la lingüística al identificar patria con idioma.

El Setecientos catalán se ve como una época pobre en literatura, pero de él se rescatan textos y autores que sirven para ofrecer la idea de una reivindicación continuada en la historia de la lengua y la cultura, de lo que se hace la lectura historiográfica señalada. Se inicia en él la fase de vindicación y apología: Eura, Bastero, Galiana, Ros i Ferreras culminan en Ballot. La Academia de Buenas Letras, desde 1769, se empeña en el diccionario, y en 1802, en las fiestas en honor de Carlos IV, la oda y la canción de tono académico se abren al catalán, lo que se entiende como una reivindicación, mientras al año siguiente aparece el diccionario de Esteve, Belvitges y Juglá830.

Algunas de esas figuras, quizá las más relevantes, transitaron el siglo XVIII, período importante en la formación de la nación y del Estado, tanto desde las instituciones e imaginario político como desde la cultura, cuando se pensaba que a cada Estado le correspondía una lengua, lo que continuó durante el período liberal, y a su forja se dedicaron, escribiendo en español con la naturalizad que suponía hacerlo en el idioma de la nueva monarquía. Ya el gallego Feijoo, trasplantado a Oviedo, había señalado a principios de siglo la necesidad de sobrepasar las identidades de la patria chica en beneficio del interés mayor por la patria grande, y los intelectuales del período trabajaron en pro de ese objetivo, procedieran de la región de la que procedieran. Eso no significaba, como se ha visto, anular el sentimiento local, como muestran tantas y tantas investigaciones y publicaciones de ese tipo. La historiografía catalana, tras rechazar el período como parte de la «Decadència», lo ha recuperado, al menos parcialmente, como fragmento de una continuidad cultural, como los inicios o precedentes de la Renaixença.

779 El uso del concepto se cuestiona en la actualidad y en otros ámbitos historiográficos se opta por Edad Moderna.

780 A. de Capmany, Memorias históricas sobre la Marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, I, Madrid, Antonio Sancha, 1779, pág. 35.

781 J. Álvarez Barrientos, «Representaciones de la Ilustración. ¿Cómo se vio, cómo la vieron, cómo la vemos?», en J. Astigarraga, M.ª V. López-Cordón y J. M.ª Urkía (eds.), Ilustración, Ilustraciones, I, San Sebastián, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País/SECC, 2009, págs. 101-127.

782 Todavía hoy, a pesar del mejor conocimiento de la historia española, se sigue considerando el Siglo de Oro el «mejor» momento de nuestra cultura. La construcción ideológica es similar a la catalana: en un período determinado se establecen los valores que se consideran nacionales y ese período los simboliza.

783 A. Comas, Història de la literatura catalana, 4, Barcelona, Ariel, 1981, pág. 81. Para conocer la situación general de la cultura en la España de las Luces, F. Aguilar Piñal (ed.), Historia literaria de España en el siglo XVIII, Madrid, Trotta, 1996.

784 R. García Cárcel, La herencia del pasado. Las memorias históricas de España, Madrid, Galaxia Gutenberg, 2011, pág. 306.

785 J. M. Sala Valdaura, El teatro en Barcelona, entre la Ilustración y el Romanticismo, Lérida, Editorial Milenio, 2000; Teatre burlesc català del segle XVIII, Barcelona, Barcino, 2007; Història del teatre a Catalunya, Vic, Eumo, 2006. G. Sansano, «El teatro catalán, una escena informal», Dieciocho, volumen 35, núm. 1 (2012), págs. 157-168.

786 M. Angulo Egea, Luciano Francisco Comella (1751-1812): otra cara del teatro de la Ilustración, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2006.

787 J. Fontana, «La fi de l’Antic Règim i la industrialització 1787-1868», en Història de Catalunya, V. P. Vilar (dir.), Barcelona, Edicions 62, 1988, pág. 111.

788 J. A. Ríos Carratalá, «El teatro en casas particulares», en El teatro en la España del siglo XVIII. Homenaje a Josep María Sala Valldaura, Lleida, Universitat de Lleida, 2012, págs. 213-226.

789 F. Curet, Teatres particulars a Barcelona en el segle XVIII, Barcelona, Institució del Teatre, 1935.

790 M. Llanas (con la colaboración de Montse Ayats), L’edició a Catalunya: el segle XVIII, Barcelona, Gremi d’Editors de Catalunya, 2003. A. de la Cruz Redondo, Imprenta y política en la segunda mitad del siglo XVIII (1759-1808), tesis doctoral, Madrid, UCM, 2013.

791 Sobre las traducciones al catalán en el período, E. Miralles, «Las traducciones catalanas en el siglo XVIII y en el primer tercio del XIX», Dieciocho, vol. 35, núm. 1 (2012), págs. 125-136.

792 Las señales de la felicidad en España y medios de hacerlas eficaces, Ernest Lluch (ed.), Barcelona, Altafulla, 1989.

793 M. Campabadal i Bertran, La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona en el segle XVIII. L’ìnterès per la història, la llengua i la literatura catalanes, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006. Por otra parte, el interés por lo local es común a todos los territorios del reino, que abundan en historias de ese tipo, y un rasgo de la cultura de la época, interesada en nacionalizar el pasado.

794 R. García Cárcel, La herencia del pasado, op. cit., pág. 313.

795 J. Ginebra, «La lengua catalana en el siglo XVIII. ¿Una lengua doméstica?», Dieciocho, vol. 35, núm. 1 (2012), pág. 107.

796 Por otra parte, si alguna vez pensó que el catalán era un «idioma provincial anticuado» y «plebeyo», «muerto para la república de las letras y desconocido del resto de Europa» (Memorias históricas, op. cit., II, pág. 846), en el Código de las costumbres marítimas lo denomina «lengua nacional y no una jerga territorial» (pág. 520). Al mismo tiempo, en su Teatro sobre la elocuencia castellana, de 1786, hace un elogio del español hablado popular y de la literatura a la que dio lugar (Cervantes, Guevara, Quevedo) del mayor interés, centrado en el habla de las regiones del sur: Extremadura, La Mancha, Andalucía y Murcia.

797 J.-Ll. Marfany, La llengua maltractada, Barcelona, Empúries, 2001. Incluso aquí hay que matizar en el ámbito administrativo, pues según Jordi Ginebra: «La documentación municipal de las ciudades más importantes, por ejemplo, también empezó a redactarse en castellano. Pero no inmediatamente, ni en todos los casos, ni en todos los ámbitos. Y hay ejemplos de continuidad extrema: la oficina de hacienda pública del ayuntamiento de Barcelona siguió usando el catalán hasta 1813. Hay que tener en cuenta además que, con excepción de Valencia, el derecho privado se respetó, lo que permitió, por ejemplo, que las escrituras notariales continuaran redactándose en catalán», y continúa dibujando el campo de una realidad, incluida la eclesiástica, en la que se seguía usando la lengua catalana. J. Ginebra, «La lengua catalana en el siglo XVIII. ¿Una lengua doméstica?», op. cit., pág. 107.

798 Lo mismo puede decirse de otras regiones, que también seleccionaron su producción popular, según cierta idea identitaria.

799 Ll. Prats, El mite de la tradició popular. Els orígens de l’interès per la cultura tradicional a la Catalunya del segle XIX, Barcelona, Edicions 62, 1988.

800 A. de Capmany, Código de costumbres marítimas de Barcelona, hasta aquí vulgarmente llamado Libro del Consulado, Madrid, Antonio de Sancha, 1791, pág. xxiv.

801 J. M. Fradera, Cultura nacional en una sociedad dividida. Cataluña, 1838-1868, Madrid, Marcial Pons, 2003, págs. 180-182.

802 Ibíd., pág. 256. Sobre la poesía, P. Valsalobre, «La multiplicidad de la poesía dieciochesca catalana», Dieciocho, vol. 35, núm. 1 (2012), págs. 145-156. Véase también P. Valsalobre y A. Rossich, Literatura i cultura catalanes (segles XVII-XVIII), Barcelona, UOC, 2007.

803 J. Álvarez Barrientos, El crimen de la escritura. Una historia de las falsificaciones literarias españolas, Madrid, Abada Ediciones, 2014.

804 H. Hina, Castilla y Cataluña en el debate cultural 1714-1939, Barcelona, Península, 1986, pág. 61.

805 A. Comas, Història de la literatura catalana, op. cit., pág. 186.

806 J. Romeu i Figueras, «Poemes inèdits de Ignasi Ferreres, escriptor del segle XVIII», Llengua & Literàtura, núm. 3 (1989-1999), pág. 123.

807 A. Comas, Història de la literatura catalana, op. cit., pág. 101.

808 H. Hina, Castilla y Cataluña en el debate cultural 1714-1939, op. cit., pág. 63.

809 J. P. Ballot i Torres, Gramàtica i apologia de la llengua catalana, Barcelona, Joan Francisco Piferrer, 1814, pág. xxv.

810 J. M.ª. Sala Valldaura, «Sobre la literatura catalana del Dieciocho. Presentación del monográfico», Dieciocho, vol. 35, núm. 1 (2012), pág. 91.

811 J. Fontana, La fi de l’Antic Règim i la industrialització 1787-1868, op. cit., pág. 110.

812 C. Sambricio, Territorio y ciudad en la España de la Ilustración, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 1991, 2 vols.

813 Ibíd., pág. 111.

814 A. Gali, Rafael d’Amat, baró de Maldá, Barcelona, Aedos, 1954, págs. 35-36. R. d’Amat i de Cortada, Calaix de sastre, R. Boixareu (ed.), Barcelona, Curial, 1987-1999, 9 vols. V. Pascual, El baró de Maldà, Barcelona, Publicacións de l’Abadia de Montserrat, 2003. A. Rossich, «Eigtheenth-Century Catalan Literature», Dieciocho, vol. 35, núm. 1 (2012), págs. 117-125.

815 J. Rubió y Balaguer, Il·lustració i Renaixença, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1989, pág. 114.

816 J. Ginebra, «La lengua catalana en el siglo XVIII. ¿Una lengua doméstica?», op. cit., pág. 116.

817 Véase últimamente A. Alberola Romá, «Los países de la antigua Corona de Aragón en el siglo XVIII: entre la pérdida del autogobierno y el crecimiento económico», Dieciocho, vol. 35, núm. 1 (2012), págs. 94-105.

818 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel, 1984, pág. 247.

819 E. Lluch, Las Españas vencidas del siglo XVIII, Barcelona, Crítica, 1999, pág. 217.

820 J. Ruiz i Calonja, Història de la literatura catalana, Barcelona, Teide, 1954, pág. 399.

821 J. Rubió y Balaguer, Il·lustració i Renaixença, op. cit., pág. 117.

822 M. de Montoliu, Aribau i la Catalunya del seu temps, Barcelona, Instituto de Estudios Catalanes, 1936.

823 J. Rubió y Balaguer, Il·lustració i Renaixença, op. cit., pág. 119.

824 Trabajos similares se redactaron y publicaron antes en otras regiones españolas, como los Escritores del reino de Valencia, cronológicamente ordenados, de Vicente Ximeno (1747-1749, en dos tomos), los Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes. Diccionario histórico (1789-17891, en cuatro volúmenes) o las Memorias para la biografía y para la bibliografía de la isla de Cádiz (1829-1830, en dos tomos), de Nicolás M.ª de Cambiaso, por no alargar la relación; todos compatibles con el nacional Ensayo de una biblioteca de los mejores escritores del reinado de Carlos III, del alicantino Juan Sempere y Guarinos (1785-1789, en seis volúmenes).

825 Por otro lado, pero en paralelo, hay que señalar que, con muy pocas excepciones, cada vez que se plantea una historia de la literatura española se olvidan las otras lenguas peninsulares, que, como ya decía Marcelino Menéndez Pelayo, también son españolas, con lo que no se ofrece el panorama completo de la realidad e identidad literarias nacionales.

826 A. Rubió y Lluch, El Dr. D. Manuel Milá y Fontanals, Barcelona, P. Ortega, 1919, pág. 3.

827 En la felicitación, los colaboradores del marqués escribieron poemas en diferentes lenguas. A.-Ll. Ferrer, La patrie imaginaire. La projection de «La patria» de B. C. Aribau (1832) dans la mentalité catalane contemporaine, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1987, 2 vols.

828 J. Rubió y Balaguer, Estudis literaris, Joaquim Molas (ed.), Barcelona, Edicions 62, 1996, pág. 219.

829 J. Rubió y Balaguer, Il·lustració i Renaixença, op. cit., pág. 97.

830 J. Rubió y Balaguer, Il·lustració i Renaixença, op. cit., pág. 229.

CAPÍTULO 12

Censuras bajo el reinado de Felipe V831

Manuel Peña Díaz

Lo que hacían a diario los inquisidores, libreros, corredores y tratantes de libros contravenía abierta y apaciblemente a las leyes. Esta es la realidad que conviene conocer y considerar históricamente.

François Lopez, El libro y su mundo, 1995832

«No se imprima papel alguno sin licencia del Consejo o del Ministro encargado de esta comisión»: esta cédula de 20 de junio de 1705 fue la primera medida adoptada por Felipe V como rey de España que afectaba al mundo del libro833. La legislación borbónica fue una reafirmación de la heredada de la época de los Austrias a la que se añadieron disposiciones de nueva creación que, entre otros cambios, supusieron la unificación legislativa en materia de imprentas y librerías.

El funcionamiento de la censura civil era el mismo que en siglo XVII. Los autores o editores o sus procuradores se dirigían con una instancia o con el manuscrito a una escribanía del Consejo de Castilla. Uno de los consejeros, delegado como juez de Imprentas, nombraba al censor, aunque en numerosas ocasiones la elección del censor la hacía el portero de la escribanía, que era quien le entregaba el manuscrito. Fuera por un cauce u otro, hecha y vista la censura, el juez dictaminaba si se concedía licencia o no. El juzgado de imprentas no fue un producto borbónico ex novo, sino que fue consustancial al Estado moderno. Fue, como apunta García Martín, una consecuencia del desarrollo comisarial de la monarquía confesional, y que en su última etapa —segunda mitad del siglo XVIII— alcanzó su mayor eficacia834.

Si la respuesta del juez de Imprentas era negativa, se archivaba el manuscrito en el Consejo, pero si era afirmativa el original era firmado página a página en la escribanía y se emitía la preceptiva licencia. Cuando el primer ejemplar ya estaba impreso, se llevaba de nuevo a la escribanía para que lo supervisara el corrector general y diese, en su caso, la fe de erratas además de la tasa. No se entregaba la obra al censor si era un impresor menor o una reimpresión. En este caso era suficiente supervisar que no tuviese enmienda, y el trámite no pasaba del portero o del juez. En provincias, las menudencias o los reimpresos solo necesitaban la licencia y censura de los regentes de las audiencias o de los Justicias, en tanto que subdelegados de imprentas, y los libros religiosos podían ser autorizados por los ordinarios de la diócesis correspondiente.

Normas y transgresiones

La primera norma de 1705 recordó lo que ya se debía hacer: la obligación de imprimir con licencia del Consejo «cualquier papel y calidad que sea, en especial los que fueren de extranjeros». Esta orden precisaba, además, que no afectaba solo a los impresores en sus talleres: «que no den letras, cajas ni otros instrumentos a sus oficiales para que lo ejecuten en casas particulares; pena al que contraviniere, de diez años de presidio y de quinientos ducados de vellón». Y de nuevo esta obligación fue reiterada en un auto acordado del Consejo de 30 de junio de 1707, estableciendo también la pena de diez años de presidio y una multa de quinientos ducados de vellón para quienes lo transgredieran. Penas y multas que se negociaban y se solían reducir ostensiblemente si el impresor demostraba que no había mala intención.

El fracaso de estas primeras medidas borbónicas pudo comprobarse bien pronto. Dos años más tarde, el 6 de marzo de 1709, volvían a insistir: «porque se nos ha dado noticia, que en algunas ciudades y villas de nuestros reinos, no se observa puntualmente el dicho auto, contraviniendo, a lo que en él se previene, y a lo dispuesto por las leyes y pragmática últimamente hecha sobre la impresión de libros». A partir de esta fecha no era solo para las impresiones, también se debía pedir licencia para las reimpresiones y todo tipo de papeles. Tres años más tarde reconocían «que en las reimpresiones se cometen algunos fraudes, pidiéndola por terceras partes, suponiendo autores para conseguirlas, y añadiendo a los libros escritos e impresos lo que les parece, para darlos a la estampa».

La transgresión no era únicamente una actitud de los profesionales del mundo del libro; el auto reconocía que era el mismo sistema el que favorecía dicho descontrol: «lo cual se ha originado de correr estas licencias por distintas manos y escribanías». Las conveniencias y las amistades de los escribanos hacían el resto. Había que racionalizar la administración si la intención era regular el espacio librario: «y para que este daño cese en adelante, ningún escribano de Cámara del Consejo admita petición en que se pida impresión nueva, reimpresión, tasa ni venta de libros, ni despache los privilegios y certificaciones de licencias que se mandaren dar, excepto el Escribano de Gobierno». Un cambio en el funcionamiento que reforzaba la intermediación del portero de la Cámara como principal colaborador, recogiendo los libros que una vez impresos debían ser depositados y entregados a la Biblioteca del Escorial, al presidente y ministros del Consejo de Castilla, al secretario de Gobierno y al de la Cámara, otro para él mismo, y desde 1716 también para la Real Biblioteca —origen del depósito legal. Ese mismo año, y con la excusa de que el portero no conocía qué libros tenían licencias para que cumpliesen con el depósito, se le autorizó también a este a tramitar las licencias y los privilegios. Las conveniencias y las amistades de los escribanos, es decir, la corrupción, iban a ser ahora las del portero.

Si algo caracterizó a la política libraria de Felipe V fue la continuidad y el cambio para que todo continuase. La rigidez de las normas sobre el depósito de libros se flexibilizó ante la presión de los impresores y de los autores. Así, en 1717 se decretó que solo se entregarían tres ejemplares, uno para la Real Biblioteca, otro para El Escorial y otro para el gobernador del Consejo. Esa permanente negociación con los profesionales del libro —en este caso de Madrid— posibilitó el 29 de octubre de 1720 una real provisión que garantizaba la exención de impuestos a los libros que, teóricamente, estaba reconocida desde 1639. En este caso la transgresión a la norma la realizaban las autoridades, que obligaban ilegalmente a mercaderes de libros a pagar impuestos «por razón de alcabala, diezmo, portazgo, puente y almojarifazgo». En 1729 se recordó de nuevo la exención, y en 1734 fueron los mercaderes de libros de Zaragoza los que obtuvieron un renovado privilegio para que no pagasen impuestos en Aragón, ya que los administradores de aduanas les obligaban ilegalmente a ello.

El goteo de disposiciones respecto a la impresión y circulación fue constante, hecho que muestra la preocupación de los gobernantes por el impacto en la opinión del libro, y que las transgresiones eran más frecuentes de lo deseable. El 30 de noviembre de 1709 se promulgó una real cédula en la que se prohibía la introducción de biblias impresas en Londres en «idioma americano, que es el antiguo y nativo de la América, corrompiendo el sentido con adiciones erróneas y con depravada interpretación de los herejes protestantes». El aviso había salido del papado en Roma. La preocupación por la opinión en los territorios americanos fue constante y en 1711 se advertía en otra cédula sobre cómo los enemigos de la corona introducían «la contagiosa semilla de la defección y disidencia, esparciéndola en ellos gacetas y otros papeles, e inquietar la lealtad y fidelidad de aquellos vasallos».

El cambio más importante que se introdujo al finalizar la guerra de Sucesión fue el intento de unificar y centralizar el ejercicio de la censura previa en todos los territorios del nuevo reino de España, salvo Navarra, que había permanecido fiel a Felipe V. El auto acordado de 27 de noviembre de 1716 fue el punto de partida:

En los reinos de Aragón, Valencia y Cataluña, respecto de la unión hecha a los de Castilla, para la impresión o reimpresión de libros se venga precisamente al Consejo a pedir licencia, en la conformidad que se acostumbra; sin que se necesite los corrija el Corrector general de libros de esta Corte, por el perjuicio de las partes en dilación, mayormente hallándose los autores en dichos reinos; y por lo respectivo a los papeles, u otras cosas sueltas, que no sean libros, que se quisieren imprimir en dichos reinos, se acuda a las Audiencias de ellos por las licencias. Y siendo conveniente que los impresores no impriman ocultamente, pues por este medio, falsificándose el lugar de las impresiones, se perjudican los privilegios, y se vuelven a imprimir sin las debidas licencias; se notifique a los impresores no tengan prensas ocultas, y que no embaracen la entrada al Corrector para su reconocimiento y registro.

Al día siguiente se ordenó que las audiencias de Zaragoza, Valencia y Barcelona nombrasen los correspondientes correctores para que velasen por el cumplimiento del auto, y con una coletilla sobre la inevitable resistencia que esperaban tuviese su aplicación: «y las Audiencias le tengan muy especial de no disimular lo que se opusiere a esta orden». No hubo, pues, una homogeneización del sistema de control previo. La única novedad fue que parte de las atribuciones que tenía en materia de censura el extinto Consejo de Aragón habían pasado al Consejo de Castilla, que, a su vez, volvía a delegar algunas de ellas a las audiencias de la antigua Corona de Aragón. En este camino de ida y vuelta ganó la tendencia centralizadora frente al anterior statu quo foralista. Además, se reforzó la tendencia regalista al secularizarse a los agentes que debían aplicar la censura previa, en perjuicio de la hegemonía que hasta entonces habían mantenido censores eclesiásticos insertos en la censura civil.

Así, la mayor parte de la producción impresa de la tipografía catalana, pliegos y papeles sueltos en catalán, seguían sin estar bajo el control centralista borbónico. La concesión de Felipe V en 1718 a la recién creada Universidad de Cervera de un privilegio para la impresión y venta de las cartillas de primeras letras y los libros de enseñanza puso fin al monopolio que había tenido de facto el gremio de libreros de Barcelona hasta entonces. Las reclamaciones de los libreros dilataron la aplicación de esta medida centralizadora catalana. No fue hasta 1726 cuando la nueva universidad catalana inició el proceso de recogida de los ejemplares que los libreros almacenaban en sus tiendas y talleres, previo pago. Aun así los impresores siguieron imprimiendo esas y otras menudencias, su principal fuente de ingresos. Hubo que repetir la medida en 1729 y volver a recoger ejemplares, no sin muchas resistencias que se alargaron hasta la severa centralización encabezada por el juez de Imprentas Juan Curiel835.

Como vemos, la ley impuso que, para los libros, las licencias y privilegios pasaran a ser otorgados o denegados por el Consejo de Castilla, siendo válidos para todo el territorio peninsular de la Monarquía; no obstante, esta uniformización no acabó con las viejas transgresiones de impresores o libreros. La centralización de los trámites administrativos incentivó todavía más esas prácticas de editar sin licencia o con licencia falsa, sin aprobaciones, de editar libros cuyos privilegios pertenecían a otros, de imprimir y vender textos clandestinos sin identidad tipográfica, o publicar ediciones contrahechas. Estas últimas reediciones que suplantaban una edición legal preexistente fueron muy frecuentes para las obras de más éxito a fines del siglo XVII y durante la primera mitad del siglo XVIII. Este fraude tenía especial incidencia en los territorios de la Corona de Aragón, mucho más que en Castilla836.

No hubo, pues, una represión borbónica dirigida a la desnacionalización de Cataluña, Aragón, Mallorca o Valencia. Al contrario, la centralización administrativa para la concesión de licencias favoreció aún más las prácticas ilegales. Los impresores se vieron impelidos, por razones económicas, a evitar los inconvenientes que imponía el nuevo sistema: mayores gastos al tener que solicitar la licencia en Madrid, mayor tiempo de espera y reducción de las posibilidades de obtención de licencias para los libros más sustanciosos, ya que ahora eran disputados por todos los impresores y libreros de España. Los profesionales del mundo del libro optaron por readaptarse a la nueva presión con viejas y nuevas formas de resistencia, delictivas para el legislador, cotidianas para impresores o libreros, maestros u oficiales.

Un auto del juez de Imprentas de 1722 reconocía que se habían «impreso y divulgado en el reino de Aragón algunos libros, romances y otros papeles sin que precedan las censuras, licencias y tasas necesarias y que también se han introducido de fuera de estos reinos en contravención de las leyes». Nombró al oidor de la Audiencia de Zaragoza, José Camargo, subdelegado de la comisión de imprentas, para que velase por la obligación de licencia y tasa y no permitiese «su transgresión» ni tampoco que se imprimiesen, publicasen o cantasen «libelos infamatorios, relaciones o coplas impuras de milagros fingidos o de cualquiera otro modo malsonante». Todavía hubo que recordar el 18 de julio del mismo año que en Valencia, Aragón, Mallorca y Cataluña tenía que cumplirse en materia de libros la legislación promulgada en el auto de 1716. El incumplimiento estaba extendido no solo entre los profesionales del libro, sino también entre los encargados de velar por el cumplimiento de la ley. Así hubo que recordar que ni la audiencia ni el subdelegado podían otorgar licencia de impresión, sino el Consejo de Castilla, excepto para los impresos menores837.

El 4 de octubre de 1728 se ratificó que la ley estaba vigente. Las razones que exponían para promulgarla de nuevo tenían que ver, en primer lugar, con la circulación clandestina de críticas impresas o manuscritas a los poderes. El miedo a la opinión como preludio al miedo a la multitud de Fernando VI o Carlos III:

Considerando la facilidad con que la malicia de los mal entretenidos, ya sea por fines particulares o por venganza o por infamar con ofensivas expresiones el decoro de los tribunales de los ministros y de otras personas se atreve a dar a la estampa las obras que inventa su perniciosa inclinación, denigrativas a la opinión y la honra.

Según Iris M. Zavala, la mayoría de la producción de literatura popular en el siglo XVIII se hizo utilizando circuitos clandestinos de difusión, fuesen impresos sin licencia o papeles manuscritos con críticas a los poderes dominantes838. El problema de la circulación no controlada de los impresos menores se puso en evidencia en numerosas ocasiones desde la llegada de la imprenta a fines del siglo XV. Todavía en 1684 se andaba luchando contra lo imposible cuando en una orden de Carlos II se mandó anular las licencias concedidas para imprimir gacetas y se les obligó, tanto a estas como a las impresiones de coplas y romances de ciegos, presentarlas antes de ser impresas.

La legislación ni se respetó estrictamente con los Austrias ni tampoco con la nueva dinastía borbónica. Ya en 1716 Felipe V y sus ministros habían manifestado su preocupación por la exhibición no controlada de menudencias impresas que abarrotaban las tiendas de libreros y que vendían por doquier buhoneros y ciegos. Como ya hemos señalado, una consecuencia de la nueva legislación fue el incremento notable de la producción de estos impresos baratos en busca de rápidos beneficios, al tiempo que se ampliaba la oferta para un mercado consumidor ya existente. Pronósticos y lunarios, almanaques, letrillas burlescas, romances de aventuras, relaciones de todo tipo, etc. Pero los riesgos de los impresores y de los vendedores tenían un límite, y este no era otro que la impresión de pliegos con sátiras contra el rey, sus ministros, la corte, la corrupción, etc. Por esta razón la difusión manuscrita continuó siendo un cauce más ágil y rápido que la letra de molde. El caso más conocido fue el del Duende de Palacio, un periódico manuscrito que apareció los jueves entre 1735 y 1736, muy crítico con el ministro José Patiño839.

La sátira contraria a los gobiernos de Felipe V congregó a un número extenso de versificadores, cuyas invectivas escaparon o fueron toleradas por la censura. Esta literatura clandestina tuvo una circulación manuscrita y una difusión oral, lo que explica la importancia del gremio de ciegos recitadores. Estas letrillas anónimas que contenían quejas y protestas sociales respecto a la situación del pueblo llano y de las intrigas y conspiraciones en la corte han sido consideradas una manifestación indirecta de oposición a los asuntos de poder, pero también una forma de desahogo y de burlas. Su divulgación fue en aumento y, según Iris Zavala, incidió en la legislación censora durante los años del reinado de Felipe V. Sin embargo, si su objetivo era controlar mejor a los impresores y los escritores, la continua proliferación de papeles difamatorios puso en evidencia la debilidad del sistema censor. Los primeros gobiernos de Felipe V, el cardenal Alberoni y su caída en 1719, la renuncia de Felipe V a favor de su hijo Luis I en 1724, los ministros Ripperdá y Patiño, etc., fueron objeto de dardos envenenados, manipulados, según Egido, desde el «partido español», el permanente agitador de la opinión pública y auténtico director de la oposición al poder. El anonimato y el apoyo de otros poderosos u opositores dificultaron la capacidad represiva de la censura gubernamental. En otras ocasiones, manuscritos o impresos eran interceptados y prohibidos. En 1746, se publicó El Patán de Carabanchel, a quien el siglo pasado dio muerte la malicia, hoy resucitado, a impulsos de el gozo, escribe al Rey nuestro Señor (que Dios guarde), en el que el polémico Juan de Oviedo, conocido como fray Juan de la Concepción, aconsejaba al todavía rey Felipe V que concediese audiencias públicas y que atacase los vicios. Según Zavala, se imprimieron 4.000 ejemplares en Valladolid, y el papel fue prohibido y mandado recoger, aunque no se pudo impedir la rápida difusión de los primeros días840.

Como la real cédula de 1728 que prohibía la impresión de papeles sin licencia no se cumplía, se reiteró en 1738 acusando también a los ciegos de escandalizar al pueblo «con lo que suponen de milagros, terremotos y jocosidades que no tienen las relaciones que venden». Aunque en 1739 se distinguió lo que podrían vender los ciegos (impresos con menos de cuatro hojas) respecto a los «pobres retaceros» (más de cuatro hojas y menos de cuatro pliegos), no será hasta un auto de Fernando VI en 1748 cuando se prohíba la impresión de cualquier papel de diversión o de devoción que antes no se hubiese presentado al Consejo de Castilla. Tampoco en esta ocasión se frenó que las sátiras, impresas o manuscritas, continuasen campando por pueblos y ciudades. La monarquía borbónica fue incapaz, al menos hasta Carlos III, de controlar la opinión y tuvo que soportar el desgaste de esas críticas841.

El problema mayor de impresiones fraudulentas radicaba en la corte y era a los impresores madrileños a quienes se dirigía el cumplimiento de la exigencia de licencia y aprobaciones, que se hacía extensiva al resto del reino. Nada cambió durante esos años y era por todos sabido, como se quejaron en el Consejo en 1733, que se publicaban libros que contravenían «las pragmáticas tergiversando repetidos fraudes por no sujetarse a la corrección ni menos a la tasa»842. En 1738, ante la proliferación de impresos sin licencias y pese a la reiteración de «providencias, mandatos y órdenes expedidos», Felipe V intervino con el nombramiento directo de Juan José Mutiloa, miembro del Consejo de Castilla y de la Santa Cruzada, como juez privativo para todo lo que afectaba a las imprentas y al mundo del libro. El cambio fue importante. Las audiencias y chancillerías, jueces y justicias no podían intervenir en este ámbito como hasta ese momento lo habían hecho. Y los subdelegados de imprenta iban a ser nombrados por el juez de Imprentas, y no por otra figura o institución provincial. Un paso importante hacia la uniformización y la centralización, aunque tan débil como falso. La creación de instituciones como las Academias Españolas de la Lengua y de la Historia fortaleció la descentralización de la censura, a partir de 1755, al otorgarles la atribución de concesión de licencias de impresión para libros cuyos contenidos estuviesen relacionados con la actividad de dichas instituciones. Pero ese proceso de delegar ya se había iniciado con Felipe V. Siguiendo la práctica que había mantenido el Consejo de Indias para libros sobre asuntos americanos o el Consejo de la Inquisición para los inquisitoriales, en 1735 se ordenó que los libros y papeles que tratasen sobre comercio, fábricas, metales, etc., debían presentarse a la Junta de Comercio para poder obtener la licencia. Aunque siempre hubo alguna línea roja que no se pudo traspasar. En 1745 se prohibió al mismo Consejo que concediese licencias de impresión a textos que tratasen cuestiones de Estado, y los interesados en ello debían suplicarlo al mismo Felipe V.

Hubo una reforma tras otra, pero poco debió de cambiar la actitud de la mayoría de los impresores. En un memorial de 1741, el corrector general de libros Manuel Licardo de Rivera explicaba con todo detalle cuáles eran las tácticas de los impresores para evadir la ley: alterar la fecha de edición o poner nombres de imprentas extranjeras, incluir una fe de erratas sin esperar la certificación de licencia ni tampoco la que elaboraba el citado corrector, etc. Cuatro años más tarde el fraude continuaba, y el nuevo juez de Imprentas José de Bustamante advertía a su subdelegado en Sevilla que se habían divulgado por la ciudad «algunos libros, romances y otros papeles sin que precedan las censuras, licencias, corrección y tasas precisas, y que también se introducen otros de fuera de estos reinos».

El 18 de enero de 1745, un año antes de morir Felipe V, el Consejo seguía batallando para hacer cumplir la primera disposición que hizo el rey poco después de iniciar su reinado. Los medios para hacer cumplir la ley era insuficientes, y la realidad del día a día era más fuerte que cualquier medida legislativa. El mayor problema de las resistencias cotidianas de impresores a cumplir las disposiciones era el agravio comparativo con quienes sí las cumplían. Fermín de los Reyes refiere el caso del tipógrafo barcelonés José Pons, que en 1745 denunciaba ante el juez de Imprentas que, mientras que él solicitaba licencias, otros (Pedro Escuder y José Altes) se ahorraban todo el dinero porque no seguían los trámites obligatorios: «y al presente están imprimiendo diferentes, si ellos lo hacen de esta manera me será preciso hacerlo también como ellos, si V.M. está contento lo haga así»843.

Si los impresores se resistieron a una aceptación sumisa de la legislación, la actitud de las élites culturales españolas fue más ambigua y cambiante en función de sus relaciones con el poder. Ante las censuras hallamos críticas, pero también gestos de autocensura; ante el omnipresente poder eclesiástico se hicieron públicas declaraciones de fe cristiana; pero también se manifestaron críticas —más privadas que públicas— al clero y a la Iglesia, y ante la necesidad de reformas en ocasiones se optó por la defensa de la tradición. Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso han subrayado que durante el reinado de Felipe V se produjo el primer gran impulso de la renovación cultural del siglo XVIII:

Así, si la primera Ilustración no es la obra deliberada del rey y sus ministros, a ellos se debe, sin duda, la protección y la reconducción de un movimiento cultural de signo progresista que no hará sino consolidarse más y más a medida que avanza la centuria, de modo que Feijoo, Mayans y todos los demás hacen posible la eclosión de la Ilustración madura en tiempos de Carlos III. Y si la Inquisición sigue al acecho o si la política cultural manifiesta alguna incoherencia o alguna arbitrariedad, tales fenómenos de ninguna manera son exclusivos del reinado de Felipe V, sino que se manifestarán a todo lo largo del Antiguo Régimen844.

Antirregalismo, índices y licencias

El primer Índice inquisitorial de libros prohibidos publicado bajo el reinado de Felipe V es producto de la continuidad censora, lenta pero sin pausa, que se desarrolló durante la segunda mitad del XVII. Aunque con Carlos II no se publicó ningún índice (el último fue de 1640), desde 1660 ya se habían dado pasos para su elaboración al nombrar al consejero de la Suprema Gonzalo Bravo «Superintendente del Expurgatorio». Cinco años más tarde este cargo lo ocupó Diego Sarmiento de Valladares, que en 1669 fue elevado a inquisidor general. Los trabajos continuaron, pero las sucesivas muertes de los miembros de la Junta de Calificadores y los problemas económicos para pagar a los responsables de la redacción y para financiar la impresión ralentizaron la publicación del Índice, que ya estaba muy avanzado en 1682, cuando se reciben las primeras críticas. Juan Tomás de Rocabertí sustituyó en 1695 al fallecido Valladares. Durante sus escasos cuatro años como inquisidor general, el arzobispo de Valencia tropezó con más problemas para la publicación del Índice. En 1698 los calificadores tampoco estaban contentos con lo que ya estaba impreso en 1684, preferían reimprimir el de 1640 y añadir un apéndice. La propuesta de Domingo de la Cantolla, secretario de la Suprema, negaba esa posibilidad por tener ya impresos 186 pliegos y por lo costoso que habría sido para las maltrechas arcas de la Inquisición empezar de nuevo. La muerte de Rocabertí en 1699 significó un nuevo parón845. Su sustituto, el austracista Baltasar de Mendoza, no tuvo entre sus prioridades continuar con el polémico catálogo. Fue depuesto por Felipe V en 1701 aunque su relevo —por conflictos de competencias con el papado— no se hizo efectivo hasta 1705. Será el nuevo inquisidor general, el obispo Vidal Marín, el que ordenase la publicación del Índice, en cuyas páginas se reconocía su tortuosa elaboración. Para cerrar el primer tomo —letra K inclusive—, añadió este explícito comentario:

Aquí llegaba el expurgatorio impreso al tiempo que la muerte previno al Ilustrísimo señor Don Diego Sarmiento de Valladares, Inquisidor General; de cuya orden se daba a luz este Índice; y por evitar la dilación que causara reimprimir tantos pliegos en tiempo que tanto se desea este nuevo Expurgatorio, se ha determinado poner en el siguiente Apéndice los libros, y papeles, que de las letras impresas se han condenado en estos años; sin que esto pueda ocasionar confusión, pues en el Índice universal del principio van puestos los autores en sus propios lugares846.

Al final se había impuesto la postura de Cantolla: el primer tomo estaba compuesto con todo lo impreso hasta 1684 (letras A-K) y una adenda con las disposiciones posteriores, y el segundo incluía las prohibiciones de la L a la Z y un índice general de los dos tomos. El resultado era un rompecabezas de reglas, mandatos y advertencias anteriores a 1640, seguidos de una recopilación de prohibiciones antiguas con otras posteriores a esa fecha, muchas de ellas de libros no examinados procedentes de las listas de autores enviados desde universidades alemanas en 1680. En la primera página de la portada del Índice se exponía su filiación borbónica: Novissimus Librorum Prohibitorum et Expurgandorum Index pro Catholicis Hispaniarum Regnis, Philippi V. Reg, Cath. Ann. 1707. Y en la segunda, bajo los escudos del papa, del Santo Oficio y del nuevo rey, una orla con un título explícito y excluyente: Index Expurgatoris Hispanus ab Exmo. Dno. D. Didaco Sarmiento et Valladares inceptus et ab Illmo Dno. D. Vitale Marin perfectus. Anno MDCCVII. Los otros inquisidores generales intermedia (Rocabertí y Mendoza) eran premeditadamente olvidados. Ni siquiera en el edicto de Marín que abría el catálogo fueron citados. El 4 de septiembre de 1707 se celebró en Madrid la publicación del Índice, y días más tarde se editó una relación de dicho acontecimiento con el título de Católica, real y noble pompa que se iniciaba con un comentario sobre el proceso de (re)edición, que resumía el edicto anterior, y con las ausencias referidas847. La ceremonia siguió el mismo protocolo que se había aplicado en las celebraciones de los índices de 1632 y 1640848: «Congregándose a las diez de la mañana en las Casas del Tribunal de la Inquisición mucha Nobleza, Ministros y Oficiales del Tribunal, se dio principio saliendo a caballo, precedidos de timbales y clarines», los familiares, seguidos de cargos inquisitoriales. A diferencia de lo sucedido en el siglo XVII, en esta ocasión fue numerosa la asistencia de nobles titulados:

los señores Duques de Gandía, que llevaba el Estandarte de la Fe, y los cordones el Conde de Oñate, y Marqués de Mirabel, y Marqués de Lombay, Marqués de Villa-Franca, Conde de Montijo, Conde de Luna, Marqués de Priego, Conde de Pinto, Marqués de Fuente el Sol, Marqués de Castel-Novo, don Pedro Girón, Marqués de Cabrega, y otros Señores.

El recorrido del cortejo del gran día, domingo 4 de septiembre, fue de las casas del Consejo de la Inquisición a la plazuela de Palacio, donde fueron recibidos desde el balcón por Felipe V. Desde allí la «grandiosa comitiva» marchó al Real Convento de San Felipe, donde los agustinos organizaron el acto religioso. La misa fue oficiada por la real capilla «con todo el lleno de instrumentos y voces, que la hacen noble suspensión de los oídos». Después de comentar el evangelio y de leer el edicto del nuevo Índice, el calificador fray Francisco Blanco predicó el sermón. La Católica, real y noble pompa se realizó pocos días después del nacimiento del primer hijo de Felipe V, el príncipe Luis (25 de agosto). La breve relación concluía con esta coincidencia:

dando a la Corte uno de los grandes días que ha gozado; viendo que al mismo tiempo que el celo de un Pastor Vigilante, se esmeró en todos los medios, que conducen a mantener integra la pureza de nuestra Católica Fe, el Cielo alumbra a esta gran Monarquía con un nuevo Príncipe, que la primera función que goce por su Real Palacio, sea un Triunfo de la Fe; índice, de que como hijo del Cristianísimo felipe quinto, ha de defender la fe, exaltar la Religión y arruinar la Herejía.

Con este pomposo Triunfo de Fe el Santo Oficio exhibía su poder con todos los cómplices, civiles y eclesiásticos, que lo apoyaban ante la ofensiva regalista que habían iniciado el ministro Jean Orry y sus colaboradores. Que se utilizase la proclamación del Índice y no un auto de fe quizás fue pura circunstancia, aunque con un gran impacto simbólico contrario a la política regalista de los que rodeaban al rey. Después de unos años de tanteos y dudas, los recelos de los inquisidores se hicieron realidad con la propuesta de Melchor de Macanaz de 3 noviembre de 1714. A petición de Felipe V y de Orry, el fiscal del Consejo de Castilla planteaba reformar la Inquisición para situar su jurisdicción bajo la autoridad de dicho Consejo, además de cambiar su derecho procesal y de reducir su personal y las inmunidades de este. Sobre la censura de libros, su propuesta no era nueva849: insistía en que era una regalía privativa de la corona. Por ello consideraba necesario quitarle esa competencia al Santo Oficio, por la tan comentada y conocida contradicción que suponía que los impresos aprobados por el Consejo de Castilla pudiesen después ser prohibidos por la Inquisición. Y si no se anulaba la competencia, al menos los calificadores debían ser nombrados por el rey y, por supuesto, ningún libro podía ser prohibido por los inquisidores sin antes comunicarlo al rey y al Consejo de Castilla. Las tensiones con el inquisidor general, el cardenal del Giudice, y el cambio de política de Felipe V a partir de su segundo matrimonio finiquitaron este proyecto de reforma. Macanaz inició un azaroso exilio en 1715, antes de que se le abriese un proceso inquisitorial850.

Desactivado ese atentado al poder inquisitorial, el Consejo de la Suprema contraatacó con una progresiva reactivación de su sistema censorio que daba de lleno en la línea de flotación de los lectores reformistas y novadores: las lecturas permitidas de libros prohibidos. En mayo de 1712, el inquisidor Marín mandó una acordada en la que ordenaba que las visitas a librerías y los controles sobre mercaderes y compradores de libros se hiciesen correctamente. En diciembre ponía en alerta a los tribunales de distrito ante la introducción de libros prohibidos y catecismos herejes en el ejército. Pero ni las visitas de librerías ni la preceptiva revocación de licencias para leer libros prohibidos, después de la publicación del nuevo Índice, consiguieron poner coto a la circulación de libros condenados. Ante esa constante proliferación, el 3 de julio de 1720 el inquisidor General Diego de Astorga recordaba en un nuevo edicto las sanciones (excomunión y 200 ducados) a las que se arriesgaban los mercaderes y compradores de dichos libros851. Las críticas insistían, además, en la deficiente formación de los calificadores, despreocupados por su labor, lo que daba lugar a criterios arbitrarios y a la aplicación de prohibiciones completas de libros, sin molestarse en expurgarlos. Normativa y edictos no faltaban. Para facilitar el trabajo de los censores, el inquisidor general Orbe Larreátegui publicó un suplemento al Índice de 1707 con todos los libros prohibidos o mandados expurgar desde esa fecha hasta 1739.

El gran problema que con frecuencia se le planteaba al Consejo de la Inquisición era cómo controlar la concesión de licencias para leer libros prohibidos, que dependía en buena medida de los contactos y el contexto. En 1708 se le negó al Colegio Mayor de Santo Tomás de Sevilla la posibilidad de tener libros condenados porque según el inquisidor general Ibáñez de la Riva no había precedentes de que toda una comunidad tuviese una única licencia. Años más tarde, y bajo el mandato de otro inquisidor general, Juan de Camargo, todo fueron facilidades para que un dominico irlandés pudiese recuperar en 1721 sus 80 libros prohibidos y guardarlos en su aposento en el convento de San Pablo de Sevilla. En la lista había numerosas biblias en inglés y en francés, además de títulos de «la pretensa Reforma», que según el fraile eran para «convertir herejes de los muchos que suelen venir a esta ciudad y pueblos circunvecinos con ocasión del comercio». Los criterios cambiaban según las circunstancias y según quiénes eran los que tenían o solicitaban estos permisos. En 1729 le negaron la licencia al secretario perpetuo de la Real Academia de Medicina de Sevilla, y la razón que alegaron los inquisidores era que había en la ciudad muchos libros de todas las ciencias, además de que estaban «informados de que está el dicho señor notado de infección de sangre de judaísmo». Toda una paradoja, que ya recordó Domínguez Ortiz al referir la petición de Felipe V a su bibliotecario Juan de Ferreras para que comunicara al Journal des Savants —entre otras revistas europeas— noticias de libros científicos que se publicaran en España. La respuesta de Ferreras fue que aquí no se imprimían libros científicos dignos de mención852. En 1726 delataron al que después fuera secretario de Estado, José del Campillo, por entonces comisario de Marina en Guarnizo (Cantabria), como autor de hechos y dichos constitutivos de delitos contra la fe católica. Sus contactos le permitieron desactivar el inicio del proceso. De las cartas que se cruzó con su valedor, el fiscal del Consejo del Santo Oficio Antonio Jerónimo de Mier, se desprende que uno de los asuntos que le implicaban era la posesión de licencias para leer libros prohibidos. Él reconocía haber comprado libros de tema histórico que después fueron condenados, pero refirió: «Libros prohibidos no había oído yo que obligasen a más que a que se entregasen y esperaba que antes se preguntase si había o no licencia, que tengo yo y está tan vieja como el Señor Inquisidor General la parió, sin que yo haya usado de ella»853.

¿Cómo actuó la Inquisición ante la élite cultural, novadores o preilustrados, que podían cuestionar su poder en el sistema de gobierno de Felipe V? En un edicto de 13 de febrero de 1747 el inquisidor general, el obispo Francisco Pérez de Prado, hizo un balance de la labor del Santo Oficio para controlar el mundo del libro que bien puede considerarse un resumen de las enormes limitaciones y la escasa eficacia de su sistema censorio, pero también de cuáles fueron sus principales objetivos durante cuarenta años. Conocido por su antirregalismo y su rigorismo moral854, pudo sorprender en algunos círculos que Pérez de Prado fuera propuesto por Felipe V para cubrir la vacante creada tras la muerte en febrero de 1745 del inquisidor general Manuel Isidro Orozco Manrique de Lara. Polémicas aparte, su nombramiento se hizo efectivo en julio de 1746, pocos días después de la proclamación de Fernando VI como nuevo rey. No es extraño que el edicto de 13 de febrero de 1747 comenzase con una referencia explícita a ese año largo en que ejerció de inquisidor general sin todavía serlo:

Luego que se publicó nuestro destino al empleo de Inquisidor General, comenzaron a concurrir, como en conspiración contra nuestra conciencia, las querellas e instancias de personas sabias y piadosas sobre la facilidad de introducir en estos Reinos innumerables libros y papeles prohibidos, y el poco escrúpulo de los fieles en leerlos y retenerlos, excitando el cargo de nuestra obligación a la reforma de tan pernicioso exceso855.

Pérez de Prado aludía a una «cabal instrucción» hecha durante ese año y medio y aportaba una primera prueba de que esta situación no era nueva. Se trataba de un edicto de 1720 del inquisidor general Diego de Astorga en el que se denunciaba la lectura de biblias en vulgar y muchos libros de doctrina proscrita y condenada. Astorga había tomado la medida excepcional, pues no se había publicado un nuevo Índice, de anular todas las licencias para leer libros prohibidos. El fracaso de esta medida lo habían denunciado eclesiásticos que en ningún caso habían pedido licencia. La investigación le había confirmado a Pérez de Prado que quienes habían solicitado desde 1720 hasta 1746 licencias eran «personas laicas de ambos sexos», poco preparadas para combatir con «la triaca de la sana doctrina ni ahora luces para contradistinguir la ponzoña esparcida de los Novadores y Herejes, de que apetecen saciar su curiosidad». Su objetivo no era otro que controlar a las élites culturales del país, más o menos inquietas y curiosas con las novedades que procedían de fuera, y que practicaban todo tipo de artimañas para salvar los obstáculos que imponía la Inquisición:

A tanto llega este desorden que se piden licencias de retener los libros prohibidos del ascendiente difunto para reservarlos al sucesor, quebrantando la sabia Ley Romana que manda no se traspasen los venenos en la herencia. Y aún sin licencia ni escrúpulo alguno se despachan estos dañosos escritos en las librerías que se exponen venales por fallecimiento de sus dueños contra la Ley Natural y Civil, que prohíbe el comercio de los contrabandos nocivos a la pública salud.

Aunque para Pérez de Prado el problema, en teoría, se derivaba de la lectura de la Biblia en lengua vulgar y su libre interpretación, en la práctica —según él mismo— eran diversas las causas de tanta circulación de libros prohibidos. La primera causa era ya un topos de la leyenda negra: «los enemigos de nuestra santa Fe para extender en libros sus errores». Pero el problema, añadía el inquisidor general en el citado edicto, es que estos enemigos descubrían «secretos de gabinetes» y «máximas ocultas de la Sede Romana». La segunda causa era la proliferación de licencias no entre eclesiásticos sino entre laicos y de cómo «entienden al uso de practicarla» al leer todo lo que llegaba a sus manos con el «execrable delirio de la curiosidad» y comentarlo en tertulias y academias:

Los que leen libros prohibidos con licencia más o menos segura, aunque no traspasan a otros la licencia ni los libros, comunican en sus conversaciones libremente y sin escrúpulo, como donaires y desenfados de su propio espíritu, las sentencias y libertad de decir, que sacaron de la lectura, y hacen erudición la impiedad.

En otro edicto de 29 de agosto de 1747 Pérez de Prado reconocía, además, que la mayor calidad de los impresos foráneos, unida a la curiosidad de las élites culturales españolas, favorecían la entrada de libros en España:

Precediendo a nuestra edad más de un Siglo, en que todos saben los pocos libros que imprimían los Novadores, y de estos los raros que se introducían en estos reinos, pero después que proyectaron enriquecer su comercio con el hermoso carácter y estampería de las impresiones y lucimiento de las encuadernaciones, les ha atraído tanto el interés de esta ganancia, que es muy notoria la abundancia de libros, que cada día derraman al genio del Siglo, que se alimenta de la novedad, haciendo asunto de la sátira contra lo sagrado y profano, y adoptando por elocuencia una desenfrenada libertad, que apellidan estilo natural y desenfadado856.

En el edicto de febrero las licencias habían quedado ya revocadas y los poseedores de libros prohibidos había debido entregarlos antes del 28 de febrero de 1747. Sin embargo, en ese mismo edicto se dejó abierta la posibilidad a una nueva forma de consultar los libros condenados. Aquellos títulos que se conservaban en algunas iglesias catedrales, colegios mayores y comunidades eclesiásticas, seculares y religiosas, «con buena custodia, y atendiendo que esta retención puede ser útil y alguna vez necesaria, permitimos que puedan tenerlos bien guardados». Quedaban obligados a informar en un plazo de cuatro meses de qué libros se trataba, de cómo estaban guardados y cómo se prestaban. Conocemos el caso de un conocido jurista e historiador catalán, Josep Finestres, que cumplió con el edicto de febrero y devolvió sus libros prohibidos. Ya no se podía pedir una licencia general sino una licencia para cada libro que se quisiese leer. Finestres quedó muy afectado en su trabajo porque tuvo que entregar, entre otros títulos, el De iure belli ac pacis de Hugo Grocio, incluido en el catálogo de ese año. Tuvo que esperar unos meses, hasta el 27 de octubre, cuando Pérez de Prado le mandó por fin la licencia:

Del señor Inquisidor general recibí carta muy favorecida, en que me pedía un catálogo de los libros prohibidos que yo quisiese, y después me envió la licencia, toda escrita de su mano, con términos muy honoríficos y sin limitación de tiempo, para unos 20 tomos que le supliqué los cuales eran expresamente prohibidos por el índice y decretos modernos y algunos de ellos de la librería del canónigo Gonser, como ya lo advertí a dicho Señor Inquisidor para evitar escrúpulos857.

El carácter de los inquisidores generales, como ya apuntara Domínguez Ortiz, pudo influir mucho en la tónica de las decisiones en materia de censura de libros, pues el rigorismo de la primera mitad del XVIII se distinguió del carácter abierto de los inquisidores del último tercio de la centuria. El Índice de 1747 se inició varios años antes, siendo los jesuitas José Carrasco y José Cassani los artífices de su elaboración. Todo apunta a que su preparación fue precipitada. En un escrito anónimo enviado al Consejo se señalaban importantes fallos del catálogo que ponían en entredicho la autoridad del Santo Oficio. Por un lado, libros que habían sido prohibidos por edictos anteriores no estaban registrados, y, por tanto, se entendía que se eliminaba la prohibición. Por otro, aparecían numerosas erratas en nombres y títulos con respecto a anteriores catálogos. Por último, el mayor problema era haber prohibido libros sin examinarlos, y ponía como ejemplo los libros del cardenal Noris, incluidos equivocadamente como jansenistas858. Los errores que tanto debilitaban al Santo Oficio siempre estuvieron en el punto de mira no solo de políticos regalistas sino también de profesionales del mundo del libro que, puntualmente, negociaban con los inquisidores el cómo y el cuándo aplicar la censura. Publicado el Índice de 1747, y ante la recordada obligación de los libreros de poseer el catálogo de libros prohibidos, los barceloneses se reunieron y elaboraron un memorial que fue entregado a la Inquisición. En él daban cuenta de su pobreza y proponían al Santo Oficio que la obligación quedase cumplida con la adquisición de un único ejemplar por el gremio para uso de todos859.

Que se quemen públicamente las imprentas

Después de regresar de un viaje a Italia, el deán alicantino Manuel Martí padeció la visita en 1699 de un comisario inquisitorial a su biblioteca para comprobar si poseía libros prohibidos y los expurgados tenían los pasajes bien tachados. Detrás del enorme sufrimiento que la visita le produjo, el deán expuso en una carta a su amigo José Manuel Miñana la causa principal de la limitada capacidad de la censura inquisitorial:

Entérate de que mi biblioteca le ha sido entregada a cierto preboste (diría mejor a un mulo togado). ¿Qué ocurrió luego? Me volví loco de ira. Ordenó que se llevaran algunas obras que, según decía, necesitaban expurgarse. ¡Cómo no hacerlo! Expuse la víctima. Y aquel implacable verdugo hundió la pluma en su cuello. ¿Crees que suprimió algo de peso? ¡Quita de ahí! Fruslerías, naderías, meras estupideces, a saber, algunos elogios de varones excelentes. Apenas puedo contener el llanto. Para qué seguir. [...] ¿El recuerdo eterno de ilustres varones va a quedar al arbitrio de un fantasma ignorante de las letras? Dioses vengadores de las letras, castigad esta fechoría860.

Los obstáculos por alcanzar una libertad intelectual y un apoyo a sus trabajos llevaron al deán Martí al desaliento, que ha de relacionarse con los déficits del contexto cultural bajo el reinado de Felipe V («descuido de las letras e inerte silencio», decía el deán) pero también con sus episodios melancólicos. En 1736, un año antes de morir, y cuando ya hacía diez años que había vendido su biblioteca, escribía al portugués Francisco de Almeida, arcediano de São Pedro de France, una pequeña freguesía de Viseu, para agradecerle unas elogiosas palabras que le había dedicado en una carta a Gregorio Mayans. Su desencanto era tan triste como profundo:

Siempre he practicado el retiro y el recogimiento, y más en este país, en donde el saber algo es sambenito; el manifestarlo, escarnio; el ejecutarlo, vilipendio; y pues no hay cosa más despreciable entre mis paisanos que el saber, escogí un método de vivir, en el que profesar las letras me sirviera solo de satisfacción propia861.

Su amigo Gregorio Mayans recordó que durante los años en que el deán estuvo en Madrid tradujo del griego la Olimpiadas del romano Flegonte Tralliano. En 1728, decepcionado por las dificultades que encontró para publicarla, Martí «la rasgó y quemó con gran menoscabo de su fama, siendo casi continua su queja de haber nacido en país tan infeliz, estéril y enemigo de las letras»862. Aunque públicamente animase a los jóvenes a seguir el ejemplo de los grandes humanistas del Renacimiento (Nebrija, Vives, Ginés de Sepúlveda, el Brocense...), en privado criticaba la falta de apoyo y el desprecio que tanto las autoridades civiles como las eclesiásticas manifestaban por los estudios clásicos: «En cuanto a editar nuestras tonterías (especialmente en este país), se han venido abajo todas las esperanzas». Como siglo y medio antes había criticado Arias Montano, Martí denunciaba que los monjes de El Escorial, «grifos, inoportunos y hostiles», dificultaban el acceso a la gran biblioteca del monasterio. Sus críticas hacia pedagogos y políticos eran aún más aceradas de estos últimos le enervó que no le prestasen dinero para publicar sus Epistolae, que «si fuera para putas o comediantas (que es lo mismo), alcahuetas o gitanas (que es lo propio), o bufones, desde luego se hubiera asentido a ello»863. Pero la estulticia no era patrimonio exclusivo de los inquisidores y de los gobernantes: para Martí los frailes eran los responsables de tanta decadencia y de tanto fanatismo. Eran los instigadores incluso de la destrucción de monumentos y de restos arqueológicos romanos: «Pero ¿qué otra cosa puede suceder en un reino sometido a una panda estúpida e inerte de encapuchados?».

En 1728 José Joaquín Lorga, profesor de la Universidad de Valencia, padeció una censura de los textos clásicos (Terencio) que utilizaba en su enseñanza del latín, primero en clases particulares y después en las aulas universitarias, porque según el denunciante se podían corromper las tiernas mentes de los jóvenes. Prohibidos los textos, Martí le apoyó en una carta que denunciaba la barbarie de los incultos censores. Sin embargo, Lorga no se atrevió a hacer pública esa carta. El fracaso político y personal de Martí era el fracaso de la inteligencia en la España de Felipe V, el coste de la soledad de la razón.

Además de los extendidos comentarios sobre las escasas luces y la limitada formación del clero, las críticas más frecuentes fueron sobre la arbitrariedad de los censores. A los que se les encargaba la censura previa el padre Feijoo les sugería no confundir la parte con el todo y que «el aprobar, o reprobar el contenido de un libro, no se deja tan del todo al arbitrio del entendimiento». Y advertía que tampoco los elogios podían ser un indicador de la calidad de la obra: «Aun menos hay que fiar en los aplausos de los Aprobantes. Las aprobaciones de libros, epístolas, dedicatorias, y sermones funerales, poca, o ninguna más fuerza tienen para testificar el mérito de los aplaudidos, que las adulaciones de pretendientes». Para Feijoo el público lector era el mejor censor:

Publicada la Obra, es menester dejar pasar algún tiempo para hacer concepto de su buena, o mala fortuna. El buen despacho en los primeros días es una seña muy incierta, porque son muchos los que a los principios atrae un título especioso; y reconociendo luego el engaño, se vengan de él gritando oprobios contra el libro, y el Autor.

Si pasado algún tiempo considerable después de publicado el libro, no sale alguna impugnación contra él, téngalo V.md. por una malísima seña. Nadie, o raro le celebra cuando ninguno le impugna. Nunca está del todo silenciosa la envidia en la celebridad ajena.

Los límites entre censura y crítica parecían, a sus ojos, borrosos, y consideraba al crítico-censor un autor fracasado: «Que se meta a impugnador de otros escritores, que es la cosa más fácil del mundo». Para concluir, no sin cierto hartazgo: «Dejaré a todo el mundo censurar como quisiere, mientras yo escribo lo que se me representa más conveniente»864. Para muchos autores la ambigüedad y la ironía eran las únicas armas para sobrevivir en una España inoculada hasta la médula por el pensamiento reaccionario y por la desconfianza hacia la Inquisición inmanente.

Pero, sin duda, fue el ministro José del Campillo el que resumió con las palabras más certeras y mordaces el fracaso de la política borbónica en materia de censura en su conocido opúsculo Lo que hay de más y de menos en España para que sea lo que debe ser y no lo que es (1741). Consideraba que el problema no era la imprenta sino lo que los escritores llevaban a imprimir. En la letra E distinguía entre escritores buenos e indignos, y a estos últimos los dividía a su vez en tres: malos, malísimos y pésimos. La descripción de estos no podía ser más desoladora. Los malos no tenían instrucción pero sobre todo eran plagiadores (copiantes) cuyas obras circulaban con todas las licencias necesarias. Nadie, ni lo más selecto de las élites culturales, criticaba la «injustísima tolerancia de los aprobantes [...] teniendo aún por más insensatos a los censores que a los copiantes». Los malísimos eran escritores críticos, insolentes, con celebrados autores de épocas pasadas. Será en el pasaje dedicado a los pésimos (autores de sermonarios, obras morales, teológicas...) donde critique la censura inquisitorial:

Pues de esto hay mucho y no sirve la réplica de que se recogen muchas después de impresas, pues de esta razón fundan los que nos satirizan (y con grande fundamento en esta parte) este silogismo: «Los grandes hombres de España son los que están señalados para censurar las obras que se pretenden dar al público; muchas de ellas se recogen y aún se queman después de impresas, luego los que las aprobaron son más necios que los que las compusieron; luego los grandes hombres de España son en esta parte la misma necedad».

El despropósito que denunciaba podía remediarse con una pragmática sanción que determinase «que a todos los visibles defectos que se notasen en las obras después de aprobadas e impresas (sean estas y sus autores de la graduación y naturaleza que fueren), han de ser responsables los que las aprobaron». No había pues más salida que la reforma del sistema censorio que dependía del Consejo de Castilla; la censura inquisitorial a posteriori era prescindible una vez que se hiciese tabla rasa con lo ya indebidamente aprobado e impreso: «dando a las voraces llamas todas las que hay impresas llenas de ripio, fárrago, broza y aún de proposiciones muy perjudiciales a la nación y nada bien sonantes a la religión»865. Que en los últimos años del reinado de Felipe V se estuviese barajando recuperar la propuesta de Macanaz era algo más que una decepción, era el reconocimiento del fracaso de la política censoria y sus colaboradores.

La elección de censores en la primera mitad del siglo estuvo caracterizada por la participación de profesores, académicos y muchos eclesiásticos que eran, a su vez, autores. Además de la Compañía de Jesús, que desempeñó un papel fundamental en la censura previa, la misma República de las Letras fue también juez y parte. Si cumplía los tres principios básicos (respeto a la fe católica, a las buenas costumbres y a las regalías de Su Majestad), al impreso solo les quedaba dar muestra de utilidad, el juicio más criticado de los censores866. Porque si se aprobaba una obra inútil, como escribió irónicamente el autor del Testamento de España, flaco favor se hacía a la correcta instrucción de los súbditos: «Que se quemen públicamente las imprentas, para que se perpetúe la ignorancia, madre del servilismo y que si quedase alguna, sirva para imprimir romances, calendarios y novelas, para diversión de los ociosos»867.

En materia de censura el centralismo fue más un imaginario que una realidad. Y la anhelada uniformización, si algo favoreció, fue un desconcierto administrativo, tanto en la concesión de licencias como en el respeto por el espacio censor de las distintas jurisdicciones, sobre todo de la Inquisición, siempre presente para condenar cualquier atisbo de novedad que pudiese cuestionar sus privilegios y la identidad nacionalcatólica. Habrá que esperar al reinado de Fernando VI para que se introduzcan cambios decisivos en la legislación con la reordenación que elaboró el polémico juez de Imprentas Juan Curiel en 1752. Un nuevo reglamento que recuperaba disposiciones anteriores y que estuvo amparado e impulsado por el gobierno reformista de Ensenada. Pero ni siquiera ese cambio diluyó la desconfianza y el escepticismo que muchos de aquellos ilustrados avant la lettre sintieron ante la poderosa Iglesia y la siempre amenazante Inquisición. Todavía en 1794 Jovellanos comentaba que para debilitar al Santo Oficio, sus cimientos y sus abusos, no había más que un remedio: «Empezar arrancándole la facultad de prohibir libros»868.

La actitud de las élites culturales españolas ante las censuras osciló entre la objeción y la autocensura, entre las declaraciones de fe cristiana y las críticas al clero y a la Iglesia, entre la defensa de reformas y el respeto a la tradición y entre la ilusión y el desencanto. Que se cumpliese la legislación, esa fue la tónica bajo el reinado de Felipe V. Nada nuevo, ni el incumplimiento ni la reiteración de las normas, todo era un fluir de recordatorios de leyes y de constantes transgresiones de ellas. Han pasado treinta años desde que François Lopez llamase la atención sobre el asombroso desgobierno —en comparación con Francia— que padecieron la industria y el comercio del libro en España bajo la dinastía de los Austrias y también bajo el reinado de Felipe V869. Las investigaciones posteriores han confirmado que la fina intuición de nuestro malogrado amigo era algo más que una hipótesis. Confusión, caos legislativo o incompetencia represiva, repetidas transgresiones y resistencias cotidianas: ese fue el diagnóstico de los coetáneos y ese es el balance del historiador.

831 Proyecto «Inquisición, cultura y vida cotidiana» (HAR2011-27021) financiado por el MINECO (Gobierno de España).

832 François Lopez, «El libro y su mundo», en J. Álvarez Barrientos, F. Lopez e I. Urzainqui, La República de las Letras en la España del siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1995, pág. 75.

833 Stricto sensu, la primera medida la adoptó en Barcelona el 22 de octubre de 1701 para que se respetase el privilegio para imprimir gacetas y relaciones de noticias que tenía Juan de Goyeneche. Las referencias a las medidas legislativas en tiempos de Felipe V están tomadas de la recopilación de Fermín de los Reyes, El libro en España y América. Legislación y Censura (siglos XV-XVIII), Madrid, Arco/Libros, 2000, págs. 897-938. Además de los clásicos estudios ya recogidos en el voluminoso estudio de De los Reyes, habría que añadir trabajos posteriores como los de Ceferino Caro, «Censura gubernativa, Iglesia e Inquisición en el siglo XVIII», Hispania Sacra, núm. 56 (2004), páginas 479-511, y «Los libros que nunca fueron. El control del Consejo de Castilla sobre la imprenta en el siglo XVIII», Hispania, núm. 213 (2003), págs. 161-198, y, junto a Javier Bragado, «La censura gubernativa en el siglo XVIII», Hispania, núm. 217 (2004), págs. 571-600. Sobre las complicidades y favores y el quién es quien en el mundo de la censura previa, véase el extenso estudio de Víctor Pampliega, Las redes de la censura: El Consejo de Castilla y la censura libraria en el siglo XVIII, tesis doctoral inédita, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. Sobre las fuentes, véase Vanesa Benito Ortega, «El consejo de Castilla y el control de las impresiones en el siglo XVIII. La documentación del Archivo Histórico Nacional», Cuadernos de Historia Moderna, núm. 36 (2011), págs. 179-193.

834 Javier García Martín, El juzgado de imprentas y la utilidad pública. Cuerpo y alma de una Monarquía vicarial, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2003.

835 Javier Burgos, «Privilegios de imprenta y crisis gremial. La imprenta y librería barcelonesa ante el privilegio de impresión de los libros de enseñanza de la Universidad de Cervera», Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, núm. XV (1997), págs. 257-298.

836 F. de los Reyes, El libro en España y América..., op. cit., pág. 424.

837 Jaime Moll, «Implantación de la legislación castellana del libro en los Reinos de la Corona de Aragón», en De la Imprenta al Lector: Estudios sobre el libro español de los siglos XVI al XVIII, Madrid, Arco/Libros, 1994, págs. 89-94.

838 Iris M. Zavala, Clandestinidad y libertinaje erudito en los albores del siglo XVIII, Barcelona, Ariel, 1978.

839 Para Teófanes Egido este semanario fue el mejor ejemplo de literatura crítica antigubernamental, Opinión pública, oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713-1759), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2002, págs. 164-178.

840 I. M. Zavala, Clandestinidad y libertinaje..., op. cit., pág. 363.

841 Teófanes Egido, Sátiras políticas en la España Moderna, Madrid, Alianza Editorial, 1973, páginas 204-234.

842 AHN, Consejos, leg. 51629-2, cfr. I. M. Zavala, Clandestinidad y libertinaje..., op. cit., pág. 310.

843 AHN, Consejos, leg. 51630-3 y 5, cfr. F. de los Reyes, El libro en España y América..., op. cit., págs. 460-461.

844 Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso Mola, Felipe V, Madrid, Arlanza, 2001.

845 José Pardo Tomás, Ciencia y censura. La Inquisición española y los libros científicos en los siglos XVI y XVII, Madrid, CSIC, 1990, págs. 89-93.

846 Novissimus Librorum Prohibitorum et Expurgandorum Index, Madrid, Ex Typographia Musicae, 1707, pág. 769.

847 «Considerando la importancia, y necesidad de la reimpresión del Nuevo Índice Expurgatorio del año de mil seiscientos y cuarenta, dispuso el celo, y vigilancia del Ilustrísimo Señor Don Vidal Marín, Obispo de Ceuta, Inquisidor General en todos los Reinos, y Señoríos de su Majestad, y de su Consejo, que se continuase, la que de orden del Excelentísimo Señor Don Diego Sarmiento de Valladares, Inquisidor General, había sido principiada, con Adiciones en cada clase, y letra de todos los libros y papeles prohibidos, y mandados a expurgar desde el dicho año, y que por muerte de su Excelencia había cesado; para lo cual, aplicando su Ilustrísima, desde el principio que gobernó tan justificadamente este grande empleo, en el cuidado al cumplimiento de esta principal, y mayor obligación a personas de la mayor literatura, prudencia y experiencia, la vista y examen de los pliegos ya impresos, el Edicto del Ilustrísimo Señor Arzobispo de Damasco [Antonio de Sotomayor], de treinta de junio de mil seiscientos y cuarenta, impreso al principio del Expurgatorio de este año, y las reglas, y advertencias generales contenidas en él» (Católica, real, y noble pompa, con que el Santo Tribunal de la Inquisición de esta Corte, publicó el nuevo Índice Expurgatorio de Libros Prohibidos, el día cuatro de septiembre de este año de 1707), Madrid, Antonio Bizarrón, 1707.

848 Manuel Peña Díaz, «Religiosas pompas, sagrados estruendos: el ceremonial de la censura inquisitorial en el siglo XVII», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, serie 5, 4/1 (2012), páginas 229-250.

849 Manuel Peña Díaz, «Inquisición y cultura en la España Moderna, siglos XVI y XVII», Historia Social, núm. 32 (1998), págs. 117-130.

850 Carmen Martín Gaite, Macanaz, otro paciente de la Inquisición, Madrid, Taurus, 1975, páginas 288-292, y Antonio Álvarez de Morales, Inquisición e Ilustración (1700-1834), Madrid, FUE, 1982, págs. 66 y ss.

851 AHN, Inquisición, leg. 253, exp. 1.

852 Antonio Domínguez Ortiz, «La Inquisición y los ilustrados sevillanos: las licencias para leer libros prohibidos», en Estudios de la Inquisición Española, Granada, Comares, 2010, págs. 63-73.

853 Cfr. Isabel Martínez Navas, «El tribunal del Santo Oficio de Logroño y don José del Campillo y Cossío», Berceo, núm. 40 (2001), pág. 288.

854 José Manuel Latorre, «Rigorismo y defensa de la jurisdicción eclesiástica por Francisco Pérez de Prado, Obispo e Inquisidor General», en A. L. Cortés, J. L. Betrán y E. Serrano (eds.), Religión y poder en la edad moderna, Granada, Universidad de Granada, 2005, págs. 353-380.

855 RAH, Colección Pellicer, t. VII, ff. 550-553.

856 Index librorum prohibitorum ac expurgandorum, Madrid, Manuel Fernández, 1747.

857 Cfr. Ignasi Casasnovas, Documents per a la història cultural de Catalunya en el segle XVIII. Josep Finestres. Epistolari, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1933, vol. I, págs. 372-373; véase también Maurici Pérez, «Censura i autocensura a l’obra de Josep Finestres», Ius Fugit, núms. 13-14 (2004-2006), págs. 77-93.

858 AHN, Inquisición, 4517, 2. Marcelin Defourneaux, Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII, Madrid, Taurus, 1973, págs. 44-47 y 75-79.

859 AHN, Inquisición, leg. 2165.

860 Cfr. Luis Gil Fernández, «La España de Felipe V vista por el deán Martí», en Homenaje a Pedro Sainz Rodríguez, Madrid, FUE, 1986, vol. III, pág. 292; véase también Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, Tecnos, 1997.

861 Epistolario español, BAE-62, Madrid, Atlas, 1965, pág. 179. José Antonio Maravall, «Notas sobre la libertad de pensamiento en España durante el siglo de la Ilustración», en Estudios de la historia del pensamiento español (siglo XVIII), Madrid, Mondadori, 1991, págs. 423-442.

862 Cfr. Antonio Mestre, Humanismo y crítica histórica en los ilustrados alicantinos, Alicante, Universidad de Alicante, 1980, pág. 38; Manuel Martí, el Deán de Alicante, Alicante, Instituto «Juan Gil-Albert», 2003.

863 Carta a Mayans, 29-2-1732, cfr. Antonio Mestre, Apología y crítica de España en el siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2003, pág. 92.

864 «Algunas advertencias a los autores de libros y a los impugnadores o censores de ellos», en Cartas eruditas y curiosas, carta XII (1753), t. IV, Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, 1774, páginas 135-145.

865 José del Campillo y Cossío, Dos escritos políticos: Lo que hay de más y de menos en España / España despierta (c. 1741), D. Mateos (ed.), Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 1993, págs. 61-69.

866 V. Pampliega, Las redes de la censura..., op. cit., págs. 223-258. J. García, El juzgado de imprentas..., op. cit., págs. 354-356.

867 Melchor de Macanaz [¿], Testamento de España, F. Mendoza (ed.), Albacete, Diputación, 2001, pág. 120.

868 Carta de Jovellanos a Alexander Jardine, cónsul inglés en La Coruña, Gijón, 21 de mayo de 1794 (Gaspar Melchor de Jovellanos, Obras Completas. II. Correspondencia, J. M. Caso, Oviedo [ed.], Centro Feijoo de Estudios del Siglo XVIII – Ayuntamiento de Gijón, 1986, pág. 636).

869 François Lopez, «Gentes y oficios de la librería española a mediados del siglo XVIII», Nueva Revista de Filología Hispánica, núm. XXXIII (1984), pág. 168.

TERCERA PARTE

LA MEMORIA DE 1714 Y LOS BORBONES

CAPÍTULO 13

Esbozo acerca de los nacionalismos: una hipótesis sobre «historicismo» y «nocionalismo»870

Enric Ucelay-Da Cal

En su Pensée puede que más famoso, el sabio jansenista Blaise Pascal apuntó en tiempos barrocos a la relatividad de las percepciones. La verdad, remarcó, puede no ser la misma allende los Pirineos —desde su punto de vista, España— que aquende —o sea, para él, Francia. Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà871. De tan famosa, es hoy frase hecha, harto repetida como dicho en lengua francesa, si bien de escasa resonancia para quienes hablan castellano y no digamos catalán o vascuence.

La reflexión de Pascal, en apariencia tan flexible, era en la práctica muy rígida, pues no contempla verdad alguna sobre el Pirineo mismo, montada o —si hay más de una— montadas en la cordillera. Tampoco hay mentiras o errores. No es más que un muro, sin más sustancia que una raya euclidiana, bidimensional a pesar de ser infinita. Podría haber tenido mayor perspicacia. Nacido en 1623 en un lugar de la Auvernia que hasta 1630 fue conocido como Clairmont, Pascal fue, sin embargo, hidalgo de clara mirada francesa, no regional con diglosia en auvernés (variante de lo que hoy se llamaría occitano). Como hombre maduro, como es bien sabido, mantuvo la perspectiva propia de la famosa abadía de Port-Royal, sita en la mismísima Isle-de-France872.

Bref, para Pascal no había perspectivas relevantes en los Pirineos, ni tan siquiera en el reino francés de Navarra (aunque los Borbones franceses hacían gala de su doble corona), ni mucho menos en la Pamplona del reino navarro-español, ni tampoco en los matices de las provincias que no hablaban la langue d’oïl, lugares dependientes de la dinastía de allende los Pirineos como los Estados de Béarn, junto a la Navarra borbónica o al condado de Foix, tan fabulado en la literatura873. Como es groseramente evidente, el matemático y polemista —muerto en 1662— no tomó en cuenta, faltaría más, los condados catalanes adquiridos por la corona francesa por el tratado de los Pirineos de 1659, ni el «Principado» catalán o el fundacional condado de Barcelona, que entonces quedaron con los últimos monarcas Austrias.

Este ensayo versa sobre tales simplificaciones de perspectiva; para empezar, la tendencia a confundir territorios dinásticos con países modernos, cargados hoy de anhelos nacionalistas. Muy al contrario, se debería plantear cómo y con qué cuidado se sitúa el pensamiento político en su tiempo y espacio, entonces y ahora. Recientemente, el exitoso historiador Norman Davies ha realizado un nuevo bestseller con el tema de los «reinos desaparecidos», potencias de antaño muy significativamente definidas como half-forgotten en inglés y olvidadas del todo en su versión castellana874. Estas coronas —el «juego de coronas» que lo rodeó— fueron conjuntos de poder y/o poderes, lo que ahora, en obras escritas en el «postmoderno» paso del siglo XX al XXI, suelen ser llamadas «monarquías compuestas» por los historiadores más cuidadosos y menos embrujados por las convicciones nacionales del tipo que sea. Los politólogos, adelantados para unas cosas, son regresivos para otras y se aferran a aquella invención exitosa del siglo XIX, que fue la categoría de «Estado-nación», que, como todo acierto de moda historiográfica, parece dejarlo todo claro, pero sin hacerlo. E, historicismo mediante, se suman y se confunden los rangos.

¿Quién es legítimo?

Aquí —entre Barcelona y Madrid— hay una rivalidad por el monopolio discursivo histórico entre dos nacionalismos enemistados, el catalán y el español (o «castellano-español», ya que, del contrario, los catalanes jamás serían considerados «españoles»). Pero no es solamente cuestión de un principio de comparación, con la intoxicación de partidismo. La suposición de la falsedad flojea asimismo porque, hasta cierto punto (que ahora comentaremos mejor), los historiadores de una y otra partes son a la vez autores, creadores de discursos más o menos excluyentes o no (según quién), y además lectores mutuos, que consumen obras de ambas tradiciones y responden a ambas a la vez. Este tema, tanto si gusta como si no, es literalmente constituyente.

Peor aún, preguntar por la legitimidad de modo automático comporta la duda acerca de la bastardía. Estamos, pues, ante una batalla por la legitimidad «española» o «catalana», con exigencias de pruebas e imprecaciones mutuas. Con ello se evidencia que el nacionalismo es tan solo una forma dinámica de legitimación política. Tiene una manera determinada de expresarse, según la cual todos los signos aparecen como ancestrales, pero sus claves activas son todas participativas. La potencia del nacionalismo como apelación, por lo tanto, se muestra siempre abierta a la atracción sostenida de toda modernidad habida y previsiblemente por haber, pero con una llamada que pretende ser más antigua que cualquier otra «realidad».

Es evidente que la confrontación entre los nacionalismos español y catalán se ha planteado precisamente en su dimensión más histórica, como si el pasado definiera y dictara el presente y no digamos el futuro875. El nacionalismo historicista establece y proclama que, en algún modo, la trayectoria pasada de un territorio determina su «realidad». La existencia de un poder de antaño, de unas instituciones, resultaría una experiencia temporal decisiva y por ello trascendente de la misma lógica del paso del tiempo; es decir, dicho territorio, por haberse encontrado dotado de unas circunstancias legales en una época más o menos larga, puede —según los creyentes, debe— remitirse a ese formato, aunque sea mediante mecanismos políticos posteriores, hasta alcanzar el presente.

Pero el pasado ni define ni dicta; en todo caso, si aceptamos la personificación implícita, sugiere y lo hace de un modo modesto, con la boquita pequeña. El estudio del pasado lo único que explica —y mal, según cómo— es eso, el pasado. Todo ello nos lleva al terreno mágico de las entidades que existieron y ejercieron supremacía pero que ya no aparecen en el mapa, siempre tan claro y tan mentiroso876.

El presente ensayo pretende apuntar hasta qué punto, en la formulación de la idea de una comunidad política militantemente común o nacional, hasta nacionalista, lideró la viveza del pensamiento protestante británico y angloamericano (junto con autores que los interesados podían recolectar de otros contextos). Hasta la eclosión del romanticismo maduro, la experiencia norteamericana, del todo rupturista y de raíz en las disidencias presbiterianas, se anticipó a los discursos europeos predominantes, menos abstractos y más apegados a las genealogías de soberanía en determinados territorios.

El idioma inglés puede lograr milagros con la fluidez de su noción de self, palabra muy antigua y sin equivalencia clara en castellano, a pesar del recurso inherente hispánico entre el «ser» y el «estar», ausente para los anglófonos. Entre los siglos XVI y XVIII, si resulta de fiar el Oxford English Dictionary, la expresión self se autoconstituyó en recurso polisémico, cuyo despliegue de variaciones permitió el desarrollo de un juego de matices acerca de la interacción entre los deseos del individuo y los de la sociedad: la palabra self-born, datada al menos en 1587, para indicar el originar en uno mismo; el crucial concepto de selfhood aparece hacia 1649 (el año en el que se decapita al rey) para remarcar lo propio en un individuo, hasta el grado (segunda definción) del egoísmo, pero no alcanza el sentido de un sentir nacionalista hasta el siglo XX; más o menos por el mismo 1649 surgió self-interest, con el sentido de individualismo codicioso; self-begotten, hacia 1671, ser creación propia; self-conscious, como la conciencia filosófica de existir individualmente, que se empieza a encontrar en la última década del siglo XVII; self-government (primero, referido al control o la contención de las emociones en una persona, hacia 1734, luego convertido casi por completo en vocablo sociopolítico, pero no hasta finales del siglo XVIII). La idea de self-determination se encuentra al menos en 1683 para significar el determinar solo, sin intervención ajena, la voluntad propia; veinte años más tarde, ya indica la posesión de un self y la capacidad de actuar en consecuencia. Pero, y el matiz es crucial, no se extiende su sentido a una comunidad política hasta entrado el siglo XX. De ahí, asimismo, podemos llegar, a través de múltiples expresiones decimonónicas (muchas variaciones psicologizantes, como, por ejemplo, self-conscious, para indicar el hecho de ser vergonzoso), hasta palabras que exteriorizan las manías del protagonismo personal del siglo XX ya avanzado, como self-realization o self-fulfillment, supuestos deberes morales de cualquier ser autónomo en tiempos posteriores a la eclosión de la «modernidad».

Si bien el repertorio de palabras debería darnos pausa al realizar saltos conceptuales en el tiempo demasiado rápidos, el énfasis en el Yo, en lo propio hasta el extremo del egocentrismo, sin embargo, marca un cambio que, con lentitud pero con seguridad, se hará altamente contagioso a lo largo de los próximos dos siglos. Mirado de modo retrospectivo y por tanto simplista, se puede observar cómo la afirmación de la singularidad individual se hace plural; cómo lo que fue singular acabará por dictar la vida en plural, colectiva. Tal evolución es el paso de «las libertades» —o sea, los privilegios, las concesiones, las prerrogativas, las exenciones, los fueros dicho de modo castizo— a «la libertad», única para todos, al menos en teoría ante la ley. En verdad son dos lenguajes, bien diversos; uno historicista (y por ello arcaizante, pero «mágico»), el otro moderno, más todavía articulador de la modernidad (pero «religioso», de una fe secularizada, cívica). La diferencia discursiva se hizo crucial en la ya proverbial «época de las revoluciones» de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Hablar de la suma de «constituciones» no es lo mismo que de la «Constitución», aunque sea de sus enmiendas y matices pendientes.

¿«Estado-Nación» vertical o «Nación-Estado» horizontal?

El debate nacionalista españolista-catalanista tiene un sentido contrapuesto. Se constatan dos grandes tradiciones políticas que determinan la lectura del pasado en función de la justificación política del presente. Una afirma la vigencia de la «Vieja Ley» (o las «Viejas leyes»), de la «Antigua Constitución», de aquella secuencia de normativas que reconocen las «libertades» de un lugar —ciudad, principado o reino— cuyos privilegios (o fueros) quedan así demostrados. La otra enfatiza el papel central del príncipe y su Casa, su descendencia a lo largo del tiempo, que así ofrece prueba fehaciente de la trascendencia de un lugar a través de su señor, del mando y su raza heredera («casta o calidad del origen o linaje», según la Real Academia de la Lengua, organismo «felipista» o borbónico donde los haya, fundado en 1713 con evidente emulación afrancesada y puesto bajo la regia protección el año siguiente).

Uno y otro discurso apuntan en direcciones contrarias. Es de esperar, y no debe provocar simplificaciones.

Insistir en la vigencia eterna de la «Vieja Ley» es enfatizar casi por definición la ciudad, la polis y su politeia resultante, la civilitas de la urbe fundadora, que pervive a través del tiempo. En muchas partes, incluida por ejemplo Inglaterra, el recurso a la «Antigua Constitución» constituye la permanencia del lugar, por encima de cualquier fuerza terrenal alternativa877. En este esquema, la parte siempre aventaja —al menos moralmente— en trascendencia al conjunto, que le supera tan solo por el consentimiento de los propios determinados por la territorialidad que cubre la ley.

En directa contraposición, se asienta la idea de «Majestad», incluso la misma corona física que en oro labrado imita el nimbo luminoso que se supone envuelve las sienes del jefe divinizado. El poder, se indica así, es un todo que puede más que cualquiera de sus partes componentes878. Al consolidar los historiadores románticos la idea del «Estado-Nación» —o de la «Nación-Estado», pues no son lo mismo, aunque se parecen como ahora explicaremos— como algo que nació ya maduro, en el Renacimiento, con lo que se daba sentido (y alcurnia) al proceso inventivo de «las revoluciones» de la segunda mitad del siglo XVIII, se pudo pronto comprobar que la nueva entidad tenía dos genealogías, para nada compatibles.

La historia del «Estado-Nación» podría resultar obra de los «grandes hombres» de una dinastía, en el mejor sentido del escocés Thomas Carlyle y sus seguidores879. Su fuerza armada, sus regimientos o buques, ha resultado la mayor demostración de su ser, si es posible inquebrantable. El «Estado-Nación», como ha sugerido el historiador Ricardo García Cárcel al tratar la problemática hispana, es concebido como un ente vertical, lo que asegura y aporta la solidez necesaria para que la potestad sobreviva en un mundo cruel880. Desde el ejercicio del poder, monarcas (o, en su lugar, regentes) habían sido forjadores históricos de tales entes —o de la amalgama de sus antecedentes— al calor de los golpes de regio martillo. Cuando ha «faltado» la dinastía que cálidamente moldee el quebradizo hierro frío en cálido y flexible acero de «Estado-Nación», entonces abundan las quejas que por doquier aparecen en los libros de historia como ausencia teleológica: en los Países Bajos, los borgoñones deberían haberlo fraguado, a pesar de las «constituciones» de condados y ciudades881. Su falta es una tragedia de la historia nacional, que se convierte en componente del discurso del nacionalismo historicista.

Pero los partidarios de las «Antiguas Leyes» se muestran muy contrarios y contrariados. Para ellos, el ideal a ser concebido y discurrido sería la «Nación-Estado», flexible ente horizontal, en la mirada plástica de García Cárcel, cuyo soberano —¿ideal?— considera la variedad de sus normas jurídicas y de sus asambleas la mejor expresión de la riqueza de sus países o territorios. Desde este punto de vista, no gusta para nada el excesivo protagonismo del rey como personaje —y menos como jefe militar o caudillo— cuando debería servir de suave testa coronada de un conjunto con intereses económicos contrapuestos. En una de sus Pensées más conocidas, el jansenista Pascal observó que:

La costumbre de ver a los reyes acompañados de escolta, de tambores, de oficiales y de cuantas cosas mueven la máquina del respeto y del terror hace que sus rostros, aun cuando están solos y sin acompañamiento, provoquen en sus súbditos respeto y miedo ya que no sabemos separar en nuestra mente a su persona de su séquito, que, por lo general, aparecen juntos. Y la gente, que ignora que este efecto viene de esa costumbre, cree que procede de una fuerza natural. Y de ahí nacen esas palabras; el carácter divino está impreso en su semblante, etcétera882.

En efecto, los príncipes son siempre agasajados, pero los soldados nunca son bienvenidos, excepto en tabernas y burdeles; si son enemigos recientes sin una victoria absoluta a sus espaldas, ni por esas. No es cuestión de sus orígenes, pues en aquellos tiempos de unidades mercenarias la soldadesca solía casi por definición ser tropa ajena: el problema es que están aburridos, se emborrachan, se pelean entre sí, seducen a las mozas del lugar si pueden, dan palizas a quien encuentren a su paso cuando están bebidos, que es con frecuencia. No debía de haber buen rollo de fondo, y menos si ahora los «afrancesados», fueran quienes fueran, pretendían mandar. La nostalgia por los Austrias se entiende, por mucho que se hubiera jurado fidelidad en Cortes catalanas a Felipe V (Felipe IV de Aragón) a su llegada a Barcelona en 1701. La tentación por lo bueno conocido se impuso a la novedad no agradable (y también acreditada, aunque no fuese ni reputada ni amiga)883.

La ley general tiene siempre unas fronteras, que marcan sobre mojón los límites del poder de unos y otros. Pero también ser rey tiene sus matices territoriales, en una lucha política permanente e incesante. Como famosamente observó el gran sociólogo alemán Max Weber, en su conocida conferencia acerca del Politik als Beruf, impartida el 28 de enero de 1919, un año y medio antes de su muerte:

En todas partes, el desarrollo del Estado moderno tiene como punto de partida la voluntad del príncipe de expropiar los poderes «privados» independientes que, a su lado, detienen una potestad administrativa, es decir, todos aquellos que son propietarios de los medios de gestión, de los medios militares, de los medios financieros y de todos los tipos de bienes susceptibles de ser utilizados políticamente884.

Por supuesto, ambas tradiciones mienten; y cuanto más, mejor. Los reyes —o, mejor, sus muchos voceros, con frecuencia no autorizados— afirman una «España» única cuando su imperio era bifronte. Es «nuestra República», que rezan los comentaristas castellanos, con frecuencia con el sentido estrecho de la concepción de la elusiva «cosa pública»885. Una mitad del conjunto era abierta y atlántica, y agregaba las Castillas con las Indias, la mirada puesta en la corona de un modo asaz conocido; la otra parte, adosada, era recogida y mediterránea, y repartía el juego de los mares baleárico y tirreno, con el ligur como frontera naval interna, entre las entidades de la Corona de Aragón, que incluían Cerdeña con voz y voto en el Consejo pertinente, en compensación por las disidencias y disensiones catalanas, con los territorios restantes compartidos en el Consejo de Italia entre las dos coronas, es decir, Sicilia, Nápoles, el Milanesado, más los protectorados en la Península itálica, según dónde y cuándo886.

En frontal contraposición, las Cortes de cada trozo de la Corona de Aragón exhiben sus manías con orgullo y disponen de narradores para justificar su particularidad frente a la presión unificadora de la corona887. Mientras tanto, los partidarios de la corona siempre estaban al acecho de argumentos que impusieran una lógica universal, supuestamente igual para todos. Las experiencias harto amargas de mediados del siglo XVII —la secesión exitosa de Portugal, la vinculación de Cataluña a Francia, la revuelta de Nápoles— ponían coto a las exageraciones, de modo relativo888.

La interacción de la religión y de la magia

Resulta un tópico en la historia de la ciencia la idea de que la culminación de las guerras de religión —los historiadores políticos o político-sociales apelarían a la ya algo gastada noción de «la crisis del siglo XVII»— trajo consigo la desaparición de la magia y el triunfo de la llamada «revolución científica»889. Pero, como precisamente descubrió la Ilustración (Antoine Lavoisier, con la inestimable ayuda de su mujer Pierrette Paulze, para ser más concretos), en un cambio químico no se pierde nada (no desaparece el supuesto «flogisto»); la materia se reorganiza de otras formas, nada más. No se suele tener en cuenta que con las «verdades» y «lealtades» de la vida política, social o religiosa, que forman un todo, sucede lo mismo. Una «revolución» no es más que una demostración de la capacidad de difusión y contagio de cambio que tiene una metáfora en acción.

Con el romanticismo decimonónico, la relevancia social del historiador creció como consecuencia directa de su función cada vez más exaltada. Como tal historiador, se había convertido en el otorgador de la legitimidad política a largo plazo. El liberalismo europeo, menos exaltado, «moderado» por utilizar el término español, se situó frente al concepto explícitamente antinacional-historicista que marcó la causa independentista norteamericana. Esta se basaba en la noción de la capacidad colectiva de autodeterminarse, acto que realizaba el conjunto igual que el individuo. Probablemente, tal criterio activo y doctrinal se consagró en el llamado «Gran Despertar» angloprotestante en las Américas de la primera mitad del siglo XVIII. Se estableció, con el relativo debilitamiento estructural del presbiterianismo, gracias tanto a la efervescencia teologal espontánea —recuerdo de la protesta «disidente» en la revolución inglesa—890 como a la influencia del creciente discurso congregacionalista, o sea, el derecho al «separatismo» de cada núcleo de creyentes —cada «congregación»— de acordar sus creencias, del mismo modo que cada persona fijaba de modo autónomo su vínculo de fe con su supremo creador y así establecía su salvación eterna, de modo contractual.

Visto desde el mundo católico, esta perspectiva era una aberración monstruosa, la negación de la salvación mediante la institución divina que había de encargarse, con superior criterio, del tema de la salvación del alma eterna de todos y, además, de regir las buenas obras terrenales que ayudaban a pasar menos tiempo en el purgatorio y avanzar con mayor rapidez hacia el cielo y la presencia divina. El Concilio de Trento, que vertebró lo que el romanticismo bautizaría «la Contrarreforma» (el término se suele atribuir al historiador romántico alemán Leopold Ranke, de quien ya se hablará más adelante), recogió la función de la experiencia acumulada por la Iglesia romana —la plasmación de los creyentes divinamente reconocidos— en el paso del tiempo, con sus errores institucionales superados en la balanza de la justicia final por sus aciertos. Dicho en breve, la institución se responsabilizaba del individuo —de toda persona habida y por haber— gracias a la historia universal (pues eso significa —es bien sabido— en griego katolikós).

Así, por analogía entre el mundo espiritual y el material, el poder para gozar de sanción divina tenía pasado reconocido, o historia. La transformación de las instituciones hacia el gobierno más absoluto —la tesis de los Estuardo, explicitada en la True Law of Free Monarchies de Jaime VI de Escocia y I de Inglaterra, publicada de forma anónima por primera vez en 1598 llevaba casi inexorablemente hacia el catolicismo, fuera en el sentido de la iglesia regalista anglicana como «católica» (tal como sucedió con Carlos I) o en el sentido de ir hacia una conversión al papismo (como hizo in articulo mortis Carlos II de Inglaterra y antes y bien vivito su hermano y heredero, Jaime II)891. La llegada de Jaime al trono amenazaba con poner patas arriba todo el último siglo y medio en los reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda.

Peor todavía, existía un ejemplo ajeno, nada edificante para ojos protestantes, en Suecia892. Gustavus Vasa rompió la Unión de Kalmar (la corona sueca junta con las de Dinamarca y Noruega, desde 1397) y se proclamó jefe luterano de la Iglesia en Suecia en 1526-1527, de modo coincidente con el saqueo de Roma y el enfrentamiento del papa, Clemente VII, un Medici, con los Colonna, una de las grandes familias en la Santa Ciudad. Es decir, Gustavo I de Suecia antedata la famosa ruptura regalista de Enrique VIII de Inglaterra en conflicto en 1534 con ese mismo torpe Clemente VII, a resultas de la cual establece la Iglesia anglicana. El rey Vasa de finales del mismo siglo prefirió, tras 1587, seguir el camino de ser monarca electo de Polonia-Lituania como Segismundo III, y ejercer de católico y activo partidario de la agenda del Concilio de Trento, que aceptar el luteranismo casero en tierras suecas, a cuyo trono accedió en 1592. El conflicto alcanzó el punto de la invasión y guerra en 1598, con su derrota y captura por su tío, el duque Carlos. Segismundo fue depuesto por el Riksdag o parlamento en 1599, institución que, en 1604, finalmente proclamó al duque y regente como rey Carlos IX, legítimo y —qué duda cabe— protestante. En Polonia, Segismundo o Zygmunt III siguió hasta su muerte en 1632893. Las guerras sueco-polacas duraron, de un modo más o menos continuo (con las previsibles interrupciones), de 1563 a 1721. El heredero de Carlos, al morir este en 1611, fue su hijo, el famoso Gustavo Adolfo, que murió en batalla, también en 1632894. La hija del monarca guerrero fue la notoria Cristina, nacida en 1626, quien escandalizó al mundo protestante con su conversión al papismo en 1654, con evidentes influencias españolas. Tras su abdicación, la exreina estableció su residencia en Roma, pero tuvo idas y venidas (hasta volvió brevemente a Suecia, para acabar por realizar una segunda renuncia al trono) antes de morir en 1689, de vuelta, en la Ciudad Santa895.

Todo este lío dinástico sueco-polaco de los Vasa coincidió con el desarrollo revolucionario y de restauración de los Estuardo. A cualquier anglicano con sentido común el relato, por muy mal que se conociera, le servía para poner hasta los pelos del pelucón de punta. Con la llegada de Jaime II al trono como católico, la situación religiosa y constitucional surgida era morrocotuda, tanto en Inglaterra como en Escocia, por la contradicción en la jefatura de la Iglesia establecida. En Irlanda, las posibilidades eran todavía más abiertamente preocupantes, excepto para la mayoría católica. Se debe recordar que la revolución inglesa, en los comunes, nació de un tema eclesial, con las pretensiones del desafortunado obispo Laud, decapitado antes de que lo fuera su Real Amo896. Tras dos guerras civiles, varias revoluciones y la efectiva supresión del parlamento por una dictadura militar en forma de regencia o «protectorado» (planteamiento histórico, no innovador) se llegó al equilibrio con Carlos II, pero la sucesión nueva era imposible. Se intentó, mediante una «Ley de exclusión», frenar el acceso del hermano del rey al trono, con lo que la relación de la corona con el parlamento, en especial los whigs en los comunes, estuvo en abierta crisis entre 1679 y 1681. No tuvo éxito el complot de Rye House en 1683 que contempló la muerte de Carlos y Jaime. Los excesos facilitaron el camino al duque de York, al morir el rey en abril de 1685. Entonces fracasó en la primavera-verano de 1685 la revuelta del duque de Monmouth, hijo ilegítimo de Carlos, pero protestante acérrimo, con una contundente respuesta jacobea. En paralelo con la represión, la respuesta regia fue hábil: Jaime propuso romper el establishment por sus extremos, es decir, establecer una meritocracia (término muy anacrónico) en la que tanto católicos como «disidentes» tendrían oportunidades de reconocimiento y ascenso. Pero, dada su postura ante los presbiterianos más duros en Escocia, nadie le creyó. Se resolvió el dilema mediante la «Gloriosa Revolución» de 1688, con la formulación del Bill of Rights de 1689 para que los comunes reconocieran el poco delicado cambio de la corona, de padre a hija y yerno holandés, devenidos María II y Guillermo III.

De modo puede que meramente coincidente, la «Gloriosa Revolución» tuvo su paralelo en las colonias inglesas de América, si bien, muy curiosamente, la narrativa historiográfica estadounidense tozudamente excluye la dinámica anterior al tratado de París de 1763, el fin del Canadá francés, y todo comienza en clave de revolutio ex machina897. La tradición historiográfica decimonónica —notablemente la figura de Francis Parkman— enfatizó la lucha de los ingleses protestantes contra los franceses católicos898. Hubo, sin duda, cierto whiggism inicial en la América inglesa, en todos los sentidos del término, sentimiento marcado por la rebelión contra el gobernador Sir Edmund Andros y la «Dominion of New England», impuesta por la Corona de 1686 a 1689 en imitación de las «United Colonies of New England», que de 1643 a 1684 se habían autoconstituido y más o menos funcionado, con altos y bajos899. De ahí, con el tiempo y las ganas de disputa, se llegó a las tesis cada vez más rupturistas de las asambleas provincianas de las colonias americanas, que cuestionaban el predominio histórico del Parlamento de Westminster presidido por la corona y exigieron su libre albedrío, en la forma de alianzas de reinos (o colonias), para acabar sin corona reunidos en Congreso Continental alternativo al británico900. La Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, vaya901.

Ello significó una nueva revolución y la consagración literal de la noción de ciudadanía, sin historias ni historia. Atrás queda la retórica gastada de los derechos inherentes al freeborn Englishman, al «libre súbdito de Su Majestad»902. Se admiten antecedentes históricos, pero a la vez se anuncia el «comienzo de la historia», al menos en cuanto a los interesados. Era, en resumen, lo que se podría llamar una nacionalidad nocional, que dependía del derecho natural (como derecho divino) y no del pasado, fuera el que fuera. Así se vislumbra en las revoluciones británicas de los siglos XVII y XVIII que además de en las importantísimas colonias inglesas en Norteamérica (con sus muchos asentadores escoceses), y en la política agitada, no ajena del todo a lo que sucede en Gran Bretaña, que derivará en los eventos que, acerca de su naturaleza republicana, repetidamente sacuden a las Provincias Unidas de los Países Bajos, en concreto los conflictos respecto de la jefatura de su peculiar sistema y su carácter o no dinástico, con el reflejo que ello pudo tener en el pensamiento político903.

En este ámbito surgirá una percepción muy diferente, que solo triunfará de lleno en la Norteamérica británica, con su revolución y guerra de Independencia de 1775-1783 y sus dos constituciones (los «Artículos de Confederación» de 1777 y la federal de 1787, «la Constitución» por antonomasia). Esta experiencia resultó costosa, pues los perdedores, muchos en número, en su mayoría anglicanos estrictos, emigraron al Alto Canadá904. Pero fijó una idea excepcional, literalmente constituyente, que sería la nación y la nacionalidad nocional905. La cosificación nueva, inventada, a la que se suman las muchas identificaciones de quienes gozan de voz política en mayor o menor grado, rechaza cualquier otra historia que no sea la suya, en proceso de construcción. Por muy excepcional que fuera este sentimiento nocional, ejerció una función ejemplar, como modelo. Así, el nacionalismo nocional mostró ser influyente incluso allá donde ni caló ni podía calar por razones religiosas. No es esto para nada un juego de palabras, aunque pueda, según cómo, parecerlo.

En sus Notes on the State of Virgina, escrito hacia 1781-1782, Thomas Jefferson resumió muy claramente la construcción del consenso y su relación con el pasado reciente:

Los primeros pobladores de este país eran emigrantes de Inglaterra, de la Iglesia inglesa [anglicana], justo en aquel momento del tiempo cuando se sintió vigorosa con la victoria completa sobre los religiosos de todas las otras creencias. Poseídos como estaban de los poderes de decisión, administración y ejecución de las leyes, mostraron igual intolerancia en este país [Virginia] con sus hermanos presbiterianos que habían emigrado al gobierno del norte [se sobreentiende la Nueva Inglaterra].

Los anglicanos retuvieron plena posesión del país alrededor de un siglo. Otras opiniones comenzaron entonces a aparecer, y dada la gran atención del gobierno para apoyar su propia Iglesia [establecida], habiendo engendrado un grado igual de la indolencia de su clero, unas dos terceras partes de las personas se habían convertido en disidentes [protestantes separatistas] al comienzo de la revolución actual. Las leyes de hecho eran todavía opresivas hacia ellos, pero el espíritu de una de las partes se había amainado en la moderación y el del otro se había elevado a un grado de determinación que imponía respeto906.

Queda bien claro el criterio fundacional de la validez de la separación religiosa, que —con mucha simplificación teologal, debo admitir— es la base del criterio puritano y congregacionalista que Jefferson, aunque deísta, asume. Hay implícita en sus palabras una confianza en el antinomianismo, estrictamente el criterio de que la ley moral humana no tiene fuerza frente a la obligación de salvación individual mediante la fe, pero que incluyó, en la dinámica norteamericana del siglo XVII, una profunda desconfianza frente a cualquier vinculación entre Iglesia —la que sea— y poder.

Jefferson escribía esto cuando se debatía la nueva constitución del Old Dominion de Virginia y él defendió que, igual que se había hecho en Pensilvania (por el origen cuáquero del asentamiento) y Nueva York (por su fundación holandesa, con el predominio del antiguo estilo presbiteriano de los Países Bajos), no hubiera criterio religioso de Estado de ningún tipo, a exclusión del ateísmo907. Los ejemplos de los otros estados citados eran elocuentes, aseguró Jefferson:

Ellos [Pensilvania y Nueva York] ya no son perturbados por disensiones religiosas. Por el contrario, su armonía no tiene parangón, y únicamente se puede atribuir a su tolerancia ilimitada, porque no hay ninguna otra circunstancia en la que se diferencian de todas las naciones de la tierra. Afortunadamente han descubierto que la manera de acallar las disputas religiosas es no hacer caso de ellas908.

Si el antinomianismo era una salida —digamos, en lenguaje secular actual— por «la izquierda», una opción atractiva a puritanos estrictos y hasta a baptistas, la culminación del argumento jeffersoniano delata una opción contraria, pues insinúa el arminianismo, la doctrina del teólogo de la Iglesia reformada neerlandesa Jacobo Arminio, quien a finales del siglo XVI avanzó la negación frontal a la estricta predestinación calvinista, pues si Dios todo lo sabe y es amor infinito, cómo puede condenar ni siquiera a la más miserable de sus criaturas. En resumen, pues, Jefferson ofrece la disciplina como el deber propio de cada persona, libre del control del Estado en su fuero interno, pero al mismo tiempo abriga un optimismo de fondo sobre el resultado final, todo, por supuesto, en un marco en el cual si a uno no le gusta una situación, institución o ciudad, puede marcharse a buscar otra, dentro del conjunto, que resulte más a su gusto.

Tal como se estipuló en sus inicios, un norteamericano es ciudadano por su lealtad jurada a unos principios inherentemente divinos, no por rango, ni antecedentes de tipo alguno, al menos en teoría (dejemos de lado las hipocresías con los indígenas, previos a los que se asentaron desde las Islas Británicas, o con los africano-americanos). La historia no contaba, la palabra dada a la patria naciente, sí. Expresa, explícitamente, los valores de un «Mundo Nuevo» frente a otro «Viejo» y caduco. Por ello, en su utilidad, en su provecho, se debía creer. ¿Para qué sirve la historia excepto como fuente de ejemplos (probablemente malos), que pueden ser tanto del reciente pasado inglés, como del mundo israelita gracias a la Biblia, como del romano, a través de la lectura de los clásicos, un contexto más claro y útil que los conflictos de las ciudades helénicas?

La ciudadanía derivada del hecho inicial, punto cero, la ruptura revolucionaria de 1776, significaba el consenso decisivo, literalmente, una implícita religión cívica, si bien en la politología estadounidense existe también —sobre todo en la clásica formulación del conocido politólogo norteamericano Robert Bellah— la posibilidad de una «religión civil» genérica, que sería explícita909. A este juego de religión cívica y/o religión civil —si se hace lo que se ha argumentado es un ejercicio de «teología constitucional»— parece más adecuada la denominación de nacionalismo nocional, en el sentido de que, al contrario de las costumbres continentales europeas, no requiere más explicación que su misma existencia, la noción de ser nación910.

El antinomianismo —el peligro del Estado como anticristo— queda así templado por la esperanza que aportó el arminianismo, todo en nombre de la tolerancia y consagrado secularmente por la experiencia del «patriotismo», de la lucha revolucionaria misma. El sentido histórico de la nación, el nacionalismo histórico, que dominó en la Europa liberal, no tuvo nada que ver con estas metas.

La idea de fondo a valorar, por tanto, es que las revoluciones atlánticas de los siglos XVII y XVIII, que tocan pero no enraízan en tierras de habla hispana, ni tan siquiera cuando impactan de lleno en el XIX, dividieron la percepción acerca de la filiación ideológica nacional de dos modos, uno, nacionalista en su nacionalismo, en la Norteamérica anglófona convertida en Estados Unidos, y otro que opera —con enfrentamiento pero sin dificultades para su comprensión— en la Europa católica y sus dependencias de ultramar, así como en los reinos europeos continentales del norte, que en puntos y períodos alcanzaron al Caribe y África (los daneses, los suecos, los prusianos). Este segundo espacio es el terreno propio, abonado, del nacionalismo histórico y su encanto mágico.

Este fue el tremendo problema del jacobinismo, ya que, quisiera o no, era de raigambre católica, por muy ferozmente anticlerical que se manifestara. Tal base doctrinal significó que la nación dependía de un algo histórico que diera sentido a la salvación terrenal mediante la razón, más o menos deificada. Este algo histórico no podía ser la corona, como se fundamentó en la Constitución de 1791, tocada de muerte por ser proclamada en septiembre tras la frustrada huida regia parada en Varennes el junio anterior, lo que facilitó, un año más tarde, la aprobación de la flamante carta, el paso a la República con vestimenta neoclásica, a la romana más que a la ateniense, y, por supuesto, a la supresión de la familia real. Sin dinastía no había fronteras, hasta entonces, ni tampoco formas de representación que le contestaban, aunque fuera a su convocatoria. Se reinventaron entonces dos ideas antiguas, las que se redefinieron gracias a la historia, o sea, el poder de permanente distorsión y alteración recontextualizada o recontextualizadora que aporta sin fallo la historiografía.

La misma colectividad se hizo dinástica toda ella: era nación, de natio, «nacer», «ser descendencia», «tener abolengo», que ahora era colectivo. Por supuesto, la clave estaba en una pista que, de modo muy contemporáneo, aportaron los norteamericanos con sus propias manías. En pleno proceso de superar los artículos de la Confederación de 1777 y reemplazar tan disperso sistema con algo más convergente y federal en un nuevo sentido, plasmado en la constitución de la Unión de 1787, los flamantes estadounidenses se dotaron de «libertad», como lema unitarista. Como bien se sabía en la Europa continental con sus historias, «Libertad» en singular resultaba ser la negación de «libertades» en plural, como sinónimo de «derechos», «privilegios», «fueros» y demás matices legales de instituciones varias, personajes de rango, territorios y una multitud de instituciones de hecho y de derecho. Pero, con las Luces y el retroceso del oscurantismo, gracias a la razón, la naturaleza se descubría sencilla, luego igual para todos, producto de las generaciones que sucesivamente habían poblado la tierra y sus territorios. Las generaciones de la humanidad eran genuinas, y no la farsa teatral, coronada, que se representaba en el vano y mundanal escenario que era la herencia de tiranos, de quienes habían usurpado el ser de todos y se lo habían reservado como posesión suya. Las injusticias habían dado formas arbitrarias al terreno, pero la historia serviría para desvelar lo falso y lo auténtico.

La nación por sí sola era una suma de personas, vínculos y familias, además de labores, esfuerzos y propiedades dignas por ser el fruto del sudor. Algo más hacía falta para aguantar esta realidad. Bien, no por nada, el «Tercer Estado» estaba poblado de abogados y de publicistas, además de curas con ansias de colgar sus hábitos. Si existía en la naturaleza el derecho natural, el acceso humano a la razón había de hacer visible la parte positiva (valga el anacronismo) del juego de injusticias y privilegios infundados, históricos ambos, que era la tiranía usurpadora o monarquía. Pero tras la fastuosa fachada debía encontrarse la solidez del gobierno representativo, o sea, el «Estado».

«Estado» y «nación», por fin juntos, serían la radiante revelación del romanticismo, naciente y endeble. Por supuesto, luego vendría el genio del militar, Napoleón, que haría, con «la gran nación» la esperanza de la humanidad (continental europea) entera, su antojo a la vez deslumbrante y tiránico. Las lecciones de la historia ya ofrecían antecedentes para la meditación: el fulgurante Alejandro Magno había dejado atrás las libertades de las ciudades helénicas, igual que Julio César y su sobrino Augusto hundieron la República de Roma en una divinizada dictadura militar que llamaron «Imperio», como el que tanto inspiró a Bonaparte. De ahí la acción inspiradora de un Washington, retirado a su plantación, o de un San Martín, autoexiliado del país que él creó. Atrás quedaron héroes guerreros coronados, que tanto fascinaron «El Siglo de las Luces», como Carlos XII de Suecia o Federico II de Prusia. Como dijo del rey sueco el ácido Voltaire: «il a porté toutes les vertus des héros à un excès ou elles sont aussi dangereuses que les vices opposés»911.

Nacionalismos de historiador

El hecho de que en la historia europea hayan existido «potencias» da un nivel de plausibilidad a la idea del «nacionalismo histórico», siempre según sus adeptos. Así, la vigencia de un reino o conjunto de reinos, principados y ducados en un tiempo lleva a la vigencia ulterior de ese espacio como «nación» Para contar la «nación-Estado» estaban listos los historiadores de toda la Europa romántica, ávida tras guerras ininterrumpidas y cambios mareantes, a un modo de percibir la vida en común que fuera estática (de statis en griego viene «estado») pero que reflejara las peculiaridades y particularidades de cada lugar, desde el caos del Völkerwanderung, el «viajar de los pueblos» que hundió el mundo antiguo pero sentó las bases de la flamante actualidad decimonónica.

Por supuesto, esta visión nacional ganó mucha más fuerza en el Romanticismo, con el nacimiento de la historiografía moderna. La presunción de una base histórica ha vertebrado la construcción del nacionalismo francés desde la larga etapa revolucionaria de 1789-1815 y en las etapas decimonónicas menos y más liberales, según las circunstancias, hasta la relativa consolidación de la III República después de 1879. No solamente historiadores sino otros profesionales, como los geógrafos, reforzaron la noción de un «destino nacional» en el espacio, habitualmente denominado «el hexágono» y que supuestamente era configurado por «las fronteras naturales de Francia»912.

Ni que decir tiene que otros nacionalismos de construcción macroestatal, de pulsión acumulativa o anexionista, utilizaron el mismo tipo de discurso —y las mismas inspiraciones y fuentes— a lo largo del siglo XIX. Así, se impulsó intelectualmente, a la vez que en las cancillerías y los campos de batalla, la «unificación» de una Alemania entendida como patria de todos los alemanes, del río Meuse al Memel, como reza la letra del himno nacionalista germano. Así, el geógrafo —y «geopolítico»— Friedrich Ratzel pudo respaldar el empirismo de Ranke913.

El reino de Prusia —es bien sabido— supo, gracias a la habilidad de su preeminente personaje político, Bismarck, hacerse con una retórica y un discurso que propiamente eran de las clases medias liberales para someterlo al calor de los valores de la «nobleza de servicio» prusiana y al engrandecimiento mismo del poder dinástico de la Casa de Hohenzollern, en base a la anexión, en algunos casos, y en el resto, a la creación de una federación de monarquías de tamaño desproporcionado respecto al absoluto poderío prusiano. Lo mismo hizo la dinastía de Saboya con su reino de «Piemonte» —el título era en verdad el de la isla de Cerdeña y solo databa de 1720— en un mecanismo de «unificación nacional» que descaradamente anexionó a los restantes reinos o dependencias de Estado no peninsulares como los dominios de los Habsburgo, así como los Estados Pontificios del papa romano.

Tanto la «unificación» alemana como la italiana se entendieron como realizaciones de un «deber histórico», que se fundamentaba en la experiencia histórica y en la unidad lingüística (por mucho que se hablaran gran variedad de lenguas, que de inmediato quedaron relegados a la categoría inferior de dialectos). Así, a los historiadores y los geógrafos se sumaron con entusiasmo los filólogos.

La divulgación de las verdades históricas

Los historiadores, por tanto, estaban listos para ser los codificadores, es más, para fijar como coherencia la confusión del pasado remoto y dotar de sentido al desorden reciente, aportar claridad a lo que había parecido desconcierto. Y, además, los historiadores no se perdían en las impenetrables elucubraciones de los filósofos que colocaban el proceso histórico en el centro de su saber y explicación. Cualquiera que haya pretendido adentrarse sin guía en las conferencias de Hegel sabrá agradecer el recurso a la narrativa de los historiadores. Daban confianza. No hablaban (o escribían) por hablar. No eran abstrusos. Tampoco abusaban de la relativa inocencia del lector: no eran novelistas, ni se inventaban de lleno lo que explicaban. Sí, es verdad, podían echarle un poco de prosa al asunto, de salsa al guiso, pero no mentían con descaro, ni trataban de cretino al bourgeois gentilhomme —ni a su señora y sus hijos, curiosos ante tales eventos. Asimismo, el honesto artesano con sana curiosidad y algo de conocimiento de las letras podía acceder, sin sentirse ajeno o directamente expulsado del restringido ámbito de los eruditos.

El encanto y el éxito mismo de los historiadores en los años del Romanticismo radicaron pues en su accesibilidad. Formaban un puente entre el empíreo más exigente de los filósofos o los pensadores estrictos y quienes tan solo querían saber de dónde venía el mundo que les había tocado vivir: sencillamente, resultaba mucho más fácil entender a Ranke, como funcionario de la Corte prusiana, quien además —aunque solamente quince años más joven que el filósofo— vivió hasta 1886, que a Hegel, como profesor de filosofía de la Universidad de Heidelberg o de Berlín, quien murió en 1831. La tendencia a la exactitud de Ranke fue paralela a sus ambiciones como trepador en la Corte y escalador en la administración. Ser documentalista y recurrir a los archivos servía para acallar críticas tanto políticas como profesionales, a la vez que se podían presentar argumentos cargados de ideología como si de frías pruebas de legajo se tratara. Se ganó su reputación inicial —es algo sorprendente— con una obra sobre Serbia, tema del que nadie entonces tenía gran idea914. Su consagración definitiva vino con su Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, su estudio sobre la Reforma en tierras germanas de 1852. No es preciso decir que, una vez encaminado, Ranke abjuró de las nuevas modas, como las doctrinas liberales, defendió el consagrado y prusiano conservadurismo de los Hohenzollern y presentó una obra de hagiografía dinástica, sabiamente centrada en los siglos XVII y XVIII (que aun así, todo sea dicho, recibió críticas de conservadores aún más redomados)915.

Tras los innovadores, los pioneros que fijaron las fronteras y pautas de las «historias nacionales», la explicación lineal del buen camino al «Estado-nación», vinieron los imitadores. La «galaxia Gutenberg» de la que habló el ensayista canadiense McLuhan, el mundo de la masiva oferta y demanda de libros para todos los gustos y los bolsillos, con bibliotecas de acceso relativamente fácil, ello fue propio del siglo XIX. Mucho de lo que llamamos con confiada mirada retrospectiva «romanticismo» no es más que lo que el afán dieciochesco ya había puesto en su sitio: las editoriales, las ediciones de lujo, las caras y las baratas, el pirateo descarado, el juego con la reseña y la revista de actualidad intelectual, la promoción oculta del autor favorecido y el castigo de silencio o el torrente de abuso sobre el escribidor que no tenía las amistades adecuadas o cayó mal en según qué círculos. Añádase la biblioteca de préstamo, la que circulaba las obras, el librero de novedades, el de enlace con restos de edición y el que comerciaba con obra ya antigua y ello sin contar la venta callejera de títulos al azar.

Todo eso ya existía, pero sin la densidad que se hizo palpable en las décadas posteriores a 1815. Los lectores entonces están lejos de ser mayoría (excepto los hombres en Prusia, gracias a la reforma administrativa y educativa allá). Pero son pluralidad, un número suficiente para poner ideas en movimiento y sentimientos en coros de simpatía, camino de ser grupos de opinión e incluso electorado, al menos en potencia. Con ello, el «gobierno representativo» se convirtió cada vez más en una exigencia en la que mandaba el gabinete regio que requería ampliación de poder allá donde se votaba. Nos acercamos a nuestro mundo de los primeros mil millones habitantes, fechado por costumbre de cálculo estadístico hacia 1800.

El modelo rankeano obtuvo una respuesta exaltada, lírica y casi obligatoriamente francesa. Desde el parisino Collège de France (cuya cátedra «de Historia y de Moral» ocupó de 1838 a 1852), durante las mismas décadas que aseguró su dominio del saber histórico germano Ranke, profesó Jules Michelet con nada recóndita pasión la historia de Francia916. Por supuesto que Michelet metió las narices entre papeles y estornudó con el polvo acumulado como era de rigor, pero lo suyo fue cantar la moda o la modernidad del romanticismo, hacer vivo el pasado muerto, despertar las conciencias patrias dormidas y poner a los estudiantes en éxtasis o al menos entusiasmados. Prodigioso como conferenciante, laborioso como autor, Michelet supo abordar tanto la proto-antropología medieval (las brujas), como la construcción de Francia en esos lejanos tiempos (como Juana de Arco), pero su auténtica elocuencia la guardó para la épica de la Gran Revolución francesa (su Histoire de la Révolution française, en siete volúmenes publicados entre 1847 y 1853)917.

En esta labor, Michelet compitió con periodistas narradores del pasado reciente, que apuntaban a la carrera política, como el pequeñito Adolphe Thiers, tanto dispuesto a narrar vastas visiones (su muy exitosa Histoire de la Révolution française, en 10 volúmenes, aparecida entre 1823 y 1827, obra que selló su fama, hasta su aún más vasta Histoire du Consulat et l’Empire faisant suite à l’Histoire de la Révolution française, en 20 tomos, que fueron dados a la luz entre 1845 y 1862)918. Pero como, con la Monarquía orleanista, Thiers estaba metido a tareas gubernativas, también colaboró editorialmente con Michelet, quien en 1841 resumió la historia de Francia enterita como prólogo a una edición de la Gran Revolución thiersiana. Asimismo, Michelet tuvo que contender con un catedrático, también político, ministro durante el período orleanista entero, como François Guizot —otro personaje que perduró largamente, pues murió a los 86 años—, que sentaba doctrina interpretativa sobre la revolución inglesa del siglo XVII (la figura del Estuardo Carlos I, su descripción de la dictadura de Cromwell y de la restauración ulterior de la dinastía antes tumbada, o su más clásico Pourquoi la révolution d’Angleterre a-t-elle réussi?). Guizot hasta abordó la naturaleza de la nueva cultura europea919. Thiers era liberal pero prudente y Guizot hugonote, luego lanzado a la reinterpretación «liberal» con sobriedad pero ambos dejaron rastro interpretativo920.

Sin embargo, Michelet no buscó nunca la poltrona ministerial sino la adoración estudiantil y, como mucho, la fidelidad de los lectores, capaces de comprar sus inagotables escritos. Tanto éxito tuvo que, según malas lenguas, su señora, apreciablemente más joven y dada a llevar las cuentas, le impulsó a la prosa evocativa de buena venta (El mar, Los pájaros, hasta La mujer, como tema insondable para la percepción masculina)921.

Para resumir, el siglo XIX ofreció una polaridad historiográfica: de entrada, a escoger entre «lo que sucedió» rankeano o «cómo se vivió aquello», que venía a ser lo que ofrecía Michelet. La predisposición a tomar licencias —con los derechos de autor, con las fuentes, con los datos— se abrió a una tercera opción historiográfica en el inicio del siglo XIX, tan importante en España (o las Españas) como en el resto del continente, hasta alcanzar las lejanas Rusias, tras haber pasado por las varias Italias y las muchas Alemanias, todas en plena efusión creativa y proceso de fusión política. Fue este el modelo escocés del despertar nacional, sin comillas. No se puede llamar de otro modo, pues su gran protagonista fue Sir Walter Scott («scot» significa «escocés» y el escritor fue ennoblecido por Jorge IV por sus esfuerzos en pro de la Corona). Scott mostró ser novelista histórico de inmenso éxito, pero también intérprete narrativo del pasado en su ficción y, por si fuera poco, autor de obras de historia más o menos pura, como su monumental biografía de Napoleón o, más relevante para lo que aquí tratamos, su Histoire d’Écosse, aparecida como tal en traducción francesa a finales de los años veinte (su original en inglés, más o menos simultáneo, delata la intención divulgadora, Tales of a Grandfather)922.

Es fácil hoy subestimar el inmenso impacto de Scott en toda Europa, sobre todo en traducción francesa o alemana. No solamente de su obra novelística, sino de su aportación estrictamente historiográfica. Pues la novela fue entendida como roman à clef, mas no por tratarse de personajes ocultos tras nombres falsos. Hubo quien leyó a Scott como novelista intérprete de una realidad antaño oculta, y tal descifrador no fue una figura menor, todo lo contrario. Augustin Thierry, puede que el mejor antecedente de Michelet y medievalista aún editado en Francia dos siglos después por la fuerza de su influencia (por ejemplo, su Récits des temps mérovingiens), casi enloqueció con Ivanhoe de Scott, libro publicado en inglés en 1820, y escrito, se asegura, durante el año anterior. La novela fue traducida —y pirateada— de inmediato.

De modo muy consciente, Scott presentó un modelo racista de la historia inglesa del siglo XIII: reyes y grandes potentados normandos, con frecuencia abusones; una nobleza menor anglo-sajona, puede que algo afrancesada, al menos de modo incipiente; la amenaza de la intolerancia católica en las órdenes militares; la necesaria emancipación de los judíos; y todo ello con los poderosos mitos de «Robin Hood», el Rey Ricardo «Corazón de León», su hermano Juan «Sin Tierra» y, brillando al fondo de todo, la Magna Carta de 1215, el origen del parlamento inglés de lores y comunes, «madre de parlamentos» y por tanto el punto de nacimiento del mundo moderno en clave liberal (aunque Scott personalmente fuera tory, incluso con afectaciones jacobitas).

Thierry leyó su Scott con literalidad y sacó sus conclusiones a la luz; en 1825 publicó Histoire de la Conquête de l’Angleterre par les Normands, ante una respuesta entusiasta de crítica y público923. En esa obra, que le anunció como autor histórico de peso, se explicitaba la lucha de razas y/o la lucha de clases como base de la historia inglesa y de todo lo demás. De nuevo, el liberalismo apunta hacia el camino protagonizado por el diplomático francés conde de Gobineau, en su Essai sur l’inégalité des races humaines, en seis volúmenes, aparecidos entre 1853 y 1855924.

La Historia General de España y su contundente pervivencia

En los últimos años se ha producido un considerable interés en lo que se podría llamar, con justificada redundancia, «la historia de la Historia de España»925. En España, sea lo que sea tal entidad, la tradicional historiografía fue y es «imperial»926. Ya en la segunda mitad del siglo XIII, Alfonso X organiza la redacción de una «Estoria de España» y una «General Estoria»; o sea, lo que todavía se suele llamar oficialmente «Historia de España y Universal». Sabido es que el rey «sabio» aspiró infructuosamente al trono del Sacro Romano Imperio927. Asimismo, heredó, disuelta pero presente en su dominio, la pretensión leonesa de «imperar» sobre la Península.

Con tal antecedente, se entiende que Felipe II acogiera con simpatía la iniciativa del complejo autor jesuita Juan de Mariana de narrar, como crónica seria y documentada, una Historia General de España, cuyas primeras versiones vieron la luz primero en 1601 y de modo definitivo en 1608, ya en el reinado de Felipe III. La obra de Mariana arrasó el terreno historiográfico. Durante más de dos siglos, dominó sin rival, hasta bien entrado el siglo XIX. En el contexto decimonónico, el recurso habitual era que algún autor —con frecuencia un plumífero laborioso pero no afamado— «completara» o actualizara la narración allá donde Mariana la dejó928. Otras narraciones, como la Historia crítica de España y de su cultura, del exiliado jesuita catalán Juan Francisco Masdéu, refugiado en tierras pontificias durante la abolición de la Sociedad de Jesús, aspiraron a rehacer el esfuerzo de Mariana, pero se quedaron cortos (Masdéu murió en plena redacción, con 20 volúmenes publicados entre 1783 y 1805, a la altura de siglo XI).

De ahí la importancia del vasto planteamiento de Modesto Lafuente en su Historia General de España, un título que muestra toda una intención, pues aspiraba a ir «desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII». La obra se publicó en treinta volúmenes, entre 1850 y 1858, con una segunda edición entre 1862 y 1867 que ya le enterró, pues Lafuente pasó a mejor vida en 1866929. De modo póstumo, se hizo versión laudatoria de la reedición, con estudio biográfico de Antonio Ferrer del Río. Más adelante, camino de los años ochenta, la editorial barcelonesa Montaner y Simón extendió el límite de la obra original «hasta nuestros días» con la aportación de Juan Valera. Luego, añadió autores de sensibilidades tan diversas como Andrés Borrego o Antonio Pirala y, por añadidura, el catalán José Coroleu. Esta versión, hecha al gusto de la Regencia de María Cristina y el rey niño, es la que hoy más circula, la que se encuentra en bibliotecas y se suele reproducir, en una suerte de parodia de lo que antaño había sucedido con la Historia General de Mariana. Pasados más años, Montaner y Simón añadió una continuación sobre la Regencia misma por Gabriel Maura, todavía no enaltecido a duque. Llegada la República, la editorial, inasequible al desaliento, sumó todo el reinado de Alfonso XIII, de la pluma del competente cronista Melchor Fernández Almagro. Pero la obra original de Don Modesto tiene un regusto diferente, especial930. El hecho es que no se puede tratar el tema de «España» sin la mirada puesta en el poder, y Lafuente quiso ser autor de su tiempo, el reinado de Isabel II, por lo que su enfoque era el de un liberalismo netamente moderado y católico931.

Por mucho que la «Revolución gloriosa» de 1868 trajera cambios profundos y abriera de par en par una puerta ya entreabierta para el tema de los Borbones dieciochescos y la «revolución española» decimonónica, la pauta ha quedado así marcada como visión netamente dominante e integradora de un todo. Se puede discutir, como tan a menudo se repite, si «España» fue ya en el siglo XVI, con el paso de Trastámaras a Austrias, un «Estado-Nación» (como plantearía por ejemplo Ranke), pero no se puede cuestionar que la tradición historiográfica española —y españolista— así lo presume932.

Los grandes personajes que dominan los estudios históricos en el paso del siglo XIX al XX —Rafael Altamira, Ramón Menéndez Pidal, Claudio Sánchez-Albornoz y Américo Castro— siempre entendieron la manía catalana como algo estrambótico, ante la tamaña evidencia del peso castellano y la importancia de su diseminación americana. Ante tal aventura, los discursos residuales —o sea, lo no castellano— eran obviamente restos secundarios. Dicho de otro modo, todo aquello que no llevara directamente el peso del pasado castellano a la actualidad española resultaba bagaje no esencial, tan sobrante como las afirmaciones lingüísticas que podrían acompañar tales excedentes históricos. Estos astros del saber hispánico podrán estar juntos, pero jamás revueltos, y polemizaron entre ellos de forma bastante conocida.

La Historia de España y de la civilización española de Altamira, casi canónica, pasa por alto buena parte de la dinámica a sus ojos menor de medio hispánico peninsular —en antiguas ediciones se encuentran errores respecto a temas catalanes— ya que don Rafael tenía la mirada puesta en un hispanismo constructivo, progresista y diverso de la luego llamada «hispanidad» filo-católica933. Aunque pareciera de otro tiempo por su longevidad, sobre todo con la muerte de Altamira en el exilio en 1944, Menéndez Pidal (que tan solo era tres años más joven que don Rafael) defendió su noción de la continuidad desde los orígenes mismos de la llamada «Reconquista» hasta su más vivo presente934. Famosa ha sido la pugna entre Sánchez-Albornoz y Castro, en la cual don Claudio se entestó en demostrar que de morisma, nada de nada935. Castro en nada cedió y quiso construir una imagen alternativa del ser español936. Aunque anciano, don Ramón, por ejemplo, se lanzó a desacreditar la figura de Las Casas y se adentró en una polémica con su gran defensor, el hispanista estadounidense Lewis Hanke937.

Quien sí se dio cuenta de la distorsión religiosa de la tradición española y su acentuado sentido imperial —españolista e imperialista— fue Castro. Pero se fijó, de manera un tanto idealista, en la Córdoba andalusí de las tres culturas, la musulmana, la cristiana y la judía, hasta crear un tópico de atractivo mundial938. Sin embargo, su mirada siguió firmemente españolista, como testimonió con su reticencia ante el catalanismo. Así, algo paradójico, su entender no tenía resquicio para la problemática protestante, por mucho que él se refugiara precisamente en Estados Unidos939.

Interpretaciones whig sin protestantismo

En Cataluña, ¿cómo se evitó una historiografía no estatal, de «reinos desparecidos» pero gentes vivas con idiomas propios hablados, que no constituyera una afirmación etnicista, en el camino pautado por Thierry? Todo quedó puesto en su sitio, gracias a la «Whig interpretation», criticada hace casi un siglo por el historiador inglés Herbert Butterfield940.

Para resumir, la «interpretación whig» parte de la identificación esencial entre la Reforma protestante y el desarrollo de la Ilustración y el liberalismo. Aplicada a la dinámica europea desde el siglo XVI hasta el XIX, casi toda opresión —al menos en la zona occidental del continente y el mundo atlántico— resultaba responsabilidad de los Habsburgo o sus secuaces, que eran, peor todavía, papistas redomados. Sin embargo, si hacía falta, se podía culpar igualmente a la mala práctica de los Borbones, en especial a España, como haría el clásico historiador inglés Thomas Babington Macaulay (1800-1859), para el período que iba de los años jacobeos y de la contienda por la sucesión inglesa o británica, a través de la Guerra de sucesión española, hasta la muerte de Guillermo, en los cinco volúmenes de The History of England from the Accession of James the Second, aparecidos por primera vez en 1848941.

Los grandes protagonistas del Sturm und Drang, los jóvenes Schiller y Goethe, auténticos compadres, asumieron un extenso repertorio de leyendas y verdades, propaganda de muchas partes, pero sobre todo de los Países Bajos protestantes942. Con este material, fijaron el tema clave de la traición oscurantista a quien procura la mejora de la sociedad, con sus obras teatrales respectivas; Schiller con su Don Karlos, Infant von Spanien, escrito entre 1783 y 1787, y Goethe con su Egmont, acabado en 1788, el año anterior al gran estallido francés943. Es más que probable que ni el uno ni el otro tuvieran tal intención contraria a la Casa de Austria (según su biógrafo, Schiller parece más bien encontrarse entonces impulsado a la crítica a la censura prusiana)944.

Sin embargo, es innegable la fascinación que los eventos vinculados a la desgracia inherente en la dinastía de los Habsburgo tuvieron en Schiller, pues sacó en 1788 una Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung y en 1800 otra de la Guerra de los Treinta Años, su inmensa trilogía dramática de Wallenstein, acerca del gran caudillo de los «imperialistas» o «austracistas», asesinado a traición. En este sentido, su obra culminó en 1803, unos dos años antes de su muerte, en su emblemático drama sobre Guillermo Tell945. Era explícita la temática de la Historia de la separación de las Provincias Unidas de los Países Bajos del gobierno español. Y se puede añadir que la fuerza en la sombra que todo lo mueve en Don Carlos era la temida Inquisición española, convertida en emblemática del mal y del control de mentes para todo protestante946.

De hecho, el uso del español como malo era un topos habitual, ya que el papel hegemónico de la Corona española, su preponderancia hasta 1648, convertía cualquier «agente» suyo en «malo». Era una imagen reforzada para las Américas por la literatura polémica y muy especialmente por los brillantes grabados de Teodoro De Bry, todo derivado del uso arrojadizo de La Brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, de 1552947. Tenía, por añadidura, la enorme ventaja de que lo que criticara en España cuando se explicara en otro país hostil, o se pusiera en escena allá, quedaba libre de los castigos que la crítica política más inmediata produciría, si bien cualquier público captaba el mensaje subversivo sin problema.

Thierry pronto se quedó ciego, igual que su contemporáneo hispanista de Boston, William H. Prescott, ambos convertidos en los dos «Milton» de la historiografía romántica, dictadores de sus interpretaciones. La coincidencia es pertinente por la importancia que tiene Thierry en establecer en el continente europeo el topos básico de la historiografía whig fuera del marco anglófono (las libertades municipales como fundamento, el triunfo final y lógico de la burguesía), mientras que Prescott hace whiggism (y con ello superó el filo-hispanismo del también bostoniano George Ticknor, con su History of Spanish Literature, en dos tomos, de 1849) sobre el tema clave de las conquistas castellanas o españolas de México (1844) y Perú (1847) y por tanto la readaptación de las viejas denuncias del clásico autor del siglo XVI, Las Casas, acerca de la excepcionalidad —por crueldad— de los españoles en su invasión de las Indias948. Antes de su muerte en 1859, Prescott, asimismo, narró biografías de los protagonistas de la Corona española —los Reyes Católicos (obra de 1837) y, sin acabar, Felipe II— de un modo que fijó el terreno para el devastador positivismo de Henry Thomas Buckle en Inglaterra a mediados de siglo (resulta devastador el comienzo dedicado a España como muestra negativa en el principio de su obra maestra inacabada, History of Civilization in England, aparecida en 1880), así como la idealización que su contemporáneo, el estadounidense John Lothrop Motley, hizo de la interminable lucha de los protestantes —su Rise of the Dutch Republic, de tres volúmenes, culminado en 1856, obra seguida, en sucesivas entregas entre 1860 y 1867, por su History of the United Netherlands— de los Países Bajos contra la militancia católica y antirreformadora de la Corona castellana949.

El tipo de personaje profesional que encarnaba Ranke —el historiador documentalista— abundó en su época por toda Europa, hasta en Barcelona, aparentemente tan alejada de las familias reinantes. Entre registros, protocolos y cédulas, el fundador de un auténtico clan de historiadores catalanes, don Próspero de Bofarull, se dedicó a establecer con criterio «moderno» la regia genealogía de los borbones950. Tal fue su renombre y el respeto que generaba que obligó al Narizotas, el mismísimo Rey Felón, a apagar su amado cigarro puro, al señalar a su Católica Majestad las cantidades de papel combustible que les rodeaba. Los herederos de don Próspero, en especial su hijo don Antonio, continuaron con la labor archivística y con el discursillo de superioridad historiográfica ante la obra del pasado —las crónicas— y recurrió a estas sin escarbar entre legajos ni desatar polvorientas carpetas liadas con cinta roja, balduque o red tape.

El modelo rankeano —catalanamente encarnado en los Bofarull— tuvo una respuesta igualmente catalana: la Historia de la Corona de Aragón y de Cataluña de Víctor Balaguer, aparecida en 1860 y terminada en 1863, en cinco volúmenes951. Como reza el subtítulo de la obra, su fin era claramente político, historicista al máximo, pero ambiguo en su fin: «escrita para darla a conocer al pueblo, recordándole los grandes hechos de sus ascendientes en virtud, patriotismo y armas, y para difundir entre todas las clases el amor al país y la memoria de sus glorias pasadas». Las «glorias» preocupaban a Balaguer sobremanera, de lo que dejó constancia en su nomenclátor de Barcelona952.

Balaguer quiso ir —más bien por comodidad, no por otra cosa— a otra tradición historiográfica paralela establecida por Felipe II. El rey «prudente» mandó a uno de sus secretarios —Jerónimo de Çurita (Zurita, tras la reforma lingüística dieciochesca del castellano)— a preparar, archivos mediante, unos Anales de la Corona de Aragón, aparecidos entre 1562 y 1580 en unos veinte volúmenes; llegado el romanticismo, sería la gran fuente de la incipiente historiografía catalana953. Si las relaciones de don Felipe con Aragón se mostraron turbulentas gracias al siempre desgraciado Antonio Pérez, su relación con Cataluña fue más bien positiva, como ha indicado Henry Kamen954. Se puede añadir que Pérez, una vez exiliado, se dedicó a vituperar contra su antiguo Señor y así fue una de las fuentes primordiales de la lectura antiespañola, antihegemonista del siglo XVI, junto con la Apología del príncipe Guillermo de Orange, líder de la causa antifelipista en las Siete Provincias Unidas neerlandesas que en 1579 acordaron en Utrecht luchar contra la Corona de los Habsburgo. En su polémica, «el Taciturno» mostró ser un chismoso descosido, cuyas denuncias entraron a formar parte del repertorio de acusaciones habituales contra los abusos para ellos, mirando de lejos, «españoles»; pero dejó clara la doctrina de la vieja ley y de su debida obediencia dentro del territorio debido955. Guillermo fue asesinado en 1584 por un fanático católico, atentado que se consideró, con razón o sin ella, de mano española y, más, justificado retrospectivamente por el libro más político de Juan de Mariana, De Rege et regis institutione, de 1599, y su notorio capítulo VI, que acepta el tiranicidio cuando no hay otro remedio956. Así, el juego entre historiadores e historia da sus vueltas.

Balaguer hizo gala de construir una historia a la vez nacional, catalana, e historicista, por la Corona de Aragón. Su objetivo era conmover, como Michelet, aunque no pretendía ser ligero. Construyó su obra con las muchas crónicas catalanas —en idioma catalán muchas— que se reeditaron en sus años mozos: tanto había acceso a las Quatre grans cròniques emblemáticas de la Edad Media en catalán, como a la de Pere Tomic957. Y asimismo empezaron a recuperarse las obras posteriores de Narcís Feliu de la Penya o Jeroni Pujades, ya en la coyuntura de la Guerra de Sucesión958.

En cambio, Antoni de Bofarull —digno hijo de don Próspero— se dedicó a hacer la réplica desde los legajos, en la mejor emulación de Ranke, todavía vivo. Pero Bofarull no descuidó la literatura, ya que realizó la primera novela —con más precisión, novela histórica— en catalán, L’orfeneta de Menàrguens o Catalunya agonisant, de 1862, ante lo que Balaguer sacó su relato sobre el bandido Joan de Serrallonga en 1868959. Asimismo, ya se había anticipado a su rival con su librito Hazañas y recuerdos de los catalanes, ó Colección de leyendas, publicado en 1846. Ambos compitieron hasta en poesía, pero las labores de archivo de don Antonio, digno émulo de su padre, produjeron finalmente una monumental Historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña, en nueve tomos, publicados entre 1876 y 1878, que se cuidó de enmendar los errores de Balaguer, mientras que no aportaba gran cosa a la interpretación de fondo a la cual dio forma don Víctor960. Se debió añadir que Bofarull, igual que Balaguer, asumió la lucha contra la invasión napoleónica como propia, catalana, y don Antoni hasta redactó una Historia crítica de la guerra de la Independencia en Cataluña, asimismo publicada en 1886-1887, en dos tomos, como continuación simultánea de su Historia crítica de Cataluña961. Hubo varios historiadores que siguieron en esta pauta hasta entrado el siglo XX, notablemente Antoni Aulèstia i Pijoan, autor de una Història de Catalunya en 1887, o Ernest Moliné i Brasés, que actualizó la obra de Aulestià en los años veinte del nuevo siglo962. Pero la ambigüedad que mostraba Balaguer, y en la que siguieron los demás, marcó la pauta.

Como mucho, se pudo dar un giro con la opción de redactar una «història del foralisme» a la catalana, en la pauta navarra o vasca, aunque extensible a otras partes. En 1876, tras la llamada «Tercera Guerra Carlista», las provincias vascas sufrieron la abolición definitiva de los fueros que, paz mediante, habían sobrevivido en 1839 a la racionalización liberal, lo que, nada sorprendentemente, dio lugar a una considerable agitación en sentido fuerista por doquier. Fue esta obra de los historiadores y publicistas José Coroleu y José Pella y Fargas y se tituló Los fueros de Cataluña, un grueso tomo publicado en 1878, que prometía ser una «Descripción comentada de la Constitución histórica del principado; sus instituciones políticas y administrativas y sus libertades tradicionales, con relación de muchas revoluciones, escenas y anécdotas curiosas [...]». En realidad, la idea ya estaba formulada, en concreto por Bofarull963. Con la tesis bien establecida, se desarrolló el estudio histórico de culminación trágica, acerca de la Guerra de Sucesión, titulado Fin de la Nación catalana, publicado en 1905 por Salvador Sanpere i Miquel964.

Lo demás fue el paso al nacionalismo explícito, o sea, foralismo, con salto, llevado a su extremo lógico, lo que sería el camino que lleva de Valentí Almirall, su «particularismo» y su Lo catalanisme, publicado en 1886, a la defensa del parlamento catalán como ejemplo original de Enric Prat de la Riba y su extremo impactante opúsculo, La nacionalitat catalana, publicado en 1906965.

Conclusión

El nacionalismo histórico es del todo mágico. No en un sentido ritual u «oculto», o sea, aquellos temas de magia que han preocupado por lo general a los estudiosos de los orígenes de la ciencia, sino como simple salto frente a la lógica. Se basa en suposiciones gratuitas sobre antecedentes aristocráticos (o de vasallaje) y comunidades presentes, deducciones que se han demostrado del todo falsas, por mucho que abunde la literatura decimonónica que insiste en la maravillosa capacidad que mostrará en un «futuro» ya ajado cuando no inexistente, tal entendimiento, en un juego de «pasado + presente = futuro» que ha demostrado ser sencillamente y llanamente falso, hueco y vacío.

La alternativa no es mágica, pero como si lo fuese, pues es religiosa. Apunta a lo que la doctrina papal condena como «estadolatría», es decir, la adoración del Estado como si fuera deidad. El salto de la divinización del «Estado-Nación» a la veneración de la «Nación-Estado» no resulta un paso muy difícil, y con un mínimo rigor teologal se dudaría de tan semejantes aficiones. Pero el nacionalismo nocional, identificativo, es netamente de raíz protestante. Queda por lo tanto al margen de los debates hispanos, que suelen suponer una ortodoxia inconsciente, en la cual todo lo resuelve entre el catolicismo tradicional y el modernizado (posterior al II Concilio Vaticano 1962-1965). En el marco hispánico, de modo paralelo, subsiste asimismo la secularización con contenido católico inconsciente, mediante la figura del «ateo católico» o anticlerical republicano que es tan intolerante y a su modo tan eclesiástico como su enemigo, ya que no pasa de ser una inversión especular y no una auténtica superación de su detestado adversario papista.

En resumen, el contrario al nacionalismo histórico es el nacionalismo nocional. Esta identificación nocional es —como se ha podido ver— muy sui generis y en gran medida un fenómeno básico norteamericano, si bien los estadounidenses, dado el contenido religioso latente, se creen singularmente dotados para imponerlo mediante proselitismo activo, desde que el presidente T. Woodrow Wilson incluyó los famosos «Catorce Puntos» en su mensaje de «Estado de la Unión» en enero de 1918966. La idea de la autodeterminación colectiva, como su mismo nombre indica, es tan solo una extensión de la individuación, de la decisión de fe de cada creyente racional, y por ello inequívocamente parte del debate interno del puritanismo y de las implicaciones del presbiterianismo. De hecho, con su famosa declaración de 1918, Wilson pretendía replicar a un enunciado de Lenin, realizado por el líder bolchevique al poco tiempo de realizar el golpe de Estado exitoso de noviembre de 1917967.

870 El presente trabajo no alcanza a ser un ensayo completo, ya que sus muchas versiones, que trataron aspectos de la guerra de Sucesión española, las respuestas de autores como Locke, Bolingbroke o Leibniz o el contexto europeo entre 1700 y 1720, han sido desechadas directamente por el autor o cortadas radicalmente, siempre por razones de extensión, para dejar este texto.

871 B. Pascal, Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets, III, Misère [según la ordenación de Louis Lafuma] 60-[según la ordenación de Léon Brunschvicg] 294; consultado en www.ub.uni-freiburg.de/referate/04/pascal/pensees.pdf.

872 En general, J. Mesnard, Pascal. El hombre y su obra [1967], Madrid, Tecnos, 1973.

873 L. Cadier, Les États de Béarn, depuis leurs origines jusqu’au commencement du XVI ème siècle. Étude sur l’administration d’un Pays d’États, París, Imprimerie Nationale, 1887.

874 N. Davies, Vanished Kingdoms: The History of Half-Forgotten Europe, Londres, Penguin, 2012; Reinos desaparecidos: la historia olvidada de Europa, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013.

875 Como muestra, J. Sobrequés i Callicó, Espanya contra Catalunya. Crònica negra d’un simposi d’història, Barcelona, Editorial Base, 2014.

876 M. Monmonnier, How to Lie With Maps, Chicago, University of Chicago Press, 1996.

877 Como base del debate prerrevolucionario inglés en el siglo XVII: G. Burgess, The Politics of the Ancient Constitution. An Introduction to English Political Thought, 1603-1642, The Pennsylvania State Press, University Park (PA), 1992; como la característica central de todo el período en Inglaterra: G. E. Aylmer, The Struggle for the Constitution, 1603-1689, Londres, Blanford Press, 1963.

878 M. W. Spellman, Monarchies, 1000-2000, Londres, Reaktion Books, 2001; lógicamente, el tema en sí es añejo: véase F. Lacombe, Historia de la Monarquía en Europa desde su origen hasta nuestros días, trad. de J. Gibert, Barcelona, 1860, 4 vols.

879 T. Carlyle, History of Friedrich II of Prussia, Called Frederick the Great (1858-1865), 21 vols. Entero en http://www.cs.cmu.edu/~spok/metabook/fgreat.html.

880 La sencillez del planteamiento vertical-horizontal demuestra ser brillante: R. García Cárcel, Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de España, Barcelona, Plaza & Janés, 2002, págs. 9-14.

881 P. Carson, The Fair Face of Flanders, Gante E. Story-Scientia, 1969.

882 B. Pascal, Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets, op. cit., II. Vanité [Lafuma] 25. [Brunschvicg] 308.

883 J. Albareda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, Crítica, 2010.

884 M. Weber, «Le métier et l’homme politique» [Politik als Beruf], Le savant et le politique, París, Éditions 10/18, 1963, pág. 132.

885 Para la debida contextualización, M. Artola, La Monarquía de España, Madrid, Alianza Editorial, 1999.

886 M. Farinelli, Un arxipèlag invisible. La relació impossible de Sardenya i Còrsega sota nacionalismes (XVIII-XX), tesis doctoral, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2013.

887 R. A. Giesey, If Not, Not. The Oath of the Aragonese and the Legendary Laws of Sobrabe, Princeton, Princeton University Press, 1968.

888 J. H. Elliott, Imperial Spain, 1469-1716, Nueva York, St. Martin’s Press, 1964; del mismo autor, The Revolt of the Catalans, Cambridge (RU), Cambridge University Press, 1963; J. Sanabre, La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa (1640-1659), Barcelona, Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1956.

889 De entre una vasta bibliografía, cito tan solo: K. Thomas, Religion and the Decline of Magic. Studies in Popular Beliefs in Sixteenth and Seventeenth Century England, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1971; J. Caro Baroja, Las formas complejas de la vida religiosa (siglo XVI y XVII), Madrid, Sarpe, 1985.

890 C. Hill, The World Turned Upside Down: Radical Ideas During the English Revolution, Harmondsworth (RU), Penguin Books, 1975.

891 I. James, True Law of Free Monarchies. The Reciprock and mutuall Duetie Betwixt a free King and his natural Subjects; consultado en: http://www.constitution.org/primarysources/stuart.html; Pincus, S. A.; 1688: The First Modern Revolution, New Haven (CT), Yale University Press, 2009.

892 Con enfoques muy diversos entre sí y diferentes asimismo del tema enfatizado aquí: I. Andersson, Histoire de la Suède, des origins à nos jours, Roanne (Francia), Éditions Horvath, 1973, págs. 105-202; B. J. Nordstrom, The History of Sweden, Westport (CT), Greenwood Press, 2002, págs. 39-62; N. Kent, A Concise History of Sweden, Cambridge (RU), Cambridge University Press, 2008, págs. 49-100; H. Lindqvist, A History of Sweden, Estocolmo, Nordstedts, 2006, págs. 91-214.

893 La perspectiva polaca varía, dentro de cierto filocatolicismo: M. Luszcienski, Historia de Polonia, trad. de M. L. Morales, Madrid, Surco, 1945, págs. 131-168; O. Halecki, A History of Poland, Nueva York, Barnes & Noble, 1992, págs. 137-141, excepto en el autor británico N. Davies, God’s Playground, A History of Poland, Nueva York, Columbia University Press, 1979, vol. I, cap. 14: «Vasa: The Swedish Connection (1587-1668)».

894 N. Ahnlund, Gustavus Adolphus the Great, [edición original de 1940], Nueva York, History Book Club, 1999.

895 La figura de Cristina ha ejercido cierta fascinación biográfica: O. von Wertheimer, La reina Cristina de Suecia, trad. de J. Verdaguer, Barcelona, Juventud, 1937; marqués de Villa-Urrutia, Cristina de Suecia, Buenos Aires, Austral, 1939; P. de Luz, Christine de Suède, París, Librairie Arthème-Fayard, 1951; V. von der Heyden-Rynsch, Cristina de Suecia, la reina enigmática, trad. de C. Fortea, Barcelona, Tusquets, 2001.

896 H. Trevor-Roper, Archbishop Laud, 1573-1645, Londres, Phoenix Press, 2000.

897 Tuvo un impacto inmenso la obra colectiva J. G. A. Pocock, Three British Revolutions: 1641, 1688, 1776, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1980.

898 Véase la antología sintética: F. Parkman, The Seven Years War, J. H. Mcallum (ed.), Nueva York, Harper Torchbooks, 1968.

899 «The Articles of Confederation of the United Colonies of New England; May 19, 1643», accesible en: http://avalon.law.yale.edu/17th_century/art1613.asp. Véase V. F. Barnes, The Dominion of New England: a Study in British Colonial Policy [obra clásica de 1923], Nueva York, F. Ungar Pub. Co., 1960; también J. Sosin, English America and the Revolution of 1688: Royal Administration and the Structure of Provincial Government, Lincoln (NB), University of Nebraska Press, 1982; S. S. Webb, Lord Churchill’s Coup: The Anglo-American Empire and the Glorious Revolution Reconsidered, Syracuse (NY), Syracuse University Press, 1998; M. L. Lustig, The Imperial Executive in America: Sir Edmund Andros, 1637-1714, Madison (NJ), Fairleigh Dickinson University Press, 2002.

900 J. G. Marston, King and Congress: The Transfer of Political Legitimacy, 1774-1776, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1987.

901 C. L. Becker, The Declaration of Independence. A Study in the History of Political Ideas, [1922], Nueva York, Vintage Books, 1970.

902 Esta idea es contestada muy contundentemente por J. P. Reid, The Constitutional History of the American Revolution, Madison (WI), University of Wisconsin Press, 1986, vol. 1, The Authority of Rights.

903 J. Israel, The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806, Nueva York, Oxford University Press, 1988. S. Schama, Patriots and Liberators: Revolution in the Netherlands 1780-1813, Nueva York, Vintage, 1992.

904 Robert M. Calhoon, The Loyalists in Revolutionary America, 1760-1781, Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, 1973; es relevante el debate de B. Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution, 2.ª ed., Cambridge (MA), Belknap Press, 1992, con el antiguo C. A. Beard, An Economic Interpretation of the Constitution of the United States, [1913] (ed.), F. McDonald, Nueva York, Free Press, 1986.

905 Nocionalismo no está en los diccionarios y, si en algún idioma aparece, es fugazmente y con otro sentido, si bien el debate protestante no suele estar muy lejos. Mejor, pues mediante el término pretendo indicar la intensidad de la adhesión exigida a la noción misma de los Estados Unidos —con artículo hasta la Guerra Civil de 1861-1865, no después— como causa, primero, y conjunto, después. Se debe añadir que incluso «nacionalismo» es una palabra ajena al repertorio político norteamericano, que tuvo una efímera moda alrededor de la guerra de 1812 para desaparecer como adjetivo definidor, excepto en algún sector de la extrema derecha más pintoresca. En uso común, sin embargo, en Estados Unidos actualmente «Nación» o «País» (country) se entienden como indicativos del todo político, lo que allí se llama «América» o «el gobierno federal», pues la palabra «estado» (aquí con minúscula) se reserva para los entes componentes de la Unión.

906 T. Jefferson, Writings: Autobiography / Notes on the State of Virginia / Public and Private Papers / Addresses / Letters, M. D. Peterson (ed.), Nueva York, Library of America, 1984, págs. 284-286. La traducción es mía.

907 M. W. Goodwin, Dutch and English on the Hudson, New Haven, Yale University Press, 1920.

908 Ibíd., pág. 287; la traducción es mía.

909 R. N. Bellah, «Civil Religion in America», Dædalus, Journal of the American Academy of Arts and Sciences, número monográfico «Religion in America», invierno de 1967, vol. 96, núm. 1, págs. 1-21; «The Revolution and the Civil Religion», en J. C. Brauer, Religion and the American Revolution, Filadelfia, Fortress Press, 1976, cap. 3; consultado en: http://www.religion-online.org/showchapter.asp?title=1657&C=1653.

910 Para la idea de «teología constitucional», D. Lacorne, L’invention de la République. Le modèle américain, París, Hachette, 1991, cap. 1.

911 Voltaire, Histoire de Charles XII, Oeuvres complets de Voltaire, París, P. Dupont, 1823, vol. 22, pág. 354.

912 P. Vidal de La Blanche, Tableau de la Geographie de la France [1903], París, J. Tallandier, 1979.

913 M. Korinman, Quand l’Allemagne pensait le monde: grandeur et décadence d’une géopolitique, París, Fayard, 1990.

914 L. Ranke, A History of Servia and the Servian Revolution, trad. Mrs. Alexander Kerr, Nueva York, Da Capo Press, 1973; también es accesible en: https://archive.org/stream/historyofservias00rankuoft/historyofservias00rankuoft_djvu.txt; la segunda edición de la versión original era: L. Ranke, Die serbische Revolution, aus serbischen Papieren und Mitheilungen, Berlín, Dunker und Humblot, 1844, o sea, «según papeles e informes serbios».

915 L. Ranke, Memoirs of the House of Brandenburg and History of Prussia during the Seventeenth and Eighteenth Centuries, trad. de Sir Alexander and Lady Duff Gordon, Londres, J. Murray, 1849, 3 vols.; es accessible en: https://archive.org/details/memoirshousebra00rankgoog.

916 Se traduce de modo reducido al francés: L. Ranke, Histoire de France, principalement pendant les Xvième et XVIIème siècles, trad. por C. Miot y J. Jacques Porchant, París, F. Klincksieck, 1854-1889, 6 vols.; consulta limitada en: http://catalog.hathitrust.org/Record/008015907. En el mundo de habla hispánica se le conoce principalmente por su L. Ranke, Historia de los papas en la época moderna, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 1963.

917 J. Michelet, Histoire de la Révolution française, ed. de C. Mettra y A. Ferrari, París, Robert Laffont, 1987-1988, 2 vols.; Jeanne d’Arc, París, Gallimard, 1974.

918 A. Thiers, Histoire de la Révolution française, 8.ª ed., París, J. Claye, Taillefer et Cie, 1845; Histoire du Consulat et l’Empire, Bruselas, Méline, 1860.

919 F. Guizot, Pourquoi la révolution d’Angleterre a-t-elle réussi? Discours d’histoire sur la révolution d’Anglaterre, París, Masson, 1850.

920 F. Guizot, Histoire générale de la civilisation en Europe, 3.ª ed., París, Didier, 1840.

921 J. Michelet, La Femme, T. Moreau (ed.), París, Flammarion, 1981.

922 W. Scott, Histoire d’Écosse, trad. de Defauconpret, Furne, Jouret et Cie, París, Garnier Frères, sin fecha, 3 vols.; Tales of a Grandfather. Being Tales Taken from Scottish History, First and Second Series, Edimburgo y Dublín, Simpkin & Marshall, Cumming, 1828-1830, 6 vols.

923 A. Thierry, Histoire de la Conquête de l’Angleterre par les Normands, París, Firmin Didot, Père et Fils, 1825, 3 vols.

924 Comte de Gobineau, Essai sur l’inégalité des races humaines, Hubert Juin (ed.), París, Pierre Belfond, 1967.

925 A. Morales Moya y J. P. Fusi Aizpurúa y A. de Blas Guerrero (dirs.), Historia de la nación y del nacionalismo español, Barcelona, Fundación Ortega-Marañón/Galaxia Gutenberg, 2013.

926 No es un rasgo excepcional; para entendernos bien, lo mismo se puede remarcar acerca de los Estados Unidos y, por extensión, de su historiografía; como un indicio, véase el muy crítico G. Perret, A Country Made by War. From the Revolution to Vietnam, the Story of America’s Rise to Power, Nueva York, Random House, 1989.

927 Alfonso X el Sabio, Prosa histórica, B. Brancaforte (ed.), Madrid, Cátedra, 1984; General estoria (Antología), M. Villar Rubio (ed.), Barcelona, Plaza & Janés, 1984; Primera crónica general de España, J. Filgueira Valverde (ed.), Zaragoza, Editorial Ebro, 1943. Véase, además, F. Rico, Alfonso el Sabio y la «General estoria». Tres lecciones, Barcelona, Ariel, 1972.

928 Ejemplos de ediciones ampliadas o actualizadas, con Mariana entero: Ortiz de la Vega (el menorquín Fernando Patxot y Ferrer) realizó La continuación de Mariana y el complemento hasta 1848, Barcelona, Imprenta de Luis Tasso, sin fecha; también la versión de Mariana continuada hasta nuestros días, por E. de Palacio, Madrid, Imprenta de P. G. y O., 1867.

929 M. Lafuente, Historia general de España, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Francisco de P. Mellado, 1862-1867, 30 vols.

930 Véase el ensayo de J. S. Pérez Garzón, a la reedición de M. Lafuente, Historia general de España desde los tiempos más remotos hasta nuestros días: discurso preliminar, J. S. Pérez Garzón (ed.), Pamplona, Urgoiti, 2002.

931 En general, R. García Cárcel, La construcción de las historias de España, Madrid, Marcial Pons, 2004.

932 L. von Ranke, La Monarquía española de los siglos XVI y XVII, M. Pedroso (ed.), México D.F., Leyenda, 1946.

933 R. Altamira, Historia de España y de la civilización española, Barcelona, Sucesores de Gili, 1958-1959, 5 vols.; véase el análisis de F. Pike, Hispanismo, 1898-1936: Spanish Conservatives and Liberals and Their Relations with Spanish America, South Bend (IN), University of Notre Dame Press, 1971.

934 Sobre su figura, J. A. Maravall, Menéndez Pidal y la historia del pensamiento, Madrid, Arión, 1960; J. I. Pérez Pascual, Ramón Menéndez Pidal. Ciencia y pasión, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1998; J. Pérez Villanueva, Ramón Menéndez Pidal, su vida y su tiempo, Madrid, Espasa-Calpe, 1991.

935 C. Sánchez-Albornoz, España, un enigma histórico, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1956, 2 vols.; De la invasión islámica al estado continental: entre la creación y el ensayo, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1985; La España musulmana: según los autores islamitas y cristianos medievales, 7.ª ed. corregida y aumentada, Madrid, Espasa-Calpe, 1986; El Reino de Asturias: orígenes de la nación española, Gijón, Cañada, 1989; Orígenes y destino de Navarra; Trayectoria histórica de Vasconia. Otros escritos, Barcelona, Planeta, 1984.

936 A. Castro, Los españoles: cómo llegaron a serlo, Madrid, Taurus, 1965; Sobre el nombre y el quién de los españoles, Madrid, Sarpe, 1985; La realidad histórica de España, México D.F., Porrúa, 1987; España en su historia. Ensayos sobre historia y literatura, Madrid, Trotta, 2004.

937 R. Menéndez Pidal, El Padre Las Casas. Su doble personalidad, Madrid, Espasa-Calpe, 1963. L. Hanke, «Ramón Menéndez Pidal vs. Bartolomé de las Casas: observaciones preliminares», Política. Ideas para una América nueva, vol. III, núm. 33, abril 1964, págs. 1-20; El Prejuicio racial en el Nuevo Mundo: Aristóteles y los indios de Hispanoamérica, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1958; La lucha española por la justicia en la conquista de América, Madrid, Aguilar, 1959.

938 Para la idealización, C. Lowney, A Vanished World. Medieval Spain’s Golden Age of Enlightenment, Nueva York, Free Press, 2005; como valoración crítica: S. Fanjul, Al-Andalus contra España. La Forja del mito, Madrid, Siglo XXI, 2002.

939 Para Castro y su exilio, A. Castro, Semblanzas y estudios españoles, sin editorial [Homenaje ofrecido por sus exalumnos de Princeton University], Princeton (NJ), 1956; en un sentido más conceptual: A. Castro, Españoles al margen, P. Carrero Blas (ed.), Madrid, Júcar, 1973.

940 H. Butterfield, The Whig Interpretation of History, Londres, G. Bell, 1931, con múltiples re-ediciones. De ser un personaje casi olvidado en el momento de su muerte en 1979, Butterfield se ha convertido en un personaje de intenso debate historiográfico, en especial por el uso que se ha hecho de su modelo en la historia de la ciencia; véanse, entre otros títulos, C. T. McIntire, Herbert Butterfield: Historian as Dissenter, New Haven (CT), Yale University Press, 2004; K. C. Sewell, Herbert Butterfield and the Interpretation of History, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2005; K. B. McIntyre, Herbert Butterfield: History, Providence, and Skeptical Politics, Wilmington (DE), ISI Books, 2011; M. Bentley, The Life and Thought of Herbert Butterfield, History, Science and God, Cambridge (RU), Cambridge University Press, 2011.

941 T. B. Macaulay, The History of England from the Accession of James the Second, Nueva York, Harper’s, 1879.

942 Las fuentes de Schiller aparentemente se concentraron en conocidas obras escocesas y protestantes, traducidas al alemán: la biografía del clérigo Robert Watson, The History of the Reign of Charles V (1769), en 4 volúmenes, de 1777, accesible online en <American Libraries>, y del asimismo clérigo William Robertson, The History of the Reign Of Charles V (1769), en 4 volúmenes, online en Google Books.

943 R. Safranski, Goethe y Schiller. Historia de una amistad, Barcelona, Tusquets, 2011.

944 R. Safranski, Schiller o La invención del idealismo alemán, Barcelona, Tusquets, 2006, páginas 225-251.

945 F. Schiller, Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung (1799), en http://gutenberg.spiegel.de/buch/3324; del mismo, Geschichte des dreißigjährigen Krieges (1800), online en DigBib.Org.

946 R. García Cárcel, Inquisición: historia crítica, Madrid, Temas de Hoy, 2000. H. Kamen, La Inquisición española, Barcelona, Crítica, 1992.

947 M. Duchet et al., L’Amérique de Théodore de Bry: une collection de voyages protestante du Xvie siècle: quatre études d’iconographie, París, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1987. B. de las Casas, Brevísima relación de la destruición de las Indias, J. M. Martínez Torrejón (ed.), Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2009; R. García Cárcel, La Leyenda negra: historia y opinión, Madrid, Alianza Editorial, 1992.

948 W. H. Prescott, History of the Conquest of Mexico; and History of the Conquest of Peru, Nueva York, The Modern Library [¿1936?]. G. Ticknor, History of Spanish Literature [1849], Nueva York, Houghton Mifflin, 1868, 3 vols.

949 H. Buckle, History of Civilization in England, Nueva York, D. Appleton and Co., 1880, vol. 1. J. L. Motley, History of the United Netherlands, Londres, John Murray, 1860-1867, 4 vols.; accessible en https://play.google.com/store/books/details?id=A-gnAQAAIAAJ&rdid=book-A-gnAQAAIAAJ&rdot=1.

950 P. de Bofarull, Los Condes de Barcelona Vindicados, y Cronología y Genealogía de los Reyes de España Considerados Como Soberanos Independientes de Su Marca, Barcelona, Imprenta de Juan Oliveres y Monmany, 1836, 2 vols.

951 V. Balaguer, Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, Barcelona, Librería de Salvador Manero, 1860-1863, 5 vols.

952 V. Balaguer, Las calles de Barcelona, Barcelona, Librería de Salvador Manero, 1865-1866, 2 vols.

953 J. de Zurita, Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1967-1977, 8 vols., accesible en: http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/2448.

954 H. Kamen, The Phoenix and the Flame. Catalonia and the Counter Reformation, New Haven, Yale University Press, 1993. Para Antonio Pérez, véase J. de la Planche, Las obras y relaciones de Ant. Pérez, estudio de E. Botella Ordinas, Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional, 1999.

955 The Apologie of Prince William of Orange against the Proclamation of the King of Spain, edición de la versión inglesa de 1581 por H. Wansink, Leiden, E. J. Brill, 1969, pág. 48.

956 J. de Mariana, Del rey y la institución real, Madrid, Doncel, 1976. L. Jardine, The Awful End of William the Silent. The First Assassination of a Head of State with a handgun, Nueva York, HarperCollins, 2005.

957 Les Quatre grans cròniques: Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere III, estudio de S. M. Cingolani, Barcelona, Edicions 62, 2009; Pere, Tomic, Histories e conquestes dels excellentissins e catholics Reys de Aragó e de lurs antecessors, los Comtes de Barcelona (ca. 1481), Barcelona, Estampa «La Renaixensa», 1886.

958 N. Feliu de la Penya, Anales de Cataluña, Barcelona, Editorial Base, 2009; Fénix de Cataluña, estudio de H. Kamen, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1983. J. Pujades, Compendio de la Crónica universal de Cataluña, Barcelona, Imprenta de Jose Tauló, 1842.

959 A. de Bofarull, L’orfeneta de Menàrgues o Catalunya agonisant, Barcelona, Libreria del Plus Ultra, 1862. V. Balaguer, Don Joan de Serrallonga, o Los bandoleros de las guillerías: drama en cuatro actos y un prólogo, Barcelona, Salvador Manero, o la novela, Don Joan de Serrallonga, en la misma casa, en 1868; A. de Bofarull, Hazañas y recuerdos de los catalanes, ó Colección de leyendas, Barcelona, Juan Oliveres, 1846.

960 A. de Bofarull, Historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña, Barcelona, Joan Aleu i Fugarull, Editor, 1876-1878, 9 vols.

961 A. de Bofarull, Historia crítica de la guerra de la Independencia en Cataluña, Barcelona, F. Naciente, Editor, 1886-1887, 2 vols.

962 A. Aulestià i Pijoan y E. Moliné i Brasés, Història de Catalunya, 2 vols., Barcelona, Centre Editorial Artístich de Miquel Seguí [1922]. Sobre Aulestià, véase Margalida Tomàs, L’obra literària i crítica d’Antoni Aulèstia i Pijoan, Reus, Associació d’Estudis Reusencs, 2009.

963 J. Coroleu y Pella y J. Fargas, Los fueros de Cataluña [presumiblemente autoedición], Barcelona, 1878; A. de Bofarull, La Confederación catalano-aragonesa, realizada en el período más notable del gobierno soberano del conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Estudio histórico, crítico y documentado, Barcelona, Establecimiento Tipográfico Luis Tasso, 1872, que ganó el Premio del Ateneu barcelonés de 1869.

964 S. Sanpere y Miquel, Fin de la nación catalana, Barcelona, Tipografía «L’Avenç», 1905.

965 E. Ucelay-Da Cal, El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España, Barcelona, Edhasa, 2003. V. Almirall, Lo catalanisme, edición de J. Pich Mitjana, Barcelona, RBA Libros, 2013. E. Prat de la Riba, La nacionalitat catalana, E. Ucelay-Da Cal (ed.), Barcelona, RBA, 2013.

966 E. Manela, The Wilsonian Moment: Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism, Nueva York, Oxford University Press, 2007. «President Woodrow Wilson’s Fourteen Points», accessible en: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp.

967 V. I. Lenin, «Informe sobre la paz, 26 de octubre (8 de noviembre)», en Obras escogidas, Moscú, Progreso, 1960, vol. 2, págs. 495-499.

CAPÍTULO 14

Los primeros Borbones y su época en dos momentos de la historiografía española

Demetrio Castro

La de «primeros Borbones» es una expresión equívoca que resulta oportuno aclarar precisando que hace referencia, simplemente, a aquellos monarcas de la dinastía cuyos reinados transcurrieron antes de que se abriese el proceso de tránsito al orden liberal con los acontecimientos de 1808. Un período, pues, de manifiesta homogeneidad, no solo cronológica, por llenar toda la centuria del Setecientos desde la proclamación de Felipe V en 1700 hasta la abdicación de Carlos IV en 1808, sino estructuralmente, por la plena vigencia en él del orden del Antiguo Régimen. De este modo, la consideración por parte de la historiografía de la ejecutoria de los cuatro monarcas, de sus logros y de sus insuficiencias, viene a confundirse habitualmente con el juicio que en conjunto se haga de los logros o fiascos del siglo de la Ilustración. Eso implica, entre otras cosas, que sea ese un período respecto al cual resulta, aun más que respecto a otros, fácil deslizar visiones teleológicas y construcciones finalistas, la interpretación whig de la historia que separa las ovejas amigas del progreso de los cabritos adversarios del mismo968. La acusada bisección que en la continuidad histórica nacional representó la entronización de la nueva dinastía sin duda facilitó y facilita, dentro de la historia moderna, no solo diferenciar nítidamente su tiempo de las dos centurias anteriores, sino vincular de manera estrecha la persona de sus representantes con las vicisitudes de la vida política, institucional, económica y cultural del siglo, algo que, por otra parte, no carece de razón de ser en una monarquía absoluta969. Por ejemplo, asumiendo que una estirpe de origen francés tenía que afrancesar la existencia de los españoles, como con tanta elocuencia deploraría Menéndez Pelayo; o que la extenuación del XVII imponía visiones y medidas nuevas para la recuperación que conoció el XVIII, en cuya raíz estaría, si no la intervención directa de los reyes, al menos su buen tino para elegir ministros y dejarles actuar.

Es necesario, igualmente, puntualizar que este análisis no pretende examinar lo que la historiografía española, en sus diferentes tendencias y especializaciones, ha establecido o tratado en los últimos tres siglos respecto a aquellos cuatro reinados y sus titulares, algo que rebasaría los límites de extensión e intención de este texto. Se atenderá por ello a solo dos momentos, uno correspondiente, grosso modo, a los decenios centrales del siglo XIX, años durante los cuales se forjó y arraigó un paradigma historiográfico caracterizado, entre otras cosas, por desarrollarse mayoritariamente fuera del mundo universitario y al menos inicialmente también del académico institucionalizado; por participar generalmente de los principios liberales de ordenación social y política, y de su ethos cultural y emocional, así como de una patente impronta nacionalista; por combinar, por fin, con más o menos acierto las exigencias del positivismo documental en el establecimiento de hechos con los recursos expresivos del romanticismo, cultivando al tiempo, en cuanto a la forma, las galanuras retóricas del estilo elevado. Obra de historiadores que escribían pensando poco en otros historiadores (salvo, en su caso, para polemizar), y sí más bien en un público general, razonablemente culto pero no especializado, al que suponían interesado en la historia como fuente de información, de distracción y de enseñanza moral o al menos existencial. El otro momento se localiza unos cien años después, a mediados del siglo XX, cuando se gestaba el paradigma historiográfico en el que se priman los enfoques de tipo estructural, desplazando a los sujetos individuales por actores o abstracciones colectivos, y centrando la atención en factores económicos y sociales, pero con vigencia aún del modelo historiográfico que privilegiaba al Estado, en tanto que centro de poder político, y preferentemente en sus relaciones internacionales, como objeto de análisis primordial. Un paradigma seguido por especialistas profesionalizados en las universidades, quienes veían en otros intelectuales o especialistas como ellos su público preferente. En España este momento pudiera haber estado particularizado por condicionamientos ideológicos que habrían repercutido en la interpretación del Setecientos y hasta en la posibilidad de tratarlo historiográficamente.

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La propaganda que en los últimos tiempos de Carlos II hicieron los valedores del candidato francés, asociando a la venida del nieto de Luis XIV la oportunidad de poner fin a una decadencia cuyas huellas, de por sí oscuras, ensombrecían a conciencia al señalarlas, caló no solo entre los contemporáneos sino también en cierta línea de interpretación histórica. El nuevo rey aparecía, así, como instaurador de una edad nueva en la que todo contrastaba con la de su antecesor, manifestándose la diferencia en cualquier aspecto, incluido lo más propiamente personal. Fue, sin duda, un gran acierto de Bacallar, que no pocos repitieron, simbolizar en lo desigual de la apariencia de Carlos II, «siempre enfermo, macilento y melancólico», y de Felipe V, «mozo, de agradable aspecto y robusto»970, la situación de una España austrina al borde del colapso, por un lado, y por otro las posibilidades de futuro en nuevas manos. Más elaborada, en pluma de Modesto Lafuente, la idea es la misma un siglo bien corrido después:

el buen efecto que produjo la presencia del joven príncipe, afable, vivo y cortés en un pueblo acostumbrado al aspecto melancólico, al aire taciturno y a la prematura vejez del último soberano, todo parecía indicar el gusto con el que acogían los españoles al vástago de una estirpe a la sazón vigorosa que venía a reemplazar en el trono de Castilla a la vieja y degenerada dinastía de Austria971.

Hasta en los compendios escolares quedaría troquelada aquella asociación entre la venida de los Borbones y el anhelo de regeneración972. Sabemos, no obstante, que su imagen para la opinión pública coetánea fue más compleja, con un austracismo irredento o latente, no solo aunque sí principalmente en Cataluña y en general la Corona de Aragón973. El despliegue a su favor de los recursos propagandísticos del púlpito, manejados por el no escaso sector del clero que le fue adicto, y de la panfletística, impresos y estampas que exaltaron su papel en la guerra de Sucesión974, si inicialmente efectivos, no salvaguardaron a largo plazo el aura que como rey Animoso, además de legítimo, se le otorgó durante aquel difícil período por su temple ante los reveses y lo espinoso de las circunstancias. Pues si para sus súbditos austracistas fue, tras la victoria, un rey vengativo, resentido e implacable, también entre quienes le apoyaron acabó viéndosele con escasa simpatía y casi como un monarca impopular. La extendida convicción de estar gobernado por sus mujeres, especialmente la segunda, sin voluntad propia, consumido por la abulia y entregado a un género de vida que dejaba ver una mente perturbada erosionó su reputación y el aprecio general.

No obstante, el cambio de dinastía se consolidó en la conciencia del siglo, o en parte apreciable de quienes pudieran representarla, como origen, incluso como requisito, de una era de regeneración. Seguramente a Forner no le movió solo la obsequiosidad, como otras veces cuando, acercándose el final de la centuria, seguía insistiendo en el contraste entre los tiempos de una dinastía y otra, ya como una evidencia comprobable: «Cotejad los reinados de la Dinastía de Borbón con los tres últimos de la Dinastía Austriaca. En estos veréis a una nación corpulenta y colosal que [...] se desploma al fin [...] En los monarcas de este siglo ya se ve una Nación que renace de sus escombros; y [...] va caminando en silencio hacia su prosperidad. Todo se ha fomentado, todo se ha promovido».

Tanto que, de no ser por ciertos imponderables, «es posible que España se hallase hoy en el mismo estado en que la dejaron Fernando el Católico y el Cardenal Cisneros»975. Es decir, una situación de esplendor conocida en un tiempo, preaustrida, a la que acabarían idealizando con rasgos propiamente míticos las primeras generaciones liberales.

Los historiadores del XIX, en efecto, encontraron en el cambio de dinastía, y en concreto respecto a su primer titular, más sombras, por diferentes razones y en diferentes aspectos. La historiografía liberal, y de modo más acentuado entre aquellos autores de propensiones democráticas, apreció en la entronización de Felipe V la culminación de las tendencias absolutistas introducidas con la llegada a comienzos del siglo XVI de la Casa de Austria e incluso su reforzamiento desde entonces, y cuyo resultado habría sido la anulación de las libertades municipales y locales, idealizadas cuando no simplemente fantaseadas por el discurso liberal desde antes incluso de las Cortes de Cádiz, así como de la no menos idealizada representación en Cortes durante el Antiguo Régimen. Aunque ese reproche pudiera extenderse a sus sucesores, como más abajó se verá, las tintas se cargaban respecto a él, beneficiario de un estado de cosas político que en nada quiso revisar salvo para consolidarlo. Se hacía notar, por ejemplo, que el cambio de dinastía se debió únicamente a la exclusiva voluntad de Carlos II, plasmada en su testamento, como si de la transmisión de una propiedad se tratase, y sin intervención alguna del reino. Modesto Lafuente lo resumiría así:

Nada comprueba tan cumplidamente el decaimiento de las robustas instituciones de que en lo antiguo gozaron en España las entidades sociales del país como la circunstancia de no haberse levantado en él una sola voz para protestar contra las cláusulas del testamento de Carlos II [...] porque lo hubiese hecho sin contar con el asentimiento de la Nación, sin haber convocado Cortes...976.

Ante tal desarticulación institucional, moribundas las viejas franquicias y las corporaciones que pudieran hacerlas valer según habían quedado forjadas por el relato liberal977, el nuevo rey no halló dificultad insalvable para dar por liquidados los «derechos populares» vigentes en un pasado, por otro lado, poco concreto («bajo la antigua monarquía»), aunque, pese a la alegada facilidad, para acabar haciéndolo hubiese de mediar una guerra cuya conexión con este asunto parece soslayarse978. Es decir, no deja de haber una cierta contradicción entre la tesis de la comodidad con la que el rey recién llegado se desembarazó de las cortapisas a su autoridad y la resistencia que a ello, sosteniendo a su rival, demostraron parte de sus súbditos, sobre todo en los territorios orientales de la Península, aceptando, como quiere la interpretación liberal, que no fuese aquella abrogación efecto de esa misma resistencia y adhesión al pretendiente austríaco.

La misma omisión relativa a toda intervención del reino en el tránsito de la antigua a la nueva dinastía hacía observar críticamente Víctor Balaguer («nadie pensaba en consultar la voluntad de aquella nación cuyo dominio se disputaba»)979, quien encuadra, lógicamente, la supresión de las «libertades» y «privilegios» de la Corona de Aragón y de Cataluña, en particular en aquel impulso incubado bajo los Austrias y consumado por el primer Borbón destacándolo como razón sustancial de las dificultades que encontró para consolidarse en el trono. Por ello, este historiador, tan representativo del liberalismo progresista en cuyas sucesivas materializaciones como partido desarrolló toda su larga carrera política, interpretó el capítulo catalán de la guerra de Sucesión, tanto o más que como resultado de la vindicación de derechos propios de la región, como defensa de libertades españolas en trance de liquidación por obra del nuevo rey y, por ello, Barcelona «fue el último baluarte de la libertad de España»980. De ahí su vehemente convicción de que, antes que rebelión exclusivista, el meollo de la vertiente catalana del conflicto sucesorio radicó en la adhesión consecuente y fiel a un modelo de organización de la monarquía en trance de liquidación981, perpetrada en los otros reinos de la Corona de Aragón a impulsos del ánimo despótico del nuevo rey982, así como de que resultase erróneo e injusto contemplarlo como un movimiento desmembrador y refractario a la unidad española983. En definitiva, desde su visión liberal y desde su perspectiva catalana, la resistencia del Principado y de otros territorios de la corona aragonesa no sería en definitiva más que efecto de la extralimitación del rey y expresión de lo que actualmente podría llamarse una cultura política de la libertad, de defensa de la ley y la seguridad personal frente «al látigo del despotismo». De ese modo, con reduccionismo anacrónico, acaba parangonando austracismo y liberalismo984.

La interpretación liberal y filoforalista de Balaguer tiene, además, otra vertiente de interés. Para él, en el origen de la resistencia a Felipe V hubo en España en general, aun donde esa resistencia no se manifestó, una reacción, que consideraría sin reservas patriótica o nacionalista, de rechazo al afrancesamiento introducido por el nuevo rey y sus consejeros. Una respuesta airada de la dignidad herida ante la preponderancia o la prepotencia de los franceses, los de Versalles y los llegados a Madrid. Dejándose sentir esa influencia pretenciosa en la acción de gobierno, dice, «la dignidad española y el orgullo nacional habían de sentirse heridos en lo más íntimo y por fuerza más tarde o más temprano habían de sublevarse contra aquella tutela del extranjero»985. Es esta, en efecto, otra cuestión abordada en la historiografía sobre los Borbones y que en parte al menos se hace eco de una corriente galofóbica ya perceptible de antiguo. Su arraigo en las actitudes sociales, especialmente en los estratos populares y con mayor intensidad en Aragón y Cataluña, es conocido como un rasgo de la cultura tradicional española del Antiguo Régimen, pero resulta más fácil de verificar en el discurso de un sector de las élites intelectuales del Dieciocho, y reformulado por parte de ciertos historiadores del siglo siguiente como componente de su interpretación de las circunstancias y de las consecuencias del establecimiento de la nueva familia real.

En efecto, una determinada corriente lamentó lo que tuvo por efecto desnacionalizador, en la cultura y los usos españoles, la llegada de la dinastía francesa. Asociando de modo casi automático la presencia de una estirpe de origen francés con el predominio cultural de aquel país en la Europa, y por tanto la España, del siglo XVIII, quienes compusieron esa corriente interpretativa centraron su atención en la introducción en la cultura española y en la lengua de gustos, estilos, léxico y hasta construcciones sintácticas de aquella procedencia, y algunos además en la difusión de unas tendencias filosóficas de contenidos escépticos o materialistas, de un pensamiento crítico que rechazaba el argumento de autoridad, por limitado que esto hubiera sido realmente en la práctica; pero esta es una vertiente distinta de la cuestión. Lo cierto es que ya desde mediados del XVIII se dejó notar entre las élites intelectuales españolas una bien representada línea polémica de repulsa y resistencia al afrancesamiento formal del lenguaje, del habla y de las modas, con portavoces caracterizados como el padre Isla o el mismo Forner, tan beligerante al combatir a los semigalos o la caterva engalicanada que corrompía el lenguaje con un pensamiento superficial y frívolo y un estilo empedrado de galicismos. Isla satirizó en Fray Gerundio la afectación francesista986, y en otros escritos fustigó el descuido de los escritores de su tiempo por la pureza de la lengua y su afición a giros y términos franceses. Forner no lo combatió solo como vicio expresivo y deformación del lenguaje propio, sino como manifestación de lo inconsistente y trivial de la cultura del siglo, troquelada desde Francia987. Esa postura casticista está en la raíz de una interpretación más ideológicamente armada que se encuentra en el pensamiento antiliberal del siglo siguiente, en la que lo francés no es solo ni principalmente un problema de degradación del idioma propio, sino de introducción de ideas desvirtuadoras de la cultura nacional entendida ante todo como cultura católica. Fue así, como se verá más abajo, un lugar común del integrismo manejado por diferentes autores con mayor o menor solvencia.

Por nadie de forma tan estructurada como por Menéndez Pelayo, quien vinculó directamente la llegada de la nueva dinastía con el inicio de un proceso de desnacionalización. En su análisis, la guerra de Sucesión fue una verdadera catástrofe que sometió España a Francia y supuso la pérdida de las posesiones europeas de la monarquía. Y que además, dice en coincidencia con el parecer de los historiadores liberales, implicó «perder hasta los últimos restos de sus sagradas libertades provinciales y municipales, sepultadas bajo los escombros humeantes de la heroica Barcelona»988. Sin embargo, está muy lejos de ellos en la interpretación general de lo que supuso la llegada de los Borbones. El fondo positivo que para la renovación a medio plazo de la condición y las estructuras de España encuentran los historiadores liberales en la entronización de Felipe V, en algún caso de modo casi eufórico, no lo admite él en modo alguno. Por el contrario, entiende que en determinado orden de cosas supuso infortunios no menores que los sufridos reinando el último de los Austrias:

Por tristes que hubiesen sido los últimos tiempos de Carlos II, casi estoy por decir que hubieron de tener razón para echarlos de menos los que en el primer reinado de Felipe V vieron nuestros ejércitos desalojar, uno tras otro, los presidios y fortalezas de Milán, de Nápoles, de Sicilia y de los Países Bajos, y vieron, sobre todo, con lágrimas de indignación y de vergüenza, flotar en Menorca y en Gibraltar el pabellón de Inglaterra [...] a cambio de un poco de bienestar material, que solo se alcanzó después de tres reinados, ¡cuánto padecieron con la nueva dinastía el carácter y la dignidad nacionales!989.

Pese a esta doble línea crítica, de fuente distinta pero entrecruzadas parcialmente, la del Felipe V liberticida, asolador de unas idealizadas libertades colectivas tradicionales, y el Felipe V inoculador del virus de la degradación de la cultura nacional, de sus instrumentos expresivos y de sus contenidos, la interpretación global del reinado por parte de la historiografia de mediados del XIX fue indulgente, estimándolo como un período de recuperación material interna y de moderada pero efectiva afirmación exterior, de quiebra con la dinámica caducante de la etapa precedente y de neutralización de algunas de las causas que la habían determinado. Unos años que, de haber podido usar esta terminología, habrían calificado de modernización y de normalización. Es probable que esos análisis sobrevalorasen la profundidad de los cambios en la base material y cultural de la sociedad española, pero esa no es ahora la cuestión. Por otra parte, el rey, en sí mismo, parece como desdibujarse en esas evocaciones de su reinado a medida que este avanzó. El monarca, prácticamente incapaz de impulsar ninguna acción de gobierno durante gran parte de su vida, resultaba, así, ponderado casi por poco más que por haber existido, por haber llegado a su trono joven y saludable, cerrando con ello una época aciaga. Porque el precio de su llegada fuese el de desembarazarse de la insostenible carga de una política centroeuropea indefendible y extenuante. Por haber impuesto en los primeros momentos reformas en la estructura de la monarquía que se reputaban necesarias y de efectos positivos. Por haber entreabierto los cauces de una vida intelectual más activa y actualizada. Incluso por haber engendrado hijos suficientes para que ni su propia muerte ni la temprana de alguno de ellos o el no dejar descendencia propia planteasen un problema político inmanejable.

La imagen más extendida de esos hijos sucesores sería también, historiográfica y comúnmente, halagüeña: la del Fernando VI discreto, casi desplazado de la escena por la personalidad de su hermano y sucesor y por la solvencia de sus propios ministros, de forma que sus merecimientos se buscaban en la circunspección de su vida privada, el dejar hacer para asegurar la neutralidad española durante la guerra de los Siete Años, el patrocinio de las academias y la protección de la ciencia y la cultura. Nada comparable a lo que fuera la apreciación de Carlos III como monarca ilustrado. La primera aportación historiográfica de envergadura en esa dirección puede ser la biografía escrita por quien fuera uno de sus embajadores, el conde Fernán Núñez990, un continuo panegírico en el que brilla un monarca de inteligencia penetrante, moralidad intachable, así como celoso del bien general y la mejora material y moral del reino991. Prueba especial de ello sería la creación y protección de las Sociedades de Amigos del País, que le valdrían el epíteto de Rey Patriota992. Igualmente, la historia de aquel reinado por Ferrer del Río, ya en el siglo siguiente, es tan incondicionalmente laudatoria que el autor se siente obligado a advertir que es la objetividad y no la lisonja lo que inspira sus juicios. Subraya Ferrer que lo mucho y todo acertado que se hizo durante aquel tiempo fue mérito personal del rey antes que de nadie («la parte principal de la honra de tan memorable reinado pertenece a Carlos III de justicia»)993. Ya entre quienes le sirvieron y secundaron en el propósito reformador (aunque, de hecho, quizá fuese más exacto decirlo al revés: fueron ellos quienes consiguieron el respaldo del monarca para acometer cautas reformas), el balance estaba claro: «Ciencias útiles, principios económicos, espíritu general de ilustración: ved aquí lo que España deberá al reinado de Carlos III»994. Junto a las mejoras urbanas de Madrid o las iniciativas de colonización interior y otras reformas institucionales civiles y militares, los apologistas, hombres de letras en su mayoría, tendieron a exaltar los cambios en la esfera intelectual. El propio Jovellanos, con cierto triunfalismo ilusorio, se mostraría categórico en su balance de los progresos en ese campo durante el reinado del tercer monarca Borbón: «Ya se oyen apenas entre nosotros aquellas voces bárbaras, aquellas sentencias oscurísimas, aquellos raciocinios vanos y sutiles, que antes eran gloria del peripato y delicias de sus creyentes; y en fin hasta los títulos de tomistas, escotistas, suaristas han huido ya de nuestras escuelas»995.

Sería el resultado de un programa inspirado por el trono, o, según lo exponía el más conocido apologista del panorama cultural propiciado por Carlos III, de «los vigorosos esfuerzos que han hecho nuestros Reyes, particularmente los de la Augusta Casa de Borbón, para desterrar la barbarie y extender la ilustración»996. Sempere, sin dejar de dar cuenta de los progresos que la literatura y la ciencia debieron a la protección de Felipe V y Fernando VI, sostenía que el verdadero cambio de la situación solo se conoció con Carlos III, con su «alta penetración y exquisito juicio», entre otras cosas por haber «premiado el mérito sin distinción de clases, de profesiones, de estados, ni de nacimientos»997. La estima por el monarca como impulsor y protector del saber, de un saber renovado en contenidos y métodos, que cultivaron sus contemporáneos debió de arraigar; Ferrer, que había nacido en 1814, dice hacerse eco de la fama y la devoción por Carlos III en la generación anterior a la suya, habiéndola podido apreciar personalmente siendo joven, y de cuanto elogiable hizo destacará como más trascendental las novedades en el campo de la cultura998.

Ese ambiente de respetabilidad y equilibrio desaparece irremisiblemente de la historiografía decimonónica (y en gran medida en la posterior) al abordar el último reinado del siglo. Si no se desconocen por una parte de ella los intentos en materia de instrucción o la persistencia de cierta voluntad reformadora, la conjura impulsada por el partido fernandino que acabó con Godoy y forzó la abdicación de Carlos IV sembró en sus intrigas para minar la respetabilidad de los reyes y la influencia del favorito infundios y medias verdades, tanto más eficaces cuanto más coincidentes con lo que muchos querían oír, que habrían de quedar sólidamente arraigados. La imagen que del rey, la reina y el Príncipe de la Paz, conjunta y separadamente, acabó convenida se deslizó sin mucha resistencia a las crónicas e historias, aun en aquellas con propósito de ecuanimidad, contraponiéndola a la ya acuñada de Carlos III. Así, la historia de Muriel999 desarrolla la exposición del reinado en continuo contraste con el anterior, del que viene a ser la antítesis. Las versiones revisionistas tenderían a trazar un estado de cosas determinado por una reina dominante, un Godoy leal pero temerario y un Carlos IV inepto y apático. Un retrato de grupo inspirado en sus líneas generales por lo que dejó asentado el relato de aquel historiador y con acomodo tanto en un sector amplio de la opinión informada1000 como también en resúmenes escolares1001.

El abate Muriel, en quien, denominándosele así, es fácil presumir el afrancesamiento, solo en parte puede ser incluido entre los historiadores propiamente liberales. En primer término, por razones de edad: nacido hacia 1775, era notablemente mayor que ellos, y por lo tanto pudo llegar a tener un conocimiento directo de los hechos y las personas de que trata en su historia. Hombre, pues, de una generación anterior y con un horizonte cultural propio de la Ilustración tardía que Lafuente, Ferrer o Balaguer no vivieron. Por eso, su arquetipo político no pudo ser el del liberalismo sino el del despotismo ilustrado, que tiene por «el más perfecto, sin duda alguna», de los tipos de gobierno. Es decir, «el de un monarca recto y celoso, que tiene cerca de su persona consejeros y cooperadores tan justos y celosos como él»1002. No cabe aquí considerar cómo llega a juzgar perfecto ese género de gobierno dependiente de que el monarca fuese efectivamente recto y celoso, es decir, de algo aleatorio, ni si es, tal como con perspectiva histórica pueden verse las cosas, apropiado denominar así el mecanismo de gobierno activado bajo el tercer Borbón español. Pero, siendo ese su ideal, es decir, el de un soberano dotado de poderes sin otro límite efectivo que su propio comedimiento, es lógico que, como los historiadores liberales, sea devoto de Carlos III aunque no por las mismas razones. A diferencia de ellos, no lamenta la pérdida de las libertades llamadas populares a la llegada de la dinastía, y, al revés, considera esa falta de cortapisas a la voluntad real una ventaja1003. Su balance del reinado fue, naturalmente, fervoroso: «entre los reyes de España de los tiempos antiguos y modernos ninguno ha gobernado quizá con mayor acierto que Carlos III»; no solo fue aquella una época en la que todo mejoró sino que el del monarca español habría llegado a ser el gobierno más ventajoso del continente: «ninguna de las monarquías de Europa ofrecía entonces tal plenitud de poder ni tan absoluta y pacífica dominación»1004.

El reinado de Carlos IV fue para Muriel, como ya se ha adelantado, el revés de la moneda. Y la razón primordial de ello la sitúa en la reina y su conducta, en «las pasiones y caprichos de esta mujer liviana», quien «estuvo dominada por las pasiones y flaquezas de su sexo y no poseyó ninguna de sus virtudes»1005. Unida a Godoy, siempre señalado como «el amante de la reina», ambos atizaron un clima cortesano de rencores y suspicacias, de estrechez de miras y ambiciones, en el que cualquier personalidad descollante por patriotismo y rectitud (Floridablanca, Jovellanos, Saavedra) acababa sufriendo represalias y proscrita. Esta explicación, vinculada a la inmoralidad de la reina y la ambición y limitaciones de Godoy, está en la raíz de todo. Por ejemplo, si explica plausiblemente que en la caída de Floridablanca intervino decisivamente Francia («esta fue la verdadera causa»), no omite otorgar papel en ello a la reina, despechada por las censuras del ministro a su comportamiento1006. Hasta el imparable deterioro de la Hacienda tendría que ver fundamentalmente con los dispendios de la corte1007. En suma, de forma un tanto simplificadora, Muriel explica la crisis ya tan perceptible de la monarquía española al cerrarse el siglo XVIII (su historia llegó solo a 1801) en función de formas de ser, conductas y pasiones de tres personajes. Un patrón de narración histórica que no por arraigado dejaba ya de ser deficiente e insuficiente cuando escribió.

Aquellas historias, tan interesadas en la vida personal o la dimensión privada de los monarcas y tan prolijas respecto a cuestiones de política exterior, resultan por lo general más parcas en asuntos de política interna. Tal vez porque el paradigma historiográfico privilegiase tradicionalmente la proyección de la soberanía del Estado en su relación con otros, quizá porque la información disponible para la historia interna les resultase de menor atractivo, o por cualquier otra razón, pero no porque aquellos autores desconociesen su importancia. De hecho, en su mayoría tuvieron interés activo por la política de sus días e irremediablemente proyectaron sus propios principios ideológicos en el modo de presentar la España de los primeros Borbones y a estos mismos. Los muy leídos historiadores que se identificaron con el liberalismo propio del partido progresista, como Balaguer, Modesto Lafuente o Ferrer, no ocultan su aplauso hacia las políticas de reforma que entendieron como antídoto adecuado para sortear la revolución, y se identificaron con aquella élite ilustrada que las impulsó, donde ven patriotas altruistas y cultos como Macanaz, Campomanes o Jovellanos. Inspiradores o ejecutores de políticas regalistas que redujesen la influencia clerical en la vida pública y recortasen su poder económico, que allanasen las diferencias sociales limitando el privilegio y creando condiciones para reconocer el mérito individual, que reformasen la legislación para liberalizar las actividades económicas, que tutelasen la vida intelectual redimiéndola de controles abusivos y fomentasen la enseñanza con instituciones docentes y métodos nuevos. En suma, lo esencial del programa ilustrado, del que se sienten manifiestamente herederos y en cierto modo continuadores. Todo bajo la tutela de monarcas ilustrados y benévolos como Carlos III, o cuanto menos condescendientes y pasivos como Felipe V y Fernando VI. Si fue característica del liberalismo español, según se ha indicado antes, una interpretación de la historia nacional que pivotaba sobre el advenimiento de la Casa de Austria como quiebra con un pasado de libertades patrias arrasadas por el absolutismo monárquico, y por tanto con la execración del período inaugurado con la llegada de Carlos V, no fueron tan taxativos respecto a los Borbones, salvando las medidas del primero de ellos conectadas con la guerra de Sucesión, por más que los poderes del trono fuesen los mismos o superiores y casi idénticos sus apoyos y aún más propicias las condiciones para que el despotismo ministerial prosperase. Desde este punto de vista, el advenimiento de la nueva dinastía no podía interpretarse como un cambio de rumbo sustancial que hubiera devuelto al presente el orden institucional desaparecido con los Reyes Católicos, o hubiese permitido su recuperación bajo otras formas.

Conforme queda señalado, historiadores como Lafuente sostendrían que la convulsión y la guerra civil ocasionadas con la entronización de Felipe V fueron en última instancia una herencia austrina, debida a la exclusión de la representación «de los pueblos» en el proceso, intervención imposible por estar arrinconadas las Cortes y sin ninguna instancia que pudiera hacer sus veces. Más aún: precisamente aquella obra devastadora de los Austrias fue lo que hizo posible que Felipe V liquidase los vestigios subsistentes de las antiguas inmunidades. En efecto, se hallaba ya «tan menguado el poderío de nuestros antiguos municipios y tan en desuso las franquicias y privilegios de las clases en las que residían los derechos populares bajo la antigua monarquía, que poco tuvo que hacer Felipe V [...] para acabar con las escasas preeminencias que aún se conservaban, principalmente en los territorios de la antigua Corona de Aragón»1008.

De esta forma, los Borbones eran en cierto modo distintos de los monarcas de la dinastía anterior, pero también producto y contrahechura suya. Destructores unos y otros de las idealizadas libertades nacionales, si bien bajo la dinastía francesa llegara a haber un clima reformista en el orden material e intelectual más o menos sólido y efectivo. A la izquierda del liberalismo que así entendía el papel histórico de la nueva dinastía, demócratas o republicanos fueron mucho más severos, añadiendo, a esos reproches relativos al estilo de poder autoritario que consolidaron, otros de diferente índole. Con la hostilidad derivada de la implicación directa en las luchas políticas de mediados del siglo XIX de muchos de los publicistas que sostuvieron ese punto de vista, su descalificación de la dinastía careció prácticamente de matices y la hicieron amalgamando en un todo indistinto a los monarcas del siglo anterior con Fernando VII e Isabel II y atribuyendo a todos una disposición común que sería casi genética, una idiosincrasia familiar que todos mostrarían en mayor o menor grado situándoles entre la inanidad y el despotismo. Hablando en las Cortes del Sexenio, decía Pi y Margall, en quien la dedicación a la historia y la dedicación a la política no siempre anduvieron deslindadas:

Llegamos a la dinastía de los Borbones. No hubo en ella ningún genio político como en la casa de Austria; no hubo más que medianías y vulgaridades. Se sostiene algún tanto en Fernando VI y en Carlos III, declina luego bruscamente con Carlos IV, continuó degenerando con Fernando VII. No tengo necesidad de decir si está degenerada o no la raza de estos monarcas1009.

No serían, con todo, los suyos los pronunciamientos más sectarios y apasionados, y la propaganda antimonárquica hizo uso de ese tipo de descalificaciones ad hominem de modo sistemático, tomándolas por argumento histórico. Bastará un ejemplo, también de uno de los más destacados activistas del republicanismo decimonónico:

Si alguna cosa tienen los pueblos que agradecer a los Borbones, en medio de las calamidades que han hecho caer sobre ellos, es el haber dado el golpe de muerte a la institución monárquica, con su exagerado despotismo, con la destrucción de las instituciones más o menos populares que existían en los países en que han reinado y por último con los hediondos vicios de que han hecho siempre cínico alarde1010.

Esta apreciación final relativa a la depravación borbónica estaba hondamente implantada en un amplio sector de la opinión pública al final del reinado de Isabel II, y se refería preferentemente a ella misma, a su marido, a su madre, María Cristina de Borbón Dos Sicilias, en menor medida a su padre, y también a su abuela, pero era difícilmente sostenible respecto a Fernando VI o Carlos III. Es decir, se proyectaban sobre el conjunto de la estirpe española censuras que en puridad solo merecían los monarcas del XIX (aunque la codicia que tan detestada hizo a María Cristina tuviera su precedente en el aborrecimiento a la esposa de Fernando VI, Bárbara de Braganza, por el mismo motivo). El hecho es que esa resultó una imagen asentada de la que historiadores y publicistas no dejaron de hacerse eco contribuyendo, a su vez, a consolidarla. Los años del Sexenio, con la reina desterrada y el mayor margen de libertad de imprenta que permitió, fueron decisivos para ello, en una intersección de relato histórico y opugnación política que apenas, si algo, trataba de rescatarse como las dos citas precedentes dejan claro. Otra de las personalidades antimonárquicas descollantes del momento, Emilio Castelar, no incurrió como sus dos correligionarios en juicios tan simplista pero tampoco dejó de hacer su propia sumaria a la dinastía. Aunque él fue el único de los autores de su época hasta ahora mencionados que tuvo, como catedrático de la materia en la Universidad de Madrid, una vinculación con la historia que pudiera llamarse académica, cuando se ocupó del papel de la dinastía en el pasado español (y en su presente) no lo hizo en sus escritos historiográficos, siempre un tanto divagativos y en los que abordó múltiples asuntos de todas las épocas, sino en textos o discursos políticos muy difundidos, y no solo entre sus partidarios. Uno de los más notables a este respecto es el que pronunció en las Cortes defendiendo la proposición, de la que fue primer firmante, para que se inhabilitase o excluyese expresamente a la dinastía de Borbón en todas sus ramas de la posibilidad de acceder a la jefatura del Estado en España1011. No fue aquella una simple argumentación política, sino que la propuesta vino engastada en una amplia exposición de historia comparada, filosofía del progreso y hasta alardes de conocimientos genealógicos, en la que examinó el papel de aquella familia a lo largo de siglo y medio. En su interpretación no cabía el riesgo de anacronismo tomando período tan extenso como un todo, y tratándolo en torno a un asunto de política contemporánea, pues lo propio de una estirpe real sería, precisamente, dar continuidad a iguales propensiones o tendencias, y ello no solo por asumir unas mismas convicciones y metas sino también por unas constantes que habría que llamar biológicas1012. Por ello, y es su principal inculpación, la de los Borbones no dejó de ser nunca una familia francesa, es decir, antiespañola. Desde Felipe V, quien, especialmente en los primeros tiempos de su reinado, no fue más que «un chambelán de Luis XIV», hasta sus hijos y su nieto, quienes, sabiéndose franceses y no españoles, orientaron toda su política desde esa premisa. Si cualquiera de las líneas de la amplia progenie borbónica no dudó nunca entre su propia conveniencia dinástica y los pertinentes intereses nacionales que deberían representar, los Borbones españoles llevaron esa constante al extremo: «ninguna de las ramas de la casa de Borbón ha sido tan enemiga de su patria, ninguna, como la rama de España». Más aún, siguiendo un razonamiento derivado de una convicción poco discutida a mediados del siglo XIX y bastante tiempo después, ilustra la extranjería de la familia reinante mediante un contraste propiamente racial, tanto somático como psíquico, con el pueblo que regían: «contemplad su pelo colorado, sus ojos mortecinos, su tez blanquecina, su temperamento y veréis que no hay una sola gota de nuestra sangre en sus venas, ni un reflejo de nuestro espíritu en su alma»1013. No mucho después, Menéndez Pelayo argumentaría también sobre el extranjerismo de los Borbones, o más bien del espíritu de su tiempo, pero su denuncia, como se ha visto, se ceñía a la desnacionalización cultural, al alejamiento de unos moldes intelectuales y morales propios de los siglos anteriores en los que encontraba plasmada la verdadera idiosincrasia nacional española.

* * *

Aproximadamente cien años más tarde, en las décadas centrales del siglo XX, la lectura política, desde las premisas de aquel presente, de los cuatro primeros reinados de los Borbones tuvo, como no podía ser menos, signo diferente. Aún no del todo pujantes los enfoques estructurales y colectivos referentes a fuerzas y tendencias impersonales, en especial las de orden económico, la historiografía española experimentaba un larvado proceso de renovación en temática y enfoques, que ya entrado el decenio de 1960 se mostraría sólido, y uno de cuyos efectos principales fue el enorme crecimiento del interés por el siglo XVIII en sus diferentes aspectos. Al mismo tiempo, como se apuntó arriba, los historiadores constituían cada vez más una corporación profesional crecientemente estructurada cuya actividad y reclutamiento se encerraban fundamentalmente en el espacio universitario, de forma que escribían ante todo para otros historiadores o especialistas próximos; así lo que se crecía en calidad técnica se profundizaba también en esoterismo y se acentuaban las líneas de demarcación respecto a otros cultivadores de la historia no profesionales. Es decir, fueron momentos de transición entre dos formas de hacer historia sobre cuyo alcance no cabe extenderse aquí. Finalmente, y aun no siendo absolutamente rígido ni simple, en aquel proceso pesaba un marco ideológico condicionante de la reflexión historiográfica en varios sentidos. Sobre esto último será oportuno extenderse someramente.

Es corriente suponer, y se acepta sin demasiadas cautelas, que la política cultural del régimen encabezado por Franco tejió una conspiración de silencios para proscribir el XVIII como siglo extraño a la tradición española, fomentando por el contrario el interés por los siglos XVI y XVII, más genuinamente nacionales e imperiales. Es decir, según escribe un dieciochista reconocido:

los historiadores de la época [la postguerra] quisieron dedicar sus esfuerzos a siglos que concordaran más con el «espíritu nacional» proclamado por el nuevo régimen autoritario y a temas que como los reyes Católicos y la unidad político-religiosa, la conquista de América o el Imperio, resultaran una palpable verificación de «la raza» al tiempo que una indudable confirmación de la pasada grandeza que se iba a volver a conseguir1014.

Así presentada, la cuestión resulta simplificadora, y lo sostenido, no del todo exacto. Estaría más en lo cierto uno de los grandes historiadores españoles de la segunda mitad del siglo XX, quien decía por su parte: «En España ciertos períodos históricos se convirtieron en mitos nacionales, mientras otros —entre ellos, nuestro siglo XVIII— se consideraban como germen de la anti-España»1015, pero sin que se pueda comprobar tal relegación o desatención en la práctica historiográfica. Al menos no es posible verificar esta presunción mediante alguna evidencia cuantitativa. En las revistas y publicaciones académicas de los años posteriores a la guerra civil no se advierte ese eclipse del estudio del Setecientos, y aunque no mayoritarios, son frecuentes los trabajos dedicados al XVIII, de forma especial a la política internacional (que era, por otro lado, uno de los campos más frecuentados en relación con cualquier período de la historia moderna y contemporánea). En concreto, en Hispania, la revista del Instituto Jerónimo Zurita del CSIC, de los más de doscientos sesenta artículos publicados en sus primeros ochenta números, entre 1940 y 1960, algo más del 10 por 100 están dedicados a cuestiones o personalidades del XVIII, siendo de estos ligeramente más numerosos los aparecidos entre 1940 y 19501016. Predominan, como se ha dicho, los dedicados a relaciones exteriores, pero también los de historia cultural, y son autores historiadores en su mayoría entonces jóvenes que ultimaban sus tesis sobre temas dieciochistas1017, a varios de los cuales se pueden atribuir orientaciones ideológicas próximas al tradicionalismo, el integrismo católico o bien a un catolicismo más centrista y también integrado en el régimen. Otras publicaciones con marchamo oficial, como la Revista de Estudios Políticos o la algo más autónoma Escorial, acogieron también con relativa frecuencia trabajos sobre el Setecientos1018.

Por su parte, los textos y disposiciones que inspiraron o regularon la política escolar y cultural durante los primeros años del régimen de Franco no se expresan de manera concreta en ese sentido condenatorio del siglo ilustrado. No quiere decir ello que deje de percibirse animadversión hacia lo que el XVIII representaba, que se revela a veces de forma insospechada y algo peregrina. Así, la ley de creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de 24 de noviembre de 1939, explicaba en su preámbulo que el nuevo organismo habría de renovar una tradición científica gloriosa partiendo de «la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVIII»1019. No es irrelevante que el ministro que presidió los orígenes del CSIC y firmó el decreto-ley de 1939 fuese un católico integrista (y profesionalmente catedrático de historia de instituto), José Ibáñez Martín, quien en su discurso en el acto inaugural del nuevo organismo, en octubre de 1940, abogó por una ciencia católica y tomista, restauradora de la tradición1020. Porque era, precisamente, en ese sector ideológico donde particularmente se hacía notar la repugnancia hacia el siglo ilustrado. La razón es obvia; como explicaba otro de aquellos fundamentalistas católicos glosando La crise de conscience européenne, de Harzard, recién publicada en español, el XVIII era el siglo que consagraba el surgimiento del mundo moderno, sobre todo intelectualmente, y culminaba la disolución «del orden medieval en el desorden moderno». Para España se trataba de entroncar con la cultura del XVII —es decir, con la anterior a la ciencia moderna— restaurando una filosofía armonizada con la revelación1021. Lo que alienta en el fondo de esos razonamientos es la añoranza de un Estado confesional, apropiadamente autoritario para proteger eficazmente la ortodoxia y las prerrogativas del clero; algo que, por cierto, era lo que hacía más o menos el de la monarquía borbónica del Setecientos. De esa hostilidad intelectual a la modernidad filosófica no se sigue, sin embargo, que llegase a haber exactamente una «tesis oficial de la historiografía fascista frente a la Ilustración», orientada, más que a condenarla, a ignorarla «en pos de una identidad cultural arcaica, más “genuina” y “profunda”»1022. Si tal programa de acción historiográfica existió, nadie debió de poner demasiado empeño en aplicarlo. Se trató de algo distinto, aunque relacionado.

En realidad, la oposición y condena de la filosofía de las Luces en la articulación del discurso del integrismo tienen raíces mucho más profundas, sin relación directa con la interpretación de la historia de España, que se remontan a Nonnotte, Mozzi y Barruel. De aquellos arsenales proviene el reiterado esquema de contraposición de dualidades que arma, para tirios y troyanos, es decir, para detractores y también para entusiastas, la interpretación esquemática y reduccionista del Setecientos: casticismo adversus europeísmo; catolicismo adversus ultramontanismo; jansenismo adversus jesuitismo; oscurantismo adversus pensamiento experimental y crítico; prejuicio adversus razón, etc. La facción de los sustentadores intelectuales del franquismo que veía en el siglo XVIII la antítesis de sus propias convicciones y valores lo cifraba especialmente en ese plano, y ante todo en el avance de la secularización que suponían formidable en aquel período histórico. Su particular interpretación whig (en realidad una inversión de su sentido, pero el mismo mecanismo clasificador) les ofrecía una exégesis del presente cuyas líneas maestras tenían que llevar dos siglos atrás, a los cimientos filosóficos del materialismo y la incredulidad. Así es como lo resumía una de las plumas más autorizadas de Acción Española, el grupo de intelectuales que asentó algunos pilares importantes del pensamiento franquista, o, más exactamente, de uno de sus sectores: «[El] galicanismo y el jansenismo, y, como consecuencia de todo esto, ya en pleno siglo XVIII el deísmo, el filosofismo y el enciclopedismo, van matando en la sociedad francesa, y en la de los pueblos por Francia influidos, las energías espirituales, las raíces de la fe religiosa y las razones justificativas del orden social existente».

Todo lo cual se cifraba, para el autor, en Rousseau. Concluyendo: «[La] equiparación de la verdad con el error y la apología y defensa que de la irreligión han venido haciendo desde el siglo XVIII las minorías directoras, han logrado matar todo idealismo sano y noble y sumir a las masas en el materialismo que da rienda suelta y hace posible el triunfo de los más bajos instintos»1023.

Así pues, para una de las más influyentes corrientes intelectuales de las que nutrieron el franquismo, habría habido, con origen en el Setecientos, además de un proceso de suplantación intelectual en los fundamentos de la cultura europea, otro correlativo de lo que se podría llamar deserción de las élites, y este segundo sí tendría una dimensión más específicamente española, por haber sido precisamente eso lo que permitió el afrancesamiento de ideas y principios, dejando inermes la religión y la verdad1024. Los apasionados monárquicos de Acción Española excluyen de esas categorías dirigentes fautoras de la fechoría a los monarcas, de quienes nada dicen y a quienes ni se menciona en esas interpretaciones del sentido histórico del XVIII. Pero otros intelectuales que desde otras parcialidades, como la CEDA, concurrieron con ellos a moldear doctrinalmente el franquismo en su vertiente más retrógrada no tuvieron ese escrúpulo. Uno de ellos, colaborador de la revista teórica de aquel partido antes de la guerra civil1025, reuniría, casi en una caricatura de aquella retórica todos los tópicos del discurso franquista para vincular críticamente a los reyes de la casa de Borbón con la desvirtuación de la genuina cultura española durante el siglo XVIII. Censurando en Feijoo su actitud «antiimperialista y antiheroica», su incomprensión de la milicia y el caudillaje, su condición de «prototipo y origen del liberalismo español —con todo el sentido que aquella palabra tiene de miserable y de sórdida—», concluye refiriéndose a

aquella desmedulada Monarquía de Fernando VI y Carlos III, excelentes administradores y mayordomos del país, pero incapaces —mediatizados por las corrientes democráticas y masónicas, que ya se infiltraban en España y seguían muchos de sus ministros— para devolverle su perdida grandeza espiritual y su tónica idealista de fervor nacional y religioso, esencias fundamentales de la Hispanidad1026.

En suma, la idea del Dieciocho como etapa de desnacionalización y socavamiento de las bases católicas de la cultura española se difundió lo bastante como para hacerse casi un lugar común al que se remitían intelectuales de diferentes campos. Por ejemplo, juristas; unas veces en referencias ocasionales1027; otras de manera más doctrinal en interpretaciones de mayor ambición teórica. Así, un especialista en derecho constitucional procedente del más activo sector del catolicismo político advertía, al estudiar monográficamente el pensamiento político del período, sobre la «característica hipocresía de la centuria», «ese veneno que fermentaba el espíritu del siglo», y prevenía que «nunca se desconfía bastante frente a esta literatura del siglo XVIII»1028.

Igual que el liberalismo radical había construido desde principios del siglo XIX un pasado histórico nacional idealizado, de libertades populares y frenos a las tendencias autocráticas de los reyes, clausurado a comienzos del siglo XVI, y en cuya evocación había que inspirarse para instaurar un sólido régimen de libertades modernas, el catolicismo autoritario incorporado al complejo ideológico del régimen de Franco proyectó su propio pasado idealizado anterior al siglo XVIII, como tiempo en el que habría imperado una cultura nacional católica y en el que había que buscar inspiración. Si para los liberales la ruina de las libertades genuinas se produjo con la llegada de la Casa de Austria, de forma que los Borbones no habrían hecho más que mantener y aprovechar un estado de cosas, para sus antagonistas el decaimiento se debió a las ideas llegadas con la Casa de Borbón y bajo sus reyes propagadas. Para la visión liberal, los tiempos de Austrias y Borbones mantenían una básica continuidad pese a las políticas reformadoras de los segundos. Para la visión nacionalcatólica se trataba de dos tiempos sustancialmente diferentes, el uno negación del anterior. Fue una construcción propia de publicistas y escritores políticos más que específicamente de historiadores. Aunque no faltasen entre estos los proclives a hacer suya esa interpretación, que implicaba en último extremo desdeñar o degradar la Ilustración española, en reduccionismos tan desmedidos como el de un agustino especialista en historia de la Inquisición, según el cual en España «el espíritu de la ilustración [...] se reducía [...] a retención de libros infames, papeles obscenos y pinturas livianas»1029, salvando prejuicios ideológicos, la atención hacia el siglo de los primeros Borbones se mantuvo entre los historiadores profesionales, aunque no fuese uno de los períodos preferidos.

La mayoría de los artículos publicados en Hispania en sus primeros veinte años, entre los cuales se han contabilizado antes los dedicados al XVIII, se centraron en diferentes aspectos del período medieval. Es decir, en las etapas y cuestiones que fueron preferentes para la escuela historiográfica más activa y prestigiosa de la preguerra, el Centro de Estudios Históricos, y de hecho el Setecientos no fue un período especialmente cultivado durante el primer tercio del siglo XX. De este modo, es plausible considerar su papel relativamente modesto en las preferencias de los historiadores de postguerra más como continuidad de una dinámica anterior que como producto de unas directrices oficiales que al menos nunca parecen haber sido explícitas, o de prejuicios ideológicos que ciertamente existieron pero operativos preferentemente en el terreno del discurso político y el ensayismo. Sería la aparición en el decenio de 1950 o primeros años del siguiente, en sus versiones originarias o en traducciones españolas, de un conjunto esencial de libros sobre el Dieciocho español, los de Sarrailh, Defourneaux, Herr, Vilar, etc., y algunos de autores españoles como Domínguez Ortiz, lo que abriese una época nueva que hizo de aquel siglo el más frecuentado por la historiografía modernista española durante la segunda mitad del siglo XX. Esos y otros libros similares proporcionaron criterios para interpretar el alcance del Setecientos en la historia moderna de España de manera más ponderada y recurriendo a instrumentos de análisis para los cuales la figura del monarca tendría un interés solo relativo.

968 Ese modo de analizar el pasado en el que «the historian [...] busies himself with dividing the world into the friends and enemies of progress», H. Butterfield, The Whig interpretation of History, Londres y Nueva York, Norton, 1965, pág. 5.

969 «[E]studiándolo con detenimiento parece como que se levanta allí una barrera entre dos siglos, el XVII y el XVIII, y dos dinastías, la de los Austrias y la de los Borbones [...] y lo que semeja al principio lúgubre y tenebrosa noche, se muda finalmente en consolidado crepúsculo», A. Ferrer del Río, Historia del reinado de Carlos III en España, Madrid, Matute y Compagni, 1856, I, págs. 115-116.

970 V. Bacallar y Sanna (marqués de San Felipe), Comentarios de la guerra de España e Historia de su rey Felipe V, el Animoso. Memorias políticas y militares, tratados de paz y alianzas de España, Carlos Seco Serrano (ed.), Madrid, Atlas, BAE, XCII, 1957, pág. 20.

971 M. Lafuente, Historia general de España. Desde los tiempos primitivos hasta Fernando VII, Barcelona, Montaner y Simón, 1882, III, pág. 472.

972 Felipe V «fue recibido con entusiasmo por los españoles, deseosos de la reconstrucción de su patria», P. Aguado Bleye, Manual de Historia de España, 5.ª ed., Bilbao, Eléxpuru Hermanos, 1929, II, pág. 369.

973 Ricardo García Cárcel, «La opinión de los españoles sobre Felipe V después de la Guerra de Sucesión», Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, I (2002), págs. 103-125; también Felipe V y los españoles, Barcelona, Plaza & Janés, 2002, págs. 55 y ss.

974 Cristina Borreguero Beltrán, «Imagen y propaganda de guerra en el conflicto sucesorio (1700-1713)», Manuscrits, núm. 21 (2003), págs. 96-132.

975 Juan Pablo Forner, Amor a la Patria. Discurso que en la Junta general pública que celebró la Real Sociedad Económica de Sevilla leyó D..., Sevilla, Hijos de Hidalgo y González de Bonilla, 1785, XXXVII-XXXVIII.

976 M. Lafuente, Historia general de España, op. cit., VI, pág. 1.

977 Esa percepción del pasado como material para la explicación del presente social y político no fue característica exclusiva de la historiografía liberal española, y tiene un paralelo estrecho, entre otros, con planteamientos de los historiadores franceses postrevolucionarios. Véase, por ejemplo, Ceri Crossley, French Historians and Romanticism, Londres y Nueva York, Routledge, 1993.

978 «Poco tuvo que hacer Felipe V [...] para acabar con las escasas preeminencias que aún se conservaban, principalmente en los territorios de la antigua Corona de Aragón», M. Lafuente, Historia general de España, op. cit., VI, pág. 1.

979 Víctor Balaguer, Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, Barcelona, Salvador Manero, 1860-1863, V, pág. 12. «[E]ra tan general la idea de ser la corona propiedad particular del monarca, que no hubo, o en el caso de haberlo no se manifestó con fuerza, deseo de que fuese consultada la nación», ibíd., pág. 6.

980 Ibíd., pág. 268. O algo más retóricamente, «defendiendo la causa de sus fueros y privilegios defendía también la causa de la libertad española que ahogada moría en los brazos de Felipe V», ibíd., pág. 191.

981 «[L]o que se llama rebelión de los catalanes significa lealtad», ibíd., pág. 45.

982 Felipe V, «apoderándose del libro venerado de los fueros y privilegios de Aragón y Valencia, rasgaba una a una sus hojas con altivo desprecio y mofadora risa», ibíd., pág. 127.

983 «Cataluña ha sido siempre, con pasión, amante entusiasta de su nacionalidad hispana, pero ganosa de mantener sus libertades de familia dentro de la unidad de la patria», Víctor Balaguer, Estudios históricos y políticos, Madrid, San Martín, 1876, pág. 9.

984 «... el partido austriaco, es decir el partido liberal entre los catalanes», Víctor Balaguer, Historia de Cataluña, op. cit., pág. 387.

985 Ibíd., pág. 28.

986 J. F. Isla, Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, Enrique Rodríguez Cepeda (ed.), Madrid, Cátedra, 1995, págs. 685 y ss., en especial págs. 689-694.

987 Lo hizo en muy diferentes ocasiones, por ejemplo J. P. Forner, Exequias de la lengua castellana, P. Sainz Rodríguez (ed.), Madrid, Espasa-Calpe, 1967, págs. 61, 62, 76-77, 87, 155, etc. Y Los gramáticos. Historia Chinesca, J. Jurado (ed.), Madrid, Espasa-Calpe, 1970, pág. 186.

988 M. Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, en Obras Completas, Santander, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1947, V, pág. 32.

989 ÍIbíd., págs. 32-33.

990 Conde de Fernán Núñez (Carlos Gutiérrez de los Ríos), Vida de Carlos III, A. Morel-Fatio y A. Paz y Meliá (eds.), Madrid, Fernando Fé, 1898 [1791]. Aunque no editada hasta fines del siglo XIX, la obra fue conocida y a veces utilizada.

991 Era «bueno, humano y virtuoso»; «no era posible estar a su lado sin ver ejemplos continuos de la mayor moderación y virtud»; «la felicidad interior de sus pueblos [...] fue siempre su primer objeto», ibíd., II, págs. 40, 45.

992 J. de Viera y Clavijo, Extracto de las actas de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas (1777-1790), Las Palmas de Gran Canaria, Real Sociedad Económica de Amigos del País, 1981, pág. 49.

993 A. Ferrer del Río, Historia del reinado de Carlos III, op. cit., IV, pág. 256.

994 G. M. de Jovellanos, «Elogio de Carlos III», en Obras, Madrid, Atlas, BAE, XLVI, 1952-1956, pág. 312.

995 Ibíd.

996 Juan Sempere y Guarinos, Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reynado de Carlos III, Madrid, Imprenta Real, 1789, V, pág. 1.

997 Sempere, Ensayo de una biblioteca española, op. cit., I, 1785, págs. 29 y ss.

998 «Nada procuró Carlos III con mayor diligencia que la propagación de las luces, y por nada se hizo más digno de que se venere su memoria y se le denomine Padre de sus vasallos», A. Ferrer del Río, Historia del reinado de Carlos III, op. cit., IV, pág. 279.

999 Andrés Muriel, Historia de Carlos IV, Carlos Seco Serrano (ed.), Madrid, Atlas, BAE, CXIV-CXV, 1959. La Historia de Muriel debió de redactarse no más tarde de 1840 y permaneció inédita hasta que se incluyó en varios tomos de Memorial Histórico Español en 1893, pero hubo copias manuscritas que permitieron conocerla. Antes tradujo al francés la obra de William Coxe, Memoirs of the Kings of Spain of the House of Bourbon, en la que, aunque el autor solo alcanzó hasta la muerte de Carlos III, él introdujo ya consideraciones sobre su hijo.

1000 Carlos IV «era un pobre hombre, un burgués de la realeza. De corazón sano pero de cortísimo entendimiento, con escasas o ningunas humanidades, sin mundo, sin grandeza de espíritu», J. Burell, prólogo a I. A. Bermejo, Historia anecdótica y secreta de la corte de Carlos IV, Madrid, Casa editorial de la Viuda de Muñoz, s.f. [pero ca. 1890], pág. 15.

1001 «Carlos IV, bondadoso, recto y noble, no tenía el talento ni la energía que las circunstancias demandaban», P. Aguado Bleye, Manual de Historia de España, op. cit., pág. 405. Es, casi literalmente, el Carlos IV que presenta Muriel, Historia de Carlos IV, op. cit., I, pág. 136.

1002 A. Muriel, «Gobierno del señor rey Carlos III o instrucción reservada para la dirección de la Junta de Estado que creó este monarca [1839]», en Historia de Carlos IV, op. cit., II, pág. 271.

1003 «Debe tenerse por gran ventura para España que estuviese el poder real tan desembarazado y libre de estorbos en este reinado, porque así fue fácil al monarca, siendo todo poderoso, poner por obra sus benéficos pensamientos», ibíd., II, pág. 270.

1004 Ibíd., II, págs. 268-269.

1005 Ibíd., I, págs. 136-137. Muriel es explícito y reiterativo en la acusación a María Luisa de Parma: «escandalosos amoríos, torpes devaneos», «libertinaje de la Reina», «adulterio sentado descaradamente en trono, haciendo alarde de impunidad», etc. No obstante lo cual simula no querer engolfarse en ello: «cuenten otros los extravíos y costumbres licenciosas de la reina y su amante», ibíd., I, pág. 143. Sus concesiones a las habladurías que circulaban en torno a los reyes y Godoy siempre restaron crédito a su obra: «recogió del libelo del muladar político toda la inmundicia que acerca de la figura de la reina María Luisa aún siguen manchando la historia», Juan Pérez de Guzmán, «Reparaciones a la vida e historia de Carlos IV y María Luisa», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, núm. 4 (1904), pág. 244.

1006 Ibíd., I, pág. 90. Esa fue también, sin embargo, la explicación ofrecida en su momento por algún embajador en la corte española.

1007 Ibíd., II, pág. 86.

1008 M. Lafuente, Historia general de España, op. cit., VI, pág. 1, también supra, nota 9.

1009 E. Vera y González, Pi y Margall y la política contemporánea, Barcelona, Evaristo Ullastres editor, 1886, I, pág. 968.

1010 «Alfonso Torres de Castilla» [Fernando Garrido], Historia general de la tiranía. Cuadros históricos de la vida política y de la vida de los reyes y emperadores absolutos, y de los déspotas y los tiranos de toda Europa, antiguos y modernos, Barcelona, Salvador Manero, s.f. [pero ca. 1871], III, pág. 114.

1011 Diario de Sesiones de Cortes [DSC], 19 de enero de 1870, apéndice sexto.

1012 «Una dinastía es una familia de Príncipes que se transmiten sus ideas y sus intereses, bien por el lazo fisiológico de la sangre, o bien por el lazo moral de la educación», DSC, 24 de enero de 1870, pág. 5135.

1013 DSC, 24 de enero de 1870, pág. 5134.

1014 Roberto Fernández (ed.), España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar, Barcelona, Crítica, 1985, pág. 18. El mismo historiador, sin embargo, sostiene en otro lugar que «en la primera mitad del actual siglo, las investigaciones sobre el Setecientos no gozaron de gran atención» (La España moderna. Siglo XVIII, Madrid, Historia 16, 1993, pág. 49), de suerte que se puede pensar que la política cultural del franquismo (si se interesó por ese asunto) no hizo otra cosa que dar continuidad a algo ya en curso, si bien cambiando, quizá, los motivos.

1015 Miguel Batllori, «Las relaciones culturales hispano-francesas en el siglo XVIII», en Cuadernos de Historia. Anexos de la Revista Hispania, núm. 2 (1968), pág. 207. En la misma página enumera, sin embargo, distintos trabajos sobre el XVIII, especialmente de historia cultural, aparecidos en el decenio de 1940, y también subraya la vitalidad del dieciochismo en los años inmediatamente anteriores al momento en que él escribe (págs. 205 y 213).

1016 Se contabilizan, sin ánimo de hacer un cómputo estricto, solo artículos y no notas, reseñas, etcétera. No se incluyen aquellos que tratan el XVIII dentro de análisis multiseculares.

1017 Defendieron tesis doctorales sobre asuntos dieciochistas, entre quienes publicaron en los primeros años de la historia de la revista, Vicente Palacio Atard, Vicente Rodríguez Casado, Dolores Gómez Molleda, Carlos Corona Baratech, Miguel Batllori y los más jóvenes Pedro Voltes o Luis Miguel Enciso, entre otros.

1018 Más ampliamente la primera de ellas, Escorial, como revista general de cultura, dedicó poco espacio a trabajos específicamente historiográficos. En todo caso, entre sus colaboradores falangistas se ponderaban los logros intelectuales del XVIII en España, «nuestra magnífica erudición de esa centuria», el «magnífico florecimiento historiográfico del XVIII», etc. Carlos Alonso del Real, «Historiadores en peligro», Escorial, núm. 5, marzo de 1941, págs. 416 y 417.

1019 Boletín Oficial del Estado, 28 de noviembre de 1939.

1020 José Ibáñez Martín, «Hacia una nueva ciencia española. Discurso pronunciado [...] en el acto inaugural del Consejo Superior de Investigaciones Científicas», Madrid, Imp. Samarán, 1940.

1021 Rafael Calvo Serer, «Sobre los orígenes de lo moderno», Escorial, núm. 23, septiembre de 1942, págs. 439 y 441.

1022 Eduardo Subirats, La Ilustración insuficiente, Madrid, Taurus, 1981, pág. 26.

1023 Eugenio Vegas Latapie, Romanticismo y democracia, Santander, Cultura española, 1938, páginas 20 y 170. El original del texto es anterior al franquismo en sentido estricto, habiéndose publicado primero en Acción Española (vol. XVI, núm. 85, marzo de 1936, págs. 96-137, y vol. XVII, núm. 86, abril de 1936, págs. 421-443). Aun habiendo sido breve la integración institucional de este autor en el aparato político del franquismo, las ideas que representa fueron parte constitutiva de su sistema doctrinal.

1024 «En el siglo XVIII, unas clases directoras, inficcionadas del escepticismo filosófico francés, dejaron de creer en ella [en la verdad]», «durante siglo y medio casi ininterrumpidamente y sin excepción, las clases directoras de España se dedicaron a desespiritualizar a nuestro pueblo», Acción Española, vol. XVI, núm. 86, abril de 1936, págs. 425 y 426.

1025 Aunque hubiese diferencias políticas entre los seguidores de Acción Española y la CEDA, en el terreno intelectual esas distancias se difuminaban prácticamente por entero, y los cedistas acogían con complacencia que su órgano teórico, Revista de Estudios Hispánicos, fuese considerada «un puntal más del campo doctrinal de la contrarrevolución», Revista de Estudios Hispánicos, núm. 5, mayo de 1935, pág. 652.

1026 Joaquín Entrambasaguas, prólogo a P. Jerónimo Feijoo, Madrid, Ediciones FE, 1943, I, págs. 34 y 45.

1027 «En el siglo XVIII [...] entraron en nuestro país los gérmenes antinacionales. Voluntaria y sistemáticamente se reniega y propugna el olvido de la tradición nacional», Federico de Castro y Bravo, «Discurso leído [...] en el acto de apertura del curso académico 1939-1940», Madrid, Universidad Central, Imprenta Gráfica Universal, 1939, pág. 7.

1028 Luis Sánchez Agesta, El pensamiento político del despotismo ilustrado, Sevilla, Universidad de Sevilla, págs. 161, 173, 207. La edición original data de 1953.

1029 Miguel de la Pinta Llorente, «El sentido de la cultura española en el siglo XVIII e intelectuales de la época», Revista de Estudios Políticos, núm. 68 (1953), pág. 86. Naturalmente, este autor entendía que en España el Dieciocho se había caracterizado «por la degradación política, social e intelectual», habiendo sido un siglo «profundamente antiespañol», ibíd., págs. 79 y 83.

CAPÍTULO 15

Cataluña entre dos guerras: 1714-1814

Juan Francisco Fuentes Aragonés

¿Qué importa que la historia sea falsa si el sentimiento que provoca es verdadero?

El Roto, El País, 9 de abril de 2014

La venganza catalana: malestar y bienestar en la Cataluña del siglo XVIII

La economía sería «la venganza catalana».

Ernest Lluch, Las Españas vencidas del siglo XVIII

La posible relación causa-efecto entre la política aplicada por los Borbones en Cataluña a partir de 1714 y el desarrollo económico del Principado a lo largo del siglo XVIII ha sido considerada «una broma de mal gusto» por Joaquim Albareda y rechazada en general por la historiografía nacionalista catalana, sobre todo en los últimos tiempos. Los Borbones no habrían traído, según el mismo autor, más que «militarismo y corrupción»1030. Si además de eso se produjo, con el tiempo, alguna mejora en las condiciones de vida de los catalanes, fue a pesar, y no a causa, de la política borbónica. El año 1714 supuso para Cataluña una derrota en toda regla que por lo pronto acarreó la desaparición de toda «una estructura jurídica i institucional propia, que gaudia d’atributs d’una autoritat sobirana» —lo que equivalía casi a un «estat català»— y la pérdida de la gran oportunidad que hubiera representado vivir bajo la dulce autoridad de Carlos III de Austria, un monarca que quedó profundamente marcado por su estancia en Barcelona durante la guerra de Sucesión. De ahí su amor a Cataluña, bien patente, nos recuerda Albareda, en su afición al chocolate y a los «bolets» y en el hecho de que, según parece, la última palabra que pronunció antes de morir fue «Barcelona». Ninguna recuperación económica podía compensar tamaña pérdida. Y, por otro lado, lo que el siglo XVIII tuvo de bueno —bien poco para el Principado— arrancaría de los últimos años del siglo anterior, que marcaron el comienzo de una era de prosperidad y desarrollo interrumpida por la guerra de Sucesión y continuada a duras penas tras la paz definitiva. Los catalanes quedaron entonces vencidos, pero no desmemoriados, porque, según Albareda, tras la derrota de 1714 se aprecia, a poco que se busque, la existencia de «un fil roig que connecta amb les primeres formulacions catalanistes del segle XIX». La incapacidad del Estado español contemporáneo para integrar esas aspiraciones en un marco de convivencia razonable y estable explicaría, concluye el propio autor, algunas de las anomalías y disfunciones más acusadas de la política española en las últimas décadas, ya sea el «déficit de cultura democràtica» que arrastramos desde la transición, el golpe de Estado del 23-F, el «café para todos», la LOAPA o la «insuficiència evident de l’Estatut de 1979»1031.

Sin llegar, ni mucho menos, a tales extremos, la visión de Ernest Lluch sobre la Cataluña y la España del siglo XVIII incide igualmente en el lado oscuro de la política borbónica, que tacha de «lingüísticament genocida»1032, y en la persistencia de un sentimiento proaustracista en el conjunto de la Corona de Aragón como expresión nostálgica de la España que pudo haber sido y no fue. Pero, pese a algunas coincidencias en la valoración histórica de la derrota de 1714 y en el énfasis en una conciencia catalanista latente a lo largo de todo el siglo —«la especificidad catalana», afirma, «salvó un siglo tan adverso en lo que no era económico»—, las diferencias entre la línea interpretativa de Ernest Lluch y el actual canon historiógrafico del nacionalismo catalán resultan evidentes. No se trata solo de matices o de pequeñas apreciaciones, como cuando Pere Anguera le enmendó la plana por decir que hubo «mucha» represión de la lengua catalana, y no «muchísima», como era de rigor1033. En cuestiones sustanciales, las diferencias son insalvables, por ejemplo, en la importancia que Lluch concedía a la prosperidad económica del siglo XVIII, especialmente beneficiosa para Cataluña, o en su valoración positiva del significado histórico del régimen constitucional vigente en España desde la transición: «Se olvida que el actual Borbón», afirma Lluch, «firmó y juró una Constitución en 1978 más parecida a lo que vertebra la España de los Austrias que a los [sic] de sus antepasados de Felipe V a Alfonso XIII»1034. La cita, dirigida en su día contra el «unitarismo excluyente» que tiende a ignorar las libertades abolidas en 1714, ha cobrado con el tiempo otro significado, porque va en la dirección exactamente opuesta al catastrofismo histórico practicado por el nacionalismo catalán, con su consiguiente moraleja política: la actual negación del «derecho a decidir» de los catalanes sería el lógico colofón a lo ocurrido hace ahora 300 años. Para Lluch, por el contrario, la España constitucional nacida de la transición enlazaría más con el régimen derrocado en 1714 que con el sistema impuesto entonces por los vencedores.

Lo cierto es que sobre el saldo globalmente positivo que el siglo XVIII dejó en Cataluña ha habido durante mucho tiempo un amplio consenso entre los historiadores de uno y otro lado del Ebro. La evolución demográfica del Principado, que dobló con creces su población desde los 407.000 habitantes de 1718 hasta los casi 900.000 de 1800, sería la mejor prueba de una prosperidad sostenida a lo largo del siglo, con momentos de fuerte crecimiento económico en el último tercio, sobre todo en los sectores comercial y manufacturero. Por más que el sistema impositivo del «real catastro» instituido en 1715 tuviera una finalidad recaudatoria, cuando no punitiva, la expansión económica y el incremento de los precios acabaron neutralizando los factores negativos del nuevo modelo tributario y potenciando sus efectos positivos sobre la economía del Principado, favorecida por el descenso progresivo de la presión fiscal. En el caso del catastro, las razones son evidentes: con el crecimiento económico y la alta inflación, un impuesto que funcionaba como un cupo fijo, aunque fuera en origen un cupo alto, tenía que resultar cada vez menos gravoso. Incluso considerando el elevado peso de los impuestos indirectos en el sistema tributario y su mejor adaptación al ciclo económico, Emiliano Fernández de Pinedo, en un documentado artículo publicado en Recerques, llegó a la conclusión de que en Cataluña «la pressió fiscal per capita tendí clarament a atenuar-se al llarg de la centúria i en una mesura més gran que la castellana»1035. Según sus datos, mientras la aportación de Castilla a la Real Hacienda aumentó en un 85 por 100 entre los años treinta y setenta, en Cataluña el incremento fue tan solo del 35 por 100, debido, «sens dubte, [a] l’estancament de l’equivalent» —es decir, del catastro— y a lo que este autor llama su «fossilització» a lo largo de aquel período. Pero no solo los impuestos directos; «la reste dels impostos catalans també augmentaren per sota dels castellans»1036. El nuevo modelo fiscal, fuertemente contestado al principio, acabó resultando, pues, claramente favorable no solo en términos de presión fiscal per cápita, sino en comparación con la carga tributaria que pesaba sobre Castilla. De ahí las quejas de un numeroso grupo de hacendistas de la corte sobre una «balanza fiscal» —llamémosla así— que a su juicio favorecía en exceso a Cataluña. Se había consumado eso que Ernest Lluch llamaría «la venganza catalana»1037.

Era inevitable que la buena marcha de la economía catalana y la mejora del nivel de vida en el Principado tuvieran repercusiones de otra índole. Antonio Domínguez Ortiz, pese a manifestar algunas dudas sobre el «excesivo» aumento demográfico que registran las fuentes de la época1038, señaló el cambio de mentalidad que trajeron consigo el bienestar material y algunas reformas introducidas en Cataluña por Carlos III, como la abolición del impopular impuesto de la bolla o la restitución a los nobles catalanes del derecho a portar armas, persuadido como estaba el rey de que «todos las anhelan, ansiosos de emplearlas ellos y sus descendientes en defensa y servicio mío y de los míos»1039. «Quedaba así sellada la reconciliación de Cataluña con la nueva dinastía», concluía Domínguez Ortiz, para quien la búsqueda de un descontento estructural contra la monarquía borbónica, más allá de algunos alborotos contra las quintas, como los de 1773, está virtualmente condenada al fracaso. Son numerosas, en cambio, las muestras de simpatía que el monarca cosechó en Cataluña, desde el «caluroso recibimiento» que le dispensaron los barceloneses en 1759 al desembarcar procedente de Nápoles hasta las inscripciones del tipo «Viva el rey Carlos» que en ocasiones adornan la cerámica popular catalana de la época1040.

Un autor tan poco sospechoso de «unitarismo excluyente» como Pierre Vilar dedicó la mitad de su Catalunya dins l’Espanya moderna a estudiar el desarrollo acelerado que la región experimentó en el siglo XVIII, hasta convertirse, en palabras de Nipho citadas por Vilar, en «una pequeña Inglaterra dentro de España»1041. Esta obra fundamental se puede considerar un exhaustivo inventario de aquel largo ciclo de crecimiento económico y de los grandes cambios sociales y culturales provocados por una economía en plena transformación. Aumentó notablemente la población, incluso, como señaló Capmany y recuerda Vilar, en el interior del Principado1042; los precios agrícolas se doblaron prácticamente en cincuenta años como resultado del «renaixement de l’economia agrícola catalana desprès de la guerra de Successió»1043; el rendimiento anual de la bolla, impuesto indirecto que gravaba la venta de manufacturas textiles, se triplicó entre 1720 y 1770, lo que indica un incremento proporcional de la producción y el consumo textil, y la actividad del puerto de Barcelona alcanzó en los años setenta tal volumen que aquella década habría de pasar a los anales como una auténtica edad de oro de la historia marítima de la ciudad1044. Mucho antes de la libertad de comercio decretada en 1778 e incluso de la liberalización parcial de 1765, se había producido, apunta el historiador francés, un «desarrollo espontáneo» del comercio catalán con América, que disfrutaba ya de una posición preeminente al introducirse la libertad de comercio1045. Aunque las guerras de finales del XVIII afectaron gravemente a la economía catalana, muy dependiente de las condiciones generales del comercio internacional, el período de paz anterior a la guerra entre España y la Convención francesa todavía permitió una fuerte recuperación de la actividad comercial entre 1791 y 1793.

El desarrollo de las manufacturas catalanas estuvo estrechamente ligado al mercado americano, pero también a un incipiente mercado nacional español, en cuya articulación participó intensamente la nueva burguesía comercial catalana. Para Pierre Vilar, las consecuencias de este fenómeno rebasan con mucho el ámbito estrictamente económico: el desarrollo del mercado nacional tenía que plantear «poc a poc la necessitat d’unificació monetària i metrológica. El mateix podrien dir respecte a la llengua». Esto último lo demuestra, en su opinión, el hecho de que entre 1760 y 1790 los libros de contabilidad del «botiguer de teles» Bertomeu Amat pasaran, sin imposición alguna por parte de nadie, del predominio del catalán al uso preponderante del castellano1046. En una investigación posterior sobre el archivo familiar de los Barba y Roca, comerciantes y hacendados catalanes, de inquietudes ilustradas, Pierre Vilar hizo hincapié asimismo en el bilingüismo natural y espontáneo que se advierte en la extensa documentación contenida en este fondo familiar de la segunda mitad del siglo XVIII, si acaso con una cierta preferencia por el catalán al tratar temas más cercanos e íntimos y por el castellano en los escritos y documentos de tipo oficial1047. En fin, el propio historiador francés, en su ensayo «Ocupantes y ocupados», concluye que la burguesía catalana tenía «suficientes motivos para estar satisfecha en la coyuntura del siglo XVIII y especialmente en la de 1792», lo que explicaría el escaso eco que la Revolución Francesa encontró en el Principado. Y añade:

Cataluña [cursiva mía] cree que debe la expansión material de las ciudades y del litoral al despotismo ilustrado. Y tiene buenas razones para pensar así, puesto que la colaboración eficaz establecida entre Barcelona y Madrid en el siglo XVIII se apoyó la mayor parte del tiempo en la aceptación de sugerencias de la burguesía periférica por parte de la administración central. Nunca se había sentido tan española la burguesía catalana como en estos años finales del siglo XVIII. Un síntoma de lo que decimos es que abandonara el uso del catalán por el del castellano1048.

Esta última observación abunda en la idea, apuntada por Vilar en otras ocasiones, como se ha visto más arriba, de que la progresiva inmersión lingüística en el castellano pudo ser fruto, por lo menos en ciertos sectores de la población, más del interés que de la imposición oficial o, por decirlo con palabras de Ernest Lluch, de una «voluntat lingüísticament genocida» de la monarquía borbónica.

El propio Lluch, viajante de comercio en su juventud, se mostró siempre muy interesado por la importante actividad desarrollada por los comerciantes catalanes fuera del Principado y por el efecto dinamizador que este fenómeno tuvo sobre la economía regional. Sobre la «conquesta econòmica del mercat interior» reflexiona, por ejemplo, en su prólogo al excelente libro de Assumpta Muset Catalunya i el mercat espanyol al segle XVIII1049. El Principado, afirma esta autora, vivió a lo largo del siglo una «espectacular regeneració dels seus efectius poblacionals» que se tradujo en la emigración de una parte cualificada de sus excedentes demográficos al interior de la Península. Aunque se trata de un estudio de caso circunscrito a los arrieros y negociantes de la comarca de l’Anoia, sus conclusiones tienen un alcance general que va mucho más allá del ámbito local. La contribución de estas sagas de comerciantes a «l’articulació del futur mercat interior espanyol fou decidida i contundent»1050, en gran parte debido a la posibilidad de beneficiarse de «les gràcies i privilegis que regien en el tràfic interior espanyol»1051. Los catalanes, añade, «no tan sols estaven en condicions, demogràfiques i econòmiques, de bastir una xarxa mercantil d’abast espanyol, sinó que el seu nou estatus politic els assegurava a nivell legal la possibilitat de poder actuar en igualtat de condicions amb els seus homòlogs castellans»1052. La tendencia a la unificación político-administrativa de la monarquía convertía a todos sus territorios en vasos comunicantes que promovían la movilidad de personas y bienes, con una clara ventaja para los sectores sociales y territoriales más dinámicos. El caso de los trajinantes y comerciantes de l’Anoia es un buen ejemplo de las nuevas oportunidades que la igualdad legal proporcionaba a la libre competencia en el interior de un mercado nacional en ciernes.

La tesis de Assumpta Muset parece directamente inspirada en la obra, no en vano citada por Lluch en el prólogo, de Francesc Romà i Rossell Las señales de la felicidad de España, publicada en 1768, y en particular en el capítulo titulado «La facilidad con que se pueden restablecer las fábricas por medio de artífices catalanes». Se conseguiría así, en opinión de este autor, por un lado, «ir propagando las artes en todas [las provincias], y singularmente en aquellas ciudades de lo interior del Reino en que antiguamente florecieron», y, por otro, dar salida a los excedentes demográficos del Principado. En efecto, «la multitud de artífices catalanes que se manifesta en todas las provincias de España, no permite dudar de la superabundancia de aquel Principado, y ofrece la más bella ocasión de irlos colocando en mayor ventaja del Estado»1053. No parece que este hijo de la Cataluña vencida en 1714 —su padre había sido austracista— eche mucho de menos las instituciones abolidas entonces. Su obra, rebosante de optimismo y escrita «a la mayor gloria del Soberano, al bien de toda la Nación, y de cada español en particular»1054, pronostica para España «felicísimos progresos [...] si todos a proporción de nuestros talentos y de nuestras facultades cooperamos»1055. No hay nostalgia del pasado, sino una frenética impaciencia por ver los grandes logros que España alcanzará en un futuro próximo y una voluntad de acelerarlos con propuestas de muy distinto cariz, desde el fomento del «amor a la patria» como base de un sutil proteccionismo frente a las mercancías extranjeras, rechazadas en beneficio de los productos nacionales1056, hasta la potenciación del papel político del Consejo de Castilla, siguiendo así lo dispuesto por «la piedad del Señor Don Felipe V» en su resolución del 10 de febrero de 1715, que convirtió aquella institución en un «cuerpo nacional perpetuo, activo e ilustrado, de máximas inalterables proporcionadas a la constitución del gobierno»; en suma, en un «cuerpo depositario del amor a la Patria», perfectamente homologable como tal con el Parlamento inglés1057. El optimismo histórico de Romà i Rossell se fundamenta en las inmejorables condiciones que se dan en España para hacer realidad esas «señales» de su felicidad venidera. Advierte, no obstante, de algunos riesgos que resultan inseparables de la vida de los pueblos, entre ellos el «monstruo de la parcialidad», muy especialmente la de las «Provincias que para formar una misma sociedad se han unido», porque «la grande obra de enlazar sinceramente las Provincias» choca en ocasiones con obstáculos que acaban siendo insalvables, como «la diversidad de costumbres, leyes e idioma; la desigualdad, el desafecto y los monumentos de las antiguas discordias»1058. Pese a lo rotundo de esta cita, su modelo territorial correspondería a una España unificada, pero no centralizada, en la que habría un cierto margen para el particularismo —«el gobierno de cada Provincia tiene sus particulares resortes»—1059 y un evidente protagonismo de Cataluña en la vida de la monarquía mediante una suerte de colonización interior del reino. No se aprecia, pues, conflicto con el Estado borbónico, sino todo lo contrario: una fe ilimitada en el beneficio mutuo que resultará de la colaboración entre las «Provincias marítimas» y el gobierno de «nuestro ilustrado Soberano».

Sorprende por todo ello que Romà i Rossell figure con un capítulo propio en La Catalunya vençuda de Ernest Lluch, si tomamos el título del libro como expresión de un país sometido, que lucha a duras penas por salvar su identidad y su memoria en un entorno ferozmente hostil. Se entiende mejor, en cambio, el escaso interés que la historiografía nacionalista ha mostrado por este personaje y por su visión, nada mortificante —todo lo contrario—, de la España y la Cataluña del siglo XVIII. No hay en sus Señales de la felicidad de España una conciencia agraviada ni perseguida, pese a los orígenes familiares del autor; apenas nada que permita, por tanto, considerarle parte de ese «fil roig» que conecta 1714 con el catalanismo del siglo XIX. Casi se diría que se había convertido en un renegado de la causa, en un «botifler» sobrevenido, capaz incluso de ensalzar «la piedad del Señor Don Felipe V». No podía haber lugar para él en el santoral catalanista. Tampoco en la obra que Lluís Roura tituló Subjecció i revolta en el segle de la Nova Planta, ejemplo insuperable de voluntarismo historiográfico al servicio de un discurso nacionalista que crea un pasado a su imagen y semejanza.

El título parece anunciar la exhumación de una historia ignorada de lucha y opresión del pueblo catalán, sobre la que la historiografía española —se cita en particular a Domínguez Ortiz— habría corrido hasta ahora un tupido velo, que los historiadores catalanes nunca osaron levantar. En realidad, Roura, pese al carácter programático de su título, reconoce una parte de verdad en lo que en algún momento llama «el tòpic sobre la història del segle XVIII»1060, es decir, en la visión de una Cataluña en paz, en general conforme con su suerte. Ahora bien, si se supera la historia «merament anecdòtica» heredada de la historiografía dominante, aflora, en su opinión, «l’experiència de nombroses i reiterades formes de resistència que arribaren a plantejar-se des de sectors molt diversos de la societat catalana durant aquell període»1061. Lo que no aclara el autor es cuáles fueron esas numerosas y reiteradas formas de resistencia, porque al final su libro se limita a estudiar un episodio ya conocido, como fue la revuelta contra las quintas iniciada en Barcelona en 1773 al grito de «viva lo Rey, no volem quintes»1062. Su enfoque del fenómeno plantea un doble interrogante: en primer lugar, en qué medida las revueltas sociales en la Cataluña dieciochesca fueron mayores que en otros puntos del reino y que en otras épocas —por ejemplo, antes del Decreto de Nueva Planta— y, en segundo lugar, hasta qué punto se pueden considerar la expresión de una conciencia particularista o identitaria de tipo protonacionalista, agraviada por la política de «subjecció» practicada por los Borbones. Esta hipótesis resulta bastante temeraria si se recuerda que el mayor estallido social del XVIII —el motín de Esquilache— tuvo su epicentro en Madrid. La sensación es que no hay una conexión entre malestar social y conciencia «nacional», por más que el primero pueda catalizarse en algunos territorios a través de la reivindicación de viejos privilegios. No obstante, el citado autor insiste en la singularidad del caso catalán y en la magnitud del conflicto entre el Principado, especialmente sus clases populares, y la nueva dinastía, patente en la «por a la revolta i a l’enfrontament polític de Catalunya amb la monarquia»1063. Para Roura no cabe duda: si al principio de su libro convierte en axioma histórico la «resistència política i moral de la Catalunya del segle XVIII», al final da por demostrado que «al llarg del segle XVIII persistia una tenaç, tot i que sovint velada, actitud de resistència»1064. Resistencia moral, resistencia velada...; para decirlo claramente, se trataría de una forma de oposición que, por su particular naturaleza, no ha dejado rastro documental, más allá de los pocos casos ya conocidos, y de ahí que hasta ahora haya pasado inadvertida a una historiografía «anecdòtica», siempre obsesionada por los hechos históricos. A la pregunta obvia de en qué se basa entonces la afirmación de su existencia, la respuesta sería inevitablemente tautológica: la prueba de que a lo largo del siglo XVIII Cataluña ofreció una resistencia «moral» y «velada» al despotismo borbónico es que la documentación de la época no llegó a resgistrarla; de lo contrario, no sería ni moral ni velada.

Cabría imaginar que la guerra contra la Convención francesa, librada entre 1793 y 1795, daría rienda suelta a ese sentimiento reprimido, pero irreductible, de oposición al orden establecido en 1714, cuya expresión más adusta —requisas, impuestos, reclutamiento de tropas...— se mostraría con ocasión de la guerra, desarrollada en gran parte en territorio catalán. Ocurrió, sin embargo, todo lo contrario. En palabras escritas en 1927 por Lluís Nicolau d’Olwer, futuro ministro de la II República, «la guerra gran» de 1793-1795 fue «el primer acte d’espanyolisme col.lectiu dels catalans»1065. Extraño colofón a un siglo de «subjecció i revolta».

De la guerra contra la Convención a la guerra de la Independencia

La historiografía nacionalista catalana ha querido ver en la guerra de la Convención o «Guerra Gran» un punto de inflexión entre el conformismo de Cataluña con el statu quo borbónico en el siglo XVIII y la posterior recuperación de su conciencia nacional. «Per Catalunya», escribió Antoni Aulèstia en 1887, «es la guerra aquella com lo despertador de son esperit tants anys adormit. [...] Se pot dir que així com una guerra acabá ab ses llibertats [en 1714], altra iniciá a la terra en la restauració regionalista moderna, que, com débil raig de l’auba que apunta, apareix ja en aquella ocasió»1066. Nada indica que así fuera. Ni siquiera la exhaustiva investigación que Lluís Roura le dedicó al tema consiguió darle un cierto fundamento empírico al viejo wishful thinking de la historiografía catalanista, lo que no impidió al autor elevar a la categoría de título de un capítulo el grito de «Mòria Carles quart», nada representativo del espíritu público predominante en la Cataluña en guerra, o titular «Una República catalana lliure?» un epígrafe del mismo capítulo1067. La impresión del propio autor, por el contrario, es que «la trilogia Déu —religió—, pàtria i rei constitueix la consigna de guerra més reiterada de la Guerra Gran; i la seva pervivència i ressonància en els conflictes del segle següent constitueixen una bona prova de l’ancert de la seva formulació». Su eficacia se puso ya de manifiesto al formarse en Barcelona, entre mayo y julio de 1793, un cuerpo de voluntarios que tenía por divisa «Barcelona: por la religión, el rey y la patria»1068. «En altres poblacions de Catalunya», escribió Ferran Soldevila, «l’entusiasme no era menys viu»: en Reus se creó un batallón de 88 hombres, en Berga se formaron tercios de miqueletes; Lérida ofreció 157 voluntarios, Cervera 50 y Vilafranca y Tarrasa una veintena cada una. Las aportaciones económicas de cabildos, gremios, autoridades y particulares «fan inacabables les llistes», e incluso los obreros de una fábrica ofrecieron una parte de su salario «per a contribuir a la defensa de la nostra Sagrada Religió, del Nostre August Sobirà, Q.D.G., i dels seus Estats»1069. En cuanto al proyecto de la Francia revolucionaria, recogido y comentado por Roura, de convertir a Cataluña en una república independiente, huelga decir que la finalidad de la propuesta era mucho más debilitar a España que satisfacer, desde Francia, una supuesta aspiración del pueblo catalán a la independencia. Solo como reclamo propagandístico se puede interpretar un plan que chocaba abiertamente con la naturaleza de la República «una e indivisible» instaurada en Francia en 1793, tanto por el carácter férreamente unitario del jacobismo francés como por el conflicto que ello plantearía en el Rosellón. No parece que esa estrategia, plasmada en documentos como el Manifest que le général en chef de la République Française fait aux bons et véritables Catalans (1793) o el Projet de former une République dans la Catalogne (1794)1070, tuviera más éxito que los posteriores intentos napoleónicos de atraer hacia su bando a la población del Principado, por ejemplo, mediante el uso del catalán en la propaganda oficial.

Sobre el estado de opinión de, al menos, un sector de la sociedad catalana a caballo entre los dos siglos contamos con ese extraordinario documento que es el Calaix de sastre, diario personal escrito en catalán por Rafael Amat y de Cortada, barón de Maldá, entre 1769 y 1819. Su testimonio sobre la guerra de la Convención coincide con la visión general que nos ha transmitido la historiografía más solvente. Cataluña vivió intensamente un conflicto que se planteó en gran parte como una guerra de religión y que contribuyó a reforzar sus vínculos con la monarquía. Lejos de despertar una conciencia nacional dormida o de crear un ambiente propicio a la revolución, la guerra contra la Francia revolucionaria provocó una reacción conservadora que se tradujo en un firme apoyo a la corona y a la Iglesia, además de generar, como en otras partes de España, un fuerte sentimiento antifrancés. «Tot a punt», escribía el barón de Maldá poco antes de iniciarse las hostilidades, «per defensar-se dels gavatxos i francesos insolents, sense Déu ni llei ni religió, los nostres intrépidos espanyols i catalans, confiats en Deu nostre senyor, patrocini de Maria Santíssima i sants patrons»1071. Las referencias a la marcha del conflicto son siempre del mismo tenor e indican una plena identificación con los ejércitos españoles y con todo aquello que representan. El 23 de abril de 1793 consignaba la victoria obtenida por «los nostres espanyols» sobre los franceses en el Rosellón1072. Al mes siguiente daba cuenta de un nuevo triunfo de «lo nostre exèrcit» y apenas un mes después se hacía eco de la «comuna alegria a tota Barcelona, reine d’Espanya i provincia nostra de Catalunya» producida por la rendición de la fortaleza de Bellaguarda, cerca de la frontera con Francia, hasta entonces en poder de los franceses1073. En septiembre, su diario incluye una referencia al «gran combat que han tingut los francesos ab lo nostre exèrcit»1074.

En los meses siguientes, su relato ofrece multitud de testimonios sobre las repercusiones de la guerra en la retaguardia. Aparece a menudo el fenómeno de la galofobia, como cuando la «furia de la plebe» se desata contra los emigrados franceses que habían llegado a Barcelona huyendo precisamente de la revolución1075. Tampoco el barón distingue entre franceses buenos y malos, como si el pueblo francés entero fuera portador del virus revolucionario. «Maquinacions i attemptats perversos dels francesos contra la santa católica religió, contra nostre estimat don Carlos IV, que Déu guarde, i contra la pàtria», escribe en julio de 17941076. Unos meses después, recoge en su diario las medidas adoptadas contra los oficiales españoles que entregaron al enemigo la fortaleza de Figueras, a los que califica de «traidors a Déu, al rei i a la pàtria»1077. Su posición parece clara. Se diría que españolismo, catolicismo y galofobia forman un todo inextricable, junto a su rechazo a la Revolución Francesa y su adhesión al rey Carlos IV. Los orígenes proborbónicos de la familia del barón acabarían de dar sentido a su actitud, aparentemente sin fisuras ni contradicciones, ante la guerra de la Convención; y, sin embargo, algunos rasgos de su Calaix de sastre, empezando por la propia elección del catalán como lengua de expresión, harían de él un personaje más complejo de lo que podría parecer. Así, su alusión a lo que orgullosamente llama las «lleis de Catalunya» o la distinción entre «espanyols i catalans» que encontramos en algún pasaje de su diario1078. Hay en él un apego a «la Provincia nostra de Catalunya», a su lengua y a sus tradiciones que resulta perfectamente compatible con su adhesión a España y su lealtad a los Borbones. Puede que el austracismo no tuviera el monopolio de un cierto sentimiento particularista.

La visión que ofrece de la guerra de la Independencia parece continuar su relato de la «Guerra Gran», como si no hubieran pasado casi veinte años entre ambas. No soporta ni a los franceses ni, menos aún, a los afrancesados, esos «lladres i perversos nostres espanyols i catalans afrancesats i traidors a la pàtria, que mès s’estimarien ser francesos»1079. Unos días antes de escribir estas palabras, el 13 de febrero de 1811, se habían cumplido tres años de la entrada de los franceses en Barcelona, «robant-nos la llibertat i independència que antes gosavem [...]. Época ben infeliç», añadía el barón, «en los fastos de l’història d’Espanya, de Catalunya i Barcelona»1080. Su ira se dirige a menudo contra los traidores, entre ellos algunos «senyors oficials, que ja molts de bona gana s’estimarien més ser francesos que no espanyols»1081. Mientras tanto, van apareciendo en su diario las primeras noticias y reflexiones sobre las Cortes de Cádiz, como una tardía referencia en marzo de 1811 al decreto de libertad de imprenta aprobado, recuerda Maldá, sin que ningún diputado catalán votara a su favor, una actitud que parece contar con su beneplácito por el peligro que supone «donar massa ales al poble, i més en estos temps tan crítics per Espanya com en nostre Principat de Catalunya»1082. Toda prudencia es poca en tales circunstancias, y de ahí sus votos por que «los Srs. Diputats nostres en les Corts» acierten en sus decisiones «a fi que no perèsquia lo reine i la nació catalana». Apenas unas líneas más abajo, expresa los mismos deseos «per la salvació de la pàtria i nació espanyola» y «per nostra comuna llibertat i independència del tirà d’Europa»1083. Ya se ve que el concepto de nación puede referirse simultáneamente a Cataluña y España sin plantear ningún problema de incompatibilidad o preferencia. Tal vez por ello, en un apunte de abril de 1812 el barón se incluye entre quienes se precian, «después (sic) de cristians, de ser fiels i lleals espanyols i catalans»1084.

Su posición ante las reformas liberales de las Cortes resulta contradictoria. Desconfía de la libertad de imprenta y aplaude la actitud de los representantes catalanes en Cádiz favorable a la Inquisición, frente a aquellos diputados a «los que los nombren de las ideas liberales»1085. Pero acoge con simpatía «la nova Constitució nacional» y se deleita relatando los festejos celebrados en Berga al recibirse

la plausible notícia [...] de la nova Constitució de la monarquia espanyola [...], que ja va circulant per comuna general alegria d’esta. [...] Cada dia se’ns van eixamplant més nostres cors, ab los bons preliminars, ab la nova Constitució o código sagrat de nostres lleis d’Espanya, ab la llegítima obediència i rendiment a nostre catòlic monarca don Fernando VII, que Déu guarde1086.

Ahora bien, su simpatía por la Constitución responde más a criterios historicistas, de raigambre conservadora, que a postulados genuinamente liberales. De otra forma no se entendería su alborozo por la defensa que los diputados catalanes venían haciendo de la Inquisición:

Gràcies infinites —escribe el 20 de septiembre de 1812— nos sien donades a Déu Nostre Senyor, que los srs. Diputats catalans de les Corts han salvat en Cadis lo Sant Tribunal de la Inquisició. [...] I tants francesos, ab los ben mals espanyols, com fúries infernals s’havien desencadenat contra dit Sant Tribunal, que és la columna ferma de la santa fe católica; i que, a no haver ditingut los justos i bons catalans, com riu impetuós, tot est gran mal, nos submergia a tota Espanya en lo més deplorable estat1087.

Es difícil encajar en un discurso coherente posiciones tan contradictorias, que le llevan a mostrarse partidario de la Constitución y de la Inquisición al mismo tiempo —aparente incongruencia de la que, no obstante, hay algunos ejemplos en las propias Cortes— y a oponerse radicalmente a la libertad de imprenta, aprobada en un célebre decreto y luego recogida en el texto constitucional. Algo parecido podría decirse de su fervor españolista y de su apego al «nostre Principat de Catalunya», que en algún momento deriva hacia una castellanofobia apenas encubierta1088. Su constitucionalismo sui géneris no le convierte en un liberal, sino más bien en todo lo contrario: la Constitución de 1812 sería para él la decantación de las antiguas leyes y tradiciones, que ve refundidas en el nuevo «código sagrat» de la monarquía. Se dirá que lo mismo pensaban —o declaraban— muchos liberales de pro, pero en su caso el recurso a la tradición iba acompañado de posturas claramente rupturistas en cuestiones clave, como los señoríos, la libertad de imprenta o la Inquisición. El rotundo historicismo del barón de Maldá ¿se retrotraía a la situación anterior a 1714? Habida cuenta de sus antecedentes familiares y de su adhesión personal a los Borbones, cuesta creer que en este personaje anidara algún tipo de austracismo. Sí lo hay, sin embargo, en algunos diputados catalanes de las Cortes de Cádiz, cuya actitud antiliberal aplaudió el propio barón, como hemos visto, en ocasiones señaladas. Tal vez ese común denominador, esa defensa de lo antiguo frente a la revolución, explique su buena sintonía con los diputados catalanes, pese al austracismo explícito de algunos de ellos y al borbonismo inquebrantable del autor del Calaix de sastre.

Que entre los representantes de Cataluña en las Cortes de Cádiz y en algunos documentos de la Junta Superior del Principado se percibe un historicismo de raíz austracista parece demostrado1089. Que ese sentimiento inspirase una suerte de liberalismo a la catalana resulta más problemático, porque, como supo ver muy bien el barón de Maldá, al votarse las reformas fundamentales los diputados catalanes en Cádiz se alinearon con el absolutismo, o bien como reacción frente a la intransigencia del partido liberal, contrario a una solución foral o federal a los problemas territoriales de la monarquía, especialmente en América1090, o más probablemente por una coincidencia ideológica y sentimental entre la vuelta al pasado preconizada por el austracismo y las posturas retrógradas, más que inmovilistas, que caracterizaron al partido servil en las Cortes de Cádiz. Protocatalanismo, austracismo y liberalismo constituyen, al menos para aquella época, una ecuación imposible1091. Lejos de Cádiz, y forzando mucho las cosas, cabría considerar que las tres variables citadas concurren en algunos afrancesados catalanes, como Tomás Puig o José Garriga y Buach, pero, más allá de su escasa representatividad social, su colaboracionismo con el poder napoleónico desvirtúa por completo un discurso particularista, de inspiración liberal, que está al servicio del invasor, interesado en fomentar un hecho diferencial catalán frente a la España patriota. No sería desde luego el Imperio napoleónico, que en 1812 se acabó anexionando el Principado, quien restaurara las libertades perdidas en 1714.

Queda finalmente el caso atípico de Antonio de Capmany, diputado de aquellas Cortes y, en palabras de Pierre Vilar, «catalán apasionado que fue el campeón de la lengua y la elocuencia castellanas» y tal vez «el mayor espíritu de la España de la Ilustración»1092. Su trayectoria intelectual y su posición y su voto en los principales debates parlamentarios —al cabo, la forma más segura de alinear a un diputado con unos u otros— le sitúan sin duda en el campo liberal, aunque en su caso se trate de un liberalismo bastante conservador. Las reminiscencias austracistas de su pensamiento son indiscutibles, por ejemplo, cuando recuerda «hasta qué grado de libertad llegaron las provincias de aquella corona [de Aragón] en siglos que hoy se les quiere llamar góticos», que aquel «país» «tenía una Constitución, la cual, por los nudos con que estaba ligada, era por sí misma indisoluble», y que Felipe V acabó con ella «por aquel derecho de conquista que se atribuyó en la guerra de sucesión»1093. Incluso en su célebre Centinela contra franceses muestra tácitamente sus simpatías austracistas, que le venían de familia, al equiparar el patriotismo de los dos bandos enfrentados en la guerra de Sucesión, pues «todos eran y querían ser españoles». Pero pese a rechazar el uniformismo de la Francia revolucionaria y reivindicar la diversidad de reinos y provincias de la monarquía española —«de estas pequeñas naciones se compone la masa de la gran Nación»—, la adaptación de su discurso historicista a las necesidades actuales de la historiografía nacionalista plantea el problema irresoluble de su españolismo a ultranza1094, expresado en innumerables ocasiones durante la guerra de la Independencia. Son bien conocidas sus llamadas a la unidad —«lo que nos ha de salvar es la unidad, la unión y la comunión de los fieles españoles»—, su exhortación a volver a ser «rancios españoles», su compromiso patriótico —«la patria corre peligro»—, sus declaraciones de amor a España, «madre verdadera de varones esforzados», y su radical discrepancia con aquellos diputados catalanes que se sentían representantes de Cataluña en las Cortes, y no de la nación en su conjunto. «Soy representante de la nación elegido por la provincia de Cataluña», declaró en un discurso pronunciado en enero de 1813; «hay diputados por Cataluña, por Galicia, etc.; mas no de Cataluña, de Galicia, etc.»1095. La soberanía nacional era, en suma, un bien indivisible, sin margen para una interpretación de tipo confederal. Su «mirar enrere vers les antigues llibertats» resulta a todas luces insuficiente para colocarle en el campo del protocatalanismo1096. Si acaso, su aliento historicista serviría para hacer de la Cataluña preborbónica el modelo de una España regenerada en su lucha contra el invasor.

La ingente literatura de combate publicada en la Cataluña patriota coincide a grandes rasgos con la propaganda antifrancesa de la guerra de la Convención, por ejemplo, en la importancia de la fórmula «religión-patria-rey», acuñada entonces. «Ánimo catalans», leemos en un anónimo de 1809, «y a mi veu se alçareu los verdaders españols. La Religió, lo Rey, la Patria van a ser víctimas, no volgueu morir abandonats per una traició. [...] Prenem las armas poble català y nostre estrepit fara temer tots los galons españols y lo orgull francés»1097. Este manifiesto, firmado por «Lo Tigre dels catalans», muestra la compleja combinación de conceptos y sentimientos que se movilizan en torno a la guerra. Se exhorta a «los verdaders españols» a levantarse contra el invasor y se insta al «poble català» a tomar las armas contra los franceses y contra «los galons españols», como si los oficiales del ejército español, a los que parece referirse el texto, fueran todos ellos sospechosos de traición. La equiparación entre militar y afrancesado debía de estar bastante extendida, porque el barón de Maldá asegura en su diario que muchos «senyors oficials [...] de bona gana s’estimarien més ser francesos que no espanyols»1098. Pero no se trata ni mucho menos de un fenómeno circunscrito a Cataluña que pudiera interpretarse como un gesto de afirmación catalanista frente als castellans y a todo aquello que representaban «los galons españols». Rafael del Riego, joven guardia de corps en mayo de 1808, optó por disfrazarse de pastor y hacer de incógnito el camino de regreso a casa, entre Aranjuez y Asturias, para no infundir sospechas entre las partidas guerrilleras que estaban empezando a formarse. Aun así, estuvo a punto de ser ejecutado en Zamora cuando un grupo de patriotas descubrió su verdadera identidad1099. Tampoco la resistencia al alistamiento forzoso fue privativa del Principado, ni se puede considerar por tanto sintomática de una identidad colectiva de su población que se expresaría en el rechazo al ejército regular como un cuerpo extraño en la sociedad catalana. Aunque el barón de Maldá consigne en su diario que «los quintos casi tots deserten sent catalans»1100 y Antonio Moliner titule «Anònims contra les quintes: Afirmació del catalanisme» un epígrafe de su libro La Catalunya resistent1101, hechos de esa naturaleza se produjeron en otros puntos de la geografía nacional, sin que en tales casos quepa hablar de la afirmación de un particularismo regional. «Que baian a la guerra los ricos, que son los que tien a que perder», gritaron algunos vecinos en la plaza mayor de Don Benito (Extremadura) al cumplirse la orden de alistamiento decretada por la Junta Suprema1102. La resistencia popular a ciertas medidas adoptadas por las autoridades patriotas, sobre todo en forma de impuestos y quintas, muestra una geografía muy difusa, que apenas permite deducir hechos diferenciales entre los distintos territorios. Lo mismo se puede decir del entusiasmo de la población en la lucha contra el invasor, expresado, como en Cataluña, en formas de participación espontánea y voluntaria para recuperar esa «llibertat i independència» de las que, según el barón de Maldá, disfrutaba el Principado hasta la llegada de los franceses. Pese al tiempo transcurrido, siguen siendo válidas, también para Cataluña, las palabras escritas en su día por Pierre Vilar: «La Guerra de la Independencia marca el momento de la historia en que mejor se afirma la unidad española, la unidad nacional»1103.

Consideraciones finales

1) Llama la atención hasta qué punto la línea oficialista de la actual historiografía catalana supone una desautorización general de la visión de la Cataluña dieciochesca defendida por Pierre Vilar en buena parte de su obra, especialmente en su Catalunya dins l’Espanya moderna. No ha sido una ruptura declarada y abierta, ni se ha lanzado contra él, que sepamos, ningún decreto de excomunión. Al contrario, su figura tendrá siempre un valor indiscutible como principal referente de la historiografía nacionalista, no tanto por el contenido de su obra, cada vez más alejado del argumentario oficial, como por haber hecho de Cataluña objeto y sujeto de un gran relato histórico. Eso y el prestigio internacional de su nombre, tan importante para la proyección exterior del nacionalismo catalán, siempre en riesgo de aislamiento, le ponen, en principio, a salvo de cualquier reacción fundamentalista ante los aspectos hoy en día más políticamente incorrectos de su legado, como su insistencia en el carácter espontáneo que pudo tener la transición del catalán al castellano como lengua de cultura en la Cataluña del siglo XVIII.

Frente a la vulgata nacionalista hoy en día en vigor, empeñada en presentar un balance desolador del siglo XVIII en Cataluña —de otra forma resultaría difícil hacer de 1714 el origen de una suerte de holocausto catalán—, Pierre Vilar ofrece una interpretación claramente positiva de lo que fue, en su opinión, un siglo «unificador», entendido como un proceso lleno de oportunidades históricas1104. Tanto Cádiz como el País Vasco y Cataluña, afirma, «se habían beneficiado demasiado de la coyuntura del siglo XVIII como para no sentirse profundamente solidarias del sistema nacional y colonial español»1105. De ahí, en su opinión, el fracaso del «proyecto de un “gobierno catalán”» lanzado por la administración francesa durante la guerra de la Independencia1106. Las razones de fondo de la creciente divergencia entre la historiografía nacionalista y la interpretación vilariana de la historia moderna de Cataluña son, por un lado, el componente marxista de la obra de Vilar, matizado por sus simpatías catalanistas y por un cierto determinismo geográfico, reminiscencia de su pasada proximidad a la escuela de los Annales, y, por otro, el tipo de relación que uno y otros establecen con las fuentes históricas. Mientras Pierre Vilar subordina su interpretación de los hechos a la incuestionable soberanía de los documentos, el nacionalismo historiográfico impondrá siempre a las fuentes su propia visión del pasado. Solo desde ese radical voluntarismo se le puede dar la vuelta a la historia del XVIII catalán caracterizándolo en la portada de un libro como un siglo de «subjecció i revolta» o titular, confundiendo deliberadamente la excepción y la regla, «Mòria Carles quart» un capítulo de una historia de la «Guerra Gran»1107.

En cuanto al marxismo de Pierre Vilar, lo que en su día fue un motivo más de complicidad frente al franquismo, con el tiempo ha acabado siendo un escollo en la relación, más sentimental que intelectual, que la historiografía catalanista mantiene con su obra. Con independencia de lo difícil que resulta aunar materialismo histórico y esencialismo identitario, la importancia que el historiador francés concedía a la idea de progreso, bien patente en su visión del siglo XVIII1108, y al protagonismo de las clases sociales ascendentes choca por partida doble con la orientación actual de la historiografía nacionalista, interesada en borrar las huellas de la prosperidad económica y en subrayar el carácter interclasista —cuanto más popular mejor— de la epopeya catalana. El cambio que se ha producido en la valoración del siglo XVIII catalán desde la aparición de la Catalunya dins l’Espanya moderna no es el resultado de sorprendentes hallazgos documentales, capaces de crear un nuevo paradigma interpretativo. No han cambiado las fuentes; lo que ha cambiado ha sido la agenda política del nacionalismo catalán y de sus terminales historiográficas.

2) La posición de Ernest Lluch se encuentra en un punto intermedio entre ambas interpretaciones, aunque su honestidad intelectual, su vasta erudición y su pasión por la verdad histórica le sitúan en un plano por completo ajeno al esencialismo propio de la escuela nacionalista. Coincide con Vilar en presentar el XVIII catalán como la historia de un gran éxito económico y social que no podía dejar de tener consecuencias positivas en la vertebración y modernización de la monarquía. Mercado, comercio, grupos sociales en ascenso, redes familiares que extienden su actividad por el interior del reino... Lluch se mueve entre categorías históricas más próximas al marxismo, o cuando menos a la historia económica, que al nacionalismo historiográfico. La «venganza catalana» consistió en recuperar fuera de Cataluña, en un mercado nacional en ciernes y en un comercio colonial en plena expansión, la influencia que los catalanes habían perdido en el gobierno del Principado. Su nuevo potencial económico compensaba así el poder político arrebatado por los Borbones. Pero solo en parte —aquí es donde la tesis de Lluch se acerca a las posiciones nacionalistas—, porque nada podía resarcirles de la política «lingüísticament genocida» practicada por la nueva dinastía, ni de la supresión de sus libertades y de sus antiguas instituciones. Ahí radica la pervivencia del austracismo como un sentimiento profundamente arraigado en una parte de la sociedad catalana, una especie de conciencia nacional agazapada a la espera de una ocasión propicia para desplegar todo su potencial liberador para Cataluña y, en general, para «las Españas vencidas» en 1714.

Esta interpretación, defendida por Ernest Lluch con la solvencia y la honestidad que le eran propias, plantea no obstante varios problemas. El primero es que su inventario del austracismo en la Cataluña dieciochesca, más allá del famoso opúsculo clandestino Via for els adormits (1734), queda finalmente en poca cosa, incluso aceptando una cierta laxitud en el concepto, que le permite incluir en su Catalunya vençuda a un autor como Romà i Rossell, ejemplo más bien de adaptación del ideal austracista a la realidad borbónica. Argumentar que el inventario de Lluch es solo la punta del iceberg de un fenómeno de grandes dimensiones supondría dar por buena la teoría voluntarista de la «subjecció i revolta», basada en unos pocos casos convertidos en categoría histórica. Lo importante, según esta forma de razonar, no sería lo que sabemos a ciencia cierta, sino lo que no sabemos: aquella parte de la historia que ha quedado sumergida para siempre, pero de cuya existencia no cabe dudar.

Algo de eso ocurre con el austracismo. Existe el riesgo de convertirlo en un sebastianismo catalán y de darle una dimensión política mayor de la que realmente tuvo, más allá de la presencia que pudiera tener en un cierto imaginario colectivo. En todo caso, este fenómeno de la Cataluña y la España del siglo XVIII, bien estudiado, y en parte descubierto, por Lluch, requeriría una investigación a fondo que comprobara la posible continuidad histórica entre el austracismo, el partido aragonés, el partido aristocrático y finalmente el partido fernandino o antigodoyista, expresión todos ellos de un estado de oposición latente al orden establecido por la nueva dinastía y personificado finalmente en Godoy. Ese movimiento opositor, que disfrutó de un efímero poder el tiempo en el que el conde de Aranda, su principal figura, estuvo en el gobierno, catalizaría ideales y sentimientos sumamente diversos, que irían desde un «liberalismo estamental de base pacticia»1109 hasta un revanchismo aristocrático con múltiples derivaciones políticas, del que podrían ser buenos exponentes la conspiración de San Blas en 1795, en la que van de la mano miembros de la alta nobleza y simpatizantes de la Francia revolucionaria, o la sinuosa trayectoria del conde de Montijo, autor en 1794 de un revelador Discurso sobre la autoridad de los ricos hombres1110. El común denominador de estos grupos sería su aspiración a volver al statu quo anterior a los Borbones, con un sistema de poder más equilibrado entre la corona y la alta nobleza, entre el centro y la periferia.

3) Lo ocurrido en Cataluña durante las guerras de la Convención y de la Independencia pone de manifiesto la fragilidad de las tesis voluntaristas, porque resulta muy difícil encajar en el argumentario historiográfico del nacionalismo catalán la respuesta de la población en aquellos momentos, como la de Lérida al producirse el levantamiento antifrancés en mayo de 1808, impulsado por el deseo general —leemos en un documento de la época— de «seguir lo partit espanyol, com lo mateix poble ho reclamaba»1111. Afirmar que «en 1808 y durante toda la guerra, los habitantes del principado se sintieron ante todo catalanes»1112 parece un tanto aventurado, porque las identidades y los sentimientos estuvieron muy mezclados, lo mismo que los usos y significados de palabras clave, como nación y patria, referidos indistintamente a Cataluña y a España, a menudo en los mismos textos, aunque en «nación» predomina claramente la identificación con España y con «patria» puede ocurrir lo contrario. No hay desde luego un sentimiento antiespañol en la Cataluña sublevada, fruto de un supuesto resquemor acumulado durante el siglo anterior, sino más bien un afán de emulación plasmado en el deseo de mostrarse más españoles que los malos españoles: los galons —es decir, los oficiales del ejército regular, sospechosos de afrancesamiento—, a menudo los castellans y casi siempre los ricos —«¿negociante y patriota? Mosca blanca: he visto algunas, pero raras»1113. Pero si es difícil, en rigor, escribir una historia catalanista de la guerra de la Independencia, ligar protocatalanismo y primer liberalismo se puede considerar la cuadratura del círculo. Todavía en la siguiente etapa constitucional (1820-1823), el liberalismo defenderá un modelo territorial y cultural claramente unitario. También en Barcelona, donde vio la luz en 1820 un folleto liberal escrito por una tal «ciudadana F. S.» reivindicando los derechos más elementales de las mujeres, entre ellos el derecho a una verdadera educación, digna de una sociedad libre, que incluyera la enseñanza de «la gramática y ortografía castellana, idioma que teórica y prácticamente deberían aprender en todas las provincias, con lo cual llegaría tal vez andando el tiempo a ser en toda España única esta lengua, así como podemos esperar que sean unos mismos el peso, la medida y el valor de la moneda»1114. Tenía razón Pierre Vilar al señalar que el desarrollo económico del siglo XVIII favorecía una tendencia unificadora en términos de moneda, pesos y medidas. «El mateix podrien dir respecte a la llengua», añadía el historiador francés. Como la Francia revolucionaria, el liberalismo español fue durante mucho tiempo fiel a una lógica unificadora, inspirada en un igualitarismo territorial sin excepciones ni privilegios, frente a la compleja casuística jurídico-administrativa heredada del Antiguo Régimen.

Por razones que quedan fuera del marco temporal de este trabajo, el modelo unitario puesto en marcha con la Nueva Planta acabó fracasando. Pero no antes de 1814. Como «una época ben infeliç en los fastos de l’història d’Espanya, de Catalunya i Barcelona» recordaría el barón de Maldá el momento en el que un ejército enemigo irrumpió en la capital catalana «robant-nos la llibertat i independència que antes gosavem». No se refería —lo hemos visto más arriba— a la derrota de la Cataluña austracista ante las tropas de Felipe V, sino a la entrada de los franceses en Barcelona en 1808.

1030 «Todo lo suprimió Felipe V con su Nueva Planta, que trajo militarismo y corrupción»; entrevista a Joaquim Albareda en La Vanguardia, 20 de enero de 2014.

1031 Todas las citas en J. Albareda y J. Esculies, La guerra de successió, Barcelona, Pòrtic, 2008. En realidad, se trata de una entrevista en la que Esculies le plantea a Albareda una serie de preguntas tan previsibles como las respuestas, a la manera de los catecismos políticos de principios del siglo XIX, la mayoría de origen absolutista.

1032 E. Lluch, La Catalunya vençuda del segle XVIII: Foscors y clarors de l’Il.lustració, Barcelona, Edicions 62, 1996, pág. 13.

1033 «Prólogo a la remozada versión castellana», E. Lluch, Las Españas vencidas del siglo XVIII: Claroscuros de la Ilustración, Barcelona, Crítica, 1999, pág. 12.

1034 Todas las citas proceden del «Prólogo a la remozada versión castellana», ibíd.

1035 E. Fernández de Pinedo, «Els ingressos de la Hisenda Reial a Catalunya (1717-1779)», Recerques, núm. 17 (1985), pág. 131.

1036 Ibíd.

1037 E. Lluch, «Prólogo a la remozada versión castellana», op. cit., pág. 11.

1038 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel, 1981, pág. 248.

1039 Real decreto del 23 de septiembre de 1760, incluido en el libro Usages y otros derechos conocidos en general con el nombre de Constituciones de Cataluña, Barcelona, Imp. de J. Verdaguer, 1832, I, pág. 62 n.

1040 A. Domínguez Ortiz, op. cit., pág. 246.

1041 Nipho, Correo General de España, 1770, II, pág. 50; cit. por P. Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna: recerques sobre els fonaments econòmics de les estructures nacionals, Barcelona, Edicions 62, 1964-1968, II, pág. 11.

1042 Cit., ibíd., II, pág. 57.

1043 Ibíd., II, págs. 438 y 432.

1044 Ibíd., IV, pág. 83.

1045 Ibíd., IV, pág. 543.

1046 Ibíd., IV, págs. 541-542.

1047 P. Vilar, «Mentalidades. Los Barba y Roca: Un fondo catalán en los archivos nacionales franceses», en Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y poderes en la historia de España, Barcelona, Crítica, 1982, págs. 141-165.

1048 P. Vilar, «Ocupantes y ocupados: Algunos aspectos de la ocupación y resistencia en España en 1794 y en tiempos de Napoleón», en Hidalgos, amotinados y guerrilleros, op. cit., pág. 174.

1049 E. Lluch, prólogo al libro de A. Muset i Pons, Catalunya i el mercat espanyol al segle XVIII. Els traginers i els negociants de Calaf i Copons, Barcelona, Ajuntament d’Igualada/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997; la cita en pág. 9. Véase también, de la misma autora, «Los Vidal: Una estirpe de negociantes catalanes del siglo XVIII», Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV. Historia Moderna, núm. 11 (1998), págs. 321-342.

1050 A. Muset i Pons, op. cit., pág. 296.

1051 Ibíd., pág. 63.

1052 Ibíd., pág. 62.

1053 F. Romà y Rossell, Las señales de la felicidad de España y medios de hacerlas eficaces, Madrid, Imprenta de Antonio Muñoz del Valle, 1768, págs. 122-123.

1054 Ibíd., «Prólogo».

1055 Ibíd., pág. 1.

1056 Véase el capítulo VI de la obra, titulado «El amor a la patria contribuye al adelantamiento y la conservación de las fábricas», ibíd., págs. 150 y ss.

1057 Ibíd., págs. 153-156.

1058 Ibíd., pág. 304.

1059 Ibíd., pág. 322.

1060 Ll. Roura, Subjecció i revolta en el segle de la Nova Planta, Vic, Eumo Editorial, 2006, pág. 34.

1061 Ibíd.

1062 Cit. ibíd., pág. 145 n.

1063 Ibíd., pág. 267.

1064 Ibíd., pág. 289.

1065 Ll. Nicolau D’Olwer, Resum de literatura catalana, Barcelona, Barcino, 1927, pág. 96.

1066 Cit. M. B. Castellà i Pujols, «La Guerra Gran a l’abric de l’historiografia catalana», en Manuscrits, núm. 18 (2000), págs. 203-204.

1067 Ll. Roura, Guerra Gran a la ratlla de França. Catalunya dins la guerra contra la Revolució francesa, Barcelona, Curial, 1993.

1068 Ibíd., pág. 149.

1069 F. Soldevila, Història de Catalunya, Barcelona, Alpha, 1962, págs. 1242-1243.

1070 Ll. Roura, Guerra Gran a la ratlla de França, op. cit., págs. 145-146.

1071 R. Amat i Cortada, baró de Maldà, Calaix de sastre, Barcelona, Curial, 1987-1999; apunte del 24-2-1793, II, pág. 68.

1072 Ibíd., II, pág. 85.

1073 Ibíd., II, págs. 88-89 y 92; apuntes de los días 21-5-1793 y 26-6-1793.

1074 Ibíd., II, pág. 148; 29-9-1793.

1075 Ibíd., II, pág. 176.

1076 Ibíd., II, pág. 195.

1077 Ibíd., II, pág. 269.

1078 Ibíd., II, págs. 184 y 261.

1079 Ibíd., IX, pág. 28; apunte del 20-2-1811.

1080 Ibíd., IX, pág. 25.

1081 Ibíd., IX, pág. 31.

1082 Ibíd., IX, pág. 35.

1083 Ibíd., IX, págs. 35-36.

1084 Ibíd., IX, pág. 179.

1085 Ibíd., IX, pág. 36.

1086 Ibíd., IX, pág. 221.

1087 Ibíd., IX, pág. 234.

1088 «Un bon català i dels rancis», escribe Maldá el 24 de febrero de 1811, «ha dit [...] que Catalunya no podia estar bé entre el porc i l’ase, a saber: lo porc lo gavaig, per lo que gruny, i l’ase lo castellà, per lo que brama contra els catalans, dient-ne prou pestes lo Moragues tant dels francesos com dels acastellans, si bé d’estos últims ne parla a mitja boca, peraquè no els oís cap castellà». Unos días después afirma que «los quintos casi tots deserten sent catalans, i d’aquí Berga, lo que es faren, no volent ser governats per castellans, segons aquell ditxo cèlebre d’un català de l’ase per lo que brama» (ibíd., IX, págs. 30 y 34).

1089 No obstante, la propia Junta del Principado planteaba, en vísperas de la reunión de las Cortes, «las ventajas políticas que resultarían de uniformar la legislación y los derechos de cada provincia de la Monarquía para que no quede de la actual crisis hecha un cuerpo de partes heterogéneas»; cit. por R. Fernández, «Cataluña en las Españas del Setecientos», Predralbes, núm. 28 (2008), pág. 433. Véase también R. Arnabat Mata, «Austracisme, catalanitat i provincialisme. De la Guerra del Francès al Trienni liberal», en Entre la construcció nacional i la repressió identitària, Barcelona, Museu d’Història de Catalunya, 2012, págs. 187-201, y Ll. F. Toledano González, «Historicisme i política de la classe dirigent catalana en el debat constitucional gadità», págs. 203-218. Cfr. asimismo, de este mismo autor, «La Guerra de la Independencia como exponente de la unanimidad española», en A Guerra da Indepedencia e o primeiro liberalismo en España e América, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2009, págs. 69-102.

1090 Véase J. F. Fuentes, «Las Cortes de Cádiz: Nación, soberanía y territorio», en Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 32 (2010), págs. 17-35.

1091 J. Roca Vernet, en su excelente artículo «Las Cortes de Cádiz: Génesis del liberalismo romántico catalán», Trienio, Ilustración y Liberalismo, núm. 61 (2013), págs. 73-124, sostiene lo contrario. La mayor parte de su trabajo no se refiere, sin embargo, al papel de los diputados catalanes en las Cortes de Cádiz, sino a la posterior trayectoria política de los catalanes —diputados o no— presentes en Cádiz durante la época de las Cortes. Tanto en este artículo como en otro del mismo autor titulado «L’austracisme i la Guerra de Successió a les Corts de Cadis», Pedralbes. Revista d’Història Moderna (en prensa), se puede constatar cómo el sector mayoritario de la representación catalana en las Cortes utilizó argumentos de tipo austracista para oponerse o al menos retrasar la abolición de la Inquisición (debo el conocimiento de este artículo a la gentileza de su autor).

1092 P. Vilar, Ocupantes y ocupados, op. cit., pág. 203.

1093 A. de Capmany, Práctica y estilo de celebrar Cortes en el Reino de Aragón, Principado de Cataluña y Reino de Valencia, Madrid, Imp. de Don José del Collado, 1821; palabras citadas en el «Aviso del editor», págs. v-vi.

1094 El intento de convertirle en abanderado de un soberanismo catalán de cuño liberal, casi republicano, en E. Serra, estudio introductorio a la edición de Práctica y estilo de celebrar Cortes, de A. Capmany, Barcelona, Editorial Base, 2007.

1095 Véase la introducción de F. Étienvre a su edición de Centinela contra franceses, de A. de Capmany, Londres, Tamesis Books Limited, 1988. Las palabras de Capmany en las Cortes, en Ll. F. Toledano González, «Historicisme i política de la classe dirigent catalana en el debat constitucional gadità», op. cit., pág. 188.

1096 E. Lluch, La Catalunya vençuda, op. cit., pág. 92.

1097 Cit. A. Moliner i Prada, La Catalunya resistent a la dominació francesa: La Junta Superior de Catalunya (1808-1812), Barcelona, Edicions 62, 1989, págs. 54-55.

1098 Calaix de sastre, op. cit., IX, pág. 31; apunte del 25-2-1811.

1099 J. F. Fuentes, «“Yo nada valgo”: Rafael del Riego y la revolución liberal española», en M. Pérez Ledesma e I. Burdiel, Liberales eminentes, Madrid, Marcial Pons, 2008, págs. 19-20.

1100 Calaix de sastre, op. cit., IX, pág. 34; apunte del 6-3-1811.

1101 A. Moliner i Prada, La Catalunya resistent, op. cit., pág. 54.

1102 Cit. R. Fraser, La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la Independencia, 1808-1814, Barcelona, Crítica, 2006, pág. 292.

1103 P. Vilar, «Ocupantes y ocupados», op. cit., pág. 205.

1104 P. Vilar, Hidalgos, amotinados y guerrilleros, op. cit., pág. 268.

1105 Ibíd., pág. 205.

1106 Ibíd.

1107 Ll. Roura, Subjecció i revolta en el segle de la Nova Planta, op. cit., y Guerra Gran a la ratlla de França, op. cit.

1108 «La prosperidad del siglo XVIII y la asociación sistemática de las élites periféricas con esta prosperidad y con las decisiones mismas del centro, [...] parecían señalar a España, en 1780, como uno de los países mejor encarrilados por la vía del capitalismo naciente y de la unidad de las naciones en vía de aburguesamiento»; P. Vilar, Hidalgos, amotinados y guerrilleros, op. cit., pág. 205.

1109 Expresión de Rafael Olaechea citada por E. Lluch, «Prólogo a la remozada versión castellana», Las Españas vencidas, op. cit., pág. 21.

1110 Sobre este interesantísimo personaje, véanse los dos magníficos trabajos que le ha dedicado C. Morange, «El conde del Montijo: Reflexiones en torno al “partido” aristocrático de 1794 a 1814», Trienio, núm. 4 (1984), págs. 33-68, y «El conde del Montijo durante la Guerra de la Independencia», Trienio, núm. 2 (1983), págs. 3-40.

1111 Cit. R. Fraser, La maldita guerra de España, op. cit., pág. 159.

1112 Ibíd., pág. 172.

1113 Expresión incluida en un folleto catalán de la guerra de la Independencia, cit. por P. Vilar, Hidalgos, amotinados y guerrilleros, op. cit., pág. 196.

1114 Carta eucarístico-política de la Ciudadana F. S., Barcelona, Viuda e Hijos de Sastres, 1820, pág. 9.

CAPÍTULO 16

Consecuencias de la independencia sobre la economía catalana

Clemente Polo

Introducción

El propósito de este artículo es examinar las consecuencias económicas de la hipotética independencia de Cataluña asumiendo que el proceso de secesión podría producirse sin desencadenarse un conflicto político y social de imprevisibles consecuencias, un supuesto bastante improbable a la vista de cómo se han desarrollado la mayoría de los procesos de desintegración unilateral hasta nuestros días. El tema ha recibido considerable atención en los últimos años y muy especialmente desde que el gobierno de Cataluña y los partidos políticos que lo apoyan en el Parlament de Cataluña (CiU, ERC y CUP) apostaron por realizar un referéndum ilegal como paso previo a la constitución de un Estado independiente que pondría punto y final a (al menos) 300 años de unidad política, fiscal y económica de España, así como a las más recientes uniones fiscal y monetaria que iniciaron sus andaduras con la incorporación de España a la CEE en 1986 y la constitución de la Unión Económica y Monetaria en 1999.

Los economistas partidarios de la independencia sostienen que «España es un mal negocio para los catalanes» porque la secesión les reportaría beneficios muy superiores a los costes. Entre los beneficios apuntados se mencionan algunos tan vagos como la oportunidad que brinda la independencia para mejorar la eficiencia de las administraciones públicas catalanas, junto a otros muy concretos como el llamado «dividendo fiscal» de la independencia. Entre los costes, suelen admitir las consecuencias negativas que tendría sobre su economía el «boicot» transitorio a los productos catalanes en el resto de España (RDE) que estiman serían, en todo caso, muy inferiores a los beneficios potenciales de la secesión. Esta es la posición que se expresa en el «Manifiesto de los profesionales de la Economía en Cataluña» que se presentó en la Bolsa de Barcelona el 3 de marzo de 2014 y cuyos firmantes sostienen, por una parte, que «la política de los sucesivos gobiernos españoles ha fracasado», y, por otra, que «Cataluña padece un déficit fiscal muy elevado en valor absoluto y en relación a otros casos comparables internacionalmente»1115.

En general, se puede afirmar que el argumentario economicista a favor de la independencia se desarrolla en escenarios inverosímiles para poder alcanzar conclusiones favorables a su tesis de que la independencia es viable y deseable desde un punto de vista económico, presentando como hechos incontrovertibles cifras que, como el saldo de la balanza fiscal de Cataluña, se obtienen realizando burdas y sesgadas imputaciones para estimar las aportaciones de Cataluña a la administración central (AC), así como los retornos recibidos de esta1116. El objetivo de estas manipulaciones no es otro que infravalorar los costes y sobrevalorar los beneficios inherentes a cualquier proceso de secesión de una parte de un Estado, Cataluña en este caso, y su posterior constitución como Estado independiente. Algunas de las supuestas oportunidades que brinda la independencia, constituyen meros deseos de quienes las formulan, sin que quienes lo hacen se molesten en aclarar qué reformas se emprenderán para mejorar la eficiencia de las AA.PP. catalanas, el grado de consenso social con que cuentan sus propuestas y las razones que han impedido a las administraciones catalanas, que gozan de gran autonomía desde hace tres décadas, ponerlas en marcha hasta ahora. Por otra parte, suponer como suelen hacer los economistas partidarios de la independencia que la secesión apenas afectará a los flujos comerciales, a la estabilidad del sistema financiero o a los ingresos tributarios constituye un ejercicio extremo de solipsismo que ningún analista serio avalaría.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC), en su manifiesto fundacional, va un paso más allá y afirma sin rubor que «el Estado no apoya a los habitantes de Cataluña y perjudica seriamente sus posibilidades de mantener o incrementar su nivel de vida y bienestar social que la capacidad productiva e intelectual del país permitiría, disminuyendo y limitando conscientemente las potencialidades de nuestro desarrollo económico y social». Según esta versión maniquea de la historia, las decisiones económicas del Estado no solo impiden mantener o incrementar el nivel de vida y bienestar de los catalanes sino que se adoptan con la intención expresa de limitar las potencialidades de su desarrollo económico y social. ¡Mal, muy mal, han debido de desempeñar su diabólica tarea los gobiernos españoles hasta ahora, porque la renta per cápita de los habitantes de Cataluña es hoy bastante superior a la renta media del resto de los españoles y de los ciudadanos de la UE!

Quienes saben que fueron precisamente historiadores catalanes los que acuñaron el término «Cataluña, la fábrica de España», para subrayar el papel fundamental que desempeñó el mercado español, consecuencia a su vez de la unidad política del Estado, en el desarrollo manufacturero y la industrialización de Cataluña desde el siglo XVIII hasta nuestros días se sentirán abochornados al comprobar que las tesis de la ANC, lejos de ser objeto de mofa, son compartidas con entusiasmo por el gobierno catalán y los partidos que promueven la celebración de la consulta que, como paso previo a la creación de un Estado independiente, pretenden realizar el 9 de noviembre de 2014. Incluso parece que son ya los dirigentes de la ANC, no el gobierno y el Parlament de Cataluña, quienes marcan los tiempos del proceso secesionista, y exigen a «sus» representantes que declaren unilateralmente la independencia el 23 de abril de 2015.

En tres artículos publicados en 2013 expuse las consecuencias económicas de la independencia de Cataluña sobre sus exportaciones y el sistema financiero, así como otras cuestiones de gran trascendencia económica, como el reparto equitativo de los activos (infraestructuras del Estado) y pasivos (deuda del Estado) acumulados hasta hoy1117. En otro artículo reciente1118, he examinado con minuciosidad los argumentos que han presentado los economistas partidarios de la independencia sobre estas y otras cuestiones relacionadas, y he cuestionado la fiabilidad de los resultados de la balanza fiscal de Cataluña con la administración central y, en consecuencia, la del saldo que arroja y su mecánica identificación con el llamado dividendo fiscal de la independencia1119. El presente artículo tiene un doble objetivo. En primer lugar, mostrar que, contrariamente a lo que afirman en el citado manifiesto los «profesionales» de la economía de la ANC, mucho es lo que debe el bienestar de los catalanes al resto de los españoles y a las políticas desarrolladas por el Estado español a lo largo de los tres últimos siglos. En segundo lugar, explicar que, incluso si el proceso de secesión pudiera culminarse sin provocar un grave conflicto social y político de impredecibles consecuencias, la separación de Cataluña del resto de España (RDE) tendría efectos potencialmente desastrosos sobre la actividad económica, o, dicho de manera más directa, que la secesión es un mal negocio para los catalanes.

El resto del artículo está dividido en seis secciones. En primer lugar, presento los frágiles pilares que sustentan el argumentario economicista a favor de la independencia. A continuación, repaso sucintamente los logros económicos de Cataluña a partir de 1714, que la han llevado a estar entre las regiones más prósperas de la UE. Después cuantifico el peso del mercado español en la economía catalana a comienzos del siglo XXI utilizando el modelo input-output ampliado y explico las consecuencias que tendría la pérdida de una fracción sustancial del mercado del RDE. A continuación se examinan los efectos de la «eurización» de la economía catalana y la metodología, resultados e interpretación de la balanza fiscal de Cataluña. El artículo se cierra presentando algunas conclusiones generales.

El núcleo del argumentario economicista

La conclusión de que la independencia de Cataluña aumentará el bienestar económico de los catalanes se sostiene sobre dos pilares bastante endebles. Por una parte, los economistas partidarios de la independencia mantienen que la transición de una comunidad autónoma de España a un Estado independiente apenas tendrá consecuencias negativas sobre la economía catalana. En segundo lugar, consideran que esos efectos negativos, si es que se producen, serán de escasa magnitud y podrán enjugarse con los cuantiosos recursos que ahora van a parar al RDE y que, si Cataluña se independizara, irían a parar a las arcas del gobierno catalán. El Manifiesto citado avala, como hemos visto, también la tesis del expolio, al que culpa de obligar al gobierno de la Generalitat a poner en marcha «unos recortes que amenazan nuestro estado de bienestar y la cohesión social». Aparentemente, las cifras de los saldos de la balanza fiscal de Cataluña (BFC) con la administración pública central (APC), calculadas siguiendo la metodología del flujo monetario por el Departamento de Economía y Conocimiento (DEC, 2012 y 2013) del gobierno de Cataluña, avalan la tesis del expolio y la implicación de que la independencia es un buen negocio para los catalanes.

¿Se puede mantener en serio que la independencia de Cataluña apenas tendrá efectos sobre la actividad económica y permitirá al gobierno del nuevo Estado contar con los ingresos impositivos que los elaboradores de la BFC imputan —con bastante poco rigor, por cierto— ahora a Cataluña? La verdad es que ambas conclusiones se sustentan en dos hipótesis que el citado Manifiesto explicita: primera, que «la transición hacia el Estado propio tendría lugar necesariamente en un marco tutelado por la Unión Europea», y, segunda, que la secesión «no tendría por qué representar la ruptura de los vínculos con España porque eso no estaría en el interés de ninguno». Es en este ilusorio escenario de cartón piedra donde hay que situar la conclusión de que la economía catalana «cuenta con una industria y un turismo competitivos a escala internacional y un sistema educativo con resultados comparables a los de nuestro entorno» que le permitirían como Estado superar la crisis actual y mantener equilibradas la «balanza de pagos y las cuentas públicas y hacer frente a las pensiones futuras».

En esta misma línea, el reciente estudio de la Cambra de Comerç de Barcelona abunda en que «una Cataluña independiente nacería con un déficit público del 2,6 por 100 pero conseguiría un superávit estructural del 7 por 100 a largo plazo», si bien, como los autores reconocen, «todos los cálculos referidos a un hipotético Estado catalán se han hecho suponiendo que seguiría formando parte de la Unión Europea y que el cambio en el statu quo se haría de forma negociada y pactada con España»1120. No hacen falta alforjas para semejante viaje porque si la independencia no altera el actual statu quo, a excepción de que Cataluña ingresa los recursos imputados al Estado español en la BFC, lo incomprensible sería que el déficit empeorara. Bosch y Espasa también reconocen explícitamente en su estudio sobre la viabilidad económica de una Cataluña independiente que sus conclusiones presuponen que «se mantiene el actual sistema fiscal... [y] el mismo nivel de presión fiscal». Aunque las autoras no lo mencionan, su conclusión de que «resulta del todo razonable afirmar que un país como Cataluña es viable» requiere un tercer supuesto, a saber, que se mantengan inalteradas las bases impositivas tras consumarse la secesión de Cataluña1121.

Al suponer que la UE va a tutelar el proceso de transición, contraviniendo los tratados internacionales, o que los vínculos económicos con España y las bases impositivas se mantendrán inalterados tras la secesión, los economistas partidarios de la independencia confunden el deseo con la realidad y sitúan su análisis en escenarios que podemos calificar de inverosímiles. El único argumento con que avalan semejantes pretensiones es que la exclusión de Cataluña de la UE perjudicaría los intereses económicos tanto de España como de los Estados de la UE cuyas empresas tienen inversiones en Cataluña. Sala i Martín (2012) sostiene que esos intereses son tan poderosos que el gobierno de España no solo no obstaculizará la entrada de Cataluña en la UE tras la secesión, sino que hará todo lo posible para acelerar el proceso. Si tan importante resulta para España y la UE que Cataluña, que representa el 1,2 por 100 del PIB europeo, permanezca en la UE, ¿no es más razonable suponer que España y la UE adoptarán las medidas apropiadas para abortar el proceso independentista?

Lo que ni los economistas que han promovido el Manifiesto de la ANC, ni los responsables de la Cambra ni tampoco Bosch y Espasa han explicado es qué le ocurriría a la economía catalana si el tramoyista retirase súbitamente el decorado y Cataluña quedara, como es razonable suponer, fuera de la UE durante algunos años. ¿Puede tomarse en serio la afirmación de que el proceso de transición estaría necesariamente tutelado por la UE y que el cambio en el statu quo se haría de forma negociada y pactada con el gobierno de España? ¿En qué situación quedarían las entidades financieras en Cataluña, qué ocurriría a los tipos de interés y costes financieros y cómo se verían afectadas las empresas no financieras? ¿Es cierto que Cataluña «padece una asfixia fiscal insoportable» y que la eliminación del presunto déficit fiscal de Cataluña permitirá resolver de un plumazo los problemas de financiación que han provocado los recortes que el gobierno catalán ha implementado desde 2011? Y si no es así, ¿cómo afectará la secesión a los flujos comerciales y turísticos con el RDE, a la localización de las empresas no financieras y las entidades financieras, al funcionamiento del sistema financiero, al consumo e inversión de los residentes y a la recaudación impositiva del gobierno de Cataluña, a los flujos de capital y a la oferta monetaria?

Cataluña, una región europea privilegiada

¿Cómo le ha ido a Cataluña con España en los últimos 300 años? Para empezar a separar el trigo de la paja, conviene subrayar que la renta per cápita de los habitantes de Cataluña es el 19,75 por 100 mayor que la renta media de los españoles, el 24,4 por 100 superior a la media del resto de los españoles y el 13 por 100 superior a la media de las regiones de la UE281122. Nada mal para tratarse de una economía que, según los dirigentes de la ANC, los partidos independentistas y hasta algunos historiadores, sociólogos y economistas que promovieron el Simposio «Espanya contra Catalunya», «ha estado sometida a la acción política, casi siempre represiva del Estado español hacia Cataluña» desde 1714 y ha impedido «el pleno desarrollo político, social, cultural y económico de Cataluña» durante tres siglos. Ante el hecho incontestable de que los catalanes disfrutan de niveles de vida comparables con los de las regiones más prósperas de la UE, caben dos posibles actitudes: entregarse al delirio de reescribir la historia y sus derivadas presentes para intentar enmascarar la tozuda realidad, aventando presuntas humillaciones e imaginarios expolios, o intentar explicar con objetividad los factores que hay detrás de un avance social y económico tan notable, una tarea laboriosa a la que por fortuna tantos historiadores y economistas, muchos de ellos catalanes, han dedicado sus esfuerzos.

¿Se habría convertido Cataluña en la Holanda del sur de Europa?

¿Podrían haber alcanzado los catalanes un nivel de bienestar superior al actual si Cataluña hubiera formado parte de Francia desde 1641 tras proclamarse Luis XIII conde de Barcelona? Quizá, aunque el hecho incontestable es que los habitantes de las regiones francesas del Mediterráneo (Languedoc-Rousillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur y Córcega) tienen hoy una renta per cápita bastante inferior a la de los catalanes. Y ¿qué suerte les habría deparado la historia si Cataluña se hubiera convertido en parte del Sacro Imperio tras proclamar al archiduque Carlos conde de Barcelona y rey Carlos III de España en 1705? Tampoco lo sabemos a ciencia cierta, aunque el hecho de que Cataluña estuviera alejada del centro del Imperio permite conjeturar que no habría podido explotar las oportunidades de expansión comercial que le brindó su reincorporación a la corona española en 1714.

Efectos económicos de la guerra de Sucesión

Lo que está fuera de toda duda es la importancia que tuvo el acceso al mercado castellano y al comercio con las colonias americanas para el despegue económico del Principado. Carreras, en su panorámica «Cataluña, primera región industrial de España», se refiere a los orígenes «setecentistas» del proceso en estos términos:

Fijemos la atención por un momento en el acceso libre al mercado español. Una de las consecuencias de la guerra de Sucesión fue la supresión de las aduanas interiores entre Aragón y Castilla (y dentro de Aragón). No se abolieron todas, pero sí la mayoría y el comercio entre los territorios de las dos Coronas resultó mucho más fácil después de la supresión de las aduanas. Esta medida fue tomada con el propósito de igualar las condiciones en Castilla y Aragón, de liquidar viejos privilegios y de fomentar el comercio1123.

En cuanto al reparto de los beneficios de las reformas acometidas por Felipe V, Carreras tampoco tiene dudas respecto a quiénes fueron los ciudadanos más beneficiados: «Gracias al acceso a Aragón, Castilla pudo ampliar su mercado el 25 por 100 (supongo rentas per cápita similares). En cambio, Aragón accedió a un mercado cuatro veces superior», ampliación que, añadiría, resultó mucho mayor para Cataluña, cuyo mercado se multiplicó por nueve o diez1124. El efecto de esta ampliación del mercado, pese a las primitivas comunicaciones existentes, no tardó en dejarse sentir, y «los comerciantes catalanes fueron penetrando en el mercado castellano al amparo de la protección arancelaria común y ofreciendo paños catalanes a precios competitivos respecto a las artesanías locales», hasta el punto de que «la conquista catalana del mercado español estaba ya planteada —aunque no acabada— hacia la década de 1770». En suma, las reformas de Felipe V y la protección arancelaria abrieron oportunidades impensables para los comerciantes catalanes que «aprovechaban a fondo las ventajas de ser considerados extranjeros (por su lengua y sus costumbres) siendo legalmente nacionales. Su solidaridad, su endogamia, su confianza mutua les ayudaban a penetrar comercialmente en un medio hostil pero en el que tenían pleno derecho»1125.

La reforma del Estado puso también los mercados coloniales al alcance de los productores y comerciantes catalanes. Aunque las opiniones sobre sus efectos en la economía catalana no son tan unánimes, varias conclusiones firmes emergen de los estudios realizados. Primera, la libertad de comercio facilitó las exportaciones de productos agrarios y sus derivados, así como la reexpedición de productos importados y a veces transformados en Cataluña hacia América. Segunda, se alcanzó un «espectacular desarrollo del negocio naviero. La marina catalana se habría hecho gracias al “comercio libre” con una parte sustancial de los fletes para América. Comenzó con los derivados del comercio catalán, pero fue penetrando en el comercio español no catalán», lo que permitió a los catalanes «especializarse en actividades tan diversas como seguros marítimos, marinería, navegación marítima, pilotaje, construcción naval, comercio con América, etc.». Y tercera, los comerciantes catalanes controlaron el comercio de azúcar que «se vendía desde Barcelona al resto de España», un tráfico que se complementó con las exportaciones de aguardientes a las colonias y los beneficios extraordinarios del tráfico de esclavos hasta su prohibición y aun después1126.

Llama poderosamente la atención que Feliu achaque la revitalización del comercio en el siglo XVIII y el desarrollo manufacturero de Cataluña, por este orden, a los mercados atlántico norteeuropeo, americano, interior peninsular y mediterráneo. A los dos primeros y al último, el autor les otorga considerable importancia, mientras que al referirse al tercero el autor se limita a constatar que «el comercio interior va a penetrar también con fuerza en el mercado interior del resto de la monarquía»1127. Esta falta de objetividad a la hora de apreciar los beneficios económicos que trajo la unificación política está también presente en la obra de Albareda i Salvadó, un intento fútil de reducir la historia moderna de Cataluña a una sucesión de medidas represivas e imposiciones fiscales que choca frontalmente con la terca realidad: el notable crecimiento demográfico de Cataluña sostenido por la expansión económica y el aumento del nivel de vida de los catalanes durante el siglo posterior a 17141128.

Cataluña, la fábrica de España

El desarrollo manufacturero de Cataluña se intensificó durante el siglo XIX, especialmente durante la segunda mitad, al incorporarse el vapor a la producción y el transporte. Según las estimaciones de Nadal, en 1856 «la industria manufacturera aparecía muy desigualmente repartida... Cataluña, la región más fabril de España en términos absolutos (25,6 por 100 del total) y relativos (cociente fabricación/población = 2,28), presentaba balances excedentarios en todos los sectores». A finales del siglo XIX, la población de Cataluña apenas superaba el 11 por 100 del total, pero la participación de la industria manufacturera catalana había escalado hasta el 38,58 por 100, elevando el cociente fabricación/población al 3,47. Mientras que los «balances excedentarios» de Cataluña no cesaban de aumentar, los cocientes relativos de la mayoría de las regiones disminuían, lo que llevó a Nadal a concluir que «en 1900, el incremento, tan espectacular, de la ventaja catalana ha acentuado los desequilibrios». Fue precisamente en este período cuando se completó «la desindustrialización de Andalucía y la conversión de Cataluña en la “fabrica de España”»1129. Nadal concluye de esta forma su análisis del período: «En 1856, Cataluña estaba a la cabeza de la clasificación regional en “textil”, “papel’ y “diversos”. En 1900, su hegemonía se extendió al “vidrio”, “alfarería”, “cerámica”, “cal”, “yeso”, “curtidos y calzados”, “química”, “metalurgia” y “madera”, es decir, todos salvo los de carácter alimenticio»1130.

Las estimaciones disponibles indican que la participación del PIB de Cataluña pasó del 8,3 por 100 en 1802 al 14,7 por 100 en 1849 y al 16,27 por 100 en 1901, duplicándose en el siglo. Asimismo, el PIB per cápita de los catalanes con respecto al de los españoles, que era muy similar, 102,4, en 1800, inició una escalada que lo elevó a 124,3 en 1860 y a 153,8 en 19001131. Más allá de la sagacidad y el esfuerzo que desplegaron los hombres de negocios y empresarios catalanes, lo que resulta indubitable es que el rápido avance de Cataluña y el consiguiente retroceso de Andalucía y otras regiones no se habrían producido, o habrían resultado mucho menos intensos, si Cataluña no hubiera formado parte de España y podido colocar sus excedentes en los mercados español y colonial1132. En cuanto a la importancia del mercado español, Nadal y Maluquer de Motes afirman sin titubeos que «la consolidación industrial ha derivado, sin embargo, de la posibilidad de producir manufacturados en cantidad superior a las necesidades internas, gracias a la captura de mercados foráneos, en América durante algún tiempo y en el resto de España siempre»1133.

De final de siglo a la guerra civil

Entre 1900 y el inicio de la guerra civil española, la economía catalana continuó creciendo a pesar de las convulsiones que registró Europa durante esos años y las tensiones sociales que produjo la implantación del capitalismo y el desarrollo de las organizaciones obreras en España, y especialmente en aquellas regiones donde se concentraba la actividad fabril e industrial. Las estimaciones de Alcaide cifran la participación del VAB industrial de las cuatro provincias catalanas en el 28,3 por 100 en 19301134, muy inferior a la participación de la industria manufacturera (38,58 por 100) estimada por Nadal para 1900. Pero a la luz del resto de información disponible, resultaría inapropiado interpretar esta cifra como una pérdida de la hegemonía económica de Cataluña o del nivel de vida de los catalanes. En este período, el crecimiento acumulado del PIB español a precios constantes fue del 84,5 por 100 entre 1900 y 1930, a una tasa media del 2,06 por 100. Si utilizamos las participaciones de Cataluña en el PIB español a precios corrientes en 1900 (16,27 por 100) y 1930 (21,38 por 100), se puede deducir que el crecimiento acumulado de Cataluña fue del 142,2 por 100, a una tasa media del 3,0 por 100, casi un punto superior a la española1135. Las estimaciones del PIB per cápita también indican que el PIB de los catalanes a precios corrientes en 1930 era el 60 por 100 superior a la media de los españoles, una diferencia sustancial que se acrecentaría si excluyéramos a los catalanes del conjunto y que no puede explicarse por diferencias en precios1136.

Recuperación económica durante la dictadura

Las estimaciones de Alcaide de valor añadido bruto industrial por provincia muestran que la proporción de las cuatro provincias catalanas en el total disminuyó a resultas de la guerra civil desde 28,0 por 100 en 1930 hasta el 24,2 por 100 en 1950, se elevó al 28,2 por 100 en 1960, descendió ligeramente al 27,21 por 100 en 1970 y cayó al 25,8 por 100 en 1980. Por otra parte, la participación de Cataluña en el valor añadido bruto a coste de factores de los sectores industriales muestra un avance considerable desde el 28,3 por 100 en 1955 hasta el 33,3 por 100 en 19751137. Finalmente, la participación de Cataluña en el PIB a coste de factores en la serie histórica 1955-1998 muestra una gran estabilidad con un valor mínimo del 18,17 por 100 en 1957 y un máximo del 19,80 por 100 en 1975. Ahora bien, el PIB per cápita relativo de Cataluña en pesetas corrientes no ha cesado de disminuir desde 1940, año en que alcanzó, 163,5, su máximo absoluto1138.

Estas cifras ponen de manifiesto la notable recuperación que registró la actividad industrial y la actividad económica en general en Cataluña durante las dos últimas décadas del franquismo. Muy al contrario de lo que sostienen la pléyade de historiadores, sociólogos y economistas del equipo «Espanya contra Catalunya», siempre dispuestos a presentar el devenir económico de Cataluña como un expolio sistemático, la realidad es que Cataluña se benefició de decisiones discrecionales adoptadas durante la dictadura que impulsaron sectores estratégicos como el automovilístico, el petroquímico y el farmacéutico, que tanta importancia tienen todavía en el tejido industrial catalán y en sus exportaciones a comienzos del siglo XXI. Ya en el período democrático, las empresas catalanas se han beneficiado de las subvenciones otorgadas por el Estado para reconvertirlas y hacerlas viables, y de las inyecciones de capital público, que han permitido a algunas entidades financieras catalanas realizar adquisiciones y situarse entre las mayores de España. Es verdad que durante la segunda mitad del siglo XX las diferencias en el PIB per cápita se han reducido considerablemente, a causa en parte de las migraciones interiores y el crecimiento económico de otras regiones españolas1139.

La protección del mercado nacional

El papel de la protección arancelaria en el desarrollo industrial ha tenido defensores y detractores. Los primeros sostienen que la protección de la industria naciente desempeña un papel importante en las primeras etapas del despegue industrial hasta que las empresas alcanzan la frontera tecnológica, mientras que los segundos insisten en que la protección provoca una asignación ineficiente de los recursos y genera grupos de interés que tienden a perpetuar las ineficiencias. No es el objetivo de este artículo examinar si la protección arancelaria ayudó o perjudicó el crecimiento de la economía española en los tres últimos siglos, sino sencillamente constatar que España, como la mayoría de Estados nacionales hasta bien finalizada la Segunda Guerra Mundial, utilizó aranceles y otras barreras (prohibiciones, cuotas, sistemas de homologación, etc.) con el propósito de restringir las importaciones y favorecer a los productores locales1140.

Más allá del debate sobre su efecto acelerador o retardador del crecimiento económico, de lo que no cabe ninguna duda es de que el proteccionismo beneficia, además de a la administración recaudadora, a los empresarios y trabajadores en los sectores protegidos y perjudica al resto de empresarios y trabajadores y a los ciudadanos en general, que han de soportar precios más elevados. Obviamente, la protección puede resultar innecesaria cuando los medios de transporte son rudimentarios y el coste de transporte elevado, pero, con la mejora y construcción de infraestructuras viarias y portuarias y la aparición de nuevos medios de transporte (ferrocarriles y barcos de vapor) en los siglos XVIII y XIX, la protección resultó un arma decisiva para mantener a los productores locales al abrigo de la competencia durante los tres últimos siglos del segundo milenio.

Las cifras que presenta Tena sobre importaciones, ingresos arancelarios y protección a partir de 1850 indican que la protección nominal, definida como el cociente entre los ingresos arancelarios y las importaciones CIF, fluctuó entre el 10 y el 20 por 100 desde 1850 hasta la Primera Guerra Mundial (excepto en 1873 y 1898) y superó el 20 por 100 la mayoría de los años entre 1920 y 1935. Los valores más elevados los encontramos en la década de los años cuarenta (superiores al 30 por 100 algunos años), y los más bajos, en los años cincuenta (en torno al 5 por 100). En los años sesenta y la primera mitad de los setenta, la protección nominal se mantuvo entre el 15 y el 20 por 100 casi todos los años, y solo en los años ochenta se observa una reducción progresiva hasta la entrada en la CEE en 19861141.

Conclusiones

Varias conclusiones emergen de este somero repaso del papel que ha desempeñado el mercado español en el progreso económico y social de Cataluña. Las reformas borbónicas, lejos de constituir el principio del expolio, contribuyeron a eliminar los impedimentos a la libre circulación de bienes y a crear el mercado nacional que posibilitó la expansión comercial y manufacturera de Cataluña y su industrialización posterior1142. Un mercado, hay que subrayar, protegido por elevados aranceles y otras barreras desde el siglo XVIII hasta 1986 que beneficiaron a los productores protegidos, empresarios catalanes muchos de ellos, y que soportaron estoicamente productores y consumidores, mayoritariamente en el RDE. Algún economista debería ocuparse de estimar cómo se repartieron los beneficios y costes durante tantas décadas de protección. La economía catalana se ha beneficiado también de decisiones discrecionales y generosas subvenciones del gobierno español que impulsaron el desarrollo de sectores industriales modernos durante la dictadura y financiaron su reconversión ya en democracia. En este apartado, hay que incluir también las inyecciones de capital que en los últimos años han impulsado el crecimiento espectacular de algunas entidades financieras catalanas en condiciones muy ventajosas y los préstamos del Estado que han evitado la quiebra del gobierno de la Generalitat.

Por toda la evidencia apuntada, resulta casi tautológico concluir que sin la unidad política y la consiguiente unidad de mercado y elevada protección arancelaria, y sin el apoyo institucional y financiero prestado por los gobiernos de la dictadura y la democracia, Cataluña no habría acumulado el capital físico y humano con el que hoy cuenta ni sus ciudadanos alcanzado el relativamente alto nivel de renta per cápita y bienestar del que disfrutan. No son solo mezquinos sino también ignorantes quienes lo niegan, y hacen mal los políticos y economistas al servicio de la causa independentista en presentar el futuro de una Cataluña independiente como un camino de rosas. Porque dejando al margen el inverosímil escenario de que el gobierno español reforme la Constitución española para regular la independencia a la carta y apoye la entrada de los territorios escindidos en la UE, la secesión de Cataluña tendrá consecuencias muy negativas y hasta potencialmente desastrosas sobre la economía catalana.

El peso de las exportaciones de Cataluña al RDE a comienzos del siglo XXI y las consecuencias de la ruptura del mercado único español

La entrada de España en la CEE en 1986, la puesta en marcha del Mercado Único Europeo en 1992 y la liberalización de los flujos comerciales y de capital a nivel mundial en las tres últimas décadas han creado un mercado global y diversificado notablemente los flujos comerciales. A pesar de todo, el mercado español continúa siendo con gran diferencia el más importante para los sectores más dinámicos de la economía catalana, y la pérdida de una fracción significativa de dicho mercado tendría consecuencias muy negativas sobre el bienestar de los catalanes.

La importancia del mercado nacional a comienzos del siglo XXI

Según el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), las exportaciones de Cataluña a Francia y Alemania alcanzaron 9.832,4 (10.211,2 ) y 6.523,8 (6.663,2) millones, respectivamente, en 2013 (2012). Desafortunadamente, el IDESCAT no proporciona las exportaciones de Cataluña al RDE, y nos tenemos que conformar con las estimaciones que realiza CEPREDE sobre la base de un análisis de los flujos interregionales. Según las informaciones publicadas, las exportaciones de bienes al RDE ascendieron a 43.900 millones en 2013 (49.131 millones de 2012), y las importaciones de Cataluña procedentes del RDE, a 25.100 millones (25.963 millones en 2012), lo que arroja un saldo comercial a favor de Cataluña de 18.800 millones (23.168 millones en 2012). Con las cifras estimadas del PIB, el superávit comercial de Cataluña con el RDE alcanza el 9,23 por 100 (11,41 por 100).

El peso de las exportaciones al RDE en la economía catalana puede calcularse empleando el modelo de Leontief, que capta las interdependencias intersectoriales. Las exportaciones afectan a la actividad económica de los sectores que las producen (efectos directos) y también de los sectores que producen los bienes intermedios empleados en su producción (efectos indirectos). Además, las rentas generadas directa o indirectamente en la producción de las exportaciones van a parar a los asalariados, que las destinan parcialmente al consumo. El modelo input-output ampliado que utilizamos para estimar el peso de las exportaciones al RDE en la economía catalana incluye los efectos directos e indirectos (intersectoriales) y los efectos inducidos por el consumo.

Cuadro 1. Producción directa, indirecta e inducida por las exportaciones al resto de España, 2005

Grandes sectores

Producción total homogénea (PTH) (1)

Producción directa e indirecta (PDI) (2)

PDI en porcentaje de la PTH

(3) = (2)/(1)*100

Producción directa, indirecta e inducida (PDI + I) (4)

PDI + I en porcentaje de la PTH (5) = (3)/(1)*100

Variación del porcentaje PRDI + I – PDI (6) = (5) – (3)

Agricultura, ganadería y pesca

3.927.241

1.450.852

36,94

1.870.686

47,63

10,69

Industria

122.366.486

56.134.492

45,87

60.707.645

49,61

3,74

Construcción

37.981.820

793.141

2,09

1.876.082

4,94

2,85

Servicios privados

146.391.870

30.788.421

21,03

56.374.294

38,51

17,48

Servicios privados/públicos

37.407.653

2.126.975

5,69

5.485.082

14,66

8,98

Total

348.075.070

91.293.882

26,23

126.313.790

36,29

10,06

Los cuadros 1-3 muestran las cifras de producción, valor añadido y empleo, en valor absoluto y porcentaje, atribuibles a las exportaciones al RDE para los grandes sectores de la economía catalana. Como el lector puede comprobar, los impactos directos e indirectos de las exportaciones al RDE explican el 26,23 por 100 de la producción, el 21,64 por 100 del valor añadido bruto y el 20,22 por 100 del empleo total en Cataluña, porcentajes que se elevan al 36,29, 33,97 y 33,0 por 100, respectivamente, cuando se tiene en cuenta el consumo inducido por los salarios generados por las exportaciones. Las cifras agregadas esconden una considerable dispersión sectorial, como demuestra que, en el modelo con consumo endógeno, las exportaciones al RDE explican casi el 50 por 100 de la producción, el empleo y el valor añadido en agricultura, ganadería y pesca y los sectores industriales, y cerca del 40 por 100, en los servicios privados. En algunos sectores industriales, esos porcentajes superan el 50 y el 60 y alguno excede el 70 por 1001143.

Cuadro 2. Valor añadido directo, indirecto e inducido por las exportaciones al resto de España, 2005

Grandes sectores

Valor añadido bruto total (VABT)

(1)

Valor añadido bruto directo e indirecto (VABDI) (2)

VABDI en porcentaje del VABT (3) = (2)/(1)*100

Valor añadido bruto directo, indirecto e inducido (VABDI + I) (4)

VABDI + I en porcentaje de la VABT (5) = (3)/(1)*100

Variación del porcentaje VABDI + I – VABDI (6) = (5) – (3)

Agricultura, ganadería y pesca

1.947.043

721.345

37,05

928.825

47,70

10,66

Industria

37.057.820

17.081.733

46,09

18.430.694

49,73

3,64

Construcción

16.514.981

344.868

2,09

815.745

4,94

2,85

Servicios privados

82.836.930

16.016.820

19,34

31.241.246

37,71

18,38

Servicios privados/públicos

24.073.618

981.480

4,08

3.112.331

12,93

8,85

Total

162.430.392

35.146.246

21,64

54.528.841

33,57

11,93

Cuadro 3. Empleo total directo, indirecto e inducido por las exportaciones al resto de España, 2005

Grandes sectores

Empleo total (ET)

(1)

Empleo total directo e indirecto (ETDI) (2)

ETDI en porcentaje del ET

(3) = (2)/(1)*100

Empleo total directo, indirecto e inducido

(ETDI + I)

(4)

ETDI + I en porcentaje del ET

(5) = (3)/(1)*100

Variación del porcentaje ETDI + I – ETDI (6) = (5) – (3)

Agricultura, ganadería y pesca

82.146

30.405

37,01

39.159,40

47,67

10,66

Industria

795.047

372.245

46,82

397.974,71

50,06

3,24

Construcción

349.536

7.299

2,09

17.265,04

4,94

2,85

Servicios privados

1.756.706

294.280

16,75

655.935,82

37,34

20,59

Servicios privados/públicos

599.931

20.389

3,40

72.092,27

12,02

8,62

Total

3.583.366

724.618

20,22

1.182.427,24

33,00

12,78

Efectos de la ruptura del mercado único español

Para cuantificar los efectos de la ruptura del mercado único español, un futurible sobre el que solo cabe hacer conjeturas razonables, necesitamos primero establecer qué escenario resulta más verosímil. A estos efectos resulta crucial saber si Cataluña, tras una declaración unilateral de independencia, seguirá o no siendo miembro de la UE y la Eurozona. La hipótesis de que la independencia no será un obstáculo para que Cataluña siga dentro de la UE y la Eurozona desempeña un papel clave en el argumentario independentista. No importa que la UE sea un tratado firmado por los Estados miembros, entre los que no figura Cataluña, ni que exista un protocolo de adhesión perfectamente establecido, o que el propio tratado considere la integridad territorial de cada uno de los Estados un asunto interno. Tampoco cuenta la opinión autorizada que han expresado el presidente y otros miembros de la Comisión Europea al respecto, o el peligro que entraña para la estabilidad de la UE respaldar la secesión de una de las regiones más ricas de un Estado miembro. Para los economistas partidarios de la independencia estas consideraciones formales y de fondo resultan minucias insignificantes. Las multinacionales europeas instaladas en Cataluña, razonan, no permitirán nunca que Cataluña quede fuera de la UE, y España tendrá que avenirse a aceptar su inmediata incorporación si quiere seguir enviando sus productos a Europa a través de Cataluña, o pretende que Cataluña se haga cargo de una fracción de la deuda pública acumulada por el reino de España.

Cataluña aporta el 1,6 por 100 al PIB de la UE y el 2,2 por 100 al PIB de la Eurozona. Las cifras no son despreciables, pero creer que por ello la UE va a saltarse los tratados vigentes para satisfacer las exigencias de los independentistas de una próspera región de la UE revela una falta de sentido común preocupante. En cuanto a las amenazas de interrumpir el tráfico de España con la UE o repudiar la deuda del Estado español, hay que advertir a quienes así razonan que no sería esta la primera ocasión en que todas las partes pierden por el empecinamiento de una. Como ya he indicado, las dos amenazas constituyen dos argumentos económicos de peso para oponerse a la secesión de Cataluña. En consecuencia, el único escenario verosímil que cabe contemplar es uno en el que las autoridades de Cataluña se comprometen a permitir la libre circulación de mercancías españolas por su territorio hacia Francia y asumen el pago de una fracción de la deuda del Estado viva. Si el nuevo gobierno catalán no quisiera o no estuviera en condiciones de cumplir estas dos condiciones, el gobierno español tendría que adoptar las medidas necesarias para poner fin a la secesión de Cataluña.

¿Qué ocurriría mientras el gobierno catalán negocia la adhesión a la UE? La primera certeza es que los productos exportados a España tendrían que salir de Cataluña netos de IVA, como ocurre hoy con los productos que Alemania, Francia o Italia exportan a España. Sería la Agencia Tributaria española, no la Agencia Tributaria de Catalunya, la que gravaría las exportaciones de Cataluña a España y recaudaría el IVA correspondiente. El segundo hecho incontrovertible es que Cataluña quedaría excluida de la UE, y sus exportaciones, sujetas al arancel comunitario, lo que elevaría su precio medio en torno al 8,5 por 100 de su valor según la OCDE. A partir de aquí entramos en el terreno de las conjeturas razonables, es decir, circunstancias que consideramos probable acaezcan tras la ruptura del mercado único español y la salida de Cataluña de la UE. En primer lugar, parece razonable asumir que las empresas y consumidores españoles reduzcan sus compras de bienes y servicios producidos en Cataluña, no solo a causa de un hipotético boicot, como sostienen los independentistas, sino como resultado de la «normalización» de los intercambios comerciales entre Cataluña y España. En segundo lugar, parece natural que se reduzca el atractivo turístico de Cataluña para los españoles que ahora viajan mucho más a Cataluña que a Portugal, ya sea en viajes de negocios o por vacaciones, e incluso que algunos españoles prefieran fijar su segunda residencia en comunidades autónomas que comparten el mismo ordenamiento jurídico y sistema judicial. En tercer lugar, es bastante probable que algunas empresas no financieras localizadas en Cataluña1144, pero que tienen al RDE o Iberoamérica como sus principales mercados, trasladen sus sedes y una fracción (o incluso la totalidad) de sus actividades productivas a España.

Para cuantificar las consecuencias de la secesión, propongo un escenario conservador en el que las exportaciones de bienes y servicios no turísticos de Cataluña a España se aproximan a las exportaciones a Francia o a Alemania, dos países miembros de la UE cuyo PIB duplica y triplica, respectivamente, el de España. En el caso de Francia, Cataluña comparte además frontera. En concreto, supongo que la normalización de las relaciones comerciales recorta a la mitad las exportaciones de Cataluña al resto de España en los cinco años siguientes. Lejos de ser una hipótesis catastrofista, la reducción está en línea con las caídas observadas en la intensidad de los intercambios en varios episodios de desintegración en Centroeuropa, incluso cuando estos han sido pactados de mutuo acuerdo1145. Obsérvese, además, que las exportaciones de Cataluña al RDE en este escenario (31.327,4 millones) todavía triplicarían y quintuplicarían holgadamente las exportaciones de Cataluña a Francia (9.832,4 millones) y a Alemania (5.523,8 millones) en 2013.

Los resultados de los cuadros 1-3 implican que la producción, el valor añadido y el empleo se reducirían en torno al 24 por 100 en los sectores agropecuario, pesquero e industriales, y al 19 por 100 en los servicios privados1146. Caídas de esta magnitud en la producción y el valor añadido tendrían asimismo efectos potencialmente desastrosos sobre la recaudación y las cuentas públicas. En particular, la recaudación por impuestos sobre la producción y los productos que aparecen explícitamente en la tabla input-output caerían el 20 y 33 por 100 respectivamente. En algunos sectores industriales, el impacto sería bastante mayor, y pocas empresas podrían soportar caídas de esta magnitud.

A los efectos de la caída de las exportaciones al RDE, habría que añadir los causados por la contracción de la demanda final originada por el aumento de los precios de las exportaciones a la UE, la caída del turismo con destino a Cataluña, la deslocalización de la actividad económica y el recorte del gasto público por la más que probable caída de la recaudación impositiva. La economía catalana depende hoy menos del resto de España que en 1986 o 1992, cierto, pero el RDE continúa siendo su principal mercado, y la pérdida de una fracción significativa del mismo en un corto período tendría consecuencias desastrosas sobre la actividad económica, el empleo, la recaudación impositiva y el bienestar de los ciudadanos residentes en Cataluña.

Las estimaciones de Antràs y Ventura1147

En cuanto a los posibles efectos de la secesión sobre los flujos comerciales, los economistas partidarios de la independencia, además de ignorar los efectos negativos que tendría sobre las exportaciones de bienes y servicios y el turismo la salida de la UE, adoptan hipótesis poco realistas para minimizar las consecuencias de la ruptura del mercado único español. Para empezar, Antràs y Ventura suponen que tan solo una fracción de las exportaciones de bienes intermedios y de consumo con destino a España sufrirán un boicot transitorio, cuyo efecto conjunto cifran en el 18 por 1001148. En segundo lugar, asumen que los efectos de esta caída de las exportaciones a España podrían compensarse con reducciones en los precios de entre el 35 y el 40 por 100 para aumentar las exportaciones a otros mercados. Además de que no resulta creíble que las exportaciones puedan aumentarse inmediatamente reduciendo los precios, la consiguiente caída de los ingresos podría obligar a muchas empresas a cesar en su actividad. En todo caso, las caídas en los precios recortarían las rentas y, en última instancia, la demanda y la recaudación impositiva. Pocos economistas y empresarios se tomarían en serio, a la vista de los supuestos y conjeturas que hay detrás de estos cálculos a vuelapluma, la conclusión de que la caída del PIB catalán se situaría, en el peor escenario posible, entre el 1 y el 2 por 100 del PIB.

Conclusiones

Permítanme ilustrar la situación que crearía la independencia en el ámbito del deporte. Si Cataluña se independizara de España, sus sociedades deportivas y clubes dejarían de participar en las ligas españolas. Los economistas que argumentan que la pérdida del mercado español no tendría consecuencias significativas sobre la actividad económica (ingresos, plantillas, sueldos y salarios, beneficios, etc.) deberían explicar de dónde saldrían los ingresos que permitirían compensar las pérdidas ocasionadas por la exclusión del mercado español. La exclusión tendría también consecuencias negativas para las sociedades y clubes de España pero su impacto resultaría muy inferior al que registrarían las sociedades y clubes catalanes. Aunque el gobierno catalán reclama su derecho a participar con selecciones catalanas en las competiciones internacionales, el hecho cierto es que el gobierno catalán no ha dado un solo paso para crear ligas catalanas, prueba evidente del alto coste que tendría para sus clubes quedar excluidos de las ligas españolas.

La «eurización» de la economía catalana

Con el término «eurización» nos referimos, por analogía con «dolarización», a la situación en que quedaría la economía catalana al quedar excluida de la UE y de la Eurozona. Como Panamá o Ecuador, que utilizan el dólar estadounidense, nada impide a Cataluña mantener el euro como su moneda tras la independencia. Ahora bien, adoptar el euro como moneda sin pertenecer a la Eurozona tendría consecuencias importantes a corto y medio plazo para el sistema financiero, el coste de financiación de las empresas y los flujos de capital. Si el proceso de adhesión a la UE se prolongara durante varios años, no puede excluirse que las autoridades de Cataluña se vieran abocadas a introducir su propia moneda.

Efectos sobre las instituciones financieras monetarias

La exclusión de la Eurozona obligaría a las instituciones financieras monetarias (IFM) domiciliadas en Cataluña a desdoblarse y establecer sedes en España (u otro Estado miembro de la Eurozona) para mantener su estatus de entidades de contrapartida y continuar operando con el BCE. Estas entidades estarían sujetas a la normativa del BCE y a la supervisión del Banco de España, y el impuesto de sociedades sobre los beneficios obtenidos iría a parar a la Agencia Tributaria. Las «filiales» catalanas de estas entidades estarían sujetas a las normas que estableciera el Banco Central de Cataluña (BCC), que sería el encargado de supervisarlas, y el impuesto de sociedades por sus actividades en Cataluña correspondería a la Agencia Tributaria de Cataluña. No tengo noticia de que los economistas partidarios de la independencia hayan tenido en cuenta la pérdida de ingresos que este desdoblamiento supondría para las arcas del Estado catalán.

La segunda consecuencia sería el probable aumento de los costes financieros para las empresas y familias residentes en Cataluña, así como para las administraciones públicas catalanas. La presente crisis financiera ha puesto de manifiesto que los costes de financiación varían considerablemente incluso entre países miembros de la Eurozona. En una Cataluña independiente, la prima de riesgo sería probablemente mayor que la que hoy soporta España, y esta circunstancia se vería reforzada por la incertidumbre que supondría el hecho de que el Estado catalán careciera de un sistema tributario y unos servicios de inspección financiera consolidados.

La independencia tendría también consecuencias sobre el volumen de activos y pasivos de las entidades financieras en Cataluña. La contracción de las exportaciones al RDE y a la UE y la deslocalización de las empresas reducirían el volumen de actividad económica en Cataluña y el volumen de negocio de sus entidades financieras. Hay también razones de peso para esperar que se produzcan trasvases significativos de depósitos y activos de entidades catalanas a entidades en el RDE. Es posible que una fracción del 45,5 por 100 de los ciudadanos catalanes que se siente al menos tan español como catalán prefiera tener sus depósitos y activos en entidades localizadas en España. Esta preferencia podría verse reforzada si los clientes perciben a las entidades tuteladas por el BCE como más seguras. En particular, resultará muy difícil si no imposible que el BCC y el gobierno catalán, con sus precarias finanzas, puedan asegurar los depósitos en una cuantía comparable a la que proporcionan las entidades en la Eurozona. Finalmente, la posibilidad de que el nuevo Estado catalán se vea abocado a abandonar el euro e introducir su propia moneda supone un riesgo adicional para los depósitos mantenidos en entidades operativas en Cataluña.

Efectos sobre la inversión extranjera, la oferta monetaria y la estabilidad financiera

Cataluña ha recibido importantes flujos de inversión extranjera en las últimas décadas que, en muchos casos, se han invertido en empresas multinacionales que son a la vez responsables de una fracción muy significativa de las exportaciones de Cataluña al RDE y al RDM. Estos flujos podrían disminuir en cuantías significativas al quedar Cataluña excluida de la UE y la Eurozona. Las inversiones podrían dirigirse a cualquier otro lugar de España (u otros países de la UE) para evitar el coste impuesto por los aranceles, así como otras barreras y la falta de homologación de las regulaciones catalanas con las normas comunitarias. La pérdida de atractivo de Cataluña como destino para los inversores extranjeros se vería reforzada si, como hemos indicado, las empresas tienen que soportar costes financieros más altos en Cataluña. La caída de las inversiones en Cataluña tendría a su vez efectos contractivos sobre la productividad, las exportaciones y el volumen de negocio de las entidades financieras catalanas.

La suma de todos los efectos mencionados (caída de las exportaciones y la producción, aumento del déficit exterior, salida de capitales y reducción de la inversión extranjera) reduciría la cantidad de dinero en circulación (efectivo más depósitos a la vista) y acentuaría la desconfianza sobre el futuro de la economía catalana. Los tipos de interés seguramente se elevarían y la expectativa del abandono del euro intensificaría la salida masiva de capital y obligaría al gobierno a introducir controles de capital para frenarlas. Más pronto que tarde, el gobierno acabaría por verse abocado a introducir su propia moneda, con un valor muy inferior al euro, lo que dejaría en una situación muy difícil a familias, empresas no financieras, entidades financieras y administraciones públicas endeudadas en euros.

Cuentos de hadas

Las consideraciones que acabo de presentar indican que la «eurización» de la economía catalana constituye una apuesta arriesgadísima si Cataluña queda, como es razonable suponer, fuera de la UE y la Eurozona, una jugada que podría acabar en un desastre económico de proporciones difícilmente imaginables. Naturalmente, las consecuencias serían muy distintas si el proceso de transición fuera tutelado por la UE y se mantuvieran inalterados los vínculos con España. Y eso es precisamente lo que suponen la mayoría de los economistas partidarios de la independencia. Galí, por ejemplo, analiza cuatro posibles escenarios1149. En los dos primeros, supone que Cataluña forma parte de la UE desde el momento de su constitución como Estado o establece acuerdos transitorios con efectos prácticos similares hasta el momento de la adhesión. Ambos escenarios son francamente inverosímiles, y las consecuencias que se extraen, tan irrelevantes como los cuentos de hadas. El cuarto escenario, la salida de España de la Eurozona, resulta también bastante improbable (a menos que se desintegre la UEM), pero resulta instructivo que Galí alerte sobre las graves consecuencias que tendría para la economía catalana que Cataluña, arrastrada por España, quedara fuera de la UEM. El tercer escenario, el más probable de los cuatro, contempla que Cataluña quede fuera de la UE y la Eurozona durante algún tiempo. Galí, sin embargo, evita desgranar las consecuencias que tendría sobre el sistema financiero y la actividad económica suponiendo que Cataluña formalizaría un acuerdo monetario que le proporcionaría un estatus similar al de Mónaco, El Vaticano, Andorra o Kosovo1150.

Conclusiones

¿Qué puede decirse al respecto? Que negar la realidad institucional de la UE y asirse a la idea de que se harán excepciones «para preservar la reciprocidad de los derechos», o confundir el proceso de reunificación de Alemania con un proceso de desintegración de un Estado miembro de la UE, o intentar asemejar la situación de Cataluña a la del Vaticano o Kosovo, son ejercicios inútiles que solo pretenden confundir a los catalanes. Si el gobierno y el Parlamento catalanes declarasen unilateralmente la independencia y el gobierno de España no abortara el proceso, Cataluña quedaría fuera de la UE y la UEM durante bastantes años. En este escenario, lo verosímil es que se contraiga el comercio con España y con el resto de la UE, que se deslocalicen empresas no financieras y se desdoblen las entidades financieras, que se eleven la prima de riesgo y los tipos de interés en Cataluña, que se transfieran depósitos y activos desde Cataluña a España y a otros Estados de la UE, que Cataluña pierda atractivo para la inversión extranjera y que se reduzca la oferta monetaria. Los daños para la actividad económica y el empleo en Cataluña podrían resultar severos, y agravarse durante el proceso de transición si el gobierno catalán se viera abocado finalmente a introducir su propia moneda.

Balanza fiscal, déficit fiscal y el dividendo fiscal de la independencia1151

Podemos definir la balanza fiscal como un cuadro que muestra las aportaciones realizadas por un conjunto de ciudadanos para financiar a la administración pública y las contraprestaciones que reciben de ella. En el caso de la balanza fiscal de Cataluña (BFC) con la administración central (AC), la balanza recogería idealmente las aportaciones realizadas por los españoles residentes en Cataluña y las contraprestaciones recibidas de dicha AC. El gobierno catalán ha empleado dos criterios, flujo monetario y flujo beneficio, para imputar las aportaciones realizadas y las contrapartidas recibidas. El criterio del flujo monetario (FM) toma en consideración exclusivamente las aportaciones y contraprestaciones dinerarias, mientras que el criterio de flujo beneficio (FB) estima el coste soportado y los beneficios percibidos sean o no dinerarios. Obviamente, el segundo criterio es el más apropiado cuando el objetivo perseguido es contrastar los costes soportados con los beneficios obtenidos. Para elaborar la BF de los residentes en un territorio, se recurre con frecuencia a indicadores bastante burdos para asignar aportaciones y contraprestaciones difícilmente «territorializables» o de las que, siéndolo, no se dispone de información. En suma, los resultados de la BFC son lo que son: el resultado de las imputaciones realizadas por sus elaboradores para estimar aportaciones y contraprestaciones.

En primer lugar, el hecho de que el sujeto de referencia, los españoles residentes en Cataluña, varíe en el tiempo como resultado de cambios en el lugar de residencia puede distorsionar los resultados. En efecto, la pensión que percibe un ciudadano que desarrolló su vida laboral (total o parcialmente) en Cataluña pero reside tras jubilarse en Andalucía o Galicia no aparece como contraprestación en la BFC, aunque sus aportaciones (total o parcialmente) sí se incluyeron en la BFC durante su vida laboral. La segunda dificultad de carácter conceptual estriba en saber dónde residen quiénes soportan el coste de las aportaciones o reciben las contraprestaciones. A modo ilustrativo, pondré un par de ejemplos. En el caso de las cuotas a la Seguridad Social, el criterio de incidencia utilizado en el enfoque FB asigna el 50 por 100 de las cuotas de los empleadores a la Seguridad Social a los empleadores, y el otro 50 por 100, a los empleados, y utiliza como indicadores para su distribución territorial la participación de Cataluña en el excedente de explotación bruto, en el primer caso, y el peso de Cataluña en la recaudación, en el segundo. En realidad, quienes soportaron las cotizaciones no fueron ni los empleadores ni los empleados, sino quienes adquirieron los bienes y servicios por ellos producidos. Segundo, la población es el criterio más utilizado en el enfoque FB para imputar los beneficios de los gastos de la AC, cuando en muchos casos los beneficios están más relacionados con indicadores de actividad económica (mayores para Cataluña) que con la población.

Los resultados de la BFC

Pero incluso si aceptamos las hipótesis de incidencia y los criterios empleados por los elaboradores de la BFC, las cifras resultantes no son, como sugieren el gobierno catalán y los economistas partidarios de la independencia, incuestionables. Los saldos obtenidos inicialmente por los elaboradores de la BFC en 2009, un déficit de 792 millones según la metodología FM, y un superávit de 4.015 millones, según la metodología FB, nada tienen que ver con los saldos de 16.409,83 y 11.261,03 millones, respectivamente, finalmente publicados. En particular, la tan cacareada cifra de 16.400 millones de déficit fiscal no solo es la cifra más alta de las obtenidas sino el resultado de dos «depuraciones» que inflan el déficit de la AC.

En primer lugar, los elaboradores de la BFC excluyen los ingresos y gastos financieros del Estado, así como sus operaciones con la UE. La consecuencia práctica es que estas exclusiones aumentan el déficit público del Estado en 3.461 millones (de media) durante el período 2006-2009 e inflan el déficit fiscal de Cataluña en torno a 625 millones (de media) durante esos años. En segundo lugar, los elaboradores de la BFC imputan como ingresos «detraídos» a los catalanes una fracción del déficit de la AC para neutralizarlo que asciende nada menos que a 15.617,83 millones en 2009. En realidad, los ciudadanos de Cataluña jamás han ingresado en las arcas de la Agencia Tributaria tal cifra, y no hay justificación alguna para afirmar, como hacen los elaboradores de la BFC, que los «ingresos detraídos» de Cataluña ascienden a 61.802,83 millones, la suma de los 45.618 millones inicialmente imputados y los 15.617,83 millones añadidos para «neutralizar» el déficit de la AC. Es así como, gracias a estas manipulaciones, los elaboradores de la balanza fiscal transforman un superávit fiscal de Cataluña de 4.015 millones en 2009 en un déficit de 16.409 millones.

Finalmente, la neutralización del déficit puede hacerse también reduciendo el gasto de la AC en lugar de aumentando los ingresos «detraídos». Vilalta muestra que al neutralizar el superávit «depurado» recortando el gasto de la AC, el saldo fiscal en el enfoque monetario pasa de 16.409 a 12.261 millones, y en el enfoque FB, de 11.261 a 8.429 millones, que suponen el 6,34 y 4,36 por 100, respectivamente, del PIB catalán1152. Según mis propios cálculos, empleando las cifras de ingresos y gastos consolidados de la AC, en lugar de las cifras depuradas, el saldo fiscal sería de 8.415,78 millones con el enfoque FB y de 7.972,11 millones con el enfoque FM, que suponen el 4,35y el 4,13 por 100, respectivamente, del PIB de Cataluña.

El maná de la independencia

No hay, por otra parte, ninguna garantía de que el déficit de la BFC con la AC esté a disposición del nuevo Estado catalán, una vez alcanzada la independencia. Como acabamos de indicar, el saldo fiscal incluye ingresos «detraídos» que en realidad los contribuyentes catalanes nunca han ingresado en la Agencia Tributaria. Pero incluso más decisivo resulta que para identificar el saldo de la balanza fiscal de Cataluña con el dividendo de la independencia hay que hacer una hipótesis heroica, a saber, que los ingresos y los gastos imputados por los elaboradores de la BFC no registrarían variaciones significativas si Cataluña se independizara.

Ya he indicado que las bases impositivas registrarán cambios que podrían resultar sustanciales si la independencia de Cataluña rompe el mercado único español y el nuevo Estado queda excluido de la Unión Europea y la Eurozona. Podemos dar prácticamente por seguro que las exportaciones al resto de España no aportarán ingresos por IVA o impuestos especiales y que las sociedades que, a resultas de la independencia, abran sedes en España o trasladen sus sedes de Cataluña a España pagarán sus impuestos en España, no en Cataluña. Y lo que resulta más decisivo, si las exportaciones al RDE se reducen el 50 por 100, la recaudación por impuestos sobre la producción caerá en torno al 20 por 100, y la de impuestos sobre los productos, algo más del 30 por 100. Además, la recaudación por impuestos directos registraría una caída similar a la del valor añadido bruto generado.

Finalmente, conviene no perder de vista que para identificar el saldo de la balanza fiscal con el «dividendo fiscal de la independencia» hay que asumir también que el nuevo Estado podría proporcionar a los catalanes los beneficios que ahora reciben de la AC incurriendo en el mismo gasto que los elaboradores de la balanza fiscal imputan a la AC en Cataluña, otra hipótesis completamente gratuita, ya que los gastos imputados en la BFC son cero, o están, en otros casos, infravalorados. No conozco ningún trabajo riguroso que estime las nuevas bases impositivas e ingresos del nuevo Estado catalán en escenarios verosímiles ni que presente estimaciones realistas de los gastos en que tendría que incurrir el nuevo Estado para proporcionar a los catalanes contraprestaciones similares a las que ahora reciben de la AC. Si produce hilaridad y sonrojo escuchar en boca del presidente del gobierno catalán afirmar que Cataluña no tendrá ejército pero alquilará los servicios del ejército español o francés para garantizar la defensa de los catalanes, los cálculos que han proporcionado algunos economistas partidarios de la independencia resultan igualmente frívolos1153.

Conclusiones generales

La primera conclusión a que nos lleva el repaso de la historia económica de Cataluña, hoy una de las regiones más prósperas de la UE y España, es que la causa principal de su éxito durante los últimos tres siglos radica en haber contado con un mercado inicialmente diez veces mayor que el suyo donde pudo colocar sus manufacturas y productos industriales a partir de 1714, así como intensificar progresivamente el comercio con las colonias americanas hasta la abolición de la centralización del tráfico en 1765 y 17781154. Fue gracias al mercado español, protegido por aranceles, como Cataluña se convirtió en la segunda mitad del siglo XIX en la fábrica de España y la región más industrializada y próspera. Incluso a comienzos del siglo XXI, las estimaciones disponibles sitúan el saldo comercial con el RDE en el 9,5 por 100 del PIB, cifra que supera holgadamente las sesgadas estimaciones del déficit fiscal de Cataluña con la administración central.

En segundo lugar, la declaración unilateral de independencia de Cataluña tendrá, si se produce, consecuencias importantes sobre la actividad económica. Suponiendo que el gobierno español no adoptara las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional y la secesión se consumara, el mercado nacional podría verse seriamente afectado, así como las exportaciones de Cataluña al resto de la UE1155. Una caída del 50 por 100 en las exportaciones al RDE, cifra que está en línea con las contracciones observadas en otros procesos de desintegración, tendría consecuencias desastrosas sobre la producción, el valor añadido, el empleo y la recaudación en Cataluña. A estos efectos habría que sumar el impacto negativo que la salida de la UE y la Eurozona tendría sobre las exportaciones de Cataluña, los flujos turísticos, el sistema financiero y los movimientos de capital. Quienes argumentan que este escenario no se producirá porque ni a España ni al resto de estados de la UE les interesa excluir a la economía catalana de la UE olvidan que también tienen razones económicas de peso para oponerse a la secesión de una de sus regiones más prósperas.

En tercer lugar, la tesis de que el inflado déficit fiscal de Cataluña se transformará automáticamente en el maná del dividendo fiscal de la independencia resulta insostenible. Para empezar, el déficit se obtiene aplicando unos criterios de imputación, burdos y sesgados, con el fin de aumentar artificialmente los ingresos «detraídos» de Cataluña y disminuir los retornos recibidos de la administración central. Incluso aceptando esas imputaciones, basta con neutralizar el déficit de la administración central minorando los gastos para situar el déficit en torno al 4,3 por 100 del PIB. Esta cifra no solo es razonable, habida cuenta de la elevada concentración de la actividad económica en Cataluña, sino muy inferior al saldo comercial de Cataluña con el RDE (9,5 por 100 del PIB en 2013). Las promesas de los apóstoles de la independencia de mejorar con cargo a los supuestos ingresos «detraídos» de Cataluña las infraestructuras, los servicios públicos y las pensiones y hasta de rebajar la factura impositiva carecen de credibilidad1156.

En cuarto lugar, para disolver y liquidar la «sociedad» mantenida durante los últimos 300 años hay que repartir equitativamente los activos del Estado en Cataluña (infraestructuras) y los pasivos acumulados (deuda pública), acordar las reparaciones que recibirán los españoles que quieran abandonar Cataluña y comprometerse el gobierno catalán a abonar la fracción correspondiente de las pensiones de aquellos trabajadores que desarrollaron una parte o la totalidad de su vida laboral en Cataluña pero quieren disfrutar su jubilación en otra comunidad autónoma. Sobre estas cuestiones, los economistas partidarios de la independencia no solo no han hecho ninguna propuesta constructiva sino que han expresado abiertamente su amenaza de impedir el tránsito de los productos del RDE hacia la UE y de repudiar la deuda española, a menos que España apoye el ingreso de Cataluña en la UE. Algunos parecen incluso contemplar que, como ocurrió con los judíos y moriscos, los españoles en Cataluña se marchen dejando o malvendiendo sus propiedades y empresas.

Quienes no compartimos la visión simplista e idealizada que proyectan los economistas partidarios de la independencia sobre el futuro de una Cataluña independiente no somos una horda de «agitadores del miedo» o «catastrofistas», como a ellos les gusta denominarnos, sino profesionales que utilizamos escenarios realistas y modelos generalmente aceptados para simular y cuantificar las consecuencias económicas de la independencia. Lo que está todavía por ver es cuáles son los modelos que utiliza la cuadrilla de «apóstoles del maná» y «milagreros» de la independencia, porque lo que prima en esta literatura de marcado carácter ideológico son los escenarios inverosímiles, las cifras trucadas y las conclusiones arbitrarias: todo vale si sirve para convencer a los catalanes de que la secesión les permitirá vivir mejor desde el primer día.

El calificativo de milagreros resulta muy apropiado para caracterizar a quienes confían en enjuagar con los inflados ingresos «detraídos» de Cataluña los costes que acarreará la salida de la UE y la Eurozona y la puesta en marcha de un nuevo Estado, entre los que hay que incluir la diversión de los flujos comerciales y de inversión y la consiguiente deslocalización de empresas y entidades financieras, ya examinados, y otros, más difíciles de evaluar, como el aumento de la inestabilidad política e inseguridad jurídica inherente a cualquier proceso constituyente, la incertidumbre de no contar con un sistema fiscal y un sistema de regulación y supervisión financiera contrastados y la inquietante perspectiva de que Cataluña se vea abocada a introducir su moneda propia. La experiencia histórica muestra que los procesos de secesión constituyen aventuras arriesgadas porque se sabe cuándo empiezan pero no cuándo ni cómo acaban.

1115 Las instituciones que promovieron el Manifiesto son el Circle Català de Negocis y la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Esta última es la organización que ha tomado el relevo de la «Coordinadora Nacional» que organizó las consultas por la independencia celebradas en los municipios de Cataluña entre el 13 de septiembre de 2009 y el 10 de abril de 2011. El acto de presentación del Manifiesto lo clausuró C. Forcadell, presidenta de la ANC.

1116 La APC comprende el Estado y sus organismos autónomos, las empresas públicas estatales y la administración de la Seguridad Social.

1117 C. Polo, «El peso de las exportaciones en la economía catalana», en La cuestión catalana, hoy, Madrid, IEE, 2013a, págs. 65-84; «La eurización de la economía catalana», en La cuestión catalana, hoy, IEE, 2013b, págs. 85-102; «Capital público y deuda pública: dos facturas olvidadas por los independentistas», en La cuestión catalana, hoy, Madrid, IEE, 2013c, págs. 103-118.

1118 C. Polo, «Panorámica del argumentario economicista a favor de la independencia», en La cuestión catalana II. Balanzas fiscales y tratamiento fiscal de la independencia, Madrid, IEE, 2014, págs. 29-93.

1119 Departament d’Economía Conexeiment, «Resultats de la balança de Catalunya amb el sector public central 2006-2009», Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2012; «Balança fiscal de Catalunya amb l’Administració Central 2010», Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2013.

1120 Cambra de Comerç de Barcelona, «El sector public a Catalunya i Espanya. Impacte Econòmic de differents escenaris polítics», Document de Treball 28/03/14, Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona, 2014, pág. 23.

1121 N. Bosch y M. Espasa, «La viabilidad económica de una Cataluña independiente», en Revista de Economía Aplicada, vol. XXII, núm. 64 (2014), págs. 143-144.

1122 Los cálculos se han hecho empleando las cifras de PIB (en millones de euros) y población (en miles) publicadas por el INE para 2013: PIB de España, 1.022.988; PIB de Cataluña, 192.544; población de España, 45.917.800; y población de Cataluña, 7.330.700. Las cifras del RDE se han obtenido por diferencia. La información en el caso del EU28 corresponde al PIB per cápita corregido por la paridad del poder de compra para 2011. En 2010, la renta de Cataluña era el 16,0 por 100 superior a la media de la UE.

1123 A. Carreras, «Cataluña, primera región industrial de España», en J. Nadal y A. Carreras (dir. y coord.), Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX), Barcelona, Ariel, 1990, págs. 260 y ss. Carreras es secretario general de Economía y Finanzas del gobierno catalán desde 2011.

1124 A. Simón i Tarrés, «La població de Catalunya a principis del segle XVIII. Velles i noves estimacions», en A. Simón i Tarrés, La població catalana a l’edat moderna. Deu estudis, Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona, págs. 77-88. Simón i Tarrés sitúa la población de Cataluña en 1717 en la horquilla 681.000 a 767.000 (pág. 85). Bustelo y Feliu, citados por el propio Tarrés, la sitúan entre 525.000 y 625.000, y 600.000 personas, respectivamente.

1125 J. Torras, «Especialización agrícola e industria rural en Cataluña en el siglo XVIII», Revista de Historia Económica, núm. 3 (1984), págs. 113-127; «Fabricants sense fàbrica. Estudi d’una empresa llanera d’Igualada (1726-1765), Recerques, núm. 5 (1985), págs. 145-160»; J. Torras y M. Duran, «La industria lanera en Cataluña, siglo XVIII», comunicación presentada en el III Congreso de Historia Económica, Segovia, 1983, y «Los mercados de una empresa pañera catalana en la segunda mitad del siglo XVIII. La casa Torelló de Igualada, 1759-1796», comunicación presentada en el XII Simposio de Análisis Económico, Barcelona, 1987.

1126 A. Carreras, «Cataluña, primera región industrial de España», op. cit., págs. 262 y ss. En relación con el papel de ambos mercados, J. Maluquer de Motes, Historia Econòmica de Catalunya, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya-Proa, págs. 49 y ss., mantiene que «aquello que va a permitir aumentar la competitividad de las manufacturas catalanas va a ser el mercado interior español. Las compras coloniales van a ser mucho más importantes para el comercio y la agricultura que para la industria». No obstante, el propio J. Maluquer de Motes, «El mercado colonial antillano en el siglo XIX», en J. Nadal, y G. Tortella, Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea, Barcelona, Ariel, 1974, pág. 323, reconoce que en el siglo XIX «la inyección de capital de origen colonial en la estructura económica de la Península tuvo una apreciable importancia en distintos sectores: industria textil, de la construcción y siderometalúrgica, transportes y banca», y cita los casos de Miquel Biada y Bunyol, José Xifré Casas, la primera fortuna de la Barcelona de su época, y Juan Güell y Ferrer.

1127 G. Feliu, Historia econòmica de Catalunya, Barcelona, Base, 2012, pág. 90.

1128 J. Albareda i Salvadó, Història de la Catalnya Moderna, Barcelona, Universidad Oberta de Catalunya, 1999, págs. 130 y ss. Albareda no puede evitar reconocer que, «si bien al comienzo, el Real Catastro constituyó una carga muy pesada para la sociedad catalana y fue impuesto con todo tipo de coacciones..., sus efectos van a amortiguarse a lo largo del siglo a medida que la población crecía y la expansión económica se hacía realidad», pero dando a entender que el crecimiento de la población y la expansión económica mitigaron el expolio, nunca que son una clara consecuencia de la expansión del mercado que supuso la unificación política y la introducción de una hacienda más racional.

1129 J. Nadal, «La industria fabril española en 1900. Una aproximación», en J. Nadal, A. Carreras y C. Sudrià (comps.), La Economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica, 5.ª ed., Barcelona, Ariel, 1994, págs. 49 y ss.

1130 J. Nadal Oller, «Cataluña, fábrica de España», en J. Nadal Oller y J. Maluquer de Motes, Catalunya, la fàbrica d’Espanya. Un siglo de industrialización catalana (1833-1936), Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, 1985, págs. 131-136.

1131 A. Carreras y J. R. Rosés, «Renta y Riqueza», en A. Carreras y X. Tafunell (coords.), Estadísticas Históricas de España, Bilbao, Fundación BBVA, 2005, págs. 1365 y 1373.

1132 J. Nadal, «Un siglo de industrialización en España, 1833-1930», en La modernización económica de España 1839-1930, Madrid, Alianza Universidad, 1985, págs. 189-101, da su visto bueno a la tesis de X. Carmona de que «la fabricación catalana desplaza y arruina la lencería gallega» con efectos devastadores sobre la industria rural doméstica en Galicia.

1133 J. Nadal Oller y J. Maluquer de Motes, ibíd., pág. 179.

1134 A. Carreras, «Industria», op. cit., págs. 404-405. Véase también A. Alcaide Inchausti, Evolución económica de las regiones y provincias españolas en el siglo XX, Bilbao, Fundación BBVA, 2003.

1135 J. Maluquer de Motes, Historia Econòmica de Catalunya, op. cit., pág. 96, cifra el crecimiento acumulado del PIB de Cataluña a precios constantes en el 136,3 por 100 entre 1900 y 1930. El autor no especifica la fuente de sus datos.

1136 Cálculos realizados empleando las cifras de Prado de Escosura y Álvarez Llanos que proporcionan, A. Carreras y J. R. Rosés, «Renta y Riqueza», op. cit., págs. 1297-1376. Las cifras de PIB per cápita relativo figuran en la pág. 1372.

1137 Fundación BBV, Renta nacional de España y su distribución provincial. Serie homogénea. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 1997, Bilbao, Fundación BBV, 1999, vol. 1, págs. 96 y ss. Estos porcentajes difieren notablemente de las estimaciones provinciales de Alcaide.

1138 A. Carreras y J. R. Rosés, «Renta y riqueza», op. cit., cuadros 17.20 y 17.21, págs. 1365-1367. La volatilidad de la participación de Cataluña en el PIB a precios de mercado entre 1980 y 2000 es algo mayor, mostrando un mínimo 17,8 por 100 en 1985 y un máximo del 19,2 por 100 en 1994. El cuadro 17.27, pág. 1375, proporciona el PIB per cápita relativo en pesetas corrientes.

1139 La población de Cataluña se ha multiplicado por 10 desde 1718, mientras que la del RDE se ha multiplicado por 5,5.

1140 G. Tortella, El desarrollo de la España contemporánea, 3.ª ed., Madrid, Alianza Universidad Textos, 1997, págs. 167-175. J. Maluquer de Motes, Historia Econòmica de Catalunya, op. cit., pág. 28, considera que en el caso del inicio de la producción de indianas en Cataluña «la pieza clave va a ser la prohibición real de 1728 de importar indianas»; Maluquer de Motes, ibíd., pág. 89, achaca también a la libertad de importar material ferroviario y a la alta protección a la siderurgia el fracaso de la producción de productos metálicos en Cataluña.

1141 A. Tena, «Sector exterior», en A. Carreras y X. Tafunell (coords.), Estadísticas Históricas de España. Siglos XIX y XX, Bilbao, Fundación BBV, vol. 2, págs. 573-644.

1142 J. Fontana, Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, 4.ª ed., Barcelona, Ariel, pág. 14, considera la expresión «mercado nacional» insustituible, ya que sirve para distinguirlo del «mercado exterior —internacional— que queda fuera de la entidad política dada, fuera del límite señalado por una legislación, unas fronteras, etc. Pero sirve también para indicar una diferencia cualitativa con aquellas formas primitivas del comercio interior que se limitan a los pequeños intercambios en un marco local».

1143 El lector interesado puede consultar los resultados detallados para los 65 sectores en Polo, «El peso de las exportaciones...», op. cit.

1144 En el epígrafe «La “eurización” de la economía catalana» me referiré al desdoblamiento y posible deslocalización de las entidades financieras con sede actual en Cataluña.

1145 C. Polo, «Panorámica del argumentario economicista a favor de la independencia», op. cit., págs. 46-47.

1146 Estos efectos podrían ser incluso más elevados si se tienen en cuenta los efectos disuasorios de la caída de la producción sobre la inversión.

1147 P. Antràs y J. Ventura, «Dos más dos son mil. Los efectos comerciales de la independencia», 2012, http://www.wilson.cat/es/mitjans-escrits/articles-dels-membres/item/216-dos-m por 100C3 por 100A9s-dos-s por 100C3 por 100B3n-mil-els-efectes-comercials-de-la-independ por 100C3 por 100A8ncia.html.

1148 Obsérvese que este efecto podría ser mucho más elevado en los sectores afectados.

1149 J. Galí, «Estat propi i euro», 19 de marzo 2013. http://www.wilson.cat/es/mitjans-escrits/articles-dels-membres/item/222-estat-propi-i-euro.html.

1150 Hay un quinto escenario que Galí ignora. Ante una declaración unilateral de independencia, el gobierno español y las Cortes podrían adoptar las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional. En este caso, se evitarían la mayoría de las consecuencias negativas de la secesión sobre la actividad económica y el sistema financiero en Cataluña, pero no puede descartarse que el aumento de la conflictividad social afecte negativamente a Cataluña y España.

1151 C. Polo, «Panorámica del argumentario economicista a favor de la independencia», op. cit., págs. 50-72, examina en detalle estas cuestiones.

1152 M. Vilalta, «Balanzas fiscales: metodología, resultados», Barcelona, Institut de Dret Públic, 2012, http://idpbarcelona.blogspot.com.es/2012/12/balanzas-fiscales-metodologia.htlm. Según mis propios cálculos, esa cifra es 8.415,8 en lugar de 8.429.

1153 Además de los estudios ya mencionados de la Cambra de Comerç de Barcelona, El sector pùblic a Catalunya i Espanya, op. cit., N. Bosch y M. Espasa, «La viabilidad económica de una Cataluña independiente», op. cit., las publicaciones de soberanía y justicia, «Informe sobre la viabilitat económica de la indepèndencia de Catalunya», págs. 1-40; R. Ros Serra, «Hisenda i presupostos del nou estat», Sant Cugat del Vallès, Assanblea Nacional Catalan, 2013, págs. 1-55, adolecen de los mismos defectos: dan por buenas las cifras de la balanza fiscal y asumen mecánicamente que esos ingresos estarán a disposición del nuevo Estado catalán.

1154 C. Martínez Shaw, «Cataluña y el comercio con América. El fin de un debate», Boletín Americanista, núm. 30 (1980), págs. 223-235, demuestra la participación de los aragoneses, catalanes incluidos, en el comercio con América casi desde su descubrimiento, pese a la centralización del tráfico con las Indias en los puertos de Sevilla y Cádiz.

1155 En el caso probable de que el gobierno español y las Cortes adopten las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional, se evitarían la caída de las exportaciones y los efectos negativos sobre el sistema financiero, pero no puede descartarse cierta contestación política y social que perjudicará a la economía española y sobre todo a la catalana.

1156 Quienes sostienen que el sistema de Seguridad Social es viable dan igualmente por buenas las cifras de la balanza fiscal de Cataluña y confían en que las mayores tasas de ocupación y menores tasas de paro en la región aseguren las pensiones futuras. Una vez más, se ignora que los ingresos por cotizaciones caerán, si lo hace el empleo, y que los gastos, ahora infravalorados en la BFC, aumentarán. De hecho, el presidente Mas ya negó en una reciente entrevista que tales maravillas fueran a producirse una vez alcanzada la independencia, lo que llevó al entrevistador a espetarle: «no me interesa mucho este nuevo estado».

CAPÍTULO 17

El año 1714 desde la perspectiva política actual

Francesc de Carreras

El título de este capítulo ya indica que, a diferencia de los demás, en él no se tratará propiamente de historia sino de la utilización política de la historia. Como es sabido, en Cataluña se está intentando pasar de la autonomía a la independencia, previa separación del resto de España. En los próximos tiempos se verá cómo acaba esta incierta aventura. De momento, el Parlamento de Cataluña, por mayoría, ha fijado el próximo 9 de noviembre como fecha de un referéndum, del cual ya se han previsto las preguntas, que debe decidir sobre su hipotética independencia.

Tanta prisa no es mera casualidad sino consecuencia de que estamos en un año históricamente emblemático para el nacionalismo catalán: se conmemora el 300 aniversario de la derrota de la Barcelona austracista y la victoria de las tropas borbónicas. La manipulación histórica de este acontecimiento se quiere aprovechar para avivar los sentimientos nacionalistas de los catalanes y decantarlos hacia las posiciones independentistas.

Tal actitud ante la historia es habitual en la construcción de las naciones. Ya lo dijo Renan en su célebre opúsculo ¿Qué es una nación?: «El olvido, e incluso diría que el error histórico, son un factor esencial en la creación de una nación, y de ahí que el progreso de los estudios históricos sea frecuentemente un peligro para la nacionalidad»1157. Desde hace muchos años, las fuerzas nacionalistas que siempre han gobernado la Generalitat iniciaron un proceso de «construcción nacional» en el que la historia desempeña un importante papel ideológico. Mediante estos olvidos y errores a los que alude Renan se intenta legitimar, como veremos, la independencia de Cataluña.

Pretendemos aquí comentar y extraer algunas conclusiones sobre el carácter del actual nacionalismo catalán de tres hechos acaecidos durante la segunda mitad del año 2013 que ilustran esta función manipuladora de la historia en el actual proceso político que se desarrolla en Cataluña. En primer lugar, la inauguración del Centro Cultural de El Born como lieu de mémoire de los supuestos agravios perpetrados por España. En segundo lugar, el simposio «España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014)», celebrado en Barcelona en el mes de diciembre. En tercer lugar, el Informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional bajo el título «La consulta sobre el futuro político de Catalunya», en el que se dedican unas páginas a justificar la legitimidad histórica del ejercicio del llamado derecho a decidir.

El Borne: un centro ¿cultural?

Unos años después de 1714, Felipe V decidió construir en Barcelona una ciudadela militar, cercana al mar, para lo cual se procedió a derribar una parte —se calcula que una sexta parte— de las casas del hoy denominado barrio de La Ribera. Unos años más tarde, se ganaron terrenos al mar para alojar a las familias desplazadas por la construcción de la Ciudadela, lo cual dio lugar al popular barrio pesquero de La Barceloneta. Un siglo y medio después, en 1888, con motivo de la primera Exposición Universal de Barcelona, la Ciudadela fue también derribada y los terrenos que ocupaba se convirtieron en un parque ajardinado, el actual Parc de la Ciutadella. A su vez, junto a él, se instaló el mercado central de abastos denominado El Born, un amplio edificio de estructura metálica —al estilo de la Torre Eiffel de París— construido bajo la dirección del arquitecto Fontseré.

Llegó un momento en que este edificio resultaba insuficiente como mercado central y en 1971 fue trasladado a unos terrenos de la Zona Franca. ¿Cuál podía ser entonces la función del viejo edificio que había quedado vacío? Se barajaron varias hipótesis, entre ellas su demolición, que fue rechazada, tanto por el valor arquitectónico del edificio como porque suponía desfigurar uno de los barrios más antiguos de Barcelona. El movimiento «Salvem El Born», de los años setenta, obtuvo el apoyo de las asociaciones vecinales y de ciertos sectores ilustrados de la ciudad que estaban propugnando revalorizar el casco viejo. El Ayuntamiento, acertadamente, se comprometió a no derribar aquel singular armazón metálico construido un siglo atrás y asignarle una función que revirtiera en favor de los vecinos del barrio. Durante el resto de los años setenta y en el decenio de los ochenta, El Born fue escasamente utilizado y su porvenir era incierto. Mientras el barrio cobraba cada vez más vida, especialmente comercial y nocturna, el deterioro de la estructura ideada por Fontseré se hacía cada vez más visible.

A principios de los años noventa, aprovechando la remodelación de la zona con motivo de las Olimpiadas de 1992, surgió la idea de instalar en El Born la Biblioteca Provincial —Barcelona era la única provincia de España que carecía de ella— y, dada la amplitud del espacio, convertir el conjunto en un centro cultural que pudiera albergar también zonas para exposiciones, salas de conferencias y conciertos. La idea de un Centro Pompidou a la barcelonesa flotaba en el ambiente. Además, el coste corría a cargo del Estado, ya que la red de bibliotecas provinciales era de su competencia. Mediante concurso se adjudicó el proyecto al equipo de los prestigiosos arquitectos Soria y Cáceres, que se dispusieron a comenzar la obra.

Como era de prever, tras las primeras excavaciones, se encontraron restos antiguos de los cimientos de las casas derribadas en la época de Felipe V para construir la Ciudadela militar. Parece que al principio no se le dio importancia, pero al trascender la noticia comenzaron a surgir voces pidiendo que estos restos fueran respetados, pues eran la prueba material de los destrozos ocasionados por el primer rey Borbón y, por tanto, constituían el símbolo de la Cataluña antes libre y, tras la derrota, sometida a España. Siete conocidos historiadores catalanes visitaron solemnemente, previo aviso a la prensa, al alcalde Clos y al presidente Pujol —sus despachos respectivos estaban frente por frente en la Plaza de Sant Jaume— para pedirles que se interrumpieran las obras y consagrar aquel lugar a la memoria de las víctimas de 1714, símbolo de la resistencia catalana. Frederic Pau Verrié, a la sazón vicepresidente de la Junta de Museos de Catalunya, dijo que había que valorar el carácter «simbólico y patriótico» de aquellos restos, hasta entonces ocultos bajo tierra. García-Espuche, uno de los historiadores que visitaron a Clos y Pujol, también dijo con una imprecisión notable: «Los Borbones lo taparon 300 años, nosotros no podemos hacer lo mismo».

No lo taparon los Borbones, lo tapó el Ayuntamiento de Barcelona con el mercado de El Born y siguen permaneciendo tapados otros restos similares en el actual Parc de la Ciutadella y en otras zonas colindantes. Sorprende que estos mismos veteranos historiadores no hubieran propuesto desenterrar antes los restos, una vez que El Born dejó de ser el mercado central, ya que se sabía de su existencia al estar los planos depositados en archivos oficiales. Echar la culpa a otros —en este caso a los «Borbones»— es el recurso más fácil cuando no se quieren reconocer las propias responsabilidades. En definitiva, se vio muy claro que el móvil que guiaba a los partidarios de conservar los restos era convertir la zona en un melancólico santuario del victimismo nacionalista como foco permanente de propaganda.

Además, por fanatismo patriótico se desecharon soluciones razonables propuestas por los servicios municipales y por los mismos arquitectos. Por ejemplo, dedicar la mayor parte del espacio a biblioteca y centro cultural dejando a la vista, como testimonio histórico, los restos más significativos. Al fin y al cabo, no se trata de ruinas de edificios antiguos que pueden reconstruirse, sino de ruinas de los cimientos de estos edificios, dado que estos, sus paredes y techos, fueron derribados. Y junto a El Born, exactamente a su lado, sin solución de continuidad, se encuentra el barrio de Ribera —las cinco sextas partes que no fueron derribadas por Felipe V—, formado por casas de antes del siglo XVIII en un aceptable estado de conservación, con sus paredes, techos, puertas y ventanas a la vista, donde viven propietarios o inquilinos, con viejos palacios medievales bien conservados para uso público, entre ellos el que alberga el Museo Picasso, tan visitado.

Pero de lo que se trataba no era de conservar los restos de unos cimientos con un supuesto pero dudoso valor histórico sino de crear allí un monumento simbólico para atraer la atención sobre un relato histórico falseado: el de una guerra entre España y Cataluña, el del fin de un Estado catalán, de una Cataluña constitucional frente al despotismo castellano. Nos habíamos topado con la tierra sagrada, con las ruinas de las lamentaciones: no podía desaprovecharse la ocasión de utilizarlas como instrumento del relato nacional.

Este debate sucedió en torno al año 2002. Se optó, naturalmente, por desechar la opción de la biblioteca y, en su lugar, crear el «lugar de memoria», la memoria de una Cataluña supuestamente agraviada. Una prueba más de que la «memoria histórica» es una trampa para que se olvide la historia, para que se fije una oficial que sirva para acallar a los historiadores discrepantes que, con datos y argumentos, pretenden averiguar qué sucedió en el pasado, no lo que conviene a ciertos intereses del presente ajenos a la historia. Tras más de diez años, el tiempo que duraron las obras, el 11 de septiembre de 2013 se procedió a inaugurar el El Born Centre Cultural, donde se pueden contemplar las ruinas de los cimientos y se explica una «historia» que cumple estrictamente la finalidad política que se pretendía.

Para la prevista Biblioteca Provincial se han buscado otras ubicaciones en el mismo barrio, ya que existe un compromiso con los vecinos, y en todos los casos se han encontrado las dichosas ruinas de los cimientos y se han parado las obras. No hay fecha para inaugurarla y probablemente nunca se llegue a construir. En este asunto, las mudas piedras han sido más importantes que los libros: ya se sabe que la cultura muerta es menos peligrosa que la cultura viva, y que los escritores y artistas pueden llegar a ser peligrosos discrepantes. La patria, en cambio, es siempre un monopolio del poder. Dos conceptos de cultura se enfrentaron en esta disputa: el que mira al pasado, preocupado por buscar unas extrañas raíces colectivas, y el que mira al futuro, preocupado por la ciencia y el arte. A los nacionalistas catalanes no los ahoga la estética —como le decía Unamuno a Maragall— sino que les ahoga la historia, mejor dicho, la manipulación de la historia.

«España contra Cataluña»: un simposio ¿de historia?

A mediados del año 2013 se anunció la celebración de un simposio bajo un título que era todo un presagio: «España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014)». La dirección estaba en manos del catedrático de historia contemporánea Jaume Sobrequés y el patrocinio corría a cargo del Centre d’Història Contemporània de Catalunya (Departament de Presidencia. Generalitat de Catalunya) y de la Societat d’Estudis Històrics (Institut d’Estudis Catalans). Se trataba, por tanto, de un simposio organizado desde las más altas instancias de la Generalitat.

El folleto que anunciaba su contenido no defraudaba respecto a las expectativas del título. En el párrafo más significativo de la solapa se decía lo siguiente:

El objetivo es analizar con criterios históricos, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, las consecuencias que ha tenido para el país la acción política, casi siempre de carácter represivo, del Estado español en relación con Cataluña. [...] Los diversos ponentes analizarán las condiciones de opresión nacional que ha sufrido el pueblo catalán a lo largo de estos siglos, los cuales no han impedido el pleno desarrollo político, social, cultural y económico1158.

Sorprendía de entrada la contradicción inherente en el texto que hemos reproducido. Por un lado se advertía del «carácter represivo del Estado español en relación con Cataluña» y de que, sin embargo, tales condiciones no habían «impedido el pleno desarrollo político, social, cultural y económico» de Cataluña.

El proyecto de programa, entonces todavía sin ponentes asignados, estaba estructurado, tras una lección inaugural, en cuatro partes: la represión institucional, política y administrativa; la represión económica y social; la represión cultural y lingüística, y el exilio. Todas las propuestas de ponencia parecían ir en el mismo sentido y algunas resultaban especialmente llamativas: «L’apoteosi del’espoli: segle XXI»; «Contra l’ànima d’un poble: la repressió cultural»; «Destruir la llengua, destruir la nació: la repressió lingüística». Los términos más utilizados eran opresión, represión, españolización y expolio. No es de extrañar que un historiador de tanto prestigio como John H. Elliott declarara al día siguiente de conocerse la noticia: «No vale la pena ni hablar. Con ese título («España contra Cataluña») ya sé que no me interesa. Es muy poco histórico y no tiene rigor ninguno. Es un disparate»1159.

La conferencia inaugural corrió a cargo del historiador Josep Fontana1160. Su título («España y Cataluña: trescientos años de historia») era algo más aséptico que el del simposio: no incluía la preposición «contra». Sin embargo, cabe recordar que una obra tan influyente entre los historiadores catalanes como La Catalogne dans l’Espagne moderne, de Pierre Vilar, sitúa a Cataluña «dentro» de España (dans l’Espagne), es decir, no considera a España y Cataluña dos sujetos separados sino el uno formando parte del otro. Como se sabe, el lenguaje es un arma muy poderosa de propaganda política cuando va dirigido a conformar el subconsciente de los individuos. El mismo título, por tanto, no era neutro, ya que en él se adivina una clara intencionalidad. Pero el contenido del simposio, cuando menos en general, reflejó de manera mucho más clara los «errores y olvidos» que Renan consideraba necesarios para construir una nación. Ello se pone en evidencia en el contenido de la conferencia de Fontana.

El primer párrafo ya resulta chocante, es un inicio que nos recuerda el dicho popular de los efectos de un elefante entrando en una cacharrería:

La mayor de las pérdidas que sufrió Cataluña como consecuencia de la derrota de 1714 fue, en mi opinión, la de un proyecto político que, en el transcurso de más de cuatrocientos años, desde las Cortes de 1283 hasta las de 1706, había elaborado un sistema de gobierno representativo que, con la democratización que había culminado con las Cortes de 1702 y 1706, figuraba entre los más avanzados y democráticos de Europa [...].

Y añade algo más adelante:

El conjunto de leyes, libertades y garantías que integraban este sistema era necesario para asegurar la continuidad del rumbo que estaba siguiendo la sociedad catalana que, a comienzos del siglo XVIII, parecía dirigirse hacia una forma de evolución similar a las que seguían Holanda o Inglaterra, asociando un proceso gradual de democratización al desarrollo de una economía capitalista.

Esta visión evolutiva hacia formas parlamentarias —muy frecuente entre los actuales historiadores catalanes— no es más que un wishful thinking, un pensamiento ilusorio basado en la emotividad y no en la razón, un contrafactual de imposible prueba. En realidad, el pactismo (al que ahora se denomina abusivamente, con afán de confundir, constitucionalismo) significaba que en las Cortes estaban representados los tres Brazos (real, nobiliario, eclesiástico), es decir, estaba representada la oligarquía propietaria. En el fondo, era un pacto similar a tantos otros de los tiempos bajomedievales. Como dice R. García Cárcel, «en realidad, detrás del pactismo lo que hay es un pacto social entre la nobleza y la burguesía catalana con el arbitraje de la monarquía y el pueblo como gran convidado de piedra»1161. Por tanto, carece de base la afirmación de Fontana según la cual «la guerra que denominamos de Sucesión fue esencialmente una pugna entre un sistema político que apuntaba en una línea de progreso y democratización y un poder monárquico absoluto».

En segundo lugar, Fontana caracteriza la actuación borbónica tras 1714 como una época represiva con los vencidos, que destruye los órganos de gobierno, las Cortes y la Generalitat, vacía de poder a los municipios e intenta la asimilación política de los catalanes. Tiene razón en casi todo, aunque no en la supresión de la Generalitat, que precisamente tuvo lugar unos meses antes del 11 de septiembre de 1714 y fue obra del Consell de Cent, el órgano de gobierno barcelonés, equivalente a los actuales ayuntamientos, que dirigía la defensa de la ciudad frente al asedio de las tropas borbónicas. Ahora bien, al trazar Fontana el balance del siglo XVIII, olvida mencionar, entre otros, un hecho decisivo: la libertad de comercio que impulsó Carlos III, primero con las Antillas en 1665 y después con toda América en 1778. Esta libertad de comercio contribuirá de forma decisiva (aunque no única) al crecimiento económico de Cataluña y de España, tanto en esta segunda mitad del siglo XVIII como en todo el siglo XIX. No se trata de un error de Fontana, es un simple olvido, un intencionado olvido para no invalidar su línea argumental y así deformar convenientemente la historia con el objeto, tal como dijo Renan, de construir la nación.

Un olvido que, por cierto, no cometió en su momento Vicens Vives:

Una «nueva planta» —decía Vicens— echó por la borda del pasado el régimen de privilegios y fueros de la Corona de Aragón [...]. Cataluña quedó convertida en campo de experimentos administrativos unificados: capitán general, audiencia, intendente, corregidores, todo al objeto de que el país pagara el ejército de ocupación encargado de vigilar el cobro del impuesto único o catastro. La transformación fue tan violenta que durante quince años estuvo al borde de la ruina. Pero luego resultó que el desescombro de privilegios y fueros le benefició insospechadamente, no solo porque obligó a los catalanes a mirar hacia el porvenir, sino porque les brindó las mismas posibilidades que a Castilla en el seno de la común monarquía1162.

De manera que aquello que para Fontana eran libertades y garantías que acercaban Cataluña a un régimen representativo liberal para Vicens son privilegios y fueros que había que desescombrar para así poder desarrollar económicamente al país.

A partir de ahí, Fontana distingue dos tipos de desarrollo económico y social, el de Cataluña y el de Castilla, identificando Castilla con el resto de España: «Mientras, la sociedad catalana —dice— emprendía el camino de la industrialización que la iría diferenciando cada vez más de la castellana». Se trata de otro notable error: en todo caso sería razonable sostener que empiezan a distinguirse dos Españas debido a un desarrollo diferenciado, el del interior y el del litoral. Volvamos a Vicens: «Hacia 1760, las regiones del litoral superan a las del interior en población, recursos y nivel de vida. El cambio de centro de gravedad económico es un hecho inevitable»1163. Unas líneas antes, Vicens había enumerado las más activas ciudades de la periferia peninsular en aquella época: además de Barcelona, también menciona a Valencia, Málaga, Cádiz, La Coruña, Santander y Bilbao. Pero la contraposición Cataluña/España, de la que Fontana está prisionero, le obliga a olvidarse de las demás ciudades, además de confundir la prosperidad de Barcelona con el todavía escaso desarrollo económico de la mayor parte del resto de Cataluña.

El repaso al catalanismo político que hace Fontana es bastante somero aunque ponderado, insistiendo especialmente, no sin razón, en un punto: quien ha mantenido viva la lengua catalana son las clases populares, no las clases altas. Estas, aunque sean catalanistas y voten a la Lliga, se ven forzadas, debido a sus intereses económicos, a evitar poner en cuestión la unidad de España dado que el principal mercado para la venta de sus productos está en la Península. Ello es cierto, pero Fontana olvida mencionar que desde mediados del siglo XIX hasta, por lo menos, el Plan de Estabilización de 1959, la burguesía catalana ha estado presionando con éxito al gobierno español para mantener unos aranceles altos con el objetivo de proteger su industria y evitar la competencia extranjera. El catalanismo político siempre fue proteccionista: ello permitió a los industriales catalanes prosperar sin verse perjudicados por la competencia exterior, y a los ciudadanos, incluidos los catalanes, pagar por los productos protegidos un precio más alto (y quizás una calidad más baja) que en un sistema económico librecambista. Esto, pese a figurar en cualquier manual de historia, también lo olvida Fontana: por lo visto no encaja en su guion.

Porque el guion está predeterminado para justificar todos los tópicos actuales. Veamos qué dice Fontana:

Al terminar el franquismo parecía que se podía volver a comenzar un nuevo proyecto de convivencia sobre las bases de la constitución española de 1978 y del estatuto de 1979, pero se cayó en el error de ignorar que los textos legales no están garantizados si no se tiene la capacidad de intervenir en el control de su interpretación. Puestos en manos de unas instituciones judiciales integradas por herederos del sistema franquista, se pudo ver cómo los textos, no solamente el Estatuto, sino también la Constitución, eran gradualmente recortados, interpretándose en un sentido contrario a las promesas fundacionales de la transición. La manifestación del 10 de julio de 2010 en protesta contra la sentencia del Tribunal Constitucional ponía de relieve tanto la tardía conciencia del problema como la impotencia ante un nuevo proceso de recentralización que ha seguido avanzando imparablemente. Bastó añadir el malestar social engendrado por una política económica desastrosa, como la de los últimos años, para ver cómo la suma de los agravios provocaba los actos de protesta del 11 de septiembre de 2012, expresivos de una amplia voluntad de pedir un cambio total de rumbo. Una vez más, confluían las reivindicaciones que hacen referencia a los derechos sociales y nacionales.

En efecto, salen todos los tópicos: los jueces aún son franquistas, las competencias recortadas, la recentralización está en marcha, las reivindicaciones catalanas son de todo el pueblo sin distinción de clases, los agravios constantes, la culpa del actual proceso está en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. Pero se le escapa a Fontana una línea en la que demuestra que no cree en la división de poderes (y, por tanto, en una democracia liberal democrática), al sostener: «se cayó en el error de ignorar que los textos legales no están garantizados si no se tiene la capacidad de intervenir en el control de su interpretación». ¿Quiere ello decir que Fontana es partidario de que el TC, un órgano jurisdiccional, esté sometido al poder político? Sin duda es lo que pretende decir. Porque según la Constitución, los magistrados del TC, que gozan de independencia, son designados por órganos que, directa o indirectamente, han sido elegidos por el pueblo, por todo el pueblo español, incluido el catalán. Y en numerosos casos se ha elegido a catalanes, incluso a nacionalistas catalanes: no olvidemos que el actual presidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, fue magistrado y llegó a ser vicepresidente. Por tanto, ¿qué quiere decir Fontana cuando afirma que la garantía de los textos legales está en la capacidad de intervención en su control? ¿En nombre de quién habla? ¿Ese es su concepto de constitucionalismo, el que según él estaba a punto de germinar en Cataluña en 1714 y cuyo desarrollo interrumpieron los Borbones?

La conclusión de Fontana es la obvia, el quod erat in demostrandum: «El pacto de 1778-1979, desvirtuado una vez tras otra, ha caducado [...]. Hoy se opta por nuestra asimilación forzada, por nuestra reducción a una provincia de la Corona de Castilla. Nada parece haberse aprendido de las lecciones de trescientos años de intentos fracasados». Ante ello, sostiene Fontana que en estos trescientos años «circula [en Cataluña] una corriente poderosa y profunda de conciencia colectiva que nos ha permitido preservar la identidad y la lengua contra todos los intentos por negarlas. Una corriente que en ocasiones puede parecer oculta pero que sale a la luz cada vez que se precisa salvar un obstáculo». La misma evocadora imagen del comienzo de La nacionalitat catalana de Prat de la Riba cuando habla de que a los inviernos de Cataluña les suceden las primaveras o el argumento del súbito despertar de «aquel sueño tan dulce de la muerte» en el célebre poema patriótico de Ventura i Gassol «Les tombes flamejants». En definitiva, la tradición, la tradición catalana.

El Informe del Consell Assessor: legitimidad ¿histórica?

Tras la llamada Declaración de Soberanía del Parlament de Cataluña en enero de 20131164, se constituyó el Consell Assessor per a la Transició Nacional con el objetivo de aconsejar al gobierno de la Generalitat «en relación con aquellos aspectos del Plan del Gobierno sobre la identificación y el impulso de las estructuras de Estado y/o los aspectos necesarios para llevar a cabo la consulta»1165. El Informe núm. 1 lleva por título «La consulta sobre el futuro político de Cataluña» y su capítulo 3, apartado 1 (págs. 31-39), trata brevemente de la legitimidad histórica de su celebración.

De entrada sorprende el término «legitimidad histórica». Ciertamente, las páginas siguientes del Informe tratan de la legitimidad democrática, pero es hoy un lugar común considerar que la invocación de la legitimidad histórica es algo perteneciente al mundo preliberal y las únicas razones válidas en la actualidad son las democráticas1166. La historia explica el presente pero no lo legitima. Pero dejando de lado esta cuestión, ciertamente no menor desde la teoría democrática, pasemos a comentar algunos aspectos de la visión de la historia de Cataluña que se mantiene en este apartado.

De entrada, tras señalar que Cataluña es «una de las colectividades nacionales diferenciadas más antiguas de Europa», sostiene que su existencia empieza con «la emancipación del imperio carolingio por parte de sus condes» en el año 987. Efectivamente, esta es la fecha en la que Borrel II, conde de Urgell, rompe sus lazos de vasallaje con el rey carolingio. Pero el nombre de Cataluña no aparece referenciado hasta Ramón Berenguer III, en 1114. Por otra parte, los primeros textos en catalán, el más conocido de los cuales es la Homilías de Organyà, datan de fines del siglo XII y comienzos del XIII1167.

¿Cuál es la intención de fechar el origen histórico de Cataluña en 987? Supuestamente, que su filiación provenga de los carolingios, de la Marca Hispánica, sin contacto previo alguno con los reinos peninsulares. Esta es la brillante intuición sostenida por Vicens Vives en su libro Notícia de Cataluna, un texto deliberadamente más político que histórico: «Hemos de saber quiénes hemos sido y quiénes somos si queremos construir un edificio aceptable dentro del gran marco de la sociedad occidental a la que pertenecemos por filiación directa desde los tiempos carolingios»1168. Es decir, somos un pueblo de Europa, no un pueblo hispánico. En la Europa franca encuentran los catalanes su legitimidad histórica de origen.

Pero lo más sorprendente del Informe es que en los siglos que transcurren desde el año 987 hasta 1479, fecha del comienzo del reinado de los Reyes Católicos, nunca se menciona que Cataluña formara parte de la Corona de Aragón, Cataluña parece que es un reino independiente. Así se dice que Cataluña tiene «uno de los parlamentos más consolidados de la Europa medieval», que en estos tiempos consolida una monarquía en la cual las Cortes establecen una relación de pacto con el rey «avanzándose en el tiempo a la concepción política —desarrollada posteriormente por el liberalismo político— fundamentada de forma primigenia en el respeto del soberano a las leyes y del país al soberano». Una idea ilusoria que antes ya hemos comentado al tratar del texto de Fontana1169.

Por último, el Informe considera que en esta época medieval «se desarrolló la nación catalana, con rasgos culturales y lingüísticos comunes, además de vínculos de solidaridad, así como un Estado consolidado con la expansión mediterránea de los siglos XIII-XIV». Por tanto, de tales consideraciones se desprende que antes de la unión dinástica, vía matrimonio, de los reinos de Aragón y Castilla en 1479, Cataluña ya era una nación y un Estado. No hace falta decir que en aquellas épocas es muy discutible que existieran naciones (dependiendo del significado que se le quiera dar al término) y, por supuesto, no existían estados, una forma de organización política que aparece mucho después y de hecho no se consolida, tras un largo período de transición, hasta los primeros estados liberales.

De forma confusa, el Informe pasa a tratar la edad moderna, cuyo eje básico serán las tensiones y conflictos constantes entre Cataluña y la monarquía hispánica, como si no hubiera habido conflictos y tensiones de los monarcas en otros territorios, entre otros Aragón, Valencia y, no digamos, Portugal. Se pasa de puntillas sobre la guerra dels Segadors y la ocupación francesa de mediados del XVII —sin mencionar el rechazo catalán a dicha ocupación— y se entra a tratar la guerra de Sucesión en unos términos que merece la pena reproducir in extenso:

Hacia 1700 Cataluña estaba a las puertas de experimentar un salto cualitativo en su consolidación nacional. Comenzaba a dibujarse una economía especializada orientada a la producción y al comercio que hubiera puesto los fundamentos del desarrollo de los siglos siguientes, acompañada de una sociedad dinámica que tenía acceso a la representación política de las instituciones. Esta configuración ayuda a entender su apuesta en la guerra de Sucesión a la Corona hispánica. Los dirigentes catalanes vieron en el conflicto internacional la ocasión de avanzar firmemente en el modelo constitucional y, a la vez, en un proyecto económico favorable al comercio y a la producción autóctona. Además, ante el modelo absolutista francés, el candidato austriaco constituía una garantía más sólida para las instituciones catalanas. De ahí el alineamiento con las potencias marítimas (Inglaterra y las Provincias Unidas) a favor del Archiduque Carlos III y en contra de Felipe V. Sin embargo, la guerra de Sucesión acabaría siendo letal para la soberanía catalana [...]. Era el final del Estado catalán1170.

Este texto plantea algunas inevitables preguntas. ¿Por qué no se plantea la guerra de Sucesión en toda su complejidad, con austracistas y borbónicos tanto en Cataluña como en el resto de España, como un conflicto internacional, además de dinástico, en lugar de plantearla como una guerra de España contra Cataluña? Cuando se sostiene que Cataluña estaba entrando en un proceso de desarrollo económico, ¿por qué no dice que efectivamente, tras el paréntesis de la guerra y los años inmediatamente posteriores, Cataluña inició su gran despegue económico? ¿Por qué no se dice que una buena parte de Cataluña se puso del lado de Felipe V y no toda ella se alineó en el bando austracista? ¿Por qué no se dice que Felipe V fue aclamado en sus primeros años por los catalanes, convocó Cortes cuando hacía muchos decenios que no se convocaban y que el ejército del archiduque Carlos asedió Barcelona en el año 1705, arrojó 6.000 bombas y provocó el exilio de varios miles de catalanes? Por último: ¿había existido un Estado catalán, al que puso fin Felipe V? Muchas más preguntas podrían formularse ante la simplificación histórica de que hace gala el texto.

Dejamos de lado las páginas siguientes del Informe relativas a los siglos XIX y XX, ambos tratados con suma brevedad. Solo añadir que no se menciona ningún dato más del siglo XVIII —por tanto, nada se dice de la apertura comercial con América—, ni al tratar los siglos XIX y XX se hace ninguna referencia a la influencia de la burguesía catalana en la política proteccionista que tanto beneficiaba a la industria catalana y, en consecuencia, hacía pagar un alto peaje a todos los españoles, incluidos, por supuesto, los catalanes. En lo demás, las ideas del Informe son curiosamente muy parecidas a las de Fontana en su conferencia inaugural.

Sin embargo, para hacerse una cabal idea del sentido de estas páginas del Informe, nada mejor que reproducir su extensa conclusión en este punto:

En resumen, Cataluña ha mostrado a lo largo del tiempo una clara y continua legitimidad histórica en tanto que sociedad diferenciada, concretada en una reiterada voluntad de disponer de estructuras políticas que permitan su reconocimiento y su proyección en el ámbito internacional desde su propia personalidad colectiva. Durante siglos, Cataluña desarrolló lo que se podría considerar un marco estatal propio, primero en el sí de la monarquía confederal catalana-aragonesa y posteriormente bajo la unión personal de la Monarquía Hispánica. Sus Constituciones, Gobierno y leyes propias le fueron arrebatadas por la fuerza de las armas a principios del siglo XVIII en el contexto de una guerra internacional por la sucesión de la corona española. Cataluña pasó a formar parte, de manera nada consensual, del Estado español. Sin embargo, Cataluña ha conseguido mantener su personalidad colectiva nacional y cultural en los últimos tres siglos. En este período, han fracasado todos los intentos de establecer acuerdos con el Estado español en términos justos y estables de reconocimiento nacional y de acomodación política, así como los intentos de obtener un poder político de calidad y una financiación suficiente en función de la riqueza que el país genera. Tal como su Parlamento ha expresado reiteradamente en las últimas décadas, Cataluña acumula una de las más prolongadas personalidades colectivas de carácter nacional de Europa, que legitima, a través del ejercicio del derecho a la autodeterminación, la consulta sobre la constitución de un Estado independiente que sitúe y proyecte al país en el concierto de los estados del mundo si así lo deciden sus ciudadanos1171.

En definitiva, esta parte del Informe es un resumen de las mentiras y olvidos que, siguiendo a Renan, hacen falta para construir históricamente a Cataluña como nación.

Conclusiones: la manipulación de la historia en la construcción nacional de Catalunya

De todo lo dicho podemos extraer, en síntesis, los siguientes rasgos que la manipulación de la historia de Cataluña ha aportado a la ideología nacionalista.

Originalismo

El origen histórico de Cataluña no está en los romanos ni en los visigodos, dado que ello la asemejaría al resto de España, sino en el imperio carolingio. Cataluña nace en algunos condados pirenaicos sometidos por vínculos de vasallaje con los reyes francos. Cuando estos vínculos se rompen, aparece Cataluña, o el embrión de lo que será Cataluña. Dado que el imperio de Carlomagno es considerado el continuador del imperio romano y, por tanto, un eslabón más de la construcción de Europa que empezó en Grecia, Cataluña es una nación cuyo origen es europeo; ni romano, ni godo, ni musulmán, como el resto de España, sino vinculado directamente a Europa.

Así, ahora puede sostenerse, tal como hacen los nacionalistas catalanes, que mucho antes de que España (es decir, el resto de España que ellos denominan España para así mantenerlo separado de Cataluña) fuera europea, ya lo era Cataluña. De esta manera pueden argumentar ahora, cuando se plantea que una Cataluña como Estado independiente se quedaría fuera de la Unión Europea, la siguiente falacia: «¡cómo vamos a salir de la Unión Europea si nosotros ya estábamos en Europa desde nuestro nacimiento como nación!». En definitiva, se trata de probar que en su origen Cataluña era independiente para reforzar la idea de que debe acabar siendo independiente, que el tiempo en que ha formado parte de España ha sido transitorio, contra —o a pesar de— la voluntad catalana de ser un Estado soberano.

Victimismo

El victimismo es una actitud ambivalente: por un lado uno es una víctima pero, por otro, se resiste siempre a serlo. Ambos elementos son necesarios para el victimismo.

En efecto, como hemos visto, España es mostrada siempre como el Estado opresor: política, económica y culturalmente. Se ocultan los datos que contradicen estas realidades y se destacan solo los que pueden justificarlas. Así, por ejemplo, se dice que 1714 y los Decretos de Nueva Planta supusieron el fin de las «libertades catalanas». ¿De qué libertades se habla cuando la organización política anterior a 1714 era un ejemplo de oligarquía —económica, social, política y eclesiástica— como era natural en aquella época, en la que la libertad, tal como hoy la entendemos, brillaba por su ausencia? Incluso en la Inglaterra de aquellos años, que se presenta ya falsamente en los documentos examinados como un sistema parlamentario, la forma de gobierno era claramente oligárquica, el derecho de voto no alcanzaba ni al uno por 100 de los ingleses y solo eran sujetos del derecho a voto las clases privilegiadas.

Opresión cultural por razones de lengua: en las clases populares (y analfabetas) se hablaba catalán, también en ciertas clases altas. Pero también se hablaba castellano y otras lenguas, y sobre todo el catalán se empleaba muy poco por escrito, al menos hasta fines del XIX y principios del XX, cuando la Renaixença, aquel gran movimiento cultural, hizo que recuperara el prestigio perdido. Y aun en estas épocas, literatos que escribían en catalán utilizaban en su intercambio epistolar el castellano.

En cuanto a la economía, ya hemos dicho que los olvidos son la principal característica de los documentos que hemos comentado, en especial, la apertura de los puertos catalanes (y de otras partes de España) al comercio con América (hasta entonces monopolio de Sevilla) y los beneficios de la industria catalana por la política proteccionista que empezó a principios de siglo XIX. Contra el enfoque de Vicens Vives y de Pierre Vilar, que parecía consolidado, se escribe la historia oficial de hoy que aparece en los textos examinados.

Por tanto, el mito de España como Estado opresor es más que cuestionable.

Pero la otra cara del victimismo es una Cataluña que, a pesar de la dura opresión, se mantiene auténtica y fiel a sí misma: «siempre hemos sido lo que somos», misteriosas palabras, literalmente incomprensibles desde la razón, para justificar que los catalanes, a pesar de los oprobios recibidos, siempre han sabido resistir al enemigo. El Born es un ejemplo de monumento a las dos caras del victimismo: expresa la maldad del enemigo y la capacidad de resistencia y sacrificio de los defensores de Cataluña en su contra. Ambas facetas sin consistencia alguna si se examinan los datos de la historia.

Diferencialismo

Los textos clave del nacionalismo catalán siempre destacan lo que nos diferencia del resto de España, a la que suelen llamar Castilla. Se contraponen siempre una Cataluña burguesa a una Castilla feudal que, ya en la edad contemporánea, se traduce en una Cataluña industrial y una Castilla agrícola; un sistema de gobierno pactista catalán (confundido con democracia parlamentaria) frente a un absolutismo castellano (confundido con despotismo); una Cataluña cuya lengua propia es el catalán mientras que la lengua de Castilla es el castellano o español.

Ciertamente algo hay de todo esto, pero, si se estudia con detenimiento la historia, la contraposición no es tan flagrante, los matices son muchos y, hoy en día, las diferencias prácticamente han desaparecido. Cataluña sigue siendo industrial, pero el pactismo ya no es un rasgo de sus actitudes políticas. Solo hay que ver las sublevaciones populares del siglo XIX en Barcelona (las bullangues), el anarquismo predominante en el movimiento obrero partidario de la acción terrorista con idéntica respuesta por parte de la patronal catalana («Barcelona ciudad de las bombas») o lo que sucedió en la guerra civil. En cuanto a la lengua, desde siempre se han hablado en Cataluña, sobre todo en Barcelona, catalán y castellano, y ahora toda Cataluña es una sociedad bilingüe, como puede comprobarse si se vive en ella o se la visita. Por su parte, el resto de España, en mayor o menor medida, se ha industrializado, su espíritu es tan democrático —por lo menos— como el de Cataluña y algunos de sus territorios tienen lenguas cooficiales distintas al castellano o español, siendo esta, afortunadamente, lengua común de todos.

Por tanto, las diferencias, como sucede en todas las sociedades europeas avanzadas, no son tantas, suelen ser de carácter menor y con frecuencia casi imperceptibles. Por tanto, el mito de la diferencia, cultivado con tanto esmero por los nacionalistas catalanes, también está en proceso de disolución.

* * *

A pesar de todo ello, la historia, convertida en memoria, es decir, en historia oficial o historia manipulada desde el poder, sigue siendo un instrumento para construir una nación. Un instrumento, ciertamente, peligroso. Como dice David Rieff en un libro reciente:

La memoria histórica colectiva, tal como las comunidades, los pueblos y las naciones la entienden y despliegan —la cual, para reiterar lo esencial, siempre es selectiva, casi siempre interesada y todo menos irreprochable desde el punto de vista histórico— ha conducido con demasiada frecuencia a la guerra más que a la paz, al rencor más que a la reconciliación y a la resolución de vengarse en lugar de obligarse a la ardua labor del perdón1172.

Todos quieren evitar la guerra. Pero cuando se instala el rencor y el espíritu de venganza en los corazones de la gente, cuando las emociones desbordan a las razones, los peligros son muchos y los riesgos pueden conducir a las peores catástrofes.

1157 E. Renan, ¿Qué es una nación?, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, págs. 14-15.

1158 La solapa del folleto sigue detallando el contenido del simposio en estos términos: «Durante estos tres días (12, 13 y 14 de diciembre de 2013), el simposio incidirá en los efectos de la represión institucional, política y administrativa a lo largo de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI, y destacará, también en estos aspectos, la represión militar y la presencia de trescientos años de españolismo en Cataluña. La represión económica y social también subrayará el hecho inmigratorio y la acción de la Iglesia catalana. Otro ámbito de actuación constante del Estado español es la represión lingüística y cultural. En este punto, además, se incidirá en la falsificación de la historia, la represión sobre los medios de comunicación y la españolización del mundo educativo. La represión en el campo del derecho, los exilios que han surcado nuestra historia y las referencias al País Valenciano y a las Islas Baleares, centrarán asimismo la atención de este simposio».

1159 El País, 6 de junio de 2013.

1160 Véase el texto completo en www.sinpermiso.info, 15 de diciembre de 2013.

1161 R. García Cárcel, «La dialéctica Cataluña-España. Algunas reflexiones», en El Cronista, núm. 42, febrero de 2014, pág. 12.

1162 J. Vicens Vives, Aproximación a la historia de España, Barcelona, Vicens Vives, 2010, págs. 141-142.

1163 J. Vicens Vives, ibíd., pág. 142.

1164 Resolución 5/X del Parlament de Catalunya, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña (pleno del Parlamento de Cataluña de 23 de enero de 2013). Esta Declaración fue declarada parcialmente inconstitucional por la STC 42/2014 de 25 de marzo.

1165 Art. 1 del Decreto 113/2013, de 12 de febrero, de creación del Consell Assessor per a la Transició Nacional.

1166 Sobre el concepto histórico tradicional de Constitución, como reacción conservadora frente al concepto racional ilustrado, véase M. García Pelayo, Derecho Constitucional Comparado, Madrid, Revista de Occidente, 1968, págs. 41-45.

1167 Véase R. García Cárcel, La herencia del pasado, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011, páginas 201-205.

1168 J. Vicens Vives, Notícia de Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1995, pág. 15.

1169 En el capítulo 3, epígrafe 3.2.9, bajo el título «La consulta es congruente con la tradición histórica y la cultura política catalana», se incluye un párrafo de interés que, en el fondo, se corresponde con la legitimidad histórica de la que tratamos: «La tradición política de Cataluña ha sido, predominantemente, de carácter dialogante y pactista, fruto del equilibrio histórico en que se fundamentan, desde el origen, sus instituciones, cuando se estableció un reparto de poder entre el monarca y la sociedad. A diferencia de otras tradiciones, el poder del rey en Cataluña nunca fue ilimitado o absoluto sino que se fundamentó en la necesidad de un acuerdo constante para gobernar entre el monarca y los representantes de la sociedad. Esta tradición política propia permitió el desarrollo de un corpus legal, fundamentado en constituciones pactadas, que los analistas han considerado una expresión de garantías protoliberales. Unas características que fueron anuladas por los decretos de Nueva Planta (1716) posteriores a la Guerra de Sucesión a la corona española. Actualmente, el ejercicio del derecho a decidir y su concreción en forma de consulta a la ciudadanía resulta congruente con la historia política de Cataluña anterior a los citados decretos». Consell Assessor per a la Transició Nacional, Informe número 1. La consulta sobre el futur polític de Catalunya, pág. 46.

1170 Consell Assessor per a la Transició Nacional, Informe número 1. La consulta sobre el futur polític de Catalunya, págs. 33-34.

1171 Consell Assessor per a la Transició Nacional, Informe número 1. La consulta sobre el futur polític de Catalunya, págs. 38-39.

1172 D. Rieff, Contra la memoria, Barcelona, Debate, 2012, pág. 37.

CAPÍTULO 18

Una aproximación a la bibliografía sobre Cataluña publicada en los últimos años (enero 2010-mayo 2014)

Andrea Donofrio

Desde el punto de vista editorial, en los últimos años se ha asistido a la publicación de un ingente número de libros sobre el tema de Cataluña, las supuestas razones de la independencia y las reivindicaciones catalanas. La escalada de tensión entre Barcelona y Madrid —o más bien entre Cataluña y el resto de España— de cara a una posible consulta sobre la soberanía de Cataluña ha venido acompañada por un aumento directamente proporcional de la producción de libros, artículos y publicaciones sobre independentismo o separatismo catalán. Aunque es cierto que el goteo de libros sobre el tema empezó a darse más regularmente desde la Diada de 2012, su crecimiento exponencial se ha producido en el último año desde las declaraciones de Artur Mas sobre la posibilidad de organizar una consulta soberanista.

A continuación se presenta una bibliografía de los últimos años: se trata de una muestra que no pretende en absoluto ser exhaustiva, sino que más bien tiene el objetivo de certificar este incremento. Además de demostrar el gran interés que esta temática despierta y de intentar construir una historiografía catalana alternativa, la relación de libros certifica los esfuerzos por parte de los independentistas de «promocionar» su propio relato, de explicar —no siempre de forma convincente— las razones que estarían en la base de su decisión, y, finalmente, trata de subrayar las diferencias con una España frecuentemente descrita como «intolerante, despótica e injusta». En la lista de publicaciones recopilada —muchas en catalán—, los autores intentan persuadir al lector de los supuestos beneficios de la independencia, poniendo el acento en las diferencias entre Cataluña y el resto de España.

Al mismo tiempo, merece la pena subrayar que se han publicado libros que demuestran la falacia del planteamiento catalán, la superficialidad a la hora de enfrentarse al tema económico —empezando por los costes de la independencia— y la agresividad verbal de una parte del discurso catalanista. No obstante, también cabe destacar la aparición de diferentes publicaciones que podríamos tildar de marcadamente españolistas, que pecan de arrogancia y superficialidad, mostrando una postura poco dialogante, cerrada e incluso políticamente contraproducente, ya que no contribuyen a implantar un debate constructivo y aumentan mutuamente el recelo, la incomprensión y la hostilidad entre las partes.

Una reflexión más: merece la pena destacar que varias publicaciones procatalanistas de estos años han contado con financiación pública, ayudas y subvenciones. Eso también explica el crecimiento de material sobre el tema.

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Los autores

Alabrús Iglesias, Rosa M.ª: Profesora agregada, Universitat Abat Oliba CEU.

Álvarez Barrientos, Joaquín: Investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Andújar Castillo, Francisco: Catedrático de Historia Moderna, Universidad de Almería.

Blanco Valdés, Roberto L.: Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Santiago.

Carreras, Francesc de: Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Autónoma de Barcelona.

Castro, Demetrio: Catedrático de Historia del Pensamiento Político y los Movimientos Sociales, Universidad Pública de Navarra.

Donofrio, Andrea: Coordinador del Centro de Historia de la Fundación Ortega-Marañón.

Fuentes Aragonés, Juan Francisco: Catedrático de Historia Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid.

García Cárcel, Ricardo: Catedrático de Historia Moderna, Universidad Autónoma de Barcelona.

García Hernán, David: Profesor titular de Historia Moderna, Universidad Carlos III de Madrid.

López-Cordón Cortezo, M.ª Victoria: Catedrática emérita de Historia Moderna, Universidad Complutense de Madrid.

Morales Moya, Antonio: Catedrático emérito de Historia Contemporánea, Universidad Carlos III de Madrid. Codirector del Centro de Historia de la Fundación Ortega-Marañón.

Orduña Rebollo, Enrique: Secretario General de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal.

Peña Díaz, Manuel: Profesor titular de Historia Moderna, Universidad de Córdoba.

Polo, Clemente: Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma de Barcelona.

Ribot, Luis: Catedrático de Historia Moderna, Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Tortella, Gabriel: Catedrático emérito de Historia de la Economía, Universidad de Alcalá.

Ucelay-Da Cal, Enric: Catedrático emérito de Historia Contemporánea, Universidad Pompeu Fabra.

Edición en formato digital: 2014

Ilustración de cubierta: Vista general de la ciudad y del puerto de Barcelona tomada del pie de Montjouy (grabado), en A. de Laborde, Voyage pittoresque et historique de l'Espagne, París, 1806. © Album/sfgp

© Los autores, 2014

© Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S. A.)

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28027 Madrid

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ISBN ebook: 978-84-376-3322-0

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