La sustancia de las cosas cambiaba a nuestro alrededor de un momento a otro y los átomos pasaban de un estado de desorden a otro estado de desorden y luego a otro más, así que en la práctica quedaba siempre todo igual.

ITALO CALVINO, Ti con zero (1967)

ENTRADA

El tema es aquí la alternancia de confianza y frustración en los ciclos presidenciales de la historia contemporánea de México. Por un lado, está la persistencia de un sistema político secular (la Constitución de 1917 seguida por un partido casi único) y, por el otro, la renovación sexenal como un cambio que no puede romper la doble continuidad de instituciones de mala calidad y aguda segmentación social. La rigidez de una sociedad que no sabe o no puede cambiar se oculta detrás de un rito sexenal de renovación. Después de la Revolución, por varias generaciones este país ha alimentado cierto orgullo por una estabilidad institucional que impedía volver a la horrenda matazón de la que había salido con dificultad. Sin embargo, después de tantas décadas de un sistema político invariable, volvemos a altas tasas de homicidios, secuestros y desapariciones (como consecuencia de una criminalidad desatada e instituciones ineficaces e infieles) y la interrogante queda dramáticamente planteada: ¿puede la estabilidad, en el largo plazo, ser tan dañina como su contrario? Es posible que la respuesta sea positiva si la persistencia de un sistema político no expresa más que una vuelta en círculo alrededor de la incapacidad de un país para cambiarse realmente a sí mismo. De esto se discutirá aquí; de cambios sexenales que exorcizan una renovada impotencia.

Durante el tiempo en que estuve inmerso en los temas que forman el contenido de estas páginas, después de haber llegado a mi trabajo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), cada mañana me encontraba a las 7:30 en la sala de maestros para tomar café con mi colega Eugenio Anguiano, antiguo embajador de México en China, tema recurrente de nuestras conversaciones. A lo largo de este tiempo aproveché sus conocimientos y sentido del humor para comenzar el día entre el chisporroteo de intuiciones e ideas inesperadas. Aclaro que Eugenio no tiene responsabilidad alguna hacia lo que escribo aquí aunque tenga una que otra hacia lo que pienso. Agradezco también a mi asistente Diana Reyes, que, con capacidad y benevolencia, me prestó una ayuda decisiva en la búsqueda de material y datos, sin los cuales este trabajo no habría sido posible. No me queda más que expresar mi gratitud hacia la institución en la que trabajo desde hace treinta años, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que me ofreció la oportunidad y el mejor ambiente para que tratara de entender algo de este mundo en que, con asombro y angustia, nos tocó vivir.

IDAS Y VUELTAS

EXPECTATIVAS FRUSTRADAS

Generación tras generación, siempre aparece alguien (un seductor, un iluminado, un herético o un joven favorecido por la desconfianza acumulada en todos los demás) que anuncia el milagro. Y cada vez mucha gente le cree y renueva la confianza de que esta vez, finalmente, las palabras se convertirán en hechos. Si el vendedor de algún bálsamo milagroso visitara recurrentemente la misma aldea prometiendo resultados que —a pesar de su elocuencia y de la fe de los compradores— no se materializaran, después de cierto número de vueltas, difícilmente encontraría nuevos clientes. El mismo embuste requiere la renovación de la clientela. Pero las cosas cambian si el personaje en cuestión no es un viajero venido de fuera, sino alguien que surge y resurge en el seno de la misma aldea como necesidad de renovación de una confianza que será cíclicamente defraudada. Más allá de la metáfora, ésta es la historia reciente de un país, México, y sus intentos frustrados por salir del atraso. Una historia que se contará aquí en forma rapsódica partiendo de mediados de los años cuarenta del siglo pasado. Por el bálsamo (que cambia sucesivamente su presentación) o por cualquier otra circunstancia, algo ocurre a cada giro de promesas y hasta podría hablarse de progresos. Pero las cosas nunca cambian lo suficiente para que el enfermo (colectivo) salga de sus padecimientos que, con síntomas diferentes, son siempre los mismos entre pobreza difundida, aguda desigualdad e instituciones plagadas de corrupción e ineficacia endémicas.

Como consecuencia de una historia lejana, en México —y lo mismo puede decirse de América Latina— es mucho más fácil creer en las personas que en las instituciones. Es más sencillo creer en el señor presidente que en el Estado. Las personas son rostros y voluntades y de ahí algo nuevo puede surgir. Las instituciones son engranajes que en su comportamiento prefigurado no pueden asombrar sino, generalmente, para peor. Ésa, en extrema síntesis, es la antropología de la esperanza y sus repetidos desengaños. Se contará aquí la historia de cuatro presidentes que, podemos suponer, de buena fe (lo que no es necesariamente una virtud pensando en actores que se creen los personajes que interpretan)¹ encarnaron momentos cruciales en la historia mexicana de las últimas siete décadas. En orden cronológico, Miguel Alemán, Carlos Salinas, Vicente Fox y Enrique Peña. Cada uno de ellos dio voz a promesas que se estropearon en el camino o condujeron a consecuencias imprevistas o, más a menudo, las dos cosas. Aunque el último de ellos, en el momento de escribir aún no cumpla su mandato, parecería bien encaminado a repetir la historia de sus predecesores. Pero, ¿por qué limitarse a estos cuatro presidentes de los doce que se sucedieron en el período en cuestión? ¿Acaso los otros cumplieron sus promesas? Sería naturalmente asombroso que alguna pócima cíclicamente alabada en la plaza pública (de México o de otros países) cumpliera sus alardeados prodigios curativos. ¿Por qué reducirnos entonces a los presidentes mencionados? Por una razón sencilla: cada uno de ellos, y en especial los primeros tres, encarnó, o pretendió hacerlo, un giro venturoso en la historia económica o política del país. O sea, no las promesas que pudiéramos considerar usuales en ocasiones electorales, sino el embrión de una nueva historia. En cada ocasión las condiciones parecían maduras para proclamas resonantes; se trataba de aprovechar un momento que tal vez no regresaría. En el caso del presidente Peña no hubo una pretensión comparable al encanto y al despliegue de expectativas de los otros presidentes, pero aquí la novedad residió en un hecho objetivo: el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder después de una transición desangelada. En síntesis, describiremos una ducha escocesa intergeneracional entre anuncios que prefiguraban cambios radicales y el puntual retorno a una normalidad (que se renueva y persiste) hecha de alta segmentación social y baja calidad institucional. Las constantes aparentemente ineludibles de, cuando menos, dos siglos de historia mexicana.

Apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, el presidente Alemán personificó una nueva cepa de gobernantes no militares que, fuera de las figuraciones cardenistas de un rumbo económico propiamente mexicano, anunciaba la modernización del país en clave de industrialización protegida; una variedad de neomercantilismo a casi dos siglos de la disolución mundial de su versión originaria. Con el apéndice de la clasemediera en la colonia Roma de la Ciudad de México como modelo social y cultural para todo el país. A los ojos de los nuevos gobernantes, la industrialización era una mezcla entre el estilo de vida de la clase media de Estados Unidos y el virtuoso nacionalismo mexicano. Encarrilados en este rumbo, dirigido hacia un éxito inevitable, lo demás vendría por añadidura. Pero, a pesar de los progresos, pasado el fervor originario, México amaneció con una corrupción pública sin precedentes (por su tamaño y su descaro) y una mayor distancia social entre población urbana y rural, entre nuevos ricos y nuevos pobres. La industrialización había avanzado más que las fuerzas sociales (en la producción o en el consumo) que pudieran sostenerla en el largo plazo. Las promesas de bienestar se habían cumplido para algunos creando condiciones que harían más difícil su cumplimiento para los otros que quedaban rezagados.

Cuatro décadas después, con Salinas llegó el tiempo de una nueva profecía profana que compartía con la anterior un bagaje similar de certezas sobre las bienaventuradas consecuencias del nuevo giro. Como Deus ex machina de la modernización, la industrialización pasaba del encierro nacionalista a la apertura frente al resto del mundo mientras retrocedía la responsabilidad económica del Estado, visto ahora como estorbo burocrático en el camino de una prosperidad nuevamente a la vuelta de la esquina. Parte una nueva oleada, cuya fuerza surge en buena medida de la baja vitalidad endógena y de las rigideces acumuladas en el ciclo anterior, que reúne inicialmente cierta adhesión social interna y una gran simpatía internacional. La nueva fe futurista proviene de las inconmovibles convicciones científicas de jóvenes educados en prestigiosas universidades de Estados Unidos. La economía, otra vez, pone en una zona de sombra a la política (como relación de la sociedad consigo misma y con sus instituciones) y se vuelve clave maestra para abrir todas las puertas. El sexenio concluirá con una aguda crisis financiera que comprometerá el crédito privado por los años venideros, además de una seria sacudida al edificio político. Ni la antigua polarización social ni la igualmente antigua fragilidad clientelar de la administración pública se habían modificado de alguna manera que valiera la pena registrar. Otra llamarada de petate a pesar de inicios que anunciaban un incendio descomunal.

Pero, si fuera posible definir un índice de desencanto, como una medida de la excursión térmica entre el calor del día y el frío nocturno, entre euforia temprana y decepción postrera, la palma le tocaría probablemente al presidente Fox. Con él parecía comenzar un nuevo siglo, no sólo en el calendario, y se interrumpía la anomalía de 71 años de permanencia en el poder del mismo partido que se proclamaba heredero de una lejana revolución. Excitación y expectativas eran palpables. Sin embargo, a pesar de los avances en diferentes ámbitos, la antigua maquinaria institucional priista (¿o mexicana?, después de décadas una neta separación ya no era obvia)² quedó virtualmente intacta mientras el país, envuelto en ásperas rivalidades partidistas, no podía construir los consensos mínimos para reflexionar críticamente sobre su pasado y sondear nuevos rumbos. Se había despertado de nuevo el fantasma intolerante de la República restaurada de más de un siglo antes. Entre inconsistencias presidenciales, rencores de una izquierda frustrada en su ilusión de poder y la ambición de revancha del PRI, México quedó atascado en una guerrilla parlamentaria, espejo de una clase política con escaso sentido de su responsabilidad general. Y así el alto oleaje inicial de expectativas se aplacó en una sensación difundida que, con o sin PRI, no cambiaban mucho las cosas en la vida real del país. Aunque no de inmediato, la rueda se preparaba para un nuevo giro.

Con el presidente Peña, y el regreso del viejo partido hegemónico, ocurre un oxímoron ya no discursivo sino real: un entusiasmo pasivo. Después de dos gobiernos (Fox y Calderón) que, se suponía, traerían al país nuevas perspectivas evolutivas maduradas en décadas de oposición al viejo sistema, y en medio de la angustia frente a una criminalidad desbordada y a un Estado agarrotado entre ineptitud y colusión, la mayoría relativa de los electores (38%) decidió regresar al PRI como a un ancla de seguridades o de inercias consoladoras. Se encargaba al pasado enfrentar los problemas del presente. Un pasado que, restablecido en el poder, quita del centro del escenario la criminalidad poniendo en él varias reformas económicas que, como en tiempos de Salinas, deberían haber dado respuestas eficientes incluso a los problemas oficialmente no reconocidos. Una fórmula combinada de remoción y disimulo. Después siguieron escándalos de corrupción que restaron credibilidad a las intenciones declaradas de saneamiento institucional, además del pavoroso episodio de complicidad entre instituciones y criminalidad con el resultado de 43 jóvenes estudiantes desaparecidos en Iguala. En varios de sus puntos el Estado daba señas de incoherencia e inconsistencia antes de comenzar la segunda mitad del sexenio de Peña. Incluso el “entusiasmo pasivo” inicial agotaba sus reservas mientras el país se reencontraba con sus problemas antiguos agigantados por una criminalidad sin frenos y sin respuestas institucionales creíbles.

En rápida sucesión, desde comienzos del nuevo siglo le fallaron a México tanto la ruptura de una larga continuidad política como su restablecimiento, al tiempo que seguía la secuencia de inauguraciones alentadoras y desarrollos malogrados. Estos son los cuatro episodios centrales de la historia contemporánea de México, en los cuales se intentarán reconocer las razones de la incapacidad del país para emanciparse de fallas antiguas que, en circunstancias cambiantes, se reconfirman. Una historia de nuevos comienzos, de expectativas que renacen periódicamente sin conducir a los resultados que en su momento se creyeron al alcance de la mano. Y al final de cada ciclo, la frustración que alimenta la necesidad de experimentar un nuevo rumbo que, con su desencanto, hace más dura la capa del cinismo colectivo que se acumula en el humor nacional. A fines del siglo XIX no había observador mediamente sagaz que, hablando de Rusia, no percibiera el inexorable derrumbe de una sociedad bajo la imposibilidad de salir del peso de sus inercias. A comienzos del siglo XXI un aire similar recorre México. ¿O sólo será la percepción de una recurrente fragilidad destinada a ser exorcizada y reproducida? ¿De qué clase de fatalidad es cautivo este país? El presente ensayo describe los cuatro rumbos mayores que condujeron a México adonde está en la actualidad; se sondearán las razones de una misma y diferenciada impotencia para recorrer los caminos que condujeron a otros países a superar una dura segmentación social y la inhabilidad institucional de las cuales México no ha podido emanciparse.

ETERNO RETORNO / ETERNO COMIENZO

La modernidad es afirmación de la linealidad del tiempo sobre la circularidad (mítica o real) de las sociedades antiguas. Una linealidad que desde la Ilustración se condensa en la idea del progreso como acumulación de mejoras y aprendizaje humano irreversibles. Sin embargo, la idea del eterno retorno³ pertenece a uno de los patrimonios culturales más extendidos y persistentes de la historia del mundo. La imagen de la serpiente (o el dragón) que se muerde la cola, expresión zoomorfa de las órbitas planetarias, es un patrón iconográfico común a variedad de culturas. En el siglo V a. C., escribía Empédocles de Agrigento (la antigua Akragas griega): “A veces / Uno se crecía a costa de Muchos / que llegó a ser solo / a veces, empero / por des-nacimiento, Muchos surge de Uno… [Entre Muchos y Uno] Ninguna [cosa] en lo eterno apoyará sus pies […] según círculo inmoble muévense todas”.⁴

La astucia humana poco puede contra la fatalidad que termina por imponerse. Los ardides de Sísifo (padre de Ulises, según Sófocles) en su lucha contra la muerte y contra los dioses, le valen la condena a empujar una roca en la ladera de una “montaña llena de noche” (en palabras de Albert Camus) y cuando está a punto de cumplir su tarea y llegar a la cumbre, la roca vuelve a rodar hasta la base obligándolo a empujar sin fin una piedra que volverá a caerse. Una circularidad dolorosa que en Mesoamérica se vuelve concepción cíclica de las fuerzas que regulan el mundo. La rueda calendárica de 52 años que, engarzando año ritual y solar, repite, con la recurrente ceremonia del fuego nuevo, la alternancia entre “la muerte y la vida: dos puntos situados diametralmente en un círculo en movimiento”, donde el muerto, en su viaje al Mictlan se vuelve semilla descarnada dispuesta para el reinicio de la vida.⁵ Siguiendo diversos rumbos, hace más de un siglo llegamos a Nietzsche:

Qué te sucedería si un día o una noche se introdujera furtivamente un demonio en tu más solitaria soledad y te dijera: Esta vida, así como la vives ahora y la has vivido, tendrás que vivirla una vez más e innumerables veces más […]. El eterno reloj de arena de la existencia será dado vuelta una y otra vez —y tú con él, polvillo de polvo.⁶

Pero en las sociedades antiguas o en las modernas la idea de la historia que regresa (incluso en la forma marxista del comunismo primitivo que, en la conclusión de un largo recorrido de la humanidad, resurge como comunismo finalmente maduro) no es más que el disfraz de la voluntad de huir del tiempo histórico concreto para refugiarse en una metahistoria. Un miedo a “perderse” (en un presente eternamente sin sentido), dice Mircea Eliade, que en las sociedades arcaicas “desvaloriza el tiempo”⁷ y en las modernas afirma un finalismo redentor donde la trascendencia es sustituida por la inmanencia del progreso que conduce al mundo a recuperar su perdida, originaria, inocencia.

Frente a mitos, huidas del tiempo y repeticiones deseadas o temidas, un premio Nobel de Química recordaba que el universo es una evolución irreversible hacia sistemas crecientemente complejos en equilibrio inestable entre gravitación y entropía, entre necesidad y azar. Nada en el universo (ni en los conjuntos humanos) es realmente comprensible sin un antes y un después, y sin la dialéctica inherente a los sistemas complejos en intercambio de energía con su entorno.⁸ Una consecuencia necesaria de lo anterior es que el futuro no es predecible. En un intercambio epistolar con Emile Cioran, el filósofo rumano Constantin Noica escribía en 1957: “Según un científico inglés dotado de sentido del humor, los tres principios de la termodinámica se reducen simplemente a: 1. Es imposible ganar (ley de la conservación); 2. Se está seguro de perder (ley de la entropía); 3. Es imposible salir del juego”.⁹

Lo cual, sobre todo en referencia al tercer principio, nos devuelve a México donde, entre retornos y comienzos, el juego se repite en nuevas formas y con las mismas reincidencias: aguda desigualdad social y mala calidad institucional. En cierta forma, en contra de la modernidad, aquí el tiempo se ha vuelto reversible, circular. Y si el tiempo parece volver como si estuviera atrapado en una órbita, la parte se presenta como un fragmento del todo cuya lógica reproduce. Un ejemplo. Después de haber estudiado a los policías de las ciudades de Chihuahua, Hermosillo, Mexicali y Tijuana, un investigador llega a la conclusión de que en la corrupción policial, más que la presión ejercida por la criminalidad organizada (que no es poca), intervienen prácticas informales y arraigadas del sistema político mexicano, donde prevalecen lealtades corporativas y liderazgos personalistas que sentirían amenazados sus espacios consuetudinarios de poder por el uso del mérito como criterio de selección del personal.¹⁰ El problema de la disfuncionalidad de la policía mexicana es parte de un orden en que cada pedazo del Estado en realidad goza de una (irresponsable) autonomía mientras no cree dificultades infranqueables al corazón del sistema político. La tolerancia a la corrupción y la incompetencia (más o menos interesada) en partes del Estado o en zonas del territorio, por décadas han sido requisitos para el funcionamiento conjunto de una compleja maquinaria de poder nacional. Tal vez incluso podría hablarse de una neofeudalidad moderna y centralizada. Acerca de la recurrencia en la historia mexicana de criminales e instituciones poco confiables, escribía la escocesa madame Calderón de la Barca en 1840: “La pestilencia de los ladrones, que infestan la República, nunca ha podido ser extirpada [por] el estado de desorganización en que se encuentra el país”.¹¹

Después de la Revolución, el siglo XX mexicano produjo algo asombroso: una prolongada estabilidad política, como antes había ocurrido con el porfirismo, si bien en menor escala. Sin embargo, a la sombra de la estabilidad aliñó aquello que Octavio Paz resumía en una palabra: simulación. Y de ahí vino un “daño moral profundo”, una “mutilación espiritual”.¹² Detrás de una supuesta continuidad revolucionaria,¹³ el sistema político alimentaba una ritualidad que envilecía la dimensión pública del debate de ideas y la confrontación cívica de propuestas. El disimulo, vuelto razón de Estado, impedía (e impide) nombrar los problemas con sus nombres: una forma revolucionaria de cultura cortesana. Asumiéndose como heredero de la revolución de 1910, el PRI repitió una antigua historia de apropiación de eventos pasados capaces de dar alguna nobleza ancestral al presente. Así había hecho Porfirio Díaz apropiándose simbólicamente de una edad de Reforma que, sin embargo, enterró y cuya Constitución de 1857 violó sistemáticamente. Así hizo Agustín de Iturbide, hacedor de una Independencia depurada del carácter popular que le había dado la sublevación de Miguel Hidalgo y, yendo más lejos, así hicieron los aztecas erigiéndose en herederos imperiales de la antigua cultura tolteca.¹⁴ Pero detrás de estas fingidas continuidades, había otras más reales: la Independencia que hereda privilegios y exclusiones de la Colonia y el nacionalismo revolucionario que reelabora el positivismo porfiriano (en clave de industrialización o de racionalidad tecnocrática), así como su presidencialismo centralista.

Acerca del interminable régimen de un hombre del siglo XIX que creía encarnar el único futuro viable y moderno de México, escribía hace un siglo Francisco I. Madero: “El régimen actual de gobierno acabó con las libertades públicas, ha hollado la Constitución, desprestigiado la ley y, por último, acabó con el civismo de los mexicanos”. Para Madero, un poder sin frenos ciudadanos incorporados “corrompe a quienes lo ejercen y a quienes lo sufren”¹⁵y, trabando la consolidación de instituciones responsables, obstaculiza al mismo tiempo el desarrollo de una sociedad civil sin sobrecarga de ritos que la bloquean en una impotente repetición. Construyendo sobre estos cimientos, apenas desgastados, el posterior régimen revolucionario continuó en varios sentidos aquello que pretendía superar. Y de esta historia lejana viene la fragilidad institucional que menoscaba la capacidad para detener la barbarie criminal de estos inicios del siglo XXI. Un poder con escasos controles sociales no puede sino arropar su propia corrupción. Según algunos estudiosos, si México redujera su corrupción al nivel de Estados Unidos, su producto interno bruto (PIB) per cápita se duplicaría.¹⁶ Lo que, tal vez, sea una exageración o, tal vez, no.

En la historia mundial del último siglo y medio son visibles dos caminos hacia sistemas políticos eficientes (en términos de desarrollo de largo plazo) y creíbles: la presión ejercida por una sociedad civil organizada en forma autónoma y la calidad previa de una burocracia capaz de transferir al conjunto del sistema sus valores y comportamientos. A fines del siglo XIX, buscando tipos ideales, emergen, por un lado, Dinamarca y Suecia y, por el otro, Alemania y Japón. En la historia independiente de México ninguno de estos dos rumbos fue posible. El corporativismo (blanco crítico de los liberales después de la Independencia)¹⁷ impidió en el siglo XX la consolidación de una sociedad civil dinámica y el presidencialismo (con el apéndice de la tolerancia hacia la corrupción de sectores del Estado o de la sociedad) asfixió la formación de una administración pública capaz de contener los personalismos presidenciales y purgarse de sus patologías extorsivas.

Desde otro ángulo: en la larga duración mexicana, la libertad (como instrumento y meta de la construcción ciudadana) y la prosperidad (como condición de integración social en el surco del crecimiento económico) no pudieron activar entre sí un circuito de retroalimentación. Uno de los grandes pensadores mexicanos del siglo XX ofrece una síntesis sugerente. Durante la República Restaurada (1867-1876) los liberales intentaron, sin éxito, alcanzar la prosperidad conservando la libertad; con el porfirismo se prometió prosperidad (incumplida salvo en el aspecto limitado de la aceleración económica) sacrificando la libertad ciudadana. Y con Madero, frente a una polarización social insostenible, el país se levantó para reconquistar su libertad aun a costa del retroceso material.¹⁸ Siguiendo con esta mirada amplia, ¿cómo definir el siglo posterior a la revolución de 1910? Tal vez no sea descabellado considerar el prolongado (y aún vigente) régimen político postrevolucionario como un arreglo estable que trabó la eclosión de un espíritu ciudadano capaz de mantener bajo control a las instituciones, y frustró una presión social que habría permitido formas menos polarizadas en la distribución de los beneficios del desarrollo económico. A comienzos de este siglo nos encontramos así con antiguas tareas incumplidas (espíritu ciudadano, integración social e instituciones creíbles) con el agravante de un Estado incapaz de ser coherente con sus propias intenciones declaradas. Y al calor de una criminalidad con escasas barreras institucionales, el país se enfrenta a un repliegue simultáneo —lo que teóricamente puede parecer paradójico— de la libertad y la autoridad.¹⁹

DESIGUALDAD Y ESTADO: ESCOLLO DOBLE

La piedra con la que México no deja de tropezar desde su Independencia es sedimento de dos materiales: desigualdad social y poca calidad (administrativa y democrática) del Estado. No hay forma estadísticamente confiable para medir el comportamiento de estas variables en el largo plazo como hicieron B. R. Mitchell o Angus Maddison en relación al PIB de varios países. Lo que no impide reconocer que en la larga duración que separa el México de hoy del país que hace dos siglos conquistó su independencia, ocurrieron cambios importantes pero no de dimensiones tales que pudieran activar una recíproca alimentación capaz de emanciparlo de sus retardos económicos, sociales e institucionales respecto a los países más avanzados del mundo. No ha ocurrido en México nada parecido a los casos de salida tardía del atraso como los de Suecia o Japón desde fines del siglo XIX. Concluyamos esta introducción con una pregunta: ¿Los dos materiales (aguda desigualdad social y Estado de mala calidad) se amalgamaron accidentalmente en el tiempo mexicano o hay entre ellos alguna interdependencia funcional? En realidad no sólo hay una estrecha relación, sino que este vínculo no es exclusivo de México.

En el centro está la agricultura. Por distintos caminos el dinamismo de la agricultura (como capacidad de crear mercados locales vigorosos, una primaria cultura empresarial que se difunde en la sociedad y en el territorio, además de la superación del autoconsumo y el aislamiento) se encuentra siempre en los orígenes sociales y económicos de los países que hoy consideramos “desarrollados”. Este dinamismo está en las bases de la potencia económica holandesa del siglo XVII; es un antecedente ineludible de la Revolución Industrial en Inglaterra y es el cimiento social sobre el que se construye aquel espíritu ciudadano estadunidense que tanto admiró Alexis de Tocqueville.²⁰ Y otra vez encontramos agriculturas que se mueven hacia una menor polarización social y una mayor productividad en todos los procesos tardíos de salida del atraso, desde Dinamarca y Japón a fines del siglo XIX hasta Corea del Sur y China a fines del siglo sucesivo.²¹ Una agricultura (social y técnicamente) exitosa en el pasado ha sido condición para alcanzar altos grados de equidad social en el presente. Donde esto no ha ocurrido (por la persistencia de latifundios extensivos y relaciones semiserviles o por el predominio de comunidades rurales ligadas al autoconsumo o inercias técnico-culturales),²² las consecuencias negativas se siguen arrastrando como una malformación ancestral que se transmite y propaga en el tiempo hacia otras dimensiones productivas y otros espacios sociales. Y ahí encontramos situaciones tan diferenciadas entre sí como Rusia y la URSS después, América Latina, el sur de Italia, India, etcétera. México tuvo antes, durante la Colonia y en el siglo XIX, estructuras agrarias de gran propiedad y exclusión social (además de comunidades indígenas al mismo tiempo explotadas desde su exterior y replegadas sobre sí mismas) y, con las reformas agrarias posteriores, un reparto de la tierra que no activó mercados locales en expansión ni movilidad social ascendente. En otros términos, en la historia agraria mexicana no fue posible combinar en el largo plazo elevada productividad e integración social. Cuando ocurrió, el progreso productivo no cimentó estructuras sociales y modelos de comportamiento que pudieran endogenizarlo. De esta lejana tarea incumplida se origina gran parte, como en otras regiones de América Latina, de la alta segmentación social del presente.

Acerca de la relación entre desigualdad y pobre calidad institucional, limitémonos al presente comparando el índice de Gini de la desigualdad del ingreso y la calidad del Estado por medio de dos mediciones: el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y el índice del estado de derecho del World Justice Project. Veamos las dos gráficas a continuación:

Como es evidente, a escala mundial los países se distribuyen alrededor de una línea de regresión donde desigualdad social y mala calidad institucional coinciden, así como coincide su reverso: equidad social y autoridad operativa y social del Estado.²³ Como se observa en las gráficas, en un extremo encontramos a Bolivia, México, Ecuador, Rusia y Uganda; en el otro a Dinamarca, Holanda, Noruega, Suecia y Austria. ¿Cómo explicar esta distribución espacial? Un par de hipótesis surgen de manera casi natural. Moviéndonos desde la sociedad hacia las instituciones: una baja desigualdad social favorece, a paridad de otras condiciones, una mayor capacidad de control conjunto sobre el Estado. Se puede enraizar así una cultura de presencia ciudadana en la definición de los rumbos colectivos, una cultura no obstaculizada por abismales diferencias estamentales en la población. E invirtiendo el punto de observación, desde las instituciones hacia la sociedad: cuando las primeras surgen en un contexto de menor desigualdad es más viable en ellas el desarrollo de un sentido de pertenencia que supone autocontención y mayor sentido de responsabilidad social. Pero cualesquiera que sean las razones comunes de largo plazo entretejidas con diferentes recorridos históricos, resulta evidente que las dos circunstancias viajan juntas, para bien o para mal. De lo cual se deriva que la equidad distributiva no es sólo un problema de “justicia” (cuyo significado puede ser objeto de disputa), sino también de eficacia y credibilidad institucionales. Más allá del lugar que México ocupa en el contexto internacional en términos de ingreso per cápita, el retardo del país es mayor en los dos terrenos indicados. ¿Es posible romper la coexistencia autoinmune entre polarización del ingreso e instituciones de baja calidad? En el capítulo conclusivo se abordará el tema, mirando diferentes experiencias históricas que sugieren una respuesta positiva. Pasemos ahora a los cuatro episodios mexicanos que, a pesar de sus impulsos iniciales, terminaron por reincidir en una normalidad patológica.

PRIMERA RONDA:

ALEMÁN, EL LICENCIADO REVOLUCIONARIO

Nadie duda que el impulso expansionista de principios de su período dio un fuerte estímulo al crecimiento de la nación… [Pero] para el final del régimen de Alemán, una porción considerable de la opinión pública mexicana afirmaba que los beneficios a los trabajadores todavía parecían muy remotos.

RAYMOND VERNON, El dilema del desarrollo
económico de México (1963)

Para razonar alrededor de Miguel Alemán hay que volver a Lázaro Cárdenas, su imagen antitética, que en la segunda mitad de los años treinta intenta una continuidad no armada de la Revolución mediante la educación rural, la formación de un partido de Estado que corporativizaba a los trabajadores, el intento (frustrado) de una agricultura colectiva y la nacionalización del petróleo y el ferrocarril. Sin embargo, mientras en tiempos de Cárdenas se exploraba un rumbo propio, el país se incorporaba a una corriente mundial que, en la derecha o en la izquierda, asignaba al Estado un mayor protagonismo económico. El New Deal rooseveltiano, el intervencionismo productivo del gobierno fascista italiano, las políticas públicas de infraestructuras y rearme de la Alemania nazi y los planes quinquenales soviéticos expresaban una abigarrada variedad de ideologías, estrategias y fórmulas diferentemente dirigistas contra la depresión que se había asomado desde fines de los años veinte.¹ En este escenario global el cardenismo es una apuesta nacional-progresista que marca la distancia frente al cosmopolitismo liberal y a la súbitamente añeja confianza en los virtuosos automatismos del mercado.

El posterior giro de Alemán —con el intermedio sexenal de Manuel Ávila Camacho, durante el cual el empuje cardenista se apaga sin que se defina una nueva orientación general para el desarrollo mexicano— tiene dos rasgos. El primero es la adecuación al nuevo espíritu mundial en que el totalitarismo autárquico de las potencias del eje ha sido derrotado; el segundo es que el ensayo del presidente Cárdenas de una redistribución del poder económico a favor de los trabajadores,² sufrió descalabros que prepararon el terreno para volver a formas más ortodoxas de desarrollo económico. Durante la presidencia de Alemán estas dos corrientes, externa e interna, se mezclan devolviendo al país a la normalidad. Un regreso que supone abandonar (más en la práctica que en el discurso político, más en la estrategia económica que en el terreno simbólico) la idea de crear espacios de mayor protagonismo económico para los trabajadores. La iniciativa económica vuelve a sus intérpretes tradicionales, a una burguesía empresarial que, sin embargo, con Alemán adoptará algunas características peculiares. El intento de convertir a los trabajadores y sus organizaciones en factor de empuje de un nuevo rumbo económico había fracasado, en parte por la propia inmadurez de estas organizaciones y en parte por la fragilidad burocrático-institucional en cuyo ámbito estas iniciativas se desplegaron. El Estado no renunciaba a su intervencionismo previo pero se trataba ahora de un protagonismo, por así decir, subordinado a los operadores privados, a sus organizaciones gremiales y a sus horizontes culturales y de intereses.

Con Cárdenas los grandes latifundios productivos en Coahuila y Yucatán fueron entregados a sus antiguos peones para una explotación colectiva que requería algunas condiciones para su éxito: una cultura (inexistente o muy débil) de cooperación entre los trabajadores e instituciones financieras confiables capaces de transferir recursos eficazmente a una forma productiva inédita, además de un marco legal capacitado y dispuesto a reprimir desde sus inicios la corrupción que pudiera minar la consistencia interna de la nueva organización productiva. Ninguna de estas condiciones estaba disponible y el experimento de una agricultura basada en una cultura empresarial difundida entre los trabajadores fracasó en medio de autoridades ejidales corruptas o corruptibles y un Banco de Crédito Ejidal que muy pronto se volvió un nudo inextricable de clientelas y malversación sistemática de recursos públicos. Las cosas no marcharon mejor en las dos nacionalizaciones que marcaron el período cardenista, el petróleo y el ferrocarril. Cárdenas no se limitó a la nacionalización, sino que entregó la administración de los ferrocarriles a los representantes sindicales de los trabajadores y permitió el ingreso de estos en el Consejo de Administración de la nueva empresa petrolera pública (Pemex). Sin embargo, en los dos casos, frente a un corporativismo sindical desde abajo (con salarios desproporcionados frente a los niveles de productividad) y a la mala gestión de las empresas, el presidente tuvo que corregir el tiro recortando el personal de Pemex y sustrayendo la administración del ferrocarril a los sindicatos. De paso, en las elecciones de 1940, los resentidos trabajadores ferrocarrileros dieron su apoyo militante al candidato conservador Juan Andreu Almazán.³ Al final de su mandato, Cárdenas se enfrentó así con el agotamiento de su impulso reformador y con una ofensiva social y política que buscaba evitar la continuación de los experimentos sociales de la izquierda de la Revolución Mexicana. Se extinguía la fase, por así decir, heroica del reformismo revolucionario mexicano y se abría la larga fase de la revolución institucionalizada.

La presidencia de Ávila Camacho (1940-1946) será un interregno entre reformas popular-corporativas (de las que subsistirá en el futuro sobre todo el último término) y la nueva orientación que devuelve gran parte de la iniciativa económica a sus depositarios sociales tradicionales, si bien en el contexto de una mayor presencia reguladora del Estado. Concluida la Segunda Guerra Mundial y con Miguel Alemán en la presidencia, la corriente cambia de dirección en el mundo y en México. Y ciertamente Alemán reconoció los nuevos colores del tiempo, como decía Luigi Pirandello. Los márgenes para experimentos económicos autocentrados se habían contraído. Occidente sale de la guerra con impulsos renovados y una nueva aura de vigor después de haber derrotado, a su tiempo, la tentadora prospectiva fascista de una sociedad patriótico-autoritaria con veleidades postcapitalistas, cuyas confusas ambiciones habían llegado incluso a América Latina en los regímenes de Getúlio Vargas en Brasil y de Juan Domingo Perón en Argentina. Es el retorno a la normalidad, cuarteada por la depresión y la Guerra Mundial, si bien con nuevas atenciones sociales (por ejemplo, el plan Beveridge que prefigura el Estado de bienestar) y una nueva noción de la responsabilidad económica del Estado. Por su parte, la Guerra Fría impone, después del ciclo previo de nacionalismos recelosos y crispados, una renovada disciplina global. Ya no queda espacio para los individualismos nacionales; los márgenes para una originalidad económica independiente del mundo se han contraído y Miguel Alemán es coherente con el espíritu de la época. Pero, aquí también, la homologación ocurre con algunos rasgos propios. La Revolución Mexicana (la memoria de un período convulso sin objetivos precisos de transformación y sin una clase social con suficiente homogeneidad para sostenerlos) que, con Cárdenas, buscó alguna justicia social, con Alemán se dirige hacia la industrialización (como panacea modernizadora) en un contexto de estricto control social corporativo desde el Estado. Se acentúa la centralidad del presidente en el sistema conjuntamente con una élite política que exorciza el conflicto social bajo el manto de la unidad revolucionaria. Inicia un largo ciclo de historia nacional (que aún no se cierra) donde conviven una autonomía social de la política que alimenta una proclividad sistémica a la corrupción con una débil coherencia operativa de las instituciones y su incierta credibilidad social. Aunque habría que precisar que cuando la credibilidad se manifiesta como adhesión política al régimen, asume a menudo una actitud apenas disimulada de conformismo cínico.

Los gobiernos “emanados de la revolución”, como los miembros de las castas superiores del hinduismo, nacen varias veces. Cárdenas encarna un primer nacimiento que, sin embargo, en la marcha perdió su capacidad hegemónica sobre la familia revolucionaria y su adherencia con los tiempos del mundo. Alemán es un segundo nacimiento que en varios aspectos llega hasta el presente. En sus inicios está el gozne entre dos momentos de la historia nacional: el México turbulento de insurgencia y posterior experimentación social que abre las puertas a un populismo semiautoritario que arrastra un fantasma errante de justicia social como mito fundacional. El México contemporáneo nace con Miguel Alemán, un presidencialismo que anula en la práctica a los otros poderes del Estado, un partido convertido en sello electoral de un Estado sujeto al señor presidente y el corporativismo como mecanismo de construcción social del consenso.

DE VERACRUZ A LOS PINOS. EL NEOPRESIDENCIALISMO

El futuro presidente Alemán entraba en la adolescencia cuando el país era cruzado por los balazos de la Revolución. En su biografía se reflejan estos tumultos y sus sangrientos ajustes posteriores. Su padre, campesino y después comerciante al detalle en el estado de Veracruz, participó en las sublevaciones rurales en las postrimerías del Porfiriato. Se adhirió tempranamente al maderismo para unirse, después del golpe de Huerta, a la rebelión de Carranza, quien lo nombró general en 1916. Diputado local en 1924, en 1927 tomó nuevamente las armas para oponerse a la reelección de Álvaro Obregón y en esa rebelión, en la cordillera volcánica de Los Tuxtlas, rodeado por el ejército federal y sin caminos de fuga, se suicidó en 1929. Su hijo y futuro presidente de México tenía entonces 29 años y, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), había comenzado su actividad profesional como litigante en el sindicato petrolero. El joven Alemán muestra dos características tempranas: la predisposición para los negocios y la gracia jovial de su temperamento costeño que le ayuda a moverse con soltura en una política dominada por camarillas y relaciones personales.

En los inicios de su carrera política, Alemán recibe el apoyo del antiguo general carrancista Cándido Aguilar, bajo cuyas órdenes había servido su padre. En 1934 coordina la campaña presidencial en Veracruz de Lázaro Cárdenas y en 1939 lo encontramos dirigiendo la campaña nacional de su sucesor, Ávila Camacho, bajo cuya presidencia será un joven secretario de gobernación. Ya sólo en estos dos hechos (recíprocamente contradictorios) se revela la debilidad de la política como debate de ideas y de proyectos y su carácter autoproclamado institucional. En realidad hace tiempo la Revolución se ha vuelto una bondadosa madre postideológica para sus partidarios. Y así, en la ambigüedad, comienza la carrera fulgurante del portabandera de los hijos universitarios de los viejos revolucionarios. En él se expresa la renovación de una élite política que supera sus orígenes sociales populares para asumir los rasgos propios de una clase media que incorpora a su léxico, si bien con cierta socarronería, el lenguaje y la carga simbólica de la Revolución convertida en ritualidad civil. En el gabinete del presidente Alemán se cumple una discontinuidad respecto a los gobiernos anteriores; las posiciones de mayor prestigio y poder son ocupadas por sus condiscípulos y maestros en la universidad e incluso en la Escuela Preparatoria Nacional.⁴ Los generales heredados de la Revolución pasan a la reserva. Sus pasiones y ambiciones pierden adherencia con el nuevo tiempo y se vuelven materia para los libros de historia. Y el olvido.

El amiguismo de la nueva generación que asciende al poder coagula grupos que dificultan el acceso meritocrático a los puestos de la alta burocracia y remueven el ethos discursivo de justicia social en nombre de un desarrollismo de cuyo éxito en el largo plazo se hace descender toda posibilidad de mejora social. La revolución institucionalizada readquiere el frío perfil positivista contra el cual se había combatido a inicios del siglo XX. Como en el pasado, la política, entendida como debate abierto de ideas e intereses, es excluida de ese desarrollismo de fisionomía técnica, mientras se conserva el culto nacionalista de la unanimidad encarnados en una presidencia que delega al partido oficial la administración de clientelas y corporaciones que legitiman en el terreno el legado y auténtico de la Revolución. Esta disociación entre realidad y rito no desenfatiza sólo la vieja retórica revolucionaria en las decisiones políticas concretas, sino incluso la cultura liberal que, desde tiempos de Porfirio Díaz, había sido fórmula discursiva de una élite con residuos culturales coloniales e incrustaciones positivistas. Un ejemplo. Justificando el hostigamiento gubernamental contra la prensa (un acoso donde se cruzaba el personalismo presidencial con una sistémica necesidad autoritaria), Salvador Novo, director de teatro en Bellas Artes durante el período de Alemán y una de las inteligencias más cáusticas de México, escribe: “Libertad de expresión es un eslogan demagógico… No veo por qué la de expresarse en linotipo haya de escapar a los controles de conveniencia general”.

Evidentemente, el gran polemista tampoco veía las razones por las cuales la “conveniencia general” tuviera que ser interpretada por un ejecutivo libre de controles sociales o de contrapesos institucionales. Y en un doble movimiento de emancipación del liberalismo y toma de distancia del legado revolucionario, añade Novo que con la Revolución: “Se creía en la magia simplista de esperar que, suprimidos los amos, se acabarían los esclavos [pero] la redención no se improvisa cuando aún no existe aptitud para merecerla”.⁵

Un razonamiento sensato, en estricta consonancia con la época y que, sin embargo, no puede dejar de alimentar la sospecha de que fuera instrumentalmente coherente con una reedición de la tradición autocrática y paternalista del Porfiriato. A final de cuentas, una forma gazmoña para justificar un sistema de poder con escasa autocontención y que transfiere la responsabilidad de una realidad social por varios aspectos premoderna de los vértices políticos a la base social. La cultura autoritario-positivista del régimen porfiriano (mucha administración y poca política) tiene una nueva versión: los “esclavos” siguen necesitando modernizadores que operen en su nombre prescindiendo de toda posibilidad de expresar intereses o criterios independientes. La Revolución había pasado de moda salvo como recurso retórico en las fiestas cívicas o en las campañas electorales. El PRI, que nace (con su nuevo nombre) pocos días antes de que Alemán sea nombrado candidato a la presidencia a comienzos de 1946 —tercer avatar del partido oficial de la Revolución— toma el lugar de un Partido de la Revolución Mexicana (PRM) cardenista viciado ab origine por una explícita opción de clase que ya no está en línea con el nuevo clima político.

Si con Alemán la Revolución queda reducida a un lejano eco legitimador, la presidencia se refuerza compensatoriamente como un poder con sobrecarga simbólica de unanimidad en nombre de un Estado ontológicamente progresista. Por un lado, el partido oficial se vuelve plenamente subalterno al presidente y, por el otro, la figura presidencial se afirma sin fisuras como personificación institucional de la Revolución, con el efecto de estrechar toda posibilidad de autonomía política de la sociedad. En nuevo formato resurge el añejo molde de una presidencia absoluta que tuvo con Porfirio Díaz una pantalla liberal y ahora una revolucionaria —ambas igualmente inmersas en las aguas poco lustrales de una pomposa y edificante simulación—. Como representación de una revolución abstractamente viva, el presidente está más allá de toda crítica que se vuelve, ipso facto, un ataque reaccionario con fines inconfesables.⁶ El tiempo (laicamente) sagrado asienta su derecho a desoír los ruidos de una realidad fastidiosa. En palabras de Mircea Eliade, el tiempo sagrado se emancipa de la duración profana para enlazarse con una eternidad donde los cambios ocurren en un mundo sin cambio.⁷

El cambio es perceptible desde el comienzo. Se rompe la formalidad de los precedentes períodos de relevo presidencial cuando el plan de gobierno, supuestamente elaborado por el partido, era suscrito por el candidato a la presidencia. Con Alemán se invierten los términos y es el partido el que suscribe el plan del candidato.⁸ Dos décadas después de concluido su mandato, en un seminario en la Universidad de Texas, el entonces expresidente, tratando de explicar a un auditorio de estudiosos estadunidense la especificidad del sistema político mexicano, definía —en un lapsus que expresaba algo así como un inconsciente institucional— al presidente mexicano como “jefe de la política”.⁹ No del Estado sino de la política, o sea del escenario completo que en las democracias modernas incluye gobierno y oposición, partidos y grupos sociales organizados además de los tres poderes del Estado y, en general, el debate cívico. Sin quererlo, Alemán decía la verdad. Alegórica y realmente, sobre todo desde su sexenio, la figura presidencial ocupa todos los espacios de la política hasta ahogar cualquier autonomía residual que pudieran tener los otros poderes del Estado u organizaciones sociales, cuya propia independencia del gobierno se vuelve razón de sospecha sobre su endeble espíritu revolucionario. La Revolución, que se mantiene en vida bajo el manto augusto del nacionalismo (de obvia importancia en un país colindante con Estados Unidos), tolera una sola voluntad legítima. Y tal vez no sea del todo descabellado, entre continuidades involuntarias que se mantienen en medio de muchos cambios, pensar en un porfirismo revolucionario. Y, tal vez, tampoco descabellado sea sospechar que México es un país de persistencias conservadoras, donde la Revolución se presenta (en una transparente compensación) como un rito cívico obligatorio.

Describiendo el escenario urbano durante los años del “milagro mexicano” entre fines de los cuarenta y comienzos de los cincuenta, José Emilio Pacheco escribía: “La cara del Señorpresidente en dondequiera: dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos ubicuas, alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre, caricaturas laudatorias, monumentos”.¹⁰

Sin debate político abierto y reducido a una función de casi exclusivo protocolo cívico, el PRI deja de ser medular incluso como estación de tránsito para la élite gobernante.¹¹ El discurso político acentúa la reverencia hacia las siempre patrióticas decisiones y opiniones presidenciales. La disociación entre oratoria pública y realidad social se incrusta en el centro no reconocido de la vida política haciendo crecientemente arduo, en las décadas sucesivas, encontrar una relación fuerte entre las dos dimensiones. La realidad queda transfigurada por una hiperrealidad simbólico-institucional que la vuelve irreconocible. En lugar de ser un medio para definir los problemas y sus opciones, el discurso oficial, incansablemente encomiástico, que ocupa casi todo el espacio político, se convierte en un medio para disimular unos y otros. En 1947, en un brillante y pequeño libro que reflejaba un estilo acentuado desde Miguel Alemán, escribía Daniel Cosío Villegas:

En las legislaturas revolucionarias jamás ha habido un solo debate que merezca ser recordado […] los congresos revolucionarios han sido tan serviles como los del porfirismo […]. A los ojos de la opinión nacional, nada hay tan despreciable como un diputado o un senador, han llegado a ser la medida de toda miseria humana.¹²

Para confirmar ese juicio, en la película Si yo fuera diputado (1952), hablando al grupo de notables que le ofrece una diputación, Cantinflas contesta: “¿Acaso me vieron cara de trinquetero?” Reflexiones analíticas y estereotipos populares coinciden. Dos décadas después, en 1970, Octavio Paz proporcionaba una mayor profundidad histórica comparando la “usurpación de la herencia revolucionaria [de parte del partido oficial]” con “la apropiación de la herencia tolteca por México-Tenochtitlán” y remataba así: “El tlatoani es impersonal, sacerdotal e institucional; de ahí que la figura abstracta del Señor Presidente corresponda a una corporación burocrática y jerárquica como el PRI”.¹³

El presidente no encarna el poder en tanto que persona, sino como expresión hierática de una continuidad imaginada, que pone al reparo de conflictos inmanejables, y como representante pro tempore de una revolución descarnada de sus contenidos y sus desgarramientos y convertida en un monumento cívico-nacional. El élan modernizador alemanista desde mediados de los cuarenta encarna un molde antiguo.

Además de la inercia histórica, la laica beatificación del presidente expresa la necesidad de una disciplina social capaz de evitar toda forma de inconformidad hacia una nueva política que busca coagular alrededor de la industrialización la confianza de empresarios y clases medias. Si bien con modalidades mucho más dramáticas, también en la URSS de los años treinta la industrialización acelerada necesitó un mayor rigor despótico para garantizar comportamientos sociales acordes con el imperativo industrial. En México ocurre algo similar en un contexto no totalitario aunque sólo parcialmente liberal. Razones políticas y económicas requerían un giro de tuerca que forzara a los sindicatos a aceptar un papel de disciplinada subordinación al gran proyecto de modernización. La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), en que los empleados del Estado son la parte mayor y más dependiente del gobierno, adquiere preeminencia sobre las confederaciones obrera y campesina que desde tiempos de Cárdenas representaban la voz más sonora de los trabajadores organizados (por el Estado). Apenas instalado en la presidencia, para mostrar su escasa tolerancia hacia manifestaciones de autonomía sindical, si no de disenso, Alemán envía al ejército a ocupar las instalaciones petroleras donde el sindicato de categoría amenaza con la huelga. La mano dura supone reducir los márgenes de acción militante de la principal confederación obrera, la Confederación de Trabajadores de México (CTM).¹⁴ Su secretario, Fernando Amilpa, declara en 1949 que la depuración del movimiento obrero (o sea, la purga de dirigentes y cuadros aún ligados al nacionalismo semioficial de Vicente Lombardo Toledano) deberá afianzar el triunfo de Miguel Alemán, “que es el triunfo de la Patria Mexicana”.¹⁵ Esos son el estilo y el lenguaje. El año siguiente asume la secretaría de la confederación Fidel Velázquez, para quien ningún obrero podía pertenecer a otro partido que no fuera el PRI. Y será una de las piezas determinantes en la longevidad de este partido en el ejercicio del poder; en su carrera como secretario de la CTM verá pasar diez presidentes de la República. Velázquez quedará en el cargo hasta su muerte en 1997, casi medio siglo: una especie de reina Victoria del sindicalismo institucional mexicano.

Un sistema presidencial-corporativo sin autonomía de las principales organizaciones sociales no podía sino ser presa de una corrupción sistémicamente impune. La corrupción es el corolario de un poder sin contrapesos traducido en renta de posición con acceso extralegal a la riqueza producida por la sociedad. Acerca de este último aspecto, en una obra de teatro de 1953, saludablemente escrita un año después de la salida de Alemán de Los Pinos, Rodolfo Usigli convierte transparentemente a Miguel Alemán en el Licenciado Germán y le hace decir unas líneas que representan de alguna manera la autoabsolución de una corrupción destinada en el curso de las décadas a envolver el régimen político mexicano en una neblina de simulación patriótica y descomposición ética (y burocrática) del Estado: “Cada uno de nosotros [expresidentes] ha servido a México a su manera, y aun los que ganaron mucho en ello lo ganaron porque hicieron ganar al país”.¹⁶

El presidente como un administrador delegado con participación a las utilidades de la empresa. Todas las piezas van tomando su lugar para que, en la segunda mitad de los años cuarenta, suba el telón de una representación cuyos principales protagonistas serán la industrialización, el proteccionismo, una aceleración agrícola sin reforma agraria y una tenaz incrustación de la corrupción en las instituciones y en la sociedad. O sea, modernización con debilitamiento en el largo plazo de la credibilidad y la consistencia interna del Estado.

MODERNIZACIÓN COMO INDUSTRIALIZACIÓN

La industrialización es vista por la nueva élite política como la clave definitiva, una maquinaria socioproductiva que, alcanzado cierto grado de madurez, se habría reproducido a sí misma como en una especie de partenogénesis en un proceso virtuoso de modernización. Una panacea y, al mismo tiempo, una opción obligada para repetir la historia de los países desarrollados y seguir en la ola del crecimiento acelerado iniciado desde la Segunda Guerra Mundial. Las grandes importaciones de maquinaria industrial y la demanda estadunidense de materias primas y productos semitrabajados permiten triplicar en 1940-1947 la producción siderúrgica, mientras la manufacturera en general se incrementa en un 66%.¹⁷ Alemán pretende prolongar en la posguerra el impulso y, en efecto, entre 1947 y 1952 la producción manufacturera aumenta 61%. La idea que la industrialización sea el instrumento obligado para acortar la distancia con los países desarrollados no es una exclusiva mexicana del período y tiene su mayor expresión analítica con la fundación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a fines de 1948. El objetivo es reducir el peso relativo de las exportaciones primarias que no han producido los efectos esperados por la cultura económica liberal desde los últimos años del siglo XIX. Hay que endogenizar el desarrollo y, al calor del cambio industrial, todas las demás piezas tomarán su lugar haciendo posible la integración interna de la economía, el cierre de añosas fracturas sociales y la sucesiva inserción en los mercados internacionales. De ahí que, con orgullo, Alemán señale en sus memorias que en su sexenio el aporte de las manufacturas al PIB en México llegó al 26%, rebasando países como Brasil, Argentina y Chile. Mismo orgullo que le hace señalar cómo el país produjera a comienzo de los cincuenta artículos que aún importaba en 1947 como radios, tocadiscos, refrigeradores, lavadoras y planchas eléctricas.¹⁸ Pero —más allá de la jactancia a posteriori para compensar la frustración de las esperanzas sobre la capacidad taumatúrgica de la industrialización— es un hecho que en el sexenio de Alemán la producción de cemento se duplica, así como el número de automóviles registrados y que el PIB se incrementa en 41% frente al 43% del sexenio anterior, que había sido impulsado por la demanda de los Estados Unidos en guerra.¹⁹

En nombre de la industrialización y para recoser relaciones que no siempre habían estado libres de tensiones, el gobierno incorpora entre sus miembros a un empresario en la dirección de Pemex, a un abogado de círculos financieros en la Secretaría de Hacienda y a un banquero en la presidencia del Banco de México.²⁰ Colateralmente, desde algunos meses antes de la asunción del nuevo presidente, se establece la “Alianza patriótica” entre la CTM (guiada todavía por Lombardo Toledano) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) nacida en 1941 como representación de las industrias surgidas al calor de la Segunda Guerra Mundial y que piden al Estado una mayor protección de la competencia extranjera para garantizar su control de un mercado nacional en expansión.²¹ Después de la guerra, con el aumento de los precios y una nueva agitación obrera, el control más estricto del Estado sobre las organizaciones sindicales y el mayor proteccionismo terminan por establecer la triangulación necesaria entre presidencia de la República, sindicatos corporativos e industriales protegidos y subsidiados en distintas formas. Parecía la mezcla propicia para cicatrizar, con crecimiento económico y mayor ocupación, una enraizada segmentación social en un contexto de atraso técnico y económico. Aunque fuera por medio de caminos indirectos, los herederos de la Revolución parecían encaminarse hacia aquella justicia social que estaba en las aspiraciones de la generación anterior. Sin embargo, desde el inicio, las señales de la realidad están lejos de confirmar la narrativa oficial.

Las manifestaciones exteriores de la modernización en marcha se hacen patentes con la acelerada emigración interna hacia las mayores ciudades. Una tendencia que se conservará en las décadas sucesivas hasta convertir a la Ciudad de México en una de las más grandes manchas urbanas del mundo, con la creciente urbanización de una pobreza que hasta entonces había sido prevalentemente rural. Entre 1940 y 1950, la población urbana pasa de 35 a 43% de la población nacional y desde 1960 será superior a la rural. Los olvidados (1950) de Luis Buñuel es un trauma: una representación descarnada del revés de la medalla que revela la desesperada brutalidad de los barrios marginales de la Ciudad de México, donde la retórica de la marcha triunfal de la modernización se enfrenta a una realidad menos esplendorosa y donde la palabra “urbanidad” se traiciona a sí misma. El lado oculto de una realidad incómoda se vuelve de pronto visible con su entramado de miserias humanas y desinterés institucional. No por casualidad la película es inicialmente prohibida hasta que, después de recibir un premio (al mejor director) en el Festival de Cine de Cannes en 1951, es reestrenada en el Cine Prado del Paseo de la Reforma. La reacción del gobierno de Alemán es el negacionismo: es una ofensa a la dignidad nacional, mientras el secretario del Sindicato del Cine, Jorge Negrete, declara que, de haber dependido de él, la película no se habría girado. El adjetivo más usado es “denigrante”: las clases medias urbanas y los nuevos ricos se sienten profundamente indignados frente a esta rasgadura en la pantalla del optimismo oficial. Arriesgándose a contrariar a las autoridades de su país, Octavio Paz, joven funcionario de la embajada mexicana en París, distribuye por su iniciativa unas cuartillas de elogio a la película durante el Festival de Cannes.

La fachada luminosa de la gran ciudad exhibe sus nuevas formas de bienestar con sus tiendas departamentales de Woolworth y Sears, los rascacielos, los barrios de los nuevos ricos en el sur de la Ciudad y en Polanco, las nuevas vialidades (bautizadas frecuentemente con el nombre del presidente) o la ostentosa monumentalidad de la nueva Ciudad Universitaria. Algo es evidente desde los inicios de lo que Blanca Torres llama la “utopía industrial”, y es que las fracturas sociales heredadas no se reducen a pesar del nacionalismo discursivo y de las señales exteriores de un progreso urbano que no se limita a una minoría de la población nacional, sino a una minoría de la misma población urbana.

En un estudio publicado en 1960, la economista Ifigenia Martínez registraba que, a pesar del aumento del ingreso medio real en la década de los cuarenta, había aumentado la disparidad entre empresarios y asalariados, así como las diferencias económicas y de bienestar entre zonas geográficas del país. Y apuntaba dos aspectos. El primero, que mostraría todo su peso en los años sucesivos, era que una distribución inequitativa terminaría por trabar el crecimiento económico (e industrial) conteniendo la demanda de consumos y, consiguientemente, la inversión productiva. El segundo era la distancia abismal de equidad entre México por un lado y Estados Unidos e Inglaterra por el otro. En México, en 1950 el 5% más rico de las familias obtenía el 40% del ingreso, contra el 21 y 24%, respectivamente, en los otros dos países.²² Con nuevas formas, persistía una antigua herencia de desigualdad que la industrialización no parecía curar considerando que el índice de Gini que era de 52 en 1950, se mantenía casi igual más de medio siglo después, uno de los niveles de desigualdad más elevados del mundo. La industrialización había comenzado con el pie izquierdo.

Es notable que, en una autoabsolución nacionalista, algunos críticos de las políticas del alemanismo imputen todavía en la actualidad la responsabilidad de sus fracasos a la supuesta imitación del “modelo estadunidense” y, más en general, a la implementación de un modelo capitalista de desarrollo. Como si antes de Alemán la economía mexicana no hubiera sido capitalista o como si hubiera habido entonces un camino no capitalista al desarrollo que la historia posterior mostraría no existir, cuando menos hasta la fecha. En la crítica al “falso milagro” mexicano se mezclan aciertos —como el cuestionamiento del potencial dinámico de largo plazo de un mercado de clases medias que no llegaban al 30% de una población que seguía siendo mayoritariamente rural y pobre— con elementos de un estrecho puritanismo nacionalista que dirigen su ataque al “colonialismo cultural”, supuesta y extravagantemente, encarnado en figuras como Rufino Tamayo, Carlos Fuentes o Juan Rulfo.²³ Más allá de estas excomuniones sumarias (que muestran un fondo vivo de nacionalismo patológico, según palabras de O’Gorman), achacar a Estados Unidos las razones del fracaso social alemanista es una forma para esquivar las responsabilidades internas de una apuesta estratégica que en el largo plazo se reveló inhábil para sacar a México de su atraso económico, sus desgarramientos sociales y sus instituciones parademocráticas. Es siempre más cómodo achacar los propios descalabros a los otros que reconocer las dificultades y equivocaciones de las propias políticas. Que, como se verá más adelante, se debieron sobre todo a la desatención hacia graves y antiguos problemas de marginación rural y aislamiento económico del sur del país.

El aliento positivo ejercido sobre la economía mexicana por la Segunda Guerra Mundial se revirtió después de su conclusión con una reducción de la demanda estadunidense de manufacturas. El superávit comercial previo se convierte en un agudo déficit en 1946-1947 y mientras las reservas internacionales del país se contraen, el gobierno se ve obligado a dejar flotar el peso con la consiguiente devaluación de casi 80% en 1948. A pesar de la pérdida de valor de la moneda, los mercados externos cesan de ser fuente del dinamismo económico mexicano, como había ocurrido durante la guerra, y son sustituidos por un mercado interno más protegido y más dependiente de las inversiones públicas.²⁴ Pero, haciendo a un lado la crisis de la balanza comercial de la posguerra, que conduce a la devaluación, todo el sexenio de Miguel Alemán muestra un desequilibrio externo que desde entonces será controlado gracias al proteccionismo. INEGI informa que entre 1946 y 1952, frente a exportaciones que, en el conjunto del período, crecen menos de 10%, las importaciones lo hacen en casi 35%. En un ensayo de 1950, Carrillo Flores —grand commis del Estado entre los presidentes Alemán y Díaz Ordaz— registraba que en el sistema económico mexicano una aceleración de las inversiones (públicas, y no sólo) conducía a fuertes presiones sobre el tipo de cambio, debido a la elevada dependencia del crecimiento de las importaciones. Un síndrome que, como se verá al final de este libro, en un contexto de diferente política comercial, se repite en las primeras décadas del siglo XXI. La estrategia económica de la posguerra mostraba serias limitaciones endógenas. La protección que adjudicaba el mercado interno en forma virtualmente exclusiva a las empresas nacionales suponía colateralmente un sesgo antiexportador —con debilidad de una competencia interna que terminaba por refrenar la competitividad externa de las manufacturas mexicanas— con consecuencias negativas sobre las cuentas externas y la capacidad de autofinanciamiento del desarrollo conjuntamente con una excesiva propensión al endeudamiento externo.

En apretada síntesis, el problema mayor del alemanismo no fue el fervor industrializador, sino la incomprensión de que este impulso (y sus altos costos en términos de subsidios directos e indirectos, como la baja recaudación fiscal y el endeudamiento externo) era insostenible sin ampliar el mercado interno más allá del círculo de las clases medias urbanas y los trabajadores urbanos, sin fortalecer, en diferentes regiones del país, el potencial de consumo campesino y las capacidades empresariales latentes en una amplia red de pequeñas y medianas empresas de cuya expansión dependía el aumento del empleo y de las conexiones intersectoriales. Pero estas interacciones habrían requerido profundos cambios agrarios capaces de alimentar una cultura empresarial capilar. Apuntar a la industrialización como antídoto universal de efecto automático suponía un deslumbramiento que, a final de cuentas, liberaba al Estado de su responsabilidad de actuar reformas e iniciativas destinadas a alterar segmentaciones sociales arraigadas, inercias clientelares y tradiciones extorsivas en la administración pública. Asumir una tarea tan ambiciosa habría requerido reconocer las fallas de la organización del Estado y las rigideces de su aparato corporativo. Faltando una visión amplia (sectorial, regional e histórica) y una voluntad política abierta, que habría sido contradictoria con los cimientos sistémicos del régimen, la industrialización era, en la tónica de la Ciudad de México, como aquellos brillantes carteles publicitarios que ocultan las casuchas ruinosas a sus espaldas.

LA INDUSTRIA PROTEGIDA Y SUS CRÍTICOS

De cierta forma, Alemán está en continuidad con el régimen anterior de Manuel Ávila Camacho acentuando desde sus inicios las políticas de subsidios y protección arancelaria de una industria delegada a resolver problemas nacionales que el Estado ha renunciado a enfrentar con una vasta acción reformadora. En 1947 se introducen los precios oficiales de importación y los aranceles ad valorem, además de las licencias de importación que serán desde entonces una fuente generosa de corrupción pública. Bajo el argumento del dumping, la industria nacional (especialmente Canacintra) exige y obtiene una creciente protección que le asegura el control del mercado interno con el consiguiente mantenimiento de altos precios y una baja calidad que no habrían sido posibles en un mercado menos cerrado a la competencia externa. La combinación de una industria sobreprotegida y una burocracia salpicada por una corrupción impune no podía producir efectos perjudiciales. Coherentemente con los presupuestos de su política, México rehúsa integrarse al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) formado en 1948 bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Una decisión revertida sólo en 1986. El proteccionismo mexicano, destinado a dar su sello a la economía del país a lo largo de más de cuatro décadas, se consolida con el doble objetivo de controlar el creciente déficit comercial de la posguerra y limitar la competencia externa —motivación, esta última, que adquiere mayor peso sucesivamente—. Si el proteccionismo mitiga las presiones sobre las cuentas externas en el corto plazo, contribuye, sin embargo, a incrementarlas en el largo plazo por la menor capacidad competitiva derivada de una baja exposición a la competencia y a la innovación tecnológica de las empresas nacionales. La elevada protección arancelaria (y no arancelaria) es el punto de equilibrio de un acuerdo entre Estado y empresarios que reciben generosos subsidios y que pagan bajos impuestos con el compromiso de conservar el empleo, reduciendo así la presión social sobre los regímenes “emanados de la Revolución”. En otros términos, la escasa competitividad es el costo económico (y social) de la estabilidad del sistema político. Ese círculo vicioso podría haberse evitado si la protección de la competencia exterior hubiera sido una etapa transitoria y más selectiva para consolidar un aparato productivo proyectado a mercados dinámicos, internos y externos. Sin embargo, con un aparato proteccionista estabilizado en el tiempo y frente a un mercado interno con límites sociales a su expansión y consiguientes bajas economías de escala, la productividad reducida era una consecuencia virtualmente inexorable que imponía el mantenimiento de la protección para conservar un equilibrio estructuralmente precario de las cuentas externas.

El tutelaje institucional de las industrias supuso exenciones o bajos impuestos además de reducidos precios de la energía y de diferentes servicios públicos. El sentido de marcha está claro: en 1946 los impuestos a la industria representaban 22% de los impuestos totales, en 1952, 16.5%.²⁵ Así que al desequilibrio externo asociado al sesgo antiexportador de la política económica se añade la presión sobre las cuentas públicas con gastos que tienden a aumentar más que los ingresos tributarios. En pocas palabras, el dinamismo industrial se paga incrustando desequilibrios que terminarán por lastrarlo. La alianza entre obreros, industriales y Estado (donde los “obreros” no son más que un componente de la estructura corporativa del Estado) limita el mercado nacional con aranceles que mantienen precios internos que excluyen amplios sectores de población de la demanda efectiva, sobre todo en el universo rural. Como señalaba un conocido estudioso estadunidense de la economía y la agricultura mexicanas de la época, el proteccionismo favorecía la capacidad de consumo de trabajadores industriales que, sin embargo, constituían una estrecha minoría de la población económicamente activa.²⁶ Una minoría insuficiente para que sobre sus espaldas descansara una demanda capaz de sostener un amplio proceso de industrialización. Sin embargo, a esta argumentación crítica, un apologeta de Alemán (que, repitiendo la historia de James Creelman frente a Porfirio Díaz, asignaba al presidente “inquebrantable determinación; amor al hogar y culto a la amistad; sencillez y simpatía personales”) consideraba que criticar la industrialización era ver a México como “una nación agrícola que debía permanecer siéndolo siempre”.²⁷ O sea, reconocer las debilidades de la industrialización alemanista en un contexto social que se mantenía agudamente segmentado era una forma de nostalgia ruralista. Empero otro estudioso de la época registraba:

De los muchos problemas que México probablemente encontrará a medida que avance en su desarrollo industrial, ninguno parece ser más crítico que el de las limitaciones del mercado nacional […] el mercado potencial para la industria mexicana debe buscarse en la población agrícola que representa 70% de la población.²⁸

No es extraño que las mayores observaciones críticas al modelo de industrialización impulsado desde mediados de los años cuarenta vinieran de estudiosos estadunidenses, o sea, de un país donde la industrialización se había desplegado, desde mediados del siglo XIX, en un contexto rural (en el nordeste, medio oeste y oeste) capaz de sostener un gran flujo de demanda y una amplia variedad de empresas pequeñas y medianas con el potencial para dar dinamismo a un vibrante entramado de mercados locales.

Tradicionalmente se ha asignado al economista argentino Raúl Prebisch —uno de los inspiradores de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)— la responsabilidad intelectual por estrategias de sustitución de importaciones que terminaron por fijar, por varias décadas, políticas proteccionistas de industrialización en América Latina y en México. Lo que es sólo parcialmente exacto. En realidad, Prebisch pensaba en cierto grado de protección como medida transitoria destinada a corregir una excesiva dependencia de los países en desarrollo de las importaciones de bienes de capital;²⁹ se trataba, además, de corregir la tijera de los precios internacionales que castigaba a los países productores de materias primas frente a los productores de manufacturas. La industrialización se presentaba, por consiguiente, como el salto estructural ineludible para alterar relaciones globalmente desfavorables a los países en desarrollo sujetos a un papel de abastecedores internacionales de productos primarios desde la segunda mitad del siglo XIX. Una dependencia económica cuya otra cara estaba conformada por arraigados arcaísmos civiles y políticos y duras segmentaciones sociales heredadas de tiempos coloniales. Sin embargo, antes de que pasara mucho tiempo bajo los nuevos lineamientos de la política económica latinoamericana, era claro para el estudioso argentino que la sustitución de importaciones, si bien pieza estratégica de la industrialización en sus primeras fases, no había cumplido en América Latina las expectativas de sus inicios en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Se necesitaba corregir el rumbo y “combinar juiciosamente la sustitución de importaciones con las exportaciones industriales”.

El exceso de proteccionismo ha aislado generalmente los mercados nacionales de la competencia exterior, debilitando y aun eliminando el acicate indispensable para mejorar la calidad de la producción y disminuir su costo… [Se requieren] mercados muy vastos para alcanzar un grado razonable de economicidad.³⁰

Con mercados de consumo socialmente restringidos y una oferta ilimitada de trabajo, los costos de este “factor” se vuelven rígidos al alza. Pero la ventaja de los bajos costos laborales es neutralizada por la imposibilidad de alcanzar economías de escala capaces de permitir avances sostenidos de la productividad. A pesar de su necesidad en las primeras fases de la industrialización, el proteccionismo suponía una contradicción interna: para conservar los niveles existentes de ocupación se incrustan aranceles destinados a proteger de la competencia externa y, con ello, se reduce el impulso a una renovación sectorial y tecnológica de la que depende la generación de empleos en el largo plazo. Además, sin la expansión de los mercados no es posible contener los costos (ni elevar las utilidades esperadas)³¹ lo que impone un mayor grado de protección en un círculo vicioso destinado a encerrar el potencial de desarrollo en dos posibilidades: crecimiento con mayor peso del endeudamiento externo o equilibrio de bajo crecimiento. Sin considerar que un excesivo grado de protección permitía la conservación subsidiada de actividades productivas (y tecnologías) obsoletas. El mecanismo de la destrucción creadora schumpeteriana quedaba, si no congelado, entorpecido.

Si en el largo plazo una política limitada al mercado interno es insostenible (aunque esto depende del tamaño del país, de sus recursos y su población), lo mismo vale con más razón en el caso de un mercado interno altamente segmentado y escasamente dinámico, a pesar del ensanchamiento de clases medias en gran medida ligadas a la administración pública y a los servicios. La única forma de romper el círculo es la deuda externa. El financiamiento de Pemex, Nafinsa, etcétera, depende, en tiempos de Alemán (y después), de fuentes externas debido a la reducida capacidad de ahorro de los trabajadores empleados, a los bajos ingresos de las exportaciones y al déficit del presupuesto público. Desde la segunda mitad de los años sesenta, mientras la economía comienza a mostrar signos de debilitamiento dinámico, aumenta el endeudamiento externo que desembocará finalmente en la crisis de comienzos de los años ochenta. O sea, el dinamismo inicial se pagó después con la imposibilidad de seguir la misma ruta fijada por Alemán a mediados de los cuarenta.

Pero, además de un problema de política económica que constriñe el desarrollo industrial a un mercado interno limitado por la falta de una profunda transformación agraria y el entumecimiento de los mercados locales, el otro problema está en la propia calidad del Estado como promotor y regulador de una economía crecientemente compleja. Cualquiera que fuera la política económica, ¿cómo fijar directrices consistentes con una administración pública recorrida por un clientelismo sistémico y por episodios de corrupción capaces de descomponer la coherencia interna de la acción pública y desalentar los potenciales inversionistas sin conexiones corruptivas con el Estado? Blanca Torres registra cómo en la época de Alemán la Comisión Nacional de Aranceles operara decisiones erráticas sin referencia a los efectos generales de sus deliberaciones arancelarias sobre empleo o demanda de insumos. Lo que se debía a la escasa consistencia técnica y a la corrupción como factor de descomposición de cualquier (eventual) política sectorialmente consistente.³² Miradas las cosas en una amplia perspectiva histórica el cuadro era quizás incluso peor: un Estado interventor en una economía muy ligada a sus decisiones y, al mismo tiempo, una burocracia de baja coherencia sistémica y escasa capacidad para contrastar las prácticas extractivas de una consuetudinaria cultura pública. En otros términos: el protagonismo de un sujeto incapacitado para asumir racionalmente la responsabilidad que él mismo se asigna. Reflexionando sobre la economía mexicana a comienzos de los años sesenta, escribía Raymond Vernon:

El gobierno mexicano controla la distribución de tierra, agua y préstamos a la agricultura, moviliza créditos extranjeros y raciona el suministro de crédito interno; impone precios tope, concede exenciones de impuestos, apoya las emisiones privadas de valores, y se empeña en veintenas de otras actividades […]. Las políticas gubernamentales son críticas; críticas hasta un grado no igualado en muchas otras economías en desarrollo, basadas en un sistema de empresa privada.³³

O sea, una economía altamente dependiente de una política oficial no solamente cuestionable por sus consecuencias negativas sobre la equidad y la productividad media, sino dependiente de una maquinaria administrativa de baja calidad por la incrustación de antiguas actitudes corruptivas sin correctivos sistémicos. En su novela Paz (1949), el escritor turco Ahmet Hamdi Tampinar, propone el tema en el lenguaje de su cultura: “Estamos en manos de profetas irresponsables”.

AL MARGEN, LA AGRICULTURA

Uno de los límites fundamentales de la industrialización mexicana convertida en gran proyecto institucional desde fines de la Segunda Guerra Mundial fue su displicencia frente a la segmentación del mercado interno y a la exigencia de revitalizar economías locales deprimidas y sin aliento propio. El gobierno se retrae frente al reto de un universo rural históricamente cautivo de baja productividad, poca tierra y de mala calidad, erosión de los suelos, escasa disponibilidad de agua, minifundios con reducidos márgenes de mejora productiva y una cultura campesina tradicionalista y ligada al autoconsumo. Gran parte del atraso mexicano provenía justamente de este sustrato social, físico y cultural, que la industrialización no altera en gran parte del país. Viene a la mente la experiencia de la India en los mismos años. Después de su independencia en 1947, lo más urgente era una reforma agraria capaz de movilizar el potencial económico y social de la gran mayoría de la población que vivía de las actividades primarias. Se trataba de movilizar energías productivas y sociales que rompieran una inercia arraigada de miseria, estrecho localismo y concentración en la propiedad de la tierra. En lugar de esto, sin embargo, los indios recibieron del gobierno —temeroso de conflictos agrarios incontrolables incluso en el seno del partido gobernante— grandes centrales siderúrgicas.³⁴ Una especie de modelo soviético de los años treinta pero en versión liberal. El México de Alemán es una variedad de la misma especie. Como recordaba Sanford Mosk en 1946, 62% de la población económicamente activa en agricultura aportaba apenas el 18% del ingreso nacional: éste era el nudo estructural que debía ser desatado con una acción pública reformadora que no ocurrió a la sombra del encanto taumatúrgico de la industrialización. En la India como en México era más fácil y controlable burocráticamente organizar grandes proyectos productivos que armar una acción pública articulada en el territorio y adaptable a diferentes circunstancias. La debilidad institucional constreñía la acción pública al interior de opciones limitadas.

La agricultura mexicana fue destinataria de grandes inversiones públicas, sobre todo en obras de riego en el norte, en un contexto de baja densidad de población rural en el territorio. Obras destinadas a aumentar la superficie agrícola sin cambios estructurales dirigidos a alterar las condiciones de vida de las mayorías campesinas en el centro-sur del país. Durante el sexenio, la superficie de riego aumentó en un impresionante 43% casi a exclusivo favor de una agricultura comercial con bajo potencial para generar empleos y alimentar mercados locales endógenamente dinámicos. Se buscaban soluciones técnicas a problemas estructurales de calidad de los suelos, asentamiento de la población, comunicación, crédito y demás, que habrían requerido otras formas de compromiso institucional. En condiciones de debilidad orgánica de las instituciones (más allá de su capacidad de control presidencial-corporativo), la estrategia del desarrollo no podía que formular megaproyectos sin una profunda capacidad de penetración y articulación socio-territorial. El gigantismo compensaba así una acción pública poco confiable, si proyectada hacia una red administrativa amplia. Los límites constitucionalmente permitidos de la “pequeña propiedad” son elevados de 50 a 100 hectáreas de riego y en cultivos comerciales como plátano, caña, uva, etcétera, el límite se extiende a 300 hectáreas. Lo que más allá de las ficciones jurídicas deja en claro que el gobierno apuntaba a una pequeña propiedad más de nombre que de facto³⁵ y a una modernización agraria que, sin impulsar economías locales más diferenciadas, promovía mayor mecanización del campo y potencial exportador. El mundo ejidal, siguiendo una visión que venía del gobierno precedente de Ávila Camacho, es visto como un lastre tradicionalista sin márgenes significativos de mejora. Así que en lugar que buscar un incremento productivo a partir de las mayorías rurales, se busca (con éxito, por cierto) incrementar la producción al margen de esas mismas mayorías. Y el resultado paradójico fue un logro productivo sin significativas mejoras sociales.

En un país con pocas tierras de buena calidad, donde se planteaban abstractamente dos opciones mayores (generación de empleos a partir de nuevas formas productivas o la colonización de nuevas tierras), el posible desarrollo de una agricultura cooperativa a partir de una tradición ejidal renovada se descartó sin siquiera ser tomado en consideración. Simplemente no cabía en el ancho de banda del radar ideológico de las nuevas autoridades. El ejido colectivo —uno de los experimentos socioproductivos más originales (si bien fallido) del cardenismo— fue prácticamente abandonado como intento de crear mayor valor añadido en un contexto de escasez de buenas tierras agrícolas. Ese intento que apenas se encontraba en sus fases iniciales tuvo que enfrentarse a una maquinaria institucional en parte ineficaz y en parte corrupta (muy a menudo las dos cosas al mismo tiempo) y desinteresada a seguir por ese camino. Acerca de los ejidos colectivos se escribió:

Dudosa aplicación de los fondos y desfalcos ejercieron una influencia desmovilizadora sobre los ejidatarios […]. Es muy comprensible que si la confianza del grupo en sus dirigentes es traicionada y no se garantizan los derechos individuales, la incertidumbre y la inseguridad sobrepasarán a las ventajas económicas del sistema colectivo.³⁶

Describiendo el universo rural del centro del país (el área de mayor concentración campesina) a comienzos de los años cincuenta, el antropólogo Oscar Lewis registraba las condiciones infrahumanas de una vida de mala nutrición, trabajo duro sin posibilidad alguna de mejora de la existencia, ausencia de movilidad social, miseria material y cultural —con consecuencias especialmente brutales para los niños y las mujeres— y una constante deficiencia de dinero que implicaba el endeudamiento de las familias campesinas a tasas de interés del 8% mensual.

Pedro [el padre de la familia] no podía recordar alguna época en que no hubiera tenido deudas […]. Para él [que había combatido con los zapatistas] la Revolución fue un fracaso. Él creía que no vivía mejor de lo que había vivido durante el gobierno prerrevolucionario de Porfirio Díaz… [y dice]. Antes eran los dueños de las haciendas los que nos explotaban, ahora es el gobierno y los banqueros. Todo es lo mismo.³⁷

En ninguna ocasión la Confederación Nacional Campesina (parte del sistema corporativo del PRI) hizo sentir su voz frente a medidas de política agraria que favorecían a la pequeña propiedad en contra de los intereses de las mayorías campesinas. El propio Miguel Alemán registraba décadas después de su presidencia, frente a un cuestionamiento acerca de la baja representación campesina en los mecanismos corporativos del sistema, que “el campesino aún no estaba capacitado para actuar directamente en un movimiento de tanta trascendencia”.³⁸ Paternalismo autoritario, podría decirse; de cualquier manera una declaración con la virtud de despejar las dudas.

EL (NUEVO) INICIO DEL FUTURO

En La crisis de México (1947), Cosío Villegas hablaba de “una corrupción administrativa general, ostentosa y agraviante” y, en el momento de escribir esas líneas, apenas se iniciaba el régimen de Miguel Alemán que, sin énfasis innecesarios, puede considerarse como el sexenio que terminó por institucionalizar la corrupción. Alemán comienza su presidencia llamando a la moralización y al sentido de responsabilidad de la administración pública. Cuando deja su cargo ha construido un desconcertante imperio económico personal compuesto por cadenas de hoteles (Fiesta Palace, Paraíso Marriott, Ritz), periódicos (Novedades, Heraldo de México), casas editoras (Novaro, Diana), parte de la principal televisora mexicana (Televisa), terrenos en Acapulco y en la Ciudad de México, acciones de la empresa El Águila, etcétera.³⁹ A través de tráfico de influencias y amiguismo, Miguel Alemán favorece el enriquecimiento de familias ligadas a él que de ahí en adelante se vuelven potentados económicos nacionales como los O’Farrill, los Pasquel o los Azcárraga. Una gigantesca corrupción a los ojos de todo el mundo y que, sin embargo, quedará impune con el consiguiente efecto demoledor sobre la credibilidad social de las instituciones. Una humillación del Estado de parte del Estado. Una corrupción institucionalizada que legitima, de ahí en adelante, la repetición de la misma pauta de comportamiento de parte de los funcionarios públicos de todos los niveles. Y así la corrupción ensancha la grieta entre sociedad e instituciones, o sea la no credibilidad de estas últimas a los ojos de una ciudadanía desmoralizada que, más allá de los discursos oficiales, no puede dejar de percibir el poder político (desde los niveles más altos a los más bajos) como un negocio que sólo discursivamente tiene algo que ver con el bien común. La fe pública en la eficacia de la maquinaria del Estado recibe desde el sexenio de Alemán un descalabro del que no habrá recuperación posterior; el árbol, que ciertamente no era derecho, se había torcido en una forma que sería definitiva. La peor tradición (además de la segmentación social) de la historia previa de México es, por así decir, incorporada silenciosamente al patrimonio de los comportamientos tolerados de funcionarios del Estado y representantes políticos. Credibilidad social y capacidad administrativa —condiciones esenciales para la eficacia de la acción pública— se vuelven fallas institucionales sin remedio.

Un gran escritor ruso apunta que la historia de su país presenta una constante independiente de los regímenes políticos: los intentos de modernización con servidumbre (como anulación de cualquier atisbo de construcción ciudadana) desde Pedro el Grande a Catalina II hasta llegar a Stalin.⁴⁰ La modernización parece así como un dato técnico más que como un proceso de cambio de reglas, comportamientos y contenidos de la convivencia social. ¿Cuál es la constante encarnada por Miguel Alemán a pesar del nuevo impulso de industrialización? Es la repetición de una historia prerrevolucionaria (especialmente durante el largo período porfiriano) de moder-nización con un Estado de dudosa credibilidad en un contexto inalterado de aguda segmentación social. Los licenciados herederos de los revolucionarios de la generación anterior repiten, sin tener conciencia de ello, pautas de comportamiento similares a las del régimen contra el cual sus padres habían combatido en los campos de batalla y en una dura confrontación cultural. La diferencia, como señala un estudioso, es que durante el porfirismo la estabilidad del poder se había conseguido con una distribución de privilegios espaciales (gobiernos estatales con amplia libertad de enriquecimiento extralegal). Con el régimen revolucionario, en especial después de Miguel Alemán, la estabilidad está asociada a una distribución temporal basada en la expectativa de que el presidente sucesivo subirá al carro institucional una nueva camarilla de candidatos al poder con sus propias aspiraciones al enriquecimiento.⁴¹ Es esta promoción al poder de nuevos grupos aquello que otorga al régimen la estabilidad y una vaga percepción de cambio democrático. La “familia revolucionaria” está unida en nombre de esta expectativa. Como se dice en México, en algún momento, “la Revolución me hará justicia”. O sea, me pondrá en alguna posición institucional desde la cual enriquecerme. O dejar de trabajar. O las dos cosas.

Un esquema de expectativas que da estabilidad al sistema y que, sin embargo, corre el riesgo de cuartearse con el mismo Alemán. En efecto, hacia el final de su mandato corren rumores acerca de una posible reelección o de una prolongación de su presidencia, lo que habría implicado conservar en el goce (literalmente) del poder a un mismo grupo. Imposible saber si se trataba de una forma presidencial para explorar el terreno o un movimiento espontáneo de allegados fervorosos. De cualquier manera era una movida arriesgada en un país donde la reelección presidencial había terminado por producir las tensiones que llevaron al derrocamiento de Porfirio Díaz y al asesinato del único presidente mexicano que buscó la reelección después de la revolución: Álvaro Obregón en 1928. Ciertamente no testimonia a favor de la extrañeza del presidente el hecho que en sus memorias se refiriera a algunos de los promotores de la iniciativa como personas de “irreprochable lealtad a nuestras instituciones” y sin “móviles ocultos o mezquinos intereses”. Entre estos patriotas desinteresados estaba Luis N. Morones, precursor de un sindicalismo institucional con líderes millonarios en el México contemporáneo. Mismo que había sido expulsado del país por Cárdenas junto con Plutarco Elías Calles en 1936. Los rumores en cuestión se mezclaban con el hervidero de alabanzas entre inauguración de obras públicas, “primeras piedras” y el desvelamiento de una estatua del propio Alemán con toga en la explanada de la Ciudad Universitaria. Estatua que será removida años después por los múltiples ataques, incluso dinamiteros, de los que fue objeto.⁴² El monumento desapareció pero, cuando menos hasta 1988, se conservó la fuerte influencia en las instituciones de la red de los licenciados encumbrados durante el sexenio de Alemán. Ese sexenio continuó pero, y tal vez en una parte mayor, inició un estilo de gobierno que llevó la impunidad de los funcionarios públicos por actos de corrupción a niveles probablemente inalcanzados previamente. Y desde entonces se profundizó el divorcio entre voluntad de modernización e interés público hacia las condiciones de vida de la mayoría de la población.

SEGUNDA RONDA:

SALINAS, EL TECNÓCRATA POPULISTA

Amaba el poder con tal pasión que habría pagado por ser comprado.

GUSTAVE FLAUBERT, La educación sentimental (1869)

Con Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994, se pone en escena un distinto comienzo que anuncia, cuatro décadas después, una nueva ruta maestra destinada a llevar al país hacia otra modernización. Por las insuficiencias y la contradicción de la estrategia económica previa, por los yerros de la estructura política del país, por las seculares inercias corruptivas heredadas o por una mezcla de éstas y otras circunstancias, a comienzos de los años ochenta del siglo pasado era evidente que la gran promesa de Miguel Alemán se había malogrado en la marcha volviendo la realidad mexicana inextricablemente compleja y sin rutas confiables para salir de sus atascos. Y con el fin declarado de un largo ciclo del desarrollo (cuyas fallas nunca fueron objeto de una reflexión política a la altura de la seriedad de la cuestión) los dirigentes del país a lo largo de dos generaciones quedaron libres de toda responsabilidad. Había muerto un sueño (o una utopía de burócratas) y ya era tiempo de entregarse a uno nuevo. Sin embargo, a pesar de las expectativas, el nuevo rumbo resultará más tortuoso de lo previsto y el sexenio terminará en forma estridente con el rechazo generalizado a un presidente glorificado hasta poco antes como novel profeta de la modernización mexicana. Además de la peor crisis en décadas, ocurrida en 1995, y el reencuentro del país con sus lacras tan consabidas como removidas del discurso público: la elevada desigualdad y la baja calidad institucional. Con el añadido, evidente en los años sucesivos, de un débil crecimiento de largo plazo a pesar de las importantes reformas económicas llevadas a cabo en el sexenio salinista. Se abre un nuevo tiempo bisagra entre el fin de una dilatada estrategia económica iniciada dos generaciones antes y la continuación de un añejo sistema político presidencial y semidemocrático que sigue ocupando el centro de la maquinaria estatal y de la cultura política mexicana incluso después de su muerte (en 2000) y resurrección (en 2012). Como Miguel Alemán en su tiempo, Carlos Salinas supera el pasado y lo prolonga. Ruptura y continuidad son las caras complementarias del nuevo comienzo.

Desde inicios de los años ochenta del siglo pasado ya no había forma de eludir que la estrategia económica inaugurada en los años cuarenta había agotado hace tiempo su potencial dinámico.¹ El decaimiento del impulso de largo plazo se cruzaba con la crisis disparada por la deuda exterior, expresión de una economía incapaz de financiar su crecimiento con recursos propios. A fines de 1987, en los momentos en que Salinas era nombrado candidato a la presidencia de la República por el PRI, el país estaba extenuado y disponible para nuevos voluntarismos presidenciales. A la crisis de los ochenta, con contracción del gasto público, inflación y aumento de la pobreza, se añadía la percepción de la ineptitud de instituciones que en el terremoto de 1985, frente a una emergencia imprevista, se vieron sobrepasadas por formas espontáneas de participación ciudadana. A pesar del cuestionado resultado electoral que llevó a Salinas al poder a fines de 1988, los tiempos estaban maduros para nuevas estrategias económicas. De cualquier manera, el nuevo presidente estaba ahí con su característica combinación de inteligencia, arrogancia y determinación para ocupar el centro del escenario en el desconcierto de un sistema político que en parte propició su encumbramiento y en una parte mayor lo aceptó sin dar grandes muestras de entusiasmo.

Algunas palabras sobre el personaje. Como el dios romano Jano, encarnación del inicio y el fin, estamos frente a una figura cuya ambigüedad es parte de su fuerza. Salinas provenía de la nomenclatura revolucionaria, su padre había sido secretario de Estado, embajador, senador, representante de México ante el Fondo Monetario Internacional y otra docena de altos cargos públicos. Siguiendo la expresión con la que en China son conocidos los hijos (a menudo enriquecidos) de los antiguos dirigentes del Partido Comunista de China (PPCH), un “principito”. Después del doctorado en Harvard regresó a México retomando su carrera burocrática en la Secretaría de Hacienda sin olvidar, para cubrir todas las bases, el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI. En 1982 se encarga de la campaña electoral del futuro presidente Miguel de la Madrid que, después de la victoria, lo nombra secretario de Programación y Presupuesto a los 34 años. Salinas repite el ascenso al poder de Miguel Alemán que había sido jefe de la campaña presidencial de Ávila Camacho siendo después recompensado con la Secretaría de Gobernación. Pero, a diferencia de Alemán, Salinas tiene un más prolongado recorrido académico que le da elementos para mirar de arriba abajo, a la luz añadida de su cosmopolitismo, a los viejos, provincianos, políticos “revolucionarios”, aunque sepa usar en forma desenvuelta todas sus fórmulas discursivas y sus mecanismos de poder entretejidos del tejemaneje burocrático y control de redes clientelares. Salinas es un producto depurado del sistema de poder priista. Él y Alemán comparten, como presidentes, un rasgo común: la acentuación de la función presidencial como piedra angular de la modernización del país. Un personalismo mesiánico-tecnocrático que producirá una convivencia no siempre fluida entre el presidente y el híspido sistema político del que es expresión. En la base del problema no está sólo la conciencia presidencial sobre la necesaria rectificación del envejecido proyecto económico alemanista, sino su propia personalidad, en que se fusionan la indocilidad a los frenos corporativos (o de cualquier otro tipo) y una alta consideración del propio papel en un momento crítico de la historia nacional. Carlos Fuentes decía que Salinas había sido el mandatario más inteligente de México, añadiendo: “Nunca he visto a un político más satisfecho de sí que a Salinas en ese momento [fines de 1993]”.² Inteligencia (como mezcla de capacidad analítica y astucia política) y arrogancia (como seguridad en sí mismo y conciencia del propio papel) son los rasgos de la personalidad destinada a protagonizar un nuevo comienzo que, a pesar de las muchas novedades, no abrirá en las décadas siguientes un rumbo firme ni en crecimiento económico ni en bienestar social ni en la calidad del aparato burocrático del Estado. Para seguir la tradición: un nuevo comienzo que se extravía en el camino.

Al acostumbrado encanto del poder en México (del que dependen fortuna, prestigio y carreras personales) se añade la capacidad seductora de una personalidad que insinúa la necesidad y posibilidad de una renovación profunda del sistema político desde el interior de éste. Varios críticos del régimen político fueron así atraídos hacia la órbita (siempre confortablemente nebulosa) del gobierno, como Rolando Cordera, Héctor Aguilar Camín, Arturo Warman y, en el último tramo de su vida, asombrosamente, el mismo Octavio Paz, el más penetrante y cáustico crítico de la “revolución hecha gobierno”.³ Al encanto personal, en que se combinan la pertenencia a una familia de la aristocracia revolucionaria y el prestigio académico de un doctorado en Harvard, se añade el vigoroso y juvenil voluntarismo que parece proyectado a destrabar las rigideces acumuladas de un osificado sistema político. Con Salinas se revierten cuatro décadas de fuerte injerencia económica estatal (usada con frecuencia como instrumento clientelar de estabilidad sistémica) y de proteccionismo como apéndice de un nacionalismo revolucionario con la tentación recurrente de ver al resto del mundo en clave conspirativa. Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte comienzan una década después que el presidente José López Portillo rechazara la integración de México al GATT en 1980. Antiguas tradiciones de intervencionismo público y de relativo aislamiento económico internacional se cuartean haciendo suponer a muchos que con Salinas se abrirían cauces para cambios aún más profundos y no sólo económicos. Los críticos, sin embargo, no faltan aunque no siempre acierten. Uno de ellos sostiene que el tránsito de la estrategia económica de sustitución de importaciones a la promoción de exportaciones es el pasaje de un modelo económico “inclusionista” a otro “exclusionista”.⁴ Una visión endeble, aunque muy común, que no toma en consideración dos hechos. El primero es que la estrategia de sustitución de importaciones conservó y reprodujo en México una antigua tradición de segmentación social, especialmente adversa para el universo campesino y el sur del país. Esta vertiente de desarrollo ya había sido objeto de críticas de observadores como Tannenbaum y Mosk que, entre fines de los años cuarenta e inicios de los cincuenta del siglo pasado, cuestionaban la sostenibilidad estratégica de un crecimiento industrial hacia adentro en un contexto de aguda polarización social. ¿Cómo se asigna el papel de sostén de la industrialización a un mercado interno que no puede expandirse a suficiencia para favorecer las necesarias economías de escala? Pero, además, desde los años sesenta del siglo pasado, la promoción de exportaciones en países como Corea del Sur o Taiwán alimentó no sólo un crecimiento acelerado, sino procesos inéditos de homologación social y de real salida del atraso con el abatimiento de antiguas áreas de miseria. Ni el proteccionismo había sido inclusivo ni la apertura al exterior, según diferentes experiencias mundiales, había tenido necesariamente efectos de exclusión social. La crítica al sexenio salinista necesitaba ir en otras direcciones.

Con Salinas, la necesidad de renovar una estrategia de desarrollo económico hacia adentro, que se había agotado a pesar de los avances productivos, se mezcló con un diagnóstico fundamentalmente ideológico del papel del Estado en la economía mexicana, además del infaltable corolario retórico. Al explicar las razones de la que había sido su orientación económica, decía Salinas al final de su mandato:

Mientras el Estado acumulaba propiedades, la gente acumulaba necesidades y, en consecuencia, tuvimos que entrar en un proceso en el cual privatizar empresas públicas para, con esos recursos, pagar la deuda en la que había incurrido el Estado durante tantos años y, al pagar esa deuda, tener gasto para los programas sociales fundamentales.⁵

Una mezcla característica de verdades a medias destinada a justificar una visión bastante rudimentaria a pesar de lo correcto que pudiera ser el retraimiento del Estado de sus previos compromisos productivos. Asociar miseria, marginación y desigualdad de la sociedad mexicana (necesidades decía asépticamente el presidente) con la existencia de empresas públicas era una forma para escamotear los problemas asociados a una política centrada en un mercado interno altamente segmentado y a la ineficacia y porosidad sistémica a la corrupción del Estado mexicano, independientemente de su tamaño. Suponer un automatismo virtuoso entre un Estado más ligero y el dinamismo de la economía era un ideologismo que habría tenido cierta dificultad para explicar cómo había sido posible que la segunda posguerra, el período más dinámico de las economías occidentales, coincidiera con la expansión del Welfare State. Un Estado más ligero no era en sí un proyecto de desarrollo ni uno que hubiera dado pruebas incuestionables de éxito ni en México ni fuera de él. En otros términos, no era una especie de ley última a la que recurrir en casos extremos.

Acerca de la exuberante retórica salinista y en el intento de acreditar la idea de que menos Estado y mayor apertura comercial al exterior pudieran ser panaceas automáticas a los problemas acumulados en la economía, en el sistema político y en la sociedad, el joven presidente sostiene buscar un camino intermedio entre estatismo y neoliberalismo; la nueva clave discursiva es ahora el “liberalismo social”, definido como una síntesis de Benito Juárez y Emiliano Zapata como encarnaciones respectivas de libertad y justicia social. Las grandes generalizaciones de efecto propagandístico para cohesionar a un nuevo grupo dirigente toman el lugar de la observación crítica de problemas y perspectivas con visiones edulcoradas de fácil resonancia mediática. Se repite una vez más el síndrome del Monumento a la Revolución (en la Colonia Tabacalera en el centro de la Ciudad de México) como mausoleo donde, en nombre de la Revolución, están enterrados individuos que fueron en vida enemigos mortales. La retórica reconcilia lo irreconciliable: Venustiano Carranza y Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. El discurso florido mesoamericano tiene su prolongación, digamos así, moderna con Salinas. Un pequeño ejemplo: “En México hay una civilización que tiene más de 3 mil años de existencia y es la que nos ha formado, es ella la que nos ha dado estos valores fundamentales que nos identifican”.⁶

Antes los sacrificios humanos de una de las civilizaciones prístinas de la humanidad, después tres siglos de Colonia, en seguida medio siglo de caos civil y retroceso económico y a continuación tres décadas de “orden y progreso” de Porfirio Díaz que finalmente desembocan en casi un siglo de un régimen corporativo, presidencial y centralista. ¿Cuáles “valores fundamentales” pueden derivarse de ese recorrido histórico dramáticamente accidentado? El discurso político laico es sustituido, en el sexenio que pretendía enfrentar los tabúes retóricos de los regímenes revolucionarios, por jeremiadas destinadas a construir una unanimidad simbólica alrededor del presidente encarnación de los “valores fundamentales” de la historia nacional. Con Salinas quedaba demostrado que tecnocracia y demagogia podían convivir.

ELECCIONES CUESTIONADAS Y RELEGITIMACIÓN

Después de un simulacro de escrutinio público a seis secretarios de Estado (incluidos el gobernador del entonces Distrito Federal —hoy Ciudad de México— y el procurador general) aspirantes a la presidencia, el entonces presidente Miguel de la Madrid escoge como sucesor a Salinas, su exalumno en la UNAM. El anuncio oficial, naturalmente a nombre del partido, ocurre en octubre de 1987. El futuro mandatario provoca una antipatía apenas disimulada entre las organizaciones obreras del régimen que habían intentado inútilmente oponerse a sus recortes presupuestales y a la privatización y liquidación de empresas públicas cuando Salinas era secretario de Programación y Presupuesto. Por otra parte, el candidato recibe la aprobación bastante descubierta de las organizaciones empresariales que esperan que continúe con él la política económica de De la Madrid, menos condicionada que la de sus predecesores por exigencias de consenso social. La campaña electoral resulta opaca con el concurso desganado de las organizaciones corporativas y territoriales del PRI. Para complicar el escenario, dos personajes prominentes del partido —Cuauhtémoc Cárdenas (que ha concluido su período de gobernador del estado de Michoacán) y Porfirio Muñoz Ledo (que ha sido removido como representante de México frente a la ONU)— muestran abiertamente su disidencia por medio de la que se conocerá como Corriente Democrática, fronda interna del PRI. El hijo del antiguo mandatario lanza su candidatura a la presidencia recogiendo alrededor de sí la adhesión de minúsculos partidos tradicionalmente ligados al partido oficial, además de excomunistas (cuyo partido se ha disuelto siete años antes) y nacionalistas nostálgicos del gobierno de Lázaro Cárdenas de los años treinta.

La situación es delicada: como heredero designado del régimen, Salinas tiene dificultades de imagen para competir con el hijo del antiguo presidente, además del lastre representado por su propio perfil de tecnócrata que ciertamente no despierta el fervor popular. La jornada electoral registra multiplicidad de irregularidades, para decirlo con cierto eufemismo, y los resultados definitivos serán hechos públicos sólo una semana después con la asignación al candidato oficial de la victoria con 50.4% de los votos. Lo que, a pesar de ser el resultado más bajo hasta entonces en la historia del PRI, tampoco así tiene credibilidad. El país asiste azorado a una operación de Estado destinada a asegurar la continuidad del régimen. Y en un contexto en que la oposición de derecha y de izquierda, en medio de movilizaciones sociales, declara la ilegitimidad del nuevo presidente, éste asume la necesidad de recuperar el apoyo de la vieja clase política priista que hasta ahí había considerado expresión de una edad populista que debía ser superada.⁷ En una ceremonia pomposa, típica de un régimen que compensa con la solemnidad sus dudosas raíces democráticas —con varios diputados y senadores que abandonan el recinto legislativo mientras sus asientos son prontamente ocupados por policías para que la televisión no muestre los vacíos—, Fidel Castro y Daniel Ortega aplauden al nuevo presidente que, en su discurso inaugural, menciona 30 veces la palabra modernización. Expresión mágica que un siglo antes usaba con igual prolijidad Porfirio Díaz.

En el sistema político mexicano la popularidad del presidente es un ingrediente capital de la solidez (más o menos teatralizada) del régimen y el cuestionamiento de las elecciones en las plazas públicas amenaza la consistencia de una arquitectura institucional que se basa en no pequeña medida en la apariencia de un amplio consenso social. Reconciliarse con el PRI, otorgando varias secretarías de Estado a la vieja clase política, era condición necesaria pero no suficiente. Salinas necesitaba restablecer su credibilidad social con acciones de alto impacto simbólico. Estas acciones llegan puntualmente en los primeros meses de la nueva administración con arrestos y remociones de importantes figuras públicas para mostrar la autoridad y determinación del nuevo presidente.⁸ Nadie debe creer que un espaldarazo pueda hacer vacilar la voluntad de poder recién encumbrada. El primero en caer es Joaquín Hernández Galicia, líder incuestionable del sindicato petrolero (que había mostrado solapadas simpatías hacia Cuauhtémoc Cárdenas); siguieron el líder del más poderoso sindicato magisterial de América Latina (Carlos Jonguitud) y, para emparejar los cartones, el empresario Eduardo Legorreta por fraude en el mundo financiero, hasta llegar al encarcelamiento de José A. Zorrilla, exjefe de la Dirección Federal de Seguridad (la policía política del régimen disuelta por de la Madrid en 1985), acusado de vínculos con el narcotráfico y de ser el autor intelectual del homicidio de un famoso periodista mexicano (Manuel Buendía) en 1984. La habilidad escenográfica de Salinas supone golpear una DFS que ya no existía, así que el encarcelamiento de Zorrilla no afectaba directamente el prestigio del régimen; Legorreta sólo pasó algunos meses en la cárcel (sin dejar tensiones entre gobierno y empresarios) y los dos sindicalistas caídos en desgracia fueron sustituidos prontamente por otros igualmente (o más) leales al PRI e igualmente o más descomedidos en el uso de las frondosas finanzas sindicales. Nada fundamental había cambiado, pero el nuevo presidente había logrado exhibir su autoridad y su supuesta determinación en cumplir las leyes.

Además de una especial destreza político-mediática, la relegitimación de Salinas requería la reconciliación con el mundo empresarial y con sectores de clases medias que en años anteriores habían dado alguna señal de desafección hacia el régimen, como ocurrió durante la presidencia de Luis Echeverría por sus pantomimas tercermundistas y su solidaridad con el derrocado gobierno de Salvador Allende en Chile. La desconfianza entre empresarios y el régimen priista resurgió al final de la presidencia de López Portillo con la nacionalización de la banca y el establecimiento del control de cambios. Desde ahí algunos empresarios del norte del país llegaron a mostrar una audacia política inusitada que produjo un neopanismo militante del que serán expresión Manuel Clouthier (candidato del Partido Acción nacional, PAN, a la presidencia en 1988 y muerto en un dudoso incidente carretero poco más de un año después) y Vicente Fox, futuro presidente que, en las elecciones mencionadas, fue elegido diputado federal. Con Salinas, las heridas previas se restañan y el mundo empresarial se reconcilia con el sistema dejando atrás la efímera estación de previa disconformidad.⁹ Es probable que en esta reconciliación haya tenido un papel el hecho que en las elecciones de 1988 el otro candidato se apellidara Cárdenas, lo que despertaba los temores nunca eclipsados desde la segunda mitad de los años treinta de parte de empresarios y una burguesía de virtuosos principios conservadores.

Después de la recesión de 1982-1987 con retroceso de los salarios y alta inflación (159% en 1987), la economía se recupera en 1989 (aunque desde comienzos de la década sucesiva experimentará tasas de crecimiento cada vez menores), la inflación retrocede (hasta el 8% de 1993) y, después de los acuerdos con los acreedores externos —que restablecen la confianza de los mercados— vuelve a afluir la inversión extranjera directa al país. Inversionistas y sociedad civil parecen aprobar el nuevo curso económico que abre crecientemente la economía tanto a la iniciativa privada interna como a los mercados internacionales. En el año siguiente a la toma de posesión de Salinas, 1989, el PIB crece en 4.5%, las tasas de interés se reducen mientras la inflación retrocede,¹⁰ y el año sucesivo el gobierno anuncia su intención de devolver la banca al control privado. Mediante distintos canales se restablece una confianza que lleva viento en popa al gobierno. Para confirmar el nuevo clima político, en las elecciones intermedias de 1991 el PRI recupera gran parte de los votos perdidos en 1988. El régimen se ha estabilizado nuevamente. Tal vez más que los resultados económicos, que tendrán corta duración, la nueva confianza en un presidente que había iniciado su período con manifestaciones de repudio se debió a las expectativas de cambio en las estructuras envejecidas del sistema político. Paradójicamente, Salinas es beneficiado por la escasa simpatía que recibe al interior de su propio partido. Las expectativas llegan a ser incluso más importantes que los resultados concretos en el terreno del bienestar social.¹¹

Privatizaciones, apertura exterior, renegociación de la deuda externa, además de su energía y desenfado, dan a Salinas una imagen de líder responsable del tercer mundo a los ojos de Estados Unidos y de prestigiados periódicos como The New York Times, Le Monde y Financial Times. Alineación con el espíritu de la época, con la restauración del prestigio del liberalismo económico, admiración hacia un decisionismo responsable y un prestigioso pedigree académico hacen de Salinas un presidente admirado y respetado en los círculos internacionales a pesar de sus inciertas credenciales democráticas. Desde hace décadas la democracia está en lista de espera en México y puede seguir esperando algo más frente a más urgentes apuros económicos. Como a su tiempo Miguel Alemán, Salinas es recibido en forma apoteósica en Washington a fines de 1989 y su discurso en el Congreso de Estados Unidos es interrumpido 12 veces por los aplausos de entusiastas legisladores que encuentran en el gobierno de México alguien que habla un lenguaje universal o, por lo menos, uno similar al propio.¹² La tradición del discurso florido no se ha perdido. Si a escala global Salinas es respetado por su mezcla de energía y responsabilidad, a nivel nacional, Tomás Borge, viejo dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, le sobrepone atropelladamente las figuras de Simón Bolívar y Fidel Castro.¹³ En México, como en América Latina, la figura del hombre fuerte sigue despertando emociones de hondas raíces culturales. Y por los caminos torcidos de la historia, Washington y Managua encuentran en Salinas un punto de convergencia.

Pero, a pesar de los panegíricos, el joven presidente mostrará ser menos un hombre de Estado que el representante de un régimen de partido casi-único. En cuanto tal acentúa los rasgos de un presidencialismo donde la discrecionalidad no contribuye a la institucionalización democrática del país, lo que, de haber ocurrido, habría sido un nuevo comienzo verdadero en la historia nacional. Aunque la paradoja fuera evidente: se requería un gran voluntarismo presidencial para desmontar los mecanismos políticos y culturales que daban al presidente mexicano una centralidad sistémica de vaga resonancia autocrática. Sin embargo, el nuevo ciclo de modernización en versión salinista tuvo poco que ver con la superación de un envejecido sistema presidencial-corporativo de baja eficacia e incierta credibilidad social, independientemente de las oscilaciones en la popularidad presidencial. Incluso la, parcialmente acertada, apreciación del sexenio como un período de modernización conservadora choca con experiencias históricas aparentemente similares de consolidación institucional capaces de dar estabilidad de largo plazo al cambio económico y social. Más allá del (mayor o menor) peso específico de los países en el escenario global, no sería fácil comparar al salinismo con Bismark, con la restauración Meiji o con las experiencias de crecimiento acelerado (con salida del atraso) en Corea del Sur, Taiwán o Singapur desde los años sesenta del siglo pasado.¹⁴ En estos países el Estado ya tenía incluso antes de su modernización acelerada, instituciones fuertes por cierta eficacia de sus administraciones públicas y por su credibilidad social. En México cualquier intento serio de modernización habría debido hacer las cuentas con herencias históricas menos favorables. Con Salinas más que frente a una modernización conservadora estamos frente a un cambio de la política económica sin cambio en los cimientos del Estado. En realidad no hay aquí un proyecto de reforma del Estado que vaya más allá de la simplificación ideológica por la cual un Estado más ligero es, ipso facto, más eficiente. El empuje reformador se detiene apenas toca la política y Salinas llega incluso a construir una teoría de la necesidad de no emprender al mismo tiempo reforma económica y política, aduciendo el ejemplo de la disolución de la URSS que, en su opinión, habría ocurrido por la ambición gorbachoviana de emprender la doble tarea al mismo tiempo. Con razón, un observador hacía notar el carácter apenas disimuladamente instrumental de una tesis presidencial que soslayaba el hecho que la URSS se había disuelto no por los proyectos democráticos, sino por las demandas de independencia asociadas a nacionalidades oprimidas, lo que difícilmente podría haber sido el caso mexicano.¹⁵ En síntesis, la modernización salinista, aunque ocurrió como toma de conciencia de la necesaria superación de un estrecho nacionalismo económico, no ocurrió ni en el terreno de profundos cambios democráticos ni en el de una consolidación institucional capaz de superar un decisionismo presidencial con los rasgos de un caudillismo tecnocrático e institucional.

El renacimiento mexicano del pensamiento liberal ocurrió, por ósmosis universal, en el terreno económico y sin rebasar estos límites. Como se verá en seguida, la conformación del gabinete registraba más allá de toda duda, el compromiso presidencial hacia una vieja nomenclatura priista que no tenía cultura, tradiciones ni predisposiciones de liberalismo político.

Un pequeño ejemplo. Manuel Camacho Solís (el más destacado intelectual del círculo salinista), encargado de la administración de la Ciudad de México, nombra a Javier García Paniagua como responsable de su Secretaría de Protección y Vialidad. Y este último, expresión de la vieja guardia priista, encarga a su vez la dirección de los servicios de inteligencia a Miguel Nazar Haro, antiguo titular de la Dirección Federal de Seguridad y acusado de desapariciones y torturas por parte, entre otros, de Amnesty International. Lo nuevo (pretendidamente moderno: Camacho tenía una maestría en Princeton) y lo más viejo e impresentable del régimen no parecían tener dificultades en convivir. Con razón decía un estudioso que el atraso es un museo viviente donde coexisten a menudo caciques, caudillos y redes clientelares entre tecnologías avanzadas y líderes modernizadores.¹⁶

MODERNIZACIÓN EN MARCHA

Sin romper tajantemente con una tradición en que los secretarios de Estado tenían un promedio de dos décadas de carrera previa en la misma secretaría, se refuerza el peso de los requisitos educativos sobre la experiencia administrativa.¹⁷ Al mismo tiempo se afirma la homogeneidad ideológica derivada de estudios de posgrado en grandes universidades anglosajonas donde, desde hace algún tiempo, se ha reafirmado la hegemonía del liberalismo (en su formato neoclásico) en el pensamiento económico y del positivismo en las ciencias políticas. Una mezcla, dicho de paso, que recuerda las bases culturales del porfirismo en el México de fines del siglo XIX. En el gobierno de Salinas esta tendencia a una homologación ideológica neoconservadora se acentúa sobre todo en las secretarías económicas donde se encuentran individuos de su generación (Pedro Aspe, Jaime Serra, Manuel Camacho y el futuro presidente Ernesto Zedillo) y carreras académicas similares que sienten lealtad, incluso algo similar a una devoción sexenal, hacia él. Un grupo de personas que comparten con el presidente un sentido de misión de cambio económico y la misma confianza sobre el hecho que, una vez eliminadas las trabas y aflojados los vínculos acumulados en décadas de intervencionismo público, la economía mexicana encontrará espontánea y rápidamente un rumbo de crecimiento acelerado. Pero, al mismo tiempo que esta nueva generación es encumbrada en puestos de gran responsabilidad, Salinas resucita viejos personeros del sistema priista como Manuel Bartlett, Arsenio Farrell, Fernando Gutiérrez Barrios y Carlos Hank González, que constituyen el ancla del nuevo presidente con el antiguo régimen. El grupo de jóvenes tecnócratas tiene a sus espaldas un promedio de 11 años de carrera burocrática contra los 27 del grupo de los políticos¹⁸ que Salinas sube al barco para que le cuiden los flancos en un sistema político de equilibrios delicados entre presidencia, corporaciones sociales, poderes locales, congresistas y partido dominante. Diversas sensibilidades e intereses deben armonizarse para evitar fricciones potencialmente alarmantes. Las decisiones estratégicas en el terreno económico y social provienen del círculo estrecho de los colaboradores más jóvenes del presidente, mientras a los políticos les toca la tarea de administrar la compatibilidad sistémica de las nuevas orientaciones del gobierno. Aunque pronto resultará evidente que la carga de mediación encomendada a los políticos se contrae al calor de un escasamente controlable protagonismo presidencial.

El activismo de Salinas se manifiesta mediante los gobernadores removidos (17, el mayor número desde tiempos de Cárdenas y Alemán) para abrir espacios a las negociaciones con el PAN, castigar gobernadores demasiado independientes, incapaces de mantener la tranquilidad política en sus entidades o para reajustes con efectos dominó en el gabinete federal. En los casos de Guanajuato y San Luis Potosí,¹⁹ haciendo uso desenvuelto de sus facultades metaconstitucionales, Salinas forzará a la renuncia a los gobernadores de su propio partido (electos o en funciones) para facilitar el acercamiento con el PAN, necesario en las alianzas parlamentarias y para marginar la oposición de izquierda. Sin embargo, haciendo a un lado la indudable sagacidad de Salinas como operador político (de “inteligencia zorruna” hablaba Thomas Carlyle en 1841), su gobierno llevó a cabo iniciativas importantes que eran necesarias para recuperar tiempo perdido en el pasado, responder a demandas sociales, renovar el aparato público o abrir cauces para evitar la acumulación de tensiones peligrosas. Las tres iniciativas mayores del sexenio serán el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el programa Solidaridad y la privatización bancaria.

Pero, antes de pasar a estos temas, cartografiemos otros territorios que definen el espacio reformador del salinismo. En 1990 se crea el Instituto Federal Electoral (hoy INE con N de nacional) que, si bien nacido como dependencia de la Secretaría de Gobernación, se convertirá después en órgano independiente, rompiendo el antiguo control gubernamental de los procesos electorales. Se trataba de relegitimar las elecciones después del desprestigio acarreado por la manipulación de las precedentes elecciones presidenciales de parte de Gobernación. Sin embargo, haciendo a un lado las intenciones de estabilización sistémica, esta iniciativa abre el camino (probablemente más allá incluso de las intenciones presidenciales) a la transparencia y credibilidad de los procedimientos electorales. A pesar de su personalismo a menudo alocado, en esa como en otras (pocas) ocasiones Salinas mostró alguna calidad de estadista. En el mismo año nace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, institución formalmente independiente del Estado, que pretende tutelar a los ciudadanos de las arbitrariedades cometidas en su contra, sobre todo por organismos públicos. Y aunque en los años sucesivos los logros de la Comisión serán bastante menos brillantes de lo esperado inicialmente, su existencia abrió una grieta en el muro macizo de encubrimientos institucionales. En 1992 es aprobada la reforma del artículo 130 constitucional sobre las relaciones Estado-Iglesia y se establecen relaciones diplomáticas con el Vaticano. El año sucesivo se decreta la autonomía del Banco Central y se aprueba la constitución de una Asamblea Legislativa del Distrito Federal junto con la elección directa del jefe de gobierno de la capital del país, que hasta entonces había sido un departamento bajo control directo de la presidencia.

Ahora bien, sin menospreciar estas reformas, que hacían parte de una batería de cambios en que los gobiernos mexicanos se habían tardado en reconocer la necesaria superación de inercias arraigadas, las grandes iniciativas que caracterizaron el sexenio vinieron de otros lados. En primer lugar está el Tratado de Libre Comercio con el cual el país deja a sus espaldas décadas de proteccionismo y de recelosa distancia de Estados Unidos. Aunque los resultados no serán tales para abrir en las dos décadas siguientes un firme camino mexicano de desarrollo económico, con la apertura al exterior de la economía, Salinas fija un antes y un después en la historia contemporánea del país.

El tratado trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá entra en vigor el primero de enero de 1994, mismo día de la sublevación indígena en las tierras altas de Chiapas. Y con eso, las nuevas élites políticas del país y algunos de los grupos indígenas más marginados manifiestan diferentes proclividades principistas. Por un lado, en nombre de un libre comercio de pretendidas virtudes absolutas, México se desprende de casi toda protección arancelaria manufacturera. Por el otro, en nombre de un principio igualmente virtuoso, la autonomía comunitaria, los indígenas de los Altos de Chiapas se declaran en rebeldía contra el Estado mexicano reeditando una nueva versión de antiguas utopías indígenas combatientes. Los objetivos del TLC son eliminar las barreras arancelarias y remover permisos de importación y cuotas, además de establecer reglas de origen y normas de protección de la propiedad intelectual. Dado el peso demográfico de México, la gravitación relativa de su pobreza y el gigantesco diferencial salarial con los otros dos países, estaba fuera de la realidad que el acuerdo trilateral pudiera pasar del libre comercio a un nivel superior de mercado común, lo que habría implicado la libre circulación transfronteriza de las personas. Sin embargo, el libre comercio regional no estaba entre los planes de Salinas antes de su elección a la presidencia ni inmediatamente después. Se trató de una iluminación súbita en que la apertura comercial (ya parte del bagaje cultural de la nueva generación de economistas) se combinaba con la percepción de la inevitabilidad (y oportunidad) de un bloque regional norteamericano.

En su gira por Europa en junio de 1989 el nuevo presidente declara su desinterés en formar parte de cualquier bloque económico y lo mismo es repetido en su visita a Estados Unidos cuatro meses después y, nuevamente, en febrero de 1990 en su discurso en Davos en el World Economic Forum.²⁰ Pero, en junio de ese año Salinas y el presidente de Estados Unidos George Bush acuerdan sorpresivamente el inicio de negociaciones en vista de un acuerdo de libre comercio. Negociaciones a las cuales pocos meses después se suma Canadá. ¿Cómo explicar este volte-face? En coloquio con Robert Pastor (antiguo responsable para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad durante la presidencia de James Carter), Salinas dice: 1. México se está abriendo al comercio internacional y necesita el acceso asegurado a su principal mercado externo, Estados Unidos y 2. Europa y Asia oriental parecen moverse hacia la formación de bloques económicos regionales “lo que me convenció que había que intentar ser parte de un bloque comercial con Estados Unidos y Canadá”.²¹ Así que una decisión estratégica para la historia económica del país no nace de una amplia y dilatada reflexión sino circunstancialmente. La iniciativa parte de México y no de los otros dos vecinos regionales. Aparte de pocas críticas al mayor acercamiento económico con Estados Unidos,²² ni la izquierda mexicana ni en general la opinión pública mostraron una contrariedad significativa en contra de la inversión de ruta en las relaciones económicas internacionales del país. Según una encuesta de opinión de julio de 1990 59% era favorable al TLC y sólo 19% contrario. En los momentos en que se establece un proyecto de apertura a los grandes flujos de comercio y de capitales del resto del mundo, Salinas cumple una lectura correcta del contexto internacional: México no puede esperar un trato especial de una Europa occidental enfrentada al reto de su propia integración y al establecimiento de relaciones económicas más estrechas con las economías del centro-oriente del continente que se están emancipando de décadas de encierro en la órbita soviética. México no era prioritario para Europa ni para Japón y China apenas despuntaba como potencia económica asiática. No quedaba más que forzar a Estados Unidos a renunciar a sus recurrentes tentaciones proteccionistas y a sus concesiones comerciales unilateralmente reversibles. A los ojos de los negociadores mexicanos este elemento era más importante que los costos de la apertura comercial del mercado mexicano.

¿Qué ha cambiado en la economía nacional después de 1994? Jaime Serra Puche, exsecretario de Comercio y responsable mexicano de las negociaciones del TLC, registra años después que el grado de apertura de la economía mexicana (la suma de exportaciones e importaciones en relación al PIB) pasa en poco más de veinte años de 20 a 70%. Además, las inversiones extranjeras directas aumentan en promedio de 3 a 19 mil millones de dólares entre 1980-1993 y 1994-2012, mientras en las últimas dos décadas las exportaciones no petroleras se cuadruplican.²³ Sin embargo, a pesar de estos notables avances, el libre comercio no fue la panacea esperada. El país no experimenta una recuperación del crecimiento de largo plazo y no ocurrió ninguna convergencia (ni de productividad ni de salarios) con Estados Unidos. Entre 1990 y 2015 la diferencia de PIB per cápita sigue girando alrededor de cinco veces. E incluso frente al resto de los países de América Latina, México se ubica en el lugar 18 de 20 países en términos de crecimiento del PIB per cápita a lo largo de dos décadas.²⁴ ¿Cómo explicar estos resultados desalentadores de un cambio estratégico que parecía destinado a producir consecuencias similares a las experimentadas por Corea del Sur y Taiwán, desde los sesenta, o por China, desde los ochenta, debido a la reorientación exportadora de estas economías?

Apuntemos sucintamente algunos aspectos. México se proyecta al mercado internacional (y especialmente al de Estados Unidos) en los mismos años en que China despliega su potencial exportador manufacturero. Si a comienzos del nuevo siglo las importaciones estadunidenses provenientes de China y México eran sustancialmente iguales, en 2015, según el US Census Bureau, las chinas eran 66% superiores a las mexicanas. Competir con el Imperio del Medio —sobre todo considerando sus grandes avances en productividad— no era, ni es, empresa sencilla para nadie. Pero el dato más inquietante proviene de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que registra cómo entre 2000 y 2011, en México, el aporte de la productividad multifactorial al crecimiento del PIB per cápita fue negativo en poco menos de 2% mientras que en China fue positivo en el orden de 8% anual.²⁵ Así que, a pesar de su apertura exterior, México retrocede en la eficiencia de su aparato productivo. En el desilusionante desempeño de la productividad han influido por lo menos tres factores: el bajo aporte del crédito privado al PIB (en México de apenas 20% contra más de 50% en países como Chile, Brasil o Estados Unidos), la recurrente valorización del tipo de cambio del peso mexicano, lo que responde al uso antiinflacionario de esta variable, con el efecto de obstaculizar las exportaciones y favorecer las importaciones que debilitan internamente el multiplicador de las exportaciones mexicanas.²⁶ Y, en tercer lugar, la escasa dinámica de las inversiones tanto públicas como privadas. Sin considerar la baja calidad del sistema educativo, el raquitismo infraestructural, el atraso en el sur del país y un largo, entreverado, etcétera. En un país donde las devaluaciones cambiarias (al final de las presidencias de Echeverría y López Portillo) fueron momentos de desprestigio presidencial, Salinas permitió la sobrevaluación cambiaria para tutelar su popularidad (mostrando al mundo un éxito económico sin sombras) a pesar de la fragilidad de las cuentas externas y de los costos en términos de crecimiento a mediano plazo. En lugar que buscar el control de la inflación por medio del incremento de la productividad con la remoción, o el aflojamiento, de sus trabas estructurales, se permitió la valorización del peso con la consecuencia de enfriar el impulso dinámico de la apertura exterior. Una apertura oportuna, y por tanto tiempo postergada, se concretizó de tal manera que el éxito exportador no pudo ser factor de impulso económico general. Se volverá sobre este punto en el último capítulo.

La otra gran iniciativa del salinato es el Programa Nacional de Solidaridad, con el cual se busca construir un mecanismo flexible de cooperación entre grupos sociales en condiciones de pobreza y el Estado en la solución de problemas locales como agua potable, electricidad, caminos, educación, etcétera. La idea de la participación social que se engarza con la intervención pública es tema que el futuro presidente Salinas ya había acariciado en su trayectoria académica y que reaparece a fines de 1988, apenas instalado en la presidencia, cuando se lanza formalmente el Pronasol. A lo largo de los años ochenta, frente al retraimiento del gasto público, la pobreza extrema había aumentado en más de 3.5 millones de personas mientras, predeciblemente, empeoraba la distribución del ingreso. Con el aporte del trabajo voluntario de las comunidades beneficiadas por las obras públicas, Pronasol busca hacer más selectiva y participativa la acción pública contra la pobreza. Se crea así una estructura paralela, bajo control presidencial, que suplanta en buena medida los tradicionales mecanismos de la intervención estatal en contextos sociales críticos.²⁷

La estructura de Pronasol —que en 1992 se convierte en subsecretaría de Estado— tiene en su cúspide una comisión nacional de nombramiento presidencial que coordina los comités estatales de planeación para el desarrollo que evalúan los proyectos de inversión sugeridos por los comités de Solidaridad a nivel local. Estos comités involucran grupos indígenas, comunidades rurales y grupos urbanos de alta marginación. El esquema opera formalmente de abajo hacia arriba, sin embargo, es comúnmente revertido en la realidad por la intervención de los delegados federales. A pesar de las apariencias, el tradicional centralismo mexicano se conserva con un nuevo disfraz. Con Salinas en la presidencia difícilmente podría haber sido de otra manera. Frente a las estructuras corporativas heredadas, el presidente construye una propia base social clientelar capaz de suplantar la vieja alianza corporativa de obreros, campesinos y empleados públicos por un conglomerado de pobres urbanos y rurales bajo la bandera de la nueva criatura presidencial, el programa de Solidaridad. Un híbrido de viejo y nuevo en formato de paternalismo presidencial.²⁸ Salinas dedicaba por lo menos un día a la semana a visitar las comunidades beneficiadas por el programa. Pero, más allá del intento de montar un nexo directo entre sociedad e instituciones bajo su égida, ese esfuerzo no podía escaparse del poder entrópico de las clientelas políticas a nivel local ni de la inoperancia entrecruzada de corrupción de la administración pública municipal y estatal. Pronasol busca armar (en virtud del motu proprio presidencial) un aparato paralelo a una administración pública gravosa y viciada, o sea, evadir las instituciones existentes en lugar que reconstruirlas sobre bases más sólidas, eficaces y socialmente creíbles. Según un estudio dirigido al estado de Zacatecas en 1993, resultaba que la intervención de Pronasol no beneficiaba necesariamente a los grupos más pobres. En su primer año de operación, a escala nacional se benefició principalmente a los estados relativamente menos pobres como el Estado de México y Nuevo León. La participación social era baja frente a decisiones tomadas al exterior de las comunidades beneficiadas, además de la pobre calidad de las obras, muchas de las cuales quedaban inconclusas.²⁹ Como en el caso del TLC, una buena idea en abstracto (abrir la acción pública a la participación social) terminó por convertirse en un nuevo aparato clientelar que añadía a la ineficacia de la administración pública un frívolo y dispendioso protagonismo presidencial.³⁰

En el recorrido por las mayores iniciativas de ese nuevo comienzo en versión salinista, un lugar destacado le corresponde a las privatizaciones que, iniciadas bajo la presidencia de Miguel de la Madrid, siguen con su sucesor. Acumulándose en una lógica desordenada de intervenciones públicas para suplir una iniciativa privada remisa o para cumplir tareas de sostén clientelar del empleo, a comienzos de los años ochenta del siglo pasado México tenía un parque heterogéneo de poco menos de mil 200 empresas públicas. Una década y media después el número se había reducido a menos de cien. Con Salinas el proceso de privatización entra en su segunda fase que toca a las grandes empresas públicas. Las joyas de la corona cambian de manos y entre ellas están Fertimex, Mexicana de Aviación, Grupo Dina, Minera Cananea, Altos Hornos de México, etcétera. Las piezas sobresalientes de este cambio de propiedad serán los bancos y Telmex. Al margen, el comprador de Telmex, Carlos Slim, se convertirá en los años siguientes en uno de los hombres más ricos del mundo y durante algunos años el más rico en absoluto.

Los bancos habían sido nacionalizados por López Portillo en un estallido de activismo estatal espoleado por la impotencia frente a la fuga de capitales durante la crisis de la deuda exterior de 1982. Mismos bancos que regresan a manos privadas en una gigantesca operación financiera que representará más de 60% de los ingresos de todas las privatizaciones hasta 1994. El cambio de propiedad del sistema bancario tendrá dos características mayores: la rapidez y el muy alto precio pagado al Estado, lo que supondrá fuertes niveles de endeudamiento de los compradores privados que, aunado a la crisis cambiaria de diciembre 1994, producirá el año sucesivo el peor retroceso de la economía mexicana en décadas y una retracción del crédito privado que sigue afectando la economía bien entrados en el nuevo siglo. Las conclusiones de una auditoría sobre la privatización bancaria encargada a una empresa estadunidense señalaron varias anomalías, entre las cuales el conflicto de intereses de los nuevos propietarios que prestan a menudo dinero a sus propias empresas, la inexperiencia en el negocio del crédito de parte de los nuevos propietarios y la deficiente supervisión pública de la actividad bancaria después del retorno a manos privadas.³¹ Lo que confirma que no hay asunto de interés colectivo en que intervenga una administración pública de baja coherencia sin que se produzcan efectos indeseados.

Como consecuencia de los turbios manejos de los nuevos banqueros y de la incorrecta supervisión pública en un contexto de crisis asociada a la devaluación del peso a fines de 1994 —con el consiguiente aumento de las tasas de interés y la multiplicación de incumplimientos de empresas privadas frente al sistema bancario— para hacer sostenible a los bancos en zozobra y evitar su quiebra, el nuevo gobierno de Ernesto Zedillo convierte en deuda pública los créditos bancarios que se ha vuelto inexigibles. Deshonestidad privada e ineficiencia pública presentan sus cuentas combinadas y conjuntas. Una operación que costó a México una cantidad enorme, correspondiente al 16% de su PIB. En otros términos, una privatización bancaria mal conducida —además de la voluntad del gobierno de Salinas de mantener un tipo de cambio irrealista— produjo secuelas dramáticas incluso mucho después de su presidencia.

GOBIERNO Y OPOSICIÓN

Después de las elecciones, el PAN y el Partido de la Revolución democrática (PRD) piden su anulación, pero cuando Cárdenas se proclama ganador el PAN rompe con la convergencia opositora postelectoral. Poco después este partido, que había acentuado (con el fenómeno del neopanismo) su carácter opositor al sistema político,³² corrige el rumbo para retomar una actitud de oposición, digamos así, leal.³³ Se esfuma la posibilidad de construir al calor de las protestas post electorales una coalición capaz de conducir al país más allá del sistema del partido casi-único vigente desde fines de los años veinte. Evidentemente el PAN temía más a la izquierda —que le devolvía la memoria del anticardenismo originario en cuyo espíritu el partido había nacido en 1939— que a un PRI que parecía disponible a aflojar el control estatal sobre el mercado interno, restablecer relaciones con el Vaticano y negociar mayores espacios políticos a la oposición católica y conservadora. Años después decía Salinas: “Tomé posesión el primero de diciembre de 1988, al día siguiente, el día 2, en la tarde, ya estaba en Palacio Nacional con los dirigentes del PAN, dialogando los términos de la reforma política”.³⁴

En 1990 es creado el Instituto Federal Electoral y entra en vigor la nueva ley que regula las elecciones. Así que por los caminos oblicuos del oportunismo político del PAN y su temor a la izquierda (compartido por el PRI), se abre en México una ruta más allá del tradicional control de las elecciones de parte del gobierno con su larga estela de robos de urnas, alteración del patrón electoral y una fantasiosa variedad de formas de fraude electoral. Para aceitar las relaciones, en 1989 se reconoce al PAN la victoria electoral para la gubernatura de Baja California y por primera vez en seis décadas toma posesión un gobernador no priista. Lo mismo ocurrirá tres años después en el estado de Chihuahua. Alan Knight escribe: “El PAN vendió su primogenitura por un turbio plato de lentejas electoral”.³⁵ Ni Baja California ni Chihuahua eran precisamente “lentejas” pero ciertamente eran objetivos de menor jerarquía frente a la posibilidad de superar un añejo sistema político semiautoritario. Adolfo Aguilar Zinser —que participará en el segundo intento presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1994— decía que el PAN era un partido pragmático para el cual la democracia era un objetivo subordinado a su conquista de mayores espacios de poder y añadía: “Los panistas gobiernan, en el mejor de los casos, como priistas decentes y honestos”.³⁶ En otros términos: a pesar de su discurso ideológico que acentúa el localismo democrático, aceptan moverse al interior de las reglas de un secular presidencialismo centralista. Desde fines de 1988 las relaciones del gobierno con el PAN son administradas por Manuel Camacho Solís (futuro regente del Distrito Federal) en lugar que por la Secretaría de Gobernación, como debería haber sido según costumbre. Lo que confirmaba desde los inicios el carácter personalista de la presidencia de Salinas y la fragilidad sistémica que encarnaba e, inconscientemente, profundizaba.

La actitud del gobierno es muy distinta frente a la oposición de izquierda. El PRD llegó a estimar en 500 los asesinatos y desaparecidos de ese partido por la represión durante el sexenio salinista. Según la analista Denise Dresser, Salinas se enfrenta duramente al PRD por la ausencia de afinidades ideológicas entre los dos.³⁷ En realidad, es más probable que las cosas estuvieran al revés. Es justamente la contigüidad ideológica entre PRI y PRD —donde el segundo partido es un brote crítico del primero que retoma las antiguas banderas del nacionalismo revolucionario— aquello que hace sentir a Salinas al PRD como una amenaza directa de hegemonía en el mismo espacio cultural y electoral. Lo amenazador para los nuevos gobernantes es el llamado del PRD al retorno de una tradición popular (cargada de simbolismos revolucionarios) en contra de las nuevas orientaciones acusadas de ser neoliberales y tecnócratas. La dura represión del PRD —que aún no es posible decir si venía directamente del propio Salinas o de diferentes instancias locales del PRI y del Estado sin una inspiración unitaria— surgía de la voluntad (o el reflejo) de evitar una mayor penetración del mensaje cardenista en las filas de una “familia revolucionaria”, cuya unidad debía ser mantenida prácticamente a cualquier costo. Mientras el nuevo gobierno reconocía al PAN victorias no siempre legítimas, el fraude electoral contra el PRD era norma en Michoacán (tierra madre del cardenismo) tanto en las elecciones municipales de 1989 como en las elecciones para gobernador de 1992. Se trataba de cerrar las puertas a una oposición de izquierda nacida del mismo tronco nacional-revolucionario y entreabrirlas hacia una oposición conservadora que no amenazaba al PRI en el espacio cultural en que este partido ejercía su hegemonía y donde tendía las redes clientelares que daban solidez a todo el sistema. En síntesis, dividir la oposición era cuestión de vida o muerte para el archipiélago priista de poder.

Desde la presidencia de Salinas quedan en evidencia dos aspectos que en distintas formas contribuyen a explicar la persistencia en el tiempo del sistema de poder construido alrededor de un partido casi-único y una presidencia parecida a una autocracia de renovación sexenal. Más allá de la apropiación simbólica del legado revolucionario está, por un lado, una oposición conservadora que, con altibajos de intensidad conflictiva, ha terminado por adaptarse a un sistema que desde los años cuarenta ha mostrado su indisponibilidad para volver a los grandes proyectos de reformismo popular del sexenio cardenista. Por el otro lado, el PRD se mueve en el mismo horizonte cultural presidencialista y corporativo del PRI, o sea, expresa desde fines de los ochenta una convergencia de cultura política (más allá del conflicto político) con el régimen mexicano. No asombra que dos críticos de izquierda del salinismo digan que el PRI no es un partido, sino un mecanismo para el reparto del poder para sostener, acto seguido, que ha abandonado sus históricos principios ideológicos,³⁸ contrastando así un (añorado) pasado popular con un presente neoliberal. Mismos “principios ideológicos” que a lo largo de décadas (antes de Salinas) trabaron con un presidencialismo casi sagrado la democracia (como división de poderes y control social de las instituciones) y favorecieron una mayor polarización social con organizaciones corporativas del trabajo bajo control estatal. Una ambigüedad crítica que supone un dilema: ¿Cómo superar políticamente al PRI estando ligados a su mismo patrimonio de ideas y comportamientos y a su misma visión del poder? Acerca de la izquierda es otra vez Aguilar Zinser quien indica el punto. Refiriéndose a la derrota neocardenista de 1994, escribe:

Hay en la lucha de Cárdenas un cierto sentido trágico, una visión un tanto apocalíptica de la redención social […]. Si bien Cárdenas y el PRD se identifican con la causa de la democracia, su lucha es, en el fondo, más que nada una lucha social. La injusticia económica, el despojo, el abandono y la marginación indignan y sublevan más a Cárdenas de lo que lo ofende el autoritarismo o la falta de libertades políticas y civiles.³⁹

Más que los perfiles culturales de una persona, estas líneas describen una cultura de izquierda proclive a excusar el autoritarismo en nombre de la justicia social, incluso simulada. En 1990, de visita en La Habana, Cuauhtémoc Cárdenas manifiesta su apoyo al régimen castrista negando que la isla viva un rezago democrático. El apego a la tradición del nacionalismo revolucionario mexicano revela una vez más la contradicción entre exigir democracia en México y apoyar una dictadura (“progresista”) a pocas millas de sus costas. Una actitud hacia la isla derivada (acerca del partido único, la censura informativa, etcétera) de una tradición del PRI que necesitaba legitimar con un escudo antiimperialista toda crítica externa al propio sistema político mexicano. Pero, desde una oposición de izquierda estas razones decaían y el problema quedaba en evidencia: ¿Cómo criticar a un partido casi-único en casa y sostener un partido único fuera de ella?

En lugar que proponer una gran alianza entre diferentes fuerzas políticas, un compromiso capaz de mostrar a la sociedad mexicana la voluntad de trascender los intereses partidistas, el PRD apostó por la deslegitimación del PRI mientras acentuaba un discurso maximalista,⁴⁰ ambiguamente cercano tanto a la tradición interna del nacionalismo revolucionario como al Partido Comunista Cubano. Resultado: en las elecciones de 1994 (que, por primera vez, fueron confiablemente limpias) la izquierda pasó de 31% en 1988 a 17% de los votos. Mismo período en que el PAN crecía de 17 a 27%. El maximalismo era castigado y el oportunismo premiado.

Con una izquierda de incierta vocación liberal-democrática y una derecha más interesada en ampliar sus espacios de poder que en una reconstrucción global del sistema político mexicano, no asombra que el sexenio de Salinas, a pesar de sus vicios de origen, transcurriera en una calma sustancial y con creciente apoyo de la opinión pública. Por un lado, una crítica liberal sin extendidas raíces sociales y, por el otro, una crítica social con débiles bases liberales garantizaron la continuación del régimen y la propia viabilidad del sexenio salinista.

EL FINAL

La historia del México postrevolucionario es la historia de presidentes endiosados que al final de sus mandatos experimentan la súbita pérdida de su previa omnipotencia oracular. Una versión, digamos así, moderna del mito del rey-sacerdote en la Nemi prerromana que es asesinado por su sucesor.⁴¹ La renovación del sistema requiere el sacrificio del rey, su descenso a la sombra y el encumbramiento de una nueva autoridad suprema destinada a encarnar un ciclo de renacimiento purificado del poder. Así cumple la revolución hecha gobierno el precepto originario de no reelección convertido en un rito sexenal necesario para perpetuar al mismo partido en el poder. Cambian los rostros y se mantiene el mismo cuerpo que les da soporte. Una continuidad (discontinua) que, para no ser afrentosa hacia las razones de la antigua sublevación antiporfiriana, necesita rupturas más o menos teatralizadas. Sin embargo, ninguna caída fue tan estruendosa como la de Salinas y el comportamiento del expresidente tan poco sistémicamente responsable o ritualmente sumiso. El encanto de la promesa modernizadora se esfumó en pocos meses y una secuencia de acontecimientos dramáticos convirtió a un presidente glorificado en un réprobo. La personalidad que, concluido su mandato, parecía destinada a cargos de gran prestigio internacional (como la dirección de la Organización Mundial del Comercio) se volvió una especie de judío errante, un exilado imposibilitado a regresar a su país sin producir manifestaciones de repudio y escándalos mediáticos. Por una combinación de accidentes o por debilidades estructurales acumuladas que se muestran súbitamente, la conclusión de la presidencia de Salinas revela la fragilidad de una escenografía de poder que parecía imponente todavía pocos meses antes.

Sucesos impredecibles e inercias sistémicas se fusionan en el atropellado cierre del nuevo comienzo anunciado con tanta altivez tecnocrática un lustro antes. 1994 comienza con el levantamiento indígena de Chiapas, en perfecta sincronía con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como demostración que la historia de México no es ni nueva ni vieja sino, inquietantemente, las dos cosas a la vez en un nudo que no termina de desatarse. Mientras el país parecía encaminarse por una senda prometedora de modernización y apertura internacional, en Chiapas resurgía un México antiguo (desde el punto de vista antropológico y desde el de una desesperada revuelta armada sin posibilidad alguna de victoria), cuyas miserias y sufrimientos habían sido ocultados bajo un escaparate de modernidad. Ochenta y dos días después era asesinado el candidato oficial a la sucesión presidencial, Luis Donaldo Colosio, el delfín designado que en un discurso dos semanas antes de su muerte había tomado distancias de su padrino presidencial. Lo que, probablemente, era parte de los ritos acostumbrados de toma de distancia entre el heredero y el viejo presidente a punto de abandonar el poder. Era el primer magnicidio desde el asesinato de Álvaro Obregón en 1928 y ocurría en Baja California, cuyos priistas se habían sentido agraviados por Salinas y por el presidente del PRI —entonces Luis Donaldo Colosio— que en 1989 habían cometido la enormidad de reconocer la victoria del PAN en su entidad. Ese asesinato y la insurgencia chiapaneca revelaban la inesperada flaqueza del sistema político y quien lo encarnaba era el presidente en turno. Sin embargo, Salinas terminaría por cumplir una función de pararrayos: concentrando sobre sí mismo la reprobación colectiva, salvaría al sistema que representaba.

A estos hechos, por así decir, accidentales, se añaden otros que difícilmente podrían caber en la misma categoría. El muy débil crecimiento económico de 1993 va conjuntamente con una sobrevaluación del peso, que Salinas no podía corregir sin perjudicar su propio prestigio al final de su mandato, afectando el resultado de la elección presidencial de agosto de 1994. El presidente era cautivo de su propio engreimiento y del sistema que representaba. La balanza comercial seguía moviéndose hacia déficit crecientes y la confianza internacional en el futuro del país se cuarteaba con los acontecimientos políticos mencionados activando la fuga de capitales frente a un tipo de cambio insostenible. La confianza interna y externa retrocedía amenazadoramente alimentando la turbulencia, de alguna manera fisiológica, de fines de sexenio. Una de las enfermedades recurrentes del sistema político mexicano hasta Salinas (y después) fue, como se dijo, la conservación del valor del peso independientemente del diferencial inflacionario entre el país y sus mayores socios y competidores internacionales. Ese padecimiento volvió a presentarse con Salinas haciendo inevitable en los últimos días de su presidencia una fuerte devaluación (de 100%) que, por el pánico de los mercados, fue tres veces mayor a la sobrevaluación (estimada en alrededor de 35%) que necesitaba ser corregida. La creciente valorización cambiaria había terminado por lastrar el crecimiento económico desalentando la capacidad de las empresas establecidas en México para competir en los mercados internacionales y, por consiguiente, había trabado la propia dinámica de las inversiones. El ingreso de capitales de corto plazo provenientes del exterior, contribuyendo a la valorización cambiaria, terminó por poner en acción un síndrome holandés de bienestar insostenible dado el creciente desequilibrio de las cuentas externas. Desde 1991 la economía comienza a perder dinamismo y en 1994 los problemas acumulados de bajas inversiones, débil incremento de los salarios, productividad estancada y balanza comercial deficitaria han formado una maraña inextricable.⁴² Confirmando su presunción institucional Salinas —que antes había culpado a las autoridades locales de Chiapas por la sublevación indígena— culpa de la devaluación de fines de 1994 al supuesto “error de diciembre” de la administración entrante de Ernesto Zedillo. Y con igual generosidad hacia sí mismo descarga sobre su sucesor, escogido por él, la responsabilidad por la gigantesca crisis bancaria de 1995, en buena medida asociada a la ligereza y debilidad técnica con la que se había conducido en precedencia la privatización del sector. En su desenfreno discursivo, en un libro oceánico publicado después para justificar su desempeño como presidente, uno de los apartados referidos a su sucesor llevaba como título: “La traición al fortalecimiento de la soberanía popular. Neoliberales y populistas coinciden”.⁴³ Con la última frase el expresidente (que rompía la costumbre del presidente saliente de volver silenciosamente a la sombra) se describía involuntariamente a sí mismo. Durante su sexenio el número de pobres en México se mantuvo (con alguna tendencia al aumento) alrededor de 35 millones de personas pero los multimillonarios, según la revista Forbes, pasaron de 2 a 24. El progreso era evidente.

TERCERA RONDA:

FOX, LA TRANSICIÓN FALLIDA

No hay nada que honre más a un hombre que aparece como un príncipe nuevo que las nuevas leyes y las nuevas instituciones que establece.

NICOLÁS MAQUIAVELO, El príncipe (1513)

Como en una alegoría profética, 2000 es el año en que ocurre lo impensado; se interrumpe el largo ciclo (hasta entonces de 71 años) del mismo partido en el gobierno de México. Otro nuevo comienzo. Y éste más nuevo que los anteriores. Sin embargo, en contra de toda razonable predicción, aquello que parecía definitivo resultará transitorio con un Lázaro-PRI que vuelve a la vida (o sea, al poder) doce años después. Transparencia y pluralismo, que ya se habían asomado al escenario antes del 2000, se extienden después, pero sin alterar en lo profundo un estrato correoso de clientelismo, disfuncionalidad burocrática e impunidad política. Otra vez, discontinuidad y persistencia.

A pesar de trastornos y revoloteos, la continuidad histórica se manifiesta en Rusia en los tránsitos entre zarismo, bolchevismo y régimen postsoviético como tenacidad de algunos rasgos: la preeminencia del ejecutivo sobre los otros poderes del Estado y del jefe carismático sobre el ejecutivo. O sea, la democracia como formalismo político más que como sustancia interiorizada de convivencia civil. En el caso mexicano, y sin ambigüedades, es el retorno explícito del mismo partido al poder después de una muerte (aparente) que sería un letargo.¹ Si el país ya encarnaba una experiencia original de larga duración en el poder de un mismo partido, el retorno de ese partido al gobierno después de su derrota en 2000 otorga a México otro rasgo anómalo, aunque no único a escala mundial, por ejemplo el KMT en Taiwán. Ahora bien, que un régimen que parecía agotado vuelva después de su derrota —más allá de las hipótesis de vitalidad oculta del viejo sistema político o del conservadurismo antropológico del mexicano (y ninguna de las dos cosas puede ser excluida a priori)— tiene parte de su explicación en el incumplimiento de las promesas de cambio desde el período presidencial de Vicente Fox entre 2000 y 2006. En contraste con una larga historia de fraudes electorales, en 2012 el PRI regresa al gobierno sin artimañas en las urnas (pero sí fuera de ellas, como veremos) en un momento de desconcierto colectivo en que el ofrecido futuro postpriista se había descompuesto a los ojos de millones de electores después de su reciente inauguración. El sexenio de Fox puede considerarse, más allá del optimismo de consignas incumplidas, como una pieza esencial en el tránsito mexicano desde la voluntad de cambio a la nostalgia de aquello que se había dejado atrás.

PERSONALIDAD, CAMPAÑA, ELECCIONES

En los regímenes consolidados en el tiempo con ciertas prácticas de gobierno y relaciones entre sociedad e instituciones, la personalidad de los gobernantes es fagocitada, si bien en medida variable, por costumbres, horizontes visibles de cambio y automatismos. Sin embargo, en los momentos de discontinuidad, cuando se afloja la coherencia previa del sistema, la personalidad del gobernante adquiere una nueva centralidad. Se amplía la variedad de desarrollos posibles en función de la capacidad del gobernante para crear o aprovechar nuevos equilibrios moleculares asociados a una situación súbita y virtuosamente entrópica. La personalidad de Vicente Fox fue ciertamente adecuada (como se mostró en las elecciones del 2 de julio de 2000) para coagular voluntades dispersas hacia la superación de un antiguo sistema de poder, pero resultó inapropiada para iniciar el montaje de amplios consensos y nuevas reglas capaces de conducir al país al otro lado del río, hacia una nueva relación entre sociedad e instituciones y hacia un nuevo metabolismo institucional. En otros términos, la promesa de novedad no se confirmó después del éxito electoral; se desaprovechó una oportunidad y se alimentó el desaliento que haría finalmente posible lo increíble: el retorno del PRI al gobierno. Las señales podían percibirse desde los inicios. Un observador decía: “Fox ha sido lento en percibir la dificultad de convertir un triunfo electoral en políticas específicas”.² La personalidad que posibilitó la transición no supo, o pudo, aprovechar las potencialidades que él mismo había puesto en la mesa. La ligereza en el camino hacia la victoria electoral se volvió pesadez en el gobierno. Ahora bien, que la victoria presidencial de Fox fuera trascendental resultaba evidente siendo la primera vez en la historia de México que la oposición desplazaba al partido de gobierno en forma pacífica. Con un inquietante retardo secular frente al mundo occidental (incluida parte de América Latina) México descubría la alternancia sin caer en la ingobernabilidad. Para hacer posible este resultado se habían combinado diferentes circunstancias: una erosión del PRI que ya no era compensada por el miedo al cambio (alimentado en 1994 por el asesinato de un candidato presidencial y la insurgencia indígena chiapaneca), la existencia de un órgano electoral (el IFE) creíble e independiente del gobierno y la cautivadora personalidad de un candidato libre de ataduras y sin temor reverencial hacia el formidable sistema priista.

Acerquémonos al personaje. Un individuo curioso, un ranchero de Guanajuato, exfuncionario de Coca Cola y después fabricante de botas en su empresa familiar. Descendiente de católicos alemanes en Estados Unidos que en los inicios del siglo XX se transfieren a México, convirtiéndose en dueños de ranchos en Guanajuato, Fox entra a trabajar en Coca Cola a mediados de los sesenta donde llega a ser presidente de la compañía por México y América Central. El hombre ha de tener capacidades y virtudes, además de la suerte a su favor, si en una década pasa de empleado de base en un camión repartidor de refrescos a los vértices regionales de una organización multinacional. A fines de los setenta deja la empresa para dedicarse a sus propios negocios y en 1988 ingresa en la política en la prolongada ola de irritación empresarial por la nacionalización bancaria de algunos años antes. La ligazón tradicional de la élite económica con el PRI se agrieta y en 1988 Manuel Clouthier, empresario agrícola norteño y dirigente de organizaciones empresariales, se lanza como candidato a la presidencia de la República arrastrando consigo a personajes del mundo empresarial y de la clase media acomodada provinciana como Vicente Fox. Al agravio bancario de 1982 se añadirá el fraude electoral de 1988 con lo cual sectores de una élite económica que por décadas había vivido sin mayores problemas a la sombra del sistema inauguran (con Fox como símbolo mayor) un estilo de confrontación explícita con el régimen priista.

En la biografía del futuro presidente encontramos dos sucesos que, de alguna forma, anticipan rasgos de su sexenio. El primero es la insignificancia de Fox en su período de diputado federal (1988-1991), cuando no se registran intervenciones suyas en el pleno. El encono antisistema no se convierte en una articulada argumentación crítica. Estamos frente a un neófito de la política que no encarna programas de amplio aliento más allá de la imputación al PRI por corrupción e injusticia social. El segundo suceso ocurre con su derrota como candidato del PAN al gobierno de Guanajuato en 1991, cuando el presidente Salinas decide remover al candidato priista, supuesto ganador, para favorecer la alianza política entre PRI y PAN. En las negociaciones cupulares subsiguientes es nombrado gobernador interino otro panista. De ahí la desconfianza de Fox hacia su propio partido. Un sentimiento recíproco considerando la escasa presencia del PAN en la nueva campaña electoral para el gobierno del Estado que Fox gana finalmente en 1995. Desde algunos años antes el guanajuatense había manifestado su interés por postularse a la presidencia de la República.³ Lo que pareció inicialmente el desplante voluntarioso de un provinciano sin la percepción exacta de la poderosa maquinaria del régimen a la que debería enfrentarse.

A pesar del tibio apoyo de su partido y de su nulo atractivo intelectual, el personaje difícilmente pasa inobservado, por su tamaño (mide 1.92 m), sus sempiternas botas vaqueras, la hebilla metálica del cinturón con las tres letras de su apellido para dejar testimonio físico de rústica simpleza y un estilo bravucón en contraste con el aplomo —argamasa de retórica y disimulo— de los políticos tradicionales. Es la irrupción de lo imprevisto que se manifiesta en la forma de un tosco representante de las élites económicas del centronorte del país. La estética y la locución adolecen de sofisticación, pero no de eficacia en una sociedad acostumbrada a (y entumecida por) un estilo alusivo, cortesano-institucional. Durante la campaña electoral, en el lenguaje no especialmente refinado de un ranchero de su tierra, Fox se refiere al régimen priista como a un revoltijo de “alimañas, tepocatas y víboras prietas”. Y cuando debe argumentar las razones para las que los ciudadanos voten por él, lo mejor que se le ocurre es: “Soy honesto, trabajo un chingo y no soy tan pendejo”. Éste es el hombre que propone a los mexicanos un programa inequívoco: echar al PRI de Los Pinos.⁴ En traducción libre: ya veremos después qué hacer, por ahora lo esencial es quitar esa roca estorbosa del camino que conduce al futuro de México.⁵

El hombre es culturalmente primario pero ciertamente no es torpe. Por intuición política y por desconfianza en su propio partido (que en tiempos no lejanos prefirió colaborar con Carlos Salinas en lugar que mantener un claro perfil opositor), Fox ha entendido algo esencial: el PAN no es suficiente para movilizar los votos ni el sostén social necesarios al fin de derrotar a un sistema con décadas de experiencia de poder y con la sagacidad requerida para administrar extendidas e intrincadas redes clientelares. De ahí viene tanto su búsqueda de amplios (y post-ideológicos) consensos sociales capaces de superar el relativamente estrecho círculo de las simpatías conservadoras del PAN, así como su participación en el Grupo San Ángel donde se sientan políticos de diferentes partidos, intelectuales y periodistas preocupados por los posibles choques después de las elecciones presidenciales de 1994. Fox busca “entrar en sociedad”, romper los límites de su condición de político provinciano y, en 1998, con la creación de la asociación Amigos de Fox presenta su informal, pero explícita, candidatura a la presidencia con un fuerte anticipo sobre el calendario político oficial. Amigos de Fox es un partido electoral personal, una fórmula para reunir los fondos necesarios para la campaña y, al mismo tiempo, es un expediente para forzar al PAN a escogerlo como su candidato presidencial gracias a su visibilidad pública y sus credenciales entre la élite económica. La jugada resultará exitosa. En 1999 se estima que Amigos de Fox tiene más de un millón de miembros, cerca de tres veces los militantes del PAN. Los empresarios que financian su campaña comienzan a creer en el desafío al régimen y entre fines de 1999 e inicios de 2000 varios personajes de otros partidos se adhieren a la campaña foxista como la opción más creíble para derrotar el monopolio del poder priista, mientras se muestra una dilatación social de expectativas que hace socialmente verosímil la victoria opositora. Fox promueve una visión confiada de México después del PRI con explosión de inversiones privadas y aumento del empleo y el bienestar, la inauguración de un verdadero Estado de derecho y el castigo de los delitos y enriquecimientos ilícitos de una vieja nomenclatura de reflejos extorsivos.⁶ Un programa justiciero y esperanzador.

En los momentos de las elecciones federales en julio de 2000, aun sin el caluroso apoyo de los mayores dirigentes del PAN, Fox tenía una aprobación social ideológicamente transversal y contaba con más de dos años a sus espaldas de una campaña de promoción basada en un estilo “americano” que acentuaba más la personalidad (un terreno en que la ventaja de Fox sobre sus contendientes era tajante) que la propuesta política.⁷ Los encargados de su campaña electoral supieron hacer un uso atinado de las encuestas de opinión permitiendo al candidato calibrar sus mensajes y orientar la propaganda con un fine-tuning hacia las corrientes de opinión prevalecientes. Desde los primeros meses del 2000 resultó que sería para él un desgaste inútil polemizar con el candidato de la izquierda (Cuauhtémoc Cárdenas, en su tercer intento) que no tenía posibilidad alguna de victoria, así como resultaría desviante toda acentuación del eje derecha-izquierda frente a la centralidad de la idea de superar un régimen político envejecido e identificado con altos niveles de corrupción. El uso de las encuestas de opinión permitió a Fox, además de su simpatía y espontaneidad personales, una sintonía con los electores que nadie pudo emular. Las encuestas decían que la gente quería un candidato honesto más que buenas ideas y programas, y ésta era exactamente la imagen que Fox proyectaba con ventaja sobre sus contrincantes. A pesar de un anómalo aumento del abstencionismo respecto a las elecciones presidenciales de 1994, los resultados fueron contundentes. Fox ganó en la gran mayoría de los distritos electorales urbanos, donde obtuvo el 50% más de los votos respecto a Labastida, el candidato priista, y tres veces más votos que Cárdenas. Y según las encuestas de salida, tuvo una clara ventaja entre las mujeres y los jóvenes.⁸ Apenas es el caso mencionar el comportamiento institucional —no por debido menos asombroso— del presidente Zedillo que en pocas horas reconoció oficialmente la victoria del candidato opositor.

INCONSISTENCIA Y GOBIERNO DIVIDIDO

En el capítulo XXV de El príncipe, la fortuna es un inasible poder terrenal que guía el destino de los hombres y las naciones. Que la fortuna no estuviera del lado del nuevo gobierno comenzó a ser evidente en dos formas: 1. El ciclo recesivo de la economía mundial iniciado en la segunda mitad del 2000 (y acentuado después por el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York en septiembre de 2001)⁹ y 2. La mayoría opositora al presidente en el Congreso mexicano. Desde fuera y desde dentro del país, el nuevo gobierno comenzaba su camino bajo malos augurios. El impulso inicial de Fox, que se había extendido inercialmente desde la campaña electoral, se estrelló pronto contra una barrera insalvable: un Congreso mayoritariamente dominado por el obstruccionismo del PRI y la oposición del PRD, para el cual si la transición no ocurría por la izquierda del espectro político no era verdadera transición.¹⁰ Una forma “progresista” de Après moi le déluge. A lo que se añadía la desconfianza del PAN, cuyos coordinadores parlamentarios —Diego Fernández de Ceballos en el Senado y Felipe Calderón en la Cámara eran encarnaciones de una élite panista oscilante entre las componendas solapadas con el PRI y un rancio doctrinarismo conservador— no tenían ninguna simpatía hacia el nuevo presidente surgido de su propio partido. Diferentes piezas comenzaban a tomar su lugar para contrastar las grandes esperanzas despertadas por el nuevo gobierno y que, a diferencia de la homónima novela de Charles Dickens, quedaron en gran parte frustradas.

A lo largo de décadas el poder presidencial había sido aplastante más que por sus atribuciones constitucionales intrínsecas, por las mayorías parlamentarías que volvían a la Cámara y al Senado trámites formales blindados de la voluntad del presidente en turno, “líder natural” del partido oficial. Pero, con un Congreso mayoritariamente opuesto al presidente, la omnipotencia de éste se disgregaba revelando un impasse político inédito. Ésta fue la situación que el nuevo gobierno tuvo que enfrentar desde los primeros meses de 2001 con la oposición congresual (incluidos varios diputados panistas) a la iniciativa presidencial que pedía el reconocimiento de la autonomía de las comunidades indígenas en consonancia con los acuerdos alcanzados por la comisión bicameral de concordia y pacificación establecida después del levantamiento del EZLN en Chiapas. Se inauguraba un sexenio de geometrías congresuales variables en que a la sistemática oposición de PRI y PRD se añadía de vez en cuando la reticencia y el fastidio, cuando no el abierto rechazo, del PAN a las iniciativas del ejecutivo. Esta tónica, que marcaría todo el sexenio, se reconfirma con el rechazo de la iniciativa presidencial de una reforma fiscal que, más allá de sus disposiciones específicas, nacía de la necesidad de dotar al gobierno con los recursos necesarios para una política de gasto más agresiva al fin de reactivar la economía, modernizar las infraestructuras y expandir un gasto social pobre en comparación internacional.

Entre las economías medianas y grandes de América Latina, México presentaba la menor recaudación tributaria en relación al PIB, alrededor de 11%. Una situación en que a los ingresos petroleros les tocaba la tarea de compensar las escasas entradas fiscales. La iniciativa presidencial de reforma fiscal, más que operar por el lado de los impuestos sobre la renta, contemplaba la extensión del IVA a alimentos y medicinas, hasta el momento exentos.¹¹ Sobre todo en alimentos era evidente el carácter regresivo de este impuesto, dado el mayor peso relativo del gasto alimentario en las familias de menores ingresos. Sin embargo, considerando el efecto positivo de las mayores entradas fiscales sobre el gasto público,¹² había formas de contener o revertir el efecto regresivo con créditos de impuesto para las familias de bajos ingresos o conservando el IVA cero para los alimentos básicos o las medicinas correspondientes a enfermedades de mayor impacto social. Era posible, independientemente de las dos medidas anteriores, aplicar un IVA reducido a alimentos y medicinas “no básicos”. Pero ninguna de estas opciones fue tomada en consideración por un Congreso que prefería cabalgar al tigre de la desconfianza sobre las compensaciones sociales después de aceptar la aplicación del IVA a los bienes mencionados. Se había entablado una prueba de fuerza sin mediaciones posibles y la batalla contra el presidente asumía las vestiduras de una cruzada en defensa de los intereses populares.

A nadie parecía preocuparle que en México el IVA se aplicara apenas al 30% del consumo contra más de 50% en los países de la OCDE, de la que México era miembro desde 1994. Sin considerar los efectos negativos sobre el país de mantener inalterada la política recaudatoria, PRI y PRD obtenían dos beneficios: mostrarse como campeones del pueblo y mandar un mensaje inequívoco al nuevo gobierno acerca de la oposición inflexible que habría tenido que enfrentar de ahí en adelante acerca de sus ambiciones reformadoras. Por su parte, los diputados del PAN protestaban porque los lineamientos de la reforma fiscal fueron dados a conocer antes a la prensa que a ellos. La nueva propuesta de reforma fiscal presentada al Congreso en 2003 tendría el mismo destino que la anterior y, esta vez, los diputados priistas desconocieron a su coordinadora parlamentaria (Elba Esther Gordillo, líder del mayor sindicato magisterial del país) que se había declarado a favor mientras el partido —que se consideraba con derechos de nacimiento para gobernar— se atrincheraba en una Línea Maginot de oposición total. Se había instaurado un juego a suma cero en que cualquier iniciativa que pudiera realzar el prestigio presidencial sería hostigada indefectiblemente.

La transición que debía conducir al país fuera de una cristalizada tradición de populismo autoritario se enfrentaba a los límites de una victoria electoral que no había sido antecedida, ni sería seguida, por acuerdos entre partidos capaces de fijar un camino viable hacia nuevas reglas democráticas.¹³ Y que el país necesitara un rediseño de las estructuras del Estado era evidente considerando una situación en que un presidente sin mayoría congresual no podía ni convocar al plebiscito para devolver al pueblo la tarea de dirimir un impasse institucional. Y, en contraste, un ministerio público dependiente del ejecutivo, con obvio menoscabo de su imparcialidad. Ésta era la situación: una maraña discordante de poderes insuficientes y excesivos. Desde antes de la toma de poder, se establecieron comisiones para estudiar los posibles lineamientos de una reforma del Estado. Fox pensó incluso en una nueva Constitución, pero a final de cuentas, entre sus vacilaciones y la indisponibilidad congresual, ninguna de las hipótesis en el aire terminó por tocar el suelo. Circularon varias ideas y propuestas, entre ellas el doble turno en las elecciones presidenciales para favorecer la convergencia de diferentes partidos y hacer posible una mayoría congresual interesada en la gobernabilidad. Se discutió la posibilidad de introducir una figura de primer ministro elegido por el Congreso además de la posibilidad que éste ratificara a los ministros.¹⁴ En fin, diferentes ideas para introducir en el sistema político incentivos a la convergencia y al compromiso. Pero, además de una oposición instalada en el “no pasarán”, el presidente no tenía —como diría después el primer secretario de relaciones exteriores de Fox— un verdadero interés en la reforma del Estado.¹⁵

De ahí que resulte desconcertante la afirmación que “Las luchas por la democracia despertaron una gama de ilusiones que iban más allá de las metas razonables que la democracia puede alcanzar”.¹⁶ ¿Era ilusorio que una democracia que recorría sus primeras etapas buscara consolidar reglas institucionales capaces de estabilizarla en el mediano-largo plazo? Las dificultades que convirtieron lo necesario (y quizá posible) en ilusorio han sido descritas así:

Cualquier iniciativa de reforma al presidencialismo pasaba por las manos del Congreso y del PRI en específico; alguna modificación al corporativismo debía ser leída, debatida y aprobada por líderes de los sindicatos más poderosos del país, afiliados al partido; cualquier norma que buscara castigar a fondo la corrupción en los gobiernos anteriores, debía recibir la aprobación de muchos legisladores que habían sido parte de esos gobiernos.¹⁷

Los electores decidieron apostar al cambio en la presidencia y a la conservación en el Congreso con el resultado, virtualmente inexorable, de un cambio sin transformación; una alternancia sin transición frente a estructuras de poder consolidadas en décadas. Se entregó el poder a un presidente maniatado. A pesar de todo, algunas novedades ocurrieron como, por ejemplo, el voto a los mexicanos en el exterior, el Instituto Federal de Acceso a la Información, el Servicio Profesional de Carrera (si bien restringido y con una gran masa de excepciones),¹⁸ la equidad de género en las candidaturas y la creación de una Secretaría de la Función Pública, que sería en gran medida inoperante antes de convertirse, bajo la presidencia de Peña Nieto, en una caricatura de sí misma. Sin embargo, ninguno de estos cambios tocaba los equilibrios centrales del antiguo sistema ni amenazaba la opacidad en la operación interna de partidos y sindicatos. Con el apoyo de la izquierda, el sistema priista se mantuvo sustancialmente intacto.

El dilema del nuevo gobierno era evidente: ¿Perseguir al PRI y sus malas prácticas e intentar desmontar espacios enquistados de corrupción e impunidad entre políticos, sindicatos, cuerpos policiales, sistema judiciario, etcétera, o buscar su cooperación en la reforma del sistema? En el gabinete de Fox había secretarios de Estado favorables a una u otra opción. El presidente optó por el segundo camino con el resultado de entrar en un limbo político y judiciario que dio tiempo al PRI para reagruparse, reafirmar su propia intocabilidad y confirmar entre sus líderes la decisión de no colaborar con el nuevo presidente en la reforma del sistema político. La indecisión presidencial surgida de una combinación de sentido de responsabilidad y pusilanimidad frente a una eventual crisis institucional clausuró la posibilidad que, de cara a un ataque directo contra la corrupción y la impunidad del pasado, el PRI enfrentara la deslegitimación social y una posible crisis interna. Ciertamente las condiciones políticas para el cambio eran adversas —con un PRI atrincherado en la defensa de sus encogidos espacios de poder y una izquierda convertida en su aliado parlamentario— pero las vacilaciones presidenciales no ayudaron a definir un escenario en que el país pudiera vislumbrar algún horizonte realista de cambio.

Hubo en la presidencia de Fox una tácita fe en el automatismo taumatúrgico de la alternancia (algo así como una visión idealizada de la España posfranquista después de su ingreso en la Unión Europea) que terminó por ser una coartada de la falta de determinación. Diletantismo confiado, escasa habilidad política e incapacidad para definir estrategias firmes se fusionaron produciendo un cuadro general de laxismo presidencial que llegó hasta los límites de lo surreal. En este último extremo se inscriben las ambiciones presidenciales de la esposa de Fox entre cultura de superación personal, catolicismo sensiblero y jactancia de jet set. Una aventura de frivolidad personal (no atajada por el presidente) que naufraga con disimulado embarazo cuando The Financial Times revelará en 2004 que la asociación civil Vamos México, creada por la primera dama para canalizar fondos a la beneficencia social, destinaba apenas 30% de sus recursos a este fin. Pero, para complicar todo el escenario, la anuencia presidencial hacia los juegos de poder de su esposa, se extendía a su propio gabinete, donde las diferentes personalidades se sentían libres de iniciativas individuales sin frenos presidenciales. El secretario particular del presidente, un expriista que renunció en 2004 en protesta por la tolerancia de Fox hacia las extravagantes ambiciones presidenciales de su esposa, describe así (pasando de la primera a la tercera persona del plural) al equipo de asesores de Fox:

Los miembros del staff presidencial integrábamos un equipo multidisciplinario y capaz pero inexperto e insuficientemente preparado para cumplir la tarea de asesoría presidencial […]. El grupo tampoco contaba con especialistas temáticos de alto calibre intelectual. En consecuencia, los miembros del staff opinábamos sin elementos técnicos suficientes y, con frecuencia, sin responsabilidad […]. Usualmente había escasos desacuerdos, sus discusiones eran fluidas, pero sus reuniones cumplían más una función de catarsis personal que de estrategia.¹⁹

En un ambiente de campaña electoral permanente con declaraciones presidenciales a menudo inoportunas y de un radicalismo casi exclusivamente verbal y un gobierno sin prioridades claras, prevalece a menudo una proyectualidad mediática como ocurrió con el Plan Puebla Panamá (un proyecto de integración económica e infraestructural entre el sur de México y Centroamérica) al que, después de su anuncio, no correspondió ninguna acción específica de implementación. Una buena idea agotada en su formulación pública. Algo similar a las diez propuestas contra la inseguridad dadas a conocer días después de la marcha multitudinaria de junio de 2004 en la Ciudad de México en protesta contra la criminalidad desbordada.²⁰ La corresponsal en México de The Guardian escribía: “En 2001, Fox anunció una ‘cruzada por los bosques y el agua’. Al cubrir la nota en ese momento, me resultó muy difícil descubrir si existía un programa detrás del lema”.²¹ Otro observador registra la “ineptitud” de Fox y de su gabinete en la desenvoltura con la que se pasa de una prioridad a otra en un estilo de flavor of the month.²²

Pero el folclor involuntario que brota del espectáculo de una inconsistencia (frecuentemente bienintencionada) deja de ser gracioso cuando se llega al terreno de la investigación de las violaciones de los derechos humanos del régimen priista y, sobre todo, de las torturas, las ejecuciones y las desapariciones forzadas en los años sesenta y setenta del siglo pasado durante la así dicha “guerra sucia” con la que las autoridades mexicanas (políticos, militares y organismos de seguridad) enfrentaron la turbulencia y la insurgencia juveniles. En la supuesta defensa de los valores de Occidente se violaron casi todos los valores de Occidente. Con Fox la opción era cerrar los ojos y seguir como si nada o convertir la búsqueda de la verdad sobre el pasado en ocasión para sondear el salvajismo al que había llegado un régimen de democracia restringida. Aquí también, el gobierno decidió un rumbo ambiguo para hacer las cuentas con un pasado doloroso enfrentarse seriamente al cual habría creado graves tensiones no sólo con el sistema en general sino con varios, influyentes, personajes políticos vivientes. El conflicto entre una verdad cuya revelación podría poner barreras a la repetición de crímenes institucionales y una realpolitik centrada en la gobernabilidad terminó por decantarse a favor del segundo término. Se creó una fiscalía especial, uno de cuyos exponentes (la mencionada Denise Dresser) renunció poco después alegando que ese organismo había sido creado para fracasar: una pantalla de buena voluntad sin intención de ir realmente al fondo de las responsabilidades. En un contexto de ocultamiento de parte de los organismos de seguridad, tortuguismo burocrático y desinterés del propio PAN en llevar a fondo las pesquisas, la fiscalía terminó por ser inoperante y ahogarse silenciosamente entre desidia, disimulos y complicidades político-institucionales. PRI y PAN declararon en el Senado que la Convención de las Naciones Unidas sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, adoptada en 1968 y suscrita por México en 2001, no valía antes de esa última fecha. Un acuerdo calificado de “blindaje de la impunidad”.²³

Las elecciones intermedias de 2003 eran un banco de prueba para medir las simpatías hacia la nueva administración durante sus primeros 31 meses. Resultado: en la Cámara de diputados los asientos del PAN bajaron de 207 a 148. El PRI mantenía en la sustancia el mismo peso y el PRD casi duplicaba sus curules. Había ganado una especie de radicalismo populista. La derrota del gobierno de la transición era rotunda y el presidente de la República era mermado en su peso electoral y en su capacidad de maniobra parlamentaria cuando aún no llegaba a la mitad de su mandato.²⁴ A pesar de lo cual, con envidiable impavidez, Fox declaró que el resultado electoral no tenía nada que ver con un juicio social hacia su gobierno. La realidad era más sencilla e incómoda: la “responsabilidad” no había sido una estrategia ganadora ni en el terreno de los cambios institucionales ni en el de los sufragios.

En la economía las cosas no iban mejor. A pesar del equilibrio macroeconómico y de la sustancial estabilidad de los precios, el empleo estuvo muy lejos de la promesa electoral de un millón de puestos de trabajo al año. Los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social pasaron de 12.5 a 14 millones entre 2000 y 2006, con un “hueco” de 4.5 millones entre promesas y realizaciones. Sólo la recuperación de la economía mundial desde 2004 y el repunte de los precios del petróleo entre 2003 y 2006 (que pasan de 30 a 70 dólares el barril) permitieron una mejora en la segunda mitad del sexenio. La transición democrática no había representado un valor añadido en el desempeño económico. Tal vez, el único espacio de avances significativos fue el de las transferencias condicionadas de liquidez a las familias más pobres. Estos programas, inaugurados por Salinas con Solidaridad y seguidos por Zedillo con Progresa, continúan, ampliándose, con Fox y un nuevo bautismo: el programa se llamó desde marzo de 2002 Oportunidades y en el primer año sus beneficiarios pasaron de 2.5 a más de 4 millones de familias, que llegarán a 5 millones (24 millones de personas) en los años siguientes. En la administración del programa llega la denominada “corriente cívica” ligada a un cristianismo social portador de una ética del compromiso y del trabajo a favor de los pobres. Esta corriente, que favorece la ampliación del programa a los pobres urbanos e introduce becas para permitir a los jóvenes completar sus estudios medio-superiores, tiene que enfrentarse a los grupos ligados al viejo esquema de Solidaridad, a las presiones contrarias de la Secretaría de Hacienda y a los panistas locales que intentan usar Oportunidades para fines de promoción política.²⁵ La apuesta de cristianismo weberiano será finalmente derrotada durante la sucesiva presidencia de Felipe Calderón.

En contraste desalentador con las expectativas, el gobierno de Vicente Fox no inaugura un nuevo tiempo mexicano ni en la política ni en la economía ni en la percepción colectiva de nuevas posibilidades. Y si el desencanto se manifiesta electoralmente desde 2003, algo similar ocurre entre los empresarios que habían estado entre sus más fervientes sostenedores desde la campaña electoral y en los inicios del nuevo gobierno. Después de la victoria de 2000 Fox se reúne con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que le presenta un decálogo de demandas entre las cuales están temas de seguridad y certeza jurídica, desregulación, reforma laboral, consolidación democrática y reformas fiscales y educativas. Sin embargo, en los años siguientes, la empatía inicial se deteriora por la incapacidad manifiesta del gobierno para ponerse a la cabeza de un cambio sostenible de amplio aliento. En 2004 el CCE insta al gobierno a avanzar una reforma del Estado con segunda vuelta en la elección presidencial, reglas que favorezcan los consensos parlamentarios y reelección de los legisladores. Pero el crédito se ha agotado y la desconfianza empresarial hacia el gobierno se manifiesta explícitamente a fines de 2005, cuando el magnate Carlos Slim convoca a un acuerdo nacional entre empresarios, sindicalistas, medios de comunicación e intelectuales para acordar pactos de largo plazo para su posterior discusión con los partidos políticos.²⁶ La idea es transparente: si los partidos y el gobierno son incapaces de fijar rumbos viables para el país, esta tarea necesita pasar a distintos intereses organizados que deberán posteriormente forzar a los partidos a su asunción de responsabilidades. Los empresarios estaban preocupados, frente a las elecciones presidenciales de 2006, por la continuada conflictividad entre partidos y la inhabilidad presidencial para construir consensos viables. Reflejando un punto de vista similar, The Economist escribía en 2005: “Fox será recordado más por lo que no hizo que por lo que hizo”. Misma revista que desde 2001 había apuntado que el programa de gobierno era una vaga lista de deseos y que los mayores cambios se vislumbraban en la política exterior.²⁷ Pasemos entonces a este asunto, que se cruza, como se verá en seguida, con el tema de la izquierda política.

POLÍTICA EXTERIOR E IZQUIERDA MEXICANA

A lo largo de décadas, la política exterior mexicana fue un argumento para especialistas que no suscitaba debates ni pasiones políticas. Con Fox la tradición se rompe y se vuelve materia para discusiones encendidas y primeras planas de los periódicos. Y aquí también dos adversarios que parecían irreconciliables (PRI y PRD) encuentran puntos de acuerdo en su oposición al gobierno. Dos cuestiones (política exterior e izquierda) recíprocamente independientes se acoplan en formas sobre las cuales es conveniente detener la atención.

Uno de los mayores objetos de contraste en la política exterior de Fox fue la cuestión cubana. Partamos de ahí. Cuba ha sido por mucho tiempo un símbolo intocable para buena parte de la izquierda latinoamericana. En los años sesenta y setenta fue un arquetipo de lucha revolucionaria: el foco guerrillero sustituía al partido leninista subordinándolo a una lucha armada destinada a levantar crecientes simpatías sociales hasta la inevitable victoria. Después de décadas de gris militancia comunista, de un doctrinarismo asfixiante y de sordas luchas de corrientes, el foco era, real o simbólicamente, una apertura a la vida, a la epopeya de la victoria segura; una forma de lucha correspondiente a la grandiosidad de los ideales. La oleada imitativa de las gestas de la Sierra Maestra se extendió incluso a países con gobiernos democráticos y el resultado fue una larga, sombría, secuencia de derrotas de voluntarismos desesperadamente marginales del que la aventura del Che Guevara en Bolivia será uno de los episodios emblemáticos. Con la excepción de Nicaragua, el atajo guerrillero al socialismo fue un dramático fracaso generacional latinoamericano. Sin embargo, desde entonces, a pesar de las múltiples derrotas de experiencias guerrilleras sostenidas o inspiradas por Cuba, a pesar de la construcción en la isla de un modelo estaliniano de partido único con planificación centralizada, anulación de toda libertad de asociación, de manifestación, de prensa y de movimiento, gracias al prestigio de una antigua experiencia revolucionaria, Cuba se volvió para muchas fuerzas progresistas latinoamericanas un icono que incluso sin ser objeto de voluntad imitativa era, de cualquier manera, incuestionable. Todos los actos de intolerancia, sectarismo y cerrazón dogmática frente a la realidad eran poca cosa en comparación con la firmeza del régimen frente al hostigamiento de Estados Unidos. Criticar a Cuba habría implicado hacer el juego del enemigo y enfrentar la incómoda realidad de desarrollos opresivos derivados de una antigua empresa de la libertad.²⁸ Un chantaje objetivo, por así decir. Muchos de aquellos que luchaban contra regímenes autoritarios o semidemocráticos en sus propios países no tenían empacho en visitar Cuba como quien va de peregrinación a un futuro que, sin embargo, varios de ellos, soterradamente, no habrían deseado para sus países, aunque no se habrían atrevido a decirlo abiertamente. Por inercia, por pereza intelectual, por conformismo o por no poder hacer las cuentas con las consecuencias imprevistas de los propios entusiasmos originarios, el régimen autoritario cubano se volvió un símbolo regional de “lucha democrática”: una ambigüedad perdurable que ha lastrado por más de medio siglo el desarrollo de la izquierda en América Latina y, naturalmente, en México.

El régimen priista hizo tradicionalmente un doble uso de su relación cordial con el régimen cubano. Evitar toda crítica a Cuba le permitía mantener una imagen progresista a escala latinoamericana y, por el otro, la censura a la falta de libertades en la isla era vista como una indebida intromisión en los asuntos internos de otro país. Con lo cual se pedía indirectamente el mismo trato hacia el sistema político mexicano. Una forma de curarse en salud y de envolver las propias endebles credenciales democráticas en las banderas intangibles de nacionalismo, antiimperialismo y demás palabras-estandarte. Para el PRI Cuba era el terreno equívoco de un juego de legitimación recíproca. Para el PRD —surgido de una costilla del PRI como nuevo destino de ex miembros de un antiguo partido comunista (disuelto en 1981) de observancia soviética y otros segmentos de nacionalismo revolucionario— la isla era una coartada frente a los propios retardos de cultura democrática. Décadas atrás habría sido virtualmente imposible para la izquierda de México, y de muchas partes del mundo, tomar distancia de la URSS, que se presentaba como el primer Estado proletario. Una dificultad similar vino después en relación con Cuba. Las grandes ambigüedades de la izquierda mundial del siglo XX en su relación con la URSS tenían una versión particular en América Latina y en México.

Dados estos antecedentes, la política de Fox hacia la isla estaba destinada a pisar un terreno doblemente minado: la legitimación recíproca entre sistema priista y gobierno cubano y los retardos de cultura democrática del PRD. Y alrededor de este asunto no podía menos que desencadenarse una tempestad con secuelas de rayos y centellas. En la primavera de 2001 el nuevo gobierno, recién instalado en sus funciones, mantiene la abstención acostumbrada desde tiempos del PRI sobre Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Aparentemente, Fox quería dar tiempo a Castro para que repensara su rechazo a la visita de relatores de derechos humanos a la isla. En febrero del año siguiente, en la conclusión de una gira oficial (ni de la Madrid ni Zedillo habían realizado viajes de Estado a la isla), Fox decide reunirse con la disidencia política cubana. Lo que (en el caso cubano) no era usual ni menos aún protocolario. Y para no dejar dudas, el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, declara en La Habana el fin de la relación entre el gobierno de México y la Revolución cubana y el comienzo de la relación entre México y la República de Cuba. Para las autoridades cubanas y para la izquierda mexicana (incluido el PRI) es la profanación de un terreno sagrado. A fines del mismo mes, en un acontecimiento sin precedentes, varios jóvenes invaden la embajada mexicana en La Habana en demanda de asilo político. En su torcido maquiavelismo es un mensaje de las autoridades cubanas a México en previsión del futuro voto sobre Cuba en Ginebra.

El día anterior a este voto, una comisión de diputados del PRI, PRD y PT (un partido cuyo santoral va de Stalin, pasando por Kim Jong-un, hasta llegar a Fidel Castro) viaja a la isla para manifestar su solidaridad con el pueblo de Cuba. Los diputados mexicanos —enfundados en banderas de defensa nacionalista— sienten el deber de ponerse al lado del régimen cubano que, como en México, se legitima en nombre de una antigua empresa revolucionaria. Pero, a pesar de la presión interna y externa, México vota en Ginebra a favor de que Cuba avance en el respeto a los derechos humanos y permita el ingreso al país de un relator de las Naciones Unidas.²⁹ La relación especial de décadas de mutuo encubrimiento se rompe. El gobierno de Fox declara que la defensa de la soberanía no puede ser una coartada para justificar la violación de los derechos humanos y políticos. En México varios observadores critican el voto ginebrino como un acto de sujeción a Estados Unidos o como un “pleito gratuito”,³⁰ olvidando que entre los que votaron a favor de la censura a Cuba estuvieron en Ginebra los gobiernos de izquierda (o centro-izquierda) de Suecia, Chile, Francia, Inglaterra, Alemania, Perú y Canadá.

Más allá del asunto cubano, uno de los intereses mayores de la política exterior mexicana en el sexenio de Fox consistió en el intento de lograr el reconocimiento legal de cerca de 5 millones de mexicanos en Estados Unidos. Inicialmente las cosas parecían bien encaminadas gracias a la empatía entre los presidentes Fox y (George W.) Bush. Pero a partir del trauma del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, en septiembre de 2001, las prioridades de Washington sobre la lucha al terrorismo y el giro conservador del Congreso de Estados Unidos bloquearon todo avance en este terreno. Y ciertamente no contribuyó a mejorar la relación entre los dos gobiernos la explícita oposición de México al proyecto de invasión a Irak en 2003 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La relación enfriada con Estados Unidos y el diferendo con Cuba, que tensa las relaciones con varios países latinoamericanos, producen el resultado que, incluso en la política exterior, las ambiciones iniciales de Fox se deterioren progresivamente. Y así, a falta de resultados concretos tanto internos como internacionales, tal vez compensatoriamente, Fox se convirtió en el presidente mexicano que realizó más viajes al exterior en el ámbito de 70 giras.³¹ Las visitas internacionales como forma de escapismo.

Lo que, sin embargo, no impidió que varios observadores mexicanos ligados culturalmente (o por nexos menos indirectos) al añejo nacionalismo revolucionario, siguieran dirigiendo a Fox acusaciones a menudo injustificadas como expresión de una hostilidad casi estrictamente ideológica. En política exterior se le acusó de haber desechado “prematuramente los sentimientos nacionalistas de México”,³² sugiriendo que el silencio en el caso cubano era la forma adecuada para expresar estos sentimientos que, por otra parte, evidentemente, sólo el PRI estaba autorizado a encarnar. Para dejar patente testimonio de aversión, otros observadores sostuvieron que en 2003, el gobierno de México en la ONU “no dio muestra de apoyar abiertamente a Estados Unidos en su empeño para invadir Irak”.³³ Una ligera torsión de la verdad (con la alusión a un posible apoyo encubierto) que pasaba por alto que justamente la fuerte antipatía del Departamento de Estado americano por la oposición del representante mexicano (Adolfo Aguilar Zinser) en las Naciones Unidas a la posibilidad de invasión a Irak, condujo a Fox a pedir su renuncia.

Como ocurrió en la política interna, también en la exterior se estableció una convergencia entre nacionalismo institucional y una izquierda que se suponía, y declaraba, postpriista. La presidencia de Fox interrumpía siete décadas de gobiernos revolucionarios y no podía recibir, por otra parte, la simpatía del PRI que había terminado por identificarse con el Estado mexicano considerando su ejercicio del poder como un derecho hereditario conquistado a comienzos del siglo XX en los campos de batalla. El partido reaccionó con una sorda irritación y desconcierto frente a la pérdida de los privilegios asociados a un control exclusivo del Estado. Y lo mismo, en diferentes grados, puede decirse de una parte no pequeña de una intelectualidad acostumbrada (por diferentes razones, entre ellas cargos honoríficos, prebendas y demás) al status quo ante. Por su parte, la izquierda salida del tronco revolucionario, que había asistido encrespada a la afirmación de corrientes de liberalismo económico en el ámbito del PRI desde los años ochenta, y que, desde 1988 (bajo la presidencia de Salinas) tuvo que enfrentarse a una dura represión, una transición que no se diera por la izquierda era una desviación intolerable del camino maestro que la historia había supuestamente trazado para el futuro de México después del PRI.³⁴ La derrota electoral de 1994 no fue entendida por lo que fue, una muestra de desapego de la gran mayoría de los electores hacia un discurso de izquierda envejecido en su nostalgia de un priismo originario; una incomprensión que condujo directamente a la nueva derrota de 2000. El descalabro de 1994, anestesiado con una hipótesis a modo de fraude, marcó el retorno a “la identidad ideológica del cardenismo”:³⁵ un reflujo en clave principista. La ruptura electoral del monopolio priista y la promesa de transición a un México menos anclado a un presidencialismo todopoderoso con sus redes corporativas y clientelares, fue vivida, si es válida la similitud, como la llegada de Maximiliano en el México liberal. Toda posibilidad de una pragmática convergencia reformadora se disolvió en el aire incluso antes de que pudiera ser formulada. Obviamente no hay certeza de que una actitud distinta de la izquierda frente a Fox, hubiera cambiado las cosas, pero su indisponibilidad cerró toda posibilidad de sondear este rumbo.

La figura icónica y director del semanario crítico más influyente de México, Julio Scherer, es reportado que dijera en 2000 frente a los reporteros de Proceso: “Prefiero a la momia de Labastida que a la prostituta de Fox”.³⁶ Una visión gráficamente impecable de una gran área de la cultura progresista mexicana de la época. En términos menos apasionados y gratuitamente personalistas: mejor la continuación del régimen del partido de Estado (al poder desde hacía siete décadas) que la apertura de una posibilidad de cambio democrático, si esta apertura no ocurre como es deseado. Una especie de síndrome de Estocolmo, que cerraba el horizonte de lo posible, considerando que Scherer había sido defenestrado un cuarto de siglo antes como director del cotidiano Excelsior por su independencia crítica durante la presidencia de Luis Echeverría. Una cultura de izquierda que en el curso de las décadas, incluso duramente enfrentada al régimen, había terminado por convertirse en una versión radical del régimen que censuraba.³⁷ Manuel Bartlett, el secretario de gobernación responsable del probable fraude electoral contra Cárdenas en 1988, consideraba que en 2000 no se había perdido una elección sino que se “derrotó un movimiento histórico” (la Revolución iniciada en 1910) y concluía una larga entrevista diciendo que “Cuauhtémoc [Cárdenas] representa la parte más auténtica del PRI”. La víctima de antaño convertida en objeto de veneración de una ecuménica reconciliación post factum. Y para rematar las piruetas de una danza inmóvil señalaba a Andrés Manuel López Obrador como la única salida posible para México.³⁸ Hilos que parecían definitivamente rotos seguían anudándose en las formas más asombrosas y revelando afinidades que no podían decirse furtivas. En la noche del 2 de julio de 2000, una vez que la victoria de Fox era evidente, Cuauhtémoc Cárdenas se rehusó a felicitar al candidato ganador —medida mínima de savoir faire democrático— declarando que: “Lo que está sucediendo es una desgracia para el país”. El hijo del presidente de México en la segunda mitad de los treinta, parecía estar en sintonía con Scherer y con Bartlett: mejor el antiguo régimen que una apuesta de democracia si ésta no ocurría bajo las banderas de los herederos radicales del PRI.

La atmósfera cultural era la de un maximalismo que prefería su propia pureza electoralmente derrotada que una victoria ajena que abría la posibilidad de una convergencia reformadora capaz de superar las simulaciones revolucionarias que mantuvieron por décadas al país entre los más desiguales del mundo y con una seudodemocracia construida sobre una presidencia hieráticamente incuestionable y el control corporativo de la sociedad. Mejor la continuación de un pasado enfermo de retórica, corrupción e impunidad que sondear, junto con otros, las posibilidades de un futuro diferente. La hipoteca de una historia compartida con el PRI era demasiado aplastante para que pudiera prescindirse de ella. Un estudioso escribió: “El partido en el poder [el PAN] ya es diferente, pero no el espíritu ni el proyecto dominante […] la prioridad del gobierno de Fox fue consolidar el dominio de la derecha ideológica, no la democracia”.³⁹

El resentimiento era tan hondo que resultaba difícil para algunos entender la diferencia entre un PAN pragmático y potencialmente abierto a alianzas reformadoras y un PAN doctrinario y acostumbrado a una colaboración subordinada con el poder priista. En el primero estaba Fox; en el segundo Diego Fernández de Ceballos y, en cierta medida, el futuro presidente Felipe Calderón.⁴⁰ Pero para una izquierda encerrada en sus rocosas certezas no había diferencias y con esto no hacía más que fortalecer el segundo componente. En la noche de la victoria de Fox en julio de 2000 todas las vacas eran hegelianamente negras. En la misma categoría de los juicios sumarios y torceduras ideológicas se encontraban las siguientes afirmaciones: “Fox eligió al PRI como interlocutor principal”,⁴¹ lo que sugiere la posibilidad que la izquierda, representada por el PRD, estuviera disponible para ser una interlocutora del nuevo gobierno. Y queda suficientemente claro que así no era. Otro ejemplo: siendo que la izquierda había perdido fuerzas desde 1988 “forzosamente” en 2000, quien fuera el ganador (PRI o PAN) “terminaría por apoyarse en la misma trama de intereses”.⁴² Frente a lo cual uno se pregunta, Patricio Aylwin, que asume la presidencia en lugar de Augusto Pinochet, Alejandro Toledo en lugar de Alberto Fujimori, Tancredo Neves después de João Figueiredo: ¿También representaron en su momento la “misma trama de intereses”? Las diferencias entre izquierda y derecha no se habían disuelto en el 2000, pero no era esa la clave de lectura de un cambio que rompía décadas de continuado control del Estado mexicano por un solo partido. El punto neurálgico estaba en otra parte, en la apertura al cambio de parte de la sociedad mexicana y en la disponibilidad (o menos) de fuerzas ideológicamente diversas de participar en una reconstrucción democrática del Estado. Así había ocurrido en Chile y Brasil después de sendas dictaduras y, yendo más lejos, así había ocurrido en diferentes países europeos después de la Segunda Guerra Mundial y en la España postfranquista. En un momento extraordinario de la historia mexicana el aspecto central no era (no debería haber sido) el enfrentamiento derecha/izquierda, sino la emancipación del país de un sistema político que había tolerado y encubierto una dramática desigualdad social y carcomido lentamente la autoridad de las instituciones. Pero, el PRD no lo entendió así y favoreció los elementos que conducirían el sexenio de Fox a una sustancial irrelevancia reformadora que doce años después llevará al retorno del PRI al gobierno.

INEPTITUD Y MAXIMALISMO

Se necesitaron tres generaciones para que fuera posible la derrota electoral de una poderosa maquinaria de control político y social. Y cuando el partido oficial fue forzado, democráticamente, a salir de los palacios del poder, las nuevas fuerzas políticas fueron inhábiles para construir los consensos sociales y las reglas institucionales que pudieran inaugurar un nuevo rumbo para el país. De ahí que el inicio del nuevo siglo pueda considerarse en México como una ocasión perdida.

En momentos en que, a falta de automatismos democráticos adquiridos, la personalidad del presidente era esencial para dirigir al país hacia nuevos rumbos, esa personalidad se mostró inadecuada para armar un equipo de gobierno consistente y cohesionado alrededor de una estrategia al mismo tiempo responsable y radical. Al débil liderazgo presidencial se añadió un gabinete a cuyas buenas intenciones no correspondía un diseño común y sobraban individualismos sin coherencia colectiva. En una especie de efecto dominó, la inconsistencia gubernamental terminó por transmitir a la sociedad mexicana un sentido de precariedad que dio aliento a aquellos que habían sido expulsados del poder y a aquellos que se sentían sus herederos designados por las leyes de la historia. La debilidad del gobierno reforzó una oposición porfiadamente orientada a debilitarlo. Si la democracia venía del lado derecho del espectro político mexicano, lo revolucionario era hacerle la vida imposible. La denuncia de la inconsistencia de las nuevas autoridades se volvió así una profecía autocumplida. En pocos meses, las puertas entreabiertas a una reconstrucción cultural e institucional del país se volvieron a atrancar con un PRI poderoso en el Congreso que redescubría, después de su estación neoliberal, un semienterrado espíritu neorrevolucionario, un PRD que descargaba sobre Fox sus frustraciones por haber sido traicionado por la historia, un PAN que vivía con Fox la experiencia de una pareja separada en casa y un presidente que parecía haber agotado su energía reformadora en ser presidente de México. Y, para terminar en gloria, un coro griego compuesto por miles de observadores e intelectuales nostálgicos, que entonaba una tonada tan cínica como pegajosa: los otros, tal vez, eran ladrones, pero sabían gobernar. Paradójicamente un PRI desgarrado en su interior entre cacicazgos locales, liderazgos corporativos y ambiciones personales más o menos cuarteadas se fortalecía como la única organización capaz de mantener la unidad entre pulsiones, grupos e intereses diferentes; el único partido capaz de sucederse a sí mismo. El llamado de la selva, inmejorablemente encarnado por el tabasqueño Roberto Madrazo, hacía evidente la necesidad de una organización fuerte para evitar casos como el suyo, que supuso fraudes al interior del propio partido para elegir a su presidente. En este contexto, con sabionda ecuanimidad, voces tradicionalmente ligadas a la cultura y los circuitos del poder nacional-revolucionario, buscaban (y encontraban) un sinfín de razones para mostrar que “el PAN no sabía ser gobierno”.⁴³ O sea, cuantas más décadas siguiera gobernando el mismo partido tanto más legitimaba su control del poder por ser el único con experiencia en la tarea. Una lógica impecable. Mismo argumento con que el padre que reprime la maduración de sus hijos reafirma la necesidad de someterlos dada su inmadurez.

Por medio del obstruccionismo congresual, PRI y PRD mostraban al país la incapacidad del nuevo gobierno, mientras éste privilegiaba el anuncio estentóreo de programas que no tenía la fuerza o la capacidad para instrumentar. La izquierda (institucional o revolucionaria) jugaba un juego ganador por su adherencia al populismo enquistado en los códigos culturales de la sociedad mexicana. Un ejemplo viene del mencionado Plan Puebla Panamá anunciado por Fox después de su victoria electoral y antes de tomar posesión del cargo. Podría haber sido un proyecto notable para vincular el sur de México, un espacio tradicionalmente más atrasado y con mayor concentración de pobreza que el resto del país, con un área centroamericana con grandes márgenes de progreso potencial. Se requerían esfuerzos de modernización infraestructural y administrativa, capacidad para definir proyectos económicos y atraer inversiones internas y externas y generar nuevas posibilidades de empleo en un espacio multinacional. Una especie de Tennessee Valley Authority en versión centroamericana. Sin embargo, detrás de los anuncios no había más que una ocurrencia mediáticamente vendible. Y a un proyecto que se agotaba en buenas intenciones declarativas contestaba una cultura nacional-revolucionaria que criticaba el proyecto por no venir “desde abajo”, porque implicaría la “desintegración de los sistemas de mercados locales”, por su “visión individualista del mundo que plantea el modelo neoliberal”.⁴⁴ Por un lado, inconsistencia programática y, por el otro, los lugares comunes de un populismo con injertos discursivos de indigenismo y marxismo escolástico.

Tal vez, de haber sido Vicente Fox una persona con mayor visión y mayor capacidad de liderazgo de su propio equipo de gobierno y de haber tenido la izquierda mexicana una menor vinculación con el pasado presidencial-corporativo, los mayores problemas de México habrían quedado igualmente irresueltos. Un general talentoso puede no ser suficiente si comanda un ejército sin disciplina y sin sentido de su misión colectiva. Sin embargo, la principal crítica a Fox no es que haya fracasado en la solución de estos problemas, sino que no haya ni emprendido el camino a lo largo del cual intentarlo con alguna consistencia programática. México había vivido gran parte del siglo XX encerrado en una simulación democrática, con figuras presidenciales casi sagradas, más de la mitad de la población en condiciones de pobreza e instituciones recorridas por corrupción, ineficiencia e impunidad. Enfrentar esa masa enorme y compacta de rezagos y malformaciones que se reforzaban recíprocamente era una tarea descomunal tal vez destinada a ser frustrada. Un prolongado pasado de institucionalismo irresponsable (sin frenos democráticos incorporados) había preparado el terreno de un voluntarismo frívolo que, a su vez, alentó el retorno, algunos años después, a la acostumbrada (e inerte) sacralidad y disfuncionalidad institucionales.

Una voluntad más lúcida y determinada en sobrepasar el viejo régimen haciendo las cuentas con sus derroches, el enriquecimiento indebido de sus dirigentes y beneficiarios y el creciente envilecimiento institucional, tal vez habría dividido el viejo partido hegemónico cerrando definitivamente un capítulo de la historia nacional y habría obligado a la sociedad mexicana a enfrentar las corruptelas, las simulaciones y la demagogia patriótico-revolucionaria como una niebla en la que el país andaba extraviado.⁴⁵ Una bruma que la transición debía y podía dispersar permitiendo a la sociedad comenzar a emanciparse de vacuidades sentenciosas además de difundir socialmente comportamientos más exigentes hacia las instituciones. Sin embargo, esa posibilidad no se abrió y, de esa manera, México seguiría siendo, en un equilibrio cada vez más angustioso, una democracia con un deplorable Estado de derecho.⁴⁶ O sea, una democracia de muy baja calidad. En una entrevista en Nueva York después de haber renunciado a su cargo como embajador en las Naciones Unidas, el multicitado Aguilar Zinser decía:

Yo creo que este gobierno no ha cumplido. La gente todavía está esperando que lleguen los cambios que prometimos […]. Fox como presidente ha enfrentado dificultades gigantescas, pero a mucha gente le parece que debió de haber hecho mucho más; debió haber actuado con más energía, con más determinación.⁴⁷

CUARTA RONDA:

PEÑA NIETO, EL RETORNO SIN ALIENTO

¿Y no están todas las cosas anudadas con fuerza, de modo que este instante arrastra tras sí todas las cosas venideras?… ¿No tenemos que retornar eternamente?

FRIEDRICH NIETZSCHE,
Así habló Zaratustra (1885)

Ante la victoria de Enrique Peña Nieto en julio de 2012 que, después de 12 años de diáspora, restablecía al PRI en el gobierno de México, el temor de muchos era la restauración. Ahora bien, si con eso se entiende el retorno al viejo régimen semiautoritario con un presidente-tlatoani hacedor del buen y el mal tiempo, un Congreso reducido a funciones protocolarias y poderosas corporaciones sindicales como caricaturas de un mundo del trabajo domesticado, el retorno a este ambiente que prevaleció durante gran parte del siglo XX no era del todo verosímil: incluso en México —con su recia carga conservadora disfrazada de mohoso espíritu revolucionario— la historia no regresa en formas tan exactas. Sin embargo, aún así, la vuelta del PRI fue un retroceso hacia la antigua cultura política del disimulo como edificante tradición institucional. “Que una regresión autoritaria no sea posible de ninguna manera significa que la democracia se profundice o se consolide”.¹ Lo que no era asunto menor en una democracia que recorría sus primeros pasos contra una corriente adversa poblada de simulacros de responsabilidad y tenaces segmentaciones sociales capaces de trabar el despliegue de una cultura ciudadana. El riesgo —más concreto que una restauración autoritaria— era el regreso a un estilo consabido de gobierno como anestesia frente a los problemas viejos y a las incógnitas del tiempo nuevo. El retorno del PRI era un acto colectivo de “confianza pasiva” en la capacidad de la inercia para hacerse cargo del presente.²

Con la elección presidencial de 2012 el país se sumerge en una reminiscencia que suspende sedativamente la percepción de la maraña de problemas tejida en décadas de un régimen que aparentaba, mediante sus fatigadas mitologías revolucionarias, una equidad social y una solidez institucional inexistentes. No era propiamente una vuelta al pasado, sino la confirmación política de una nostalgia que confiaba en quienes por mucho tiempo gobernaron con mayor adherencia a mitos de eficacia decisionista tan resistentes como su comprobada falacia. “El recuerdo es nítido, pero no hay ninguna posibilidad de que sea cierto”, escribe García Márquez en Vivir para contarla. Una fábula recubierta por una capa de veracidad ficticia a consecuencia de su reiteración. Pero era tan profunda la decepción sobre doce años de postpriismo y tan angustiosa la superposición de criminalidad e impotencia institucional, que una mayoría relativa (38%) de mexicanos con derecho al voto escogió refugiarse en un pasado idealizado frente a un presente sin capacidad para dejar entrever el futuro.

Abramos un paréntesis. En los individuos los caracteres hereditarios recuerdan que nadie se construye a sí mismo bajo una campana de vidrio. La vida es equilibrio de invención y réplica y aunque las metáforas que se extienden de los individuos a las colectividades hayan sido siempre una fuente de organicismo determinista, sería extravagante suponer que una sociedad en el momento t con 1 no tenga que ver con la misma sociedad (dejando de lado el aforismo de Heráclito) en el momento t con 0. El pasado no explica el presente pero sin aquél, éste se vuelve indescifrable alimentando la recurrente simpleza voluntarista de que todo sea siempre posible, en cada momento y en cualquier circunstancia. La voluntad de redención pasa siempre con asombrosa facilidad de lo sagrado a lo profano. Intuyendo la originalidad de su tiempo, en 1756 el doctor Johnson abría así el primer número del Literary Magazine: “La situación actual de la política inglesa parece haberse originado en el reinado de la reina Isabel [iniciado dos siglos antes]. En esa época se estableció la religión protestante, que naturalmente nos alió con los estados reformados […]. En el mismo reinado empezamos a extender nuestro comercio [internacional]”.³

Era el reconocimiento de un origen específico que de ponerse, a su vez, al centro de la reflexión, forzaría a retroceder en el tiempo hacia inicios aún más lejanos para reconocer las pisadas generacionales que formaron algo parecido a un sendero recorrido por individuos que no sabían hacerlo con sus propias huellas.⁴ Así como es cierto que las personas hacen los caminos es igualmente cierto que estos hacen aquéllas. Es lo que casi dos siglos después de Johnson registraba Fromm al hablar del carácter social como “resultado de las experiencias básicas y los modos de vida comunes” de un grupo humano. Un carácter que no es de lectura unívoca ni definitiva como aclaraba el psicólogo social y psicoanalista alemán:

La gran mayoría de los obreros germanos votaba, antes de la ascensión de Hitler al poder, a favor del partido socialista o del comunista… [pero] un análisis atento de la estructura del carácter de los obreros alemanes puede mostrarnos [que] un gran número de ellos poseía un tipo de personalidad en el que estaban presentes muchos rasgos correspondientes a lo que hemos descrito como carácter autoritario. Poseían un ansia y un respeto hondamente arraigados hacia la autoridad establecida.⁵

El riesgo es acentuar un rasgo de personalidad para embonarlo con acontecimientos que parecen confirmarlo ex post. Pero el riesgo opuesto es incluso más fuerte y consiste en desligar el presente de las experiencias y los valores de aquellos que terminaron por hacerlo posible. Marx consideraba el capital (económico) como trabajo muerto; símilmente el capital social se nos presenta como un patrimonio de prácticas y culturas sedimentadas que orienta la reproducción inconsciente de sociedades e instituciones; una path dependency.

A fines de los años cincuenta del siglo pasado, observando el comportamiento de los habitantes de un pueblo del sur de Italia, Edward Banfield sintetizaba sus conclusiones en una expresión: familismo amoral. O sea, la limitación de la responsabilidad de los individuos al ámbito familiar. Más allá de este perímetro —y considerando una sociedad tradicionalmente polarizada entre terratenientes y campesinos sujetos a condiciones semiserviles— los individuos no reconocen nexos de solidaridad, de responsabilidad común o de predisposición a la cooperación. La opresión social (como ejercicio descarnado de autoridad) crea segmentaciones que persisten a través de pautas culturales y comportamientos normalizados incluso después de su desaparición. La desconfianza recíproca subsiste como residuo psicocultural de antiguas segmentaciones sociales.⁶

A propósito de tradiciones normalizadas, en 2012, el PRI, por gran parte del siglo XX fulcro de la cultura política mexicana, después de 12 años regresa al poder, el lugar donde había nacido. Podría decirse que se restablecía la normalidad. “Si un partido con raíces profundas en una dictadura se desempeña bien en elecciones bajo condiciones de libertad y equidad, es difícil de explicar”.⁷ Además de embarazoso. Saludable ejercicio de humildad frente a un mundo que no es hipostatización de lo racional. Pero son oportunas dos observaciones para evitar analogías superficiales. Primera: el PRI no creó una dictadura. Segunda: el proceso electoral de 2012 se realizó en condiciones de libertad pero no de equidad, como se verá más adelante. De cualquier manera el tema sigue: ¿cómo se explica la nostalgia hacia un partido que encarnó a lo largo de mucho tiempo una democracia sometida al control de un partido hegemónico con episodios endémicos de enriquecimiento inexplicado, fraudes electorales y la conservación de una de las sociedades más polarizadas del planeta, a pesar de una inagotable fraseología justiciera? ¿Cómo se explica, en estas condiciones, la nostalgia? Más allá de razones circunstanciales (la decepción hacia dos presidentes panistas que no cumplieron las expectativas reformadoras o la angustia colectiva frente a la explosión de una violencia criminal descontrolada), quizás en 2012 México vuelve a una vieja tradición que no es sólo el PRI y que consiste en depositar la confianza en una autoridad que libera a la sociedad de la necesidad de buscar (sin garantías de éxito) mejores equilibrios de convivencia en su seno. Una predisposición colectiva a una especie de autoritarismo democrático, socialmente aceptable y aceptado, que viene de la tradición liberal-autoritaria del porfirismo para extenderse al siglo XX a través de la cultura nacional-revolucionaria. Con estos gruesos trazos, el retorno del PRI al poder podría parecer como una necesidad de refugio paternalista (coherente con la historia nacional previa) que expresa, para volver a Fromm, el miedo a una libertad que asumió, con el PAN en el gobierno, vestiduras de impotencia frente a problemas que la libertad (política) no enfrentó con la eficacia esperada.

ASCENDENCIA, ESTILO Y NUEVA VUELTA

A propósito de Peña Nieto, bien puede decirse que origen es destino. El futuro presidente nació en Atlacomulco, el municipio del Estado de México del que salieron seis gobernadores de este estado en siete décadas. Si México es una anomalía, Atlacomulco es una anomalía en la anomalía. Aquí se formó desde los años cuarenta del siglo pasado un grupo —más bien una red— de políticos priistas (nunca reconocido formalmente por sus propios integrantes, como ningún grupo podría serlo en un partido monolítico y sin debate abierto) que a lo largo de décadas ha combinado exitosamente política y negocios, sobre todo a través del caudaloso canal de los contratos de obra pública. Parentescos, clientelas y connivencias han hecho de Atlacomulco el núcleo de poder priista provinciano más denso del país, probablemente sólo comparable al estado de Hidalgo como coto de prósperos políticos institucionales. A su vez, el Estado de México es una de las entidades donde el PRI ha permanecido en el poder sin interrupción desde su origen. En ese municipio nació en 1966 Enrique Peña Nieto, de una familia muy católica y emparentada con políticos priistas locales desde varias generaciones. Su padre era sobrino de Isidro Fabela, miembro de la generación del Ateneo de la Juventud, cuyos componentes más famosos fueron Alfonso Caso, José Vasconcelos, Pedro Henríquez Ureña y Martín Luis Guzmán, entre otros. Un personaje de amplia carrera diplomática, juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y gobernador del Estado de México entre 1942 y 1945. Fabela es el ancestro político común alrededor del cual se formó lo que se convertiría en los años —sobre todo desde el gobierno de Alfredo del Mazo, su sucesor designado— en un poderoso grupo de políticos revolucionarios descendientes de terratenientes y comerciantes de Atlacomulco desde el siglo XIX.⁸ Cuando todavía estaba en campaña electoral por la presidencia, en una entrevista en que se le preguntaba acerca del grupo de Atlacomulco, Peña contestaba: “No es como lo pintan, pero no se puede negar la influencia nacional de personajes como el maestro Isidro Fabela y el profesor Hank González”.⁹ De Fabela se acaba de decir; acerca de Hank recordemos de paso que, aunque no fuera originario de Atlacomulco, fue un destacado hijo adoptivo del grupo y es el autor del famoso aforismo que refleja inmejorablemente el cemento cultural del grupo: “Un político pobre es un pobre político”. Aparte del desparpajo, un lapsus freudiano surgido de un humilde profesor normalista que, al amparo de la política, se volvió uno de los hombres más ricos de México.

Sin una definida vocación política construida alrededor de ideas o proyectos de alguna reconocible individualidad, Peña Nieto se encuentra desde joven encanalado en una corriente fijada por relaciones de terruño, afinidades de un clan político y nexos familiares. Será así, desde comienzos de los años noventa, tesorero de la campaña de Emilio Chauyffet al gobierno del estado —mismo Chauyffet nombrado dos décadas después secretario de Educación Pública con Peña en la presidencia— y secretario del titular de desarrollo económico del Estado de México. En 2001 es diputado local por el PRI y tres años después coordinador de los mismos diputados en el Congreso del estado. Entre 2005 y 2011 comienza la escalada a las ligas mayores del poder con la elección a gobernador de su estado y en 2012 será el encargado de interrumpir la vagancia en el desierto de un partido que había nacido ocho décadas atrás desde el poder y para el poder. Una carrera, la suya, que podría decirse fulminante para un joven que, observa Kathleen Bruhn, “no siempre pareció el tipo más listo de la cuadra”.¹⁰ Peña no tenía la energía de Salinas ni el profesionalismo de Zedillo o el empuje inicial de Fox, pero, aun así, sin tener una personalidad carismática ni virtudes distintivas de pensamiento, su escalada política fue tan rápida como exitosa. Los “secretos” del ascenso del joven mexiquense tal vez puedan encontrarse en una conjunción de elementos entre los cuales destacan su maleabilidad frente a los mayores notables priistas de su estado (varios de los cuales llegaron a ocupar importantes secretarías de Estado en diferentes sexenios), su capacidad para encarnar la unidad del partido en la campaña presidencial de 2012, evitando cuidadosamente opiniones políticas precisas que podrían haber sido ocasión de fricciones en el PRI, además de la portentosa campaña de promoción personal orquestada desde su período de gobernador por la mayor cadena televisiva de México, circunstancialmente la principal red televisiva en lengua española del mundo. En la larga historia del PRI, probablemente es ésta la primera ocasión en que llega a la presidencia alguien que, siguiendo a Musil, no presentaba atributos o cualidades políticas particulares.

Peña fue gobernador del Estado de México, la joya de la corona del sistema político mexicano por tratarse del estado más poblado del país, con el mayor número de distritos electorales nacionales y el mayor presupuesto entre las entidades federales. Desde aquí comienza la remonta del partido hacia la cúspide del poder. Cuando el anterior gobernador, aspirante a la candidatura priista a la presidencia en 2005, es forzado a renunciar por un escándalo de enriquecimiento ilícito, Peña se encuentra súbitamente en la línea sucesoria como un político confiable, que, en efecto, cerrará pronto la investigación sobre las riquezas de dudoso origen de su padrino político. Una nota sobre estilo político mexiquense: la esposa del antecesor de Peña en el gobierno estatal (una joven periodista francesa conocida por el viejo gobernador en París durante uno de sus numerosos viajes internacionales) aparecía en grandes carteles publicitarios por doquier en el estado enalteciendo su labor filantrópica, en un estilo decimonónico de personalismo bienhechor.

Entre 2006 y 2010 el Congreso mexiquense aprobó sucesivamente un presupuesto de al menos 10 millones de dólares anuales de gastos para promover la imagen del gobierno estatal con el programa de “Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo”.¹¹ Como es común en México, el léxico puede hacer milagros y la inusitada cobertura televisiva de los logros del joven gobernador promueve una imagen de desacostumbrada eficacia y renovación en la forma de gobernar. Consiguientemente, ya en 2008 las encuestas de opinión indican a Peña como el gobernador más popular del país. Y si a eso se añade el noviazgo (entre 2008 y 2010) y el posterior matrimonio con una de las actrices de telenovelas más famosas de México (antes contratada para promover mensajes sobre los logros del señor gobernador), se tendrá una idea de la eficacísima mezcla mediática entre una imagen de capacidad para gobernar, la creciente presencia de Peña en eventos políticos de otros estados y el glamour de un apuesto y joven político convertido en objeto recurrente de programas televisivos de pseudoperiodismo y revistas rosas. El viejo régimen ha dejado en el pasado las inquietantes imágenes de sus vetustos y nunca sonrientes líderes sindicales de antejos oscuros, sacos cruzados y pomposa rigidez en su representación institucional del trabajo organizado.

La elección de Peña como gobernador en 2005 interrumpe el declive electoral del PRI en el estado que venía desde mediados de la década anterior, pero su consagración como mejor perspectiva para las sucesivas elecciones presidenciales ocurre con las elecciones intermedias de 2009 con el éxito rotundo del PRI mexiquense. El partido conquista 97 de los 125 municipios; en 2006 controlaba 54. Esta contundente victoria en el estado entra en un circuito virtuoso con el battage publicitario televisivo y el joven político del Estado de México se convierte en la mayor esperanza de rescate priista. Sin embargo, detrás de la superficie de éxito personal hay una extendida zona de sombra acerca de la persistencia del viejo estilo del partido hegemónico. En 2008 son removidos tres de los siete consejeros del Instituto Electoral estatal para garantizar al gobierno un mejor control en vistas de las siguientes elecciones. La lógica subyacente es la de la ocupación de todos los espacios institucionales o parainstitucionales de los cuales puedan venir posibles ruidos adversos al gobernador. Y esto incluye la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia del estado, además del Poder Legislativo y el Instituto Electoral del Estado de México: una, huelga decirlo, democráticamente insana concentración de poderes. En diciembre de 2008, el gobierno compra 3 millones de despensas (con un gasto de cerca de 120 millones de dólares) para su reparto durante el sucesivo año electoral y aunque la distribución ocurrirá por medio de programas sociales, sería patente su uso electoral.¹² En 2010 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su informe Estado de México: Análisis de competitividad 2010, comunica que el estado es el más atrasado del país en el índice de corrupción y uno de los más endeudados. Y naturalmente resultaba legítima la sospecha que entre las dos cosas la relación no fuera accidental.

Algunos años antes, en 2006, como conclusión de una dura intervención de las fuerzas del orden (entre las cuales un buen número de miembros de la policía estatal) en el pueblo mexiquense de San Salvador Atenco, 26 mujeres fueron violadas por los policías y el gobierno del estado no llegó a castigar a ninguno de los responsables, como denunciaron la CNDH, la Organización Mundial contra la Tortura y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Sólo algunos policías fueron enjuiciados por delitos de menor gravedad que los cometidos y todos fueron finalmente absueltos. De la misma forma, a pesar de la agresiva penetración del narcotráfico en el estado y de la denunciada colusión de diferentes fuerzas de policía,¹³ ningún intento serio de investigación y de reforma de las fuerzas de seguridad se llevó a cabo con Peña como gobernador. Nada podía o debía empañar la imagen de un estado sabiamente gobernado y en paz, a pesar del fuerte aumento de los feminicidios y de las ejecuciones sumarias (al estilo narco) que pasaron de 111 en 2007 a 623 en 2010.¹⁴ Frente a una evidente emergencia de orden público (mezcla de aumento de la criminalidad e inoperancia, o colusión, de su contraste institucional), las autoridades políticas locales siguieron simulando una normalidad ficticia en el estilo de una vieja canción francesa cuyo estribillo irónico iba así: “Tout va très bien, Madame la Marquise”.

A pesar de la preocupante realidad mexiquense, la estrella naciente del PRI se convirtió en la mayor oportunidad de este partido para recuperar el poder a escala nacional. El partido necesitaba vitalmente creer en los milagros. Confiar en los gobernadores para conservar regionalmente viva la antigua tradición clientelar y la cohesión interna del partido era arriesgado para la unidad misma del partido. De haberse prolongado la vida fuera de Los Pinos (y del presupuesto federal), podía encaminar al partido hacia un territorio no cartografiado. Recuperar la presidencia era la única condición verdaderamente segura para conservar la unidad. Sin embargo, ni el PRI se había renovado en sus estructuras durante sus doce años de alejamiento del poder federal ni había emprendido un remozamiento de sus formas de hacer política. Y en las elecciones de 2012, se jugaba la supervivencia. Ahí debía hacer pesar su extendida maquinaria social y territorial y su capacidad para promover una imagen mediáticamente renovada.

¿Podía el pueblo equivocarse mayoritariamente? Una cuestión difícil de asumir en la tradición cultural de la Ilustración, aunque habría sido complicado usar a Rousseau para explicar la llegada al poder por vía electoral de un partido como ARENA en cuyo seno se organizaron los escuadrones de la muerte en El Salvador de los años ochenta o el hecho que Pinochet obtuviera el 44% de los votos en el plebiscito chileno de 1988. El PRI no tenía sobre sus espaldas responsabilidades comparables a estos casos, pero el hecho es que en 2006, según datos de Latinobarómetro, 54% de los mexicanos pensaba que la democracia era la mejor forma de gobierno mientras en 2011 la proporción se había reducido al 40%. En ese contexto regresa el PRI al gobierno. En un pasaje crítico en que el PAN pagaba las cuentas de doce años de un postpriismo que había conservado opacidades, impunidad e incluso la colaboración gubernamental con uno de los símbolos mayores de corporativismo y corrupción sindical, la maestra Elba Esther Gordillo, líderesa vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hasta el límite de la farsa nepotista, con el nombramiento de su yerno como subsecretario de Educación Pública durante la presidencia de Felipe Calderón. Con la ingrata tarea de justificar este pasado reciente, la candidata del PAN en 2012 nadaba contracorriente y con un incierto apoyo de los notables de su propio partido. Para confirmar su carácter atrabiliario e impredecible, el expresidente Fox había manifestado su apoyo al candidato priista y, por su parte, el candidato de la izquierda, tratando de hacer olvidar su desmañado radicalismo en el rechazo del resultado electoral de 2006, estrenaba una consigna insulsamente emotiva: “Por una república amorosa”. Además, en el agudo enfrentamiento entre PAN y PRD de los últimos años, hasta podía parecer que el PRI fuera un partido centrista y moderado.¹⁵ Resultado: en las elecciones presidenciales ocurrió lo que algunos años antes habría sido difícilmente imaginable, un electorado presa de la nostalgia hacia el viejo régimen.

En 2012 el país llevaba casi tres años con un crecimiento medio algo superior al 4%, lo que, sin embargo, no fue suficiente para compensar un sentido profundo de inseguridad. La tasa de homicidios se había triplicado, de 8 a 24 por 10 mil habitantes, entre 2007 y 2012. México se veía envuelto en la espeluznante crueldad de la pugna entre cárteles de la droga, mientras se extendían secuestros y extorsiones frente a episodios recurrentes de colusión entre fuerzas del orden y criminalidad organizada. Sin embargo, sorprendentemente, durante la campaña electoral, tanto el PRI como el PRD, en lugar de asumir la gravedad del problema, se limitaron a criticar el uso del ejército en el combate a la criminalidad organizada (como si hubiera habido opciones de corto plazo frente a cuerpos de policía ineptos y/o coludidos) y a proponer remedios indefinidos con un genérico, discursivo combate a la pobreza. Que gran parte de los electores hubieran agotado su confianza en el ciclo político iniciado en el 2000 era evidente desde antes de 2012. En efecto, en las elecciones para gobernadores de 2010-2011, de 14 estados en disputa el PRI ganó 13. La nostalgia era hija del despecho y ya sólo faltaba la presidencia de la república para completar el cuadro. Una tendencia reforzada por medios electrónicos descomedidamente favorables al candidato priista.¹⁶ La promoción televisiva de la imagen de Peña Nieto venía, como se dijo, desde 2005, así que el candidato tenía siete años de campaña informal a sus espaldas. El lema de última hora fue “Experiencia probada y una nueva actitud”. Donde el primer término era tan cierto como debatible el segundo. El Instituto Federal Electoral perdió una ocasión para vigilar (más allá de los fraudes del pasado) el uso encubierto de los medios. Al darse a conocer los resultados preliminares de las elecciones, el candidato ganador declaró: “Somos una nueva generación. No hay regreso al pasado. Ésta es una segunda oportunidad para el PRI”.¹⁷ Al margen: la primera había durado 71 años y, además, la nueva generación lo era ciertamente desde el punto de vista cronológico, mucho menos en el terreno cultural o político. Acerca del no retorno al pasado, si el día se veía por la mañana, varios observadores denunciaron la entrega de cartas de débito a favor de las tiendas Soriana para comprar el voto a favor de Peña. Un estudioso calculó que uno de cada cinco electores recibió dádivas para condicionar su voto. Evidentemente, la nueva generación no había renunciado a los métodos de sus ancestros. La campaña se jugó más en las imágenes mediáticas que en las ideas (desde “Somos una nueva generación” a la inalcanzable “república amorosa”) y en ese torneo de irrelevancia política ganó el PRI. Sin embargo, algunos experimentados observadores vieron signos de novedad: “Por largo tiempo México ha sido rehén de tradiciones insuperadas: un enfoque nacionalista de la riqueza petrolera […] corrupción persistente y una burocracia abusiva […]. La buena noticia es que todo esto está cambiando rápidamente […] El PRI no se ha reinventado pero México sí”.¹⁸

Lo que dejaba abierta una duda: ¿México se reinventaba votando por el partido que lo había gobernado por tanto tiempo enraizando “corrupción y burocracia abusiva”? Otro observador, después de haber señalado la ausencia de propuestas políticas de Peña y de los otros candidatos, además del mayor peso que en el pasado del clientelismo y el papel legalmente cuestionable de los medios, concluía, él también, con un sorprendente optimismo: el hecho de que los electores votaran por el PRI sin asignarle una clara mayoría parlamentaria, indicaba el carácter “prudente y democrático” del elector mexicano.¹⁹ Y así un voto nacido en buena medida del desconcierto, el desaliento hacia la democracia y el miedo frente a una criminalidad descontrolada se trasmutaba en signo de prudencia democrática. Evidentemente, la necesidad de la fe no era un dato exclusivo del elector medio.

CAMBIAR TODO Y DEJAR TODO IGUAL

En su tiempo la prensa internacional (sobre todo de Estados Unidos) hizo de Miguel Alemán un caballero sin mancha de la modernización mexicana. Cuatro décadas después no pudo evitar el mismo entusiasmo a propósito de Carlos Salinas. Y para no faltar a un rito casi ineludible volvió al ditirambo del nuevo presidente. Que Peña no hubiera dado algún indicio a lo largo de su carrera de representar alguna renovación de las viejas formas y estilos del PRI no fue obstáculo para una nueva oleada de confianza en el destino propicio que esperaba a México a la vuelta de la esquina. Thomas Friedman, observador internacional generalmente agudo y ponderado de The New York Times, después de una visita a Monterrey un par de meses después de la toma de posesión del nuevo presidente, llegó a la asombrosa conclusión que la nueva potencia económica del siglo XXI no sería ni China ni India sino México. Sin llegar a estas cumbres de imaginación profética, en la prensa económica mundial comenzó a hablarse del “Mexican moment”. Hasta donde es dado entender, este fervor de parte de fuentes generalmente informadas y escépticas sobre la propaganda institucional mexicana se originaba de las múltiples reformas que el presidente había anunciado pocas horas después de su toma de posesión, conjuntamente con un acuerdo político entre los mayores partidos: el Pacto por México. En la misma corriente, la OCDE llegaría a sostener que si el PIB per cápita mexicano había avanzado entre 1980 y 2014 a una anémica tasa media de 0.6%, con las nuevas reformas económicas (la política, según costumbre, seguía en un lejano segundo lugar de atención) en el siguiente cuarto de siglo el indicador en cuestión habría crecido a una tasa media de 2.4%, cuatro veces más.²⁰ Sin embargo, más allá de los ejercicios econométricos de fervor futurista, dos cuestiones se habían perdido en las apreciaciones corrientes: ¿sería posible un crecimiento sostenido de largo plazo (aun haciendo a un lado sus efectos sobre el bienestar de la mayoría de la población) con instituciones públicas de baja calidad? Y, suponiendo que la respuesta a esta pregunta fuera negativa, la siguiente era: ¿podía el PRI (sin una profunda reforma interna o algo parecido a una revolución cultural, de las que no se veían señas premonitorias) protagonizar un esfuerzo creíble de reconstrucción institucional? Si la respuesta era negativa a ambas preguntas, no resultaba sencillo compartir el optimismo de varios observadores nacionales y extranjeros.

Sin embargo, superados los entusiasmos iniciales, una realidad menos promisoria terminó por imponerse y la misma prensa que había recibido al nuevo gobierno con júbilo, pocos años después se veía forzada a corregir el tiro apuntando la escasa credibilidad presidencial en la lucha contra la corrupción, el aumento de la pobreza y la insuficiencia de las reformas económicas para enfrentar la combinación fatídica de criminalidad e ineficacia institucional.²¹ El 25 de noviembre de 2015 Newsweek hablaba de un avión que no despega recordando la estimación del World Economic Forum sobre el enorme lastre de la corrupción, estimado, con amplio margen de incertidumbre, entre 2 y 10% del PIB mexicano. Desde el año anterior, el 15 de noviembre de 2014 The Economist reconocía que las reformas se daban en un contexto de retroceso del Estado de derecho. “Las reformas económicas no serán suficientes, dicen los hombres de negocios, la criminalidad espanta a los grandes inversionistas mientras los pequeños siguen forzados a pagar extorsiones a bandas criminales y a servidores públicos corruptos”.

Pero volvamos a los inicios. El día siguiente a la toma de posesión (2 diciembre de 2012) en ceremonia solemne en el Castillo de Chapultepec se firmaron los 95 (¿luteranos?) compromisos de gobierno con la presencia de los presidentes de los principales partidos opositores. ¿Por qué ocurría con Peña Nieto lo que no había ocurrido con Fox o con Calderón? Liberado de la aflicción de que la transición no ocurría por el lado izquierdo, el PRD firmó el acuerdo para quitarse de encima el sambenito del convulsivo radicalismo de su candidato López Obrador. Aunque, para limitar los daños, desde la salida del mismo del partido con la creación de uno nuevo, más estrictamente personalista (Morena, Movimiento de Renovación Nacional), el PRD quitaría después su aval al Pacto. El PAN, que había intentado inútilmente durante dos períodos presidenciales las reformas que ahora el PRI sostenía y que antes había boicoteado, no podía sino intentar ser coherente consigo mismo a los ojos de los electores. Los terrenos mayores de reforma tocaban la educación, la energía, el fisco y las telecomunicaciones. Por primera vez desde que el PRI había sido separado de la presidencia, se establecía una

tregua entre las principales fuerzas políticas del país, lo que —con el PRI en la oposición y proyectado a recuperar la presidencia— había sido imposible. Con el Pacto por México el partido nuevamente gobernante trataba de reconciliarse con los mayores intereses económicos (internos y externos) y crear un ambiente de confianza hacia el gobierno con un nuevo cambio de piel, de neorrevolucionario (en la oposición) a neoliberal (en el gobierno). Las reformas propuestas aunque fueran un reconocimiento de retardos acumulados (en buena medida por la propia responsabilidad del PRI) seguían el camino, otras veces recorrido, del cambio de las políticas sin cambio de los mecanismos y las redes del poder subyacentes. El viejo partido casi único conservaba sus formas de ejercicio del poder renunciando a algunos de los aspectos más envejecidos de sus políticas. En dos terrenos sensibles no había novedad alguna salvo en la oratoria oficial: el combate a la corrupción y a la criminalidad organizada, nudos donde ningún progreso habría sido posible sin avanzar en los dos aspectos al mismo tiempo.

A lo largo de mucho tiempo la estabilidad política mexicana, en evidente contraste con el resto de América Latina, produjo la impresión de un Estado fuerte capaz de metabolizar la dialéctica de sus nexos (consigo mismo, con la sociedad y con el resto del mundo) escalando hacia crecientes niveles de eficacia y de una legitimación social independiente de clientelismos y otros mecanismos fáciles de consenso. Sin embargo, además del deterioro fisiológico del modelo presidencial-corporativo en un contexto de mayor complejidad social, la criminalidad adquiere un peso económico incomparable con cualquier fase anterior, revelando una fragilidad institucional hasta entonces no imaginada o sólo latente. Al reto de un Estado funcional y creíble, el retorno del PRI al gobierno respondía con una mezcla de confianza en los viejos buenos tiempos y en reformas económicas que, a pesar de su importancia, apenas tocaban la periferia de un problema de gobernabilidad y de Estado de derecho. Lo que no significa que las propuestas de reforma fueran cuestionables en sus objetivos o en sus instrumentos, pero significa que podrían haber desplegado un mayor potencial virtuoso en concomitancia con un rediseño institucional (productor de reglas creíbles y un nuevo ambiente de confianza) que no hacía parte del universo ni cultural ni político del nuevo gobierno.

Siguiendo la costumbre presidencial mexicana de hacer de cualquier novedad el anuncio estentóreo de una nueva era, el presidente declaraba una nueva (inexistente) estrategia de seguridad mientras, acerca del Pacto por México, presumía que “Cada vez que hablo con alguien de otros países —de Dinamarca, Italia, España, Estados Unidos, etcétera— me dicen: lo que necesitamos es un pacto como en México”.²² Con esta autocelebración presidencial, el país penetraba en la segunda década del nuevo siglo cargando problemas que, con los reflectores sobre las reformas económicas, eran relegados en una zona de sombra: la fragilidad silenciosamente acumulada de un Estado cautivo de sus propias inercias extorsivas y su antigua costumbre al disimulo. O sea, a inventar una realidad a modo (y encomiástica) para velar una realidad tan prosaica como incómoda. Además de la criminalidad que encontraba en instituciones fatigadas en su propio desequilibrio entre prédica edificante y prácticas corruptivas el terreno propicio para su propagación. Acerca de estos retos, la nueva administración mostraba no tener ideas ni voluntades genuinas para intervenir de una forma abierta y adecuada al tamaño de los desafíos. Era más sencillo diseñar nuevas leyes, si bien importantes, relativas a la economía y al sistema educativo, que tocar los nudos de comportamientos político-administrativos que podían afectar la consistencia misma del sistema político. De esta forma se encargaban a las reformas económicas efectos supuestamente taumatúrgicos, como antes había ocurrido con la industrialización, la apertura exterior o la alternancia.

Las reformas, aprobadas por el Congreso, que capturaron un mayor interés fueron la educativa y la energética. La primera nacida de la necesidad de sustraer la educación básica al control de un sindicalismo tan radical como corrupto convertido hace tiempo en un fuerte freno a la calidad de la enseñanza. La segunda, con la apertura a la inversión privada (nacional y extranjera) en la exploración y explotación de hidrocarburos, orientada a contrarrestar una prolongada reducción de la producción de Pemex y la menor competitividad de la empresa estatal. Además de estos, en el frente de las reformas hay otros cambios que merecen una rápida mención. En el terreno de la recaudación fiscal (donde México se encuentra entre los países con menor carga fiscal de América Latina y del mundo), a fines de 2013 se aprueba el aumento de 31 a 35% de la alícuota máxima del impuesto sobre la renta. Se contrae la extensión de la enmarañada selva de deducciones y se establece un impuesto de 10% a las ganancias financieras. Frente a la presión de los hechos (la baja capacidad de financiamiento del gasto público en un contexto de lento crecimiento económico), el presidente y su partido optaron por la razón de Estado a pesar de la perturbación en grupos sociales diferentemente cercanos al PRI. La OCDE estima que estas medidas reducirán (aunque probablemente sólo en forma marginal) la desigualdad por la mayor carga fiscal sobre los grupos de mayores ingresos y llevarán las entradas totales del gobierno de poco menos de 22 a 24% del PIB entre 2013 y 2018.²³ Nada exaltante pero un paso en la dirección justa. Algún avance también ocurrió en el terreno de las telecomunicaciones donde se creó un órgano regulatorio y una legislación que obliga a las empresas en posición dominante a operar en un ambiente más competitivo. Aunque, habrá que añadir, el duopolio televisivo —que a lo largo de décadas sostuvo el régimen con una deplorable calidad informativa y profusión de programas de incultura de masas— quedó sustancialmente intacto. Los precios de Pay TV y servicios de internet han quedado inalterados incluso después de la nueva legislación a diferencia de las tarifas de la telefonía.²⁴ Y apenas es el caso de mencionar la Cruzada Nacional Contra el Hambre anunciada con bombos y platillos a comienzos de 2013 y que (aunque el problema se estima afecte a siete millones de personas) no pasa de medidas poco más que cosméticas entre subfinanciamiento del programa y participación publicitaria de multinacionales (como Pepsi y Nestlé) que hacen del programa un mortificante espectáculo político-mercantil bajo la dirección de una exmilitante de izquierda cooptada en el gobierno y con un pasado administrativo no propiamente transparente.²⁵

Volvamos a los dos mayores proyectos reformadores. En el terreno educativo se mezclan diferentes intenciones y necesidades: como se dijo, la voluntad de sustraer la educación básica al control de un sindicato que, siguiendo a su lidersa vitalicia, Elba Esther Gordillo, se volvió infiel hacia el PRI (lo que lleva al encarcelamiento de la misma líderesa, multimillonaria, para simbolizar la determinación del gobierno de combatir la corrupción y, de paso, la infidelidad) y la exigencia de mejorar la calidad de una enseñanza comprometida por años de uso clientelar-corporativo del presupuesto público. Aprobada en diciembre de 2012, la reforma establece la evaluación de los maestros y su incorporación a un servicio profesional docente diseñado para romper con la antigua costumbre (administrada por el sindicato) de venta de las plazas o su transmisión de padres a hijos.²⁶ La líderesa sindical (desde un cuarto de siglo atrás) es arrestada después de manifestar su rechazo a la evaluación de los docentes. El sector disidente del sindicato (CNTE, nacido a fines de los años setenta del siglo pasado bajo el signo de una izquierda tan corporativa como retóricamente revolucionaria), especialmente fuerte en los estados más atrasados del centro-sur del país, donde las opciones de empleo son muy restringidas, sabotea sucesivamente la aplicación de la evaluación de los docentes, organiza grandes manifestaciones de protesta en la Ciudad de México y en diferentes partes del país entre 2014 y 2016, llega incluso al boicot violento de las elecciones intermedias de junio de 2015.

El sindicado docente (SNTE), el más grande de América Latina, con 1.2 millones de miembros (además de 800 mil empleados no docentes en el sistema educativo) ha sido tradicionalmente una poderosa maquinaria organizada alrededor de caciques regionales vinculados al PRI, con manejo de nómina, licencias, permisos, etcétera. Éste es el estilo sindical que la CNTE ha calcado del SNTE: una especie de “patrimonialismo social”. Los trabajadores como patrimonio económico y político de sus líderes. Y lo que es incluso peor: trabajadores que terminan por ver en esos líderes su mayor instrumento de representación.²⁷ Así que, además de problemas como el 10% de las escuelas de educación básica sin baños, 9% sin luz eléctrica y una muy pobre calidad media de la enseñanza se añaden, según el censo de la Secretaría de Educación Pública de fines de 2013, más de 100 mil maestros de educación básica que, muertos o en pensión, siguen cobrando normalmente, 39 mil literalmente desconocidos y 22 mil en licencia sindical.²⁸ La educación básica mexicana ha sido por décadas un territorio de caza para políticos y burócratas sindicales inescrupulosos que asentaban su control sobre centenares de miles de maestros reducidos a una masa cautiva tanto sindical como electoral. La estabilidad del gremio y su disponibilidad para canalizar los votos hacia el PRI se obtuvo con el progresivo deterioro de una educación que filtraba sus efectos deletéreos a los niveles superiores de enseñanza. El constante conflicto con la CNTE de los últimos años no es más que la expresión de una esquirla enloquecida en su estrechez corporativa radicalizada que corresponde (aunque sea en forma discordante) a un sistema de control social que se ha vuelvo disfuncional para sus creadores.

Según la prueba PISA de la OCDE practicada a jóvenes de 15 años, más de la mitad de ellos no llegan a la suficiencia en matemáticas y 41% reprueba en comprensión de lectura. Para tener una idea comparativa del retardo educativo mexicano (con consecuencias nocivas sobre la productividad del sistema país, sobre la distribución del ingreso y sobre el empleo) es suficiente decir que el gasto por estudiante en Rusia y Chile es igual o inferior al de México, presentando estos países niveles bastante superiores de aprovechamiento escolar. En la prueba PISA de 2012, México ocupó el lugar 52 entre los 65 países participantes. Sin considerar otro dato inquietante: el país gasta más en sus universidades que en educación básica, con consecuencias regresivas que se derivan tanto de los montos relativos del gasto público como de la calidad de la enseñanza en el primer tramo del recorrido formativo con posteriores efectos en cascada. Frente a esta masa de nudos estrechos y opciones difíciles, la reforma educativa se limita en la sustancia al tema docente que, si bien central, no es el único en un país en que más de un tercio de los niños que entran a primaria no la concluye, con una deserción que aumenta en los grados superiores de escolaridad. La debilidad de las inversiones y de las posibilidades de empleo, el estancamiento de los salarios y la aguda polarización del ingreso entran en espiral con un sistema educativo de mala calidad que reconfirma una situación de muy reducida movilidad social.

La otra reforma importante del nuevo gobierno está en la apertura del mercado de los hidrocarburos a la iniciativa privada. El tema era sensible considerando que la nacionalización del petróleo de 1938 fue por décadas un símbolo de orgullo nacionalista. Un emblema intocable a pesar de que el sindicato petrolero fuera uno de los más penetrados por la corrupción del país que, además de haber convertido la empresa en una fuente de enriquecimiento de sus líderes, la había vuelto una agencia de empleos para sostener y ampliar las redes clientelares tanto del sindicato como del partido gobernante. Además de esta tupida red de colusiones y de “clientelismo popular”, la empresa estatal ha sido tradicionalmente cautiva de gobiernos que le exigían compensar con sus ingresos la baja recaudación tributaria del Estado. Para tener una idea de las consecuencias de tantas décadas de control político de Pemex será suficiente mencionar que la empresa producía a mediados de la segunda década del siglo 2.6 millones de barriles al día empleando 153 mil trabajadores; misma producción que Petrobras obtenía con la mitad de los empleados. La empresa estatal noruega produce el 77% respecto a la mexicana con el 15% de los trabajadores. A consecuencia de la excesiva carga fiscal del Estado, al progresivo agotamiento de los yacimientos en explotación y a las escasas capacidades técnicas y económicas para aprovechar las reservas en aguas profundas, la producción de Pemex ha retrocedido de 3.4 a 2.5 mbd entre 2004 y 2005.²⁹ Era virtualmente inevitable en estas condiciones que, a pesar de la centralidad simbólica de Pemex para el nacionalismo mexicano³⁰ y de las antiguas redes de poder tejidas a su alrededor, la realidad impusiera las decisiones finalmente tomadas por el gobierno de Peña y aprobadas por el Congreso en diciembre de 2013 (por el PRI y el PAN). La nueva ley permite el ingreso de inversionistas privados en la actividad petrolera por medio de contratos de producción compartida por 25 años (prorrogables por 10 años más) y otras fórmulas contractuales (comparto de utilidades y licencias). Las ofertas de las empresas interesadas serán evaluadas por una Comisión Nacional de Hidrocarburos y las primeras asignaciones de contratos iniciaron a mediados de 2015. Una empresa ya frágil que se enfrenta desde 2014 a la brusca caída de los precios internacionales del crudo, lo que la obliga a operar en condiciones financieras de gran precariedad. Apuntemos al margen que el mayor dirigente del sindicato petrolero (él también, inexorablemente, multimillonario), a diferencia de la exlíder del SNTE, no fue alcanzado por ninguna investigación judicial, presumiblemente en recompensa por su reiterada fidelidad al partido.

ESTADO DE DERECHO Y CORRUPCIÓN

Con Peña Nieto en la presidencia muchos nudos llegan al peine y la inconsistencia institucional —acumulada por largo tiempo entre encubrimientos políticos, enriquecimientos ilícitos e ineptitud administrativa tolerada como costo de la coherencia del sistema político— toca uno de sus puntos más altos (si no el más alto en absoluto) de la historia contemporánea de México. El nuevo presidente, que llegó a su cargo con la tarea de poner un freno a delincuencia e ilegalidad, no muestra el valor, la imaginación o la fuerza política para intentar la renovación institucional requerida al fin de enfrentar con alguna eficacia una inseguridad convertida en la más importante razón de zozobra colectiva del país. Por otra parte, ¿cómo hacerlo con un cuerpo del Estado carcomido por incompetencia, falta de coordinación entre sus diversas instancias, la endeblez de los automatismos administrativos, hasta llegar a la colusión con la criminalidad?³¹ La tarea era gigantesca pero desde la campaña electoral la línea fue el disimulo de las fallas del Estado y la afirmación de una augusta imagen presidencial en el centro de instituciones pretendidamente sólidas: la escenografía en el lugar de la realidad que no podía ser asumida sin reconocer la propia responsabilidad en su formación y persistencia en el tiempo. Con estos presupuestos todo posible remedio quedaba invalidado incluso antes de su hipotética puesta en acción. ¿Cómo enfrentar un problema sin reconocerlo? No podía decirse de la nueva administración lo que, en Ilusiones perdidas, decía Balzac de la “señora de Bargetón [que] además de estar llena de buenos deseos, era demasiado lista para dejar de conocer sus fallas”. Cualquier ejercicio de sinceridad diagnóstica frente a la ciudadanía sería inoportuno. La representación sigue siendo lo esencial; el resto puede, y debe, acomodarse. La encomienda es no levantar olas.

La enorme distancia entre autoridad pública y población tiene su lejano origen en las escarpadas murallas sociales de la Colonia conjuntamente con el disimulo institucional posterior; una tradición incrustada en la historia misma del Estado mexicano que se mantiene viva, como decía Octavio Paz, entre desconfianza y recelo.³² El poder, que conoce las bases endebles de su propia legitimación, rehúye incluso la evidencia cuando su reconocimiento impondría respuestas que o no tiene o de las que es incapaz, factual o culturalmente. La apariencia —la realidad pasada por el tamiz de las necesidades estructurales y discursivas del sistema de poder— se vuelve una hiperrealidad sublimada por la necesidad de conservar un orden, al mismo tiempo, ficticio y abrumador. Esa realidad ritualizada no es sólo un fingimiento hacia el exterior, lo es también hacia dentro del Estado, con el efecto anestésico de suspender la atención hacia problemas que no pueden reconocerse sin romper el encanto del disimulo. Pero naturalmente los problemas desatendidos vuelven a menudo agigantados. Desde otro ángulo: aquellas políticas de saneamiento institucional que podrían haber sido exitosas en el pasado, con la incrustación más tenaz de comportamientos consagrados por la tradición, se vuelven crecientemente inefectivas frente a una inercia que se refuerza y resiste a su alteración. En la física y en la historia el mundo va hacia sistemas cada vez más complejos y aquello que podía producir ciertos efectos en el pasado producirá efectos de menor intensidad cuanto más pase el tiempo. Y con instituciones de baja coherencia interna, incluso las políticas más acertadas terminan por volver imposible aquello que, en otras condiciones institucionales podría haber sido posible. Esta era probablemente la mayor dificultad mexicana antes de Peña Nieto, lo sigue siendo con él y, presumiblemente, lo seguirá siendo después. Una historia que se repite: la inadecuación institucional (y de cultura política) frente a los problemas sociales y, hoy, de seguridad colectiva.

A escala mundial en estos comienzos del nuevo siglo, entre los países de ingreso per cápita similar, excluyendo a Venezuela, México presenta el mayor nivel de corrupción percibida. Y en lo que concierne al Estado de derecho, el país está en los niveles de Rusia, China e India y bastante por debajo de Argentina y Brasil por no mencionar Chile o Uruguay. Una posición no envidiable. El sistema político mexicano garantizó por un largo trecho la estabilidad institucional, pero no su calidad. Haber tenido por un tiempo prolongado el mismo partido en el gobierno, con la correspondiente debilidad del control social del Estado, produjo efectos perjudiciales tanto sobre la calidad democrática como sobre la calidad administrativa y burocrática de las instituciones. Algo parcialmente similar a la identificación del partido con el Estado en la Europa centro-oriental en la segunda mitad del siglo pasado. Con dos diferencias cruciales: 1. Allá nunca se alcanzaron los abismos sociales de México y 2. Desde fines del siglo pasado, la Unión Europea puso severas condiciones democráticas para el ingreso de estos países en la Unión.³³ Papel de fiscalización externa que nunca jugó Estados Unidos hacia México; la seguridad de la frontera sur fue siempre la mayor (y a menudo única) preocupación de Washington. Los gobiernos revolucionarios han sido —a pesar de su ambición de discontinuidad con la historia previa— herederos y continuadores de una cultura política que veía el uso de los puestos públicos como el camino más certero hacia los negocios y la movilidad social y esa cultura extractiva ha permeado en todos los partidos y no sólo en el viejo partido hegemónico. Pero, ahí donde la maquinaria priista ha permanecido intacta en estos comienzos del nuevo siglo, especialmente en los estados donde ese partido nunca perdió el control, los indicadores de corrupción son aparentemente más altos.³⁴ La mayor excepción es la capital del país, el Distrito Federal (desde inicios de 2016, formalmente Ciudad de México) donde la llegada al gobierno del PRD desde 1997 no ha alterado significativamente una tradición de clientelismo corporativo y mala calidad administrativa con trazas de reafirmación de una reciprocidad objeto de estudios antropológicos clásicos de las culturas primitivas.³⁵

De esa cultura y sus perdurables reflejos es heredero el presidente Peña y difícilmente podían venir de él y su entourage una inversión de tendencia. En abril de 2015 apareció en un periódico de la Ciudad de México una fotografía que mostraba en una sola imagen el sentido de sosegada normalidad de una cultura pública. La fotografía fue tomada en el Senado a dos senadores que, mientras el pleno discutía del Sistema Nacional Anticorrupción, consultaban una lámina (tal vez un catálogo) de yates de lujo. Conociendo a los personajes era algo más que la curiosidad de un comprador quimérico. Los dos senadores en cuestión, potenciales clientes, eran un exlíder de la Confederación Nacional Campesina y el máximo dirigente del sindicato petrolero, entre paréntesis tres veces diputado y dos veces senador. La élite del sindicalismo institucional. La foto describía la realidad mexicana tanto como el nivel del Producto Interno Bruto per cápita o el índice de Gini de la distribución del ingreso. Sin embargo, ni hubo un escándalo nacional ni las organizaciones sindicales de los trabajadores pidieron una revisión del origen del patrimonio de los dos líderes revolucionarios. Más que un tema prioritario en la calidad de la convivencia social, hace tiempo la corrupción y el enriquecimiento milagroso se han vuelto una manifestación de folclorismo nacional sobre la que ejercer una amarga autoironía. Pero, naturalmente, el problema no es sólo genéricamente cultural, sino de mecanismos concretos que reproducen incansablemente aquello que los dirigentes políticos del país reprueban en su virtuosa oratoria cívica. La Auditoría Superior de la Federación presentó 444 denuncias penales desde 1998 contra funcionarios públicos por diversos actos de corrupción; la Procuraduría General de la República consignó siete.³⁶ La PGR es la única instancia autorizada para investigar y perseguir delitos federales y, caso rarísimo a escala mundial, depende directamente del gobierno. Con lo cual el encubrimiento político es casi una norma constitucional. Si quien persigue los delitos está ligado por un parentesco tan estrecho con quien a menudo los comete, nada es realmente creíble en materia de persecución de los infractores de la ley. La impunidad deja de ser una consecuencia no intencionada para volverse el resultado funcional de una arquitectura institucional diseñada para escudar a la autoridad de la ley.

Hay en México una agencia pública cuyo nombre imponente es Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia. El acrónimo es soviéticamente imposible. Para evaluar la importancia que el gobierno asigna a esta portentosa organización es suficiente decir que dispone de un presupuesto de 26 millones de pesos (cerca de un millón y medio de dólares) y un personal de 12 empleados. Un estricto simulacro sin peso real alguno. En Singapur (con bajísimos niveles de corrupción y una población 24 veces menor), la agencia correspondiente tiene 88 empleados y en Hong Kong 1 415.³⁷ Sigamos. En un país donde la gran mayoría de los delitos nunca llegan frente a un tribunal y donde la criminalidad organizada ha adquirido un poder sin precedentes de capacidad corruptiva del Estado, en 2009 se promulgó una ley de extinción del dominio (requisa de los bienes de origen ilegal). En 2011 hubo apenas 10 procedimientos y en 2012 ninguno.³⁸ Los comentarios sobran. Por todo lado, una recargada decoración institucional para disfrazar una pomposa irrelevancia. Y no se trata solamente del hecho que las fallas del Estado de derecho sean expresión de una necesidad de encubrimiento de precisos intereses y personajes, sino que, además, las fallas se han vuelto ubicuas y aleatorias. Una racionalidad corruptiva arraigada e institucionalmente tolerada ha abierto las puertas a una inconsistencia sistémica, por tan paradójica que la contigüidad de los dos términos pueda parecer. Aquello que nació y se desarrolló con un sentido instrumental de encubrimiento se ha vuelto, por así decir, una entropía fisiológica fuera del control de sus propios creadores.

Durante los últimos treinta años, el Estado mexicano ha intentado abatir la corrupción con varios instrumentos y políticas… Aunque estas políticas han tenido distintos grados de eficacia, lo cierto es que los índices disponibles reiteran año con año que tenemos una corrupción endémica que no cede a los diferentes esfuerzos para combatirla… un fenómeno que se reprueba públicamente pero se tolera (y sufre) en las prácticas cotidianas.³⁹

Una hidra cuyas cabezas se regeneran en cuanto son segadas. Confirmando el vigor de una corriente profunda, con el nuevo gobierno salen a la luz varios episodios que arrasan toda efímera credibilidad de la administración en su declarada lucha contra la corrupción. El suceso más emblemático ocurre entre 2014 y 2015. Dos días antes de que un equipo de periodistas revelara que la esposa del presidente era dueña de una lujosa residencia valuada en siete millones de dólares vendida por un contratista que había hecho su fortuna desde los tiempos de Peña como gobernador del Estado de México, el presidente anula el fallo de la licitación del tren rápido México-Querétaro que había beneficiado a un consorcio de empresas en que figuraba el contratista en cuestión. La sospecha inevitable era que la presidencia, informada de la inminente publicación del reportaje sobre la denominada Casa Blanca, se anticipara con una medida destinada a contener el daño de imagen. El contratista era el mismo que, sin beneficios comerciales, había vendido otra casa, también ésta, inevitablemente lujosa, al secretario de Hacienda. La licitación del tren rápido, por casi 4 mil millones de dólares, había sido asignada al único postor y fatal ganador. Pocas semanas después de la revelación de la Casa Blanca, el equipo de periodistas que desveló el asunto fue despedido de la empresa de radiodifusión privada para la que trabajaba dependiente, como todas, de los anuncios oficiales y otros beneficios del gobierno. Algunos meses después la empresa en cuestión ganó la importante concesión federal de una banda de frecuencia. La otra derivación del escándalo Casa Blanca, tiene ribetes farsescos. El presidente nombra al responsable de la Secretaría de la Función Pública (que hasta ahí no tenía encargado del despacho) y le encomienda investigar el asunto de la Casa Blanca. O sea, el jefe del gobierno encarga a uno de sus subordinados que fiscalice su comportamiento. Siete meses después (en agosto de 2015) llega la inevitable declaración de no culpabilidad del presidente en un documento, para confirmar un estilo, de 60 mil páginas. Sin atención a las investigaciones oficiales, The New York Times del 30 de julio de 2015 habla de “el presidente y sus socios corporativos”.

Otro episodio, para ilustrar usos y costumbres que se mantienen embarazosamente en vida, en medio de un decorado irreprochablemente weberiano, ocurre en septiembre de 2015 cuando el abogado de una empresa en litigio con otro contratista beneficiario del Estado de México, es detenido en la calle por agentes de la PGR que introducen subrepticiamente una pistola en su automóvil acusándolo después de posesión ilegal de un arma prohibida. El abogado se salva inusitadamente porque la grabación de una cámara de vigilancia muestra el momento en que los agentes, distrayendo a su víctima, introducen el arma en el vehículo. La empresa contra la cual el abogado tenía un pleito (dicho sea al margen, presidida por un ex-alto funcionario público con sólidas conexiones en los ambientes políticos) había ganado la licitación por el tren México-Toluca conjuntamente con la empresa de la familia Hank Rhon, descendiente del exgobernador del Estado de México hacedor de la máxima impecable (desde el punto de vista de la antropología política) del político pobre que es un pobre político. Frente a estos episodios que involucran órganos del Estado, políticos y empresas ligadas con la política es difícil sustraerse al escepticismo frente al entusiasmo acerca de la reforma constitucional de 2014 sobre transparencia (“la más avanzada del mundo”).⁴⁰ Sin menospreciar el avance de las disposiciones legales sobre transparencia y el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, ¿cómo olvidar la antigua costumbre del respeto formal de la ley y su violación o torcedura o simple omisión en la realidad? Más que de la letra de la ley, los mayores problemas vienen de la deficiente voluntad política para superar una arraigada cultura extorsiva y arbitraria de las autoridades públicas y de la debilidad de presiones sociales organizadas e independientes sobre estas mismas autoridades.

CRIMEN ORGANIZADO Y ESTADO DISFUNCIONAL

Una metáfora para circunscribir los términos esenciales del asunto. El Estado mexicano es una antigua construcción institucional en que se enlazan fragilidades heredadas de la Colonia, del liberalismo autoritario porfiriano y del largo ciclo del presidencialismo corporativo posterior con su rico corolario de ficciones retóricas, enriquecimientos inexplicados, impunidad y simulacros de renovación. Frente a esta angustiosa variedad acumulada de factores estructurales de inestabilidad, el narcotráfico de las dos últimas décadas es una fuerte sacudida telúrica que pone en evidencia defectos en la ingeniería y en los materiales de la construcción institucional mexicana. Las grietas y fallas de ingeniería (social, administrativa, etcétera) que se habían disimulado con sucesivos remozamientos superficiales y diferentes manos de pintura, se revelan de pronto mostrando la incapacidad de esta majestuosa construcción para resguardar la vida misma de aquellos que buscan protección en su sombra. Pero, como toda metáfora, esta también es inadecuada frente a la complejidad de lo real. A final de cuentas sería consolador suponer que por un lado están las ondas telúricas de la costra terrestre y por la otra un edificio mal construido. Pero ¿qué ocurre si, como muestra a menudo la realidad, fragmentos del Estado son parte del temblor que amenaza la ya débil consistencia institucional mexicana?

El acontecimiento más traumático que revela la hondura de la (más o menos disimulada) descomposición institucional mexicana ocurre en la noche entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala. El fondo de podredumbre del Estado depositado por años aflora brutalmente a la superficie. Docenas de sicarios de una banda criminal de narcotraficantes, contratados como agentes de la policía municipal,⁴¹ asesinan a algunos jóvenes y secuestran 43 muchachos de la escuela normal de Ayotzinapa, que se habían adueñado de varios autobuses para trasladarse a la capital del país y participar a una manifestación conmemorativa de la matanza de estudiantes por el Ejército el 2 de octubre de 1968. Los estudiantes son entregados por los policías-delincuentes a una banda local de narcos. Desde entonces los 43 jóvenes desaparecieron. Según la PGR fueron asesinados e incinerados en un pueblo cercano cuyos policías también estaban coludidos con el narco. A partir de ahí el gobierno federal parece tener dos propósitos mayores: mostrar que la responsabilidad del asunto es exclusiva de las autoridades locales: el Estado mexicano no tiene velas en el asunto. Y dos: cerrar lo más pronto posible la investigación oficial y silenciar el escándalo y las protestas que surgen de dentro y fuera de México. Arrecian las críticas de las ONG internacionales y de la ONU a la investigación de la PGR. El responsable por las Américas de Human Rights Watch, a fines de 2014, declara a CNN:

En el hemisferio no conozco un caso similar al de Iguala en los últimos treinta años […]. La impunidad es la regla, no la excepción. El presidente de México reaccionó tarde y mal. Se demoró cuatro días para comentar sobre la desaparición de estos 43 estudiantes […] y el comentario es muy desafortunado porque dice que el problema es de Iguala, como si Iguala fuera Guatemala. Él tiene responsabilidades en México.

Las cosas están incluso peor: es la inocultable falta de empatía (que se percibe en tonos, actitudes, fastidios) de los altos funcionarios públicos hacia una sociedad doliente que parece pertenecer a un mundo lejano cuyo dolor no puede llegar hasta los vértices del Estado.⁴² Autoridades que gobiernan un país cuyas tragedias no parecen afectarlas. La Colonia sorprendentemente rediviva fuera de su tiempo. Una distancia aristocrático-revolucionaria envuelta en una mezcla de abulia e ineptitud. Tal vez México vive en los comienzos del siglo XXI un desplome institucional que lleva décadas en gestación pero que adquiere en el presente los rasgos de una desgracia nacional no oficialmente reconocida.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— denuncia la desaparición de pruebas como videograbaciones de la intervención policial contra los estudiantes y sostiene que, además de la policía local, en los acontecimientos de Iguala estuvieron presentes policías federales y tal vez hombres del Ejército.⁴³ Esta posibilidad es planteada también por Amnesty International que en una carta a la PGR del 28 enero de 2015 alude a una posible vinculación del batallón 27 de Iguala con el narco y critica las investigaciones de la PGR por un exceso de declaraciones autoinculpatorias de los imputados (varios de los cuales denuncian haber sido torturados) y una deficiencia de pruebas periciales.⁴⁴ En la misma línea, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas recomienda un “replanteamiento general” de investigaciones que parecerían haber sido conducidas con el objetivo de cerrar de prisa un problema espinoso para el gobierno. La recomendación apoya lo dicho por el GIEI acerca de una investigación oficial “negligente, tardía y con graves irregularidades”. Como ejemplos de incompetencia y errores se mencionan la no vigilancia policial del basurero de Cocula donde fueron supuestamente incinerados los estudiantes secuestrados por la policía,⁴⁵ el no cateo de las viviendas de los narco-policías arrestados, distintas equivocaciones en el registro de muestras genéticas hasta llegar al dudoso episodio de cartuchos “sembrados” por desconocidos en el basurero mencionado.⁴⁶ Imposible establecer alguna frontera cierta entre incompetencia y encubrimiento. En el revoltijo de ambigüedades lo único evidente es la disfuncionalidad de un Estado incapaz de controlar sus diferentes segmentos. Después de varios meses, el Procurador General de la República —cuya imagen pública se ha vuelto insostenible— es removido y nombrado en el acto secretario de desarrollo agrario. El Estado no reconoce responsabilidades, salvo oblicuamente. Un enroque que deja todo igual pero de otra forma sin que nadie pague las consecuencias de sus actos u omisiones. El padre de uno de los 43 muchachos desaparecidos declara en el Senado de la República:

Me da un resto de tristeza porque mi México está en manos de personas insensibles que después de 70 días nos abren las puertas [del Senado], ni una llamada ni un cómo estás… Nosotros lo único que tenemos es nuestra pobreza y nuestros hijos… No me digan que no conocían a Abarca [alcalde de Iguala acusado, junto con su esposa —hermana e hija de narcotraficantes— en colusión con el crimen organizado], que no conocían la situación en Guerrero. Ya basta señores, estamos cansadísimos de todas las burlas que nos han hecho.⁴⁷

En los meses posteriores a septiembre de 2014 las manifestaciones de protesta son masivas con decenas de miles de jóvenes y adolescentes, pobladores de barrios marginales, familias de clase media y ancianos que vocean al unísono los números del 1 al 43 terminando con el grito más alto de “¡Justicia!” El otro grito que sale de miles de gargantas es “¡Fue el Estado!” Es una mezcla de asco frente a la violencia brutal en que están involucradas partes del Estado y de la necesidad de estar juntos frente a un hecho que sacude una colectividad impotente y a la que sólo le queda convertir la angustia en indignación. Los partidos políticos no están presentes. El alcalde de Iguala era miembro del PRD y aparecieron después fotografías en que se le veía en campaña abrazado y sonriente al lado de Andrés Manuel López Obrador, el líder de la izquierda populista mexicana. Conseguir votos es el imperativo categórico. Con el paso de las semanas las manifestaciones de protesta se hacen menos frecuentes y concurridas. Quedan los padres de los 43 muchachos que cargan su impotencia junto con los grandes retratos de sus hijos. La gente pasa, echa una mirada y sigue. 43 jóvenes de entre 18 y 22 años, hijos de gente pobre de Guerrero, fueron secuestrados, torturados y probablemente asesinados conjuntamente entre fuerzas del Estado y bandas de asesinos a sueldo de la criminalidad.

En abril de 2016, ante la negativa de las autoridades mexicanas a prorrogar las investigaciones del GIEI, el organismo de investigación nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abandona el país. Antes de hacerlo entrega su informe final (Informe Ayotzinapa II, abril 2016). En un texto de 605 páginas, que constituye una severa requisitoria contra el sistema mexicano de investigación criminal, se denuncia la falta de profesionalismo de la PGR y de otras agencias estatales, las “conductas omisivas de los funcionarios públicos”, el “excesivo formalismo” (el expediente oficial de Ayotzinapa está compuesto por 188 tomos de entre 500 y 1 500 páginas cada uno), además de diletantismo investigativo, burocratismo y lentitud procesal. Un cuadro devastador de las condiciones del Estado mexicano además de un sistema de investigación criminal en el que “se detiene para investigar y no se investiga para detener” (p. 592). En el mismo documento se hace mención del “afán mediático de ciertas entidades gubernamentales” (p. 601); lo que completa un cuadro donde la inconsistencia institucional va pari passu con la necesidad de simular públicamente una eficiencia ausente.

El deterioro de las instituciones mexicanas terminó por aceptarse como un fenómeno fisiológico. Pero nadie pensaba años atrás que, siguiendo en el plano inclinado de una escenografía revolucionario-institucional, pudiera llegarse a lo que vendría con la irrupción de la criminalidad en los órganos de policía, de justicia y de la política, que enteras regiones del país cayeran en el terror criminal como Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Estado de México, etcétera. El declive se acelera paroxísticamente desde fines del siglo pasado cuando la criminalidad organizada adquiere un enorme poder económico y una capacidad inédita de penetración en las instituciones.⁴⁸ Desde entonces, incluso trasladarse de un lugar a otro del país se ha vuelto un riesgo distribuido sobre una piel de leopardo móvil; un riesgo que ya sólo corren aquellos que no pueden evitarlo. En enteras zonas de México la sociedad civil ha sido devastada por los secuestros, los asesinatos impunes y el terror frente a un Estado que observa impotente, participa en el negocio criminal o mira a otro lado y sólo circunstancialmente cumple con sus funciones. Aquello que parecía hacer parte de un penoso folclor mexicano (retratado muchas veces con ironía desde Instrucciones para vivir en México de Jorge Ibargüengoitia hasta la película Calzonzin inspector de Alfonso Arau) se ha vuelto una tragedia nacional que ya no tolera el humorismo. ¿Cómo se ironiza sobre decapitaciones, ejecuciones sumarias, fosas clandestinas, periodistas asesinados, feminicidios, policías sicarios y autocensura de los medios en varias zonas del país donde la protección del Estado es inexistente o inadecuada? ¿Cómo se ironiza sobre 100 mil muertos en 15 años y 27 mil desaparecidos? Cifras frente a las cuales la autoridad pública, para evitar la manifestación explícita de su impotencia, regresa a su mejor tradición de disimulo y declaraciones recurrentes sobre avances imaginarios que producen un efecto de surrealismo macabro. México entra al siglo XXI con instituciones deplorables y criminales convertidos en “hermanos siameses monstruosos”,⁴⁹ que se refuerzan recíprocamente en una sociedad encogida en el miedo, cuya libertad de circulación en el territorio y en sus propios barrios se ha recortado y que, a pesar de su desesperada necesidad, no puede reconocerse en sus autoridades.

El gobierno de Peña Nieto no es responsable a escala nacional por una situación que se ha creado desde antes de su llegada a la presidencia. Su responsabilidad es otra y dúplice: la de ser continuador en el poder del partido que más ha contribuido (entre la industrialización con corrupción de Miguel Alemán y el imperioso voluntarismo de Carlos Salinas) a la descomposición de todo sentido del Estado en el interior del Estado mexicano y, en segundo lugar, la del disimulo de una situación de emergencia del orden público por medio de reformas económicas destinadas a ocupar el centro del escenario en medio de una criminalidad desbordante e instituciones incapaces de contenerla. Con Peña, al calor de una criminalidad fuera de control, los problemas de coherencia institucional y fragmentación social acumulados en gran parte del siglo XX, se manifiestan en una sociedad aterrada frente a la violencia y desconfiada de sus autoridades. De ahí la altísima tasa de delitos no denunciados (92.8%); aquello que el Inegi llama “cifra negra”. ¿A quién dirigirse en busca de protección si se teme, legítimamente, que quien recibe la denuncia de un delito está, con no pequeña probabilidad, coludido con quien lo comete? Las más elementales costumbres sociales dejan de ser sostenibles en este contexto: 68% de la población mayor ya no deja salir a sus hijos pequeños de casa. Los niños jugando en la calle ya son parte de un pasado casi mítico y de un futuro utópico. Una tercera parte de las familias ha sido víctima de delitos. Si el subdesarrollo había sido la experiencia humana de la pobreza de masas, la desigualdad y la injusticia de parte de autoridades supuestamente imparciales, ahora es todo lo anterior con el añadido del miedo en casi todas las manifestaciones de la vida social. “Mientras que la construcción del Estado de derecho requiere que los ciudadanos se movilicen, la violencia organizada tiende a paralizarlos”.⁵⁰ 73% de la población se siente insegura; 58% considera la inseguridad el mayor problema nacional frente al 44% que ve el problema más grave en el desempleo.⁵¹ La tasa de homicidios que venía bajando desde 1992 repunta con fuerza desde 2008 para experimentar un ligero descenso a mediados de la segunda década del siglo. Lo que ocurre mientras las grandes bandas criminales parecen reducirse, con lo cual la estabilización de los homicidios podría corresponder a una contracción de las rivalidades entre ellas más que a un mayor control estatal del territorio. Acerca de este último aspecto, en enero de 2016, cinco jóvenes que venían de una fiesta de cumpleaños en el puerto de Veracruz (entre ellos una jovencita de 16 años) son secuestrados por siete oficiales de la policía del Estado de patrulla en el municipio de Tierra Blanca. Desde entonces están desaparecidos. Según las primeras investigaciones los policías estaban coludidos con bandas criminales de narcotraficantes de la zona dedicadas, entre otras cosas, al secuestro. Un mes después en un rancho de la zona son encontrados los restos de dos de los cinco muchachos. En Iguala fue la policía municipal; aquí la estatal.

México ha llegado a un punto de su historia que supone invertir la tendencia emprendiendo su reconstrucción institucional o aceptar una continuada, reptante, descomposición cuyos frutos son ya dramáticamente claros desde el presente. Si antes la calidad institucional era una condición para el desarrollo del país, hoy es un requisito impelente para restablecer condiciones mínimas de convivencia y de confianza ciudadana en el Estado. Lo que requiere, cuando menos, dos requisitos: un liderazgo político con la fuerza necesaria para poner en el centro de la atención el tema del rescate institucional y, en segundo lugar, una gran alianza entre fuerzas políticas que reconozcan la restauración institucional como su mayor prioridad conjunta. El Pacto por México, con que se inauguró el sexenio de Peña Nieto, fue una operación dirigida a restablecer la viabilidad de instituciones ruinosas cuya fisiología no se quería alterar. Acerca de la simbiosis entre corrupción de la autoridad pública y criminalidad, la estrategia gubernamental ha sido “la gestión presidencial del silencio”, y la puesta en acción de una asombrosa variedad de “recursos lingüísticos para convertir el horror extraordinario en un hecho trivial”.⁵² En las campañas presidenciales de 2006 y 2012 el problema de la criminalidad fue increíblemente removido por todos los partidos. Frente a la ausencia de una respuesta efectiva o de propuestas razonablemente concretas y viables se prefirió anular la pregunta revelando de esta manera no sólo el desapego entre sociedad e instituciones, sino la turbadora distancia entre urgencias sociales y agenda política.

A menos de desarrollos impredecibles, sin recomposición institucional la criminalidad no tiene serias esperanzas de ser contrastada y en el vacío entre estas dos dimensiones aparecen atajos más o menos imaginativos. Uno de ellos, no privo de puntos a su favor, proviene de estudiosos estadunidenses que sugieren poner en el centro de la lucha a la criminalidad el objetivo prioritario de la contención de la violencia. En lugar de atacar al crimen organizado a través de la captura de sus jefes o de la confisca de grandes cuantitativos de enervantes, se trataría de dirigir un ataque a las organizaciones más violentas para enviar un mensaje capaz de producir una selección entre los cárteles a favor de los menos violentos.⁵³ El problema de esta línea de combate es que, más allá de su pertinencia, su eficacia depende en última instancia de la disponibilidad de una policía y un sistema judicial libres de la penetración de la criminalidad y de su propia predisposición a la ilegalidad o a la dejadez. ¿Cómo se define una cualquiera línea de acción con alguna posibilidad de éxito en un contexto institucionalmente entrópico? Sin considerar que, aunque reducir la violencia sea hoy un objetivo central, no puede ser el objetivo exclusivo de la lucha contra el crimen organizado. Sicilia y el sur de Italia muestran como una relativamente baja tasa de violencia pueda ser compatible con un alto poder de contaminación del Estado (y de la sociedad) de parte de la delincuencia organizada con fuerza tal para torcer e impedir el desarrollo económico a lo largo de décadas, incluso de siglos. Independientemente de la eficacia de diferentes estrategias, sin saneamiento del Estado, todo lo demás será construido sobre cimientos endebles y avances siempre reversibles.

Añadamos que las organizaciones criminales en zonas tradicionalmente depauperadas se presentan a veces como un acto social de rebeldía, como para-guerrillas justicieras expresión de intereses locales contra la intrusión foránea e incluso con ribetes de identidad religiosa.⁵⁴ Con lo cual se establece sólidamente un infierno de ambigüedad conducente al “estuche de horrores” de que hablaba Luis González y González acerca de la Tierra Caliente de Michoacán. Un enredo entre Al Capone y Robin Hood que sólo puede destrabarse con la reconstrucción de la credibilidad social del Estado. Frente a un embrollo de impotencias donde se mezclan inercias corruptivas, incompetencia, falta de credibilidad del Estado y colusión de segmentos del mismo con la criminalidad, tanto en el pasado (en Honk Kong) como en el presente (en Guatemala) se crearon mecanismos internacionales de intervención, con apoyo de las Naciones Unidas, que se han mostrado eficaces en conducir investigaciones independientes contra la corrupción institucional y una impunidad políticamente encubierta. El episodio más reciente es el enjuiciamiento y deposición en 2015 del presidente guatemalteco Pérez Molina gracias a la acción de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), establecida en 2006 bajo la dirección del juez colombiano Iván Velázquez Gómez.⁵⁵ Dada la tradicional sensibilidad nacionalista mexicana no es este un rumbo fácilmente practicable, sin embargo no parecería haber sobradas alternativas de corto plazo a la necesidad de una acción extraordinaria para enfrentar un problema cuyo enraizamiento está destinado a enturbiar, además del presente, el futuro del país por un número indefinido de generaciones.

En el momento de escribir, el sexenio de Peña Nieto aún no concluye pero están a la vista todos los elementos para dudar que en el futuro próximo pueda haber novedades en el doble terreno sobre el cual México ha construido su duradera impotencia colectiva para salir de los circuitos del atraso, por lo menos desde la presidencia de Miguel Alemán. El país ha entregado sus mejores esperanzas a la renovación sexenal antes a un mismo partido, después a otro, que no cumplió las expectativas, y finalmente de regreso al precedente, que gobernó México en gran parte del siglo XX. Hasta hace una generación, desigualdad y mala calidad institucional eran las puntas del iceberg de una construcción nacional maltrecha frente a sus mejores aspiraciones y posibilidades. Hoy, en la ola de tantas esperanzas de renovación centradas en el poder taumatúrgico presidencial, México se encuentra (en los espacios de la credibilidad institucional y de la calidad de la convivencia) en una situación peor a la de mediados de los años cuarenta del siglo pasado. ¿Es posible detener esta búsqueda sexenal de lo nuevo que reproduce interminablemente el pasado? ¿Hay salida de este laberinto de impotencias en que desigualdad e instituciones endebles se alimentan recíprocamente?

CORTAR LAS REPETICIONES

Hubo idas y venidas, búsqueda de nuevos rumbos, exploraciones en política económica y estilos de gobierno, ensueños tercermundistas y tecnocráticos, pero después de más de un siglo desde una pavorosa revolución y siete décadas desde que —entre refrigeradores, tocadiscos y autos como de Botero— Miguel Alemán anunció una industrialización destinada al triunfo, México sigue siendo un país “en desarrollo”. A pesar de sus cambios el país sigue mostrando las malformaciones propias del atraso: pobreza difundida (más de la mitad de la población), una matriz productiva atravesada por huecos que obstaculizan su eficiencia de conjunto, severa desigualdad del ingreso e instituciones con algunas islas de eficacia entre mares de corrupción, impunidad normalizada y espesas opacidades clientelares. Además de una clase política con bajo sentido de responsabilidad social y una compensatoria propensión declamatoria. ¿Era inevitable; es inevitable? Sobre el pasado el dilema queda abierto; sobre el futuro más vale suponer que atraso no sea destino, sabiendo, sin embargo, que difícilmente puede haber niveles tan altos de crecimiento económico capaces de contrarrestar gravosas herencia de polarización social e ineficacia institucional. En la salida del atraso, la aceleración del crecimiento es esencial (como muestran todo los casos que la historia moderna nos ofrece) pero está lejos de ser un Deus ex machina. La economía misma juega un papel positivo en el largo plazo sólo si coexiste con movilidad social y consolidación institucional. Sin estas condiciones, no puede haber milagros, o por lo menos ninguno que no sea reversible. En otros términos: no existe una necesidad histórica que conduzca a los países más allá del atraso. Desde Miguel Alemán la historia mexicana ha sido una secuencia de estiras y aflojas entre un “optimismo de cuento de hadas”¹ y bruscos aterrizajes en los cuales el país se reencontraba una y otra vez con sus dos obstáculos sempiternos: la segmentación de la sociedad que impide al país alguna coherencia de conjunto e instituciones de escasa responsabilidad social y consistencia interna. Dos obstáculos que se fortalecen recíprocamente y que, en conjunto, traban la capacidad de la economía para convertirse en motor de la salida del atraso.

Pero México añade hoy al reto de imaginar y construir su ruta de emancipación del atraso en un contexto mundial en cambio acelerado un gravísimo problema de inseguridad que viene a gravar la carga de los problemas heredados del pasado. Frente a este escenario es inevitable reconocer que no existen en algún lugar del empíreo respuestas imperecederas a la maraña de obstáculos que se ha ido formando a lo largo de generaciones. Sin embargo, aunque sea en una abigarrada variedad de formas propias, México es parte de una vasta historia mundial del atraso. De ahí que experiencias exitosas en otras partes del mundo puedan contener fragmentos de enseñanzas. Partamos de ahí.

ASIA ORIENTAL, UN REFLEJO LEJANO

En décadas recientes algunos países han salido del atraso, pero ninguno de ellos en América Latina. Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong son los casos en cuestión a los cuales hay que añadir a China aunque su ruta, de completarse, será inevitablemente más prolongada que la de sus vecinos asiáticos. Eso es lo que el escenario mundial nos ofrece como referencia. México y América Latina, hasta ahora, han quedado al margen de esa vía estrecha más allá del atraso, cuya existencia, sin embargo, ha vuelto a comprobarse después de los casos de Suecia, Japón, Dinamarca y Alemania a fines del siglo XIX. Lo que nos conduce a una conclusión provisoria: si bien es cierto que no existe un oleaje mundial capaz de llevar a los países, en forma natural, más allá del atraso, también es cierto que el atraso no es una condición inescapable. No hay determinismos ineludibles en ninguno de los dos sentidos.

Sin turbulencias inmanejables, los países asiáticos mencionados fijaron una discontinuidad con el pasado entre nuevas estrategias y logros inéditos. Aunque hay que reconocer que antiguas formas de poder y viejas culturas (mezcla de valores y comportamientos), si bien reformuladas, se pusieron al servicio de cambios radicales en niveles de eficiencia económica, coherencia sistémica y bienestar social. Más allá de toda búsqueda de reglas universales (tentación a la que es siempre demasiado fácil rendirse), no se sale del atraso usando una misma receta, una especie de piedra filosofal en versión económica. Si se observa la historia política y económica de países como Corea del Sur (desde 1961) o de China (desde 1978) la impresión dominante no es la de una clave invariable súbitamente descubierta por estos países. En ninguno de los dos casos se aplicó desde el inicio una farmacopea canónica sino, más bien, se fueron desplegando iniciativas de aproximación sucesiva, de prueba y error, que sólo ex post resultaron configurar una estrategia. Aquello que fue exitoso en un lugar y en un tiempo podría no serlo (y a menudo no lo fue) en otra parte del mundo o en otro momento. A pesar de la insistencia de muchos estudiosos sobre la importancia de la protección de los derechos de propiedad, eso no fue así en China ni en el caso de la liberalización inicial de su agricultura (donde el derecho de propiedad sigue inexistente) ni en uno de los mayores sujetos iniciales del impulso productivo: las empresas de aldea, un híbrido de inciertos confines entre propiedad pública y privada.

Entre fines del siglo XIX y fines del siglo XX, toda exitosa experiencia de superación del atraso presenta una mezcla de repeticiones y novedades políticas, de ortodoxia y heterodoxia económica.² En general, aquellos que intentaron repetir sin innovar se quedaron en el camino. Véase América Latina que, desde fines del siglo XIX, buscó seguir los cánones establecidos en los circuitos políticos y financieros internacionales. Y lo mismo (o algo similar) ocurrió en aquellos países que intentaron innovar sin repetir, como la URSS o Cuba en pos de una modernidad no capitalista. En ningún caso fue posible vencer el atraso sin prolongados períodos de aceleración económica. Y sin embargo, lo necesario no fue suficiente como muestra México que experimentó tales ciclos en 1870-1910 y nuevamente en 1940-1980 sin que fuera eso suficiente: el atraso se modernizó pero siguió ahí con sus angulosas segmentaciones sociales, sus instituciones de incierta calidad y su baja productividad media.

¿Cómo se repiten experiencias ajenas exitosas si son distintas la situación en el momento del despegue y las condiciones heredadas de un pasado diferente? En Corea del Sur, Taiwán y China o no hubo pasado colonial o, como en los primeros dos casos, apenas duró entre 35 y 50 años y cuando la potencia colonial se fue no dejó tras de sí fragmentaciones sociales perdurables o una barrera antropológica entre gobernantes y gobernados, como ocurrió durante tres siglos (y después de la Colonia) en América Latina. Si por un lado, en Asia oriental, el Estado fue consolidando durante un prolongado lapso histórico nexos persistentes entre sociedad e instituciones, nada similar ocurrió en México. Nada comparable a un arraigo antiguo que pudiera producir, por un lado, sentido de pertenencia en una comunidad nacional y, por el otro, sentido de responsabilidad social de parte de instituciones que, a pesar de las jerarquías, se sienten parte de la población que gobiernan y no sus amos autorizados a despojarla más o menos impunemente. Si la herramienta —el Estado— presenta diferentes características y grados de consistencia interna, llamarla con el mismo nombre no excluye el hecho de que una tendrá mayores posibilidades de acometer su tarea que la otra en cualquier intento de salida del atraso. Dicho de otra forma: en México (y en general en América Latina) la distancia institucional, respecto a los países que terminaron por activar casos exitosos de salida del atraso, era mayor que la distancia económica en los inicios de las experiencias asiáticas. Si lo anterior es verídico, la consecuencia es inevitable: cualquier intento serio por promover las energías de un país hacia una perspectiva de emancipación del atraso requiere consolidar en el presente (sobre todo en términos de consistencia y credibilidad institucional) aquello que la historia no ha realizado en el curso de muchas generaciones previas.

Si miramos los casos asiáticos, dejar el atraso en el pasado requirió circunstancias comunes que sin ser, en su conjunto, una fórmula operacionalizable de seguro éxito universal tampoco pueden considerarse como accidentes recíprocamente inconexos. Un Estado creíble con una burocracia confiablemente disciplinada y profesional (¿el Estado racional de Weber?) es una condición que se ha probado históricamente insustituible. China y Corea del Sur tenían en los momentos de su aceleración económica instituciones socialmente creíbles y una identidad político-cultural con siglos de maduración, o sea, un terreno firme sobre el cual construir aparatos estatales capaces de interactuar creativamente con una economía en crecimiento acelerado y cada vez más compleja. El Japón Meiji tenía a sus espaldas dos siglos y medio de centralización política, un sistema consolidado de recaudación de impuestos y una burocracia erigida sobre valores de disciplina y lealtad derivados de la antigua casta samurái.³ El trazo común es el de instituciones capaces de favorecer alguna coherencia sistémica, sin aplastar, los otros elementos en juego.

Subrayemos otras circunstancias comunes en los momentos de arranque: la amplia disponibilidad de ahorros, exitosas transformaciones agrarias previas, una relativa equidad en la distribución del ingreso, subvaluación cambiaria y estrategias de sustitución de importaciones muy pronto reorientadas hacia la promoción de exportación de bienes de alta densidad de trabajo. Lo que, en paréntesis, refleja un sentido implícito de responsabilidad social de parte de gobiernos decididos a hacer retroceder rápidamente desempleo y subempleo con la consecuencia (buscada o no) de estimular los salarios reales en el mediano plazo y, con ellos, la expansión de los mercados internos. Y una última, probablemente esencial, circunstancia común: la urgencia política de la aceleración del crecimiento.

Detengámonos un momento en este último aspecto. Desde fines de los años cincuenta Estados Unidos comienza a dar señas de cansancio en el apoyo financiero a Corea del Sur y Taiwán lo que obliga a estos países a construir por sí mismos los factores de su propia viabilidad estratégica. Por su parte, a fines de los años setenta, las autoridades chinas requerían una nueva base de legitimación social a la conclusión de un largo ciclo de movilizaciones humanamente costosas y económicamente fallidas —el Gran Salto (1958-1960) y la Revolución Cultural (1966-1976)— además de un prolongado y defatigante despliegue de fanatismo ideológico. En pocas palabras: necesidad de relegitimación institucional y estrategias económicas convergen a poner en movimiento procesos que en cuatro-cinco décadas (excluyendo a la China de hoy) llevarían a los países indicados a superar la fuerza gravitatoria de un atraso secular. Para conservarse por un tiempo suficientemente prolongado, la aceleración económica requiere la mejora de la calidad institucional (que permita alguna coherencia sistémica entre público y privado) y una integración del mercado nacional que favorezca una retroalimentación recíproca entre salarios y productividad. Es en estos dos terrenos donde mayor es el retardo de México de hoy y de ayer.

ESTADO Y DESIGUALDAD

La aceleración del crecimiento económico puede venir de distintas fuentes, pero en el largo plazo requiere instituciones capaces de alimentar compatibilidades dinámicas entre comportamientos y reglas además de un mercado interno que crezca en extensión y en profundidad. Un estudioso sostiene que el éxito económico asiático se debió principalmente al legado de una antigua tradición burocrática.⁴ Una apostilla: el problema no es sólo, o principalmente, técnico sino de credibilidad social hacia un sistema de reglas que debe asegurar alguna coherencia en los múltiples canales de conexión entre público y privado. Adrian Leftwich es contundente: “Estados eficaces y economías exitosas van de la mano”.⁵ Donde lo primero no es condición suficiente pero es ciertamente imprescindible para lo segundo. Si el Estado no es creíble (no por sus leyes escritas, sino por su incapacidad de respetarlas y hacerlas respetar), no hay forma de evitar comportamientos predatorios asociados al uso parasitario de las redes de conexión entre instituciones, negocios y sociedad.

El centralismo político y una prestigiosa maquinaria burocrática fueron esenciales para el desarrollo asiático. Independientemente de los regímenes, la credibilidad político-administrativa posibilitó confianza e inversiones capaces de retroalimentar la confianza. Similarmente, en la Alemania bismarckiana, a pesar del limitado desarrollo de los derechos civiles, una burocracia socialmente abierta y meritocrática contribuyó a consolidar la autoridad del Estado: una historia que se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. Y es fácil percibir la mayor profundidad de las raíces de legitimación y de la coherencia interna del aparato público, por ejemplo, en Corea donde los exámenes meritocráticos de acceso a la burocracia son anteriores al año mil. En los dos siglos entre 1392 y 1600, 86% de los altos funcionarios del Consejo de Estado fueron seleccionados por concurso público.⁶ Y apenas es el caso de mencionar el poder cohesivo (entre sociedad e instituciones) de la tradición confuciana en China y la fuerza de las reformas que construyen una racionalidad instrumental desde el reino Qin durante los Reinos Combatientes en el siglo IV a. C.⁷ Con estos lejanos antecedentes, no hay mucha razón de asombro en la fuerza simbólica del Estado (en diferentes momentos de la historia oriental) como factor de coordinación de los intereses privados. ¿Qué implicaciones tiene en el terreno reductivamente económico esta solidez institucional? Implica la reducción de aquellos costos que, desde fines de los años treinta del siglo pasado, han sido denominados de transacción, aquellos costos indirectos asociados al cumplimiento y ejecución de los contratos. Costos cuya contracción requiere un fuerte y confiable, sujeto institucional arbitral como factor de contención de la incertidumbre y, colateralmente, de la distancia entre beneficios privados y costos públicos.

La aceleración del crecimiento puede darse en un contexto de instituciones de baja calidad. El empuje de los mercados internacionales, los efectos de una rápida urbanización u otras circunstancias pueden contrarrestar en el corto plazo los efectos negativos de instituciones poco confiables, pero en el largo plazo esta deficiencia es fatal. Desarrollo (un proceso en cuyo límite inferior está el crecimiento económico y en el superior, la superación del atraso) significa entre otras cosas proliferación de actividades productivas y multiplicación de sus conexiones recíprocas, lo que conduce a una mayor eficiencia sistémica. Si las instituciones públicas no ofrecen un marco de referencia confiable en medio de la creciente complejidad, es como si se acelerara la velocidad de rotación alrededor de un eje inseguro: antes o después la aceleración deja de ser sostenible en condiciones de equilibrio. Se requiere una burocracia que dé certezas mientras los comportamientos económicos tradicionales se contraen y los horizontes se amplían; una burocracia capaz de encauzar interdependencias que no son automáticas, o sea, una administración confiable, jueces independientes, eficaz supervisión financiera, políticas que favorezcan el funcionamiento de mercados competitivos, etcétera. Sin estas diferentes funciones el desarrollo termina por envolverse en disfuncionalidades convertidas en otras tantas minas en la línea de flotación del crecimiento económico. La duda concierne al corto plazo durante el cual algún factor de crecimiento puede operar como compensación de la baja calidad institucional. En el caso mexicano este plazo de desarrollo sostenido sin una burocracia meritocrática o una magistratura independiente duró cuatro décadas desde los años cuarenta, un período que difícilmente cabría en la categoría “corto plazo”. Un lapso durante el cual, a pesar de varios avances, la maquinaria institucional mexicana no pudo superar sus lastres de patrimonialismo, impunidad administrativa y política, clientelismo parasitario prendido del presupuesto público e incierta profesionalización de la administración pública. Un conjunto de fallas que conservó (o aumentó) los costos de operación y las rigideces del sistema económico limitando sus capacidades dinámicas y de autocorrección. En las cuatro décadas en cuestión, las necesidades funcionales de regulación de una economía crecientemente compleja aumentaron más que la capacidad del Estado para enfrentarlas satisfactoriamente.

En contraste con México, y en general con América Latina, la ventaja asiática se revela con toda su fuerza desde la Restauración Meiji de 1868 con la autoridad imperial capaz de impulsar una reorganización económica proyectada a la occidentalización acelerada del país. Lo que indica, por un lado, una amplia visión social del desarrollo económico y, por el otro, una autoridad institucional que concretiza aquello que en otras partes no habría sido políticamente posible en tiempos tan cortos. Un comparable prestigio del Estado, si bien de menor fuerza simbólica, permitió a Park Chung-hee entablar en Corea del Sur, desde inicios de los sesenta del siglo pasado sólidas relaciones estratégicas entre gobierno y negocios y a Deng Xiaoping, desde fines de los setenta, reorientar el desarrollo económico chino, incluso criticando duramente a la burocracia previa sin producir desbarajustes administrativos y sin levantamiento en un cuerpo social enfrentado a una nueva diferenciación interna. Estamos en todos estos casos frente a una voluntad de cambio a partir de una política cuya ascendencia proviene de una autoridad de raíz tradicional (si bien con nuevas vestiduras). Una antigua cohesión administrativa y cultural hizo posible en Asia oriental aquello que no lo fue en el resto del mundo: la construcción de una ruta, inicialmente autoritaria, más allá del atraso. Con la excepción de la anomalía mencionada de Prusia-Alemania. En contraste, desde la segunda mitad del 800, en gran parte de Occidente, la confianza en las instituciones dependió críticamente de la inclusión social a un sistema ampliado de derechos políticamente reconocidos. La “inclusión” asiática, por un prolongado período inicial, ocurrió mucho más en el terreno económico que en el político. Sin que haya en eso ningún modelo universal, no puede dejar de reconocerse que las instituciones democráticas llegan a Japón después de la Segunda Guerra Mundial, en Corea del Sur y Taiwán tres décadas después de su aceleración inicial del crecimiento y, acerca de China, la perspectiva parece aún lejana. Gracias a la trabazón y continuidad de las relaciones Estado-sociedad, en Asia oriental la democracia no fue un requisito inicial del desarrollo, pero una buena calidad administrativa, sí lo fue. Un Estado cuya burocracia es creíble incluso sin democracia puede orientar los subsidios a las empresas más eficientes y competitivas sin levantar sospechas de favoritismos clientelares (con consecuencias adversas en el comportamiento productivo de los inversionistas) y puede ser creíble en su lucha contra la corrupción incluso sin fiscalización social.⁸ Que desde los años sesenta del siglo pasado tomara forma un sujeto político indicado por la prensa internacional como “Korea inc.” —un Estado nacional asimilable a una gigantesca empresa productiva— habría sido imposible sin una historia secular de instituciones socialmente creíbles. En síntesis, en Occidente un exitoso desarrollo tardío ocurrió (en Suecia y Dinamarca, por ejemplo) siguiendo un rumbo de ampliación de derechos sociales y políticos; en el Oriente no fue, inicialmente, así.

Hay algo más que una coincidencia en el hecho que desde la primera dinastía imperial china surgida de las reformas estatales de Shang Yang, en el reino Qin, hasta la última dinastía Qing se evitara la consolidación de grandes propiedades que pudieran ofrecer una base de poder independiente a las élites locales.⁹ Entre los Qin y los Qing corren más de dos milenios en que el funcionario público es portador de una dignidad muy superior a la de cualquier otra ocupación. Y si bien eso implicó un bloqueo secular para el desarrollo de toda forma embrionaria de capitalismo, cuando también para China resultó inevitable “occidentalizarse para defenderse de Occidente” (antiguo eslogan Meiji), la maquinaria institucional heredada estaba ahí para operar con gran eficacia y legitimación. Los exámenes imperiales asentados desde el siglo VII dan a la autoridad del Estado un rasgo de apertura meritocrática a la sociedad. A eso se añade una cultura confuciana que acentúa el respeto a las jerarquías y el sentido de responsabilidad social del gobernante. Es posible entrever las profundas raíces históricas de las instituciones que, en décadas recientes, jugaron en Asia oriental un papel esencial en la construcción de altos grados de coherencia socio-económica en los procesos tardíos de aceleración del desarrollo. Tanta importancia tiene el buen funcionamiento del aparato administrativo que en Taiwán existen cinco poderes del Estado (yuan), o sea, además de ejecutivo, legislativo y judiciario, un poder encargado de los exámenes de acceso a la función pública y un poder de control. En China se realizan hoy evaluaciones anuales de los empleados del Estado, los que pueden ser despedidos después de dos evaluaciones reprobatorias.¹⁰ Con estas referencias paralelas, no es asombroso que México interrumpiera desde los años ochenta del siglo pasado su largo ciclo de crecimiento. Es más asombroso que este ciclo perdurara desde los años cuarenta.

La otra circunstancia que ha funcionado persistentemente como un viento contrario a la posibilidad que el crecimiento económico mexicano favoreciera la superación del atraso, es la desigualdad. Aquí también Asia oriental diverge de Latinoamérica. Antiguas historias gravitan sobre el presente como una corriente favorable o adversa. El dato desde el que es oportuno razonar acerca de la desigualdad es la unicidad mundial de Asia oriental en lo referente a la presencia ancestral de pequeñas explotaciones campesinas. Retrocediendo en el tiempo hasta la antigua sociedad japonesa, así como es vista todavía por un viajero inglés a comienzos del siglo XX, he aquí una vislumbre: “Los ricos no lo son en forma descarada y los pobres no se encuentran en la abyección. En efecto, aunque la pobreza exista el pauperismo no”.¹¹

Otro viajero europeo a Japón registraba a comienzos del siglo XIX: “La sociedad japonesa está estratificada con más severidad que la europea, pero los japoneses tienen fuertes vínculos entre sí de respeto mutuo y amabilidad”.¹²

Lo que no sólo caracteriza una sociedad rural más homogénea y prácticas sociales de cooperación local, sino que evitó lo ocurrido en América Latina con la prolongación de una historia europea premoderna de latifundios extensivos y relaciones paraserviles. Las condiciones iniciales de la colonización tendieron a conservarse en el tiempo gracias a una desproporcionada repartición del poder político a favor de colonizadores que adquirieron así la capacidad de diseñar leyes y políticas a favor de sus intereses y de la preservación de la aguda desigualdad originaria.¹³ En distintas partes de la región la tenacidad del latifundio será particularmente exitosa en la defensa de tierras y rentas políticas de posición; en otras partes del subcontinente, a pesar de los cambios, se preservará una cultura de exclusión o de desinterés institucional hacia la pobreza independientemente de sus características específicas. En el caso de México se llega hasta un límite lógico-lexical de exclusión social con lenguaje revolucionario. Octavio Paz lo decía: “Nos movemos en la mentira con naturalidad”. México y Corea del Sur están en dos polos opuestos: en el primer caso, exclusión (y aguda polarización del ingreso) en un régimen que se autodenomina revolucionario; en el segundo, una reforma agraria que inaugura políticas a favor de la agricultura y la homologación social en un régimen, como el de Park Chung-hee, explícitamente autoritario inaugurado con un golpe de Estado. La reforma agraria coreana, como la japonesa inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, elimina de tajo los residuos del latifundio, crea un tejido productivo que permitirá al país una sustancial autonomía alimentaria (sin la necesidad de emplear divisas para importar alimentos), abre las puertas a una cultura empresarial de extendidas bases sociales y crea alrededor del régimen un resguardo de simpatía desde el universo rural.¹⁴ Por paradójico que sea, los herederos autoritarios de una cultura confuciana fueron socialmente más responsables que los herederos antes liberales y después revolucionarios de una cultura señorial.

A comienzos del siglo XX uno de los hombres más ricos de México, Luis Terrazas de Chihuahua, era el mayor terrateniente del país (más de 2 millones de hectáreas), dueño de 400 mil cabezas de ganado mayor, además de bancos y empresas textiles; a comienzos del siglo XXI el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, es el mexicano Carlos Slim, dueño de la mayor empresa telefónica del país y multiplicidad de otras.¹⁵ Lo común entre los dos personajes es que ambos construyeron sus imperios económicos bajo cierto grado de protección política y en contextos culturales que toleraban una descomunal concentración de la riqueza. En la Corea del Sur de 1987 sólo subsistían tres de los diez mayores conglomerados financiero-industriales (chaebol) existentes en 1962: el favor político no había sido suficiente para garantizar la fortuna empresarial en el largo plazo. Pero entre México y Corea del Sur hay otra diferencia significativa. Cuando parte la industrialización coreana el terreno es relativamente parejo desde el punto de vista agrario y de la distribución del ingreso, lo que difícilmente podría decirse de México. En aquel país la reforma agraria ocurrió en momentos en que industriales y clases medias urbanas eran todavía débiles para desviar el interés institucional del problema de la pobreza rural.¹⁶ La industrialización mexicana, acelerada desde Miguel Alemán, durará más que la coreana pero no llegará tan lejos habiendo partido de un terreno más desigual en el mercado interno; una desventaja no revertida en la marcha. Una industrialización que, dada la distancia entre clases medias y pobres rurales, no tuvo en estos últimos una prioridad ni política ni económica de relieve.

El punto va más allá de un estricto problema económico y ha sido señalado por Judith Teichman, contrastando México y Chile, por un lado, y Corea del Sur, por el otro, en términos de falta de empatía hacia los pobres en los primeros dos países.¹⁷ En sociedades altamente segmentadas desde hace siglos los pobres no conjuran alrededor de sí extendidas culturas de solidaridad; la pobreza se ha incrustado sólidamente como parte del espacio colectivo lo que resulta incluso favorable para que las clases medias puedan conseguir a bajo costo servicios laborales que en sociedades más avanzadas serían inalcanzables o mucho más costosos, como trabajo doméstico, trabajos profesionales de plomeros, electricistas, albañiles, etcétera. Y si a eso añadimos instituciones que, surgidas de sociedades muy fragmentadas, las reproducen inercial e inconscientemente, la falta de interés real (descontando el despliegue retórico consuetudinario) refleja la percepción de clases medias y altas de pertenecer a un diverso universo antropológico respecto al resto de la población. En América Latina persisten en la sociedad y en las instituciones fragmentos y reflejos de culturas señoriales nunca del todo superadas. Los prejuicios hacia los campesinos y sus descendientes en la marginalidad urbana dan consistencia cultural a políticas que preservan altas murallas sociales. O que no sienten un fuerte empuje cultural o político a derruirlas. La distancia-desapego entre la clase media y el amplio universo de la pobreza impide que las exigencias de este último alcancen la sonoridad y el sentido de urgencia que podrían darles una mayor posibilidad de condicionar la política económica y las políticas públicas en general. En México la brecha viene de lejos y durante la revolución no separa sólo las clases medias del mundo campesino (Carranza-Villa para simplificar), sino el mismo universo obrero que, con la Casa del Obrero Mundial, combate contra el zapatismo. Después de la Revolución los campesinos quedarán representados por (o abandonados en manos de) la burocracia revolucionario-institucional. Una historia, esta también, más antigua, a juzgar por lo que nos dice Luis Villoro, que recuerda cómo desde los inicios del México independiente la clase media (“el letrado”) renunciara a su papel de “directora del pueblo bajo” con el resultado de dejar intacta “la estructura económica y social sobre la que se fincaba la supremacía de la clase dominante”.¹⁸ Ningún asombro que el joven Mariano Otero escribiera en 1847, después de la derrota frente a Estados Unidos: “En México no hay ni ha podido haber eso que se llama espíritu nacional”.¹⁹ Más allá de las ocasionales explosiones de patriotismo, ¿cómo pudiera haber existido con la mayoría de la población al margen de los beneficios de la Independencia?

América Latina tiene que remontar una antigua corriente de fracturas sociales que vienen de la Conquista y la Colonia y cuyas consecuencias se han filtrado a través de diferentes capas históricas hasta el presente haciendo de la región la más desigual del mundo. Un retardo de equidad que, como se dijo, contrasta con el legado secular de las pequeñas explotaciones campesinas asiáticas e incluso con una historia señorial europea que desde antes de la Revolución Francesa, daba algunas señales de convergencia social. Alexis de Tocqueville escribía en 1856:

Inglaterra era el único país [a mediados del siglo XVIII] donde nobles y plebeyos se ocupaban juntos de los mismos negocios y abrazaban las mismas profesiones y se casaban entre sí. La hija del más encumbrado aristócrata no se avergonzaba de casarse con un hombre nuevo […]. La palabra gentleman se va extendiendo en Inglaterra a medida que las clases se acercan y se mezclan. De siglo en siglo se va aplicando a hombres situados un poco más abajo en la escala social.²⁰

A pesar de sus fracturas, un laboratorio social que no sólo guiará la industrialización mundial sino que muestra mejoras sustanciales en las condiciones de la clase obrera desde las últimas décadas del siglo XIX. A una sociedad latinoamericana más duramente segmentada que la de sus ancestros europeos corresponde una clase media sin empatía social hacia el mar de pobreza del que sobresale no siempre en forma irreversible. Incluso en la tradición política progresista la demanda campesina de propiedad de la tierra a menudo ha sido vista recelosamente como un reflejo pequeño-burgués que debía ser controlado. Tanto los generales progresistas peruanos que toman el poder en 1968 como el socialista Salvador Allende, elegido a la presidencia de Chile en 1970, en lugar de satisfacer una antigua demanda de propiedad de la tierra prefirieron dar el salto hacia cooperativas agrarias que despertarían una viva oposición entre los campesinos peruanos y un acercamiento de los campesinos pobres chilenos a la oposición conservadora dirigida por propietarios medianos y grandes. La dificultad de las clases medias y de los trabajadores, progresistas o menos, para reconocerse con el universo rural pobre tuvo consecuencias perjudiciales no sólo sobre este último sino sobre las pautas de desarrollo de la región. La desconfianza y los prejuicios entre clases medias con pertinaces resabios culturales aristocráticos y una pobreza anclada a horizontes populistas ha favorecido en México, y en general en la sociedad latinoamericana, una segmentación social hasta ahora insuperada. Con retórica revolucionaria o sin ella.

Según Simon Kuznets, en una primera fase de aceleración del crecimiento la distribución del ingreso tiende a empeorar para mejorar posteriormente. Sin embargo, cuando menos en el caso coreano²¹ no parecería haber pruebas en este sentido y aunque haya habido una concentración del ingreso en décadas recientes en China, mientras el país crecía aceleradamente, dos observaciones son oportunas. La primera es que aunque el ingreso se haya movido hacia una mayor concentración eso ha ocurrido en un contexto de drástica contracción del área social de la pobreza con mejora de la existencia de centenares de millones de personas. La segunda es que, a pesar de su mayor concentración, el ingreso chino sigue mejor distribuido que en América Latina. Según datos del Banco Mundial, entre las grandes economías en desarrollo acelerado en las últimas décadas en Asia oriental es probable que China presente la peor distribución con un índice de Gini de 42 (Japón, 32), mientras la mejor distribución en América Latina probablemente corresponde a Argentina con un índice de Gini de 45. O sea, el peor caso asiático es más equitativo que el mejor caso latinoamericano. Y las aperturas democráticas asiáticas de la última década del siglo pasado han acentuado una distribución equitativa en procesos de desarrollo que incluso en su trayecto autoritario habían mostrado, en comparación internacional, una tendencia a la mayor homologación.

CONSECUENCIAS INDESEABLES DE LA ESTABILIDAD

A caballo entre el siglo pasado y el presente, México se agita entre tres factores de turbulencia que se refuerzan recíprocamente. El primero es económico y se manifiesta como estancamiento de largo plazo de producción, salarios reales, productividad y la paradoja de una aceleración de las exportaciones que no empuja la economía hacia adelante. El segundo es político y revela el bloqueo del país entre un retorno del PRI al poder que, como era predecible, no puede enfrentar la disfuncionalidad de instituciones que ese partido ha forjado en décadas y una oposición entre derecha timorata y populismo de izquierda. El tercero es social y su expresión más dramática es una criminalidad con un tremendo costo humano que resta a las instituciones el control de zonas del territorio nacional y de diversos fragmentos de la propia organización del Estado. En una prolongada situación de estancamiento económico que agudiza los demás problemas, el país se mueve en la incierta frontera entre una apariencia de orden y una realidad de descontrol y precariedad sistémica. La explosión criminal y la inoperancia institucional han colocado al país en un túnel del que no se ve una salida próxima. México ha quedado entrampado en un punto muerto sin capacidad de autocorrección e inhábil para abrir caminos viables más allá del presente. Y no se trata sólo de una situación material que puede medirse a través de varios indicadores sino de una menos medible, pero igualmente concreta, falta de aliento político y social. Un país apabullado bajo este “chubasco furioso” (Cosío Villegas dixit) que se ha desatado sobre su cabeza.

En lo concerniente a la economía los datos son elocuentes. Si medimos el incremento del PIB pc (en dólares constantes) en el período 1990-2015, entre las mayores economías latinoamericanas, y excluyendo a Venezuela, México es la que registra un menor avance: 34% frente a 41% de Brasil, 90% de Argentina, 74% de Colombia, 122% de Perú, 94% de Uruguay, 74% de Bolivia y 139% de Chile. En 1990 el PIB pc chileno era 16% inferior al de México, en 2015 es 50% superior.²² En el mismo período los salarios han crecido aquí menos que en gran parte de la región. Desde que México deja atrás su antigua política de sustitución de importaciones y se abre a la economía internacional comienza ese largo estancamiento del que (con la contribución de la política y la criminalidad) le resulta tan difícil salir. Además de los vicios acumulados en la edad sustitutiva y que siguen cobrando sus efectos después, como una cultura empresarial acostumbrada a bajos impuestos y una estructura productiva amoldada a bajos salarios en contrapartida de una productividad constreñida por un mercado interno casi sin movilidad social, más de 50% de la población vive en condiciones de pobreza. A esto hay que añadir el escaso peso de un gasto público limitado por la baja recaudación fiscal y un sur tradicionalmente más atrasado que el resto del país. Con la apertura al exterior intervienen factores, internos y externos, que limitan el potencial económico del país. El primero es la creciente presencia de China en Estados Unidos, principal mercado externo de México. Pero otros factores son endógenos, como la baja disponibilidad de crédito hacia las empresas productivas y la endémica sobrevaluación cambiaria del peso. En los momentos en que las empresas mexicanas necesitaban un empuje a través del crédito y de un tipo de cambio favorable, recibieron lo contrario mientras se abrían a los mercados internacionales y a una mayor competencia en su propio mercado nacional. A lo cual hay que añadir las consecuencias adversas del nacionalismo cambiario de varios presidentes que consideraban la devaluación del peso un golpe al propio prestigio y la deficiente supervisión pública de la privatización bancaria con la estela, a mediados de los noventa, de una profunda crisis bancaria que contrajo durablemente el crédito privado. No hubo aquí fatalidad alguna, sino el resultado de inconsistencias administrativas y fallas de un sistema político con escasa capacidad de autocontención. En síntesis, la incapacidad del régimen para separar las propias exigencias (simbólicas o reales) e inercias extorsivas de las necesidades sociales y económicas del país. Sin considerar el entorpecimiento del potencial dinámico anterior a la apertura externa. En efecto, tanto el peso relativo de las manufacturas como la productividad comienzan a estancarse desde inicios de los años setenta²³ y sólo el fuerte aumento del gasto público (asociado al boom petrolero) permitirá a México puentear esta década si bien al costo de una deuda externa que hará insostenible el crecimiento en la década sucesiva.

Un economista mexicano registra que el salario mínimo real de la actualidad es inferior al nivel de inicios de los años setenta del siglo pasado.²⁴ ¡Casi medio siglo atrás! Para los pobres de México no se trata de un atasco coyuntural sino de una historia bloqueada. Un salario mínimo misérrimo es en parte reflejo de la baja productividad pero, al mismo tiempo, ha contribuido a contenerla anulando los estímulos (tanto por el lado de la demanda como de la oferta) a su avance. En la historia de México esta circunstancia no es una novedad, sino una recurrencia que alimenta la polarización del ingreso con sus consecuencias distorsionadoras sobre la dinámica general de la economía. Con salarios de infrasubsistencia la consecuencia necesaria es la pobreza de buena parte de la población, además de la ausencia de un impulso a la innovación tecnológica y al incremento de la productividad. El mercado no se expande como podría y el sistema productivo no tiene un estímulo persistente para expandirlo. Y aquí también la explicación está sólo parcialmente en los automatismos del mercado: la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos está mayoritariamente bajo control gubernamental a través de su presidente y varios representantes sindicales (en su mayoría controlados por el gobierno), además de los empleadores. Resultado: en relación al PIB pc el salario mínimo mexicano es el más bajo de América Latina. Ampliando la mirada: el 1% más rico de la población controla el 21% del ingreso nacional. En China el mismo porcentaje de población controla el 6% y en Suecia el 7%.²⁵ Sólo Estados Unidos (cuyo nivel de pobreza relativa es incomparablemente inferior a México) se acerca al valor mexicano con 17.5%. Ahora bien, en condiciones de aguda polarización del ingreso, para que se produzcan efectos de integración del mercado que puedan sostener la demanda efectiva, la economía debe crecer mucho más de lo que sería necesario si la desigualdad fuera menor. He ahí el círculo de hierro que se mantiene con el paso de las generaciones: el crecimiento no alimenta (dada la aguda desigualdad) una demanda efectiva capaz de producir un fuerte impulso endógeno y las autoridades políticas, con los bajos salarios, traban la capacidad del mercado interno para promover las necesarias economías de escala que puedan empujar la productividad. Simplificando, la baja productividad entorpece el crecimiento imponiendo bajos salarios compensatorios que limitan crecimiento y productividad. Romper este círculo vicioso requeriría de una mayor propensión a la inversión privada, una política de gasto público más enérgica (para modernizar las infraestructuras y favorecer las regiones más atrasadas del país) y un tipo de cambio devaluado podría favorecer las exportaciones aumentando el costo de las importaciones y desplazando el foco del control de la inflación de la contención salarial al incremento de la productividad.

En distintos momentos de su historia económica México parecería haber tropezado con la misma piedra: la incapacidad de retroalimentación entre salarios y productividad. Como ocurre en estos años, también en la edad porfiriana las exportaciones crecieron a un ritmo asombroso (más de 6% durante tres décadas), mientras la producción agrícola (base fundamental de la economía de la época) crecía a un ritmo bastante inferior al aumento de la población,²⁶ con la consecuencia de una reducción de los salarios reales, el entorpecimiento de la movilidad social y mercados localmente estancados. Friedrich Katz registra la caída del crecimiento desde 1900 por la debilidad de la demanda interna.²⁷ El final del porfiriato comparte con el presente estos rasgos: exportaciones dinámicas que no pueden compensar un mercado nacional atónico que no proporciona un empuje suficiente al crecimiento económico.

Por extraño que pueda parecer quizás uno de los vicios mayores de los sistemas políticos mexicanos (el porfirismo antes y el régimen priista después) es su proclividad a una armonía definitiva. Maquinarias políticas proyectadas a su propia inalterable preservación más que a interactuar con el contexto evitando una excesiva rigidez sistémica. Salgamos por un momento de México para mirar al país desde otro ángulo contrastando las historias china y europea.

Las ciudades mercantiles de la Baja Edad Media europea fueron una forma exitosa de concentrar entre cintas amuralladas un potencial productivo (amenazado por la inseguridad circundante) que terminará por desbordar en su entorno y sobre el mundo por medio de la innovación tecnológica, el comercio de larga distancia y la eclosión y primacía de una riqueza siempre en movimiento por el éxito o el fracaso competitivo frente a un poder político propenso a usar la fuerza para conservarse inalterable. Desde la proto-modernidad de las ciudades mercantiles europeas comienza a invertirse una línea de causación que va desde el poder como control de la riqueza hacia la riqueza (con innovación y competencia) como control del poder. Capitalismo y modernidad desde ahí comienzan a definir sus perfiles. Europa no es una unidad política sino un espacio sin centro o, más bien, con diferentes centros rivales que, para alimentar sus ambiciones políticas, requieren innovación (sobre todo en la tecnología bélica) y disponibilidad de grandes riquezas que también requieren capacidad innovadora. Un equilibrio dinámico basado en el conflicto-competencia como un temblor subterráneo permanente que obliga a los actores económicos y políticos a adaptarse a circunstancias cambiantes o a perecer dejando espacio a otros actores más innovadores o agresivos.

Una situación invertida es la de la civilización china que hace más de dos milenios establece un centro imperial poderoso (material y simbólico) con un fuerte ejercicio del poder sobre economía, ciencia y tecnología, política local y ciudades sin autonomía. De ahí se forjan los factores de una estabilidad milenaria a pesar de crisis recurrentes y cambios dinásticos que, sin embargo, no impiden a mogoles o manchurianos (que llegan a dominar políticamente al país) buscar sinizarse como adaptación al poder centrípeto del centralismo imperial. Una estabilidad sistémica obtenida a un alto costo; la civilización china, tecnológicamente muy creativa no será capaz de refinar sus propios descubrimientos bajo la presión de una burocracia imperial más preocupada por la persistencia del sistema que por el desarrollo de innovaciones que pudieran haber debilitado la coherencia del conjunto fortaleciendo agentes independientes de cambio.²⁸ Una especie de síndrome soviético ante litteram. Y aunque los chinos estuvieron en la vanguardia mundial en la artillería en algún momento, “Cuando Vasco da Gama arribó a Calicut la artillería europea era incomparablemente más poderosa que cualquier tipo de cañón nunca construido en Asia […] y su estruendo bastó para convertir [a los pueblos asiáticos] a la fe de Jesús Cristo”.²⁹

Guardando proporciones y contextos, ¿es descabellado transferir el razonamiento relativo a la China dinástica y su secular instinto conservador al México antes porfiriano y después priista? O sea, a la formación histórica de élites políticas más interesadas en garantizar su perdurabilidad, en oficiar ritos de unanimidad y tejer redes viscosas de clientelas que a interpretar y administrar procesos de cambio capaces de producir un Estado más creíble y eficaz y una sociedad menos desigual. Hasta ahora la historia del México independiente pasa o por largos períodos de ingobernabilidad o por prolongadas fases de estabilidad más o menos autoritaria. El porfirismo pareció, antes, inmunizar al país del peligro del retorno a la inestabilidad posterior a la Independencia. El PRI, después, cumplió tal vez la misma tarea frente al peligro del retorno a la matazón de inicios del siglo XX mexicano. En el intento de evitar los dos riesgos mencionados cualquier costo no pareció excesivamente elevado. Sin embargo, la estabilidad institucional mexicana, sobre todo en referencia a la convulsionada historia política latinoamericana del siglo XX, fue una ventaja sólo parcialmente capitalizada. Una ventaja con costos, como en el caso chino. Adquirir la fidelidad de diversos grupos de trabajadores al sistema de un partido casi-único a lo largo de décadas significó, entre otras cosas, convertir la educación pública mexicana en una maquinaria social e institucional de muy baja calidad con consecuencias incalculables para la cultura y el desarrollo del país. Y algo similar puede decirse por el despilfarro de recursos en empresas públicas como Pemex convertidas en reductos de sindicalistas millonarios o en sectores como el eléctrico caracterizados por sobre-empleo y salarios desproporcionados a la productividad. Un observador registra con asombro como las tarifas eléctricas en la primera década del nuevo siglo son más altas en México que en Estados Unidos y cómo los salarios de los trabajadores del sector están entre los más altos del país.³⁰ En otros términos, o salarios misérrimos o salarios exorbitantes como costo asociado a sindicatos que venden su fidelidad al régimen. Para no mencionar otros costos de eficiencia sistémica y de credibilidad institucional, como la subordinación de la fiscalía (PGR) al gobierno o la falta de independencia efectiva de la magistratura. Que políticos de primer nivel sean enjuiciados por actos de corrupción, como ocurre en Brasil, al estado actual de las cosas sería inconcebible en México. Moraleja: el educador sigue sin ser educado. La estabilidad ha tenido subproductos indeseables en términos de ineficiencia, impunidad política y descreimiento colectivo hacia la política y, peor aún, hacia la propia acción social organizada. Que la estabilidad política pueda darse sin partidos que terminen por confundirse con el Estado y que el desarrollo pueda avanzar sin una alta segmentación social son probablemente los retos mayores del siglo XXI que México hereda del siglo anterior.

NOTA FINAL

Hay un pueblito en la franja noroccidental de la Ciudad de México, donde el tránsito es obligado para quien viaja en esta parte de la gran ciudad. Hace algo más de treinta años el cruce del poblado ya era razón de pesadumbre por lo estrecho de la calle principal debido a autos, camiones y autobuses circulantes o estacionados en las orillas con el efecto de estrangular una ya angosta superficie transitable. A los lados, casas grises de dos plantas con un uniforme aspecto de no estar terminadas y tiendas con sus mercancías (plásticos de varias formas, bolsas de papas fritas, vaporosos vestidos de tul para la primera comunión, artículos de ferretería, etcétera) desbordantes sobre aceras desniveladas y sin señas visibles de mantenimiento, postes oxidados y atascos de una circulación en que los automovilistas debían transgredir las leyes de la física para pasar y dejar pasar. Casi dos generaciones después, contra toda confianza en la marcha del progreso, es lo mismo, pero peor. A la entrada del pueblo se forman a veces filas de kilómetros que avanzan con la lentitud de una agonía interminable. La falta de regulación al interior del pueblo se desborda en forma de caos en su exterior. El lugar está envuelto en una nube tóxica estacionaria de polvo y dióxido de carbono; los peatones deben mantener alerta todos sus reflejos para no quedar aplastados por una masa ruidosa y maloliente de acero sobre ruedas. Por tan escrutadora que sea la mirada no es discernible seña alguna de presencia del Estado. Ninguna indicación que en las últimas décadas la intervención de los funcionarios del pueblo o de la gran ciudad a la que pertenece, haya mejorado la existencia de los habitantes de la zona. Pero, siendo que, aunque no se vea, el Estado existe y ha existido, la pregunta obligada es: ¿para qué? además del cumplimiento de un rito del que es arduo reconocer alguna utilidad colectiva.

En una curva de la calle principal está la entrada de un estacionamiento, casi siempre semivacío, y ahí, en la rampa de acceso, los mismos baches de hace décadas (u otros, difícil saberlo), convertidos en charcos lodosos en la estación de lluvias. La impresión general es de un equilibrio angustiante entre ciudadanos que parecerían acostumbrados a la ausencia de toda disciplina pública y una autoridad que, suponiendo que fuera capaz de promover algún proyecto de mejora, da prueba reiterada, a pesar del paso de las generaciones, de desinterés y pusilanimidad en hacer valer cualquier clase de orden dirigido al interés colectivo. La autoridad se legitima en no hacer. Resultado: el tiempo pasa inútilmente y lo mejor que puede ocurrir es que las cosas permanezcan como antes, como si aquello que no estaba bien en el pasado fuera el mejor horizonte posible para el futuro.

Frente a este escenario se pueden disolver todas las responsabilidades igualando ciudadanos y autoridades pero es un camino demasiado fácil, además de ser una auto-absolución general de la autoridad política en un mar benevolente de homologación antropológica. La única razón para la existencia de la autoridad política es que encarne, si bien en distintas formas, lo mejor de la ciudadanía; si no es así, su misma existencia es de dudoso sentido. Pero, aparentemente, el Estado existe aquí sólo para reproducirse a sí mismo. Difícil percibir otras razones. Y este no es el problema de un pueblito en la periferia de la capital mexicana; es el problema de México. Lo cual es una simplificación pero no una deformación.

NOTAS

IDAS Y VUELTAS

¹ Desde 1925, como director artístico de un teatro romano, Luigi Pirandello instruía a los actores para que se identificaran con sus personajes. Interpretando los deseos del director, una de sus actrices tomó la costumbre de pegar en la puerta de su vestidor el nombre de los personajes que sucesivamente iba interpretando (véase L. P., Tutti i romanzi. Uno, nessuno e centomila, p. 13).

² Un asunto ya planteado en referencia al periodo posterior a la Independencia, cuando los conservadores veían muchos elementos de la Nueva España como constitutivos de un México eterno (véase Edmundo O’Gorman, La supervivencia política novo-hispana, p. 39).

³ Que en forma abierta incluye sociedades modernas que reinciden, con mayor o menor deriva, en las rutas establecidas en su propio pasado como path dependency.

⁴ Los presocráticos, pp. 67-68.

⁵ Alfredo López-Austin, Tamoachan y Tlalocan, p. 174 y ss.

⁶ Friedrich Nietzsche, La ciencia jovial, p. 200.

⁷ M. Eliade, El mito del eterno retorno pp. 102 y 109, respectivamente.

⁸ Ilya Prigogine, El nacimiento del tiempo, pp. 27-28.

⁹ Emile Cioran y Constantin Noica, L’amico lontano, p. 75.

¹⁰ Daniel Sabet, Police Reform in Mexico, pp. 27-28 y Wil G. Pansters, “Book Review”, en European Review of Latin American and Caribbean Studies, núm. 5 (octubre 2013), pp. 129-130.

¹¹ Madame Calderón de la Barca, La vida en México, p. 256. Lo que nos devuelve a La voluntad y la fortuna de Carlos Fuentes, quien se pregunta: “¿Eran falsos policías? ¿O eran sólo policías reales dedicados al crimen?”.

¹² Octavio Paz, El laberinto de la soledad, pp. 133-134.

¹³ E. O’Gorman cuestionaba el mito de la revolución que se mantiene después del enfrentamiento armado en nombre de una pretendida “familia revolucionaria” (véase México, el trauma de su historia, pp. 92-96).

¹⁴ Luis Villoro, El proceso ideológico de la revolución de Independencia, p. 202 y O. Paz, “Crítica de la pirámide”, en Postdata [1970], en El laberinto de la soledad, p. 314.

¹⁵ Francisco I. Madero, La sucesión presidencial en 1910, p. 243.

¹⁶ Cf. C. Paul, C. P. Clarke y C. C. Serena, Mexico is not Colombia, p. 47.

¹⁷ Para Luis Mora gran parte de los problemas mexicanos del siglo XIX provenía del corporativismo, cuyo “espíritu de cuerpo destruye el espíritu nacional” (apud François-Xavier Guerra, “La revolución mexicana en una perspectiva secular”, en Leticia Reina y Elisa Servín (eds.), Crisis, reforma y revolución, p. 296).

¹⁸ Daniel Cosío Villegas, Historia moderna de México. La República Restaurada. La vida política, p. 57.

¹⁹ Vid. Hannah Arendt, Entre el pasado y el futuro, p. 159.

²⁰ Vid. Simon Schama, The Embarrasment of Riches; Slicher van Bath, Historia agraria de Europa occidental, 500-1850; Jeremy Atack y Peter Passell, A New Economic View of American History. Acerca de Tocqueville, Raymond Aron registraba que para él la democracia era más un estado de la sociedad que una forma de gobierno, vid. Ensayo sobre las libertades, p. 17.

²¹ Vid. Ugo Pipitone, La salida del atraso; Whang In-Joung, “Administration of land reform in Korea, 1949-1952”, en Korea Journal (octubre 1984); Loren Brandt y Thomas G. Rawski (eds.), China’s Great Economic Transformation.

²² Vid. el contraste entre Sicilia y Oaxaca en U. Pipitone, Modernidad congelada.

²³ La excepción (parcial) está dada por algunos países excomunistas de Europa centro-oriental (como Rumania, Bielorrusia, Ucrania o República de Moldavia), donde una baja calidad institucional convive con cierta equidad social.

PRIMERA RONDA: ALEMÁN, EL LICENCIADO REVOLUCIONARIO

¹ Ya desde fines de la Primera Guerra Mundial, Walther Rathenau, magnate industrial alemán y ministro de relaciones exteriores de la República Weimar, asesinado por militares nacionalistas en 1922, había comenzado a reflexionar alrededor de un capitalismo organizado capaz de superar un individualismo caótico en dirección de un capitalismo corporativo a mitad de camino entre empresa privada y administración pública (vid. W. Rathenau, L’economía nuova, pp. 25-26 y la introducción de Lucio Villari).

² Especialmente significativos los intentos (fallidos) tanto de la administración sindical de los ferrocarriles como del experimento del ejido colectivo. Para este último propósito, cf. Salomon Eckstein, El ejido colectivo en México.

³ Cf. Joe C. Ashby, Organized labor and the Mexican revolution under Lázaro Cárdenas, p. 132 y ss.

⁴ La “Red Alemán”, como es llamada por Jorge Gil Mendieta, seguirá ocupando —por medio de hombres como Antonio Ortiz Mena o Ramón Beteta— puestos estratégicos en los gobiernos sucesivos (cf. Samuel Schmidt, Estudios sobre la red política en México, p. 53). Acerca de la discontinuidad en los cargos públicos en la segunda mitad de los años cuarenta, vid. Peter H. Smith, Los laberintos del poder, pp. 176 y 189.

⁵ Salvador Novo, La vida en México en el período presidencial de Miguel Alemán, pp. 199 y 205, respectivamente.

⁶ “Cuando bajo Alemán la corrupción llegó a asumir proporciones inconmensurables, no fue denunciado públicamente su enriquecimiento personal, sino el de sus colaboradores […]. El profundo respeto ante el cargo es grande: lleva inherente algo de sagrado” (Robert K. Furtak, El partido de la revolución y la estabilidad política en México, p. 151).

⁷ M. Eliade, Lo sagrado y lo profano pp. 80 y 84.

⁸ Vid. D. Cosío Villegas, La sucesión presidencial, p. 96.

⁹ Miguel Alemán contesta, p. 15.

¹⁰ J. E. Pacheco, Las batallas en el desierto, p. 10.

¹¹ Vid. Francisco Suárez Farías, “La élite política”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 50, núm. 3 (1988), p. 315.

¹² D. Cosío Villegas, La crisis de México, p. 26. Seis décadas después, volviendo la mirada hacia atrás, otro estudioso mexicano define a los legisladores como eunucos serviles del presidente (vid. Ramón Eduardo Ruiz, Why a Few are Reach and the People Poor, p. 149).

¹³ O. Paz, Postdata (Crítica de la pirámide), en El laberinto de la soledad, pp. 310 y 312, respectivamente.

¹⁴ Soledad Loaeza, “Modernización autoritaria a la sombra de la superpotencia”, en Nueva historia general de México, p. 657 y ss.

¹⁵ Apud Tzvi Medin, El sexenio alemanista, p. 54.

¹⁶ R. Usigli, Un día de estos, en Teatro completo de Rodolfo Usigli, t. II, p. 535.

¹⁷ En el periodo cardenista, el incremento había sido de 35% (vid. Antonio Carrillo Flores, “Prácticas, métodos y problemas del financiamiento del desarrollo económico de México”, en Problemas agrícolas e industriales de México, vol. II, núm. 1, 1950, pp. 24-25, e INEGI, Estadísticas históricas de México, vol. II). México, 1994.

¹⁸ M. Alemán Valdés, Remembranzas y testimonios, p. 368.

¹⁹ INEGI, Estadísticas históricas de México, vol II.

²⁰ T. Medin, op. cit., p. 45.

²¹ Cf. Blanca Torres, Historia de la Revolución Mexicana, 1940-1952, pp. 26 y 45.

²² Cf. Ifigenia Martínez Navarrete, La distribución del ingreso y el desarrollo económico de México, pp. 87-88 y 93-95.

²³ Cf. R. E. Ruiz, op. cit., p. 172.

²⁴ Vid. Enrique Cárdenas, La hacienda pública y la política económica, 1929-1958, pp. 91-116, 129, y E. Cárdenas, “El mito del gasto público deficitario (1934-1956)”, en El Trimestre Económico, vol. 75, núm. 300 (2008), p. 830.

²⁵ Cf. INEGI, Estadísticas históricas de México, vol II. Como si la tasa de utilidad fuera la única variable del desarrollo económico de largo plazo y la demanda efectiva y la distribución del ingreso fueran variables irrelevantes.

²⁶ Frank Tannenbaum, Mexico, the struggle for peace and bread, p. 224.

²⁷ George S. Wise, El México de Alemán, p. 135.

²⁸ Sanford Mosk, “La revolución industrial en México”, en Problemas Agrícolas e Industriales de México, vol. III, núm. 2 (1951), p. 161.

²⁹ Vid. Miguel Sandoval Lara y Francisco Arroyo García, “Raúl Prebisch y la política económica mexicana, 1949-1970”, en El Trimestre Económico, vol. 56, núm. 222 (1989), p. 499.

³⁰ Raúl Prebisch, Nueva política comercial para el desarrollo, pp. 32-33.

³¹ Una famosa economista inglesa lo decía de manera muy sencilla: “El monto de producto que las empresas encuentran que es redituable producir es el que esperan vender” (Joan Robinson, Aspectos del desarrollo y el subdesarrollo, p. 46).

³² B. Torres, op. cit., p. 98.

³³ R. Vernon, El dilema del desarrollo económico en México, p. 205.

³⁴ Vid. Edward Luce, In spite of gods, p. 27.

³⁵ María Antonia Ramírez, “El modelo económico de la presidencia de Miguel Alemán”, en Will Fowler (ed.), Gobernantes mexicanos (1911-2000), t. II, p. 237n.

³⁶ S. Eckstein, op. cit., pp. 467 y 472.

³⁷ Oscar Lewis, Antropología de la pobreza, cinco familias, pp. 40-42.

³⁸ M. Alemán, Miguel Alemán contesta, p. 32.

³⁹ José Agustín, Tragicomedia mexicana, t. I, , p. 90 y Enrique Krauze, La presidencia imperial, pp. 122-123.

⁴⁰ Vasili Grossman, Todo fluye, pp. 267-268.

⁴¹ Vid. Gabriel Zaid, Adiós al pri, p. 207.

⁴² Elisa Servín, “Miguel Alemán o la desmesura del poder”, en Revista de la Universidad de México (diciembre 2002-enero 2003), p. 14.

SEGUNDA RONDA: SALINAS, EL TECNÓCRATA POPULISTA

¹ Elaboraciones estadísticas sobre datos del PIB per cápita sugieren que este indicador comienza a dar señales de debilidad de largo plazo desde inicios de los años setenta del siglo pasado. Una tendencia que resultará maquillada por el boom petrolero de esa década puede consultarse en: Sean M. Dougherty, “Boosting growth and reducing informality in Mexico”, en OECD Economic Department, Working Papers, núm. 1188 (2015), p. 7 (vid. gráfica).

² C. Fuentes, “Maquiavelo en palacio”, en Nexos (mayo 1999), p. 37.

³ Vid. Alan Knight, “Salinas y el liberalismo social en el contexto histórico”, en Repensar la Revolución mexicana, vol. II, que habla de “antiguos disidentes readmitidos en el redil” (p. 185) y Enrique Serna, Genealogía de la soberbia intelectual, pp. 159-160.

⁴ Denise Dresser, Salinastroika without Prisnost: Institutions, coalition-building and economic reform in Mexico, p. 426.

⁵ Apud Rolando Cordera y Ricardo Rocha, México, los años del cambio, p. 15.

⁶ Ibidem, p. 24.

⁷ Frente al persistente cuestionamiento de la izquierda (la oposición de derecha reconoce pronto al nuevo presidente a cambio de varias concesiones), Salinas se vuelve rehén de los dinosaurios del partido, señala Miguel Ángel Centeno en “La revolución salinista. La crisis de la tecnocracia en México”, en Nueva Sociedad, núm. 152 (1997), p. 78 y ss.

⁸ Vid. Andrew Reding, “Mexico under Salinas: A Facade of Reform”, en World Policy Journal, vol. 6, núm. 4 (1989), pp. 64-70 y Arturo Alvarado Mendoza, Rafael Loyola Díaz y Liliana Martínez Pérez, “Partido Revolucionario Institucional: Contexto, situación política y escenarios electorales”, en Mexican Studies / Estudios Mexicanos, vol. 13, núm. 2 (1997), p. 328.

⁹ Vid. Carlos Alba Vega, “Los empresarios y el Estado durante el salinismo”, en Foro Internacional, vol. 36, núm. 1/2 (1996), p. 39.

¹⁰ Vid. Enrique Cárdenas, La política económica en México, 1950-1994, pp. 153-164.

¹¹ Cf. Andrés Villarreal, “Public Opinion of the Economy and the President among Mexico City Residents: the Salinas sexenio”, en Latin American Research Review, vol. 34, núm. 2 (1999), p. 146.

¹² Vid. Bernardo Mabire, “El fantasma de la antigua ideología y su resistencia al cambio de la política exterior en el sexenio de Salinas de Gortari”, en Foro Internacional, vol. 34, núm. 4 (1994), pp. 552-553.

¹³ Tomás Borge, Salinas, los dilemas de la modernidad, donde, sin comentarios, se registran las declaraciones de Genaro Borrego (antes gobernador de Zacatecas y después director del Instituto Mexicano del Seguro Social) que, refiriéndose a Salinas, dice: “Un presidente revolucionario que responde con hechos, transforma, guía el cambio, remueve obstáculos, derrumba mitos, crea una nueva, alentadora realidad” (p. 166). Refrendo posmoderno de una pauta antigua de cultura cortesana en el enaltecimiento de la figura presidencial.

¹⁴ Aunque, en un intento de transposición interesada, uno de los hombres más característicos del gobierno salinista, Manuel Camacho Solís, hiciera una apología de la experiencia de Singapur y de su carismático presidente Lee Kuan Yew en una conferencia en Princeton en 1992, vid. M. A. Centeno, Democracy within Reason. Technocratic Revolution in Mexico, p. 222.

¹⁵ Cf. Jaime Sánchez Susarrey, El combate político e intelectual en México, p. 109.

¹⁶ Chappell Lawson, “Development and democratization in Mexico: a state level analysis of political change”, en Policy Studies Review (verano-otoño 1998), p. 30.

¹⁷ Vid. Cristopher Ballinas Valdés, “La redefinición de los espacios públicos. Formación y trayectorias de la élite gubernamental”, en Foro Internacional, vol. 41, núm. 3 (2001), pp. 533-534.

¹⁸ Vid. Rogelio Hernández Rodríguez, “Inestabilidad política y presidencialismo en México”, en Mexican Studies / Estudios Mexicanos, vol. 10, núm. 1 (1994), p. 198.

¹⁹ Vid. Adriana Amezcua y Juan E. Pardinas, Todos los gobernadores del presidente.

²⁰ Vid. la nota de Alan Riding en The New York Times, 2 de febrero 1990.

²¹ Robert Pastor, Post-Revolutionary Mexico: The Salinas Opening, s/p.

²² Si en EU se sostiene, en nombre del “materialismo histórico”, que acercarse a ese país significa aumentar la pobreza en México (Suzanne Soederberg, “From neo-liberalism to social liberalism”, en Latin American Perspectives, vol. 28, núm. 3, 2001, p. 115) y desde México responde el exsecretario de Hacienda Jesús Silva-Herzog comentando con elegancia el inicio de las negociaciones trilaterales: “México debería haber esperado una caricia antes de bajarse los pantalones”.

²³ Cf. Jaime Serra Puche, El TLC y la formación de una región, pp. 16-22.

²⁴ V. Mark Weisbrot, Stephan Lefebvre y Joseph Sammut, ¿El TLCAN ayudó a México? Una valoración tras 20 años, Center for Economic and Policy Research, febrero 2014, pp. 1-6.

²⁵ OECD Economic Surveys, Mexico 2013, p. 18.

²⁶ Juan Carlos Moreno-Brid y Jaime Ros Bosch, Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana, p. 265.

²⁷ María del Carmen Pardo López, “La política social como dádiva del presidente”, en Foro Internacional, vol. 36, núms. 1-2 (1996), pp. 297-305.

²⁸ Vid. Judith Teichman, “Neoliberalism and the transformation of Mexican authoritarianism”, en Mexican Studies / Estudios Mexicanos, vol. 13, núm. 1 (1997), p. 145; para A. Knight Pronasol es la “reificación discursiva del liberalismo social”, una combinación ecléctica de paternalismo y positivismo social (op. cit., pp. 180-182).

²⁹ Vid. Alejandro Guevara Sanginés, “Programa de alivio a la pobreza en México: un ejercicio de evaluación”, en Mónica Serrano y Victor Bulmer-Thomas (eds.), La reconstrucción del Estado (México después de Salinas), pp. 240-248.

³⁰ La experiencia de descentralización con participación social en el estado de Kerala, en el sur de la India, es relatada en U. Pipitone, Modernidad congelada, pp. 175-188.

³¹ Vid. Francisco Ibarra Palafox, La privatización bancaria en México, p. 378.

³² En realidad, hasta hoy queda la duda de si la oposición era dirigida al sistema político mexicano, al PRI o a Salinas.

³³ Frente al fraude electoral en las elecciones a gobernador en San Luis Potosí en 1991, el PAN se muestra desconfiado hacia su representante regional (Salvador Nava) que se había aliado localmente con el PRD en una oposición tajante hacia el partido de Estado (cf. A. Amezcua y J. E. Pardinas, op. cit., p. 125 y ss).

³⁴ Apud Jorge G. Castañeda, La herencia, p. 278.

³⁵ “Salinas y el liberalismo social en el contexto histórico”, en Alan Knight, Repensar la Revolución mexicana, p. 182.

³⁶ Adolfo Aguilar Zinser, ¡Vamos a ganar!, Oceano, México 1995, p. 453.

³⁷ D. Dresser, op. cit., p. 407.

³⁸ Vid. Carlos Montemayor y Miguel Tinker Salas, “Which PRI wants to win the election?”, en Latin American Perspectives, vol. 33, núm. 2 (2006), pp. 90-91.

³⁹ A. Aguilar Zinser, op. cit., pp. 438-439.

⁴⁰ Vid. Jean François Prud’homme, “Elecciones, partidos y democracia”, en Victor M. Durand Ponte, La construcción de la democracia en México, p. 93 y José Antonio Crespo, Urnas de Pandora, p. 62.

⁴¹ Cf. James George Frazer, La rama dorada, p. 31.

⁴² En 1993 el gobierno mexicano discute la posibilidad de devaluar el peso para reequilibrar las cuentas externas, una decisión que no se toma en parte por evitar un repunte de la inflación (que tanto había costado reducir desde su pico en 1987) y en parte por la suposición que el ingreso de IED incrementaría finalmente la productividad con la consiguiente corrección de las cuentas externas (vid. Enrique Cárdenas, La política económica en México, 1950-1994, p. 185 y J. C. Moreno-Brid, J. Ros Bosch, op. cit., p. 26.

⁴³ Carlos Salinas de Gortari, México, un paso difícil a la modernidad, p. 1263.

TERCERA RONDA: FOX, LA TRANSICIÓN FALLIDA

¹ Sobre la “transición mexicana”, el abanico de interpretaciones es muy amplio. Una de ellas es que comenzó en 1977, cuando se abrió la Cámara de Diputados a los partidos de oposición y se concluyó en 1997 cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la misma Cámara (vid. Jacqueline Peschard, “Transición democrática, conflictividad política y la herida de la desconfianza”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, año LVIII, núm. 216, 2013, p. 272). Una visión que se centra en las elecciones sin asumir el carácter sistémico de un régimen presidencial corporativo y clientelar.

² George W. Grayson, Changing of the guard, p. 4.

³ Miguel Ángel Granados Chapa, Fox & Co. Biografía no autorizada, p. 158 y ss.

⁴ A fines del siglo XX, México produce dos máscaras: el subcomandante Marcos y Vicente Fox: un escritor de cananas cruzadas y un presidente ranchero. Como dice el poeta Javier Sicilia, otra versión del contraste entre Zapata y Madero. Que, sin embargo, comparten ahora una similar desconfianza hacia los partidos políticos (vid. Anne Huffschmid, “El nuevo teatro mexicano: La performance política de Fox y Marcos”, en Iberoamericana, vol. 1, núm. 2, 2001, p. 129 y ss.).

⁵ Una nota personal. Cuando quien escribe, a fines de los años setenta, era director de una maestría en ciencias sociales en Chilpancingo, Guerrero, vivía en el pueblo cercano de Tixtla y cada mañana viajaba en coche a la capital del estado. Una mañana se encontró con una gran roca desprendida por las lluvias de la ladera del cerro y que ocupaba el centro de la carretera. Sólo era posible pasar con maniobras arriesgadas al borde del precipicio para librar el obstáculo. En la tarde, de regreso a Tixtla, la roca seguía en el mismo lugar. Pero había un cambio. Ahora presentaba en un perfectamente diseñado fondo tricolor, tres letras: p, r, i. Y no era fácil entender si el letrero había sido diseñado por el partido en cuestión o por sus malévolos oponentes.

⁶ M. Delal Baer, “Mexico at an impasse”, en Foreign Affairs, vol. 83, núm. 1 (2004), p. 101.

⁷ Darren Wallis, “Outfoxing Leviathan: campaigning down Mexico way”, en Journal of Public Affairs, vol. 1, núm. 3 (2001), pp. 237-238.

⁸ Brandon Rottinghaus e Irina Alberro, “Rivaling the PRI: the image management of Vicente Fox and the use of public opinion polling in the 2000 Mexican election”, en Latin American Politics and Society, vol. 47, núm. 2 (2005), pp. 145-54 y Carlos Casillas y Alejandro Mújica, “Mexico: new democracy with old parties?”, en Politics, vol. 23, núm. 3 (2003), pp. 176-177.

⁹ El PIB de México pasa de 6.6% en 2000 a -0.1% en 2001 (el primer año de Fox), acentuando el descenso cíclico de la economía mundial y de Estados Unidos (vid. Banco de México, Informe Anual 2003, pp. 22-25).

¹⁰ El poder obstruccionista de un Congreso opositor al presidente había sido subrayado en otro contexto algunos años antes por Norman Mailer en referencia a su país. “Muy pocos de los programas propuestos [por Bill Clinton] serían viables una vez que cayeran entre las garras del Congreso republicano. Y nada de lo que lograra hacer cambiaría mucho las cosas”, en América (The time of our time, 1998), p. 562.

¹¹ Según Jorge Castañeda —primer secretario de relaciones exteriores de Fox—, la idea del aumento del IVA le había venido al futuro presidente por medio del jurista y político Roberto Mangabeira, quien sostenía la necesidad de esta medida en América Latina a pesar de su aparente efecto regresivo (vid. “Introducción” a Vicente Fox: sueños, retos y amenazas, p. 11).

¹² Frente a un gasto social entre 15 y 20% del PIB en los países de la OCDE, México apenas llegaba a 6% en 2003 (vid. Estudios Económicos de la OCDE, México 2002-2003, p. 186), sin considerar que aquí la distribución del ingreso era sustancialmente la misma antes y después de los impuestos, a diferencia del resto de los países de la OCDE, donde después de impuestos la distribución del ingreso mejoraba, especialmente gracias al gasto público, entre 10 y 20 puntos en el índice de Gini (vid. Estudios Económicos de la OCDE, México 2011, p. 85).

¹³ Cf. César Cansino y Francisco Valdés Ugalde, “La reforma del Estado en México: Qué, cómo, cuándo y por qué”, en Este País (agosto 2004), p.28.

¹⁴ Vid. Jeffrey Weldon, “State reform in Mexico: progress and prospects” en Armand B. Peschard-Sverdrup y Sara R. Rioff (Eds.), Mexican governance. From single party to divided government, pp. 62-82.

¹⁵ Entrevista a Jorge Castañeda en Carmen Aristegui y Ricardo Trabulsi, Transición, p. 84.

¹⁶ José Woldenberg, Después de la transición, p. 106.

¹⁷ Francisco Reveles Vázquez, “La política interior: ‘Gobernabilidad democrática’ para la conservación del poder”, pp. 44-45.

¹⁸ Vid. María del Carmen Pardo, “La propuesta de modernización administrativa en México: entre la tradición y el cambio”, en Foro Internacional, vol. 50, núm. 2 (2010), pp. 414-5 y José Luis Mendez, “El servicio profesional de carrera en la administración pública federal”, Manuel Ordorica, Jean-François Prud’homme (eds.), Los grandes problemas de México, vol. IV, pp. 135-136.

¹⁹ Adolfo Durazo, Saldos del cambio, pp. 163-164. Al margen, y para ilustrar el folclor cortesano y la indigencia política, el presidente Fox en una ocasión mencionó a su secretario particular acerca de las ambiciones de su mujer diciendo: “Estamos investigando si es más conveniente que sea una figura como Evita Perón o como Hillary Clinton” (p. 237).

²⁰ Ernesto López Portillo, “La gestión de Vicente Fox en materia de seguridad pública y justicia penal” en Adolfo Sánchez Rebolledo (ed.), ¿Qué país nos deja Fox?, p. 28.

²¹ Jo Tuckman, México, democracia interrumpida, p. 88.

²² George W. Grayson, “Running after a fallen Fox”, en Harvard International Review, vol. 27, núm. 1 (2005), p. 24.

²³ Sergio Aguayo Q. y Javier Treviño R., “Fox y el pasado. La anatomía de una capitulación”, en Foro Internacional, vol. XLVII, núm. 2 (2007), p. 732.

²⁴ Según dos observadores estadunidenses, por falta de habilidad y finesse políticas y por el caos al interior y entre los partidos, se creó una parálisis política con creciente fatiga para las reformas y el resultado fue un “presidente cojo apenas a la mitad de su recorrido” (Carol Wise y Robert Pastor, “The lost sexenio: Vicente Fox and the new politics of economic reform in México”, en Latin American Politics and Society, vol. 47, núm. 4, 2005, pp. 136 y 140).

²⁵ Cf. Felipe Hevia de la Jara, “De Progresa a Oportunidades: Efectos y límites de la corriente cívica en el gobierno de Vicente Fox”, en Sociológica, año 24, núm. 70 (2009), pp. 57-70.

²⁶ Vid. José Muñoz Cota Callejas, El Consejo Coordinador Empresarial en el sexenio de Vicente Fox, pp. 89-101.

²⁷ The Economist, 8 de septiembre de 2005 y 31 de agosto de 2001.

²⁸ Vid. U. Pipitone, La esperanza y el delirio, pp. 314-334.

²⁹ Vid. Rubén Aguilar y Jorge Castañeda, La diferencia. Radiografía de un sexenio, pp. 155-61 y Andrés Rozental, “Fox’s foreign policy agenda: global and regional priorities”, en Luis Rubio y Susan Kaufman Purcell (eds.), Mexico under Fox, pp. 91-94.

³⁰ Vid. Graciela Márquez y Lorenzo Meyer, “Del autoritarismo agotado a la democracia frágil: 1985-2010”, en Nueva historia general de México, p. 782 y Erika Ruiz Sandoval, “La política exterior durante el sexenio de Vicente Fox: mucho discurso y pocas nueces”, en Foro Internacional, vol. XLVIII, núms. 1-2 (2008), p. 67.

³¹ Rafael Velázquez Flores, “Balance general de la política exterior de México, 2000-2006”, en Foro Internacional, vol. XLVIII, núms. 1-2 (2008), p. 105, mismo autor que responsabiliza a Fox que la política exterior no haya contribuido al crecimiento económico (p. 119), como si la recesión mundial iniciada en 2000 y acentuada por el ataque a las Torres Gemelas y el clima de constante hostigamiento interno de PRI y PRD no hubieran tenido efectos sobre el desempeño económico del país.

³² Soledad Loaeza, “Vicente Fox presidential style and the new Mexican presidency”, en Mexican Studies / Estudios Mexicanos, vol. 22, núm. 1 (2006), p. 27.

³³ G. Márquez y L. Meyer, op. cit., p. 782.

³⁴ La izquierda “vivió el tránsito a la democracia como si asistiera a su propio funeral”, dice Roger Bartra en, “La dictadura no era perfecta”, José A. Aguilar Rivera (ed.), México, crónicas de un país posible, p. 301.

³⁵ Aguilar Zinser dice: Así se cerró el ciclo iniciado en 1988 “con los mismos cartabones y consignas” (op. cit., p. 434).

³⁶ Francisco Ortiz Pinchetti y Francisco Ortiz Pardo, El fenómeno Fox. La historia que Proceso censuró, p. 66.

³⁷ Vid. Malik Tahar Chaouch y Daniel Carrasco Brihuega, “Cambio político y consolidación democrática en México”, en Desafíos (Bogotá), núm. 19 (2008), p. 202.

³⁸ Apud C. Aristegui y R. Trabulsi, op. cit., pp. 30-33.

³⁹ Hugo Sánchez Gudiño, Entre Fox y una mujer desnuda, p. 145.

⁴⁰ Vid. Lino Korrodi, Me la jugué, pp. 39 y ss, 183.

⁴¹ G. Márquez y L. Meyer, op. cit., p. 785.

⁴² L. Meyer, El espejismo democrático, p. 139.

⁴³ Alejandra Lajous, Vicente Fox, el presidente que no supo gobernar, p. 67.

⁴⁴ Daniel Hiernaux-Nicolas, “El Plan Puebla Panamá: ¿una nueva visión del desarrollo regional?”, en Lecturas críticas del Plan Puebla Panamá, pp. 311- 321.

⁴⁵ Pensando en la Rusia de su tiempo, en 1892 escribía Anton Chéjov en El pabellón número seis: “Hace falta que la sociedad se mire conscientemente a sí misma y se horrorice”.

⁴⁶ Robert S. Leiken, “With a friend like Fox”, en Foreign Affairs, vol. 80, núm. 5 (2001), p. 102.

⁴⁷ A. Aguilar Zinser, http://vlex.com/vid/entrevista-adolfo-aguilar-zin ser-deshonro-82010557.

CUARTA RONDA: PEÑA NIETO, EL RETORNO SIN ALIENTO

¹ Rogelio Hernández Rodríguez y Wil G. Pansters, “La democracia en México y el retorno del PRI”, en Foro Internacional, vol. 52, núm. 4 (2012), p. 756.

² El PRI que vuelve a la presidencia no ha pasado por ninguna renovación interna, política o cultural, y en la campaña electoral evita cuidadosamente toda posición neta que pueda amenazar su unidad interna (vid. Manuel Villa Aguilera, El Cotidiano, núm. 175, 2012). Un ecumenismo sin proyecto, salvo el retorno al poder.

³ Samuel Johnson, Escritos políticos, p. 170.

⁴ Aunque pueda haber una diferencia entre las causas de un fenómeno histórico y la secuencia de acontecimientos que lo refrendan en el tiempo, cf. James Mahoney, “Path dependence in historical sociology”, en Theory and Society, vol. 29, núm. 4 (2000), p. 507 y ss.

⁵ Erich Fromm, El miedo a la libertad, p. 266.

⁶ Vid. Edward C. Banfield, The moral basis of a backward society (1958) y Robert Putnam, Making democracy Work (1993). Ambos libros son reflejos analíticos y circunstanciales de una compleja historia italiana de la modernidad preliberal de las ciudades mercantiles de la baja Edad Media en el norte y de una tradición de latifundio y servidumbre predominante (aunque no exclusiva) en el sur del país.

⁷ James Loxton, “Authoritarian successor parties”, en Journal of Democracy, vol. 26, núm. 3 (2015), p. 160.

⁸ Vid. Mónica Uribe, El Cotidiano, núm. 178, 2013.

⁹ Rafael Loret de Mola, 2012: La sucesión, p. 126.

¹⁰ “Chronicle of a victory foretold”, en Mexico’s Evolving Democracy, p. 35.

¹¹ Vid. Francisco Cruz, Los golden boys, p. 63.

¹² Vid. Rafael Rodríguez, El lado oscuro de Enrique Peña Nieto, p. 159 y Gabriel Corona Armenta, El Cotidiano, núm. 171 (2012).

¹³ Vid. Proceso, 12 junio de 2011.

¹⁴ F. Cruz, op. cit., p. 179.

¹⁵ Rosa M. Mirón Lince, El Cotidiano, núm. 187 (2014), y Juan C. Olmeda, María A. Armesto, “México: El regreso del PRI a la presidencia”, en Revista de Ciencia Política, vol. 33, núm. 1 (2013), pp. 250 y ss.

¹⁶ John M. Ackerman, “Instituciones electorales, derecho a la información y medios de comunicación durante las campaña presidenciales de 2012”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. LVIII, núm. 219 (2013), pp. 55-56.

¹⁷ El País, 2 de julio de 2012.

¹⁸ Héctor Aguilar Camín y Jorge C. Castañeda, “Mexico’s age of agreement”, en Foreign Affairs, vol. 91, núm. 6 (2012), pp. 23-24.

¹⁹ Jorge I. Domínguez, “Mexico’s 2012 presidential election”, en J. I. Domínguez et al. (eds.), Mexico’s Evolving Democracy, p. 268.

²⁰ Estudios Económicos de la OCDE, México, enero de 2015, p. 4.

²¹ Vid. Pamela K. Starr, “Mexico’s problematic reforms”, en Current History (febrero de 2014), pp. 52-54.

²² Foreign Affairs, vol. 93, núm. 1 (2014), p.10.

²³ OCDE, op. cit., pp. 27-28.

²⁴ Cristina Casanueva-Requart y Eric Bacilio-Avila, “Market competition following Mexico’s telecommunications and broadcasting reform”, en Ssrn.com/abstract=2585758 orhttp://dx.doi.org/10.2139.

²⁵ Por una acertada crítica a este programa que no puede enfrentar la combinación inquietante de desnutrición y obesidad entre los sectores más pobres de la sociedad mexicana, vid. Enrique C. Ochoa, “The cruzade against hunger”, en Nacla Report on the Americas, primavera 2014, pp. 37-40. Karen Cota, una periodista mexicana que había publicado en Milenio.com una investigación, mostrando los datos de la ineficacia del programa, fue orillada a presentar su renuncia el 7 de marzo de 2016, después que su medio recibió presiones por la misma secretaria, Rosario Robles, del programa mencionado, según denuncia de la periodista. En la mejor tradición de la censura revolucionario-institucional.

²⁶ Cf. Armando Chacón, “The priority of educaction in Mexico”, en Diana Villiers Negroponte (ed.), The end of nostalgia, p. 92 y ss. Un libro con un título curioso considerando su publicación un año después del retorno del PRI al poder.

²⁷ En la protesta del 25 de septiembre de 2013 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la columna de maestros y padres de familia solidarios era de más de seis kilómetros. En los dos años sucesivos en varias manifestaciones hubo secuestros de policías para intercambiar por maestros detenidos. En mayo de 2016, como forma de escarnio, miembros de la CNTE rapan públicamente en Chiapas a maestros y maestras considerados traidores por no sumarse a su declaración de huelga.

²⁸ El País titula así una nota del 12 de febrero de 2015: “México comenzó el siglo XXI sin saber cuántos maestros tiene”. Vid. también la entrevista a Olac Fuentes Molinar en Este País, núm. 277 (mayo de 2014), pp. 5-9 y Carlos Ornelas, Excélsior, 7 de enero de 2015.

²⁹ El Economista, 27 de enero de 2016.

³⁰ PRD y Morena se oponen a la reforma y varios observadores ligados a la memoria del nacionalismo cardenista consideran la reforma un “despojo a la nación” (vid. Rosío Vargas, “La reforma energética a 20 años del TLCAN”, en Problemas del Desarrollo, núm. 180 (enero-marzo de 2015), pp. 117-124.

³¹ Frente a delitos que sacuden a la conciencia pública, una de las locuciones socorridas en la jerga política de los altos funcionarios mexicanos (secretarios de Estado hasta llegar al presidente) es: “He dado (o recibido) instrucciones…”. O sea, si alguien no diera instrucciones las estructuras del Estado serían inoperantes. Girar instrucciones es una forma para compensar en las apariencias una endeble operatividad institucional. Los altos oficiales gritan órdenes todo el tiempo justamente porque saben que mandan a un ejército sin disciplina, con escaso sentido de responsabilidad colectiva y sin normas comunes verdaderamente aceptadas. “Girar instrucciones” como simulación compensatoria de la inoperancia.

³² O. Paz, El laberinto de la soledad, p. 47 y Nubia Nieto, “Corruption in Mexico: a historical legacy”, en Social Science Diliman (enero-junio de 2014), p. 103 y ss.

³³ Vid. Anna Grzymala-Busse, Rebuilding Leviathan, p. 3. La autora sostiene que la mayor limitante de la corrupción en los partidos fue la competencia entre ellos, y aquí, tal vez, la comparación con América Latina resulte más débil observando las experiencias: venezolana, desde fines de los años cincuenta; brasileña, desde la segunda mitad de los ochenta, o la mexicana, desde comienzos de este siglo.

³⁴ Vid. Faughnan Brian, Jonathan T. Hiskey y Scott D. Revey, “Subnational electoral context and corruption in Mexico”, en Journal of Politics in Latin America, vol. 6, núm. 1 (2014), p. 70, también vid. Gustavo Flores-Macías, “Mexico’s 2012 elections: the return of the PRI”, en Journal of Democracy, vol. 24, núm. 1 (2013), pp. 137-140.

³⁵ Cf. el interesante estudio sobre un municipio conurbado del Distrito Federal de Turid Hagene, “Political clientelism in Mexico: bridging the gap between citizens and the state”, en Latin American Politics and Society, vol. 57, núm. 1 (2015), p. 139 y ss. y Tina Hilgers, “Causes and consequences of political clientelism: México’s PRD in comparative perspective”, en Latin American Politics and Society, vol. 50, núm. 4 (2008), p. 147 que presenta una discutible conclusión acerca del clientelismo del PRD en la Ciudad de México como una forma de participación democrática en los asuntos colectivos (p. 147). Acerca de la reciprocidad en el sentido clásico, vid. Bronislaw Malinowski, Crimen y castigo en la sociedad salvaje, p. 35 y ss.

³⁶ IMCO, La corrupción en México: Tranzamos y no avanzamos, p. 99.

³⁷ Ibidem, p. 103.

³⁸ Vid. Mathieu Tromme y Miguel A. Lara Otaola, “Enrique Peña Nieto’s National Anti-corruption Commission and the challenges waging war against corruption in Mexico”, en Mexican Studies / Estudios Mexicanos, vol. 30, núm. 2 (2014), p. 574.

³⁹ Guillermo Cejudo y Sergio López Ayllón, “¿Un organismo anticorrupción? Opciones y riesgos”, en Este País, núm. 263 (2013), p. 30.

⁴⁰ Mauricio Merino, México: La batalla contra la corrupción, p. 11. A lo largo de gran parte del siglo XX, el PRI se ufanó de la Constitución de 1917 como la más avanzada del mundo. Y a la sombra de un texto notable se construyó una de las sociedades más desiguales del mundo y un sistema político presidencial-corporativo de dudosos rasgos democráticos.

⁴¹ Fatalidad del tiempo que retorna. En tiempos de Benito Juárez y Porfirio Díaz era frecuente que se contrataran bandidos como policías para imponer algún respeto a reglas de convivencia fatigosamente establecidas, vid. Paul J. Vanderwood, Desorden y progreso, pp. 79-83. La diferencia con la actualidad es obvia: ahora los delincuentes contratados responden a bandas criminales y no al Estado.

⁴² Elias Canetti registraba cómo Winston Churchill visitara los barrios de Londres bombardeados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para llevar la solidaridad del Estado a las víctimas, mientras Adolf Hitler nunca lo hizo frente a los habitantes de las ciudades alemanas bombardeadas por los aliados. Para este último se trataba de mantener en vida la imagen de la imbatibilidad del Tercer Reich: no había espacio para piedad o solidaridad, La conciencia de las palabras, pp. 241-242.

⁴³ Animal Político, 26 de septiembre de 2015, y Proceso, 18 de agosto de 2015.

⁴⁴ Dos siglos atrás, saludando la abolición de la tortura judicial en Rusia, escribía Pushkin en La hija del capitán: “[En tiempos pasados] se creía que la propia confesión del reo era imprescindible para su plena convicción: idea no sólo falta de fundamento, sino hasta opuesta en absoluto al sano sentimiento jurídico, pues si la negativa del reo no se admite como testimonio de su inocencia, tampoco debe considerarse su confesión como prueba de su culpabilidad”.

⁴⁵ El Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM informó que era difícil imaginar una pira funeraria ya que aquella noche, según información satelital, llovió en la zona (Reforma, 11 de diciembre de 2015).

⁴⁶ Animal Político, 13 de octubre de 2015.

⁴⁷ Animal Político, 10 de diciembre de 2014.

⁴⁸ Alan Knight sostiene que a fines del siglo XX el narco se refuerza gracias a un descomunal aflujo de riqueza por la nueva centralidad de la frontera mexicana en el trasiego de cocaína a Estados Unidos, justo en los momentos en que el Estado mexicano recorre una alternancia política que debilita su capacidad de control territorial. Razonamiento correcto a condición de recordar que la debilidad institucional viene de una larga historia de ritualidades sin control social (“War, violence and homicide in modern Mexico”, en Bulletin of Latin American Research, vol. 32, núm. 1, 2013, pp. 46-47. Vid. también David Shirk y Joel Wallman, “Understanding Mexico’s drug violence”, en Journal of Conflict Resolution, vol. 1, núm. 30, 2015, pp. 2-13).

⁴⁹ Tim Padgett, “In Mexico, History is repeating itself”, en Business Week, 15 de enero de 2015, sobre la débil capacidad del Estado para infiltrar las organizaciones criminales obteniendo información para su combate, vid. Eduardo Guerrero, “Towards a transformation of Mexico’s security strategy”, en The RUSI Journal, vol. 128 (junio-julio de 2013), p. 8 y ss.

⁵⁰ Andreas Schedler, En la niebla de la guerra, p. 12.

⁵¹ INEGI, Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2015, Aguascalientes, 30 de septiembre de 2015.

⁵² A. Schedler, op. cit., pp. 7-12.

⁵³ Vid. Mark Kleiman, “Surgical strikes in the drug wars”, en Foreign Affairs (septiembre-octubre de 2011), pp. 99-101 y Jocelyn Chi et al., Reducing drug violence in Mexico: options for implementing targeted enforcement, UCLA Burkle Center (mayo de 2013), p. 12.

⁵⁴ Vid. Salvador Maldonado Aranda, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de Michoacán”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 1 (2012), p. 29.

⁵⁵ Vid. Stuart S. Yeh, “Is an international treaty needed to fight corruption and the narco-insurgency in Mexico?”, en International Criminal Justice Review, vol. 22, núm. 3 (2012), p. 242 y ss.

CORTAR LAS REPETICIONES

¹ E. O’Gorman, México, el trauma de su historia, p. 57.

² Cf. Dani Rodrik, One economics. Many recipes, p. 39.

³ Cf. Michael Loewe, “The heritage left to the empires” en Edward L. Shaugnessy (ed.), The Cambridge History of Ancient China, p. 1003 y ss., Reinhard Bendix, Nation-building and citizenship, p. 224 y ss. y Masahiki Aoki, “The five phases of economic development and institutional evolution in China, Japan, and Korea”, M. Aoki et al. (eds.), Institutions and Comparative Economic Development, pp. 23-25 y Chalmers Johnson, Japan: who governs?, p. 21 y ss.

⁴ James A. Robinson, “Elites and institutional persistence”, en Alice H. Amsden et al. (eds.), The role of elites in economic development, p. 29.

⁵ Adrian Leftwich, “Theoring the state”, en Peter Burnell et al. (eds.), Politics in the developing world, p. 184.

⁶ Vid. Joul Lee y Kwangho Jung, “Public service ethics and anticorruption efforts in South Korea”, en Evan M. Berman, Public administration in East Asia, p. 402.

⁷ Vid. Eugenio Anguiano y Ugo Pipitone, China, de los Xia a la República Popular (2070 a.C.-1949), p. 42 y ss.

⁸ La política económica coreana desde comienzos de los años sesenta es ilustrativa del tránsito de un nacionalismo populista a un desarrollismo autoritario, vid. Jongryn Mo y Barry Weingast, Korean political and economic development, pp. 68-75.

⁹ Vid. Michael Puett, The Ambivalence of Creation, p. 25 y ss.

¹⁰ Chung-yuang Jan, “History and context of public administration in Taiwan” y Mengzhong Zhang, Wei Zhou, “Civil Service reforms in mainland China”, en E. M. Berman, op. cit., p. 157.

¹¹ Tokugawa Isunenari, The Edo Inheritance, p. 111.

¹² Idem.

¹³ Vid. Kenneth L. Sokoloff y Stanley L. Engerman, “Institutions, factor endowments, and paths of development in the new world”, en Journal of Economic Perspectives, vol. 14, núm. 3 (2000), p. 223.

¹⁴ J. Mo y B. Weingast, op. cit., p. 66.

¹⁵ Héctor Chávez Barrón, Luis Terrazas.

¹⁶ Judith A. Teichman, Social forces and states, p. 97 y ss.

¹⁷ Ibidem, p. 107.

¹⁸ L. Villoro, op. cit., pp. 206 y 221.

¹⁹ Apud Charles A. Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora (821-1853), p. 17.

²⁰ Alexis de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución, pp. 110 y 114-5. Tres años después, en 1859, en su Historia de dos ciudades, ambientada a fines del siglo XVIII, Dickens diseña con crudeza el abismo entre una Francia aristocráticamente inhumana en la defensa de sus privilegios y una Inglaterra que, a pesar de su moralismo, ha entrado en una etapa distinta de su historia.

²¹ Vid. D. M. Leipzinger et al., The distribution of income in Korea, p. 30.

²² Cálculos a partir de Base de datos de Cepalstat y Balance preliminar de la Cepal 2015.

²³ Vid. Timothy J. Kehoe y Felipe Meza, Catch-up growth followed by stagnation: Mexico 1950-2010, NBER, WP 17700, diciembre 2011, p. 26.

²⁴ Jaime Ros Bosch, ¿Cómo salir de la trampa del lento crecimiento?, p. 151.

²⁵ Ibidem, p. 182.

²⁶ C. MacLachlan y W. H. Breezley, op. cit., p. 160. Años en que, según el diputado Querido Moheno, la Ciudad de México, con 500 mil habitantes, registraba 400 asesinados al año, mientras en Francia, con 39 millones de habitantes, había 840 (ibidem, p. 167).

²⁷ Friedrich Katz, Ensayos mexicanos, p. 190, Fernando Rosenzweig, “El desarrollo económico de México de 1877 a 1911” en Enrique Cárdenas (ed.), Historia económica de México, vol. II, pp. 85-87.

²⁸ Hilton Root, Dynamics among nations. The evolution of legitimacy and development in modern states, pp. 119-134. Que en el largo plazo la fuerza de Europa fuera una consecuencia indirecta de su fragmentación política ya había sido intuido por Max Weber en Historia económica general, p. 284.

²⁹ Carlo M. Cipolla, Vele e cannoni, pp. 92-95.

³⁰ Gordon H. Hanson, Why isn’t Mexico rich? NBER, WP16470, octubre de 2010, p. 15.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR, Rubén y Jorge Castañeda, La diferencia. Radiografía de un sexenio. México, Grijalbo, 2007.

AGUILAR ZINSER, Adolfo, ¡Vamos a ganar! México, Océano, 1995.

AGUSTÍN, José Tragicomedia mexicana, t. I. México, Planeta, 1994.

ALEMÁN, Miguel, Miguel Alemán contesta. The University of Texas, 1975.

———, Remembranzas y testimonios. México, Grijalbo, 1987.

AMEZCUA, Adriana y Juan E. Pardinas, Todos los gobernadores del presidente. México, Grijalbo, 1997.

ANGUIANO, Eugenio y Ugo Pipitone, China, de los Xia a la República Popular (2070 a.C.-1949). México, CIDE, 2012.

AOKI, Masahiki, “The five phases of economic development and institutional evolution in China, Japan, and Korea”, en M. Aoki et al. (eds.), Institutions and Comparative Economic Development. London/New York, Palgrave, 2012.

ARENDT, V. Hannah, Entre el pasado y el futuro. Barcelona, Península, 2003.

ARISTEGUI, Carmen y Ricardo Trabulsi, Transición. México, Grijalbo, 2010.

ARON, Raymond, Ensayo sobre las libertades. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991.

ASHBY, Joe C., Organized labor and the Mexican revolution under Lázaro Cárdenas. Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1967.

ATACK, Jeremy y Peter Passell, A New Economic View of American History. New York, W.W. Norton, 1994.

BALZAC, Honoré de, Ilusiones perdidas. México, Porrúa, 2001.

Banco de México, Informe Anual 2003.

BARTRA, Roger, “La dictadura no era perfecta”, en José A. Aguilar Rivera (ed.), México, crónicas de un país posible. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Fondo de Cultura Económica, 2005.

BATH, Slicher van, Historia agraria de Europa occidental, 500-1850. Barcelona, Península, 1974.

BENDIX, Reinhard, Nation-building and citizenship. Berkeley, University of California Press, 1969.

BORGE, Tomás, Salinas, los dilemas de la modernidad. México, Siglo XXI, 1993.

BRANDT, Loren y Thomas G. Rawski (eds.), China’s Great Economic Transformation. New York, Cambridge University Press, 2009.

BRUHN, Kathleen, “Chronicle of a victory foretold”, en Mexico’s Evolving Democracy. A Comparative Study of the 2012 Elections. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2015.

CALDERÓN DE LA BARCA, Madame, La vida en México [1842]. México, Porrúa, 1997.

CANETTI, Elías, La conciencia de las palabras [1974]. México, Fondo de Cultura Económica, 1981.

CÁRDENAS, Enrique, La hacienda pública y la política económica, 1929-1958. México, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, 1994.

———, La política económica en México, 1950-1994. México, Fondo de Cultura Económica, 1996.

CASTAÑEDA, Jorge G., Vicente Fox: sueños, retos y amenazas. The University of Texas at Dallas, 1998.

———, La herencia. México, Alfaguara, 1999.

CENTENO, M. A., Democracy within Reason. Technocratic Revolution in Mexico. The Pennsylvania State University Press, 1999.

CHACÓN, Armando, “The priority of educaction in Mexico”, en Diana Villiers Negroponte (ed.), The end of nostalgia. Washington, Brookings Institution Press, 2013.

CHÁVEZ BARRÓN, Héctor, Luis Terrazas. México, Clío, 2004.

CHÉJOV, Anton, El pabellón número seis. La literatura rusa 1. Gran colección de la literatura universal. México, Gallimard/Promexa, 1982.

CIORAN, Emile y Constantin Noica, L’amico lontano. Bologna, Il Mulino, 1993.

CIPOLLA, Carlo M., Vele e cannoni. Bologna, Il Mulino, 1983.

CORDERA, Rolando y Ricardo Rocha, México, los años del cambio. México, Diana, 1994.

COSÍO VILLEGAS, Daniel, Historia moderna de México. La República Restaurada. La vida política. México, Hermes, 1955.

———, La sucesión presidencial. México, Joaquín Mortiz, 1975.

———, La crisis de México [1947]. México, Clío, 1997.

CRESPO, José Antonio, Urnas de Pandora. México, Espasa Calpe, 1995.

CRUZ, Francisco, Los golden boys. México, Planeta, 2012.

DOMÍNGUEZ, Jorge I., “Mexico’s 2012 presidential election”, en J. I. Domínguez et al. (eds.), Mexico’s Evolving Democracy. A Comparative Study of the 2012 Mexico’s Elections. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2015.

DRESSER, Denise, Salinastroika without Prisnost: Institutions, coalition-building and economic reform in Mexico. PHD dissertation, Princeton University, 1994.

DURAZO, Adolfo, Saldos del cambio. México, Plaza y Janés, 2006.

ECKSTEIN, Salomon, El ejido colectivo en México. México, Fondo de Cultura Económica, 1978.

ELIADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano [1957]. Madrid, Guadarrama, 1998.

———, El mito del eterno retorno [1951]. Madrid, Alianza Editorial, 2011.

Estudios Económicos de la OCDE, México 2002-2003.

———, México 2011.

———, México, enero de 2015.

FRAZER, James George, La rama dorada [1922]. México, Fondo de Cultura Económica, 1994.

FROMM, Erich, El miedo a la libertad [1941]. Barcelona, Planeta, 1993.

FUENTES, Carlos, La voluntad y la fortuna. México, Alfaguara, 2008.

FURTAK, Robert K., El partido de la revolución y la estabilidad política en México. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1978.

GRANADOS CHAPA, Miguel Ángel, Fox & Co. Biografía no autorizada. México, Grijalbo, 2000.

GRAYSON, George W., Changing of the guard. New York, Foreign Policy Association, 2001.

GROSSMAN, Vasili, Todo fluye [1964]. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2008.

GRZYMALA-BUSSE, Anna, Rebuilding Leviathan. Party competition and state exploitation in post-communist democracies. Cambridge University Press, 2007.

GUERRA, François-Xavier, “La revolución mexicana en una perspectiva secular”, en Leticia Reina y Elisa Servín (eds.), Crisis, reforma y revolución. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-INAH, 2002.

GUEVARA SANGINÉS, Alejandro, “Programa de alivio a la pobreza en México: un ejercicio de evaluación”, en Mónica Serrano y Victor Bulmer-Thomas (eds.), La reconstrucción del Estado (México después de Salinas). México, Fondo de Cultura Económica, 1998.

HALE, Charles A., El liberalismo mexicano en la época de Mora (821-1853). México, S. XXI, 1991.

HIERNAUX-NICOLAS, Daniel, “El Plan Puebla Panamá: ¿una nueva visión del desarrollo regional?”, en Lecturas críticas del Plan Puebla Panamá. LUGAR, Libros en Red, 2002.

IBARRA PALAFOX, Francisco, La privatización bancaria en México. México, Siglo XXI, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.

IMCO, La corrupción en México: Tranzamos y no avanzamos. México, Instituto Mexicano para la Competitividad, 2015.

INEGI, Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2015. Aguascalientes, 30 de septiembre de 2015.

JOHNSON, Chalmers, Japan: who governs? New York, W. W. Norton, 1995.

JOHNSON, Samuel, Escritos políticos. Edición de Donald J. Green. Madrid, Katz, 2009.

KATZ, Friedrich, Ensayos mexicanos. México, Alianza Editorial, 1994.

KNIGHT, Alan, “Salinas y el liberalismo social en el contexto histórico”, en Repensar la Revolución Mexicana, vol. II. México, El Colegio de México, 2013.

KORRODI, Lino, Me la jugué. El verdadero amigo de Fox. México, Grijalbo, 2003.

KRAUZE, Enrique, La presidencia imperial, México, Tusquets, 1997.

L. P., Tutti i romanzi. Uno, nessuno e centomila. Edición Italo Borzi y Maria Argenziano. Roma, Newton Compton, 1993.

LAJOUS, Alejandra, Vicente Fox, el presidente que no supo gobernar. México, Océano, 2007.

LEE, Joul y Kwangho Jung, “Public service ethics and anticorruption efforts in South Korea”, en Evan M. Berman, Public administration in East Asia. Boca Ratón, CRC Press, 2010.

LEFTWICH, Adrian, “Theoring the state”, en Peter Burnell et al. (eds.), Politics in the developing world. UK, Oxford University Press, 2014.

LEIPZINGER, D. M. et al., The distribution of income in Korea. Washington, The World Bank, 1992.

LEWIS, Oscar, Antropología de la pobreza, cinco familias [1959]. México, Fondo de Cultura Económica, 1999.

LOAEZA, Soledad, “Modernización autoritaria a la sombra de la superpotencia”, en Nueva historia general de México. México, El Colegio de México, 2010.

LOEWE, Michael, “The heritage left to the empires”, en Edward L. Shaugnessy (ed.), The Cambridge History of Ancient China. Cambridge University Press, 1999.

LÓPEZ-AUSTIN, Alfredo, Tamoachan y Tlalocan. México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

LÓPEZ PORTILLO, Ernesto, “La gestión de Vicente Fox en materia de seguridad pública y justicia penal”, en Adolfo Sánchez Rebolledo (ed.), ¿Qué país nos deja Fox? México, Norma, 2006.

LORET DE MOLA, Rafael, 2012: La sucesión. México, Océano, 2011.

LUCE, Edward, In spite of gods. New York, Doubleday, 2007.

MADERO, Francisco I., La sucesión presidencial en 1910. México, Edición Época, s.f.

MAILER, Norman, América (The time of our time, 1998). Barcelona, Anagrama, 2005.

MALINOWSKI, Bronislaw, Crimen y castigo en la sociedad salvaje [1926]. Barcelona, Ariel, 1973.

MÁRQUEZ, Graciela y Lorenzo Meyer, “Del autoritarismo agotado a la democracia frágil: 1985-2010”, en Nueva historia general de México. México, El Colegio de México, 2010.

MARTÍNEZ NAVARRETE, Ifigenia, La distribución del ingreso y el desarrollo económico de México. México, Instituto de Investigaciones Económicas, Escuela Nacional de Economía, 1960.

MEDIN, Tzvi, El sexenio alemanista. México, ERA, 1990.

MENDEZ, José Luis, “El servicio profesional de carrera en la administración pública federal”, en Manuel Ordorica, Jean-François Prud’homme (eds.), Los grandes problemas de México, vol. IV (ed. abreviada). México, El Colegio de México, 2012.

MERINO, Mauricio, México: La batalla contra la corrupción. Washington, Wilson Center, Mexico Institute, 2015.

MEYER, Lorenzo, El espejismo democrático. De la euforia del cambio a la continuidad. México, Océano, 2007.

MO, Jongryn y Barry Weingast, Korean political and economic development. Cambridge University Press, 2013.

MORENO-BRID, Juan Carlos y Jaime Ros Bosch, Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana. México, Fondo de Cultura Económica, 2010.

MUÑOZ COTA CALLEJAS, José, El Consejo Coordinador Empresarial en el sexenio de Vicente Fox. Tesis de Maestría en Ciencias Políticas, México, El Colegio de México 2009.

NIETZSCHE, Friedrich, La ciencia jovial [La gaya scienza, 1882]. Caracas, Monte Ávila, 1992.

NOVO, Salvador, La vida en México en el período presidencial de Miguel Alemán. México, INAH-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.

O’GORMAN, Edmundo, La supervivencia política novo-hispana. México, Universidad Iberoamericana, 1986.

——–, México, el trauma de su historia [1977]. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1999.

OECD Economic Surveys, Mexico 2013.

ORTIZ PINCHETTI, Francisco y Francisco Ortiz Pardo, El fenómeno Fox. La historia que Proceso censuró. México, Planeta, 2001.

PACHECO, José Emilio, Las batallas en el desierto [1981]. México, ERA, 2011.

PASTOR, Robert, Post-Revolutionary Mexico: The Salinas Opening. The Carter Center, Working Paper, 1990.

PAUL, C., C. P. Clarke y C. C. Serena, Mexico is not Colombia: Alternative historical analogies for responding to the challenge of violent drug-trafficking organizations. Santa Monica, California, Rand Corporation, 2014.

PAZ, Octavio, El laberinto de la soledad. México, Fondo de Cultura Económica, 2004.

PIPITONE, Ugo, La salida del atraso. México, Fondo de Cultura Económica, CIDE, 1994.

———, Modernidad congelada. México, CIDE, 2011.

———, La esperanza y el delirio. Una historia de la izquierda en América Latina. México, CIDE-Taurus, 2015.

PREBISCH, Raúl, Nueva política comercial para el desarrollo [1964]. México, Fondo de Cultura Económica, 1979.

Los presocráticos [1944]. Traducción y notas de Juan David García Bacca. México, Fondo de Cultura Económica, 2002.

PRIGOGINE, Ilya, El nacimiento del tiempo [1988]. Barcelona, Tusquets, 1998.

PRUD’HOMME, Jean François, “Elecciones, partidos y democracia”, en Victor M. Durand Ponte, La construcción de la democracia en México. México, Siglo XXI, 1994.

PUETT, Michael, The Ambivalence of Creation. Debates Concerning Innovation and Artifice in Early China. Stanford University Press, 2001.

PUSHKIN, La hija del capitán. La literatura rusa 1. Gran colección de la literatura universal. México, Gallimard/Promexa, 1982.

RAMÍREZ, María Antonia, “El modelo económico de la presidencia de Miguel Alemán”, en Will Fowler (ed.), Gobernantes mexicanos (1911-2000), t. II. México, Fondo de Cultura Económica, 2008.

RATHENAU, Walther, L’economia nuova [1918]. Introducción de Lucio Villari. Torino, Einaudi, 1976.

REVELES VÁZQUEZ, Francisco, “La política interior: ‘Gobernabilidad democrática’ para la conservación del poder”, en F. Reveles V. (ed.), El gobierno panista de Vicente Fox. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.

ROBINSON, James A., “Élites and institutional persistence”, en Alice H. Amsden et al. (eds.), The role of elites in economic development. Oxford University Press, 2012.

ROBINSON, Joan, Aspectos del desarrollo y el subdesarrollo. México, Fondo de Cultura Económica, 1981.

RODRIK, Dani, One economics. Many recipes. Princeton University Press, 2007.

RODRÍGUEZ, Rafael, El lado oscuro de Enrique Peña Nieto. México, Planeta, 2012.

ROOT, Hilton, Dynamics among nations. The evolution of legitimacy and development in modern states. Cambridge, MA, The MIT Press, 2013.

ROS BOSCH, Jaime, ¿Cómo salir de la trampa del lento crecimiento? México, Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México, 2015.

ROSENZWEIG, Fernando, “El desarrollo económico de México de 1877 a 1911”, en Enrique Cárdenas (ed.), Historia económica de México, vol. II. México, Fondo de Cultura Económica, 1992.

ROZENTAL, Andrés, “Fox’s foreign policy agenda: global and regional priorities”, en Luis Rubio y Susan Kaufman Purcell (eds.), Mexico under Fox. London, Lynne Rienner, Boulder, 2004.

RUIZ, Ramón Eduardo, Mexico. Why a Few are Reach and the People Poor. Berkeley, University of California Press, 2010.

SABET, Daniel, Police Reform in Mexico. California, Stanford University Press, 2012.

SALINAS DE GORTARI, Carlos, México, un paso difícil a la modernidad. Barcelona, Plaza y Janés, 2000.

SÁNCHEZ GUDIÑO, Hugo, Entre Fox y una mujer desnuda. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Porrúa, 2008.

SÁNCHEZ SUSARREY, Jaime, El combate político e intelectual en México. México, Grijalbo, 1993.

SCHAMA, Simon, The Embarrasment of Riches. Berkeley, University of California Press, 1988.

SCHEDLER, Andreas, En la niebla de la guerra. Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada. México, CIDE, 2015.

SCHMIDT, Samuel, Estudios sobre la red política en México. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.

SERNA, Enrique, Genealogía de la soberbia intelectual. México, Taurus, 2013.

SERRA PUCHE, Jaime, El TLC y la formación de una región. México, Fondo de Cultura Económica, 2015.

SMITH, Peter H., Los laberintos del poder [1979]. México, El Colegio de México, 1981.

TAMPINAR, Ahmet Hamdi, Paz. México, Sexto Piso, 2014.

TANNENBAUM, Frank, Mexico, the struggle for peace and bread. New York, Alfred A. Knopf, 1954.

TEICHMAN, Judith A., Social forces and states. Stanford University Press, 2012.

TOCQUEVILLE, Alexis de, El antiguo régimen y la revolución. Madrid, Alianza Editorial, 2004.

TOKUGAWA, Isunenari, The Edo Inheritance. Tokyo, International House of Japan, 2009.

TORRES, Blanca, Historia de la Revolución Mexicana, 1940-1952. Hacia la utopía industrial, vol. 21. México, El Colegio de México, 1984.

TUCKMAN, Jo, México, democracia interrumpida. México, Debate, 2013.

USIGLI, Rodolfo, Un día de estos [1963], en Teatro completo de Rodolfo Usigli, t. II. México, Fondo de Cultura Económica, 1997.

VANDERWOOD, Paul J., Desorden y progreso. Bandidos, policías y desarrollo mexicano. México, Siglo XXI, 1986.

VERNON, Raymond, El dilema del desarrollo económico en México [1963]. México, Diana, 1975.

VILLORO, Luis, El proceso ideológico de la revolución de Independencia [1953]. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1999.

WEBER, Max, Historia económica general. México, Fondo de Cultura Económica, 1978.

WELDON, Jeffrey, “State reform in Mexico: progress and prospects”, en Armand B. Peschard-Sverdrup y Sara R. Rioff (eds.), Mexican governance. From single party to divided government. Washington, Center for Strategic and International Studies, 2005.

WISE, George S., El México de Alemán. México, Atlante, 1952.

WOLDENBERG, José, Después de la transición. México, Cal y Arena, 2006.

ZAID, Gabriel, Adiós al PRI. México, Océano, 1995.

coversin La historia reciente de México es una suerte de confirmación de la antigua concepción cíclica del tiempo. Un tiempo circular, éste, no basado en cambios estacionales, sino en el siempre renovable recurso de la decepción. Desde mediados del siglo XX, surge cada tanto en la vida política del país una figura mesiánica que promete, simplemente, refundar el mundo. El héroe se presenta como portador del antídoto contra el largo atraso de la nación, la esperanza del pueblo se inflama y el superhombre es ungido presidente. Pero al poco tiempo el proyecto de instalar el futuro fracasa y el país cae nuevamente por la pendiente de la frustración. Hasta que aparece el siguiente visionario y la rueda empieza a girar de nuevo.

Este libro cuenta esta historia de continuidad discontinua. Para ello, Ugo Pipitone centra su atención en los ciclos presidenciales de Miguel Alemán, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. Cada uno de estos personajes representa una promesa fallida de salvación. Ni la modernización industrial de Alemán, ni la tecnocracia populista de Salinas, ni el espejismo de transición de Fox, ni la fe en el pasado de Peña lograron romper la inercia de aguda desigualdad social e instituciones ineficientes que aqueja al país desde hace siglos.

Un eterno comienzo es una antropología de la esperanza y el desengaño, una guía para identificar las razones de la incapacidad de México para liberarse del remolino y la parálisis.

Ugo Pipitone (Saluzzo, Italia, 1946) economista de la Universidad de Roma, es profesor-investigador del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) desde 1987. Autor de una veintena de libros sobre temas de desarrollo, historia económica y procesos de salida del atraso en Europa y Asia oriental. Entre los más recientes están La reunión (2000), Reflexiones sobre un presente acelerado (Madrid, 2000), Ciudades, naciones, regiones (2003), El temblor interminable (2006), Modernidad congelada (2011), Crescere non basta (Roma, 2012). En Taurus ha publicado los libros Las veinte y una noches (2001), ensayo novelado sobre las disyuntivas culturales del presente, y La esperanza y el delirio (2015), en el que revisa la historia de la izquierda en América Latina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel III) y en 2007 fue nombrado commendatore de la República Italiana.

Un eterno comienzo
La trampa circular del desarrollo mexicano

Primera edición digital: enero, 2017

D. R. © 2016, Ugo Pipitone

D. R. © 2017, derechos de edición mundiales en lengua castellana:
Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra núm. 301, 1er piso,
colonia Granada, delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520,
Ciudad de México

D. R. © 2017, Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
Carretera México-Toluca, 3655
Col. Lomas de Santa Fe,
C. P. 01210, Ciudad de México

www.megustaleer.com.mx

D. R. © Penguin Random House / Jorge Garnica, por diseño de portada

Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del copyright. El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del Derecho de Autor y copyright. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores.

Queda prohibido bajo las sanciones establecidas por las leyes escanear, reproducir total o parcialmente esta obra por cualquier medio o procedimiento así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público sin previa autorización. Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase a CemPro (Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, http://www.cempro.org.mx)

ISBN: 978-607-314-976-1

logofb /megustaleermexico !!!!!!!!!! logotw @megustaleermex

Conversión eBook:

Tangram. Ediciones Digitales