José Babiano y Javier Tébar (coords.)

Prólogo de Unai Sordo

14D, historia y memoria

de la huelga general

El día que se paralizó España

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14D, HISTORIA Y MEMORIA DE LA HUELGA GENERAL.

EL DÍA QUE SE PARALIZÓ ESPAÑA

eISBN: 978-84-9097-582-4

ISBN: 978-84-9097-558-9

DEPÓSITO LEGAL: M-33.085-2018

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ESTE LIBRO HA SIDO EDITADO PARA SER DISTRIBUIDO. LA INTENCIÓN DE LOS EDITORES ES QUE SEA UTILIZADO LO MÁS AMPLIAMENTE POSIBLE, QUE SEAN ADQUIRIDOS ORIGINALES PARA PERMITIR LA EDICIÓN DE OTROS NUEVOS Y QUE, DE REPRODUCIR PARTES, SE HAGA CONSTAR EL TÍTULO Y LA AUTORÍA.

PRÓLOGO

La huelga general del 14 de diciembre de 1988 alude directamente al imaginario colectivo en España: el 14D fue la huelga total. Supone un cierto punto de inflexión entre la explorada vertiente épica del sindicato sustentada en la lucha antifranquista y el decidido trabajo en favor de la consolidación democrática en nuestro país, así como el papel posterior como fundamental agente vertebrador de un modelo social y de relaciones laborales, que en el año 1988 presentaba aún enormes deficiencias. 

El 14D fue el golpe encima de la mesa para situar a CC OO y la UGT como actores sociales autónomos que reivindicaban su rol decisivo en la modernización pendiente que tenía España en cuestiones tan dorsales como su sistema impositivo, el desarrollo de las políticas universales de sanidad, pensiones, etc. El país sufría las consecuencias sociales de un agresivo proceso de reestructuración económica, en un momento de intenso crecimiento en términos macroeconómicos.

Al modelo de devaluación interna (entonces aún con la posibilidad de devaluación de la moneda) se añadía una ofensiva normativa desregulatoria en materia de contratación, con una apuesta estratégica (que aún hoy pagamos) por la temporalidad como forma de ajuste del volumen de trabajo al ciclo económico, y con especial énfasis en la inserción de las personas jóvenes en condiciones de pobreza laboral. Aquella “deriva liberal” del Gobierno de Felipe González encontró una réplica sin precedentes en la huelga del 14D, posteriormente acompañada por procesos de negociación y nuevas convocatorias de huelgas generales pocos años después.

El periodo que transcurre entre el final de la década de los ochenta y los años noventa suele ser menos apelado que otros, en el país en general y en el imaginario sindical en particular. En los últimos años se han reavivado polémicas sobre el significado del franquismo y la dictadura (recientemente revividas por el revisionismo seudohistórico ante la exhumación de los restos del dictador), así como sobre la singular expresión de la transición política en España y la evaluación (a veces un tanto ventajista) de aquel proceso de adecuación de nuestro sistema político al entorno europeo.

En este contexto, CC OO ha tratado de poner en valor el papel de la organización, antes y después de nuestra legalización, a través de numerosos actos, conmemoraciones, publicaciones, etc. Se trata, sin duda, de un ejercicio legítimo de reivindicación de nuestro lugar en la historia del país. Y lo hemos hecho porque el relato de la transición ha contemplado solo colateralmente la decisiva participación del movimiento obrero y la singular experiencia de aquellas CC OO a la hora de descarrilar el proyecto de transición que simbolizaba Arias Navarro. Aquellas “galernas de huelgas” y aquellas negativas a una legalización de fuerzas políticas y sindicales “a plazos” contribuyeron de forma importante a configurar aquellos años convulsos. Y porque la transición ni fue tan lineal ni fue tan pacífica. 

Pero además de este ejercicio legítimo en unos años tan significativos como son los aniversarios de la Asamblea de Barcelona, del Proceso 1001 o el emocionado recuerdo de la matanza de Atocha, hay otra etapa de la historia de las CC OO que debemos poner muy especialmente en valor, y que tiene en la huelga del 14 de diciembre de 1988 un punto de relevancia igualmente histórica.

La llegada del Partido Socialista al poder con un enorme caudal de legitimidad electoral, el difícil asentamiento de la democracia, las profundas crisis de empleo, el obsoleto aparato productivo español, la incorporación a la Comunidad Económica Europea y los condicionantes para ello (incluida la apuesta atlantista) o el deficitario marco normativo que regulaba las relaciones económicas, laborales o fiscales constituyen algunas de las aristas del complejísimo poliedro que era la España de finales de los ochenta.

Si la transición política tiene la efervescencia de los hitos, los siguientes lustros tienen el poso de los procesos. Quizás por ello tiene menos peso en nuestro propio imaginario colectivo, pero seguramente tiene mucha más relevancia a la hora de explicar nuestras fortalezas y debilidades, la propia composición socioeconómica del país y las paulatinas derivas sociológicas y sociopolíticas que particularmente en la izquierda se estaban dando y que se acelerarían con la posterior caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética y la dialéctica de bloques.

Me atrevo a decir, con toda la prudencia y distancia de periodos históricos distantes y distintos, que la combinación de crisis económicas que acarreaban cambios radicales en el tipo de tejido productivo, superada en términos macro a través de políticas desigualitarias, así como un cierto cambio en las formas representativas en las que se interpretaba la izquierda, aportan más similitudes con la actual fase de crisis social, económica y política que invitan a repensar la acción sindical.

En aquel contexto, la huelga del 14D supuso una renovación del vínculo sindical con la sociedad que nos otorgaba un reconocimiento producto del cercano bagaje de la lucha antifranquista, pero que requería una actualización en términos de penetración sindical porque esa misma sociedad cambiaba de forma soterrada, como la década de los noventa se encargó de dejar claro. Necesitábamos mejorar nuestra fortaleza como interlocutor social real, más allá del que se deriva del reconocimiento constitucional, impulsar de verdad nuestra afiliación, la densidad representativa en el marco de las elecciones sindicales o gobernar los procesos de negociación colectiva para extender la cobertura de la misma. Lo hacíamos tras un relevo en la Secretaría General que había llevado a Antonio Gutiérrez a simbolizar ese cambio de época, que se iba a convertir en un cambio de paradigma en la sociedad española. 

En más de una ocasión, y al hilo del debate de las últimas ponencias que se aprobaron en el XI Congreso de CC OO, he comentado que, entre otras cosas, necesitamos una relegitimación social del hecho sindical. Lo creo así porque la vieja legitimidad de la épica antifranquista, y la que se deriva de hitos de movilización como singularmente fue el 14D, no sirven ante una sociedad en la que las formas de representación y de mediación democrática clásicas son cuestionadas, lo que dificulta la agregación de intereses colectivos que un sindicato de clase como CC OO aspira a representar.

Y ese proceso de relegitimación presenta al menos dos bloques de retos. En primer lugar, se trata de resituar al sindicato en el centro de trabajo como un agente organizador y no solo, o principalmente, representativo. La forma representativa del sindicato nace en el marco de la empresa y el centro de trabajo, pero la forma organizada del sindicato debe hacer frente a las múltiples realidades objetivas y subjetivas ante las que se encuentra la actual clase trabajadora, heterogénea y fragmentada.

En segundo lugar, debemos englobar la acción del sindicato en una perspectiva sociopolítica que nos aleje de convertirnos en una marca de intereses corporativos agregados. Y ello teniendo en cuenta que nos movemos en un contexto no exento de hostilidad, configurado, por un lado, por la horizontalización de la información que, a su vez, se debate en una tensión entre la democratización y la banalización de la misma. Por otro, nos desenvolvemos en una fase histórica en la que (y no solo desde la vertiente más conservadora del aparato mediático) se obvia sistemáticamente el hecho sindical como expresión sociopolítica del trabajo organizado. Se trata, por último, de una fase también con débiles referencialidades políticas, en la que se conjuga la combinación de la crisis de la socialdemocracia y el alejamiento de las nuevas formas de expresión política progresista de la acción material del sindicalismo (exceptuando las expresiones conflictuales, percibidas “extramuros” del sindicato y más cercanas al terreno de la simbología, que de una verdadera puesta en valor del hecho sindical).

Hay momentos históricos de ruptura de consensos de una manera más o menos explícita que requieren formas de renovación de legitimidades. El fin del franquismo sin duda fue el más obvio, por el propio cambio en la forma política del Estado y la concurrencia electoral que configuró de forma sorpresiva (para muchos) el nuevo escenario postransición. La parte final de la década de los ochenta, tras la reestructuración del país, demandaba nuevos modelos para una sociedad que en la década de los noventa iba a cambiar de fisonomía social. Si bien ese cambio no se refería a opciones representativas, sí era de relajación del vínculo político de la mayoría social. Esto indirectamente afectaba al vínculo de clase, por lo que el sindicato debía articular sus autoreferencias autónomas. La ruptura del modelo de “crecimiento dopado” previo a la crisis de 2008 ha hecho emerger una crisis de legitimidad del aparato representativo con pocos precedentes, en una sociedad que atravesó prácticamente dos décadas de despolitización e individualismo creciente, lo que hace particularmente complejo el reto de relegitimación sindical.

Sin duda este trabajo puede contribuir a entender desde diversos prismas lo que supuso el 14D. Con toda seguridad, producto de la lucidez y la calidad de los autores y autoras, permitirá un ejercicio de aprendizaje histórico, que no de nostalgia, y una ayuda para entender el papel de aquel hito en el proceso más general del periodo, lo que seguro será útil para orientar el momento actual.

Unai Sordo

Secretario general de CC OO

INTRODUCCIÓN

14D, 30 AÑOS DESPUÉS

JOSÉ BABIANO Y JAVIER TÉBAR

La libertad […]

es el alba de un día de huelga general.

Joan Margarit

Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan memoria, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas.

Rodolfo Walsh

“La emancipación de la clase obrera debe ser obra de los obreros mismos…”. Con esta frase comenzaban los estatutos aprobados por la Asociación Internacional de Trabajadores, la I Internacional, en Londres, hace más de siglo y medio. Hoy, por supuesto, diríamos que es obra de los obreros y las obreras. Y añadiríamos también que no solo la emancipación, sino que también la memoria obrera misma ha de ser obra de los trabajadores y las trabajadoras, de sus organizaciones.

La retórica neoliberal, en la medida en que es hegemónica, se ha convertido en la retórica del sentido común, ha expulsado al trabajo del discurso público. Lo oculta, creando neologismos y salpicando de anglicismos ese mismo discurso. De manera que a la gestión de la mano de obra por control remoto, valga la expresión, a través de una aplicación informática, se la llama economía colaborativa. Un bonito nombre, si no fuera porque esconde una severa explotación de las personas que trabajan en estos sectores que, además, son despojadas de su condición salarial y, por lo tanto, de sus derechos laborales básicos. También, por citar un segundo ejemplo, a los mensajeros de antaño, ahora se les llama riders. Con la diferencia de que ahora trabajan sobre una bicicleta en lugar de sobre una moto, lo que les hace más vulnerables ante el tráfico urbano, y su empleador no les contrata, sino que les empuja a convertirse en falsos autónomos.

Si, como parece obvio, el trabajo es expulsado continuamente del discurso público, también lo es de la memoria pública (o de las memorias) y de la propia historia del trabajo. No tenemos ahora espacio para desarrollar esta idea, pero bastaría con detenerse en los contenidos de los medios de comunicación o con prestar atención a los repertorios de la historia profesional, o incluso al lenguaje de la propia izquierda. Naturalmente, no estamos pensando en un fenómeno local, porque el neoliberalismo no lo es.

Este es el contexto en el que los autores/as de este libro hemos afrontado su escritura, a treinta años de la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Carecemos de artes adivinatorias, pero nos tememos que según se vaya aproximando esa fecha no presenciaremos muchas iniciativas de orden conmemorativo, descontando, claro está, las que lleven adelante las propias organizaciones sindicales. Pensamos modestamente que por esa razón esta obra puede ser importante.

Durante mucho tiempo, el 14D ha sido una suerte de patrón con el que las sucesivas huelgas generales han tendido a compararse en términos de participación y resultados. Y no solo por los medios de comunicación, sino también por los propios militantes y cuadros sindicales que se han visto involucrados en su organización. Hoy ya no tiene mucho sentido esa comparación, sencillamente porque el mundo del trabajo ha cambiado sustancialmente con relación al de hace tres décadas. Pero esa tendencia a comparar nos habla de su importancia. Por supuesto, tanto la prensa del día después como los sucesivos análisis posteriores siempre han hecho hincapié en el éxito de aquel paro de 24 horas cuyo objetivo no era otro que ampliar los derechos del trabajo, torciendo de ese modo la deriva liberal del Gobierno de Felipe González en un contexto de crecimiento económico y abultados beneficios empresariales.

Por otro lado, si hay una huelga en la historia de España después de 1977 cuyos resultados se puedan medir de manera concreta, esa es el 14D. Pero para hacer este ejercicio de medición no podemos quedarnos en las manifestaciones celebradas como cierre de aquella jornada. Es necesario avanzar en el tiempo un par de años. Entonces comprobaremos dónde se sitúa el origen de las pensiones no contributivas en España, la revisión automática de las pensiones en función del IPC (algo que desapareció durante el Gobierno de Rajoy) o los plenos derechos a la negociación colectiva de los empleados públicos. Y más allá de una serie de derechos concretos, una duradera unidad sindical ha de comprenderse como parte sustancial de los réditos de la huelga. Los sindicatos, además, lograron acordar en común la Propuesta Sindical Prioritaria (PSP) y la Iniciativa Sindical de Progreso (ISP). Ambos documentos dan fe de una notable capacidad de propuesta y bien pueden considerarse en su conjunto como un auténtico programa de gobierno en materia social y laboral.

Todos estos detalles no pueden quedar ocultos, deslumbrados por la masividad de la participación o por el fundido a negro, tras el corte de la señal de televisión a las 0:00 horas de aquel 14 de diciembre, porque también forman parte del legado de esa huelga.

En este libro hemos querido abordar el 14D desde diferentes perspectivas, acercándonos a él desde el punto de vista de la historia y también desde el prisma de la memoria. Dos modos de visitar el pasado. En el primer capítulo, con el que inauguramos la sección de análisis histórico, hemos situado al 14D en su contexto. Irremediablemente nos hemos remontado a los años de la reconversión industrial como una suerte de antesala. Más allá de los aspectos económicos y de sus desastrosos efectos en términos de pérdida de empleo industrial, la reconversión significó un giro de época. Muchos cinturones industriales se transformaron en periferias de chatarra y después en espacios de especulación urbana. La fuerza laboral se fracturó generacionalmente, porque no hubo posibilidades de una segunda generación industrial, ni de transmisión de una cultura obrera construida en el escenario fordiano y en la resistencia contra Franco. Muchas comunidades obreras quedaron heridas por el desempleo y la precariedad, a la par que las organizaciones sindicales quedaron exhaustas y a menudo enfrentadas.

Pero el contexto del 14D también se configuró a través de una nueva ola de conflictividad laboral —en la enseñanza pública, en el sector de mensajería, etc.— y social: los estudiantes, que no habían sido partícipes de la resistencia a la reconversión industrial.

Por supuesto, sin la política laboral desarrollada por el Gobierno de González no puede comprenderse el 14D. El arco de bóveda de esa política laboral no fue otro que la extensión de la contratación temporal descausalizada mediante diversas fórmulas, lo que permitió disciplinar y abaratar la mano de obra. Hoy bien puede decirse que la temporalidad se ha convertido en el modo de gestión de la fuerza de trabajo. Por supuesto, la política laboral se hallaba encastrada en una política económica general de orientación liberal. De estas consideraciones se ocupa en su capítulo Laura Mora.

Antonio Gutiérrez fue uno de los principales protagonistas del 14D y, en ese sentido, podría haber aportado su testimonio personal. Sin embargo, su contribución se sitúa en la primera parte de análisis histórico de este volumen. Partiendo de una comparación con una serie de huelgas generales, habidas a lo largo de la historia de nuestro país, Gutiérrez sitúa los orígenes de la huelga general de 1988 en la deriva de la política económica del gobierno del PSOE. A continuación se detiene en su organización, desarrollo y resultados. Del mismo modo, toma en consideración los diferentes modelos de diálogo social, anteriores y posteriores a la huelga.

Carmen Rivas cierra la primera parte del libro con un minucioso estudio del tratamiento que hicieron del 14D los grandes medios de comunicación. Lo interesante del análisis de Rivas es que pone sobre la mesa el giro emprendido entonces por las empresas periodísticas en su quehacer informativo y editorial en lo que concierne a las propias huelgas (después del 14D han tenido lugar media docena de huelgas generales) y a la acción de los sindicatos. En este giro de no retorno se advierte una indisimulada hostilidad y la construcción de un discurso cuajado de imágenes y términos continuamente repetidos. A tal punto que muchos editoriales y artículos de opinión resultan completamente intercambiables; es decir, que lo mismo que sirvieron para los prolegómenos del 14D pudieron publicarse en las vísperas de las dos huelgas generales de 2012. Una capacidad de invención argumentativa muy escueta, por lo tanto.

Aunque los tres capítulos siguientes, dedicados a la memoria del 14D, tienen una extensión más reducida que los dedicados al análisis histórico, consideramos que su importancia es crucial. En primer lugar, las aportaciones de Pilar del Río y de Mercedes de Pablos representan una cuña en una memoria que es fundamentalmente masculina, lo que nos parece muy saludable. Periodistas ambas, vivieron el 14D en situaciones y lugares muy diferentes, pero en ambos casos nos transmiten una visión de unos acontecimientos vividos y recordados con emoción. Por ultimo, Joan Gimeno es el único de los autores que no vivió el 14D, ni como testigo ni como participante, ya que todavía no había nacido. Su capítulo está consagrado, en consecuencia, a la posmemoria; es decir, a una memoria transmitida y no vivida. Una posmemoria contaminada, según cree, por lo que llama, en expresión de Enzo Traverso, la melancolía de la izquierda. De cierta izquierda, se diría. Pero más allá, trata de rastrear los ecos del 14D en las luchas fragmentarias de hoy en día, como si esos ecos facilitasen coser los fragmentos e imaginar de nuevo un horizonte emancipatorio.

PRIMERA PARTE

LA GRAN HUELGA: UN ANÁLISIS HISTÓRICO

CAPÍTULO 1

LA ÉPOCA DEL 14D, VISTA DESDE HOY

JOSÉ BABIANO Y JAVIER TÉBAR

Han pasado ya tres décadas desde la huelga general del 14 de diciembre de 1988 (14D, en adelante). Desde entonces se han producido numerosos cambios económicos, políticos, sociales y culturales, de manera que el contexto histórico del 14D es muy diferente al de hoy. Aunque existe un aspecto que guarda una extraordinaria similitud, y es que, actualmente, después de una crisis económica que comenzó en 2008 y que ha resultado devastadora en términos de empleo e ingresos para la gente trabajadora, la economía española lleva creciendo ininterrumpidamente desde el segundo trimestre de 2014; es decir, durante más de cuatro años. A pesar de ello, la desigualdad social continúa creciendo, los salarios no consiguen recuperar el nivel previo a la crisis, persisten altas tasas de paro y el empleo que se crea es predominantemente precario. Así las cosas, esta situación que vivimos hoy tiene mucho que ver con las políticas de austeridad, de corte neoliberal, desplegadas a partir de la propia crisis.

LA CRISIS Y EL PARO

Del mismo modo, los años que precedieron al 14D se caracterizaron, primero, por una profunda y duradera crisis. Luego, le sucedió una recuperación de la economía durante la que el Gobierno se resistía a efectuar un giro social, tal y como demandaban entonces los sindicatos, persistiendo en una política económica liberal de control del déficit público por encima de cualquier otra consideración. El Gobierno, como se sabe, estaba presidido por Felipe González, y entre sus ministros del área económica nunca hubo, ni por formación ni por convicción, ninguno de orientación lejanamente keynesiana. Como indicó en su momento Wolfgang Merkel (Merkel. 1995) el Gobierno del PSOE fue, de entre todos los gobiernos socialdemócratas del sur de Europa, el más orientado hacia el mercado.

Vayamos por partes. La muerte del dictador puso al desnudo una crisis económica muy aguda cuyo detonante —que no la causa— a nivel internacional había sido el crack del petróleo de 1973. La crisis presentó entonces una combinación singular de estancamiento económico y alta inflación, que en la jerga económica vino a llamarse estanflación. De ese modo, entre 1976 y 1982, la economía española creció en torno a un 1,5 por ciento de media anual. Tendría que llegar 1986 para que el PIB creciera por encima del 3 por ciento. El desempleo se convirtió en el primer problema de la economía, debido a la destrucción de puestos de trabajo. Por citar dos datos en este sentido, cabe recordar que los expedientes de regulación de empleo, autorizados entre 1976 y 1985, supusieron casi 600.000 despidos. Igualmente, solo en 1984 se estimaba que los planes de reconversión implicarían 65.000 despidos directos y otros 200.000 en las industrias auxiliares (Pérez Pérez, 2011; Babiano y Moscoso, 1991).

El paro, sin embargo, también creció debido a la entrada en el mercado laboral de la generación de los baby boomer, resultante de un inusual repunte en las tasas de natalidad en nuestro país. En efecto, entre los países de Europa Occidental, la tasa española acumulada de natalidad entre 1960 y 1975 solo era superada por Portugal y fue mucho mayor que la de la RFA, Gran Bretaña, Francia o Italia. La entrada en el mercado laboral formal de las mujeres también hizo que aumentase el desempleo. Y lo mismo sucedía, por último y en menor medida, con el retorno de los emigrantes que, habiendo salido en los años cincuenta y sesenta, regresaban de los diferentes países europeos de destino, cuyas economías habían entrado a su vez en crisis. El paro alcanzó niveles muy altos. Así, en 1985 la tasa de desempleo se situó en el 21,5 por ciento. Igualmente, si en 1975 había casi 12,8 millones de personas empleadas, una década después eran 11,1 millones. Mientras tanto, el empleo asalariado —es decir, el número de trabajadores— se redujo durante el mismo periodo desde los 9,8 millones hasta los 7,7 millones1.

Tal y como sucede en la actualidad, el desempleo afectaba con más intensidad a las mujeres y a los jóvenes. De manera que en 1985, mientras que la tasa de paro de los hombres era del 19,1 por ciento, la de las mujeres ascendía al 25,3 por ciento. Los jóvenes, a su vez, se veían afectados por el desempleo en un 35,7 por ciento, lo que significa más de 14 puntos por encima de la tasa general. Entre tanto, la protección al desempleo se derrumbó, pasando del 62,2 por ciento en 1975 al 31,1 por ciento en 1986, según los datos del INEM. Aunque no está, ni mucho menos, probada una correlación positiva entre la persistencia de la crisis y el incremento de la economía sumergida y el empleo negro, sin derechos, lo cierto es que ambos fenómenos permanecieron como un fenómeno estructural. Aunque lógicamente es prácticamente imposible determinar sus dimensiones, algunas estimaciones situaron a la economía sumergida entre la quinta y la cuarta parte del conjunto de la economía. Por último, el poder de compra de los salarios descendió 8,2 puntos entre 1979 y 1986, el año del repunte económico.

Durante esta larga y crítica década, la prioridad de la política económica se situó en la batalla contra la inflación y el déficit público, atacando a la primera mediante la contención salarial y al segundo a través del control del gasto público. La lógica, tanto del Gobierno de UCD como del PSOE, se basaba así en la reconstrucción del beneficio empresarial con la esperanza de que, a continuación, se produjesen las deseadas inversiones y tras ellas, en último lugar, la creación de empleo. Es decir, el núcleo de la famosa proposición neoliberal de la teoría del goteo. Pero esta lógica no funcionó ni funciona, por lo que hemos visto recientemente, exactamente así.

RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO

Si hubo dos vocablos que se impusieron con gran éxito en el lenguaje público de los años ochenta, fueron modernización y flexibilidad. Ambos resultaron profusamente invocados por los medios de comunicación, las entidades del mundo empresarial y el Gobierno de Felipe González. En el ámbito de la teoría económica, modernización es un término un tanto escurridizo. Seguramente por eso en la literatura académica a menudo se escribe en cursivas o entrecomillado. De hecho puede significar una cosa y su contraria. Así, por ejemplo, durante el tardofranquismo venía a ser sinónimo de industrialización. Sin embargo, alrededor de una década después la modernización llevó consigo un fuerte y definitivo proceso de desmantelamiento industrial. En relación a la época de los gobiernos de González, para algunos autores modernización era sinónimo de ideología (Gálvez, 2013); para otros, implicaba una serie de reformas al objeto de remozar una administración heredada de la dictadura, alcanzar el estado de bienestar y romper el aislamiento histórico del país (Ysàs, 2011; Soto, 2006). En realidad, entonces nadie sabía a ciencia cierta en qué consistía (Pérez Pérez, 2011). Para nosotros y para lo que aquí interesa, ya hemos dicho que la modernización incluyó un severo proceso de desindustrialización. Eufemísticamente fue bautizado como reconversión industrial. Un poco más adelante nos referiremos a ella.

En cuanto a la flexibilidad, al margen de las definiciones más o menos sofisticadas en las que se distinguía entre flexibilidad externa —referida a la entrada y salida del mercado de trabajo— y flexibilidad interna —concerniente a la diversidad de funciones dentro de la empresa—, de facto se trataba, pura y simplemente, de la capacidad del empresario para despedir a sus trabajadores. A mayor flexibilidad, mayor facilidad para el despido. Para que la flexibilidad así entendida prosperase, fue necesaria una legislación laboral destinada a extender la contratación temporal. Paradójicamente, la flexibilidad, en tanto que capacidad empresarial para despedir, se tomaba (y se sigue tomando en la ideología neoliberal) como receta para la creación de empleo.

Más allá de incrementar la facilidad del empresario para despedir, la flexibilidad supuso la devaluación de los salarios, así como la modificación de horarios y jornadas a voluntad del empresario y, en suma, un incremento, tanto de la disponibilidad de los trabajadores hacia la empresa como del poder de esta última. Además, el discurso de la flexibilidad siempre hacía recaer el mal de la rigidez sobre la mano de obra. De manera que nunca contempló la posibilidad de atribuir ese problema a la estructura productiva o a aspecto alguno de la gestión empresarial. Así puede comprobarse leyendo cada uno de los preámbulos de las leyes de reforma laboral llevadas a cabo en nuestro país.

La modernización en el sentido de desindustrialización y la flexibilidad no solo fueron dos vocablos destacados del discurso público de los años ochenta. Supusieron, respectivamente, un proceso socioeconómico y una serie de modificaciones en la legislación laboral que resultaron cruciales desde dos puntos de vista. En primer lugar, a la hora de entender el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. En efecto, pues la reconversión vino a ser una suerte de exigencia a la hora de entrar en Europa, donde las reestructuraciones industriales se pusieron en marcha con anterioridad mientras que en España se retrasó debido a la pujanza del movimiento obrero al final de la dictadura. En segundo lugar, su importancia reside en que contribuyen a la comprensión del capitalismo de la globalización en nuestro país. Un capitalismo en el que la temporalidad y por consiguiente la precariedad se han convertido en la clave de bóveda del modo de gestión de la mano de obra. Como ya analizamos la flexibilidad por la vía de la extensión de la temporalidad en otro capítulo de este libro, vamos a centrarnos a continuación en la cuestión de la desindustrialización.

La reconversión industrial se inició a partir de 1977, y todavía en los años noventa había algunas empresas y sectores involucrados. Las empresas afectadas pertenecían a los sectores industriales maduros; es decir, la siderurgia, la construcción naval, la fabricación de máquinas-herramienta y bienes de equipo, los electrodomésticos, la fabricación de automóviles, la química, el textil, etc. Ciertamente, al final del franquismo estos sectores habían entrado en un periodo de obsolescencia y necesitaban una fuerte inyección de tecnología y capital, además de redimensionarse para resultar competitivos en la economía internacional. Pero esto es una cosa y otra muy distinta el cierre definitivo de empresas y el despido de sus plantillas sin alternativa industrial y ocupacional de ningún tipo. Esto fue lo que finalmente sucedió.

Fueron los gobiernos de la UCD los que pusieron en marcha las primeras medidas de reconversión. Inicialmente, entre 1977 y 1980, salvo los acuerdos en el sector naval firmados en 1978, no se afrontaron reestructuraciones sectoriales y la política industrial se saldó con nacionalizaciones y subvenciones a las empresas en crisis. Esto sirvió especialmente para salvaguardar los intereses de la banca que había invertido en la industria y de algunos empresarios deseosos de acceder a las ayudas públicas. A partir de 1980, sin embargo, se abordaron planes sectoriales y la posición negociadora del Gobierno se endureció, lo que obligó a los sindicatos a recurrir a la movilización. Hubo una amplia gama de sectores afectados por las reestructuraciones. En todo caso, durante la época de la UCD se perdieron del orden de 600.000 empleos industriales y desparecieron muchas empresas. Fueron sobre todo talleres y pequeñas empresas auxiliares, cuyos trabajadores serían los más perjudicados del proceso de reconversión, dada la debilidad de los sindicatos en las pequeñas plantillas y su nulo poder contractual (Marín, 1997).

Aunque los cierres industriales se prolongarían hasta los años noventa, la fase más dura de la reconversión tuvo lugar entre 1982 y 1986, durante la primera etapa del gabinete de Felipe González. El PSOE no se tomó muy en serio el diseño de la política industrial a través de la concertación. De hecho, podemos adivinar su filosofía en esta materia en una suerte de memorias del por entonces ministro de Industria (y después, entre 1985 y 1993, de Economía):

Es cierto que su instrumentación no se hizo exactamente sobre las pautas de extinción de contratos de trabajo de los excedentes laborales que yo había defendido y que no solo hubieran ahorrado dinero a los contribuyentes, sino que, además, hubieran supuesto un aviso para los sindicatos sobre el coste de mantener posturas rígidas en materias de ajuste industrial en momentos de grave crisis (citado por Marín, 2006: 86).

Añádase a ello su famosa frase de que “la mejor política industrial es la que no existe” y se comprenderá la inspiración fuertemente liberal con la que se abordó inicialmente aquel proceso. Se trataba, como acabamos de leer, de despedir a los trabajadores sin más. Y no solo eso, sino que también había una clara amenaza a los sindicatos. Solchaga admitió igualmente que lo que contemplaba no era una reconversión de la industria, sino, dado el buen clima del país, un futuro basado en el sector agroalimentario y de las energías no renovables, además de en los servicios de ocio y turismo. En lo concerniente a los servicios acertó plenamente.

Los sindicatos, por su parte, mantuvieron diferentes posiciones frente a los planes socialistas de reconversión. Por un lado, la UGT se mostró más comprensiva, firmando algunos acuerdos en solitario como el del sector naval. CC OO mantuvo desde el principio una posición combativa y de rechazo. Por esa razón el Gobierno expulsó a sus representantes de las mesas de seguimiento de los acuerdos que no firmó, así como de las mesas de negociación. En todo caso, la política socialista de reconversión industrial encontró una fuerte resistencia por parte de los trabajadores afectados, especialmente a lo largo de 1983 y 1984. De tal suerte que junto a los conflictos en cada empresa se sucedieron masivas huelgas generales en las comarcas concernidas: Sagunto, Cádiz, Ferrol, Ría de Bilbao, etc. Debe tenerse en cuenta al respecto que el cierre de empresas no solo representaba el final de una actividad económica y el desempleo masivo, sino el ocaso definitivo de todo un medio de vida en dichas comarcas. También se sucedieron jornadas de paros sectoriales de solidaridad.

Estas movilizaciones situaron a 1984 en un repunte de la curva de conflictividad laboral, aunque sin llegar, ni de lejos, a los niveles de 1979 (Babiano y Moscoso, 1991). Asimismo, configuraron un repertorio de acción colectiva amplio y diverso que combinaba acciones masivas como paros, concentraciones o manifestaciones y otras, minoritarias y de corte más radical, como cortes de vías urbanas y carreteras, ocupación de instalaciones fabriles o enfrentamientos callejeros con la fuerza pública. En este repertorio de acción colectiva se incrusta el imaginario obrero de la reconversión industrial. Un imaginario forjado en las grandes huelgas del final de la dictadura y en el que las libertades estaban indisolublemente ligadas a la mejora de las condiciones de vida (Ruzafa, 2017). En todo caso, se trataba de conflictos típicos de los ciclos depresivos de la economía; por lo tanto, eran protestas de carácter defensivo (el objetivo no es otro que conservar el empleo), dispersos y discontinuos, difíciles de centralizar y coordinar, en ocasiones virulentos y con muchas dificultades para saldarse en victorias de los trabajadores (Babiano y Moscoso, 1991).

Cabe añadir que, a pesar de las diferentes posiciones con las que inicialmente encararon la reconversión, a menudo ambos sindicatos coincidieron en la resistencia en cada empresa o sector. Esto fue sucediendo a medida que la UGT comprobaba que los acuerdos suscritos en solitario con el Gobierno no daban los resultados esperados. De este modo, fue la movilización la que impidió que los planes originarios del ministerio de Industria, centrados en despidos sin más, se llevaran a cabo. La movilización, por lo tanto, dio paso a las prejubilaciones y a otros subsidios que dignificaron el final de las vidas laborales de los trabajadores despedidos.

No obstante, las medidas concebidas para la recolocación de los excedentes de mano de obra, como los Fondos de Promoción de Empleo (FPE), o para generar un nuevo tejido industrial en las comarcas deprimidas tras el desmantelamiento industrial, como las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR), carecieron de viabilidad. Entre otras razones debido a que las ZUR solo captaron en torno al 2 por ciento de los recursos públicos destinados a la reconversión durante la época de Carlos Solchaga.

Por otro lado, el discurso del Gobierno socialista insistía en contraponer los intereses de los trabajadores reconvertidos frente a los del contribuyente. Daba a entender de este modo que los primeros eran particulares —como si por ello careciesen de legitimidad— mientras que los segundos eran de tipo general. Eso es exactamente lo que viene a señalar Solchaga en el párrafo que hemos citado un poco más arriba. Sin embargo, hay que recordar que el ajuste laboral absorbió solo el 8 por ciento de los recursos públicos destinados a la reconversión que, en conjunto, supusieron en torno a tres billones de pesetas entre 1979 y 1989. Ahora bien, ¿quién se llevó, entonces, la mayor parte del pastel? La banca. La banca fue la gran beneficiaria de los subsidios y subvenciones otorgados con ocasión del desmantelamiento de la industria. Y eso se produjo a través del saneamiento financiero de las empresas y de la recuperación ventajosa de los créditos concedidos y de la inversión industrial. Todo ello sin contar con que la reconversión del sector bancario absorbió a su vez del orden de dos billones de pesetas del erario público (Marín, 2006).

Desde el punto de vista social, al final emergió una nueva figura ocupando el espacio público: el prejubilado cincuentón. Con unos ingresos dignos, tuvo a menudo que sostener también a la siguiente generación de jóvenes sin futuro laboral. La impotencia y la desolación se adueñaron de los cinturones industriales y de unas comarcas pobladas de ruinas fabriles y dominadas por la precariedad social. Los jóvenes retrasaron la edad de emancipación y prolongaron su estancia en el sistema educativo. Se produjo una ruptura definitiva en la clase obrera industrial desde el punto vista generacional. Como corolario a las difíciles situaciones en el plano social crecieron la enfermedad, los suicidios, el consumo de alcohol y la epidemia de la heroína, que asoló a comunidades obreras enteras (Ruzafa, 2017).

LA PERSISTENCIA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA LIBERAL DE FELIPE GONZÁLEZ

En torno a 1986, coincidiendo con la entrada en la entonces Comunidad Económica Europea, el rumbo de la economía española se enderezó. Según los datos de la Contabilidad Nacional de España, ese año el PIB creció 3,3 por ciento (frente al 2,3 por ciento y el 1,8 por ciento de 1985 y 1984, respectivamente); en 1987, lo hizo el 5,2 por ciento, mientras que el año siguiente se incrementó el 3,5 por ciento. Ese último año las empresas españolas multiplicaron por cuatro sus beneficios. El empleo mejoró levemente, dado que si en 1985 retrocedió un 1 por ciento, los dos años siguientes la Encuesta de Población Activa registró un aumento del 2,3 por ciento y del 4,5 por ciento sucesivamente. Sin embargo, la tasa de temporalidad casi se duplicó, pasando del 12 por ciento en 1985 al 23,3 por ciento en 1988. De ese modo se amplió la precariedad laboral que denunciaban los sindicatos (Gálvez, 2018). Por lo que se refiere a los salarios, a la altura de 1988, la participación de los salarios en la renta nacional había caído más de 5 puntos en los últimos seis años, pasando del 50,4 en 1982 al 45,2 en 1988 (Gálvez, 2013). Y no solo eso, sino que las situaciones de emergencia social se hicieron evidentes con toda su crudeza. Así, por ejemplo, en ese último año, el 23 por ciento de las familias españolas —o sea, ocho millones de personas— vivían por debajo del umbral de la pobreza. Igualmente, cuatro millones de españoles vivían en la pobreza absoluta (Serrano, 2013).

A pesar de este escenario de crecimiento económico combinado con precariedad laboral, desigualdad y pobreza, el Gobierno González se obstinó en mantener la orientación liberal de su política económica, basada en las medidas monetaristas, la contención salarial y la desregulación del mercado laboral, lo que favorecía extraordinariamente a las empresas en términos de costes laborales. Además, el Gobierno benefició a las empresas a través de las deducciones fiscales y otras medidas (Gutiérrez, 2013). Esta política económica se desplegó con cierta arrogancia frente a los trabajadores y sus sindicatos. Para colmo los años ochenta fueron los del gusto del establishment socialista por la llamada beautiful people, que simbolizaba la ciudad de Marbella, la época del enriquecimiento rápido de unos pocos frente a una inmensa mayoría (Pérez Pérez, 2011). Pronto llegarían los escándalos. Todo ello no hizo sino generar hartazgo y legitimar la protesta.

EL REGRESO DE LA MOVILIZACIÓN

El todavía ministro de Industria y Energía Carlos Solchaga aseguraba en el primer semestre de 1985 que la fase más dura de la reconversión había terminado. Que a partir de entonces el esfuerzo se centraría en la reindustrialización y la introducción de nuevas tecnologías, lo que debía caracterizar lo que se daría en denominar reconversión blanda. Sin embargo, aunque el proceso en la siderurgia oficialmente había finalizado el 31 de diciembre de 1984, no había concluido del todo. Restaba aún el saneamiento de las empresas y su acoplamiento a la industria comunitaria. Se mantendrían, por lo tanto, conflictos y huelgas en torno a estos planes, al mismo tiempo que persistían las discrepancias sindicales entre la UGT y CC OO en torno a la forma de hacerles frente.

Pero la protesta laboral afectaba también a otros sectores estratégicos, como el portuario, que en agosto de 1986 protagonizó una huelga secundada por el 80 por ciento de los trabajadores de puertos autónomos y juntas de puertos de toda España, reclamando el ingreso en el Régimen General de la Seguridad Social. Pocos meses después se sumarían otros colectivos. Así, el 6 de octubre, más de un millar de estibadores se movilizaban contra la reforma de la Organización de Trabajos Portuarios. Los trabajadores de Correos, a su vez, trataron de evitar traslados forzosos mientras que los empleados de la editorial Bruguera reclamaban el mantenimiento de sus empleos. Todos estos grupos se manifestaron de forma conjunta por el centro de Barcelona para exigir soluciones a sus respectivos problemas.

Desde el otoño de 1986, por otro lado, el movimiento estudiantil planteó reivindicaciones sobre el funcionamiento de la enseñanza media y universitaria, de manera que el recién creado Sindicato de Estudiantes organizó manifestaciones en la calle durante el mes de diciembre. En las primeras semanas de enero de 1987 la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanzas Medias y de Universidad de Madrid aprobó una huelga general indefinida y propuso una manifestación para el día 16 de enero. Poco después, de nuevo el Sindicato de Estudiantes, que adquirió un relativo peso en el sector, sometía a votación en las asambleas de los institutos la convocatoria de una huelga entre el 20 y el 23 de enero. Miembros del sindicato declararon que pedirían a los dirigentes sindicales de CC OO y la UGT que se unieran a la huelga para convertirla en general, como ya había ocurrido en Francia semanas atrás. Estas iniciativas del movimiento estudiantil coincidieron en el tiempo con la movilización del profesorado de bachillerato que acordaba convocar una huelga el 15 de enero en protesta por el proyecto de Estatuto del Profesorado, elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). No en vano, el pico de movilización en 1987, expresado a través del incremento de las manifestaciones públicas, podría vincularse a un aumento de las protestas en la enseñanza. Ese año dicho sector protagonizó alrededor de 1.600 manifestaciones; es decir, un 20 por ciento del total, alcanzando un nivel de movilización que no se ha vuelto a registrar en esta categoría (Jiménez Sánchez, 2011: 28).

Mientras tanto, la UGT rechazaba en febrero el llamamiento de CC OO para participar en la jornada de movilizaciones convocada para el 12 de marzo de cara a la preparación de una huelga general a finales de aquel mismo mes. Solo CNT apoyó la propuesta de CC OO. Ni USO ni ELA-STV se sumaron. A lo largo de marzo de 1987 se produjo un aumento de la conflictividad laboral. Las huelgas de Renfe y de la construcción, durísimamente afectada por el paro, iniciaban un periodo de 15 días en los que confluirían numerosas protestas. De manera que los paros de seis horas en Renfe afectaron a unos 90.000 usuarios del ferrocarril. Este conflicto venía a sumarse al de los médicos, que afectaba también directamente a miles de usuarios y que se prolongaba en su tercer día de paro durante aquellas mismas fechas. El seguimiento de la huelga fue prácticamente general en todos los hospitales públicos del país, según reconoció el propio Insalud, teniendo una relativa incidencia en los ambulatorios. Paralelamente, los universitarios se incorporaban con sus movilizaciones a un panorama conflictivo en el que participan también los agricultores. En fin, hasta el mes de abril de 1987 las horas de trabajo perdidas debido a las huelgas ascendieron a 41,8 millones, lo que suponía un incremento del 206,36 por ciento con respecto al primer cuatrimestre del año anterior, según los datos hechos públicos por la propia patronal CEOE.

Frente a esta ola de conflictividad, la dirección del PSOE anunció a la prensa que el partido iniciaría una ofensiva para explicar a la sociedad los logros de su política económica. Pretendía así hacer frente a los conflictos laborales que se producían, cuya responsabilidad endosaba a los sindicatos y a los partidos de la oposición por no saber encauzar la protesta social. El 16 de marzo de 1987, horas antes de que comenzara la reunión de la Comisión Ejecutiva federal del PSOE, el presidente del Gobierno Felipe González asistía en el Senado a una sesión conmemorativa del 175º aniversario de la Constitución de Cádiz. Allí aseguró que el Ejecutivo no estaba dispuesto

a que continúen sucesivos brotes de violencia […]. El mantenimiento de la legalidad es la garantía del funcionamiento de la democracia en paz, y, por consiguiente, me preocupa […]. Es el momento oportuno para hacer una llamada de atención a los responsables que tienen todo el derecho a plantear sus movilizaciones y manifestaciones, pero al mismo tiempo tienen que controlar que no haya ningún exceso que vulnere la legalidad (El País, 18-III-1987).

Con ello se refería a los hechos ocurridos en Reinosa y su comarca a lo largo de los meses de marzo y abril, cuando se produjeron graves incidentes y enfrentamientos entre trabajadores y la Guardia Civil, que se saldaron con la muerte del trabajador Gonzalo Ruiz García, miembro de CC OO, dos heridos graves, uno menos grave y diecisiete heridos leves. El portavoz del Gobierno y ministro de Cultura, Javier Solana, afirmaba en conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno seguía considerando que la conflictividad social era “limitada” y que el Ejecutivo tenía “voluntad de diálogo” con los sectores sociales que estaban planteando reivindicaciones a la Administración. Aunque puntualizaba que sería “inflexible con los brotes de violencia” que se produjeran en las acciones de protesta (El País, 22-III-1987).

Así respondía el secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, a la pregunta de si en algunos de esos conflictos la crispación había llevado a la violencia y desbordado a las direcciones sindicales:

Cuando los conflictos degeneran en violencia no es justo echar toda la culpa a los trabajadores. Hay intervenciones, incluso de la fuerza pública, que han radicalizado a los trabajadores y es preciso analizar las causas de esta exasperación. Cuando a un trabajador no se le ofrece como futuro más que la pérdida de su puesto de trabajo, se rechaza este futuro. Es una mala política criticar los excesos sin analizar las causas (El País, 14-V-1987).

Ante la quiebra de relaciones de la familia socialista —Gobierno y partido, por un lado, y sindicato, por el otro—, el dirigente sindical constataba que para que hubiera arreglo tenía que haber un cambio de política. Pero no lo veía fácil, porque “lo que en un principio era un problema salarial se había convertido en un problema político”. Las relaciones entre la dirección del sindicato socialista y el PSOE estaban, de hecho, seriamente afectadas ya desde enero de aquel año, cuando el secretario general de la UGT remitió a González, como secretario general del PSOE, una carta por la que daba por suprimida la comisión bilateral de relaciones entre el sindicato y el partido, dada la imposibilidad de llegar a concretar la concertación social en un pacto interconfederal. El sindicato ugetista quedaba contra las cuerdas, dada la actitud del Gobierno socialista.

El ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, antiguo miembro de la dirección ugetista, aseveraba el 14 de mayo que debía restringirse el derecho de huelga y que el Gobierno presentaría antes de final de aquel año un proyecto de ley para su regulación. Desde CC OO se planteó la pregunta sobre las fuentes ideológicas de las que bebía la Administración socialista porque, contradictoriamente, “la necesidad de regular el derecho de huelga solo se lo han planteado los gobiernos de derechas occidentales: Nixon (en 1970, que fracasa) y los gobiernos conservadores de Thatcher y Kohl”. Por otro lado, la cuestión no era el contenido de la ley, sino la ley en sí misma, que debía ser rechazada porque atentaba contra el libre derecho a la huelga. El “reformismo sin reformas” del Gobierno, aseguraba el sindicato, estaba vinculado continuadamente a actitudes contrarreformistas que se expresaban en el terreno económico, en todo un conjunto de leyes laborales y en la nueva concepción del PSOE del Estado social (El País, 18-V-1987). Así las cosas, en la manifestación del 1º de Mayo, CC OO alertaba que de prosperar el proyecto de ley de huelga, se respondería con un paro general.

No obstante, las críticas a los argumentos del Gobierno socialista no solo procedían de las organizaciones sindicales. También procedían de otros ámbitos. El catedrático de Derecho del Trabajo, Federico Durán, situaba el descenso de la amplitud y la intensidad de los movimientos huelguísticos, desde hacía unos años, en el declive de una determinada cultura del conflicto y la vía de la concertación social. Sin embargo, alertaba de que

El derecho de huelga, elevado por la Constitución de 1978 a la categoría de derecho fundamental, no puede ser considerado, como algunos pretenden, una mera reliquia —molesta— de una fase del conflicto de clases ya superada históricamente. Algunos teóricos sociales se apresuran a enterrar a los sindicatos, o al menos van cavando su fosa, ante la llegada de la sociedad posindustrial; y quieren, lógicamente, enterrarlos, como se hacía con los faraones egipcios, con sus “riquezas” y sus atributos de poder: sobre todo, la huelga. (El País, 20-IV-1987).

Durán, al margen de si la crisis del movimiento sindical requería de su adaptación a las nuevas realidades con que se enfrentaba, ponía en evidencia que la democracia no solo tenía un carácter representativo. El derecho al voto, desde el punto de vista de la ordenación jurídico-política, no era el único instrumento de actuación reconocido a los ciudadanos. Se reconocían otros, entre los cuales el más importante era el derecho de huelga reconocido a los trabajadores. Esto no menoscababa la importancia de buscar el equilibrio necesario entre el derecho de huelga y el resto de los derechos de los ciudadanos (El País, 20-IV-1987).

Después de unos años de concertación social con un papel principal de la UGT, que no significó desmovilización ni desaparición del conflicto laboral aunque se viera lastrado por la falta de unidad sindical, se daría paso al regreso de la movilización. Este repunte movilizador tuvo mucho que ver con un cambio de coyuntura económica. En la primavera de 1988, el sector de la enseñanza se constituyó en un foco del conflicto. La celebración en diciembre de 1987 de las primeras elecciones sindicales de enseñantes estatales aclararía la representación sindical en este sector. Esto se produjo a partir de la aprobación de los órganos de representación sindical en la Administración Pública, como primer paso, aunque limitado, para el reconocimiento legal de la capacidad de negociación del personal funcionario. Al mismo tiempo, se configuraron las plataformas reivindicativas sobre aspectos salariales y de condiciones de trabajo, pero también sobre ampliación de plantillas, sobre formación permanente y redefinición del mapa escolar que durante los primeros meses de 1988 iban a impulsar un conflicto extenso y continuado durante la primavera de aquel año. La actitud del MEC ante las reivindicaciones sindicales en el sector de la educación estimuló la convocatoria de una huelga en la enseñanza estatal no universitaria a lo largo de cuatro días de abril y tres de mayo, con un particular protagonismo de las reivindicaciones de los profesores interinos y con la posibilidad de convertir la huelga en indefinida a lo largo del mes de mayo. Este conflicto se convirtió en una prioridad en la agenda política, dada su duración y el impacto en la opinión pública, obligando al MEC a aceptar una negociación que, a pesar de la oferta de un preacuerdo a los sindicatos, fracasó. El ministro del ramo, José María Maravall, fue destituido en verano. Su sustituto, Javier Solana, retomó las negociaciones en septiembre, llegando a un acuerdo en el que se recogían la mayor parte de las reivindicaciones planteadas por los representantes sindicales.

Era evidente que el malestar social, expresado a través de la confluencia de la conflictividad laboral y el aumento de la movilización social, no estaba siendo adecuadamente percibido por el Gobierno socialista. Sus argumentos sobre la incapacidad de adaptación del sindicalismo de clase no parecían razones suficientes de la explicación del momento social que se vivía. Lo que se estaba produciendo durante aquellos años, entre otras cosas, era un proceso de normalización de una cultura de la protesta que quedaba condensada en el uso del repertorio moderno de la acción colectiva (Cruz, 2015: 234). Así, unido a las huelgas obreras, se produjo el crecimiento de las manifestaciones públicas que constituían una expresión de prácticas propias de la democracia, una herramienta de participación política. Ante esta nueva realidad de la cultura de la protesta, el Gobierno manifestó una tentación de despotismo y de monopolio de la verdad. Una actitud que estimuló de manera notable la recomposición de la unidad sindical. Esto le impedía ver que buena parte de los trabajadores del país reclamaba que se gobernara de otra manera, con mayor sensibilidad social, aumentando la cobertura del desempleo —cuya tasa se situaba entonces en el 29,5 por ciento— y poniendo coto a la precarización por la vía de la flexibilización de la contratación laboral. En definitiva, de establecer nuevos criterios de reparto pasados los momentos más duros de la crisis y llegado el inicio de una fase de crecimiento de la economía española.

1 . Véase Babiano, J. y Moscoso, L. (1991): “Los conflictos sociales en fase depresiva ante la adopción de políticas de ajuste: el caso español”, Zona Abierta, 56, pp. 121-173 y CC OO (2016): Repensar el sindicato, Madrid, CC OO. En http://www.ccoo.es/0ab6c838435020427327a2df35b24dd7000001.pdf

CAPÍTULO 2

LA HUELGA DE LOS HOMBRES BUENOS

LAURA MORA CABELLO DE ALBA

Recuerdo aquel día, un día de esos que se guardan en la memoria por su pulso diferente, por su consciencia de que algo importante está ocurriendo. Tenía 15 años y me recuerdo atónita mientras descorría la cortina del comedor de mi casa y veía las calles más vacías y silenciosas que un domingo. Me educaron en la sensibilidad política y sabía que esa calma era un éxito. Un éxito a lo grande. Conocía que aquello se hacía para protestar por unos contratos basura que querían usar para explotarnos a la gente joven, que habían sido la gota que colmaba el vaso de los desafueros antisociales de los gobiernos de Felipe González. Y hasta ahí mis recuerdos. El sello quedó en el silencio, en la falta de movimiento. De eso se trata una huelga. Seguro que fui con mis padres a la gran manifestación del 16 de diciembre, posterior a la huelga, con tantos otros miles de personas.

En la preparación de este capítulo he tenido que investigar ese tiempo, escudriñar en mis recuerdos cómo era la España de entonces, preguntar y leer mucho. He tomado conciencia del paso del tiempo y saber que treinta años es mucho y es poco. Poco porque estamos vivos. Poco porque tanta crisis de la política del trabajo de entonces se parece demasiado a todo lo de después. Poco porque, en rigor histórico, fue ayer cuando ocurrió. Mucho porque han sucedido muchas cosas desde entonces: esa huelga fue símbolo de un cambio que marcó un límite abisal entre un horizonte de justicia y otro engañoso de reformismo del peor talante, que seguimos acarreando mentiroso a nuestras espaldas ya demasiado tiempo. El 14D fue el final de un ciclo, que coincidió temporalmente con otros ciclos históricos en toda Europa y en el mundo, marcado con la caída del muro de Berlín, el unilateralismo norteamericano, la hegemonía neoliberal y el incontenible impulso de la globalización financiera (Baylos y Moreno, 2017).

La España de 1988 era ese país que llevaba una década cumplida de democracia bien servida de crisis económica, arrastrada desde los setenta, y que hemos cargado hasta el mismo día de hoy. Sin embargo, 1988 fue el año en el que la economía capitalista española acumulaba beneficios y se repartía la falta de trabajo y pobres salarios entre la clase trabajadora. Era un tiempo en el que en la televisión pública, bien utilizada para demonizar a los sindicatos, también había programas juveniles donde el grito de guerra de su protagonista, una bruja llamada Avería, era “Viva el mal, viva el capital”. Avisadas estábamos. Era el país donde se podía ganar más dinero y más rápido del mundo, en palabras del ministro de economía de entonces; el país donde el juez Garzón metió en la cárcel a terroristas de Estado; donde el modelo de hombre exitoso era Mario Conde. Un país donde escaseaban las mujeres en la vida pública.

Fue el tiempo de muchas perversiones originales que marcaron el rumbo de una adaptación española al modelo de pensamiento único y economía capitalista, con el pretexto de la modernización y de la integración en Europa. Fue también tiempo de la condensación de fuerzas para la lucha de clases, del enfrentamiento puro de dos modos de hacer política: la buena política y el fraude en las ideas y su práctica. El año 1988 fue un tiempo de desvelar, de quitar máscaras, de renunciar a los votos de confianza en la mentira y optar por tomar las riendas de lo verdaderamente transformador para la convivencia. Ese proceso lo protagonizaron los sindicatos de clase, recibiendo todo el apoyo social el día de la huelga general del 14 de diciembre. La gente estaba con esos hombres buenos. Y juntos, en plena coincidencia entre representantes y representados, pero no solo, porque acudieron también miles de estudiantes, pensionistas, pequeños comerciantes, intelectuales, gente del mundo del arte y del deporte, se plantaron y levantaron su voz y sus necesidades después de una década de democracia con rumbo al neoliberalismo rampante de los próximos noventa. Es innegable que estos años de gobierno también tuvieron una vertiente social medida en educación, sanidad y Seguridad Social que, evidentemente, explica el ten con ten que mantuvieron unos políticos liberales, que se llamaban socialistas, con los equilibrios del gobierno de una nación de trabajadores y trabajadoras que les votaba con mayoría absoluta.

EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN (NO) SOCIALISTA: LAS REFORMAS LABORALES COMO MEDIO

El proyecto político de los gobiernos de Felipe González se sostenía en la modernización de España, en situarla en los estándares europeos, pero los pueblos mediterráneos —entre otros— nunca hemos sabido ni entonces ni ahora qué significan exactamente en la teoría, ni cuál es el patrón —nunca mejor dicho— de referencia de dichas pautas. En la práctica, la modernización y la integración europea fueron, entre otras cosas, la justificación para poder bajar los salarios de la clase trabajadora y, por tanto, empeorar sus condiciones de vida. Modernizarnos para ser competitivos y hacer que la acumulación del capital —eso sí europeo, que ahora ya es global— fuera cada vez mayor a costa de la falta de reparto de las ganancias capitalistas. La modernización socialista supuso más bien un desplazamiento del centro de interés de la acción política de las condiciones de empleo y trabajo a la creación de condiciones generales de acceso a servicios públicos fundamentales para dar sentido a la condición de ciudadanía. Es decir, un desplazamiento del apoyo de la acción de gobierno de la condición de trabajador o trabajadora, cuyas condiciones de existencia se degradaron, a la de ciudadanía, cuyas condiciones de acceso a bienes comunes se mejoraron. No hay miseria en los ochenta —la miseria se instalaría a partir del 2009—, hubo degradación de derechos laborales y, en paralelo, reconstrucción de posiciones igualitarias en el acceso a los servicios de interés general (Baylos y Moreno, 2017).

Obviamente, la incorporación a la Comunidad Económica Europea en 1986 supuso también para España la entrada de una gran cantidad de dinero para mejorar infraestructuras y otros cometidos que han sido de innegable importancia material, si bien han marcado unos patrones de desarrollo claramente capitalistas dejando al margen el sentido humano y de protección de la vida y del planeta. Se eligió el uso insostenible de energías fósiles; hacer políticas agrarias sin sentido y deslocalizadoras de la riqueza cuando los frutos de la tierra tienen que permanecer lo más cerca posible de esa tierra y de las necesidades de sus habitantes; o desmantelar una red extraordinaria ferroviaria en mor de un tren de alta velocidad inasequible para la mayoría de la población y que solo conecta los grandes núcleos urbanos. En definitiva, ese dinero tenía un precio: el precio de la desindustrialización, el abandono del campo o de cultivar lo que se dijera a golpe de despacho en Bruselas. Era entrar en un mercado supuestamente común destruyendo lo que como productor se podría vender allí; es decir, dejando de ser una competencia para los países más fuertes. Entrar en una carrera con los pies atados. Definitivamente, vender los medios de producción es propio de un modelo de (no) desarrollo suicida. El sistema estaba claro y el Gobierno mal llamado socialista era consciente de ello cuando España ingresó en la Comunidad Económica Europea en 1986, con el horizonte de integrarse plenamente en la Unión Europea en 1992.

Fue ya entonces cuando se inauguró la reforma laboral como herramienta de modernización del país, es decir; el fin justificaba el medio. El fin era y es un colosal invento cultural del más alto calado impostor y, desde luego, claramente eficaz al poder y duradero en el tiempo, pues sigue vivo. Lo conocemos bien, pues ha sido utilizada desde entonces por todos y cada uno de los gobiernos que hemos tenido. Una modernización que simula, a través de sus reformas del trabajo, tener la voluntad férrea de crear trabajo con ellas. La paradoja está ya trillada: producir trabajo, destruyéndolo o precarizándolo. El mundo al revés. El infierno para llegar al paraíso. Algo muy propio de la bárbara cultura occidental de la modernidad. Fueron los tiempos de las grandes reconversiones industriales, de las luchas sindicales a muerte en tantas fábricas y astilleros. Con la ley de reconversión, de julio de 1984, se destruyeron 2.700.000 puestos de trabajo. Fue la España que refleja la hermosa película Los lunes al sol, un país bien moderno donde los hombres yacen casi en el vacío y, en el mejor de los casos, en lo que queda de la solidaridad y camaradería de haber sido compañeros de trabajo y de lucha.

Modernización a costa de reformas laborales es lo que Sergio Gálvez Biesca, uno de los mayores conocedores del 14D y del periodo socialista, ha dado felizmente en llamar una suerte de “realismo mágico socialista” (Gálvez, 2017). Es decir, todo un aparato de hacer cultura simbólica al servicio de un gran mito o misión histórica del PSOE, que era llevar a España al paraíso europeo de la modernidad, a nosotros, que veníamos de donde veníamos. Sin embargo, el trampantojo o el secreto mejor guardado fue cómo era ese paraíso europeo —que ahora evoca troikas y austeridades— y cuáles eran además los costes sociales, humanos y para la tierra que conllevaba dicho proceso de modernización (Herrero, Prats y Torrego, 2017).

¿QUÉ REFORMAS? EL FOMENTO DEL EMPLEO COMO COARTADA Y LA PROGRESIVA IMPLANTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL

Así, en esa primera década de posdictadura, el marchamo de las reformas laborales (la de 1984 y 1988) fue la política de fomento del empleo cuya característica fundamental, entonces y ahora, radica en someter el crecimiento del trabajo al crecimiento del capital sin más ley que esa y una pléyade de herramientas para llevarlo a cabo que, en esencia, son la llave mítica del deseado horizonte de la modernización. Y su herramienta estrella es ahondar en la “flexibilización” de las relaciones laborales, que ya entonces se decía así2, principalmente a través de la contratación temporal en el terreno de las relaciones individuales de trabajo (Baylos y Desdentado, 1982). Así, en la reforma parcial del joven Estatuto de los Trabajadores por la Ley 32/1984 está el origen de los contratos basura y la legalización del uso del fraude de ley en la contratación temporal porque se descausaliza dicha contratación (Pérez Rey, 2004), introduciendo catorce modalidades nuevas, entre ellas los contratos basura; se amplían los contratos en prácticas y para la formación de 1 a 3 años; el contrato de lanzamiento de actividad se amplía de 6 meses a 3 años; se amplía el campo de aplicación del contrato a tiempo parcial; se inventa el contrato de relevo; se fomenta la jubilación anticipada debido a los procesos de reconversión; y, finalmente, se generaliza el uso del contrato de fomento del empleo, cuya duración máxima se fija en 3 años, con indemnización de despido de 12 días por año trabajado.

También hay que señalar, sin embargo, que ya la Ley 4/1983 reconocía la jornada laboral de 40 horas semanales (antes 42 en jornadas completas o 43 en jornadas partidas) y las vacaciones de 30 días naturales (antes eran 23), pero es cierto que, desde entonces, salvo las mejoras que consiguió la huelga del 14D, cuesta encontrar avances de esta trascendencia.

La reforma laboral de 1984 tuvo un efecto muy negativo en el trabajo estable. Nuestro ya entonces maltratado principio constitucional de estabilidad en el empleo, columna vertebral de un Estado social, se resintió aún más; es decir, fue la propia democracia la que comenzó a descuidar su paradigma fundamental: garantizar una vida digna y estable a través del trabajo a su ciudadanía. Un estudio de CC OO de 1989 señaló que, ya en 1984, el 80 por ciento de los contratos de fomento del empleo eran irregulares debido al fraude expandido en la contratación temporal en la que, por ejemplo, se empezaron a hacer contratos por obra o servicio sin detallar en absoluto en qué consistía la obra o el servicio o simplemente contratos temporales en blanco, sin causa. Comenzaron a naturalizarse —puesto que el poder las avalaba de una manera normativa y real— prácticas contractuales que, a día de hoy, son habituales. Por ejemplo, denunciaba ya CC OO la práctica corriente de vincular un contrato de formación con otro de prácticas haciendo que los trabajadores rotaran por los distintos centros de una misma empresa.

Así, tras la reforma del 84, se consolida el estímulo a la contratación temporal sin cortapisas y la primacía del objetivo de “fomento del empleo” por encima de la capacitación profesional en los contratos para jóvenes (Cachón, 1997) o la precariedad laboral en las relaciones contractuales comunes.

Se denunció entonces que la tasa de temporalidad había pasado de un 10 por ciento antes de la reforma laboral de 1984 a un 31,5 por ciento en 1990 y llegaría a un escandaloso 33,8 en 1996. En 2017, la tasa de temporalidad fue de un 26,8 por ciento, la más alta de Europa (Encuesta de Población Activa). Es decir, desde el comienzo de la “modernización” de España, la contratación temporal había crecido y pareciera, como los números de desempleo o la brecha salarial entre mujeres y hombres, un destino implacable contra el que no hay remedio posible.

El desempleo supone una coartada siempre útil para las reformas laborales que se orientan a crear trabajo. Cuando el PSOE llegó al poder, prometió crear 800.000 empleos, pero en 1984, el país contaba con 500.000 personas más sin trabajo; es decir, un 16,61 por ciento de la población activa. En 1986 se rozaba el 20 por ciento, llegando al 24,55 por ciento en 1993, punto álgido dentro de la etapa socialista. Esto marca claramente el fracaso de la reforma de 1984, y también las posteriores de 1992 y 1994.

En el campo de las relaciones colectivas de trabajo, reinaba entonces el paradigma de la concertación social entre Gobierno, CEOE y la UGT, unos pactos antisociales que CC OO rechazó, salvo el Acuerdo Interconfederal de 1983, que sí respaldó. En realidad, analizando los textos y los testimonios de sindicalistas de la UGT y de CC OO, fueron acuerdos casi siempre entre Gobierno y CEOE3, a los que se sumaba la UGT más por subordinación política que por convencimiento, teniendo graves enfrentamientos como el que protagonizó Nicolás Redondo, que también era diputado del PSOE por Vizcaya, cuando votó en contra de la reforma de las pensiones de 1985, saltándose la disciplina de partido4. Tampoco hubo acuerdo en 1986 porque “predominó la tesis de determinados ministros que propugnaban una socialdemocracia sin sindicatos” (Redondo, 2013) frente a la demanda sindical de una salida progresista de la crisis. Finalmente, y eso fue ya parte del calentamiento para la gran huelga, sucedió que varios sindicalistas de la UGT y diputados por el PSOE llegaron a renunciar a sus actas parlamentarias en 1987 por claras disidencias con las políticas antisociales y antisindicales del Gobierno del PSOE5. En definitiva, la concertación social que tan buenos frutos le había dado al Gobierno del PSOE durante casi una década —a pesar de la obstinada negativa de CC OO—, pues legitimaba a ojos de la ciudadanía sus políticas, se rompió a partir de 1987, lo que explica en buena medida la acertada nueva lealtad de la UGT hacia el otro gran sindicato, semilla de la acción unitaria que han desarrollado desde entonces (Mora, 2008).

De aquellos polvos, los lodos que siguieron. Tras la reforma laboral de 1984, la reforma de las pensiones de 1985, la entrada en la OTAN en 1986, una reconversión industrial muy avanzada, un crecimiento económico ostentoso —elevado al rango de cultura del pelotazo— pero sin reparto de dicha riqueza, el Gobierno presentó en octubre de 1988, sin negociación sindical previa, el Plan de Empleo Juvenil (PEJ)6. Además, unos meses antes, el Gobierno y los sindicatos mayoritarios se enfrentaron porque no se tuvo en cuenta en la revisión salarial el aumento de la inflación por encima de los casi siempre equivocados pronósticos gubernamentales. El vaso del descontento sindical y de la mayoría social a la que el PSOE supuestamente representaba se estaba colmando. El conflicto estaba servido y el camino estaba cada vez más despejado de vacilaciones para la convocatoria de una huelga general en unidad de acción de la UGT y CC OO. Pero no nos adelantemos todavía.

LA FORMACIÓN HISTÓRICA DE LA PRECARIEDAD: EL PEJ COMO PASAJE SEGURO HACIA EL 14D

El horizonte de la modernización de España en 1988 eran la Sevilla y la Barcelona de 1992. Cambios formidables se acercaban y “el pastel crecía y crecía y nunca llegaba la hora de repartirlo” (Redondo, 2013). Una modernización con el diálogo social muerto, salvo con la patronal, que imponía recetas de precariedad en la abundancia de la cultura del pelotazo. En ese exacto contexto, nace el Plan de Empleo Juvenil, que, como decimos, sirvió de detonante definitivo del conflicto. Este proponía un contrato de inserción para jóvenes, en la consideración de que era una relación laboral especial, fuera del halo protector del derecho del trabajo común; es decir, entendiendo el trabajo juvenil como subalterno o auxiliar del trabajo asalariado, con las implicaciones que eso tenía de desprotección y explotación. Así, se podía aplicar este contrato a jóvenes entre 16 y 25 años que no hubieran trabajado antes; su duración sería de 6 a 18 meses; el salario correspondería al salario mínimo interprofesional en proporción a las horas trabajadas; no estarían cubiertos por la negociación colectiva; con deducciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social; subvenciones a tanto alzado por cada persona contratada; y sin obligaciones formativas pero, de haberlas, las pagaría el Instituto Nacional de Empleo. Es llamativo cómo, en este caso, se pasa por alto la necesidad de formación de la juventud cuando precisamente esta razón se utilizaba retóricamente sin cesar como la primera causa de desempleo juvenil. La falacia de la falta de formación es un argumento recurrente del sistema para justificar el desempleo hasta la actualidad. En definitiva, se trataba de un contrato temporal sin causa, de bajo coste salarial para la empresa y altos costes para el erario público por estar altamente bonificado tanto en exenciones como en subvenciones y financiación formativa. El coste estimado para los tres años de desarrollo del PEJ rondaba la cifra de 295.566.000 millones de pesetas (Gálvez, 2017).

De esta manera, se ahondaba en la senda de la construcción de la precariedad como forma de trabajar, usando a la juventud como punta de lanza, y se iban anclando los cimientos de la “política del trabajo del privilegio”, que simbólica y materialmente predica la idea de que más vale un mal trabajo que ninguno, construyendo la falsa conciencia de que es un bien escaso, como el petróleo o el oro, idea que tanto resuena treinta años después (Mora, 2017). Es interesante conocer que ya en 1988 la contratación temporal descausalizada afectaba al 25 por ciento de los asalariados y, de esos, el 57 por ciento eran jóvenes. Y que de 3 millones de personas sin trabajo, 1 millón y medio eran jóvenes. Evidentemente, en ese momento, se empezaba dicha construcción de la precariedad como forma de conceptualizar el trabajo abriendo la brecha con la juventud, aunque, como bien avisó y atinó el secretario confederal de juventud de las CC OO de entonces, Francisco Moreno, el PEJ no solo cuestionaba el futuro de la juventud, sino las relaciones laborales completas.

Ante el impacto sindical y social de dicho plan, el Gobierno aceptó alguna pequeña reforma, pero ya no pudo evitar las grandes movilizaciones a lo largo del mes de noviembre que culminaron en una gran manifestación en Madrid, el 1 de diciembre, a la que acudieron más de 30.000 jóvenes, que fue duramente reprimida y que exigía la retirada íntegra del PEJ, llamado ya en la calle Plan de Esclavización Juvenil. El Gobierno no escuchó. Entre tanto, ya no había marcha atrás y los dos sindicatos mayoritarios, que sí oyeron, se reunían para decidir la fecha de la huelga general y organizarla, convocándola en unidad de acción para el 14 de diciembre. Se exigía obviamente la retirada del PEJ, la recuperación del poder adquisitivo perdido, el derecho pleno de negociación colectiva para funcionarios, la equiparación de las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional, el incremento de la cobertura de desempleo y el establecimiento de un verdadero plan de empleo, entre otras medidas. Era una huelga que exigía el diálogo que no se había producido, y que consiguió lo que pedía.

EL DÍA DE HUELGA Y NO DE PARO

Sobre el mismo 14D, segunda huelga general de la democracia y primera en acción unitaria de CC OO y la UGT, mucho se ha escrito. A mí me gustaría abordar dos cuestiones: la primera es de corte simbólico, por tanto, de primer orden político; y la segunda es de justo reconocimiento de la acción sindical y ciudadana en aquel miércoles de diciembre de hace treinta años.

La primera cuestión atañe al propio nombre que se le dio a la huelga. En la campaña Juntos Podemos, tanto la convocatoria de huelga como los carteles hablan de paro y no de huelga. El cartel principal de los dos sindicatos mayoritarios, que empapeló las calles de muchas ciudades y pueblos, decía: “14 diciembre. Paro general de 24 horas. Todos por una política favorable a la mayoría social”. Y apelaba uno por uno a cada grupo convocado al paro, con una buena razón a su lado: joven, mujer, desempleado, pensionista, eventual, funcionario, trabajador. También los carteles de algunos partidos políticos asumieron el vocablo como, por ejemplo, el del Partido Comunista, que escribía: “Los sindicatos tienen razón. Trabajador: únete al paro general”. En definitiva, ¿qué significaba no llamar a las cosas por su nombre? Significaba ese salto simbólico, al que aludí al principio del capítulo, que básicamente daba la UGT al separarse de su supuesto Gobierno. Un salto que tenía dos caras: por un lado, fue un momento de quiebro al poder y de reconocer el papel político coherente que había tenido CC OO, al que la UGT se sumaba bastante tarde, teniendo en cuenta la historia de una joven democracia y superando no pocas deslealtades con el primero. Por otro lado, la UGT daba ese salto de una manera temerosa, que quería dejar claro, hablando de paro, que no hacía una huelga política a su partido, sino que era una muestra de desacuerdo ante una forma antisocial y prepotente de ejercer el poder (Babiano, Pérez y Tébar, 2013). Es decir, la cuadratura del círculo. CC OO estuvo de acuerdo por dos razones: en primer lugar, para facilitar las cosas a la UGT, que estaba siendo muy hostigada por el Gobierno; en segundo lugar, porque hubo una campaña política y mediática feroz contra los sindicatos, relacionando el término de huelga general con octubre de 1934 y la Guerra Civil, a fin de hacer desistir a los trabajadores de que fueran a la huelga.

Obviamente, como las cosas son lo que son y las ollas cuanto más las tapas más hierven, el paro fue una huelga en toda regla, como también hay ocasiones en las que una huelga es irreconocible. El titular de portada de El País del 15 de diciembre fue: “La huelga general paralizó ayer España”, acompañado de una fotografía de la Gran Vía de Madrid desierta.

Las implicaciones de aquel desatino simbólico, en mi opinión, mostraban la entendible debilidad política en la que se encontraba la UGT que, de hecho, desechó muy pronto volver a convocar otra huelga. El propio Nicolás Redondo, cuatro meses después del 14D, admitió el error de no haber convocado una “segunda jornada de paro” cuando se dio cuenta de que parte de la fuerza social acumulada se diluía ante la intransigencia del Gobierno, otra vez, frente a la negociación real (Gálvez, 2013).

Frente a las resistencias de la UGT, la huelga fue una manera de recuperar, en un sistema democrático, la normalidad del conflicto como medio de participar en un proceso de transformación social, compromiso que los poderes públicos habían olvidado7. En opinión de Antonio Gutiérrez, aquella huelga desacreditó a los dirigentes del PSOE y sirvió para superar la falsa disyuntiva latente entre la servidumbre al poder y la vuelta atrás si se osaba cuestionar sus dictados8. Se venció el miedo instalado en las médulas de la gente después de tan larga dictadura y un refresco con el golpe de estado en 1981.

En segundo lugar, hay que reconocer el valor de la acción sindical de la huelga y de la ciudadanía en general porque una huelga que es seguida por el 94,86 por ciento de la población que trabaja o quiere trabajar, además de por millones de estudiantes, es un éxito incalculable de una mayoría social, que es la que estaba convocada por sus sindicatos. Esta huelga simbolizó lo mejor del movimiento obrero y del sindicalismo de clase (Roca, 2017), lo mejor de los trabajadores valientes que deciden cortar la emisión de la única y pública televisión, de aquellos trabajadores que dividieron Madrid en veinte zonas y montaron veinte piquetes informativos con cuatrocientos sindicalistas cada uno. Hombres que protagonizaron otra posible cuadratura del círculo y es que en aquel gran conflicto no hubiera violencia más allá de obligar a cerrar lo que debía estar cerrado9.

LA HUELLA DE UN SÍMBOLO10

El año 1988 y el 14D constituyen un símbolo, al menos, para las personas más mayores; por ello el trabajo está en custodiar y reforzar la memoria colectiva. Sembrar la conciencia del poder democrático que tenemos los trabajadores y las trabajadoras porque la energía de su dignidad es motor de cambio.

Tengo que reconocer que las mujeres han estado ausentes de este relato, tanto como protagonistas como analistas contemporáneas (académicas o sindicales) para leer el 14D11. Es un dato significativo que marca claramente las diferencias entre el pasado y el presente. Y, como de costumbre, no es porque las mujeres no trabajáramos entonces como lo hemos hecho siempre, dentro y fuera de la casa (en 1988, el 28 por ciento de las mujeres trabajaban formalmente), sino porque no éramos sujeto político a ojos del patriarcado, que dominaba el escenario del poder. Sin embargo, a modo de botón de muestra y en homenaje a ellas por todas, no me resisto a dejar de nombrar a las mujeres de la fábrica Jaeger Ibérica, que lucharon duramente también en ese año 1988 por equiparar sus salarios a los de sus compañeros varones. Lucharon y lo consiguieron. Por cierto, el 100 por cien de la plantilla hizo huelga el 14D y, pocos meses después, el 2 de marzo de 1999, firmaron el primer convenio colectivo después de cinco años de lucha, con un aumento salarial del 5,8 por ciento, contrataciones para seis meses como mínimo y una ayuda escolar para hijos e hijas de 16 a 18 años (Felipe Alegría, 2008). Afortunadamente, la política de las mujeres avanza y ya no es pensable, en términos de progreso verdadero —que es el único que importa—, un relato o una acción sin nosotras. Nos lo estamos ganando a pulso. Un nuevo pulso histórico que ofrece un presente y un horizonte mucho mejor para la humanidad y el planeta y mucho de lo que aprender políticamente para quienes se hallan en crisis profunda por la caída de sus paradigmas.

Hace unos meses, exactamente el 14 de abril de 2018, tuve a Nicolás Redondo sentado delante de mí, junto al muro del Cementerio Civil de la Almudena, donde a tantas mujeres y hombres republicanos ajusticiaron durante la guerra y la dictadura. Exactamente, 2.996 personas. Y pensé cuánto había vivido y luchado ese hombre, ese sindicalista. A Marcelino Camacho, al que nunca domesticaron, lo teníamos en una tumba cercana. Dos de los grandes. Esa es la huella que simboliza el 14D, la política verdadera, la que no es solo defensiva, sino que intenta construir y propone progreso con todas sus dificultades, contradicciones, temores y cargas.

También hace unos años, alguien a quien yo quiero mucho y le debo casi todo le preguntó a José Saramago cómo podía aguantar la vida con el fracaso estrepitoso de la izquierda real. Saramago le contestó que a esas alturas de su vida se había dado cuenta de que lo que importaba en política, en la vida, era la bondad de las personas.

A través de este escrito, he podido hacer genealogía, hacerme cargo de algo que ya sabía pero que ahora reside en un lugar de mí mucho más profundo, que es el gran trabajo que hicieron y hacen un montón de hombres y mujeres —tantas veces invisibles— por una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras contra viento y marea, contra molinos que decían ser gigantes de la modernidad, con gigantes que acumularon las energías sociales y de lucha que ellos, los de verdad, habían sembrado y nunca cosechado. Y recibo, con agradecimiento, esa herencia de fuerza y también de sufrimiento por lo que no fue, pero que quizás sea en un futuro si seguimos sus huellas con paso propio.

Por eso, la huelga del 14D fue la huelga de los hombres buenos.

2 . En un interesantísimo debate televisivo en la primera cadena de TVE, moderado por Victoria Priego, titulado “¿Por qué no hay concertación?” (19-II-1987), entre Nicolás Redondo, Marcelino Camacho, Carlos Solchaga y José María Cuevas —presidente de la CEOE—, este último decía: “Sin flexibilización laboral y moderación salarial no se puede competir con Europa”. Casi un eslogan que aún sigue vigente.

3 . José María Cuevas llegó a decir de Felipe González que era “un gran converso”, en Raúl Navas: “Las Contrarreformas laborales durante los gobiernos de Felipe González” (Nodo50, 15-VI-2013).

4 . En 1990, en el 32º Congreso del PSOE, se eliminó de sus estatutos la obligatoriedad de que sus afiliados militasen también en la UGT.

5 . Estos fueron Antón Saracíbar, Cándido Méndez, Emilio Castro y Suso Mosquera (ibídem, p. 179).

6 . Presentado en Consejo de Ministros el 28 de octubre, el PEJ no formaba parte del programa electoral socialista, sino más bien de “una agenda no pública de los gobiernos socialistas destinada a liberalizar de forma radical el mercado de trabajo”, según una entrevista a Sergio Gálvez en el diario El Salto, 17-XII-2017.

7 . En un sentido histórico y en palabras de Marcelino Camacho (1976: 83): “Es denominador común que cuando la clase obrera necesita defender cada vez sus intereses más vitales, alcanzar un nuevo techo político, […] recurre a la huelga general política”.

8 . En una entrevista para Cuarto Poder, 8-I-2017.

9 . En las emocionantes imágenes de aquel día y de sus piquetes he encontrado a queridos amigos —solo un poco más jóvenes entonces que ahora— que luego también protagonizarían luchas inolvidables por su dignidad y maneras nuevas de dar la batalla por el trabajo, como fueron los trabajadores de SINTEL.

10 . Me permito hacer mío el evocador título del trabajo 14D: La huella de un símbolo de la Fundación 1º de Mayo, 2013.

11 . Como escribe Antonio Baylos en el propio relato que él y Juan Moreno hacen en el reciente libro sobre la historia de CC OO, y que asumo: “Hay desde luego elementos que en el relato están ausentes y que su propia ausencia dice mucho del tipo de construcción del sujeto social y sus carencias […]. Un sindicato crecientemente enunciado en femenino es la realidad actual que sin embargo no aparecía en la formación histórica de CC OO, pese a la indudable importancia de la participación de mujeres en sus filas y en los puestos de dirección” (Baylos y Moreno, 2017: 104). Último punto demasiado benevolente con la memoria porque, por ejemplo, no encuentro más mujer en la dirección confederal de aquellos momentos que la querida Salce Elvira, que fue imprescindible en la organización y el desarrollo del 14D. Me recuerdan mis fuentes vivas, sin embargo, que también estaban en la dirección confederal Teresa Nevado, precisamente secretaria confederal de la mujer, y Mary Paz Pardo. También mencionaré, como debido homenaje, a dirigentes de las federaciones de sector como Begoña San José, Pilar Arroyo, Nati Camacho, María Jesús Paredes y Pamela O’Malley. Sin embargo, las fotografías de aquel día resaltan una masa de rostros masculinos.

CAPÍTULO 3

14D: DETERMINANTE Y SIN PRECEDENTES

ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA

INTRODUCCIÓN

La “jornada de paro general de 24 horas” (así fue registrada la convocatoria) del 14 de diciembre de 1988 es un hito histórico porque no tiene precedentes y porque treinta años después sigue patente su trascendencia social, sindical y aún política.

Las huelgas generales habidas en España no guardan relación con la del 14D ni en sus orientaciones ni en las formas con las que se convocaron. Las anteriores quisieron ser revolucionarias para cambiar regímenes y gobiernos allí donde las fuerzas políticas del momento no alcanzaban a concitar mayorías sociales suficientes para procurar los cambios anhelados. Las limitaciones de la democracia representativa de un lado y la incapacidad política de los partidos obreros de otro abocaron a descargar sobre el movimiento sindical la misión de acabar con el orden establecido, arriesgando todo su potencial movilizador.

Si nos remontamos a la huelga general de 1917, observaremos que empezó a fraguarse en un comunicado suscrito por la UGT y CNT en marzo de aquel año en el que ambos sindicatos consideraban que satisfacer sus demandas laborales debía comportar un cambio del régimen impuesto por la Restauración borbónica, lo que exigiría la movilización general de las clases trabajadoras. Tuvo su correspondiente pacto entre republicanos y socialistas en junio y cristalizó en la Asamblea de Parlamentarios reunida en Barcelona al mes siguiente, desde la que reclamaron un Gobierno provisional, elecciones generales y abrir un nuevo proceso constituyente. Pero tan ambicioso proyecto político debía desencadenarse con la huelga general revolucionaria. Como es sabido, la huelga se convocó precipitadamente el 13 de agosto por el PSOE y la UGT a partir de una huelga de ferroviarios iniciada algo antes en Valencia, rompiendo así el pacto inicial con la CNT (que hicieron por su cuenta movilizaciones simultáneas), y todo concluyó una semana después con 71 muertos, innumerables heridos y más dos mil detenidos. El Gobierno de Eduardo Dato utilizó la represión para afianzarse como garante de la ley y el orden; los llamados partidos republicanos burgueses pactaron por su cuenta algunas concesiones con la monarquía, que se asentó aún más nombrando un Gobierno de leves tintes liberales.

En octubre de 1934, los partidos políticos recurrieron de nuevo a la acción directa de los sindicatos para impedir la formación del Gobierno derechista entre los radicales de Lerroux y la CEDA de Gil Robles… La coalición republicano-socialista del primer Gobierno de la II República, con sus desavenencias internas y su convocatoria de elecciones anticipadas, no supo frenar el triunfo de las derechas en las urnas. El saldo en muertes y represión fue bastante más trágico que el de 1917, y las consecuencias políticas fueron diametralmente opuestas a las pretendidas: contrarreformas socioeconómicas e involución democrática en todos los ámbitos, desde el municipal hasta la presidencia de la República. Una vez más se demostraba que la clase obrera no podía suplir, ni siquiera quemando todas sus fuerzas, las debilidades políticas de los partidos progresistas.

Menos conocida e intrascendente pero tan quimérica o más que las anteriores fue la huelga nacional pacífica (HNP) convocada directamente por el Partido Comunista de España el 18 de junio de 1959. En esta ocasión, con una huelga que debían protagonizar los trabajadores, se pretendía de una tacada aglutinar a todos los sectores sociales en torno a la huelga, adquiriendo así su carácter nacional; congregar a todas las fuerzas antifranquistas (residuales y desorganizadas a los veinte años del final de la Guerra Civil) y a cuantos segmentos del régimen estuviesen descontentos con Franco para finiquitar la dictadura e iniciar el imparable camino hacia la restitución de las libertades democráticas. La huelga no fue, pero acarreó numerosas detenciones entre los escasos militantes que, con tanto coraje y esfuerzos, estaban recomponiendo la organización comunista en el interior, que fue objeto de la contumacia del buró político del PCE instalado en París y dirigido por Santiago Carrillo cuando un mes más tarde declaró: “el aparente fracaso de la huelga ha sido un paso de siete leguas hacia la liquidación de la dictadura del general Franco” (declaración del buró político del PCE, julio de 1959). Dolores Ibárruri, demostrando mayor realismo desde su exilio en Moscú, se había opuesto a la convocatoria de la HNP y, a la vista de tan “concluyente” análisis (y persistente en el error) de sus correligionarios, optó por dimitir de la Secretaría General del PCE que todavía ostentaba, pasando a ocuparla desde entonces y hasta 1983 Santiago Carrillo.

También en las huelgas abortadas se dejó sentir esta concepción instrumental que del movimiento sindical han tenido los partidos. Así ocurrió con la proyectada por CC OO en protesta por el rumbo que iba tomando la tramitación parlamentaria del Estatuto de los Trabajadores, tras haberse retirado de las Cortes en Mayo de 1979 el primer proyecto de Código de Derechos y Deberes de los Trabajadores. Compromiso adquirido en los Pactos de la Moncloa y muy pronto roto por la patronal CEOE, que desplegó una durísima campaña nacional con la masiva (y única habida hasta la fecha) concentración empresarial de protesta en el Palacio de los Deportes de Madrid en la primavera de 1979 e internacional contra la “sovietización de la economía española” (en declaraciones del entonces presidente de la patronal Carlos Ferrer Salat, nada menos que en medios estadounidenses). El Gobierno de la UCD cedió a tales presiones y entre su grupo parlamentario y los de la Minoría Catalana, Alianza Popular y el PSOE, hicieron decaer el proyecto de ley en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados. Acto seguido, el Acuerdo Básico Interconfederal (ABI) firmado por CEOE y la UGT sirvió de punto de partida para la elaboración del borrador y tramitación del Estatuto de los Trabajadores, con un carácter más restrictivo que el proyecto anterior de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. En respuesta, la Confederación Sindical de CC OO decidió en su Consejo Confederal (máximo órgano de decisión entre congresos) celebrado antes del verano de 1979 poner en marcha una campaña de movilizaciones bajo la caracterización eufemística de: “Sota” (manifestaciones por todas las capitales de provincia y ciudades más importantes de España); “Caballo” (concentración nacional de delegados a celebrar en Madrid en el otoño) y “Rey” (huelga general a convocar definitivamente desde dicha concentración nacional de delegados). Pero el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, persistía en su propuesta de formar un Gobierno de Concentración Nacional, aun después de sancionarse la Constitución en referéndum, que ayudara a cristalizar el periodo anterior conocido como el del “consenso” y, en su opinión, consolidar así la democracia. En su estrategia, la movilización social era un factor distorsionante que serviría de pretexto a quienes querían desestabilizar la democracia. En consecuencia, convocó a una reunión del Comité Ejecutivo del PCE al secretario general de CC OO del momento, Marcelino Camacho, y a otros dos dirigentes sindicales, Julián Ariza y Nicolás Sartorius. En dicha reunión se acordó no convocar la huelga general prevista unos meses antes en el máximo órgano del sindicato. Y sin mediar reunión alguna de este ni de ningún otro órgano dirigente de CC OO, se abortó la convocatoria de huelga general en la concentración que tuvo lugar en la Casa de Campo madrileña en octubre de 1979 ante las protestas y reclamos de “¡huelga general!” que coreaban los delegados venidos de todos los lugares de España.

Son cuatro ejemplos en cuatro etapas claramente diferenciadas del siglo XX español, pero con una coincidencia de fondo: el recurso a la acción sindical para materializar estrategias partidarias; y un resultado común: el fracaso en todos los casos, tanto de los partidos políticos que las dirigieron como de los sindicatos que las ejecutaron.

14D: UNA HUELGA PARA LA DEMOCRACIA

A diferencia de todas las huelgas anteriores, la del 14D la convocaron los sindicatos CC OO y la UGT unitariamente desde su más celosa autonomía. No se concibió para modificar o alterar el corolario parlamentario e institucional de la voluntad popular, sino para frenar las injustas políticas socioeconómicas del Gobierno que, por cierto, faltaba al compromiso con sus electores, contraviniendo así el “cambio” prometido en el programa electoral con el que el PSOE había ganado las elecciones de octubre de 1982. Abundando en los incumplimientos electorales de su primera legislatura, el segundo Gobierno de Felipe González pasó de comprometerse a promover la justicia social a profundizar en la inequitativa distribución de la riqueza, desfiscalizando las rentas de capital y gravando las del trabajo; de garantizar el poder adquisitivo de salarios y pensiones a infligirles continuadas pérdidas con reiterados planes de ajuste; de dignificar el empleo a precarizarlo sin límite ni causa; de aumentar y mejorar las prestaciones sociales a reducir la cobertura por desempleo a mínimos históricos; del equilibrio entre patronales y sindicatos en las relaciones laborales al debilitamiento de los derechos laborales individuales y colectivos; y, en suma, de impulsar el diálogo social al abuso de la unilateralidad con inaudita prepotencia.

Tras un largo proceso de negociaciones propuestas por los sindicatos para paliar en lo posible estos desequilibrios —que terminaron sumando desacuerdos y añadiendo nuevos agravios que se detallarán más adelante—, se convocó la huelga. La iniciativa partió de la Comisión Ejecutiva de CC OO, reunida el 8 de noviembre de 1988, pero con la condición de que solamente se convocaría si lo hacían ambas confederaciones sindicales de común acuerdo y al unísono. Quiso así la dirección de CC OO superar el error cometido cuando convocó unilateralmente la huelga general del 20 de junio de 1985 contra el decreto del Gobierno socialista que cambió bruscamente la base de cálculo de las pensiones. En aquella ocasión se propuso a la UGT que se sumase a la convocatoria una vez que esta ya se había publicitado, lo que, lejos de facilitar el incipiente recorrido unitario que había permitido celebrar manifestaciones unitarias contra el citado decreto hasta unas semanas antes, provocó la división sindical.

Aquella misma noche del 8 de noviembre acordaron los secretarios generales de CC OO y la UGT convocarla como “jornada de paro general de 24 horas” (en previsión de las distorsionantes comparaciones históricas que insidiosamente terminaron por hacerse) para el 14 de diciembre, la realización de manifestaciones ese mismo día en todas las ciudades y otra el 16 en Madrid. Asimismo se fijó, a propuesta de CC OO, celebrar una reunión más amplia con sendas delegaciones de las comisiones ejecutivas confederales en la sede de la UGT (para evitar mayores presiones, igualmente previsibles, sobre los dirigentes de la UGT, a quienes ya se les venía acusando de seguidismo con respecto de CC OO); la reunión concluyó con una rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos. La convocatoria se hizo pública con más de un mes de antelación; además de por razones operativas, para preparar y fomentar la máxima participación, y también para dejar abierta la posibilidad de que el Gobierno decidiese retomar las negociaciones y encauzarlas constructivamente.

Pero quienes no tuvieron tantos escrúpulos democráticos fueron todos los poderes que se concitaron contra la huelga y los sindicatos convocantes. El Gobierno y casi toda la estructura orgánica del PSOE (lo que suele conocerse como “el aparato” de los partidos) empezaron cuestionando la legitimidad de la protesta aduciendo que contradecía decisiones emanadas del Parlamento. A continuación pasaron a una desaforada campaña de tergiversaciones acerca de la naturaleza de la huelga, comparándola con las “huelgas revolucionarias” del primer tercio del siglo (reseñadas más arriba) y de las desestabilizadoras intenciones de los dirigentes sindicales de CC OO y la UGT. Así sembraron el temor entre la población por la supuesta violencia con la que se pretendía imponer la huelga. Involucraron incluso al Consejo de Estado, instándole a emitir un dictamen para proceder a decretar los servicios mínimos en servicios esenciales a la comunidad, que fue emitido en menos de dos días (¡todo un record de diligencia del Consejo, jamás igualado ni repetido!) con el nº 52.734 y redactado en una comisión presidida por Tomás de la Cuadra Salcedo y Fernández del Castillo, en el que se iba mucho más allá de lo solicitado para advertir que los sindicatos podían coartar a los representantes de las Cortes Generales y sembrar dudas sobre la legalidad de la huelga. También proliferaron artículos de insignes juristas como Manuel Jiménez de Parga, miembro a su vez del Consejo de Estado (y posterior presidente del Tribunal Constitucional entre 2001 y 2004), en el que sentenciaba “la inconstitucionalidad de la huelga general” (La Vanguardia, 4/XII/1988).

A esta campaña atemorizante y de desmovilización se sumaron casi todos los medios de comunicación. Fue de las pocas ocasiones en el periodo democrático en la que coincidieron periódicos de tan diferente orientación editorial como ABC o El País (este último, dirigido entonces por Joaquín Estefanía, tuvo una especial incidencia y significación en la campaña contra el 14D por cuanto era considerado como el periódico de cabecera por el público de izquierdas y progresista).

Paradójicamente, el apagón de la TVE (pública y única en 1988) a las cero horas del 14 de diciembre fue decisivo para el desarrollo exitoso de la jornada y ha quedado como su episodio más simbólico. Un simbolismo que no persiguieron deliberadamente los sindicatos, pero que resultaría revelador de los respectivos talantes ante el conflicto. Los sindicatos ni tan siquiera habían pensado en que cesaran las emisiones de la televisión y solo aspiraban a negociar con la dirección del Ente unos servicios mínimos respetuosos con el derecho de huelga. Pero esta hizo imposible el acuerdo, empeñándose en considerar incluso la emisión de anuncios publicitarios como un “servicio esencial a la comunidad”. Menos aún estaba dispuesta a contemplar una reducción razonable de los informativos. Esta negativa a negociar los servicios mínimos y a emitir las notas informativas del comité de huelga, así como las amenazas contra los trabajadores que osaran saltarse los “servicios máximos”, obraron el prodigioso acontecimiento, puesto que los trabajadores del centro emisor de Navacerrada —informados por dos representantes de dicho Comité— respondieron a las amenazas decidiendo libremente, reunidos en asamblea, cortar la emisión a las doce de la noche en punto. Y con la carta de ajuste se mantuvieron las pantallas de Madrid y ambas Castillas hasta las ocho de la mañana, cuando la dirección de RTVE se avino a negociar y acordar la edición de cuatro informativos de veinte minutos cada uno a lo largo del día, descartar la publicidad y, sobre todo, retirar los despidos y sanciones anunciados contra los trabajadores de diversos departamentos (los de la estación de Navacerrada entre ellos).

Así comenzó una jornada de huelga que transcurrió sin apenas incidentes, en la que por regla general se habían garantizado los servicios esenciales incluso allí donde no había sido posible acordarlos, como, por ejemplo, en centros sanitarios, donde las propias secciones sindicales de CC OO y la UGT organizaron turnos de atención a los pacientes, o en el transporte público, dotándolo de una red de taxis disponible para prestar servicio en casos de urgente necesidad.

La patronal CEOE-CEPYME tildó la huelga de “política, desestabilizadora y antisocial”. Pretendió que se declarase ilegal y transmitió a todas sus organizaciones instrucciones para coaccionar a las plantillas e impedir el acceso de los piquetes informativos. Y esas directrices fueron las que provocaron algunos incidentes en determinadas empresas. Afortunadamente, apenas tuvieron relevancia, puesto que el paro había sido decidido en muchos centros de trabajo en asambleas previas durante el amplio e intenso proceso preparatorio del 14D. La jornada se saldó con 159 detenidos que, en su práctica totalidad, fueron puestos en libertad sin cargos, 49 heridos leves (26 civiles y 23 policías) y 49 cortes de tráfico; datos que resultan irrelevantes para una jornada desarrollada en todo el territorio nacional y más teniendo en cuenta el clima casi aterrador que las autoridades y sus aliados mediáticos habían creado desde el mismo momento de su convocatoria.

En la huelga general participaron 7.858.669 huelguistas, de una población asalariada de 8.284.300; lo que equivale al 94,86 por ciento (datos recogidos en cada comunidad autónoma y aportados por las correspondientes delegaciones provinciales de trabajo). En todo caso, no hubo ocasión para la “guerra de cifras”. El éxito de participación resultó indiscutible. El mismo día 14 se celebraron manifestaciones multitudinarias en todas las capitales de provincia y en las principales ciudades del país. La del 16 en Madrid congregó a más de 600.000 personas. Estos datos bastarían por sí solos, sin necesidad de más argumentos, para desmentir la simplista versión propagada por el propio Gobierno, dirigentes del PSOE y, de nuevo, los periódicos más difundidos del momento, que achacaba la huelga general del 14D a una simple riña dentro de la familia socialista entre dirigentes de la UGT y del PSOE. Simplista pero interesada, ya que esa deformación tan burda de la realidad servía de pretexto para eludir sus responsabilidades en la gestación del profundo y extenso malestar social generado en poco más de una legislatura y, sobre todo, para rechazar el giro social que se le demandaba.

No obstante, lejos de debilitar, la democracia resultó fortalecida y el derecho a la huelga quedó normalizado como en cualquier otro país de la Unión Europea; es decir, en cierto modo el 14D también supuso un paso más en la homologación con las democracias europeas más avanzadas. Solo faltó que también los poderes públicos hubiesen demostrado un talante homologable al de sus socios comunitarios, abriendo un nuevo proceso de diálogo social con voluntad de alcanzar acuerdos; pero este país no tuvo tanta suerte al primer intento.

PERSISTIENDO EN EL FRACASO

La sustitución del ideario socialdemócrata con el que el PSOE había llegado al Gobierno en 1982 por los postulados de la economía clásica, más propios de gobiernos conservadores, tenía el suficiente recorrido a la altura de 1988 como para verificar empíricamente su fracaso. El axioma neoliberal que disocia crecimiento de distribución fue asumido y vulgarizado por el presidente del Gobierno, Felipe González, al poco de instalarse en la Moncloa, sentenciando: “para repartir la tarta primero tiene que crecer”. Pero las formas y consistencia de las tartas (por utilizar el mismo símil) dependen de sus ingredientes. De tal forma que si el crecimiento de la economía se fragua reduciendo los salarios reales y degradando las condiciones de trabajo para recomponer la tasa de beneficio y la competitividad de las empresas, y a tal distribución primaria de la riqueza generada se le añade una redistribución inequitativa mediante políticas fiscales regresivas, cuando se alcance el deseado crecimiento no se pasará como por encanto a la restitución de la calidad en los empleos y a la recuperación del poder de compra de los salarios; ni la fiscalidad se tornará en equitativa para reestablecer el equilibrio en el reparto de la renta nacional. En el mejor de los casos se incrementarán algunos capítulos del gasto público, pero la desigualdad en términos relativos se mantendrá si no se profundiza aún más. Así se constató entre 1982 y 1988 y se repitió en la primera legislatura del Gobierno Zapatero en la fase expansiva del ciclo económico (antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la gran recesión).

Superada la recesión de 1981 (-0,2 por ciento de incremento del PIB), se retomó la senda del crecimiento entre 1982 (1,2 por ciento) y 1987 (5,2 por ciento). El año siguiente, el del 14D, se cerraría con el 5,8 por ciento de aumento del PIB (datos extraídos de los informes anuales del Banco de España). No obstante, las tasas de inversión habían sido negativas hasta remontar en 1985 (+3,9 por ciento), disparándose a partir de 1986 con incrementos del 14,4 por ciento y del 16,3 por ciento en 1987, año en el que nuestro país captó el equivalente al 2,75 por ciento del PIB (977.000 millones de pesetas) en flujos de inversión directa, orientados sobre todo a sectores especulativos, fundamentalmente activos financieros e inmobiliarios, atraídos en buena parte por las medidas monetaristas que, incrementando los tipos de interés, penalizaban la actividad productiva propia y ofrecían suculentas ventajas a capitales extranjeros. Pero también con ello menguaron nuestras exportaciones y la competitividad de las empresas españolas, lo que se quiso compensar con la devaluación de salarios y la precarización de los empleos. En tal dirección se estrenó el Gobierno socialista con el “decreto Boyer” de 1983, que provocó una caída del 4,7 por ciento de los costes laborales unitarios en 1984, continuando la tendencia bajista en los ejercicios sucesivos (-3; -3,5; -0,1 y -1,3 por ciento desde 1985 hasta 1988 sucesivamente). Si la participación de las rentas del trabajo en la distribución de la renta nacional representaba el 53 por ciento en 1982, seis años después había caído al 48 por ciento en favor de los excedentes netos de explotación de las empresas. Mientras los salarios perdían poder adquisitivo año tras año, el beneficio empresarial se duplicó en 1987 y los de la Banca (tras haber sido rescatada de su colosal crisis de 1982 con más de dos billones de pesetas del erario público) crecieron el 45 por ciento. Simultáneamente, aquel primer equipo económico también legalizó los primeros artilugios fiscales como las SICAV, e introdujo todo tipo de desgravaciones fiscales, entre otras a la compra de viviendas (sin límite en su número ni en su condición de primera, segunda o enésima vivienda); es decir, catalizó directamente la elusión fiscal de los más pudientes, desfiscalizó buena parte de los beneficios y rentas de capital y alentó la especulación inmobiliaria (el “decreto Boyer” impuso también las primeras medidas liberalizadoras sobre el alquiler y el suelo).

Cabe examinar ahora los resultados de tales políticas en términos de empleo, la recurrente excusa con la que los sucesivos gobiernos han venido desde entonces justificando desregulaciones laborales y ajustes salariales. El desempleo ascendía a 1,1 millones en 1982 y en 1987 alcanzó los 3.023.646 (el 20,59 por ciento de la población activa del momento). Y debe recordarse que la gran promesa electoral había sido precisamente crear 800.000 empleos en su primera legislatura. Tampoco se repartió la “tarta” tras haberla agrandado con los aditivos antes señalados, ya que el gasto social contrajo su ritmo de crecimiento en relación al periodo anterior 1977-1981 —que se había situado en 7 puntos—, hasta quedarse en un exiguo 1,64 por ciento interanual entre 1982 y 1987 (del 36,74 por ciento al 38,38 por ciento). En el mismo periodo la cobertura al desempleo descendió igualmente desde el 33,64 por ciento al 28,8 por ciento de los parados, a pesar de registrarse un superávit de 180.000 millones de pesetas en el INEM (entre cotizaciones, que son de carácter finalista y el gasto en prestaciones). La temporalidad, que era del 12 por ciento en 1985, tras la reforma laboral de aquel año por la que se introdujeron en el Estatuto de los Trabajadores hasta 16 modalidades de contratación, se elevó al 20 por ciento en 1987 (llegaría al 33 por ciento en 1990). Una vez más, la realidad desmentía al presidente González, que había justificado su reforma laboral exclamando: “los empleos temporales de hoy serán los fijos de mañana”. Negaba así que se produjese el efecto sustitución de trabajo fijo por temporal, como se preveía desde CC OO. Las pensiones no siguieron una evolución mejor. En 1988 el 70 por ciento de ellas estaba por debajo del salario mínimo interprofesional y el 85 por ciento no llegaba a las 50.000 pesetas (cantidad reivindicada por los sindicatos para establecer el salario mínimo en 1988). Ninguna de las revaloraciones anuales habidas desde 1983 había servido para mantener siquiera la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Por su parte, el gasto sanitario permaneció estancado desde 1982 hasta 1988 mientras subía en seis millones el número de beneficiarios. En consecuencia, España seguía estando ocho puntos por debajo de la media de la CEE en gasto público social. Ahora bien, las subvenciones de diverso tipo y deducciones fiscales a las empresas crecieron exponencialmente. Un par de ejemplos pueden ser muy ilustrativos al respecto. La madeja de transferencias por subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral sumó entre los ejercicios 1986 y 1988 más de 170.000 millones de pesetas, que, por cierto, aparecían como prestaciones sociales en términos de Contabilidad Nacional. En el mismo periodo las reducciones admitidas en las cotizaciones sociales a las empresas fueron de 154.718 millones de pesetas, que además se ejecutaban por el método de autoliquidación de las propias empresas beneficiarias. Las deducciones en el impuesto de sociedades alcanzaron los 526.900 millones, siendo destacable que, de los 84.600 millones presupuestados para 1987, terminaron gastándose 187.300 millones, una desviación del ¡221 por ciento!

INTENTANDO RECOMPONER EL DIÁLOGO SOCIAL

Los sindicatos, además de orientar sus estrategias de negociación colectiva hacia la creación de empleo, frenar su precarización y recuperar el poder adquisitivo de los salarios, eran conscientes de que debía producirse un cambio en la política económica, principal causante de las desigualdades. Por ello, propusieron al Gobierno a principios de 1988 retomar un proceso de negociaciones puntuales sobre revalorización de pensiones, protección por desempleo, reforma del Instituto Nacional de Empleo (INEM) y derecho a la negociación colectiva de los funcionarios, entre otras cuestiones. Pretendieron CC OO y la UGT con este nuevo método de concertación evitar que el desacuerdo en alguna de las materias no arrastrase al desacuerdo en todas las demás, y tener así mayores posibilidades de concluir acuerdos, aunque fuesen limitados.

Finalmente, el Gobierno aceptó iniciar las negociaciones con el método propuesto por los sindicatos y sobre los temas sugeridos. Pero, cuatro meses después, fue dándole carpetazo a cada una de las mesas negociadoras unilateralmente y sin apenas haber pasado de tomar nota de las propuestas sindicales. Por ejemplo, el 3 de octubre dio por zanjada la negociación sobre el INEM, despreciando cuanto se había avanzado para mejorar su faceta de servicio público de empleo, y se retrotrajo a su propuesta inicial. Peor fue que se saltara la ley designando los interlocutores sociales a su antojo para validar tres asuntos cruciales: para imponer un incremento retributivo del 4 por ciento a los empleados públicos escogió el sindicato corporativo CSIF, entonces minoritario (CC OO había ganado las primeras elecciones sindicales en la función pública realizadas en el último trimestre de 1987 y, solo junto a la UGT, con el que sumaba el 80 por ciento de representatividad, podía conformar la mayoría suficiente para darle validez general a un acuerdo). Todavía más ilegítimo fue firmar la revalorización de las pensiones para 1989 con una extraña asociación de pensionistas, la llamada Unión Democrática de Pensionistas, que no tenía estatus sindical ni se conocía procedimiento alguno por el que se hubiese legitimado su representatividad para signar acuerdos. Seguramente a cambio del otorgamiento de esta sui generis personalidad jurídica rubricaron un incremento del 5,35 por ciento, muy por debajo del 6,6 por ciento reclamado por CC OO y la UGT, necesario para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo, e incluso inferior al 5,5 por ciento que llegó a ofertar el Gobierno. En tercer lugar, aprobó el Plan de Empleo Juvenil en el Consejo de Ministros del 25 de octubre. Ya entonces el paro juvenil en España equivalía al 41,3 por ciento de la población activa menor de 25 años y su tasa de cobertura solo alcanzaba al 15 ciento. Era, por lo tanto, la más grave y desalentadora expresión del primer problema del país, pues casi la mitad del total de desempleados eran jóvenes. Las “medidas para la inserción laboral y el empleo de los jóvenes” consistían, de entrada, en limitar su retribución al salario mínimo (44.040 pesetas mensuales en 1988) cualquiera que fuese el salario mínimo establecido en el convenio colectivo de referencia. Además, el patrón gozaría de la subvención de 120.000 pesetas ya existente para los contratos de formación que, junto a la exención total de las cotizaciones sociales, sumaban 268.000 pesetas al año. Por último, se desgravaba 500.000 pesetas del impuesto de sociedades por contrato y año. Con estas 768.000 pesetas de regalo en total por contratar a una persona menor de 25 años cada empleo le salía por 3.583 pesetas mensuales y sin mayores compromisos de permanencia, más allá de la duración del contrato. Un negocio redondo para los empresarios que vulneraba varios artículos del Estatuto de los Trabajadores (17.1 y 42.c) y de la Constitución (14 y 35), además del convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo. Fue la gota que colmó el vaso de las razones que motivaron la convocatoria del 14D.

CONTUMACIA TRAS LA HUELGA

Si el presidente del Gobierno hubiese entendido el verdadero significado del 14D (al día siguiente declaró enigmático: “he entendido el mensaje”), podría haberse saldado antes el conflicto que lo había originado. Pero se quedó en la maquinación, ya que no tuvo otra ocurrencia que convocarnos a los secretarios generales de los sindicatos a mantener una reunión en el Palacio de la Moncloa el 22 de diciembre con él y ¡con el presidente de la patronal! Una burda maniobra para zafarse de su exclusiva responsabilidad en las motivaciones de la huelga, derivando la atención de las reivindicaciones planteadas —que eran todas de su estricta competencia— hacia un escenario de negociación tripartita. Los sindicatos declinaron la invitación e insistieron en mantener la reunión solicitada con el presidente del Gobierno con los siguientes puntos: 1) retirada del llamado contrato de inserción para jóvenes; 2) recuperación de, al menos, dos puntos del poder adquisitivo perdido por pensionistas y empleados públicos y reconocimiento del derecho a la negociación de sus retribuciones y condiciones de trabajo; 3) cumplimiento del compromiso firmado por el Gobierno en octubre de 1984 de incrementar la cobertura al desempleo hasta el 48 por ciento; 4) equiparación en la legislatura de la pensión mínima con el salario mínimo interprofesional; 5) ley de pensiones asistenciales; 6) universalización efectiva de la sanidad pública; 7) reforma del INEM; 8) una fiscalidad equitativa y progresiva y 9) un plan de viviendas y alquileres sociales.

Por fin pudo celebrarse la primera reunión entre los convocantes de la huelga y el Gobierno el 26 de diciembre. Solamente avanzó que “metía el Plan de Empleo Juvenil en un cajón”, expresión literal que los más optimistas quisieron interpretar como una retirada definitiva pero su querencia por las expresiones polisémicas, ampliamente demostrada, no permitía disipar todas las inquietudes al respecto (lo volvería a sacar con algún arreglo cosmético en la reforma laboral de 1994). Solo la consciencia de los representantes sindicales de que el verdadero éxito de la huelga se daría con el logro de las reivindicaciones planteadas y que se debían más a la coherencia en su defensa que a mostrar su orgullo frente a la prepotencia del presidente permitió al menos alcanzar el compromiso de retomar las negociaciones pasadas las fiestas navideñas en dos mesas. Una para empleo y otra para el resto de asuntos. Desde el 11 de enero de 1989 hasta el 7 de febrero, ambos inclusive, se sucedieron las reuniones. La primera, al máximo nivel, en Moncloa (González no tenía previsto asistir pero cambió de opinión cuando los secretarios generales decidimos encabezar las delegaciones); las otras, en el Ministerio de Trabajo, y todas de una larga duración. Aunque los sindicatos flexibilizaron sus peticiones en cantidades (quedaron acotadas en el equivalente al 0,6 por ciento del PIB) y en plazos (para que el Gobierno pudiera encajarlas en dos ejercicios presupuestarios), el Gobierno apenas avanzó hasta ofrecer alrededor de un 40 por ciento de lo solicitado (negativa a negociar el salario mínimo, incrementándolo en menos del 2 por ciento, lo que a su vez condenaba a los pensionistas a seguir perdiendo poder adquisitivo; además, la elevación de la cobertura a los parados que ofrecía se quedaba en el 33 por ciento). Todo ello en un ejercicio en el que el superávit de recaudación fiscal respecto de las previsiones iniciales rondaba los 700.000 millones de pesetas y las subvenciones a empresas aumentaban sin cuento ni control.

En otro intento de confrontar las demandas sociales con la soberanía del Parlamento, Felipe González pactó el raquítico paquete de medidas con Fraga, muy debilitado al frente de Alianza Popular, en lo que se conoció como “el Pacto de San Valentín” (la votación en el Congreso de los Diputados tuvo lugar el 14 de febrero).

1989 acabaría siendo un año doblemente electoral, por las europeas —ya previstas para el 15 de junio— y por las generales, que Felipe González decidió adelantar nueve meses, y que se celebraron el 29 de octubre. En ambos procesos sufrió una considerable pérdida de apoyos. En las europeas, el PSOE obtuvo 1.263.957 votos menos que en 1987; el PP perdió algo más: 1.357.942 votos. En las generales, la merma del primero superó los dos millones de votos, el 20 por ciento de su electorado, y el segundo retrocedió en 200.000 votantes. Es decir, el 14D no había comportado el desgaste del Gobierno para “hacerle el juego a la derecha”, expresión repetida hasta la náusea por el grupo dirigente del PSOE. La mayoría de los votantes socialistas que dejaron de serlo en aquellos comicios decidieron abstenerse, desencantados seguramente por el sistemático incumplimiento de las promesas electorales. Tan solo una pequeña porción pasó, al parecer, a votar a Izquierda Unida, cuyos dirigentes, por cierto, también creyeron que podían capitalizar políticamente el 14D ya que, en lugar de reflexionar sobre sus propios errores pasaron, en vano, pero provocando algunas turbulencias internas, a cuestionar la autonomía de CC OO.

No obstante, entre la creciente abstención, el descenso de la derecha y la ausencia de los diputados de Herri Batasuna, el PSOE pudo revalidar la mayoría absoluta de facto (174 escaños). Por ello el Gobierno se apresuró a desautorizar el 14D, zanjando el contencioso pendiente. Afortunadamente, ambos sindicatos se habían adelantado, desde el día siguiente a la huelga, a dejar muy claro que su protesta no había tenido entre sus objetivos develar Gobierno alguno. Sus propuestas no se revalidaban o se desautorizaban, con el resultado de unas elecciones a las que ni concurrían como sindicatos ni pretendían minusvalorarlas en lo más mínimo en tanto que demócratas. CC OO no había pedido el voto nunca para nadie y se limitó a reproducir su ya clásica posición ante cualquier proceso electoral; esto es, instar a su afiliación y a los trabajadores en general a participar evitando abstenerse y reiterar su respeto a la libertad de cada quien para votar como estimase conveniente, tomando como referencia las propuestas y reivindicaciones de CC OO, contrastándolas con la práctica y los programas de cada partido. La UGT, por su parte, con un enfoque similar, había dejado de pedir el voto para el PSOE. De esta forma, ambos sindicatos demostraron que seguían pendientes las reivindicaciones del 14D, que su legitimidad nacía de la representatividad otorgada por los trabajadores en otras elecciones, las sindicales y que consecuentemente mantendrían su aspiración de lograr un giro social en la política económica.

LA UNIDAD SINDICAL DIO SUS FRUTOS

La relación entre CC OO y la UGT había estado marcada por la división —cuando no por el enfrentamiento— desde la transición democrática. Azuzada desde el primer Gobierno de la monarquía —que autorizó el XXX Congreso de UGT y le prohibió el suyo a CC OO— este último tuvo que desafiar la legalidad vigente celebrando su Asamblea General en Barcelona. Después, la discrepancia se suscitó en torno al modelo de representatividad sindical que debía recoger el Estatuto de los Trabajadores, además de por la ruptura de los procesos de concertación con las patronales que cristalizó en sucesivos Acuerdos Marco entre la CEOE y la UGT, que dieron paso acto seguido a los convenios de eficacia limitada suscritos por los mismos interlocutores y trasladaron la división a las bases de ambos sindicatos. Asimismo, siempre estaba por medio la pugna por la hegemonía en el movimiento sindical. Si a todo lo anterior se le añaden las interferencias ideológicas y los intereses partidistas de las correspondientes componentes de la izquierda, socialistas y comunistas, calibraremos mejor la enorme dificultad que entrañaba recomponer la unidad entre la UGT y CC OO.

LA INFLUENCIA DEL SINGULAR MODELO DE CONCERTACIÓN SOCIAL DE ESPAÑA

El Pacto Social de inspiración keynesiana que fue concertándose en los países democráticos europeos a partir de la década de los cincuenta consistió básicamente en la conjugación de acuerdos negociados en dos ámbitos complementarios. De un lado los sindicatos y las patronales acordaban las retribuciones salariales y las condiciones de trabajo y, a cambio de la certidumbre en la evolución de sus costes laborales durante un cierto periodo, los trabajadores obtenían mayores garantías en el mantenimiento y mejora del empleo. Así, la primera distribución de la riqueza entre excedentes y empleo contribuía a la reinversión de buena parte de los beneficios, mejorando su estructura de oferta y mediante una retribución a los trabajadores que, como mínimo, garantizaba su capacidad adquisitiva, alentando así el dinamismo de la demanda. De todo ello resultaba la mayor oleada de inversiones que ha conocido Europa en su historia, combinada con elevadas tasas de ocupación y mejoras progresivas en la competitividad de sus economías. Pero como tal distribución primaria operada en el mercado no procuraba por sí sola los niveles de equidad deseables ni bastaba para la eficiente asignación de todos los recursos, se pactaban políticas públicas que, complementando el funcionamiento del mercado, inducían la redistribución de la riqueza en forma de prestaciones sociales: educación y sanidad universales y gratuitas, sistemas de pensiones, etc. Derechos sociales que con el avance de la democracia devinieron en auténticos derechos de ciudadanía. No se limitaba, por tanto, a incrementar ocasionalmente determinadas partidas de gasto, sino que se progresaba paulatinamente en la equidad social, basada en sistemas impositivos construidos sobre los tres grandes principios de equidad, suficiencia y transparencia. En otras palabras, el Pacto Social germinó el estado de bienestar social y vino a demostrar de una parte que la democracia industrial no era un atentado contra la libre empresa por tener que compartir las decisiones con los representantes de los trabajadores. Al revés, la corresponsabilidad negociada dotaba a las empresas de nuevas potencialidades para innovar sus estrategias organizacionales y afrontar nuevos hitos en su modernización. Esto, lejos de incorporar ineficiencias, implementaba la mejora de la productividad por hora trabajada, la que acababa determinando las más solventes ganancias de competitividad. Al mismo tiempo, pudo verificarse en la práctica que la equidad social no solo no ralentizaba el progreso económico de las naciones, sino que lo impulsó hasta las cotas más altas que ha conocido Europa; o que, volviendo a la metáfora pastelera, la tarta se hacía más grande y saludable utilizando equitativamente los ingredientes. Este nuevo equilibrio entre democracia y mercado fue a su vez el mejor garante del crecimiento en un marco de estabilidad política y social.

Lamentablemente la concertación social en España tuvo que jugar un papel coadyuvante del proceso político en un contexto bien distinto al europeo de los años cincuenta. Aquí no teníamos una democracia legitimada con la derrota del fascismo, ni una economía en desarrollo, sino una democracia frágil tras una transición desde la dictadura franquista y una economía en profunda crisis. En palabras del vicepresidente económico de primer Gobierno democrático, el profesor Fuentes Quintana: “Una economía en crisis es el problema fundamental para una democracia débil […] los desequilibrios macroeconómicos no conceden el tiempo necesario para pactar una Constitución”. Y desde esta certera visión política se negociaron y acordaron los Pactos de la Moncloa. Pero lejos de obedecer a enfoques keynesianos estuvieron más cerca de la ortodoxia monetarista para el ajuste de los desequilibrios macroeconómicos. El acierto político no lo fue tanto en las recetas económicas. En efecto, la elevada tasa de inflación que presentaba la economía española no estaba siendo provocada única ni principalmente por las alzas salariales, sino por la populista y desastrosa política energética que hasta un par de años antes había subvencionado el consumo de los derivados del petróleo y disparó las importaciones en un 300 por ciento con el consiguiente impacto en el déficit exterior y en la balanza de pagos. Tampoco este desequilibrio endémico en las relaciones de intercambio en los mercados internacionales se debía a una desventaja competitiva en precios y salarios, sino a nuestra obsoleta estructura productiva, al atraso industrial y tecnológico, al escaso valor añadido de los bienes y servicios comercializables y, en definitiva, al enorme diferencial de productividad (ya en 1978 la economía española registraba una productividad inferior a la alemana en 16 puntos porcentuales y entre 10 y 14 puntos con Italia y Francia). Un recetario para impulsar reformas estructurales que paradójicamente no alteraron los problemas estructurales de la economía española, puesto que tras la fuerte reducción de la inflación durante el primer año de vigencia, gracias a la fuerte moderación salarial y al cambio en su determinación en la negociación colectiva con base en la inflación prevista y un leve (y efímero) superávit en la balanza de pagos, retornaron los desajustes al cabo de dos ejercicios, con el agravante añadido del aumento del paro, que pasó de tasas inferiores al 10 por ciento a la firma de los pactos a rondar el 20 por ciento. Para colmo, quedaron sin cumplirse los programas para mejorar la protección social a desempleados, el plan de escolarización y el de incremento de las aportaciones del Estado a la financiación de la Seguridad Social. Tampoco se compensaron los 40.000 millones de pesetas que habían supuesto las rebajas en las cuotas patronales a la Seguridad Social. Menos aún se cumplió el acuerdo de revisar la estructura de los organismos de control de precios (los márgenes comerciales sí eran y son un influyente catalizador de la inflación en España). Tampoco se tuvieron más noticias del Plan Energético Nacional, capital en una economía tan dependiente energéticamente y tan ineficiente en el consumo de energía.

Pero como ya se ha apuntado, su principal e indiscutible aportación fue allanar el proceso constituyente alentando el más amplio consenso político y social. Esta peculiaridad de la concertación social española tuvimos ocasión de comprobarla de nuevo tras la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, cuando se firmó el Acuerdo Nacional de Empleo (junio de 1981) que estipuló una reducción de dos puntos porcentuales de poder adquisitivo en todas la remuneraciones del trabajo (salarios, subsidios y pensiones) a cambio de generar 350.000 empleos que nunca se crearon. Por el contrario, el paro subió hasta registrarse 1,1 millones al año siguiente. Igualmente tuvo una clara dimensión política la firma del Acuerdo Interconfederal de 1983 para contribuir al normal asentamiento del recién estrenado primer Gobierno socialista desde los años treinta en medio de nuevos rumores sobre operaciones desestabilizadoras (la más comentada se conoció como “el 29O”) y que contó con la firma de ambos sindicatos (CC OO no suscribió los Acuerdos Marco Interconfederales de 1980 y 1981).

El límite en la instrumentación de la concertación social lo traspasó Felipe González en los prolegómenos del Acuerdo Económico y Social, cuando emplazó a las delegaciones sindicales a que hicieran “los mismos sacrificios para su Gobierno que los que habían hecho para los gobiernos de la derecha”. No había entendido que los esfuerzos realizados por los sindicatos en acuerdos anteriores respondieron a intereses generales, y especialmente al más común a todos los demócratas, el de consolidar la democracia. El fiasco del AES supuso el ocaso del esquema de concertación seguido desde los Pactos de la Moncloa.

CONSTRUYENDO UN NUEVO MODELO DE CONCERTACIÓN SOCIAL

No obstante, el presidente del Gobierno volvió a convocarnos en el segundo semestre de 1986 para “negociar las cuentas del reino” (expresión literal empleada por Felipe González). Era fácil advertir que lo que realmente se buscaba era el aval sindical a los Presupuestos Generales del Estado para 1987. La UGT y CC OO coincidieron en rehusar tal invitación y se le hizo una propuesta alternativa de diálogo social.

Aún con reflexiones por separado, ambos sindicatos habían llegado a conclusiones similares. En el caso de CC OO, inmersa en la preparación de su IV Congreso (noviembre de 1987) que concluiría con la renovación de sus máximos dirigentes, centraba sus tesis precisamente en cambiar el modelo de concertación social, tanto en los contenidos como en el continente12. Los acuerdos generales abarcaban un sinfín de materias de muy diversa naturaleza. Así, por ejemplo, en el AES se habían mezclado cuestiones de política económica y presupuestaria, fiscalidad, Seguridad Social y cotizaciones sociales, participación institucional, formación profesional, absentismo y productividad, salarios y ámbitos de negociación colectiva, empresa pública, obras y servicios públicos, patrimonio sindical y el cambio del Estatuto de los Trabajadores para dar cabida a las múltiples formas de contratación temporal. Un temario tan heterogéneo y fuertemente condicionado por el carácter tripartito de la mesa de negociación, en la que el Gobierno no era el árbitro sino juez y parte, no permitía otra disyuntiva que el acuerdo total o el disenso global.

En su lugar se propuso un nuevo esquema negociador que abarcase menos asuntos y claramente diferenciados, en mesas específicas, de forma que los desacuerdos puntuales no impidieran alcanzar acuerdos en otros asuntos. También había que discernir entre las cuestiones que, por su naturaleza, requiriesen la participación de los poderes públicos y las que debían ser objeto de negociación autónoma entre patronal y sindicatos. Una propuesta guiada por una seria voluntad negociadora y basada en el análisis crítico de un esquema de concertación que, además de los condicionantes arriba mencionados, estaba generando inercias que lastraban la racionalización de contenidos y la articulación de los atomizados ámbitos de negociación colectiva por empresas, provincias y sectores que prácticamente no se habían renovado desde el periodo anterior a la democracia.

También había sido fruto de una reflexión autocrítica en el caso de CC OO. El rechazo al primer Acuerdo Marco Interconfederal firmado por CEOE y la UGT podía motivarse en sus propios contenidos sociolaborales, pero los máximos dirigentes del momento añadieron una justificación teórica por la que se diferenciaba entre acuerdos a cuatro bandas: Gobierno, partidos políticos, patronal y sindicatos y los bipartitos entre los dos últimos interlocutores. A los primeros se les atribuía un carácter político-económico que los convertía en asumibles y los segundos eran considerados como pactos sociales que cristalizaban una suerte de colaboracionismo interclasista y eran por ello rechazables. Curiosamente se ponía como ejemplo de acuerdo a cuatro bandas los Pactos de la Moncloa, cuando habían sido solamente el Gobierno y los partidos del arco parlamentario quienes los habían negociado y firmado. Los agentes sociales no fueron ni como convidados de piedra. Por ello, tanto el Gobierno convocante como los partidos convocados adujeron que no había habido previamente un proceso electoral en los ámbitos socioprofesionales que permitiese verificar la representatividad de la patronal y de los sindicatos. No obstante, tal laguna no fue inconveniente alguno para comprometerles en su estricto cumplimento en todos los convenios colectivos. Por otra parte, se colocaba en una grave contradicción a las organizaciones y delegados sindicales de CC OO cuando debían negociar convenios colectivos con sus correspondientes patronales; es decir, hacían “pactos a dos bandas” que sus dirigentes en el vértice consideraban reprobables. En definitiva, una endeble justificación pero que contribuyó a la confusión y a la división estereotipada entre la UGT, el sindicato de la concertación y CC OO, el sindicato de la movilización.

La tesis aprobada en el IV Congreso Confederal de CC OO aportó reflexiones que superaron las digresiones apuntadas anteriormente. Se caracterizaron los posibles acuerdos a negociar bien con las patronales o con los gobiernos en función de sus contenidos, valorándolos objetivamente por los resultados que finalmente se alcanzasen en cada uno de ellos y delimitando los interlocutores según las competencias de cada cual sobre las materias a negociar. Y, sobre todo, fue una aportación pensada para que tanto en la concertación como en la movilización se fuese labrando un nuevo camino más jalonado por la unidad que por la división sindical.

LA PROPUESTA SINDICAL PRIORITARIA

Tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones con el Gobierno, en febrero de 1989, ambas confederaciones siguieron estrechando su unidad de acción para afrontar en lo inmediato la negociación colectiva. A la altura de septiembre se había logrado mejorar el resultado de los convenios respecto del ejercicio anterior y 4.818.096 trabajadores lograron aumentar sus salarios en un 7,06 por ciento por término medio. Del mismo modo, se extendieron a más convenios las cláusulas de revisión salarial que cubrían al 70,25 por ciento de los trabajadores que tenían convenio. En un 30 por ciento de los casos consiguieron reducciones de jornada. Mientras, el Gobierno ofrecía en el sector público alzas del 3 por ciento, cuando la inflación ya había rebasado el 3,5 por ciento en el tercer trimestre, por lo que, en consecuencia, se registró una elevada conflictividad. En este plano, la unidad sindical forjada en el 14D empezó a dar sus frutos, invirtiendo la tendencia en la distribución de la renta nacional, haciéndola más favorable a los salarios.

Pero además dieron un paso cualitativo importante hacia la que podría considerarse unidad programática proyectada en la Propuesta Sindical Prioritaria (PSP) que fue presentada en rueda de prensa el 5 de octubre. Las propuestas se agruparon en cuatro grandes apartados: empleo, protección social, políticas de rentas salariales y empresariales y derechos sindicales, tanto en las administraciones públicas como en el sector privado. Se ofreció la negociación con todas las administraciones, Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos en las materias que les competían y con la patronal en lo concerniente a la contratación colectiva. Precisamente las primeras reuniones se mantuvieron con la CEOE y giraron sobre formación profesional.

EL ÉXITO DEL 14D

El éxito de una movilización se cifra en la consecución de sus objetivos; exigencia más estricta cuanto mayor hayan sido la participación y el esfuerzo recabado. En consecuencia, los sindicatos debían extremar su responsabilidad, su tesón y su inteligencia en la gestión del 14D para obtener los mejores resultados posibles. Con ese rigor acometieron la nueva fase de negociaciones con el Gobierno que, por fin, se abría el 21 de diciembre de 1989, una vez que su presidente hubiera aceptado negociar con el método y sobre los puntos propuestos por CC OO y la UGT. Entre los inmediatos “redondeos” que se lograron incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 1990, caben destacar las subidas del 13 por ciento de la partida dedicada a pensiones asistenciales; del 10,54 por ciento para las pensiones mínimas y del 9 por ciento para las ayudas sociales menores o equivalentes al salario mínimo; del 19 por ciento en aportaciones al desempleo o del 15 por ciento más a la Sanidad Pública como aportación finalista del Estado para culminar la efectiva universalización de la asistencia sanitaria y el alza del 6 por ciento en el capítulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado, destinado a retribución de los empleados públicos. Todos estos epígrafes presupuestados fueron mejorando notablemente con los acuerdos que paulatinamente se fueron logrando desde mediados de enero de 1990. Así, por ejemplo, se terminó consiguiendo que los recursos para la protección por desempleo subiesen un 67 por ciento; que el incremento global para pensiones de la Seguridad Social llegase al 16 por ciento y al 14 por ciento para complementar las pensiones mínimas; se doblaron las ayudas familiares y se consiguió por primera vez el derecho a la revalorización anual de pensiones y salarios de los funcionarios, quienes obtuvieron una paga de 52.525 pesetas, en concepto de deuda social por las pérdidas de capacidad de compra acumuladas en los dos ejercicios anteriores. Los acuerdos se fueron sucediendo hasta el mes de junio y abarcaron muy diversos temas, como la negociación colectiva en la función pública, mejoras en el Régimen Especial Agrario, en la prevención de riesgos laborales, la formación profesional para la que se regularon los programas dependientes del Fondo Social Europeo. También se creó un órgano tripartito vinculado al Consejo General de la Formación Profesional, así como la homologación de la formación ocupacional y la reglada, además de la participación sindical en la formación continua en las empresas. Sin embargo, el acuerdo, que no incorporaba coste económico, sino más democracia en las empresas y transparencia en las relaciones laborales, fue el más controvertido. A finales de enero se alcanzó un acuerdo orientado a combatir el fraude en la contratación laboral que obligaba a las empresas a entregar una copia básica de los contratos a los representantes de los trabajadores y reconocía el derecho de cada trabajador a contar con la presencia de uno de sus representantes sindicales tanto a la firma del contrato como en caso de cese de la relación laboral antes de rubricar el finiquito. La furibunda reacción de la patronal le llevó a romper el acuerdo de formación profesional que había sido el primero de los negociados y llegó hasta la Organización Internacional del Trabajo, donde desempolvaría el viejo espantajo de “sovietización” de las empresas en España. Sobreactuación para tapar el temor a que se demostrase el uso indebido de buena parte de los ¡600.000 millones de pesetas! que recibían los empresarios en subvenciones a la contratación que en muchos casos se realizaba en fraude de ley.

El Gobierno creyó que podía atemperar su reacción acordando bilateralmente con CEOE-CEPYME la congelación de las cotizaciones sociales a lo largo de toda la legislatura, que acababa de empezar. Pero cobrado el primer dividendo del alboroto, siguieron con la presión y consiguieron paralizar la regulación del acuerdo sobre contratación. En tales condiciones los sindicatos tuvieron que abrir un paréntesis en las negociaciones con el Gobierno en tanto en cuanto no cumpliese con lo ya acordado. Por fin, el 22 de mayo presentó el Gobierno el proyecto de ley sobre derechos de información a los representantes de los trabajadores y el real decreto por el que se creaba la Comisión de Seguimiento y Control de la Contratación Laboral.

Sobre otras cuestiones, como la revalorización del salario mínimo, se acercaron posiciones hasta cifrarla el Gobierno en el 7,13 por ciento de aumento, pero no llegó al 9 por ciento requerido por los sindicatos y no hubo acuerdo. Tampoco pudo cerrarse el establecimiento de un salario social que, sin embargo, fue creándose en casi todas las comunidades autónomas mediante acuerdos que adaptaban y en muchos casos mejoraban lo acordado con el Gobierno central.

En suma, se consiguieron casi todas las reivindicaciones del 14D, salvo algunas que se quedaron cortas, como la mencionada del salario mínimo, y con muy sustanciales avances en otras, como la protección de los parados que habían agotado sus prestaciones y que pudieron acceder a los nuevos subsidios asistenciales.

Se puede concluir con moderado orgullo que el 14D rindió sus frutos en la consecución de las reivindicaciones que lo habían motivado. Tal vez lo más importante sea que varios de los logros de entonces fuesen nuevos derechos que permanecen; avances en nuestro estado de bienestar que han terminado beneficiando a toda la ciudadanía; que se marcasen nuevas pautas en el desarrollo de la concertación social. A partir de entonces dejó de estar circunscrita en el ámbito nacional para expandirse por todas las comunidades autónomas. La dimensión social del autogobierno autonómico le debe casi todo al 14D y a la iniciativa de la UGT y de CC OO, que inmediatamente después emplazaron a sus correspondientes gobiernos regionales hasta lograr los espacios de participación institucional y de negociación que hoy ya están consolidados en todas partes.

ALGUNAS NOTAS FINALES

El 14D no fue una excepción en la regla con la que se condujeron las huelgas generales anteriores. Inauguró la norma que conjuga la unidad y la autonomía sindicales como condiciones necesarias e indisociables para el éxito de los trabajadores en la lucha por sus derechos e intereses.

Denostando la nostalgia que solo sirve para anclarse en el pasado, evocar el 14D tiene sentido si contribuye a atesorar la memoria del movimiento sindical y alentar su lucha por un mundo mejor con más libertad y justicia. Ahora como entonces, cuanto más injustas son las políticas que pretenden imponerse, mayores son las restricciones a las libertades y a los derechos.

Aunque la desigualdad siempre empieza a engendrarse en la relación entre el capital y el trabajo, cada vez se extiende a más ámbitos y condiciones de los estrictamente laborales. La devaluación del empleo suele venir acompañada de los recortes presupuestarios que degradan la sanidad y la educación públicas, banalizan la igualdad de oportunidades y ahondan la brecha entre las clases sociales. Políticas económicas favorecedoras de la especulación en detrimento de la inversión productiva desplazan al trabajo del eje central del progreso y escinden el crecimiento del desarrollo sostenible. La mundialización de los mercados sin universalizar la democracia está acelerando una división internacional del trabajo escorada hacia la explotación de asalariados a menor precio y con menos derechos.

Son las anteriores algunas de las líneas generatrices que han ido dotando de significado al sindicalismo de clase. La lucha por los intereses inmediatos y los derechos básicos de los trabajadores en sus ocupaciones estuvo impregnada del anhelo de sociedades más justas e igualitarias y de un mundo más solidario; hasta lograr que paulatinamente el empeño por la dignificación de las condiciones de trabajo se fuese vinculando al de vivir decentemente con derecho a la salud, a la cultura, en una vivienda digna y en un medio habitable. Es decir, el movimiento sindical fue el vector que sintetizó derechos laborales y derechos de ciudadanía.

Hace treinta años CC OO y la UGT lograron la mayor movilización sindical porque también la hicieron ciudadana. Junto a las demandas de los trabajadores canalizaron el malestar de otros muchos y muy diversos sectores sociales. La Unión de Actores y Actrices, 1.200 intelectuales encabezados por el profesor Aranguren, el Consejo de la Juventud, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias (COAG) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que llegó a crear hasta su propio comité de huelga, confluyeron en el apoyo y participaron activamente en la preparación de la huelga general del 14D. Tal vez haberse imbricado con estos colectivos indujo a otros sindicatos como los nacionalistas ELA-STV y LAB de Euskadi y CXTG e INTG de Galicia, habitualmente más refractarios a la unidad de acción con la UGT y CC OO, a sumarse a la convocatoria.

Pero cualquier tiempo pasado no fue mejor. El pasado fue, sencillamente, anterior y distinto. Ahora es más complicado, pero también más necesario, definir y desarrollar la dimensión sociopolítica de los sindicatos. Por ejemplo, frenar y revertir la tendencia creciente de los pobres con empleo requiere, además de la lucha en los lugares de trabajo por mejorar las condiciones de trabajo, luchar contra la pobreza energética, por una educación pública de calidad, por la plena restitución de la universalidad de la asistencia sanitaria, contra los desahucios y la especulación inmobiliaria o por la plena inserción sociolaboral de los trabajadores migrantes. Causas todas ellas indeclinables para los sindicatos generales de trabajadores que, con su nítida identidad, tienen el derecho y el deber de asumirlas como propias, con independencia de otras expresiones de movilización social con las que puedan converger.

Tras el 14D, ambos sindicatos ensancharon su base representativa y su afiliación, en proporciones muy notables (CC OO y la UGT juntos alcanzaron el 84 por ciento de representatividad y sumaron casi el doble de afiliados) y sobre todo diversificaron su composición con nuevos colectivos de trabajadores jóvenes, mujeres, temporales y fijos, pensionistas y parados. Igualmente llegaron a más pequeñas y medianas empresas.

En este tiempo también han surgido nuevas formas de producción en el contexto de la revolución tecnológica y la era digital y con ellas nuevas organizaciones del trabajo que van arrumbando a gran velocidad las derivadas del viejo fordismo industrial. Unas mutaciones que entrañan nuevos desafíos para los sindicatos en todos los planos, desde organizativos hasta contractuales, lo que probablemente esté requiriendo una continua reconsideración de las formas de encuadramiento y de la acción sindical, con mayor agilidad e inteligencia que en etapas pasadas. Sería deseable que de esas reflexiones surjan nuevos proyectos de renovación de los sindicatos confederales que atraigan a buena parte de los colectivos que se autoorganizan en sindicatos autónomos, creyendo que así defienden mejor sus intereses temiendo quedar difuminados en los grandes sindicatos.

En lo que a CC OO se refiere, el 14D también fue determinante para evaluar el cambio que había operado en su organización y en la orientación de su política sindical un año antes y para impulsar su posterior afianzamiento en términos sindicales tanto nacional como internacionalmente, sociales e institucionales.

La estrategia adoptada en el IV Congreso Confederal se vio corroborada de inmediato con la elaboración de plataformas unitarias para la negociación colectiva de 1988. Las alternativas al modelo de concertación social, el impulso de la negociación colectiva sectorial, la racionalización de sus contenidos, la articulación entre los diferentes ámbitos y el esfuerzo por anteponer la unidad de acción con la UGT a la disputa por la hegemonía en el seno del movimiento sindical habían dado sus frutos. Ello registró índices de conflictividad laboral sin precedentes y logró para los trabajadores notables mejoras salariales y de empleo. La posición común de los sindicatos ante el proceso de negociaciones con el Gobierno del mismo año evitó la reproducción de los viejos esquemas de concertación y finalmente la convocatoria misma del 14D.

Paralelamente se llevó a cabo un proceso de adaptación organizativa de los sindicatos, tanto desde el punto de vista territorial como sectorial. En el primer caso para mejorar su adecuación a la descentralización autonómica del Estado español; en el segundo, racionalizando sus federaciones de acuerdo con la estructura productiva del país.

Como consecuencia de tales cambios, CC OO protagonizó tanto los procesos de negociación como las movilizaciones que se sucedieron y, de forma más destacada, las que condujeron a la huelga general del 14D. En apenas un mandato congresual duplicó su afiliación, anotando los mayores incrementos en el sector servicios. Solo en las administraciones públicas el alza fue del 102,72 por ciento, seguida de seguros con un 98 por ciento de aumento o del 25 por ciento en alimentación, rama en la que, tras el 14D, decidió integrarse colectivamente el Sindicato de la Vid, constituido durante la lucha antifranquista y con fuerte implantación y representatividad en el Marco de Jerez. Por comunidades autónomas, los avances más significativos se dieron en Cataluña, Madrid, Andalucía y Canarias. Asimismo, en las elecciones sindicales de 1994 CC OO recuperó la posición de primera fuerza sindical que había perdido diez años antes.

Precisamente el 14 de diciembre de 1990, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) acordó aceptar la incorporación de CC OO, que esta venía solicitando desde su fundación en 1973. Pocos años después, CC OO ingresó en la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), culminando así su plena integración en el movimiento sindical internacional del que había estado excluida hasta entonces.

Paradójicamente, mientras obtenía estos resultados y se consolidaba la unidad con la UGT, se indujeron las disensiones internas. En el mismo periodo en el que CC OO promovió y coprotagonizó con la UGT tres huelgas generales contra las políticas (anti)sociales, los ajustes económicos y las reformas laborales (14D de 1988; 28 de mayo de 1992 y 27 de enero de 1994) de los gobiernos de Felipe González, destacados militantes, encabezados por el propio presidente confederal, Marcelino Camacho, acusaban a la dirección del sindicato de “inmovilismo”; y de “derechización” cuando se habían logrado derechos sociales, mejoras salariales y de condiciones de trabajo sin precedentes.

Obviamente, la raíz de tales descalificaciones, tan objetivamente desmentidas por la realidad, no estaba en el sindicato, sino extramuros, en los confines partidistas del PCE, de cuya máxima dirección había vuelto a formar parte Marcelino Camacho.

Pero le pesase a quien fuera, la autonomía de CC OO era irreversible. Es más, quien hubiese aceptado la subordinación a intereses o estrategias habría tenido que asumir las consecuencias. La más inmediata habría sido la ruptura de la unidad de acción sindical, así como el rechazo de la mayor parte de su afiliación, muy plural cultural y políticamente y sin adscripción partidaria en su mayoría. Hubiera supuesto, asimismo, la muy probable pérdida de afiliados y de representatividad y el aislamiento de nuevo respecto del movimiento sindical europeo e internacional. En definitiva, todo lo que habría conducido a la esterilidad como sindicato, aunque proclamase un gran fervor ideológico.

Afortunadamente, para entonces la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de CC OO defendían su proyecto sindical por encima de liderazgos, que han de ser pasajeros para evitar que se conviertan en perniciosos, y de personalismos, por emblemáticos y legendarios que hubiesen sido. A lo largo de la historia el “culto a la personalidad” siempre ha sido la coartada para desnaturalizar ideales instrumentalizando a las personas, incluida a la que se rinde culto.

Mientras se mantenga y renueve ese proyecto colectivo, con sus valores y principios, seguirán siendo las CC OO el mejor instrumento de los trabajadores y trabajadoras de España para defender sus intereses y derechos en el presente y contribuir decisivamente a la construcción de un mejor futuro.

12 . Esta tesis congresual era congruente con el análisis que constataba empíricamente que el modelo de concertación social seguido hasta entonces estaba agotado y, aún más, que había errado en el enfoque de retos decisivos para el desarrollo económico-social y la creación de empleo.

CAPÍTULO 4

LA HUELGA GENERAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CARMEN RIVAS

En el buen periodismo, además de la descripción de un acontecimiento, tenéis también la explicación de por qué ha sucedido. En el mal periodismo, en cambio, encontramos solo la descripción, sin ninguna conexión o referencia al contexto.

Ryszard Kapuscinski

A las 00.00 horas del miércoles 14 de diciembre de 1988 TVE dejaba de emitir. La señal había sido cortada por los trabajadores del ente público desde el centro repetidor de Navacerrada. Fue el síntoma más claro de que había empezado la huelga general convocada por los dos sindicatos mayoritarios, CC OO y la UGT, contra algunas de las medidas económicas adoptadas por el gobierno. Las crónicas de aquella jornada explican que el impacto de aquel hecho fue de tal calibre que muchos ciudadanos no salieron a la calle hasta bien avanzado el día (El Mundo, 15-XII-1988).

El apoyo de los trabajadores de un medio de comunicación como TVE a la huelga general no fue baladí, y parte del éxito de aquella convocatoria se atribuye precisamente a que, por sorpresa, se fuese a negro la emisión televisiva de la, por entonces, única cadena de ámbito nacional.

La convocatoria de huelga el 14D consiguió paralizar la televisión pública, pero no solo. Tampoco ese día hubo prensa escrita ni radio; tan solo algunas radios privadas continuaron su emisión normal. Así pues, sin medios de comunicación, sin transportes, sin actividad en colegios, institutos, ni universidades, con la industria prácticamente paralizada y con unos servicios mínimos en las urgencias de los hospitales, la huelga general del 14 de diciembre de 1988 fue secundada por un 90 por ciento de la población activa de entonces, unos ocho millones de trabajadores.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: DE LA TRANSICIÓN AL 14D

En todo este proceso político de importante cambio cobraron un especial protagonismo los medios de comunicación. En primer lugar TVE que, en un momento en el que no existía la televisión privada, tenía el monopolio televisivo y era el medio más controlado por el poder. Su papel fue destacable en varios momentos: con la ley para la reforma política (1976), con la legalización de los partidos políticos (1977), las primeras elecciones democráticas (15 de junio de 1977), el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981 y también con su actuación en la huelga general de 1988, como analizaremos más adelante. Por último, es interesante resaltar para el tema que nos ocupa que el Estatuto de RTVE, firmado en 1980 y vigente hasta el 7 de junio de 2006, dio como resultado una mediatización política doble, puesto que el Gobierno nombraba a su director y el Parlamento elegía a su Consejo.

Con respecto a la prensa escrita, el 4 de mayo de 1976 apareció el periódico El País, dirigido por Juan Luis Cebrián; Diario 16 se especializó en temas militares, la prensa católica, junto con la cadena de radio COPE, se mantuvo en provincias y se mostró contraria a la separación Iglesia-Estado y a la enseñanza laica. Por su parte, periódicos nostálgicos del régimen franquista como El Alcázar y El Imparcial continuaron siendo el feudo de la extrema derecha contra el proceso democrático. Posteriormente estas cabeceras desaparecieron y sus profesionales se integraron en otros medios públicos e instituciones del Estado; tal fue el caso de la desaparición en 1984 de Arriba, fundado por José Antonio Primo de Rivera.

Prueba de la importancia de los medios de comunicación en aquellos momentos de transcendencia histórica, política y social es, por ejemplo, el tratamiento que dieron estos medios a la legalización de todos los partidos políticos. En abril de 1977 se produjo la supresión del artículo 2 de la ley de prensa de 1966 y la legalización de todos los partidos políticos (incluido el Partido Comunista). Sin embargo, la libertad de expresión continuó sorteando obstáculos y dificultades a la hora de convocar huelgas, por los secuestros de publicaciones o detenciones por la difusión de propaganda “subversiva”. Estos atentados contra la libertad solían aparecer en las páginas pares de los periódicos y en espacios muy pequeños, debido a la prudencia empleada por los directores o a la falta de información de la publicación al respecto.

A medida que la democracia fue consolidándose, los medios de comunicación fueron ganando en libertad. Esto quedó patente en la huelga general del 14D. La afiliación sindical en los medios de comunicación era, casi en su totalidad, a los sindicatos la UGT y CC OO. La asamblea de trabajadores de RTVE acordó, en la reunión celebrada el 13 de diciembre, secundar la huelga general.

Al filo de la medianoche del 13 al 14 de diciembre y mientras que en la tercera edición del telediario, presentado por Olga Barrio, se informaba a la audiencia de que, a pesar de la falta de acuerdo entre la dirección y el comité de huelga, la programación de la cadena no iba a verse interrumpida, la señal de TVE se fue a negro. Lo que se vivió en los momentos previos y posteriores en el ente público ha sido explicado por sus protagonistas y recogido en diversos medios de comunicación.

El comité de huelga había llegado al acuerdo de “cantar” una cuenta atrás diez segundos antes de las 00.00 del 14D con el fin de cortar la emisión sin miedo, con el respaldo de todos los trabajadores y con éxito. Y fue un éxito: desde el centro de control de Navacerrada se cortó la señal y la televisión pública dejó de emitir. La razón que el comité de huelga esgrimió para tomar la decisión de interrumpir la emisión de TVE fueron los abusivos servicios mínimos que intentó imponer el Gobierno (ABC, 15-XII-1988: 39).

Las reacciones de la dirección de TVE ante este hecho fueron variando, pasaron de la emisión de telegramas de despido a los técnicos que habían provocado aquel corte, a la negociación con el comité de huelga para restablecer la señal. Los despidos nunca llegaron a ser efectivos porque, al ser una actitud tomada por todos los trabajadores del ente público, no pudo probarse que hubiera solo unos pocos implicados a los que poder amonestar o despedir.

Finalmente, sin embargo, se produjo una reunión entre la entonces directora general de RTVE, Pilar Miró, y los secretarios de acción sindical de la UGT y CC OO, Apolinar Rodríguez y Agustín Moreno, respectivamente. Tras tres horas y media se acordaron los servicios mínimos a prestar a la ciudadanía: emitir un informativo de 20 minutos por la mañana, la carta de ajuste y otro telediario de 20 minutos a las tres de la tarde. El acuerdo también preveía que la emisión recuperara la normalidad a las seis de la tarde pero sin publicidad, ya que esta no se consideraba parte de los servicios mínimos estipulados para dar un servicio público a la ciudadanía. Este acuerdo contenía prácticamente sin variaciones los puntos que el comité de huelga había negociado con la empresa desde la siete de la tarde del 13 de diciembre hasta las once de la noche de ese mismo día, cuando las negociaciones habían quedado rotas.

Tras el apagón informativo de TVE las conversaciones se reanudaron, teniendo como resultado el acuerdo explicado. Sin embargo, a las ocho y media de la mañana TVE emitía veinte minutos del programa Buenos días. La premura con la que la dirección del programa decidió su emisión provocó que se utilizaran imágenes que no habían tenido tiempo de editar correctamente. Estas imágenes correspondían a incidentes acaecidos en el cinturón industrial de Madrid durante las primeras horas de la jornada de huelga. Esta emisión fue considerada por los sindicatos como “terrorismo informativo” (El País, 15-XII-1988: 21).

Por otro lado, el acuerdo entre los sindicatos y el ente público permitió la emisión del programa Más estrellas que en el cielo. Si bien cabe recordar que su director, Terenci Moix, había manifestado su apoyo a la huelga y su total desacuerdo con la emisión de dicho programa, que había sido grabado unos días antes.

No solo la televisión pública dejó de emitir, Radio Nacional tampoco lo hizo, tan solo emitió música y noticias de acuerdo con los servicios mínimos prefijados entre el ente público y los trabajadores. El impacto sobre la población de este “parón” televisivo fue extraordinariamente importante, y muchos analistas lo consideran una de las causas del rotundo éxito de la huelga general.

Y LA PRENSA TAMPOCO ESTUVO EN LOS QUIOSCOS…

Sin embargo, la radiotelevisión pública no fue el único medio de comunicación que se sumó al paro general que se produjo en el país. Los periódicos tampoco salieron a la calle el 14D. En este caso, y dada la particularidad de que los diarios se elaboran un día antes de su venta, las asambleas de trabajadores de estos medios decidieron el 12 de diciembre que secundarían la huelga el 13 para que el día 14 no hubiera ejemplares a la venta. También en este caso la asamblea de trabajadores acordó por mayoría secundar la huelga general. Y así se hizo, el paro fue mayoritario y el día de la huelga general los españoles no pudieron comprar la prensa escrita.

Vale la pena subrayar la importancia que tienen los medios de comunicación en el éxito o el fracaso de una huelga general. Un informe elaborado por El País (13-XII-1988: 12) sobre el seguimiento informativo de la huelga en los días anteriores a que tuviera lugar analizó la manipulación informativa de TVE con respecto a la huelga para provocar opiniones contrarias al paro. Se estudiaron las tres ediciones del Telediario, así como el programa Buenos días y 48 horas. Una de las conclusiones más relevantes es que la televisión pública renunció a tratar el tema de la huelga en cualquier espacio que no fuera los telediarios. Es decir, que tan solo el 1 por ciento del tiempo de pantalla en la semana anterior a la jornada de reivindicaciones se dedicó a informar de ellas. Tampoco hubo informaciones acerca de los máximos responsables económicos del Gobierno, con Carlos Solchaga a la cabeza como ministro de Economía y Hacienda.

Sin TVE, Radio Nacional, ni periódicos, la población se informó aquel día fundamentalmente a través de las radios privadas que no secundaron la huelga, y que elaboraron programas especiales, muchos de ellos con publicidad, un hecho muy criticado en la jornada posterior a la huelga (El País, 15-XII-1988: 21).

Al paro general le siguió una amplia ocupación del espacio público en las principales ciudades españolas; en el caso de Madrid se expresó a través de una gigantesca manifestación que recorrió las calles de la capital para terminar en la Puerta del Sol. Desde allí los líderes de CC OO y la UGT, Antonio Gutiérrez y Nicolás Redondo respectivamente, instaron al Gobierno a aceptar sus reivindicaciones.

ANÁLISIS Y CONSECUENCIAS DE UNA HUELGA GENERAL

Las reacciones en el día posterior a la huelga general fueron unánimes en cuanto al éxito alcanzado. La oposición política se decantó hacia el diálogo con los sindicatos tras el resultado del paro, que contó con el amplio apoyo social a las reivindicaciones sindicales y por tanto contra las medidas que el Gobierno pretendía aprobar. Los sindicatos convocantes, CC OO y la UGT, se sintieron legitimados tras el paro para que el Gobierno negociara con ellos “de igual a igual”. Sin embargo, desde el Gobierno se descartaba un adelanto electoral al no considerar que la huelga hubiera debilitado al ejecutivo.

Los periódicos llevaron a la portada ese éxito de la huelga. Algunos de manera muy explícita, como el ABC, que publicaba una fotografía de Felipe González y Nicolás Redondo echando un pulso con el titular “Redondo le gana el pulso a González en una huelga general dominada por el miedo”. Este titular venía a sumarse al análisis del resultado de la huelga, aunque atribuían este al miedo provocado por los piquetes informativos que habían “obligado” a muchos trabajadores a secundarla en contra de su voluntad. Planteamiento que estaba en sintonía con las declaraciones de los miembros de la cúpula directiva de la CEOE, quienes consideraban que los piquetes informativos de los sindicatos habían impedido que muchos trabajadores acudieran a sus puestos de trabajo; así lo manifestaban el día después en un diario de tirada nacional cuando sostenían que la actividad de esos piquetes había sido “claramente contraria al anunciado propósito de respetar la voluntad de los trabajadores”. Esta posición contrasta con otras informaciones recogidas en los medios de comunicación que calificaron la jornada de huelga como “cívica” y desarrollada en un “ambiente festivo”. Por otro lado, el éxito de una huelga general se mide fundamentalmente por su incidencia en sectores clave como los transportes, los medios de comunicación y la industria. La huelga del 14D cumplió de sobra en los tres.

En términos generales, efectivamente, los periódicos recogieron extensamente el éxito de la convocatoria de huelga en los días posteriores a esta. La primera huelga general unitaria desencadenó la típica dinámica comunicacional multiplicadora del efecto: presión sobre la opinión por la presencia del acontecimiento en los medios, seguida de una intensa afluencia de opinión sociográfica publicada al respecto (Oliet Palá, 1997). A esto último contribuyó el sondeo llevado a cabo por el Instituto de Demoscopia y publicado por El País, según el cual dos de cada tres españoles consideraban que los sindicatos habían tenido éxito en la convocatoria.

La actuación de los medios de comunicación ante un hecho como la huelga que analizamos es fundamental. Acabamos de ver cómo gracias a sus publicaciones se puede afianzar el éxito en cifras que esta tuvo. No obstante, también pueden servir o ser utilizadas, en este caso por el Gobierno, para apoyar sus iniciativas en la negociación con los agentes sociales. Así pues, la función de los medios de comunicación ante una huelga general no está solo en secundarla o no, sino en las informaciones, la cantidad y orientación de estas que se dan desde los medios en los días anteriores y posteriores a la convocatoria de paro. Es este un tema interesante que merece quizá una reflexión más profunda en cuanto a la formación o modificación de la opinión pública ante una situación de crisis. Y aunque no es objeto de este trabajo profundizar en este aspecto, sí nos parece relevante mencionarlo.

EL 14D EN LA PRENSA EXTRANJERA

Los medios de comunicación extranjeros se hicieron también eco de la huelga, sobre todo los de ámbito europeo. Así, periódicos como Independence y Financial Times recogían declaraciones de los líderes sindicales y algunos datos acerca de su seguimiento por parte de la población. Libération consideraba la huelga como una “lección de humildad” que los sindicatos querían dar al Gobierno español. En cualquier caso, nuevamente, como venimos insistiendo, la consideración de éxito de la huelga fue unánime.

Las redacciones de los medios de comunicación recibían al mediodía del 15 de diciembre un fax del Palacio de la Moncloa en el que, en unos pocos párrafos, el entonces jefe del ejecutivo reconocía que la huelga general había conseguido prácticamente paralizar el país. Unánime fue también la consideración de que esta había sido el primer traspié importante del Gobierno de Felipe González.

Los sindicatos lograron finalmente la mayor parte de las reivindicaciones por las que se había convocado la huelga tras un proceso de negociación con el Gobierno. Se consiguió la compensación a pensionistas y funcionarios por la pérdida de poder adquisitivo en los años anteriores. Se dio un impulso a la equiparación de la pensión mínima al salario mínimo y se mejoró la cobertura por desempleo. Además de todo esto se consiguió que el Gobierno diera marcha atrás en el Plan de Empleo Juvenil que había lanzado unos meses antes.

El seguimiento de los profesionales de los medios de comunicación a la huelga fue masivo y un hito en la historia reivindicativa de los sindicatos que, paradójicamente, se visualizó con el corte de la emisión de TVE. Sin embargo, la propia idiosincrasia de los medios de información hizo que su papel fuera mucho más relevante antes y después de aquella jornada reivindicativa. En el anteriormente citado informe de El País se exponían datos que muestran el escaso seguimiento informativo dado a la huelga en los días previos, así como la “protección” dada a los responsables últimos del Gobierno evitando, siempre que fue posible, la utilización de imágenes suyas en las emisiones televisivas; algo que da buena cuenta de la relevancia que adquirieron los medios de comunicación en un contexto de organización del conflicto social. Con este tipo de actuaciones se puede y se pretende influir en la opinión pública, en este caso minimizando hasta el final la convocatoria de la huelga. Otras formas de crear una opinión pública negativa podrían ser analizadas a partir de las informaciones publicadas por ABC en días anteriores a la huelga, en cuyas páginas se ofrecían noticias sobre cuestiones económicas que se entremezclaban con otras que hacían parecer a los sindicatos divididos o nerviosos.

LOS SINDICATOS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La participación de los medios de comunicación en situaciones de crisis en el ámbito económico, social y político es clave para decantar la balanza a un lado u otro del conflicto. En los últimos años estamos asistiendo a una coyuntura social compleja en España y a nivel internacional en la que los medios de comunicación en general no están saliendo bien parados ante la opinión pública, acusados de falta de rigor informativo.

Apenas conocemos por los medios convencionales nada de las movilizaciones contra los recortes sociales que hubo en Grecia, o de cómo se llevó a cabo la conocida como “revolución islandesa”. Esto debería provocar una reflexión sobre qué papel se espera en este tipo de situaciones de los medios que informan a la mayor parte de la población y que lo siguen haciendo a través de la televisión, de la radio y de la prensa escrita, aunque también podamos informarnos a través de internet y de las redes sociales.

Más allá del tratamiento informativo de la huelga general del 14D, vamos a tratar ahora específicamente la manera en la que se han ido construyendo algunos elementos narrativos en los medios de comunicación españoles en torno al papel y la función de las organizaciones sindicales. Concretamente lo haremos centrándonos en los momentos en que se han producido las convocatorias de movilizaciones y huelgas generales como respuesta a los recortes y pérdida de derechos sociales y económicos en el contexto de la crisis económica iniciada en 2008, cuyas consecuencias todavía sufrimos.

EMPEZAREMOS HABLANDO DE LA MENTIRA

La mentira es la construcción de una noticia que se lleva a cabo a través de la censura y la autocensura de los responsables de la redacción y por medio de la manipulación informativa en el tratamiento de la misma. La omisión que han realizado deliberadamente los medios, el estilo de edición en los telediarios, las presencias y sobre todo las ausencias nos hablan sobre quién es quién en los medios informativos españoles. La forma de ejecución de la censura y la autocensura es sutil, invisible, envuelta en mecanismos aparentemente democráticos como, por ejemplo, la discusión de los temas que se van a tratar entre los redactores y responsables de los informativos. En esas reuniones, editores y jefes de área establecen qué se dice y lo que no se dice de cada tema. Este decir y no decir encierra muchas de las claves de lo que es y no es noticia, y este es un fenómeno que se puede extender a todos los medios de comunicación. Se trata de un aspecto clave en cuanto a cómo los medios deciden no informar explícitamente de la reforma laboral y enfocar la agenda informativa en la descalificación del adversario, en este caso los sindicatos.

ACERCA DE LA PERSUASIÓN

Está demostrado que la repetición frecuente de un mismo mensaje lleva a no poder escapar de su influencia. La persuasión es la actividad de intentar modificar la conducta, al menos de una persona, mediante un proceso simbólico que se manifiesta a través de la palabra o la imagen. La persuasión es una actividad consciente y se realiza de manera intencionada. Muchos autores dicen que los medios de comunicación se limitan a proporcionar lo que deseamos ver y escuchar, y desde esta perspectiva nosotros somos, en cierta medida, cómplices del engaño. Ahora bien, la línea editorial no está condicionada por los usuarios, sino que es el medio el que se dirige a su público objetivo. En definitiva, los medios controlan la información desde el punto de vista del contenido y de la forma y, aunque no pueden controlar la interpretación que realiza el público, debe suponerse que esta se verá excesivamente limitada por las propias variables impuestas por el emisor del mensaje.

Con la convocatoria de la huelga general del 29 de septiembre de 2010 se puso en marcha una campaña intramedios para desgastar a las organizaciones sindicales, particularmente a CC OO y la UGT. Una campaña que, según Wikipedia, es “un esfuerzo organizado llevado a cabo para influir en la decisión de un proceso en un grupo. Una campaña política también incluye esfuerzos para alterar la política o ideología de cualquier institución”. En este sentido, es posible considerar que una información que se repite de manera insistente o frecuente en más de un medio, se convierte en una campaña en la que los diferentes medios articulan y repiten el mismo tipo de mensaje.

No hablamos de que la campaña intramedios fuera premeditada o que previamente la hubieran consensuado en forma secreta, esto entraría en el terreno de la visión conspiranoide, lo que sí decimos es que todos los medios decidieron y coincidieron en atacar a los sindicatos con el fin de beneficiarse aún más de las ventajas que puede reportarle la reforma laboral a las propias empresas de los medios de comunicación. Para alcanzar este objetivo las direcciones empresariales de estos medios se valieron de la deslegitimación de las tesis defendidas por las organizaciones sociales. De manera que podría sospecharse que se habría podido actuar como juez y parte en este asunto.

En este sentido, no está de más recordar que en 2009 la prensa diaria representaba el 29 por ciento del total del empleo en las empresas de medios de comunicación, mientras que en 2006 era del 33,7 por ciento. En los primeros años de la crisis, la destrucción de empleo en las empresas de prensa diaria se estimó en torno a 1.800 puestos de trabajo. En el mismo año, 2009, las agencias de información representaban el 3,9 por ciento del total del empleo en las empresas de medios de comunicación, mientras que tres años antes, en 2006, era del 5,5 por ciento. Una tendencia que no ha cambiado durante los últimos años.

OBJETIVO: DESLEGITIMAR A LOS SINDICATOS

¿Qué ocurre cuando los protagonistas de un acontecimiento son invisibilizados y las empresas utilizan a sus mensajeros mediáticos para actuar sobre las audiencias? ¿Cuántos sindicalistas fueron entrevistados para explicar los alcances de la reforma laboral? La prensa, la radio y la televisión fueron ocupadas por los mensajeros de los propietarios de las empresas mediáticas para “explicar” los alcances de la huelga desde la perspectiva de los propios empresarios. ¿Por qué la casi totalidad de los medios de comunicación no presentaron a los protagonistas del acontecimiento para que explicaran o discutieran sus puntos de vista frente a los interlocutores mediáticos? ¿Por qué solo los lobbies mediáticos y políticos ocuparon la mayoría de los espacios sin intervención de los representantes sindicales? Se hablaba de alguien que estaba siempre ausente y no por voluntad propia.

Es precisamente esa “galería de famosos” de la información, del periodismo rosa o de los espacios de opinión —hoy legión en los medios españoles— quienes se encargaron de invisibilizar a los protagonistas de la huelga del 29S. Estamos ante lo que podemos llamar y denunciar como manipulación informativa. Es obvio que una de las formas más frecuentes de manipulación se da por la omisión de los acontecimientos. Es decir, se dan ciertos elementos en la información pero se omiten otros. La manipulación no la ejercen solo los medios de comunicación, sino políticos, empresarios, profesores, etc. Una estrategia frecuente es la adecuación de los discursos del emisor en función de las ideas del receptor de un medio. Una manipulación que se efectúa a través de diversos procedimientos, como vamos a ver a renglón seguido.

MODIFICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA PALABRA

En los últimos años asistimos al uso de palabras o frases que, ofrecidas en contextos diferentes, cambian el significado y la intencionalidad original. En el caso de la huelga del 29 de septiembre de 2010 las palabras que se gestaron o que se usaron con mayor frecuencia fueron: “reforma laboral”, “piquetes”, “liberados”, “privilegios” y “financiación”.

La palabra “huelga” está ligada a uno de los derechos fundamentales que recoge la Constitución y se define como “la interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo o manifestarse contra recortes en los derechos sociales”. Solo unos pocos periodistas de medios masivos la utilizaron en este sentido, y dada la repetición y asociación con las palabras creadas desde las empresas mediáticas se cambió el sentido social de la palabra huelga para crear otros significados que terminaron por ser asimilados por una parte del público de los medios.

En los medios de comunicación se utilizan y se crean “palabras de choque”. Las palabras o frases de choque tienen un marcado sentido emocional con el fin de posicionar al público ante un acontecimiento. En esta ocasión se repitieron de forma constante las siguientes expresiones: terrorismo sindical, violencia, piquetes violentos, están desfasados, es la España del pasado, liberados igual privilegios, subvencionados, financiados.

Las palabras de choque tienen una gran fuerza emocional en los receptores y pueden servir para generar corrientes de opinión adversas entre la población. Su objetivo era desprestigiar a los sindicatos y generar una corriente de opinión desfavorable. Es una especie de “caza de brujas” contra los sindicatos que utilizan los medios de comunicación y algunos políticos con el fin de debilitar el poder de los sindicatos frente al aparato de los partidos políticos y de las empresas, siendo el fin último erosionar lo más profundamente posible la credibilidad de las organizaciones sindicales ante la ciudadanía.

Una de las formas más usuales y menos visibles de la manipulación se produce cuando se recurre a frases hechas —tópicos a los que la audiencia acaba acostumbrándose a fuerza de ser repetidos— aceptando las ideas asociadas a estas frases hechas como si fueran una verdad constatada y asumida por la mayoría. Por ejemplo, cuando alguien quiere desprestigiar de manera no excesivamente explícita y vulgar a las mujeres, utilizará una frase hecha como “el sexo débil”, con el fin de que una buena parte de la audiencia también la haga suya o bien que algunos sectores de las propias mujeres de tanto oírla terminen por identificarse con la idea que contiene esa expresión. Pero como bien se sabe, las frases hechas son producidas de forma deliberada, se basan en estereotipos y no tienen bases argumentativas que justifiquen su uso.

En el caso de la huelga, y durante aquel contexto de movilizaciones y protestas laborales, se utilizaron las siguientes: “la huelga es una ruina para el país”, “no es el momento de convocar una huelga sino de arrimar el hombro”, “los sindicatos defienden privilegios”, “los sindicatos están atrapados en sus propias contradicciones”, “los sindicatos no tienen credibilidad”, “los piquetes impedirán el derecho al trabajo”. Estos son algunos ejemplos que usó la prensa escrita para construir sus noticias sobre las movilizaciones entre 2010 y 2012:

UGT y CC OO deberían reflexionar sobre la desafección notoria de un sector muy amplio de las clases trabajadoras hacia sus teóricos representantes [“Sindicatos Fallidos. Editorial” (ABC, 4-VII-2010)].

De lo primero de lo que hay que dejar constancia es de un descenso de la afiliación a los sindicatos [Ignacio Sotelo: “El declive del poder sindical” (El País, 27-VII-2010)].

“Demagogia ante la huelga. Editorial” (El Mundo, 8-IX-2010).

La “paga extra” del Gobierno a CC OO y la UGT: 500 millones para dar cursos. El Ejecutivo adjudica a los grandes sindicatos planes de formación al margen de autonomías y ayuntamientos [Moncho Veloso (ABC, 16-IX-2010)].

“Ni huelga ni estos sindicatos” (La Razón, 20-IX-2010).

Huelga general. Primer fracaso de los sindicatos: anulan el mitin de calentamiento en Vistalegre porque no iban a llenarlo, por el dinero que costaba y por evitar abucheos a Toxo y Méndez [Carlos García León (Expansión, 22-II-2012)].

Así pues, la mayoría de los medios de comunicación se valieron de frases hechas para descalificar el papel de los sindicatos y, al mismo tiempo, ninguno explicó de forma detallada el alcance de la reforma laboral. El objetivo mediático fue deslegitimar a las organizaciones sociales sin explicar los motivos por los que se realizaba la huelga.

Hubo una inversión de las relaciones causa-efecto y la noticia no consistió en explicar el significado y alcance de la huelga en el contexto de la reforma laboral, sino en atacar a los sindicatos sin explicar que la reforma laboral beneficia a los propios empresarios no solo de los medios, sino de todos los ámbitos de la economía.

En definitiva, no resulta difícil detectar la manipulación informativa previa a la huelga del 29S de 2010. Es necesario destacar que solo unos pocos medios de comunicación (entre otros Cuatro TV, la ex CNN, Público, Diagonal…) trataron de ofrecer una visión ponderada de la convocatoria de la huelga y, posteriormente, de la participación de la población en un acontecimiento de esta naturaleza.

Sin embargo, los principales y mayoritarios medios de comunicación españoles actuaron y se movilizaron reforzándose unos a otros en sus informaciones para que la huelga general del 29 de septiembre de 2010 fracasase. Junto a los medios radiofónicos y televisivos y la prensa escrita, también se articularon una red de intereses para llevar a cabo esa operación. Ejemplos de ello los encontramos en los titulares de las columnas de opinión previas al paro general del 29S de algunos periódicos. ABC la anuncia como “La huelga autista” de Ignacio Camacho, también como “La huelga bastarda”, de José María Carrascal, o “¿Son demócratas los sindicatos?”, de Edurne Uriarte. Asimismo, en el periódico El Mundo, Salvador Sostres, el mismo que unos meses atrás escribía desde Cataluña: “resulta indigno escribir en castellano”, el día de la huelga titulaba en castellano su comentario: “Acudir hoy a trabajar”.

Nunca antes, a lo largo del periodo democrático, como desde la primavera de 2010, los mensajes y opiniones de los medios de comunicación han estado tan de acuerdo en su apoyo a las políticas de ajuste y recortes de derechos sociales y laborales. Una defensa del poder, representado por el Gobierno, el principal partido de la oposición y los partidos políticos nacionalistas catalán y vasco, que les llevó a “demonizar” a quienes se atrevieron a decir no al modelo propuesto desde diferentes instancias del poder.

Desaparecieron de portadas, informativos y tertulias posiciones diferentes a los discursos hegemónicos, y con ellas las opiniones que ayudaran a elaborar pensamientos reflexivos que son el soporte de una actitud crítica y movilizadora en una ciudadanía comprometida con los valores de la democracia.

CLAVES SOBRE LA INVISIBILIDAD DE LOS SINDICATOS EN LOS MEDIOS

Es importante señalar que son muy escasos los representantes sindicales que participan en tertulias de radio o televisión o tienen la posibilidad de exponer las propuestas de sus organizaciones en alguna de las páginas de opinión de periódicos y revistas. Pero más preocupante que la cantidad de veces que aparece o se recoge la opinión de los sindicatos es la manera en que se da paso a estas informaciones y la forma en que se presentan. Una excepción de esta situación habitual fue la presentación que hizo Iñaki Gabilondo antes de comenzar su entrevista a Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO, y a Cándido Méndez, secretario general de la UGT, con motivo de la convocatoria de huelga.

También el periódico El País publicó un artículo de opinión de Antonio Gutiérrez, diputado y ex secretario general de CC OO. Pero estas presentaciones en los medios de los actores del conflicto fueron insuficientes, no fueron masivas y de alguna manera fueron omitidas, invisibilizadas, con un único fin: no informar directamente a la mayoría de ciudadanas y ciudadanos de los temas centrales de la reforma laboral y sus consecuencias en el mundo del trabajo.

La reforma del despido ha facilitado aún más la destrucción de empleo en este sector, porque amplía a tres años la conversión en indefinido de la sucesión de contratos temporales. Se amplía el tiempo de aplicación de los contratos en prácticas, pervirtiendo su función, ya que permite que haya licenciados a los que se les pueda aplicar este contrato, con las reducciones salariales correspondientes. Se reforma la aplicación de los descuelgues salariales de los convenios sectoriales, cuando el convenio de prensa diaria tiene salarios anuales que, para las categorías más cualificadas (licenciados), apenas superan los 20.000 euros brutos anuales. La mayoría de los salarios se sitúan entre los 14.822 y los 17.636 euros brutos anuales. Las empresas pueden pagar por debajo de estos salarios siempre que demuestren a los organismos laborales que sus expectativas de beneficio no se van a cumplir. Se incumplen los acuerdos/convenios de empresa, aunque la mayor parte de las mismas ya se han encargado de romper las unidades de negociación consolidadas en las principales empresas de prensa, radio, televisión y agencias a través de las externalizaciones de unidades de producción; en particular, en las áreas de talleres e impresión, pero también en las áreas técnicas y de programación de las emisoras de radio y las empresas de televisión. Por otro lado, la reforma laboral facilita y abarata el despido, reduce los derechos laborales y sociales y aumenta el poder empresarial y la capacidad de acción discrecional de los empresarios en las relaciones laborales.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Termino este capítulo con las palabras de una de las referencias más claras del periodismo español, Iñaki Gabilondo, que se declara discípulo de Ryszard Kapuściński, a quien llamaba maestro.

Este colofón también tiene el propósito de recordar que los sindicatos vienen convocando huelgas y movilizaciones desde hace más de 40 años, incluso cuando eran clandestinos. Durante los años más duros de la última crisis económica hemos asistido, a través de los medios de comunicación, a un ataque singularmente virulento contra las organizaciones sindicales y los derechos laborales de sus representados. En este sentido, Gabilondo reflexionaba así en torno a las críticas que llovían sobre los sindicatos durante el año 2012:

Nadie se acuerda ya de la última huelga, aquella en que nadie de la empresa fue, excepto los dos afiliados que perdieron el sueldo de aquel día, para que luego se firmara un acuerdo que les subió el sueldo a todos. Incluso a aquellos que escupieron sobre la huelga. O de Luis, ese hombre que estuvo 30 años cotizando, y que gracias a la prejubilación que se consiguió en su momento, puede ahora, con 60 años y despedido de su puesto, tirar para adelante sin necesidad de buscar un trabajo que nadie le ofrecería. Recuerden también a Marta, la chica de 23 años que estuvo aguantando un jefe miserable con aliento a coñac, que le obligaba a hacer más horas extras para tener un momento de intimidad donde poder acosarla mientras le recordaba cuándo le vencía el contrato. Hasta que su mejor amiga la llevó al sindicato y, gracias a una liberada sindical, ahora el tipo ha tenido que indemnizarla hasta por respirar.

Y continuaba para finalizar advirtiendo cómo y a quién se dejaba el camino expedito, así como las consecuencias en un futuro no muy lejano:

Qué bien asfaltado les estamos dejando el camino a quienes realmente nos explotan cada día. ¡Acabemos con los sindicatos! Sí. Dejemos que la patronal y los bancos regulen los horarios, las pensiones, los sueldos, las condiciones laborales y los costes del despido. Verán cómo nos va a ir con la reforma del mercado laboral, cuando los sindicatos dejen de existir y no puedan convocarse huelgas ni manifestaciones. Verán qué contentos se pondrán algunos cuando sepan que ya no estarán obligados a pagar las flores de los centenares de trabajadores que mueren todos los años, a costa de sus mezquindades.

SEGUNDA PARTE

MEMORIA DEL 14D

SE APAGA LA PANTALLA, SE HACE LA LUZ

MERCEDES DE PABLOS

Crecimos con la tele puesta: esa generación del Un, dos, tres, Gonzalo García Pelayo, Valerio Lazarov y “Valentina, Locomotoro y el Capitán Tan”. En la tele vimos a Suárez ponerse nervioso con la añorada Monserrat Roig y dejar una frase para la historia (y hasta la parodia): “puedo prometer y prometo”. Por la tele buscamos La Clave de un cerrojazo, tal vez no agudo pero sí irreversible, al pasado de dictadura militar y católica, Balbín fumaba en pipa mientras los hijos del baby boom queríamos ser tan malos y tan buenos como los suecos, los franceses, los italianos. En la tele, aún muchas en blanco y negro, vimos los claveles rojos de Felipe González el 28 de octubre de 1982, y en esa misma tele Paloma Chamorro nos recordó que, mientras unos jóvenes eran ministros, presidentes de comunidades autónomas, alcaldes, concejales, otros se teñían las crestas de azul e inventaban la movida como un Mayo del 68 tardío pero muy divertido. En la tele el padre de Gallardón se opuso al aborto (esa pillada: “y con esto y un bizcocho hasta mañana a las ocho”, dicho después de una alocución feroz a favor de los pobres cigotos) y en la tele vivimos el debate de la OTAN con un González amagando con dimitir si el personal optábamos por darnos el piro de la Alianza Atlántica.

Por eso no es casual ni anecdótico que aquella Huelga General (en mayúscula, la primera señora huelga de la democracia asentada) empezara precisamente con la tele. Con un apagón fulminante que aún conservamos en la memoria.

A las doce en punto del 14 de diciembre los españoles nos fuimos a negro, todavía en zapatillas y con los niños en la cama. Por primera vez en nuestra historia, la tele, esa que mandaba en los salones, las salitas y las opiniones de todos, se quedó sin imagen, sin luz, sin palabras. Un frame infinito inauguró una sensación inédita: el Poder puede ser frágil si hay democracia. La poderosa TVE1 en la que habíamos visto llorar a Arias Navarro (Franco ha muerto) se puso en pausa, se murió por unas horas. Luego veríamos declaraciones y gente en la calle, esos servicios mínimos que consagraban más que camuflaban la realidad: hasta la tele calla. Ese mismo instante, las doce horas del 14D, la convocatoria había sido ya un éxito y ni siquiera nos habíamos acostado para madrugar.

La huelga del 14D, vista con perspectiva, supuso un cambio de paradigma además de una señal de fractura que algunos llamaron normalidad democrática. El frente antifranquista de sindicatos, asociaciones y partidos de izquierda se rompió como se rompe una negociación concreta, sin el compromiso superior (construir un país democrático sobre los mimbres de un aparato cuasifascista) que los une evidenciando todas las diferencias de los intereses encontrados. El Gobierno se puso gubernamental, los sindicatos sindicalistas y los periodistas… rompieron su luna de miel con sus hermanos mayores.

Claro que hubo, como hay, prensa de derechas y conservadora que dio cobijo a la información a favor de la huelga; era la misma que se puso al frente de la manifestación del aborto y la que después de dejar a Suárez más solo que la una lo hizo santo, cuando este apenas podía defenderse ya de los unos y los otros. Pero eso estaba en el guion, a pesar de aquella extravagante confesión del entonces todopoderoso Luís María Ansón sobre la capacidad de seducción de Felipe González. El PSOE tuvo sus enemigos particulares desde el primer momento, aquellos que —según el chiste— si el presidente surcaba las aguas del Jordán emulando a Jesucristo, titulaban “Felipe no sabe nadar”. Pero los socialistas encarnaban el cambio: el periodismo en libertad vino de su mano, la modernidad llevaba una rosa en el ojal, la cultura se daba cita en la Bodeguilla de Moncloa sin complejos y a los medios públicos llegaron los contestatarios. Con el PSOE nació Radio 3, la radio más vanguardista que hemos tenido nunca, los telediarios se llenaron de frescura, hasta fue posible una campaña de la OTAN con media plantilla de RTVE posicionándose en contra. Un idilio que tuvo su némesis en la reforma laboral que acabó con toda una época. Nicolás Redondo les echó un pulso a sus antiguos compañeros, sí, pero además toda una generación dio por terminado el matrimonio y pidió los papeles del divorcio.

El 14D de 1988, Felipe (González, el primer político al que se le llamó por su nombre siendo varón, por cierto) cumplía más de un lustro al frente de un Gobierno y de un partido que llegó a controlar todo el Estado, desde la Moncloa a las diputaciones, casi todas las autonomías y ayuntamientos importantes y hasta las comunidades de propietarios si me apuran. Seis años de una hegemonía tan aplastante que llegamos a imaginar casi eterna (como ese PRI mexicano al que los adversarios tomaban de modelo y que, ¡ay, el tiempo!, hoy es prácticamente irrelevante en su país) a los que habrían de suceder cinco más hasta la victoria de aquel José Mari (así se hacía llamar) que ha pasado a la historia como Aznar. Aunque nunca nada volvió a ser igual.

El iluminador que pulsó el play de cierre se llamaba Valentín, era nieto de un célebre economista maestro de Sampedro, hijo de un militante socialista y periodista y joven de izquierdas de pulsera de tachuela y algún trienio en esa tele de la bruja Avería. A él le tocó que toda España se fuera a negro. Un clic al que siguió una cerradísima ovación, en la que participaron lo que los ortodoxos llamarían las fuerzas de trabajo y de la cultura, o sea, los técnicos y los redactores, los presentadores, los guionistas, las cámaras, los realizadores. Aquella tele del cambio se puso la chapa de obrera y bajó de las nubes (como aquel cartel del PSOE de 1979, en el que aparecía González con un fondo de cielo azul y unos cirros algodonosos) al motor del cambio, a la sonrisa del cambio, a la generación del cambio.

Treinta años después, aquel 14D fue el final de algo más que el principio de otra cosa. Según los manuales del revolucionario teórico, a cada revolución le llega su Termidor; esto es, asentarse en el poder y por tanto dar la versión conservadora de sí misma. Al Gobierno más relevante en España en el siglo XX (y ahí están las hemerotecas y sus fechas en rojo) le vino una prórroga sin amor, como los matrimonios mal avenidos pero prácticos. El 14D fue un “tenemos que hablar” que se alargó sin pasión pero aún con cariño. Antes del triunfo de esa derecha cañí y sin complejos, como la de Aznar, hubo de pactarse con los conservadores periféricos, el PNV y CIU (DEP), y sobre todo hubo de tragarse los sapos en forma de fantasmas que empezaron a salir de los cajones: el GAL y sus manos manchadas, las corrupciones, los Roldanes, los Urralburu. El 14D no acabó con el Gobierno, pero sí cambió a los que hasta ese momento habían sido sus compañeros de viaje.

El 14D paró el país, eso es cierto. Y desgarró a la izquierda de despacho con la calle y, ojo, con la de otros despachos, los sindicales que luego habrían de vivir su propio calvario, desbaratado el cielo acogedor de las empresas públicas. Pararon las escuelas y los hospitales, paró el transporte público, y por parar casi para El Corte Inglés, rodeada su sede de la Gavidia en Sevilla por piquetes informativos.

¿Ganó el sindicalismo? ¿Ganaron la libertad de expresión y de información? Treinta años después sabemos que cada batalla es una y merece la pena. Que aquellos medios públicos, aquella tele única fue mejor que lo que estaba por llegar. La pluralidad de los medios, las concesiones de televisiones privadas, las autonómicas, añadieron pluralidad pero no siempre calidad. Muchas de las leyes laborales que entonces se rechazaron hoy pueden parecer una carta a los reyes magos. La tensión entre los agentes sociales, los sindicatos y el Gobierno fueron importantes y reales, batalla entre iguales, muy diferente a ese campo baldío de la precariedad actual, de los falsos autónomos, de la dispersión de los intereses de los trabajadores y de los sueños rotos de una clase media que creyó serlo y serlo para siempre.

Ese espíritu de rebeldía, esa televisión yéndose a negro, ha tardado (y hablo del periodismo, de los periodistas y los medios que les dan y les quitan el trabajo) en recuperar aquel ardor guerrero y aquella valentía. Hemos salido a la calle por los ERE, los cierres de medios, la crisis profunda y letal de la prensa escrita y también por las censuras y todas sus leyes mordazas. Pero esa unanimidad, esa actitud beligerante pero no triste, permítanme que reconozca, solo ha vuelto este año y hace pocos meses: con el 8 de marzo y con las mujeres.

Este último 8 de marzo de 2018 las televisiones (no ya la única sino tantas, privadas y públicas, locales y nacionales) no se han ido a negro pero se han quedado sin mujeres que cambiaron el micro por la pancarta, la grabadora por el megáfono, el estudio por la calle. En estos treinta años han pasado muchas cosas y no necesariamente malas: hemos logrado derechos y libertades sin los que la democracia, hoy, nos parecería renca, manca, rota. Pero pocos gestos, pocas unanimidades como la reivindicación de una sociedad igualitaria real, en el relato de la actualidad también, pocas victorias como esas riadas de hombres y mujeres reclamando la visibilidad y la equidad. Este 8M recordó a aquel 14D: una huelga general y un hito histórico que todos debemos apuntarnos para la reflexión y la acción, los sindicatos también, antes de que se cumplan treinta, veinte, diez, cinco años. Antes de que vengan otros y cambien la realidad a costa de dejarla huérfana.

AQUELLA NOCHE DEL 14D, UN MENSAJE QUE NO HE OLVIDADO

PILAR DEL RÍO

Aquella noche habíamos salido a cenar fuera. Llegamos a casa inusitadamente tarde para los usos portugueses, alrededor de las 11 de la noche, las 12 en Madrid. La luz del contestador automático estaba encendida, pulsé y salió un mensaje que no he olvidado:

“¡¡¡Siéntete orgullosa de tus compañeros de televisión: hemos ido a negro, hemos cortado!!!”.

A partir de ese momento fue la locura: llamadas a Madrid, a Barcelona, a Sevilla. Gritos de alegría, gente sumándose, amigos en alborozo cívico, noticias agolpándose, radiadas desde redacciones inmunes al sueño, era el fútbol el que ahora se incorporaba, y poetas, y ciertos cantantes haciendo declaraciones, y el cine, avisos de que los niños no vayan a las escuelas, habrá huelga, los transportes están volviendo a las cocheras, los médicos solo atenderán las urgencias… Y era mi familia, hombres y mujeres haciendo valer la importancia del conjunto y de cada persona, reyes por un día porque iban a romper la lógica implacable del sistema.

Recuerdo que se defendía una reforma de pensiones y laboral, recuerdo que aquella huelga general era una llamada de atención a los nuestros, al Partido Socialista que gobernaba y al que democráticamente se le decía que hay otras lecturas de la humana vida, además de las que proponen ciertas escuelas o emanan determinados grupos monetarios internacionales con mucho poder y pocos escrúpulos.

Fue una de las jornadas más emocionantes de mi vida profesional y cívica. También personal: como si una extraña lucidez, valiente y nueva, inundara mi casa y mi alma. La certeza de esa fuerza de la sociedad, pese a tanto descalabro y contradicciones, se mantiene y se expresa. El 14D fue un día inaugural de civismo que continúa manifestándose en expresiones distintas, políticas, sociales, culturales. Se siente y cosquillea, está ahí.

LOS ECOS DE LA GRAN HUELGA

JOAN GIMENO

Permanecí un minuto largo paralizado y expectante; pero no se sentía temblar o tambalearse las paredes ni estruendo alguno de derrumbamiento de mampostería.

Todo estaba tranquilo. ¡Eso era! ¡El silencio!

Jack London, La huelga general

Quizá pueda resultar paradójico, pero desde una perspectiva que pivote sobre las percepciones, han sido la quietud, el silencio, la metáfora de los relojes parados, los elementos fundamentales que componen la posmemoria, los ecos, de aquella jornada del 14 de diciembre que algunos ya han bautizado como la “gran” huelga general (Gálvez Biesca, 2017). Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en el relato de London, esta transmisión —en muchos casos truncada o, sencillamente, inexistente en la mayoría de las ocasiones— ha conjugado dos aspectos aparentemente antitéticos: su éxito práctico, en términos organizativos y de adhesión ciudadana, cohabita con la percepción del fracaso político, la frustración de expectativas que, no por recurrente en la izquierda sociológica, resulta inocua desde una perspectiva política, ideológica o hasta vital. Ciertamente, este relato sobre el fracaso político encuentra su origen en determinadas tradiciones militantes que mistifican la jornada al transmutarla en lo que nunca pretendió ser: una jornada de movilización que de alguna manera promoviera el cambio político (o hasta revolucionario) más allá del cambio de política. Este contraste al que aludía hace necesaria, por lo tanto, una aproximación histórica al evento. Así, un mes después de la realización de la huelga, un exultante Antonio Gutiérrez, a la sazón secretario general de CC OO, establecía analogías con el movimiento de protesta transnacional de 1968. Para Gutiérrez, la gran movilización suponía una clara desautorización de los epígonos del (socio)liberalismo, de aquellos que se permitían tachar de corporativos a los sindicatos de clase.

Si bien la huelga abrió una ventana de oportunidad electoral y negociaciones con el Gobierno que, directa e indirectamente, influyeron en determinados aspectos de la política económica de los socialistas13, también es cierto que algunos de sus efectos fueron efímeros y quedaron sepultados —cuando no denostados— por el Zeitgeist neoliberal. Otros, sin embargo, fueron arrancados para permanecer, como las pensiones no contributivas o el pleno derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, por tan solo citar dos ejemplos. Sin embargo, la movilización también tuvo un impacto más allá de lo relativo a políticas sociales y redistributivas. En efecto, a finales de 1991, una abrumadora mayoría de los delegados al V Congreso de CC OO señalaba que el poder sindical se encontraba en fase ascendente, principalmente gracias al 14D. Sin embargo, sorprendía incluso a los autores de dicho informe que la agenda que los sindicatos habían articulado como colofón de la recuperación de la unidad sindical, en forma de la Propuesta Sindical Prioritaria, solo era valorada positivamente en términos de propiciar mayor influencia sindical por el 36 por ciento de los delegados encuestados escogidos. Asimismo, si la valoración del 14D era ampliamente positiva, primaba su carácter instrumental y, por lo tanto, todavía abierto: un 78,1 por ciento consideraban que había permitido abrir nuevas vías de negociación; sin embargo, un 58 por ciento consideraban que, en el caso de no colmarse las reivindicaciones sindicales, no se daban las condiciones para una nueva convocatoria (CC OO, 1992).

Posteriormente, de aquel posible bis del retorno de la lucha de clases a Europa apenas quedaron los restos del naufragio después de la tormenta del final de la historia. Sepultado por los acontecimientos, el 14D se ha configurado, quizá junto a la transición o el referéndum de la OTAN, en elementos enriquecedores de la “melancolía de izquierda” en determinadas latitudes; derrotas que conforman las “memorias heridas” (Traverso, 2016: 19), que apuntalan aquel relato izquierdista de unos ochenta como un “tiempo sin héroes” (Labrador, 2017: 41).

Sin embargo, han transcurrido ya treinta años del acontecimiento, se ha superado el periodo de latencia y la conmemoración, la reaproximación a la huelga así como sus resignificaciones, por lo tanto, son sincrónicas, o incluso consecuencia de un proceso más amplio de irrupción de la protesta y la movilización social. En efecto, fueron las nuevas cohortes demográficas nacidas en democracia las que no solo impugnaron los consensos genéticos de nuestra sociedad, sino que también, aunque parcialmente si se quiere, hicieron otro tanto con la aportación de unas generaciones que han “perdido todas las batallas para ganar una guerra importante”, que todavía hoy tienen la sensación de que, al menos, la sociedad que construyeron era algo mejor (Coscubiela, 2018). Esta percepción encuentra su base en el ciclo ascendente de conquista de derechos sociales y democráticos que alcanzó su cénit e inició su descenso con el estallido de la crisis de 2008. El ciclo largo descrito, que dibuja una parábola, transcurre en paralelo al del poder sindical, artífice fundamental de dichas conquistas, aunque se perdieran importantes batallas contra privatizaciones y la precarización del empleo (López Bulla, 2014). Huelga decir que uno de los grupos más afectados por la irrupción de la temporalidad y la precariedad fueron los jóvenes; veinte años después de una huelga general que tuvo su detonante precisamente en una propuesta de plan de empleo orientada a este grupo de trabajadores que, según Vázquez Montalbán, se parecía más a una “mili laboral” (El País, 10-XI-1988).

En la antesala de la crisis, con una temporalidad del 32,5 por ciento, triplicando la media de la Europa de los 25, con cierta “balcanización” del mercado de trabajo vía externalizaciones, convirtiendo también la vieja movilidad profesional vertical del fordismo en horizontal; ante la experiencia de la precariedad como un problema individual, ¿quién esperaba una respuesta colectiva en términos de solidaridad en lugar de competición? ¿Quién la esperaba de una generación a la que se creía ensimismada consigo misma, autorreferencial y atrapada en la “trampa” de las identidades fragmentadas y, por ende, “débiles”14? En efecto, fue la protesta millennial la que alzó la voz desde su nichos fragmentados en un intento de articular un nosotrxs. Una generación que no vivió ni organizó el 14D, para quien “juntos podemos” remite a un eslogan electoral reciente más que a la consigna de aquel paro general. Sin embargo, y a pesar de ello, fue precisamente una huelga general, la del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral del segundo gobierno Zapatero, el aldabonazo de esta rebelión de la juventud que llegó a conectar con amplísimos sectores de la sociedad española. De esta explosión, a la que siguieron otras, cabe imputar la recuperación del referente ético —y hasta estético— del 14D.

Ocho años después de la huelga general del 20J de 2002 contra el decretazo sobre desempleo, cuyo resultado último fue positivo, obligando al PP a abandonar propuestas de reforma en este sentido, además de la sentencia del Tribunal Constitucional en 2007 anulándolo, volvía a irrumpir la movilización social articulada en torno al trabajo y la ciudadanía; lo que supuso un parteaguas con una dinámica anterior que, por otro lado, en absoluto venía siendo exclusiva del caso español (Hamann y Kelly, 2010). Sin embargo, esta vez se produjo un círculo virtuoso entre movilización ciudadana y sociolaboral, cimentada y expresada en términos de indignación y que, en última instancia, permitió a los conflictos estrictamente laborales cobrar una dimensión política y mayores cuotas de cobertura mediática.

Movilizaciones que consiguieron arrumbar aquella máxima que el neoliberalismo impuso y que tuvo en el conflicto de la minería británica de 1984-85 su paradigma: dejar claro that militancy doesn’t pay (Milne, 1994: 398). Esta irrupción tuvo importantes efectos cuantitativos y cualitativos en la movilización social y en la conflictividad laboral; quizá en un sentido inverso al 14D de 1988, entendiendo este como el colofón de un proceso de luchas cuyo origen se encuentra en 198715. En primer lugar, promovió las sinergias necesarias que fortalecieron las luchas, catalizándolas y, en no pocas ocasiones, obteniendo victorias directas o indirectas. Así como restañó, por lo menos parcialmente, antiguas divisiones entre el movimiento sindical y los “nuevos” o “novísimos” movimientos sociales. A la huelga general del 29 de septiembre siguió la convocatoria del 27 de enero de 2011, los paros generales del 29 de marzo y del 14 de noviembre y de la enseñanza del 22 de mayo de 2012, la marea blanca de sanidad que se inició a finales de 2012, las huelgas del sector de la enseñanza de mayo y octubre de 2013, entre las que destacó la de Baleares, las del sector de los call center de septiembre a diciembre de 2016, del 3 octubre y 8 de noviembre de 2017 en Catalunya y la gran huelga feminista del marzo de 2018 (mientras se escriben estas líneas se mantiene abierto el conflicto indefinido de los taxistas, con el telón de fondo de la lucha contra la uberización de las relaciones laborales). Por tan solo nombrar aquellas huelgas que, como el 14D, revistieron un carácter ciudadano que desbordó lo estrictamente laboral; o que utilizaron los repertorios de acción colectiva “clásicos” del mundo del trabajo, en este caso la huelga, aunque en algunas ocasiones fuera “innovada” (como el carácter de “huelga general metropolitana” del 29 de marzo en Barcelona: esto es, heterogénea en cuanto a los sujetos movilizados, que practica un bloqueo metropolitano y, por lo tanto, no limitada al tejido productivo) (Domènech, 2014, 98). Asimismo, en el mismo ciclo tuvieron lugar huelgas de sectores también “clásicos” y no tan “clásicos” o incluso de empresas concretas que, además del eco mediático, recabaron importantes apoyos ciudadanos (como la huelga minera de verano de 2012 o el caso de Las Kellys, Panrico en 2014, Coca-Cola en 2016 o Amazon en estos momentos, por tan solo citar algunos ejemplos). En términos cuantitativos, y a pesar de que una abrumadora mayoría de jóvenes trabajadores aseguraba no participar en los paros y en la actividad sindical atenazados por la pinza que conforman el miedo a las represalias y la precariedad y los bajos salarios (Avalot, 2015); cabe destacar que el impacto de la crisis y la destrucción de empleo subsiguiente no comportó un descenso significativo de la conflictividad. De hecho, y a falta de un análisis pormenorizado, el número de conflictos registrado es mayor en el decenio entre 2008 y 2017 que en el de 1998 y 2007 (820 y 707 de media anual, respectivamente)16.

Con todo ello quiero decir que, a pesar de las rupturas experimentadas en la transmisión, ha sido al calor de esta movilización social, de un tiempo de huelgas y mareas, el que ha vuelto a emerger el 14D como referente ético y político. Además, el estado latente de su memoria ha permitido una aproximación “laica” que, actualmente, nos ofrece la posibilidad de destacar determinados aspectos positivos —como por ejemplo su incidencia clarísima en materia de política económica, su carácter ampliamente desbordante de la agencia obrera clásica— así como sus limitaciones – lo que nos introduciría en los debates acerca de la “gestión” del éxito. Probablemente, nos encontremos ante la primera gran movilización contra la agenda neoliberal y el talante gubernamental que acompañó a su implementación en España. La huelga, como señalaba Marx, abole la separación entre las esferas de lo político y lo social —cuya división artificiosa forma parte de nuestros consensos básicos— recordando que el trabajo es, al menos, tan espacio de la política como el estrictamente institucional. Supone, por lo tanto, un ensanchamiento de la esfera pública, favoreciendo una posible irrupción popular en la misma.

El sociólogo Jesús Ibáñez se preguntaba a principios de 1989 si otra huelga de estas características sería posible en el futuro. Si era factible que se repitiera el desbordamiento de una convocatoria de este tipo y su carácter masivo —en buena medida granjeado a partir de la victoria en el relato, por incomparecencia del adversario. Lo cierto es que el paro general de 1994, según las cifras oficiales, superó al del 14D en el número de trabajadores participantes, a pesar de coincidir con un máximo histórico de desempleo. Sin embargo, la diferencia radica en la dimensión cualitativa, en su capacidad de desborde y de articulación de “viejos” y “nuevos” sujetos sociales; en su capacidad de síntesis y de refundación radicará el éxito de los futuros 14D.

13 . Sobre todo, en cuanto al gasto público (Espuelas, 2013: 57).

14 . Por polemizar con la terminología de Bernabé, 2018: 85.

15 . Véase al respecto el capítulo de José Babiano y Javier Tébar en este mismo volumen.

16 . Lo que corroboraría la tesis defendida por Lacalle (2015) sobre el carácter anticíclico de la conflictividad laboral, aunque habría que matizarla en términos de jornadas y trabajadores implicados.

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SOBRE LOS AUTORES

José Babiano

Director del Área de Historia, Archivo y Biblioteca de la Fundación 1º de Mayo y doctor en Historia Contemporánea. Es especialista en historia del trabajo y de la emigración, así como en el tratamiento de sus fuentes documentales, temas sobre los que ha publicado diversos libros, capítulos de libro y artículos. Coordinó el volumen Del hogar a la huelga. Trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo (2007) y participó en el libro colectivo Mundo del trabajo y asociacionismo en España (2014), ambos títulos publicados en Los Libros de la Catarata. Su último libro, en colaboración, es Verdugos impunes. El franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos (2018).

Laura de la Mora

Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha. Experta en relaciones laborales y derechos fundamentales del trabajo. Actualmente su investigación se centra en resignificar el propio concepto de trabajo en un sentido más amplio, real y protector desde una perspectiva ecofeminista.

Mercedes de Pablos Candón

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, es periodista y escritora. Militante de izquierdas y feminista, ha desarrollado su carrera en y desde Andalucía. Trabajó en la SER, RCE y RNE, donde dirigió y presentó programas de carácter nacional desde Sevilla. Trabajó en Canal Sur TV y fue también jefa de programas en Canal Sur Radio y directora de la misma emisora. Directora de Andalucía Abierta Radio. Consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía. Dirige el Centro de Estudios Andaluces. Ha colaborado con medios escritos y digitales, en la actualidad CTXT y Letra Global. Es autora de varias publicaciones de ficción y no ficción, siendo la más reciente Ajuste de cuentos (2010).

Pilar del Río

Periodista y traductora. Ha trabajado en prensa, radio y televisión, tanto en Portugal como en España. En noviembre de 2016 obtuvo el Premio Luso-Español de Arte y Cultura 2016 concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por su trabajo en la Fundación José Saramago, con sede en Lisboa, que preside desde su creación, en 2007.

Joan Gimeno i Igual

Historiador formado a caballo entre Valencia, México DF y Barcelona. Ha trabajado cuestiones relativas a los movimientos sociales, sobre todo el sindical, durante el franquismo y la Transición. Actualmente es investigador predoctoral en la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro del CEDID, donde estudia el desarrollo de CC OO durante la Transición y las primeras legislaturas socialistas.

Antonio Gutiérrez Vegara

Político y sindicalista español, fue elegido secretario general de Comisiones Obreras en 1987, en sustitución de Marcelino Camacho. Desde que llegó a la Secretaría General trató de acercar las posiciones de CC OO y UGT, los dos sindicatos mayoritarios de España. Estuvo al frente de la secretaría más de una década, hasta que en el VII Congreso Confederal del sindicato, el 15 de abril de 2000, José María Fidalgo fue elegido para sustituirle en el cargo.

Javier Tébar

Director del Arxiu Històric de CC OO de Catalunya (Fundació Cipriano García) y profesor de Historia de la Universidad de Barcelona. Es especialista en historia del trabajo, del franquismo y de la transición política española, así como del movimiento sindical. Ha publicado más de una decena de libros colectivos como autor, coautor o editor. En 2011 coordinó el estudio El movimiento obrero en la gran ciudad. De la movilización sociopolítica a la crisis económica (1960-1980) y es coautor de Verdugos impunes. El Franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos (2018).

Carmen Rivas Ávilas

Periodista, ha trabajado en prensa, radio y televisión y ha entrevistado a destacadas personas de los medios de comunicación, de la cultura, de la universidad, de la judicatura y el derecho, con especial atención a mujeres representativas de esos ámbitos. Ha sido secretaria general de la sección sindical de CCOO en RTVM, responsable de la Agrupación de Periodistas de la Federación de Comunicación y Transporte de este mismo sindicato y directora del Observatorio de Medios de Comunicación y Sociedad de la Fundación 1 de Mayo.

Unai Sordo

Diplomado en Graduado Social por la Universidad del País Vasco, trabajó en el sector de la industria maderera antes de incorporarse a puestos de responsabilidad en Comisiones Obreras. En 2000 asumió la Secretaría de Juventud de CC OO Euskadi, en 2004 pasó a ser responsable territorial de Vizcaya y en 2009 fue elegido secretario general de CC OO-Euskadi. En julio de 2017 fue elegido secretario general de CC OO.