¿Fuerza o derecho? ¿Hiperpotencia o mundo «multipolar»? Detrás de los debates surgidos de la Guerra de Irak y de sus consecuencias se oculta la permanente preocupación por el nuevo desorden mundial. Frente a la confianza muchas veces arrogante de la doctrina «neofundamentalista» norteamericana, pocos intelectuales europeos han sabido o han querido ir más allá de un silencio incómodo sin caer en reacciones emotivas.

Tzvetan Todorov, hombre de las dos Europas que ha vivido también en Estados Unidos, desarrolla en este libro breve y esencial un análisis lúcido y profundamente coherente, enraizado en su conocimiento de la historia de nuestras ideas y nuestra cultura. Todorov continúa su reflexión con una serie de propuestas, inesperadas en ocasiones, para el establecimiento de una «potencia tranquila» europea. La Europa maltratada, la Europa dividida, la «vieja Europa» quizá, pero… ¿y si esta Europa, con la riqueza de su diversidad y la fuerza de su memoria, emergiera por fin en el momento decisivo?

Tzvetan Todorov

El nuevo desorden mundial

Reflexiones de un europeo

ePub r1.1

Titivillus 19.03.19

Título original: Le nouveau désordre mondial: réflexions d’un Européen

Tzvetan Todorov, 2003

Traducción: Zoraida de Torres Burgos

Editor digital: Titivillus

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PREFACIO

por
STANLEY HOFFMANN

Pocos textos sobre los acontecimientos internacionales recientes, la guerra contra Irak y sus implicaciones o los imperativos europeos frente al neoimperialismo estadounidense, me han parecido tan profundos e incisivos como esta incursión de uno de los mayores intelectuales de nuestro tiempo en el ámbito de las relaciones internacionales. Tzvetan Todorov, un hombre del Renacimiento (o de la Ilustración) que ha tratado asuntos muy diversos, desde la lingüística hasta el totalitarismo y desde la historia intelectual hasta la filosofía y la antropología, con una lucidez y una capacidad de análisis y de concentración excepcionales, nos enseña una lección magnífica con esta obra. Todorov nos explica cómo debería ser la política exterior de una democracia liberal en el mundo de hoy, nos previene contra la tentación de ejercer un poder absoluto y privilegiar el recurso a la fuerza, reivindica el pluralismo y critica el mesianismo, advirtiéndonos contra las falsas ilusiones de la posibilidad de exportar la democracia. Y lo hace con un estilo digno de Montesquieu o de Tocqueville, al hilo de una reflexión que retoma una idea de Camus, para quien los medios empleados son tan importantes como los objetivos perseguidos. Todorov alerta contra los peligros de un poder sin control en el interior y sin contención en el exterior, lo cual le sirve de base para desarrollar una crítica de la nueva estrategia internacional de Estados Unidos, mucho más convincente que las imprecaciones y prejuicios habituales.

Además, Todorov hace una propuesta para contener, o cuanto menos mitigar, la inevitable primacía de la «hiperpotencia»: que Europa no se limite a ser un modelo de unificación próspera y pacífica y un ejemplo de reconciliación entre países con un largo historial de conflictos en un continente desgarrado, sino que llegue a convertirse en lo que denomina una «potencia tranquila». Una Europa así tendría que ser capaz de disminuir su dependencia de Estados Unidos en materia de defensa y asumir sus responsabilidades en materia de política exterior. De este modo, debería poder imponer su postura frente a una potencia norteamericana que, partiendo de una concepción impertinente y desdeñosa de las alianzas, el derecho y los organismos internacionales, no vacila en recurrir a la fuerza sea donde sea. Finalmente, Todorov apunta algunas ideas justas, ambiciosas y originales a la vez, sobre la necesaria adaptación de las instituciones europeas y los valores que la Unión Europea puede y debe defender y fomentar en un mundo peligroso y caótico.

¡Cuántas cosas en tan pocas páginas! Como europeo residente en Estados Unidos desde hace casi medio siglo, es para mí un privilegio y un honor escribir el prefacio a la obra de un hombre cuya sabiduría y erudición me fascinan desde hace mucho tiempo y de quien comparto, en lo esencial, las ideas que desarrolla en este libro.

S. H.

Universidad de Harvard.

EL NUEVO DESORDEN MUNDIAL

Seguramente, muy pocos de los acontecimientos sucedidos lejos de nuestras ciudades y nuestros campos habrán suscitado tantas pasiones y tantos discursos como el conflicto entre Estados Unidos e Irak en los primeros meses del año 2003. Aunque los combates no debían librarse en el territorio de nuestro continente, todos los europeos se sentían implicados, como si pensaran que su destino también estaba en juego. Pocas veces he leído tantos periódicos y escuchado tantas declaraciones, y no debía de ser el único que tenía esta sensación. El debate fue especialmente agitado porque se enfrentaban puntos de vista irreconciliables, aunque decían defender los mismos ideales: el orden democrático y los derechos humanos. Gran parte de la población europea parecía obligada a dividirse entre dos actitudes bien distintas: condenar la guerra o condenar la dictadura de Sadam Husein, a fin que la guerra tenía como objetivo la desaparición de la dictadura. ¿Era posible suscribir las dos posturas a la vez sin caer en la incoherencia? ¿Había que renunciar a una de las dos?, y en ese caso, ¿a cuál?

Y eso no es todo. El conflicto, junto con las polémicas que suscitó, puso también en cuestión la identidad de Europa. Normalmente, el debate sobre las instituciones europeas solo interesa a los expertos o a los escasos políticos consagrados a esta causa, mientras que los interrogantes sobre la naturaleza de la civilización y la sociedad europeas sirven, en el mejor de los casos, para animar discusiones académicas. Y de pronto, por la presión de los acontecimientos —¡la guerra!—, la identidad europea pasaba a ser objeto de un debate común, presente en todos los medios de comunicación. De hecho, la situación era realmente preocupante, ya que era la primera vez desde 1945 en que Europa parecía no querer alinearse con la política de Estados Unidos. O por decirlo de otro modo: en relación con la cuestión militar, se crearon enfrentamientos entre algunos gobiernos europeos. Reaparecieron antiguas fracturas y se les sumaron otras nuevas: entre «atlantistas» y «europeos», entre la «vieja» y la «nueva» Europa, reinaba el desacuerdo. A todo ello se sumó, al menos en algunos países, el divorcio entre la opinión pública y la política gubernamental. Toda esta discordia hizo que los europeos tuvieran que plantearse una cuestión de fondo: ¿En qué consiste la identidad del continente? Y ¿qué Europa queremos para el futuro?

La intensidad de la polémica me obligó a abandonar mis ocupaciones habituales como historiador de las ideas y las culturas, ya que sentí la necesidad de comprender los acontecimientos que acababan de producirse y poner algo de orden en mis propias reacciones como ciudadano. Por eso he escrito las páginas que siguen. Sin duda, mis orígenes y fidelidades personales han motivado también mi interés en el tema. Aunque nací y me eduqué en un lado de Europa (en Bulgaria), llevo cuarenta años viviendo en el otro (en Francia). La distancia entre uno y otro país no equivale solamente a la separación entre Oriente y Occidente, sino también a la división entre totalitarismo y democracia. Estando en el lado occidental, asistí con alegría a la caída del Muro de Berlín, y también vi con honda satisfacción, porque ya podía considerarme de Europa en su conjunto, cómo el continente daba sus primeros pasos hacia la reunificación. Por mi sensibilidad, me encuentro tan cerca de la Europa del Este como de la Europa del Oeste. Al mismo tiempo, Estados Unidos no es para mí un país extranjero, puesto que lo visito a menudo, he vivido allí y allí tengo amigos y familiares. En una palabra, he vivido en mis propias carnes las recientes tensiones, tanto en el interior como en el exterior de Europa. Seguramente es por ello por lo que hoy he querido asumir y afirmar mi identidad como europeo del siglo XXI.

LAS RAZONES DE LA GUERRA

La guerra de Estados Unidos contra Irak se ha explicado de maneras muy distintas según el grupo con el que se identificaba cada cual, hasta el punto de que en la mente de los ciudadanos se ha instaurado una inevitable confusión. Para empezar deberíamos plantearnos por qué tuvo lugar, ya que es a partir de la respuesta que demos a esta pregunta como podremos juzgar la legitimidad de esta guerra.

El presidente norteamericano G. W. Bush, en el discurso a la nación pronunciado el 17 de marzo de 2003, momento en que declaró la guerra a Irak, apuntó un doble motivo: «El régimen iraquí continúa poseyendo y ocultando algunas de las armas más mortíferas conocidas hasta ahora… Además, ha prestado apoyo, entrenado y alojado a terroristas, entre ellos a varios agentes de Al Qaeda». La amenaza se define por la conjunción de ambos motivos: Irak fabrica armas, y además puede ponerlas a disposición de los terroristas responsables de los atentados del 11 de septiembre. Pero ¿se trataba de una amenaza verosímil?

En primer lugar, hay que decir que la primera afirmación es claramente hiperbólica: desde cualquier punto de vista, Irak no es ni mucho menos el país del mundo que ha fabricado las armas más destructivas. Bush peca de modesto, ya que este honor recae en los países occidentales, y en primer lugar en el propio Estados Unidos. Pero dejemos este detalle de lado y preguntémonos si Irak estaba en posesión de estas armas poco antes de la intervención.

Damos el nombre de «armas de destrucción masiva» a tres cosas diferentes: el armamento nuclear, el armamento biológico y el armamento químico. Está demostrado que Irak no tenía armas del primer tipo, ya que las perdió con el bombardeo israelí de sus instalaciones nucleares, y la permanente vigilancia de las potencias occidentales impidió que retomara este proyecto. Una vez terminada la guerra se ha sabido que las acusaciones sobre la recuperación del programa nuclear iraquí no tenían fundamento. Por otro lado, también está demostrado que Irak fabricó armas biológicas, aunque, como también se sabe, este tipo de armas pierden su eficacia al cabo de un tiempo y en este caso habían sido fabricadas hacía varios años. Suponiendo que existieran, ya no estarían en condiciones de ser utilizadas. Por último, las armas químicas, que Irak había fabricado también en su momento, quedaron destruidas tras la primera Guerra del Golfo, en el año 1991. Ni antes, ni durante ni después de la intervención militar se ha llegado a demostrar la existencia real de este tipo de armas (escribo esta frase el 19 de junio de 2003).

En cambio, sí que disponemos de una prueba que contradice este argumento. Suponiendo que Irak contara con armas de destrucción masiva, durante este conflicto no llegó a utilizarlas. Sin embargo, era la ocasión adecuada para hacerlo, ya que el país se había visto atacado, su inferioridad en otros tipos de armamento era patente, y el máximo dirigente del país, Sadam Husein, que no era de los que reparan en medios, sabía que no tenía nada que perder. ¿Cómo se explica entonces que no intentara defenderse por todos los medios, incluyendo las armas químicas disponibles? Una de las posibles respuestas es que no contaba con ellas.

Hay otra respuesta posible: no quería usarlas. De hecho, las armas químicas son de doble filo, ya que quien las usa puede también sufrir sus efectos. Por muy pagado de su fuerza que estuviera Sadam Husein, no podía ignorar que Estados Unidos (o Gran Bretaña, o Israel, etc.) disponía del mismo arsenal pero en mayor cantidad y de mejor calidad, con lo que su reacción podría haber sido terrible. Usar el armamento químico hubiera equivalido a un suicidio. En realidad, estas armas solo pueden ser utilizadas contra un rival más débil, es decir, contra quien no dispone de ellas, como la población chií o kurda dentro del territorio iraquí, pero no contra una potencia superior. Sin embargo, el resultado es el mismo: Irak, por no poder o por no querer, no emplearía este tipo de armamento contra Estados Unidos y sus aliados.

La guerra contra el terrorismo islamista entra en el ámbito de la legítima defensa: los países occidentales (como otros) han sido atacados y ahora intentan protegerse. Ahora bien, ¿podemos asegurar que Irak apoyó al terrorismo internacional, y en especial a la red Al Qaeda? En relación con esta cuestión, y hasta el día de hoy, tampoco disponemos de ninguna prueba concluyente. Lo que sabemos es que el Gobierno iraquí concedía una compensación económica a las familias de los kamikazes palestinos que se sacrificaban para cometer atentados mortíferos. Podemos y debemos condenar el apoyo que supone esta postura para tales acciones, pero no hay que confundir este tipo de gestos desesperados, que se circunscriben a un marco muy concreto, con las agresiones terroristas cometidas en los países occidentales, entre ellas el ataque del 11 de septiembre de 2001, cuyas motivaciones fueron puramente ideológicas.

Es más, la conexión entre Sadam Husein y Osama Bin Laden no era demasiado verosímil desde el punto de vista ideológico. El régimen iraquí fue laico desde un principio, razón por la cual cosechó las diatribas de los terroristas islamistas, los cuales reclutan a sus voluntarios en otros países musulmanes, especialmente en Arabia Saudí. La conjunción entre Husein y Bin Laden solo habría podido darse en circunstancias extremas, frente a un enemigo común claramente identificado: por ejemplo, en caso de que se produjera una guerra contra Irak… Es cuestionable, pues, que la intervención estadounidense haya servido para debilitar seriamente al terrorismo.

Combatir el terrorismo no es sencillo; al contrario, es una tarea que exige paciencia y tenacidad. Comparativamente, la guerra contra Irak sí era una tarea sencilla, ya que bastaba con bombardear el país, aplastarlo con una fuerza infinitamente superior. ¿Podemos poner la etiqueta de antiterrorista a esta intervención? Resulta difícil no pensar que en este caso se optó por la vía más fácil, una vía que además ayudaría a recuperar el favor de la opinión pública: ¡como siempre, buscamos la llave al pie de la farola en lugar de buscarla donde la habíamos perdido!

Dado que las primeras razones apuntadas, como la posesión de armas de destrucción masiva o la vinculación con las redes terroristas, no parecían muy concluyentes, se abrió la veda para las especulaciones de los adversarios de la guerra, que empezaron a buscar las razones ocultas y seguramente inconfesables de la intervención. Por ejemplo, se sugirió que tal vez la operación se trataba en realidad de un nuevo intento de revivir el cristianismo conquistador. ¿Acaso el propio presidente Bush no había recurrido a la palabra «cruzada» para describir el proyecto de intervención, sin olvidarse de decir que rezaba cada día e instar a sus colaboradores a hacer lo mismo? Sin embargo, tengo la impresión de que la opinión pública europea, especialmente en Francia, acostumbrada a una estricta separación entre Iglesia y Estado, tiende a sobrestimar el auténtico papel de las motivaciones religiosas. Aunque el presidente se declare cristiano, sus consejeros y colaboradores más cercanos, determinantes en la orientación de su actitud política, no necesariamente hacen lo mismo. Ninguna instancia oficial de la Iglesia cristiana aprobó la guerra; al contrario, hubo numerosas personalidades, empezando por el Papa, que la condenaron y combatieron. Y el propio G. W. Bush dejó pronto de incluir la palabra «cruzada» en sus discursos.

Otra de las opiniones que se oyeron era que la política estadounidense en la región de Oriente Próximo estaba al servicio de los intereses de Israel y que la intervención en Irak era un primer paso hacia la solución del conflicto palestino-israelí. Es cierto que la línea adoptada por el actual Gobierno israelí parece contar con el indefectible apoyo de Estados Unidos, y es un hecho que algunos consejeros presidenciales de alto nivel, como Paul Wolfowitz o Richard Perle, habían trabajado en otros tiempos para los dirigentes del Likud. Y también es cierto que el apoyo incondicional al Gobierno israelí reporta a los dirigentes estadounidenses una no despreciable ventaja en el interior del país, ya que cualquier crítica contra su política puede ser acusada de antisemitismo, uno de los reproches más deshonrosos que pueden escucharse hoy en día en los países occidentales. Pero suponer que la actitud actual de Estados Unidos es consecuencia de una maquinación en beneficio de otro país parece un resultado de la obsesión por los complots. Aunque muchas veces la Administración norteamericana parece seguir el ejemplo del primer ministro israelí Ariel Sharon, que pretende solucionar todos los problemas políticos con la fuerza militar, hay que confiar en que sirve ante todo a los intereses de su propio país.

¿Y si el conjunto de la intervención se hubiera montado con el único fin de apoderarse de las reservas de petróleo iraquíes para que se beneficiaran de ellas las grandes empresas estadounidenses, dirigidas por amigos de los actuales gobernantes? Este tipo de explicación presenta la ventaja retórica de desacreditar a estos mismos gobernantes al atribuirles unos intereses burdamente materiales, disimulados tras el discurso general. Además, adopta un modelo de argumentación típicamente marxista, según el cual los aspectos materiales determinan los espirituales y la política se explica por la economía. Es el tipo de argumentación que utilizaron abundantemente los dirigentes de los antiguos países comunistas cuando criticaban a Occidente, a quien acusaban de perseguir intereses egoístas bajo la tapadera de unos principios elevados. Era una postura bastante paradójica, ya que esos mismos dirigentes contradecían la ley marxista con sus acciones, al llevar al desastre la economía de sus países por querer seguir de cerca determinados dogmas políticos. En la situación actual, la necesidad de petróleo y de beneficios tampoco puede explicarlo todo. La guerra en sí sale muy cara, la ocupación que provoca es ruinosa, y cualquier ventaja en el precio del petróleo podría verse contrarrestada de antemano por culpa de los gastos militares. Es cierto que Estados Unidos es un importante consumidor de petróleo y que controlar una parte de las reservas mundiales le beneficiaría, pero puede conseguirlo sin necesidad de emprender una guerra. Tampoco hay que olvidar que los países productores necesitan vender su producción, ya que la mayor parte de sus ingresos procede del petróleo. Los intereses de una y otra parte convergen sin necesidad de desencadenar una guerra.

Asimismo, se atribuyeron otras razones inconfesables a la Administración estadounidense. Por ejemplo, es bien sabido que los pueblos otorgan su favor a los dirigentes que llevan un país hacia la victoria militar. Así pues, ¿no podríamos pensar que Bush invadió Irak para asegurarse la reelección? También es bien sabido que el Ejército intenta demostrar su utilidad a ojos del poder político, al igual que los fabricantes de armas quieren demostrar la eficacia de sus productos. ¿Podríamos decir, pues, que la guerra se inició por la presión conjunta de estos grupos, con el fin de poner a prueba el armamento existente, obtener créditos para diseñar armas nuevas y demostrar a todo el mundo la necesidad de un presupuesto militar fuerte? Por otro lado, desde un punto de vista más personal y menos consciente, ¿no podríamos pensar que el presidente Bush intentaba demostrar a su padre que era capaz de gobernar mejor que él o que podía vengar la afrenta del 11 de septiembre? Seguramente, todas estas motivaciones son reales. Todos procurarán beneficiarse de la guerra: las compañías petroleras y los encargados de la reconstrucción, los fabricantes de armas y hasta el equipo presidencial que aspira a la reelección. Pero estos motivos inconfesables no bastan para explicar la declaración de guerra, ya que una política colectiva no se decide únicamente en función de intereses particulares. Será mejor que nos centremos en las declaraciones oficiales, las cuales, después de todo, no tienen como único objetivo disimular la verdad.

Al margen de las acusaciones sobre la posesión de armas peligrosas y las conexiones con terroristas, el presidente de Estados Unidos siempre justificó doblemente su decisión: actuaba tal como lo hacía para llevar la libertad a otras personas y para garantizar la seguridad de su propio país. Por ejemplo, en su discurso programático del 26 de febrero de 2003 ante el American Enterprise Institute, insistió abundantemente en los beneficios que la guerra podría aportar al adversario y, por extensión, a todos sus vecinos: «Un Irak liberado permitirá demostrar que la libertad es capaz de transformar aquella región». Al mismo tiempo, la acción iba en beneficio del interés nacional, que en este caso consistía en asegurar que no siguiera en pie ningún régimen claramente hostil a Estados Unidos y capaz de fabricar armas peligrosas. El presidente coincidía con sus asesores a la hora de afirmar esta doble finalidad: «La causa de Estados Unidos es buena y justa: la libertad de un pueblo oprimido y la seguridad del pueblo norteamericano». ¿Quién podría estar contra un proyecto como este? Además, los dos objetivos parecen solidarios: «Los intereses de Estados Unidos en materia de seguridad y su defensa de la libertad avanzan en la misma dirección».

No debe sorprendernos que los dirigentes de un país defiendan el interés nacional y, por consiguiente, se preocupen por las cuestiones de seguridad, ya que se les votó para que hicieran eso precisamente. El deseo de llevar la libertad a otros pueblos es un argumento más original, y por eso insisten en él los defensores de la actual política estadounidense. Robert Kagan, ideólogo influyente y autor de un ensayo de éxito, Poder y debilidad: Europa y Estados Unidos en el nuevo orden mundial, escribe por ejemplo: «En la medida en que los estadounidenses creen en el poder, estiman que este debe servir para difundir los principios de una civilización liberal y un orden mundial liberal». Ante esta afirmación, no podemos evitar preguntarnos si la seguridad interior y la libertad en el exterior van siempre juntas y si necesariamente deben ir así.

Consideremos en primer lugar la cuestión básica: ¿Es cierto que la pretensión de imponer una democracia liberal en otros países ha regido hasta ahora la política exterior de Estados Unidos y es cierto, a su vez, que este tipo de política le haya beneficiado siempre? La respuesta a esta doble pregunta solo puede ser negativa. En Latinoamérica, por ejemplo, el Gobierno estadounidense aceptó durante muchos años la existencia de dictaduras militares, cuando no contribuyó a implantarlas. No parece que la idea de emprender una guerra para instaurar un régimen más democrático en uno u otro país cupiera en la mente de los presidentes norteamericanos de aquella época. Otro ejemplo: en Asia, Estados Unidos mantiene una excelente relación con algunos países que difícilmente podríamos tomar por una encarnación de la democracia liberal, como Pakistán o Arabia Saudí. Y por otro lado, ¿puede decirse que la política estadounidense respecto a los palestinos se rija exclusivamente por la preocupación de asegurar la libertad de esta población y se base solamente en los principios de la civilización liberal?

Estas infracciones a la regla de la «libertad para los demás» pueden explicarse fácilmente: no es cierto que este tipo de libertad aumente la seguridad en el interior de Estados Unidos y redunde así en beneficio del interés nacional. Un pueblo que se exprese libremente podría terminar, por el motivo que sea, siendo hostil a Estados Unidos. Consideremos por ejemplo algunos países de población árabe y musulmana, como Egipto o Jordania. Si el «pueblo» accediera realmente al poder y actuara en nombre de sus convicciones, podría ser que decidiera adoptar una política mucho menos proamericana de la que siguen actualmente sus dirigentes, que no vacilan en limitar las libertades civiles y reforzar los poderes de la policía. ¿No resulta un poco ingenuo pensar que un pueblo que pudiera expresarse libremente debería sernos siempre favorable? ¿Y si sus ideales fueran distintos? Si hubiéramos dejado que los ciudadanos argelinos se expresaran, el país se habría convertido en una república islámica; si no fue así, fue por la intervención de los militares. El caso de Turquía es similar. En el mundo contemporáneo, como ha señalado Régis Debray, muchas veces hay que optar entre una democracia islamista (hostil a Occidente) y una dictadura laica (favorable a Occidente). Y cuando hay que elegir entre la democracia para los demás y la seguridad del propio país, lo normal es elegir la seguridad.

Ambos objetivos, el de la seguridad y el de la libertad, no son incompatibles de entrada, pero en la práctica, los medios desplegados para conseguirlos son difícilmente conciliables. La protección de la seguridad suele exigir el uso de la fuerza y por lo tanto del Ejército, y la libertad que permite a la ciudadanía expresar su voluntad puede conducir a la instauración de una democracia liberal. Ahora bien, el uso de las bombas no encaja demasiado en el espíritu liberal. No olvidemos que el liberalismo político procede de una exigencia de tolerancia religiosa: surgió en un momento en que, aun estando convencidos de que nuestra religión era la mejor de todas, renunciamos a imponerla por la fuerza a los demás. La idea liberal está vinculada a la aceptación de la diversidad, a la tolerancia con las diferentes formas de vida y comportamientos de los demás. En el momento en que, para defender nuestra seguridad, entramos en un territorio ajeno y le imponemos un régimen que consideramos preferible, nos hemos salido de la óptica liberal y hemos pasado a la lógica imperial. El «imperialismo liberal» del que habla Kagan es, en definitiva, una contradicción entre términos, que merece ocupar su lugar junto a otras expresiones de la neolengua de Orwell, quien nunca habría imaginado que el procedimiento denunciado por él («la guerra es la paz», «la libertad es la esclavitud») tendría hoy tantos adeptos, desde las «bombas humanitarias» de Vaclav Havel hasta la «guerra misericordiosa» del ex general Jay Garner o el «nacionalismo universalista» de Kagan.

No es cierto que estos dos objetivos vayan siempre juntos, y tampoco que deban situarse en el mismo nivel. El criterio decisivo es el interés nacional y por consiguiente, en este caso, la seguridad interior. La instauración de regímenes liberales en otros países se considera un objetivo correcto si redunda en beneficio de lo primero, y malo si va en su contra. Si el Gobierno estadounidense recuerda con tanta insistencia la «liberación del pueblo iraquí» es porque todos creemos que el lenguaje de la virtud es superior al de la fuerza. El imperio soviético lo sabía muy bien, y por ello no dejaba de repetir que luchaba por la libertad de los oprimidos y la paz entre los pueblos. Los ideales nobles son un arma retórica muy peligrosa, que ni siquiera el jefe del Ejército más poderoso del mundo puede permitirse descartar. Los ideales infunden entusiasmo en las tropas, merman la resistencia del enemigo y se ganan las simpatías de terceros.

Sin embargo, la afirmación de estos ideales no es necesariamente una muestra de hipocresía. Es cierto que el régimen de Sadam Husein era una dictadura detestable y que nadie lamenta hoy su caída. En este caso, no había conflicto entre la seguridad interna y la libertad en el exterior. Lo que ocurre es que, si queremos hablar sobre los principios subyacentes a determinada política, es mejor llamar a las cosas por su nombre y describir la auténtica jerarquía de valores en lugar de embriagarnos con palabras bellas. La defensa del interés nacional y la seguridad no tiene nada de deshonroso, y si puede coincidir con la instauración de un régimen liberal en otro país, mejor aún. Lo que caracteriza a la actual política norteamericana no es la mera adopción de estos objetivos, sino el medio que se considera legítimo para conseguirlos, a saber: una intervención militar que no puede verse como legítima defensa. Es decir, lo que se ha dado en llamar la «guerra preventiva».

LOS NEOFUNDAMENTALISTAS

Como hemos visto, no está demostrado que la política exterior de Estados Unidos se guíe siempre por los ideales democráticos. Pero a veces sí lo hace, y ello constituye un argumento muy persuasivo. ¿Acaso no debemos admirar y apoyar a un país que dice actuar con la intención de derrocar a los tiranos, instaurar la democracia y defender los derechos humanos?

Los ideólogos de la Administración estadounidense han afirmado muchas veces que la vocación de su país —equivalente al «pueblo elegido» de la Biblia— era instaurar el Bien en el mundo. George Kennan, que ideó la política de «contención» en relación con la URSS, hablaba de las «responsabilidades de dirección moral y política que la historia ha querido confiar a Estados Unidos». En este caso la historia adopta el papel de Dios y se torna capaz de concebir proyectos e intenciones. Y su voluntad se manifiesta otorgando a Estados Unidos un poder superior al de los demás países: en este caso, la fuerza se transmuta paulatinamente en derecho.

En el documento oficial difundido por la Casa Blanca el 20 de septiembre de 2002, conocido como «The National Security Strategy», el presidente Bush hacía explícito el carácter presente de esta «elección»: «Hoy en día la humanidad tiene la oportunidad de conseguir el triunfo de la libertad sobre sus enemigos, y Estados Unidos está orgulloso de la responsabilidad que le compete como conductor de esta importante misión». Pero Bush llega a una conclusión nueva: hay que pasar de la defensa al ataque. Y prosigue diciendo: «Estamos dispuestos a extender la dignidad humana, la libertad de culto y la libertad de conciencia». La consecución de tan elevado objetivo justifica el recurso a cualquier medio, en especial a la guerra.

¿En qué familia teórica se inscribe este proyecto político? Se ha dicho muchas veces que el programa de G. W. Bush, o en todo caso esta parte del programa, fue obra de un grupo de neoconservadores. Pero el término «conservador» no es del todo adecuado en este caso, como apuntaba por otra parte uno de ellos: «Los neoconservadores no pretenden defender el orden de cosas vigente, fundado en la jerarquía y la tradición y en una visión pesimista de la naturaleza humana» (declaraciones de Francis Fukuyama al Wall Street Journal del 24 de diciembre de 2002). Estos ideólogos creen en la posibilidad de mejorar radicalmente tanto el hombre como la sociedad y se implican activamente en el proyecto. Pero en este caso no se les puede atribuir el término de conservadores, ni con el prefijo neo ni con el prefijo paleo. Sería más adecuado designarlos con el término de neofundamentalistas: son fundamentalistas porque reivindican un bien absoluto que quieren imponernos a todos, y son neo porque este bien ya no se define en relación con Dios, sino con los valores de la democracia liberal.

Ninguno de estos dos ingredientes es realmente nuevo, pero la combinación, de ambos, sin embargo, resulta inédita. Los fundamentalistas creen en los valores absolutos y por lo tanto rechazan el relativismo vigente, las críticas a la democracia de los multiculturalistas o la jerga de la «corrección política». Sin embargo, como no son conservadores, quieren implantar su ideal en todo el mundo recurriendo a la fuerza. Según este punto de vista, recuerdan más bien el espíritu de la «revolución permanente». Los orígenes de esta vertiente de su pensamiento deben buscarse en la izquierda revolucionaria antiestalinista; podríamos decir, por tanto, que Daniel Cohn-Bendit se equivoca y acierta a la vez cuando califica a este grupo de ideólogos de «bolcheviques». A pesar de ser críticos con el ideal bolchevique o estalinista, conservan la estructura de pensamiento de los activistas: hay que reformar el mundo, resolviendo sus problemas de una vez por todas, con las armas si es necesario; la libertad debe triunfar. No es casual que entre ellos, tanto en Estados Unidos como en Francia, veamos numerosos ex trotskistas o ex maoístas: en ambos casos se manifiesta un mismo espíritu intervencionista que no se resigna a las imperfecciones del mundo, una misma atracción por la violencia y una ideología inter nacionalista.

La exportación de la revolución comunista en el siglo XX, apoyada por el Ejército Rojo cuando fue necesario, constituye la manifestación previa de este esquema de pensamiento, si bien es cierto que el ideal preconizado en esa época era otro. Pero la expansión de la revolución comunista no fue el primer ejemplo de esta mentalidad. En el siglo XIX, las potencias europeas, como Francia y Gran Bretaña, emprendieron guerras coloniales justificándolas con el objetivo de difundir el Bien por todo el mundo. En ese momento el Bien equivalía a lo que hemos dado en llamar «civilización», en nombre de la cual, precisamente, fundaron las potencias coloniales su dominio sobre los países africanos y asiáticos. Antes de eso, los batallones de Napoleón exportaron las ideas de la Revolución Francesa —libertad, igualdad y fraternidad— con la fuerza de las bayonetas. En todos estos casos, los ideales y el poder se reforzaron mutuamente.

En la tradición inmediatamente anterior, la conjunción de ideales y poder se hallaba en la base del orden teológico-político. Ambos elementos estaban indisolublemente ligados: la realeza encontraba su legitimidad en el derecho divino, y la ley religiosa era la base de la ley humana. En la tradición cristiana, surgieron algunas herejías mesiánicas y milenaristas que anunciaban el inminente advenimiento del paraíso sobre la Tierra y declaraban que cualquier medio era bueno para acelerar el proceso. Las utopías comunistas son herederas de los movimientos milenaristas, aunque el objetivo final sea distinto. Y puede decirse lo mismo de las tendencias milenaristas actuales, que no pretenden imponer una vida conforme al modelo de Jesucristo, sino un conjunto de valores encarnado por Estados Unidos, es decir, una variante de la democracia liberal.

Así pues, la idea que anima este aspecto de la política exterior estadounidense no es conservadora, pero tampoco es liberal (ya que preconiza la unidad en lugar de aceptar la existencia de la diversidad). ¿Puede decirse que es una idea democrática? Algunas democracias del pasado recurrieron al ideal, en la época en que países como Gran Bretaña y Francia pusieron en práctica esta ideología en las campañas coloniales. Así pues, la democracia es perfectamente compatible con la existencia de esta idea, pero ¿podemos decir que la combinación de ambas es armoniosa? Lo cierto es que para que se afirmara el ideal democrático hubo que esperar a que se desmoronase la unidad entre teología y política. Esta ruptura, reivindicada por los filósofos del Renacimiento y la Antigüedad, se tradujo en la práctica en la creación de las primeras democracias, la estadounidense y la francesa, antes de dar paso a la separación definitiva entre Iglesia y Estado. ¿Qué sentido tiene este proceso? Un individuo puede creer que lleva una vida mucho más respetable que la de su vecino, pero, si vive en una democracia, no tiene derecho a imponer por la fuerza su modo de vida a los demás. El Estado garantiza la paz entre los ciudadanos, fijando un límite mínimo que no puede transgredirse (un límite que define el delito o el crimen), pero no formula ningún ideal que todo el mundo esté obligado a abrazar. En este sentido, la democracia no es un Estado «virtuoso».

Esta separación se da también en las relaciones internacionales, aunque se manifiesta bajo una forma distinta. Un pueblo determinado puede creer que su Dios es superior al del vecino y pensar por tanto que es él y no el otro quien está en posesión del Bien supremo; sin embargo, renunciará a declarar la guerra al otro pueblo para imponerle su idea del Bien. La democracia significa que cada población es soberana, y que por consiguiente tiene derecho a definir por sí misma su idea del Bien, sin que le sea impuesta desde el exterior. Así pues, cuando las potencias occidentales emprenden una guerra colonial en nombre de la democracia de la que se consideran representantes, los medios utilizados anulan el objetivo pretendido. ¿Cómo se puede «defender la dignidad humana» de los demás sin dejarles decidir su destino? Si imponemos la libertad a otro pueblo, lo estamos sometiendo, y si le imponemos la igualdad, lo estamos considerando inferior.

Por su parte, el ideal de la democracia liberal no se confunde con el del conservadurismo. Es cierto que, al no tomar como objetivo la consecución del paraíso aquí y ahora o el triunfo definitivo de la libertad sobre sus enemigos, la democracia liberal renuncia a sacrificar el presente por el futuro y a defender ideas abstractas en detrimento de los individuos o a justificar las muertes individuales con los nobles objetivos a los que pretende servir (recordemos de nuevo las «bombas humanitarias» y los «daños colaterales»). Pero el ideal de la democracia liberal tampoco supone aceptar resignadamente el mundo tal como es, ni limitarse a contemplarlo desde la serenidad. La democracia liberal se opone a la tiranía, aunque intenta combatirla por medios distintos a los de los neofundamentalistas: denunciándola públicamente, negándose a reconocer la legitimidad de sus gobiernos, marginando a sus países del concierto de las naciones, o recurriendo a cualquier otra iniciativa diplomática, política o económica.

Esta opción —la negociación en detrimento de la intervención, la contención en lugar de la ocupación del territorio enemigo— no está exenta de inconvenientes: los resultados se obtienen con más lentitud, y los impulsores del proyecto no adquieren una aureola heroica. Sin embargo, desde la perspectiva democrática, cuando es posible conseguir un mismo objetivo por dos vías distintas —de forma rápida por medio de la violencia o de forma lenta sin recurrir a la violencia—, es preferible optar por la lentitud. Es mejor desarmar a Irak en cuatro meses sin matar a nadie que desarmarlo en cuatro semanas matando a miles de personas.

Así es como actuaban los países occidentales en las décadas pasadas en relación con los regímenes que merecían su condena, como el de Sudáfrica o el de la Unión Soviética. ¿Cómo contribuyó el Gobierno estadounidense a la caída de esta última? Reagan no modificó la política de contención frente al «Imperio del mal» sino que se limitó a iniciar una carrera armamentística que terminó por poner de manifiesto la debilidad estructural del Estado comunista. De este modo, salió victorioso sin disparar un solo tiro.

El proyecto consistente en declarar la guerra a todos los tiranos y a todas las injusticias es cuestionable, y no solo porque sea imposible de llevar a cabo (se trata de una tarea sobrehumana) o porque en caso de ponerse en práctica comportaría un estado de guerra permanente y contribuiría por tanto al fortalecimiento de todos los ejércitos y todas las policías del mundo (un singular efecto del combate por la libertad). El gran escritor ruso Vassili Grossman, un excelente analista del totalitarismo del siglo XX, constató: «Donde se levanta el alba del Bien, mueren niños y ancianos y corre la sangre» (Vida y destino). ¿Por qué tendríamos que renunciar a imponer el Bien por la fuerza? Debemos renunciar a este proyecto porque corremos el peligro de que se deriven más sufrimientos que alegrías: la nobleza del fin no justifica la vileza de los medios. Las víctimas de la tentación del bien son infinitamente más numerosas que las de la tentación del mal. Por ello Grossman recomendaba cultivar la bondad en lugar del Bien, preocuparse por los individuos y no por las abstracciones. Desde este punto de vista, «democracia», «libertad» y «prosperidad» no son mejores que «revolución», «comunismo» o «sociedad sin clases». Unos ideales admirables no bastan para garantizar la felicidad de la humanidad: mientras nos dedicamos a defenderlos, «mueren niños y ancianos y corre la sangre».

La política exterior y la política interior de una democracia liberal no adoptan la misma forma. En el interior del país, el Estado puede recurrir a la coacción (a la policía) para mantener su poder o para imponer la justicia. Entre países, si bien no renuncia al uso de la fuerza, la usa para garantizar su intangibilidad o para proteger a sus ciudadanos o sus posesiones, en lugar de para imponer un orden ideal en todo el mundo. Aquí radica precisamente la diferencia entre una democracia y un Estado totalitario (o cualquier otra muestra de la combinación entre teología y política): las democracias recurren a las fuerzas armadas en legítima defensa, y los Estados totalitarios las utilizan para cambiar al resto del mundo. Luchar por la perfección del prójimo y no por la propia no es propio de la moral democrática. Por este motivo, no tiene sentido comparar las guerras actuales con la emprendida contra la Alemania nazi o Japón, ya que estos dos países habían atacado a otros, que estaban en su derecho de defenderse con las armas. Hay que reconocer el mérito de Estados Unidos por haber contribuido a instaurar la democracia en estos países, pero no fue por eso por lo que se declaró la guerra.

Por este motivo, un concepto recientemente popularizado como el de «derecho de injerencia» también puede considerarse incompatible con el espíritu democrático. Desde este punto de vista, la Guerra de Irak se inscribe en la misma línea que la intervención en Kosovo, momento en que se incorporó esta expresión a la retórica militar. La única diferencia entre ambos casos es que en Yugoslavia, en 1999, los que intervinieron se contentaron con sustraer una región al control del Gobierno central sin exigir su derrocamiento, mientras que en Irak, en 2003, se exigía la expulsión del Gobierno en vigor. El «derecho de injerencia» pretende identificarse con la democracia, pero al hacerlo comete un deslizamiento de sentido inadmisible. Al principio, se pensaba en una «injerencia» de tipo humanitario. Tomar la iniciativa para ayudar a los heridos y las víctimas del sufrimiento en un país extranjero no supone ninguna amenaza para la soberanía nacional. En un segundo momento, se hablaba de la necesidad de proteger militarmente a los colaboradores humanitarios. Y finalmente, en un tercer paso, contrario al espíritu del proyecto inicial, se justificaba el ataque militar aludiendo a una situación deplorable desde el punto de vista humanitario y se actuaba como si el principal efecto de la guerra fuera la instauración del respeto a los derechos humanos. Fue así como se llegó a una obra maestra de la neolengua: la «guerra humanitaria».

¿Podemos decir que, por poco que nos situemos en la óptica democrática, la intervención militar solo queda justificada en caso de legítima defensa? No, puesto que también se justifica en un caso extremo como el del genocidio, sin que haga falta recurrir a un imaginario derecho de injerencia que uno mismo se ha atribuido por el bien de la humanidad. En este caso, de la cantidad pasamos a la calidad. Cuando se extermina a un grupo constitutivo de la humanidad, nos vemos afectados todos, aunque no formemos parte de ese grupo. Sin embargo, no toda infracción de los derechos humanos es un genocidio, afortunadamente, ni todo tirano es un Hitler. Será mejor que dejemos descansar al fantasma del dictador nazi, sin abusar de comparaciones que confunden en lugar de iluminar. En el ámbito político no rige la ley del tercio excluso, y sigue siendo posible adoptar una acción no bélica: las democracias no están obligadas a elegir entre Munich (capitulación cobarde) y Dresde (bombardeos mortíferos).

LA FRAGILIDAD DEL IMPERIO

La guerra no se justifica solamente por el deseo de imponer la democracia: este argumento, por sí mismo insuficiente, se está convirtiendo en una mera trampa detrás de la cual se perfila un móvil más tradicional, como es el del interés nacional. Pero no deberíamos considerarlo un móvil inconfesable, ya que el deber primordial de todo gobierno radica en la defensa de los intereses nacionales. La política exterior de Estados Unidos no es ninguna excepción a este respecto, si bien posee dos características peculiares. En primer lugar, Estados Unidos considera que sus intereses están en juego en toda la superficie del planeta, y en segundo lugar, está dispuesto a defenderlos recurriendo sin dilación a la fuerza militar. La conjunción de estos dos rasgos es lo que hace que muchas veces se acuse a la política exterior de Estados Unidos de ser una política imperial.

El adjetivo «imperialista» tiene un carácter injuriante desde hace ya bastante tiempo y nadie quiere utilizarlo como lema. Como destacaba Raymond Aron en un ensayo publicado en 1959, sólo los demás son calificados de imperialistas. «El imperialismo es el nombre con el que se refieren a la diplomacia de una gran potencia su rival o los espectadores». La potencia en cuestión, por el contrario, tratará siempre de negar su pertenencia a una especie maldita, aunque su negación, por otra parte, no consiga eliminar todas las sospechas. «Las palabras sublimes no son suficientes para hacer reinar la justicia —continúa Aron—, al contrario: aseguran la preponderancia de la hipocresía. Por ello, los imperialistas se presentan disfrazados y dan el nombre de liberación a lo que en otros siglos se hubiera llamado opresión» (Estudios políticos).

Sea cual sea nuestra interpretación del término «imperialista», la política de Estados Unidos es indiscutiblemente imperial, puesto que los dos rasgos mencionados están claramente presentes en ella. Sin embargo, no todas las políticas imperiales se parecen. El colonialismo francés o británico del siglo XIX ejemplificaba una de las variantes del imperialismo, con el establecimiento de una jerarquía explícita entre metrópoli y colonia, mientras que la política anexionista de la URSS en el siglo XX, que integraba territorios nuevos en el Estado inicial, encarnaba otra de sus formas. El imperio estadounidense no se parece ni a una ni a la otra, ya que Estados Unidos no ocupa los países ni pretende anexionárselos. Se contenta con exigir que sus gobernantes no le sean hostiles, ni en el aspecto político ni en el económico. Tal vez el término más conveniente para este tipo de estrategia imperial sea el de «hegemonía».

¿Cuándo adoptó esta postura Estados Unidos? Cualquier país importante intenta ampliar su radio de influencia, y Estados Unidos ha sido un país importante desde su fundación. Sin embargo, algunos acontecimientos más recientes han contribuido a reforzar su papel y a reservarle un lugar excepcional entre las grandes potencias. El primer paso se dio durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las antiguas potencias occidentales (Alemania, Francia y Gran Bretaña) quedaron al margen de la competición y fueron superadas por Estados Unidos. El siguiente nivel se alcanzó al desmoronarse el imperio rival, el de la Unión Soviética. Ahora bien, Estados Unidos, además de seguir siendo el primero en cuanto a potencia, pocos años después de la caída del Muro decidió que no se cobraría los dividendos de la paz, es decir, que no aprovecharía el fin de la carrera armamentística para disfrutar de su riqueza en el presente. Al contrario, bajo la presidencia de Clinton, el presupuesto del Ejército casi se duplicó, hasta el punto de que ya no hay nadie capaz de igualar la potencia militar estadounidense.

La tercera y última etapa hacia lo que algunos han dado en llamar la «hiperpotencia» se franqueó inmediatamente después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Hasta entonces, Estados Unidos contaba con que su superioridad militar era suficiente para inspirar respeto y podía imaginar que nadie se atrevería nunca a atacarle. Pero lo cierto es que no había tenido en cuenta el peligro de los terroristas dispuestos a sacrificarse individualmente, los cuales, al renunciar a la propia vida, ya no tienen nada que perder y no temen ningún contraataque. El descubrimiento de su vulnerabilidad hizo que Estados Unidos sumara un nuevo capítulo a su estrategia militar: el de la «guerra preventiva», la única capaz, en su opinión, de impedir los atentados terroristas. La Guerra de Irak es consecuencia directa de esta decisión.

La nueva doctrina quedó codificada en el documento titulado «The National Security Strategy», del 20 de septiembre de 2002, donde se afirma que, aunque se desconozca el momento y el lugar de los futuros ataques enemigos, Estados Unidos está en su derecho de combatir a los enemigos potenciales, sean terroristas o sean estados favorables al terrorismo antiamericano. La introducción del concepto de guerra preventiva supone una verdadera innovación en las relaciones internacionales modernas, ya que las grandes potencias, aunque nunca se habían privado de intervenir en los asuntos de los países pequeños, tampoco habían erigido nunca como principio la decisión unilateral de declarar la guerra basándose en la mera posibilidad de un ataque. De modo que el senador estadounidense Robert Byrd tenía razón cuando hablaba del «cambio de rumbo en la política internacional de Estados Unidos», el «enfoque radicalmente nuevo de la idea de autodefensa» y la «doctrina revolucionaria de la prevención» (discurso ante el Senado estadounidense pronunciado el 12 de febrero de 2003).

Podríamos considerar inmoral una política que se basa únicamente en la superioridad del poder. Pero en este caso, no son pertinentes los juicios morales. La política es algo distinto a la moral y debe ser juzgada según sus propios criterios. La verdadera cuestión que debe plantearse el Gobierno estadounidense es ésta: la búsqueda de la hegemonía mundial por medio de la guerra preventiva, ¿es el mejor medio para garantizar nuestra seguridad y defender nuestros intereses? ¿Acaso la consecución de la paz a través del imperio permite fundar un orden internacional lo más estable posible y el más beneficioso para Estados Unidos? La intervención armada contra Irak en 2003, el primer gran ejemplo de esta estrategia, permite observar las consecuencias de la guerra fuera de los gabinetes de los expertos, en el mundo real: no es prudente alabar o condenar una doctrina a partir de unos resultados meramente imaginados.

¿Podríamos decir que la guerra tuvo el efecto deseado? Como hemos visto, el objetivo declarado era el derrocamiento de la dictadura y el establecimiento de la democracia. La primera parte del programa se consiguió con celeridad, para alegría de los exiliados políticos iraquíes y de una buena parte de la población del país. La segunda parte era más compleja. Hay que decir que el proyecto tenía algo de ingenuo desde un buen principio, ya que consideraba la sociedad iraquí como un conjunto desordenado donde había de ser posible introducir un nuevo régimen político como quien introduce un nuevo producto comercial. Ahora bien, no hay que ser sociólogo profesional para saber que un régimen político no puede aislarse del resto de la estructura social. La sociedad conforma un todo, compuesto de elementos interdependientes. Los efectos de una medida nueva no dependen únicamente de sus cualidades intrínsecas. Si se introduce un sistema de protección sanitaria sin tocar nada más, el resultado será un aumento súbito de la natalidad, lo que a su vez provocará éxodo rural y tensiones sociales. Si se abren las fronteras a los productos manufacturados, se destruirá la economía de subsistencia local y se favorecerá el paso de la pobreza a la miseria. Si se imponen reglas democráticas en una sociedad tradicional, el resultado no puede preverse con seguridad. Las ventajas de cada régimen no pueden aislarse de sus inconvenientes, e introducirlas de forma automática puede hacer que favorezcamos a los últimos en detrimento de los primeros.

Esto es lo que se pudo observar en Afganistán en 2001 y en Irak en 2003. El régimen de los talibanes era merecedor de reprobación, pero su derrocamiento no ha conducido a la creación de una democracia de estilo estadounidense, y no podía hacerlo, ya que faltaban los demás ingredientes de una sociedad liberal. En una gran parte del país, el poder pasó de manos de los talibanes a manos de los caciques locales; y tampoco es cierto que haya mejorado la vida cotidiana de los afganos, ni siquiera la de las afganas. En Irak, el derrocamiento de la dictadura dejó un vacío de poder que el victorioso Ejército estadounidense era incapaz de llenar. Y después vino un período de inseguridad y pillaje que agravó todavía más la situación de la población. Este encadenamiento de situaciones no tiene nada de sorprendente: como sabemos, hay algo todavía peor que un Estado malo, y es la ausencia de cualquier Estado. La anarquía es peor que la tiranía, ya que sustituye la arbitrariedad de uno por la arbitrariedad de todos.

Además, suponiendo que termine por instaurarse un gobierno democrático, nada nos asegura que vaya a ser de inspiración liberal ni que vaya a proteger las libertades de todos los ciudadanos. Que el poder esté en manos del pueblo no garantiza en absoluto que sea un buen poder: el «pueblo» puede decidir, por ejemplo, que las mujeres deben quedarse en casa, o que la pena de muerte o los castigos físicos se aplicarán sin limitaciones. Podría ser que se impusiera una república islámica por voluntad del pueblo: en este sentido sería democrática, pero no contribuiría al bienestar de toda la población.

El ejemplo de Kosovo, que suele salir a relucir en este contexto, tampoco es demasiado convincente. El objetivo era acabar con la limpieza étnica (el genocidio anunciado era más una forma de propaganda que una amenaza real), y la intervención tuvo como efecto su instauración definitiva, con todos los serbios por un lado y todos los albaneses por el otro, sin que ninguno de los grupos osara aventurarse en el territorio del vecino. Aunque el objetivo era instaurar la democracia en lugar de la tiranía, la intervención contribuyó a crear un territorio administrado por mafias diversas, caldo de cultivo de la prostitución y el tráfico de drogas en Europa. «Ante la falta de un orden público, ante la falta de una policía y unos tribunales, Kosovo se ha convertido en un terreno ideal para todo tipo de crímenes», ha escrito el periodista kosovar Veton Surroi (Courrier International, 25 de abril y 1 de mayo de 2003). El paro alcanza ya el 90 por 100 y la región vive de subvenciones, principalmente europeas. Ha terminado la persecución de los albanófonos por parte del poder yugoslavo central, lo que constituye una ventaja indiscutible, pero la transformación de la provincia en protectorado de la ONU, dependiente de la financiación internacional, ¿puede considerarse un modelo de solución para las tensiones interétnicas? A menos que el objetivo de la intervención no fuera uno muy distinto, como ha anunciado recientemente el general Wesley Clark, antiguo comandante de la OTAN: «Ningún objetivo concreto y ningún conjunto de objetivos eran tan importantes como la cohesión de la OTAN» (Waging Modern War, p. 430). No podemos evitar preguntarnos si la salvaguarda de una institución, aunque sea la OTAN, justifica el sacrificio de vidas humanas.

La guerra preventiva, tanto si responde a un ataque real como a una mera impresión de inseguridad, se apoya en una apreciación obligatoriamente parcial y subjetiva. El ejemplo de Estados Unidos podría volverse contagioso: si aceptamos que cada país ataque a los demás apoyándose tan solo en sus impresiones, abrimos la vía para una guerra permanente de todos contra todos. Es cierto que las tiranías son odiosas. Muchos afganos ayer y muchos iraquíes hoy, tanto en el interior como en el exterior del país, deseaban una intervención extranjera para expulsar a quienes detentaban el poder. Ahora bien, ¿estaban dispuestos a asumir todas las con secuencias de este gesto? Imaginemos que mañana son ellos los dirigentes de un nuevo gobierno: ¿Aceptarán que el destino de su país se decida en otro lugar? ¿Aceptarán que las potencias extranjeras los depongan cuando su política deje de gustarles? Dicho de otro modo: ¿Estarán dispuestos a someterse en el futuro a una ley que les perjudica, esa misma ley que, actualmente, obra en su beneficio?

El segundo objetivo de la guerra de Irak era vencer el terrorismo y por tanto reforzar la seguridad nacional. ¿Podemos decir que se ha conseguido? La Guerra de Afganistán, en efecto, redujo la amenaza inminente de ataques terroristas, pero, como hemos visto, la vinculación entre el régimen iraquí y las redes islamistas es una cuestión bastante más problemática. No hay que olvidar, ante todo, que la guerra tradicional —que implica bombardeos, destrucción y ocupación— no es el sistema más adecuado para combatir a este nuevo tipo de enemigo. En cierto sentido, Estados Unidos tuvo suerte de que un país (Afganistán) se declarara solidario de la red terrorista, ya que ello hacía posible una respuesta militar tradicional. Pero esta manera de asumir la responsabilidad de los atentados, que ilustra una vez más la ineptitud política de unos agresores que prefieren «pasar el rodillo» en lugar de «esconderse en la naturaleza», no parece que pueda reproducirse en el futuro, lo cual hará que la lucha contra los ataques terroristas sea mucho más difícil. El problema está en que la agresión es perpetrada por unos individuos que no se concentran en un territorio definido. Los avances tecnológicos han puesto las armas peligrosas al alcance de personas aisladas, ya no solo de los Estados. Y estas personas pueden ocultarse sin demasiada dificultad y escapar a toda respuesta militar. Por otro lado, estos mismos individuos son capaces de contemplar con serenidad el sacrificio de su propia vida y, por ello, no les afectan las medidas de prevención habituales.

Hoy en día, Estados Unidos está en condiciones de salir victorioso en cualquier confrontación de tipo clásico: parece que sobre este punto no hay discusión. Sin embargo, frente a la amenaza terrorista, Estados Unidos es un poco como un boxeador que intenta matar moscas sin quitarse los guantes. Los misiles de láser y las bombas de fragmentación tendrían que ser sustituidos por métodos muy distintos: infiltración en las redes terroristas, seguimiento de los sospechosos, escuchas telefónicas, bloqueo de las fuentes de financiación, secuestro o ejecución de individuos particularmente peligrosos, propaganda… Al mismo tiempo, habría que separar al terrorismo de su base, y para ello, sin que sea necesario ceder al chantaje, habría que acabar con las causas del resentimiento, las injusticias de las que somos responsables y que garantizan el apoyo efectivo de la población a los terroristas. Si todo un pueblo considera que la causa de los terroristas es justa, la lucha contra el terrorismo tiene pocas posibilidades de triunfar: esta es la amarga experiencia vivida por Francia en el caso de la Guerra de Argelia, donde, no obstante, gozaba de una superioridad militar indiscutible.

Desde esta perspectiva, no está claro que la Guerra de Irak haya contribuido realmente a la erradicación del terrorismo. La violencia engendra violencia: a pesar de su banalidad, esta fórmula no deja de ser cierta. Es inevitable que esta guerra haya sido vivida como una humillación por muchos pueblos árabes, musulmanes o sencillamente no occidentales. La humillación, experimentada o imaginada, es la madre del fanatismo, y nada intensifica más el terrorismo que la combinación entre la voluntad de sacrificio y la difusión generalizada de la tecnología de destrucción. Desde el fin de la guerra se han sucedido los atentados: el terrorismo goza de buena salud.

Tampoco está muy claro que se hayan alcanzado las consecuencias positivas que se esperaban de la guerra, mientras que algunos de sus efectos negativos son claramente visibles. Para empezar, los estragos cometidos en Irak, tanto en el país como en su población. Aunque no pretendo hacer la competencia a los escritores antiguos y modernos que han descrito los desastres de la guerra en términos terribles, no puedo dejar de recordar algunos hechos comprobados. No hay que olvidar que detrás de palabras abstractas como guerra, victoria o liberación se ocultan cuerpos mutilados y viviendas derruidas. Cada persona es única e insustituible, y la vida de cualquier ser humano tiene un valor incalculable; por ello, resulta obsceno incluir el número de víctimas en los cálculos estratégicos. Estas personas no viven aisladas, sino que son objeto del amor de unos seres queridos cuya vida quedará marcada para siempre: esposos y esposas, padres y madres, hijos e hijas, condenados a recordar hasta la muerte la muerte de un ser al que querían más que a nada en el mundo y que ya no regresará. ¿Quién es este dios implacable que decide que el cambio de régimen justifica el sacrificio de mil, diez mil o cien mil vidas y el sufrimiento permanente de las personas que les querían y que suman diez veces más? ¿Cómo puede alguien situarse fuera de la comunidad humana hasta este punto (o al contrario, dejar fuera a la población «enemiga») para decidir, como se hizo en el caso de Hiroshima, que un cuarto de millón de vidas humanas es un precio razonable si acelera la victoria?

También es falsa la distinción entre víctimas civiles y militares: ¿Qué son los soldados sino jóvenes que eran civiles unos meses antes y que estaban a punto de volver a serlo unos meses después? Más allá del presente está el futuro: los heridos condenados a seguir mutilados, enfermos o inválidos; los niños condenados a crecer sin padres, invadidos por la amargura, la rebelión o los sueños de venganza. Más allá de los seres humanos, está el escenario de sus vidas: las casas, con todo lo que se ha ido acumulando durante años, esas proyecciones de la identidad que van más allá de la persona. Las calles y las carreteras que unen a las casas entre sí. Los edificios, los campos y los paisajes, convertidos en ruinas, en solares baldíos, en espacios destrozados. Es todo esto, y tantos otros sufrimientos vividos por seres anónimos, lo que vemos como una cifra despreciable cuando decidimos recurrir a la guerra para alcanzar nuestro objetivo más rápidamente, en lugar de buscarlo lentamente, por medio de negociaciones y presiones.

¿Cuántos muertos hubo durante la Guerra de Irak? Se sabe el número exacto de víctimas en el bando angloamericano (ciento cincuenta personas), pero no el de las bajas iraquíes. Nos faltan las cifras completas, aunque podemos hacernos una idea. Por ejemplo, se calcula que cuando se produjo la primera incursión de tanques estadounidenses en los barrios de Bagdad, que no duró más de tres horas, hubo un muerto estadounidense por cada 2.000 o 3.000 muertos iraquíes (Le Monde del 16 de abril de 2003). Se ha dicho que varias divisiones del Ejército iraquí fueron reducidas como si hubieran caído dentro de una «picadora de carne». El Financial Times del 11 de abril de 2003 avanzaba una cifra aproximada: unos 30.000 militares iraquíes muertos, a los que habría que sumar un número indeterminado de civiles. Ese fue el efecto de las 24.000 bombas lanzadas, los 800 misiles disparados y los incontables disparos: ¿Vamos a extrañarnos del resultado? Las armas han sido hechas para matar, y matan. Por otro lado: ¿Tenemos derecho a consolarnos diciéndonos que la guerra habría podido ser aún más mortífera (este es el motivo por el cual el general Jay Garner la calificó de «misericordiosa»)? ¿Nos convertimos en bienhechores de la humanidad por el hecho de no haber matado a tantas personas como podríamos haber matado?

No tenemos motivos para sentirnos orgullosos de los efectos de esta guerra en el enemigo, aunque la «caída del tirano» fuera deseable. Y sus efectos sobre terceros (los pueblos que se mantuvieron al margen del conflicto) tampoco fueron todos positivos. Es cierto que nadie duda ya (si es que alguien llegó a dudarlo en algún momento) de la superioridad militar estadounidense; a menos que tenga tendencia al suicidio, nadie desafiará a Estados Unidos en este terreno. Pero el prestigio del país no se ha visto reforzado por ello, ya que la demostración de fuerza bruta y su decisión de no hacer caso de objeciones o reservas han provocado un sentimiento difuso de hostilidad. Es cierto que los sentimientos no se transforman directamente en divisiones blindadas, pero un día pueden provocar reacciones violentas. Y no me refiero únicamente a la población del Tercer Mundo, que ahora rumia su rencor, sino también a los aliados tradicionales de Estados Unidos, como los países de la Europa occidental, donde la imagen estadounidense se ha visto perjudicada. Con perplejidad y algo de inquietud, leí los resultados de una encuesta (28 y 29 de marzo de 2003), según la cual solo una tercera parte de los franceses se alineaba junto al bando angloamericano en relación con el conflicto en curso, mientras que la cuarta parte optaba por la victoria de Irak. Se trata sin duda de una reacción visceral, pero reveladora: al contrario que las fuerzas militares, los defensores de la guerra en el mercado internacional de las imágenes han perdido la partida.

Finalmente, también se han hecho sentir efectos negativos en la vida pública interna de Estados Unidos. La situación de guerra ha perjudicado algunos principios de la democracia (uno de los eternos peligros de la guerra). La violación más clara del espíritu liberal y democrático tiene que ver con el trato conferido a los prisioneros de la Guerra de Afganistán, un trato que el ambiente bélico reinante ha hecho posible. Para sustraerse a las obligaciones legales que imponen la concesión de determinados derechos a los prisioneros, el Gobierno estadounidense los ha mantenido fuera de su territorio, en el propio Afganistán o en la base militar de Guantánamo, en Cuba. Esta medida es conforme a la letra de la ley, pero traiciona vilmente el espíritu de la misma. Es más, no se trata de un simple internamiento, sino de un trato difícil de diferenciar de la tortura. Los responsables estadounidenses, según informaba el New York Times el 12 de marzo de 2003, calificaron de técnicas de interrogatorio aceptables a «la privación de sueño y de luz y la suspensión temporal de alimentos, agua y cuidados sanitarios». Las técnicas habituales de «presión» incluyen el hecho de «cubrir la cabeza de los sospechosos con una capucha negra durante horas, sin interrupción, y obligarlos a permanecer de pie o arrodillados en posturas incómodas y en unas condiciones de calor o frío extremos», que van de los más de 40 grados a menos de 10. Algunos prisioneros están desnudos durante largas horas, con los pies y las manos atados. Si esto no es tortura física, se le parece mucho. Los militares estadounidenses hubieran podido aprender de los militares franceses, que recurrieron sistemáticamente a la tortura durante la Guerra de Argelia con los resultados por todos conocidos, la escasa eficacia de estos métodos, que continúan justificando con la necesidad de recabar confesiones rápidamente para impedir próximos atentados. Parece que nunca aprendemos de los errores de los demás.

Aunque menos flagrantes, también son lamentables otras infracciones de las formas de vida características de una democracia liberal. Apoyándose en una ley de excepción, la Patriot’s Act, algunos grupos de la población estadounidense (personas de origen iraquí, árabes o musulmanes) han sido objeto de discriminación. También se han suspendido algunas libertades públicas, con detenciones al margen de los límites autorizados, escuchas ilegales y amenazas.

Además de estas medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense, la situación de guerra ha creado un ambiente poco propicio para la afirmación de los valores democráticos. A lo largo del conflicto, lo más visible para el visitante exterior ha sido la drástica reducción del pluralismo informativo, que no era consecuencia de una censura impuesta por el Gobierno sino más bien de una autocensura, justificada por la necesidad de apoyar a las tropas. Después de ver y oír algunas cadenas de televisión, el espectador tenía la impresión de que eran ellas las que decidían el curso de la guerra, hasta tal punto la propaganda ocultaba a la información. Es cierto que la situación de Europa era especial, ya que aquí, por lo general, la opinión pública se mostró hostil a la guerra, pero Estados Unidos seguía siendo considerado el aliado tradicional: como resultado, en las pantallas de televisión o en la prensa coincidían puntos de vista divergentes. Los medios de comunicación estadounidenses, por el contrario, parecían informar casi siempre «acusando» o «excusando», más preocupados por convencer que por buscar la verdad. Tal actitud no implica necesariamente mentir o falsificar los hechos: basta con seleccionar los datos de una forma específica, pues la realidad es suficientemente compleja para ilustrar cualquier tesis.

El aumento de la intolerancia frente a las opiniones disidentes es también un indicio del deterioro de la vida democrática. Sus efectos pueden ser brutales, sobre todo cuando esos ayatolás occidentales que son los dirigentes de los grandes medios de comunicación lanzan una fatwa contra tal o cual figura pública que ha expresado su disconformidad con la guerra. ¿Es normal boicotear a artistas o músicos, dejarlos sin presencia en antena, tirar o quemar sus discos o cubrirlos de injurias infamantes? La sociedad norteamericana siempre ha ejercido una presión más fuerte que las sociedades de la Europa occidental sobre las conductas individuales, pero en tiempos de guerra esta presión se ha intensificado todavía algunos grados, hasta el punto de volverse preocupante.

La exacerbación de las pasiones patrióticas no ayuda a combatir el etnocentrisrno y la xenofobia, actitudes que no tienen nada de democráticas. La opinión pública estadounidense se indignó al ver que «sus» soldados aparecían en la televisión iraquí tras ser hechos prisioneros. Sin embargo, no le pareció inconveniente ver a los soldados iraquíes prisioneros, ya que estos no tenían derecho al respeto que se merece la dignidad de las personas. Y tampoco se escandalizó de ver a una cincuentena de dirigentes iraquíes reducidos a la condición de naipes, con la orden terminante de detenerlos «vivos o muertos», es decir, de liquidarlos, llegado el caso, sin ningún tipo de proceso. La proliferación de eufemismos es otra mala señal. Decir que «una división ha quedado significativamente degradada» es más elegante pero no menos grave que anunciar la muerte de mil o dos mil soldados.

Por último, existe otro deterioro más difícil de advertir pero más peligroso para los hábitos democráticos. Consiste en la legitimación de prácticas inaceptables, como si la urgencia de la situación bastara para justificar cualquier cosa. Por ejemplo, las pruebas sobre la culpabilidad de Irak. El argumento de que Irak constituía una amenaza nuclear se apoyaba en dos documentos que resultaron ser falsos en ambos casos (un contrato con Níger y un informe supuestamente secreto que en realidad era un trabajo de fin de curso de un estudiante). ¿Lo ignoraban realmente las autoridades estadounidenses, o es que preferían la victoria a la verdad? La actitud de los equipos al mando del país nos hace pensar inevitablemente en los procedimientos usados antaño por los enemigos de la democracia: demagogia, manipulación de la opinión pública y opacidad de las decisiones. La historia reciente de Estados Unidos demuestra que esta amenaza no es necesariamente imaginaria, ya que fue precisamente en este país donde floreció el maccarthysmo, esa peligrosa perversión del orden liberal. No podemos evitar plantearnos una cosa: ¿El deseo de fortalecer la democracia en Irak justifica que esta se deteriore en Estados Unidos?

ELOGIO DEL PLURALISMO

La política ejemplificada por la Guerra de Irak no beneficia a los intereses nacionales de Estados Unidos. No se puede negar que se alcanzó una victoria inmediata, pero eso no es lo único que importa. Como apuntaba prudentemente Raymond Aron, «la grandeza debida al poder no es la única forma de grandeza», a lo que se podría añadir lo siguiente: tampoco el éxito militar es la única forma de éxito. A medio y largo plazo, este tipo de política ha conducido al deterioro del sistema democrático en el interior de Estados Unidos; ha ensombrecido su imagen en terceros países, alimentando un antiamericanismo que podría volverse peligroso; y el beneficio que supone el derrocamiento de la dictadura ha quedado a su vez contrarrestado por los inevitables destrozos que provoca toda guerra y por la incertidumbre política respecto al futuro. Resulta peligroso utilizar la fuerza bruta sin pensar en las valoraciones que suscita, ya que las ideas y los sentimientos, impotentes en apariencia, pueden acabar derribando a un imperio. Así como en el interior esta política termina por destinar a los proyectos militares los recursos previstos para proyectos pacíficos, y por lo tanto empobrece al país, en el exterior crea un clima de inestabilidad y de riesgos. El respeto a las soberanías nacionales es más beneficioso que la guerra preventiva para la seguridad del país.

Ciertamente, podemos estar de acuerdo en que la guerra sea una continuación de la política por otros medios, ya que se trata también de defender el interés nacional. Pero la recíproca no es verdad: la política no es una forma disfrazada de la guerra. Los «otros medios» equivalen incluso al final de la política: la guerra es una confesión de fracaso, la señal de que, habiendo agotado todas las vías políticas, solo queda el recurso a la fuerza bruta. Cuando hablan las armas, se acaban los discursos; y la política, en lo esencial, está hecha de discursos, de conversaciones, de la búsqueda de compromisos y consensos.

Aunque el poder militar puede imponerse a los cuerpos, sus efectos sobre los corazones y las almas son mucho más discutibles. Sin embargo, para la seguridad de Estados Unidos, la conquista de las mentes no es menos necesaria que la victoria bélica. Esta reflexión es especialmente cierta en lo que respecta a la amenaza terrorista, que no se encarna en un Ejército regular. Según este punto de vista, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Dominique de Villepin, tiene razón cuando asegura en el Consejo de Seguridad de la ONU, el 19 de marzo de 2003: «En un mundo donde la amenaza es asimétrica y donde el débil desafía al fuerte, la capacidad de convicción y la facultad de influir en la evolución de las mentalidades tienen tanta importancia como el número de divisiones militares».

Los intereses de Estados Unidos estarían mejor protegidos si el país renunciara a su arriesgada política, que en el futuro podría llevarlo a utilizar las armas nucleares en un primer ataque. Y también estarían mejor protegidos si, por el contrario, Estados Unidos procurara que el resto del mundo encontrara legítimas sus acciones. Ahora bien: ¿Qué es lo que aporta legitimidad a una política? Los pensadores del pasado han debatido largamente esta cuestión en sus reflexiones sobre los principios del derecho político. La legitimidad no está en el mero hecho de ostentar el poder, ya que muchas veces este se ha obtenido originariamente mediante la violencia (la Guerra de la Independencia inaugura la democracia estadounidense, al igual que la Revolución de 1789 inaugura la democracia francesa). Y aun en el caso de que el poder fuera la expresión legal de la voluntad popular, podría equivocarse, ya que la opinión de la mayoría no es necesariamente lúcida y también puede ir contra el espíritu de la justicia. La legitimidad tampoco está en la nobleza de los objetivos que nos atribuimos, pues siempre podremos sospechar que el poderoso ha usado estos objetivos para disimular sus apetitos. Entonces, ¿dónde radica la legitimidad?

Montesquieu, en el siglo XVIII, dio la respuesta con esta breve fórmula: «Ningún poder sin límites puede ser legítimo» (Cartas persas, carta 104). La legitimidad no viene del origen ni de la finalidad del poder, sino de la forma en que se ejerce: viene del hecho de marcar límites y compartirlo con los demás. Existen dos visiones opuestas en torno a esta cuestión, una que se sitúa bajo el signo de la unidad y la otra de la pluralidad. Una cree estar en posesión del bien y por tanto se considera con el derecho de imponerlo a todos, mientras que la otra confía también en su superioridad, pero no se permite darla por supuesta y considera que una división y separación entre los poderes es preferible a su concentración. Es mejor que haya varios partidos a que haya solo uno, aunque sea el mejor de todos. En el interior del país, el poder encuentra sus límites en la independencia entre el ámbito ejecutivo, el legislativo y el judicial, al igual que en la pluralidad de partidos y fuentes de información, e incluso en la atribución de derechos a las minorías. En las relaciones internacionales, la limitación radica en el respeto a la soberanía de los demás Estados, aunque seamos suficientemente fuertes para someterlos, y en el respeto por los tratados y convenciones entre países, aunque tengamos la posibilidad de transgredirlos. La aceptación del pluralismo es el mejor modo de proteger la autonomía de cada elemento, y por tanto de recabar su adhesión.

Los tratados entre países o las obligaciones respecto a un organismo internacional como la ONU no tienen el vigor de las leyes que rigen la vida interior del país; sin embargo, al representar una restricción voluntariamente consentida al uso de la fuerza, contribuyen al reparto pluralista del poder en el mundo. Ahora bien, cuando declaró la guerra contra Irak, Estados Unidos demostró muy poco respeto por las convenciones internacionales. No olvidemos que sus intenciones habían quedado claramente formuladas en «The National Security Strategy», donde se decía: «Aunque Estados Unidos está dispuesto a recurrir a todos los medios para obtener el apoyo de la comunidad internacional, no vacilaremos en actuar solos si es necesario». Es decir: la legitimidad otorgada por la ONU es un disfraz, deseable pero no necesario, de la fuerza. Es difícil sobrestimar el efecto negativo de unas declaraciones como estas.

A menudo, con la intención de criticar el ideal pluralista en las relaciones internacionales, se ha dicho que solamente reivindicamos el derecho, las reglas o el respeto debido a los débiles cuando somos vulnerables, mientras que los fuertes transgreden alegremente estas convenciones para satisfacer lo antes posible sus deseos. El argumento viene de antiguo: a este respecto, un personaje de La República de Platón recuerda el mito de Giges, dueño de un anillo capaz de volverlo invisible, lo cual le confiere un poder absoluto. Gracias a ello Giges puede robar y enriquecerse, asesinar y hacerse con el poder. ¿Cuántos serían los que, teniendo la posibilidad de usar el anillo de Giges, tendrían suficiente presencia de ánimo para resistir a la tentación? ¿Cuántos renunciarían a una omnipotencia capaz de acercarlos a los dioses? A juzgar por el mito, «nadie es justo por propia voluntad, sino por imposición» (360c). Pero esta concepción del hombre está doblemente equivocada: en primer lugar porque los principios de la justicia no son una mera convención y su transgresión hace sufrir interiormente a quien la comete; y sobre todo porque el correcto ejercicio del poder, el ejercicio compartido, es más beneficioso para los intereses de quien lo practica, ya que le asegura la complacencia de los demás y su adhesión a un proyecto común.

También se ha dicho a menudo que el pluralismo no se crea por decreto sino que debe constatarse en la práctica. Ahora bien, Estados Unidos, en el ámbito militar, es ya más fuerte que cualquier otra potencia del planeta, e incluso que el conjunto de las demás potencias. Pero no parece razonable confiar en una nueva carrera armamentística para restablecer el equilibrio. Una cosa es que Estados Unidos esté en posesión de la mayor fuerza militar del mundo, y otra, que la utilice para satisfacer lo antes posible sus deseos. No se trata de una nueva traba, ejercida esta vez sobre el Gobierno estadounidense, sino de una autolimitación voluntaria en el ejercicio del poder, en nombre de un interés nacional bien entendido.

También hay quien imagina que un mundo pluralista (hoy se dice «multipolar») estaría condenado a la confrontación permanente, donde cada cual intentaría en todo momento superar a los demás. ¿Acaso la igualdad de partida no estimula la competencia? ¿No es preferible, para la tranquilidad de todos, alcanzar la paz por la vía imperial, rindiéndose definitivamente ante la potencia mayor? Lo cierto es que atenerse a la cruel alternativa entre guerra y sumisión no es obligatorio. En el ámbito de las relaciones internacionales, no es aplicable el dicho (evangélico, al parecer) de «quien no está conmigo está contra mí». Por muy extendido que esté el esquema simplista de «amigos o enemigos», no da cuenta de la diversidad de las relaciones entre países, que van de la cooperación activa a la competencia pacífica, pasando por las colaboraciones puntuales o la neutralidad. Puede que este equilibrio internacional no sea definitivo, pero tal vez esta facilidad para adaptarse a lo imprevisto sea preferible a un orden fijado de una vez por todas. Me remito a la nada angélica conclusión de Kant, que decía preferir la «coexistencia de los estados a su agrupación bajo una potencia superior a las demás», y el equilibrio que se establece entre ellos «pese a la lucha que resulta de su diversidad», a la paz definitiva impuesta por el imperio.

Está claro que una potencia como Estados Unidos no renunciará nunca al uso de la fuerza. Pero ello no quiere decir que deba embriagarse con la conciencia de ser el país más fuerte, a la que se suma además la convicción de ser el más justo. El orgullo no suele ser buen consejero. A Estados Unidos le interesa imponer limitaciones voluntarias al uso de su poder, tal como recomiendan por otro lado algunas voces, que no pueden calificarse de antiamericanas, incluso en el interior del país. En este caso, la fuerza militar solo podría ser utilizada en legítima defensa, en caso de agresión contra el propio país (como en Afganistán) o contra sus aliados (como en Kuwait). El resto del tiempo, habría que respetar militarmente el orden internacional, a pesar de sus imperfecciones, y la soberanía de cada país, por detestable que sea el régimen que se ampare en ella. Habría que intentar transformar estos regímenes por medios pacíficos, que, no hay que olvidarlo, también son efectivos.

¿FUERZA O DERECHO?

La estrategia seguida por Estados Unidos en el conflicto iraquí suscitó protestas en muchos países y fue criticada por varios Gobiernos aliados, encabezados por Francia. El argumento más utilizado fue que Estados Unidos estaba llevando a cabo una política de fuerza pese a que las relaciones internacionales deberían regirse por el derecho, en este caso encarnado en la Organización de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. El 7 de marzo de 2003, pocos días antes del inicio del conflicto, Dominique de Villepin anunciaba ante el Consejo de Seguridad: «Hay quien piensa que los problemas pueden solucionarse por la vía de la fuerza y que de este modo puede crearse un orden nuevo. Pero esto no es lo que cree Francia». En la víspera de la invasión, el 18 de marzo de 2003, el presidente Chirac, para justificar su actitud en el Consejo de Seguridad, declaraba a la prensa que, a diferencia de Estados Unidos, el cual pretende «situar la fuerza por encima del derecho», Francia había «actuado en nombre de la primacía del derecho y basándose en su visión de las relaciones entre los pueblos y las naciones». Por ello, exigía que «se respetara la legalidad internacional».

Los gobernantes franceses no cambiaron de opinión una vez iniciada la guerra. Villepin, hablando en Londres ante el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el 27 de marzo de 2003, reiteraba su fe en las «normas colectivas que pretenden frenar el uso de la fuerza», y añadía: «Solo el consenso y el respeto al derecho otorgan a la fuerza la necesaria legitimidad». Su conclusión era: «La fuerza debe estar al servicio del derecho». Una vez terminada la guerra, Villepin volvió sobre el mismo tema en una entrevista (publicada en Le Monde el 13 de mayo de 2003): «El papel de la ONU es más insustituible que nunca», declaraba. «Las Naciones Unidas encarnan una conciencia universal que está por encima de los Estados», y representan un paso hacia la «construcción de una democracia mundial». Otros políticos europeos expresaron también su opinión de que el imperio de la fuerza está tocando a su fin y se va viendo sustituido progresivamente por el del derecho; por este motivo, tal vez la guerra podría quedar erradicada definitivamente.

Es evidente que esta visión del mundo resulta seductora. Pero antes de suscribirla debemos preguntarnos si encaja con el mundo tal como existe realmente. ¿No será que estamos tomando nuestros deseos por realidades? Para juzgar algo hay que conocerlo, pero es difícil descubrir la verdad si de entrada ya sabemos que debe ser conforme al bien. ¿Es real el imperio del derecho sobre la fuerza o se trata de una ilusión, halagadora inicialmente, pero que corre el peligro de confundirnos a la hora de tomar una opción? La «legalidad internacional» y la «democracia mundial», ¿son algo más que ficciones jurídicas?

En el Siglo de las Luces, enciclopedistas y filósofos albergaban la esperanza de que el progreso de la civilización en el interior de cada país se extendiera a las relaciones entre países. Creían que el mundo entero podría verse como una «sociedad general», y que las sociedades particulares que lo componen eran como los ciudadanos. Jean-Jacques Rousseau se encargó de acabar con sus frágiles ideales: «Entre hombres —escribió— vivimos en un estado civilizado y sometidos a las leyes, pero entre pueblos, cada cual goza de la libertad natural» (Obras completas, III). También asegura que las relaciones entre países siguen en estado salvaje, mientras que en cada país, en cambio, reina la civilización. Y el motivo es que dentro de cada territorio, los ciudadanos han renunciado al uso de la violencia, que han confiado al Estado que los engloba, mientras que los países, que no forman parte de un Estado universal, no conocen ninguna instancia en la que delegar su fuerza y por consiguiente se reservan su uso. A menos que se vean amenazados por un enemigo común —por ejemplo, un enemigo que viniese de otro planeta—, los Estados sitúan el interés particular por encima del interés general (cosa que puede verse, por ejemplo, en la dificultad de lograr un acuerdo sobre cuestiones como el calentamiento del planeta).

Todos los Estados conocen este doble rasero, según el cual la política interior y la exterior no se rigen por los mismos principios. En el interior, la fuerza está sometida al derecho, el Ejército está a las órdenes del Gobierno y la policía garantiza el funcionamiento de la justicia. En el exterior, la fuerza rige las relaciones entre países, y solo se ve limitada por los contratos que tales países establecen por su propia voluntad, pero que pueden romper en cualquier momento. El derecho internacional, que no cuenta con un brazo armado, no tiene la misma eficacia que el derecho nacional, a menos que los Estados lo acaten voluntariamente. Las relaciones entre países no están sometidas al derecho sino que forman parte de un orden internacional hecho de tratados, convenios y organismos internacionales; pero este orden no está garantizado por una policía mundial, ya que el Estado universal tampoco existe. Por ello, hablar de «guerra ilegal», como se hizo con ocasión del conflicto iraquí, es un poco fútil. Ya desde su misma definición, la guerra —toda guerra— es una ruptura del orden internacional preexistente, que sin embargo nunca ha tenido la potencia de una ley.

Por ello no tiene sentido invocar en este contexto la «primacía del derecho», el «respeto a las leyes» o las «normas colectivas», ya que los contratos vigentes entre países, que siempre es posible romper unilateralmente, no son leyes: sencillamente, lo que conocemos como derecho internacional no se incluye en la misma categoría que el poder militar. Es cierto que este razonamiento no se aplica a las relaciones entre los países miembros de la Unión Europea, ya que estos han renunciado a emplear la fuerza armada entre sí. Pero esta renuncia no traspasa las fronteras de la Unión: es posible imaginar una guerra con un país ajeno, y ninguna ley la prohibiría.

¿Qué ocurre, pues, con el papel de la ONU, organismo que engloba a todos los países del mundo? ¿No demuestra acaso que la fuerza puede estar sometida al derecho? En primer lugar, para renunciar a esta ilusión, habría que recordar que la ONU se apoya en una decisión que no se fundamenta en ningún derecho, a saber, la concesión del «derecho a veto» a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En otras palabras, estos cinco países —las grandes potencias— están exentos de las obligaciones que pesan sobre los demás, ya que pueden imponer su veto sobre cualquier resolución que les afecte. ¡Un país poderoso no puede equivocarse! Es por este motivo por lo que la URSS, en el pasado reciente, no sufrió ningún tipo de condena que comportara una intervención, ya que vetaba cualquier resolución relacionada con sus actos. Y esta protección puede hacerse extensiva a los aliados de los «miembros con derecho a veto»: por eso mismo Israel, país protegido por Estados Unidos, no corre el peligro de sufrir una intervención decidida por la ONU. Por consiguiente, la organización mundial, lejos de limitar la hegemonía de las grandes potencias, la consagra.

Recordemos también que, incluso en los momentos en que la ONU no se ha visto frenada por una de estas grandes potencias, tampoco ha destacado como un ejemplo de justicia. Ha habido muchas matanzas que la ONU no ha podido o no ha querido impedir: los genocidios de Camboya y Ruanda, los asesinatos masivos de Sudán y Etiopía, las guerras civiles de Angola y Sierra Leona… Los motivos en cada caso son diversos, pero todos se deben a lo mismo: a la ineficacia de una organización que no cuenta con una fuerza propia y se ve obligada a recurrir a las de países concretos. A ello se le suma la inevitable farragosidad de una maquinaria burocrática remota y las divergencias de intereses entre los países miembros, siempre dispuestos a ponerle palos en las ruedas.

Desde luego, no puede decirse que el comportamiento de todos los Estados esté dictado solo por las convenciones del derecho. Recordemos lo que ocurrió en marzo de 2003, precisamente en relación con Irak, cuando los emisarios estadounidenses y franceses se dedicaron a recorrer el planeta intentando ejercer presión o prometiendo recompensas con el fin de obtener el voto favorable de tal o cual país. ¿Realmente podemos ver en ello un ejemplo de la «conciencia universal» a la que se refería Villepin? ¿Podemos ver un triunfo de la justicia en el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (¡actualmente presidida por Libia!), que nunca ha intentado condenar por sus violaciones de los derechos humanos a países como China o Vietnam, Argelia o Siria, Sudán o Zimbabwe?

Cuando se produjo la crisis de Irak, la ONU sufrió una dura prueba. El Consejo de Seguridad tenía que escoger entre dos soluciones desagradables: o bien se sometía a Estados Unidos y demostraba su servilismo, o bien se oponía y demostraba su impotencia. Optó por lo segundo, y se podría decir que de este modo salvó su honor, pero ello no impidió que saliera a la luz su debilidad. Los liliputienses que intentaban amarrar a Gulliver con cuerdas cayeron por los suelos en cuanto el gigante decidió levantarse. Francia estaba orgullosa de haber ganado la batalla en la ONU, pero perdió la que se disputaba fuera de las salas de reunión, puesto que la guerra terminó efectivamente por llevarse a cabo. Ahora bien, como una política no puede juzgarse por sus intenciones sino por sus resultados, la política de Francia fue incorrecta.

Por lo demás, la propia Francia, muy meticulosa para las cuestiones jurídicas cuando afectan a otro país más fuerte que ella, no siempre acata las decisiones de la ONU cuando se trata de sus asuntos. El general De Gaulle no perdía ocasión de declarar su falta de sumisión a una organización en la que participaban tantos dictadores. En 2003, Francia no renunció a «solucionar los problemas por la vía de la fuerza», por decirlo en palabras de Villepin. No pidió la autorización a la ONU para intervenir en Costa de Marfil, y sin duda hizo bien, ya que seguramente se habrían producido más matanzas antes de recabar el consenso necesario. Pero no podemos evitar preguntarnos si Francia, en el momento de la crisis iraquí, insistió tanto en la necesidad de contar con la ONU y el Consejo de Seguridad porque ese era el único lugar donde podía representar el papel de potencia mundial.

Podríamos decir lo mismo de las esperanzas depositadas en la justicia internacional como sistema para imponer el derecho en el mundo, y que han tenido como consecuencia la creación de un Tribunal Penal Internacional para juzgar a ciudadanos yugoslavos o ruandeses, junto con el proyecto de una Corte Penal Internacional que deberá tener una actividad permanente. Es innegable la buena intención de estos proyectos, pero sus consecuencias no son tan evidentes. Lo cierto es que, en esta situación, solo hay dos posibilidades.

Una primera posibilidad consiste en sacrificar la eficacia a la equidad. En este caso, la justicia por la que nos hemos batido llega solo hasta la puerta de las grandes potencias, lo cual, en nuestro mundo, no solo engloba a Estados Unidos sino también a Rusia, China, la India y algunos países más. Raymond Aron escribió acertadamente: «Los grandes no aceptan órdenes y no se dejan dominar» (Paz y guerra entre las naciones). El proceso de instauración de la Corte Penal Internacional (CPI) es revelador a este respecto. En contra de su creación votaron siete países: Estados Unidos, la India, China, Vietnam, Israel, Bahrein y Qatar. De hecho, por lo que respecta a Rusia, a pesar de que su voto fue favorable, tenemos derecho a dudar de su disposición a acatar las sanciones de la Corte. Y el nuevo presidente de Estados Unidos, en cuanto salió elegido, declaró que nunca ratificaría el tratado que debe legalizar la Corte Penal Internacional. Pero el resultado seguiría siendo dudoso aunque hubiera firmado el acuerdo, ya que Estados Unidos no acata jamás las exigencias de las diversas comisiones internacionales, ni siquiera de las creadas por la ONU, cuando estas exigencias pueden poner en peligro sus actividades en Latinoamérica o, más sencillamente, sus intereses.

La segunda posibilidad consiste en sacrificar la equidad a la eficacia. En este caso, buscamos un Ejército poderoso —el de la OTAN o el de Estados Unidos— para que actúe al servicio de la justicia, aunque corremos el peligro de que este Ejército actúe en realidad en beneficio de sus propios intereses. Louise Arbour, ex fiscal de la CPI, comentaba ingenuamente: «Es difícil que los militares renuncien al prisma de los Estados nacionales en la concepción de sus operaciones» (Le Monde des Débats, 25 de mayo de 2001). Sin embargo, Louise Arbour no tuvo inconveniente en apelar a los militares, si no poniéndose a su servicio, al menos otorgando un aval jurídico a la intervención de la OTAN en Yugoslavia. ¿Cómo podría seguir siendo imparcial después de esto? Sabemos cómo fue recibida la acusación de los crímenes de guerra cometidos por la OTAN: el Tribunal se limitó a dejar la investigación sobre su posible parcialidad en manos de sus propios funcionarios, los cuales, como era de esperar, archivaron el asunto y se declararon por encima de toda sospecha. Pero esta no es la opinión de algunas ONG y tampoco la del Comité Internacional de la Cruz Roja, que no puede considerarse simpatizante de Milosevic precisamente y que ha declarado en su informe sobre esta cuestión: «Resulta escandalosa la diferencia con la que se han tratado los crímenes de guerra dependiendo de si eran imputables a Yugoslavia o a la OTAN» (véase P. Hazan, La justice face á la guerre, p. 219).

La justicia selectiva, la que solo golpea a los enemigos, ¿sigue siendo justicia? Esta cuestión no se plantea únicamente cuando comparamos el distinto tratamiento reservado a Yugoslavia y a la OTAN con ocasión del conflicto de los Balcanes. Fijémonos por ejemplo en la política sobre las minorías: es cierto que en el caso de Yugoslavia el tratamiento de las minorías era criticable, pero se podría decir lo mismo en el caso de Israel o de Turquía. Estos países aceptan tan poco como Yugoslavia la intervención internacional, sin necesidad de hablar de justicia; sin embargo, nunca han sido penalizados. La explicación es que son países «amigos», países estratégicamente útiles para «nosotros». Una realidad que no debemos pasar por alto, pero que no tiene nada que ver con la justicia.

Soñar con una justicia universal que sustituya a la de los pueblos no deja de plantear problemas. Lo cierto es que, si bien la sentencia judicial es internacional, la comunidad que sufre sus consecuencias, por su parte, sigue siendo exclusivamente nacional. Imaginemos que un Gobierno declara una amnistía en relación a una guerra civil del pasado, y que al mismo tiempo la justicia internacional decide que los crímenes cometidos no prescriben y deben ser juzgados. ¿Hay que obedecer, con el riesgo de desencadenar una nueva guerra civil, una guerra que solo sufriría la población de ese país y de la que se librarían los jueces internacionales? ¿Acaso no es a Chile a quien le corresponde juzgar a Pinochet? ¿Y no es Camboya a quien le corresponde actuar, cuando se trata de procesar a los cómplices de Pol Pot? Porque, si no es en nombre del pueblo, ¿en nombre de quién se ejercerá la justicia?

Hoy en día, en lugar de fundar un tribunal capaz de condenar a Milosevic, Pinochet o Sadam Husein, me pregunto si no resultaría más sincero exiliarlos directamente en la isla de Santa Elena… ¿Acaso no se trata de que se vuelvan inofensivos? Juzgar al dictador cuando ya ha perdido el poder implica forzosamente abrir un proceso político con la finalidad de purgar y rectificar el pasado, lo que convierte el error estratégico en crimen legal. Además de vencer al dictador derrocado, lo declaramos culpable. Para evitar que el ejercicio de la justicia se convierta en un ajuste de cuentas político, es preferible limitarse a las leyes en vigor, sin necesidad de recurrir a principios religiosos o morales que, en principio, no están en el código legal.

Todos estos comentarios sobre las carencias de las instituciones internacionales no deberían incitarnos a sabotearlas aún más (el contrato es siempre preferible al caos o al chantaje), pero sí deberían servir para atemperar nuestro entusiasmo. La ONU puede ser útil en todo tipo de situaciones, lo que ocurre es que, frente a la guerra, siempre estará sometida a la voluntad de los Estados hegemónicos. La justicia internacional puede reforzar el poder de la ley, sobre todo si afecta efectivamente a las relaciones entre naciones y no se pierde en ilusiones mundiales. Sin embargo, como la humanidad es como es, el orden internacional no está en condiciones de reemplazar a la voluntad de los Estados y por consiguiente a la potencia militar. La Organización de las Naciones Unidas nunca será suficiente para impedir las agresiones, garantizar la paz o imponer la justicia, porque para ello se necesita la fuerza, y la fuerza pertenece a los Estados. Es inútil, pues, contraponer derecho y fuerza: sin la fuerza, como ya constató melancólicamente Pascal, el derecho se torna impotente.

¿Cómo se podría asegurar la paz en el mundo? Para algunos países, como Francia, la respuesta radica en confiar en el derecho internacional y en organismos como la ONU. Por desgracia, esta solución presenta problemas ya que, como se sabe, las relaciones internacionales no obedecen al derecho, a menos que los países opten voluntariamente por someterse a él. Para otros, como Estados Unidos, la respuesta radica en confiar en su fuerza, la mayor del mundo. Los demás países no tienen más que someterse a esta política y seguirla, aunque no les guste: es el precio que hay que pagar para gozar de las ventajas de la paz. Pero no estamos condenados a esta alternativa, ya que la dicotomía entre «paz a través de la ley» y «paz a través del imperio» no agota todas las vías posibles. Estas dos respuestas tienen en común que buscan la salvación en la unidad: la unidad absolutamente real del imperio estadounidense, para unos, y la unidad soñada del gobierno mundial, para los otros. A estas dos opciones hay que sumar la de la pluralidad, que contribuye a mantener la paz por medio del equilibrio entre distintas potencias. Y es en el marco de la pluralidad donde podría encontrar su lugar la Europa del futuro.

UNA POTENCIA TRANQUILA

En el mundo actual, ningún país europeo dispone de una fuerza suficiente para asegurarse por sí solo la defensa contra una gran potencia, y menos aún para influir en el curso del mundo. Francia acaba de comprobarlo, ya que la posición que defendió durante el conflicto iraquí no tenía ninguna posibilidad de imponerse a pesar de las simpatías que suscitó. Los recursos militares no estaban a la altura de sus ambiciones políticas. Hoy, cada país europeo cuenta con un Ejército que sigue estando bajo control nacional, lo cual constituye una fuerza real, pero insuficiente si nos situamos en un marco mundial.

La Unión Europea, por su parte, no tiene ni una política de defensa común ni un Ejército a su disposición. Los motivos de esta situación son conocidos: después de la Segunda Guerra Mundial, el peligro militar para Europa estaba encarnado en la URSS, pero los países europeos no estaban en condiciones de defenderse contra un adversario de tal magnitud. Por eso se creó la Alianza Atlántica, con la OTAN como fuerza militar, común a europeos y estadounidenses, pero dominada por estos últimos. Durante las décadas siguientes, los europeos se beneficiaron de la protección de Estados Unidos, sin tener que implicarse directamente. La situación no cambió hasta 1989-1991, con la caída del Muro de Berlín y la descomposición de la URSS: como el enemigo del que había que defenderse ya no existía, habría que haber reconsiderado la política de defensa común, cosa que no se hizo. Sigue existiendo la OTAN, aunque ya no se sabe para qué sirve, y en cualquier caso, no es Europa quien la dirige.

Por lo demás, aunque los ciudadanos de los diferentes países parecen estar de acuerdo, no ocurre lo mismo con las políticas gubernamentales, que siguen al servicio de los intereses nacionales. Así, la opinión de los países europeos sobre la determinación de Estados Unidos de iniciar una guerra en Irak estuvo dividida. No era la primera vez que se hacía sentir la ausencia de una política militar europea. En 1995, la Unión Europea permitió que estallara una guerra civil en Yugoslavia y que se cometieran matanzas en Bosnia, pero a pesar de la indignación pública, no se planteó ninguna intervención (tal vez por culpa de los conflictos de intereses entre franceses y alemanes). En 1999, en un contexto ciertamente más problemático, la Unión Europea se mantuvo pasiva ante los problemas de Kosovo; hubo una intervención militar, pero estuvo dirigida en lo esencial por el Ejército estadounidense. Una vez más, Europa ponía de manifiesto su dependencia en el campo militar.

En muchos países europeos, la opinión pública condenó la intervención de Estados Unidos, pero sin relacionar esta condena con el hecho de que Europa, para su seguridad, siga dependiendo de la potencia militar estadounidense. En ese momento se presentaban dos actitudes coherentes: o bien admitíamos la dependencia militar de los europeos y por consiguiente renunciábamos a criticar una política en la que no participábamos (la opción de los Gobiernos de España, Italia y Gran Bretaña, que en este aspecto tuvieron que enfrentarse a la opinión pública de sus respectivos países), o bien protestábamos claramente, pero renunciábamos a la protección militar ofrecida por Estados Unidos. Pretender quedarse con las ventajas de las dos posturas es una incoherencia. Como destacó el sociólogo Bruno Latour, haciendo eso nos condenamos a una postura «únicamente moral», que «no tiene más principio de realidad que el de la virtud, ya que delegamos en otros la tarea de diseñar las relaciones de fuerza» (Le Monde, 5 de abril de 2003).

Si los Estados europeos no quieren verse condenados a una actitud impotente, tienen varias soluciones a su disposición. Una posibilidad, que coincide con la actual toma de postura de algunos países, consiste en confiar la defensa a otro país más fuerte (Estados Unidos) y limitarse a aprobar todo lo que haga nuestro protector. El presidente polaco Aleksander Kwasniewski es quien ha expresado esta postura con mayor claridad en los debates que precedieron a la intervención en Irak. Cuando Polonia acababa de ingresar en la OTAN, declaró: «Si este es el punto de vista del presidente Bush, es también el mío» (International Herald Tribune, 24 de enero de 2003).

La opción de la sumisión incondicional estuvo seguida por la «carta de los ocho» dirigentes europeos, entre ellos los de Polonia, Hungría y la República Checa, a la que sucedió a su vez la «declaración de los diez», en referencia a los Gobiernos de diez países de la Europa oriental, desde Estonia hasta Albania. Como se sabe, el presidente francés Jacques Chirac los reprendió públicamente diez días después por haber «perdido una buena ocasión de callarse» y haberse comportado como niños «no muy bien educados», comprometiendo incluso su futura adhesión a la Unión Europea. ¿Es esta la única lección que podemos sacar de esta peripecia acontecida durante los preparativos de la guerra contra Irak?

No he recibido ninguna confidencia de los dirigentes de los diez países en cuestión, pero me parece que su gesto no se puede atribuir a una falta de educación ni a un reconocimiento excesivo hacia Estados Unidos por su papel en la Guerra Fría, y ni siquiera a las presiones, demostradas, de Washington.

Si los países de la Europa oriental quisieron declarar su apoyo incondicional a la política estadounidense aun arriesgándose a caer mal entre algunos miembros de la Unión, es porque al este de sus territorios se abre un país inmenso: Rusia. Aunque el actual Gobierno ruso no lleva a cabo ninguna política de expansión, es tan grande la desproporción cuantitativa entre este país y los de la Europa del Este, que estos últimos se sentirán siempre amenazados por su gigantesco vecino. Estos países saben lo duro que puede ser el dominio ruso, ya que lo vivieron en tiempos de la Unión Soviética, y en el caso de algunos, como Polonia, desde hacía mucho más tiempo. Y no pueden evitar preguntarse si, en caso de amenaza directa, les protegería mejor Estados Unidos o las fuerzas conjuntas de Francia y Alemania. La respuesta no suscita la más mínima duda. Resulta creíble la protección militar estadounidense, pero no la de Francia. Como Polonia no puede enfrentarse sola a las grandes potencias, prefiere ser el satélite de Estados Unidos en lugar del satélite de Rusia, puesto que el primero es un protector más liberal y más remoto a la vez.

Una segunda solución consiste en renunciar a la protección de Estados Unidos, pero sin buscar otra a cambio. Es la actitud de los países neutrales, como Suiza o Austria, y como se sabe, la tentación pacifista es igualmente fuerte en Alemania. El azar quiso que atravesara Alemania en coche a principios de abril de 2003, y en muchas ventanas vi carteles rotulados con la frase: «Nie wieder Krieg!» (‘Nunca más otra guerra’). ¿Quién no querría que se cumpliera este deseo? Pero ¿basta para ello con desarmar el propio país?

¿Será posible «acabar con la guerra» algún día? Cabe albergar dudas al respecto. El pacifismo se apoya a veces en una idea falsa, la de que la agresividad humana está disminuyendo y la violencia está desapareciendo progresivamente del mundo, y a veces en una idea cobarde, la de que ningún bien y ningún ideal merecen que nos sacrifiquemos por ellos. Ciertamente, la negociación siempre es preferible a la guerra, pero, por desgracia, no siempre es posible. La política de «contención» pacífica funcionó bien contra Stalin, pero fracasó contra Hitler. Los europeos actuales no deberían olvidarlo, ya que después de todo, la Unión Europea solo fue posible gracias a una victoria militar, la de los aliados sobre el nazismo alemán. Si hubiéramos renunciado voluntariamente al uso de las armas, los herederos de Hitler seguirían imperando en Europa.

El desarme nunca ha garantizado la paz, puesto que algunos agresores solo entienden el lenguaje de la fuerza. Los Estados desarmados serían presa fácil de los que no hubieran renunciado aún al uso de las armas. ¿Y por qué iban a negarse a conquistar una Europa opulenta pero indefensa? Los políticos que defendieran esta opción pondrían en peligro el destino de su pueblo. El conjunto de Europa no podría limitarse a seguir el ejemplo de Suiza, rica y neutral, ya que este país está protegido por su posición excepcional, una situación que no se da en todo el continente.

Por último, queda una tercera solución, la de convertir la Unión Europea en una potencia militar y recuperar así una parte activa en el orden pluralista que podría asegurar el equilibrio mundial. Esta solución ha sido ya propuesta por muchos políticos, aunque por el momento solo se ha puesto en práctica de forma muy parcial. Sin embargo, uno de los argumentos a favor de esta opción cae por su propio peso: del interior de Europa no puede venir ninguna agresión contra un país europeo. Las únicas agresiones imaginables se originarán en el exterior. En este caso, pues, lo que hay que defender es el conjunto de Europa, y esta defensa será más eficaz si se concentran las fuerzas individuales de los diferentes países. Y otro argumento que cae por su propio peso: si Europa quiere tener una política autónoma y liberarse de la tutela a veces demasiado pesada de Estados Unidos, deberá asumir su defensa por sí sola. Si quiere garantizar la seguridad de todos los países que conforman el continente, tanto los del Este como los del Oeste, deberá dotarse de una fuerza armada que esté a la altura del reto. De este modo constituirá una Europa-potencia, donde cada uno de los Estados miembros de la Unión perderá una parte de su soberanía nacional, pero en contrapartida conseguirá una seguridad mayor y una soberanía colectiva muy superior. Solamente esta solución, que constituye una respuesta verosímil a los problemas de la guerra y la paz en el mundo, podría librar a Estados Unidos de la tentación imperial a la que ha sucumbido en la actualidad.

Convertirse en una potencia militar no significa necesariamente imitar el ejemplo de Estados Unidos o rivalizar con él. La reunificación de los Estados europeos en el seno de una confederación es un paso del que no había ejemplos, y el tipo de potencia al que aspiraría la Unión podría ser también inédito: no estamos condenados a optar entre imperialismo e impotencia. Daré el nombre de «potencia tranquila» a este tipo de poder.

¿Cuál es el cometido de esta fuerza militar de nuevo cuño? Enumeremos lo que debería poder hacer el Ejército europeo:

— defender el territorio europeo contra cualquier agresión (como la de Hitler o la de Bin Laden), hasta destruir físicamente al enemigo;

— impedir cualquier enfrentamiento armado en el interior del territorio europeo (como en los conflictos de la ex Yugoslavia o de Chipre);

— contener, amenazando con represalias, cualquier ataque procedente de otra gran potencia (como Rusia en la época de Stalin y Breznev);

— intervenir en el resto del mundo con una fuerza militar rápida, a petición de Gobiernos amigos o para impedir un genocidio en curso (una intervención que debería ser más eficaz que las decididas por la ONU);

— si un socio privilegiado de la Unión, como por ejemplo Estados Unidos, se ve atacado, acudir en su auxilio en nombre de la solidaridad.

Al mismo tiempo, ser una «potencia tranquila» implica renunciar a otras pretensiones propias de una potencia imperial. A saber:

— La Unión Europea no ambicionará controlar los asuntos del mundo entero y se limitará a ser una potencia regional (continental), pero no mundial, comparable a Rusia o a China, pero no a Estados Unidos. No intentará impedir por la fuerza una invasión de Taiwán por parte de China, o de Corea del Sur por parte de Corea del Norte, o de Kuwait por parte de Irak, o de la India por parte de Pakistán. Ello no quiere decir que deba mantenerse indiferente ante este tipo de actos, sino que se limitará a actuar con medios no militares. A su vez, no intentará derrocar aquellos Gobiernos que no le gusten invadiendo el país, ya se trate de Cuba, Zimbabwe o Irán, sino que intentará influir en su política. Aquellos que nos disgustan no deben confundirse con aquellos que nos atacan.

— Por consiguiente, la potencia tranquila no tendrá como objetivo igualar la hiperpotencia norteamericana y tampoco estará en condiciones de enfrentarse a ella. La eventualidad de un conflicto militar con Estados Unidos no formará parte de su estrategia. Por ello, su presupuesto militar tampoco tendrá que imitar el de Estados Unidos.

Esta renuncia voluntaria al papel de hiperpotencia imperial se explica en parte por razones que vienen del pasado. Los países de la Europa occidental (Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña y Bélgica, y más antiguamente Holanda, Portugal y España) se han visto tentados por este papel, pero no solo no tienen ya capacidad para desempeñarlo sino que ya no lo desean. Hoy en día, consideran que los inconvenientes de una política de este tipo superan a las ventajas. Además, piensan que los medios financieros de que disponen tendrán un destino más útil en otros programas. Por último, consideran que, renunciando a llevar a cabo guerras preventivas para cambiar los Gobiernos que no les convienen, contribuyen a mantener la estabilidad y la seguridad del mundo. Es decir, si optan por esta política no es porque sea superior moralmente, sino porque redunda en beneficio de sus intereses.

Sin embargo, ser una «potencia tranquila» no significa renunciar al uso de la fuerza. Últimamente hemos podido oír burlas sobre la «vieja Europa», que supuestamente habría optado por la vía de Venus en lugar de la de Marte, que se comportaría como un ser refinado y blando, que estaría, en una palabra, falto de virilidad: son acusaciones que ya pudieron leerse en la pluma de los autores fascistas que se mofaron de la democracia justo después de la Primera Guerra Mundial. Pero los europeos no quieren verse obligados a elegir entre una masculinidad que mueve las máquinas y unos valores supuestamente afeminados: no necesitan conformarse con esta oposición ficticia, y además pueden dotarse de los medios necesarios para defender el modo de vida que han elegido. Tampoco se trata, en su caso, de optar por el «idealismo» en detrimento del «realismo», pues ninguna política válida puede permitirse renunciar ni a una cosa ni a la otra. Europa, al igual que ahora constituye el ejemplo de una reunificación pacífica de diferentes países, podría inaugurar la vía de un uso tranquilo del poder, lo cual comportaría ventajas nada despreciables.

Siendo una gran potencia entre otras, Europa, en la situación actual, tendrá como socio militar privilegiado a Estados Unidos. Este privilegio tiene múltiples razones: una larga historia común, unos valores políticos compartidos (los de la democracia liberal) y unos enemigos comunes. Su colaboración significaría que cualquier agresión contra una de las dos potencias supondría la intervención militar de la otra, en la modalidad que correspondiera. Al mismo tiempo, si Estados Unidos entrara claramente en la vía aventurista y revolucionaria que hoy en día parece tentarle, sería concebible suspender la colaboración, sin que por ello Europa se encontrara indefensa.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 pueden considerarse una declaración de guerra por parte del terrorismo islamista. El objetivo alcanzado fue Estados Unidos, pero no hay que hacerse ilusiones porque lo que está en el punto de mira es todo Occidente: Norteamérica, la Europa occidental e incluso otras regiones («quien no está conmigo está contra mí», proclaman también los integristas musulmanes). Los europeos se han salvado hoy, pero podrían ser alcanzados mañana. En este frente (que no es el de la intervención en Irak), al igual que en otros, sería deseable una colaboración más amplia entre los servicios estadounidenses y los europeos. Sobre todo porque los europeos, en desventaja en armamento clásico, están seguramente más adelantados en la técnica de la lucha antiterrorista, que requiere la captación de colaboradores, la cooperación de testigos y la conformidad de la población.

Gary Schmitt, director del grupo neofundamentalista New American Century, dijo una vez, queriendo burlarse de la debilidad militar francesa: «¡Si Francia quiere enviar 30.000 hombres a Corea del Sur, que nos lo diga! ¡Si quiere enviar un portaaviones al estrecho de Taiwán, que nos lo diga!» (Le Monde, 23-24 de marzo de 2003). Al decir esto, ponía de manifiesto que su idea de la guerra estaba anticuada. Las guerras de confrontación entre Estados no son las más difíciles de ganar y los medios de represalia de que dispone una gran potencia son tantos que, de todos modos, resulta poco probable una agresión. Sin embargo, no es con barcos y tanques con lo que impediremos que personas desesperadas y fanatizadas cometan un atentado suicida responsable de miles de muertes. Estados Unidos no necesita los portaaviones de los franceses, aunque sí podrían serle útiles sus servicios de información.

Todo esto es lo que podría representar la defensa europea común.

LOS VALORES EUROPEOS

Disponer de una fuerza armada europea serviría para defender una determinada identidad que los europeos consideran valiosa.

El habitante de Europa es sensible ante todo a la diversidad de los países del continente: cada uno tiene su propia lengua, sus costumbres y sus problemas. Sin embargo, durante los preparativos para la intervención en Irak resultaba curioso comprobar hasta qué punto se asemejaba la opinión pública de cada país. Esta similaridad se hizo evidente al margen de las posturas contradictorias de los Gobiernos: los ciudadanos españoles e italianos compartían la opinión de los alemanes y los franceses, e incluso los británicos mostraban una débil adhesión a la causa de la guerra. La crisis ponía pues en evidencia una brecha existente desde hacía ya algún tiempo: el gran contraste entre los desacuerdos de los políticos y el fácil entendimiento de los ciudadanos. Los primeros, cuando debaten sobre las instituciones europeas, dan la impresión de que lo que pretenden por encima de todo es no perder ninguna parcela del poder que ostentan en el ámbito nacional. Los segundos, sobre todo cuando son jóvenes, cruzan las fronteras sin darse cuenta, pasan con gran facilidad de una capital a otra y les parece de lo más natural sentarse a la mesa entre una finlandesa, una griega, un danés y un austríaco. Los programas Erasmus, pensados para que los estudiantes europeos puedan estudiar fuera de su país de origen, han contribuido en los últimos años a la difusión de esta sensibilidad europea.

Europa, vista desde fuera, todavía da más sensación de unidad. Aunque Bulgaria está en pleno centro del continente europeo, en mi infancia hablábamos de Europa como de un territorio seductor que empezaba en Venecia y en Viena. Está claro que «Europa», para nosotros, significaba en primer lugar la calidad de los productos manufacturados, por comparación con los equivalentes locales: las cuchillas de afeitar «europeas» apuraban más, los pantalones importados de «Europa» sentaban mejor y los electrodomésticos «europeos» duraban más tiempo. Pero eso no era todo: más allá de las ventajas materiales, «Europa» gozaba de un prestigio y una reputación de superioridad espiritual que nos habrían costado analizar pero de los que estábamos plenamente convencidos.

La idea de una mentalidad europea común no es nueva. Jean-Jacques Rousseau, cuando reflexionaba sobre las condiciones necesarias para unas buenas relaciones internacionales, dijo que «todas las potencias de Europa forman entre sí una especie de sistema», no tanto por los tratados que las vinculan como por «la unión de los intereses, la relación entre las máximas y la conformidad de las costumbres». En la época de Rousseau, este «sistema» existía en las mentes pero se encontraba negado por los hechos, pues los conflictos entre países europeos eran habituales.

Rousseau sabía cuál era el origen de esta similaridad de puntos de vista, que radica en una historia y una geografía comunes. Los países europeos, todos ellos, son herederos de una civilización que se estableció en el continente hace más de veinticinco siglos, en Grecia y posteriormente en Roma. Todos están marcados por la religión cristiana, que se afirmó en continuidad y en oposición al judaísmo y el Islam. Todos se han beneficiado de un desarrollo tecnológico común, iniciado ya en el Renacimiento, y algunos de ellos, en el siglo XVI, emprendieron conquistas coloniales por todo el mundo, antes de ver, cuatro siglos más tarde, cómo los antiguos colonizados acudían a vivir con ellos a las antiguas metrópolis. Y los europeos no pueden ni quieren olvidar todos estos ingredientes de su pasado, ni muchos otros que también han contribuido a formarlos: viven en medio de un paisaje profundamente modificado por el trabajo humano, en ciudades cuyo origen se remonta a miles de años atrás y entre monumentos y vestigios que forman parte de su identidad. Por este motivo, es perfectamente legítimo calificar a Europa —a Europa entera— de «vieja».

Es cierto que los países europeos han luchado entre ellos muchas veces. Sus ciudadanos no están dispuestos a olvidar la hecatombe de la Primera Guerra Mundial: en cualquier pueblecito francés, por pequeño que sea, hay un monumento a los muertos con una larga lista de víctimas; y todavía hoy, hay niños que terminan heridos por jugar con un obús desenterrado. En el siglo XX, los países europeos fueron víctimas de la opresión totalitaria. En primer lugar la dictadura comunista, en el Este, y después el terror nazi, en el Oeste, antes de convertirse en el escenario de un enfrentamiento generalizado en el curso de la Segunda Guerra Mundial, acompañado por innumerables crímenes y por el extermino perpetrado por los nazis contra las «razas inferiores»: judíos y gitanos. El sistema comunista salió reforzado y se amplió aún más, antes de que se iniciara el período de contención de la Guerra Fría. Todos estos acontecimientos constituyen la dolorosa herencia de la «vieja Europa». Si hoy Europa ha renunciado a sus ambiciones imperiales, es porque sabe muy bien cuál es su precio.

Por lo que respecta a la geografía, la propia convivencia de tantos pueblos en un espacio limitado es lo que constituye la característica más destacada de Europa. Hoy en día es imposible viajar dos horas en avión sin encontrarse en un país distinto, con otro idioma y costumbres sorprendentes. Europa, que al fin y al cabo es una península de Asia, es apenas mayor en superficie que Estados Unidos o China, pero concentra en su territorio a unos cuarenta Estados autónomos en lugar de uno solo.

No obstante, la identidad europea actual no es un mero dato histórico o geográfico, aunque aquí radique su fuente. También existen ciertos valores que, separados de su contexto de origen, se han sumado a lo que podríamos llamar el proyecto europeo; y la adhesión a este proyecto está abierta a cualquier persona de buena voluntad, venga de donde venga. El origen es local, pero su capacidad de convocatoria es universal.

Así pues, el continente europeo tiene una característica singular: desde hace poco, es inconcebible que haya una guerra entre los países que lo constituyen. Este hecho, único en la historia universal, nos asombra y hace que nos preguntemos qué tipo de mentalidad lo ha hecho posible. ¿Cuáles son las «máximas», para decirlo en palabras de Rousseau, que los actos han terminado por cumplir?

Normalmente no solemos enumerar los valores políticos europeos, ya que, aunque prescindamos de los valores espirituales y culturales que no comportan con secuencias políticas directas, nos da miedo caer en cierta ingenuidad o complacencia. Los europeos no quieren dar una imagen demasiado pretenciosa de sí mismos, que no correspondería a la realidad. Por otro lado, es evidente que los valores europeos también se encuentran fuera de Europa, sea porque pertenecen a toda la humanidad, sea porque las ideas europeas se han difundido fuera del continente. Sin embargo, si nos fijamos un poco más, vemos que fuera de Europa no se encuentran en el mismo grado ni agrupados en las mismas configuraciones. Y actualmente, cuando la construcción europea está entrando en una fase decisiva, puede ser útil asumir esta ingenuidad y enumerar estos valores, aunque sólo sea para poder hacerlos objeto de un debate abierto. Mi objetivo no es establecer contrastes ni señalar lo que les falta a los demás, pues no se trata de una competición; es más bien un intento de identificar los principales ingredientes del modelo europeo como tal. Veamos, para empezar, una relación estructurada de nuestros valores.

La racionalidad. Su presencia en lo alto de la lista no pretende significar que los europeos sean siempre racionales ni que, según ellos, la razón sea preferible a las pasiones o la intuición. Lo que significa es que la tradición europea admite la posibilidad de un conocimiento racional del mundo. Es decir, los actos más absurdos y los fenómenos más misteriosos deben poder ser aprehendidos por medio de la razón. Y los asuntos humanos, por su parte, se prestan al examen racional y al debate, que conlleva el intercambio de argumentos y no de golpes. La razón es capaz de conocer y comprender. El postulado de la racionalidad es una premisa necesaria (pero no suficiente) tanto para el surgimiento de la ciencia como para el de la democracia. Se opone al oscurantismo, a la superstición, al pensamiento mágico y a la manipulación.

Este postulado se remonta como mínimo a los presocráticos griegos y atraviesa toda la historia occidental bajo la forma del respeto por la ciencia y el debate político argumentado. Tal vez a causa de esta antigüedad, en el siglo XX los europeos se tornaron sensibles a una peculiar perversión de esta corriente, en el momento en que deja de ser una herramienta de conocimiento y comprensión y se convierte en la justificación definitiva de nuestros actos. Como mínimo, desde la bomba de Hiroshima hemos comprendido que la obra de la ciencia no siempre es positiva, y que la razón es un instrumento que no garantiza la calidad moral de sus resultados. La ciencia y la técnica, abandonadas a sí mismas, no conocen límites; y en un mundo en el que reinan sin contestación, en cuanto algo es posible, se vuelve obligatorio. Los europeos han comprendido que las decisiones definitivas no dependen directamente del conocimiento objetivo, y que una razón imparcial tampoco ayuda a definirlas. Rechazan el cientificismo, porque desean que la acción se guíe por la política y la moral, es decir, por la voluntad, los deseos y los ideales, y no por el conocimiento. Pero se niegan a caer en el otro extremo y ver la ciencia como una amenaza en lugar de una promesa, y están aún menos dispuestos a renunciar al principio de racionalidad.

La justicia. También es en la antigua Grecia donde surgen los primeros intentos de defender este principio en el territorio europeo. Las personas se agrupan en ciudades, y comprenden que es beneficioso someter la vida de la comunidad a unas leyes, en lugar de permitir que sea presa de los conflictos entre voluntades. Como quienes deciden la ley son los propios ciudadanos, no pierden su libertad aunque se sometan a la ley; de hecho, se pliegan a su propia voluntad, y esta autonomía les permite alcanzar sus objetivos. Detrás de las leyes particulares aparece la idea de justicia, que se define como lo que resultaría conveniente hacer si pudiéramos dejar de lado nuestro propio interés, es decir, lo que sería conveniente para todos en general. El orden justo es intangible, está más allá de lo que existe y de los deseos individuales. «Lo agradable es diferente del bien», dice Sócrates (500d), y lo justo se encuentra junto al bien: es justo no porque me dé placer sino porque podría ser satisfactorio para todos, por poco que cada uno se abstuviera de juzgarlo en función de sus circunstancias y sus intereses.

La justicia se opone al egoísmo, a la exigencia de privilegios y ventajas, los cuales pueden obtenerse, por el contrario, recurriendo a la fuerza. El antagonista de Sócrates en La República de Platón afirma: «En todas partes se considera justa la misma cosa, es decir, aquello que beneficia al más fuerte» (339a). Su lección no ha quedado en el olvido. El ideólogo neofundamentalista Gary Schmitt declaraba, por ejemplo: «Estados Unidos tiene derecho a ser el “árbitro principal” en los asuntos de seguridad porque es la única potencia civilizada con el poder y la voluntad suficientes para impedir que las naciones no civilizadas atenten contra la paz y la seguridad» (Le Monde, 23-24 de marzo de 2003). Sea cual sea el sentido del adjetivo «civilizado» en esta frase, no basta para convertir el poder, aunque sea el poder máximo, en derecho.

Para actuar, la justicia no puede prescindir de la fuerza. La idea de lo justo se encarna en unos principios universales, en el derecho natural, en los derechos humanos, en las constituciones y las leyes; pero para entrar en vigor, las leyes necesitan la fuerza del Estado. Sin embargo, el Estado no está en su derecho de hacer cualquier cosa, ya que también está obligado a respetar la ley. Por ello los Gobiernos no están autorizados a practicar la tortura, ni siquiera contra sus peores enemigos, y tampoco a mantenerlos fuera de la legalidad, como los espectros de Guantánamo.

Si los europeos se niegan a estar dirigidos únicamente por las fuerzas económicas, es también en nombre de la justicia. En los países comunistas, la economía se deterioró porque estaba sometida a la política. Pero tampoco tiene sentido que la política obedezca en todo a la economía (a las «leyes del mercado»): la dinámica económica tiene que poder actuar, pero tanto los Estados como la Unión Europea tratan de limitar y corregir sus efectos para garantizar la justicia social, es decir, la protección de los más débiles (no en forma de una redistribución automática de las riquezas, sino de una solidaridad institucionalizada).

También en el ámbito internacional, los europeos legitiman el poder por la forma de ejercerlo, y deciden imponerse límites en forma de tratados y contratos y fundando instituciones comunes para todos. Este es el principio en el que se fundamenta la «potencia tranquila».

La democracia. La democracia, otra invención griega, es la pretensión de que el poder esté en manos del «pueblo», es decir, de todos los ciudadanos. Como es sabido, en Grecia eran muchos los grupos excluidos de la ciudadanía (mujeres, esclavos y personas de origen extranjero), mientras que la democracia moderna no deja fuera a nadie, aparte de los locos y los criminales (y los niños). La participación democrática, en nuestro caso, se expresa mediante el voto, que sirve para elegir a unos representantes provisionales; y como cualquier persona forma parte del «pueblo» en iguales condiciones, los derechos de cada cual son rigurosamente idénticos y cada voz tiene el mismo peso que las demás. Un Estado que infringiera en la forma que fuera este principio de igualdad absoluta ante la ley no podría ser calificado de democracia. Por ejemplo, es evidente que Sudáfrica, en los tiempos del apartheid, no era una democracia; pero tampoco lo era el Estados Unidos anterior a la abolición de toda discriminación racial (de ahí la lucha por los derechos civiles). Por lo mismo, queda fuera de la democracia cualquier Estado que conceda a algunos de sus ciudadanos derechos específicos en función de su religión, su lengua o sus costumbres. La democracia no es un estado «natural», en el sentido de exigir la pertenencia de todos los ciudadanos a una categoría cualquiera (raza, religión, etc.), sino «contractual».

Un Estado puede mantenerse conforme al espíritu de justicia sin ser por ello una democracia. Sin embargo, los pueblos europeos valoran particularmente el régimen democrático.

La libertad individual. El individuo adquiere un estatus propio en Grecia, ya que es él quien accede a la razón (facultad de la que está dotada cualquier persona), se beneficia de la justicia (universal, pero experimentada por cada persona en particular) y participa en la democracia (ejerciendo su derecho). La máxima «el hombre es la medida de todas las cosas» implica que debemos juzgar la utilidad de las acciones por los beneficios que aportan al individuo, aunque los intereses de la comunidad, por no decir de la humanidad entera, queden al margen. Pero fue la religión cristiana la que dio un impulso decisivo a esta noción, ya que, a diferencia de las doctrinas anteriores, afirmaba la relación directa entre Dios y cada individuo. Ciertamente, esta relación no se aplica a todos los aspectos de la existencia humana sino únicamente a lo que tiene que ver con el creador, pero permitirá que el valor del individuo se introduzca progresivamente en el mundo social.

Ahora bien, en este caso, desempeña un papel esencial uno de los rasgos de la individualidad: se trata de la libertad, entendida como la capacidad de actuar en función de la voluntad de cada persona. La falta de libertad puede ser de dos tipos. En primer lugar, podemos considerar que los hombres están absolutamente determinados por su naturaleza (antes se hablaba de raza o de sangre y hoy se habla de genes) o bien por su cultura (la lengua, la religión o la educación). En este caso, es mejor dejar las riendas de su comportamiento en manos de la ciencia, para evitar equivocaciones. En segundo lugar, podemos pensar que están sometidos a un control que depende de otros individuos, de determinadas instituciones o del Estado; en un caso extremo, el individuo queda reducido a la esclavitud. Así pues, lo que circunscribe la libertad del individuo es la posibilidad de escapar a los efectos de estas dos limitaciones, una de orden impersonal y la otra social. El hombre, según dijo Rousseau, puede optar en cualquier circunstancia por «transigir o resistir».

Por este motivo, los europeos valoran particularmente los regímenes que respetan el derecho de los individuos a la libertad, a los cuales dan el nombre de «democracia liberal». En efecto, la democracia por sí sola no basta, ya que el pueblo podría decidir, por ejemplo, que debe imponerse el terror o el canibalismo o el exterminio de los miembros más débiles del grupo, y el individuo no tendría derecho a protestar si su libertad no estuviera al mismo tiempo protegida. Todo hombre y toda mujer tienen derecho a no acatar las órdenes del grupo sin sufrir represalias, mientras su libertad no perjudique directamente a los demás. Es una fórmula restrictiva que deja espacio al debate y permite comprender que a algunos les molesten las mujeres sin velo, mientras que a otros no les molesta la pornografía en la televisión. El consenso puede evolucionar, pero todos los europeos están de acuerdo en exigir la libertad de creencias, la libertad de opinión y la libertad en la organización de la vida privada, y también coinciden en rechazar que el Estado limite por la fuerza el comportamiento de los individuos, como hacían los regímenes totalitarios. El derecho de pertenecer a una minoría (lingüística, religiosa o del tipo que sea) sin convertirse en objeto de persecución forma parte de las libertades individuales.

Cuando postulamos la libertad del individuo en relación a las causas que lo condicionan, estamos afirmando al mismo tiempo que cada persona es un ser inacabado hasta el fin de sus días, alguien perfectible, que puede cambiar (para bien o para mal). Esta es una de las razones por las que la Unión Europea exige que todos sus miembros renuncien a la pena de muerte, ya que este castigo niega al criminal la posibilidad de cambiar, negando por tanto su pertenencia al género humano, lo cual, a su vez, es una forma de crimen.

El laicismo. Paradójicamente, la idea del laicismo proviene de una tradición religiosa: el cristianismo. Jesucristo, al declarar «Dad al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios» (Mt. XXII, 21) y «Mi reino no es de este mundo» (Jn. XVIII, 36), plantea una separación radical entre el Cielo y la Tierra, entre la teología y la política. El laicismo no designa la ausencia o el rechazo de los aspectos religiosos, sino esta separación entre diferentes ámbitos, y por consiguiente la decisión de no imponer por la fuerza los valores cristianos. A pesar de la máxima crística original, esta separación no se alcanzó sin dificultades en el propio seno de la tradición cristiana. Cuando el cristianismo pasa a ser la religión oficial de un Estado, es grande la tentación de establecer las leyes de la ciudad de los hombres según las de la ciudad de Dios y someter el poder real a la autoridad del jefe de la Iglesia: el Papa. Habrá que esperar al siglo XIV y a los conflictos armados entre papas y emperadores para ver cómo los primeros grandes teóricos del laicismo, Marsilio de Padua y Guillermo de Occam, asientan los fundamentos teóricos del Estado soberano, al igual que la separación paralela entre fe y razón.

Lo contrario del laicismo es la ideocracia, es decir, la confusión entre ideología y Estado. La ideocracia puede adoptar la forma de teocracia, cuando es el clero quien define las decisiones políticas, pero también —y su amenaza se concretó precisamente bajo esta forma en el siglo XX y en Europa— la del totalitarismo, cuando el Partido, portador de la ideología, se confunde con el Estado. La traumatizante experiencia del comunismo y el nazismo ha hecho que los europeos estén especialmente alerta frente a cualquier cosa que suponga una violación del principio laicista. Además, probablemente en esta parte del mundo es donde las prácticas religiosas quedan más claramente circunscritas a la esfera privada.

Esta opción tiene una consecuencia importante. Como el Cielo y la Tierra no ocupan el mismo plano, queda prohibida cualquier pretensión de crear un paraíso terrenal. Los Estados laicos contemporáneos no se proponen asegurar el triunfo definitivo de los valores que defienden y tampoco curar a la humanidad de sus taras de una vez para siempre. El ser humano es decididamente imperfecto, y las sociedades son criticables y seguirán siéndolo. Los europeos de hoy han retomado, si bien bajo otra forma, la idea cristiana del pecado original, indeleble durante la existencia en este mundo. Sin embargo, también se oponen a cualquier tipo de herejía milenarista o mesiánica, que pretenda crear el reino celestial aquí y ahora. Por este motivo, se niegan a aceptar que se perjudique el presente en nombre de un porvenir radiante.

La tolerancia. Este valor, heredado también de la historia religiosa, se entiende hoy de una forma más amplia. La tolerancia parte de una constatación: la extraordinaria diversidad existente entre las personas y las sociedades; además, postula una separación entre las diferencias tolerables y las que no lo son. En el seno de un Estado, aquello que es intolerable queda castigado por la ley: se trata de los delitos y los crímenes, la violencia puesta precisamente al servicio de la intolerancia. Esta concepción deja al margen el inmenso campo de las diferencias tolerables. Ni los individuos ni los grupos están obligados a aprobar la forma de pensar y de actuar de los demás, pero no tienen derecho a impedirles que persistan en su opción ni a perseguirlos.

Europa presenta un extraordinario conjunto de diferencias. A la pluralidad de lenguas se suma la de las costumbres, tradiciones, maneras de organizar el tiempo y el espacio público o privado, grupos sociales, profesiones y partidos. La pequeñez de los Estados torna inevitables las relaciones entre ellos. Después de haberse combatido durante siglos, después de haberse odiado y despreciado, los pueblos europeos han terminado por vivir juntos en el seno de una Unión. Las diferencias no han desaparecido por arte de magia, pero han dejado de ser una fuente de hostilidad y pueden ser valoradas por sí mismas. Como ha señalado Jürgen Habermas: «El reconocimiento de las diferencias —el reconocimiento mutuo del otro en su alteridad— puede convertirse también en la marca de una identidad común» (Libération, 31 de mayo y 1 de junio de 2003).

Podríamos preguntarnos en este contexto si la unificación de Europa, todavía más acentuada en la era de la globalización, puede resultar una amenaza para esta diversidad cultural. Por mi parte, creo que este peligro se ha sobrestimado. Los seres humanos siempre han sabido distinguir entre identidad cívica o administrativa e identidad cultural; a este respecto, el Estado nación es más bien la excepción que la regla. Estar en posesión de un pasaporte europeo no nos impide sentirnos españoles de corazón, o incluso andaluces. Y estas identidades culturales son menos frágiles de lo que se cree. Es cierto que hay algunas lenguas poco difundidas en curso de desaparición, pero desde el momento en que las hablan unos millones de personas, se puede decir que están resistiendo bien. La población búlgara, contando todas las minorías, alcanza apenas los diez millones, pero no he oído decir que los niños búlgaros empiecen a hablar en inglés, alemán o ruso. El efecto de «Europa» sería más bien otro: que los jóvenes búlgaros, sabiendo que su lengua materna es poco conocida fuera de las fronteras de su país, aprenden pronto los idiomas extranjeros. Franceses y alemanes encuentran los mismos productos en sus supermercados, pero sus idiomas siguen siendo tan impermeables entre sí como siempre. Cuando se encuentran dos ciudadanos de estos países lo más probable es que hablen en el «inglés internacional», pero en su casa, cada uno habla el idioma natal. Y no se trata solo de una cuestión lingüística. Podemos reconocer a un francés o a un alemán por su forma de cruzar la calle, de educar a los niños o de participar en la vida intelectual del país: es decir, las tradiciones no se han perdido.

Si la integración europea afecta tan poco, o nada, a esta situación, es porque las tradiciones no se transmiten de una forma simultánea, entre personas de la misma generación, sino de forma sucesiva, de una generación a otra. Es evidente que las lenguas evolucionan, pero lo hacen muy lentamente: los franceses actuales siguen entendiendo el francés de Montaigne. Una vez más, desde este punto de vista, la representación que nos hacemos de nuestro mundo está equivocada. En general subestimamos la fuerza del vínculo entre generaciones, ya que nos gusta imaginarnos como sujetos libres, como mentes conformadas a partir de una tabula rasa. La cultura contribuye a la transmisión entre generaciones, y por este motivo soporta bien una unificación.

Hablar de potencia militar (sea o no tranquila), es hablar de soldados que aceptan poner su vida en peligro. Pero nadie está dispuesto a morir para que bajen los aranceles o suban los índices bursátiles. Los propios Estados nacionales han dejado de suscitar una adhesión afectiva y sus súbditos se limitan a exigirles servicios. La defensa de la identidad europea y de los valores que la constituyen justifica mejor los riesgos que implica el asumir nosotros mismos nuestra defensa. Si Europa no es más que algo que nos conviene, no puede suscitar pasiones: para ello sería necesario que fuera también una idea.

ADAPTAR LAS INSTITUCIONES

Si adoptamos la visión de Europa esbozada en las páginas anteriores, entenderemos fácilmente que las instituciones europeas, tal como son a día de hoy, no redundan en su beneficio y por tanto deberían transformarse. Esto es precisamente lo que intentan varias agrupaciones, y especialmente, en 2003, la Convención Europea. Quisiera aprovechar el hecho de que no soy miembro de ninguna comisión y estoy exento de rendir cuentas a nadie para reflexionar con total libertad sobre las instituciones que podrían resultar más convenientes para una nueva Europa. Para facilitarme la tarea, plantearé solo lo que sería deseable, sin preocuparme por la forma de llevarlo a la práctica. Creo que, antes de buscar los medios, hay que deliberar un poco sobre los objetivos.

Las propuestas que siguen no tienen el mérito de la originalidad, puesto que ya las formularon en su momento otros autores procedentes de horizontes políticos muy diversos, de la «izquierda» o de la «derecha». Pero precisamente por ello, las propuestas hechas han sido muchas, a menudo incompatibles entre sí. Más que la originalidad, busco la coherencia: supongamos que estamos de acuerdo sobre cuál debe ser el espíritu de la Europa del futuro; en ese caso, ¿qué instituciones serían más convenientes para alcanzarlo?

Me he referido ya a la necesidad que tiene Europa de asumirse como una «potencia tranquila», es decir, como una fuerza militar autónoma, capaz de defenderse contra cualquier adversario (que no sea Estados Unidos), y al mismo tiempo de ayudar a sus aliados. Esta transformación exige una puesta en común y un importante fortalecimiento de los presupuestos militares.

Una vez constituida esta fuerza, se plantea evidentemente la cuestión de las relaciones con la OTAN, que a su vez debería seguir un cambio en dos direcciones. Por un lado, al hacerse militarmente autónoma, Europa tendría que recuperar el material que está en manos de la organización atlántica y situarlo bajo su control. Por otro lado, una OTAN más limitada seguiría siendo útil como marco de cooperación militar entre la Unión Europea y Estados Unidos en aquellas situaciones en que se haga forzosa tal colaboración (solidaridad en caso de agresión contra uno de los socios, lucha contra el terrorismo islamista, etc.).

No todos los países de la Unión Europea están dispuestos a dejar la OTAN y sustituirla por la Fuerza Europea. Este es el caso, sobre todo, de los países del Este, que viven aún con el doloroso recuerdo del intervencionismo soviético y consideran que la protección estadounidense es más sólida que la europea. No sería bueno ni posible obligarlos, pero puede que cambien de opinión con el tiempo. Para ello, hará falta por un lado que se mitigue el trauma del totalitarismo, y por otro lado, que el Ejército europeo gane en poder. Llegará el día en que estos países decidirán que les interesa sumarse a la Fuerza Europea, y en ese momento lo harán por su propia voluntad.

El caso de Gran Bretaña es distinto porque, por diferentes motivos, su política militar está vinculada a la de Estados Unidos. En este caso también, habrá que esperar a que se produzca un cambio en el interior del país: Gran Bretaña podría encontrar preferible ser la jefa aquí en lugar de la criada allá. Este cambio es especialmente deseable porque el Ejército británico es el más importante de Europa, e incluso habría que confiar a Gran Bretaña la dirección de la futura defensa de la Unión.

Entretanto, hay que partir de la constatación de que no todos los países europeos aspiran del mismo modo a la integración militar. En lugar de esperar el cambio pasivamente, se impone un nuevo enfoque, como ya han señalado varios observadores: hay que instituir una nueva Europa, no de varias velocidades sino de varios círculos concéntricos.

El círculo interior, lo que sería el núcleo duro, estaría formado por los países que están de acuerdo con la idea siguiente: piensan que tienen en común los problemas de seguridad y todo lo que tiene que ver con las relaciones con los países extraeuropeos, ya que no les amenaza ningún peligro desde el interior de Europa. Al mismo tiempo, creen que es preferible defenderse juntos y actuar juntos en el exterior, ya que de este modo una intervención adquiere más peso. Por lo tanto, estos países decidirían unificar su política exterior y de defensa. Este tipo de comunidad dejaría de ser una confederación o un conjunto coordinado de Estados independientes, como es el actual caso de la Unión, y se convertiría en una federación. Parece que los países fundadores de la Unión— Alemania, el Benelux, Francia e Italia—, estarían de acuerdo en dar este paso, de manera que podrían ser ellos los que fundaran la Federación Europea en el seno de la Unión.

Esta medida tendría como consecuencia, entre otras, que el presidente de la República francesa se vería privado de lo que conocemos como su ámbito reservado, es decir, precisamente de la defensa y los asuntos exteriores. Y las instituciones francesas se verían obligadas a evolucionar hacia un régimen más directamente parlamentario.

El siguiente círculo concéntrico sería el de la Unión Europea en su forma actual: en el futuro inmediato, un conjunto de veinticinco Estados, y en un futuro relativamente próximo, de treinta y cinco (con los países balcánicos, Moldavia y Noruega). Los criterios que marcan la pertenencia a este círculo son bien conocidos: cierto grado de desarrollo económico, garantías jurídicas y un régimen político que equivalga a una democracia liberal. Cada nuevo miembro deberá aceptar los valores europeos esenciales, como los que hemos enumerado en esta obra. Como se sabe, esta exigencia está impulsando interesantes transformaciones en un país como Turquía: la suspensión de la pena de muerte y el reconocimiento de los derechos de las minorías. Que la religión mayoritaria de uno de estos países sea el Islam no es ningún obstáculo, ya que hoy en día lo importante en Europa no es el cristianismo sino uno de sus paradójicos legados: el laicismo.

De este modo, la Unión Europea sería un espacio unificado en lo que respecta a la economía, la justicia y la policía, la cultura y la educación. Y en cierto momento, sus miembros podrían unirse a la Federación o seguir siendo exteriores a ella.

Más allá de este vendría un tercer círculo. Europa no puede existir si no tiene fronteras, en el interior de las cuales pueda establecerse cierto consenso. Pero ¿por dónde pasarían? Los Estados que conforman Europa deben tener un tamaño similar. Por este motivo, Rusia nunca formará parte de la Unión, por grande que sea su proximidad cultural con otros países europeos, y por democrático que pueda ser su régimen político. Es un país demasiado grande y con una población demasiado extensa, por lo que su inclusión comportaría un desequilibrio. El caso de Ucrania y Bielorrusia es algo distinto, ya que se trata de países de menor tamaño, que algún día deberán elegir entre vincularse más estrechamente a Rusia o integrarse en la Unión Europea. Por el mismo motivo, los países del Magreb no están destinados a formar parte de la Unión, ya que tomados en conjunto representan una masa demasiado importante, y no hay ninguna razón para negociar solo con Marruecos, Argelia, etc.

No obstante, Europa no puede olvidarse de estos países, que están destinados a convertirse en sus zonas de influencia privilegiadas. Ya nos vinculan con ellos múltiples relaciones, institucionales y humanas, las cuales adquirirán más fuerza porque serán beneficiosas tanto para unos como para otros. Europa tampoco debe quedar aislada del sur y el este, donde, por otra parte, las fronteras geográficas resultan fáciles de atravesar. La población, los recursos y las necesidades de uno y otro lado son complementarios. Por motivos históricos y geográficos, resulta verosímil que algunos países europeos prefieran negociar con el resto del Mediterráneo y otros con el Este del continente. Unos y otros son necesarios para Europa.

Esta reestructuración en tres círculos implica al mismo tiempo un reforzamiento de las instituciones centrales de Europa. En primer lugar deberían ser más democráticas, es decir, reflejar mejor a la población europea y menos a los países, ya que la diferencia entre países es precisamente lo que la Unión se propone absorber y superar. El principio actual según el cual, en muchos niveles, cualquier Estado tiene tanto poder como cualquier otro, es absurdo. Recuerda los exorbitantes privilegios de que gozaban ciertos grupos bajo el Antiguo Régimen. La Revolución Francesa dio un gran paso en la noche del 4 de agosto de 1789 al abolir los privilegios, y ahora ha llegado el momento de que la Unión Europea celebre su noche del 4 de agosto. En el actual estado de cosas, los seis países más poblados de la Unión concentran al 70 por 100 de la población, pero tienen el mismo peso —también en la Comisión— que los seis países menos poblados, cuya población no llega al 1 por 100 del total europeo. Esta situación es especialmente inadmisible si decidimos que hay que crear una fuerza militar unificada, ya que hablar de armamento supone hablar de presupuestos, soldados y recursos, que deben ser siempre proporcionales a la población. En este contexto, es inaceptable que Malta tenga el mismo peso que Italia. Si los términos del contrato se formulan claramente por anticipado, la población de cada lugar aceptará sin problemas todas estas renuncias. Después de todo, en el interior de cada país aceptamos sin problemas que un partido pueda ocuparse de los asuntos de Estado, aunque hayamos votado por el partido rival.

La institución más democrática de Europa es el Parlamento, que dimana directamente de los ciudadanos europeos. Esta correlación debe afirmarse aún con más fuerza, insistiendo en la proporcionalidad: estableciendo, por ejemplo, que se elija a un diputado por cada mil personas. Se trata de un principio sencillo y claro, comprensible para todo el mundo. En el interior de cada país, el escrutinio seguiría siendo proporcional a las listas, lo que aseguraría la representación de las tendencias más importantes.

Por otro lado, habría que reforzar la cabeza directiva de la Unión, dándole la legitimidad del sufragio: es decir, habría que elegir un presidente de Europa. Pero en este caso no resulta apropiado el sufragio directo, ya que los políticos no son bien conocidos fuera de sus respectivos países y los ciudadanos podrían votar simplemente por el representante de su territorio. Pero este inconveniente podría salvarse si la elección del presidente de Europa recayera en los diputados europeos —que tendrían esta como su tarea principal—, para el mismo período y en las mismas condiciones que los propios diputados. Esta elección a cargo del Parlamento, absolutamente democrática, tendría la ventaja de contrarrestar las afinidades nacionales con la toma de posición respecto a las grandes opciones políticas. Seguramente los socialistas franceses preferirían votar por un candidato socialista alemán a votar por un liberal francés. El presidente resultaría así representativo de la mayoría parlamentaria y al mismo tiempo él sería uno de los diputados, lo que garantizaría que fuese conocido en su país de origen (donde habría encabezado una de las grandes listas presentadas a las elecciones al Parlamento Europeo) y a la vez estuviera familiarizado con los asuntos comunes.

El presidente de Europa tendría autoridad para formular las grandes líneas de la política europea. En su labor estaría asistido por el o los ministros de Defensa y de Exteriores de la Federación Europea, por un lado, y por otro por la Comisión, de la que sería el jefe. Los «comisarios» ya no representarían a los Estados miembros sino que serían nombrados por el presidente por sus cualidades y competencias personales, ya que su tarea consistiría en velar por el bienestar de Europa y no por el del país del que fueran originarios. Por su parte, estos enviarían a sus representantes (uno por país, por ejemplo los respectivos ministros de Asuntos Europeos) al seno de un Consejo que tendría un cometido de vigilancia.

La Convención sobre el Futuro de Europa, presidida por Valéry Giscard d’Estaing, acaba de hacer público un proyecto de Constitución que afecta a las instituciones europeas. Algunas de sus recomendaciones van en el sentido aquí indicado: es posible una Europa de la defensa que agrupe solo a algunos Estados (la futura federación), donde el presidente de la Comisión sería elegido por el Parlamento. Por desgracia, ha habido que hacer múltiples concesiones a los Gobiernos nacionales, que no están dispuestos a quedarse sin su actual parcela de poder; por ello, se mantiene el papel preponderante del Consejo, que dimana de los Estados, y también el del presidente. Se elegirá a los comisarios, es decir, a los ministros europeos, en función de su pertenencia nacional, en lugar de mantener como único criterio sus cualidades individuales. Seguramente era imposible llegar más lejos en la vía de la integración. Pero la existencia de una Constitución europea es ya en sí misma un logro importantísimo, ya que la Unión proclama con ella una identidad espiritual, que no se limita a los intereses económicos.

Si la Unión Europea tuviera un presidente con poderes efectivos, sería una institución más eficaz de lo que es hoy. Hay otro cambio que la ayudaría en este aspecto: adoptar una lengua de trabajo única. Esta propuesta podrá desagradar a los nacionalistas, pero es de sentido común. Y tampoco se trata de una novedad radical: en la Edad Media, existía una Europa de las élites gracias sobre todo a la posibilidad de comunicarse en latín más allá de las fronteras. Hoy en día, solo hay un idioma capaz de desempeñar este papel: es lo que yo llamo el «inglés internacional», que no es el inglés de Shakespeare o de Henry James sino el que utilizan todos los europeos para hacerse comprender cuando visitan casi cualquier país del mundo que no sea el suyo. Es el inglés que utilizan los científicos de cualquier país cuando quieren conocer la evolución de su disciplina. Y es el que usan para comunicarse los jóvenes de un país europeo cuando están de viaje en el país vecino. Y sospecho que también es el idioma de los funcionarios europeos cuando se apagan los micrófonos. Hay que tener el valor de admitir esta situación de hecho.

La existencia de esta lengua internacional auxiliar no supone una amenaza para las culturas nacionales ni para las múltiples funciones de cada idioma. ¡Que no se enfaden los franceses! Mi idioma natal es el búlgaro, y personalmente he optado por expresarme en francés, cosa que nunca he lamentado, pero sé que mi situación no es comparable al funcionamiento de una institución internacional como la Unión Europea. Hoy en día, aprender el inglés internacional debería ser algo tan automático como aprender a conducir un coche o a usar un ordenador. Poder entrar en contacto directo con los extranjeros es una ventaja maravillosa, ya que de este modo cualquiera puede tomar cierta distancia respecto a sí mismo, distinguir lo que hay de natural y lo que hay de convencional en su comportamiento y hacer que su forma de pensar llegue a los demás. Y una vez establecido este primer contacto, se ha abierto la vía para el conocimiento de otras culturas y de otras lenguas.

Para terminar, quisiera hacer una propuesta que se presta mucho menos a la controversia y que debería ser más fácil de llevar a cabo. En el continente habría que instaurar un día festivo, una Fiesta de Europa, para celebrar el advenimiento de la Unión. Hay una fecha especialmente adecuada para ello: el 8 o el 9 de mayo, día en que terminó la Segunda Guerra Mundial. Alemania, que resultó vencida en esta guerra, tiene tantos motivos como los demás países para celebrar esta efeméride, ya que para ella la derrota fue también una victoria, pues la liberó del nazismo y le permitió convertirse en miembro fundador de la nueva Europa. La Unión Europea es la consecuencia indirecta y sin embargo lógica de este conflicto y de su extinción, pero es también un proyecto de futuro. Así, en lugar de limitarnos a conmemorar el pasado, lo veríamos como el fundamento de nuestra acción actual.

Mayo-junio de 2003.