Tras cuarenta años leyendo y escribiendo acerca de la Europa contemporánea, el historiador británico Tony Judt investiga, según la mejor tradición historiográfica, la historia cultural, social y política de Europa desde la devastación de la guerra más salvaje de la historia, hasta la ampliación de la Unión Europea hacia el antiguo imperio soviético: una crónica profundamente culta y absorbente de la Europa posterior a la caída de Berlín que, de Este a Oeste y de Norte a Sur, teje un magistral tapiz de sesenta años salpicado de observaciones brillantes y novedosas. Prestando la debida atención tanto a la Europa occidental como a la oriental, a los avances culturales y sociales igual que a los acontecimientos diplomáticos, Judt demuestra a lo largo de toda esta obra, fruto de una década de trabajo, cómo la política, la sociedad, la cultura y lo popular se influyen entre sí. Ingenioso, lleno de nuevas y sorprendentes historias, visualmente rico y gratificante, con mapas, fotos y recuadros útiles, esta obra es un placer poco común para los amantes de la historia y de Europa, una exposición de la que uno regresa al presente sorprendido y con una nueva idea de Europa.

Tony Judt

Postguerra

Una historia de Europa desde 1945

ePub r1.5

Titivillus 20.04.2020

Título original: Postwar. A history of Europe since 1945

Tony Judt, 2005

Traducción: Jesús Cuéllar

Mapas: ML Design, 2005

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Para Jennifer

Pero el carácter antiguo de una historia, ¿no es tanto más profundo, más completo y legendario, cuanto se desarrolla más inmediatamente antes de ahora?

THOMAS MANN, La montaña mágica

PRÓLOGO Y AGRADECIMIENTOS

Europa es el más pequeño de los continentes. En realidad no es ni siquiera un continente, sino solo un subcontinente anejo a Asia. La extensión total de Europa (sin incluir a Rusia y Turquía) es de cinco millones y medio de kilómetros cuadrados: menos de dos terceras partes de la de Brasil y apenas algo más de la mitad que la de China o Estados Unidos. Parece más empequeñecida aún al estar al lado de Rusia, que abarca diecisiete millones de kilómetros cuadrados. Pero en la intensidad de sus diferencias y contrastes internos, Europa es única. En el último recuento comprendía cuarenta y seis países. La mayoría de ellos son Estados y naciones con su propia lengua; bastantes incluyen naciones y lenguas adicionales que no constituyen Estados; todos cuentan con una historia, una política, una cultura y unos recuerdos diferenciados y al mismo tiempo entrelazados, y cada uno de ellos ha sido estudiado en profundidad. Todo lo que se ha escrito, tan solo en lengua inglesa, acerca del breve periodo de sesenta años de la historia de Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial (especialmente sobre este periodo más que ningún otro) resulta inabarcable.

Nadie puede por tanto aspirar a escribir una historia del todo exhaustiva o definitiva de la Europa contemporánea. En mi caso, mi propia inadecuación para la tarea se ve agravada por la proximidad: nací poco después del final de la guerra y soy contemporáneo a la mayoría de los hechos descritos en este libro, por lo que recuerdo haber conocido, observado o incluso participado en gran parte de esta historia según se ha ido desarrollando. Si este hecho facilita o dificulta mi comprensión de la historia de la Europa de la postguerra es algo que desconozco. Lo que sí sé es que a veces puede complicar bastante la tarea de encontrar el desapasionado distanciamiento del historiador.

Este libro no ambiciona tamaño objetivo de imparcialidad. Sin renunciar, espero, a la objetividad y la justicia, Postguerra presenta una interpretación claramente personal del pasado reciente europeo. Utilizando un término que inmerecidamente ha adquirido connotaciones negativas, se trata de un libro apasionado. Algunas de sus opiniones pueden resultar quizá controvertidas, otras sin duda equivocadas. Todas son falibles. Para bien y para mal, son mías, como también lo son los posibles errores que inevitablemente han de surgir en un trabajo de esta extensión y alcance. Pero si su número no es excesivo y al menos algunos de los juicios y conclusiones de este libro son perdurables, se debe en gran medida a los muchos expertos y amigos en quienes he confiado durante el proceso de su investigación y redacción.

Un libro de este tipo se apoya, en primer lugar, en los hombros de otros libros[1]. Entre las obras clásicas de la historia moderna que me han servido de inspiración y ejemplo se incluyen La era de los extremos, de Eric Hobsbawm; Europe in the Twentieth Century (Europa en el siglo XX), de George Lichtheim; Historia de Inglaterra. 1914-1945 (FCE, 1989), de A. J. P. Taylor, y el reciente El pasado de una ilusión: ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX (FCE, 1995), de François Furet. A pesar de ser completamente diferentes, estos libros y sus autores comparten la seguridad que nace de un extenso estudio y un tipo de confianza intelectual que rara vez se da entre sus sucesores, además de una claridad de estilo que debería constituir un modelo que debería seguir cualquier historiador.

Entre los expertos de cuyas obras sobre la reciente historia europea he aprendido más, debo mencionar y expresar mi agradecimiento especialmente a Harold James, Mark Mazower y Andrew Moravcsik. Su impronta resultará evidente en las siguientes páginas. Con Alan S. Milward, tanto yo como cualquier otro estudioso de la Europa moderna, estaremos siempre especialmente endeudados por sus estudios eruditos e iconoclastas sobre la economía de la postguerra.

Si en alguna medida puedo afirmar que estoy familiarizado con la historia de la Europa central y del Este, por la que a menudo las historias generales de Europa pasan de puntillas al estar escritas por autores especializados en la mitad occidental del continente, ello se debe al brillante trabajo de un grupo de jóvenes profesionales entre los que se encuentran Brad Abrams, Catherine Merridale, Marci Shore y Timothy Snyder, así como a mis amigos Jacques Rupnik e István Deák. De Timothy Garton Ash he aprendido no solo acerca de Europa central (materia en la que durante muchos años ha demostrado ser un experto indiscutible), sino también y muy especialmente acerca de las dos Alemanias de la era de la Ostpolitik. Durante los muchos años de conversaciones con Jan Gross, y gracias a sus esclarecedores escritos, he aprendido sobre la historia polaca, y también a entender las consecuencias sociales de la guerra, aspecto en el que Jan ha profundizado con inigualable perspicacia y humanidad.

En lo que se refiere a las secciones sobre Italia, este libro está inequívocamente endeudado con el trabajo de Paul Ginsborg, del mismo modo que los capítulos que tratan de España reflejan lo que he aprendido de leer y escuchar al excepcional Víctor Pérez-Díaz. A ambos, así como a Annette Wieviorka, cuyo magistral análisis de la ambivalente respuesta de la Francia de la postguerra frente al Holocausto, Déportation et Génocide, ha marcado profundamente mi relato de aquella turbulenta historia, les estoy especialmente agradecido. Mis reflexiones finales sobre «Europa como modo de vida» se han visto muy influidas por los escritos de una destacada abogada internacional, Anne-Marie Slaughter, cuyo trabajo sobre los «Estados desagregados» defiende con argumentos sólidos la forma internacional de gobierno de la UE, no porque sea intrínsecamente mejor o represente un modelo ideal, sino porque es lo único que puede funcionar en el mundo actual.

Amigos, colegas y públicos de toda Europa me han enseñado mucho más acerca del pasado reciente del continente y su momento actual de lo que jamás habría podido extraer de libros y archivos. Quiero expresar mi especial agradecimiento a Krzysztof Czyzewski, Peter Kellner, Ivan Krastev, Denis Lacorne, Krzysztof Michalski, Mircea Mihaes, Berti Musliu, Susan Neiman y David Travis por su hospitalidad y ayuda, así como a Istvan Rév por su inestimable insistencia en que, por desagradable que fuera la experiencia, visitara el Museo del Terror de Budapest. En Nueva York, mis amigos y colegas Richard Mitten, Katherine Fleming y Jerrold Seigel se han mostrado generosos con su tiempo y sus ideas. Dino Buturović examinó amablemente mi versión del embrollo lingüístico yugoslavo.

Agradezco a los sucesivos decanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Nueva York, Philip Furmansky, Jess Benhabib y Richard Foley, el apoyo que han prestado a mi investigación, y al Remarque Institute, que fundé para que otros pudieran estudiar y debatir sobre Europa. Dicho instituto, donde se celebran muchos de los seminarios y conferencias en los que tanto he aprendido, no habría sido posible sin el generoso apoyo y patrocinio de Yves-André Istel; tampoco habría podido escribir este libro y dirigir al mismo tiempo el Remarque Institute sin la abnegada y extraordinariamente eficaz colaboración de su director administrativo, Jair Kessler.

Como tantos otros, estoy profundamente en deuda de amistad y asesoramiento con mis agentes Andrew Wylie y Sarah Chalfant por su incondicional apoyo hacia un proyecto cuya duración y extensión fueron aumentando mucho más allá de lo que hubieran podido imaginar. Mi agradecimiento a mis editores Ravi Mirchandani y Scott Moyers, y en especial a Scott y su colega Jane Fleming, de The Penguin Press, Nueva York: ellos saben cuánto les debo por conseguir la publicación de este libro. Gracias también a la hospitalidad de León Wieseltier; algunas evaluaciones y opiniones de las que aparecen en los capítulos 12 y 14 fueron primero publicadas en forma de ensayo en las prestigiosas páginas literarias que tiene a su cargo en The New Republic. Pero no hay duda de que con quien he contraído una deuda profesional más importante es con Robert Silvers, el eminente editor de The New York Review of Books, quien a lo largo de los años me ha animado siempre a adentrarme en terrenos políticos e históricos cada vez más amplios, con todos los riesgos y beneficios que dicha aventura conlleva.

Este libro ha recibido una valiosa aportación de los alumnos de la Universidad de Nueva York, algunos de los cuales, y en especial Paulina Bren, Daniel Cohen (actualmente en la Rice University) y Nicole Rudolph, me han ayudado a comprender mejor este periodo a través de la investigación histórica que ellos han realizado, cuyo reconocimiento encontrarán expresado en estas páginas. Otros, como Jessica Cooperman y Avi Patt, me han prestado un incalculable apoyo como ayudantes de investigación. Michelle Pinto, junto con Simon Jackson, se transformó resignadamente en una experta investigadora iconográfica; a ella se debe la localización de la mayoría de las ilustraciones más atractivas, especialmente el Lenin tapado que figura al final de la tercera parte. Alex Molot se ha encargado de identificar y recopilar diligentemente los informes estadísticos y los datos publicados y no publicados en los que un libro de este tipo debe apoyarse ineludiblemente. Jamás podría haberlo escrito sin ellos.

Mi familia ha vivido con la Europa de la postguerra durante mucho tiempo; en el caso de mis hijos, toda su aún corta vida. Y no solo se han mostrado tolerantes con las ausencias, viajes y obsesiones a los que ha dado lugar, sino que además han realizado valiosas aportaciones a su contenido. El libro debe su título a Daniel, y, a Nicholas, el recordatorio de que no todas las buenas historias tienen un final feliz. A mi esposa Jennifer también le debe mucho, sobre todo por sus dos atentas y constructivas lecturas. Pero su autor le debe mucho, mucho más. Postguerra está dedicado a ella.

INTRODUCCIÓN

Cada época es una esfinge que se sumerge en el abismo en cuanto su enigma se ha solucionado.

HEINRICH HEINE

Las circunstancias (que algunos caballeros no tienen en cuenta en absoluto) dan en realidad a cada principio político su matiz diferenciado y su efecto discriminatorio.

EDMUND BURKE

Hechos, mi querido muchacho, hechos.

HAROLD MACMILLAN

La historia del mundo no es un suelo en el que florezca la felicidad. Los tiempos felices son en ella páginas en blanco.

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL

La primera vez que pensé en escribir este libro fue mientras hacía un transbordo en la estación terminal de Viena, la Westbahnhof. Era diciembre de 1989, un momento propicio. Acababa de regresar de Praga, donde los dramaturgos e historiadores del Foro Cívico de Václav Havel estaban desmantelando un Estado policial comunista y arrojando cuarenta años de «socialismo real» al basurero de la historia. Pocas semanas antes el Muro de Berlín había caído inesperadamente. En Hungría, y también en Polonia, toda la población se hallaba entregada a los desafíos de la política poscomunista: el antiguo régimen, todopoderoso hasta tan solo unos meses antes, se perdía en la insignificancia. El Partido Comunista de Lituania acababa de declararse a favor de la independencia inmediata de la Unión Soviética. Y en el taxi de camino a la estación, la radio austriaca emitía las primeras noticias sobre una revuelta contra la dictadura nepotista de Nicolae Ceauşescu en Rumanía. Un terremoto político estaba sacudiendo la congelada topografía de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Resultaba evidente que había finalizado una era, y que una nueva Europa empezaba a nacer. Pero con el fin del viejo orden, muchos principios vigentes desde hacía largo tiempo tendrían que cuestionarse. Lo que hasta entonces se había tenido por permanente y de alguna forma inevitable adoptaría ahora un aire mucho más transitorio. La confrontación de la Guerra Fría; el cisma que mantenía separados al Este del Oeste; la lucha entre el «comunismo» y el «capitalismo»; las historias diferenciadas e incomunicadas de la próspera Europa occidental y sus vecinos del Este, los satélites del bloque soviético; todo ello no podría entenderse ya como producto de la necesidad ideológica o la férrea lógica política. Se trataba de resultados accidentales de la historia a los que la historia apartaba bruscamente de su camino.

El futuro de Europa sería muy diferente, y también, por tanto, el pasado. En retrospectiva, los años transcurridos entre 1945 y 1989 empezarían ahora a considerarse no como el umbral de una nueva época sino más bien como un periodo de transición: un paréntesis de postguerra, la situación inacabada de un conflicto que finalizó en 1945 pero cuyo epílogo había durado otro medio siglo. Fuera cual fuese la forma que adquiriera Europa en los años venideros, la historia conocida y ordenada de lo que había sucedido antes había cambiado para siempre. En aquel gélido diciembre centroeuropeo, me pareció evidente que la historia de la Europa de la postguerra debería reescribirse.

El momento era propicio, y también el lugar. La Viena de 1989 era un palimpsesto de los pasados complicados y superpuestos de Europa. A comienzos del siglo XX, Viena era Europa: el centro fértil, vanguardista y autoindulgente de una cultura y una civilización al borde del apocalipsis. Viena, que en el periodo de entreguerras había pasado de ser una gloriosa metrópolis imperial a una retraída capital de lo que quedaba de un pequeño Estado, iba alejándose irremediablemente de su anterior esplendor para acabar convirtiéndose en el puesto fronterizo de un imperio nazi al que la mayoría de sus ciudadanos juraron entusiasta lealtad.

Tras la derrota de Alemania, Austria entró a formar parte del bando occidental y pasó a ser considerada la «primera víctima» de Hitler. Este golpe de fortuna, doblemente inmerecido, permitió a Viena exorcizar su pasado. Una vez convenientemente olvidada su adhesión al nazismo, la capital austriaca, una ciudad «occidental» circundada por la Europa del Este, adquirió una nueva identidad como avanzadilla y ejemplo del mundo libre. Para sus anteriores súbditos, atrapados ahora en Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía y Yugoslavia, Viena representaba la «Europa central», una comunidad idealizada de civismo cosmopolita que los europeos habían extraviado de alguna manera en el transcurso del siglo. Durante los años de la agonía del comunismo, la ciudad habría de convertirse en una especie de puesto de escucha de la libertad, un rejuvenecido enclave de encuentros y partidas para los europeos del Este que huían al Oeste y para los occidentales que querían tender puentes con el Este.

Así pues, la Viena de 1989 constituía un buen lugar para «pensar» Europa. Austria encarnaba todos los atributos ligeramente autocomplacientes de la Europa occidental de la postguerra: la prosperidad capitalista apuntalada por un Estado del bienestar abundantemente provisto; la paz social garantizada gracias a puestos y ventajas laborales generosamente distribuidos entre todos los principales grupos sociales y partidos políticos; la seguridad externa derivada de la protección implícita del paraguas nuclear occidental, aunque Austria seguía manteniendo un aire autosuficiente de «neutralidad». Entre tanto, al otro lado de los ríos Leitha y Danubio, solo unos cuantos kilómetros al este, yacía la «otra» Europa de pobreza deprimente y policía secreta. La distancia que separaba a ambas quedaba perfectamente representada por el contraste entre la vigorosa y dinámica Westbahnhof, de donde los hombres de negocios y los turistas salían en elegantes trenes expresos con destino a Múnich, Zúrich o París, y la sombría y desangelada Südbahnhof, la vieja, lúgubre y algo amenazante estación frecuentada por extranjeros menesterosos que descendían de viejos y mugrientos trenes procedentes de Budapest o Belgrado.

Al igual que las dos principales estaciones de ferrocarril de la ciudad encarnaban involuntariamente el cisma geográfico de Europa, una de ellas mirando hacia el optimista y próspero Occidente y la otra cumpliendo de mala gana con la vocación de Viena por el este de Europa, las propias calles de la capital austríaca testimoniaban el abismo de silencio que separaba el tranquilo presente de Europa de su incómodo pasado. Los imponentes y orgullosos edificios alineados a lo largo de la gran Ringstrasse constituían un recordatorio del antiguo carácter imperial de Viena (y la propia avenida del Ring parecía de alguna manera demasiado grande y majestuosa para servir de mera arteria cotidiana para los trabajadores procedentes de la periferia de una capital europea de tamaño medio) al tiempo que la ciudad se sentía justificadamente orgullosa de sus edificios y espacios públicos. En efecto, Viena tenía motivos para evocar viejas glorias. Sin embargo, respecto al pasado más reciente, se mostraba claramente reticente.

Pero con quien se mostraba más reticente de todos era con los judíos, que antaño habían ocupado gran parte de los edificios del centro de la ciudad y contribuido de manera decisiva al arte, la música, el teatro, la literatura, el periodismo y las ideas que conformaron los mejores tiempos de Viena. La propia violencia con la que los judíos de Viena habían sido expulsados de sus hogares, enviados hacia el este y borrados de su memoria contribuía a explicar el silencio culpable del presente de la ciudad. La Viena de la postguerra, al igual que la Europa occidental de la postguerra, era como un impresionante edificio que descansaba sobre los cimientos de un nefando pasado. Gran parte de lo peor de ese pasado había tenido lugar en territorios que caerían sobre el control soviético, razón por la que fue tan fácilmente olvidado (en Occidente) o suprimido (en el Este). Con el retorno de la Europa del Este, el pasado no sería menos infame: pero ahora, inevitablemente, habría que hablar de él. Después de 1989 nada, ni el futuro, ni el presente, ni, sobre todo, el pasado, volvería a ser lo mismo.

Aunque fue en diciembre de 1989 cuando decidí acometer una historia de la Europa de la postguerra, pasaron muchos años antes de que escribiera el libro. Las circunstancias mandaron. Visto con retrospectiva, fue una suerte: muchas cosas que hoy empiezan a aclararse por entonces seguían estando oscuras. Se han abierto archivos. Las inevitables confusiones que comporta una transformación revolucionaria se han resuelto y al menos algunas de las consecuencias a más largo plazo de la conmoción de 1989 son ahora inteligibles. Por otra parte, las sacudidas posteriores a 1989 no amainaron enseguida. La siguiente vez que estuve en Viena, la ciudad se esforzaba por alojar a decenas de miles de refugiados de las vecinas Croacia y Bosnia.

Tres años después de aquello, Austria abandonó su autonomía cuidadosamente preservada durante la postguerra y se sumó a la Unión Europea, cuya emergencia como fuerza decisoria en los asuntos europeos fue consecuencia directa de las revoluciones del este de Europa. Visitando Viena en octubre de 1999, encontré la Westbahnhof cubierta de carteles del Partido Liberal de Jörg Haider, el cual, a pesar de su abierta admiración por los «honorables» miembros del ejército nazi que «cumplieron con su deber» en el frente del Este, consiguió el 27 por ciento de los votos aquel año aprovechando el nerviosismo y la incomprensión de sus conciudadanos austríacos ante los cambios que habían tenido lugar en su mundo durante la década anterior. Tras casi medio siglo de hibernación, Viena, al igual que el resto de Europa, había vuelto a entrar en la historia.

Este libro narra la historia de Europa desde la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, comienza en 1945: Stunde null, como llaman los alemanes a la hora cero. Pero, al igual que el resto del siglo XX, sobre su historia se cierne la sombra de la guerra de treinta años iniciada en 1914, cuando el continente europeo emprendió su descenso hacia la catástrofe. La Primera Guerra Mundial fue en sí misma un traumático campo de exterminio para todos los que participaron en ella (la mitad de la población masculina de Serbia entre 18 y 55 años murió en el campo de batalla) pero no resolvió nada. Alemania (contrariamente a lo que entonces se creía mayoritariamente) no fue aplastada por la guerra ni por los acuerdos posteriores a ella: en tal caso, su ascenso hacia el dominio total de Europa alcanzado solo veinte años más tarde hubiera resultado difícil de explicar. De hecho, debido a que Alemania no pagó sus deudas contraídas en la Primera Guerra Mundial, el coste que tuvo la victoria para los aliados superó el coste de la derrota para Alemania, que, de este modo, emergió relativamente más fuerte que en 1913. El «problema alemán» surgido en Europa con el auge de Prusia una generación antes seguía sin resolverse.

Los pequeños países que emergieron del derrumbamiento de los viejos imperios territoriales en 1918 eran pobres, inestables, inseguros y estaban resentidos hacia sus vecinos. Entre ambas guerras, Europa estaba llena de Estados «revisionistas»: Rusia, Alemania, Austria, Hungría y Bulgaria, todos ellos habían sido derrotados en la Gran Guerra y esperaban a que llegara la ocasión para encontrar un resarcimiento territorial. Después de 1918 la estabilidad internacional no llegó a restaurarse, ni se recuperó el equilibrio entre las potencias: no fue más que un interludio debido al agotamiento. La violencia de la guerra no amainó, sino que se metamorfoseó en conflictos domésticos como polémicas nacionalistas, prejuicios raciales, enfrentamientos de clase y guerras civiles. En los años veinte, y especialmente en los treinta, Europa entró en una zona nebulosa a medio camino entre la vida posterior a una guerra y la amenazadora perspectiva de otra.

Los conflictos internos y los antagonismos entre Estados durante los años del periodo de entreguerras fueron exacerbados y en cierta medida provocados por el simultáneo desmoronamiento de la economía europea. En realidad, la vida económica de Europa sufrió un triple impacto durante aquellos años. La Primera Guerra Mundial afectó al empleo doméstico, destruyó el comercio y devastó regiones enteras (también generó Estados en bancarrota). Muchos países, sobre todo de la Europa central, no se recuperaron nunca de sus efectos. Aquellos que sí lo consiguieron volvieron a venirse abajo con la Gran Depresión de la década de 1930, cuando la inflación, los fracasos empresariales y los desesperados esfuerzos por imponer aranceles para protegerse frente a la competencia extranjera dieron como resultado no solo unos niveles de desempleo y de pérdida de capacidad industrial sin precedentes, sino también el derrumbe del comercio internacional (entre 1929 y 1936, el comercio francoalemán descendió un 83 por ciento), acompañado de una competencia y resentimiento encarnizados entre Estados. Y entonces llegó la Segunda Guerra Mundial, cuyo impacto sin precedentes entre las poblaciones civiles y las economías domésticas de los países afectados se trata en la parte primera de este libro.

El impacto acumulativo de estos golpes iba a desunir una civilización. El grado de desastre que Europa se había echado encima a sí misma resultaba perfectamente claro para sus contemporáneos incluso mientras se estaba produciendo. Algunos, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, vieron la autoinmolación de la Europa burguesa como una oportunidad para luchar por algo mejor. Los años treinta fueron la «década sórdida y deshonesta» de Auden; pero representaron también una época de compromiso y fe políticos que culminó con las ilusiones y las vidas perdidas en la Guerra Civil española. Este fue epílogo de las visiones radicales del siglo XIX, envueltas ahora en los violentos enfrentamientos ideológicos de una época más sombría: «Qué enorme fue el deseo de un nuevo orden humano durante el periodo de entreguerras y qué lamentable el fracaso a la hora de cumplirlo» (Arthur Koestler).

Algunos que habían perdido la esperanza en Europa huyeron: primero a las democracias liberales de la Europa occidental más lejana y, de allí, los que llegaron a tiempo, a las Américas. Otros, como Stefan Zweig o Walter Benjamin, se quitaron la vida. En vísperas de que el continente se precipitara definitivamente al fondo del abismo, Europa parecía desahuciada. Lo que quiera que fuese que se hubiera perdido en el curso de la implosión de la civilización europea, pérdida cuyas consecuencias habían sido intuidas hacía tiempo por Karl Kraus y Franz Kafka en la propia Viena de Zweig, nunca volvería a recuperarse. En el clásico cinematográfico de título epónimo filmado en 1937 por Jean Renoir, la gran ilusión de la época residía en el recurso de la guerra y sus característicos mitos de honor, casta y clase. Pero en 1940, para los observadores europeos, la más grandiosa de todas las ilusiones de Europa, hoy en día absolutamente desacreditada, era la «civilización europea» en sí.

A la luz de lo que había ocurrido hasta entonces, resulta comprensiblemente tentador narrar la historia de la inesperada recuperación de Europa a partir de 1945 en clave autocomplaciente e incluso lírica. Y este ha sido de hecho el tono subyacente a la mayoría de las historias sobre la Europa de la postguerra escritas a partir de 1989, el mismo adoptado por los estadistas europeos al reflexionar sobre sus propios logros en estas décadas. La mera supervivencia y reemergencia de los diferentes Estados de la Europa continental tras el cataclismo de la guerra total, la ausencia de disputas entre Estados y la constante expansión de formas institucionalizadas de cooperación intraeuropea, la recuperación sostenida tras treinta años de colapso económico y la «normalización» de la prosperidad, el optimismo y la paz, todo ello invitaba a una respuesta hiperbólica. La recuperación de Europa era un «milagro». La Europa «posnacional» había aprendido las amargas lecciones de la historia reciente para dar lugar a un continente conciliador, pacífico, resurgido cual ave fénix de las cenizas de su pasado asesino y suicida.

Al igual que muchos mitos, esta complaciente descripción de Europa en la segunda mitad del siglo XX encierra un mínimo elemento de verdad. Pero deja fuera la mayor parte. La Europa del Este, desde la frontera austriaca hasta los montes Urales, desde Tallinn hasta Tirana, no encaja. Sus décadas de postguerra fueron ciertamente pacíficas si se comparan con lo ocurrido antes, pero solo gracias a la presencia no solicitada del Ejército Rojo: era la paz de las prisiones, impuesta por los tanques. Y si los países satélites del bloque soviético se involucraron en una cooperación internacional superficialmente comparable a los progresos realizados más hacia occidente, esto se debió solo a que Moscú les impuso unas instituciones e intercambios «fraternales» a la fuerza.

La historia de las dos mitades de la Europa de la postguerra no puede explicarse aisladamente la una de la otra. El legado de la Segunda Guerra Mundial, así como de las décadas anteriores y de la guerra que las precedió, obligó tanto a los gobiernos y a los pueblos del Este como a los del Oeste a realizar algunas elecciones muy difíciles sobre cómo solucionar de la mejor manera posible sus problemas para evitar una posible vuelta al pasado. Una de las opciones, la de tratar de cumplir el programa radical de los frentes populares de los años treinta, fue en principio muy bien acogida en ambas partes de Europa (lo que demuestra que 1945 no marcó en absoluto un punto de partida completamente nuevo, como a veces puede parecer). En la Europa del Este era inevitable una transformación hasta cierto punto radical. Había que evitar a toda costa la posibilidad de retornar a su lamentable pasado. ¿Qué lo sustituiría entonces? Puede que el comunismo fuera la solución equivocada, pero el dilema al que respondía era verdaderamente real.

En Occidente, la perspectiva de un cambio radical se hizo desaparecer, en gran parte debido a la ayuda (y la presión) de Estados Unidos. El atractivo de los programas de los frentes populares y del comunismo se desvaneció: ambos constituían recetas para los tiempos difíciles y, al menos a partir de 1952, no lo fueron tanto. Así que, en las décadas siguientes, las incertidumbres de los años inmediatamente posteriores a la guerra se olvidaron. Sin embargo, la posibilidad de que las cosas tomaran un rumbo distinto (en realidad, la probabilidad de que de hecho lo hicieran) había parecido bastante verosímil en 1945; fue para impedir el regreso de los viejos demonios del pasado (el desempleo, el fascismo, el militarismo alemán, la guerra, la revolución) por lo que Europa emprendió el nuevo camino con el que actualmente estamos familiarizados. La Europa posnacional, del Estado del bienestar, cooperante y pacífica, no nació del proyecto optimista, ambicioso y progresista que los euroidealistas de hoy imaginaron desde la pura retrospectiva; fue el fruto de una insegura ansiedad. Acosados por el fantasma de la historia, sus líderes llevaron a cabo reformas sociales y fundaron nuevas instituciones como medida profiláctica para mantener a raya al pasado.

Esto resulta más fácil de entender cuando recordamos que las autoridades del bloque soviético estaban básicamente embarcadas en el mismo proyecto; también ellas pretendían por encima de todo edificar una barrera contra la reincidencia política, a pesar de que en los países bajo el dominio comunista ello no se conseguiría tanto mediante el progreso social como mediante el uso de la fuerza. La historia reciente se reescribió, y los ciudadanos fueron llamados a olvidarla, basándose en la afirmación de que una revolución social llevada a cabo por el comunismo había borrado definitivamente no solo las deficiencias del pasado, sino también las condiciones que las habían hecho posibles. Como veremos, dicha afirmación también constituía un mito, o, como mínimo, una verdad a medias.

Pero el mito comunista da testimonio, de manera no pretendida, de la importancia (y la dificultad) experimentada en ambas partes de Europa para afrontar una herencia problemática. La Primera Guerra Mundial destruyó la vieja Europa; la Segunda Guerra Mundial generó las condiciones para una nueva. Pero, a partir de 1945, Europa entera vivió durante muchas décadas bajo la alargada sombra de los dictadores y las guerras de su pasado inmediato. Esta es una de las experiencias que los europeos de la generación de la postguerra comparten entre sí y que les distingue de los norteamericanos, a quienes el siglo XX les enseñó unas lecciones bastante diferentes y en general más optimistas. Este es el punto de partida necesario para cualquiera que pretenda comprender la historia europea anterior a 1989 y apreciar el gran cambio que experimentó a raíz de entonces.

Al describir la visión de Tolstói de la historia, Isaiah Berlin trazó una decisiva distinción entre dos estilos de razonamiento intelectual citando un famoso verso del poeta griego Arquíloco: «El zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una gran cosa». De acuerdo con Berlin, este libro no es en absoluto un «erizo». En estas páginas no tengo ninguna gran teoría de la historia europea contemporánea que formular, ninguna tesis global que exponer ni tampoco ninguna historia integradora y única que contar. Pero no por ello debe deducirse que crea que la historia de Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial carece de una línea argumental. Por el contrario, tiene más de una. Al igual que el zorro, Europa sabe muchas cosas.

En primer lugar, esta es la historia de la reducción de Europa. Después de 1945, los Estados que constituyen Europa no podían aspirar ya a un estatus internacional o imperial. Las únicas dos excepciones a esta regla, la Unión Soviética, y, en parte, Gran Bretaña, se consideraban a sí mismas tan solo medio europeas y, en todo caso, a finales del periodo que cubre este relato, también quedaron bastante reducidas. La mayor parte del resto de la Europa continental había sufrido la humillación de la derrota y la ocupación. No había sido capaz de liberarse del fascismo por sus propios medios, ni tampoco podía mantener a raya al comunismo sin ayuda. La Europa de la postguerra fue liberada, o enclaustrada, por forasteros. Solo tras considerables esfuerzos y el transcurso de varias décadas, los europeos lograron recuperar el control de su destino. Despojados de sus territorios extranjeros, los antiguos imperios marítimos de Europa (Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica, Portugal) se habían visto reducidos en el curso de estos años a sus núcleos europeos, lo que hizo que redirigieran su atención a la propia Europa.

En segundo lugar, las últimas décadas del siglo XX asistieron a la decadencia del discurso tradicional de la historia europea: las grandes teorías del siglo XIX sobre la historia, con sus modelos de progreso y cambio, de revolución y transformación, que habían impulsado los proyectos políticos y los movimientos sociales que desgarraron Europa en la primera mitad del siglo. Esta es también una historia que solo adquiere sentido dentro de un marco paneuropeo: el declive del fervor político en Occidente (excepto entre una minoría intelectual aislada) estuvo acompañado, por diferentes razones, por la pérdida de fe política y el descrédito del marxismo oficial en el Este. Es indudable que, durante un determinado momento de la década de 1980, pareció que la derecha intelectual podía protagonizar un resurgimiento del proyecto, también decimonónico, de desmantelar la «sociedad» y abandonar los asuntos públicos en manos del mercado libre y el Estado minimalista: pero este momento pasó. Después de 1989 no hubo ningún proyecto ideológico globalizador que ofrecer en Europa por parte de la izquierda ni de la derecha, salvo la perspectiva de la libertad, que para la mayoría de los europeos constituía una promesa ahora cumplida.

En tercer lugar, como modesto sustituto de las caducas ambiciones del pasado ideológico de Europa, surgió, tardíamente y en gran parte por accidente, el «modelo europeo». Fruto de la ecléctica combinación de las políticas socialdemócratas y democratacristianas, y de la paulatina expansión de la Comunidad Europea y su sucesora, la Unión Europea, dicho modelo constituyó una forma característicamente «europea» de regular las relaciones sociales e interestatales. Este enfoque europeo, que abarca desde el cuidado de la infancia hasta las normas interestatales, representaba algo más que los trámites burocráticos de la Unión Europea y sus Estados miembros; a comienzos del siglo XXI se había convertido en paradigma y ejemplo para los miembros aspirantes a entrar en la UE y en un desafío global para Estados Unidos y el competitivo atractivo del «estilo de vida americano».

Esta transformación claramente inesperada de Europa de una expresión geográfica (bastante problemática como tal) en modelo que había que seguir y polo de atracción tanto para individuos como para países se fraguó mediante un proceso lento y acumulativo. Europa no estaba, según la irónica paráfrasis de Alexander Wat sobre las vanas ilusiones de los estadistas polacos del periodo de entreguerras, «condenada a la grandeza». Ciertamente, el surgimiento de esta capacidad no hubiera podido predecirse a partir de las circunstancias de 1945, ni siquiera de 1975. Esta nueva Europa no constituía un proyecto común preconcebido: nadie se propuso llevarlo a cabo. Pero una vez que quedó claro, después de 1992, que Europa ocuparía este novedoso lugar en el escenario internacional, sus relaciones, especialmente con Estados Unidos, adoptaron un aspecto diferente, tanto para los europeos como para los norteamericanos.

Este es el cuarto argumento que se entreteje en este relato de la postguerra europea: su complicada y a menudo malentendida relación con Estados Unidos de América. Los europeos occidentales quisieron que Estados Unidos se implicara en los asuntos europeos después de 1945, pero al mismo tiempo les desagradaba dicha implicación y sus consecuencias respecto al declive de Europa. Por otra parte, a pesar de la presencia de Estados Unidos en Europa, especialmente durante los años siguientes a 1949, ambas partes de «Occidente» permanecieron bien diferenciadas. La Guerra Fría se percibía de forma muy distinta en Europa occidental con respecto a la respuesta alarmista que generaba en Estados Unidos, y la subsiguiente «americanización» de Europa durante las décadas de 1950 y 1960 a menudo ha tendido a exagerarse, como veremos más adelante.

La Europa del Este, por supuesto, veía a Estados Unidos y sus elementos característicos de forma bastante distinta. Pero también en este caso sería erróneo exagerar la influencia ejemplarizante de Estados Unidos sobre los europeos del Este, tanto antes como después de 1989. Los disidentes de ambas mitades de Europa, Raymond Aron en Francia, por ejemplo, o Václav Havel en Checoslovaquia, se preocupaban de resaltar que en absoluto consideraban a Estados Unidos ningún modelo o ejemplo para sus propias sociedades. Y, aunque una generación más joven de europeos del Este nacidos después de 1989 sí aspiraba a liberalizar sus países conforme al modelo estadounidense, con unos servicios públicos limitados, impuestos más bajos y un mercado libre, esta moda no ha conseguido imponerse. El «momento americano» de Europa pertenece al pasado. El futuro de las «pequeñas américas» de la Europa del Este se encuadra de lleno en Europa.

Por último, la historia de la postguerra de Europa es una historia ensombrecida por los silencios; por la ausencia. El continente europeo fue antaño un intrincado tapiz de lenguas, religiones, comunidades y naciones entremezcladas. Muchas de sus ciudades, particularmente algunas muy pequeñas situadas en la intersección entre las viejas y las nuevas fronteras imperiales, como por ejemplo Trieste, Sarajevo, Salónica, Chernovtsi, Odesa o Vilna, constituían verdaderas sociedades multiculturales en toda la extensión de la palabra, en las que católicos, ortodoxos, musulmanes, judíos y otras comunidades vivían en familiar yuxtaposición. No deberíamos idealizar esta vieja Europa. Lo que el escritor polaco Tadeusz Borowski denominaba «el insólito, casi cómico crisol de pueblos y nacionalidades que bullía peligrosamente en el centro mismo de Europa», explotaba periódicamente en disturbios, masacres y pogromos, pero existió realmente y sobrevivió en forma de memoria viva.

Sin embargo, entre 1914 y 1945, aquella Europa quedó hecha pedazos. La Europa más ordenada que surgió, balbuceante, en la segunda mitad del siglo XX, no presentaba tantos cabos sueltos. Gracias a la guerra, la ocupación, los ajustes de las fronteras, el exilio y el genocidio, casi todo el mundo vivía ahora en su propio país, entre su propia gente. Durante los cuarenta años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, los europeos de ambas mitades de Europa vivieron en enclaves nacionales herméticos en los que las minorías religiosas o étnicas supervivientes como, por ejemplo, los judíos en Francia, representaban un mínimo porcentaje de la población total y estaban plenamente integradas en el contexto cultural y político dominante. Solo Yugoslavia y la Unión Soviética, un imperio, no un país, y en todo caso solo a medias europeo, como ya se ha hecho constar con anterioridad, quedaron al margen de esta nueva y progresivamente más homogénea Europa.

Pero desde la década de 1980, y especialmente desde la caída de la Unión Soviética y la ampliación de la UE, Europa se enfrenta a un futuro multicultural. Los refugiados, los trabajadores extranjeros, los habitantes de las antiguas colonias de Europa atraídos hacia la metrópoli por la perspectiva de los puestos de trabajo y la libertad y los emigrantes voluntarios e involuntarios procedentes de los Estados fracasados o represivos de las ampliadas márgenes de Europa, han convertido Londres, París, Amberes, Ámsterdam, Berlín, Milán y otra docena de lugares más en ciudades cosmopolitas, les guste o no.

Esta nueva presencia de los «otros» habitantes de Europa (por ejemplo, solo en la Unión Europea hoy constituida, el número de musulmanes probablemente alcanza hoy los quince millones, más otros ochenta millones que esperan su admisión en Bulgaria y Turquía) ha puesto de relieve no solo el presente malestar de Europa ante la perspectiva de una variedad aún mayor, sino también la facilidad con la que los «otros» muertos del pasado de Europa fueron borrados de su pensamiento. A raíz de 1989 ha resultado más claro que nunca hasta qué punto la estabilidad de la Europa de la postguerra descansaba en los logros de Yósef Stalin y Adolf Hitler. Ambos dictadores, con la ayuda de sus colaboradores durante la guerra, consiguieron arrasar por completo el mapa demográfico sobre el que entonces se cimentarían las bases de un continente nuevo y menos complicado.

Este desconcertante giro en el tranquilo discurso del progreso de Europa hacia las «extensas y altas llanuras soleadas» de Winston Churchill quedó en gran parte silenciado en ambas mitades de Europa hasta como mínimo la década de 1960 y, a partir de entonces, por lo general solo se hizo referencia a él en relación con el exterminio judío llevado a cabo por los alemanes. Con excepciones tan ocasionales como controvertidas, el historial de otros responsables y otras víctimas permaneció cerrado. La historia y la memoria de la Segunda Guerra Mundial quedó reducida a un conocido conjunto de convenciones morales: el Bien contra el Mal, antifascistas contra fascistas, resistentes contra colaboracionistas, etcétera.

A partir de 1989, con la superación de inhibiciones largo tiempo establecidas, ha resultado posible reconocer (a veces a pesar de una virulenta oposición y rechazo) el precio moral que se pagó por el renacimiento de Europa. Polacos, franceses, suizos, italianos, rumanos y ciudadanos de otras nacionalidades están ahora mejor situados para conocer, si es que lo desean, lo que realmente ocurrió en su país hace tan solo unas cuantas décadas. Incluso los alemanes están revisando la historia generalmente aceptada de su país, con paradójicas consecuencias. Ahora, por primera vez en muchas décadas, es el sufrimiento y victimismo alemán, ya sea a manos de los bombarderos británicos, los soldados rusos o los checos, el que está recibiendo atención. En ciertos respetables círculos vuelve a sugerirse tímidamente que los judíos no fueron las únicas víctimas…

El hecho de si estas disquisiciones son buenas o no es una cuestión para el debate. ¿Constituye este público recordatorio un síntoma de salud política? ¿O sería a veces más prudente, como, entre otros, creía De Gaulle, olvidar? Trataremos este tema en el epílogo. Baste señalar aquí que estos recientes amagos de perturbadores recuerdos no tienen por qué ser entendidos, como en ocasiones lo son (sobre todo en Estados Unidos) al yuxtaponerlos a los actuales brotes de prejuicios étnicos o raciales, como una ominosa prueba del pecado original de Europa: su incapacidad para aprender de los crímenes del pasado, su amnésica nostalgia, su evidente propensión a volver a 1938. No se trata, utilizando una expresión de Yogi Berra, de un «déjà vu que se repite».

Europa no está entrando de nuevo en su turbulento pasado; por el contrario, lo está dejando atrás. La Alemania actual, como el resto de Europa, es más consciente de su historia del siglo XX de lo que lo ha sido nunca en los últimos cincuenta años. Pero esto no significa que se esté viendo arrastrada una vez más hacia ella. Porque dicha historia nunca se fue. Como este libro trata de demostrar, la alargada sombra de la Segunda Guerra Mundial ejerció una gran influencia sobre la Europa de la postguerra, sin que, en cambio, nunca llegara a reconocerse por completo. El silencio sobre el reciente pasado de Europa era una condición necesaria para la construcción de un futuro europeo. Hoy en día, como consecuencia de los dolorosos debates públicos que están teniendo lugar en casi todos los países europeos, parece de algún modo lógico que los alemanes también se sientan capaces por lo menos de cuestionar los cánones de la bienintencionada memoria oficial. Puede que ello nos incomode, e incluso que no sea una señal de buen agüero. Pero sí es una especie de cierre. Sesenta años después de la muerte de Hitler, su guerra y sus consecuencias están entrando en la historia. La postguerra ha durado en Europa mucho tiempo, pero finalmente está llegando a su término.

PRIMERA PARTE

Postguerra: 1945-1953

I

El legado de la guerra

No es que el mundo europeizado viviera una lenta decadencia, como la de otras civilizaciones que han ido tambaleándose y desmoronándose; la civilización europea, sencillamente, saltó por los aires.

H. G. WELLS, La guerra en el aire (1908)

Es imposible imaginar y mucho menos enfrentarse al problema humano que la guerra dejará detrás. Nunca ha habido tanta destrucción, tanta desintegración de la estructura de la vida.

ANNE O’HARE MCCORMICK

Por todas partes se anhelan milagros y curas. La guerra ha hecho retroceder a los napolitanos a la Edad Media.

NORMAN LEWIS, Nápoles 1944

Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial en Europa ofrecían una perspectiva de total miseria y desolación. Las fotografías y documentales de la época muestran lastimosas masas de ciudadanos caminando por un desolador paisaje de ciudades en ruinas y tierras baldías. Niños huérfanos vagando abandonados al lado de mujeres agotadas que revuelven montones de escombros. Deportados con la cabeza rapada y reclusos de los campos de concentración vestidos con pijamas a rayas fijan su mirada ausente en la cámara, desnutridos y enfermos. Incluso los tranvías, propulsados por una corriente eléctrica disponible solo intermitentemente, parecen traumatizados por la guerra. Todos y todo, con la notable excepción de las bien alimentadas fuerzas de ocupación aliadas, parecen acabados, sin recursos, exhaustos.

Esta imagen debe matizarse si queremos comprender cómo este mismo continente destrozado fue capaz de recuperarse tan rápidamente en los años siguientes. Pero contiene una verdad esencial sobre la condición europea posterior a la derrota alemana. Los europeos se sentían desesperanzados, estaban exhaustos, y con razón. La guerra europea que comenzó con la invasión de Polonia ordenada por Hitler en septiembre de 1939 y que finalizó con la rendición incondicional de Alemania en mayo de 1945 fue una guerra total, que afectó tanto a civiles como a soldados.

En realidad, en los países ocupados por el régimen nazi, desde Francia hasta Ucrania, desde Noruega a Grecia, la Segunda Guerra Mundial constituyó, ante todo, una experiencia civil. El combate militar formal se limitó a los inicios y los finales del conflicto. Entre medias, esta fue una guerra de ocupación, de represión, de explotación y exterminio, en la que los soldados, las tropas de asalto y los policías disponían de la vida cotidiana y de la existencia misma de decenas de millones de personas que vivían prisioneras. En algunos países la ocupación duró la mayor parte de la guerra y por todas partes sembró el terror y la pobreza.

A diferencia de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la guerra de Hitler, constituyó una experiencia cuasiuniversal. Y duró mucho tiempo (casi seis años en los países que, como Gran Bretaña y Alemania, participaron en ella desde el principio hasta el final). En Checoslovaquia comenzó aún antes, con la ocupación nazi de la región de los Sudetes en octubre de 1938. En el este de Europa y los Balcanes ni siquiera acabó con la derrota de Hitler, dado que la ocupación (del ejército soviético) y la guerra civil continuaron hasta mucho después del desmembramiento de Alemania.

Europa ocupada por el Eje, 1942

Desde luego, las guerras de ocupación no eran desconocidas en Europa. Todo lo contrario. La memoria colectiva conservaba todavía, tres siglos después, en forma de mitos locales o cuentos para niños, el recuerdo de la Guerra de los Treinta Años, acaecida en el siglo XVII, y durante la cual los ejércitos mercenarios extranjeros esquilmaron las tierras de Alemania y aterrorizaron a la población local. Bien entrada la década de 1930, las abuelas españolas seguían reprendiendo a los niños rebeldes con la amenaza de Napoleón. Pero la experiencia de la ocupación de la Segunda Guerra Mundial revistió una intensidad especial, debida en parte a la peculiar actitud nazi frente a las poblaciones sometidas.

Los ejércitos de ocupación anteriores, los suecos en Alemania en el siglo XVII, los prusianos en Francia a partir de 1815, esquilmaban las tierras y atacaban y mataban a los civiles locales de forma esporádica e incluso aleatoria. Pero los pueblos que cayeron bajo el dominio alemán después de 1939 eran puestos al servicio del Reich o si no enviados a su exterminio. Para los europeos se trataba de algo nuevo. Lejos del continente, en sus colonias, los Estados europeos habían explotado o esclavizado a las poblaciones indígenas para su propio beneficio. Y aunque habían utilizado la tortura, la mutilación o el asesinato en masa para obligar a obedecer a las víctimas, a partir del siglo XVIII estas prácticas pasaron a ser desconocidas para la mayoría de los europeos, al menos al oeste de los ríos Bug y Prut.

Fue por tanto durante la Segunda Guerra Mundial cuando toda la fuerza del moderno Estado europeo se movilizó por primera vez con el principal propósito de conquistar y explotar a otros europeos. A fin de luchar y ganar la guerra, los británicos explotaron y saquearon sus propios recursos: a finales de la guerra, Gran Bretaña dedicaba más de la mitad de su Producto Interior Bruto a sus esfuerzos bélicos. La Alemania nazi, en cambio, combatió en la guerra, especialmente en sus últimos años, contando con la importante ayuda de las saqueadas economías de sus víctimas (al igual que había hecho Napoleón después de 1805, pero con una eficacia incomparablemente superior). Noruega, Holanda, Bélgica, Bohemia-Moravia y, especialmente, Francia realizaron significativas aunque involuntarias contribuciones a los esfuerzos bélicos alemanes. Sus minas, fábricas, granjas y ferrocarriles se dedicaron a dar servicio a los alemanes, y sus poblaciones fueron obligadas a trabajar para la producción bélica alemana: al principio en sus propios países y más adelante en la propia Alemania. En septiembre de 1944 vivían 7.847.000 extranjeros en Alemania, la mayoría de ellos contra su voluntad, que representaban el 21 por ciento de la mano de obra del país.

Los nazis vivieron todo lo que pudieron a costa de la riqueza de sus víctimas, con tal grado de éxito que hasta 1944 la población civil alemana no empezó a sufrir el impacto de las restricciones y la escasez propias de los tiempos de guerra. Sin embargo, para entonces, el conflicto militar empezaba a cernirse sobre ellos, primero a través de los bombardeos aliados y luego con el simultáneo avance de los ejércitos aliados procedentes del este y del oeste. Fue en este último año de la guerra, durante el relativamente corto periodo de la ofensiva hacia el oeste por parte de la Unión Soviética, cuando tuvo lugar la mayor parte de la destrucción física.

Desde el punto de vista de sus contemporáneos, el impacto de la guerra no se medía en términos de ganancias y pérdidas industriales, o del valor neto de los bienes nacionales de 1945 comparados con los de 1938, sino en función del deterioro visible para su entorno inmediato y sus comunidades. Es de aquí de donde debemos partir si queremos comprender el trauma que subyace a las imágenes de desolación y desesperanza que captaron la atención de los observadores en 1945.

Muy pocas localidades y ciudades europeas, fuera cual fuese su tamaño, salieron ilesas de la guerra. Debido a un acuerdo tácito o a la buena suerte, el centro histórico y moderno de algunas célebres ciudades europeas como Roma, Venecia, Praga, París u Oxford nunca fueron blanco de los bombardeos. Pero durante el primer año de la guerra, los bombarderos alemanes habían arrasado Rotterdam y más tarde destruido la ciudad industrial inglesa de Coventry. La Wehrmacht borró del mapa muchas pequeñas localidades a medida que avanzaba la invasión de Polonia y más tarde de Yugoslavia y la URSS. Distritos enteros de Londres, especialmente los barrios cercanos a la zona portuaria del East End, fueron víctimas de la Blitzkrieg de la Luftwaffe durante el curso de la guerra.

Pero el mayor daño material fue el infligido por las campañas de bombardeos de los aliados occidentales llevadas a cabo a lo largo de 1944 y 1945, sin precedentes hasta aquel momento, y el implacable avance del Ejército Rojo desde Stalingrado hasta Praga. Localidades costeras francesas como Royan, Le Havre y Caen resultaron arrasadas por la fuerza aérea estadounidense. Hamburgo, Colonia, Düsseldorf, Dresde y docenas de otras ciudades alemanas quedaron derruidas por el bombardeo de saturación llevado a cabo por aviones británicos y norteamericanos. En el este, el 80 por ciento de la ciudad bielorrusa de Minsk fue destruido al final de la guerra; en Ucrania, Kiev quedó convertida en humeantes ruinas; mientras que en el otoño de 1944 la capital polaca, Varsovia, fue sistemáticamente incendiada y dinamitada, casa a casa, calle a calle, por el ejército alemán en retirada. Cuando la guerra en Europa hubo finalizado, con la caída de Berlín bajo el Ejército Rojo en mayo de 1945 tras haber recibido el impacto de 40.000 toneladas de bombas en los últimos catorce días de la guerra, gran parte de la capital alemana quedó reducida a humeantes montículos de escombros y hierros retorcidos. El 75 por ciento de sus edificios quedó inhabitable.

Las ciudades en ruinas constituían la evidencia más obvia (y fotogénica) de la devastación, y llegaron a actuar como una especie de taquigrafía visual universal de la calamidad de la guerra. Debido a que gran parte del daño había recaído en casas y edificios de apartamentos, y que a consecuencia de ello muchas personas se habían quedado sin hogar (la estimación se sitúa en torno a los 25 millones de personas en la Unión Soviética y otros 20 millones en Alemania, 500.000 de ellos solo en Hamburgo), el paisaje urbano de los escombros representaba el recordatorio más inmediato de que la guerra acababa de terminar. Pero no era el único. En Europa occidental, el transporte y las comunicaciones se vieron gravemente interrumpidos: de las 12.000 locomotoras de la Francia anterior a la guerra, solo 2800 estaban en servicio en el momento de la rendición alemana. Un gran número de carreteras, vías de tren y puentes habían sido volados por los soldados alemanes que se batían en retirada, los aliados mientras avanzaban o la resistencia francesa. Dos terceras partes de la flota mercante francesa habían sido hundidas. Solo en 1944-1945, Francia perdió 500.000 viviendas.

Pero los franceses, al igual que los británicos, los belgas, los holandeses (que perdieron 219.000 hectáreas de tierra inundada por los alemanes y cuyo transporte por ferrocarril, carretera y canales se había reducido en 1945 a un 40 por ciento), los daneses, los noruegos (que durante la ocupación alemana habían perdido el 14 por ciento del capital del país), e incluso los italianos, resultaron comparativamente afortunados, aunque no fueran conscientes de ello. Los verdaderos horrores de la guerra se habían vivido más hacia el este. Los nazis trataban a los europeos del oeste con cierto respeto, aunque solo fuera para explotarlos mejor, y los europeos occidentales correspondían a esta deferencia haciendo relativamente poco por oponerse a los esfuerzos bélicos alemanes. En la Europa del Este y del sudeste, las fuerzas de ocupación alemanas actuaron de forma inmisericorde, y no solo debido a que los partisanos locales, sobre todo en Grecia, Yugoslavia y Ucrania, les hicieran frente implacable aunque desesperanzadamente.

Las consecuencias materiales de la ocupación alemana en el este, el avance soviético y las luchas partisanas fueron por tanto de una índole muy distinta a la experiencia de la guerra en el oeste. En la Unión Soviética, 70.000 pueblos y 1700 ciudades quedaron destruidos en el curso de la guerra, así como 32.000 fábricas y 40.000 millas de vía férrea. En Grecia se perdieron dos tercios de la flota de la marina mercante, esencial para el país, un tercio de sus bosques quedaron arrasados y un millar de pueblos fueron borrados del mapa. Entre tanto, la política alemana de fijar el pago de los costes de ocupación conforme a las necesidades militares alemanas en lugar de a la capacidad griega de efectuar dicho pago, generó una inflación exorbitada.

Yugoslavia perdió el 25 por ciento de sus viñedos, el 50 por ciento de su ganado, el 60 por ciento de las carreteras del país, el 75 por ciento de sus arados y de sus puentes ferroviarios, una de cada cinco de las viviendas existentes antes de la guerra y una tercera parte de su limitada riqueza industrial, además del 10 por ciento de la población anterior a la guerra. En Polonia, tres cuartas partes de la vía férrea quedó inutilizada y una granja de cada seis cesó su actividad. La mayoría de las localidades y ciudades del país apenas podía funcionar (aunque solo Varsovia fue completamente destruida).

Pero incluso estas cifras, por dramáticas que sean, solo dan idea de una parte del panorama: el deprimente entorno físico. Sin embargo, los daños materiales sufridos por los europeos durante la guerra, por terribles que hayan sido, fueron insignificantes comparados con las pérdidas humanas. Se calcula que entre 1939 y 1945 murieron aproximadamente 36 millones y medio de personas por causas relacionadas con la guerra (el equivalente a la población total de Francia al comienzo de la guerra), cifra que no incluye las muertes debidas a causas naturales durante dicho periodo ni una estimación del número de niños no concebidos o no nacidos entonces o posteriormente a causa de la guerra.

La cifra total de muertes es exorbitante (a pesar de que no se incluye aquí la de las bajas japonesas, estadounidenses o de otras nacionalidades no europeas). A su lado, la de las muertes producidas por la Gran Guerra de 1914-1918 queda empequeñecida a pesar de su magnitud. Ningún otro conflicto de la historia ocasionó tantas muertes en un periodo tan breve. Pero lo más asombroso es el número de muertes entre los civiles no combatientes: al menos 19 millones, es decir, más de la mitad. Las bajas civiles superaron a las militares en la URSS, Hungría, Polonia, Yugoslavia, Grecia, Francia, Holanda, Bélgica y Noruega. Tan solo en el Reino Unido y Alemania el número de militares fallecidos superó al de los civiles.

Las estimaciones de las bajas civiles en el territorio de la Unión Soviética varían notablemente, si bien la cifra más probable supera los 16 millones de personas (aproximadamente el doble de las bajas militares soviéticas, de las cuales 78.000 se produjeron solo en la batalla de Berlín). Las muertes civiles en el territorio de la Polonia de la preguerra se aproximan a los 5 millones; en Yugoslavia, 1,4 millones; en Grecia, 430.000; en Francia, 350.000; en Hungría, 270.000; en Holanda, 204.000; en Rumanía, 200.000. En estas cifras, especialmente en el caso de Polonia, Holanda y Hungría, se cuentan unos 5,7 millones de judíos, a los que habría que añadir 221.000 personas de raza gitana (romaní).

Las causas de muerte entre los civiles incluían el exterminio masivo (en campos de concentración y campos de muerte desde Odesa hasta el Báltico); la enfermedad, la mala nutrición y el hambre (inducidos o de otro tipo); el fusilamiento o la incineración de rehenes llevados a cabo por la Wehrmacht, el Ejército Rojo o partisanos de todo tipo; las represalias contra civiles; los efectos de los bombardeos o batallas de infantería desarrolladas tanto en campos como en ciudades, en el frente este durante toda la guerra y en el frente oeste a partir de los desembarcos de Normandía de junio de 1944 hasta la muerte de Hitler el mayo siguiente; el ametrallamiento de columnas de refugiados y el trabajo hasta la muerte de la mano de obra esclava empleada en las industrias bélicas y los campos de prisioneros.

Las mayores pérdidas militares fueron las de la Unión Soviética, estimadas en 8,6 millones de hombres y mujeres de las fuerzas armadas; Alemania, con 4 millones; Italia, cuyas bajas suman 4 millones entre la infantería, la marina y la aviación; y Rumanía, donde la cifra se sitúa en torno a 300.000, de las cuales la mayoría se produjeron en la lucha con los ejércitos del Eje en el frente ruso. Sin embargo, en relación con sus poblaciones, el mayor número de pérdidas lo sufrieron los austríacos, húngaros, albaneses y yugoslavos. Si tenemos en cuenta el conjunto total de muertes, civiles y militares, Polonia, Yugoslavia, la URSS y Grecia fueron las más afectadas. Polonia perdió aproximadamente uno de cada cinco habitantes respecto a la población anterior a la guerra, incluido un alto porcentaje de la población de más alta formación, convertida deliberadamente en blanco de destrucción prioritario por los nazis[1]. Yugoslavia perdió una vida de cada ocho respecto a la población anterior a la guerra, la URSS una de cada 11, Grecia una de cada 14. Para señalar el contraste, la proporción de pérdidas humanas en Alemania fue de 1/15, 1/77 en Francia y 1/125 en Gran Bretaña.

Entre las bajas soviéticas se contaban numerosos prisioneros de guerra. Los alemanes capturaron a unos 5,5 millones de soldados soviéticos durante el curso de la guerra, tres cuartas partes de ellos en los primeros siete meses posteriores al ataque a la URSS llevado a cabo en junio de 1941. De ellos, 3,3 millones murieron a causa del hambre, el frío y el maltrato al que fueron sometidos en los campos alemanes (murieron más rusos en los campos de prisioneros alemanes entre los años 1941-1945 que en toda la Primera Guerra Mundial). De los 750.000 soldados soviéticos capturados durante la toma de Kiev efectuada por los alemanes en septiembre de 1941, solo 22.000 vivieron lo bastante para asistir a la derrota de Alemania. Los soviéticos por su parte capturaron 3,5 millones de prisioneros de guerra (en su mayoría alemanes, austríacos, rumanos y húngaros), la mayor parte de los cuales pudo regresar a casa después de la guerra.

A la vista de estas cifras, apenas resulta sorprendente que la Europa de la postguerra, especialmente la Europa central y del Este, sufriera una grave escasez de hombres. En la Unión Soviética el número de mujeres superaba al de hombres en 20 millones, un desequilibrio que tardaría más de una generación en corregirse. La economía rural soviética empezó entonces a depender en gran medida de las mujeres para todo tipo de trabajos: no solo no había hombres, tampoco había apenas caballos. En Yugoslavia, debido a las acciones de represalia alemanas, en las que se fusilaba a todos los varones mayores de 15 años, hubo muchos pueblos en los que no quedaron hombres adultos para trabajar. En la propia Alemania, dos de cada tres hombres nacidos en 1918 no sobrevivieron a la guerra de Hitler: en una comunidad concreta de la que tenemos datos precisos, el barrio de Treptow, a las afueras de Berlín, solo había 181 hombres de entre 19 y 21 años para 1105 mujeres.

Se ha especulado mucho sobre este excedente de mujeres, especialmente en la Alemania de la postguerra. La humillante y precaria situación de los varones alemanes, transformados de superhombres del deslumbrante ejército de Hitler en una harapienta tropa de prisioneros devueltos por fin a sus casas, para encontrarse, perplejos, con una generación de mujeres endurecidas que a la fuerza habían tenido que aprender a sobrevivir y desenvolverse sin ellos, no es una ficción (el excanciller alemán Gerhard Schröder es tan solo un ejemplo de aquellos miles de niños alemanes que crecieron huérfanos de padre después de la guerra). Rainer Fassbinder plasmó brillantemente esta omnipresencia femenina en El matrimonio de Maria Braun (1979), donde la heroína del mismo nombre saca partido a su belleza y su cinismo, a pesar de las súplicas de su madre para que no haga nada «que pueda dañar su alma». Pero, mientras la Maria de Fassbinder tenía que cargar con el peso del resentimiento y la desilusión de la generación anterior, las mujeres reales de la Alemania de 1945 tenían que enfrentarse a dificultades más inmediatas.

En los últimos meses de la guerra, mientras los ejércitos soviéticos avanzaban hacia el oeste, introduciéndose en Europa central y el este de Prusia, millones de civiles, la mayoría alemanes, huían a su paso. George Kennan, un diplomático estadounidense, describía así la escena en sus memorias: «El desastre que cayó sobre esta zona con la entrada de las tropas soviéticas no guarda paralelismo con ninguna otra experiencia de la Europa moderna. Había grandes áreas dentro de las cuales, a juzgar por todas las evidencias, apenas quedaba vivo algún hombre, mujer o niño de la población nativa tras el paso de las fuerzas soviéticas… Los rusos […] barrieron a la población de un modo solo comparable a los tiempos de las hordas asiáticas».

Las primeras víctimas eran los varones adultos (si es que quedaban) y las mujeres de cualquier edad. En Viena, los médicos y hospitales informaron de 87.000 mujeres violadas por los soldados soviéticos en las tres semanas siguientes a la entrada del Ejército Rojo en la ciudad. Un número ligeramente superior de mujeres fueron violadas a raíz de la entrada de las tropas soviéticas en Berlín, la mayoría de ellas durante la semana anterior a la rendición alemana. Es probable que ambas estimaciones se sitúen por debajo de las cifras reales, y no incluyen las innumerables agresiones a mujeres perpetradas por las fuerzas soviéticas en los pueblos y ciudades por los que pasaban mientras avanzaban por el interior de Austria y a través del oeste de Polonia en dirección a Alemania.

El comportamiento del Ejército Rojo no constituía ningún secreto. Milovan Djilas, el más estrecho colaborador de Tito en el ejército partisano yugoslavo, y por entonces ferviente comunista, llegó a plantearle el asunto al propio Stalin. La respuesta del dictador, según recuerda Djilas, resulta reveladora: «¿Pero es que Djilas, un escritor, no sabe lo que es el sufrimiento y el corazón humanos? ¿No puede comprender que un soldado que ha pasado por la sangre, el fuego y la muerte, pase un buen rato con una mujer o se lleve alguna cosilla?».

Desde su esperpéntica perspectiva, Stalin tenía razón en parte. En el ejército soviético no existían los permisos. Gran parte de sus tropas de infantería y artillería pesada llevaba tres horribles años combatiendo en una serie ininterrumpida de batallas en el oeste de la URSS, a través de Rusia y Ucrania. Durante su avance, habían visto y oído abundantes testimonios de las atrocidades alemanas. El tratamiento que daba la Wehrmacht a los prisioneros de guerra, los civiles o los partisanos, y de hecho a cualquiera que se cruzara en su camino, primero durante su orgulloso avance hacia el Volga y las puertas de Moscú y Leningrado y luego durante su amarga y sangrienta retirada, había dejado huella en las tierras y en el alma de la gente.

Cuando el Ejército Rojo llegó finalmente a Europa central, sus exhaustos soldados se encontraron con otro mundo. El contraste entre Rusia y el oeste siempre había sido grande (el zar Alejandro I ya se había lamentado hacía tiempo de permitir a los rusos que vieran cómo vivían los occidentales) y las diferencias habían ido agudizándose durante la guerra. Mientras los soldados alemanes sembraban de devastación y asesinatos en masa el este, la propia Alemania seguía siendo próspera; tanto, que su población civil apenas percibió el coste material de la guerra hasta finales del conflicto. La Alemania del tiempo de guerra era un país de ciudades, electricidad, alimento y ropa, de tiendas y productos de consumo, de mujeres y niños razonablemente bien alimentados. El contraste con sus hogares devastados debía resultar abismal para la mayoría de los soldados soviéticos. Los alemanes habían infligido un daño terrible a Rusia; ahora les tocaba a ellos sufrir. Sus posesiones y sus mujeres estaban ahí a su disposición. Con el consentimiento tácito de sus comandantes, el Ejército Rojo quedó libre de campar por sus respetos entre la población civil de las recién conquistadas tierras alemanas.

Siguiendo su ruta hacia el oeste, el Ejército Rojo practicó la violación y el pillaje (en toda la brutal extensión del término) en Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Yugoslavia; pero sin duda fueron las mujeres alemanas las que se llevaron la peor parte. En 1945-1946 nacieron en la zona alemana ocupada por los rusos entre 150.000 y 200.000 «niños rusos», aunque esta cifra no incluye el incontable número de abortos, dado que muchas mujeres jóvenes murieron junto con sus fetos no deseados. Muchos de los bebés que sobrevivieron engrosaron el creciente número de niños que quedaron huérfanos y sin hogar: las ruinas humanas de la guerra.

Solo en Berlín había unos 53.000 niños perdidos al final de 1945. Los jardines del Quirinal de Roma se hicieron famosos en poco tiempo como lugar de reunión para los miles de niños mutilados, desfigurados y no reclamados de Italia. En la Checoslovaquia liberada se contabilizaron 49.000 niños huérfanos; en Holanda, 60.000; en Polonia se estima que el número de huérfanos rondó los 200.000 y en Yugoslavia los 300.000. Pocos de los niños más pequeños eran judíos, ya que los niños judíos que habían sobrevivido a los pogromos y al exterminio de los años de la guerra eran en su mayoría adolescentes. 800 niños judíos fueron encontrados con vida al liberar el campo de concentración de Buchenwald; en Belsen solo se encontró a 500, algunos de los cuales habían sobrevivido incluso a la Marcha de la Muerte de Auschwitz.

Sobrevivir a la guerra era una cosa, y sobrevivir a la paz, otra. Gracias a la pronta y eficaz intervención de la recientemente creada Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas (UNRRA) y de los ejércitos de ocupación aliados pudo evitarse la propagación a gran escala de epidemias y enfermedades contagiosas —el recuerdo de la gripe asiática que asoló Europa como secuela de la Primera Guerra Mundial todavía estaba reciente—. No obstante, la situación era bastante deprimente. Durante gran parte de 1945, la población de Viena subsistió con una ingesta de 800 calorías diarias; en Budapest, en diciembre de 1945, la ración era de 556 calorías al día (los niños de las guarderías recibían 800). Durante el «invierno del hambre» de 1944-1945 en Holanda (cuando algunas partes del país ya habían sido liberadas), la ración de calorías semanales descendió en algunas regiones por debajo de la prescripción diaria recomendada por la Fuerza Expedicionaria Aliada para sus soldados, a consecuencia de lo cual murieron 16.000 ciudadanos holandeses, en su mayoría ancianos y niños.

En Alemania, donde la ingesta media por adulto había sido de 2445 calorías por día en 1940-1941, y de 2078 en 1943, esta descendió a 1412 en el año 1945-1946. Pero esto no era más que un promedio. En junio de 1945, en la zona ocupada por los americanos, la ración diaria oficial para los consumidores alemanes «normales» (sin contar a las categorías favorecidas de trabajadores) se mantuvo en solo 860 calorías. Estas cifras dotan de lamentable sentido al chiste que corría por la Alemania en guerra: «Disfruta de la guerra, la paz será terrible». Pero la situación no era mucho mejor en la mayor parte de Italia, y era aún algo peor en algunos distritos de Yugoslavia y Grecia[2].

El problema radicaba en parte en las granjas destruidas, en parte en las comunicaciones interrumpidas y, principalmente, en el mero número de bocas, indefensas e improductivas, que había que alimentar. En los lugares donde los agricultores europeos podían cultivar alimentos, se mostraban reacios a suministrarlos a las ciudades. La mayoría de las monedas europeas carecía de valor, pero incluso aunque hubieran existido los medios para pagar a los campesinos por su comida con alguna divisa fuerte, estos no se habrían sentido muy atraídos, dado que no había nada que comprar. Por tanto, la comida aparecía solo en el mercado negro, si bien a unos precios que solo los delincuentes, los ricos y las fuerzas de ocupación podían pagar.

Entre tanto, la gente pasaba hambre y caía enferma. Una tercera parte de la población del Pireo, en Grecia, sufrió de tracoma en 1945 debido a una grave deficiencia de vitamina C. Durante un brote de disentería producido en Berlín en julio de 1945, como resultado de los daños en los sistemas de depuración y la contaminación del agua, se produjeron 66 muertes infantiles por cada 100 nacimientos. Robert Murphy, el asesor político de Estados Unidos para Alemania, informó en octubre de 1945 de que en la estación de ferrocarril de Lehrter, en Berlín, moría un promedio de 10 personas diarias por agotamiento, desnutrición y enfermedad. En la zona británica de Berlín, en diciembre de 1945, la tasa de muertes de niños menores de un año fue de uno de cada cuatro, mientras que durante ese mismo mes se produjeron 1023 nuevos casos de tifus y 2193 de difteria.

En el verano de 1945, durante muchas semanas tras el fin de la guerra, existió un grave riesgo, especialmente en Berlín, de enfermar a consecuencia de la putrefacción de los cadáveres. En Varsovia, una de cada cinco personas padecía tuberculosis. Las autoridades checoslovacas informaron en enero de 1946 de que la mitad de los 700.000 niños necesitados que vivían en el campo resultaron infectados por la enfermedad. Los niños de toda Europa sufrían enfermedades debidas a las privaciones, especialmente tuberculosis y raquitismo, pero también pelagra, disentería e impétigo. Los niños enfermos contaban con pocos recursos: solo existía un hospital con cincuenta camas para los 90.000 niños de la Varsovia liberada. Por otra parte, los niños sanos morían a causa de la escasez de leche (en 1944-1945 se habían sacrificado millones de cabezas de ganado en las batallas del sur y el este de Europa) y la mayoría sufría una desnutrición crónica. La mortalidad infantil en Viena alcanzó casi cuatro veces la tasa de 1938. Incluso en las relativamente prósperas calles de las ciudades occidentales los niños pasaban hambre y la comida estaba sometida a un estricto racionamiento.

El problema de la alimentación, la vivienda, la ropa y el cuidado de los maltratados civiles europeos (y los millones de soldados prisioneros de las antiguas potencias del Eje) se vio complicado y magnificado por la insólita magnitud de la crisis de los refugiados. Esto era algo nuevo en la historia europea. Todas las guerras trastornan la vida de los no combatientes, acarreando la destrucción de sus tierras y sus hogares, la interrupción de las comunicaciones, el alistamiento y la muerte de maridos, padres o hijos. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial fueron las políticas estatales más que el conflicto armado las que causaron los peores daños.

Stalin había continuado con sus prácticas anteriores a la guerra de trasladar poblaciones enteras de un lado a otro del imperio soviético. Más de un millón de personas fueron deportadas al este desde la Polonia ocupada por la URSS, la Ucrania occidental y las tierras bálticas, entre 1939 y 1941. Durante estos mismos años, los nazis expulsaron a 750.000 campesinos polacos hacia el este, desde el oeste de Polonia, ofreciéndoles las tierras desalojadas a los Volksdeutsche, las personas de etnia alemana procedentes de la Europa oriental ocupada, a las que se invitaba a «volver a su casa», el recién expandido Reich. Este ofrecimiento atrajo a unos 120.000 alemanes bálticos, a 136.000 de la Polonia ocupada por los soviéticos, a 200.000 de Rumanía y a otros muchos, todos los cuales serían nuevamente expulsados pocos años más tarde. La política de Hitler de traslados raciales y genocidio en los territorios alemanes recién conquistados en el este debe por tanto entenderse en relación directa con el proyecto nazi de devolver al Reich (y restablecer en las recién desalojadas propiedades de sus víctimas) todos los remotos asentamientos germanos que se remontaban a la época medieval. Los alemanes expulsaron a los eslavos, exterminaron a los judíos e importaron mano de obra esclava tanto del oeste como del este.

Entre ambos, Stalin y Hitler, desarraigaron, trasplantaron, expulsaron, deportaron y dispersaron a unos 30 millones de personas entre los años 1939 y 1943. Con la retirada de los ejércitos del Eje, el proceso fue el contrario. Los recién asentados alemanes se sumaron a los millones de comunidades alemanas establecidas por el este de Europa en su precipitada huida del Ejército Rojo. Los que consiguieron llegar sanos y salvos a Alemania se reunieron allí con otra hormigueante multitud de personas desplazadas. William Byford-Jones, un oficial del ejército británico, describió así la situación de 1945:

¡Desechos humanos! Mujeres que habían perdido a sus maridos e hijos, hombres que habían perdido a sus mujeres; hombres y mujeres que habían perdido sus hogares y a sus hijos; familias que habían perdido enormes granjas y fincas, tiendas, destilerías, fábricas, molinos, mansiones. También había niños pequeños que vagaban solos, cargando con un hatillo, llevando una patética etiqueta pegada. Sus madres habían sido separadas de ellos por algún motivo, o bien habían muerto y habían sido enterradas por otras personas desplazadas en algún punto al borde del camino.

Del este llegaban bálticos, polacos, ucranianos, cosacos, húngaros, rumanos y personas de otras nacionalidades: algunos simplemente huían de los horrores de la guerra, otros escapaban al oeste para evitar caer bajo el dominio comunista. Un reportero del New York Times describía una columna formada por 24.000 cosacos y sus familias que avanzaban por el sur de Austria como una estampa «exactamente igual a la que un artista podría haber pintado en los tiempos de las guerras napoleónicas».

Desde los Balcanes no solo llegaban alemanes étnicos, sino también más de 100.000 croatas del derrocado régimen fascista de Ante Pavelić que huían de la ira de los partisanos de Tito[3]. En Alemania y Austria, además de los millones de soldados de la Wehrmacht que habían sido hechos prisioneros por los aliados y de los recién liberados aliados de los campos de prisioneros alemanes, había muchos no alemanes que habían luchado contra los aliados junto a los alemanes o bajo el mando alemán: soldados rusos, ucranianos y de otras latitudes, pertenecientes al ejército antisoviético del general Andréi Vlásov; voluntarios de la Waffen SS procedentes de Noruega, Holanda, Bélgica y Francia; y combatientes auxiliares, personal de los campos de concentración y personas reclutadas abundantemente en Letonia, Ucrania, Croacia y otros muchos lugares. Todos ellos tenían buenas razones para tratar de escapar a las represalias soviéticas.

Además estaban los hombres y mujeres recién liberados que habían sido reclutados por los nazis para trabajar en Alemania. Estos habían sido trasladados a las granjas y fábricas alemanas desde cualquier lugar del continente y sumaban muchos millones, repartidos entre Alemania propiamente dicha y sus territorios anexionados, y en 1945 constituían el contingente más numeroso de personas desplazadas por los nazis. La emigración económica forzosa fue de este modo la principal experiencia social de la Segunda Guerra Mundial para muchos civiles europeos, incluidos 280.000 italianos obligados a trasladarse a Alemania por su anterior aliado, tras la capitulación de Italia ante los aliados en septiembre de 1943.

La mayoría de los trabajadores extranjeros en Alemania habían sido llevados allí contra su voluntad, pero no todos. Algunos trabajadores extranjeros atrapados por la estela de la derrota alemana en mayo de 1945 habían llegado allí por su propia voluntad, como por ejemplo los holandeses que aceptaron ofertas para trabajar en la Alemania nazi con anterioridad a 1939 y que se quedaron allí[4]. Incluso con los irrisorios salarios pagados por los empresarios alemanes, los hombres y mujeres de la Europa del Este, los Balcanes, Francia y los países del Benelux estaban por lo general mejor que si se hubieran quedado en sus respectivos países. Tampoco los trabajadores soviéticos (que en septiembre de 1944 sumaban más de dos millones en Alemania), aunque hubieran sido conducidos a Alemania a la fuerza, lamentaban necesariamente encontrarse allí. Como recuerda una de ellos, Elena Skriábena, «ninguno se quejaba de que los alemanes les hubieran enviado a trabajar a sus industrias, ya que para todos ellos esta era la única posibilidad de salir de la Unión Soviética».

Otro grupo de desplazados, los supervivientes de los campos de concentración, se sentían de forma muy diferente. Sus «delitos» habían sido diversos: la oposición política o religiosa al nazismo o al fascismo, la resistencia armada, castigos colectivos por el ataque a soldados o instalaciones de la Wehrmacht, leves transgresiones a las normas de ocupación, actividades delictivas reales o inventadas o haber contravenido las leyes raciales nazis. Estas personas habían conseguido sobrevivir a campos de concentración donde se amontonaban los cadáveres y existían todo tipo de enfermedades endémicas: disentería, tuberculosis, difteria, fiebres tifoideas, tifus, bronconeumonía, gastroenteritis, gangrena y otras muchas. Pero incluso estos supervivientes habían salido mejor parados que los judíos, dado que no habían sido exterminados colectiva y sistemáticamente.

Judíos quedaron pocos. De los que llegaron a ser liberados, cuatro de cada diez murieron a las pocas semanas de la llegada de los ejércitos aliados, dado que la gravedad de su estado superaba los conocimientos de la medicina occidental. Pero los judíos supervivientes, como la mayoría de los otros sin techo de Europa, se abrieron camino en Alemania, ya que allí se ubicarían los organismos y campamentos aliados, y, de todos modos, el este de Europa todavía no era seguro para los judíos. Muchos de los judíos supervivientes de Polonia se marcharon definitivamente de allí tras una serie de pogromos que tuvieron lugar durante la postguerra: 63.387 de ellos llegaron a Alemania procedentes de Polonia entre julio y septiembre de 1946.

Por tanto, lo que ocurrió en 1945, y llevaba al menos un año produciéndose, fue un ejercicio de limpieza étnica y traslado de poblaciones sin precedentes. En parte ello fue resultado de una separación étnica «voluntaria», como la de los supervivientes judíos que abandonaron Polonia porque se sentían inseguros y rechazados, o la de los italianos que prefirieron partir de la península de Istria a vivir bajo el dominio yugoslavo. Muchas minorías étnicas que habían colaborado con las fuerzas de ocupación (los italianos en Yugoslavia, los húngaros en el anteriormente ocupado norte de Transilvania, ahora devuelto al control rumano, los ucranianos en la Unión Soviética occidental, etcétera) huyeron uniéndose a las fuerzas en retirada de la Wehrmacht, a fin de evitar las represalias de la mayoría local o del Ejército Rojo en su avance, y no regresaron jamás. Puede que su marcha no obedeciera a un mandato legal o a la decisión de las autoridades locales, pero las alternativas eran escasas.

No obstante, en otros lugares existía una política oficial en vigor bastante antes de que acabara la guerra. Los alemanes fueron por supuesto los pioneros en aplicarla, con la expulsión y el genocidio de los judíos y la evacuación masiva de polacos y personas de otras nacionalidades eslavas. Entre 1939 y 1943, bajo la égida alemana, rumanos y húngaros fueron traídos y llevados a un lado y otro de las nuevas fronteras de la disputada Transilvania. Las autoridades soviéticas maquinaron a su vez una serie de intercambios de población entre Ucrania y Polonia; un millón de polacos de lo que hoy es Ucrania occidental huyeron o fueron expulsados de sus casas, mientras que medio millón de ucranianos salieron de Polonia hacia la Unión Soviética entre octubre de 1944 y junio de 1946. En el curso de escasos meses, lo que antes había sido una región de credos, lenguas y comunidades entremezcladas, se convirtió en dos territorios diferenciados y de una sola etnia.

Bulgaria transfirió 160.000 turcos a Turquía; Checoslovaquia, a tenor de un acuerdo firmado con Hungría en febrero de 1946, cambió a los 120.000 eslovacos que vivían en Hungría por un número equivalente de húngaros residentes en las comunidades del norte del Danubio, en Eslovaquia. También se efectuaron intercambios de este tipo entre Polonia y Lituania y entre Checoslovaquia y la Unión Soviética; 400.000 personas del sur de Yugoslavia fueron trasladadas a las tierras del norte para reemplazar a 600.000 alemanes e italianos que acababan de abandonarlas. Ni en este ni en ninguno de los demás casos se consultó a las poblaciones afectadas. Pero el contingente más numeroso de los afectados fue el alemán.

Los alemanes de la Europa del Este probablemente hubieran huido hacia el oeste en cualquier caso: en 1945 no se les quería ni siquiera en países donde sus familias llevaban asentadas cientos de años. Entre el deseo popular genuino de castigar a los alemanes locales por los estragos de la guerra y la utilización de este sentimiento por los gobiernos de postguerra, las comunidades germanoparlantes de Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, la región báltica y el oeste de la Unión Soviética estaban perdidas, y lo sabían.

Llegado el momento no tuvieron elección. Ya en 1942 los británicos habían accedido en privado a las peticiones checas de que pasada la guerra se expulsara a la población alemana de los Sudetes, y los rusos y los estadounidenses las aceptaron al año siguiente. El 19 de mayo de 1945, el presidente Edvard Beneš, de Checoslovaquia, declaró: «Hemos decidido eliminar el problema alemán en nuestra república de una vez por todas[5]». Los alemanes (al igual que los húngaros y otros «traidores») tuvieron que poner sus propiedades bajo el control estatal. En junio de 1945 se les expropiaron las tierras y el 2 de agosto de aquel año perdieron su ciudadanía checoslovaca. Cerca de tres millones de alemanes, la mayoría procedentes de la región checa de los Sudetes, fueron entonces expulsados a Alemania en el curso de los siguientes dieciocho meses. Aproximadamente 267.000 de ellos murieron durante esta evacuación. Mientras que los alemanes habían representado el 29 por ciento de la población de Bohemia y Moravia en 1930, en el censo de 1950 no constituían más que el 1,8 por ciento.

Otros 623.000 alemanes fueron expulsados de Hungría, 786.000 de Rumanía, aproximadamente medio millón de Yugoslavia y 1,3 millones de Polonia. Pero, sin duda, el mayor número de refugiados alemanes procedía de los antiguos territorios del este de la propia Alemania: Silesia, la Prusia Oriental, la zona oriental de Pomerania y Brandenburgo. En la conferencia de Potsdam celebrada entre Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS (desde el 17 de julio al 2 de agosto de 1945), se pactó, como queda reflejado en el artículo XIII del acuerdo allí suscrito, que estos tres gobiernos «reconocían que debía efectuarse la transferencia a Alemania de las poblaciones alemanas, o parte de las mismas, que quedaban en Polonia, Checoslovaquia y Hungría». En parte, esto venía meramente a refrendar lo que ya había sucedido, pero además representaba el reconocimiento formal de las implicaciones de desplazar las fronteras de Polonia hacia el oeste. Unos siete millones de alemanes se encontrarían ahora en Polonia, y las autoridades polacas (y las fuerzas de ocupación soviéticas) querían sacarles de allí, entre otras cosas para que los polacos y el resto de personas que hubieran perdido las tierras que tenían en las regiones orientales, ahora absorbidas dentro de la URSS, pudieran a su vez ser reubicadas en los nuevos territorios situados más hacia el oeste.

El resultado fue el reconocimiento de iure de una nueva realidad. La Europa del Este se había visto despojada por la fuerza de sus poblaciones germanas: como Stalin había prometido en septiembre de 1941, él había devuelto «la Prusia Oriental a Eslavia, a la que pertenecía». En la Declaración de Potsdam se acordaba que «cualquier transferencia que tuviera lugar, debería efectuarse de forma ordenada y humanitaria», pero, dadas las circunstancias, aquello era poco probable. Algunos observadores occidentales estaban espantados del tratamiento dispensado a las comunidades germanas. Anne O’Hare McCormick, corresponsal del New York Times, registraba así sus impresiones el 23 de octubre de 1946: «Las dimensiones de este reasentamiento y las condiciones en las que tiene lugar no tienen precedentes en la historia. Nadie que haya presenciado sus horrores puede dudar de que se trata de un crimen contra la humanidad por el que la historia exigirá un terrible castigo».

Pero la historia no ha exigido ningún castigo. De hecho, los 13 millones de expulsados fueron asentados e integrados en la sociedad de la Alemania Occidental con notable éxito, aunque el recuerdo permanece y, en Baviera (adonde fueron muchos de ellos), este tema despierta todavía sentimientos muy intensos. Puede que para los oídos contemporáneos resulte un poco chocante la descripción de las expulsiones de alemanes como un «crimen contra la humanidad» tan solo unos meses después de la revelación de unos crímenes de una magnitud completamente distinta cometidos en nombre de estos mismos alemanes. Pero entonces los alemanes estaban vivos y presentes, mientras que sus víctimas, sobre todo los judíos, se encontraban en su mayoría muertos y desaparecidos. Como escribiría Telford Taylor, el abogado de la acusación durante los juicios de la cúpula nazi celebrados en Núremberg, varias décadas después, existía una diferencia esencial entre las expulsiones de la postguerra y las evacuaciones de población en tiempo de guerra «en las que los que efectuaban las expulsiones acompañaban a los expulsados para asegurarse de encerrarlos en guetos, matarlos o utilizarlos para trabajos forzosos».

Al final de la Primera Guerra Mundial fueron las fronteras las que se reinventaron y ajustaron, mientras que en general no se movió a la gente[6]. Después de 1945 ocurrió todo lo contrario; salvo una notable excepción, las fronteras se mantuvieron esencialmente intactas y fue a la gente a la que se la cambió de lugar. Los políticos occidentales tenían la impresión de que la Sociedad de Naciones y las cláusulas sobre minorías incluidas en los Tratados de Versalles habían fracasado, y de que sería un error tratar siquiera de resucitarlas. Esta fue la razón por la que accedieron tan fácilmente a las transferencias de población. Si no se podía proporcionar una protección eficaz a las minorías supervivientes de Europa central y del Este, lo mejor era enviarlas a lugares más adecuados. Aunque el término «limpieza étnica» no existiera entonces, no hay duda de que en la realidad sí, a pesar de que no suscitara la desaprobación o el oprobio general.

La excepción, como tantas veces, fue Polonia. La recomposición geográfica de Polonia, que perdió más de 110.000 kilómetros cuadrados de sus territorios a favor de Rusia que le fueron compensados con unos 64.000 kilómetros cuadrados de unas tierras bastante mejores pertenecientes a los territorios alemanes al este de los ríos Oder y Neisse, fue dramática y trascendental para los polacos, ucranianos y alemanes de los territorios afectados. Pero en la coyuntura de 1945 era insólita, y debería entenderse más bien como parte del ajuste territorial general que Stalin impuso a todo lo largo de los límites occidentales de su imperio: recuperar Besarabia, bajo el dominio rumano; arrebatar la Bucovina y la Rutenia subcárpatica a Rumanía y Checoslovaquia, respectivamente; absorber los Estados bálticos e incorporarlos a la Unión Soviética, y retener la península de Carelia, arrancada a Finlandia durante la guerra.

Al oeste de las nuevas fronteras de la Unión Soviética hubo pocos cambios. Bulgaria recuperó una franja de tierra de Rumanía en la región de Dobrudja; los checoslovacos obtuvieron de Hungría (una potencia del Eje derrotada y por tanto incapaz de oponerse) tres pueblos de la orilla derecha del Danubio, frente a Bratislava; Tito consiguió mantener parte del territorio anteriormente italiano situado en los aledaños de Trieste, en la Venecia Julia, ocupado por sus fuerzas al final de la guerra. En el resto de los casos, se devolvieron los territorios tomados por la fuerza entre 1938 y 1945 y se restauró su anterior statu quo.

Salvo algunas excepciones, el resultado fue una Europa de Estados nacionales más étnicamente homogénea que nunca. Por supuesto, la Unión Soviética continuó siendo una imperio multinacional. Yugoslavia no perdió un ápice de su complejidad étnica, a pesar de las sangrientas luchas entre comunidades producidas durante la guerra. Rumanía siguió manteniendo una considerable minoría húngara en Transilvania y un incontable número (millones) de gitanos. Pero Polonia, cuya población polaca no superaba el 68 por ciento en 1938, pasó a estar abrumadoramente poblada de polacos en 1946. Alemania era casi toda alemana (descontando a los refugiados temporales y a las personas desplazadas); Checoslovaquia, cuya población anterior a Munich era un 22 por ciento alemana, 5 por ciento húngara, 3 por ciento cárpato-ucraniana y 1,5 por ciento judía, era ahora casi exclusivamente checa y eslovaca: de los 55.000 judíos checoslovacos que sobrevivieron a la guerra, todos, salvo 16.000, se marcharían antes de 1950. Las antiguas diásporas de Europa, como la de los griegos y los turcos en el sur de los Balcanes y alrededor del Mar Negro, los italianos en Dalmacia, los húngaros en Transilvania y el norte de los Balcanes, los polacos en Volinia (Ucrania), Lituania y Bucovina, los alemanes desde el Báltico hasta el Mar Negro, desde el Rin hasta el Volga, y los judíos en todas partes, fueron extinguiéndose y finalmente desaparecieron. Nacía una Europa nueva y «más ordenada».

Gran parte de la gestión inicial de las personas desplazadas y los refugiados (congregarlos, establecer campos para ellos y proporcionarles comida, ropa y asistencia médica) fue asumida por los ejércitos aliados que ocupaban Alemania, especialmente el de Estados Unidos. No había otra autoridad en Alemania, ni tampoco en Austria y el norte de Italia, las otras áreas donde se congregaban los refugiados. Solo el ejército tenía los recursos y la capacidad organizativa necesarios para administrar un contingente demográfico equivalente a un país de tamaño medio. Se trataba de una responsabilidad sin precedentes para una enorme maquinaria militar que, solo unas semanas antes, se había dedicado casi exclusivamente a la tarea de luchar contra la Wehrmacht. Tal y como lo expresó el general Dwight D. Eisenhower (Comandante en Jefe de las Fuerzas Aliadas) al informar al presidente Harry Truman el 8 de octubre de 1945 en respuesta a las críticas dirigidas a la gestión militar de los refugiados y supervivientes de los campos de concentración: «En ciertos casos hemos estado por debajo del nivel requerido, pero me gustaría señalar que todo un ejército ha tenido que enfrentarse al complicado problema de adaptar sus labores de combate a las de repatriación de masas y a continuación a la fase estacionaria actual, con su problemática específica de asistencia social».

Sin embargo, una vez establecido el sistema de los campos, la responsabilidad del cuidado y en su caso la repatriación o el reasentamiento de los millones de desplazados recayó cada vez más en la Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas. La UNRRA se fundó el 9 de noviembre de 1943 en una reunión celebrada en Washington a la que asistieron representantes de 44 futuros miembros de las Naciones Unidas, con el fin de prever las posibles necesidades que surgirían durante la postguerra, y más tarde desempeñaría un papel crucial en las situaciones de emergencia de la postguerra. Este organismo gastó 10.000 millones de dólares entre julio de 1945 y junio de 1947, casi en su totalidad aportados por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Gran parte de esta ayuda se destinó a los antiguos aliados de la Europa del Este (Polonia, Yugoslavia y Checoslovaquia) y a la Unión Soviética, así como a la gestión de las personas desplazadas en Alemania y otros lugares. De los antiguos países del Eje, solo Hungría recibió ayuda de la UNRRA, si bien no mucha, en realidad.

A finales de 1945, la UNRRA tenía en funcionamiento en Alemania 227 campos y centros de asistencia para personas desplazadas y refugiados, más otros 25 en la vecina Austria, y un puñado de ellos repartidos por Francia y los países del Benelux. Para junio de 1947, el número de estos centros era de 762 en Europa Occidental, y en su gran mayoría estaban situados en las zonas occidentales de Alemania. El número máximo de civiles liberados de las Naciones Unidas (es decir, sin incluir a los ciudadanos de los antiguos países del Eje) se alcanzó en septiembre de 1945 y fue de 6.795.000, a los cuales habría que añadir otros 7 millones que estaban bajo la autoridad soviética más los muchos millones de alemanes desplazados. En cuanto a las nacionalidades, los grupos más numerosos eran los de la Unión Soviética, integrados por prisioneros liberados y antiguos internos de los campos de trabajos forzosos. A este grupo le seguían 2 millones de franceses (prisioneros de guerra, trabajadores y deportados), 1,6 millones de polacos, 700.000 italianos, 350.000 checos, más de 300.000 holandeses, 300.000 belgas e innumerables más.

El suministro de alimentos de la UNRRA desempeñó un papel vital, especialmente en el caso de Yugoslavia: sin la ayuda de este organismo, el número de muertes habría sido mucho mayor entre los años 1945 y 1947. En Polonia, la UNRRA contribuyó a mantener el consumo de alimentos en un 60 por ciento respecto a los niveles anteriores a la guerra, y en un 80 por ciento en el caso de Checoslovaquia. En Alemania y Austria compartió la responsabilidad de la gestión de los desplazados y refugiados con la Organización Internacional para los Refugiados (IRO), cuyos estatutos fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1946.

La IRO también estaba financiada por las potencias aliadas occidentales. En su primer presupuesto (1947), la aportación de Estados Unidos fue del 46 por ciento, y aumentó a un 60 por ciento en 1949; la del Reino Unido representó un 15 por ciento y la de Francia, un 4 por ciento. Debido al desacuerdo entre los aliados occidentales y la Unión Soviética respecto a la cuestión de las repatriaciones forzosas, la IRO fue siempre considerada por la URSS (y más tarde por el bloque soviético) como un instrumento netamente occidental, y sus servicios se limitaron por tanto a los refugiados de las áreas controladas por los ejércitos de ocupación aliados. Por otra parte, dado que estaba dedicada a cubrir las necesidades de los refugiados, los desplazados alemanes quedaron excluidos de sus beneficios.

Esta distinción entre las personas desplazadas (que se suponía tenían un hogar en alguna parte) y los refugiados (clasificados como sin techo) fue solo uno más de los numerosos matices introducidos durante aquellos años. A la gente se la trataba de forma diferente en función de si tenía la nacionalidad de un país aliado durante la guerra (Checoslovaquia, Polonia, Bélgica, etcétera) o de un antiguo Estado enemigo (Alemania, Rumanía, Hungría, Bulgaria, etcétera). Dicha distinción también se esgrimía cuando se trataba de establecer prioridades en la repatriación de los refugiados. Las personas cuyos casos se tramitaron con prioridad y se las envió a sus casas en primer lugar fueron los ciudadanos de países pertenecientes a las Naciones Unidas a los que se había liberado de los campos de concentración; luego vinieron los ciudadanos de nacionalidades pertenecientes a las Naciones Unidas que habían sido prisioneros de guerra, seguidos de los desplazados de estos mismos países (muchos de ellos anteriores internos de los campos de trabajos forzosos) y de los de nacionalidad italiana y, por último, los ciudadanos de los antiguos países enemigos. A los alemanes se los dejaría allí donde ya se encontraban para que fueran absorbidos localmente.

El regreso de los ciudadanos franceses, belgas, holandeses, británicos o italianos a sus países de origen fue relativamente sencillo y los únicos impedimentos fueron de orden logístico: determinar quiénes tenían derecho de ir adónde y encontrar trenes suficientes para llevarlos allí. Para el 18 de junio de 1945, de los 1,2 millones de ciudadanos franceses que se encontraban en Alemania en el momento de la rendición, es decir, un mes antes, todos, salvo 40.550, estaban ya de vuelta en Francia. Los italianos tuvieron que esperar más, dada su condición de ciudadanos de un país antes enemigo y el hecho de que el Gobierno italiano no contaba con un plan coordinado para la repatriación de sus ciudadanos. Pero incluso ellos habían conseguido regresar a sus hogares para 1947. En cambio, en el este, se produjeron dos complicaciones importantes. Algunos desplazados procedentes de Europa del Este eran técnicamente apátridas y no tenían ningún país al que regresar. Por otra parte, muchos de ellos no deseaban volver a casa. Esto confundió al principio a los administradores europeos. Con arreglo a un acuerdo firmado en Halle, Alemania, en mayo de 1945, todos los ex prisioneros de guerra y demás ciudadanos de la Unión Soviética debían volver a sus hogares, dándose por sentado que ese sería también su deseo. Pero existía una excepción: los aliados occidentales no reconocían la anexión de los Estados bálticos llevada a cabo por Stalin durante la guerra, por lo que a los estonios, letonios y lituanos de los campos de desplazados de las zonas occidentales de Alemania se les dio la posibilidad de elegir entre volver al este o encontrar un nuevo hogar en el oeste.

Pero no solo los bálticos no deseaban regresar. Un gran número de ciudadanos de origen soviético, polaco, rumano y yugoslavo prefería también permanecer en los campos provisionales alemanes a volver a sus países. En el caso de los ciudadanos soviéticos, esta renuencia venía motivada por un temor bien fundado a las represalias contra quienes hubieran pasado algún tiempo en el oeste, aunque hubiera sido en un campo de prisioneros. Bálticos, ucranianos, croatas y algunos otros se mostraban reticentes ante la idea de regresar a unos países que en la práctica, aunque no oficialmente, se hallaban bajo el control comunista: en muchos casos esta desgana obedecía a un temor a las represalias por unos crímenes de guerra reales o imputados, aunque también al mero deseo de escapar al oeste en busca de una vida mejor.

Durante 1945 y 1946 las autoridades occidentales prefirieron ignorar en general dichos sentimientos y obligar a los soviéticos y a otros ciudadanos del este a regresar a sus casas, en ocasiones por la fuerza. Con los funcionarios soviéticos acorralando a sus conciudadanos procedentes de los campos alemanes, los refugiados del este se esforzaban desesperadamente por convencer a los perplejos funcionarios franceses, estadounidenses o británicos de que no querían volver a «casa» y preferían quedarse en Alemania antes que en ningún otro lugar. No siempre lo conseguían: entre 1945 y 1947, los aliados occidentales devolvieron a 2.272.000 ciudadanos soviéticos.

Sus desesperados esfuerzos daban lugar a escenas terribles, especialmente durante los primeros meses de la postguerra, dado que los refugiados políticos rusos que nunca habían sido ciudadanos soviéticos, los partisanos ucranianos, y muchos otros, eran rodeados por tropas británicas o norteamericanas y empujados, a veces literalmente, al otro lado de la frontera, donde les estaba esperando la policía secreta soviética, predecesora del KGB[7]. Una vez en manos soviéticas, se sumaban a los cientos de miles de otros ciudadanos soviéticos repatriados, y a los húngaros, alemanes y otros antiguos enemigos deportados al este por el Ejército Rojo. En 1953 ya habían sido repatriados un total de cinco millones y medio de ciudadanos soviéticos. Uno de cada cinco de ellos acabó siendo fusilado o trasladado al Gulag. Un número aún mucho mayor fue enviado directamente al exilio siberiano o destinado a los batallones de trabajos forzados.

La repatriación forzosa no cesó hasta 1947, con el inicio de la Guerra Fría y una nueva disposición a tratar a las personas desplazadas del bloque soviético como refugiados políticos (a los 50.000 ciudadanos checos que todavía quedaban en Alemania y Austria cuando se produjo el golpe comunista en Praga se les concedió inmediatamente este estatus). Un total de un millón y medio de polacos, húngaros, búlgaros, rumanos, yugoslavos, ciudadanos soviéticos y judíos consiguieron de este modo librarse de la repatriación. Junto con los bálticos, todos ellos constituían la inmensa mayoría de personas desplazadas que quedaba en las zonas occidentales de Alemania y Austria, y en Italia. En 1951, la Convención Europea para los Derechos Humanos establecería la protección a dichos extranjeros desplazados, al amparo de la cual quedarían a salvo del retorno forzoso a la persecución.

No obstante, la cuestión seguía siendo qué sería de ellos. Los refugiados y los deportados no albergaban ninguna duda. Según escribía Genêt (Janet Flanner) en The New Yorker en octubre de 1948, «[las personas desplazadas] están deseando dirigirse a cualquier lugar del mundo excepto a casa». Pero ¿quién los llevaría? Los Estados occidentales europeos, escasos de mano de obra y en pleno proceso de reconstrucción económica y material, estaban en principio abiertos a importar determinadas categorías de apátridas. Bélgica, Francia y Gran Bretaña estaban necesitadas sobre todo de mineros, trabajadores de la construcción y agricultores. En 1946-1947, Bélgica acogió a 22.000 desplazados (junto con sus familias) para trabajar en las minas de Valonia. Francia admitió a 38.000 personas para trabajar en labores manuales de diversos tipos. Por el mismo motivo, Gran Bretaña recibió a 86.000 personas, incluidos muchos veteranos del ejército polaco y ucranianos que habían luchado en la División «Halychnya» de las Waffen SS[8].

Los criterios de admisión eran simples: los Estados de la Europa occidental estaban interesados en incorporar trabajadores manuales (varones) y no mostraban reparos en contratar a bálticos, polacos y ucranianos para satisfacer sus necesidades, fuera cual fuese su historial de guerra. Las mujeres solteras fueron bien recibidas como trabajadoras manuales o domésticas, aunque, en 1948, el Ministerio de Trabajo canadiense decidió rechazar a las mujeres jóvenes y adultas que emigraban a Canadá para trabajar en el servicio doméstico si se detectaba cualquier indicio de que su formación superaba la enseñanza secundaria. Nadie quería tampoco a los ancianos, los huérfanos o las mujeres solteras con niños. A los refugiados no se los recibía en general con los brazos abiertos; las encuestas de postguerra realizadas en Estados Unidos y la Europa occidental revelan muy poca solidaridad hacia su difícil situación. La mayoría de la gente expresaba el deseo de que la emigración se redujera en lugar de que aumentara.

El problema de los judíos era peculiar. Al principio, las autoridades occidentales trataban a los deportados judíos como a los demás, congregándolos en los campos alemanes junto a muchos de sus antiguos perseguidores. Pero en agosto de 1945 el presidente Truman anunció que todos los deportados judíos de la zona norteamericana de Alemania serían alojados en instalaciones separadas: según se afirmaba en un informe que el presidente encargó para investigar el problema, los campos y centros previamente integrados suponían un «enfoque a todas luces poco realista del problema. La negativa a reconocer a los judíos como tales tiene el efecto de […] cerrar los ojos a su anterior y mucho más brutal represión». A finales de septiembre de 1945, se atendía a todos los judíos de la zona estadounidense separadamente de los demás.

El regreso de los judíos al este nunca se consideró siquiera, ya que nadie en la Unión Soviética, Polonia ni ningún otro lugar mostraba el más mínimo interés en su regreso. Tampoco los judíos fueron especialmente bienvenidos en el oeste, en particular los que tenían una mayor formación o alguna titulación en profesiones no manuales. Por tanto, y paradójicamente, permanecieron en Alemania. La dificultad de «ubicar» a los judíos de Europa solo se resolvió mediante la creación del Estado de Israel: entre 1948 y 1951, 332.000 judíos europeos marcharon a Israel, tanto desde los centros IRO de Alemania como directamente desde Rumanía, Polonia y otros lugares, en los casos de quienes todavía quedaban allí. Otros 165.000 más salieron finalmente para Francia, Gran Bretaña, Australia y América del Norte y del Sur.

Allí se les uniría el resto de desplazados y refugiados de la Segunda Guerra Mundial, a los que debería añadirse una nueva generación de refugiados políticos procedentes de los países de Europa central y del Este durante los años 1947-1949. En total, Estados Unidos admitió a 400.000 personas en aquellos años, más otras 185.000 durante los años 1953-1957. Canadá permitió la entrada de un total de 157.000 refugiados y deportados, y Australia 182.000 (entre ellos 60.000 polacos y 36.000 bálticos).

Las dimensiones de este logro deben resaltarse. Algunas personas, especialmente ciertas categorías de personas de etnia alemana procedentes de Yugoslavia y Rumanía, quedaron en una especie de limbo, dado que los acuerdos de Potsdam no contemplaban su caso. Pero en el curso de media docena de años, el trabajo de los gobiernos militares aliados y los organismos civiles de las Naciones Unidas en un continente herido, resentido y empobrecido, consiguió repatriar, integrar y reasentar a un número sin precedentes (muchos millones) de personas desesperadas procedentes de todo el continente y de docenas de diferentes países y comunidades. A finales de 1951, cuando la UNRRA y la IRO fueron sustituidas por el recién creado Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quedaban solo 177.000 personas desplazadas en los campos europeos, la mayoría ancianos o enfermos a los que nadie quería acoger. El último campo de deportados alemán, el de Föhrenwald, en Baviera, se cerró en 1957.

Los desplazados y refugiados de Europa habían sobrevivido no solo a una guerra generalizada, sino a una serie de guerras locales, civiles. En efecto, desde 1934 a 1949, Europa fue testigo de una secuencia insólita de conflictos civiles en el interior de los Estados existentes. En muchos casos, la subsiguiente ocupación extranjera, ya fuera alemana, italiana o rusa, sirvió sobre todo para facilitar y legitimar la persecución de programas y antagonismos políticos por otros nuevos y violentos medios. Los ocupantes, por supuesto, no se mantuvieron neutrales. Por lo general, unían sus fuerzas a las de alguna facción de la nación ocupada para enfrentarse a un enemigo común. De este modo, una tendencia política o minoría étnica que en tiempos de paz se encontraba en desventaja podía explotar las alteradas circunstancias para ajustar las cuentas a sus enemigos domésticos. Los alemanes, especialmente, estaban encantados de movilizar y aprovecharse de dichos sentimientos, no solo para dividir y hacer así más fácil su conquista, sino para reducir los problemas y el coste de administrar y vigilar sus territorios conquistados, ya que de este modo podían delegar estas funciones en sus colaboradores locales.

A partir de 1945, el término «colaboradores» ha adquirido una connotación peculiar y moralmente peyorativa. Pero, en tiempo de guerra, las divisiones y afiliaciones a menudo acarreaban unas implicaciones domésticas en conjunto más complejas y ambiguas que las que conllevarían las meras atribuciones de «colaboración» o «resistencia» propias de la postguerra. Así, en la Bélgica ocupada, algunas personas de habla flamenca, repitiendo un error que ya habían cometido en la Primera Guerra Mundial, se sintieron tentadas por la promesa de autonomía y la oportunidad de acabar con el control de la élite francófona sobre el Estado belga, y abrieron los brazos a la autoridad alemana. Allí, como en todas partes, los nazis jugaron su baza local en beneficio de sus propósitos: los prisioneros de guerra flamencos fueron liberados en 1940, cuando cesaron las hostilidades, mientras que los valones permanecieron en los campos de prisioneros durante toda la guerra.

En Francia y Bélgica, y también en Noruega, la resistencia contra los alemanes fue real, especialmente durante los dos últimos años de la ocupación, cuando los esfuerzos nazis por reclutar a los hombres jóvenes para realizar trabajos forzosos en Alemania llevaron a muchos de ellos a optar por el maquis (bosques) como un mal menor. Pero el número de activistas de la resistencia no superaría al de los que colaboraron con los nazis, ya fuera por convencimiento, corrupción o interés propio, hasta el mismo final de la ocupación (en Francia se estima que el número de hombres y mujeres verdaderamente comprometidos era aproximadamente el mismo en ambos bandos, entre 160.000 y 170.000 como máximo. Y su principal enemigo, con frecuencia, era el otro bando: a los alemanes, por lo general, se los dejaba de lado.

En Italia, las circunstancias eran más complicadas. Los fascistas llevaban veinte años en el poder cuando Mussolini fue derrocado por un golpe palaciego en julio de 1943. Tal vez por esta razón la resistencia al régimen fue escasa; los antifascistas más activos estaban en el exilio. Después de septiembre de 1943, cuando el país se declaró oficialmente «cobeligerante» del lado de los aliados, el norte del país, ocupado por los alemanes, se dividió entre un régimen títere (la «República de Saló» de Mussolini) y un pequeño pero valiente núcleo de resistencia partisano que cooperaba y a veces recibía apoyo de los ejércitos aliados que avanzaban hacia allí.

Pero aquí también, lo que ambos bandos presentaron como una mayoría de italianos sensatos atrapados en un conflicto con una banda marginal de terroristas asesinos que estaban aliados con una potencia extranjera fue en realidad, entre los años 1943 y 1945, una auténtica guerra civil con un número importante de ciudadanos italianos comprometidos con alguno de ambos bandos. Los fascistas de Saló fueron en realidad los colaboradores no representativos de una brutal fuerza ocupante; pero el apoyo con el que contaron en aquel momento no fue nada desdeñable, y desde luego no claramente inferior al de sus oponentes más agresivos, los partisanos apoyados por los comunistas. La resistencia antifascista constituyó en realidad uno de los bandos de un enfrentamiento entre italianos cuyo recuerdo se ocultó convenientemente en las décadas de la postguerra.

En la Europa del Este las cosas estaban aún más complicadas. Los eslovacos y los croatas aprovecharon la presencia alemana para establecer Estados teóricamente independientes de acuerdo con los proyectos abrigados por los partidos separatistas antes de la guerra. En Polonia, los alemanes no buscaron colaboradores; pero más hacia el norte, en los Estados bálticos e incluso en Finlandia, la Wehrmacht fue acogida al principio como una alternativa a la ocupación y la absorción por parte de la Unión Soviética. En especial, fueron los ucranianos los que más se esforzaron por rentabilizar la ocupación alemana a partir de 1941, con el fin de asegurar su largo tiempo deseada independencia, y las tierras de la Galitzia oriental y la Ucrania occidental fueron escenario de un cruento enfrentamiento civil entre partisanos ucranianos y polacos, bajo la égida de la guerra entre partisanos antinazis y antisoviéticos. En estas circunstancias, la sutil distinción entre la guerra ideológica, el conflicto entre comunidades y la batalla por la independencia política perdió todo sentido: sobre todo para las poblaciones locales, las principales víctimas en cualquier caso.

Polacos y ucranianos luchaban de parte o en contra de la Wehrmacht, el Ejército Rojo y entre sí, dependiendo del momento y el lugar. En Polonia, este conflicto, que a partir de 1944 se había transformado en una guerra de guerrillas contra el Estado comunista, se cobró las vidas de 30.000 polacos entre los años 1945 y 1948. En la Ucrania ocupada por los soviéticos, al último comandante partisano, Román Shujévych, le mataron cerca de Lvóv en 1950, pero las actividades antisoviéticas continuaron durante algunos años, especialmente en Ucrania y en Estonia.

Pero fue sobre todo en los Balcanes donde la Segunda Guerra Mundial se vivió como una guerra civil particularmente homicida. En Yugoslavia, el significado de etiquetas convencionales como colaborador o resistente resultaba especialmente opaco. ¿Qué era Draža Mihailović, el líder serbio de los partisanos chetniks[9]? ¿Un patriota? ¿Un resistente? ¿Un colaborador? ¿Qué le impulsaba a luchar? ¿La resistencia contra los ocupantes (alemanes, italianos)? ¿La venganza contra los enemigos políticos domésticos de la Yugoslavia del periodo de entreguerras? ¿Los conflictos entre comunidades entre serbios, croatas y musulmanes? ¿Objetivos pro o anticomunistas? Para muchas personas, había más de un motivo en juego.

Así, el régimen ustacha de Ante Pavelić en el Estado títere croata mató a serbios (bastantes más de 200.000) y musulmanes. Pero los partisanos monárquicos de Mihailović (en su mayoría serbios) también mataron musulmanes. Esta y no otra fue la razón por la que los musulmanes de Bosnia cooperaron a veces con los ejércitos alemanes, en su propia defensa. Los partisanos comunistas de Tito, a pesar de su objetivo estratégico global de liberar a Yugoslavia de las fuerzas alemanas e italianas, dedicaron bastante tiempo y recursos a destruir primero a los chetniks, básicamente porque eran un objetivo a su alcance. Milovan Djilas, al escribir una década más tarde, ya desilusionado con el resultado de las batallas entre partisanos y chetniks en las que él mismo había desempeñado un papel heroico, dio testimonio de la experiencia real de la guerra y la resistencia en la Yugoslavia ocupada: «Ambos ejércitos pasaron horas trepando por unos barrancos rocosos para escapar a la aniquilación o para destruir a un pequeño grupo de paisanos suyos, a veces incluso vecinos, desde algún pico prominente a casi 2000 metros de altura, en una tierra cautiva que se desangraba y moría de hambre. Te venía el pensamiento de que aquello era en lo que se habían convertido todas nuestras teorías y visiones sobre la lucha de los obreros y los campesinos contra la burguesía».

Más hacia el sur, en Grecia, al igual que en Yugoslavia, la Segunda Guerra Mundial constituyó un ciclo de invasión, ocupación, resistencia, represalias y guerra civil, que culminó en diciembre de 1944 en Atenas con cinco semanas de enfrentamientos entre los comunistas y las fuerzas británicas que apoyaban a la monarquía, tras las cuales se acordó un armisticio en febrero de 1945. Pero la lucha volvió a reavivarse en 1946 y duró tres años más, para terminar con la huida en desbandada de los comunistas de sus bastiones de las montañas del norte. Aunque no hay duda de que la resistencia griega ante los italianos y los alemanes fue más eficaz que otros movimientos de resistencia más conocidos como los de Francia e Italia (solo en 1943-1944, resultaron muertos o heridos más de 6000 soldados alemanes), el daño que acarreó a los propios griegos fue mucho mayor aún. Las guerrillas del KKE (comunistas) y el gobierno monárquico de Atenas, respaldado por Occidente, sembraron el terror por los pueblos, destruyeron las comunicaciones y dividieron al país durante las décadas siguientes. Cuando la guerra ya había acabado, en septiembre de 1949, el 10 por ciento de la población se había quedado sin hogar. La guerra civil griega careció de muchas de las complejidades étnicas de la lucha en Yugoslavia o en Ucrania[10] pero, en términos humanitarios, fue aún más costosa.

El impacto de estas guerras civiles europeas en la postguerra fue inmenso. En resumen, supuso que la guerra europea no finalizara en 1945 con la retirada de los alemanes: una de las características traumáticas de la guerra civil consiste en que, incluso después de su derrota, el enemigo sigue permaneciendo en el mismo lugar y, con él, el recuerdo del conflicto. Pero las luchas intestinas de aquellos años tuvieron también otros efectos. Junto con la barbarie sin precedentes de los nazis y, posteriormente, las ocupaciones soviéticas, corroyeron el tejido mismo del estado europeo. A partir de entonces, nada volvería a ser lo mismo. En el más estricto sentido de un término excesivamente manido, estas luchas transformaron la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Hitler, en una revolución social.

Para empezar, la ocupación por etapas del territorio llevada a cabo por las potencias extranjeras erosionó inevitablemente la autoridad y la legitimidad de los gobiernos locales. El régimen de Vichy en Francia, supuestamente autónomo, al menos nominalmente (como el Estado eslovaco del padre Jozef Tiso o el régimen ustacha de Pavelić en Zagreb), era en realidad un organismo dependiente de Hitler, como casi todo el mundo sabía. A escala municipal, las autoridades cooperantes locales de Holanda o Bohemia mantenían un cierto grado de iniciativa, siempre que evitaran colisionar con los deseos de sus amos alemanes. Irónicamente, solo en los países aliados de los nazis como Finlandia, Bulgaria, Rumanía y Hungría, y a los que por tanto se les permitía autogobernarse, se mantuvo cierto grado de independencia local, al menos hasta 1944.

Salvo Alemania y el centro de la Unión Soviética, todos los Estados europeos continentales implicados en la Segunda Guerra Mundial fueron ocupados al menos dos veces: primero por sus enemigos y luego por los ejércitos de liberación. Algunos países como Polonia, los Estados bálticos, Grecia o Yugoslavia, fueron ocupados tres veces en cinco años. Con esta sucesión de invasiones, el régimen anterior quedaba destruido, su autoridad desmantelada, y sus élites reducidas. El resultado fue en algunos lugares una tabula rasa donde todas las viejas jerarquías habían quedado desacreditadas y sus representantes desprestigiados. En Grecia, por ejemplo, el dictador anterior a la guerra, Metaxás, se había deshecho de la vieja clase parlamentaria. Los alemanes echaron a Metaxás. Luego, los alemanes fueron a su vez expulsados, y los que habían colaborado con ellos quedaron desprotegidos y deshonrados.

La liquidación de las viejas élites sociales y económicas constituyó quizá el cambio más dramático. El extermino de los judíos de Europa por parte de los nazis no solo fue devastador en sí mismo. Tuvo también importantes consecuencias sociales para las muchas ciudades y localidades de Europa central donde los judíos habían integrado antes la clase profesional local: doctores, abogados, hombres de negocios, catedráticos. Más tarde, y a menudo en esas mismas ciudades, otra parte importante de la burguesía (los alemanes) también fue eliminada, como hemos visto. El resultado se tradujo en una transformación radical del paisaje social y una oportunidad para que polacos, bálticos, ucranianos, eslovacos, húngaros y ciudadanos de otras nacionalidades ascendieran y ocuparan los puestos (y los hogares) de los ausentes.

Este proceso de nivelación, por el que las poblaciones nativas de Europa central y del Este ocuparon el lugar de las minorías desterradas, constituyó la aportación más duradera de Hitler a la historia social europea. El plan alemán había consistido en destruir a los judíos y a la intelligentsia local de Polonia y el occidente de la Unión Soviética, someter al resto de las poblaciones eslavas a un neovasallaje y poner la tierra y el gobierno en manos de los alemanes reasentados. Pero con la llegada del Ejército Rojo y la expulsión de los alemanes, la nueva situación resultó adaptarse especialmente bien a los más puros proyectos de radicalización de los soviéticos.

Una razón para ello fue que los años de la ocupación no solo habían sido testigo de una movilidad social ascendente aplicada rápida y violentamente, sino también del más completo colapso de la ley y de los hábitos de vida de un Estado legal. Es engañoso pensar en la ocupación alemana de la Europa continental como una época de pacificación y orden bajo el control de un poder omnisciente y omnipresente. Incluso en Polonia, el más vigilado y reprimido de todos los territorios ocupados, la sociedad continuó actuando de forma desafiante contra las nuevas autoridades: los polacos constituyeron por ellos mismos un universo clandestino de periódicos, escuelas, actividades culturales, servicios de asistencia social, intercambio económico e, incluso, un ejército, todo ello prohibido por los alemanes y que por tanto se llevaba a cabo fuera de la ley, a costa de correr un grave riesgo.

Pero esa era precisamente la cuestión. Vivir con normalidad en la Europa ocupada suponía infringir la ley: en primer lugar, la ley de los ocupantes (toques de queda, normas para viajeros, leyes racistas, etcétera), pero, además, las leyes y normas convencionales. La mayoría de la gente corriente que no tenía acceso a los productos agrícolas se veía obligada, por ejemplo, a recurrir al mercado negro o al trueque ilegal para alimentar a sus familias. El robo al Estado, a un conciudadano o el saqueo a un comercio judío estaba tan extendido que a los ojos de mucha gente dejó de ser un crimen. De hecho, dado que los gendarmes, policías y autoridades locales representaban y servían a la fuerza de ocupación, y que esta practicaba el crimen organizado a costa de poblaciones civiles determinadas arbitrariamente, los delitos comunes se convirtieron en actos de resistencia (aunque a menudo en retrospectiva, con posterioridad a la liberación).

Pero, sobre todo, la violencia pasó a formar parte de la vida diaria. La autoridad del Estado moderno, en última instancia, ha descansado siempre, in extremis, en su monopolio de la violencia y su disposición a utilizar la fuerza en caso necesario. Sin embargo, en la Europa ocupada la autoridad era una función de la fuerza en sí, utilizada sin inhibición ninguna. Curiosamente, fue justo en estas circunstancias cuando el Estado perdió su monopolio de la violencia. Los grupos y ejércitos partisanos competían por una legitimidad derivada de su capacidad para aplicar sus normas dentro de un territorio dado. Esto se puso más claramente en evidencia en las regiones más remotas de Grecia, Montenegro y las zonas fronterizas del este de Polonia, donde la autoridad de los Estados modernos nunca había sido especialmente firme. Pero, a finales de la Segunda Guerra Mundial, también se hizo patente en algunas zonas de Francia e Italia.

La violencia engendró el cinismo. Como fuerzas de ocupación, tanto nazis como soviéticos precipitaron una guerra de todos contra todos. No solo desalentaban la lealtad al régimen o Estado anterior, sino cualquier sentimiento de civismo o de vinculación entre las personas, con bastante éxito en general. Si el poder gobernante actuaba brutal y arbitrariamente contra el vecino (porque era judío o pertenecía a una élite intelectual o minoría étnica, o bien había caído en desgracia ante el régimen por alguna razón ignota), ¿por qué debía guardársele un respeto que él no mostraba hacia los demás? De hecho, con frecuencia resultaba prudente ir aún más allá y curarse en salud, tratando de ganarse el favor de las autoridades metiendo en problemas al vecino.

Hasta el mismo final de la guerra, la incidencia de los informes anónimos, acusaciones personales y meros rumores fue asombrosamente alta en toda la Europa ocupada por los alemanes. Entre 1940 y 1944 se produjo un enorme número de denuncias ante las SS, la Gestapo, y la policía local en Hungría, Noruega, Holanda y Francia. Muchas ni siquiera buscaban una recompensa o una ganancia material. También bajo la autoridad soviética, especialmente en la Polonia del este ocupada por los soviéticos desde 1939 a 1941, el estilo jacobino de alentar a los informadores y el hábito revolucionario (francés) de sembrar la duda sobre la lealtad de los demás floreció por doquier.

En resumen, todos tenían razones fundadas para temer a los demás. La gente, al sospechar de los motivos de los demás, no perdía tiempo en denunciarles por alguna supuesta infracción o beneficio ilícito. No existía la protección de instancias superiores: de hecho, los que estaban en el poder con frecuencia eran los más corruptos de todos. Entre los años 1939 y 1945, los derechos (civiles, legales, políticos) dejaron de existir para la mayoría de los europeos. El Estado dejó de ser el depositario de la ley y la justicia; por el contrario, bajo el gobierno del nuevo orden de Hitler, el propio Estado era el máximo depredador. La actitud de los nazis hacia la vida y la integridad física de las personas es de sobra conocida; pero, a efectos prácticos, puede que el tratamiento de la propiedad constituya su principal legado en cuanto a su influencia en el mundo de la postguerra.

Bajo la ocupación alemana el derecho a la propiedad podría calificarse, en el mejor de los casos, de contingente. A los judíos europeos, sencillamente, se los despojó de su dinero, bienes, casas, tiendas y negocios. Sus propiedades fueron repartidas entre los nazis, sus colaboradores y sus amigos, dejando el resto disponible para el saqueo y el robo de sus convecinos. Pero el secuestro y la confiscación fue mucho más allá de los judíos. El «derecho» de posesión constituía un concepto frágil, a menudo desprovisto de significado, dependiente exclusivamente de la voluntad, los intereses o el capricho de los que ostentaban el poder.

En esta serie de transacciones involuntarias de la propiedad, había tanto ganadores como perdedores. Con la expulsión de los judíos y otras víctimas étnicas, sus tiendas y apartamentos podían ser ocupados por personas de la localidad; sus herramientas, muebles y ropas eran confiscados o robados por los nuevos propietarios. Este proceso alcanzó su máximo exponente en la «zona de la muerte» situada entre Odesa y el Báltico, pero sucedía en todas partes: los supervivientes de los campos de concentración que regresaron a París o a Praga en 1945 se encontraron en muchos casos con que sus casas habían sido ocupadas por squatters de tiempo de guerra que reclamaban airados sus derechos y se negaban a abandonarlas. De este modo, cientos de miles de ciudadanos corrientes húngaros, polacos, checos, holandeses, franceses y de otras nacionalidades se convirtieron en cómplices del genocidio nazi, al menos como beneficiarios.

En todas las fábricas ocupadas del país se expropiaron vehículos, terrenos, maquinaria y productos acabados, sin compensación alguna, en beneficio de los nuevos gobernantes, en lo que vino a ser, de facto, un proceso de nacionalización a gran escala. Especialmente en la Europa central y del Este, los nazis se apropiaron de importantes grupos de empresas y un gran número de instituciones financieras para su economía de guerra. Pero este hecho no siempre suponía una ruptura radical con la historia anterior. La desastrosa vuelta a la autarquía que vivió la región a partir de 1931 había acarreado un alto nivel de intervención y manipulación estatal, y en Polonia, Hungría y Rumanía, el sector empresarial de propiedad pública se había expandido notablemente durante los años inmediatamente anteriores y posteriores a la guerra, como medida preventiva de defensa contra la penetración económica alemana. La dirección estatal de la economía en la Europa del Este no comenzó en 1945.

El saqueo durante la postguerra de las poblaciones alemanas residentes desde Polonia a Yugoslavia completó la radical transformación iniciada con la expulsión de los judíos por parte de los propios alemanes. Muchos ciudadanos de etnia alemana de los Sudetes, Silesia, Transilvania y el norte de Yugoslavia poseían importantes propiedades territoriales. Cuando estas fueron a parar a manos del Estado para su redistribución, el impacto fue inmediato. En Checoslovaquia, los bienes y las propiedades arrebatadas por los alemanes y sus colaboradores equivalían a una cuarta parte de la riqueza nacional, mientras que la redistribución solo de las tierras de labranza benefició a 300.000 campesinos y trabajadores agrícolas y a sus familias. El alcance de estos cambios solo puede describirse como revolucionario. Al igual que la propia guerra, supusieron tanto un corte radical y una clara ruptura con el pasado como la preparación para otros cambios más importantes incluso que estaban aún por venir.

En la Europa occidental liberada había pocas propiedades que redistribuir, y la guerra no se había experimentado como el cataclismo que desencadenó más hacia el este. Pero también allí se puso en cuestión la legitimidad de las autoridades constituidas. Los gobiernos locales de Francia, Noruega y los países del Benelux no se habían cubierto precisamente de gloria. Por el contrario, en general habían respondido con presteza a la intervención de los ocupantes. En 1941 los alemanes fueron capaces de dirigir la ocupada Noruega con un personal administrativo de solo 806 empleados. Los nazis administraron Francia con solo 1500 de los suyos. Hasta tal punto confiaban en la lealtad de la policía y las milicias francesas que les asignaron (además de su personal administrativo) nada más que 6000 policías civiles y militares para garantizar la docilidad de un país de 35 millones de personas. Lo mismo ocurrió en Holanda. En un testimonio efectuado en la postguerra por el jefe de seguridad alemán de Ámsterdam, este afirmaba que «el principal apoyo de las fuerzas alemanas en el sector policial y en otros era la policía holandesa. Sin ella, no podrían haberse llevado a cabo ni un 10 por ciento de las tareas de la ocupación alemana». Obsérvese el contraste con Yugoslavia, que requirió la constante vigilancia de divisiones enteras del ejército alemán solo para contener a los partisanos armados[11].

Esta constituyó una de las diferencias entre la Europa occidental y la oriental. Otra fue el propio tratamiento que los nazis dieron a las naciones ocupadas. Los noruegos, daneses, holandeses, belgas, franceses y, después de septiembre de 1943, italianos, fueron humillados y explotados. Pero a menos que fueran judíos, comunistas o activistas de algún tipo de resistencia, en general, los dejaron en paz. Por consiguiente, los pueblos liberados de Europa occidental podían imaginar un retorno a algo parecido al pasado. De hecho, incluso las democracias parlamentarias del periodo de entreguerras parecían ahora un poco menos gastadas que antes, gracias al interludio nazi (Hitler había conseguido desacreditar al menos una de las alternativas radicales al pluralismo político y el Estado de derecho). Las exhaustas poblaciones de la Europa occidental continental aspiraban sobre todo a volver a tomar las riendas de la vida normal, dentro de un Estado debidamente regulado.

La situación, por tanto, en los Estados recién liberados de Europa occidental era bastante nefasta. Pero en Europa central, en palabras de John J. McCloy, de la Comisión de Control de Estados Unidos en Alemania, era de «absoluto colapso económico, social y político […] sería imposible encontrar algún paralelismo en la historia, a menos que nos remontemos al Imperio Romano». McCloy se refería a Alemania, donde los gobiernos militares aliados tenían que reconstruir todo desde cero: la ley, el orden, los servicios públicos, las comunicaciones, la administración. Pero al menos ellos tenían recursos para hacerlo. En el este, la situación era aún mucho peor.

Así pues, fue Hitler, como mínimo tanto como Stalin, el que abrió una brecha en el continente y lo dividió. Las historia de Europa central, de las tierras de los imperios germánico y de los Habsburgo, de las zonas septentrionales del viejo imperio otomano, e incluso de los territorios más occidentales de los zares rusos, siempre había sido diferente, en cuanto a escala, a la de las naciones-Estado del oeste. Pero no necesariamente en esencia. Antes de 1939, húngaros, rumanos, checoslovacos, polacos, croatas y bálticos tal vez miraran con algo de envidia a los más afortunados habitantes de Francia o de los Países Bajos. Pero no veían razones para no poder aspirar por derecho propio a una prosperidad y estabilidad similares. Los rumanos soñaban con París. La economía checa superaba en 1937 a la de la vecina Austria, y podía competir con la de Bélgica.

La guerra lo cambió todo. Al este del Elba, los soviéticos y sus representantes locales heredaron un subcontinente en el que ya había tenido lugar una ruptura radical con el pasado. Lo que no quedó desacreditado al máximo quedó irreparablemente dañado. Los gobiernos exiliados de Oslo, Bruselas o La Haya pudieron regresar de Londres con la esperanza de asumir la legítima autoridad a la que se habían visto obligados a renunciar en 1940. Pero los viejos gobernantes de Bucarest y Sofía, Varsovia, Budapest e incluso Praga no tenían ningún futuro: su mundo había quedado barrido al paso de la violencia transformadora de los nazis. Solo cabía decidir la forma política del nuevo orden que debía ahora reemplazar a un pasado irrecuperable.

II

Justo castigo

A belgas, franceses y holandeses la guerra les había enseñado que su deber patriótico era hacer trampas, mentir, tener un mercado negro, desprestigiar y estafar: estos hábitos habían llegado a estar muy arraigados después de cinco años.

AUL-HENRI SPAAK, Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica

La venganza no tiene sentido, pero ciertos hombres no podían ocupar un lugar en el mundo que tratábamos de construir.

SIMONE DE BEAUVOIR

Que se dicte y cumpla una sentencia dura y justa, como exige el honor de la nación y merece su mayor traidor.

Resolución de las organizaciones de la resistencia checoslovacas demandando un severo castigo para el padre Jozef Tiso, noviembre de 1946

Para que los gobiernos de la Europa liberada fueran legítimos y pudieran reclamar para ellos mismos la autoridad de Estados debidamente constituidos, primero tenían que ocuparse del legado de los desacreditados regímenes del periodo de la guerra. Los nazis y sus amigos habían sido derrotados, pero a la vista del alcance de sus crímenes, obviamente eso no era suficiente. Si la legitimidad de los gobiernos de postguerra radicaba meramente en su victoria militar sobre el fascismo, ¿qué les diferenciaba de los propios regímenes fascistas de la época de la guerra? Era importante definir las actividades y los crímenes de estos últimos, y castigarlos como correspondía. Había todo un razonamiento legal y político subyacente. Pero el deseo de castigo también respondía a una necesidad más profunda. La mayoría de los europeos experimentaron la Segunda Guerra Mundial no como una guerra de movimientos y batallas, sino como una degradación cotidiana por la cual hombres y mujeres eran traicionados y humillados, obligados diariamente a cometer pequeños actos de delincuencia y autodegradación en los cuales todos perdían algo y muchos lo perdían todo.

Por otra parte, y en claro contraste con la memoria viva de la Gran Guerra que todavía seguía existiendo en muchos lugares, en 1945 había poco de lo que sentirse orgulloso y mucho de lo que sentirse avergonzado y no poco culpable. Como hemos visto, la mayoría de los europeos vivieron la guerra de una forma pasiva, siendo derrotados y ocupados por un colectivo de extranjeros y luego liberados por otro. El único motivo de orgullo colectivo nacional fueron los movimientos partisanos de resistencia armada que habían luchado contra el invasor, razón por la que fue en Europa occidental, donde la resistencia había sido en realidad menos evidente, donde el mito de la resistencia adquirió más importancia. En Grecia, Yugoslavia, Polonia o Ucrania, donde muchos partisanos se habían enfrentado a las fuerzas de ocupación y entre sí en abierta batalla, las cosas, como siempre, eran más complicadas.

Por ejemplo, en la Polonia liberada, las autoridades soviéticas no recibieron bien el elogio público de los partisanos armados, cuyos sentimientos eran como mínimo tan anticomunistas como antinazis. En la Yugoslavia de la postguerra, como ya hemos dicho, algunos activistas de la resistencia estuvieron mejor vistos que otros, al menos a los ojos del mariscal Tito y sus victoriosos combatientes comunistas. En Grecia, al igual que en Ucrania, las autoridades locales acorralaron, encarcelaron y fusilaron a todos los partisanos armados que pudieron encontrar.

La «resistencia», en resumen, constituía un concepto cambiante y confuso y, en algunos lugares, inventado. Pero la «colaboración» era otro asunto. Los colaboradores podían ser universalmente identificados y execrados. Se trataba de hombres y mujeres que habían trabajado o dormido con el invasor, que se habían unido a los nazis o a los fascistas, que habían actuado con oportunismo para obtener beneficios políticos o económicos al amparo de la guerra. A veces constituían una minoría religiosa, nacional o lingüística, que como tal ya era objeto de desprecio o de temor por otras razones; y aunque la «colaboración» no era un delito preexistente con una definición legal y unas penas establecidas, los colaboradores podían ser acusados de forma convincente de traición, un delito real que conllevaba un severo y satisfactorio castigo.

El castigo a los colaboradores (reales o imaginarios) comenzó antes de que la lucha finalizara. De hecho, llevaba produciéndose durante toda la guerra, tanto a título individual como siguiendo las instrucciones de las organizaciones clandestinas de la resistencia. Pero durante el intervalo transcurrido entre la retirada de las tropas alemanas y el establecimiento de un control eficaz por parte de los gobiernos aliados, las frustraciones colectivas y las venganzas personales, a menudo alentadas por el oportunismo político o los beneficios económicos, condujeron a un breve aunque sangriento período de ajustes de cuentas. En Francia, 10.000 personas fueron ejecutadas mediante procedimientos «extrajudiciales», muchos de ellos a manos de bandas independientes de los grupos de resistencia armada, especialmente de las Milices Patriotiques, que capturaban a los sospechosos de colaboración, les arrebataban sus propiedades y en muchos casos los fusilaban sin más preámbulos.

Aproximadamente un tercio de estas ejecuciones sumarísimas se llevaron a cabo antes del desembarco de Normandía del 6 de junio de 1944, y el resto de las víctimas se produjeron en su mayor parte durante los siguientes cuatro meses de combates en suelo francés. En todo caso, las cifras son bastante bajas teniendo en cuenta el nivel de odio y recelo mutuos que se había extendido por toda Francia después de cuatro años de ocupación y de gobierno bajo el régimen del mariscal Pétain en Vichy; las represalias no sorprendieron a nadie. En palabras de un anterior y anciano primer ministro francés, Edouard Herriot, «Francia necesitará pasar primero por un baño de sangre antes de que los republicanos puedan hacerse de nuevo con las riendas del poder».

El mismo sentimiento se tenía en Italia, donde las represalias y los castigos extraoficiales, especialmente en las regiones de Emilia-Romaña y Lombardía, arrojaron una cifra de aproximadamente 15.000 muertes durante los últimos meses de la guerra, y continuaron, de forma esporádica, durante al menos tres años más. En el resto de Europa occidental el derramamiento de sangre fue mucho menor: en Bélgica, alrededor de 265 hombres y mujeres fueron víctimas de este tipo de linchamientos y ejecuciones, mientras que en Holanda el número se sitúa por debajo de 100. No obstante, también abundaron otras formas de venganza. Las acusaciones contra las mujeres, por lo que los francófonos más cínicos denominaban «colaboración horizontal», fueron muy comunes: en Holanda emplumaban a las moffenmeiden, y por toda Francia se producían escenas en que las mujeres eran exhibidas desnudas y rapadas en las plazas públicas, con frecuencia el mismo día en que el pueblo o ciudad en cuestión era liberado de sus ocupantes o al muy poco tiempo.

La frecuencia con la que las mujeres eran acusadas (a menudo por otras mujeres) de confraternizar con el enemigo resulta reveladora. En muchos casos, estas acusaciones escondían algo de verdad: ofrecer sus servicios sexuales a cambio de comida o ropa, o algún tipo de ayuda personal, constituía con frecuencia un recurso, a veces el único, con el que contaban las mujeres y familias que estaban atravesando situaciones desesperadas. Pero la popularidad de la acusación y el placer vengativo obtenido del castigo sirve de recordatorio de hasta qué punto tanto hombres como mujeres experimentaban la guerra, por encima de todo, como una humillación. Jean Paul Sartre describiría más adelante la colaboración en términos inequívocamente sexuales, como una «sumisión» al poder del ocupante, y, en más de una novela francesa de la década de 1940, los colaboradores son mujeres u hombres débiles («afeminados») que resultan seducidos por los masculinos encantos de sus gobernantes teutones. El hecho de descargar su venganza sobre mujeres descarriadas constituía una manera de superar el incómodo recuerdo de su impotencia personal y colectiva.

Los actos anárquicos de violencia punitiva también estuvieron muy extendidos por la liberada Europa del Este, si bien adoptaron formas diferentes. En el oeste, los alemanes se habían empleado a fondo en buscar colaboradores; en los territorios eslavos ocupados, gobernaron directamente por la fuerza. La única colaboración que fomentaban constantemente era la de los separatistas locales, e incluso en este caso, solo en la medida en que podían ser útiles a los fines alemanes. Por consiguiente, una vez que los alemanes emprendieron la retirada, las primeras víctimas de castigos espontáneos en el este fueron las minorías étnicas. Las fuerzas soviéticas y sus aliados locales no hicieron nada para tratar de evitarlo. Por el contrario, el ajuste de cuentas espontáneo (en algunos casos incitado en cierta medida) contribuyó a una nueva expulsión de las élites y los políticos locales que pudieran representar un impedimento a las ambiciones comunistas de la postguerra. En Bulgaria, por ejemplo, el recién constituido Frente Patriótico promovía el castigo extraoficial contra los colaboradores de todas las tendencias, recurriendo a la acusación indiscriminada de «simpatizante fascista» e invitando a denunciar a cualquiera que fuera sospechoso de sentimientos prooccidentales.

En Polonia, el principal objetivo de la venganza popular fueron a menudo los judíos: 150 judíos fueron asesinados en la Polonia liberada durante los primeros cuatro meses de 1945. En abril de 1946 la cifra se acercaba ya a los 1200. Otros ataques, a menor escala, se produjeron también en Eslovaquia (en Velké Topolčany, en septiembre de 1945) y en Kunmadaras (Hungría) en mayo de 1946, pero el pogromo más grave tuvo lugar en Kielce (Polonia), el 4 de julio de 1946, donde se asesinó a 42 judíos y muchos más resultaron heridos, a consecuencia de un rumor sobre el rapto y posterior asesinato ritual de un niño de la localidad. En cierto sentido, estas constituían también represalias contra colaboradores, ya que a los ojos de muchos polacos (incluidos anteriores partisanos antinazis), los judíos eran sospechosos de simpatizar con las fuerzas de ocupación soviéticas.

El número exacto de personas asesinadas en la Europa del Este ocupada por los soviéticos, o en Yugoslavia, durante los primeros meses de purgas y matanzas «no autorizadas», se desconoce, Pero el ajuste de cuentas no regulado no duró mucho tiempo en general. A los nuevos y frágiles gobiernos, todavía muy lejos de ser aceptados de manera unánime y en muchos casos claramente provisionales, no les interesaba permitir que las bandas armadas anduvieran por el campo arrestando, torturando y matando a su antojo. La primera tarea de las nuevas autoridades fue hacer valer el monopolio de la fuerza, la legitimidad y las instituciones de la justicia. Si tenía que producirse un derramamiento de sangre, este debía ser de la incumbencia exclusiva del Estado. Esta transición tuvo lugar tan pronto como las nuevas instancias del poder se sintieron lo suficientemente fuertes para desarmar a los antiguos partisanos, imponer la autoridad de su propia policía y apaciguar la demanda popular de endurecimiento de las penas y castigos colectivos.

El desarme de las fuerzas de la resistencia resultó sorprendentemente poco controvertido en Europa central y occidental. Se hizo la vista gorda ante los asesinatos y otros delitos ya cometidos durante los frenéticos meses de la liberación. El Gobierno provisional de Bélgica decretó una amnistía para todos los delitos perpetrados en nombre de la resistencia durante el periodo de los 41 días siguientes a la fecha oficial de la liberación del país, aunque tácitamente se entendía que todos los recién reinstaurados órganos de gobierno debían asumir la tarea de castigar a los culpables.

Y ahí comenzaron los problemas. ¿Qué era un «colaborador»? ¿Con quién y con qué fin habían colaborado? Dejando fuera los casos evidentes de asesinato o robo, ¿de qué eran culpables los «colaboradores»? Algunos tuvieron que pagar por el sufrimiento de una nación, pero ¿cómo iba a definirse dicho sufrimiento y a quién podía hacérsele responsable del mismo? La formulación de estos interrogantes podía variar de un país a otro, pero el dilema era común: no existían precedentes para la experiencia vivida en Europa durante los seis años anteriores.

En primer lugar, cualquier ley dirigida a la actuación de los colaboradores con los alemanes debía ser necesariamente retroactiva; antes de 1939, el delito de «colaboración con las fuerzas de ocupación» se desconocía. Anteriormente había habido guerras en las que los ejércitos de ocupación habían buscado y conseguido la cooperación y la ayuda de las personas cuyas tierras habían invadido pero, salvo en casos muy particulares, como el de los nacionalistas flamencos en la Bélgica ocupada por los alemanes durante 1914-1918, esto se consideraba no como una invitación a delinquir, sino como parte de los daños colaterales de la guerra.

Como se ha señalado, el único sentido en el que el delito de colaboración podía considerarse contemplado por la ley vigente era el referente a la traición. Por poner un ejemplo representativo, muchos colaboradores en Francia, independientemente de los detalles de su actuación, fueron llevados ante los tribunales y condenados conforme al artículo 75 del Código Penal de 1939, por «proporcionar información al enemigo». Pero los hombres y mujeres juzgados por los tribunales franceses a menudo no habían trabajado para los nazis, sino para el régimen de Vichy, dirigido y administrado por franceses y, aparentemente, heredero legítimo del Estado francés anterior a la guerra. En este caso, como en el de Eslovaquia, Croacia, el protectorado de Bohemia, la República Social de Mussolini en Salò, la Rumanía del mariscal Ion Antonescu o la Hungría de los años de la guerra, los colaboradores podían alegar en su defensa, y de hecho así lo hacían, que solo habían trabajado para las autoridades de su propio Estado o en colaboración con ellas.

En el caso de los altos funcionarios de la policía o el Gobierno que eran a todas luces culpables de servir a los intereses nazis a través de los regímenes títere para los que trabajaban, este argumento de la defensa era como mínimo interesado. Pero en el de otras personas de menor rango, por no hablar de los muchos miles de ciudadanos acusados de aceptar un puesto de trabajo en estos regímenes o en organismos o empresas que colaboraban con ellos, podía conducir a verdadera confusión. ¿Era justo, por ejemplo, acusar a alguien que se hubiera afiliado después de 1940 a un partido político legalmente representado en el parlamento durante los años anteriores a la guerra, pero que luego había colaborado con los alemanes durante la ocupación?

Los gobiernos francés, belga y noruego en el exilio habían tratado de prever estos dilemas emitiendo durante la guerra algunos decretos en los que se advertía de severos castigos para el periodo de postguerra. Pero su intención era disuadir a la gente de cooperar con los nazis; no abordaban cuestiones más amplias de jurisprudencia y justicia y, sobre todo, no podían resolver por anticipado el problema de sopesar la responsabilidad individual frente a la colectiva. El equilibrio de la ventaja política consistía en 1944-1945 en asignar la responsabilidad global de los crímenes de guerra y de colaboración a unas categorías predeterminadas de personas: miembros de ciertos partidos políticos, organizaciones militares y organismos gubernamentales. Pero este proceder seguía pasando por alto a numerosos individuos cuyo castigo era ampliamente demandado, incluía a personas cuyo principal delito había consistido en la inercia o la cobardía y, sobre todo, conllevaba cierta forma de procesamiento colectivo, lo que para la mayoría de los juristas europeos constituía una especie de anatema.

En cambio, era a los individuos a los que se llevaba a los tribunales, con resultados que variaban notablemente en función del momento y las circunstancias. Muchos hombres y mujeres eran injustamente señalados y castigados, aunque era mucho mayor aún el número de los que escapaban indemnes al castigo. Las irregularidades y paradojas procesales eran múltiples, y los motivos de los gobiernos, fiscales y jurados distaban mucho de ser desinteresados, obedeciendo con frecuencia al propio interés, la estrategia política o las emociones. Se trataba por tanto de una solución imperfecta. Pero cuando evaluamos los procedimientos penales y la consiguiente catarsis pública que marcó la transición de la guerra a la paz en Europa, debemos tener siempre presente el drama que se acababa de vivir. En las circunstancias de 1945, resulta meritorio que el Estado de derecho pudiera siquiera restablecerse: después de todo, nunca hasta entonces un continente entero se había propuesto definir una nueva categoría de delitos a semejante escala y llevar a los criminales ante algo parecido a la justicia.

El número de personas castigadas, y el alcance de sus condenas, varió enormemente de un país a otro. En Noruega, un país con una población de solo tres millones de habitantes, se juzgó a todos los miembros de la Nasjonal Sammlung, la principal organización de colaboradores pronazis: un total de 55.000, además de a otras 40.000 personas; 17.000 hombres y mujeres fueron castigados con penas de cárcel, y se emitieron treinta sentencias de muerte, de las cuales 25 llegaron a ejecutarse.

En ninguna otra parte se alcanzaron proporciones semejantes. En Holanda se investigó a 200.000 personas, de las cuales casi la mitad fueron enviadas a prisión, algunas de ellas por el delito de saludar al estilo nazi; 17.500 empleados de la administración pública perdieron sus puestos de trabajo (lo que apenas se produjo entre los que trabajaban en el sector empresarial, la enseñanza o los profesionales liberales); 154 personas fueron condenadas a muerte y cuarenta de ellas ejecutadas. En la vecina Bélgica, se dictaron muchas más sentencias de muerte (2940), pero el porcentaje de las que se llevaron a cabo (solo 242) fue mucho menor. El número de colaboradores enviados a prisión fue aproximadamente el mismo, pero, mientras los holandeses amnistiaron al poco tiempo a la mayoría de estos condenados, el Estado belga los mantuvo en prisión por más tiempo, y los antiguos colaboradores a los que se había declarado culpables de delitos graves no volvieron a disfrutar jamás de plenos derechos civiles. En contra del mito que prevaleció largo tiempo durante la postguerra, la población flamenca no fue escogida premeditadamente para el castigo de una forma desproporcionada, sino que las élites belgas anteriores a la guerra restablecieron su control tanto sobre Flandes como sobre Valonia, reprimiendo eficazmente a los que se habían mostrado partidarios del nuevo orden durante la guerra (la mayoría de ellos flamencos).

El contraste entre Noruega, Bélgica, Holanda (y Dinamarca), donde los gobiernos legítimos habían marchado al exilio, y Francia, donde para muchos ciudadanos el régimen de Vichy era el Gobierno legítimo, es interesante. En Dinamarca, el delito de colaboración era prácticamente desconocido. Sin embargo, 374 de cada 100.000 daneses fueron condenados a prisión en los juicios de la postguerra. En Francia, donde la colaboración había estado muy extendida durante la guerra, los castigos fueron bastante leves, precisamente por esta razón. Dado que el propio Estado había sido el principal colaborador, parecía demasiado duro y arbitrario condenar a los humildes ciudadanos por el mismo delito, tanto más teniendo en cuenta que tres de cada cuatro de los jueces que instruían las causas de los acusados de colaboración habían trabajado para el Estado colaboracionista. De modo que fueron 94 de cada 100.000 personas, es decir, menos del 0,1 por ciento de la población, las encarceladas por delitos de guerra. De los 38.000 presos, la mayoría fueron puestos en libertad acogiéndose a la amnistía parcial de 1947, y a excepción de 1500, el resto salió a consecuencia de la amnistía de 1951.

Entre los años 1944-1951, los tribunales oficiales de Francia sentenciaron a 6763 personas a muerte (3910 de ellas in absentia) por traición y otros delitos relacionados. De estas sentencias, solo 791 llegaron a ejecutarse. El mayor castigo al que se sentenció a los colaboradores franceses fue el de la «degradación nacional», introducido el 26 de agosto de 1944, inmediatamente después de la liberación de París, descrito sarcásticamente así por Janet Flanner: «La degradación nacional consiste en la privación de prácticamente todo lo que los franceses consideran agradable, como el derecho a lucir condecoraciones de guerra; el derecho a ser abogado, notario, profesor de la escuela pública, juez o incluso testigo; el derecho a regentar un negocio editorial, de radio o de cine; y, sobre todo, el derecho a ocupar el puesto de director en una empresa de seguros o en un banco».

49.723 hombres y mujeres franceses recibieron este castigo. Once mil funcionarios (el 1,3 por ciento de los empleados públicos, cifra muy inferior a los 35.000 que habían perdido sus empleos bajo el Gobierno de Vichy) fueron cesados o sancionados de algún modo, aunque la mayoría de ellos serían rehabilitados antes de seis años. En resumen, la épuration (purga), como dio en llamarse, alcanzó a unas 350.000 personas, la mayoría de cuyas vidas y carreras no se vieron dramáticamente afectadas. No se castigó a nadie por lo que ahora describiríamos como crímenes contra la humanidad. La responsabilidad de estos y otros crímenes de guerra fue imputada exclusivamente a los alemanes.

La experiencia italiana fue peculiar, por algunas razones. A pesar de haber sido una de las potencias del Eje, Italia fue autorizada por los gobiernos aliados a llevar a cabo sus propios juicios y purgas (después de todo, había cambiado de bando en septiembre de 1943). Pero existía una considerable ambigüedad en cuanto a qué y a quién debía perseguirse. Mientras que en el resto de Europa la mayoría de los colaboradores habían sido, por definición, etiquetados como «fascistas», en Italia el término comportaba un componente electoral demasiado amplio y ambiguo. El país había tenido su propio Gobierno fascista entre 1922-1943, y más tarde había sido, en principio, liberado de la dictadura de Mussolini por uno de sus propios mariscales, Pietro Badoglio, cuyo primer Gobierno antifascista estaba compuesto mayoritariamente de antiguos fascistas.

El único delito fascista a todas luces perseguible era la colaboración con el enemigo después de (la invasión alemana de) el 8 de septiembre de 1943. Por consiguiente, la mayoría de los acusados se localizaban en el norte y estaban relacionados con el Gobierno títere instalado en Salò, en el lago Garda. El tan parodiado cuestionario «¿Eras un fascista?» (la Scheda Personale) que circulaba en 1944 se centraba precisamente en la diferencia entre los fascistas de Salò y los que no eran de Salò. Las sanciones contra los primeros se establecían en el Decreto n.º 159, aprobado en julio de 1944 por la asamblea legislativa provisional, que se refería a «actos de especial gravedad que, si bien no podían calificarse como crímenes, [eran] considerados contrarios a las normas del decoro y la decencia social».

Esta imprecisa normativa estaba destinado a sortear la dificultad de perseguir a hombres y mujeres por acciones cometidas mientras se encontraban al servicio de unas autoridades nacionales reconocidas. Pero el Alto Tribunal establecido en septiembre de 1944 para juzgar a los prisioneros más importantes estaba compuesto por jueces y abogados en su mayoría exfascistas, como también lo era el personal de los Tribunales Superiores Extraordinarios creados para castigar a los empleados menos importantes del régimen colaboracionista. En dichas circunstancias, los procesos difícilmente podían despertar mucho respeto entre la población en general.

Como cabía esperar, el resultado no satisfizo a nadie. Para febrero de 1946, se había investigado a 394.000 funcionarios del Gobierno, de los cuales solo 1580 fueron destituidos. La mayoría de estos interrogados alegaban gattopardismo («leopardismo» o «adaptación a las circunstancias»), argumentando que habían jugado un sutil doble juego para responder a la presión fascista (después de todo, la afiliación al Partido Fascista había sido obligatoria para los funcionarios públicos). Dado que muchos de los interrogadores podían haberse encontrado fácilmente al otro lado de la mesa, se mostraban claramente comprensivos con esta línea de defensa. Después de los aireados juicios de unos cuantos fascistas y generales de alto rango, la prometida purga del Gobierno y la administración fue perdiendo fuerza poco a poco.

La Alta Comisión a la que se le asignó la tarea de llevar a cabo la purga fue disuelta en marzo de 1946, y tres meses más tarde se anunciaron las primeras amnistías, incluida la cancelación de todas las sentencias de cárcel inferiores a cinco años. Prácticamente todos los prefectos, alcaldes y burócratas de categoría intermedia que fueron purgados en 1944-1945 recuperaron su trabajo o lograron evitar el pago de las multas impuestas, y la mayoría de los 50.000 italianos encarcelados por actividades fascistas pasaron poco tiempo en la cárcel[1]. El número de personas ejecutadas judicialmente por sus crímenes fue como máximo de 50, cifra que no incluye a los 55 fascistas masacrados por los partisanos en la prisión de Schio el 17 de julio de 1945.

Durante la Guerra Fría, la sospechosamente indolora transición de Italia de potencia del Eje a aliado demócrata, fue a menudo achacada tanto a la presión extranjera (norteamericana) como a la influencia política del Vaticano. En realidad, la cuestión era más compleja. No hay duda de que la Iglesia católica salió en efecto muy bien parada, teniendo en cuenta las cordiales relaciones de Pío XII con el fascismo y su actitud de pasar deliberadamente por alto los crímenes nazis, tanto en Italia como en el resto del mundo. Es cierto que la iglesia ejerció presión. Y las autoridades angloamericanas eran indudablemente reacias a retirar a los administradores comprometidos mientras trataban de restablecer la vida normal en la península. En general, la purga de los fascistas se llevó a cabo más eficazmente en las regiones en las que la resistencia de izquierdas y sus representantes políticos ejercían una influencia importante.

Pero fue Palmiro Togliatti, el viejo líder del Partido Comunista Italiano, el que, como ministro de Justicia del Gobierno de coalición de postguerra, preparó el borrador de la amnistía de junio de 1946. Después de dos décadas en el exilio y muchos años como funcionario de alto rango en la Internacional Comunista, Togliatti albergaba pocas ilusiones sobre qué era y qué no era posible tras la desgracia de la guerra europea. A su vuelta de Moscú, en marzo de 1944, anunció en Salerno el compromiso de su Partido con la unidad nacional y la democracia parlamentaria, para la confusión y la sorpresa de muchos de sus seguidores.

En un país donde muchos millones de personas, por supuesto no todas ellas políticamente de derechas, se habían visto en una situación comprometida por su asociación con el fascismo, Togliatti veía pocas ventajas en empujar a la nación al borde de la guerra civil o, más bien, en prolongar una guerra civil que ya había comenzado. Mucho más acertado parecía colaborar con el restablecimiento del orden y la vida normal, dejar atrás la era fascista, y tratar de conseguir el poder mediante las urnas. Por otra parte, Togliatti, desde su posición privilegiada como figura veterana del movimiento comunista internacional cuya perspectiva estratégica había traspasado los límites de las costas de Italia, tenía muy presente la situación griega como señal de precaución y advertencia.

En Grecia, a pesar del notable nivel de colaboración entre las élites burocráticas y del mundo de los negocios que se produjo en tiempo de guerra, las purgas de la postguerra no fueron dirigidas a la derecha sino a la izquierda. Se trató de un caso único, pero muy revelador. La guerra civil de 1944-1945 había convencido a los británicos de que solo el firme restablecimiento de un régimen conservador en Atenas podía estabilizar este país pequeño aunque de vital importancia estratégica. Purgar o intimidar de otro modo a los empresarios y políticos que habían trabajado con los italianos o los alemanes podía acarrear consecuencias dramáticas en un país en el que la izquierda revolucionaria parecía estar lista para hacerse con el poder.

En muy poco tiempo, el ejército alemán en retirada dejó de ser la principal amenaza para la estabilidad en el Egeo y el sur de los Balcanes, y fueron los bien asentados comunistas griegos y sus aliados partisanos de las montañas los que representaron el mayor peligro para dicha estabilidad. Muy pocos fueron severamente castigados por colaboración con las potencias del Eje durante la guerra, si bien la pena de muerte se aplicó generosamente contra la izquierda. Dado que en Atenas no se había delimitado una distinción coherente entre los partisanos de izquierdas que habían luchado contra Hitler y las guerrillas comunistas que intentaban derrocar al Estado griego de la postguerra (de hecho frecuentemente se trataba de los mismos hombres), fueron los que habían participado en la resistencia durante la guerra, más que sus enemigos colaboracionistas, los que acabaron siendo juzgados y encarcelados en los años posteriores, y excluidos de la vida civil durante las décadas siguientes: incluso sus hijos y nietos tendrían que pagar este precio, siendo con frecuencia rechazados en el masificado sector público hasta bien entrada la década de 1970.

Las purgas y los juicios fueron en Grecia por tanto descaradamente políticos. Pero, en cierto sentido, también lo fueron los procesos de la Europa occidental, más convencionales. Cualquier proceso judicial iniciado como consecuencia directa de una guerra o de un enfrentamiento político es político. El ambiente de los juicios de Pierre Laval o Philippe Pétain en Francia, o del jefe de policía Pietro Caruso en Italia, no podría calificarse como el de un proceso judicial convencional. El ajuste de cuentas, el derramamiento de sangre, la venganza y la estrategia política desempeñaron un papel crucial en estos y en muchos otros juicios de la postguerra. Esta consideración debe tenerse en cuenta siempre que se analizan los castigos de la postguerra en Europa central y del Este.

Es indudable que desde el punto de vista de Stalin y las autoridades a cargo de la ocupación soviética en todos los territorios bajo el control del Ejército Rojo, los juicios y otro tipo de castigos a los colaboradores, fascistas y alemanes, constituían, siempre y por encima de todo, una forma de despejar el panorama político y social de todo obstáculo para el poder comunista. Lo mismo puede aplicarse a la Yugoslavia de Tito. Muchos hombres y mujeres fueron acusados de graves delitos fascistas, cuando su principal crimen consistía en pertenecer al grupo nacional o social equivocado, a una comunidad religiosa o partido político inadecuado, o resultar simplemente demasiado visibles o populares en su comunidad local. Las purgas, expropiación de tierras, expulsiones, penas de cárcel y ejecuciones dirigidas a extirpar a los oponentes políticos incriminados constituyeron, como veremos, hitos importantes en el proceso de transformación política y social. Pero también se utilizaron para castigar a fascistas y criminales de guerra reales.

Así, en el curso de su ofensiva contra la Iglesia católica de Croacia, Tito también persiguió al famoso cardenal Alois Stepinac de Zagreb, apólogo de algunos de los peores crímenes del régimen croata ustacha, que bien podría haberse considerado afortunado de poder pasar los siguientes catorce años bajo arresto domiciliario antes de morir en su cama en 1960. Draža Mihailović, el líder chetnik, fue juzgado y ejecutado en julio de 1946. Tras él, durante los dos años siguientes a la liberación de Yugoslavia, fueron asesinados muchas decenas de miles de otros no comunistas. Todos ellos fueron víctimas de unas medidas de revanchismo que obedecían a motivos políticos; pero, considerando sus acciones durante la guerra, ya hubieran pertenecido a los chetniks, la ustacha, la Guardia Blanca eslovena o a los domobranci, muchos de ellos hubieran sido castigados con penas muy duras bajo cualquier sistema legal[2]. Los yugoslavos ejecutaron y deportaron a muchos ciudadanos de etnia húngara por su papel en las masacres militares húngaras de Voivodina, acaecidas en enero de 1942, y sus tierras fueron entregadas a partidarios no húngaros del nuevo régimen. Aunque esta fue una estrategia política calculada, en muchos casos las víctimas seguramente eran culpables de los cargos.

Yugoslavia constituía un caso especialmente complicado. Más hacia el norte, en Hungría, los Tribunales Populares de la postguerra empezaron en realidad juzgando a auténticos criminales de guerra, principalmente activistas de los regímenes proalemanes de Döme Sztójay y Ferenc Szálasi durante 1944. La proporción de fascistas y colaboradores condenados en Hungría no superó el número de los que fueron declarados culpables en la Bélgica o la Holanda de la postguerra, y no hay duda de que habían cometido delitos muy graves, incluidas la preparación y entusiasta ejecución de los planes alemanes para reunir y transportar a sus cientos de miles de judíos húngaros muertos. Solo más tarde las autoridades húngaras añadieron categorías como el «sabotaje» y la «conspiración», con el claro propósito de abarcar a un espectro más amplio de oponentes y a cualquiera que fuera sospechoso de resistirse a una toma del poder por parte de los comunistas.

En Checoslovaquia, los Tribunales Populares Extraordinarios, establecidos por el Decreto Presidencial de 19 de mayo de 1945, emitieron 713 sentencias de muerte, 741 de cadena perpetua y 19.888 de otras penas de prisión más leves para los «traidores, colaboradores y elementos fascistas existentes en la ciudadanía de la nación checa y eslovaca». El lenguaje evoca ya la jerga legal soviética, y presagia el sombrío futuro de Checoslovaquia. Pero es cierto que había traidores, colaboradores y fascistas en la Checoslovaquia ocupada; uno de ellos, el padre Tiso, fue ejecutado en la horca el 18 de abril de 1947. La cuestión de si Tiso y otros tuvieron un juicio justo, o de si podrían haber tenido un juicio justo dado el ambiente de la época, constituye un interrogante legítimo. Pero el tratamiento que recibieron no fue peor que el dispensado a, por ejemplo, Pierre Laval. La justicia checa de la postguerra estaba muy pendiente de la problemática y confusa categoría de los «crímenes contra la nación», un recurso para infligir castigos colectivos, especialmente a los germanos de los Sudetes. Pero lo mismo podía decirse de la justicia francesa de aquellos años, y quizá con menor fundamento.

Es difícil valorar el éxito de los juicios de la postguerra y de las purgas antifascistas en la Europa anteriormente ocupada. El patrón al que se ajustaron las sentencias fue muy criticado por entonces: aquellos que habían sido juzgados mientras la guerra aún seguía adelante, o inmediatamente a continuación de la liberación de un país, con frecuencia recibieron castigos mucho más duros que los que fueron juzgados más tarde. A consecuencia de ello, los acusados de pequeños delitos procesados en la primavera de 1945 recibieron sentencias de cárcel más largas que colaboradores importantes cuyos casos tardaron un año o más en juzgarse. En Bohemia y Moravia se cumplió un porcentaje muy alto (el 95 por ciento) de las sentencias de muerte debido a una ley que prescribía que los prisioneros tenían que ser ejecutados en un plazo de dos horas a partir de dictarse la sentencia; en otros lugares, cualquiera que se librara de la ejecución inmediata podía abrigar la esperanza de que se le conmutara la pena.

En aquella época las sentencias de muerte fueron frecuentes y provocaban escasa oposición: la devaluación de la vida en tiempo de guerra las hacía parecer menos extremas (y más justificadas) que en circunstancias normales. Lo que sí resultaba ofensivo, y en algunos lugares llegaba a rebajar el valor de todo el proceso, era la manifiesta incoherencia de los castigos, por no mencionar que muchos de ellos estaban siendo dictados por jueces y jurados cuyo propio historial durante la guerra era bastante irregular, o incluso peor. Los escritores y periodistas, cuyas lealtades durante la guerra habían quedado reflejadas por escrito, fueron los que salieron peor parados. Los aireados juicios de eminentes intelectuales como Robert Brasillach en París, en enero de 1945, provocaron protestas por parte de genuinos militantes de la resistencia como Albert Camus, que opinaba que era injusto e imprudente condenar y ejecutar a las personas por sus opiniones, por repugnantes que estas fueran.

En contraste, los empresarios y altos funcionarios que se habían beneficiado de la ocupación apenas sufrieron, al menos en Europa occidental. En Italia, los aliados insistieron en que hombres como Vittorio Valleta, de FIAT, se mantuvieran en sus cargos, a pesar de su conocido compromiso con las autoridades fascistas. Otros directivos de empresa italianos sobrevivieron manifestando su antigua oposición a la República Social de Salò de Mussolini, a la que de hecho se habían opuesto, precisamente por ser demasiado «social». En Francia los juicios por colaboración económica fueron precedidos de una nacionalización selectiva; por ejemplo, de las fábricas de Renault, como castigo a la considerable contribución de Louis Renault a los esfuerzos bélicos alemanes. Y en todas partes, a los pequeños hombres de negocios, banqueros y funcionarios que habían ayudado a gestionar los regímenes de ocupación, a construir el «Muro Atlántico» contra una invasión de Francia, a proveer a las fuerzas alemanas, etcétera, se les permitió que continuaran en sus puestos, para seguir prestando servicios similares a las democracias sucesoras y aportar continuidad y estabilidad.

Este tipo de acuerdos fueron probablemente inevitables. La propia magnitud de la destrucción y el colapso moral alcanzados en 1945 implicaba que cualquier cosa que quedara en pie probablemente fuera a necesitarse como elemento para la construcción del futuro. Los gobiernos provisionales de los meses de la liberación estaban prácticamente impotentes. La incondicional (y agradecida) cooperación de las élites económicas, financieras e industriales parecía vital para suministrar comida, ropas y combustible a una población desamparada y hambrienta. Las purgas económicas, por tanto, podían resultar contraproducentes e incluso de consecuencias catastróficas.

Pero el precio que hubo que pagar por ello fue el cinismo político y el brusco desvanecimiento de las ilusiones y las esperanzas de la liberación. Ya el 27 de diciembre de 1944, el escritor napolitano Guglielmo Giannini escribió en L’Uomo Qualunque, el periódico de un nuevo partido italiano del mismo nombre que apelaba precisamente a este sentimiento de escéptico desencantamiento: «Soy ese tipo que, al encontrarse con un exjerarca, pregunta “¿cómo conseguiste convertirte en ejecutor de purgas?” […] Ese que mira a su alrededor y dice: “Estos son métodos y sistemas fascistas” […] Ese que ya no cree en nada ni en nadie».

Italia, como hemos visto, constituía un caso muy complicado. Pero sentimientos como los de Giannini estaban muy extendidos por Europa a finales de 1945, y fueron preparando el camino para un repentino cambio de ánimo. Una vez repartidas las culpas del pasado reciente y castigado a aquellos cuyos casos eran más célebres o psicológicamente tranquilizadores, la mayoría de la gente de los territorios recientemente ocupados por los alemanes estaba más interesada en dejar atrás los recuerdos incómodos o desagradables y rehacer sus destrozadas vidas. En cualquier caso, muy pocos hombres y mujeres de aquel momento estaban dispuestos a culpar a sus conciudadanos de los crímenes más abominables. Por ello, se acordó unánimemente que los alemanes debían asumir toda la responsabilidad.

De hecho, la opinión de que todo el peso de la culpa de los horrores de la Segunda Guerra Mundial debía recaer sobre los hombros de los alemanes estuvo tan extendida que incluso Austria quedó exenta. En virtud de un acuerdo aliado de 1943, Austria había sido declarada oficialmente la «primera víctima» de Hitler y, por ello, al final de la guerra recibió un tratamiento distinto al de Alemania. Esto se adecuaba a la insistencia de Winston Churchill en los orígenes prusianos del nazismo, una visión nacida de la obsesión de su generación por la emergencia de una amenaza prusiana contra la estabilidad europea durante el último tercio del siglo XIX. Pero también servía a los intereses del resto de los aliados: la situación geográfica clave de Austria y la incertidumbre sobre el futuro político de la Europa central hacía que pareciera prudente separar su destino del de Alemania.

Sin embargo, difícilmente se podría tratar a Austria como otro país más ocupado por los nazis, cuyos fascistas locales y colaboradores nazis debían ser castigados para poder retomar después una vida normal. En un país de menos de 7 millones de habitantes, 700.000 habían pertenecido al NSDAP (el partido nazi): al final de la guerra, todavía había 536.000 nazis registrados en Austria; 1,2 millones de austriacos habían servido en las fuerzas alemanas durante la guerra. Los austriacos habían contado con una desproporcionada representación en las SS y en las administraciones de los campos de concentración. La vida pública y los más distinguidos círculos culturales austriacos estaba saturados de simpatizantes nazis: 45 de los 117 miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena eran nazis (mientras que en la Filarmónica de Berlín solo 8 de sus 110 músicos eran miembros del partido nazi).

Dadas las circunstancias, puede decirse que Austria salió asombrosamente bien parada. 130.000 austriacos fueron investigados por crímenes de guerra, 23.000 de ellos juzgados, 13.600 condenados, 43 sentenciados a muerte y solo 30 ejecutados. Unos 70.000 funcionarios públicos fueron despedidos. Las cuatro potencias ocupantes aliadas acordaron en el otoño de 1946 permitir que Austria se ocupara de sus propios criminales y de la «desnazificación». El sistema educativo, especialmente plagado de nazis, fue debidamente desnazificado: se despidió a 2943 profesores de primaria y a 477 de secundaria, pero solo a 27 profesores universitarios, a pesar de las conocidas simpatías pronazis de muchos altos académicos.

En 1947, las autoridades austriacas aprobaron una ley en la que se diferenciaba entre los nazis «más» y «menos» incriminados. 500.000 de estos últimos fueron amnistiados al año siguiente, restableciéndoles su derecho al voto. Los primeros, unos 42.000 en total, serían amnistiados en su totalidad en 1956. A partir de entonces, los austríacos sencillamente se olvidaron por completo de su implicación con Hitler. Una de las razones por las que Austria salió indemne tan fácilmente de sus devaneos con el nazismo es que a todos los intereses locales les convenía adaptar el pasado reciente en su beneficio: el Partido Popular, conservador, heredero del Partido Social Cristiano anterior a la guerra, estaba obviamente interesado en hacer gala de sus propias credenciales «antialemanas» y de las de Austria, a fin de desviar la atención del régimen corporativista que había impuesto por la fuerza en 1934. Los austríacos socialdemócratas, indiscutiblemente antinazis, no tenían que tapar sin embargo su historial de llamamientos al Anschluss con Alemania anterior a 1933. Otra de las razones es que todos los partidos estaban interesados en promover y ganarse el voto de los exnazis, un electorado importante que iba a conformar el futuro político del país. Y por otra parte estaban, como veremos, las nuevas configuraciones determinadas por el inicio de la Guerra Fría.

Este tipo de cálculos no estaban ni mucho menos ausentes en Alemania. Pero en este caso a la población local no se le permitió opinar sobre su destino. En la misma Declaración de Moscú del 30 de octubre de 1943 en la que se eximía a Austria de responsabilidad por su filiación nazi, los aliados advertían a los alemanes de que ellos sí tendrían que responder de sus crímenes de guerra. Y así fue. En una serie de juicios celebrados entre 1945 y 1947, las fuerzas de ocupación aliadas instaladas en Alemania juzgaron a los nazis y a sus colaboradores por sus crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, asesinatos y otros delitos comunes cometidos en pro de los objetivos nazis.

De todos estos procesos, el Tribunal Militar Internacional de Núremberg que juzgó a la cúpula nazi entre octubre de 1945 y octubre de 1946 es el más conocido, pero hubo otros muchos: los tribunales militares estadounidenses, británicos y franceses juzgaron a los nazis de menor categoría en sus respectivas zonas de la Alemania ocupada y, junto con la Unión Soviética, entregaron a muchos de ellos a otros países (sobre todo Polonia y Francia) para que fueran juzgados en el lugar donde sus crímenes se habían cometido. El programa de Juicios por Crímenes de Guerra continuó durante toda la ocupación aliada de Alemania; en las zonas occidentales se condenó a más de 5000 personas por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, de las cuales poco menos de 800 fueron sentenciadas a muerte y 486 finalmente ejecutadas, las últimas de ellas en la prisión de Landsberg, en junio de 1951, ante un clamor de súplicas alemanas pidiendo clemencia.

Difícilmente podía tratarse de una cuestión de castigar a los alemanes solo por ser nazis, a pesar de las conclusiones de Núremberg que declaraban al partido nazi una organización criminal. Los números eran demasiado elevados, y los argumentos en contra de la culpa colectiva demasiado convincentes. En todo caso, no estaba claro lo que ocurriría al declarar culpables a muchos millones de personas de esta manera. No obstante, las responsabilidades de los líderes nazis estaban claras, y nunca existió duda alguna sobre cuál sería su destino. En palabras de Telford Taylor, uno de los fiscales estadounidenses de Núremberg y Fiscal Supremo en otros juicios posteriores, «demasiada gente creía haber sido injustamente dañada por los líderes del III Reich y exigía una sentencia a tal efecto».

Desde el comienzo, en los juicios de los crímenes de guerra alemanes intervino tanto la pedagogía como la justicia. El juicio más importante de Núremberg se emitía dos veces al día por la radio alemana, y las pruebas acumuladas se mostraron en las escuelas, cines y centros de reeducación de todo el país. A pesar de todo, los beneficios ejemplarizantes de los juicios no siempre eran evidentes. En una de las primeras series de juicios contra los mandos y oficiales de guardia de los campos de concentración, muchos escaparon al castigo. Sus abogados utilizaron el sistema angloamericano de justicia acusatoria en su provecho, contrainterrogando y humillando a los testigos y a los supervivientes de los campos. En el juicio de Lüneberg contra el personal de Bergen-Belsen (celebrado del 17 de septiembre al 17 de noviembre de 1945), fueron abogados de la defensa británicos los que argumentaron con bastante éxito que sus clientes solo habían obedecido a las leyes (nazis): 15 de los 45 acusados quedaron absueltos.

Así pues, resulta difícil saber en qué medida los juicios a los nazis contribuyeron a la reeducación política y moral de Alemania y los alemanes. Muchos se sintieron ofendidos por lo que entendieron como la «justicia de los vencedores», y eso es exactamente lo que fue. Pero también se trataba de juicios reales a criminales reales, por conductas demostrablemente criminales, que sentaron un precedente clave para la jurisprudencia internacional de las siguientes décadas. Los juicios e investigaciones de los años 1945-1948 (cuando se desmanteló la Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas) consiguieron reunir una extraordinaria cantidad de documentación y de testimonios (en especial en lo referente al proyecto alemán de exterminar a los judíos de Europa) en un momento en el que los alemanes y otros estaban absolutamente dispuestos a olvidarlo todo lo más rápido posible. También dejaron claro que los crímenes cometidos por los individuos con propósitos ideológicos o estatales no dejan de ser por ello responsabilidad de dichos individuos y por tanto punibles por la ley. El hecho de cumplir órdenes no constituía un argumento de defensa.

No obstante, se produjeron dos defectos inevitables en el castigo aliado a los criminales de guerra alemanes. La presencia de fiscales y jueces soviéticos fue interpretada por muchos comentaristas de Alemania y de la Europa del Este como una prueba de hipocresía. El comportamiento del Ejército Rojo y la actuación soviética en los territorios que había «liberado» no era ningún secreto y, de hecho, tal vez entonces fuera mejor conocida y difundida que en años posteriores. Y las purgas y las masacres de la década de 1930 todavía seguían frescas en la memoria de muchas personas. Que los soviéticos se sentaran a juzgar a los nazis, a veces por crímenes que ellos mismos también habían cometido, devaluó el juicio de Núremberg y algunos otros, y les hizo parecer como un mero ejercicio de venganza contra los alemanes. En palabras de George Kennan: «La única consecuencia que cabía extraer de este procedimiento era, después de todo, que dichos crímenes eran justificables y perdonables cuando eran cometidos por los líderes de un Gobierno, en unas determinadas circunstancias, pero injustificables e imperdonables, y condenables con la muerte, cuando los cometía otro gobierno en otras circunstancias».

La presencia soviética en Núremberg fue el precio que hubo que pagar por la alianza de la guerra y por el destacado papel desempeñado por el Ejército Rojo en la derrota de Hitler. Pero el segundo defecto de los juicios era inherente a la propia naturaleza del proceso judicial. Precisamente a causa de haber establecido tan absoluta y cuidadosamente la culpabilidad personal de los dirigentes nazis, empezando por el propio Hitler, muchos alemanes se sintieron con derecho a creer que el resto de la nación era inocente, que los alemanes como colectivo eran tan víctimas pasivas del nazismo como cualquier otro. Los crímenes de los nazis podían haber sido «cometidos en nombre de Alemania» (por citar una alocución del canciller alemán Helmut Kohl, pronunciada medio siglo más tarde), pero apenas existía la percepción genuina de que hubieran sido cometidos por alemanes.

Alemania y Austria: Sectores de la ocupación aliada

Los norteamericanos en concreto eran muy conscientes de esto, e inmediatamente iniciaron un programa de reeducación y desnazificación en su zona, cuyo objetivo era abolir el partido nazi, desarraigarlo por completo y sembrar las semillas de la democracia y la libertad en la vida pública alemana. El ejército estadounidense destacado en Alemania estaba acompañado por un gran número de psicólogos y otros especialistas cuya tarea consistía en descubrir exactamente por qué los alemanes habían llegado a descarriarse tanto. Los británicos acometieron proyectos similares, si bien con mayor escepticismo y menos recursos. Los franceses mostraron escaso interés en la materia. Los soviéticos, por el contrario, estuvieron plenamente de acuerdo al principio, y las fuertes medidas de desnazificación fueron uno de los pocos aspectos en los que la ocupación aliada alcanzó un consenso, al menos durante algún tiempo.

El verdadero problema de cualquier programa coherente dirigido a desarraigar el nazismo de la vida alemana era que resultaba sencillamente inviable en las circunstancias de 1945. Como afirmó el general Lucius Clay, comandante en jefe de la zona norteamericana, «nuestro mayor problema administrativo era encontrar alemanes competentes que no hubieran estado afiliados o relacionados de algún modo con el régimen nazi […]. Con frecuencia parece que los únicos cualificados […] son los funcionarios públicos de carrera […] una gran parte de los cuales había participado más que nominalmente (según nuestra definición) en las actividades del partido nazi».

Clay no exageraba. El 8 de mayo de 1945, cuando la guerra en Europa había terminado, había 8 millones de nazis en Alemania. En Bonn, 102 de 112 médicos eran o habían sido miembros del partido. En la destrozada ciudad de Colonia, de los 21 especialistas del departamento de depuración de aguas de la ciudad, cuyo trabajo resultaba vital para la reconstrucción de los sistemas de agua y alcantarillado y la prevención de enfermedades, 18 habían sido nazis. La administración civil, la salud pública, la reconstrucción urbana y la iniciativa empresarial privada de la Alemania de la postguerra tenían que ser inevitablemente asumidas por hombres como estos, si bien bajo la supervisión aliada. Era imposible apartarlos de golpe de los asuntos alemanes.

A pesar de lo cual, no dejó de intentarse. En las tres zonas occidentales de la Alemania ocupada se completaron dieciséis millones de Fragebogen (cuestionarios), la mayoría de ellos en la zona norteamericana. Allí, las autoridades norteamericanas elaboraron una lista de 3,5 millones de alemanes (aproximadamente un cuarto de la población total de la zona) que fueron calificados como «casos imputables», aunque muchos de ellos nunca fueron llevados ante los tribunales locales de desnazificación, establecidos en marzo de 1946 bajo responsabilidad alemana pero con la supervisión aliada. A los civiles alemanes se les obligó a visitar los campos de concentración y a ver películas documentales sobre las atrocidades nazis. Los profesores nazis fueron despedidos, las existencias de las librerías se renovaron, la tinta de periódico y el suministro de papel fueron puestos bajo el control directo de los aliados y asignados a nuevos propietarios y editores con auténticas credenciales antinazis.

Incluso estas medidas toparon con una oposición considerable. El 5 de mayo de 1946, el futuro canciller alemán, Konrad Adenauer, protestó contra las medidas de desnazificación en un discurso público pronunciado en Wuppertal, en el que exigía que dejaran en paz a los «compañeros de viaje de los nazis». Dos meses después, en un discurso dirigido a su recién formada Unión Democrática Cristiana, reincidió en el mismo punto: la desnazificación estaba durando demasiado y no hacía ningún bien. La preocupación de Adenauer era sincera. En su opinión, enfrentando a los alemanes a los crímenes de los nazis, ya fuera a través de juicios, tribunales o proyectos de reeducación, era más probable provocar una reacción nacionalista violenta que inducir al arrepentimiento. Debido precisamente a las profundas raíces que el nazismo tenía en su país, el futuro canciller creía más prudente permitir e incluso fomentar el silencio a este respecto.

No estaba del todo equivocado. En la década de 1940 los alemanes apenas tenían idea de cómo les veía el resto del mundo. No alcanzaban a entender lo que habían hecho ellos y sus líderes, y les preocupaban más sus propias dificultades de la postguerra como la escasez de comida, de vivienda, etcétera, que los sufrimientos padecidos por sus víctimas en toda la Europa ocupada. De hecho se sentían más proclives a verse a sí mismos en el papel de víctimas y consideraban por tanto los juicios y otras confrontaciones con los crímenes nazis como la venganza de los victoriosos aliados sobre un régimen ya extinto[3]. Salvo ciertas honrosas excepciones, las autoridades políticas y religiosas de Alemania no contradecían esta visión, y los líderes naturales del país, pertenecientes a sectores profesionales liberales, judiciales o de servicio público, eran los más comprometidos de todos.

Así pues, los cuestionarios se convirtieron en objeto de burla. Si para algo sirvieron fue sobre todo para encubrir a individuos de otro modo sospechosos, ayudándoles a obtener certificados de buena conducta (los llamados certificados «Persil», en honor al detergente del mismo nombre). La reeducación tenía un impacto decididamente limitado. Una cosa era obligar a los alemanes a asistir a la proyección de películas documentales y otra muy distinta que las vieran, y no digamos que reflexionaran sobre lo que veían. Muchos años después, el escritor Stephan Hermlin describió la escena de un cine de Francfort, donde los alemanes tenían que ver documentales sobre Dachau y Buchenwald antes de recibir sus cartillas de racionamiento; «Bajo la tenue luz del proyector, podía ver cómo la gente volvía la cara nada más empezar la película y permanecía así hasta que había acabado. Hoy en día pienso que esa cara vuelta hacia otro lado era de hecho la actitud de muchos millones… La gente desventurada entre la que yo mismo me incluía se mostraba a la vez vulnerable e insensible. No estaba interesado en que me presentaran hechos que me conmocionaran ni en ningún método de “conócete a ti mismo[4]”».

Para cuando los aliados occidentales abandonaron sus esfuerzos de desnazificación con la llegada de la Guerra Fría, estaba ya claro que estos habían producido un impacto decididamente limitado. En Baviera, aproximadamente la mitad de los profesores de secundaria habían sido despedidos al llegar 1946, para ser readmitidos en sus puestos tan solo dos años más tarde. En 1949, la recién creada República Federal dio por finalizadas todas las investigaciones sobre el pasado de los funcionarios públicos y los oficiales del ejército. En Baviera, en 1951, el 94 por ciento de los jueces y fiscales, el 77 por ciento de los empleados del Ministerio de Economía y el 60 por ciento de los funcionarios del Ministerio de Agricultura eran exnazis. Para 1952, uno de cada tres funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bonn había sido miembro del partido nazi. Del recién constituido Cuerpo Diplomático de Alemania Occidental, el 43 por ciento había pertenecido a las antiguas SS y otro 17 por ciento había servido en la SD o en la Gestapo. Hans Globke, principal ayudante del canciller Adenauer durante la década de 1950, fue el responsable de la declaración oficial de las Leyes de Núremberg de Hitler de 1935. El jefe de policía de Renania-Palatinado, Wilhelm Hauser, fue el Obersturmführer responsable de las masacres de Bielorrusia durante la guerra.

Fuera del funcionariado, la tendencia fue la misma. Las universidades y los profesionales del derecho fueron los menos afectados por la desnazificación, a pesar de su conocida simpatía por el régimen de Hitler. Los empresarios también salieron muy bien parados. Friedrich Flick, condenado como criminal de guerra en 1947, fue liberado tres años más tarde por las autoridades de Bonn y rehabilitado en su posición de principal accionista de Daimler-Benz. Figuras de renombre pertenecientes a grupos industriales incriminados como I. G. Farben y Krupp fueron pronto liberados y se reincorporaron a la vida pública sin apenas desgaste. En 1952, Fordwerke, la rama alemana de la Ford Motor Company, había vuelto a reunir a todos sus altos directivos de la época nazi. Incluso los jueces y los médicos de los campos de concentración nazis condenados bajo la jurisdicción norteamericana vieron sus penas reducidas o conmutadas (por el administrador estadounidense John J. McCloy).

Los datos de las encuestas de opinión correspondientes a los primeros años de la postguerra confirman el escaso impacto de los esfuerzos aliados. En octubre de 1946, cuando el juicio de Núremberg ya había finalizado, solo el 6 por ciento de los alemanes estaba dispuesto a admitir que este había sido «injusto», pero, cuatro años más tarde, uno de cada tres sostenía esta opinión. El hecho de que pensaran de esta manera no debe sorprendernos, dado que entre los años 1945 y 1949 una importante mayoría de alemanes creía que «el nazismo era en sí una buena idea, pero mal llevada a la práctica». En noviembre de 1946, el 37 por ciento de los alemanes sometidos a una encuesta en la zona norteamericana opinaba que «el exterminio de los judíos y de los polacos, así como de otras razas no arias, era necesario para la seguridad de los alemanes».

En la misma encuesta de noviembre de 1946, uno de cada tres alemanes se mostraba de acuerdo con la premisa de que «los judíos no deberían tener los mismos derechos que los pertenecientes a la raza aria». Ello no resulta particularmente sorprendente, dado que los encuestados acababan de salir de doce años de un Gobierno autoritario comprometido con esta visión. Lo que sí sorprende es una encuesta realizada seis años más tarde en la que un porcentaje ligeramente superior de alemanes occidentales (el 37 por ciento) concluía que era mejor para Alemania no tener judíos en su territorio. Y en ese mismo año (1952), el 25 por ciento de los alemanes occidentales admitía tener una «buena opinión» de Hitler.

En la zona ocupada por los soviéticos, el legado nazi recibió un trato algo diferente. Aunque en el juicio de Núremberg participaron jueces y abogados soviéticos, en el este el énfasis de la desnazificación se puso en el castigo colectivo a los nazis y la erradicación del nazismo de todas las áreas de la vida. Los dirigentes comunistas locales no se llamaban a engaño sobre lo que había ocurrido. Como afirmó Walter Ulbricht, el futuro líder de la República Democrática Alemana, en un discurso pronunciado en Berlín ante los representantes del Partido Comunista Alemán solo seis semanas después de la derrota de su país, «la tragedia del pueblo alemán consiste en el hecho de que ha obedecido a una banda de criminales […]. La clase trabajadora alemana y los sectores productivos de la población han fracasado ante la historia».

Esto era más de lo que Adenauer o la mayoría de los políticos de la Alemania Occidental estaban dispuestos a admitir, al menos en público. Pero Ulbricht, al igual que las autoridades soviéticas a las que tenía que rendir cuentas, estaba menos interesado en castigar los crímenes nazis que en asegurar el poder comunista en Alemania y barrer el capitalismo. Por consiguiente, aunque la desnazificación de la zona soviética fue en algunos casos más lejos que en el oeste, se basó en dos tergiversaciones del nazismo: una inherente a la teoría comunista y otra estratégica y oportunista.

En el marxismo y la doctrina oficial soviética existía el lugar común de que el nazismo era simplemente fascismo y el fascismo a su vez un producto del interés capitalista en un momento de crisis. En consecuencia, las autoridades soviéticas prestaron escasa atención al carácter distintivamente racista del nazismo y sus resultados genocidas, y en cambio centraron sus detenciones y expropiaciones en empresarios, funcionarios corruptos, profesores y otros responsables de promover los intereses de la clase social que supuestamente apoyaba a Hitler. De este modo, el desmantelamiento soviético de la herencia del nazismo en Alemania no fue esencialmente diferente de la transformación social que Stalin trataba de provocar en otras zonas de la Europa central y del Este.

La dimensión oportunista de la política soviética hacia los exnazis fue consecuencia de la debilidad. Los comunistas de la Alemania ocupada no constituían un movimiento fuerte, y su llegada en el tren de cola del Ejército Rojo difícilmente podía ir dirigida a captar votantes. Su única perspectiva política, aparte de la fuerza bruta y el fraude electoral, radicaba en apelar al interés propio y calculador. Su forma de hacerlo, en el este y en el sur, consistió en promover la expulsión de los ciudadanos de etnia alemana y ofrecerse como patrocinadores y protectores de los nuevos ocupantes polacos, eslovacos o serbios de las granjas, negocios y apartamentos que los alemanes habían dejado vacíos. Obviamente, esta posibilidad no existía en la propia Alemania. En Austria, el Partido Comunista local cometió el error, durante las elecciones celebradas a finales de 1945, de rechazar el apoyo potencialmente decisivo de los nazis de a pie y los antiguos miembros del partido. Al hacerlo, malograron las esperanzas del comunismo en la Austria de preguerra. Ello les sirvió de lección en el caso de Berlín. El Partido Comunista Alemán (KPD) decidió en cambio ofrecer sus servicios y su protección a millones de antiguos nazis.

Ambas perspectivas, la de la doctrina y la de la estrategia, no estaban necesariamente enfrentadas. Ulbricht y sus colegas creían de verdad que la forma de erradicar a los nazis de Alemania era llevar a cabo una transformación socioeconómica: no estaban especialmente interesados en la responsabilidad individual o la reeducación moral. Pero también entendían que el nazismo no era solo un engaño del que había sido víctima el inocente proletariado alemán. La clase obrera, al igual que la burguesía alemana, había fracasado en sus responsabilidades. Pero, precisamente por esta razón, era más probable, y no menos, adaptarse a las metas comunistas, aplicando el principio del palo y la zanahoria en las dosis adecuadas. Y, en todo caso, las autoridades de la Alemania del Este, al igual que las del Oeste, no tenían mucha elección: ¿con quién iban a dirigir el país si no era con exnazis?

Así pues, por un lado, las fuerzas de ocupación soviéticas despidieron de sus trabajos a un enorme número de exnazis (520.000 para abril de 1948) y nombraron a «antifascistas» para ocupar los puestos administrativos de su zona de ocupación. Por el otro, los líderes comunistas alemanes alentaron a antiguos nazis cuyo historial no había quedado muy expuesto al público para que se unieran a ellos. Como cabía esperar, el éxito fue rotundo. Los exnazis estaban encantados de borrar su pasado uniéndose a los vencedores. Como miembros del partido, los administradores locales, informadores y policías demostraron adaptarse particularmente bien a las necesidades del Estado comunista.

Después de todo, el nuevo sistema era extraordinariamente parecido al que ya conocían: los comunistas se limitaron a hacerse cargo de instituciones nazis como los Frentes de Trabajo o los vigilantes de vecindario y darles nuevos nombres y nuevos jefes. Pero la adaptabilidad de los exnazis fue también producto de su vulnerabilidad al chantaje. Las autoridades soviéticas estaban de sobra dispuestas a conspirar con sus anteriores enemigos mintiendo acerca de la naturaleza y el alcance del nazismo en la Alemania del Este, asegurando que la herencia capitalista y nazi de Alemania se circunscribía a las zonas occidentales y que la futura República Democrática de Alemania era una tierra de trabajadores, campesinos y héroes antifascistas, aunque ellos sí conocían la verdad y tenían los archivos nazis para demostrarla, en caso necesario. Antiguos comerciantes del mercado negro, especuladores que se habían aprovechado de la guerra y todo tipo de exnazis se convirtieron en comunistas ejemplares, dadas las innumerables ventajas de complacer a sus nuevos jefes.

A principios de la década de 1950, más de la mitad de los rectores de centros de enseñanza superior de Alemania del Este eran antiguos miembros del partido nazi, como también lo era el 10 por ciento del parlamento una década más tarde. La recién fundada Stasi (agencia de seguridad del Estado) no solo asumió las funciones y las prácticas de la Gestapo nazi, sino también a muchos miles de sus empleados e informadores. Las víctimas políticas del nuevo régimen comunista, a menudo acusadas en general de «criminales nazis», fueron arrestadas por policías exnazis, juzgadas por jueces exnazis y vigiladas por guardias exnazis en cárceles y campos de concentración de la época nazi adoptados en bloque por las nuevas autoridades.

La facilidad con la que personas e instituciones pasaron del nazismo o fascismo al comunismo no constituyó un rasgo diferenciado de Alemania del Este, salvo quizá en cuanto a su escala. En Italia, la resistencia de la época de la guerra acogió a bastantes ex fascistas de todo tipo, y la moderación del Partido Comunista Italiano durante la postguerra probablemente se debió en parte al hecho de que muchos de sus potenciales partidarios habían estado comprometidos con el fascismo. En la Hungría de la postguerra los comunistas cortejaron abiertamente a antiguos miembros de la Cruz Flechada fascista, llegando incluso a ofrecerles apoyo contra los judíos que pretendían que les devolvieran sus propiedades. En el Londres de la guerra, los comunistas eslovacos Vlado Clementis y Eugen Löbl fueron seguidos por agentes soviéticos reclutados en los partidos fascistas checos, que una década después testificarían en su contra durante el «juicio-espectáculo» al que se les sometió.

Los comunistas no fueron los únicos en hacer la vista gorda con el pasado nazi o fascista a cambio de servicios políticos durante la postguerra. En Austria, los antiguos fascistas a menudo eran favorecidos por las autoridades occidentales, que les permitían trabajar en el periodismo y otras actividades delicadas: su asociación con el régimen corporativista y autoritario de la Austria de la postguerra fue neutralizada por la invasión nazi y su genuina y cada vez más útil antipatía por la izquierda. El gobierno militar aliado de la zona fronteriza del noreste de Italia protegía a antiguos fascistas y colaboradores, muchos de ellos reclamados por los yugoslavos, mientras que los servicios de inteligencia occidentales reclutaban por todas partes a exnazis bien informados, incluido el «carnicero de Lyon», el oficial de la Gestapo Klaus Barbie, para su futura utilización: por ejemplo, contra los exnazis al servicio de los soviéticos, dada su privilegiada posición para identificarlos.

En su primera alocución oficial al parlamento de la República Federal de Alemania, el 20 de septiembre de 1949, Konrad Adenauer afirmó lo siguiente respecto a la desnazificación y el legado nazi: «El Gobierno de la República Federal, en la creencia de que muchos han expiado subjetivamente una culpa que no era tan grande, está decidido, siempre que resulte aceptable hacerlo, a dejar atrás el pasado». No hay duda de que muchos alemanes apoyaron de corazón dicha afirmación. Si la desnazificación se interrumpía era porque por motivos políticos los alemanes se habían «desnazificado» motu proprio el 8 de mayo de 1945.

El pueblo alemán no estaba solo. En Italia, el periódico del Partido Demócrata Cristiano hizo un llamamiento al olvido similar el mismo día de la muerte de Hitler: «¡Tenemos la fuerza necesaria para olvidar!», proclamó, «¡Olvidar lo antes posible!». En el Este, la baza más fuerte de los comunistas era su promesa de un nuevo y revolucionario comienzo en los países donde todo el mundo tenía algo que olvidar, tanto las cosas que les habían hecho como las que ellos habían hecho a otros. En toda Europa se observaba el deseo de dejar atrás el pasado y empezar de nuevo, siguiendo la recomendación que hizo Isócrates a los atenienses al término de las guerras del Peloponeso: «Gobernemos colectivamente como si nada malo hubiera ocurrido».

Este recelo hacia la memoria a corto plazo y la búsqueda de mitos antifascistas a los que pudiera recurrir una Alemania de antinazis, una Francia de resistentes o una Polonia de víctimas, fue el legado invisible más importante que dejó la Segunda Guerra Mundial en Europa. El aspecto positivo fue que esto facilitó la recuperación nacional y permitió así que hombres como el mariscal Tito, Charles de Gaulle o Konrad Adenauer pudieran ofrecer a sus conciudadanos una imagen plausible e incluso orgullosa de ellos mismos. Incluso la Alemania del Este reclamó un origen noble, una tradición ficticia: el legendario y en gran parte inventado «levantamiento» comunista de Buchenwald en abril de 1945. Estas versiones permitieron a los países que habían sufrido la guerra de una forma pasiva, como Holanda, dejar de lado su historial de arreglos y compromisos, y a los que como Croacia habían puesto en práctica un activismo equivocado, ocultarlo tras una confusa historia de heroísmos rivales.

Sin esta amnesia colectiva, la asombrosa recuperación de Europa no habría sido posible. Indudablemente, gran parte de lo que se apartó de la mente volvería posteriormente a incomodarla de diversas maneras. Pero solo mucho más tarde llegaría a estar claro hasta qué punto la Europa de la postguerra había descansado sobre unos mitos fundacionales que se fracturarían y cambiarían con el paso de los años. En las circunstancias de 1945, en un continente cubierto de escombros, ofrecía muchas ventajas actuar como si el pasado estuviera de hecho muerto y enterrado y una nueva era estuviera a punto de comenzar. El precio que hubo que pagar, especialmente en Alemania, fue una cierta cantidad de olvido selectivo y colectivo. Pues al fin y al cabo, y sobre todo en Alemania, había mucho que olvidar.

III

La rehabilitación de Europa

Ahora todos sabemos que a raíz de esta guerra no es posible retornar a un orden social de laissez-faire, que una guerra como esta genera una revolución silenciosa que prepara el camino para un nuevo tipo de orden planificado.

KARL MANNHEIM

Parece que la opinión prácticamente general es que los métodos capitalistas no serán adecuados a la tarea de la reconstrucción.

JOSEPH SCHUMPETER

Muchos de nosotros estábamos decepcionados por la Inglaterra a la que habíamos vuelto… nadie podía conseguir que nos convirtiéramos de la noche a la mañana en la Inglaterra que queríamos.

MRS WINNIE WHITEHOUSE (en Now The War is Over, de Paul Addison)

La solución está en romper el círculo vicioso y restaurar la confianza del pueblo europeo en el futuro económico de sus propios países y de Europa en general.

GEORGE C. MARSHALL

La propia magnitud de la calamidad europea abrió nuevas oportunidades. La guerra lo cambió todo. La vuelta a cómo habían sido las cosas antes de 1939 era imposible en casi todas partes. Esta era naturalmente la visión de los jóvenes y los radicales, pero resultaba igual de evidente a los observadores perspicaces de la generación anterior. Charles de Gaulle, que tenía 54 años cuando Francia fue liberada y que había nacido en el seno de una familia de la burguesía católica conservadora del norte de Francia, lo expresó con su precisión característica: «Durante la catástrofe, bajo el peso de la derrota, se había producido un gran cambio en la mente de la gente. Muchos interpretaron el desastre de 1940 como el fracaso de la clase dominante y del sistema en todos los aspectos».

Pero los problemas no habían comenzado en 1940, ni en Francia ni en ningún otro sitio. En todas partes, la resistencia antifascista se había encontrado luchando no solo contra las fuerzas de ocupación y sus sucedáneos locales, sino contra todo un sistema político y social al que hacían directamente responsables de los desastres que sus países habían sufrido. Habían sido los políticos, banqueros, hombres de negocios y militares del periodo de entreguerras los que habían llevado a sus países a la catástrofe, los que habían traicionado los sacrificios de la Primera Guerra Mundial y habían sentado las bases para la Segunda. En palabras de un panfleto británico en el que se vilipendiaba a los conservadores que defendían la contemporización antes de 1940, ellos eran los «culpables». Ellos y su sistema eran el blanco al que se dirigían los planes elaborados durante la guerra para el cambio de la postguerra.

La resistencia fue por tanto implícitamente revolucionaria en todas partes. Era inherente a su propia lógica. Rechazar a una sociedad que había producido el fascismo llevaba inevitablemente a «soñar una revolución que partiera de una tabula rasa» (Italo Calvino). En gran parte del este de Europa, la pizarra se borró del todo, como hemos visto. Pero incluso en Europa occidental la esperanza de una transformación social drástica y rápida estaba muy extendida: después de todo, ¿quién iba a interponerse en su camino?

Desde el punto de vista de los movimientos de la resistencia de la época de la guerra, la política de la postguerra sería una continuación del enfrentamiento bélico, una proyección y extensión natural de su existencia clandestina. Muchos hombres y mujeres jóvenes que durante la guerra empezaron a destacar en la clandestinidad, no habían conocido otra forma de vida pública: a partir de 1924 en Italia, de principios de la década de 1930 en Alemania, Austria y gran parte del este de Europa, y de 1940 en toda la Europa continental ocupada, la política normal pasó a la historia. Los partidos políticos habían sido prohibidos, las elecciones manipuladas o abolidas. Oponerse a las autoridades, promover el cambio social o incluso la reforma política, equivalía a situarse fuera de la ley.

Para esta nueva generación, la política trataba por tanto de la resistencia: resistencia a la autoridad, a los acuerdos sociales o económicos convencionales, resistencia al pasado. Claude Bourdet, un activista de la resistencia francesa y destacado editor y escritor de los años de la postguerra, lo describió así en sus memorias, tituladas L’aventure incertaine: «La “resistencia” —escribió— nos ha convertido a todos en contestatarios en el amplio sentido de la palabra, tanto frente a los hombres como frente al sistema social». Pasar de resistirse al fascismo a resistirse a una vuelta atrás a los errores de la década de 1930 parecía natural. De ello brotó el curiosamente optimista estado de ánimo que muchos observadores apreciaron durante el periodo inmediatamente siguiente a la liberación. A pesar de la miseria que lo rodeaba todo, o más bien precisamente a causa de ella, algo nuevo y mejor tenía que emerger. «Ninguno de nosotros —escribían los editores de la revista Società en noviembre de 1945— reconoce su propio pasado. Nos parece incomprensible. […] Nuestra vida actual está dominada por una especie de letargo y una búsqueda instintiva de una dirección. Nos sentimos sencillamente desarmados por los hechos».

El principal impedimento para un cambio radical durante el periodo siguiente a la derrota de Hitler no lo constituían los reaccionarios o los fascistas, que habían unido su suerte a la de los dictadores y habían sido barridos junto con ellos, sino los gobiernos legítimos en el exilio, la mayoría de los cuales había pasado la guerra en Londres planeando su regreso. Estos veían a las organizaciones de la resistencia local más como un problema que como sus aliados: jóvenes despreocupados a los que había que desarmar e incorporar de nuevo a la vida civil, dejando los asuntos públicos en manos de una clase política debidamente expurgada de colaboradores y traidores. Cualquier otra cosa podría llevar a la anarquía o, en todo caso, a la ocupación indefinida por parte de los ejércitos aliados.

Los grupos de resistencia del tiempo de guerra, organizados entre 1944-1945 en varios movimientos políticos, eran a su vez igual de suspicaces. Para ellos, los políticos, funcionarios y cortesanos que habían escapado a la ocupación estaban doblemente desacreditados: por sus errores previos a la guerra y por su posterior ausencia. En Francia y Noruega, los legisladores elegidos en 1936 habían quedado descalificados por su actuación en 1940. En Bélgica y Holanda, su ausencia durante los cinco años intermedios había aislado a los gobiernos regresados de cualquier percepción del sufrimiento local y del cambio experimentado en el ánimo colectivo a causa de la ocupación nazi. En la Europa central y del Este, salvo la importante excepción de Checoslovaquia, los gobiernos anteriores perdieron toda relevancia con la llegada del Ejército Rojo (aunque a veces tardaron bastante en darse cuenta de ello).

A su regreso, las autoridades se mostraron bastante dispuestas a llegar a acuerdos políticos, especialmente, en materia de reformas sociales y económicas, como veremos más adelante. En lo que insistían, sin embargo, era en lo que el general De Gaulle y otros percibían como una «transición ordenada». Dado que este era también el deseo de las fuerzas ocupantes aliadas, al este y al oeste, las ilusiones de la resistencia quedaron hechas añicos al poco tiempo. En la Europa del Este (a excepción de Yugoslavia), fueron los soviéticos los que determinaron la forma de los gobiernos de la postguerra y los que dirigieron sus acciones. En Europa occidental, las autoridades provisionales asumieron sus cargos hasta que hubiera nuevas elecciones. Y en todos los casos, se alentó y en última instancia se obligó a los movimientos de la resistencia a entregar sus armas y desmantelar sus organizaciones.

Resulta sorprendente, en retrospectiva, la escasa resistencia que se opuso a esta restauración del statu quo institucional. En Polonia y en algunas zonas del oeste de la Unión Soviética, los grupos partisanos armados sobrevivieron algunos años más, pero la suya era una lucha específicamente nacionalista y anticomunista. En Noruega, Bélgica, Francia e Italia, la resistencia organizada se fusionó pacíficamente en los partidos políticos y sindicatos de la postguerra con solo algunas débiles protestas. En noviembre de 1944, en Bélgica, a los miembros armados de la resistencia del periodo de guerra se les dio dos semanas para entregar las armas. Esto condujo a un gran mitin de protesta celebrado el 25 de noviembre en Bruselas, en el que la policía abrió fuego e hirió a 45 personas. Pero este tipo de incidentes era poco frecuente[1]. Más habituales eran casos como el de 200.000 combatientes de la resistencia franceses a los que se integró con éxito en el ejército regular cuando su organización, las Forces Françaises de l’Intérieur, fue disuelta sin más contratiempos.

Las desmovilización de la resistencia se vio en gran medida facilitada por la estrategia soviética, que favoreció la restauración de los regímenes parlamentarios de Europa occidental (y, nominalmente, también de la Europa del Este). Líderes comunistas como Maurice Thorez en Francia y Palmiro Togliatti en Italia desempeñaron un papel muy importante en garantizar la cooperación pacífica de sus (a veces desconcertados) seguidores. Pero muchos estaban dispuestos a creer que las energías y ambiciones de la resistencia se canalizarían en proyectos políticos para la renovación nacional.

Los contactos establecidos en la resistencia a veces sí sobrevivieron; por ejemplo, en el caso de la «desideologización» de la sociedad holandesa, la ruptura de las líneas divisorias confesionales que venían existiendo desde hacía siglos entre las comunidades católica y protestante, comenzó con los lazos personales forjados durante la guerra. Pero los planes para un «Partido de la Resistencia» fracasaron en todas partes. Donde estuvieron más cerca de realizarse fue en Italia, donde Ferrucio Parri se convirtió en primer ministro en junio de 1945 y prometió que su Partido de la Acción perseguiría el espíritu y las metas de la resistencia. Pero Parri no era un político, y cuando cayó, seis meses más tarde, el poder político pasó definitivamente a manos de los partidos tradicionales. De Gaulle, en Francia, era mucho mejor político y estratega, pero él también abandonó el cargo (un mes después que Parri) en vez de acomodar sus aspiraciones de la época de la guerra a la rutina parlamentaria, de este modo rindió un involuntario homenaje a su propio éxito en restablecer la continuidad de la República.

Así pues, en lugar de ser gobernados por una nueva y fraternal comunidad de resistentes, la mayoría de los europeos de los primeros años de la postguerra se encontraron siendo gobernados por coaliciones de políticos de izquierda y centro-izquierda bastante similares a los frentes populares de la década de 1930. Esto era bastante lógico. Los únicos partidos anteriores a la guerra capaces de funcionar con normalidad en aquellos años eran los que contaban con credenciales antifascistas o, en la Europa del Este ocupada por los soviéticos, aquellos a quienes a las nuevas autoridades les parecía apropiado adjudicar dichas credenciales al menos por el momento. En la práctica, esto significaba comunistas, socialistas y un puñado de grupos liberales o radicales. Estos, junto con los recién encumbrados partidos democratacristianos, constituyeron por tanto los partidos gobernantes de los primeros años de la postguerra e incorporaron muchas políticas y figuras de la época de los frentes populares.

Los partidos de izquierdas existentes habían ganado gran cantidad de puntos con su compromiso con la resistencia durante la guerra: especialmente en Francia, donde los comunistas consiguieron convertir sus (a veces exageradas) hazañas en un capital político, convenciendo incluso a algunos observadores desapasionados de su insigne altura moral («los grandes héroes de la resistencia», como los describió Janet Flanner en diciembre de 1944). Por tanto, no resulta especialmente extraño que los programas de reforma de los gobiernos de la postguerra europea evocaran y retomaran lo que dejaron a medias en la década de 1930.

Si los políticos de partido experimentados tuvieron tan pocas dificultades en desplazar a los activistas del tiempo de guerra después de 1945, fue porque, a pesar de compartir una ética antifascista y un extendido deseo de cambio, la resistencia y sus herederos resultaron bastante imprecisos a la hora de concretar. El Partido de la Acción italiano quería abolir la monarquía, nacionalizar los grandes capitales e industrias y reformar la agricultura. El Programa del Consejo de la Resistencia Nacional Francesa no tenía rey a quien derrocar, pero sus aspiraciones eran igualmente vagas. Las unidades de la resistencia habían estado demasiado preocupadas luchando, o sobreviviendo, como para entretenerse en elaborar los planes detallados de la legislación para la postguerra.

Pero sobre todo, el mayor impedimento para los resistentes radicaba en su falta de experiencia. Entre las organizaciones clandestinas, solo los comunistas tenían un conocimiento práctico de la política, y salvo en el caso francés, no llegaba a ser un conocimiento muy profundo. Pero concretamente los comunistas eran bastante reacios a pillarse los dedos con declaraciones programáticas detalladas que pudieran granjearles las antipatías de futuros aliados tácticos. El legado de la resistencia fue por tanto bastante reducido en cuanto a proyectos para la postguerra más allá de nobles y elevadas declaraciones de intenciones y vagas generalidades, e incluso estas, como el por otra parte comprensivo François Mauriac señaló en agosto de 1944, no dejaban de ser «programas idealistas mecanografiados a toda prisa».

No obstante, en una cosa estaban todos de acuerdo, tanto los activistas de la resistencia como los políticos: la «planificación». Los desastres de las décadas del periodo de entreguerras (las oportunidades perdidas a partir de 1918, la gran depresión que siguió al desplome de la bolsa en 1929, las pérdidas ocasionadas por el desempleo, las desigualdades, injusticias e ineficiencias generadas por el capitalismo del laissez-faire que habían hecho caer a muchos en la tentación del autoritarismo, la descarada indiferencia y arrogancia de la élite gobernante, y la incompetencia de una clase política inadecuada) parecían estar todos relacionados con el absoluto fracaso a la hora de organizar mejor la sociedad. Para que la democracia funcionara, para que recuperara su atractivo, debía planificarse.

En ocasiones se ha sugerido que esta fe en la planificación, la religión política de la Europa de la postguerra, obedecía al ejemplo de la Unión Soviética: una economía planificada que a todas luces había conseguido escapar a los traumas de la Europa capitalista, resistir el ataque nazi y ganar la Segunda Guerra Mundial gracias a una serie de detallados planes quinquenales. Esto es absolutamente erróneo. En la Europa central y Occidental de la postguerra, solo los comunistas creían en la fórmula de los planes quinquenales (de los que sabían muy poco) y ni siquiera ellos tenían idea de cómo podían aplicarse a sus circunstancias locales. La obsesión soviética por los objetivos numéricos, las cuotas de producción y la dirección centralizada era ajena a todos salvo a unos cuantos defensores occidentales de la planificación que había en aquel momento. Estos últimos, un grupo de por sí heterogéneo, se inspiraban en muy diversas fuentes.

La moda de los planes y la planificación comenzó mucho antes de 1945. Durante la depresión del periodo de entreguerras, surgieron muchas voces partidarias de diversos tipos de economía planificada, desde Hungría hasta Gran Bretaña. Algunas de las ideas planteadas, especialmente en Austria y entre los fabianos británicos, procedían de una antigua tradición socialista, pero eran aún muchas más las que tenían sus orígenes en el reformismo liberal anterior a 1914. El Estado «protector» del siglo XIX, cuya atención se limitaba a la seguridad y la vigilancia, había pasado de moda, de acuerdo con este argumento. Aunque solo fuera por motivos de prudencia —para evitar la agitación política—, ahora se hacía necesario intervenir en los asuntos económicos para regular los desequilibrios, eliminar las ineficiencias y compensar las desigualdades y las injusticias del mercado.

Con anterioridad a 1914, el énfasis principal de estos proyectos reformistas se circunscribía a la demanda de una tributación progresiva, la protección laboral y, ocasionalmente, la propiedad estatal de un reducido número de monopolios naturales. Pero con el colapso de la economía internacional y la guerra subsiguiente, la planificación adquirió una mayor urgencia y aspiraciones más amplias. Las diversas propuestas en liza sobre un plan nacional en el que el Estado intervendría activamente para apoyar, desaconsejar, facilitar y, en caso necesario, dirigir sectores económicos clave, se hicieron bastante populares entre los jóvenes ingenieros, economistas y funcionarios públicos de Francia y Alemania.

Durante gran parte del periodo de entreguerras, los aspirantes a planificadores y sus seguidores fueron languideciendo de frustración en la marginalidad política. Los políticos de la generación anterior a la suya permanecían sordos a sus llamamientos: a muchos políticos de la derecha conservadora y centrista la idea de la intervención estatal en la economía seguía pareciéndoles abominable, mientras que en la izquierda socialista se creía en general que solo una sociedad posrevolucionaria podía planificar sus asuntos económicos de forma racional. Hasta entonces, el capitalismo estaba condenado a sufrir y finalmente a derrumbarse por causa de sus propias contradicciones. La idea de que se podía «planificar» una economía capitalista le parecía absurda a ambas partes. Así pues, los frustrados defensores de la planificación económica acabaron sintiéndose atraídos por partidos autoritarios de la derecha radical, claramente más receptivos a sus planteamientos.

No fue por tanto casual que Oswald Mosley y algunos otros laboristas británicos se volvieran hacia el fascismo, frustrados por la inadecuada respuesta de su partido a la Gran Depresión. En Bélgica, Hendrik de Man también fracasó al intentar convencer a sus compañeros socialistas de la viabilidad de su «plan», por lo que comenzó a proponer soluciones más autoritarias. En Francia, algunos de los jóvenes y más brillantes líderes del Partido Socialista se escindieron para formar nuevos movimientos, decepcionados ante el fracaso de su partido a la hora de reaccionar imaginativamente ante la crisis económica. Ellos, y otros muchos como ellos, acabaron convirtiéndose en fascistas.

Antes de 1940, los seguidores de Mussolini de Francia y Gran Bretaña envidiaban lo que consideraban su gran éxito a la hora de superar las desventajas económicas de Italia a través de una planificación dirigida por el Estado y el establecimiento de organismos «paraguas» bajo cuya tutela se encontraban sectores económicos enteros. Albert Speer, el administrador del nuevo orden de Hitler, era muy admirado en el extranjero por su programa de dirección y regulación económica. En septiembre de 1943, Speer y Jean Bichelonne, el ministro de Producción Industrial del Gobierno de Vichy, elaboraron un sistema de reducciones de aranceles basado en ideas «planificacionistas» del periodo de entreguerras que presagiaban con bastante exactitud las relaciones comerciales europeas y la coordinación franco-alemana de años posteriores. En Jeune Europe, un club fundado en 1933 por jóvenes pensadores y políticos deseosos de dar una nueva dirección a la política, el futuro estadista y eurófilo belga Paul-Henri Spaak intercambió sus ideas sobre un papel reforzado del Estado con otros coetáneos suyos de todo el continente que compartían un pensamiento similar, entre ellos Otto Abetz, el futuro administrador nazi del París de la guerra.

La historia de la «planificación», en resumen, era complicada. Muchos de sus defensores tuvieron sus primeras experiencias, como funcionarios y administradores de empresas, en los regímenes de ocupación de la guerra, como Francia, Italia, Bélgica y Checoslovaquia, por no hablar de Alemania e Italia. Gran Bretaña no fue ocupada, pero también allí fue la guerra la que introdujo y adaptó la hasta entonces bastante abstracta opinión de la «planificación» gubernamental. De hecho, en Gran Bretaña, fue la guerra, por encima de cualquier otra cosa, la que situó al Gobierno en el centro de la vida económica. El proyecto de ley de Poderes de Emergencia de mayo de 1940 autorizaba al Gobierno a ordenar a cualquiera que hiciera lo que se le mandara en nombre del interés nacional, a controlar cualquier propiedad y a destinar cualquier planta industrial a los fines que considerara convenientes. En palabras de Kenneth Harris, el biógrafo de Clement Attlee, el líder laborista británico de la postguerra, «la planificación y la propiedad nacional, que durante el periodo 1945-1951 parecía consecuencia de la puesta en práctica de los principios socialistas por parte del Gobierno laborista, fue en gran medida el legado de un Estado que se había organizado para la lucha en una guerra total».

El fascismo y la guerra fueron por tanto el puente que enlazó los conceptos heterodoxos, marginales y a menudo controvertidos de la planificación económica con la política económica dominante de la postguerra. Sin embargo, esta comprometida herencia tuvo escaso impacto respecto a la aceptación de la planificación, ya que, a pesar de sus vínculos con la extrema derecha, la extrema izquierda, la ocupación o la guerra, la planificación se percibía como claramente desvinculada de la desacreditada política del periodo de entreguerras, un punto que jugaba poderosamente en su favor. La planificación consistía en realidad en la fe en el Estado. En muchos países, esto reflejaba una bien fundada opinión, fortalecida por la experiencia de la guerra, de que en ausencia de otras instancias de regulación o distribución, solo el Estado podía ahora actuar como barrera entre el individuo y la pobreza. Pero el entusiasmo de aquella época por un Estado intervencionista iba más allá de la desesperación o el interés propio. La visión de Clement Attlee, el líder laborista británico cuyo partido derrotó a los conservadores de Churchill con su inesperada y aplastante victoria en las elecciones de 1945, captaba perfectamente el sentir de aquel momento: lo que ahora se necesitaba eran «ciudades, parques y campos de deportes, casas y escuelas, fábricas y tiendas bien planificadas y bien construidas».

Existía una gran fe en la capacidad (y no solo el deber) del Gobierno de resolver problemas a gran escala movilizando y destinando personas y recursos a fines útiles para la colectividad. Obviamente, esta manera de ver las cosas resultaba particularmente atractiva a los socialistas; pero la idea de que una economía bien planificada significaba una sociedad más rica, más justa y mejor regulada fue adoptada por un electorado muy amplio, incluidos los partidos democratacristianos, que a partir de ese momento adquirieron gran importancia en toda la Europa occidental. El historiador inglés A. J. P. Taylor explicó a los oyentes de la BBC en noviembre de 1945 que «nadie en Europa cree en el estilo de vida americano, es decir, la empresa privada; o, mejor dicho, los que creen en él pertenecen a un partido derrotado que parece no tener más futuro que los jacobitas en Inglaterra después de 1688». Taylor exageraba, como siempre, y a la larga se equivocó (pero quién no) y puede que se hubiera sorprendido al enterarse de los entusiasmos que suscitó la planificación en muchos partidarios del New Deal que adquirieron gran relieve en la administración estadounidense de Alemania durante aquellos años. Pero en el momento en que pronunció aquellas palabras tenía razón en términos generales.

¿Qué era la «planificación»? El término es engañoso. Lo que todos los planificadores tenían en común era su creencia en el fortalecimiento del papel del Estado en materia social y económica. Fuera de ello existían grandes variaciones, generalmente como consecuencia de las diferentes tradiciones políticas nacionales. En Gran Bretaña, donde la verdadera planificación tuvo siempre una presencia bastante escasa, el aspecto realmente importante era el control, tanto de las industrias como de los servicios sociales y económicos, a través de la propiedad estatal como un fin en sí mismo. Así pues, la nacionalización, especialmente la de las minas, líneas férreas, transporte de mercancías y empresas de suministros públicos, y la prestación de servicios médicos, ocupó un lugar clave en el programa del Partido Laborista a partir de 1945. En una palabra, las máximas instancias de la economía fueron absorbidas por el Estado. Pero eso fue todo.

En Italia, el legado institucional fascista, que había puesto grandes sectores de la economía bajo la supervisión del Estado, permaneció en su mayoría intacto después de la guerra. Lo que cambió fue el color político de los partidos que ahora se estaban beneficiando de la base del poder industrial y financiero que les habían proporcionado los holdings empresariales y los organismos de propiedad estatal. En Alemania Occidental, después de 1948, la mayor parte de la economía permaneció en manos privadas, pero con unos acuerdos detallados y públicamente aprobados para la gestión de las fábricas, las relaciones entre empresas y trabajadores y las condiciones de empleo y distribución. En Holanda, la planificación central comportaba un conjunto de decretos tanto predictivos como prescriptivos para el uso de la empresa privada.

La mayoría de los países de la Europa occidental contaba con unos sectores públicos en rápido crecimiento, como podía observarse a partir del gasto del Gobierno o del número de empleados en dichos sectores. Pero solo en Francia el entusiasmo por la planificación estatal se tradujo en hechos reales. Al igual que hicieron los británicos, los gobiernos franceses de la postguerra nacionalizaron el transporte aéreo, bancos, treinta y dos empresas de seguros, empresas de suministros públicos, minas, industrias de munición, la fabricación de aviones y el enorme negocio de Renault (como castigo a la participación de su propietario en los esfuerzos bélicos alemanes). Para mayo de 1946, una quinta parte de la capacidad industrial total de Francia era de propiedad estatal.

Entre tanto, el 4 de diciembre de 1945, Jean Monnet presentó al Presidente De Gaulle su Plan de Modernisation et d’Équipement. Un mes más tarde se estableció el Commissariat Général du Plan, con Monnet a la cabeza. En el curso de los siguientes meses, Monnet creó las Comisiones de Modernización para varias industrias (minería, electricidad, transporte, materiales de construcción, acero y maquinaria agrícola; el petróleo, los productos químicos, los fertilizantes, los barcos y las fibras sintéticas se añadirían más adelante), y estas a su vez presentaron sus propuestas y planes sectoriales. Justo un año después de su creación, en enero de 1947, el Commissariat vio cómo el Consejo de Ministros francés aprobaba sin discusión su primer plan nacional.

El Plan Monnet era único. Era la obra de un hombre excepcional[2]. Pero sobre todo, era el producto de una cultura política que ya se hallaba favorablemente dispuesta a la toma de decisiones autoritaria y la construcción de consensos mediante orden gubernamental. Bajo sus auspicios, Francia se convirtió en el primer país occidental en comprometerse absolutamente con el crecimiento económico y la modernización como política pública. El Plan dependía en gran medida de unos supuestos sobre el acceso de Francia a las materias primas y mercados alemanes, por lo que la historia de su éxito es en parte la de las relaciones de Francia con Alemania y el resto de Europa durante la década de la postguerra: una historia de falsos comienzos, restricciones y frustraciones.

El primer Plan Monnet fue en gran parte un plan de emergencia destinado a paliar la crisis de la postguerra en Francia. Solo más tarde se amplió y adaptó a los términos del Plan Marshall. Pero el esquema básico de la estrategia económica francesa de la postguerra estuvo presente desde el principio. La planificación francesa nunca fue más que «indicativa»: lo más que hacía era fijar objetivos, no cuotas de producción. A este respecto era completamente distinta a la planificación soviética, cuyo principal rasgo característico (a la par que defecto) lo constituía su insistencia en unas cifras arbitrarias y rígidas para cada sector y artículo. El Plan Monnet se limitaba a proporcionar al Gobierno una estrategia y unas palancas para promover activamente ciertos objetivos favorecidos. En aquel momento, se trataba de una iniciativa sorprendentemente original.

En Checoslovaquia, la Comisión de Planificación Central, con algunas características y aspiraciones similares a las de Monnet, se fundó en junio de 1946 con el fin de orientar y coordinar el importante sector público nacionalizado por el presidente Beneš en 1945. El año anterior al golpe comunista de Praga de febrero de 1948, el 93 por ciento de todos los empleados del transporte y el 78 por ciento de los de la industria ya trabajaban para el Estado. Los bancos, minas, empresas de seguros, principales suministros, el acero, las fábricas químicas, las industrias de procesamiento de alimentos y todas las empresas importantes habían sido ya nacionalizadas: en total, 2119 empresas, que representaban el 75 por ciento de toda la producción industrial.

En el caso de Checoslovaquia, la nacionalización y la planificación estatal de la economía empezaron por tanto bastante antes de la toma del poder por parte de los comunistas y representaba las preferencias políticas de una genuina mayoría del electorado (habría que esperar a febrero de 1949, un año después del golpe comunista, para que la Comisión de Planificación fuera purgada y se convirtiera en la «Oficina de Planificación Estatal», con muy diferentes atribuciones). En el resto de la región, las nacionalizaciones a gran escala, como las llevadas a cabo en Polonia con arreglo a la Ley de Nacionalización de enero de 1946, fueron obra de gobiernos de coalición en los que dominaban los comunistas. Pero aquí también existían unas raíces precomunistas: ya en 1936 el Gobierno autoritario de la República de Polonia anterior a la guerra había inaugurado un «Plan de Inversión Cuatrianual» con un sistema rudimentario de planificación directiva centralizada.

El principal propósito de la planificación en la Europa continental de la postguerra era la inversión pública. En un momento de extremada escasez de capital y de una enorme demanda de inversión en todos los sectores, la planificación gubernamental consistía en realizar elecciones difíciles, como adónde destinar los recursos del Estado y a qué coste. En la Europa del Este, el énfasis recaía inevitablemente en el gasto básico: carreteras, ferrocarriles, fábricas y suministros, quedando por tanto muy poco para comida y vivienda, menos aún para los servicios médicos, educativos y sociales, y nada para los productos de consumo no esenciales. Este modelo de gasto no parecía el más indicado para agradar a ningún electorado, especialmente en países que llevaban años sufriendo privaciones materiales, por lo que no resulta sorprendente que este tipo de planificación en condiciones de extrema escasez tuviera que ir casi siempre acompañado, antes o después, de un Gobierno autoritario y un Estado policial.

Pero la situación en el oeste no era tan distinta. Los británicos, como veremos, se vieron obligados a aceptar años de «austeridad» como precio para pagar la recuperación económica. En Francia o Italia, donde prácticamente no existía un mercado de capital privado a largo plazo, todas las inversiones importantes tuvieron que ser financiadas con dinero público, razón por la que el primer Plan Monnet se inclinaba hacia la inversión de capital en las principales industrias, a expensas del consumo doméstico, la vivienda y los servicios. Las consecuencias políticas de ello eran de esperar: en 1947, Francia, al igual que Italia, se veía amenazada por las huelgas, las manifestaciones violentas y un constante aumento del apoyo al Partido Comunista y sus sindicatos. El deliberado abandono del sector de los bienes de consumo y el desvío de los escasos recursos nacionales hacia un puñado de sectores industriales clave tenía una justificación económica a largo plazo, pero constituía una estrategia de alto riesgo.

La economía de la planificación se inspiraba directamente en las lecciones aprendidas en la década de 1930: una estrategia con éxito para la recuperación de la postguerra debe excluir cualquier retorno al estancamiento económico, la depresión, el proteccionismo y, por encima de todo, el desempleo. Las mismas consideraciones subyacían en la creación del moderno Estado europeo del bienestar. Según la opinión ortodoxa de la década de 1940, las polarizaciones políticas de la última década de entreguerras eran consecuencia directa de la depresión económica y sus costes sociales. Tanto el fascismo como el comunismo proliferaban con la desesperación social, con el enorme abismo de separación entre ricos y pobres. Para que las democracias se recuperaran, había que abordar la cuestión de la «condición de las personas». Según Thomas Carlyle había expresado cien años antes, «si algo no se hace, ese algo se hará por sí solo algún día, y de una manera que no agradará a nadie».

Pero el «Estado del bienestar» (la planificación social) era más que un simple profiláctico contra la agitación política. Nuestro malestar actual hacia conceptos como la raza, la eugenesia y cuestiones similares oscurece el importante papel que desempeñaron en el pensamiento social europeo durante la primera mitad del siglo XX: no fueron solo los nazis los que se tomaron en serio dichos conceptos. Para 1945, dos generaciones de médicos, antropólogos, funcionarios de salud pública y comentaristas políticos habían contribuido ya a divulgar los debates y las polémicas sobre la «salud racial», el crecimiento de la población, el bienestar medioambiental y laboral y las políticas públicas mediante las cuales todo ello podía mejorarse y garantizarse. Existía un amplio consenso en torno a que el estado físico y moral de la ciudadanía era un asunto de interés público y, como tal, parte de la responsabilidad del Estado.

Por consiguiente, con anterioridad a 1945 ya existían prestaciones rudimentarias de bienestar social de algún tipo, si bien su calidad y alcance variaban considerablemente. Alemania se tenía en general por el país más avanzado, al haber instituido ya bajo el Gobierno de Bismarck, entre 1883 y 1889, planes de seguros de pensiones, médicos y de accidentes. Pero durante los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial otros países empezaron a darle alcance. Los gobiernos liberales de Asquith de la primera década del siglo introdujeron en Gran Bretaña unos embrionarios planes nacionales de seguros y pensiones; y tanto Inglaterra como Francia establecieron ministerios de sanidad nada más acabar la Gran Guerra, en 1919 y 1920 respectivamente.

El seguro de desempleo obligatorio, introducido primero en Gran Bretaña en 1911, se instituyó luego en Italia (1919), Austria (1920), Irlanda (1923), Polonia (1924), Bulgaria (1925), Alemania y Yugoslavia (1927), y Noruega (1938). Rumanía y Hungría contaban ya con planes de seguros de accidentes y enfermedad antes de la Primera Guerra Mundial, y todos los países de la Europa del Este establecieron sistemas nacionales de pensiones durante el periodo de entreguerras. Las ayudas familiares constituían un elemento clave de estos planes para aumentar la tasa de natalidad, una obsesión muy presente a partir de 1918 en los países donde las pérdidas ocasionadas por la guerra habían sido especialmente graves, y fueron introducidas en primer lugar en Bélgica (1930), más tarde en Francia (1932) y en Hungría y Holanda inmediatamente antes de comenzar la guerra.

Pero ninguno de estos planes, ni siquiera los de los nazis, constituían unos sistemas de bienestar completos. Se trataba de reformas acumulativas y ad hoc, dirigidas cada una de ellas a resolver un determinado problema social o a mejorar las carencias evidenciadas por planes anteriores. Los diversos sistemas de seguros de pensiones y médicos introducidos, por ejemplo, en Gran Bretaña, contemplaban prestaciones muy reducidas y se aplicaban solo a los varones trabajadores: sus esposas y resto de personas a su cargo estaban excluidos. En la Gran Bretaña de entreguerras, para tener derecho a las prestaciones por desempleo era necesario pasar un «examen de recursos económicos». Este se basaba en el contenido en la Ley de Pobres del siglo XIX de «menor elegibilidad» y requería que el solicitante de la ayuda pública demostrara ser prácticamente indigente. En ninguna parte se reconocía no obstante que el Estado estuviera obligado a garantizar un conjunto determinado de servicios a todos los ciudadanos, ya fueran hombres o mujeres, empleados o desempleados, viejos o jóvenes.

Fue la guerra la que cambió todo esto. Al igual que a consecuencia de la Primera Guerra Mundial se habían precipitado la legislación y las prestaciones sociales, aunque solo fuera para ocuparse de las viudas, huérfanos, inválidos y desempleados de los primeros años de la postguerra, la Segunda Guerra Mundial transformó tanto el papel del Estado moderno como lo que se esperaba de él. El cambio fue especialmente notable en Gran Bretaña, donde Maynard Keynes había presagiado con gran acierto «un ansia de seguridad personal y social». Pero, en todas partes (en palabras del historiador Michael Howard), «la guerra y el bienestar iban de la mano». En algunos países, la nutrición y la atención médica en realidad mejoró durante la guerra: la movilización de hombres y mujeres para la guerra total implicaba saber más de su estado físico y hacer todo lo necesario para que siguieran siendo productivos.

Los Estados del bienestar europeos posteriores a 1945 variaron considerablemente en cuanto a los recursos que facilitaban y la forma en que los financiaban. Pero pueden establecerse algunas conclusiones generales. La prestación de servicios sociales se centró fundamentalmente en la educación, la vivienda y la atención médica, así como en las áreas de recreo urbanas, la subvención del transporte público, la financiación estatal del arte y la cultura y otras prestaciones indirectas del Estado intervencionista. La seguridad social consistía fundamentalmente en la dotación de seguros por parte del Estado contra la enfermedad, el desempleo, los accidentes y los riesgos de la vejez. Todos los Estados europeos de los años de la postguerra proporcionaron o financiaron la mayoría de estos recursos, unos en mayor medida que otros.

Las diferencias más importantes radicaban en las modalidades para pagar estas nuevas prestaciones públicas. Algunos países obtenían ingresos a través de los impuestos y proporcionaban cuidados y servicios gratuitos o altamente subvencionados, como en el caso de Inglaterra, donde quedaba reflejada la preferencia de entonces por los monopolios estatales. En otros países, se facilitaba dinero en metálico a los ciudadanos, según unos criterios de elegibilidad socialmente determinados, y los beneficiarios elegían los servicios que preferían comprar. En Francia y otros países más pequeños, los ciudadanos tenían que pagar por adelantado por determinadas categorías de atención médica, por ejemplo, pero luego podían reclamar gran parte de estos gastos al Estado.

Estas diferencias reflejaban diversos sistemas de financiación y contabilidad nacional, aunque también implicaban una decisión estratégica fundamental. De forma aislada, la seguridad social, por generosa que fuera, no fue en principio políticamente radical; hemos visto lo relativamente pronto que se introdujo, incluso en los regímenes más conservadores. Los sistemas de bienestar completos, no obstante, son inherentemente redistributivos. Su carácter universal y la mera magnitud de su funcionamiento requieren la transferencia de recursos (generalmente a través de los impuestos) por parte de los más privilegiados a los económicamente peor situados. Por tanto, el Estado del bienestar constituyó en sí mismo una iniciativa radical, y las variaciones posteriores a 1945 entre los distintos Estados del bienestar europeos no solo fueron reflejo de diferentes procedimientos institucionales sino también de estrategias políticas.

En la Europa del Este, por ejemplo, los regímenes comunistas posteriores a 1948 no promovieron en general Estados del bienestar universales; no necesitaban hacerlo, dado que eran libres de redistribuir los recursos por la fuerza, sin gastar los escasos fondos estatales en servicios públicos. Los campesinos, por ejemplo, quedaron con frecuencia excluidos de la seguridad social y los planes de pensiones, por razones políticas. En Europa occidental, solo seis países (Bélgica, Italia, Noruega, Austria, la República Federal de Alemania y el Reino Unido) introdujeron el seguro de desempleo obligatorio y universal a partir de 1945. En Holanda, los planes voluntarios subvencionados se mantuvieron hasta 1949, en Francia hasta 1967 y en Suiza hasta mediados de la década de 1970. En la Europa católica, la cobertura de desempleo en el ámbito local, establecida hacía largo tiempo, impidió probablemente el desarrollo de sistemas universales de seguros al reducir su necesidad. En países donde el desempleo había sido especialmente traumático durante el periodo de entreguerras, como el Reino Unido o Bélgica, el gasto en bienestar fue impulsado en parte por el deseo de mantener el pleno o cuasipleno empleo. Donde aquel no había sido tan significativo, como por ejemplo Francia o Italia, esto se reflejó en un equilibrio de prioridades notablemente distinto.

Aunque Suecia y Noruega (pero no Dinamarca) estaban en la vanguardia en cuanto a prestaciones en un amplio abanico de servicios sociales, y Alemania Occidental mantenía las que había heredado de regímenes anteriores (incluidos los programas de la época nazi, destinados a aumentar la tasa de natalidad), fue en Gran Bretaña donde se llevaron a cabo los esfuerzos más ambiciosos para construir, desde cero, un genuino «Estado del bienestar». Esto reflejaba en parte la peculiar postura del Partido Laborista británico, que había obtenido una rotunda victoria en las elecciones de julio de 1945 y que, a diferencia de los gobiernos de la mayoría de los demás países europeos, era libre para legislar su programa electoral de pies a cabeza, sin verse limitado por otros socios de coalición. Pero también fue consecuencia de los rasgos claramente distintivos del reformismo británico.

La legislación social de la Gran Bretaña de la postguerra se basó en el justamente célebre informe de sir William Beveridge, publicado en noviembre de 1942, y cuyo éxito fue inmediato. Beveridge había nacido en 1879, en el seno de la familia de un juez de la India imperial británica, y compartía la sensibilidad y las aspiraciones de los grandes liberales reformistas de la Inglaterra eduardiana. Su informe constituía a la vez una crítica a las injusticias sociales de la sociedad británica anterior a 1939 y un guión político para llevar a cabo una reforma integral una vez concluida la guerra. Ni siquiera el Partido Conservador se opuso a sus recomendaciones esenciales, erigiéndose de este modo en el fundamento ético de los elementos más populares y perdurables del programa laborista de la postguerra.

Beveridge estableció cuatro supuestos acerca de la dotación de servicios de bienestar para la postguerra, todos los cuales serían incorporados a la política británica durante la siguiente generación: la necesidad de que hubiera un servicio nacional de salud, una pensión estatal adecuada, ayudas familiares y cuasipleno empleo. El último de ellos no constituía en sí mismo una dotación, pero era necesario para apuntalar todo lo demás, dado que se daba por hecho que la situación normal de un adulto saludable era trabajar a jornada completa. Partiendo de este supuesto, podía asumirse una dotación generosa para el seguro de desempleo, las pensiones, las ayudas familiares y los servicios médicos y de otro tipo, dado que podrían financiarse con los gravámenes impuestos a los paquetes salariales, así como con la tributación progresiva de la población activa en general.

Las implicaciones fueron significativas. Las mujeres no trabajadoras y sin seguro médico privado tuvieron por primera vez su propia cobertura. La humillación y la dependencia social del viejo sistema representado por la Ley de Pobres y el Examen de Recursos Económicos desaparecieron: en la (supuestamente) poco frecuente circunstancia de que el ciudadano del Estado del bienestar necesitara de la ayuda pública, él o ella podía recibirla por derecho propio. Los servicios médicos y odontológicos se proporcionaban sin coste alguno en el centro de servicio, la prestación de las pensiones se hizo universal y se introdujeron las ayudas familiares (fijadas en 5/- [25 peniques] semanales por el segundo hijo y los siguientes). El proyecto de ley parlamentaria sobre estas dotaciones recibió la aprobación real en noviembre de 1946, y el Servicio Nacional de Salud, piedra angular del sistema del bienestar, fue sancionado por la ley el 5 de julio de 1948.

El Estado del bienestar británico representó a la vez la consumación de un ciclo anterior de reformas, enraizado en las Leyes de Fábricas de mediados del siglo XIX, y un punto de partida verdaderamente radical. El contraste entre El camino de Wigan Pier de George Orwell, publicado en 1937, y la famosa réplica del primer ministro conservador Harold Macmillan ante una interrupción de su discurso producida veinte años más tarde («Nunca habéis estado mejor»), constituye un tributo al Servicio Nacional de Salud y las dotaciones en materia de seguridad y mantenimiento de renta y empleo que le acompañaron. Hoy en día resultaría muy fácil, al volver la vista atrás y reparar en los errores de cálculo de los primeros reformistas de la postguerra, minimizar e incluso despreciar sus logros. Con el paso de algunos años, muchas de las provisiones universales del Sistema Nacional de Salud demostraron ser económicamente insostenibles; la calidad de los servicios prestados no se ha mantenido a lo largo de los años; y, con el tiempo, ha quedado claro que algunos de los supuestos fundamentales de partida, incluida la optimista predicción sobre el pleno empleo, fueron, como mínimo, imprudentes. Pero quien (como el autor de estas líneas) haya crecido en la Gran Bretaña de la postguerra tiene sin duda buenas razones para sentirse agradecido al Estado del bienestar.

Lo mismo se puede decir de la generación de la postguerra en todo el continente europeo, si bien en ningún lugar como en Gran Bretaña la cobertura social completa trató de aplicarse a una escala tan generosa y de una sola vez. Gracias a la llegada de los Estados del bienestar, los europeos pudieron comer más y (en general) mejor, vivir una vida más larga y más saludable, y estar mejor alojados y vestidos que nunca hasta entonces. Y sobre todo, más seguros. No es casual que la mayoría de los europeos, cuando se les pregunta su opinión sobre los servicios públicos, mencionen casi siempre en primer lugar la red de seguridad de prestaciones de seguros y pensiones que les ha proporcionado el Estado de la postguerra. Incluso en Suiza, un país caracterizado por su menor dotación respecto a los niveles de bienestar europeos, la Ley Federal de Seguros para la Tercera Edad y Familiares de Fallecidos es considerada por muchos ciudadanos como uno de los logros más destacados del país.

El Estado del bienestar no salió barato. Su coste, para los países que todavía no se habían recuperado de la profunda depresión económica de los años treinta y de la destrucción causada por la guerra, fue muy considerable. Francia, que en 1938 dedicaba solo el 5 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) a servicios sociales, en 1949 destinaba un 8,2 por ciento, lo que equivale a un aumento del 64 por ciento. En Gran Bretaña, en 1949, casi el 17 por ciento de todo el gasto público iba a parar solo a la seguridad social (esto es, exceptuando la provisión pública de servicios e instalaciones no incluidos bajo este epígrafe), lo que representaba un 50 por ciento de aumento respecto al nivel de 1938, en un momento difícil para la economía del país. Incluso en Italia, un país mucho más pobre cuyos gobiernos trataban de evitar los grandes costes de la seguridad social a través del desvío de servicios y prestaciones hacia el sector privado o el lugar de trabajo, el gasto del Gobierno en servicios sociales como porcentaje del PIB ascendió de un 3,3 por ciento en 1938 a un 5,2 por ciento en 1949.

¿Por qué estaban los europeos tan dispuestos a pagar tanto por seguros y otras prestaciones a largo plazo en un momento en el que la vida seguía aún siendo muy dura y la escasez material endémica? La primera razón es que, precisamente porque los tiempos eran tan difíciles, los sistemas de bienestar de la postguerra constituían una garantía de un cierto mínimo de justicia, de equidad. Esta no era la revolución espiritual y social con la que muchos activistas de la resistencia habían soñado durante la guerra, pero sí un primer paso para alejarse de la desesperanza y el cinismo de los años de la postguerra.

En segundo lugar, los Estados del bienestar de la Europa occidental no eran políticamente divisivos. Eran socialmente redistributivos en su intención general (unos más que otros), pero en absoluto revolucionarios; no pretendían «desplumar a los ricos». Por el contrario, aunque los pobres eran los que percibían la mayor ventaja inmediata, los verdaderos beneficiarios a largo plazo eran los profesionales y comerciantes de la clase media. En muchos casos, estos no habían tenido derecho a las prestaciones laborales de salud, desempleo o jubilación y, antes de la guerra, se habían visto obligados a adquirir dichos servicios y prestaciones en el sector privado. Ahora tenían pleno acceso a ellos, bien gratuitamente o a un coste muy bajo. Junto con la provisión estatal de una enseñanza secundaria y superior gratuita o subvencionada para sus hijos, todo ello proporcionaba a las clases profesionales y administrativas una mejor calidad de vida y una mayor disponibilidad de sus ingresos. Lejos de dividir a las clases sociales entre sí, el Estado europeo del bienestar los vinculaba más estrechamente que nunca, haciéndoles compartir un interés común en su seguridad y su defensa.

Pero la base fundamental del bienestar financiado por el Estado y las provisiones de servicios sociales radicaba en el sentir popular de que estas constituían tareas propias del gobierno. El Estado de la postguerra era en toda Europa un Estado «social», con una responsabilidad implícita (y a menudo constitucionalmente explícita) hacia el bienestar de sus ciudadanos, que tenía la obligación de proporcionar no solo las instituciones y servicios necesarios para una nación segura y próspera, sino también de mejorar la situación de la población, evaluada en función de un amplio y cada vez más extenso conjunto de indicadores. Que en realidad pudiera satisfacer o no todas estas demandas era otra cuestión.

Obviamente, resultaría más fácil alcanzar los ideales «desde la cuna a la tumba» del Estado social en el caso de un país como Suecia, rico, homogéneo, y con una población reducida, que en el de Italia. Pero la fe en el Estado era como mínimo igual de sólida en los países pobres que en los ricos, y quizá más en los primeros, dado que en dichos lugares solo el Estado podía ofrecer esperanzas o salvación al conjunto de la población. Y tras la depresión, la ocupación y la guerra civil, el Estado, como agente del bienestar, la seguridad y la justicia, constituía la fuente de la cohesión comunitaria y social. En la actualidad, muchos comentaristas parecen ver la propiedad y la dependencia estatal como el verdadero problema europeo, y la salvación procedente de instancias superiores como el espejismo de la era. Pero para la generación de 1945 el único camino sensato para salir del abismo era encontrar un equilibrio viable entre las libertades políticas y la intervención racional y equitativamente distributiva del Estado administrativo.

El impulso de cambio posterior a 1945 fue mucho más allá de la provisión de bienestar. Los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial constituyeron una especie de era reformista en escorzo, durante la cual se abordaron por fin muchos problemas acuciantes desde hacía tiempo. Uno de los más importantes era la cuestión de la reforma agraria, que para muchos representaba el dilema más apremiante de Europa. El peso del pasado todavía actuaba como un lastre para el campesinado del continente. Solo en Inglaterra, los Países Bajos, Dinamarca, las tierras alpinas y algunas zonas de Francia, podía hablarse de una clase agrícola próspera e independiente. La abrumadora mayoría de la población predominantemente rural de Europa vivía en condiciones de endeudamiento y miseria.

Una de las razones de ello era que grandes extensiones de las mejores tierras de cultivo y, especialmente, de pastos, seguían en manos de un conjunto relativamente reducido de ricos hacendados, casi siempre ausentes y en muchos casos radicalmente contrarios a cualquier mejora de las condiciones de sus tierras, arrendatarios o trabajadores. Otro factor era el prolongado descenso de los precios agrícolas respecto a los industriales, un proceso agravado a partir de 1870 por la importación a precios muy baratos de grano y más tarde de carne desde las Américas y los dominios británicos. Para 1930, los campesinos europeos llevaban viviendo, durante casi tres generaciones, en unas circunstancias cada vez más difíciles. Muchos de ellos (de Grecia, el sur de Italia, los Balcanes o la Europa central y del Este) habían emigrado a Estados Unidos, Argentina u otros lugares. Los que se habían quedado habían sido presa fácil de los nacionalistas y los demagogos fascistas, por lo que después de la guerra muchos creían, especialmente entre la izquierda, que el fascismo atraía especialmente a los campesinos desesperados y que si en Europa se producía un resurgimiento del fascismo, este se iniciaría en el campo. Así pues, el problema agrario era doble: por un lado había que mejorar las perspectivas económicas del campesinado y, de ese modo, apartarlo de la tentación autoritaria.

El primer objetivo ya se había abordado tras la Primera Guerra Mundial a través de una serie de reformas agrarias (especialmente en Rumanía y en Italia, aunque en cierta medida también en toda Europa) cuyo objetivo era redistribuir las grandes propiedades, reducir el número de «minifundios» (parcelas poco rentables) y proporcionar a los agricultores una mejor oportunidad de lograr una producción rentable para el mercado. Pero estas reformas fracasaron en su propósito, en parte debido a que en las desastrosas circunstancias económicas de la Europa de entreguerras, con los precios cayendo aún más rápido que antes de 1914, los nuevos propietarios agrícolas «independientes» resultaban más vulnerables que nunca.

Después de la Segunda Guerra Mundial, volvió a acometerse la reforma agraria. Durante la reforma agraria de Rumanía, en marzo de 1945, se expropiaron un millón de hectáreas a los hacendados y a los «criminales de guerra» y se distribuyeron entre más de 600.000 campesinos hasta entonces pobres o sin tierras. En Hungría, donde el régimen de entreguerras del almirante Horthy había bloqueado cualquier iniciativa importante de redistribución agraria, se expropió un tercio de la superficie del país a sus anteriores propietarios, con arreglo al Programa de Szeged de diciembre de 1944 implantado por el Gobierno provisional de coalición de la postguerra. El Gobierno del Frente Nacional Checoslovaco elaboró un programa similar aquel mismo año y redistribuyó grandes extensiones de tierras, especialmente de las granjas arrebatadas a los alemanes y los húngaros de los Sudetes, durante los primeros meses de la postguerra. Entre 1944 y 1947 todos los países del este de Europa presenciaron el surgimiento de una nueva y numerosa clase de pequeños propietarios que a su vez serían expropiados por los regímenes comunistas durante su campaña de colectivización. Pero, entre tanto, toda una clase social, formada por la pequeña nobleza campesina y los grandes hacendados, desapareció de un plumazo de Polonia, Prusia Oriental, Hungría, Rumanía y Yugoslavia.

En la Europa occidental, el único caso comparable a estos drásticos cambios acontecidos en el este fue el del sur de Italia. Las drásticas leyes reformistas de 1950 proclamaron la redistribución de las tierras de toda Sicilia y el Mezzogiorno, a las que siguieron otras expropiaciones y ocupaciones territoriales en Basilicata, los Abruzos y Sicilia. Pero, a pesar de todo este revuelo, apenas cambió nada, ya que gran parte de las tierras de los viejos latifundios que fueron redistribuidas carecían de agua, carreteras o alojamientos. De las 74.000 hectáreas redistribuidas en Sicilia después de la Segunda Guerra Mundial, el 95 por ciento eran terrenos «marginales» o de categoría inferior, no aptos para el cultivo. Los empobrecidos campesinos a los que se les habían ofrecido estas tierras no tenían dinero ni acceso a créditos, así que no podían hacer nada con sus nuevas propiedades. Las reformas agrarias italianas fracasaron. Su objetivo declarado, la solución de la «cuestión del sur», no se cumpliría hasta una década más tarde, y solo en parte, cuando los campesinos que sobraban en el sur abandonaron sus tierras y partieron en busca de trabajo hacia las prósperas ciudades del norte, protagonistas del «milagro» italiano.

Pero el sur de Italia constituía un caso difícil. Los nuevos derechos legales de los propietarios agrícolas de Francia y otros lugares actuaban como incentivo para que estos invirtieran en sus pequeñas fincas, y los innovadores sistemas de crédito y los bancos rurales les permitían esta posibilidad. Los sistemas de subvenciones estatales para los precios agrícolas contribuyeron a invertir la curva de descenso de precios agrícolas que duraba décadas, lo cual alentó a los propietarios agrícolas a producir lo más posible al tiempo que se les garantizaba la compra de su producción a un precio fijo mínimo. Mientras, la demanda de trabajo que se produjo en las ciudades durante la postguerra, sin precedentes hasta entonces, absorbió a los trabajadores que sobraban en las zonas rurales más pobres, con lo que la población de trabajadores del campo se ajustó a un número más eficiente, al tiempo que quedaban menos bocas que alimentar.

Las dimensiones políticas del problema agrario fueron indirectamente abordadas por un paquete de reformas políticas introducidas en los primeros años de la postguerra. Muchas de ellas eran constitucionales por naturaleza, por lo que completaron de nuevo lo que había quedado pendiente en 1918. En Italia, Francia y Bélgica las mujeres consiguieron por fin el voto. En junio de 1946, los italianos votaron para convertirse en una república, si bien el margen de votos fue escaso (12,7 millones de votos a favor de abolir la monarquía y 10,7 a favor de mantenerla), de modo que, en todo caso, las divisiones históricas que habían aquejado al país no hicieron sino agravarse con este resultado: el sur, a excepción de la región de Basilicata, votó abrumadoramente a favor del rey (en el caso de Nápoles, en una proporción de 4 a 1).

Los griegos, por el contrario, votaron en septiembre de 1946 para mantener la monarquía. Los belgas también mantuvieron la suya, si bien destituyeron a su titular, el rey Leopoldo III, en castigo a su cooperación con los nazis. Esta decisión, tomada en 1950 bajo presión pública contra los deseos de una escasa mayoría de la población, dividió profundamente al país con arreglo a unas líneas comunitarias y lingüísticas: los valones, francófonos, votaron para destituir a Leopoldo del trono, mientras que el 72 por ciento de los flamencos, de habla holandesa, expresaron su preferencia por permitir su permanencia. Los franceses no tenían un monarca sobre el que descargar su recuerdo de la humillación vivida durante la guerra, y se limitaron a votar en 1946 a favor de reemplazar a la desacreditada Tercera República con un sucesor numérico. Al igual que la Ley Fundamental alemana de 1949, la Constitución de la Cuarta República francesa fue diseñada con el fin de eliminar en la medida de lo posible el riesgo de una rendición ante tentaciones autoritarias o cesaristas, aspiración que resultaría a la postre claramente fallida.

Las Asambleas Constituyentes o provisionales que promulgaron estas constituciones de la postguerra propusieron referendos populares sobre los temas controvertidos y votaron importantes reformas institucionales en su mayoría escoradas a la izquierda. En Italia, Francia y Checoslovaquia, los partidos comunistas alcanzaron bastante éxito después de la guerra. En las elecciones italianas de 1946, el Partito Comunista Italiano (PCI) obtuvo el 19 por ciento de los votos; el Parti Communiste Français (PCF), el 28,6 por ciento en las segundas elecciones francesas de aquel año, su mejor resultado de la historia. En las elecciones libres celebradas en Checoslovaquia en mayo de 1946, los comunistas consiguieron un 38 por ciento del voto nacional (el 40 por ciento en los territorios checos). En el resto de Europa, los comunistas no obtuvieron el mismo éxito en las elecciones libres, si bien sus resultados fueron los mejores que llegarían a alcanzar nunca, con variaciones desde un 13 por ciento en Bélgica a solo un 0,4 por ciento en el Reino Unido.

La influencia política inicial de los comunistas en la Europa del Este procedía de su asociación con los partidos socialistas, la mayoría de los cuales se mostraban reacios antes de 1947 a romper su alianza con el tipo de uniones representadas por los frentes populares, que luego se habían reencarnado en los movimientos de resistencia. Los partidos socialistas de Francia e Italia tuvieron prácticamente el mismo éxito que los comunistas en las primeras elecciones de la postguerra, y considerablemente mejores en Bélgica. En Escandinavia los socialdemócratas derrotaron ampliamente al resto de partidos al obtener entre un 38 y un 41 por ciento de los votos en Dinamarca, Noruega y Suecia en las elecciones celebradas entre 1945 y 1948.

Sin embargo, a excepción de Gran Bretaña y los países nórdicos, la «vieja izquierda» de comunistas y socialistas no consiguió nunca gobernar en solitario. En Europa occidental, el equilibrio se mantenía por el contrapeso de un nuevo animal político, los partidos democratacristianos, e incluso en algunos casos se inclinaba claramente de su lado. Los partidos católicos eran conocidos ya en la Europa continental (en Holanda y Bélgica gozaban de gran arraigo desde hacía tiempo). La Alemania guillermina y la de Weimar habían tenido un Partido de Centro Católico, y el ala conservadora de la política austriaca llevaba mucho tiempo estrechamente ligada al Partido Popular (católico). Incluso la «democracia cristiana» en sí misma no era del todo una nueva idea, ya que sus orígenes se remontaban al reformismo y los movimientos católicos centristas de principios del siglo veinte, que habían intentado sin éxito abrirse camino durante los turbulentos años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Pero a partir de 1945 la situación pasó a ser completamente distinta y claramente favorable para ellos.

En primer lugar, estos partidos, especialmente la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en Alemania Occidental, los democratacristianos (DC) en Italia y el Movimiento Republicano Popular (MRP) en Francia, tenían ahora el monopolio del voto católico. En la Europa de 1945, esto seguía pesando mucho: el voto católico era todavía claramente conservador, especialmente en lo referente a cuestiones sociales y en las regiones de mayoría católica practicante. Los votantes católicos tradicionales de Italia, Francia, Bélgica, Holanda y la Alemania del sur y del oeste raramente votaban a los socialistas y casi nunca a los comunistas. No obstante, y esta constituyó una peculiaridad de la era de la postguerra, incluso los católicos conservadores de muchos países a menudo no tenían otra opción que votar a los democratacristianos, a pesar del sesgo reformista de sus políticos y programas, dado que los partidos convencionales de la derecha seguían aún bajo sospecha o bien estaban directamente prohibidos. Incluso los conservadores no católicos fueron convirtiéndose cada vez más en democratacristianos para frenar a la izquierda «marxista».

En segundo lugar, y por razones similares, los partidos democratacristianos fueron los mayores beneficiarios del voto femenino (en 1952, aproximadamente dos terceras partes de las mujeres católicas practicantes de Francia votaban al MRP). No hay duda de que la influencia de los púlpitos desempeñaba un papel importante. Pero gran parte del atractivo que los partidos democratacristianos ejercían sobre las mujeres radicaba en su programa. En contraste con el trasfondo subversivo que subyacía incluso en la retórica socialista y comunista más moderada, el discurso de eminentes democratacristianos como Maurice Schumann y Georges Bidault en Francia, Alcide de Gasperi en Italia y Konrad Adenauer en la República Federal, hacía siempre especial hincapié en la reconciliación y la estabilidad.

La Democracia Cristiana evitaba los llamamientos basados en la clase social y resaltaba en cambio las reformas morales y sociales. Concretamente, insistía en la importancia de la familia, un elemento característicamente cristiano con importantes implicaciones políticas en un momento en que las necesidades de las familias monoparentales, sin hogar e indigentes, nunca habían sido mayores. Así pues, los partidos democratacristianos estaban idealmente situados para rentabilizar prácticamente cada uno de los aspectos de la situación de la postguerra: el deseo de estabilidad y seguridad, la esperanza de renovación, la ausencia de alternativas de derecha tradicionales y las expectativas depositadas en el Estado, ya que, en contraste con los políticos católicos convencionales de la generación anterior, los líderes de los partidos demócratacristianos y sus jóvenes y más radicales seguidores no tenían inhibiciones a la hora de recurrir al poder del Estado para alcanzar sus objetivos. En todo caso, los democratacristianos de los primeros años de la postguerra veían como sus principales oponentes a los liberales defensores del libre mercado más que a la izquierda colectivista, y estaban dispuestos a demostrar que el Estado moderno podía adaptarse a formas no socialistas de benévola intervención.

En consecuencia, en Italia y Alemania Occidental, los partidos democratacristianos consiguieron (con alguna ayuda de Estados Unidos) un cuasimonopolio del poder político durante muchos años. En Francia, gracias a los corrosivos efectos de dos guerras coloniales, seguidos en 1958 de la vuelta al poder de De Gaulle, al MRP no le fue tan bien. Pero incluso aquí se mantuvo como el arbitro del poder hasta mediados de la década de 1950, reivindicando sin encontrar oposición ciertos ministerios clave (principalmente el de Asuntos Exteriores). En los países del Benelux, los partidos católicos de tendencia democratacristiana ejercieron el poder sin interrupción durante más de una generación, y, en Austria, hasta 1970.

Los líderes de los partidos democratacristianos, al igual que Winston Churchill en Gran Bretaña, eran hombres que pertenecían a una época anterior: Konrad Adenauer había nacido en 1876, Alcide de Gasperi cinco años después, el propio Churchill en 1874. No se trataba de mera coincidencia o de una curiosidad biográfica. En 1945 muchos países de la Europa continental habían perdido ya dos generaciones de futuros líderes: la primera debido a los muertos y heridos causados por la Gran Guerra, y la segunda por la tentación del fascismo o por haber sido asesinados a manos de los nazis y sus compinches. Esta escasez se evidenciaba en la calidad en general bastante mediocre de los políticos más jóvenes de aquellos años, a excepción de Palmiro Togliatti (que había pasado la mayor parte de los veinte años anteriores como agente político en Moscú). El peculiar atractivo de Léon Blum, reincorporado a la vida pública en Francia después de ser encarcelado por el gobierno de Vichy y estar recluido también en Dachau y Buchenwald, no residía solo en su heroísmo, sino también en su edad (había nacido en 1872).

A primera vista podría parecer raro que gran parte de la rehabilitación de la Europa de la postguerra fuera obra de hombres que habían alcanzado la madurez y empezado su carrera política muchas décadas antes. Churchill, que entró por primera vez en el Parlamento en 1901, siempre se describió a sí mismo como un «hijo de la era victoriana». Clement Attlee era otro victoriano, nacido en 1883. Pero quizá esto no sea tan sorprendente, después de todo. En primer lugar, resultaba poco habitual que estos hombres de edad tan madura hubieran salido política y éticamente ilesos después de treinta años de agitación, lo que realzaba su credibilidad política dado el escaso número de ellos. Por otra parte, todos procedían de la insigne generación de reformistas sociales europeos que habían alcanzado la madurez durante los años 1880 y 1910, ya fuera como socialistas (Blum, Attlee), liberales (Beveridge o el futuro presidente italiano Luigi Einaudi, nacido en 1874), o católicos progresistas (De Gasperi, Adenauer). Sus instintos y sus intereses conectaban perfectamente con el sentir de la postguerra.

Y en tercer lugar, y tal vez lo más importante, los provectos hombres que reconstruyeron la Europa occidental representaban la continuidad. La tendencia del periodo de entreguerras había sido hacia lo nuevo y lo moderno. Los parlamentos y las democracias eran vistos por muchos, no solo por fascistas y comunistas, como decadentes, estancados, corruptos y en todo caso inadecuados a las tareas del Estado moderno. La guerra y la ocupación disiparon estas ilusiones, al menos en los votantes, si no en los intelectuales. Bajo la fría luz de la paz, los rutinarios compromisos de la democracia constitucional adquirieron un nuevo atractivo. No cabe duda de que lo que la mayoría de la gente anhelaba en 1945 era el progreso y la renovación social, pero combinado con la seguridad de unas formas políticas estables y familiares. Allí donde la Primera Guerra Mundial había provocado un efecto politizante y radicalizante, su sucesora había producido el resultado contrario: un profundo deseo de normalidad.

Los estadistas cuya experiencia se remontaba más allá de las convulsas décadas del periodo de entreguerras hasta la más asentada y confiada época anterior a 1914 ejercían por tanto un atractivo especial. La continuidad de su persona se veía como una ventaja a la hora de facilitar la difícil transición de la acalorada política del pasado reciente a una futura era de rápida transformación social. En 1945, los viejos estadistas de Europa, independientemente de la «etiqueta» de su partido, eran sin excepción profesionales escépticos y pragmáticos del arte de lo posible. Esta distancia personal de los excesivamente confiados dogmas de la política de entreguerras representaba fielmente el sentir de sus electores. Una era «posideológica» estaba a punto de comenzar.

Las perspectivas de estabilidad política y reforma social de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial dependían, en primer lugar, de la recuperación de la economía del continente. Ningún grado de planificación estatal o liderazgo político podía librar a los europeos de la titánica tarea a la que se enfrentaban en 1945. El impacto económico más obvio de la guerra fue el experimentado por la disponibilidad de la vivienda. Los daños causados en Londres, donde tres millones y medio de hogares del área metropolitana habían quedado destruidos, eran mayores que los que había acarreado el Gran Incendio de 1666. El 90 por ciento de todos los hogares de Varsovia quedó arrasado. Solo el 27 por ciento de los edificios de viviendas de Budapest era habitable en 1945. El 40 por ciento de las viviendas alemanas había desaparecido, así como el 30 por ciento de las británicas y el 20 por ciento de las francesas. En Italia, se destruyeron 1,2 millones de hogares, la mayoría de ellos pertenecientes a ciudades por encima de los 50.000 habitantes. El problema de la falta de vivienda, como se ve, fue quizá la consecuencia más obvia de la guerra en los primeros años de la postguerra (en Alemania Occidental y Gran Bretaña, la escasez de viviendas se prolongó como mínimo hasta mediados de la década de 1950). Como manifestó una mujer de clase media al salir de una Exposición de Hogares para la Postguerra en Londres: «Estoy tan desesperada por encontrar una casa que me vale cualquier cosa. No aspiro a más que a tener un techo y cuatro paredes[3]».

El segundo sector donde los daños fueron más evidentes fue el transporte: flota mercante, líneas férreas, parque móvil, puentes, carreteras, canales y tendidos de tranvía. Entre París y el mar no quedó ningún puente sobre el Sena, y solo uno resultó intacto en todo el Rin. A consecuencia de ello, aunque las minas y las fábricas pudieran producir los bienes necesarios, estos no podían trasladarse (en diciembre de 1945 muchas minas europeas ya estaban funcionando de nuevo, a pesar de lo cual la ciudad de Viena seguía sin carbón).

El impacto visual era lo peor: muchos países parecían haber sido golpeados y rotos más allá de cualquier posibilidad de recuperación. Y era cierto que en casi todos los países implicados en la Segunda Guerra Mundial la economía nacional se encontraba estancada o hundida comparada incluso con su mediocre rendimiento durante el periodo de entreguerras. Pero la guerra no es siempre un desastre económico; por el contrario, puede actuar como un poderoso estímulo para el rápido crecimiento de algunos sectores. Gracias a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos avanzó vertiginosamente hacia un liderazgo comercial y tecnológico inexpugnable, como había ocurrido con Gran Bretaña durante las guerras napoleónicas.

En realidad, los expertos aliados pronto pudieron darse cuenta de que el impacto económico destructivo de la guerra contra Hitler no era ni mucho menos tan total como habían creído al principio, ni siquiera en la propia Alemania. La campaña de bombardeos, a pesar de todo su coste humano, había causado menos daño económico de lo que sus partidarios esperaban. Poco más del 20 por ciento de la industria alemana había quedado destruida para mayo de 1945; incluso en el Ruhr, donde se habían concentrado la mayoría de los bombardeos aliados, dos tercios de todas las fábricas y la maquinaria habían resultado intactas. En otras partes, por ejemplo en las tierras checas, la industria y la agricultura habían prosperado durante la ocupación alemana y salieron de ella prácticamente indemnes, mientras que en Eslovaquia, como en otras partes de Hungría, se había vivido un proceso acelerado de industrialización durante la guerra que hizo que en este sentido su situación fuera incluso mejor que la de antes.

La naturaleza dramáticamente sesgada de gran parte de los daños, que había llevado a que personas y lugares hubieran sufrido daños terribles mientras que las fábricas y la producción resultaban relativamente intactas, contribuyó a una recuperación sorprendentemente rápida de los sectores económicos clave a partir de 1945. Las industrias de ingeniería florecieron durante la guerra. El Reino Unido, la URSS, Francia, Italia y Alemania (así como Japón y Estados Unidos), todos estos países acabaron con unas existencias de maquinaria superiores a las que tenían antes. En Italia solo las industrias aeronáutica y naval sufrieron daños importantes. Las empresas de ingeniería situadas al norte, y que por tanto habían quedado fuera de la zona donde los combates habían sido más intensos durante la campaña italiana, obtuvieron unos resultados bastante satisfactorios (como había ocurrido en la Primera Guerra Mundial), hasta el punto de que sus niveles de producción e inversión durante la guerra compensaron con creces cualquiera de los daños sufridos. Con respecto a la industria de la maquinaria, lo que se había convertido en Alemania Occidental perdió solo un 6,5 por ciento de sus equipamientos a causa de los daños producidos por la guerra.

En algunos países, por supuesto, no hubo daños de guerra. Irlanda, España, Portugal, Suiza y Suecia permanecieron neutrales durante todo el conflicto. Pero esto no significa que no resultaran afectados por él. Por el contrario, la mayoría de los europeos neutrales estaban íntimamente comprometidos, si bien de forma indirecta, con los esfuerzos bélicos alemanes. Durante la guerra, Alemania dependió en gran medida de la España de Franco para el suministro de manganeso. El tungsteno llegaba a Alemania desde las colonias portuguesas, a través de Lisboa. El 40 por ciento de las necesidades de mineral de hierro de Alemania durante la guerra procedían de Suecia (llegado a los puertos alemanes en barcos suecos). Y todo ello se pagaba en oro, gran parte del cual había sido robado a las víctimas de Alemania y canalizado a través de Suiza.

Los suizos actuaron más que como meros blanqueadores de dinero e intermediarios para los pagos alemanes, lo que en sí ya constituía una contribución muy importante a la guerra de Hitler. En 1941-1942 Suiza producía para Alemania el 60 por ciento de la industria de munición, el 50 por ciento de la industria óptica y el 40 por ciento de la de ingeniería, por lo cual era remunerada en oro. La pequeña empresa de armamento Bührle-Oerlikon todavía seguía vendiendo ametralladoras a la Wehrmacht en abril de 1945. En total, durante la Segunda Guerra Mundial el Reichsbank alemán depositó en Suiza el equivalente en oro a 1.638.000.000 francos suizos. Y fueron las autoridades suizas las que, antes de estallar el conflicto, exigieron que los pasaportes alemanes indicaran si sus titulares eran judíos, la mejor manera para impedir llegadas no deseadas.

En su defensa, hay que decir que las autoridades suizas tenían buenas razones para no querer enemistarse con los alemanes. Aunque el alto mando de la Wehrmacht pospuso sus planes de invadir Suiza, nunca los abandonó; la experiencia de Bélgica y Holanda constituía un triste recordatorio del destino que aguardaba a los vulnerables Estados neutrales que se interponían en el camino de Hitler. Similares razones movían a los suecos para prestar su colaboración a Berlín, del que históricamente venían dependiendo para el suministro de carbón. La venta de mineral de hierro a Alemania era algo que Suecia llevaba haciendo desde hacía años (incluso antes de la guerra, la mitad de las importaciones de mineral de hierro alemanas llegaban a través del Báltico, y tres cuartas partes de toda la exportación de mineral de hierro de Suecia iban a parar a Alemania). En cualquier caso, la neutralidad sueca llevaba desde hacía tiempo decantándose hacia Alemania por temor a las ambiciones rusas. La cooperación con los nazis, permitiendo el tránsito de 14.700 efectivos de la Wehrmacht al comienzo de la Operación Barbarroja, así como el paso de los soldados alemanes que volvían a casa en su retirada desde Noruega, o aplazando el reclutamiento de los trabajadores de las minas suecas para garantizar el suministro regular a Alemania, no se salía por tanto de lo que era habitual.

Después de la guerra, los suizos (aunque no así los suecos) fueron al principio objeto del rencor y la sospecha internacional, como cómplices de los esfuerzos de guerra alemanes; en virtud de los Acuerdos de Washington de mayo de 1946, se los obligó a realizar una aportación «voluntaria» de 250 millones de francos suizos para la reconstrucción europea, como liquidación definitiva de todas las reclamaciones relacionadas con las operaciones del Reichsbank realizadas a través de los bancos suizos. Pero para entonces Suiza ya estaba rehabilitada como un próspero reducto de rectitud fiscal, con bancos altamente rentables y granjas e industrias de ingeniería preparadas para suministrar alimentos y maquinaria a los necesitados mercados europeos.

Antes de la guerra, ni Suiza ni Suecia habían sido especialmente prósperas; de hecho, en ambas existían grandes regiones de pobreza rural. Pero el rumbo que mantuvieron durante la guerra ha resultado ser duradero: ambas están ahora situadas a la cabeza de la liga europea, lugar que ocupan de manera continuada desde hace cuatro décadas. En el resto de países, el camino de la recuperación resultó un poco más cuesta arriba. Pero incluso en la Europa del Este, la infraestructura económica pudo reconstruirse al menos con notable rapidez. A pesar de los enconados esfuerzos de las tropas en retirada de la Wehrmacht y del Ejército Rojo en su avance, los puentes, carreteras, ferrocarriles y ciudades de Hungría, Polonia y Yugoslavia lograron reconstruirse. Para 1947 las redes de transporte y el parque móvil de Europa central había recuperado o superado sus niveles anteriores a la guerra. En Checoslovaquia, Bulgaria, Albania y Rumanía, donde la destrucción causada por la guerra había sido menor, este proceso llevó menos tiempo que en Yugoslavia o Polonia. Pero incluso la economía polaca se recuperó con bastante rapidez, en parte gracias a que los territorios occidentales recién arrebatados a los alemanes eran en realidad más fértiles y estaban mejor provistos de núcleos y fábricas industriales.

También en Europa occidental los daños materiales fueron reparados a gran velocidad, en donde la mayor rapidez correspondió, en términos generales, a Bélgica, seguida de Francia, Italia y Noruega, y la mayor lentitud a Holanda, donde los daños más graves (que afectaron a granjas, diques, carreteras, canales y personas) se habían producido en su totalidad durante los últimos meses de la guerra. Los belgas se beneficiaron de la privilegiada situación de Amberes como el único puerto europeo importante que se mantenía más o menos intacto al final de la guerra y de la alta concentración de tropas aliadas en su país, lo que permitía el bombeo constante de un flujo de dinero en metálico dentro de una economía por largo tiempo especializada en el carbón, cemento y metales semiacabados, todo ello vital para el trabajo de reconstrucción.

Noruega, por el contrario, se encontraba en una situación considerablemente peor. Había perdido la mitad de su vital flota pesquera y mercante en la guerra. Gracias a la deliberada destrucción alemana durante la retirada de la Wehrmacht, la producción industrial de Noruega representaba en 1945 el 57 por ciento del nivel que tenía en 1938, y prácticamente una quinta parte del capital nacional había desaparecido. Durante los años siguientes, el contraste con Suecia no pasó inadvertido a los resentidos noruegos. Pero incluso Noruega logró tener restaurada la mayor parte de su red de ferrocarril y carreteras para finales de 1946; y a lo largo del siguiente año, al igual que ocurrió en el resto de la Europa occidental y la mayor parte de la Europa del Este, la escasez de combustible y las deficientes comunicaciones dejaron de suponer un impedimento para la recuperación económica.

Sin embargo, para los observadores de la época, fue la capacidad de recuperación de Alemania la que les resultó más asombrosa de todas. Esta se debió a los esfuerzos de la población local, cuyo trabajo, volcado en el único propósito de reconstruir su destrozado país, obtuvo resultados espectaculares. El día en que murió Hitler solo funcionaban el 10 por ciento de las líneas férreas alemanas, y el país se encontraba paralizado, en un sentido literal. Un año después, en junio de 1946, el 93 por ciento de todas las líneas férreas alemanas estaba de nuevo en funcionamiento y se habían reconstruido 800 puentes. En mayo de 1945 la producción de carbón alemana apenas alcanzaba una décima parte de la de 1939; un año más tarde, había quintuplicado su producción. En abril de 1945 Saul K. Padover, un psicólogo que formaba parte del ejército estadounidense que avanzó sobre Alemania Occidental, opinaba que la reconstrucción de la ciudad de Aquisgrán llevaría al menos 20 años. Sin embargo, algunas semanas más tarde dejaba constancia de la reapertura de sus fábricas de neumáticos y textiles y el resurgir de la vida económica.

Una de las razones de la velocidad de la recuperación inicial de Alemania fue que una vez que se reconstruyeron las casas de los trabajadores y las redes de transporte volvieron a funcionar, la industria ya se encontraba lista para suministrar los productos. En las fábricas de Volkswagen, el 91 por ciento de la maquinaria había sobrevivido a los bombardeos de la guerra y al saqueo de la postguerra, y en 1948 las naves ya estaban equipadas para producir uno de cada dos de los coches fabricados en Alemania Occidental. La Ford de Alemania también quedó intacta en su mayor parte. Gracias a la inversión efectuada durante la guerra, en 1945 un tercio del equipamiento industrial alemán no tenía más de cinco años de antigüedad, comparado con el 9 por ciento en 1939. Y las industrias en las que la Alemania de la guerra había realizado mayores inversiones (óptica, química, ingeniería ligera, vehículos y metales no ferrosos) fueron precisamente las que sentaron las bases para el boom de los años cincuenta. A principios de 1947, el principal impedimento para la recuperación de Alemania no lo constituían los daños causados por la guerra, sino la escasez de materias primas y otros productos y, por encima de todo, la incertidumbre del futuro político del país.

El año 1947 resultaría crucial, la bisagra sobre la cual pendía el destino del continente. Hasta entonces los europeos habían estado volcados exclusivamente en la reparación y la reconstrucción, o bien en restaurar la infraestructura institucional necesaria para la recuperación a largo plazo. Durante los primeros dieciocho meses siguientes a la victoria aliada, el estado de ánimo del continente oscilaba entre el alivio generado por la mera perspectiva de la paz y de un nuevo comienzo, y la fría resignación y la creciente desilusión ante la magnitud de la tarea que quedaba por hacer. A principios de 1947 parecía claro que las decisiones más duras aún no se habían tomado y que no podían posponerse mucho tiempo más.

Para empezar, el problema fundamental del suministro de comida todavía no estaba resuelto. La escasez de alimentos era endémica en todas partes salvo en Suecia y Suiza. Solo los suministros de la UNRRA, de los que se hizo acopio durante la primavera de 1946, impidieron que los austríacos murieran de hambre durante los doce meses siguientes. La provisión de calorías en la zona británica de Alemania descendió de 1500 por adulto y día a mediados de 1946 a 1050 a principios de 1947. En la primavera de 1947, los niveles más bajos de alimentación de todas las poblaciones de la Europa occidental correspondían a los italianos. En las encuestas de opinión francesas realizadas a lo largo de 1946, «la comida», «el pan» y «la carne» destacaban sobre todo lo demás como principal preocupación de la población.

Parte del problema radicaba en que Europa occidental no podía ya recurrir a los graneros de la Europa del Este de los que tradicionalmente había dependido, porque tampoco allí tenía nadie suficiente para comer. En Rumanía la cosecha de 1945 fue bastante decepcionante, debido a la inadecuada gestión de las reformas agrarias y al mal tiempo. Desde la Valaquia occidental, pasando por Moldavia, y hasta la Ucrania occidental, y la región rusa del medio Volga, las malas cosechas y la sequía desencadenaron una situación cercana a la hambruna en el otoño de 1946, de la cual los organismos de ayuda ofrecían descripciones como la de niños de un año que pesaban solamente un kilo o informes sobre casos de canibalismo. Los cooperantes que estaban trabajando en Albania calificaban la situación de «terriblemente angustiosa».

Entonces llegó el brutal invierno de 1947, el peor desde 1880. Los canales se helaron, las carreteras estuvieron intransitables durante varias semanas seguidas, había zonas en las que el hielo había paralizado redes ferroviarias enteras. La incipiente recuperación de la postguerra se paró en seco. El suministro de carbón, todavía escaso, no podía satisfacer la demanda doméstica y, además, no podía transportarse. La producción industrial cayó en picado (la producción de acero, que apenas había empezado a recuperarse, descendió rápidamente en un 40 por ciento con respecto al año anterior). Cuando la nieve se derritió, se produjeron inundaciones en muchas zonas de Europa. Pocos meses después, en junio de 1947, el continente vivió uno de los veranos más secos y calurosos de los que se había tenido constancia hasta entonces. Era evidente que la cosecha sería insuficiente, en algunos lugares por tercer año consecutivo: la producción agrícola descendió en aproximadamente un tercio respecto a la exigua cosecha del año anterior. La escasez de carbón pudo suplirse en parte con las importaciones estadounidenses (34 millones de toneladas en 1947). La comida también podía comprarse a Estados Unidos y los dominios británicos. Pero todas estas importaciones tenían que pagarse en metálico, generalmente en dólares.

Dos dilemas estructurales subyacían en la crisis europea de 1947. Uno era la desaparición a efectos prácticos de Alemania de la economía europea. Antes de la guerra, Alemania había constituido un mercado muy importante para la mayoría de la Europa central y del Este, así como para Holanda, Bélgica y la región mediterránea (hasta 1939, por ejemplo, Alemania compraba el 38 por ciento de las exportaciones de Grecia y suministraba aproximadamente un tercio de las importaciones del país). El carbón alemán era un recurso vital para los fabricantes de acero franceses. Pero hasta que se resolvió su futuro político, la economía alemana, a pesar de todo el potencial que había conseguido recuperar, permaneció congelada, lo que bloqueó en la práctica la recuperación económica del resto del continente.

El segundo problema afectaba no solo a Alemania, sino también a Estados Unidos, si bien ambos estaban relacionados. En 1938 el 44 por ciento del valor de las importaciones de maquinaria británica procedía de Estados Unidos y el 25 por ciento de Alemania. En 1947 las cifras eran del 65 por ciento y el 3 por ciento, respectivamente. La situación era parecida en otros países de Europa. Este brusco aumento de la demanda de productos estadounidenses constituía, paradójicamente, un indicador de un incremento en la actividad económica europea, aunque comprar productos o materiales norteamericanos requería dólares estadounidenses. Los europeos no tenían nada que vender al resto del mundo; pero sin una moneda estable no podían permitirse comprar comida para impedir que millones de persona murieran de hambre, ni importar las materias primas y la maquinaria necesarias para sacar adelante su propia producción.

La crisis del dólar fue grave. En 1947 el Reino Unido, cuya deuda nacional se había cuatriplicado desde 1939, compraba prácticamente la mitad de todas sus importaciones a Estados Unidos, y se le estaba acabando rápidamente el dinero. Francia, el mayor importador de carbón del mundo, soportaba un déficit de pagos anual con Estados Unidos de 2049 millones de dólares. La mayoría de los restantes países europeos ni siquiera tenían divisas con las que comerciar. En Rumanía la inflación alcanzó sus peores cotas en agosto de 1947. La inflación en la vecina Hungría, la peor cifra de su historia, muy superior a la de la Alemania de 1923, llegó a 5 quintillones (530) de billetes de pengő con respecto al dólar, lo que significó que para cuando el pengő fue sustituido por el forint en agosto de 1946, el valor en dólares de todos los billetes de banco en circulación en Hungría fuera solo una milésima parte de un centavo.

En Alemania no había ninguna moneda oficial en circulación. El mercado negro florecía, y los cigarrillos eran el medio de cambio aceptado: los profesores de los campos de desplazados recibían como pago tres cajetillas semanales. El valor de un cartón de cigarrillos americanos en Berlín oscilaba entre los 60 y los 165 dólares, una buena oportunidad para que los soldados de las fuerzas de ocupación norteamericanas hicieran mucho dinero convirtiendo y reconvirtiendo su asignación de cigarrillos: durante los primeros cuatro meses de la ocupación aliada, las tropas estadounidenses, solo en Berlín, enviaron a casa 11 millones de dólares más de lo que recibían por su salario. En Braunschweig, 600 cigarrillos servían para comprar una bicicleta, una necesidad básica tanto en Alemania como en Italia, como narra la inolvidable película de Vittorio de Sica, Ladrón de bicicletas.

La gravedad de la crisis europea no pasó desapercibida a los norteamericanos. Como veremos, fue una de sus principales razones para presionar en busca de una solución para el problema de Alemania, con o sin la cooperación soviética. En opinión de asesores presidenciales bien informados como George Kennan, en la primavera de 1947 Europa se tambaleaba al borde del abismo. Las frustraciones de los europeos occidentales, inducidos al principio a albergar esperanzas de una pronta recuperación y un retorno a las condiciones económicas normales, y la desesperanza de los alemanes y otros centroeuropeos, agravada por la inesperada persistencia de la crisis de 1947, solo podía servir para aumentar el atractivo del comunismo o, en todo caso, el riesgo de desembocar en la anarquía.

El poder de atracción del comunismo era real. Aunque los partidos comunistas de Italia, Francia y Bélgica (así como los de Finlandia o Islandia) formaron parte de los gobiernos de coalición hasta mayo de 1947, a través de sus afiliados sindicales y de las manifestaciones populares eran capaces de movilizar la indignación ciudadana y rentabilizar los fracasos de sus propios gobiernos. Los éxitos electorales de los comunistas locales, unidos al glorioso aura del invencible Ejército Rojo, hacían que la idea de un «camino hacia el socialismo» italiano (o francés, o checoslovaco) resultara plausible y seductor. Para 1947, 907.000 hombres y mujeres se habían unido ya al Partido Comunista Francés. En Italia, la cifra era de dos millones y cuarto, muy superior a la de Polonia o incluso Yugoslavia. Incluso en Dinamarca y Noruega, uno de cada ocho votantes se sintió al principio atraído por la promesa de una alternativa comunista. En las zonas occidentales de Alemania, las autoridades aliadas temían que la nostalgia por épocas mejores del nazismo, junto con la reacción a los programas de desnazificación, la escasez de alimentos y la proliferación de la pequeña delincuencia, pudiera jugar a favor de los neonazis o los soviéticos.

Los Estados de Europa occidental tal vez fueran afortunados de que en la primavera de 1947 sus respectivos partidos comunistas continuaran marchando por el sendero moderado y democrático adoptado en 1944. En Francia, Maurice Thorez seguía instando a los mineros a «producir». En Italia, el embajador británico describía a Togliatti como una influencia moderada sobre sus aliados socialistas, más «exaltados». Por sus propios motivos, Stalin todavía no estaba alentando a sus numerosos seguidores de la Europa central y occidental a sacar provecho de la indignación y frustración popular. Pero, aun así, el espectro de la guerra civil y la revolución nunca anduvo muy lejos. En Bélgica los observadores aliados describían las tensiones comunitarias y políticas como graves, y calificaban al país, junto con Grecia e Italia, de «inestable».

En Francia las dificultades económicas del invierno de 1947 estaban ya desencadenando la decepción de los ciudadanos respecto a la nueva República de la postguerra. En una encuesta de opinión realizada en Francia el 1 de julio de 1947, el 92 por ciento de los encuestados pensaba que las cosas en Francia iban «mal o bastante mal». En Gran Bretaña, el ministro laborista Hugh Dalton, al reflexionar sobre los marchitos entusiasmos de los primeros años de la postguerra, escribía en su diario: «Ya no habrá otra mañana resplandeciente y confiada». Su colega francés, André Phillip, el ministro socialista de Economía, incidía de forma más dramática sobre lo mismo en un discurso pronunciado en abril de 1947: «Nos vemos amenazados —declaró— por una total catástrofe económica y financiera».

Este sentimiento de desesperanza y de temor a un desastre inminente se vivía en todas partes. «Durante los dos pasados meses —informaba Janet Flanner desde París en marzo de 1947— ha existido un clima de indudable y creciente malestar en París, y quizá en toda Europa, como si los franceses, o todos los europeos, esperaran que fuera a ocurrir algo o, aún peor, no esperaran que ocurriera nada». El continente europeo, como ella misma había referido unos meses antes, estaba entrando poco a poco en una edad de hielo. George Kennan hubiera estado de acuerdo. En un documento de Planificación de Políticas, este había sugerido seis semanas antes que el verdadero problema no era el comunismo, o en todo caso, solo indirectamente. La auténtica fuente del malestar europeo eran los efectos de la guerra y lo que Kennan diagnosticó como un «profundo agotamiento de la infraestructura física y el vigor espiritual». Los obstáculos a los que el continente se enfrentaba parecían demasiado grandes, ahora que la explosión inicial de esperanza y fe en la reconstrucción de la postguerra se había extinguido. Hamilton Fish, editor de Foreign Affairs, la influyente publicación entre la clase dirigente de la política exterior norteamericana, reflejaba así sus impresiones sobre Europa en julio de 1947:

Hay demasiado poco de todo, pocos trenes, pocos tranvías, pocos autobuses y automóviles para que la gente pueda llegar a tiempo al trabajo, y no digamos para salir de vacaciones; demasiado poca harina para hacer pan sin adulterarlo, y ni siquiera suficiente pan para cubrir el desgaste de energía de los que realizan duros trabajos; demasiado poco papel para que los periódicos informen de algo más que una pequeña parte de las noticias del mundo; demasiado pocas semillas para plantar y poco fertilizante para alimentarlas; demasiado pocas casas en las que vivir e insuficiente cristal para hacer las ventanas; demasiado poca piel para fabricar zapatos, lana para jerséis, gas para cocinar, algodón para pañales, azúcar para la mermelada, grasa para freír, leche para bebés o jabón para lavarse.

Hoy en día, los expertos en el tema opinan en general que a pesar del desolador panorama de aquellos momentos, la recuperación de los comienzos de la postguerra y las reformas y planes llevados a cabo entre 1945 y 1947 sentaron las bases para el futuro bienestar de Europa. Y es indudable que, al menos para la Europa occidental, 1947 marcaría de hecho el punto de inflexión de la recuperación del continente. Pero en aquel momento, nada de esto era obvio. Todo lo contrario. La Segunda Guerra Mundial y sus inquietantes secuelas bien pudieron haber precipitado el declive definitivo de Europa. Para Konrad Adenauer y otros muchos, la magnitud del caos de Europa parecía aún más grave que la de 1918. Con el precedente de los errores cometidos durante la postguerra de la Primera Guerra Mundial muy presentes en su pensamiento, muchos observadores europeos y estadounidenses en realidad se temían lo peor. Según sus previsiones, en el mejor de los casos Europa tendría que enfrentarse a varias décadas de pobreza y sufrimiento. Los residentes alemanes de la zona americana pensaban que tendrían que pasar al menos 20 años para que el país se recuperara. En octubre de 1945, Charles de Gaulle había afirmado taxativamente ante el pueblo francés que se necesitarían 25 años de «trabajo frenético» para que Francia pudiera resucitar.

Pero, desde el punto de vista de los pesimistas, mucho antes de eso Europa ya habría vuelto a sucumbir a la guerra civil, el fascismo y el comunismo. Cuando el secretario de estado de Estados Unidos, George C. Marshall, regresó el 28 de abril de 1947 de una reunión mantenida en Moscú por los ministros de Asuntos Exteriores de los países aliados, decepcionado ante la escasa disposición soviética a colaborar en una solución para Alemania y consternado por el estado económico y psicológico en el que había encontrado a Europa, no le cupo la menor duda de que era necesario tomar medidas drásticas, y lo antes posible. Y a juzgar por el ambiente resignado y pesimista que se vivía en París, Roma, Berlín, etcétera, la iniciativa tendría que partir de Washington.

El plan de Marshall para un Programa de Recuperación Europea, debatido con sus asesores durante solo unas cuantas semanas, y hecho público en el famoso discurso de la ceremonia de graduación celebrado en la Universidad de Harvard el 5 de junio de 1947, fue dramático e inolvidable. Pero no se improvisó de la noche a la mañana. Entre el final de la guerra y el anuncio del Plan, Estados Unidos había gastado ya muchos millones de dólares en subvenciones y préstamos para Europa. Los principales beneficiarios habían sido, con diferencia, el Reino Unido y Francia, que habían recibido 4400 y 1900 millones de dólares en préstamos respectivamente, aunque ningún país había quedado excluido: los préstamos a Italia superaban los 513 millones de dólares a mediados de 1947, y Polonia (251 millones), Dinamarca (272 millones), Grecia (161 millones) y otros muchos países también estaban endeudados con Estados Unidos.

Pero estos préstamos habían servido para cubrir agujeros y cubrir las emergencias. La ayuda norteamericana no se había utilizado hasta la fecha para la reconstrucción o la inversión a largo plazo, sino para suministros, servicios y reparaciones esenciales. Por otra parte, los préstamos, especialmente los concedidos a los principales Estados europeos, llevaban asociadas ciertas condiciones. Inmediatamente después de la rendición japonesa, el presidente Truman había cancelado imprudentemente los acuerdos de préstamo y arriendo, lo que había motivado que Maynard Keynes advirtiera al gabinete británico, en un memorándum fechado el 14 de agosto de 1945, que el país se enfrentaba a un «Dunquerque económico». A lo largo de los siguientes meses, Keynes negoció con éxito un importante acuerdo de crédito estadounidense para suministrar a Gran Bretaña la cantidad de dólares que necesitaría para comprar productos a los que ya no podía acceder mediante el préstamo y arriendo, aunque las condiciones impuestas por Estados Unidos resultaban exageradamente restrictivas, sobre todo en lo tocante a la exigencia de que Gran Bretaña abandonara sus preferencias imperialistas por sus dominios de ultramar y los controles de divisas, y declarara la convertibilidad plena de la libra esterlina. El resultado, como Keynes y algunos otros predijeron, fue que la libra británica experimentó la primera de las muchas crisis que sufriría durante la postguerra, la rápida desaparición de las reservas británicas de dólares y la llegada de otra crisis aún más grave al año siguiente.

Las condiciones del crédito negociadas en Washington en mayo de 1946 entre Estados Unidos y Francia fueron ligeramente menos restrictivas. Además de la cancelación de unos préstamos realizados en tiempo de guerra por valor de 2250 millones de dólares, los franceses obtuvieron cientos de millones de dólares en créditos y la promesa de concederles futuros préstamos a bajo interés. A cambio, París se comprometía a abandonar las cuotas proteccionistas a la importación para permitir la libre entrada de productos estadounidenses y de otros países. Al igual que en el caso británico, uno de los propósitos de este acuerdo fue promover los objetivos estadounidenses de un comercio internacional libre, cambios de divisas estables y abiertos y una cooperación internacional más estrecha. Sin embargo, en la práctica, el dinero voló en un año y su único legado a medio plazo se redujo a un aumento de la animadversión popular hacia Estados Unidos (muy bien aprovechada por la izquierda) por el abuso que hacía de su musculatura económica.

Para la primavera de 1947, por tanto, los enfoques bilaterales de Washington sobre los problemas económicos de Europa habían fracasado claramente. El déficit comercial entre Europa y Estados Unidos alcanzó en 1947 los 4742 millones de dólares, más del doble de la cifra correspondiente a 1946. Si esto no era más que un «hipo provocado por el crecimiento», como algunos comentaristas han sugerido posteriormente, a Europa le faltaba poco para ahogarse. Este fue el motivo que llevó a afirmar al ministro de Asuntos Exteriores británico, Ernest Bevin, que la alocución de Marshall en la ceremonia de graduación de Harvard había sido «uno de los más grandes discursos de la historia del mundo», y no le faltaba razón.

Las propuestas de Marshall suponían una clara ruptura con el pasado. Para empezar, más allá de ciertas limitaciones generales, quedaba a criterio de los europeos decidir si aceptaban o no la ayuda norteamericana y el modo de utilizarla, aunque asesores y especialistas estadounidenses desempeñarían un importante papel en la administración de los fondos. Segundo, la ayuda se prolongaría durante un periodo de varios años, lo que lo convertía desde el principio en un programa estratégico de recuperación y crecimiento más que en un fondo de ayuda de emergencia.

En tercer lugar, las sumas en cuestión eran verdaderamente sustanciosas. Cuando finalizó la ayuda del Plan Marshall, en 1952, Estados Unidos había gastado unos 13.000 millones de dólares, una cantidad superior a la suma de toda la ayuda al extranjero proporcionada anteriormente por Estados Unidos. De esa cantidad, el Reino Unido y Francia recibieron con diferencia la mayor parte en términos absolutos, aunque el impacto relativo que causó en Italia y otros receptores de menor tamaño fue probablemente mayor aún: en Austria el 14 por ciento de los ingresos del país durante el primer año completo del Programa de Recuperación Europea (ERP), de julio de 1948 a junio de 1949, procedió de la ayuda del Plan Marshall. Estas cifras eran enormes para la época: en términos monetarios, el valor del ERP se situaría en torno a 100.000 millones de dólares actuales, pero, en términos equivalentes al porcentaje del PIB de Estados Unidos (consumió aproximadamente el 0,5 por ciento de este durante los años 1948-1951), un Plan Marshall costaría en estos comienzos del siglo XXI alrededor de 201.000 millones de dólares.

Inmediatamente a continuación del discurso de Marshall, los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Francia y la URSS se reunieron en París, por iniciativa de Bevin, para estudiar su respuesta. El 2 de julio el ministro de Asuntos Exteriores soviético, Viacheslav Mólotov, abandonó la reunión y, dos días más tarde, Gran Bretaña y Francia invitaron formalmente a los representantes de 22 países europeos (a excepción solamente de España y la Unión Soviética) para debatir las propuestas. El 12 de julio, dieciséis Estados europeos tomaron parte en estas conversaciones. Todos ellos (Gran Bretaña, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza, Grecia, Turquía, Irlanda, Islandia, Austria y Portugal) estarían entre los potenciales beneficiarios. Pero, a pesar del interés inicial mostrado por Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumanía, ningún futuro Estado comunista tomó parte en el Programa de Recuperación Europea ni recibió un solo dólar de la ayuda del Plan Marshall.

Merece la pena detenerse a considerar las implicaciones derivadas de ello. El hecho de que el dinero se destinara exclusivamente al Oeste (con Grecia y Turquía como miembros honorarios de la Europa occidental), facilitó sin duda la aprobación del ERP por parte del Congreso al año siguiente. Pero para entonces, muchas cosas habían cambiado, y el Congreso estaba deseando que le convencieran de que la ayuda del Plan Marshall constituía una barrera económica para la expansión soviética. Sin embargo, en junio de 1947, la oferta de ayuda a través del nuevo programa de Marshall se extendió a todos los países europeos sin distinción. Stalin y Mólotov recelaban sin duda de los motivos estadounidenses (las condiciones que proponía Marshall eran claramente incompatibles con la cerrada economía soviética), pero sus sentimientos no eran compartidos por igual en el resto de la Europa del Este, dado que todavía no formaba un bloque.

Así pues, Jan Masaryk, el ministro de Asuntos Exteriores no comunista de Checoslovaquia, aceptó con entusiasmo la invitación francobritánica del 4 de julio. Al día siguiente, el líder del Partido Comunista y primer ministro de Checoslovaquia, Klement Gottwald, fue llamado a Moscú para ordenarle en principio que asistiera a la conferencia de París. Pero las órdenes estaban claras: tenía que utilizar su presencia en París para demostrar «la inaceptabilidad del plan anglofrancés, impedir la adopción de decisiones unánimes y abandonar a continuación la conferencia, llevándose con él al mayor número posible de delegados».

Cuatro días más tarde, Stalin lo reconsideró. A Gottwald se le ordenó que retirara su aceptación de la invitación a París. En una reunión con una delegación del Gobierno checo, incluido Masaryk, Stalin aconsejó así a los checos: «Creemos que se trata de una cuestión fundamental de la que depende la amistad [de los checos] con la URSS. Si va a París, demostrará que quiere cooperar en una acción destinada a aislar a la Unión Soviética». Al día siguiente el Gobierno de coalición checo anunció formalmente que no enviaría ninguna delegación oficial a París. «La participación de Checoslovaquia puede interpretarse como contraria a nuestra amistad con la Unión Soviética y el resto de nuestros aliados. Por tanto, el Gobierno ha decidido por unanimidad que no tomará parte en esta conferencia».

¿Por qué cedieron los checos? Sus vecinos polacos y húngaros, con los comunistas ya en el poder, y el Ejército Rojo vigilante, no tuvieron otra opción que seguir las «orientaciones» soviéticas. Pero el Ejército Rojo había abandonado hacía tiempo Checoslovaquia, y los comunistas no tenían todavía el monopolio del poder. Sin embargo, Masaryk y sus colegas se doblegaron ante la primera muestra de desagrado de Stalin. Si los partidos no comunistas checos hubieran insistido en aceptar la ayuda del Plan Marshall, habrían contado con la aplastante mayoría de los ciudadanos a los que representaban (y de bastantes comunistas checos) y a Stalin le hubiera resultado bastante más difícil justificar que se hiciera su voluntad. Dentro del contexto más amplio de la política post-Múnich, la decisión checa de abrazar la influencia soviética era comprensible; pero es más que probable que esta decisión allanara el camino para el golpe comunista en Praga, ocurrido siete meses después.

La exclusión de Checoslovaquia del programa de ayuda de Marshall resultó una catástrofe económica y política para el país. También lo fue para el resto de los países de la zona obligados a «elegir», y tal vez el más perjudicado de todos fuera la propia Unión Soviética. Su decisión de mantenerse apartada del Programa de Recuperación Europea constituyó probablemente uno de los mayores errores estratégicos de Stalin. Fueran cuales fuesen las intenciones que tenían en la mente, los norteamericanos no habrían tenido más opción que incluir a la Europa del Este dentro del ERP, al haber hecho la oferta extensible a todos, y las consecuencias futuras de ello habrían sido inconmensurables. En cambio, la ayuda quedó de este modo limitada a Occidente, lo que marcó la separación definitiva entre las dos mitades del continente.

La ayuda del Plan Marshall pretendía desde el primer momento actuar de forma autorregulada. Su meta, como el propio Marshall había dejado claro en su discurso de Harvard, era «romper el círculo vicioso y restaurar la confianza de los europeos en el futuro económico de sus propios países y de Europa en general». En lugar de limitarse a prestar ayuda en efectivo, proponía la provisión sin coste alguno de productos a los países europeos, en función de unas peticiones formuladas por cada Estado receptor como parte de un plan cuatrienal. Estos productos, al ser vendidos dentro de cada país, generarían unos llamados «fondos de contrapartida» en la moneda local que podrían utilizarse con arreglo a unos acuerdos bilaterales alcanzados entre Washington y cada gobierno respectivo. Algunos países utilizaron estos fondos para comprar más importaciones; otros, como Italia, los transfirieron a sus reservas nacionales en previsión de futuras necesidades de cambio de divisas.

Esta original manera de prestar ayuda supuso algunas implicaciones novedosas. El programa obligaba a los gobiernos europeos a planificar y calcular con anticipación las futuras necesidades de inversión. Les exigía negociar y reunirse no solo con Estados Unidos sino entre sí, dado que el comercio e intercambio que contemplaba el programa iban destinados a que pasara de ser bilateral a multilateral lo antes posible. Obligaba a gobiernos, empresas y sindicatos a colaborar en la consecución de unos índices de producción previstos y las condiciones más convenientes para facilitarlos. Y, sobre todo, impedía cualquier recaída en las tentaciones que tanto habían obstaculizado la economía de entreguerras: la baja producción, el proteccionismo mutuamente destructivo y el colapso del comercio.

Aunque los administradores estadounidenses del Plan no guardaban en secreto sus expectativas, dejaron que fueran los europeos los que asumieran la responsabilidad de determinar el nivel de ayuda que necesitaban y la forma de distribuirla. Los políticos europeos, acostumbrados a la descarada búsqueda del interés propio por parte de Estados Unidos en las anteriores negociaciones de préstamos, se quedaron bastante sorprendidos. Su confusión era comprensible. Los propios norteamericanos estaban divididos respecto a los objetivos del Plan. Los idealistas partidarios del marco del New Deal (y había muchos en la administración norteamericana de la postguerra) veían la oportunidad de reconstruir Europa a la imagen de Estados Unidos, a través de la modernización, la inversión en infraestructuras, la productividad industrial, el crecimiento económico y la cooperación entre la mano de obra y el capital.

Así pues, las «misiones de productividad» patrocinadas por el Plan Marshall llevaron a Estados Unidos a miles de directivos, técnicos y sindicalistas para estudiar el estilo empresarial norteamericano (cinco mil solo en el caso de Francia, es decir, uno de cada cuatro del total), entre 1948 y 1952. Ciento cuarenta y cinco «equipos de productividad europeos» llegaron a Estados Unidos solo entre marzo y julio de 1951, la mayoría de ellos compuestos por hombres (rara vez alguna mujer) que jamás habían salido fuera de Europa. Entre tanto, los entusiastas new dealers de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), fundada en 1948 para canalizar los fondos del ERP, inculcaban a sus colegas europeos las virtudes del libre comercio, la colaboración internacional y la integración entre Estados.

Estas pretensiones norteamericanas, debe admitirse, alcanzaron en un primer momento un éxito limitado. La mayoría de los políticos y planificadores europeos todavía no estaban preparados para contemplar grandes proyectos de integración económica internacional. El mayor logro de los planificadores del Plan Marshall a este respecto fue tal vez la Unión Europea de Pagos, propuesta en diciembre de 1949 e inaugurada un año más tarde. Su limitado objetivo consistía en «multilateralizar» el comercio europeo con la creación de una especie de cámara de compensación para débitos y créditos en monedas europeas, destinada a superar el riesgo de que cada país europeo pudiera tratar de ahorrar los dólares que tan desesperadamente necesitaban con la restricción de las importaciones de otros países europeos, lo que finalmente redundaría en perjuicio de todos.

Con el Banco Internacional de Pagos como intermediario, los Estados europeos se vieron animados a ofrecer líneas de crédito proporcionales a sus necesidades comerciales. De este modo, en lugar de gastar los escasos dólares con los que contaban, podían liquidar sus obligaciones a través de la transferencia de créditos entre Estados europeos. Lo importante no era con quién se comerciaba, sino el saldo global de créditos y débitos en monedas europeas. Para cuando la Unión Europea de Pagos se cerró en 1958, esta había contribuido calladamente no solo a la expansión constante del comercio intraeuropeo, sino a un grado de colaboración mutuamente ventajosa desconocida hasta el momento, financiada, hay que señalar, por una importante inyección de dólares estadounidenses para abastecer el fondo de crédito inicial.

Sin embargo, desde una perspectiva estadounidense más convencional, el libre comercio y sus beneficios asociados constituían en sí mismos un objetivo y justificación suficientes para el programa ERP. Estados Unidos había sufrido especialmente los efectos de la caída del comercio y la exportación de los años treinta, y no escatimó ningún esfuerzo para convencer a los demás de la importancia que tendría para la postguerra la recuperación de los regímenes arancelarios liberalizados y las divisas convertibles. Al igual que el entusiasmo de los liberales ingleses por el libre comercio en la época anterior a 1914, este alegato norteamericano en favor de la libre circulación de productos no era del todo desinteresado.

No obstante, este interés egoísta estaba perfectamente razonado. Después de todo, como señaló Allen Dulles, el director de la CIA, «el Plan presupone nuestro deseo de ayudar a una Europa que puede y debe competir con nosotros en los mercados mundiales y, por la misma razón, ser capaz de comprar importantes cantidades de nuestros productos». En determinados casos, existían beneficios más inmediatos: en Estados Unidos, el respaldo de las organizaciones de trabajo al Plan Marshall se consiguió mediante la promesa de que todas las transferencias en especie desde Estados Unidos se realizarían en barcos de propiedad norteamericana cargados por los estibadores sindicados en la Federación Americana de Trabajo y el Congreso de Organización Industrial (AFL-CIO). Pero este constituía un caso especial de beneficio directo e inmediato. En general, Dulles tenía razón: el Plan Marshall beneficiaría a Estados Unidos al recuperar a su principal socio comercial, en lugar de reducir a Europa a una dependencia imperialista.

Pero había otras implicaciones. Aunque tal vez no todo el mundo se diera cuenta en aquel momento, la Europa de 1947 se enfrentaba a una elección. Parte de esta elección consistía en recuperarse o derrumbarse, pero la cuestión más profunda hacía referencia a si Europa y los europeos habían perdido el control de su destino, si treinta años de conflicto homicida entre Estados europeos no habían acabado por poner el destino del continente en manos de las dos grandes potencias periféricas, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética se sentía bastante satisfecha ante esta perspectiva (como Kennan escribió en sus memorias, la sombra de temor que cubría Europa en 1947 favorecía que el continente cayera en manos de Stalin como fruta madura). Pero para los responsables políticos estadounidenses, la vulnerabilidad de Europa constituía un problema, no una oportunidad. Como expresaba un informe de la CIA en 1947, «el mayor peligro para la seguridad de Estados Unidos reside en la posibilidad de un derrumbamiento económico en Europa occidental y la consiguiente llegada al poder de elementos comunistas».

Un grupo especial del comité coordinador de los Departamentos de Estado, Guerra y Marina explicaba con mayor detalle este asunto en un informe fechado del 21 de abril de 1947: «Es importante mantener en manos amigas las zonas que contienen o custodian fuentes de suministro metalúrgico, petrolífero y otro tipo de recursos naturales, que incluyen objetivos estratégicos o áreas de localización estratégica, que representan un importante potencial industrial, que poseen personal y fuerzas militares organizadas en cantidades importantes o que por razones políticas o psicológicas permiten a Estados Unidos ejercer una gran influencia en la estabilidad, la seguridad y la paz mundial». Este es el contexto más amplio del Plan Marshall, un amenazante panorama político y de seguridad en el que los intereses norteamericanos estaban inextricablemente ligados con los de un frágil y debilitado subcontinente europeo.

Los receptores europeos mejor informados del Plan Marshall, especialmente Bevin y su homólogo en el ministerio de Asuntos Exteriores francés en el Quai d’Orsay, Georges Bidault, lo comprendían a la perfección. Pero, indudablemente, el interés de cada Estado en el propio Programa de Recuperación Europea y los usos a los se iba a destinar variaban de manera notable de un país a otro. En Bélgica, donde la ayuda estadounidense era probablemente menos necesaria, puede que el Plan Marshall produjera a la larga un impacto negativo, al permitir al Gobierno invertir grandes cantidades en fábricas industriales tradicionales y sectores políticamente sensibles como la minería de carbón, sin tener en cuenta el coste a largo plazo.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la ayuda del Plan Marshall se utilizó conforme a lo previsto. Durante el primer año del Plan, la ayuda a Italia fue destinada en su mayor parte a importaciones que se necesitaban de forma urgente, como el carbón y el grano, o a industrias que, como la textil, atravesaban un momento crítico. De hecho, bajo el Gobierno de Alcide de Gasperi y los democratacristianos, la planificación económica italiana de finales de los años cuarenta se parecía bastante a la de sus homólogas en la Europa del Este en el desfavorecimiento deliberado de los productos de consumo, la contención del consumo de alimentos hasta niveles anteriores a la guerra y la desviación de recursos para la inversión en infraestructuras. Este grado de celo resultaba casi excesivo: los observadores estadounidenses se pusieron nerviosos y trataron sin éxito de animar al Gobierno a que introdujera unos impuestos más progresivos, relajara el nivel de austeridad, permitiera el descenso de las reservas y evitara la posibilidad de una recesión. Aquí, como también en Alemania Occidental, los planificadores norteamericanos de Marshall hubieran preferido unas políticas algo más centristas y más alejadas de las medidas deflacionistas tradicionales.

En Francia, la ayuda del Plan Marshall sirvió en gran medida a los objetivos de los «planificadores». Como más tarde reconoció Pierre Uri, uno de los colaboradores de Monnet: «Utilizamos a los norteamericanos para imponer al Gobierno francés lo que considerábamos necesario», ignorando así el deseo americano de liberalización pero respondiendo al mismo tiempo entusiastamente al llamamiento estadounidense a la inversión y la modernización. Los dólares del ERP (1300 millones en 1948 y 1600 millones más a lo largo de los tres años siguientes) financiaron casi el cincuenta por ciento de la inversión pública francesa contemplada por el Plan Monnet durante los años de la ayuda Marshall, y sin este dinero, el país no habría podido salir adelante. Resulta por tanto bastante irónico que fuera en Francia donde el Plan Marshall despertara una mayor impopularidad. A mediados de la década de 1950, solo uno de cada tres adultos franceses reconocía haber oído hablar siquiera del Plan Marshall y, de estos, el 64 por ciento afirmaba incluso que había sido «negativo» para su país.

La relativamente mala imagen del Plan en Francia respondía en parte a un éxito de relaciones públicas de los comunistas franceses, tal vez el mayor[4]. En Austria, los comunistas, apoyados por las fuerzas soviéticas que todavía ocupaban la región oriental del país, nunca llegaron a hacer mella en la popularidad de los norteamericanos y su ayuda; gracias a ellos podían comer, y eso era lo más importante. En Grecia la situación era aún más clara. En mitad de una brutal guerra civil, la ayuda del Plan Marshall llegó a Grecia en abril de 1948 y, con ella, la diferencia entre la supervivencia y la indigencia absoluta. Los 649 millones de dólares de ayuda americana que llegaron a Grecia en virtud del ERP sirvieron para mantener a los refugiados y evitaron el hambre y las enfermedades: sin ir más lejos, la entrega de una mula a los campesinos indigentes suponía la diferencia entre la vida y la muerte para miles de familias campesinas. En 1950 al Plan Marshall se le atribuía la mitad del PIB del país.

¿En qué medida resultó un éxito el Programa de Recuperación Europea? Es indudable que Europa se recuperó, y precisamente durante el periodo de aplicación del Plan Marshall (1948-1951). Ya en 1949, la producción industrial y agrícola francesa superó por primera vez los niveles de 1938. Conforme a este mismo criterio, la recuperación sostenida se alcanzó también en Holanda en 1948, en Austria e Italia en 1949 y en Grecia y Alemania Occidental en 1950. De los países ocupados durante la guerra, solo Bélgica, Dinamarca y Noruega consiguieron recuperarse antes (1947). Entre 1947 y 1951, el PIB conjunto de Europa occidental aumentó en un 30 por ciento.

A corto plazo, la principal contribución del Programa a esta recuperación fue sin duda la concesión de los créditos en dólares. Gracias a ellos fue posible financiar los déficits comerciales y facilitar la importación a gran escala de materias primas urgentemente necesarias, y Europa pudo superar la crisis de mediados de 1947. Cuatro quintas partes del trigo consumido por los europeos durante los años 1949-1951 procedían de países pertenecientes a la zona del dólar. Sin la ayuda del Plan Marshall, no parece claro cómo podría haberse superado la escasez de combustible, alimentos, algodón y otros artículos de primera necesidad a un precio políticamente aceptable. Porque aunque las economías de la Europa occidental podrían haber continuado creciendo sin la ayuda norteamericana, ello solo se habría podido lograr mediante la contención de la demanda doméstica, los recortes en los servicios sociales recién introducidos y un descenso más acusado del nivel de vida de cada país.

Este era un riesgo que la mayoría de los gobiernos elegidos evidentemente no deseaba correr. En 1947 los gobiernos de coalición europeos de Europa occidental estaban atrapados y lo sabían. Hoy en día resulta fácil reconocer, en retrospectiva, que el Plan Marshall «se limitó» a deshacer el atasco generado por una renovada demanda, que el novedoso enfoque de Washington vino a superar el déficit «temporal» de dólares. Pero en 1947 nadie podía saber que el agujero de 4600 millones de dólares era «temporal». Y, ¿quién entonces podía saber con seguridad que este atasco no iba a convertirse en una catarata que arrasara a su paso a las frágiles democracias europeas? Aunque el ERP no sirviera más que para ganar tiempo, esa ya era una aportación crucial, dado que tiempo es lo que precisamente parecía faltarle a Europa. El Plan Marshall era un programa económico, pero la crisis que evitó fue política.

A largo plazo, los beneficios del Plan Marshall son más difíciles de evaluar. Algunos observadores se sintieron decepcionados por el aparente fracaso de los norteamericanos a la hora de convencer a los europeos para que cooperaran en integrar su planificación tanto como habían esperado al principio. Y es cierto que cualesquiera que fueran las prácticas e instituciones de colaboración que los europeos adquirieran finalmente, solo se debieron a los esfuerzos estadounidenses de una forma indirecta, en el mejor de los casos. Pero a la luz del pasado reciente de Europa, cualquier iniciativa en este sentido representaba un progreso; y la invitación de Marshall sí obligó al menos a los mutuamente recelosos Estados europeos a sentarse juntos y coordinar sus respuestas y, a la larga, a muchas más cosas. The Times no andaba muy desencaminado cuando el 3 de junio de 1949 afirmaba en un editorial que «cuando los esfuerzos de cooperación del último año se comparan con el intenso nacionalismo económico de los años de entreguerras, cabe sin duda sugerir que el Plan Marshall está iniciando una nueva y esperanzadora era de la historia europea».

Los verdaderos beneficios fueron psicológicos. De hecho, podría llegar a afirmarse que el Plan Marshall ayudó a los europeos a sentirse mejor con ellos mismos. Les ayudó a romper rotundamente con un legado de chovinismo, depresión y soluciones autoritarias. Consiguió que la política económica coordinada se convirtiera en algo normal en lugar de excepcional. Logró que el comercio y las políticas de empobrecer al vecino típicas de los años treinta pasaran a parecer primero imprudentes, luego innecesarias y finalmente absurdas.

Nada de ello hubiera sido posible si el Plan Marshall se hubiera presentado como un programa para la «americanización» de Europa. Por el contrario, los europeos de la postguerra eran hasta tal punto conscientes de su humillante dependencia respecto a la ayuda y protección norteamericanas que cualquier tipo de presión poco delicada en este sentido habría resultado políticamente contraproducente. Al permitir a los gobiernos europeos seguir unas políticas consecuentes con sus compromisos y experiencias domésticas y evitar un enfoque uniforme para los programas de recuperación, Washington en realidad tuvo que renunciar a algunas de sus esperanzas para la integración de Europa occidental, al menos a corto plazo.

Porque el ERP no se lanzó al vacío. Europa occidental pudo beneficiarse de la ayuda estadounidense porque era una región con una larga y consolidada trayectoria de propiedad privada, economía de mercado y, excepto en años recientes, estabilidad política. Pero, precisamente por esta misma razón, Europa occidental tuvo que tomar sus propias decisiones y a la larga seguiría haciéndolo así. En palabras del diplomático británico Oliver Franks, «el Plan Marshall consistía en poner en manos de los europeos los dólares necesarios para comprar las herramientas para la recuperación». El resto (las divisas convertibles, las buenas relaciones laborales, los presupuestos equilibrados y el comercio liberalizado) dependería de los propios europeos.

No obstante, la comparación más obvia no era la que cabía establecer entre las perspectivas americanas y las prácticas europeas, sino entre 1945 y 1918. En muchos aspectos, más de los que hoy recordamos, las dos épocas de postguerra guardaban un parecido asombroso. En la década de 1920 muchos observadores norteamericanos veían la salvación de Europa en la integración económica y la inversión de capitales. Y, también en esa misma década, los europeos dirigían su mirada al otro lado del Atlántico en busca de orientación para su propio futuro y ayuda práctica para su presente.

Pero la gran diferencia residía en que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos solo concedió préstamos, no subvenciones; y estos fueron casi siempre suministrados a través del mercado del capital privado. A consecuencia de ello, conllevaban un coste y generalmente su vencimiento era a corto plazo. Cuando se exigió su pago, a comienzos de la Gran Depresión, los efectos fueron desastrosos. El contraste a este respecto resulta sorprendente; tras los primeros tropiezos producidos entre 1945-1947, los responsables políticos norteamericanos hicieron lo posible por corregir los errores de la postguerra anterior. La importancia del Plan Marshall reside no solo en lo que hizo, sino en lo que tuvo buen cuidado en evitar.

Sin embargo, existía un problema europeo que el Plan de Recuperación Europea no podía ni resolver ni soslayar, a pesar de que todo lo demás dependía de su solución. Se trataba de la cuestión alemana. Sin la recuperación alemana, la planificación francesa quedaría en nada: por ejemplo, Francia quería utilizar los fondos de contrapartida del Plan Marshall para construir enormes fábricas de acero en Lorena, pero sin el carbón alemán no servirían para nada. Los créditos Marshall podían servir para comprar carbón alemán, pero ¿y si no había carbón? En la primavera de 1948 la producción industrial alemana todavía no alcanzaba más que la mitad de la de 1936. La economía británica nunca podría recuperarse mientras el país siguiera gastando sumas inauditas (317 millones de dólares solo en 1947) para mantener a la desamparada población de su zona de ocupación en el noroeste de Alemania. Sin Alemania para comprar sus productos, las economías comerciales de los Países Bajos y Dinamarca agonizaban.

La lógica del Plan Marshall requería el levantamiento de todas las restricciones aplicadas a la producción y el rendimiento de Alemania (Occidental), a fin de que el país pudiera volver a aportar su esencial contribución a la economía europea. De hecho, el secretario de estado Marshall había dejado claro desde el principio que su Plan suponía el fin de las esperanzas francesas de obtener indemnizaciones de guerra de Alemania; se trataba, después de todo, de desarrollar e integrar a Alemania, no de convertirla en un país paria y dependiente. Pero, a fin de evitar una trágica repetición de lo sucedido en la década de 1920, cuando los frustrados esfuerzos por obtener indemnizaciones de guerra de una postrada Alemania habían conducido directamente, como parecía desde la retrospectiva, a la inseguridad francesa, el resentimiento alemán y la ascensión de Hitler, los norteamericanos y sus amigos tenían claro que el Plan Marshall solo funcionaría como parte de un acuerdo político mucho más amplio en virtud del cual tanto franceses como alemanes pudieran sacar un provecho real y duradero. No existía ningún misterio al respecto: un acuerdo de postguerra en Alemania era la clave para el futuro de Europa, y ello resultaba igual de obvio en Moscú que en París, Londres o Washington. Lo que resultaba bastante más discutible era la forma que adoptaría dicho acuerdo.

IV

El acuerdo imposible

A los que no vivieran entonces les puede resultar difícil hacerse una idea de hasta qué punto la política europea de los años de la postguerra estaba gobernada por el temor a una resurrección alemana y dirigida a garantizar que no volviera a producirse jamás.

Sir MICHAEL HOWARD

No se llamen a engaño: todos los Balcanes, excepto Grecia, pasarán a ser bolcheviques, y no puedo hacer nada para evitarlo. Tampoco puedo hacer nada por Polonia.

WINSTON CHURCHILL, enero de 1945

Me recordaba a los déspotas renacentistas por su carencia de principios y su disposición a utilizar cualquier método, a pesar de que no empleara su florido lenguaje; simplemente «sí» o «no», aunque solo podías fiarte del «no».

CLEMENT ATTLEE en referencia a Stalin

En un espacio de cinco años hemos adquirido un extraordinario complejo de inferioridad.

JEAN PAUL SARTRE (1945)

«Nadie en el mundo puede entender lo que los europeos sienten hacia los alemanes hasta que habla con los belgas, los franceses o los rusos. Para ellos, el único alemán bueno es el alemán muerto». El autor de estas palabras, escritas en su diario en 1945, fue Saul K. Padover, el psicólogo del ejército estadounidense al que hacíamos mención en el capítulo III. Su comentario debería tenerse en cuenta en todo lo referente a la división de la Europa de la postguerra. En Europa, el objetivo de la Segunda Guerra Mundial era derrotar a Alemania, y prácticamente no cabía ninguna otra consideración mientras la lucha continuara.

La principal preocupación de los aliados había sido mantenerse los unos a los otros en el conflicto. A los norteamericanos y los británicos les preocupaba constantemente que Stalin pudiera alcanzar la paz por separado con Hitler, especialmente una vez que la Unión Soviética hubiera recuperado el territorio perdido a partir de junio de 1941. Stalin, por su parte, pensaba que la demora en establecer un segundo frente (occidental) no era más que una estratagema de los aliados occidentales para dejar que Rusia se desangrara por completo antes de empezar a beneficiarse de su sacrificio. Ambas partes podían remitirse a la contemporización y los pactos anteriores a la guerra como evidencia de la escasa fiabilidad del otro; lo único que les unía era un enemigo común.

Este malestar mutuo explica los acuerdos y pactos alcanzados durante la guerra por los tres principales Gobiernos aliados. En enero de 1943 se acordó en Casablanca que la guerra en Europa solo debía finalizar con la incondicional rendición de Alemania. En Teherán, once meses después, los «Tres Grandes» (Stalin, Roosevelt y Churchill) acordaron en principio un desmantelamiento de Alemania durante la postguerra, un retorno a la llamada «Línea Curzon[1]» entre Polonia y la Unión Soviética, el reconocimiento de la autoridad de Tito en Yugoslavia y el acceso soviético al Báltico a través del puerto de Königsberg, antes perteneciente a la Prusia Oriental.

El más beneficiado por estos acuerdos era obviamente Stalin pero, dado que el Ejército Rojo había desempeñado el papel más importante con diferencia en la lucha contra Hitler, este hecho parecía justificado. Por la misma razón, cuando Churchill se reunió con Stalin en Moscú en octubre de 1944 y firmó el célebre «acuerdo de los porcentajes», se estaba limitando a cederle al dictador soviético un terreno que este último ya estaba seguro de que iba a conseguir. En este acuerdo, garabateado precipitadamente por Churchill y pasado inmediatamente a Stalin, que «sacó su lápiz azul y estampó sobre él un visto bueno de grandes dimensiones», Gran Bretaña y la URSS acordaban ejercer el control sobre la Yugoslavia y la Hungría de la postguerra al 50 por ciento; Rumanía y Bulgaria quedarían bajo control ruso en un 90 y 75 por ciento respectivamente, mientras que Grecia sería en un 90 por ciento «británica».

Merece la pena destacar tres puntos acerca de este «acuerdo» secreto. El primero es que los porcentajes para Hungría y Rumanía no eran más que un mero formulismo: el asunto verdaderamente importante eran los Balcanes. En segundo lugar, el acuerdo fue en gran medida defendido por ambas partes, como veremos más adelante. Y, tercero, y por cruel que pueda parecer desde el punto de vista de los países afectados, en realidad no era significativo. Lo mismo puede decirse de las conversaciones de Yalta celebradas en febrero de 1945. «Yalta» ha entrado a formar parte del léxico de la política centroeuropea como sinónimo de la traición occidental, el momento en que los aliados occidentales vendieron a Polonia y otros pequeños Estados situados entre Rusia y Alemania.

Pero en realidad Yalta importaba poco. Es indudable que todos los aliados firmaron la Declaración de la Europa Liberada («para fomentar unas condiciones que permitan a los pueblos liberados ejercer sus derechos [democráticos], los tres gobiernos asistirán conjuntamente a la población de cualquier Estado liberado o antiguo satélite del Eje…») con el fin de formar gobiernos representativos, facilitar elecciones libres, etcétera. Y fue el cinismo mostrado por la Unión Soviética durante la postguerra respecto a este compromiso el que más tarde le echarían en cara a Occidente algunos comprensiblemente agraviados portavoces de las naciones cautivas. Pero en Yalta no se decidió nada que no hubiera sido ya previamente acordado en Teherán o en cualquier otra parte.

Lo más que puede decirse de la Conferencia de Yalta es que constituye un llamativo caso en materia de malentendidos, en el que Roosevelt, especialmente, fue víctima de sus propias ilusiones. Porque por entonces Stalin apenas necesitaba permiso de Occidente para hacer lo que deseara en la Europa del Este, como los británicos sí entendieron perfectamente. Los territorios del este cedidos a Stalin mediante los protocolos secretos de los pactos nazi-soviéticos de 1939 y 1940 volvían a quedar bajo el firme control soviético de nuevo: para cuando se celebró la reunión de Yalta (del 4 al 11 de febrero de 1945), el «Comité de Lublin» de comunistas polacos que el vagón de equipajes soviético había transportado en dirección oeste para dirigir la Polonia de la postguerra ya estaba instalado en Varsovia[2].

De hecho, Yalta dejó fuera de la mesa el asunto que en realidad más importaba (los acuerdos para la Alemania de la postguerra) debido precisamente a su trascendencia y su difícil tratamiento. Y es poco probable que los líderes occidentales hubieran podido obtener de Stalin un acuerdo mejor durante estos últimos meses de la guerra, aunque lo hubieran intentado. La única esperanza para los polacos, entre otros, residía en que Stalin se mostrara generoso con ellos en respuesta a la buena voluntad occidental. Pero con esta buena voluntad ya contaba de todas formas, y mucho tiempo después de la derrota de Hitler, eran los aliados occidentales los que buscaban la cooperación de Stalin, y no al revés. La Unión Soviética debía mantenerse en la guerra contra Alemania (y más tarde, según se suponía entonces, contra Japón); el problema de la Europa central podía esperar a que se alcanzara la paz. Si hubiera sido de otro modo, Roosevelt y Churchill habrían protestado más enérgicamente en agosto de 1944, cuando los alemanes mataron a 200.000 polacos durante un desesperado levantamiento producido en Varsovia, mientras el Ejército Rojo se quedaba mirando desde la otra orilla del Vístula.

Puede que los líderes occidentales no compartieran la opinión de Stalin sobre el Ejército del Interior clandestino polaco, a los que calificaba como «un puñado de aventureros y criminales sedientos de poder», pero desde luego no estaban dispuestos a llevar la contraria a su principal aliado militar solo seis semanas después del desembarco del «día D» en Normandía. A partir de entonces, los polacos consideraron aquello una traición del propósito mismo de la guerra; después de todo, Gran Bretaña y Francia habían declarado la guerra a Hitler en septiembre de 1939 a causa de la invasión de Polonia. Pero para los aliados occidentales resultaba evidente que había que dejar mano libre a Stalin en el este. El objetivo de la guerra era derrotar a Alemania.

Y esta siguió siendo la principal fuerza motriz hasta el final. En abril de 1945, con Alemania ya vencida a todos los efectos, a falta solo de la declaración oficial, Roosevelt todavía manifestaba que, incluso con respecto a los acuerdos de postguerra para la propia Alemania, «nuestra actitud debería ser favorable a la reflexión y el aplazamiento de la decisión final». Existían sólidas razones para adoptar esta postura: la búsqueda de un acuerdo sobre la cuestión alemana iba a resultar terriblemente difícil, como los observadores más perspicaces ya podían detectar, y era lógico querer prolongar el mayor tiempo posible la alianza antialemana que había mantenido unidos a los aliados durante la guerra. Pero, a consecuencia de ello, la forma de la Europa de la postguerra no vino dictada en primera instancia por los pactos y acuerdos de guerra, sino más bien por cuál era el paradero de los ejércitos de ocupación cuando los alemanes se rindieron. Como Stalin le explicó a Mólotov cuando este último le expresó sus dudas respecto a los términos de la «Declaración de la Europa Liberada»: «Podemos cumplirlos a nuestra manera. Lo que importa es la correlación de fuerzas».

En el sudeste de Europa la guerra ya había terminado a finales de 1944, con el absoluto control soviético del norte de los Balcanes. Para mayo de 1945, en la Europa central y del Este, el Ejército Rojo había liberado y reocupado Hungría, Polonia y la mayor parte de Checoslovaquia. Las tropas soviéticas atravesaban entonces Prusia en dirección a Sajonia. En el oeste, donde británicos y estadounidenses combatían prácticamente por separado en el noroeste y sudoeste de Alemania, respectivamente, Eisenhower sin duda podía haber llegado a Berlín antes que los rusos, si Washington no le hubiera disuadido de ello. A Churchill le hubiera gustado ver el avance occidental sobre Berlín, pero Roosevelt era consciente tanto de la preocupación de sus generales por la pérdida de vidas (una quinta parte de todas las bajas entre las tropas estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial se habían producido en la batalla de las Ardenas, el invierno anterior) como del interés de Stalin por la capital alemana.

Por consiguiente, en Alemania y Checoslovaquia (donde el ejército estadounidense había avanzado inicialmente hasta quedar a tan solo 29 kilómetros de Praga y había liberado la región de Pilsen, situada en la Bohemia occidental, para entregársela poco después al Ejército Rojo), la línea divisoria entre lo que todavía no era el «Este» y el «Oeste» de Europa cayó un poco más hacia el oeste de lo que habría cabido esperar por el resultado de los combates. Pero solo un poco: aunque los generales Patton o Montgomery podían haber presionado un poco más, el resultado final no se habría visto esencialmente alterado. Entre tanto, más hacia el sur, el 2 de mayo de 1945, el Ejército Yugoslavo de Liberación Nacional y la Octava División del ejército británico se encontraron cara a cara en Trieste, trazando a través de la más cosmopolita de las ciudades de la Europa central una línea que se convertiría en la primera frontera real de la Guerra Fría.

Por supuesto, la Guerra Fría «oficial» todavía se situaba en el futuro. Pero, en ciertos aspectos, había comenzado ya mucho antes de mayo de 1945. Mientras Alemania continuaba siendo el enemigo, era fácil olvidar las profundas disputas y antagonismos que separaban a la Unión Soviética de sus aliados en tiempo de guerra. Pero estaban allí. Cuatro años de recelosa cooperación en una lucha a vida o muerte contra un enemigo común no habían contribuido mucho a la hora de borrar casi treinta años de mutua desconfianza. Porque lo cierto es que, en Europa, la Guerra Fría no comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, sino nada más terminar la Primera.

Así quedaba patente en el caso de Polonia, que en 1920 se había enfrentado contra la Unión Soviética en una guerra desesperada; en Gran Bretaña, donde Churchill había edificado en parte su prestigio durante el periodo de entreguerras sobre el Red Scare («Terror Rojo») de principios de los años veinte y el antibolchevismo; en Francia, donde el anticomunismo había constituido la baza más fuerte de la derecha en los asuntos domésticos, desde 1921 hasta la invasión alemana de mayo de 1940; en España, donde tanto a Stalin como a Franco les interesaba por igual subrayar la importancia del comunismo en la Guerra Civil española; y, evidentemente y por encima de todo, en la propia Unión Soviética, donde el monopolio del poder por parte de Stalin y sus sangrientas purgas entre los disidentes del partido se basaban en la acusación de que Occidente y sus partidarios en Rusia conspiraban para minar al país y hacer fracasar la experiencia comunista. Los años 1941-1945 solo fueron un interludio dentro de la lucha internacional entablada entre las democracias occidentales y el totalitarismo soviético, una lucha cuyos contornos se vieron desdibujados aunque no significativamente alterados por la amenaza que para ambos bandos representaba el ascenso del fascismo y del nazismo en el corazón mismo del continente.

Fue Alemania la que unió a Rusia y a Occidente en 1941, como también había conseguido hacerlo antes de 1914. Pero la alianza estaba predestinada al fracaso. Desde 1918-1934, la estrategia soviética en la Europa central y occidental de separar a la izquierda y fomentar la subversión y las protestas violentas ayudó a conformar una imagen del «bolchevismo» como algo básicamente ajeno y hostil. Cuatro años de problemáticas y controvertidas alianzas del tipo «frente popular» contribuyeron en parte a disipar esta impresión, a pesar de los juicios y asesinatos en masa que en aquel momento se estaban produciendo en la propia Unión Soviética. Pero el pacto de agosto de 1939 entre Mólotov y Ribbentrop y la colaboración de Stalin con Hitler en el desmembramiento de sus vecinos comunes durante el año siguiente minaron considerablemente los éxitos propagandísticos conseguidos durante los años del frente popular. Solo el heroísmo del Ejército Rojo y de los ciudadanos soviéticos durante los años 1941-1945 y los crímenes sin precedentes de los nazis ayudaron a borrar estos anteriores recuerdos.

En cuanto a los soviéticos, nunca dejaron de desconfiar de Occidente, una desconfianza cuyas raíces se remontaban, por supuesto, a bastante antes de 1917, pero a cuyo fortalecimiento había contribuido la intervención militar occidental durante la guerra civil de 1917-1921, la ausencia de la Unión Soviética de los organismos y asuntos internacionales durante los siguientes quince años, la bien fundada sospecha de que, puestos a elegir, la mayoría de los líderes occidentales prefería los fascistas a los comunistas y la intuición de que, especialmente Francia y Gran Bretaña, no lamentarían ver a la Unión Soviética y a la Alemania nazi enfrentarse en un conflicto mutuamente destructivo del que las primeras saldrían beneficiadas. Incluso después de forjarse la alianza durante la guerra y una vez quedó claro el interés común en derrotar a Alemania, el grado de desconfianza mutua no deja de sorprender: resulta revelador el extremadamente escaso intercambio de información sensible entre el este y el oeste durante la guerra.

Por tanto, el desarrollo de la alianza durante la guerra y la posterior división de Europa no se debió a un error, a un mero interés egoísta o a la malevolencia, sino que existían unas raíces históricas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre Estados Unidos y Reino Unido, por un lado, y la Unión Soviética, por otro, habían sido siempre tensas. La diferencia radicaba en que ninguno de ellos había tenido bajo su responsabilidad grandes áreas del continente europeo. Por otra parte, habían estado separados por la presencia de Francia y de Alemania, entre otras consideraciones. Pero con la humillación vivida por Francia en 1940 y la derrota alemana de cinco años después, todo cambió. El resurgimiento de la Guerra Fría en Europa había sido siempre probable, pero no inevitable. El hecho de que finalmente se produjera se debió a los objetivos y necesidades finalmente incompatibles de las partes interesadas.

Gracias a la agresión alemana, Estados Unidos era ahora, por primera vez, una potencia en Europa. Que Estados Unidos contaba con una fortaleza arrolladora era evidente, incluso para los que habían quedado hipnotizados por los logros del Ejército Rojo. El PIB de Estados Unidos se había duplicado durante la guerra y, para la primavera de 1945, su capacidad de producción equivalía a la mitad del total mundial, aparte de corresponderle la mayor parte de los excedentes alimentarios del mundo y la práctica totalidad de las reservas financieras internacionales. Estados Unidos había movilizado a 12 millones de hombres para luchar contra Alemania y sus aliados, y cuando Japón finalmente se rindió, la flota norteamericana era mayor que la suma de todas las flotas mundiales restantes. ¿Qué iba a hacer Estados Unidos con todo ese poder? Durante el periodo subsiguiente a la Primera Guerra Mundial, Washington había preferido no ejercitarlo; ¿en qué cambiarían las cosas después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué quería Estados Unidos?

En lo que respecta a Alemania (y el 85 por ciento de los esfuerzos bélicos estadounidenses se habían dirigido contra Alemania), la postura inicial de Estados Unidos fue bastante radical. El 26 de abril de 1945, dos semanas después de la muerte de Roosevelt, la Junta de Jefes de Estado Mayor le presentó al presidente Truman una directiva, la JCS 1067 que, con base en los puntos de vista de, entre otros, Henry Morgenthau, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, recomendaba que: «Debería dejarse claro a los alemanes que la despiadada ofensiva y la fanática resistencia nazi han destruido la economía alemana y han convertido el caos y el sufrimiento en inevitables, y que los alemanes no pueden escapar a la responsabilidad de lo que ellos mismos se han buscado. Alemania no será ocupada con el propósito de la liberación, sino como una nación enemiga derrotada». O, en palabras del propio Morgenthau, «es de la máxima importancia que todos los ciudadanos de Alemania se den cuenta de que esta vez Alemania es una nación derrotada».

En resumen, se trataba de evitar que se repitiera el que, desde la retrospectiva de 1945, les parecía a los políticos de entonces uno de los mayores errores del Tratado de Versalles: el fracaso en hacer entender a los alemanes la gravedad de sus pecados y el castigo que por ellos se les infligía. La lógica de este primer enfoque estadounidense sobre la cuestión alemana consistía por tanto en la desmilitarización, desnazificación y desindustrialización, es decir, en despojar a Alemania de sus recursos militares y económicos y reeducar a la población. Esta política se aplicó conforme a lo previsto, al menos en parte: la Wehrmacht fue oficialmente disuelta (el 20 de agosto de 1946); se pusieron en marcha programas de desnazificación, especialmente en la zona ocupada por Estados Unidos, como vimos en el capítulo II; y se impusieron unos límites estrictos a la capacidad y la producción industrial alemanas, aplicando las restricciones más rigurosas a la fabricación de acero, con arreglo al «Plan para la Nivelación de la Economía (alemana) de la postguerra» de marzo de 1946.

Pero desde el principio, la «estrategia Morgenthau» recibió duras críticas incluso desde la propia administración de Estados Unidos. ¿Qué beneficio se obtendría de reducir a Alemania (el sector bajo el control norteamericano) a un Estado prácticamente preindustrial? La mayor parte de los mejores terrenos agrícolas de Alemania estaban ahora bajo control soviético o habían sido transferidos a Polonia. Entre tanto, Alemania Occidental estaba inundada de refugiados que no tenían acceso ni a las tierras ni a la comida. Las restricciones a la producción urbana o industrial podían mantener postrada a Alemania, pero no servían para alimentarla ni para reconstruirla. Esta carga, de dimensiones más que considerables, caería sobre los victoriosos ocupantes que, antes o después, tendrían que descargar dicha responsabilidad sobre los propios alemanes y permitirles reconstruir su economía.

A estas preocupaciones, los críticos norteamericanos de la línea «dura» de Estados Unidos añadían una consideración más. Puede que estuviera bien obligar a los alemanes a tomar conciencia de su propia derrota pero, si no se les ofrecía la perspectiva de un futuro mejor, el resultado podría volver a ser el mismo de antes: una nación resentida y humillada, vulnerable a la demagogia de la derecha o de la izquierda. Como el expresidente Hoover manifestó al propio Truman en 1946, «se puede buscar la venganza o la paz, pero no las dos cosas a la vez». Si, en el tratamiento de Estados Unidos hacia Alemania, la balanza fue inclinándose cada vez más hacia la «paz», esto se debió en gran parte al progresivo deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Entre un reducido círculo de observadores de Washington con acceso a información de primera mano, resultó evidente desde el principio que la incompatibilidad entre los intereses soviéticos y occidentales conduciría a un conflicto y que, por tanto, la delimitación clara de unas áreas de poder podía constituir una solución prudente a los problemas de la postguerra. Este era el punto de vista de George Kennan que, el 26 de enero de 1945, escribió: «¿Por qué no podríamos alcanzar un compromiso razonable y definitivo con [la URSS]? […] ¿Dividir claramente Europa en esferas de influencia y que nosotros nos mantengamos al margen de la esfera rusa y los rusos de la nuestra? […] Así, cualquiera que fuese la esfera de actuación que nos correspondiera, podríamos al menos […] (intentar) reconstruir la vida después de la guerra sobre unas bases dignas y estables».

Seis semanas después, Averell Harriman, el embajador de Estados Unidos en Moscú, le planteaba al presidente Roosevelt una respuesta frente a las acciones de la Unión Soviética en la Europa del Este bastante más pesimista e implícitamente contenciosa en su informe: «A menos que estemos dispuestos a aceptar una invasión bárbara de Europa en pleno siglo XX, y el avance de la represión en el este, debemos encontrar la forma de frenar la política de dominación soviética […]. Si no encaramos estos problemas ahora, el periodo que le tocará vivir a la próxima generación quedará registrado en la historia como la era soviética».

Harriman y Kennan diferían implícitamente en el modo de responder a las acciones soviéticas, pero compartían la misma visión respecto a la actuación de Stalin. Otros líderes estadounidenses se mostraban sin embargo mucho más optimistas, y no solo en la primavera de 1945. Charles Bohlen, otro diplomático norteamericano, y el destinatario de la carta de Kennan antes mencionada, creía en la posibilidad de alcanzar un acuerdo de postguerra basado en los principios generales de la autodeterminación y la cooperación entre las grandes potencias. Al reconocer la necesidad de mantener la cooperación soviética en el diseño de una solución para la propia Alemania, Bohlen y otros como el secretario de Estado durante la postguerra, James Byrnes, depositaban su fe en la ocupación militar aliada de los antiguos países del Eje y sus satélites, así como en unas elecciones libres conforme a las líneas esbozadas en el Tratado de Yalta. Solo más adelante, tras observar el funcionamiento del poder soviético bajo los auspicios de los Consejos de Control de los aliados, especialmente en Rumanía y Bulgaria, llegarían a admitir la incompatibilidad de estos objetivos y a compartir la preferencia de Kennan por una Realpolitik de esferas separadas.

Una de las causas que dio origen al optimismo inicial fue la opinión ampliamente extendida de que Stalin no estaba interesado en provocar la confrontación y la guerra. Así se lo manifestó el propio general Eisenhower al presidente Truman y su Junta de Jefes de Estado Mayor en junio de 1946: «Yo no creo que los rojos quieran la guerra. ¿Qué sacarían ahora de un conflicto armado? Han conseguido casi todo lo que pueden asimilar». En cierto sentido, Eisenhower estaba en lo cierto: Stalin no deseaba entrar en guerra con Estados Unidos (aunque de ello no debía tampoco extraerse la conclusión lógica de que la Unión Soviética tuviera interés en cooperar plenamente con su anterior aliado). Y, en todo caso, Estados Unidos, con su monopolio sobre las armas atómicas, no arriesgaba mucho por el hecho de mantener las comunicaciones abiertas con la Unión Soviética y procurar encontrar soluciones compatibles para ambos países a los problemas que compartían.

Otro elemento de la política de Estados Unidos durante la fase inicial de la postguerra lo constituyeron las nuevas instituciones internacionales que los estadounidenses habían contribuido a crear y cuyo éxito deseaban sinceramente. Las Naciones Unidas, cuyos estatutos se ratificaron el 25 de octubre de 1945 y cuya Asamblea General se reunió por primera vez en enero de 1946, es evidentemente la más conocida; pero fueron los organismos financieros y económicos relacionados con «Bretton Woods» los que quizás revistieron mayor importancia para los responsables políticos de entonces.

A los ojos de los norteamericanos, el desastre económico de los años de entreguerras parecía constituir la causa raíz de la crisis europea (y mundial). A menos que las divisas fueran convertibles y los diversos países estuvieran dispuestos a beneficiarse mutuamente del incremento del comercio, no había nada que pudiera evitar la vuelta a los terribles días de septiembre de 1931, cuando el sistema monetario posterior a la Primera Guerra Mundial se desmoronó por completo. Liderados por Maynard Keynes, el inspirador de la reunión celebrada en el centro de conferencias de Bretton Woods, en New Hampshire, economistas y estadistas trataron de buscar una alternativa al sistema financiero internacional de la época anterior a la guerra: algo menos rígido y deflacionario que el patrón oro, pero más fiable y recíprocamente sostenible que un sistema fluctuante de divisas. Según Keynes, cualquiera que fuera la forma que adoptara este nuevo sistema, tendría que contar con algo parecido a un banco internacional, que funcionaría de forma similar a un banco central en una economía doméstica, para dirigirlo: es decir, para mantener un tipo de cambio fijo, fomentando y facilitando al mismo tiempo las operaciones de cambio de divisas.

Esto es, en esencia, lo que se acordó en Bretton Woods. Se creó un Fondo Monetario Internacional (con dinero efectivo estadounidense) «para facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional» (Artículo I). Su primera junta de gobierno, que tomó como modelo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estuvo integrada por representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y la URSS. También se propuso una Organización Internacional de Comercio que finalmente se materializaría en 1947 en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (transformado más adelante en la Organización Mundial del Comercio). Sus miembros acordaron los aranceles y otras concesiones aplicables a las partes contratantes, así como unos códigos de prácticas comerciales y procedimientos para tratar posibles incumplimientos y disputas. Todo esto suponía en sí mismo una ruptura drástica respecto a los anteriores enfoques «mercantilistas» del comercio, y tenía como fin dar paso, en su día, a una nueva era de libre comercio.

Los objetivos e instituciones de Bretton Woods, entre los que también se incluía un nuevo «Banco Mundial», llevaban implícito un grado de injerencia externa en las prácticas nacionales sin precedentes hasta entonces. Por otra parte, las divisas tendrían que ser convertibles en función de su relación con el dólar estadounidense, como condición necesaria para un comercio internacional sostenido y predecible. En la práctica, este punto resultaba problemático: tanto Francia como Gran Bretaña se resistían a la convertibilidad, en el caso británico debido a la existencia de un «área protegida» para su libra esterlina[3] y, en el francés, debido a su sempiterna obsesión por un «franco fuerte» y su deseo de preservar múltiples tipos de cambio para diferentes sectores y productos, la herencia neocolbertiana de una era ya pasada. La plena convertibilidad tardó una década en alcanzarse y el franco y la libra se unieron por fin al sistema de Bretton Woods en 1958 y 1959 respectivamente (seguidos por el marco alemán, en mayo de 1959, y la lira italiana en enero de 1960).

Así pues, el sistema Bretton Woods de la postguerra no se implantó de una sola vez. Los participantes de Bretton Woods habían previsto la convertibilidad internacional para finales de la década de 1940, pero sus cálculos no contemplaban las consecuencias políticas y económicas de la llegada de la Guerra Fría (ni, de hecho, del Plan Marshall). En otras palabras, los altos ideales de los que establecieron unos planes e instituciones para un mejor sistema internacional daban por hecho una era estable de cooperación internacional de la que todos saldrían beneficiados. La Unión Soviética en principio iba a formar parte del sistema financiero propuesto en Bretton Woods (como tercer mayor contribuyente a la cuota del Fondo Monetario Internacional). Tal vez fuera ingenuo por parte de los norteamericanos (y algunos británicos) suponer que estas propuestas serían aceptables para los responsables políticos rusos, o incluso franceses; en todo caso, sortearon este impedimento mediante el sencillo recurso de elaborar sus planes sin consultar ni a los rusos, ni a los franceses, ni a nadie más.

No obstante, esperaban sinceramente que los beneficios mutuos que se obtendrían de un aumento del comercio internacional y de la estabilidad financiera se impondrían por fin sobre las tradiciones nacionales y la desconfianza política. Por eso, cuando a comienzos de 1946 la Unión Soviética anunció bruscamente que no se uniría a las instituciones de Bretton Woods, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos quedó verdaderamente desconcertado; y fue entonces cuando, para explicar el pensamiento subyacente al paso que había dado Stalin, George Kennan envió desde Moscú, la noche del 22 de febrero de 1946, su célebre Largo Telegrama, primer testimonio significativo del reconocimiento por parte de Estados Unidos de la confrontación que se avecinaba.

Este planteamiento presenta a los responsables políticos estadounidenses como sorprendentemente inocentes, salvo en el caso de Kennan. Y puede que de hecho lo fueran, y no solo aquellos que como el senador Estes Kefauver o Walter Lippmann se negaban sencillamente a creer lo que les decían sobre la actuación soviética en la Europa del Este y otros lugares. Al menos a mediados de 1946, muchos líderes estadounidenses hablaban y actuaban como si de verdad creyeran en la continuación de la alianza formada con Stalin durante la guerra. Incluso Lucrețiu Pătrăşcanu, una veterana figura de la cúpula comunista rumana (y más tarde víctima de un «juicio-espectáculo» en su propio país), llegó a comentar en el verano de 1946, cuando se estaban llevando a cabo las negociaciones para el Tratado de Paz de París: «Los estadounidenses están locos. Están dándoles más a los rusos de lo que estos piden e incluso esperan[4]».

Pero en la política estadounidense había algo más que inocencia. En 1945, y durante algún tiempo más, Estados Unidos esperaba de verdad liberarse de Europa lo antes posible, por lo que era lógico que deseara establecer un marco viable que no exigiera la presencia o la supervisión norteamericana. Este aspecto del pensamiento estadounidense de la postguerra no parece recordarse o entenderse del todo bien hoy en día, pero ejerció una enorme influencia en la estrategia estadounidense de aquel momento; como Roosevelt explicó en Yalta, Estados Unidos esperaba que su ocupación de Alemania (y por tanto su presencia en Europa) no se prolongara más allá de dos años como máximo.

Truman se vio fuertemente presionado a cumplir este objetivo. El brusco final de los acuerdos de préstamo y arriendo formó parte de un recorte general de los compromisos económicos y militares con Europa. El presupuesto norteamericano de defensa se redujo en cinco sextas partes entre 1945 y 1947. Al final de la guerra en Europa, Estados Unidos tenía allí 97 divisiones de infantería listas para entrar en combate; a mediados de 1947 solo quedaban doce de ellas, la mayoría no muy bien pertrechadas y dedicadas a tareas administrativas. El resto habían sido desmovilizadas y devueltas a casa. Este hecho, que respondía a las expectativas de los votantes estadounidenses, de los cuales, en 1947, solo un 7 por ciento ponía los problemas extranjeros por delante de los nacionales, sembró la confusión entre los aliados europeos de Estados Unidos, que empezaron a temer seriamente que se repitiera el aislacionismo del periodo de entreguerras. Solo se equivocaban en parte; como los británicos sabían, en caso de que se produjera una invasión soviética de Europa occidental después de 1945, la estrategia norteamericana consistiría en replegarse inmediatamente a las bases periféricas situadas en Gran Bretaña, España y Oriente Medio.

Pero, a pesar de esta reducción del compromiso militar con Europa, los diplomáticos norteamericanos fueron tomando conciencia rápidamente de la situación. El propio secretario Byrnes, que al principio había expresado su fe en los acuerdos de guerra y la buena voluntad soviética, pronunció un discurso en Stuttgart, el 6 de septiembre de 1946, con el que pretendía tranquilizar al público alemán: «Mientras sea necesaria una fuerza de ocupación en Alemania, el ejército de Estados Unidos formará parte de dicha fuerza de ocupación». El compromiso con la defensa europea no es que fuera muy rotundo pero, tal vez motivado por una carta enviada por Truman en junio («Estoy harto de andar mimando a los rusos»), reflejaba la creciente frustración estadounidense ante la dificultad de trabajar en colaboración con la Unión Soviética.

Los alemanes no eran los únicos a los que había que tranquilizar: los británicos se mostraban especialmente preocupados ante el aparente deseo de los norteamericanos de liberarse de la carga europea. En Washington no todos compartían el amor a Gran Bretaña. En un discurso pronunciado el 12 de abril de 1946, el vicepresidente Henry Wallace recordó a su auditorio que «aparte de una lengua y una tradición literaria comunes, no tenemos más cosas en común con la Inglaterra imperialista que con la Rusia comunista». Evidentemente, la postura «blanda» de Wallace respecto al comunismo era conocida por todos pero, dentro del espectro político, eran muchos los que compartían su desagrado frente a la implicación de Estados Unidos en Gran Bretaña y Europa. Cuando en marzo de 1946 Winston Churchill pronunció su famoso discurso sobre el «telón de acero» en Fulton, Misuri, el Wall Street Journal comentó ácidamente: «La reacción del país ante el discurso del Sr. Churchill en Fulton debe constituir una prueba convincente de que Estados Unidos no desea ninguna alianza ni nada que se parezca a una alianza con ninguna otra nación».

Precisamente Churchill menos que nadie se habría sorprendido ni por Wallace ni por el editorial del Wall Street Journal. Ya en 1943 había podido darse cuenta perfectamente del deseo de Roosevelt de asistir al desmantelamiento del imperio británico; de hecho, había veces en las que Roosevelt parecía al menos igual de interesado en minimizar a la Gran Bretaña de la postguerra que en contener a la Rusia soviética. Si se pudiera hablar de una estrategia coherente de Estados Unidos durante el periodo de 1944-1947, esta se resumiría en: llegar a un acuerdo sobre la Europa continental con Stalin, presionar a Gran Bretaña para que abandonara su imperio de ultramar y aceptara el libre comercio y la convertibilidad de la libra, y retirarse de Europa lo antes posible. De estos objetivos, solo se consiguió el segundo, dado que el tercero no se pudo alcanzar debido a la imposibilidad del primero.

La perspectiva británica era completamente distinta. Una subcomisión del Gobierno enumeró en 1944 las cuatro áreas principales de interés que había que tener en cuenta en la relación con la Unión Soviética: i) el petróleo de Oriente Medio; ii) la cuenca mediterránea; iii) las «comunicaciones vitales por mar», y iv) el mantenimiento y protección de la fuerza industrial británica. Debe señalarse que ninguna de ellas afectaba directamente a Europa, salvo la segunda, que explica la implicación de Gran Bretaña en Grecia. No se mencionaba Europa del Este. Si los líderes británicos se mostraban cautelosos en sus relaciones con Stalin no era porque les preocuparan los planes que este pudiera albergar para Europa central, sino más bien ante los futuros avances soviéticos sobre Asia Central y Oriente Próximo.

Esto resultaba coherente con lo que para Gran Bretaña habían constituido siempre sus objetivos prioritarios: Asia Oriental, India, África y el Caribe. Pero estas mismas ambiciones imperialistas (como algunos, no solo en Washington, las denominaban) eran la causa de que los estrategas británicos se mostraran mucho más realistas que sus aliados estadounidenses en lo referente a Europa. Desde la perspectiva de Londres, la guerra se había librado para derrotar a Alemania, y si el precio que había que pagar para ello era que la Europa del Este pasara a formar parte del imperio soviético, había que aceptarlo. Los británicos seguían interpretando los asuntos europeos en términos de un equilibrio de poderes: en palabras de sir William Strang, del Foreign Office, «es preferible que Rusia domine el este de Europa a que Alemania domine Europa occidental».

La reflexión de Strang corresponde a 1943. En 1945, cuando el avance del dominio ruso empezaba a ser evidente, los líderes británicos comenzaron a mostrarse menos optimistas que sus colegas norteamericanos. Tras el golpe orquestado por Rusia en Bucarest en febrero de 1945 y la subsiguiente y dura represión soviética en Rumanía y Bulgaria, resultaba obvio que el precio que habría que pagar localmente por la hegemonía soviética sería muy caro. Pero los británicos no albergaban claras esperanzas de mejora en la región; como el secretario del Foreign Office, Ernest Bevin, le manifestó a su homólogo estadounidense, Byrnes: «En estos países debemos estar preparados para intercambiar un hatajo de sinvergüenzas por otro».

El verdadero temor de los británicos respecto a Europa no consistía en que la URSS llegara a controlar la Europa del Este (a finales de 1944 esto era ya un hecho consumado), sino que pudiera arrastrar a una Alemania humillada y resentida hacia su órbita, y de este modo llegar a dominar todo el continente. Para evitarlo, como concluyeron los jefes de Estado Mayor británicos en el otoño de 1944, probablemente sería necesario dividir Alemania y ocupar a continuación la parte occidental. En tal caso, se concluía en un documento secreto del Tesoro británico de marzo de 1945, una posible respuesta al problema alemán sería olvidarse de una solución panalemana y en su lugar incorporar plenamente esta zona alemana occidental en la economía europea occidental. Como el general Alan Brooke, jefe de la Junta de jefes de Estado Mayor del Imperio Británico, escribió en su diario el 27 de julio de 1944, «Alemania ya no constituye una potencia dominante en Europa. Rusia sí […]. Dentro de quince años, Rusia se habrá convertido inevitablemente en la principal amenaza. De ahí que haya que fortalecer a Alemania, ir levantándola poco a poco para luego introducirla en una federación de la Europa occidental. Por desgracia, todo esto debe llevarse a cabo bajo el manto de una sagrada alianza entre Rusia, Inglaterra y América».

Evidentemente, esto es lo que más o menos ocurrió cuatro años más tarde. De todas las potencias aliadas, fue Gran Bretaña la que más se acercó a la hora de imaginar e incluso perseguir el acuerdo que se alcanzó al final. Pero los británicos no estaban en situación de imponer este resultado, ni de imponer en realidad gran cosa, por sí solos. Hacia el final de la guerra resultaba obvio que Londres no podía competir con Washington y Moscú. Gran Bretaña había agotado todos sus recursos en su épica lucha contra Alemania y no podía permitirse siquiera la apariencia externa de una gran potencia. Entre el Día de la Victoria en Europa de 1945 y la primavera de 1947, las fuerzas británicas se redujeron de un máximo de 5,5 millones de hombres y mujeres militares a solo 1,1 millones. En el otoño de 1947, el país se vio obligado incluso a cancelar las maniobras navales a fin de ahorrar combustible. En palabras del embajador norteamericano William Clayton, un observador bastante simpatizante con la causa británica, «los británicos se aferran con uñas y dientes a la esperanza de que con nuestra ayuda podrán preservar de algún modo el Imperio Británico y su dominio sobre él».

En estas circunstancias, los británicos se sentían comprensiblemente preocupados, pero no por la perspectiva de un ataque ruso (la política británica se basaba en el supuesto de que la agresión soviética podía adoptar cualquier forma excepto la guerra) sino por una posible retirada de los norteamericanos. Su marcha solo habría sido del agrado de una minoría del Partido Laborista británico, entonces en el gobierno, que depositaba sus esperanzas para la postguerra en una alianza para la defensa europea de carácter neutral. Pero el primer ministro Clement Attlee no se dejaba engañar por estas vanas ilusiones, como le explicaba a su colega del Partido Laborista Fenner Brockway en una carta: «Algunos [en el Partido Laborista] pensaban que deberíamos concentrar todos nuestros esfuerzos en construir una tercera fuerza en Europa. Magnífico, sin duda. Pero entonces no existían unas bases ni espirituales ni materiales para ello. Lo que quedaba de Europa no era lo bastante fuerte para enfrentarse a Rusia sin más ayuda. Había que contar con una fuerza mundial, porque a lo que hacíamos frente era a otra fuerza mundial […]. Sin el poder disuasorio estadounidense, los rusos podrían haber intentado fácilmente avanzar sin más. No sé si lo hubieran hecho, pero esa era una posibilidad que no se podía ignorar».

Pero ¿podía contarse con los norteamericanos? Los diplomáticos británicos no habían olvidado la Ley de Neutralidad de 1937. Y, por supuesto, comprendían perfectamente la ambivalencia del compromiso estadounidense en el exterior, dado que no difería mucho de la postura que ellos mismos habían mantenido antes. Desde mediados del siglo XVIII hasta el envío de la fuerza expedicionaria británica a Francia en 1914, los ingleses habían preferido combatir «por poderes», sin tener un ejército permanente, evitando los prolongados compromisos continentales y sin tener desplazada a ninguna fuerza en suelo europeo. En el pasado, una potencia marítima que quisiera librar una guerra europea contando con la infantería de otro país podía recurrir a los españoles, los holandeses, los suizos, los prusianos e incluso los rusos como aliados. Pero los tiempos habían cambiado.

De ahí la decisión británica, tomada en enero de 1947, de seguir adelante con su programa de armas atómicas. Sin embargo, la importancia de esta decisión residiría en el futuro. En las circunstancias de los primeros años de la postguerra, la mejor opción de Gran Bretaña consistía en fomentar la continuación del compromiso de Estados Unidos en Europa (lo que significaba propugnar públicamente la fe norteamericana en un acuerdo negociado), y colaborar al mismo tiempo con los soviéticos en la medida que ello siguiera siendo posible. En tanto que el temor al revanchismo alemán continuara presidiendo todo lo demás, esta política se podía seguir manteniendo.

Sin embargo, a principios de 1947 comenzaba a desmoronarse visiblemente. La cuestión de si la Unión Soviética constituía o no un peligro real y presente no estaba clara (todavía en diciembre de 1947 incluso Bevin consideraba a Rusia una amenaza menor que una futura y renaciente Alemania). Pero lo que sí resultaba dolorosamente obvio era que el limbo en el que vivía Alemania, donde la economía del país aún se mantenía como rehén de las cuestiones políticas sin resolver, y donde los británicos tenían que correr con enormes gastos en su zona de ocupación, no podía continuar por mucho tiempo. La economía alemana necesitaba reactivarse, con o sin el acuerdo soviético. Eran por tanto los británicos (que habían librado dos largas guerras contra Alemania de principio a fin, y a los que la dificultad en conseguir sus sendas victorias les había bajado los humos) los que estaban más deseosos de cerrar este capítulo, acordar algún tipo de modus vivendi en los asuntos continentales y seguir adelante.

En tiempos mejores, los británicos se hubieran retirado a sus islas, como suponían que querían hacer los norteamericanos con el regreso a su continente, y dejado la seguridad de Europa occidental en manos de sus tradicionales guardianes, los franceses. En fechas todavía tan recientes como 1938 esa había sido la base de la estrategia británica: dejar que Francia, la potencia militar más importante del continente, actuara de contrapeso frente a las ambiciones alemanas respecto a Europa central, e incluso frente a futuras amenazas soviéticas dirigidas más hacia el este. Esta imagen de Francia como la gran potencia europea había sufrido una importante sacudida en Múnich, pero fuera de las cancillerías de la Europa del Este todavía no se había roto del todo. Así pues, el seísmo que recorrió Europa en mayo y junio de 1940, cuando el gran ejército francés se desmoronó y desbarató por completo ante la ofensiva de los Panzer que cruzaron el río Mosa y atravesaron la región de Picardía, fue tanto mayor por lo inesperado.

En seis traumáticas semanas, los puntos cardinales de referencia en las relaciones internacionales europeas cambiaron para siempre. Francia dejó no solo de ser una gran potencia, sino incluso una potencia, y, a pesar de los denodados esfuerzos de De Gaulle en décadas posteriores, nunca ha vuelto a serlo. Porque a la demoledora derrota de junio de 1940 le siguieron cuatro años de humillante, degradante y servil ocupación, con el régimen de Vichy del mariscal Pétain haciendo el papel de Uriah Heep y Alemania el de Bill Sikes[5]. A pesar de sus declaraciones públicas, los líderes y responsables políticos franceses no ignoraban lo que había ocurrido en su país. Como expresaba un documento político interno francés, una semana después de la liberación de París en 1944: «Si Francia se viera sometida a un tercer asalto durante la próxima generación […] sucumbiría para siempre».

Esto era lo que se decía en privado. En público, los estadistas y políticos franceses de la postguerra insistían en la reivindicación de su país por ser reconocido como miembro de la victoriosa coalición aliada, como una potencia mundial que había que tener en cuenta como un igual dentro del grupo. Esta ilusión podía sostenerse en cierta medida, dado que a las otras potencias les convenía aparentar que así era. La Unión Soviética deseaba contar con un aliado táctico en Occidente, que compartiera su recelo hacia los «angloamericanos»; los británicos querían una Francia resucitada que ocupara su puesto en los consejos de Europa y aliviara a Gran Bretaña de sus obligaciones continentales; incluso los estadounidenses veían algunas ventajas, aunque no muchas, en concederle a París un asiento en la mesa del alto mando. Por todo ello, a los franceses se les concedió un escaño permanente en el nuevo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se les ofreció un puesto en las administraciones militares conjuntas de Viena y de Berlín, y (ante la insistencia británica) se les buscó un distrito de ocupación dentro de la zona norteamericana al sudoeste de Alemania, en un área contigua a la frontera francesa y en el extremo occidental opuesto a la frontera soviética.

Pero tan calurosos ánimos no hicieron sino aumentar la humillación de una nación ya humillada. Y los franceses, como cabía esperar, respondieron al principio con una actitud un tanto quisquillosa. En el Consejo de Control Aliado de Alemania, bloquearon o vetaron sistemáticamente la implantación de las decisiones tomadas por los tres grandes en la Conferencia de Potsdam, con el argumento de que Francia no había participado en ellas. Las autoridades provisionales francesas se negaron al principio a cooperar con los gobiernos militares aliados de la UNRRA en la gestión de los desplazados, ya que la ubicación y administración de los refugiados y desplazados franceses debía estar bajo el exclusivo control francés.

Por encima de todo, los gobiernos franceses de la postguerra mostraron un acusado sentimiento de exclusión de los altos consejos de toma de decisiones de los aliados. En su opinión, no se podía confiar en británicos y estadounidenses separadamente (todavía recordaban la retirada norteamericana de Europa después de 1920 y la destrucción de la flota francesa llevada a cabo por los británicos en Mers-el-Kebir en julio de 1940), pero mucho menos se podía confiar en ellos conjuntamente, sentimiento especialmente arraigado en De Gaulle, obsesionado por el recuerdo de su humillante posición como invitado en Londres durante la guerra y su escaso prestigio a los ojos de Franklin Delano Roosevelt. Los franceses tenían la percepción de que en Washington y Londres se tomaban decisiones que les afectaban directamente, pero sobre las cuales no tenían ninguna influencia.

Al igual que Gran Bretaña, Francia era un imperio, al menos sobre el papel. Pero durante el curso de la ocupación, París se había distanciado de sus posesiones coloniales. En todo caso, y a pesar de la importancia de sus dominios en África y el sudeste de Asia, Francia había sido siempre y sobre todo una potencia continental. Los avances soviéticos en Asia o la incipiente crisis en el Oriente Próximo eran cuestiones en las que los franceses, a diferencia de los británicos, por ahora solo se sentían implicados de manera indirecta. Precisamente porque ahora Francia se encontraba hundida, Europa aparecía más imponente a sus ojos. Y en Europa, París tenía motivos de preocupación. La influencia francesa en la Europa del Este, un área en la que la diplomacia francesa había desarrollado una gran actividad durante el periodo de entreguerras, había pasado ya: en octubre de 1938, un traumatizado Edvard Beneš realizó la célebre confesión de que su «gran error ante la historia […] habrá sido mi fidelidad a Francia», una decepción que llegó a extenderse por toda la zona.

La atención de Francia se fijaba ahora, y de hecho se concentraba, en Alemania. Era comprensible: entre 1814 y 1940 el suelo francés había sido invadido y ocupado por los alemanes en cinco ocasiones distintas, tres de ellas todavía presentes en el recuerdo de la generación de entonces. El país había pagado una suma incalculable en cuanto a pérdidas territoriales y materiales, así como en vidas y sufrimiento humano. El fracaso posterior a 1918 a la hora de establecer un sistema de controles y alianzas capaces de frenar a una Alemania renaciente y vengativa obsesionaba al Quai d’Orsay, emplazamiento del ministerio de Asuntos Exteriores francés. La primera prioridad del país tras la derrota de Hitler consistía en garantizar que este error no volviera a repetirse.

Así pues, la postura inicial de Francia sobre el problema alemán estaba muy clara y respondía directamente a las lecciones aprendidas en 1918-1924: hasta tal punto, de hecho, que a los observadores externos les parecía un intento de rescribir el guión de los años de la postguerra de la Primera Guerra Mundial, solo que esta vez con el ejército de otros. Lo que los responsables políticos franceses pretendían era el desarme y el desmantelamiento económico completos de Alemania: había que prohibir las armas y toda industria relacionada con ellas, obligarla a efectuar las reparaciones necesarias (incluido el servicio laboral obligatorio en Francia para los trabajadores alemanes) y requisar y confiscar su producción agrícola, maderera y de carbón, así como su maquinaria. Los distritos mineros del Ruhr, el Sarre y partes de Renania debían separarse del Estado alemán y poner sus recursos y su producción a disposición de los franceses.

Si dicho plan se hubiera llevado a cabo, seguramente habría dejado a Alemania destruida por muchos años: ese constituía su objetivo, a medias reconocido (y un programa político muy atractivo en Francia). Pero también habría servido al propósito de poner los enormes recursos de Alemania al servicio de los propios planes de recuperación de Francia; de hecho, el Plan Monnet presumía en concreto la disponibilidad de los suministros alemanes de carbón, sin los cuales la industria francesa no podía funcionar. Ya en 1938, Francia había sido el mayor importador mundial de carbón, al adquirir en el exterior aproximadamente un 40 por ciento de sus necesidades de carbón y coque. Para 1944 la producción nacional de carbón había descendido a menos de la mitad de la de 1938. El país dependía ahora aún más del carbón extranjero. Pero, en 1946, cuando la producción nacional volvió a situarse en los niveles de 1938, las importaciones francesas de carbón (unos 10 millones de toneladas) seguían resultando desesperadamente insuficientes en relación con las cantidades requeridas. Sin el carbón y el coque alemán, la recuperación francesa de la postguerra no podría llegar a gestarse.

No obstante, los cálculos franceses presentaban algunos fallos. En primer lugar, adolecía de los mismos inconvenientes señalados por Keynes respecto a la política francesa un cuarto de siglo antes. No tenía sentido destruir los recursos alemanes dado que eran vitales para la propia recuperación de Francia; y, por otra parte, no había forma de obligar a los alemanes a trabajar para Francia mientras en su país se los mantuviera sometidos a un bajo nivel de vida, sin muchas perspectivas de mejora. El riesgo de provocar una violenta reacción nacionalista en Alemania contra la opresión extranjera de la postguerra parecía igual de presente en la década de 1940 que veinte años antes.

Pero la objeción más grave a los planes franceses para la Alemania de la postguerra era que apenas tenían en cuenta los intereses de los aliados occidentales de Francia, un descuido imprudente en un momento en el que Francia dependía extremadamente de estos mismos aliados, no solo para su seguridad, sino para su propio sustento. En aspectos secundarios como la unión aduanera y monetaria con el Sarre, que Francia consiguió en 1947, los aliados occidentales podían adaptarse a las demandas francesas. Pero respecto a la cuestión esencial del futuro de Alemania, París no contaba con ninguna influencia con la que obligar a los «angloamericanos» a apoyar su propuesta.

La relación de Francia con la Unión Soviética era algo distinta. Francia y Rusia habían protagonizado sucesivas alianzas durante los últimos cincuenta años, y Rusia seguía ocupando un lugar especial en la opinión pública francesa: las encuestas de opinión de la Francia de la postguerra revelan sistemáticamente una notable simpatía por la Unión Soviética[6]. Los diplomáticos franceses del periodo subsiguiente a la derrota alemana podían por tanto esperar que su natural concordancia de intereses (el miedo compartido hacia Alemania y la desconfianza hacia los «angloamericanos») se tradujera en un continuado apoyo soviético a los objetivos diplomáticos franceses. Al igual que Churchill, De Gaulle pensaba y hablaba de «Rusia», en lugar de la URSS, y fundamentaba su pensamiento en grandes analogías históricas: durante un viaje a Moscú realizado en diciembre de 1944 para negociar un intrascendente tratado franco-ruso contra el resurgimiento de la agresión alemana, el líder francés comentó a su séquito que él iba a tratar con Stalin como Francisco I había tratado con Solimán el Magnífico cuatro siglos antes: con la diferencia de que «en la Francia del siglo XVI no existía un partido musulmán».

Stalin, sin embargo, no compartía las ilusiones francesas. No tenía interés alguno en actuar de contrapeso para ayudar a Francia a contrarrestar la política exterior de Londres y Washington, si bien este punto no llegó a dejarse claro ante los franceses hasta abril de 1947, en la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores aliados en la que Mólotov rehusó respaldar las propuestas de George Bidault sobre una Renania separada y el control extranjero del cinturón industrial del Ruhr. A pesar de todo, los franceses continuaron soñando con formas alternativas de alcanzar una imposible independencia política. Con Checoslovaquia y Polonia abordaron algunos fallidos intentos de negociación dirigidos a obtener carbón y un mercado para su producción agrícola y de acero. Y todavía en 1947, el Ministerio de Guerra francés aún propondría —confidencialmente— que Francia adoptara una postura de neutralidad en asuntos internacionales, llegando a acuerdos o alianzas preventivos con Estados Unidos y la URSS, y alineándose con uno en contra del otro en caso de agresión por parte de cualquiera de ellos.

Si Francia abandonó finalmente estas fantasías y regresó junto a sus socios occidentales en 1947, fue por tres razones. En primer lugar, las estrategias francesas respecto a Alemania habían fracasado: no iba a producirse ningún desmantelamiento de Alemania ni tampoco indemnizaciones. Francia no estaba en situación de imponer por sí sola una solución para Alemania, y nadie más estaba de acuerdo con sus propuestas. La segunda razón para la renuncia de Francia a sus posiciones iniciales fue la desesperada situación económica de mediados de 1947: al igual que el resto de Europa, Francia (como hemos visto) necesitaba urgentemente no solo la ayuda norteamericana, sino la recuperación alemana. Lo primero dependía indirecta pero ineludiblemente de que Francia aceptara un acuerdo sobre la estrategia respecto a lo segundo.

Y, en tercer y destacado lugar, tanto la actitud de los políticos franceses como la opinión de la ciudadanía francesa cambiaron definitivamente durante la segunda mitad de 1947. El rechazo soviético a la ayuda del Plan Marshall y la llegada del Cominform (del que hablaremos en el capítulo siguiente) transformaron al poderoso Partido Comunista Francés, que pasó de ser un incómodo socio de coalición en el gobierno a un beligerante crítico de todas las políticas francesas en los ámbitos doméstico e internacional: tanto más cuanto desde finales de 1947 y durante la mayor parte de 1948 eran muchos los que opinaban que Francia se encaminaba hacia una guerra civil. Al mismo tiempo, en París se vivía una especie de alarmismo bélico que conjugaba las continuas preocupaciones del país por el revanchismo alemán con nuevos rumores sobre una inminente invasión soviética.

En estas circunstancias, y tras el desaire de Mólotov, los franceses tuvieron que volverse de mala gana hacia Occidente. Ante la pregunta realizada por el secretario de Estado norteamericano George Marshall en abril de 1947 acerca de si Estados Unidos «podía confiar en Francia», el ministro de Asuntos Exteriores francés respondió «sí», siempre y cuando transcurriera un determinado tiempo y Francia pudiera evitar una guerra civil. Lógicamente, Marshall no quedó muy impresionado, o al menos no más que once meses atrás, cuando describió a Bidault como «un caso de nerviosismo patológico». Marshall consideraba la preocupación de Francia ante una posible amenaza alemana como «pasada de moda e injustificada[7]».

No hay duda de que Marshall estaba en lo cierto acerca de los temores de Francia hacia Alemania, pero no obstante sugiere una falta de empatía hacia el pasado reciente de Francia. Por tanto, la aprobación por parte del parlamento francés de los planes angloamericanos para Alemania Occidental en 1948, si bien por una escasa diferencia de 297 a 289 votos, constituyó un hito de considerable importancia. Los franceses no tenían elección, y lo sabían. Si querían la recuperación económica y cierto grado de garantías de seguridad por parte de los norteamericanos y los británicos frente a la resurrección alemana o la expansión soviética, tenían que pasar por el aro, especialmente ahora que Francia se veía inmersa en una costosa guerra colonial en Indochina para la que necesitaba con urgencia la ayuda norteamericana.

Los estadounidenses y los británicos podían proteger a Francia frente a un resurgimiento de la amenaza alemana; y los políticos norteamericanos podían mantener la promesa de la recuperación económica de Alemania. Pero nada de ello resolvía el sempiterno dilema francés: cómo conseguir un acceso privilegiado a los materiales y los recursos alemanes. Si estos objetivos no podían alcanzarse por la fuerza o mediante anexiones, habría que encontrar otros medios alternativos. La solución a la que llegaron los franceses durante los siguientes meses residía en «europeizar» el problema alemán: como Bidault, una vez más, expresó en enero de 1948: «No solo en el plano económico, sino también en el político, la integración de Alemania en Europa debe […] proponerse como un objetivo para los aliados y para la propia Alemania […] ya que es […] el único medio para revivir y dotar de coherencia a una Alemania políticamente descentralizada pero económicamente próspera».

En resumen, si no se podía destruir Alemania, entonces había que integrarla en un marco europeo dentro del cual no pudiera generar ningún daño militar, pero sí un gran beneficio económico. Si la idea no se les había ocurrido a los dirigentes franceses antes de 1948 no era por falta de imaginación, sino por ser considerada como un pis aller, o segunda mejor opción. Una solución «europea» al problema alemán de Francia solo podía adoptarse una vez que la solución «francesa» hubiera sido definitivamente abandonada, algo que los líderes franceses tardaron tres años en aceptar. En aquellos tres años, Francia había llegado a asumir lo que trescientos años de historia llevaban negando taxativamente. Dadas las circunstancias, aquello significaba un gran logro.

La situación de la Unión Soviética en 1945 era precisamente la opuesta a la de Francia. Tras dos décadas de exclusión efectiva de los asuntos de Europa, Rusia había resurgido. La resistencia de la población soviética, los éxitos del Ejército Rojo y, todo sea dicho, la capacidad de los nazis para volver en su propia contra a las naciones más claramente antisoviéticas, habían proporcionado a Stalin credibilidad e influencia, tanto en los gabinetes gubernamentales como en la calle.

Este recién descubierto atractivo bolchevique se basaba en la seducción del poder. Porque la URSS era de hecho muy poderosa: a pesar de sus enormes pérdidas durante los seis primeros meses de la invasión alemana, cuando el Ejército Rojo perdió casi 4 millones de hombres, 8000 aviones y 17.000 tanques, los ejércitos soviéticos se habían recuperado hasta el punto de que, en 1945, constituían la mayor fuerza militar que Europa había visto nunca: solo en Hungría y Rumanía mantuvieron, a lo largo de 1946, una presencia militar de 1.600.000 hombres. Stalin tenía bajo su control directo o (en el caso de Yugoslavia) indirecto una enorme franja de la Europa del Este y central. Solo el rápido avance de los británicos comandados por Montgomery había conseguido bloquear a su ejército y evitar que llegara a través del norte de Alemania hasta la frontera danesa.

Como bien sabían los generales occidentales, si Stalin lo ordenaba, no había absolutamente nada que impidiera el avance del Ejército Rojo hacia el Atlántico. Sin duda, los norteamericanos y los británicos tenían una clara ventaja en cuanto a su capacidad de bombardeo estratégico, y Estados Unidos tenía la bomba atómica, como Stalin ya sabía incluso antes de que Truman se lo comunicara en Potsdam en julio de 1945. Es indudable que Stalin quería una bomba atómica, y esa es una de las razones por las que insistió en el control soviético de las áreas de Alemania del Este y especialmente de Checoslovaquia, donde había depósitos de uranio; en unos pocos años, 200.000 europeos del este estarían trabajando en estas minas como parte del programa atómico soviético[8].

Pero la bomba atómica, a pesar de constituir una preocupación para los líderes soviéticos y aumentar aún más la desconfianza de Stalin respecto a los motivos y los planes norteamericanos, no alteró apenas los planes militares soviéticos. Estos respondían directamente a los objetivos políticos de Stalin, que a su vez se basaban en los fines soviéticos y rusos de siempre. El primero de ellos era de índole territorial: Stalin quería recuperar los territorios que los bolcheviques habían perdido por el Tratado de Brest-Litovsk de 1918 y durante la guerra contra Polonia dos años después. Este objetivo se había alcanzado ya en parte en las cláusulas secretas de sus pactos de 1939 y 1940 con Hitler. El resto se lo debía a la decisión de Hitler de invadir la Unión Soviética en junio de 1941, la cual permitió como respuesta que el Ejército Rojo reocupara los territorios en disputa durante el curso de su avance hacia Berlín. De este modo, la ocupación y anexión soviética de Besarabia (Rumanía), Bucovina (Rumanía), la Rutenia subcarpática (Checoslovaquia), la Ucrania occidental (Polonia), el este de Finlandia, las tres repúblicas bálticas independientes y Königsberg/Kaliningrado, en Prusia Oriental, podía presentarse como botín de guerra en lugar de como consecuencia de sórdidos tratos con el enemigo fascista.

Para la Unión Soviética, este agrandamiento territorial obedecía a un doble motivo. Por un lado, ponía fin a su condición de paria. Este era un asunto de cierta importancia para Stalin, que de este modo se convertía en el líder de un enorme bloque euroasiático de cara a las relaciones internacionales, con un recién descubierto poder simbolizado por la insistencia de la Unión Soviética en implantar un sistema de vetos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, el territorio no solo representaba prestigio, sino además, y por encima de todo, seguridad. Desde el punto de vista soviético, contar con un glacis en su flanco oeste, una ancha franja por la que los alemanes tendrían que pasar a la fuerza si deseaban atacar Rusia, constituía un elemento de seguridad vital. En Yalta, y de nuevo en Potsdam, Stalin explicitó su insistencia en que estos territorios situados entre Rusia y Alemania, en caso de no ser completamente absorbidos por la propia URSS, deberían ser controlados por regímenes aliados «libres de fascistas y de elementos reaccionarios».

La interpretación de esta última frase resultaría, como mínimo, controvertida. Pero en 1945 los norteamericanos y los británicos no estaban dispuestos a facilitarle a Stalin motivos para entrar en polémica a este respecto. La percepción general era que los soviéticos se habían ganado el privilegio de definir su seguridad como les pareciera oportuno, al igual que todos se mostraron de acuerdo desde un principio en que Moscú estaba en su derecho de obtener reparaciones, botines de guerra, mano de obra y materiales de los antiguos países del Eje (Alemania, Austria, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Finlandia). Retrospectivamente, podríamos sentirnos tentados de ver en estos embargos territoriales e incautaciones económicas las primeras señales de la bolchevización de la mitad este de Europa, como en efecto resultaron ser. Pero entonces esto no era evidente para nadie; es más, para los observadores occidentales, la postura adoptada por Moscú al principio de la postguerra tenía algo de conocido y tranquilizadoramente tradicional[9]. Y existía un precedente.

En general, no es posible comprender el régimen comunista ruso a menos que tengamos muy presentes sus principios y aspiraciones ideológicas. No obstante, hubo algunos momentos (y los años 1945-1947 representaron uno de ellos) en los que, aunque no se supiera mucho de la doctrina bolchevique, era posible encontrar cierto sentido a la política exterior soviética simplemente fijándose en las políticas de los zares. Después de todo, Pedro I el Grande fue el que introdujo la estrategia mediante la cual Rusia llegaría a dominar a través de la «protección» a sus vecinos, Catalina la Grande la que expandió el imperio hacia el sur y el sudoeste, y Alejandro I, sobre todo, el que estableció el modelo de la intervención imperial rusa en Europa.

En el Congreso de Viena de 1815, donde, al igual que en 1945, las potencias aliadas victoriosas y mutuamente recelosas se reunieron para restablecer el equilibrio continental tras la derrota de un tirano, los propósitos de Alejandro I habían quedado bastante explícitos. Los intereses de las naciones más pequeñas debían subordinarse a los de las grandes potencias. Dado que los intereses británicos se situaban en el exterior y ninguna otra potencia continental podía igualar a Rusia, el zar actuaría a modo de arbitro en los acuerdos continentales de la postguerra. Las protestas locales se tratarían como una amenaza para dicho acuerdo general y se reprimirían con toda la energía necesaria. La seguridad rusa se definiría en función del territorio bajo control zarista (nunca más un ejército occidental podría volver a llegar hasta Moscú sin encontrarse con ningún obstáculo) y del éxito a la hora de obligar a sus nuevos ocupantes a resignarse frente al nuevo sistema.

Todo lo anterior resultaba igualmente aplicable a la estrategia soviética de 1945. De hecho, Alejandro I y sus ministros no habrían puesto ningún reparo al memorando político escrito por Iván Maisky, el subcomisario del pueblo para Asuntos Exteriores, en noviembre de 1944: «La situación más ventajosa para nosotros consistiría en la existencia en Europa de una potencia continental poderosa, la URSS, y una potencia marítima igualmente poderosa, Gran Bretaña». Evidentemente, con la distancia de 130 años, nada sigue siendo exactamente igual: en 1945, Stalin estaba más interesado en Asia Central y Oriente Próximo de lo que lo estuvo Alejandro I (a pesar de que sus sucesores inmediatos sí se mostraron bastante activos en esta cuestión); en cambio, los estrategas soviéticos no compartían plenamente la obsesión zarista por Constantinopla, el Estrecho y el sur de los Balcanes. Pero la continuidad política superaba con mucho las diferencias. El nexo queda representado por los cálculos de Sazónov (el que fuera ministro de Asuntos Exteriores ruso al estallar la guerra en 1914), que ya entonces imaginaba el futuro de la Europa del Este como un conglomerado de Estados pequeños, vulnerables, nominalmente independientes pero en la práctica todos ellos clientes de la Gran Rusia.

A estas constantes de la política exterior zarista, Stalin añadió sus propios y personales cálculos. Él creía sinceramente en el futuro derrumbamiento económico de Occidente (basándose en los precedentes del periodo de entreguerras así como del dogma marxista) y exageraba el «inevitable» conflicto entre Gran Bretaña y Estados Unidos como imperios que competían por hacerse con un mercado mundial cada vez más reducido. A partir de aquí deducía no solo un futuro cada vez más turbulento (de ahí la necesidad de que la Unión Soviética consolidara sus ganancias) sino la posibilidad real de «dividir» a los aliados occidentales respecto al tema de Oriente Medio, y también probablemente respecto al de Alemania. Esta era una de las razones por las que no mostraba ninguna prisa en alcanzar un acuerdo en este punto, dado que, el tiempo, según creía Stalin, jugaba a su favor.

Pero ello no le hacía sentirse en absoluto más seguro. Por el contrario, todos los aspectos de la política exterior soviética se caracterizaron por una actitud defensiva y recelosa; «la neurótica perspectiva del Kremlin sobre los asuntos mundiales», como George Kennan la describió en 1946. De ahí el célebre discurso del 9 de febrero de 1946 pronunciado por Stalin en el Teatro Bolshói, en el que anunciaba que la Unión Soviética retomaría su énfasis anterior a la guerra en la industrialización, la preparación para la guerra y la inevitabilidad de un conflicto entre el capitalismo y el comunismo, explicitando de este modo algo que ya resultaba obvio: que la Unión Soviética cooperaría con Occidente solo cuando le conviniera.

Hasta aquí no había nada nuevo: Stalin regresaba a la línea «dura» adoptada por los bolcheviques antes de 1921 y retomada una vez más entre 1927 y el comienzo de los frentes populares. El régimen bolchevique siempre se había sentido inseguro (después de todo, había nacido de un golpe minoritario producido en circunstancias poco propicias y en un entorno claramente hostil), y Stalin, como todos los tiranos, necesitaba invocar la existencia de amenazas y enemigos, ya fueran nacionales o extranjeros. Por otra parte, Stalin sabía mejor que muchos otros que la Segunda Guerra Mundial había estado muy reñida: si la invasión alemana se hubiera llevado a cabo un mes antes (como contemplaba el plan original de Hitler), la Unión Soviética muy probablemente habría sido derrotada. Al igual que Estados Unidos después de Pearl Harbor, pero con una causa bastante más justificada, la cúpula soviética estaba obsesionada hasta la paranoia con posibles «ataques sorpresa» y desafíos a su recién ganada posición. Y los rusos (incluso más que los franceses) continuaron durante muchas décadas considerando Alemania como la principal amenaza[10].

Entonces, ¿qué quería Stalin? Que preveía un próximo enfriamiento de las relaciones con Occidente y quería sacar el mayor partido posible de sus recursos y de la debilidad occidental es un hecho indudable. Pero lo que queda muy lejos de resultar obvio es que albergara alguna estrategia que fuera más allá. Como concluye Norman Naimark, el historiador de la ocupación soviética de la Alemania Oriental de la postguerra: «Los soviéticos actuaban impulsados por los acontecimientos concretos en la zona más que por unos planes preconcebidos o unos imperativos ideológicos». Esto encaja perfectamente con lo que sabemos del enfoque global de Stalin, y puede aplicarse a otros casos aparte del de Alemania Oriental.

Es indudable que los soviéticos no tenían prevista una Tercera Guerra Mundial a corto plazo. Entre junio de 1945 y finales de 1947, el Ejército Rojo quedó reducido de 11.365.000 a 2.874.000 efectivos, un recorte proporcionalmente comparable al sufrido por las fuerzas estadounidenses y británicas (aunque aquel mantenía sobre el terreno un contingente muy superior, que incluía divisiones bien armadas y motorizadas). Desde luego, los cálculos soviéticos no resultaban de ningún modo evidentes a sus coetáneos occidentales, e incluso aquellos que consideraban a Stalin un pragmático prudente, no podían estar absolutamente seguros. Sin embargo, Mólotov es sin duda sincero cuando afirma en sus memorias que la Unión Soviética se mostraba partidaria de aprovechar las situaciones propicias, pero no estaba dispuesta a asumir riesgos para provocarlas: «Nuestra ideología aboga por llevar a cabo operaciones ofensivas cuando surge la ocasión, y, mientras tanto, esperar».

Es sabido que el propio Stalin sentía aversión por el riesgo, razón por la que algunos comentaristas han lamentado tanto entonces como ahora que Occidente no ejerciera su política de «contención» con anterioridad y en mayor medida. Pero en aquellos años nadie deseaba una guerra y, mientras se pudiera disuadir fácilmente a Stalin de tratar de desestabilizar París o Roma (dado que no tenía ejércitos allí), la presencia soviética más hacia el este no era una cuestión negociable, como todos reconocían. En los Consejos de Control Aliados de Bulgaria o Rumanía, los soviéticos ni siquiera simularon tomar nota de los deseos británicos y norteamericanos, y mucho menos de los de los ciudadanos locales. Solo en Checoslovaquia, de donde el Ejército Rojo se había marchado hacía ya bastante tiempo, se produjo cierto grado de ambigüedad.

Desde su punto de vista, Stalin actuaba con arreglo a lo que en Moscú se tenía por buena fe. Él y sus colegas daban por hecho que los aliados occidentales entendían que los soviéticos planeaban ocupar y controlar «su» mitad de Europa; y estaban dispuestos a tratar las protestas occidentales ante la actuación soviética en la zona como pro forma, como un pequeño cambio de sesgo democrático. Cuando les parecía que Occidente estaba tomándose su propia retórica demasiado en serio y exigía la libertad y la autonomía en la Europa del Este, la cúpula soviética respondía con verdadera indignación. Una nota de Mólotov escrita en febrero de 1945, en la que comentaba la interferencia occidental en el futuro de Polonia, capta muy bien este aspecto: «Cómo se están organizando los gobiernos de Bélgica, Francia, Grecia, etcétera, es algo que no sabemos. No se nos ha preguntado, y tampoco decimos que nos gusten ni unos ni otros de estos gobiernos. No hemos interferido, porque se trata de la zona de acción militar angloamericana».

Todo el mundo esperaba que la Segunda Guerra Mundial terminara, al igual que su antecesora, con un Tratado de Paz global, y sin embargo en 1946 se firmaron en París cinco tratados distintos. En ellos se dirimían cuestiones territoriales y otros asuntos para Rumanía, Bulgaria, Hungría, Finlandia e Italia, aunque no para Noruega, que continuó técnicamente en estado de guerra con Alemania hasta 1951[11]. Pero por mucho que estas disposiciones afectaran a los pueblos implicados (y en el caso de Rumanía, Bulgaria y Hungría marcaban su consignación a la dominación soviética), dichos acuerdos pudieron alcanzarse porque al final ninguna de las grandes potencias estuvo dispuesta a arriesgarse a entrar en confrontación por su causa.

El asunto de Alemania, sin embargo, era totalmente distinto. Sobre todo para los rusos, Alemania era de la máxima importancia. Así como la guerra había sido sobre Alemania, la paz también, y el espectro del revanchismo alemán estaba tan presente en los cálculos soviéticos como lo había estado en los de los franceses. Cuando Stalin, Truman y Churchill se reunieron en Potsdam (del 17 de julio al 2 de agosto de 1945, con Attlee en sustitución de Churchill a raíz de la victoria laborista en las elecciones generales británicas), quedó demostrado que era posible llegar a un acuerdo sobre la expulsión de los alemanes de la Europa del Este, la subdivisión administrativa de Alemania para su ocupación y los objetivos de «democratización», «desnazificación» y «descartelización». Sin embargo, más allá de este nivel general de intenciones comunes, empezaron las dificultades.

Así, se acordó tratar la economía alemana como una sola unidad, pero también se otorgó a los soviéticos el derecho a extraer y retirar mercancías, servicios y activos financieros de su propia zona. Además se les concedió el 10 por ciento de las indemnizaciones de las zonas occidentales a cambio de alimentos y materias primas que serían suministradas desde la Alemania del Este. Pero estos acuerdos introducían una contradicción, al tratar los recursos económicos del este y del oeste como distintos e independientes. Por tanto, las indemnizaciones constituyeron desde el principio un problema divisorio (como también lo habían sido tras la Primera Guerra Mundial): los rusos (y los franceses) las querían, y las autoridades soviéticas no dudaron desde el primer momento en desmantelar y eliminar fábricas y equipos, con o sin el consentimiento del resto de las fuerzas de ocupación.

No se alcanzó un acuerdo definitivo sobre las nuevas fronteras de Alemania con Polonia, e incluso el objetivo común de la democratización presentó dificultades prácticas a la hora de llevarse a cabo. Por consiguiente, los líderes aliados consintieron en discrepar y aplazar la solución a estos problemas, instando a sus ministros de Asuntos Exteriores a reunirse y proseguir las conversaciones en una fecha posterior. Este fue el inicio de dos años de reuniones de los ministros de Asuntos Exteriores aliados de los gobiernos soviético, estadounidense, británico y, más tarde, francés: la primera de ellas se celebró en Londres dos meses después de la de Potsdam, y la última en diciembre de 1947, también en Londres. Su objetivo, en principio, consistió en redactar unos acuerdos definitivos para la Alemania de la postguerra y preparar los Tratados de Paz entre las potencias aliadas y Alemania y Austria. Fue a lo largo de estos encuentros (especialmente en el de Moscú, celebrado entre marzo y abril de 1947), cuando quedó patente el abismo que separaba los enfoques soviético y occidental respecto al problema alemán.

La estrategia angloamericana obedecía en parte a una maniobra de prudencia política. Si no se permitía que los alemanes de la zona de ocupación occidental salieran de su situación de derrota y empobrecimiento, y no se les ofrecían perspectivas de mejora, antes o después regresarían al nazismo o, si no, al comunismo. En las regiones de Alemania ocupadas por los gobiernos militares norteamericano y británico, el énfasis pasó a situarse en muy poco tiempo en la reconstrucción de las instituciones cívicas y políticas, y en poner en manos de los alemanes la responsabilidad sobre sus asuntos domésticos. Esto permitió a los nuevos políticos alemanes ejercer una influencia considerablemente mayor de la que habían imaginado al final de la guerra, y no dudaron en aprovecharla, dando a entender que a menos que la situación mejorara y los ocupantes siguieran sus consejos, no podrían responder de la futura lealtad política de la nación alemana.

Afortunadamente para los aliados occidentales, las políticas de la ocupación comunista en Berlín y en los territorios de Alemania del Este ocupados por los soviéticos no eran como para atraer los sentimientos y los votos de los alemanes desafectos. Por muy impopulares que resultaran los estadounidenses, los británicos o los franceses a los ojos de los alemanes resentidos, la alternativa era mucho peor: si de verdad Stalin deseaba que Alemania permaneciera unida, como instó a los comunistas alemanes a exigir en los primeros años de la postguerra, las tácticas soviéticas no pudieron ser peor elegidas. Desde el primer momento, los soviéticos establecieron en su zona de ocupación un gobierno de facto dirigido por los comunistas, sin contar con el consentimiento aliado, y se dedicaron a requisar y desmantelar todo lo que se les ponía por delante, ignorando por completo los acuerdos de Potsdam.

Tampoco Stalin tenía mucho donde elegir. Nunca hubo ninguna esperanza de que los comunistas se hicieran con el control del país, e incluso de la zona soviética, si no era por la fuerza. En las elecciones municipales de Berlín celebradas el 20 de octubre de 1946, los candidatos comunistas quedaron muy alejados de los socialdemócratas y democratacristianos. Aquello provocó un claro endurecimiento de la política soviética. Pero para entonces los ocupantes occidentales atravesaban también sus propias dificultades. En julio de 1946, Gran Bretaña se había visto obligada a importar 112.000 toneladas de trigo y 50.000 toneladas de patatas para alimentar a la población local de su zona (el noroeste urbano e industrial de Alemania), pagadas gracias a un préstamo norteamericano.

Los británicos iban a obtener como máximo 29 millones de dólares en concepto de indemnización por parte de Alemania; pero la ocupación le estaba costando a Londres 80 millones de dólares al año, y hacía que el contribuyente británico pagara la factura de la diferencia a pesar de que en su propio país el gobierno británico se había visto obligado a imponer el racionamiento de pan (una medida que se había conseguido evitar durante toda la guerra). En opinión del ministro de Economía y Hacienda británico, Hugh Dalton, los británicos estaban «pagando indemnizaciones a los alemanes». Aunque los estadounidenses no estaban sometidos a estas restricciones económicas, y los daños de guerra sufridos en su zona habían sido menores, la situación no dejaba de parecerles igualmente absurda; el ejército estadounidense se sentía especialmente insatisfecho dado que el coste de alimentar a los millones de alemanes hambrientos recaía sobre su propio presupuesto. Como comentó George Kennan:

La rendición incondicional de Alemania […] nos ha convertido en los únicos responsables de una parte de Alemania que nunca en la historia reciente había sido autosuficiente y cuya capacidad de autosuficiencia se ha visto dramáticamente mermada por las circunstancias derivadas de la guerra y la derrota alemana. En el momento en que aceptamos esta responsabilidad no contábamos con un programa de rehabilitación para la economía de nuestra zona, sino que preferimos dejarlo todo pendiente de una solución posterior, alcanzada mediante un acuerdo internacional.

Ante este dilema, y el creciente resentimiento alemán derivado del desmantelamiento de fábricas e instalaciones para su traslado hacia el este, el gobernador militar norteamericano, el general Clay, interrumpió unilateralmente en mayo de 1946 el suministro de reparaciones de la zona norteamericana a la zona soviética (o a cualquier otra), con el argumento de que las autoridades soviéticas habían incumplido su parte de los acuerdos de Potsdam. Los británicos hicieron lo mismo dos meses más tarde. Aquello sirvió para marcar el comienzo de la separación de los caminos, pero nada más. Los franceses, al igual que la URSS, siguieron exigiendo indemnizaciones, y los cuatro aliados continuaron comprometidos con el acuerdo de «niveles de industrialización» de 1946, en virtud del cual Alemania no debía superar la media del nivel de vida europeo (a excepción de Gran Bretaña y la Unión Soviética). Por otra parte, el gobierno británico, reunido en mayo de 1946, seguía mostrándose reacio a aceptar una división formal de la Alemania ocupada en una mitad oriental y otra occidental, con todas las implicaciones que ello tendría para la seguridad europea.

Pero cada vez resultaba más obvio que las cuatro potencias ocupantes no iban a llegar a un acuerdo. Una vez que finalizó el principal juicio de Núremberg en octubre de 1946 y se ultimaron los términos de los Tratados de Paz de París al mes siguiente, los países que habían sido aliados durante la guerra dejaron de compartir otra vinculación que su corresponsabilidad sobre Alemania, hecho del que se derivarían unas contradicciones cada vez más evidentes. Los norteamericanos y los británicos alcanzaron al final de 1946 un acuerdo para fusionar las economías de sus respectivas zonas de ocupación en una llamada «bizona»; pero ni siquiera esto significaba una firme división de Alemania, y mucho menos un compromiso para integrar la bizona en Occidente. Por el contrario, tres meses más tarde, en febrero de 1947, franceses y británicos firmaron ostentosamente el Tratado de Dunquerque, por el cual se comprometían a apoyarse mutuamente frente a cualquier futura agresión alemana. Por otra parte, el secretario de Estado norteamericano, Marshall, seguía siendo optimista, a principios de 1947, respecto a que cualesquiera que fueran los acuerdos dirigidos a resolver los interrogantes económicos de Alemania no tenían necesariamente que conducir a una Alemania dividida. En este punto al menos, el Este y el Oeste todavía mantenían un acuerdo formal.

La verdadera ruptura se produjo en la primavera de 1947 durante la reunión celebrada en Moscú por los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, cuya convocatoria volvía a tener como fin alcanzar un acuerdo sobre un Tratado de Paz para Alemania y Austria. Para entonces, los puntos problemáticos estaban claros. Los británicos y los norteamericanos estaban decididos a reconstruir la economía de Alemania Occidental a fin de que los alemanes pudieran ser autosuficientes, pero también para contribuir de este modo a la reactivación de la economía europea en general. Los representantes soviéticos querían conseguir el restablecimiento de las reparaciones procedentes de las zonas occidentales de Alemania, y a tal efecto, una única administración y economía para Alemania como la que se contempló en un principio (si bien de forma bastante vaga) en la Conferencia de Potsdam. Pero para entonces los aliados occidentales no aspiraban ya a una única administración alemana, porque ello conllevaría no solo el abandono de la población de las zonas occidentales de Alemania (que en aquel momento constituía una consideración política por derecho propio), sino la cesión efectiva del país a la esfera de control soviético, dada la asimetría militar en aquel momento.

Como reconoció Robert K. Murphy, el asesor político del gobierno militar estadounidense en Alemania, «fue la Conferencia de Moscú de 1947 […] lo que realmente hizo caer el telón de acero». Ernest Bevin había abandonado cualquier esperanza real de acuerdo sobre Alemania incluso antes de llegar a Moscú pero, para Marshall (y Bidault), se trataba del momento definitivo. También para Mólotov y Stalin, indudablemente. Para cuando los cuatro ministros de Asuntos Exteriores volvieron a reunirse, esta vez en París, del 27 de junio al 2 de julio, para discutir el completamente novedoso Plan Marshall, los estadounidenses y los británicos ya habían acordado (el 23 de mayo) permitir una representación alemana en un nuevo «Consejo Económico» de la bizona, el embrión de un nuevo gobierno de Alemania Occidental.

A partir de este momento, las cosas empezaron a avanzar mucho más deprisa. Ninguno de los bandos realizó ni trató de conseguir más concesiones: los norteamericanos y los británicos, que durante tanto tiempo habían temido una paz rusogermana independiente y accedido a todo tipo de retrasos y compromisos con el fin de impedirla, dejaron de tener en cuenta una eventualidad que a partir de entonces quedaba completamente descartada. En agosto incrementaron de manera unilateral la producción de la bizona (frente a un coro de críticas soviéticas y francesas). La directiva de la Junta de Jefes de Estado Mayor, JCS 1067 (el «plan Morgenthau») fue sustituida por la JCS 1779, que reconocía formalmente los nuevos objetivos estadounidenses: la unificación económica de la zona occidental de Alemania y la promoción de un autogobierno alemán. Sobre todo para los norteamericanos, los alemanes iban dejando de ser el enemigo a marchas forzadas[12].

Los ministros de Asuntos Exteriores (Mólotov, Bevin, Marshall y Bidault) se reunieron una última vez en Londres, del 25 de noviembre al 16 de diciembre de 1947. Aquella fue una reunión curiosa, dado que sus relaciones ya estaban rotas en la práctica. Los aliados occidentales seguían adelante con sus propios planes para la recuperación de Europa occidental, mientras que dos meses antes Stalin había creado el Cominform, instruido a los partidos comunistas de Francia e Italia para que adoptaran una línea intransigente en los asuntos de sus respectivos países y tomado medidas drásticas en los países bajo control comunista integrantes de lo que ahora era un nuevo bloque soviético. Los ministros discutieron, como en el pasado, las perspectivas de un gobierno exclusivamente alemán bajo el control aliado y otros términos respecto a un posible Tratado de Paz. Pero no se llegó a ningún acuerdo sobre la administración conjunta de Alemania ni sobre los planes para su futuro, y la reunión terminó finalmente sin dejar programados otros futuros encuentros.

En cambio, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos iniciaron conversaciones tripartitas sobre el futuro de Alemania en una conferencia más larga celebrada de nuevo en Londres, y que comenzó el 23 de febrero de 1948. Aquella misma semana, el Partido Comunista de Checoslovaquia puso en escena su exitoso golpe, que marcó de esta manera el abandono definitivo de la anterior estrategia de Stalin y su aceptación de la inevitabilidad de la confrontación en lugar del acuerdo con Occidente. A la sombra del golpe de Praga, Francia y Gran Bretaña ampliaron su Tratado de Dunquerque, que se transformó en el Pacto de Bruselas del 17 de marzo, en virtud del cual Gran Bretaña, Francia y los países del Benelux quedaban vinculados por una alianza de defensa mutua.

Ya no había nada que cohibiera a los líderes occidentales, por lo que la Conferencia de Londres acordó rápidamente extender el Plan Marshall a Alemania Occidental y sentar las bases para un futuro gobierno del Estado de Alemania Occidental (un acuerdo aprobado por la delegación francesa a cambio de la separación —temporal— del Sarre de Alemania, y una propuesta para que la industria del Ruhr fuera supervisada por una autoridad independiente). Estos planes suponían una ruptura explícita con el espíritu de los acuerdos de Potsdam, y el general Vasily Sokolovsky, el representante soviético del Consejo de Control Aliado (ACC en sus siglas en inglés) en Berlín, presentó una protesta oficial (que ignoraba las frecuentes infracciones de esos mismos acuerdos protagonizadas por la propia Unión Soviética).

El 10 de marzo Sokolovsky condenó los planes para Alemania Occidental por constituir una imposición a la fuerza de los intereses capitalistas sobre una población alemana a la que se le negaba la oportunidad de manifestar sus anhelos socialistas y reiteró las afirmaciones soviéticas de que las potencias occidentales estaban abusando de su presencia en Berlín (que él reclamaba como parte de la zona soviética) para interferir en los asuntos de la Alemania Oriental. Diez días más tarde, en una reunión del Consejo de Control Aliado celebrada el 20 de marzo en Berlín, Sokolovsky denunció las «acciones unilaterales» de los aliados occidentales «adoptadas para Alemania Occidental y que van en contra de los intereses de los países pacifistas y los ciudadanos alemanes amantes de la paz y deseosos de alcanzar una unidad y democracia pacíficas en su país». A continuación abandonó la sala, seguido del resto de la delegación soviética. No se fijó ninguna fecha para una reunión posterior. La ocupación aliada conjunta de Alemania había terminado: apenas dos semanas después, el 1 de abril, las autoridades soviéticas de Berlín comenzaron a obstaculizar el tráfico de superficie entre Alemania Occidental y las zonas de ocupación de los aliados occidentales en Berlín. La verdadera Guerra Fría había comenzado.

De este relato debería quedar claro que la pregunta «¿quién empezó la Guerra Fría?» no tiene mucho sentido. En lo que la Guerra Fría afectaba a Alemania, el resultado final, un país dividido, fue probablemente el que todas las partes interesadas prefirieron, en lugar de una Alemania unida contra ellos. Nadie hubiera previsto este resultado en mayo de 1945, pero pocos se sintieron profundamente insatisfechos con él. Algunos políticos alemanes, en especial Konrad Adenauer, debieron incluso su carrera a la división de su país: si Alemania hubiera continuado siendo una cuadrizona o un país unido, es casi seguro que un oscuro político local de la occidental y católica Renania no habría llegado a la cumbre.

Pero es bastante improbable que Adenauer hubiera propugnado la división de Alemania como objetivo, por más que lo acariciara en privado. Su principal oponente durante los primeros años de la República Federal, el socialdemócrata Kurt Schumacher, era un protestante de la Prusia Occidental y un infatigable defensor de la unidad alemana. A diferencia de Adenauer, él sí hubiera estado dispuesto a aceptar una Alemania neutralizada como precio que había que pagar por un único Estado alemán, que era lo que Stalin parecía estar ofreciendo. Y la postura de Schumacher era probablemente la más popular en la Alemania de aquella época, razón por la que Adenauer tuvo que actuar con cautela y asegurarse de que la responsabilidad de una Alemania dividida recaía de lleno en las fuerzas de ocupación.

En 1948 a Estados Unidos, al igual que a Gran Bretaña, no le desagradaba la perspectiva de la emergencia de una Alemania dividida, con una influencia estadounidense dominante en el sector más extenso, el occidental. Pero aunque algunos, como George Kennan, habían intuido perspicazmente este resultado (ya en 1945 había llegado a la conclusión de que Estados Unidos no tenía «más opción que liderar su parte de Alemania […] para alcanzar una independencia tan próspera, tan estable, tan superior, que el este no pueda suponer una amenaza»), eran una minoría. Durante aquellos años, los estadounidenses, al igual que Stalin, se limitaron a improvisar. A veces se ha sugerido que ciertas declaraciones y decisiones importantes de Estados Unidos, especialmente la Doctrina Truman de marzo de 1947, precipitaron el abandono de la disposición al acuerdo por la rigidez, y que en este sentido la responsabilidad de las divisiones europeas radicó en la falta de sensibilidad de Washington o, aún peor, en su calculada intransigencia. Pero no es así.

Porque la Doctrina Truman, por seguir este ejemplo, tuvo un impacto claramente escaso en la estrategia soviética. El anuncio efectuado en el Congreso por el presidente Truman el 12 de marzo de 1947 de que «debe ser la política de Estados Unidos servir de apoyo a los pueblos libres que se resisten a los intentos de dominación por parte de minorías armadas o de la presión exterior», era una respuesta directa a la incapacidad de Londres para continuar con la ayuda a Grecia y Turquía a raíz de la crisis económica británica de febrero de 1947. Estados Unidos tendría que asumir el papel de Gran Bretaña. Lo que Truman pretendía por tanto era obtener el apoyo del Congreso para un incremento de 400 millones de dólares en su presupuesto de ayuda exterior, y fue para conseguir esta financiación por lo que presentó su petición en el contexto de una crisis de insurgencia comunista.

El Congreso le creyó, pero Moscú no. Stalin no estaba muy interesado en Turquía y Grecia (los principales beneficiarios de este paquete de ayuda), y sabía perfectamente que su propia esfera de intereses probablemente no se vería afectada por la grandilocuencia de Truman. Por el contrario, continuó pensando que las perspectivas de una escisión dentro del bando occidental eran muy favorables y que la asunción por parte de Estados Unidos de las anteriores responsabilidades británicas en el este del Mediterráneo constituía un indicio y una premonición en este sentido. Cualquiera que fuese el motivo que empujó a Stalin a modificar su estrategia en la Europa del Este, es indudable que no tuvo nada que ver con la retórica de la política interior estadounidense[13].

La causa inmediata de la división de Alemania y Europa residió más bien en los errores cometidos por el propio Stalin durante aquellos años. En Europa central, donde él hubiera preferido una Alemania unida, débil y neutral, desperdició la ventaja que tenía a su favor en 1945 y los años siguientes por culpa de su inflexible rigidez y sus tácticas contenciosas. Si la esperanza de Stalin había residido en dejar que Alemania se pudriera hasta que el fruto de su resentimiento y desesperanza cayera directamente en sus manos, entonces había errado gravemente en sus cálculos, a pesar de que hubo momentos en los que las autoridades aliadas de la Alemania Occidental se preguntaron si a pesar de todo lo conseguiría. En este sentido, la Guerra Fría en Europa fue una consecuencia inevitable de la personalidad del dictador soviético y del sistema que él dirigía.

Pero lo cierto es que Stalin tuvo Alemania a sus pies, como bien sabían sus oponentes («El problema es que estamos jugando con un fuego que no podemos apagar por ningún medio», como explicaría Marshall ante el Consejo de Seguridad Nacional el 13 de febrero de 1948). Todo lo que la Unión Soviética tenía que hacer era aceptar el Plan Marshall y convencer a una mayoría de alemanes de la buena fe que guiaba a Moscú en su afán por conseguir una Alemania neutral e independiente. En 1947 esto hubiera inclinado definitivamente la balanza de la influencia europea. Fuera lo que fuese que Marshall, Bevin o sus asesores hubieran pensado de estas maniobras, habrían estado inermes para evitarlas. Que estos cálculos tácticos no estuvieran al alcance de Stalin es algo de lo que no se puede culpar a Occidente. Como Dean Acheson expresó en otra ocasión: «Somos afortunados de tener estos oponentes».

En retrospectiva, resulta algo irónico que después de librar una guerra asesina para reducir el poder de una Alemania excesivamente poderosa en el centro del continente europeo, los vencedores se mostraran tan incapaces de llegar a unos acuerdos de postguerra para mantener a raya al coloso alemán que acabaran dividiéndolo entre ellos a fin de beneficiarse individualmente de su recobrada fuerza. Había quedado claro, primero para los británicos, luego para los norteamericanos, más tarde para los franceses y por último para los soviéticos, que la única forma de evitar que Alemania se convirtiera en el problema consistía en cambiar los términos del debate y declararla como la solución. Esto resultaba incómodo, pero funcionaba. En palabras de Noel Annan, un agente de la inteligencia británica en la Alemania ocupada, «resultaba odioso encontrarse formando parte de una alianza con personas que hubieran estado dispuestas a seguir a Hitler con tal de mantener a raya al comunismo». Pero la mejor perspectiva para Occidente era alentar a los propios alemanes a crear un Estado democrático alemán.

V

La llegada de la Guerra Fría

Imaginen el Imperio Austríaco fragmentado en multitud de repúblicas grandes y pequeñas. Qué estupenda base para una monarquía rusa universal.

FRANTIŠEK PALACKÝ (abril, 1848)

Los yugoslavos quieren tomar la Macedonia griega. También quieren Albania, e incluso algunas partes de Austria y Hungría. No tiene sentido. No me gusta su manera de actuar.

YÓSEF STALIN, 1945

Todo lo que el Ejército Rojo necesitaba para llegar al Mar del Norte eran botas.

DENNIS HEALEY

La idea de un orden europeo no es una creación artificial de Alemania, sino una necesidad.

PAUL-HENRI SPAAK (abril, 1942)

Esto es algo que instintivamente sabemos que no podemos hacer.

ANTHONY EDEN (enero, 1952)

«Esta guerra no es como otras pasadas; el que ocupa un territorio también impone su propio sistema social. Todo el mundo impone su propio sistema hasta allí donde su ejército le permite llegar. No puede ser de otro modo». El célebre aforismo de Josef Stalin, citado por Milovan Djilas en su libro Conversaciones con Stalin, no era tan original como parecía. La Segunda Guerra Mundial no fue de ningún modo la primera guerra europea en la que las victorias militares determinaron los sistemas sociales: las guerras religiosas del siglo XVI terminaron en 1555 con la Paz de Ausburgo, en virtud de la cual el principio de cuius regio eius religio autorizaba a los gobernantes a establecer en su propio territorio la religión que prefirieran; y, en las primeras etapas de las conquistas napoleónicas en la Europa de comienzos del siglo XIX, los éxitos militares se tradujeron muy rápidamente en revoluciones sociales e institucionales inspiradas en el modelo francés.

No obstante, estaba claro lo que Stalin quería decir cuando le adelantó a Djilas su visión mucho antes de que se produjera la conquista comunista de la Europa del Este. Desde el punto de vista del bando soviético, la guerra se había librado para derrotar a Alemania y devolver a Rusia el poder y la seguridad sobre sus fronteras occidentales. Cualquiera que fuese el destino de Alemania, la región que separaba Alemania y Rusia no podía quedar en la incertidumbre. Los territorios situados a lo largo del arco norte-sur desde Finlandia a Yugoslavia estaban integrados por Estados pequeños y vulnerables cuyos gobiernos del periodo de entreguerras (con la excepción parcial de Checoslovaquia) habían sido unánimemente hostiles a la Unión Soviética. Polonia, Hungría y, particularmente, Rumanía, siempre se habían mostrado poco amistosos con Moscú y recelosos de las intenciones soviéticas respecto a ellos. El único resultado aceptable para Stalin consistía en el establecimiento (en aquellas partes de la región que no hubieran sido absorbidas con carácter preventivo por la propia URSS) de gobiernos que ofrecieran la seguridad de que nunca representarían una amenaza para la Unión Soviética.

Pero la única forma de garantizar este resultado era alineando el sistema político de dichos Estados del este de Europa con el de la Unión Soviética, y esto fue, desde el principio, lo que Stalin quiso y pretendió. Por un lado, podía parecer que este objetivo estaba bastante claro: las viejas élites de países como Rumanía o Hungría habían quedado desacreditadas y no sería difícil apartarlas y comenzar de nuevo. En muchos lugares, los ocupantes soviéticos fueron recibidos al principio como liberadores y precursores del cambio y la reforma.

Sin embargo, por otra parte, la Unión Soviética no tenía apenas influencia en los asuntos domésticos de sus vecinos occidentales más allá de su aplastante presencia militar. En gran parte de la región, los comunistas habían permanecido excluidos de la vida pública y la actividad política legal durante la mayor parte del último cuarto de siglo. Incluso donde los partidos comunistas estaban legalizados, su identificación con Rusia y las rígidas y sectarias tácticas impuestas por Moscú durante casi todo el periodo posterior a 1927 los había reducido a la insignificancia y la marginalidad política en la Europa del Este. La Unión Soviética había contribuido además a su debilidad a través del encarcelamiento y purga de muchos de los comunistas polacos, húngaros, yugoslavos y de otros países que se habían refugiado en Moscú: en el caso polaco, la cúpula del Partido Comunista Polaco del periodo de entreguerras fue prácticamente barrida por completo.

Así pues, cuando Mátyás Rákosi, el jefe del Partido Comunista Húngaro, fue devuelto de Moscú a Budapest en febrero de 1945, pudo contar tan solo con el apoyo de unos 4000 comunistas en Hungría. En Rumanía, según la líder comunista rumana Ana Pauker, el número de militantes del Partido era inferior a mil, en una población de casi 20 millones. La situación en Bulgaria no era mucho mejor: en septiembre de 1944 los comunistas sumaban aproximadamente unos 8000. Solo en las regiones industriales de Bohemia y en Yugoslavia, donde se identificaba al Partido con la victoriosa resistencia partisana, el comunismo contó con algo parecido a una militancia masiva.

Actuando conforme a su característica cautela, y todavía manteniendo en todo caso las relaciones con las potencias occidentales, Stalin siguió una táctica ya conocida desde la década de 1930 a través de los frentes populares y la práctica comunista durante la Guerra Civil española: favorecer la formación de gobiernos de «frente», esto es, coaliciones de comunistas, socialistas y de otros partidos antifascistas que excluían y castigaban al antiguo régimen y sus partidarios, pero se mostraban cautos y «democráticos», reformistas más que revolucionarios. Hacia el final de la guerra, o al muy poco tiempo, todos los países de la Europa del Este tenían este tipo de gobierno de coalición.

A la vista de los continuos desacuerdos entre los expertos sobre la responsabilidad de la división de Europa, quizá merezca la pena subrayar que ni Stalin ni sus representantes locales albergaban ninguna duda sobre cuál era su meta a largo plazo. Las coaliciones constituían la ruta hacia el poder para los partidos comunistas, en una región donde históricamente habían sido bastante débiles; eran solo los medios para alcanzar dicho fin. Como Walter Ulbricht, líder de los comunistas de la Alemania del Este, explicó en privado a sus seguidores cuando le manifestaron su extrañeza ante la política del Partido en 1945: «Está muy clara: tiene que parecer democrática, pero debemos tenerlo todo bajo control».

El control, en efecto, importaba mucho más que las políticas. No era casual que en todos los gobiernos de coalición (el «Frente Patriótico», el «Gobierno de Unidad» o los «bloques de partidos antifascistas») de la Europa del Este los comunistas quisieran hacerse con el control de ciertos ministerios clave como el de Interior, que confería al Partido la autoridad sobre la policía y las fuerzas de seguridad así como el poder de conceder o retirar las licencias a los periódicos, o el de Justicia, que gestionaba las reformas y las redistribuciones territoriales y estaba por tanto capacitado para otorgar favores y comprar la lealtad de millones de campesinos. Los comunistas también trataban de ocupar los puestos más importantes en los comités de «desnazificación», las comisiones de distrito y los sindicatos.

En cambio, los comunistas de la Europa del Este no tenían prisa por hacerse con los puestos de presidente, primer ministro o ministro de Asuntos Exteriores; preferían a menudo dejárselos a sus aliados de coalición de los partidos socialistas, agrarios o liberales. Esto respondía a la distribución inicial de los cargos de gobierno durante la postguerra, donde los comunistas habían estado en minoría, y servía a la vez para contentar a los observadores occidentales. Aunque la población local no se dejaba engañar y tomaba sus propias precauciones (el número de militantes del Partido Comunista Rumano había ascendido a 800.000 a finales de 1945), en muchos aspectos la estrategia comunista resultaba en realidad tranquilizadoramente moderada. Lejos de la colectivización de tierras, el Partido instaba a su distribución entre los que no las tenían. Lejos de la confiscación de bienes «fascistas», el Partido no presionaba en pro de las nacionalizaciones o la propiedad estatal, y desde luego no más, y, en muchos casos, menos, que algunos de sus socios de coalición. Por otra parte, no se hablaba mucho del «socialismo» como meta.

El objetivo declarado de los comunistas en 1945 y 1946 era «completar» las inconclusas revoluciones burguesas de 1848 para redistribuir la propiedad, garantizar la igualdad y propugnar los derechos democráticos en una parte de Europa donde las tres cosas habían escaseado desde siempre. Se trataba de objetivos plausibles, al menos en apariencia, y atractivos para muchos habitantes de la región y de la Europa occidental que querían pensar bien de Stalin y sus propósitos. En el caso de los propios comunistas, este atractivo se redujo considerablemente tras una sucesión de elecciones locales y nacionales en Alemania del Este, Austria y Hungría. En estos países (en el caso de Hungría en las elecciones municipales de Budapest de noviembre de 1945), resultaría muy pronto evidente que por muy exitosa que hubiera sido su inserción en los puestos de mayor influencia local, los comunistas nunca iban a conseguir el poder a través de las urnas. A pesar de todas las ventajas derivadas de la ocupación militar y el patrocinio económico, los candidatos comunistas salieron invariablemente derrotados frente a los representantes de los viejos partidos liberales, socialdemócratas y agrarios/minifundistas.

El resultado fue que los partidos comunistas adoptaron por el contrario una estrategia de presión encubierta, seguida de otra de terror y represión evidentes. En el curso de 1946 y 1947, sus oponentes electorales fueron calumniados, golpeados, arrestados, juzgados por «fascistas» o «colaboracionistas», encarcelados e incluso fusilados. Las milicias «populares» contribuyeron a crear un clima de miedo e inseguridad del que los portavoces comunistas culpabilizaban luego a sus críticos políticos. Los políticos más vulnerables o impopulares de los partidos no comunistas se convertían en objeto de oprobio público, mientras sus colegas permitían este maltrato con la esperanza de que no se utilizara contra ellos. Así, en Bulgaria, ya en el verano de 1946, se encarceló a siete de los veintidós miembros del «presidium» de la Unión Agraria y treinta y cinco de los ochenta miembros de su Consejo de Gobierno. Uno de los cargos más típicos fue el interpuesto contra el periodista Kunev, acusado de haber actuado «de forma claramente delictiva al calificar en uno de sus artículos al gobierno búlgaro como un grupo de soñadores políticos y económicos».

Los partidos agrarios, liberales y otros también mayoritarios demostraron ser un blanco fácil, y se los acusó de fascistas o de albergar sentimientos antinacionales y se los eliminó poco a poco. El impedimento que presentó más dificultades a las ambiciones comunistas fueron los partidos socialistas o socialdemócratas locales que compartían las mismas aspiraciones de reforma que los comunistas. Y en la medida en que existía un electorado de clase obrera industrial en la mayoritariamente rural Europa del Este, su filiación era tradicionalmente socialista, no comunista. De este modo, dado que a los socialistas no se les podía vencer con facilidad los comunistas decidieron unirse a ellos.

O, mejor dicho, hacer que los socialistas se unieran a ellos. Esta era una tradicional estratagema comunista. La táctica inicial de Lenin de 1918 a 1921 había consistido en dividir a los partidos socialistas de Europa, separando a la facción más radicalmente izquierdista para formar nuevos movimientos comunistas y descalificar al resto como reaccionarios y superados por la historia. Pero cuando los partidos comunistas se encontraron en minoría durante las dos décadas siguientes, el enfoque comunista cambió, y los comunistas pasaron a ofrecer a los (en su mayoría más numerosos) partidos socialistas la perspectiva de la «unidad» de la izquierda, aunque bajo los auspicios comunistas. En las circunstancias de la Europa del Este posterior a la liberación, muchos socialistas encontraron razonable dicha propuesta.

Incluso en la Europa occidental, algunos de los miembros más izquierdistas de los partidos socialistas francés e italiano se vieron seducidos por las invitaciones comunistas a fundirse en una sola fuerza política. En la Europa del Este, esta presión resultó ser literalmente irresistible. El proceso se inició en la zona soviética de Alemania, donde (en una reunión secreta celebrada en Moscú en febrero de 1946) los comunistas se decidieron por una fusión con sus claramente más mayoritarios «aliados» socialistas. Esta fusión se consumó dos meses después con el nacimiento del Partido de Unidad Socialista (en dichas fusiones era característico que el recién unido partido evitara la utilización del término «comunista»). Un considerable número de los anteriores líderes de los socialdemócratas de la Alemania del Este se mostraron favorables a la fusión, y a cambio se les concedieron cargos honoríficos en el nuevo partido y en el posterior gobierno alemán. A los socialistas que protestaban o se oponían al nuevo partido se los denunciaba, expulsaba o, como mínimo, obligaba a retirarse de la vida pública o exiliarse.

En el resto del bloque soviético, estas «uniones» entre comunistas y socialistas, estructuradas de forma similar, se producirían un poco más tarde, a lo largo de 1948: en Rumanía, en febrero de 1948, en Hungría en agosto y en Polonia en diciembre. Para entonces, los partidos socialistas se habían escindido cada vez más a causa de la fusión, de modo que mucho antes de que desparecieran ya habían dejado de constituir una fuerza política influyente en su país. Y, como en el caso de Alemania, los antiguos socialdemócratas que se habían unido a los comunistas fueron debidamente recompensados con cargos meramente decorativos: el primer jefe de Estado de la Hungría comunista, nombrado el 30 de julio de 1948, fue Árpád Szakasits, un antiguo socialista.

Los socialdemócratas de la Europa del Este se encontraban en una posición imposible. Los socialistas occidentales a menudo los animaron a fusionarse con los comunistas, ya fuera en la ingenua creencia de que todos saldrían beneficiados o bien con la esperanza de introducir un elemento moderador en la actuación comunista. Todavía en 1947 a los partidos socialistas de la Europa del Este (esto es, los socialistas que se habían negado a cooperar con sus camaradas comunistas) se les prohibía unirse a las organizaciones socialistas internacionales basándose en que constituían un obstáculo para la alianza de las fuerzas «progresistas». Mientras, en sus respectivos países, eran sometidos a humillaciones y violencia. Incluso cuando aceptaron el abrazo comunista, su situación apenas mejoró: en el congreso para la «fusión» de los dos partidos celebrado en Rumanía en febrero de 1948, la dirigente comunista Ana Pauker acusó a sus anteriores colegas socialistas de sabotaje sistemático, servilismo hacia los gobiernos reaccionarios y «calumnias» antisoviéticas.

Una vez diezmados, encarcelados o absorbidos sus principales enemigos, los comunistas sí pudieron conseguir mejores resultados en las elecciones de 1947 y sucesivas, ayudados también por los ataques violentos perpetrados contra los pocos enemigos que les quedaban, la intimidación en los centros electorales y la descarada manipulación de los recuentos de votos. A partir de entonces empezó a extenderse la formación de gobiernos en los que los comunistas o los recién unificados partidos «obreros» o de «unidad» constituían la fuerza claramente dominante: sus socios de coalición, caso de haberlos, quedaron reducidos a funciones meramente nominales y decorativas. En consonancia con esta transición de los frentes unificados y coaliciones al monopolio del poder comunista, la estrategia soviética retornó, a lo largo de 1948 y 1949, a una política de control estatal radical, colectivización, destrucción de la clase media y purgas y castigos a sus oponentes reales e imaginarios.

Este relato sobre cómo se produjeron los primeros avances soviéticos en la Europa del Este describe un proceso común a todos las países de la región. Los cálculos de Stalin solían ser indiferentes a las peculiaridades nacionales. Allí donde los comunistas podían albergar razonables esperanzas de conseguir el poder por medios legales o aparentemente legales, esta pareció ser la preferencia de Stalin, al menos durante el otoño de 1947. Pero dado que la clave residía en el poder y no en la legalidad, las tácticas comunistas fueron haciéndose más combativas y menos respetuosas con los límites judiciales o políticos, incluso al precio de perder las simpatías con las que contaban en el extranjero, una vez resultaba claro que la victoria electoral les sería esquiva.

Sin embargo, existían importantes variaciones locales. En Bulgaria y Rumanía era donde la mano dura soviética se sentía más que en ningún sitio, en parte porque ambos países habían estado en guerra con ella, y en parte debido también a la debilidad comunista pero, sobre todo, porque desde el principio las circunstancias geográficas las colocaban en el círculo más inmediato de la esfera soviética. En Bulgaria, el líder comunista (y anterior secretario del Comintern) Georgy Dimitrov, ya en 1946 había declarado sin rodeos que cualquiera que votara a la oposición anticomunista sería considerado un traidor. Aun así, los oponentes de los comunistas obtuvieron 101 de los 465 escaños parlamentarios en las elecciones generales subsiguientes. Pero la oposición estaba predestinada al fracaso, y lo único que podía evitar que el Ejército Rojo ocupante y sus aliados locales acabaran abierta y directamente con toda posibilidad de disidencia era la necesidad de trabajar con los aliados occidentales en un Tratado de Paz para Bulgaria y conseguir el reconocimiento angloamericano de la legítima autoridad del gobierno dirigido por los comunistas.

Una vez firmados los tratados de paz, los comunistas ya no tenían nada que ganar de la espera, y la cronología de los hechos resulta en este sentido reveladora. El 5 de junio de 1947, el Senado de Estados Unidos ratificó los Tratados de Paz de París con Bulgaria, Rumanía, Hungría, Finlandia e Italia, a pesar de los recelos de los diplomáticos norteamericanos de Sofía y Bucarest. Al día siguiente, el principal político anticomunista de Bulgaria, el líder agrario Nikola Petkov (que se había negado a seguir a otros militantes agrarios más acomodaticios integrados en el Frente Patriótico de los comunistas), fue arrestado. Su juicio duró del 5 al 15 de agosto. El 15 de septiembre entró en vigor el Tratado de Paz búlgaro y, cuatro días más tarde, Estados Unidos ofreció la posibilidad de extender a Sofía su reconocimiento diplomático. A las 96 horas Petkov fue ejecutado, habiendo sido retrasada la sentencia hasta el anuncio oficial por parte de Estados Unidos. Tras el asesinato judicial de Petkov, los comunistas búlgaros ya no tenían que temer otros impedimentos. Como el general soviético Biriuzov comentó retrospectivamente al referirse al apoyo prestado por el Ejército Rojo a los comunistas búlgaros contra los partidos «burgueses», «no teníamos derecho a negar nuestra ayuda a los esfuerzos del pueblo búlgaro por aplastar a semejante reptil».

En Rumanía, la posición de los comunistas era incluso más débil que en Bulgaria, donde al menos existía una tradición de sentimiento rusófilo que el Partido podía tratar de aprovechar[1]. Aunque los soviéticos garantizaban a los rumanos la recuperación del norte de Transilvania (asignada a Hungría bajo coacción en 1940), Stalin no albergaba ninguna intención de devolverle a Rumanía Besarabia ni Bucovina, incorporadas a la URSS, ni la región sur de Dobrudja, situada en el sudeste de Rumanía y en aquel momento anexionada a Bulgaria: por consiguiente, los comunistas rumanos se veían obligados a justificar una importante pérdida territorial, de la misma forma que en los años de entreguerras se los había obligado a prescindir de Besarabia, por entonces territorio rumano.

Para empeorar las cosas, los líderes comunistas rumanos a menudo no eran ni siquiera rumanos, al menos conforme a los criterios rumanos tradicionales. Ana Pauker era judía, Emil Bodnăraş ucraniano y Vasile Luca de origen transilvano-germano. Otros eran húngaros o búlgaros. Al ser percibidos como una presencia ajena, los comunistas rumanos dependían completamente de las fuerzas soviéticas. Su supervivencia doméstica no radicaba en conseguir el voto popular (lo que nunca se había considerado ni remotamente como un objetivo real), sino en la velocidad y eficacia con la que podían ocupar la jefatura del Estado y dividir y destruir a sus oponentes de los partidos «históricos» del centro liberal, una tarea en la que demostraron ser decididamente expertos, como evidencia el hecho de que ya en marzo de 1948 la lista del gobierno obtuviera 405 de 414 escaños en las elecciones nacionales. Tanto en Rumanía como en Bulgaria (o Albania, donde Enver Hoxha movilizó a las comunidades toscas contra la resistencia tribal de los guegos del norte), la subversión y la violencia no constituían una opción más, sino el único camino hacia el poder.

Los polacos también estaban predestinados a entrar en la esfera soviética tras la Segunda Guerra Mundial. La causa radicaba en su ubicación, en la ruta de Berlín a Moscú, en su historia como eterno obstáculo para las ambiciones imperiales rusas en Occidente, y en que, también en Polonia, las perspectivas de que un gobierno filosoviético emergiera espontáneamente por votación popular eran mínimas. La diferencia entre Polonia y los Estados balcánicos, sin embargo, residía en que Polonia había sido víctima de Hitler, no su aliada; cientos de miles de soldados polacos habían luchado junto a los ejércitos aliados en los frentes del este y del oeste; y los polacos abrigaban ciertas esperanzas respecto a sus perspectivas en la postguerra.

Por lo que luego se ha sabido, dichas perspectivas no eran tan malas. Aunque no se puede decir que los comunistas polacos del llamado «Comité de Lublin» (fundado en julio de 1944 por las autoridades soviéticas con el fin de tener un gobierno ya preparado para entrar en ejercicio en cuanto consiguieran llegar a Varsovia) gozaran de un apoyo popular masivo, sí contaban con cierto grado de respaldo local, especialmente entre los jóvenes, y podían señalar algunos beneficios reales de la «amistad» soviética: una garantía eficaz contra el revanchismo territorial alemán (consideración que se debía tener muy en cuenta en aquellos momentos) y una política de intercambios nacionales por la que Polonia quedaría «limpia» de la minoría ucraniana remanente y los ciudadanos de etnia polaca del este serían reasentados dentro de las nuevas fronteras nacionales. Dichas consideraciones permitieron a los comunistas polacos, a pesar de su marginalidad (muchos de ellos eran también de origen judío), reivindicar su lugar en las tradiciones políticas nacionales e incluso nacionalistas.

No obstante, los comunistas de Polonia también habrían constituido una minoría insignificante en términos electorales. El Partido Campesino Polaco de Stanisław Mikołajczyk contaba en diciembre de 1945 con 600.000 miembros, diez veces el número de militantes del Partido Obrero Polaco de los comunistas (que pasaría a llamarse Partido Obrero Unificado Polaco tras absorber a los socialistas en diciembre de 1948). Pero Mikołajczyk, primer ministro del Gobierno en el exilio durante la guerra, se vio fatalmente perjudicado por la insistencia característicamente polaca de su partido en ser a la vez antinazi y antisoviético.

A Stalin le resultaba más o menos indiferente el éxito del «socialismo» en Polonia, como revelarían hechos posteriores. Pero lo que no le era en absoluto indiferente era el desarrollo general de la política polaca, especialmente de la exterior. En realidad, al menos con respecto a Europa, esto era lo que más le importaba, junto con la resolución final del callejón sin salida alemán. Por lo tanto, el Partido Campesino fue objeto de un constante arrinconamiento, y se amenazó a sus miembros, se atacó a sus líderes y se impugnó su credibilidad. En las descaradamente amañadas elecciones parlamentarias polacas de enero de 1947, el «bloque democrático» dirigido por los comunistas obtuvo el 80 por ciento de los votos, y el Partido Campesino solo el 10 por ciento[2]. Nueve meses después, temiendo por su vida, Mikołajczyk huyó del país. Lo que quedaba del Ejército del Interior de los tiempos de la guerra continuó enfrentándose en una guerra de guerrillas contra las autoridades comunistas durante algunos años más, pero la suya era también una causa perdida.

En Polonia, la Unión Soviética tenía un interés tan obvio en el cariz político que tomaría el país que las ilusiones que albergaban los polacos en tiempo de guerra (antes y después del Tratado de Yalta) pueden parecer quijotescas. En Hungría, sin embargo, las aspiraciones de un «camino húngaro hacia el socialismo» no eran en realidad tan quiméricas. El principal interés de Moscú en la Hungría de la postguerra radicaba en utilizarla como conducto seguro para las tropas del Ejército Rojo en caso de que estas tuvieran que avanzar hacia el oeste a través de Austria (o, más tarde, hacia el sur, a través de Yugoslavia). Si los comunistas locales hubieran contado con un amplio respaldo público, sus asesores soviéticos podrían haber estado dispuestos a prolongar la táctica «democrática» durante más tiempo.

Pero también en Hungría los comunistas resultaban ser en general bastante impopulares, incluso en Budapest. A pesar de ser tachados de reaccionarios e incluso fascistas, el Partido de los Pequeños Propietarios (el equivalente húngaro a lo que en otros países eran los partidos agrarios) consiguió una mayoría absoluta en las elecciones generales de noviembre de 1945. Con el respaldo de los socialistas (cuya líder, Anna Kéthly, se negaba a creer que los comunistas se rebajaran a amañar las elecciones), los comunistas lograron expulsar a algunos de los representantes de los Pequeños Propietarios del parlamento y, en febrero de 1947, los acusaron de conspiración y, en el caso de su líder, Béla Kovács, de espionaje contra el Ejército Rojo (a consecuencia de ello, Kovács fue enviado a Siberia, de donde regresaría en 1956). En las nuevas elecciones de 1947, falseadas sin el más mínimo reparo por el comunista ministro del Interior László Rajk, los comunistas no consiguieron de todas formas más que el 22 por ciento de los votos, a pesar de lograr reducir la representación de los Pequeños Propietarios a un 15 por ciento. En estas circunstancias, el camino de Hungría hacia el socialismo convergió rápidamente con el de sus vecinos del este. Para las siguientes elecciones, celebradas en mayo de 1949, el «frente popular» recibió el 95,6 por ciento de los votos.

Resulta fácil, desde la retrospectiva, ver que a raíz de 1945 las esperanzas de una Europa del Este democrática fueron siempre vanas. En la Europa central y del Este, la tradición democrática o liberal autóctona era escasa. Los regímenes de entreguerras en esta parte de Europa habían sido corruptos, autoritarios y, en algunos casos, asesinos. Las viejas castas dirigentes a menudo ejercían el soborno. La verdadera clase gobernante de la Europa del Este durante el periodo de entreguerras había sido la burocracia, reclutada entre los mismos grupos sociales que proveían a los cuadros dirigentes de los Estados comunistas. A pesar de toda la retórica del «socialismo», la transición del autoritarismo retrógrado a la «democracia popular» comunista fue rápida y fácil. No resulta por tanto muy sorprendente que la historia diera el giro que dio.

Por otra parte, la alternativa de una vuelta a los políticos y las políticas de la Rumanía, la Polonia o la Hungría anteriores a 1939 debilitaba en gran medida la causa anticomunista, al menos hasta que el terror soviético se dejó sentir con toda su fuerza a partir de 1949. Después de todo, como el líder comunista francés Jacques Duclos inquiría astutamente en el diario comunista L’Humanité el 1 de julio de 1948, ¿no era la Unión Soviética la que mejores garantías ofrecía a estos países no solo contra un retroceso a la nefasta época anterior, sino también para alcanzar su independencia nacional? Eso era lo que en efecto muchos creían en aquel momento. Como señaló Churchill: «Algún día los alemanes querrán recuperar su territorio y los polacos no podrán pararlos». En aquel momento, la Unión Soviética se había autoinvestido como protectora de las nuevas fronteras de Rumanía y de Polonia, por no hablar de los territorios redistribuidos de los alemanes y ciudadanos de otras nacionalidades expulsados de toda la región.

Ello constituía un recordatorio, en realidad innecesario, de la omnipresencia del Ejército Rojo. La 37 división del Tercer Frente Ucraniano fue separada de las fuerzas que ocupaban Rumanía en septiembre de 1944 y destinada a Bulgaria, donde permaneció hasta la firma de los Tratados de Paz en 1947. Las fuerzas soviéticas continuaron en Hungría hasta mediados de los años cincuenta (y de nuevo a partir de 1956) y en Rumanía hasta 1958. La República Democrática Alemana permaneció bajo la ocupación militar soviética a lo largo de sus cuarenta años de vida, y las tropas soviéticas transitaban de forma regular por Polonia. La Unión Soviética no estaba dispuesta a dejar esta parte de Europa, cuyo futuro estaba íntimamente ligado al destino de su gigantesco vecino, como los hechos demostrarían más adelante.

La excepción evidente era por supuesto Checoslovaquia. Muchos checos recibieron a los rusos como sus liberadores. Gracias a Múnich, albergaban pocas ilusiones respecto a los poderes occidentales, y el gobierno de Edvard Beneš exilado en Londres era el único que había protagonizado inequívocos acercamientos hacia Moscú con bastante anterioridad a 1945. Así le explicaba el propio Beneš su postura a Mólotov en diciembre de 1943: «Respecto a los asuntos de máxima importancia, [nosotros] […] siempre nos manifestaríamos y actuaríamos de acuerdo con los representantes del gobierno soviético». Puede que Beneš no estuviera tan alerta como su mentor, el fallecido presidente Tomáš Masaryk, ante los riesgos del abrazo ruso o soviético, pero tampoco era un incauto. Praga quería mantener buenas relaciones con Moscú por la misma razón que antes de 1938 había pretendido estrechar sus lazos con París: porque Checoslovaquia era un país pequeño y vulnerable del centro de Europa y necesitaba un protector.

De este modo, a pesar de ser en muchos sentidos el más occidental de los países «del Este», con una cultura tradicionalmente plural, un importante sector urbano e industrial, una economía capitalista que hasta la guerra se había mostrado floreciente y una política socialdemócrata de orientación occidental a raíz de ella, Checoslovaquia fue también el aliado más cercano que tuvo la Unión Soviética en la región, pese a perder su comarca más oriental, la Rutenia subcarpática, debido a los «ajustes» territoriales soviéticos. Esta era la razón por la que Beneš, el único primer ministro exilado de la Europa del Este y del sudeste durante la guerra, pudo volver con su gobierno a casa, donde, en abril de 1945, lo reconfiguró con la incorporación de siete ministros comunistas y once procedentes de los cuatro partidos restantes.

Los comunistas checos presididos por Klement Gottwald creían sinceramente en sus posibilidades de llegar al poder a través de las urnas. En las últimas elecciones checoslovacas anteriores a la guerra, celebradas en 1935, habían conseguido un resultado bastante favorable de 849.000 votos (el 10 por ciento del total). No dependían del Ejército Rojo, que se retiró de Checoslovaquia en noviembre de 1945 (si bien la Unión Soviética siguió manteniendo en Praga, como en todas partes, una importante presencia de sus servicios de espionaje y policía secreta a través de su entramado diplomático). En las ciertamente libres aunque psicológicamente tensas elecciones checoslovacas de mayo de 1946, el Partido Comunista consiguió el 40,2 por ciento de los votos en las regiones checas de Bohemia y Moravia, y el 31 por ciento en la mayoritariamente rural y católica Eslovaquia. Solo le superó el Partido Demócrata Eslovaco, cuya influencia quedaba por definición limitada al tercio de la población integrado por los habitantes de origen eslovaco[3].

Los comunistas checos imaginaban un éxito continuado, razón por la que al principio recibieron con agrado la perspectiva de la Ayuda del Plan Marshall y llevaron a cabo campañas de reclutamiento para aumentar sus perspectivas para futuras elecciones (la militancia del partido aumentó de unos 50.000 miembros en mayo de 1945 a 1.220.000 en abril de 1946 y, en enero de 1948, alcanzó 1.310.000, en un país con una población de solo 12 millones de habitantes). Desde luego, los comunistas no renunciaron a utilizar el patrocinio y la presión para conseguir apoyo. Y, como en todas partes, habían tomado la precaución de obtener los ministerios vitales y colocar a sus hombres en los cargos clave dentro de la policía y en otros sitios. Pero, anticipándose a las elecciones de 1948, los comunistas autóctonos de Checoslovaquia se estuvieron preparando para alcanzar el poder de lleno mediante un «camino checo» que por entonces todavía parecía bastante distinto al de los países del este.

Si la cúpula soviética creía o no en las afirmaciones de Gottwald acerca de que el Partido Comunista Checoslovaco triunfaría sin ayuda, es algo que no está claro. Pero, al menos en el otoño de 1947, Stalin dejó en paz a Checoslovaquia. Los checos habían expulsado a los alemanes de los Sudetes (que los exponían a la hostilidad alemana y en consecuencia hacían a su país más dependiente incluso de la protección soviética) y el énfasis de los gobiernos de postguerra de Beneš en la planificación económica, la propiedad estatal y el trabajo duro recordaban al menos a un periodista francés en mayo de 1947 a la retórica y el talante del primer estajanovismo soviético. Las vallas de Praga aparecían cubiertas de retratos de Stalin junto a los del propio presidente Beneš mucho antes de que los comunistas hubieran establecido siquiera un gobierno propio, y mucho menos asegurado el monopolio del poder. Como hemos visto, el ministro de Asuntos Exteriores Jan Masaryk y sus colegas no dudaron, en el verano de 1947, en declinar la ayuda Marshall a instancias de Moscú. En resumen, Stalin no tenía ningún motivo para quejarse del comportamiento de los checoslovacos.

Sin embargo, en febrero de 1948, los comunistas maquinaron un golpe político en Praga, aprovechándose de la imprudente renuncia de los ministros no comunistas (ante un importante aunque oscuro asunto de infiltración comunista de la policía) para hacerse con el control del país. El golpe de Praga revistió una enorme trascendencia, precisamente por producirse en un país más o menos democrático y cuyas relaciones con Moscú eran tan amistosas. Esto hizo reaccionar a los aliados occidentales, que a partir de ello dedujeron que el comunismo se proponía avanzar hacia el oeste[4]. Este hecho supuso probablemente la salvación de los finlandeses: gracias a los problemas que el golpe de Checoslovaquia desencadenó para él en Alemania y otros lugares, Stalin se vio obligado en abril de 1948 a llegar a un acuerdo con Helsinki y firmar un Tratado de Amistad (tras haber intentado al principio imponer en Finlandia una solución al estilo de la Europa del Este, dividiendo a los socialdemócratas, obligándolos a fusionarse con los comunistas en una «Liga de Defensa del Pueblo Finlandés» y de este modo facilitarles a estos últimos la llegada el poder).

En Occidente, Praga despertó a los socialistas a la realidad de la vida política de la Europa del Este. El 29 de febrero de 1948, el anciano Léon Blum publicó en el periódico socialista Le Populaire, un artículo cuya repercusión sería enorme, en el que criticaba el fracaso de los socialistas occidentales a la hora de protestar ante el destino de sus camaradas de la Europa del Este. Gracias a Praga, una parte importante de la izquierda no comunista de Francia, Italia y demás países, se situó entonces con firmeza en el bando occidental, un hecho que relegaría a los partidos comunistas que se encontraban fuera del alcance soviético a un aislamiento y una impotencia cada vez mayores.

Si Stalin maquinó el golpe de Praga sin prever completamente el alcance de sus consecuencias no fue solo porque tuviera planeado desde siempre imponer su ley de una determinada manera en todo el bloque. Ni tampoco porque Checoslovaquia fuera tan importante dentro de su plan general. Lo que ocurrió en Praga, y lo que sucedía al mismo tiempo en Alemania, donde la política soviética estaba pasando rápidamente del obstruccionismo y el desacuerdo al enfrentamiento abierto con sus anteriores aliados, era un retorno por parte de Stalin al estilo y la estrategia de la era anterior. Este cambio se vio impulsado en general por la impaciencia de Stalin y su incapacidad para encauzar los asuntos europeos y alemanes a su gusto; pero también y sobre todo por su creciente irritación respecto a Yugoslavia.

En 1947, el gobierno comunista de Yugoslavia, presidido por Josip Broz Tito, ostentaba un estatus único. A diferencia de los partidos comunistas de Europa, los yugoslavos habían llegado al poder por su propio esfuerzo, sin depender ni de los aliados locales ni de la ayuda extranjera. Es cierto que los británicos habían dejado de enviar ayuda a sus rivales, los partisanos chetniks, y desviaron su apoyo a Tito, y que, durante los primeros años de la postguerra, la Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas (UNRRA) destinó más dinero (415 millones de dólares) en ayuda a Yugoslavia que a cualquier otro lugar de Europa, el 72 por ciento del cual procedía de Estados Unidos. Pero lo que más importaba a los contemporáneos de entonces era que los partisanos comunistas yugoslavos habían sido los únicos que habían librado con éxito una guerra de resistencia contra los ocupantes alemanes e italianos.

Animados por su victoria, los comunistas de Tito no querían saber nada de coaliciones como las que se estaban formando en el resto de la Europa liberada, e inmediatamente se dispusieron a destruir a todos sus oponentes. En las primeras elecciones de la postguerra, celebradas en noviembre de 1945, a los votantes se les planteó una elección inequívoca: el «frente popular» de Tito… o una urna presentada al público como la «oposición». En enero de 1946, el Partido Comunista de Yugoslavia introdujo una Constitución inspirada directamente en la de la URSS. Tito presionó además con arrestos, encarcelamientos y ejecuciones masivas de sus oponentes, así como con la colectivización de las tierras, en un momento en el que los comunistas de la vecina Hungría y Rumanía todavía estaban calibrando cuidadosamente una imagen más complaciente. Por lo que parecía, Yugoslavia representaba la línea más dura y vanguardista del comunismo europeo.

Aparentemente, el radicalismo yugoslavo y el éxito del Partido Comunista de Yugoslavia en hacerse por completo con el control de una región estratégicamente crucial jugaba a favor de los soviéticos, y las relaciones entre Moscú y Belgrado eran cordiales. Moscú prodigaba todo tipo de alabanzas a Tito y su partido, manifestaba un gran entusiasmo por sus logros revolucionarios y ponía a Yugoslavia como ejemplo que había que seguir. A cambio, los líderes yugoslavos aprovechaban cualquier ocasión para insistir en su respeto por la Unión Soviética; y se veían a sí mismos como introductores del modelo de la revolución y el gobierno bolcheviques en los Balcanes. Como recordaba Milovan Djilas, «todos nos sentíamos predispuestos a su favor [de la URSS]. Y todos le hubiéramos permanecido fieles, de no haber sido por los propios criterios de lealtad de la Superpotencia».

Pero la devoción yugoslava por el bolchevismo siempre fue, desde el punto de vista de Stalin, demasiado entusiasta. Stalin, como ya hemos visto, estaba menos interesado en la revolución que en el poder. Era Moscú quien tenía que determinar la estrategia de los partidos comunistas, quien tenía que decidir cuándo se requería un enfoque moderado o cuándo había que adoptar una línea radical. Como origen y motor de la revolución mundial, la Unión Soviética no era un modelo, sino el modelo. En las circunstancias adecuadas, los demás partidos comunistas podían sentarse a la partida y jugar sus bazas, pero bajo la seria advertencia de no ganarle la mano a los soviéticos. Y en esto consistía el principal defecto de Tito a los ojos de Stalin. En su afán por implantar los cánones comunistas en el sudeste de Europa, el exgeneral partisano estaba adelantándose a los cálculos soviéticos. Los éxitos revolucionarios se le habían subido a la cabeza: se estaba haciendo más papista que el Papa.

Stalin no llegó a estas conclusiones de repente, aunque su frustración con el «inexperto» Tito data de fechas tan tempranas como enero de 1945. Más allá de la percepción por parte de Moscú de que Tito se estaba volviendo un engreído y presentando la revolución autóctona de Yugoslavia como un contramodelo a la de los soviéticos, los desacuerdos entre Stalin y Tito se produjeron con relación a cuestiones prácticas de política regional. Bajo el gobierno de Tito, los yugoslavos albergaban ciertas ambiciones, enraizadas en la historia de los Balcanes, de absorber Albania, Bulgaria y determinadas partes de Grecia para formar una Yugoslavia expandida bajo una nueva «Federación de los Balcanes». Esta idea despertó cierto interés fuera de las fronteras de Yugoslavia (desde el punto de vista de Traicho Kostov, uno de los dirigentes comunistas de Sofía, resultaba conveniente en el aspecto económico para Bulgaria y representaría una ruptura con el nacionalismo de pequeño Estado que tanto había perjudicado las perspectivas de estos países antes de la guerra).

El propio Stalin no se mostraba en principio reacio a hablar de una federación balcánica y Dimitrov, el confidente de Stalin en el Comintern y principal líder comunista de Bulgaria, se refería abiertamente a la perspectiva todavía en enero de 1948. Pero, a pesar de su atractivo, existían dos problemas con el plan de reunir a todo el sudeste de Europa en un acuerdo federal subordinado al control comunista. Lo que empezó constituyendo la base para una cooperación mutua entre los comunistas locales pronto se convirtió, a los recelosos ojos de Stalin, en algo más bien parecido a una puja por parte de uno de ellos para hacerse con la hegemonía regional. Esto por sí solo ya hubiera conducido a Stalin, con el tiempo, a frustrar las ambiciones de Tito. Pero existía un escollo adicional y aún más importante, y era que Tito le estaba creando problemas a Stalin en Occidente.

Los yugoslavos respaldaron y alentaron abiertamente la insurgencia griega, tanto en 1944 como tres años más tarde, cuando estalló la guerra civil. Este respaldo resultaba coherente con el activismo marcadamente narcisista de Tito, ya que se trataba de ayudar a los comunistas griegos a que emularan sus propios éxitos, y se veía también influido por los intereses yugoslavos en las disputadas regiones «eslavas» de la Macedonia griega. Pero Grecia se encontraba en la esfera de intereses occidental, como Churchill y posteriormente Truman habían explicitado con claridad. Stalin no tenía ningún interés en enzarzarse en una disputa con Occidente por causa de Grecia, un asunto para él secundario. Los comunistas griegos suponían ingenuamente que su levantamiento desencadenaría la ayuda soviética, e incluso tal vez la intervención de las fuerzas soviéticas, pero esta opción jamás se barajó. Por el contrario, Stalin no los consideraba más que como un grupo de indisciplinados aventureros embarcados en una causa perdida que probablemente provocarían la intervención estadounidense.

El desafiante apoyo de Tito a los insurgentes griegos molestó por tanto a Stalin, que justificadamente pensaba que sin la ayuda yugoslava todo el embrollo griego se habría resuelto mucho antes y de un modo pacífico[5] por sí solo, y le distanció aún más de su acólito de los Balcanes. Pero Tito no estaba incomodando a Stalin y avivando la irritación norteamericana solo en el sur de los Balcanes. En Trieste y en la península de Istria, las ambiciones territoriales yugoslavas suponían un obstáculo para un acuerdo aliado sobre un Tratado de Paz italiano: cuando el Tratado se firmó por fin, en septiembre de 1947, el futuro de la región de Trieste quedó sin aclarar, y las tropas aliadas permanecieron acuarteladas allí para impedir que fuera tomada por los yugoslavos. En la vecina Carintia, la región más meridional de Austria, Tito estaba reclamando un acuerdo territorial a favor de Yugoslavia, mientras que Stalin prefería que la situación continuara sin resolverse (ya que esto representaba para los soviéticos la notable ventaja de permitirles mantener tropas en el este de Austria y también en Hungría).

La combinación del irredentismo yugoslavo y el fervor revolucionario partisano de Tito constituía por tanto una incomodidad cada vez mayor para Stalin. Según la Official British History of the Second World War (Historia oficial británica de la Segunda Guerra Mundial), en los círculos militares occidentales estaba muy extendida la opinión de que si después de mayo de 1945 estallaba una Tercera Guerra Mundial, sería en la región de Trieste. Pero a Stalin no le interesaba provocar una Tercera Guerra Mundial, y mucho menos por un recóndito rincón del nordeste de Italia. Tampoco le complacía ver a los comunistas italianos molestos por las impopulares ambiciones territoriales del vecino comunista de Italia.

Por todas estas razones, en el verano de 1947 Stalin se sentía de puertas para adentro profundamente irritado con Yugoslavia. Tampoco pudo haberle agradado ver la estación de ferrocarril de la capital búlgara cubierta de carteles de Tito tanto como de Stalin y Dimitrov, ni que los comunistas húngaros empezaran a hablar del modelo comunista yugoslavo (se dice que incluso el servil Rákosi se deshizo en alabanzas hacia Tito ante el propio Stalin durante una reunión celebrada en Moscú a finales de 1947). Tito no constituía solo una fuente de conflictos diplomáticos para la Unión Soviética y sus relaciones con los aliados occidentales, sino que también causaba problemas dentro del propio movimiento comunista internacional.

Para los observadores externos, el comunismo era una única entidad política, conformada y dirigida desde el «centro», Moscú. Pero desde la perspectiva de Stalin las cosas eran más complicadas. Desde finales de la década de 1920 hasta el estallido de la guerra, Moscú había conseguido sin duda imponer su control sobre todo el movimiento comunista mundial, salvo China. Pero la guerra lo había cambiado todo. Durante su resistencia contra los alemanes, la Unión Soviética se había visto obligada a invocar el patriotismo, la libertad, la democracia y muchos otros objetivos «burgueses». El comunismo había perdido su carácter revolucionario y se había convertido, deliberadamente, en parte de una gran coalición antifascista. Por supuesto, esta también había sido la táctica de los frentes populares anteriores a la guerra, pero en los años treinta Moscú había sido capaz de mantener un estrecho control sobre sus partidos extranjeros a través de la ayuda financiera, la intervención directa y el terror.

Durante la guerra, dicho control se había perdido, como simbolizó el cierre del Comintern en 1943. Y durante los primeros años de la postguerra no se recuperó del todo: el Partido Yugoslavo fue el único de Europa que llegó en realidad al poder sin la intervención soviética, pero en Italia y Francia el funcionamiento diario de los partidos comunistas, a pesar de su continuada lealtad hacia Moscú, se producía sin el consejo o la intervención exterior. En estos países, los líderes del partido no estaban al tanto de las intenciones de Stalin. Al igual que los checos, pero menos controlados aún por la URSS, perseguían lo que ellos describían como el «camino al socialismo» francés o italiano, trabajando junto a las coaliciones gubernamentales y considerando los objetivos nacionales y comunistas perfectamente compatibles.

Todo empezó a cambiar en el verano de 1947. Los ministros comunistas fueron expulsados de los gobiernos de Francia e Italia en mayo de 1947. Este hecho se produjo de forma algo inesperada, y Maurice Thorez, el líder comunista francés, continuó pensando durante algún tiempo que su partido pronto volvería a incorporarse a la coalición de gobierno; en el congreso del partido celebrado en junio de 1947 en Estrasburgo, a los que defendían una oposición acérrima los calificó de «aventureros». Los comunistas de Europa occidental no estaban seguros de cómo responder al Plan Marshall, y solo a última hora aceptaron seguir el ejemplo de Stalin al rechazarlo. En general, las comunicaciones entre Moscú y sus partidos occidentales dejaban mucho que desear. Tras la salida del poder de los comunistas franceses, Andréi Zhdánov envió una carta confidencial a Thorez (con copia al líder comunista checo Gottwald, lo que resulta sin duda revelador) en la que decía: «Muchos piensan que las acciones de los comunistas franceses se efectuaban de acuerdo [con nosotros]. Usted sabe que esto no es cierto y que los pasos dados por ustedes constituyeron una absoluta sorpresa para el Comité Central».

Claramente, los comunistas occidentales se estaban quedando atrás. A las pocas semanas del envío de la carta a Thorez, el 2 de junio, Moscú establecía tratados comerciales con sus vecinos y satélites de la Europa del Este como parte de una reacción concertada contra el Plan Marshall y la amenaza que representaba para la influencia soviética en la región. La política de cooperación perseguida en Praga, París y Roma, y hasta entonces tácitamente aprobada por Stalin, fue reemplazada muy rápido por un retroceso a la estrategia de confrontación representada por la promulgación de la teoría de Zhdánov sobre los dos «bandos» irreconciliables.

Para poner en práctica el nuevo enfoque, Stalin convocó una reunión en Szklarska Poręba, en Polonia, para finales de septiembre de 1947. Entre los invitados a participar estaban los partidos comunistas de Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, Francia, Italia y, por supuesto, la Unión Soviética. El propósito evidente de la reunión era crear el «Cominform», la Oficina de Información Comunista, la sucesora de la Internacional Comunista, cuya tarea sería «coordinar» la actividad comunista internacional y mejorar la comunicación entre Moscú y sus partidos satélites. Pero el verdadero objetivo tanto de la reunión como del Cominform (que solo llegó a reunirse tres veces antes de desmantelarse en 1956) era restablecer el dominio soviético dentro del movimiento internacional.

Al igual que había hecho en el propio Partido Bolchevique veinte años antes, Stalin se proponía penalizar y desacreditar las desviaciones «derechistas». En Szklarska Poręba los representantes franceses e italianos fueron sometidos a lecciones paternalistas sobre estrategia revolucionaria, impartidas por los delegados yugoslavos Edvard Kardelj y Milovan Djilas, cuyo «izquierdismo» ejemplar fue distinguido con los elogios de Zhdánov y Malenkov, los delegados soviéticos. Los comunistas occidentales (junto con los representantes de los partidos checo y eslovaco, a quienes claramente también se dirigían las críticas) se quedaron bastante sorprendidos. La coexistencia pacífica, como la que ellos habían estado promoviendo con su política interior, había llegado a su fin. Se estaba formando un «bando democrático antiimperialista» (en palabras de Zhdánov), y se imponía seguir una nueva línea. De ahora en adelante, Moscú esperaba que los comunistas estuvieran más atentos y subordinaran las consideraciones locales a los intereses soviéticos.

A partir de Szklarska Poręba, en todas partes los comunistas empezaron a utilizar tácticas de confrontación: huelgas, manifestaciones, campañas contra el Plan Marshall y, en la Europa del Este, a acelerar la toma del poder. El Comité Central del Partido Comunista Francés se reunió en París el 29 y 30 de octubre de 1947 e inauguró oficialmente una campaña de denigración contra sus anteriores aliados socialistas. Los comunistas italianos tardaron algo más en realizar el cambio, pero en su congreso de enero de 1948, el Partido Comunista Italiano (PCI) adoptó también un «nuevo rumbo», cuyo objetivo seria la «lucha por la paz». Los comunistas europeos occidentales sufrieron sin duda las consecuencias, como la marginación de la política nacional y, en el caso italiano, la pérdida clamorosa de las elecciones generales de abril de 1948, en las que el Vaticano y la embajada de Estados Unidos intervinieron decisivamente a favor del bando anticomunista[6]. Pero no importaba. Según la teoría de los «dos bandos» de Zhdánov, los comunistas del bando occidental debían ocupar ahora un papel secundario, en la retaguardia.

Podría pensarse que el hiperrevolucionarismo de los yugoslavos, que hasta el momento había constituido un obstáculo para la diplomacia de Stalin, se convertiría a partir de entonces en una ventaja, y así lo pareció en Szklarska Poręba, donde el Partido Yugoslavo había adquirido un papel protagonista. Si bien es cierto que los delegados franceses, italianos y de otras nacionalidades no perdonaron jamás a los yugoslavos el condescendiente aire de superioridad y privilegio que adoptaron en Szklarska Poręba: tras la ruptura entre los comunistas soviéticos y yugoslavos, los comunistas del resto del mundo se sintieron encantados de poder condenar la «desviación titista» y apenas necesitaron del estímulo soviético para cubrir de oprobio y vergüenza a sus desgraciados camaradas de los Balcanes.

Pero, en cambio, las desavenencias entre Tito y Stalin se iniciaron con la condena de Stalin de la idea de la federación balcánica en febrero de 1948 y la cancelación de las relaciones comerciales soviéticas, seguidas de la retirada de Belgrado de los asesores militares y civiles soviéticos al mes siguiente. El desencuentro se agravó con una serie de comunicaciones y acusaciones formales en las que ambas partes afirmaban guiarse por las mejores intenciones, y culminó con la negativa de Tito a asistir a la segunda conferencia del Cominform, que iba a celebrarse próximamente. La escisión se consumó por tanto en dicha conferencia, el 28 de junio de 1948, con la resolución oficial de expulsar a Yugoslavia de la organización, por no reconocer el papel fundamental del Ejército Rojo y de la URSS en la liberación y la transformación socialista del país. Oficialmente, Belgrado fue acusada de llevar a cabo una política exterior nacionalista y aplicar una política interior errónea. De hecho, Yugoslavia pasó a representar el equivalente internacional a una «oposición de izquierdas» al monopolio del poder de Stalin, por lo que el conflicto se hizo inevitable: Stalin tenía que acabar con Tito para dejar suficientemente claro a los camaradas comunistas de este que Moscú no iba a tolerar ninguna disensión.

Tito, por supuesto, no estaba acabado. Pero tanto él como su país eran más vulnerables de lo que parecían en aquel momento y, sin el creciente respaldo de Occidente, les hubiera sido muy difícil sobrevivir al boicot económico soviético (en 1948, el 46 por ciento del comercio yugoslavo se efectuaba con la Unión Soviética, cifra que se reduciría al 14 por ciento un año después) y a las verosímiles amenazas de intervención soviética. Los yugoslavos pagaron sin duda un alto precio simbólico por su obstinado y orgulloso comportamiento. A lo largo de los dos años siguientes, los ataques del Cominform se hicieron cada vez más incisivos. Según el bien surtido vocabulario vejatorio leninista, Tito pasó a ser calificado como «Tito el Judas y sus secuaces» o «el nuevo zar de los panserbios y de toda la burguesía yugoslava». Sus seguidores eran «despreciables traidores y mercenarios imperialistas», «siniestros heraldos de la guerra y la muerte, traidores belicistas y dignos herederos de Hitler». El Partido Comunista Yugoslavo fue declarado «una banda de espías, provocadores y asesinos», «perros atados por correas americanas, que roen los huesos imperialistas y ladran a favor del capital americano».

Resulta significativo que los ataques a Tito y sus seguidores coincidieran con el pleno esplendor del culto estalinista a la personalidad y con las purgas y los «juicios-espectáculo» de los años siguientes. Porque de lo que no cabe duda es de que Stalin consideraba a Tito una amenaza y un desafío, y que temía que provocara un efecto corrosivo en la fidelidad y la obediencia de otros regímenes y partidos comunistas. Con la insistencia del Cominform, en sus periódicos y publicaciones, sobre el «empeoramiento de la lucha de clases en la transición del capitalismo al socialismo», y en el «papel crucial» del partido, se corría el riesgo de recordarle a la gente que esas habían sido precisamente las políticas del Partido Yugoslavo desde 1945. De ahí que dicha insistencia tuviera que ir siempre acompañada del énfasis en la lealtad a la Unión Soviética y a Stalin, el rechazo de todo camino «nacional» o «particular» hacia el socialismo y la necesidad de «redoblar la vigilancia». La segunda edad de hielo estalinista había comenzado.

Si Stalin se tomaba tanto trabajo en afirmar y reafirmar su autoridad en la Europa del Este, esto se debía en gran medida a que estaba perdiendo la iniciativa en Alemania[7]. El 1 de junio de 1948, los aliados occidentales, reunidos en Londres, hicieron públicos sus planes de establecer un Estado alemán occidental independiente. El 18 de junio se anunció una nueva moneda, el marco alemán (Deutsche Mark), que tres días después se puso en circulación (los billetes se habían impreso con el máximo secreto en Estados Unidos y transportado a Francfort escoltados por el ejército de Estados Unidos). El viejo Reichsmark se retiró como moneda de curso legal, a cada residente en Alemania se le permitió cambiar solo cuarenta de ellos por los nuevos marcos, a un tipo del 1:1, y en adelante al 10:1. A pesar de su impopularidad inicial (dado que destruía los ahorros, elevaba los precios reales y ponía los productos fuera del alcance de la mayoría de la gente), la moneda fue rápidamente aceptada cuando las tiendas se llenaron de artículos que los agricultores y los comerciantes ahora estaban dispuestos a vender a precios fijos por un instrumento de cambio fiable.

El 23 de junio, las autoridades soviéticas respondieron con la emisión de un nuevo marco alemán del este y el corte de las líneas de ferrocarril que unían Berlín con la Alemania Occidental (tres semanas más tarde cerrarían también los canales). Al día siguiente, el gobierno militar occidental de Berlín bloqueó los esfuerzos soviéticos por extender la nueva zona oriental hacia Berlín Oeste, una cuestión de principios, dado que la ciudad de Berlín estaba bajo el poder de cuatro países, y la zona occidental no había sido considerada por tanto como parte de la Alemania del Este ocupada por los soviéticos. Cuando las tropas soviéticas estrecharon su control sobre el transporte de superficie de la ciudad, los gobiernos estadounidense y británico decidieron abastecer sus zonas por vía aérea, y el 26 de junio aterrizó en el aeropuerto de Tempelhof de Berlín (Oeste) el primer avión de transporte.

El puente aéreo con Berlín duró hasta el 12 de mayo de 1949. Durante aquellos once meses, los aliados occidentales enviaron más de 2,3 millones de toneladas de alimentos en 277.500 vuelos, lo que costó la vida a 73 aviadores aliados. El propósito de Stalin con el bloqueo de Berlín era obligar a Occidente a elegir entre abandonar la ciudad (aprovechándose de que en los protocolos de Potsdam no figuraba ninguna cláusula que garantizara por escrito el acceso de los aliados por superficie), o bien renunciar a sus planes de crear un Estado alemán occidental independiente. Esto era lo que en realidad quería Stalin, dado que Berlín nunca había supuesto para él más que una baza para la negociación, aunque al final no consiguió ninguno de los dos objetivos.

Los aliados occidentales no solo consiguieron retener su parte de Berlín (en cierto modo para su propia sorpresa y la de los agradecidos berlineses), sino que el bloqueo soviético, y el inmediatamente posterior golpe de Praga, solo sirvió para convencerlos aún más de la necesidad de seguir adelante con sus planes para Alemania Occidental, y para que la división del país resultara más aceptable para los propios alemanes. Francia se unió a la bizona en abril de 1949 para crear una única entidad económica de 49 millones de habitantes (frente a los solo 17 millones de la zona soviética).

Como la mayoría de las iniciativas diplomáticas de Stalin, el bloqueo constituyó una improvisación, no parte de un plan de agresión calculado (pese a que en aquel momento difícilmente podía culparse a Occidente por no saberlo). Stalin no estaba dispuesto a ir a la guerra a causa de Berlín[8]. Por tanto, cuando el bloqueo fracasó, el líder soviético cambió de táctica. El 31 de enero de 1949 propuso públicamente levantar el bloqueo a cambio de que se aplazaran los planes para un Estado alemán occidental. Los aliados occidentales no tenían intención de hacer semejante concesión, pero acordaron convocar una reunión para discutir el asunto, y el 12 de mayo la Unión Soviética puso fin al bloqueo a cambio tan solo de una conferencia de ministros de Asuntos Exteriores programada para el 23 de mayo.

La conferencia se celebró conforme a lo previsto y duró un mes, pero, como era de esperar, no se llegó a ningún acuerdo. De hecho, apenas acababa de comenzar cuando el consejo parlamentario de Alemania Occidental aprobó la entrada en vigor de la «Ley Básica», en la que se establecía un gobierno alemán occidental; una semana después, Stalin respondió con el anuncio de sus planes para la creación de un Estado alemán complementario, formalmente establecido el 7 de octubre[9]. Cuando la conferencia se disolvió, el 20 de junio, el gobierno militar de Alemania Occidental había sido sustituido por el Alto Comisionado de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Había nacido la República Federal de Alemania, aunque los aliados se reservaban ciertos poderes de intervención e incluso el derecho a reasumir el control directo si lo juzgaban necesario. El 15 de septiembre de 1949, tras el éxito de su Partido Democratacristiano en las elecciones del mes anterior, Konrad Adenauer se convirtió en el primer canciller de la República.

La crisis de Berlín produjo tres resultados significativos. En primer lugar, condujo directamente a la creación de dos Estados alemanes, un resultado que ninguno de los aliados hubiera pretendido cuatro años antes. Para las potencias occidentales este se había convertido en un objetivo atractivo y factible; de hecho, a pesar del tan cacareado deseo de una unificación alemana, nadie parecía tener ninguna prisa en que esta se produjera. Como el primer ministro británico Harold Macmillan le respondió al presidente Charles de Gaulle nueve años después, cuando De Gaulle le preguntó qué opinaba de una Alemania unida: «En teoría. En teoría debemos apoyar siempre la reunificación. Con ello no se corre ningún peligro». Para Stalin, una vez se dio cuenta de que no podía competir con los aliados por la lealtad de los alemanes ni obligarlos a abandonar sus planes, un Estado comunista de Alemania del Este era el menos malo de los posibles resultados.

En segundo lugar, la crisis de Berlín comprometió por primera vez a Estados Unidos a contar con una importante presencia militar en Europa por un tiempo indefinido. Eso lo logró Ernest Bevin, el ministro de Asuntos Exteriores británico, ya que fue él el que instó a los norteamericanos a dirigir el puente aéreo con Berlín una vez que Marshall y el general Clay (comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Berlín) le aseguraron que el riesgo merecía la pena. Los franceses estuvieron menos implicados en la crisis de Berlín, debido a que entre el 18 de julio y el 10 de septiembre de 1948 el país atravesó por una crisis política, sin una mayoría gobernante en la Asamblea Nacional.

Europa central y oriental después de la Segunda Guerra Mundial.

Pero, en tercer lugar, y a consecuencia de los dos resultados anteriores, la crisis de Berlín condujo a una reevaluación de la estrategia militar occidental. Si Occidente tenía que proteger a sus clientes alemanes de la agresión soviética, sería necesario que se dotara a sí mismo de los medios para hacerlo. Al comienzo de la crisis de Berlín, los estadounidenses habían colocado estratégicamente unos bombarderos en Gran Bretaña, equipados para transportar bombas atómicas, de las cuales Estados Unidos tenía 56 en aquel momento. Pero Washington no tenía establecida una política sobre el uso de bombas atómicas (el propio Truman era especialmente reacio a considerar su utilización) y en el caso de un avance soviético la estrategia estadounidense en Europa todavía suponía la retirada del continente.

El replanteamiento militar comenzó con el golpe checo. Tras él, Europa entró en un periodo de creciente inseguridad en el que los rumores de guerra eran frecuentes. Incluso el general Clay, poco dado habitualmente a la hipérbole, compartía el miedo reinante: «Durante muchos meses, basándome en un análisis lógico, he creído y sostenido que la guerra era improbable, al menos por un periodo de diez años. Durante las últimas semanas he percibido un sutil cambio en la actitud soviética que no soy capaz de definir, pero que ahora me produce la sensación de que puede producirse de forma dramáticamente inesperada». Este era el ambiente cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la legislación del Plan Marshall y los aliados europeos firmaron el Pacto de Bruselas el 17 de marzo de 1948. Sin embargo, el Pacto de Bruselas no era más que un tratado convencional a 50 años que comprometía a Gran Bretaña, Francia y los países del Benelux a «colaborar con medidas de asistencia mutua en caso de una nueva agresión alemana», mientras que los políticos europeos iban tomando cada vez más conciencia de su indefensión ante la presión soviética. A este respecto seguían siendo tan vulnerables como siempre: como Dirk Stikker, el ministro de Asuntos Exteriores holandés, comentaría en retrospectiva: «En Europa solo contábamos con el compromiso verbal del apoyo estadounidense del presidente Truman».

Fueron los británicos los que iniciaron un nuevo acercamiento hacia Washington. En un discurso pronunciado ante el Parlamento el 22 de enero de 1948, Bevin había expresado el compromiso de Gran Bretaña con sus vecinos continentales en una estrategia de defensa común, una «Unión Europea occidental», basándose en que las necesidades británicas en cuanto a seguridad no podían ya desligarse de las del continente, lo que representó una ruptura significativa con el pensamiento británico anterior. Esta Unión Europea occidental se inauguró oficialmente con el Pacto de Bruselas pero, como Bevin explicó a Marshall en un mensaje fechado el 11 de marzo, dicho acuerdo resultaría incompleto a menos que abarcara el concepto de la seguridad del Atlántico Norte en general, cuestión con la que Marshall simpatizaba al máximo, dado que precisamente en aquel momento Stalin estaba presionando considerablemente a Noruega para que firmara un pacto de «no agresión» con la Unión Soviética.

Por tanto, a instancias de Bevin, representantes británicos, estadounidenses y canadienses se reunieron en Washington para elaborar el borrador de un tratado para la defensa atlántica. El 6 de julio de 1948, diez días después del inicio del puente aéreo con Berlín e inmediatamente a continuación de la expulsión de Yugoslavia del Cominform, estas conversaciones se ampliaron a otros miembros del Pacto de Bruselas, entre ellos los franceses, a los que no les agradó mucho descubrir que una vez más los «angloamericanos» habían estado arreglando el mundo a sus espaldas. En abril del siguiente año, Estados Unidos, Canadá y diez Estados europeos ya habían acordado y suscrito la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La OTAN constituyó un notable avance. Aún en 1947, pocos hubieran imaginado que Estados Unidos se comprometería con una alianza militar europea. De hecho, muchos congresistas estadounidenses se mostraban claramente reacios a aprobar el Artículo V del Tratado (por el que los miembros de la OTAN se comprometían a ayudarse mutuamente en caso de ataque), y si al final obtuvo el visto bueno del Congreso, tras tres meses de debate, fue porque se presentó como un pacto de defensa atlántica y no como una alianza euroamericana. En efecto, cuando Dean Acheson expuso la postura del Gobierno ante el Senado, tuvo buen cuidado de insistir en que Estados Unidos no efectuaría grandes despliegues de sus fuerzas de tierra en Europa.

Y en realidad esa era la intención norteamericana. Si Estados Unidos se comprometió por primera vez a participar en una alianza europea fue porque muchos políticos de Washington veían la OTAN como en su momento habían visto el Plan Marshall: como un instrumento para ayudar a los europeos a sentirse mejor consigo mismos y a ocuparse de sus asuntos, en este caso, de su propia defensa. En sí misma, la OTAN no cambió en nada el equilibrio militar europeo: de las catorce divisiones destacadas en Europa occidental, solo dos eran estadounidenses. Los aliados occidentales seguían siendo inferiores en número en una proporción de 12:1. Los jefes del Estado Mayor estadounidenses calculaban en 1949 que como mínimo hasta 1957 no habrían conseguido desplegar una defensa eficaz en el Rin. Cuando en la ceremonia de la firma del Tratado de la OTAN celebrada en el Constitutional Hall de Washington el 9 de abril de 1949 la orquesta interpretó el tema I’ve Got Plenty of Nothing (Tengo mucho de nada), la elección no pudo resultar más adecuada.

Sin embargo, las cosas se veían de un modo muy distinto desde el lado europeo. Los estadounidenses no le daban mucha importancia a las alianzas militares; pero los europeos, como Walter Bedell Smith advirtió a sus colegas del Departamento de Estado, «dan más importancia a un trozo de papel prometiendo apoyo que nosotros». Tal vez esto no resultara del todo sorprendente, dado que no contaban con nada más. Los británicos, al fin y al cabo, vivían en una isla. Pero los franceses, como todos los demás, seguían tan vulnerables como siempre: frente a los alemanes y ahora también frente a los rusos.

Por tanto, la OTAN revestía un doble interés para París: por un lado, situaba la línea de defensa contra los soviéticos más hacia el este que nunca hasta aquel momento: como Charles Bohlen señaló algunos meses antes de la firma del Tratado, «el único, por más que débil, elemento de confianza al que se aferran [los franceses] es al hecho de que las tropas norteamericanas, sea cual sea su número, se interpongan entre ellos y el Ejército Rojo». Y, por otro, y quizá aún más importante, constituía una especie de reaseguro contra el revanchismo alemán. De hecho, esta promesa de protección de la OTAN constituyó el único motivo por el que el gobierno francés, que todavía tenía muy presente el resultado de la Primera Guerra Mundial, concedió su aprobación a la creación de un Estado alemán occidental.

Así pues, los franceses abrazaron la OTAN como la garantía contra un resurgimiento de Alemania que no habían sido capaces de conseguir por medios diplomáticos durante los tres años anteriores. Los holandeses y los belgas también veían la OTAN como un reaseguro frente a un futuro revanchismo alemán. Los italianos fueron incluidos con el fin de contribuir a reforzar el apoyo nacional a Alcide de Gasperi frente a las críticas comunistas. Los británicos consideraban el Tratado de la OTAN como un destacado logro en su lucha para mantener a Estados Unidos comprometido con la defensa europea. Y el gobierno de Truman presentó el acuerdo al Congreso y al pueblo estadounidense como una barrera contra la agresión soviética en el Atlántico norte. De ahí el célebre bon mot de Lord Ismay, que en 1952 asumió el cargo de primer secretario general de la OTAN: el propósito de la Organización del Tratado del Atlántico Norte era «mantener a los rusos fuera, a los norteamericanos dentro, y a los alemanes controlados».

La OTAN fue un farol. Como recordaba en sus memorias Denis Healey, futuro ministro de Defensa británico, «para la mayoría de los europeos, la OTAN no tenía valor a menos que sirviera para prevenir otra guerra, en la que no tenían el menor interés». La originalidad del Tratado residía no solo en lo que podía conseguir, sino en lo que representaba: al igual que el Plan Marshall (y el Tratado de Bruselas, a partir del cual se originó), la OTAN ilustraba el cambio más significativo que se había producido en Europa (y Estados Unidos) a consecuencia de la guerra: una voluntad de compartir información y cooperar en materia de defensa, seguridad, comercio, normativa de divisas, y otras muchas cosas. Después de todo, un mando conjunto aliado en tiempo de paz representaba una ruptura insólita con todo lo anterior.

Pero la OTAN no emergió completa de los acuerdos de 1949. En la primavera de 1950, a Washington todavía le preocupaba cómo explicar a los franceses y otros europeos que la única esperanza realista para la defensa de Europa occidental consistía en rearmar a Alemania, una cuestión que incomodaba a todo el mundo y que se pensaba provocaría probablemente una respuesta impredecible por parte de Stalin. En todo caso, nadie quería gastar unos recursos preciosos en este rearme. La neutralidad, como alternativa a un enfrentamiento desigual, ejercía un atractivo cada vez mayor, tanto en Alemania como en Francia. Si la guerra de Corea no se hubiera iniciado en aquel preciso momento (una hipótesis verosímil, dado que a punto estuvo de no hacerlo), los caminos de la historia reciente de Europa hubieran sido muy distintos.

El apoyo de Stalin a la invasión de Corea del Sur protagonizada por Kim Il Sung el 25 de junio de 1950 fue el más grave de todos sus errores de cálculo. Los estadounidenses y los europeos occidentales extrajeron la (errónea) conclusión de que Corea constituía una especie de entremés o preludio, y que Alemania sería la siguiente, una inferencia estimulada por la imprudente jactancia de Walter Ulbricht al afirmar que la República Federal de Alemania sería la próxima en caer. La Unión Soviética había probado con éxito una bomba atómica solo ocho meses antes, lo que llevó a los expertos militares a exagerar el grado de preparación de los soviéticos para la guerra; pero, incluso así, es prácticamente seguro que los incrementos del presupuesto solicitados en el documento 68 del Consejo de Seguridad Nacional (presentado el 7 de abril de 1950) no se hubieran aprobado de no haber sido por el ataque coreano.

El riesgo de una guerra europea se exageró en gran medida, aunque no era del todo inexistente. Stalin estaba considerando un posible ataque (a Yugoslavia, no a Alemania), pero abandonó la idea ante la perspectiva de un rearme occidental. Y al igual que Occidente malinterpretó el propósito soviético en el caso de Corea, también Stalin, puntualmente advertido por sus servicios de inteligencia del rápido rearme militar estadounidense que siguió, dedujo erróneamente que los estadounidenses albergaban agresivas intenciones respecto a su esfera de control de la Europa del Este. Pero ninguna de estas suposiciones y errores de cálculo resultaban evidentes en aquel momento, y los políticos y generales actuaban de la forma que creían mejor a partir de la escasa información de la que disponían y los precedentes anteriores.

La magnitud del rearme occidental fue realmente espectacular. El presupuesto de defensa estadounidense se elevó de 15.500 millones de dólares en agosto de 1950 a 70.000 millones en diciembre del año siguiente, tras la declaración del presidente Truman de un estado de emergencia nacional. En 1952-1953, el gasto de defensa consumió el 17,8 por ciento del PIB de Estados Unidos, comparado con solo el 4,7 por ciento de 1949. En respuesta a la petición de Washington, los aliados de Estados Unidos en la OTAN también aumentaron su gasto en defensa: después de haber experimentado un constante descenso desde 1946, los costes de defensa de Gran Bretaña se incrementaron hasta casi el 10 por ciento del PIB en 1951-1952, a un ritmo superior incluso al del acelerado rearme de los años inmediatamente anteriores a la guerra. En todos los Estados miembros de la OTAN, el gasto en defensa alcanzó su cota máxima de la postguerra durante el periodo 1951-1953.

El impacto económico de este brusco aumento de la inversión militar tampoco había tenido precedentes hasta el momento. Especialmente Alemania se vio inundada de pedidos de maquinaria, herramientas, vehículos y otros productos que la República Federal estaba en la situación más idónea para suministrar, sobre todo teniendo en cuenta que los alemanes occidentales tenían prohibido fabricar armas y podían concentrarse por tanto en todo lo demás. Solo la producción de acero de Alemania Occidental, 2,5 millones de toneladas en 1946 y 9 millones de toneladas en 1949, ascendió a casi 15 millones de toneladas en 1953. El déficit del dólar con Europa y el resto del mundo descendió en un 65 por ciento en el curso de un solo año, mientras Estados Unidos gastaba enormes sumas en el extranjero, en armas, reservas de equipamiento, emplazamientos militares y tropas. La FIAT de Turín consiguió sus primeros contratos norteamericanos para el apoyo terrestre de sus aviones (un contrato que la embajada de Estados Unidos en Roma instó al gobierno de Washington a firmar).

Pero no todas las noticias económicas fueron buenas. El gobierno británico se vio obligado a derivar parte del gasto público dedicado a los servicios de asistencia social para satisfacer sus compromisos de defensa, una decisión que dividió al Partido Laborista y que contribuyó a su derrota en las elecciones de 1951. El coste de la vida en Europa occidental subió a medida que el gasto gubernamental se fue traduciendo en un aumento de la inflación (en Francia, el índice de precios al consumo se elevó hasta el 40 por ciento en dos años a raíz del inicio de la guerra de Corea). Los europeos occidentales, que apenas habían empezado a cosechar los beneficios de la ayuda Marshall, no estaban evidentemente en condiciones de sostener durante mucho tiempo lo que venía a ser una economía de guerra, como reconoció la Ley de Seguridad Mutua de 1951 al proceder a la cancelación efectiva del Plan Marshall y su transformación en un programa de asistencia militar. A finales de 1951, Estados Unidos estaba transfiriendo casi 5000 millones de ayuda militar a Europa occidental.

De este modo, la OTAN pasó de constituir un estímulo psicológico para aumentar la confianza europea a convertirse en un compromiso militar de la máxima importancia que, recurriendo a los aparentemente ilimitados recursos de la economía estadounidense, comprometía a los estadounidenses y sus aliados a forjar un periodo de paz basado en la acumulación sin precedentes de recursos bélicos humanos y materiales. El general Eisenhower regresó a Europa como comandante en jefe de las fuerzas aliadas, y el cuartel general y las dependencias administrativas de los aliados se instalaron en Bélgica y en Francia. La Organización del Tratado del Atlántico Norte constituía ya, sin lugar a dudas, una alianza. Su principal cometido consistía en lo que los planificadores militares denominaron la «defensa avanzada» de Europa, esto es, el enfrentamiento con el Ejército Rojo en mitad de Alemania. Para llevar a cabo esta tarea, el Consejo de la OTAN acordó en una reunión celebrada en Lisboa en febrero de 1952 que la alianza debía desplegar al menos noventa y seis divisiones en un plazo de dos años.

Pero a pesar de la magnitud y el constante aumento de la presencia militar, solo había un medio para que la OTAN pudiera cumplir sus objetivos: el rearme de Alemania Occidental. Gracias a Corea, los norteamericanos se habían visto obligados a suscitar esta delicada cuestión (formalmente planteada por primera vez por Dean Acheson en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en septiembre de 1950), a pesar de la reticencia inicial del propio presidente Truman. Por un lado, a nadie le agradaba la idea de poner armas en manos de los alemanes solo cinco años después de la liberación de Europa; por otro, y de forma análoga a la situación provocada por las dificultades económicas de la bizona de apenas tres años antes, había algo perverso en gastar miles de millones de dólares para defender a los alemanes occidentales de un ataque ruso sin pedirles algún tipo de contribución por su parte. Y si Alemania iba a convertirse, como algunos ya preveían, en una especie de paragolpes y futuro campo de batalla, no podía ignorarse el riesgo de granjearse la antipatía alemana y alentar sentimientos neutralistas.

Moscú, por supuesto, no iba a aceptar de buen grado el rearme de Alemania Occidental. Pero a partir de 1950, las susceptibilidades soviéticas no constituían ya una cuestión prioritaria. Los británicos, por más que a pesar suyo, no veían otra opción que la de encontrar la manera de armar a Alemania manteniéndola a la vez bajo el firme control de los aliados. Eran los franceses los que siempre se habían opuesto de forma más rotunda a poner armas en manos de los alemanes, y desde luego Francia no había entrado en la OTAN para ver cómo esta se convertía en el paraguas protector para la remilitarización alemana. Francia consiguió bloquear y retrasar el rearme de Alemania hasta 1954. Pero mucho antes de esta fecha, la política francesa había empezado ya a experimentar una notable transformación, que permitió a París aceptar con cierta ecuanimidad una limitada recuperación de Alemania. Contrariada y frustrada por haber pasado a ser la menor de las grandes potencias, Francia se embarcó en una nueva vocación como promotora de una nueva Europa.

La idea de una unión europea, de un tipo u otro, no era nueva. El siglo XIX había sido testigo de diversas y más o menos exitosas uniones arancelarias dentro de la Europa central y Occidental, e incluso antes de la Primera Guerra Mundial se habían entablado ocasionalmente conversaciones idealistas en las que se planteaba que el futuro de Europa residía en el acercamiento entre sus dispares partes integrantes. Fue precisamente la Primera Guerra Mundial la que, lejos de disipar estas entusiastas ideas, parece que por el contrario las dotó de mayor fuerza: como insistía Aristide Briand, estadista francés y a la vez entregado autor de pactos y propuestas europeas, había llegado el momento de superar las rivalidades pasadas y pensar como europeos, hablar como europeos y sentirse europeos. En 1924 el economista francés Charles Gide se sumó a otros signatarios de todas partes de Europa para fundar el Comité Internacional para la Unión Aduanera Europea. Tres años después, un subsecretario del Foreign Office británico se confesaría «asombrado» del grado de interés que la idea «paneuropeista» había despertado en el continente.

En un orden de cosas más prosaico, la Gran Guerra había conseguido de una forma peculiar que franceses y alemanes llegaran a entender mejor su dependencia mutua. Una vez que remitieron los problemas de la postguerra y París hubo abandonado sus infructuosos esfuerzos por conseguir las indemnizaciones alemanas por la fuerza, Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y la (entonces autónoma) región del Sarre firmaron en septiembre de 1926 un Pacto del Acero de alcance internacional, dirigido a regular su producción y evitar la capacidad excesiva. Aunque a este pacto se sumaron al año siguiente Checoslovaquia, Austria y Hungría, no fue en todo caso más que un cártel al estilo tradicional; pero el primer ministro alemán Gustav Stresemann ciertamente vio en él el embrión de futuros acuerdos transnacionales. Y no fue el único.

Al igual que otros ambiciosos proyectos de la década de 1920, el Pacto del Acero apenas sobrevivió a la crisis de 1929 y la subsiguiente depresión económica. Pero sirvió para reconocer un hecho que en 1919 ya estaba claro para los magnates del acero franceses: que la industria del acero de Francia, que había duplicado su tamaño a consecuencia de la recuperación de Alsacia-Lorena, dependería en grado sumo del coque y el carbón alemán y que, por tanto, sería necesario encontrar un modo de establecer una colaboración a largo plazo. La situación resultaba igualmente obvia para los alemanes, y cuando los nazis ocuparon Francia en 1940 y llegaron a un acuerdo con Pétain sobre un sistema de pagos y entregas que equivalía a la utilización forzosa de los recursos franceses para los esfuerzos bélicos alemanes, fueron muchos los que, por parte de ambos bandos, vieron en esta «colaboración» francoalemana el germen de un nuevo orden económico «europeo».

Así, Pierre Pucheu, un veterano administrador de Vichy que más tarde sería ejecutado por la Francia Libre, ideó un orden europeo de postguerra en virtud del cual las barreras aduaneras quedaban eliminadas y una sola economía europea englobaría a todo el continente, con una moneda única. La idea de Pucheu, compartida por Albert Speer y otros muchos, representaba una especie de actualización del sistema continental napoleónico auspiciada por Hitler, y atrajo a una joven generación de burócratas y técnicos del continente que había experimentado la frustración de la política económica de la década de 1930.

Lo que dotaba de un atractivo especial a dichos proyectos era que generalmente se presentaban como fruto de un interés compartido, paneuropeista, y no como proyectos promovidos por las agendas y los intereses particulares de cada país. Eran «europeos», no alemanes o franceses, y fueron muy admirados durante la guerra por aquellos que se empeñaban con desesperación en creer que la ocupación nazi tendría que producir algún beneficio. El hecho de que los propios nazis aparentemente hubieran unificado, en un sentido técnico, gran parte de Europa, eliminando fronteras, expropiando bienes, integrando redes de transporte, etcétera, hacía la idea aún más viable. Y el atractivo de una Europa liberada por fin de su pasado y sus mutuos antagonismos tampoco resultaba indiferente en el extranjero. Cuatro años después de la derrota nazi, en octubre de 1949, George Kennan confesaría a Dean Acheson que aunque podía entender la aprensión ante la creciente importancia de Alemania en los asuntos de la Europa occidental, «a menudo me pareció, durante la guerra, que el nuevo orden de Hitler no tenía nada de malo salvo que era de Hitler».

El comentario de Kennan se realizó en privado. En público, pocos estaban dispuestos a expresar, después de 1945, ninguna opinión positiva sobre el nuevo orden implantado en tiempo de guerra, cuya ineficacia y mala fe Kennan subestimó considerablemente. Por supuesto, la cuestión de la cooperación económica intraeuropea no sufrió ninguna merma; Jean Monnet, por ejemplo, siguió creyendo después de la guerra, al igual que en 1943, que para disfrutar de «prosperidad y progreso social […] los Estados de Europa debían formar […] una “entidad europea”, que los convertiría en una unidad». Y también había entusiastas del «Movimiento para la Unidad Europea» fundado en 1947 a instancias de Churchill.

Winston Churchill había sido un precoz e influyente defensor de algún tipo de asamblea europea. El 21 de octubre de 1942 escribió a Anthony Eden: «Debo admitir que mis pensamientos se fundamentan principalmente en Europa, en el resurgimiento de la gloria de Europa […] sería una catástrofe de proporciones inconmensurables que el bolchevismo ruso borrara la cultura y la independencia de los antiguos Estados europeos. Por difícil que hoy resulte decirlo, confío en que la familia europea pueda actuar unida, como una única entidad, bajo la presidencia de un Consejo de Europa». Pero las circunstancias políticas de la postguerra parecían poco propicias para estos ideales. Lo más que cabía esperar era la creación de una especie de fórum para el diálogo europeo, que es lo que se propuso en un Congreso del Movimiento para la Unidad Europea celebrado en La Haya en mayo de 1948. El «Consejo de Europa» nacido a partir de esta propuesta fue inaugurado en Estrasburgo en mayo de 1949 y celebró su primera reunión allí mismo en agosto de aquel año; en él participaron delegados de Gran Bretaña, Irlanda, Francia, los países del Benelux, Italia, Suecia, Dinamarca y Noruega.

El Consejo no tenía ningún poder ni autoridad, ni tampoco ningún estatus legal, legislativo o ejecutivo. Sus «delegados» no representaban a nadie. Su principal valor residía en el mero hecho de su existencia, aunque en noviembre de 1950 promulgó una «Convención Europea de Derechos Humanos» que adquiriría una importancia cada vez mayor a lo largo de las siguientes décadas. Como el propio Churchill había reconocido en un discurso pronunciado en Zúrich el 19 de septiembre de 1946, «el primer paso para la reconstrucción de la familia europea debe ser la asociación entre Francia y Alemania». Pero en estos primeros años de la postguerra, los franceses, como ya hemos visto, no estaban dispuestos a contemplar dicha asociación.

Sin embargo, sus pequeños vecinos del norte avanzaban mucho más rápido. Incluso antes de que acabara la guerra, los gobiernos en el exilio de Bélgica, Luxemburgo y Holanda firmaron el «Acuerdo del Benelux», que eliminaba las barreras arancelarias y con la vista puesta en la libre circulación del trabajo, el capital y los servicios entre sus países. La Unión Aduanera del Benelux entró en vigor el 1 de enero de 1948, y a raíz de ella los países del Benelux, Francia e Italia mantuvieron algunas poco sistemáticas conversaciones informales para extender el alcance de dicha cooperación. Pero todos estos proyectos a medio gestar de una «Pequeña Europa» se desmoronaron bajo el peso del problema alemán.

Todos estaban de acuerdo, tal y como concluyeron los negociadores del Plan Marshall en julio de 1947 en París, en que la «economía alemana debería integrarse en la economía de Europa de manera que contribuyera a elevar el nivel general de vida». La cuestión era cómo hacerlo. Alemania Occidental, incluso después de convertirse en un Estado en 1949, no estaba orgánicamente vinculada al resto del continente, salvo a través de los mecanismos del Plan Marshall y la ocupación aliada, ambos temporales. La mayoría de los europeos occidentales seguían viendo a Alemania como una amenaza más que como un socio. Los holandeses siempre habían sido económicamente dependientes de Alemania (antes de 1939, el 48 por ciento de las ganancias «invisibles» de Holanda procedían del comercio alemán que pasaba por los puertos y canales holandeses), por lo que la revitalización económica de Alemania era crucial para ellos. Pero en 1947 solo el 29 por ciento de la población holandesa tenía una imagen «amistosa» de los alemanes y para Holanda era importante que una Alemania económicamente recuperada fuera a la vez política y militarmente débil. Esta visión era fervientemente compartida en Bélgica. Ninguno de los dos países podía contemplar un acuerdo con Alemania a menos que se viera equilibrado por la tranquilizadora participación de Gran Bretaña.

La salida de este punto muerto se produjo gracias a los acontecimientos internacionales que tuvieron lugar en 1948-1949. Con el golpe de Praga, el acuerdo sobre el Estado alemán, el bloqueo de Berlín y los planes para la OTAN, algunos estadistas franceses como Georges Bidault y Robert Schuman vieron con claridad que Francia debía replantearse su visión respecto a Alemania. Ahora iba a existir una entidad política alemana occidental que incluiría al Ruhr y Renania, y a quedar solo la región del Sarre temporalmente separada del cuerpo principal de Alemania, aunque el carbón de la región del Sarre no era apto para su procesamiento. ¿Cómo podían los recursos de esta nueva República Federal limitarse y al mismo tiempo utilizarse en beneficio de los franceses?

El 30 de octubre de 1949 Dean Acheson convenció a Schuman para que Francia tomara la iniciativa de incorporar al nuevo Estado de Alemania Occidental dentro de los asuntos europeos. Los franceses eran perfectamente conscientes de la necesidad de hacer algo (como Jean Monnet recordaría más adelante a Georges Bidault, Estados Unidos promovería sin duda que la nueva e independiente Alemania Occidental aumentara su producción de acero, lo cual probablemente conduciría a una saturación del mercado, que obligaría a Francia a proteger su propia industria del acero y desencadenaría de este modo una reanudación de las guerras comerciales). Como vimos en el capítulo III, el propio plan de Monnet y, con él, la reactivación de Francia, dependía de la resolución satisfactoria de este dilema.

Fue en estas circunstancias cuando Jean Monnet propuso al primer ministro francés lo que luego la historia daría en llamar el «Plan Schuman», que constituiría una verdadera revolución diplomática a pesar de tardar cinco años en elaborarse. En esencia, era muy simple. En palabras de Schuman, «el gobierno francés propone que toda la producción de carbón y acero francogermana quede bajo una Alta Autoridad conjunta, dentro del marco de una organización que también se abriría a la participación de otros países de Europa». Más que un cártel del carbón y del acero, pero todavía lejos, muy lejos de constituir un anteproyecto de la integración europea, la propuesta de Schuman representaba una solución práctica al problema que había atenazado a Francia desde 1945. Según el plan de Schuman, la Alta Autoridad tendría la potestad de fomentar la competencia y determinar la política de precios, la inversión directa y la compra y venta en nombre de los países participantes. Pero, sobre todo, asumiría el control del Ruhr y otros recursos vitales alemanes y evitaría que estuviera en manos exclusivamente alemanas. Representaba, por tanto, una solución europea al problema francés.

Robert Schuman anunció su Plan el 9 de mayo de 1950, e informó a Dean Acheson el día de la víspera. Los británicos no recibieron una notificación previa. El Quai d’Orsay encontró en ello una dulce satisfacción: era la primera de una larga serie de pequeñas represalias contra las decisiones angloamericanas que se habían tomado sin consultar a París. La más reciente de ellas había sido la decisión unilateral de Gran Bretaña de devaluar la libra esterlina un 30 por ciento solo ocho meses antes, y notificarlo previamente solo a Estados Unidos, con lo que obligó al resto de los países europeos a hacer lo mismo[10]. Irónicamente, fue este aviso sobre los riesgos de la búsqueda del propio interés y la no comunicación entre los Estados europeos el que llevó a Monnet y otros a empezar a pensar en la solución que ahora proponían.

El gobierno alemán enseguida acogió calurosamente la propuesta de Schuman, y con razón: en su respuesta a Schuman, un complacido Adenauer declaraba que «este plan del gobierno francés dota a las relaciones entre nuestros dos países, que amenazaban con paralizarse por la desconfianza y la reserva, de un nuevo impulso hacia una cooperación constructiva». O, como explicó más llanamente a sus ayudantes: «Das ist unser Durchbruch», este es un gran avance para nosotros. Por primera vez, la República Federal de Alemania ingresaba en una organización internacional en términos de igualdad con otros Estados independientes y a partir de ahora quedaría vinculada a una alianza occidental, como Adenauer deseaba.

Los alemanes fueron los primeros en ratificar el Plan Schuman. Italia y los países del Benelux hicieron lo mismo, si bien los holandeses se mostraron un tanto reacios al principio a comprometerse sin contar con la participación británica. Pero los británicos declinaron la invitación de Schuman y, sin Gran Bretaña, no había posibilidad de que los escandinavos firmaran tampoco. De modo que fueron solamente seis los Estados de Europa occidental que en abril de 1951 firmaron el Tratado de París por el que quedaba fundada la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).

Tal vez merezca la pena pararse a considerar un aspecto de la Comunidad que en aquel momento no pasó inadvertido. Los seis ministros que firmaron el Tratado de 1951 pertenecían a los partidos democratacristianos de sus respectivos países. Los tres jefes de Estado de los tres Estados miembros más importantes, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer y Robert Schuman procedían de las regiones limítrofes de sus países: De Gasperi del Trentino, al nordeste de Italia, Adenauer de Renania y Schuman de la Lorena. Cuando De Gasperi nació, y durante buena parte de su vida adulta, el Trentino formaba parte del imperio austrohúngaro, y él cursó sus estudios en Viena. Schuman creció en una Lorena que había sido incorporada al imperio alemán. En su juventud, al igual que Adenauer, había pertenecido a asociaciones católicas, de hecho las mismas a las que el renano había pertenecido diez años antes. Cuando se reunían, los tres conversaban en alemán, su lengua común.

Para los tres, así como para sus colegas democratacristianos del bilingüe Luxemburgo, la bilingüe y multicultural Bélgica y Holanda, un proyecto de cooperación europea tenía sentido tanto desde el punto de vista cultural como económico, ya que, como era lógico, lo consideraban como una contribución para superar la crisis de la civilización que había sacudido a la cosmopolita Europa de su juventud. La común procedencia de regiones limítrofes de sus respectivos países, donde las identidades habían sido múltiples y las fronteras fungibles, hacía que a Schuman y sus colegas no les inquietara especialmente la perspectiva de llegar a algún tipo de fusión de la soberanía nacional. Los seis países miembros de la CECA habían visto su soberanía ignorada y pisoteada recientemente, durante la guerra y la ocupación: les quedaba poca soberanía que perder. Y su común preocupación cristianodemócrata por la cohesión social y la responsabilidad colectiva les hacía sentirse cómodos con la idea de una «Alta Autoridad» transnacional que ejerciera un poder ejecutivo en aras de un bien común.

Pero, más al norte, la perspectiva era bastante distinta. En las tierras protestantes de Escandinavia y Gran Bretaña (o desde la óptica protestante de un alemán del norte como Schumacher), la Comunidad Europea del Carbón y del Acero conllevaba cierto tufillo a incienso autoritario. Tage Erlander, el primer ministro socialdemócrata sueco, que ocupó el puesto desde 1948 a 1968, en realidad atribuía su propia ambivalencia respecto a la entrada de su país a la aplastante mayoría católica de la nueva Comunidad. Kenneth Younger, anterior asesor de Bevin, anotó en su diario el 14 de mayo de 1950 (cinco días después de conocer el Plan Schuman) que aunque en general estaba a favor de la integración económica de Europa, las nuevas propuestas podían constituir «por otro lado, […] un paso más hacia la consolidación de la “internacional negra” católica a la que siempre he creído una fuerza motriz que estaba detrás del Consejo de Europa». En aquel momento, este punto de vista no resultaba extremista, ni tampoco infrecuente.

La CECA no era una «internacional negra». Ni siquiera constituía en realidad una fuerza económica especialmente influyente, dado que la Alta Autoridad nunca ejerció el tipo de poder que Monnet pretendía. En su lugar, como muchas de las otras innovaciones internacionales de aquellos años, proporcionaba el espacio psicológico para que Europa avanzara con una renovada confianza en sí misma. Como Adenauer explicó a Macmillan diez años después, la CECA ni siquiera era en realidad una organización económica (y Gran Bretaña, en su opinión, había obrado correctamente manteniéndose al margen de ella). No era un proyecto para la integración europea, salvo en las fantasías de Monnet, sino más bien el mínimo común denominador del interés mutuo europeo en el momento de su firma. Se trataba de un vehículo político bajo un disfraz económico, un instrumento para superar la hostilidad francogermana.

Entre tanto, los problemas que la Comunidad Europea del Carbón y del Acero debía solucionar empezaron a resolverse por sí solos. En el último cuarto de 1949, la República Federal de Alemania recuperó los niveles de producción industrial de 1936; a finales de 1950 los había superado en una tercera parte. En 1949, la balanza comercial de Alemania Occidental con Europa se basaba en la exportación de materias primas (básicamente carbón). Un año después, en 1950, dicha balanza comercial era negativa, dado que Alemania estaba consumiendo sus propias materias primas para abastecer a la industria local. En 1951, la balanza volvía a ser positiva, y así permanecería durante muchos años, gracias a la exportación alemana de productos manufacturados. A finales de 1951, las exportaciones alemanas habían crecido hasta seis veces por encima del nivel de 1948, y el carbón alemán, los productos acabados y el comercio, estaban alimentando un renacimiento económico europeo (de hecho, a finales de la década de 1950, Europa occidental sufrió los efectos de un exceso de carbón). En qué medida todo ello es atribuible a la CECA es objeto de algunas dudas; fue Corea, y no Schuman, la que llevó la maquinaria industrial de Alemania Occidental a alcanzar sus cotas máximas. Pero, al final, no importaba mucho cuál fuera la causa.

Si la Comunidad Europea del Carbón y del Acero no era tan importante como se pretendía (si el compromiso francés con los organismos supranacionales era simplemente un mecanismo para controlar a una Alemania de la que los franceses seguían desconfiando, y si el boom económico europeo apenas tenía nada que ver con la actuación de la Alta Autoridad, cuyo impacto en la competencia, el empleo y los precios era mínimo), ¿por qué entonces se negaban los británicos a unirse a ella? ¿Y por qué parecía importar tanto que se mantuvieran al margen?

Los británicos no tenían nada contra una unión aduanera europea; de hecho, estaban bastante a favor de ella, al menos para el resto de los europeos. Lo que los incomodaba era la idea de un poder ejecutivo encarnado en la institución de una Alta Autoridad, aun cuando solo estuviera capacitada para intervenir en la producción y los precios de ambos productos. Durante algún tiempo, Londres se había expresado claramente al respecto: en 1948, cuando Bevin debatió con el gabinete ministerial de trabajo las propuestas norteamericanas para una futura Organización de Cooperación Económica Europea, su principal preocupación consistía en que «el control efectivo estuviera en manos de las delegaciones nacionales […] para evitar que el secretariado (o un presidente “independiente”) pudiera actuar por su cuenta […] En ningún caso la organización podría dar instrucciones a los miembros individuales».

Esta renuencia británica a renunciar a cualquier tipo de control nacional era evidentemente incompatible con el propósito de Monnet con la CECA. Pero los británicos veían la CECA como un sutil ariete continental para introducirse en los asuntos británicos, cuyas implicaciones resultaban aún más peligrosas por lo poco claras. Como Bevin le explicó a Acheson al justificar la negativa británica a participar: «Cuando están en juego cuestiones de tan vital importancia, no podemos comprar la casa sin verla, y no me cabe la menor duda de que si los americanos se hubieran visto en una situación similar habrían pensado lo mismo». O, como expresó a sus ayudantes en términos más coloristas: «Si abres esa caja de Pandora, no se sabe qué caballos de Troya pueden salir de ella».

Parte de los motivos británicos eran económicos. La economía británica, especialmente la parte que dependía del comercio, parecía vivir una situación bastante más saneada que la de sus vecinos del continente. En 1947, las exportaciones británicas representaban, en valor, la suma de las exportaciones de Francia, Italia, Alemania Occidental, los países del Benelux, Noruega y Dinamarca juntas. Mientras los Estados europeos occidentales de la época comerciaban principalmente unos con otros, Gran Bretaña mantenía un comercio extenso con el mundo entero: de hecho, en 1950, el comercio de Gran Bretaña con Europa era muy inferior al de 1913.

Por tanto, a los ojos de los funcionarios británicos, el país tenía más que perder que ganar si se comprometía a participar en unos acuerdos económicamente vinculantes con países cuyas perspectivas parecían bastante inciertas. Un año antes de la propuesta de Schuman, la posición del Reino Unido, expresada en privado por los altos funcionarios, era que «la cooperación económica con Europa no representa para nosotros ninguna ventaja a largo plazo. En el mejor de los casos, constituiría una sangría para el país. Y, en el peor, podría dañar gravemente nuestra economía». Ya ello habría que añadir la inquietud por parte del Partido Laborista ante el hecho de unirse a unos acuerdos continentales que podrían limitar su libertad de implantar unas políticas «socialistas» nacionales, unas políticas que estaban estrechamente ligadas a los intereses corporativos de los viejos sindicatos industriales que habían fundado el Partido Laborista cincuenta años antes: como el primer ministro en funciones Herbert Morrison explicó al gabinete en 1950, cuando se consideró (si bien por poco tiempo) la invitación de Schuman: «No nos conviene, no podemos hacerlo, los mineros de Durham no lo consentirán».

Y además estaba la Commonwealth. En 1950 la Commonwealth británica abarcaba grandes extensiones de África, el sur de Asia, Australasia y las Américas, la mayoría todavía en manos británicas. Los territorios coloniales desde Malasia hasta la Costa del Oro (Ghana) eran contribuyentes netos y tenían cuantiosas sumas en Londres, las célebres «reservas en libras esterlinas». La Commonwealth constituía una fuente esencial de materias primas y alimentos, y, además, la Commonwealth (o el imperio, como la mayor parte de la gente lo seguía llamando) era clave para la identidad nacional británica, o así lo parecía por aquel entonces. Para la mayoría de los políticos, resultaba a todas luces imprudente (aparte de prácticamente imposible) conseguir que Gran Bretaña se integrara en ningún sistema continental que separara al país de esta otra dimensión de su existencia.

Gran Bretaña, por tanto, era parte de Europa pero también de una comunidad imperial anglófona de carácter mundial. Los ciudadanos británicos tendían a mostrarse ambivalentes respecto a América, a la que desde la distancia percibían como un «paraíso de esplendor para los consumidores» (Malcolm Bradbury), en comparación con su vida mucho más constreñida, pero a la vez la odiaban por esta misma razón. Sin embargo, sus gobiernos continuaban haciendo profesión de fe en lo que más adelante se denominaría la «relación especial» entre ambos países. En cierta medida, esto obedecía a la presencia que tuvo Gran Bretaña en la «mesa de negociaciones» durante la guerra, como una de las tres grandes potencias tanto en Yalta como en Potsdam, y en su tercer puesto en la clasificación de las potencias nucleares, ocupado a raíz de la exitosa prueba de una bomba británica realizada en 1952. También respondía a la estrecha colaboración que ambos países habían mantenido durante la propia guerra. Y, un poco, al peculiar sentido de la superioridad británico hacia un país que les había desplazado de la cúspide imperial[11].

Los norteamericanos se sentían frustrados por la renuencia de Gran Bretaña a unir su destino al del resto de Europa, y además irritados por la insistencia de Gran Bretaña en preservar su estatus imperial. Sin embargo, la postura de Londres respondía a otras causas aparte de sus vanas ilusiones imperialistas o su empecinamiento. Gran Bretaña, como Jean Monnet reconocería más tarde en sus memorias, no había sido invadida ni ocupada: «No tenía necesidad de exorcizar su historia». Los británicos vivieron la Segunda Guerra Mundial como un momento de reconciliación nacional y de convergencia, más que como un doloroso desgarro del tejido del Estado y la nación, que era como se recordaba al otro lado del Canal. En Francia la guerra había dejado al descubierto todo lo que de malo había en la cultura política de la nación; en Gran Bretaña, parecía que había servido para confirmar todo lo que sus instituciones y costumbres nacionales tenían de positivo. Para la mayoría de los británicos, la Segunda Guerra Mundial se había librado entre Alemania y Gran Bretaña, y los británicos habían salido triunfantes y fortalecidos de ella[12].

Este sentimiento de flemático orgullo derivado de la capacidad del país para sufrir, soportar y finalmente vencer, había deslindado a Gran Bretaña del continente. Por otra parte, también conformó la cultura política del país durante los años de la postguerra. En las elecciones de 1945, los laboristas obtuvieron una clara victoria parlamentaria por primera vez en su historia que, como hemos visto, les permitió llevar adelante un gran número de nacionalizaciones y reformas sociales que culminaron en el establecimiento del primer Estado universal de bienestar del mundo. Las reformas gubernamentales fueron en general muy populares, a pesar de desencadenar pocos cambios en los hábitos y preferencias más arraigados de la nación. Según J. B. Priestley escribió en julio de 1949 en la revista New Statesman, «somos una monarquía socialista que constituye en realidad el último monumento al liberalismo».

La política doméstica de la Gran Bretaña de la postguerra se dedicó por completo a asuntos de justicia social y a las reformas institucionales que esta requería. En gran medida esto se debió a los sucesivos fracasos de los gobiernos anteriores a la hora de solucionar las desigualdades sociales; la tardía reconducción del debate hacia la necesidad urgente de aumentar el gasto público en salud, educación, transporte, vivienda, pensiones, etcétera, muchos la interpretaron como una bien merecida recompensa a los recientes sacrificios realizados por el país. Pero significaba también que la mayoría de los votantes británicos (y numerosos miembros del Parlamento) no tenían idea en absoluto de lo pobre que era su país y lo que les había costado ganar la épica contienda contra Alemania.

En 1945 Gran Bretaña era insolvente. La movilización de los británicos fue más intensa y más larga que la de cualquier otro país: en 1945, 10 millones de hombres y mujeres estaban empleados en las fuerzas armadas o en la industria armamentística, de una población activa de 21,5 millones de adultos. En lugar de adaptar los esfuerzos bélicos de Gran Bretaña a los limitados recursos del país, Winston Churchill se había jugado el todo por el todo: pidió prestado a los norteamericanos y vendió el patrimonio británico en el extranjero para mantener el flujo de dinero y material destinado a la guerra. En palabras de un ministro de Hacienda británico de la época de la guerra, estos años vieron cómo «Gran Bretaña pasaba de ser el principal país acreedor del mundo al más endeudado». El coste de la Segunda Guerra Mundial fue para Gran Bretaña el doble que el de la Primera; el país perdió una cuarta parte de su riqueza nacional.

Esto explica las recurrentes crisis monetarias que el país atravesó durante la postguerra, mientras se afanaba por pagar sus enormes deudas en dólares a partir de una renta que se había visto drásticamente reducida, y es también una de las razones por las que el Plan Marshall apenas tuvo ningún impacto en la inversión o la modernización industrial: el 97 por ciento de los fondos de contrapartida (en mayor medida que ningún otro concepto) se utilizaron para pagar la inmensa deuda del país. Estos problemas ya hubieran sido de por sí suficientemente graves para cualquier país europeo de tamaño medio en las difíciles circunstancias económicas de la Gran Bretaña de la postguerra; pero en este caso se veían además gravemente exacerbados por el alcance global de las responsabilidades imperiales británicas.

El coste que suponía para Gran Bretaña mantenerse como una gran potencia se había incrementado notablemente desde 1939. El gasto del país en todas las actividades militares y diplomáticas acometidas durante los años 1934-1938 ascendía a 6 millones de libras anuales. En 1947, el gobierno presupuestó, solo en gasto militar, 209 millones de libras. En julio de 1950, en vísperas de la guerra de Corea, esto es, antes de producirse el incremento en gastos de defensa que siguió al estallido de la guerra, Gran Bretaña tenía una flota naval completa en el Atlántico, otra en el Mediterráneo y una tercera en el océano Índico, además de otra permanente destacada en China. El país mantenía también 120 escuadrones de la Royal Air Force en todo el mundo y ejércitos completos o parciales emplazados en Hong Kong, Malasia, el Golfo Pérsico y norte de África, Trieste y Austria, Alemania Occidental y el propio Reino Unido. Por otra parte, su cuerpo diplomático y sus servicios de inteligencia estaban repartidos por todo el mundo, así como su funcionariado colonial, que representaba una considerable carga burocrática y administrativa por sí sola, a pesar de haberse visto reducida recientemente por la salida de Gran Bretaña de la India.

La única forma de pagar que el país tenía en estas circunstancias tan extremadamente difíciles era que los británicos se autoimpusieran unas restricciones y se sometieran de manera voluntaria a unas condiciones de penuria que darían lugar a la tan comentada característica de aquellos años: la orgullosa y victoriosa Gran Bretaña parecía en cierto modo más austera, pobre, gris y lúgubre que cualquiera de las otrora derrotadas, ocupadas y ultrajadas tierras del otro lado del mar. Todo estaba racionado, restringido, controlado. El editor y ensayista Cyril Connolly, cuyo fuerte hay que reconocer que no era el optimismo, en todo caso captó perfectamente el espíritu de la época en una comparación realizada entre Estados Unidos y Gran Bretaña en abril de 1947:

Aquí el ego está a medio gas; la mayoría de nosotros no somos hombres y mujeres sino miembros de una inmensa, sórdida, exhausta y sobrelegislada clase neutra, con nuestras monótonas ropas, nuestros libros e historias de asesinatos racionados, nuestra envidiosa, rígida y anticuada indiferencia: un pueblo agobiado por las preocupaciones. Y el símbolo de este estado de ánimo es Londres, actualmente la más grande, triste y sucia de todas las grandes capitales del mundo, con sus kilómetros y kilómetros de casas a medio pintar, a medio habitar, con sus restaurantes de carnes a la brasa sin carne, sus bares sin cerveza, sus antaño animados barrios ahora despojados de personalidad, sus plazas carentes de elegancia […] sus multitudes deambulando con sus raídas gabardinas alrededor de los sucios muebles de mimbre pintado de verde de las cafeterías, bajo un cielo permanentemente gris y encapotado que parece un cubreplatos de metal.

Fue la era de la austeridad. Para aumentar las exportaciones del país (y conseguir así las vitales divisas extranjeras) casi todo estaba racionado o sencillamente no disponible: la carne, el azúcar, la ropa, los coches, la gasolina, los viajes al extranjero e incluso las golosinas. El racionamiento del pan, que nunca había tenido que aplicarse durante la guerra, se introdujo en 1946 y no se abandonó hasta julio de 1948. El gobierno celebró ostentosamente una «hoguera de controles» el 5 de noviembre de 1949, por la que numerosas restricciones quedaron abolidas, pero muchos de estos controles tuvieron que volver a imponerse cuando hubo que volver a apretarse el cinturón con la guerra de Corea, y el racionamiento de alimentos básicos siguió aplicándose en Gran Bretaña hasta 1954, mucho después que en el resto de Europa. Las escenas callejeras de la Inglaterra de la postguerra hubieran resultado familiares a los ciudadanos del bloque soviético; así lo expresaba un ama de casa inglesa al recordar aquellos años: «Había colas para todo, sabe, aunque no supieras para qué era una cola […] te ponías en ella, porque sabías que al final de la cola había algo».

Los británicos demostraron una notable tolerancia respecto a sus privaciones, en parte por la creencia de que al menos eran compartidas por igual en toda la comunidad, aunque la frustración acumulada a causa del racionamiento y los controles, y el aire de puritano paternalismo que envolvía a algunos ministros laboristas (especialmente al ministro de Hacienda, sir Stafford Cripps), contribuyó a la recuperación electoral de los conservadores en la década de 1950. La sensación de que no había otra solución y de que el gobierno sabía lo que tenía que hacer convirtió a la primera generación de la Inglaterra de la postguerra, como describió el novelista David Lodge al evocar su juventud, en «cautelosa, insegura, agradecida por cualquier pequeñez y modesta en sus ambiciones», en claro contraste con la generación siguiente. Pero entonces las pequeñeces no parecían tan pequeñas. Como Sam Watson, el veterano líder del sindicato de mineros de Durham, recordaba en la conferencia anual del Partido Laborista de 1950: «La pobreza se ha erradicado. El hambre es algo desconocido. Los enfermos reciben asistencia. Se cuida de los ancianos, y nuestros hijos crecen en una tierra llena de oportunidades».

La sociedad británica siguió manteniendo sus diferencias y su división de clases, y el Estado del bienestar, como hemos visto, benefició sobre todo a las «clases medias». Pero la renta y la riqueza sí se redistribuyeron a consecuencia de la legislación de la postguerra: la proporción de la riqueza nacional en manos del 1 por ciento más rico de la población descendió del 56 por ciento en 1938 a un 43 por ciento en 1954; y la desaparición efectiva del desempleo marcó un contraste optimista con la desalentadora situación de la década anterior a la guerra. Entre 1946 y 1948, 150.000 británicos emigraron a Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y muchos más aún se planteaban seguir sus pasos, pero, a partir de 1951, empezó aparecer como si lo peor de los años de la austeridad ya hubiera pasado, y el país se regaló a sí mismo el optimista espectáculo de un «Festival de Gran Bretaña» con el que celebró el centenario de la Gran Exposición del Príncipe Alberto de 1851.

Los sentimientos de aquel momento quedan perfectamente plasmados en la película documental realizada en 1951 por Humphrey Jennings, Family Portrait (Retrato de familia). Ya el título apunta uno de los rasgos distintivos del país: ningún realizador de documentales francés, italiano, alemán o belga lo hubiera utilizado. La película constituye una celebración del hecho de ser inglés, adornado profusamente por el recuerdo compartido del sufrimiento y la gloria de la reciente guerra, y está teñida de un orgullo por las peculiaridades nacionales que solo en parte cabría calificar de artificioso. En ella se destaca la ciencia y el progreso, el diseño y el trabajo. Y en ningún momento se hace referencia a ninguno de los vecinos o aliados de Inglaterra (sic). El país se representa en 1951 tal y como realmente estaba en 1940: solo.

En 1828 el poeta alemán Heinrich Heine realizó el ya conocido comentario de que «rara vez los ingleses, en sus debates parlamentarios, expresan un principio. Se limitan a discutir la utilidad o inutilidad de una cosa, y presentar datos a favor o en contra». Los británicos rechazaron la invitación de Robert Schuman en 1950 por lo que ellos entendían como la inutilidad de participar en un proyecto económico europeo y por el rechazo que ya hacía tiempo venían sintiendo hacia los enredos continentales. Pero la decisión británica de mantenerse al margen de la CECA era sobre todo instintiva, psicológica e incluso emocional, fruto de la absoluta peculiaridad de la reciente experiencia británica. Como Anthony Eden resumiría ante una auditorio neoyorquino en enero de 1952, «esto es algo que instintivamente sabemos que no podemos hacer».

La decisión no era definitiva; pero en aquel momento resultó ser fatídica. En ausencia de Gran Bretaña (y, por consiguiente, de los escandinavos), el poder de la «pequeña Europa» occidental recayó por defecto en Francia. Actuando como lo hubieran hecho los británicos en otras circunstancias, los franceses fabricaron una «Europa» a su propia imagen, y modelaron sus instituciones y sus políticas a partir de precedentes franceses. En aquel momento fueron los europeos continentales y no los británicos los que expresaron su contrariedad por el rumbo que estaban tomando las cosas. Muchos destacados líderes europeos deseaban fervientemente que Gran Bretaña se uniera a ellos. Como Paul-Henri Spaak, el estadista belga y europeo, señaló retrospectivamente en tono pesaroso, «este liderazgo moral habría sido vuestro si lo hubierais pedido». Monnet también reflexionaría más adelante sobre lo diferentes que habrían sido las cosas si Gran Bretaña hubiera tomado la iniciativa en un momento en el que su autoridad aún era absolutamente indiscutida. Cierto es que, diez años más tarde, los británicos volverían a pensárselo. Pero en la postguerra europea diez años era mucho tiempo y, para entonces, la suerte ya estaba echada.

VI

EN EL TORBELLINO

Digas lo que digas, los comunistas eran más inteligentes. Tenían un programa grandioso, un plan para un mundo completamente nuevo en el que todos encontrarían su sitio… Desde el principio hubo gente que se dio cuenta de que carecían del carácter idealista necesario y decidió marcharse del país. Pero, dado que el ideal es por definición un mundo para todos, las personas que decidían emigrar estaban negando implícitamente su validez. En lugar de irse al extranjero, fueron a la cárcel.

MILAN KUNDERA

Así que era necesario enseñar a la gente a no pensar y no formarse opiniones, obligarla a ver lo que no existía y sostener lo contrario de lo que resultaba obvio para todos.

BORIS PASTERNAK, Doctor Zhivago

En el campamento me encontré con mucha gente que conseguía conjugar un profundo conocimiento de lo que estaba pasando en el país en general con un culto religioso a Stalin.

EVGUENIA GINZBURG, El Vértigo

El estalinismo significa la muerte del fuero interno del hombre. Y digan lo que digan los sofistas, sean cuales sean las mentiras que cuenten los intelectuales comunistas, a eso es a lo que se reduce. El fuero interno del hombre debe morir para que el decálogo comunista se pueda alojar en su alma.

ALEXANDER WAT

Aquí primero cuelgan a un hombre y luego le juzgan.

MOLIÈRE, El señor de Pourceaugnac

Para los observadores occidentales de los años posteriores a 1945, la imagen de la Unión Soviética resultaba sobrecogedora. El Ejército Rojo avanzaba a pie, transportando sus armas y suministros en carros tirados por animales; a sus soldados no se les concedían permisos y, si vacilaban, tampoco cuartel: 157.593 de ellos habían sido ejecutados por «cobardía» solo entre 1941 y 1942. Pero tras unos titubeantes comienzos, la URSS había superado y derrotado al coloso nazi, arrancando el corazón a la imponente maquinaria militar alemana. Tanto para sus amigos como para sus enemigos, la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial daba fe de los logros bolcheviques. Se reivindicaron las políticas de Stalin y sus crímenes anteriores a la guerra se olvidaron. El éxito, como Stalin supo entender perfectamente, constituye una fórmula infalible.

Pero la victoria soviética se consiguió a un precio insólitamente caro. De todos los países que salieron victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, e incluso de todos los países que participaron en ella, tanto vencedores como vencidos, la URSS fue el único que sufriría un daño económico permanente. Las pérdidas en vidas y en recursos fueron inmensas, y se harían sentir durante las décadas venideras. Zdeněk Mlynář, un comunista checo que se encontraba estudiando en Moscú en 1950, recordaba la capital como sumida en la «pobreza y el atraso […] como una enorme aldea de casas de madera». Fuera de las ciudades, la situación era mucho peor. Carreteras, puentes, vías férreas, todo había sido deliberadamente destruido en gran parte de Bielorrusia, Ucrania y la Rusia occidental. La cosecha de grano a principios de los años cincuenta fue inferior a la de 1929, que a su vez había sido mucho menor que la de la última cosecha recogida en tiempo de paz, durante la época zarista. La contienda se había librado en algunas de las tierras cultivables más fértiles de la URSS, y cientos de miles de caballos, vacas, cerdos y otros animales habían muerto. Ucrania, que nunca se había recuperado de la deliberada y punitiva hambruna de la década de 1930, tuvo que enfrentarse a otra, esta vez no planificada, en el invierno de 1946-1947.

Pero los años de la guerra también habían sido testigo de lo que acabaría siendo una prolongada semimilitarización de la vida soviética. La dirección centralizada y una implacable insistencia en la producción de tanques, armas y aviones habían convertido la URSS de la época de la guerra en una máquina de guerra sorprendentemente eficaz, indiferente a la vida y el bienestar humanos pero perfectamente adaptada a combatir en una guerra total. La cohorte de burócratas del Partido que se formó durante la guerra (la generación Brézhnev) identificaba el poder y el éxito con la producción a gran escala de las industrias de defensa, y durante los siguientes cuarenta años gobernarían el país con arreglo a este modelo. Las sempiternas metáforas leninistas de la lucha y el enfrentamiento de clases podían asociarse ahora con el orgulloso recuerdo de una guerra real. El Estado del Partido Soviético adquirió un nuevo mito fundacional: la Gran Guerra Patriótica.

A causa del tratamiento que dieron los nazis a las tierras y las gentes a las que invadieron, la guerra de 1941-1945 en Rusia fue una gran guerra patriótica. Stalin había alentado la expresión espontánea de los sentimientos nacionales y religiosos rusos, y permitió que el Partido y sus objetivos quedaran temporalmente desplazados por un halo de común empeño en la titánica batalla contra los invasores alemanes. Y ese mismo énfasis en las raíces de la Unión Soviética en el pasado de la Rusia imperial sirvió a los propósitos de Stalin de llevar a cabo sus incursiones en la Europa central de la postguerra.

Lo que Stalin quería de Europa, sobre todo, era seguridad. Pero también estaba interesado en los beneficios económicos que podía obtener de sus victorias en Occidente. Los pequeños Estados de la Europa central, desde Polonia a Bulgaria, habían vivido bajo la sombra del dominio alemán mucho antes de la Segunda Guerra Mundial: especialmente durante la década de 1930, la Alemania nazi había sido su principal socio comercial y fuente de capital extranjero. Durante la guerra, su relación se había simplificado convirtiéndose en la propia entre amo y esclavo, donde Alemania sacaba el máximo rendimiento posible a estas tierras y sus gentes para emplearlo en sus esfuerzos bélicos. Lo que ocurrió a partir de 1945 fue que la Unión Soviética se apoderó, en un sentido bastante literal, de lo que los alemanes habían dejado, y anexionó la Europa del Este a su propia economía como un recurso que podía explotar a su voluntad.

La Unión Soviética consiguió indemnizaciones de Hungría y Rumanía, en su calidad de antiguos aliados de Hitler. Estas indemnizaciones, como las que obtuvieron en especie de la zona soviética de Alemania, sirvieron relativamente de poco para compensar las pérdidas de Rusia, pero en cambio representaban un sacrificio importante para los países donantes: en 1948 las indemnizaciones rumanas a la URSS ascendían al 15 por ciento de la renta nacional del país; en Hungría, esta cifra era del 17 por ciento. Con los países que no habían luchado contra él, Stalin no era menos exigente, si bien adoptaba una actitud más «fraternal» que punitiva.

Se estima que hasta finales de la década de 1950 la Unión Soviética exigió a la República Democrática de Alemania, Rumanía y Hungría bastante más de lo que gastó en controlarlas. En Checoslovaquia salió sin ganar ni perder. Bulgaria, y especialmente Polonia, probablemente le costaron a Moscú bastante más en ayudas, entre 1945 y 1960, de lo que le aportaron a través del comercio y otros suministros. Este modelo de beneficio económico mixto en las relaciones económicas entre la metrópoli y sus colonias resulta familiar a los historiadores del colonialismo y, a este respecto, la relación entre la URSS y las tierras que quedaban al oeste de ella fue convencionalmente «imperialista» (salvo en que en el caso soviético, el centro del imperio era en realidad más pobre y atrasado que la sometida periferia).

En lo que Stalin se diferenciaba de otros edificadores de imperios, e incluso de los zares, era en su insistencia en reproducir en los territorios bajo su control unas formas de gobierno y sociedad idénticas a las de la Unión Soviética. Al igual que había hecho en el este de Polonia entre 1939 y 1941, y en los Estados bálticos en 1940 y de nuevo (tras su reconquista a los nazis) en 1945, Stalin se propuso modelar la Europa del Este a la imagen soviética, y reproducir la historia, las instituciones y las prácticas soviéticas en cada uno de los pequeños Estados ahora controlados por los partidos comunistas.

Albania, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y la República Democrática Alemana habrían de convertirse, en la acertada expresión de un experto, en «un calco de Estados geográficamente contiguos[1]». Cada uno de ellos tendría una Constitución basada en la soviética (la primera de ellas se adoptaría en Bulgaria en diciembre de 1947, y la última, en Polonia en julio de 1952). Cada uno experimentaría «reformas» económicas y adoptaría planes quinquenales para alinear sus instituciones y sus prácticas con las de la Unión Soviética. Cada uno se convertiría en un Estado policial a la imagen y semejanza soviética. Y cada uno sería gobernado por el aparato de un Partido Comunista supeditado (de hecho, aunque no oficialmente) al Partido Comunista gobernante en Moscú[2].

Los motivos de Stalin para reproducir la sociedad soviética en sus Estados satélite eran, una vez más, muy simples. Puede que el extendido deseo de paz, comida y tierra, así como de un nuevo comienzo en la Europa del Este posterior a la guerra, allanara el camino de los comunistas al poder, pero no constituía ninguna garantía de apoyo local a los soviéticos. El hecho de preferir los comunistas o algún tipo de socialismo democrático a los fascistas no bastaba por sí solo para imponerse a la experiencia práctica del gobierno comunista. Incluso el atractivo de las garantías soviéticas frente al revanchismo alemán podía decaer con el tiempo.

Stalin necesitaba asegurarse la lealtad inquebrantable de sus satélites vecinos y solo conocía un modo de hacerlo. En primer lugar, el Partido tenía que asegurarse el monopolio del poder. Según la Constitución húngara de agosto de 1949, debía asumir y mantener un «papel protagonista», suprimiendo o absorbiendo al resto de partidos políticos. El Partido se convirtió en el único medio de progreso social, la única fuente de patrocinio y el administrador, a través del control de los tribunales, de la justicia. El Partido local y su aparato de seguridad, inseparables del Estado cuyas instituciones monopolizaba, y con instrucciones directas de Moscú, constituían el instrumento más directo del mando soviético.

En segundo lugar, el Partido-Estado monopolizaría también las decisiones económicas. Este no era un asunto fácil. Las economías de los Estados del este de Europa variaban considerablemente entre sí. Algunas eran modernas, urbanas e industriales, y en ellas la clase trabajadora tenía una presencia significativa; otras (la mayoría) eran rurales y pobres. Países como Polonia y Hungría contaban con sectores estatales bastante considerables, cuyo origen se remontaba a las estrategias proteccionistas contra la penetración económica alemana que caracterizaron el periodo anterior a la guerra. En otros, como Checoslovaquia, la propiedad y las empresas habían estado mayoritariamente en manos privadas antes de la guerra. Algunos países y regiones contaban con un sector comercial próspero, pero otros recordaban a algunos lugares de la propia Unión Soviética. La mayor parte de la región había sufrido gravemente los efectos de la Depresión y de las políticas proteccionistas y autárquicas adoptadas para combatirla; pero, como hemos visto, durante la guerra, ciertos sectores industriales, especialmente en Hungría y Eslovaquia, en realidad se habían beneficiado de la inversión alemana en la producción bélica.

A pesar de esta diversidad, la toma del poder por parte de los comunistas fue inmediatamente seguida de la imposición de una uniformidad económica en toda la región. Primero, con la aplicación de la redefinición leninista del «socialismo» como algo referente a la propiedad más que a las relaciones sociales, el Estado expropió las grandes empresas del sector servicios, comercial e industrial, que todavía no estaban en manos públicas. A continuación, el Estado se apoderó, gravó o desplazó del mercado a todas las empresas de más de cincuenta empleados. En Checoslovaquia, en diciembre de 1948, apenas quedaban ya empresas privadas con más de 20 empleados. Hacia la misma fecha, el 83 por ciento de la industria húngara estaba en manos del Estado, así como el 84 por ciento de la industria polaca, el 85 por ciento de la rumana y como mínimo el 98 por ciento de la búlgara.

Uno de los medios con los que se contaba para eliminar a los propietarios de clase media de la Europa del Este era la reforma monetaria. Este constituía un mecanismo eficaz para destruir los ahorros en metálico tanto de los campesinos como de los hombres de negocios, una versión actualizada de la leva obligatoria de capitales. En Rumanía se llevó a cabo en dos ocasiones, en agosto de 1947 (cuando podía esgrimirse el objetivo legítimo de acabar con la hiperinflación) y en enero de 1952, cuando los campesinos vieron cómo sus ahorros acumulados durante cuatro años (había poco en lo que gastar el dinero) desaparecían de un plumazo.

Al igual que en la Unión Soviética, en la Europa del Este bajo el control soviético los campesinos también estaban sentenciados. Las reformas iniciales llevadas a cabo en el campo durante la postguerra habían distribuido pequeñas parcelas de tierra a un gran número de agricultores. Pero a pesar de ser políticamente populares, estas reformas se limitaron a agravar la crisis agraria que desde hacía tiempo venía sufriendo la región a causa de la escasa inversión en maquinaria y fertilizantes, el excesivo número de jornaleros desempleados y cinco décadas de un descenso continuado de los precios de los productos agrícolas. Hasta que estuvieron firmemente instalados en el poder, los partidos comunistas de la Europa del Este promovieron activamente una redistribución de tierras de clara ineficacia. Pero, a partir de 1949, se dispusieron a destruir, con una urgencia y agresividad cada vez mayores, a los nepmen[3] y los kulaks.

Durante las primeras etapas de la colectivización rural, los pequeños agricultores propietarios de tierras (para entonces quedaban ya muy pocos terratenientes) eran penalizados con impuestos altamente gravosos (a menudo superiores a sus ingresos monetarios) o precios y cuotas diferenciales que favorecían a las nuevas granjas colectivas y estatales, así como con la retención de las cartillas de racionamiento y la discriminación contra sus hijos, a los que se negaba el acceso a la educación secundaria. A pesar de estas condiciones, un sorprendente número de agricultores independientes siguió aguantando, la mayoría con insignificantes «microfundios» de no más de dos hectáreas.

En Rumanía, donde en el otoño de 1950 decenas de miles de campesinos se tuvieron que registrar forzosamente en granjas colectivas y donde el régimen recurría a la utilización de la fuerza sin el más mínimo reparo, habría que esperar a 1962 para que el futuro presidente Nicolae Ceauşescu pudiera anunciar con orgullo haber completado la colectivización rural «tres años antes de lo previsto». En Bulgaria, durante los dos primeros planes quinquenales, que comenzaron en 1949, se había arrebatado la totalidad de las tierras agrícolas cultivables de las manos privadas. En las tierras checas, donde la colectivización comenzó bastante tarde (en 1956 la mayoría de la tierra cultivable aún era trabajada por agricultores particulares), el 95 por ciento de los terrenos agrícolas se nacionalizaría en el plazo de los diez años siguientes, con un porcentaje menor el correspondiente a las regiones de Eslovaquia (85 por ciento), más atrasadas e inaccesibles. Pero también aquí, como en Hungría y en toda la zona, los agricultores independientes sobrevivieron solo nominalmente. Las medidas tomadas contra ellos y la destrucción de los mercados y las redes de distribución les acarrearon la miseria y la ruina.

El carácter irracional y en ocasiones surrealista de las prácticas económicas soviéticas se reprodujo con bastante exactitud en todo el bloque. El 30 de septiembre de 1948, Gheorghe Gheorghiu-Dej, del Partido Comunista Rumano, anunció: «Queremos conseguir un crecimiento socialista a costa de los elementos capitalistas del campo», en un país donde los «elementos capitalistas» de la economía rural estaban visiblemente ausentes. En Eslovaquia, a lo largo de 1951, se acometieron incluso algunos intentos para enviar a los empleados administrativos de las ciudades y a los funcionarios del Estado a trabajar al campo. La «Operación 70.000 deben ser productivos», como se denominó, resultó desastrosa y se abandonó inmediatamente, pero este ejercicio de maoísmo avant l’heure, a solo unos ochenta kilómetros al este de Viena, dice mucho del ambiente del momento. Mientras, en las recién sovietizadas tierras del Báltico, la consecuencia de la reforma comunista consistió en una escasez institucionalizada, de larga duración, en unos países donde hasta entonces la comida había sido abundante y barata[4].

Para solucionar este evidente fracaso político, las autoridades introdujeron leyes de corte soviético en las que se criminalizaba el «parasitismo», la «especulación» y el «sabotaje». En palabras de la doctora Zdenka Patschová, juez y miembro de la Asamblea Nacional Checoslovaca, al dirigirse a sus colegas legisladores el 27 de marzo de 1952: «La principal tarea de los procedimientos criminales consiste en desenmascarar a los ricos de los pueblos [… ] El incumplimiento de los suministros y del plan de producción [agrícola] debe castigarse severamente como sabotaje». Como sugiere esta fiel réplica de la retórica soviética de la década de 1930, la antipatía hacia el campesino y la implantación exitosa de la colectivización rural constituían algunas de las principales pruebas de la ortodoxia estalinista.

A corto plazo, la implantación de los planes de inspiración soviética para la industria no resultó un desastre tan evidente: hay algunas cosas que las economías autoritarias manejan con bastante eficacia. La colectivización de la tierra y la destrucción de los pequeños negocios dio lugar a una abundante oferta de hombres y mujeres disponibles para trabajar en las minas y en las fábricas; el decidido énfasis comunista en invertir en la fabricación de piezas de maquinaria pesada a costa de los artículos de consumo y los servicios aseguró unos aumentos de la producción sin precedentes. En todas partes se adoptaron planes quinquenales con objetivos increíblemente ambiciosos. En términos de producción bruta, los índices de crecimiento de esta primera generación industrial fueron asombrosos, sobre todo en países como Bulgaria o Rumanía, donde arrancó prácticamente de cero.

El número de empleados en la agricultura, incluso en Checoslovaquia, el Estado más urbanizado de la región, descendió un 18 por ciento entre 1948 y 1952. En la zona soviética de Alemania la producción de acero aumentó de 120.000 toneladas en 1946 a más de dos millones en 1953. Algunas zonas de Europa del Este (el sudoeste de Polonia, el cinturón industrial al noroeste de Bucarest) se transformaron casi de la noche a la mañana: se construyeron ciudades enteras, como Nowa Huta, cerca de Cracovia, para alojar a los miles de trabajadores empleados en las fábricas de hierro, acero y maquinaria. A una escala lógicamente menor, la semimilitarizada y monolítica primera generación industrial de la Unión Soviética de entreguerras se estaba reproduciendo en todo el bloque soviético. De forma muy similar a como antes lo habían hecho en Rusia, los comunistas de la Europa del Este estaban protagonizando una versión en escorzo y acelerada de la revolución industrial que vivió Europa occidental en el siglo XIX.

Desde esta perspectiva, la historia económica de la Europa del Este posterior a 1945 presenta ligeras similitudes con el modelo de la recuperación experimentada por Europa occidental durante aquellos mismos años. También en la Europa occidental la inversión en la productividad y el crecimiento recibió prioridad sobre el suministro de bienes de consumo y servicios, a pesar de que el Plan Marshall amortiguó el impacto negativo de esta estrategia. Asimismo, en Europa occidental, ciertos sectores y regiones industriales arrancaron de niveles considerablemente bajos, y la emigración del campo a la ciudad fue espectacular a lo largo de 1950, especialmente en Italia y Francia. Pero aquí terminan las semejanzas. El rasgo distintivo de la historia económica de la Europa del Este consiste en que, aparte de carbón, acero, fabricas y edificios de viviendas, la primera generación de la industrialización soviética produjo grotescas distorsiones y contradicciones, mayores incluso que las que había generado en la propia URSS.

Tras la creación del Comecon[5] (el Consejo de Ayuda Mutua Económica, o CAME), se establecieron las normas para el comercio entre los países comunistas. Cada país tenía que comerciar bilateralmente con la Unión Soviética (otro eco de los requisitos de la época nazi, esta vez con Moscú representando de nuevo el papel de Berlín) y asumir una función no negociable en la economía internacional comunista. Así pues, Alemania del Este, Checoslovaquia y Hungría debían suministrar productos industriales acabados a la URSS (a unos precios fijados por Moscú), mientras que Polonia y Rumanía tendrían que especializarse en producir y exportar alimentos y productos industriales primarios. A cambio, la Unión Soviética comerciaría con las materias primas y el combustible.

Salvo por el peculiar método de inversión que ya señalamos anteriormente, según el cual la potencia imperial suministraba las materias primas y las colonias exportaban los productos acabados, esta estructura recuerda a la de la colonización europea de ultramar. Y, como en el caso de las colonias no europeas, así ocurrió en la Europa del Este: las economías autóctonas fueron víctimas de la deformación y el subdesarrollo. A algunos países se les impedía fabricar productos acabados, a otros se les ordenaba fabricar determinados artículos en abundancia (zapatos en Checoslovaquia, camiones en Hungría) y vendérselos a la URSS. En ningún caso se tenía en cuenta la economía de la ventaja comparativa.

El modelo soviético de la década de 1930, improvisado con el fin de mejorar las circunstancias exclusivamente soviéticas de las grandes distancias, la abundancia de materias primas y una mano de obra ingente, barata y no cualificada, no tenía ningún sentido para países pequeños como Hungría o Checoslovaquia, carentes de materias primas pero con un personal industrial cualificado y mercados internacionales ya consolidados en el sector de los productos de alto valor añadido. El caso de Checoslovaquia resulta particularmente curioso. Antes de la Segunda Guerra Mundial las regiones checas de Bohemia y Moravia (que con anterioridad a 1914 ya constituían el núcleo industrial del imperio austrohúngaro) presentaban una producción per cápita superior a la de Francia, especializada en artículos de piel, vehículos a motor, la fabricación de armas de alta tecnología y una amplia gama de artículos de lujo. En términos de especialización industrial, productividad, nivel de vida y presencia en los mercados extranjeros, la Checoslovaquia anterior a 1938 podía compararse con Bélgica y estaba muy por delante de Austria e Italia.

Para 1956, la Checoslovaquia comunista no solo estaba ya por detrás de Austria, Bélgica y el resto de Europa occidental, sino que además era mucho menos rentable y mucho más pobre que veinte años atrás. En 1938, la cifra de automóviles per cápita en Checoslovaquia y Austria era similar y, en cambio, en 1960 la proporción era de 1:3. Incluso en los sectores en los que el país había ostentado un nivel altamente competitivo, especialmente la fabricación de armas de pequeño tamaño, los checos no obtenían ya ningún beneficio, dado que estaban obligados a que sus exportaciones fueran a parar exclusivamente a sus amos soviéticos. El establecimiento de colosos industriales como las Acerías Gottwald de Ostrava, idénticas a las de Polonia, la República Democrática Alemana, Hungría, Rumanía, Bulgaria y la URSS, no representó para los checos una rápida industrialización, sino un atraso forzoso (los programas de industrialización intensivos basados en la fabricación de acero se llevaron a cabo a pesar de los muy limitados recursos de mineral de hierro de Checoslovaquia). Una vez pasados los beneficios iniciales derivados del crecimiento sin precedentes de las industrias primarias, el resto de Estados satélite soviéticos siguió el mismo camino. A mediados de la década de 1950, la Europa soviética del Este ya estaba iniciando su constante declive hacia una obsolescencia «planificada».

A esta breve descripción de las economías del bloque soviético cabría hacer dos excepciones parciales. Si bien la industrialización primitiva fue acometida con el mismo entusiasmo en Polonia que en el resto de los países de la zona, no ocurrió lo mismo con la colectivización agraria. Aunque parece que Stalin se había percatado de la inviabilidad de imponer por la fuerza a los campesinos polacos el sistema de las granjas colectivas, no es probable que dicho motivo por sí solo le hubiera hecho vacilar en sus propósitos. La cautela soviética en el caso de Polonia (como tendremos ocasión de volver a comprobar más adelante) era meramente instrumental. En claro contraste con sus otros súbditos de los demás países de la Europa del Este, la población polaca era muy numerosa, su capacidad y propensión para rebelarse contra la servidumbre hacia Rusia era ya conocida por varias generaciones de funcionarios y burócratas rusos, y el rechazo a la autoridad soviética era más evidente en Polonia que en cualquier otro lugar.

Desde el punto de vista soviético, la oposición polaca resultaba enojosa (lo que quedaba del movimiento clandestino polaco de la época de la guerra continuó librando una guerra de guerrillas contra el régimen comunista hasta, como mínimo, finales de la década de 1940) e inmerecida. ¿Acaso no habían obtenido los polacos alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados a cambio de unos 180.000 kilómetros cuadrados de tierras fronterizas del este que habían transferido a la URSS después de la guerra? Y ¿acaso no era Moscú la (única) garantía para los polacos contra una Alemania que todos creían que podía resurgir en cualquier momento? Por otra parte, Polonia ahora estaba libre de las minorías raciales de la época anterior a la guerra: los judíos habían sido asesinados por los alemanes, y los alemanes y los ucranianos habían sido expulsados por los soviéticos. Si Polonia era ahora más «polaca» que nunca antes en su complicada historia, había sido gracias a Moscú.

Pero las relaciones interestatales, sobre todo en el bloque soviético, no dependían de la gratitud o de la ausencia de ella. El valor de uso de Polonia para Moscú residía sobre todo en servir de parachoques contra una agresión alemana u occidental. Era deseable que Polonia se hiciera socialista, pero contar con su estabilidad y apoyo resultaba imprescindible. A cambio de que el país se mantuviera en calma, Stalin estaba dispuesto a tolerar la existencia de una clase formada por agricultores independientes, por muy ineficaz e irregular que resultara ideológicamente, y que la Iglesia católica llevara a cabo una actividad pública que habría sido inimaginable en los países al sur o al este de Polonia. Las universidades polacas también permanecieron prácticamente intactas, en contraste con las purgas llevadas a cabo en las instituciones de enseñanza superior de la vecina Checoslovaquia y otros lugares.

La otra excepción, por supuesto, fue Yugoslavia. Hasta la ruptura entre Stalin y Tito, Yugoslavia había sido, como hemos visto, el más «avanzado» de los países del Este en su andadura hacia el socialismo. El primer plan quinquenal de Tito superó al de Stalin, concentrándose en el aumento del índice de la inversión industrial más que ningún otro país del bloque soviético. Antes de que la colectivización se hubiera iniciado siquiera en los demás países satélite, la Yugoslavia de la postguerra ya había puesto en marcha siete mil granjas colectivas y llevaba camino de superar claramente al propio Moscú en la eficacia y omnipresencia de su aparato represivo. Los servicios de seguridad establecidos por los partisanos durante la guerra se ampliaron para convertirse en una red policial a gran escala cuya tarea, en palabras de Tito, era «instalar el terror en el ánimo de todos aquellos a quienes no les gustara este tipo de Yugoslavia».

La renta per cápita de Yugoslavia en el momento de la ruptura con Stalin era la más baja de Europa, a excepción de la de la vecina Albania, un territorio que ya era bastante pobre y al que la guerra había sumido en la penuria tras cuatro años de ocupación y guerra civil. El amargo legado que la experiencia de la guerra había dejado en Yugoslavia se agravó más aún debido a su composición étnica, al tratarse del último Estado verdaderamente multinacional de Europa: según el censo de 1946, la población de Yugoslavia, de 15,7 millones de habitantes, estaba compuesta por 6,5 millones de serbios, 3,8 millones de croatas, 1,4 millones de eslovenos, 800.000 musulmanes (la mayoría de ellos radicados en Bosnia), 800.000 macedonios, 750.000 albaneses, 496.000 húngaros, 400.000 montenegrinos, 100.000 valacos y un número indeterminado de búlgaros, checos, alemanes, italianos, rumanos, rusos, griegos, turcos, judíos y gitanos.

De todos ellos, la Constitución de 1946 solo reconocía la entidad diferenciada de los serbios, los croatas, los eslovenos, los montenegrinos y los macedonios, a pesar de animarlos a considerarse «yugoslavos[6]», como el resto. Como yugoslavos, sus perspectivas parecían bastante pesimistas. Lawrence Durrell, en una carta escrita desde Belgrado a un amigo griego a finales de la década de 1940, describía así el país: «Las condiciones son aquí bastante sombrías, casi iguales a las que había a mitad de la guerra: superpoblación, pobreza. En cuanto al comunismo, querido Teodoro, basta con una breve visita a este lugar para decidir que merece la pena luchar por el capitalismo: por malo que sea, y con todas sus sangrientas heridas, es menos lúgubre, sórdido y desesperanzador que este inerte y espantoso Estado policial».

Durante los meses siguientes a la ruptura con Stalin, Tito se mostró más radical aún, más «bolchevique», como si quisiera demostrar la legitimidad de sus reivindicaciones y la falsedad de las críticas soviéticas hacia él. Pero en ningún caso esta postura habría podido mantenerse durante mucho tiempo. Sin ayuda externa, y enfrentado a la ciertamente verosímil perspectiva de una invasión soviética, Tito tuvo que recurrir a la ayuda occidental. En septiembre de 1949 el Banco de Exportación-Importación de Estados Unidos concedió un préstamo de 20 millones de dólares a Belgrado. Al mes siguiente, Yugoslavia pidió prestados 3 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y, en diciembre de aquel mismo año, firmó un acuerdo comercial con Gran Bretaña por el que recibió 8 millones de dólares en créditos.

La amenaza soviética obligó a Tito a incrementar sus gastos en defensa (como parte de la exigua renta nacional de Yugoslavia) de un 9,4 por ciento en 1948 a un 16,7 por ciento en 1950; las fábricas de municiones del país se trasladaron a las montañas de Bosnia por motivos de seguridad (un hecho que tendría algunas consecuencias para las guerras de la década de 1990). En 1950 el Congreso de Estados Unidos, convencido ya de la posible importancia de Yugoslavia en la Guerra Fría global, ofreció otros 50 millones de ayuda en virtud de la Ley de Ayuda de Emergencia a Yugoslavia de 1950, a la que en noviembre de 1951 siguió un acuerdo que permitía a Yugoslavia recibir ayuda militar con arreglo a la Ley de Seguridad Mutua. Para 1953, el déficit nacional yugoslavo en cuenta corriente ya había quedado completamente cubierto por la ayuda norteamericana; entre 1949 y 1955, Tito recibió en total 1200 millones de dólares en concepto de ayuda procedente de Occidente, de los cuales solo devolvió 55 millones. El estancamiento de la cuestión de Trieste, que había emponzoñado las relaciones entre Italia y Occidente desde mayo de 1945, se resolvió definitivamente mediante un Memorando de Acuerdo firmado por Yugoslavia, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos el 5 de octubre de 1954.

La ayuda occidental permitió al régimen yugoslavo continuar promoviendo la industria pesada y la defensa, como lo había venido haciendo con anterioridad a la ruptura de 1948. Pero aunque la Liga de los Comunistas Yugoslavos llevaba aún las riendas del poder autoritario, el ultrabolchevismo de los años de la postguerra dejó de aplicarse. Para la primavera de 1951, solo quedaba bajo el control federal (esto es, el gobierno central) el servicio de correos, junto con el transporte ferroviario, aéreo y fluvial. El resto de servicios y todas las empresas estaban en manos de las distintas repúblicas. Para 1954, el 80 por ciento de las tierras agrícolas había vuelto a manos privadas, en virtud de un decreto de 30 de marzo de 1953 que permitía a los campesinos retirarse, ellos y sus tierras, del colectivo. De las 7000 granjas colectivas, solo quedaron 1000.

Stalin había salido más fortalecido que nunca de su victoria sobre Hitler, regodeándose en el reflejo de la gloria de «su» Ejército Rojo, tanto dentro de su país como en el extranjero. El culto a la personalidad en torno al dictador soviético, bastante acusado ya antes de la guerra, alcanzó entonces su apogeo. Los documentales populares soviéticos de la Segunda Guerra Mundial mostraban a Stalin como si hubiera ganado la guerra prácticamente sin ayuda, como si hubiera planificado la estrategia y dirigido las batallas sin ningún general a su alrededor. En casi todas las esferas de la vida, desde la dialéctica hasta la botánica, Stalin era proclamado como la autoridad suprema e indiscutible. Los biólogos soviéticos recibían instrucciones para que adoptaran las teorías del charlatán Lysenko, que prometía a Stalin unas cosechas nunca soñadas hasta entonces, si la agricultura soviética adoptaba y aplicaba oficialmente sus teorías sobre la transmisión genética de los rasgos adquiridos, como así se hizo, con consecuencias desastrosas[7]. En diciembre de 1949, el día de su septuagésimo cumpleaños, la imagen de Stalin colgaba de globos que brillaban bajo la luz de los reflectores, que iluminaban el oscuro cielo sobre el Kremlin. Los poetas rivalizaron en cantar las alabanzas de su líder, como demuestran estos versos del poeta letón V. Lukss:

Como un bello hilo rojo, en nuestros corazones entretejemos,

Stalin, nuestro padre y hermano, tu nombre.

Esta rendida y neobizantina devoción por el déspota, al que se le atribuían poderes cuasimágicos, se desplegaba sobre el telón de fondo de una tiranía cada vez más tenebrosa. En los últimos años de la guerra, bajo el manto del nacionalismo ruso, Stalin expulsó hacia las tierras del este, a Siberia y Asia Central, a varias pequeñas etnias de las regiones limítrofes del oeste y el sudoeste, especialmente del Cáucaso: los chechenos, ingushes, karacháis, balkares, calmucos y tártaros de Crimea, entre otros, fueron deportados, siguiendo la estela dejada por los alemanes del Volga en 1941. Este brutal trato a las pequeñas naciones no era nuevo: cientos de miles de polacos y bálticos habían sido exiliados hacia el este entre 1939 y 1941, y lo mismo les había ocurrido a los ucranianos en la década de 1930, y a otros antes que ellos allá en 1921.

Los primeros juicios de la postguerra a los colaboradores y traidores de la región también se hacían eco del sentimiento nacionalista. Los líderes del partido campesino de Polonia, Hungría y Bulgaria fueron arrestados, juzgados y fusilados entre 1945 y 1947 por un conjunto variopinto de delitos reales e imaginarios que incluía desde las simpatías fascistas hasta la colaboración con el espionaje occidental durante la guerra; pero, en todos los casos, los acusadores se preocuparon especialmente de impugnar su patriotismo y credibilidad como representantes del «pueblo» búlgaro/húngaro/polaco. Los socialistas que se negaron a unirse al Partido Comunista, como el búlgaro Krastyn Partajov (juzgado en 1946 y condenado a prisión, donde moriría tres años más tarde) también fueron escogidos para ser castigados como enemigos del pueblo.

Lo que sorprende de las víctimas no comunistas de estos primeros juicios públicos es que, con excepción de aquellos que realmente se habían unido a los alemanes, y cuyas actividades eran por tanto conocidas por todos, se negaron abiertamente a declararse culpables o confesar sus presuntos crímenes de guerra «antinacionalistas». En el visiblemente amañado «juicio-espectáculo» ejemplar celebrado en Sofía en agosto de 1947 contra el líder del Partido Agrario Nikola Petkov y sus «conspiradores», cuatro de los cinco acusados proclamaron su inocencia a pesar de la tortura y los falsos testimonios[8].

Con la crisis yugoslava de 1948, la actitud de Stalin cambió. Para muchos, Belgrado ejercía un cierto atractivo como alternativa a Moscú. A diferencia de Stalin, Tito no suponía una amenaza imperialista (salvo dentro del contexto local de los Balcanes) y, el hecho de liberar a su país y dirigirlo sin ayuda de Moscú, había sentado un interesante precedente para cualquier comunista de la Europa del Este que todavía se sintiera tentado a promover una revolución local basada en el sentimiento nacionalista. Si bien es de todos conocida la paranoia de Stalin ante las amenazas a su monopolio del poder, esto no significa que estuviera del todo equivocado al considerar a Tito y al «titismo» un peligro real. De ahí que, a partir de entonces, el nacionalismo (el «nacionalismo de pequeño Estado», el «nacionalismo burgués») dejara de constituir un valor local y se convirtiera en su lugar en el principal enemigo. La primera vez que la retórica comunista empleó el término «nacionalista» con un sentido peyorativo fue en la reunión del Cominform celebrada en junio de 1948 para condenar la «desviación» yugoslava.

Pero con todos los opositores no comunistas nacionales ya muertos, en prisión o en el exilio, ¿cuáles eran los verdaderos riesgos que corría el monopolio soviético del poder? Los intelectuales podían ser sobornados o intimidados. Los militares estaban bajo el control absoluto de las fuerzas de ocupación soviéticas. Las protestas populares masivas representaban la única amenaza significativa, dado que podían erosionar gravemente la imagen del Estado de «los trabajadores y los campesinos». Pero de ningún modo puede decirse que en sus primeros años de andadura las democracias del pueblo fueran siempre impopulares entre los proletarios a los que afirmaban representar. Por el contrarío, la destrucción de las clases medias y la expulsión de las minorías étnicas abrían perspectivas al progreso social de los agricultores del campo, los obreros industriales y sus hijos.

Las oportunidades abundaban, especialmente en los niveles más bajos del escalafón y en el empleo estatal: había puestos de trabajo que ocupar, viviendas disponibles cuyo alquiler estaba subvencionado y plazas escolares reservadas para los hijos de los trabajadores y a las que no podían acceder los hijos de la «burguesía». La competencia importaba mucho menos que la fiabilidad política, el empleo estaba garantizado y la floreciente burocracia comunista buscaba hombres y mujeres en los que se pudiera confiar para todo, desde la organización vecinal hasta el interrogatorio policial[9]. La mayoría de la población de la Europa del Este soviética, especialmente en las regiones más atrasadas, aceptó su destino sin protestar, al menos durante aquellos años.

Las dos excepciones mejor conocidas a esta generalización tuvieron lugar, ambas, en los rincones más urbanos y desarrollados del bloque: en la Bohemia industrial y en las calles del Berlín ocupado por los soviéticos. La «reforma monetaria» del 31 de mayo de 1953 llevada a cabo en Checoslovaquia, aparentemente «un fulminante golpe contra los antiguos capitalistas», tuvo como consecuencia el recorte de los salarios industriales en un 12 por ciento (debido a la consiguiente subida de precios). Junto con el constante empeoramiento de las condiciones laborales en lo que antaño había sido una economía industrial avanzada basada en el trabajo cualificado bien remunerado, esto desencadenó las manifestaciones masivas de 20.000 trabajadores en la fábrica de Škoda en Plzeň (Pilsen), un importante centro industrial de la Bohemia occidental, a la que siguió otra frente al ayuntamiento, el 1 de junio de 1953, a la que acudieron miles de trabajadores que portaban retratos de Beneš y del presidente anterior a la guerra Tomáš Masaryk.

Las manifestaciones de Plzeň, circunscritas a una ciudad de provincias, fracasaron. Pero, algunos días más tarde, a unas cuantas decenas de kilómetros al norte, la considerable ampliación (no remunerada) de la normativa laboral de la República Democrática Alemana desató una protesta todavía mayor. Dichas normas habían sido impuestas por un régimen impopular, en aquel momento (y en otros posteriores) mucho más rígido que el de sus amos soviéticos de Moscú, cuyo asesoramiento a la cúpula comunista de Alemania Oriental en el sentido de aceptar reformas y compromisos para frenar la deserción masiva de trabajadores cualificados se había ignorado. El 16 de junio, unos 400.000 trabajadores de Alemania Oriental se declararon en huelga, y se produjeron las manifestaciones más numerosas en el mismo Berlín.

Al igual que los manifestantes de Plzeň, los trabajadores alemanes fueron fácilmente aplastados por la Volkspolizei, la policía del pueblo, aunque a un coste muy alto. Con la entrada de los tanques del Ejército Rojo, casi trescientos manifestantes murieron, otros muchos miles fueron arrestados y, de ellos, 1400 fueron condenados a largas penas de cárcel. Doscientos «cabecillas» fueron fusilados. El levantamiento de Berlín dio lugar a la única discrepancia reflejada literariamente por Bertolt Brecht frente al régimen comunista, con el que, de forma algo ambigua, se había comprometido:

Tras el levantamiento del diecisiete de junio,

el secretario de la Liga de Escritores

hizo distribuir unos folletos en Stalin Allee,

donde podía leerse que el pueblo

había perdido la confianza del gobierno

y solo podía recuperarla redoblando sus esfuerzos.

¿No sería más sencillo, en estas circunstancias,

que el gobierno disolviera al pueblo

y eligiera a otro?

Los indignados y desafectos trabajadores del flanco occidental del imperio soviético constituían una mala imagen para el comunismo, pero apenas representaban ninguna amenaza para el poder soviético, y no es casual que tanto los levantamientos de Plzeň como los de Berlín tuvieran lugar después de la muerte de Stalin. En la época de Stalin, la verdadera amenaza procedía, por lo que parecía, del propio aparato comunista. Esta era la implicación real del cisma yugoslavo, y fue directamente en respuesta al «titismo» por lo que Stalin había vuelto a métodos anteriores, actualizados y adaptados a las circunstancias. Desde 1948 a 1954, el mundo comunista sufrió una segunda generación de arrestos, purgas y, sobre todo, «juicios-espectáculo» de carácter político.

El principal precedente de las purgas y los juicios de aquellos años lo constituía sin duda el terror soviético de la década de 1930. También entonces, las principales víctimas habían sido los propios comunistas, con el objetivo de purgar a los «traidores» del Partido y otras amenazas para la política y la persona del secretario general. En la década de 1930, el presunto cabecilla era Lev Trotski, al igual que Tito, un genuino héroe comunista que no se sentía endeudado con Stalin y que mantenía sus propios puntos de vista sobre la estrategia y la práctica comunista. El terror de los años treinta había afianzado e ilustrado el poder y la autoridad ilimitados de Stalin, y las purgas de los años de la postguerra cumplirían un objetivo similar en la Europa del Este.

Pero mientras que los juicios de Moscú de la década de 1930, especialmente el juicio de 1938 contra Nikolái Bujarin, habían sido sui generis, es decir, novedosas puestas en escena cuyo impacto residía en el macabro espectáculo de ver cómo la revolución devoraba no solo a sus hijos sino a sus propios arquitectos, los juicios y las purgas de las décadas posteriores no fueron más que descaradas copias basadas deliberadamente en las antiguas prácticas soviéticas, como si los regímenes satélite no merecieran siquiera un mínimo esfuerzo de verosimilitud. Y, después de todo, llegaban al final de una larga cadena de purgas judiciales.

Además de los juicios por traición de la postguerra y los juicios políticos de los líderes anticomunistas, los regímenes comunistas de Europa del Este habían utilizado los tribunales para castigar y cerrar las iglesias en todas partes salvo en Polonia, donde se consideraba demasiado arriesgada una confrontación abierta con la Iglesia católica. En 1949 los líderes de la Iglesia protestante de Bulgaria fueron juzgados por conspirar para «restaurar el capitalismo». El año anterior, el régimen comunista había fusionado a la fuerza la Iglesia uniata de Rumanía con la más flexible Iglesia ortodoxa rumana, lo cual seguía una larga tradición de persecución que se remontaba a los zares rusos del siglo XVIII. Un grupo seleccionado de sacerdotes católicos fueron juzgados en Praga en dos ocasiones distintas, acusados de actuar como espías para el Vaticano (y Estados Unidos), y fueron condenados a penas de entre diez años y cadena perpetua; a comienzos de la década de 1950 había ocho mil monjes y monjas recluidos en las cárceles checoslovacas. Monseñor Grosz, que sucedió al encarcelado cardenal Mindszenty como jefe de la Iglesia católica húngara en enero de 1949, fue declarado culpable de intentar restaurar a los Habsburgo y de conspirar con los titistas para armar a los fascistas húngaros.

Los juicios contra los propios comunistas se dividieron en dos grupos distintos. El primero, de 1948 hasta 1950, constituyó la respuesta inmediata a la ruptura con Stalin. En Albania el ministro del Interior comunista, Koçi Xoxe, fue juzgado en mayo-junio de 1949 y declarado culpable, a consecuencia de lo cual se le ejecutaría en la horca al mes siguiente. Acusado de titismo, Xoxe se distinguió por haber sido, en efecto, partidario de Tito y sus planes para los Balcanes, en un momento en el que estos contaban con el respaldo de Moscú. En este sentido, su caso fue un tanto atípico, como también el hecho de que se llevara en secreto.

Este juicio albanés fue seguido por el arresto, procesamiento y ejecución en Bulgaria de Traicho Kostov, uno de los fundadores del Partido Comunista Búlgaro. Kostov, que se había quedado paralítico a causa de las torturas sufridas a manos de los gobernantes búlgaros del periodo de entreguerras[10], era en todo caso un conocido oponente de Tito, al que criticaba sus planes de absorber a Bulgaria en su federación de los Balcanes (a Tito no le gustaba Kostov, y el sentimiento era mutuo). Pero Stalin desconfiaba de él de todas formas (Kostov había cometido la imprudencia de criticar un acuerdo económico entre la Unión Soviética y Bulgaria por considerarlo desfavorable para su país) y era el candidato ideal para protagonizar un juicio dirigido a ilustrar los crímenes del nacionalismo.

Él y su «grupo» («El traidor y destructivo grupo de espionaje de Traicho Kostov») fueron acusados en diciembre de 1949 de colaboración con los fascistas búlgaros antes de la guerra, de espionaje para la inteligencia británica y de conspiración con Tito. Tras sucumbir finalmente a la tortura y firmar su «confesión» de culpabilidad, se retractó públicamente de la declaración formulada ante sus interrogadores y fue sacado de la sala protestando su inocencia. Dos días después, el 16 de diciembre de 1949, Kostov fue ahorcado y sus «conspiradores» sentenciados a largas penas de prisión, tal y como Stalin y su jefe de policía Lavrenti Beria habían decidido ya antes de que comenzara el juicio. El caso de Kostov fue bastante inusual, por tratarse del único comunista de la Europa del Este que se retractó de su confesión y proclamó su inocencia durante una vista pública. Este hecho provocó cierto grado de malestar internacional hacia el régimen (el juicio de Kostov fue retransmitido por radio y ampliamente difundido en Occidente), por lo que se dieron instrucciones de que esto no debía volver a producirse nunca. Y no lo hizo.

Poco antes de la ejecución de Kostov, los comunistas húngaros habían escenificado un juicio-espectáculo de su candidato a «Tito», el ministro comunista del Interior, László Rajk. El guión era literalmente el mismo que el de Bulgaria, solo que con otros nombres. Las acusaciones, detalles y confesiones eran idénticas, lo cual no resulta sorprendente dado que ambos guiones habían sido escritos en Moscú. Rajk no era en absoluto inocente; como ministro comunista del Interior había enviado a muchos a prisión y a destinos peores. Pero, en su caso, la acusación se preocupó especialmente de destacar su «conducta traidora» como «agente a sueldo de una potencia extranjera»; la ocupación soviética era especialmente impopular en Hungría, y Moscú no quería correr el riesgo de convertir a Rajk en un héroe del «comunismo nacional».

En este caso dicho peligro no existió. Rajk se limitó a leer sus frases, en las que reconocía haber prestado servicio como agente angloamericano con la función de dar al traste con el comunismo en Hungría, informaba al tribunal de que su verdadero nombre era Reich (y su origen, por tanto, alemán, y no húngaro), y que había sido reclutado en 1946 por la inteligencia yugoslava, la cual le había amenazado con revelar su colaboración con los nazis húngaros durante la guerra «si no cumplía todos sus deseos». La vista del juicio de Rajk y sus camaradas «conspiradores», incluida la propia confesión de Rajk del 16 de septiembre de 1949, fue retransmitida en directo por Radio Budapest. El veredicto predeterminado se anunció el 24 de septiembre; Rajk y otros dos acusados fueron condenados a muerte. Las ejecuciones, en la horca, se llevaron a cabo el 15 de octubre.

Los juicios públicos de Rajk y Kostov fueron la única punta del iceberg que quedó al descubierto de los juicios y tribunales secretos desencadenados por la cacería de titistas emprendida en los partidos comunistas y los gobiernos de la región. Los peor parados fueron la «franja sur» integrada por los Estados comunistas más cercanos a Yugoslavia: Bulgaria, Rumanía, Albania y Hungría. Solo en Hungría, donde el temor de Stalin a la propagación del titismo estaba en parte más justificado dada su proximidad a Yugoslavia, la numerosa minoría húngara de la región serbia de Voivodina y el estrecho paralelismo entre la política exterior húngara y la yugoslava durante 1947, unos 2000 dirigentes comunistas fueron ejecutados sumariamente, otros 150.000 enviados a prisión y alrededor de 350.000 expulsados del partido (lo que con frecuencia significaba la pérdida del puesto de trabajo, la vivienda, los privilegios y el derecho a la educación superior).

Las persecuciones llevadas a cabo en Polonia y Alemania del Este, si bien llevaron a miles de hombres y mujeres a la cárcel, no dieron lugar a ningún «juicio-espectáculo» de importancia. En Polonia sí había un candidato para asumir el papel de Tito-Kostov-Rajk: Władysław Gomułka, secretario general del Partido Obrero Unificado Polaco y vicepresidente del Consejo de Ministros polaco. Gomułka había criticado abiertamente los planes para la colectivización agraria de Polonia y era conocida su vinculación con el «camino polaco» al socialismo. De hecho, había sido criticado por los leales estalinistas del partido polaco, y en agosto de 1948 fue sustituido como secretario general por Bolesław Bierut. Cinco meses después de haber dimitido de su cargo ministerial, en noviembre de 1949, fue expulsado del partido y en diciembre Bierut acusó públicamente a Gomułka y su «grupo» de nacionalismo y titismo.

Relegado al cargo de gerente de la Seguridad Social en Varsovia, Gomułka fue finalmente arrestado en julio de 1951, y no sería puesto en libertad hasta septiembre de 1954, a pesar de lo cual resultó indemne. En Varsovia no se celebró ningún juicio por titismo. Sí hubo juicios en Polonia; uno de ellos, en el que se acusaba a un grupo de funcionarios de conspiración contra el Estado, comenzó el mismo día del arresto de Gomułka, en 1951. Y según un plan diseñado por los servicios secretos de Moscú, Gomułka iba a ser vinculado con Rajk, Tito, etcétera, por medio de una compleja red de contactos reales o inventados, centrados en un estadounidense, Noel Field, responsable de las labores de ayuda llevadas a cabo por la Iglesia unitaria en la Europa de la postguerra. Radicada en Budapest, la red imaginaria de consumados espías y titistas de Field ya había sido mencionada en las acusaciones contra Rajk y algunos otros, y habría de constituir la principal prueba en contra de Gomułka.

Pero los polacos consiguieron resistirse a la presión soviética que pretendía llevar a cabo una caza de brujas a gran escala basada en el modelo húngaro. Las bajas sufridas por el Partido Comunista Polaco en Moscú diez años antes, a manos de Stalin, habían puesto sobre aviso a Bierut sobre cuál sería probablemente su destino si Polonia también entraba en la espiral de arrestos, purgas y juicios. El tiempo también jugó a favor de los polacos: debido a las demoras en la preparación del informe contra Gomułka (que se había negado a claudicar durante el interrogatorio o a firmar una confesión falsa), la muerte de Stalin y el asesinato de su secuaz Beria se produjeron antes de que pudiera organizarse un juicio polaco. Al final, algunos líderes soviéticos juzgaron claramente imprudente desmontar por completo la cúpula comunista polaca a la vista del público.

En cambio, este tipo de cautelas no se aplicaron en Checoslovaquia, donde en noviembre de 1952 se escenificaría en Praga el «juicio-espectáculo» más grande de todos. Desde 1950 se planeaba ya un «juicio-espectáculo» de grandes dimensiones, como consecuencia inmediata de las purgas de Rajk y Kostov. Pero para cuando estuvo finalmente preparado, el interés se había desviado hacia otras cuestiones. Tito seguía siendo el enemigo, y las acusaciones de colaborar con el espionaje occidental todavía figuraban entre los principales cargos. Pero de los catorce acusados presentes en el «Juicio a los dirigentes del centro de conspiración antiestatal», once eran judíos. En la primera página del sumario se dejaba suficientemente claro que este hecho no era casual. Los «traidores y enemigos burgueses-nacionalistas trostkistas-titistas del pueblo checoslovaco» eran también, y sobre todo, «sionistas».

Stalin había sido antisemita desde siempre. Pero, hasta la Segunda Guerra Mundial, su rechazo hacia los judíos se había subsumido tan cómodamente en la destrucción de otras categorías de personas (antiguos bolcheviques, trotskistas, disidentes de derecha y de izquierda, intelectuales, burgueses, etcétera) que el origen judío parecía casi un elemento accesorio a lo que el destino les tenía deparado. En cualquier caso, el comunismo mantenía como cuestión de dogma un total desentendimiento de los prejuicios raciales o religiosos; y, una vez que la causa soviética se convirtió en baluarte del «antifascismo», como sucedió desde 1935 hasta agosto de 1939, y de nuevo a partir de junio de 1941, los judíos de Europa no podían contar con mejor aliado que el propio Yósef Stalin.

Esta última afirmación solo es en parte irónica. Los partidos comunistas europeos, especialmente los de la Europa central y del Este, contaban con un número considerable de judíos entre sus filas. Los judíos de las Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Rumanía de entreguerras constituían una minoría oprimida y rechazada. Los judíos jóvenes y laicos tenían pocas opciones políticas: el sionismo, el bundismo[11], la socialdemocracia (en los países donde estaba legalizada) o el comunismo. El comunismo ejercía un atractivo especial al tratarse de la opción más inequívocamente antinacionalista y ambiciosa de todas. Al margen de sus posibles defectos, la Unión Soviética ofrecía una alternativa revolucionaria en un momento en que la Europa central y del Este parecía abocada a tener que elegir entre un pasado autoritario y un futuro fascista.

El encanto de la URSS se vio aún más acentuado por la experiencia de la guerra. Los judíos que se encontraban en la Polonia ocupada por los soviéticos después de que los alemanes la atacaran en 1939, a menudo eran deportados al este y muchos de ellos murieron a causa de las enfermedades y las privaciones. Pero no se les exterminó sistemáticamente. El avance del Ejército Rojo a través de Ucrania y Bielorrusia hacia los Estados del Báltico, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Alemania, supuso la salvación para los judíos que todavía quedaban en aquellas tierras. Fue el Ejército Rojo el que liberó Auschwitz. Es indudable que Stalin no libró la Segunda Guerra Mundial para salvar a los judíos; pero, si Hitler la hubiera ganado, y los alemanes y sus colaboradores hubieran mantenido el control de los territorios que habían capturado hasta la batalla de Stalingrado, habrían sido muchos más los millones de judíos exterminados.

Cuando los partidos comunistas llegaron al poder en la Europa del Este, muchos de sus dirigentes eran de origen judío, especialmente en los niveles inmediatamente anteriores a la cúpula: los jefes de la policía comunista de Polonia y Hungría eran judíos, así como muchos responsables de política económica, secretarios administrativos, destacados periodistas e ideólogos del Partido. En Hungría, el líder del Partido (Mátyás Rákosi) era judío; en Rumanía, Checoslovaquia y Polonia, el líder del Partido no era judío, pero la mayoría de sus altos cargos sí lo era. Los comunistas judíos del bloque soviético le debían todo a Stalin. En los países a los que habían vuelto, a menudo después de un largo exilio, no fueron muy bien recibidos, ni como comunistas ni como judíos. La experiencia de la guerra y la ocupación había provocado un resentimiento hacia los judíos todavía mayor que el de antes («¿Por qué volvéis?», le preguntó un vecino a Heda Margolius cuando escapó del campo de exterminio de Auschwitz y consiguió llegar a Praga al final de la guerra[12]); Stalin podía contar con los comunistas judíos de la Europa del Este, más quizá que con ningún otro, para hacer su voluntad.

Durante los primeros años de la postguerra, Stalin no mostró ninguna hostilidad hacia sus subordinados judíos. En las Naciones Unidas, la Unión Soviética prestó un apoyo entusiasta al proyecto sionista, con la creación de un Estado judío en Oriente Próximo como impedimento para las ambiciones imperialistas británicas. En el ámbito doméstico, Stalin había mirado con buenos ojos el trabajo del Comité Antifascista Judío, formado durante la guerra para movilizar a la opinión judía de la URSS y (especialmente) del extranjero a favor de la lucha soviética contra los nazis. Los judíos soviéticos, como muchos otros judíos que vivían bajo la órbita del gobierno de Moscú, suponían ingenuamente que el ambiente más ecuménico de los años de la guerra, cuando Stalin buscaba y aceptaba cualquier ayuda, viniera de donde viniera, se traduciría en la llegada de tiempos mejores tras la victoria.

Pero, en realidad, ocurrió lo contrario. Antes de que la guerra hubiera ni siquiera acabado, Stalin, como hemos visto, ya estaba exiliando al este a pueblos enteros, y es indudable que para los judíos tenía previstos planes similares. Al igual que en Europa central, en los territorios de la Unión Soviética, donde también habían sido los judíos los más perjudicados de todos, era fácil y frecuente culpar a estos mismos judíos de las desgracias de todos los demás. El enarbolamiento del estandarte del nacionalismo ruso durante la guerra acercó en gran medida la retórica soviética al exclusivista lenguaje eslavo de los antisemitas rusos de antaño; y ello no perjudicaba en absoluto al régimen. Para el propio Stalin representaba el retorno a un escenario familiar, a sus propios instintos antijudíos, estimulados aún más al observar la rentabilidad que Hitler había sabido sacarle al antisemitismo popular.

Por diversas razones, el hecho de minimizar el carácter claramente racista de la brutalidad nazi siempre había sido útil a los propósitos soviéticos: la masacre de los judíos ucranianos en Babi-Yar se conmemoraba oficialmente como el «asesinato de pacíficos ciudadanos soviéticos», de la misma manera que el monumento conmemorativo de Auschwitz se limitaba a hacer una referencia genérica a «las víctimas del fascismo». El racismo no tenía cabida en el léxico ruso; los judíos muertos fueron asimilados a título póstumo dentro de las mismas comunidades locales que tanto los habían detestado mientras estaban vivos. Pero, ahora, las presuntas cualidades cosmopolitas de los judíos (los contactos internacionales de los que Stalin había esperado beneficiarse durante los oscuros meses siguientes al ataque alemán) volvieron de nuevo a utilizarse en su contra a medida que se establecían las líneas de combate de la Guerra Fría, y las relaciones y las comunicaciones internacionales del tiempo de la guerra se convirtieron a ojos de Stalin en una responsabilidad retroactiva.

Las primeras víctimas fueron los líderes judíos del Comité Antifascista de la época de la guerra. Solomón Mijóels, su primer impulsor y destacada figura del Teatro Yídish de Rusia, fue asesinado el 12 de enero de 1948. La llegada a Moscú de la embajadora israelí Golda Meir el 11 de septiembre de 1948 desató la expresión espontánea del entusiasmo judío con manifestaciones callejeras en Rosh Hashaná (Día de Año Nuevo) y Yom Kippur (Día de la Expiación) y cánticos de «El año que viene en Jerusalén» a las puertas de la sede de la embajada israelí. Esto habría constituido una provocación inaceptable para Stalin se produjera cuando se produjese. Pero su entusiasmo por el nuevo Estado de Israel estaba desapareciendo rápidamente. Cualesquiera que fueran sus vagas tendencias socialistas, estaba claro que este no tenía ninguna intención de convertirse en un aliado soviético en la región; y lo que era aún peor, el Estado judío estaba demostrando una sensibilidad alarmantemente proestadounidense en un momento muy delicado. El bloqueo de Berlín acababa de comenzar y la escisión soviética con Tito entraba en su fase aguda.

El 21 de septiembre de 1948 Pravda publicó un artículo de Iliá Ehrenburg en el que se anunciaba claramente un cambio de actitud respecto al sionismo. A partir de enero de 1949 empezaron a aparecer en Pravda varios artículos en los que se atacaba a los «cosmopolitas sin patria», los «grupos antipatrióticos de críticos teatrales», los «cosmopolitas sin raíces», las «personas sin identidad» y los «vagabundos sin pasaporte». Las escuelas y teatros yídish se cerraron, los periódicos yídish fueron prohibidos y sus bibliotecas clausuradas. El propio Comité Antifascista Judío había sido suprimido el 20 de noviembre de 1948. Los líderes, artistas, escritores y funcionarios del gobierno que aún quedaban fueron arrestados durante el mes siguiente y permanecieron tres años en prisión. Por la tortura a la que fueron sometidos para confesarse culpables de conspiración «antisoviética», cabe deducir claramente que estaban siendo preparados para un «juicio-espectáculo».

El coronel de las fuerzas de seguridad que llevó a cabo la investigación, Vladímir Komarov, pretendía ampliar los cargos para subsumir el caso dentro de una conspiración a gran escala contra la URSS, dirigida por Washington y Tel Aviv. Como manifestó a Solomón Lozovsky, uno de los prisioneros: «Los judíos son gente mezquina, sucia, todos los judíos son unos asquerosos bastardos, toda la oposición al Partido está formada por judíos, los judíos de toda la Unión Soviética están llevando a cabo una campaña de murmuraciones. Los judíos quieren aniquilar a los rusos[13]». Sin embargo, este manifiesto antisemitismo pudo resultar embarazoso incluso para Stalin; al final, los quince acusados (todos judíos) fueron juzgados en secreto en el verano de 1952 por un tribunal militar. Todos menos uno fueron ejecutados; la única superviviente, Lina Shtern, fue condenada a diez años de cárcel.

Entre tanto, la marea de antisemitismo iba cobrando fuerza en los países satélites. En Rumanía, donde una parte importante de la población judía había sobrevivido a la guerra, en el otoño de 1948 se lanzó una campaña antisionista que se mantuvo, con distintos niveles de intensidad, durante los seis años siguientes. Pero el tamaño de la comunidad judía rumana y sus vínculos con Estados Unidos dificultaban los ataques directos; de hecho, los rumanos coquetearon durante algún tiempo con la idea de dejar marchar a los judíos (se permitió la solicitud de visados desde la primavera de 1950 hasta abril de 1952, periodo durante el cual, solo para Israel, partieron 90.000 judíos rumanos).

Los planes para un «juicio-espectáculo» en Rumanía se centraron en el líder comunista rumano (no judío) Lucrețiu Pătrăşcanu. Las dudas expresadas públicamente por Pătrăşcanu acerca de las colectivizaciones rurales le convirtieron en candidato natural para un «juicio de Rajk» rumano basado en cargos de protitismo, por lo que fue arrestado en abril de 1948. Pero para cuando sus interrogadores estuvieron preparados para llevarlo a juicio, los planes ya habían cambiado y el caso Pătrăşcanu se ligó al de Ana Pauker. Pauker era judía; hija de un shojet (encargado de sacrificios rituales en la religión judía) de Moldavia, y fue la primera ministra judía de la historia de Rumanía (y la primera mujer que ocupó el cargo de ministro de asuntos exteriores en todo el mundo). Además era una conocida defensora de la línea dura en materia de política y doctrina, lo que la convertía en un objetivo perfecto para una jefatura rumana deseosa de ganarse a la población local.

La muerte de Stalin abortó los planes del líder comunista rumano Gheorghe Gheorgihu-Dej de escenificar un «juicio-espectáculo» de Pauker y los demás. En su lugar, durante 1953 y principios de 1954, el Partido rumano llevó a cabo una serie de juicios secretos a figuras de menor entidad, a las que se acusó de actuar como espías sionistas al servicio de los «agentes imperiales». Las víctimas, desde genuinos miembros del sionismo revisionista (de ideología derechista) hasta comunistas judíos tachados también de sionistas, fueron acusadas de mantener relaciones ilegales con Israel y colaborar con los nazis durante la guerra, y castigadas con penas de cárcel que iban desde los 10 años hasta cadena perpetua. Finalmente, el propio Pătrăşcanu, tras pasar seis años en prisión, sería juzgado en abril de 1954 acusado de espionaje al servicio británico, cargo por el que sería declarado culpable y ejecutado.

Pauker tuvo más suerte: protegida por Moscú (primero por Stalin y más tarde por Mólotov), nunca fue directamente acusada de «sionista» y pudo sobrevivir a su expulsión del Partido en 1952, y desaparecer en el anonimato hasta su muerte, en 1960. El Partido Comunista Rumano, más pequeño y aislado que ningún otro de los países de la Europa del Este, siempre había sido víctima de las luchas intestinas, y la derrota del «derechista» Pătrăşcanu y de la «izquierdista» Pauker constituyó por encima de todo una victoria de la facción del brutalmente eficaz Gheorghiu-Dej, cuya manera de gobernar (al igual que la de su sucesor, Nicolae Ceauşescu) recordaba por su crueldad al viejo estilo de gobierno autoritario de los Balcanes.

Durante aquellos años, los judíos fueron expulsados del Partido y del Gobierno rumanos, así como de los de Alemania del Este y Polonia, otros dos países donde una facción del partido podía movilizar el sentimiento antijudío contra los «cosmopolitas» de su propio Partido. Alemania del Este era un territorio especialmente fértil en este sentido. En enero de 1953, mientras en Moscú se desarrollaba el «complot de las batas blancas», en Alemania del Este los judíos y los judíos comunistas huían hacia el oeste. Un miembro del Comité Central de Alemania del Este, Hans Jendretsky, exigía que los judíos, «enemigos del Estado», fueran excluidos de la vida pública. Pero ya fuera por cuestión de suerte, oportunidad o prudencia, los tres Estados evitaron un «juicio-espectáculo» antisemita a gran escala del tipo que habían planeado en Moscú y llevado a cabo en Praga.

El Juicio Slánský, como dio en llamarse, es el clásico ejemplo de un «juicio-espectáculo» comunista. Se preparó meticulosamente durante tres años. Los primeros en ser «investigados» fueron un grupo de líderes comunistas eslovacos, particularmente el ministro de Asuntos Exteriores Vladimír Clementis, arrestado en 1950 y acusado de «nacionalismo burgués». A dicho grupo se añadieron varios comunistas checos de medio rango, acusados junto a los eslovacos de haber tomado parte en una conspiración titista-trotskista según un patrón parecido al del caso Rajk. Pero ninguno de los implicados y encarcelados entre los años 1950 y 1951 tenía la categoría suficiente para servir de testaferro y cabecilla de un juicio público de la envergadura que Stalin exigía.

En la primavera de 1951, el jefe de la policía soviética, Beria, instó a los checos a desviar la línea de investigación, para transformarla de un complot titista a uno sionista. A partir de ese momento, el caso estuvo completamente en manos de los servicios secretos soviéticos (el coronel Komarov y otro oficial fueron enviados a Praga para asumir el control de las investigaciones, de forma que la policía de seguridad y el gobierno comunista checos recibían directamente sus órdenes). La necesidad de encontrar una víctima prominente hizo que la atención soviética se fijara en la segunda figura más destacada de la jerarquía checa después del presidente Klement Gottwald: el secretario general del Partido, Rudolf Slánský. A diferencia de Gottwald, que era una figura decorativa útil y manejable, y leal al Partido, Slánský, a pesar de tratarse de un eminente estalinista (como lo había sido Rajk), era judío.

Al principio Gottwald se mostró reacio a arrestar a Slánský (ambos habían colaborado estrechamente en la purga de sus colegas durante los tres años anteriores, y si el secretario general resultaba implicado, el propio Gottwald sería el siguiente). Pero los soviéticos insistieron, con pruebas falsas que relacionaban a Slánský con la CIA, por lo que Gottwald cedió. El 23 de noviembre de 1951 Slánský fue arrestado; durante los días posteriores, destacados comunistas judíos que aún continuaban en libertad siguieron sus pasos hacia la cárcel. Los servicios de seguridad se autoimpusieron entonces la tarea de obtener confesiones y «evidencias» de sus muchos prisioneros a fin de construir un caso de grandes dimensiones contra Slánský y sus colaboradores. Gracias al cierto grado de resistencia que ofrecieron sus víctimas (especialmente el propio ex secretario general), aun enfrentándose a las más bárbaras torturas, esta labor les llevó casi un año.

Finalmente, en septiembre de 1952, se presentaron los cargos. El texto con las confesiones, los cargos, las sentencias predeterminadas y el guión del juicio, fueron enviados a Moscú para que recibieran la aprobación personal de Stalin. De vuelta a Praga, se llevó a cabo un «ensayo general» del juicio completo y se grabó. La finalidad era disponer de un texto alternativo a la «transmisión en directo» en el improbable caso de que alguno de los acusados se retractara de su confesión ante el tribunal, como había ocurrido con Kostov. Pero no fue necesario.

El juicio duró del 20 al 27 de noviembre de 1952. Y se produjo conforme a precedentes bien conocidos: los procesados fueron acusados de haber hecho y dicho cosas que no habían hecho ni dicho (basándose en confesiones obtenidas a la fuerza de otros testigos, incluidos sus compañeros en el banquillo de los acusados); se los culpó de cosas que sí habían hecho pero a las que se les atribuyeron significados nuevos (así, a tres de los procesados se los acusó de haber favorecido a Israel en los acuerdos comerciales, en un momento en el que esta era todavía la política soviética); y los fiscales acusaron a Clementis de haberse reunido con Tito («el ejecutor del pueblo yugoslavo y el lacayo del imperialismo»), cuando Clementis era el viceministro de Asuntos Exteriores de Checoslovaquia y Tito todavía gozaba del favor soviético.

Dos características distinguieron este juicio de todos los anteriores. Los fiscales y los testigos insistieron repetidamente en el judaísmo de la mayoría de los acusados («el cosmopolita Rudolf Margolius», «Slánský… la gran esperanza de todos los judíos del Partido Comunista», «representantes del sionismo internacional», etcétera). El «origen judío» (a veces el «origen sionista») se utilizaba como presunción de culpabilidad, de anticomunismo o de intenciones antichecoslovacas. Y el lenguaje utilizado por los fiscales, retransmitido a través de la radio checoslovaca, se retrotraía e incluso superaba el injurioso léxico empleado por el fiscal Vyshinsky en los juicios de Moscú: «repulsivos traidores», «perros», «lobos», «voraces sucesores de Hitler» y otros insultos del mismo tenor. Todo ello también fue recogido por la prensa checa.

En la cuarta jornada del juicio, el diario comunista de Praga, Rudé Právo, publicaba en su editorial: «Uno se estremece de indignación y asco frente a estos fríos e insensibles seres. El Judas Slánský», continuaba el periódico, estaba apostando por «estos elementos extraños, esta chusma de sucio pasado». Ningún checo, explicaba, podría haber cometido estos delitos: «Solo unos cínicos sionistas sin patria […] unos avispados cosmopolitas que se vendían por un dólar, guiados por la actividad criminal del sionismo, el nacionalismo judío burgués y el chovinismo racial».

Once de los catorce acusados fueron condenados a muerte y ejecutados, y tres a cadena perpetua. En un discurso pronunciado durante la conferencia nacional del Partido Comunista Checoslovaco un mes más tarde, esto fue lo que Gottwald dijo de sus antiguos camaradas: «Por lo general, los banqueros, empresarios industriales o antiguos hacendados no entran en nuestro partido. Pero si eran de origen judío y orientación sionista, no se prestaba mucha atención a sus orígenes de clase. Este estado de cosas se derivaba de nuestra repulsión hacia el antisemitismo y nuestro respeto por el sufrimiento de los judíos».

El juicio de Slánský constituyó una mascarada criminal y un asesinato judicial llevado a cabo como espectáculo público[14]. Al igual que su precedente, el juicio al Comité Antifascista en Moscú, el proceso de Praga pretendió también servir a modo de obertura para el arresto de los médicos judíos soviéticos cuyo «complot» fue anunciado por Pravda el 13 de enero de 1953. Estos médicos judíos, «una banda terrorista sionista», acusados del asesinato de Andréi Zhdánov, de conspirar con la «burguesía angloamericana» y de promover la causa del «nacionalismo judío» en connivencia con el Comité de Distribución Conjunta Judío Norteamericano (así como con el fallecido «nacionalista judío burgués» Solomón Mijóels), irían a juicio solo tres meses después de los veredictos de Slánský.

Existen indicios de que el Kremlin previera este juicio como preámbulo y excusa para las redadas masivas de judíos soviéticos y su subsiguiente expulsión a Birobidzhán (el «hogar» oriental asignado a los judíos) y a la Asia Central soviética, adonde se había enviado previamente a muchos judíos polacos entre 1939 y 1941: el departamento de ediciones del MVD (Ministerio del Interior ruso) había impreso y preparado para su distribución un millón de copias de un folleto donde se explicaba «por qué los judíos deben ser reasentados de las áreas industriales del país». Pero parece que incluso Stalin dudó en hacerlo (Iliá Ehrenburg le advirtió del devastador impacto que un «juicio-espectáculo» a los médicos judíos tendría en la opinión occidental); en todo caso, murió antes de que pudiera tomar una decisión, el 5 de marzo de 1953.

Los prejuicios de Stalin no requerían una explicación: en Rusia y en Europa del Este el antisemitismo se veía siempre recompensado. Lo que sí ofrece mayor interés son los propósitos que movían a Stalin a escenificar toda la farsa de purgas, acusaciones, confesiones y juicios. ¿Por qué, después de todo, necesitaba el dictador soviético estos juicios? Moscú podía eliminar a quien deseara, en cualquier lugar del bloque soviético, mediante «procedimientos administrativos». Los juicios podían resultar contraproducentes; los testimonios y pruebas obviamente falsos, y la descarada selección de unos individuos y categorías sociales determinados apenas se sostenían para convencer a los observadores extranjeros de la buena fe de los procesos judiciales soviéticos.

Pero los «juicios-espectáculo» del bloque comunista no tenían nada que ver con la justicia. Eran más bien una forma de pedagogía pública basada en el ejemplo; una venerable institución comunista (el primero de dichos juicios celebrado en la URSS databa de 1928) cuyo propósito consistía en ilustrar y ejemplificar las estructuras de la autoridad en el sistema soviético. Servían para enseñar a la población lo que estaba bien y lo que estaba mal; asignaban las culpas de los fracasos políticos y el reconocimiento a la lealtad y la sumisión; incluso facilitaban un guión, un vocabulario aprobado para ser utilizado en el debate de los asuntos públicos. A raíz de su detención, Rudolf Slánský pasó definitivamente a ser denominado el «espía Slánský»; este ritual léxico servía como exorcismo político[15].

Los «juicios-espectáculo» (o tribunales, con arreglo a los términos utilizados por Vyshinsky en el Manual de Investigación Criminal Soviético de 1936) se realizaban expresamente con la finalidad de «movilizar a la opinión pública proletaria». Como resumía lisa y llanamente la «Ley de Organización Judicial» de Checoslovaquia de enero de 1953, la función de los tribunales consistía en «educar a los ciudadanos en la devoción y la lealtad a la República Checoslovaca, etcétera». Robert Vogeler, un acusado del juicio de Budapest de 1948, escribió en aquel momento: «A juzgar por el guión que nos fue asignado, era más importante establecer nuestras identidades alegóricas que nuestra “culpabilidad”. Cada uno de nosotros, en su testimonio, fue obligado a “desenmascararse” en beneficio del gabinete de prensa del Cominform y de la radio».

Los acusados pasaban de ser presuntos críticos u oponentes políticos a ser considerados como una pandilla de conspiradores sin principios, guiados por propósitos corruptos y traicioneros. La torpeza del estilo imperialista soviético a veces enmascara este objetivo (¿cómo entender una retórica destinada a movilizar a la opinión pública en la metrópolis de Budapest con la reiteración, una y otra vez, de los errores de aquellos que se oponían a «la lucha contra los kulaks»?). Pero al «público» no se le pedía que creyera lo que oía, sino que solamente se le entrenaba para repetirlo.

Una de las funciones de los juicios públicos era identificar chivos expiatorios. Si la política económica comunista no producía sus éxitos anunciados, si la política exterior soviética estaba bloqueada o era obligada a ceder, alguien debía asumir las culpas. ¿Cómo si no explicar los errores de un líder infalible? Los candidatos eran muchos: Slánský era bastante impopular en general dentro y fuera del Partido Comunista Checoslovaco. Rajk había sido un duro ministro del Interior estalinista. Y precisamente porque habían llevado a cabo políticas impopulares que ahora parecían fracasadas, todos y cada uno de los líderes y ministros comunistas eran candidatos a convertirse en futuras víctimas. Así como los generales derrotados de las guerras revolucionarias francesas eran con frecuencia acusados de traición, también los ministros comunistas se confesaban culpables de sabotaje cuando las políticas que habían implantado fracasaban a la hora de reportar beneficios.

La ventaja de la confesión, aparte de su uso simbólico como un ejercicio de transferencia de culpas, era que confirmaba la doctrina comunista. En el universo de Stalin no existían desacuerdos, solo herejías; no había críticos, solo enemigos; no se cometían errores, solo delitos. Los juicios servían tanto para destacar las virtudes de Stalin como para identificar los delitos de sus enemigos. Por otra parte, ilustraban el alcance de la paranoia de Stalin y la cultura de la sospecha que le rodeaba. Ello en parte obedecía al profundamente arraigado complejo de inferioridad de los rusos y, más en general, de la Europa «del Este», así como al temor a la influencia y la seducción de la opulencia occidental. En 1950, durante un juicio celebrado en Sofía contra «los espías americanos en Bulgaria», los implicados fueron acusados de propagar la visión de que «las razas elegidas vivían solo en Occidente, pese al hecho de que geográficamente todas procedían del este». Según se expresaba también en el pliego de cargos, los inculpados mostraban una «actitud de servil infravaloración» que los espías occidentales habían sabido explotar con éxito.

Occidente, por tanto, constituía una amenaza que había que exorcizar, una y otra vez. Por supuesto que había espías occidentales reales. A principios de la década de 1950, tras el estallido de la guerra de Corea, Washington consideró la posibilidad de desestabilizar la Europa del Este, y los servicios de inteligencia de Estados Unidos protagonizaron varios infructuosos intentos de penetrar en el bloque soviético, lo que concedió cierta verosimilitud a las confesiones de comunistas que supuestamente habían colaborado con la CIA o trabajado como espías para el servicio secreto británico. Y parece que en sus últimos años de vida, Stalin llegó a creer de verdad en una posible guerra; como explicó en una «entrevista» publicada en Pravda en febrero de 1951, la confrontación entre el capitalismo y el comunismo era inevitable y cada vez más probable. De 1947 a 1952, el bloque soviético estuvo permanentemente en pie de guerra: la producción de armas en Checoslovaquia se multiplicó por siete entre 1948 y 1953, al tiempo que cada vez más tropas soviéticas se trasladaban a la RDA y se elaboraban planes para una fuerza de bombardeo estratégico.

Así pues, los arrestos, las purgas y los juicios constituían un recordatorio público de la confrontación que se avecinaba, una justificación de los temores soviéticos con respecto a una guerra, y una estrategia (conocida de décadas anteriores) para sanear al partido leninista y prepararlo para el combate. La acusación formulada en 1949 contra Rajk de haber conspirado con Estados Unidos y Gran Bretaña para derrocar a los comunistas les parecía creíble a muchos comunistas y simpatizantes comunistas occidentales. Incluso las —en otras circunstancias— extravagantes acusaciones contra Slánský y compañía se basaban en la ampliamente reconocida verdad de que Checoslovaquia mantenía muchos más vínculos con Occidente que los demás Estados del bloque. Pero ¿por qué Rajk? ¿Por qué Slánský? ¿Cómo se elegía a los chivos expiatorios?

A ojos de Stalin, cualquier comunista que hubiera pasado algún tiempo en Occidente, fuera del alcance soviético, era considerado sospechoso, fuera lo que fuese lo que él o ella estuviera haciendo allí. Los comunistas que habían intervenido en España durante la Guerra Civil en la década de 1930 (entre los que había muchos de la Europa y la Alemania del Este) fueron los primeros en ser puestos bajo sospecha. Así, László Rajk había servido en España (como comisario político del «Batallón Rákosi»), y también Otto Sling, uno de los acusados junto a Slánský. Tras la victoria de Franco, muchos de los veteranos españoles habían huido a Francia, donde acabaron recluidos en los campos de internamiento franceses. De allí, un gran número de ellos se había unido a la resistencia francesa, donde se asociaron con otros comunistas alemanes y de otros países que se habían refugiado en Francia. El número de hombres y mujeres era suficiente para que el Partido Comunista Francés formara con ellos una subsección del movimiento comunista clandestino, la Main d’Oeuvre Immigré (MOI). Destacados comunistas de la postguerra como Artur London (otro de los acusados en el juicio de Slánský) habían entablado numerosos contactos con el MOI a través de sus actividades durante la guerra, lo que también despertó las sospechas de Stalin y más tarde se les echaría en cara.

El Comité Antifascista Judío de la URSS había recibido instrucciones durante la guerra para establecer contactos con Occidente y documentar las atrocidades nazis, actividades que más adelante constituirían la base de las acusaciones formuladas contra ellos. Comunistas alemanes como Paul Merker, que había pasado los años de la guerra en México; comunistas eslovacos como el futuro ministro de Asuntos Exteriores Clementis, que habían trabajado en Londres, y cualquiera que hubiera permanecido en la Europa ocupada por los nazis, todos eran vulnerables a las acusaciones de haber contactado con agentes occidentales o colaborado demasiado estrechamente con activistas no comunistas de la resistencia. Josef Frank, un comunista checo que había sobrevivido a su encarcelamiento en Buchenwald, fue acusado en el juicio de Slánský de haber dedicado el tiempo que pasó en el campo a entablar relaciones sospechosas con los «enemigos de clase».

Los únicos comunistas que no despertaban a priori desconfianza de Stalin eran aquellos que habían pasado largas temporadas en Moscú bajo la atenta mirada del Kremlin. En estos sí se podía confiar, por partida doble: por un lado, porque al haber pasado muchos años bajo el control de las autoridades soviéticas, apenas tenían contactos extranjeros, caso de tener alguno; y por otro, porque si habían sobrevivido a las purgas de la década de 1930 (a raíz de las cuales la mayoría de los líderes exiliados de los partidos comunistas polaco, yugoslavo y de otros países habían sido eliminados) podía contarse con su obediencia incuestionable al dictador soviético. Por su parte, los comunistas «nacionales», hombres y mujeres que habían permanecido en el suelo patrio, eran considerados poco fiables. Por lo general su historial de resistencia en sus países era más heroico que el de sus camaradas de Moscú, que habían regresado después de la guerra por gentileza del Ejército Rojo, y gozaban por tanto de una imagen local más popular. Y además tendían a formarse sus propias opiniones sobre el «camino al socialismo» local o nacional.

Por todas estas razones, los comunistas «nacionales» fueron casi siempre las principales víctimas de los «juicios-espectáculo» de la postguerra. De este modo, Rajk era un comunista «nacional», mientras que Rákosi y Gerő, los líderes del Partido húngaro que orquestaron desde el Estado este juicio, eran «moscovitas» (aunque Gerő también había participado en la guerra de España). Apenas los distinguía nada más. En Checoslovaquia, los hombres que habían organizado el levantamiento nacional eslovaco contra los nazis (incluido Slánský) constituían de antemano las víctimas perfectas de las sospechas soviéticas; a Stalin no le agradaba compartir el mérito de la liberación de Checoslovaquia. El Kremlin prefería a «moscovitas» fiables, nada heroicos y poco imaginativos, a los que conocía: hombres como Klement Gottwald.

Traicho Kostov había dirigido a los partisanos comunistas búlgaros durante la guerra, hasta su arresto; después de la guerra ocupó el segundo lugar, detrás de Georgi Dimitrov, recién regresado de Moscú, hasta que en 1949 su historial de guerra fue utilizado en su contra. En Polonia, Gomułka había organizado a la resistencia armada durante el gobierno nazi, junto con Marian Spychalski; tras la guerra, Stalin favoreció a Bierut y otros polacos residentes en Moscú. Spychalski y Gomułka fueron arrestados, y se evitó por todos los medios, como hemos visto, que acapararan el más mínimo protagonismo durante su propio juicio.

Hubo algunas excepciones. En Rumanía fue un comunista «nacional», Dej, el que maquinó la caída de otro comunista «nacional», Pătrăşcanu, así como el eclipse de la intachablemente moscovita y estalinista Ana Pauker. Incluso Kostov había pasado los primeros años de la década de 1930 en Moscú, en el departamento de los Balcanes del Comintern. También era un reconocido crítico de Tito (aunque por sus propias razones: Kostov veía en Tito el heredero de las ambiciones territoriales serbias a costa de Bulgaria). Pero esto, lejos de salvarle, solo sirvió para agravar su crimen: Stalin no estaba interesado en lograr acuerdos ni obtener consentimientos; solo en la obediencia inquebrantable.

Por último, la selección de las víctimas de los juicios y las acusaciones que contra ellas se formulaban incluían un considerable componente de ajuste de cuentas y cínico instrumentalismo. Como Karol Bacílek explicó en la conferencia nacional del Partido Comunista Checo el 17 de diciembre de 1952: «La cuestión de quién es culpable y quién es inocente terminará al final siendo decidida por el Partido, con la ayuda de los órganos de seguridad nacional». En ocasiones, los casos que estos últimos inventaron contra algunas personas eran fruto de la mera coincidencia o de la fantasía; en otros, afirmaban deliberadamente lo contrario a una realidad que ellos conocían a la perfección. Así, dos de los inculpados en el juicio de Slánský fueron acusados de cobrar demasiado a Moscú por productos checos. Por lo general, el precio de los productos fabricados en los Estados satélite se tasaba por debajo de su valor en beneficio soviético; solo Moscú podía autorizar las excepciones. Sin embargo, el «precio excesivo» era, en el caso checo, una práctica establecida por los soviéticos, como bien sabían los fiscales, para canalizar, a través de Praga, el dinero que se utilizaba para las operaciones de los servicios de inteligencia en Occidente.

Igualmente cínica, y asimismo parte de una campaña de difamación, fue la acusación formulada contra Ana Pauker, a la que se acusó de «desviacionismo» derechista e izquierdista simultáneamente: primero se había mostrado «crítica» con la colectivización rural, y luego había obligado a los campesinos a colectivizarse contra su voluntad. Rajk fue acusado de disolver la red que el Partido Comunista tenía establecida en la policía húngara en 1947; en realidad, es cierto que lo había hecho (en vísperas de las elecciones de 1947 y contando con la aprobación oficial), como tapadera para la disolución de la sin duda más influyente organización de la policía socialdemócrata. Más adelante había restablecido secretamente la red comunista mientras mantenía la prohibición a los demás partidos. Pero estas acciones, impecablemente ortodoxas en aquel momento, las aprovecharon los soviéticos cuando llegó el momento de quitarle de en medio.

Los acusados de los «juicios-espectáculo» más importantes eran todos comunistas. Otros comunistas fueron purgados sin mediar juicios públicos ni ningún otro tipo de procedimiento judicial. Pero la abrumadora mayoría de las víctimas de Stalin, tanto en la Unión Soviética como en sus Estados satélite, no eran en absoluto comunistas. En Checoslovaquia, entre los años 1948-1954, los comunistas no representaban más que una décima parte del uno por ciento de los condenados a prisión o a los campos de trabajos forzados, y uno de cada veinte de los condenados a muerte. En la RDA, el 8 de febrero de 1950 se creó la Stasi con la misión de supervisar y controlar no solo a los comunistas, sino a toda la sociedad. Stalin sospechaba recurrentemente no solo de los comunistas con contactos o experiencia en Occidente, sino de cualquiera que hubiera vivido fuera del bloque soviético.

Huelga decir, por tanto, que casi toda la población de la Europa del Este cayó bajo las sospechas del Kremlin en aquellos años. Esto no significa que el alcance de la represión de la postguerra dentro de la Unión Soviética fuera en absoluto menor: así como se pensaba que la exposición de los rusos a la influencia occidental durante los años 1813-1815 había allanado el camino a la Revuelta de Diciembre de 1825, Stalin temía que los contactos mantenidos durante la guerra fueran motivo de contaminación y protesta. Cualquier ciudadano o soldado soviético que hubiera sobrevivido a la ocupación o las cárceles nazis era objeto de sospecha. Cuando el Presidium del Soviet Supremo aprobó en 1949 una ley por la que se condenaba a los soldados que cometieran violación con 10 a 15 años de internamiento en un campo de trabajos forzados, lo que menos se pretendía era censurar la violencia con la que el Ejército Rojo había arrasado a su paso por Alemania del Este y Austria. El verdadero motivo era idear un ardid con el que poder castigar a su antojo a los soldados soviéticos a su regreso.

La escala del castigo impuesto a los ciudadanos de la URSS y de la Europa del Este durante la década siguiente a la Segunda Guerra Mundial fue monumental, y fuera de la propia Unión Soviética, insólita hasta el momento. Los juicios no fueron más que la punta visible de un iceberg de represión del que también formaban parte la cárcel, el exilio y los batallones de trabajos forzados. En 1952, en el apogeo de la segunda ola de terror estalinista, los campos de trabajo registraban una población de 1,7 millones de prisioneros, más otros 800.000 en las colonias de trabajo y 2.753.000 en «centros especiales». La sentencia «normal» de los gulags era de 25 años, seguida generalmente (en el caso de los supervivientes) del exilio a Siberia o a la Asia Central soviética. En Bulgaria, de una plantilla de trabajadores de la industria de medio millón de personas, dos de cada nueve eran mano de obra esclava.

En Checoslovaquia se estima que había 100.000 prisioneros políticos de una población de 13 millones de habitantes a principios de la década de 1950, una cifra que no incluye a las muchas decenas de miles de personas que trabajaban en las minas del país y que en realidad no eran otra cosa que mano de obra esclava. Las «liquidaciones administrativas», por las que los hombres y mujeres que desaparecían en prisión eran discretamente fusilados sin publicidad ni juicio alguno, constituían otra forma de castigo. Podía pasar más de un año antes de que la familia de la víctima se enterara de que él o ella había «desaparecido». Tres meses después, se declaraba a la persona presuntamente muerta desde el punto de vista legal, sin otro reconocimiento o confirmación oficial. En Checoslovaquia, en el clímax del terror, aparecían a diario entre treinta y cuarenta anuncios en la prensa local. Decenas de miles de personas desaparecieron de esta manera, y muchos cientos de miles más fueron privados de sus privilegios, viviendas y empleos.

En Hungría, durante los años 1948-1953, se estima que alrededor de un millón de personas (de una población total de menos de diez millones) fueron objeto de arrestos, procesos judiciales, encarcelamiento o deportación. Una de cada tres familias húngaras resultó directamente afectada. Los familiares sufrían también su cuota de castigo. Fritzi Loebl, la esposa de uno de los «conspiradores» de Slánský, fue encarcelada durante un año en la prisión de Ruzyn, a las afueras de Praga, e interrogada por los rusos, que la llamaban «prostituta apestosa». Tras su liberación fue exiliada a una fábrica del norte de Bohemia. Las esposas de los prisioneros y deportados perdían su trabajo, sus viviendas y sus efectos personales. En el mejor de los casos, si había suerte, caían en el olvido, como Josephine Langer, cuyo esposo, Oskar Langer, uno de los testigos en el juicio de Slánský, fue sentenciado más adelante en un juicio secreto a 22 años de prisión. Ella y sus hermanas vivieron durante seis años en un sótano.

Rumanía sufrió tal vez la peor persecución, e indudablemente la más duradera. Además de tener más de un millón de personas detenidas en las prisiones, campos de trabajos forzados o trabajando como mano de obra esclava en el canal Danubio-Mar Negro, de las cuales morirían decenas de miles y entre las que no se incluyen a los deportados a la Unión Soviética, Rumanía se distinguía por la severidad de sus condiciones carcelarias y las diversas prisiones «experimentales», especialmente la de Piteşti, donde, durante el periodo comprendido entre diciembre de 1949 y finales de 1952, a los prisioneros se les instaba a «reeducarse» unos a otros a través de la tortura física y psicológica. La mayoría de las víctimas eran estudiantes, «sionistas» y detenidos políticos no comunistas.

El Estado comunista vivía en un estado permanente de guerra no declarada contra sus propios ciudadanos. Al igual que Lenin, Stalin entendía la necesidad de tener enemigos y parte de la lógica del Estado estalinista consistía en movilizarse constantemente contra sus enemigos, externos y, sobre todo, nacionales. En palabras de Štefan Rais, el ministro de Justicia checoslovaco, en un discurso pronunciado el 11 de junio de 1952 en la Conferencia de Abogados Checoslovacos:

[el abogado] debe […] confiar en la ciencia más madura, en la única ciencia verdadera del mundo, la ciencia legal soviética, y aprovechar al máximo las experiencias de la práctica legal soviética […]. El aumento constante de la lucha de clases constituye una necesidad inevitable de nuestro tiempo.

El vocabulario marcial tan apreciado por la retórica comunista se hacía eco de este estado de conflicto permanente. Las metáforas abundaban: el conflicto de clases requería alianzas, el apoyo de las masas, movimientos inesperados, ataques frontales. La afirmación de Stalin de que la lucha de clases se acentuaba a medida que se aproximaba el socialismo se aducía para explicar el curioso hecho de que incluso aunque las elecciones reflejaran en todas partes un apoyo del 99 por ciento al Partido, sus enemigos sin embargo se multiplicaban, había que librar la batalla con una resolución cada vez más firme y la historia doméstica de la URSS debía reproducirse meticulosamente en todo el bloque soviético.

Los principales enemigos eran aparentemente los campesinos y los burgueses. Pero, en la práctica, los intelectuales constituían a menudo el blanco más fácil, como también lo habían sido para los nazis. El viperino ataque de Andréi Zhdánov a Anna Ajmátova, «una monja o una puta o, más bien una monja y una puta que combina la alcahuetería con las oraciones. La poesía de Ajmátova está completamente alejada del pueblo[16]», refleja la mayoría de los tópicos contra los intelectuales característicos del estalinismo: la religión, la prostitución, la desafección respecto a las masas. Si Ajmátova hubiera sido judía, como gran parte de la intelligentsia europea, la caricatura habría estado completa.

La represión política, la censura e incluso la dictadura no eran en absoluto desconocidas en la mitad este de Europa antes de la llegada del estalinismo, aunque los que estaban en situación de establecer la comparación se mostraban unánimemente de acuerdo en que los interrogadores de las prisiones de la Hungría, Polonia o Rumanía de entreguerras eran con mucho preferibles a los de las «democracias populares». Los hombres de Stalin perfeccionaron los instrumentos del control y el terror a través de los cuales actuó el Estado comunista a partir de 1947 pero, en su mayoría, no tuvieron que importarse del este, dado que ya estaban instalados. No fue por casualidad que la puesta en marcha y la gestión de la prisión de Piteşti para la Securitate comunista en Rumanía recayera en Eugen Turcanu, que antes había sido un activista estudiantil en la Universidad de Iaşi al servicio de la Guardia de Hierro, el movimiento fascista rumano del periodo de entreguerras.

Lo que distinguía al Partido-Estado de los comunistas con respecto a sus predecesores autoritarios, sin embargo, no era tanto la mera eficacia de su aparato represivo, sino más bien que ahora el poder y los recursos eran monopolizados y utilizados de forma abusiva en el beneficio casi exclusivo de una potencia extranjera. La ocupación soviética sucedió a la ocupación nazi sin apenas solución de continuidad y sumergió aún más en la órbita soviética (para los ciudadanos de Alemania del Este, recién salidos de doce años de dictadura nazi, la transición fue aún más imperceptible). Este proceso y sus consecuencias (la «sovietización» y «rusificación» de todos los aspectos de la Europa del Este, desde los procesos de fabricación hasta la titulación académica), produciría, más pronto o más tarde, un menoscabo de la adhesión popular, salvo en el caso de los estalinistas más inveterados.

Y provocó también, como efecto secundario, que muchas personas borraran de su memoria el recuerdo de su ambivalencia inicial ante las transformaciones que trajo el comunismo. En años posteriores, era fácil olvidar que el tono antisemita y xenófobo del lenguaje estalinista había encontrado un público receptivo en gran parte de la Europa del Este, tal y como antes había ocurrido en la propia Unión Soviética. Dado que el nacionalismo económico ya estaba también arraigado en la población local, la expropiación, la nacionalización, los controles y la reglamentación laboral del Estado no eran en absoluto desconocidos. En Checoslovaquia, por ejemplo, el plan bienal introducido en 1946 ya contemplaba que los trabajadores conflictivos fueran exiliados a los campos de trabajo (si bien también es cierto que la mayoría de los jueces checos de los años 1946-1948 se negaban a aplicar este tipo de castigos).

Por tanto, en sus fases iniciales, la asunción del poder por parte de la Unión Soviética en la Europa del Este no representó una transición tan radical y brusca como podría parecernos en retrospectiva, incluso si se deja de lado las grandes esperanzas depositadas en el futuro comunista por algunas minorías juveniles en Varsovia o Praga. Pero, al igual que la brutalidad de los nazis había alejado las posibles simpatías locales en los territorios que habían sido «liberados» del dominio de la URSS en 1941-1942, Stalin también hizo que las ilusiones y expectativas de los Estados satélite se esfumaran rápidamente.

La consecuencia de imponer una versión acelerada de la desalentadora historia económica de la propia Unión Soviética en las más desarrolladas tierras al otro lado de su frontera oeste ya se ha comentado antes. El único recurso en el que los dirigentes comunistas podían confiar plenamente era en explotar al máximo la producción basada en la mano de obra. Esta es la razón por la que el terror estalinista de 1948-1953 en la Europa del Este guardó un parecido tan exacto con el que se había vivido en la Unión Soviética veinte años antes: ambos fueron unidos a una política de industrialización coercitiva. Las economías de gestión centralizada eran en efecto bastante eficaces a la hora de obtener a la fuerza una plusvalía del trabajo de los mineros y los obreros de las fábricas; pero no podían hacer más. La agricultura del bloque soviético fue retrocediendo cada vez más hasta producir ineficiencias que en ocasiones llegaban a resultar surrealistas, como ejemplifica el caso protagonizado en la URSS por los burócratas de Frunze (actualmente Bishkek, en Kirguizistán), que en 1960 instaron a los campesinos locales a cumplir sus (arbitrarias e inalcanzables) cuotas de suministro de mantequilla comprando las existencias de las tiendas locales.

Los juicios y las purgas, así como el coro acompañante de comentarios falaces, contribuyeron a degradar lo que quedaba de la esfera pública en la Europa del Este. La política y el gobierno se convirtieron en sinónimo de la corrupción y la represión arbitrarias, practicadas por y en beneficio de una camarilla corrupta, presa a su vez de las sospechas y el miedo. Por supuesto, esta experiencia no resultaba nueva en la región. Pero el desgobierno comunista presentaba una nota distintiva: los antiguos abusos ahora iban envueltos en una jerga retórica de igualdad y progreso social, una hipocresía de la cual ni los oligarcas del periodo de entreguerras ni los ocupantes nazis habían sentido necesidad de hacer uso. Y, de nuevo, era una forma de desgobierno adaptada para el casi exclusivo beneficio de una potencia extranjera, que fue lo que hizo que la autoridad soviética resultara tan impopular fuera de las fronteras de la Unión Soviética.

El efecto de la sovietización de la Europa del Este fue el de separarla a un ritmo constante de la mitad occidental del continente. Así como la Europa occidental estaba a punto de entrar en una era de enorme transformación y prosperidad sin precedentes, la Europa del Este empezaba a deslizarse hacia el coma: un invierno de inercia y resignación, marcado por ciclos de protesta y subyugación que durarían casi cuatro décadas. Resulta sintomático y, en cierto sentido, apropiado, que precisamente durante los años en que el Plan Marshall inyectó unos 14.000 millones de dólares en la convaleciente economía europea, Stalin, mediante indemnizaciones y la imposición forzosa de suministros y trabas comerciales desfavorables, obtuviera aproximadamente la misma cantidad de la Europa del Este.

La Europa del Este siempre había sido distinta de la Europa occidental. Pero esta distinción entre ambas Europas no había sido la única que explicaba al continente a sí mismo, ni siquiera la más importante. La Europa mediterránea era marcadamente diferente de la Europa del noroeste; la religión tenía una influencia mucho mayor que la política sobre las fronteras históricas entre los distintos Estados y dentro de cada uno de ellos. En la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial, las diferencias entre el norte y el sur, los ricos y los pobres, el campo y la urbe, eran más importantes que las existentes entre el este y el oeste.

El impacto del dominio soviético sobre los territorios al este de Viena fue por tanto en ciertos aspectos más apreciable de lo que lo había sido dentro de la propia Rusia. Después de todo, el imperio ruso solo había sido europeo en parte; y la identidad europea de la Rusia pospetrina fue en sí muy contestada durante la parte del siglo anterior al golpe de Lenin. En su afán de romper sus lazos con la historia y la cultura europea, los bolcheviques actuaron con una intensa y prolongada violencia en Rusia. Pero su desconfianza y su temor frente a la influencia occidental no eran nuevos, estaban ya profundamente enraizados en los acomplejados escritos y prácticas eslavófilos mucho antes de 1917.

En la Europa central y del Este no existían estos precedentes. De hecho, parte del vacilante nacionalismo de pequeño Estado de polacos, croatas, etcétera, se consideraba a sí mismo no como una especie de pariente lejano de la civilización europea, sino más bien como el infravalorado defensor de la esencia del patrimonio europeo, al igual que checos y húngaros se veían, con toda razón, como los moradores del corazón mismo del continente. Los intelectuales rumanos y polacos buscaban en París las tendencias en materia de pensamiento y arte, del mismo modo que la intelligentsia germanófona de finales del imperio de los Habsburgo, desde la Rutenia subcarpática a Trieste, siempre había mirado hacia Viena.

Claro que esa Europa integrada y cosmopolita solo había existido para una minoría, y había muerto en 1918. Pero los nuevos Estados alumbrados en Versalles eran frágiles y en cierto modo efímeros desde sus mismos comienzos. Las décadas del periodo de entreguerras habían constituido por tanto una especie de interregno, sin guerra ni paz, en el que el destino de la Europa central y del Este había quedado de alguna manera en suspenso. Si finalmente no se impuso el resultado más probable, esto es, que una renaciente Alemania fuera la heredera de facto de los antiguos imperios de los territorios que se extendían desde Stettin a Estambul, solo se debió, y por muy poco, a los propios errores de Hitler.

En su lugar, la imposición de una solución rusa en vez de la alemana separó la vulnerable mitad oriental de Europa del resto del continente. En aquel momento esto no constituía una cuestión muy preocupante para los propios europeos occidentales. Con la excepción de los alemanes, la nación más directamente afectada por la división de Europa y al mismo tiempo peor situada para expresar su malestar al respecto, los europeos occidentales se mostraron en general bastante indiferentes ante la desaparición de la Europa del Este. De hecho, se acostumbraron tan rápidamente a ella, y se sentían tan preocupados por los notables cambios que tenían lugar en sus propios países, que la existencia de una barrera armada impenetrable desde el Báltico hasta el Adriático les pareció en cierto modo natural. Pero para los pueblos que quedaron al este de esta barrera, confinados en un oscuro y olvidado rincón de su propio continente, a merced de una gran potencia semiextranjera no mucho mejor situada económicamente que ellos y que se aprovechaba parasitariamente de sus limitados recursos, la propia historia encalló poco a poco en un punto muerto.

VII

La guerra de las culturas

Todos rechazábamos la era anterior. Yo la conocía sobre todo a través de testimonios escritos, y en mi opinión había sido una era de estupidez y barbarie.

MILÁN ŠIMEČKA

Cada acción, a mediados del siglo XX, presupone e implica una toma de postura con respecto a la empresa soviética.

RAYMOND ARON

Yo hacía lo correcto al equivocarme, mientras tú y la gente como tú estabais equivocados al hacer lo correcto.

PIERRE COURTADE (a Edgar Morin)

Nos guste o no, la construcción del socialismo tiene el privilegio de que para comprenderla hay que propugnar su movimiento y adoptar sus metas.

JEAN PAUL SARTRE

No puedes evitar que la gente tenga razón por motivos equivocados […]. Este temor a encontrarse en malas compañías no constituye una expresión de pureza política, sino de falta de confianza en uno mismo.

ARTHUR KOESTLER

Con una celeridad que dejaría perplejas a las generaciones futuras, la lucha en Europa entre el fascismo y la democracia apenas había terminado cuando se abrió una nueva brecha: la que separaba a los comunistas de los anticomunistas. El atrincheramiento de las posiciones políticas e intelectuales a favor y en contra de la Unión Soviética no comenzó con la división de Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero sí fue durante estos años de la postguerra, entre 1947 y 1953, cuando la línea divisoria entre el Este y el Oeste, entre la izquierda y la derecha, ahondó más profundamente en la vida cultural e intelectual europea.

Las circunstancias eran excepcionalmente propicias. Durante el periodo de entreguerras, la extrema derecha había recibido más apoyo que el que la mayoría de la gente estaba dispuesta a reconocer. De Bruselas a Bucarest, el periodismo y la literatura militantes de la década de 1930 había abundado en el racismo, el antisemitismo, el ultranacionalismo, el clericalismo y la reacción política. Los intelectuales, periodistas y profesores que antes y durante la guerra habían abrazado sentimientos fascistas o ultrarreaccionarios, tenían buenas razones, a partir de 1945, para proclamar enérgicamente sus recién descubiertas credenciales como progresistas o radicales (o bien para sumergirse en una oscuridad temporal o duradera). Dado que la mayoría de los partidos y periódicos de tendencias fascistas o incluso ultraconservadoras ahora estaban en todo caso prohibidos (excepto en la península Ibérica, donde ocurría exactamente lo contrario), la expresión pública de una afiliación política quedaba limitada al centro o la izquierda del espectro político. El pensamiento y la opinión de derechas se habían eclipsado en Europa.

Pero aunque el contenido de la literatura y la actuación pública sufrió una espectacular metamorfosis con la caída de Hitler, Mussolini y sus seguidores, el tono siguió siendo básicamente el mismo. La urgencia apocalíptica de los fascistas, su llamamiento a tomar soluciones violentas y «definitivas» como si el verdadero cambio pasara necesariamente por una destrucción radical, la repugnancia por la búsqueda de equilibrios y la «hipocresía» de la democracia liberal y el entusiasmo por las actitudes maniqueístas (todo o nada, la revolución o la decadencia), todos estos impulsos podían ser igualmente bien aprovechados por la izquierda a partir de 1945, como así fue.

En su preocupación por la nación, la degeneración, el sacrificio y la muerte, los escritores fascistas de entreguerras habían vuelto su mirada hacia la Primera Guerra Mundial. La izquierda intelectual posterior a 1945 también había sido moldeada por la experiencia de la guerra, pero esta vez como un conflicto de alternativas morales incompatibles que excluían toda posibilidad de compromiso. El bien contra el mal, la libertad contra la esclavitud, la resistencia contra la colaboración. La liberación de la ocupación nazi o fascista fue ampliamente recibida como una ocasión para un cambio político y social radical, una oportunidad para aprovechar el efecto revolucionario de la devastación de la guerra y empezar de nuevo. Y, cuando, como ya hemos visto, esta oportunidad se desvaneció en apariencia y se restableció sumariamente la vida «normal», las expectativas frustradas se convirtieron con rapidez en cinismo, si no en izquierdismo radical, en un mundo cada vez más polarizado en dos bandos políticos irreconciliables.

Los intelectuales europeos de la postguerra tenían prisa y carecían de la paciencia necesaria para el compromiso. Eran jóvenes. En la Primera Guerra Mundial, había muerto una generación de jóvenes. Pero después de la Segunda Guerra Mundial fue una cohorte de más edad, ya desacreditada, la que desapareció de escena. En su lugar surgieron escritores, artistas, periodistas y activistas políticos que eran demasiado jóvenes para haber conocido la guerra de 1914-1918, pero que estaban impacientes por recuperar los años perdidos por culpa de su sucesora. Su educación política se había desarrollado en la era de los frentes populares y los movimientos antifascistas; y, cuando alcanzaron el prestigio y la influencia públicas, a menudo como resultado de sus actividades en tiempo de guerra, eran inusualmente jóvenes para los estándares tradicionales europeos.

En Francia, Jean Paul Sartre tenía 40 años cuando terminó la guerra; Simone De Beauvoir, 37; Albert Camus, el más influyente de todos, apenas 32. De la generación anterior, solo François Mauriac (nacido en 1885) podía comparárseles en influencia, precisamente por no haber quedado manchado por un pasado vichista. En Italia, la única figura pública de la generación anterior que se mantuvo fue el filósofo napolitano Benedetto Croce (nacido en 1866). En la Italia posfascista, Ignazio Silone, nacido en 1900, era una de las celebridades intelectuales más veteranas; el novelista y comentarista político Alberto Moravia tenía 38 años, uno más que el editor y escritor comunista Elio Vittorini. En Alemania, donde las simpatías nazis y la guerra habían afectado más gravemente a los intelectuales y escritores, Heinrich Böll, el escritor de más talento de la nueva y autorreflexiva generación de escritores que surgió dos años después de la derrota de Hitler para formar el «grupo del 47», tenía solo 28 años cuando terminó la guerra.

En la Europa del Este, donde las élites intelectuales de los años anteriores a la guerra habían quedado manchadas por el utraconservadurismo, el nacionalismo místico o actitudes aún peores, la promoción social de la juventud fue incluso más destacada. El caso de Czesław Miłosz, cuyo influyente ensayo La mente cautiva se publicó en 1951 cuando solo tenía 40 años y ya vivía en el exilio político, no es en absoluto atípico. Jerzy Andrzejewski (que aparece en el libro de Miłosz bajo una luz bastante poco favorecedora) publicó Cenizas y diamantes, su aclamada novela de la Polonia de la postguerra, cuando estaba en la treintena. Tadeusz Borowski, nacido en 1922, rondaba los veinticinco años cuando publicó sus memorias de Auschwitz: Damas y caballeros, por aquí a la cámara de gas (Proszę państwa do gazu).

Los líderes de los partidos comunistas de la Europa del Este eran, por lo general, hombres ligeramente mayores que habían sobrevivido a los años de entreguerras como prisioneros políticos o en el exilio de Moscú, o bien en ambos. Pero inmediatamente por debajo de ellos había una generación de hombres y mujeres muy jóvenes, cuyo compromiso idealista con las tomas de poder comunistas respaldadas por los soviéticos desempeñó un importante papel en su éxito. En Hungría, Géza Losonczy, que caería víctima de la represión soviética tras la revolución húngara de 1956, todavía estaba en la veintena cuando él y cientos como él conspiraron para llevar al Partido Comunista Húngaro al poder. El marido de Heda Kovály, Rudolf Margolius, uno de los acusados en el juicio de Slánský en diciembre de 1952, tenía treinta y cinco años cuando fue nombrado ministro del Gobierno comunista de Checoslovaquia; Artur London, otro de los acusados en dicho juicio, era aún más joven, ya que tenía 33 años cuando los comunistas se hicieron con el poder. London se había formado políticamente en la resistencia francesa; como muchos de los que vivieron la clandestinidad comunista, aprendió a ejercer las responsabilidades políticas y militares a muy temprana edad.

El entusiasmo juvenil por un futuro comunista estaba ampliamente extendido entre los intelectuales de clase media, tanto del este como del oeste. E iba acompañado de un claro complejo de inferioridad frente al proletariado, la clase obrera. Durante los primeros años de la postguerra los obreros manuales cualificados estaban muy solicitados, en marcado contraste con los años de la Depresión, todavía frescos en la memoria colectiva. Había que extraer carbón, reconstruir o sustituir carreteras, vías férreas, edificios o tendidos eléctricos y fabricar herramientas para utilizarlas en la fabricación de otros productos. Para todos estos trabajos escaseaba la mano de obra cualificada; como ya hemos visto, los jóvenes físicamente aptos de los campamentos de desplazados no tuvieron grandes dificultades para encontrar trabajo y asilo, a diferencia de las mujeres con responsabilidades familiares o los «intelectuales» del tipo que fuera.

Una de las consecuencias de ello fue la exaltación universal del trabajo y los trabajadores de la industria, un claro activo político para los partidos que afirmaban representarlos. Los hombres y mujeres de tendencias izquierdistas, con formación académica y pertenecientes a la clase media, a los que les avergonzaba su origen social, podían aliviar su malestar entregándose al comunismo. Pero, aunque no llegaran a afiliarse al Partido, muchos artistas y escritores, especialmente de Francia e Italia, «se postraron a los pies del proletariado» (Arthur Koestler) y convirtieron a la «clase obrera revolucionaria» (generalmente imaginada a la luz del realismo socialista/fascismo como austera, viril y musculosa) en prácticamente un icono.

Aunque el fenómeno revistió un alcance paneuropeo y trascendió la política comunista (el exponente del «obrerismo» más conocido en Europa fue Jean Paul Sartre, que nunca perteneció al Partido Comunista Francés), fue en la Europa del Este donde dichos sentimientos se tradujeron en consecuencias reales. Estudiantes, profesores, escritores y artistas de Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros muchos lugares, acudieron en masa a la Yugoslavia anterior al cisma para ayudar a reconstruir las vías férreas con sus propias manos. En agosto de 1947 Italo Calvino escribió con entusiasmo sobre los jóvenes voluntarios de Italia comprometidos de forma similar en Checoslovaquia. El deseo de un nuevo comienzo, la veneración por una comunidad real o imaginaria de trabajadores y la admiración hacia los soviéticos (y su triunfante Ejército Rojo) separó a una joven generación de la postguerra de sus raíces sociales y su pasado nacional.

La decisión de convertirse en comunista (o «marxista», que en las circunstancias de aquella época solía significar lo mismo) se tomaba generalmente a una edad muy temprana. Así lo expresó el checo Ludek Pachman: «Me hice marxista en el año 1943. Tenía 19 años, y la idea de que de repente comprendía y podía explicarme todo me entusiasmaba, como también la de marchar junto a los proletariados del mundo entero, primero contra Hitler y luego contra la burguesía internacional». Incluso los que, como Czesław Miłosz no habían sucumbido a los encantos de sus dogmas, recibieron con inequívoco agrado las reformas sociales comunistas: «Me sentía encantado de ver que la estructura semifeudal de Polonia era definitivamente aplastada, que las universidades se abrían a los jóvenes trabajadores y campesinos, que se acometían reformas agrarias y que el país emprendía por fin el camino hacia la industrialización». Como manifestaba Milovan Djilas al recordar su propia experiencia como estrecho colaborador de Tito: «El totalitarismo al principio es todo entusiasmo y convicción; solo más adelante se transforma en organizaciones, autoridad y arribismo».

Los partidos comunistas favorecieron al comienzo a los intelectuales, para quienes las ambiciones comunistas presentaban un atractivo contraste respecto al provincianismo de pequeño Estado de sus respectivos países y el violento antiintelectualismo de los nazis. Para muchos jóvenes intelectuales, el comunismo no era tanto una cuestión de convicción como de fe; como señaló Alexander Wat (otro polaco que posteriormente se convertiría en excomunista), la secular intelligentsia polaca estaba hambrienta de un «catecismo refinado». Aunque fueron en todo caso minoría los estudiantes, poetas, dramaturgos, novelistas, periodistas o profesores de universidad que militaron activamente en el comunismo, a menudo se trataba de los hombres y mujeres más dotados de su generación.

Así, Pavel Kohout, que décadas más tarde adquiriría renombre internacional como disidente, ensayista y dramaturgo poscomunista, fue primero conocido en su país, Checoslovaquia, como un ferviente entusiasta del nuevo régimen. Volviendo la vista atrás, describió en 1969 la «sensación de seguridad» que le invadió al contemplar al líder del Partido, Klement Gottwald, en la abarrotada Plaza Vieja de Praga el día en que se produjo el golpe de Estado en Checoslovaquia, en febrero de 1948. Allí, «en medio de una masa humana decidida a buscar justicia y con este hombre [Gottwald] dirigiéndolos hacia la batalla decisiva», el joven Kohout, de 20 años, encontró «el Centrum Securitatis que Comenio en vano trató de encontrar». Cuatro años después, tras abrazar su fe, Kohout escribió «una cantata a nuestro Partido Comunista»:

¡Cantemos alabanzas al Partido!

Su juventud proviene de los jóvenes trabajadores de choque[1]

tiene el conocimiento de un millón de cabezas

y la fuerza de millones de manos humanas

y su batallón son

las palabras de Stalin y Gottwald.

En mitad del floreciente mayo

hasta los lejanos confines

sobre el viejo castillo ondea la bandera

con las palabras «¡La verdad prevalece!»

Las palabras que gloriosamente se han cumplido:

¡La verdad de los trabajadores ha triunfado!

Y el país avanza hacia un futuro glorioso.

¡Gloria al partido de Gottwald!

¡Gloria!

¡Gloria!

Este tipo de fe estaba muy extendida en la generación de Kohout. Como Miłosz señalaría, el comunismo funcionaba basándose en el principio de que los escritores no necesitaban pensar, solo comprender. E incluso comprender significaba poco más que comprometerse, que precisamente era lo que buscaban los jóvenes intelectuales de la región. «Eramos niños de la guerra», escribió Zdeněk Mlynář (que ingresó en el Partido Comunista en 1946, a los quince años), «que en realidad no habíamos luchado contra nadie pero, cuando en estos primeros años de la postguerra se nos presentó por fin la oportunidad de luchar por algo, seguíamos llevando dentro de nosotros la mentalidad de los años de guerra». La generación de Mlynář solo conocía los años de la guerra y la ocupación nazi, durante los cuales «se estaba en un bando o en el otro, no había término medio. Por eso, nuestra única experiencia nos había inculcado la noción de que el triunfo de la concepción correcta significaba sencillamente la liquidación, la destrucción de la otra[2]».

El ingenuo entusiasmo con el que algunos jóvenes de la Europa del Este se zambulleron en el comunismo («Me siento revolucionario…» como exclamaría el escritor Ludvík Vaculík a su novia al unirse al Partido checo) no disminuye la responsabilidad de Moscú sobre lo que en resumidas cuentas fue la conquista soviética de sus países. Pero contribuye a explicar el alcance del desencanto y la desilusión que le siguieron. Los comunistas algo más veteranos como Djilas (nacido en 1911) probablemente siempre entendieron, según sus propias palabras, que «la manipulación del fervor es el germen de la esclavitud». Pero los jóvenes conversos, en especial los intelectuales, se quedaron atónitos al descubrir los rigores de la disciplina comunista y la realidad del poder estalinista.

Así pues, la imposición del dogma de las «dos culturas» de Zhdánov después de 1948, con su insistencia en cuáles eran las posturas «correctas» respecto a todo, desde la botánica a la poesía, produjeron un especial impacto en las democracias populares de la Europa del Este. La sumisa adhesión intelectual a una línea de partido, establecida desde hacía tiempo en la Unión Soviética, donde en todo caso ya existía una tradición presoviética de represión y ortodoxia, resultó más dura en países que acababan de emerger del relativamente benigno régimen de los Habsburgo. En la Europa central del siglo XIX, los intelectuales y los poetas habían adquirido el hábito y la responsabilidad de manifestarse en nombre de la nación. Bajo el gobierno comunista, su función fue diferente. De haber representado de forma abstracta a un «pueblo», pasaron a ser meros portavoces culturales de (verdaderos) tiranos. Y, lo que era peor, pronto se convertirían en candidatos a ser elegidos como víctimas propiciatorias por su cosmopolitismo, «parasitismo» u origen judío por estos mismos tiranos en su afán por encontrar chivos expiatorios para sus errores.

De este modo, la mayor parte del entusiasmo de los intelectuales de la Europa del Este por el comunismo, incluso en Checoslovaquia, donde se había sentido con más fuerza, se había evaporado ya a la muerte de Stalin, si bien se prolongaría algunos años más en forma de proyectos de «revisión» o «comunismo reformista». La división dentro de los Estados comunistas ya no se reducía a la que existía entre el comunismo y sus oponentes. La verdadera distinción se produjo de nuevo entre los que ejercían la autoridad (el Partido-Estado, con su policía, su burocracia y su intelligentsia doméstica) y todos los demás.

En este sentido, la falla no se encontraba tanto entre el Este y el Oeste como dentro de la Europa del Este y la del Oeste, por igual. En la Europa del Este, como hemos visto, el Partido Comunista y su aparato vivían en un estado de guerra no declarada con el resto de la sociedad, y el avance del comunismo había establecido unas nuevas líneas de batalla: entre aquellos para quienes el comunismo había representado algún beneficio social de uno u otro tipo y aquellos para los que había supuesto discriminación, desilusión y represión. En la Europa occidental, la misma falla separaba a los numerosos intelectuales que quedaban a un lado u otro de ella; pero el entusiasmo por la teoría comunista solía ser proporcionalmente inverso a la experiencia directa de su puesta en práctica.

Esta extendida ignorancia del destino de la Europa del Este contemporánea, acompañada de la creciente indiferencia occidental, constituyó una fuente de desconcierto y frustración para muchos ciudadanos del Este. El problema para los intelectuales y otros ciudadanos del Este no era su situación periférica, dado que este era un destino al que llevaban mucho tiempo resignados. Lo que les apenaba después de 1948 era su doble exclusión: de su propia historia, debido a la presencia soviética, y de la conciencia de Occidente, cuyos más famosos intelectuales hicieron caso omiso de su experiencia y su ejemplo. En los escritos de la Europa del Este sobre la Europa occidental de los primeros años de la década de 1950 se observa un tono reiterado de agravio y desconcierto: de «desengaño amoroso», como lo describió Miłosz en La mente cautiva. ¿No se daba cuenta Europa —escribió el exiliado rumano Mircea Eliade en abril de 1952— de que le habían amputado parte de su propio cuerpo? «Porque […] dado que todos estos países están en Europa, todos sus pueblos pertenecen a la comunidad europea».

Pero la cuestión era que estos países ya no pertenecían a Europa. El éxito de Stalin a la hora de llevar su perímetro defensivo al mismo centro de Europa había eliminado a la Europa del Este de la ecuación. Tras la Segunda Guerra Mundial, la vida intelectual y cultural europea solo se producía en un escenario drásticamente reducido, del que polacos, checos y otras nacionalidades habían quedado excluidos de repente. Y, a pesar del hecho de que el desafío del comunismo estuviera siempre presente en el núcleo de todos los debates y disputas de la Europa occidental, la experiencia práctica del «comunismo real y existente» que tenía lugar a unos cuantos kilómetros al este no recibía apenas atención: y, por parte de los más fervientes admiradores del comunismo, ninguna en absoluto.

La situación intelectual de la Europa occidental hubiera sido irreconocible incluso para un visitante procedente del pasado más reciente. La Europa central de habla alemana (la locomotora de la cultura europea durante el primer tercio del siglo XX) había dejado de existir. Viena, que a raíz del derrocamiento de los Habsburgo en 1918 había quedado ya convertida en una sombra de lo que había sido, fue dividida, al igual que Berlín, entre las cuatro potencias aliadas. Apenas podía alimentar o vestir a sus ciudadanos, y mucho menos contribuir a la vida intelectual del continente. Los filósofos, economistas, matemáticos y científicos austríacos, al igual que sus coetáneos de Hungría y el resto de la anterior monarquía dual, habían escapado al exilio (a Francia, Gran Bretaña, los dominios británicos o Estados Unidos), colaborado con las autoridades o habían muerto.

La propia Alemania había quedado en ruinas. La emigración intelectual alemana posterior a 1933 no había dejado atrás a ninguna figura de prestigio que no estuviera comprometida de alguna forma con el régimen. El conocido coqueteo de Martin Heidegger con los nazis solo puede considerarse atípico por las controvertidas implicaciones que ello tuvo en sus influyentes escritos filosóficos; decenas de miles de los otros Heidegger menos conocidos que trabajaban en colegios, universidades, las burocracias nacionales y locales, o periódicos e instituciones culturales, también habían participado del mismo entusiasmo por adaptar sus escritos y sus actuaciones a las exigencias nazis.

El panorama de la Alemania de la postguerra se vio aún más complicado por la existencia de las dos Alemanias: una de las cuales se atribuía el monopolio de la tradición del pasado «bueno» de Alemania: antifascista, progresista, ilustrado. Muchos intelectuales y artistas estuvieron tentados a unirse a la zona soviética y su sucesora, la República Democrática Alemana. A diferencia de la República Federal de Bonn, no completamente desnazificada y renuente a enfrentarse cara a cara con el reciente pasado alemán, la Alemania del Este insistía orgullosa en su historial antinazi. Las autoridades comunistas dieron la bienvenida a los historiadores, dramaturgos o directores de cine que querían recordar a su público los crímenes de la «otra» Alemania, siempre que respetaran ciertos tabúes. Algunos de los mejores talentos que habían sobrevivido a los días de la República de Weimar emigraron al este.

Una de las razones de ello se debía al hecho de que la Alemania del Este ocupada por los soviéticos era el único Estado del bloque del Este con un Doppelgänger o «doble» occidental, por lo que sus intelectuales tenían un acceso al público occidental del que carecían los escritores rumanos o polacos. Y si la censura y la presión se hacían intolerables, seguía quedando la opción de regresar al oeste, a través de los puntos de paso de Berlín, al menos hasta 1961, cuando se construyó el muro. Así, Bertolt Brecht optó por vivir en la RDA; jóvenes escritores como Christa Wolf decidieron permanecer allí y otros más jóvenes aún, como el disidente Wolf Biermann, emigraron de hecho al Este para estudiar y escribir (en el caso de Biermann, a los 17 años, en 1953)[3].

El atractivo que los radicales intelectuales del «materialista» occidente encontraban en la RDA era la imagen progresista, igualitaria y antinazi que esta pretendía dar, presentada como una alternativa escueta y sobria a la República Federal. Esta última parecía tener que cargar de repente con una historia que prefería no mencionar, aunque, al mismo tiempo, se sentía también curiosamente aligerada de dicho peso, carente de raíces políticas y dependiente desde el punto de vista cultural de los aliados occidentales, especialmente Estados Unidos, que la había inventado. La vida intelectual de los primeros años de la República Federal carecía de dirección política. Las opciones radicales de cualquier extremo político estaban expresamente excluidas de la vida pública, y los jóvenes escritores como Böll se mostraban reacios a participar en la política de partido (en claro contraste con la generación siguiente a la suya).

Ciertamente, no faltaban canales culturales: para 1948, una vez superada la escasez de papel y restablecidas las redes de distribución, en la zona occidental de Alemania circulaban más de doscientas publicaciones culturales (si bien muchas de ellas desaparecieron tras la reforma monetaria), y la nueva República Federal podía presumir de un amplio catálogo de periódicos de calidad, especialmente el nuevo semanario Die Zeit, editado en Hamburgo. Y, sin embargo, Alemania estuvo, y siguió estando durante bastantes años, un tanto apartada de la vida intelectual dominante en Europa. Melvin Lasky, un periodista y editor occidental residente en Berlín, escribió sobre la situación intelectual alemana de 1950 en estos términos: «Yo creo que nunca en la historia moderna una nación y un pueblo se han mostrado tan exhaustos, tan privados de inspiración e incluso de talento».

El contraste con la anterior preeminencia cultural de Alemania explica en parte la desilusión que sintieron muchos observadores nacionales y extranjeros al contemplar la nueva República: Raymond Aron no fue el único en recordar que hacía algunos años parecía que iba a ser el siglo de Alemania. Dado el alcance de la contaminación y la descalificación sufrida por la cultura alemana a causa de su apropiación para los propósitos nazis, no estaba ya claro lo que los alemanes podían ahora aportar a Europa. Los escritores y pensadores alemanes se mostraban lógicamente obsesionados por dilemas peculiarmente alemanes. Resulta significativo que Karl Jaspers, la única figura eminente del mundo intelectual prenazi que tomó parte en los debates posteriores a 1945, sea principalmente conocido por una singular aportación al debate interno alemán: su ensayo de 1946 sobre La cuestión de la culpa alemana. Pero lo que más contribuyó a marginar a los intelectuales de Alemania Occidental en la primera década de la postguerra fue su forma deliberada de evitar la política ideológica, en un momento en el que el debate público se hallaba intensamente politizado y dividido.

También los británicos vivieron bastante marginados de la vida intelectual europea durante aquellos años, si bien por muy diferentes razones. Las discusiones políticas que dividían a Europa no eran desconocidas en Gran Bretaña (los enfrentamientos de la época de entreguerras sobre el pacifismo, la Depresión y la Guerra Civil española habían dividido al Partido Laborista y a la izquierda intelectual, y dichas divisiones no se habían olvidado todavía años después). Pero en la Gran Bretaña de entreguerras ni los fascistas ni los comunistas habían conseguido traducir las disensiones sociales en una revolución política. Los fascistas se hallaban en su mayoría confinados en los barrios más pobres de Londres, donde durante la década de 1930 habían explotado el antisemitismo popular; el Partido Comunista de Gran Bretaña (CPGB) nunca había reunido suficiente apoyo fuera de sus feudos de la industria naviera escocesa, algunas comunidades mineras y unas cuantas fábricas de la región central de Inglaterra. Incluso en su momento de máximo apoyo electoral, en 1945, el Partido no había conseguido más que 102.000 votos (el 0,4 por ciento del voto nacional) y dos representantes parlamentarios, que perdieron sus escaños en las elecciones de 1950. En las elecciones de 1951, el CPGB apenas obtuvo 21.000 votos de una población de aproximadamente 49 millones.

El comunismo en el Reino Unido era una abstracción política. Ello no significaba en modo alguno que el marxismo no despertara simpatías intelectuales, especialmente entre la intelligentsia londinense y en las universidades. El bolchevismo había ejercido desde el principio un cierto atractivo sobre los socialistas fabianos británicos como H. G. Wells, quien encontraba en las políticas de Lenin e incluso Stalin un elemento familiar y benévolo: la ingeniería social aplicada desde instancias superiores por los expertos en la materia. Y los jerarcas de la izquierda británica, así como sus coetáneos del Foreign Office, no tenían tiempo para ocuparse de las tribulaciones de los pequeños países situados entre Alemania y Rusia, a los que siempre se había considerado como una especie de incordio.

Pero mientras estas cuestiones despertaban un acalorado debate al otro lado del Canal de la Mancha, el comunismo no movilizaba ni dividía a los intelectuales británicos en la misma medida ni mucho menos. Como George Orwell señaló en 1947, «los ingleses no están lo suficientemente interesados en cuestiones intelectuales para mostrarse intolerantes frente a ellas». En Inglaterra (y en menor medida en el resto de Gran Bretaña), el debate intelectual y cultural se centraba en cambio en una preocupación de carácter doméstico: los primeros indicios de una ansiedad de varias décadas acerca del «ocaso» nacional. Resulta sintomático del ánimo ambivalente de la Inglaterra de la postguerra que el país hubiera librado y ganado una guerra de seis años contra su mortal enemigo y ahora se embarcara en un experimento sin precedentes con el capitalismo del bienestar, y sin embargo los comentaristas culturales estuvieran obsesionados por los indicios de fracaso y deterioro.

Así lo afirmaba T. S. Eliot en sus Notas para la definición de la cultura (1948): «El nuestro es un periodo de declive; los niveles de cultura son más bajos que hace cincuenta años y las pruebas de este declive son evidentes en todos los ámbitos de la actividad humana». En función de similares preocupaciones, la British Broadcasting Corporation (BBC) comenzó su Tercer Programa en la radio en 1946: un producto altruista y culturalmente ambicioso explícitamente destinado a fomentar y extender la «calidad» y dirigido a lo que en la Europa continental se entendería por intelligentsia, pero cuya mezcla de música clásica, charlas sobre la actualidad y serios debates resultaba característicamente inglesa en su forma deliberada de eludir los temas polémicos o delicados desde el punto de vista político.

No es que a los británicos no les interesaran los asuntos europeos. Las revistas semanales y periódicas cubrían con regularidad la política y la literatura europeas, y los británicos podían estar perfectamente informados si lo deseaban. Ni que no fueran conscientes del alcance del trauma por el que Europa acababa de pasar. Cyril Connolly se expresaba así acerca de la situación de la Europa de aquel momento en su propia revista Horizon, en septiembre de 1945: «Moral y económicamente Europa ha perdido la guerra. La gran carpa de la civilización europea bajo cuya luz amarillenta todos crecimos, leímos, escribimos, amamos o viajamos, se ha venido abajo; las cuerdas que la sujetaban se han ido deshilachando, el poste central está roto, las sillas y las mesas están destrozadas, la tienda ha quedado vacía, las rosas se marchitan en sus maceteros…».

Pero a pesar de esta preocupación por el estado del continente, los comentaristas británicos (y especialmente los ingleses) se mantenían un poco al margen, como si los problemas de Europa y de Gran Bretaña, aunque evidentemente relacionados, fueran a pesar de todo distintos en algunos aspectos cruciales. Salvo notables excepciones[4], los intelectuales no desempeñaron ningún papel importante en los grandes debates de la Europa continental, sino que los observaron desde la línea de banda. En términos generales, solo los asuntos urgentes desde el punto de vista político despertaban algún interés intelectual en Gran Bretaña, mientras que los temas continentales de carácter intelectual quedaban por lo general circunscritos a los círculos académicos del Reino Unido, si es que no pasaban completamente desapercibidos.

En Italia, la situación era casi exactamente la contraria. De todos los países de la Europa occidental, Italia era el que había experimentado más directamente los males de la época. El país había sido gobernado durante veinte años por el primer régimen fascista del mundo. Había sido ocupado por Alemania y más tarde liberado por los aliados occidentales en una lenta guerra de desgaste y destrucción que había durado casi dos años, asolado tres cuartas partes del país, y llevado a gran parte de sus tierras y sus gentes a la indigencia casi absoluta. Por otra parte, desde septiembre de 1943 a abril de 1945, el norte de Italia se había visto sacudido por lo que prácticamente equivalía a una guerra civil en toda la extensión del término.

Como antiguo Estado del Eje, Italia era objeto de las sospechas tanto de Occidente como del Este. Hasta la ruptura de Tito con Stalin, la cuestión sin resolver de la frontera de Italia con Yugoslavia constituyó el punto más potencialmente conflictivo de la Guerra Fría, y la difícil relación del país con su vecino comunista se vio además complicada por la presencia en Italia del Partido Comunista más numeroso fuera del bloque soviético, con 4.350.000 votantes (el 19 por ciento del total) en 1946, que aumentaron a 6.122.000 (el 23 por ciento del total) en 1953. Este mismo año, el número de afiliados al Partido Comunista Italiano (PCI) alcanzó la cifra de 2.145.000. La influencia local del Partido se vio fortalecida además por un cuasimonopolio del poder en ciertas regiones (especialmente en la Emilia-Romagna, la comarca en torno a la ciudad de Bolonia), el apoyo que le prestaba el Partido Socialista Italiano (PSI[5]); y la gran popularidad de su perspicaz y reflexivo líder, Palmiro Togliatti.

Por todas estas razones, la vida intelectual de la Italia de la postguerra estuvo altamente politizada y estrechamente vinculada al problema del comunismo. La inmensa mayoría de los jóvenes intelectuales italianos, incluidos algunos que habían sentido la tentación fascista, se había formado a la sombra de Benedetto Croce. La peculiar mezcla de su filosofía idealista hegeliana con su política de liberalismo decimonónico había constituido una referencia ética para una generación de intelectuales antifascistas; pero en las circunstancias de la postguerra parecía claramente insuficiente. La verdadera elección a la que se enfrentaban los italianos se presentaba como una cruda alternativa: el clericalismo politizado (la alianza entre un Vaticano conservador presidido por Pío XII y los cristianodemócratas apoyados por Estados Unidos) o el marxismo político.

El PCI se caracterizaba por un rasgo que lo distinguía de otros partidos comunistas del Este y del Oeste. Desde sus comienzos, había sido liderado por intelectuales. Togliatti, al igual que Antonio Gramsci y el resto de los jóvenes que lo habían fundado veinte años atrás, eran notablemente más inteligentes (y respetuosos con la inteligencia) que los dirigentes de los demás partidos comunistas de Europa. Por otra parte, durante la década siguiente a la Segunda Guerra Mundial, el Partido había acogido con los brazos abiertos a los intelectuales, como miembros y como aliados, y había tenido buen cuidado de suavizar aquellos elementos de la retórica del Partido que podían alejarlos de él. De hecho, Togliatti adaptó conscientemente el llamamiento comunista a los intelectuales italianos con arreglo a una fórmula ideada por él mismo: «mitad Croce y mitad Stalin».

La fórmula tuvo un éxito extraordinario. El camino del antifascismo liberal de Croce al marxismo político fue seguido por algunos de los jóvenes líderes más valiosos del Partido Comunista Italiano: hombres como Giorgio Amendola, Lucio Lombardo Radice, Pietro Ingrao, Carlo Cassola y Emilio Sereni, todos ellos llegados a la política comunista procedentes de la filosofía y la literatura. A partir de 1946 se unieron a ellos otros hombres y mujeres desilusionados por el fracaso del Partido de la Acción a la hora de poner en práctica las aspiraciones de la resistencia de la guerra, lo que marcó el final de las esperanzas de una alternativa laica, radical y no marxista en la vida pública italiana. «Los abochornados crocistas», los denominó un escritor en aquel momento.

Presentado como el portavoz del progreso y la modernidad en un país estancado, y como la única esperanza para una reforma social y política práctica, el PCI reunió en torno a sí una corte de escritores y eruditos de pensamiento similar, que confirieron al Partido y a sus políticos un aura de respetabilidad, inteligencia e incluso ecumenismo. Pero con la división de Europa, la estrategia de Togliatti sufrió una presión cada vez mayor. Las críticas dirigidas por los soviéticos al PCI durante la primera reunión del Cominform, en septiembre de 1947, revelaban la determinación de Stalin a poner a los comunistas italianos (al igual que a los franceses) bajo un control más estricto; sus tácticas políticas debían coordinarse más estrechamente con Moscú y su actitud tolerante respecto a los temas culturales tenía que ser sustituida por la intransigente tesis de Zhdánov sobre las «dos culturas». Entre tanto, con la descarada pero exitosa intervención de Estados Unidos a favor de los cristianodemócratas en las elecciones de 1948, la política de postguerra de Togliatti de trabajar con las instituciones de la democracia liberal empezó a parecer ingenua.

Por tanto, cualesquiera que fuesen sus dudas, Togliatti no tuvo más opción que ejercer un control más estricto e imponer las normas estalinistas. Esto provocó la pública discrepancia entre algunos intelectuales del Partido que hasta ahora se habían sentido libres para distinguir entre la autoridad política del Partido, que no cuestionaban, y el terreno de la «cultura», en el que tenían en gran estima su autonomía. Como Vittorini, el editor de la revista cultural comunista Il Politecnico, había recordado a Togliatti en una carta abierta allá por enero de 1947, la «cultura» no podía subordinarse a la política, salvo a costa de ella misma y de la verdad.

Togliatti, que había pasado la década de 1930 en Moscú y había desempeñado un importante papel en las operaciones españolas del Comintern en 1937-1938, opinaba de otra manera. En un Partido Comunista todos recibían sus instrucciones de la superioridad, todo estaba subordinado a la política. La «cultura» no era una zona protegida en la que no fueran aplicables los dictámenes soviéticos. Vittorini y sus compañeros tendrían que aceptar la línea del Partido en la literatura, el arte y las ideas o, si no, marcharse. Durante algunos años, el Partido italiano extremó su fidelidad a la autoridad soviética, y por consiguiente Vittorini y otros muchos intelectuales se fueron distanciando de él. Pero a pesar de la inquebrantable lealtad de Togliatti a Moscú, el PCI nunca perdió una cierta «aura» adogmática, como el único Partido Comunista importante que había tolerado e incluso abrazado la discrepancia inteligente y la autonomía de pensamiento, una reputación que le sería muy útil en décadas posteriores.

De hecho, los críticos de Togliatti de la izquierda no comunista se vieron sistemáticamente influidos por la percepción nacional y (especialmente) internacional de que el PCI no era como otros partidos comunistas. Como Ignazio Silone reconocería más adelante, los únicos culpables de ello fueron, entre otros, los socialistas italianos. Las estrechas relaciones entre los comunistas y los socialistas italianos, al menos hasta 1948, y la consiguiente renuencia de los marxistas no comunistas a criticar a la Unión Soviética, impidieron la emergencia en Italia de una clara alternativa de izquierdas al comunismo.

Pero si Italia constituía un caso inusual en la Europa occidental por la imagen relativamente simpática de sus comunistas, también resultaba atípico por otra razón. El derrocamiento de Mussolini en 1943 no podía ocultar la complicidad de muchos intelectuales italianos con su mandato de veinte años. El ultranacionalismo de Mussolini se había dirigido, entre otras cosas, contra la cultura y la influencia extranjeras; y el fascismo había favorecido flagrantemente a los intelectuales «nacionales» con la aplicación a la literatura y las bellas artes de unas políticas autárquicas de protección y sustitución similares a las impuestas a otros productos extranjeros más comunes.

Como es inevitable, muchos intelectuales italianos (especialmente los más jóvenes) habían aceptado el apoyo y las subvenciones del Estado fascista: la alternativa era el exilio o el silencio. El propio Elio Vittorini había conseguido algunos premios en los concursos literarios fascistas. Vittorio de Sica había sido un conocido actor de cine en la época fascista antes de convertirse en el principal exponente del neorrealismo de la postguerra. Su compañero neorrealista, Roberto Rossellini, cuyas películas de la postguerra reflejaban claramente sus simpatías políticas comunistas, había recibido ayuda unos cuantos años antes de las autoridades para dirigir documentales y largometrajes en la Italia de Mussolini. Y no era un caso aislado. En 1943 la dictadura de Mussolini había constituido el orden de cosas normal para los muchos millones de italianos que no habían conocido otro gobierno en la época de paz[6].

La actitud moral de la gran mayoría de los intelectuales italianos de los años de la postguerra reflejaba por consiguiente la un tanto ambivalente posición del país en general, incómodamente implicado por su pasado autoritario como para ocupar un lugar central en los asuntos de la postguerra europea. En todo caso, llevaba apartada desde hacía tiempo de la cultura moderna europea, tal vez debido a la peculiaridad de su historia y sus acuerdos: Nápoles, Florencia, Bolonia, Milán y Turín formaban cada una su pequeño mundo, con sus propias universidades, periódicos, academias y clase intelectual. Roma constituía la fuente de la autoridad, de patrocinio y el locus del poder. Pero nunca monopolizó la vida cultural de la nación.

Por tanto, al final, solo podía haber un lugar para la vida intelectual europea de los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial: solo una ciudad, una capital nacional cuyas obsesiones y divisiones pudieran reflejar y al mismo tiempo definir la situación cultural del continente en general. Sus competidoras habían sido hechas prisioneras, se habían destruido a sí mismas o se las había absorbido localmente. A partir de 1920, cuando un Estado europeo detrás de otro empezaron a caer en manos de dictadores, los refugiados políticos y los exiliados intelectuales se habían dirigido a Francia. Algunos habían permanecido allí durante la guerra y se habían unido a la Resistencia, donde muchos habían sido víctimas del régimen de Vichy y los nazis. Otros habían escapado a Londres, Nueva York o Latinoamérica, de donde regresarían tras la Liberación. Otros, como Czesław Miłosz o el historiador y periodista político húngaro François Fejtő no emigraron hasta que los golpes de Estado soviéticos en Europa del Este los obligaron a huir, momento en el que lo más natural parecía marcharse directamente a París.

El resultado fue que, por primera vez desde la década de 1840, cuando Karl Marx, Heinrich Heine, Adam Mickiewicz, Giuseppe Mazzini y Alexander Herzen vivieron en el exilio parisiense, Francia se constituía de nuevo en el hogar natural de acogida para los desheredados intelectuales europeos, el centro de intercambio de información para el pensamiento y la política europeos. Durante la postguerra, la vida intelectual parisiense había sido doblemente cosmopolita: hombres y mujeres de toda Europa tomaron parte en ella, y se convirtió en el único foro europeo en el que las opiniones y los debates locales se magnificaban y transmitían a una amplia e internacional audiencia.

De esta manera, a pesar de la aplastante derrota de Francia en 1940, su humillante sometimiento a cuatro años de ocupación alemana, la ambigüedad moral (o algo peor) del régimen de Vichy del mariscal Pétain y la embarazosa subordinación del país a Estados Unidos y Gran Bretaña durante los contactos diplomáticos de los años de la postguerra, la cultura francesa se convirtió una vez más en el centro de la atención internacional. Los intelectuales franceses adquirieron una especial relevancia internacional como portavoces de la época, y el tenor de los debates políticos franceses personificó el desgarro ideológico del mundo en general. De nuevo, y por última vez, París era la capital de Europa.

La ironía de este resultado no pasó inadvertida a sus contemporáneos. Fue la casualidad histórica lo que hizo que los intelectuales franceses pasaran a un primer plano, dado que sus preocupaciones no eran menos locales que las de los demás. La Francia de la postguerra estaba igual de absorbida por sus propios problemas de ajuste de cuentas, escasez e inestabilidad política que cualquier otro país. Los intelectuales franceses reinterpretaban la política del resto del mundo a la luz de sus propias obsesiones, y la autosuficiencia narcisista de París en relación con Francia se proyectó sin la menor autocrítica hacia el mundo en general. Según la célebre descripción de Arthur Koestler, los intelectuales franceses de la postguerra («los pequeños presumidos de Saint-Germain des Prés») eran «mirones que observaban los escándalos de la historia a través de un agujero en la pared». Pero la historia les concedió una posición privilegiada.

Las divisiones que caracterizarían a la comunidad intelectual francesa en años posteriores no se evidenciaron inmediatamente. Cuando Jean Paul Sartre fundó Les Temps Modernes en 1945, el consejo editorial incluía no solo a Simone De Beauvoir y Maurice Merleau-Ponty, sino también a Raymond Aron, lo que reflejaba un amplio consenso en la política de izquierdas y en la filosofía «existencial». Esta etiqueta se aplicó también (muy a su pesar) a Albert Camus, por entonces íntimo amigo de Sartre y De Beauvoir, y, desde su columna editorial del periódico Combat, el escritor más influyente de la Francia de la postguerra.

Todos ellos compartían una cierta actitud résistantialiste (aunque solo Camus había participado activamente en la resistencia, ya que Aron estaba en Londres con los Franceses Libres y los demás pasaron los años de la ocupación más o menos tranquilos). En palabras de Merleau-Ponty, la lucha de los tiempos de la guerra había permitido a los intelectuales franceses superar el dilema de «ser versus hacer». A partir de entonces estaban «en» la historia y debían comprometerse de lleno con ella. Su situación ya no les permitía a los intelectuales el lujo de rehusar comprometerse a sí mismos con las opciones políticas; la auténtica libertad consistía en aceptar esta verdad. En palabras de Sartre: «Ser libre no es hacer lo que uno quiere, sino en querer hacer lo que uno puede».

Otra lección que Sartre y su generación afirmaban haber aprendido de la guerra era la inevitabilidad y, por tanto, en cierta medida, la conveniencia de la violencia política. Esto quedaba lejos de constituir una interpretación característicamente francesa de la experiencia reciente: en 1945 muchos europeos habían vivido ya tres décadas de violencia política y militar. La gente joven de todo el continente estaba habituada a un cierto grado de brutalidad pública, tanto de palabra como de obra, que hubiera sorprendido a sus antepasados del siglo XIX. Y la retórica política moderna ofrecía una «dialéctica» con la que domeñar los llamamientos a la violencia y al conflicto: Emmanuel Mounier, editor de la revista Esprit e influyente figura de la izquierda cristiana, hablaba sin duda por muchos cuando en 1949 afirmó que era hipócrita oponerse a la violencia o la lucha de clases cuando las víctimas del capitalismo sufrían diariamente la «violencia de guante blanco».

Pero, en Francia, el atractivo de las soluciones violentas constituía algo más que una mera proyección de la experiencia reciente. Era también el eco de una herencia anterior. Las acusaciones de colaboración, delación, traición, la reivindicación del castigo y la llamada a empezar de nuevo no comenzaron con la liberación. Se remontaban a una venerable tradición francesa. Desde 1792, los extremos revolucionarios y contrarrevolucionarios de la vida pública francesa ejemplificaban y reforzaban la doble división del país: a favor y en contra de la monarquía, a favor y en contra de la Revolución, a favor y en contra de Robespierre, a favor y en contra de las Constituciones de 1830 y 1848, a favor y en contra de la Comuna. Ningún otro país contaba con una experiencia tan extensa y continuada de política bipolarizada, subrayada por la historiografía convencional del mito revolucionario inculcado a los escolares franceses durante muchas décadas.

Por otra parte, Francia, más que ninguna otra nación-Estado occidental, era un país cuya intelligentsia aprobaba e incluso veneraba la violencia como un instrumento de la política pública. Contaba George Sand que en 1835, durante un paseo por el Sena junto a un amigo que defendía con vehemencia una revolución proletaria sangrienta, este le explicó que solo cuando el Sena se tiñera de rojo, cuando París ardiera y los pobres ocuparan el lugar que por derecho les pertenecía, prevalecerían la justicia y la paz. Casi exactamente un siglo más tarde, el ensayista inglés Peter Quennell describió en el New Statesman que «muchos escritores franceses parecen dominados por un culto casi patológico a la violencia».

De este modo, cuando el veterano político del Partido Radical Édouard Herriot, presidente de la Asamblea Nacional Francesa hasta su muerte en 1957 a los 85 años, anunció el día de la liberación que la vida política normal no podría restaurarse hasta que «Francia hubiera pasado primero por un baño de sangre», la expresión no llamó la atención de los oídos franceses, aun cuando procediera de un barrigudo y provinciano parlamentario del centro político. Los lectores y escritores franceses llevaban mucho tiempo familiarizados con la idea de que el cambio histórico y el derramamiento de sangre depurador iban de la mano. Cuando Sartre y sus contemporáneos insistían en que la violencia comunista era una forma de «humanismo proletario», la «comadrona de la historia», resultaban más convencionales de lo que creían.

Esta familiaridad con la violencia revolucionaria del imaginario francés, acompañada de los recuerdos teñidos de sepia de la vieja alianza franco-rusa, predispusieron a los intelectuales franceses a recibir la apología comunista de la brutalidad soviética con oídos claramente comprensivos. La dialéctica también contribuía a ello. Al comentar el juicio de Slánský para la revista Les Temps Modernes de Sartre, Marcel Péju recordaba a sus lectores que matar a los enemigos políticos no tiene nada de malo. Lo que fallaba en Praga era que «la ceremonia a través de la que se los mata [esto es, el «juicio-espectáculo»] parece una caricatura de lo que podría ser si esta violencia se justificara desde una perspectiva comunista. Después de todo, los cargos no son prima facie inverosímiles».

Los intelectuales franceses que visitaban el bloque soviético se deshacían en elogios aún más líricos y entusiastas a la vista del avance del comunismo. Así, el poeta y surrealista Paul Éluard, al dirigirse a una (sin duda perpleja) audiencia de Bucarest en octubre de 1948, afirmaba: «Vengo de un país donde ya nadie se ríe, donde nadie canta. Francia es una sombra. Pero vosotros habéis descubierto la soleada felicidad». O, el mismo Éluard, al año siguiente en la Hungría ocupada por los soviéticos: «Un pueblo solo tiene que ser señor de su propia tierra, y en unos pocos años la felicidad será la ley suprema y la alegría, el horizonte cotidiano».

Éluard era comunista, pero sus sentimientos estaban muy extendidos incluso entre los muchos intelectuales y artistas que nunca militaron en el Partido. En 1948, tras el golpe checo, Simone De Beauvoir estaba segura de que los comunistas caminaban hacia la victoria en todas partes: como su contemporáneo Paul Nizan había escrito muchos años antes, un filósofo revolucionario solo puede ser eficaz si elige la clase que sostiene la revolución, y los comunistas se habían autoerigido en los representantes de dicha clase. Los intelectuales comprometidos estaban obligados a ponerse de lado del progreso y la historia, fueran cuales fuesen las vicisitudes morales puntuales[7].

La importancia de la cuestión comunista para los intelectuales franceses era también consecuencia de la omnipresencia del Partido Comunista Francés (PCF). Aunque nunca fue tan numeroso como el Partido italiano (su afiliación no superó nunca los 800.000 miembros), en los primeros años de la postguerra el PCF obtuvo un éxito electoral mayor, con un 28 por ciento de los votos en 1946. Y a diferencia de los comunistas italianos, los comunistas franceses no tuvieron que enfrentarse a un partido católico unificado de centro-derecha. Por el contrario, el Partido Socialista Francés, gracias a su larga experiencia de entreguerras con las tácticas comunistas, no se alineó incuestionablemente con los comunistas en las primeras etapas de la Guerra Fría (aunque a una minoría de sus miembros les hubiera gustado que así fuera). Por tanto, el PCF era más fuerte y más independiente que ningún otro partido comunista.

Además, se distinguía por no simpatizar con los intelectuales. En claro contraste con los italianos, el PCF siempre había estado dirigido por duros y cerriles burócratas del Partido, como el exminero Maurice Thorez, que lo dirigió desde 1932 hasta su muerte en 1964. Para Stalin, la cualidad más importante de Thorez era que, al igual que Gottwald en Checoslovaquia, se podía confiar en que hacía todo lo que se le mandaba sin hacer preguntas. No es casual que, tras haber desertado del ejército francés durante la pseudoguerra de 1939-1940, Thorez pasara los cinco años siguientes en Moscú. El Partido Comunista Francés era un partido satélite fiable si bien algo rígido, un útil vehículo para alabar y poner en práctica la línea estalinista.

En la generación de estudiantes de la postguerra, deseosa de liderazgo, orientación, disciplina y promesas de acción en camaradería con «los trabajadores», esta rigidez ejerció cierto atractivo, al menos durante algunos años: como el entusiasmo inicial que sus homólogos checos o polacos habían despertado en sus colegas del este. Pero para intelectuales franceses más asentados, el fervor con el que los comisarios culturales del PCF imponían diariamente la ortodoxia en las ampulosas páginas de L’Humanité y en todas partes, planteaba un desafío cotidiano a sus ideas progresistas. Los escritores o intelectuales que se habían unido al PCF no podían esperar, como Vittorini en Italia o el Grupo de Historiadores del Partido Comunista de Londres, que se les concediera ni la más mínima libertad de acción[8].

Por esta razón, las afinidades de la intelligentsia parisiense son nuestra guía más sólida para detectar las fallas en la fe y la opinión en la Europa de la Guerra Fría. En París más que en ningún otro lugar, los cismas intelectuales dibujaron los contornos de los políticos, tanto nacional como internacionalmente. Los «juicios-espectáculo» de la Europa del Este se debatieron con especial intensidad en París debido a que un gran número de sus víctimas comunistas había vivido y trabajado en Francia. László Rajk había estado confinado en Francia tras la Guerra Civil española; Artur London había trabajado en la resistencia francesa, estaba casado con una destacada comunista francesa y sería el futuro suegro de otra; «André Simone» (Otto Katz, otra de las víctimas del juicio de Slánský) era ampliamente conocido en los círculos periodísticos parisienses por su trabajo durante los años treinta; Traicho Kostov era bien recordado por su época como funcionario del servicio exterior búlgaro en París (su arresto en Sofía le convirtió en portada del periódico de Camus, Combat).

París fue además sede de dos influyentes juicios políticos. En 1946 Viktor Kravchenko, un burócrata soviético de categoría intermedia que había huido a Estados Unidos en abril de 1944, publicó sus memorias, Yo elegí la libertad. Cuando estas aparecieron en Francia, en mayo del año siguiente, bajo el título J’ai choisi la Liberté, causaron sensación por su descripción de las purgas y masacres soviéticas y, especialmente, por la del sistema de los campos de concentración soviéticos, el gulag. En noviembre de 1947, dos meses después de la reunión del Cominform celebrada en Polonia, en la que se había hurgado en el pasado de los líderes del PCF por no atenerse a la línea dura soviética, la revista intelectual del Partido, Les Lettres françaises, publicó una serie de artículos que afirmaban que el libro de Kravchenko era una trama de mentiras tejidas por los servicios secretos norteamericanos. Cuando el periódico repitió y amplificó estos cargos en abril de 1948, Kravchenko interpuso una demanda por libelo.

En el juicio, que duró desde el 24 de enero al 4 de abril de 1949, Kravchenko presentó en su defensa una serie de testigos bastante oscuros; pero los demandados podían blandir un fajo de declaraciones de destacados intelectuales no comunistas franceses: el novelista de la resistencia Vercors, el físico y Premio Nobel Frédéric Joliot-Curie, el crítico de arte Jean Cassou, el héroe de la resistencia y director del Museo de Arte Moderno de París, y otros muchos. Todos ellos atestiguaron el impecable historial del Partido Comunista Francés, las indiscutibles credenciales revolucionarias de la Unión Soviética y las inaceptables implicaciones de las afirmaciones de Kravchenko, aunque fueran ciertas. En el juicio, Kravchenko recibió un simbólico e insultante franco por daños y perjuicios.

Esta victoria «moral» de la izquierda progresista coincidió con la primera ronda de juicios importantes en la Europa del Este y la adopción de posturas intelectuales a favor y en contra de la Unión Soviética; como Sartre había empezado a insistir unos meses antes, «uno debe elegir entre la URSS y el bloque anglosajón». Pero, para muchos críticos de la Unión Soviética, Kravchenko había dejado mucho que desear como portavoz. Como veterano apparatchik soviético que había elegido el exilio en Estados Unidos, no resultaba nada atractivo para esos intelectuales anticomunistas europeos, tal vez la mayoría, tan interesados en mantener las distancias con Washington como en negar que Moscú tuviera el monopolio de las credenciales comunistas. Hacia una persona como él, escribieron Sartre y Merleau-Ponty en enero de 1950, no podíamos albergar sentimientos de fraternidad: era la prueba viva de la decadencia «de los valores marxistas en la propia Rusia».

Pero hubo otro juicio más difícil de ignorar. El 12 de noviembre de 1949, cuatro semanas después de la ejecución en Budapest de László Rajk, David Rousset publicó en Le Fígaro littéraire un llamamiento a antiguos internos de los campos de concentración nazis para que le ayudaran a llevar a cabo una investigación sobre los campos de concentración soviéticos. Basándose en el propio Código de Trabajos Correctivos de la Unión Soviética, argumentaba que dichos campos no eran centros de reeducación como afirmaban los funcionarios, sino más bien un sistema de campos de concentración que formaba parte de la economía y el sistema penal soviético. Una semana más tarde, de nuevo en Les Lettres françaises, los escritores comunistas Pierre Daix y Claude Morgan le acusaron de inventar sus fuentes y de caricaturizar a la URSS con bajas calumnias. Rousset presentó una demanda por difamación.

Los dramatis personae de esta confrontación eran extraordinariamente interesantes. Rousset no era un desertor del Kremlin. Era francés, había sido socialista durante muchos años, trotskista durante algún tiempo, héroe de la resistencia y superviviente de Buchenwald y Neuengamme, amigo de Sartre y cofundador con él, en 1948, de un efímero movimiento político, el Rassemblement démocratique révolutionnaire. Que un hombre como él acusara a la Unión Soviética de gestionar campos de concentración o de trabajo rompía claramente los esquemas políticos de la época. Daix también había sido arrestado por militar en la resistencia y deportado, en este caso a Mauthausen. Esta coincidencia entre dos antiguos activistas de izquierdas, militantes de la resistencia y supervivientes de los campos de concentración ilustra hasta qué punto las alianzas y lealtades políticas estaban en aquel momento subordinadas exclusivamente al comunismo.

La lista de testigos de Rousset incluía a diversos expertos de primera mano y máxima fiabilidad en el sistema de prisiones soviético, cuyas declaraciones culminaron con el dramático testimonio de Margarete Buber-Neumann, que había experimentado no solo en los campos soviéticos, sino también en Ravensbrück, donde fue enviada después de que Stalin la devolviera a los nazis en 1940, parte del pequeño cambio que supuso el Pacto Mólotov-Ribentrop. Rousset ganó el juicio. Tras el anuncio del veredicto en enero de 1950, Maurice Merleau-Ponty confesó que «estos hechos ponen absolutamente en cuestión el significado del sistema ruso». Simone De Beauvoir se sintió incluso obligada a introducir en su nuevo roman-à-clef[b] titulado Les mandarins una serie de angustiosos debates entre sus protagonistas sobre las noticias procedentes de los campos de concentración soviéticos (si bien ajustó a su conveniencia la cronología para que pareciera que Sartre y sus amigos tenían conocimiento de estos hechos ya desde 1946).

Para contrarrestar a Rousset y otros como él (y mantener a raya a los intelectuales progresistas), los partidos comunistas accionaron el resorte moral del «antifascismo». Este tenía la ventaja de resultar conocido. Para muchos europeos, su primera experiencia de movilización política fueron las ligas antifascistas, los frentes populares de la década de 1930. Para la mayoría, la Segunda Guerra Mundial era recordada como una victoria sobre el fascismo, y como tal había sido celebrada especialmente en Francia y Bélgica en los años de la postguerra. El «antifascismo» constituía un vínculo tranquilizador y ecuménico con una época menos complicada.

En el núcleo de la retórica antifascista desplegada por la izquierda oficial se alojaba una simple visión binaria de la filiación política: nosotros somos lo que ellos no son. Ellos (los fascistas, los nazis, los franquistas, los nacionalistas) son la derecha, nosotros la izquierda. Ellos son reaccionarios, nosotros progresistas. Ellos apoyan la guerra, nosotros la paz. Ellos son las fuerzas del mal, nosotros estamos del lado del bien. En palabras de Klaus Mann, pronunciadas en París en 1935: sea lo que sea el fascismo, nosotros no lo somos y estamos en contra de él. Dado que la mayoría de los oponentes antifascistas se preocupaban por definir su propia política como anticomunista por encima de todo (en ello residía parte del atractivo del nazismo de la época de la guerra para las élites conservadoras de países tan distantes como Dinamarca y Rumanía), esta perfecta simetría jugaba a favor de la postura comunista. El filocomunismo, o al menos el anti-anticomunismo, constituía la esencia lógica del antifascismo[9].

Desde luego, a la Unión Soviética le interesaba al máximo dirigir la atención hacia sus credenciales antifascistas durante los años de la postguerra, especialmente una vez Estados Unidos sustituyó a Alemania como su enemigo. La retórica antifascista se dirigía ahora contra Estados Unidos, al que se acusaba en primer lugar de defender a los revanchistas fascistas y, por extensión, se describía como una amenaza protofascista por derecho propio. Lo que hacía especialmente efectiva esta táctica comunista era, por supuesto, el extendido y genuino temor a una resurrección del fascismo en Europa o, como mínimo, a que de las ruinas surgiera una oleada de simpatía neofascista.

El «antifascismo», con su trasfondo de resistencia y alianza, también estaba relacionado con la persistencia de la favorable imagen de la Unión Soviética de la época de la guerra, la sincera simpatía que muchos europeos occidentales sentían por los heroicos vencedores de Kursk y Stalingrado. Como escribió Simone De Beauvoir en sus memorias, con su rotundidad característica: «Nuestra amistad con la URSS era sin reservas: los sacrificios del pueblo ruso habían demostrado que sus líderes encarnaban sus deseos». Stalingrado, según Edgar Morin, barrió todas las dudas, todas las críticas. También contribuyó el hecho de que París hubiera sido liberada por los aliados occidentales, cuyos pecados estaban más presentes en la memoria local.

Pero detrás de la rusofilia intelectual había más cosas. Es importante recordar lo que ocurría a solo algunos kilómetros hacia el este: El entusiasmo intelectual occidental por el comunismo tendía a exacerbarse no en las épocas del «comunismo de gulash» o del «socialismo con rostro humano», sino en las de las peores crueldades del régimen: 1935-1939 y 1944-1956. Escritores, catedráticos, artistas y periodistas con frecuencia admiraban a Stalin no a pesar de sus defectos, sino a causa de ellos. Fue mientras asesinaba a la gente a escala industrial, mientras los «juicios-espectáculo» mostraban la cara más macabra del comunismo soviético, cuando estos hombres y mujeres que estaban fuera del alcance de Stalin se sintieron más seducidos por el hombre y su culto. Era la absurdamente enorme brecha que separaba la retórica de la realidad la que lo hacía tan irresistible para los hombres y mujeres de buena voluntad en busca de una causa[10].

El comunismo entusiasmaba a los intelectuales de un modo que ni Hitler ni (especialmente) la democracia liberal podían soñar con igualar. El comunismo era exótico en cuanto a su escenario y heroico en cuanto a su escala. En 1950, Raymond Aron subrayó «la absurda sorpresa […] de que la izquierda europea haya tomado a un constructor de pirámides por su Dios». Pero ¿era en realidad tan sorprendente? Jean Paul Sartre, por ejemplo, se sintió más atraído por los comunistas en el preciso momento en que el «constructor de pirámides» se embarcaba en sus proyectos finales y más delirantes. La idea de que la Unión Soviética estaba comprometida en una búsqueda trascendental cuya misma aspiración justificaba y excusaba sus defectos ejercía un atractivo único sobre los intelectuales racionalistas. El gran pecado del fascismo había sido tener miras provincianas. Pero el comunismo apuntaba a unas metas netamente universales y trascendentes. Sus crímenes eran excusados por muchos observadores no comunistas como, digamos, el precio que había que pagar por negociar con la historia.

Pero aun así, a principios de la Guerra Fría, eran muchos los que en Europa occidental habrían podido ser más críticos con sus comunistas locales si no se hubieran visto cohibidos por el temor a que ello favoreciera y facilitara las cosas a sus enemigos políticos. Esta era también una herencia del «antifascismo», la insistencia en que «no había enemigos en la izquierda» (una norma a la que debe admitirse que el propio Stalin prestaba poca atención). Como el progresista Abbé Boulier explicaba a François Fejtő cuando trataba de impedir que este último escribiera sobre el juicio de Rajk: atraer la atención hacia los pecados del comunismo es «hacerle el juego a los imperialistas[11]».

Este temor a servir a los intereses antisoviéticos no era nuevo. Pero a principios de la década de 1950 era una estrategia básica en los debates intelectuales europeos, especialmente en Francia. Incluso después de que los «juicios-espectáculo» de la Europa del Este llevaran a Emmanuel Mounier y otros muchos de su grupo del Esprit a distanciarse del Partido Comunista Francés, todos ellos tuvieron buen cuidado en negar cualquier insinuación de que se hubieran vuelto «anticomunistas» o, aún peor, que hubieran dejado de ser «antiamericanos». El anti-anticomunismo se estaba convirtiendo en un fin político y cultural en sí mismo.

Así pues, en un lado de la línea divisoria de la cultura europea estaban los comunistas y sus amigos y apólogos: los progresistas y «antifascistas». En el otro, mucho más numeroso (fuera del bloque soviético) pero también claramente heterogéneo, estaban los anticomunistas. Dado que los anticomunistas cubrían toda la gama desde los trotskistas hasta los neofascistas, los críticos de la URSS a menudo se encontraban compartiendo una plataforma o una demanda con personas cuya política a otros respectos aborrecían. Estas nefastas alianzas constituían un blanco perfecto para la polémica soviética y a veces era difícil persuadir a los críticos liberales del comunismo para que expresaran sus opiniones en público por miedo a ser tachados de reaccionarios. Como Arthur Koestler explicó en 1948 ante un numeroso público en el Carnegie Hall, en Nueva York: «No puedes evitar que la gente tenga razón por motivos equivocados […]. Este temor a encontrarse en malas compañías no constituye una expresión de pureza política, sino de falta de confianza en uno mismo».

Los intelectuales genuinamente reaccionarios escaseaban durante la primera década de la postguerra. Incluso estos, como Jacques Laurent o Roger Nimier en Francia, que se definían abiertamente de derechas, encontraban cierto placer en reconocer que la suya era una causa perdida y alimentaban así una especie de nostalgia neobohemia por el desacreditado pasado y exhibían su falta de influencia política como una insignia de honor. Si la izquierda navegaba con el viento y la historia de su parte, entonces una nueva generación de literatos de ideología derechista se erigirían orgullosos en asumir el papel de desafiantes perdedores, tornando la indudable decadencia y el solipsismo morboso de escritores de entreguerras como Drieu la Rochelle y Ernst Jünger en un estilo social y elegante, con lo que se anticipaban a los «jóvenes carrozas» de la Gran Bretaña de la Sra. Thatcher.

Más representativos, al menos en Francia y Gran Bretaña, eran los intelectuales conservadores cuyo desagrado por el comunismo apenas había cambiado en treinta años. En ambos países, al igual que en Italia, los intelectuales católicos militantes desempeñaron un papel importante en las polémicas anticomunistas. Evelyn Waugh y Graham Greene sustituyeron a Hilaire Belloc y G. K. Chesterton en el espacio reservado a los brillantes y dispépticos tradicionalistas católicos. Pero mientras los conservadores ingleses se rebelaban furiosos contra la vacuidad de la vida moderna o bien se retiraban por completo de ella, un católico francés como François Mauriac se vio arrastrado de forma bastante natural a polemizar con la izquierda política.

Durante el largo periodo en el que Mauriac estuvo comprometido con los asuntos públicos (escribió regularmente para Le Figaro hasta que murió en 1970, con 85 años), sus discusiones casi siempre versaron sobre cuestiones de ética, primero con Albert Camus sobre la corrección de las purgas de la postguerra, más tarde con sus colegas conservadores sobre la guerra en Argelia, la cual él desaprobaba, y siempre con los comunistas, de los que abominaba. Como explicó a los lectores de Le Figaro el 24 de octubre de 1949, la justificación de los comunistas franceses para el «juicio-espectáculo» de Budapest, por entonces en curso, era «une obscénité de l’esprit». Pero la claridad moral de Mauriac sobre los crímenes del comunismo iba acompañada por aquellos años de un desagrado de índole igualmente moral hacia los «valores ajenos» de la sociedad norteamericana: como muchos conservadores europeos, siempre se sintió un poco incómodo por la alineación que la Guerra Fría les obligaba a mantener con Estados Unidos.

Esto no suponía ningún problema para realistas liberales como Raymond Aron. Como muchos otros «combatientes de la Guerra Fría» que militaban en el centro político europeo, Aron sentía escasa simpatía por Estados Unidos («la economía estadounidense no me parece —escribió— un modelo ni para la humanidad ni para Occidente»). Pero Aron comprendía la verdad esencial de la política europea posterior a la guerra: que los conflictos nacionales y extranjeros estarían a partir de entonces entrelazados. «En nuestros tiempos —escribió en julio de 1947—, tanto para los individuos como para las naciones, todo depende de una elección global, en realidad, geográfica, entre el universo de los países libres o el de las tierras situadas bajo el estricto dominio soviético. A partir de ahora, todos en Francia tendrán que declarar cuál es su elección». O, como expresó en otra ocasión: «No es en ningún caso una lucha entre el bien y el mal, sino entre lo preferible y lo detestable».

Así pues, los intelectuales liberales, ya fueran de la línea continental, como Aron o Luigi Einaudi o de la corriente británica, como Isaiah Berlin, siempre se sintieron claramente más cómodos que la mayoría de los conservadores con la relación norteamericana que la historia les había impuesto. Lo mismo puede decirse, por curioso que parezca, de los socialdemócratas. Ello se debía, en parte, a que el recuerdo de Franklin Delano Roosevelt todavía estaba reciente, y muchos diplomáticos y políticos norteamericanos con los que los europeos trataban en aquellos años eran new dealers que promovían el papel activo del Estado en la política económica y social, y cuyas simpatías políticas se situaban en la izquierda o en el centro.

Pero también era una consecuencia directa de la política norteamericana. La AFL-CIO, los servicios de inteligencia y el Departamento de Estado veían en los partidos socialdemócratas y laboristas de corte moderado y con apoyo sindical la mejor barrera contra el avance comunista en Francia y Bélgica especialmente (en Italia, donde la configuración política era distinta, depositaban sus esperanzas y la mayor parte de sus fondos en la Democracia Cristiana). Hasta mediados de 1947, esta apuesta habría sido arriesgada. Pero tras la expulsión de los partidos comunistas del gobierno en Francia, Bélgica e Italia aquella primavera, y especialmente tras el golpe de Praga de febrero de 1948, los socialistas y comunistas de Europa occidental se distanciaron. Los violentos enfrentamientos entre los sindicatos de socialistas y comunistas y entre los huelguistas dirigidos por los comunistas y las tropas enviadas por ministros socialistas, junto con las noticias procedentes de la Europa del Este sobre el arresto y encarcelamiento de socialistas, convirtieron a muchos socialdemócratas occidentales en decididos enemigos del bloque soviético y dispuestos receptores de la disimulada financiación estadounidense.

Para socialistas como Léon Blum en Francia o Kurt Schumacher en Alemania, la Guerra Fría impuso unas opciones políticas que al menos en cierto sentido les resultaban familiares: conocían a los comunistas de antaño y habían vivido lo suficiente para recordar las amargas guerras fratricidas de los sombríos años anteriores a las alianzas de los frentes populares. Los más jóvenes carecían de este consuelo. Albert Camus, que en la década de 1930 había pertenecido durante un breve lapso al Partido Comunista en Argelia, emergió de la guerra como un firme partidario, al igual que muchos de sus coetáneos, de la coalición de la resistencia formada por comunistas, socialistas y toda clase de reformistas radicales. «El anticomunismo —escribió en Argel en marzo de 1944— es el principio de la dictadura».

Las dudas de Camus comenzaron durante los juicios y purgas que tuvieron lugar en la Francia de la postguerra, cuando los comunistas adoptaron una línea dura como el partido de la resistencia y exigieron la exclusión, el encarcelamiento y la pena de muerte para miles de colaboradores reales o imaginarios. Luego, a medida que las arterias de la lealtad política e intelectual comenzaron a endurecerse a partir de 1947, Camus se sintió cada vez más inclinado a dudar de la buena fe de sus aliados políticos, unas dudas que al principio reprimió por la costumbre y en pro de la unidad. En 1947 entregó el control del periódico Combat, por no sentirse ya tan políticamente confiado y optimista como lo había sido tres años antes. En su principal novela, La peste, publicada aquel mismo año, quedaba claro que Camus no se sentía cómodo con el duro realismo político de sus compañeros de cama. Como expresó a través de uno de sus personajes, Tarrou: «He decidido rechazar todo lo que, directa o indirectamente, lleve a morir a la gente o a justificar que otros los maten».

Sin embargo, Camus seguía siendo reacio a declarar sus ideas en público y romper con sus antiguos amigos. En público seguía tratando de equilibrar la crítica honesta del estalinismo compensándola con referencias al racismo estadounidense y otros crímenes cometidos en el bando capitalista. Pero el juicio de Rousset y los de la Europa del Este acabaron con las pocas ilusiones que aún le quedaban. En sus cuadernos privados, confesaba: «Una de las cosas que lamento es haber concedido demasiada objetividad. A veces, la objetividad es conformismo. Hoy en día las cosas están claras y debemos decir que algo es concentrationnaire si de verdad lo es, aunque se trate del socialismo. En cierto sentido, no volveré a ser correcto».

Tal vez sea este un eco inconsciente de un discurso pronunciado en la Conferencia Internacional del Pen Club dos años antes, en junio de 1947, en el que Ignazio Silone, hablando de La Dignité de l’Intelligence et l’Indignité des Intellectuels (La dignidad de la inteligencia y la indignidad de los intelectuales), se arrepentía públicamente de su propio silencio y el de sus colegas, los intelectuales de izquierdas: «Hemos dejado aparcados en las estanterías, como los tanques en un depósito militar, los principios de la libertad para todos, de la dignidad humana y todo lo demás». Al igual que Silone, que contribuiría con uno de los mejores ensayos a la recopilación publicada por Richard Crossman en 1950 y titulada The God that Failed (El Dios que falló), Camus se convirtió a partir de entonces en un crítico aún más acerbo de las ilusiones «progresistas», y culminó la crítica con la condena de la violencia revolucionaria en su ensayo de 1951 titulado L’Homme révolté, que provocaría la ruptura definitiva con sus otrora amigos de la intelectualidad parisiense. Para Sartre, el primer deber de un radical intelectual era no traicionar a los trabajadores. Para Camus, al igual que para Silone, lo más importante era no traicionarse a uno mismo. La Guerra Fría cultural estaba declarada.

Resulta difícil, al volver la vista décadas atrás, revivir plenamente los extremos contrastes y la retórica de la Guerra Fría durante aquellos primeros años. Stalin todavía no constituía una vergüenza, al contrario. Como expresó Maurice Thorez en julio de 1948, «la gente cree que a los comunistas nos insultan llamándonos “estalinistas”. Pues bien, para nosotros esa etiqueta es un honor que nos esforzamos en merecer de verdad». Por otra parte, como ya hemos visto, muchos eminentes no comunistas también eran renuentes a condenar al líder soviético, y buscaban la manera de minimizar sus crímenes o incluso excusarlos. Las ilusorias esperanzas puestas en la esfera soviética iban acompañadas de, como mínimo, la desconfianza hacia Estados Unidos[12].

Estados Unidos, junto con la nueva República Federal de Alemania, era el principal blanco de la violencia retórica comunista. Se trataba de una táctica astuta. Estados Unidos no era demasiado popular en Europa occidental, a pesar de —y en algunos países, debido a— su generosa ayuda para la reconstrucción económica de Europa. En julio de 1947 solo el 38 por ciento de los adultos franceses creía que el Plan Marshall no representaba una grave amenaza para la independencia francesa, un recelo hacia las intenciones estadounidenses que aumentó más aún con el alarmismo bélico de 1948 y la guerra de Corea de dos años después. Las acusaciones inventadas por los comunistas acerca de que el ejército de Estados Unidos estaba utilizando armas biológicas en Corea encontraron un público receptivo.

En cuestiones culturales, los comunistas ni siquiera necesitaron tomar la iniciativa. El temor al dominio estadounidense, a la pérdida de autonomía e iniciativa nacionales, atrajo hacia el bando «progresista» a hombres y mujeres de todas las tendencias políticas y a los que no tenían ninguna. Comparado con sus depauperados dominios de la Europa occidental, Estados Unidos parecía económicamente carnívora y culturalmente oscurantista: una combinación nefasta. En octubre de 1949, durante el segundo año del Plan Marshall y justo cuando los planes para la OTAN estaban ultimándose, el crítico cultural francés Pierre Emmanuel informó a los lectores de Le Monde de que el principal regalo de Estados Unidos a la Europa de la postguerra había sido… el falo; incluso en la tierra de Stendhal, «el falo va camino de convertirse en Dios». Tres años después, los editores cristianos de Esprit recordaban a sus lectores que «desde el principio hemos advertido de los peligros que representaba para nuestro bienestar nacional una cultura norteamericana que atenta contra las raíces mismas de la cohesión mental y moral de los pueblos de Europa».

Entre tanto, un insidioso invento norteamericano se extendía por el continente. Entre 1947 y 1949, la Coca-Cola Company abrió plantas de embotellado en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza e Italia. Cinco años después de su creación, Alemania tendría 96 de estas plantas y se convertiría en su mayor mercado fuera de Estados Unidos. Pero aunque en Bélgica y en Italia se elevaron algunas voces de protesta, fue en Francia donde los planes de Coca-Cola desencadenaron un escándalo público. Cuando Le Monde reveló que la empresa se había fijado el objetivo de vender 240 millones de botellas en Francia en 1950, se suscitaron airadas objeciones, alentadas aunque no orquestadas por los comunistas, que se limitaron a advertir que los servicios de distribución de Coca-Cola podrían actuar simultáneamente como una red de espionaje. Como publicó un editorial de Le Monde el 29 de marzo de 1950: «Coca-Cola es el Danzig de la cultura europea».

La indignación ante la «Coca-colonización» tenía su lado cómico (existían rumores de que la compañía planeaba instalar su logo, con luces de neón, en la Torre Eiffel…), pero los sentimientos subyacentes eran serios. La tosquedad de la cultura norteamericana, desde sus películas hasta sus bebidas, y las ambiciones interesadas e imperialistas de la presencia estadounidense en Europa constituían un lugar común para muchos europeos de izquierdas y de derechas. La Unión Soviética podía representar una amenaza inmediata para Europa, pero Estados Unidos suponía una amenaza más insidiosa a largo plazo. Esta visión ganó credibilidad con el estallido de la guerra de Corea, cuando Estados Unidos comenzó a presionar a favor del rearme de Alemania Occidental. Los comunistas ahora podían combinar sus ataques a los «exnazis» de Bonn con la acusación de que Estados Unidos apoyaba el «revanchismo fascista». La hostilidad nacionalista hacia los «angloamericanos», alimentada durante la ocupación de la época de la guerra pero silenciada durante la liberación, fue desempolvada y resucitada en Italia, Francia y Bélgica; y en la propia Alemania, por Brecht y otros escritores de Alemania Oriental.

Con el fin de rentabilizar este incipiente pero extendido temor a la guerra, así como la sospecha de intereses norteamericanos entre las élites europeas, Stalin lanzó un Movimiento Internacional por la Paz. Desde 1949 hasta la muerte de Stalin, la «Paz» fue la clave de la estrategia cultural soviética. El Movimiento por la Paz se inauguró en Wrocław, Polonia, en agosto de 1948, en un Congreso Mundial de Intelectuales. La reunión de Wrocław fue seguida del primer Congreso por la Paz celebrado en abril de 1949, más o menos simultáneamente en París, Praga y Nueva York. Como organización prototípica de los «frentes», el Movimiento por la Paz estaba ostensiblemente dirigido por eminentes científicos e intelectuales como Frédéric Joliot-Curie; pero los comunistas controlaban estrechamente sus diversos comités y sus actividades estaban muy coordinadas con el Cominform, cuyo periódico, publicado en Bucarest, fue rebautizado como «Por una paz duradera, por una democracia popular».

El Movimiento por la Paz constituyó un gran éxito en sí mismo. Un llamamiento efectuado en Estocolmo en marzo de 1950 por el Comité Permanente del Congreso Mundial de Partidarios de la Paz obtuvo muchos millones de firmas en Europa occidental (además de las decenas de millones de firmas recogidas en el bloque soviético). De hecho, la recogida de estas firmas constituía la principal actividad de este Movimiento, especialmente en Francia, donde contaba con su mayor apoyo. Pero bajo el paraguas del Movimiento por la Paz, otras organizaciones de tipo «frente» también hacían hincapié en el mismo mensaje: la Unión Soviética estaba del lado de la paz, mientras que los norteamericanos (y sus amigos de Corea, Yugoslavia y los gobiernos de la Europa occidental) eran partidarios de la guerra. La corresponsal en París de The New Yorker, Janet Flanner, escribía impresionada en mayo de 1950: «En este momento, la propaganda comunista goza en Francia, especialmente entre los no comunistas, del mayor éxito que ha tenido nunca».

La actitud de los comunistas hacia sus movimientos de masas era estrictamente instrumental; el Movimiento por la Paz no fue más que un vehículo para la política soviética, razón por la que en 1951 adoptó repentinamente el eslogan de la «coexistencia pacífica», en consonancia con un cambio adoptado por la estrategia internacional de Stalin. En privado, los comunistas, sobre todo en el bloque oriental, no sentían más que desdén por las ilusiones de sus compañeros de viaje. Durante las visitas organizadas a las democracias populares, los partidarios del Movimiento por la Paz (procedentes en su gran mayoría de Francia, Italia e India) eran agasajados y honrados por su apoyo; pero, a sus espaldas, eran ridiculizados como «palomos», una nueva generación de los «tontos útiles» de Lenin.

El éxito de los comunistas en asegurarse al menos la simpatía condicional de muchos europeos occidentales y el recelo hacia Estados Unidos que con su apoyo los partidos comunistas, especialmente de Francia e Italia, habían conseguido generar entre la élite cultural, desencadenó una tardía pero decidida respuesta de un grupo de intelectuales occidentales. Preocupados por el hecho de que en la batalla cultural Stalin pudiera ganar ante la ausencia de adversarios, se propusieron establecer un «frente» cultural propio. La reunión fundacional del Congreso para la Libertad Cultural (CCF en sus siglas en inglés) se celebró en Berlín en junio de 1950. El Congreso se planeó como respuesta a la iniciativa del Movimiento por la Paz de Moscú del año anterior, pero coincidió con el estallido de la guerra en Corea, que lo dotó de un significado añadido. La decisión de celebrar la reunión en Berlín en lugar de en París fue deliberada: desde el principio, el Congreso se proponía plantear la batalla cultural contra los soviéticos.

El Congreso para la Libertad Cultural se formó bajo el patrocinio oficial de Bertrand Russell, Benedetto Croce, John Dewey, Karl Jaspers y Jacques Maritain, el filósofo católico francés. La presencia de figuras tan veteranas confería respetabilidad y autoridad a la nueva iniciativa, si bien el impulso político y la energía intelectual procedían de una brillante generación intermedia de intelectuales liberales o excomunistas como Arthur Koestler, Raymond Aron, A. J. Ayer, Margarete Buber-Neumann, Ignazio Silone, Nicola Chiaromonte y Sidney Hook. Estos, a su vez, contaban con el apoyo de un grupo de hombres más jóvenes, en su mayoría estadounidenses, que asumieron la responsabilidad de la planificación y gestión cotidiana de las actividades del CCF.

El CCF llegaría a abrir sucursales en treinta y cinco países de todo el mundo, pero su atención se centraba especialmente en Europa y, dentro de Europa, en Francia, Italia y Alemania. Su objetivo era reunir, impulsar y movilizar a intelectuales y eruditos en la lucha contra el comunismo, principalmente a través de la publicación y difusión de revistas culturales: Encounter en Gran Bretaña, Preuves en Francia, Tempo Presente en Italia y Der Monat en Alemania. Ninguna de estas revistas llegó nunca a un público amplio; Encounter, la de mayor éxito, presumía de tener una tirada de 16.000 ejemplares en 1958; en ese mismo año, Preuves apenas llegaba a los 3000 suscriptores. Pero sus contenidos se caracterizaban casi invariablemente por una gran calidad, entre sus colaboradores se incluían los mejores escritores de las décadas de la postguerra y llenaban un hueco crucial, especialmente en Francia, donde Preuves constituía el único foro liberal, anticomunista, de un panorama cultural dominado por publicaciones neutrales, pacifistas, simpatizantes con el comunismo o directamente comunistas.

El Congreso y sus numerosas actividades eran públicamente respaldadas por la Fundación Ford, y financiadas de manera privada por la CIA, hecho que la mayoría de sus activistas y colaboradores ignoró hasta que se hizo público muchos años después. Las implicaciones (de que el gobierno de Estados Unidos subvencionara en secreto iniciativas culturales anticomunistas en Europa) quizá no fueran tan graves como pueden parecer en retrospectiva. En un momento en el que las publicaciones y todo tipo de productos culturales comunistas y de los «frentes» eran encubiertamente financiadas por Moscú, el respaldo norteamericano no habría avergonzado lo más mínimo a algunos escritores del CCF. Arthur Koestler, Raymond Aron o Ignazio Silone no necesitaban del apoyo oficial estadounidense para adoptar una línea dura contra el comunismo, y no existen evidencias de que sus críticas respecto a Estados Unidos fueran nunca suavizadas o censuradas para complacer a sus pagadores de Washington.

Estados Unidos no tenía experiencia en este tipo de guerras culturales. La Unión Soviética estableció su Sociedad para las Relaciones Culturales con Naciones Extranjeras en 1925; franceses, alemanes e italianos habían financiado activamente la «diplomacia cultural» extranjera desde antes de 1914. Los norteamericanos no empezaron a asignar presupuestos a dichas actividades hasta poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y no se introducirían de lleno en este campo hasta 1946, con el establecimiento del Programa Fulbright. Hasta el otoño de 1947, los proyectos culturales y educativos estadounidenses en Europa se dirigieron hacia la «reorientación democrática»; solo a partir de entonces el anticomunismo se convertiría en el objetivo estratégico principal.

Para 1950, la Agencia de Información de Estados Unidos (U. S. Information Agency, USIA) se había hecho cargo de todos los programas de intercambio e información cultural norteamericanos en Europa. Junto con la Oficina de Servicios de Información de las autoridades de ocupación estadounidenses de Alemania Occidental y Austria (que controlaba por completo todos los medios de comunicación y culturales de la zona estadounidense en estos países), la USIA estaba ahora en posición de ejercer una enorme influencia en la vida cultural de Europa occidental. En 1953, en el punto álgido de la Guerra Fría, los programas culturales extranjeros de Estados Unidos (sin incluir las subvenciones encubiertas y las fundaciones privadas) tenían empleadas a 13.000 personas y su coste era de 129 millones de dólares, gran parte de los cuales se invertían en la batalla por ganarse los corazones y las mentes de la élite intelectual de Europa occidental.

La «lucha por la paz», como la denominó la prensa comunista, se desarrolló en el «frente» cultural mediante la «Batalla del Libro» (adviértase el lenguaje característicamente militar leninista). Sus primeros compromisos los contrajo con Francia, Bélgica e Italia. A principios de la primavera de 1950, destacados escritores comunistas (Elsa Triolet, Louis Aragon) viajarían a una serie de ciudades de provincia para impartir conferencias, firmar libros y exhibir las credenciales literarias del mundo comunista. En la práctica, esto sirvió de poco para promover la causa comunista (dos de los mayores éxitos de ventas de la Francia de la postguerra fueron El cero y el infinito (Darkness at Noon), de Arthur Koestler, libro del que se vendieron 420.000 ejemplares durante la década de 1945-1955, y Yo escogí la libertad, de Viktor Kravchenko, que alcanzó los 503.000 ejemplares durante el mismo periodo). Pero la cuestión no era tanto vender libros como recordar a los lectores y los ciudadanos en general que los comunistas representaban la cultura, la cultura francesa.

La respuesta norteamericana consistió en establecer «Casas de América», con bibliotecas y salas de lectura de prensa, y celebrar conferencias, reuniones y clases de inglés. En 1955 había sesenta y cinco Casas de América en Europa. En algunos lugares, su impacto fue muy considerable: en Austria, donde durante los años del Plan Marshall se habían distribuido 134 millones de copias de libros en inglés por toda la nación, un significativo porcentaje de la población de Viena y Salzburgo (la primera, bajo la administración de las cuatro potencias, y la segunda, en la zona de ocupación estadounidense) acudía a la Casa de América a adquirir libros en préstamo y leer los periódicos. El estudio del inglés sustituyó al del francés y las lenguas clásicas como primera opción para los alumnos de secundaria de Austria.

Al igual que las cadenas de emisoras de radio financiadas por Estados Unidos (Radio Europa Libre fue inaugurada en Múnich un mes antes del estallido de la guerra de Corea), los programas de la Casa de América a veces se veían socavados por los burdos imperativos propagandísticos procedentes de Washington. En pleno apogeo de la era McCarthy, los directores de las Casas de América invirtieron gran parte de su tiempo en quitar libros de las estanterías. Entre las docenas de autores cuyas obras se consideraban inapropiadas se contaban no solo claros sospechosos como John Dos Passos, Arthur Miller, Dashiell Hammett o Upton Sinclair, sino también Albert Einstein, Thomas Mann, Alberto Moravia, Tom Paine y Henry Thoreau. En Austria, al menos, muchos observadores opinaban que en la «Batalla de los Libros» a veces Estados Unidos constituía su peor enemigo para sí mismo.

Afortunadamente para Occidente, la cultura popular norteamericana ejercía un atractivo que la ineptitud política norteamericana podía hacer poco por empañar. Los comunistas se encontraban en seria desventaja en cuanto a que su desaprobación oficial del decadente jazz y cine americano recordaba claramente las actitudes de Josef Goebbels. Mientras que los Estados comunistas europeos prohibían el jazz por su condición de decadente y alienante, Radio Europa Libre emitía tres horas de música popular todas las tardes de la semana, interrumpidas solo por diez minutos de noticias cada hora. El cine, el otro medio universal del momento, podía regularse en los Estados que estaban bajo el control comunista, pero en Europa occidental el atractivo de las películas norteamericanas era universal. Aquí, la propaganda soviética no tenía nada con lo que competir, e incluso los progresistas occidentales, a menudo atraídos por la música y el cine norteamericanos, disentían de la línea del Partido.

La competencia cultural de los primeros años de la Guerra Fría fue asimétrica. Entre las élites culturales europeas estaba todavía muy extendido el sentimiento de que compartían, por encima de las barreras ideológicas e incluso del Telón de Acero, una cultura común para la que Estados Unidos representaba una amenaza. Esta línea fue mantenida especialmente por los franceses, que de este modo se hacían eco de los esfuerzos realizados por sus diplomáticos durante la postguerra para establecer una política independiente del control estadounidense. Resulta significativo que el jefe de la Misión Cultural Francesa en el Berlín ocupado, Félix Lusset, se llevara mucho mejor con su homólogo soviético (Alexander Dymschitz) que con los representantes británicos o estadounidenses en la ciudad, y soñara, como sus superiores de París, con restaurar el eje cultural que unía París con Berlín y llegaba hasta Leningrado.

Estados Unidos gastó cientos de millones de dólares en intentar ganarse las simpatías europeas, pero la torpe gestión de muchas de las publicaciones y productos a los que este dinero iba destinado hizo que el esfuerzo resultara contraproducente, al confirmar básicamente las sospechas innatas de la intelligentsia europea. En Alemania, la excesiva atención que prestaba Estados Unidos a los crímenes comunistas muchos la veían como una táctica deliberada para olvidar o relativizar los crímenes de los nazis. En Italia, las estridentes campañas anticomunistas del Vaticano restaban fuerza a los argumentos antiestalinistas de Silone, Vittorini y otros. Solo en el arte y la literatura, donde lo absurdo de la política cultural estalinista afectaba directamente al territorio de pintores y poetas, los intelectuales occidentales se distanciaron claramente de Moscú, aunque incluso en este caso su oposición fue silenciosa por miedo a ser utilizados por la «propaganda americana[13]».

Por otro lado, en la lucha por ganarse las simpatías de la gran masa de la población europea, los soviéticos fueron perdiendo terreno rápidamente. En todas partes, salvo en Italia, el voto comunista descendió de forma constante a partir de finales de la década de 1940 y, si damos crédito a las encuestas de opinión, incluso los que votaron a los comunistas a menudo emitieron sus votos como una protesta simbólica o bien como una expresión de la solidaridad comunal o de clase. Bastante antes de los cataclismos de 1956, cuando las simpatías de la mayor parte de los intelectuales europeos se alejaron radicalmente del bloque soviético, la orientación atlántica de la mayoría del resto de los europeos occidentales ya estaba decidida.

Coda

El fin de la vieja Europa

La vida cambió sorprendentemente poco una vez acabada la guerra.

DAVID LODGE

«Pasé los primeros años de mi vida en ciudades industriales y en sus barrios de las afueras, entre ladrillos, hollín y chimeneas, y calles adoquinadas. Cogíamos el tranvía para los viajes cortos y el tren para los largos. Comprábamos alimentos frescos para cada comida, no porque fuéramos unos gourmets, sino porque no teníamos nevera (los productos menos perecederos se guardaban en la fresquera). Mi madre se levantaba cada mañana con frío helador y encendía la estufa del salón. El agua corriente solo salía a una temperatura: helada. Nos comunicábamos por correo y nos enterábamos de las noticias principalmente por los periódicos (aunque nosotros éramos bastante modernos, ya que teníamos una radio del tamaño aproximado de un mueble archivador). Las aulas de mi infancia albergaban estufas barrigudas y pupitres dobles con tinteros incorporados en los que mojábamos las plumillas. Los chicos llevábamos pantalón corto hasta la ceremonia de la communion solennelle, que se celebraba a los doce años. Etcétera. Pero esto no ocurría en un remoto rincón de los Cárpatos, sino en la Europa occidental de la postguerra, donde la “postguerra” fue una estación que se prolongó durante casi veinte años[1]».

Esta descripción de la Valonia industrial de la década de 1950, del autor belga Luc Sante, podría aplicarse igualmente a la mayor parte de la Europa occidental de aquellos años. El autor de este libro, que creció tras la guerra en el céntrico distrito londinense de Putney, recuerda sus frecuentes visitas a una lúgubre tienda de golosinas regentada por una vieja arrugada que le informaba en tono recriminatorio de que llevaba «vendiendo peladillas a niños como tú desde el cincuenta aniversario de la reina», es decir, desde 1887: se refería a la reina Victoria, por supuesto: la reina[2]. En la misma calle, la tienda de ultramarinos del barrio, Sainsbury’s, tenía el suelo cubierto de serrín y era atendida por hombres fornidos con camisas a rayas y jóvenes pizpiretas con delantales y gorros almidonados. Es decir, se mantenía exactamente igual que en las fotos sepia que colgaban de la pared, tomadas con ocasión de la inauguración de la tienda, en la década de 1870.

En muchos de sus aspectos esenciales, la vida diaria de la primera década de la postguerra les habría resultado absolutamente familiar a los hombres y mujeres de cincuenta años antes. En aquellos años, el carbón seguía cubriendo el 90 por ciento de las necesidades de combustible de Gran Bretaña, el 82 por ciento de las necesidades de Bélgica y del resto de los países de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Debido en parte a la omnipresencia del carbón, Londres, una ciudad de tranvías y muelles, todavía se veía envuelta periódicamente en la espesa niebla tan característica de las imágenes de la ciudad industrial que fue a finales de la época victoriana. Las películas inglesas de aquellos años tienen un toque claramente eduardiano, tanto por su entorno social (por ejemplo, Pleito de honor, de 1948) como por su ambientación. En El hombre del traje blanco (1951), el Mánchester de la época se describe como decimonónico en sus aspectos esenciales (carretillas, viviendas, relaciones sociales); los jefes y los líderes sindicales coinciden en tratar el amateurismo empresarial como una virtud moral, sea cual sea su coste en cuanto a su rendimiento productivo. Tres millones de hombres y mujeres británicos acudían semanalmente a las salas de baile autorizadas y solo en la ciudad de Huddersfield, en Yorkshire, había setenta clubes para trabajadores a principios de los años cincuenta (aunque ambos tipos de actividad social iban perdiendo atractivo para los jóvenes).

La misma sensación de que el tiempo se había parado pesaba también en gran parte de la Europa continental. La vida rural en Bélgica podría haber sido retratada por Millet: el heno recogido con rastrillos de madera, la paja sacudida con mayales, las frutas y verduras cosechadas con la mano y transportadas en carros tirados por caballos. Al igual que las ciudades de provincia francesas, donde los hombres, tocados con boina, compraban su baguette de camino a casa desde el Café de la Paix (bautizado con este significativo nombre en 1919), o España, aislada herméticamente por el gobierno autoritario del general Franco, Bélgica y Gran Bretaña vivían en una especie de limbo eduardiano. La postguerra europea todavía mantenía el rescoldo de la revolución económica del siglo XIX, que casi había llegado al final de su recorrido, y dejaba a su paso el sedimento de unos hábitos culturales y unas relaciones sociales cada vez más discordantes con la nueva era de los aviones y las armas atómicas. En todo caso, la guerra había supuesto un retroceso. La fiebre modernizadora de la década de 1920 e incluso de la de 1930 había pasado ya y dejado un estilo de vida más atrasado. En Italia, como en gran parte de la Europa rural, los niños seguían incorporándose al mercado laboral nada más terminar (y en la mayoría de los casos, sin haber terminado) la enseñanza primaria; en 1951, solo uno de cada nueve niños italianos seguía yendo a la escuela una vez cumplidos los trece años.

La religión, especialmente la religión católica, disfrutaba de un breve lapso de restauración de su autoridad. En España, la jerarquía católica contaba tanto con los medios como con el respaldo político necesarios para relanzar su Contrarreforma: mediante un concordato firmado en 1953, Franco no solo dejaba a la Iglesia exenta de obligaciones fiscales y cualquier otro tipo de interferencia estatal, sino que además le otorgaba el derecho a ejercer su censura sobre cualquier escrito o alocución que no fuera de su agrado. A cambio, la jerarquía eclesiástica mantenía y fomentaba la fusión conservadora de la religión con la identidad nacional. De hecho, la Iglesia llegó a estar tan absolutamente integrada en los anales de la identidad y el deber nacional que el libro de texto básico de primaria, Yo soy español (editado por primera vez en 1943), enseñaba la historia como una sucesión de acontecimientos única y concatenada que arrancaba con el jardín del Edén y terminaba con el Generalísimo[3].

A ello se añadió un nuevo culto a los muertos —los «mártires» del bando victorioso de la reciente Guerra Civil—. En los miles de enclaves conmemorativos dedicados a las víctimas del republicanismo anticlerical, la Iglesia española organizaba incontables ceremonias y actos en su memoria. Una acertada mezcla de religión, autoridad cívica y conmemoración victoriosa reforzaba el monopolio de la jerarquía eclesiástica sobre el espíritu y la memoria de la gente. Dado que Franco necesitaba al catolicismo más de lo que la Iglesia le necesitaba a él —¿cómo si no podría mantener España sus débiles vínculos de la postguerra con la comunidad internacional y «Occidente»?— hubo de concederle, en efecto, una ilimitada libertad de acción para recrear en la España moderna el espíritu «cruzado» del antiguo régimen.

En el resto de Europa occidental, la Iglesia católica tuvo que competir con otros postulados diversos y a veces hostiles por conseguir el favor del pueblo; pero, incluso en Holanda, la jerarquía católica se sentía lo bastante confiada para excomulgar a los electores que votaron a sus oponentes laboristas en las primeras elecciones de la postguerra. Todavía en 1956, dos años antes de que la muerte de Pío XII marcara el fin del antiguo orden, siete de cada diez italianos acudían regularmente a la misa dominical. Al igual que en Flandes, la Iglesia en Italia cosechaba bastante éxito, especialmente entre los monárquicos, las mujeres y los ancianos, una clara mayoría de la población total. El artículo 7 de la Constitución italiana, aprobada en marzo de 1947, confirmaba diplomáticamente los términos del concordato de Mussolini con la Iglesia celebrado en 1929: la jerarquía católica mantenía su influencia en la educación y sus facultades de supervisión sobre todo lo relativo al matrimonio y la moral. Ante la insistencia de Togliatti, hasta los comunistas votaron a regañadientes a favor de la ley, si bien esto no impidió que el Vaticano excomulgara a los italianos que votaron al PCI al año siguiente.

En Francia, la jerarquía católica y sus partidarios políticos se sentían lo suficientemente asentados para presionar a favor de unos privilegios educativos especiales en una guerre scolaire que durante un breve espacio de tiempo recordó las luchas entre la Iglesia y el Estado de la década de 1880. El principal campo de batalla lo constituía el viejo problema de la financiación pública de las escuelas católicas; una exigencia tradicional pero bien escogida. Mientras que la fuerza que había alimentado el anticlericalismo del siglo XIX, tanto en Francia como en Italia o Alemania, se había disipado casi por completo o bien se había canalizado en unos conflictos ideológicos más actualizados, el coste y la calidad de la educación de sus hijos era uno de los pocos aspectos con los que podía contarse para movilizar incluso a los practicantes católicos más esporádicos.

De las religiones tradicionales de Europa, solo los católicos aumentaron el número de sus electores durante las décadas de 1940 y 1950. Esto se debió en parte a que solo la Iglesia católica tenía partidos políticos directamente asociados a ella (y, en algunos casos, dependientes de ella para su financiación), como en los casos de Alemania, Holanda, Bélgica, Italia, Francia y Austria; y en parte a que el catolicismo estaba tradicionalmente más implantado justo en aquellas regiones de Europa cuyos cambios habían sido más lentos durante estos años. Pero, sobre todo, la Iglesia católica podía ofrecer a sus miembros algo que por entonces escaseaba en gran medida: un sentido de continuidad, de seguridad y de tranquilidad en un mundo que había sufrido violentas alteraciones en la década anterior y que iba a transformarse aún más drásticamente en los años venideros. Fue la asociación de la Iglesia católica con el antiguo orden, e incluso su firme oposición frente a la modernidad y el cambio, lo que la dotó de un atractivo especial durante estos años de transición.

Las diversas Iglesias protestantes del noroeste de Europa no ejercían el mismo poder de atracción. En Alemania, un sector significativo de la población no católica estaba ahora bajo el gobierno comunista, y el prestigio de las Iglesias alemanas se había visto en todo caso mermado por su compromiso con Hitler, como en parte venía a reconocer la Confesión de Culpabilidad de Stuttgart realizada por los líderes protestantes en 1945. Pero el principal problema, en Alemania Occidental y en todas partes, era que las Iglesias protestantes no ofrecían una alternativa al mundo moderno, sino más bien la manera de vivir en armonía con él.

La autoridad espiritual del pastor protestante o del vicario anglicano no solía verse como en competencia con el Estado, sino más bien como un socio menor (razón por la cual las Iglesias protestantes de Europa central fueron incapaces de soportar la presión del Estado comunista durante aquellos años). Pero, en un momento en el que el Estado en Europa occidental estaba a punto de asumir un papel mucho más destacado como guardián espiritual y material de sus ciudadanos, la distinción entre la Iglesia y el Estado como árbitros de las costumbres y la moral públicas quedaba bastante desdibujada. El final de los años cuarenta y el principio de los cincuenta aparece de este modo como una etapa de transición en la que las convenciones del respeto social y las atribuciones de rango y autoridad todavía se siguieron manteniendo, aunque el Estado moderno empezaba ya a desplazar a la Iglesia e incluso a la clase social como árbitros de la conducta colectiva.

El ambiente de la época queda perfectamente recogido en un folleto de instrucciones titulado BBC Variety Programmes. Policy Guide for Writers and Producers (Programas de entretenimiento de la BBC. Guía para guionistas y productores) elaborado por la BBC en 1948 para su uso interno. El sentido de la responsabilidad moral que la empresa de radiodifusión decidió asumir aparece bastante explícito: «La influencia que [la BBC] puede ejercer sobre sus oyentes es inmensa y la responsabilidad de presentar un elevado nivel de buen gusto es correspondientemente alta». Los chistes sobre religión estaban prohibidos, como por ejemplo el de describir los gustos musicales anticuados como «B. C.» (Antes de Crosby[4], jugando con el doble sentido de las iniciales inglesas de «Before Christ», equivalentes a «Antes de Cristo»). Tampoco podían hacerse referencias a los «retretes» ni chistes sobre el «afeminamiento masculino». A los escritores les estaba prohibido utilizar bromas que se habían convertido en populares en el ambiente relajado de la guerra, ni aludir con doble sentido a la ropa interior femenina como en el chiste «winter draws on[a]». Las alusiones sexuales de todo tipo estaban prohibidas, no podía hablarse de «reproducirse como conejos» o «hábitos animales» por el estilo[5].

Había más: los miembros del Parlamento no podían aparecer en programas de radio que pudieran ser «indignos o inadecuados» para las figuras públicas, ni debía hacerse ningún tipo de chistes ni referencias que pudieran fomentar «huelgas o conflictos industriales. El mercado negro, los pícaros y los vagos». Dichos calificativos «pícaros» y «vagos» o el «mercado negro» como término multiuso para referirse a los comerciantes y clientes que eludían el racionamiento y otras restricciones, demuestran hasta qué punto al menos Gran Bretaña vivió durante algunos años a la sombra de la guerra. Bien entrada ya la década de 1950, la BBC podía reprender a un productor como Peter Eton, de la popular comedia de radio The Goon Show, por permitir que el «general Dermis Bloodnok» (interpretado por Peter Sellers) ganara la OBE (Orden del Imperio Británico) por «vaciar los cubos de basura en el fragor de la batalla» (y por permitir que un actor «imitara la voz de la reina que intenta ahuyentar a las palomas de Trafalgar Square»).

Estas constricciones, y su consiguiente toque de rígido reformismo de corte eduardiano, fueron quizá características de Gran Bretaña. Pero su tono habría resultado familiar en todo el continente. En la escuela, en la iglesia, en la radio estatal, en el estilo confiado y condescendiente de los grandes periódicos e incluso de la prensa sensacionalista, y en el discurso y la indumentaria de las figuras públicas, los europeos seguían todavía muy sujetos a los hábitos y las normas de épocas anteriores. Ya hemos señalado cómo muchos de los líderes políticos de la época pertenecían a una generación anterior: el británico Clement Attlee no hubiera desentonado en una misión victoriana a las barriadas industriales, y resultaba absolutamente apropiado que el primer ministro que supervisó la transición británica a un Estado del bienestar moderno iniciara su carrera pública realizando buenas obras en el East End del Londres anterior a la Primera Guerra Mundial.

Frente a esta imagen de una Europa añeja —estancada en épocas pasadas, cambiada repentinamente por la guerra y constreñida por prácticas y costumbres anteriores a ella— debemos contraponer el carácter inequívocamente moderno de su principal fuente de entretenimiento. Esta fue la edad de oro del cine. En Gran Bretaña, la afluencia de público a las salas alcanzó sus máximas cotas poco después del final de la guerra, con 1700 millones de entradas vendidas en las cinco mil salas de cine repartidas por todo el país en 1946. En aquel año, una de cada tres personas asistía todas las semanas al cine del barrio. Incluso en 1950, cuando la taquilla ya había empezado a decaer, el ciudadano inglés medio iba al cine veintiocho veces al año, una cifra que superaba en casi un 40 por ciento la del último año anterior a la guerra.

Mientras que el público de las salas de cine británicas decaía sistemáticamente durante los años cincuenta, en la Europa continental siguió creciendo. En Francia se inauguraron mil salas de cine durante la primera mitad de la década de 1950, aproximadamente las mismas que en Alemania Occidental; en Italia se abrieron tres mil salas nuevas, hasta alcanzar un total nacional de aproximadamente 10.000 en 1956. Durante el año anterior, la afluencia de público a las salas italianas llegó a cifrarse en unos 800 millones de entradas vendidas (la mitad de la cifra correspondiente al Reino Unido, con un número de habitantes aproximadamente similar). El número de espectadores franceses, que alcanzó su máximo a finales de la década de 1940, no llegó nunca a aproximarse al de Gran Bretaña o al de Italia[6]. Ni tampoco el de Alemania Occidental, si bien en la República Federal la cifra de espectadores no alcanzó su nivel máximo hasta 1959. Pero, en general, el público de las salas de cine era muy numeroso; incluso en España, donde la asiduidad de la asistencia a las salas entre la población adulta se situaba en 1947 entre las más altas de Europa.

Una de las razones de este entusiasmo de la postguerra por las películas fue que la demanda había estado reprimida durante la guerra, especialmente en lo tocante a las películas estadounidenses —sujetas a la prohibición impuesta por los nazis a la mayoría de los filmes estadounidenses, tanto por el régimen de Mussolini (a partir de 1938) como por el de Pétain en Francia— y, de forma más general, debido a la escasez vivida durante la guerra. En 1946, el 87 por ciento de la taquilla italiana correspondió a películas extranjeras (en su mayoría estadounidenses); de las aproximadamente 5000 películas exhibidas en Madrid entre 1939 y finales de la década de 1950, 4200 eran extranjeras (de nuevo, mayoritariamente estadounidenses). En 1947, la industria cinematográfica francesa produjo 40 películas, en contraste con las 340 que fueron importadas de Estados Unidos. Y las películas americanas no solo estaban disponibles en cantidades exorbitantes, sino que además eran muy populares: las películas con mayor éxito comercial en el Berlín de la postguerra fueron La quimera del oro de Chaplin y El halcón maltés (realizada en 1941 pero no disponible en Europa hasta el final de la guerra).

Sin embargo, el dominio americano del cine europeo de la postguerra no obedeció solo a los caprichos del gusto popular. Existía un trasfondo político: las «positivas» películas norteamericanas inundaron Italia justo a tiempo para las decisivas elecciones de 1948; el Departamento de Estado estadounidense instó a la Paramount para que reeditara Ninotchka (1939) aquel año, a fin de contribuir a captar el voto anticomunista. A la inversa, Washington pidió que en Francia se retrasara la distribución de Las uvas de la ira, de John Ford, realizada en 1940, dado que su desfavorable descripción de la era de la Depresión norteamericana podía ser explotada por el Partido Comunista Francés. En general, las películas estadounidenses formaban parte del atractivo de Estados Unidos y, por ende, constituían un activo muy valioso en la Guerra Fría cultural. Solo los intelectuales podían sentirse lo bastante conmovidos por el retrato que se hace de Odesa en El acorazado Potemkin para traducir su admiración estética en afinidad política; pero todos, incluidos los intelectuales, eran capaces de valorar a Humphrey Bogart.

No obstante, la irrupción del cine norteamericano en Europa respondió sobre todo a consideraciones económicas. Las películas estadounidenses siempre se habían exportado a Europa, con gran éxito económico. Pero, tras la Segunda Guerra Mundial, los productores norteamericanos, atrapados entre la caída en la asistencia a las salas en su país y el aumento de los costes de realización de las películas, se esforzaron especialmente por acceder a los mercados europeos. Por el contrario, los gobiernos europeos se mostraban más reacios que nunca a abrir sus mercados nacionales a los productos estadounidenses: la industria cinematográfica local, un factor que todavía seguía siendo significativo, especialmente en Gran Bretaña e Italia, necesitaba protegerse del dumping norteamericano, y los dólares escaseaban demasiado para gastarlos en la importación de películas estadounidenses.

Ya en 1927, el Parlamento del Reino Unido había aprobado una ley que establecía un sistema de cuotas por el cual, para 1936, el 20 por ciento de todas las películas estrenadas en Gran Bretaña debían ser de producción británica. Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico se propuso el objetivo de fijar esta cuota en el 30 por ciento para 1948. Los franceses, italianos y españoles se fijaron metas similares e incluso más ambiciosas (la industria cinematográfica alemana, evidentemente, no estaba en situación de exigir este tipo de protección). Pero la poderosa influencia ejercida por Hollywood mantuvo la presión del Departamento de Estado sobre los negociadores europeos, y prácticamente todos los acuerdos importantes en materia comercial o de préstamos alcanzados entre Estados Unidos y sus aliados europeos durante la primera década de la postguerra incluían la condición de permitir la entrada de las películas norteamericanas.

De este modo, según los acuerdos Blum-Byrnes de mayo de 1946, el gobierno francés tuvo que reducir muy a su pesar su cuota proteccionista del 55 por ciento de películas francesas anuales a otra del 30 por ciento, con el resultado de que al cabo de un año la producción nacional se había reducido a la mitad. En este mismo sentido, el Gobierno laborista británico no pudo seguir frenando las importaciones estadounidenses. Solo Franco consiguió restringir la importación de películas norteamericanas en España (a pesar de la tentativa de boicot al mercado español por parte de los productores estadounidenses llevada a cabo entre 1955 y 1958), en gran medida debido a que no tenía necesidad de responder ante la opinión pública ni de prever las consecuencias políticas de sus decisiones. Pero incluso en España, como hemos visto, las películas norteamericanas superaban ampliamente en número a los productos de factura propia.

Los norteamericanos sabían bien lo que hacían: cuando los gobiernos europeos empezaron a partir de 1949 a gravar los ingresos cinematográficos a fin de subvencionar a los productores nacionales, los productores estadounidenses empezaron a invertir directamente en producciones extranjeras, dependiendo a menudo su elección de localizaciones europeas para una película o grupo de películas del nivel de subvención «nacional» aplicable en aquel momento. Así pues, con el tiempo, los gobiernos europeos se encontraron subvencionando indirectamente al propio Hollywood a través de intermediarios locales. Para 1952, el 40 por ciento de los ingresos de la industria cinematográfica estadounidense se generaba en el extranjero, la mayoría en Europa. Seis años después, esta cifra se situaría en el 50 por ciento.

A consecuencia del dominio estadounidense del mercado europeo, las películas europeas de este periodo no siempre son la guía más fiable para valorar la experiencia o las sensibilidades de los aficionados al cine. El espectador británico, en especial, podía formarse una opinión del carácter inglés del momento tanto a partir de la presentación que hacía Hollywood de Inglaterra como de su experiencia directa. Cabe destacar que entre las películas de los años cuarenta, La Sra. Miniver (1942) —una historia claramente inglesa sobre la entereza y resistencia nacional, la reserva y la perseverancia de la clase media, ambientada significativamente en torno al desastre de Dunquerque, en la que todas estas cualidades adquirían el máximo protagonismo— era un producto estrictamente hollywoodiense. Sin embargo, para la generación de ingleses que vieron la película por primera vez, esta constituiría durante mucho tiempo la más fiel representación del recuerdo y la autopercepción nacionales.

Lo que hacía tan atractivas las películas norteamericanas, más allá del glamour y del esplendor que llevaban a los deprimentes ambientes en los que se visionaban, era su «calidad». Todas estaban bien realizadas, generalmente con unos medios muy superiores a los de cualquier productor europeo. No eran, sin embargo, «escapistas», como las disparatadas comedias o las fantasías románticas de la década de 1930. De hecho, algunas de las películas norteamericanas más populares de finales de los años cuarenta pertenecían al género que más adelante sus admiradores continentales denominarían como «cine negro». Su planteamiento podía consistir en una historia de detectives o un drama social, pero su tono —y textura cinematográfica— era más oscuro y sombrío que el de las películas estadounidenses de décadas anteriores.

Fueron los europeos los que seguramente realizaron más películas escapistas durante esta época: como las historias románticas alemanas de principios de los años cincuenta ambientadas en la Selva Negra o los Alpes bávaros, o las comedias ligeras británicas como Incidente en Piccadilly (1946), Sucedió en primavera (1948) o Maytime in Mayfair (1949), todas ellas realizadas por Herbert Wilcox, ambientadas en el elegante (y comparativamente intacto) West End londinense, y protagonizadas por Anna Neagle, Michael Wilding o Rex Harrison, que encarnaban a brillantes debutantes y caprichosos aristócratas. Sus igualmente poco memorables homólogas italianas y francesas solían ser dramas de época actualizados en los que los campesinos y los aristócratas eran de vez en cuando reemplazados por mecánicos u hombres de negocios.

Las mejores películas europeas de la década de la postguerra —las que los espectadores posteriores más han apreciado— tratan inevitablemente, de una u otra forma, de la guerra. La liberación inauguró una breve racha de películas de la «resistencia» como Peloton d’exécution (1945), Le jugement dernier (1945) y La Bataille du Rail (1946) en Francia, o Roma, ciudad abierta (1945), Paisà (1946) y Un giorno della vita (1946) en Italia, en las que un abismo moral separa a los heroicos activistas de la resistencia de los cobardes colaboracionistas y los despiadados alemanes. A estas les siguieron una serie de películas ambientadas en las ruinas (en un sentido literal y espiritual) de Berlín. Alemania, año cero (1947) de Roberto Rossellini, Berlín Occidente (1948), película norteamericana pero realizada por el emigrado director austríaco Billy Wilder, y Los asesinos están entre nosotros (1946) de Wolfgang Staudte, destacable como la única película alemana de la época en tratar el tema de las implicaciones morales de las atrocidades nazis (pero en la que ni una sola vez se menciona la palabra «judío»).

Tres de estas películas, Roma, ciudad abierta, Paisà y Alemania año cero, eran de Roberto Rossellini. Junto con Vittorio de Sica, que dirigió El limpiabotas (Sciuscià, 1946), Ladrón de bicicletas (1948) y Umberto D (1952), Rosellini fue el responsable del ciclo de películas neorrealistas italianas realizadas entre los años 1945 y 1952 que llevaron a los realizadores italianos al primer plano del cine internacional. Al igual que una o dos comedias inglesas de la misma época realizadas en los Ealing Studios, especialmente Pasaporte a Pimlico (1949), las películas neorrealistas convirtieron los daños y la destrucción de la guerra, sobre todo en las ciudades, en el escenario y en cierta medida el argumento del cine de la postguerra. Pero ni siquiera las mejores películas inglesas llegaron a aproximarse nunca al humanismo pesimista de las obras maestras italianas.

Las sencillas «verdades» de estas películas no reflejan tanto el mundo europeo tal y como era entonces, como ese mismo mundo pasado por el tamiz del recuerdo y los mitos de la guerra. Los trabajadores, el campo intacto, los niños (especialmente los varones), representan lo bueno, lo incorrupto y lo real —aun en medio de la destrucción y la indigencia urbanas— cuando se contraponen a los falsos valores de la clase, la riqueza, la codicia, el colaboracionismo, el lujo y la voluptuosidad. En la mayor parte de estas películas los norteamericanos están ausentes (salvo por los soldados cuyo calzado abrillantan los limpiabotas en la epónima El limpiabotas, o por los carteles de Rita Hayworth que aparecen en Ladrón de bicicletas, yuxtapuestos a la pobreza del encargado de pegarlos); es esta una Europa de europeos que viven en los márgenes medio destruidos o a medio construir de las ciudades, filmada casi a modo de documental (y, en este sentido, deudora de la experiencia adquirida en películas documentales durante la guerra). Al igual que el propio mundo de la Europa de la postguerra, estas películas desaparecieron a partir de 1952, si bien el neorrealismo vivió una curiosa resurrección en España, donde Luis García Berlanga dirigió Bienvenido Mister Marshall en 1953 y Juan Antonio Bardem realizó Muerte de un ciclista tres años más tarde.

Al igual que otros esparcimientos de la época, ir al cine constituía un placer colectivo. En las pequeñas ciudades italianas, la mayoría de la población veía la película semanal y la comentaba, por lo que era un entretenimiento público públicamente debatido. En Inglaterra, durante los pases infantiles de los sábados por la mañana, se proyectaban canciones sobre la pantalla que animaban a los niños a que las cantaran al unísono con la ayuda de una pelotita blanca que saltaba de palabra en palabra. Así recuerda una de estas canciones, de alrededor de 1946, un habitante del sur del Londres de la postguerra en unas memorias sobre su infancia:

Venimos el sábado por la mañana

saludando a todos con una sonrisa.

Venimos el sábado por la mañana

sabiendo que merece la pena.

Como miembros del Odeon, todos tratamos de convertirnos

en futuros buenos ciudadanos

y campeones de la libertad[7].

El tono didáctico no era representativo —al menos no de una forma tan evidente— y desaparecería al cabo de algunos años. Pero el matiz ingenuo, anticuado, capta perfectamente el ambiente del momento. Los pasatiempos populares de la clase trabajadora, como la cría de palomas, las carreras de motocicletas y las de galgos, alcanzaron durante estos años su apogeo, antes de iniciar un constante declive, que se aceleró a partir de finales de los años cincuenta. Sus raíces de la época victoriana quedan patentes en el tipo de tocado utilizado por los espectadores: la boina (en Francia) y la gorra de visera característica de los trabajadores (en Inglaterra), ambas popularizadas en torno a la década de 1890, aún seguían siendo la norma en 1950. Los niños todavía se vestían como lo habían hecho sus abuelos, salvo por los omnipresentes pantalones cortos.

El baile era también muy popular, gracias en gran parte a los soldados norteamericanos, que introdujeron el swing y el bebop, tan populares en las salas de baile y los night-clubs, y difundidos por la radio (hasta mediados de la década de 1950, eran pocos los que podían permitirse el tocadiscos, y el juke-box todavía no había reemplazado a las orquestas de baile). Apenas se evidenciaba aún el salto generacional que se produciría en la siguiente década. La «nueva imagen» de Christian Dior de febrero de 1947 —un estilo agresivamente indulgente que pretendía contrastar con la escasez de material textil sufrida durante la guerra mediante las faldas hasta el tobillo, las abultadas hombreras y mangas de farol, y una plétora de lazos y pliegues— gozó de gran popularidad entre el público femenino de todas las edades con capacidad adquisitiva suficiente; la apariencia externa aún dependía más de la clase social (y el nivel económico) que de la edad.

Existían, por supuesto, tensiones generacionales. Durante la guerra, los zoot suits (trajes enormes y holgados) de inspiración norteamericana eran utilizados tanto por los spivs londinenses como por los zazous parisinos, generalmente frente a la oposición de sus horrorizados mayores; y, a finales de los cincuenta, el entusiasmo entre los bohemios e intelectuales por la trenca, una adaptación de lo que hasta entonces había sido la prenda de abrigo típica de los pescadores belgas, presagiaba la incipiente tendencia de los jóvenes a vestirse de un modo más humilde que elegante. En el ultramoderno club parisino Le Tabou, inaugurado en abril de 1947, la permisividad en el vestir adquirió una gran importancia, mientras que una película francesa de 1949, Rendez-vous de Juillet, incide en la falta de modales en la comida: retrata el escándalo de un típico padre de una familia burguesa tradicional ante la conducta de su hijo menor, sobre todo por su insistencia en comer sin la corbata puesta.

Pero estos cambios no iban más allá de la rebeldía adolescente, nada nueva por otra parte. La mayoría de la gente de todas las edades de la Europa de la postguerra se preocupaba sobre todo por salir adelante. A principios de la década de 1950, una de cada cuatro familias italianas vivía en la pobreza, y la mayor parte de las demás no estaba mucho mejor. Menos de uno de cada dos hogares tenía retrete dentro de la vivienda, y solo uno de cada ocho presumía de cuarto de baño. En las regiones más pobres, situadas en el extremo sudeste de Italia, la pobreza era endémica: en el pueblo de Cuto, perteneciente al marquesado de Crotone, el suministro de agua corriente para los 9000 habitantes del pueblo se reducía a una sola fuente pública.

El del Mezzogiorno era un caso extremo. Pero en la Alemania Occidental de 1950, 17 de los 47 millones de residentes del país eran todavía clasificados como «necesitados», principalmente debido a que no tenían donde vivir. Incluso en Londres, una familia cuyo nombre figurara en la lista de espera para una vivienda o piso podía tener que esperar un promedio de siete años antes de ser alojada, y estaba obligada a vivir entre tanto en los «prefabricados» de la postguerra —casetas de metal instaladas en solares vacíos de los alrededores de la ciudad para cobijar a las personas sin hogar hasta que la construcción de nuevas viviendas pudiera cubrir las necesidades existentes—. En las encuestas de la postguerra, la «vivienda» encabezaba siempre la lista de las preocupaciones populares; en la película de De Sica titulada Milagro en Milán (1951), la muchedumbre sin hogar canta: «Queremos una casa en la que vivir, para que nosotros y nuestros hijos podamos creer en el mañana».

Los patrones de consumo de la Europa de la postguerra reflejaban la continuada penuria del continente y el duradero impacto de la Depresión y la guerra. El racionamiento se prolongó durante mucho tiempo, especialmente en Gran Bretaña, donde el pan estuvo racionado entre julio de 1946 y julio de 1948, los cupones para la ropa siguieron en vigor hasta 1949, sin abandonar el régimen de vestimenta y mobiliario funcional hasta 1952, y el racionamiento de la carne y muchos otros alimentos se mantuvo hasta el verano de 1954 (aunque fue temporalmente suspendido para la coronación de la reina Isabel II en junio de 1953, por la que se aumentó con carácter general la asignación en medio kilo de azúcar y cien gramos de margarina)[8]. Pero incluso en Francia, donde el racionamiento (y por tanto el mercado negro) desapareció bastante antes, la obsesión de la época de la guerra por el abastecimiento de comida no disminuyó hasta como mínimo 1949.

Casi todo se encontraba en cantidades escasas o era de pequeñas dimensiones (el tamaño de las tan codiciadas nuevas viviendas familiares construidas por el Gobierno laborista era de apenas unos 80 metros cuadrados para una casa de tres dormitorios). Muy pocos europeos tenían coche o frigorífico: en el Reino Unido, donde el nivel de vida era de los más altos del continente, las mujeres de clase trabajadora tenían que salir a comprar comida dos veces al día, bien a pie o en transporte público, como antes que ellas habían hecho sus madres y sus abuelas. Los productos procedentes de lugares lejanos resultaban exóticos y caros. La omnipresente sensación de restricción, límites y contención se vio más reforzada aún por los controles sobre los viajes internacionales (para ahorrar las valiosas divisas extranjeras) y una legislación que impedía la entrada de trabajadores extranjeros y otros inmigrantes (la Francia de la postguerra mantuvo en vigor la totalidad de la legislación de la década de 1930 y la ocupación, destinada a prohibir la mano de obra extranjera y otros tipos inmigrantes no deseables, con algunas excepciones, especialmente en el caso de la mano de obra manual cualificada, y solo en respuesta a las necesidades existentes).

En muchos aspectos, la Europa de finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta era menos abierta, menos móvil y más insular que en 1913. Cierto es que también estaba más deteriorada, y no solamente en Berlín, donde en 1950 se habían retirado solo una cuarta parte de los escombros dejados por la guerra. El historiador social inglés Robert Hewison describe a los británicos de aquellos años como «personas desgastadas que trabajaban con maquinaria desgastada». Mientras que a finales de la década de 1940 en Estados Unidos la mayoría del equipamiento industrial tenía una antigüedad de cinco años, en la Francia de la postguerra la media era de veinte años. Un típico granjero francés podía producir alimentos para cinco de sus compatriotas, mientras que la producción del granjero medio estadounidense triplicaba dicha cantidad. Cuarenta años de guerra y depresión económica se habían cobrado un peaje muy caro.

La «postguerra», por tanto, duró mucho tiempo; más tiempo, sin duda, del que los historiadores han supuesto a veces, al relatar los difíciles años de la postguerra desde el ángulo favorecedor de las décadas posteriores. Pocos europeos de aquella época, estuvieran bien informados o no, podían imaginar la magnitud de los cambios que se avecinaban. La experiencia del medio siglo anterior había generado en muchos un pesimismo escéptico. Durante los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, Europa era un continente optimista cuyos hombres de Estado y comentaristas políticos habían contemplado el futuro con confianza. Treinta años más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, la gente no podía apartar su nerviosa mirada de su terrible pasado. Muchos observadores preveían que volvería a ocurrir lo mismo: otra depresión de postguerra, la reanudación de las políticas extremistas y una Tercera Guerra Mundial.

Pero este mismo grado de miseria colectiva que los europeos se habían infligido a sí mismos en la primera mitad del siglo tuvo un profundo efecto «despolitizador»: lejos de recurrir a soluciones extremas, como en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, la población europea de los sombríos años de la postguerra de la Segunda Guerra Mundial se alejó de la política. En aquel momento, las consecuencias de este hecho solo se podían vislumbrar vagamente: en el fracaso de los partidos fascistas o comunistas a la hora de rentabilizar las dificultades de la existencia diaria, en la forma en que la economía desplazó a la política como meta y expresión de la acción colectiva o en la aparición del esparcimiento y el consumo domésticos en sustitución de la participación en los asuntos públicos.

Y estaba ocurriendo algo más. Como la corresponsal de The New Yorker Janet Flanner, había advertido ya en mayo de 1946, en Francia, la segunda prioridad (después de la ropa interior) en la agenda de productos «funcionales» de la postguerra eran los cochecitos de bebé. Por primera vez en muchos años, los europeos estaban empezando a tener hijos. En el Reino Unido, la tasa de natalidad de 1949 había aumentado un 11 por ciento respecto a 1937; en Francia, en un insólito 33 por ciento. Las implicaciones de esta llamativa explosión de la fertilidad, en un continente cuyo rasgo demográfico principal desde 1913 había sido la muerte prematura, fueron trascendentales. Una nueva Europa estaba naciendo, en más sentidos de los que la mayoría de sus contemporáneos hubiera podido prever.

SEGUNDA PARTE

El malestar en la prosperidad: 1953-1971

VIII

La política de la estabilidad

La mayoría de la gente ha debido darse cuenta, incluso antes de que la Segunda Guerra Mundial lo evidenciara, de que la época en que las naciones europeas podían pelearse entre ellas por el dominio mundial ha pasado a la historia. Europa no puede ya seguir por este camino, y cualquier europeo que todavía anhele el poder mundial será víctima de la desesperación o del ridículo, como los muchos napoleones que llenan los manicomios.

MAX FRISCH (julio de 1948)

Como nosotros teníamos allí a nuestras tropas, los europeos no cumplieron con su parte. No están dispuestos a sacrificarse para aportar los soldados necesarios para su propia defensa.

DWIGHT EISENHOWER

El principal argumento en contra de proporcionar a los franceses información nuclear ha sido el efecto que esto tendría sobre los alemanes, que empezarían a pedir lo mismo.

JOHN F. KENNEDY

Verá, los tratados son como las chicas y las rosas: duran lo que duran.

CHARLES DE GAULLE

Las instituciones políticas por sí mismas son capaces de formar el carácter de una nación.

MADAME DE STAËL

En su célebre estudio sobre el aumento de la estabilidad política en la Inglaterra de principios del siglo XVIII, el historiador inglés J. H. Plumb escribió: «Existe la creencia general, derivada en gran parte de Burke y los historiadores del siglo XIX, de que la estabilidad política es de crecimiento lento, como el desarrollo de las formaciones de coral; que es resultado del tiempo, las circunstancias, la prudencia, la experiencia, la sabiduría y que se va desarrollando paulatinamente con el paso de los siglos. En mi opinión, nada más lejos de la verdad […]. La estabilidad política, cuando llega, a menudo se produce muy rápidamente en una sociedad, tan repentinamente como el agua se convierte en hielo[1]».

Algo así ocurrió en Europa, de forma bastante inesperada, en la primera mitad de la década de 1950.

Desde 1945 hasta casi 1953, los europeos vivieron, como hemos visto, a la sombra de la Segunda Guerra Mundial y nerviosos y expectantes ante una Tercera. El fracasado acuerdo de 1919 todavía seguía fresco en la memoria tanto de los estadistas como de la población en general. La imposición del comunismo en la Europa del Este constituía un claro recordatorio de la inestabilidad revolucionaria que siguió a la Primera Guerra Mundial. El golpe de Praga, las tensiones de Berlín y la guerra de Corea en el Lejano Oriente recordaban de forma inquietante las sucesivas crisis internacionales de la década de 1930. En julio de 1951, los aliados occidentales habían declarado el fin de su «estado de guerra» con Alemania, pero en medio de una Guerra Fría que iba intensificándose rápidamente todavía no existía ningún Tratado de Paz, y las perspectivas de que fuera a producirse eran escasas. Tampoco nadie podía confiar en que el fascismo no fuera a arraigar de nuevo en la tierra fértil del problema sin resolver de Alemania, o en cualquier otro lugar.

La creciente red de alianzas, organismos y acuerdos internacionales ofrecía pocas garantías de armonía internacional. Con la ventaja de la retrospectiva, ahora podemos ver que entre el Consejo de Europa, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Unión Europea de Pagos y, por encima de todos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se encontraba el germen de un sistema nuevo y estable de relaciones interestatales. Documentos como la Convención para la Protección de los Derechos Humanos elaborada por el Consejo de Europa en 1950 adquirirían una gran trascendencia en las décadas siguientes. Pero en aquel momento, estos documentos, así como los organismos que los publicaban, guardaban un gran parecido con los bien intencionados pero fracasados pactos de la década de 1920. Es comprensible que sus contemporáneos más escépticos les prestaran escasa atención.

Sin embargo, con la muerte de Stalin y el final de la guerra de Corea, Europa occidental empezó a introducirse, casi sin darse cuenta, en una era de notable estabilidad política. Por primera vez en cuatro décadas, los Estados de la mitad occidental del continente no estaban en guerra ni bajo su amenaza inminente, al menos entre ellos. Pero las disputas políticas se mantenían. Todos los partidos comunistas salvo el italiano iniciaban su lenta retirada hacia los márgenes de la política. Y la amenaza de un rebrote fascista perdía credibilidad poco a poco, excepto quizá en los mítines políticos comunistas.

Los europeos occidentales debían su recién descubierto bienestar a las incertidumbres de la Guerra Fría. La internacionalización de las confrontaciones políticas, y el consiguiente compromiso de Estados Unidos, contribuían a reducir la incidencia de los conflictos políticos domésticos. Asuntos políticos que en épocas anteriores hubieran conducido con toda probabilidad a la violencia y la guerra, como el problema pendiente de Alemania, los conflictos territoriales entre Yugoslavia e Italia, o el futuro de la Austria ocupada, quedaban todos ellos inmersos, y serían abordados a su debido tiempo, dentro del contexto de las confrontaciones y negociaciones de las grandes potencias, sobre las que los europeos no tenían apenas ni voz ni voto.

La cuestión alemana seguía sin resolverse. Incluso después de haber remitido el pánico de 1950, y de que los líderes occidentales reconocieran que Stalin no albergaba planes inmediatos de «repetir otra Corea» en Europa central, ambos bandos seguían lejos de llegar a un acuerdo. La postura oficial occidental era que las dos Alemanias que habían surgido en 1949 debían reunificarse en un solo Estado democrático. Pero hasta que todos los alemanes fueran libres de elegir por ellos mismos el régimen político en el que querían vivir, dicha reunificación no sería posible. Entre tanto, la República Federal de Alemania (Occidental) sería considerada la representante de todos los ciudadanos alemanes. Extraoficialmente, los estadounidenses, al igual que los ciudadanos de Europa occidental, no se sentían del todo descontentos con una Alemania dividida por tiempo indefinido. Como John Fosler Dulles manifestó al presidente Eisenhower en febrero de 1959, «había mucho que decir a favor del estado de cosas actual», aunque no era esta «una postura que pudiera adoptarse públicamente».

La posición soviética era, irónicamente, bastante similar. En sus últimos años, Stalin había seguido manteniendo la postura soviética oficial, es decir, que Moscú quería una Alemania unida y que estaría incluso dispuesto a aceptar que dicha Alemania fuera neutral, en tanto estuviera desarmada. En una serie de notas apuntadas en la primavera de 1952, Stalin proponía que las cuatro potencias ocupantes redactaran un Tratado de Paz dirigido a establecer dicha Alemania unida, neutral y desmilitarizada, previa retirada de todas las potencias ocupantes, y cuyo gobierno fuera votado en unas elecciones libres para toda Alemania. Los historiadores han criticado a Washington por no haber aceptado entonces las propuestas de Stalin: una «oportunidad desaprovechada» para acabar con la Guerra Fría o, al menos, para mitigar la gravedad de su punto conflictivo más peligroso.

En efecto, es cierto que los líderes occidentales no se tomaron muy en serio las notas de Stalin, y que rechazaron aceptar la oferta de la Unión Soviética. Pero, al final, parece que hicieron bien. Los líderes soviéticos daban muy poca importancia a sus propias propuestas, y en realidad no esperaban que estadounidenses, británicos y franceses retiraran sus tropas de ocupación y permitieran que una Alemania neutral y desarmada quedara flotando en medio de un continente dividido. En todo caso, a Stalin y sus sucesores no les disgustaba ver una presencia militar estadounidense continuada en suelo alemán; desde el punto de vista de los líderes soviéticos de su generación, la presencia de las tropas de Estados Unidos en Alemania Occidental constituía una de las garantías más fiables contra el revanchismo alemán. Solo merecía la pena arriesgar dicha garantía a cambio de una Alemania desmilitarizada a la sombra soviética (un objetivo por el que Moscú hubiera abandonado gustosamente a sus clientes de Alemania del Este y a su República Democrática), pero no por ninguna otra cosa fuera de eso.

Lo que los rusos decididamente no querían a ningún precio era una Alemania Occidental remilitarizada. El propósito de los afanes soviéticos no era alcanzar un acuerdo con Occidente sobre la reunificación alemana, sino evitar la inminente amenaza del rearme alemán. Los estadounidenses habían planteado el tema, solo cinco años después de la derrota de Hitler, como consecuencia directa de la guerra de Corea. Si el Congreso accedía a las peticiones de la Administración de Truman de una mayor ayuda militar al extranjero, entonces los aliados de Estados Unidos, incluidos los alemanes, debían evidenciar su propia contribución a la defensa de su continente.

Cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Dean Acheson, inició las conversaciones sobre el rearme alemán con Gran Bretaña y Francia, en septiembre de 1950, los franceses se opusieron rotundamente a la idea. Aquello confirmaba sus anteriores sospechas de que la OTAN, lejos de representar ningún compromiso por parte de Estados Unidos para proteger su flanco este, no era más que un pretexto para remilitarizar Alemania. Incluso los alemanes se mostraban reticentes, aunque por sus propios motivos. Konrad Adenauer entendía perfectamente la ocasión que para él representaban estas alteradas circunstancias: lejos de abalanzarse sobre la oportunidad del rearme, la República Federal se contuvo de hacerlo. A cambio de una contribución alemana a la defensa occidental, Bonn insistiría en conseguir el pleno reconocimiento internacional de la RFA y una amnistía para los criminales alemanes que estaban bajo la custodia aliada.

En previsión de que un acuerdo de este tipo pudiera efectuarse a sus espaldas, los franceses trataron de evitar que continuaran las conversaciones sobre la aportación militar alemana a la OTAN presentando su propia contrapropuesta. En octubre de 1950, René Pleven, el primer ministro francés, sugirió que se estableciera una Comunidad de Defensa Europea, análoga al Plan Schuman. Además de una Asamblea, un Consejo de Ministros y un Tribunal de Justicia, esta Comunidad contaría con su propia Fuerza de Defensa Europea (FDE). A los norteamericanos, al igual que los británicos, no les agradaba la idea, pero acordaron seguir adelante con ella como segunda mejor solución al problema de defender Europa.

El Tratado para la Comunidad de Defensa Europea (CDE) se firmó por tanto el 27 de mayo de 1952, junto con los documentos concretos en los que se afirmaba que una vez que todos los países signatarios hubieran ratificado el Tratado, Estados Unidos y Gran Bretaña cooperarían plenamente con una FDE y la ocupación militar de Alemania llegaría a su fin. Este era el acuerdo que la Unión Soviética había tratado infructuosamente de hacer descarrilar con sus ofertas de un Tratado de Paz que desmilitarizara a Alemania. El Bundestag alemán ratificó el Tratado de la CDE en marzo de 1953, y los países del Benelux hicieron lo propio[2]. Solo quedaba que la Asamblea Nacional francesa ratificara el Tratado para que Europa occidental adquiriera algo parecido a un ejército europeo, integrando y entremezclando a sus contingentes nacionales, incluido el alemán.

Sin embargo, los franceses seguían sin estar satisfechos. Como Janet Flanner observó sagazmente en noviembre de 1953, «para los franceses en general, el problema de la CDE es Alemania, no Rusia, que es el de los americanos». Las dudas de Francia frustraron a los norteamericanos (en una reunión del Consejo de la OTAN celebrada en diciembre de 1953, John Foster Dulles, el nuevo secretario de Estado de Eisenhower, amenazó con un «drástico replanteamiento» de la política estadounidense en caso de que la CDE fracasara). Pero aunque el Plan Pleven había sido idea de un primer ministro francés, el debate público puso de manifiesto hasta qué punto los franceses eran reticentes a aceptar el rearme alemán fueran cuales fuesen las condiciones. Por otra parte, las propuestas para el rearme alemán y la creación de un ejército europeo no podían haber llegado en peor momento: el ejército francés se enfrentaba entonces a la derrota y la humillación en Vietnam y el nuevo primer ministro francés, Pierre Mendès-France, consideraba con razón imprudente hacer peligrar el futuro de su frágil Gobierno de coalición con una impopular propuesta para rearmar al enemigo nacional.

Así pues, cuando finalmente el Tratado de la CDE llegó a la Asamblea Nacional para su ratificación, Mendès-France se abstuvo de convertir el asunto en una cuestión de confianza, y el Tratado fue rechazado, el 30 de agosto de 1954, por una mayoría de 319 votos frente a 264. El plan para una Comunidad de Defensa Europea, y con él el de una Alemania rearmada y un ejército europeo, estaba acabado. En una conversación privada con el ministro de Asuntos Exteriores belga Paul-Henri Spaak y el primer ministro de Luxemburgo Joseph Bech, un frustrado Adenauer atribuía la conducta de Mendès a su «condición de judío», que, según el canciller alemán, trataba de sobrecompensar alineándose con el sentimiento nacionalista francés. Más verosímil parece la explicación que dio el propio Mendès del fracaso de la CDE: «En la CDE había mucha integración y muy poca Inglaterra».

Los europeos y su aliado norteamericano volvían al mismo punto donde habían empezado. Pero las circunstancias eran ahora muy distintas. La guerra de Corea había terminado, Stalin había muerto, la OTAN formaba parte del escenario internacional. Los franceses habían pospuesto con éxito el problema de la defensa europea durante algún tiempo, pero no podían retrasarlo mucho más. A las pocas semanas de la votación sobre la CDE en la Asamblea Nacional, las potencias aliadas occidentales —Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia— se reunieron dos veces, en sendas conferencias convocadas apresuradamente en Londres y en París. Por iniciativa del ministro de Asuntos Exteriores británico, Anthony Eden, se aprobó rápidamente un conjunto de propuestas —los llamados Acuerdos de Londres[3]—, que culminarían con los subsiguientes Tratados de París, y que constituyeron la base de la política de defensa europea durante los siguientes cincuenta años.

Para superar el problema de «muy poca Inglaterra», Eden ofreció que las fuerzas británicas (cuatro divisiones) participaran con una presencia permanente en la Europa continental (por primera vez desde la Edad Media). El Tratado de Bruselas de 1948 se ampliaría a una Unión Europea Occidental (UEO), a la que se unirían Alemania e Italia (a pesar de que el Tratado de 1948, como ya hemos visto, se redactó con el propósito explícito de protegerse mutuamente contra Alemania). A cambio, los franceses aceptarían permitir a la República Federal un ejército de no más de medio millón de hombres, y Alemania ingresaría en la OTAN como Estado soberano[4].

Cuando estos tratados se ratificaran y entraran en vigor, el estatuto de la ocupación alemana caducaría a todos los efectos y, a todos los efectos, salvo nominalmente, los aliados occidentales habrían firmado la paz formal con su antiguo enemigo. Las tropas aliadas permanecerían en la República Federal para protegerse de una posible reincidencia, pero como parte de una presencia europea y mediante mutuo acuerdo. La acogida que los franceses prestaron a estos nuevos planes no fue en absoluto unánime, pero al haber echado abajo sus propias propuestas alternativas, no estaban en situación de protestar, aun cuando Alemania Occidental obtenía unas condiciones más generosas en virtud de los Tratados de 1954 que las que habría conseguido mediante el Plan Pleven. No era la primera vez que la propia Francia se convertía en su peor enemigo en una disputa internacional. Comprensiblemente, el apoyo francés a los Tratados de París fue claramente ambiguo. Cuando la Asamblea Nacional celebró la votación para ratificarlos, el 30 de diciembre de 1954, el resultado fue de 287-260, es decir que se aprobaron por una diferencia de solo 27 votos.

Si los franceses se mostraban dubitativos, los rusos se sentían directamente contrariados. El 15 de mayo de 1955, diez días después de la incorporación formal de Alemania Occidental a la OTAN y de la abolición de la Alta Comisión Aliada para la República Federal, la Unión Soviética anunció la formación de su Pacto de Varsovia. Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania y la Unión Soviética constituyeron una alianza de «amistad, cooperación y asistencia mutua» bajo un mando unificado. Moscú derogó sus tratados de alianza de la guerra con Gran Bretaña y Francia y, tras aceptar lo inevitable, declaró la plena soberanía de la República Democrática de Alemania del Este y la incorporó al Pacto de Varsovia. La cuestión alemana no había quedado exactamente resuelta; pero, con ambas partes integradas plenamente en sus respectivas alianzas internacionales, quedaría por el momento apartada, hasta ser reemplazada a su debido tiempo por el dilema aún pendiente de la anterior capital ahora dividida, Berlín.

Una vez el futuro inmediato de Alemania había sido resuelto, ambos bandos se apresuraron a abordar otros conflictos y tensiones de carácter secundario. Los nuevos hombres del Kremlin y, en particular, Nikita Jruschov, se tomaban muy en serio su agenda de una «coexistencia pacífica» en Europa y compartían el deseo norteamericano de minimizar los riesgos de futuras confrontaciones. El día después de anunciarse el Pacto de Varsovia, las cuatro potencias ocupantes firmaron el Tratado del Estado de Austria. Austria sería independiente y neutral, libre de seguir su propio camino sin alinearse ni con la OTAN ni con el Pacto de Varsovia[5]. Los cuatro ejércitos de ocupación debían retirarse —aunque la Unión Soviética, que ya había obtenido unos 100 millones de dólares de su zona de ocupación de la Austria oriental, se aseguró su tajada final con la imposición a Austria de la obligación de «comprar» los intereses económicos soviéticos en el sector este del país por 150 millones de dólares más.

Mientras, al sur de Austria, Yugoslavia e Italia habían acordado poner fin a su conflicto sobre Trieste. Según un acuerdo gestionado por los estadounidenses y los británicos en octubre de 1954, la ciudad de Trieste permanecería en Italia, mientras que el territorio circundante, poblado mayoritariamente por eslovenos, sería devuelto a Yugoslavia. Los acuerdos de Trieste, como tantas cosas durante aquellos años, se llevaron a cabo en el entendimiento de que serían considerados «provisionales»: en palabras del embajador italiano ante Estados Unidos, Alberto Tarchiani, el acuerdo de Trieste «no era provisional más que en apariencia, ya que en realidad era definitivo».

Los acuerdos sobre Austria, Yugoslavia e Italia fueron posibles gracias a un nuevo talante de detente en los asuntos europeos, simbolizado por la Cumbre de Ginebra celebrada en julio de 1955 (la primera desde Potsdam) y la admisión de dieciséis nuevos Estados miembros en las Naciones Unidas, que puso fin a un punto muerto de diez años entre el Este y el Oeste. Más allá del ambiente de amistosos encuentros entre Eisenhower, Jruschov y Eden, la cuestión más importante que quedó resuelta en Ginebra fue la del destino de los aproximadamente 10.000 prisioneros de guerra alemanes que seguían en manos soviéticas. A cambio de la visita de Adenauer a Moscú en septiembre de 1955 y el establecimiento de relaciones diplomáticas, los líderes soviéticos consintieron en devolver a estos hombres: se liberó a 9626 de ellos aquel mismo año, y los restantes a finales de enero de 1956. Entre tanto, las pequeñas naciones vecinas al oeste de Alemania también saldaron en cierta medida sus cuentas pendientes con Bonn. Los daneses consiguieron un acuerdo sobre algunos conflictos fronterizos de carácter menor y una compensación por los crímenes de guerra alemanes en 1955 y los belgas un año más tarde (el Gran Ducado de Luxemburgo, sin embargo, no alcanzó un acuerdo con los alemanes hasta 1959, y los holandeses hasta 1960). Sin que en realidad nadie lo explicitara, la herida de los crímenes y los castigos de la guerra europea y sus secuelas se estaba cerrando.

Estos significativos avances se desarrollaban con el telón de fondo de una carrera armamentística de dimensiones considerables. Esta paradoja de que una Europa pacífica fuera tomando forma mientras las dos grandes potencias del momento se armaban hasta los dientes y se preparaban para la eventualidad de una guerra nuclear no es tan extraña como podría parecer. El creciente énfasis de Estados Unidos y la Unión Soviética en la estrategia sobre armas nucleares y los misiles intercontinentales que permitirían arrojarlas liberaba a los Estados europeos de la necesidad de competir en un terreno en el que no podían soñar con igualar los recursos de las superpotencias, aunque la Europa central siguiera constituyendo el campo de batalla más probable. Por esta razón, la Guerra Fría en Europa occidental se experimentó durante aquellos años de una forma muy diferente a la de Estados Unidos o incluso la URSS.

El arsenal nuclear de Estados Unidos había crecido rápidamente durante la década de 1950. El número de armas nucleares a disposición de las fuerzas armadas estadounidenses había pasado de 9 en 1946, 50 en 1948 y 170 al comienzo de la década, a 841 en 1952, hasta alcanzar un total de unas 2000 en el momento de la entrada de Alemania en la OTAN (siete años más tarde, en vísperas de la crisis de los misiles de Cuba, llegaría a contabilizar 28.000). Para lanzar estas bombas, la fuerza aérea estadounidense contaba con el despliegue de una flota de bombarderos B-29 que sumaban un total de 50 a comienzos del bloqueo de Berlín en 1948, y que cinco años más tarde superaba los mil; los primeros bombarderos B-52 intercontinentales entraron en servicio en junio de 1955. Dada la abrumadora ventaja que la Unión Soviética tenía en Europa en cuanto a efectivos humanos y armas convencionales, estas armas nucleares aerotransportadas se convirtieron inevitablemente en la clave de la estrategia de Washington, sobre todo a raíz de la orden secreta emitida por Truman el 10 de marzo de 1950 de acelerar la fabricación de una bomba de hidrógeno.

La decisión de Truman fue motivada por el éxito de la prueba de la bomba atómica realizada por la Unión Soviética en agosto de 1949. La diferencia entre la capacidad nuclear estadounidense y la soviética iba reduciéndose: la primera prueba termonuclear llevada a cabo con éxito por Estados Unidos tuvo lugar en el atolón de Elugelab, en el océano Pacífico, el 1 de noviembre de 1952; la primera de este tipo realizada por la Unión Soviética, en Semipalátinsk, se anunció solo diez meses más tarde, el 12 de agosto de 1953. Un mes más tarde comenzaron a llegar armas nucleares norteamericanas a Alemania Occidental; al enero siguiente, Dulles anunció la política de «nueva imagen» de Eisenhower. La OTAN se «nuclearizaba»: la amenaza de utilizar armas nucleares tácticas en territorio europeo se convertiría en parte de la estrategia de defensa de la Alianza. A fin de que la Unión Soviética creyera que Occidente de verdad podía lanzarlas, se suprimió la distinción entre las armas nucleares y las convencionales. Como Dulles explicó en una reunión del Consejo de la OTAN, celebrada en abril de 1954: «Estados Unidos considera que la capacidad de utilizar bombas atómicas es esencial para la defensa de la zona de la OTAN frente a la actual amenaza. Resumiendo, dichas armas deben considerarse a partir de ahora como armas convencionales».

La coincidencia de la nuclearización de la OTAN con la estabilización del continente no fue casual. También desde el punto de vista de la Unión Soviética, la guerra convencional en Europa central y occidental iba perdiendo interés estratégico. Moscú también estaba haciendo acopio de armas nucleares: había comenzado con 5 en 1950 y a finales de la década había fabricado ya unas 1700. Pero el principal interés soviético residía en desarrollar los medios necesarios para lanzarlas no solo en territorio europeo sino a través del océano, a fin de compensar los planes norteamericanos de instalar armas nucleares en Alemania, a solo unos cuantos kilómetros de Rusia.

La célebre «diferencia de misiles» a la que aludió John F. Kennedy en 1960, durante su campaña a la presidencia de Estados Unidos, era un mito, un ejercicio de propaganda soviética con éxito; lo mismo se puede decir de las ampliamente difundidas versiones de la superioridad educativa y técnica de la Unión Soviética. Dos décadas antes de que el canciller alemán Helmut Schmidt hiciera el comentario, Jruschov y algunos de sus colegas de más alto rango ya comprendían intuitivamente que el imperio que gobernaban era básicamente un «Alto Volta con misiles». Pero la URSS ciertamente estaba invirtiendo grandes esfuerzos en el desarrollo de sus capacidades balísticas. La primera prueba soviética realizada con éxito de un misil balístico intercontinental tuvo lugar en agosto de 1957, cinco meses antes que los estadounidenses. El posterior lanzamiento del Sputnik el 4 de octubre de 1957 demostró lo que podía hacer (para horror de los norteamericanos[6]).

Las armas balísticas —misiles intercontinentales capaces de hacer llegar cabezas nucleares desde el interior de la Unión Soviética hasta objetivos norteamericanos— ejercían un gran atractivo, especialmente sobre Nikita Jruschov. Eran más baratas que las armas convencionales. Permitían a Jruschov mantener buenas relaciones con la industria pesada y el ejército al tiempo que se desviaban recursos hacia la producción de bienes de consumo. Y generaban el curioso efecto, como ambos bandos llegarían a descubrir, de hacer que la guerra a gran escala fuera mucho menos probable que hasta entonces. Las armas nucleares hacían tanto a Moscú como a Washington más beligerantes en apariencia —era importante dar la impresión de que se estaba dispuesto a usarlas— pero mucho más prudentes en la práctica.

Para los norteamericanos, existía un atractivo añadido. Estados Unidos todavía trataba de encontrar la manera de liberarse del enredo europeo en el que se había visto envuelto a pesar de las buenas intenciones de sus líderes. La nuclearización de Europa podía ser una forma de lograrlo. Con ella, dejaría de ser necesaria la previsión de una enorme presencia militar estadounidense destacada en el corazón de Europa (tanto estadistas como estrategas militares ansiaban que llegara el día en que Europa pudiera defenderse prácticamente por sí sola, con el único respaldo de la firme promesa norteamericana de una respuesta nuclear masiva en caso de un ataque soviético). Como Eisenhower había reiterado en 1953, la presencia de Estados Unidos en Europa no pretendió nunca ser otra cosa que «una medida provisional para transmitir confianza y seguridad a nuestros amigos de ultramar».

Son varias las razones por las que los norteamericanos nunca fueron capaces de ver cumplidos sus planes de abandonar Europa. Hacia finales de la década de 1950, Estados Unidos insistía en la existencia de una fuerza nuclear disuasoria que estuviera bajo un mando europeo colectivo. Pero ni a los británicos ni a los franceses les agradaba la idea. No era porque sus gobiernos se opusieran en principio a las armas nucleares. Los británicos hicieron explotar su primera bomba de plutonio en el desierto australiano en agosto de 1952, catorce meses después de que la Royal Air Force recibiera la primera bomba atómica. Por razones militares y económicas, los gobiernos británicos de la época se mostraban muy interesados en cambiar de una estrategia de defensa continental a otra de disuasión nuclear; en efecto, la insistencia británica había desempeñado un papel importante a la hora de persuadir a Eisenhower para idear su estrategia de la «nueva imagen», y los británicos no pusieron objeción alguna a la instalación de bombarderos estadounidenses con capacidad nuclear en suelo británico[7].

Los franceses también tenían un programa de bombas atómicas, aprobado por Mendès-France en diciembre de 1954, aunque la primera bomba independiente francesa no se hizo explotar con éxito hasta febrero de 1960. Sin embargo, ni los británicos ni los franceses estaban dispuestos a delegar el control de las armas nucleares en una entidad de defensa europea; en especial, los franceses desconfiaban de cualquier insinuación acerca de que los norteamericanos pudieran permitir el acceso de los alemanes a un interruptor nuclear. Los norteamericanos admitieron a regañadientes que su presencia en Europa era indispensable, que era exactamente lo que sus aliados europeos deseaban oír[8].

Otra cuestión que vinculaba a los norteamericanos con Europa era el problema de Berlín. Gracias al fracaso del bloqueo en 1948-1949, la antigua capital de Alemania seguía siendo una especie de ciudad abierta; el Berlín Este y el Berlín Oeste estaban unidos por líneas telefónicas y redes de transporte que se entrecruzaban en las distintas zonas de ocupación. Además constituía la única ruta de tránsito desde el este de Europa hacia el oeste. Los alemanes que huían al oeste podían llegar a Berlín Este desde cualquier punto de la República Democrática Alemana y atravesar la zona de ocupación rusa en dirección a las zonas occidentales, y desde allí a través del pasillo ferroviario que unía Berlín Oeste con el resto de la República Federal. Una vez allí, automáticamente tenían derecho a obtener la carta de ciudadanía en Alemania Occidental.

El viaje no estaba completamente exento de riesgos, y los refugiados solo podían llevar consigo las pertenencias que ellos mismos eran capaces de transportar; pero ninguna de estas consideraciones era obstáculo para que los jóvenes alemanes del Este los asumieran. Entre la primavera de 1949 y agosto de 1961, se calcula que entre 2,8 y 3 millones de alemanes del Este atravesaron Berlín en dirección al Oeste, aproximadamente un 16 por ciento de la población del país. Muchos de ellos eran personas con formación académica y profesionales —el futuro de Alemania del Este—; pero entre ellos también se encontraban miles de agricultores que huyeron de la colectivización agraria en 1952 y trabajadores que quisieron escapar del régimen después de la violenta represión de junio de 1953.

La peculiar situación de Berlín constituía por tanto un constante motivo de vergüenza y una imagen nefasta para el régimen comunista de Alemania del Este. Como el embajador soviético ante la República Democrática Alemana aconsejó diplomáticamente a Moscú en diciembre de 1959, «la presencia en Berlín de una frontera abierta y, por ser más precisos, incontrolada, entre el mundo socialista y el capitalista, conduce de forma inconsciente a la población a comparar ambas partes de la ciudad, lo que, lamentablemente, no siempre beneficia al Berlín de la República Democrática». La situación en Berlín tenía sin duda sus ventajas para Moscú así como para otros: la ciudad se había convertido en el principal puesto de escucha y centro de espionaje de la Guerra Fría; en 1961 operaban allí unas 70 agencias, y fue en Berlín donde las agencias de espionaje soviéticas lograron algunos de sus mayores éxitos.

Sin embargo, ahora que los líderes soviéticos habían aceptado la división de Alemania y convertido la zona oriental en un Estado soberano con todas las de la ley, no podían seguir ignorando indefinidamente la deserción continuada de sus recursos humanos. Sin embargo, cuando Moscú volvió a dirigir la atención mundial sobre Berlín, lo que generó una crisis internacional de tres años sobre el estatus de la ciudad, no fue porque se parara a considerar la sensibilidad herida de los gobernantes de Alemania del Este. En 1958, la Unión Soviética volvía a sentirse preocupada por el hecho de que los norteamericanos pudieran estar planeando proveer de armas a sus clientes de Alemania Occidental, esta vez de armas nucleares. Tal temor, como ya hemos visto, no estaba del todo injustificado —después de todo, era compartido por muchos europeos occidentales—. Por tanto, Jruschov se propuso utilizar Berlín, una ciudad cuyo destino a los rusos les era por lo demás absolutamente indiferente, como medio para impedir la nuclearización de Bonn, la cual sí les preocupaba, y mucho.

El primer desencadenante de la «crisis de Berlín» se produjo el 10 de noviembre de 1958, cuando Jruschov pronunció en Moscú un discurso dirigido a las potencias occidentales:

Los imperialistas han convertido la cuestión alemana en una fuente de tensión internacional permanente. Los círculos del poder de Alemania Occidental están haciendo todo lo posible por avivar la animadversión militar hacia la República Democrática Alemana […]. Los discursos del canciller Adenauer y el ministro de Defensa Strauss, el armamento atómico de la Bundeswehr y las diversas maniobras militares, todo ello apunta a una clara tendencia en la política de las instancias del poder de Alemania Occidental […]. Es evidente que ha llegado el momento de que los signatarios del Acuerdo de Potsdam renuncien a lo que queda del régimen de ocupación de Berlín y permitan la posibilidad de que la capital de la República Democrática Alemana alcance una situación de normalidad. La Unión Soviética, por su parte, pondrá en manos de la República Democrática Alemana las funciones que las instancias soviéticas siguen todavía desempeñando en Berlín.

El claro objetivo de la ofensiva de Jruschov, que adquirió un carácter de mayor urgencia cuando el líder soviético exigió dos semanas después que el Oeste se retirara de Berlín en un plazo de seis meses, era conseguir que los norteamericanos abandonaran Berlín y permitieran que se convirtiera en una «ciudad libre». Si así lo hacían, la credibilidad del compromiso general con la defensa de Europa occidental se vería seriamente dañada, lo que probablemente favorecería los sentimientos neutralistas y antinucleares en Alemania Occidental y en el resto del mundo. Pero aunque las potencias occidentales insistieran en permanecer en Berlín, la URSS podría otorgar su consentimiento a cambio del firme compromiso occidental de no facilitar a Bonn ningún armamento nuclear.

Cuando los líderes occidentales se negaron a realizar ninguna concesión respecto a Berlín, con el argumento de que había sido la propia Unión Soviética la que había incumplido sus compromisos de Potsdam al integrar plenamente Berlín Este en el gobierno y las instituciones del Estado de Alemania Oriental antes de alcanzarse ningún acuerdo definitivo, Jruschov volvió a la carga. Tras una serie de infructuosas conversaciones mantenidas en Ginebra por los ministros de Asuntos Exteriores en el verano de 1959, reiteró sus demandas, primero en 1960 y luego en junio de 1961. La presencia militar occidental en Berlín debía finalizar. De otro modo, la Unión Soviética se retiraría unilateralmente de Berlín, firmaría un Tratado de Paz independiente con la RDA y dejaría a Occidente que negociara el destino de sus zonas de ocupación con un Estado de Alemania Oriental independiente. Desde noviembre de 1958 hasta el verano de 1961, la crisis de Berlín se fue agravando poco a poco, las relaciones diplomáticas se crisparon cada vez más y el éxodo de los alemanes del Este se convirtió en una avalancha.

El ultimátum de Jruschov de junio de 1961 se produjo durante una cumbre celebrada con John F. Kennedy, el nuevo presidente estadounidense, en Viena. La última de dichas cumbres, mantenida entre Jruschov y Eisenhower en mayo de 1960, había sido abandonada cuando los soviéticos derribaron un avión U2 de la fuerza aérea pilotado por Gary Powers y los estadounidenses admitieron de mala gana haber llevado a cabo vuelos de espionaje (tras haber negado previamente tener conocimiento del asunto). En sus conversaciones con Kennedy, Jruschov amenazó con «liquidar» los derechos occidentales en Berlín si no alcanzaba un acuerdo antes de finales de año.

En público, Kennedy, al igual que había hecho antes que él Eisenhower, adoptó una línea dura, con la afirmación de que Occidente nunca abandonaría sus compromisos. Washington se atenía a los derechos que le asistían en virtud del Tratado de Potsdam y aumentaba el presupuesto de defensa nacional con el objetivo específico de apuntalar la presencia militar estadounidense en Alemania. Pero, extraoficialmente, Estados Unidos era mucho más contemporizador. Los norteamericanos —a diferencia de sus clientes de Alemania Occidental— aceptaban la realidad de un Estado alemán del Este y entendían el nerviosismo soviético ante el tono agresivo de los recientes discursos de Adenauer y, especialmente, de su ministro de Defensa, Franz Josef Strauss. Había que hacer algo para que la situación de Alemania avanzara; como Eisenhower expresó a Macmillan el 28 de marzo de 1960, Occidente «no podía en realidad permitirse seguir estancado en el mismo punto los próximos cincuenta años». En un sentido similar, Kennedy le aseguró a Jruschov en Viena que Estados Unidos «no quería hacer nada que privara a la Unión Soviética de sus vínculos en la Europa del Este»: un velado reconocimiento de que los rusos podían seguir manteniendo lo que tenían, incluida la zona oriental de Alemania y los antiguos territorios alemanes ahora en manos de Polonia, Checoslovaquia y la Unión Soviética[9].

Poco después de que Kennedy regresara a Washington, las autoridades de Alemania Oriental comenzaron a imponer restricciones a los posibles emigrantes para viajar. En respuesta directa a ello, el presidente de Estados Unidos reiteró públicamente el compromiso occidental con el Berlín Occidental, por lo que reconocía implícitamente que la mitad oriental estaba bajo la esfera de influencia soviética. El éxodo a través de Berlín aumentó a un ritmo más rápido que nunca: 30.415 personas salieron hacia el Oeste en julio, seguidas de 21.828 más antes de cumplirse la primera semana de agosto de 1961, la mitad de ellas menores de veinticinco años. A este ritmo, la República Democrática Alemana pronto se quedaría vacía.

La respuesta de Jruschov consistió en cortar el nudo gordiano de Berlín. Después de que los ministros de Asuntos Exteriores aliados, reunidos en París el 6 de agosto, rechazaran otra amenazadora nota soviética sobre la posibilidad de llegar a un Tratado de Paz independiente con la RDA si no se llegaba a un acuerdo, Moscú autorizó a los alemanes del Este a trazar, literalmente, una línea que separara de una vez por todas a ambos bandos. El 19 de agosto de 1961, las autoridades de Berlín Este destinaron a soldados y trabajadores a la tarea de construir un elemento de separación que atravesara la ciudad. En tres días se había erigido un tosco muro, suficiente para impedir movimientos fortuitos entre ambas partes de Berlín. Durante las semanas siguientes se elevó y se fortaleció. Luego se añadieron los focos de vigilancia, las alambradas y los puestos de guardia; las puertas y las ventanas de los edificios colindantes con el muro primero se bloquearon y luego se tapiaron. Las calles y plazas se dividieron por la mitad y todas las comunicaciones entre ambas partes de la ciudad fueron sometidas a estrecha vigilancia policial o quedaron directamente cortadas. Berlín ya tenía su muro.

Oficialmente, Occidente estaba horrorizado. Durante tres días, los tanques soviéticos y los estadounidenses estuvieron alineados unos frente a otros en el puesto de control que separaba sus zonas respectivas —uno de los pocos vínculos que quedaban entre ellas— mientras las autoridades alemanas del Este ponían a prueba la disposición de las potencias occidentales a mantener y reafirmar su continuado derecho de acceso a la zona oriental en virtud del acuerdo original entre las cuatro potencias. Ante la intransigencia del comandante militar norteamericano en la zona, que se negaba a reconocer ningún derecho de Alemania del Este a impedir los movimientos aliados, los soviéticos accedieron a regañadientes en este punto; durante los siguientes treinta años, las cuatro potencias aliadas permanecieron en su lugar, si bien ambas partes cedieron de facto la administración de sus zonas respectivas a las autoridades locales alemanas.

Entre bastidores, muchos líderes occidentales se sintieron secretamente aliviados con la aparición del muro. Berlín llevaba tres años amenazando con convertirse en el polvorín de una confrontación internacional, al igual que lo había sido en 1948. En privado, Kennedy y otros líderes occidentales estaban de acuerdo en que un muro que atravesase la ciudad de Berlín era mucho mejor que una guerra (a pesar de lo que se dijera en público, pocos políticos occidentales podían imaginarse seriamente pidiendo a sus soldados que «murieran por Berlín»). Como Dean Rusk (el secretario de Estado de Kennedy) comentó con discreción, el muro tenía sus utilidades: «Lo probable es que, en términos realistas, hiciera más fácil llegar a un acuerdo sobre Berlín».

El resultado de la crisis de Berlín demostró que las dos grandes potencias tenían más en común de lo que a veces a ambas les parecía. Si Moscú se comprometía a no volver a suscitar la cuestión del estatus de Berlín, Washington aceptaría la realidad de que el gobierno de Alemania del Este se estableciera allí y resistiría la presión de Alemania Occidental para hacerse con armas nucleares. Ambas partes estaban interesadas en la estabilidad de Centroeuropa; pero, más concretamente, Estados Unidos y la URSS estaban cansados ya de responder a las exigencias y las quejas de sus respectivos clientes alemanes. La primera década de la Guerra Fría había proporcionado a los políticos alemanes a ambos bandos de la línea divisoria una influencia inédita sobre sus patrones de Washington y Moscú. Temerosas de perder credibilidad ante «sus» alemanes, las grandes potencias habían permitido a Adenauer y a Ulbricht que los chantajearan para que se «mantuvieran firmes».

Moscú, como vimos anteriormente, nunca se había propuesto tener un Estado cliente en la zona oriental de la Alemania ocupada, pero finalmente se había decidido a hacerlo como segunda opción, y dedicó extraordinarios esfuerzos a apuntalar un débil y nada apreciado régimen comunista en Berlín. Por su parte, los comunistas alemanes siempre se sintieron algo temerosos de que sus patrones soviéticos pudieran traicionarlos[10]. En este sentido, el muro les proporcionaba cierta tranquilidad, si bien les decepcionaba la negativa de Jruschov a continuar presionando en pro de un Tratado de Paz una vez erigida la barrera. En cuanto a Bonn, el temor había consistido siempre en que los «amis» (americanos) sencillamente se marcharan de una vez por todas. Washington siempre se había echado atrás, tranquilizando a Bonn con que contaría con el firme apoyo de Estados Unidos, pero el levantamiento del muro y la visible aceptación norteamericana de este hecho no hizo más que aumentar el nerviosismo de Alemania Occidental. De ahí las reiteradas promesas efectuadas por Washington a raíz de la construcción del muro de que Estados Unidos nunca abandonaría su zona —que sirvieron de fondo a la famosa declaración de Kennedy de «Ich bin ein Berliner», en junio de 1963. Los 250.000 efectivos que Estados Unidos tenía en Europa en 1963 dejaban claro que tanto los norteamericanos como los rusos se quedarían allí para los restos.

El muro puso fin a la situación de Berlín como la zona de crisis de los asuntos mundiales e internacionales. Aunque aún se tardarían diez años en llegar a un acuerdo formal sobre la cuestión del acceso, a partir de noviembre de 1961 Berlín dejó de interesar y el Berlín Oeste comenzó su continuado descenso hacia la irrelevancia política. Cuando al año siguiente se declaró la crisis cubana, Kennedy y sus asesores estaban convencidos de que Jruschov estaba implicado en una compleja y maquiavélica trama para conseguir sus antiguos objetivos alemanes. Las lecciones de 1948-1950 habían sido bien aprendidas.

Así como Truman y Acheson habían visto la incursión en Corea como un posible preludio a un sondeo soviético sobre la frontera dividida de Alemania, Kennedy y sus colegas vieron en los emplazamientos de misiles en Cuba una estratagema soviética para chantajear a un vulnerable Estados Unidos para que cediera en Berlín. Durante los primeros diez días de la crisis cubana, apenas pasó una sola hora sin que los líderes norteamericanos volvieran una y otra vez sobre el tema de Berlín Oeste y la necesidad de «neutralizar» cualquier posible contraataque anticipado soviético de Jruschov en la ciudad dividida. Como Kennedy le expresó el 22 de octubre de 1962 al primer ministro británico Harold Macmillan: «No es necesario que yo les explique la posible relación de esta maniobra secreta y peligrosa por parte de Jruschov con Berlín».

El problema era que Kennedy se había tomado las últimas bravatas y propaganda soviética demasiado en serio y había basado su visión de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la cuestión de Berlín, lo que agravó claramente la aparente importancia de la crisis cubana, hasta el punto de que Kennedy llegó a afirmar ante sus asesores más cercanos, el 19 de octubre: «No creo que tengamos ninguna alternativa satisfactoria […]. Nuestro problema no está meramente en Cuba sino también en Berlín. Y cuando reconocemos la importancia de Berlín en Europa, y la importancia que tienen nuestros aliados para nosotros, es cuando nos damos cuenta del dilema en el que actualmente nos encontramos. De otro modo, nuestra respuesta sería muy fácil». Tres días antes, cuando comenzó la crisis cubana, el secretario de Estado, Dean Rusk, había resumido así su propia interpretación de las acciones soviéticas: «Yo también creo que Berlín tiene mucho que ver en todo esto. Por primera vez me empiezo a preguntar realmente si el señor Jruschov está en realidad actuando con cordura en lo referente a Berlín».

Pero Jruschov, por lo que luego se supo, estaba actuando con toda cordura respecto a Berlín. La Unión Soviética había mantenido de hecho una enorme superioridad en cuanto a sus fuerzas convencionales en Europa, y podía haber ocupado Berlín Oeste (y la mayoría de la Europa occidental) en cualquier momento. Pero ahora que Estados Unidos había jurado defender la libertad de Berlín Oeste por todos los medios (lo que en la práctica significaba las armas nucleares) Jruschov no tenía intención de arriesgarse a entrar en una guerra nuclear por Alemania. Como el embajador soviético en Washington comentó posteriormente en sus memorias, «Kennedy sobrestimaba la disposición de Jruschov y sus aliados a tomar medidas drásticas sobre Berlín, cuando en realidad la más agresiva de todas ellas fue la construcción del muro[11]».

Con Berlín y Cuba a sus espaldas, las superpotencias se movieron con sorprendente celeridad para resolver las incertidumbres de la primera Guerra Fría. El 20 de junio de 1963 se estableció una «línea caliente» entre Washington y Moscú; un mes más tarde, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido mantuvieron conversaciones en Moscú, que culminarían con el Tratado para la Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares. Este Tratado, que entró en vigor el 10 de octubre, revistió una importancia considerable para Europa, no tanto por sus objetivos explícitos como por el trasfondo subyacente.

Ambas grandes potencias querían mantener las armas nucleares fuera del alcance de China y Alemania Occidental, y este era el verdadero propósito del Tratado. La promesa de una Alemania no nuclear era el quid pro quo que Moscú esperaba del compromiso de Berlín; esta es la razón por la que los norteamericanos estaban dispuestos a granjearse la impopularidad de Bonn para conseguirla. Los alemanes occidentales aceptaron con cierto resquemor el veto sobre las armas nucleares alemanas, al igual que habían aceptado la división de Berlín, como el precio que había que pagar por una presencia continuada norteamericana. Entre tanto, el Tratado confirmó un claro giro en los objetivos estratégicos soviéticos, cada vez más alejados de Europa y más volcados en otros continentes.

La estabilización de la Guerra Fría en Europa, la menor probabilidad de que se convirtiera en un punto «caliente», y el hecho de que estos asuntos quedaran en gran medida fuera de su alcance, generó en los europeos occidentales la ciertamente tranquilizadora convicción de que el conflicto armado había quedado obsoleto. La guerra, en opinión de muchos observadores entre los años 1953 y 1963, era impensable, al menos en el continente europeo (aunque nunca dejó de constituir la opción preferida para la resolución de otros conflictos en el resto del mundo). Si estallaba una guerra, los enormes arsenales nucleares de las grandes potencias harían que sus consecuencias fueran sin duda terribles, y por tanto este hecho solo podría obedecer a un error de cálculo por alguna de las partes. En tal caso, los europeos podrían hacer muy poco por mitigar sus consecuencias.

Pero no todo el mundo veía las cosas de la misma manera. Esta misma evidencia inspiró en una minoría la necesidad de promover urgentemente un desarme nuclear. El 17 de febrero de 1958 se lanzó en Londres la Campaña Británica para el Desarme Nuclear (CND). Desde el principio, dicha campaña encajó perfectamente en la tradicional discrepancia británica de la política radical: la mayoría de sus partidarios eran personas cultas, de izquierdas y no violentas, y sus demandas se dirigían en primera instancia a su propio Gobierno, no a los rusos o a los norteamericanos (los dos principales partidos británicos estaban convencidos de la necesidad de que Gran Bretaña contara con un poder disuasorio nuclear independiente, aun cuando a finales de 1950 ya estaba claro que si los norteamericanos no les facilitaban sus misiles y submarinos, la bomba nuclear británica jamás podría alcanzar sus objetivos).

En su momento de máximo apogeo, la Campaña Británica para el Desarme Nuclear consiguió convocar a 150.000 partidarios en su marcha anual de protesta hacia las instalaciones de armamento nuclear de Aldermaston. Pero, al igual que los movimientos de inspiración similar de Alemania Occidental y los países del Benelux, la campaña británica fue perdiendo fuerza a medida que avanzaba la década de 1960. Los activistas antinucleares perdieron protagonismo tras el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares; cada vez era más difícil afirmar con alguna credibilidad que Europa se enfrentaba a una aniquilación inminente, y otros temas desplazaron al del desarme en la agenda política radical. Incluso en la Unión Soviética, la preocupación del disidente físico atómico Andréi Sájarov ante el riesgo de un holocausto nuclear inminente se redujo cada vez más y se desvió, como él mismo manifestó, «de los problemas de ámbito mundial a la defensa de las personas individuales».

Es indudable que la mayoría de los europeos occidentales, cuando alguna vez se paraban a pensarlo, estaban a favor del desarme nuclear: las encuestas de 1963 demuestran que, concretamente los italianos, habrían acogido muy favorablemente la abolición de todo tipo de armas nucleares. Los franceses se mostraban algo menos abolicionistas, y los alemanes y los británicos estaban más divididos, si bien en ambos casos la mayoría estaba claramente a favor del desarme nuclear. No obstante, a pesar de los crispados debates sobre el desarme de la década de 1920 y principios de la de 1930, el tema nuclear no movilizaba excesivamente a los europeos. Era demasiado abstracto. Solo los británicos y (nominalmente) los franceses tenían armas nucleares, y de los restantes, tan solo una minoría de la clase política alemana deseaba tenerlas.

Los italianos, los daneses y los holandeses se preocupaban de vez en cuando por el hecho de tener bases estadounidenses en sus territorios, lo que les dejaba más expuestos al peligro en caso de estallar una guerra. Pero las armas objeto de su preocupación pertenecían a las superpotencias; y la mayoría de los europeos, con bastante razón, concluían que no podían hacer nada para influir en las decisiones tomadas en Moscú y Washington. De hecho, la línea ideológica dura de la retórica de la Guerra Fría estadounidense hizo que, una vez superada la amenaza inmediata de la guerra nuclear, los ciudadanos de Europa occidental opinaran que en realidad le estaban haciendo un favor a Estados Unidos al permitir que los defendiera. Por lo que, en lugar de entrar de una forma u otra en debates sobre el desarme, se volcaron en ocuparse de sus propios asuntos.

Lo más destacable de la escena política europea de la década de 1950 no lo constituyeron los cambios que evidenció, sino los que no resultaron evidentes. El resurgimiento en la Europa de la postguerra de unos Estados democráticos autogobernados —carentes de los medios y de la voluntad para ir a la guerra, y dirigidos por políticos de edad avanzada cuyo credo común aunque no explicitado era «no experimentar»— causó cierta sorpresa. Al margen de las extendidas esperanzas en sentido contrario, la temperatura política de Europa occidental bajó con respecto a las cotas que había llegado a alcanzar durante los anteriores cuarenta años. Con las calamidades del pasado todavía frescas en la memoria colectiva, la mayoría de los europeos se apartaron con alivio de la política de la movilización de masas. La dotación de recursos de administración y servicios reemplazó a las esperanzas revolucionarias y la desesperación económica como principales intereses de los votantes (entre los que en muchos lugares se incluían por primera vez las mujeres) y los gobiernos y los partidos políticos respondieron en consonancia.

En Italia, el cambio fue especialmente sorprendente. A diferencia del resto de Estados mediterráneos —Portugal, España y Grecia— Italia se convirtió en una democracia, si bien imperfecta, y siguió siéndolo durante las décadas de la postguerra. Esto constituyó un logro notable. Italia era un país profundamente dividido. De hecho, incluso su existencia como país era desde hacía tiempo objeto de controversia, y volvería a serlo en años venideros. Algunos estudios de principios de la década de 1950 sugieren que apenas uno de cada cinco adultos italianos se comunicaba exclusivamente en italiano: muchos italianos continuaban identificándose sobre todo con su localidad o región y utilizaban su dialecto o idioma en la mayor parte de su actividad diaria. Esto era especialmente así en el caso de los que no habían cursado la enseñanza secundaria, que por aquellos años constituían la gran mayoría de la población.

El atraso de la Italia del sur, o Mezzogiorno, era tristemente célebre; Norman Lewis, un oficial del ejército británico que en la guerra estuvo destinado en Nápoles durante algún tiempo, se vio muy impresionado por la omnipresencia de los aguadores napolitanos, «cuyo aspecto apenas se diferenciaba de como aparecían representados en los frescos de Pompeya». Carlo Levi, un médico del Piamonte condenado al exilio por Mussolini por sus actividades en la resistencia, se hacía eco de comentarios similares en Cristo se paró en Éboli (editado por primera vez en 1945), un relato clásico de la vida en un remoto pueblo de las inhóspitas tierras altas del sur de Italia. Pero, además de no cambiar, el sur era pobre. Una investigación parlamentaria llevada a cabo en 1954 revelaba que el 85 por ciento de las familias más pobres de Italia vivía al sur de Roma. Las expectativas salariales de un trabajador del campo en Apulia, al sudeste de Italia, se reducían a la mitad de las de uno de la provincia de Lombardía. Tomando como referencia una renta per cápita media de 100, la cifra correspondiente al Piamonte, en el próspero noroeste de Italia, era de 174 y la de Calabria, en el remoto sur, solo de 52.

La guerra había exacerbado aún más la división histórica de Italia: mientras que a partir de septiembre de 1943 el norte había vivido casi dos años de dominio alemán y resistencia política, seguidos de la ocupación militar aliada de sus radicalizadas ciudades, el sur de Italia había sido literalmente salvado de la guerra por la llegada de las tropas aliadas occidentales. En el Mezzogiorno, las estructuras sociales y administrativas heredadas de los fascistas, por tanto, habían salido indemnes del incruento golpe por el que Mussolini fue sustituido por uno de sus generales. A los contrastes políticos y económicos existentes desde siempre entre la Italia del norte y la del sur, se añadieron entonces sus diferentes experiencias de la guerra.

El fracaso de las reformas agrarias de la postguerra condujo a los gobiernos italianos a adoptar un nuevo enfoque respecto a la controvertida «cuestión del sur». En agosto de 1950, el Parlamento italiano fundó una Cassa per il Mezzogiorno, un Fondo para el Sur, destinado a canalizar la riqueza nacional hacia el depauperado sur de Italia. En sí misma, la idea no era nueva —los esfuerzos realizados por Roma para solucionar la pobreza y la desesperada situación del sur se remontan como mínimo a los gobiernos de inspiración reformista de Giovanni Giolitti de principios del siglo XX—. Pero todas estas iniciativas anteriores habían servido de poco, y la única solución eficaz para los males de los habitantes del sur de Italia seguía siendo, como lo había sido desde el nacimiento de la Italia moderna, la emigración. Sin embargo, en cuanto a recursos, la Cassa simbolizaba un compromiso muy superior a cualquier otro plan anterior, y tenía más posibilidades de éxito, dado que encajaba bastante bien en los mecanismos políticos esenciales de la nueva república italiana.

La función del Estado republicano no era muy distinta a la de su predecesor fascista, del que había heredado la mayoría de sus burócratas[12]: el papel de Roma consistía en proporcionar empleo, servicios y bienestar a los muchos ciudadanos italianos para los que constituía el único refugio. Mediante diversos intermediarios y organismos —entre ellos el IRI (Instituto para la Reconstrucción Industrial) o el INPS (Instituto Nacional para la Seguridad Social), fundados por Mussolini, o el ENI (Ente Nacional de Hidrocarburos), fundado en la década de 1950—, el Estado italiano poseía o bien controlaba grandes sectores de la economía italiana, principalmente la energía, el transporte, la industria química y la alimentaria.

Cualesquiera que fueran los argumentos económicos contrarios a dicha estrategia (enraizada en parte en la tendencia fascista a la autarquía económica), lo cierto es que sus ventajas sociales y políticas resultaban claras. A comienzos de la década de 1950, el IRI tenía empleadas a 216.000 personas; otros organismos, incluidas las numerosas instancias de la burocracia nacional, empleaban a cientos de miles más. Las contratas financiadas por la Cassa —para la construcción de carreteras, la vivienda, los planes agrícolas de regadío— y las subvenciones estatales para nuevas fábricas y servicios comerciales constituían otra fuente muy importante de financiación centralizada, al igual que lo era el empleo público en sí mismo: a mediados de la década de 1950, aproximadamente tres de cada cinco funcionarios procedían del sur, a pesar de que dicha región representaba poco más de un tercio de la población del país.

Estos acuerdos constituían un terreno abonado para la corrupción y el delito; también en este punto la república se enmarcaba claramente en una tradición que se remontaba a los primeros años del Estado unificado. Quienquiera que controlara el Estado italiano, se encontraba en una posición especialmente idónea para dispensar favores, directa e indirectamente. De este modo, la política de la Italia de la postguerra, a pesar de su pátina de fervor religioso o ideológico, consistía fundamentalmente en una lucha por ocupar el Estado, por acceder a sus resortes de privilegios y patrocinio. Y en lo tocante al control y el manejo de estos resortes, los cristianodemócratas de Alcide de Gasperi y sus sucesores demostraron una habilidad y una iniciativa incomparables.

En 1953, y de nuevo en 1958, la Democracia Cristiana consiguió más del 40 por ciento de los votos (cifra que no descendería por debajo del 38 por ciento hasta finales de la década de 1970). En coalición con los pequeños partidos del centro, dirigió el país ininterrumpidamente hasta 1963, año en el que pasaron a asociarse con los partidos minoritarios de la izquierda no comunista. Su apoyo más fuerte, fuera de los tradicionales votantes católicos de Venecia y el Véneto, residía en el sur del país: Basilicata, Molise, Calabria y las islas de Cerdeña y Sicilia. En esta región no era la fe, sino los servicios, los que atraían el voto de los habitantes de las pequeñas ciudades de provincia hacia la Democracia Cristiana, a la que se mantendrían fieles durante generaciones. Lo que hacía que los alcaldes o los representantes parlamentarios cristianodemócratas del sur fueran elegidos una y otra vez eran sus promesas de electricidad, instalación de agua corriente en las casas, préstamos agrarios, carreteras, escuelas, fábricas y puestos de trabajo (las cuales podían cumplir gracias al monopolio del poder que ejercía su partido).

La Democracia Cristiana italiana se parecía en muchos aspectos a otros partidos similares de Alemania Occidental, Holanda y Bélgica. Carecía de bagaje ideológico. Obviamente, De Gasperi y sus sucesores tenían buen cuidado de reunirse con regularidad con las autoridades vaticanas y de no proponer ni apoyar nunca ningún tipo de legislación que el Vaticano desaprobara; la Italia de la postguerra representó en algunos aspectos la venganza de la Iglesia frente al secularismo anticlerical del nuevo Estado italiano posterior a 1861. Pero el activo papel que desempeñó la Iglesia católica en la política italiana no fue tan importante como sus defensores y detractores pretendían reivindicar. El principal instrumento para el control social lo constituían los poderosos ministerios centrales: resulta significativo que De Gasperi, al igual que los partidos comunistas de la Europa del Este durante los primeros años de la postguerra, estuviera tan interesado en mantener el ministerio del Interior bajo la dirección de la Democracia Cristiana.

Con el tiempo, el sistema clientelista de patrocinio y favores impuesto por los cristianodemócratas llegó a caracterizar a la política italiana en general. Otros partidos se vieron obligados a seguir su ejemplo: en las ciudades y distritos controlados por el PCI, especialmente en la «roja» Bolonia y en los alrededores de la región de Emilia, los comunistas apoyaban a sus amigos y favorecían a sus clientes, los trabajadores de las ciudades y los pequeños propietarios agrícolas del bajo valle del Po. De existir alguna diferencia, esta radicaba en el énfasis comunista en la corrección y la honestidad de su administración municipal, en contraste con la ampliamente conocida corrupción y los rumores de vinculación con la Mafia de los municipios demócratacristianos del sur. En la década de 1950, la corrupción a gran escala constituía un cuasimonopolio de los democratacristianos, si bien en décadas posteriores los socialistas que gobernaron las grandes ciudades del norte los emularon con considerable éxito. En política, la corrupción es en gran medida producto de la oportunidad.

El estilo del gobierno italiano no era especialmente edificante, pero funcionaba. Con el tiempo, áreas completas de actividad pública y cívica quedaron divididas, de facto, en familias políticas. Industrias enteras fueron «colonizadas» por los cristianodemócratas. El control y el empleo en los periódicos y la radio —y más adelante en la televisión— se repartieron entre los cristianodemócratas, los socialistas y los comunistas; de vez en cuando se tenía en cuenta al reducido electorado formado por los liberales anticlericales de la vieja escuela. Los puestos de trabajo y los favores se generaban y facilitaban de forma directamente proporcional al grado de influencia política local, regional y nacional. Todos los organismos sociales, desde los sindicatos a los clubes deportivos, se dividieron entre los cristianodemócratas, los socialistas, los comunistas, los republicanos y las distintas variantes liberales. Desde el punto de vista del homo economicus, el sistema era a todas luces poco rentable, además de resultar perjudicial para la iniciativa privada y la eficacia fiscal. El «milagro económico» italiano (como veremos) se produjo más a su pesar que por su causa.

No obstante, la estabilidad de la Italia de la postguerra constituía la condición sine qua non para posibilitar el crecimiento económico del país y su posterior transformación social. Y dicha estabilidad descansaba, por paradójico que pueda resultar, en los más que peculiares acuerdos institucionales descritos anteriormente. El país carecía de una mayoría estable a favor de un partido o programa, y el complicado sistema electoral de la representación proporcional generaba parlamentos demasiado divididos para llegar a un acuerdo en lo tocante a la legislación fundamental o más controvertida: la Constitución republicana de la postguerra no llegó a contar con un Tribunal Constitucional que sancionara sus leyes hasta 1956, y la tan debatida necesidad de la autonomía regional no se votaría en el Parlamento hasta catorce años más tarde.

Por consiguiente, como en el caso de la Cuarta República Francesa y en parte por las mismas razones, Italia estaba dirigida en realidad por unos administradores no elegidos que trabajaban en el Gobierno central o en alguna de las numerosas agencias paraestatales. Este resultado claramente antidemocrático ha llevado a los historiadores a tratar el sistema político italiano con cierto desdén. Las oportunidades para el cohecho, el soborno, la corrupción, el favoritismo político e incluso el robo, sin más, eran en efecto numerosas, y se utilizaban sobre todo en beneficio del virtual monopolio monopartidista de los cristianodemócratas[13]. Sin embargo, bajo el paraguas de estos acuerdos, el Estado y la sociedad italianos demostraron una adaptabilidad sorprendente tanto frente a los retos heredados como frente a los que planteaba el futuro. En comparación con los niveles de Canadá o Dinamarca, la Italia de la década de 1950 podía mostrar deficiencias en cuanto a honradez pública y transparencia institucional. Pero, para los niveles de su agitado pasado nacional, o los de otros Estados mediterráneos europeos con los que el país solía compararse, Italia había dado un importante paso adelante.

En ciertos aspectos significativos, la situación de Italia tras la guerra puede compararse con la de Austria. Ambos países habían luchado junto a Alemania y habían sufrido consiguientemente tras la guerra (Italia pagó un total de 360 millones de dólares en indemnizaciones a la Unión Soviética, Grecia, Yugoslavia, Albania y Etiopía). Al igual que Italia, Austria era un país pobre e inestable cuyo resurgimiento de la postguerra no habría podido predecirse a partir de su pasado reciente. Las dos agrupaciones dominantes del país habían pasado los años de entreguerras enfrentadas en un conflicto encarnizado. La mayoría de los socialdemócratas austriacos había considerado la emergencia en 1918 de un Estado austríaco truncado a partir de las ruinas del imperio de los Habsburgo como un absurdo económico y político. En su opinión, lo lógico hubiera sido que el remanente germanoparlante de la vieja monarquía dual hubiera quedado unido a sus camaradas alemanes en un Anschluss (unión), como de hecho habría ocurrido de haberse aplicado con coherencia las cláusulas de autodeterminación de los acuerdos de Versalles.

La izquierda austríaca siempre había recibido su mayor respaldo de la clase trabajadora de Viena y los núcleos urbanos de la Austria del este. Durante los años de entreguerras de la Primera República Austríaca, la mayoría del resto del país —rural, alpino y profundamente católico— votaba a los socialcristianos, un partido provinciano y conservador, reticente a los cambios y a los forasteros. A diferencia de los socialdemócratas, los socialcristianos no sentían el impulso panalemán de ser absorbidos por una Alemania urbana y mayoritariamente protestante. Pero tampoco simpatizaban en absoluto con las políticas socialdemócratas del movimiento de los trabajadores vieneses; en 1934, un golpe orquestado por la derecha destruyó el bastión de los socialdemócratas en la «Viena Roja» y, con él, la democracia austríaca. Desde 1934 hasta la invasión nazi, Austria fue gobernada por un régimen clerical autoritario en el que el Partido Católico ejercía el monopolio del poder.

El legado de la primera y desdichada experiencia de Austria con la democracia pesó como una losa sobre la República de la postguerra. Los socialcristianos, rebautizados como Partido Popular Austríaco, alardeaban orgullosos de su oposición en 1938 a ser absorbidos por Alemania; pero guardaban un ostensible silencio sobre su particular contribución a la destrucción de la democracia austríaca solo cuatro años atrás. Los socialistas, como entonces pasaron a llamarse los socialdemócratas, podían alegar razonablemente haber sido las víctimas por dos veces: primero de la guerra civil en 1934 y luego a manos de los nazis. Lo que, no obstante, se mantenía oculto, era su antiguo entusiasmo por el Anschluss. El Dr. Karl Renner, líder socialista y primer presidente de la república independiente establecida por el Tratado del Estado austríaco de 1955, había sostenido este firme entusiasmo por una unión austriacoalemana nada menos que hasta 1938.

A ambas partes les interesaba por tanto dejar atrás el pasado (ya hemos visto anteriormente lo que ocurrió con los intentos iniciales de desnazificación de la Austria de la postguerra). Los socialistas constituían el partido mayoritario en Viena (sus votantes representaban una cuarta parte de población del país), mientras que el Partido del Pueblo contaba con el férreo apoyo de los votantes del campo y las pequeñas localidades de los valles alpinos. En términos políticos, el país estaba dividido casi exactamente por la mitad: en las elecciones de 1949, el Partido del Pueblo venció a los socialistas por solo 123.000 votos; en 1953, los socialistas ganaron por 37.000; en 1956 volvió a ganar el Partido del Pueblo por 126.000 votos; en 1959 el resultado fue favorable a los socialistas por 25.000 votos; y, en 1962, volvió a vencer el Partido del Pueblo por una diferencia de solo 64.000 votantes, de un total de 4.250.000.

Estos márgenes insólitamente estrechos recordaban a los de las también reñidas elecciones de la república de entreguerras. La Austria católica y la Austria socialista se enfrentaban por tanto a la renovada perspectiva de que la política parlamentaria degenerara en una guerra civil cultural. Incluso con la ayuda de un tercer partido —los liberales, cuyo voto dependía en un grado bochornoso de los exnazis, y que en todo caso iría descendiendo de forma constante en las sucesivas elecciones—, ningún partido austríaco podía aspirar a constituir un gobierno estable, y la aprobación de cualquier legislación polémica suponía el riesgo de resucitar amargos recuerdos. El pronóstico de la democracia austríaca no parecía muy prometedor.

Sin embargo, Austria no solo logró evitar una nueva reedición de su historia, sino que en un breve espacio de tiempo consiguió también transformarse en un modelo de democracia alpina: neutral, próspera y estable. Ello se debió en parte a la incómoda proximidad del Ejército Rojo, que ocupó la Baja Austria hasta 1955 y que desde allí se retiraría a escasos kilómetros al este, lo cual actuaba como recordatorio de que los vecinos de Austria eran ahora tres Estados comunistas (Yugoslavia, Hungría y Checoslovaquia) y de que la delicada ubicación del país hacía aconsejable promover políticas conciliadoras y poco polémicas, tanto a escala nacional como internacional. Por otra parte, la Guerra Fría le asignó a Austria una identidad por asociación —como país occidental, libre y democrático— que posiblemente le hubiera sido difícil conseguir al país desde dentro.

Pero la principal fuente del éxito del desenlace político de la postguerra austríaca radica en la ampliamente reconocida necesidad de evitar confrontaciones ideológicas como las que habían desgarrado el país antes de la guerra. Dado que Austria tenía que existir —después de 1945 ya no había lugar para plantear su anexión a la vecina Alemania—, sus comunidades políticas debían encontrar la forma de convivir. La solución que pactaron los líderes del país fue eliminar cualquier posibilidad de confrontación a través de la dirección del país en coalición permanente. En la esfera política, los dos principales partidos acordaron ejercer el poder en colaboración: de 1947 a 1966, Austria fue gobernada por una «gran coalición» formada por los socialistas y el Partido del Pueblo. Los ministerios se repartieron cuidadosamente, de modo que correspondía generalmente al Partido del Pueblo el cargo de primer ministro, el de Asuntos Exteriores a los socialistas, etcétera.

En la administración pública —que en la postguerra abarcaba la totalidad de los servicios públicos, la mayoría de los medios de comunicación y gran parte de la economía, desde la banca a la explotación forestal— se acordó una división similar de las responsabilidades, conocida como Proporz. En casi todos los ámbitos los puestos eran cubiertos, mediante acuerdo, por los candidatos propuestos por uno de los dos partidos dominantes. Con el tiempo, este sistema de «enchufismo» llegó a calar hondo en la vida austríaca, y formó una cadena de patronos y clientes engarzados entre sí, que solucionaban casi cualquier disputa mediante la negociación o bien el intercambio de favores y nombramientos. Los conflictos laborales se dirimían mediante el arbitraje más que la confrontación, del mismo modo que el Estado bicéfalo trataba de evitar las disensiones a través de la incorporación de sus opositores en su sistema compartido de beneficios y recompensas. La prosperidad sin precedentes de aquellos años permitió a la gran coalición archivar sus desacuerdos y conflictos de intereses y, de hecho, comprar el consenso del que dependía el equilibrio del país.

Algunos colectivos de la sociedad austríaca quedaron inevitablemente fuera: pequeños comerciantes, artesanos independientes, agricultores aislados, y cualquiera a quien su trabajo o sus incómodas opiniones situaran al margen de la red de asignación de beneficios y cargos. Y en los distritos donde uno u otro bando contaba con una ventaja aplastante, a veces se ignoraba la proporcionalidad y se sustituía por un monopolio de puestos y favores de los miembros de dicho partido. Pero la presión para evitar la confrontación solía triunfar sobre los intereses locales y egoístas. Del mismo modo que la recién encontrada neutralidad austríaca se adoptó con entusiasmo como seña de identidad del país, desplazando los recuerdos de otras identidades más beligerantes que había ostentado en el pasado —«habsburgo», «alemana», «socialista», «cristiana»—, también las implicaciones posideológicas (y de hecho pospolíticas) del Gobierno de coalición y la administración Proporz llegaron a definir la vida pública austríaca.

A primera vista podría parecer que este rasgo distinguiría a la solución austríaca frente a la inestabilidad política de su variante italiana; después de todo, en Italia, la división política fundamental era la que separaba a los comunistas de los católicos, una yuxtaposición difícilmente calificable de «posideológica[14]». Pero, de hecho, ambos casos eran bastante similares. El rasgo distintivo de Togliatti y su partido era la importancia que le concedieron, durante las décadas de la postguerra, a la estabilidad política y la conservación y el fortalecimiento de las instituciones en las que se asentaba la vida democrática, incluso aunque ello acarreara un coste para la propia credibilidad de los comunistas como vanguardia revolucionaria. Por otra parte, Italia también se gobernaba mediante un sistema de favores y colocación laboral que guardaba ciertas semejanzas con el Proporz, a pesar de presentar un importante sesgo a favor de una de las partes.

Si el precio que pagó Italia por la estabilidad política fue un nivel de corrupción pública que llegaría a resultar intolerable, el coste que pagaron los austríacos, aunque menos tangible, fue igualmente pernicioso. Como en cierta ocasión describió un diplomático occidental, la Austria de la postguerra era «una ópera cantada por suplentes» y, ciertamente, la comparación resulta muy apropiada. A consecuencia de la Primera Guerra Mundial, Viena perdió su raison d’être como capital imperial y, en el curso de la ocupación nazi y la Segunda Guerra Mundial, la ciudad perdió también a sus habitantes judíos, que integraban una parte importante de su ciudadanía más culta y cosmopolita[15]. Cuando los rusos se marcharon en 1955, Viena carecía incluso del oscuro encanto del Berlín dividido. De hecho, el indicador del notable éxito con el que Austria había superado su turbulento pasado consistía en que para muchos visitantes su rasgo distintivo residía en su tranquilizadora monotonía.

Sin embargo, tras el apacible encanto de una «república alpina» cada vez más próspera, Austria también era corrupta a su manera. Al igual que Italia, había alcanzado su reciente seguridad a costa de cierto grado de olvido nacional. Pero, mientras que la mayoría de los demás países europeos —especialmente Italia— podían presumir al menos del mito de la resistencia nacional ante los invasores alemanes, los austríacos no podían sacar el mismo partido a su experiencia de la guerra. Y, a diferencia de los alemanes occidentales, a los austríacos no se les había obligado a reconocer, al menos en público, los crímenes que habían cometido o tolerado. En cierto sentido, Austria se parecía a Alemania del Este, y no solo por el estilo monótono y burocrático de sus servicios públicos. Ambos países constituían dos expresiones geográficas arbitrarias en donde la vida pública descansaba en un acuerdo tácito de fabricarse una nueva y autocomplaciente identidad (aunque el ejercicio tuvo considerablemente más éxito en el caso austríaco).

Un partido democratacristiano reformista, una izquierda parlamentaria, un amplio consenso respecto a no llevar las divisiones ideológicas o culturales hasta el punto de la polarización y la desestabilización políticas y una ciudadanía despolitizada: estos fueron los rasgos distintivos del acuerdo de la postguerra de la Segunda Guerra Mundial en Europa occidental. Bajo distintas configuraciones, el modelo italiano o austríaco puede detectarse en casi todas partes. Incluso en Escandinavia, el alto grado de movilización política alcanzado a mediados de la década de 1930 descendió de forma constante: las ventas anuales de insignias del Día de los Trabajadores cayeron indefectiblemente desde 1939 a 1962 (salvo por un breve repunte al final de la guerra), antes de volver a aumentar impulsadas por el entusiasmo de la nueva generación.

Las diversas comunidades integrantes de los países del Benelux (católicos y protestantes en Holanda, valones y flamencos en Bélgica), llevaban largo tiempo organizadas en estructuras comunitarias independientes (zuilen o pilares), que abarcaban la mayoría de las actividades humanas. Los católicos de la mayoritariamente protestante Holanda no solo rezaban oraciones distintas y asistían a iglesias diferentes a las del resto de sus conciudadanos: también votaban a un partido diferente, leían periódicos diferentes y escuchaban sus propios programas de radio (y en años posteriores verían otros canales diferentes de televisión). En el año 1959, el 90 por ciento de los niños católicos holandeses asistía a escuelas católicas y el 95 por ciento de los granjeros católicos holandeses pertenecía a sindicatos agrícolas católicos. Los católicos viajaban, nadaban, montaban en bicicleta y jugaban al fútbol en agrupaciones católicas, estaban asegurados en compañías de seguros católicas y, llegada su hora, también eran enterrados en un lugar distinto.

Diferencias similares conformaban las rutinas de los hablantes de lengua holandesa del norte de Bélgica y los separaban absolutamente de los francófonos de Valonia, aunque, en este caso, la mayoría católica era aplastante en ambas comunidades. Sin embargo, en Bélgica, los pilares no solo definían comunidades lingüísticas, sino también políticas: había sindicatos católicos y sindicatos socialistas, periódicos católicos y periódicos socialistas, emisoras de radio católicas y socialistas, todos ellos subdivididos a su vez en sendas versiones que daban servicio a los hablantes de lengua holandesa y los francófonos. En lógica correspondencia, la minoritaria tendencia liberal era en ambos países menos marcadamente comunitaria.

La experiencia de la guerra y la ocupación, y la memoria de las beligerantes divisiones ciudadanas de décadas anteriores, promovió una mayor tendencia a la cooperación más allá de las líneas divisorias de la comunidad. Los movimientos más extremistas, especialmente el de los nacionalistas flamencos, quedaron desacreditados por su colaboración oportunista con los nazis, y, en general, la guerra sirvió para reducir la identificación de las personas con los partidos políticos establecidos, aunque no con los servicios comunitarios asociados a ellos. Tanto en Bélgica como en Holanda, sería un partido católico —el Partido Socialcristiano en el caso de Bélgica y el Partido Popular Católico en el de Holanda— el que ocuparía continuadamente el gobierno desde finales de la década de 1940 hasta finales de la de 1960 e incluso más adelante[16].

Los partidos católicos del Benelux eran moderadamente reformistas en su retórica y actuaban de forma muy parecida a los partidos democratacristianos de otros lugares: para proteger los intereses de la comunidad católica, colonizar el gobierno a todos los niveles, desde los estatales a los municipales, y cubrir desde el Estado las necesidades de su amplia base social. Salvo por la referencia a la religión, esta descripción también encaja en los principales partidos de la oposición, el Partido Laborista en Holanda y el Partido Obrero Belga (más adelante llamado Socialista). Ambos se aproximaban más exactamente al modelo noreuropeo de un movimiento laborista con base sindical que al de los partidos socialistas mediterráneos, con su herencia más radicalizada y su retórica frecuentemente anticlerical, y apenas evidenciaban una ligera incomodidad por tener que competir por el poder (y compartir sus prebendas) con los católicos.

Fue esta mezcla de comunidades culturales retroalimentadas y partidos reformistas de centroizquierda y centroderecha, característica de la postguerra, la que estableció el equilibrio político en los Países Bajos. No siempre había sido así. Especialmente Bélgica había vivido una grave violencia política en la década de 1930, cuando los separatistas flamencos y los rexistas fascistas de Léon Degrelle tenían entre ambos amenazados al régimen parlamentario, y el país experimentaría un nuevo y aún más virulento brote de conflicto intercomunitario a partir de la década de 1960. Pero las viejas élites políticas y administrativas (y la jerarquía católica local), cuya autoridad se había visto brevemente amenazada en 1945, recuperaron su poder y otorgaron una considerable importancia al bienestar y otras reformas. Los pilares sobrevivieron por tanto hasta entrada la década de 1960, a modo de anacrónicos ecos de una era prepolítica que duró lo bastante para que sirvieran como estabilizadores culturales e institucionales durante un periodo de febril transformación económica.

El ejemplo más llamativo de estabilización política en la Europa de la postguerra, y sin duda el más importante, es también el menos sorprendente desde un punto de vista retrospectivo. Para cuando se produjo su ingreso en la OTAN, en 1955, la República Federal de Alemania (Occidental) ya estaba claramente en camino del Wirtschaftswunder (milagro económico) por el que le gustaría ser conocida. Pero resultaba aún más reseñable que la república de Bonn hubiera logrado dejar desconcertados a los numerosos observadores de ambos bandos que habían presagiado lo peor. Bajo la dirección de Konrad Adenauer, Alemania Occidental había conseguido navegar con éxito entre el Escila del neonazismo y el Caribdis del neutralismo filosoviético, y había anclado sana y salva en la alianza occidental, a pesar de los recelos de sus críticos dentro y fuera de Alemania.

Las instituciones de la Alemania de la postguerra habían sido deliberadamente conformadas con el objetivo de minimizar el riesgo de una repetición de Weimar. El Gobierno era descentralizado: la responsabilidad principal sobre la administración y la dotación de servicios recayó en los Länder, las demarcaciones regionales en las que estaba dividido el país. Algunos de ellos, como Baviera o Schleswig-Holstein, correspondían a los antaño independientes Estados alemanes que habían sido absorbidos por la Alemania imperial a lo largo del siglo XIX. Otros, como Renania-Westfalia en el noroeste, constituían arreglos administrativos que combinaban o dividían antiguas unidades territoriales.

Berlín Oeste se convirtió en Land en 1955, con su correspondiente representación en el Bundesrat, la Cámara Alta constituida por los delegados regionales (aunque sus delegados en la Cámara Baja, el Bundestag, directamente elegidos, no podían votar en las sesiones plenarias). Las facultades del Gobierno central quedaban por un lado considerablemente restringidas en comparación con las de sus predecesores (los aliados occidentales culpaban del ascenso de Hitler a la tradición prusiana de gobierno autoritario y se propusieron evitar posibles reincidencias). Por otro lado, el Bundestag no podía deponer a su voluntad a un canciller y su Gobierno una vez elegidos; para hacerlo, estaba obligado a tener preparado un candidato a la sucesión que contara con los votos parlamentarios suficientes para garantizar su elección. El propósito de esta restricción era evitar la inestabilidad política y los gobiernos débiles que habían caracterizado los últimos años de la República de Weimar; pero también contribuía a garantizar la permanencia en el cargo y la autoridad de cancilleres fuertes como Konrad Adenauer, y tras él, Helmut Schmidt y Helmut Kohl.

Esta preocupación por eludir o reprimir los conflictos conformó toda la cultura pública de la República de Bonn. La legislación del «mercado social» se dirigió a reducir el riesgo de conflictos laborales o de politización de las disputas económicas. En virtud de una Ley de Cogestión de 1951, las grandes empresas de sectores como el carbón, el acero y el hierro fueron obligadas a incluir a representantes de sus empleados en sus consejos de supervisión, una práctica que más adelante se extendería a otros sectores y empresas de menor tamaño. El gobierno federal y los Länder desempeñaban un papel muy activo en numerosos sectores económicos, y, a pesar de oponerse en principio a los monopolios nacionalizados, los Estados democratacristianos de los años cincuenta poseían o controlaban el 40 por ciento de toda la producción de carbón y acero, dos tercios de las centrales eléctricas, tres cuartas partes de la fabricación de aluminio y, algo de crucial importancia, la mayoría de los bancos alemanes.

En otras palabras, la descentralización del poder no implicaba un Gobierno de no intervención. Al mantener directa o indirectamente (a través de sociedades de cartera) una economía activa, los gobiernos regionales y nacionales de Alemania podían fomentar políticas y prácticas que promovieran tanto la paz social como las ganancias privadas. Los bancos, que actuaban como intermediarios entre el Gobierno y las empresas en cuyos consejos de administración solían estar representados, desempeñaron un papel clave. Se retomaron antiguas prácticas económicas alemanas, especialmente la fijación de precios y las cuotas de mercado consensuadas. Sobre todo a escala local, las destituciones de burócratas, empresarios o banqueros de la época nazi habían sido muy escasas, y, a finales de la década de 1950, la forma de dirigir gran parte de la economía de Alemania Occidental hubiera resultado en gran medida familiar a los grandes consorcios y cárteles empresariales de décadas anteriores.

Este corporativismo de facto no era quizá lo que los supervisores estadounidenses tenían en la mente para la nueva república alemana —estaba muy extendida la idea de que los consorcios empresariales y su poder habían contribuido al ascenso de Hitler y de que eran en todo caso perjudiciales para el libre mercado—. Si el economista Ludwig Erhard —el durante largo tiempo ministro de Asuntos Económicos alemán— se hubiera salido con la suya, la economía y con ella las relaciones sociales de Alemania Occidental habrían sido diferentes. Pero los mercados regulados y las estrechas relaciones entre el gobierno y las empresas alemanas encajaban perfectamente en el esquema democratacristiano, tanto en sus principios generales como por sus cálculos pragmáticos. Los sindicatos y los grupos empresariales cooperaron en la práctica totalidad de los casos (el crecimiento económico fue lo suficientemente rápido durante aquellos años para responder sin problemas a la mayoría de las demandas).

La Unión Demócrata Cristiana (CDU) gobernó sin interrupción desde las primeras elecciones de la RFA, celebradas en 1949, hasta 1966; hasta que Konrad Adenauer dimitió en 1963, con 87 años, estuvo a cargo ininterrumpidamente de los asuntos de la República de Bonn. Varias fueron las razones por las que la Unión Demócrata Cristiana, con Adenauer de canciller, ostentó el poder durante un periodo tan largo. Una de ellas era la firme postura que mantuvo la Iglesia católica durante la postguerra alemana: con las regiones predominantemente protestantes de Brandenburgo, Prusia y Sajonia ahora en manos comunistas, los católicos representaban algo más de la mitad de la población de Alemania Occidental. En Baviera, donde los católicos conservadores constituían la inmensa mayoría de los votantes, la Unión Social Cristiana (CSU) local contaba con una inexpugnable base de poder, que utilizó para asegurarse un lugar permanente como socio de coalición minoritario en los gobiernos de Adenauer.

El propio Adenauer tenía la edad suficiente para recordar los primeros años del imperio guillermino, cuando la Iglesia católica había constituido el principal blanco de la Kulturkampf de Bismarck y tuvo buen cuidado de no aprovecharse excesivamente del nuevo equilibrio de fuerzas, a fin de evitar el consiguiente riesgo de un resurgimiento del conflicto en las relaciones Iglesia-Estado, sobre todo tras el claramente lamentable historial de las Iglesias alemanas bajo los nazis. Desde el principio, trató por tanto de hacer de su partido un vehículo electoral cristiano en lugar de exclusivamente católico, y enfatizó el atractivo socialmente ecuménico de la Democracia Cristiana. En esto alcanzó un éxito evidente: la CDU/CSU solo consiguió ganar por un escaso margen a los socialdemócratas en las primeras elecciones de 1949, pero en 1957 sus votos casi se duplicaron: llegaron a superar el 50 por ciento.

Una razón relacionada con el éxito de la alianza CDU/CSU (los dos partidos, conjuntamente, conseguirían a partir de entonces un mínimo del 44 por ciento del voto nacional) era que, al igual que los cristianodemócratas en Italia, atraía a un amplio electorado. Los socialcristianos bávaros, como sus homólogos en los Países Bajos, atraían a un voto más reducido, el de la comunidad conservadora y religiosa practicante de una sola región. Pero la CDU de Adenauer, a pesar de su tradicional conservadurismo en aspectos culturales —en muchas comunidades de ciudades pequeñas y localidades rurales, los activistas locales de la CDU se aliaron con la Iglesia católica y otros grupos cristianos para controlar y ejercer la censura sobre los programas cinematográficos, por ejemplo— fue por lo demás bastante ecuménica: especialmente en la política social.

De este modo, los cristianodemócratas alemanes establecieron una base transregional, transconfesional, en la política alemana. Podían contar con los votos del campo y de las ciudades, de los empresarios y de los trabajadores. Mientras que los cristianodemócratas italianos tomaron posesión del Estado, en Alemania la CDU tomó posesión de los problemas que había que resolver. En política económica, en bienestar y servicios sociales, y, especialmente, en los todavía sensibles temas referentes a la división Este-Oeste y el destino de los numerosos expatriados alemanes, la CDU de Adenauer se afianzó firmemente como el partido paraguas de la mayoría centrista, lo que representó un novedoso cambio en la cultura política alemana.

La principal víctima del éxito de la CDU fue el Partido Socialdemócrata, el SPD. Aparentemente, el SPD debería haber estado mejor situado, aun teniendo en cuenta la pérdida de los votantes tradicionalmente socialistas del norte y el este de Alemania. El historial antinazi de Adenauer no era impecable: todavía en 1932 había creído que Hitler podía llegar a actuar de forma responsable, y probablemente constituyó una gran suerte para él haber sido objeto de las sospechas nazis tanto en 1933 (cuando fue destituido de su puesto como alcalde de Colonia) como de nuevo en los últimos meses de la guerra, cuando pasó un breve tiempo en la cárcel acusado de oponerse al régimen. Sin estos puntos a su favor, cabe dudar que los aliados occidentales hubieran apoyado su ascenso.

Por otro lado, el líder socialista Kurt Schumacher había sido desde el principio un decidido antinazi. Se hizo célebre su declaración del 23 de febrero de 1932 en el Reichstag en la que denunció al nacionalsocialismo como un «permanente llamamiento a lo más abyecto del hombre», y su éxito, único en la historia alemana, a la hora de «movilizar incesantemente la estupidez humana». Arrestado en julio de 1933, pasó la mayor parte de los doce años siguientes en campos de concentración, que dañaron progresivamente su salud y acortaron su vida. El demacrado y encorvado Schumacher, con su heroísmo e inquebrantable insistencia en la necesidad de que, tras la guerra, Alemania reconociera sus crímenes, no era solo el líder natural de los socialistas, sino también el único político de la Alemania de la postguerra que podría haber constituido para sus compatriotas alemanes una guía moral indiscutible.

Pero, a pesar de sus muchas cualidades, Schumacher adolecía de una curiosa lentitud a la hora de asumir el nuevo régimen internacional que se estaba fraguando en Europa. Nacido en Kreisstadt, Prusia, se mostraba reacio a abandonar la idea de una Alemania unida y neutral. Le desagradaban y desconfiaba de los comunistas, y no albergaba ninguna ilusión respecto a ellos, pero por lo que parece creía sinceramente en la posibilidad de que una Alemania desmilitarizada pudiera decidir su propio destino, y que estas circunstancias serían propicias para los socialistas. Por tanto, se oponía radicalmente a la tendencia occidentalista de Adenauer, y a su aparente disposición a tolerar la división de Alemania por tiempo indefinido. Para los socialistas, la restauración de una Alemania soberana, unificada y políticamente neutral debía tener prioridad sobre cualquier otro tipo de arreglo internacional.

A Schumacher le irritaba especialmente el entusiasmo de Adenauer por el proyecto de la integración europea occidental. Desde su punto de vista, el Plan Schuman iba dirigido a crear una Europa «conservadora, capitalista, clerical y dominada por los cárteles». Hasta qué punto estaba o no equivocado no es el tema que aquí nos ocupa. El problema era que los socialdemócratas de Schumacher no tenían nada real que ofrecer a cambio. Al combinar su programa socialista tradicional de nacionalizaciones y garantías sociales con la demanda de la unificación y la neutralidad, los socialdemócratas consiguieron un nada desdeñable 29,2 por ciento de los votos y el apoyo de 6.935.000 votantes (424.000 menos que la CDU/CSU) en las primeras elecciones de la RFA, celebradas en 1949. Pero, a mediados de la década de 1950, con Alemania firmemente vinculada a la alianza occidental y al proyecto incipiente de una unión europea, y tras quedar demostrada en la práctica la falsedad de las pesimistas profecías económicas socialistas, el SPD se quedó bloqueado. En las elecciones de 1953 y 1957, el voto socialista apenas aumentó ligeramente y su electorado se estancó.

No sería hasta 1959, siete años después de la prematura muerte de Schumacher, cuando una nueva generación de socialistas alemanes abandonaría formalmente su compromiso de setenta años con el marxismo y convertiría en virtud la necesidad de comprometerse con la realidad de Alemania Occidental. La influencia del marxismo en el socialismo alemán de la postguerra no había sido más que retórica (el SPD había dejado de albergar verdaderas ambiciones revolucionarias como muy tarde en 1914, caso de que alguna vez las hubiera tenido). Pero la decisión de renunciar a las viejas fórmulas del maximalismo socialista también permitió a los socialistas alemanes adaptar la esencia de su pensamiento. Aunque muchos siguieron estando descontentos con el papel de Alemania en la nueva Comunidad Económica Europea, al menos sí se reconciliaron tanto con la participación de Alemania en la alianza occidental como con la necesidad de convertirse en un Volkspartei (partido del pueblo) interclasista —en lugar de depender exclusivamente del voto de la clase trabajadora— como único medio para postularse como una alternativa seria al monopolio del poder de Adenauer.

Con el tiempo, los reformadores del SPD consiguieron sus objetivos: la mejora de sus resultados en las elecciones de 1961 y 1965 condujo a la constitución de un Gobierno de «gran» coalición con los socialdemócratas en 1966, ahora liderados por Willy Brandt, que accedían por primera vez al cargo desde la época de Weimar. Pero por esta mejora de sus perspectivas tuvieron que pagar un irónico precio. El hecho de que los principios de los socialdemócratas alemanes los llevaran a mantener su oposición a la mayoría de las políticas de Adenauer había contribuido de forma involuntaria a la estabilidad política de la República de Alemania Occidental. El partido comunista nunca había obtenido buenos resultados en la RFA (en 1947 consiguió tan solo un 5,7 por ciento de los votos, en 1953 un 2,2 por ciento y en 1956 quedó prohibido por el Tribunal Constitucional de Alemania Occidental). El SPD adquirió por tanto el monopolio de la izquierda política y absorbió dentro de sí las posibles disensiones de los jóvenes radicales del momento. Pero al unirse con los demócratacristianos en el poder y adoptar un programa más moderado y reformista, el SPD perdió el apoyo de la extrema izquierda, lo que abriría un espacio extraparlamentario a una nueva y desestabilizadora generación de políticos radicales.

Los líderes políticos de Alemania Occidental no tenían necesidad de preocuparse por el surgimiento de un sucesor directo del nazismo, dado que la Ley Básica de la República prohibía explícitamente este tipo de partidos. Había, sin embargo, muchos millones de antiguos votantes nazis, la mayoría de los cuales se repartían entre los diversos partidos mayoritarios. Y existía ahora un nuevo electorado adicional: los Vertriebene (los ciudadanos de origen alemán expulsados de Prusia Oriental, Polonia, Checoslovaquia y otros lugares). De los aproximadamente trece millones de expatriados alemanes, casi nueve millones se habían asentado inicialmente en la zona occidental; a mediados de 1960, con el incesante flujo de refugiados llegados a Alemania Occidental a través de Berlín, el número de expatriados aumentó en otro millón y medio de alemanes más, procedentes de las tierras del este.

Los Vertriebene, en su mayoría pequeños granjeros, comerciantes y empresarios, constituían un contingente demasiado numeroso para ser ignorado —como «ciudadanos de origen alemán» (Volksdeutsche), sus derechos como ciudadanos y refugiados habían quedado consagrados en la Ley Básica de 1949—. Durante los primeros años de la República, su probabilidad de carecer de una vivienda o puesto de trabajo adecuados era mayor que la de otros alemanes, y, por tanto, se sentían fuertemente motivados a participar en las elecciones, movidos por un objetivo político primordial: su derecho a regresar a sus tierras y propiedades en los países del bloque soviético, o, en su defecto, exigir una compensación por sus pérdidas.

Además de los Vertriebene, estaban los muchos millones de veteranos de guerra, cuyo número había aumentado aún más desde que Jruschov accedió en 1955 a devolver a los prisioneros de guerra que quedaban. Al igual que los expatriados, los veteranos de guerra y sus portavoces se consideraban víctimas injustamente tratadas de la guerra y de la postguerra. Descartaban con indignación la mera insinuación de que la actuación de Alemania, y especialmente la de sus fuerzas armadas, hubiera precipitado o justificado su sufrimiento. Se prefería en su lugar la autopercepción de Alemania que propugnaba Adenauer, la de una víctima por partida triple: primero a manos de Hitler —el enorme éxito de películas como Die letzte Brücke (El último puente, 1954), sobre una doctora que se resistía a los nazis, o Canaris (1955) contribuyeron a popularizar la idea de que eran mayoría los alemanes buenos que habían pasado la guerra resistiéndose a Hitler—; después a manos de sus enemigos —los paisajes en ruinas de las ciudades bombardeadas fomentaban la idea de que tanto dentro del país como en el campo de batalla los alemanes habían sufrido terriblemente a manos de sus enemigos—; y, por último, a causa de las malévolas «distorsiones» de la propaganda de la postguerra, que —según se creía mayoritariamente— exageraban con deliberación los «crímenes» de Alemania al tiempo que minimizaban sus pérdidas.

Durante los primeros años de la República Federal podían detectarse algunos indicadores de que estos sentimientos llegarían a traducirse en una violenta reacción política. Ya en las elecciones de 1949, 48 escaños parlamentarios —el triple de los conseguidos por los comunistas y casi el mismo número que el obtenido por los liberal-demócratas— fueron a parar a manos de diversos partidos populistas de la derecha nacionalista. Cuando a los refugiados se les permitió organizarse políticamente, surgió el «Bloque de los Expatriados y los Sin Voto»: en las elecciones locales de Schleswig-Holstein (antiguo feudo rural del partido nazi), el Bloque consiguió el 23 por ciento de los votos en 1950. Al año siguiente, en la vecina Baja Sajonia, un partido denominado Sozialistische Reichspartei —dirigido a un electorado similar— consiguió el 11 por ciento de los votos. Este en absoluto desdeñable electorado fue el que hizo que Konrad Adenauer tuviera buen cuidado de evitar las críticas directas al pasado alemán y culpar explícitamente a la Unión Soviética y a los aliados occidentales de los problemas continuados de Alemania, especialmente aquellos derivados de los Acuerdos de Potsdam.

Para apaciguar las exigencias de los refugiados y los que los apoyaban, Adenauer y la CDU mantuvieron siempre una línea dura con respecto al Este. En las relaciones internacionales, Bonn insistía en que las fronteras alemanas de 1937 siguieran legalmente en vigor hasta una conferencia de paz definitiva. De acuerdo con la Doctrina Hallstein propuesta en 1955, la República Federal rehusó mantener relaciones diplomáticas con todos los países que reconocieran a la RDA (lo cual contradecía la reivindicación de Bonn, contemplada en la Ley Básica de 1949, de representar a todos los alemanes). La única excepción fue la Unión Soviética. La rigidez de Bonn quedó demostrada en 1957, cuando Alemania rompió sus relaciones diplomáticas con Yugoslavia después de que Tito reconociera a Alemania Oriental. Durante los diez años siguientes, las relaciones de Alemania con la Europa del Este se mantuvieron congeladas a efectos prácticos.

En cuanto a los asuntos domésticos, además de destinar considerables recursos a ayudar a los refugiados y a los prisioneros de guerra y sus familias para que se integraran en la sociedad de Alemania Occidental, los gobiernos de la década de 1950 promovieron un enfoque en absoluto autocrítico del pasado reciente de Alemania. En 1955, el Ministerio de Asuntos Exteriores presentó una protesta formal por la proyección del documental Noche y niebla de Alain Resnais en el Festival de Cannes de aquel año. Con la República Federal a punto de entrar en la OTAN como miembro de pleno derecho, el filme podía perjudicar las relaciones de Alemania Occidental con otros Estados: según los términos de la protesta oficial, «este enfático recordatorio de un pasado doloroso podría dañar la armonía internacional del festival». El Gobierno francés accedió y la película se retiró[17].

No se trató de una aberración puntual. Hasta 1957, el Ministerio del Interior de Alemania Occidental mantuvo la prohibición de proyectar la película de Wolfgang Staudte (de Alemania Oriental) basada en Der Untertan (El hombre de paja, 1951), de Heinrich Mann, al oponerse a su planteamiento de que el autoritarismo tenía en Alemania profundas raíces históricas. Esto parecería confirmar la idea de que la Alemania de la postguerra sufrió de una dosis masiva de amnesia colectiva; pero la realidad era más compleja. Los alemanes no hicieron tanto por olvidar como por recordar selectivamente. Durante la década de 1950 los círculos oficiales de Alemania Occidental propugnaron una autocomplaciente visión del pasado alemán, según la cual la Wehrmacht actuó heroicamente, y los nazis habían constituido una minoría que ya había sido debidamente castigada.

En el curso de una serie de amnistías, los criminales de guerra que hasta el momento habían estado encarcelados fueron puestos en libertad y se reincorporaron paulatinamente a la vida civil. Mientras, la mayoría de los crímenes de guerra alemanes —los cometidos en el Este y en los campos de concentración— nunca fueron investigados. Aunque en 1956 se estableció en Stuttgart una Oficina Central de los Departamentos de Justicia de los Länder, los fiscales locales dejaron deliberadamente de llevar a cabo ninguna investigación hasta 1963, año en el que Bonn comenzó a obligarlos a hacerlo (especialmente a partir de 1965, cuando el Gobierno federal amplió la ley de prescripción aplicable al asesinato, vigente desde hacía veinte años).

La propia actitud de Adenauer fue bastante complicada en lo referente a estos aspectos. Por un lado creía firmemente que un silencio prudente era mejor que una declaración pública de la verdad (los alemanes de aquella generación mantenían un férreo compromiso con el funcionamiento de la democracia, salvo en lo tocante a pagar este precio). Otra cosa hubiera supuesto el riesgo de un resurgimiento de la derecha. A diferencia de Schumacher, que se refería pública y emotivamente a los sufrimientos de los judíos a manos alemanas, o del presidente alemán Theodor Heuss, que en noviembre de 1952 declaró en Bergen-Belsen: «Diese Scham nimmt uns niemand ab[18]», Adenauer apenas mencionó este tema. De hecho, rara vez se refirió a las víctimas judías, y jamás a sus autores alemanes.

Por otro lado, reconocía la irresistible presión para efectuar las indemnizaciones. En septiembre de 1952, Adenauer llegó a un acuerdo con el primer ministro israelí Moshe Sharett para pagar a los supervivientes israelíes lo que, con los años, llegarían a ser más de 100.000 millones de marcos alemanes. Con este acuerdo, Adenauer corría cierto riesgo político nacional: en diciembre de 1951, solo un 5 por ciento de los ciudadanos de Alemania Occidental admitía sentirse «culpable» hacia el pueblo judío. Otro 29 por ciento reconocía que Alemania debía indemnizar de algún modo al pueblo judío. El resto se dividía entre los que pensaban que «solo los que de alguna manera habían participado directamente» eran responsables y por tanto debían pagar (aproximadamente un 40 por ciento de los encuestados) y los que opinaban que «los judíos eran en parte responsables de lo que les había ocurrido durante el Tercer Reich» (un 21 por ciento). Cuando el acuerdo de indemnización fue debatido en el Bundestag el 18 de marzo de 1953, los comunistas votaron en contra, los liberal-demócratas se abstuvieron y tanto la Unión Social Cristiana como la propia CDU de Adenauer se encontraron divididas, y emitieron un gran número de votos contra cualquier tipo de Wiedergutmachen (indemnización). Para que el acuerdo se aprobara, Adenauer dependía de los votos de sus oponentes socialdemócratas.

En más de una ocasión, Adenauer se aprovechó del nerviosismo internacional acerca de un posible resurgimiento nazi en Alemania para empujar a los aliados de Alemania Occidental en la dirección que a él le interesaba. Si los aliados occidentales querían que Alemania cooperara en la defensa europea, insinuó, era mejor que se abstuvieran de criticar la actuación alemana o remover el turbulento pasado. Si querían evitar reacciones violentas dentro del país, debían apoyar decididamente a Adenauer en su rechazo de los planes soviéticos sobre Alemania Oriental. Etcétera. Los aliados occidentales se daban cuenta perfectamente de las intenciones de Adenauer. Pero también leían las encuestas de opinión alemanas. Por eso le permitían ciertas libertades, y aceptaron su insistencia en que él encarnaba la única opción válida para ellos, frente a una alternativa mucho menos favorable, y su afirmación de necesitar concesiones extranjeras para poder resolver los problemas en casa. En enero de 1951 incluso Eisenhower llegó a declarar que se había equivocado al confundir a la Wehrmacht con los nazis («el soldado alemán luchaba con valentía y honor por su patria»). En una tónica similar, el general Ridgeway, el sucesor de Eisenhower como comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Europa, pidió en 1953 a los miembros del Alto Comisionado aliado en Europa que perdonaran a todos los oficiales alemanes que cumplían condena por crímenes de guerra cometidos en el frente del este.

El comportamiento de Adenauer no le granjeaba las simpatías de sus interlocutores; en concreto, a Dean Acheson le irritaba especialmente la insistencia de Bonn en fijar unas condiciones antes de acceder a entrar en la comunidad de las naciones civilizadas, como si Alemania Occidental le estuviera haciendo un favor a los victoriosos aliados occidentales. Pero en las raras ocasiones en las que Washington o Londres manifestaban su frustración en público, o siempre que se sugería que estos podían mantener conversaciones con Moscú a espaldas de Bonn, Adenauer actuaba rápidamente para sacar ventaja política de la situación y recordaba a los votantes alemanes la inconstancia de los aliados de Alemania, y que él era el único con el que podían contar para velar por los intereses nacionales.

El apoyo nacional al rearme alemán no fue especialmente fuerte durante los años cincuenta, y la creación en 1956 de un nuevo ejército de Alemania Occidental, la Bundeswehr, tan solo once años después de la derrota, no despertó un entusiasmo generalizado. Incluso el propio Adenauer se había mostrado ambiguo, e insistió —con lo que a su modo de ver suponía cierta dosis de sinceridad— en que él no hacía sino responder a la presión internacional. Uno de los logros del Movimiento por la Paz de comienzos de la década de 1950, respaldado por los soviéticos, consistió en convencer a muchos alemanes occidentales de que su país alcanzaría a la vez la reunificación y la estabilidad si se declaraba «neutral». Más de una tercera parte de los adultos encuestados a principios de la década de 1950 estaba a favor de una Alemania neutral y unida bajo cualquier circunstancia, y casi un 50 por ciento deseaba que la República Federal se declarase neutral en caso de guerra.

Dado que el desencadenante más probable de una Tercera Guerra Mundial en Europa era la propia situación de Alemania, estas aspiraciones pueden parecer curiosas. Pero una de las rarezas de la Alemania Occidental de la postguerra consistía precisamente en que la posición privilegiada de este país como protectorado estadounidense de facto constituía para algunos de sus ciudadanos una fuente de resentimiento al mismo tiempo que de seguridad. Y dichos sentimientos se vieron agudizados cuando a partir de finales de la década de 1950 quedó claro que una guerra en Alemania podría suponer la utilización de armas nucleares (las cuales estaban bajo el control exclusivo de terceros).

Ya en 1956 Adenauer había advertido que la República Federal no podía continuar siendo un «protectorado nuclear» para siempre. Cuando a principios de la década de 1960 resultó evidente que los aliados occidentales habían llegado a un acuerdo con Moscú sobre este delicado asunto, y que entre todos no permitirían jamás que Alemania tuviera acceso a armas nucleares, Adenauer montó en cólera[19]. Durante un breve periodo pareció como si la lealtad de la República de Bonn a Washington pudiera trasladarse al París de De Gaulle, al que le unía el resentimiento común hacia un prepotente tratamiento angloamericano y la sospecha compartida de que Estados Unidos se estaba intentando zafar de sus obligaciones para con sus clientes europeos.

Ciertamente, el deseo francés de contar con un poder nuclear disuasorio independiente resultaba un tentador precedente para Alemania Occidental, que De Gaulle utilizó hábilmente en sus esfuerzos por apartar a Bonn de sus amigos norteamericanos. Como De Gaulle manifestó en la misma conferencia de prensa del 14 de enero de 1963 en la que respondió «Non!» a la entrada de Gran Bretaña en la CEE, él «simpatizaba» con las aspiraciones de Alemania Occidental a un estatus nuclear. «Simpatía» que a la semana siguiente tradujo en un Tratado de Amistad Franco-alemana. Pero dicho Tratado, a pesar de la fanfarria de la que fue acompañado, carecía de contenido. El aparente cambio de lealtades de Adenauer fue desautorizado por muchos colegas de su propio partido, que avanzado aquel mismo año conspiraron para promover su retirada del poder y reafirmar su fidelidad a la OTAN. En cuanto a De Gaulle, él era el que menos ilusiones se hacía respecto a los alemanes. El presidente francés había manifestado en Hamburgo seis meses antes, ante una multitud enfervorizada, «Es lebe die deutsch-französiche Freundschaft! Sie sind ein grosses Volk!» (¡Larga vida a la amistad franco-alemana! ¡Son un gran pueblo!); pero a uno de sus ayudantes le había comentado, «si realmente siguieran siendo una gran nación, no me aclamarían de esta manera».

En todo caso, por más frías que fueran sus relaciones, ningún líder de Alemania Occidental se atrevía a romper con Washington por una ilusoria alternativa francesa. No obstante, las intrigas de la política exterior de Adenauer contribuyeron a generar un sentimiento de rencor hacia la inevitable sumisión de Alemania a Estados Unidos. Desde la retrospectiva, tendemos a dar por hecho con excesiva facilidad que la República Federal de Alemania de la postguerra recibía con entusiasmo cualquier iniciativa norteamericana; que los soldados estadounidenses repartidos por todo el centro y el sur de Alemania durante aquellos años, con sus instalaciones y bases militares, convoyes, películas, música, comida, ropa, chicles y dinero en efectivo despertaban simpatías por todas partes y eran bien acogidos por la población cuya seguridad habían ido allí a garantizar.

La realidad era más compleja. Individualmente, los soldados estadounidenses (y británicos) eran del agrado de casi todo el mundo. Pero una vez hubo pasado el alivio inicial de haber sido «liberados» (sic) por Occidente (y no por el Ejército Rojo), emergieron otros sentimientos. Los duros años de postguerra de la ocupación aliada contrastaban desfavorablemente con la vida durante el periodo nazi. Durante la Guerra Fría, algunos culparon a Estados Unidos de colocar a Alemania en el centro de «su» conflicto con la Unión Soviética y poner en riesgo al país. Muchos conservadores, especialmente en el católico sur, atribuían el ascenso de Hitler a la influencia «secularizadora» de Occidente y argumentaban que Alemania debía adoptar una «vía intermedia» entre los tres males de la modernidad: el nazismo, el comunismo y el «americanismo». Y el creciente protagonismo de Alemania Occidental en la frontera este de la alianza occidental recordaba subliminalmente el papel que Alemania se había adjudicado como bastión cultural de Europa frente a las hordas asiático-soviéticas.

Por otra parte, la americanización de Alemania Occidental —y la omnipresencia de ocupantes extranjeros— contrastaba claramente con la saneada Alemania de los deseos populares, alimentados a principios de los años cincuenta a base de las nostálgicas películas de producción nacional. Este tipo de películas, conocidas como cine Heimat («patrio»), estaban generalmente ambientadas en los paisajes montañosos del sur de Alemania y versaban sobre historias de amor, lealtad y convivencia en comunidad, y sus personajes iban vestidos con trajes regionales o de época. Estos pasatiempos populares, descaradamente cursis, a menudo constituían copias casi exactas de las películas de la época nazi, a veces con títulos idénticos; por ejemplo Schwarzwaldmädel (La doncella de la Selva Negra), de 1950, era una nueva versión de una película del mismo título de 1933, todas ellas obra de directores como Hans Deppe, de gran renombre durante la época nazi, u otros jóvenes discípulos suyos, como Rudolf Schündler.

Los títulos —Grün ist die Heide (Verde es el brezo, 1951), Land des Lachelns (La tierra de las sonrisas, 1952), Wenn der weiße Flieder wieder blühl (Cuando los lirios blancos vuelvan a florecer, 1953), Viktoria und ihr Husar (Victoria y su húsar, 1954), Der treue Husar (El húsar fiel, 1954), Das fröhliche Dorf (El pueblo alegre, 1955), Wenn die Alpenrosen blüh’n (Cuando florecen las rosas alpinas, 1955), Rosel vom Schwarzwald (Rosel de la Selva Negra, 1956) y docenas de otros similares— evocan una tierra y unas gentes ajenas a las bombas o los refugiados, «la Alemania profunda»: rural, incontaminada, feliz y rubia, cuya intemporalidad transmitía reconfortantes connotaciones de un país y una población no solo libre de ocupantes del este y del oeste, sino también libre de culpa y no mancillada por el reciente pasado de Alemania.

El cine Heimat reflejaba el provincianismo y el conservadurismo de los primeros tiempos de la República Federal, un profundo deseo de que la dejaran tranquila. Esta indiferencia de los alemanes se vio quizá facilitada por la desproporcionada presencia de mujeres entre la población adulta. En el primer censo de la postguerra, llevado a cabo en 1950, el cabeza de familia, en un 33 por ciento del total de los casos de Alemania Occidental, era una mujer divorciada o una viuda. Incluso después de que en 1955 y 1956 regresaran de la URSS los prisioneros de guerra supervivientes, la desproporción siguió manteniéndose: en 1960, el número de mujeres de la República Federal superaba al de los hombres en una proporción de 126:100. Al igual que en Gran Bretaña o en Francia, e incluso en mayor medida que en dichos países, las preocupaciones familiares y domésticas ocupaban el primer puesto en la opinión pública. En este mundo de mujeres, muchas de las cuales trabajaban a jornada completa y tenían que criar solas a sus hijos[20] —acosadas por el terrible recuerdo de los últimos meses de la guerra y primeros años de la postguerra—, la retórica de la nación, el nacionalismo, el rearme, la gloria militar o la confrontación ideológica ejercía escasa influencia.

La adopción de unos objetivos públicos sustitutivos que reemplazaran las desacreditadas ambiciones del pasado fue en gran medida deliberada. Como Konrad Adenauer explicó a su gabinete de ministros el 4 de febrero de 1952 al subrayar la importancia del plan Schuman para sus compatriotas: «Hay que proporcionar a la gente una nueva ideología. Y solo puede ser una ideología europea». El caso de Alemania Occidental resulta peculiar, dado que solo ella dependía de su integración en los organismos internacionales para recuperar su soberanía; y la idea de Europa podía en este sentido sustituir al vacío dejado en la vida pública alemana por la evisceración del nacionalismo alemán (como Schuman deseaba expresamente que ocurriera).

Para las élites intelectuales y políticas, esta derivación de las energías resultaba eficaz. Pero para la mujer de la calle, el verdadero sustitutivo de la vieja política no era la nueva «Europa» sino el mero hecho de sobrevivir —y prosperar—. Al final de la guerra, según el político laborista británico Hugh Dalton, Winston Churchill había expresado su deseo de que Alemania «engordara pero permaneciera impotente». Y así ocurrió, con una rapidez y unas consecuencias mayores de las que Churchill se habría atrevido a soñar. La atención de los alemanes occidentales durante las dos décadas siguientes a la derrota de Hitler no necesitaba ser desviada de la política hacia la producción y el consumo, porque ella por sí sola se volcó entusiasta y resueltamente en esta dirección.

Fabricar, ahorrar, adquirir y gastar no solo se convirtieron en las principales actividades para la mayoría de los alemanes occidentales, sino en los propósitos públicamente declarados y refrendados de la vida nacional. Cuando reflexionaba muchos años más tarde sobre esta curiosa transformación colectiva y el unánime afán con el que los ciudadanos de la República Federal se volcaron en su trabajo, el escritor Hans Magnus Enzensberger comentó que «no se puede entender la asombrosa energía de los alemanes si no se acepta la idea de que habían transformado sus defectos en sus virtudes. Podría decirse, en un sentido bastante literal, que habían enloquecido y que en ello residió la clave de su futuro éxito».

Los alemanes, condenados internacionalmente tras la caída de Hitler por haber cumplido ciegamente unas órdenes inmorales, convirtieron de este modo el defecto de su diligente obediencia en una virtud nacional. El demoledor impacto de la completa derrota del país y su posterior ocupación hizo que los alemanes se avinieran a la imposición de la democracia de un modo que pocos hubieran podido imaginar una década antes. En lugar de la «devoción a sus gobernantes» que Heine había observado en el pueblo alemán hacía un siglo, los alemanes de la década de 1950 se ganaron el respeto internacional por su igualmente entusiasta devoción por la eficacia, el detalle y la calidad en la fabricación de sus productos acabados.

Especialmente para los alemanes de más edad, esta recién descubierta devoción por trabajar por la prosperidad fue claramente bienvenida. Bien entrada ya la década de 1960, muchos alemanes mayores de sesenta años —entre los que se incluían los que ocupaban puestos de responsabilidad— seguían pensando que se vivía mejor con el Káiser. Pero a la vista de lo ocurrido después, la seguridad y la tranquilidad que les procuraron la pasividad y la rutina de la vida diaria de la República Federal constituyeron un sustitutivo más que aceptable. Sin embargo, los ciudadanos más jóvenes se mostraban más recelosos. La «generación escéptica» —los hombres y mujeres nacidos en los últimos tiempos de la República de Weimar y por tanto lo suficientemente mayores para haber vivido el nazismo al tiempo que lo bastante jóvenes para no ser responsables de sus crímenes— desconfiaban especialmente del nuevo orden alemán.

Para hombres como el escritor Günter Grass, o el sociólogo Jürgen Habermas, ambos nacidos en 1927, Alemania Occidental era una democracia sin demócratas. Sus ciudadanos habían pasado con sorprendente facilidad de Hitler al consumismo; habían superado sus recuerdos culpables con el trabajo por la prosperidad. En este rechazo alemán de la política en aras de la acumulación de bienes privados, Grass y otros vieron una negación de las responsabilidades ciudadanas pasadas y presentes; disentían absolutamente del aforismo de Bertolt Brecht «Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral» (Primero comer y luego la moral), al igual que Ernst Reuter, el alcalde de Berlín Oeste, que así lo manifestó en marzo de 1947: «Ninguna frase es más peligrosa que “primero comer, y luego la moral”. Si ahora tenemos hambre y frío es porque permitimos que se instalara la errónea doctrina que expresa dicha frase».

Más adelante, Habermas se identificaría en gran medida con la búsqueda del Verfassungspatriotism (patriotismo constitucional), el único tipo de sentimiento nacional que creía correcto —y prudente— alentar en sus compatriotas. Pero ya en 1953 había captado la atención pública con un artículo publicado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung en que atacaba a Martin Heidegger por permitir la reedición de sus conferencias de Heidelberg con sus alusiones originales a la «grandeza inherente» del nazismo. En aquel momento se trataba de un incidente aislado y despertó escasa atención internacional. Pero, no obstante, constituyó una señal que ya presagiaba los amargos interrogantes de la década siguiente.

En su película de 1978, El matrimonio de Maria Braun, Rainer Werner Fassbinder (nacido en 1945) disecciona ácidamente los que para sus jóvenes críticos constituyen los defectos recurrentes de la República Federal. La epónima heroína de la película rehace su vida a partir de los escombros de la derrota, en una Alemania en la que «todos los hombres parecen achicados», y deja fríamente atrás el pasado con la afirmación de que «no es tiempo para las emociones». Maria se vuelca pues con firme resolución en la obsesión nacional de hacer dinero, para lo que demuestra ser extraordinariamente experta. En su trayectoria, la protagonista, cuya vulnerabilidad inicial se recubre de cinismo, explota los recursos, los sentimientos y la credulidad de los hombres —incluidos los de un soldado (negro) norteamericano— mientras es «fiel» a Hermann, su marido, un soldado alemán encarcelado en la Unión Soviética cuyas hazañas bélicas se mantienen deliberadamente ocultas.

Todas las relaciones de Maria, sus logros y sus comodidades se miden en dinero, y culminan con una nueva casa llena de artilugios domésticos en la que espera recibir a su marido cuando vuelva. Cuando están a punto de recuperar la felicidad conyugal, ellos y todos sus bienes materiales explotan en pedazos por un descuido: Maria se deja abierta la llave del gas en su cocina ultramoderna. Mientras, en la radio se celebra con histerismo la victoria de Alemania Occidental en el Campeonato Mundial de fútbol de 1954. Para Fassbinder y una generación venidera de alemanes occidentales airados y disidentes, las cualidades recién descubiertas de Alemania en su nueva Europa —la prosperidad, el compromiso, la indiferencia política y un acuerdo tácito de no despertar los fantasmas del pasado en la memoria nacional— no consiguieron desviar la atención de sus viejos defectos. En realidad eran los viejos defectos bajo una nueva apariencia.

IX

Ilusiones perdidas

Indië verloren, rampspoed geboren. [Si perdemos las Indias, estamos acabados].

Dicho holandés de uso común en la década de 1940

El viento del cambio está barriendo este continente y, nos guste o no, esta creciente toma de conciencia [africana] es una realidad política.

HAROLD MACMILLAN, discurso pronunciado en Ciudad del Cabo el 3 de febrero de 1960

Gran Bretaña ha perdido un imperio y no ha encontrado aún su papel en el mundo.

DEAN ACHESON, discurso pronunciado en West Point el 5 de diciembre de 1962

Les habla Imre Nagy, presidente del Consejo de Ministros de la República Popular Húngara. A primeras horas de esta mañana, las fuerzas soviéticas han lanzado un ataque contra nuestra capital con la clara intención de derrocar al Gobierno legítimo y democrático de Hungría. Nuestras tropas están luchando. El Gobierno sigue en su lugar. Quiero informar al pueblo húngaro y a la opinión pública mundial de lo que está ocurriendo.

IMRE NAGY, en su declaración emitida por la radio húngara a las 5.20 a. m. el 4 de noviembre de 1956.

Es un grave error recurrir a las tropas extranjeras para darle una lección a nuestro propio pueblo.

JOSIP BROZ TITO, 11 de noviembre de 1956

Al final de la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa occidental —a los que les resultaba muy difícil gobernarse e incluso alimentarse— seguían dominando gran parte del mundo no europeo. Esta extraña paradoja, cuyas implicaciones no pasaban inadvertidas a las élites indígenas de las colonias europeas, tuvo lamentables consecuencias. Para muchos británicos, franceses u holandeses, las colonias y posesiones territoriales de sus respectivos países en África, Asia, Oriente Próximo y las Américas representaban un bálsamo para aliviar el sufrimiento y las humillaciones de la guerra europea, y habían demostrado su valor material durante dicha guerra como recursos nacionales de vital importancia. Si no hubieran tenido acceso a estos lejanos territorios, suministros y efectivos humanos de las colonias, los británicos y los franceses, sobre todo, habrían estado en mayor desventaja aún en su lucha contra Alemania y Japón.

Esto resultaba especialmente obvio para los británicos. Para cualquiera que haya crecido (como el autor de estas líneas) en la Gran Bretaña de la postguerra, «Inglaterra», «Gran Bretaña» y el «Imperio Británico» eran términos prácticamente sinónimos. Los mapas de las escuelas de primaria mostraban un mundo abundantemente bañado por el rojo imperial; los libros de texto de historia prestaban gran atención a la historia de las conquistas británicas realizadas en la India y África, especialmente; los noticiarios del cine, los boletines informativos de la radio, los periódicos, las revistas ilustradas, los cuentos para niños, los tebeos, las competiciones deportivas, las latas de galletas, las etiquetas de las latas de frutas en conserva, los escaparates de las carnicerías: todo constituía un recordatorio de la crucial presencia de Inglaterra como centro histórico y geográfico de un imperio marítimo, Los nombres de las ciudades de sus colonias y dominios, sus ríos y sus figuras políticas más destacadas, resultaban tan familiares como los de la propia Gran Bretaña.

Los británicos habían perdido su «primer» imperio en Norteamérica; su siguiente imperio, si bien no fue exactamente adquirido en un «momento de despiste», tampoco fue precisamente producto de un plan preconcebido. Dicho imperio resultaba muy caro de vigilar, mantener y administrar y, al igual que el imperio francés del norte de África, era sobre todo fervientemente apreciado y defendido por una reducida clase social formada por colonos agricultores y ganaderos de lugares como Kenia o Rhodesia. Los dominios «blancos» —Canadá, Australia, Nueva Zelanda— y Sudáfrica eran independientes; pero su lealtad formal a la corona, los lazos afectivos que los unían a Gran Bretaña, la comida y las materias primas que podían suministrar, y sus fuerzas armadas, se consideraban a todos los efectos, salvo nominalmente, patrimonio nacional. El valor material del resto del imperio británico resultaba menos evidente que su utilización estratégica: las posesiones británicas en África Oriental —al igual que los diversos territorios y puertos bajo control británico situados en Oriente Próximo y en las inmediaciones de la Península Arábiga y el océano Índico— se valoraban sobre todo como complementarios al principal activo del imperio británico: la India, que por entonces incluía los territorios que más tarde se convertirían en Pakistán y Bangladesh, así como Sri Lanka y Birmania.

Todos los imperios europeos se habían adquirido de manera esporádica y episódica, y (a excepción de las rutas terrestres y marítimas que daban servicio a la India británica) con escasa atención a su consistencia logística o rentabilidad económica. Los españoles habían perdido ya la mayor parte de su imperio, primero frente a los británicos, más tarde debido al deseo de independencia de sus propios colonos, y más recientemente frente a la emergente potencia de Estados Unidos (una de las fuentes del persistente sentimiento antiamericano presente en la España de entonces y en la de ahora). Tan solo mantenía algunos enclaves en Marruecos y Guinea Ecuatorial que el siempre tan realista Franco abandonaría entre 1956 y 1968.

Pero gran parte de África y Asia seguía todavía en manos europeas, gobernadas bien directamente por los capitalistas del imperio a través de una casta dirigente de intelectuales formados en Europa o bien por medio de unos líderes indígenas aliados servilmente con sus amos europeos. Los políticos de la Europa de la postguerra que solo mantenían contacto con estas personas no eran conscientes de la rapidez con la que el sentimiento nacionalista se iba expandiendo por todos estos imperios entre los integrantes de una futura generación de activistas (excepto quizá en el caso de la India, aunque también aquí subestimaron claramente el alcance de su influencia y determinación).

Así pues, ni los británicos, ni ninguna de las restantes potencias coloniales europeas, se imaginaban el colapso inminente de sus posesiones o su influencia en ultramar. Como el historiador Eric Hobsbawm ha observado, el final de los imperios coloniales europeos parecía quedar aún muy lejos en 1939, incluso para unos estudiantes que en aquel momento se encontraban cursando un seminario para jóvenes comunistas de Gran Bretaña y sus colonias. Seis años después, el mundo seguía dividido entre gobernantes y gobernados, poderosos e indefensos, ricos y pobres, hasta el punto de que parecía poco probable que dicha distancia pudiera salvarse en un futuro próximo. Aún en 1960, mucho después de que el movimiento mundial por la independencia se hubiera puesto en marcha, el 70 por ciento de la producción bruta mundial y el 80 por ciento del valor económico añadido de la industria manufacturera procedía de Europa y Norteamérica.

La minúscula Portugal —la más pequeña y la más pobre de las potencias coloniales europeas— extraía materias primas, a precios sumamente favorables, de sus colonias en Angola y Mozambique; también ofrecía un mercado cautivo a las exportaciones portuguesas, que, de otro modo, habrían sido poco competitivas. Así, Mozambique producía algodón para el mercado de materias primas portugués en lugar de comida para su gente, una distorsión que era fuente de cuantiosos beneficios y frecuentes hambrunas para la población local. Dadas las circunstancias, y a pesar de las infructuosas revueltas en las colonias y de los golpes militares en Portugal, la descolonización portuguesa se pospuso todo lo posible[1].

Aun en el caso de que los Estados europeos hubieran podido arreglárselas sin sus imperios, pocos en aquel momento podían concebir que las colonias sobrevivieran solas, sin el apoyo de una autoridad extranjera. Ni siquiera los liberales o los socialistas partidarios de la autonomía y la posterior independencia de los súbditos extranjeros esperaban que dichos objetivos pudieran alcanzarse antes de pasados muchos años. Conviene recordar que en fechas tan recientes como 1951, el ministro de Asuntos Exteriores británico, el laborista Herbert Morrison, consideraba la independencia de las colonias africanas comparable a «poner en manos de un niño de diez años la llave de casa, una cuenta bancaria y una pistola».

La guerra mundial, sin embargo, había provocado en las colonias unos cambios de cuya magnitud la mayoría de los europeos no era todavía consciente. Gran Bretaña había perdido sus territorios en el este de Asia debido a la ocupación japonesa durante la guerra y, aunque dichos territorios fueron recuperados tras la derrota de Japón, la posición de la vieja potencia colonial había resultado profundamente dañada. La rendición británica en Singapur en febrero de 1942 representó una humillación de la que el imperio británico en Asia nunca logró recuperarse. Aunque las fuerzas británicas pudieron evitar la caída de Birmania y consiguientemente la de la India en manos japonesas, el mito de la invencibilidad europea se vino abajo definitivamente. A partir de 1945 las potencias coloniales de Asia se enfrentarían a una presión cada vez mayor para que renunciaran a sus tradicionales reivindicaciones.

Para Holanda, la potencia colonial más antigua de la región, las consecuencias fueron especialmente traumáticas. Las Indias Orientales holandesas, y la sociedad mercantil responsable de su desarrollo, formaban parte de la mitología nacional y constituían un vínculo directo con su edad de oro, además de un símbolo de la gloria comercial y marinera de Holanda. Por otra parte, estaba muy extendida la creencia, especialmente durante los sombríos y míseros años de la postguerra, de que las materias primas de las Indias, concretamente el caucho, constituirían la salvación de la economía holandesa. Sin embargo, dos años después de la derrota japonesa, los holandeses volvían a estar en guerra: los territorios en manos holandesas del sudeste de Asia (la actual Indonesia) tenían movilizados a 140.000 soldados holandeses (entre profesionales, reclutados y voluntarios) y la revolución por la independencia indonesia despertaba admiración y servía de modelo a las restantes colonias del imperio holandés en el Pacífico, el Caribe y Sudamérica.

La consiguiente guerra de guerrillas duró cuatro años y le costó a Holanda un total de tres mil bajas, entre militares y civiles. La independencia indonesia, proclamada unilateralmente por el líder nacionalista Sukarno el 17 de noviembre de 1945, fue finalmente reconocida por las autoridades holandesas (y una llorosa reina Juliana) en una conferencia celebrada en La Haya en diciembre de 1949. Un continuo flujo de europeos (muchos de los cuales en realidad habían nacido en las Indias y nunca habían pisado Holanda) volvió a «casa». A finales de 1957, cuando el presidente Sukarno cerró las puertas de Indonesia a los empresarios holandeses, los «repatriados» holandeses sumaban muchas decenas de miles de personas.

A la larga, la obligada retirada de Holanda de las colonias sirvió para abrir paso a un sentimiento nacional «europeo». La Segunda Guerra Mundial había demostrado que Holanda no podía mantenerse al margen de los problemas internacionales, especialmente de los de sus importantes vecinos, y la pérdida de Indonesia constituyó un oportuno recordatorio de la posición real del país como un Estado europeo pequeño y vulnerable. Haciendo de la necesidad virtud, los holandeses se reconvirtieron a sí mismos en entusiastas promotores de la integración económica, y más tarde política, de Europa. Pero el proceso no dejó de ser doloroso, ni dicho cambio en la sensibilidad colectiva del país se produjo de la noche a la mañana. Hasta la primavera de 1951, los planes y los gastos militares de los gobiernos holandeses de la postguerra no se dirigieron a la defensa europea (a pesar de la participación holandesa en el Pacto de Bruselas y en la OTAN), sino a aferrarse a las colonias. Solo poco a poco, y no sin cierto arrepentimiento contenido, los políticos holandeses centrarían toda su atención en los asuntos europeos y abandonarían sus antiguas prioridades.

Lo mismo puede decirse, en diverso grado, de todas las potencias coloniales y excoloniales de Europa occidental. Los expertos norteamericanos, al proyectar la experiencia y las preocupaciones de Washington sobre el resto de Occidente, a veces perdieron de vista este peculiar rasgo de la Europa de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos la Guerra Fría acaparaba entonces toda la atención, lo cual se reflejaba claramente en las prioridades y la retórica domésticas. Pero en La Haya, Londres o París, las costosas guerrillas coloniales en sus remotos y cada vez más ingobernables dominios acapararon gran parte de los esfuerzos durante aquellos mismos años. Durante la mayor parte de la década de 1950, el principal quebradero de cabeza desde el punto de vista estratégico lo constituyeron estos movimientos independentistas nacionales, y no Moscú y sus ambiciones, aunque en algunos casos ambos aspectos se superpusieran.

El imperio francés, al igual que el británico, se había beneficiado de la redistribución posterior a 1919 de los dominios asiáticos y africanos obtenidos por las derrotadas potencias centrales. Así, en 1945, la Francia liberada gobernaba de nuevo en Siria y Líbano, así como en amplias franjas del África subsahariana y algunos territorios insulares del Caribe y el Pacífico. Pero las «joyas» de la corona imperial francesa eran sus territorios en Indochina y, especialmente, en los largo tiempo mantenidos asentamientos franceses de la costa mediterránea y el norte de África: Túnez, Marruecos y, sobre todo, Argelia. Sin embargo, en los libros de texto de historia franceses, el lugar de las colonias aparecía menos destacado que al otro lado del Canal de la Mancha, tal vez debido a que Francia era una República en la que el dominio imperial no tenía cabida natural, en parte porque muchas de las primeras conquistas francesas habían sido tomadas hacía tiempo por gobernantes de habla inglesa. En 1950 había todavía millones de franceses que recordaban el «incidente de Fashoda» de 1898, cuando Francia se echó atrás para evitar el enfrentamiento con Gran Bretaña por el control de Egipto, Sudán y el Alto Nilo. Hablar del imperio en Francia constituía un recordatorio tanto de la derrota como de la victoria.

Por otra parte, a los escolares franceses se les presentaba insistentemente la imagen de la propia «Francia» como un continuo transoceánico, un lugar en el que los atributos cívicos y culturales del hecho de ser francés quedaban abiertos a todos; en el que en las escuelas elementales desde Saigón a Dakar se hablaba de «nos ancêtres les Gallois» (nuestros antepasados los galos) y se proclamaban —si bien solo teóricamente— las virtudes de una asimilación cultural sin fisuras, impensable para los administradores de las colonias británicas, holandesas, belgas, españolas o portuguesas[2]. Solo en Francia las autoridades de la metrópoli podían tratar seriamente a sus posesiones coloniales más valiosas no solo como suelo extranjero, sino como una prolongación administrativa de la propia Francia. De este modo, «Argelia» no era más que una denominación geográfica, cuya área tenía la consideración administrativa de tres departamentos franceses (en los cuales, sin embargo, solo sus residentes europeos gozaban de plenos derechos civiles).

Durante la guerra, los franceses, al igual que los británicos y los holandeses, habían perdido sus preciadas colonias del sudeste de Asia frente a los japoneses. Pero en el caso francés, la ocupación japonesa tuvo lugar más tarde —hasta marzo de 1945 la Indochina francesa permaneció bajo la tutela de las autoridades de Vichy— y fue en todo caso incomparablemente menos traumática que la derrota sufrida por Francia en su propio territorio en 1940. La humillación de Francia en Europa acentuó la importancia simbólica de su imperio de ultramar: si los franceses no habían quedado reducidos (a sus propios ojos) a una «masa de protoplasma impotente y sin esperanza» (como los describió Eisenhower en 1954), era en gran medida debido a su continuado prestigio como una de las principales potencias coloniales, lo que constituía un aspecto de cierta relevancia.

En África, De Gaulle había restablecido la presencia de Francia en la Conferencia de Brazzaville de principios de febrero de 1944. Allí, en la capital del África ecuatorial francesa situada al otro lado del río del Congo Belga, el líder de la Francia Libre manifestó, de la forma que le era característica, su visión del futuro colonial de Francia: «En el África francesa, al igual que en cualquiera de los territorios cuyos habitantes viven bajo nuestra bandera, no puede existir verdadero progreso a menos que dichas personas puedan beneficiarse de ello moral y materialmente en su tierra natal, a menos que puedan ir alcanzando poco a poco el nivel necesario para tomar parte en la gestión de sus propios asuntos. Es el deber de Francia hacer que esto sea posible».

Lo que De Gaulle quería decir con exactitud resulta —como casi siempre— poco claro, tal vez deliberadamente. Pero no cabe duda de que se entendió que se refería a la emancipación y posterior autonomía colonial. Las circunstancias eran propicias. La opinión pública francesa no era adversa a las reformas coloniales —la denostación de André Gide de las prácticas de trabajos forzados en su libro Viaje al Congo (1927) había despertado con anterioridad a la guerra la conciencia pública acerca de los crímenes europeos cometidos en el África central— mientras los norteamericanos se mostraban amenazadoramente anticolonialistas. El secretario de Estado estadounidense, Cordell Hull, se había manifestado recientemente a favor de la perspectiva de un control internacional sobre las colonias europeas menos avanzadas y el establecimiento lo más temprano posible de un autogobierno en el resto[3].

El discurso reformista resultaba fácil en la empobrecida y aislada África francófona, especialmente antes de que la propia Francia fuera liberada. En el sudeste de Asia, la cuestión era distinta. El 2 de septiembre de 1945, Ho Chi Minh, el líder nacionalista vietnamita (y miembro fundador del Partido Comunista Francés, gracias a su precoz asistencia al congreso de Tours de 1920), proclamó la independencia de su nación. A las dos semanas empezaron a llegar tropas británicas a la ciudad sureña de Saigón, seguidas un mes más tarde de las francesas. Entre tanto, los distritos norteños de Vietnam, hasta entonces bajo control chino, serían restituidos a los franceses en febrero de 1946.

En este punto existía una perspectiva real de alcanzar una autonomía o independencia negociada, al haber iniciado las autoridades de París conversaciones con los representantes nacionalistas. Pero el 1 de junio de 1946, el almirante francés y plenipotenciario local Thierry d’Argenlieu, proclamó unilateralmente la separación de la Cochinchina (la región sureña del país) del norte nacionalista, lo cual saboteó los vacilantes esfuerzos de su propio país por llegar a un acuerdo y rompió las conversaciones del Gobierno con Ho. En otoño de aquel mismo año los franceses ya habían bombardeado el puerto de Haiphong y el ejército nacionalista Vietminh había atacado a los franceses en Hanoi, con lo que se inició así la primera guerra de Vietnam.

Los esfuerzos de la Francia de la postguerra por restablecer su autoridad en Indochina resultaron política y militarmente catastróficos. Ho Chi Minh consiguió un doble reconocimiento por parte de la izquierda nacional francesa, como luchador por la independencia nacional y como revolucionario comunista —dos identidades tan inextricablemente entrelazadas en su propio pensamiento como en su brillante imagen internacional[4]—. Enviar a los jóvenes a Indochina a luchar y morir en una «guerra sucia» no tenía sentido para la mayoría de los votantes franceses; y permitir la conquista de Hanoi no parecía mucho más desacertado que apoyar al a todas luces inadecuado Bao Dai, al que los franceses instauraron como nuevo «emperador» del país en 1949.

Por otro lado, el cuerpo de oficiales francés se mostraba firmemente deseoso de continuar la lucha en Vietnam; tanto aquí, como más adelante en Argelia, parecía estar en juego el patrimonio militar de Francia (o lo que quedaba de él) y el Alto Mando francés tenía interés en demostrar su valía. Pero la economía francesa no hubiera podido costear una guerra interminable en una colonia remota sin una importante ayuda externa. La guerra de Francia en Indochina fue financiada por los norteamericanos. Al principio, la contribución de Washington fue indirecta: gracias a los préstamos y la ayuda estadounidense, los franceses pudieron desviar considerables recursos hacia una lucha cada vez más costosa y vana para derrotar al Vietminh. En realidad, Estados Unidos financió la modernización económica de la Francia de la postguerra mientras Francia invertía sus escasos recursos en la guerra.

A partir de 1950 la ayuda norteamericana adoptó una forma más directa. Desde julio de aquel mismo año (un mes después de que estallara la guerra en la vecina Corea), Estados Unidos aumentó drásticamente su ayuda militar a las fuerzas francesas del sudeste asiático. Los franceses negociaron todo lo posible antes de decidirse a apoyar el proyecto condenado al fracaso de la defensa europea y aceptar la admisión de Alemania Occidental en la OTAN a cambio de obtener (por permitir a Estados Unidos que los protegiera, como interpretaban algunos ofendidos responsables de Washington) una decisiva ayuda militar estadounidense. En 1953 Francia era con diferencia, de todos los Estados europeos, el que más dependía de la ayuda estadounidense, tanto en metálico como en especie.

Washington no pondría fin a esta ayuda hasta 1954, al rechazar las cada vez más desesperadas peticiones francesas de asistencia aérea para salvar la claramente amenazada plaza francesa de Dien Bien Phu. Tras casi ocho años de infructuosa y cruenta lucha, a Washington le resultaba claro no solo que los franceses no podrían reinstaurar su anterior autoridad en Indochina, sino que no constituían rival alguno frente a las tropas regulares y la guerrilla de Ho Chi Minh. Desde el punto de vista de Estados Unidos, los franceses habían dilapidado el dinero que ellos les habían facilitado y representaban una inversión cada vez más arriesgada. Cuando Dien Bien Phu se rindió el 7 de mayo de 1954 y los franceses solicitaron un alto el fuego, la noticia no pilló a nadie por sorpresa.

La caída de la Indochina francesa precipitó el colapso de los últimos gobiernos de coalición que habían tratado de mantenerla, y la sucesión en el cargo de primer ministro a favor de Pierre Mendès-France. Encabezados por «PMF», los franceses negociaron un acuerdo, firmado en Ginebra el 21 de julio de 1954, en virtud del cual Francia se retiraba de la región, y dejaba dos entidades independientes —Vietnam «del Norte» y Vietnam «del Sur»— cuyas relaciones e instituciones políticas habrían de determinarse en unas futuras elecciones. Dichas elecciones nunca se celebraron, y la carga de sostener a la mitad sureña de la antigua colonia francesa recayó entonces exclusivamente sobre los estadounidenses.

Pocos en Francia lamentaron la pérdida de Indochina. A diferencia de los holandeses, los franceses no llevaban mucho tiempo en la región; e incluso aunque Estados Unidos sufragara los gastos de la primera guerra de Vietnam (algo de lo que muy pocos franceses eran conscientes en aquel momento), eran soldados franceses los que luchaban y morían allí. Los políticos franceses, especialmente los de la derecha, criticaban a Mendès-France y a sus predecesores por no saber dirigir la guerra con mayor eficacia, pero nadie tenía nada mejor que proponer y en el fondo prácticamente todos se sentían felices de dejar Vietnam atrás. Solo el ejército francés —y más concretamente su cuerpo profesional de oficiales— lo vivió como un continuado agravio. Algunos de los oficiales más jóvenes, sobre todo aquellos que habían servido primero en la resistencia o con la Francia Libre y habían adquirido allí el hábito del juicio político independiente, comenzaron a alimentar incipientes aunque peligrosos sentimientos. Una vez más, se quejaban, las tropas francesas enviadas al campo de batalla se habían sentido defraudadas por sus responsables políticos de París.

Con la pérdida de Indochina, la atención francesa se volvió hacia África. En un sentido esto fue cuasiliteralmente cierto (la insurrección argelina comenzó el 1 de noviembre de 1954, solo catorce semanas después de la firma de los acuerdos de Ginebra). Pero el norte de África constituía una de las principales preocupaciones de París desde hacía mucho tiempo. Desde que los franceses llegaron a la actual Argelia en 1830, su colonia allí había formado parte de una ambición francesa más amplia, que databa de fechas anteriores aún, por dominar el África sahariana desde el Atlántico hasta Suez. Al ver frustradas sus aspiraciones en el este por los británicos, los franceses se habían conformado con ostentar la primacía en el Mediterráneo occidental y, a través del Sahara, en el África centrooccidental.

Aparte del mucho más antiguo asentamiento de Quebec, y de algunas islas del Caribe, el norte de África (Argelia en particular) era la única colonia francesa en la que un gran número de europeos se había establecido con carácter permanente. Pero muchos de estos europeos no eran de origen francés, sino españoles, italianos, griegos o de otras nacionalidades. Incluso un argelino francés tan emblemático como Albert Camus era en parte español y en parte francés; y sus antepasados franceses habían llegado allí muy recientemente. Hacía mucho tiempo ya que Francia padecía un exceso de población; y, a diferencia de Rusia, Polonia, Grecia, Italia, España, Portugal, Escandinavia, Alemania, Irlanda, Escocia (e incluso Inglaterra), Francia no había sido tierra de emigrantes durante muchas generaciones. Los franceses no eran colonos por naturaleza.

Sin embargo, si existía una Francia fuera de Francia, esa era Argelia (refrendada, como ya hemos visto, por la presencia técnica de Argelia dentro de Francia como parte integrante de la estructura administrativa de la metrópoli). La analogía más estrecha que podemos encontrar sería el Ulster, otro enclave de ultramar de una antigua colonia, incorporado institucionalmente al territorio «nacional» y con una comunidad de colonos largo tiempo establecida a quienes sus vínculos con el núcleo imperial les importaban más que a la mayoría de los habitantes de la metrópoli. La idea de que un día Argelia podría ser independiente (y gobernada en tal caso por los árabes, dada la aplastante mayoría numérica de árabes y bereberes en su población) era impensable para su minoritaria población de origen europeo.

Por consiguiente, los políticos franceses llevaban tiempo evitando pensar en ello. Ningún Gobierno francés, excepto durante la corta vida del frente popular de Léon Blum de 1936, había prestado verdadera atención al grave desgobierno practicado por sus administradores coloniales del África del norte francesa. Nacionalistas argelinos moderados como Ferhat Abbas eran bien conocidos entre los políticos e intelectuales franceses antes y después de la Segunda Guerra Mundial, pero nadie esperaba en realidad que París cediera a sus modestas pretensiones de autogobierno o «autonomía» a corto plazo. A pesar de todo, los dirigentes árabes se mostraron inicialmente optimistas pensando que la derrota de Hitler daría paso a las largo tiempo esperadas reformas, y cuando el 10 de febrero de 1943 emitieron un manifiesto, tras los aterrizajes aliados en el norte de África, tuvieron buen cuidado de resaltar su lealtad a los ideales de 1789 y su adhesión a la «cultura de Francia y Occidente que habían heredado y cultivado».

Sus peticiones no fueron atendidas. El Gobierno de la Francia liberada mostró escaso interés por el sentimiento árabe y, cuando dicha indiferencia se tradujo en mayo de 1945 en una revuelta en la región de Kabilia, al este de Argel, los insurgentes fueron aplastados sin contemplaciones. Durante la siguiente década, la atención de París siguió centrada en otros lugares. Para cuando estos años de indignación contenida y esperanzas frustradas culminaron con el estallido de una insurrección organizada, el 1 de noviembre de 1954, el acuerdo ya no se contemplaba en la agenda. El FLN (Front de Libération Nationale) argelino estaba dirigido por una generación más joven de nacionalistas árabes que despreciaban las estrategias francófilas de sus mayores. Su objetivo no era la «autonomía» o las reformas, sino la independencia, una meta que los sucesivos gobiernos franceses no podían contemplar. El resultado fueron ocho años de sangrienta guerra civil.

Tardíamente, las autoridades francesas propusieron algunas reformas. En marzo de 1956 el nuevo gobierno socialista de Guy Mollet concedió la independencia a las vecinas colonias francesas de Túnez y Marruecos (la primera rendición del poder colonial en el continente africano). Pero cuando Mollet visitó Argel, una multitud de colonos europeos le arrojaron fruta podrida. París se encontraba atrapado entre las inflexibles demandas del clandestino FLN y la negativa de los residentes europeos en Argelia, ahora liderados por un Comité de Defensa de la Argelia Francesa (l’Algérie française), a aceptar ningún acuerdo con sus vecinos árabes. La estrategia francesa, si cabe denominarla así, consistía ahora en derrotar al FLN mediante la fuerza antes de presionar a los colonos para que accedieran a las reformas políticas y a algunas cesiones para compartir el poder.

El ejército francés se volcó en llevar a cabo una terrible guerra de desgaste contra las guerrillas del FLN. Ambos bandos recurrían habitualmente a la intimidación, la tortura, el asesinato y el puro terrorismo. Tras una serie de asesinatos especialmente espeluznantes y de represalias europeas, en diciembre de 1956 el representante político de Mollet, Robert Lacoste, dio carta blanca al coronel del ejército paracaidista Jacques Massu para acabar con los insurgentes nacionalistas de Argel sin reparar en cuáles fueran los medios necesarios. En septiembre de 1957 Massu se alzó con la victoria al conseguir frustrar una huelga general y aplastar a los sublevados en la batalla de Argel. La población árabe pagó por ello un precio terrible, pero la reputación de Francia quedó irreversiblemente mancillada. Y los colonos europeos continuaron tan recelosos como antes de las intenciones a largo plazo de París[5].

En febrero de 1958 el recién instalado gobierno de Félix Gaillard quedó puesto en evidencia por el bombardeo llevado a cabo por la fuerza aérea francesa en Sakhiet, una ciudad situada al otro lado de la frontera tunecina, de la que sospechaban que estaba siendo utilizada como base para los nacionalistas argelinos. La protesta internacional resultante y las ofertas de «mediación» angloamericana para ayudar a resolver el conflicto argelino condujeron a aumentar los temores de los europeos residentes en Argelia acerca de que París estuviera planeando abandonarlos. Los policías y soldados de París y Argel empezaron a demostrar abiertamente sus simpatías por la causa de los colonos. El gobierno de Gaillard, el tercero de Francia en once meses, dimitió el 15 de abril. Diez días después se produjo una multitudinaria manifestación en Argel para exigir la conservación a perpetuidad de la Argelia francesa y la vuelta al poder de De Gaulle; los convocantes de la manifestación se erigieron en un Comité de Seguridad Pública, para evocar, en actitud provocadora, la institución de la Revolución Francesa del mismo nombre.

El 15 de mayo, cuarenta y ocho horas después de que otro Gobierno francés más, presidido por Pierre Pfimlin, hubiera sido instaurado en París, el general Raoul Salan —el comandante en jefe francés en Argelia— gritó el nombre de De Gaulle ante la muchedumbre que lo aclamaba en el Fórum de Argel. El propio De Gaulle, que había guardado un ostensible silencio desde que se retiró de la escena pública a su pueblo natal del Colombey, en el este de Francia, reapareció entonces en público para ofrecer una conferencia de prensa el 19 de mayo. Rebeldes armados se hicieron con el control de la isla de Córcega, y París se vio inundado de rumores de inminentes operaciones paracaidistas. El 28 de mayo Pfimlin dimitió y el presidente René Coty invitó a De Gaulle a formar gobierno. Sin hacerse de rogar lo más mínimo, De Gaulle ocupó el cargo el 1 de junio y fue investido de plenos poderes por la Asamblea Nacional al día siguiente. Su primera actuación consistió en volar a Argelia, donde el 4 de junio, ante una multitud entusiasta de soldados que le vitoreaban y de europeos agradecidos, anunció ambiguamente: «Je vous ai compris» (Os he entendido).

Por supuesto que el nuevo primer ministro francés había entendido a sus partidarios argelinos, mejor de lo que ellos creían. Su popularidad entre los europeos de Argelia, que le veían como a su salvador, era inmensa: en el referéndum de septiembre de 1958, De Gaulle obtuvo el 80 por ciento de los votos en Francia, y el 96 por ciento en Argelia[6]. Pero uno de los numerosos rasgos característicos de De Gaulle era su inquebrantable aprecio por el orden y la legitimidad. El héroe de la Francia Libre, el implacable crítico de Vichy, el hombre que había devuelto la credibilidad al Estado francés después de agosto de 1944 no simpatizaba con los rebeldes argelinos (muchos de ellos antiguos partidarios de Pétain), y mucho menos con los jóvenes oficiales librepensadores e insurrectos que los habían apoyado. Su primer deber, tal y como él lo entendía, consistía en restaurar la autoridad del Gobierno en Francia. Su segundo objetivo, relacionado con el anterior, era resolver el conflicto argelino que tan gravemente lo había menoscabado.

Un año después estaba claro que París y Argel iban camino de chocar frontalmente. La opinión internacional era cada vez más favorable al FLN y su demanda de independencia. Los británicos estaban concediendo la independencia a sus colonias africanas. Incluso los belgas se habían retirado finalmente del Congo en junio de 1960 (si bien de forma irresponsable y con desastrosos resultados[7]). La Argelia colonial se estaba convirtiendo rápidamente en un anacronismo, como De Gaulle entendía perfectamente. Él ya había establecido una Communauté Française como primer paso hacia una Commonwealth formada por las antiguas colonias francesas. Al sur del Sahara, la independencia oficial se concedería rápidamente a unas élites de formación francesa demasiado débiles para mantenerse por sí mismas y que por tanto dependerían absolutamente de Francia durante décadas. En septiembre de 1959, solo un año después de llegar al poder, el presidente francés propuso la «autodeterminación» de Argelia.

Enfurecidos ante lo que consideraban la evidencia de una traición inminente, los oficiales del ejército y los colonos de Argelia empezaron a organizar una sublevación a gran escala. Había conjuras, golpes y se hablaba de revolución. En enero de 1960, se levantaron barricadas en Argel y los «ultrapatriotas» disparaban a los gendarmes franceses. Pero la revuelta fracasó ante la intransigencia de De Gaulle, y a los altos mandos militares (incluidos Massu y su superior, el general Maurice Challe) se los envió a otros destinos fuera de Argelia. Sin embargo, los disturbios continuaron y culminaron con un conato de golpe militar en abril de 1961, inspirado por la recién constituida OAS (Organisation de l’Armée Secrète). Pero los conspiradores no consiguieron hacer cambiar de postura a De Gaulle, que compareció en la emisora de radio nacional para denunciar el «pronunciamiento militar protagonizado por un puñado de generales retirados». La principal víctima del golpe fue la moral y el prestigio internacional (o lo que quedaba de ella) del ejército francés. Una abrumadora mayoría de hombres y mujeres franceses, muchos de los cuales tenían hijos prestando servicio en Argelia, extrajeron la conclusión de que la independencia argelina no solo era inevitable sino deseable; y, por el bien de Francia, debía producirse cuanto antes[8].

El siempre tan realista De Gaulle inició negociaciones con el FLN en la ciudad balneario de Évian, situada junto al lago Leman. Las primeras conversaciones, celebradas en junio de 1960 y de nuevo durante junio y julio de 1961, fracasaron a la hora de encontrar puntos en común. En marzo de 1962 se llevó a cabo un renovado intento que alcanzó mayor éxito, y tras solo diez días de conversaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo en virtud del cual, el 19 de marzo, después de ocho años de lucha ininterrumpida, el FLN declaraba el alto el fuego. Partiendo de los términos acordados en Évian, De Gaulle convocó un referéndum para el domingo 1 de julio, en el que la inmensa mayoría del pueblo francés votaría a favor de liberarse de la pesadilla argelina. Dos días después, Argelia se convirtió en un Estado independiente.

La tragedia de Argelia no terminó aquí. La OAS se convirtió en una organización clandestina en toda regla, comprometida en primer lugar con mantener la Argelia francesa y, después, tras fracasar en dicho objetivo, con castigar a aquellos que habían «traicionado» su causa. Solo en febrero de 1962 los agentes y las bombas de la OAS asesinaron a 553 personas. Los espectaculares intentos de asesinato perpetrados contra el ministro de Cultura francés André Malraux y contra el propio De Gaulle fracasaron, aunque es sabido que al menos la emboscada planeada contra el coche del presidente a su paso por el barrio parisino de Petit Clamart estuvo peligrosamente a punto de triunfar. Durante algunos años, a principios de la década de 1960, Francia se vio atenazada por una férrea y cada vez más desesperada amenaza terrorista. Finalmente los servicios de inteligencia franceses consiguieron desactivar a la OAS, pero el recuerdo permaneció.

Mientras, millones de argelinos fueron enviados al exilio francés contra su voluntad. Los pieds-noirs europeos se establecieron en su mayoría en el sur de Francia; la primera generación albergó un perdurable rencor contra las autoridades francesas por traicionar su causa y obligarlos a abandonar sus propiedades y sus trabajos. Los judíos argelinos también abandonaron el país, algunos para marchar a Israel, muchos —como antes habían hecho los judíos marroquíes— en dirección a Francia, donde con el tiempo llegarían a constituir la mayor comunidad judía de Europa occidental (sefardí en su mayoría). También muchos árabes abandonaron la Argelia independiente. Algunos, previendo el gobierno represivo y dogmático del FLN. Otros, especialmente aquellos que habían trabajado con los franceses o servido como auxiliares en la policía o instancias militares francesas —los llamados harkis— huyeron de la previsible cólera de los vencedores nacionalistas. Muchos fueron capturados y sufrieron terribles castigos; pero incluso los que consiguieron llegar sanos y salvos a Francia apenas recibieron ninguna gratitud de los franceses o reconocimiento o recompensa por sus sacrificios.

Francia tenía prisa por olvidar el trauma argelino. Los Acuerdos de Évian de 1962 pusieron fin a casi cinco décadas de guerra o temor a la guerra en la vida francesa. La población estaba cansada; cansada de las crisis, de combatir, de las amenazas, rumores y conjuras. La Cuarta República había durado solo doce años. Ni querida ni llorada por nadie, se había visto cruelmente debilitada desde el principio por la ausencia de un gobierno eficaz, legado de la experiencia de Vichy, que había hecho a los legisladores de la postguerra reacios a establecer una presidencia fuerte. Por otra parte, sus sistemas parlamentarios y electorales, que favorecían los múltiples partidos e inestables gobiernos de coalición, no le habían servido sino de obstáculos. Aunque testigo de cambios sociales sin precedentes, estos generaron una reacción política dividida. Pierre Poujade, un librero de Saint-Céré, un pueblo del sudoeste profundo francés, formó el primer partido de protesta con un objetivo único, defender a «des petits, des matraqués, des spoliés, des laminés, des humiliés»: los despojados, engañados, humillados hombres y mujeres olvidados por la historia. Cincuenta y dos diputados «poujadistas» obtuvieron escaños parlamentarios en las elecciones de 1956.

Pero, sobre todo, la primera república francesa de la postguerra sufrió el menoscabo de las luchas coloniales. Al igual que el Antiguo Régimen, la Cuarta República fue víctima de los costes de la guerra. Entre diciembre de 1955 y diciembre de 1957, Francia perdió dos tercios de sus reservas monetarias, a pesar del constante crecimiento de la economía. Los controles de divisas, los múltiples tipos de cambio (comparables a los aplicados por el bloque soviético en décadas posteriores), la deuda externa, los déficits presupuestarios y la permanente inflación, fueron consecuencia de los gastos incontrolados de las infructuosas guerras coloniales, desde 1947 a 1954 y de nuevo de 1955 en adelante. Los gobiernos de todas las tendencias se fragmentaron y vinieron abajo a causa de estos obstáculos. Aun contando con el apoyo del ejército, a la Cuarta República le hubiera sido muy difícil enfrentarse a estos desafíos solo una década después de la peor derrota militar de la historia de la nación y de una humillante ocupación de cuatro años. Lo sorprendente es que durara lo que duró.

Las instituciones de la Quinta República de Charles de Gaulle fueron diseñadas para evitar precisamente los defectos de su predecesora. La Asamblea y los partidos políticos perdieron relevancia y el ejecutivo se vio drásticamente fortalecido: la Constitución otorgaba al presidente un considerable control e iniciativa en la elaboración de sus políticas y un dominio absoluto sobre el primer ministro, al que prácticamente podía nombrar y destituir a voluntad. Tras su éxito de conseguir acabar con el conflicto argelino, De Gaulle propuso que el presidente de la República fuera a partir de entonces elegido por sufragio universal directo (en lugar de indirectamente, por la Asamblea, como había ocurrido hasta entonces); esta enmienda de la Constitución se aprobó mediante referéndum el 28 de octubre de 1962. Avalado por sus instituciones, su trayectoria y su personalidad —y el recuerdo que los franceses guardaban de la alternativa anterior— el presidente francés tenía ahora más poder que ningún otro jefe de Estado o gobierno libremente elegido del mundo.

Respecto a los asuntos domésticos, De Gaulle se sentía en gran medida satisfecho de dejar las cuestiones del día a día en manos de sus primeros ministros. El programa de reforma económica radical iniciado con la emisión de un nuevo franco el 27 de diciembre de 1958, en línea con las anteriores recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, contribuyó directamente a la estabilización de las agitadas finanzas francesas. A pesar de su atractivo como jerarca, De Gaulle era, por naturaleza, un radical al que no le asustaban los cambios: como había expresado en Vers l’armée de métier (El ejército del futuro), un tratado de reforma militar escrito en su juventud: «Nada permanece si no se renueva constantemente». Por tanto, no resulta sorprendente que muchas de las transformaciones más significativas de la infraestructura de transportes, la planificación urbanística y la inversión industrial dirigida por el Estado fueran concebidas e iniciadas durante su gobierno.

Pero, como gran parte de las iniciativas de modernización del país promovidas por De Gaulle, especialmente los ambiciosos planes de Malraux por restaurar y adecentar la totalidad de los edificios públicos de Francia, estos cambios se enmarcaron siempre dentro de un objetivo político más amplio: la recuperación de la grandeur francesa. Al igual que el general Franco en España (con el que por lo demás no tenía nada en común), De Gaulle concebía básicamente la estabilización económica y la modernización como armas para luchar por la restauración de la gloria nacional. Al menos desde 1871, Francia llevaba protagonizando un continuo declive, una sombría trayectoria marcada por la derrota militar, la humillación diplomática, la retirada de las colonias, el deterioro económico y la inestabilidad del país. El objetivo de De Gaulle era poner fin al periodo de la decadencia francesa. «Toda mi vida —escribió en sus memorias— he tenido una determinada idea de Francia». En aquel momento, trató de llevarla a la práctica.

El terreno elegido por el presidente francés fue la política exterior, un interés que venía marcado tanto por su preferencia personal como por razones de Estado. De Gaulle llevaba mucho tiempo sensibilizado ante las sucesivas humillaciones francesas (a partir de 1940, infligidas más por sus aliados angloamericanos que por su enemigo alemán). De Gaulle nunca olvidó el incómodo aislamiento al que él mismo se vio sometido como portavoz de la empobrecida y en gran medida ignorada Francia, en el Londres de la época de la guerra. Su sentido de la realidad militar impidió que expresara el dolor que compartió con otros franceses cuando los británicos hundieron la orgullosa flota mediterránea en Mers-el-Kebir en julio de 1940, pero el simbolismo de aquel acto le marcó inexorablemente.

De Gaulle tenía razones concretas para albergar sentimientos encontrados respecto a Washington, donde Franklin Roosevelt jamás le tomó en serio. Estados Unidos mantuvo buenas relaciones con el régimen de Vichy durante la guerra por mucho más tiempo del que hubiera sido necesario o prudente. Francia estuvo ausente de las negociaciones aliadas; y aunque esto le permitió a De Gaulle en años posteriores declinar cínicamente su responsabilidad sobre un Acuerdo de Yalta que en el fondo aprobaba, el recuerdo de aquello seguía latente. Pero las peores humillaciones vinieron después de ganarse la guerra. Francia quedó claramente fuera de todas las decisiones importantes sobre Alemania. La información que compartían Gran Bretaña y Estados Unidos nunca se le transmitió a Francia (a la que de manera justificada se tenía por peligrosamente poco fiable). El «club» nuclear no incluyó a Francia, que de este modo quedó reducida a una insignificancia sin precedentes en la estrategia militar internacional.

Para empeorar aún más las cosas, Francia había actuado con absoluta independencia de Estados Unidos en su guerra colonial en Asia. En octubre de 1956, cuando Gran Bretaña, Francia e Israel conspiraron para atacar el Egipto de Nasser, fue el presidente Eisenhower el que presionó a los británicos para que se retiraran, ante la impotencia y la indignación de Francia. Un año después, en noviembre de 1957, los diplomáticos franceses se enfurecieron en vano ante el envío de armas británicas y norteamericanas a Túnez, a pesar de los temores de Francia de que estas acabaran en manos de los rebeldes argelinos. Poco después de asumir el cargo en 1958, el propio De Gaulle fue informado lisa y llanamente por el general Norstad, el comandante en jefe estadounidense de la OTAN, de que no estaba autorizado para conocer los detalles del despliegue estadounidense de armas nucleares en suelo francés.

Estos eran los antecedentes en cuanto a política exterior cuando De Gaulle asumió plenos poderes presidenciales. De los americanos esperaba poco. Tanto desde el punto de vista de las armas nucleares como del privilegiado estatus internacional del dólar como divisa de reserva, Estados Unidos estaba en situación de imponer sus intereses al resto de la alianza occidental, y así cabía esperar que ocurriera. En Estados Unidos no se podía confiar, pero al menos su actuación era predecible; lo importante era no depender de Washington, siguiendo la misma política que Francia había aplicado en Indochina y después en Suez. Francia debía mantener su posición al máximo, por ejemplo con la adquisición de su propio armamento nuclear. La actitud de De Gaulle hacia Gran Bretaña era sin embargo más complicada.

Al igual que la mayoría de los observadores, el presidente francés creía con toda razón y lógica que Gran Bretaña lucharía por mantener su posición a medio camino entre Europa y América —y que, en caso de verse obligado a elegir, Londres optaría por su aliado atlántico en lugar de por sus vecinos europeos—. Así lo dio a entender claramente en diciembre de 1962, cuando el primer ministro Harold Macmillan se reunió con el presidente Kennedy en Nassau, en las Bahamas, y aceptó un acuerdo en virtud del cual Estados Unidos proporcionaría a Gran Bretaña misiles nucleares Polaris, lanzados desde submarinos (como parte de una fuerza multilateral que en la práctica subsumía las armas nucleares británicas bajo el control estadounidense).

De Gaulle estaba furioso. Antes de viajar a Nassau, Macmillan había mantenido conversaciones con De Gaulle en Rambouillet; pero al presidente francés no le había dejado entrever siquiera lo que iba a ocurrir. Nassau, por tanto, constituyó otro acuerdo «angloamericano» tramado a espaldas de Francia. Dicho agravio se convirtió en insulto cuando al propio París se le ofrecieron los mismos misiles Polaris, en las mismas condiciones, sin que ni siquiera hubiera tomado parte en las conversaciones. Este era el contexto cuando el presidente De Gaulle anunció en su conferencia de prensa del 14 de enero de 1963 que Francia iba a vetar la solicitud de entrada de Gran Bretaña en la Comunidad Económica Europea. Si Gran Bretaña quería ser un satélite de Estados Unidos, allá ella. Pero no podía ser «europea» a la vez. Entre tanto —como ya hemos visto— De Gaulle se volvió hacia Bonn y firmó el tan simbólico aunque básicamente insustancial Tratado con la República Federal.

La idea de que Francia podía compensar su vulnerabilidad ante la presión angloamericana alineándose con su viejo enemigo del otro lado del Rin no era del todo nueva. Ya en junio de 1926 el diplomático francés Jacques Seydoux había dejado constancia en una nota confidencial a sus jefes políticos de que «era mejor colaborar con los alemanes para dominar Europa que tenerlos por enemigos […] un acercamiento francoalemán nos permitirá librarnos más rápidamente del yugo angloamericano[9]». Un planteamiento similar subyacía en la estrategia de los diplomáticos conservadores que apoyaron a Pétain en 1940. Pero dadas las circunstancias de 1963, el Tratado con Alemania apenas suponía ninguna diferencia en la práctica. Los franceses no tenían planes de abandonar la alianza occidental, y De Gaulle no albergaba tampoco la menor intención de verse arrastrado por los planes alemanes de revisar los acuerdos de la postguerra en el Este.

Lo que el Tratado de 1963 y el nuevo condominio francoalemán sí confirmaban era el decisivo giro de Francia hacia Europa. Para Charles de Gaulle, la lección del siglo XX era que Francia solo podía esperar recobrar su gloria pasada si invertía en el proyecto europeo y lo adaptaba al servicio de los objetivos franceses. Habían perdido Argelia. Estaban perdiendo las colonias. Los angloamericanos se mostraban menos receptivos que nunca. Las sucesivas derrotas y pérdidas de las décadas pasadas no dejaban otra opción a Francia, si es que esperaba recuperar algo de su influencia pasada: como Adenauer había asegurado al primer ministro francés Guy Mollet el día que los franceses se vieron obligados por la presión estadounidense y la conformidad británica a detener las operaciones en Suez, «Europa será vuestra venganza».

Con una notable excepción, la retirada británica de su imperio fue muy diferente a la de los franceses. La herencia colonial británica era mayor y más complicada. El imperio británico, al igual que el soviético, si bien algo maltrecho, había sobrevivido intacto a la guerra. Gran Bretaña dependía en gran medida de sus proveedores imperiales para sus alimentos básicos (a diferencia de Francia, que era autosuficiente en cuanto a alimentación y cuyos territorios imperiales, tropicales en su inmensa mayoría, producían artículos muy diferentes); y, en ciertos escenarios de la guerra —especialmente en el norte de África— las tropas de la Commonwealth habían llegado a superar el número de soldados británicos. Los residentes de la propia Gran Bretaña eran, como ya hemos visto, mucho más conscientes de su imperio que sus homólogos franceses (una de las razones por la que Londres era mucho mayor que París era que había prosperado gracias a su condición de puerto, centro de almacenaje y distribución comercial, enclave de producción y capital financiera). Las directrices de la BBC en 1948 aconsejaban a los locutores que tuvieran en cuenta a su audiencia extranjera, en su mayoría no cristiana: «Las referencias irrespetuosas, y no digamos peyorativas, a los budistas, hindúes, musulmanes etcétera […] pueden ser motivo de grave ofensa y deben evitarse por completo».

Pero después de 1945 los británicos no albergaban esperanzas realistas de mantener su legado imperial. Los recursos del país no daban más de sí, y los costes de mantener incluso el imperio de la India ya no se veían compensados con ventajas económicas o estratégicas: mientras que en 1913 las exportaciones al subcontinente indio se aproximaban a una octava parte del total de las exportaciones británicas, después de la Segunda Guerra Mundial estas se redujeron al 8,3 por ciento y a partir de entonces siguieron descendiendo. En todo caso, a casi todos les resultaba obvio que la presión a favor de la independencia era ya irresistible. Los artífices de la Commonwealth, establecida por el Estatuto de Westminster de 1931, la habían creado con el propósito de obviar la necesidad de actuar con rapidez frente a la independencia colonial, con el ofrecimiento a cambio de un marco para que los territorios autónomos y semiautónomos mantuvieran sus vínculos de adhesión y obediencia a la corona británica, y la liberación al mismo tiempo de la simbología más ofensiva del dominio imperial. Pero en cambio ahora iba a convertirse en un club empresarial de antiguas colonias, de Estados independientes cuya pertenencia a la Commonwealth británica solo les obligaba en función de sus propios intereses y sentimientos.

A India, Pakistán y Birmania se les concedió la independencia en 1947, y a Ceilán al año siguiente. El proceso no fue precisamente incruento —millones de hindúes y musulmanes fueron masacrados a consecuencia de la limpieza étnica y los posteriores intercambios de poblaciones—, pero el poder colonial salió relativamente indemne. Sin embargo, una insurrección comunista en la vecina Malasia condujo al Gobierno británico, en junio de 1948, a declarar un estado de emergencia que no se levantaría hasta doce años más tarde, con la derrota definitiva de los rebeldes. No obstante, en general, y a pesar de la retirada de la India y sus países vecinos de miles de residentes y administradores coloniales, la salida de Gran Bretaña del sur de Asia fue más ordenada y menos traumática de lo que habría cabido esperar.

En Oriente Próximo las cosas estaban más complicadas. En 1948 Gran Bretaña abandonó sus responsabilidades sobre el territorio bajo mandato británico de Palestina en unas circunstancias humillantes, aunque (de nuevo, desde el punto de vista británico) relativamente incruentas (los mutuos ataques entre árabes y judíos no comenzaron hasta después de que los británicos hubieran abandonado este escenario). En Irak, donde Gran Bretaña y Estados Unidos tenían intereses petrolíferos comunes, Estados Unidos desplazó progresivamente al Reino Unido como influencia imperial. Pero fue en Egipto, un país que, paradójicamente, nunca había sido una colonia británica en el sentido convencional, donde Gran Bretaña experimentó las ironías y el drama de la descolonización y sufrió una derrota de históricas proporciones. En la crisis de Suez de 1956, Gran Bretaña padeció por primera vez el tipo de humillación internacional tan familiar ya para los franceses y que ejemplificaría y aceleraría el declive del país.

El interés británico en Egipto obedecía directamente a la importancia de la India, y a él vendría a añadirse en años posteriores la necesidad de petróleo. Las tropas británicas tomaron por primera vez El Cairo en 1882, trece años después de la apertura del Canal de Suez, administrado desde París por la Compañía del Canal. Hasta la Primera Guerra Mundial Egipto había sido gobernado de facto, si bien no oficialmente, por un residente británico (durante gran parte de este periodo por el temible lord Cromer). Desde 1914 a 1922 Egipto había sido un protectorado británico, tras lo cual se convertiría en independiente. Las relaciones entre los dos países se mantuvieron estables durante algún tiempo, y se formalizaron en un Tratado firmado en 1936. Pero en octubre de 1952 el nuevo gobierno de El Cairo, dirigido por los oficiales del ejército que habían derrocado al rey egipcio Farouk, derogaron dicho Tratado. En respuesta a ello, los británicos, temerosos de perder su acceso privilegiado a un canal de crucial importancia estratégica, volvieron a ocupar la zona del Canal.

Dos años después, uno de los oficiales revolucionarios, Gamal Abdul Nasser, se había convertido en el jefe del Gobierno y presionaba para forzar la salida de los soldados británicos del territorio egipcio. Los británicos estaban dispuestos a negociar, dado que necesitaban la cooperación de Egipto. El Reino Unido era cada vez más dependiente del petróleo barato que importaba a través del Canal de Suez y pagaba en libras esterlinas. Si este suministro cesaba, o si los árabes rechazaban el pago en libras esterlinas, Gran Bretaña tendría que utilizar sus preciosas reservas de divisas para comprar dólares y conseguir el petróleo en otra parte. Por otro lado, como Anthony Eden, el ministro de Asuntos Exteriores, había aconsejado al gabinete británico en febrero de 1953, «la ocupación militar podría mantenerse por la fuerza, pero, en el caso de Egipto, la base de la que depende será de poca utilidad si no se cuenta con mano de obra local que se ocupe de ella».

Por consiguiente, en octubre de 1954 Londres firmó un acuerdo para evacuar la base de Suez antes de 1956, si bien en el entendimiento de que la presencia militar británica en Egipto podría «reactivarse» si los intereses británicos se veían amenazados por ataques efectuados contra o por Estados de la región. El acuerdo se mantuvo, y los últimos soldados británicos fueron evacuados de Suez, conforme a lo previsto, el 13 de junio de 1956. Pero el entonces coronel Nasser —que se había autodeclarado presidente de Egipto en noviembre de 1954— comenzaba a constituir un problema. Era una figura influyente en el recién formado movimiento de Estados independientes de Asia y África, que se reunieron en una conferencia en Bandung (Indonesia) en abril de 1955 y condenaron «el colonialismo en todas sus manifestaciones». Era también el líder carismático de los radicales árabes de la región. Y empezaba a atraer el interés soviético: en septiembre de 1955, Egipto anunció un importante acuerdo armamentístico con Checoslovaquia.

Así pues, en 1956, los británicos empezaban a considerar cada vez más a Nasser como una amenaza, tanto por su condición de déspota radical que había sentado sus reales de orilla a orilla de una vía navegable clave, como por el ejemplo que representaba para otros. Eden y sus asesores solían compararle recurrentemente con Hitler, como una amenaza que había que neutralizar y con la que no cabía contemporizar. París compartía este punto de vista, a pesar de que el desagrado que Nasser producía en los franceses tenía menos que ver con la amenaza que representaba para Suez e incluso con su cada vez más estrecha amistad con el bloque soviético que con su perjudicial influencia sobre los súbditos norteafricanos de Francia. A Estados Unidos tampoco le agradaba mucho el presidente de Egipto. En una reunión con Tito celebrada en Yugoslavia el 18 de julio de 1956, Nasser —junto con el primer ministro de la India Jawāharlāl Nehru— emitió un comunicado conjunto de «no alineamiento», lo que desvinculaba explícitamente a Egipto de cualquier tipo de dependencia occidental. Los norteamericanos se sintieron ofendidos. A pesar de haber iniciado conversaciones en noviembre de 1955 sobre la financiación estadounidense de la presa egipcia de Asuán, en el Nilo, el secretario de Estado norteamericano, Dulles, las interrumpió el 19 de julio. Una semana después, el 26 de julio, Nasser nacionalizó la Compañía del Canal de Suez[10].

La reacción inicial de las potencias extranjeras fue constituir un frente unido: Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia convocaron una conferencia en Londres para decidir cuál sería su respuesta. La conferencia se celebró conforme a lo previsto, y el 23 de agosto se elaboró un «plan» que el primer ministro australiano Robert Menzies presentaría a Nasser. Pero Nasser lo rechazó. Los conferenciantes de Londres volvieron a reunirse, del 19 al 21 de septiembre, acordando esta vez constituir una Asociación de Usuarios del Canal de Suez. Entre tanto, los británicos y los franceses anunciaron que trasladarían la disputa sobre el Canal de Suez a las Naciones Unidas.

Hasta aquel momento los británicos, especialmente, habían tenido buen cuidado de hacer coincidir su propia respuesta a la actuación de Nasser con la de Washington. Gran Bretaña seguía gravemente endeudada con Estados Unidos, al que pagaba intereses por sus préstamos pendientes; en 1955 la presión sobre la libra esterlina había llevado a Londres a considerar incluso la posibilidad de conseguir una exoneración temporal de estos préstamos. Londres siempre había sido bastante escéptico respecto a los motivos de los estadounidenses en la región: Washington, según se creía, albergaba intenciones de suplantar a Gran Bretaña en Oriente Próximo, razón por la que los portavoces norteamericanos se permitían cierta retórica anticolonialista, con el fin de ganarse a las élites locales. Pero las relaciones entre ambos países eran realmente buenas. Corea —y la dinámica de la Guerra Fría— había hecho que dejaran atrás sus mutuos recelos de la década de 1940, y los británicos creían que podían confiar en la simpatía de Estados Unidos hacia los intereses y compromisos internacionales de Gran Bretaña. Por tanto, a pesar de que el propio Eisenhower les había advertido de que se estaban preocupando demasiado por Nasser y la amenaza que este representaba, los líderes británicos dieron por hecho que Estados Unidos los apoyaría llegado el momento.

Así las cosas, el primer ministro británico Anthony Eden (que había sucedido al anciano Churchill el año anterior) se propuso ocuparse de una vez por todas del problemático Egipto. Al margen de la postura que pudieran mantener en público, los británicos y los franceses empezaban a impacientarse con la ONU y sus engorrosos procedimientos. Ni los unos ni los otros deseaban una solución diplomática. Incluso mientras se estaban convocando diversas conferencias y discutiendo los planes internacionales para responder a las acciones de Nasser, el Gobierno británico inició conversaciones secretas con Francia, con vistas a una invasión militar conjunta de Egipto. El 21 de octubre estos planes se ampliaron para incluir a los israelíes, que, en el máximo secreto, se reunieron con franceses y británicos en Sèvres para mantener negociaciones. El interés israelí era bastante evidente: la frontera que separaba Egipto e Israel había sido fruto del armisticio de febrero de 1949, pero ambas partes la consideraban provisional, y se producían frecuentes incursiones, especialmente en la frontera de Gaza. Los egipcios ya habían bloqueado el golfo de Aqaba en julio de 1951, una restricción al comercio y la libertad de movimientos israelíes que Jerusalén estaba decidido a eliminar. Israel se había propuesto reducir a Nasser y asegurar sus intereses territoriales y de seguridad en el Sinaí y su entorno.

Los conspiradores de Sèvres llegaron a un acuerdo. Israel atacaría al ejército egipcio en Sinaí y avanzaría hasta ocupar toda la península, incluida la orilla oeste del Canal de Suez. Los franceses y los británicos emitirían un ultimátum que exigiese la retirada de ambos bandos, y luego, mientras aparentasen ser partes no implicadas que actuaban en nombre de la comunidad internacional, Francia y Gran Bretaña atacarían Egipto: primero por aire y luego por mar. Allí se harían con el control del Canal, bajo el pretexto de la incompetencia de Egipto para gestionar un recurso tan importante con la imparcialidad y eficacia necesarias, restablecerían el anterior estado de cosas y conseguirían menoscabar definitivamente a Nasser. El plan se mantuvo en el máximo secreto (en Gran Bretaña, solo Eden y cuatro altos cargos ministeriales del gabinete conocían la existencia del protocolo firmado en Sèvres tras tres días de conversaciones, del 21 al 24 de octubre).

Al principio todo se desarrolló conforme a lo previsto. El 29 de octubre, dos semanas después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fracasara a la hora de encontrar una solución a la crisis de Suez (a causa del veto soviético), y solo una semana después de la reunión de Sèvres, las fuerzas israelíes entraron en el Sinaí. Al mismo tiempo, buques británicos partieron con rumbo este de su base de Malta. Al día siguiente, el 30 de octubre, Gran Bretaña y Francia vetaron una moción de la ONU que exigía la retirada de Israel, y emitieron un ultimátum a Israel y Egipto, en el que instaban hipócritamente a ambas partes a que cesaran la lucha y aceptaran la ocupación anglofrancesa de la zona del Canal. Al día siguiente, aviones británicos y franceses atacaron los aeródromos egipcios. En cuarenta y ocho horas, los israelíes completaron la ocupación de Sinaí y Gaza, e ignoraron un llamamiento a la tregua de la Asamblea General de la ONU; los egipcios, por su parte, hundieron barcos en el Canal de Suez para impedir de este modo la navegación. Dos días más tarde, el 5 de noviembre, desembarcaron en Egipto las primeras tropas de infantería anglofrancesas.

Y entonces comenzó a desenmarañarse la trama. El 6 de noviembre Dwight Eisenhower fue reelegido presidente de Estados Unidos. La administración de Washington estaba furiosa por el engaño anglofrancés y profundamente resentida por las mentiras que le habían contado sobre las verdaderas intenciones de sus aliados. Londres y París habían ignorado de forma patente tanto el espíritu como la letra de la Declaración Tripartita de 1950, por la que Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos se comprometían a actuar contra el agresor en caso de cualquier conflicto árabe-israelí. Estados Unidos empezó a ejercer una considerable presión, tanto en el ámbito público como privado, especialmente sobre Gran Bretaña, para que esta pusiera fin a su invasión de Egipto, para lo cual llegó a amenazarla con acabar con la libra británica. Alarmado ante tan directa oposición por parte de Estados Unidos, pero incapaz de resistir la cada vez mayor presión sobre la libra esterlina, Eden dudó por un momento, pero al final capituló. El 7 de noviembre, solo dos días después de que los primeros paracaidistas aterrizaran en Port Said, las fuerzas británicas y francesas declararon el alto el fuego. Ese mismo día la ONU autorizó el envío a Egipto de una fuerza de paz, que Nasser aceptó el 12 de noviembre a condición de que no se infringiera la soberanía egipcia. Tres días después desembarcó en Egipto la fuerza de paz de las Naciones Unidas y el 4 de diciembre entró en el Sinaí.

Entre tanto los británicos y los franceses anunciaron su propia retirada de Suez, que completaron el 22 de diciembre. Gran Bretaña, cuyas reservas de libras esterlinas y dólares habían descendido a 279 millones de dólares en el transcurso de la crisis, obtuvo la promesa de recibir ayuda financiera estadounidense (en forma de una línea de crédito de 500 millones de dólares procedentes del Banco de Exportación e Importación del Gobierno de Estados Unidos); el 10 de diciembre el FMI anunció que aprobaría un préstamo de 561,47 millones de dólares a favor de Gran Bretaña y una operación de compromiso de compra de 738 millones de dólares más. Israel, tras asegurarse el compromiso de Estados Unidos con su derecho de tránsito sobre el golfo de Aqaba y el estrecho de Tirán, retiró sus tropas de Gaza la primera semana de marzo de 1957. El desalojo del Canal de Suez se inició una semana más tarde, una vez finalizada la retirada anglofrancesa, y el Canal se reabrió el 10 de abril de 1957, permaneciendo en manos de Egipto.

Todos los países implicados aprendieron su propia lección de la debacle de Suez. Los israelíes, a pesar de su dependencia del armamento francés, se dieron cuenta claramente de que su futuro consistía en alinear sus intereses lo más posible con los de Washington (y más aún tras el anuncio de la «Doctrina Eisenhower» en enero de 1957, según la cual Estados Unidos utilizaría las fuerzas armadas en caso de una agresión de la «internacional comunista» en Oriente Próximo). La posición de Nasser en el mundo no alineado se vio enormemente fortalecida por su aparente éxito al hacer frente a las viejas potencias coloniales (como los franceses habían temido, su influencia y ejemplo moral alcanzaron sus máximas cotas entre los nacionalistas árabes y sus seguidores). El fracaso de Egipto presagiaba más problemas para los franceses en Argelia.

Para Estados Unidos, la aventura de Suez sirvió como recordatorio de sus propias responsabilidades, así como ejercicio de calentamiento. A Eisenhower y a Dulles les desagradó la manera en que Mollet y Eden habían dado por hecho el apoyo norteamericano. También estaban molestos con los franceses y los británicos: no solo por emprender en secreto una expedición tan mal concebida y ejecutada, sino por su falta de sentido de la oportunidad. La crisis de Suez coincidió casi exactamente con la ocupación soviética de Hungría. Al protagonizar un complot tan claramente imperialista contra un solo país árabe, aparentemente como represalia por el ejercicio de su soberanía territorial, Londres y París desviaron la atención de la invasión soviética de un Estado independiente y la destrucción de su Gobierno, anteponiendo de este modo sus propios —y en opinión de Washington, anacrónicos— intereses a los de la alianza occidental en su conjunto.

Y lo que es peor, le habían proporcionado a Moscú una baza propagandística sin precedentes. La URSS no desempeñó prácticamente ningún papel en la crisis de Suez propiamente dicha (la nota soviética del 5 de noviembre, que amenazaba con emprender una acción militar contra Francia, Gran Bretaña e Israel a menos que aceptaran un alto el fuego, apenas influyó en el desarrollo de los acontecimientos); por otra parte, Jruschov y sus colegas no tenían intención de llevar adelante sus amenazas. Pero al permitir a Moscú adoptar el papel, aunque solo fuera simbólicamente, de protector de la parte agraviada, Francia y Gran Bretaña habían dado pie a que la Unión Soviética asumiera un rol que estaría encantada de improvisar durante las siguientes décadas. Gracias a la crisis de Suez, Oriente Próximo y África importarían las divisiones y la retórica de la Guerra Fría en toda su extensión.

Fue en Gran Bretaña donde el impacto del error de cálculo de Suez se hizo sentir más profundamente. Habrían de pasar muchos años antes de que la conspiración contra Nasser se hiciera pública, aunque muchos sospechaban de ella. Pero en pocas semanas Anthony Eden fue obligado a dimitir, humillado por la incompetencia de la estrategia militar que había aprobado y por la manera ostentosamente pública en que Estados Unidos se había negado a respaldarla. Aunque el Partido Conservador gobernante no salió especialmente perjudicado en las elecciones —bajo el liderazgo de Harold Macmillan, que, aunque a regañadientes, había tomado parte en la planificación de la expedición de Suez, los conservadores ganaron las elecciones generales de 1959 con bastante holgura— el Gobierno británico se vio obligado a replantearse radicalmente su política exterior.

La primera lección de Suez fue que Gran Bretaña ya no podía mantener una presencia colonial global. El país carecía de recursos militares y económicos, como la crisis de Suez había evidenciado con toda claridad, y tras tan palpable demostración de las limitaciones británicas era lógico que ahora el país se enfrentara a unas cada vez mayores exigencias de independencia. Después de una pausa de casi una década durante la cual solo Sudán (en 1956) y Malasia (en 1957) habían roto sus vínculos con Gran Bretaña, el país entró en una fase acelerada de descolonización, especialmente en África. La Costa de Oro obtuvo su libertad en 1957 como el Estado independiente de Ghana, el primero de una larga serie. Entre 1960 y 1964 otras diecisiete colonias británicas celebraron sus ceremonias de independencia mientras los dignatarios británicos viajaban por todo el mundo arriando la bandera británica y estableciendo nuevos gobiernos. La Commonwealth, que en 1950 no contaba más que con ocho miembros, en 1965 sumaba ya veintiuno, y aún quedaban muchos por venir.

En comparación con el trauma de Argelia, o con las catastróficas consecuencias del abandono del Congo por parte de Bélgica en 1960, el desmantelamiento del imperio británico fue relativamente pacífico. En el África del este y, en especial, del sur, la retirada del imperio resultó más controvertida de lo que lo había sido en el África occidental. Cuando Harold Macmillan informó a los sudafricanos, en un famoso discurso pronunciado en Ciudad del Cabo en 1960, de que «el viento del cambio está barriendo este continente y, nos guste o no, esta creciente toma de conciencia [africana] es una realidad política», no esperaba que sus palabras fueran bien recibidas, y de hecho no lo fueron. Para preservar el sistema del gobierno del apartheid, en vigor desde 1948, los colonos blancos de Sudáfrica se habían autodeclarado una república en 1961, abandonando la Commonwealth. Cuatro años después, en la vecina Rhodesia del Sur, los colonos blancos autoproclamaron unilateralmente su independencia y su autogobierno. En ambos países la minoría gobernante consiguió durante algunos años más suprimir implacablemente cualquier oposición a su gobierno.

Pero el África del sur era un caso especial. En otros lugares —por ejemplo, en el África oriental— las comparativamente privilegiadas comunidades blancas de colonos aceptaron su destino. Una vez quedó claro que Londres carecía de los recursos y la voluntad necesaria para imponer un Gobierno colonial frente a una oposición mayoritaria —algo que no había resultado evidente hasta fechas tan recientes como principios de la década de 1950, cuando las fuerzas británicas llevaron a cabo una brutal y secreta guerra sucia contra las revueltas de Mau-Maus en Kenia— los colonos europeos aceptaron lo inevitable y se retiraron pacíficamente.

En 1968 el gobierno laborista de Harold Wilson extrajo la conclusión definitiva e inapelable de los hechos acaecidos en noviembre de 1956, y anunció que las fuerzas británicas serían a partir de entonces retiradas con carácter permanente de sus diversas bases, puertos, enclaves comerciales, puertos para repostar combustible, y otros establecimientos de la era imperial que el país había mantenido «al este de Suez» (especialmente el fabuloso puerto natural de Aden, en la península arábiga). Gran Bretaña ya no podía permitirse ejercer su poder e influencia allende los mares. En general, este hecho fue recibido con alivio en la propia Gran Bretaña: como Adam Smith había vaticinado ya en el ocaso del primer imperio británico, allá por 1776, despojarse del «espléndido y ostentoso ropaje del imperio» era la mejor manera de contener la deuda y permitir al país «adaptar sus perspectivas y proyectos futuros a la mediocridad real de sus circunstancias».

La segunda lección de Suez, para la inmensa mayoría del establishment británico, fue que el Reino Unido nunca más debía volver a encontrarse en el bando equivocado en un enfrentamiento con Washington. Esto no significó que ambos países estuvieran siempre de acuerdo —por ejemplo, sobre la cuestión de Berlín y Alemania, el gobierno de Londres se mostró siempre más dispuesto a hacer concesiones a Moscú, lo cual generó cierta frialdad en las relaciones angloamericanas entre 1957 y 1961—. Pero la demostración de que no podía contarse con Washington para apoyar a sus aliados en toda circunstancia condujo a Harold Macmillan a una conclusión exactamente opuesta a la que llegó su coetáneo francés De Gaulle. Cualesquiera que fueran sus dudas, por más ambiguo que se mostrara respecto a ciertas actuaciones estadounidenses, los gobiernos británicos se mantuvieron leales a las posturas estadounidenses. Solo de esta manera podían esperar influir en las decisiones norteamericanas y asegurarse el apoyo estadounidense a los problemas británicos llegado el caso. Este alineamiento estratégico sería de crucial trascendencia, tanto para Gran Bretaña como para Europa.

Las perdurables consecuencias de la crisis de Suez también se dejaron sentir en la sociedad británica. Gran Bretaña y, especialmente Inglaterra, era claramente optimista a principios de la década de 1950. La elección de un Gobierno conservador en 1951 y los primeros indicadores de un boom económico habían disipado la sombra igualitarista de los primeros años de la postguerra. Durante los primeros años de reinado de la nueva reina, los ingleses disfrutaron de un agradable periodo de autorreconfortante bienestar. Los ingleses fueron los primeros en conquistar el Everest (1953) —con la valiosa ayuda de un guía local— y en batir el récord de la milla en un tiempo por debajo de los 4 minutos (en 1954). Por otro lado, habían sido los británicos, como frecuentemente se le recordaba a la nación, los que habían dividido el átomo, inventado el radar, descubierto la penicilina, diseñado el motor de turborreacción, etcétera.

El ambiente de aquellos años —tal vez algo exageradamente calificados como la «nueva era isabelina»— ha quedado captado a la perfección por el cine de la época. Las películas más populares de la primera mitad de los años cincuenta —comedias como Genoveva (1953) o Doctor in the House (1954)— describen un sur de Inglaterra bastante animado, juvenil, opulento y confiado. Los ambientes y los personajes ya no son grises u oprimidos, pero por lo demás continúan siendo decididamente tradicionales: todos son brillantes, jóvenes, cultos, de clase media, de habla educada, respetuosos y atentos. Se trata de una Inglaterra en la que los debutantes seguían siendo recibidos en palacio (un ritual anacrónico y cada vez más absurdo que la reina abandonaría definitivamente en 1958), donde uno de cada cinco parlamentarios conservadores se había educado en Eton y donde el porcentaje de estudiantes de clase trabajadora que asistían a la universidad seguía siendo, en 1955, igual al de 1925.

Además de las ingenuas comedias sociales, el cine inglés se caracterizó durante aquellos años por la abundante producción de películas bélicas como The Wooden Horse (1952), The Cruel Sea (1953), The Dam Busters (1954), Cockleshell Heroes (1955), The Battle of the River Plate (1956), todas ellas basadas en episodios más o menos verídicos del heroísmo británico durante la Segunda Guerra Mundial. Sin glorificar el combate, dichas películas cultivaban el mito de la Gran Bretaña de la guerra, con especial atención a la importancia de una camaradería ajena a las diferencias entre clases sociales o profesiones. Cuando se insinuaban las tensiones sociales o las distinciones entre clases sociales solía hacerse con un tono más bien pícaro y escéptico que conflictivo o resentido. Solo en Lavender Hill Mob (titulada en España Oro en barras) (1951), de Charles Crichton, la más incisiva de las comedias de los Estudios Ealing, se evidencia cierto grado de crítica social (que pone de manifiesto la variante inglesa del poujadismo: el resentimiento y los sueños de los dóciles ciudadanos de clase media).

Sin embargo, a partir de 1956 el tono empieza a ensombrecerse claramente. Películas bélicas como El puente sobre el río Kwai (1957) o Dunquerque (1958) dejaban traslucir cierto fondo de cuestionamiento o duda, como si la indiscutida herencia de 1940 estuviera empezando a resquebrajarse. En 1960, Hundir el Bismarck, un film bélico ambientado con claridad a la vieja usanza, resultaba curiosamente anacrónico y disonante con el ánimo de la época. El nuevo talante quedó reflejado en la rupturista obra teatral de John Osborne, Look Back in Anger (Mirando hacia atrás con ira), estrenada en Londres en 1956 y convertida dos años después en una película de extraordinario verismo. En este drama de frustración y desilusión, el protagonista, Jimmy Porter, vive asfixiado por una sociedad y un matrimonio que no puede ni abandonar ni cambiar. Porter maltrata a su mujer, Alison, por su procedencia burguesa, y ella a su vez se ve atrapada entre su malhumorado marido de clase trabajadora y su anciano padre, veterano de las colonias, confuso y dolido con un mundo que ya no es capaz de entender. Como Alison le reprocha: «Tú te sientes herido porque todo ha cambiado. Jimmy se siente herido porque todo sigue igual. Y ninguno de los dos sois capaces de afrontarlo».

Este diagnóstico del inestable ambiente que vivía Gran Bretaña en el momento de la crisis de Suez tal vez no fuera muy detallado, pero encerraba cierta dosis de verdad. Cuando Mirando hacia atrás con ira se estrenó en las pantallas de cine, fue acompañada de una serie de películas de temática similar, la mayoría de ellas adaptadas a partir de novelas u obras de teatro escritas en la segunda mitad de la década de 1950: Room at the Top (Un lugar en la cumbre, 1959), Saturday Night and Sunday Morning (Sábado noche, domingo mañana, 1960), The Loneliness of the Long-Distance Runner (La soledad del corredor de fondo, 1962), A Kind of Loving (Esa clase de amor, 1962), This Sporting Life (El ingenuo salvaje, 1963). Las películas de principios de los años cincuenta habían sido todas ellas protagonizadas bien por elegantes actores de clase media con buena dicción como Kenneth More, Dirk Bogarde, John Gregson, Rex Harrison o Geoffrey Keene, o por simpáticos «tipos» londinenses retratados por actores de origen judío como Sydney James, Alfie Bass, Sydney Tafler o Peter Sellers. Las películas posteriores a estas, denominadas kitchen-sink dramas (historias de fregadero) por la descarnada descripción que hacían de la vida diaria, tenían como protagonistas a una nueva generación de actores jóvenes: Tom Courtenay, Albert Finney, Richard Harris y Alan Bates. Por lo general, estaban ambientadas en comunidades de clase obrera, con su acento y su lenguaje característicos. Y representaban a una Inglaterra dividida, amargada, cínica, pesimista y caradura, cuyas ilusiones se habían visto truncadas. Lo único que tenían en común el cine de principios de los años cincuenta y el de principios de los sesenta era que las mujeres casi siempre representaban un papel secundario, y que todo el mundo era blanco.

Si las ilusiones del imperio acabaron en Suez, la confianza insular de la región central de Inglaterra llevaba bastante tiempo amenazada. El desastre de 1956 no hizo más que acelerar su caída. El simbolismo de la primera derrota de la selección nacional de críquet ante un equipo de las Indias Occidentales (acontecida en 1950 y en el «sagrado suelo» de la cuna de este deporte, en el Lord’s Cricket Ground de Londres) volvió a quedar patente tres años después, cuando la selección de fútbol inglesa fue aplastada en 1953 en el estadio nacional (por un equipo de la humilde Hungría y por el insólito margen de seis goles a tres). En los dos deportes internacionales que los ingleses habían difundido por el resto del mundo, Inglaterra había perdido su supremacía.

Estos indicadores no políticos del declive nacional causaron aún más impacto debido a que la sociedad británica de aquellos años era mayoritariamente apolítica. El Partido Laborista británico, en la oposición durante la crisis de Suez, fue incapaz de sacar partido al fracaso de Eden porque el electorado ya no interpretaba los hechos en función de un esquema político o partidista. Al igual que el resto de la Europa occidental, los británicos estaban cada vez más volcados en el consumo y el entretenimiento. Su interés por la religión y por cualquier otro tipo de movilización colectiva también estaba decayendo. Harold Macmillan, un político conservador con tendencias liberales (un oportunista político de clase media disfrazado de hacendado eduardiano) resultaba sin duda el líder más apropiado para este periodo de transición, con su política exterior de retirada de las colonias y su política interior de apacible prosperidad. Los votantes de más edad estaban muy satisfechos con este resultado; en cambio los jóvenes se sentían cada vez más decepcionados.

La retirada del imperio contribuyó directamente a aumentar el nerviosismo británico ante la pérdida de un rumbo para el país. Despojada ya de su gloria imperial, la función de la Commonwealth consistía principalmente en proveer a Gran Bretaña de alimentos. Gracias a las ventajas de la Commonwealth (esto es, unos aranceles que favorecían las importaciones de sus Estados miembros), la comida procedente de estos países era barata, y representaba prácticamente una tercera parte del valor de todas las importaciones del Reino Unido a principios de los años sesenta. Pero las exportaciones de Gran Bretaña a los países de la Commonwealth disminuían cada vez más en relación con el total de la exportación nacional, la mayoría de la cual iba ahora dirigida a Europa (en 1965, por primera vez, el comercio británico con Europa superaría al que el país mantenía con los Estados de la Commonwealth). Tras la debacle de Suez, Canadá, Australia, Sudáfrica e India tomaron conciencia del declive británico y empezaron a reorientar su comercio y sus políticas de acuerdo con esta nueva realidad, dirigiéndolas a partir de entonces a Estados Unidos, Asia y lo que pronto daría en llamarse «Tercer Mundo».

En lo tocante a Gran Bretaña, puede que Estados Unidos fuera el aliado indispensable, pero difícilmente podía dotarle de un rumbo renovado y mucho menos de una identidad nacional actualizada. Por el contrario, la propia dependencia de Estados Unidos reflejaba la debilidad y el aislamiento que en realidad vivía el país. Por consiguiente, y a pesar de que su cultura y su educación no se caracterizaran precisamente por impulsarlos hacia la Europa continental, a muchos políticos y ciudadanos en general —entre ellos el propio Macmillan— empezó a resultarles obvio que, de una forma u otra, el futuro del país estaba al otro lado del Canal. ¿Dónde si no en Europa podía Gran Bretaña tratar de recuperar su prestigio internacional?

El «proyecto europeo», si es que alguna vez había existido más allá de las mentes de unos cuantos idealistas, se había estancado a mediados de la década de 1950. La Asamblea Nacional francesa había vetado la propuesta de un ejército europeo y, con ella, cualquier debate sobre una mayor coordinación europea. Cierto es que se habían alcanzado varios acuerdos regionales basados en el modelo del Benelux —especialmente el Mercado Laboral Común de los Países Nórdicos de 1954—, pero este era en todo caso el proyecto más ambicioso que figuraba en la agenda. Los defensores de la cooperación europea solo apuntaban a la nueva Comunidad de Energía Atómica Europea, anunciada en la primavera de 1955; pero esta, al igual que la Comunidad del Carbón y del Acero, era una iniciativa francesa cuyo éxito residía, precisamente, en su ámbito reducido y esencialmente técnico. Si los británicos seguían mostrándose tan escépticos como siempre acerca de la perspectiva de una unidad europea, lo cierto es que no les faltaba razón del todo.

El impulso para un nuevo comienzo procedió, con arreglo a una cierta lógica, de los países del Benelux, los más experimentados en uniones interfronterizas y los que tenían menos que perder dadas sus difusas identidades nacionales. Los estadistas europeos —especialmente Paul-Henri Spaak, el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica— tenían claro para entonces que la integración política o militar no era viable, al menos de momento. En todo caso, para mediados de la década de 1950, el interés europeo se había desviado claramente de las preocupaciones militares de la década anterior. Resultaba obvio que el énfasis debía situarse ahora en la integración económica europea, un terreno en el que el propio interés nacional y la cooperación podían perseguirse simultáneamente sin ofender las tradicionales sensibilidades nacionales. Spaak, junto con su homólogo holandés, convocó una reunión en Messina, en junio de 1955, para estudiar esta estrategia.

Los participantes en la conferencia de Messina fueron los seis países integrantes de la CECA, junto con un «observador» británico (de bajo rango). Spaak y sus colaboradores presentaron una serie de propuestas para una unión aduanera, acuerdos comerciales y otros proyectos bastante convencionales de coordinación transnacional, todos ellos cuidadosamente elaborados para evitar ofender las sensibilidades de Gran Bretaña o Francia. Los franceses se mostraron cautelosamente entusiastas; los británicos, claramente dubitativos. Tras la conferencia de Messina, las negociaciones continuaron con un comité de planificación internacional presidido por el propio Spaak, cuya tarea consistía en proponer firmes recomendaciones para una economía europea más integrada, un «Mercado Común». Pero en noviembre de 1955 los británicos ya se habían desmarcado, alarmados ante la perspectiva del tipo de Europa prefederal de la que siempre habían recelado.

Los franceses, sin embargo, decidieron arriesgarse. Cuando el Comité de Spaak presentó en marzo de 1956 una recomendación formal a favor de un Mercado Común, París se mostró de acuerdo. Los observadores británicos continuaban vacilantes. Eran conscientes de los riesgos de quedarse fuera, como un comité del gobierno británico observó confidencialmente solo algunas semanas antes de que las recomendaciones de Spaak se hicieran públicas: «si los gobiernos reunidos en Messina alcanzan la integración económica sin el Reino Unido, esto significará la hegemonía de Alemania en Europa[11]». No obstante, a pesar de las propuestas del anglófilo Spaak y de la fragilidad de la zona internacional de la libra esterlina, puesta de manifiesto pocos meses antes en Suez, Londres no podía permitirse unir su suerte a la de los «europeos». Cuando el 25 de marzo de 1957 se firmó en Roma el Tratado que establecía una Comunidad Económica Europea (y el EURATOM, la autoridad en materia de energía atómica), y este entró en vigor el 1 de febrero de 1958, la nueva CEE —con sede en Bruselas— incluía a los mismos seis países que habían constituido la Comunidad del Carbón y del Acero siete años antes.

Es importante no exagerar demasiado la importancia del Tratado de Roma. En general no era más que una declaración de futuras buenas intenciones. Sus signatarios diseñaron un plan de reducciones y armonización arancelarias, presentaron el proyecto de unas futuras alineaciones monetarias y acordaron avanzar en dirección a la libre circulación de productos, divisas y trabajo. La mayoría del texto constituía un marco para establecer los procedimientos necesarios para elaborar y aplicar futuras regulaciones. La única innovación verdaderamente significativa —el establecimiento en virtud del artículo 177 de un Tribunal de Justicia europeo al que los tribunales nacionales someterían los casos para su fallo final— adquiriría una enorme importancia en décadas posteriores, si bien en aquel momento pasó en gran medida inadvertida.

La CEE se asentaba en su debilidad, no en su fuerza. Como el informe de Spaak de 1956 destacaba, «Europa, que en su día ostentó el monopolio de las industrias manufactureras y obtuvo importantes recursos de sus dominios de ultramar, hoy ve su situación externa debilitada, su influencia en declive y su capacidad de progresar frustrada por sus divisiones». Fue por no entender —todavía— su situación bajo este mismo prisma por lo que los británicos declinaron la invitación de unirse a la CEE. La idea de que el Mercado Común europeo era parte de una estrategia diseñada para hacer frente al creciente poder de Estados Unidos —concepto que adquiriría cierto predicamento en los círculos políticos de Washington en décadas posteriores— es bastante absurda: la recién formada CEE dependía en grado sumo de la garantía de la seguridad estadounidense, sin la cual sus miembros nunca hubieran podido permitirse una integración económica al margen de toda referencia a la defensa común.

No todos, ni siquiera en los Estados miembros, se sentían plenamente satisfechos con las propuestas. En Francia muchos conservadores (incluidos los partidarios de De Gaulle) votaron en contra de la ratificación del Tratado de Roma por razones de carácter «nacional», mientras que algunos socialistas y radicales de izquierdas (incluido Pierre Mendès-France) se opusieron a la formación de una «pequeña Europa» sin la tranquilizadora presencia de Gran Bretaña. En Alemania, el propio ministro de Economía de Adenauer, el entusiasta del libre comercio Ludwig Erhard, se mostraba crítico ante una «unión aduanera» neomercantilista que podría dañar los lazos de Alemania con Gran Bretaña, restringir el flujo de comercio y distorsionar los precios. Desde el punto de vista de Erhard, la CEE era un «absurdo macroeconómico». Como un experto ha señalado perspicazmente, las cosas habrían podido salir de un modo muy diferente: «Si Erhard hubiera gobernado Alemania, el resultado más probable habría sido una Asociación de Libre Comercio angloalemana, sin ningún componente agrícola, a la que Francia se hubiera visto en última instancia forzada a unirse debido a los efectos de la exclusión económica[12]».

Pero no ocurrió así. Y la forma definitiva que adoptó la CEE fue en cierto sentido lógica. En el curso de la década de 1950, los países de la Europa occidental continental fueron comerciando cada vez más entre ellos. Y cada uno comerciaba sobre todo con Alemania Occidental, de cuyos mercados y productos había ido dependiendo cada vez más la recuperación económica europea. Por otra parte, todos los Estados europeos de la postguerra estaban ahora profundamente volcados en los asuntos económicos, a través de la planificación, regulación, ampliación de los objetivos y toda clase de subvenciones. Pero la promoción de las exportaciones, el redireccionamiento de los recursos de las antiguas a las nuevas industrias, la promoción de sectores desfavorecidos como la agricultura o el transporte, todo ello requería la cooperación internacional. Ninguna de las economías de Europa occidental era autosuficiente.

Esta tendencia hacia una coordinación mutuamente ventajosa obedecía por tanto al interés nacional, no a los objetivos de la Autoridad del Carbón y del Acero de Schuman, que fue irrelevante para la elaboración de las políticas económicas de aquellos años. La misma preocupación de proteger y alimentar los intereses locales que había hecho que los Estados europeos se volvieran hacia sí mismos antes de 1939 era la que ahora los llevaba a unirse. La eliminación de algunos impedimentos y las lecciones aprendidas del pasado reciente fueron quizá los factores más importantes a la hora de facilitar este cambio. Los holandeses, por ejemplo, no estaban del todo felices ante la perspectiva de unos altos aranceles externos de la CEE que aumentarían los precios locales y, al igual que a sus vecinos belgas, les preocupaba la ausencia de los británicos. Pero no podían arriesgarse a quedarse aislados de sus principales socios comerciales.

Los intereses alemanes eran variopintos. Como principal país exportador, Alemania estaba cada vez más interesada en el libre comercio con Europa occidental (sobre todo si se tiene en cuenta que los fabricantes alemanes habían perdido sus importantes mercados en la Europa del Este y ya no tenían territorios coloniales a los que explotar). Pero una unión aduanera europea con protección arancelaria limitada a seis países no constituía necesariamente un objetivo político racional para Alemania, como opinaba Erhard. Al igual que en el caso de los británicos, él y muchos otros alemanes habrían preferido un área europea de libre comercio más amplia y menos controlada. Pero Adenauer tenía como principio de su política exterior no romper nunca con Francia, por muy divergentes que fueran sus intereses. Y además estaba la cuestión de la agricultura.

Durante la primera mitad del siglo XX, un número excesivo de campesinos poco eficientes producían solo la comida necesaria para un mercado que no podía pagarles lo suficiente para vivir. El resultado había sido la pobreza, la emigración y el fascismo rural. En los años del hambre inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se pusieron en práctica todo tipo de programas para favorecer y ayudar, especialmente a los agricultores, a aumentar la producción. Para reducir la dependencia de las importaciones alimentarias en dólares de Canadá y Estados Unidos, se hizo hincapié en fomentar la producción más que la eficiencia. Los granjeros no debían temer una vuelta de la deflación de los precios anterior a la guerra: hasta 1951 la producción agrícola europea no recuperó sus niveles anteriores a la guerra, y entre la protección y el mantenimiento de los precios por parte del gobierno, se consiguió efectivamente garantizar los ingresos de los agricultores. En cierto modo, la década de 1940 representó de esta forma una edad de oro para los agricultores europeos. A lo largo de la década de 1950 la producción continuó incrementándose aun cuando el excedente del trabajo rural se invertía en crear trabajo en las ciudades: los campesinos europeos se convirtieron en agricultores cada vez más eficientes. Pero, no obstante, continuaron beneficiándose de lo que en realidad equivalía a una ayuda pública permanente.

En Francia la situación resultó particularmente paradójica. En 1950 Francia seguía siendo un país básicamente importador de alimentos. Pero en años posteriores la producción agrícola del país se disparó. La producción francesa de mantequilla aumentó un 76 por ciento durante el periodo 1949-1956, la de queso en un 116 por ciento entre 1949 y 1957, la de azúcar de remolacha un 201 por ciento entre 1950 y 1957. Las cosechas de cebada y de maíz se incrementaron en un asombroso 348 y 815 por ciento, respectivamente, durante el mismo periodo. Francia ya no solo era autosuficiente, sino que tenía un excedente alimentario. El tercer Plan de Modernización, vigente durante los años 1957 a 1961, favoreció aún más la inversión en carne, leche, queso, azúcar y trigo (los productos básicos del norte de Francia y de la cuenca parisina, donde la influencia de los poderosos sindicatos agrícolas franceses era mayor). Entre tanto, el gobierno francés, siempre consciente de la importancia simbólica de la agricultura en la vida pública francesa —y la importancia sumamente real del voto rural— procuró mantener los precios y encontrar mercados para la exportación de toda esta comida.

Esta cuestión tuvo una influencia crucial en la decisión francesa de unirse a la CEE. El principal interés económico de Francia en un Mercado Común europeo era el acceso preferencial que le proporcionaría a los mercados extranjeros —especialmente al alemán (o al británico)— de productos cárnicos, lácteos y cereales. Esto, junto con la promesa de un mantenimiento continuado de los precios y el compromiso por parte de sus socios europeos de comprar el excedente de la producción agrícola francesa, fue lo que convenció a la Asamblea Nacional para votar a favor del Tratado de Roma. A cambio de comprometerse a abrir su mercado doméstico a las exportaciones no agrícolas alemanas, los franceses derivaron su sistema nacional de garantías agrícolas a los miembros de la CEE, con lo que aliviaron al Gobierno de París de una carga a largo plazo que resultaba intolerablemente cara (y políticamente explosiva).

Estos fueron los antecedentes de la célebre Política Agrícola Común (PAC) de la CEE, iniciada en 1962 y formalizada en 1970 tras una década de negociaciones. A medida que los precios fijos europeos aumentaron, toda la producción alimentaria de Europa se hizo demasiado cara para competir en el mercado mundial. Los eficientes grupos empresariales de la industria láctea holandesa no obtenían mejores resultados que las pequeñas e improductivas granjas alemanas, dado que ahora todos estaban sujetos a una estructura de precios común. En el transcurso de la década de 1960, la CEE volcó todas sus energías en promover un conjunto de prácticas y normativas destinadas a solucionar este problema. Se establecieron unos precios indicativos para todos los productos alimentarios. Los aranceles externos a la CEE elevarían el coste de los productos agrícolas importados a estos niveles, por lo general adaptados a los productores más caros y menos eficientes de la comunidad.

A partir de entonces, la CEE compraría el excedente de producción agrícola de todos sus miembros, a unas cifras entre un 5 y un 7 por ciento por debajo de los precios «indicativos». Así, liquidaría el excedente subvencionando su reventa fuera del Mercado Común a unos precios inferiores a los de la Unión Europea. Este procedimiento a todas luces ineficiente fue el resultado de una especie de toma y daca bastante anticuado. Las pequeñas granjas alemanas necesitaban importantes subvenciones para continuar en funcionamiento. No es que los agricultores franceses e italianos fueran especialmente apreciados, pero nadie se atrevía a ordenarles que restringieran la producción y mucho menos a exigirles que adoptaran un precio de mercado para todos sus productos. En lugar de ello, cada país proporcionaba a sus agricultores lo que querían, cargando en parte estos costes sobre los consumidores de las ciudades pero, sobre todo, sobre los contribuyentes.

La PAC no era del todo nueva. Los aranceles sobre cereales utilizados en la Europa de finales del siglo XIX contra las importaciones baratas de Norteamérica eran en parte análogos. En lo peor de la Depresión de principios de la década de 1930, se realizaron varios intentos para apuntalar los precios agrícolas comprando los excedentes o pagando a los agricultores para que produjeran menos. En un acuerdo de 1938 entre Alemania y Francia, que nunca se llevaría a la práctica, Alemania prometía comprar las exportaciones agrícolas francesas a cambio de que Francia abriera su mercado interior a los productos químicos y de ingeniería alemanes (una exposición celebrada en el París ocupado de la época de la guerra, dedicada a la «La France européenne», destacaba la riqueza agrícola de Francia y las ventajas que le reportaría la participación en la nueva Europa de Hitler).

La agricultura moderna nunca ha estado libre de protecciones basadas en motivaciones políticas de uno u otro tipo. Incluso Estados Unidos, cuyos aranceles externos descendieron en un 90 por ciento entre 1947 y 1967, tuvo buen cuidado (y aún hoy lo sigue teniendo) de excluir a la agricultura de esta liberalización del comercio. Y durante mucho tiempo los productos agrícolas estuvieron excluidos de las deliberaciones del GATT. La CEE, por tanto, no tenía nada de excepcional en este sentido. Pero las nefastas consecuencias de la Política Agrícola Común sí fueron probablemente únicas. Al hacerse los productores europeos cada vez más eficientes (el hecho de tener garantizados sus cuantiosos ingresos les permitía invertir en mejores equipos y fertilizantes), la producción superó con creces la demanda, sobre todo en el caso de los productos favorecidos por esta política, especialmente ventajosa para los cereales y la ganadería en la que las grandes empresas agrícolas francesas tendían a especializarse y que en cambio servía de poco a los agricultores del sur de Italia, dedicados al cultivo de la fruta, las aceitunas o la verdura.

A medida que a escala mundial los precios de los alimentos descendieron a finales de la década de 1960, los precios de la CEE permanecieron de este modo estancados en unos niveles absurdamente altos. Pasados muy pocos años de la inauguración de la Política Agrícola Común, el maíz y la carne de ternera europeos se vendían a un 200 por ciento de los precios mundiales, y la mantequilla europea a un 400 por ciento. Para 1970, la PAC tenía empleados a cuatro de cada cinco interventores europeos y la agricultura acaparaba el 70 por ciento del presupuesto, una situación estrambótica para algunos de los Estados más industrializados de Europa. Ningún país hubiera podido mantenerse con un conjunto de políticas tan absurdas, pero al transferir la carga a la Comunidad en general, y vincularla a otros objetivos más amplios del Mercado Común, cada gobierno nacional esperaba salir ganando, al menos a corto plazo. Los que salieron perdiendo con la PAC fueron los pobres de las ciudades (y no los agricultores de la CEE) y, por lo general, a los primeros al menos se los podía compensar de otras maneras.

Por supuesto, en esta etapa, la mayoría de los países de Europa occidental no eran miembros de la CEE. Un año después de que se inaugurara el Mercado Común, los británicos —que trataban todavía de evitar la emergencia de un bloque supranacional europeo— sugirieron que la CEE se ampliara a una zona industrial de libre comercio que incluyese a los Estados miembros de la CEE, otros países europeos y la Commonwealth británica. De Gaulle, como cabía prever, rechazó la idea. En respuesta a ello, y por iniciativa del Reino Unido, un grupo de países se reunieron en Estocolmo en noviembre de 1959 y se constituyeron en la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Los Estados miembros —Austria, Suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia, Portugal y Reino Unido, a los que más tarde se unirían Irlanda, Islandia y Finlandia— eran en su mayoría prósperos, periféricos y entusiastas partidarios del libre comercio. Su agricultura, a excepción de Portugal, era de pequeña escala pero altamente eficiente y orientada al mercado mundial.

Por estas razones, y dados sus estrechos vínculos con Londres (especialmente en el caso de los países escandinavos), eran de poca utilidad para la CEE. Pero la EFTA constituía (y sigue constituyendo) una organización minimalista, una reacción a los defectos de Bruselas, más que una verdadera alternativa. Se trataba solamente de una zona de libre comercio para productos manufacturados; los productos agrícolas tenían que encontrar su propio nivel de precios. Algunos de los Estados miembros más pequeños, como Austria, Suiza o Suecia, podían prosperar en un mercado de sectores especializados gracias a sus productos industriales de alto valor añadido y la atracción que ejercían sobre los turistas. Otros, como Dinamarca, dependían en gran medida de Gran Bretaña como mercado para sus productos cárnicos y lácteos.

Pero la propia Gran Bretaña necesitaba un mercado de exportación industrial mucho mayor que el que sus pequeños aliados escandinavos y alpinos podían ofrecerle. Reconociendo lo inevitable —aunque con la esperanza todavía de poder influir en el desarrollo de la política de la CEE— el Gobierno de Harold Macmillan solicitó formalmente su entrada en la Comunidad Económica Europea en julio de 1961, seis años después de la desdeñosa retirada de Londres de las conversaciones de Messina. Irlanda y Dinamarca, cuyas economías estaban umbilicalmente unidas a la de Gran Bretaña, también la solicitaron a su vez. Si la solicitud británica hubiera prosperado o no es algo de lo que no podemos estar seguros —la mayoría de los Estados miembros de la CEE seguían queriendo a Gran Bretaña dentro de la Comunidad, pero al mismo tiempo se mostraban justificadamente escépticos respecto al compromiso de Londres con los objetivos esenciales del Tratado de Roma—. Pero el asunto era discutible (De Gaulle, como ya hemos visto, vetó públicamente la entrada de Gran Bretaña en enero de 1963). La siguiente anotación en el diario personal de Macmillan, motivada por el rechazo a la entrada de Gran Bretaña en la hasta entonces menospreciada Comunidad Europea, nos da una idea de la velocidad con la que se desarrollaron los acontecimientos a partir de la crisis de Suez: «Es el fin […] de todo por lo que he estado trabajando durante tantos años. Todas nuestras políticas nacionales y exteriores se han convertido en ruinas».

Los británicos tenían pocas opciones aparte de la de intentarlo de nuevo, lo que hicieron en marzo de 1967 (para ser vetados otra vez, seis meses más tarde, por el frío y vengativo presidente francés). Finalmente, en 1970, tras la dimisión y posterior fallecimiento de De Gaulle, las negociaciones entre Gran Bretaña y Europa volvieron a entablarse por tercera vez, y culminaron por fin con el éxito de la solicitud (debido en parte a que el comercio británico con la Commonwealth había descendido tanto que Londres había dejado de presionar a la reticente Bruselas para que garantizara un comercio preferencial con terceros a ciertos países fuera de la CEE). Pero para cuando Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda consiguieron por fin entrar, en 1973, la Comunidad Económica Europea ya había tomado forma y dichos países no estaban en posición de influir en ella como los líderes británicos tanto habían deseado.

La CEE era un condominio francoalemán en el que Bonn avalaba las finanzas de la Comunidad y París dictaba sus políticas. El deseo germano-occidental de formar parte de la Comunidad Europea fue adquirido por tanto a un alto precio, pero, durante muchas décadas, Adenauer y sus sucesores lo pagarían sin protestar lo más mínimo, aferrados firmemente a la alianza francesa (para asombro de los británicos). Los franceses, entre tanto, «europeizaron» sus subvenciones y transferencias agrícolas, sin pagar el precio de una pérdida de soberanía. Esta última había constituido siempre una de las principales preocupaciones de la estrategia diplomática francesa; ya en Messina, en 1955, el ministro francés de Asuntos Exteriores Antoine Pinay había dejado los objetivos de Francia perfectamente claros: las instituciones supranacionales administrativas estaban bien, pero solo si se subordinaban a las decisiones intergubernamentales tomadas por unanimidad.

Con este objetivo en la mente, De Gaulle mantuvo coaccionados a los miembros de la Comunidad Económica Europea durante su primera década de existencia. En virtud del Tratado de Roma original, todas las decisiones importantes (salvo la admisión de nuevos miembros) debían ser votadas y aprobadas por mayoría en el Consejo de Ministros intergubernamental. Pero con su retirada de las conversaciones intergubernamentales en junio de 1965 hasta que sus homólogos accedieran a adaptar su financiación agrícola a las demandas francesas, el presidente francés maniató el funcionamiento de la Comunidad. Tras aguantar así seis meses, el resto de los países tuvo que ceder y aceptar que, a partir de entonces, el Consejo de Ministros no podría ya aprobar las medidas por mayoría de votos. Esta primera ruptura respecto al Tratado original constituyó una clara demostración del poder francés.

A pesar de todo, los primeros logros de la CEE fueron impresionantes. Los aranceles intracomunitarios quedarían suprimidos en 1968, bastante antes de lo previsto. El comercio entre los seis Estados miembros se cuadruplicó durante el mismo periodo. La mano de obra agrícola disminuyó de forma constante, aproximadamente un 4 por ciento cada año, mientras que la producción agrícola por trabajador se elevó en la década de 1960 a una tasa anual del 8,1 por ciento. A finales de su primera década de existencia, y pese a la sombra de De Gaulle, la Comunidad Económica Europea había adquirido un aura de inevitabilidad que hizo que otros Estados europeos empezaran a hacer cola para entrar.

Pero también había problemas. Una unión aduanera con altos aranceles externos, orientada hacia sí misma, dirigida desde Bruselas por una administración centralizada y un ejecutivo no elegido, no constituía un verdadero beneficio para Europa o el resto del mundo. De hecho, la red de acuerdos proteccionistas y subsidios indirectos implantada a instancias de Francia no era en absoluto coherente con el espíritu y las instituciones del sistema comercial internacional que había surgido en las décadas siguientes a los acuerdos de Bretton-Woods. En la (considerable) medida en que el sistema de gobierno de la CEE se basaba en el de Francia, su legado napoleónico no constituía un buen presagio.

Finalmente, la influencia de Francia en la Comunidad Europea durante sus primeros años de andadura contribuyó a forjar una nueva «Europa» a la que cabía imputar haber reproducido los peores defectos del Estado-nación a escala subcontinental: existía el riesgo considerable de que el precio que se tuviera que pagar por la recuperación de Europa occidental fuera un cierto provincianismo eurocéntrico. A pesar del notable crecimiento de su economía, el mundo de la CEE era bastante reducido. En algunos aspectos era de hecho mucho más pequeño que el mundo que los franceses o los holandeses habían conocido cuando sus Estados-nación se abrieron a otros pueblos y lugares de allende los mares. En las circunstancias de la época, esto apenas revestía importancia para la mayoría de los europeos occidentales, que, por otra parte, no tenían otra opción. Pero con el tiempo conduciría a una visión característicamente provinciana de «Europa», que acarrearía lamentables consecuencias en el futuro.

La muerte de Yósef Stalin en marzo de 1953 había precipitado una lucha de poder entre sus nerviosos herederos. Al principio, el jefe de la policía secreta, Lavrenti Beria, parecía erigirse como el único heredero del dictador. Pero, precisamente por esta razón, sus colegas conspiraron para asesinarle en julio de aquel mismo año y tras un corto tiempo presidido por Georgi Malenkov, fue Nikita Jruschov —ni mucho menos el más conocido del círculo íntimo de Stalin— el que sería confirmado dos meses después como primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. En cierto modo, resultó irónico: a pesar de su predisposición psicótica, Beria se convirtió en el defensor de las reformas y de lo que más tarde se conocería por «desestalinización». Durante el breve lapso que transcurrió entre la muerte de Stalin y el arresto de Beria, este rechazó el Complot de las Batas Blancas, liberó algunos prisioneros del gulag e incluso propuso reformas en los Estados satélite, para el desconcierto de los líderes locales del Partido en estos lugares.

La nueva jefatura, formalmente colectiva pero en la que Jruschov se erigía cada vez más como primus inter pares, tenía pocas opciones salvo la de seguir el camino recomendado por Beria. La muerte de Stalin, tras muchos años de represión y de pobreza, había precipitado numerosas protestas y exigencias de cambio. A lo largo de 1953 y 1954, las revueltas que se produjeron en los campos de trabajo siberianos de Norilsk, Vorkutá y Kenguir obligaron al Kremlin a utilizar tanques, aviones y un despliegue considerable de tropas a fin de reprimirlas. Pero una vez el «orden» se reinstauró, Jruschov volvió a la estrategia de Beria. En el transcurso de 1953 a 1956, se liberó a unos cinco millones de prisioneros del gulag.

En las democracias populares, la era posestalinista estuvo marcada no solo por la revuelta de Berlín de 1953 (véase el capítulo VI) sino por la oposición que surgió incluso en reductos del imperio tan apartados y por lo general tan dóciles como la provinciana Bulgaria, donde los trabajadores de las fábricas de tabaco se amotinaron en mayo y junio de aquel mismo año. Aunque ninguna de estas revueltas supuso una grave amenaza para la Unión Soviética, las autoridades de Moscú se tomaron muy en serio el grado de descontento público. La tarea a la que ahora se enfrentaban Jruschov y sus colegas era enterrar a Stalin y sus excesos sin poner en riesgo el sistema que el terror estalinista había construido y las ventajas que al Partido le había reportado su monopolio del poder.

La estrategia de Jruschov, como se evidenciaría en años posteriores, cubría cuatro objetivos. En primer lugar, como ya hemos visto, era necesario estabilizar las relaciones con Occidente tras el rearme de Alemania Occidental, su incorporación a la OTAN y la firma del Pacto de Varsovia. Al mismo tiempo, Moscú empezó a tender puentes con el mundo «no alineado» —comenzando por Yugoslavia, a la que Jruschov y el mariscal Bulganin realizaron una visita en mayo de 1955 (solo un mes después de firmarse el Tratado del Estado austríaco) con el fin de retomar las relaciones soviético-yugoslavas tras tres años de frío estancamiento—. En tercer lugar, Moscú comenzó a animar a los reformistas del Partido en los Estados satélite, permitiendo críticas moderadas a los «errores» de la vieja guardia estalinista y la rehabilitación de algunas de sus víctimas, y con el fin del ciclo de juicios-espectáculo, arrestos masivos y purgas dentro del Partido.

Así estaban las cosas cuando Jruschov procedió cautelosamente a la cuarta (y a su modo de entender, definitiva) fase de reformas controladas: la ruptura con el propio Stalin. El escenario escogido para ello fue el vigésimo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, celebrado en febrero de 1956, en el que Jruschov pronunció su hoy famoso «discurso secreto», en el que denunciaba los crímenes y los errores del secretario general y el «culto» a su persona. Visto desde la retrospectiva, este discurso ha adquirido un aura mítica, pero su trascendencia no debería exagerarse. Nikita Jruschov era un comunista, un leninista y su fe no era menos firme que la del resto de sus coetáneos de la jefatura del Partido. El delicado objetivo que se había propuesto era reconocer y detallar los actos de Stalin, y hacer recaer sobre su persona toda la responsabilidad de dichos actos. Su tarea, a su modo de ver, consistía en reafirmar la legitimidad del proyecto comunista vertiendo todo el oprobio y la culpa sobre el cadáver del «tío Pepe».

El discurso, pronunciado el 25 de febrero, fue absolutamente convencional en cuanto a extensión y lenguaje. Iba dirigido a la élite del Partido y se limitaba a describir las «perversiones» de una doctrina comunista de la que Stalin era culpable. El dictador fue acusado de «ignorar las normas de funcionamiento del Partido y de pisotear los principios leninistas de la dirección colectiva del Partido»: es decir, de tomar sus propias decisiones. Sus colegas más jóvenes (entre los cuales se había encontrado Jruschov desde comienzos de la década de 1930), quedaban de este modo absueltos de responsabilidad tanto en lo referente a sus excesos criminales como, y más importante, al fracaso de sus políticas. Jruschov asumió el riesgo calculado de detallar el alcance de los fracasos personales de Stalin (lo que provocó la consiguiente conmoción y ofensa en la sensibilidad de los obedientes dirigentes que se encontraban entre el público), a fin de preservar e incluso realzar la inmaculada imagen de Lenin, el sistema de gobierno leninista y los propios sucesores de Stalin.

El discurso secreto consiguió su propósito, al menos dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, y trazó una clara línea de ruptura respecto a la era estalinista, que reconocía sus monstruosidades y desastres al tiempo que mantenía la ficción de que los actuales líderes comunistas estaban exentos de toda responsabilidad. De este modo, Jruschov se mantenía a salvo en el poder y conseguía en cierta medida carta blanca para reformar la economía soviética y liberalizar el aparato del terror. Los viejos estalinistas quedaron entonces marginados —Mólotov fue destituido como ministro de Asuntos Exteriores en junio, un día antes de la visita realizada por Tito a Moscú—. En lo que respecta a los contemporáneos de Jruschov y los jóvenes apparatchiks como Leónidas Brézhnev, estos hombres eran tan culpables como Jruschov de haber colaborado en los crímenes de Stalin y por tanto no estaban en posición de negar sus afirmaciones ni de menoscabar su credibilidad. La desestalinización controlada le convenía a todo el mundo.

Pero el ataque de Jruschov a Stalin no podía mantenerse en secreto, y en ello radicó su fracaso. El discurso no se haría público oficialmente en la Unión Soviética hasta 1988, a pesar de que las agencias de inteligencia occidentales tuvieron conocimiento de él a los pocos días, como también los Partidos Comunistas, aunque a estos no se les comunicaran las intenciones de Jruschov. Por consiguiente, a las pocas semanas, los rumores sobre las acusaciones de Jruschov hacia Stalin ya corrían por todas partes. Sus efectos fueron determinantes. Para los comunistas, la denuncia de Stalin y su actuación sembró la confusión y la preocupación, pero al mismo tiempo supuso un alivio. A partir de entonces, en opinión de muchos, los comunistas ya no tendrían excusa para negar las más escandalosas acusaciones de sus críticos. Algunos miembros y simpatizantes occidentales del Partido lo abandonaron, pero otros permanecieron en él con una fe renovada.

En la Europa del Este, el impacto de la supuesta apostasía de Jruschov hacia Stalin fue más que espectacular. Visto desde la perspectiva de la reciente reconciliación del líder soviético con Tito y su disolución del agonizante Cominform el 18 de abril, el hecho de que Jruschov renegara de Stalin parecía sugerir que Moscú iba a adoptar a partir de entonces una actitud favorable respecto a los distintos «caminos hacia el socialismo», y que había rechazado el terror y la represión como herramientas del control comunista. Como el autor checo Jaroslav Seifert explicó en el Congreso de Escritores celebrado en Praga en abril de 1956, «una vez y otra oímos decir en este Congreso que es necesario que los escritores digan la verdad. Esto significa que en los últimos años no la habían dicho […]. Ahora todo eso ha terminado. Hemos conjurado la pesadilla».

En Checoslovaquia —cuyos líderes comunistas mantenían un hermético silencio sobre su propio pasado estalinista— el recuerdo del terror continuaba demasiado reciente todavía para que los rumores procedentes de Moscú se tradujeran en una actuación política[13]. El impacto de la ola de desestalinización en la vecina Polonia fue muy distinto. En junio el ejército polaco fue llamado a reprimir las manifestaciones que se estaban celebrando en la ciudad de Poznan, en el oeste de Polonia, motivadas (como las de Berlín Este de dos años antes) por conflictos salariales y laborales. Pero esto solo contribuyó a que el descontento se extendiera a lo largo de aquel otoño, en un país en el que la sovietización nunca se había llevado a cabo con la misma intensidad que en los demás y cuyos dirigentes del Partido habían sobrevivido con notable éxito a las purgas de la postguerra.

En octubre de 1956, preocupados ante la perspectiva de perder el control sobre el estado de ánimo popular, el Partido Obrero Unificado Polaco decidió destituir al mariscal soviético Konstanty Rokossowski de su puesto de ministro de Defensa y expulsarle del Politburó. Al mismo tiempo, el Partido eligió a Wladisław Gomułka para el puesto de Primer Secretario, en sustitución del estalinista Bolesław Bierut. Este gesto revistió una gran trascendencia simbólica: Gomułka había estado en prisión pocos años antes y había escapado por poco al juicio. Para el público polaco él encarnaba la cara «nacional» del comunismo polaco, y su ascenso se interpretó mayoritariamente como un acto de implícito desafío por parte de un partido obligado a elegir entre su electorado nacional y las altas autoridades de Moscú.

Ciertamente, así es como los líderes soviéticos lo interpretaron. Jruschov, Mikoyán, Mólotov y otros tres cargos de máxima responsabilidad, volaron hacia Varsovia el 19 de octubre con la intención de impedir el nombramiento de Gomułka, prohibir la expulsión de Rokossowski y restaurar el orden en Polonia. Para asegurarse de que sus intenciones estaban claras, Jruschov ordenó simultáneamente el avance de una brigada de tanques soviéticos hacia Varsovia. Pero durante las acaloradas discusiones con el propio Gomułka, mantenidas en parte en la pista del aeropuerto, Jruschov concluyó que los intereses soviéticos en Polonia saldrían más beneficiados si aceptaban la nueva situación del Partido polaco que si llevaban las cosas a un punto crítico que sin duda generaría enfrentamientos violentos. Gomułka, a su vez, aseguró a los rusos que él era capaz de restablecer el control y que no tenía intención de abandonar el poder, sacar a Polonia del Pacto de Varsovia, ni exigir la retirada de las tropas soviéticas del país.

Si se considera la desproporción de poder existente entre Jruschov y Gomułka, el éxito del nuevo líder polaco a la hora de evitar una catástrofe para su país fue notable. Pero Jruschov había interpretado bien a su interlocutor (como explicó al Politburó soviético a su regreso al día siguiente a Moscú, el embajador soviético en Varsovia, Ponomarenko, se había «equivocado considerablemente en su valoración de Gomułka»). Es posible que el control comunista de Polonia tuviera que pagar el precio de realizar algunos cambios en la plantilla y permitir cierta liberalización de la vida pública, pero Gomułka era una figura sólida del Partido y no tenía intención de dejar el poder en manos de la gente de la calle o de los oponentes del Partido. Por otra parte, también era realista: si él no podía apaciguar los disturbios de Polonia, la alternativa era el Ejército Rojo. La desestalinización, como Gomułka entendía perfectamente, no significaba que Jruschov planeara renunciar en absoluto ni a la influencia territorial ni al monopolio político de la Unión Soviética.

El «octubre polaco», por tanto, tuvo un desenlace fortuitamente favorable (pocos en aquel momento sabían lo cerca que había estado Varsovia de haber vivido una segunda ocupación soviética). En Hungría, sin embargo, las cosas tomarían un rumbo diferente. Esto no se hizo inmediatamente obvio. Ya en julio de 1953 la cúpula estalinista húngara había sido sustituida (por iniciativa de Moscú) por un comunista reformista, Imre Nagy. Nagy, al igual que Gomułka, había sido anteriormente purgado y encarcelado y no podía ser por tanto responsabilizado del periodo de terror y desgobierno por el que su país acababa de pasar; de hecho, su primer acto como líder del Partido consistió en presentar, con el respaldo de Beria, un programa de liberalizaciones. Se cerrarían los campos de internamiento y de trabajo, y los campesinos podrían abandonar los koljoses si así lo deseaban. En general, la agricultura recibiría más apoyo y se dejarían de lado objetivos industriales menos realistas: en el característicamente velado lenguaje de una resolución confidencial del Partido húngaro del 28 de junio de 1953, «la falsa política económica revelaba una cierta jactancia y tendencia al riesgo, dado que el forzado desarrollo de la industria pesada presuponía unos recursos y materias primas de las que en parte no se disponía».

Nagy no constituía desde luego una opción convencional, desde el punto de vista de Moscú. En septiembre de 1949 se había mostrado crítico con la línea ultraestalinista de Mátyás Rákosi y había sido uno de los dos únicos miembros del Politburó que se habían opuesto a la ejecución de László Rajk. Esto, junto con sus críticas de la colectivización rural, habían conducido a su expulsión de la dirección del Partido y a una «autocrítica» pública en la que Nagy admitía su «actitud oportunista» y su fracaso a la hora de mantenerse fiel a la línea del Partido. Pero al mismo tiempo representaba la opción más lógica, llegado el momento de realizar cambios en un país cuya élite política, al igual que su economía, había quedado devastada por los excesos estalinistas. Bajo el gobierno de Rákosi se había ejecutado a unas 480 figuras públicas entre 1948 y 1953 (sin incluir a Rajk y otras víctimas comunistas), y se había encarcelado a más de 150.000 personas (de una población inferior a los 9 millones) durante este mismo periodo.

Nagy permaneció en el cargo hasta la primavera de 1955. Por entonces, Rákosi y otros incondicionales del Partido húngaro que habían estado trabajando por menoscabar a su problemático colega desde su vuelta al cargo, consiguieron convencer a Moscú de que no podía contarse con él para mantener un control firme, en un momento en el que la Unión Soviética se enfrentaba a la amenaza de una ampliación de la OTAN y en el que la vecina Austria estaba a punto de convertirse en un Estado independiente y neutral. El Comité Central Soviético condenó «las desviaciones derechistas» de Nagy, se le destituyó del cargo (y más tarde se le expulsó del Partido) y Rákosi y sus amigos volvieron a ocupar el poder en Budapest. Esta marcha atrás en las reformas, solo ocho meses después del discurso de Jruschov, ilustra de antemano hasta qué punto el líder soviético no planeaba, con el desmantelamiento de la reputación de Stalin, perturbar el cómodo ejercicio del poder comunista.

Durante aproximadamente un año, el extraoficial «grupo de Nagy» actuó dentro del Partido húngaro como una especie de oposición «reformista», la primera de este tipo en el comunismo de la postguerra. Entre tanto, esta vez le tocó a Rákosi atraer la atención de Moscú en un sentido negativo. Jruschov, como hemos visto, estaba deseando restablecer las relaciones soviéticas con Yugoslavia. Pero durante la histeria anti-Tito de días pasados, Rákosi había desempeñado un papel destacado. No era casual que la acusación de «titismo» hubiera acaparado tanto protagonismo en los juicios-espectáculo húngaros, especialmente en el juicio del propio Rajk (el Partido húngaro había asumido el papel de fiscal en este proceso y la dirección del Partido se había aplicado con entusiasmo a dicha tarea).

Rákosi, por tanto, se estaba convirtiendo en un obstáculo, un impedimento anacrónico para los proyectos soviéticos. Con las negociaciones soviético-yugoslavas que estaban teniendo lugar en Moscú en junio de 1956, el hecho de mantener en el poder en Budapest a un estalinista recalcitrante y tan estrechamente relacionado con malos recuerdos del pasado parecía una provocación innecesaria, tanto más si se tiene en cuenta que su trayectoria y su actual intransigencia empezaban a provocar protestas públicas en Hungría. A pesar de todos los esfuerzos de Rákosi —en marzo de 1956 publicó en el periódico húngaro Szabad Nép una apasionada denuncia de Beria y de su lugarteniente en la policía húngara, Gábor Péter, haciéndose eco de la denuncia de Jruschov del «culto a la personalidad» y celebrando el «desenmascaramiento» de dichos personajes por su criminal persecución de los inocentes— ya era demasiado tarde para él. El 17 de julio de 1956 Anastás Mikoyán voló a Budapest y, sin ningún tipo de miramientos, destituyó a Rákosi del cargo definitivamente.

En sustitución de Rákosi los soviéticos ascendieron a Ernő Gerő, otro húngaro de impecable trayectoria estalinista. La elección resultó ser un error, dado que Gerő no podía promover el cambio ni tampoco evitarlo. El 6 de octubre, como deferencia especial hacia Belgrado, las autoridades de Budapest permitieron que volviera a celebrarse el entierro público de László Rajk y sus compañeros víctimas de los juicios-espectáculo. Béla Szász, uno de los supervivientes del juicio de Rajk, pronunció estas palabras junto a la sepultura:

Ejecutado como resultado de acusaciones falsas, los restos de László Rajk descansaron durante siete años en una tumba sin nombre. Sin embargo, su muerte se ha convertido en una señal de advertencia para el pueblo húngaro y para el mundo entero. Porque los cientos de miles de personas que pasan junto a este ataúd no solo desean honrar al fallecido; albergan la profunda esperanza y la firme resolución de enterrar toda una época. La ilegalidad, la arbitrariedad y la decadencia moral de estos años de oprobio deben quedar enterrados para siempre, y el peligro que han supuesto los responsables del gobierno por la fuerza y el culto a la personalidad debe ser conjurado para siempre.

La compasión que ahora despertaba el destino de Rajk, un hombre que a su vez había enviado a tantas víctimas inocentes (no comunistas) a la horca, no dejaba de resultar irónica. Pero, irónico o no, el reentierro de Rajk encendió la chispa que habría de hacer estallar la revolución húngara.

El 16 de octubre de 1956 los estudiantes universitarios de la ciudad provinciana de Szeged se organizaron en una Liga de Estudiantes Húngaros, independiente de las organizaciones estudiantiles comunistas oficiales. Una semana más tarde, la expansión de las organizaciones estudiantiles por todo el país culminó el 22 de octubre con un manifiesto de «Dieciséis Puntos» redactado por los estudiantes de la Universidad Técnica de Budapest. Entre las demandas estudiantiles se incluían reformas industriales y agrarias, una mayor democracia y el derecho a la libre expresión, así como el fin de las innumerables pequeñas y diversas restricciones y normas que marcaban la vida bajo el gobierno comunista. Pero también incluían un deseo más alarmante, el de ver a Imre Nagy instalado en el puesto de primer ministro, a Rákosi y sus colegas juzgados por sus crímenes y a las tropas soviéticas fuera de su país.

Al día siguiente, el 23 de octubre, los alumnos comenzaron a congregarse en la plaza del Parlamento de Budapest para manifestarse en apoyo de sus demandas. El régimen no sabía cómo reaccionar: en un primer momento Gerő prohibió la manifestación y más tarde la permitió. Una vez esta se produjo, aquella misma tarde Gerő procedió a denunciar la manifestación y a sus promotores en un discurso retransmitido por la radio húngara aquella misma noche. Una hora después, los enfurecidos manifestantes echaron abajo la estatua de Stalin que había en el centro de la ciudad, las tropas soviéticas entraron en Budapest para cargar contra la multitud y el Comité Central húngaro permaneció reunido toda la noche. A la mañana siguiente, a las 8.13 a. m., se anunció el nombramiento de Imre Nagy como primer ministro de Hungría.

Si los dirigentes del partido esperaban que el regreso de Nagy pusiera término a la revolución, se equivocaron de medio a medio. El propio Nagy estaba resuelto a restaurar el orden y declaró la Ley Marcial una hora después de asumir el cargo. Al habla con Súslov y Mikoyán (que llegó aquel mismo día en avión desde Moscú), él y los demás miembros de la nueva jefatura húngara insistieron en la necesidad de negociar con los manifestantes. Según el informe ruso presentado en una reunión especial del Presidium del Partido Soviético el 26 de octubre, Janos Kádár[14] les había explicado que era posible y muy importante distinguir entre las masas leales, que se habían alejado del Partido a causa de los errores cometidos por este en el pasado, y los contrarrevolucionarios a los que el gobierno de Nagy esperaba poder aislar.

Puede que la distinción de Kádár convenciera a algunos dirigentes soviéticos, pero no reflejaba la realidad húngara. Por todo el país se formaban espontáneamente organizaciones estudiantiles, consejos obreros y «comités nacionales» revolucionarios. Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes provocaron contraataques y linchamientos. Sin oír los consejos de algunos de sus miembros, la cúpula del Partido húngaro se negó inicialmente a reconocer la insurrección como una revolución democrática, e insistió en considerarla una «contrarrevolución», con lo que desperdició de este modo la oportunidad de apropiarse de ella. No sería hasta el 28 de octubre, casi una semana después de las primeras manifestaciones, cuando Nagy comparecería ante los micrófonos de la radio para proponer una tregua de los enfrentamientos armados, reconocer la legitimidad y el carácter revolucionario de las recientes protestas, prometer la abolición de la impopular policía secreta y anunciar la inminente retirada de las tropas soviéticas de Budapest.

La jefatura soviética, a pesar de sus dudas, había decidido respaldar el nuevo enfoque del líder húngaro. Súslov, al informar aquel mismo día del discurso de Nagy transmitido por la radio, presentó las nuevas concesiones como el precio que había que pagar por conseguir que este movimiento multitudinario quedara bajo el control del Partido. Pero los acontecimientos de Hungría estaban dejando atrás la estrategia de Moscú. Dos días más tarde, el 30 de octubre, tras los ataques perpetrados contra la sede del Partido Comunista en Budapest y la muerte de veinticuatro de los defensores del edificio, Imre Nagy volvió a aparecer en la radio húngara. Esta vez para anunciar que su Gobierno se basaría a partir de entonces «en la cooperación democrática entre los partidos de coalición, renacidos en 1945». En otras palabras, Nagy sustentaba cada vez más su autoridad en el propio movimiento popular. En su frase final, en la que proclamaba una «Hungría democrática e independiente», llegó a omitir, por primera vez, el desacreditado adjetivo «socialista». También hizo un llamamiento público a Moscú para que «iniciara la retirada de las tropas soviéticas» de Budapest y del resto de Hungría.

La apuesta de Nagy —su fe sincera en que él podía restaurar el orden en Hungría, y evitar de este modo la amenaza latente de la intervención soviética— fue apoyada por el resto de los comunistas de su gabinete. Pero él había renunciado a la iniciativa. Los comités revolucionarios populares, los partidos políticos y los periódicos se habían extendido por toda la nación. El sentimiento antirruso florecía por todas partes, con frecuentes referencias a la represión de la Rusia imperial durante la insurrección húngara de 1848-1849. Y, lo más importante, los líderes soviéticos estaban perdiendo la confianza en él. Para cuando Nagy anunció, en la tarde del 31 de octubre, que estaba iniciando negociaciones para conseguir la retirada de Hungría del Pacto de Varsovia, su destino probablemente ya estaba decidido.

Jruschov y sus colegas siempre habían sostenido la opinión de que en Hungría (como anteriormente en Polonia) tendrían que intervenir si la «contrarrevolución» escapaba de su control. Pero parece que en principio se mostraron reacios a decidirse por esta opción. En una declaración emitida el 31 de octubre, el Presidium del Comité Central todavía mantenía su intención de «entablar las negociaciones pertinentes» con el gobierno de Hungría sobre la retirada de las tropas soviéticas del territorio húngaro. Pero, a la vez que realizaban esta concesión, estaban siendo informados de manifestaciones estudiantiles en Timişoara (Rumanía) y de «sentimientos hostiles» entre intelectuales búlgaros simpatizantes con los revolucionarios húngaros. Estos indicios de lo que empezaba a perfilarse como el efecto contagioso que tanto tiempo llevaban temiendo los impulsaron a adoptar un nuevo enfoque.

De modo que, al día siguiente de haber prometido negociar la retirada de las tropas, Jruschov comunicó al Presidium soviético que esta posibilidad quedaba ya descartada. Los «imperialistas» habrían interpretado la retirada como un síntoma de debilidad soviética. Ahora la URSS tendría que «tomar la iniciativa para restaurar el orden en Hungría». Varias divisiones del ejército soviético destacadas en Rumanía y Ucrania recibieron la orden de avanzar hacia la frontera húngara. Al enterarse de ello, el primer ministro húngaro convocó al embajador soviético (Yuri Andrópov) y le informó de que, en protesta por los nuevos movimientos de las tropas soviéticas, Hungría iba a presentar unilateralmente su renuncia como miembro del Pacto de Varsovia. Esa misma tarde, a las 19.50 del 1 de noviembre, Nagy anunció en la radio que Hungría sería a partir de entonces un país neutral y solicitaba a la ONU el reconocimiento de su nuevo estatus. Esta declaración contó con el apoyo mayoritario de la ciudadanía del país, y los consejos obreros de Budapest, que llevaban en huelga desde el inicio de las revueltas, respondieron con un llamamiento a la vuelta al trabajo. Nagy había conseguido triunfar finalmente sobre la mayoría de aquellos ciudadanos húngaros que en un principio habían desconfiado de sus intenciones.

La misma tarde que Nagy realizó su histórico anuncio, János Kádár fue secretamente llamado a Moscú, donde Jruschov le convenció de la necesidad de formar un nuevo gobierno en Budapest con el respaldo soviético. El Ejército Rojo iba a entrar en Hungría y a restablecer el orden en cualquier caso; lo único que estaba en cuestión era qué políticos húngaros tendrían el honor de colaborar con ellos. Cualquier posible duda que Kádár hubiera albergado respecto al hecho de traicionar a Nagy y a sus conciudadanos húngaros quedó disipada ante la insistencia de Jruschov en que ahora los soviéticos sabían que habían cometido un error cuando en julio instalaron a Gerő en el poder. Dicho error no volvería a repetirse una vez se restaurara el orden en Budapest. Jruschov se puso entonces en camino hacia Bucarest para reunirse con los dirigentes rumanos, búlgaros y checos y coordinar los planes de intervención en Hungría (el día anterior, una delegación de rango inferior se había reunido con la jefatura polaca). Entre tanto, Nagy proseguía con sus protestas contra el incremento de la actividad militar soviética; y el 2 de noviembre pidió al secretario general de las Naciones Unidas, Dag Hammerskjöld, que mediara entre Hungría y la URSS y promoviera el reconocimiento de Hungría como país neutral.

Al día siguiente, el 3 de noviembre, el gobierno de Nagy inició (o creyó estar iniciando) negociaciones con las autoridades militares soviéticas sobre la retirada de las tropas. Pero cuando la comisión negociadora húngara regresó aquella tarde al cuartel general soviético de Tököl, en Hungría, sus integrantes fueron arrestados inmediatamente. Poco después, a las 4 de la madrugada del 4 de noviembre, los tanques soviéticos entraron en Budapest, y se emitió una hora más tarde un comunicado procedente de la Hungría del este, ocupada por los soviéticos, que anunciaba la sustitución de Imre Nagy por un nuevo Gobierno. En respuesta a esto, el propio Nagy pronunció por radio un último comunicado al pueblo húngaro para llamar a la resistencia contra el invasor. Luego, él y sus más estrechos colaboradores se refugiaron en la embajada yugoslava de Budapest, donde se les concedería asilo.

El resultado militar del conflicto nunca estuvo en cuestión: a pesar de la intensa resistencia, las fuerzas soviéticas tomaron Budapest en setenta y dos horas, y el Gobierno de János Kádár juró el cargo el 7 de noviembre. Algunos consejos obreros sobrevivieron durante un mes más —Kádár prefirió no atacarlos directamente— y hasta 1957 siguieron convocándose huelgas esporádicas: según un informe confidencial presentado al Comité Central Soviético el 22 de noviembre de 1956, las minas de carbón de Hungría estaban funcionando al 10 por ciento de su capacidad. El 5 de enero se decretó la pena de muerte en los casos de «provocación a la huelga» y comenzó la verdadera represión. Además de los 2700 húngaros que habían muerto en el curso de los enfrentamientos, otros 341 fueron juzgados y ejecutados en los años siguientes (la última sentencia de muerte se ejecutaría en 1961). En total, unos 22.000 húngaros fueron condenados a prisión (muchos de ellos por cinco años o más) por su participación en la «contrarrevolución». Otros 13.000 fueron enviados a campos de internamiento y a muchos más aún se los despidió del trabajo o se los mantuvo bajo estrecha vigilancia, hasta que en marzo de 1963 se declaró una amnistía general.

Se estima que unas 200.000 personas —más del dos por ciento de la población— huyeron de Hungría tras la ocupación soviética, la mayoría de ellas jóvenes, y muchas de ellas pertenecientes a la élite profesional de Budapest y las comunidades urbanas de la parte occidental del país, y se establecieron en Estados Unidos (que admitió a unos 80.000 refugiados húngaros), Austria, Gran Bretaña, Alemania Occidental, Suiza, Francia y muchos otros lugares. Durante algún tiempo el destino de Nagy y sus colegas permaneció en la incertidumbre. Tras pasar casi tres semanas en la embajada yugoslava de Budapest, el 22 de noviembre la abandonaron, víctimas de un engaño, y fueron detenidos inmediatamente después por las autoridades soviéticas y encarcelados en prisiones rumanas.

Kádár tardó muchos meses en decidir qué hacer con sus antiguos amigos y camaradas. La mayoría de las represalias contra los jóvenes trabajadores y soldados que habían tomado parte en las luchas callejeras se mantuvieron lo más en secreto posible para evitar la protesta internacional; aun así se produjeron demandas internacionales de clemencia en el caso de algunas figuras prominentes, como los escritores József Gáli y Gyula Obersovszky. El destino del propio Nagy constituyó un asunto bastante delicado. En abril de 1957, Kádár y sus colegas decidieron devolver a Nagy y sus «cómplices» a Hungría para que fueran juzgados, pero los procedimientos se retrasaron hasta junio de 1958 e incluso entonces se llevaron a cabo en riguroso secreto. El 15 de junio de 1958 todos los acusados fueron declarados culpables de fomentar la contrarrevolución, y sus sentencias variaron entre la pena de muerte y largas penas de cárcel. Los escritores István Bibó y Árpád Göncz (futuro presidente de la Hungría poscomunista) fueron condenados a cadena perpetua. Otros dos —József Szilágyi y Géza Lozonczy— fueron asesinados en prisión antes de comenzar el juicio. Imre Nagy, Pál Maléter y Miklós Gimes fueron ejecutados la madrugada del 16 de junio de 1958.

El levantamiento húngaro, una sublevación breve y desesperada acontecida en un pequeño reducto del imperio soviético, causó un impacto demoledor en el panorama mundial. En primer lugar, constituyó una lección práctica para los diplomáticos occidentales. Hasta entonces, Estados Unidos, a pesar de reconocer oficialmente la imposibilidad de separar a los satélites de la Europa del Este del control soviético, había seguido alentando el «espíritu de la resistencia» en dichos países. Las actuaciones secretas y el apoyo diplomático habían ido dirigidos, según el documento 174 del Consejo de Seguridad Nacional (fechado en diciembre de 1953) a «promover las condiciones que posibilitaran la liberación de los países satélite llegado el momento propicio». Pero, como más adelante subrayaría un documento de medidas confidencial redactado en julio de 1956 sobre las convulsiones políticas habidas aquel año, «Estados Unidos no está preparado para recurrir a la guerra a fin de acabar con la dominación soviética de sus países satélite» (NSC5608/1 «Política respecto a los satélites soviéticos de la Europa del Este»).

En efecto, desde la represión de la revuelta de Berlín en 1953, el Departamento de Estado había concluido que la Unión Soviética ejercería, en el futuro previsible, un control inamovible sobre su «zona». La «no intervención» era la única estrategia occidental respecto a la Europa del Este. Pero los rebeldes húngaros no podían saberlo. Muchos de ellos esperaban sinceramente recibir ayuda occidental, animados por la retórica pública estadounidense y por las emisiones de Radio Europa Libre, cuyos locutores, en su mayoría refugiados políticos, animaban a los húngaros a alzarse en armas y prometían inminente ayuda extranjera. Al comprobar que dicho respaldo ya no iba a llegar, los derrotados rebeldes se sintieron comprensiblemente amargados y desilusionados.

Aunque los gobiernos occidentales hubieran querido hacer más, las circunstancias del momento no eran en absoluto propicias. El mismo día que estalló la insurrección húngara, los representantes de Francia y Gran Bretaña se encontraban en Sèvres para mantener conversaciones secretas con los israelíes. Francia, en particular, estaba muy preocupada por sus problemas norteafricanos: como el ministro de Asuntos Exteriores Christian Pineau explicó el 27 de octubre en un informe estrictamente confidencial dirigido al representante francés en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, «es esencial que el borrador de la resolución que se presente al Consejo de Seguridad sobre la cuestión húngara no contenga ninguna cláusula que pueda obstaculizar nuestra actuación en Argelia […]. Estamos especialmente en contra de la formación de un comité de investigación». Cuatro días después, el ministro británico de Asuntos Exteriores Selwyn Lloyd escribió al primer ministro Anthony Eden en un sentido similar, respondiendo a una sugerencia del embajador británico en Moscú acerca de que Londres debía apelar directamente a los dirigentes soviéticos para que desistieran de intervenir en Hungría: «Yo mismo no creo que este sea el momento adecuado para un mensaje de este tipo».

Como Jruschov había explicado a sus colegas del Presidium del Comité Central el 28 de octubre, «los ingleses y los franceses atraviesan por una situación muy difícil en Egipto[15]». En lo que respecta a Eisenhower, este se encontraba en la última semana de su campaña electoral (el mismo día de su reelección se produjeron algunos de los enfrentamientos más graves en Budapest). Su Consejo de Seguridad Nacional ni siquiera trató el tema de Hungría hasta tres días después de la invasión soviética; habían tardado demasiado en tomar conciencia del alcance de las acciones de Nagy, especialmente de su rechazo al gobierno monopartidista, en un país de poca importancia dentro de la estrategia global de Estados Unidos (la reciente crisis de Polonia había sido objeto de mayor atención por parte de Washington). Y cuando Hungría apareció por fin en el orden del día del Consejo Nacional de Seguridad, en una reunión celebrada el 8 de noviembre, la opinión general —incluso la del propio Eisenhower— era que toda la culpa era de los franceses y los británicos. Si ellos no hubieran invadido Egipto, la Unión Soviética no habría tenido la opción de actuar contra Hungría. La Administración Eisenhower tenía la conciencia tranquila.

Así pues, los líderes soviéticos se dieron cuenta de que la situación les era propicia y la aprovecharon. Desde la perspectiva comunista, la verdadera amenaza que representaba Nagy no consistía en su intención de liberalizar la economía o relajar la censura. Ni siquiera la declaración de neutralidad húngara, a pesar de que Moscú la considerara como una provocación, fue el motivo de la caída de Nagy. Lo que el Kremlin no podía tolerar era que el Partido húngaro abandonara su monopolio del poder, el «papel dirigente» del Partido (algo que Gomułka, en Polonia, había tenido buen cuidado de no tolerar nunca). Dicha ruptura respecto a la habitual práctica soviética era la rendija por la que podía penetrar la democracia que llevaría a la perdición a los partidos comunistas del resto del mundo. Esta fue la razón por la que los líderes comunistas del resto de los Estados satélite se mostraron tan rápidamente de acuerdo con la decisión de Jruschov de destituir a Nagy. Cuando el Politburó checoslovaco se reunió el 2 de noviembre y expresó su voluntad de contribuir activamente a «mantener por todos los medios necesarios la democracia popular en Hungría», estaba manifestando sin duda un sincero y sentido deseo[16].

Incluso Tito llegó a admitir finalmente que la pérdida del control del Partido en Hungría y el derrumbe del aparato de seguridad del Estado sentaban un peligroso precedente. Al principio, el líder yugoslavo había acogido con satisfacción los cambios en Hungría, como una prueba más de la desestalinización. Pero para finales de octubre el curso que tomaron los acontecimientos en Budapest le hizo cambiar de opinión (la proximidad de Hungría con Yugoslavia, la presencia de una amplia minoría húngara en la región de Voivodina, dentro de la propia Yugoslavia, y los consiguientes riesgos de contagio le preocupaban profundamente). Cuando Jruschov y Málenkov decidieron, el 2 de noviembre, volar al refugio de Tito en una isla del Adriático e informarle de la inminente invasión, Tito se mostró nervioso pero comprensivo. Su principal preocupación consistía en que el Gobierno títere que se instalara en Hungría no incluyera a Rákosi y otros recalcitrantes estalinistas. En este sentido, Jruschov le tranquilizó encantado.

Lo que claramente complació menos a Jruschov fue que solo dos días más tarde Tito concediera asilo a Nagy, a quince miembros de su Gobierno y a sus familias. Por lo que parece, la decisión yugoslava se tomó en pleno apogeo de la crisis húngara, basada en el supuesto de que a los rusos no les interesaba generar mártires. Pero cuando los líderes soviéticos expresaron su malestar, y especialmente tras el secuestro de Nagy y del resto cuando salieron de la embajada yugoslava bajo la promesa de recibir un salvoconducto firmado por el propio Kádár, Tito se encontró en una posición muy incómoda. En público, el líder yugoslavo seguía expresando su aprobación del nuevo gobierno de Kádár; pero, extraoficialmente, no se esforzaba lo más mínimo en ocultar su contrariedad ante el desarrollo de los acontecimientos.

El precedente de la espontánea interferencia soviética en los asuntos de un país comunista hermano no había sido precisamente pensado para que la jefatura soviética se granjeara la simpatía de los yugoslavos. Las relaciones entre Moscú y Belgrado volvieron a deteriorarse una vez más, y el régimen yugoslavo inició algunos acercamientos hacia Occidente y los países no alineados de Asia. La respuesta de Tito a la invasión soviética de Hungría fue por tanto ambivalente. Al igual que los líderes soviéticos, se sentía aliviado por la restauración del orden comunista, pero la forma en que esto se había conseguido sentaba un inquietante precedente y le había dejado un sabor amargo.

En el resto del mundo, la respuesta fue en general menos ambigua. El discurso secreto de Jruschov, una vez llegó a filtrarse a Occidente, había marcado el fin de una determinada concepción comunista. Pero también permitía la posibilidad de una reforma y renovación posestalinista y, mediante el sacrificio del propio Stalin en aras de preservar la ilusoria imagen de la pureza revolucionaria leninista, Jruschov había proporcionado a los miembros del Partido y sus simpatizantes progresistas un mito al que poder aferrarse. No obstante, los desesperados enfrentamientos callejeros de Budapest habían disipado cualquier ilusión acerca de este nuevo y «reformado» modelo soviético. Una vez más, la autoridad comunista había dejado inequívocamente claro que su poder descansaba exclusivamente sobre el cañón de los tanques. El resto no era más que pura dialéctica. Los partidos comunistas occidentales comenzaron a sufrir deserciones. Según las estimaciones del Partido Comunista Italiano, entre 1955 y 1957 se dieron de baja 400.000 militantes. Como Togliatti había explicado a los líderes soviéticos en el momento más crítico de la crisis húngara, «el desarrollo de los acontecimientos de Hungría ha puesto muy difícil nuestra tarea clarificadora dentro del partido, así como la consecución de un consenso favorable a la jefatura».

En Italia, al igual que en Francia, Gran Bretaña y el resto de países, fueron los miembros más jóvenes e instruidos del Partido los que lo abandonaron en manada[17]. Como otros intelectuales no comunistas de la izquierda, se habían sentido atraídos por la promesa de las reformas posestalinistas en la URSS y por la propia revolución húngara, con sus consejos obreros, sus iniciativas estudiantiles y la idea de que incluso un partido gobernante del bloque comunista pudiera adaptarse y tomar un nuevo rumbo. Hannah Arendt, por ejemplo, pensaba que era el ascenso de los consejos (más que la restauración de los partidos políticos por parte de Nagy) lo que significaba un verdadero resurgimiento de la democracia contra la dictadura, de la libertad contra la tiranía. Por fin parecía posible hablar de comunismo y libertad simultáneamente. Como Jorge Semprún, por entonces un joven comunista español que actuaba clandestinamente en París, expresaría más tarde, «el discurso secreto nos liberó; nos permitió al menos la posibilidad de despertar […] del sueño de la razón». Tras la invasión de Hungría, ese momento de esperanza desapareció.

Algunos observadores europeos trataron de justificar la intervención soviética, o al menos de explicarla, con la aceptación de la declaración comunista oficial de que Imre Nagy había llevado a cabo una contrarrevolución (o se había visto arrastrado por ella). Sartre solía insistir en que la insurrección húngara había estado marcada por un «espíritu derechista». Pero cualesquiera que fueran los motivos de los insurgentes de Budapest o de cualquier otro lugar —sin duda mucho más variados de lo que entonces parecía— no fue la revolución húngara, sino la represión soviética, lo que causó mayor impresión a los observadores extranjeros. Desde entonces, el comunismo estaría asociado para siempre con la opresión, no con la revolución. Durante cuarenta años, la izquierda occidental había estado pendiente de Rusia, y había perdonado e incluso admirado la violencia bolchevique como el precio que había que pagar por la fe en la revolución y la marcha de la historia. Moscú era el favorecedor espejo en el que veían reflejadas sus ilusiones políticas. Pero en noviembre de 1956 ese espejo quedó hecho añicos.

En un escrito fechado el 8 de septiembre de 1957, el escritor húngaro István Bibó comentaba que «al aplastar la revolución húngara, la URSS había asestado un golpe muy duro, puede que mortal, a los movimientos “simpatizantes” (pacifistas, feministas, juveniles, estudiantiles, intelectuales, etcétera) que contribuían a fortalecer el comunismo». Su percepción demostró ser muy acertada. Desprovisto ya del curioso magnetismo del terror estalinista y evidenciado en Budapest en toda su cruda mediocridad, el comunismo soviético perdió el encanto que ejercía sobre la mayoría de sus simpatizantes y admiradores. Tratando de escapar del «tufo del estalinismo», excomunistas como el poeta francés Claude Roy «abrieron las ventanas de su nariz a otros horizontes». A partir de 1956 los secretos de la historia ya no se encontrarían en las lúgubres fábricas y los inoperantes koljoses de las democracias populares, sino en otros parajes más exóticos. Una minoría cada vez más reducida de irredentos apólogos del leninismo seguía aferrada al pasado; pero, desde Berlín hasta París, una nueva generación de progresistas occidentales buscaron su solaz y su ejemplo fuera de los límites de Europa, en las aspiraciones y transformaciones de lo que todavía no había dado en denominarse «Tercer Mundo».

Las ilusiones también se vinieron abajo en la Europa del Este. Como un diplomático británico residente en Budapest refería el 31 de octubre, en el fragor de los primeros enfrentamientos: «Solo un milagro habría conseguido que el pueblo húngaro resistiera e hiciera retroceder este ataque diabólico. Jamás lo olvidarán ni perdonarán». Pero los húngaros no fueron los únicos en tomarse a pecho el mensaje de los tanques soviéticos. Los estudiantes rumanos también se manifestaron en apoyo a sus vecinos húngaros; muchos intelectuales de Alemania del Este fueron arrestados y juzgados por criticar las acciones soviéticas; en la URSS fueron los acontecimientos de 1956 los que hicieron caer la venda de los ojos de jóvenes comunistas hasta entonces comprometidos con la causa como Leonid Pliusch. De los escombros de Budapest nacería una nueva generación de intelectuales disidentes, como Paul Goma en Rumanía o Wolfgang Harich en la RDA.

Por supuesto, la diferencia en Europa del Este radicaba en que los desilusionados súbditos del desacreditado régimen apenas podían volver su mirada hacia lugares remotos o reavivar su fe revolucionaria con el resplandor de lejanas revueltas campesinas. Por fuerza, ellos se veían obligados a vivir bajo unos regímenes comunistas en cuyas promesas ya no creían. Los europeos del Este experimentaron los hechos de 1956 como la síntesis de un cúmulo de desilusiones. Sus esperanzas en el comunismo, brevemente renovadas con la promesa de la desestalinización, se extinguieron; pero también las de recibir apoyo occidental. Aunque las revelaciones de Jruschov sobre Stalin o las titubeantes iniciativas por rehabilitar a las víctimas de los juicios-espectáculo habían sugerido hasta aquel momento que el comunismo podía guardar aún en su interior las semillas de la renovación y la liberación, tras la revolución de Hungría el sentimiento predominante era de amarga resignación.

Esto no dejó de representar algunos beneficios. Precisamente debido a la actual pasividad de las poblaciones de la Europa comunista y el restablecimiento del orden, la jefatura soviética de la era Jruschov pudo permitir cierto limitado grado de liberalización local (paradójicamente, sobre todo en Hungría). Allí, tras las duras represalias ejercidas contra los insurgentes de 1956 y sus simpatizantes, Kádár estableció el modelo del Estado comunista «pospolítico». A cambio de su incuestionable aceptación del monopolio del poder y la autoridad del Partido, a los húngaros se les permitió un limitado aunque genuino margen de libertad para producir y consumir. A nadie se le exigía que creyera en el Partido Comunista, y mucho menos en sus líderes; tan solo que se abstuvieran de manifestar lo más mínimo su oposición. Este silencio se interpretaría como un consentimiento tácito.

El «comunismo de gulash» resultante posibilitó la estabilidad de Hungría; y el recuerdo de Hungría posibilitó la estabilidad en el resto del bloque, al menos durante la década siguiente. Pero esto tuvo un coste. Para la mayoría de los que vivían bajo el comunismo, el sistema «socialista» había perdido todo el carácter de promesa radical, progresista o utópica que tuvo antaño y en el que había radicado parte de su atractivo —especialmente para los jóvenes—, en fecha tan reciente como el comienzo de la década de 1950. A partir de entonces, no fue más que una forma de vida que había que soportar. Eso no significaba que no pudiera durar mucho tiempo (eran muy pocos los que tras los acontecimientos de 1956 imaginaban un final próximo para el sistema de gobierno comunista). De hecho, el optimismo a este respecto había sido bastante mayor antes de los sucesos de aquel año. Pero a raíz de noviembre de 1956 los Estados comunistas de la Europa del Este, al igual que la propia Unión Soviética, iniciaron su descenso hacia un ocaso de estancamiento, corrupción y cinismo que habría de durar varias décadas.

Los soviéticos también pagarían un precio por ello (en muchos sentidos, 1956 representó la derrota y el desmoronamiento del mito revolucionario con tanto éxito cultivado por Lenin y sus herederos). Como Borís Yeltsin habría de reconocer muchos años después en un discurso pronunciado ante el Parlamento húngaro el 11 de noviembre de 1992, «la tragedia de 1956 [… ] permanecerá para siempre como una mancha indeleble sobre el régimen soviético». Pero aquello no era nada comparado con el coste que los soviéticos habían impuesto a sus víctimas. Treinta y tres años después, el 16 de junio de 1989, en un Budapest que celebraba su transición a la libertad, cientos de miles de húngaros tomaron parte en otro reentierro conmemorativo: esta vez el de Imre Nagy y sus colegas. Uno de los oradores que se encontraba junto a la tumba de Nagy era el joven Viktor Orbán, futuro primer ministro de su país. «El hecho de que tengamos que asumir la carga de la insolvencia y encontrar la manera de escapar del callejón sin salida asiático al que fuimos empujados —afirmó ante la multitud allí reunida— es consecuencia directa de la sangrienta represión de nuestra revolución. Ciertamente, el Partido Socialista Obrero de Hungría le robó el futuro a la juventud actual en 1956».

X

La era de la opulencia

Seamos francos: la mayoría de nuestro pueblo jamás ha vivido tan bien.

HAROLD MACMILLAN, 20 de julio de 1957

Con el término Admass[a] denomino todo el sistema consistente en una productividad creciente, más la inflación, más un nivel de vida cada vez más alto, más la publicidad y las técnicas de venta agresivas, más los medios de comunicación de masas, más la democracia cultural y la creación de un pensamiento de masas, de un hombre de masas.

J. B. PRIESTLEY

¡Mira a esa gente! ¡Primitivos! ¿De dónde vienen? De Lucania. ¿Y dónde está eso? ¡Abajo del todo!

Rocco y sus hermanos, dirigida por Luchino Visconti (1960)

Vamos donde el sol brilla más, donde el mar es azul. Lo hemos visto en las películas, ahora veremos si es verdad.

CLIFF RICHARD, en Summer Holiday (1959)

Vivir en la era americana es un rollo, a menos, claro, que seas americano.

JIMMY PORTER, en Mirando hacia atrás con ira (1956)

En 1979 el escritor francés Jean Fourastié publicó un estudio sobre la transformación social y económica de Francia durante los treinta años siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Su título —Les trente glorieuses: ou, La Révolution invisible de 1946 à 1975— estaba bien elegido. En la Europa occidental, las tres décadas siguientes a la derrota de Hitler fueron sin duda «gloriosas». La extraordinaria aceleración del crecimiento económico fue acompañada por los inicios de una era de prosperidad sin precedentes. En el lapso de una sola generación las economías del occidente del continente europeo recuperaron el terreno perdido durante cuarenta años de guerra y depresión económica, y los resultados económicos y los patrones de consumo europeos empezaron a parecerse a los de Estados Unidos. Menos de una década después de haber estado luchando por salir de los escombros, los europeos entraron, para su asombro y no sin cierta consternación, en la era de la opulencia.

La historia económica de la Europa occidental de la postguerra se entiende mejor como una inversión de la historia de las décadas inmediatamente anteriores. El énfasis maltusiano de la década de 1930 en el proteccionismo y la reducción del gasto se abandonó en favor del comercio liberalizado. En lugar de recortar sus gastos y presupuestos, los gobiernos los incrementaron. En casi todas partes existía un compromiso continuado con la inversión pública y privada a largo plazo en infraestructuras y maquinaria, las fábricas y equipos obsoletos se actualizaron o sustituyeron, con la consiguiente mejora de la eficacia y de la productividad, el comercio internacional aumentó considerablemente y una población joven y con trabajo exigía y podía acceder a una gama cada vez más amplia de productos.

La única diferencia apreciable en cuanto al boom económico de la postguerra radicó en su sincronización: llegó primero a Alemania y Gran Bretaña y solo un poco más tarde a Francia e Italia; y se experimentó de forma distinta en función de las variaciones nacionales en cuanto a fiscalidad, gasto público o énfasis en la inversión. El desembolso inicial de la mayoría de los gobiernos de la postguerra se dirigió sobre todo a la modernización de las infraestructuras —la construcción o mejora de carreteras, vías férreas, viviendas y fábricas—. En algunos países, el gasto por parte de los consumidores se contuvo deliberadamente, lo que como ya hemos visto tuvo como consecuencia que muchos percibieran los primeros años de la postguerra como una prolongación de los tiempos de penuria, salvo por algunas modificaciones. El grado de cambio relativo también dependió, evidentemente, del punto de partida: cuanto más rico era el país, menos inmediato y espectacular resultó el cambio.

Sin embargo, todos los países europeos experimentaron un aumento constante de los índices per cápita del PIB y el PNB —Producto Interior Bruto y Producto Nacional Bruto—, las nuevas medidas sagradas de la salud y el bienestar nacional. En el transcurso de la década de 1950, el índice anual medio al que creció la producción nacional per cápita en Alemania Occidental fue del 6,5 por ciento, en Italia del 5,3 por ciento, y en Francia del 3,5 por ciento. La importancia de estos índices de crecimiento tan altos y sostenidos se aprecia mejor si se compara con los resultados de estos mismos países en décadas anteriores: entre 1913 y 1950 el índice anual de crecimiento alemán fue tan solo del 0,4 por ciento, el italiano del 0,6 por ciento y el francés del 0,7 por ciento. Incluso durante las prósperas décadas siguientes a 1870, durante el imperio guillermino, la economía alemana solo alcanzó un promedio anual del 1,8 por ciento.

A mediados de la década de 1960 la tasa de crecimiento comenzó a reducirse, pero las economías de la Europa occidental siguieron alcanzando niveles históricos. En conjunto, entre 1950 y 1973, el PIB per cápita alemán aumentó hasta más del triple en términos reales. El PIB per cápita en Francia creció en un 150 por ciento. La economía italiana, que partía de una base inferior, mejoró todavía más. Los países históricamente pobres vieron los resultados de su economía aumentar espectacularmente: entre 1950 y 1973 el PIB per cápita austriaco aumentó de 3731 a 11.308 dólares (al cambio de 1990); en España, de 2397 a 8739 dólares. La economía holandesa creció un 3,5 por ciento cada año entre 1950 y 1970, siete veces el índice medio anual de crecimiento de los cuarenta años anteriores.

Uno de los factores que más contribuyeron a este hecho fue el crecimiento sostenido del comercio exterior, que aumentó a un ritmo mucho más rápido que la producción global nacional en la mayoría de los países europeos. Solo con eliminar las barreras al comercio internacional, los gobiernos de la Europa occidental de la postguerra consiguieron grandes avances en la superación del estancamiento de décadas anteriores[1]. El principal beneficiario fue Alemania Occidental, cuya cuota en la exportación mundial de productos manufacturados aumentó del 7,3 por ciento en 1950 al 19,3 por ciento solo diez años más tarde, lo que colocó la economía alemana en el lugar que había ocupado en el comercio internacional antes del desastre de 1929.

Durante los cuarenta y cinco años siguientes a 1950, las exportaciones mundiales se multiplicaron por 16 en términos de volumen. Incluso un país como Francia, cuya cuota de comercio mundial se mantuvo en torno al 10 por ciento durante todos estos años, se benefició extraordinariamente de este enorme incremento general del comercio internacional. De hecho, todos los países industrializados mejoraron durante aquellos años —las condiciones comerciales jugaron claramente a su favor tras la Segunda Guerra Mundial, dado que el coste de las materias primas y la alimentación importadas de los países no occidentales descendió de forma constante, mientras que el precio de los productos manufacturados continuó aumentando—. Durante tres décadas de intercambio comercial privilegiado y desigual con el «Tercer Mundo», fue como si Occidente contara con una licencia para fabricar dinero[2].

Sin embargo, lo que caracterizó el boom económico de Europa occidental fue el grado de integración europea de facto a que dio lugar. Incluso antes del Tratado de Roma, los futuros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea comerciaban principalmente unos con otros: en 1958 el 29 por ciento de las exportaciones de Alemania (en valor) iban a parar a Francia, Italia y los países del Benelux, y otro 30 por ciento a otros Estados europeos. En vísperas de la firma del Tratado de Roma, el 44 por ciento de las exportaciones belgas eran ya para sus futuros socios de la CEE. Incluso países como Austria, Dinamarca o España, cuyo ingreso en la Comunidad Europea no se produciría hasta muchos años después, ya se hallaban de facto integrados en sus redes comerciales: en 1971, veinte años antes de entrar en la futura Unión Europea, más del 50 por ciento de las importaciones de Austria procedían de los seis Estados miembros originales de la CEE. La Comunidad Europea (posteriormente denominada Unión Europea) no sentó las bases de una Europa económicamente integrada; más bien representaba una expresión institucional de un proceso que ya estaba en marcha antes[3].

Otro elemento clave en la revolución económica de la postguerra fue el aumento de la productividad del trabajador europeo. Entre 1950 y 1980 la productividad laboral en Europa occidental se elevó tres veces por encima de la tasa de los ocho años anteriores: el PIB por hora creció más rápido incluso que el PIB per cápita. Teniendo en cuenta el gran incremento en el número de empleados, esto supuso un notable aumento del rendimiento y, con carácter casi absolutamente general, una mejora significativa de las relaciones laborales. En cierta medida, esto fue también consecuencia de la mejoría global: la agitación política, el desempleo masivo, la baja inversión y la destrucción material de los treinta años anteriores habían dejado a la mayor parte de Europa al nivel más bajo de su historia en 1945. Incluso sin el interés por la modernización y el perfeccionamiento técnico que caracterizó aquellos años, los resultados económicos hubieran experimentado sin duda alguna mejoría.

En el constante aumento de la productividad, sin embargo, subyacía un cambio más profundo y permanente en la naturaleza del trabajo. En 1945 la mayor parte de Europa seguía siendo preindustrial. Los países mediterráneos, Escandinavia, Irlanda y Europa del Este continuaban con una economía básicamente rural y atrasada en todos los sentidos. En 1950 tres de cada cuatro trabajadores yugoslavos eran campesinos. En España, Portugal, Grecia, Hungría y Polonia, uno de cada dos adultos trabajaba en la agricultura; en Italia, dos de cada cinco. En Austria, uno de cada tres empleados trabajaba en granjas; en Francia, prácticamente tres de cada diez personas con empleo se dedicaban a un sector u otro de la agricultura. Incluso en Alemania Occidental el 23 por ciento de la población trabajadora desarrollaba labores agrícolas. Solo en el Reino Unido, donde esta cifra no representaba más que el 5 por ciento, y en menor medida en Bélgica (13 por ciento), la revolución industrial del siglo XIX había dado verdaderamente paso a una sociedad posagraria[4].

En el transcurso de los siguientes treinta años un gran número de europeos abandonó el campo y se fue a trabajar a las ciudades; los mayores cambios en este sentido se produjeron especialmente durante la década de 1960. En 1977, solo el 16 por ciento de los italianos con empleo trabajaba en el campo; en la región nordeste de la Emilia-Romagna, el porcentaje de población activa dedicada a la agricultura descendió bruscamente, del 52 por ciento en 1951 a solo el 20 por ciento en 1971. En Austria, la cifra nacional descendió al 12 por ciento, en Francia al 9,7 por ciento, en Alemania Occidental al 8,6 por ciento. Incluso en España, solo el 20 por ciento de la población trabajaba en la agricultura en 1971. En Bélgica (con una cifra del 3,3 por ciento) y el Reino Unido (del 2,7 por ciento), los agricultores eran cada vez más insignificantes desde el punto de vista estadístico (e incluso político). La agricultura y la producción de lácteos se hizo más eficiente y necesitó menos mano de obra, especialmente en países como Dinamarca u Holanda, donde la mantequilla, el queso y los productos del cerdo resultaban muy rentables en el mercado de la exportación y constituían un pilar fundamental de la economía doméstica.

En términos de porcentaje del PIB, la agricultura descendió de forma constante: en Italia, la cuota agrícola de la producción nacional bajó del 27,5 por ciento al 13 por ciento entre 1949 y 1960. El principal beneficiado de ello fue el sector terciario (incluido el empleo estatal), al que fueron a parar muchos de los que antes habían sido campesinos (o sus hijos). Algunos lugares, como Italia, Irlanda, parte de Escandinavia y Francia, pasaron directamente de una economía agrícola a una economía de servicios en una sola generación, sin pasar prácticamente por la etapa industrial en la que Gran Bretaña o Bélgica habían estado instaladas durante casi un siglo[5]. A finales de la década de 1970 una gran mayoría de la población activa de Gran Bretaña, Alemania, los países del Benelux, Escandinavia y los países alpinos trabajaba en el sector servicios —de comunicaciones, transporte, banca, administración pública, etcétera—. Italia, España e Irlanda no les iban muy a la zaga.

En la Europa comunista del Este, en contraste, la inmensa mayoría de los antiguos campesinos habían sido encauzados hacia una minería y fabricación industrial con un alto índice de mano de obra y tecnológicamente atrasada; en Checoslovaquia, el empleo en el sector terciario (los servicios) en realidad descendió en el transcurso de la década de 1950. A mediados de la década de 1950, justo cuando la producción de carbón y hierro empezaba a disminuir en Bélgica, Francia, Alemania Occidental y el Reino Unido, en Polonia, Checoslovaquia y la RDA continuó aumentando. El énfasis dogmático de los comunistas en la extracción de materias primas y la fabricación de artículos básicos generó de hecho un rápido crecimiento inicial de la producción bruta y del PIB per cápita. A corto plazo, el énfasis industrial en las economías de la órbita comunista causó una formidable impresión (también entre muchos observadores occidentales). Pero acarrearía nefastas consecuencias para el futuro de la región.

El declive de la agricultura, por sí solo, sería responsable de gran parte del crecimiento de Europa, como también la emigración del campo a las ciudades y de la agricultura a la industria había acompañado el destacado ascenso de Gran Bretaña un siglo antes. Efectivamente, el hecho de que en Gran Bretaña no existiera un excedente de población agrícola que transferir a sectores laborales de bajo nivel salarial como la fabricación o los servicios y no se produjera por tanto la ganancia en rendimiento derivada de una transición rápida a partir de una situación de atraso, contribuye a explicar los resultados relativamente bajos del Reino Unido durante aquellos años, cuyos índices de crecimiento se situaron sistemáticamente por detrás de los de Francia e Italia (o incluso Rumanía). Por la misma razón, Holanda superó a la vecina Bélgica, ya industrializada durante estas décadas, ya que se benefició de la transferencia «de una sola vez» del excedente de mano de obra agrícola a los hasta entonces infradesarrollados sectores industrial y de servicios.

La función del Gobierno y la planificación en el milagro económico europeo es difícil de estimar. En algunos lugares parece haber resultado bastante superflua. La «nueva» economía de la Italia del norte, por ejemplo, debió gran parte de su energía a las miles de pequeñas empresas de tipo familiar, cuyos miembros a menudo trabajaban simultáneamente como jornaleros agrícolas, con un bajo nivel de gastos generales y costes de inversión y que además pagaban pocos impuestos y, en algunos casos, ninguno. En 1971 el 80 por ciento de la población activa estaba empleada en establecimientos con una plantilla inferior (e incluso muy inferior) a los 100 trabajadores. Más allá de hacer la vista gorda a efectos fiscales, de zonificación, construcción y otras infracciones, el papel desempeñado por las autoridades centrales italianas en el sostenimiento de los esfuerzos económicos de estas empresas no resulta muy clara.

Al mismo tiempo, la función del Estado fue crucial a la hora de financiar cambios a gran escala que hubieran quedado fuera del alcance de la iniciativa individual o la inversión privada: la financiación del capital europeo no estatal continuó siendo escasa durante algún tiempo, y la inversión privada procedente de Estados Unidos no comenzó a reemplazar a la ayuda del Plan Marshall o la asistencia militar hasta finales de la década de 1950. En Italia, la Cassa per il Mezzogiorno, respaldada por un importante préstamo del Banco Mundial, invirtió inicialmente en infraestructuras y mejoras agrarias: recuperación de tierras para el cultivo, construcción de carreteras, sistemas de alcantarillado, viaductos, etcétera. También ofreció incentivos como préstamos, subvenciones o exenciones tributarias a las empresas privadas dispuestas a invertir en el sur, actuó como vehículo a través del cual las sociedades estatales debían destinar el 60 por ciento de sus nuevas inversiones en el sur y, en las décadas siguientes a 1957, estableció doce «áreas de crecimiento» y treinta «núcleos de crecimiento» por todo el tercio sur de la península.

Al igual que los proyectos estatales a gran escala, la Cassa era poco rentable y bastante corrupta. La mayoría de sus beneficios iban a parar a las regiones costeras más favorecidas; gran parte de la nueva industria que creó requería gran cantidad de capital y creaba pocos puestos de trabajo. Muchas de las propiedades agrícolas más pequeñas, «independientes», constituidas a raíz de la reforma agraria de la región, siguieron siendo dependientes del Estado, convirtiendo al Mezzogiorno italiano en una especie de región con asistencia estatal semipermanente. No obstante, a mediados de la década de 1970 el consumo per cápita se había duplicado en el sur de Italia, los ingresos locales habían aumentado un promedio del 4 por ciento anual, la mortalidad infantil se había reducido a la mitad y las obras de electrificación estaban a punto de completarse —en lo que había sido, en la memoria de una generación, una de las regiones más desoladas y atrasadas de Europa—. Dada la velocidad a la que despegaba el norte industrial (en cierta medida, como veremos, gracias a los trabajadores del sur) lo que sorprende no es el fracaso de la Cassa a la hora de obrar un milagro económico al sur de Roma, sino el hecho de que la región fuera siquiera capaz de mantenerse. Aunque solo sea por esta razón, las autoridades de Roma merecen cierto reconocimiento.

En el resto de países el papel del Gobierno varió; pero en ningún caso fue insignificante. En Francia, el Estado se limitó a lo que dio en llamarse «planificación indicativa» (que utilizaba los resortes del poder para dirigir los recursos a unas regiones, industrias e incluso productos determinados, y compensaba deliberadamente la paralización maltusiana de la inversión de las décadas previas a la guerra). Los funcionarios del Gobierno podían ejercer un control bastante efectivo sobre la inversión doméstica, debido principalmente a que durante estas primeras décadas de la postguerra las leyes monetarias y la limitada movilidad del capital internacional mantenían a raya la competencia extranjera. Al ver reducida su libertad de buscar en el extranjero unos ingresos más rentables a corto plazo, los banqueros y los prestamistas privados de Francia y el resto de países invirtieron en casa[6].

En Alemania Occidental, donde aún perduraba el recuerdo de los conflictos y la inestabilidad (tanto política como monetaria) del periodo de entreguerras, las autoridades de Bonn se mostraron mucho menos activas que sus homólogas francesas o italianas a la hora de diseñar o dirigir el comportamiento económico, pero prestaron una atención mucho mayor a los acuerdos destinados a evitar o mitigar los conflictos sociales, especialmente entre empresarios y trabajadores. En particular, fomentaron y respaldaron las negociaciones y «contratos sociales» destinados a reducir el riesgo de huelgas o inflación salarial. Consecuentemente, las industrias privadas (y los bancos con los que trabajaban o eran sus propietarios) estaban más dispuestas a invertir en su futuro, dado que podían contar con una moderación salarial a largo plazo por parte de sus trabajadores. Las bases sindicales de Alemania Occidental, como las de Escandinavia, fueron compensadas por esta comparativa docilidad con el empleo garantizado, la baja inflación y, sobre todo, unos servicios y prestaciones públicas financiados gracias a un marcado aumento de los tipos impositivos.

En Gran Bretaña, la intervención del Gobierno en la economía fue más directa. La mayoría de las nacionalizaciones llevadas a cabo por el Gobierno laborista de 1945-1951 fueron mantenidas en su lugar por los gobiernos conservadores que le sucedieron. Pero ambos partidos renegaron de la planificación económica a largo plazo o la intervención agresiva en las relaciones entre los trabajadores y la patronal. Esta participación activa adoptó la forma de gestión de la demanda —con la manipulación de los tipos de interés y los tramos impositivos marginales para fomentar el ahorro o el gasto—. Se trataba de tácticas a corto plazo. El principal objetivo estratégico de los gobiernos británicos de todas las tendencias durante estos años consistió en evitar una vuelta a los traumáticos niveles de desempleo de la década de 1930.

Por tanto, en toda Europa occidental, gobiernos, empresarios y trabajadores conspiraron para formar un virtuoso círculo consistente en un alto gasto gubernamental, una imposición fiscal progresiva y unos aumentos salariales moderados. Como hemos visto, estos objetivos ya formaban parte del amplio consenso, forjado durante y después de la guerra, sobre la necesidad de unas economías planificadas y un determinado concepto de «Estado del bienestar». Eran por tanto producto de las políticas del gobierno y la intención colectiva. Pero la condición que permitió su éxito sin precedentes yacía más allá del alcance directo de la acción del gobierno. El desencadenante del milagro económico europeo y de los cambios sociales y culturales que este trajo consigo fue el rápido y sostenido crecimiento de la población europea.

Europa había vivido otras explosiones demográficas en el pasado (la más reciente a mediados del siglo XIX). Pero estas no siempre habían traído consigo un aumento sostenido de la población: ya fuera porque la agricultura tradicional no podía alimentar muchas bocas, o bien debido a las guerras y las enfermedades o al exceso de población, los jóvenes, especialmente, tenían que emigrar al extranjero en busca de una vida mejor. Y, en el siglo XX, la guerra y la emigración habían mantenido el crecimiento demográfico europeo muy por debajo de lo que habría cabido esperar del aumento del índice de natalidad de décadas anteriores.

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, las repercusiones de la pérdida de una generación de jóvenes en la Primera Guerra Mundial, junto con la Depresión, las guerras civiles y la incertidumbre política de la década de 1930, habían reducido la tasa de natalidad en ciertas zonas de Europa occidental a unos mínimos históricos. En el Reino Unido solo se producían 15,3 nacimientos por cada mil personas; en Bélgica, 15,4; en Austria, 12,8. En Francia, donde la tasa de natalidad se mantenía en 14,6 por mil, las muertes superaron a los nacimientos no solo durante la Primera Guerra Mundial y en 1919 y, de nuevo, en 1929, sino también en cada uno de los años comprendidos entre 1935 y 1944. Allí, al igual que en España durante la Guerra Civil, la población del país fue descendiendo de forma constante. En el resto de la Europa mediterránea y al este de Viena, la tasa de nacimientos fue más alta, a veces incluso el doble que la de Occidente. Pero los elevados niveles de mortalidad infantil y los altos índices de fallecimientos en todos los grupos de edad determinaron que incluso allí el crecimiento de la población no resultara significativo.

Este contexto, unido al desastre demográfico de la propia Segunda Guerra Mundial, constituye el marco dentro del cual debe interpretarse el baby boom. Entre 1950 y 1970, la población del Reino Unido se elevó en un 13 por ciento; la de Italia en un 17 por ciento. En Alemania Occidental, la población creció durante estos años en un 28 por ciento, en Suecia en un 29 por ciento y en Holanda en un 35 por ciento. En algunos de estos casos, el incremento autóctono se elevó todavía más con la inmigración (derivada del regreso a Holanda de ciudadanos procedentes de las colonias, y de alemanes del Este y otros refugiados a la República Federal). Pero los factores exógenos ejercieron escasa influencia en Francia: entre el primer censo de la postguerra, llevado a cabo en 1946, y finales de la década de 1960, la población francesa creció casi un 30 por ciento (la tasa de crecimiento demográfico más alta jamás registrada en este país).

La característica más llamativa de Europa durante las décadas de 1950 y 1960 —que queda patente en cualquier instantánea callejera de aquellos años— fue por tanto el número de niños y jóvenes. Tras un paréntesis de cuarenta años, Europa volvía a ser joven. Los años de máximo apogeo en cuanto al número de nacimientos en la mayoría de los países fueron 1947-1949 (en 1949 nacieron 869.000 bebés en Francia, comparados con los 612.000 de 1939). En 1960, en Holanda, Irlanda y Finlandia, el 30 por ciento de la población era menor de quince años. En 1967, uno de cada tres franceses no había cumplido aún los 20 años. No es solo que hubieran nacido millones de niños después de la guerra, sino que un número insólito de ellos había sobrevivido.

Gracias a la mejora de la nutrición, la vivienda y la atención médica, la tasa de mortalidad infantil —el número de niños por cada mil nacimientos que morían antes de cumplir el año— descendió enormemente en Europa occidental durante estas décadas. En Bélgica pasó del 53,4 en 1950 al 21,1 en 1970, y el cambio más notable se produjo en la primera década. En Italia descendió del 63,8 al 29,6, en Francia del 52,0 al 18,2. Las personas mayores también vivían más tiempo (al menos en Europa occidental, donde la tasa de mortalidad descendió de forma constante durante el mismo periodo). El índice de supervivencia de los bebés también mejoró en Europa del Este, si bien es cierto que se partía de una cifra considerablemente peor: en Yugoslavia, las tasas de mortalidad infantil descendieron del 118,6 por mil en 1950 al 55,2 veinte años después[7]. En la Unión Soviética las tasas descendieron del 81 por mil de 1950 al 25 por mil en 1970, si bien con considerables variaciones entre las diferentes repúblicas. Pero los índices de fertilidad de los Estados comunistas disminuyeron bastante más rápido que en Occidente y, a partir de mediados de la década de 1960, se vieron alcanzados e incluso superados por unos índices de mortalidad cada vez peores (especialmente entre los varones).

Existen muchas explicaciones de la recuperación de la fertilidad europea tras la Segunda Guerra Mundial, pero la mayoría de ellas se reducen a una combinación de optimismo y leche gratis. Durante la larga depresión demográfica de 1913 a 1945, los gobiernos habían tratado en vano de fomentar la procreación mediante llamadas al patriotismo, «códigos» familiares y otras leyes para paliar la escasez de hombres, viviendas, puestos de trabajo y seguridad. Ahora —incluso antes de que el crecimiento de la postguerra se hubiera traducido en un empleo seguro y una economía de consumo— la coincidencia de factores como la paz, la seguridad y cierto grado de ayuda estatal bastaron para conseguir lo que toda la propaganda en pro de la natalidad anterior a 1940 no había sido capaz de lograr.

Los soldados desmovilizados, los prisioneros de guerra y los deportados políticos que habían vuelto a casa, animados por el racionamiento y los planes de distribución de renta que favorecían a los matrimonios con hijos, así como las subvenciones en metálico por cada hijo, aprovechaban la primera oportunidad que se les presentaba para casarse y formar una familia. Y había algo más. A principios de la década de 1950 los países de Europa occidental podían ofrecer a sus ciudadanos mucho más que meras esperanzas y una red de seguridad social: también les proporcionaban empleo en abundancia. En el transcurso de la década de 1930 la tasa media de desempleo en Europa occidental había sido del 7,5 por ciento (el 11,5 por ciento en el Reino Unido). En la década de 1950 había caído por debajo del 3 por ciento en todas partes salvo en Italia. A mediados de la década de 1960 la media europea era solo del 1,5 por ciento. Por primera vez desde que se tiene constancia, Europa occidental alcanzaba el pleno empleo. En muchos sectores existía una escasez de mano de obra endémica.

A pesar del impulso que esto representaba para la organización laboral, los sindicatos (con la notoria excepción de Gran Bretaña) eran demasiado débiles o se mostraban reacios a ejercer su poder. Esto se debía a la herencia de las décadas de entreguerras: los sindicatos militantes o políticos nunca habían llegado a recuperarse del todo del impacto de la Depresión y la represión fascista. A cambio de su recién estrenada respetabilidad como socios negociadores en el ámbito nacional, los representantes sindicales de los años cincuenta y principios de los sesenta a menudo prefirieron colaborar con los empresarios a explotar la escasez laboral en su inmediato beneficio. Este cambio de perspectiva queda sintomáticamente reflejado en el hecho de que cuando en Francia se alcanzó el primer acuerdo de la historia en materia de productividad, la principal mejora conseguida para los trabajadores no tuviera que ver con los salarios, sino con la innovadora concesión de tres semanas de vacaciones pagadas[8].

Otra de las razones por la que los viejos sindicatos obreros ya no tenían la misma influencia en Europa occidental radica en que sus bases —obreros manuales cualificados— estaban en declive. El empleo en industrias heredadas del siglo XX como el carbón, el acero, la textil y algunas otras, se redujo, aunque esto no se hizo evidente hasta la década de 1960. Cada vez surgía más trabajo en el sector terciario y muchos de los que se incorporaban a él eran mujeres. Algunas ocupaciones —como la fabricación textil o el trabajo doméstico— habían sido mayoritariamente femeninas durante muchas décadas. Pero tras la guerra, las oportunidades de empleo en ambos ámbitos disminuyeron drásticamente. La mano de obra femenina ya no estaba integrada solamente por jóvenes solteras empleadas en el servicio doméstico o la industria textil. Cada vez eran más las mujeres adultas (a menudo casadas) que trabajaban en tiendas, oficinas y ciertas profesiones de bajo nivel salarial, principalmente como enfermeras y maestras. En 1961 una tercera parte de la mano de obra contratada en el Reino Unido eran mujeres; y dos de cada tres mujeres con empleo trabajaban en puestos administrativos o como secretarias. Incluso en Italia, donde las mujeres adultas no habían figurado (oficialmente) entre la población empleada, el 27 por ciento de la mano de obra era femenina a finales de la década de 1960.

La insaciable demanda de mano de obra en el próspero cuadrante noroeste de Europa obedece a las numerosas migraciones de población de los años cincuenta y principios de los sesenta. Estas adoptaban tres formas. En primer lugar, hombres (y, en menor medida, también mujeres y niños) que abandonaban el campo para ir a la ciudad y se instalaban en las regiones más desarrolladas de su propio país. En España más de un millón de residentes de Andalucía partieron hacia el norte, a Cataluña, durante las dos décadas siguientes a 1950: en 1970, 1,6 millones de españoles nacidos en Andalucía vivían al norte de su región de origen, 712.000 de ellos solo en Barcelona. En Portugal un alto porcentaje de residentes de la deprimida región del Alentejo se fue a vivir a Lisboa. En Italia, entre 1955 y 1971, se estima que nueve millones de personas se trasladaron de una región a otra de su país.

Este patrón de movimiento demográfico no se limitó al Mediterráneo. Puede que los millones de jóvenes que abandonaron la República Democrática Alemana en dirección a Alemania Occidental entre 1950 y 1961 optaran por la libertad política, pero su traslado al oeste también obedecía a la búsqueda de trabajos bien pagados y una vida mejor. En este sentido difieren poco de sus coetáneos españoles o italianos (o del cuarto de millón de suecos del centro y el norte rural de su país que se trasladaron a las ciudades durante la década siguiente a 1945). Gran parte de este movimiento obedecía a diferencias de renta; pero el deseo de escapar de las privaciones, el aislamiento, la crudeza de la vida rural y la influencia de sus jerarquías tradicionales también desempeñaban un papel importante, especialmente en el caso de la gente joven. Esto representó el beneficio añadido de que los salarios de los que permanecían en su lugar de origen y la cantidad de tierras que quedaban a su disposición también aumentaron a consecuencia de ello.

La segunda ruta que emprendieron los emigrantes fue la de trasladarse de un país a otro de Europa. Es evidente que la emigración europea no era un fenómeno nuevo. Pero la mayoría de los quince millones de italianos que se habían marchado de su país entre 1870 y 1926 lo había hecho en dirección al otro lado del océano, hacia Estados Unidos o Argentina. Lo mismo puede decirse de los millones de griegos, polacos, judíos, etcétera que emigraron durante estos mismos años, o de los escandinavos, alemanes e irlandeses de la generación anterior. Es indudable que, tras la Primera Guerra Mundial, el goteo de mineros y trabajadores del campo que se trasladaban desde Italia y Polonia a Francia, por ejemplo, fue constante, y también que en la década de 1930 muchos refugiados políticos partieron rumbo al oeste huyendo del nazismo y del fascismo. Pero la emigración intraeuropea, especialmente en busca de trabajo, constituía una excepción.

A finales de la década de 1950 todo esto cambió. El cruce de las fronteras en busca de trabajo había comenzado poco después del fin de la guerra (tras un acuerdo alcanzado en junio de 1946, decenas de miles de jóvenes trabajadores italianos viajaron en convoyes organizados a trabajar a las minas de Valonia, a cambio del compromiso belga de suministrar carbón a Italia). Pero en el transcurso de la década de 1950 la expansión económica de la Europa noroccidental superó el crecimiento de la población autóctona: la generación del baby boom, todavía no se había incorporado al mundo del trabajo, y la demanda de mano de obra seguía en aumento. Cuando la economía alemana en concreto empezó a dispararse, el Gobierno de Bonn se vio obligado a buscar mano de obra barata fuera de sus fronteras.

En 1956 el canciller Adenauer se encontraba en Roma para ofrecer transporte gratuito a cualquier trabajador italiano que quisiera viajar a Alemania y solicitar la cooperación italiana para canalizar a los desempleados del sur del país a través de los Alpes. Durante la década siguiente, las autoridades de Bonn firmarían una serie de acuerdos, no solo con Italia, sino también con Grecia y España (1960), Turquía (1961), Marruecos (1963), Portugal (1964), Túnez (1964) y Yugoslavia (1968). Los trabajadores extranjeros («invitados») eran animados a aceptar el empleo en Alemania (en el entendimiento de que su estancia sería estrictamente temporal y que al final regresarían a sus países de origen). Al igual que los emigrantes finlandeses en Suecia, o los irlandeses en Gran Bretaña, estos hombres —la mayoría menores de 25 años— procedían en casi todos los casos de regiones pobres del campo o de la montaña. La mayoría eran trabajadores no especializados (aunque algunos aceptaban «desespecializarse» con el fin de conseguir trabajo). Los ingresos que obtuvieron en Alemania y en otros países del norte de Europa desempeñaron un papel importante en el sostenimiento de las economías de sus regiones de origen, y su marcha sirvió también para mitigar la competencia local por el trabajo y la vivienda. En 1973 el envío de dinero de los trabajadores en el extranjero equivalía al 90 por ciento de los ingresos por exportación de Turquía y al 50 por ciento de los de Grecia, Portugal y Yugoslavia.

El impacto demográfico de estos movimientos de población fue significativo. Aunque los emigrantes eran oficialmente «temporales», en realidad habían abandonado sus hogares para siempre. Los que volvieron lo harían solo muchos años más tarde, al jubilarse. Siete millones de italianos dejaron su país entre 1945 y 1970. Entre los años 1950 y 1970, una cuarta parte de toda la mano de obra de Grecia se marchó a trabajar al extranjero: en el momento álgido de la emigración, a mediados de la década de 1960, 117.000 griegos salían cada año de su país[9]. Se estima que, entre 1961 y 1974, un millón y medio de trabajadores portugueses encontraron trabajo en el extranjero (el movimiento de población más importante vivido en la historia de Portugal, donde la población activa quedó reducida a solo 3,1 millones de personas). Estas cifras resultaban dramáticas para un país cuya población total en 1950 se reducía a 8.250.000 habitantes. La emigración de mujeres jóvenes que iban a París y otros lugares en busca de trabajo en el servicio doméstico tuvo un impacto especialmente significativo en el campo, donde la escasez de adultos jóvenes solo pudo paliarse en parte con la llegada de emigrantes de las colonias portuguesas en las islas de Cabo Verde y África. En un municipio portugués, Sabugal, en el norte rural, la emigración redujo la población local de 43.513 habitantes en 1950 a solo 19.174 treinta años más tarde.

El beneficio económico para el país de «importación» resultaba considerable. En 1964 los trabajadores extranjeros (en su mayoría italianos) representaban una cuarta parte de la mano de obra de Suiza, cuyo comercio turístico dependía en gran medida del trabajo barato y estacional: fácil contratación, fácil despido. En Alemania Occidental, en el año récord de 1973, había 2,8 millones de trabajadores extranjeros, la mayoría de ellos empleados en los sectores de la construcción, la metalurgia y la fabricación de coches. En Francia los 2,3 millones de trabajadores extranjeros registrados aquel año representaban un 11 por ciento de la población laboral total. Muchos de ellos eran mujeres que trabajaban en el servicio doméstico como cocineras, limpiadoras, conserjes y baby sitters (la gran mayoría de origen portugués).

La mayor parte de estos hombres y mujeres no tenían permiso de residencia permanente ni se los incluía en los acuerdos firmados por sindicatos y empresarios destinados a velar por la seguridad, el bienestar y la jubilación de los trabajadores autóctonos. Por tanto, los emigrantes apenas suponían ningún compromiso ni coste a largo plazo para el empresario y el país al que habían ido a trabajar. Bien entrada la década de 1980, a los «trabajadores invitados» de Alemania se los mantenía aún en los mismos puestos y con los mismos salarios con los que habían entrado a trabajar. Vivían como podían mientras enviaban la mayoría de sus ingresos a casa: por pocos que fueran los marcos o los francos que les pagaran, su valor era muy superior a lo que hubieran podido ganar en sus pueblos de origen. Su situación se asemejaba bastante a la del triste camarero italiano de Lucerna amablemente caricaturizado en la película de Franco Brusati, Pane e Cioccolata (Pan y chocolate) de 1973.

En 1973 solo en Alemania Occidental había casi medio millón de italianos, 535.000 yugoslavos y 605.000 turcos[10]. Los alemanes —al igual que suizos, franceses, belgas o británicos— no recibieron con especial agrado esta súbita irrupción de extranjeros en su país. La experiencia de vivir entre tantas personas procedentes de tierras desconocidas resultaba extraña a la mayoría de los europeos. El hecho de que fuera tolerada razonablemente bien, con tan solo algún brote esporádico de prejuicios y violencia contra las comunidades de trabajadores extranjeros, se debió en cierta medida a que estas últimas vivían separadas de la población local, en deprimentes barrios de la periferia de las grandes ciudades, a que no representaban ninguna amenaza en una era de pleno empleo, a que al menos en el caso de los cristianos de Portugal, Italia y Yugoslavia se trataba de personas física y culturalmente «asimilables» —esto es, no de piel oscura o musulmanes— y a que se daba por hecho que un día se marcharían.

Estas consideraciones no son aplicables, sin embargo, al tercer tipo de mano de obra importada: los emigrantes de las que habían sido o seguían siendo todavía colonias europeas. El número de personas pertenecientes a esta categoría no era en principio significativo. Muchas de las personas que habían regresado a Holanda, Bélgica y Francia procedentes de antiguos dominios imperiales en Asia, África, Sudamérica y el Pacífico eran profesionales de raza blanca o agricultores retirados. Incluso los ciudadanos argelinos que vivían en Francia en 1969 apenas sumaban 600.000, es decir, un número inferior a la población local de italianos o españoles.

Hasta en Gran Bretaña, donde los gobiernos de la década de 1950 habían fomentado activamente la inmigración procedente del Caribe para abastecer de personal los trenes, autobuses y servicios municipales del país, las cifras no eran especialmente llamativas. En el censo de 1951 había 15.000 personas de las Indias Occidentales (principalmente Barbados) residentes en el Reino Unido: 4000 de ellas en Londres. En 1959 la inmigración de las Indias Occidentales al Reino Unido se cifraba en torno a las 16.000 personas por año. La inmigración procedente de otros lugares de la Commonwealth era incluso menor (en 1959 llegaron tan solo 3000 inmigrantes de la India y Pakistán). Las cifras aumentarían en años posteriores —especialmente cuando el Gobierno británico accedió a regañadientes a admitir a los asiáticos de África oriental expulsados por el dictador de Uganda Idi Amin—, aunque todavía en 1976 el número de personas de raza distinta a la blanca presente en la población del Reino Unido no superaba los 1,85 millones, un 3 por ciento del total. Y el 40 por ciento de ellas había nacido allí.

Evidentemente, la diferencia radicaba en que estas personas eran mulatas o negras (y, al ser ciudadanos de la Commonwealth, les asistía el derecho a la residencia permanente y en última instancia a la ciudadanía en la metrópoli imperial). Ya en 1958 los disturbios racistas que tuvieron lugar al oeste de Londres alertaron al gobierno sobre el riesgo que conllevaba permitir la entrada de «demasiados» emigrantes en una sociedad históricamente blanca. Y, de este modo, a pesar de que la necesidad económica de emigrantes no cualificados seguía siendo importante y de la insignificancia de su número total, el Reino Unido instauró el primero de una larga serie de controles a la inmigración no europea. La Ley de Inmigración de la Commonwealth de 1962 introdujo por primera vez los «permisos de empleo» y aplicó estrictos controles sobre la entrada al Reino Unido de emigrantes de otras razas. Una ley posterior de 1968 intensificó aún más estos controles, ya que reservaba la ciudadanía del Reino Unido exclusivamente a las personas que tuvieran al menos un pariente británico; y en 1971 otra ley, dirigida abiertamente a los no blancos, restringió drásticamente la admisión de los familiares a cargo de emigrantes ya residentes en Gran Bretaña[11].

En última instancia, el efecto que pretendían estas leyes era terminar con la llegada de la inmigración no europea a Gran Bretaña, iniciada menos de 20 años atrás. A partir de este momento, el creciente porcentaje de personas de raza distinta a la blanca en la población del Reino Unido dependería exclusivamente de las tasas de natalidad de las comunidades africana, caribeña y sudasiática del Reino Unido. Por otra parte, estas drásticas restricciones sobre el derecho de negros y asiáticos a entrar en el Reino Unido fueron acompañadas, llegado el momento, de una considerable mejora de sus condiciones de vida una vez instalados en el país. Una Ley de Relaciones Raciales promulgada en 1965 prohibía la discriminación en lugares públicos, introducía reparaciones a la discriminación laboral y estipulaba las penas por incitación al odio racial. Otra ley de once años más tarde proscribió definitivamente toda discriminación por motivos de raza y establecía una Comisión para la Igualdad Racial. En ciertos aspectos, las nuevas poblaciones no europeas del Reino Unido (y posteriormente de Francia) fueron más afortunadas que los europeos de segunda clase que encontraron trabajo al norte de los Alpes. Las patronas de las pensiones inglesas ya no pudieron seguir teniendo colgados los carteles donde se advertía: «No se admiten negros, irlandeses ni perros»; no obstante, los carteles que prohibían la entrada a «perros e italianos» seguirían expuestos en los parques suizos durante algunos años más.

En el norte de Europa la situación de los trabajadores extranjeros y otros residentes se mantuvo deliberadamente en la precariedad. El Gobierno holandés animaba a los trabajadores españoles, yugoslavos, italianos (y más tarde turcos, marroquíes y del Surinam) a venir a su país y trabajar en la industria textil, la minería y la construcción naval. Pero cuando las viejas fábricas cerraron, estos trabajadores perdieron sus empleos, con frecuencia sin contar con ningún seguro ni red de seguridad social que amortiguara el golpe que esto suponía para ellos y sus familias. En Alemania Occidental, una Ley de Extranjería de 1965 incorporaba en su texto la «Normativa policial para extranjeros» promulgada por primera vez por los nazis en 1938. Se describía y consideraba a los trabajadores extranjeros como una presencia temporal, a merced de las autoridades. Sin embargo en 1974, cuando la economía europea se ralentizó y empezó a avanzar a paso de tortuga, y muchos de los trabajadores inmigrantes dejaron de ser necesarios, estos se habían convertido ya en residentes permanentes. Aquel año el 17,3 de los niños nacidos en Alemania Occidental eran hijos de «extranjeros».

Sería difícil sobreestimar el impacto global que causaron estos movimientos demográficos. En total, el número de personas que se trasladaron, dentro de cada país, de un país a otro, y de Europa a otros países extranjeros, alcanza los cuarenta millones. Al producirse de esta forma precaria y en gran medida desorganizada, el boom europeo no hubiera sido posible de no existir un trabajo barato y abundante. Los Estados europeos de la postguerra —y los empresarios privados— se beneficiaron enormemente de este flujo constante de trabajadores dóciles y mal pagados por quienes con frecuencia evitaban pagar todos los costes sociales correspondientes. Cuando el boom pasó y llegó el momento de despedir al excedente laboral, esta mano de obra inmigrante e itinerante fue la principal perjudicada.

Como todo el mundo, los nuevos trabajadores no solo fabricaban cosas, sino que también las compraban. Esto resultaba bastante novedoso. Según consta en los anales de la historia, hasta aquel momento la mayoría de los ciudadanos de Europa, y del resto del mundo, solo habían poseído cuatro tipos de cosas: las que habían heredado de sus padres, las que fabricaban ellos mismos, las que canjeaban o intercambiaban con otros y unos cuantos artículos que estaban obligados a comprar con dinero, casi siempre fabricados por alguien a quien conocían. A lo largo del siglo XIX la industrialización había transformado el mundo de los habitantes de las ciudades, pero en muchos lugares de la Europa rural la economía siguió funcionando de forma muy parecida hasta la Segunda Guerra Mundial e incluso más adelante.

El gasto más importante con diferencia en un presupuesto de una familia tradicional lo constituía la comida y la ropa, que, junto con la vivienda, copaban la mayor parte de los ingresos familiares. La mayor parte de la gente no compraba o «consumía» en el sentido moderno de la palabra; sencillamente, subsistía. Para la inmensa mayoría de la población europea, hasta mediados del siglo XX, los «ingresos disponibles» eran términos contradictorios entre sí. Todavía en 1950 la familia occidental media europea gastaba más de la mitad de su dinero en cubrir sus necesidades básicas: comida, bebida y tabaco (sic). En la Europa mediterránea, la cifra era notablemente superior. Si añadimos a esto la ropa y el alquiler, no quedaba mucho más para artículos no esenciales.

Todo esto cambiaría en el lapso de una generación. Durante las dos décadas siguientes a 1953, los salarios reales casi se triplicaron en Alemania Occidental y los países del Benelux. En Italia la tasa de crecimiento de los ingresos fue todavía más alta. Incluso en Gran Bretaña el poder adquisitivo del ciudadano medio casi se duplicó durante aquellos años. En 1965 la comida y la ropa copaban solo el 31 por ciento del gasto en consumo de Gran Bretaña; en 1980, la media de Europa del norte y occidental, en conjunto, era inferior al 25 por ciento.

La gente tenía dinero de sobra, y lo gastaba. En 1950 los minoristas de Alemania Occidental vendían solo 900.000 pares de medias de nylon (el artículo «de lujo» por excelencia de los años inmediatamente posteriores a la guerra). Cuatro años después, en 1953, las ventas alcanzaban los 58 millones de pares. En artículos más tradicionales, el mayor impacto de esta revolución en el gasto afectó al modo de empaquetar los productos y la magnitud de las ventas. Empezaron a aparecer los supermercados, especialmente durante la década de 1960, aquella en la que el efecto del aumento del poder adquisitivo se dejó sentir de forma más llamativa. En Holanda, que contaba con siete supermercados en 1961, había 520 diez años más tarde. Durante la misma década, el número de supermercados en la vecina Bélgica se elevó de 19 a 456; en Francia de 49 a 1833[12].

La explicación de la existencia de los supermercados consistía en que los compradores (amas de casa en su mayoría) gastarían más en una sola salida a la compra si la mayor parte de lo que deseaban comprar —o a lo que se les podía tentar para que desearan comprar— lo encontraban cómodamente a su disposición en un solo sitio. Pero esto a su vez suponía que las mujeres tenían que contar con un lugar en el que dejar la comida al llegar a casa, lo que hizo que la presencia de un frigorífico se impusiera cada vez más. En 1957 la mayoría de las familias europeas occidentales todavía no tenía frigorífico (la cifra variaba entre el 12 por ciento de Alemania y el 2 por ciento de Italia). La razón no era tanto técnica (a mediados de la década de 1950 casi toda la Europa occidental contaba con pleno suministro eléctrico, salvo ciertas zonas de la Noruega rural y algunas regiones sureñas y de las tierras altas de Italia) como logística: hasta que las amas de casa pudieran permitirse comprar grandes cantidades de alimentos perecederos en una sola salida y transportarla a casa, no tenía mucho sentido gastar importantes sumas de dinero en un frigorífico[13].

Resulta por tanto sintomático de muchos otros cambios asociados a este, que, en 1974, se hiciera constar la ausencia de un frigorífico: en Bélgica y el Reino Unido el 82 por ciento de las familias tenía uno, en Francia el 88 por ciento, en Holanda y Alemania Occidental el 93 por ciento. Y, lo que más llama la atención: el 94 por ciento de las familias italianas tenía ya uno, la proporción más alta de toda Europa. De hecho, Italia se había convertido en el fabricante de frigoríficos y otros «electrodomésticos de gama blanca» más importante de toda Europa. En 1951 la industria italiana fabricó 18.500 frigoríficos; dos décadas después, estaba produciendo 5.274.000 al año —casi tantos como Estados Unidos y más que todo el resto de Europa junta.

Al igual que el frigorífico doméstico, la lavadora hizo también su aparición durante aquellos años. Su propósito era también facilitar el trabajo de la nueva ama de casa acomodada, y animarla a ampliar el abanico de sus compras. Sin embargo la lavadora tardaría más tiempo en popularizarse que el frigorífico, en parte porque a mediados de la década de 1950 el agua corriente todavía no había llegado a más de la mitad de las casas de Bélgica, Italia, Austria, España y muchos lugares de Francia y Escandinavia y, en parte, porque la red eléctrica de muchas zonas no suministraba la suficiente potencia para dar servicio a dos grandes electrodomésticos en una sola vivienda[14]. Incluso en 1972, cuando la mayoría de los europeos occidentales vivía en casas equipadas con cuartos de baño e instalación de fontanería completa, solo dos de cada tres hogares tenían lavadora, proporción que aumentaría de forma constante pero lenta durante las siguientes décadas. Las lavadoras continuaron estando durante muchos años fuera del alcance de los pobres, especialmente de las familias numerosas, que eran las que más las necesitaban. En parte por esta razón, la lavadora —al igual que el lavavajillas a partir de mediados de los años setenta— estuvo asociada en la imaginería comercial al equipamiento doméstico de la clase media acomodada.

Las lavadoras y los frigoríficos empezaron a ser más baratos. Como los juguetes y la ropa, se fabricaban a mayor escala que nunca, ya que la inversión, por un lado, y la fuerte y sostenida demanda, por otro, hicieron bajar los precios: incluso en Francia, donde la producción masiva siempre había ido un poco rezagada, la facturación de la industria del juguete aumentó un 350 por ciento en los primeros años del baby boom, entre 1948 y 1955. Pero donde el virtuoso círculo de millones de recién empleados-consumidores causó el impacto más significativo no fue en el ámbito doméstico, sino fuera de él. La medida más importante de la prosperidad europea fue la revolución provocada por el coche familiar.

Hasta la década de 1950, el automóvil constituía un artículo de lujo para la mayoría de los europeos y en muchos lugares apenas se veía pasar alguno de vez en cuando. Incluso en ciudades importantes, su llegada había sido muy reciente. La mayoría de la gente no recorría grandes distancias por placer, y para ir al trabajo o al colegio utilizaba el transporte público: el tren, el tranvía o el autobús. A comienzos de los años cincuenta, en España había solo 89.000 vehículos privados (sin contar los taxis): uno por cada 314.000 personas. En 1951 tan solo una de cada doce familias francesas tenía coche. Solo en Gran Bretaña el coche particular constituía un fenómeno de masas: en 1950 había 2.258.000 automóviles privados. Pero la distribución geográfica era desigual: casi una cuarta parte de todos los coches estaban matriculados en Londres: gran parte de la Gran Bretaña rural estaba vacía de coches, al igual que Francia o Italia. Aun así, muchos londinenses no tenían coche, y había miles de comerciantes, vendedores de fruta, etcétera, que seguían dependiendo para su trabajo de un carro y un caballo.

El coche particular aumentaría espectacularmente en las dos décadas siguientes. En Gran Bretaña, donde el despegue inicial de la década de 1930 había quedado estancado por la escasez derivada de la guerra y la postguerra, su venta se duplicó con cada década entre 1950 y 1980. De 2.250.000 vehículos en 1950, el número de coches particulares en Gran Bretaña se elevó a 8 millones en 1964, y alcanzó los 11,5 millones a finales de los años sesenta. Los italianos, que apenas contaban con 270.000 coches particulares al comienzo de la guerra y 342.000 en 1950 (un número inferior al que había solo en el área metropolitana de Londres), contaban con dos millones de vehículos en 1960, cinco millones y medio en 1965, más de diez millones en 1970, y una cifra estimada de 15 millones cinco años más tarde (dos coches por cada siete residentes en el país[15]). En Francia, el número de coches particulares se elevó de menos de dos millones a casi seis millones de vehículos en el transcurso de la década de 1950, y volvería a duplicarse a lo largo de los diez años siguientes. El hecho de que los parquímetros se introdujeran a finales de los años cincuenta en Gran Bretaña (y más adelante, en la década de 1960, en Francia y otros países) resulta revelador[16].

Si los europeos pudieron comprar coches para su uso personal en tamañas cantidades no fue solamente porque tuvieran más dinero para gastar. Había muchos más coches disponibles para satisfacer la contenida demanda de las décadas de la Depresión y de la guerra. Mucho antes de 1939, algunos fabricantes europeos de coches (Porsche en Alemania, Renault y Citroën en Francia, Morris en Gran Bretaña), tras prever un aumento de la demanda de automóviles privados tras la Depresión, habían empezado a pensar en un nuevo tipo de coche familiar —de características análogas al Modelo T de Henry Ford de veinte años antes: fiable, fabricado en serie y asequible—. La guerra retrasó la aparición de estos modelos, pero a principios de la década de 1950 ya estaba en marcha la instalación de un número cada vez mayor de nuevas líneas de producción.

Cada país de Europa occidental tenía un fabricante y un modelo de coche propio, pero, básicamente, todos eran muy similares. Tanto el Volkswagen Escarabajo como el Renault 4CV, el FIAT 500 y 600, el Austin A30 y el Morris Minor eran modelos pequeños, de dos puertas, pensados para el transporte familiar: baratos en cuanto a precio y mantenimiento, y fáciles de reparar. De carrocería endeble y de chapa, motores pequeños de escasa potencia (diseñados para consumir el menor combustible posible) y dotados del mínimo de accesorios y equipamiento. Los Volkswagen, Renault y Fiat tenían motor y tracción trasera, de modo que dejaban el compartimento frente al conductor para alojar una pequeña cantidad de equipaje, la batería, la rueda de repuesto, la manivela de arranque y las herramientas.

El Morris, de motor delantero, al igual que su contemporáneo y competidor el Ford Popular (de propiedad norteamericana pero fabricado en la planta de Ford en Dagenham, cerca de Londres, para el mercado doméstico) aspiraba a un nivel de confort ligeramente más alto —y más tarde evolucionaría a un modelo de cuatro puertas, acorde con el momento de prosperidad que atravesaba Gran Bretaña en los años de su aparición en el mercado—. La francesa Citroën introdujo su emblemático 2CV (dirigido en principio a agricultores que aspiraban a modernizar o sustituir su carro de bueyes), completado con cuatro puertas, techo y asientos abatibles y el motor de una motocicleta de tamaño medio. A pesar de las variaciones culturales, los pequeños coches de los cincuenta compartían un mismo propósito: hacer el automóvil más accesible y asequible a la mayoría de las familias de Europa occidental.

Durante los primeros años siguientes al inicio de la revolución europea del transporte, el suministro de automóviles no pudo satisfacer la demanda (una situación que en la Europa del Este se mantuvo así hasta 1989). Por ello, durante algún tiempo proliferaron todo tipo de ciclomotores, motocicletas y motos con sidecar, esta última a modo de improvisado vehículo familiar para aquellos que no podían permitirse pagar un coche o disponer de uno. Entonces aparecieron en escena los escúteres —tanto en Francia como, sobre todo, en Italia, donde el primer rally de escúteres, celebrado en Roma el 13 de noviembre de 1949, fue seguido de una explosiva demanda en el mercado de estos prácticos y asequibles símbolos de libertad y movilidad urbana, tan populares y celebrados entre la gente joven—, especialmente la Vespa, presente en todas las películas de factura o temática italianas realizadas en aquella época.

Pero para principios de la década de 1960 el coche ya se había impuesto con firmeza en Europa occidental, lo que derivó el tráfico de las líneas férreas a las carreteras y el transporte de los medios públicos a los privados. Las redes de ferrocarril habían alcanzado su máxima extensión y volumen de uso en los años siguientes a la Primera Guerra Mundial; ahora, convertidas en un servicio nada rentable, empezaron a recortarse y desmantelarse miles de kilómetros de vía. En el Reino Unido los trenes transportaban a 901 millones de pasajeros en 1946, con lo que alcanzó entonces su máximo histórico. Pero a partir de este momento las cifras se redujeron cada año. En el resto de Europa occidental el tráfico de trenes se mantuvo en un nivel más alto; en los países pequeños y muy poblados, con redes eficientes —como Bélgica, Holanda o Dinamarca— en realidad aumentó, si bien a un ritmo mucho más lento que el tráfico por carretera.

El número de personas que utilizaban el autobús también comenzó a disminuir por primera vez, a medida que aumentaba el número de personas que iban a trabajar en coche. Entre 1948 y 1962, en la congestionada capital británica, el tráfico total de pasajeros de la red de autobuses, tranvías y metro de Londres se redujo de 3955 millones de personas al año a 2485, a medida que la población de la periferia empezó a trasladarse en coche al trabajo. A pesar del claramente inadecuado estado de las carreteras europeas —fuera de Alemania no se habían acometido obras importantes de mejora de las redes nacionales de carreteras desde finales de la década de 1920— las personas y sobre todo las familias empezaron a utilizar cada vez más el coche para el transporte discrecional: el traslado a los hipermercados recién instalados en la periferia de las ciudades y, sobre todo, para las excursiones de fin de semana y las vacaciones de verano[17].

El viaje de recreo no era un fenómeno nuevo en Europa, aunque hasta aquel momento había estado reservado primero a la aristocracia y más adelante a las clases medias más acomodadas y culturalmente más ambiciosas. Pero al igual que los demás sectores económicos, el «turismo» se había visto perjudicado por la guerra y la recesión económica. En 1913 la industria turística suiza registraba 21,9 millones de noches de alojamiento, cifra que no volvería a alcanzar hasta mediados de la década de 1950, y, cuando lo hizo, el boom turístico fue diferente, facilitado y promovido por la disponibilidad del transporte privado y, especialmente, por el creciente número de personas que disfrutaban de vacaciones pagadas: en 1960 la mayoría de los empleados de la Europa continental tenían legalmente derecho a dos semanas de vacaciones pagadas (tres en el caso de Noruega, Suecia, Dinamarca y Francia) y era cada vez más frecuente que disfrutaran de dichas vacaciones fuera de casa.

Los viajes de placer empezaban a convertirse en turismo de masas. Las empresas de autocares empezaron a florecer por todas partes, lo que transformó la tradición de los viajes anuales en autocar con destino a la costa de los trabajadores de las fábricas y del campo en servicios comerciales de transporte nacionales e internacionales. Los empresarios en ciernes de líneas aéreas como el británico Freddie Laker, que había comprado aviones Dakota con turbopropulsor sobrantes de la guerra, desarrollaron servicios de flete de aviones con destino a recién inaugurados centros turísticos veraniegos de Italia, Francia y España. La acampada —que ya era popular antes de la guerra entre los veraneantes de menor poder adquisitivo y los amantes de la vida al aire libre— se convirtió en una industria muy importante a finales de los años cincuenta, que permitió la proliferación de campings de ambiente costero y bucólico, grandes emporios comerciales dedicados a este equipamiento, guías impresas y tiendas especializadas en este tipo de prendas de vestir. Los lugares de vacaciones tradicionales —situados en las costas y el campo de la Europa central y septentrional— prosperaron, mientras emergían a su vez otros centros recién descubiertos (o redescubiertos), que acaparaban cada vez más importancia en folletos de papel satinado y en la mitología popular. La Riviera francesa, antaño un apacible refugio elegido por la alta burguesía eduardiana para pasar el invierno, aparecía remozada con un aire juvenil y seductor en un nuevo género cinematográfico de «diversión al sol»: en 1956 Roger Vadim «inventó» Saint-Tropez como escaparate para su nueva starlet Brigitte Bardot en la película Y Dios creó a la mujer.

No todo el mundo podía permitirse unas vacaciones en Saint-Tropez o Suiza —aunque las costas y montañas francesas e italianas seguían resultando baratas a los viajeros de Gran Bretaña o Alemania, gracias al cambio de la libra esterlina y el marco alemán por los subvaluados francos y liras de aquel momento—. Pero las vacaciones en las costas nacionales, especialmente codiciadas por británicos, holandeses y alemanes, resultaban entonces verdaderamente baratas. Billy Butlin, un feriante canadiense que creó su primer negocio en Skegness en 1936 e hizo una fortuna durante la década de 1950 con la venta de vacaciones familiares «baratas y alegres» en centros estratégicamente situados a lo largo de la costa de la Inglaterra industrial: «un Walmart[b] con alojamiento», como despectivamente los describió un crítico en retrospectiva. Pero Butlin gozó en su momento de una enorme popularidad y fue el precursor no reconocido del Club Med francés, la opción de vacaciones colectivas preferida por una generación posterior y más cosmopolita, hasta en sus «gentils moniteurs» (o «chaquetas rojas» como Butlin los denominaba).

Los algo más aventureros podían optar por los recién inaugurados centros de vacaciones de la costa mediterránea española, donde los visitantes podían elegir entre establecimientos de bed-and-breakfast, pensiones o modestos hoteles de costa reservados en bloque por una nueva generación de operadores turísticos. Y a todos estos lugares podía ahora llegarse en coche. Vestidas con cómodas ropas veraniegas (en sí un nuevo producto, por otra parte indicativo del nuevo bienestar económico), millones de familias se apiñaban en sus Fiat, Renault, Volkswagen y Morris —a menudo el mismo día, dado que las fechas de las vacaciones oficiales solían ceñirse en torno a las mismas semanas de agosto— y salían con destino a lejanas costas, por carreteras estrechas y mal equipadas diseñadas para una era de viajes ya pasada.

El resultado de todo ello eran unos tremendos atascos de tráfico sin precedentes hasta entonces, que se hicieron peores cada año a partir de finales de los años cincuenta. Solían producirse siempre en las mismas arterias: la carretera sudoeste A303 de Londres a Cornualles, las Routes Nationales 6 y 7 de París a la costa mediterránea, la Route Nationale 9 de París a la frontera española (los turistas franceses que visitaban España pasaron de unos cuantos miles en 1955 a tres millones en 1962 y siete millones dos años después —en la España de Franco hasta el franco francés estaba en situación de ventaja, especialmente tras la revaluación gaullista[18]—). Los turistas alemanes siguieron la ruta hacia el sur del comercio medieval, atravesando el Tirol austríaco y el paso de Brennero para llegar a Italia en números cada vez mayores. Muchos continuaban hacia Yugoslavia, que, al igual que España, abrió sus puertas al turismo extranjero durante estos años: los viajeros extranjeros al único país comunista accesible de Europa (agraciado con su larga y extremadamente barata costa adriática), que sumaban 1,7 millones en 1963, alcanzaron los casi 6,3 millones anuales una década más tarde.

El turismo de masas, como está perfectamente comprobado, puede ser insensible desde el punto de vista medioambiental, pero comporta unos evidentes beneficios redistributivos. A medida que los prósperos ciudadanos del norte empezaron a llegar en masa a las empobrecidas tierras del Mediterráneo, comenzaron a generarse puestos de trabajo de albañil, cocinero, camareras de hotel, taxistas, prostitutas, recepcionistas, personal de mantenimiento de aeropuertos, etcétera. Por primera vez, hombres y mujeres jóvenes y sin experiencia de Grecia, Yugoslavia, Italia y España podían encontrar un trabajo estacional mal pagado en casa, sin tener que salir al extranjero. En lugar de emigrar a las economías en expansión de los países del norte, ahora daban servicio a estas mismas economías desde su propia tierra.

Puede que los viajes al extranjero no abrieran las mentes: cuanto más popular era un destino extranjero, más rápidamente acababa pareciéndose —en todas sus características esenciales, menos en el clima— al lugar de procedencia de los turistas. De hecho, el éxito del turismo a gran escala de la década de 1960 y las posteriores residía en hacer que británicos, alemanes, holandeses, franceses y otros viajeros neófitos se sintieran lo más cómodos posible, rodeados de sus paisanos y aislados de todo lo exótico, desconocido e inesperado. Pero el mero hecho de viajar a algún lugar lejano con regularidad (anual) y los novedosos medios de transporte utilizados para llegar allí —el coche particular, el vuelo chárter— ofrecía a millones de hombres y mujeres hasta entonces encerrados en su propio entorno (y especialmente a sus hijos) la posibilidad de asomarse a una ventana con vistas a un mundo mucho más amplio.

Hasta la década de 1960, la principal fuente de información, opinión y entretenimiento disponible para la inmensa mayoría de los europeos era la radio. A través de la radio era como la gente se enteraba de las noticias, y si existía una cultura nacional común, esta se conformaba más a partir de lo que la gente oía que de lo que veía o leía. Durante aquellos años la radio era regulada por el Estado en todos los países europeos (en Francia, la red nacional de emisoras cerraba a medianoche). Las emisoras, los transmisores y la longitud de onda debían ser autorizados por los gobiernos nacionales, y por lo general eran también de su propiedad: resulta sintomático que las pocas emisoras de radio que transmitían desde fuera de las fronteras nacionales estuvieran por lo general situadas en barcos o en islas y se las denominara coloquialmente «piratas».

Los aparatos de radio, muy extendidos ya antes de la guerra, eran de uso prácticamente universal al llegar 1960: aquel año había una radio por cada cinco personas en la URSS, una por cada cuatro en Francia, Austria y Suiza, y una por cada tres en Escandinavia y Alemania del Este. De hecho, casi todas las familias tenían una radio[19]. La mayoría de las radios domésticas habían evolucionado poco a partir de los aparatos grandes, poco manejables y de funcionamiento con válvulas, de las décadas de entreguerras. Por lo general había una por familia. Ocupaba un lugar preeminente en el salón o la cocina, y la familia tenía forzosamente que escucharla reunida en torno a ella. Ni siquiera las radios de los coches supusieron un gran cambio en este sentido —la familia viajaba junta, la escuchaba junta y los padres elegían los programas—. La radio era por tanto un medio de comunicación conservador por naturaleza, tanto por sus contenidos como por los modelos sociales que fomentaba y sostenía.

La llegada del transistor cambiaría todo esto. La radio transistor era todavía poco frecuente en 1958 (en toda Francia, por ejemplo, había solo 260.000). Pero tres años más tarde, en 1961, los franceses tenían 2.250.000 transistores. En 1968, cuando nueve de cada diez personas en Francia tenían una radio, dos tercios de estos aparatos eran modelos portátiles. Los adolescentes ya no tenían que sentarse junto a sus familias para escuchar las noticias y las radionovelas dirigidas a un público adulto y programadas en «horas de audiencia familiar», generalmente después de la cena. Ahora tenían sus propios programas: Salut les Copains, en la radio nacional francesa, Pick of the Pops en la BBC, etcétera. La individualización de la radio se reflejó en la programación y, cuando los sistemas de la radio estatal demostraron cierta lentitud para adaptarse, las emisoras de radio «periféricas» —Radio Luxemburgo, Radio Montecarlo, Radio Andorra, que transmitían legalmente pero desde fuera de las fronteras nacionales y eran financiadas por la publicidad comercial— aprovecharon la ocasión.

Los transistores a pilas eran ligeros y portátiles, por lo que se adaptaban bien a una edad de cada vez mayor movilidad (su hábitat natural eran las playas para turistas y los parques públicos). Pero la radio era un medio auditivo, limitado por tanto en cuanto su capacidad para adaptarse a una era cada vez más visual. Para las personas más mayores, la radio siguió siendo la fuente principal de información, conocimiento y entretenimiento. En los Estados comunistas el aparato de radio era también el único medio de acceso, por más que inadecuado, a unas noticias y opiniones que no estaban sujetas a la censura, como Radio Europa Libre, la Voz de América y, sobre todo, el Servicio Mundial de la BBC. Pero ahora la gente joven de todos los países utilizaba la radio para escuchar música popular. Para todo lo demás recurrían cada vez más a la televisión.

La televisión se introdujo lentamente en Europa y, en algunos lugares, con bastante retraso. En Gran Bretaña la transmisión regular comenzó en la década de 1940 y mucha gente pudo ya ver la coronación de la reina Isabel en junio de 1953 por televisión. En 1958 se concedieron más licencias de televisión que de radio: el país contaba con diez millones de televisores en junio de 1953 (momento en el que en Alemania había ya 200.000 y en Estados Unidos quince millones); incluso en 1960 solo una de cada ocho familias francesas tenía una televisión, una quinta parte de la cifra total de Gran Bretaña para una población comparable en cuanto a número. En Italia las cifras eran aún más bajas.

Sin embargo, durante la década de 1960 la televisión llegó a casi todas partes: los pequeños televisores en blanco y negro se habían convertido en un elemento accesible y cada vez más esencial del mobiliario doméstico, incluso en los hogares más modestos. En 1970, en Europa occidental se había alcanzado ya un promedio de un televisor por cada cuatro personas (en el Reino Unido la cifra era superior y en Irlanda bastante inferior). En aquel momento el televisor constituía un aparato más común que el teléfono en las familias de países como Francia, Holanda, Irlanda o Italia (el mayor fabricante europeo de aparatos de televisión, así como de frigoríficos), si bien los niveles de audiencia eran aún muy bajos en comparación con épocas posteriores: tres cuartas partes de los adultos italianos veían un promedio de horas de televisión inferior a las trece horas por semana. Dos de cada tres familias alemanas poseían un televisor (mientras que menos de la mitad tenían frigorífico); checos, húngaros y estonios (que podían ver la televisión finlandesa ya desde 1954) les seguían muy de cerca.

El impacto de la televisión fue complejo. Su contenido no era en principio especialmente innovador (los canales de propiedad estatal se aseguraban de que el trasfondo político y moral de los programas para niños y adultos estuviera estrictamente regulado). La televisión comercial comenzó en Gran Bretaña en 1955, pero tardaría bastante más tiempo en llegar a otros lugares, y en la mayoría de los países europeos ni siquiera se planteó la posibilidad de permitir canales de televisión privados hasta bien entrada la década de 1970. La mayor parte de la programación televisiva durante las primeras décadas de existencia de este medio era convencional, acartonada y bastante paternalista, e iba dirigida a asentar y no a menoscabar las normas y valores tradicionales. En Italia, Filiberto Guala, director de la RAI (Radio Audizioni Italiane, la red nacional de emisoras italiana) desde 1954 a 1956, aleccionaba a sus empleados en el sentido de que sus programas no debían «socavar la institución familiar» o reflejar «actitudes, planteamientos o detalles que pudieran despertar los instintos básicos[20]».

Las posibilidades de elección eran pocas —en muchos lugares uno o dos canales como máximo— y el servicio funcionaba solo durante algunas horas de la tarde y de la noche. Sin embargo, la televisión fue un medio de subversión social. Contribuyó enormemente a acabar con el aislamiento y la ignorancia de las comunidades más remotas, y proporcionó a todo el mundo una experiencia y cultura visual común. Ser «francés», «alemán» u «holandés» era ahora algo que venía menos determinado por la enseñanza primaria o las festividades nacionales que por la manera de entender un país a través de lo que uno deducía de las imágenes que entraban en las casas. El sentimiento «italiano», para bien o para mal, se forjó más por medio de la experiencia compartida de ver los deportes o los espectáculos de variedades de la RAI que por un siglo de gobierno nacional unificado.

Sobre todo, la televisión introdujo la política nacional en los hogares. Hasta la llegada de la televisión, la política de París o Bonn, Roma o Londres, estaba reservada a una élite, dirigida por unos líderes distantes a los que solo se conocía a través de sus incorpóreas voces emitidas por la radio, sus desvaídas fotografías en los periódicos o sus estilizadas imágenes proyectadas en los anodinos noticiarios de las salas de cine. Apenas dos décadas más tarde, los líderes políticos ya estaban familiarizados con la televisión: podían transmitir autoridad y confianza a la vez que aparentaban una sencillez tranquilizadora ante una audiencia multitudinaria (una faceta para la que la mayoría de los políticos europeos estaban mucho menos preparados que sus homólogos norteamericanos). Muchos políticos veteranos fracasaron miserablemente cuando se enfrentaron a las cámaras de televisión, lo que beneficiaría de manera extraordinaria a los aspirantes más jóvenes y más adaptables. Como el político conservador británico Edward Heath señalaría en sus memorias a propósito del éxito mediático de su triunfante adversario, el líder laborista Harold Wilson, la televisión estaba «abierta a cualquier charlatán capaz de manipularla a su conveniencia. Como quedaría demostrado en la década siguiente».

Como medio visual, la televisión representaba un desafío directo para el cine. No solo ofrecía una alternativa de entretenimiento «de pantalla», sino que también podía llevar los largometrajes a los hogares, lo que obviaba la necesidad de salir de casa salvo para ver los últimos estrenos. En el Reino Unido los cines perdieron un 56 por ciento de espectadores entre 1946 y 1958. Las cifras disminuirían a un ritmo más lento en el resto de Europa, pero también acabarían por descender más pronto o más tarde. La asistencia a los cines se mantuvo más tiempo en la Europa mediterránea (especialmente en Italia, donde los niveles de audiencia permanecieron bastante constantes hasta mediados de la década de 1970). Pero entonces los italianos no solo iban a ver películas de forma regular (por lo general, una vez a la semana), sino que además las hacían: en la Roma de mediados de la década de 1950 la industria cinematográfica constituía el segundo sector de empleo más importante después de la construcción gracias a la realización no solo películas clásicas de cine de autor, sino (lo que resultaba aún más rentable) una constante serie de largometrajes fácilmente olvidables protagonizados por reinas de la belleza y fugaces starlets: «le maggiorate fisiche» (las físicamente mejor dotadas).

Al cabo del tiempo, tanto la industria cinematográfica italiana como la asistencia a las salas empezaron a decaer. Los productores de películas europeos, al carecer de los recursos de Hollywood, no podían aspirar a competir con los filmes norteamericanos, ni en cuanto a escala ni en cuanto a «medios de producción», y se limitaron cada vez más a un cine «de la vida cotidiana», encuadrado en el género de la «Nueva Ola», el realismo social o la comedia doméstica. El cine europeo dejó de ser una actividad social para convertirse en una forma de arte. Mientras que en las décadas de 1940 y 1950 el público había acudido sistemáticamente a ver cualquier película que proyectaran en el cine del barrio, ahora solo iba si le interesaba una determinada película. Para el entretenimiento no seleccionado, para ver «lo que pusieran», tenían ahora la televisión.

A pesar de ser un medio «joven», la televisión ejerció un atractivo especial en el público de más edad, especialmente durante sus primeros años de vida, durante los cuales estuvo regulado por el Estado y se mostró por tanto culturalmente cauteloso. Los hombres y mujeres de edad madura que antes escuchaban la radio o salían al cine ahora se quedaban en casa a ver la televisión. El deporte comercial, en especial los deportes espectáculo tradicionales como el fútbol o las carreras de galgos, se vio directamente alertado: primero porque su público tenía ahora una fuente alternativa de entretenimiento, más práctica y cómoda; y, segundo, porque el deporte empezó a televisarse al poco tiempo, por lo general los fines de semana. Solo los jóvenes seguían saliendo a divertirse masivamente. Y sus gustos y formas de ocio estaban empezando a cambiar.

A finales de la década de 1950 la economía europea empezó a acusar de lleno el impacto comercial del baby boom. Primero se había producido la explosión comercial de los productos para bebés y niños: cochecitos de bebé, cunas, pañales, alimentación infantil, ropa, material deportivo, libros, juegos y juguetes. Luego llegó la gran expansión de las escuelas y los servicios educativos, que traería consigo un nuevo mercado de uniformes escolares, pupitres, libros de texto, material escolar y una gama cada vez más amplia de productos educativos (incluidos los profesores). Pero hasta entonces los compradores de todos estos bienes y servicios habían sido adultos: padres, familiares, responsables escolares y gobiernos centrales. Alrededor de 1957, por primera vez en la historia europea, la gente joven empezó a comprar cosas por sí misma.

Hasta aquel momento, la gente joven no había ni siquiera constituido una entidad diferenciada de consumidores. De hecho, «la gente joven» no había existido como tal. En las familias y comunidades tradicionales, los niños seguían siendo niños hasta que dejaban la escuela y se ponían a trabajar, momento en el que pasaban a convertirse en jóvenes adultos. La nueva categoría intermedia de los «adolescentes», que definía a una generación en función de su edad (ni infantil ni adulta) y no de su estatus, no había tenido precedentes hasta el momento. Y la idea de que estas personas —los adolescentes— podían constituir un grupo diferenciado de consumidores hubiera sido completamente impensable tan solo unos años atrás. Para la mayoría de la gente, la familia siempre había sido una unidad de producción, no de consumo. Hasta el punto de que si cualquiera de sus integrantes más jóvenes tenía ingresos propios, estos se incorporaban a la renta familiar y se utilizaban para ayudar a sufragar los gastos colectivos.

Pero con el rápido aumento de los salarios, la mayoría de las familias podían subsistir —holgadamente— con los ingresos del asalariado principal; y más en los casos en que ambos progenitores tenían empleo. Un hijo o hija que abandonara la escuela a los catorce años (la edad en que la mayoría de los jóvenes de Europa occidental dejaban los estudios en aquella época), viviera en casa y tuviera un trabajo fijo o incluso de media jornada, ya no tenía por qué entregar toda su paga cada viernes. En Francia, en 1965, el 62 por ciento de todos los jóvenes de entre 16 y 24 años que seguía viviendo con sus padres se quedaba con la totalidad de sus ingresos para gastarlos como desearan.

El síntoma más inmediato de este nuevo poder adquisitivo adolescente fue de tipo indumentario. Mucho antes de que la generación del baby boom descubriera por sí misma las minifaldas y el pelo largo, su inmediata predecesora —la generación nacida durante la guerra y no justo después de ella— hizo notar su presencia y su aspecto con el culto al grupo característico de finales de los años cincuenta. Vestidos de negro, con prendas de tacto suave —a veces de piel, o de ante, pero siempre con hechuras marcadas y de corte algo amenazante— los blouson noirs (Francia), los Halbstarker (Alemania y Austria) o los skinknuttar (Suecia), al igual que los teddy boys londinenses, adoptaron una pose cínica, indiferente, a medio camino entre Marlon Brando (en Salvaje) y James Dean (en Rebelde sin causa). Pero, al margen de algunos brotes esporádicos de violencia —que revestirían mayor gravedad en Gran Bretaña, donde pandillas de jóvenes embutidos en cuero protagonizaron algunos ataques contra inmigrantes caribeños— la principal amenaza que estos jóvenes y su vestimenta representaban iba dirigida contra el sentido del decoro de sus progenitores. Ellos parecían diferentes.

La vestimenta específica de una edad adquirió importancia como declaración de independencia e incluso de rebeldía. Esto también constituyó una novedad (en el pasado, los jóvenes adultos no habían tenido otra opción que utilizar las mismas ropas que sus padres y sus madres). Pero, en términos económicos, no sería este el cambio más importante que traería consigo el gasto por parte de los adolescentes: si bien es cierto que los jóvenes invertían gran parte de su dinero en la ropa, aún lo hacían más —mucho más— en música. La asociación entre «adolescentes» y «música pop», que llegaría a convertirse en automática a principios de la década de 1960, tenía un fundamento comercial además de cultural. Tanto en Europa como en Estados Unidos, cuando el presupuesto familiar podía prescindir de la contribución de los jóvenes, lo primero que hacía el adolescente liberado era salir a comprar un tocadiscos.

El disco de larga duración se inventó en 1948. El primer single de 45 revoluciones por minuto, con una canción en cada cara del disco, lo comercializó RCA al año siguiente. Las ventas en Europa no despegaron tan rápidamente como en Estados Unidos, donde los récords de ventas pasaron de 277 millones de dólares en 1955 a 600 millones de dólares cuatro años después. Pero, no obstante, también aumentaron. En Gran Bretaña, donde la gente joven estaba en principio más en contacto con la música popular norteamericana que sus coetáneos del continente, los comentaristas dataron la explosión de la música pop a partir de la película de 1956 Rock Around the Clock, protagonizada por Bill Haley and The Comets y The Platters. La película era en sí bastante mediocre, incluso para los poco exigentes niveles de las producciones cinematográficas de la música rock, pero la canción que le daba título (interpretada por Haley) causó un efecto electrizante en una generación de adolescentes británicos.

Los adolescentes de clase trabajadora, en quienes el jazz nunca había despertado gran interés, se sintieron inmediatamente atraídos por la revolución norteamericana (y posteriormente británica) de la música popular: animada, melodiosa, accesible, sexy y, sobre todo, suya[21]. Pero en realidad no tenía nada de malhumorado, y mucho menos de violento, e incluso su faceta sexual era firmemente mantenida a raya por los productores de las compañías de discos, los directores de marketing y los ejecutivos de las emisoras. Ello se debe a que la revolución inicial de la música pop constituyó un fenómeno de los años cincuenta, que de hecho no acompañó a la transformación cultural de la década de 1960, sino que la precedió. En consecuencia, con frecuencia fue objeto de las críticas oficiales. Los comités de vigilancia de los ayuntamientos desaprobaron y prohibieron Rock Around the Clock, como también el claramente superior musical de Elvis Presley Jailhouse Rock.

Los padres de la ciudad de Swansea, en Gales, juzgaron «inadecuado» al cantante skiffle[c] Lonnie Donegan. A Tommy Steele, un cantante de rock británico de finales de los años cincuenta, de estilo moderadamente enérgico, no le permitieron actuar en Portsmouth en sabbath. Johnny Hallyday, un intento francés con no mucho éxito de emular a los rockeros estadounidenses al estilo de Gene Vincent o Eddie Cochran, despertó las iras de los intelectuales conservadores franceses cuando apareció su primer disco en 1960. Desde la retrospectiva, esta escandalizada respuesta de padres, profesores, clérigos, expertos y políticos de toda Europa occidental puede resultar pintoresca y desproporcionada. En menos de una década, Haley, Donegan, Steele, Hallyday y similares parecerían completamente trasnochados, reliquias de una inocente prehistoria.

Los adolescentes europeos de finales de los años cincuenta y principios de los sesenta no aspiraban a cambiar el mundo. Habían crecido en un clima de seguridad y discreta opulencia. La mayoría de ellos solo querían parecer distintos, viajar más, tocar música pop y comprarse cosas. En este sentido, reflejaban la conducta y los gustos de sus cantantes favoritos y de los disc-jockeys cuyos programas de radio escuchaban en sus transistores. Pero todo esto no dejaba de constituir el principio de un movimiento revolucionario. En un grado mayor aún que sus padres, se habían convertido en el objetivo de la industria publicitaria que siguió, acompañó y profetizó el boom del consumo. Cada vez se fabricaban y compraban más productos, que abarcaban una variedad sin precedentes. Automóviles, ropa, cochecitos de bebé, comida envasada y detergentes, todo ello llegaba ahora al mercado en una sorprendente diversidad de formas, tamaños y colores.

La publicidad contaba con una larga trayectoria en Europa. En los periódicos, especialmente en los periódicos populares que florecieron a partir de la década de 1890, siempre habían aparecido anuncios. Las vallas y los carteles publicitarios eran ya una plaga en Italia mucho antes de la década de 1950, y cualquiera que viajara por Francia durante aquellos años habría visto las pintadas en lo alto de las fachadas laterales de las viviendas rurales y las terrazas de los cafés que invitaban a beber Saint-Raphaël o Dubonnet. Las canciones y la fotografía publicitarias llevaban mucho tiempo acompañando los noticieros y amenizando el descanso entre película y película en los cines de toda Europa. Pero esta publicidad tradicional apenas tenía en cuenta la ubicación del producto que había que vender o la segmentación de mercados en función de edades o gustos. Sin embargo, a partir de mediados de la década de 1950, la elección del consumidor se convirtió en una consideración comercial clave, y la publicidad, que todavía constituía un gasto relativamente menor para las empresas de la Europa anterior a la guerra, ocupó un lugar preeminente.

Por otra parte, mientras que los productos de limpieza y los cereales para el desayuno anunciados en los inicios de la televisión comercial en Gran Bretaña iban dirigidos a amas de casa y niños, las pausas comerciales de Radio Montecarlo y el resto de países estaban enfocadas al mercado de los «jóvenes adultos». El gasto discrecional de los adolescentes —en tabaco, alcohol, ciclomotores y motocicletas, ropa de moda de precio asequible, calzado, maquillaje, productos para el cabello, joyería, revistas, discos, tocadiscos, radios, etcétera— se convirtió en una fuente de dinero inagotable y hasta entonces sin explotar, a la que las agencias publicitarias acudieron en masa para sacar el máximo provecho. El gasto en publicidad en Gran Bretaña se incrementó de 102 millones de libras en 1951 a 2500 millones en 1978.

En Francia el gasto en anuncios publicitarios dirigidos a adolescentes se elevó un 400 por ciento durante el decisivo periodo de 1959-1962. Para mucha gente el mundo que retrataban los anuncios estaba todavía fuera de su alcance: en 1957 una mayoría de jóvenes encuestados en Francia se quejaba de no tener acceso al tipo de entretenimiento que preferían, a las vacaciones que soñaban, a sus propios medios de transporte. Pero no deja de resultar sintomático que dichos encuestados consideraran ya estos productos y servicios como un derecho del que se veían privados y no una fantasía a la que jamás podrían aspirar. A otro lado del Canal de la Mancha, en aquel mismo año, un grupo de activistas de clase media, perturbados por el impacto directo de la publicidad comercial y la profusión de artículos que promocionaba, publicó la primera guía del consumidor de la historia de Europa, titulada, significativamente, no «Qué» sino ¿Cuál?

Este era el nuevo y feliz mundo que el novelista británico J. B. Priestley describió en 1955 como «admass». Para muchos otros observadores de la época se trataba, simplemente, de «americanización»: la adopción en Europa de todas las costumbres y aspiraciones de la América moderna. Aunque a muchos les pareció un cambio radical, no se trataba en realidad de una experiencia nueva. Los europeos llevaban «americanizándose» —y atemorizados ante la idea— al menos durante los últimos treinta años[22]. La tendencia hacia unas líneas de producción de estilo norteamericano y unas cuotas de productividad de corte «taylorista», así como la fascinación ejercida por las películas y las modas estadounidenses, eran ya de sobra conocidas incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Los intelectuales europeos del periodo de entreguerras se habían lamentado ya del «impersonal» mundo de la modernidad estadounidense que todos tenían ante sí; y tanto los nazis como los comunistas hicieron gran ostentación de su papel como preservadores de la cultura y los valores frente al ilimitado capitalismo estadounidense y el cosmopolitismo «mixtificado» y carente de raíces simbolizado por Nueva York y su arrollador ejemplo.

Y sin embargo, a pesar de su presencia en la imaginación europea —y la realidad puramente física de los soldados norteamericanos destinados en las bases de toda Europa occidental—, Estados Unidos seguía siendo un gran desconocido para la mayoría de los europeos. Los estadounidenses hablaban inglés (un idioma con el que la mayoría de los europeos de aquellos años estaban poco familiarizados). La historia y la geografía de Estados Unidos no se estudiaba en las escuelas europeas; sus escritores eran desconocidos hasta para las minorías cultas; su sistema político constituía un misterio para todos, salvo unos cuantos privilegiados. Casi nadie había realizado el largo y caro viaje a Estados Unidos: solo los más ricos (y no muchos), unos cuantos sindicalistas y algunos otros subvencionados con los fondos del Plan Marshall, unos pocos miles de estudiantes de intercambio —y un puñado de griegos e italianos que habían emigrado a Estados Unidos a partir de 1900 y regresado a Sicilia o las islas griegas a una edad avanzada—. Los europeos del Este a menudo mantenían más lazos con Estados Unidos que los occidentales, dado que muchos polacos o húngaros conocían a algún amigo o familiar que había emigrado a América, y muchos más aún lo habrían hecho si hubieran podido.

Indudablemente, el Gobierno de Estados Unidos y varias instituciones privadas —especialmente la Fundación Ford— estaban haciendo todo lo que estaba en su mano para superar el abismo que separaba a Europa de Estados Unidos: la década de 1950 y los primeros años de la de 1960 constituyeron la gran era de la inversión cultural estadounidense en el extranjero, representada por organismos como las Casas de América o las becas Fulbright. En algunos lugares —especialmente en la República Federal de Alemania— las consecuencias fueron profundas: entre 1948 y 1955, 12.000 alemanes visitaron Estados Unidos por largas temporadas de un mes o más. Toda una generación de alemanes occidentales crecieron militar, económica y culturalmente a la sombra de Estados Unidos; Ludwig Erhard se describió en cierta ocasión a sí mismo como «una invención americana».

Pero es importante señalar que, curiosamente, este tipo de influencia y ejemplo norteamericano dependía poco de la implicación económica directa de Estados Unidos. En 1950 Estados Unidos poseía tres quintas partes de la masa de capital occidental y aproximadamente la misma cantidad de su producción, aunque tan solo una pequeña parte de las ganancias procedía del otro lado del Atlántico. La inversión posterior a 1945 provino sobre todo del Gobierno estadounidense. En 1956 la inversión privada de Estados Unidos en Europa sumaba tan solo 4150 millones de dólares. A partir de entonces empezó a incrementarse espectacularmente, despegó en 1960 (especialmente en Gran Bretaña) y alcanzó los 24.520 millones de dólares en 1970, momento en el que ya había provocado una oleada de publicaciones que advertían del ascenso del poder económico estadounidense, como el célebre ensayo de J.-J. Servan-Schreiber de 1967 titulado Le Défi Américain (El desafío americano).

La presencia económica estadounidense en Europa se sintió menos en la inversión o la influencia económica directa que en la revolución del consumo que estaba afectando por igual a Estados Unidos y a Europa. Los europeos empezaron a tener acceso a una variedad de productos sin precedentes hasta el momento, con los que los norteamericanos ya estaban familiarizados: teléfonos, electrodomésticos, televisiones, cámaras de fotos, productos de limpieza, comida envasada, ropa barata y vistosa, coches y accesorios relacionados, etcétera. Se trataba de la prosperidad y el consumo como modo de vida, del «estilo de vida americano». Para los jóvenes, el atractivo de «América» residía en su agresiva contemporaneidad. Como abstracción, representaba lo opuesto al pasado; era grande, próspera y joven.

Un aspecto de la «americanización», ya apuntado antes, era la música popular, si bien ni siquiera esto constituía en sí una novedad: el ragtime se interpretó por primera vez en Viena en 1903 y las orquestas de baile y los grupos de jazz norteamericanos ya eran populares antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco se trataba de un proceso unidireccional: la mayor parte de la música popular moderna consistía en un híbrido de géneros locales e importados. La música «americana» en Gran Bretaña era ligeramente diferente de la música «americana» en Francia o Alemania. El gusto francés, en particular, estaba muy influido por intérpretes de color que viajaban a París para huir de los prejuicios de su país (una de las razones por las que la idea de «América» en la cultura francesa se vio marcadamente condicionada por la imagen del racismo).

En la década de 1950, el impacto del ejemplo norteamericano sobre el público europeo se produjo sobre todo a través del cine. Los públicos europeos tenían un acceso prácticamente ilimitado a todo lo que Hollywood podía exportar: a finales de la década de 1950 Estados Unidos comercializaba unas 500 películas al año, frente a una producción total europea de unas 450. Obviamente, las películas norteamericanas presentaban la desventaja del idioma (si bien en muchos lugares, sobre todo en Italia, se doblaban masivamente al idioma local). En parte por esta razón, los públicos por encima de cierta edad seguían prefiriendo las producciones nacionales. Pero sus hijos opinaban de otra manera. Las audiencias más jóvenes apreciaban cada vez más las películas estadounidenses, a menudo realizadas por directores europeos que habían huido de Hitler o Stalin.

A los críticos de la época les preocupaba el hecho de que el autocomplaciente conformismo de la cultura popular norteamericana, combinado con los mensajes políticos explícitos o subliminales que transmitían las películas dirigidas a un público masivo, corrompieran o abotargaran las sensibilidades de los jóvenes europeos. En todo caso, parece que el efecto fue el opuesto. Los públicos jóvenes europeos filtraban el contenido propagandístico del cine comercial norteamericano (envidiando la «buena vida» que se reflejaba en la pantalla, como también sus padres habían hecho veinte años atrás, pero riéndose abiertamente de la sublimación y el candor de sus historias románticas y su rutina doméstica). Sin embargo, al mismo tiempo, prestaban la máxima atención al estilo con frecuencia subversivo de sus intérpretes.

La música de las películas norteamericanas sonaba también en la radio, en los cafés, en los bares y en las salas de baile. El lenguaje de la juventud rebelde norteamericana —como se mostraba en las películas— estaba cada vez de moda entre sus coetáneos europeos. Los jóvenes europeos empezaron a vestirse «a la americana» (cuando los vaqueros «Levi’s genuinos» se pusieron a la venta por primera vez en París, en el Marché aux Puces, en mayo de 1963, la demanda superó a la oferta). El uniforme juvenil norteamericano de los vaqueros y las camisetas apenas conllevaba connotaciones clasistas (al menos hasta que cayeron en manos de exclusivos y caros diseñadores de moda, e, incluso entonces, la distinción a la que dio lugar no fue de rango social sino de recursos materiales); utilizados tanto por la clase media como por la clase obrera, los pantalones vaqueros supusieron una sintomática inversión de los términos de la trayectoria «descendente» del estilo en el vestir, al «ascender» a partir de una auténtica prenda de trabajo. Además, los vaqueros eran característicamente jóvenes: al igual que muchas otras modas de ropa ajustada imitadas a partir de las películas de finales de los años cincuenta, no favorecían la figura de las personas mayores.

En muy poco tiempo los vaqueros —al igual que las motos, la Coca-Cola, el pelo largo (en hombres y mujeres) y las estrellas de la música pop— habían dado lugar a diversas adaptaciones locales por toda Europa occidental (más hacia el este no se tenía acceso ni a las películas ni a los productos que en ellas se exhibían). Esto formaba parte de un patrón más amplio. El repertorio de temas de las películas norteamericanas (la ciencia ficción, las historias de detectives, los westerns) se adaptaban y transformaban en versiones europeas. Millones de alemanes occidentales supieron de los cowboys a través de las novelas de bolsillo escritas por autores locales que nunca habían viajado a Estados Unidos; en 1960, las novelas del Oeste en alemán se vendían a un ritmo de noventa y un millones al año solo en la República Federal. El segundo personaje de cómic más famoso en Europa, después del joven detective belga Tintín, era otro producto belga, Lucky Luke, un desventurado y simpático vaquero que aparecía semanalmente en cómics editados en francés y holandés. La América real o imaginaria se estaba convirtiendo en el escenario natural de todos los géneros de entretenimiento.

El impacto norteamericano sobre los jóvenes europeos contribuyó directamente a lo que ya entonces era ampliamente conocido como «brecha generacional». Sus mayores observaban y lamentaban la propensión de los jóvenes europeos de todos los países a salpicar sus conversaciones con americanismos reales o imaginarios, un estudio estimaba que dichos «americanismos» se habían multiplicado por catorce en la prensa austríaca y alemana en el transcurso de la década de 1960; en 1964, el crítico francés René Étiemble publicó Parlez-vous Franglais?, un entretenido (y, según afirman algunos ahora, profético) relato sobre los daños causados al idioma francés por la contaminación anglófona.

El antiamericanismo —la desconfianza y el desagrado por principio hacia la civilización norteamericana y todas sus manifestaciones— solía limitarse a algunas élites culturales cuya influencia lo hacían parecer más extendido de lo que estaba. Conservadores desde el punto de vista cultural como André Siegfried en Francia —cuyo Tableau des États-Unis de 1954 reproducía todo el resentimiento y parte del antisemitismo de las polémicas de la época de entreguerras— estaban de acuerdo con radicales culturales como Jean-Paul Sartre (o, décadas más tarde, con el británico Harold Pinter) al afirmar que Estados Unidos era una tierra de puritanos histéricos, entregados a la tecnología, la estandarización y el conformismo, carentes de originalidad de pensamiento. Dichas inseguridades culturales tenían más que ver con el ritmo del cambio en la propia Europa que con el desafío o la amenaza que representaba Estados Unidos. Así como los adolescentes europeos identificaban el futuro con unos Estados Unidos a los que apenas conocían, sus padres culpaban a esos mismos Estados Unidos por la pérdida de una Europa que no había existido nunca, un continente seguro en su identidad, su autoridad y sus valores, e inmune a los cantos de sirenas de la modernidad y la sociedad de masas.

Estos sentimientos todavía no se habían extendido de la misma manera en Alemania o Austria, o incluso Italia, donde muchas personas mayores todavía consideraban a los norteamericanos como liberadores. Por el contrario, el antiamericanismo se abrazaba con más frecuencia en Inglaterra y Francia, las dos potencias coloniales desplazadas directamente por el ascenso de Estados Unidos. Como Maurice Duverger informaba a los lectores del semanal francés L’Express en marzo de 1964, el comunismo ya no constituía una amenaza: «Solo existe un peligro inminente para Europa, y es la civilización americana»; «una civilización de bañeras y frigoríficos», como el poeta Louis Aragon la había descrito despectivamente treinta años antes. Pero a pesar del altivo desdén de los intelectuales parisinos, una civilización de bañeras y frigoríficos —y fontanería interior, calefacción central, coches y televisiones— era lo que la mayoría de los europeos deseaba en aquel momento. Y si lo querían no era porque dichos productos fueran norteamericanos, sino porque representaban la comodidad y cierto grado de desahogo. Por primera vez en la historia, el desahogo y la comodidad estaban al alcance de la mayoría de los europeos.

Postdata: Historia de dos economías

Alemania es una tierra repleta de niños. Resulta aterrador pensar que, a la larga, los alemanes puedan haber ganado la guerra después de todo.

SAUL PADOVER, 1945

Por supuesto, si hubiéramos conseguido perder dos guerras mundiales, cancelar todas nuestras deudas —en lugar de deber casi 30 millones de libras—, librarnos de todas nuestras obligaciones exteriores y no tener fuerzas desplazadas en el extranjero, seriamos tan ricos como los alemanes.

HAROLD MACMILLAN

La prosperidad y la fuerza de la economía británica que el ministro de Hacienda del Reino Unido, R. A. Butler celebró en varios discursos en 1953 y 1954, fue la última estela de prosperidad que surcó las costas del Reino Unido como consecuencia del avance imparable de la economía alemana, y la flotilla europea que arrastraba tras ella. Visto en retrospectiva, 1954 parece haber sido el último gran verano de la ilusión para el Reino Unido.

ALAN MILWARD

Un rasgo sorprendente de la historia de la Europa occidental de la postguerra es el contraste entre los resultados económicos de Alemania Occidental y Gran Bretaña. Por segunda vez en una sola generación, Alemania fue la potencia derrotada —sus ciudades destrozadas, su moneda desunida, su mano de obra masculina muerta o en campos de concentración, su transporte y sus infraestructuras pulverizadas—. Gran Bretaña era el único Estado europeo que había emergido inequívocamente victorioso de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de los daños causados por los bombardeos y las pérdidas humanas, el tejido del país —carreteras, vías férreas, astilleros, fábricas y minas— había sobrevivido intacto a la guerra. Sin embargo, a principios de la década de 1960, la República Federal era el puntal del auge y la prosperidad de Europa, mientras que Gran Bretaña era un país rezagado, con bajos resultados económicos y una tasa de crecimiento muy alejada del resto de los países de Europa occidental[1]. En 1958 la economía de Alemania Occidental ya era mayor que la de Gran Bretaña. A los ojos de muchos observadores, el Reino Unido iba camino de convertirse en el enfermo de Europa.

Las causas de esta ironía del destino eran aleccionadoras. El contexto del «milagro» económico alemán de la década de 1950 fue la recuperación de la de 1930. Las inversiones de los nazis —en la industria de las comunicaciones, armamento y fabricación de vehículos, óptica, química, ingeniería ligera y metales no ferrosos— habían sido asumidas por una economía enfocada a la guerra; pero su recompensa llegó veinte años más tarde. La economía de mercado social de Ludwig Erhard tenía sus raíces en las políticas de Albert Speer. De hecho, muchos de los jóvenes directivos y planificadores que llegaron a ocupar puestos importantes en las empresas y el gobierno de la Alemania de la postguerra habían iniciado su trayectoria bajo el mandato de Hitler; ellos introdujeron en los comités, los organismos de planificación y las empresas de la República Federal Alemana las políticas y las prácticas patrocinadas por los burócratas nazis.

La infraestructura esencial de las empresas alemanas sobrevivió indemne a la guerra. Las empresas de fabricación, bancos, compañías de seguros, distribuidoras, todas habían vuelto a la actividad a principios de los años cincuenta, y abastecían a un voraz mercado exterior con sus productos y servicios. Ni siquiera la cada vez más elevada cotización del marco alemán impidió el progreso de Alemania. Gracias a él, los materiales importados fueron más baratos, sin restringir la demanda extranjera de productos alemanes —por lo general altamente valorados y técnicamente avanzados, y vendidos en función de su calidad y no de su precio—. En todo caso, durante las primeras décadas de la postguerra, había poca competencia: si las empresas suecas, francesas u holandesas querían un determinado producto o herramienta de ingeniería, no tenían mucha más opción que comprárselo a Alemania, y al precio que les pidieran.

Los costes empresariales alemanes se mantuvieron a raya gracias a una inversión sostenida en nuevos y eficientes métodos de producción y a una mano de obra dócil. La República Federal se benefició de una fuente prácticamente inagotable de mano de obra barata, formada por jóvenes y cualificados ingenieros huidos de Alemania del Este, encargados de maquinaria y operarios de cadena de montaje semicualificados procedentes de los Balcanes y trabajadores no cualificados de Turquía, Italia y otros países. Todos ellos estaban agradecidos por recibir un salario en una moneda fuerte y estable y tener un empleo fijo; y, al igual que la sumisa generación anterior de trabajadores alemanes heredada de los años treinta, estos tampoco tenían intención de crear problemas.

Los resultados pueden ilustrarse haciendo referencia a una sola industria. En la década de 1960, los fabricantes de coches alemanes habían conseguido una reputación de calidad de ingeniería y fiabilidad en la fabricación que hacía que empresas como Mercedes-Benz en Stuttgart y BMW en Múnich pudieran vender coches cada vez más caros a un mercado primero nacional y con una proyección cada vez mayor en el extranjero. El Gobierno de Bonn apoyó abiertamente a estos «campeones nacionales», al igual que antes habían hecho los nazis: los alimentó durante los primeros años con préstamos ventajosos y facilitó el nexo con el negocio bancario que proporcionaba a las empresas alemanas dinero en efectivo para la inversión.

En el caso de Volkswagen, las bases se habían sentado ya en 1945. Como gran parte de la industria alemana occidental de la postguerra, Volkswagen se había beneficiado de todas las ventajas de una economía de libre mercado —especialmente por el incremento de la demanda de sus productos— sin sufrir ninguno de los inconvenientes de la competencia o de los costes de investigación, desarrollo y maquinaria. Antes de 1939, la empresa había tenido acceso a unos recursos inagotables. El nazismo, la guerra y la ocupación militar también la habían tratado bien —el gobierno militar aliado miraba con simpatía a Volkswagen precisamente porque su capacidad productiva se había construido antes de la guerra y podía funcionar sin más—. Cuando la demanda de pequeños coches familiares empezó a crecer, el Volkswagen Escarabajo no encontró ninguna competencia importante en el mercado nacional y, a pesar de sus precios fijos y bajos, los coches produjeron beneficios (gracias a los nazis, la empresa no tenía viejas deudas que saldar).

También en Gran Bretaña había un «campeón nacional», la British Motor Corporation (BMC), un conglomerado de varios fabricantes de coches anteriormente independientes como Morris o Austin, que más tarde se fusionó con Leyland Motors para constituir el British Leyland (BL). Todavía en 1980 BL vendía sus productos como emblemáticamente británicos: «Haz ondear la bandera, compra un Austin Morris». Y, al igual que los fabricantes alemanes, los fabricantes de coches ingleses fueron interesándose cada vez más por el mercado extranjero. Pero aquí terminaban las similitudes.

Después de la guerra, los sucesivos gobiernos británicos instaron especialmente a BMC (su influencia era menor sobre Ford, de propiedad estadounidense, o las filiales de General Motors en el Reino Unido) a vender todos los coches que pudieran en el extranjero, como parte de una búsqueda desesperada por conseguir ganancias en divisas extranjeras que contrarrestaran las enormes deudas contraídas por el país durante la guerra (el objetivo oficial de exportación del Gobierno a finales de los años cuarenta era el 75 por ciento de toda la producción del país). La empresa ignoró completa y deliberadamente el control de calidad en aras de la rapidez en la producción. La mala calidad resultante de los coches británicos no importó mucho al principio. Las empresas británicas disponían de un mercado cautivo: tanto la demanda interior como la europea superaban la oferta disponible. Y los fabricantes de la Europa continental no podían competir en cuanto a volumen. En 1949 el Reino Unido producía más turismos que todo el resto de Europa en conjunto. Pero una vez quedó instaurada su reputación de mala calidad y deficiente servicio, resultó imposible librarse de ella. Los compradores europeos abandonaron en masa los coches británicos tan pronto como contaron con alternativas nacionales con una mayor calidad de fabricación.

Cuando decidieron actualizar sus flotas y modernizar sus líneas de producción, las empresas de coches británicas no tuvieron unos bancos asociados a los que recurrir para obtener dinero para la inversión y préstamos, como en el caso alemán. Tampoco (a diferencia de FIAT en Italia o Renault en Francia) contaron con el Estado para compensar sus déficits. Todavía bajo la fuerte presión política de Londres, construyeron plantas y centros de distribución en zonas poco rentables del país —a fin de cumplir con las políticas regionales oficiales y apaciguar a los políticos y sindicatos locales—. Aun después de haber abandonado esta irracional estrategia económica y emprender cierta consolidación, las empresas de automóviles británicas continuaron estando completamente fragmentadas: en 1968 British Leyland estaba integrada por sesenta plantas distintas.

Los gobiernos promovieron activamente la ineficiencia de los productores británicos. Después de la guerra, las autoridades distribuyeron las escasas existencias de acero entre los fabricantes en función de su cuota de mercado anterior a la guerra, por lo cual un importante sector de la economía quedó anclado en un molde del pasado, y eso perjudicó decisivamente a los productores nuevos y potencialmente más eficientes. La garantía de los suministros, la demanda artificialmente elevada de todo lo que pudieran fabricar, y la presión política para funcionar de modos económicamente ineficientes, todo ello condujo a las empresas británicas a la ruina. En 1970 los productores europeos y japoneses estaban ya apoderándose de sus mercados y superándolos en calidad y precio. La crisis del petróleo de principios de la década de 1970, la entrada en la CEE y el final de los últimos mercados protegidos del Reino Unido en sus dominios y colonias acabaron definitivamente con la industria automovilística independiente británica. En 1975 British Leyland, el único fabricante de automóviles a gran escala independiente del país, se vino abajo y tuvo que ser salvado mediante la nacionalización. Algunos años después, sus partes más rentables fueron adquiridas a un precio de ganga por… BMW.

El declive y posterior desaparición del sector automovilístico autónomo británico ejemplifica en sí mismo la trayectoria que siguió la economía británica en general. Sus comienzos no fueron tan negativos: en 1951 Gran Bretaña seguía constituyendo el mayor centro de fabricación de Europa, con una producción equivalente a la de Francia y Alemania combinadas. Proporcionaba pleno empleo y crecía, si bien más lentamente que las demás. Pero sufría, sin embargo, dos desventajas muy graves, una de ellas producto de la fatalidad histórica, y la otra, autoimpuesta.

La crisis endémica de la balanza de pagos británica se debió en gran medida a las deudas acumuladas a lo largo de los seis años de guerra contra Alemania y Japón, a las que deben añadirse los enormes costes de sustentar un sistema de defensa efectivo durante la postguerra (el 8,2 por ciento de la renta nacional de 1955, frente a un desembolso alemán equivalente a menos de la mitad de dicha cifra). La libra —todavía una unidad monetaria muy importante en el comercio internacional de la década de 1950— estaba sobrevalorada, lo que hacía difícil que Gran Bretaña vendiera lo suficiente en el extranjero para compensar el déficit crónico de la libra esterlina frente al dólar. Gran Bretaña, un país cuya insularidad le hacía sumamente dependiente de las importaciones de alimentos y materias primas básicas, había compensado tradicionalmente su vulnerabilidad estructural con su acceso privilegiado a los mercados protegidos de su imperio y la Commonwealth.

Pero esta dependencia de mercados y recursos remotos, que en los primeros años de la postguerra constituyó una ventaja mientras el resto de Europa luchaba por recuperarse, se convirtió en una grave desventaja una vez que Europa —y especialmente la zona de la CEE— empezó a despegar. Los británicos no podían competir con Estados Unidos, ni más adelante con Alemania, en un mercado exterior no protegido, y las exportaciones británicas a Europa empezaron a quedarse cada vez más retrasadas respecto a otros productores europeos. Las exportaciones británicas de productos manufacturados representaban un 25 por ciento del valor del total mundial en 1950; veinte años después, tan solo constituían un 10,8 por ciento. Los británicos habían perdido su cuota de mercado mundial, y sus proveedores habituales —Australia, Nueva Zelanda, Canadá y las colonias africanas— comenzaban ahora a volverse hacia otros mercados.

En cierta medida, el relativo declive económico de Gran Bretaña era por tanto inevitable. Pero la contribución británica no debe infravalorarse. Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, la industria manufacturera británica había adquirido ya una merecida reputación de ineficiencia, de continuar viviendo de los éxitos del pasado. No es que los precios británicos fueran excesivos. Al contrario. Como Maynard Keynes apuntaba en un sardónico comentario sobre las perspectivas económicas de la Gran Bretaña de la postguerra: «El salario por hora en este país es (en términos generales) de 2 chelines la hora; en Estados Unidos, de 5 chelines la hora […]. Incluso la célebre ineficiencia de los fabricantes británicos apenas puede (espero) contrarrestar, en grandes sectores industriales, la totalidad de esta diferencia de coste inicial a su favor, aunque hay que admitir que casi lo consignen en algunos casos importantes […]. Las estadísticas de las que disponemos sugieren que, siempre que no hayamos fabricado antes el producto, en materia de costes no hay en el mundo quien nos gane[2]».

Uno de los problemas era la mano de obra. Las fábricas británicas estaban repletas de hombres (y algunas mujeres) que tradicionalmente se organizaban en cientos —literalmente— de sindicatos gremiales de larga tradición: en 1968, las fabricas de coches de British Leyland sumaban 246 sindicatos distintos con quienes la dirección de la empresa tenía que negociar por separado cada detalle de las cuotas de producción y de los salarios. Se trataba de una era de pleno empleo. De hecho, el mantenimiento del pleno empleo era el principal objetivo social de todos los gobiernos británicos de aquellos años. La determinación de no volver a pasar por los horrores de la década de 1930, cuando hombres y máquinas entraron en una fase de inactividad, se imponía a cualquier otra consideración de crecimiento, productividad o ineficiencia. Los sindicatos —y especialmente sus representantes locales, los enlaces sindicales de las fábricas— eran ahora más poderosos de lo que lo habían sido nunca. Las huelgas (un síntoma tanto de militancia laboral como de incompetencia patronal) fueron endémicas en la vida industrial de la Gran Bretaña de la postguerra.

Incluso aunque los líderes sindicales británicos hubieran seguido el ejemplo alemán y adoptado una actitud colaboradora en las fábricas y unas restricciones salariales a cambio de inversión, seguridad y crecimiento, no es probable que la mayoría de sus patronos hubieran entrado al trapo. Ya en la década de 1930, el futuro primer ministro laborista Clement Attlee había diagnosticado con precisión el mal de la economía británica como un problema de baja inversión, falta de innovación, inmovilismo laboral y mediocridad patronal. Pero, una vez en el cargo, ni él ni sus sucesores parecieron capaces de frenar su avance. Mientras que la industria alemana heredó todas las ventajas representadas por el nazismo y la guerra, las viejas y poco competitivas industrias de Gran Bretaña habían heredado el estancamiento y un profundo temor al cambio.

La industria textil, la minería, los astilleros, el acero y la ingeniería ligera necesitaban una reestructuración y una actualización de la maquinaria las décadas de postguerra; pero, al igual que habían optado por acomodarse a los sindicatos en lugar de combatir las prácticas laborales ineficientes, también los directores de fábricas británicos prefirieron funcionar en un ciclo de baja inversión, reducida investigación y desarrollo, salarios bajos y una cartera cada vez más limitada de clientes en lugar de arriesgarse a empezar desde cero con nuevos productos y nuevos mercados. La solución no era evidente. Una vez más, Keynes lo expresó así: «Si por algún desgraciado error geográfico la fuerza aérea americana (es demasiado tarde para esperar gran cosa del enemigo) destruyera todas las fábricas de la costa nordeste y de Lancashire (a una hora en la que no quedara allí nadie más que los miembros de la junta directiva), no tendríamos nada que temer. Si no, no se me ocurre cómo vamos a recuperar la exuberante inexperiencia que parece necesaria para conseguir el éxito».

En Francia la inversión pública y una planificación agresiva consiguieron imponerse a una herencia similar de incompetencia e inercia por parte de los empresarios. Los gobiernos británicos, sin embargo, se limitaron a la negociación colectiva, a las recomendaciones y a delegar en la dirección. Para un Estado que a partir de 1945 había nacionalizado sectores tan amplios de la economía, y que en 1970 era ya responsable de gastar el 47 por ciento del PIB del país, esta cautela resulta paradójica. Pero el Estado británico, aunque poseyera y gestionara la mayor parte del sector del transporte, la medicina, la educación y las comunicaciones, nunca mostró ninguna ambición estratégica de ámbito nacional; y, a efectos prácticos, se dejó la economía a su aire. La responsabilidad de emplear toda la fuerza del Gobierno central en el problema del estancamiento británico recaería sobre una generación posterior de reformistas del libre mercado —y una primera ministra conservadora absolutamente reacia al Estado—. Pero, para entonces, algunas de las críticas dirigidas contra la mala adaptación de la «vieja» economía de Gran Bretaña también empezaban a dirigirse, por diferentes motivos, contra la vacilante economía alemana.

XI

El momento de la socialdemocracia

Lo importante para el Gobierno no es hacer cosas que los individuos estén haciendo ya, y hacerlas un poco mejor o un poco peor, sino hacer cosas que en el momento presente no se estén haciendo en absoluto.

JOHN MAYNARD KEYNES (1926)

El desafío no va a proceder de Estados Unidos, […] de Alemania Occidental o de Francia; el desafío va a proceder de aquellas naciones que, por equivocadas que puedan estar —y yo creo que lo están en muchos aspectos fundamentales— son capaces sin embargo de cosechar los frutos materiales de la planificación económica y de la propiedad pública.

ANEURIN BEVAN (1959)

Nuestra nación representa la democracia y un buen alcantarillado.

JOHN BETJEMAN

Quiero abrir las ventanas de la Iglesia para que podamos ver lo que hay fuera y la gente pueda ver lo que hay dentro.

PAPA JUAN XXIII

La fotografía es la verdad. El cine es la verdad a veinticuatro fotogramas por segundo.

JEAN-LUC GODARD

La década de 1960 representó el apogeo del Estado europeo. En Europa occidental, la relación del ciudadano con el Estado a lo largo del siglo anterior había constituido un compromiso cambiante entre las necesidades militares y las reivindicaciones políticas: los derechos modernos de unos ciudadanos con un recién adquirido derecho al voto, contrarrestados con las antiguas obligaciones de defender el reino. Pero a partir de 1945 esa relación se caracterizó cada vez más por un denso tejido de prestaciones sociales y estrategias económicas por el cual era el Estado el que estaba al servicio de los ciudadanos, y no al contrario.

En años posteriores, las amplias ambiciones de los Estados del bienestar europeos irían perdiendo parte de su atractivo, entre otras cosas porque no podían ya cumplir sus promesas: el desempleo, la inflación, el envejecimiento de la población y la ralentización de la economía impusieron unos límites insoslayables a los esfuerzos de los Estados por cumplir con su parte del trato. Las transformaciones de los mercados de capitales internacionales y las comunicaciones electrónicas frustraron la capacidad de los gobiernos para planificar y aplicar las políticas económicas domésticas. Y, lo que es más importante, la propia legitimidad del Estado intervencionista se vio menoscabada: a escala nacional por los rigores y las ineficiencias de los organismos y las empresas del sector público, y, en el extranjero, por la incontrovertible evidencia del mal funcionamiento económico y la represión política de los Estados socialistas del bloque soviético.

Pero todo esto pertenecía al futuro. En los años de máximo apogeo del moderno Estado del bienestar europeo, cuando el aparato administrativo seguía ejerciendo todavía una autoridad de amplio alcance y su credibilidad se mantenía incólume, se alcanzó un notable consenso. El Estado, según se creía mayoritariamente, siempre lo haría mejor que el mercado no restringido: no solo en lo tocante a la administración de justicia y defensa del reino, o a la distribución de bienes y servicios, sino en cuanto al diseño y aplicación de estrategias para la cohesión social, el sustento moral y la vitalidad cultural. El concepto de que era mejor dejar dichos aspectos en manos de intereses propios e ilustrados y el funcionamiento de un mercado libre de artículos e ideas era considerado en la mayoría de los círculos políticos y académicos europeos como una pintoresca reliquia de los tiempos prekeynesianos; en el mejor de los casos, la consecuencia de no haber aprendido las lecciones de la Depresión y, en el peor, una invitación al conflicto y un velado llamamiento a los instintos humanos más bajos.

El Estado, por tanto, era una buena cosa; y estaba por todas partes. Entre 1950 y 1973, el gasto del gobierno se elevó de un 27,6 por ciento a un 38,8 por ciento del producto interior bruto en Francia, del 30,4 por ciento al 42 por ciento en Alemania Occidental, del 34,2 por ciento al 41,5 por ciento en el Reino Unido, y del 26,8 por ciento al 45,5 por ciento en Holanda (en un momento en el que dicho producto interior bruto estaba creciendo a un ritmo más rápido que nunca). La mayor parte con diferencia del aumento de este gasto fue a parar a seguros, pensiones, salud, educación y vivienda. En Escandinavia la proporción de la renta nacional destinada a la seguridad social se elevó un 250 por ciento en Dinamarca y Suecia entre 1950 y 1973. En Noruega se triplicó. Solo en Suiza la parte del PIB gastada por el Estado se mantuvo comparativamente baja (no alcanzó el 30 por ciento hasta 1980), pero incluso allí contrastaba claramente con la cifra de 1938, de solo el 6,8 por ciento.

El historial de éxitos del capitalismo europeo de la postguerra fue acompañado en todas partes de un reforzamiento del papel del sector público. Pero la naturaleza de la implicación del Estado varió considerablemente. En la mayoría de la Europa continental, el Estado evitó la propiedad directa de la industria (si bien no del transporte público o las comunicaciones), y optó por ejercer un control indirecto; a menudo a través de organismos teóricamente autónomos, de los cuales el tentacular IRI italiano fue el mayor y más conocido (véase el capítulo VIII).

Los conglomerados como el IRI no solo se ocupaban de sus empleados y consumidores, sino también de diversos partidos políticos, sindicatos, instituciones de servicio social e incluso iglesias, cuyo patrocinio administraban y cuya influencia promovían. El Partido Democratacristiano de Italia «colonizó» en todos los niveles, desde los pueblos hasta la capital nacional, un variado abanico de servicios públicos y productos controlados o subvencionados por el Estado: transporte, medios electrónicos, bancos, energía, ingeniería e industrias químicas, construcción y producción de alimentos. Los principales beneficiarios, después del propio Partido, fueron los millones de hijos y nietos de campesinos sin tierras que encontraron un empleo seguro en las burocracias resultantes. El Instituto Nacional Italiano para los Huérfanos de la Guerra tenía empleadas a 12 personas por cada 70 huérfanos, y gastaba el 80 por ciento de su asignación presupuestaria anual en salarios y administración.

En un sentido similar, el control de las empresas del sector público en Bélgica permitió al gobierno nacional de Bruselas amortiguar el resentimiento local y sobornar los intereses regionales y lingüísticos enfrentados con servicios, trabajos y una costosa inversión en infraestructuras. En Francia, las nacionalizaciones de la postguerra establecieron unas redes duraderas de influencia y patrocinio. Électricité de France (EDF) era el principal proveedor de energía del país. Pero, también, uno de sus mayores empleadores. En virtud de un acuerdo que databa de la primera legislación de la postguerra, el uno por ciento de la facturación francesa de EDF se entregaba anualmente a un fondo social gestionado por el movimiento sindical entonces dominante, la Confédération Genérale du Travail (CGT). Las vacaciones y otras prestaciones sufragadas por este fondo (por no mencionar las oportunidades de empleo de su personal) representaron durante décadas una importante herramienta de padrinazgo para el propio patrono de la CGT, el Partido Comunista Francés.

De este modo, el Estado pudo engrasar los ejes del comercio, la política y la sociedad de numerosas formas. Y fue responsable, directa o indirectamente, del empleo y la remuneración de millones de hombres y mujeres que tenían por tanto un interés personal en él, ya fuera como profesionales o como burócratas. Los licenciados de las principales universidades británicas, al igual que sus contemporáneos de las grandes écoles francesas, solían por lo general buscar empleo no en las profesiones del sector privado, y mucho menos en la industria y el comercio, sino en educación, medicina, servicios sociales, derecho público y monopolios estatales o al servicio del gobierno. A finales de 1970, el 60 por ciento de todos los licenciados universitarios de Bélgica encontraron trabajo en los servicios públicos o en el sector social subvencionado públicamente. El Estado europeo había forjado así un mercado único para los bienes y servicios que podía proveer, y formó así un círculo virtuoso de empleo e influencia que gozó de una aceptación cuasiuniversal.

Las diferencias doctrinales sobre los pretendidos objetivos del Estado podían enfrentar estrepitosamente a izquierdas y derechas, cristianodemócratas y comunistas, socialistas y conservadores, pero casi todos tenían algo que ganar de las oportunidades que el Estado les proporcionaba en cuanto a ingresos e influencia. La fe en el Estado —como planificador, coordinador, promotor, arbitro, proveedor, celador y guardián— se extendió a través de prácticamente todas las demarcaciones políticas[1]. El Estado del bienestar era declaradamente social, pero quedaba lejos de ser socialista. En este sentido, el capitalismo del bienestar, tal y como se desarrolló en Europa occidental, era verdaderamente posideológico.

No obstante, dentro del consenso europeo general de la postguerra, existía un planteamiento diferenciado: el de los socialdemócratas. La socialdemocracia siempre había sido un híbrido; de hecho, esto era lo que le reprochaban sus enemigos de la derecha y de la izquierda. La socialdemocracia, una práctica en perpetua búsqueda de una base teórica, era el resultado de una visión preconizada por una generación de socialistas europeos ya a principios del siglo XX: que la revolución social inherente a la Europa moderna —profetizada y planeada por los socialistas visionarios del siglo XIX— yacía en el pasado, no en el futuro. Como solución a la injusticia y la ineficiencia del capitalismo industrial, el paradigma decimonónico de la agitación ciudadana no solo no era deseable e inadecuado a la hora de conseguir sus metas, sino que también era innecesario. Las verdaderas mejoras de la situación de todas las clases sociales podían alcanzarse de forma progresiva y pacífica.

Esto no quería decir que los principios fundamentales del siglo XIX quedaran descartados. La inmensa mayoría de los socialdemócratas europeos de mediados del siglo XX, a pesar de la distancia que los separaba de Marx y sus herederos reconocidos, sostenían como artículo de fe que el capitalismo era inherentemente disfuncional y que el socialismo era superior tanto moral como económicamente. Lo que los distinguía de los comunistas era su renuencia a comprometerse con la inevitabilidad de la desaparición del capitalismo o con la idea de acelerar dicha desaparición mediante sus propias acciones políticas. Su tarea, según habían llegado a concluir después de décadas de Depresión, división y dictadura, consistía en utilizar los recursos del Estado a fin de eliminar las patologías propias de las formas de producción capitalistas y el funcionamiento incontrolado de la economía de mercado. En definitiva, construir buenas sociedades en lugar de utopías económicas.

La política de la socialdemocracia no siempre resultaba seductora para la gente joven e impaciente, como más adelante se pondría de manifiesto. Pero ejercía un atractivo natural sobre los hombres y mujeres que habían vivido las terribles décadas posteriores a 1914 y, en determinadas partes de Europa occidental, la socialdemocracia de mediados de la década de 1960 ya no constituía tanto una política como una forma de vida. El lugar donde esto se hacía más evidente era Escandinavia. Entre 1945 y 1964, la proporción de voto del Partido Socialdemócrata Danés en las elecciones nacionales aumentó del 33 al 42 por ciento; durante estos mismos años, el Partido Laborista Noruego alcanzó entre un 43 y un 48 por ciento; y, en el caso de los socialdemócratas suecos, sus votantes no descendieron nunca por debajo del 45 por ciento. En las elecciones de 1968 llegó a superar el 50 por ciento.

Lo más llamativo de estos porcentajes de voto no eran las cifras en sí: el Partido Socialista Austriaco obtuvo resultados prácticamente similares en alguna ocasión y, en las elecciones generales británicas de 1951, el Partido Laborista de Clement Attlee había conseguido el 48,8 por ciento de los votos (aunque los conservadores, con una suma de votos menor, obtuvieron más escaños parlamentarios). Lo más llamativo era su constancia. Año tras año, los partidos socialdemócratas escandinavos conseguían más de un 40 por ciento de los votos en sus respectivos países, lo que se tradujo en varias décadas de control gubernamental ininterrumpido, en alguna ocasión encabezando una coalición con otros partidos pequeños y dóciles, pero en la mayoría de los casos en solitario. Entre 1945 y 1968, ocho de cada diez gobiernos daneses estuvieron dirigidos por socialdemócratas; durante estos mismos años hubo cinco gobiernos noruegos, tres de ellos socialdemócratas, y cuatro suecos, todos ellos socialdemócratas. La constancia caracterizaba también a sus componentes: el noruego Einar Gerhardsen presidió dos gobiernos socialdemócratas durante un total de catorce años; en Suecia, Tage Erlander dirigió su partido y su país durante veintitrés años, de 1946 a 1969[2].

Las sociedades escandinavas heredaron ciertas ventajas. Pequeñas y socialmente homogéneas, sin ambiciones colonialistas ni imperiales en el extranjero, llevaban muchos años viviendo en Estados constitucionales. La Constitución danesa de 1849 había introducido un gobierno parlamentario limitado, pero una amplia libertad religiosa y de prensa. La Constitución sueca (y en aquel momento también noruega) de 1809 estableció unas instituciones políticas modernas, incluida la representación proporcional y el sistema ejemplarizante del Defensor del Pueblo —este último adoptado en años posteriores en toda Escandinavia— y proporcionó un marco estable dentro del cual se pudo desarrollar el sistema político de partidos. Permanecería en vigor hasta 1975.

Pero Escandinavia era históricamente pobre, una región de bosques, granjas, piscifactorías y unas cuantas industrias básicas, la mayoría de ellas localizadas en Suecia. Las relaciones laborales, especialmente en Suecia y Noruega, se habían visto tradicionalmente aquejadas por los conflictos (el índice de huelgas en ambos países se situó entre los más altos del mundo durante las primeras décadas del siglo XX). Durante la Depresión de la década de 1930, el desempleo tuvo carácter crónico en esta región. En 1932-1933, una tercera parte de la mano de obra sueca no tenía trabajo; en Noruega y Dinamarca, el 40 por ciento de la población laboral adulta estaba sin empleo (unas cifras comparables a las de los peores años del paro en Gran Bretaña, la Alemania de Weimar o los Estados industriales de Estados Unidos). En Suecia, la crisis condujo a violentos enfrentamientos, especialmente en Ådalen, en 1931, donde el ejército sofocó una huelga en una fábrica de papel (episodio relatado memorablemente por el director sueco Bo Widerberg en una película de 1969 titulada Ådalen 31).

Si Escandinavia —y, concretamente, Suecia— no siguió el mismo camino que otras sociedades económicamente deprimidas de Europa durante el periodo de entreguerras, gran parte del mérito le corresponde a los socialdemócratas. Tras la Primera Guerra Mundial los partidos socialistas escandinavos abandonaron mayoritariamente el dogma radical y las ambiciones revolucionarias que habían compartido con el movimiento socialista alemán y otros movimientos socialistas de la Segunda Internacional; y, a lo largo de la década de 1930, avanzaron en la dirección de un compromiso histórico entre el capital y la mano de obra. En 1938, en Saltsjöbaden, los representantes de los empresarios y los trabajadores suecos firmaron un pacto que constituiría la base de las futuras relaciones sociales del país y que serviría de anticipo a los pactos sociales neocorporativos contraídos en Alemania y Austria a partir de 1945, pero que antes de la guerra habían sido prácticamente desconocidos salvo bajo los auspicios fascistas[3].

Los socialdemócratas escandinavos estaban abiertos a estos compromisos porque no albergaban ilusiones respecto al supuesto electorado «proletario» en cuyo incondicional apoyo otros partidos socialistas confiaban. Si hubieran dependido solamente de los votos de la clase trabajadora de las ciudades, o incluso de los votos de la clase trabajadora aliada con los reformistas de clase media, los partidos socialistas de Escandinavia hubieran permanecido para siempre en minoría. Sus perspectivas políticas se basaban en extender su poder de convocatoria a las poblaciones mayoritariamente rurales de la región. Y, de este modo, a diferencia de casi todos los demás partidos socialistas o socialdemócratas de Europa, los socialdemócratas escandinavos no fueron objeto de la antipatía instintiva de la población rural que caracterizó a gran parte de la izquierda europea, desde los comentarios de Marx sobre la «idiotez de la vida rural» hasta el desagrado de Lenin por los kulaks.

Los resentidos e indigentes campesinos de la Europa central y del sur del periodo de entreguerras constituían un electorado potencialmente receptivo para los nazis, fascistas o los populistas agrarios. Pero los igualmente atribulados granjeros, leñadores, campesinos y pescadores del lejano norte de Europa se volvieron cada vez en mayor número hacia los socialdemócratas, que apoyaron activamente las cooperativas agrarias —de especial importancia en Dinamarca, donde la agricultura comercial estaba bastante extendida y era eficiente, a pesar de su pequeña escala— e hicieron desaparecer de este modo las sempiternas distinciones socialistas entre la producción privada y las metas colectivas, entre el campo «atrasado» y la ciudad «moderna», tan electoralmente perjudiciales en otros países.

Esta alianza entre el trabajo y la agricultura —facilitada por la inusual independencia de los campesinos escandinavos, imbricada en comunidades fervientemente protestantes, libres de las ataduras del tradicional sometimiento rural a un sacerdote o terrateniente— constituiría la plataforma a largo plazo sobre la que habrían de construirse posteriormente las socialdemocracias con más éxito de Europa. Las coaliciones «rojiverdes» (al principio entre los partidos agrarios y socialdemócratas, y luego solo entre estos últimos), inconcebibles en cualquier otro país, en Escandinavia se convirtieron en la norma. Los partidos socialdemócratas fueron el vehículo a través del cual la sociedad rural tradicional y la mano de obra industrial entraron de la mano en la era urbana: en este sentido, la socialdemocracia escandinava no constituyó solo una opción política más, sino la modernidad misma.

Los Estados del bienestar escandinavos que se desarrollaron a partir de 1945 tuvieron por tanto sus orígenes en los dos pactos sociales de la década de 1930: el de los empresarios y los trabajadores y el de los obreros y los agricultores. Los servicios sociales y otras prestaciones públicas que llegaron a caracterizar el «modelo» escandinavo fueron fiel reflejo de estos orígenes, y enfatizaron la universalidad y la igualdad (unos derechos sociales universales, una distribución equitativa de la renta y unas prestaciones de tarifa única financiadas a través de una tributación fiscal claramente progresiva). Ofrecían por tanto un marcado contraste con la típica versión europea continental en la que el Estado transfería o devolvía ingresos a familias e individuos que les permitían pagar en metálico por lo que, en esencia, eran unos servicios privados subvencionados (especialmente en lo referente a seguros y atención médica). Pero, salvo en el caso de la educación, que desde antes de 1914 ya era universal y cubría todos los niveles, el sistema de bienestar escandinavo no se concibió e implantó de una sola vez, sino que se instauró paulatinamente. La atención sanitaria sería, en concreto, lo último en consolidarse: en Dinamarca la cobertura sanitaria universal no se alcanzó hasta 1971, veintitrés años después de ser inaugurado al otro lado del Mar del Norte el Servicio de Salud Pública británico de Aneurin Bevan.

Por otra parte, lo que desde fuera parecía un sistema nórdico único era en realidad bastante diferente en cada país. Dinamarca era la menos «escandinava». No solo dependía en grado sumo de un mercado exterior para la producción agrícola (sobre todo para los productos lácteos y del cerdo) y era por tanto más sensible a las medidas y los avances políticos del resto de Europa, sino que su mano de obra cualificada estaba mucho más dividida en función de unas lealtades y organizaciones de origen gremial. En este sentido, se parecía a Gran Bretaña más que, por ejemplo, Noruega; de hecho, durante la década de 1960 los socialdemócratas daneses se vieron obligados en más de una ocasión a emular a los gobiernos británicos y trataron de imponer controles de precios y salarios a un mercado laboral inestable. Para los estándares británicos, esta política resultó un éxito; pero, para los más exigentes criterios escandinavos, las relaciones sociales danesas y los resultados económicos de Dinamarca fueron siempre algo problemáticos.

Noruega era el país más pequeño y más homogéneo de todas las sociedades nórdicas (excepto Islandia). También era el que más había sufrido a causa de la guerra. Por otra parte, incluso antes de que se descubriera petróleo a escasa distancia de sus costas, la situación de Noruega era peculiar. Como Estado en primera línea de la Guerra Fría y por tanto obligado a unos desembolsos mucho mayores en materia de defensa que la minúscula Dinamarca o la neutral Suecia, era también el más alargado de los países del norte, con una reducida población de menos de cuatro millones de personas, repartidas a lo largo de una costa de 1752 kilómetros, la más larga de Europa. Muchas de las ciudades y pueblos más distantes dependían y siguen dependiendo hoy en día de la pesca para su supervivencia. Socialdemócrata o no, el Gobierno de Oslo tenía que dedicar los recursos del Estado a objetivos sociales y comunales: las subvenciones dirigidas desde el centro a la periferia (para transporte, comunicaciones, educación y suministro de profesionales y servicios, especialmente las destinadas al tercio del país situado al norte del Círculo Polar Ártico) constituían el alma del Estado noruego.

Suecia, a su vez, también era distinta (aunque sus peculiaridades llegarían con el tiempo a ser consideradas como la norma escandinava). Con una población prácticamente del tamaño de la de Noruega y Dinamarca juntas (solo la población de la capital, Estocolmo, equivalía al 45 por ciento de los habitantes de Noruega), la sociedad sueca era, con diferencia, la más rica y la más industrializada de las escandinavas. En 1973 su producción de mineral de hierro era ya comparable a la de Francia, Gran Bretaña y Alemania Occidental juntas, y equivalía a casi la mitad de la de Estados Unidos. En cuanto a producción papelera, era el líder mundial en pasta y transporte de papel. Mientras que la socialdemocracia noruega consistió durante muchos años en ordenar, racionar y distribuir sus escasos recursos entre una sociedad pobre, Suecia era ya en 1960 uno de los países más ricos del mundo. La socialdemocracia allí consistió en distribuir y repartir por igual la riqueza y los servicios en aras del bien común.

En toda Escandinavia, pero especialmente en Suecia, la propiedad y la explotación privada de los medios de producción nunca se puso en cuestión. A diferencia del movimiento laborista británico, cuya doctrina y programa esencial se caracterizó desde 1918 por una fe inamovible en las virtudes de la propiedad estatal, los socialdemócratas suecos estaban conformes con dejar el capital y la iniciativa en manos privadas. El ejemplo de la British Motor Corporation del Reino Unido, un indefenso conejillo de indias para los experimentos del Gobierno en la asignación centralizada de recursos, nunca se seguiría en Suecia. Volvo, Saab y otras empresas privadas dependían solo de ellas mismas para prosperar o fracasar.

De hecho, en la «socialista» Suecia, el capital industrial se concentraba en menos manos privadas que en cualquier otro país de Europa. El Gobierno nunca interfirió ni en la acumulación de riqueza privada ni en el mercado de bienes y capitales. Incluso en Noruega, tras quince años de gobierno socialdemócrata, el sector de la economía directamente propiedad del Estado o gestionado por este era en realidad menor que el de la Alemania Occidental cristianodemócrata. Pero en ambos países, al igual que en Dinamarca y Finlandia, lo que el Estado sí hacía era gravar y redistribuir sin reparos y progresivamente las ganancias privadas para fines públicos.

Para muchos observadores extranjeros, y para la mayoría de los escandinavos, los resultados parecían hablar por sí mismos. En 1970 la economía sueca (junto con la finlandesa) se situaba entre las cuatro primeras del mundo en términos de poder adquisitivo per cápita (las otras dos eran la estadounidense y la suiza). Los escandinavos vivían más tiempo, y de forma más saludable, que la mayoría del resto del mundo (algo que hubiera asombrado al aislado y empobrecido campesinado nórdico de tres generaciones antes). La provisión y las instalaciones de servicios educativos, de asistencia social, médicos, de seguros, jubilación y ocio, no tenían parangón (ni siquiera con Estados Unidos o incluso con Suiza), como tampoco el bienestar físico y económico con el que vivían los ciudadanos de la Europa nórdica. A mediados de la década de 1960 el «gélido norte» había adquirido un estatus cuasimítico: el modelo de la socialdemocracia escandinava no podía reproducirse en ningún otro lugar, pero despertaba admiración y envidia en todo el mundo.

Cualquiera que esté familiarizado con la cultura nórdica, desde Ibsen y Munch hasta Ingmar Bergman, reconocerá otra faceta de la vida escandinava: su carácter introspectivo y tendente a la melancolía, identificado popularmente en aquellos años con su propensión a la depresión, el alcoholismo y un elevado índice de suicidios. Durante la década de 1960, y en algunas otras ocasiones posteriores, los críticos conservadores de la política escandinava se complacían en culpar de estos defectos a la parálisis moral generada por una excesiva seguridad económica y un gobierno centralizado. Y por otro lado estaba la concurrente tendencia de los escandinavos a quitarse la ropa en público (y en las películas) y —según un extendido rumor— a hacer el amor con absolutos extraños: otra prueba más, para algunos observadores, del perjuicio psíquico derivado de un Estado todopoderoso que abastece de todo y no prohíbe nada[4].

Si esto era lo peor que podía argumentarse contra el «modelo» escandinavo, podría entenderse que los socialdemócratas de Suecia y demás países se rieran (o, en este caso, se lamentaran) de camino al banco. Pero sus críticos tenían razón en una cuestión: el Estado omnipotente tenía un lado oscuro. La confianza de principios del siglo XX en la capacidad del Estado para construir una sociedad mejor había adoptado muy distintas formas: la socialdemocracia escandinava —al igual que el reformismo fabiano del Estado del bienestar británico— surgió de la extendida fascinación por la ingeniería social de todo tipo. Y solo un poco más allá de la utilización del Estado para regular ingresos, gastos, empleo e información se escondía la tentación de jugar con los propios individuos.

La eugenesia —la «ciencia» de la mejora racial— era algo más que una moda pasajera eduardiana, como el vegetarianismo o el excursionismo (aunque a menudo atraía al mismo público). Adoptada por intelectuales de todas las tendencias políticas, encajaba especialmente con las ambiciones de los reformistas sociales bienintencionados. Si el objetivo social era mejorar la condición humana en general, ¿por qué desaprovechar las oportunidades que ofrecía la sociedad moderna de añadir de paso unas mejoras específicas? ¿Por qué la prevención o la eliminación de las imperfecciones de la condición humana no podían ampliarse a la prevención (o la eliminación) de los seres humanos imperfectos? En las primeras décadas del siglo XX, la planificación social o genética manipulada científicamente estaba muy extendida y despertaba un profundo respeto; si en la Europa de la postguerra había quedado completamente desacreditada era debido exclusivamente a los nazis, cuyas ambiciones «higiénicas» comenzaron con la antropometría teórica y terminaron en las cámaras de gas; o al menos esa era la creencia general.

Pero, como muchos años después quedaría demostrado, las autoridades escandinavas al menos no habían abandonado su interés por la teoría —y la práctica— de la «limpieza racial». Entre 1934 y 1976 se llevaron a cabo programas de esterilización en Noruega, Suecia y Dinamarca, en cada caso bajo los auspicios o con el conocimiento de los gobiernos socialdemócratas. Durante estos años, aproximadamente 6000 daneses, 40.000 noruegos y 60.000 suecos (mujeres en el 90 por ciento de los casos) fueron esterilizados con fines «higiénicos»: «para mejorar la población». El alma máter intelectual de estos programas —el Instituto de Biología Racial de la Universidad de Uppsala, en Suecia— se había fundado en 1921, en pleno auge de esta moda. No se desmantelaría hasta cincuenta y cinco años más tarde.

En todo caso, hasta qué punto esta triste historia guarda relación con la socialdemocracia es algo que no está claro: otros gobiernos claramente no socialistas y no democráticos han hecho aún más y peores cosas. La legitimidad del Estado en la Escandinavia de la postguerra, la autoridad y la iniciativa que le confería una ciudadanía mayoritariamente fiel dejaban al Gobierno libertad para actuar en pro de lo que él entendía como el interés público, con un grado de supervisión notablemente escaso. No parece que a un Defensor del Pueblo se le haya ocurrido nunca investigar los abusos hacia aquellos situados fuera de la comunidad de los ciudadanos con derechos y que pagaban sus impuestos. La línea que separaba la tributación progresiva y el permiso de trabajo por paternidad de la interferencia forzosa en las capacidades reproductoras de los ciudadanos «defectuosos» no siempre ha estado del todo clara para algunos gobiernos de la Escandinavia socialdemócrata de la postguerra. Ello sugiere, como mínimo, que las lecciones morales de la Segunda Guerra Mundial no habían quedado tan claras como en determinado momento se supuso, precisamente (y tal vez no de forma fortuita) en países como Suecia, cuya conciencia colectiva se tenía en general por bastante lúcida.

Fuera de Escandinavia, la aproximación más exacta al ideal socialdemócrata se consiguió en otro pequeño país neutral situado en el extremo de Europa occidental: Austria. De hecho, las similitudes aparentes eran tales que los observadores solían referirse al «modelo austro-escandinavo». Austria, al igual que Suecia o Noruega, un país mayoritariamente rural, históricamente pobre, se había transformado, como ya hemos visto, en un oasis próspero, estable y políticamente tranquilo, cuyo bienestar lo proporcionaba el Estado. También en Austria se había alcanzado un pacto de facto, en este caso entre los socialistas y el conservador Partido Popular, para evitar una posible vuelta a los abiertos enfrentamientos de las décadas de entreguerras. Pero aquí terminaban las similitudes.

Austria era efectivamente «social» (presentaba, después de Finlandia, el mayor sector nacionalizado de Europa), pero no particularmente socialdemócrata. Hasta 1970, con el nombramiento de Bruno Kreisky como canciller, el país no tendría su primer jefe de Gobierno socialista de la postguerra. Aunque Austria instauró con el tiempo muchos de los servicios sociales y políticas públicas asociadas a la sociedad socialdemócrata escandinava —atención infantil, generosas prestaciones por desempleo y pensiones públicas, apoyo familiar, cobertura médica y educativa, transporte de máxima calidad subvencionado por el Estado— una de las cosas que distinguía a Austria de Suecia, por ejemplo, era la asignación cuasiuniversal de empleo, influencia, favores y fondos en función de la afiliación política. Esta apropiación del Estado austriaco y sus recursos para estabilizar el mercado en torno a unas preferencias políticas no obedecía tanto a unos ideales sociales como al recuerdo de los traumas del pasado. A consecuencia de su experiencia durante el periodo de entreguerras, los socialistas austriacos estaban más interesados en estabilizar la frágil democracia de su país que en revolucionar sus políticas sociales[5].

Al igual que el resto de la sociedad austriaca, los socialdemócratas del país se mostraron claramente partidarios de dejar atrás el pasado. Los partidos socialdemócratas de los demás países tardaron bastante más en abandonar cierta nostalgia por la transformación radical. En Alemania Occidental, el SPD esperó hasta 1959, durante la celebración de su congreso en Bad Godesberg, para replantearse sus objetivos y propósitos. El nuevo programa del Partido allí adoptado establecía claramente que «el socialismo democrático, enraizado en Europa en la ética cristiana, el humanismo y la filosofía clásica, no pretende proclamar verdades absolutas[6]».

Este reconocimiento tardío contrasta de forma evidente con la decisión del Partido Obrero Belga (Parti Ouvrier Belge), tomada al año siguiente, de reconfirmar los estatutos fundacionales de 1894, con sus demandas de colectivización de los medios de producción; y también con la negativa del Partido Laborista británico, en 1960, de seguir la recomendación de su líder reformista Hugh Gaitskell y suprimir el mismo compromiso, consagrado en la cláusula IV del programa del Partido de 1918. Parte de la explicación de este diferente comportamiento reside en la experiencia inmediatamente anterior: el recuerdo de los destructivos enfrentamientos y la proximidad de la amenaza totalitaria, bien pertenecieran al pasado reciente o se encontraran justo al otro lado de una frontera, contribuyó a concentrar la atención de los socialdemócratas alemanes y austriacos —así como la de los comunistas italianos— en las virtudes del compromiso.

El Partido Laborista de Gran Bretaña no tenía que librarse de este tipo de pesadillas. Al igual que sus homólogos belgas (y holandeses), había sido, desde sus orígenes, un movimiento «laborista» y no un partido «socialista», y lo que más le preocupaba eran los intereses (y el dinero) de sus afiliados sindicales. Estaba por tanto menos ideologizado, pero sus miras eran más estrechas. Caso de habérseles instado a ello, los portavoces del Partido Laborista se habrían mostrado dispuestos a suscribir los objetivos generales de los socialdemócratas europeos; pero sus propios intereses eran en realidad mucho más prácticos y pueblerinos. Precisamente debido a la estabilidad intrínseca de la cultura política británica (o al menos inglesa), y gracias a su largo tiempo asentada —aunque cada vez más reducida— base obrera, el Partido Laborista mostró poco interés en los innovadores acuerdos que habían conformado los Estados del bienestar de los países de habla escandinava o alemana.

Pero, por el contrario, el compromiso británico se caracterizó por una política fiscal manipuladora de la demanda y unas prestaciones universales muy costosas, apoyadas en una tributación extremadamente progresiva y un sector nacionalizado muy extenso, y contrapuestas a la inestabilidad y el enfrentamiento histórico que caracterizaban sus relaciones industriales. Salvo por el énfasis laborista en las virtudes intrínsecas de la nacionalización, estos acuerdos ad hoc contaban con el respaldo mayoritario de los partidos conservadores y liberales. Si en algún sentido la política británica se ha visto conformada por los traumas del pasado, ha sido mediante el reconocimiento generalizado de todos los partidos de que había que evitar a toda costa un retorno al desempleo masivo.

Incluso después de que el nuevo líder laborista Harold Wilson volviera a llevar al poder a su partido en 1964, después de trece años de oposición, y se refiriera con entusiasmo a la «candente revolución tecnológica» de la era, pocas cosas cambiaron. El estrecho margen de la victoria de Wilson en las elecciones de 1964 (una mayoría parlamentaria de cuatro) apenas le permitió asumir riesgos políticos, y aunque los laboristas obtuvieron mejores resultados en las elecciones convocadas dos años después, no habría de producirse ningún cambio radical en cuanto a política social o económica. El propio Wilson era heredero de la tradición de Attlee-Beveridge de teorías fabianas y prácticas keynesianas, y mostraba poco interés en la innovación económica (o política). Al igual que la mayoría de los británicos de todas las tendencias era profundamente convencional y pragmático, con una orgullosa y miope visión de los asuntos públicos: como en cierta ocasión expresó él mismo, «una semana es mucho tiempo en política».

Sin embargo, el Estado socialdemócrata británico presentaba de hecho unas características peculiares, aparte de la negativa provinciana de todos los partidos afectados a describirlo como tal. Lo que a la izquierda británica (y, en aquel momento, a gran parte del centro y el centro-derecha del espectro político) le preocupaba por encima de todo era el objetivo de la justicia. Era la injusticia manifiesta, la desigualdad de la vida antes de la guerra, la que había motivado tanto las reformas de Beveridge como el aplastante voto a favor de los laboristas en 1945, al igual que era la promesa de liberalizar la economía mientras se mantenía al mismo tiempo una distribución justa de las retribuciones y servicios lo que había llevado al poder a los conservadores en 1951 y les había permitido seguir en él durante tanto tiempo. Los británicos aceptaron la tributación progresiva y dieron la bienvenida a la cobertura sanitaria universal no porque les fueran presentadas como medidas «socialistas», sino porque intuitivamente las consideraban justas.

De la misma manera, el curioso funcionamiento regresivo de los sistemas de tarifa única de las prestaciones y los servicios británicos —que desfavorecían desproporcionadamente a la clase media profesional más acomodada— gozaba en general de bastante aceptación por su carácter igualitario, por lo menos en apariencia. De ahí que la innovación más importante de los gobiernos laboristas de la década de 1960 —la introducción de una enseñanza secundaria comprensiva para todos los alumnos y la abolición de los exámenes de entrada a las selectivas grammar schools, un compromiso laborista juiciosamente ignorado por Attlee después de 1945— fuera tan bien recibida, más por considerársela «antielitista» y, por tanto, «justa» que por sus valores intrínsecos. Esta es la razón por la que la reforma educativa fue promovida incluso por los gobiernos conservadores tras la salida de Wilson en 1970, a pesar de las advertencias procedentes de todos los bandos sobre las nocivas consecuencias que dichos cambios podrían acarrear[7].

La dependencia del Partido Laborista del respaldo de los sindicatos le llevó a posponer el tipo de reformas industriales que muchos (incluidos algunos de sus propios líderes) sabían que eran necesarias desde hacía tiempo. Las relaciones industriales británicas seguían estancadas a causa de enfrentamientos sindicales y disputas gremiales sobre el trabajo a destajo y los salarios prácticamente desconocidos en Escandinavia, Alemania, Austria y Holanda. Los ministros laboristas realizaron algunos desganados intentos para romper con esta pesada herencia, pero sin mucho éxito; y, en parte por esta razón, los logros de los socialdemócratas continentales nunca llegaron a emularse en Gran Bretaña.

Por otra parte, los rasgos universales del sistema de prestaciones sociales británico, introducido dos o tres décadas antes que, por ejemplo, el de Francia o Italia, ocultaban el alcance extremadamente limitado de los logros conseguidos por el Estado británico a efectos prácticos, incluso en el ámbito de la igualdad material: todavía en 1967 el 10 por ciento de la población del Reino Unido seguía acaparando el 80 por ciento de todo el patrimonio privado. El efecto real de las políticas redistributivas de las primeras tres décadas de la postguerra consistió en desviar los ingresos y bienes del 10 por ciento mejor situado al 40 por ciento situado por debajo de él; el 50 por ciento restante avanzó muy poco, a pesar de la mejora general en materia de seguridad y bienestar.

Cualquier auditoría global a la era del Estado del bienestar en Europa occidental se vería inevitablemente sesgada por nuestro conocimiento de los problemas a los que habría de enfrentarse en décadas posteriores. Así, hoy en día salta a la vista que iniciativas como la Ley de Reforma de la Seguridad Social de 1957 de Alemania Occidental, que garantizaba a los trabajadores una pensión en función de sus salarios en el momento de la jubilación y asociada al índice del coste de la vida, supondría una carga presupuestaria insoportable en unas circunstancias demográficas y económicas distintas. Y, en retrospectiva, parece claro que la radical nivelación de la renta en la socialdemócrata Suecia redujo el ahorro privado y por tanto inhibió futuras inversiones. Incluso entonces resultaba obvio que las transferencias del gobierno y las prestaciones sociales beneficiaban a aquellos que sabían cómo sacarles todo el partido posible: especialmente a la clase media con formación académica, que lucharía por aferrarse a lo que en realidad representaba para ellos una nueva remesa de privilegios.

Pero los logros de los «Estados-niñera» de Europa fueron en todo caso reales, al margen de que hubieran sido introducidos por socialdemócratas, católicos paternalistas o conservadores y liberales de talante moderado. Partiendo de unos programas básicos de protección social y económica, los Estados del bienestar avanzaron hacia unos sistemas de derechos, prestaciones, justicia social y redistribución de la renta —y gestionaron esta esencial transformación sin prácticamente ningún coste político—. Incluso la creación de una nueva clase de burócratas y beneficiarios administrativos guiados por su propio interés no dejó de tener sus ventajas: al igual que los agricultores, la tan vilipendiada «clase media baja» tenía ahora un interés personal en las instituciones y los valores del Estado democrático. Esto redundó en beneficio tanto de los socialdemócratas como de los democratacristianos, como ambos grupos percibieron claramente. Pero además perjudicó a los fascistas y los comunistas, lo que era aún más importante.

Dichos cambios reflejaron las transformaciones demográficas ya señaladas, pero también unos niveles sin precedentes en cuanto a seguridad personal y a una nueva dimensión de movilidad educativa y social. Como los ciudadanos de Europa occidental ya no tenían igual probabilidad de permanecer en el mismo lugar, profesión, tramo de renta y clase social en el que habían nacido, se sentían menos dispuestos a identificarse automáticamente con los movimientos políticos y las afiliaciones sociales del mundo de sus mayores. A la generación de 1930 le bastaba con alcanzar una seguridad económica, y, por tanto, volvió la espalda a la movilización política y sus riesgos asociados; sus hijos, la mucho más numerosa generación de 1960, solo habían conocido la paz, la estabilidad política y el Estado del bienestar. Y daban todas estas cosas por sentadas.

El aumento de la influencia del Estado sobre el empleo y el bienestar de sus ciudadanos se vio acompañado por una constante reducción de su autoridad sobre su moral y sus opiniones. En aquel momento esto no resultaba paradójico. Los defensores liberales y socialdemócratas del Estado del bienestar europeo no veían en principio razón por la que el Gobierno no debiera prestar atención al bienestar económico o médico de la población y garantizar el bienestar de los ciudadanos de la cuna a la sepultura, mientras se mantenía al mismo tiempo completamente al margen de cuestiones personales como la religión y el sexo, o los gustos y criterios artísticos. Los cristianodemócratas de Alemania o Italia, para quienes el Estado todavía tenía un interés legítimo en la educación y las costumbres de sus ciudadanos, no podían reparar tan fácilmente en esta distinción. Pero también se enfrentaban a una presión cada vez mayor para que se adaptaran.

Hasta principios de la década de 1960 las autoridades públicas de toda Europa occidental (con la excepción parcial de Escandinavia) habían ejercido un control firme y represivo sobre los asuntos y las opiniones privadas de la ciudadanía. Las relaciones homosexuales eran ilegales en casi todas partes y estaban castigadas con largas penas de prisión. En muchos países ni siquiera estaba permitida su representación artística. El aborto era ilegal en la mayoría de los países. Incluso la contracepción era técnicamente contraria a la ley en algunos países católicos, a pesar de consentirse en la práctica. El divorcio también resultaba problemático y, en ciertos países, imposible. En muchos lugares de Europa occidental (de nuevo con la excepción parcial de Escandinavia) los organismos del gobierno seguían ejerciendo la censura en el teatro, el cine y la literatura, y la radio y la televisión eran monopolios públicos en casi todas partes, y su funcionamiento, como ya hemos visto, se regía por estrictas normas respecto a sus contenidos, y su nivel de tolerancia hacia la disensión o la «falta de respeto» era muy bajo. Incluso en el Reino Unido, donde la televisión comercial se introdujo en 1955, estaba también estrictamente regulada y debía cumplir con una obligación de carácter público de proporcionar «conocimiento e información», así como entretenimiento y publicidad.

La censura, al igual que los impuestos, aumentó debido a la guerra. En Gran Bretaña y Francia algunas de las limitaciones más estrictas en materia de conducta y expresión de opiniones habían sido introducidas durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial, y nunca desde entonces habían sido revocadas. En todas partes —Italia, Alemania Occidental y algunos de los países que habían ocupado— las regulaciones de la postguerra constituían un legado de las leyes fascistas que los legisladores democráticos habían preferido mantener en vigor. Un número relativamente escaso de los poderes «morales» más represivos que seguían vigentes todavía en 1960 databan de fechas anteriores al siglo XIX (quizá el más evidentemente anacrónico fuera el de la Oficina del Lord Chambelán de Gran Bretaña, responsable de la censura previa del teatro, donde los cargos de examinador y ayudante del examinador de obras habían sido creados ya en 1738). La excepción más destacada a esta regla, por supuesto, la constituía la Iglesia Católica.

Incluso después del Primer Concilio Vaticano de 1870, celebrado bajo la influencia y los auspicios del declaradamente reaccionario papa Pío IX, la Iglesia católica había adoptado una visión omnímoda y decididamente dogmática de sus responsabilidades como guardián moral de su rebaño. Precisamente debido a que el Estado moderno seguía manteniéndola sistemáticamente apartada del ámbito del poder político, el Vaticano se mostraba inflexible en las exigencias que requería de sus seguidores por otros medios. De hecho, el largo y —en retrospectiva— controvertido papado de Eugenio Pacelli, el papa Pío XII (1939-1958), no solo mantuvo los mismos principios espirituales, sino que volvió a introducir a la Iglesia oficial en la política.

Abiertamente situado en el bando de la reacción política, desde los estrechos lazos del Vaticano con Mussolini y su ambivalente respuesta al nazismo hasta su entusiasmo por los dictadores católicos de España y Portugal, el papado de Pacelli también adoptó una línea inflexible en la política doméstica de las democracias. A los católicos de Italia, especialmente, no les quedaba lugar a dudas sobre la como mínimo incorrección espiritual de votar en contra de los cristianodemócratas; pero incluso en las relativamente liberales Bélgica u Holanda la jerarquía católica local tenía estrictas instrucciones de captar el voto católico para los partidos católicos y solo para ellos. Habría que esperar a 1967, nueve años después de la muerte de Pío XII, para que un obispo holandés sugiriera en público que los católicos holandeses podían votar por un partido no católico sin arriesgarse a la excomunión.

En estas circunstancias apenas resulta sorprendente que la jerarquía católica de la postguerra adoptara también una línea inflexible en cuestiones referentes a la familia, la conducta moral o los libros o las películas inapropiadas. Pero los jóvenes católicos seglares, y también una nueva generación de sacerdotes, eran conscientes, para su intranquilidad, de que la rigidez autoritaria del Vaticano tanto en temas públicos como privados era a la vez anacrónica e imprudente. Allá en 1900 la mayoría de los matrimonios católicos habían durado alrededor de veinte años, antes de quedar disueltos por la muerte de uno de los cónyuges. Pero a finales del tercer cuarto del siglo los matrimonios duraban más de treinta y cinco años, y la demanda del derecho al divorcio era cada vez mayor.

Entre tanto, el baby boom de la postguerra había menoscabado los argumentos demográficos contra los métodos anticonceptivos, y las autoridades eclesiásticas quedaron solas en su inflexible oposición. La asistencia a misa descendió en Europa occidental. Fueran cuales fueran las razones —la movilidad geográfica y social de los hasta entonces aquiescentes habitantes de los pueblos, la emancipación política de las mujeres, el papel cada vez menos influyente de las instituciones caritativas y las escuelas parroquiales en la era del bienestar— el problema era real, y, según opinaban los líderes católicos más observadores, no podía resolverse con llamamientos a la tradición y la autoridad, ni suprimirse con invocaciones al anticomunismo, como se había hecho a finales de la década de 1940.

Tras la muerte de Pacelli, su sucesor, el papa Juan XXIII, convocó un nuevo Concilio Vaticano para abordar estas dificultades y actualizar las actitudes y las prácticas de la Iglesia. El Vaticano II, como dio en llamarse, se convocó el 11 de octubre de 1962. Por medio de él, durante los próximos años se transformaría no solo la liturgia y el lenguaje de la cristiandad católica (en un sentido bastante literal, dado que el latín dejó de utilizarse en la práctica diaria de la iglesia, ante la indignación y la perplejidad de una minoría tradicionalista) sino también, y con carácter más significativo, la respuesta de la Iglesia a los dilemas de la vida moderna. Los pronunciamientos del Concilio Vaticano II dejaban claro que la Iglesia ya no se sentía asustada por el cambio o los desafíos, ni se oponía a la democracia liberal, las economías mixtas, la ciencia moderna, el pensamiento racional e incluso a la política laica. Los primeros —y claramente vacilantes— pasos se dieron en dirección a la reconciliación con otras denominaciones cristianas y también se produjo cierto (si bien no mucho) reconocimiento de la responsabilidad de la Iglesia en no fomentar el antisemitismo, para lo cual se reformuló su versión tanto tiempo mantenida de la culpabilidad judía en la muerte de Jesús. Sobre todo ya no se podía contar con la Iglesia católica para apoyar a los regímenes autoritarios (más bien todo lo contrario: en Asia, África, y, especialmente, Latinoamérica, existían casi las mismas probabilidades de que se colocara del lado de sus oponentes).

Estos cambios no fueron universalmente bien recibidos entre los propios reformistas de la Iglesia católica —uno de los delegados que participaron en el Vaticano II, un joven sacerdote de Cracovia, llegaría más tarde al papado y asumiría la tarea de restaurar de lleno la autoridad moral de la Iglesia y la influencia de una intransigente jerarquía católica—. Tampoco el Vaticano II consiguió frenar el imparable descenso de la práctica religiosa entre los católicos europeos: incluso en Italia, la asistencia a misa pasó del 69 por ciento de todos los católicos en 1956 al 48 por ciento doce años después. Pero dado que el declive de la religión en Europa no había quedado limitado en absoluto a la fe católica, esto estaba probablemente fuera de su alcance. Lo que sí consiguió el Vaticano II —o al menos facilitó y autorizó— fue el divorcio definitivo entre la política y la religión en la Europa continental.

Después de la muerte de Pío XII ningún Papa y casi ningún obispo volvió a tratar de amenazar a los católicos con las graves consecuencias de no votar de la manera correcta; y los antaño estrechos vínculos entre la jerarquía eclesiástica y los partidos católicos o cristianodemócratas de Holanda, Bélgica, Alemania Occidental, Austria e Italia se deshicieron[8]. Incluso en la España de Franco, donde la jerarquía católica había disfrutado de insólitos privilegios y poderes, el Vaticano II provocó algunos cambios drásticos. Hasta mediados de la década de 1960, el dictador español había prohibido todo tipo de manifestaciones exteriores de creencias o prácticas religiosas no católicas. Pero en 1966 se vio obligado a aprobar una ley que permitiese la supervivencia de otras Iglesias cristianas, aunque sin dejar de favorecer al catolicismo, y cuatro años más tarde se permitió profesar libremente cualquier culto (cristiano). Mediante esta exitosa presión a favor de la «separación» de la Iglesia católica en España y haciendo que corriera el aire entre la Iglesia y el régimen durante la vida de Franco, el Vaticano le evitaría a la Iglesia española al menos algunas de las consecuencias de su larga y conflictiva asociación con el «antiguo régimen».

Esta rupture culturelle, como daría en llamarse en Bélgica y el resto de países, entre la religión y la política y entre la Iglesia católica y su pasado reciente, desempeñó un papel crucial en el desarrollo de «los sesenta». Existieron, por supuesto, algunos límites al talante reformista del Vaticano (para muchos de los participantes en el Concilio Vaticano II, su finalidad estratégica subyacente no consistía en llevar a cabo un cambio radical, sino en evitarlo). Cuando el derecho al aborto y la liberalización del divorcio fueron sometidos a voto algunos años después, en países predominantemente católicos como Italia, Francia o Alemania Occidental, las autoridades eclesiásticas se opusieron firme aunque infructuosamente en ambos casos. Pero ni siquiera en estos delicados aspectos la Iglesia echó toda la carne en el asador, y su oposición ya no significó el riesgo de fragmentar a la comunidad. En una sociedad que se iba convirtiendo claramente en «posreligiosa», la Iglesia aceptó su nuevo y más reducido papel y trató de sacarle el máximo partido[9].

En las sociedades no católicas —es decir, Escandinavia, Reino Unido, parte de Holanda y una minoría germanoparlante de Europa occidental—, la liberación de los ciudadanos de la autoridad moral tradicional fue necesariamente más difusa, pero se produjo de forma incluso más drástica. La transición resultó más sorprendente en Gran Bretaña. Hasta finales de 1950 los ciudadanos británicos tenían todavía prohibidos los juegos de azar, leer e incluso ver cualquier cosa que sus superiores juzgaran «obscena» o políticamente delicada; defender la homosexualidad (y mucho menos ejercerla); practicar abortos propios o a terceras personas; o divorciarse sin sufrir grandes dificultades e incluso la humillación pública. Y si cometían asesinato u otros delitos graves, podían acabar en la horca.

Entonces, a partir de 1959, la madeja de los convencionalismos comenzó a desenredarse. A raíz de la Ley de Publicaciones Obscenas de aquel año, una obra no censurada de literatura para adultos podía quedar protegida de los cargos de «obscenidad» si se la consideraba «en interés de la ciencia, la literatura, el arte o la enseñanza». A partir de entonces, las editoriales y los autores podían defenderse legalmente con la invocación a los méritos de la obra en su conjunto, y solicitar una opinión «experta» en su defensa. En octubre de 1960 se produjo el célebre caso de El amante de Lady Chatterley, en el que se llevó a juicio a la editorial Penguin Books por publicar en Gran Bretaña la primera versión íntegra de la por otra parte poco sobresaliente novela de D. H. Lawrence. El caso Chatterley despertó un gran interés para los británicos no solo por los hasta entonces ilícitos fragmentos que ahora salían a la luz, sino también por el erotismo interclasista que motivó su notoriedad. Al preguntar el ministerio fiscal a uno de los testigos si esta era una novela que él dejaría leer a su «esposa o su sirvienta» (sic), este replicó que esto no representaría ningún problema para él: pero que nunca la pondría en manos de su guardabosques.

Penguin Books fue absuelta de los cargos de obscenidad, tras consultar a treinta y cinco testigos expertos en su defensa, y podría decirse que el declive de la autoridad moral del sistema británico comenzó a raíz de esta absolución. Aquel mismo año se legalizó el juego en el Reino Unido. Cuatro años después, el entrante Gobierno laborista abolió la pena de muerte, y, bajo la dirección de Roy Jenkins, un destacado reformista que ocupó el cargo de ministro del Interior, los laboristas acometieron la introducción de las clínicas de planificación familiar financiadas por el Estado, la reforma de la ley sobre homosexualidad y la legalización del aborto en 1967, y la abolición de la censura teatral al año siguiente. A todo ello le seguiría en 1969 la Ley del Divorcio, que no precipitaría una transformación tan drástica de la institución del matrimonio a pesar de su gran acogida: mientras que el año anterior a la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra y Gales se había producido un divorcio por cada cincuenta y ocho matrimonios, cuarenta años después la proporción se aproximaría a uno de cada tres.

Las reformas liberales y liberalizadoras de la Gran Bretaña de la década de 1960 fueron emuladas en toda la Europa noroccidental, si bien en distintos plazos. Las distintas coaliciones socialdemócratas de Alemania Occidental, bajo la presidencia de Willy Brandt, introdujeron allí cambios similares en el transcurso de finales de la década de 1960 y la de 1970, limitadas en este caso no tanto por la ley o circunstancias precedentes como por la renuencia de sus socios de coalición, especialmente los económicamente progresistas pero socialmente conservadores liberal-demócratas. En Francia la abolición de la pena de muerte tuvo que esperar a la llegada al poder de los socialistas de François Mitterrand en 1981, pero aquí —al igual que en Italia— las leyes del aborto y del divorcio se redactaron a principios de la década de 1970. En general, con la excepción de Gran Bretaña y Escandinavia, la liberación de los «sesenta» no llegó hasta los años setenta. Sin embargo, una vez estos cambios legales entraron en vigor, las consecuencias sociales se produjeron con bastante rapidez: el bajo índice de divorcios en Bélgica, Francia y Holanda se triplicó entre 1970 y 1985.

La influencia cada vez menor de las autoridades públicas en materia de moralidad y relaciones personales no supuso en modo alguno un declive en el papel del Estado en los aspectos culturales de la nación. Todo lo contrario. El amplio consenso europeo occidental de la época mantenía que solo el Estado contaba con los recursos para satisfacer las necesidades culturales de sus ciudadanos: por sí mismas, las personas y las comunidades carecían tanto de medios como de iniciativa. Era responsabilidad de una autoridad pública competente proporcionar sustento cultural a sus ciudadanos tanto como comida, alojamiento y empleo. En dichas materias, socialdemócratas y democratacristianos opinaban de forma parecida, y ambas formaciones eran herederas de los grandes renovadores de la era victoriana, aunque disponían de muchos más recursos. La revolución estética de la década de 1960 supuso pocos cambios en este sentido: la nueva (contra) cultura exigió, y obtuvo, la misma financiación que la antigua.

Las décadas de 1950 y 1960 fueron la gran era de las subvenciones culturales. Ya en 1947 el Gobierno laborista británico había añadido seis peniques a los impuestos municipales para sufragar las iniciativas artísticas locales —teatros, sociedades filarmónicas, óperas regionales, etcétera—: un preludio de los Consejos de Cultura de la década de 1960, que ampliaron la generosidad pública a un inaudito abanico de festivales e instituciones locales y nacionales, además de a la educación artística. La financieramente constreñida Cuarta República Francesa se mostró menos colaboradora, salvo con los establecimientos de la alta cultura como museos, la Opera de París, la Comédie Française (y las emisoras de radio y televisión monopolizadas por el Estado). Pero después de que De Gaulle volviera al poder y nombrara a André Malraux ministro de Cultura, la situación se transformó.

El Estado francés había desempeñado durante largo tiempo el papel de mecenas. Pero Malraux concebía su función de una forma absolutamente distinta. Tradicionalmente, el poder y las arcas de la corte real y sus sucesores republicanos se habían dedicado a llevar el arte y a los artistas a París (o Versalles), de modo que exprimían al resto del país. Ahora el Gobierno gastaría dinero en ocuparse de los artistas y el arte de las provincias. Los museos, galerías, festivales y teatros empezaron a extenderse por toda Francia. El más conocido de todos, el festival de verano de Aviñón, se inauguró en 1947, bajo la dirección de Jean Vilar, aunque alcanzaría su máximo apogeo en las décadas de 1950 y 1960, durante las cuales las producciones de Vilar desempeñaron un importante papel en la transformación y renovación del teatro francés. Muchos de los actores y actrices más conocidos de Francia (Jeanne Moreau, María Casares, Gérard Philipe) actuaron en Aviñón. Sería allí, y en otros lugares menos conocidos como Saint-Étienne, Toulouse, Rennes o Colmar, donde comenzaría el renacimiento artístico francés.

El fomento de la vida cultural en las provincias francesas llevado a cabo por Malraux dependía por supuesto de una iniciativa centralizada. Incluso el propio proyecto de Vilar era típicamente parisiense en sus objetivos iconoclastas: la cuestión no era llevar la cultura a las regiones, sino romper con los convencionalismos del teatro más mayoritario —«llevar la vida al teatro, al arte colectivo [… ] para contribuir a que vuelva a respirar libremente, a que salga de los sótanos y los salones: para reconciliar la arquitectura con la poesía dramática»—, algo que podía lograrse con más facilidad fuera de París, pero contando con la financiación estatal y el apoyo ministerial. Por otro lado, en un país verdaderamente descentralizado como la República Federal de Alemania, la cultura y las artes eran consecuencia directa de la política local y el propio interés regional.

En Alemania, como en el resto de Europa occidental, el gasto público en las artes aumentó drásticamente durante las décadas de la postguerra. Pero dado que las cuestiones culturales y educativas de Alemania Occidental eran competencia de los Länder, los esfuerzos tuvieron que duplicarse considerablemente. Cada Land, y cada ciudad y pueblo importante, tenía su propia compañía de ópera, su orquesta y sus salas de concierto, su ballet, su teatro subvencionado y sus grupos artísticos. Según una estimación, en el momento de la reunificación había 225 teatros locales en Alemania Occidental, cuyo presupuesto estaba subvencionado en cantidades que oscilaban entre el 50 y el 70 por ciento, ya fuera por el Land o por el ayuntamiento correspondiente. Al igual que en Francia, este sistema estaba enraizado en el pasado (en el caso de Alemania, por los microprincipados, ducados y feudos eclesiásticos anteriores a la época moderna, muchos de los cuales habían mantenido a sus músicos y artistas de corte a los que regularmente les encargaban nuevas obras).

Los beneficios fueron considerables. A pesar de la falta de confianza en sí misma de la Alemania posnazi, las instituciones culturales generosamente financiadas por el país se convirtieron en la meca de todo tipo de artistas. El Ballet de Stuttgart, la Orquesta Sinfónica de Berlín, la Opera de Colonia, y docenas de instituciones de menor tamaño —el Teatro Nacional de Mannheim, el Staatstheater de Wiesbaden, etcétera— ofrecían un trabajo estable (así como prestaciones por desempleo, cobertura médica y pensiones) a miles de bailarines, músicos, actores, coreógrafos, técnicos de teatro y personal de oficinas. Muchos de estos bailarines y músicos llegaban del extranjero, incluido Estados Unidos. Tanto ellos como los públicos locales que pagaban tarifas subvencionadas por verles y oírles actuar se beneficiaron extraordinariamente del floreciente escenario cultural europeo.

Así como en muchos lugares la década de 1960 no llegó a vivirse hasta principios de los años setenta, los estereotipados años cincuenta —formales, acartonados, estériles y estancados— fueron en gran parte míticos. En Mirando hacia atrás con ira John Osborne hace que Jimmy Porter reniegue de la falsedad de la prosperidad y la autocomplacencia de la postguerra; y no hay duda de que el barniz de corrección y conformismo, que no desapareció hasta finales de la década, resultó profundamente frustrante para muchos observadores, y especialmente para los jóvenes[10]. Pero, de hecho, la década de 1950 produjo una gran cantidad de creaciones originales (muchas de ellas para el teatro, la literatura y especialmente el cine, de un interés más perdurable que otras posteriores). Gran parte del poder y el prestigio político que Europa occidental había perdido se vio compensado en aquel momento con el arte. Efectivamente, los últimos años de la década de 1950 constituyeron una especie de epílogo del arte más «elevado» en Europa. Las circunstancias eran inusualmente propicias: la «calidad europea» (las frases entrecomilladas todavía no habían adquirido el matiz irónico y despectivo de décadas posteriores) por primera vez era financiada a gran escala con fondos públicos, pero todavía no estaba expuesta a las demandas populistas de «accesibilidad», «responsabilidad» o «relevancia».

En 1953 el estreno en el Théâtre de Babylone de París de la obra de Samuel Beckett Esperando a Godot marcó la entrada del teatro europeo en una edad dorada de modernismo. Al otro lado del Canal, la English Stage Company del Royal Court Theatre de Londres adoptó a Beckett y al alemán oriental Bertolt Brecht, además de representar las obras de John Osborne, Harold Pinter y Arnold Wesker, todas las cuales aunaban el minimalismo estilístico con el desdén estético, a través de una técnica que a menudo hacía difícil ubicarlas dentro del espectro político convencional. Incluso el teatro británico para el público mayoritario se volvió más innovador. A finales de la década de 1950, a la incomparable generación de profesionales de la escena teatral —Olivier, Gielgud, Richardson, Redgrave, Guinness— se unió un elenco de jóvenes intérpretes recién salidos de las universidades (en su mayoría de Cambridge) y un destacado grupo de innovadores directores y productores entre los que se encontraban Peter Brook, Peter Hall y Jonathan Miller.

El Teatro Nacional de Gran Bretaña, propuesto por primera vez en 1946, se instituyó oficialmente en 1962, con Lawrence Olivier como director fundador y el crítico teatral Kenneth Tynan como su asesor y ayudante, aunque su local permanente en el South Bank de Londres no se inauguraría hasta 1976. Junto con la Royal Shakespeare Company, el National Theatre —que se convertiría en el principal patrocinador y sede del nuevo teatro británico— fue uno de los mayores beneficiarios de la prodigalidad del Consejo de Cultura. Debe señalarse que esto no significó que el teatro se convirtiera en una forma de entretenimiento más popular. Por el contrario, desde el declive de las revistas musicales, el teatro había constituido el ámbito del espectador medio, aun cuando su contenido fuera ostensiblemente proletario. Aunque los dramaturgos escribieran sobre la vida de la clase obrera, era la clase media la que acudía a ver sus obras.

Al igual que Beckett y su obra llegaron con gran facilidad al público de Gran Bretaña, el teatro británico y sus principales figuras funcionaron con gran éxito en el extranjero; tras haberse labrado su reputación con las producciones de Shakespeare (la más célebre de las cuales fue El sueño de una noche de Verano), Peter Brook se estableció permanentemente en París, donde superó con facilidad las fronteras lingüísticas y estéticas. A mediados de la década de 1960 se hizo cada vez más posible hablar de un teatro «europeo», o, al menos, de un teatro que había escogido como material los temas más controvertidos y de actualidad en Europa. El vicario, de Rolf Hochhuth, representada por primera vez en Alemania en 1963 y poco después en Gran Bretaña, atacaba al papa Pío XII por no haber ayudado a los judíos durante la guerra, pero en su siguiente obra, Soldados, de 1967, Hochhuth se volvía contra Winston Churchill por el bombardeo de las ciudades alemanas durante la guerra, razón por la que dicha obra sería en un primer momento prohibida en el Reino Unido.

Fue también en los 1950 cuando irrumpió en el arte europeo una «Nueva Ola» de escritores y directores cinematográficos cuya ruptura con los convencionalismos narrativos y su atención al sexo, la juventud, la política y la alineación anticipó en gran medida lo que la generación de los años sesenta llegaría a considerar como logros propios. Las novelas más influyentes de la Europa occidental de la década de 1950 —Il Conformista (El conformista, 1951), de Alberto Moravia, La Chute (La caída), de Albert Camus, publicada en 1956, o Die Blechtrommel (El tambor de hojalata, 1959) de Günter Grass— eran en muchos aspectos más originales y sin duda más valientes que todo lo que vino después. Incluso Bonjour Tristesse (Buenos días, tristeza, 1953) de Françoise Sagan o The Outsider (El desplazado, 1956) de Colin Wilson, dos relatos narcisistas del ensimismamiento postadolescente (en el caso de Wilson matizado con un más que ligero toque de autoritaria misantropía), resultaron originales en su día. Escritos cuando los autores tenían respectivamente dieciocho y veinticuatro años de edad, su contenido —y su éxito— se adelantó a la «revolución juvenil» de los años sesenta en casi una década.

Independientemente del declive de la asistencia a las salas de cine ya mencionado, las películas europeas adquirieron en el transcurso de la segunda mitad de la década de 1950 y principios de la de 1960 un notable prestigio por su sentido artístico y su originalidad. En realidad, probablemente existió una conexión, dado que el cine de Europa occidental se transformó (o degeneró) de entretenimiento popular en alta cultura. Ciertamente, el renacimiento del cine europeo no obedeció a la demanda del público —si hubiera dependido de los espectadores, el cine francés habría continuado confinado a las películas de época «de calidad» de principios de los años cincuenta, las salas alemanas hubieran seguido proyectando románticos filmes Heimat (patrios) ambientados en la Selva Negra, y el público británico habría proseguido con su dieta de películas de guerra y comedias ligeras cada vez más sugerentes—. En todo caso, las audiencias masivas europeas continuaron manifestando una marcada preferencia por el cine popular norteamericano.

Irónicamente, fue su propia admiración por las películas estadounidenses, especialmente las del sombrío y sobrio género del cine negro de finales de los años cuarenta, la que suscitó la revolución entre una nueva generación de cineastas franceses. Desesperados ante la temática tópica y la ambientación rococó de sus mayores, un grupo de jóvenes franceses —apodados en 1958 «la Nueva Ola» por el crítico francés Pierre Billard—, se dispusieron a reinventar el cine, primero en la teoría y luego en la práctica. El aspecto teórico, esbozado en la nueva publicación Cahiers du Cinema, se centraba en torno al concepto del director como auteur: lo que estos críticos admiraban del trabajo de Alfred Hitchcock o Howard Hawks, por ejemplo, o del de los neorrealistas italianos, era su «autonomía» —la forma en la que habían conseguido «firmar» sus propias películas pese a trabajar para estudios de cine—, la misma razón por la que apoyaron a la anterior generación de directores franceses (de la que más tarde se olvidarían), especialmente a Jean Vigo y Jean Renoir.

Aunque todo ello sugería un intuitivo buen gusto, la penumbra teórica en la que iba envuelto despertaba escaso interés —y a menudo resultaba incomprensible— salvo para un círculo muy restringido. Pero la práctica, llevada a cabo por Louis Malle, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Eric Rohmer, Agnès Varda y, sobre todo, François Truffaut, cambió la faz del cine. Entre 1958 y 1965 los estudios franceses produjeron una enorme cantidad de películas. Malle dirigió Ascenseur pour l’échafaud (Ascensor para el cadalso) y Les amants (Los amantes), ambas en 1958; Zazie dans le metro (Zazie en el metro, 1960); La vie privée (La vida privada, 1961) y Le feu follet (Fuego fatuo, 1963). Godard dirigió À bout de souffle (Al final de la escapada, 1960), Une femme est une femme (Una mujer es una mujer, 1961), Vivre sa vie (Vivir su vida, 1962), Bande à part (Banda aparte, 1964) y Alphaville (1965). Entre las obras de Chabrol de estos mismos años se encuentran Le beau Serge (El bello Sergio, 1958), À double tour (Una doble vida, 1959), Les bonnes femmes (Las buenas mujeres, 1960) y L’oeil du malin (1962).

El trabajo más interesante de Rivette llegó un año más tarde. Al igual que Varda, más conocida en aquellos años por Cléo de 5 à 7 (Cleo de 5 a 7, 1961) y Le bonheur (La felicidad, 1965), Rivette a menudo incurrió en la autoindulgencia, lo cual no puede decirse en ningún momento de Eric Rohmer, el mayor del grupo, que más tarde sería conocido internacionalmente por sus elegíacos «cuentos morales», de los cuales los dos primeros, La boulangère de Monceau y La carrière de Suzanne, fueron filmes realizados en 1963. Pero fue el incomparable François Truffaut el que encarnaría el estilo y el impacto de la Nueva Ola. Famoso sobre todo por una serie de filmes protagonizados por Jean-Pierre Léaud en el papel de Antoine Doinel (el «héroe» autobiográfico de Truffaut) —especialmente, Les quatre cents coups (Los cuatrocientos golpes, 1959), L’amour à vingt ans (El amor a los veinte años, 1962) y Baisers volés (Besos robados, 1968)—, Truffaut no fue solo el principal teórico en el que se basó la revolución del cine francés, sino también, y con diferencia, el realizador que gozó de mayor éxito. Muchas de sus películas —Jules et Jim (Jules y Jim, 1962), La peau douce (La piel suave, 1964), Fahrenheit 451 (1966) o Le dernier métro (El último metro, 1980)— son obras clásicas de este arte.

Uno de los puntos fuertes de los mejores directores de la Nueva Ola consistió en que aunque siempre consideraron sus obras como declaraciones intelectuales más que como mera diversión (los colaboradores de Cahiers du Cinema solían hacer referencia frecuentemente a su deuda con lo que entonces todavía se denominaba «existencialismo»), sus películas resultaban igualmente entretenidas (nadie dijo nunca de Truffaut o Malle lo que en voz baja llegaría a afirmarse de trabajos posteriores de Godard y Rivette, que ver sus películas era como ver secarse la pintura). Y fue esta combinación de seriedad intelectual y accesibilidad visual la que ejercería tanta influencia en sus emuladores extranjeros. Como sugiere la respuesta a Hiroshima mon amour (1959), de Alain Resnais, la cinematografía francesa se había convertido en el vehículo preferido para el debate moral internacional.

Así, cuando un grupo de 26 jóvenes directores de cine alemanes se reunieron en Oberhausen en 1962 para proclamar «el colapso del cine convencional alemán» y manifestaron su intención de «crear el nuevo largometraje alemán […] libre de las convenciones de la industria establecida, del control de determinados grupos de intereses», reconocieron abiertamente la influencia de los franceses. Así como Jean-Luc Godard había elogiado a Ingmar Bergman en un famoso ensayo publicado en 1957 en Cahiers du Cinema, titulado «Bergmanorama», en el que afirmaba que el auteur sueco era «el realizador más original de todo el cine europeo», Edgar Reitz y sus colegas alemanes, al igual que muchos jóvenes directores de toda Europa occidental y Latinoamérica, siguieron el ejemplo de Godard y sus amigos[11].

Lo que Truffaut, Godard y sus colegas habían admirado de las películas norteamericanas en blanco y negro de su juventud era la ausencia de «artificio». Lo que los norteamericanos y otros observadores envidiaban de la recreación propia que los directores franceses habían hecho a partir del realismo norteamericano era su sutileza y sofisticación intelectual: la capacidad característicamente francesa de alcanzar una impresionante trascendencia cultural a partir de pequeños intercambios personales. En la película de Eric Rohmer, Ma nuit chez Maud (Mi noche con Maud, 1969), Jean-Louis —un provinciano profesor de filosofía interpretado por Jean-Louis Trintignant— pasa la noche con Maud (Françoise Fabian), la seductora e inteligente novia de un conocido suyo, conversando en el sofá de su casa, mientras la nieve los mantiene aislados. El católico Jean-Louis se debate entre las implicaciones éticas de la situación y el hecho de si debería o no acostarse con su anfitriona, intercambiando de vez en cuando reflexiones morales con un colega comunista. Al final no pasa nada y regresa a su casa.

Es difícil imaginar a un director norteamericano, e incluso inglés, que hiciese una película así, y mucho menos que consiguiese su distribución. Pero para una nueva generación de intelectuales euronorteamericanos, el filme de Rohmer captaba todo lo que el cine francés tenía de sofisticado, hastiado, incisivo, alusivo, maduro y europeo. Las películas italianas de la época, a pesar de su amplia distribución en el extranjero, no tuvieron el mismo impacto. Las de mayor éxito explotaban de forma demasiado afectada la nueva imagen de riqueza y atractivo sexual de Italia y los italianos, a menudo construida en torno a los atributos físicos de Sofía Loren o los papeles cómicos de libertino desengañado interpretados por Marcello Mastroianni: por ejemplo, en Divorzio all’italiana (Divorcio a la italiana, 1961) o Matrimonio all’italiana (Matrimonio a la italiana, 1964).

La primera vez que Mastroianni interpretó este papel, si bien en un tono algo más sombrío, fue en la La Dolce Vita (1960). El propio Fellini contaba con un fiel seguimiento en los mismos círculos que Truffaut y Godard, sobre todo tras el estreno de Otto e mezzo (Ocho y medio, 1963) y Giulietta degli spiriti (Julieta de los espíritus, 1965). Por entonces seguía todavía en escena una generación anterior de directores italianos de gran talento —Vittorio de Sica dirigió I sequestrati di Altona (Los secuestrados de Altona, 1962), basada en la obra homónima de Sartre, codirigió Boccaccio ’70 (1962) con Fellini, y continuaría con Il Giardino dei Finzi-Contini (El jardín de los Finzi-Contini) a finales de la década—, aunque su obra nunca volvió a causar el impacto político y estético de los grandes filmes neorrealistas italianos de la década de 1940, con los que especialmente De Sica quedaría asociado para siempre. Mayor influencia tuvieron hombres como Michelangelo Antonioni. En L’Avventura (La aventura, 1960), L’Eclisse (El eclipse, 1962) y Il Desserto rosso (El desierto rojo, 1964), todas ellas protagonizadas por Monica Vitti, la descarnada cinematografía y sus anodinos, cínicos y desengañados personajes anticipaban el mundo desafecto y distanciado del arte de los años sesenta, deliberadamente reflejado por el propio Antonioni en Blow Up (1966).

El cine italiano carecía de la seductora intelectualidad de las películas francesas (o suecas), pero ambos compartían en gran medida el mismo estilo —un equilibrio variable de confianza artística en uno mismo, pretensiones intelectuales y cultivado ingenio— que caracterizaba la creación de la Europa continental a los ojos de los observadores extranjeros (especialmente estadounidenses). A finales de 1950, Europa occidental no solo se había recuperado de la depresión y de la guerra, sino que volvía a constituir un imán para sofisticados aspirantes. Nueva York tenía el dinero y, tal vez, el arte moderno. Pero Estados Unidos seguía siendo, incluso para muchos de sus ciudadanos, un poco rudimentario. Parte del atractivo de John F. Kennedy, como candidato y presidente, fue el culto cosmopolitismo de su séquito de Washington: «Camelot». Y Camelot, a su vez, le debía mucho a sus antecedentes europeos y a la estudiada imagen continental de la esposa del presidente.

Que Jacqueline Kennedy importara el estilo europeo a la Casa Blanca no resulta en absoluto sorprendente: el «diseño» europeo de finales de la década de 1950 y de la de 1960 vivía entonces su momento más esplendoroso y era sinónimo de estatus y calidad. Una marca europea —asociada a un artículo, idea o persona— era garantía de distinción y, por tanto, se pagaba a un precio más alto. Este hecho era en realidad bastante novedoso. Es indudable que los «artículos de París» llevaban mucho tiempo ocupando un lugar privilegiado en el comercio de los artículos de lujo, que databa como mínimo de finales del siglo XVIII; y los relojes suizos llevaban muchas décadas gozando de gran prestigio. Pero la idea que los coches, por el mero hecho de ser de marca alemana, estaban mejor fabricados que otros, o que la ropa de diseño italiano, el chocolate belga, el menaje de cocina francés o los muebles daneses eran incuestionablemente los mejores hubiera resultado asaz curiosa una generación antes.

En todo caso, la única que hasta hacía muy poco tiempo había ostentado esta reputación era la fabricación inglesa, heredada de la supremacía industrial británica del siglo XIX. Los artículos domésticos, herramientas o armas de fabricación británica llevaban mucho tiempo gozando de gran prestigio en los mercados extranjeros. Pero en el transcurso de las décadas de 1930 y 1940 los productores británicos habían conseguido menoscabar hasta tal punto su propia reputación, en casi todo tipo de artículos salvo la ropa masculina, que el único nicho que les quedaba a los comerciantes minoristas británicos en la década de 1960 era el de algunas tendencias «ultramodernas» de moda pasajera y llamativa de baja calidad —un mercado que los ingleses explotarían al máximo durante la década siguiente.

Lo que más llamaba la atención del estilo comercial europeo era su segmentación por productos y por países. Los coches italianos —FIAT, Alfa Romeo, Lancia— eran conocidos por su baja calidad y fiabilidad; sin embargo, esta penosa reputación no producía daños perceptibles en la elevada posición de Italia en otros mercados, como el de artículos de piel, la alta costura o, incluso, en un sector menos venerado, el de los electrodomésticos[12]. La demanda internacional de ropa o alimentos alemanes era prácticamente inexistente, y con razón. Pero, a partir de 1965, cualquier cosa que salía de los tornos alemanes o había sido concebido por ingenieros de habla alemana podía salir en cualquier sala de exposición y venta británica o estadounidense al precio que se pidiera por ella. Solo Escandinavia había adquirido una reputación global de calidad en una extensa gama de productos, pero, incluso allí, el mercado presentaba claras variaciones. Los extranjeros con dinero llenaban sus casas de muebles de diseño suecos o daneses, que, a pesar de resultar un tanto frágiles, eran absolutamente «modernos». Pero el mismo consumidor podía sentirse atraído por los coches de la marca sueca Volvo, a pesar de su total falta de estilo, precisamente por su apariencia indestructible. Sin embargo, ambas cualidades, el «estilo» y el «valor», se identificaban ahora inextricablemente con «Europa»: a menudo en claro contraste con Estados Unidos.

París seguía siendo la capital de la moda de alta costura femenina. Pero Italia, con unos costes laborales más bajos y libre de cualquier tipo de racionamiento textil (a diferencia de Francia o Gran Bretaña), se había convertido ya en un serio competidor en 1952, cuando se celebró el primer Festival de Moda Masculina en San Remo. Por muy innovador que fuera su estilo, la alta costura francesa —desde Christian Dior a Yves Saint Laurent— era bastante convencional desde el punto de vista social: todavía en 1960 los editores y columnistas de revistas francesas y de otros países, no solo llevaban sombreros y guantes cuando asistían a los festivales de moda anuales, sino también en sus propias oficinas. En tanto que las mujeres de clase media continuaran atentas a las tendencias de un puñado de diseñadores y casas de moda parisienses, el estatus (y los beneficios) de estos estaría garantizado. Pero, a principios de la década de 1960, las mujeres —y los hombres— europeos ya no llevaban sombreros formales ni prendas exteriores o ropa de noche de forma habitual. El amplio mercado de la ropa empezaba a seguir unas pautas inspiradas por igual en lo más alto y lo más bajo. La reputación de Europa como meca del estilo y de lo chic seguía firme, pero el futuro apuntaba a tendencias más eclécticas, muchas de ellas adaptaciones europeas de prototipos americanos e incluso asiáticos, algo en lo que los italianos demostraron ser especialmente expertos. Tanto en ropa como en ideas, París dominaba el panorama europeo y seguiría haciéndolo durante algún tiempo más. Pero el futuro estaba en otra parte.

En una reunión del Congreso para la Libertad Cultural celebrada en Milán en marzo de 1955, Raymond Aron propuso como tema de debate «El fin de la era ideológica». En aquel momento, parte de su público encontró la propuesta algo prematura (después de todo, al otro lado del Telón de Acero, y no solo allí, la ideología parecía seguir igual de viva y vigente que antes). Pero Aron tenía cierta razón. El Estado europeo que emergió durante aquellos años estaba cada vez más separado de cualquier proyecto doctrinal; como hemos visto, el avance del Estado del bienestar había distendido las animosidades políticas. Nunca tanta gente hasta ahora había manifestado un interés tan directo en las políticas y el gasto del Estado, pero ya no se peleaban por quién debía controlarlo. Los europeos occidentales parecían haber llegado antes de lo que habían imaginado a las «extensas y altas llanuras soleadas» (Churchill) de la prosperidad y la paz: donde la política daba paso al gobierno y el gobierno quedaba reducido cada vez más a la administración.

No obstante, las predecibles consecuencias del «Estado-niñera», e incluso del Estado-niñera posideológico, fueron que, para cualquiera que hubiera crecido en dicho contexto, era el deber del Estado cumplir su promesa de conseguir una sociedad mejor incluso —y, por tanto, su culpa, si las cosas no salían bien—. La aparente rutinización de los asuntos públicos en manos de una casta de supervisores benevolentes no implicaba necesariamente la apatía pública. En este sentido al menos, el pronóstico de Aron erraba el blanco. Y, así, la generación que alcanzó la mayoría de edad en este paraíso socialdemócrata de los anhelos de sus padres se sentía sumamente irritada y resentida por sus carencias. Un elocuente síntoma de esta paradoja puede advertirse —de forma bastante literal— en un área de planificación y obras públicas en la que el Estado progresista de ambos lados de la línea divisoria de la Guerra Fría se mostró extraordinariamente activo.

La combinación de crecimiento demográfico y rápida urbanización en la postguerra planteó un reto sin precedentes a los planificadores urbanísticos. En la Europa del Este, donde muchos centros urbanos habían quedado destruidos o medio abandonados al final de la guerra, veinte millones de personas se trasladaron del campo a las ciudades durante las dos primeras décadas de la postguerra. En Lituania, la mitad de la población ya vivía en ciudades en 1970; veinte años atrás esta cifra apenas alcanzaba el 28 por ciento. En Yugoslavia, donde la población rural descendió en un 50 por ciento entre la liberación y 1970, se produjo una enorme oleada de emigración del campo a las ciudades: entre 1948 y 1970 la capital croata, Zagreb, duplicó su tamaño: pasó de 280.000 habitantes a 566.000, al igual que la capital nacional, Belgrado, creció de los 368.000 a los 746.000.

Bucarest creció de 886.000 a 1.475.000 habitantes entre 1950 y 1970. En Sofía el número de habitantes se elevó de 435,000 a 877.000. En la URSS, donde la población urbana llegó a superar a la rural en 1961, Minsk —la capital de la República de Bielorrusia— pasó de 509.000 habitantes en 1959 a 907.000 solo doce años después. El resultado en todas estas ciudades, desde Berlín hasta Stalingrado, fue la clásica solución soviética de la era de la vivienda: kilómetros y kilómetros de edificios grises o marrones de cemento; baratos, rudimentariamente construidos, sin rasgos arquitectónicos característicos y desprovistos de cualquier lujo estético (o instalaciones públicas).

En aquellos lugares donde el casco urbano había sobrevivido indemne (como en Praga) o había sido cuidadosamente reconstruido a partir de antiguos planes (Varsovia, Leningrado), la mayoría de los nuevos edificios se ubicaron en los límites de la ciudad, donde formaban una larga fila de viviendas-dormitorio suburbanas que llegaban hasta el campo. En el resto —por ejemplo, la capital eslovaca de Bratislava— las nuevas barriadas se construyeron en pleno centro de la ciudad. En cuanto a las ciudades y localidades rurales más pequeñas, obligadas a absorber a las decenas de miles de antiguos campesinos reciclados ahora como mineros o trabajadores del acero, no tenían nada que conservar, y fueron transformadas, prácticamente de la noche a la mañana, en dormitorios industriales, privados incluso del encanto propio de los vestigios de una vieja ciudad. A los trabajadores de las granjas colectivas se los obligó a trasladarse a las agro-ciudades, de las que fue pionero Nikita Jruschov en la década de 1950 y que más tarde serían perfeccionadas por Nicolae Ceauşescu. Esta nueva arquitectura pública —la Escuela Técnica, la Casa de la Cultura, las oficinas del Partido— siguió exactamente el modelo precedente soviético: a veces conscientemente realista-socialista, siempre sobredimensionado, y rara vez atractivo.

La industrialización forzada, la colectivización rural y un agresivo desprecio hacia las necesidades privadas contribuyen a explicar la calamitosa planificación urbanística comunista. Pero los padres de las ciudades de Europa occidental no lo hicieron mucho mejor. Especialmente en la Europa mediterránea, la emigración masiva del campo a las ciudades ejerció una presión similar sobre los recursos urbanos. La ciudad de Atenas pasó de 1.389.000 habitantes en 1951 a 2.540.000 en 1971. La población de Milán creció de 1.260.000 a 1.724.000 en el mismo periodo; Barcelona de 1.280.000 a 1.785.000. En todos estos lugares, así como en ciudades más pequeñas del norte de Italia y en los barrios limítrofes en rápida expansión de Londres, París, Madrid, etcétera, los planificadores urbanísticos no daban abasto con la demanda. Al igual que sus coetáneos de las oficinas de planificación comunistas, su tendencia consistía en construir grandes bloques de viviendas homogéneas, ya fuera en los espacios creados por la guerra y la renovación urbana o en grandes solares de las afueras de las ciudades. En Milán y Barcelona, especialmente, donde la primera generación de emigrantes del sur de sus respectivos países empezaron a mudarse de sus barriadas chabolistas a altos edificios de apartamentos a lo largo de la década de 1960, el resultado fue lamentablemente parecido al del bloque soviético, pero con el inconveniente adicional de que muchos aspirantes a arrendatarios no podían permitirse alquilar un piso cerca de su lugar de trabajo, por lo que se veían obligados a realizar largos viajes diarios en unos medios de transporte público inadecuados, o bien en sus coches recién adquiridos, lo que sobrecargó aún más la infraestructura urbana.

Pero la característica fealdad de la arquitectura urbana de Europa occidental durante aquellos años no puede atribuirse exclusivamente a presiones demográficas. El «Nuevo Brutalismo» (como fue bautizado por el crítico arquitectónico Rayner Banham) no fue accidental o fruto del descuido. En Alemania Occidental, donde muchas de las principales ciudades del país fueron reconstruidas con una asombrosa falta de imaginación y visión, o en Londres, donde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Londres autorizó extensos proyectos de vivienda como el exageradamente lineal y desangelado complejo urbanístico Alton, en Roehampton, inspirado en Le Corbusier, la fealdad parecía casi deliberada, producto de un diseño cuidadoso. La espantosa Torre Velasca de Milán, un rascacielos de cemento armado construido entre 1957 y 1960 por un consorcio privado anglo-italiano, es un ejemplo característico del agresivo hipermodernismo de la época, en el cual el objetivo era romper toda atadura con el pasado. Cuando, en marzo de 1959, el Consejo de Edificación de Francia aprobó el diseño de la futura Torre Montparnasse, su informe concluía: «París no se puede permitir quedarse anclada en el pasado. En los años futuros, París debe someterse a grandes metamorfosis».

El resultado no fue solo la Torre Montparnasse (o su heredero natural, el espantoso complejo de edificios de La Défense) sino una sucesión de nuevas ciudades: múltiples bloques de viviendas de alta densidad (grands ensembles, como elocuentemente se los denominaría), carentes de oportunidades de empleo o servicios locales, empezaron a alinearse a las afueras de París. El primero y mejor conocido de ellos, en Sarcelles, al norte de París, pasó de una población de 8000 personas en 1954 a 35.000 siete años después. Carente de sentido sociológico y estético, recordaba a las ciudades-dormitorio de otros países (como el notablemente similar asentamiento de Lazdynai a las afueras de Vilnius, en Lituania) mucho más que a cualquier diseño o tradición urbana francesa.

Esta ruptura con el pasado fue deliberada. El «estilo» europeo tan admirado en otros ámbitos de la vida no se evidenció en absoluto en este aspecto. De hecho, se rehuyó conscientemente. La arquitectura de los años cincuenta y, especialmente, de los años sesenta, fue conscientemente ahistórica; rompió con el pasado en cuanto a diseño, escala y materiales (el acero, el cristal y el cemento armado fueron los preferidos[13]). El resultado no siempre fue necesariamente una arquitectura más imaginativa que la que le antecedió: por el contrario, los planes de «redesarrollo urbanístico» que transformaron la faz de tantas ciudades europeas durante estas décadas representaron un colosal fracaso.

En Gran Bretaña, como en los demás países, la «planificación» urbanística fue, en el mejor de los casos, táctica, nada más que parcheo provisional: no se diseñaron estrategias a largo plazo para integrar viviendas, servicios, trabajo y ocio (casi ninguna de las nuevas poblaciones y complejos de viviendas contaba con cines, y mucho menos instalaciones deportivas o un transporte público adecuado[14]). El objetivo era hacer desaparecer las barriadas urbanas y acomodar a la creciente población de una forma rápida y barata: entre 1964 y 1974 se levantaron 384 torres de pisos solo en Londres, muchas de las cuales serían abandonadas antes de veinte años. Una de las más descomunales, Ronan Point, en el East End londinense, tuvo de hecho el buen gusto de derrumbarse por sí misma en 1968.

A la arquitectura pública le fue algo mejor. El Centro Pompidou (un diseño de 1960, aunque no fue inaugurado hasta enero de 1977) —como el complejo de Les Halles, situado al oeste de aquel— tal vez llevara un cierto surtido de recursos culturales populares al centro de París, pero fracasó miserablemente a largo plazo a la hora de integrarse en el distrito en el que se encontraba y la vieja arquitectura de los alrededores. Lo mismo se puede decir del nuevo Instituto de Educación de la Universidad de Londres, ostentosamente instalado en Woburn Square, en el corazón de Bloomsbury —Roy Porter, el historiador de Londres, lo calificaría de «único en su monstruosidad»—. En un orden de cosas similar, el complejo del South Bank de Londres congregó un inestimable repertorio de artes interpretativas y servicios artísticos, pero su adusto y bajo alzado, sus desnudos callejones y sus descomunales fachadas de cemento constituyen un deprimente testimonio de lo que la crítica urbanística Jane Jacobs denominó «la plaga de lo gris».

Por qué los políticos y planificadores cometieron tantos errores sigue sin estar claro, incluso si se tiene en cuenta que tras las dos guerras mundiales y una larga depresión económica, el ansia por lo nuevo, por lo diferente y desconectado del pasado estaba justificada. No es que los ciudadanos de la época no fueran conscientes de la fealdad de su nuevo entorno: los gigantescos complejos de viviendas, torres de edificios y las nuevas ciudades nunca fueron del gusto de sus ocupantes, como estos manifestaban a quienquiera que estuviera interesado en preguntarlo. Puede que los arquitectos y los sociólogos no comprendieran que sus proyectos, tan solo una generación más tarde, favorecerían la marginación social y los grupos violentos, pero esta perspectiva resultaba bastante clara para los residentes. Incluso el cine europeo —que solo unos años antes había prestado una cariñosa y nostálgica atención a las viejas ciudades y a la vida urbana— se centró ahora en la fría y dura impersonalidad de las metrópolis modernas. Directores como Godard o Antonioni mostraron casi un placer sensual en filmar el mal gusto de los nuevos entornos urbanos e industriales en películas como Alphaville (1965) o El desierto rojo (1964).

Una víctima muy especial de la iconoclasia arquitectónica de la postguerra fue la estación de ferrocarril, la encarnación lapidaria de los logros victorianos y con frecuencia un monumento arquitectónico representativo por derecho propio. Las estaciones de tren también sufrieron en Estados Unidos (la destrucción de la estación de Pensilvania de Nueva York en 1966 todavía se recuerda como el momento cumbre del vandalismo oficial); pero los planificadores de las ciudades norteamericanas al menos tenían la excusa de que, constreñidas simultáneamente por el coche y el avión, las perspectivas del transporte ferroviario parecían bastante pesimistas. Pero en las circunstancias de superpoblación de un pequeño continente, el futuro del transporte por tren nunca se vio seriamente amenazado. Las estaciones demolidas en toda Europa fueron sustituidas por insípidos edificios carentes de atractivo que desempeñaban funciones idénticas. La destrucción de Euston Station en Londres, la Gare de Montparnasse de París o la elegante Anhalter Bahnhof de Berlín no obedecían a ningún propósito práctico y eran estéticamente injustificables.

La mera escala de destrucción urbana, el impulso paneuropeo de romper con el pasado y saltar en una sola generación de las ruinas a la ultramodernidad habría de acarrear su justo castigo (aminorado afortunadamente por la recesión de la década de 1970, que redujo los presupuestos tanto públicos como privados, poniendo fin a esta orgía renovadora). Ya en 1958, antes incluso de que el paroxismo de la renovación urbana alcanzara su apogeo, un grupo de conservacionistas británicos fundó la Sociedad Victoriana. Se trataba de una típica organización de voluntariado británica dedicada a identificar y proteger el amenazado patrimonio arquitectónico del país; pero, durante la década siguiente surgieron en toda Europa occidental otras iniciativas de inspiración similar, para presionar a los residentes, académicos y políticos a actuar conjuntamente para evitar pérdidas mayores. En los casos en que ya era demasiado tarde para salvar algún distrito o edificio concreto, trataban al menos de preservar lo poco que quedaba, como la fachada y el claustro interior del Palazzo delle Stelline, en el Corso Magenta de Milán: lo único que queda de un orfanato del siglo XVII, el resto del cual fue derruido a principios de la década de 1970.

Para la historia física de la ciudad europea, las décadas de 1950 y 1960 fueron verdaderamente terribles. El daño causado al tejido material de la vida ciudadana durante aquellos años constituye la cara oscura y solo a medias conocida de los «treinta años gloriosos» de desarrollo económico, en este sentido análogo al precio pagado en el siglo anterior por la urbanización industrial. Aunque en décadas posteriores se llevarían a cabo algunas rectificaciones —especialmente en Francia, donde una modernización planificada y una cuantiosa inversión en carreteras y redes de transporte supondría una clara mejora en la calidad de vida de algunos de los barrios periféricos más deprimentes—, el daño nunca pudo repararse del todo. Ciudades tan importantes como Francfort, Bruselas, y, sobre todo, Londres, descubrieron demasiado tarde que habían vendido su inalienable carácter urbano a cambio de un pastiche de brutalismo arquitectónico. Una de las ironías de la década de 1960 reside en que los despiadadamente «renovados» y reconstruidos paisajes urbanos de la época fueran profundamente rechazados, sobre todo, por los jóvenes que los habitaban. Puede que sus casas, calles, cafés, fábricas, oficinas, escuelas y universidades fueran modernas y radicalmente «nuevas». Pero salvo para los más privilegiados de ellos, el resultado fue un entorno percibido como feo, desangelado, agobiante, inhumano, y —utilizando un término que por entonces empezaba a ganar adeptos— «alienante». No resulta extraño en absoluto que cuando los bien alimentados, bien alojados, bien educados niños de los benevolentes Estados del bienestar crecieron y se rebelaron contra «el sistema», los primeros indicios tuvieran lugar en las residencias de cemento prefabricadas de la «ampliación del campus» de una impersonal universidad irracionalmente enclavada entre las torres de edificios y los atascos de tráfico de un abarrotado suburbio parisiense.

XII

El espectro de la revolución

Las relaciones sexuales comenzaron en 1963, entre el final de la prohibición de El amante de Lady Chatterley y el primer elepé de los Beatles.

PHILIP LARKIN

La revolución… la amábamos tanto.

DANIEL COHN-BENDIT

La rebelión de la burguesía arrepentida contra el proletariado complaciente y opresor es uno de fenómenos más raros de nuestro tiempo.

SIR ISAIAH BERLIN

Ahora todos los periodistas del mundo os lamen el culo […] pues yo no, queridos míos, tenéis cara de mocosos malcriados y os odio, como odio a vuestros padres […]. Cuando ayer en Valle Giulia golpeabais a la policía, yo simpatizaba con la policía porque ellos son hijos de los pobres.

PIER PAOLO PASOLINI (junio, 1968)

No estamos con Dubček. Estamos con Mao.

Eslógan estudiantil italiano, 1968

Los momentos de gran trascendencia cultural a menudo solo se aprecian desde la retrospectiva. Los años sesenta fueron distintos: la importancia trascendente que sus contemporáneos asignaron a su propia época —y a ellos mismos— constituyó uno de los rasgos peculiares de este periodo. Una parte importante de la década de 1960 se pasó, en palabras de The Who, «hablando de mi generación». Como veremos, no se trataba de una preocupación del todo irracional; aunque condujo, como era previsible, a algunas perspectivas distorsionadas. La década de 1960 tuvo sin duda extraordinarias consecuencias para la Europa moderna, pero no todo lo que entonces parecía importante ha dejado huella en la historia. El impulso autocomplaciente, iconoclasta —ya se reflejara en el modo de vestir o en las ideas— pasó muy rápidamente de moda; por el contrario, habrían de transcurrir varios años antes de que el giro verdaderamente revolucionario en la política y los asuntos públicos iniciado a finales de la década de 1960 pudiera hacerse realmente patente. Por otra parte, la geografía política de los años sesenta puede inducir a error, ya que los avances más importantes no siempre se produjeron en los lugares más conocidos.

A mediados de la década de 1960, el impacto social de la explosión demográfica de la postguerra se dejaba sentir ya en todas partes. Europa, como resultaba patente, estaba llena de jóvenes —en Francia, en 1968, la generación de los estudiantes, personas entre los 16 y los 24 años, sumaba ocho millones, lo que representaba el 16,1 por ciento del total de la población nacional—. En épocas anteriores, una explosión demográfica como esta hubiera dificultado enormemente el abastecimiento de comida de un país; y, aun en el caso de que hubiera sido posible alimentar a toda esta población, sus perspectivas laborales habrían sido bastante pesimistas. Pero en un momento de crecimiento y prosperidad económica, el principal problema al que se enfrentaban los Estados europeos no consistía en alimentar, vestir, alojar y proporcionar trabajo al creciente número de jóvenes, sino en educarlos.

Hasta la década de 1950, la mayoría de los niños europeos abandonaba la escuela al terminar la enseñanza primaria, normalmente entre los 12 y los 14 años. En muchos lugares, la propia enseñanza primaria obligatoria, introducida a finales del siglo XIX, se cumplía a duras penas —los hijos de los campesinos de España, Italia, Irlanda y los Estados precomunistas de la Europa del Este solían faltar a la escuela en primavera, verano y principios de otoño—. La enseñanza secundaria seguía constituyendo un privilegio reservado a las clases medias y altas. En la Italia de la postguerra, menos del 5 por ciento de la población completaba la enseñanza secundaria.

Adelantándose a las cifras futuras, y como parte de un ciclo más amplio de reformas sociales, los gobiernos de la Europa de la postguerra introdujeron una serie de importantes cambios educativos. En el Reino Unido, la edad de finalización de la escuela se elevó hasta los 15 años en 1947 (y a los 16 en 1972). En Italia, donde en la práctica la mayoría de los niños de los primeros años de la postguerra seguían dejando la escuela a los 11 años, la edad se elevó a los 14 en 1962. En Francia, que apenas contaba con 32.000 bacheliers (graduados en enseñanza secundaria) en 1950, la cifra se multiplicaría por cinco en el transcurso de los veinte años siguientes: en 1970 los bacheliers representaban el 20 por ciento de su grupo de edad.

Estos cambios educativos acarrearon consecuencias negativas. Hasta entonces, en la mayoría de las sociedades europeas, la línea divisoria se había situado entre los que dejaban la escuela después de haber aprendido a leer, escribir, cálculo aritmético básico y los hitos más importantes de la historia nacional (la inmensa mayoría) y los que permanecían en la escuela hasta los 17 o 18 años, obtenían el muy preciado certificado de enseñanza secundaria, y a renglón seguido se disponían a continuar con una formación profesional o a buscar empleo. Las grammar schools, los lycées y Gymnasiums de Europa habían estado reservados para una élite dirigente. Dichas instituciones, herederas de un currículum clásico antes inaccesible para los niños del entorno rural y los pobres de las ciudades, se abrían ahora a un colectivo cada vez mayor de jóvenes de toda extracción social. A medida que el número de niños que iniciaban y finalizaban los sistemas de educación secundaria iba en aumento, se abrió una brecha entre su mundo y el que sus padres habían conocido.

Este nuevo salto generacional, sin precedentes hasta aquel momento, constituyó una revolución social de facto y por derecho propio, si bien sus implicaciones se limitaban todavía al ámbito familiar. Pero a medida que decenas de miles de niños abarrotaron los centros de secundaria que a toda prisa se construían, con la importante presión que esto ejerció sobre el tejido físico y financiero de un sistema educativo diseñado para una época muy distinta, los planificadores empezaron a preocuparse por las consecuencias que tendrían estos cambios en lo que hasta entonces había constituido el reducto de una élite aún más selecta: las universidades.

Si antes de 1960 la mayoría de los europeos no habían visto nunca una escuela secundaria por dentro, menos aún se hubieran atrevido a soñar con asistir a la universidad. Las universidades tradicionales habían vivido una cierta expansión a lo largo del siglo XIX, así como un aumento de otras instituciones de educación superior, la mayoría de ellas dirigidas a la formación técnica. Pero la educación superior de la década de 1950 seguía limitada en Europa a unos pocos privilegiados, cuyas familias podían prescindir de los sueldos de sus hijos y mantenerlos en el colegio hasta los 18 años, además de pagar las matrículas exigidas tanto por las escuelas secundarias como por las universidades. Existían, por supuesto, las becas para los niños de clase baja y media. Pero salvo en las admirablemente meritocráticas e igualitarias instituciones de la Tercera y la Cuarta República Francesas, dichas becas rara vez cubrían los costes formales de la escolarización adicional; y en ningún caso compensaban la pérdida de ingresos.

A pesar de las inmejorables intenciones de la anterior generación de reformistas, Oxford, Cambridge, la École Normale Supérieure, las universidades de Bolonia o Heidelberg y el resto de los antiguos establecimientos de enseñanza quedaban fuera del alcance de la mayoría de la gente. En 1949 había 15.000 estudiantes universitarios en Suecia y 20.000 en Bélgica. En toda España había solo 50.000 estudiantes universitarios, y en el Reino Unido menos del doble de dicha cifra (de una población de 49 millones). La población estudiantil francesa de aquel año apenas superaba los 130.000. Pero ahora que Europa estaba en la cúspide de la enseñanza secundaria masiva, la presión para expandir también la enseñanza superior se haría pronto irresistible. Muchas cosas tendrían que cambiar.

En primer lugar, Europa iba a necesitar muchas más universidades. En muchos lugares no existía un «sistema» de educación superior como tal. Numerosos países habían heredado una red arbitrariamente configurada de instituciones independientes: una infraestructura de establecimientos pequeños, antiguos, oficialmente autónomos, destinados a admitir como máximo a unos cuantos cientos de alumnos cada año, y frecuentemente situados en ciudades de provincias con escasas o nulas infraestructuras públicas. Dichos centros no tenían espacio para expandirse, y sus aulas, laboratorios, bibliotecas y edificios residenciales (caso de haberlos) eran incapaces de alojar a miles de jóvenes.

La típica ciudad universitaria europea —Padua, Montpellier, Bonn, Lovaina, Friburgo, Cambridge, Uppsala— era pequeña y normalmente se encontraba a escasa distancia de algún importante centro urbano (por lo que habían sido deliberadamente elegidas muchos siglos antes): la Universidad de París constituía la única excepción, si bien muy importante. La mayoría de las universidades europeas carecían de campus en el sentido norteamericano (en este punto, la excepción evidente la constituían las universidades británicas, sobre todo Oxford y Cambridge) y se hallaban físicamente integradas en sus entornos urbanos: sus estudiantes vivían en la ciudad y dependían de sus residentes para cubrir sus necesidades de alojamiento y servicios. Por encima de todo y, en muchos casos, a pesar de sus varios cientos de años de existencia, las universidades de Europa no contaban apenas con recursos materiales propios, sino que dependían absolutamente de la ciudad o el Estado para su financiación.

Si la enseñanza superior en Europa debía responder a tiempo al aumento demográfico que se abría paso a través de la enseñanza primaria y secundaria, la iniciativa tenía que proceder de la administración central. En Gran Bretaña, y en menor medida en Escandinavia, el problema se resolvió con la construcción de nuevas universidades en terrenos «rurales» situados a las afueras de las ciudades de provincia y capitales de condado: Colchester o Lancaster en Inglaterra, Aarhus en Dinamarca. Para cuando empezó a llegar la primera generación que completó la secundaria, estas nuevas universidades, aunque arquitectónicamente impersonales, al menos estuvieron acabadas para satisfacer el aumento de la demanda de plazas —y proporcionar una salida profesional a un número cada vez mayor de licenciados en busca de puestos de trabajo en la enseñanza.

En lugar de abrir estas nuevas universidades a una potencial entrada masiva de estudiantes, los planificadores educativos británicos prefirieron integrarlas en el antiguo sistema elitista. Así pues, las universidades preservaron el derecho a seleccionar o rechazar alumnos en el momento de la admisión: solo los candidatos que alcanzaran un determinado nivel en los exámenes realizados al término de la enseñanza secundaria en el ámbito nacional podían aspirar a ser admitidos en la universidad, y cada universidad era libre de ofrecer sus plazas a quienes ellas desearan —y aceptar solo un número de alumnos del que pudiera hacerse cargo—. En el Reino Unido los alumnos continuaron siendo una minoría privilegiada (no superior al 6 por ciento del total de su grupo de edad en 1968) y las consecuencias a largo plazo fueron incuestionablemente regresivas desde el punto de vista social. Pero para este reducido grupo de afortunados, el sistema funcionaba perfectamente, y los mantenía aislados de la mayoría de los problemas a los que se enfrentaban sus homólogos en el resto de Europa.

Porque en el continente, la enseñanza superior avanzaba en una dirección muy distinta. En la mayoría de los Estados de Europa occidental nunca habían existido impedimentos para el paso de la enseñanza secundaria a la superior: si se aprobaba el examen nacional que marcaba el fin de la enseñanza secundaria se tenía automáticamente derecho a entrar en la universidad. Hasta finales de la década de 1950 esto no había representado ninguna dificultad: el número de alumnos era pequeño, y las universidades no tenían por qué temer a la masificación estudiantil. En todo caso, antiguas convenciones hacían que en la mayoría de las universidades del continente los estudios académicos estuvieran en no poca medida separados y desestructurados. Los arrogantes e inaccesibles catedráticos pronunciaban conferencias formales en salas llenas de estudiantes anónimos que apenas se sentían presionados a terminar sus licenciaturas en unos plazos determinados, y para los cuales ser estudiante constituía tanto un rito social de paso como un medio para la formación académica[1].

En lugar de construir nuevas universidades, la mayoría de los planificadores estatales de Europa se limitaron a decretar la expansión de las ya existentes. Al mismo tiempo, no impusieron impedimentos adicionales ni ningún sistema de preselección. Por el contrario, y guiados por las mejores intenciones, con frecuencia eliminaron los que quedaban —en 1965 el Ministerio de Educación italiano abolió los exámenes de entrada y el númerus clausus—. La enseñanza superior, que antaño fuera un privilegio, ahora sería un derecho. El resultado fue catastrófico. En 1968 la Universidad de Bari, por ejemplo, cuyo número de alumnos matriculados solía rondar los 5000, trataba de dar cabida a un contingente de estudiantes superior a los 30.000. La Universidad de Nápoles, aquel mismo año, tenía 50.000 alumnos y la de Roma 60.000. Estas tres universidades, por sí solas, sumaban una población estudiantil total superior a la de toda Italia solo 18 años antes; muchos de sus alumnos nunca llegarían a licenciarse[2].

A finales de la década de 1960 uno de cada siete jóvenes italianos iba a la universidad (diez años antes, la proporción era de uno de cada veinte). En Bélgica la cifra era de uno de cada seis. En Alemania Occidental, donde en 1950 había 108.000 universitarios, y donde las universidades tradicionales ya empezaban a sufrir los efectos de la masificación, había casi 400.000 a finales de la década de 1960. En Francia, en 1967, el número de estudiantes universitarios era igual al de los alumnos de los liceos en 1956. Por toda Europa el número de estudiantes era mayor que nunca —al tiempo que la calidad de su experiencia académica se deterioraba rápidamente—. Todo estaba masificado —las bibliotecas, los colegios mayores, las aulas, los refectorios— y en un estado claramente peor (incluso, y de hecho especialmente, si era nuevo). El gasto en educación de los gobiernos de la postguerra, que en todas partes había aumentado considerablemente, se había concentrado en la dotación de centros de primaria y secundaria, equipamiento y profesorado. Sin duda se trataba de la elección correcta y, en todo caso, la que determinaba la política electoralista. Pero conllevó un precio.

En este punto merece la pena recordar que todavía en 1968 la mayoría de los jóvenes, en todos los países europeos, no eran estudiantes (detalle que tiende a pasarse por alto en las descripciones de este periodo), especialmente si sus padres eran campesinos, trabajadores, obreros no cualificados o inmigrantes, ya fuera de provincias o del extranjero. Esta mayoría de no estudiantes vivió la década de 1960 de un modo necesariamente distinto: especialmente a finales de la década, cuando tantas cosas parecían estar pasando en y alrededor de las universidades. Sus opiniones, y especialmente sus ideas políticas, no deberían inferirse de las de sus coetáneos universitarios. No obstante, en otros aspectos, los jóvenes compartían lo que ya entonces constituía una cultura propia y común.

Cada generación ve el mundo como algo nuevo. La generación de los años sesenta vio el mundo como algo nuevo y joven. A lo largo de la historia, la mayoría de los jóvenes han entrado en un mundo lleno de personas mayores, donde estas ocupaban los puestos de influencia y servían de ejemplo. Para la generación de mediados de los años sesenta, sin embargo, las cosas fueron diferentes. El ecosistema cultural estaba evolucionando a un ritmo mucho más rápido que en el pasado. La distancia que separaba a una generación numerosa, próspera, mimada, segura de sí misma y culturalmente autónoma de la generación de sus padres, insólitamente poco numerosa, insegura, marcada por la Depresión y devastada por la guerra, era mayor que la distancia que suele haber entre distintos grupos de edades. Como mínimo, a muchos jóvenes les parecía haber nacido en una sociedad que, aun a regañadientes, se estaba transformando —en sus valores, su estilo, sus normas— ante sus ojos y a instancias suyas. La música popular, el cine y la televisión estaban llenos de gente joven y cada vez se dirigían más a este tipo de público y de mercado. En 1965 había programas de radio y televisión, revistas, tiendas, productos e industrias enteras cuya existencia se debía exclusivamente a los jóvenes y que por tanto dependían de esta clientela.

Aunque la cultura juvenil de cada país tiene sus iconos e instituciones propios, y sus puntos de referencia exclusivamente locales (el 22 de junio de 1963 la Fête des Copains celebrada en la Place de la Nation de París constituyó el acto fundacional de la cultura juvenil de los años sesenta en Francia y sin embargo pasó casi completamente desapercibida en los demás países), muchas de las formas populares de cultura de esta época fluyeron con una facilidad sin precedentes a través de las fronteras nacionales. La cultura de masas se estaba convirtiendo en internacional por definición. Una tendencia (en la música o en el vestir) podía comenzar en el mundo angloparlante, a menudo en la propia Inglaterra, y luego avanzar hacia el sur y hacia el este, facilitada por una cultura cada vez más visual (y por tanto internacional), y solo en ocasiones obstaculizada por alternativas locales o, más frecuentemente, por la intervención política[3].

Las nuevas modas iban forzosamente dirigidas a los jóvenes que gozaban de una situación más desahogada: los hijos de las familias blancas de clase media europeas, que podían permitirse comprar discos, entradas para conciertos, zapatos, ropa, maquillaje y llevar un corte de pelo a la moda. Pero el aspecto de estos artículos rompía radicalmente con las pautas convencionales. Los músicos de más éxito del momento —los Beatles y sus imitadores— tomaban sus ritmos de los guitarristas de blues americanos (la mayoría de ellos negros) y los acompañaban del lenguaje y las vivencias de la clase trabajadora británica[4]. Esta combinación tan original se convertiría luego en la cultura autóctona y transnacional de la juventud europea.

El contenido de la música popular era muy importante, pero su forma contaba aún más. En la década de 1960 la gente prestaba una atención especial al estilo. Podría pensarse que esto no era tampoco nuevo. Pero lo que sí constituyó una peculiaridad de la época fue que el estilo podía sustituir directamente al contenido. La música popular de los años sesenta era insubordinada en su tono, en su forma de ejecución —aunque sus letras a menudo resultaban anodinas y en el mejor de los casos el público extranjero las entendía solo a medias—. En Austria, tocar o escuchar música pop británica o norteamericana constituía una falta de respeto hacia los atónitos padres, de la generación de Hitler; lo mismo cabría decir, mutatis mutandis, de Hungría o Checoslovaquia. La música, por decirlo así, protestaba por ti.

Si la cultura musical predominante de los años sesenta parecía tratar del sexo —al menos hasta que inició un breve viraje hacia la droga y la política—, esto también obedeció en gran parte a una cuestión de estilo. La mayoría de la gente joven vivía separada de sus padres, desde una edad más temprana que nunca hasta aquel momento. Y los anticonceptivos eran cada vez más seguros, legales y fáciles de conseguir[5]. La exhibición pública del cuerpo desnudo y el reflejo de una despreocupación sexual evidente en el cine y la literatura se hacían cada vez más comunes, al menos en la Europa noroccidental. Por todo ello, la generación anterior estaba convencida de que las barreras sexuales se habían venido abajo por completo —y a sus hijos les encantaba alimentar esta pesadilla.

En realidad la «revolución sexual» de la década de 1960 no constituyó más que un espejismo para la inmensa mayoría de la gente, tanto joven como mayor. Por lo que nos consta, los intereses y las prácticas sexuales de la mayoría de los jóvenes europeos no cambiaron tan rápida ni tan radicalmente como sus contemporáneos se complacen en afirmar. Según muestran las encuestas de la época, ni siquiera la vida sexual de los estudiantes era muy diferente de la de generaciones anteriores. El estilo sexualmente liberado de los años sesenta se solía comparar con el de los años cincuenta, descrito (de forma un tanto inexacta) como un periodo de rectitud moral y rígidas limitaciones emocionales. Pero si se compara con el de la década de 1920, o con el fin de siglo europeo, o con los bajos fondos de París, los «acelerados años sesenta» fueron en realidad bastante insulsos.

El énfasis en el estilo hizo que la generación de los años sesenta se preocupara con inusual insistencia en parecer diferente. La ropa, el peinado, el maquillaje y todo lo que entonces seguía denominándose «accesorios de moda» se convirtió en un importante marchamo de identificación generacional y política. Londres fue la cuna de todas estas tendencias: el gusto europeo en el vestir, la música, la fotografía, las modelos, la publicidad e incluso las revistas de mayor tirada encontraron allí su inspiración. Si se tiene en cuenta la consolidada reputación británica en el diseño monótono y la construcción de mala calidad, esto constituyó un cambio inverosímil, una juvenil inversión de la tradición en este orden de cosas, que no duraría mucho. Pero el falso amanecer del «Swinging London» —como lo bautizaría la revista Time en abril de 1966— proyectó una luz claramente distinta sobre aquel periodo.

En 1967, en la capital británica había más de 2000 tiendas que se autodenominaban «boutiques». La mayoría de ellas no eran más que burdas imitaciones de las tiendas de ropa que habían brotado por toda Carnaby Street, antiguo lugar de encuentro de homosexuales masculinos ahora reciclado en epicentro de la moda tanto para homosexuales como heterosexuales. En París la boutique de ropa New Man, la primera imitación francesa de la revolución indumentaria, se inauguró el 13 de abril de 1965 en la rue de l’Ancienne Comédie. Un año después habían seguido su ejemplo otras muchas tiendas, todas ellas con nombres británicos: Dean, Twenty, Cardiff, etcétera.

El estilo Carnaby Street, clonado en toda Europa occidental (si bien menos en Italia que en los demás países), se caracterizaba por los conjuntos coloridos y ajustados, de inspiración andrógina y deliberadamente mal adaptados a las personas mayores de treinta años. Los pantalones estrechos de pana roja y las camisas negras ajustadas de «New Man» se convirtieron en el uniforme básico de los manifestantes callejeros de París durante los siguientes tres años, y fue copiado con profusión en todas partes. Al igual que todo lo que rodeaba a los años sesenta, esta moda estaba hecha por y para hombres; pero las mujeres jóvenes también podían usarla y así lo hacían, cada vez más. Incluso las principales casas de modas de París se vieron afectadas: a partir de 1965, los modistos de la ciudad fabricaron más pantalones que faldas.

También redujeron su producción de sombreros. Resulta sintomático de la primacía del mercado juvenil que el pelo sustituyera a los sombreros como máxima expresión de la propia personalidad, y se dejara los sombreros tradicionales para ocasiones formales de los «ancianos[6]». Sin embargo no desaparecieron. En una segunda fase de la transición indumentaria, los alegres colores primarios del atuendo de estilo «mod» (heredado de finales de los cincuenta) fueron desplazados por unas prendas exteriores más «serias», que reflejaban un giro similar en la música. La ropa joven ahora se diseñaba y comercializaba sin perder de vista sus fuentes de inspiración «proletarias» y «radicales»: no solo para los vaqueros y las «camisas de trabajo», sino también para las botas, chaquetas oscuras y gorras de piel tipo «Lenin» (u otras variantes forradas de fieltro, que recordaban a las «gorras Kossuth» de los insurgentes húngaros del siglo XIX). Esta moda de índole deliberadamente política nunca llegó a calar en Gran Bretaña, pero a finales de la década era prácticamente el uniforme oficial de los radicales alemanes e italianos y de sus seguidores estudiantiles[7].

A caballo entre ambas modas, llegaron las prendas de inspiración gitana de los hippies. En contraste con el estilo «Carnaby Street» y el estilo «macarra», de origen europeo, el look hippie —confusamente utópico en su ética no occidental, «contracultural» y asexual, ostentosamente no consumista—, era de importación norteamericana. Su utilidad comercial era evidente, y muchos de los puntos de venta que habían brotado por doquier para satisfacer la demanda de ropa ajustada y corte rectilíneo de mediados de los años sesenta pronto se pusieron a trabajar de firme para adaptar sus stocks a la nueva tendencia. Incluso durante algún breve tiempo trataron de comercializar el «look Mao». Consistente en chaquetas sin hechuras, de cuello recortado, sin solapas, combinadas con la omnipresente gorra «proletaria», el look Mao combinaba perfectamente distintos aspectos de los tres estilos, especialmente si se le complementaba con el «accesorio» del Pequeño Libro Rojo con las revolucionarias reflexiones del dictador chino. Pero, a pesar de La Chinoise, la película dirigida por Godard en 1967 en la que un grupo de estudiantes franceses estudian diligentemente a Mao y tratan de seguir su ejemplo, el «look Mao» tuvo un seguimiento minoritario, incluso entre los «maoístas».

La política contracultural y sus símbolos adoptaron una línea más dura a partir de 1967, por asociación con los idealizados relatos de los insurgentes de la guerrilla «tercermundista». Pero, aun así, nunca llegó a calar en Europa. La extraordinaria resurrección de la figura del Che Guevara, plasmada en los pósters con su imagen martirizada e inspirada en Jesucristo, tan popular entre los adolescentes incomprendidos, no debería conducirnos a engaño: en Europa los años sesenta siempre fueron eurocéntricos. Incluso la «revolución hippy» nunca llegó a cruzar del todo el Atlántico. Como mucho, llegó hasta las orillas de Gran Bretaña y Holanda, y dejó a su paso cierto sedimento en forma de una cultura de la droga que llegó a penetrar más en estos países que en ningún otro lugar, y un disco de larga duración extraordinariamente original.

El lado frívolo de la década de 1960 —la moda, la cultura pop, el sexo— no debería desdeñarse como mera fanfarria. Era la nueva manera que tenía una generación de romper con la época de sus abuelos, la gerontocracia (Adenauer, De Gaulle, Macmillan —y Jruschov—) que todavía dirigía los asuntos del continente. Sin duda, los aspectos más llamativos, más impostados de los años sesenta —la autoindulgencia narcisista que para siempre quedará asociada a esta era— transmiten una imagen de falsedad si se analizan en conjunto. Pero en su día, y para los que participaban de ellos, parecían nuevos y refrescantes. Incluso el frío y duro brillo del arte contemporáneo, o las cínicas películas de los años sesenta, parecían refrescantes y auténticas tras el confortable artificio burgués del pasado reciente. Las solipsistas pretensiones de la época —que los jóvenes cambiarían el mundo «yendo a su bola», «viviendo el momento» y «haciendo el amor y no la guerra»— siempre fueron una ilusión, y no han resistido bien el paso del tiempo. Pero no fue la única ilusión de aquel momento, ni mucho menos la más estúpida.

La década de 1960 fue la gran era de la Teoría. Es importante aclarar lo que esto significa: evidentemente no se refiere al trabajo y los enormes avances que se estaban realizando en la bioquímica, la astrofísica o la genética, dado que esto lo ignoraban los no especialistas. Ni describe tampoco un renacimiento del pensamiento social europeo: a mediados del siglo XX no surgieron pensadores sociales comparables a Hegel, Comte, Marx, Mill, Weber o Durkheim. La «Teoría» no significaba tampoco filosofía: los filósofos de Europa occidental más conocidos de la época —Bertrand Russell, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Benedetto Croce, Maurice Merleau-Ponty, Jean Paul Sartre— estaban muertos, eran demasiado viejos o bien estaban comprometidos con otras cosas, y los pensadores más importantes de la Europa del Este —Jan Patočka o Leszek Kołakowski— todavía eran desconocidos fuera de sus propios países. En cuanto a la brillante generación de economistas, filósofos y pensadores sociales que había florecido en Europa central antes de 1934, la mayoría de sus supervivientes se habían exiliado con carácter permanente a Estados Unidos, Gran Bretaña o las antípodas, donde constituyeron el núcleo intelectual de la erudición «anglosajona» en sus respectivos campos.

En su nueva y moderna acepción, la «Teoría» significaba algo muy distinto. En gran medida estaba relacionada con «interrogarse» (un término artístico contemporáneo) sobre el método y los objetivos de las disciplinas académicas, especialmente de las ciencias sociales —historia, sociología, antropología— pero también de las humanidades, e incluso, años más tarde, de las ciencias experimentales. En una época de enorme expansión de las universidades, con publicaciones, revistas y conferenciantes deseosos de «seguimiento», emergió un mercado de «teorías» de todo tipo —estimuladas no por una mejora de la oferta intelectual, sino más bien por una demanda insaciable del consumo.

En la vanguardia de la revolución teórica estaban las disciplinas académicas de historia y las más indulgentes ciencias sociales. La renovación del estudio histórico en Europa había comenzado una generación antes: la Economic History Review y Annales: Économies, Sociétés, Civilizations, cuyo proyecto revisionista ya quedaba implícito en el título, se fundaron en 1929. En la década de 1950 aparecieron el Grupo de Historiadores del Partido Comunista de Gran Bretaña, la influyente revista de historia social titulada Past & Present, el departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y la escuela de Historia Social creada en torno a Hans-Ulrich Wehler en la Universidad de Bielefeld, en Alemania Occidental.

El saber generado por los hombres y mujeres asociados con estos grupos e instituciones no era necesariamente iconoclasta; de hecho, a pesar de su muy alta calidad en general, metodológicamente era a menudo bastante convencional. Pero sí era deliberadamente interpretativo, normalmente desde una posición no dogmática pero de tendencias inequívocamente izquierdistas. Se trataba de una historia determinada por la teoría social y por la insistencia en la importancia de la clase social, especialmente de las clases más bajas. La cuestión no era solo narrar o incluso explicar un momento histórico dado, sino revelar su significado más profundo. Esta línea de estudio histórico parecía acortar la distancia entre el pasado y el presente, entre la especulación intelectual y el compromiso contemporáneo, y una nueva generación de estudiantes adoptó (y, con bastante frecuencia, malinterpretó) esta perspectiva.

Pero, a pesar de su aplicación política, la historia es una disciplina especialmente impermeable a la elevada especulación teórica: cuanto más interviene la Teoría, más se retrae la historia. Aunque alguno de los principales historiadores de la década de 1960 llegó a adquirir un carácter icónico en sus últimos años, ninguno de ellos, por subversivas que fueran sus teorías, se erigió en gurú cultural. A otras disciplinas les fue mejor —o peor, según el punto de vista de cada uno—. Inspirándose en una línea anterior de especulación en el terreno de la lingüística, los antropólogos culturales —encabezados por Lévi-Strauss— propusieron una nueva explicación globalizada de las variaciones y las diferencias entre las distintas sociedades. Lo que importaba no eran los usos sociales o los síntomas culturales, sino la esencia interna, la estructura profunda de los asuntos humanos.

El «estructuralismo», como dio en llamarse, ejercía una poderosa seducción. Como forma de clasificar la experiencia humana, guardaba un estrecho parecido con la escuela historicista de los Annales —cuyo exponente más conocido en aquel momento, Fernand Braudel, había adquirido su reputación con el estudio de la longue durée, una visión a vuelo de pájaro de la historia que describía los lentos cambios geográficos y de las estructuras sociales a lo largo de extensos periodos de tiempo— y que, por tanto, encajaba perfectamente en el estilo académico de la época. Pero lo que revestía mayor importancia era la accesibilidad inmediata que el estructuralismo ofrecía a los intelectuales y a los no expertos. Como los admiradores de Lévi-Strauss de otras disciplinas relacionadas explicaban, el estructuralismo no era siquiera una teoría representacional: los códigos o «signos» sociales que describía no se relacionaban con ninguna persona, lugar o hecho concreto, sino sencillamente con otros signos, con los que formaba un sistema cerrado. Por tanto, no estaba sujeto a la comprobación o desaprobación empírica —en el estructuralismo no podía demostrarse nunca que algo estuviera equivocado— y la iconoclasta ambición de sus afirmaciones, unidas a su impermeabilidad a la contradicción, garantizaban un público numeroso. Cualquier cosa podía explicarse como una combinación de «estructuras»: como Pierre Boulez explicó al titular uno de sus trabajos Estructuras, «esta es la palabra clave de nuestro tiempo».

A lo largo de la década de 1960 emergió toda una plétora de estructuralismos aplicados: en antropología, historia, sociología, psicología, ciencia política y, por supuesto, literatura. Sus representantes más conocidos —generalmente los que sabían combinar en las dosis adecuadas la audacia de su erudición con un talento natural para la autopromoción— se convirtieron en celebridades internacionales, con la buena fortuna de que su entrada en el candelero intelectual coincidió con el inicio del fenómeno de la televisión como medio de masas. Puede que en alguna época anterior Michel Foucault hubiera sido una estrella de los salones y las salas de conferencias parisienses, como lo había sido Henri Bergson cincuenta años antes. Pero cuando, tras su publicación en 1966, se vendieron 20.000 ejemplares de Les Mots et les Choses en solo cuatro meses, la celebridad le llegó casi de la noche a la mañana.

El propio Foucault renegaba de la etiqueta de «estructuralista», al igual que Albert Camus siempre había insistido en que él nunca había sido «existencialista» y que en realidad ni siquiera conocía el significado del término[8]. Pero como incluso Foucault se hubiera visto obligado a admitir, daba igual lo que él pensara. El «estructuralismo» era ya un término acuñado para cualquier narración ostentosamente subversiva del pasado o del presente en la que las explicaciones y las categorías lineales resultaran alteradas y sus supuestos cuestionados. Más importante aún, los «estructuralistas» eran personas que minimizaban o incluso negaban el papel de los individuos y de la iniciativa individual en los asuntos humanos[9].

Pero, a pesar de sus variadas aplicaciones, la idea de que todo está «estructurado» dejaba un aspecto vital sin explicar. Para Fernand Braudel o Claude Lévi-Strauss, e incluso Michel Foucault, el objetivo era descubrir el funcionamiento profundo de un sistema cultural. Al margen de que esto constituyera o no un impulso intelectual subversivo —en el caso de Braudel, desde luego no lo era—, lo cierto es que pasaba por alto o minimizaba el cambio y la transición. En especial, los acontecimientos políticos decisivos se resistían a este enfoque: se podía explicar por qué las cosas tenían que cambiar en un momento dado, pero no quedaba claro cómo lo hacían, o por qué los actores sociales individuales optaban por facilitar el proceso. Como interpretación de la experiencia humana, cualquier teoría que dependiera de un conjunto de estructuras del que se había eliminado la posibilidad de elección humana se veía por tanto obstaculizada por sus propios supuestos. El estructuralismo, aunque intelectualmente subversivo, era políticamente pasivo.

El impulso juvenil de los años sesenta no consistía en entender el mundo; como Marx apuntaba en su por entonces tan citada Undécima tesis sobre Feuerbach, escrita cuando solo tenía 26 años: «Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, de diferentes modos; sin embargo, de lo que se trata es de cambiarlo». En lo referente a cambiar el mundo, solo había una gran teoría que pareciera relacionar una interpretación del mundo con un proyecto global de cambio; solo una narración universal que diera sentido a todo y a la vez dejara lugar a la iniciativa humana: el proyecto político del propio marxismo.

Las afinidades intelectuales y las obsesiones políticas de los años sesenta en Europa solo cobran sentido a la luz de esta continua fascinación por Marx y el marxismo. Como Jean Paul Sartre expresó en 1960 en su Crítica de la razón dialéctica: «Considero el marxismo como la filosofía insuperable de nuestro tiempo». Esta fe inquebrantable de Sartre no era universalmente compartida, pero en todo el espectro político se compartía la idea de que quienquiera que deseara entender el mundo, debía estudiar en profundidad el marxismo y su legado político. Raymond Aron —coetáneo, antiguo amigo y némesis intelectual de Sartre— fue anticomunista toda su vida. Pero también él reconocía abiertamente (con una mezcla de tristeza y resignación) que el marxismo era la idea dominante de la era: la religión secular de su época.

Entre 1956 y 1968 el marxismo vivió —y, de hecho, prosperó— en Europa con sus constantes vitales al mínimo. El comunismo estalinista había caído en desgracia gracias a las revelaciones y los acontecimientos de 1956. Los partidos comunistas de Occidente eran políticamente irrelevantes (en Escandinavia, Gran Bretaña, Alemania Occidental y los Países Bajos), pasaban por un evidente declive (en Francia) o bien, como en el caso italiano, luchaban por distanciarse de su herencia moscovita. El marxismo oficial, tal y como se había encarnado en la historia y las enseñanzas de los partidos leninistas, estaba en gran parte desacreditado —especialmente en los territorios en los que continuaba gobernando—. Incluso aquellos que en Occidente optaban por votar a los comunistas evidenciaban poco interés por el tema.

Al mismo tiempo existía un difundido interés intelectual y académico por aquellas partes de la herencia marxista que podían diferenciarse de la versión soviética y salvarse de su naufragio moral. Desde la muerte del fundador, habían existido sectas y escisiones marxistas y marxistizantes —bastante antes de 1914 había habido pequeños partidos políticos que se proclamaban los verdaderos herederos—. Algunos de ellos, como el Partido Socialista de Gran Bretaña (PSGB), aún existían, y alardeaban de su virginidad política y afirmaban su única y correcta interpretación de los textos marxistas[10]. Pero la mayoría de los movimientos, círculos, clubes y sociedades marxistas de finales del siglo XIX habían sido absorbidos por los partidos socialistas y laboristas que se unificaron entre los años 1900 y 1910. Los enfrentamientos marxistas de la época moderna tienen sus raíces en el cisma leninista que se produciría posteriormente.

Fueron las luchas entre facciones de los primeros años del gobierno soviético las que dieron lugar a la «herejía» marxista más duradera, la de Trotski y sus seguidores. Un cuarto de siglo después del asesinato de Trotski en México a manos de un asesino estalinista (y no en poca medida a causa de ello), podían encontrarse partidos trotskistas en todos los países de Europa donde no estuvieran explícitamente prohibidos. Solían ser pequeños y estar dirigidos, a imagen de su epónimo fundador, por un líder carismático y autoritario que dictaba su doctrina y sus tácticas. Su estrategia característica consistía en el «entrismo», es decir, en introducirse y trabajar desde dentro de las grandes organizaciones de izquierdas (partidos, sindicatos, sociedades académicas) para colonizarlos o impulsar sus políticas y sus alianzas en la dirección marcada por Trotski y sus teorías.

Para el observador externo, los partidos trotskistas —y la evanescente Cuarta Internacional (de los Trabajadores) a la que estaban afiliados— parecían curiosamente indiferenciables de los comunistas, con los que les unía una similar lealtad a Lenin y de los que solo les separaba la historia sangrienta de la lucha de poder entre Trotski y Stalin. En cuanto al dogma, había un elemento diferenciador crucial —los trotskistas continuaban hablando de «revolución permanente» y acusaban a los dirigentes comunistas de haber abortado la revolución de los trabajadores confinándola a un solo país—, pero en otros aspectos la única diferencia evidente era que el historial trotskista era un absoluto fracaso.

Era este mismo fracaso, por supuesto, el que los posteriores seguidores de Trotski encontrarían tan atractivo. El pasado podía resultar desalentador, pero su análisis de lo que había ido mal —la revolución soviética había sido secuestrada por una reacción burocrática análoga al golpe termidoriano que acabó con los jacobinos en 1794— les garantizaría, según creían, el éxito en un futuro próximo. Sin embargo, Trotski también había quedado impregnado del tufillo del poder —después de todo, había desempeñado un papel crucial en los primeros años del régimen soviético y era en cierta medida responsable de algunas de sus desviaciones—. Para una nueva e inocente generación política, los fracasos verdaderamente atractivos eran los de los líderes perdidos del comunismo europeo, los hombres y mujeres que nunca habían tenido la oportunidad de ejercer ninguna responsabilidad política en absoluto.

Por tanto, la década de 1960 fue testigo del redescubrimiento de Rosa Luxemburgo, la socialista judío-polaca asesinada por los soldados de los Frei Korps alemanes en la fallida revolución de Berlín de 1919; György Lukács, el pensador comunista húngaro cuyos escritos políticos de la década de 1920 ofrecieron durante un breve tiempo una alternativa a las interpretaciones comunistas oficiales de la historia y la literatura antes de que fuera obligado públicamente a abjurar de ellas; y, sobre todo, Antonio Gramsci, el cofundador del Partido Comunista Italiano y autor de una serie de brillantes documentos no publicados sobre política revolucionaria e historia italiana, la mayoría de ellos escritos en las prisiones fascistas en las que fue languideciendo desde 1926 hasta su muerte, a los 46 años, en abril de 1937.

En el curso de la década de 1960 los tres fueron abundantemente reeditados, o editados por vez primera, en numerosos idiomas. Tenían poco en común, y la mayoría de lo que compartían era negativo: ninguno había ejercido el poder (salvo en el caso de Lukács como comisario de Cultura durante la breve dictadura de Béla Kun en Budapest, de marzo a agosto de 1919); todos ellos habían estado en desacuerdo en algún determinado momento con las prácticas leninistas (en el caso de Luxemburgo, incluso antes de que los bolcheviques tomaran el poder); y los tres, como tantos otros, habían caído en un largo olvido a la sombra de la teoría y la práctica comunista oficial.

La exhumación de los escritos de Luxemburgo, Lukács, Gramsci y otros marxistas olvidados de principios del siglo XX[11] fue acompañada del redescubrimiento del propio Marx. De hecho, el desenterramiento de un Marx nuevo y ostensiblemente muy distinto fue crucial para la atracción del marxismo durante aquellos años. El «viejo» Marx era el Marx de Lenin y Stalin: el científico victoriano cuyos escritos neopositivistas anticipaban y autorizaban el centralismo democrático y la dictadura del proletariado. Incluso aunque a este Marx no pudiera considerársele directamente responsable de los usos que se le habían dado a sus escritos de la madurez, estaba irrevocablemente asociado a ellos. Fuera al servicio del comunismo o de la socialdemocracia, pertenecían a la vieja izquierda.

La nueva izquierda, como comenzó a llamársela en 1965, buscó nuevos textos, y los encontró, en los escritos del joven Karl Marx, en los ensayos metafísicos y las notas escritas a principios de la década de 1840, cuando Marx apenas había cumplido veinte años y era un joven filósofo alemán empapado en el historicismo hegeliano y el sueño romántico de la libertad definitiva. El propio Marx había preferido no publicar algunos de estos escritos; de hecho, tras las revoluciones fallidas de 1848 se había alejado claramente de ellos, para acercarse al estudio de la economía política y la política contemporánea con la que a partir de entonces se le asociaría.

Por consiguiente, muchos de los primeros escritos de Marx no eran muy conocidos ni siquiera entre los eruditos. Cuando por primera vez se publicaron completos en 1932 en Moscú, bajo los auspicios del Instituto Marx-Engels, atrajeron escasa atención. El renacimiento del interés por ellos —especialmente de los Manuscritos económicos y filosóficos y de La ideología alemana— se produjo treinta años más tarde. De repente era posible ser marxista y al mismo tiempo echar por la borda el pesado y mancillado bagaje de la izquierda tradicional europea. Al parecer, al joven Marx le preocupaban problemas sorprendentemente modernos: cómo transformar la conciencia «alienada» y liberar a los seres humanos de la ignorancia acerca de su verdadera condición y capacidades; cómo invertir el orden de prioridades de la sociedad capitalista y situar a los seres humanos en el centro de su propia existencia; en resumen, cómo cambiar el mundo.

Para una generación anterior de eruditos marxistas, y para los partidos marxistas establecidos, esta perversa insistencia en los escritos que el propio Marx había preferido no publicar resultaba profundamente frívola. Pero también era implícitamente subversiva: si uno podía acudir directamente a los textos e interpretar a Marx a su voluntad, entonces la autoridad de los dirigentes comunistas (y en este caso, también de los trotskistas) se desmoronaría y, con ella, gran parte de la justificación de la política revolucionaria dominante como se entendía entonces. Lógicamente, el establishment marxista reaccionó. Louis Althusser —el principal teórico de Partido Comunista Francés, experto internacional en marxismo y profesor de la École Normale Supérieure francesa— edificó su reputación profesional y su fama pasajera sobre la reivindicación de haber levantado un cortafuegos entre el «joven» Marx hegeliano y el «maduro» Marx materialista. Solo sus últimos escritos, insistía, eran verdaderamente marxistas[12].

Lo que los comunistas y otros marxistas conservadores previeron con acierto fue lo fácilmente que este Marx nuevo y humanista podía adaptarse a los gustos y modas contemporáneos. Las quejas de románticos de principios del siglo XIX como Marx contra la modernidad capitalista y el impacto deshumanizador de la sociedad industrial se adaptaban perfectamente a las protestas de aquel momento contra la «tolerancia represiva» de la Europa postindustrial. La flexibilidad aparentemente infinita del próspero y liberal Occidente, su capacidad de absorber pasiones y diferencias como una esponja, enfurecía a sus críticos. La represión, insistían, era endémica en la sociedad burguesa. No podía evaporarse sin más. La represión que ya no estaba en las calles debía forzosamente encontrarse en algún sitio: se había asentado en la propia alma de la gente, y sobre todo en sus cuerpos.

Herbert Marcuse, un intelectual de la época de Weimar que terminó recalando en el sur de California —donde adaptó cómodamente su vieja epistemología a su nuevo entorno—, ofreció una útil refundición de todas estas líneas de pensamiento. La sociedad de consumo occidental, explicaba, ya no se fundamentaba en la explotación económica directa de una clase desposeída de proletarios. En su lugar, había desviado la energía humana de la búsqueda de la satisfacción (especialmente la satisfacción sexual) y la había dirigido al consumo de productos e ilusiones. Las necesidades reales —sexuales, sociales, cívicas— se habían visto desplazadas por otras falsas, cuya realización se había convertido en el objetivo de la cultura consumista. Esto suponía llevar a Marx más lejos incluso de lo que él mismo hubiera deseado, pero atrajo a un público muy amplio: no solo a los pocos que leían los ensayos de Marcuse, sino a otros muchos que fueron captando el lenguaje y la idea general de esta argumentación a medida que adquiría una extensa difusión cultural.

El énfasis en la satisfacción sexual como objetivo radical resultaba ofensivo para una generación anterior de izquierdistas. El amor libre en una sociedad libre no era una idea nueva —algunas sectas socialistas de principios del siglo XIX la habían propugnado, y los primeros años de la Unión Soviética habían sido claramente relajados en el aspecto moral—, pero la tradición dominante del radicalismo europeo se caracterizaba por la rectitud moral y doméstica. La vieja izquierda nunca había sido culturalmente disidente o sexualmente audaz, ni siquiera cuando era joven: lo consideraban propio de bohemios, estetas y artistas, a menudo de tendencias individualistas e incluso políticamente reaccionarias.

Pero, a pesar de resultar incómoda, la fusión del sexo y la política no representaba una verdadera amenaza —de hecho, como más de un intelectual comunista trataba por todos los medios de resaltar, el nuevo énfasis en la satisfacción de los deseos privados por encima de los esfuerzos colectivos era objetivamente reaccionario[13]—. Las implicaciones verdaderamente subversivas de la adaptación que la nueva izquierda había hecho de Marx eran otras. Los comunistas y otros podían obviar el tema de la liberación sexual. Ni siquiera les preocupaba la estética antiautoritaria de las generaciones jóvenes, con sus exigencias de autogobierno en el dormitorio, el aula o el taller; todo lo que quizá imprudentemente pasaban por alto al considerarlo una alteración pasajera del orden de cosas natural. Lo que les ofendía mucho más profundamente era la tendencia emergente de los jóvenes radicales a identificar la teoría marxista con unas prácticas revolucionarias llevadas a cabo en tierras exóticas, donde ninguna de las categorías y máximas establecidas parecían aplicarse.

La reivindicación esencial de la izquierda histórica europea era que ella representaba y, en el caso del comunismo, de hecho encarnaba, al proletariado: la clase obrera industrial. Esta estrecha identificación del socialismo con la mano de obra urbana constituía algo más que una mera afinidad opcional. Era la marca diferenciadora de la izquierda ideológica, que la distinguía de los liberales bienintencionados o de los reformistas sociales católicos. El voto de la clase trabajadora, especialmente el voto de la clase trabajadora masculina, constituía la base del poder y la influencia del Partido Laborista británico, los partidos obreros de Holanda y Bélgica, los partidos comunistas de Francia e Italia y los partidos socialdemócratas de la Centroeuropa germanoparlante.

Salvo en el caso de Escandinavia, la mayoría de la población trabajadora nunca había sido socialista ni comunista —sus lealtades se repartían por todo el espectro político—. A pesar de todo, los partidos de izquierdas tradicionales dependían en gran medida de los votos de la clase trabajadora y por tanto se identificaban íntimamente con ella. Pero a mediados de la década de 1960 esta clase estaba ya en vías de desaparición. En los países desarrollados de Europa occidental los mineros, los trabajadores de la industria del acero y de los astilleros, de las industrias siderúrgica, textil y ferroviaria, y todo tipo de trabajadores manuales, se estaban jubilando en grandes cantidades. En la era de la industria de servicios que se avecinaba su lugar lo fue ocupando un tipo muy distinto de población trabajadora.

Esto debió de constituir una cierta fuente de preocupación para la izquierda convencional: la militancia y los fondos de los sindicatos y los partidos dependían en gran medida de esta base social. Pero, aunque la incipiente desaparición del proletariado clásico europeo se anunciaba con profusión en todos los estudios sociológicos de la época, la izquierda continuaba insistiendo en la clase trabajadora como su «base». Los comunistas perseveraron especialmente en su intransigencia a este respecto. Solo había una clase trabajadora: el proletariado; solo un partido que podía representar y defender los intereses de dicha clase: los comunistas; y la lucha de los trabajadores llevada a cabo bajo la dirección comunista solo podía traducirse en un resultado correcto: la revolución, tal y como había sido patentada por Rusia cincuenta años antes.

Pero para cualquiera que no se sintiera ligado a esta versión de la historia europea, el proletariado ya no era el único vehículo de transformación social radical. En lo que cada vez se conocía más con el nombre de «Tercer Mundo» había candidatos alternativos: los nacionalistas anticolonialistas del norte de África y Oriente Próximo; los radicales negros de Estados Unidos (difícilmente catalogables como del Tercer Mundo, pero que se sentían estrechamente identificados con él), y las guerrillas campesinas repartidas por el mundo entero, desde América Central hasta el Mar del Sur de China. Junto con los «estudiantes» e incluso los jóvenes en general, estos constituían un contingente más numeroso y más dispuesto a movilizarse en pro de unas esperanzas revolucionarias que la serias y satisfechas masas trabajadoras del próspero Occidente. A partir de 1956 los jóvenes radicales de Europa occidental se alejaron de la desalentadora experiencia comunista de la Europa del Este para buscar inspiración en lugares más lejanos.

Este nuevo gusto por lo exótico se vio impulsado en parte por la descolonización de la época y las aspiraciones de los movimientos nacionales de liberación, y en parte por la proyección sobre otros de las propias ilusiones perdidas de Europa. El conocimiento de las circunstancias locales era notablemente escaso, pese a la emergencia de una rudimentaria industria académica de «estudios campesinos». Las revoluciones de Cuba y China fueron especialmente investidas de todas las cualidades y los logros de los que lamentablemente carecía Europa. La escritora marxista italiana Maria-Antonietta Macciocchi comentaba extasiada el contraste entre la miserable situación de la Europa contemporánea y la utopía posrevolucionaria de la China de Mao, por entonces en pleno apogeo de la Revolución Cultural: «En China no existen los síntomas de enajenación, trastornos nerviosos o fragmentación del individuo que se encuentran en la sociedad de consumo. El mundo de los chinos es compacto, integrado y absolutamente sano».

Las revoluciones campesinas en el mundo no europeo presentaban además otra característica que atraía a los intelectuales y los estudiantes europeos de la época: eran violentas. Evidentemente la violencia no escaseaba a solo unas horas de viaje hacia el Este, en la Unión Soviética y sus satélites. Pero era la violencia del Estado, del comunismo oficial. La violencia de las sublevaciones del Tercer Mundo era una violencia liberadora. Como Jean-Paul Sartre explicó en el prólogo a la edición francesa de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, en la violencia de las revoluciones anticoloniales «el hombre se recreaba a sí mismo […] disparar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro, acabar al mismo tiempo con el opresor y con el hombre al que oprime: quedando así un hombre muerto y un hombre libre; el superviviente, por primera vez, siente bajo sus pies un suelo nacional».

Esta abnegada admiración por modelos ajenos no era nueva en Europa: Tocqueville había comentado en su momento la atracción que la intelligentsia prerrevolucionaria de la Francia del siglo XVIII había sentido por otros modelos, y un sentimiento similar había desempeñado un papel importante en la seducción que produjo la propia revolución soviética. Pero en la década de 1960 los ejemplos que Europa pretendía emular eran los del extremo oriente o del lejano sur. A los estudiantes radicales de Milán y de Berlín se les instaba a imitar las estratagemas orientales de éxito: en una significativa combinación de retórica maoísta y tácticas trotskistas, el líder estudiantil alemán Rudi Dutschke realizó en 1968 un llamamiento a que sus seguidores protagonizaran «una larga marcha a través de las instituciones».

Para sus líderes conservadores, estas ocasionales invocaciones de los modelos externos ilustraba la indisciplinada facilidad con la que la venerable sintaxis revolucionaria de la vieja Europa se estaba transformando en una Babel ideológica. Cuando los estudiantes italianos propusieron que, en la nueva economía de servicios, las universidades constituyeran el epicentro de la producción de conocimiento y los estudiantes por tanto la nueva clase trabajadora, estaban llevando al límite los términos del intercambio marxista. Pero al menos tenían de su parte el precedente dialéctico, y jugaban con las normas aceptadas. Pocos años antes, cuando Re Nudo, un periódico estudiantil milanés, proclamó: «¡Juventud proletaria de Europa, Jimi Hendrix se une a nosotros!», la dialéctica había descendido ya hacia la parodia. Como sus críticos habían destacado desde el principio, los chicos y chicas de la década de 1960 no eran nada serios.

Y sin embargo, los años sesenta constituyeron al mismo tiempo una década con un profundo significado. El Tercer Mundo estaba sumido en la agitación, desde Bolivia hasta el sudeste de Asia. El «Segundo Mundo» del comunismo soviético se mantenía estable solo en apariencia, y no por mucho tiempo, como veremos. Y el principal poder de Occidente, convulsionado por asesinatos y disturbios raciales, empezaba a embarcarse en una guerra declarada en Vietnam. Los gastos de defensa estadounidenses aumentaron de forma constante a mediados de la década de 1960, y alcanzaron su máximo en 1968. La guerra de Vietnam no generó divisiones en Europa —todo el espectro político mostró su desaprobación— pero sirvió como catalizador para la movilización del continente entero: incluso en Gran Bretaña, donde las manifestaciones más numerosas de la década se convocaron explícitamente para oponerse a la política estadounidense. En la Campaña de Solidaridad con Vietnam de 1968, varias decenas de miles de estudiantes recorrieron las calles de Londres en dirección a la embajada estadounidense de Grosvenor Square para exigir airadamente el fin de la guerra en Vietnam (y del desganado apoyo a esta del Gobierno laborista británico).

No deja de resultar revelador de las peculiares circunstancias de la década de 1960, y del contexto social de los activistas públicos más prominentes, que tantos conflictos y demandas de la época se basaran en la agenda política y no en la económica. Al igual que en 1848, los años sesenta fueron una revolución de los intelectuales. Pero el descontento del momento tenía una dimensión económica, aunque muchos de los participantes todavía no fueran conscientes de ella. Aunque la prosperidad de las décadas de la postguerra todavía no había tocado a su fin y el desempleo se mantenía en unos mínimos históricos, el ciclo de disputas laborales que se produjeron en toda Europa occidental a principios de los años sesenta presagiaba los problemas que se avecinaban.

Detrás de estas huelgas, y de las que se producirían en 1968-1969, subyacía cierto descontento ante la bajada de los salarios reales, a medida que la ola de crecimiento de la postguerra empezaba a disminuir; pero la verdadera fuente del descontento eran las condiciones de trabajo; y, en particular, las relaciones entre los empleados y sus jefes. Salvo en los casos excepcionales de Austria, Alemania y Escandinavia, las relaciones entre la dirección y los empleados en las fábricas y oficinas europeas no eran buenas: en una típica fábrica de Milán —o de Birmingham, o del cinturón industrial de París—, los trabajadores, resentidos y militantes, eran supervisados por empresarios autocráticos e intransigentes, sin que existiera apenas comunicación entre ellos. En ciertas partes de Europa, la expresión «relaciones industriales» era un oxímoron.

Lo mismo podía decirse de algunas áreas del sector servicios y del profesional: la Organización de la Radio y la Televisión Francesa (ORTF) y el Commissariat à l’Énergie Atomique, por citar solo dos casos representativos, estaban llenos de personal técnico resentido, desde periodistas a ingenieros. Los estilos tradicionales de autoridad, disciplina y tratamiento (e incluso de vestir) se habían quedado atrás respecto a las rápidas transformaciones sociales y culturales de la época anterior. Las fábricas y las oficinas eran dirigidas jerárquicamente, sin que los niveles bajos participaran de ninguna manera. Los directivos podían castigar, humillar o despedir a su personal a su voluntad. Los empleados solían ser tratados sin mucho respeto, y sus opiniones eran completamente ignoradas. Las llamadas a una mayor iniciativa por parte de los trabajadores, mayor autonomía profesional e incluso la autogestión, se extendieron cada vez más.

Se trataba de aspectos que no habían ocupado un lugar muy importante en los conflictos industriales europeos desde las acciones de los frentes populares en 1936. Durante mucho tiempo habían escapado a la atención de los sindicatos y los partidos políticos, concentrados en exigencias más tradicionales y fácilmente manipulables: salarios más altos, jornadas más cortas. Pero solían solaparse con la retórica de los estudiantes radicales (con los cuales los trabajadores de las fábricas tenían poco más en común), que expresaban quejas similares sobre sus masificadas y deficientemente gestionadas universidades.

El sentimiento de exclusión de la toma de decisiones, y por tanto del poder, reflejaba otra dimensión de los años sesenta cuyas implicaciones no llegaron a percibirse del todo en aquel momento. Gracias al sistema de las elecciones legislativas a dos vueltas y la elección del presidente por sufragio universal, la vida política francesa se había fusionado a mediados de la década de 1960 en un sistema estable de coaliciones electorales y parlamentarias construidas en torno a dos familias políticas: los comunistas y socialistas de la izquierda, y los centristas y gaullistas de la derecha. Mediante el acuerdo tácito de todo el espectro político, los partidos pequeños y los grupos marginales se vieron obligados a unirse con uno de los cuatro grandes partidos para no tener que abandonar el escenario político dominante.

Lo mismo ocurría en Italia y Alemania, por diferentes razones. A partir de 1963 la mayor parte del espacio político nacional lo ocupaba en Italia una amplia coalición de centroizquierda, de la que estaban excluidos solo los partidos comunistas y exfascistas. La República Federal de Alemania estuvo gobernada a partir de 1966 por una «gran coalición» de cristianodemócratas y socialdemócratas que, junto con los liberal-demócratas, monopolizaba el Bundestag. Estos acuerdos garantizaban la estabilidad y la continuidad política pero, a consecuencia de ello, en tres importantes democracias de Europa occidental la oposición radical no solo se vio empujada hacia el exterior del arco parlamentario, sino completamente fuera de él. El «sistema» parecía de hecho estar dirigido exclusivamente por «ellos», como la nueva izquierda insistía desde hacía algún tiempo. Haciendo de la necesidad virtud, los estudiantes radicales se declararon a sí mismos la oposición «extraparlamentaria» y la política se trasladó a las calles.

El ejemplo más conocido de ello, lo ocurrido en Francia en la primavera de 1968, fue también el de menor duración. Su prominencia se debe más a su impacto y al especial simbolismo de la insurgencia en las calles de París que a sus efectos, nada duraderos. Los «Hechos de Mayo» comenzaron en otoño de 1967 en Nanterre, un lúgubre suburbio situado al oeste de París y emplazamiento de una de las ampliaciones más apresuradamente construidas de la vieja Universidad de París. Los colegios mayores de Nanterre albergaban desde hacía algún tiempo a una población flotante de estudiantes legítimos, radicales «clandestinos» y un reducido número de vendedores y consumidores de drogas. Los alquileres no se pagaban. También había un considerable movimiento nocturno entre las residencias masculinas y femeninas, a pesar de las estrictas prohibiciones oficiales[14].

La administración académica de Nanterre se había mostrado reacia a provocar problemas por el cumplimiento de las normas, pero en enero de 1968 expulsaron a un «ocupa» y amenazaron con tomar medidas disciplinarias contra un estudiante legítimo, Daniel Cohn-Bendit, por insultar a un ministro del Gobierno durante una visita[15]. A continuación se produjeron otras manifestaciones y, el 22 de marzo, tras el arresto de unos radicales estudiantiles que habían atacado el edificio de American Express en el centro de París, se organizó un movimiento, uno de cuyos líderes era Cohn-Bendit. Dos semanas después el campus de Nanterre se cerró debido a posteriores enfrentamientos de los estudiantes con la policía, y el movimiento —y la acción— se trasladó a los venerables edificios de la Sorbona y sus alrededores, en el centro de París.

Merece la pena insistir en el carácter provinciano e individual de las cuestiones que suscitaron los Hechos de Mayo para que el lenguaje cargado de ideología y los ambiciosos programas de las semanas siguientes no nos lleven a confusión. La ocupación estudiantil de la Sorbona y las posteriores barricadas y choques con la policía, especialmente de las noches del 10 al 11 y del 24 al 25 de mayo, los llevaron a cabo representantes de la Jeunesse Communiste Révolutionnaire (trotskista), así como por representantes de sindicatos establecidos de estudiantes y de jóvenes profesores universitarios. Pero la retórica marxista que acompañó todo ello, aunque familiar, enmascaraba un espíritu esencialmente anarquista cuyo objetivo inmediato consistía en la eliminación y la humillación de la autoridad.

En este sentido, como los dirigentes del desdeñoso Partido Comunista Francés se preocupaban con toda razón de reiterar, aquello era una fiesta, no una revolución. Tenía el simbolismo de una revuelta tradicional francesa —manifestantes armados, barricadas callejeras, ocupación de edificios y enclaves estratégicos, exigencias y contraexigencias políticas— pero carecía de su fundamento. Los jóvenes que integraban las multitudes estudiantiles eran en su mayoría de clase media —de hecho, muchos de ellos pertenecían a la burguesía parisina: los fils à papa (hijos de papá), como el líder del PCF Georges Marchais los denominó despectivamente—. Eran sus propios padres, tías y abuelas los que les miraban desde las ventanas de sus cómodos edificios de apartamentos mientras desfilaban por las calles desafiando a las fuerzas armadas del Estado francés.

Georges Pompidou, el primer ministro gaullista, supo tomar perfectamente la medida al conflicto. Tras las primeras confrontaciones retiró a la policía, a pesar de las criticas de su propio partido y Gobierno, y dejó de facto a los estudiantes de París al mando de su propia universidad y su quartier correspondiente. Pompidou —y su presidente, De Gaulle— se avergonzaban de las tan publicitadas actividades de sus estudiantes. Pero, salvo en un primer y breve momento de sorpresa inicial, jamás se sintieron amenazados por ellos. Cuando llegara el momento la policía, especialmente la policía antidisturbios —reclutada entre los hijos de los pobres campesinos de provincias y perfectamente dispuesta a dar de palos a los jóvenes privilegiados parisinos— restauraría el orden sin problemas. Lo que le preocupaba a Pompidou era algo bastante más grave.

Los disturbios y ocupaciones estudiantiles habían encendido la chispa de una serie de huelgas y encierros en lugares de trabajo que a finales de mayo tenían prácticamente paralizada a toda Francia. Algunas de las primeras protestas —la de los reporteros de la Televisión y Radio Francesa, por ejemplo— se dirigían contra sus responsables políticos por censurar la cobertura del movimiento estudiantil y, en particular, la excesiva brutalidad de algunos policías antidisturbios. Pero a medida que la huelga general se extendió a las fábricas de aviones de Toulouse, las industrias petroquímicas y, lo que resultaba aún más alarmante, a las inmensas factorías de Renault de los alrededores del propio París, empezó a quedar claro que estaba en juego algo más que unos cuantos miles de estudiantes exaltados.

Las huelgas, las sentadas, las ocupaciones de oficinas y las manifestaciones y marchas de las que iban acompañadas constituyeron el mayor movimiento de protesta social de la Francia moderna, mucho más amplio que los de junio de 1936. Incluso en retrospectiva resulta difícil establecer con seguridad cuáles eran exactamente sus fines. La organización sindical de orientación comunista, la Confédération Genérale du Travail (CGT) también se encontró perdida al principio: cuando los representantes sindicales trataron de hacerse con la huelga de Renault, los trabajadores los echaron a gritos, además de rechazar sin contemplaciones un acuerdo alcanzado entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios, a pesar de sus promesas de mejoras salariales, jornadas más reducidas y mayor participación.

Los millones de hombres y mujeres que habían dejado de trabajar tenían al menos una cosa en común con los estudiantes. Cualesquiera que fueran sus quejas particulares, lo que les frustraba por encima de todo eran las condiciones de su existencia. No era tanto que quisieran conseguir mejores condiciones de trabajo como cambiar de alguna manera su modo de vida; así lo expresaban con toda claridad los panfletos, manifiestos y discursos. Aquello resultaba positivo para las autoridades públicas ya que dispersaba el ánimo de los huelguistas y dirigía su atención lejos de los objetivos políticos; pero, al mismo tiempo, indicaba un malestar general que sería muy difícil de abordar.

Francia era un país próspero y seguro, y algunos comentaristas conservadores concluyeron que, por tanto, la ola de protestas no estaba motivada por el descontento sino por el simple aburrimiento. Pero existía una frustración genuina, no solo en las fábricas como Renault, donde las condiciones de trabajo eran insatisfactorias desde hacía mucho tiempo, sino en todas partes. La Quinta República había acentuado el tradicional hábito francés de concentrar el poder en un solo lugar y en un puñado de instituciones. Francia estaba dirigida, como quedaba evidente para todos, por una reducida élite parisiense: socialmente exclusiva, culturalmente privilegiada, arrogante, jerárquica e inaccesible. Incluso algunos de sus propios miembros (y especialmente sus hijos) la encontraban asfixiante.

Incluso el anciano De Gaulle, por primera vez desde 1958, no supo interpretar el giro de los acontecimientos. Su respuesta inicial había sido pronunciar un ineficaz discurso televisado y a continuación desaparecer de la vista[16]. Cuando trató de atraerse lo que él entendió como el ánimo antiautoritario nacional en un referéndum que se celebraría al año siguiente, y propuso una serie de medidas destinadas a descentralizar el gobierno y la toma de decisiones en Francia, ya estaba definitiva y humillantemente derrotado, por lo que dimitió, se jubiló y se retiró a su casa de campo, donde moriría pocos meses después.

Pompidou, entre tanto, había acertado al esperar a que pasaran las manifestaciones estudiantiles. En pleno apogeo de las sentadas estudiantiles y del movimiento huelguista, algunos líderes de los estudiantes y unos cuantos políticos veteranos a los que habría cabido suponerles mejor criterio (incluido el anterior presidente Pierre Mendès-France y el futuro presidente François Mitterrand) declararon la impotencia de las autoridades: ahora el poder estaba allí para el que lo quisiera. Se trataba de un discurso peligroso y estúpido: como Raymond Aron apuntó entonces, «expulsar a un presidente elegido por sufragio universal no es lo mismo que expulsar a un rey». De Gaulle y Pompidou se apresuraron a sacar partido de los errores de la izquierda. El país, advirtieron, se veía amenazado por un golpe de Estado comunista[17]. A finales de mayo De Gaulle anunció unas elecciones anticipadas, e hizo un llamamiento a los franceses para que eligieran entre el Gobierno legítimo y la anarquía revolucionaria.

Como inicio de su campaña electoral, la derecha escenificó una enorme contramanifestación. Mucho mayor incluso que las manifestaciones estudiantiles de dos semanas atrás, las multitudes que desfilaron por los Campos Elíseos el 30 de mayo desmintieron la afirmación de la izquierda de que las autoridades habían perdido el control. La policía recibió instrucciones de reocupar los edificios universitarios, las fábricas y las oficinas. En las elecciones parlamentarias posteriores, los partidos gaullistas en el poder obtuvieron una aplastante victoria, en la que aumentaron sus votos en más de una quinta parte y se aseguraron una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional. Los trabajadores volvieron al trabajo. Los estudiantes se fueron de vacaciones.

Los Hechos de Mayo en Francia tuvieron un impacto psicológico absolutamente desproporcionado en relación con su verdadera significación. Se trataba de una revolución desarrollada aparentemente en tiempo real y ante una audiencia televisiva internacional. Sus líderes eran maravillosamente telegénicos; jóvenes atractivos y elocuentes que dirigían a la juventud francesa a través de los históricos bulevares parisienses de la orilla izquierda[18]. Sus demandas —ya fueran por un entorno académico más democrático, el fin de la censura moral o, simplemente, un mundo más agradable— eran accesibles y, a pesar de los puños cerrados y la retórica revolucionaria, poco amenazadoras. El movimiento huelguista nacional, aunque misterioso y desestabilizador, simplemente vino a añadirse al aura de las acciones estudiantiles: al haber hecho detonar —de forma bastante accidental— la explosión del resentimiento social, retrospectivamente se les atribuyó haberlo anticipado e incluso articulado.

Por encima de todo, los Hechos de Mayo en Francia fueron curiosamente pacíficos para los niveles de turbulencia revolucionaria del resto del mundo, o del propio pasado de Francia. La violencia contra la propiedad privada fue bastante frecuente, y algunos estudiantes y policías tuvieron que ser hospitalizados después de la «noche de las barricadas» del 24 de mayo. Pero ambos bandos se contuvieron. En mayo de 1968 no murió ningún estudiante; los representantes políticos de la República no fueron asaltados, y sus instituciones nunca fueron seriamente cuestionadas (a excepción del sistema universitario francés, donde empezó todo, que, a pesar de las continuas interrupciones internas y el descrédito que sufrió, no experimentó ninguna reforma significativa).

Los radicales de 1968 imitaron hasta el extremo de la caricatura el estilo y el atrezo de revoluciones pasadas —al fin y al cabo, actuaban en el mismo escenario—. Pero renunciaron a repetir su violencia. A consecuencia de ello, el «psicodrama francés» (Aron) de 1968 rápidamente entró a formar parte de la mitología popular como objeto de nostalgia, una lucha estilizada en la que las fuerzas de la vida, la energía y la libertad se contraponían al adormecimiento y el embotamiento de los hombres del pasado. Algunos de los rostros más populares de mayo del 68 continuaron con carreras políticas convencionales. Alain Krivine, el licenciado universitario que se convirtió en el líder carismático de los estudiantes trotskistas, es hoy, cuarenta años después, el líder sexagenario del partido trotskista más antiguo de Francia. Daniel Cohn-Bendit, expulsado de Francia en mayo, se convertiría después en un respetado concejal de Francfort y más adelante en el representante del Partido de los Verdes en el Parlamento Europeo.

No obstante, resulta sintomático del carácter fundamentalmente apolítico de mayo de 1968 que los libros franceses más vendidos sobre este tema una generación más tarde no sean obras serias de análisis histórico, y mucho menos los tratados doctrinales de la época, sino recopilaciones de los grafitis y los eslóganes de entonces. Seleccionados de las paredes, los tablones de anuncios y las calles de la ciudad, estos ingeniosos dichos animaban a la gente joven a hacer el amor, pasarlo bien, reírse de los representantes de la autoridad, hacer en general lo que apeteciera y cambiar el mundo casi como consecuencia de ello. Como rezaba el eslogan, Sous le pavé, la plage (bajo los adoquines, la playa). Lo que los creadores de eslóganes de mayo de 1968 no hicieron nunca fue invitar a nadie a causar verdadero daño. Incluso en los ataques a De Gaulle le trataban como un impedimento caduco más que como un enemigo político. Expresaban su irritación y su frustración, pero poca ira. Sería por tanto una revolución sin víctimas, lo que al final significó que no fuera para nada una revolución.

La situación era muy distinta en Italia, a pesar de las similitudes aparentes en cuanto a la retórica de los movimientos estudiantiles. En primer lugar, el contexto social de los conflictos italianos era bastante peculiar. La numerosa emigración desde el sur hacia el norte que se había producido a lo largo de la primera mitad de la década había generado, en Milán, Turín y otras ciudades industriales del norte, una demanda de transportes, servicios, educación y, sobre todo, vivienda, que los gobiernos del país no habían conseguido nunca satisfacer. El «milagro económico» italiano llegó más tarde que en el resto de países, y la transición a partir de la sociedad agraria había sido más abrupta.

A consecuencia de ello, los problemas de la industrialización de la primera generación coincidieron y colisionaron con el descontento de la modernidad. Los trabajadores no cualificados y semicualificados —por lo general procedentes del sur y, en muchos casos, mujeres— nunca fueron absorbidos por los sindicatos bien establecidos de trabajadores masculinos cualificados del norte industrial. Las tradicionales tensiones entre trabajadores y empresarios se multiplicaban ahora con las disputas entre los trabajadores cualificados y no cualificados, los sindicados y los no organizados. Los empleados cualificados de las fábricas de FIAT o la empresa de neumáticos Pirelli, los mejor pagados y mejor protegidos, exigían mayor participación en la toma de decisiones —sobre los horarios de los turnos, las diferencias salariales y las medidas disciplinarias—. Los trabajadores no cualificados perseguían algunas de estas metas y se oponían a otras. Su principal objeción era contra el agotador trabajo a destajo, el ritmo implacable de las cadenas de producción masiva mecanizadas y la poca seguridad de las condiciones de trabajo.

La economía de la postguerra italiana se transformó por obra de cientos de pequeñas empresas de ingeniería, textiles e industriales, la mayoría de cuyos empleados carecían de recursos legales o institucionales contra las exigencias de sus jefes. El Estado del bienestar italiano de la década de 1960 era todavía un edificio bastante improvisado que no alcanzaría su madurez hasta la década siguiente (en gran parte gracias a la agitación social de los años sesenta), y muchos trabajadores no cualificados y sus familias aún no tenían derechos laborales o acceso a prestaciones familiares (en marzo de 1968 se produjo una huelga nacional para exigir un plan de pensiones nacional). Estos no eran los problemas que los partidos tradicionales y los sindicatos de izquierdas estaban dispuestos a abordar. Por el contrario, su principal preocupación en aquel momento era la disolución de las viejas instituciones laborales a causa de este tipo de mano de obra nueva e indisciplinada. Cuando las empleadas semicualificadas buscaron el respaldo del sindicato comunista en sus quejas sobre el acelerado ritmo de trabajo se les animó a que, en lugar de ello, exigieran un aumento de la retribución.

Dadas las circunstancias, los principales beneficiarios de las tensiones sociales de Italia no fueron las organizaciones establecidas de la izquierda, sino un puñado de redes informales de la izquierda «extraparlamentaria». Sus líderes —los comunistas disidentes, los teóricos y académicos de la autonomía de los trabajadores y los portavoces de organizaciones estudiantiles— fueron más rápidos a la hora de identificar las nuevas fuentes de descontento del entorno laboral industrial e integrarlas en sus proyectos. Por otra parte, las propias universidades presentaban una situación claramente análoga. También allí un nuevo personal laboral no organizado (la afluencia masiva de la primera generación de estudiantes) se enfrentaba a unas condiciones de vida y de trabajo profundamente insatisfactorias y una vieja élite ejercía un poder decisorio absoluto sobre las masas estudiantiles, como determinar a su voluntad la carga de trabajo, los exámenes y las medidas disciplinarias.

Desde esta perspectiva, los directores, los sindicatos establecidos y otras organizaciones profesionales de las escuelas y universidades —no menos que los de las fábricas y los talleres— compartían un interés personal, «objetivo» en el statu quo. El hecho de que la población estudiantil de Italia procediera en su gran mayoría de la clase media urbana no constituyó ningún impedimento para lo anterior —dado que como productores y consumidores de conocimiento representaban (a sus propios ojos) una amenaza aún mayor para el poder y la autoridad que las fuerzas tradicionales del proletariado—. En el pensamiento de la nueva izquierda lo que contaba no era el origen social del grupo, sino su capacidad para perturbar las instituciones y las estructuras de la autoridad. Para empezar a hacerlo, un aula podía ser un lugar igual de bueno que un taller de maquinaria.

La variada adaptabilidad de la política radical italiana de estos años queda bien patente en el siguiente pliego de demandas que circulaba por un liceo (escuela secundaria) de Milán: las metas del movimiento estudiantil, declaraba, consistían en «el control y eventual eliminación de las notas y los suspensos, para abolir de este modo la selección en la escuela; el derecho de todos a una educación y a una beca de estudios; la libertad de mantener reuniones; la celebración de una reunión general por las mañanas; la rendición de cuentas por parte de los profesores hacia los estudiantes; la eliminación de todos los profesores reaccionarios y autoritarios; la elaboración del currículum desde abajo[19]».

En Italia el ciclo de protestas y alteraciones del orden público comenzó en Turín en 1968 con la oposición por parte de los estudiantes a trasladar parte de la universidad (la facultad de ciencias) a la periferia —un eco de las protestas que tenían lugar en Nanterre exactamente en el mismo momento—. También existió cierto paralelismo en el posterior cierre, en marzo de 1968, de la Universidad de Roma, a raíz de los disturbios estudiantiles acaecidos allí en protesta por una ley parlamentaria de reforma de las universidades. Pero, a diferencia de los movimientos estudiantiles franceses, el interés de los organizadores estudiantiles italianos en la reforma de las instituciones académicas siempre fue secundario respecto a su identificación con el movimiento de los trabajadores, como los nombres de sus organizaciones —Avanguardia Operaia o Potere Operaio (Vanguardia Obrera, Poder Obrero)— sugieren.

Los conflictos laborales que comenzaron en las fábricas de la empresa Pirelli en Milán en septiembre de 1968 y duraron hasta noviembre de 1969 (cuando el Gobierno presionó a Pirelli para que cediera a las principales demandas de los trabajadores) sirvieron de contrapunto industrial y estímulo a las protestas de los estudiantes. El movimiento huelguístico de 1969 fue el más importante de la historia italiana, y desencadenó un impacto movilizador y politizador sobre los jóvenes radicales italianos muy superior al de las breves protestas de un mes de duración ocurridas en Francia el año anterior. El «otoño caliente» de aquel año, con sus huelgas salvajes y ocupaciones espontáneas por parte de pequeños grupos de trabajadores que exigían participar en la forma de dirigir las fábricas, llevó a una generación de teóricos estudiantiles italianos y a sus seguidores a concluir que su absoluto rechazo al «Estado burgués» constituía la táctica adecuada. La autonomía de los trabajadores —como táctica y como objetivo— era la senda del futuro. Las reformas —en los centros educativos y en las fabricas— no solo eran imposibles de conseguir, sino además indeseables. La negociación equivalía a la derrota.

Por qué los marxistas italianos «no oficiales» adoptaron esta actitud es algo que todavía es objeto de debate. La estrategia tradicionalmente sutil y acomodaticia del Partido Comunista Italiano le dejó expuesto a la acusación de funcionar dentro del «sistema», de tener intereses creados en la estabilidad y por tanto de ser, como sus críticos le acusaban desde la izquierda, «objetivamente reaccionario». Por otra parte, el propio sistema político italiano era corrupto y aparentemente impermeable al cambio: en las elecciones parlamentarias de 1968 tanto los cristianodemócratas como los comunistas aumentaron sus votos, y el resto de partidos no consiguieron ningún avance. Pero aunque esto podría justificar la desafección de la izquierda extraparlamentaria, no podía explicar plenamente su giro hacia la violencia.

El «maoísmo» —o más bien la fascinación acrítica por la Revolución Cultural china entonces en pleno apogeo— estaba más extendido en Italia que en ninguna otra parte de Europa. Los partidos, grupos y publicaciones de tendencia maoísta, reconocibles por su insistencia en el adjetivo «marxista-leninista» (para distinguirse de los menospreciados dirigentes comunistas), proliferaron rápidamente durante aquellos años, inspirados por la Guardia Roja china y preocupados por destacar la identidad de intereses que unía a los trabajadores y a los intelectuales. Los teóricos estudiantiles de Roma y Bolonia llegaron a emular la retórica de los doctrinarios de Pekín con la división de las asignaturas académicas en «vestigios preburgueses» (griego y latín), «puramente ideológicas» (por ejemplo, la historia) e «indirectamente ideológicas» (física, química y matemáticas).

La combinación supuestamente maoísta de romanticismo revolucionario y dogma obrerista la encarnó el periódico (y el movimiento) Lotta Continua (Lucha Continua) —cuyo nombre, como ocurría con frecuencia, encapsulaba su proyecto—. Lotta Continua apareció por primera vez en otoño de 1969, momento en el cual el giro hacia la violencia ya estaba en marcha. Entre los eslóganes de las manifestaciones estudiantiles de Turín de junio de 1968 estaban «no a la paz social en las fábricas» y «la violencia solo ayuda allí donde reina la violencia». Durante los meses siguientes las manifestaciones en las universidades y en las fábricas experimentaron una acentuación del gusto por la violencia, tanto retórica («hay que aplastar al Estado, no cambiarlo») como real. La canción más popular en el movimiento estudiantil durante aquellos meses se titulaba, muy apropiadamente, La Violenza.

Las ironías de todo esto no pasaron desapercibidas para los ciudadanos de entonces. Como el director de cine Pier Paolo Pasolini señaló tras los enfrentamientos estudiantiles con la policía en los jardines Villa Borghese de Roma, los roles de clase se habían invertido: ahora eran los privilegiados hijos de la burguesía los que gritaban eslóganes revolucionarios y golpeaban a los mal pagados hijos de los aparceros del sur, encargados de mantener el orden ciudadano. Para cualquiera con una memoria adulta del reciente pasado italiano, este giro hacia la violencia solo podía acabar mal. Mientras que los estudiantes franceses habían coqueteado con la idea de que la autoridad pública podía resultar vulnerable a la agitación promovida desde abajo, un capricho que las firmemente asentadas instituciones gaullistas les habían consentido impunemente, los radicales italianos tenían buenas razones para creer que en realidad podrían conseguir desgarrar el tejido de la República posfascista —y estaban decididos a intentarlo—. El 24 de abril de 1969 se colocaron sendas bombas en la Feria del Comercio de Milán y en la estación central de ferrocarril. Ocho meses más tarde, después de que los conflictos de Pirelli se hubieran resuelto y el movimiento huelguista hubiese finalizado, una bomba hizo volar el Banco Agrícola de la Piazza Fontana en pedazos. La «estrategia de tensión» subyacente en los años de plomo de la década de 1970 había comenzado.

A los radicales italianos de la década de 1960 se les podría acusar de haber olvidado el pasado reciente de su país. En Alemania Occidental ocurrió lo contrario. Hasta 1961, una generación de postguerra había sido educada en la visión del nazismo como responsable de la guerra y de la derrota; pero sus aspectos verdaderamente perversos fueron minimizados sistemáticamente. El juicio de Adolf Eichmann aquel año en Jerusalén, seguido de los llamados «juicios de Auschwitz» celebrados en Francfort entre 1963 y 1965, mostraron tardíamente al público alemán las atrocidades del régimen nazi. En Francfort 273 testigos dieron testimonio de la escala y la profundidad de los crímenes alemanes contra la humanidad, que iban mucho más allá de los 23 acusados (22 miembros de las SS y un kapo de un campo de concentración). En 1967 Alexander y Margarete Mitscherlich publicaron su enormemente influyente estudio Die Unfähigkeit zu trauen (La incapacidad de sentir duelo), donde argumentaban que el reconocimiento oficial por parte de Alemania Occidental del horror nazi nunca había ido acompañado de un verdadero reconocimiento individual de la propia responsabilidad.

Los intelectuales germanos occidentales adoptaron con ahínco esta idea. Escritores, dramaturgos y directores de cine consagrados —Günter Grass, Martin Walser, Hans-Magnus Enzensberger, Jürgen Habermas, Rolf Hochhuth, Edgar Reitz, todos ellos nacidos entre 1927 y 1932— centraron a partir de entonces su trabajo cada vez más en el nazismo y en la incapacidad de asumirlo. Pero una generación más joven de intelectuales nacidos durante la Segunda Guerra Mundial o justo después de ella adoptaría una línea más dura. Carentes de un conocimiento directo de lo que había pasado antes, interpretaron todos los defectos de Alemania a través del prisma de los fracasos no tanto del nazismo como de la República de Bonn. Así, para Rudi Dutschke (nacido en 1940), Peter Schneider (1940), Gudrun Ensslin (1940) o los ligeramente más jóvenes Andreas Baader (nacido en 1943) y Rainer-Werner Fassbinder (1945), la democracia de la postguerra de Alemania Occidental no era la solución, sino el problema. El mundo apolítico, consumista y protegido por Estados Unidos en el que se había cobijado la Bundesrepublik no solo era imperfecto y amnésico, sino que había conspirado activamente junto a sus amos occidentales para negar el pasado alemán y enterrarlo entre bienes materiales y propaganda anticomunista. Ni siquiera sus atributos constitucionales eran auténticos: en palabras de Fassbinder, «nuestra democracia fue decretada por la zona occidental de ocupación, nosotros no luchamos por ella».

La joven intelligentsia radical de la Alemania de la década de 1960 acusó a la República de Bonn de encubrir los crímenes de su generación fundadora. Muchos de los hombres y mujeres nacidos en Alemania durante la guerra y los años inmediatamente posteriores a ella nunca conocieron a sus padres: quiénes eran, qué habían hecho. En la escuela no se les enseñaba nada de la historia de Alemania posterior a 1933 (ni tampoco mucho de la era de Weimar). Como Peter Schneider y algunos otros explicarían más adelante, vivían en una cápsula construida a partir de un vacío: incluso en casa —en realidad, especialmente en casa— nadie hablaba de «eso».

Sus padres, la generación de alemanes nacida entre 1910 y 1930, no solo se negaban a hablar del pasado. Escépticos ante las promesas políticas y las grandes ideas, su atención se concentró firme y algo desasosegadamente en el bienestar material, la estabilidad y la respetabilidad. Como Adenauer había entendido, su identificación con Estados Unidos y «Occidente» se derivó en gran medida de un deseo de evitar la asociación con todo el bagaje de lo «germano». A consecuencia de ello, a los ojos de sus hijos e hijas, no significaban nada. Sus logros materiales habían quedado manchados por su herencia moral. Si alguna vez ha existido una generación cuya rebelión se haya asentado realmente en el rechazo a todo lo que sus padres representaban —todo: su orgullo nacional, el nazismo, el dinero, Occidente, la paz, la estabilidad, la ley y la democracia— ha sido la de «los hijos de Hitler», los radicales germanos occidentales de la década de 1960.

A sus ojos, la República Federal rezumaba autocomplacencia e hipocresía. Primero fue el asunto Spiegel. En 1962 la principal revista semanal de actualidad alemana había publicado una serie de artículos que investigaban la política de defensa de Alemania Occidental y que dejaban entrever los turbios manejos del ministro de Defensa bávaro, Franz-Josef Strauss. Con la autorización de Adenauer y a instancias de Strauss, el Gobierno empezó a acosar a la publicación, arrestó a su editor y registró sus oficinas. Este vergonzoso abuso del poder policial para suprimir reportajes molestos se ganó una condena universal; incluso el impecablemente conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung afirmó: «Es una vergüenza para nuestra democracia, que no puede existir sin una prensa libre, sin una inquebrantable libertad de prensa».

Entonces, cuatro años después, en diciembre de 1966, los cristianodemócratas en el poder eligieron al exnazi Kurt-Georg Kiesinger para suceder a Ludwig Erhard como canciller. El nuevo canciller había sido miembro con carné del partido nazi durante doce años, y su nombramiento fue considerado por muchos como prueba concluyente del impenitente cinismo de la República de Bonn. Si al jefe del Gobierno no le avergonzaba haber apoyado a Hitler durante doce años, ¿quién podía tomarse en serio las declaraciones de arrepentimiento o compromiso con los valores liberales en un momento en que las organizaciones neonazis volvían a aflorar en los sectores marginales de la política? Como Grass expresó en una carta abierta a Kiesinger en un momento de resurgimiento neonazi: «¿Cómo va a encontrar la gente joven de nuestro país argumentos contra un partido que murió hace dos décadas y ahora está siendo resucitado como el NPD, si usted carga a la cancillería con el todavía considerable peso de su propio pasado?».

Kiesinger encabezó el Gobierno durante tres años, de 1966 a 1969, durante los cuales la izquierda extraparlamentaria alemana (como esta se denominaba a sí misma) se trasladó a las universidades con un éxito extraordinario. Algunas de las causas defendidas por la SDS, el Sindicato de Estudiantes Socialistas, eran entonces bastante compartidas en Europa occidental: la masificación de las aulas y los colegios mayores, los catedráticos altivos e inaccesibles, la enseñanza aburrida y poco imaginativa. Pero los temas candentes de aquellos años eran peculiares de Alemania Occidental. El campus más animado era el de la Universidad Libre de Berlín (fundada en 1948 para compensar el hecho de que el campus de la más antigua Universidad Humboldt hubiera quedado encerrado en la zona comunista), donde muchos alumnos habían acudido para evitar ser llamados a filas[20].

El antimilitarismo ocupó un lugar destacado en las protestas estudiantiles alemanas como una curiosa forma de condenar tanto a la República Federal como a su predecesor nazi. Con el aumento de la oposición a la guerra de Vietnam, esta refundición entre el pasado y el presente se extendió al mentor militar de Alemania. Estados Unidos, considerado desde siempre «fascista» según la retórica de una minoría de radicales, se convirtió en el enemigo para un sector de población mucho más amplio. De hecho, atacar a «Amerika» (sic) por su guerra criminal en Vietnam servía casi como sustitutivo para no entrar en debate sobre los crímenes de guerra de la propia Alemania. En la obra teatral de Peter Weiss El discurso de Vietnam (1968) el paralelismo entre Estados Unidos y los nazis se dibuja explícitamente.

Si Estados Unidos no era mejor que el régimen de Hitler —si, como rezaba un eslogan de la época, US=SS—, apenas se estaba a un paso de tratar a la propia Alemania como a Vietnam: ambos países estaban divididos por ocupantes extranjeros, ambos se hallaban irremediablemente inmersos en los conflictos de otros pueblos. Esta forma de hablar permitía a los radicales germanos occidentales despreciar a la República de Bonn tanto por sus actuales asociaciones imperialistas y capitalistas como por las de su pasado fascista. Y lo que resulta más inquietante, autorizaba a la izquierda radical a volver a poner en circulación la reivindicación de que las verdaderas víctimas fueron los propios alemanes, una afirmación hasta entonces identificada con la extrema derecha[21].

Por tanto no debería sorprendernos descubrir que, a pesar de toda su ira contra la «generación de Auschwitz», los jóvenes alemanes de los años sesenta en realidad no se sentían muy afectados por el Holocausto judío. De hecho, a ellos, al igual que a sus padres, les incomodaba la «cuestión judía». Preferían subsumirla en exigencias académicas de clases sobre Faschismustheorie, oscurecer la dimensión racista del nazismo y destacar en cambio sus vínculos con la producción capitalista y el poder imperialista —y, a partir de ahí, con Washington y Bonn—. El verdadero «aparato del Estado represor» eran los lacayos imperialistas de Bonn; sus víctimas, aquellos que se oponían a la guerra de Vietnam. Según esta popular lógica, el mediocre tabloide populista Bild Zeitung, con sus fulminantes críticas a la política estudiantil, asumió el papel de un Der Stürmer resucitado, donde los estudiantes eran ahora los nuevos «judíos» y los campos de concentración nazis no constituían más que una socorrida metáfora de los crímenes del imperialismo. Como podía leerse en un eslogan pintado sobre los muros de Dachau en 1966 por un grupo de radicales: «Vietnam es el Auschwitz de Estados Unidos».

La izquierda extraparlamentaria alemana perdió por tanto la conexión con sus raíces antinazis. Enfurecidos con el Partido Socialdemócrata de Willy Brandt por formar coalición de gobierno con Kiesinger, las otrora organizaciones de estudiantes socialdemócratas se trasladaron rápidamente a los extremos. Más ostentosamente antioccidentales que los movimientos de los años sesenta del resto de Europa, los sectores que las integraban adoptaron deliberadamente nombres tercermundistas, como maoístas, por supuesto, pero también «indios», «mescaleros» y similares. Este énfasis antioccidental alimentó a su vez una contracultura premeditadamente exótica y bastante estrafalaria, incluso para los criterios de la época.

Una variante característicamente alemana de la confusión cultural de la década de 1960 consistía en considerar el sexo y la política más estrechamente ligados que en ningún otro sitio. A raíz de Marcuse, Erich Fromm, Wilhelm Reich y otros teóricos alemanes del siglo XX de la represión sexual y política, los círculos radicales de Alemania (y Austria o, al menos, Viena) empezaron a alabar las virtudes del desnudo, el amor libre y la educación antiautoritaria de los niños. Las tan cacareadas neurosis sexuales de Hitler fueron alegremente declaradas responsables del nazismo. Y, una vez más, se esbozó una extravagante y escalofriante analogía en ciertos círculos entre las víctimas judías de Hitler y la juventud de la década de los sesenta, mártires del represor régimen sexual de sus padres.

Kommune 1, una microsecta maoísta que promovía agresivamente la promiscuidad sexual como liberación, puso en circulación en 1966 su autorretrato: siete hombres y mujeres desnudos con las piernas abiertas, frente a una pared —«maoístas desnudos frente a una pared desnuda», como se leía en el pie de foto aparecido en Der Spiegel en junio de 1967—. El énfasis en la desnudez iba explícitamente dirigido a evocar las imágenes de los cuerpos desnudos y desamparados de los campos de concentración. Venían a decir: primero fueron las víctimas de Hitler, ahora los cuerpos rebeldes y desnudos de los revolucionarios maoístas. Si los alemanes pueden afrontar la verdad de nuestros cuerpos, también serán capaces de afrontar otras verdades.

El «mensaje» —que la promiscuidad adolescente obligaría a la generación anterior a mostrarse más abierta frente al sexo, y a partir de ahí frente a Hitler y todo lo demás— hizo que el líder de la SDS Rudi Dutschke (en estos aspectos, un moralista de izquierdas de la vieja escuela) calificara a los «Kommunards» de «neuróticos». Y sin duda lo eran. Pero su narcisismo agresivamente anacrónico, que refundía sin reparo alguno el crimen en masa con el exhibicionismo sexual para provocar y epatar a la burguesía, no dejó de tener consecuencias: un miembro de Kommune 1, que declaró orgulloso que su orgasmo tenía repercusiones revolucionarias más importantes que Vietnam, resurgiría en la década de 1970 en un campo de adiestramiento de guerrillas de Oriente Próximo. El camino de la autoindulgencia a la violencia fue aún más corto en Alemania que en ningún otro sitio.

En junio de 1967, en una manifestación celebrada en Berlín contra el Sha de Irán, la policía disparó y mató a Benno Ohnesorg, un estudiante. Dutschke declaró la muerte de Ohnesorg un «asesinato político» e hizo un llamamiento a la respuesta masiva; a los pocos días 100.000 estudiantes se manifestaron en toda Alemania Occidental. Jürgen Habermas, hasta entonces un destacado crítico de las autoridades de Bonn, advirtió a Dutschke y sus amigos algunos días después del riesgo de jugar con fuego. El «fascismo de izquierdas», le recordó al líder de la SDS, es tan letal como el de derechas. Los que hablaban alegremente de la «violencia oculta» y la «tolerancia represiva» del pacífico régimen de Bonn —y los que se propusieron deliberadamente provocar a las autoridades para que ejercieran la represión mediante actos voluntaristas de violencia real— no sabían lo que estaban haciendo.

En marzo del año siguiente, cuando los líderes radicales hicieron repetidas llamadas a la confrontación con el «régimen» de Bonn, y el Gobierno los amenazó con tomar represalias contra las provocaciones violentas de Berlín Oeste y cualquier otro lugar, Habermas —junto a Grass, Walser, Enzensberger y Hochhuth— volvió a apelar a que prevaleciera el criterio democrático, e instó a estudiantes y Gobierno por igual a que respetaran la legalidad de la República. Al mes siguiente el propio Dutschke pagaría el precio de la polarización política que él mismo había promovido al ser disparado por un simpatizante neonazi en Berlín, el 11 de abril de 1968. En las tensas semanas que siguieron, solo en Berlín murieron dos personas y cuatrocientas resultaron heridas. El Gobierno de Kiesinger aprobó las Leyes de Emergencia (por 384 votos a favor frente a 100 en contra, con el respaldo de muchos socialdemócratas) que autorizaban a Bonn a gobernar por decreto en caso necesario —y que generaron el extendido temor de que la República de Bonn estaba a punto de desmoronarse, como le había ocurrido a la de Weimar solo treinta y cinco años antes.

Los sectores extremistas y cada vez más violentos de la política estudiantil alemana —los Grupos-K, los Autónomos, el ala extremista de la SDS— eran todos ostensiblemente «marxistas», generalmente marxistas-leninistas (esto es, maoístas). Muchos de ellos a menudo eran discretamente financiados por Alemania Oriental o Moscú, aunque en aquel momento este hecho no fuera comúnmente conocido. En efecto, en Alemania como en todas partes, la nueva izquierda mantuvo las distancias con el comunismo oficial —que en Alemania Occidental carecía en todo caso de relevancia política—. Pero como gran parte de la izquierda (y no solo de la izquierda) germano-occidental, los radicales mantuvieron una relación ambigua con la República Democrática Alemana del Este.

Un considerable número de ellos había nacido en lo que ahora era Alemania del Este, o en otros territorios más hacia el este de los que sus familias alemanas habían sido expulsadas, como Prusia Oriental, Polonia o Checoslovaquia. Tal vez no resulte pues sorprendente que la nostalgia que sus padres sentían por el pasado perdido de Alemania se reflejara en sus propios sueños de una Alemania alternativa, mejor, en el este. Alemania del Este, a pesar de (¿o a causa de?) su autoritarismo represivo, censor, ejercía una atracción especial sobre los jóvenes radicales del núcleo duro: representaba todo lo que Bonn no era y no pretendía ser otra cosa.

De este modo, el odio que sentían los radicales por las «hipocresías» de la República Federal los hicieron especialmente susceptibles a la reivindicación por parte de los comunistas de Alemania del Este de haberse enfrentado a la historia alemana y purgado su Alemania de su pasado fascista. Por otra parte, el anticomunismo que vinculaba a Alemania Occidental con la Alianza Atlántica y que constituía el núcleo de su doctrina política fue en sí mismo un blanco para la nueva izquierda, especialmente durante los años de la guerra de Vietnam, y contribuye a explicar su anti-anticomunismo. El énfasis en los crímenes del comunismo no era más que una desviación de la atención sobre los crímenes del capitalismo. Los comunistas, como Daniel Cohn-Bendit había manifestado en París, podían ser unos «miserables estalinistas», pero los liberal-demócratas no eran mejores que ellos.

Así que la izquierda alemana hizo oídos sordos a las muestras de descontento en Varsovia o Praga. Durante la década de 1960, Alemania Occidental y, en general, toda Europa occidental, vivió decididamente ensimismada. La revolución cultural de la época fue a todas luces provinciana: si la juventud occidental miraba al otro lado de sus fronteras, era en todo caso a tierras exóticas cuya imagen flotaba libre de las irritantes cortapisas del conocimiento o la información. De las culturas ajenas cercanas a casa, la Europa occidental de los años sesenta sabía muy poco. Cuando Rudi Dutschke realizó una visita fraternal a Praga, en pleno auge del movimiento reformista checo en la primavera de 1968, los estudiantes locales se quedaron sorprendidos ante su insistencia en que la democracia pluralista era el verdadero enemigo. Para ellos era la meta.

XIII

El fin de la cuestión

La revolución es el acto de una inmensa mayoría de la sociedad, dirigido contra el gobierno de una minoría. Va acompañada de una crisis de poder político y un debilitamiento del aparato de coerción. Por eso no debe llevarse a cabo mediante la fuerza o las armas.

JACEK KUROŃ y KAREL MODZELEWSKI, Carta abierta al Partido (marzo de 1965)

Cada partido comunista es libre de aplicar los principios del marxismo-leninismo y del socialismo en su propio país, pero no es libre de desviarse de dichos principios si quiere seguir siendo un partido comunista.

LEÓNIDAS BRÉZHNEV (3 de agosto de 1968)

Solo después de la primavera de Praga de 1968 empezó a verse quién era quién.

ZDENĚK MLYNÁŘ

El ayer llegó de repente.

PAUL MCCARTNEY

En el bloque soviético los años sesenta se experimentaron necesariamente de un modo muy distinto al de Occidente. La desestalinización posterior a 1956 estimuló la demanda de cambios tanto como la descolonización y la debacle de Suez lo había hecho en Occidente, pero el aplastamiento de la revuelta húngara dejó claro desde el principio que las reformas solo podrían producirse bajo los auspicios del Partido. Esto a su vez sirvió de recordatorio de que el motor del comunismo era la autoridad de Moscú, de que era el talante y las políticas de la cúpula soviética lo que contaba. Hasta su derrocamiento en 1964, fue Nikita Jruschov el que determinó la historia de la mitad este de Europa.

Los líderes soviéticos de la generación de Jruschov seguían creyendo en la lucha de clases internacional. De hecho, fue la proyección idealizada del recuerdo revolucionario soviético sobre las revueltas latinoamericanas lo que le condujo a Jruschov a cometer las equivocaciones que darían lugar a la crisis de Cuba de 1962 y a su propia caída. La lucha con China, que se hizo patente en 1960 y proporcionó a los críticos de izquierdas del régimen de Moscú una «alternativa» maoísta al modelo soviético, no fue solo una lucha por la primacía geopolítica; fue en parte un conflicto genuino por el alma de la «revolución mundial». De este modo, la competencia con Pekín colocó a los gobernantes posestalinistas de Moscú en una posición contradictoria. Como patria de la revolución anticapitalista, continuaban proclamando sus ambiciones sediciosas e insistiendo en la intacta autoridad del Partido, en la URSS y en sus países satélite. Por otro lado, el Kremlin continuaba favoreciendo la coexistencia con las potencias occidentales —y con sus propios ciudadanos.

La era de Jruschov fue testigo de mejoras importantes. A partir de 1959 el «cursillo» estalinista ya no era la única fuente autorizada de la historia soviética y la teoría marxista[1]. El reino del terror había sido abatido, aunque no las instituciones y las prácticas a las que había dado lugar: el gulag seguía en su sitio y decenas de miles de presos políticos seguían languideciendo en campos de internamiento y en el exilio —la mitad de ellos ucranianos—. Con Jruschov, se abandonaron las leyes de la época de Stalin que restringían la movilidad laboral, la jornada laboral diaria se redujo, se fijaron unos salarios mínimos y se introdujo un sistema de permisos de maternidad, así como un plan nacional de pensiones (ampliado a los trabajadores de la agricultura colectiva a partir de 1965). En resumen, la Unión Soviética —y sus satélites más avanzados— se convirtieron en embrionarios Estados del bienestar, al menos en la forma.

Sin embargo, las reformas más ambiciosas de Jruschov no produjeron los excedentes alimentarios prometidos (otra de las razones por las que sus colegas le darían de lado en octubre de 1964). El cultivo de las tierras hasta entonces «vírgenes» de Kazajistán y el sur de Siberia fue especialmente desastroso: cada año se arrasaba medio millón de toneladas de la capa superior del suelo de unas tierras absolutamente inadecuadas para la siembra de grano, y lo poco que se cosechaba llegaba infestado de hierbajos. En una tragicómica combinación de planificación centralizada y corrupción local, los jefes comunistas de Kirguizistán instaban a los trabajadores de la agricultura colectiva a comprar provisiones en las tiendas locales para cumplir las cuotas oficiales de suministro agrícola. En algunas ciudades de provincias se produjeron algunas insurrecciones populares a causa de la comida (como la de Novocherkassk, en junio de 1962). En enero de 1964, tras la desastrosa cosecha de 1963, la URSS se vio obligada a importar grano de Occidente.

Al mismo tiempo, la microagricultura privada que Jruschov había fomentado esporádicamente conseguía éxitos casi bochornosamente espectaculares: a principios de la década de 1960, el 3 por ciento de la tierra cultivada en manos privadas representaba más de un tercio de la producción agrícola de la Unión Soviética. Para 1965 dos tercios de las patatas y tres cuartos de los huevos que se consumían en la URSS procedían de granjas privadas. En la Unión Soviética, así como en Polonia o Hungría, el «socialismo» dependía para su supervivencia de una subyacente economía «capitalista» ilegal sobre cuya existencia se hacía la vista gorda[2].

Las reformas económicas de las décadas de 1950 y 1960 constituyeron desde el principio una serie de intentonas irregulares para parchear un sistema estructuralmente disfuncional. En la medida en que implicaban una cierta voluntad de descentralizar las decisiones económicas o autorizar la producción privada de facto, resultaban ofensivas para los miembros más intransigentes de la vieja guardia. Pero, por lo demás, las liberalizaciones llevadas a cabo por Jruschov, y más tarde por Brézhnev, no suponían una amenaza inmediata para la red de poder e influencias de la que dependía el sistema soviético. De hecho, si las mejoras económicas del bloque soviético consiguieron tan escasos avances fue precisamente porque siempre estuvieron subordinadas a las prioridades políticas.

La reforma cultural era otra cuestión. Lenin siempre se había preocupado más por sus críticos que por sus principios; sus herederos no eran distintos a él. La oposición intelectual, fuera o no probable que encontrara eco en el Partido o fuera de él, era algo a lo que los líderes comunistas, incluido Jruschov, eran intensamente sensibles. A raíz de sus primeras denuncias de Stalin, en 1956, se generó un extendido optimismo, en la Unión Soviética y el resto de países, acerca de que la censura se relajaría y se dejaría abierto un espacio para la disidencia y las críticas moderadas (aquel mismo año, Borís Pasternak presentó sin éxito el manuscrito de su novela Doctor Zhivago a la revista literaria Novy Mir). Pero el Kremlin pronto empezó a sentirse preocupado ante lo que juzgaba un aumento de la permisividad cultural; a los tres años del Vigésimo Congreso del Partido, Jruschov pronunció agresivos discursos en defensa del realismo socialista oficial en las artes y amenazó a sus críticos con graves consecuencias si continuaban desacreditándolo, incluso en retrospectiva. Al mismo tiempo, en 1959, las autoridades tomaron medidas drásticas contra los sacerdotes ortodoxos y los baptistas, una forma de disidencia cultural a la que se había concedido cierta libertad desde la caída de Stalin.

Sin embargo, el propio Jruschov, si no sus colegas, era predeciblemente impredecible. El 22.º Congreso del PCUS, celebrado en octubre de 1961, reveló el alcance del cisma entre China y la URSS (al mes siguiente, los soviéticos cerraron su embajada en Albania, el representante de China en Europa), y en la competición por la influencia global, Moscú se propuso presentar un nuevo rostro ante sus confusos y vacilantes partidarios extranjeros. En 1962, a un oscuro maestro de provincias, Alexander Solzhenitsin, se le permitió publicar su pesimista e implícitamente subversiva novela Un día en la vida de Iván Denísovich en Novy Mir, la misma revista que apenas seis años antes había rechazado a Pasternak.

La relativa tolerancia de los últimos años de Jruschov no se extendió a la crítica directa contra la cúpula soviética: es indudable que obras posteriores de Solzhenitsin ni siquiera se habrían podido publicar en el momento álgido del «deshielo». Pero, en comparación con todo lo anterior, los años sesenta constituyeron un periodo de libertad literaria y de cautelosa experimentación cultural. Sin embargo, con el golpe del Kremlin en octubre de 1964, todo cambió. Los que conspiraban contra Jruschov se sentían irritados por sus fracasos políticos y su estilo autocrático; pero, sobre todo, les preocupaban sus incoherencias. Puede que el primer secretario supiera exactamente lo que era permisible y lo que no, pero otros podían sentirse tentados a malinterpretar su aparente tolerancia. Podían cometerse errores.

A los pocos meses de hacerse con el control, la nueva cúpula del Kremlin comenzó a presionar a la intelligentsia. En septiembre de 1965 dos jóvenes escritores, Andréi Siniavski y Yuli Daniel, fueron arrestados. Bajo los pseudónimos de Abram Tertz y Nikolái Arzhak habían conseguido, de forma clandestina, publicar varias obras de ficción en el extranjero. Tertz-Siniavski también había publicado en el extranjero un ensayo crítico sobre la literatura soviética moderna, titulado Sobre el realismo socialista. En febrero de 1966 los dos hombres fueron llevados a juicio. Dado que en la Unión Soviética no había ninguna ley que prohibiera la publicación de obras en el extranjero, las autoridades adujeron que el contenido de sus obras constituía en sí mismo una prueba del delito de activismo antisoviético. Ambos fueron declarados culpables y sentenciados a campos de trabajo. Siniavski por siete años (aunque sería liberado a los seis) y Daniel por cinco.

El juicio Siniavski-Daniel se celebró a puerta cerrada, aunque una campaña de prensa en la que se vilipendiaba a ambos escritores había atraído la atención pública sobre cuál sería su destino. Pero los procedimientos fueron secretamente grabados y transcritos por varias personas con autorización para estar presentes en la sala y fueron publicados en ruso y en inglés un año más tarde, lo que generó numerosas peticiones y demandas internacionales para la liberación de ambos hombres[3]. Lo más extraordinario del caso fue que a pesar de toda la brutalidad de las décadas de Stalin, nadie hasta entonces había sido arrestado y encarcelado por el contenido de sus escritos (de ficción). Incluso aunque se falsearan pruebas con este propósito, hasta entonces los intelectuales siempre habían sido acusados por sus hechos, no meramente por sus palabras.

En contraste con la comparativa laxitud de los años de Jruschov, el tratamiento de Siniavski y Daniel generó unas protestas sin precedentes dentro de la propia Unión Soviética. El movimiento disidente de las últimas décadas de la Unión Soviética data de este momento: la samizdat (autopublicación) clandestina comenzó el mismo año de los arrestos y a causa de ellos, y muchas de las figuras más trascendentales de los círculos de la disidencia de las décadas de 1970 y 1980 hicieron su primera aparición pública manifestándose en contra del tratamiento dado a Siniavski y Daniel. Vladímir Bukovski, entonces un estudiante de 25 años, fue arrestado en 1967 por organizar una manifestación en la Plaza Pushkin en defensa de los derechos civiles y la libertad de expresión. Ya en 1963 había sido arrestado por la KGB, acusado de posesión de literatura antisoviética y recluido en un hospital psiquiátrico, obligado a someterse a tratamiento. Ahora era sentenciado a pasar tres años en un campo de trabajo por «actividades antisoviéticas».

El asunto Siniavski-Daniel y la reacción que despertó pareció delimitar con toda claridad la situación de la Unión Soviética: lo que había cambiado y lo que no. Para los criterios de cualquiera, salvo los de su propia historia, el régimen era inamovible, represivo e inflexible. El espejismo de 1956 se había desvanecido. Las perspectivas de contar la verdad sobre el pasado, y rectificar en el futuro, parecían haber dado marcha atrás. Las ilusiones de la era Jruschov se habían venido abajo. Fuera cual fuera la imagen que presentara ante las potencias occidentales, el régimen soviético empezaba a instalarse en un ocaso indefinido de estancamiento económico y decadencia moral.

En los Estados satélite de Europa del Este, las perspectivas de cambio parecían claramente más propicias, lo cual resulta paradójico. Después de todo, si los ciudadanos de la Unión Soviética estaban indefensos ante la dictadura posestalinista, entonces los habitantes de Hungría o Checoslovaquia y sus vecinos lo estaban por partida doble: no solo vivían bajo un régimen represivo, sino que sus propios gobernantes estaban a su vez sometidos a la verdadera autoridad de la capital imperial. Los principios del imperio soviético habían quedado convenientemente ilustrados en Budapest en noviembre de 1956. Por otra parte, en Checoslovaquia y Rumanía, algunas de las víctimas supervivientes de los «juicios-espectáculo» de años anteriores todavía se consumían en prisión una década después.

Y, sin embargo, Europa del Este era diferente —en parte, por supuesto, debido precisamente a que constituía una ampliación colonial reciente del gobierno comunista—. En 1960 el comunismo era la única forma de gobierno que la mayoría de los ciudadanos de la Unión Soviética habían conocido jamás, y, a la sombra de la Gran Guerra Patriótica había adquirido incluso cierta legitimidad. Pero más hacia el oeste, el recuerdo de la ocupación y la toma soviéticas seguía fresco todavía. El mero hecho de ser en efecto marionetas de Moscú y carecer por tanto de credibilidad local hacía a los líderes del Partido de los Estados satélite más sensibles a las ventajas de satisfacer los sentimientos locales.

Esto era todavía más factible debido a que, entre 1956 y 1968, los críticos domésticos de los regímenes del Partido en Europa del Este no eran en absoluto anticomunistas. En respuesta a la afirmación realizada por Sartre en 1956 de que la revolución húngara había estado caracterizada por un «espíritu derechista», el historiador y refugiado húngaro François Fejtő había replicado que eran los estalinistas los que estaban a la derecha. Ellos eran los «versallescos». «Nosotros permanecemos a la izquierda, fieles a nuestras ideas y nuestras tradiciones». La insistencia de Fejtő sobre la credibilidad de una izquierda antiestalinista capta el sentir de la oposición de los intelectuales de Europa del Este durante los doce años siguientes. La cuestión no residía en condenar el comunismo, y mucho menos derrocarlo; el objetivo consistía más bien en pensar qué era lo que había ido tan desastrosamente mal y proponer una alternativa dentro de los términos del propio comunismo.

En esto consistía el «revisionismo». El líder polaco Władysław Gomułka sería el primero en utilizar el término en este contexto, durante una reunión del Comité Central del Partido Obrero Unificado polaco celebrada en mayo de 1957, para describir a sus críticos intelectuales. Estos «revisionistas» —de los cuales el más conocido en Polonia era el joven filósofo marxista Leszek Kołakowski— habían sido en muchos casos marxistas ortodoxos hasta 1956. Y no abjuraron de su fidelidad de la noche a la mañana. Por el contrario, pasaron los siguientes doce años, en palabras del escritor eslovaco Milan Šimečka, «tratando de encontrar dónde estaba el error en el plano». Como la mayoría de los marxistas occidentales contemporáneos, creían firmemente en la idea de que era posible distinguir claramente entre la credibilidad del marxismo y los crímenes de Stalin.

Para muchos marxistas de la Europa del Este, el estalinismo constituía una trágica parodia de la doctrina marxista, y la Unión Soviética, un desafío permanente a la credibilidad del proyecto de la transformación socialista. Pero, a diferencia de la nueva izquierda occidental, los revisionistas intelectuales del Este continuaban colaborando con el Partido Comunista, a menudo desde dentro de él. Es evidente que ello obedecía en parte a la necesidad; pero en parte también a una convicción sincera. A largo plazo, esta afiliación acabaría por aislar e incluso desacreditar a los comunistas reformistas de aquellos años, sobre todo a los ojos de una generación emergente, cada vez más en sintonía con el espíritu de sus colegas occidentales y cuyo punto de referencia no era ya el pasado estalinista sino el presente capitalista. Pero desde 1956 a 1968, el momento revisionista en la Europa del Este permitió a escritores, directores de cine, economistas, periodistas, etcétera abrir una pequeña ventana al optimismo sobre una alternativa al futuro socialista.

En Polonia, el espacio crítico más importante era el que proporcionaba la Iglesia católica y la protección que podía ofrecer a los que trabajaban bajo sus auspicios —especialmente en la Universidad Católica de Lublin y en las revistas Znak y Tygodnik Powszechny—. Una peculiaridad de la Polonia de los años de Gomułka consistía en que los filósofos marxistas y los teólogos católicos podían encontrar cierta base común en su defensa de la libertad de expresión y las libertades civiles —un anticipo en fase embrionaria de las alianzas que se forjarían en la década de 1970—. Sin embargo, en el resto de países el propio Partido Comunista era el único foro en el que dichas críticas podían expresarse en voz alta. El terreno más propicio para la crítica «constructiva» era la gestión comunista de la economía.

Una de las razones para ello era que el marxismo convencional se basaba teóricamente en la economía política, de modo que la política económica (una vez liberada de la omnipresente influencia de Stalin) constituía un terreno apto para la disidencia intelectual. Otra razón era que muchos intelectuales de la Europa del Este seguían tomándose el marxismo muy en serio y tratando el problema de la economía comunista como un punto de partida vital para las reformas importantes. Pero la explicación fundamental era, sencillamente, que a principios de la década de 1960 las economías de los Estados comunistas europeos empezaron a evidenciar los primeros síntomas de un grave deterioro.

Los puntos débiles de las economías comunistas apenas constituían ya un secreto para nadie. Estas solo eran capaces de proporcionar a sus ciudadanos comida suficiente (en la Unión Soviética a menudo no se conseguía ni siquiera esto). Su objetivo fundamental era la producción masiva de productos industriales primarios superfluos. Los artículos —especialmente los de consumo— de los que existía una creciente demanda no se producían, o al menos no en la suficiente cantidad ni con la calidad necesaria. Y el sistema de distribución y venta de las existencias disponibles de estos productos estaba tan mal gestionado que las verdaderas carencias se exacerbaban debido a la escasez artificialmente inducida por los cuellos de botella, la atención a un reducido número de clientes, la corrupción y, en el caso de la comida y otros productos perecederos, los altos niveles de desperdicio.

Durante la primera década de la postguerra, las ineficiencias propias del comunismo habían podido camuflarse en parte por las exigencias de la necesaria reconstrucción de la postguerra. Pero, a principios de la década de 1960, después de que Jruschov se jactara de que el comunismo podía «superar» a Occidente y de las proclamaciones oficiales sobre la ya completada transición al socialismo, la distancia entre la retórica del Partido y la penuria cotidiana ya no podía acortarse por medio de exhortaciones a reparar daños de guerra o aumentar la producción. Y la acusación de que eran los saboteadores —los kulaks, los capitalistas, los judíos, los espías o los «intereses» occidentales— los responsables de obstaculizar el progreso comunista, a pesar de seguir escuchándose en ciertos ámbitos, se asociaba ahora a la época del terror: una época que la mayoría de los líderes comunistas posteriores a Jruschov ansiaban dejar atrás lo antes posible. Los problemas, según se reconocía cada vez más, debían radicar en el propio sistema económico comunista.

Los autodenominados «economistas reformistas» (el término «revisionista» acarreaba connotaciones peyorativas) abundaban sobre todo en Hungría. En 1961 János Kádár había manifestado que el Partido-Estado asumiría a partir de entonces que todo el que no se opusiera activamente a él, lo apoyaba; y por tanto, fue bajo los auspicios del régimen kadarista cuando los críticos de la práctica económica comunista se atrevieron por primera vez a expresarse[4]. Los economistas reformistas reconocían que la colectivización de la tierra en las décadas de 1940 y 1950 había sido un error. También reconocieron, aunque de forma más cautelosa, que la obsesión soviética por la extracción y la producción a gran escala de productos industriales primarios constituía un obstáculo para el crecimiento. En resumen, admitían —aunque no tan explícitamente— que la aplicación masiva a la Europa del Este de la industrialización y la destrucción de la propiedad privada llevadas a cabo en la Unión Soviética había sido un desastre. Y, de forma aún más radical, empezaron a buscar formas para que las economías comunistas pudieran incorporar políticas de precios y otros incentivos de mercado a un sistema de propiedad y producción colectivista.

Los debates de la década de 1960 sobre reforma económica en Europa del Este tenían que desarrollarse con la máxima cautela. Algunos dirigentes del Partido eran los suficientemente pragmáticos (o estaban lo suficientemente preocupados) para reconocer los errores técnicos del pasado —incluso la cúpula neoestalinista checa abandonó su énfasis en la industria pesada en 1961, a mitad de camino de su desastroso tercer plan quinquenal—. Pero admitir el fracaso de la planificación central o la propiedad colectiva era otra cuestión. Los economistas reformistas como Ota Šik o el húngaro János Kornai pretendían en cambio definir una «tercera vía»: una economía mixta en la que el hecho no negociable de la propiedad comunitaria y la planificación central se vería mitigado mediante una mayor autonomía local, cierta política de precios y la relajación de los controles. Al fin y al cabo, los argumentos económicos eran incontrovertibles: sin dichas reformas, el sistema comunista degeneraría en el estancamiento y la pobreza —«y haría que la escasez se reprodujera», como Kornai dejó escrito en un famoso documento.

Solo en Hungría, Kádár respondió a sus críticos con el permiso a cierto grado de reforma auténtica: el Nuevo Mecanismo Económico inaugurado en 1968. Las granjas colectivas consiguieron una notable autonomía y no solo permitieron sino que estimularon la explotación complementaria de parcelas privadas. Algunos monopolios se acabaron. Los precios de ciertos artículos se vincularon al mercado mundial y pudieron fluctuar a través de múltiples tipos de cambio. Se autorizaron los puntos de venta al por menor privados. El objetivo no consistía tanto en construir una vía intermedia entre dos sistemas económicos incompatibles como introducir la máxima actividad de mercado posible (y, con ella, una prosperidad que generara satisfacción en los consumidores) compatible con un firme control político de las máximas instancias de la economía.

Visto en retrospectiva, parece claro que los reformistas se engañaban a sí mismos si creían posible una «tercera vía» entre el comunismo y el capitalismo. Pero esto no se debía a ningún error formal en su análisis económico. Su verdadero error radicaba en una malinterpretación curiosamente ingenua del sistema en el que vivían. Lo que le importaba al liderazgo comunista no era la economía, sino la política. Las teorías de los reformistas económicos implicaban inevitablemente que la autoridad central del Partido-Estado debería debilitarse para reanudar la vida económica normal. Pero, ante esa alternativa, los Partidos-Estado comunistas iban a elegir siempre la anormalidad económica.

Entre tanto, sin embargo, los regímenes estaban interesados sobre todo en la estabilidad. Para esto había tres modelos emergentes. El primero, el «kadarismo», no era fácilmente exportable —y gran parte de la estrategia del líder húngaro consistía en garantizar a las autoridades del Kremlin que no existía ningún «modelo» húngaro, sino solo una solución práctica concreta a las dificultades locales—. La situación de Hungría era en efecto única, con Kádár tentando cínicamente a sus conciudadanos húngaros, privados de viajar, con el acceso al próspero Occidente como una especie de recompensa por buena conducta —un reconocimiento tácito del propio fracaso del comunismo—. El país estaba entonces dirigido por y para la «nueva clase», como el disidente yugoslavo Milovan Djilas la denominó en un influyente libro de 1957: una educada tecnocracia de burócratas y profesionales, pragmáticamente concentrados en barrer hacia adentro y asegurarse su propia supervivencia. La auténtica liberación era impensable, pero una vuelta a la represión parecía altamente improbable.

La Hungría de Kádár —«el mejor barracón del campamento»—, a pesar de ser objeto de la envidia de muchos, era emulada de forma bastante irregular. El segundo modelo, la Yugoslavia de Tito, era aún más obviamente sui generis. Esto no era porque Yugoslavia hubiera conseguido evitar los problemas de sus vecinos. Muchos de los fallos económicos de los satélites soviéticos resultaban también conocidos para los yugoslavos, un recordatorio de que el estado vegetativo entre el Este y el Oeste en que se encontraba el país era producto de la casualidad histórica más que de la opción ideológica. Pero en el transcurso de las décadas de 1950 y 1960 Tito había introducido cierto grado de descentralización en la toma de decisiones y permitido algunos experimentos con la «autonomía» de las fábricas y los trabajadores.

Estas innovaciones eran fruto tanto de las divisiones étnicas y geográficas como de la necesidad económica. En un Estado federal integrado por unas repúblicas y unos ciudadanos que apenas compartían nada aparte de unos recuerdos tristes y antagónicos entre sí, la imposición de unas normas uniformes desde Belgrado parecía en gran medida una vuelta a las prácticas de la preguerra. La difícil topografía de la región favorecía la iniciativa local y, gracias a la ruptura con Stalin, la versión de Tito de la dictadura del proletariado ya no se veía obligada a reproducir exactamente todos los errores cometidos por la propia Unión Soviética en su camino hacia la modernidad industrial. Fueron estas consideraciones, más que el proyecto socialista creativo y alternativo que los admiradores occidentales de Tito ilusoriamente le atribuían, las que conformaron el modelo yugoslavo.

Pero Yugoslavia seguía siendo diferente a pesar de todo: no necesariamente más amable con sus críticos, como Djilas y otros pudieron comprobar en sus propias carnes cuando discreparon de la ortodoxia titista[5], pero sí más flexible a la hora de gestionar las necesidades y los deseos de la población en general (en gran medida gracias a la ayuda occidental). Cuando la ensayista yugoslava Dubravka Ugrešić expresa su nostalgia por la Yugoslavia perdida de su juventud, lo que le viene a la mente son los «auténticos winklepickers (zapatos puntiagudos), los impermeables de plástico, la primera ropa interior de nylon… el primer viaje a Trieste». Esta lista de artículos de consumo baratos hubiera ocupado un lugar mucho menos preponderante en la memoria búlgara o rumana, por ejemplo —y el «primer viaje a Trieste» habría estado fuera de toda cuestión—. Los yugoslavos no eran prósperos ni libres; pero no vivían encerrados en un sistema hermético. El «titismo» era más opresor que represor. Y en aquel momento esta distinción era importante.

Una tercera vía hacia la estabilidad era el «nacional-estalinismo». Esta fue la opción albanesa: una sociedad cerrada, empobrecida, bajo la autoridad absoluta de un autócrata local del Partido, paranoico y todopoderoso. Pero también era, cada vez más, el modelo rumano. Nikita Jruschov, que sentía una profunda antipatía por Rumanía (un sentimiento muy extendido entre los rusos de su generación), había tratado de asignarle una función exclusivamente agrícola dentro de la distribución de tareas comunista a escala internacional. Pero los dirigentes del Partido de Bucarest no tenían intención de verse reducidos a suministrar materias primas y alimentos a otras economías comunistas más prósperas y avanzadas.

El hecho de haber desempeñado un papel complaciente en el encarcelamiento y la represión de los participantes en la revolución húngara aseguró a los rumanos la retirada de las fuerzas soviéticas de su territorio en 1958 y la posibilidad de emprender un camino cada vez más independiente. Bajo el gobierno de Gheorghiu-Dej y (a partir de 1965) de Ceauşescu, Rumanía declinó implicarse en las peleas de Moscú con China e incluso se negó a autorizar al Pacto de Varsovia que realizara maniobras en su territorio. Los líderes rumanos intentaron acercamientos con Tito (cuyas relaciones con el Pacto de Varsovia eran formales más que amistosas), en el marco de los cuales Gheorghiu-Dej incluso llegó a dirigirse a la Asamblea Nacional yugoslava en 1963; y financiaron la industrialización neoestalinista de Rumanía con dinero y maquinaria obtenidos de Europa occidental. Los acuerdos de Rumanía con Occidente se incrementaban constantemente, mientras que el comercio con los países del Comecon descendió, y pasó de representar el 70 por ciento del total del comercio exterior de Rumanía a comienzos de la década de 1960 a un 45 por ciento diez años después.

Esta cacareada estrategia de «Rumanía primero» no resultaba impopular en el país —de hecho, una de las formas en las que el Partido Comunista de Rumanía en el poder había compensado sus orígenes claramente no rumanos había consistido en envolverse bajo el manto del nacionalismo. Gheorghiu-Dej fue el primero en hacerlo, y Ceauşescu se limitó a continuar con ella. Pero la estrategia tuvo un éxito aún mayor en el extranjero. Mientras que Albania, el representante de China en Europa, no ejercía atracción sobre nadie salvo unos cuantos estalinistas nostálgicos y maoístas empedernidos, la imagen de la Rumanía comunista era curiosamente positiva. Simplemente con distanciarse de Moscú, los dirigentes de Bucarest habían cosechado inopinadamente una gran cantidad de admiradores occidentales. The Economist, en agosto de 1966, denominó a Ceauşescu «el De Gaulle de Europa del Este».

Precisamente De Gaulle, en una visita a Bucarest realizada en mayo de 1968, había comentado que aunque el comunismo de Ceauşescu no era apropiado para Occidente, probablemente se adecuaba bien a Rumanía, «chez vous un tel régime est utile, car il fait marcher les gens et fait avancer les choses» (Para ustedes, un régimen así resulta útil, hace que la gente se mueva y haga cosas). Sin duda, De Gaulle estaba en lo cierto en cuanto a que el comunismo rumano no habría sido apropiado para Occidente. El comunismo rumano era especialmente despiadado y represor: al distanciarse de la Unión Soviética a partir de 1958, Gheorghiu-Dej y Ceauşescu también se liberaron de cualquier necesidad de emular la desestalinización y las reformas asociadas a la era de Jruschov. A diferencia de otros Estados satélite, Rumanía no permitía ninguna oposición interna —los intelectuales de Bucarest de los años sesenta, aislados de su propia sociedad, no participaban en debates domésticos (eran inexistentes) y tenían que contentarse con leer los últimos nouveaux romans de París y participar indirectamente en una cultura francesa cosmopolita con la que los rumanos cultos siempre habían declarado mantener una especial afinidad.

Pero lejos de condenar a los dictadores rumanos, los gobiernos occidentales los alentaron todo lo posible. Una vez que Rumanía incumplió el veto soviético y reconoció formalmente a Alemania Occidental en enero de 1967, las relaciones se hicieron más cordiales aún: con su visita a Bucarest en agosto de 1969, Richard Nixon se convertiría en el primer presidente de Estados Unidos en visitar un Estado comunista. El comunismo nacionalista —«tal vez sea un comunista, pero es nuestro comunista»— le resultó rentable a Ceauşescu: llegado el momento, Rumanía fue el primer Estado del Pacto de Varsovia en entrar en el GATT (en 1971), el Banco Mundial y el FMI (1972), en entablar relaciones comerciales preferentes con la Comunidad Económica Europea (1973) y en entrar en la lista de naciones más Favorecidas de Estados Unidos (1975)[6].

Lo que los diplomáticos occidentales creían ver en los autócratas antirrusos de Bucarest eran los rasgos de un nuevo Tito: estables, manejables y más interesados en el poder local que en el conflicto internacional. Al menos en un sentido tenían razón. Tito y Ceauşescu, al igual que Kádár y la cúpula neoestalinista de la RDA, supieron bandearse con éxito en las turbulentas aguas de la década de 1960. Cada uno a su manera, consiguieron la autoridad y el control en su país mientras mantenían al menos un modus vivendi con Moscú. Los líderes comunistas de Varsovia y Praga no tuvieron el mismo éxito.

El pacífico resultado de las revueltas polacas de 1956 se había conseguido a un precio. Mientras las instituciones y los escritores católicos estaban permitidos en la Polonia de Gomułka, la oposición dentro del propio Partido se veía severamente constreñida. El Partido Obrero Unificado Polaco seguía siendo profundamente conservador, si bien durante los años de Stalin había logrado evitar las purgas violentas. Inquieto ante la perspectiva de una repetición de los disturbios de 1956, la cúpula del Partido trató cualquier crítica a sus políticas como una amenaza directa a su monopolio del poder. El resultado fue una profunda frustración entre los intelectuales «revisionistas», no solo ante el régimen en general, sino ante la oportunidad perdida de encontrar una nueva dirección, la cuestión pendiente del Octubre Polaco.

En el verano de 1964 dos estudiantes de postgrado de la Universidad de Varsovia, Jacek Kuroń y Karol Modzelewski, elaboraron una crítica académica del sistema político y económico de la República Popular de Polonia. Su disertación era impecablemente marxista en su tono y su contenido, pero eso no evitó que fueran expulsados del Partido y de la Unión de la Juventud Socialista, y que fueran denunciados en los círculos oficiales por difundir propaganda contraria al Partido. Su respuesta consistió en publicar una Carta Abierta al Partido, que presentaron en las oficinas del Partido en la Universidad de Varsovia en marzo de 1965. En dicha Carta, los autores describían un régimen burocrático, autocrático, insensible a los intereses de nada que no fuera la élite dirigente a la que servía, que gobernaba de forma incompetente sobre una población trabajadora empobrecida y censuraba cualquier comentario o crítica. La única esperanza de Polonia, concluían Kuroń y Modzelewski, residía en una revolución auténtica, basada en los consejos de trabajadores, la libertad de prensa y la abolición de la policía política.

Al día siguiente de presentar su Carta, ambos fueron arrestados y acusados de promover el derrocamiento del Estado. El 19 de julio de 1965 fueron sentenciados a penas de prisión de tres y tres años y medio respectivamente. Las autoridades reaccionaron con especial preocupación a los términos impecablemente marxistas de su crítica, su eficaz utilización de los datos sociales para poner de relieve los desastrosos resultados económicos del régimen y su llamamiento a una revolución de los trabajadores para sustituir la dictadura burocrática de aquel momento (un matiz neotrotskista que no favorecería en nada su causa[7]). Pero, probablemente, el Partido estaba decidido por encima de todo a evitar especialmente la combinación del diagnóstico intelectual y la acción proletaria a la que llamaba la carta de Kuroń y Modzelewski.

El caso Kuroń-Modzelewski desató una sentida respuesta en la universidad. El juicio secreto de ambos estudiantes causó un gran impacto, y no solo se exigió su liberación, sino que tanto su Carta como su anterior trabajo de investigación se hicieran públicos. Eminentes intelectuales hicieron suyo el caso. Leszek Kołakowski, catedrático de filosofía de la Universidad de Varsovia, se dirigió a los alumnos del Instituto de Historia al año siguiente, durante el 10.º aniversario de la sesión plenaria del Partido Polaco celebrada en octubre de 1956. El Octubre Polaco había constituido una oportunidad perdida, explicó. Diez años después, Polonia era una tierra de privilegios, ineficacia y censura. Los comunistas habían perdido el contacto con el país, y la represión contra Kuroń, Modzelewski y sus críticas eran un síntoma del declive del Partido —y de la nación.

Como era de esperar, Kołakowski fue expulsado del Partido acusado de ser un «burgués-liberal», a pesar de la valiente reivindicación que hicieron sus colegas de la Universidad de Varsovia de sus credenciales marxistas internacionalmente reconocidas. Veintidós eminentes escritores e intelectuales comunistas polacos escribieron entonces al Comité Central para defender al «camarada Kołakowski» como portavoz de una «cultura y democracia socialistas libres y auténticas». Estos también fueron expulsados del Partido. Para la primavera de 1967, la incompetente cúpula polaca, enfurecida por las críticas vertidas sobre ella desde la izquierda, había conseguido labrarse una genuina oposición intelectual; y la Universidad de Varsovia se había convertido en un centro de revueltas estudiantiles —en nombre de la libertad de expresión y en defensa, entre otras cosas, de sus profesores perseguidos.

La cuestión de la libertad de expresión dio un giro adicional en enero de 1968. Desde finales de noviembre de 1967, el teatro de la Universidad había estado presentando una producción de Los antepasados, de Adam Mickiewicz, el poeta nacional de Polonia. Escrita en 1832, pero peligrosamente contemporánea en su retrato de los rebeldes del siglo XIX que luchan contra la opresión, la obra había atraído a públicos inquietos y claramente comprometidos. A finales de enero, las autoridades comunistas anunciaron que las representaciones debían suspenderse. Tras la última función, cientos de estudiantes marcharon hacia el monumento de Mickiewicz, situado en el centro de la capital polaca, para denunciar la censura y demandar un «teatro libre». Dos de los estudiantes, Henryk Szlajfer y Adam Michnik, describieron la situación al corresponsal de Le Monde en Varsovia, cuyo reportaje fue luego emitido en Radio Europa Libre, a consecuencia de lo cual Michnik y su colega fueron expulsados de la Universidad.

Como respuesta, los estudiantes organizaron una avalancha de peticiones ante el Parlamento polaco, la sucursal de la Asociación de Escritores Polacos en Varsovia adoptó resoluciones en sintonía con la causa y Kołakowski y otros eminentes catedráticos y escritores pronunciaron numerosos discursos en apoyo de los estudiantes. Un escritor denunció públicamente el tratamiento comunista de la cultura como «la dictadura de los tontos». El 8 de marzo la policía disolvió violentamente una reunión de estudiantes en la Universidad de Varsovia para protestar por la expulsión de Michnik y Szlajfer. Tres días después las manifestaciones estudiantiles se extendieron por toda la nación y se declaró una huelga en la propia Universidad de Varsovia. Los círculos neoestalinistas del Partido empezaron a referirse amenazadoramente a la pérdida de control del Partido, e incluso algunos de ellos alertaron a Moscú sobre los peligros del «revisionismo» al estilo checoslovaco.

El régimen de Gomułka contraatacó con fuerza. La huelga y las protestas subsiguientes fueron aplastadas con considerable violencia —la suficiente para hacer que dos miembros del Politburó y dos ministros del gabinete dimitieran en señal de desacuerdo—. Treinta y cuatro estudiantes y seis catedráticos más (incluido Kołakowski) fueron expulsados de la Universidad de Varsovia. Luego, a continuación de la represión de la Primavera de Praga en la vecina Checoslovaquia (ver más adelante), las autoridades arrestaron a los organizadores de las protestas y recogidas de firmas contra la invasión soviética y los llevaron a juicio. En una larga serie de juicios celebrados entre septiembre de 1968 y mayo de 1969, numerosos estudiantes e intelectuales de Varsovia, Wrocław, Cracovia y Łódź fueron sentenciados a penas de entre seis meses y tres años de cárcel por «participación en organizaciones secretas», «distribución de publicaciones antiestatales» y otros crímenes. Las sentencias más duras fueron para los que como Adam Michnik, Jan Lityński y Barbara Toruńczyk habían participado también en las primeras protestas estudiantiles.

El hecho de que un número desproporcionado de los alumnos y profesores arrestados, expulsados y encarcelados en Polonia durante los años 1967-1969 fueran de origen judío no se debía a una mera coincidencia. Ya desde la vuelta al poder de Gomułka en 1956, el ala conservadora (neoestalinista) del Partido polaco había buscado el momento oportuno para invalidar incluso las limitadas liberalizaciones que había introducido. Bajo la dirección de Mieczysław Moczar, el ministro de Interior, esta oposición interna se había fusionado con la causa del antisemitismo.

Desde la muerte de Stalin hasta 1967 el antisemitismo —aunque endémico en la Europa del Este y en la propia Unión Soviética— se mantuvo fuera de la retórica comunista oficial. Tras la guerra la mayoría de los judíos supervivientes de la Europa del Este había marchado hacia el Oeste o a Israel. De los que quedaron, muchos escaparon, mientras pudieron, durante las persecuciones de los últimos años de Stalin. Todavía quedaban importantes comunidades de judíos tanto en Polonia como (especialmente) en Hungría; pero la mayoría de ellos no eran judíos practicantes y por lo general ni siquiera se veían a sí mismos como judíos. En el caso de los que habían nacido después de la guerra a menudo ni siquiera sabían que lo eran, ya que sus padres habían juzgado prudente no decirlo[8].

Especialmente en Polonia, el todavía considerable número de comunistas judíos —algunos de los cuales ocupaban cargos políticos y otros pertenecían al ámbito universitario o ejercían profesiones liberales— eran mayoritariamente indiferentes a su procedencia judía, y otros lo bastante ingenuos para suponer que su indiferencia era compartida por la mayoría de los polacos. Pero representaban un blanco irresistible para cualquiera que buscara una ruta hacia el poder dentro del Partido y una popularidad demagógica en todo el país en general[9]. Lo único que había que encontrar era la ocasión oportuna, que llegó con la Guerra de los Seis Días entre Israel y sus vecinos árabes, en junio de 1967. El apoyo soviético a la causa árabe legitimó que se hicieran oír las críticas hacia Israel, el sionismo y los judíos.

Así, en un discurso pronunciado el 19 de junio de 1967, en el que se condenaba a los que habían apoyado a Israel en este reciente conflicto. Gomułka mezcló sin reparo alguno a sus detractores judíos con el Estado sionista: «Quisiera anunciar que no impediremos a los ciudadanos polacos de nacionalidad judía que regresen a Israel si así lo desean. Nuestra postura es que todo ciudadano polaco debería tener un país: la República Popular de Polonia […]. Dejemos que los que creen que estas palabras van dirigidas a ellos, al margen de su nacionalidad, extraigan la conclusión correcta. No queremos una quinta columna en nuestro país». La referencia a los judíos como la quinta columna de Polonia fue difundida por radio y televisión y escuchada por millones de polacos. El mensaje no dejaba lugar a dudas.

Si Gomułka estaba expresando sus propias opiniones, si buscaba chivos expiatorios para el fracaso de sus políticas de la década anterior o si meramente se había limitado a prever los esfuerzos de Moczar por derrocarle y había decidido sacar ventaja a sus opositores estalinistas es algo que nunca quedó claro. Pero las consecuencias de su decisión fueron dramáticas. Las autoridades polacas desataron una oleada de prejuicios contra los judíos en toda Polonia pero, especialmente, en el Partido y en las instituciones académicas. Los apparatchiks del Partido extendieron los rumores de que la escasez económica y otros problemas eran obra de los comunistas judíos, y se hacían distinciones entre los «buenos» comunistas a los que guiaban los intereses de Polonia y los otros (los judíos) cuyas verdaderas lealtades no se sabía cuáles eran.

En 1968 los padres y otros familiares de los estudiantes judíos arrestados o expulsados fueron a su vez despedidos de sus puestos oficiales y académicos. Sus perseguidores prestaban especial atención a los nombres y el origen de los estudiantes y catedráticos que comparecían ante los tribunales —hecho ya conocido en juicios como el de Slánský y algunos otros de los años cincuenta, pero que resultaba nuevo en la Polonia comunista—. En pleno auge de la histeria antisemita, los periódicos definían a los judíos por criterios derivados directamente de las Leyes de Núremberg —lo cual no parece sorprendente si se tiene en cuenta la abundancia de fascistas polacos reciclados entre el ala estalinista del Partido en el gobierno.

De modo que se invitó a los judíos a salir del país. Muchos así lo hicieron, en unas condiciones humillantes y a costa de un gran sacrificio personal. De los 30.000 judíos que quedaban en Polonia, unos 20.000 salieron del país entre los años 1968 y 1969, y solo quedaron unos cuantos miles atrás, la mayoría los más ancianos y los más jóvenes —incluidos Michnik y sus camaradas universitarios, que entonces estaban cumpliendo sus penas de cárcel—. Entre los que salieron beneficiados de este periodo de agitación se encontraban Moczar y sus partidarios, que se hicieron con los puestos del Partido y del Gobierno que habían dejado vacantes sus anteriores ocupantes judíos. Los perdedores, aparte de los judíos polacos, fueron las instituciones educativas del país (que perdieron a sus más eminentes eruditos y profesores, incluido Kołakowski, que, aunque no era judío, estaba casado con una judía); Gomułka, que se dio cuenta demasiado tarde de lo que él mismo había desencadenado y sería expulsado dos años después, y la propia Polonia, cuya reputación internacional quedaría inextricablemente asociada durante muchos años al trato discriminatorio del que hizo objeto a su minoría judía.

La relativa facilidad con la que los gobernantes polacos fueron capaces de aislar y desunir a los participantes en las protestas estudiantiles se derivó de su éxito a la hora de separar a los intelectuales, y el malestar que estos sentían, del resto de la nación —una estrategia en la que el antisemitismo ejerció de modo natural un útil papel—. Puede que los propios estudiantes también tuvieran cierta responsabilidad en ello: especialmente en la Universidad de Varsovia, fueron los privilegiados hijos e hijas de la nomenklatura comunista polaca los que desempeñaron un rol más destacado en las protestas y manifestaciones, y sus preocupaciones se centraron sobre todo en la libertad de expresión y los derechos políticos. Como sus enemigos neoestalinistas se apresuraron en señalar, la intelligentsia disidente de Varsovia prestó escasa atención a las preocupaciones básicas de la población trabajadora. A cambio, la masa de la ciudadanía polaca se mostró deliberadamente indiferente a la persecución tanto de judíos como de estudiantes y, especialmente, de los estudiantes judíos.

Dos años después, en 1970, cuando el Gobierno elevó los precios de los alimentos en un 30 por ciento y los trabajadores de los astilleros de Gdańsk se pusieron en huelga para protestar por ello, el cumplido les sería devuelto trágica aunque inintencionadamente: nadie apoyó su causa. Pero la lección de aquellos años —esto es, que si los trabajadores y los intelectuales de Polonia querían desafiar al Partido tenían que superar su indiferencia mutua y forjar una alianza política— quedaría bien aprendida a su debido tiempo y sería aplicada con consecuencias históricas, sobre todo por parte de los propios Adam Michnik y Jacek Kuroń. Al menos a este respecto, 1968 arrojó un resultado positivo para Polonia, aunque diferido en el tiempo. No podría decirse lo mismo de la vecina Checoslovaquia.

La Checoslovaquia de principios de la década de 1960 era un híbrido, inmerso en la incómoda transición del nacional-estalinismo al comunismo reformista. Los juicios-espectáculo y las purgas de la década de 1950 habían llegado tarde a Praga, y su impacto había sido mayor y más duradero que en ningún otro lugar. No hubo rotación del viejo Estado estalinista ni un Gomułka o un Kádár checo. La vieja guardia del régimen seguía en su sitio. Se establecieron dos comisiones de investigación para esclarecer el juicio de Slánský y algunos otros: la primera estuvo en vigor de 1955 a 1957 y la segunda de 1962 a 1963. El propósito de ambas comisiones era reconocer de alguna manera el reciente pasado criminal del régimen sin que este relajara lo más mínimo su control en aquel momento.

A corto plazo, el objetivo se consiguió. Las víctimas de los juicios estalinistas fueron liberadas y rehabilitadas —en muchos casos a instancias de los mismos políticos, jueces, fiscales e interrogadores que antes las habían condenado—. A los exprisioneros se les devolvió su carné del Partido, algo de dinero, cupones (por ejemplo, para conseguir un coche) y, en ciertos casos, incluso apartamentos. Sus mujeres e hijos pudieron de nuevo encontrar trabajo y asistir a la escuela. Pero a pesar de este reconocimiento de facto de las injusticias pasadas, el Partido y su cúpula de la época de Stalin resultaron indemnes y permanecieron en sus cargos.

Al igual que el líder comunista francés Maurice Thorez, el primer secretario Antonín Novotný esperó muchos años para estar seguro de dónde soplaba el viento antes de seguir el ejemplo de Jruschov y denunciar al dictador soviético. La experiencia checa del terror estalinista era tan reciente y tan extrema que los líderes del Partido eran reacios a admitir cualquier «error» —por miedo a que las consecuencias de hacerlo dejaran en pañales a las revueltas de Polonia e incluso de Hungría de 1956—. Por tanto, la desestalinización en Checoslovaquia se retrasó deliberadamente lo más posible: incluso la colosal estatua de Stalin levantada en un alto con vistas a Praga, así como la copia bastante más pequeña erigida en la capital eslovaca, Bratislava, permaneció intacta hasta octubre de 1962[10].

Las consecuencias de la revolución social comunista se habían dejado sentir con más fuerza en Checoslovaquia que en ningún otro sitio, en gran parte debido precisamente a que, como hemos visto, se trataba verdaderamente de una sociedad desarrollada, burguesa —a diferencia de la de los demás países sometidos al poder soviético—. Las principales víctimas del terror estalinista en Checoslovaquia habían sido siempre los intelectuales, normalmente de clase media, muchos de ellos judíos. Otras clases de la sociedad checoslovaca no habían sufrido tanto. La posibilidad de ascenso social de los trabajadores —o, más exactamente, la posibilidad de descenso de todos los demás— constituyó una característica diferenciada de la década de 1950 en las tierras checas y eslovacas. El porcentaje de hijos de clase trabajadora que cursaban estudios superiores no profesionales en Checoslovaquia se elevó del 10 por ciento en 1938 a un 31 por ciento en 1956, y casi a un 40 por ciento en 1963. La distribución de la renta en Checoslovaquia a principios de la década de 1960 era la más igualitaria de toda la Europa soviética.

La cúpula comunista había llevado por tanto a Checoslovaquia al «socialismo pleno», como proclamaba la nueva Constitución de 1960. Sin embargo este logro se alcanzó al precio de un nivel de estancamiento inaceptable incluso para los estándares soviéticos. De ahí la decisión tomada por las autoridades del Partido en el 12.º Congreso del Partido, celebrado en diciembre de 1962, de «adaptar la economía nacional» a la avanzada fase de desarrollo socialista del país —esto es, aceptar lo inevitable y permitir un mínimo de reformas no socialistas a fin de revitalizar la estancada economía—. Sin embargo, los cambios propuestos por Ota Šik y otros economistas reformistas del Partido —como el de vincular los incentivos laborales con un porcentaje de los beneficios de las fábricas en lugar de con el cumplimiento de los planes o normativas oficiales— no fueron del agrado de la línea dura del Partido y no serían finalmente aprobados hasta el 13.º Congreso del Partido, celebrado cuatro años después.

Para entonces, como la dirección del Partido llevaba temiendo todo este tiempo, la combinación de las rehabilitaciones públicas, el cauteloso reconocimiento de los errores de Stalin y la perspectiva incluso de unas suaves reformas económicas habían abierto ya el camino a un cuestionamiento mucho más serio del poder omnímodo del Partido sobre la vida pública. Puede que las reformas económicas iniciadas en 1963 no fueran universalmente bienvenidas por los empleados de las fábricas; pero, entre escritores, profesores, directores de cine y filósofos, la perspectiva de aflojar los grilletes estalinistas suscitó una avalancha de críticas, esperanzas y expectativas.

Entonces, en 1963, se celebró en Liblice un congreso de escritores dedicado a Franz Kafka. Hasta aquel momento Kafka había constituido un tabú: en parte por ser un judío de Praga que escribía en alemán y actuar por tanto de recordatorio de la historia perdida de Bohemia; pero, por encima de todo, por la increíblemente penetrante lucidez con la que Kafka se había anticipado en muchos de sus escritos a la lógica del gobierno totalitario. Así pues, la autorización para hablar de Kafka pareció presagiar una liberalización mucho más amplia del debate público: de la discusión sobre escritores prohibidos a la mención de líderes asesinados no había más que un paso. En abril de 1963 Ladislav Novomeský, un escritor eslovaco rehabilitado, se refirió abierta y admirativamente ante el Congreso de Escritores Eslovacos a su «camarada y amigo» Clementis, una de las víctimas del juicio de Slánský. El deseo de hablar —sobre el pasado— empezaba a ocupar un lugar prioritario, si bien todavía se formulaba en un lenguaje cuidadosamente «revisionista»: cuando en junio de 1963 la revista cultural literaria de Praga Literární Noviny publicó un artículo del joven novelista Milán Kundera, sus críticas se ceñían escrupulosamente a la «desviación» estalinista producida en la literatura checa y la necesidad de esclarecer toda la verdad sobre ella.

El clima relativamente liberal de aquellos años fue el eco tardío que el «deshielo» de Jruschov encontró en Checoslovaquia. A pesar del cambio de tono que experimentó Moscú a raíz del golpe de Brézhnev, el renacimiento artístico checoslovaco continuó desarrollándose, obstaculizado tan solo por alguna censura o presión esporádicas. Para los extranjeros, el síntoma más conocido lo constituyeron una serie de nuevas películas, en las que, de forma prudente, se abordaban temas que unos cuantos años antes habrían estado prohibidos. Trenes rigurosamente vigilados (1966) de Jiří Menzel, en la que sutilmente se desmontaba el clásico mito comunista de la resistencia antinazi, fue escrita en colaboración con Josef Škvorecký (autor de Los cobardes, una novela cuya similar temática, cautelosamente esbozada, le había hecho famoso pocos años antes). Pero los dramaturgos, poetas y novelistas —muchos de los cuales, incluido Kundera, trabajaron también como guionistas durante aquellos años— desempeñaron un papel aún más importante.

En 1966 Ludvík Vaculík publicó El hacha, un relato de ficción basado en los ideales comunistas de su propio padre —y en la subsiguiente desilusión del hijo—. En 1967 otro escritor, Ladislas Mňačko, publicó una ácida crítica de Novotný y la nomenklatura del Partido, ligeramente novelada, con el transparente título de El sabor del poder. En este mismo año, Kundera publicó La broma, una novela neoexistencialista y abiertamente autobiográfica sobre la generación estalinista en Checoslovaquia. Aquellos años, «la era de la construcción del socialismo», como oficialmente se la había denominado, eran ahora objeto de la condena por parte de los intelectuales, y en el Cuarto Congreso de Escritores Checoslovacos celebrado en el verano de 1967 Kundera, Vaculík, el poeta y dramaturgo Pavel Kohout y el joven autor de teatro Václav Havel atacaron a la cúpula comunista de aquella época por la devastación material y moral que habían acarreado, y pidieron una vuelta a la herencia literaria y cultural de Checoslovaquia y que el país volviera a ocupar de nuevo su lugar «habitual» en el centro de una Europa libre.

El ataque implícito a la actual cúpula checoslovaca resultaba obvio para todos —ciertamente, como ahora sabemos, los jefes del Kremlin ya empezaban a observar con cierto recelo la situación en Praga—. Brézhnev consideraba desde hacía mucho tiempo a Checoslovaquia como el elemento ideológicamente menos fiable del Pacto de Varsovia. Era por este motivo por lo que los viejos estalinistas del Castillo de Praga habían tratado durante tanto tiempo de mantener las cosas como estaban. Si no tomaron medidas drásticas contra la oposición intelectual que comenzó a emerger en 1967 no fue por falta de ganas. Pero había dos consideraciones que los frenaban: la necesidad de llevar a buen término las reformas económicas recientemente implantadas, lo que implicaba cierto grado de apertura y tolerancia respecto a las opiniones disidentes, conforme al modelo húngaro, y las dificultades que empezaban a emerger en Eslovaquia.

Checo-Eslovaquia (como se la llamó al principio) había sido siempre un Estado inseguro y desequilibrado. La minoría eslovaca del sur y el este del país era más pobre y más rural que los checos del noroeste. Liberados del dominio húngaro en 1918, los eslovacos habían sido el pariente pobre de la Checoslovaquia multiétnica de entreguerras y no siempre habían recibido un buen trato por parte de Praga. Por tanto, muchos líderes políticos eslovacos habían acogido con satisfacción la ruptura del país en 1939 y la aparición, promovida por los nazis, de un Estado-marioneta «independiente» con capital en Bratislava. En cambio, habían sido los checos urbanos y mayoritariamente socialdemócratas de Bohemia y Moravia los que habían respaldado a los candidatos comunistas en las elecciones de la postguerra, mientras los católicos eslovacos se habían mostrado indiferentes o contrarios a ellos.

De todos modos, a Eslovaquia no le había ido tan mal con el comunismo. Los intelectuales eslovacos fueron víctimas de las purgas comunistas, acusados de nacionalismo burgués o conspiración anticomunista (o ambas cosas). Y el reducido número de judíos eslovacos que sobrevivieron sufrieron junto a sus camaradas checos. Pero, en Eslovaquia, los «nacionalistas burgueses», comunistas, judíos e intelectuales constituían un colectivo bastante reducido y estaban mucho más aislados del resto de la sociedad. La mayoría de los eslovacos eran pobres y trabajaban en el campo. Para ellos, la rápida urbanización e industrialización de la primera década de la postguerra supuso unos beneficios reales. A diferencia de los checos, los eslovacos no estaban en absoluto descontentos con su suerte.

Sin embargo, la atmósfera en la región eslovaca del país cambió drásticamente a partir de 1960. La nueva Constitución «socialista» hacía todavía menos concesiones a la iniciativa o la opinión local que su predecesora, y la autonomía conseguida por Eslovaquia durante la reconstrucción del país, en la postguerra, le fue entonces retirada. No obstante, lo que acarreó consecuencias aún más inmediatas para la mayoría de los eslovacos fue el estancamiento de la economía (en 1964 el ritmo de crecimiento de Checoslovaquia era el más bajo del bloque), cuyas repercusiones se dejaron sentir con especial dureza en la industria pesada de la Eslovaquia central.

En enero de 1967 Novotný había previsto empezar a implantar las retardadas reformas económicas recomendadas por los propios expertos de su Partido. Las propuestas de los economistas reformistas sobre la descentralización de la toma de decisiones y el aumento de la autonomía local habían sido bien recibidas en Bratislava —aunque algunas de ellas, como los incentivos salariales asociados a los beneficios, no puede decirse que estuvieran pensadas para complacer a los obreros no especializados de las ineficientes fábricas eslovacas—. Pero el instinto de Novotný le aconsejaba claramente resistirse a dicha relajación del control por parte del Partido, de modo que se dedicó por el contrario a fomentar las enmiendas a los cambios propuestos, con el objetivo de reforzar las instituciones de planificación central. Esto no solo saboteó las propuestas de Šik y otros economistas del Partido, sino que además se granjeó la antipatía de la comunidad eslovaca. Los propios comunistas eslovacos empezaron ya a hablar de la necesidad de federarse y de las dificultades de colaborar con los viejos apparatchiks comunistas de Praga. Haciéndose eco de una antigua queja de los limpiadores, trabajadores de la construcción, profesores y dependientes comerciales eslovacos, se sintieron despreciados e ignorados por la mayoría checa. Empezó a hablarse de vejaciones anteriores a la guerra olvidadas ya hacía tiempo y de las purgas estalinistas a los comunistas eslovacos.

Entre tanto, y por primera vez en muchos años, empezaron a insinuarse unos problemas de índole muy distinta. El 31 de octubre de 1967 un grupo de estudiantes de la Universidad Técnica de Praga organizó una manifestación callejera en el distrito de Strahov para protestar por los cortes de luz en sus colegios mayores: sin embargo, sus demandas de «¡Más luz!» fueron justamente interpretadas como si fueran más allá de sus dificultades domésticas. Los «hechos de Strahov», como se los denominó posteriormente, fueron eficaz y violentamente suprimidos por la policía; pero no dejaron de deteriorar aún más la ya cargada atmósfera del momento, sobre todo porque sugerían la posibilidad de que un Estado comunista no fuera inmune al ambiente estudiantil occidental.

Novotný, al igual que Gomułka en Polonia, no estaba seguro de cómo responder a estos desafíos. Al carecer de la opción antisemita, acudió a Brézhnev en busca de ayuda para enfrentarse a sus críticos locales. Pero cuando el líder soviético llegó a Praga en diciembre de 1967, este no le ofreció más que la ambigua recomendación de que el presidente checoslovaco actuara como le pareciera oportuno: «Es cosa suya». Los colegas de Novotný aprovecharon inmediatamente la oportunidad: el 5 de enero de 1968 el Comité Central del Partido Comunista Checoslovaco eligió a un nuevo primer secretario, Alexander Dubček.

El nuevo secretario era joven (tenía 47 años, 16 menos que Novotný), pertenecía al ala reformista del Partido y, sobre todo, era eslovaco. Como líder del Partido Comunista Eslovaco durante los tres años anteriores, a muchos les había parecido un candidato creíble desde el punto de vista de su aceptabilidad para ambas partes: un veterano apparatchik que a pesar de todo apoyaría las reformas y aplacaría el malestar eslovaco. Los primeros pasos de Dubček parecieron confirmar esta impresión: un mes después de su nombramiento la cúpula del Partido concedió su aprobación inequívoca al postergado programa de reforma económica. El estilo más bien ingenuo de Dubček conectaba especialmente bien con los jóvenes, mientras que su indiscutible lealtad al Partido y al «socialismo» resultaba de momento tranquilizadora para el Kremlin y otros líderes comunistas pendientes de cada uno de sus gestos.

Si las intenciones de Dubček no estaban claras para los observadores, probablemente se debe a que él mismo no estaba muy seguro de qué dirección tomar. Al principio esta ambigüedad jugó a su favor, dado que las diferentes facciones competían por obtener su apoyo y se ofrecían a reforzar su posición. En los mítines celebrados en Praga durante las semanas siguientes a su elección, se exigía el final de la censura, una mayor libertad de prensa y una verdadera investigación sobre las purgas de la década de 1950 y las responsabilidades de la vieja guardia cercana a Novotný (que siguió como presidente del país hasta incluso después de haber sido expulsado de la dirección del Partido). Llevado por esta ola de entusiasmo popular, Dubček respaldó el llamamiento a la relajación de la censura e inició una purga de los partidarios de Novotný del Partido y del ejército checo.

El 22 de marzo Novotný dimitió a regañadientes del cargo de presidente y fue sustituido una semana más tarde por el general Ludvík Svoboda. Cinco días después el Comité Central adoptó un «Programa de Acción» que exigía la igualdad de estatus y la autonomía de Eslovaquia, la rehabilitación de las víctimas del pasado y la «democratización» del sistema político y económico. De esta manera el Partido respaldaba oficialmente lo que el Programa denominaba «un experimento único en el comunismo democrático»: el «socialismo con rostro humano», como se le conocería popularmente. Durante un cierto tiempo (el documento hablaba de una transición de diez años) el Partido Comunista Checoslovaco permitiría la emergencia de otros partidos con los que competiría en unas verdaderas elecciones. Estas ideas no eran en realidad originales, pero el hecho de que fueran pronunciadas públicamente por los órganos oficiales de un Partido Comunista gobernante desencadenó un terremoto político. La Primavera de Praga había comenzado.

Los hechos acaecidos en Checoslovaquia en la primavera y el verano de 1968 giraron en torno a tres ilusiones del momento: la primera, extendida por todo el país a raíz del ascenso de Dubček, y especialmente a partir de la publicación del Programa de Acción, era que las libertades y reformas que en aquel momento se estaban discutiendo podían integrarse dentro del modelo «socialista» (es decir, comunista). Sería erróneo suponer, desde la retrospectiva, que lo que los estudiantes, escritores y reformistas del Partido de 1968 estaban «verdaderamente» buscando era reemplazar al comunismo por el capitalismo liberal, o que su entusiasmo por el «socialismo con rostro humano» no fuera más allá de un compromiso o hábito retórico. Todo lo contrario: la idea de que existía una «tercera vía», un socialismo democrático compatible con unas instituciones libres, respetuoso con las libertades individuales y las metas colectivas había arraigado en la imaginación de los estudiantes checos tanto como lo había hecho en la de los economistas húngaros.

La distinción que ahora se hacía entre el desacreditado estalinismo de la generación de Novotný y el renovado idealismo de la era de Dubček gozaba de gran aceptación (incluso, y de hecho especialmente, entre los miembros del Partido[11]). Como Jiří Pelikán afirmaba en su prólogo a un tercer informe sobre los juicios políticos checos (encargado por Dubček en 1968 pero suprimido tras su caída), «el Partido Comunista ha adquirido una enorme popularidad y prestigio, la gente se ha declarado espontáneamente a favor del socialismo[12]». Puede que la frase fuera un tanto hiperbólica, pero no se desviaba excesivamente de la opinión de aquel momento. Y ello, a su vez, alimentó una segunda ilusión.

Dado que la gente creía que el Partido podía salvar al socialismo de su propia historia, los dirigentes del Partido llegaron a suponer que podrían manejar la situación sin perder el control del país. El 18 de abril quedó instaurado un nuevo Gobierno encabezado por Oldřich Černík, el cual, animado por las muestras públicas de afecto y apoyo (puestas especialmente de manifiesto durante las tradicionales celebraciones del primero de mayo), relajó prácticamente todos los controles oficiales sobre las expresiones de opinión públicas. El 26 de junio quedó formalmente abolida la censura de la prensa y los medios de comunicación. Ese mismo día se anunció que Checoslovaquia se convertiría en un Estado genuinamente federal, compuesto de una república socialista checa y una república socialista eslovaca (esta fue la única de las reformas de Dubček que sobreviviría a la subsiguiente represión; se convirtió en ley el 28 de octubre de 1968).

Pero una vez hubo relajado todos los controles de opinión, la cúpula comunista se vio presionada desde todos los ángulos a ser consecuente con la lógica de sus acciones. ¿Por qué esperar diez años a unas elecciones libres y abiertas? Ahora que la censura había sido abolida, ¿por qué mantener el control y la propiedad oficial de los medios de comunicación? El 27 de junio Literárny Listy y otras publicaciones checas publicaron un manifiesto de Ludvík Vaculík titulado «Dos mil palabras», dirigido a «trabajadores, granjeros, funcionarios, artistas, eruditos, científicos y técnicos». En él se hacía un llamamiento al restablecimiento de los partidos políticos, la formación de comités de ciudadanos para defender y promover la causa del reformismo, y otras propuestas dirigidas a tomar la iniciativa respecto a otros cambios, fuera del control del Partido. La batalla todavía no se había ganado, advertía Vaculík: los reaccionarios del Partido lucharían para mantener sus privilegios, y se hablaba incluso de «la intervención de fuerzas extranjeras en nuestro desarrollo». La gente necesitaba fortalecer el brazo de los propios reformadores comunistas obligándolos a avanzar todavía más rápido.

Dubček rechazó el manifiesto de Vaculík y sus implicaciones de que los comunistas deberían abandonar el monopolio del poder. Como comunista de toda la vida, no toleraría este crucial cambio cualitativo («pluralismo burgués») y además no veía la necesidad de hacerlo. Para Dubček el único vehículo para el cambio radical era el Partido mismo, si se querían preservar los atributos esenciales de un sistema socialista. Cuanto más popular fuera el Partido, más cambios podría instaurar pacíficamente. Pero como el manifiesto de Vaculík dejaba cruelmente claro, la popularidad del Partido y su credibilidad dependerían cada vez más de su voluntad de promover unos cambios que en última instancia podrían apartarle del poder. La verdadera falla entre un Estado comunista y una sociedad abierta quedaba de este modo completamente al descubierto.

Y esto, a su vez, dirigió la atención nacional durante el verano de 1968 a una tercera ilusión, la más peligrosa de todas: la convicción de Dubček de que él podía mantener a raya a Moscú, de que conseguiría tranquilizar a sus camaradas soviéticos y asegurarles que no tenían nada que temer de los acontecimientos que tenían lugar en Checoslovaquia —incluso que la recién ganada popularidad del Partido Comunista Checoslovaco y la renovada fe en un proyecto socialista rejuvenecido no les reportarían más que beneficios—. Si Dubček cometió este fatal error de cálculo fue sobre todo porque los reformistas checos habían malinterpretado básicamente la lección de 1956. El error de Imre Nagy, pensaron, había sido su salida del Pacto de Varsovia y la declaración de neutralidad húngara. Mientras Checoslovaquia permaneciera dentro del Pacto y mantuviera su inequívoca alianza con Moscú, seguro que Leónidas Brézhnev y sus colegas los dejarían tranquilos.

Pero a la Unión Soviética de 1968 le preocupaba menos la seguridad militar que la pérdida del monopolio del Partido. Ya el 21 de marzo, en una reunión del Politburó soviético, el líder del Partido ucraniano, Petro Shelest, se había quejado de la contaminación del ejemplo checoslovaco; según afirmaba, los rumores que llegaban de Praga estaban teniendo un efecto adverso en el ánimo de los jóvenes ucranianos. Los líderes polacos y germanos orientales expusieron quejas similares a sus colegas soviéticos durante una reunión celebrada en Dresde aquel mismo mes (Gomułka, que ya tenía bastantes problemas dentro de su país, se sentía especialmente indignado por las críticas vertidas públicamente en Praga respecto a la vuelta de Polonia al antisemitismo). Sin que Praga lo supiera, el jefe de la KGB Yuri Andrópov ya estaba hablando de una posible necesidad de tomar «medidas militares concretas»; y en abril el ministro de Defensa Andréi Grechko fue discretamente autorizado a elaborar un plan contingente para unas operaciones militares en Checoslovaquia, un primer esbozo de lo que luego se convertiría en la «Operación Danubio».

Cada nuevo paso hacia la liberalización que se daba en Praga aumentaba la intranquilidad de Moscú. Y Dubček debía de ser consciente de ello: durante una visita realizada el 4 y 5 de mayo por él y otros comunistas checos a Moscú, los líderes del bloque oriental le presentaron una lista de quejas sobre los sucesos que estaban acaeciendo en su país. Pero aunque Dubček continuó insistiendo en que el Partido lo tenía todo bajo control y que, por mucha libertad de expresión que se alcanzara, era indudable que el país no rompería nunca con sus obligaciones fraternales, la fiabilidad del ejército checo empezaba a ponerse en duda, y la no censurada prensa checa publicaba artículos escritos por disidentes soviéticos. Los estudiantes rusos que visitaban Praga ahora podían leer y oír a personas y opiniones que llevaban mucho tiempo prohibidos en su país. Praga se estaba convirtiendo en una ventana a Occidente.

En julio de 1968 Moscú había llegado ya a la conclusión de que los acontecimientos de Praga empezaban a escapar al control del Partido —y de hecho puede que fuera así—. En una reunión celebrada el 14 de julio en Moscú por los líderes del Partido de la URSS, Polonia, Alemania Oriental, Bulgaria y Hungría —sin la presencia de los checoslovacos—, se acordó enviar una carta fraternal al Partido Checoslovaco que advirtiese del riesgo de una contrarrevolución y enumerase las medidas que había que tomar: «La situación de Checoslovaquia pone en peligro los intereses comunes esenciales de otros países socialistas». Dos semanas después los líderes soviéticos y checos se reunieron en la frontera checoslovaca, en Čierna nad Tisou, y Dubček trató una vez más de convencer a Brézhnev de que el Partido Comunista no ponía en peligro su posición con la aprobación de las reformas, sino que en realidad de esta manera fortalecía su respaldo público.

El líder soviético no solo no quedó convencido, sino que su escepticismo respecto a las ideas de Dubček salió aún más fortalecido de la reunión. El Pacto de Varsovia anunció que próximamente se llevarían a cabo maniobras cerca de la frontera checoslovaca. En una reunión del Pacto de Varsovia celebrada en Bratislava el 3 de agosto (a la que el líder rumano Ceauşescu declinó asistir), Brézhnev presentó la doctrina que a partir de entonces quedaría asociada a su nombre: «Cada partido comunista es libre de aplicar los principios del marxismo-leninismo y del socialismo en su propio país, pero no es libre de desviarse de dichos principios si quiere seguir siendo un partido comunista […]. El debilitamiento de cualquiera de los vínculos dentro del sistema mundial del socialismo afecta directamente a todos los países socialistas, que no pueden mostrarse indiferentes ante ello».

Este pronunciamiento, que constituía la afirmación apenas velada del derecho del Kremlin a frustrar preventivamente cualquier amenaza para el socialismo que tuviera lugar en cualquier país socialista, puede que hiciera pensar a Dubček. Pero no podía hacer gran cosa aparte de seguir insistiendo en que sus reformas domésticas no suponían amenaza alguna para el sistema socialista. El 13 de agosto, en conversación telefónica con un receloso Brézhnev, Dubček se esforzó por explicar que estaba tratando de suprimir las críticas populares hacia la Unión Soviética, pero que «este problema no podía resolverse solo con una directiva del alto mando». Si hubiera sabido que el 3 de agosto cinco de sus colegas en el Presidium checoslovaco habían entregado secretamente una carta a los rusos en la que advertían de la inminente amenaza al orden comunista en Checoslovaquia y solicitaban la intervención militar, puede que hubiera actuado de forma diferente[13].

La decisión soviética de invadir Checoslovaquia no se tomó formalmente hasta el 18 de julio. Parece que Brézhnev se mostraba reacio a hacerlo —al intuir que por fácil que fuera la victoria sus repercusiones podrían resultar problemáticas— pero hacía tiempo que esta contingencia se había convertido en prácticamente inevitable. Los líderes soviéticos preveían que el próximo 14.º Congreso del Partido Comunista Checoslovaco podía suponer el triunfo definitivo del ala reformista del Partido, y para entonces ya se sentían verdaderamente asustados ante el efecto contagioso que el ejemplo checoslovaco podía representar para sus vecinos. Como Grechko manifestó al informar de la decisión de invadir Checoslovaquia ante la asamblea de jefes militares soviéticos: «La invasión se llevará a cabo, aunque ello conduzca a una Tercera Guerra Mundial». Pero los líderes soviéticos sabían perfectamente que no existía dicho riesgo, y no solo porque Washington estuviera demasiado ocupado con Vietnam. Solo cinco semanas antes, Washington y Moscú habían firmado un Tratado de No Proliferación Nuclear, y Estados Unidos no iba a poner en peligro los beneficios de dicho tratado solo por unos cuantos millones de checos insensatos. Así, el 21 de agosto de 1968, 500.000 efectivos del Pacto de Varsovia procedentes de Polonia, Hungría, Bulgaria, la RDA y la Unión Soviética entraron en Checoslovaquia[14].

La invasión se encontró con cierta resistencia pasiva y un número considerable de protestas callejeras, especialmente en Praga; pero el llamamiento urgente del gobierno checo consiguió que no se produjeran mayores enfrentamientos. La hostilidad de la acogida causó cierta sorpresa a la cúpula soviética, a la que se había llevado a creer que sus tanques encontrarían un apoyo masivo. Después de haber arrestado en un primer momento a Dubček y a sus principales colaboradores y haberlos enviado a Moscú para obligarlos a firmar un papel en el que renunciaban a ciertos puntos de su programa y se mostraban de acuerdo con la ocupación soviética de su país, el Kremlin se vio forzosamente obligado a aceptar que los reformistas contaban con el apoyo del pueblo checo y eslovaco, y a permitirles que siguieran formalmente al frente de su país, al menos por el momento.

No obstante, la represión de las reformas de Praga —la «normalización», como luego se la conocería— comenzó casi de inmediato. Se canceló el Congreso del Partido que iba celebrarse próximamente, se volvió a introducir la censura y se dejó de hablar de la implantación del Programa de Acción. Entre los líderes soviéticos, la idea de imponer en Praga una dictadura militar contaba con un apoyo considerable. Esta era la opción que preferían no solo Andrópov y Shelest, sino también (y significativamente) Walter Ulbricht, de la RDA, Todor Zhivkov, de Bulgaria, y Gomułka, de Polonia. Pero Brézhnev optó a pesar de todo por dejar que Dubček permaneciera en el cargo unos meses más, luchar por la federalización del país (con el propósito de separar a los eslovacos, ahora que se les había concedido su principal demanda, de los checos, más radicales) y ver cómo evolucionaban los acontecimientos (manteniendo por si acaso un contingente de tropas del Pacto de Varsovia).

Ocasionalmente se produjeron algunas manifestaciones en defensa de las reformas, y en las ciudades industriales de Bohemia y Moravia surgió, durante un breve espacio de tiempo, una red de consejos de trabajadores inspirados en el modelo húngaro de 1956 (en su momento de máximo apogeo, enero de 1969, estos consejos decían representar a uno de cada seis trabajadores del país, aunque en Eslovaquia su presencia era bastante débil). También se produjo el suicidio de Jan Palach, un estudiante de 20 años de la Universidad Carolina que se incineró a sí mismo en las escaleras del Museo Nacional de Praga, en la Plaza Wenceslao, en protesta por la invasión soviética y sus secuelas. Palach agonizó durante tres días antes de morir a causa de las quemaduras, el 19 de enero de 1969. Su funeral, celebrado el 25 de enero, constituyó un día de luto nacional: por Palach y por la democracia perdida de Checoslovaquia.

La siguiente vez que los manifestantes por la democracia tomaron las calles (tras la victoria de Checoslovaquia sobre Rusia en un partido de hockey sobre hielo), el Kremlin aprovechó la ocasión para destituir a Dubček y sustituirlo, el 17 de abril de 1969, por uno de sus antiguos colegas, Gustav Husák. Como eslovaco y antigua víctima de los juicios (en la época de Stalin había estado en prisión condenado por «nacionalismo»), Husák era el candidato ideal para purgar el país de la herejía reformista sin levantar acusaciones de una vuelta al estalinismo. La represión posterior fue menos prominente que en el pasado, pero altamente eficaz. Se evitaron los juicios públicos, pero en el transcurso de los dos años siguientes el Partido Comunista Checoslovaco quedó purgado de todos sus elementos «no fiables» (nueve de cada diez de los expulsados eran checos). Los hombres y mujeres que habían desempeñado algún papel activo o destacado en la Primavera de Praga fueron «entrevistados» e instados a firmar una declaración en la que renunciaban a sus acciones y rechazaban las reformas de Dubček. La mayoría de ellos la firmaron. Los que se negaron a hacerlo perdieron sus empleos y, junto con sus familiares e hijos, se convirtieron en parias de la sociedad. El grupo de víctimas más numeroso fue, con mucho, el de los que desde dentro o fuera del Partido habían desarrollado una función visible en los últimos años: periodistas, locutores de televisión, ensayistas, novelistas, dramaturgos, directores de cine o líderes estudiantiles[15].

La «criba» y la purga de estos intelectuales fue llevada a cabo por una serie de burócratas, policías y funcionarios de bajo rango del Partido, a menudo colegas de las propias víctimas. Su objetivo era extraer de ellos mezquinas confesiones, no tanto con el fin de incriminar a sus víctimas, sino más bien con el de humillarlos y conseguir así su colaboración en el autosometimiento de una sociedad conflictiva. El mensaje que se quiso transmitir era que el país había vivido una psicosis masiva en 1968, que los falsos profetas se habían aprovechado de la consiguiente «histeria» y que la nación necesitaba ser reconducida hacia el camino correcto: atraída por la zanahoria de los productos de consumo y el palo de una vigilancia permanente.

Indudablemente, la amenaza de la violencia siempre estuvo implícita, pero el hecho de que rara vez se recurriera a ella no hizo más que sumarse a la humillación colectiva. Una vez más, al igual que en 1938 y de nuevo en 1948, Checoslovaquia se hacía cómplice de su propia derrota. En 1972, cuando los poetas y dramaturgos se veían obligados a limpiar calderas y ventanas, los profesores de universidad ponían ladrillos, los estudiantes más problemáticos eran expulsados, los archivos policiales estaban llenos de útiles «confesiones» y los comunistas reformistas vivían intimidados o en el exilio, el «orden», en palabras de un brillante y amargo ensayo escrito por una de las víctimas de la normalización, quedó finalmente «restaurado[16]».

Por todo el bloque comunista se escucharon murmullos de protesta. El 25 de agosto de 1968, entre los manifestantes de la Plaza Roja que protestaban por la ocupación de Checoslovaquia se encontraba Pável Litvínov (nieto del ministro de Asuntos Exteriores de Stalin) y Larissa Daniel (esposa del novelista soviético encarcelado). A las unidades del ejército de Europa del Este que participaron en la invasión de Checoslovaquia se les había hecho creer que defendían al país de invasores germanos occidentales o norteamericanos, y a algunas de ellas hubo que retirarlas discretamente más adelante, al quedar su fiabilidad —especialmente la de las unidades húngaras que ocuparon Eslovaquia— gravemente en cuestión. En Polonia, como ya hemos visto, la represión de Praga estimuló las protestas estudiantiles a la vez que fortaleció la mano de las autoridades a la hora de aplastarlas. En abril de 1969, en la capital letona, Riga, un estudiante judío, Iliá Rips, se prendió fuego para atraer la atención hacia el tratamiento que estaba recibiendo Dubček por parte de los soviéticos. La actitud de los propios checos y eslovacos, que hasta entonces se habían contado entre las naciones más prorrusas del bloque soviético, pasó irrevocablemente a ser de una hosca aquiescencia.

Pero todo esto era fácil de soportar. El Kremlin había dejado claro lo que quería: que los Estados socialistas hermanos solo tenían una soberanía limitada y que cualquier fallo en el monopolio del poder del Partido podía desencadenar la intervención militar. La impopularidad a escala nacional o internacional era un pequeño precio que había que pagar por la estabilidad que esto aseguraría a partir de entonces. Después de 1968 la seguridad de la zona soviética estuvo firmemente garantizada por una renovada percepción de que Moscú estaba dispuesto a recurrir a la fuerza en caso necesario. Pero nunca más, y esta fue la verdadera lección de 1968 (primero para los checos pero a su debido momento también para cualquiera de los demás), nunca más sería posible sostener que el comunismo descansaba en la voluntad popular, o la legitimidad de un Partido reformado, o incluso las lecciones de la historia.

En Praga la disolución del movimiento reformista dejó un sabor especialmente amargo. Muchos de los más entusiastas ejecutores de las purgas se habían contado también entre los más enérgicos partidarios de Dubček tan solo unos meses antes («Solo después de la primavera de Praga de 1968 empezó a verse quién era quién», escribió Zdeněk Mlynář, uno de los principales reformistas del Partido Comunista). La aparente facilidad con la que primero Dubček, después el Partido, y finalmente la sociedad al completo parecieron derrumbarse ante los caciques soviéticos y sus mercenarios locales no solo fue humillante (las comparaciones con lo sucedido en Hungría doce años atrás no dejaban a los checoslovacos muy bien parados), sino que proyectó una sombra de retroactivo escepticismo sobre los ideales y las esperanzas de la era reformista en sí.

Al reflexionar en años posteriores sobre sus recuerdos del 21 de agosto de 1968, cuando las tropas del Ejército Rojo irrumpieron en una reunión de los líderes del Partido checo y un soldado se apostó detrás de cada miembro del Politburó, Mlynář rememoraba que «en ese momento el concepto que uno tiene del socialismo ocupa el último lugar. Pero al mismo tiempo sabes que guarda cierto tipo de conexión directa con el arma automática que te está apuntando a la espalda». Esta es la conexión que marcó el punto de inflexión definitivo en la historia del comunismo, en mayor medida incluso que la tragedia húngara de 1956.

La ilusión de que el comunismo era reformable, de que el estalinismo había constituido una desviación equivocada, un error que todavía podía corregirse, de que los ideales esenciales del pluralismo democrático podían de alguna forma ser todavía compatibles con las estructuras del colectivismo marxista: esta ilusión quedó aplastada bajo los tanques el 21 de agosto de 1968 y jamás volvió a recuperarse. Alexander Dubček y su Programa de Acción no constituyeron un comienzo, sino un final. Nunca más ni radicales ni reformistas esperaron que el Partido gobernante cumpliera sus aspiraciones o adoptara sus proyectos. El comunismo en Europa del Este continuó tambaleándose, sostenido por una insólita alianza de préstamos extranjeros y bayonetas rusas: su descompuesto cadáver no sería retirado definitivamente hasta 1989. Pero el alma del comunismo había muerto veinte años antes: en Praga, en agosto de 1968.

Los años sesenta acabaron mal en todas partes. El cierre del largo ciclo de crecimiento y prosperidad de la postguerra disipó la retórica y los proyectos de la nueva izquierda; el énfasis optimista en la alienación postindustrial y la despersonalización de la vida moderna pronto se vería desplazado por una renovada atención hacia los empleos y salarios[17]. En el Este, el mensaje de los años sesenta fue que ya no se podía trabajar dentro del «sistema»; en el Oeste, las opciones no parecían mejores. A ambos lados del Telón de Acero las ilusiones se dejaron de lado. Solo los verdaderos radicales se mantuvieron con determinación fuera del consenso político, un compromiso que en Alemania e Italia, así como en Estados Unidos y Latinoamérica, los conduciría a la clandestinidad, la violencia y el crimen.

A corto plazo, los logros prácticos de los años sesenta parecían bastante escasos. Los ciudadanos de 18 años pudieron votar: primero en Gran Bretaña y luego en los demás países. Las universidades intentaron, con éxito desigual, actualizar sus instalaciones y mostrarse más abiertas a las demandas de los estudiantes. En el curso de la década siguiente el acceso al divorcio, el aborto y la contracepción se vieron facilitados en casi todas partes, y las restricciones respecto a la conducta sexual —tanto en su representación como en su práctica— desaparecieron en gran medida. En el Statuto dei Lavoratori de mayo de 1970, los trabajadores italianos consiguieron el derecho a la protección contra el despido improcedente. En conjunto, estos cambios constituyeron una transformación cultural esencial de la sociedad europea; pero no llegaron a significar la «revolución» que anunciaban los eslóganes y las acciones de la generación de 1968[18]. De hecho, dicha revolución había contenido desde el principio el germen de su derrota. Los mismos movimientos que pretendían menospreciar y abominar de la «cultura consumista» fueron desde el comienzo objeto de consumo cultural, lo que reflejaba una amplia disyunción entre la retórica y la práctica. Aquellos que en París o en Berlín declaraban agresivamente su intención de «cambiar el mundo» a menudo eran los más volcados en obsesiones provincianas e incluso físicas (que anticipaban la política solipsista del «yo» que caracterizaría a la década siguiente) y los más absortos en la contemplación del impacto que ellos mismos eran capaces de generar. «Los sesenta» fueron objeto de culto antes incluso de que la década finalizara.

Pero si los años sesenta parecieron finalmente pasar sin pena ni gloria y dejar pocos monumentos duraderos, ello quizá se debió a que los cambios que sí trajeron consigo abarcaban tanto que parecían naturales y, a principios de los años setenta, completamente normales. A comienzos de la década, Europa estaba dirigida por y, aparentemente, para ancianos. La autoridad, ya fuera en el dormitorio, el hogar, la calle, los centros educativos, el lugar de trabajo, los medios de comunicación o la política, no se cuestionaba. Sin embargo, diez años después, estos ancianos (Churchill, Adenauer, De Gaulle) ya habían muerto. La autoridad o bien se había retraído de la mayoría de las esferas de la vida social, o solo se la reconocía en tanto que objeto de incumplimiento. En algunos países, como Francia o Italia, la transición había sido bastante espectacular. En otros, como quizá Gran Bretaña, la transición se escalonó durante un periodo de varios años y sus dimensiones solo han podido apreciarse con claridad desde la retrospectiva[19].

Uno de los autoengaños de la época consistió en creer que los años sesenta fueron una era de acentuación de la conciencia política. «Todos» (o al menos todos los menores de veinticinco años que acudían a centros de enseñanza superior y se sentían atraídos por ideas radicales) salieron a la calle movilizados por alguna causa. La devaluación de las causas —y la desmovilización de las décadas siguientes— confiere en retrospectiva una atmósfera de fracaso a una década de frenética actividad política. Pero en ciertos aspectos importantes, los años sesenta constituyeron en realidad una década crucial por la razón opuesta: fue el momento en el que los europeos de ambas mitades del continente iniciaron su alejamiento definitivo de la política ideológica.

Así pues, desde la retrospectiva podría decirse que los eslóganes y los proyectos de la generación de los sesenta, lejos de revivir una tradición revolucionaria cuyo lenguaje y cuyos símbolos se esforzaron tan afanosamente por relanzar, constituyeron en realidad su canto del cisne. En Europa del Este, el interludio «revisionista» y su trágico desenlace despidieron las últimas ilusiones del marxismo como práctica. En Occidente, las teorías marxistas y filomarxistas carecían de cualquier conexión con la realidad local, lo que las descalificaba para desempeñar papel alguno en un debate público serio. En 1945 la derecha radical se había desacreditado a sí misma como vehículo legítimo de la expresión política. En 1970 la izquierda radical parecía condenada a emularla. Un ciclo de 180 años de política ideológica en Europa estaba a punto de cerrarse.

TERCERA PARTE

Himno final: 1971-1989

XIV

Expectativas reducidas

El dólar es nuestra moneda, pero vuestro problema.

JOHN CONNALLY, secretario de Estado estadounidense, 1971

Matar puede ser o no correcto, pero a veces es necesario.

GERRY ADAMS

La muerte de un trabajador pesa tanto como una montaña, mientras que la de un burgués no pesa más que la de una pluma.

MAO ZEDONG

Esta es la hora del plomo, que se recuerda si se supera.

EMILY DICKINSON

Puede que el movimiento punk fuera inventado por los teóricos de la cultura, y, en parte, la verdad es que fue así.

ROBERT HEWISON

Las singulares circunstancias que hicieron posible la efervescencia de los años sesenta se habían mitigado aun antes de que terminaran. A los tres años del fin de la década más próspera que había conocido la historia, el auge económico de la postguerra había terminado. Los «treinta años gloriosos» de Europa occidental cedieron paso a una época de inflación y de índices de crecimiento decrecientes, acompañados por un desempleo y un descontento social generalizados. Gran parte de los radicales de los sesenta, al igual que sus seguidores, abandonaron la revolución y pasaron a preocuparse de sus perspectivas laborales. Unos pocos optaron por la confrontación violenta; el daño que causaron y la respuesta de las autoridades generaron multitud de afirmaciones nerviosas acerca de la ingobernable situación de las sociedades occidentales. Al final, resultó que esas angustias eran excesivas: ante la presión, las instituciones demostraron más capacidad de resistencia de la que les concedían muchos temerosos observadores. Pero no se iba a volver al optimismo de las primeras dos décadas de la postguerra.

Acababa de sentirse el primer impacto de la ralentización económica cuando dos conmociones externas produjeron en la economía de la Europa capitalista una sacudida que la detuvo en seco. El 15 de agosto de 1971, el presidente norteamericano Richard Nixon anunció unilateralmente que su país abandonaba el sistema de cambio fijo. A partir de entonces, el valor del dólar estadounidense, ancla del orden monetario internacional desde Bretton Woods, fluctuaría en relación con las demás divisas. La decisión tenía que ver con la enorme carga militar que suponía la guerra de Vietnam y con el déficit creciente del gobierno federal de Estados Unidos. El dólar iba unido al patrón oro y en Washington aumentaba el temor a que los poseedores de divisas en el extranjero (entre ellos los bancos centrales europeos) trataran de cambiar sus dólares por oro y redujeron así las reservas federales[1].

La decisión de hacer flotar el dólar no era económicamente irracional. Habiendo decidido librar una guerra de desgaste al otro lado del mundo, y sufragarla con dinero prestado, Estados Unidos no podía confiar en mantener el dólar indefinidamente en un valor fijo y cada vez más sobrevalorado. No obstante, la jugada causó conmoción. Si el dólar iba a flotar, también debían hacerlo las divisas europeas, lo cual pondría en cuestión todas las certidumbres de los sistemas monetario y comercial, tan cuidadosamente erigidos tras la postguerra. El sistema de cambio fijo, instaurado antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, cuando se preveía la existencia de una red controlada de economías nacionales, ya no existía. Pero ¿qué iba a sustituirlo?

Después de algunos meses de confusión, de dos devaluaciones sucesivas del dólar y de la flotación de la libra esterlina en 1972 (que con retraso puso fin a su tradicional y gravoso papel como divisa de reserva internacional), una conferencia celebrada en París en marzo de 1973 enterró oficialmente las disposiciones financieras tan trabajosamente erigidas en Bretton Woods y acordó que, en su lugar, se instauraría un nuevo sistema de cambios flotantes. Como cabía esperar, el coste de esta liberalización fue el incremento de la inflación. Después de la decisión estadounidense de agosto de 1971 (y de la posterior caída del valor del dólar), los gobiernos europeos, con la esperanza de atajar el previsto deterioro de la economía, adoptaron deliberadamente políticas de reflación: así, facilitaron el crédito y permitieron que subieran los precios internos y que cayeran sus propias divisas.

En circunstancias normales, esta controlada inflación keynesiana podría haber tenido éxito: solo existía una arraigada aversión histórica a la idea misma de la inflación en Alemania Occidental. Pero la incertidumbre producida por la retirada estadounidense de un sistema dominado por el dólar fomentó una creciente especulación con las divisas, que los acuerdos internacionales sobre regímenes de cambios flotantes no pudieron contener. A su vez, esto minó las iniciativas que llevaban a cabo los gobiernos para manipular los tipos de interés nacionales y mantener el valor de cada una de sus monedas. El valor de las divisas cayó y ello supuso el aumento del precio de las importaciones: entre 1971 y 1973, el precio mundial de las materias primas (salvo el petróleo) se incrementó en un 70 por ciento y el de los alimentos en un 100 por cien. Y fue precisamente en esta situación, ya de por sí inestable, en la que la economía internacional sufrió la primera de las dos conmociones petrolíferas de la década de 1970.

El 6 de octubre de 1973, el Yom Kippur (el Día de la Expiación del calendario judío), Egipto y Siria atacaron Israel. A las veinticuatro horas los principales productores de petróleo árabes habían anunciado planes para reducir su producción de crudo; diez días después decretaban un embargo contra Estados Unidos en represalia por su apoyo a Israel e incrementaban en un 70 por ciento el precio del petróleo. Por su parte, la guerra del Yom Kippur terminó el 25 de octubre con un acuerdo de alto el fuego entre Egipto e Israel, pero la frustración árabe que causó el apoyo occidental a los judíos no disminuyó. El 23 de diciembre los países productores de petróleo acordaron aumentar de nuevo el precio de este, que ya se había más que duplicado desde comienzos de ese mismo año.

Para apreciar la relevancia que tuvieron estos procesos, en concreto para Europa occidental, es importante recordar que el precio del crudo, a diferencia de casi cualquier otra de las materias primas en las que descansa la economía industrial moderna, se había mantenido prácticamente igual durante décadas de crecimiento económico. Un barril de petróleo ligero saudí —una medida de referencia— costaba 1,93 dólares en 1955, y en enero de 1971 solo se vendía por 2,18. La discreta inflación de esos años significaba que, en realidad, el petróleo se había abaratado. La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), constituida en 1960, había permanecido en gran medida inerte y no mostraba intención alguna de presionar a sus principales productores para que utilizaran sus reservas de crudo como un arma política. Occidente se había acostumbrado a disponer siempre de un petróleo tremendamente barato, lo cual fue un elemento vital de sus largos años de prosperidad.

Su trascendencia puede apreciarse en el incremento constante del papel del petróleo en la economía de Europa. En 1950, los combustibles sólidos (mayoritariamente carbón base y coque) representaban el 83 por ciento del consumo de energía de Europa occidental, mientras que el petróleo solo suponía el 8,5 por ciento. En 1970 esas cifras se habían convertido en el 29 y el 60 por ciento, respectivamente. El 75 por ciento de las necesidades de energía de Italia en 1973 las cubría la importación de petróleo; en Portugal, esa cifra alcanzaba el 80 por ciento[2]. En 1971, el Reino Unido, que durante un tiempo sería autosuficiente en este sentido, gracias a las reservas de crudo recién descubiertas en el Mar del Norte, acababa de iniciar su extracción. El consumo febril de finales de los cincuenta y de los sesenta había incrementado enormemente la dependencia europea del petróleo barato: los millones y millones de coches nuevos que circulaban por las carreteras occidentales no podían funcionar con carbón, ni con la electricidad que ahora generaba —sobre todo en Francia— la energía nuclear.

Hasta aquel momento, el precio del petróleo importado se había fijado en dólares estables. En consecuencia, la fluctuación de los tipos de cambio y la subida de los precios del crudo introdujeron un inusitado factor de incertidumbre. Mientras que los precios y los salarios habían crecido de manera constante, aunque moderada, a lo largo de las dos décadas anteriores —un precio aceptable para la armonía social en una época de rápido desarrollo—, a partir de este momento la inflación se desató. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la tasa de inflación en la Europa no comunista entre 1961 y 1969 se mantuvo en el 3,1 por ciento, entre 1969-1973 subió al 6,4, y entre 1973 y 1979 registró una media anual del 11,9 por ciento. Dentro de esa cifra general, cada uno de los países presentaba variaciones considerables: mientras que en Alemania Occidental el índice de inflación entre 1973-1979 se mantuvo en un manejable 4,7 por ciento, Suecia experimentó una tasa el doble de elevada y los precios franceses aumentaron una media del 10,7 por ciento anual en esos años. En Italia, la inflación media fue del 16,1 por ciento y en España del 18. En el Reino Unido llegó al 15,6 por ciento, pero en su peor año, 1975, superó el 24 por ciento anual.

La subida de los precios y los salarios a esos niveles no carecía de precedentes históricos. Pero después de las tasas estables de los cincuenta y sesenta era una experiencia nueva para la mayoría de la gente, y también para sus gobiernos. Peor aún, en Europa, la inflación de los setenta —agravada por un segundo incremento del precio del petróleo en 1979, cuando el derrocamiento del sha de Persia llevó el pánico a los mercados del crudo, haciendo que su precio registrara un incremento del 150 por ciento entre diciembre de 1979 y mayo de 1980— no coincidía con las experiencias anteriores. En el pasado, la inflación iba asociada al crecimiento, a menudo espectacular. Las grandes depresiones económicas de finales del siglo XIX y de la década de 1930 habían ido acompañadas de procesos de deflación: una precipitada caída de los precios y de los salarios, causada, según interpretaban los observadores, por unas divisas excesivamente rígidas y por una crónica escasez del gasto, tanto público como ciudadano. Pero en la Europa de los años setenta ya no parecía aplicable el patrón convencional.

Por el contrario, Europa occidental comenzó a experimentar algo que, con poca elegancia, se denominó «estanflación»: inflación salarial y de precios combinada con ralentización económica. Visto en perspectiva, este resultado es hoy menos sorprendente de lo que les pareció a sus contemporáneos. En 1970 ya había finalizado la enorme migración del excedente de población activa rural a la productiva industria urbana; ya no había más tela que cortar, y la productividad comenzó inexorablemente a descender. En las principales economías industriales y de servicios de Europa el pleno empleo seguía siendo la norma: todavía en 1971 el paro en el Reino Unido se situaba en el 3,6 por ciento, y en Francia solo en el 2,6, pero esto suponía que los trabajadores organizados, que se habían acostumbrado a negociar desde una posición de fuerza, ahora se enfrentaban a empresarios cuyos abultados márgenes de beneficios estaban comenzando a menguar.

Los representantes sindicales, aduciendo como argumento el incremento de la inflación a partir de 1971, reivindicaban con insistencia subidas salariales y otras compensaciones en unas economías que ya mostraban signos de agotamiento antes de la crisis de 1973. Los salarios reales ya habían comenzado a ir por delante del crecimiento de la productividad, los beneficios disminuían y las nuevas inversiones estaban en declive. El exceso de capacidad productiva nacido de las entusiastas estrategias de inversión de la postguerra solo podían absorberlo la inflación y el desempleo. Gracias a la crisis en Oriente Próximo, los europeos tuvieron ambas cosas.

La depresión de la década de 1970 parecía peor por contraste con la época anterior. Desde un punto de vista histórico, los índices de crecimiento del PIB en Europa occidental a lo largo de los años setenta no fueron especialmente bajos. Iban desde el 1,5 por ciento del Reino Unido al 4,9 de Noruega, y, por tanto, suponían una clara mejoría respecto a la media del 1,3 por ciento alcanzada por Francia, Alemania y el propio Reino Unido entre 1913 y 1950. Pero contrastaban enormemente con las cifras del pasado inmediato: entre 1950 y 1973, Francia había crecido un promedio del cinco por ciento anual, Alemania Occidental casi un seis e incluso Gran Bretaña había mantenido una tasa de crecimiento medio superior al tres por ciento. Lo infrecuente no eran los años setenta, sino los cincuenta y los sesenta[3].

No obstante, el mal era real y se agravó al aumentar tanto la competencia de las exportaciones de los nuevos países industrializados asiáticos como la factura de las importaciones, a causa de la subida de precios de las materias primas (y no solo del petróleo). Los índices de desempleo comenzaron a incrementarse de forma paulatina pero inexorable. Al terminar la década, en Francia el número de parados superaba el siete por ciento de la población activa; en Italia, el ocho, y en el Reino Unido, el nueve. En algunos países —como Bélgica o Dinamarca— los niveles de paro durante los setenta y primeros ochenta fueron comparables a los de la década de 1930; por su parte, en Francia e Italia fueron aún peores.

Uno de los resultados inmediatos del declive económico fue el recrudecimiento de las actitudes hacia todo tipo de trabajadores extranjeros. Si las cifras de desempleo de Alemania Occidental (prácticamente cero en 1970) no alcanzaron el ocho por ciento de la población activa, a pesar de la caída de la demanda de bienes manufacturados, fue porque en Alemania la mayoría de los parados no eran alemanes, y, por tanto, no figuraban en las cifras oficiales. Cuando Audi y BMW, por ejemplo, despidieron a gran cantidad de empleados en 1974 y 1975, los «trabajadores invitados» fueron los primeros en caer; en BMW, cuatro de cada cinco trabajadores que perdieron su empleo no eran ciudadanos alemanes. En 1975 la República Federal cerró definitivamente sus oficinas de contratación en el norte de África, Portugal, España y Yugoslavia. Como manifestaba el informe de 1977 de la Comisión Federal en su principio básico, el primero: «Alemania no es un país de inmigrantes. Alemania es un país de residencia para extranjeros que finalmente volverán a sus países voluntariamente». Seis años después, el Bundestag (el Parlamento federal) aprobó una ley para «promover la disposición de los trabajadores extranjeros a regresar».

Voluntaria o involuntariamente, muchos de ellos acabaron volviendo a casa. En 1975, doscientos noventa mil trabajadores inmigrantes y sus familias abandonaron Alemania Occidental en dirección a Turquía, Yugoslavia, Grecia e Italia. Ese mismo año, doscientos mil españoles regresaron a su país en busca de trabajo; en Italia, el número de retornados superaba por primera vez el de emigrantes, situación inédita en la época contemporánea que no tardaría en reproducirse en Grecia y Portugal. A mediados de los setenta, casi un tercio del millón de emigrantes yugoslavos había sido obligado a regresar a los Balcanes, donde sus expectativas de encontrar trabajo no eran mejores que en Alemania o Francia. La crisis laboral del norte de Europa se exportaba al Mediterráneo. Entre tanto, Francia imponía estrictas restricciones a la inmigración procedente de Argelia y de sus antiguas colonias africanas, y el Reino Unido limitaba cada vez más el flujo de posibles inmigrantes del subcontinente indio.

La conjunción del desempleo estructural, el incremento de los costes por importación de crudo, la inflación y el declive de las exportaciones generó déficits presupuestarios y crisis de la balanza de pagos en toda Europa occidental. Ni siquiera se libró la República Federal Alemana, núcleo industrial del continente y su exportador principal. El excedente de 9.481.000.000 dólares de su balanza de pagos en 1973 se había convertido al cabo de un año en un déficit de 692.000.000. Para entonces, las cuentas nacionales británicas sufrían un déficit crónico, hasta el punto de que en diciembre de 1976, ante el grave riesgo de que la deuda pública suspendiera pagos, el Reino Unido acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de ayuda. Pero otros no estaban mucho mejor. Las cuentas francesas entraron en números rojos en 1974 y así se mantuvieron durante gran parte de los diez años posteriores. Italia, al igual que el Reino Unido, se vio obligada en abril de 1977 a buscar la ayuda del FMI. Como los británicos, los dirigentes italianos podían entonces achacar a fuerzas externas las impopulares medidas internas que tomaron posteriormente.

Desde un punto de vista keynesiano, la escasez presupuestaria y el déficit de la balanza de pagos —al igual que la propia inflación— no eran intrínsecamente malos. En los años treinta habían representado una receta plausible para salir de la recesión a base de gasto. Pero en la década de 1970 todos los gobiernos de Europa occidental ya gastaban mucho en servicios asistenciales, sociales y públicos, así como en infraestructuras. Como explicaba con tristeza el primer ministro laborista británico James Callaghan a sus colegas: «Antes pensábamos que podíamos salir de una recesión a base de gasto… Os digo, con toda sinceridad, que esa posibilidad ya no existe». Tampoco podían optar por la liberalización comercial para salvarse, como se había hecho tras la Segunda Guerra Mundial: la reciente ronda comercial Kennedy, celebrada a mediados de los años sesenta, ya había reducido los aranceles industriales hasta niveles nunca vistos. En todo caso, ahora el riesgo radicaba en que aumentara la presión interna para recuperar las medidas de protección frente a la competencia.

En la década de 1970, las opciones de los políticos se complicaban con otro elemento más. La crisis económica, por muy circunstanciales y coyunturales que fueran sus desencadenantes, coincidió con una significativa transformación que los gobiernos poco podían hacer por detener. En el curso de una generación, Europa occidental había sufrido una tercera revolución industrial; las chimeneas de las fábricas, que muy pocos años antes eran parte esencial de la vida cotidiana, estaban comenzando a desaparecer. Si los obreros siderúrgicos, los mineros, los del sector de automoción y, en general, todos los trabajadores fabriles, estaban perdiendo sus puestos de trabajo, no solo era por una crisis cíclica de la economía local, ni siquiera era una consecuencia secundaria de la crisis del petróleo. La venerable economía fabril de Europa occidental estaba desapareciendo.

Las pruebas eran innegables, aunque los políticos llevaran algunos años haciendo lo posible por no prestar atención a sus consecuencias. La reducción del número de mineros había sido constante desde la década de 1950, época en la que Europa occidental alcanzó su máxima producción de carbón: la gran cuenca minera de Sambre-Meuse, en el sur de Bélgica, que producía veinte millones y medio de toneladas de carbón en 1955, solo generaba seis millones en 1968 y cantidades insignificantes diez años después. Entre 1955 y 1985 desaparecieron 100.000 empleos en las minas de Bélgica, y el golpe lo acusaron también diversos oficios auxiliares. La minería británica sufrió pérdidas aún más acusadas, aunque se fueron registrando durante un periodo más largo. En 1947 el Reino Unido presumía de contar con 958 minas de carbón; 45 años más tarde apenas quedaban 50. La población activa minera iba a pasar de 718.000 trabajadores a 43.000, y la mayoría de esos empleos se perdieron entre 1975 y 1985.

La siderurgia, el otro sector clave de la Europa industrial, sufrió un destino similar. No se trataba de que la demanda de acero se hubiera reducido tan drásticamente, puesto que, a diferencia del carbón, no podía sustituirse tan fácilmente. Lo que ocurrió es que, al ir entrando más países no europeos en las filas de los industrializados, la competencia aumentó, cayeron los precios y el mercado del acero producido con alto coste en Europa se vino abajo. Entre 1974 y 1986, la siderurgia británica perdió 166.000 empleos (aunque en ese último año la principal empresa británica del ramo, British Steel Corporation, tuvo beneficios por primera vez en más de una década). Las actividades de los astilleros se redujeron por razones similares, y también las de la automoción y las de las fábricas textiles. Courtaulds, el principal consorcio textil y químico del Reino Unido, redujo su plantilla en un 50 por ciento entre 1977 y 1983.

La recesión de los años setenta aceleró la pérdida de empleo prácticamente en todas las industrias tradicionales. Antes de 1973 la transformación ya estaba en marcha en los sectores del carbón, el hierro, el acero y la ingeniería; a partir de ese momento se extendió a las industrias químicas, textiles, papeleras y a los fabricantes de bienes de consumo. Regiones enteras quedaron traumatizadas: entre 1973 y 1981 la zona oeste de las Midlands inglesas, sede de pequeñas empresas de ingeniería y de plantas automovilísticas, perdió un cuarto de sus puestos de trabajo. La zona industrial de Lorena, en el noroeste de Francia, se quedó sin el 28 por ciento de su empleo fabril. La población activa industrial de Lüneburg, en Alemania Occidental, se redujo en un 42 por ciento en los mismos años. Cuando la FIAT de Turín inició su proceso de robotización a finales de los setenta, se perdieron 65.000 empleos (de un total de 165.000) en solo tres años. En la ciudad de Ámsterdam, el 40 por ciento de la población activa trabajaba en la industria durante la década de 1950; un cuarto de siglo después, solo lo hacía uno de cada siete trabajadores.

En el pasado, el coste social de un cambio económico de estas dimensiones, y tan rápido, habría sido traumático y de consecuencias políticas impredecibles. Gracias a las instituciones del Estado del bienestar —y quizá a la reducción del entusiasmo político en la época— las protestas fueron comedidas. Pero en modo alguno faltaron. Entre 1969 y 1975 se produjeron furiosas manifestaciones, sentadas, huelgas y recogidas de firmas en toda la Europa occidental industrial, desde España (donde se perdieron un millón y medio de días de trabajo a causa de las huelgas entre 1973 y 1975) al Reino Unido, donde dos grandes paros mineros, ocurridos en 1972 y 1974, convencieron a un nervioso Gobierno conservador de que quizá lo más valiente fuera posponer los cierres de las principales minas unos años más, aunque fuera a costa de cargar el peso del aumento de las subvenciones sobre los hombros del conjunto de la población.

Los mineros y los obreros siderúrgicos fueron los manifestantes mejor conocidos, y quizá los más desesperados, de cuantos se organizaron en la época, pero no los más radicales. La reducción del número de trabajadores en las industrias tradicionales había desplazado el peso de los movimientos sindicales a las centrales del sector terciario, cuyos afiliados eran cada vez más numerosos. En Italia incluso, mientras los antiguos sindicatos industriales, de tendencia comunista, perdían afiliados, las agrupaciones de profesores y de funcionarios aumentaban su tamaño y su beligerancia. Los antiguos sindicatos apenas suscitaban simpatías entre los parados, porque, en su mayoría, lo que les preocupaba era conservar puestos de trabajo (y con ellos su propia influencia), rehuyendo la confrontación abierta. Fueron los combativos sindicatos del sector servicios —Fuerza Obrera en Francia y NALGO, NUPE y ASTMS en el Reino Unido[4]— los que enarbolaron con entusiasmo la causa de los jóvenes y los desempleados.

Al principio, los dirigentes europeos, ante la inusitada multitud de demandas de seguridad laboral y de protección salarial, recurrieron a prácticas de probada eficacia en el pasado. En el Reino Unido y Francia se negociaron acuerdos salariales inflacionarios con sindicatos poderosos, mientras que en Italia se introdujo a partir de 1975 la scala mobile, una cláusula de revisión salarial automática vinculada al aumento de los precios. Las industrias más renqueantes —sobre todo la siderurgia— se acogieron a la protección del Estado, de forma muy similar a como había ocurrido durante la primera fase nacionalizadora de la postguerra. En el Reino Unido, el Plan del acero de 1977 salvó a este sector del colapso, controlando su política de precios y acabando realmente con la competencia interna; en Francia, los arruinados consorcios siderúrgicos de Lorena y del centro industrial del país fueron reagrupados en conglomerados regulados por el Estado y financiados desde París. En Alemania Occidental, el Gobierno federal, siguiendo la misma pauta, fomentó las fusiones privadas en lugar del control estatal, pero con resultados monopolísticos similares. A mediados de los setenta, el holding Ruhrkohle AG controlaba el 95 por ciento de la producción minera de la zona del Ruhr.

Lo que quedaba de las industrias textiles nacionales de Francia y el Reino Unido se conservó para proteger el empleo que ofrecía a regiones deprimidas, gracias a considerables subvenciones directas (que se abonaban a los empresarios para que no despidieran a los trabajadores que no necesitaban) y a través de medidas de protección frente a las importaciones del Tercer Mundo. En la República Federal Alemana, el Gobierno de Bonn asumió el 80 por ciento de los costes salariales de los obreros industriales que trabajaban a tiempo parcial. El Estado sueco sufragó con grandes cantidades de dinero sus astilleros, deficitarios, pero políticamente delicados.

Hubo diferencias nacionales en las respuestas al declive económico. Las autoridades francesas desarrollaron políticas de intervención microeconómica, identificando los «paladines nacionales» de cada sector y favoreciéndolos mediante contratos, subvenciones en metálico y garantías, mientras que el Tesoro británico continuó su venerable tradición de manipulación macroeconómica a través de los impuestos, los tipos de interés y las ayudas generalizadas. Pero lo curioso fue la escasa diferencia existente entre las distintas tendencias políticas. Al principio, tanto los socialdemócratas alemanes y suecos, como los democristianos italianos, los gaullistas franceses y los políticos británicos, del corte que fueran, se aferraron al consenso de postguerra: buscaron el pleno empleo si era posible y compensaron su ausencia con incrementos salariales para los que tenían trabajo, transferencias sociales para los desempleados y subsidios en metálico para empresas en apuros, tanto del sector privado como del público.

Sin embargo, a lo largo de los setenta, la mayoría de los políticos llegaron a la conclusión de que ahora la inflación era más peligrosa que el aumento de las tasas de paro: sobre todo si los costes humanos y políticos del desempleo se mitigaban institucionalmente. La inflación no podía abordarse sin llegar a algún tipo de acuerdo internacional de regulación de las divisas y de los tipos de interés que sustituyera al sistema de Bretton Woods, tan precipitadamente derribado por Washington. Los seis miembros fundadores de la Comunidad Económica Europea habían reaccionado en 1972 conviniendo el establecimiento de la «serpiente en el túnel» (snake in a tunnel): un acuerdo destinado a mantener ratios parcialmente fijas entre sus divisas, que permitía un margen de fluctuación del 2,25 por ciento por encima o por debajo de los índices aprobados. El compromiso, inicialmente suscrito por el Reino Unido, Irlanda y los países escandinavos, solo duró dos años: los gobiernos británico, irlandés e italiano —incapaces o reacios a resistir las presiones internas para devaluar sus monedas más allá de los márgenes establecidos— se vieron obligados a abandonar el acuerdo y dejaron caer sus divisas. Hasta los franceses tuvieron que salir en dos ocasiones de la «serpiente», en 1974 y en 1976. Estaba claro que era preciso hacer algo más.

En 1978, el canciller germano-occidental Helmut Schmidt propuso que se remodelara la serpiente para convertirla en algo mucho más riguroso: un sistema monetario europeo (SME). Se establecería una malla de tipos de cambio fijos que, relacionados entre sí mediante un mecanismo de medición puramente teórico, la Unidad Monetaria Europea (ecu, respondiendo a las siglas inglesas[5]), estarían avalados por la estabilidad y las prioridades antiinflacionarias de la economía alemana y del Bundesbank. Los países participantes se comprometían a mantener el rigor económico interno con el fin de conservar su lugar en el SME. Esta fue la primera iniciativa alemana de este tipo y, de hecho, aunque no nominalmente, significaba que, al menos en Europa, el marco alemán sustituía al dólar como moneda de referencia.

Algunos países se mantuvieron al margen, sobre todo el Reino Unido, cuyo primer ministro laborista, James Callaghan, no se equivocaba al comprender que el SME impediría que su país adoptara medidas de reflación para abordar su problema con el desempleo. Otros suscribieron el pacto precisamente por esa razón. Como solution de rigueur (solución forzosa), el SME funcionaría más bien como el FMI (o como la Comisión Europea y el euro años después): obligaría a los gobiernos a tomar decisiones impopulares que podrían atribuir a normas y tratados concebidos en el exterior. De hecho, a largo plazo, esta fue realmente la relevancia de las nuevas disposiciones. No fue tanto que, con el tiempo, lograran expulsar al demonio de la inflación (aunque sí lo consiguieron), sino que lo hicieran privando cada vez más a los gobiernos nacionales de su iniciativa en política interna.

Este fue un cambio trascendental, más importante de lo que en ocasiones se valoró en su momento. En el pasado, si un gobierno decidía adoptar una estrategia basada en una divisa fuerte, adhiriéndose al patrón oro o negándose a bajar los tipos de interés, tenía que responder ante su electorado. Pero en el contexto de finales de los setenta, los gobiernos de Londres, Estocolmo o Roma, que se encontraban con un desempleo inmanejable, industrias renqueantes o demandas salariales inflacionarias, podían esgrimir impotentes, para eludir sus responsabilidades, las condiciones de un préstamo del FMI o los rigores de un acuerdo intracomunitario previo sobre los tipos de cambio. Los beneficios tácticos de ese paso eran evidentes, pero no saldrían gratis.

Si los Estados europeos ya no podían cuadrar el círculo del pleno empleo, los salarios reales elevados y el crecimiento económico, tendrían que enfrentarse a la cólera de los votantes que se sintieran traicionados. Como hemos señalado, en todas partes la reacción instintiva de los políticos fue la de mitigar la inquietud del proletariado masculino: en parte porque era el más afectado por la situación, pero sobre todo porque los precedentes indicaban que era el grupo social más susceptible de organizar protestas eficaces. Sin embargo, al final resultó que la auténtica oposición no estaba ahí. Fue la clase media —los administrativos del sector público y privado, los pequeños comerciantes y los trabajadores autónomos—, objeto de una enorme carga impositiva, la que mejor tradujo sus problemas en oposición política.

Después de todo, los principales beneficiarios del Estado del bienestar contemporáneo eran las clases medias. Cuando el sistema de postguerra comenzó a deshilacharse durante la década de 1970, fueron esas mismas clases medias las que se sintieron no tanto amenazadas como engañadas: por la inflación, por las subvenciones a empresas en apuros a través de los impuestos y por la reducción o eliminación de servicios públicos para responder a condicionantes presupuestarios y monetarios. Al igual que había ocurrido en el pasado, donde más se acusó el impacto redistributivo de la inflación, empeorado por la ya de por sí endémica carga impositiva de un Estado de servicios moderno, fue en los tramos medios de la escala social.

También fueron las clases medias las más perjudicadas por el problema de la «ingobernabilidad». El miedo a que las democracias europeas hubieran perdido el control de su destino, patente a lo largo de la década de los setenta, tenía varias motivaciones. En primer lugar, las iconoclastas rebeliones de la década anterior habían embalsado cierto caudal de nerviosismo; lo que en la confiada atmósfera de esa época había parecido curioso, e incluso estimulante, ahora se antojaba cada vez más presagio de incertidumbre y anarquía. Luego venía una inquietud más inmediata, la resultante de la pérdida de empleos y de la inflación, ante la que los gobiernos europeos parecían impotentes.

En realidad, en sí mismo, el hecho de que los dirigentes europeos parecieran haber perdido el control de la situación era una fuente de ansiedad generalizada: tanto más cuanto los propios políticos, como hemos visto, veían ciertas ventajas en insistir en sus deficiencias. Denis Healey, ministro de Hacienda británico del desventurado Gobierno laborista de mediados de la década de 1970, se lamentaba de los miles de millones de eurodólares que se blanqueaban en todo el continente, obra de «los hombres sin rostro que gestionaron las crecientes nubes atómicas de inaprensibles fondos que se habían acumulado en los mercados europeos para escapar al control de los gobiernos nacionales[6]». Irónicamente, el propio partido de Healey había sido elegido en 1974 porque los conservadores parecían incapaces de aplacar el descontento general, para después verse acusado de una impotencia similar, y aún peor, en los años posteriores.

En el Reino Unido se llegó incluso a hablar, de pasada, de las deficiencias que mostraban las instituciones democráticas ante las crisis contemporáneas y en la prensa aparecieron ciertas especulaciones sobre los beneficios de un Gobierno compuesto por personas desinteresadas y ajenas al sistema, o coaliciones corporativas de expertos «no políticos». Algunas destacadas figuras políticas británicas del momento, al igual que De Gaulle (en mayo de 1968), consideraron prudente reunirse con jefes policiales y militares para asegurarse de que contarían con su apoyo en caso de desórdenes públicos. Incluso en Escandinavia y el Benelux, donde la legitimidad esencial de las instituciones representativas nunca se puso seriamente en duda, la confusión reinante en el mundo financiero internacional, el aparente desmembramiento de la economía tras 1945 y la desafección de los electorados tradicionales pusieron en cuestión la cómoda confianza de la generación de postguerra.

Detrás de esas nebulosas alteraciones, fruto de la duda y la desilusión, existía una amenaza muy real y, según se veía en la época, inminente. En general, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa occidental se había librado de los conflictos civiles y desde luego de la violencia explícita. El despliegue de fuerzas armadas había tenido efectos sangrientos en toda Europa oriental, en las colonias europeas y a lo largo y ancho de Asia, África y Suramérica. Pese a la Guerra Fría, las décadas posteriores al conflicto se caracterizaron por la existencia de acalorados y mortíferos enfrentamientos, que causaron la muerte de millones de soldados y civiles desde Corea hasta el Congo. Incluso Estados Unidos había sido escenario de tres asesinatos políticos y de más de un disturbio sangriento. Pero Europa occidental había sido una isla de paz social.

Cuando la policía europea llegaba realmente a golpear o a disparar contra civiles, estos solían ser extranjeros, con frecuencia de piel oscura[7]. Aparte de ocasionales encontronazos violentos con manifestantes comunistas, los gobiernos de Europa occidental no solían recurrir a las fuerzas del orden para enfrentarse a la oposición violenta y, cuando lo hacían, era frecuente que fueran estos últimos los que utilizaban la violencia. En comparación con las décadas de entreguerras, las ciudades de Europa eran enormemente seguras, algo que subrayaban de continuo analistas que contrastaban la bien regulada sociedad europea con el individualismo rampante e indiferente de las urbes estadounidenses. En cuanto a los disturbios estudiantiles de los sesenta, sirvieron, si acaso, para confirmar ese diagnóstico: en Europa se podía jugar a la revolución, pero sobre todo como exhibición. Los combatientes callejeros apenas corrían el riesgo de resultar heridos.

En la década de 1970, las perspectivas se ensombrecieron de repente. Al igual que Europa oriental se había visto sofocada, después de la invasión de Praga, por el abrazo fraterno de los patriarcas del Partido, Europa occidental parecía estar perdiendo el control del orden público. El desafío no procedía de la izquierda tradicional. Sin duda, a Moscú le complacía bastante el saldo de ventajas internacionales del momento: el caso Watergate y la caída de Saigón habían reducido enormemente el prestigio de Estados Unidos, mientras que a la Unión Soviética, como principal productor de petróleo del mundo, le fue bastante bien durante la crisis de Oriente Próximo. Pero la publicación en inglés de Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsin y la posterior expulsión de este autor de la Unión Soviética en febrero de 1974, seguidas a los pocos años de las masacres de Camboya y las penalidades de los boat people vietnamitas [denominación dada a los muchos que huyeron del país en barcazas] sirvieron para que las ilusiones del comunismo no volvieran a revivir.

A excepción de algunos ejemplos marginales, tampoco se produjo una revitalización creíble de la extrema derecha. El neofascista Movimiento Social Italiano (MSI) nunca superó el 6,8 por ciento de los votos en las elecciones nacionales y, en cualquier caso, siempre tomó precauciones para presentarse como un partido político legítimo. Los nacionalistas de Alemania Occidental tenían menos interés en las sutilezas de las apariencias, pero, al igual que otras formaciones comparables de corte nacionalista de Bélgica, Francia o el Reino Unido, su peso electoral era insignificante. En pocas palabras, el comunismo y el fascismo, en sus encarnaciones clásicas, no tenían futuro en Europa occidental. La auténtica amenaza para la paz social procedía de otra dirección totalmente distinta.

Durante los años setenta, la sociedad europea occidental se enfrentó a dos desafíos violentos. El primero de ellos era patológico, en el sentido de que surgía de una dolencia arraigada, que, sin embargo, se manifestaba de forma muy moderna. En la zona vasca del norte de España, en la minoría católica de Irlanda del Norte, en Córcega y en otros lugares, la existencia de antiguos agravios estalló produciendo movimientos violentos. La experiencia no era en absoluto nueva para los europeos: los nacionalistas flamencos de la región belga de Flandes y los austríacos de lengua alemana del Alto Adigio italiano (el antiguo Tirol del Sur) se quejaban desde hacía tiempo de su «sometimiento», recurriendo a pintadas, manifestaciones, agresiones, bombas e, incluso, a las urnas.

Pero en 1970 el problema del Tirol del Sur ya se había resuelto mediante la creación de una región autónoma bilingüe que aplacó a todos los críticos, salvo a los más extremistas, y aunque los nacionalistas flamencos de los partidos Volksunie y Vlaams Blok nunca abandonaron el objetivo último de separarse de la Valonia francófona, la nueva prosperidad de Flandes, junto a una amplia legislación destinada a federalizar Bélgica, había privado de carnaza, por el momento, a estas reivindicaciones: el nacionalismo flamenco dejó de ser un movimiento de parias resentidos para convertirse en una protesta generalizada de los contribuyentes de habla holandesa contra las subvenciones a los obreros siderúrgicos valones (véase el capítulo XXII). Sin embargo, los vascos y los católicos del Ulster eran algo completamente distinto.

En España, el País Vasco fue una de las zonas que más sufrió las iras del régimen franquista: en parte por su apoyo a la causa republicana durante la Guerra Civil, en parte porque el hecho de que los vascos hubieran reclamado tradicionalmente el reconocimiento de su diferencia iba en contra de los profundos instintos centralistas de la clase política española y del papel que esta se había arrogado como garante del Estado. Cualquier manifestación específicamente vasca fue virulentamente reprimida durante el régimen de Franco: su lengua, sus costumbres y sus manifestaciones políticas. En contra de sus propios instintos centrípetos, el dictador llegó a favorecer a Navarra (una región cuya conciencia de sí misma y de su carácter autónomo nunca se acercó ni remotamente a la de vascos o catalanes), preservando ciertos derechos y privilegios de sus instituciones forales, solo para restregarles a sus vecinos vascos la imposibilidad de que ellos esperaran esos favores.

La aparición del terrorismo vasco contemporáneo fue una reacción directa a las políticas franquistas, aunque sus portavoces y defensores siempre han aducido que sus raíces se hunden en los frustrados sueños de independencia de la región. ETA (Euskadi ta Askatasuna [Euskadi y Libertad]) se constituyó en diciembre de 1958 para luchar con las armas por la independencia vasca. Desde sus primeros días como movimiento clandestino, ETA estableció vínculos operativos —que posteriormente justificaría con razones ideológicas un tanto engañosas— con grupos extranjeros afines: la Facción del Ejército Rojo alemana (llamada grupo Baader-Meinhof), el Ejército Republicano Irlandés (IRA), la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el FLNA (Frente de Liberación Nacional de Argelia).

La estrategia de ETA —y de su brazo político, Herri Batasuna, constituido en 1978— utilizaba sencillamente la violencia como instrumento para convertir los costes de mantener el País Vasco dentro de España en algo políticamente intolerable. Pero, al igual que el IRA y otras organizaciones similares, ETA también pretendía funcionar como una sociedad dentro del Estado. Católicos, severos y moralistas —de una forma que, irónicamente, tiene la fragancia del propio Franco—, los terroristas de ETA no solo han hecho blanco en la policía sino en símbolos de la decadencia española en la zona, como cines, bares, discotecas y traficantes de droga, entre otros.

En las postrimerías de la época franquista, las actividades de ETA se veían limitadas por la misma represión que había conducido a su aparición: al final de la dictadura, a comienzos de la década de 1970, un cuarto de la policía armada española estaba destinada en el País Vasco, lo cual no impidió que ETA asesinara en Madrid al presidente del Gobierno español (almirante Luis Carrero Blanco) el 20 de diciembre de 1973, o que acabara con la vida de doce civiles en un atentado también registrado en la capital nueve meses después. Tampoco el fusilamiento de tres miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico) y de dos de ETA en septiembre de 1975 moderó las actividades de esta. Por otra parte, la llegada de la democracia ofrecía nuevas oportunidades.

ETA y sus partidarios buscaban la independencia total del País Vasco. Lo que este consiguió en la Constitución democrática fue un Estatuto de Autonomía (véase el capítulo XVI), aprobado por referéndum en 1979. ETA, furiosa principalmente ante la perspectiva de perder el apoyo de los simpatizantes moderados que se contentaban con el autogobierno y el derecho a expresarse en su lengua y mediante su propia cultura, incrementó su campaña de atentados y asesinatos. Entre 1979 y 1980 la organización segó la vida de ciento ochenta y una personas; durante la siguiente década cometió un promedio de treinta y cuatro asesinatos anuales. Pero, pese a todo, y a la fragilidad de la joven democracia española, ETA y sus aliados no lograron aprovechar políticamente sus actividades terroristas; su único éxito —provocar que un reducido grupo de oficiales derechistas tomara las Cortes en febrero de 1981 en nombre de la ley, el orden y la integridad del Estado— acabó en fracaso.

No obstante la horrible magnitud y la gran repercusión pública de sus incursiones homicidas, una de las razones de la escasa influencia de ETA fue que la mayoría de los vascos no se identificaba ni con sus medios ni con sus fines. De hecho, muchos ni siquiera habían nacido en Euskadi. Las transformaciones económicas de la España de la década de 1960 y las migraciones a gran escala, dentro y fuera de sus fronteras, habían producido cambios que simplemente los antiguos nacionalistas y sus fanáticos seguidores más jóvenes no podían controlar. A mediados de los ochenta, menos de la mitad de la población del País Vasco tenía padres —por no hablar de abuelos— nacidos en esa región. Esas personas consideraban con razón que ETA y Herri Batasuna ponían en peligro su bienestar (e, implícitamente, su propia presencia en Euskadi).

Mientras su proyecto político perdía contacto con la realidad social, ETA se iba radicalizando cada vez más. Citando la definición de fanatismo de George Santayana, podemos decir que, tras perder sus objetivos, redobló sus esfuerzos. Financiándose mediante el crimen y las extorsiones, y con sus comandos obligados a operar desde el otro lado de la frontera, en los départements (provincias) vascos del suroeste de Francia, ETA ha sobrevivido hasta el momento cometiendo asesinatos, entre otros, de políticos y policías. Pero no ha logrado ni movilizar el vasquismo favorable a la independencia ni coaccionar al Estado español para que acepte sus reivindicaciones. El principal «éxito» de la banda se produjo a comienzos de los años ochenta, cuando sus acciones llevaron al presidente del gobierno socialista español, Felipe González, a permitir que pistoleros de los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) entraran ilegalmente en Francia para eliminar a miembros de ETA (entre 1983 y 1987, el GAL cometió veintiséis asesinatos). La decisión de González, que no se conoció hasta años después (véase el capítulo XXII), arrojó algunas sombras sobre los primeros años de democracia constitucional en España tras la muerte de Franco; pero dadas las circunstancias, posiblemente esta fuera una respuesta notablemente moderada.

Los métodos del IRA Provisional eran tan parecidos a los de ETA como algunos de los objetivos que proclamaba. Del mismo modo que el grupo terrorista vasco pretendía que las provincias vascas fueran ingobernables y, de ese modo, conseguir desgajarlas de España, el Ejército Republicano Irlandés (IRA, en sus siglas inglesas) aspiraba a que Irlanda del Norte fuera ingobernable, expulsar a los ingleses y unir las seis provincias del norte con el resto de Irlanda. Pero había diferencias considerables entre ambos grupos. Como ya existía una Irlanda independiente, había, por lo menos en principio, un objetivo nacional factible que los rebeldes podían presentar a sus partidarios. Por otra parte, existía más de una comunidad norirlandesa, y la diferencia entre ellas tenía profundas raíces históricas.

Al igual que la Argelia francesa, Irlanda del Norte —el Ulster— era tanto un vestigio colonial como una parte integral de la metrópoli. En 1922, cuando el Reino Unido entregó finalmente Irlanda a los irlandeses, se quedó con los seis condados del norte de la isla, amparándose en la razonable explicación de que la inmensa mayoría de los protestantes era profundamente leal a Londres y que no deseaba ni ser gobernada desde Dublín ni incorporarse a una república semiteocrática dominada por el episcopado católico. Al margen de sus declaraciones públicas, los dirigentes de la nueva república no estaban tan descontentos de renunciar a la presencia de una compacta y nutrida comunidad de airados y recalcitrantes protestantes. Pero para una parte minoritaria de los nacionalistas irlandeses este abandono constituyó una traición y, esgrimiendo la bandera del IRA, continuaron exigiendo la unificación —por la fuerza si era necesario— de toda la isla.

Durante cuatro décadas, la situación se mantuvo prácticamente igual. En los años sesenta la posición oficial de Dublín era un tanto similar a la de Bonn: reconocía que la unificación nacional era deseable, pero discretamente se complacía en posponer el asunto sine die. Entre tanto, los sucesivos gobiernos británicos hacía tiempo que habían optado por hacer caso omiso, en la medida de lo posible, de la incómoda situación que habían heredado en el Ulster, donde la mayoría protestante dominaba a los católicos locales manipulando las circunscripciones electorales, practicando el clientelismo político, ejerciendo una presión sectaria sobre los empresarios y monopolizando los puestos de trabajo de sectores clave, como el funcionariado, el sistema judicial y, principalmente, la policía.

Si los políticos del grueso del Reino Unido preferían no enterarse de estos asuntos era porque el Partido Conservador dependía de su rama unionista (cuya creación se remontaba a la campaña desatada en el siglo XIX con objeto de mantener Irlanda dentro de Gran Bretaña) para conservar un conjunto crucial de escaños; en consecuencia, era partidario del mantenimiento del statu quo, es decir, de la permanencia de Irlanda del Norte en el Reino Unido. El Partido Laborista no estaba menos identificado con los poderosos sindicatos laboristas de los astilleros de Belfast e industrias afines, cuyos trabajadores protestantes disfrutaban hacía tiempo de un trato de favor.

Como sugiere esta última afirmación, dentro de Irlanda del Norte las divisiones eran inusualmente complicadas. La brecha religiosa que separaba a protestantes y católicos era patente, y se correspondía con otra de tipo comunitario que, presente desde la cuna a la tumba en todas las etapas de la vida, se manifestaba en la educación, la vivienda, el matrimonio, el trabajo y el ocio. Además, venía de antiguo: puede que a los forasteros las alusiones a disputas y victorias de los siglos XVII y XVIII les parecieran absurdamente rituales, pero la historia que había detrás de ellas era real. Sin embargo, la fractura entre católicos y protestantes, pese a los esfuerzos del IRA por importar categorías marxistas a su retórica, nunca fue una brecha de clase en el sentido convencional del término. En ambos lados había trabajadores y sacerdotes, y en menor medida terratenientes, hombres de negocios y profesionales.

Además, muchos católicos del Ulster no sentían deseos urgentes de ser gobernados desde Dublín. En la década de 1960 Irlanda seguía siendo un país pobre y atrasado, y el nivel de vida en el norte, aun siendo inferior al de gran parte del Reino Unido, se encontraba muy por encima del promedio irlandés. El Ulster era una apuesta económica mejor hasta para los católicos. Entre tanto, los protestantes se identificaban profundamente con el Reino Unido. Este sentimiento no era en modo alguno correspondido por el resto de los británicos, que no tenían en mucha estima a Irlanda del Norte (si es que pensaban en ella). Las viejas industrias del Ulster, al igual que las del resto del país, estaban en decadencia a finales de la década de 1960, y los planificadores de Londres ya tenían claro que el futuro sería incierto para la inmensa mayoría de los trabajadores manuales protestantes de la provincia. Dicho esto, es justo señalar que durante décadas las autoridades británicas no se habían parado a pensar seriamente en el Ulster.

El IRA se había convertido en una secta política marginal, que denunciaba el carácter ilegítimo de la República de Irlanda por considerarla incompleta, al tiempo que reiteraba la aspiración revolucionaria de forjar una Irlanda diferente, radical y unida. La imprecisa y anacrónica retórica del IRA apenas atraía a una nueva generación de adeptos (entre ellos Gerry Adams, un joven de 17 años nacido en Belfast, que entró en la organización en 1965), que, más interesada en la acción que en la doctrina, constituyó su propio grupo, el clandestino IRA Provisional[8]. Los provos, reclutados principalmente en Derry y Belfast, surgieron justo a tiempo de beneficiarse de una oleada de manifestaciones en defensa de los derechos civiles que se registraba en todo el Norte y que exigía al Gobierno del Ulster, cuya sede estaba en el castillo de Stormont, derechos políticos y ciudadanos que los católicos deberían haber tenido hacía tiempo. Sus esfuerzos solo toparon con intransigencia política y porras de policía.

La mecha de los problemas que habrían de apoderarse de la vida pública norirlandesa, y hasta cierto punto de la británica, durante las siguientes tres décadas la encendieron unos enfrentamientos callejeros registrados en Derry después de la tradicional Marcha de los Aprendices de julio de 1969, que agresivamente conmemoraba la derrota de la causa de Jacobo II y de los católicos doscientos ochenta y un años antes. Ante el aumento de la violencia callejera y la presión de los líderes católicos, que pedían la intervención del Gobierno británico, este envió al ejército y asumió el mantenimiento del orden en los seis condados. Era innegable que los militares, reclutados en gran medida en el resto de Gran Bretaña, eran menos sectarios y mucho menos brutales que la policía local. Resulta por tanto irónico que su presencia proporcionara al recién formado IRA Provisional su reivindicación principal: la retirada del Ulster de las autoridades británicas y de sus tropas, como primer paso para una reunificación de la isla bajo un gobierno irlandés.

Los británicos no se retiraron, y tampoco está claro cómo podrían haberlo hecho. A lo largo de la década de 1970, varias iniciativas destinadas a crear confianza entre las dos comunidades y permitir que la provincia gestionara sus propios asuntos chocaron con los recelos y la intransigencia de ambas. Los católicos, aunque no simpatizaran con sus propios extremistas armados, tenían buenas razones históricas para desconfiar de las promesas de poder compartido y de igualdad ciudadana que hacían los dirigentes protestantes del Ulster. Estos, siempre reacios a hacer auténticas concesiones a la minoría católica, tenían ahora un miedo real a los intransigentes pistoleros de los provisionales. Sin la presencia militar británica, la provincia se habría deslizado aún más por la pendiente de la guerra civil abierta.

De manera que el Gobierno británico estaba atrapado. Al principio, Londres se mostró comprensivo con las presiones católicas a favor de la reforma, pero después del asesinato de un soldado en febrero de 1971, el ejecutivo aprobó el internamiento sin juicio y la situación no tardó en deteriorarse. En enero de 1972, durante el Domingo Sangriento, paracaidistas británicos mataron a trece civiles en las calles de Derry. Ese mismo año, 146 miembros de las fuerzas de seguridad y 321 civiles murieron en el Ulster, y casi 5000 personas resultaron heridas. Alentado por una nueva generación de mártires y por la cerrazón de sus oponentes, el IRA Provisional organizó una campaña que habría de prolongarse durante treinta años, durante la cual puso bombas, disparó y mutiló a soldados y civiles del Ulster y del resto del Reino Unido, además de intentar, al menos una vez, asesinar a un primer ministro británico. Aunque las autoridades de Londres hubieran querido retirarse de Irlanda del Norte (como habrían querido muchos votantes de fuera del Ulster), no podían hacerlo. Como demostró un referéndum celebrado en 1973 y como confirmaron elecciones posteriores, la inmensa mayoría de los habitantes del Ulster quería mantener sus vínculos con el Reino Unido[9].

La campaña del IRA no unió a Irlanda, no expulsó a los británicos del Ulster y no desestabilizó la política del Reino Unido, aunque el asesinato de políticos y otras personalidades (sobre todo de lord Mountbatten, exvirrey de la India y padrino del príncipe de Gales), conmocionara realmente a la opinión pública de ambas orillas del Mar de Irlanda. Pero la cuestión irlandesa ensombreció aún más una década de vida pública británica ya de por sí sombría y coadyuvó a la tesis de la ingobernabilidad que se vendía por entonces, así como al fin del despreocupado optimismo de la década de 1960. Para cuando el IRA Provisional y los grupos paramilitares protestantes surgidos después se avinieron finalmente a sentarse a la mesa de negociación, con el fin de lograr modificaciones constitucionales que quizá el Gobierno británico habría estado encantado de conceder casi desde el principio, mil ochocientas personas habían muerto y uno de cada cinco residentes del Ulster tenía un familiar muerto o herido en los combates.

En este contexto, las otras «patologías» de la Europa de los setenta resultaban realmente nimias, aunque acentuaron la generalizada atmósfera de incomodidad. Una autodenominada Angry Brigade (Brigada Furiosa), que supuestamente actuaba en nombre de los desempleados sin representación, puso bombas por todo Londres durante 1971. Los separatistas francófonos de la región suiza del Jura, imitando las tácticas de los irlandeses, causaron disturbios en 1974 ante la incorporación forzosa de la zona al cantón de Berna (de habla alemana). En Liverpool, Bristol y el barrio londinense de Brixton grupos de alborotadores se enfrentaron a la policía por el control de las barriadas «vedadas» del centro de la ciudad.

De una u otra manera, todas esas protestas y acciones constituían, como ya hemos señalado, patologías políticas: por extremos que fueran formalmente, sus objetivos resultaban familiares y sus tácticas tenían que ver con ellos. Trataban de lograr algo y, según ellos mismos declaraban, se habrían detenido si se hubieran atendido sus demandas. ETA, el IRA y sus imitadores eran organizaciones terroristas, pero no irracionales. En su momento, la mayoría habría terminado por negociar con sus enemigos, con la esperanza de alcanzar sus fines, aunque fuera en parte. Pero esas consideraciones no fueron nunca de interés para los protagonistas del segundo desafío violento de la época.

En gran parte de Europa occidental, los etéreos teoremas radicales de los sesenta se disiparon sin causar grandes daños. Pero hubo dos países en los que se convirtieron en una psicosis de agresividad que se justificaba a sí misma. Un reducido grupo de antiguos estudiantes radicales, ebrios de su propia interpretación de la dialéctica marxista, se propuso revelar el «auténtico rostro» de la represiva tolerancia de las democracias occidentales. Según su lógica, si se presionaba lo suficiente al régimen parlamentario capitalista, este dejaría a un lado su manto de legalidad y mostraría su auténtica cara. El proletariado, hasta entonces alienado de sus propios intereses y víctima de una falsa conciencia sobre su situación, al enfrentarse a la verdad sobre sus opresores ocuparía el lugar que le correspondía en las barricadas de la lucha de clases.

Ese resumen concede demasiada importancia al terrorismo clandestino de la década de 1970, pero también la reduce. Gran parte de los jóvenes de ambos sexos absorbidos por el movimiento, por muy familiarizados que estuvieran con las justificaciones retóricas de la violencia, apenas tuvieron que ver con su formulación. Fueron la infantería del terrorismo. Por otra parte, sobre todo en Alemania Occidental, la energía emocional invertida en lograr que odiaran la República Federal bebía de fuentes más profundas y sombrías, que iban más allá de los ejercicios argumentativos de un radicalismo decimonónico mal digerido. El imperioso deseo de hacer caer sobre las cabezas de la generación de sus padres los fundamentos de la seguridad y la estabilidad era la manifestación extrema de un escepticismo más generalizado que, a la luz del pasado reciente, cuestionaba la credibilidad local de la democracia pluralista. Por tanto, no fue casual que el «terror revolucionario» cobrara su forma más amenazadora en Alemania e Italia.

El vínculo existente entre extraparlamentarismo y violencia directa ya se reveló por primera vez en la Alemania del mes de abril de 1968, cuando cuatro jóvenes radicales —entre ellos Andreas Baader y Gudrun Ensslin— fueron detenidos bajo sospecha de haber incendiado dos grandes almacenes de Francfort. Dos años después, Baader se escapó de la cárcel durante una incursión armada planeada y dirigida por Ulrike Meinhof. Ella y Baader difundieron entonces su Manifiesto conceptual de la guerrilla urbana, anunciando la formación de una Rote Armee Fraktion (Facción del Ejército Rojo, RAF en sus siglas alemanas), cuyo objetivo era desmantelar la República Federal Alemana por la fuerza. Las siglas RAF se habían elegido a propósito: del mismo modo que la Real Fuerza Aérea británica (RAF, en sus siglas inglesas) había atacado la Alemania nazi desde el aire, la banda Baader-Meinhof, como pasaron a conocerse informalmente, pondría bombas y dispararía a sus sucesores, desde abajo, hasta obligarlos a rendirse.

Entre 1970 y 1978, la RAF y sus retoños llevaron a cabo una estrategia deliberada de terror indiscriminado, asesinando a soldados, policías y hombres de negocios, robando bancos y secuestrando a políticos de los partidos mayoritarios. Además de acabar con la vida de 28 personas y de herir a otras 39 en los atentados y tiroteos de esos años, la banda tomó a 162 rehenes y atracó 30 bancos, en parte para financiarse, en parte para llamar la atención. En sus primeros años también atacaron bases militares estadounidenses en Alemania Occidental, matando e hiriendo a varios soldados, sobre todo a finales de la primavera de 1972.

En 1977, su año de mayor actividad, la RAF secuestró y posteriormente ejecutó a Hanns-Martin Schleyer, presidente de Daimler Benz y de la patronal alemana, y asesinó a Siegfried Buback, fiscal general alemán, y a Jürgen Ponto, director del Dresdner Bank. Pero este sería su canto de cisne. Ya en mayo de 1976, Meinhof (capturada en 1972) había sido encontrada muerta en su celda de una prisión de Stuttgart. Al parecer se había ahorcado, aunque siempre hubo rumores de que había sido ejecutada por el Estado. Baader, detenido durante un tiroteo en Francfort en 1972, estaba en prisión cumpliendo cadena perpetua por homicidio cuando también fue encontrado muerto en su celda, al igual que Gudrun Ensslin y otro terrorista encarcelado, el 18 de octubre de 1977. Su organización clandestina, aunque reducida, subsistió hasta los años ochenta: en agosto de 1981 puso una bomba en el cuartel general de las Fuerzas Aéreas estadounidenses situado en la ciudad alemana de Ramstein y al mes siguiente el comando Gudrun Ensslin trató sin éxito de asesinar al comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en Europa.

Como el movimiento terrorista alemán carecía de objetivos concretos, sus logros solo pueden calibrarse en función del grado de perturbación que ocasionaron a la vida pública alemana y del debilitamiento de las instituciones de la República. En este sentido, está claro que fracasaron. La acción gubernamental más decididamente represiva del momento fue la aprobación en 1972 del Berufsverbot por parte del Gobierno socialdemócrata de Willy Brandt. Mediante este decreto quedaba excluida de la función pública cualquier persona implicada en actos políticos considerados lesivos para la Constitución y su objetivo evidente era impedir que extremistas de derecha o izquierda ocuparan puestos clave. En una cultura ya de por sí proclive a una prodigiosa tendencia al conformismo público, la medida no hizo sino despertar el miedo a la censura y a cosas peores; pero no fue en absoluto el preludio de la dictadura que sus críticos temían y que, en el otro extremo, esperaban.

Ni el terrorismo de izquierdas ni la derecha neonazi aparentemente renacida —que, en concreto, fue responsable del atentado que causó la muerte de trece personas y heridas a otras doscientas veinte durante la Oktoberfest celebrada en Múnich en 1980— lograron desestabilizar la República, aunque sí provocaron irresponsables comentarios en círculos políticos conservadores, en los que se planteaba la necesidad de poner coto a las libertades ciudadanas e imponer el «orden». Mucho más preocupante fue que las ideas de la banda Baader-Meinhof, en concreto, lograran suscitar cierta corriente de simpatía entre intelectuales y académicos por otra parte respetuosos con la ley[10].

En Alemania, una de las fuentes de esa simpatía era la creciente nostalgia que se sentía en círculos literarios y artísticos del pasado perdido germano. Se tenía la sensación de que el país se había visto desheredado doblemente: por los nazis, que habían privado a los alemanes de un pasado respetable y «utilizable», y por la República Federal, a la que los capataces estadounidenses habían impuesto una falsa imagen de sí misma. En palabras del director de cine Hans-Jürgen Syberberg, la nación se había visto «espiritualmente desheredada y desposeída (…) vivimos en un país sin patria, sin Heimat (terruño, patria chica)». El característico tono nacionalista del terrorismo de extrema izquierda alemán —el hecho de que atentara contra los «ocupantes» estadounidenses, las multinacionales y el orden capitalista «internacional»— tocó cierta fibra, al igual que el hecho de que los terroristas proclamaran que ahora eran los «alemanes» quienes eran víctimas de la manipulación y los intereses ajenos.

Durante esos años se asistió a una proliferación de películas, discursos, libros, programas de televisión y comentarios públicos sobre la historia y la identidad del país, ambas problemáticas. Del mismo modo que la Fracción del Ejército Rojo proclamaba que luchaba contra el «fascismo» —por poderes, se podría decir— también los intelectuales alemanes, de izquierda y de derecha, pugnaban por controlar el auténtico patrimonio alemán. Edgar Reitz, otro realizador cinematográfico, dirigió una serie de televisión de 16 horas de duración y enorme popularidad, titulada Heimat: una crónica alemana, que, narrando la historia de una familia rural de Hunsrück, en Renania-Palatinado, recorría la historia contemporánea de Alemania a través de un relato doméstico que iba desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el presente.

En la película de Reitz los años de entreguerras están especialmente envueltos en el halo sepia de un cariñoso recuerdo, ni siquiera se permite que la época nazi obstaculice la grata evocación de unos tiempos mejores. Por otra parte, el mundo americanizado de la República Federal de la postguerra se muestra con un airado y gélido desdén, su abandono materialista de los valores nacionales y su destrucción de la memoria y la continuidad aparecen como algo que corroe violentamente los valores humanos y a la comunidad. Al igual que en El matrimonio de Maria Braun de Fassbinder, el personaje principal, también Maria, representa una Alemania victimizada; pero Heimat es explícitamente nostálgica e incluso xenófoba en su desprecio por los valores extranjeros y su añoranza del alma perdida de la «Alemania profunda».

Reitz, al igual que Syberberg y otros, menospreció abiertamente la serie televisiva estadounidense Holocausto, que se emitió por primera vez en la televisión alemana en 1979. Si alguien tenía que mostrar el pasado alemán, por doloroso que fuera, eran los propios alemanes. «El proceso de expropiación más radical que existe —escribió Reitz— es la expropiación de la propia historia. Con Holocausto, los americanos nos han robado nuestra historia». La aplicación de una «estética comercial» al pasado de Alemania era la forma que tenía Estados Unidos de controlarlo. La lucha de los directores y artistas alemanes contra el kitsch estadounidense formaba parte de la lucha contra su capitalismo.

Reitz y Fassbinder se encontraban entre los directores de Deutschland in Herbst (Alemania en otoño), un documental de 1978 con forma de collage que incluía trozos de películas y entrevistas sobre los sucesos del otoño de 1977, sobre todo del secuestro y asesinato de Hanns-Martin Schleyer y del suicidio posterior de Ensslin y Baader. El film resulta notable, no tanto por sus manifestaciones de simpatía hacia los terroristas, sino por la forma peculiar que tiene de mostrarla. Mediante un cuidadoso intercalado de las imágenes, el III Reich y la República Federal aparecen como regímenes afines. El capitalismo, el sistema basado en el beneficio y el nacionalsocialismo se presentan como igualmente censurables e indefendibles, y los terroristas resultan ser los resistentes de nuestros días: Antígonas modernas que luchan con su propia conciencia y contra la represión política.

Alemania en otoño, al igual que otros films alemanes de la época, mostraba un considerable talento cinematográfico para describir el Estado policial de Alemania Occidental, emparentado con el nazi, aunque solo fuera en su capacidad para la represión y la violencia (por el momento oculta). Horst Mahler, un terrorista semiarrepentido que entonces aún estaba en prisión, explica ante la cámara que la aparición en 1967 de la oposición extraparlamentaria fue la «revolución antifascista» que no tuvo lugar en 1945. En consecuencia, la auténtica lucha contra los demonios nazis de Alemania la estaba librando el joven y radical movimiento clandestino del país, aunque lo hiciera con métodos sorprendentemente parecidos a los nazis, paradoja esta que Mahler no mencionaba.

La tácita relativización del nazismo que supone Alemania en otoño ya estaba haciéndose explícita en apologías intelectuales del terror anticapitalista. Como explicaba el filósofo Detlef Hartmann en 1985, «a través del vínculo evidente que existe entre el dinero, la tecnología y el exterminio en el imperialismo del nuevo orden nazi podemos aprender […] [cómo] levantar el velo que cubre la civilizada tecnología exterminadora del nuevo orden de Bretton Woods». Era este fácil deslizamiento —la idea de que lo que vincula al nazismo y a la democracia capitalista es más importante que lo que los diferencia, y que eran los alemanes los que habían sido víctimas de ambos regímenes— lo que ayudaba a explicar la característica insensibilidad de la izquierda radical alemana hacia el tema judío.

El 5 de septiembre de 1972 la organización palestina Septiembre Negro atentó contra el equipo israelí durante los Juegos Olímpicos de Múnich y mató a 11 atletas, así como a un policía alemán. Es prácticamente seguro que los asesinos contaron con apoyo de la izquierda radical local (aunque una peculiaridad del radicalismo alemán de la época es que la extrema derecha tampoco habría tenido empacho en ofrecer sus servicios). El vínculo entre las organizaciones palestinas y los grupos terroristas europeos ya estaba consolidado: Ensslin, Baader y Meinhof se entrenaron en algún momento con guerrillas palestinas, junto a vascos, italianos, republicanos irlandeses y otros. Pero solo los alemanes fueron un paso más allá: cuando cuatro hombres armados (dos alemanes y dos árabes) secuestraron un avión de Air France en junio de 1976 y lo desviaron a la capital ugandesa, Entebbe, los encargados de identificar a los pasajeros judíos y de separarlos de los demás fueron los alemanes.

Si esta acción, que tan inequívocamente recordaba a las selecciones de judíos realizadas por alemanes en otro tiempo y otro lugar, no desacreditó definitivamente a la banda Baader-Meinhof a ojos de sus simpatizantes, fue porque sus argumentos, aunque no sus métodos, suscitaban un consenso bastante amplio: ahora las víctimas eran los alemanes, no los judíos, y el verdugo era el capitalismo estadounidense, no el nacionalsocialismo alemán. Ahora, los «crímenes de guerra» eran actos que cometían los estadounidenses contra los vietnamitas, por ejemplo. En Alemania Occidental existía un «nuevo patriotismo» exterior y resulta bastante irónico que Baader, Meinhof y sus amigos, cuya revuelta violenta se había dirigido inicialmente contra la autocomplacencia de situar a Alemania por encima de todo, practicada por la generación de sus padres, se vieran ahora reclutados por las resonancias de ese mismo legado nacionalista. Era perfectamente lógico que Horst Mahler, uno de los pocos fundadores del terrorismo izquierdista en Alemania Occidental que seguían vivos, terminara tres décadas después en la extrema derecha.

Desde fuera, el terrorismo italiano de esa época no parecía muy diferente al alemán. También recurría a la retórica paramarxista de los sesenta y gran parte de sus líderes se habían educado políticamente en las protestas estudiantiles de esa década. La principal organización terrorista de izquierdas, las autodenominadas Brigate Rosse (Brigadas Rojas, BR), salieron por primera vez a la luz pública en octubre de 1970, cuando distribuyeron panfletos que describían unos objetivos enormemente parecidos a los de la Facción del Ejército Rojo. Al igual que Baader, Meinhof y los demás, los líderes de las Brigadas Rojas eran jóvenes (el más conocido era Renato Curcio, que en 1970 solo tenía veintinueve años), la mayoría exestudiantes y dedicados a una lucha armada clandestina que era un fin en sí mismo.

Pero también había diferencias importantes. Desde el principio, la izquierda terrorista italiana hizo mucho más hincapié en su supuesta relación con los «trabajadores», y, de hecho, en ciertas ciudades industriales del norte, en Milán en concreto, las ramas más respetables de la ultraizquierda sí contaban con un reducido grupo de seguidores. A diferencia de los terroristas alemanes, agrupados en torno a un minúsculo núcleo duro criminal, la extrema izquierda italiana abarcaba tanto partidos políticos legítimos como redes de guerrilla urbana y microsectas de bandoleros políticos armados, cuyos militantes y objetivos se solapaban bastante.

Esos grupos y sectas reproducían en miniatura el historial de fragmentación de la izquierda europea mayoritaria. Durante la década de 1970, todas las acciones violentas fueron seguidas de comunicados en los que las reivindicaban organizaciones hasta el momento desconocidas, con frecuencia subdivisiones y escisiones del grupo original. En torno a los propios terroristas orbitaba una constelación informe de movimientos y publicaciones semiclandestinos, cuyos sentenciosos pronunciamientos «teóricos» ofrecían cobertura ideológica a las tácticas terroristas. Los nombres de esos diversos grupos, células, redes, publicaciones y movimientos van más allá de lo paródico: además de las Brigadas Rojas, estaban Lotta Continua, Potere Operaio, Prima Linea y Autonomia Operaia, Avanguardia Operaia, Nuclei Armati Proletari y Nuclei Armati Rivoluzionari, Formazioni Comunisti Combattenti, Unione Comunisti Combattenti, Potere Proletario Armato, y otros muchos.

Aunque, vista en retrospectiva, esta lista apunta a un desesperado deseo de exagerar la relevancia social y revolucionaria de unos pocos miles de exestudiantes y de sus seguidores, situados en los márgenes disidentes del movimiento obrero, no deberíamos subestimar el impacto de sus esfuerzos para llamar la atención. Puede que Curcio, su compañera Mara Cagol y sus amigos vivieran en una fantasía romántica habitada por bandoleros revolucionarios de cuento de hadas (heredera en gran medida de la vulgarizada imagen de las guerrillas revolucionarias latinoamericanas), pero el daño que causaron fue bastante real. Entre 1970 y 1981 en Italia no pasó un año sin asesinatos, mutilaciones, secuestros, ataques y otros actos de violencia. A lo largo de la década, tres políticos, nueve magistrados, 65 policías y unas 300 personas de otras profesiones murieron en atentados.

En sus primeros años, las Brigadas Rojas y otros grupos se limitaron en gran medida a secuestrar, y en ocasiones a disparar, a directores de empresas y pequeños empresarios —«lacayos capitalistas», servi del padrone (siervos del patrono)—, con lo que mostraban así su interés inicial en la democracia obrera directa. Pero a mediados de los setenta ya habían llegado al asesinato político —al principio, de personajes de derechas, después de policías, periodistas y fiscales—, dentro de una estrategia concebida para «arrancar la máscara» de la legalidad burguesa, obligar al Estado a ejercer una represión violenta y, de este modo, polarizar la opinión pública.

Hasta 1978 las Brigadas Rojas no habían logrado provocar la deseada reacción violenta, pese al incremento de atentados a lo largo del año anterior. Entonces, el 16 de marzo de 1978, secuestraron a su víctima más destacada: Aldo Moro, presidente de la Democracia Cristiana, ex presidente del Gobierno y ex ministro de Asuntos Exteriores. Moro fue rehén de las Brigadas Rojas durante dos meses; el presidente del Gobierno democristiano, Giulio Andreotti, con el apoyo de los comunistas y de gran parte de la propia Democracia Cristiana, se negó siquiera a tomar en consideración la liberación de «presos políticos» que pedían las Brigadas Rojas a cambio de respetar la vida de Moro. Pese a la condena unánime de todo el espectro político italiano y de los llamamientos del Papa y del secretario general de las Naciones Unidas, los terroristas no transigieron. El 10 de mayo el cuerpo de Aldo Moro fue encontrado dentro de un coche aparcado de mala manera en una calle del centro de Roma.

El caso Moro puso claramente de manifiesto la incompetencia del Estado italiano: el ministro del Interior dimitió al día siguiente de que se encontrara el cadáver. Después de ocho años de aprobación frenética de leyes antiterroristas y de persecuciones por todo el país, la policía había fracasado flagrantemente en la desarticulación de las redes terroristas[11]. Además, las resonancias del éxito registrado por las Brigadas Rojas al cometer un magnicidio en el mismo corazón del Estado y en su propia capital fueron considerables. Ahora todo el mundo tenía claro que el sistema político italiano se enfrentaba a un auténtico desafío: cuando no habían transcurrido dos semanas desde el descubrimiento del cadáver de Moro, las Brigadas Rojas asesinaron en Génova al director de la brigada antiterrorista, en octubre de 1978 acabaron con la vida del director general de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia. Dos semanas más tarde, Formazione Comunisti Combattenti asesinaba a un destacado fiscal.

Pero la propia magnitud del desafío que suponían los terroristas para el Estado comenzó ahora a pasarles factura. El Partido Comunista Italiano apoyó con firmeza y sin ambages las instituciones de la República, haciendo explícito lo que para entonces ya estaba claro para casi todo el mundo, es decir, que, cualesquiera que fueran sus raíces en los movimientos populares de los sesenta, ahora los terroristas de la década posterior se habían situado al margen del espectro de la política radical. Eran simples criminales, y como tales debían ser perseguidos. Y lo mismo debía hacerse con quienes les proporcionaban cobertura ideológica y quizá algo más: en abril de 1979, Toni Negri, profesor de la Universidad de Padua, fue detenido, junto a otros miembros de Autonomia Operaia, y acusado de conspirar para llevar a cabo una insurrección armada contra el Estado.

Negri y sus partidarios insistían (y siguen haciéndolo) en que no había que confundir a los «autónomos» radicales, ni clandestinos ni armados, con sociedades secretas ilegales, y que la decisión política de perseguirlos representaba precisamente la retirada del «orden burgués» que las Brigadas Rojas habían profetizado y tratado de provocar. Pero el propio Negri había refrendado en la Universidad de Padua ataques violentos contra profesores y administrativos que bordeaban las tácticas terroristas. Lemas como «ilegalidad masiva» y «guerra civil permanente», así como la necesidad de organizarse «militarmente» contra el Estado burgués, se pronunciaban con frecuencia en respetables círculos académicos, entre ellos en Rosso, el periódico del propio Negri. Un año después del secuestro y asesinato de Moro, el mismo Negri escribía celebrando la «aniquilación del adversario»: «El dolor de mi adversario no me afecta: la justicia proletaria tiene la fuerza productiva de la autoafirmación y la facultad de la convicción lógica[12]».

Evidentemente, la idea de que la violencia política podía tener la «fuerza productiva de la autoafirmación» no era ajena a la historia contemporánea italiana. Lo que proclamaba Negri, y lo que ponían en práctica las Brigadas Rojas y sus amigos, no era diferente del «poder purificador de la fuerza» ensalzado por los fascistas. En Italia ocurría como en Alemania: el odio de la extrema izquierda al «Estado burgués» había hermanado la violencia «proletaria» con la derecha antidemocrática. En 1980 los objetivos y los métodos del terrorismo de izquierdas y de derechas se habían hecho indistinguibles en Italia. De hecho, las Brigadas Rojas y sus vástagos no fueron en absoluto los únicos responsables de toda la violencia desatada en los anni di piombo (años de plomo) italianos. La derecha conspiradora y antirrepublicana reapareció en esos años (y perpetró el crimen más horrible de la época, el atentado en la estación de ferrocarril de Bolonia en agosto de 1980, que acabó con la vida de ochenta y cinco personas y causó heridas a otras doscientas), mientras que en el Mezzogiorno la mafia adoptaba también una estrategia de terror más virulenta en su guerra contra los magistrados, la policía y los políticos locales.

Pero si la reaparición del terrorismo neofascista y de la violencia mafiosa ponía de manifiesto y acentuaba la vulnerabilidad de las instituciones democráticas, la izquierda terrorista interpretó sus acciones, quizá correctamente, como indicio de su propio éxito. Ambos extremos trataban de desestabilizar el Estado haciendo que la vida cotidiana resultara intolerablemente peligrosa, pero con la diferencia de que la extrema derecha podía contar con cierta protección y colaboración entre las propias fuerzas del orden que pretendía socavar. Misteriosas redes conspiradoras derechistas, con conexiones en los más altos estratos policiales, los círculos bancarios y la propia Democracia Cristiana en el poder, autorizaron el asesinato de jueces, fiscales y periodistas[13].

El hecho de que la democracia y el Estado de derecho sobrevivieran en la Italia del momento no deja de tener su mérito. En concreto, entre 1977 y 1982, el país se vio asolado por actos de violencia extrema e indiscriminada cometidos por la extrema izquierda, la extrema derecha y criminales profesionales: fue en esos mismos años cuando la mafia y otras redes delictivas asesinaron a jefes de policía, políticos, fiscales, jueces y periodistas, en ocasiones con un aire de aparente impunidad. Aunque la amenaza más seria fue la de la extrema derecha —mejor organizada y mucho más cercana al corazón del Estado—, los terroristas «rojos» tuvieron un impacto mayor en la imaginación pública. Esto se debió en parte a que, al igual que la Facción del Ejército Rojo alemana, explotaban la generalizada simpatía por el radicalismo que existía en el país. El comunismo oficialista percibió acertadamente que la apropiación de este legado revolucionario por parte de los terroristas era su principal activo, y también un síntoma del peligro que suponían para la credibilidad de la izquierda parlamentaria.

Irónicamente, y sin que lo supieran los propios comunistas italianos, las Brigadas Rojas y la Facción del Ejército Rojo —al igual que grupos de ideología similar, pero de poco impacto, como las Células Comunistas Combatientes en Bélgica, Acción Directa en Francia y otros grupúsculos aún menores de otros países— se financiaban parcialmente con dinero proporcionado por los servicios secretos soviéticos. Esos fondos no formaban parte de una estrategia coherente, sino que se abonaban aduciendo principios generales: los enemigos de nuestros enemigos, por muy absurdos e insignificantes que sean, siguen siendo nuestros amigos. Pero en este caso el tiro salió por la culata: durante esos años, el único logro indudable del terrorismo de extrema izquierda en Occidente fue la erradicación absoluta de cualquier resquicio de ilusión revolucionaria que quedara en el cuerpo político.

Todas las organizaciones de la izquierda mayoritaria, sobre todo los comunistas, se vieron obligadas a apartarse de cualquier clase de violencia y a mantener esas distancias. Esta reacción frente a la amenaza terrorista fue en parte espontánea, porque ellos la sufrían tanto como los demás: sindicalistas y otros representantes del movimiento obrero tradicional estaban entre los más vituperados objetivos de las redes clandestinas. Pero también se debió a que los «años de plomo» de la década de 1970 sirvieron para recordar a todo el mundo lo frágil que podía ser realmente la democracia liberal: una lección en ocasiones olvidada en el ambiente vertiginoso de los sesenta. En contra de los planes y esperanzas de los terroristas, el efecto final que tuvieron en Europa occidental los años de subversión supuestamente revolucionaria no fue la polarización social, sino un impulso que hizo que los políticos de todas las corrientes se agruparan en torno a la seguridad de posiciones intermedias.

En cuanto a la vida intelectual, los años setenta fueron la década más desalentadora del siglo XX. Hasta cierto punto, esto puede atribuirse a las circunstancias descritas en este capítulo: la acusada y constante decadencia económica, unida a la violencia política generalizada, fomentaron la sensación de que los «buenos tiempos» de Europa habían terminado, quizá por una larga temporada. La mayoría de los jóvenes estaba entonces menos preocupada por salvar el mundo que por encontrar un trabajo: la fascinación por las ambiciones colectivas abrió paso a la obsesión por las necesidades personales. En un mundo más amenazador, materializar los propios intereses cobró más importancia que luchar por causas comunes.

No hay duda de que este cambio de clima también fue una reacción frente a la embriagadora indulgencia de la década anterior. Los europeos, que hacía bien poco habían disfrutado de una explosión de energía y originalidad sin precedentes en el campo de la música, la moda, el cine y las artes, ahora tenían tiempo de comprobar el precio de sus últimas parrandas. Lo que parecía haber envejecido con más rapidez no era tanto el idealismo de los sesenta como su «inocencia»: la sensación de que todo lo imaginable podía realizarse, de que todo lo realizable debía intentarse, y de que la transgresión —moral, política, legal y estética— era intrínsecamente atractiva y productiva. Mientras que los sesenta se caracterizaron por la tendencia ingenua y autocomplaciente a creer que todo ocurría por primera vez —y que todo lo nuevo era relevante—, los setenta fueron una época de cinismo, de ilusiones perdidas y de expectativas reducidas.

Los tiempos mediocres, escribió Camus en La caída, engendran profetas huecos. La cosecha de la década de 1970 fue rica en esa clase de personajes. Fue una época deprimentemente consciente de haber llegado después de las grandes esperanzas y ambiciosas ideas del pasado inmediato, y de no tener nada que ofrecer salvo reposiciones y ampliaciones entrecortadas e inverosímiles de viejas ideas. Era, muy conscientemente, una era «postodo», cuyas perspectivas de futuro parecían poco claras. Como apuntó el sociólogo estadounidense Daniel Bell en esa época, «la utilización del prefijo post-[*] indica [la] sensación de vivir en una época intersticial». Para describir el mundo real —en «postguerra», «posimperial» y, más recientemente, «posindustrial»— el prefijo tenía su utilidad, aunque no precisaba qué podía venir después. Sin embargo, cuando se aplicaba a teorías de pensamiento —como en «posmarxista», «posestructuralista» y, en su manifestación más esquiva, «posmoderno»— no hacía más que incrementar el carácter vago de una época ya de por sí confusa.

La cultura de los sesenta había sido racionalista. Pese a las drogas blandas y a la complacencia en la utopía, el pensamiento social de esa época, al igual que su música, operaba desde un registro familiar y coherente, que se limitaba a expandirse. También fue asombrosamente comunitarista: se presuponía que los estudiantes, al igual que los trabajadores, los campesinos, los negros y otros colectivos, compartían intereses y afinidades que los llevaban a establecer una relación especial entre sí y, aunque fuera de manera antagónica, con el resto de la sociedad. Los proyectos de los sesenta, por fantásticos que fueran, partían de la existencia de una relación entre el individuo y la clase, la clase y la sociedad, la sociedad y el Estado, que en su forma, aunque no en su contenido, habría resultado familiar a teóricos y activistas de cualquier periodo del siglo XIX.

La cultura de los setenta no se centraba en lo colectivo, sino en lo individual. Del mismo modo que la antropología había desplazado a la filosofía como disciplina capital de los sesenta, ahora aquella era sustituida por la psicología. A lo largo de la década de 1960 los jóvenes marxistas habían recurrido enormemente al concepto de «falsa conciencia» para explicar el fracaso sufrido por los trabajadores y otros grupos al tratar de liberarse de la identificación con los intereses del capitalismo. Como ya hemos visto, una pervertida variante de esta idea constituyó la premisa clave del terrorismo de izquierdas. Pero, curiosamente, también cobró vida después de muerta en círculos menos politizados: ahora, adaptando la retórica marxista a temáticas freudianas, los autoproclamados «posfreudianos» no incidían en la necesidad de liberar a las clases sociales sino al conjunto de los sujetos individuales.

En Europa occidental y en Norteamérica salieron a la luz teóricos de la liberación cuyo objetivo no era liberar al sujeto humano del cautiverio al que le sometía la sociedad, sino de las ilusiones que él mismo se imponía. La variante sexual de esta corriente —la idea de que la represión social estaba inextricablemente unida a la sexual— ya era un lugar común en ciertos entornos de finales de los sesenta. Pero Marcuse o Wilhelm Reich descendían claramente tanto de Freud como de Marx, ya que buscaban la transformación colectiva mediante la liberación individual. Los seguidores de Jacques Lacan, por su parte, o teóricas feministas del momento, como Kate Millett y Annie Leclerc, tenían, a un tiempo, más y menos ambición. No les preocupaban mucho los proyectos tradicionales de revolución social (que las feministas identificaban correctamente con movimientos políticos dirigidos principalmente por y para hombres). Más bien pretendían socavar la propia concepción de sujeto humano que en su momento los había sustentado.

Tras ese pensamiento subyacen dos difundidos postulados que, en general, compartía la comunidad intelectual del momento. El primero es que el poder no radica, como la mayoría de los pensadores sociales suponía desde la Ilustración, en el control de los recursos naturales y humanos, sino en el monopolio del conocimiento: conocimiento del mundo natural, de la esfera pública, de uno mismo, y, sobre todo, de cómo se produce y legitima ese mismo conocimiento. En este sentido, el mantenimiento del poder descansa en la capacidad de quienes controlan el conocimiento para mantener el control a costa de los demás, reprimiendo los «conocimientos subversivos».

En esa época, esta interpretación de la condición humana solía atribuirse, con razón, a los escritos de Michel Foucault. Pero este, pese a su ocasional oscurantismo, en el fondo era un racionalista. Sus primeros textos seguían de cerca la venerable afirmación marxista de que con el fin de liberar a los trabajadores de los grilletes del capitalismo uno tenía primero que sustituir la narrativa interesada de la sociedad burguesa por una explicación diferente de la historia y la economía. Dicho en pocas palabras, había que reemplazar el conocimiento de los amos, por así decirlo, por el revolucionario, o, según la retórica gramsciana tan de moda unos años después, había que combatir la «hegemonía» de la clase dominante.

Había un segundo postulado, que habría de adquirir un peso aún mayor sobre las modas intelectuales, y que iba mucho más lejos. Era la seductora insistencia en la subversión, no solo de las antiguas certidumbres, sino de la propia posibilidad de certeza. Había que recelar de cualquier comportamiento, cualquier opinión, cualquier conocimiento, precisamente porque tenía un marchamo social y, en consecuencia, podía ser utilizado políticamente. En ciertos círculos, la idea misma de que los juicios o las evaluaciones podían ser independientes de la persona que los hacía pasó a considerarse expresión y representación de una posición social sesgada (e implícitamente conservadora).

En principio, todas las interacciones del juicio o de la creencia podían reducirse de ese modo. Así, hasta los mismos intelectuales críticos podían estar «posicionados». En palabras del profesor de sociología francés Pierre Bourdieu, exponente europeo más influyente de la nueva sociología del conocimiento, el discurso docente no es más que la expresión de «la facción dominada de la clase dominante». Lo que esta forma cautivadoramente subversiva de ubicar cualquier conocimiento y opinión no revelaba era cómo determinar si un «discurso» era más verdadero que otro: un dilema que se resolvía tratando la «verdad» como una categoría también situada socialmente, perspectiva que no tardaría en ponerse de moda en muchos lugares. El resultado natural de estos procesos fue una creciente actitud de escepticismo hacia cualquier argumentación racional de contenido social. El filósofo francés Jean François Lyotard, cuyo ensayo de 1979 a este respecto, La condición postmoderna, resumía perfectamente el air du temps, dejaba la cuestión meridianamente clara: «Defino posmoderno como la incredulidad hacia las metanarrativas».

El origen subyacente y, en general, no reconocido de esas influencias intelectuales predominantemente francesas era, como había ocurrido con frecuencia en décadas pasadas, alemán. El escritor italiano Elio Vittorini apuntó en una ocasión que, desde Napoleón, Francia había sido impermeable a cualquier influencia exterior que no fuera la filosofía romántica alemana: y lo que era cierto en 1957, al escribir eso, no lo era menos dos décadas después. Mientras que las sensibilidades humanistas de la generación anterior se habían visto atraídas por Marx y Hegel, los dubitativos setenta quedaron seducidos por una veta mucho más oscura del pensamiento germano. El escepticismo radical de Michel Foucault era en gran medida una adaptación de Nietzsche. Por su parte, otros influyentes autores franceses, sobre todo el critico literario Jacques Derrida, miraban hacia Martin Heidegger para elaborar su crítica de la capacidad de acción personal y su «deconstrucción», como comenzaba a conocerse, del sujeto cognitivo humano y de su centro de atención textual.

Para los académicos especialistas en Heidegger o en su contemporáneo Carl Schmitt, también alemán (cuyo realismo historicista estaba llamando la atención de estudiantes de asuntos internacionales), este interés era algo más que una pequeña rareza. Después de todo, tanto Heidegger como Schmitt se habían identificado con el nazismo (Heidegger de forma bastante explícita, gracias a su aceptación, auspiciada por los nazis, de un puesto académico). Pero el renovado interés en criticar los presupuestos optimistas sobre el progreso y en cuestionar los fundamentos del racionalismo ilustrado y sus derivados políticos y cognitivos estableció una cierta afinidad entre críticos de la modernidad y del progreso técnico de comienzos del siglo XX como Heidegger y los desengañados escépticos de la época «postmoderna», permitiendo además que Heidegger y otros se limpiaran de sus connotaciones anteriores.

Para cuando la filosofía alemana llegó, a través del pensamiento social parisino, a la crítica cultura inglesa —ya que fue así como la conocieron la mayor parte de los lectores del momento—, el carácter intrínsecamente complejo de su vocabulario presentaba tal grado de opacidad expresiva que atrajo de forma irresistible a una nueva generación de alumnos y a sus profesores. En la mayoría de los casos, los propios docentes novatos, contratados para dar clase en las enormes universidades de la época, se habían licenciado en los sesenta, criándose con las modas y debates de esos años. Pero mientras que las universidades europeas de la década anterior se habían preocupado de teorías grandiosas de diversa índole —la sociedad, el Estado, el lenguaje, la historia, la revolución—, lo que se filtró hasta la generación siguiente fue sobre todo el interés por la teoría en sí misma. Seminarios sobre «teoría cultural» o «teoría general» desplazaron las fronteras interdisciplinarias tradicionales que habían dominado incluso los debates académicos radicales solo unos años antes. La «dificultad» se convirtió en medida de la seriedad intelectual. En su desengañado comentario sobre el legado del «pensamiento del 68», los autores franceses Luc Ferry y Alain Renault concluían tajantemente que «el principal logro de los pensadores de los sesenta fue el de convencer a su público de que el signo de la grandeza era ser incomprensible».

Con una audiencia universitaria incondicional, teóricos como Lacan y Derrida, convertidos ya en grandes figuras, elevaron las vaguedades y paradojas lingüísticas a filosofías hechas y derechas, plantillas de flexibilidad infinita que servían para explicar textos y cuestiones políticas. En instituciones como el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham, las nuevas formas de teorización se fundieron con las antiguas. El marxismo se libró de la engorrosa connotación atávica que lo vinculaba a las categorías económicas y las instituciones políticas y se recicló en crítica cultural. La incómoda renuencia que mostraba el proletariado revolucionario a derrotar a la burguesía capitalista ya no era un impedimento. Como manifestó en 1976 Stuart Hall, portavoz principal de los estudios culturales británicos en esa época, «la idea de la “desaparición de la clase en su conjunto” se sustituye por un panorama, mucho más complejo y diferenciado, que describe cómo diferentes sectores y estratos de una clase se ven empujados a diferentes trayectorias y opciones por las circunstancias socioeconómicas que los determinan».

En años posteriores, el propio Hall reconocería que dicho centro estuvo, «durante un tiempo, excesivamente preocupado por estas difíciles cuestiones teóricas». Pero, de hecho, este oscurantismo narcisista era muy propio de la época e, inconscientemente, su alejamiento de la realidad cotidiana daba fe del agotamiento de toda una tradición intelectual. Además, no fue en modo alguno el único síntoma de consunción cultural de esos años. Hasta la efervescente originalidad del cine francés de los sesenta declinó hasta convertirse en una acartonada exhibición artística. En 1974, Jacques Rivette, el ingenioso y original director de Paris nous appartient (París nos pertenece, 1960) y La Religieuse (La religiosa, 1966), dirigió Céline et Julie vont en bateau (1974). La película, una estilizada parodia (a su pesar) de la Nueva Ola francesa, de 193 minutos de duración y carente de trama, marcaba el fin de una era. La teorización artística estaba sustituyendo al arte.

Si una de las tendencias del legado de los sesenta eran las elevadas pretensiones culturales, el otro, su íntimo reverso, era una costra endurecida de cinismo sabiondo. La relativa inocencia del rock and roll estaba siendo sustituida por bandas pop expertas en la autopromoción y especializadas en apropiarse con desdén del estilo forjado por sus inmediatos precursores y en degradarlo. Del mismo modo que en su día las novelas románticas y el periodismo sensacionalista se habían aprovechado de la alfabetización de las masas, en los setenta el punk apareció para explotar el mercado de la música popular. Presentado como «contracultural», era en realidad un parásito de la cultura mayoritaria que recurría a imágenes violentas y a un lenguaje radical para fines con frecuencia vicarios.

El lenguaje manifiestamente politizado de los grupos punk, ejemplificado en el éxito de los Sex Pistols Anarchy in the UK (Anarquía en el Reino Unido), captaba el ácido estado de ánimo del momento. Pero el contenido político de los grupos punk era tan unidimensional como su paleta musical, limitada con demasiada frecuencia a tres únicos acordes y un único ritmo, y cuyo impacto dependía del volumen. Al igual que para la Facción del Ejército Rojo, para los Sex Pistols y otras formaciones punk lo más importante era causar conmoción. Hasta su apariencia y modelos subversivos venían envueltos en ironía y en cierto grado de afectación: «¿Recordáis los sesenta?», parecían decir, «pues, os guste o no, nosotros somos lo que queda». Ahora la subversión musical consistía en canciones airadas que condenaban la «hegemonía», con un falso contenido político que enmascaraba el destripamiento constante de las formas musicales[14].

Por muy falaz que fuera su ideología y su música, por lo menos el «cinismo» de la generación punk era real y se había llegado hasta él sinceramente. Ocupaba el extremo rancio y, en líneas generales, carente de talento de una gama de actitudes cada vez más irreverente, que no tenía respeto ni por el pasado, ni por la autoridad, ni por las personalidades ni por los asuntos públicos. En sus más ingeniosas manifestaciones, este desprecio hacia la grandilocuencia y la tradición seguía el ejemplo de los desengañados humoristas políticos surgidos por primera vez hacía casi dos décadas: la crítica teatral de Beyond the Fringe (Más allá de lo marginal), el programa nocturno de la BBC That Was the Week that Was (Así fue la semana que pasó), y el magacín semanal Private Eye (Detective privado). Aprovechándose del rápido incremento del público televisivo y de la constante retirada de la censura estatal, Monthy Python y sus sucesores e imitadores mezclaban una amplia gama de payasadas con comentarios sociales procaces y sardónicas burlas políticas: una receta vista por última vez en las incisivas viñetas políticas de Gillray y Cruikshank. La financiación de dos películas de Monty Python: Monty Python y el Santo Grial (1974) y La vida de Brian (1979), sufragadas, respectivamente, por Pink Floyd y Led Zeppelin, y por el ex Beatle George Harrison, pone de manifiesto la interacción entre el rock y la nueva parodia.

La escasa consideración que merecían los personajes públicos proporcionó pingües beneficios a programas televisivos semanales como el británico Spitting Image (Retratos viperinos) o el francés Bebête show (El show de los tontainas), en los que destacados políticos eran constantemente sometidos a un grado de ridiculización y mofa impensable unos años antes (y que aún sigue siéndolo en Estados Unidos). Ahora los héroes del momento no eran los escritores ni los artistas, sino los artífices de la sátira y el humorismo político: cuando a comienzos de los ochenta se preguntó a estudiantes franceses a qué personajes públicos admiraban más, los analistas más veteranos no daban crédito al descubrir que el difunto Jean-Paul Sartre había sido sustituido por Coluche, un procaz y en ocasiones licencioso humorista televisivo que cáusticamente reconoció su prestigio recién descubierto presentándose a las elecciones presidenciales francesas.

Sin embargo, los mismos canales de televisión que programaban mordaces e irreverentes parodias de la cultura popular y de medio pelo también proporcionaban a los humoristas una considerable materia prima. Quizá el más generalizado motivo de escarnio fuera el Festival de Eurovisión, un concurso televisado anual, emitido por primera vez en 1970. A mediados de los setenta, el programa, que constituía un ejercicio comercial barnizado de homenaje a la nueva tecnología que permitía la retransmisión televisiva simultánea a diferentes países, presumía de una audiencia de cientos de millones de espectadores. La idea y la producción del Festival de Eurovisión, en el que cantantes melódicos y desconocidos de segunda fila de todo el continente interpretaban canciones mediocres e insulsas antes de regresar en la mayoría de los casos a la oscuridad de la que brevemente habían salido, era tan tremendamente banal que era inmune a la parodia. Quince años antes ya habría estado desfasado. Pero, precisamente por eso, anunciaba algo nuevo.

El entusiasmo con el que el Festival de Eurovisión fomentaba y encomiaba un formato lamentablemente pasado de moda y a una caterva de intérpretes ineptos reflejaba la aparición de una cultura de la nostalgia, tan melancólica como desencantada. Si el punk, la postmodernidad y la parodia constituían una respuesta a la confusión de una década de desencanto, lo «retro» era otra. El grupo francés Il Était Une Fois lucía indumentaria de los años treinta, practicando una de las muchas recuperaciones efímeras de ropa del pasado, que iban desde las faldas de la abuela a los peinados neoeduardianos de los «nuevos románticos», estos últimos recuperados por segunda vez en las últimas tres décadas. En el vestir, como en la música (y también en la arquitectura) la innovación fue sustituida por la tentación de reutilizar antiguos estilos (combinando sin convicción). La década de 1970, una época introspectiva y llena de problemas, miraba hacia el pasado, no hacia el futuro. La era de Acuario había dejado tras de sí una época de pastiche.

XV

Un nuevo tono político

Je declare avoir avorté [Declaro que he abortado].

SIMONE DE BEAUVOIR (y otras trescientas cuarenta y dos mujeres), 5 de abril de 1971

En el plazo de una generación, como máximo, los partidos comunistas francés e italiano, o bien romperán sus lazos con Moscú, o se convertirán en algo insignificante.

DENIS HEALEY, 1957

Con este tratado no se pierde nada que no hubiéramos apostado y perdido hace mucho tiempo.

WILLY BRANDT, canciller alemán, agosto de 1970

Cuando dos estados desean mejorar sus relaciones suelen recurrir a los más elevados tópicos.

TIMOTHY GARTON ASH

En la década de 1970 el panorama político de Europa occidental comenzó a fragmentarse. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial, las corrientes políticas mayoritarias se habían dividido en dos «familias»: la izquierda y la derecha, que a su vez se dividían internamente en moderados y radicales. Desde 1945 ambos bandos se habían acercado cada vez más, pero la pauta no se había alterado drásticamente. La gama de opciones políticas de que disponían los votantes europeos en 1970 no habría sorprendido a sus abuelos.

La longevidad de los partidos políticos del continente se derivaba de la notable continuidad del perfil social del electorado. El hecho de optar entre laboristas y conservadores en el Reino Unido, o entre socialdemócratas y cristianodemócratas en Alemania Occidental, ya no reflejaba la existencia de diferencias políticas profundas y todavía menos preferencias acusadas respecto a las desde entonces denominadas «formas de vida». En la mayoría de los lugares esa elección tenía más que ver con opciones políticas arraigadas e intergeneracionales, determinadas por la clase, la religión y la ubicación geográfica del votante, que con el programa del partido. Los hombres y las mujeres votaban como lo habían hecho sus padres, en función de su lugar de residencia, ocupación y salario.

Pero bajo la continuidad superficial estaba teniendo lugar un cambio enorme en la sociología política de los votantes europeos. El voto en bloque de los varones blancos de clase obrera con trabajo —sustento universal de los partidos comunistas y socialistas— se estaba reduciendo y fragmentando. De forma muy similar, ya no se podía contar con que el «prototipo» de votante conservador —una mujer mayor y religiosa practicante— pudiera constituir el núcleo electoral favorable a los partidos cristianodemócratas o conservadores. Esos votantes tradicionales, si seguían existiendo, ya no eran mayoritarios. ¿Por qué?

En primer lugar, la movilidad social y geográfica de las décadas de postguerra había diluido las rígidas categorías sociales hasta hacerlas prácticamente irreconocibles. El bloque de votantes cristianos de la Francia occidental rural o de los pequeños pueblos del Véneto, o los baluartes del proletariado industrial del sur de Bélgica y el norte de Inglaterra ahora presentaban fisuras y estaban fragmentados. Los hombres y las mujeres ya no vivían en los mismos lugares que sus padres y con frecuencia tenían trabajos completamente distintos. No es sorprendente que también vieran el mundo de una forma absolutamente diferente; sus preferencias políticas comenzaron a reflejar esos cambios, aunque con lentitud al principio.

En segundo lugar, la prosperidad y las reformas sociales de los sesenta y primeros setenta habían agotado los programas y las perspectivas de los partidos tradicionales. Su propio éxito había privado a los políticos moderados, tanto de izquierdas como de derechas, de propuestas creíbles, sobre todo tras la avalancha de reformas progresistas de los sesenta. Las instituciones del propio Estado no estaban en cuestión, ni tampoco los objetivos generales de la política económica. Lo que quedaba era poner a punto las relaciones laborales, las leyes contra la discriminación en la vivienda y el empleo, la expansión de las prestaciones educativas y de otros servicios; todos ellos asuntos públicos importantes, pero en modo alguno materia para grandes debates políticos.

En tercer lugar, ahora había indicadores alternativos de filiación política. Las minorías étnicas, con frecuencia poco gratas para las comunidades obreras blancas de Europa a las que llegaban, no siempre fueron invitadas a engrosar las organizaciones políticas o sindicales locales y su conciencia política reflejaba esa exclusión. Por último, el componente generacional de la década anterior había introducido en el debate público asuntos completamente ajenos a la cultura política anterior. Puede que la «nueva izquierda» careciera de programa, pero no le faltaban temas de discusión. Introdujo sobre todo nuevos sectores. La fascinación por el sexo y la sexualidad condujo naturalmente a la política sexual; las mujeres y los homosexuales, subordinadas las primeras e invisibles los segundos en los partidos radicales tradicionales, ahora salían a la luz convertidos en sujetos históricos legítimos, con derechos y reivindicaciones. La juventud y su entusiasmo pasaron a un primer plano, sobre todo cuando los menores de dieciocho años comenzaron a acceder al derecho al voto en muchos lugares.

La prosperidad de la época había favorecido que la atención de la gente pasara de la producción al consumo, de las necesidades vitales a la calidad de vida. En plenos años sesenta, los dilemas morales de la prosperidad no eran algo que atribulara mucho a la mayoría: sus beneficiarios estaban demasiado ocupados disfrutando de los frutos de su buena suerte. Pero, a los pocos años, muchas personas —sobre todo adultos jóvenes y preparados del noroeste de Europa— comenzaron a considerar que el comercialismo y el bienestar material de los cincuenta y los sesenta eran una gravosa herencia, compuesta de productos chabacanos y valores falsos. El precio de la modernidad, al menos para sus principales beneficiarios, estaba comenzando a resultar un tanto excesivo, tornando el «mundo perdido» de sus padres y abuelos en algo bastante atrayente.

La politización de estos insatisfechos culturales solía ser obra de activistas familiarizados con las tácticas de los partidos más tradicionales, en los que en su día ellos o sus familias habían militado. De este modo, la lógica política cambió relativamente poco: el problema seguía radicando en cómo movilizar a personas de ideas afines con un programa legislativo que aprobaría el Estado. Lo novedoso era la premisa organizativa. Hasta ese momento, en Europa, las diferencias políticas dentro del electorado eran fruto de las afinidades electivas de grandes grupos de votantes, que, definidos por la clase y la ocupación, se unían en torno a conjuntos de principios y objetivos heredados, con frecuencia bastante abstractos. Las políticas habían tenido menos importancia que la filiación.

Pero en los setenta las políticas pasaron a un primer plano. Surgieron partidos y movimientos «monotematicos», cuyo electorado estaba determinado por una geometría variable de intereses, con frecuencia cortos de miras y, en ocasiones, caprichosos. El éxito notable de la Campaña por una Cerveza de Elaboración Tradicional (CAMRA, en sus siglas inglesas) en el Reino Unido es un buen ejemplo de ello. Las demandas de este grupo de presión de clase media, fundado en 1971 para contrarrestar la tendencia a beber cerveza tipo lager [de baja fermentación], más gaseosa y homogeneizada (y también el aumento del número de pubs, igualmente homogeneizados y «modernizados», en los que se servía), se amparaban en una explicación marxista: las fábricas de cerveza tradicionales eran absorbidas por monopolios de producción en serie que manipulaban a los bebedores de cerveza para lograr beneficios empresariales; es decir, mediante una sustitución engañosa, alejaban a los consumidores de otros amigotes que tenían sus mismos gustos.

Con esta mezcla bastante efectiva de análisis económico, preocupación por el medio ambiente, discriminación estética y nostalgia en estado puro, CAMRA prefiguró muchas de las redes de activistas monotematicos de los años venideros, con lo que se anticipó a la moda de lo «auténtico», y caro, que cundió entre la burguesía bohemia de dinero[1]. Pero este atractivo ligeramente arcaico, por no hablar de la desproporción existente entre la ferviente implicación de sus activistas y el tibio objeto de sus pasiones, no podía sino tornar un tanto pintoresco este movimiento monotemático.

Pero otras redes políticas monotemáticas no tenían nada de caprichoso ni de pintoresco, la mayoría —al igual que CAMRA— fueron organizadas por y para la clase media. A primeros de los setenta, en Escandinavia surgió toda una gama de formaciones de protesta, entre las que cabe destacar el Partido Rural (posteriormente el Partido de los Auténticos Finlandeses), el Partido del Progreso Danés de Morgans Glistrup y el Partido del Progreso Noruego de Anders Lange. Todos ellos se ocupaban con pasión y al principio exclusivamente de lograr reducciones fiscales (la primera denominación que tuvo en 1973 la agrupación noruega fue Partido de Anders Lange para una Drástica Reducción de los Impuestos, los Tipos de Interés y la Intervención Estatal, y su programa se limitaba a una hoja de papel que repetía las demandas expresadas en su propio nombre).

Puede que la experiencia escandinava fuera muy específica —no había ningún otro lugar con impuestos tan elevados y servicios públicos tan numerosos— y no hay duda de que fuera de esa zona a ningún partido monotemático le fue tan bien como al de Glistrup, que logró el 15,9 por ciento de los votos en las elecciones nacionales de 1973. Pero los partidos de oposición a los impuestos no eran nuevos. Su modelo era la Union de Défense des Commerçants et Artisans (UDCA) de Pierre Poujade, que, fundada en 1953 para proteger a los pequeños tenderos de los impuestos y de los supermercados, logró cierta notoriedad al lograr el 12 por ciento de los sufragios en los comicios franceses de 1956. No obstante, el movimiento de Poujade era peculiar. Gran parte de los partidos de protesta surgidos después de 1970 fueron duraderos: el Partido del Progreso Noruego alcanzó el que hasta ahora es su techo electoral (el 15,3 por ciento) en 1997, un cuarto de siglo después.

Los partidos de oposición a los impuestos, como los de protesta agrarios de la Europa de entreguerras, eran principalmente reactivos y negativos: se oponían a cambios no deseados y pedían sobre todo al Estado que eliminara las cargas fiscales que ellos consideraban excesivas. Otros movimientos monotemáticos tenían reivindicaciones más positivas que plantear al Estado, a la ley o a las instituciones. Sus intereses iban desde la reforma de las cárceles y los centros psiquiátricos hasta la educación y la asistencia médica, pasando por la provisión de alimentos seguros y servicios comunitarios, la mejora del medio ambiente urbano y el acceso a los recursos culturales. En su aversión a limitar su apoyo a cualquier sector político tradicional y en su disposición —fruto de la necesidad— a barajar formas alternativas de publicitar sus intereses, todos eran «contrarios al consenso».

Tres de las nuevas formas de agrupación —los movimientos feministas, ecologistas y pacifistas— son de especial relevancia, por su magnitud y por su prolongado impacto. De ellos el movimiento feminista fue, por razones obvias, el más diverso y el de más alcance. Además de los intereses que las mujeres compartían con los hombres, tenían preocupaciones propias, como el cuidado de los niños, la igualdad salarial, el divorcio, el aborto, los métodos anticonceptivos o la violencia de género, que entonces estaban entrando en el escenario legislativo europeo.

A estos asuntos habría que añadir la atención que prestaban los grupos de mujeres más radicales a los derechos de los homosexuales (de las lesbianas) y el creciente interés del feminismo en la pornografía. Este ejemplifica bastante bien la nueva geografía moral de la política: la literatura y el cine sexualmente explícitos, gracias a los esfuerzos coordinados de los antiguos progresistas y de la nueva izquierda, se habían liberado hacía poco y parcialmente del control de la censura. Sin embargo, pasada una década, esta producción se vio de nuevo atacada, esta vez desde las filas de las agrupaciones de mujeres, con frecuencia dirigidas por feministas radicales, y de los conservadores tradicionales, que se aliaban únicamente en torno a este asunto.

El movimiento de mujeres europeo fue desde el principio una mezcolanza inestable de objetivos cruzados. En 1950, un cuarto de las mujeres casadas de Alemania Occidental tenía trabajo remunerado fuera de casa; en 1970 esa cifra había aumentado hasta incluir a una de cada dos mujeres en igual situación. Del millón y medio de personas que se incorporó al mercado laboral en Italia entre 1972 y 1980, un millón doscientas cincuenta mil eran mujeres. A mediados de los noventa, constituían alrededor del 40 por ciento del total de la población activa (oficial) en todos los países europeos, a excepción de Portugal e Italia. Muchas de las nuevas mujeres asalariadas trabajaban a tiempo parcial o en empleos administrativos para principiantes sin derecho a todas las prestaciones laborales. La flexibilidad del trabajo a tiempo parcial beneficiaba a muchas madres trabajadoras, pero en medio de las estrecheces económicas de los años setenta esto no compensaba los escasos salarios y la inseguridad laboral. De este modo, las demandas de igualdad salarial y de provisión de guarderías en el lugar de trabajo no tardaron en convertirse en las reivindicaciones principales de la mayoría de las mujeres occidentales y han seguido siendo primordiales desde entonces.

Las mujeres trabajadoras (y las no trabajadoras) comenzaron a buscar cada vez más apoyo para cuidar de sus hijos, sin desear necesariamente tener más. De hecho, al aumentar la prosperidad y el tiempo que pasaban trabajando fuera de casa, querían un número menor de hijos o, por lo menos, que su opinión al respecto contara más. La reivindicación del acceso a la información sobre anticonceptivos, y a estos mismos, se remonta a los primeros años del siglo XX, pero cobró impulso una década después del apogeo demográfico de los sesenta. La organización francesa Association Maternité se constituyó en 1956 para reivindicar el derecho a la interrupción del embarazo; cuatro años más tarde, le siguió el Mouvement Français pour le Planning Familial, con un cambio de nombre que evidenciaba claramente la transformación de las actitudes.

Al aumentar la presión a favor de todo tipo de libertades sexuales durante los liberalizadores años sesenta, también se relajó en todas partes la legislación en materia anticonceptiva (salvo en ciertos países de Europa oriental como Rumanía, donde las «estrategias de reproducción» nacionales continuaban prohibiéndola). A comienzos de la década de 1970 los métodos anticonceptivos eran muy accesibles en gran parte de Europa, aunque no en remotas zonas rurales ni en regiones donde las autoridades católicas seguían controlando moralmente a la población. Sin embargo, incluso en ciudades y pueblos, las mujeres de clase media fueron las que más se beneficiaron de esa nueva libertad; para muchas mujeres casadas de clase obrera, y para la inmensa mayoría de las solteras, el método principal para controlar la natalidad seguía siendo el de siempre: el aborto.

Por tanto, no resulta sorprendente que la demanda de reformas de las leyes reguladoras del aborto se convirtiera en un leitmotiv de la nueva política de la mujer: un infrecuente punto de contacto en el que confluían la ideología del feminismo radical y las necesidades de la mujer apolítica común. En el Reino Unido se despenalizó en 1967. Pero en muchos otros países seguía siendo un delito: en Italia estaba penado con cinco años de cárcel. No obstante, legales o ilegales, los abortos formaban parte de la experiencia vital de millones de mujeres (en la diminuta Letonia, en 1973 hubo sesenta mil abortos frente a treinta y cuatro mil nacimientos). Y allí donde el aborto era ilegal, los riesgos jurídicos y médicos que comportaba unieron a mujeres de todas las clases, edades y filiaciones políticas.

El 5 de abril de 1971, el semanario francés Le Nouvel Observateur publicó una petición, firmada por trescientas cuarenta y tres mujeres que declaraban haberse sometido a abortos provocados, infringiendo por tanto la ley, que exigía la revisión del código penal. Todas las firmantes eran bastante conocidas, y algunas de ellas —las escritoras Simone De Beauvoir y Françoise Sagan, las actrices Catherine Deneuve, Jeaime Moreau y Marie-France Pisier, las abogadas y activistas políticas Yvette Roudy y Gisèle Halimi— realmente famosas. A ellas se unían desconocidas pero muy concienciadas activistas de los movimientos feministas que habían proliferado después de 1968. Aunque durante el año anterior unas trescientas mujeres habían sido condenadas por el delito de aborto, el Gobierno, prudentemente, impidió que se encausara a las firmantes de la carta abierta.

La petición la había organizado el Mouvement de Liberation des Femmes (Movimiento de Liberación de las Mujeres, MLF, en sus siglas francesas), fundado el año anterior; la agitación política causada por su acción llevó a Halimi y a De Beauvoir a constituir Choisir (Elegir), una organización cuyo fin último era la despenalización del aborto. En enero de 1973, el presidente francés Georges Pompidou reconoció durante una conferencia de prensa que la legislación francesa iba a la zaga de la evolución de la opinión pública. No tenía muchas más alternativas: entre 1972 y 1973, treinta y cinco mil francesas viajaron al Reino Unido para someterse a abortos legales. El sucesor de Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing, ordenó a la ministra de Sanidad, Simone Weil, que presentara en la Asamblea Nacional una revisión de la ley y el 17 de enero de 1975 esta legalizó el aborto en Francia durante las primeras diez semanas de gestación.

Mujeres de toda Europa occidental estudiaron con detenimiento el ejemplo francés. En Italia, el Movimento della Liberazione delle Donne Italiane, recientemente constituido, se alió con el pequeño Partido Radical para recoger ochocientas mil firmas y solicitar el cambio de la ley del aborto, que contó con el apoyo de una marcha de cincuenta mil mujeres sobre Roma en abril de 1976. Tres años después de la tardía aprobación en 1975 de un nuevo código de familia que sustituyó al de la época fascista, el Parlamento italiano votó a favor de la legalización del aborto (el 29 de mayo de 1978, tres semanas después de que se encontrara el cadáver de Aldo Moro).

La decisión se confirmó indirectamente por un referéndum nacional celebrado en mayo de 1981, en el que los votantes italianos rechazaron tanto una propuesta para relajar más las restricciones vigentes sobre el aborto legal, como la pretensión de volverlo a penalizar, impulsada por un movimiento provida recientemente constituido. Si en Italia la reforma se había quedado rezagada respecto al Reino Unido o Francia, no fue tanto por la oposición de la Iglesia católica como porque muchas feministas italianas se habían dejado las uñas en los movimientos de la izquierda «autónoma» extraparlamentaria (resulta revelador que el primer manifiesto de Lotta Femminista, redactado en 1971, se centrara en reivindicar un salario para el ama de casa, lo cual suponía la incorporación ritual del ámbito doméstico a la antigua visión «obrerista» de la sociedad moderna como una enorme fábrica). En consecuencia, tardaron en aprovechar las instituciones políticas vigentes para lograr sus objetivos.

En España, acelerada por las energías liberadas por la caída del antiguo régimen, la estrategia francesa se siguió más de cerca. La primera manifestación feminista celebrada en España se organizó en enero de 1976, a los dos meses de la muerte de Franco. Dos años después se despenalizaba el adulterio y se legalizaban los métodos anticonceptivos. En 1979, mil mujeres, entre ellas figuras destacadas, firmaron una declaración pública declarándose culpables de haber infringido la ley por haber abortado, lo cual servía para recordar que la España franquista había registrado cifras de abortos ilegales de las más altas del continente, comparables a las de Europa oriental y fomentadas por el mismo rechazo autoritario y natalista a cualquier tipo de control de la gestación. Pero incluso en la España posfranquista, las presiones culturales que pesaban sobre la reforma de la legislación en materia de aborto siguieron siendo considerables; cuando las Cortes aprobaron finalmente la ley del aborto en mayo de 1985, la práctica quedaba restringida a casos en los que se hubiera producido una violación, el feto tuviera alguna deformación o cuando la vida de la madre corriera peligro.

Durante esos años, la exitosa batalla por el derecho al aborto fue, junto al divorcio, el principal logro de los grupos políticos femeninos. En consecuencia, las circunstancias personales de millones de mujeres mejoraron de manera muy apreciable. La posibilidad de abortar, junto al acceso a métodos anticonceptivos eficaces, no solo mejoró las expectativas vitales de muchas mujeres, sobre todo de las pobres, sino que también proporcionó a las trabajadoras la alternativa de posponer el nacimiento de su primer hijo hasta un momento de su edad fértil que no tenía precedentes históricos.

El resultado fue una caída constante del número de nacimientos. El índice de natalidad de las mujeres españolas registró una caída de casi el 60 por ciento entre 1960 y 1996; Italia, Alemania Occidental y Holanda no le iban a la zaga. A los pocos años de las reformas de los setenta, ningún país de Europa occidental, a excepción de Irlanda, contaba con un índice de natalidad suficiente para sustituir a la generación anterior. En el Reino Unido la tasa de natalidad anual pasó en las tres décadas posteriores a 1960 de 2,71 niños por mujer a 1,84 y en Francia de 2,73 a 1,73. Cada vez era más habitual que las mujeres casadas decidieran tener solo un hijo o ninguno; si no hubiera sido por los nacimientos extramaritales, las tasas habrían sido aún menores: a finales de la década de 1980 este índice representaba en Austria el 24 por ciento del total de los nacimientos anuales, el 29 en Francia, y el 52 por ciento en Suecia.

A medida que la economía se ralentizaba y la emancipación de la mujer cobraba impulso, la demografía europea iba cambiando con presagios de mal agüero para el Estado de bienestar en los años venideros. Sin embargo, los cambios sociales forjados por el movimiento feminista no se reflejaban en la propia política. No surgió ningún «partido de mujeres» capaz de ganar votos y de lograr la elección de sus representantes. Ellas seguían siendo una minoría en los parlamentos y gobiernos nacionales.

En general, la izquierda se mostró más dispuesta a elegir mujeres que la derecha (pero no en todas partes, tanto en Bélgica como en Francia los partidos cristianos y de centro derecha fueron durante muchos años más proclives que sus adversarios socialistas a presentar mujeres en circunscripciones seguras), pero el mejor indicador de las perspectivas de la mujer en la vida pública no era la ideología sino la geografía. Entre 1975 y 1990 la proporción de mujeres en el Parlamento finlandés pasó del 23 al 39 por ciento; en Suecia, del 21 al 38; en Noruega, del 16 al 36; y en Dinamarca, del 16 al 33 por ciento. Más al sur, en los parlamentos de Italia y Portugal, solo había una mujer por cada 12 parlamentarios en 1990. En la Cámara de los Comunes británica, únicamente ocupaban el siete por ciento de los escaños; en la Asamblea Nacional francesa, un exiguo seis por ciento.

Los ecologistas, hombres o mujeres, tuvieron mucho más éxito al transmitir sus sentimientos a la política electoral. En cierto sentido, el ecologismo (que en inglés se denomina environmentalism, «medioambientalismo», un neologismo acuñado en los años treinta) fue realmente una novedad: expresión colectiva del temor de la clase media a las centrales nucleares, la urbanización galopante, la construcción de autopistas y la contaminación. Pero el movimiento verde europeo nunca habría tenido tanto éxito si solo hubiera sido una nota a pie de página de los sesenta, obra de luditas de fin de semana con posibles que, vestidos con fibras naturales lavadas a la piedra, intentaban situarse por encima de sus instintos y sus intereses. La añoranza de un mundo más «natural» y la búsqueda de una política de «autenticidad» personal eran cosas muy arraigadas a ambos lados del espectro político, y se remontaban a los románticos y a su horror ante los primeros expolios de la industrialización. A comienzos del siglo XX tanto la izquierda como la derecha tenían sus asociaciones ciclistas, sus restaurantes vegetarianos, movimientos como el Wandervogel alemán o los de excursionistas ingleses, vinculados con diversos sueños socialistas o nacionalistas que hablaban de emancipación y retorno.

Cosas como la nostalgia germana de paisajes singularmente alemanes, de las montañas y los ríos del Harz y del Palatinado, del Heimat; el sueño nacionalista francés de la armonía campesina de la France profonde, no mancillada ni por las ciudades ni por el cosmopolitismo, o la ensoñación inglesa de una armonía campestre pasada y futura, la Jerusalén perdida de Blake, tenían más cosas en común de las que ninguno de sus seguidores habría estado dispuesto a admitir de buen grado. Y aunque durante décadas la izquierda contempló con admiración cómo la «producción» de los países comunistas se esforzaba por superar a la de Occidente, en los años setenta surgieron voces que, tanto desde la derecha como desde la izquierda, comenzaban a mostrarse un tanto incómodas con los costes colaterales del progreso, la productividad y la «modernidad[2]».

En consecuencia, la revolución ecologista moderna presentaba dos ventajas: rompía con las crueles panaceas del pasado reciente y hundía sus raíces en una historia más lejana que, aun sin recordarse, resultaba atávicamente tranquilizadora. El ecologismo (al igual que el pacifismo) con frecuencia despertó a su paso un renacer del nacionalismo —o del regionalismo— pero con rostro humano. Los alternativos de Berlín Occidental, o los manifestantes antinucleares de Austria, que en 1978 ganaron un referéndum que prohibía al Gobierno poner en marcha la central nuclear de Zwentendorf, nunca se habrían considerado a sí mismos nacionalistas, ni siquiera patriotas. Pero su saña contra la contaminación del medio ambiente local (así como su relativa indiferencia hacia estragos similares registrados en otros lugares), apunta en otra dirección. El componente de «no en mi patio trasero» que presentaba el incipiente movimiento ecologista recordaba a un modelo anterior.

No había por tanto ninguna contradicción en el entusiasmo con que el anciano dictador portugués Antonio Salazar imponía los mismos controles medioambientales que estaban exigiendo los radicales postsesentayochistas de Viena y Ámsterdam a sus gobiernos democráticos. Receloso del «materialismo» y decidido a mantener el siglo XX a raya, Salazar era, a su manera, un auténtico entusiasta de los objetivos ecologistas, alcanzados en este caso mediante el sencillo expediente de mantener a sus conciudadanos en una situación de incomparable letargo económico. Sin duda, habría refrendado el éxito de los manifestantes franceses que en 1971 bloquearon la construcción de una base militar en Larzac, en las mesetas del centro de Francia.

El carácter simbólico de Larzac, donde un regimiento ecologista insurgente defendía pastizales deshabitados del poder que concentraba el Estado francés, fue inmenso, y no solo para Francia: la victoria emocional tenía menos que ver con las ovejas autóctonas de las tierras altas del Macizo Central que con sus pastores singularmente foráneos, muchos de ellos jóvenes radicales que hacía muy poco habían abandonado París o Lyon para convertirse en granjeros en las agrestes latitudes de la «Francia profunda». Estaba claro que la línea de frente se había desplazado por completo, al menos en Europa occidental.

Por supuesto, en Europa del Este la doctrina de no restringir la producción del sector primario —y la ausencia de todo tipo de voces oficiales que pudieran compensarla— dejó el medio ambiente a merced de contaminadores oficiales de toda laya. Mientras que Austria se podía ver obligada por la oposición interna a abandonar la energía nuclear, sus vecinos comunistas no tenían esos reparos a la hora de construir reactores nucleares en Checoslovaquia, planificar embalses enormes en el Danubio, tanto en Checoslovaquia como en Hungría, o incrementar constantemente la producción y la contaminación ambiental a unas decenas de kilómetros al norte, en Nowa Huta, la localidad polaca «levantada especialmente» para ser la ciudad del acero. Pero, pese a todo, los costes morales y humanos de una contaminación industrial y una degradación medioambiental desenfrenados no habían pasado desapercibidos en el bloque del Este.

De manera que la cínica indiferencia del régimen de Husák, instaurado en Praga tras los acontecimientos de 1968 —su voluntad de causar estragos a lo largo de la compartida frontera danubiana para producir kilovatios en casa— desató reacciones cada vez más enérgicas por parte de una población como la húngara, políticamente sumisa en otros aspectos. Por muy inverosímil que hubiera parecido en otras épocas, la propuesta de construcción de la presa Gabčíkovo-Nagymaros habría de convertirse en un catalizador considerable de oposición interna al propio régimen de Budapest, así como una enorme molestia para las relaciones entre los dos vecinos «fraternos[3]».

En Checoslovaquia, una antigua aversión a la modernidad tecnológica se había transmitido a la nueva generación de intelectuales, sobre todo a través de los textos de los filósofos Jan Patočka y Václav Bělohradský. Las cavilaciones neoheideggerianas de este último, que a partir de 1970 trabajó desde el exilio italiano, se leían en samizdats [«publicaciones clandestinas»] en su país de origen. La idea de que el esfuerzo por someter y dominar la naturaleza —el proyecto de la Ilustración— pudiera tener un precio demasiado elevado, ya era familiar para los lectores de los dos bandos enfrentados en la Guerra Fría, a través de escritos de la Escuela de Francfort, sobre todo de la Dialéctica de la Ilustración, de Theodor Adorno y Max Horkheimer, publicada en 1944. Con un toque heideggeriano —la sugerencia de que el comunismo era realmente una ilícita importación occidental, tocada con la arrogante ilusión de un progreso material infinito—, estas reflexiones constituyeron la base de una oposición intelectual que, combinando el disentimiento ético con las críticas ecologistas, y dirigidas por Patočka y por el dramaturgo Václav Havel, uno de los lectores más entusiastas de Bělohradský, saldrían a flote en los años setenta[4].

Pasado el tiempo, una misma crítica medioambiental serviría de puente entre nuevas formas de protesta en el Este y el Oeste. Pero en las circunstancias de comienzos de los setenta ni en un lado ni en otro se sabía mucho aún —y en Occidente tampoco les importaba— sobre las perspectivas o los problemas de sus homólogos del otro lado del Telón de Acero. En concreto, los ecologistas de Europa occidental estaban demasiado ocupados desarrollando su propia base electoral como para prestar atención a la política internacional, salvo en la medida en que influyera en el objeto único de sus intereses. No obstante, en este sentido, su empeño tuvo un éxito especial.

En 1973 fue cuando se presentaron los primeros candidatos «ecologistas» en las elecciones locales de Francia y el Reino Unido, el mismo año en que se produjo el trascendental Congreso de Agricultores en Alemania Occidental, antecedente de los «verdes». Avivado por la primera crisis del petróleo, el movimiento ecologista de la República Federal entró rápidamente en lo políticamente aceptable. Gracias a las sentadas, las marchas de protesta y las iniciativas ciudadanas de comienzos de la década, en 1979 los verdes —con el apoyo de grupos de agricultores, ecologistas, pacifistas y okupas urbanos— ya tenían su propia representación parlamentaria en dos de los Länder alemanes. Cuatro años después, en la estela de la segunda conmoción petrolífera, su apoyo en las elecciones federales de 1983 pasó de 568.000 a 2.165.000 votos (el 5,6 por ciento) y les granjeó por primera vez presencia parlamentaria a escala nacional (con 27 escaños). En 1985 los verdes entraron en un importante ejecutivo regional, gobernando Hesse en coalición con el SPD (y con el joven político verde Joschka Fischer como ministro de Medio Ambiente y Energía en dicho estado).

El éxito de los verdes alemanes no se repitió inmediatamente en otros países, aunque con el tiempo su equivalente austríaco y, sobre todo, francés, se las arreglarían bastante bien. Quizá los alemanes occidentales eran peculiares. En esos años aumentaba cada vez más su oposición al origen mismo de su propia recuperación en la postguerra: entre 1966 y 1981 el porcentaje de población que tenía una opinión favorable de la «tecnología» y de sus logros cayó precipitadamente, pasando de un 72 a un 30 por ciento. Los verdes germanos occidentales también se beneficiaron del sistema de representación proporcional de la República Federal, que permitía a partidos minúsculos llegar a los parlamentos regionales y al federal, aunque, en Italia, un sistema bastante similar, no favoreció mucho a los ecologistas: en 1987 los «verdes» italianos lograron menos de un millón de votos y solo 13 de los 630 escaños disponibles. En Bélgica, los dos partidos ecologistas (uno francófono y otro flamenco) también mejoraron regularmente: desde el 4,8 por ciento de los votos en su primera comparecencia de 1981 aumentaron paulatinamente hasta superar el 7,1 en 1987. Sin embargo, en el Reino Unido, el sistema electoral estaba concebido para perjudicar a los partidos pequeños o marginales y así lo hizo.

En Escandinavia, las posibilidades de partidos monotemáticos como los ecologistas (o los pacifistas o los feministas) se veían limitadas por la enorme cobertura de las agrupaciones políticas existentes: ¿por qué «malgastar» un voto en los verdes cuando se suponía que los socialdemócratas o los partidos agrarios tenían preocupaciones similares? En Noruega, por ejemplo, el ecologismo tenía como mínimo tantos partidarios como en Alemania: ya en 1970 el proyecto del Gobierno laborista para explotar la catarata más importante del norte de Europa, situada en Mardola, en el Círculo Polar Ártico, para generar energía hidroeléctrica, suscitó una generalizada indignación nacional y provocó la aparición de la política medioambiental en Noruega. Sin embargo, ni el caso Mardola ni protestas posteriores suscitadas por la posible construcción de centrales nucleares llegaron a traducirse en la formación de movimientos políticos independientes: las protestas y las cesiones tenían lugar dentro de la mayoría gobernante.

Algo más de suerte tuvieron los verdes de Suecia, que entraron finalmente en el Parlamento en 1988, y los de Finlandia, donde algunos ecologistas, con candidaturas individuales, fueron elegidos en 1987 y solo entonces constituyeron la agrupación ecologista Asociación Verde al año siguiente (quizá no sea sorprendente que los verdes finlandeses tuvieran mejores resultados en la zona meridional del país, próspera, urbana y yuppie, que en el centro y el Norte, más pobres y rurales). Pero Finlandia y Suecia eran peculiares: los grupos de pacifistas, feministas, ecologistas, minusválidos y otros activistas monotemáticos estaban tan seguros de contar con un entorno cultural en general receptivo a sus preocupaciones, que se podían permitir apartarse del sistema político y correr el riesgo de fragmentar sus propios apoyos sin poner en peligro ni la mayoría gubernamental ni las posibilidades de aplicación de su propio programa.

Como hemos visto, los partidos monotemáticos surgían con frecuencia después de una crisis, un escándalo o una propuesta impopular: ese fue el caso de los ecologistas austríacos, hasta el punto de que su conversión en fuerza de peso nacional se debió al crispado enfrentamiento con las autoridades a causa de la propuesta de construcción en 1984 de una planta hidroeléctrica en un humedal boscoso situado en Hainburg, al este de Austria. La causa verde recibió el fuerte empujón de la confrontación posterior entre el ejecutivo de coalición dirigido por los socialistas y los militantes ecologistas, y aunque el Gobierno dio posteriormente marcha atrás, el incidente incrementó enormemente el apoyo de los verdes entre los votantes socialistas desencantados, sobre todo intelectuales y profesionales liberales.

La proliferación de partidos y programas monotemáticos y su constante incorporación al sistema político mayoritario tuvieron un especial coste para las organizaciones de izquierda tradicionales. Los partidos comunistas de Europa occidental, minados por la erosión constante de su electorado proletario y desacreditados por la invasión de Checoslovaquia, eran los más vulnerables. El Partido Comunista Francés estaba dirigido por estalinistas prácticamente incontrolables, que nunca se habían molestado mucho en distanciarse de los acontecimientos de 1956, por no hablar de los de 1968. Intrínsecamente conservador y receloso de cualquier asunto o persona que no pudiera subordinar o controlar, el partido comprobaba como disminuían sus votantes en cada cita electoral: pasando de su techo de postguerra del 28 por ciento, alcanzado en 1946, al 18,6 de 1977 y, a partir de entonces, a un vertiginoso derrumbamiento, que lo llevó a quedarse por debajo del diez por ciento en las elecciones de la década de 1980.

Los comunistas italianos se las arreglaron mucho mejor. Mientras que casi toda la jerarquía comunista francesa era mediocre y carente de atractivo —lo cual reflejaba, como casi todo lo demás, la servil imitación del modelo soviético practicada por el PCF—, el PCI de Palmiro Togliatti y Enrico Berlinguer (secretario general del partido desde 1972 hasta 1984, fecha de su prematura muerte, a los sesenta y dos años) contaba con la bendición de tener líderes inteligentes e incluso seductores. Uno y otro partido, como prácticamente todas las organizaciones comunistas, dependían enormemente de la financiación soviética: entre 1971 y 1990 los organismos de la Unión Soviética canalizaron cincuenta millones de dólares a los comunistas franceses y cuarenta y siete a los italianos[5]. Pero, por lo menos, estos manifestaron públicamente su desacuerdo con las pésimas acciones soviéticas, especialmente con la invasión de Checoslovaquia.

La (relativa) autonomía de los comunistas italianos se complementó con la decisión tomada por Berlinguer en 1973 de implicar a su partido en la defensa de la democracia italiana, aun a costa de abandonar su rotunda oposición a la Democracia Cristiana: esta actitud se denominó «compromiso histórico». El cambio se debió en parte a la conmoción causada por el golpe de Estado chileno de 1973, que convenció a Berlinguer y a otros intelectuales comunistas de que al comunismo, aunque ganara una mayoría parlamentaria, nunca se le permitiría —ni los estadounidenses, ni sus aliados en el ejército italiano, ni los círculos empresariales y eclesiásticos— formar su propio gobierno. Pero, como se ha señalado en el capítulo anterior, también fue una reacción a la amenaza real que para la propia democracia suponía tanto el terrorismo de derechas como el de izquierdas, que veía en el PCI el mismo enemigo que en el Estado italiano.

Estos cambios reportaron dividendos electorales temporales. El electorado comunista italiano aumentó paulatinamente y pasó de seis millones setecientos mil en las elecciones de 1958 a nueve en las de 1972, y alcanzó su techo electoral cuatro años después, en los comicios de junio de 1976, cuando el PCI cosechó doce millones seiscientos mil votos y 228 escaños. Con el respaldo del 34,4 por ciento de los sufragios emitidos, solo estaba a cuatro puntos y 34 escaños de la Democracia Cristiana en el poder, lo cual suponía un resultado sin precedentes para un partido comunista occidental. El PCI estaba realizando un esfuerzo increíble por presentarse como un partido del «sistema», quizá incluso (como Henry Kissinger y muchos observadores extranjeros se temían) como un gobierno alternativo al acecho[6].

El nuevo enfoque del PCI, y los esfuerzos bastante menos convincentes que realizó el PCF para emular su éxito, aunque no sus ideas, pasaron a denominarse «eurocomunismo», utilizando un término acuñado en una reunión de comunistas italianos, franceses y españoles celebrada en 1975 y al que dio carta de naturaleza oficial el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, en su libro Eurocomunismo y Estado, de 1977. El PCE acababa de poner fin a décadas de clandestinidad y sus dirigentes tenían muchas ganas de proclamar sus credenciales democráticas. Al igual que sus camaradas italianos, entendía que la mejor manera de lograrlo era distanciándose de la Unión Soviética del momento pero también, y esto era lo más importante, del pasado leninista común.

La seducción del eurocomunismo resultó efímera, aunque más para el electorado que para los intelectuales y los académicos, que confundieron algo que en realidad era un síntoma de agotamiento doctrinal con una revitalización política del marxismo. Para superar el peso de su historia y reprogramarse con el fin de constituir un —el— movimiento democrático de izquierdas, los comunistas occidentales necesitaban deshacerse de algo más que «la dictadura del proletariado» y de otros dogmas retóricos abandonados en una hoguera de vanidades ideológicas durante la década de 1970. También tenían que abjurar abiertamente de sus vínculos con el propio comunismo soviético, algo que ni siquiera Berlinguer y Carrillo podían hacer.

Pese a los grandes esfuerzos de sus portavoces, el eurocomunismo era, por tanto, una contradicción en sus términos. La subordinación a Moscú era, como Lenin siempre había pretendido, la principal seña de identidad de todo partido comunista. Hasta la desaparición de la propia Unión Soviética, las formaciones comunistas de Europa occidental estuvieron encadenadas a ella, si no ante sus propios ojos, sin duda sí ante los de los votantes. En Italia, cuyo PCI era la única agrupación comunista que había logrado consolidarse en varias regiones como el partido de gobierno natural (local), los comunistas mantenían un considerable apoyo electoral, aunque nunca alcanzaron el nivel de sus éxitos de 1976. Sin embargo, en otros países, el paulatino declive del eurocomunismo siguió su curso prácticamente ininterrumpido. Los comunistas españoles, inventores de la idea, vieron reducida su cuota electoral a un exiguo 4 por ciento en 1982.

Irónicamente, en Moscú, Leónidas Brézhnev dio su bendición al esfuerzo que realizaban los eurocomunistas para consolidar sus bases nacionales a costa de distanciarse de él. La actitud soviética, derivada de la estrategia de distensión internacional entonces en boga, no hizo mucho por los aspirantes a reformistas del comunismo. Pero, en cualquier caso, pese a todo el apoyo monetario y en especie que seguían proporcionando, los líderes soviéticos estaban perdiendo interés en los partidos comunistas occidentales, que tenían un impacto político limitado y que no parecían ir a llegar al poder en un futuro próximo. Otra cosa eran los socialdemócratas, sobre todo los que ocupaban puestos influyentes. Y los de Alemania, que seguía siendo la prueba de fuego de un continente dividido, tenían una importancia realmente notable.

En 1969, el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD, en sus siglas germanas), dirigido por Willy Brandt, fue el más votado en las elecciones federales y accedió al poder en coalición con el Partido Liberal Demócrata (FDP), lo que llevó a la oposición a los cristianodemócratas conservadores por primera vez desde la instauración de la República Federal. Brandt ya había sido ministro de Asuntos Exteriores durante tres años en el Gobierno de gran coalición de Kiesinger y, desde ese cargo, en estrecha colaboración con Egon Bahr, su jefe de planificación, había comenzado a formular una nueva orientación para la política exterior alemana, una forma novedosa de abordar las relaciones con el bloque soviético: la Ostpolitik.

Hasta ese momento, la política exterior germana occidental había estado dominada por la idea, heredada de Adenauer, de que la nueva República, firmemente asentada en Occidente a través de la Unión de la Europa occidental, la Comunidad Económica Europea y la OTAN, debía ser inflexible en su negativa a reconocer la existencia de la República Democrática Alemana. Al proclamar que solo la República Federal representaba a Alemania, Adenauer también se negaba a reconocer a aquellos Estados que tuvieran relaciones diplomáticas con la República Democrática, a excepción de la Unión Soviética. Su sucesor en el cargo, Ludwig Erhard había abierto misiones comerciales en Bucarest, Sofía, Varsovia y Budapest; pero la primera brecha real en ese principio no se produjo hasta 1967, cuando, por iniciativa de Brandt, Bonn estableció relaciones diplomáticas con Rumanía, y un año después con Yugoslavia.

Adenauer siempre había insistido en que para que pudiera haber un proceso de distensión o de retirada militar de Europa central, antes que nada había que abordar la división de Alemania y las disputas fronterizas pendientes de resolver en la frontera oriental de la República Federal. Pero al negarse a dar respuesta a la construcción del muro de Berlín en 1961, Estados Unidos había demostrado que no estaba dispuesto a arriesgarse a una guerra para mantener abierta la frontera berlinesa; además, como confirmó el presidente Lyndon Johnson en octubre de 1966, Estados Unidos ya no permitiría que su política exterior fuera rehén del principio de reunificación alemana futura. El mensaje estaba claro: en lugar de insistir en la resolución del «problema alemán» como condición indispensable para la distensión, una nueva generación de diplomáticos alemanes tendría que revisar sus prioridades si quería alcanzar sus objetivos.

Si Willy Brandt se mostró dispuesto a vulnerar las convenciones de la política alemana fue en gran medida a causa de su experiencia como alcalde de Berlín Occidental. No es nada casual que algunos de los partidarios más entusiastas de la Ostpolitik, en todas sus manifestaciones, fueran ex alcaldes de Berlín: el propio Brandt, el futuro presidente federal Richard von Weizsäcker y Hans-Jochen Vogel, sucesor de Brandt en la jefatura del SPD. Para ellos resultaba evidente que los aliados occidentales no correrían riesgos indebidos para superar la división de Europa (una interpretación que volvió a confirmar la pasiva aceptación por parte de Occidente de la invasión de Checoslovaquia perpetrada por el Pacto de Varsovia). Si los alemanes occidentales querían acabar con la situación de impasse en que se encontraba Europa central, tendrían que hacerlo ellos mismos, tratando directamente con las autoridades del Este.

Sin perder de vista este tipo de consideraciones, Brandt y Bahr idearon su política hacia el Este con el fin de conseguir lo que el segundo denominaba Wandel durch Annäherung (cambio mediante el acercamiento). El objetivo era «superar Yalta» multiplicando los contactos diplomáticos, institucionales y humanos; y, de este modo, «normalizar» las relaciones interalemanas y europeas, sin suscitar inquietud ni en la República Federal ni en el exterior. Por medio de una típica innovación retórica, Brandt abandonó discretamente la insistencia germana occidental en la ilegitimidad de la República Democrática Alemana y el carácter irrenunciable de la reunificación. A partir de ese momento, Bonn seguiría proclamando la unidad fundamental del pueblo alemán, pero reconociendo de facto la innegable existencia de Alemania del Este: «Una nación alemana, dos Estados alemanes[7]».

Entre 1970 y 1974 Brandt y su ministro de Exteriores, Walter Scheel, del Partido Liberal, negociaron y firmaron una serie de importantes acuerdos diplomáticos: los tratados de 1970 con Moscú y Varsovia que reconocían la existencia de hecho y la inviolabilidad de las fronteras interalemana y germano-polaca de postguerra («la línea de demarcación actual (…) constituirá la frontera estatal occidental de la República Popular de Polonia») y proponían una nueva relación entre Alemania y sus vecinos orientales, «basada en la situación política existente en Europa»; un acuerdo a cuatro bandas sobre Berlín en 1971, en el que Moscú aceptó no realizar cambios unilaterales en la ciudad y facilitar los movimientos entre ambos lados de la frontera, seguido de un acuerdo marco con la República Democrática Alemana, ratificado por el Bundestag en 1973, por el que Bonn, aunque seguiría concediendo automáticamente la ciudadanía a cualquier habitante de la República Democrática que lograra llegar al Oeste, renunciaba a su tradicional reivindicación de constituir el único representante legítimo de todos los alemanes; un tratado con Praga (1973), y un intercambio de «representantes permanentes» con la República Democrática en mayo de 1974.

Poco después de su emotiva peregrinación a Varsovia, donde se arrodilló para honrar la memoria del gueto judío de la ciudad, Willy Brandt recibió el premio Nobel de la Paz por todos estos éxitos. También triunfó en la propia República Federal: en las elecciones de 1972, el SPD se convirtió por primera vez en el principal partido del Parlamento federal. Brandt, pese a esquivar la tradicional insistencia de Bonn en que todavía no se había logrado un acuerdo definitivo en materia de fronteras y de pueblos, en que las divisiones de Yalta carecían de validez de iure, y en que había que mantener la ficción jurídica de las fronteras alemanas de diciembre de 1937, tenía gran aceptación en Alemania[8]. Y no solo en el Oeste: durante su viaje de 1970 a la ciudad de Erfurt, primera visita a Alemania del Este de un dirigente germano-occidental, Brandt fue recibido por multitudes enfervorizadas.

Después de que se obligara a Brandt a abandonar su cargo en 1974 por un escándalo de espionaje, sus sucesores en la Cancillería —el socialista Helmut Schmidt y el cristianodemócrata Helmut Kohl— nunca se apartaron de la línea general de la Ostpolitik, que no solo impulsaron a través de la diplomacia pública, sino a través de múltiples contactos, oficiales y oficiosos, con la República Democrática, todos ellos destinados a facilitar el acercamiento personal, a engrasar las relaciones, a calmar el miedo al revanchismo germano-occidental y, en general, a «normalizar» las relaciones de Bonn con sus vecinos orientales, aceptando, según afirmó Brandt después de firmar el Tratado de Moscú, que reconocía las fronteras alemanas de la postguerra, que «con este tratado, no se pierde nada que no hubiéramos apostado, y perdido, hace mucho tiempo».

Los forjadores de la Ostpolitik tenían que pensar en tres destinatarios diferentes para lograr sus ambiciones. Los europeos occidentales necesitaban estar seguros de que Alemania no se estaba volviendo hacia el Este. La primera reacción que tuvo el presidente francés Georges Pompidou al conocer el Tratado de Moscú fue la de hacer aproximaciones alentadoras hacia el Reino Unido (ahora, la integración de este en la Comunidad Europea ofrecía la ventaja de ofrecer un contrapeso frente a una Alemania menos maleable). Al final, los franceses se aplacaron cuando los alemanes los convencieron de que cada vez afianzarían más la República Federal en las instituciones de Europa occidental (con un resultado similar al que se obtendría dos décadas después al convencer a los sucesores de Pompidou de que, tras la unificación alemana, Alemania se comprometería con una moneda común europea), pero en París y Washington, comentarios como los realizados por el ministro de Hacienda Helmut Schmidt en 1973, que describían un «mundo cambiante» en el que «las categorías tradicionales de Este y Oeste» estaban perdiendo relevancia, tardaron en olvidarse.

El segundo destinatario eran los alemanes de ambos lados de la frontera. A muchos de ellos la Ostpolitik de Brandt les reportó réditos reales. El contacto y las comunicaciones entre las dos Alemanias florecieron. En 1969 solo se hicieron medio millón de llamadas telefónicas entre Alemania Occidental y Oriental. Veinte años después, se producían unos cuarenta millones. El contacto telefónico entre las dos mitades de Berlín, prácticamente inexistente en 1970, llegó a los diez millones de llamadas en 1988. A mediados de los ochenta la mayoría de los alemanes del Este podía acceder prácticamente sin restricciones a la televisión de la otra Alemania; de hecho, las autoridades orientales llegaron a tender cables en el «valle de los sin cobertura» que rodeaba Dresde (así llamado por los impedimentos topográficos que presentaba para las señales de la televisión federal), creyendo ingenuamente que si sus ciudadanos podían ver en casa la televisión de Alemania Occidental no sentirían la necesidad de emigrar. Estas y otras disposiciones, entre ellas la reunión familiar y la liberación de presos políticos occidentales, avalaban aún más la Ostpolitik y reflejaban la creciente confianza de los comunistas en la política de «estabilidad» y de «no sorpresas» de Alemania Occidental.

Los gobernantes de la República Democrática tenían razones especialmente buenas para estar contentos con estos procesos. En septiembre de 1973 las Naciones Unidas reconocieron como Estados soberanos a Alemania Occidental y Alemania Oriental; un año después, la República Democrática Alemana había sido reconocida diplomáticamente por ochenta países, entre ellos Estados Unidos. Un irónico reflejo de los cambios propiciados por Bonn fue que los propios dirigentes germanos orientales dejaran de hablar de «Alemania» y comenzaran a referirse cada vez con más confianza a la República Democrática, considerándola un Estado alemán con rasgos propios, legítimo y con un futuro por delante, enraizado, según se insistía ahora, no solo en los «buenos» alemanes antifascistas, sino en el territorio y el legado de Prusia. Mientras que la Constitución de 1968 de la República Democrática hablaba de un compromiso con la unificación basado en la democracia y el socialismo, esa articulación no aparece en el texto enmendado de 1974, donde fue sustituida por la promesa de mantenerse «siempre e irrevocablemente aliada de la Unión Soviética».

La República Democrática tenía razones más inmediatas y espurias para interesarse oficialmente por la Ostpolitik. Desde 1963, el país había estado «vendiendo» prisioneros políticos a Bonn a cambio de dinero, por sumas que dependían del valor y la cualificación de los candidatos. En 1977, Bonn pagaba en torno a 96.000 marcos por cada prisionero que sacaba de las cárceles del Este. Entre los logros diplomáticos de la nueva política estaba la institucionalización de la reunificación familiar interfronteriza: para realizarla, las autoridades de Pankow (distrito berlinés) añadían otros 4500 marcos por individuo al monto total (era una ganga, en 1983 el dictador rumano Ceauşescu cobraba a Bonn 8000 marcos por persona para permitir que los rumanos de etnia alemana abandonaran el país). Según cierto cálculo, en 1989 la cantidad total que la República Democrática había sacado a Bonn a cambio de liberar a 34.000 prisioneros, reunir a 2000 niños con sus padres y «regular» 250.000 casos de reunificación familiar rondaba los tres mil millones de marcos[9].

Una de las consecuencias no deseadas de estos procesos fue la práctica desaparición de la «unificación» de la agenda política alemana. No hay duda de que la reunificación del país seguía siendo la Lebenslüge (la «mentira vital») de la República Federal, tal como la llamaba Brandt. Pero a mediados de los ochenta, pocos años antes de su inesperado advenimiento, ya no era algo que movilizara a la opinión pública. Los sondeos realizados en los cincuenta y los sesenta apuntaban que hasta el 45 por ciento de los alemanes occidentales sentía que la unificación era la cuestión «más importante del momento»; a partir de mediados de los sesenta esa cifra nunca superó el uno por ciento.

Evidentemente, el tercer destinatario de importancia para el nuevo enfoque de Bonn era la Unión Soviética. Desde las primeras negociaciones entre Brandt y Brézhnev, celebradas en 1970, hasta la visita de Gorbachov a Bonn, casi dos décadas después, todos los planes de «normalización» de las relaciones de Alemania Occidental con el Este pasaban por Moscú y todo el mundo lo sabía. En palabras de Helmut Schmidt, «naturalmente, las relaciones germanosoviéticas estaban en el centro de la Ostpolitik». De hecho, una vez que los alemanes occidentales y los rusos acordaron el carácter permanente de las nuevas fronteras de Polonia (en consonancia con una arraigada práctica europea, a los polacos nadie les preguntó su opinión) y después de que Bonn consintiera en reconocer las democracias populares, la República Federal y Rusia encontraron muchos puntos en común.

Cuando Leónidas Brézhnev acudió a Bonn en mayo de 1973, en la que fue la primera visita de un líder comunista soviético a la República Federal, él y Helmut Schmidt llegaron incluso a compartir afectuosos recuerdos de sus mutuas experiencias bélicas: Schmidt recordó oportunamente que «de día luchaba por Alemania y de noche deseaba en silencio la derrota de Hitler». En sus memorias, Willy Brandt, que sí se había opuesto realmente al III Reich de principio a fin, observa con frialdad que «cuando se intercambian recuerdos de guerra, lo falso y lo auténtico están muy próximos». Pero aunque los recuerdos fueran quizá ilusorios, los intereses compartidos sí eran lo suficientemente reales.

Durante muchos años, la Unión Soviética había presionado para lograr el reconocimiento oficial de sus conquistas de postguerra y de las nuevas fronteras europeas, preferentemente a través de una conferencia de paz propiamente dicha. Los aliados occidentales, sobre todo Estados Unidos, a la espera, principalmente, de que se solucionara la «cuestión alemana», nunca habían estado dispuestos a ir más allá de la aceptación del statu quo. Pero ahora que los propios alemanes se estaban acercando a sus vecinos orientales, la posición occidental cambiaría sin duda; los dirigentes soviéticos estaban a punto de materializar sus esperanzas. Dentro de su ambiciosa estrategia de distensión con la Unión Soviética y China, el presidente Nixon y Henry Kissinger, su asesor en materia de seguridad nacional, estaban más dispuestos que sus predecesores a negociar con Moscú, y quizá les inquietara menos el carácter del régimen soviético: como explicó Kissinger el 19 de septiembre de 1974 ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, la distensión internacional no debía esperar a que se produjeran reformas internas en la Unión Soviética.

En consecuencia, en diciembre de 1971, los ministros de la OTAN se reunieron en Bruselas y acordaron en principio participar en una conferencia de seguridad europea. Un año después estaba en marcha una sesión preparatoria en Helsinki (Finlandia), y en julio de 1973, en la misma capital, se inauguraba la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa. Participaron treinta y cinco países (entre ellos Estados Unidos y Canadá), y solo Albania declinó asistir. A lo largo de los dos años posteriores, entre otras muchas cosas, los asistentes a la conferencia redactaron convenios, esbozaron acuerdos y propusieron medidas para «desarrollar la confianza», destinados a mejorar las relaciones Este-Oeste. En agosto de 1975 se aprobaron y firmaron por unanimidad los Acuerdos de Helsinki.

Aparentemente, su principal beneficiario fue la Unión Soviética. En el acta final, bajo el epígrafe de principio I, se acordó que los «Estados participantes respetarán mutuamente su igualdad e individualidad soberanas, así como todos los derechos inherentes e incluidos en su soberanía, especialmente el derecho de cada Estado a la igualdad jurídica y a la integridad territorial». Además, en el principio VI, los Estados firmantes se comprometían a «abstenerse de realizar cualquier intervención, directa o indirecta, individual o colectiva, en los asuntos internos o externos que afecten a la jurisdicción interna de cualquier otro Estado firmante, al margen de cuáles sean sus relaciones mutuas».

Brézhnev y sus colegas no podían pedir más. No solo se aceptaban ahora oficial y públicamente las divisiones políticas de la postguerra europea, así como la soberanía e integridad territorial de la República Democrática y de otros Estados satélite, sino que las potencias occidentales habían jurado por primera vez renunciar a toda «intervención militar o amenaza de tal intervención contra cualquier Estado firmante». No hay duda de que hacía tiempo que las posibilidades de que la OTAN o Estados Unidos invadieran realmente el bloque soviético eran insignificantes: de hecho, el único país que en realidad había realizado ese tipo de intervenciones armadas desde 1948 era la propia Unión Soviética… y en dos ocasiones.

Pero el hecho de que en los Acuerdos de Helsinki se concediera tanta importancia a esas cláusulas, así como al principio IV, que proclamaba que «los Estados participantes respetarán la integridad territorial de cada uno de los Estados participantes», ponía de manifiesto la endémica inseguridad de Moscú. Mediante los pactos firmados con Alemania Occidental y el reconocimiento retrospectivo que de Potsdam hacían los acuerdos de Helsinki, la Unión Soviética había logrado por fin sus objetivos y podía descansar tranquila. A cambio, parecía que los participantes occidentales en la conferencia habían tratado de obtener poco más que cláusulas formales incuestionables: cooperación e intercambios de índole social, cultural y económica, colaboración de buena fe para abordar desacuerdos pendientes y futuros, etcétera.

Pero en la llamada «tercera cesta» de los Acuerdos de Helsinki también figuraba una lista de los derechos que tenían no solo los Estados, sino también las personas y los pueblos, agrupados en los epígrafes del principio VII («Respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo las libertades de pensamiento, conciencia, religión y creencia») y principio VIII («Igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos»). Gran parte de los dirigentes que firmaron estas cláusulas apenas les prestaron atención: en general, a ambos lados del Telón de Acero se daba por sentado que eran un ejercicio de maquillaje diplomático, una concesión a la opinión pública y algo, en cualquier caso, inaplicable: en virtud de los principios IV y VI ningún extranjero podía inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados firmantes. Como apuntó un amargado intelectual checo en aquel momento, en la práctica Helsinki fue una reedición del principio cuius regio, eius religio: una vez más se permitía a los gobernantes que, dentro de sus fronteras, trataran a sus ciudadanos como quisieran.

Pero las cosas no funcionaban así. Gran parte de los principios y protocolos de Helsinki de 1975 se limitaban a envolver en papel de regalo acuerdos anteriores. Pero el principio VII no solo comprometía a los Estados firmantes a «respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo las libertades de pensamiento, conciencia, religión y creencia de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión». También encarecía a los treinta y cinco Estados firmantes a que «promovieran y fomentaran el ejercicio efectivo de derechos y libertades como, entre otros, los ciudadanos, políticos, económicos, sociales y culturales» y que «reconocieran y respetaran el derecho del individuo a profesar y practicar, solo o en comunidad con otros, cualquier religión o creencia, actuando de acuerdo con los dictados de su propia conciencia».

De esta farragosa y, según parecía, inofensiva lista de derechos y obligaciones nació el Movimiento por los Derechos de Helsinki. Al año de lograr el tan esperado acuerdo en la conferencia internacional, los líderes soviéticos se enfrentaron a una creciente y finalmente incontrolable profusión de círculos, clubes, redes, cartas e individuos que pedían «únicamente» que sus gobiernos cumplieran la letra de los propios acuerdos, que —tal como encarecía el acta final— pretendía que «cumplieran sus obligaciones tal como se expresaban en las declaraciones y acuerdos internacionales sobre la materia». Brézhnev tenía razón al contar con que Henry Kissinger y sus prácticos sucesores se tomarían en serio las cláusulas de no intervención de Helsinki, pero nunca se le ocurrió (ni tampoco a Kissinger) que otros pudieran hacer lo mismo con los párrafos más utópicos que venían a continuación[10].

Es cierto que a corto plazo las autoridades soviéticas y sus colegas de Europa del Este no tendrían problemas para reprimir con facilidad cualquier voz que se alzara para defender derechos individuales y colectivos: en 1977 se detuvo a los líderes de un grupo ucraniano de Defensa de los Derechos de Helsinki y se los condenó a penas de entre tres y quince años. Pero el propio énfasis que los dirigentes comunistas habían puesto en Helsinki como fuente de legitimidad internacional para sus regímenes ahora se volvía contra ellos: al invocar los compromisos recientes de Moscú, críticos (de dentro y de fuera) podían ejercer presión pública sobre los regímenes soviéticos. Frente a esta clase de oposición, la represión violenta no solo no servía, sino que, siempre que fuera del dominio público, era contraproducente. Sin darse cuenta, Leónidas Brézhnev y sus colegas habían abierto una brecha en sus propias defensas que, contra todo pronóstico, habría de ser fatal.

XVI

Una época de transición

Con la perspectiva que da el tiempo, nuestro gran error fue permitir que se celebraran elecciones. Esa fue nuestra perdición.

OTELO SARAIVA DE CARVALHO

España es el problema, Europa es la solución.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

Europa no solo tiene que ver con resultados materiales, también con un espíritu. Europa es un estado de ánimo.

JACQUES DELORS

En el norte de Europa los cambios nacionales e internacionales se producían siempre sobre el telón de fondo de los tratos entre las superpotencias y la división entre el Este y el Oeste del continente. Pero en la Europa mediterránea, lo que predominaba eran las inquietudes locales. Hasta comienzos de los setenta, España, Portugal y Grecia eran la periferia de Europa en un sentido que iba más allá de lo puramente geográfico. Pese a su posición «occidental» durante la Guerra Fría (Portugal y Grecia pertenecían a la OTAN), los tres países estaban bastante al margen. Sus economías —enormemente dependientes tanto de las remesas enviadas por su mano de obra rural excedente, que trabajaba en el extranjero, como de un creciente sector turístico— se parecían a las de otros países del perímetro meridional europeo, como Yugoslavia o Turquía. El nivel de vida en el sur de España y en gran parte de Portugal y Grecia era comparable al de Europa del Este y al de ciertas zonas del mundo en vías de desarrollo.

A comienzos de los setenta los tres países estaban gobernados por regímenes autoritarios más propios de América Latina que de Europa occidental; parecía que la mayoría de las transformaciones políticas de las décadas de postguerra los habían dejado a un lado. En Portugal —regida por António Salazar entre 1932 y 1970— y España —donde el general Franco dio un golpe de Estado en 1936 y dominó el país sin ser cuestionado entre 1939 y su muerte, ocurrida en 1975— las jerarquías de autoridad de otra época se habían quedado congeladas y en su sitio. En Grecia, una conspiración militar había derrocado al rey y el Parlamento en 1967 y, desde entonces, el país había estado gobernado por una junta de coroneles. El espectro de su inestable pasado se cernía opresivamente sobre las poco halagüeñas perspectivas de futuro de los tres países.

La historia reciente de Grecia, como la de España, se hallaba bajo la sombra de la guerra civil. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el partido comunista (KKE) aterrorizó a los pueblos que controlaba, y permitió que en el recuerdo de muchos la izquierda radical fuera unida a la represión y la atrocidad. Después de que los comunistas abandonaran la lucha en octubre de 1949, a la izquierda le tocó el turno de sufrir una constante represión. Partisanos de la época de la guerra (entre ellos muchos que habían luchado contra los alemanes en los primeros años) fueron obligados a exiliarse durante décadas. A los que se quedaron, incluidos sus hijos y a veces hasta sus nietos, se les impidió acceder a la función pública hasta bien entrados los setenta. En la tristemente famosa cárcel de la isla de Makronisos, los comunistas cumplieron largas penas y sufrieron tratos terriblemente brutales[1].

Pero las divisiones políticas de Grecia, por muy ordenadamente que parecieran encajar en las categorías de la Guerra Fría, siempre estuvieron dominadas por intereses netamente nacionales. En marzo de 1949, en plena pugna entre Tito y Stalin, el servil KKE promoscovita hizo un anuncio por radio (desde Bucarest) refrendando la reivindicación de independencia para Macedonia. Al fomentar la fragmentación territorial de Yugoslavia pretendía debilitar a Tito, pero no fue eso lo que consiguió. Por el contrario, la consecuencia fue reducir durante toda una generación la credibilidad interna del comunismo griego, al sugerir que una victoria comunista dentro del país conllevaría la autonomía para la región norteña de Macedonia, con una minoría eslava y otra albanesa, y, con ello, la ruptura del Estado griego.

Todo esto tenía gran importancia porque el nacionalismo griego era especialmente inseguro, incluso en el contexto de la región. Los conservadores políticos griegos de la postguerra, siempre pendientes de un posible conflicto con Turquía, su antiguo amo imperial, en estado de guerra con Albania desde 1940 (circunstancia que no se solventó hasta 1985), y sin disposición a reconocer siquiera la existencia de una enorme comunidad eslava en las zonas colindantes con Yugoslavia y Bulgaria, optaron enérgicamente por el orden y la estabilidad antes que por la democracia o la reconciliación posbélica. El rey de Grecia, con su ejército y sus ministros, combinando los antiguos intereses griegos con las nuevas divisiones internacionales, se presentó ante Occidente como el aliado más fiable en una región inestable.

Su lealtad fue muy bien recompensada[2]. En febrero de 1947, el Tratado de París obligó a Italia a ceder las islas del Dodecaneso a Atenas. Grecia fue uno de los más importantes receptores de la ayuda estadounidense, tanto después de la proclamación de la doctrina Truman como en virtud del Plan Marshall. El país fue admitido en la OTAN en 1952 y las fuerzas armadas griegas recibieron encantadas una nutrida asistencia práctica, en forma de planificación y de material. De hecho, el papel del ejército habría de resultar crucial. Al principio, los británicos habían esperado legar a la Grecia liberada un ejército auténticamente apolítico y una policía moderna; pero, dadas las circunstancias espacio-temporales, la labor resultó imposible. De manera que el ejército griego, después de ocho años de guerra, era una fuerza rematadamente anticomunista, monárquica y antidemocrática, cuya lealtad a la OTAN y a sus colegas estadounidenses era bastante más sólida que cualquier compromiso que pudiera tener con las instituciones políticas o las leyes de su propio Estado.

En realidad, de forma bastante similar a los tradicionales oficiales españoles en este sentido, los griegos creían que ellos mismos, y no los efímeros documentos constitucionales que se comprometieron a defender, eran los garantes de la nación y de su integridad. El ejército participó desde el principio en la vida política griega de la postguerra: en las elecciones nacionales de comienzos de los cincuenta, el victorioso partido Unión Helénica (ES, en sus siglas griegas) estaba dirigido por el mariscal Aléxandros Papagos, comandante de las fuerzas gubernamentales durante la guerra civil. Hasta 1963 el ejército no tuvo ningún problema en apoyar a Konstantinos Karamanlís, que rebautizó el ES con el nombre de Unión Nacional Radical (ERE) y logró victorias electorales en 1956, 1958 y 1961 (aunque después de esta, la última y más aplastante, se sospechó que había cometido un fraude electoral generalizado).

Por su parte, Karamanlís no era ni ideológicamente anticomunista ni especialmente cercano a las fuerzas armadas. Pero no resulta irrelevante que naciera en la Macedonia griega y que fuera profundamente antieslavo. De familia campesina y confesión ortodoxa, era por instinto provinciano, nacionalista y conservador: un digno representante de su país y un instrumento seguro tanto para los diplomáticos estadounidenses como para los oficiales griegos, que no manifestaba deseos de imponer ninguna supervisión civil al ejército ni de investigar demasiado los crecientes rumores de redes y conspiraciones políticas antiparlamentarias de alto nivel. Con Karamanlís, Grecia mantuvo su estabilidad, aunque económicamente estancada y con bastante corrupción.

Pero en mayo de 1963 un parlamentario de izquierdas, Grigoris Lambrakis, fue atacado en Tesalónica mientras pronunciaba un discurso ante una concentración por la paz. Su muerte cinco días después proporcionó un mártir político a la izquierda y al creciente movimiento pacifista griego, mientras que el estudiado fracaso de las investigaciones oficiales a la hora de esclarecer las turbias circunstancias del asesinato de Lambrakis dio lugar a multitud de sospechas[3]. Seis meses después, Karamanlís perdía las elecciones por un escaso margen ante la Unión de Centro de Giorgios Papandreu, una agrupación moderada respaldada por la creciente clase media urbana del país. Al año siguiente, en una nueva ronda electoral, el partido de Papandreu y sus aliados obtuvieron aún mejores resultados, lograron mayoría absoluta e hicieron que su porcentaje de sufragios pasara del 42 al 52,7 por ciento.

La nueva mayoría parlamentaria exigió una investigación sobre el fraude en los comicios de 1961 y comenzaron a aumentar las tensiones entre el Parlamento y el joven rey Constantino. Las simpatías políticas conservadoras del monarca eran del dominio público y cada día sufría más presiones para que destituyera a Papandreu, que finalmente fue obligado a dimitir. Le sucedió una serie de primeros ministros interinos, que nunca pudieron formar mayorías parlamentarias estables. Las relaciones entre el Parlamento y la corte se tensaron aún más cuando un grupo de oficiales progresistas fue acusado de conspirar con Andreas, hijo de Giorgios Papandreu. En marzo de 1967, veintiuno de ellos fueron sometidos a un consejo de guerra.

Para entonces, del régimen parlamentario griego solo quedaba el nombre. Los conservadores y los oficiales militares advertían en tono sombrío contra la creciente influencia comunista en el conjunto del país. El rey se negó a colaborar con la mayoría de la Unión de Centro, a la que acusaba de depender de los votos de la extrema izquierda, mientras que la opositora Unión Nacional Radical se negó a apoyar los sucesivos intentos de instalar gobiernos provisionales. Finalmente, en abril de 1967, la propia Unión Nacional Radical formó un gobierno en minoría que solo duró hasta que el Rey disolvió el Parlamento y convocó nuevas elecciones.

La frustración popular y el callejón sin salida parlamentario, así como la sensación generalizada de que el Rey había tenido un papel inaceptablemente partidista, sugerían que las elecciones venideras producirían un giro aún mayor hacia la izquierda. Esgrimiendo precisamente esta excusa —la «amenaza comunista» tantas veces invocada en Grecia desde 1949— y señalando las indudables deficiencias de las instituciones democráticas griegas y la incompetencia de su clase política, un grupo de oficiales integrados en los arraigados círculos derechistas castrenses se hizo con el poder el 21 de abril.

Bajo la dirección del coronel Giorgios Papadópoulos, llenaron las calles de Atenas y de otras ciudades de tanques y paracaidistas; detuvieron a políticos, periodistas, sindicalistas y otros personajes públicos; tomaron todos los puntos neurálgicos habituales, y se declararon salvadores de la nación: la «democracia», según explicaron, «quedaba en suspenso». El rey Constantino, de forma pasiva, aunque entusiasta, asintió y aceptó que los golpistas juraran su cargo. Ocho meses después, tras un desganado intento de contragolpe, Constantino y su familia huyeron a Roma, sin que nadie lo lamentara. La Junta nombró a un regente y Papadópoulos fue designado primer ministro.

El golpe de los coroneles fue un pronunciamiento clásico. Inicialmente violentos y siempre represivos, Papadópoulos y sus colegas destituyeron casi a un millar de funcionarios, encarcelaron o expulsaron a políticos de centro o de izquierda, y aislaron el país durante siete sofocantes años. Los coroneles, antimodernos hasta extremos grotescos, censuraron la prensa, ilegalizaron las huelgas y prohibieron tanto la música moderna como la minifalda. También prohibieron los estudios de sociología, de ruso y de búlgaro, además de las obras de Sófocles, Eurípides y Aristófanes. De estilo populista y práctica paternalista, estaban obsesionados con las apariencias. En el régimen de los coroneles, el pelo largo estaba prohibido. Los uniformes de los guardias de palacio y de otros puestos protocolarios fueron sustituidos por chillones trajes tradicionales griegos. Atenas adoptó un aire especialmente impoluto y marcial.

Las consecuencias económicas del golpe de Estado griego fueron contradictorias. El turismo no se vio afectado, ya que los viajeros con conciencia política que boicotearon a la Grecia de los coroneles fueron rápidamente sustituidos por turistas atraídos por centros de vacaciones baratos, pero de reglamento asfixiante. La inversión extranjera, que en el caso de Grecia no había empezado hasta más o menos una década antes del golpe, y un constante incremento del PIB, que desde 1964 crecía a una media anual del seis por ciento, tampoco sufrieron a causa de la situación política: al igual que en España, los bajos salarios (secundados por la represión de las protestas sindicales) y un régimen basado en la «ley y el orden» proporcionaban un entorno benigno para el capital extranjero. Inicialmente, la junta militar tuvo incluso un amplio respaldo en las zonas rurales de las que, en líneas generales, procedían los coroneles, sobre todo después de que condonaran toda la deuda campesina en 1968[4].

Pero los instintos autárquicos de los coroneles favorecieron un retorno a la tradicional costumbre de sustituir las importaciones con artículos de mala calidad producidos por ineficientes fabricantes locales, protegidos de la competencia exterior. Esta práctica acabaría por enfrentar al régimen militar con las clases medias urbanas del país, cuyos intereses en cuanto a consumo y producción acabarían imponiéndose en pocos años al alivio que sentían por haberse librado de los pendencieros políticos. Y los coroneles, mediocres hasta para los criterios poco exigentes de su casta, no tenían nada que ofrecer para el futuro: ningún proyecto para integrar Grecia en una Comunidad Europea en ciernes y en expansión, y ninguna estrategia para volver a un régimen civil[5].

Además, el régimen, bastante seguro en el interior, estaba cada vez más aislado en el exterior: en diciembre de 1969 el Consejo de Europa votó por unanimidad la expulsión de Grecia; dos meses más tarde, la CEE rompió todas las negociaciones con la junta militar. El régimen de los coroneles descansaba, más descaradamente que cualquier otro, en la fuerza. En consecuencia, encajaba a la perfección que la dictadura cayera durante un torpe intento de aplicar la fuerza allende sus fronteras, con objeto de resolver el enquistado problema de Chipre.

La isla de Chipre, parte del Imperio Otomano desde 1571, había estado bajo administración británica desde 1878 y el Reino Unido se la anexionó unilateralmente al estallar la Primera Guerra Mundial. Situada en el extremo oriental del Mediterráneo, cerca de Anatolia, y muy apartada tanto de la tierra firme helena como de cualquiera de sus islas periféricas, Chipre no dejaba de tener una mayoría de lengua griega y credo ortodoxo oriental, cada vez más dispuesta a unirse con el Estado griego. Era comprensible que la minoría turca, alrededor del 18 por ciento de la población de la isla, se opusiera a cualquier arreglo de ese tipo y que contara con el apoyo vehemente de las autoridades de Ankara. La suerte de Chipre —atrapada entre los esfuerzos que realizaba el Reino Unido para librarse de un problemático legado imperial y la tradicional enemistad greco-turca— siguió sin resolverse y mantuvo su carga perturbadora durante la década de 1950.

Al negárseles la posibilidad de enosis (unión con Grecia), los líderes de la mayoría grecochipriota aceptaron un tanto a regañadientes la independencia, que el Reino Unido concedió en 1960, conservando ciertos derechos de tránsito y una base aérea de importancia estratégica. La nueva República de Chipre, cuya soberanía y Constitución garantizaban el Reino Unido, Turquía y Grecia, se regía por un acuerdo de «asociación» grecoturco, dominado por la presidencia del arzobispo Makarios, en su día exiliado por Londres por su condición de terrorista armado y violento, y ahora respetable portavoz de las «razonables» ambiciones grecochipriotas.

Entre tanto, las comunidades griega y turca de la isla convivían en medio de un receloso malestar, interrumpido por esporádicos estallidos de violencia intercomunitaria. Los gobiernos de Atenas y Ankara se proclamaban protectores de sus respectivos compatriotas y amenazaban ocasionalmente con intervenir. Pero la prudencia y la presión internacional les impedían hacerlo, incluso cuando los ataques sufridos por los turcochipriotas en 1963 condujeron a la llegada de una fuerza de paz de la ONU al año siguiente. Pese al monopolio prácticamente total del empleo público y de los puestos de autoridad por parte de los grecochipriotas (ligeramente comparable a la exclusión de los privilegios y del poder a la que sometían los protestantes a los católicos en el Ulster), o quizá a causa de él, la situación en Chipre parecía estable. Pero aunque la isla ya no era causa de crisis, seguía siendo un problema.

Entonces, en 1973, cuando los estudiantes de Atenas (primero los de Derecho, después los de la Escuela Politécnica) abochornaron públicamente a los coroneles oponiéndose por primera vez a su régimen, los militares respondieron distrayendo la atención y tratando de apuntalar su apoyo público volviendo a poner sobre la mesa la reivindicación del carácter griego de Chipre. El general Ioannides, un radical que desplazó a Papadópoulos como jefe de la junta militar después de las manifestaciones de la Politécnica, conspiró con Giorgios Grivas y otros nacionalistas grecochipriotas para derrocar a Makarios y «reunir» la isla con Grecia. El 15 de julio de 1974 unidades de la guardia nacional chipriota, junto a selectos oficiales griegos, asaltaron el palacio presidencial, expulsaron a Makarios (que huyó al extranjero) e instalaron un Gobierno títere que anticipara el control directo desde Atenas.

Sin embargo, ante esta coyuntura, el Gobierno turco anunció su propia intención de invadir la isla para proteger los intereses de la comunidad turcochipriota, y así lo hizo, rápidamente, el 20 de julio. A la semana, dos quintos de la isla estaban en manos turcas. La junta militar griega, incapaz de impedir o de responder a la acción de gran cantidad de fuerzas turcas, parecía impotente: un día ordenaba la movilización total y al siguiente revocaba la orden. Los propios dictadores griegos, enfrentados a la creciente indignación popular que desataba esta humillación nacional, recurrieron al anciano Karamanlís y le pidieron que regresara de su exilio parisino. El 24 de julio, el ex primer ministro volvía a Atenas e iniciaba el retorno del país a un régimen civil.

La transición se realizó con sorprendente facilidad. El Partido Nueva Democracia de Karamanlís (ND) arrasó en las elecciones de noviembre de 1974 y repitió su éxito tres años después. En junio de 1975 se aprobó una nueva Constitución, aunque los partidos de oposición se resistieron inicialmente a aceptar los enormes poderes que concedía al presidente de la República (puesto ocupado por el propio Karamanlís a partir de 1980). Con inesperada prontitud, la política interna griega adoptó el perfil habitual en Europa; se dividió en términos generales entre el centro-derecha (Nueva Democracia) y el centro-izquierda (el Movimiento Socialista Panhelénico, PASOK, dirigido por Andreas, hijo del difunto Giorgios Papandreu y educado en Estados Unidos).

La suavidad con que se produjo el retorno de Grecia a la democracia se debió en parte a la capacidad de Karamanlís para romper con su propio pasado, sin dejar de transmitir al mismo tiempo una imagen de experimentada competencia y de continuidad. En lugar de reconstituir su desacreditada Unión Nacional Radical, formó un nuevo partido. Convocó un referéndum para decidir el futuro de la no menos desacreditada Monarquía y cuando el 69,2 por ciento de los votantes pidió su abolición, contempló el establecimiento de una república. Con el fin de evitar la marginación del ejército se resistió a imponerle las purgas que algunos solicitaban, y prefirió pasar a la reserva a los oficiales de alto rango más comprometidos con la dictadura, recompensando y ascendiendo al mismo tiempo a los leales[6].

Con la Monarquía fuera de la circulación y el ejército neutralizado, Karamanlís tenía que ocuparse del asunto pendiente de Chipre. Ni él ni sus sucesores tenían ninguna intención de reabrir la cuestión de la enosis, pero públicamente tampoco podían hacer como si la presencia turca en la isla no existiera, ni siquiera después del regreso de Makarios a Chipre en diciembre de 1974. En un gesto principalmente simbólico, que contó con la aprobación mayoritaria del país, tanto de la izquierda como de la derecha, Karamanlís sacó a Grecia de la estructura militar de la OTAN durante seis años en protesta por el comportamiento de Turquía, que también formaba parte de ella. Las relaciones grecoturcas quedaron congeladas, marcadas por la proclamación unilateral, realizada en febrero de 1975 por la minoría turca, del Estado Federado Turco de Chipre, y por ocasionales rifirrafes diplomáticos ocasionados por reivindicaciones territoriales en el Egeo oriental.

De este modo, Chipre se convirtió en objeto de preocupación internacional, mientras los diplomáticos y abogados de las Naciones Unidas pasaban décadas infructuosas tratando de resolver las divisiones de la isla. Entre tanto, los políticos griegos se veían liberados de cualquier responsabilidad sobre los asuntos de Chipre (aunque en política interna seguían viéndose obligados a expresar un constante interés por su suerte) y podían centrarse en horizontes más prometedores. Menos de un año después de la caída de los coroneles, en junio de 1975, el Gobierno de Atenas solicitó formalmente la entrada en la Comunidad Europea. El 1 de enero de 1981, en lo que en Bruselas muchos acabarían considerando un lamentable triunfo de la esperanza sobre la sabiduría, Grecia se convirtió en miembro de pleno derecho de la Comunidad.

A diferencia de Grecia, Portugal no tenía experiencia reciente del más mínimo vestigio de democracia. El periodo salazarista había sido especial y conscientemente retrógrado, incluso en el contexto de 1932, año en que se inició; de hecho, en su combinación de clericalismo represivo, corporativismo institucional y subdesarrollo rural, Portugal se parecía bastante a la Austria posterior a 1934. Encajaba por tanto que el Portugal de postguerra contara con el favor de franceses retirados, nostálgicos del régimen de Vichy: Charles Maurras, desacreditado líder de Acción Francesa, era muy admirado por Salazar y se carteó con él hasta su muerte en 1952[7].

El nivel de vida general en el Portugal de Salazar era más propio del África del momento que de la Europa continental; la renta per cápita anual en 1960 solo ascendía a 160 dólares (frente, por ejemplo, a los 219 de Turquía o los 1453 de Estados Unidos). Los ricos eran extremadamente ricos, la mortalidad infantil era la más elevada de Europa y el 32 por ciento de la población era analfabeta. A Salazar, un economista que durante algunos años había enseñado en la Universidad de Coimbra, no solo no le inquietaba el retraso de su país, sino que lo consideraba la clave de su estabilidad: al ser informado de que se había descubierto petróleo en el territorio portugués de Angola, su único comentario fue decir que era una pena.

Al igual que el dictador rumano Ceauşescu, Salazar estaba obsesionado con evitar las deudas y equilibraba a conciencia todos los presupuestos anuales. Mercantilista fanático, acumuló reservas de oro inusualmente cuantiosas, que se ocupó de no gastar ni en inversiones ni en importaciones. A consecuencia de ello, su país se vio atrapado en la pobreza y gran parte de la población trabajaba o en pequeñas empresas familiares del norte o en los latifundios meridionales. Como no disponía de capital local para financiar la industria nacional y al estar claro que la inversión extranjera no era bien recibida, Portugal dependía en gran medida de la exportación y reexportación de materias primas, entre ellas su propia población.

Hasta su muerte en 1970, Salazar no solo presumió de haber mantenido Portugal al margen de las devastadoras guerras extranjeras del siglo, sino de haber conseguido librar al país tanto del rapaz capitalismo del mercado como del socialismo de Estado. En realidad, su mayor éxito radicaba en haber sometido a sus súbditos a lo peor de ambos sistemas: la desigualdad material y la explotación para lograr beneficios eran rasgos más acusados en Portugal que en cualquier otro país de Europa; además, el Estado autoritario de Lisboa asfixió cualquier opinión e iniciativa independiente. En 1969, únicamente el 18 por ciento de la población adulta tenía derecho al voto.

A falta de oposición interna, Salazar solo encontraba resistencias en el ejército, la única institución independiente del país. Las fuerzas armadas portuguesas estaban mal pagadas, ya que, en lugar de malgastar escasos recursos en salarios, Salazar alentaba activamente el matrimonio de los pobretones oficiales con mujeres burguesas más acaudaladas. Pero hasta 1961 el régimen podía contar al menos con su lealtad pasiva, pese a dos golpes militares fallidos y fácilmente sofocados, de 1947 y 1958. Puede que los jóvenes oficiales reformistas del ejército de tierra o de la marina rezongaran ante el estancamiento circundante, pero carecían tanto de aliados como de cualquier base popular.

Todo eso cambió en 1961, cuando Delhi se anexionó por la fuerza el territorio portugués de Goa, situado en el continente indio, y cuando estalló una revuelta armada en la colonia africana de Angola. La pérdida de Goa constituyó una humillación nacional, pero la rebelión en África era aún más grave. Las numerosas provincias africanas de Portugal, que con ese nombre se conocían, incluían Angola, Guinea Bissau y las islas de Cabo Verde en África occidental, y Mozambique en el sureste del continente. De todas ellas, Angola, con medio millón de residentes europeos sobre una población total de menos de seis millones, era con mucho la más importante. Su riqueza material sin explotar —hierro, diamantes y petróleo en alta mar, descubierto hacía poco— había hecho que Salazar fuera reacio a permitir la inversión extranjera (especialmente la de la compañía estadounidense Gulf Oil), y durante los sesenta el territorio cobró una considerable importancia económica para la metrópoli.

Además, se trataba de una insurrección abierta. Para aplastar el creciente movimiento nacionalista angoleño, Lisboa inició en 1967 una estrategia de «contrainsurgencia» basada en el reasentamiento de la población en pueblos controlables de grandes dimensiones: en 1974, más de un millón de campesinos habían sido trasladados. El plan no logró detener los levantamientos, pero tuvo resultados nefastos y prolongados para la sociedad angoleña y para su economía rural. Sin embargo, sí se alienó paulatinamente el apoyo de los soldados reclutados para aplicarlo: tanto el de los oficiales sin blanca que se habían incorporado al ejército para ascender socialmente, como el de los reclutas que eran enviados a regañadientes a reprimir a los rebeldes de ultramar.

En Angola los insurgentes se dividían en diferentes facciones y el ejército portugués logró contenerlos, al menos de momento. En Mozambique, donde 60.000 soldados portugueses se afanaban en proteger a un número de colonos europeos no superior a 100.000 personas, o en Guinea y Cabo Verde, donde el carismático Amílcar Cabral mantuvo a 30.000 soldados portugueses ocupados en librar una ingrata guerra de guerrillas contra 10.000 insurgentes, la situación se estaba haciendo insostenible. A comienzos de la década de 1970 las guerras africanas consumían la mitad del presupuesto de defensa del país más pobre de Europa. Uno de cada cuatro varones portugueses en edad militar había sido reclutado para luchar en África, y, después de 1967, para un periodo mínimo obligatorio de cuatro años. En 1973, ya habían muerto 11.000 de ellos, lo cual suponía, en comparación con la población nacional, un índice de mortalidad bastante superior al sufrido por el ejército estadounidense en el momento álgido de la guerra de Vietnam.

A Portugal, la defensa de sus posesiones coloniales le resultaba cara, sangrienta y cada vez era más desesperada; las fuerzas armadas lo sabían mejor que nadie. Y tenían otras razones para sentirse frustradas. Para consolidar su propio poder y distraer la atención de las tribulaciones del país en ultramar, Marcello Caetano —ungido sucesor por Salazar— había relajado las restricciones crediticias, solicitando enormes préstamos extranjeros y fomentando el flujo de importaciones. Entre 1970 y 1973, el consumo del país, impulsado aún más por las remesas de los trabajadores portugueses en el exterior, experimentó un breve periodo de auge, que, sin embargo, fue seguido inmediatamente por una escalada inflacionaria producida por la crisis del petróleo. Los salarios del sector público comenzaron a caer muy por debajo de los precios.

Por primera vez en muchos años, Portugal sufría huelgas. Los residentes de las barriadas de chabolas que rodeaban la capital, muchos de ellos recientemente emigrados desde el empobrecido Alentejo, no solo padecían por su ya endémica indigencia, sino al contemplar una nueva y ostentosa riqueza en la cercana Lisboa. Al ejército le molestaba cada vez más tener que librar las guerras sucias del país en tierras lejanas, para defender a un Gobierno impopular dirigido por tecnócratas no electos, y su descontento comenzaba a tener eco en la metrópoli. Las quejas de los oficiales más jóvenes y de sus familias, incapaces de subsistir con salarios ya de por sí bajos y reducidos por la inflación, ahora eran compartidas también por una incipiente generación de empresarios que, frustrados por la incompetencia de sus gobernantes, consideraba que el futuro de su país estaba en Europa, no en África[8].

El 25 de abril de 1974 oficiales y soldados del Movimento das Forças Armadas (MFA) expulsaron del poder a Caetano y su círculo y constituyeron un Gobierno provisional cuyos objetivos eran la democratización, la descolonización y la reforma económica. El golpe, al igual que el pronunciamiento de jóvenes oficiales que había llevado al poder a Salazar en 1926, apenas suscitó resistencia y permitió que los líderes del antiguo régimen volaran al exilio, primero a Madeira y después a Brasil. El general António de Spínola, ex subjefe del Estado Mayor del ejército portugués y gobernador de Guinea entre 1968 y 1972, fue nombrado jefe de la Junta militar por sus compañeros. Se disolvió la policía secreta, los líderes de los partidos socialista y comunista portugueses volvieron del exilio y se legalizaron sus organizaciones por primera vez en casi medio siglo.

La revolución tuvo gran aceptación en todas partes[9]. Spínola incorporó al Gobierno provisional a centristas y socialistas, y en julio anunció públicamente planes para ofrecer la autodeterminación total a las colonias africanas. Pasado un año, todas ellas eran independientes e Indonesia se había hecho con el control de Timor Oriental. La descolonización fue bastante caótica —las guerrillas de Guinea y de Mozambique hicieron caso omiso a la insistencia de Spínola en que primero abandonaran las armas y Angola se hundió en una guerra civil—, pero vista desde Portugal, tuvo la ventaja de ser rápida. También precipitó, después de la retirada del ejército y de los violentos enfrentamientos registrados en Luanda, la capital angoleña, el regreso a la metrópoli de unos setecientos cincuenta mil europeos. Muchos de ellos se asentaron en las zonas norteñas de Portugal, más conservadoras, y tuvieron un importante papel político en los años venideros.

Estos rápidos cambios perturbaron a Spínola, cuyos instintos conservadores no encajaban con los proyectos cada vez más radicales de sus jóvenes colegas, y en septiembre de 1974 presentó su dimisión. Durante los catorce meses siguientes Portugal parecía dirigirse a una revolución social en toda regla. Con el apoyo entusiasta del MFA y del Partido Comunista Portugués (PCP) de Álvaro Cunhal, leninista a ultranza, se nacionalizaron los bancos y las grandes empresas, y se emprendió una ambiciosa reforma agraria, especialmente en el Alentejo, la región cerealista del sur, donde la mayoría de las propiedades seguían estando en manos de grandes terratenientes con frecuencia absentistas.

La nacionalización tuvo mucha aceptación en las ciudades, mientras que en el sur la reforma agraria —especialmente la colectivización del campo— se realizó inicialmente mediante ocupaciones y tomas de tierra espontáneas, acometidas por arrendatarios y jornaleros locales movilizados por los comunistas y sus aliados. Los primeros se beneficiaron especialmente de la merecida reputación de ser los más organizados y más eficientes opositores clandestinos del antiguo régimen. Pero esas mismas prácticas, en el centro y el norte del país, donde la tierra ya estaba subdividida en miles de pequeñas parcelas familiares, no fueron nada bien recibidas. El norte rural de Portugal, caracterizado por poblaciones poco densas, era también (y sigue siéndolo) activamente católico, con un promedio de un sacerdote por cada quinientas almas en 1972, mientras que en el centro sur del país, la cifra era de uno por cada cuatro mil quinientos, y aún más baja en el extremo meridional. De manera que los anticlericales proyectos colectivistas de los sindicalistas y líderes campesinos comunistas chocaron con una fuerte y estentórea oposición en las populosas regiones septentrionales.

Fundamentalmente, los revolucionarios portugueses de 1974 estaban repitiendo el mismo error que había cometido en los años treinta el radicalismo agrario de la Segunda República española: al tratar de imponer una reforma agraria colectivista basada en las condiciones del sur a los pequeños propietarios del norte, que funcionaban más eficientemente, hicieron que estos se volvieran contra ellos. En las elecciones a la Asamblea Constituyente de abril de 1975 los comunistas solo lograron el 12,5 por ciento de los sufragios. Los partidos de centro derecha tuvieron mejor suerte, pero el gran ganador fue el Partido Socialista Portugués, fundado en el exilio dos años antes por Mário Soares, quien realizó una exitosa campaña bajo el lema «¡Socialismo, sí!, ¡dictadura, no!», y recabó el 38 por ciento de los votos.

El MFA y los comunistas no se quedaron contentos con los resultados y Cunhal reconoció abiertamente que si la vía parlamentaria al poder se bloqueaba, se podría tomar un camino alternativo. Como indicó a un periodista italiano en junio de 1975: «No existe la posibilidad de una democracia como la que tienen en Europa occidental (…) Portugal no será un país con libertades democráticas y monopolios. No lo permitirá». Entre abril y noviembre aumentaron las tensiones. Había comentaristas extranjeros que advertían del peligro inminente de golpe comunista y los aliados de Portugal en la OTAN, así como los socios comerciales de Europa occidental, prometieron conceder ayudas y aceptar la integración del país si este abjuraba de la revolución marxista.

La situación llegó a un punto crítico al final del año. El 8 de noviembre, la Asamblea Constituyente lisboeta fue rodeada por obreros de la construcción y durante dos semanas hubo rumores de constitución inminente de una «Comuna de Lisboa» e incluso de una guerra civil entre el norte y el sur. El 25 de noviembre grupos de soldados extremistas trataron de dar un golpe de Estado. Inicialmente contaban con el apoyo tácito del PCP, pero cuando quedó claro que el grueso de las fuerzas armadas, e incluso algunos de los propios oficiales de izquierdas se oponían al levantamiento, hasta Cunhal dio un paso atrás. Como reconocerían posteriormente algunos líderes del MFA, el resultado de las elecciones de abril de 1975 había desacreditado por anticipado los objetivos de los oficiales revolucionarios: la izquierda podía tener una democracia parlamentaria o una transición «revolucionaria», pero no las dos.

En febrero de 1976, el ejército portugués, que todavía controlaba de facto el poder dos años después del golpe, entregó oficialmente este a las autoridades civiles. La nación se regiría por la Constitución aprobada en abril de ese mismo año, que continuaba haciéndose eco de la retórica y las ambiciones del clima posterior a 1974, comprometiendo al país en una «transición al socialismo mediante la creación de condiciones para el ejercicio democrático del poder por parte de las clases trabajadoras». En las elecciones legislativas de ese mismo año, los socialistas volvieron a ser los más votados, aunque con un número de sufragios ligeramente inferior, y Mário Soares formó el primer Gobierno portugués elegido democráticamente en casi medio siglo.

Las perspectivas de la democracia lusa seguían siendo difusas; Willy Brandt era uno de los muchos observadores afines del momento que veía en Soares a otro Kerensky, el involuntario caballo de Troya de unas fuerzas antidemocráticas que le sustituirían a la menor oportunidad. Pero Soares sobrevivió, y de qué modo. Las fuerzas armadas se mantuvieron en sus cuarteles y el papel de su más radicalizada periferia se fue haciendo cada vez más marginal. El voto comunista aumentó realmente, pero a costa de abandonar sus ambiciones insurreccionales: pasó del 14,6 por ciento en 1976 al 19 por ciento tres años después, mientras la economía se deterioraba y las políticas moderadas de Soares frustraban a la izquierda de su partido, al que había prometido la próxima destrucción del capitalismo en un Portugal ya socialista.

En 1977 el Parlamento aprobó la Ley de Reforma Agraria que confirmaba la colectivización de tierras del pasado más inmediato, pero limitándola al sur del país y restringiendo la cantidad de terreno que podía expropiarse a los propietarios actuales. La medida puso fin al peligro de conflicto rural y al de reacción conservadora violenta, pero a corto plazo no podía hacer mucho por aliviar el caos económico heredado por el Portugal democrático. Privado de las materias primas baratas de sus ex colonias africanas (y del mercado cautivo que estas le habían proporcionado para exportaciones de otro modo poco competitivas), incapaz de exportar a su mano de obra no cualificada a Europa occidental como anteriormente y obligado por los vitales préstamos del FMI a equilibrar su presupuesto y aplicar una rigurosa política fiscal, el país sufrió durante años desempleo y un escaso consumo.

El ejército no había abandonado por completo la escena: según la Constitución de 1976, el denominado Consejo de la Revolución, compuesto por representantes no electos de las fuerzas armadas, conservaba el derecho de veto, y durante 1980 rechazó veintitrés propuestas legislativas, entre ellas un plan del Gobierno de centro derecha para privatizar ese mismo año los bancos nacionales. Pero no puso objeciones cuando el Parlamento revisó la Constitución durante los dos años siguientes, redujo el poder del Ejecutivo (tras abolir el propio Consejo de la Revolución en 1982) y eliminó discretamente el énfasis anticapitalista de la redacción original.

Durante los veinte años siguientes, los socialistas y su adversario, el centrista Partido Socialdemócrata dirigido por Aníbal Cavaco Silva, se alternarían en el poder. El propio Mário Soares, que había abandonado su retórica anticapitalista hacía tiempo, asumió la Presidencia de la República en 1986, el año en que Portugal fue admitido en la Comunidad Europea. El país, dando fe del prolongado legado salazarista, seguía siendo tremendamente pobre en comparación con las demás naciones europeas. Pero, en contra de todas las expectativas, había evitado tanto el «terror blanco» como el «terror rojo». Los comunistas, aunque seguían disfrutando de apoyo en el sur rural y en el cinturón industrial de Lisboa, se mantuvieron en su recalcitrante ortodoxia bajo la dirección del anciano Cunhal, que conservó su cargo hasta 1992. Pero su influencia se redujo paulatinamente. Por su parte, los colonos repatriados nunca lograron articular un partido de extrema derecha compuesto por nacionalistas amargados. Dadas las circunstancias, la aparición de un Portugal democrático constituyó un éxito muy considerable.

A un visitante que entrara en España desde Francia, digamos en 1970, el abismo que separaba ambos lados de los Pirineos se le antojaría inmenso. Los más de treinta años de régimen franquista habían acentuado el retraso social y el aislamiento cultural en el que España había languidecido durante gran parte de los dos siglos anteriores y, dentro de la cultura política europea, su sistema autoritario resultaba todavía más anacrónico que al principio. A primera vista, los sesenta parecían haber pasado completamente de largo por España: cosas como la estricta censura, la rígida aplicación de normas reguladoras de la vestimenta y el comportamiento públicos, la omnipresencia de la policía y unas leyes penales draconianas para los críticos políticos apuntaban que el país estaba congelado en el tiempo y que su reloj histórico parecía haberse detenido para siempre en 1939[10].

Sin embargo, si se prestaba un poco más de atención, se podía ver que España, o por lo menos el norte y las ciudades, estaba cambiando con bastante rapidez. Franco era un dictador estricta y auténticamente reaccionario, pero, a diferencia de su vecino Salazar, también era realista en cuestiones económicas. En 1959 España abandonó las prácticas autárquicas de las dos décadas anteriores y, a instancias de un grupo de ministros del Opus Dei, adoptó el Plan nacional de Estabilización con el objetivo de contener la endémica inflación del país y abrirse al comercio y la inversión. Al principio, las consecuencias económicas del plan —impuestas con firmeza y sin concesiones— fueron severas: la devaluación, los recortes presupuestarios, la congelación de créditos y las restricciones salariales redujeron la inflación, pero obligaron a decenas de miles de españoles a buscar trabajo en el exterior.

No obstante, el sector privado, hasta el momento condicionado por normativas corporativistas y por una arraigada política de sustitución de las importaciones, se encontró más libre para expandirse. Los aranceles se redujeron; España se incorporó al Banco Mundial, al FMI (Fondo Monetario Internacional), al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), y fue admitida como miembro asociado en la OCDE (en 1962 Franco llegó a solicitar, sin éxito, el ingreso en la Comunidad Económica Europea). La nueva política económica franquista eligió un momento propicio. El sector interno español había estado protegido de la competencia durante los primeros años del auge económico de postguerra en Europa, pero ahora se abría al comercio exterior en el momento justo. A partir de 1961, el PIB comenzó a crecer paulatinamente. El porcentaje de mano de obra rural —uno de cada dos trabajadores en 1950— cayó drásticamente cuando los jornaleros del sur y del oeste comenzaron a emigrar al norte para trabajar en fábricas y en el floreciente sector turístico: en 1971 solo uno de cada cinco españoles trabajaba en labores agrícolas. A mediados de los setenta, según los criterios de Naciones Unidas, España ya había dejado de considerarse un país «en vías de desarrollo».

No conviene exagerar el «milagro económico» franquista. España no sufría el peso residual del imperio y, por tanto, no tuvo que enfrentarse a los costes económicos o sociales de la descolonización. Gran parte del dinero extranjero que entró en el país en la década de 1960 no procedía de la exportación de productos fabricados en España, sino de las remesas enviadas desde fuera por los trabajadores emigrados o por los turistas del norte de Europa: en suma, la modernización económica de España se derivó en gran parte de la prosperidad de otras naciones. Además de Barcelona, la Costa Brava, algunas partes del País Vasco y (en menor medida) Madrid, el transporte, la educación, las infraestructuras sanitarias y los servicios seguían estando muy retrasados. Incluso en 1973, la renta per cápita del conjunto del país era todavía inferior a la de Irlanda y no llegaba a la mitad de la media de la Comunidad Económica Europea.

No obstante, las consecuencias sociales de la modernización económica, aún limitada, fueron considerables. En general, puede que en esa época anterior a la televisión, España hubiera podido protegerse del impacto cultural que tuvieron los sesenta en otros países, pero las disparidades económicas y las perturbaciones generadas por el Plan de Estabilización produjeron un generalizado descontento laboral. Desde finales de los sesenta hasta la muerte de Franco, las huelgas, los cierres patronales, las manifestaciones y las demandas constantes de convenios colectivos y de representación sindical se convirtieron en un rasgo de la vida española. El régimen se oponía categóricamente a cualquier tipo de concesión política, pero, en una época en la que tantos extranjeros visitaban el país —diecisiete millones trescientos mil en 1966, que se convertirían en treinta y cuatro un año antes de la muerte del dictador—, no podía permitirse ofrecer un rostro demasiado represivo.

Las autoridades españolas tampoco podían renunciar a la cooperación y las aptitudes de una creciente mano de obra urbana. Por lo tanto, se vieron obligadas a aceptar de facto la aparición de un movimiento sindical, mayoritariamente afincado en Cataluña y en las industrias pesadas del País Vasco. Junto a los sindicatos no oficiales, constituidos por funcionarios, empleados de banco y otros profesionales del sector servicios, estas redes semiclandestinas de representantes de trabajadores manuales y empleados podían recurrir a casi una década de organización y experiencia a la muerte de Franco.

Sin embargo, en España los conflictos laborales se mantenían estrictamente dentro del ámbito de las reivindicaciones puramente materiales. En sus últimos años, el régimen de Franco —de forma similar al de János Kádár en Hungría— no había dependido de la represión abierta y violenta, sino de una especie de asentimiento pasivo impuesto, de una despolitización cultural prolongada durante décadas. Las protestas estudiantiles, que desde 1956 reclamaban mayor autonomía universitaria y una relajación tanto de los códigos morales como de otras restricciones, gozaron de cierta libertad para organizarse, aunque dentro de unos límites estrictamente definidos; los estudiantes podían llegar a contar incluso con la simpatía de algunos de los que criticaban el régimen desde dentro, entre otros, católicos reformistas y socialfalangistas desengañados. Pero cualquier manifestación de simpatía activa o de colaboración entre diferentes sectores —con los mineros en huelga, por ejemplo— quedaba absolutamente prohibida[11]. Lo mismo se aplicaba a los críticos adultos que tenía el régimen.

De hecho, cualquier opinión política digna de tal nombre se mantenía estrictamente en secreto y los partidos políticos independientes estaban prohibidos. Hasta 1967, el país ni siquiera tuvo un texto constitucional (la Ley Orgánica del Estado) y, en líneas generales, los derechos y procedimientos existentes no eran más que medidas para la galería, dirigidas a los socios occidentales de España. Franco, oficialmente regente de la Monarquía suspendida, indicó que, a su debido tiempo, le sucedería el joven Juan Carlos —nieto del último rey de España—, pero para la mayoría de los observadores la cuestión de la Monarquía apenas tenía incidencia en los asuntos españoles. Hasta la función de la Iglesia católica, que seguía teniendo una importante presencia en la vida privada de muchos españoles, era limitada en lo tocante a las políticas públicas.

El papel tradicional de España como baluarte de la civilización cristiana frente al materialismo y al ateísmo era un elemento primordial del programa de estudios primarios; pero a la propia jerarquía católica (al contrario que a los modernizadores «criptomonjes» del Opus Dei) se la mantenía bien lejos de las riendas del poder, situación que contrastaba enormemente con el espíritu de cruzada nacionalcatolica de la primera década del régimen[12]. En junio de 1968, rindiéndose ante la realidad moderna, Franco aceptó por primera vez el principio de libertad religiosa, y permitió que los españoles practicaran abiertamente el credo que quisieran. Pero para entonces la religión misma estaba entrando en una etapa de prolongado declive: en un país que podía presumir de contar con más de ocho mil seminaristas a comienzos de los sesenta, doce años después no había siquiera dos mil. Entre 1966 y 1975 un tercio de los jesuitas españoles abandonó la orden.

También se mantenía al ejército a una distancia prudencial. Tras llegar al poder mediante un golpe militar, Franco comprendía muy bien los riesgos que comportaba marginar a una casta castrense que había heredado un exagerado sentido de la responsabilidad en lo tocante al mantenimiento del Estado español y de sus valores tradicionales. Durante los años de la postguerra el ejército español fue mimado y halagado. Su victoria en la Guerra Civil se celebraba anualmente en las calles de las principales ciudades y sus pérdidas se conmemoraron ostentosamente en el monumental Valle de los Caídos, inaugurado en 1959. Los ascensos y las condecoraciones se multiplicaron: cuando cayó el régimen, había trescientos generales y, por cada once miembros de otra graduación, un oficial, lo cual suponía la proporción más elevada de Europa a este respecto. Según la llamada denominada Ley Orgánica del Estado de 1967, «las fuerzas armadas de la nación [… ] garantizan la unidad e independencia de la patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional».

Sin embargo, en la práctica, las fuerzas armadas se habían convertido en algo superfluo. Durante décadas, Franco había protegido al ejército de cualquier guerra exterior o colonial. A diferencia de las tropas francesas o portuguesas, las españolas no sufrieron derrotas humillantes ni retiradas forzosas. España no se enfrentaba a ninguna amenaza militar y su seguridad interna estaba en manos de la policía, la guardia civil y de unidades especiales de lucha contra el terrorismo (real o imaginario). El ejército, relegado en términos generales a una función ceremonial, era adverso al riesgo; su tradicional conservadurismo se manifestaba cada vez con más entusiasmo en el retorno de la Monarquía, identificación esta que, irónicamente, habría de resultar beneficiosa durante la transición del país a la democracia.

Dirigía los destinos de España un reducido círculo de abogados, profesores universitarios católicos y funcionarios, muchos de ellos con claros intereses en las compañías privadas que sus políticas favorecían. Pero como la oposición política propiamente dicha estaba prohibida, las ideas reformistas y la presión hacia el cambio habrían de venir del interior de esos mismos círculos de Gobierno —y no de una intelectualidad cuyos principales cerebros se encontraban en el exilio—, alentados por la frustración que generaba la ineficiencia local, las críticas exteriores o el ejemplo del Vaticano II.

Franco murió el 20 de noviembre de 1975, a los ochenta y dos años. Hasta el final se negó a considerar cualquier medida liberalizadora de relevancia o todo tipo de traspaso de autoridad; hacía tiempo que había dejado de ser útil hasta para sus propios partidarios, que en muchos casos simpatizaban con los manifestantes que a comienzos de ese año habían solicitado el levantamiento de las restricciones que pesaban sobre la prensa y las asociaciones políticas. En consecuencia, la transición a la democracia se gestionó desde las propias filas de los ministros y cargos franquistas, lo cual ayuda a explicar su celeridad y su éxito. Cuando el país daba sus primeros pasos para salir del franquismo, las fuerzas tradicionales del cambio en España —liberales, socialistas, comunistas y sindicatos— tuvieron un papel subordinado.

Dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos fue coronado rey. Al principio mantuvo en su cargo a Carlos Arias Navarro, último presidente del Gobierno de Franco, y con él a todos sus colegas de gabinete, con el fin de garantizar al ejército y a otros sectores que no habría una ruptura brusca con el pasado. Pero en abril de 1975, Arias Navarro cayó en desgracia ante el Rey cuando reprimió duramente a Coordinación Democrática, una coalición de partidos de izquierda todavía ilegales que acababa de constituirse, y detuvo a sus líderes. Dos meses después, el Rey había sustituido a Arias Navarro por Adolfo Suárez González, uno de sus ministros.

Con cuarenta y cuatro años, Suárez era un tecnócrata típico del último franquismo; de hecho, había sido vicesecretario general del Movimiento y, en el primer Gobierno de la Monarquía, ministro secretario general del Movimiento. El nombramiento de Suárez resultó una opción bastante hábil. El político constituyó un nuevo partido, Unión de Centro Democrático (UCD), y se dispuso a convencer a las Cortes franquistas de que debían aceptar un referéndum nacional sobre la reforma política, que, fundamentalmente, habría de refrendar la introducción del sufragio universal y el establecimiento de un Parlamento bicameral. La vieja guardia franquista, desprevenida ante alguien que suponían de los suyos, aceptó el planteamiento, y la reforma se aprobó en el referéndum del 15 de diciembre de 1976, con más del 94 por ciento de votos afirmativos.

En febrero de 1977 Suárez autorizó la legalización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la formación política más antigua del país, ahora dirigida por el sevillano Felipe González Márquez, envuelto en la lucha clandestina desde que tenía poco más de veinte años. Al mismo tiempo, se legalizaron también los sindicatos y el derecho de huelga. El 1 de abril Suárez disolvió el Movimiento Nacional que en su momento había dirigido; una semana más tarde era legalizado el Partido Comunista de España (PCE) que, dirigido por Santiago Carrillo, ya se había comprometido (muy al contrario que sus camaradas portugueses) a moverse dentro de los márgenes que permitía una transición a la democracia parlamentaria[13].

En junio de 1977 se celebraron elecciones a Cortes constituyentes. Los comicios, los primeros celebrados en España desde 1936, dieron una mayoría relativa a la UCD de Suárez, que consiguió 165 escaños; el segundo partido más votado fue el PSOE de González, que logró solo 121, mientras que el conjunto de los demás contendientes no reunía más que 67 escaños[14]. Este era, en muchos sentidos, el mejor resultado posible: la victoria de Suárez garantizaba a los conservadores (que en su mayoría le habían votado) que no habría una sacudida violenta hacia la izquierda, mientras que la falta de una clara mayoría le obligada a negociar con los diputados de esta que, en consecuencia, compartían la responsabilidad de la nueva Constitución que la nueva cámara iba a redactar.

Esta Carta Magna (aprobada como correspondía en un segundo referéndum celebrado en diciembre de 1978) era en muchos sentidos bastante convencional. España sería una Monarquía parlamentaria; no habría religión oficial (aunque en una calculada concesión a la Iglesia católica se reconocía que el catolicismo era un hecho social al indicar que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española»); la mayoría de edad se reducía a los dieciocho años, y se abolía la pena de muerte. Pero, rompiendo de manera drástica con el pasado reciente, las Cortes introdujeron en las nuevas leyes españolas el derecho a la autonomía de las nacionalidades «históricas», especialmente para Cataluña y País Vasco.

El artículo 2 de la Constitución proclamaba la «indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», pero con la salvedad de que «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas». Los posteriores estatutos de autonomía reconocieron la tradición y antigüedad de la diversidad lingüística y de los sentimientos regionales dentro de un Estado hasta entonces tan sumamente centralizado como el español, y también, en concreto, la desproporcionada importancia demográfica de Cataluña, así como el profundo sentimiento autonomista que se sentía tanto en esta comunidad como en el País Vasco. Pero lo que se concedía a algunos españoles, difícilmente podía negarse a otros. Pasados cuatro años España estaba dividida en diecisiete unidades administrativas, cada una con bandera y capital propias. No solo se reconoció el carácter distinto y autónomo de catalanes y vascos, sino, entre otros, el de gallegos, andaluces, canarios, valencianos y navarros[15].

Sin embargo, según la nueva Constitución, el Gobierno central conservaba la responsabilidad en materia de defensa, justicia y asuntos exteriores, lo cual suponía una cesión inaceptable, especialmente para los nacionalistas vascos. Como hemos visto, ETA, durante los meses en que se debatía la nueva Constitución, había incrementado deliberadamente su campaña de atentados y asesinatos, que, dirigida contra la policía y el ejército, esperaba provocar una reacción violenta e interrumpir un proceso democrático que parecía ir socavando cada vez más las reivindicaciones extremistas.

En 1981 podrían haberlo conseguido. El 29 de enero, cuando el descontento económico estaba en su apogeo (véase más adelante) y Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía se embarcaban en procesos autonómicos de diverso calado, Suárez fue obligado a dimitir por su propio partido, que no estaba molesto por sus fracasos (en las elecciones generales de 1979, ya vigente la nueva Constitución, UCD había vuelto a ganar) sino por sus logros, y por su autocrática gestión. Antes de que otra figura de UCD, Leopoldo Calvo-Sotelo, pudiera sucederle en el cargo, en el País Vasco se convocó una huelga. Para sus críticos de derechas, la España democrática parecía caminar sin rumbo y estaba a punto de dividirse.

El 23 de febrero el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina ocupó el Congreso a punta de pistola. De forma coordinada, el general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la Tercera Región Militar, con sede en Valencia, declaró el estado de emergencia y pidió al Rey que disolviera las Cortes e impusiera un gobierno militar. Aunque al volver la vista atrás las acciones de Tejero y Milans nos parezcan teatrales y torpes, no hay duda de que ambos tenían la tradición y ciertos precedentes de su lado. Además, poco podrían haber hecho las propias Cortes, o los diversos partidos políticos y sus simpatizantes, para impedir un golpe de Estado, mientras que el apoyo del ejército no estaba nada claro[16].

Lo que determinó el resultado y también el perfil de la posterior historia de España fue el tajante rechazo mostrado por el rey Juan Carlos I a las exigencias de los conjurados, así como su alocución televisada, en la que mostró su férrea defensa de la Constitución y la inequívoca identificación de su propia figura y de la Monarquía con la aún incipiente mayoría democrática del país. Probablemente, ambos bandos quedaron igualmente sorprendidos por el valor de un joven rey que hasta entonces había vivido bajo el espectro de su propio nombramiento por parte del difunto dictador; sin embargo, ahora su suerte quedaba irremisiblemente ligada al régimen parlamentario. Al carecer de un símbolo o de una institución que aglutinara sus fuerzas, la mayoría de esos policías, soldados y demás nostálgicos del antiguo régimen abandonaron sus sueños levantiscos o de recuperación del régimen y se limitaron a apoyar a la Alianza Popular de Manuel Fraga, un partido recientemente constituido para enfrentarse con «los más peligrosos enemigos de España: el comunismo y el separatismo», pero respetando la ley.

El descrédito que Tejero había llevado a su «causa» ofreció inicialmente a las Cortes la oportunidad de reducir el presupuesto militar y de aprobar una ley de divorcio largamente esperada. Pero la mayoría de UCD se encontraba cada vez más encajonada entre una derecha clerical y nacionalista inquieta por el ritmo de los cambios, perturbada por las autonomías regionales y ofendida por la relajada moral pública de la nueva España, y una izquierda socialista más segura de sí misma que, dispuesta a hacer cesiones sobre cuestiones constitucionales, mostraba sin embargo un rostro intransigente ante el quisquilloso movimiento sindical y ante el creciente número de parados.

Al igual que en Portugal, la transición política había llegado en una difícil coyuntura económica. Ello se debía en gran medida a los últimos gobiernos de la era de Franco, que entre 1970 y 1976 habían tratado de ganar popularidad incrementando el gasto y el empleo públicos, subvencionando los precios energéticos, conteniendo los precios mientras subían los salarios y prestando poca atención al futuro a largo plazo. En 1977 comenzaron a sentirse las consecuencias de esta indiferencia: en junio, en el momento de celebrarse las elecciones generales, la inflación llegó al 26 por ciento anual, las arcas del Estado (ya de por sí diezmadas por el regresivo sistema fiscal franquista) se estaban agotando y el paro entraba en una larga curva ascendente. Entre 1973 y 1982 el país perdió alrededor de un millón ochocientos mil empleos[17].

Al igual que en la fugaz República de los años treinta, España estaba desarrollando una democracia en plena recesión económica y se comentaba con frecuencia que el país podía seguir la senda de Argentina, en la que los salarios determinados por el IPC y los precios subvencionados por el Estado degeneraron en una hiperinflación. Si esta situación se evitó, hay que atribuir gran parte de la responsabilidad a los firmantes de los llamados Pactos de la Moncloa de octubre de 1977, los primeros de una serie de acuerdos consensuados en los que políticos, sindicalistas y patronos acordaron acometer una amplia gama de reformas: devaluación de la moneda, introducción de una política de rentas, control del gasto estatal y aplicación de reformas estructurales en el enorme y despilfarrador sector público del país.

Los Pactos de la Moncloa y sus sucesores (el último acuerdo se firmó en 1984) no obraron milagros. El déficit de la balanza de pagos, en parte debida a la segunda crisis del petróleo, empeoraba cada vez más; muchas pequeñas empresas quebraron y el desempleo y la inflación crecían al unísono, produciendo una oleada de huelgas y agrias escisiones dentro de los sindicatos de izquierdas y del Partido Comunista, que se mostraba reacio a seguir compartiendo la responsabilidad de los costes sociales de la transición democrática. Pero no hay duda de que, sin los Pactos, esas divisiones y sus consecuencias sociales habrían sido todavía más graves.

En las elecciones de octubre de 1982, cuando la crisis económica estaba en su apogeo, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento y Felipe González se convirtió en presidente del Gobierno, puesto que conservaría durante los catorce años siguientes. Los centristas de Suárez —que habían dirigido la transición desde el franquismo— fueron prácticamente barridos de las cámaras y solo lograron dos escaños. El PCE obtuvo cuatro, lo cual suponía una humillante derrota que provocó la dimisión de Santiago Carrillo. A partir de ese momento, la política española seguiría la pauta del resto de Europa occidental, concentrándose en torno al centro izquierda y al centro derecha, en este caso la Alianza Popular de Fraga (rebautizada Partido Popular en 1989), que logró un sorprendente 26,5 por ciento de los sufragios.

El PSOE había hecho campaña con un programa populista y anticapitalista, que prometía, entre otras cosas, la conservación del empleo y del poder adquisitivo de los trabajadores, y también la salida de la OTAN. Sin embargo, una vez en el poder, González aplicó políticas de austeridad económica, inició el proceso de modernización (y más tarde de progresiva privatización) del sector industrial y de servicios español, y en 1986 derrotó a muchos de sus propios partidarios en un referéndum sobre la pertenencia de España a la OTAN, de la que ahora era partidario[18].

Estos cambios de rumbo no granjearon a González el aprecio de los viejos socialistas, que veían cómo su partido se estaba distanciando de su arraigada filiación marxista[19]. Pero para un político cuyos apoyos esenciales radicaban cada vez más en hombres y mujeres demasiado jóvenes como para recordar la Guerra Civil, y cuyo objetivo manifiesto era superar el atraso de España —que venía afectando a la Península desde el final del Siglo de Oro y que era un tema muy debatido— la vieja izquierda constituía un problema, no una solución. Para González, el futuro del país no estaba en el socialismo, sino en Europa. El 1 de enero de 1986 España, acompañada de Portugal, se integró plenamente en la Comunidad Europea.

La transición a la democracia de la Europa mediterránea fue el proceso más notable e inesperado de la época. A comienzos de los ochenta, España, Portugal y Grecia no solo se habían convertido pacíficamente en democracias parlamentarias, sino que en los tres países partidos socialistas —clandestinos y abiertamente anticapitalistas solo unos años antes— constituían ahora la fuerza política dominante, y gobernaban de hecho desde el centro. Los regímenes de Salazar y Franco no solo se apearon del poder, sino de la memoria, mientras una nueva generación de políticos competía por lograr el apoyo de un electorado joven y «moderno».

Varias razones explicaban esta evolución. Una, ya mencionada, era que en España, en concreto, la que se había quedado muy atrás era la estructura política, no la sociedad en su conjunto. El desarrollo económico de la última década franquista y la movilidad a gran escala, tanto social como geográfica, que trajo consigo significaba que la vida y las expectativas cotidianas de los españoles habían cambiado mucho más de lo que suponían los observadores exteriores, que aún miraban el país a través del prisma del periodo comprendido entre 1936 y 1956. A los jóvenes de la Europa mediterránea no les resultó difícil adaptarse a pautas sociales que eran habituales desde hacía tiempo en el norte; de hecho, ya lo estaban haciendo antes de que tuvieran lugar las grandes transformaciones políticas. Impacientes por librarse de las constricciones de otra época, acogían con especial escepticismo tanto la retórica de derechas como la de izquierdas, y las viejas lealtades no los conmovían. Quienes visitaban Madrid o Lisboa en los años posteriores a la transición se quedaban siempre atónitos al comprobar la ausencia de cualquier tipo de referencia al pasado reciente, tanto en el ámbito político como en el cultural[20].

La irrelevancia que tomarían los años treinta aparecía proféticamente representada en La guerre est finie (La guerra ha terminado), la película triste y elegíaca filmada en 1966 por Alain Resnais y en la que el exiliado comunista español Diego —encarnado por el incomparable Yves Montand— viaja clandestinamente de París a Madrid, transportando valerosamente textos subversivos y planes para un «levantamiento obrero» que sabe que nunca tendrá lugar. «¿No lo entendéis?», trata de explicar a los responsables del partido, que, instalados en París, sueñan con reactivar las esperanzas de 1936. «España se ha convertido en el estandarte lírico de la izquierda, en un mito para los veteranos de guerras pasadas. Entre tanto, catorce millones de turistas pasan sus vacaciones cada año en España. La realidad del mundo se nos resiste». No es casual que el guión de la película lo escribiera Jorge Semprún, que, después de muchas décadas como agente comunista clandestino, abandonó el partido consternado por la estrechez de miras de su nostalgia.

A comienzos de los ochenta era innegable la especial renuencia de la juventud española a ocuparse del pasado reciente, sobre todo en su manifiesto rechazo de los viejos códigos de comportamiento público tocantes al lenguaje, la indumentaria y, sobre todo, cualquier clase de convención sexual. Las conocidas películas de Pedro Almodóvar suponen una especie de tímido revés de cincuenta años de trasnochado régimen autoritario, un concentrado de las nuevas pautas contraculturales. Dirigidas con una perspectiva ingeniosa y existencialista, sus tramas suelen presentar a jóvenes desconcertadas en situaciones de alto contenido sexual. En Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, de 1980, realizada solo tres años después de que el país celebrara sus primeras elecciones libres, los personajes se ríen con complicidad de las «erecciones generales» y de la «ola de erotismo que nos invade».

Dos años después, en Laberinto de pasiones, unos amanerados terroristas se preguntaban en determinado momento si «las mariconadas son más importantes que el deseo de todo un pueblo». En cada película, el entorno se hace más vistoso y las localizaciones urbanas más elegantes. En 1988, en Mujeres al borde de un ataque de nervios, Almodóvar había logrado compendiar de forma cinematográficamente creíble una sociedad moderna acelerada y consciente de sí misma, que trataba con desesperación de recuperar el tiempo perdido[21].

Resulta todavía más irónico que estos cambios no los posibilitaran radicales o innovadores culturales y políticos, sino conservadores hombres de Estado de los antiguos regímenes. Konstantinos Karamanlís, Antonio de Spínola y Adolfo Suárez —al igual que Mijaíl Gorbachov algunos años después— eran productos característicos de los sistemas que ayudaron a desmantelar. Es cierto que Karamanlís había estado exiliado durante la época de los coroneles, pero era un nacionalista tan irreprochable y tan estrecho de miras como cualquier otro; además, era el responsable directo de las mancilladas elecciones griegas de 1961, que tan determinantes fueron para desacreditar el sistema de postguerra y llevar al ejército al poder.

Pero lo que permitió a esos hombres desmantelar las instituciones autoritarias a las que con tanta lealtad habían servido fue la propia seguridad que transmitieron a los sectores que los apoyaban. A su vez, ellos fueron sustituidos por gobernantes socialistas —Soares, González, Papandreu— que lograron convencer a sus propios partidarios de que mantenían sus credenciales radicales, al tiempo que, forzados por las circunstancias, ponían en práctica políticas económicas moderadas, y con frecuencia impopulares. La transición, en palabras de un eminente analista español, «requería de los franquistas fingir que no lo habían sido nunca, y de las izquierdas fingir que seguían comprometidas con los principios tradicionales de la izquierda[22]».

En consecuencia, las circunstancias del momento obligaron a muchos a abjurar de la noche a la mañana de arraigados principios. El conocido aroma a promesas juiciosamente rotas y recuerdos convenientemente traspapelados pesó mucho sobre la vida pública mediterránea de esos años y debió de tener bastante que ver con el espíritu escéptico y apolítico de la nueva generación que surgió en los tres países. Pero aquellos que, desde los comunistas a los falangistas, se aferraron con fe y sin arrepentimiento a los compromisos del pasado, fueron superados con rapidez por los acontecimientos. La constancia no hacía bien las veces de la relevancia.

Finalmente, España, Portugal y Grecia, a pesar de su autoimpuesto aislamiento político, consiguieron entrar o volver a entrar en «Occidente» con tan pocas dificultades porque sus políticas exteriores siempre habían sido compatibles con las de la OTAN o los Estados de la CEE (de hecho, se alinearon con ellas). Las instituciones de la Guerra Fría, por no mencionar el anticomunismo que compartían, facilitaron la creciente comunicación y colaboración entre las democracias pluralistas y las dictaduras militares o de corte clerical. Después de muchos años de pasarse el tiempo en reuniones, negociaciones, planificaciones o simplemente haciendo negocios con socios no electos, hacía tiempo que norteamericanos y europeos occidentales habían dejado de mostrarse claramente ofendidos ante las disposiciones internas de Madrid, Atenas o Lisboa.

En consecuencia, para la mayoría de los observadores —entre ellos, muchos de los propios críticos nacionales— la situación de los desagradables regímenes de la Europa meridional no se definía tanto por su bancarrota moral como por su anacronismo institucional. Además, estaba claro que sus economías, en ciertos sentidos esenciales, eran parecidas a las de las naciones occidentales y que ya estaban bien integradas en los mercados internacionales de dinero, bienes y trabajo. Hasta el Portugal de Salazar era una parte reconocible del sistema capitalista internacional, aunque situado en su extremo equivocado. La clase media emergente, sobre todo en España, modeló sus ambiciones, no menos que su indumentaria, fijándose en directivos, empresarios, ingenieros, políticos y funcionarios de Francia, Italia o el Reino Unido. Pese a todo su retraso, las sociedades de la Europa mediterránea ya pertenecían a un mundo en el que ahora aspiraban a entrar en igualdad de condiciones, y lo que más favoreció la transición desde sus respectivos regímenes autoritarios fue la oportunidad que se les concedió para que lo hicieran. Las élites de estos países, que en su día habían mirado decididamente hacia atrás, ahora miraban hacia el norte. Parecía que la geografía había triunfado sobre la historia.

Entre 1973 y 1986, la Comunidad Europea experimentó uno de sus periódicos estallidos de actividad y expansión, que un historiador ha denominado su «secuencia de irregulares big bangs». El presidente francés Georges Pompidou, liberado al morir De Gaulle de la hipoteca que suponía la desaprobación de su protector —y bastante perturbado, como hemos visto, por las consecuencias estratégicas de la nueva Ostpolitik de Willy Brandt— dejó claro que acogería de buen grado la integración del Reino Unido en la CEE. En enero de 1972 este organismo aprobó formalmente en Bruselas que la entrada del Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega tendría lugar un año después.

El éxito de la solicitud de ingreso británica fue obra del primer ministro conservador Edward Heath, el único líder político británico desde la Segunda Guerra Mundial que sin ambages y con entusiasmo se había mostrado a favor de que su país vinculara su suerte a la de sus vecinos del continente. Cuando el Partido Laborista volvió al poder en 1974 y convocó un referéndum para validar la pertenencia a la CEE, el país ratificó esta por diecisiete millones trescientos mil votos a favor frente a ocho millones cuatrocientos mil en contra. Pero ni siquiera Heath podía conseguir que los británicos —sobre todo los ingleses— se sintieran europeos, y una parte considerable del electorado, tanto de derechas como de izquierdas, siguió dudando de las ventajas de estar «en Europa». Por su parte, los noruegos percibían con bastante claridad que estaban mejor fuera: en un referéndum celebrado en septiembre de 1972, el 54 por ciento de los votantes rechazó la pertenencia a la CEE, optando por establecer con ella un limitado acuerdo de libre comercio, decisión que se confirmó dos años después con un porcentaje de votos prácticamente idéntico[23].

La pertenencia del Reino Unido a la CEE resultó polémica años después, cuando la primera ministra Margaret Thatcher se opuso a los incipientes proyectos de fomento de la Unión, exigiendo que se devolvieran a Gran Bretaña los «pagos excesivos» que hacía al presupuesto comunitario. Pero en los setenta Londres tenía sus propios problemas y, pese al impacto inflacionario que tuvo la entrada en la CEE, el país se sentía en parte aliviado al formar parte de un área comercial que le proporcionaba un tercio de la inversión que recibía. Las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo se celebraron en 1979 —hasta entonces, los miembros de la Asamblea Europea con sede en Estrasburgo eran elegidos por los respectivos parlamentos nacionales—, pero apenas suscitaron interés popular. Como cabía esperar, en el Reino Unido el porcentaje de voto fue escaso, solo el 31,6 por ciento, si bien tampoco fue muy elevado en otros países: en Francia, solo tres de cada cinco electores se molestaron en votar; en Holanda fueron todavía menos.

La adhesión de los tres países de la «franja norte» de la CEE fue relativamente fácil, tanto para los recién llegados como para los veteranos. Irlanda era pobre, pero pequeña, mientras que Dinamarca y el Reino Unido eran ricos y por tanto contribuyentes netos al presupuesto comunitario. Al igual que en la siguiente ronda de prósperas incorporaciones, la que en 1995 sumó Austria, Suecia y Finlandia a lo que por entonces ya era la Unión Europea, los nuevos Estados miembros nutrieron las arcas y la influencia de una comunidad en crecimiento sin elevar de manera reseñable sus costes ni competir en áreas delicadas con los miembros veteranos. Los recién llegados del sur eran harina de otro costal.

Grecia, al igual que Irlanda, era pequeña y pobre y su agricultura no suponía ninguna amenaza para los agricultores franceses. De manera que, pese a algunos obstáculos institucionales —la Iglesia ortodoxa tenía carácter oficial y era influyente: el matrimonio civil, por poner solo un ejemplo, no se permitió hasta 1992— no había argumentos poderosos en contra de su admisión, de la que fue paladín el presidente francés Giscard d’Estaing, entre otros. Pero en lo tocante a Portugal y, sobre todo, a España, los franceses mostraron una enorme oposición. Al sur de los Pirineos costaba mucho menos cultivar y comercializar artículos como el vino, el aceite de oliva, la fruta y otros productos agrícolas; si España y Portugal entraban en el mercado común europeo en igualdad de condiciones, los agricultores ibéricos supondrían una dura competencia para los productores franceses.

De modo que Portugal y España tardaron nueve años en entrar en la CEE (mientras que la solicitud de Grecia fue aceptaba en menos de seis), y durante ese tiempo la imagen pública de Francia, tradicionalmente positiva en la península Ibérica, cayó en picado: en 1983, cuando se habían cumplido dos tercios del enconado periodo de negociaciones, solo el 39 por ciento de los españoles tenía una opinión favorable de Francia, lo cual no era un punto de partida muy prometedor para el futuro común de ambos países. Parte del problema residía en el hecho de que la llegada de los Estados mediterráneos no solo comportaba compensar a París con un aumento de los fondos comunitarios destinados a los agricultores franceses: la adhesión de España, Portugal y Grecia suponía la incorporación de cincuenta y ocho millones de personas a la Comunidad, la mayoría pobres y, por tanto, posibles destinatarias de diversos programas y subvenciones financiados desde Bruselas[24].

De hecho, con la incorporación de tres nuevos países, pobres y agrarios, el Fondo Agrícola Común tuvo que soportar nuevas y pesadas cargas, y Francia dejó de ser su principal beneficiario. De manera que había que llegar cuidadosamente a diversos acuerdos y compensar a los franceses por sus «pérdidas». A su vez, se indemnizaba como era debido a los recién llegados por sus propias desventajas y por el largo «periodo de transición» que Francia logró imponer antes de permitir que sus exportaciones entraran en Europa en igualdad de condiciones. Los Programas Mediterráneos Integrados —subsidios regionales en la práctica, aunque todavía no nominalmente— que se aprobaron para España y Portugal a su llegada a la CEE en 1986, no fueron ofrecidos a los griegos en 1981, y Andreas Papandreu logró que se extendieran a su país, ¡llegando incluso a amenazar con sacar a Grecia de la CEE si se le negaban[25]!.

Fue por tanto en estos años cuando la Comunidad Europea adquirió la poco halagüeña imagen de una especie de mercado de ganado institucionalizado, en el que los países cambiaban alianzas políticas por recompensas materiales, que eran contantes y sonantes. A los españoles y los portugueses les fue bastante bien con «Europa» (aunque no tan bien como a Francia) y los negociadores españoles se fueron haciendo muy diestros en fomentar y consolidar las ventajas financieras de su país. Pero fue Atenas la que se llevó la parte del león: pese a quedarse rezagada en relación con el resto de la Comunidad durante los años ochenta (sustituyendo a Portugal en el puesto de su país más pobre en 1990), se benefició enormemente de su pertenencia a la CEE.

En realidad, la razón de que le fuera tan bien era su pobreza (en 1990 la mitad de las regiones más humildes de la Comunidad eran griegas). Para Atenas, el hecho de ser miembro de la CEE supuso un segundo Plan Marshall: solo entre 1985 y 1989, Grecia recibió siete mil novecientos millones de dólares en fondos comunitarios; proporcionalmente más que ningún otro Estado. Mientras no hubiera otros países pobres en la cola, este grado de generosidad redistributiva —el precio de la aquiescencia griega a las decisiones comunitarias— podría ser absorbido por los principales países pagadores de la Comunidad, especialmente por Alemania Occidental. Pero después de la gravosa unificación alemana y ante el nuevo grupo de indigentes de Europa oriental que solicitaban su adhesión, los generosos precedentes de los años de la incorporación mediterránea a la CEE resultarían, como veremos, onerosos y polémicos.

La Comunidad Europea se hizo más difícil de manejar a medida que aumentaba su tamaño. La unanimidad que se precisaba en el Consejo de Ministros intergubernamental propiciaba debates interminables. Se podía tardar años en consensuar una decisión (una directiva sobre la denominación y la regulación del agua mineral tardó once años en salir de las dependencias del Consejo). Había que hacer algo. Desde hacía tiempo imperaba la opinión de que el «proyecto» europeo necesitaba una inyección de objetivos y de energía —una conferencia celebrada en La Haya en 1969 había sido la primera de una serie de reuniones informales destinada a «relanzar Europa»— y, entre los años 1975 y 1981, la amistad personal entre el presidente francés Valéry Giscard d’Estaing y el canciller alemán Helmut Schmidt favoreció ese propósito.

Pero era más fácil avanzar mediante la integración económica negativa —eliminando aranceles y restricciones comerciales, subvencionando regiones y sectores desfavorecidos— que acordar una serie de criterios decididos que precisaran de una acción política positiva. La razón era bastante sencilla. Siempre que hubiera dinero suficiente para continuar, la cooperación económica podría presentarse como un beneficio neto para todas las partes; mientras que cualquier medida política encaminada a la integración o la coordinación europea amenazaría tácitamente las autonomías nacionales y restringiría su iniciativa política. El cambio solo podría producirse cuando poderosos dirigentes de países destacados acordaran, por sus propios intereses, trabajar juntos en pos de un propósito común.

De manera que fueron Georges Pompidou y Willy Brandt quienes lanzaron el primer sistema de coordinación monetaria europeo, la «serpiente»; Helmut Schmidt y Giscard d’Estaing quienes lo convirtieron en el sistema monetario europeo (SME), y Helmut Kohl y Frangois Mitterrand, sus respectivos sucesores, los que planearon el Tratado de Maastricht de 1992, que dio lugar a la Unión Europea. También fueron Giscard d’Estaing y Schmidt quienes inventaron la «diplomacia en la cumbre» con el fin de esquivar los obstáculos de la pesada burocracia supranacional de Bruselas, lo cual servía para recordar una vez más que, como en el pasado, la cooperación francoalemana era una condición imprescindible para la unificación de Europa occidental.

Detrás de las iniciativas francoalemanas de los setenta estaba la ansiedad económica. La economía europea crecía, cuando lo hacía, con lentitud, la inflación era endémica y la incertidumbre producida por la desaparición del sistema de Bretton Woods significaba que los tipos de cambio eran inestables e impredecibles. Al ser de índole regional en lugar de internacional, la «serpiente», el SME y el ecu eran una especie de respuesta alternativa al problema; uno tras otro fueron sustituyendo el dólar por el marco alemán como divisa estable de referencia para los bancos y mercados europeos. Era lógico que el siguiente paso fuera, pese a todas sus perturbadoras consecuencias simbólicas, sustituir unos años más tarde las monedas nacionales por el euro. De este modo, la aparición final de una moneda única europea fue el resultado de una serie de respuestas pragmáticas a los problemas económicos, no una calculada medida estratégica tomada en la senda de un objetivo europeo predeterminado.

No obstante, al convencer a muchos observadores, sobre todo a los hasta entonces escépticos socialdemócratas, de que la recuperación económica y la prosperidad ya no podían lograrse únicamente en un ámbito nacional, la exitosa colaboración monetaria de los Estados europeos occidentales sirvió de inesperado trampolín hacia otras formas de acción colectiva. Al no haber, en principio, ningún sector poderoso que se opusiera, los jefes de Estado y presidentes de Gobierno comunitarios firmaron una declaración solemne en 1983 comprometiéndose a constituir la futura Unión Europea, cuya forma concreta se discutió trabajosamente durante las negociaciones conducentes al Acta Única Europea (AUE), que, aprobada por el Consejo Europeo en diciembre de 1985, entró en vigor en julio de 1987.

El AUE fue la primera revisión importante del Tratado de Roma original. El artículo 1 establecía con claridad que «las comunidades europeas y la cooperación política europea tienen como objetivo contribuir conjuntamente a hacer progresar de manera concreta la Unión Europea». Y limitándose a sustituir «Comunidad» por «Unión» los líderes de los Doce dieron, en principio, un paso adelante decisivo. Pero los signatarios evitaban o posponían todos los asuntos realmente polémicos, especialmente la creciente carga que suponía el presupuesto agrícola de la Unión. También esquivaron cautelosamente la bochornosa ausencia de cualquier tipo de política común en materia de defensa o de asuntos exteriores. Durante el apogeo de la nueva Guerra Fría de los años ochenta, y cuando estaban a punto de producirse trascendentales procesos a unas decenas de kilómetros hacia el este, los Estados miembros de la Unión Europea mantenían la mirada resueltamente fija en los asuntos internos de lo que, aun abarcando a unos trescientos millones de personas, todavía era esencialmente un mercado común.

Sin embargo, sí estaban de acuerdo en acercarse con determinación a un auténtico mercado único de bienes y de trabajo (que entraría en vigor en 1992), y en aplicar al proceso de toma de decisiones de la Unión un sistema de votación basado en «mayorías cualificadas», es decir, caracterizado por la insistencia de los miembros principales (sobre todo el Reino Unido y Francia) en el mantenimiento de su capacidad para bloquear propuestas consideradas dañinas para sus intereses nacionales. Fueron cambios realmente trascendentales y pudieron acordarse porque, en principio, todos, desde Margaret Thatcher hasta los verdes alemanes, eran partidarios de un mercado único, aunque por razones bastante distintas. Facilitaron y anticiparon la auténtica integración económica de la década siguiente.

Era inevitable dejar atrás el sistema de vetos nacionales vigente en el Consejo Europeo si se quería tomar algún tipo de decisión en una comunidad de Estados cada vez más voluminosa, cuyas dimensiones se habían multiplicado por dos en solo trece años y que ya preveía la solicitud de entrada de Suecia, Austria y otros países. Cuanto más creciera la futura Unión Europea, más atractiva, y de algún modo más «inevitable», resultaría para quienes aún no estaban dentro. Sin embargo, para los ciudadanos de los Estados miembros, el rasgo más característico de la Unión en esos años no fue ni cómo se gobernaba (algo sobre lo que la mayoría de sus habitantes no tenía ni idea), ni cuáles eran los proyectos que tenían sus dirigentes para incrementar la integración, sino la cantidad de dinero que entraba en sus arcas y cómo se desembolsaba.

El Tratado de Roma inicial solo contemplaba la creación de un organismo con el cometido específico de identificar regiones dentro de los Estados miembros que precisaran de asistencia y a las que posteriormente la Comunidad entregaría dinero: se trataba del Banco Europeo de Inversiones, en cuya fundación insistió Italia. Pero, una generación después, en Bruselas los gastos regionales, en forma de subvenciones en metálico, ayudas directas, fondos para iniciar proyectos y otros incentivos a la inversión, constituían la razón principal de la expansión presupuestaria, y eran, con mucho, el principal mecanismo de presión con que contaba la Comunidad.

La explicación radicaba tanto en la confluencia de políticas regionalistas dentro de cada uno de los Estados miembros como en las crecientes disparidades económicas existentes entre los mismos. Durante los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los Estados europeos seguían siendo unitarios y se gobernaban desde el centro sin apenas consideración por las peculiaridades o tradiciones locales. Solo la nueva Constitución italiana de 1948 llegó a reconocer la necesidad de autoridades regionales; pero hasta en este caso el carácter limitado de los organismos estipulados convirtió la disposición en papel mojado durante un cuarto de siglo. Sin embargo, justo cuando las demandas de autonomía se tornaban un factor importante en los cálculos políticos internos de toda Europa, la CEE creó, por sus propias razones, un sistema de asistencia periférico, iniciado en 1975 con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Desde el punto de vista de los funcionarios radicados en Bruselas, el FEDER y los demás «fondos estructurales» tenían dos funciones. La primera era abordar el problema del atraso y el desequilibrio económico dentro de una Comunidad que se seguía guiando en gran medida por la cultura de «crecimiento» de la postguerra, como puso claramente de manifiesto el Acta Única Europea. Cada vez que se incorporaba un nuevo grupo de países, traía consigo nuevas desigualdades que exigían ser atendidas y compensadas para que la integración económica fuera factible. El Mezzogiorno italiano ya no era, como antaño, la única región empobrecida. Casi toda Irlanda; algunas zonas del Reino Unido (el Ulster, Gales, Escocia y el norte y oeste de Inglaterra); gran parte de Grecia y Portugal; y las regiones del sur, centro y noroeste de España eran pobres y, para ponerse al mismo nivel que las demás, precisarían de subvenciones y reasignaciones de recursos considerables por parte de los organismos centrales.

En 1982, si situamos la renta media de la Comunidad en 100, Dinamarca era el miembro más rico (con 126) y Grecia el más depauperado (con solo 44). En 1989, el PIB per cápita de Dinamarca seguía siendo más del doble del de Portugal (en Estados Unidos, los estados ricos solo superaban a los pobres en dos tercios de ese indicador). Y estos eran promedios nacionales: las diferencias regionales eran aún mayores. Hasta los países ricos tenían zonas desfavorecidas: cuando Suecia y Finlandia entraron en la Unión a mediados de los años noventa, sus regiones árticas, despobladas y totalmente dependientes de fondos de mantenimiento y otras subvenciones provenientes de Estocolmo y Helsinki, ahora también podían reclamar la asistencia de Bruselas. Los organismos comunitarios dedicarían ingentes sumas de dinero a corregir las deformaciones geográficas y comerciales que condenaban a Galicia o a la región sueca de Västerbotten a la dependencia, lo cual produjo indudables beneficios en esas regiones, pero que creó de paso burocracias locales gravosas, lentas y en ocasiones corruptas[26].

La segunda función que tenían los costosísimos fondos europeos destinados a proyectos regionales —los diversos fondos estructurales y de cohesión consumirían a finales del siglo XX el 35 por ciento del gasto total de la Unión Europea— era posibilitar que la Comisión Europea esquivara a los gobiernos centrales poco dispuestos a cooperar, con el fin de colaborar directamente con los intereses regionales de cada uno de los Estados miembros. Esta estrategia tuvo un enorme éxito. El regionalismo crecía por doquier (en algunos casos reviviendo) desde finales de los años sesenta. Ahora, los antiguos militantes de 1968, sustituyendo el dogma político por el sentimiento de pertenencia regional, trataban de revivir y utilizar la antigua lengua occitana del suroeste de Francia. Al igual que sus compañeros de lucha de Bretaña, hicieron causa común con nacionalistas catalanes, vascos, escoceses y flamencos, así como con los separatistas del norte de Italia y muchos otros, siempre descontentos con el «mal gobierno» de Madrid, París, Londres o Roma.

El nuevo regionalismo se encuadraba en otras muchas subcategorías superpuestas —históricas, lingüísticas o religiosas, autonomistas, defensoras del autogobierno o incluso directamente independentistas— aunque solía dividirse entre el de las provincias ricas, resentidas por verse obligadas a subvencionar a regiones miserables de su propio país; y el de zonas históricamente desfavorecidas o recientemente desindustrializadas, furiosas por la falta de atención de políticos nacionales insensibles. En la primera categoría se encuentran Cataluña, Lombardía, Flandes, los estados alemanes de Baden-Württemberg y Baviera, y la región francesa de Ródano-Alpes, al sureste del país (que junto a Île-de-France representaba casi el 40 por ciento del PIB francés en 1990). En la segunda categoría se hallan Andalucía, gran parte de Escocia, la Valonia francófona y muchas otras regiones.

Las políticas regionales europeas podían favorecer a los dos grupos. Regiones ricas como Cataluña y Baden-Württemberg establecieron oficinas en Bruselas y aprendieron a ejercer presión para conseguir inversiones de la Comunidad o para lograr políticas que privilegiaran más las instituciones locales que las nacionales. Los representantes políticos de las comarcas desfavorecidas se dieron la misma prisa en manipular las subvenciones y ayudas de Bruselas para incrementar su propia popularidad en el ámbito local, y presionar así a las dóciles autoridades de Dublín o Londres para fomentar e incluso complementar la generosidad de Bruselas. A todo el mundo le venía bien este arreglo: las arcas europeas podían sufrir una hemorragia millonaria para subvencionar el turismo en la despoblada zona occidental de Irlanda o avalar la imposición de incentivos fiscales destinados a atraer a los inversores a zonas de desempleo crónico, como Lorena o Glasgow; pero, aunque solo fuera por un inteligente interés egoísta, los beneficiarios se estaban convirtiendo en fieles «europeos». Así logró Irlanda sustituir o modernizar gran parte de su ruinosa red de transportes y de alcantarillado, y no fue el único de los países miembros más pobres y periféricos en hacerlo[27].

El Acta Única Europea amplió las competencias comunitarias a muchas políticas —medio ambiente, prácticas laborales, iniciativas locales de investigación y desarrollo— en las que la CEE no había participado anteriormente y que siempre conllevaban el desembolso directo de fondos desde Bruselas a los organismos locales. Esta acumulativa «regionalización» de Europa era burocrática y costosa. Por poner solo un ejemplo nimio, que puede representar otros cientos de ellos, en 1975, la región italiana de Alto Adigio (Tirol del Sur), situada junto a la frontera del país con Austria, fue clasificada oficialmente por Bruselas de «montañosa» (algo indiscutible); trece años más tarde fue declarada oficialmente «rural» en más del 90 por ciento de su extensión (algo no menos evidente para cualquier viajero que la cruzara), o, según la jerga de Bruselas, «área de objetivo 5-b». En esta doble condición, el Alto Adigio ahora tenía derecho a fondos de protección medioambiental, así como a ayudas para apoyar la agricultura, promover la formación profesional, fomentar la artesanía tradicional y mejorar las condiciones de vida con el fin de no perder población.

De este modo, entre 1993 y 1999 esta diminuta región recibió un total de noventa y seis millones de ecus (más o menos equivalente a la misma cifra de euros de 2005). Durante el llamado «tercer periodo» de fondos estructurales europeos, que debía transcurrir entre 2000 y 2006, otros cincuenta y siete millones de euros se pusieron a disposición de la provincia. En virtud del «objetivo dos», todo ese dinero se desembolsó en beneficio exclusivo de ochenta y tres mil residentes que vivían en zonas «exclusivamente» montañosas o «rurales». Desde 1990, un departamento gubernamental de Bolzano, capital de esta provincia autónoma, se ha dedicado exclusivamente a informar a los residentes sobre cómo aprovecharse de «Europa» y de sus recursos. Desde 1995 la provincia también se encuentra representada en Bruselas (en la oficina que la región autónoma de Trentino-Alto Adigio, a la que pertenece, comparte con la región austríaca del Tirol). La página web oficial de la provincia de Alto Adigio (disponible en italiano, alemán, inglés, francés y ladino, lengua retorrománica emparentada con el romanche que se habla en el sureste de Suiza) muestra con entusiasmo, y con razón, su eurofilia.

El resultado tanto en el Tirol del Sur como en otras zonas fue que la integración del continente «desde la base», tal como insistían sus partidarios y al margen de cuál fuera su coste, parecía funcionar. En 1985, cuando se instituyó el Consejo de Regiones Europeas (más tarde Asamblea), ya lo integraban 107 miembros, y muchos más habrían de incorporarse. Así se estaba promocionando realmente la constitución de un cierto tipo de Europa unida. El regionalismo, en su día objeto de interés de un puñado de lingüistas retrógrados o de folcloristas nostálgicos, se ofrecía ahora como una identidad «subnacional» alternativa que, desplazando a la propia nación, parecía aún más legítima al contar con el imprimatur que otorgaba el refrendo oficial de Bruselas, e incluso el de las propias capitales nacionales (aunque con un entusiasmo claramente menor).

Quizá los residentes de esta Comunidad cada vez más parcelada, cuyos ciudadanos ahora profesaban múltiples lealtades electivas, de resonancia cultural e importancia cotidiana diversas, fueran ahora menos inequívocamente «italianos», «británicos» o «españoles» que en las décadas anteriores, pero, en consecuencia, esto no les hacía sentirse necesariamente más «europeos», pese a la constante proliferación de etiquetas, elecciones e instituciones europeas. La exuberante efusión de organismos, medios de comunicación, instituciones, representantes y fondos reportó muchos beneficios, pero apenas cosechó afectos. Quizá una de las razones fuera la abundancia misma de entidades oficiales dedicadas a canalizar la generosidad comunitaria y a supervisar su gestión: a la ya de por sí compleja maquinaria del Estado moderno, con sus gobiernos, ministerios, comisiones y direcciones generales, ahora había que añadir otra capa superior (la de Bruselas) e incluso otra inferior (la de la provincia o región).

El resultado no solo fue una burocracia de inusitada magnitud, sino la aparición de una corrupción que, inducida y fomentada por el propio volumen de los fondos disponibles, demandaba en gran medida que se exageraran e incluso inventaran las necesidades locales, alentando prácticamente toda clase de abusos venales en el ámbito local, que pasaban desapercibidos para los gestores de la Unión en Bruselas, pero que corrían el riesgo de desacreditar su empeño ante sus propios beneficiarios. En esos años, a «Europa», atrapada entre la fama de que sus decisiones las tomaban lejanos funcionarios no electos y los bien publicitados rumores de compadreo político y especulación, no le servían de mucho sus propios logros.

Ahora reaparecían a escala continental los conocidos defectos de la política local —clientelismo, corrupción, manipulación— que se suponían superados en los Estados nación mejor gestionados. Los políticos de cada país descargaban prudentemente la responsabilidad pública de los ocasionales euroescándalos sobre los hombros de una clase invisible de eurócratas no electos, cuya mala fama no tenía costes políticos. Entre tanto, el disparatado presupuesto comunitario lo defendían tanto sus beneficiarios como sus promotores, amparándose en el proceso de «armonización» —o justa compensación— entre las diversas naciones (también alimentado por el pozo sin fondo que parecían ser los fondos de la Unión).

«Europa», en suma, estaba comenzando a representar un «peligro moral», tal como sus críticos acérrimos, especialmente en Gran Bretaña, repetían encantados sin cesar. El impulso que durante décadas había tratado de superar la desunión continental a través de medidas puramente técnicas tenía ahora un aspecto claramente político, aunque carecía de la redentora legitimidad de un proyecto político tradicional alentado por una clase política familiar y electa. Aunque Europa tenía realmente un claro objetivo, su estrategia económica seguía enraizada en los cálculos y ambiciones de los años cincuenta. En cuanto al componente político: el tono confiado e intervencionista de los pronunciamientos de la Comisión Europea —y la autoridad y las chequeras abiertas con que los expertos comunitarios caían sobre las regiones más apartadas— denotaban un estilo de gobierno firmemente arraigado en el modelo de las socialdemocracias de los primeros sesenta.

Pese a todos sus loables esfuerzos por superar las deficiencias de los cálculos políticos nacionales, los hombres y mujeres que estaban construyendo «Europa» en los setenta y ochenta seguían siendo curiosamente provincianos. En este sentido, su principal éxito internacional de la época, el Acuerdo de Schengen, firmado en junio de 1985, es absolutamente revelador. Según lo estipulado en este texto, Francia, Alemania Occidental y los países del Benelux acordaban desmantelar sus fronteras comunes y establecer un mismo sistema de control de pasaportes. A partir de ese momento, sería fácil pasar de Alemania a Francia, del mismo modo que hacía tiempo que circular entre Bélgica y Holanda, por ejemplo, no era algo problemático.

Pero, a cambio, los signatarios de Schengen tenían que comprometerse a imponer normativas aduaneras de lo más estricto entre ellos y los países no participantes: si los franceses iban a abrir sus fronteras a cualquiera que viniera de Alemania, tenían que estar seguros de que los alemanes, por su parte, aplicarían criterios muy rigurosos en sus entradas. Por tanto, al abrir las fronteras internas entre algunos miembros de la CEE, el acuerdo reforzaba decididamente las fronteras externas que las separaban de los extranjeros. Desde luego, los civilizados europeos podían superar barreras, pero a los «bárbaros» se les mantendría con firmeza fuera de ellas[28].

XVII

El nuevo realismo

No existe eso que se llama sociedad. Existen hombres y mujeres como individuos, y existen familias.

MARGARET THATCHER

Los franceses están comenzando a entender que son las empresas las que crean riqueza, las que determinan nuestro nivel de vida y las que nos sitúan en los rankings mundiales.

FRANÇOIS MITTERRAND

Cuando el experimento de Mitterrand tocaba a su fin, la izquierda francesa parecía más carente de ideas, esperanzas y apoyos que nunca antes en toda su historia.

DONALD SASSOON

Todas las revoluciones políticas de relevancia van precedidas de una transformación del panorama intelectual. Las perturbaciones sufridas por Europa durante los años ochenta no fueron una excepción. La crisis económica de comienzos de los setenta minó el optimismo que había sentido Occidente en las décadas de postguerra, fracturando los partidos políticos convencionales y lanzando temas inusitados al centro del debate público. A ambos lados de la brecha ideológica creada por la Guerra Fría, el discurso político rompía con decisión la costra de las costumbres mentales formada durante décadas, constituyendo, con inesperada rapidez, otras nuevas. Para bien o para mal, estaba naciendo un nuevo realismo.

La primera víctima del cambio de estado de ánimo fue el consenso que hasta el momento había arropado al Estado de postguerra y a la economía neokeynesiana que constituía su baluarte intelectual. A finales de la década de 1970 el Estado del bienestar europeo estaba empezando a hacer balance del coste que había tenido su propio éxito. La generación de la explosión demográfica de postguerra estaba llegando a la mitad de su ciclo vital y los estadistas de los gobiernos ya estaban advirtiendo lo que costaría sufragar su retiro: un problema que, al adelantarse la edad de la jubilación, cada vez se veía más cerca en el horizonte presupuestario. En 1960, de los varones de Alemania Occidental de entre 60 y 64 años, por ejemplo, el 72 por ciento trabajaba a tiempo completo; 20 años después, solo el 44 por ciento de los hombres de este grupo de edad seguía trabajando. En Holanda, la cifra pasó del 81 al 58 por ciento.

En pocos años, la cohorte más numerosa de cuantas Europa tenía constancia histórica dejaría de pagar impuestos y comenzaría a sacarle grandes sumas a la hacienda pública, ya fuera en forma de pensiones estatales garantizadas o, indirectamente, pero con comparable impacto, al exigir cada vez más servicios médicos y sociales públicos. Además, al ser también la generación mejor alimentada de la historia, lo más probable es que también viviera más. Y a esta preocupación se añadía ahora el coste creciente de abonar subsidios de paro, algo que en 1980 constituía una importante consideración presupuestaria en todos los Estados de Europa occidental.

Estas generalizadas inquietudes no eran infundadas. Los Estados del bienestar de la postguerra descansaban sobre dos presupuestos tácitos: el crecimiento económico y la creación de empleo (y por tanto los ingresos del Estado) se mantendrían en los elevados niveles de los cincuenta y sesenta; y los índices de natalidad se situarían muy por encima del nivel de reemplazo, garantizando la disponibilidad de contribuyentes nuevos que abonaran las jubilaciones de sus padres y de sus abuelos. Ahora, ambos supuestos estaban en entredicho, pero el error de cálculo demográfico era el más acusado. A comienzos de la década de 1980, la ratio de reemplazo demográfica de 2,1 niños por mujer solo se cumplía o rebasaba en Grecia e Irlanda. En la República Federal Alemana se situaba en un 1,4 por ciento. En Italia no tardaría en caer aún más bajo: mientras que en 1950 el 26,1 por ciento de los italianos —más de uno de cada cuatro— tenía menos de 14 años, en 1980 esa cifra solo representaba el 20 por ciento, o uno de cada cinco. En 1990 se reduciría al 15 por ciento, acercándose a uno de cada siete italianos[1].

De este modo, se pensaba que cuando transcurrieran dos décadas en la próspera Europa occidental no se dispondría de gente suficiente para pagar las facturas, y la culpa parecía de la propia prosperidad, además de la disponibilidad de medios anticonceptivos fiables y del aumento del número de mujeres que trabajaba fuera de casa[2]. El resultado fue un aumento todavía mayor de la presión que sufrían los que estaban en posición de pagar. El coste de las pensiones y la provisión de un seguro médico nacional ya suponía en algunos lugares (especialmente en Francia) un gran peso para los empresarios, y era una consideración muy importante en una época en la que los elevados índices de paro eran endémicos. Pero la presión directa que sufría el Tesoro público constituía una preocupación más inmediata: a mediados de la década de 1980, la deuda pública en relación con el PIB estaba llegando a niveles históricos (el 85 por ciento en el caso italiano). En Suecia, en 1977, un tercio del producto interior se empleaba en gastos sociales, una carga presupuestaria a la que solo se podía responder mediante el endeudamiento o subiendo aún más los impuestos a los mismos sectores —trabajadores con empleo, funcionarios y profesionales— de los que había dependido hasta entonces el consenso socialdemócrata.

Desde los años treinta, las políticas públicas habían descansado en un consenso keynesiano que casi nadie cuestionaba y que partía de la base de que la planificación económica, la financiación del déficit y el pleno empleo eran tan intrínsecamente deseables como mutuamente sostenibles. Los críticos del modelo ofrecían dos líneas argumentales. La primera, simplemente, era que la gama de servicios y disposiciones sociales a la que se habían acostumbrado los europeos occidentales no era sostenible. La segunda, presente especialmente en el Reino Unido, donde la economía nacional se había venido tambaleando entre una y otra crisis durante gran parte de las décadas de postguerra, era que, sostenible o no, el Estado intervencionista era un impedimento para el crecimiento económico.

Estos críticos insistían en que el Estado debía estar lo más apartado posible de la producción de bienes y servicios. No tenía que poseer medios de producción, ni asignar recursos, ni ejercer monopolios, ni alentarlos, y tampoco había de fijar precios ni rentas. Para estos neoliberales, gran parte de los servicios que proporcionaba el Estado —seguridad social, vivienda, pensiones, sanidad y educación— podían ser suministrados de forma más eficiente por el sector privado, con unos ciudadanos que pagaran por ellos mediante ingresos que ya no pasarían a engrosar (erróneamente) las arcas públicas. Según el economista austríaco Friedrich Hayek, un destacado exponente del liberalismo defensor del libre mercado, ni siquiera los Estados mejor gestionados podían procesar datos eficientemente y transformarlos en buenas políticas públicas: al procesar la propia información económica, la distorsionaban.

No eran ideas nuevas. Eran las panaceas fundamentales de una generación de liberales prekeynesianos, instruidos en las doctrinas del liberalismo económico propugnadas por la economía clásica. En épocas posteriores los especialistas se familiarizarían con la obra de Hayek y su discípulo estadounidense Milton Friedman. Con la depresión de los años treinta y el apogeo económico de los cincuenta y los sesenta, propulsado por el consumo, estas perspectivas fueron desechadas (al menos en Europa), por considerarlas políticamente miopes y económicamente anacrónicas. Sin embargo, a partir de 1973 los teóricos del libre mercado habían reaparecido, vociferantes y seguros de sí mismos, para echar la culpa de la endémica recesión económica y de las tribulaciones que esta conllevaba al «Estado de grandes dimensiones» y al peso muerto que, mediante los impuestos y la planificación, depositaba sobre las energías y la iniciativa nacionales. En muchos lugares esta estrategia retórica resultó bastante atractiva para votantes jóvenes que no habían experimentado directamente las funestas consecuencias que habían tenido esas ideas la última vez que tuvieron ascendente intelectual, hacía medio siglo. Pero los discípulos políticos de Hayek y de Friedman solo llegaron a controlar las políticas públicas en el Reino Unido, e infligieron una transformación radical a la cultura política del país.

Es bastante irónico que esto ocurriera precisamente en el Reino Unido, porque la economía británica, aunque muy regulada, quizá fuera la menos «planificada» de Europa. El Gobierno manipulaba constantemente los mecanismos reguladores de los precios y las «señales» fiscales, pero en la vida económica británica la única medida de inspiración política fueron las nacionalizaciones iniciadas por el Ejecutivo laborista después de 1945. Y aunque la defensa de la «propiedad estatal de los medios de producción, distribución e intercambio» (cláusula IV de los estatutos de 1918 del Partido Laborista) se había mantenido en las políticas del partido, la mayoría de los líderes laboristas la defendía, si acaso, con la boca pequeña.

El núcleo del Estado del bienestar británico no radicaba en el «colectivismo» económico, sino en las universalizadas instituciones sociales del país, firmemente ancladas en el reformismo propugnado por los contemporáneos liberales de Keynes a comienzos del siglo XX. Lo más importante para los votantes británicos de izquierdas y de derechas no era la planificación económica, sino la gratuidad de la atención sanitaria y la educación, y el transporte público subvencionado. Estos servicios no eran muy buenos —el coste de gestionar el Estado del bienestar en el Reino Unido era en realidad menor que en otros países, gracias a la existencia de servicios infradotados, pensiones insuficientes y viviendas de mala calidad—, pero todo el mundo pensaba que eran un derecho. Por mucho que los críticos liberales censuraran esos bienes sociales por su ineficacia y su bajo rendimiento, estos seguían siendo políticamente intocables.

El Partido Conservador contemporáneo, desde Winston Churchill hasta Edward Heath, había asumido el «contrato social» del Reino Unido, casi con el mismo entusiasmo que los «socialistas» keynesianos laboristas, y durante muchos años se había mantenido firmemente en un territorio intermedio (después de todo, fue Churchill el que observó en marzo de 1943 que «no se puede hacer mejor inversión en una comunidad que dar leche a sus bebés»). Cuando en 1970 Edward Heath reunió a un grupo de partidarios del libre mercado en Selsdon Park, cerca de Londres, con objeto de debatir estrategias económicas para un futuro gobierno conservador, su breve y absolutamente ambiguo escarceo con las propuestas bastante moderadas de los reunidos hizo que cayera sobre él una tormenta de desdeñosas críticas. Acusado de pretender el retorno al primitivismo prehistórico de la jungla económica, el «hombre de Selsdon» se batió precipitadamente en retirada.

Si el consenso político británico se derrumbó durante la década posterior no fue a causa de la confrontación ideológica sino del constante fracaso mostrado por los gobiernos de todos los colores a la hora de identificar e imponer una estrategia económica acertada. Partiendo de la idea de que las tribulaciones económicas del país procedían de un crónico déficit de inversión, de la ineficiencia en la gestión y de endémicas disputas sindicales relacionadas con los salarios y las categorías profesionales, tanto los gobiernos laboristas como los conservadores trataron de sustituir la anarquía de las relaciones laborales británicas por un consenso planificado de corte austro-escandinavo o alemán, es decir, una «política de precios y de rentas», como se conocía en el Reino Unido, con un característico minimalismo empírico.

Fracasaron. El Partido Laborista fue incapaz de imponer orden laboral porque sus «patronos», los líderes de los sindicatos, preferían la confrontación de corte decimonónico en las fábricas —donde tenían muchas posibilidades de ganar— a los convenios negociados firmados en Downing Street, que los habrían atado de pies y manos durante años. Los conservadores, sobre todo el Gobierno de Edward Heath de 1970-1974, tuvieron todavía menos éxito, en gran medida gracias al arraigado e histórico recelo que despertaba en ciertos sectores de las clases trabajadoras británicas —sobre todo de los mineros— cualquier acuerdo con ministerios tories. Así, cuando Heath sugirió el cierre de varias minas deficitarias en 1973, tratando de imponer cortapisas legales al poder que tenían los sindicatos para iniciar conflictos laborales (algo que el Partido Laborista, algunos años antes, había sido el primero en proponer, aunque luego abandonara esta pretensión), su Gobierno se vio obstaculizado por una oleada de huelgas. Cuando convocó elecciones para decidir, según sus propias palabras, «quién dirige el país», perdió por poco frente a Harold Wilson, que prudentemente declinó esgrimir el garrote.

Solo entre 1976 y 1979, durante el Gobierno laborista de James Callaghan, el sucesor de Wilson, comenzó a surgir una nueva política. Instigados por la desesperación y por un préstamo del FMI, Callaghan y su ministro de Hacienda (el temible Denis Healey) intentaron dejar de lado las panaceas fundamentales de la práctica gubernamental de postguerra. Acometieron un programa de restructuración que reconocía el carácter inevitable de cierto grado de desempleo, reducía las transferencias sociales y los costes laborales protegiendo a los empleados cualificados, al tiempo que permitía la aparición de una periferia desfavorecida de trabajadores a tiempo parcial sin protección y sin sindicato, con el fin de controlar y reducir la inflación y el gasto público aun a costa de causar penalidades económicas y de reducir el crecimiento.

Ninguno de esos objetivos se admitía abiertamente. El Ejecutivo laborista mantuvo hasta el final la adhesión a sus valores fundamentales y la defensa de las instituciones del Estado del bienestar, incluso cuando estaba iniciando cautelosamente una ruptura bien planeada, con la intención de imponer con disimulo reformas sobre las que sus antecesores habían sido incapaces de legislar abiertamente. La estrategia no funcionó: los laboristas solo consiguieron enemistarse con sus propios partidarios, sin que se les reconocieran sus logros. En agosto de 1977, en parte gracias a los drásticos recortes del gasto público realizados por el Gobierno laborista, el desempleo había sobrepasado la cifra de un millón seiscientos mil y seguía en aumento. Al año siguiente, durante el «invierno del descontento» de 1978-1979, los principales sindicatos británicos llevaron a cabo una serie de furiosas huelgas coordinadas contra su «propio» Gobierno: la basura no se recogía, los muertos no se enterraban[3].

El primer ministro James Callaghan parecía no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo: cuando un periodista le preguntó por el creciente malestar sindical, anunció con ligereza que no había razón para preocuparse, dando lugar a un famoso titular de prensa —«¿Crisis? ¿Qué crisis?»— que le ayudó a perder las elecciones generales que se vio obligado a convocar en la primavera siguiente. Resulta bastante irónico que los laboristas tuvieran que librar la histórica batalla electoral de 1979 proclamando que no eran responsables de la crisis social con su ruptura radical de las convenciones económicas —cuando esto era exactamente lo que habían hecho—, mientras que el Partido Conservador retomaba arrolladoramente el poder bajo la enérgica dirección de una mujer que insistía en que lo que necesitaba la dolencia británica era precisamente ese tratamiento radical.

En realidad, Margaret Thatcher no era un candidato con posibilidades de desempeñar el papel revolucionario que más tarde tendría. Nacida en Grantham, una aletargada ciudad de provincias de Lincolnshire, era hija de una devota pareja metodista que regentaba una tienda de comestibles. Siempre fue conservadora: su padre fue concejal tory en su ayuntamiento; la joven Margaret Roberts (este era su nombre de soltera) obtuvo una beca para ir a Oxford, donde estudió química y se convirtió en presidenta de la Sociedad Conservadora de la universidad. En 1950, a los veinticinco años, concurrió, sin éxito, a las elecciones generales por el Partido Conservador, siendo la candidata más joven del país. Química de profesión y, más tarde, abogada experta en cuestiones fiscales, llegó por primera vez al Parlamento en 1959, tras obtener un escaño por el distrito de Finchley, tradicionalmente conservador, al que seguiría representando hasta que entró a formar parte de la Cámara de los Lores en 1992.

Hasta que logró derrotar a conservadores de mucho más renombre y llegar a la dirección del partido en 1975, a Margaret Thatcher se la conocía en el Reino Unido como la ministra de Educación del Gobierno conservador de Heath, que, con el fin de alcanzar sus objetivos en materia de reducción del presupuesto, acabó con el suministro gratuito de leche en las escuelas británicas: una decisión (tomada a regañadientes) que generó el apodo de Margaret Thatcher Milk Snatcher (Margaret Thatcher, la que te quita la leche) y ofreció el primer indicio de su trayectoria futura. Sin embargo, esta imagen pública decididamente desfavorable no resultó un obstáculo para el progreso de Thatcher: su disposición a buscar la impopularidad y a enfrentarse a ella no solo no le causó daño alguno entre sus colegas, sino que puede que formara parte de su atractivo.

Y no se puede negar que lo tenía. De hecho, un número sorprendentemente amplio de bien fogueados hombres de Estado europeos y estadounidenses confesaron, aunque fuera extraoficialmente, que Thatcher les parecía bastante sexy. François Mitterrand, que algo sabía de esas cosas, la describió en una ocasión como alguien que tenía «los ojos de Calígula, pero la boca de Marilyn Monroe». Podía hostigar e intimidar de forma más inmisericorde que cualquier político británico desde Churchill, pero también era seductora. Entre 1979 y 1990 Margaret Thatcher hostigó, intimidó —y sedujo— al electorado británico para llevar a cabo una revolución política.

El thatcherismo significaba varias cosas: reducción de impuestos, libre mercado, libertad empresarial, privatización de industrias y servicios, valores victorianos, patriotismo e individualismo. Algunos de esos elementos —sus políticas económicas— eran una prolongación de propuestas que ya estaban en circulación tanto en círculos conservadores como laboristas. Otros, probablemente las cuestiones «morales», tenían más aceptación entre los incondicionales del Partido Conservador de las circunscripciones rurales que entre el conjunto del electorado. Pero llegaron a lomos de la reacción violenta contra el espíritu libertario de los sesenta y atrajeron a muchos de los partidarios que tenía Thatcher en las clases obrera y media: hombres y mujeres que en realidad nunca se habían sentido cómodos en compañía de la intelectualidad progresista que dominaba la vida pública en esos años.

Pero, más que nada, lo que significaba el thatcherismo era el «bofetón de un Gobierno fuerte». A finales de los setenta se hablaba mucho y con inquietud de la supuesta «ingobernabilidad» del Reino Unido, de la percepción, ampliamente difundida, de que la clase política había perdido el control, no solo de la política económica sino del ámbito laboral e incluso de las calles. Después del «invierno del descontento», el Partido Laborista, tradicionalmente vulnerable a la acusación de que no se podía contar con él para dirigir la economía, también fue acusado de no ser siquiera capaz de gestionar el Estado. Durante su campaña electoral de 1979, los tories no solo hicieron hincapié en la necesidad de aplicar el rigor económico y de gestionar adecuadamente el dinero, sino en el supuesto anhelo que sentía el país por contar con dirigentes fuertes, seguros de sí mismos.

La primera victoria electoral de Margaret Thatcher no fue especialmente notable en términos históricos. En realidad, bajo su dirección, el Partido Conservador nunca ganó muchos votos. Más que ganar elecciones, observaba cómo las perdía el laborismo, ya que muchos votantes laboristas optaban por los liberales o se abstenían. Desde esta perspectiva, podría parecer que el programa radical de Thatcher y su firme voluntad de llevarlo a cabo no guardan proporción con el mandato emanado de las urnas, constituyendo una ruptura inesperada e incluso arriesgada de la consolidada tradición británica de gobernar tan cerca del centro como sea posible.

Pero, con la perspectiva de los años, parece claro que esto fue precisamente lo que explicó el éxito de Margaret Thatcher. Su negativa a dejarse impresionar ni siquiera cuando sus políticas monetaristas parecían estar fallando (a los conservadores que en octubre de 1980 le rogaron que cambiara de táctica y que diera un giro de 180 grados a sus políticas les respondió: «Daos la vuelta si queréis. La dama no va a cambiar de rumbo»), el hecho de que aceptara encantada el apodo de Dama de Hierro con el que la describían los soviéticos, el patente placer que sentía al enfrentarse y derrotar a una reata de oponentes (que iban desde la Junta militar argentina en la guerra de las Malvinas hasta al líder del sindicato minero Arthur Scargill), el bolso que blandió con agresividad contra la reunión de líderes de la Comunidad Europea mientras exigía «que nos devuelvan el dinero»: todo ello sugiere que claramente consideraba que su principal baza política era precisamente su testarudez, esa negativa contumaz a cualquier cesión, que tanto escandalizaba a sus críticos. Como indicaban todas las encuestas, hasta aquellos que no gustaban de las políticas thatcherianas solían reconocer cierta admiración por la figura de esta mujer. Una vez más, los británicos eran gobernados.

De hecho, a pesar de lo mucho que hablaba del individuo y del mercado, Margaret Thatcher presidió una notable y en cierto modo desconcertante recuperación del Estado británico. Desde el punto de vista administrativo, era centralizadora por instinto. Para asegurarse de que sus órdenes llegaban a todas partes, redujo las competencias y presupuestos de los entes locales (al mismo tiempo que el resto de Europa llevaba a cabo una descentralización del poder a gran escala). La Ley de Bases Locales de 1986 desmantelaba los organismos metropolitanos británicos, haciendo que Londres volviera a controlarlos. La dirección de la política educativa y la planificación económica regional volvió a departamentos del Gobierno central sometidos a un estricto control político, mientras que los propios ministros veían que su margen de maniobra estaba cada vez más mermado por una primera ministra que dependía mucho más de un pequeño círculo de amigos y asesores que de la élite funcionarial tradicional.

Por instinto (y con razón), Margaret Thatcher sospechaba que estos, al igual que el funcionariado de los sistemas educativo y judicial, preferían el viejo paternalismo de las subvenciones estatales. En las complejas convenciones de la clasista política británica, Thatcher, una arribista de clase media baja con debilidad por los nuevos ricos, no era muy querida por la venerable élite gobernante del país, y ella se aplicó en devolverles ese sentimiento con creces. A los antiguos tories les horrorizaba el desprecio tan poco sentimental que mostraba por la tradición o por las prácticas del pasado: en plena fiebre privatizadora, el ex primer ministro Harold Macmillan la acusó de vender la «plata de la familia». Su predecesor, Edward Heath, que en una ocasión había calificado airadamente las bien conocidas actividades de un corrupto empresario británico de «rostro inaceptable del capitalismo», aborrecía tanto a Thatcher como sus políticas. A ella no le importaba en absoluto.

La revolución thatcheriana fortaleció el Estado, fomentó el mercado y se propuso desmantelar los vínculos que en su día habían unido a ambos. La primera ministra acabó para siempre con la influencia pública que habían ejercido los sindicatos británicos, al aprobar leyes que limitaban la capacidad de sus dirigentes para convocar huelgas, y al hacer después que se aplicaran por vía judicial. Entre 1984 y 1985, durante una confrontación enormemente simbólica que lanzó al Estado armado contra una comunidad condenada de proletarios industriales, aplastó el violento y emotivo esfuerzo que realizaba el Sindicato Nacional de Mineros para impedir el cierre de minas ineficientes y la cancelación de las subvenciones al sector carbonífero propugnada por el Gobierno.

La dirección minera era deficiente, su causa no tenía futuro y su huelga se prolongó más por desesperación que por cálculo. Pero el hecho de que Margaret Thatcher ganara una batalla que Edward Heath había perdido (y que los sucesivos líderes laboristas habían eludido) la fortaleció enormemente, al igual que el atentado fallido que perpetró el IRA Provisional en plena huelga para asesinarla. Thatcher, como los mejores revolucionarios, tuvo suerte con sus enemigos. Le permitieron proclamar que ella era la única que defendía a esa pobre gente frustrada y víctima de excesivas reglamentaciones, a la que estaba liberando de décadas de dominación a manos de intereses creados y de los parasitarios y subvencionados beneficiarios de décadas de generosidad a costa del contribuyente.

No hay duda de que la situación de la economía británica mejoró durante los años de Thatcher, después de un periodo de declive inicial entre 1979 y 1981. Gracias a una drástica reducción del número de empresas ineficientes, al aumento de la competencia y al silenciamiento de los sindicatos, la productividad y los beneficios empresariales aumentaron de forma considerable. La Hacienda pública volvió a llenarse (por una sola vez) con los ingresos generados por la venta de propiedades estatales. Estas medidas no formaban parte del programa original de Thatcher en 1979 y la privatización, en sí misma, tampoco tenía el componente ideológico que tendría posteriormente: después de todo, fue el Partido Laborista el que (instigado por el FMI) vendió la parte de British Petroleum que poseía el Estado en 1976. Pero en 1983 tanto el beneficio político como el económico de liquidar los activos propiedad del Estado o gestionados por él hicieron que la primera ministra inaugurara una subasta nacional que se prolongó durante una década, «liberando» tanto a los productores como a los consumidores.

Todo o casi todo se puso en almoneda. La primera ronda afectó a las empresas y servicios más pequeños, sobre todo manufactureros, en los que el Estado tenía intereses parciales o decisivos. Después vinieron monopolios hasta entonces considerados «naturales», como las infraestructuras de telecomunicaciones, las empresas energéticas y el transporte aéreo, comenzando por la venta de British Telecom en 1984. El Gobierno vendió también gran parte de las viviendas de titularidad pública construidas en la postguerra: al principio a sus inquilinos, finalmente a cualquiera. Entre 1984 y 1991, un tercio del valor de los activos privatizados en el mundo correspondía a ventas realizadas por el Reino Unido.

A pesar de este aparente desmantelamiento del sector público, en 1988 el porcentaje del PIB británico absorbido por el gasto de las administraciones se mantuvo prácticamente igual (41,7 por ciento) al de diez años antes (42,5 por ciento), aunque Thatcher había prometido «descargar al pueblo de esta carga». Esto se debía a que el Gobierno conservador tuvo que abonar una cifra sin precedentes en concepto de subsidios de paro. La cifra «escandalosamente» elevada de un millón seiscientos mil desempleados que tanto había perjudicado al gabinete de Callaghan en 1977 llegó a tres millones doscientos cincuenta mil en 1985, y se mantuvo entre las más altas de Europa durante el resto del periodo que Thatcher ocupó el poder.

Muchos de los que perdieron su empleo en industrias ineficientes (y antes subvencionadas por el Estado), como la siderurgia, la minería, los textiles y los astilleros, no volverían a encontrar trabajo nunca más, pasando a una situación de dependencia total y vitalicia respecto al Estado, que sin embargo no se expresaba en esos términos. Si sus antiguas empresas se convirtieron en algunos casos (especialmente el del acero) en rentables compañías privadas, no fue tanto por el milagro de la propiedad privada como porque los gobiernos de Margaret Thatcher las libraron de unos elevados costes laborales fijos, «socializando» el gasto en trabajadores superfluos mediante los seguros de desempleo estatales.

Era preciso romper una lanza en defensa de la privatización de ciertos sectores públicos. Durante muchos años, algunos activos económicos vitales habían estado en manos del sector público, que apenas se preocupó de invertir en ellos o de modernizarlos. Estaban escasos de fondos, funcionaban protegidos de las presiones de la competencia y los consumidores, y sus gestores se veían atados de pies y manos por las inercias burocráticas y las injerencias políticas[4]. Gracias a Thatcher apareció en el Reino Unido un mercado mucho mayor de bienes, servicios y, finalmente, de trabajo. Había más capacidad de elección y más competencia en los precios (aunque esto costó más tiempo y mantuvo importantes imperfecciones). Cuando su sucesor, John Major, mantuvo el país fuera del capítulo social de la Unión Europea. Jacques Delors le acusó de convertir el Reino Unido en un «paraíso para la inversión extranjera»: una culpa que los thatcherianos, con razón y por fortuna, podían hacer suya.

En consecuencia, como economía, el Reino Unido de Thatcher era un lugar más eficiente. Pero, como sociedad, sufrió un cataclismo de desastrosas consecuencias a largo plazo. Al desdeñar y desmantelar todos los recursos que estaban en manos colectivas, al insistir a gritos en una ética individualista que prescindía de cualquier valor no cuantificable, Margaret Thatcher causó un grave daño al tejido que sustentaba la vida pública británica. Los ciudadanos se transformaron en accionistas, o partes interesadas, cuyas relaciones interpersonales y con el colectivo se calibraban en función de activos y títulos de créditos, sin tener en cuenta ni servicios ni obligaciones. Cuando todo, desde las empresas de autobuses hasta las eléctricas, estuvo en manos privadas que competían entre sí, el espacio público se convirtió en un mercado.

Si, tal como señaló Thatcher, no existe «eso que se llama sociedad», a su debido tiempo la gente debía perder el respeto por los bienes definidos socialmente. Y así ocurrió, a medida que el Reino Unido de los últimos tiempos del thatcherismo comenzaba a hacer suyos algunos de los rasgos más indeseables del modelo estadounidense que tanto admiraba la Dama de Hierro. Los servicios que se mantuvieron en manos del Estado sufrían escasez de recursos, mientras que gran cantidad de riqueza se acumulaba en los sectores económicos emancipados, especialmente en la City de Londres, donde los bancos de inversión y los corredores de bolsa se beneficiaron tremendamente del big bang de 1986, año en el que los mercados financieros británicos se desregularon y abrieron a la competencia internacional. Los espacios públicos cayeron en el abandono. La pequeña delincuencia y la criminalidad aumentaron al incrementarse la parte de la población que se veía atrapada en una pobreza permanente. La prosperidad privada se vio acompañada, como ocurre con tanta frecuencia, de la miseria pública[5].

Pero Margaret Thatcher no pudo llegar a todas partes. Puede que el típico votante thatcheriano —caricaturizado como un agente inmobiliario de unos treinta años, residente en los suburbios del este de Londres, con poca preparación, pero bien remunerado, comprador de unos bienes materiales que sus padres solo podían soñar (casa, coche, vacaciones en el extranjero, un puñado de acciones en sociedades de inversión y un plan de pensiones privado)— hubiera entrado en el mundo del individualismo de Thatcher, pero tanto él como su familia seguían dependiendo por completo del Estado para la provisión de ciertos servicios vitales: la educación gratuita, una sanidad prácticamente regalada y un transporte subvencionado. De manera que cuando Thatcher y su sucesor John Major insinuaron la posibilidad de comenzar a privatizar el Servicio Nacional de Salud o a cobrar por la educación pública, su apoyo popular se evaporó, precisamente entre los sectores de la población que, después de acceder a la prosperidad pero siendo aún enormemente vulnerables, habían sido los primeros en verse atraídos por el thatcherismo.

Cinco años después de la partida de Thatcher, John Mayor consiguió llevar a cabo la privatización del ferrocarril. Aunque a los conservadores les animaban las perspectivas de lograr más beneficios mediante la venta de bienes públicos a empresas privadas, su principal motivación era la necesidad que tenía Major de que se le viera como privatizador de «algo»: para entonces, Thatcher había vendido prácticamente todo y la privatización constituía el único y exclusivo programa del Partido Conservador. Pero la incompetencia y la malversación que conllevó todo el proceso, y los desastres posteriores —que culminaron en una serie de trágicos choques de trenes, evidentemente evitables— coadyuvaron no solo a la caída del Gobierno conservador dos años después, sino al final de un ciclo de privatizaciones y al descrédito retrospectivo de las más extremas manifestaciones del propio thatcherismo.

Entre las principales víctimas de Margaret Thatcher se encontró el propio Partido Conservador. Cuando la Dama de Hierro terminó con él, los tories —el partido «natural» de gobierno en Gran Bretaña durante casi un siglo— carecían de programa, de líderes y, en opinión de muchos, de alma. Podría parecer que esta es una evaluación severa de una mujer que condujo a su partido a tres victorias electorales consecutivas y que gobernó prácticamente sola durante casi doce años. Pero esa es precisamente la cuestión: Margaret Thatcher gobernó sola. En palabras de Federico el Grande: «El pueblo dice lo que le gusta y después, yo hago lo que quiero». Cualquier colega que discrepara en cualquier asunto de relevancia y que no fuera, por tanto, «uno de los nuestros», era arrojado a las tinieblas exteriores.

Gran parte de los contemporáneos tories de Thatcher, por no hablar de la cohorte de hombres de Estado del partido, a los que dejó de lado tan pronto como se atrevió a hacerlo, eran auténticos conservadores, en muchos casos con edad suficiente para recordar las enconadas pugnas políticas del periodo de entreguerras y recelosos ante la perspectiva de despertar los demonios de la lucha de clases. Thatcher, que era una radical, empeñada en destruir e innovar, despreciaba el acuerdo. Para ella, la lucha de clases, convenientemente actualizada, era el material del que estaba hecha la política. Sus políticas, con frecuencia concebidas a la carrera, eran secundarias en comparación con sus objetivos, que, a su vez, estaban en gran medida supeditados a su estilo. El thatcherismo era más una cuestión de «cómo» se gobernaba que de lo que hacía realmente al gobernar. Sus desventurados sucesores conservadores, náufragos en el desolado paisaje posthatcheriano, carecían de políticas, de objetivos, y también de estilo[6].

Puede que Margaret Thatcher destruyera el Partido Conservador, pero hay que reconocer que salvó y resucitó el laborismo. Evidentemente, a corto plazo aplastó a sus oponentes: de hecho, no podría haber llevado a cabo los cambios que hizo si no hubiera sido por la asombrosa incompetencia de los laboristas. Aunque en 1979 algunos líderes laboristas comprendían los problemas a los que se enfrentaban, no podían hacerlo ni con convicción ni con partidarios. Una vez que Thatcher llegó al poder, el movimiento laborista británico entró en una década de confusión. El núcleo radical y sindicalista del partido veía el mundo de forma muy similar a Thatcher, pero desde el otro lado del espejo: el Reino Unido tenía que elegir entre un Estado proteccionista, colectivista, igualitario y regulador, y los mercados abiertos, la competencia desaforada, la privatización de los recursos y un mínimo de bienes y servicios compartidos. Una vez más, la elección, gracias a la Dama de Hierro, estaba clara: o socialismo o capitalismo.

Los laboristas tradicionalmente moderados, al igual que sus homólogos en el conservadurismo, estaban desesperados. Algunos de ellos —sobre todo Roy Jenkins, ex presidente de la Comisión Europea— abandonaron el laborismo y constituyeron un efímero Partido Socialdemócrata que en su momento se fusionaría con los liberales, el eterno tercer partido británico. Pero la mayoría se quedaron, aunque fuera con temor. Tenían buenas razones para ser pesimistas. El partido, dirigido por Michael Foot, un líder intelectualmente sugerente, pero inútil desde el punto de vista político, libró la batalla electoral de 1983 con un programa descaradamente anacrónico que no solo se comprometía a deshacer el thatcherismo sino muchos de los compromisos contraídos por los gobiernos laboristas anteriores. El Reino Unido se retiraría del escenario económico internacional (y de su inquebrantable alianza con Estados Unidos). No habría trato alguno ni con la privatización, ni con los mercados abiertos, ni con Europa, ni con ningún otro proyecto ajeno. Los aislacionistas de la izquierda británica, seguros tras los muros protectores de una economía cerrada, erigirían por fin desafiantes la Nueva Jerusalén tantas veces vilipendiada por sus colegas.

Según uno de los desanimados diputados laboristas, el manifiesto electoral de su partido en 1983 constituía «la nota más larga que haya dejado suicida alguno en la historia». Fortalecida por su reciente victoria en la guerra de las Malvinas, en la que había logrado que su partido se alzara con el monopolio del patriotismo, haciendo alarde una vez más de su inusual gusto por la confrontación[7], Thatcher ganó las elecciones de junio de 1983 por una diferencia casi récord. El Partido Laborista perdió unos tres millones de sufragios y 160 escaños parlamentarios. Su porcentaje de voto cayó hasta el 27,6, el peor resultado laborista desde la Primera Guerra Mundial. Sigue sin estar claro si el pueblo británico quería lo que Thatcher vendía (el voto conservador no aumentó); pero no había duda de que no quería la alternativa que se le ofrecía.

Al Partido Laborista le costó catorce años y tres líderes diferentes recuperarse de la catástrofe de 1983. Políticamente, el partido tuvo que aislar y destruir la influencia de los trotskistas y de otros militantes de la vieja izquierda en algunos de sus baluartes regionales (en concreto en Liverpool). Sociológicamente, tuvo que aceptar su fracaso para mantenerse al día de las preocupaciones y aspiraciones de una nueva clase media, sin cuyo apoyo nunca podría volver a ser elegido para ocupar el poder y que superaba en número al núcleo, cada vez menor, de proletarios industriales y empleados del sector público en los que los laboristas (al igual que todos los partidos socialdemócratas) se habían apoyado tradicionalmente. Intelectualmente, los dirigentes laboristas debían identificar un nuevo conjunto de objetivos políticos y un nuevo lenguaje para presentarlos.

A mediados de los noventa se habían encontrado esos objetivos, aunque fuera con un simple lavado de cara. El partido cambió su nombre para convertirse en el «nuevo laborismo» en 1996, un año después de que su recién llegado líder, Tony Blair, convenciera a sus colegas de que abandonaran por fin la polémica cláusula IV que comprometía al partido con la nacionalización. Cuando los laboristas regresaron por fin al poder en 1997, derrotando de manera aplastante a un exhausto Partido Conservador, ya no se hablaba de deshacer la revolución thatcheriana. Por el contrario, la campaña del nuevo laborismo, dirigida casi por completo a los votantes conservadores marginales y «blandos», arremetió contra los impuestos elevados, la corrupción y la ineficacia: asuntos contra los que la propia Thatcher había arremetido una generación antes.

No fue casual que Tony Blair y sus colegas corrieran un ligero velo sobre la época anterior. Los éxitos de Blair descansaban directamente sobre tres elementos heredados de Thatcher (ahora lady). En primer lugar, la primera ministra normalizó el desmantelamiento radical del sector público industrial y de servicios y lo sustituyó por la Gran Bretaña privatizada y empresarial que con tanto entusiasmo elogiaba Blair. En segundo lugar, y de paso, destrozó el antiguo Partido Laborista y facilitó la tarea de quienes luchaban por reformarlo: Blair se limitó a recoger los frutos de su trabajo. Y en tercer lugar, como hemos visto, su aspereza e intolerancia con el disentimiento y el desacuerdo habían fracturado a su propio partido, alejándolo de los votos.

Tony Blair, que se aprovechó de la estela dejada por Thatcher, compartía muchos de sus prejuicios, aunque no era tan brusco. Al igual que a ella, le desagradaba profundamente el antiguo vocabulario político. En su caso, esto significaba evitar cualquier mención a la clase, una anticuada categoría social desplazada en el caldero retórico del nuevo laborismo por conceptos como raza o género. Como Thatcher, Blair apenas toleraba la toma de decisiones descentralizada o la discrepancia interna, y, también como ella, prefería rodearse de empresarios del sector privado[8]. Y aunque el nuevo laborismo siguió vagamente comprometido con la sociedad, el grupo dirigente blairiano sospechaba tan visceralmente del Estado como el más doctrinario de los thatcherianos.

Aquí se mide, por tanto, el éxito de Margaret Thatcher. No solo destruyó el consenso de postguerra, sino que forjó otro nuevo. Antes de su llegada al poder, la política pública británica consideraba por defecto que la fuente natural de legitimidad y de iniciativas era el Estado. Cuando ella abandonó el escenario político, esta idea estaba convirtiéndose en minoritaria incluso en un partido tan estatalista como el laborista británico. Por primera vez en dos generaciones se había cuestionado el papel del Estado y cada vez se escuchaban menos voces en su defensa, al menos dentro de las corrientes mayoritarias. Sin duda había quienes continuaban creyendo que la revolución thatcheriana había sembrado el caos y que todavía era deseable retomar la gestión pública directa de los servicios (cuando no la propiedad estatal de los medios de producción). Pero después de Thatcher, esta era una causa que había que defender, y, salvo en lo tocante a bienes sociales clave como la educación y la sanidad, ya no se podía contar con el favor del público.

A veces se dice que se ha exagerado el papel de Thatcher en este cambio y que de todas formas las circunstancias habrían empujado al Reino Unido en una dirección thatcheriana, es decir, que el pacto social de la postguerra ya estaba quedándose sin aliento. Es posible. Pero, incluso con la perspectiva del tiempo, resulta difícil imaginarse quién, salvo Thatcher, podría haber hecho de sepulturero. Para bien o para mal, lo que hay que reconocer es la propia escala de la transformación que obró. A alguien que se hubiera quedado dormido en Inglaterra en 1978 para despertarse veinte años después, el país le habría parecido un desconocido: muy diferente a su yo anterior, y enormemente distinto del resto de Europa.

También Francia cambió drásticamente durante esos años y en parte con iguales consecuencias. Pero mientras que en el Reino Unido fue una revolución derechista la que hizo añicos los presupuestos esenciales del consenso de postguerra, en Francia lo que rompió los moldes políticos fue la revitalización y transformación de la izquierda no comunista. Durante muchos años la política francesa había sido esclava de dos atracciones paralelas y opuestas, la del Partido Comunista a la izquierda y la del gaullismo a la derecha. Junto con sus respectivos alevines, comunistas y gaullistas encarnaban y ampliaban fielmente una tradición de lealtad política típicamente francesa, determinada por la región, la profesión y la religión.

Estas rigideces de la sociología política francesa, incólumes desde mediados del siglo XIX, ya se encontraban, como hemos visto, en estado de sitio desde que se registraron las transformaciones sociales y culturales de los años sesenta. La izquierda ya no podía contar con el voto en bloque del proletariado. La derecha no estaba unida en torno a la persona y el halo de De Gaulle, muerto en 1970; y el elemento fundamental del conservadurismo francés —la propensión de sus votantes a ser católicos practicantes— estaba siendo minado por la decadencia de la práctica religiosa, a medida que las iglesias de los pueblos y ciudades de provincias francesas perdían a sus fieles, y especialmente a los hijos de estos, que se trasladaban a los centros urbanos.

Pero también se estaba produciendo un cambio más profundo. Durante los años setenta y comienzos de los ochenta, a los franceses les pareció que su sociedad tradicional y su antigua forma de vida —descrita afectuosamente con diversas expresiones como la France profonde, la douce France, la bonne vieille France, la France éternelle— estaban desapareciendo ante sus ojos. La modernización agrícola de los cincuenta y los sesenta y la migración de los hijos e hijas de los campesinos a las ciudades habían ido drenando y despoblando paulatinamente el campo francés. La revitalizada economía nacional estaba produciendo una transformación del empleo, de las pautas de desplazamiento y del tiempo de ocio en una nueva clase de residentes urbanos. Carreteras y ferrocarriles que durante décadas habían acumulado hierbajos y mugre fueron reconstruidos, remodelados o sustituidos por una red prácticamente nueva de comunicaciones nacionales. Los propios municipios de todos los tamaños, conservados durante tanto tiempo en la insulsa gelatina de la decadencia y la falta de inversiones, se estaban convirtiendo ahora en localidades populosas y llenas de energía.

Los franceses no siempre estuvieron cómodos con el ritmo del cambio. Surgieron movimientos políticos para protestar contra la aceleración y la urbanización de la vida social, el crecimiento de las ciudades y la despoblación del campo. Uno de los legados de los sesenta —el renovado interés por las lenguas y la cultura locales y regionales— parecía poner en peligro la propia integridad territorial y la unidad de Francia. Para algunos temerosos contemporáneos, el país parecía modernizarse y fragmentarse al mismo tiempo. Pero el Estado se mantuvo al margen de la refriega. En el Reino Unido, muchos creían que la relación entre un Estado todopoderoso y una economía ineficiente, sobre la que Margaret Thatcher puso un énfasis tan peyorativo, saltaba a la vista. Pero en Francia era el propio Estado el que parecía tener la llave del resurgimiento económico del país. Sus gestores eran la élite intelectual francesa; sus planificadores se consideraban una clase de funcionarios desinteresados, situados por encima de las efímeras pasiones políticas y sobresaltos sociales del país. En Francia, la política dividía implacablemente a la nación en torno a la cuestión de quién lograba el poder y qué fines sociales pretendía alcanzar, pero existía un sorprendente consenso práctico sobre cómo ejercer dicho poder.

Entre 1958 y 1969 Charles de Gaulle había dominado el Estado francés. El estilo conscientemente tradicional del presidente y su supuesto desinterés por los detalles de la planificación económica no habían sido impedimentos para el cambio. Más bien al contrario: Francia, camuflada bajo una Constitución semiautoritaria, confeccionada según los designios de un carismático autócrata militar, había comenzado la perturbadora modernización que ayudó a desatar los acontecimientos de 1968; de hecho, lo que condujo a esas protestas fue la inquietante combinación de una autoridad paterna de cuño tradicional con unos desestabilizadores cambios sociales.

Los adversarios y críticos de De Gaulle ponían mucho énfasis en los métodos antidemocráticos con los que el general había tomado y ejercido el poder —le coup d’État permanent (el golpe de Estado permanente), tal como François Mitterrand lo denominó en un panfleto publicado en 1965—, pero los recursos y aditamentos de un poder presidencial prácticamente ilimitado no resultaron menos atractivos para sus sucesores, de todos los colores políticos. Y el característico sistema de elección presidencial directa arrojaba una sombra sobre las elecciones parlamentarias que cada cinco años se celebraban en el país, recompensando la destreza y la personalidad políticas de unos candidatos en torno a los cuales los partidos tenían por fuerza que reagruparse. En este entorno sería en el que sobresaldría el imponente Mitterrand.

François Mitterrand, al igual que Margaret Thatcher, era un candidato inverosímil para el papel que iba a desempeñar en los asuntos de su país. Nacido en el seno de una familia de católicos practicantes en el conservador suroeste francés, durante los años treinta fue un estudiante de leyes derechista y militante de algunos de los movimientos más antidemocráticos de la época. Se pasó gran parte de la Segunda Guerra Mundial como funcionario de rango inferior del régimen colaboracionista de Vichy, cambiando de filiación justo a tiempo para poder presentar credenciales de resistente en la postguerra. Su carrera parlamentaria y ministerial durante la Cuarta República la realizó en diversos partidos menores de centro izquierda, ninguno de ellos vinculado a las principales corrientes marxistas.

Aunque se presentó sin éxito a presidente en 1965, con el apoyo de partidos de la izquierda oficial, Mitterrand no era en modo alguno su candidato y se preocupó mucho de guardar las distancias con ellos. Hasta 1969, cuando se produjo la implosión del antiguo Partido Socialista, después de la humillación electoral de 1968, Mitterrand no comenzó a tramar cuál iba a ser su papel en el renacimiento del partido: un asalto, lanzado en 1971, con la indumentaria de un nuevo Partido Socialista dirigido por él mismo junto a una nueva generación de ambiciosos jóvenes reclutados para servirle.

La relación entre Mitterrand y los restos del orgulloso legado del socialismo francés era instrumental por ambas partes. El partido necesitaba a Mitterrand: sus buenos resultados en las elecciones presidenciales de 1965, cuando logró el 27 por ciento de los votos emitidos (entre ellos el de muchos bastiones conservadores del este y el oeste) y obligó a De Gaulle a someterse a una segunda vuelta, demostraron que era una buena apuesta para ganar votos (ya en 1967, durante unas elecciones legislativas, las insignias y fotos de Mitterrand se vendieron bien). El país estaba entrando en una nueva época de política televisiva y personalista; como apuntó con tristeza en 1971 Michel Durafour, alcalde de Saint Étienne: «Francia solo vive a la espera de las siguientes elecciones presidenciales». Mitterrand sería una baza para la izquierda.

A su vez, él necesitaba a los socialistas. Carente de una organización propia, más que salpicado por los compromisos y escándalos de la Cuarta República, de cuyos gobiernos había formado parte, este consumado oportunista utilizó al Partido Socialista para reciclarse en hombre progresista comprometido, librándose al mismo tiempo del gravoso bagaje doctrinal que sobrellevaba la propia izquierda. En una ocasión describió de la siguiente forma sus creencias religiosas: «Je suis né chrétien, et je mourrai sans doute en cet état. Dans l’intervalle…» (Nací cristiano y sin duda moriré en ese estado. Pero entre tanto…). Con el mismo cinismo podría haber añadido que había nacido conservador y que así moriría, pero que entre tanto se las había arreglado para hacerse socialista.

Este matrimonio de conveniencia funcionó mejor de lo que cualquiera de las partes podría haberse imaginado. A lo largo de la década de 1970, mientras el Partido Laborista británico entraba en una fase de decadencia terminal, los socialistas franceses estaban a punto de alcanzar sus principales éxitos. Los dos impedimentos para el resurgimiento de una mayoría de izquierdas en Francia habían sido el atractivo personal de De Gaulle y el miedo de muchos votantes a que un gobierno de izquierdas estuviera dominado por los comunistas. Mitterrand no podía atribuirse directamente la superación del primer obstáculo, pero es incuestionable que fue quien salvó el segundo.

Al principio, Mitterrand, al reconocer la lógica de la necesidad y carecer de la sutileza ideológica de sus antecesores auténticamente socialistas, alineó a su nuevo partido con los comunistas; en 1972 formó con ellos una coalición electoral, amparándose en un vago programa común anticapitalista. En las elecciones de 1977 los comunistas, partido de izquierdas dominante desde 1945, estaban diez puntos por debajo de los socialistas de Mitterrand. Solo entonces comenzó a darse cuenta Georges Marchais, el deslucido secretario general del PCF, del error que había cometido su partido al uncir su suerte a la joven y enérgica formación de Mitterrand, una decisión tomada en parte bajo la optimista y ecuménica influencia del eurocomunismo; pero ya era demasiado tarde.

Después de mejorar sus resultados de 1965 en las presidenciales de 1974, año en el que fue derrotado por un escaso margen por Giscard d’Estaing, después de presentarse al frente de una candidatura unitaria de izquierdas, Mitterrand forjó una formidable maquinaria electoral, y convirtió el Partido Socialista en un cajón de sastre cuyo movimiento atraía a todo el abanico social francés, incluidos a católicos, mujeres, agricultores y tenderos, todos ellos hostiles a los socialistas hasta ese momento[9]. Su propia imagen se había suavizado con la edad: durante la primavera de 1981, enormes carteles diseminados por toda Francia le presentaban, ligeramente desenfocado y prometiendo la force tranquille (la fuerza tranquila), sobre el mismo paisaje rural, intemporal y bucólico, que en su día le había gustado mostrar, en esos mismos soportes, a la propaganda petainista.

Entre tanto, los comunistas eran débiles: la invasión soviética de Afganistán en 1979 fue tan enormemente bochornosa como su propio descenso en los sondeos. Durante los años setenta el Partido Comunista Francés dejó de ser una estrella sólida en el firmamento ideológico: su prestigio se había derrumbado junto con sus votos, hasta en el «cinturón rojo» de París, que venía dominando desde mediados de la década de 1920. No obstante, Marchais estaba decidido a presentarse a las siguientes elecciones presidenciales; en parte por costumbre, en parte por arrogancia, pero sobre todo porque cada vez estaba más seguro de que era necesario liberar al PCF del abrazo emponzoñado de sus camaradas socialistas.

En la primera vuelta de los comicios presidenciales de 1981 los votos sumados de los dos candidatos conservadores, Giscard d’Estaing y el joven Jacques Chirac, superaron los de Mitterrand y Marchais (este último solo había logrado el 12,2 por ciento de los sufragios). Pero dos semanas después, en la segunda vuelta que había de enfrentar a los dos candidatos mejor situados, Mitterrand logró el apoyo de los socialistas, los comunistas, los ecologistas e incluso de los trotskistas, normalmente poco dispuestos a colaborar; duplicó con creces los sufragios obtenidos en la primera vuelta y derrotó a Giscard, con lo que se convirtió así en el primer jefe de Estado socialista elegido directamente en Europa. No tardó en disolver el Parlamento y en convocar elecciones legislativas en las que su propio partido aplastó tanto a los comunistas como a la derecha y consiguió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Los socialistas controlaban por completo Francia.

Las celebraciones espontáneas que acogieron las victorias socialistas no tenían precedentes. Para las decenas de miles de partidarios de Mitterrand (sobre todo jóvenes) que bailaban en las calles, esta fue la grand soir (la gran noche), la víspera de la revolución, el umbral de una ruptura radical con el pasado. Si nos fijamos únicamente en los datos electorales, esta pretensión era bastante curiosa. Al igual que en anteriores terremotos electorales —la victoria del Frente Popular en abril de 1936, con la que el éxito de Mitterrand se comparó inmediatamente, o la elección de Margaret Thatcher en 1979—, los sufragios emitidos en la Francia de 1981 no experimentaron una redistribución radical. De hecho, en la primera vuelta, a Mitterrand le fue peor que en sus anteriores tentativas de lograr la presidencia en 1965 y 1974.

Los factores determinantes fueron la disciplina que mostraron los votantes de izquierda en esta ocasión, al arropar a Mitterrand en la segunda vuelta en lugar de abstenerse para mostrar su obstinado sectarismo, y la división de opiniones de la derecha. El 16 por ciento de los que votaron por Chirac en la primera vuelta de las presidenciales de 1981 apoyó a Mitterrand dos semanas después, en lugar de reelegir al presidente saliente Giscard d’Estaing, un hombre que desagradaba profundamente a los gaullistas de Chirac. Si la derecha no se hubiera dividido de este modo, no habría habido presidente Mitterrand, los socialistas no habrían arrasado en las posteriores elecciones legislativas y tampoco habría tenido lugar una grand soir de expectativas radicales.

Merecen subrayarse las enormes expectativas que parecía suscitar el resultado de las elecciones de 1981. Con la perspectiva de los años, está claro que el éxito de Mitterrand, tal como él mismo comprendió, fue el de normalizar el proceso de alternancia dentro de la República Francesa, el de hacer posible que se considerara a los socialistas un partido de gobierno normal. Pero en 1981 los partidarios de Mitterrand veían un panorama muy diferente. Su objetivo no era normalizar la alternancia de poder futura, sino tomar este y utilizarlo, aquí y ahora. Se tragaron las promesas de transformación radical de sus líderes, su intención de acabar no solo con la corrupción y el ennui (hastío) de los años de Giscard, sino con el propio sistema capitalista. Apartados del poder durante tanto tiempo, los socialistas radicales de Francia habían tenido libertad para soñar con la revolución.

Porque, en Francia, la izquierda no ocupaba el poder desde hacía décadas; de hecho, nunca lo había ejercido sin verse condicionada por sus compañeros de coalición, por banqueros poco dados a cooperar, por crisis monetarias externas, por emergencias internacionales o por una letanía de excusas de otra índole en las que ampararse para justificar el hecho de no poner en práctica el socialismo. Parecía que en 1981 no existía ninguno de esos condicionantes y que no había excusas para sufrir una recaída. Además, el vínculo entre el control del Estado y la puesta en marcha de un cambio revolucionario era algo tan arraigado en la cultura política radical de Francia, que se consideró que el simple hecho de ganar las elecciones significaba el advenimiento de la confrontación social.

Como el mismo Marx, la izquierda francesa identificaba cualquier cambio real con la revolución política en general y, en concreto, con la gran Revolución Francesa. Nada de lo dicho por Mitterrand durante la campaña había llevado a los más comprometidos de sus seguidores a pensar lo contrario. Para «despachar» a los comunistas y al ala izquierda de su propio partido, Mitterrand les había robado su indumentaria revolucionaria. Su campaña electoral había generado expectativas que ahora se esperaba que cumpliera.

En consecuencia, los años de Mitterrand comenzaron con un programa ambicioso y radical: una mezcla de reformas sociales, moralmente edificantes y largo tiempo esperadas (de las cuales la abolición de la pena capital fue la más significativa), y de fantasmagóricas medidas anticapitalistas. Se aumentaron los salarios, se anticipó la edad de jubilación y se redujo la jornada laboral. Pero la clave del programa era un plan de nacionalizaciones sin precedentes. Durante su primer año en el poder, el nuevo Gobierno socialista del primer ministro Pierre Mauroy puso bajo el control estatal, entre otras cosas, 36 bancos, dos importantes empresas financieras, cinco de las principales corporaciones industriales de Francia (entre ellas Thomson-Brandt, el mayor fabricante de productos eléctricos y electrónicos del país) y Usinor y Sacilor, los gigantescos grupos franceses dedicados a la producción de hierro y acero.

Detrás de estas iniciativas no había una estrategia económica premeditada. Se hablaba de revitalizar la débil economía francesa mediante la inyección de capital estatal; pero esta idea no era nueva, ni tampoco especialmente socialista: el primer ministro Chirac, a mediados de los setenta, también había barajado brevemente proyectos de crecimiento orientados a la demanda. El objetivo principal de las nacionalizaciones de 1981-1982, al igual que el del control de divisas que conllevaba, era simbolizar las intenciones anticapitalistas del nuevo régimen, confirmar que las elecciones de 1981 habían cambiado realmente algo más que a los miembros del Gobierno.

En realidad, desde el principio todos los afectados tuvieron claro que, por ejemplo, los bancos de propiedad estatal solo podrían funcionar si se les concedía «autonomía total para decidir y actuar», lo cual eliminaba los objetivos reguladores y socialmente redistributivos aducidos para justificar inicialmente su nacionalización. Esta concesión pragmática pone de manifiesto el principal impedimento al que se enfrentaba la «revolución» de Mitterrand. Durante un año, el nuevo régimen se empeñó con audacia en mostrar una imagen radical ante Francia y ante el mundo. Al principio fue convincente: Jacques Attali, el asesor más cercano a Mitterrand, hizo constar que los funcionarios estadounidenses (siempre en busca de esa clase de deslizamientos) decían que veían poca diferencia entre la política económica francesa y la de la Unión Soviética.

Pero para que Francia tomara una senda «socialista» en 1982 no solo habría sido necesario imponer controles sobre las divisas, sino toda una gama de medidas que separaran el país de sus socios comerciales y situaran la economía prácticamente en la autarquía. Quizá sacar a Francia de los mercados financieros internacionales no fuera entonces algo tan inimaginable como lo sería posteriormente: en 1977, solo el valor de mercado de IBM representaba más del doble que toda la Bolsa de París. Pero sobre todo, esta medida habría desatado el alejamiento y quizá la salida de Francia de la Comunidad Europea, cuyos acuerdos arancelarios, mercantiles y monetarios —por no hablar de los planes de constitución inminente de un mercado único— ya restringían enormemente las opciones de que disponían los Estados miembros.

Parece que estas consideraciones dominaban el pensamiento de Mitterrand, avaladas sin duda por las pruebas de la escalada de pánico en los ciclos económicos y de los indicios de que las divisas, los objetos de valor y las personas estaban abandonando el país cada vez con más premura, precipitando una crisis económica. El 12 de junio de 1982 el presidente decidió dar un giro de ciento ochenta grados. Desoyendo los consejos de sus asesores más radicales, Mitterrand autorizó a su Gobierno a congelar los precios y los salarios durante cuatro meses, redujo el gasto público (que se había incrementado generosamente el año anterior), aumentó los impuestos, dio prioridad a la lucha contra la inflación (en lugar de emitir moneda, como se le había instado a hacer), y de este modo adoptó realmente la estrategia del economista conservador Raymond Barre, cuyo plan de 1977, nunca aplicado, habría supuesto para Francia una dosis de thatcherismo avant l’heure; abandonando inmediatamente cualquier referencia a una «vía francesa al socialismo».

Sus aliados comunistas y algunos de sus colegas socialistas sufrieron una profunda conmoción. Pero no deberían haberse sorprendido. Mitterrand, pragmático por antonomasia, captó con rapidez que para Francia era inconcebible siquiera contemplar la posibilidad de elegir entre mantenerse dentro de la órbita económica (y política) occidental y arrojarse en brazos de una opción intermedia, dudosamente sostenible, entre el capitalismo y el comunismo. Como era de esperar, haciendo de una necesidad pasajera una virtud permanente, se transformó en un destacado europeísta. En Francia se constituiría una sociedad mejor a través de la unificación europea que oponiéndose a ella. En lugar de enfrentarse al capitalismo, Francia inventaría una versión superior del mismo.

En 1984 Mitterrand ya había prescindido de los cuatro ministros comunistas de su Gobierno, defendía públicamente las virtudes de la economía mixta, había nombrado a un primer ministro joven y tecnócrata (Laurent Fabius), había entregado la gestión de los asuntos económicos, financieros y presupuestarios a Jacques Delors, dándole instrucciones de estabilizar la economía francesa[10], e incluso, en un llamativo discurso pronunciado en abril del mismo año, había abogado por una modernización de Francia à l’américaine.

Mitterrand tenía a Francia de su lado: en 1983, solo el 23 por ciento de los propios votantes socialistas lamentaba que no hubiera logrado poner en marcha el socialismo. Menos claro era su deseo de que «modernizara» con tanto entusiasmo, pero eso fue precisamente lo que hizo: modernizar. Sin abandonar abiertamente las reformas menos polémicas del inicio de su mandato —la descentralización administrativa, la puesta a punto de la seguridad social, la consolidación de la igualdad de derechos para las mujeres en el ámbito laboral y la reforma de la justicia, tan largamente esperada—, durante el resto de su largo periodo en el poder (se retiró en 1995, tras dos legislaturas presidenciales de siete años; murió al año siguiente, a los ochenta años) Mitterrand se dedicó a realizar costosas obras públicas de estética y utilidad dudosas, a recuperar la iniciativa internacional de Francia[11]… y a supervisar el retorno a manos privadas de los muchos servicios e industrias que hacía poco tiempo él mismo había puesto bajo control estatal.

El impulso privatizador inicial del enorme sector público francés corrió a cargo de la mayoría parlamentaria conservadora surgida de las elecciones de 1986. Pero sucesivos gobiernos de todas las tendencias políticas participaron del mismo objetivo: de hecho, los gabinetes socialistas de los últimos años del periodo Mitterrand fueron, con mucho, los más enérgicos privatizadores. Los primeros bienes en venderse, siguiendo el modelo británico de oferta pública, fueron los principales bancos y TF1, uno de los tres canales de televisión nacionales. Después vinieron sociedades de cartera, compañías de seguros, corporaciones químicas y farmacéuticas, y gigantescos conglomerados petrolíferos como Total y Elf.

Sin embargo, al contrario que Thatcher y sus herederos, los franceses tuvieron cuidado de no desprenderse de servicios públicos o de empresas estratégicas, como la fábrica de coches Renault (que acababa de ser salvada de la quiebra por una enorme infusión de capital estatal en 1985). En los mercados, al igual que en los jardines, los franceses recelaban de los frutos no planificados. Preferían conservar cierta capacidad de intervención, generalmente manteniendo en manos del Estado una parte de las empresas privatizadas. De este modo, la privatización fue un proceso claramente regulado: los cupos de control se dirigían de manera cuidadosa a empresas y sectores en los que el Estado podía confiar, de forma que era comprensible que durante muchos años los inversores extranjeros tuvieran recelos. No obstante, en términos franceses, los cambios fueron trascendentales y situaron de nuevo el país, con brusquedad, en línea con la evolución de Europa y del mundo.

Quizá sea este el momento adecuado para hacer un comentario sobre la oleada de privatizaciones que chocó contra las costas de Europa occidental durante los años ochenta y que recorrería el continente durante la siguiente década. No surgió totalmente de la nada. Como hemos visto, British Petroleum comenzó a venderse paulatinamente en 1977; el Gobierno de Alemania Occidental se había librado del grupo químico Preussag mediante una oferta pública de acciones ya en 1959, y vendió sus activos en Volkswagen unos años después; hasta el Estado austríaco había vendido el 40 por ciento de sus acciones en dos bancos nacionalizados durante la década de 1950, y había renunciado a su considerable porción de Siemens en 1972.

Pero estas privatizaciones habían sido esporádicas y, por así decirlo, pragmáticas. Lo que ocurrió durante los ochenta fue algo bastante diferente, fruto de la presión que los gobiernos sufrían desde dos frentes distintos. En primer lugar, la aceleración del desarrollo tecnológico —sobre todo en el campo de las telecomunicaciones y los mercados financieros— estaba minando los antiguos monopolios naturales. Si el poder ejecutivo ya no podía aprovecharse ni de las ondas ni de los movimientos monetarios para su beneficio exclusivo, ya no tenía mucho sentido «poseer» ambas cosas. El Estado seguía teniendo importantes razones políticas o sociales para conservar parte de determinados sectores —por ejemplo, un canal de televisión público o el servicio de correos—, pero ahora la competencia era inevitable.

En segundo lugar, los gobiernos se vieron obligados a vender bienes públicos por necesidad económica a corto plazo. Para los ministros de Hacienda, presionados por la inflación, la crisis del petróleo de 1979-1980, los enormes déficits anuales y el creciente endeudamiento público, la venta de bienes públicos era doblemente beneficiosa. El Estado se libraría de industrias o servicios deficitarios, y conseguiría así un dinero que le serviría para equilibrar el presupuesto, aunque solo fuera una vez. La inyección de dinero procedente de la venta de acciones podría servir para futuras inversiones, aunque alguna industria o algún servicio se mantuvieran parcialmente en manos públicas (el Estado solía quedarse con las partes no rentables que los compradores privados no querían). Esta es la razón por la que había incluso muchos gestores del sector público que ahora, después de haberse quejado durante mucho tiempo del desvío de beneficios para compensar los déficits presupuestarios nacionales, eran partidarios acérrimos de las ventas parciales.

Las características y la magnitud de los bienes públicos europeos y del control estatal variaban enormemente de un país a otro. En Holanda, Dinamarca y Suecia el sector industrial público era menor; mientras que su tamaño era superior en Italia, Francia, España y Austria. Aparte de la sanidad y de los servicios sociales, a comienzos de los años ochenta el porcentaje de mano de obra directamente empleada por el Estado iba del 15 por ciento de Alemania Occidental al 28 por ciento de Italia y a casi uno de cada tres trabajadores en Austria. En algunos países —Austria, España e Italia— el sector público se organizaba en enormes conglomerados industriales, de los cuales el IRI italiano alcanzaba las mayores dimensiones[12].

En otros países, los intereses del Estado se filtraban a través de un banco nacional de inversiones y de un fondo industrial de garantía, como en Holanda, o de un organismo similar, como la Sociedad Nacional de Inversiones de Bélgica. La industria siderúrgica, por ejemplo, se gestionaba de muy diferentes maneras: en el Reino Unido, el Tesoro consideraba pérdidas las deudas de las empresas públicas; en Francia, el Gobierno concedía préstamos a bajo interés e intervenía políticamente para favorecer los productores locales frente a la competencia exterior; en Alemania Occidental, los productores de acero privados recibían subvenciones directas en metálico.

Dadas esas disparidades nacionales, era natural que en Europa las formas de privatización divergieran enormemente. Sin embargo, en cualquier caso, siempre conllevaron cierto grado de desregulación, liberalización de los mercados e introducción de nuevos instrumentos financieros para facilitar la venta y la reventa de acciones en empresas parcial o totalmente privatizadas. En la República Federal Alemana, donde los principales sectores exportadores (automoción, ingeniería mecánica, química y electrónica) ya estaban en manos privadas, los impedimentos para la eficiencia y la competencia no procedían del control estatal sino de los elevados costes fijos y de la regulación del mercado laboral. En Alemania, la privatización, cuando llegó, fue sobre todo responsabilidad de la Treuhandgesellschaft, la corporación pública instituida en 1990 para la venta de empresas que antes estaban en manos del Estado germano-oriental[13].

En Italia, el principal escollo en el camino a la privatización no eran los intereses creados del Estado sino los partidos políticos. En concreto, los democristianos y los socialistas utilizaban el sector público y sus compañías de cartera para recompensar a colegas o sobornar a partidarios, concediéndoles con frecuencia un trato de favor en los concursos públicos y absorbiéndolos en un sottogoverno o estructura de poder subterránea que respaldaba su dominio. Sin embargo, pese a este poderoso elemento disuasorio, el sector privado italiano creció constantemente durante el periodo, sobre todo en forma de empresas manufactureras con menos de cien empleados, mucho más numerosas en Italia que en el Reino Unido, Francia o Alemania.

Ya en 1976 el Tribunal Constitucional había terminado con el monopolio de la RAI, la cadena de radio y televisión estatal. Unos años después, Alfa Romeo, que en ese momento todavía estaba bajo la égida de un consorcio público, fue «cedida» a FIAT. A los seis años, los propios consorcios públicos —IRI, INA, ENI y ENEL[14]— se habían convertido en sociedades anónimas públicas. Pero carecían de valor: en 1984, el IRI perdía 4.500.000 liras anuales por cada uno de sus 500.000 empleados. Sin embargo, lograron emitir bonos convertibles en acciones de las compañías que controlaban y que ahora se planeaba privatizar.

La situación en los países que acababan de salir de regímenes autoritarios era bastante diferente. En realidad, en la España posfranquista, por ejemplo, el sector público se expandió. El gasto público en relación con el PIB aumentó constantemente, mientras los gobiernos centristas del periodo 1976-1982 continuaban practicando la misma política del antiguo régimen: evitar la confrontación social limitándose a transferir al Estado compañías privadas ruinosas. Prácticamente no podían hacer otra cosa: por diversas razones, este tipo de nacionalización era lo que preferían los trabajadores, los propietarios, los políticos nacionales y las autoridades regionales. En cualquier caso, uno de los principales argumentos para reducir el sector público —que el Estado del bienestar que representaba era demasiado costoso de mantener— no se aplicaba en España, Portugal o Grecia. No había Estado del bienestar que desmantelar.

No obstante, aun careciendo de servicios sociales y de medidas de protección de corte europeo, el sector público —cargado con los residuos abandonados e inútiles de la acelerada y mimada adolescencia del capitalismo español— estaba lastimosamente saturado. Ya en 1976, solo el Instituto Nacional de Industria (INI) tenía intereses en setecientas cuarenta y siete compañías industriales, en gran medida deficitarias, y participaciones de control en otras trescientas setenta y nueve. Para que España llegara en algún momento a ser solvente era inevitable tomar alguna iniciativa privatizadora o desreguladora. Al igual que en Francia, fue un gobierno socialista el que inició este proceso, introduciendo fondos de pensiones privados en 1987 y acabando con el monopolio televisivo estatal dos años después.

En el Portugal de después de la revolución el artículo 85 de la Constitución y una ley posterior de 1977 prohibían expresamente la presencia privada en la banca, los seguros, el transporte, el correo y las telecomunicaciones, así como en la producción y distribución de electricidad, el refinado de petróleo y la industria armamentística. En 1983 la administración socialista de Mário Soares trató de introducir cierta flexibilidad al permitir que el sector privado compitiera con el Estado en la banca y los seguros, y autorizando la formación de sociedades anónimas en los sectores siderúrgico, petrolífero, químico y armamentístico. Pero se tardaría algún tiempo antes de que los demás sectores protegidos se abrieran siquiera a una competencia limitada.

Probablemente, la Europa mediterránea —al igual que la Europa central poscomunista unos años después— habría tardado aún más en renunciar a los controles estatales si no hubiera sido por el impacto de la Comunidad (Unión) Europea. Después de 1979, los tipos de cambio fijos de las divisas según el sistema monetario europeo (SME) fueron un primer condicionante: una de las razones por las que los gobiernos de Mitterrand comenzaron a vender bienes públicos fue el deseo de tranquilizar a los mercados de divisas y mantener así el franco en los niveles acordados en el SME. Pero el principal mecanismo de control de Bruselas era la normativa que se estaba redactando para el funcionamiento de un mercado único que obligaría a las empresas, tanto públicas como privadas, a cumplir ciertas normas relativas a la apertura a la competencia dentro de cada país y, finalmente, entre unos y otros. No se podría favorecer a los «paladines» nacionales, no podría haber subvenciones encubiertas ni ninguna otra ventaja para empresas de propiedad estatal o controladas por entes públicos que optaran a contratos públicos, ni tampoco podría haber aranceles.

Por mucho que se sortearan estas reglas en la práctica, su mera existencia obligaba a las empresas de titularidad estatal a comportarse de la misma forma que las privadas en el mercado; en este punto, apenas había ya razones para mantener la implicación estatal en sus asuntos. La respuesta italiana fue la típica de otros muchos Estados miembros de la Comunidad Europea: en 1990 Italia aprobó nuevas normativas que, haciéndose eco de las cláusulas pertinentes del Acta Única Europea, exigían a las empresas estatales que aplicaran a todas sus actividades el principio de competencia abierta e igualitaria, salvo en el caso de empresas y sectores donde el monopolio del Estado fuera «vital para su funcionamiento», una cláusula cuya flexibilidad y vaguedad permitió a los gobiernos adaptarse a la normativa europea sin dejar de ser sensibles a las presiones locales.

Pese al entusiasmo con que en Bruselas (y Londres) se hablaba del incremento de la apertura y la competitividad, es probable que la fiebre privatizadora europea de esos años generara menos cambios de los que sus partidarios prometían o esperaban. Los críticos habían advertido que el resultado no sería un aumento de la competencia, sino un mero traslado de poder económico concentrado desde la esfera pública a la privada, y eso es lo que ocurrió. Gracias a complicados acuerdos de intercambio de acciones, muchas grandes empresas privadas de Francia, por ejemplo, remedaron el comportamiento de las antiguas compañías públicas. Monopolizaron sectores enteros y no fueron más sensibles con sus pequeños accionistas de lo que lo habían sido con los contribuyentes o los consumidores cuando las administraban gestores públicos.

Irónicamente, la privatización y el aumento de la competencia tampoco tuvieron un gran impacto inmediato en el tamaño del propio sector público. Ya hemos visto que en el Reino Unido de Thatcher la magnitud del Estado en realidad aumentó. Lo mismo ocurrió en los demás países. Entre 1974 y 1990 (gracias en cierto modo al endémico desempleo que padecían las empresas privadas), la población activa empleada en el sector público se elevó: pasó del 13 al 15,1 por ciento en Alemania; del 13,4 al 15,5 en Italia y del 22,2 al 30,5 en Dinamarca. Sin embargo, gran parte de estos empleados públicos se encontraban ahora en el sector terciario y no en el industrial: daban y gestionaban servicios (financieros, educativos, médicos y de transporte) en lugar de fabricar cosas.

Pese a las esperanzas de sus teóricos, la liberalización económica no supuso la caída del Estado del bienestar, ni siquiera su declive terminal. No obstante, sí puso de manifiesto un trasvase monumental de recursos y de iniciativa desde el sector público al privado. Este cambio iba mucho más allá de la cuestión técnica de quién poseía las fábricas o de qué grado de regulación tenía que haber en cada sector. Durante casi medio siglo los europeos habían asistido a un constante fortalecimiento del papel del Estado y de las autoridades públicas en sus asuntos. El proceso se había hecho tan habitual que, en general, la premisa que lo justificaba —que la presencia de un Estado activo era condición necesaria para el crecimiento económico y la mejora de las condiciones sociales— ya no se cuestionaba. Sin el paulatino desgaste de este presupuesto a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, ni el thatcherismo ni el cambio radical de Mitterrand habrían sido posibles.

XVIII

El poder de los sin poder

El marxismo no es una filosofía de la historia, es «la» filosofía de la historia y renunciar a ella es cavar la fosa de la Razón en la historia.

MAURICE MERLEAU-PONTY

Hablo de derechos porque solo ellos nos sacarán de esta pantomima de la linterna mágica.

KAZIMIERZ BRANDYS

La sociedad totalitaria es el espejo deformante de toda la civilización moderna.

VÁCLAV HAVEL

La presión de la maquinaria estatal no es nada en comparación con la presión de un argumento convincente.

CZESŁAW MIŁOSZ

Tras la prolongada etapa socialdemócrata que experimentó Europa occidental, no solo había una fe pragmática en el sector público y una lealtad a los principios económicos keynesianos, sino una visión del perfil de la época que influyó en sus supuestos críticos, y que llegó incluso a sofocarlos durante décadas. Esta interpretación ampliamente compartida sobre el pasado reciente conjugaba el recuerdo de la Depresión de 1929, la lucha entre la democracia y el fascismo, la legitimidad moral del Estado del bienestar y, para muchas personas de ambos lados del Telón de Acero, las expectativas de progreso social. Fue el relato predominante del siglo XX, y cuando sus presupuestos clave comenzaron a erosionarse y a venirse abajo, no solo arrastraron consigo a un puñado de compañías del sector público, sino, entre otras muchas cosas, toda una cultura política.

Si tuviéramos que buscar un momento que simbolizara la consumación de ese cambio, una bisagra en la que girara la concepción que de sí misma tenía la Europa de postguerra, pensaríamos en el 28 de diciembre de 1973 en París, fecha y lugar en los que se publicó la primera traducción a un idioma occidental de Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsin. Al hacer una reseña de la versión inglesa en The Guardian, W. L. Webb señaló: «Vivir ahora sin conocer esta obra es ser una especie de estúpido histórico que se pierde una parte crucial de la conciencia de la época». La ironía, como el propio Solzhenitsin reconoció, era que el mensaje del libro —es decir, que el «socialismo real» era un fraude brutal, una dictadura totalitaria cimentada en el trabajo esclavo y el asesinato en masa— no era nada nuevo.

Solzhenitsin mismo, al igual que numerosas víctimas, supervivientes, observadores e investigadores, ya había escrito anteriormente sobre el tema. Archipiélago Gulag añadió cientos de páginas de pormenores y datos a los testimonios anteriores, pero, evidentemente, en su fervor moral e impacto emocional no era un testimonio de mayor envergadura que el de Journey into the Whirlwind (Viaje al centro del huracán) de Evgenia Ginzburg; las memorias de Margarete Buber-Neumann de sus experiencias en los campos tanto soviéticos como nazis, publicadas originalmente en alemán en 1957; la explicación desengañada de Wolfgang Leonhard de cómo perdió la fe, que apareció en 1955; o incluso las voladuras anteriores del mito soviético por Victor Serge y Boris Souvarine[1].

Pero la oportunidad lo era todo. Nunca habían faltado intelectuales críticos con el comunismo, aunque durante muchas décadas su impacto en Europa occidental (y, como hemos visto, en Europa oriental durante los años sesenta) se había visto atemperado por el generalizado deseo de encontrar algún aspecto positivo, por débil que fuera, en la tormenta del socialismo de Estado que había recorrido gran parte del continente desde su estallido inicial en la Rusia de 1917. El anticomunismo, cualesquiera que fueran sus motivos reales o supuestos, sufrió el gravoso inconveniente de parecer que cuestionaba la historia y el progreso, de no tener una panorámica general, de negar el vínculo esencial que conectaba el Estado del bienestar democrático (por muy deficiente que fuera) con el proyecto colectivista comunista (aun en sus versiones más impuras).

Esta es la razón por la que los adversarios del consenso de postguerra fueron tan marginados. Sugerir, como habían hecho Hayek y otros, que los planes de restricción del mercado para lograr el bien común, aunque fueran bien intencionados, no solo eran económicamente ineficientes sino que sobre todo constituían el primer paso en el camino hacia la servidumbre, era rasgar la hoja de ruta del siglo XX. Para muchos de sus críticos «progresistas», hasta los enemigos de la dictadura comunista —como Arthur Koestler, Raymond Aron, Albert Camus o Isaiah Berlin, que trataron de subrayar la diferencia entre las reformas socialdemócratas destinadas al bien común y las dictaduras de partido instituidas en nombre de un mito colectivista— parecían hacerse eco y, por tanto servir, a las sesgadas lealtades políticas asumidas durante la Guerra Fría.

En consecuencia, al abandonar el catecismo radical, se enfrentaron a un recelo generalizado, sobre todo entre la generación de los sesenta. Una cosa era despreciar con conocimiento de causa a Stalin, muerto hacía tiempo y en cualquier caso condenado por sus propios herederos, y otra muy distinta reconocer que el fallo no residía en el hombre, sino en el sistema. Yendo más lejos, atribuir la responsabilidad de los crímenes y fechorías del leninismo al proyecto del propio utopismo radical era minar los contrafuertes en los que se apoyaba la política contemporánea. Como escribió en tono acusador el historiador británico E. P. Thompson, una especie de figura de culto para una joven generación de marxistas «poscomunistas», a Leszek Kołakowski (después de que este publicara una crítica denuncia del comunismo soviético después de 1968), «tu desencanto constituye una amenaza para nuestra fe socialista».

Sin embargo, en 1973 esa fe no solo sufría la enérgica arremetida de sus críticos, sino de los propios acontecimientos. Cuando Archipiélago Gulag se publicó en francés, el periódico comunista L’Humanité lo descalificó, recordando a sus lectores que todo el mundo sabía ya todo sobre Stalin, así que cualquiera que hiciera un refrito con todo «eso» solo podía estar motivado por el antisovietismo. Pero esta era una acusación que estaba perdiendo fuerza. Después de la invasión soviética de Praga, de sus represivas consecuencias y de los informes que se filtraban desde China respecto a la Revolución Cultural, la condena absoluta que hacía Solzhenitsin de todo el proyecto comunista sonaba convincente, incluso, y quizá especialmente, para sus antiguos partidarios.

Parecía evidente que el comunismo había envilecido y saqueado su legado radical. Y que continuaba haciéndolo, tal como el genocidio de Camboya y el bien publicitado drama de la boat people vietnamita (equivalente a los actuales balseros cubanos, gentes que huían del país con barcazas caseras en un número significativo) no tardaría en revelar[2]. En Europa occidental, hasta aquellos, y eran muchos, que consideraban que Estados Unidos era el principal responsable de los desastres registrados en Vietnam y Camboya, y cuyo antiamericanismo se reforzó aún más tras el asesinato de Salvador Allende, orquestado por Estados Unidos solo tres meses antes de la publicación de Archipiélago Gulag, se mostraban cada vez más reacios a concluir, como habían hecho antes, que el campo socialista era moralmente superior. El imperialismo estadounidense era realmente malo, pero el otro lado era peor, quizá mucho peor.

En este punto fue cuando la tradicional insistencia progresista en considerar que los ataques al comunismo eran amenazas implícitas contra cualquier objetivo conducente a la mejora de las condiciones sociales —es decir, la idea de que el comunismo, el socialismo, la socialdemocracia, la nacionalización, la planificación centralizada y la ingeniería social progresista formaban parte de un proyecto común— comenzó a ser contraproducente. Según este argumento, si Lenin y sus herederos habían envenenado el pozo de la justicia social, todos nos habíamos visto dañados. A la luz de la historia del siglo XX el Estado estaba comenzando a parecer más un problema que una solución, y no solo o siquiera principalmente por razones económicas. Lo que comenzaba siendo planificación centralizada terminaba en asesinato centralizado.

Evidentemente, esta es una conclusión de índole muy «intelectual», pero fueron los intelectuales quienes acusaron de manera más inmediata el retroceso del Estado: y no era sorprendente, ya que, desde el principio, ellos habían sido los más fanáticos defensores de las mejoras sociales impuestas desde arriba. Como habría de apuntar en 1984 el escritor checo Jiří Gruša: «Fuimos nosotros [los escritores] los que glorificamos al Estado moderno». Por su propia naturaleza, la tiranía contemporánea —como señaló Ignazio Silone— precisa de la colaboración de los intelectuales. En consecuencia, encajaba perfectamente que el desencadenante de la siguiente avalancha fuera el abandono del grandioso relato del progreso por parte de los intelectuales europeos; y de alguna forma también encajaba que donde más se acusara esa desafección fuera en París, donde el propio relato había cobrado por primera vez forma intelectual y política dos siglos antes.

En los años setenta y ochenta, Francia ya no era la «lente ardiente de la civilización occidental» mencionada por Arthur Koestler, pero los escritores franceses seguían estando inusualmente predispuestos a abordar cuestiones universales. Durante esos años, los autores y analistas de España, Alemania Occidental o Italia estaban mucho más ocupados con desafíos locales, aunque la amenaza terrorista que los preocupaba entonces tenía sus propias implicaciones para el descrédito del utopismo radical. En líneas generales, los intelectuales británicos, nunca demasiado atraídos por el comunismo, observaban con indiferencia su declive y mantenían por tanto las distancias respecto al nuevo estado de ánimo continental. En Francia, por el contrario, la simpatía por el proyecto comunista había sido generalizada y tradicional. De este modo, a medida que el anticomunismo cobraba vida en los debates públicos franceses, instigado por la constante reducción de los votos y la influencia del Partido Comunista Francés, también se veía alentado por los propios recuerdos y ejemplos del país. Una nueva generación de intelectuales franceses abandonó el marxismo con sorprendente prontitud, incluso en ocasiones con una indecorosa premura por abjurar de su propio compromiso anterior.

La condena de las distorsiones del utopismo radical practicada por los jóvenes «nuevos filósofos» parisinos de mediados de los setenta, como André Glucksmann o Bernard-Henri Lévy carecía en gran medida de originalidad. Poco había en Les maîtres penseurs (Los maestros pensadores) de Glucksmann, publicado con un unánime éxito de crítica en marzo de 1977, que Raymond Aron no hubiera dicho mejor en su Opium des intellectuels (El opio de los intelectuales) veintidós años antes. Y tampoco había nada en Barbarie à visage humain (Barbarie con rostro humano), de Lévy, publicado dos meses después que el anterior, que los lectores franceses no pudieran haber encontrado en L’Homme révolté (El hombre rebelde) de Albert Camus. Pero mientras Jean-Paul Sartre descalificó este texto de manera hiriente cuando apareció en 1951, Lévy y Glucksmann se convirtieron en influyentes superventas. Los tiempos habían cambiado.

El carácter parricida de este localizado terremoto intelectual es evidente. Su supuesto blanco era la calamitosa desviación marxista del pensamiento occidental; pero gran parte de su munición se dirigía principalmente contra todas las figuras dominantes de la vida intelectual de postguerra, que, en Francia y en otros países, habían atisbado por entre las líneas de demarcación de la historia, animando a los ganadores y apartando cortésmente los ojos de sus propias víctimas. El mismo Sartre, el más conocido, de lejos, de estos compañeros de viaje, cayó en desgracia en esos años, incluso antes de su muerte en 1980, y su legado creador quedó mancillado, primero por su apología del comunismo soviético, y después del maoísmo[3].

El cambio de ambiente en París fue más allá del ajuste de cuentas con una generación de intelectuales comprometidos. En 1978, apareció por primera vez en francés La lógica de la investigación científica de Karl Popper, que anunciaba la paulatina incorporación a las corrientes dominantes en Francia de todo un corpus de investigaciones «angloamericanas» en materia de filosofía y de ciencias sociales, de las cuales la cultura intelectual local no había sabido prácticamente nada durante décadas. Ese mismo año, el historiador François Furet publicó su rompedor Penser la Révolution Française, en el que desmantelaba sistemáticamente el «catecismo revolucionario» que durante décadas se había impartido a los franceses para que entendieran su país y su pasado.

Según dicho catecismo, tal como lo diseccionaba Furet, la Revolución Francesa había sido el momento fundacional de la modernidad: la confrontación que desató la división de Francia en dos culturas políticas enfrentadas, izquierda y derecha, supuestamente determinadas por las identidades de clase de los contrincantes. Ahora, según Furet, esa historia, que descansaba en el doble pilar del optimismo liberal de comienzos del siglo XIX y en la idea marxista de transformación social radical, había caído por tierra, en no pequeña medida porque el comunismo soviético, presunto heredero revolucionario de ese cuento moral sobre una decidida transformación radical, había contaminado retrospectivamente toda su herencia. En palabras de Furet, la Revolución Francesa estaba muerta.

Las consecuencias políticas de la tesis de Furet, como su autor sabía perfectamente, fueron enormes. Una cosa eran los defectos del marxismo como sistema político, que siempre podrían excusarse calificándolos de desgracia o atribuyéndolos a las circunstancias. Pero si el marxismo quedaba desacreditado como gran relato —si en la historia no operaban ni la razón ni la necesidad—, entonces todos los crímenes de Stalin, todas las vidas perdidas y los recursos malgastados en la transformación de las sociedades dirigidas por el Estado, todos los errores y fracasos en los que había incurrido el siglo XX al introducir la utopía por medio del Diktat, ya no podían explicarse «dialécticamente» como pasos en falso por un camino legitimo, y se convertían únicamente en lo que sus críticos siempre habían dicho que eran: una pérdida, un derroche, un fracaso y un crimen.

Furet y sus contemporáneos más jóvenes rechazaban el recurso a la historia que tanto había empañado el compromiso intelectual en Europa desde comienzos de los años treinta. Insistían en que no había ningún «relato predominante» que rigiera el curso de los actos humanos y que, por tanto, las políticas o acciones públicas de hoy que causaran un auténtico daño no se podían justificar amparándose en sus posibles beneficios de mañana. No hay mal que por bien no venga, pero no se puede levantar una sociedad mejor con hombres maltrechos. Puede que con la perspectiva del tiempo esta conclusión se antoje bastante pobre después de décadas de intenso debate teórico y político; pero esa es precisamente la razón que ilustra bastante bien la magnitud del cambio.

En Mi noche con Maud, el «cuento moral» filmado por Eric Rohmer en 1969, un filósofo comunista y un colega católico mantienen un largo debate sobre las afirmaciones encontradas de Pascal en su apuesta por Dios y de Marx en su defensa de la historia. Retrospectivamente, lo sorprendente no es la propia conversación, que le resultará familiar a cualquiera con años suficientes para recordar la década de 1960 en la Europa continental, sino la seriedad con que se la tomaban no solo los protagonistas de la pantalla, sino los millones de espectadores del momento. Diez años después, el tema, cuando no la película, ya era una pieza de museo. Recurrir a la historia para defender opciones políticas intragables había comenzado a considerarse moralmente ingenuo e incluso cruel. Como Camus había señalado muchos años antes, «la responsabilidad con la historia nos libera de la responsabilidad para con los seres humanos[4]».

Esta nueva incertidumbre sobre la historia (con y sin mayúsculas) inauguró una desagradable década para los intelectuales de Europa occidental, incómodamente conscientes de que la desintegración de los grandes esquemas históricos y de los relatos predominantes era una mala señal para las clases charlatanas que habían sido las principales encargadas de suministrarlos, y que ahora eran objeto, o así se lo parecía a muchos de sus integrantes, de una humillante indiferencia. En septiembre de 1986, el sociólogo francés Pierre Bourdieu, en un comentario menor y sintomático de su engreimiento que hizo a un periodista también francés, se lamentaba del desprestigio del pensador comprometido: «Por lo que a mí respecta, creo que si todavía queda una gran causa hoy en día es la defensa de los intelectuales[5]».

En una ocasión, Isaiah Berlin había calificado la renuncia al propio intelecto ante la historia como «esa horrible forma que tienen los alemanes de escapar al peso de la opción moral». La afirmación es un poco inclemente con los alemanes, que eran prácticamente los únicos europeos que se humillaban ante el altar de la necesidad histórica, aunque es cierto que la idea tenía sus raíces en la filosofía romántica alemana. Pero apunta la aparición de un creciente vacío en el ámbito de las ideas políticas europeas: si ya no quedaba ninguna gran causa; si el legado progresista había caído por tierra; si ya no era creíble recurrir a la historia o a la necesidad para defender una acción, una política o un programa; entonces, ¿cómo habrían de solucionar los hombres los grandes dilemas de la época?

Esto no suponía un problema para los radicales thatcherianos, que veían la política pública como una prolongación de los intereses privados y para los que el mercado era un tasador necesario y suficiente de valores y resultados. La época tampoco alteraba inusualmente a los conservadores tradicionales de Europa, para quienes la medida del bien y del mal de las cuestiones humanas seguía estando anclada en normas religiosas y convenciones sociales, que el maremoto cultural de los sesenta había dejado magulladas pero sin llegar a arrinconarlas por completo. Era la izquierda progresista, que seguía siendo la presencia dominante en las manifestaciones políticas y culturales europeas, la que necesitaba urgentemente otro guión.

Para su sorpresa colectiva, lo que encontró fue un nuevo dialecto político; o, mejor dicho, uno muy antiguo, recientemente descubierto. El lenguaje de los derechos o de las libertades estaba firmemente grabado en todas las constituciones europeas, no en menor medida en las de las democracias populares. Pero, durante muchos años, el «discurso de los derechos» no había estado nada de moda como forma de concebir la política. Después de la Primera Guerra Mundial, los derechos —especialmente el de autodeterminación— habían tenido un papel clave en el debate internacional relativo a los acuerdos de postguerra, y, en la conferencia de paz de Versalles, gran parte de los interesados habían invocado de forma bastante ruidosa sus derechos al defender su postura ante las grandes potencias. Pero se trataba de derechos colectivos de naciones, pueblos o minorías.

Además, los derechos proclamados colectivamente no tenían un historial muy feliz. Allí donde habían chocado distintas comunidades étnicas o religiosas, generalmente en relación con una reivindicación territorial problemática, había quedado deprimentemente claro que la fuerza, no la ley, era el único medio factible de imponerse. Los derechos de las minorías no se podían proteger dentro de los Estados, ni tampoco los de Estados pequeños frente a las demandas de vecinos más poderosos. Como hemos visto, los vencedores de 1945, volviendo la vista hacia las destrozadas esperanzas de Versalles, llegaron a la conclusión de que la mejor manera de responder a los intereses colectivos era aplicar una solución dolorosa pero eficaz: el reagrupamiento territorial (la limpieza étnica, como se conocería posteriormente). En cuanto a los apátridas, ya no serían considerados anomalías jurídicas en un mundo de Estados y de naciones, sino víctimas individuales de la persecución o la injusticia.

De este modo, el discurso de los derechos posterior a 1945 se centró en los individuos. Esta era también una lección de la guerra. Aunque los hombres y las mujeres fueran perseguidos por su identidad común (de judíos, gitanos, polacos, etcétera), sufrían como individuos y así, con sus derechos individuales, fue como las Naciones Unidas trataron de protegerlos. Los diversos convenios sobre derechos humanos, genocidio o derechos sociales y económicos que se incorporaron a la legislación y los tratados internacionales tuvieron un efecto acumulativo sobre las sensibilidades públicas: combinaban el interés por las libertades individuales de cuño dieciochesco y anglo-estadounidense con una insistencia muy de mediados del siglo XX en la obligación que tenía el Estado de garantizar el cumplimiento de una creciente gama de reivindicaciones mayores y menores, que iban desde el derecho a la vida al «derecho a la verdad en la publicidad», y más allá.

Lo que propulsó la entrada de esta retórica jurídica de los derechos individuales en el ámbito de la política real fue que la retirada del marxismo coincidiera con la conferencia internacional sobre seguridad y cooperación en Europa, inaugurada en Helsinki el mismo año de la publicación de Archipiélago Gulag en París. Hasta entonces, el discurso de los derechos había estado durante mucho tiempo marginado entre los intelectuales europeos de tendencia izquierdista, lo cual reflejaba el famoso rechazo mostrado por Marx hacia «los llamados derechos del hombre», tildados de egoístas y «burgueses». En los círculos progresistas, expresiones como «libertades legales», «libertad individual» o «derechos», así como otras abstracciones relacionadas con «el hombre en general», solo se tomaban en serio cuando iban unidas a un adjetivo calificativo como burgués, proletario o socialista.

De este modo, en 1969, un grupo de intelectuales del sector izquierdista del Partido Socialista Unificado francés (entonces dirigido por Michel Rocard y Pierre Mendès-France) criticó a su propio partido por apoyar a los reformistas de Praga. En su opinión, estos habían sido «víctimas voluntarias de ideologías pequeñoburguesas (el humanismo, la libertad, la justicia, el progreso, el sufragio universal secreto, etcétera)». No fue este un caso aislado. A lo largo de los sesenta, muchos analistas occidentales izquierdistas, con ideas políticas por otra parte bastante moderadas, evitaban mencionar los derechos o las libertades individuales por miedo a parecer ingenuos. En Europa del Este los comunistas reformistas y sus partidarios también habían evitado ese lenguaje: en su caso, porque la retórica oficial lo había envilecido y devaluado.

Pero a partir de mediados de los setenta, en todo el espectro político de Europa occidental fue cada vez más habitual encontrar alocuciones y escritos que invocaban sin cesar los derechos humanos y las libertades personales. Como comentó un observador italiano en 1977, por primera vez desde la guerra, la izquierda estaba debatiendo abiertamente, «sin mistificación ni demagogia», la idea y el ideal de una libertad «integral[6]». Esto no siempre tuvo una traducción política inmediata: durante gran parte de los ochenta, los partidos laboristas y socialistas de Europa occidental lucharon bastante en vano por mantenerse a flote, recurriendo en muchos casos a la apropiación ilícita de los programas de sus adversarios para cubrir su propia desnudez. Pero su apertura recién estrenada al vocabulario de los derechos y las libertades proporcionó a los investigadores e intelectuales europeos occidentales una vía de acceso al nuevo lenguaje de la oposición política de Europa oriental y una forma de comunicarse con el otro lado del muro; fue justo a tiempo, porque era al este del Telón de Acero donde ahora se estaban produciendo cambios realmente originales y de relevancia.

En 1975, el comunista reformista checo Zdeněk Mlynář escribió una carta abierta a los comunistas y socialistas de Europa que, dirigida sobre todo a los eurocomunistas, pedía apoyo contra la represión de los disidentes en Checoslovaquia. Las ilusiones del comunismo reformista se resistían a morir. Pero Mlynář ya estaba en minoría y, dentro del bloque soviético, la mayoría de los críticos del comunismo ya contemplaban con desconcierto tanto su fe en el socialismo como a los simpatizantes occidentales de este.

En general, esos críticos, a los que aún no se llamaba disidentes (un término que solían rechazar aquellos a quienes se aplicaba), se habían apartado del régimen y del lenguaje socialista. Después de 1968, ese discurso, que de forma tan acartonada propugnaba la paz, la igualdad y la buena voluntad fraterna, sonaba especialmente falso, sobre todo para los activistas de los sesenta que se lo habían tomado en serio. Estos, en su inmensa mayoría estudiantes, académicos, periodistas, dramaturgos y escritores, habían sido las principales víctimas de la represión, sobre todo en Checoslovaquia, donde la dirección del partido, bajo la batuta de Gustav Husák (el «presidente del olvido») calculó correctamente que su principal esperanza para restablecer el «orden» radicaba en aplacar el descontento popular con mejoras materiales, silenciando al mismo tiempo y con energía todas las voces discrepantes y las referencias al pasado inmediato.

Obligados a entrar en la clandestinidad —de forma bastante literal en el caso checo, donde muchos profesores universitarios y escritores en paro encontraron empleo como fogoneros y caldereros—, los adversarios del régimen prácticamente no podían entablar un debate político con sus opresores. Por el contrario, al abandonar el vocabulario marxista y los debates revisionistas de las décadas anteriores, hicieron virtud de sus circunstancias y defendieron deliberadamente asuntos «no políticos». Entre estos, y gracias a los Acuerdos de Helsinki, los «derechos» eran con mucho los más accesibles.

Formalmente, todas las constituciones del bloque soviético incorporaban los derechos y deberes del ciudadano; de manera que el paquete de derechos adicionales y bastantes específicos acordados en Helsinki proporcionó a los críticos internos del comunismo una oportunidad estratégica. Como señaló el historiador checo Petr Pithart, la cuestión no era exigir derechos que todavía no se tenían —una invitación segura a una mayor represión— sino reclamar los que, consagrados por la ley, el régimen ya había reconocido, lo que otorgaba así a la «oposición» un aire moderado, casi conservador, al tiempo que se obligaba al partido a ponerse a la defensiva.

Tomarse en serio la letra de la legislación socialista era algo más que una simple táctica, un mecanismo para avergonzar a los dirigentes comunistas. En sociedades cerradas en las que todo era político —y donde la política como tal estaba descartada— los derechos constituyeron un paso adelante, una primera brecha en el telón de pesimismo que envolvía a Europa oriental durante los «silenciosos setenta», y el fin del monopolio del lenguaje como poder que ejercía el régimen. Además, los derechos constitucionales de las personas, por su propia naturaleza, son prueba formal de la existencia de tales individuos y afectan tanto a las relaciones entre ellos como a la comunidad. Describen un espacio situado entre los individuos impotentes y el Estado todopoderoso.

Como reconoció el joven teórico húngaro Miklós Haraszti, el movimiento en defensa de los derechos humanos conllevaba la aceptación de que las necesarias enmiendas de los defectos del comunismo no conducían a una mejora del mismo, sino a la constitución —o reconstitución— de la sociedad civil (es decir, «burguesa»). La ironía que comportaba invertir el programa marxista y tratar de sustituir el Estado socialista por la sociedad burguesa no se les escapó a los intelectuales de Praga o Budapest. Pero, como explicó Mihály Vajda, un colega húngaro de Haraszti, la primacía de lo burgués se antojaba absolutamente preferible a la «insoportable experiencia histórica [que había tenido el país] de tiranía sobre el ciudadano».

La importancia de los esfuerzos de reconstitución de la sociedad civil —una nebulosa expresión que, aun describiendo un objetivo incierto, fue mayoritariamente asumida por la oposición intelectual de Europa del Este desde mediados de los setenta— radicaba en su reconocimiento de que, después de 1968, era imposible tratar de reformar el Estado de partido único. Pocos esperaban realmente que Husák en Praga o Honecker en Berlín (y mucho menos los propios soviéticos) aceptaran la lógica del «discurso de los derechos» y que se tomaran en serio sus propias constituciones. Hablar de derechos, en teoría, era precisamente poner de relieve su ausencia en la práctica, recordar a los observadores internos y externos lo carentes de libertad que estaban esas sociedades. En lugar de discutir con las autoridades comunistas, la nueva oposición hacía lo posible por no entenderse con ellas.

Para disidentes como Miklós Haraszti o Adam Michnik en Polonia, cuyo texto de 1976, Un nuevo evolucionismo, planteaba gran parte de la estrategia de la oposición polaca en los años venideros, esto suponía una ruptura radical con su acercamiento juvenil al marxismo y a sus prioridades socioeconómicas. Para figuras como Václav Havel, que nunca se habían acercado ni por asomo a los debates marxistas, la transición fue mucho más fácil. Hijo de un acaudalado empresario de Praga, cuya familia fue desposeída por el régimen comunista después de 1948, Havel no había mostrado en absoluto el entusiasmo revolucionario de sus comprometidos contemporáneos, ni tampoco había tenido un papel muy activo en sus esfuerzos reformistas antes de 1968. La relación de Havel con las autoridades comunistas, que nunca había sido política, fue siempre antagónica, en gran medida gracias a sus orígenes burgueses.

A lo largo de los setenta y ochenta, tras ser hostigado, detenido y al final encarcelado por sus actividades, Havel se convirtió en una figura eminentemente política. Pero su mensaje siguió siendo decididamente apolítico. La cuestión, recalcaba, era que no había que debatir con quienes ocupaban el poder. Ni siquiera se trataba de decir la verdad, aunque esto fuera importante en un régimen basado en la mentira. Havel escribió que lo único que tenía sentido dadas las circunstancias de la época era «vivir en la verdad». Todo lo demás era una cesión: «El mismo hecho de constituir una formación política, en lugar de dar prioridad a la verdad, nos obliga a entrar en un juego de poder».

El objetivo, tal como Havel explicó en un texto de 1984 en el que reflexionaba sobre los fines y tácticas de la frágil oposición intelectual de Checoslovaquia, debía ser actuar con autonomía, al margen de lo que tratara de imponer el Estado; vivir como si uno fuera realmente libre. Havel sabía bien que esta no podía ser una receta para la mayoría: «Quizá estos métodos sean poco prácticos en el mundo actual y muy difíciles de aplicar en la vida cotidiana. Con todo, no conozco ninguna alternativa mejor».

La posición de Havel no carecía de precedentes, ni siquiera en los últimos tiempos. Ludvík Vaculík, al dirigirse al IV Congreso de la Unión de Escritores Checoslovacos en junio de 1967, había recomendado a sus colegas, incluso entonces, una estrategia similar: «Hacer como si». «Debemos —les dijo— jugar a ser ciudadanos… pronunciar discursos como si fuéramos adultos y legalmente independientes». Pero en la atmósfera más optimista de los sesenta, Vaculík y otros todavía podían confiar en que el poder cediera y se adaptara un poco. Las circunstancias eran otras cuando Michnik y Havel defendieron ideas similares. La cuestión ya no era aconsejar al Gobierno cómo gobernar, sino sugerir a la nación, por ejemplo, cómo podía vivir.

En las circunstancias de los setenta, la idea de que los intelectuales de Europa del Este pudieran «sugerir a la nación» cómo tenía que comportarse podía parecer bastante ambiciosa: la mayoría de los intelectuales no estaban en situación de sugerirse nada los unos a los otros, mucho menos al conjunto de sus conciudadanos. La intelectualidad húngara y polaca, en concreto, ignoraba en gran medida las condiciones y la opinión de los centros industriales, y estaba aún más alejada del mundo campesino. De hecho, podía decirse que gracias al comunismo —un sistema político que, en palabras de los disidentes húngaros Ivan Szelenyi y Gyórgy Konrád, ponía a los intelectuales «en el camino hacia el poder de clase»— la antigua distancia centroeuropea entre los intelectuales y el pueblo (más aplicable a sociedades aristocráticas como las de Hungría y Polonia que a países plebeyos como Checoslovaquia, pero establecida artificialmente incluso en estos a partir de 1948) había reaparecido de forma más acusada.

Los primeros en salvar esta brecha fueron los polacos. En 1976, después de una serie de huelgas de protesta por los enormes incrementos del precio de los alimentos, el régimen respondió con fuerza, golpeando y deteniendo a trabajadores de las ciudades industriales de Ursus y Radom. Con una reacción que ponía deliberadamente fin a la mutua indiferencia mostrada por las protestas obreras e intelectuales de años anteriores, Jacek Kuroń y unos pocos colegas anunciaron en septiembre de 1976 la formación de KOR, siglas de Comité para la Defensa de los Trabajadores. Su objetivo y el del Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Civiles (ROPCiO), fundado unos meses después, era dar a conocer el ataque que sufrían los derechos civiles obreros, ayudarlos a defenderse jurídicamente y constituir un frente común. Tres años después, en diciembre de 1979, los líderes intelectuales de KOR —judíos, católicos y antiguos comunistas, entre otros— serían los responsables de la redacción y publicación de la Carta de derechos de los trabajadores.

De este modo, la creación —o, más bien, la afirmación— de una esfera cívica autónoma en Polonia surgió de la confrontación social. Al otro lado de la frontera checoslovaca, en circunstancias aún menos halagüeñas, nació de una oportunidad legal. En enero de 1977 un grupo de ciudadanos checoslovacos firmó un documento (inicialmente publicado como manifiesto en un periódico de Alemania Occidental) en el que criticaban a su Gobierno por no aplicar las disposiciones en materia de derechos humanos de la Constitución checoslovaca, el acta final de los Acuerdos de Helsinki y los convenios de las Naciones Unidas respecto a derechos políticos, civiles, económicos y culturales, todos ellos suscritos por Praga, y, en el caso del decreto 120 de Helsinki, incorporados formalmente al Código Civil checoslovaco[7].

Los firmantes del documento (conocidos como Carta 77) se calificaban de «laxa, informal y abierta asociación de personas… unidas por el deseo de luchar individual y colectivamente por el respeto a los derechos humanos y civiles en nuestro país y en todo el mundo». No dejaban de subrayar que no eran una organización, que carecían de estatutos y de órganos permanentes, y que el grupo no constituía «la base para ningún tipo de actividad política de oposición», una afirmación que pretendía mantener su actividad dentro del marco legal checoslovaco.

Carta 77 fue siempre la obra de una minúscula red de valerosos individuos que no representaban a nadie más que a sí mismos: doscientas cuarenta y tres personas firmaron el documento original, y a ellas se unieron únicamente otras mil seiscientas veintiuna (de una población de quince millones) a lo largo de la década siguiente. Los primeros portavoces del grupo fueron Havel, Jiří Hájek (ministro de Asuntos Exteriores checo con Dubček) y el anciano Jan Patočka, principal filósofo del país, todos ellos pensadores aislados, sin ningún prestigio ni influencia públicos; ello no impidió que las autoridades reaccionaran con furia contra el manifiesto, «un texto antiestatal, antisocialista, demagógico e insultante». Los firmantes recibieron los calificativos de «traidores y renegados», «fieles siervos y agentes del imperialismo», «políticos desacreditados» o «aventureros internacionales», tomados directamente de los espectaculares juicios de los cincuenta. Además, sufrieron represalias y medidas intimidatorias, entre ellas el despido de sus trabajos, la negativa a escolarizar a sus hijos, la suspensión del permiso de conducir, el exilio forzoso y la pérdida de la nacionalidad, el arresto, el procesamiento y el encarcelamiento.

El trato inclemente dado a los firmantes de Carta 77 y la vengativa persecución desatada por el Gobierno checo contra una nueva generación de músicos jóvenes (especialmente contra el conjunto de rock The Plastic People of the Universe) condujo a la formación en abril de 1978 de un grupo de apoyo, el Comité para la Defensa de los Perseguidos Injustamente (VONS), con objetivos similares a los de KOR. Ante esta última iniciativa, Praga reaccionó deteniendo a seis de los personajes principales de VONS, entre ellos Havel, y los juzgó por subversión al año siguiente. En octubre de 1979 fueron condenados a penas de cárcel de hasta cinco años.

Después de 1968, todos los regímenes comunistas (con la excepción de la Rumanía de Ceauşescu) habían adoptado las prácticas de la Hungría de Kádár. Ya ni siquiera pretendían granjearse la auténtica lealtad de sus súbditos y solo pedían que la gente mostrara signos externos de conformidad. Uno de los objetivos de Carta, de VONS y también de KOR era superar la consiguiente y cínica indiferencia hacia los asuntos públicos que cundía entre sus conciudadanos. En concreto, Havel subrayaba la necesidad de privar a los gobiernos de la satisfacción de ver a la gente humillarse sin darse cuenta para no llamar la atención. De no ser así, escribía Havel, el régimen podría contar con «un puesto de guardia en cada ciudadano»: un asunto que ilustraba en su clásico texto El poder de los sin poder con el ejemplo del verdulero que ritualmente cuelga en el escaparate de su tienda la máxima: «¡Trabajadores del mundo, uníos!».

Algunas preocupaciones de la intelectualidad disidente se adaptaban mejor que otras a este esfuerzo conducente a superar la apatía y el miedo de la población. La catástrofe medioambiental que se le venía encima, ya mencionada en el capítulo XV, fue una de ellas. En Eslovaquia, según datos del propio régimen, el 45 por ciento de los cinco mil seiscientos kilómetros de cauces fluviales del país estaba «peligrosamente» contaminado en 1982. Cuatro quintos del agua de los manantiales de la parte oriental de la República no eran aptos para el consumo humano. La razón se encontraba sobre todo en el uso excesivo de fertilizantes en las granjas colectivas de la zona, que había conducido al envenenamiento del suelo y a pérdidas de cosechas como las registradas en las tierras negras de la Unión Soviética.

A comienzos de los ochenta, el norte de Bohemia tenía los peores índices de contaminación ambiental de Europa, gracias al uso que se hacía en la zona de lignito (barato) para fines industriales y para producir energía. De los setenta y tres mil quinientos millones de kilovatios/hora generados en la región, sesenta y cuatro mil procedían de plantas que consumían este combustible rico en sulfuros. A consecuencia de ello, en 1983 el 35 por ciento de los bosques checos había desaparecido o estaba en vías de desaparecer, e, incluso, un tercio de los cursos de agua del país estaban tan contaminados que ni siquiera servían para usos industriales. En la misma Praga, el Gobierno se vio obligado a establecer un servicio hospitalario especial para tratar las afecciones respiratorias infantiles. Ivan Klíma, en un relato titulado Una conspiración de Navidad, describía cómo, al salir a las calles de la capital checa, se percibía «la oscura y fría neblina que olía a humo, a sulfuro y a otros compuestos que irritan la nariz».

En el sistema socialista, el Estado era el que contaminaba, pero la sociedad lo sufría y, en consecuencia, la contaminación era algo que le interesaba a todo el mundo. También era un asunto implícitamente político: la razón por la que resultaba tan difícil proteger el medio ambiente era que nadie tenía interés en tomar medidas preventivas. Solo sanciones oficiales aplicadas con eficacia y coherencia podrían haber impuesto mejoras, y estas tendrían que haber venido precisamente de la misma autoridad que estaba alentando el derroche. Cualquier gestor industrial o agrícola lo suficientemente imprudente como para poner en peligro sus «cuotas» para aplicar medidas de control de la contaminación se habría metido en un buen lío. El sistema económico comunista, como cada vez más gente comprendía, era intrínsecamente perjudicial para su entorno[8].

Era bastante razonable que a los escritores y a los investigadores les preocupara la censura. Los obstáculos para publicar o para actuar variaban enormemente de un país comunista a otro. En Checoslovaquia, desde 1969, las autoridades eran descaradamente represivas: no solo miles de hombres y mujeres se vieron privados de la capacidad de publicar o de aparecer en público, sino que había un amplio abanico de asuntos, personas y acontecimientos que no se podían siquiera mencionar. En Polonia, por el contrario, la Iglesia católica y sus instituciones y periódicos proporcionaban una especie de ámbito semiprotegido en el que se podía ejercer cierto grado de libertad literaria e intelectual, aunque con cautela.

En este país, al igual que en Hungría, el problema solía ser la autocensura. Con el fin de conseguir llegar al público, los intelectuales, los artistas y los investigadores siempre estaban tentados de adaptar su obra, podar o acotar un argumento anticipándose a las posibles objeciones oficiales. En sociedades en las que la cultura y las artes se tomaban muy en serio, los beneficios profesionales e incluso materiales de esos ajustes no eran desdeñables, pero el respeto por uno mismo podía obligar a pagar un considerable precio moral. Como había escrito Heine ciento cincuenta años antes, con argumentos que muchos intelectuales de Europa oriental habrían reconocido inmediatamente, «esos verdugos del pensamiento nos convierten en criminales. Porque el autor… comete con frecuencia un infanticidio: mata a su propio hijo intelectual por el insensato terror a la mente del censor».

Esta era una de las clases de complicidad parcial. Otra era el silencio: la emigración interior del ketman de El pensamiento cautivo de Czesław Miłosz. Pero los que sí alzaban la voz, difundiendo su obra en copias ilícitas impresas a ciclostil, se enfrentaban a la sombría perspectiva de ser prácticamente invisibles, de ver cómo sus ideas y su arte quedaban relegados a una audiencia minúscula y cerrada, experimentando como máximo lo que un intelectual checo llamó con tristeza la satisfacción masturbatoria de publicar samizdat para los mismos dos mil intelectuales de siempre, que, a su vez, también los escribían.

Además, el coraje, por sí solo, no garantizaba la calidad. El componente inconformista, opositor y con frecuencia peligroso que conllevaba escribir en la clandestinidad concedía a esta empresa (sobre todo entre sus admiradores occidentales) un aura romántica y, en ocasiones, una importancia exagerada. No hay duda de que en la pútrida pila de compost que constituía el bloque prosoviético podían florecer y desarrollarse ideas originales y radicales, y los escritos de Havel y de Michnik son los mejores ejemplos, pero desde luego no los únicos, de estas «flores del mal» del comunismo[9]. Sin embargo, en muchos otros casos, el hecho de ser publicado no era una garantía de calidad. No existe la «musa de la censura» (George Steiner). El simple hecho de que el régimen no te quisiera no significaba que tuvieras talento.

De manera que la reputación incluso de algunos de los más conocidos intelectuales de la oposición habría de marchitarse y reducirse una vez expuesta a un mercado libre de ideas. El húngaro George Konrád —cuyos escritos bastante autocomplacientes sobre antipolítica fueron muy admirados durante los años ochenta— fue uno de los muchos a los que se perdió la pista después de 1989. Otros, como la novelista germana oriental Christa Wolf, comprendieron perfectamente que eran las propias dificultades de escribir en un régimen comunista las que le proporcionaban tanto argumentos como cierta energía (y prestigio público). Esta es una de las razones por la que muchos intelectuales de las sociedades comunistas prefirieron renunciar a la oportunidad de emigrar o de exiliarse: era mejor ser perseguido e importante que libre, pero irrelevante.

El miedo a la pérdida de consideración subyacía en otra consideración de esos años: la generalizada insistencia en la urgencia de volver a Europa. Al igual que la censura, esta era una preocupación privativa de los intelectuales, y especialmente de autores de las provincias occidentales del antiguo Imperio Austrohúngaro, en las que el retraso y el subdesarrollo impuestos por el mandato soviético habían sido especialmente dolorosos. El portavoz más conocido de este sentimiento fue el novelista y guionista checo Milán Kundera, que, desde su exilio parisino, escribía que la tragedia de Europa central (una denominación geográfica recuperada claramente para avalar el argumento de este autor) era que se la hubiera tomado por una dictadura extranjera, asiática.

El propio Kundera no era muy apreciado en su patria, donde su exilio y su éxito molestaban a los colegas que habían optado (según ellos mismos contaban) por renunciar a ambos. Pero su tesis general era ampliamente compartida, sobre todo en la medida en que se dirigía a lectores occidentales, acusados de desatender y de hacer caso omiso al otro «Occidente» que tenían más al Este: un tema ya prefigurado por Miłosz en la década de 1950, cuando comentó que «se tendría que dedicar un capítulo de un hipotético libro sobre la poesía polaca de postguerra a la ironía e incluso el escarnio con que se trataba a los intelectuales de Europa occidental y en concreto a los franceses».

Para Kundera, que se mostraba escéptico ante iniciativas ciudadanas como Carta 77, la situación de Checoslovaquia bajo el comunismo era una continuación del antiguo problema de la identidad y el destino nacionales en el núcleo de Europa, donde naciones y pueblos pequeños siempre corrían el riesgo de desaparecer. Para este autor, el objeto de la oposición intelectual en esa zona y en el exilio era llamar la atención internacional sobre esa preocupación, y no perder el tiempo tratando de cambiar el imperio «bizantino» de Moscú. Además, Europa central era «una manifestación concentrada del destino de Occidente». Havel coincidía: el comunismo era el espejo oscuro que la historia ponía delante de Occidente.

Polacos como Michnik no utilizaban la denominación Europa central ni hablaban mucho de «volver a Europa», en parte porque, a diferencia de los checos, ellos estaban en situación de luchar por objetivos más cercanos, más factibles. Esto no quiere decir que los polacos y otros no soñaran con compartir algún día los beneficios de la nueva Comunidad Europea, de cambiar el mito fallido del socialismo por la triunfante fábula de Europa. Pero, como veremos, tenían prioridades más inmediatas.

Los alemanes del Este también tenían sus propias preocupaciones. Una de las paradojas de la Ostpolitik, tal como la practicaron Brandt y sus sucesores, era que al enviar grandes sumas de dinero en moneda fuerte a Alemania Oriental y cubrir la República Democrática de reconocimiento, atención y apoyo, los políticos germanos occidentales impidieron sin pretenderlo cualquier posibilidad de cambio interno, incluyendo la reforma de la contaminante y anticuada economía industrial de su vecino oriental. Al «tender puentes», hermanar ciudades, presentar sus respetos y distanciarse de las críticas occidentales a los regímenes del bloque soviético, los hombres de Estado de Bonn concedieron a los dirigentes de la República Democrática Alemana una falsa sensación de estabilidad y de seguridad.

Además, al «comprar la libertad» de opositores y prisioneros políticos, la República Federal privó a la disidencia germana oriental de sus más conocidos disidentes. Ninguna otra sociedad comunista tenía un Doppelgänger (un doble) occidental que hablara su misma lengua. En consecuencia, siempre existía la tentación de escapar y el «derecho a trasladarse» solía encabezar las listas de derechos que preocupaban a los escritores y artistas de la República Democrática. Pero muchos críticos «internos» del régimen oriental optaron por no abandonar ni su país ni sus antiguas ideas. De hecho, a finales de los setenta la República Democrática Alemana era el único Estado comunista europeo que todavía podía presumir de tener una oposición marxista informal, situada incluso dentro del partido. Sus más reputados disidentes atacaban a la autoridad comunista desde la izquierda: una posición que, como afirmó en tono cortante el escritor checo Jiří Pelikán, los hizo tan inaudibles como irrelevantes en el resto de Europa.

Así, la obra más conocida de Rudolf Bahro, un autor que después de años de persecución fue deportado a Occidente en 1979, La alternativa, era una crítica abiertamente marxista del socialismo real. Robert Havemann, un antiguo comunista que fue juzgado y multado en esos años por su defensa del cantante folclórico Wolf Biermann (expulsado al Oeste en 1976), no fustigaba al partido único por vulnerar derechos, sino por traicionar sus ideales y alentar el consumismo a gran escala y la propiedad privada de los bienes de consumo. Wolfgang Harich, un personaje destacado de los círculos filosóficos de la Alemania comunista y durante mucho tiempo crítico de la desviación burocrática del régimen, alzaba igualmente la voz para oponerse a la «ilusión del consumismo», a la que el partido, según él, debía oponer su deber de reeducar a las masas.

Al igual que en Polonia, la oposición anticomunista que como tal existía en la República Democrática tendía a congregarse en torno a las iglesias: en Alemania era la Bund der Evangelischen Kirchen (Liga de Iglesias Evangélicas). Aquí, el nuevo lenguaje de los derechos y las libertades lindaba con el de la fe cristiana y (también, al igual que en Polonia) se veía reforzado al vincularse con la única institución que se mantenía desde la etapa anterior al socialismo. La influencia de las iglesias también explica la importancia que tenía la cuestión de la paz en los círculos de los disidentes germanos orientales.

En los demás países de Europa del Este, los pacifistas y partidarios activos del desarme nuclear occidentales se veían con considerable recelo. En el mejor de los casos, se consideraba que eran unos inocentes ingenuos, muy probablemente instrumentos sin criterio de la manipulación soviética[10]. Por ejemplo, para Václav Havel, el creciente movimiento antibelicista de la Europa occidental de comienzos de los ochenta era el medio perfecto para enfrentar, distraer y neutralizar a los intelectuales occidentales. Havel insistía en que la paz no es una opción en países donde el Estado está permanentemente en guerra con la sociedad. Dadas las circunstancias, la paz y el desarme harían que Europa occidental fuera libre e independiente, manteniendo a la vez a Europa del Este bajo el control soviético. Era un error separar la cuestión de la «paz» de la demanda de derechos y libertades. O, como planteó Adam Michnik, «la condición para reducir el peligro de guerra es que se respeten por completo los derechos humanos».

Pero en Alemania Oriental el movimiento pacifista tuvo una gran resonancia pública. No hay duda de que ello se debió en parte a sus vínculos con la República Federal. Pero había algo más. La República Democrática Alemana —un Estado accidental sin historia ni identidad— podía describir con cierto grado de verosimilitud la paz, o al menos la coexistencia pacífica, como su auténtica razón de ser. Sin embargo, al mismo tiempo, era con mucho el Estado socialista más militarizado y militarista: a partir de 1977 se introdujeron estudios sobre defensa en las escuelas germanas orientales y las Juventudes estatales eran inusualmente paramilitares hasta para el contexto soviético. La tensión generada por esta flagrante paradoja se canalizó a través de un movimiento de oposición que debía gran parte de su apoyo a este énfasis en el problema de la paz y el desarme.

En 1962, el régimen de Alemania del Este había introducido un servicio militar obligatorio de dieciocho meses para todos los hombres de entre dieciocho y cincuenta años. Pero dos años más tarde permitió una vía de escape: los que desearan librarse del servicio militar por razones morales podrían engrosar las filas de los Bausoldaten, unas brigadas de trabajo alternativas. Aunque la pertenencia a estas podía suponer un inconveniente para la vida posterior, su propia existencia significaba el reconocimiento y la legitimidad de la objeción de conciencia. En 1980, miles de hombres germanos orientales habían pasado por los Bausoldaten y representaban un considerable contingente potencial para el activismo pacifista.

De modo que cuando los pastores luteranos comenzaron ese mismo año a dar apoyo y protección a los primeros militantes pacifistas, pudieron hacerlo, en general, sin sufrir la desaprobación del Estado. A continuación, este joven movimiento pasó de las iglesias a las universidades, haciendo no solo los inevitables llamamientos al desarme, sino reivindicando el derecho a formularlos sin impedimentos. De este forma indirecta, los disidentes de Alemania del Este encontraron un poco tarde una manera de comunicarse con la oposición de otros países del bloque (y de recuperar el tiempo perdido).

Los rumanos no tuvieron esa suerte. La aparición de Carta 77 provocó un valiente testimonio de apoyo del escritor Paul Goma y de otros siete intelectuales rumanos que no tardaron en ser reprimidos. Aparte de eso, Rumanía siguió tan callada como lo había estado durante tres décadas. Goma fue obligado a exiliarse, y nadie lo sustituyó. En este caso, Occidente tuvo su parte de responsabilidad: aunque hubiera surgido una Carta 77 rumana o una versión local del sindicato Solidaridad polaco (véase el capítulo XIX), es improbable que hubiera tenido mucho apoyo del Oeste. Ningún presidente estadounidense exigió nunca que el dictador Nicolae Ceauşescu dejara «que Rumanía sea Rumanía».

Hasta la Unión Soviética permitió una cierta libertad de acción, férreamente restringida, a determinados intelectuales, la mayoría científicos destacados, que siempre habían sido una clase privilegiada. El biólogo Zhorés Medvédev, cuya denuncia pública de Lysenko durante los años sesenta hacía tiempo que circulaba en forma de samizdat, fue primero hostigado y después privado de su nacionalidad. Se estableció en el Reino Unido en 1973. Pero Andréi Sájarov, el físico nuclear más conocido del país y crítico con el régimen desde hacía mucho tiempo, siguió en libertad hasta que su oposición pública a la invasión de Afganistán de 1979 hizo intolerable su presencia. Sájarov era demasiado incómodo como para ignorarlo (se le otorgó el premio Nobel de la Paz en 1975), pero demasiado importante como para mandarlo al extranjero. De manera que él y su esposa, Yelena Bónner, fueron forzados al exilio interno en la ciudad cerrada de Gorki.

Sin embargo, Sájarov siempre insistió en que él pedía a la Unión Soviética que rindiera cuentas de sus defectos y de la persecución que hacía de sus críticos, pero que nunca pretendió derrocarla: una posición que le colocaba en algún punto situado entre una antigua generación de comunistas reformistas y los nuevos disidentes de Europa central. Otros, menos destacados y manifiestamente antisoviéticos, fueron tratados con muchos menos miramientos. La poeta Natalia Gorbanévskaya pasó tres años encarcelada en un hospital psiquiátrico, con el mismo diagnóstico de otros cientos: esquizofrenia letárgica. Vladimir Bukovski, el más conocido de los jóvenes radicales, pasó doce años en prisiones, campos de trabajo y centros psiquiátricos soviéticos, antes de que las protestas internacionales por su situación condujeran en 1976 a su intercambio por el comunista chileno Luis Corvalán.

A excepción de esas protestas ocasionales en favor de ciertos individuos y de una campaña coordinada para defender el derecho de los judíos soviéticos a emigrar, es sorprendente la poca atención que prestó Occidente a los asuntos internos de la Unión Soviética; mucha menos de la que, a comienzos de los ochenta, estaba concediendo, por ejemplo, a la oposición interna en Polonia o incluso en Checoslovaquia. Hasta que la Unión Soviética no se retiró de la Organización Psiquiátrica Mundial en 1983, esta no comenzó, con vergonzoso retraso, a criticar por fin sus abusos.

Con o sin aliento externo, lo cierto es que la inmensa mayoría de los intelectuales soviéticos nunca siguió el ejemplo que daban, aunque fuera tímidamente, otros países de Europa oriental. El miedo que inspiraba la represión de Stalin, aunque nadie hablara realmente del asunto, se cernía todavía como un velo mortuorio tres décadas después de su muerte, y todos los críticos, a excepción de los más atrevidos y valientes, procuraban mantenerse dentro de los límites que marcaban los temas y el lenguaje aceptados. Presuponían, con bastante razón, que el país era algo duradero. Escritores como Andréi Amalrik —cuyo ensayo «¿Sobrevivirá la Unión Soviética hasta 1984?» se publicó por primera vez en Occidente en 1970 y se reeditó ampliado diez años después— eran proféticos, pero atípicos. En 1983, la Unión Soviética, al contrario que los regímenes títeres que había instalado en sus márgenes, existía desde hacía mucho más tiempo del que la mayoría de sus ciudadanos podía recordar y parecía fundamentalmente estable.

La oposición intelectual de Europa central apenas tuvo impacto inmediato, y este hecho no sorprendió a nadie: el nuevo realismo de los disidentes de la era de los setenta no solo englobaba una desengañada comprensión del fracaso del socialismo, sino una lúcida evaluación de las realidades del poder. Además, había un límite para lo que se le podía exigir a la gente: en su Ensayo sobre la valentía, el escritor checoslovaco Ludvík Vaculik planteaba de forma convincente que no era mucho lo que se le podía pedir a la gente común que se afana por sobrevivir cada día. La mayoría vivía en una especie de «zona gris», un lugar seguro, pero sofocante, en el que el entusiasmo había sido sustituido por el asentimiento. Era difícil justificar una resistencia activa y plagada de riesgos contra la autoridad, porque, una vez más, para la mayoría de la gente común, resultaba innecesaria. Lo más que cabía esperar eran «actos no heroicos, realistas».

En líneas generales, los intelectuales hablaban entre sí en lugar de dirigirse al conjunto de la comunidad: en algunos casos compensaban tácitamente su entusiasmo inicial. Además, eran herederos (en ocasiones literalmente hijos) de la clase dirigente de la primera generación de comunistas que ocupó el poder: la educación y el privilegio se habían transmitido bastante bien de una generación a otra, sobre todo en Polonia y Hungría. Esto no siempre les granjeaba el cariño de la población. Como antes, cuando habían defendido los regímenes a los que ahora se oponían, solo eran una exigua minoría social y únicamente se representaban a sí mismos.

De manera que cuando Gyórgy Konrád escribía de forma un tanto lapidaria que «ninguna persona razonable debería querer apartar a otros de sus puestos de poder político para ocuparlos él mismo», estaba reconociendo una sencilla verdad: en ese momento y lugar, ninguna «persona razonable» estaba en situación de hacer algo así. Esa misma valoración de los desalentadores rasgos cotidianos proporciona un telón de fondo a la insistencia de la oposición en la no violencia, y no solo en Checoslovaquia, donde la pasividad frente a la autoridad tenía una larga historia, o en la República Democrática, donde la Iglesia luterana influía cada vez más en los círculos opositores, sino incluso en Polonia, donde para Michnik y para otras figuras representaba una barrera pragmática y ética que protegía de aventuras peligrosas y sin sentido.

El éxito de la nueva oposición estaba en otra parte. En el Este, como en el Oeste, los setenta y los ochenta fueron una época de cinismo. Las energías de la década de 1960 habían desaparecido, sus ideales políticos habían perdido credibilidad moral y la implicación en los asuntos públicos había dado lugar al cálculo de las ventajas personales. Al fraguar un diálogo sobre los derechos, al centrar la atención en un concepto tan impreciso como el de «sociedad civil», al recalcar constantemente los silencios del presente de Europa central y su pasado —moralizando, por así decirlo, en público y sin rubor— Havel y otras figuras estaban erigiendo una especie de espacio público virtual para sustituir el que había sido destruido por el comunismo.

Algo de lo que los intelectuales disidentes no hablaban mucho era de economía. Esto también era una especie de concesión al realismo. Desde los tiempos de Stalin, el crecimiento económico —o, más precisamente, industrial— había sido tanto el objetivo del socialismo como la principal medida de su éxito. La economía, como se comentaba en el capítulo XIII, había sido el interés primordial de una generación anterior de intelectuales reformistas, que devolvía al régimen comunista sus propias obsesiones, haciéndose eco de la suposición, compartida por marxistas y no marxistas, de que, al fin y al cabo, la política siempre tiene que ver con la economía. Durante la década revisionista que transcurrió entre 1956 y 1968 lo más parecido a una oposición permitida había sido un debate crítico formulado mediante recomendaciones de reforma económica.

Pero a mediados de los setenta, a cualquier observador del bloque soviético bien informado le resultaba difícil tomarse en serio las perspectivas de reforma económica interna, y no solo porque el lenguaje económico marxista se hubiera venido abajo después de décadas de abuso indebido. A partir de 1973, las economías de Europa oriental se quedaron muy a la zaga, incluso respecto a los reducidos índices de crecimiento de Europa occidental. La inflación de los setenta y la globalización del comercio y los servicios durante los ochenta pusieron a las economías del bloque soviético —a excepción de un brevísimo periodo de expansión financiera en la Unión Soviética, que, rica en petróleo, se aprovechó de la subida de los precios del crudo— en una insuperable situación de desventaja. En 1963 el comercio internacional con el COMECON representaba el 12 por ciento del total mundial, mientras que en 1979 se había reducido al nueve y caía con rapidez[11].

Los países del bloque soviético no podían competir en calidad con las economías industriales del Oeste y ninguno de ellos, salvo la propia Unión Soviética, disponía de un suministro constante de materias primas que pudiera vender a Occidente, de manera que ni siquiera podían competir con los países subdesarrollados. El sistema cerrado del COMECON impedía la participación en las nuevas redes comerciales de Europa occidental y el GATT, y, en cualquier caso, los Estados comunistas tampoco podían adaptar sus economías a los niveles de precios mundiales sin arriesgarse a enfurecer a sus consumidores internos (como ocurrió en Polonia en 1976).

Para entonces, la incapacidad de las economías comunistas ya era una ineficiencia endémica, de origen ideológico. A causa de una férrea insistencia en la importancia que la producción industrial primaria tenía para la «construcción del socialismo», el bloque soviético perdió el hilo que conectaba la fabricación extensiva con la producción intensiva y de elevado valor añadido que transformó las economías occidentales a lo largo de los sesenta y los setenta. Por el contrario, siguió dependiendo de un modelo de actividad económica muy anterior, que tenía el aroma del Detroit o del Ruhr de los años veinte, o del Manchester de finales del siglo XIX.

De este modo, Checoslovaquia —un país con muy pocas minas de hierro— era en 1981 el tercer exportador mundial de acero per cápita. Hasta el final, la República Democrática planificó una producción siempre en aumento de obsoletos bienes industriales pesados. En realidad, nadie que pudiera elegir compraba acero checo o máquinas germanas orientales, salvo que lo hiciera a precios enormemente subvencionados: en consecuencia, todos esos productos se producían y vendían con pérdidas. De hecho, en ese momento las economías de tipo soviético estaban restando valor: las materias primas que importaban o extraían valían más que los productos finales en los que se transformaban.

La economía comunista cobraba víctimas incluso en sectores en los que contaba con una ventaja competitiva. Del mismo modo que Hungría había sido elegida fabricante de camiones y autobuses del COMECON, en los años ochenta se asignó a la República Democrática la tarea de manufacturar ordenadores. Pero los ensamblados en Alemania Oriental no solo eran poco fiables y anticuados, sino que el sistema centralizado era simplemente incapaz de fabricarlos en número suficiente. En 1989, Alemania del Este (con unos dieciséis millones de habitantes) solo producía un quinto de los ordenadores que manufacturaba Austria (con siete millones quinientos mil), que, por su parte, era un competidor insignificante en el mercado internacional de dicho producto. Por tanto, en este caso, la «ventaja competitiva» era estrictamente relativa: la República Democrática gastaba millones de marcos produciendo bienes no deseados que en el mercado mundial se podían conseguir por menos precio y de mejor calidad.

En buena parte, esta situación emanaba de los defectos inherentes a la planificación centralizada. A finales de los setenta, el Gosplan, el organismo soviético responsable de la planificación económica centralizada, tenía cuarenta departamentos encargados de diversos sectores económicos y veintisiete ministerios distintos. La obsesión con los objetivos numéricos llegaba hasta extremos absolutamente paródicos: Timothy Garton Ash cita el ejemplo del Plan económico popular para el distrito de Prenzlauer Berg (en Berlín Este), donde se anunció que «los depósitos de las bibliotecas pasarían de trescientos cincuenta mil a cuatrocientos cincuenta mil volúmenes. El número de préstamos aumentaría en un 108,2 por ciento[12]».

El sistema de precios fijos imposibilitaba el cálculo de costes reales destinado a responder a las necesidades o a adaptarse a la reducción de recursos. En todos los niveles, los gestores temían asumir riesgos o innovar, por miedo a reducir la producción agregada a corto plazo. En cualquier caso, carecían de incentivos: aunque fueran incompetentes, tenían asegurado su puesto gracias a la conocida preferencia de Brézhnev por la «estabilidad de los cuadros» (la consigna a partir de 1971). Entre tanto, con el fin de garantizar el cumplimiento de objetivos fijados desde arriba, los encargados y directivos de las fábricas hacían todo lo posible por ocultar a las autoridades las reservas de material y de mano de obra. De manera que el despilfarro y la escasez se reforzaban mutuamente.

Era predecible que un sistema así no solo fomentara el estancamiento y la ineficiencia sino un ciclo permanente de corrupción. Una de las paradojas del proyecto socialista es que la ausencia de propiedad tiende a generar más corrupción, no menos. El poder, la posición y el privilegio no pueden comprarse directamente, sino que dependen de relaciones de patronazgo y clientelismo que se refuerzan unas a otras. Los derechos legales son sustituidos por la adulación, que, en el ámbito laboral, es debidamente recompensada con seguridad o ascensos. Para alcanzar objetivos, aunque sean modestos y legítimos —tratamientos médicos, necesidades materiales u oportunidades educativas—, la gente debe forzar la ley de diversas maneras nimias, pero ilícitas.

Esto explica en gran medida el acusado incremento del cinismo registrado en esos años. Un caso puede servirnos de ejemplo de muchos otros: las fábricas de tractores o de camiones no se molestaban en producir repuestos suficientes, porque podían cumplir sus «normas» con mayor facilidad haciendo máquinas de mayores dimensiones, lo cual hacía que, cuándo estas se averiaban, no hubiera componentes disponibles. Los datos oficiales solo publicaban el total de máquinas de todo tipo fabricadas en un determinado sector; nada decían de cuántas seguían estando en buen uso. Evidentemente, los trabajadores ya lo sabían.

El contrato social socialista se resumía secamente en un conocido chiste: «Tú haces como que trabajas y nosotros hacemos como que te pagamos». A muchos trabajadores, sobre todo a los menos cualificados, les interesaba esta situación, que, a cambio de la sumisión política, ofrecía seguridad social y un nivel reducido de presión laboral. Como señalaba con ironía no buscada el Pequeño diccionario político de Alemania Oriental, de carácter oficial, «en el socialismo se ha acabado con la contradicción entre trabajo y tiempo libre, típica del capitalismo».

Los únicos sectores de una economía comunista que funcionaban con relativa eficiencia en 1980 eran la sofisticada industria de defensa y la llamada «economía sumergida», el mercado negro de bienes y servicios. La importancia de esta economía alternativa, cuya propia existencia no podía reconocerse oficialmente, daba fe del mal estado de la oficial. En Hungría, a comienzos de los ochenta, se calcula que solo ochenta y cuatro mil artesanos, que operaban exclusivamente en el sector privado, respondían más o menos al 60 por ciento de la demanda local de servicios, que iban desde la fontanería a la prostitución.

Si a esto añadimos la producción agrícola y la de recursos públicos (ladrillos, hilo de cobre, caracteres de imprenta) «desviados» por los trabajadores para sus negocios privados, podremos apreciar que la pervivencia del comunismo de cuño soviético —de forma muy similar al capitalismo de tipo italiano— se basaba en la existencia de una economía paralela[13]. La relación era simbiótica: el Estado comunista solo podía mantener su monopolio público canalizando a la esfera pública todas las actividades y necesidades a las que no podía ni negarse ni responder; mientras que la economía sumergida dependía de la oficial para lograr recursos, pero sobre todo de la propia ineficiencia del sector público, que le garantizaba un mercado y que incrementaba artificialmente su valor y, por tanto, sus beneficios.

El estancamiento económico desdecía constantemente la presunción de que el comunismo era superior al capitalismo. Y aunque no fuera un estímulo para la oposición, no cabía duda de que era una fuente de desafección. Para la mayoría de la gente que experimentó el comunismo de la era Brézhnev, desde finales de los sesenta a comienzos de los ochenta la vida ya no estaba determinada por el terror y la represión. Pero era gris y monótona. Los adultos cada vez tenían menos hijos; bebían más —el consumo anual de bebidas alcohólicas per cápita en la Unión Soviética se cuadruplicó en esos años— y morían jóvenes. La arquitectura pública de las sociedades comunistas no solo era estéticamente poco atractiva, sino que era de poca calidad e incómoda, retratando fielmente el raído autoritarismo del propio sistema. Como un taxista de Budapest le comentó en una ocasión a este autor, señalando la apretada sucesión de inhóspitos y mugrientos bloques de pisos que desfiguran el extrarradio de las ciudades: «Ahí vivimos. En los típicos edificios comunistas: mucho calor en verano, mucho frío en invierno».

Los pisos, como casi todo en el bloque soviético, eran baratos (los alquileres suponían alrededor del cuatro por ciento del presupuesto familiar medio en la Unión Soviética), porque la economía no estaba regulada por el precio, sino por la escasez. Esto tenía sus ventajas para las autoridades —la atribución arbitraria de productos escasos ayudaba a mantener la lealtad— pero conllevaba un grave riesgo, que la mayoría de los líderes soviéticos entendía perfectamente. Desde finales de los sesenta, cuando quedó claro que ya no se podría contar con que la futura promesa del socialismo vinculara a los ciudadanos con el régimen, los dirigentes comunistas habían optado por tratar a sus súbditos como consumidores y sustituir la utopía (socialista) de mañana por la abundancia material de hoy.

Esta elección fue totalmente deliberada. Como declaró en octubre de 1970 ante la comisión ideológica de su partido Vasiľ Biľak, un dirigente checo partidario de la línea dura que tuvo un papel decisivo en la invitación hecha a los soviéticos en 1968 a invadir su país: «[En 1948] teníamos carteles en los escaparates indicando cómo iba a ser el socialismo, y la gente se mostraba receptiva. El entusiasmo de entonces y la época histórica eran diferentes, y hoy en día no podemos poner carteles mostrando cómo será el socialismo, puesto que hoy los escaparates deben estar llenos de productos para que podamos demostrar que avanzamos hacia el socialismo y que lo tenemos aquí[14]».

En consecuencia, había que alentar el consumismo como medida del éxito del socialismo. Esto no era lo mismo que el famoso «debate de la cocina» que tuvo Jruschov en 1959 con Nixon, cuando el primero aseguró al vicepresidente estadounidense que, en un futuro próximo, el comunismo tendría un mejor rendimiento que el capitalismo. Biľak —al igual que Kádár en Hungría— no se hacía esas ilusiones. Se contentaba con que el comunismo fuera una pobre imitación del capitalismo, siempre que los productos disponibles dejaran contento al consumidor. Del mismo modo, el dirigente germano-oriental Erich Honecker, sucesor en 1971 de Walter Ulbricht —que pasó sin pena ni gloria— en la jefatura del Partido, se propuso ofrecer a los ciudadanos de la República Democrática una modesta adaptación del «milagro» de la República Federal Alemana en la década de 1950.

La estrategia tuvo cierto éxito durante un tiempo. El nivel de vida en Checoslovaquia, Hungría y Polonia mejoró a lo largo de los años setenta, al menos en lo tocante al consumo al por menor. El número de coches y de televisiones —los bienes de consumo duraderos más simbólicos de la época— aumentaba constantemente: en Polonia, el número de coches privados per cápita se multiplicó por cuatro entre 1975 y 1989. A finales de los ochenta había cuatro televisiones por cada diez personas en Hungría, y las cifras en Checoslovaquia eran parecidas. En general, si los compradores estaban dispuestos a aceptar una calidad inferior, un diseño insulso y poca variedad, al final podían encontrar lo que deseaban, en tiendas oficiales o a través del sector «privado». Sin embargo, en la Unión Soviética, esos bienes «opcionales» eran más difíciles de encontrar, y relativamente más caros.

Lo mismo podía decirse de las necesidades básicas. En marzo de 1979 un comprador de Washington DC tenía que trabajar 12,5 horas para poder sufragar la típica cesta de la compra de alimentos básicos (con salchichas, leche, huevos, patatas, verdura, té, cerveza, etcétera). Una cesta similar costaba 21,4 horas en Londres, pero 42,3 en Moscú, a pesar de la cuantía de las subvenciones[15]. Además, el consumidor soviético o el de Europa del Este tenía que pasarse muchas más horas buscando y comprando su comida y otros artículos. La vida en el comunismo, si se medía en tiempo y esfuerzo, aunque no en rublos, coronas o florines húngaros, era tan cara como agotadora.

El problema de definir el comunismo por su éxito a la hora de satisfacer a los consumidores privados radicaba en que toda la economía, como ya hemos observado, se orientaba a producir maquinaría industrial y materias primas. Las economías comunistas, a excepción de los alimentos, no producían cosas que los consumidores quisieran (y tampoco eran muy eficientes produciendo comida: hacía tiempo que la Unión Soviética se había convertido en importadora neta de cereales, triplicando, solo entre 1970 y 1982, sus importaciones de productos alimentarios). La única forma de esquivar este obstáculo era importar bienes de consumo del exterior, pero había que pagarlos en divisas fuertes, que solo podían adquirirse exportando, y el mercado mundial, a excepción del petróleo soviético, apenas demandaba productos socialistas, a menos que se vendieran a precios muy reducidos, y, en la mayoría de los casos, ni siquiera así. En la práctica, la única forma de llenar los expositores del Este era pedir dinero a Occidente.

No hay duda de que Occidente estaba muy dispuesto a cumplir. Tanto el FMI como el Banco Mundial y los bancos privados estaban encantados de hacer préstamos al bloque soviético: el Ejército Rojo era una tranquilizadora garantía de estabilidad y los cargos comunistas falseaban la producción y los recursos de sus países hasta resultar convincentes[16]. Solo a lo largo de la década de 1970 la deuda en divisas fuertes de Checoslovaquia se multiplicó por doce. La de Polonia se incrementó en un 3000 por ciento, mientras el primer secretario Gierek y sus colegas absorbían productos occidentales subvencionados, aplicaban costosos programas sociales de nuevo cuño para los campesinos y congelaban los precios de los alimentos en los niveles de 1965.

Una vez desatado este grado de endeudamiento, era difícil contenerlo. Los incrementos de los precios de los alimentos aprobados por Gierek en 1976 provocaron furiosos disturbios y fueron rápidamente revocados, con lo que el régimen optó por seguir pidiendo préstamos: entre 1977 y 1980 un tercio de la línea crediticia externa de Polonia se utilizó para subvencionar el consumo interno. Los economistas comunistas de Praga recomendaron la supresión de las subvenciones y la introducción de precios reales, pero sus jefes políticos tuvieron miedo de las consecuencias sociales de esa medida y prefirieron incrementar los préstamos. Al igual que en el periodo de entreguerras, los frágiles y pequeños estados de Europa oriental solicitaban una vez más créditos a Occidente para financiar sus economías autárquicas y evitar decisiones difíciles.

Así lo reconocería años después Miklós Németh, el último primer ministro comunista de Hungría. Un préstamo de mil millones de marcos alemanes concedidos por Bonn en octubre de 1987, que los políticos germanos occidentales disfrazaron de contribución a la «reforma» económica húngara, se empleó realmente de la siguiente manera: «Gastamos dos tercios en pagar intereses y el resto en importar bienes de consumo para aliviar la impresión de crisis económica». En 1986 el déficit oficial húngaro en cuenta corriente era ya de mil cuatrocientos millones de dólares anuales. Entre 1971 y 1980 la deuda en divisas fuertes de Polonia había pasado de mil millones de dólares a veinte mil quinientos millones, y lo peor estaba por llegar. Según la propia República Democrática reconoció, en sus últimos años gastaba el 60 por ciento de sus ganancias anuales por exportación en abonar los intereses (muy generosamente reducidos) de sus deudores occidentales. Yugoslavia, un cliente siempre preferencial (entre 1950 y 1964 Estados Unidos había cubierto tres quintos del déficit anual de Belgrado), recibió préstamos generosos y créditos de emergencia amparados en datos oficiales que no se parecían ni por asomo a la realidad.

En conjunto, la deuda en divisas fuertes de Europa oriental, que representaba seis mil cien millones de dólares en 1971, pasó a sesenta y seis mil en 1980, y en 1988 llegaría a noventa y cinco mil seiscientos millones. En estas cifras, que podrían haber sido aún peores de no ser por cierta flexibilidad en los precios introducida en Hungría durante los setenta, no aparecía Rumanía, donde Ceauşescu había cargado la cancelación de la deuda exterior de su país sobre las espaldas de sus siempre sufrientes súbditos. Pero el mensaje estaba claro: el sistema comunista no solo vivía de préstamos, sino de un tiempo que ya no tenía. Tarde o temprano sería necesario aplicar ajustes económicos dolorosos y socialmente perturbadores.

En los años venideros, el famoso jefe de espías germano-oriental Markus Wolf afirmó que a finales de los años setenta él ya había llegado a la conclusión de que la República Democrática «no funcionaba» y no hay duda de que no era el único. Economistas como el húngaro Támás Bauer y su contemporáneo polaco Leszek Balcerowicz sabían perfectamente lo frágil que era ya el castillo de naipes comunista. Pero mientras los capitalistas lo financiaran, el comunismo podría sobrevivir. La «época de estancamiento» (en palabras de Gorbachov) de Leónidas Brézhnev alimentó muchas ilusiones, y no solo en su país. En 1978, cuando un informe del Banco Mundial determinó realmente que la República Democrática tenía un nivel de vida superior al del Reino Unido, lo más seguro es que el príncipe Potemkin sonriera en su lejana tumba.

Pero los comunistas comprendían algo que a los banqueros occidentales se les había escapado. La reforma económica del bloque soviético no solo se había pospuesto. Estaba totalmente descartada. Como Amalrik había pronosticado en ¿Sobrevivirá la Unión Soviética hasta 1984?, la élite comunista «consideraba el régimen un mal menor en comparación con la penosa labor de cambiarlo». Las reformas económicas, por muy locales o limitadas que fueran, habrían tenido ramificaciones políticas inmediatas. Las disposiciones económicas del socialismo no eran algo autónomo; estaban estrechamente integradas en el propio régimen político.

No era casual que todos los dirigentes de los Estados satélites de Europa del Este fueran ancianos y conservadores oportunistas. En una nueva época de realismo, no podía haber personajes más realistas que Edward Gierek en Varsovia (nacido en 1913), Gustav Husák en Praga (nacido en 1913), Erich Honecker en Berlín (1912), János Kádár en Budapest (1912) y Todor Zhivkov en Sofía (1911), por no hablar de Enver Hoxha en Tirana (1908) y Josip Broz Tito en Belgrado (1892). Al igual que Leónidas Brézhnev —nacido en 1906, condecorado en siete ocasiones con la orden de Lenin y en cuatro con la medalla de Héroe de la Unión Soviética, ganador del premio Lenin de la Paz, secretario general y, desde 1977, jefe del Estado—, esos hombres se habían criado con las viejas costumbres. Apenas tenían incentivos para tirar de la manta que los cubría. Estaban totalmente decididos a morir en su cama[17].

En sí mismo, el hecho de que el socialismo «real» fuera disfuncional y que estuviera desacreditado no selló su suerte. En su discurso de aceptación del premio Nobel de 1971, Alexander Solzhenitsin se había exaltado diciendo que «una vez que la mentira se haya desvanecido, la desnudez de la violencia se mostrará en toda su repugnancia y entonces, esa violencia, ya decrépita, se hará añicos». Pero no ocurrió exactamente así. La desnudez de la violencia soviética hacía tiempo que se había revelado —y se pondría de nuevo de manifiesto con la desastrosa invasión de Afganistán en 1979— y la mentira del comunismo se venía desvaneciendo y disipando paulatinamente desde los años posteriores a 1968.

Pero el sistema todavía no se había hecho añicos. La contribución esencial de Lenin a la historia europea había sido el secuestro del legado político centrífugo del radicalismo del continente y su canalización hacia el poder mediante un innovador sistema de control monopolístico, acumulado sin vacilaciones y conservado a la fuerza en un solo lugar. Puede que el sistema comunista se fuera corroyendo indefinidamente en la periferia, pero la iniciativa para su derrumbamiento final solo podía venir del centro. En la historia de la desaparición del comunismo, el notable florecimiento en Praga o Varsovia de un nuevo tipo de oposición solo fue el fin del comienzo. Sin embargo, la aparición de un nuevo tipo de dirigente en el propio Moscú habría de ser el principio del fin.

XIX

El fin del viejo orden

No podemos seguir viviendo así.

MIJAÍL GORBACHOV, a su esposa, marzo de 1985

La época más peligrosa para un mal gobierno es cuando comienza a reformarse.

ALEXIS DE TOCQUEVILLE

No tenemos ninguna intención de perjudicar o desestabilizar la República Democrática Alemana.

HEINRICH WINDELEN, ministro de Relaciones Interalemanas de Alemania Occidental

La experiencia histórica demuestra que en ocasiones las circunstancias obligaron a los comunistas a comportarse racionalmente y a hacer cesiones.

ADAM MICHNIK

Pueblo, el Gobierno ha vuelto a vuestras manos.

VÁCLAV HAVEL, discurso presidencial, 1 de enero de 1990

En general, el relato de la caída definitiva del comunismo se inicia en Polonia. El 16 de octubre de 1978, Karol Wojtyła, cardenal de Cracovia, fue elegido Papa con el nombre de Juan Pablo II, siendo el primer polaco en ocupar el cargo. Su elección despertó expectativas inéditas en la época contemporánea. En la Iglesia católica había quienes consideraban posible que fuera un radical: era joven (solo tenía cincuenta y ocho años cuando llegó al papado en 1978, y había sido nombrado arzobispo de Cracovia a los cuarenta y tres), pero ya veterano del Concilio Vaticano II. Enérgico y carismático, sería el hombre que completaría la labor de los pontífices Juan XXIII y Pablo VI, y el que conduciría a la Iglesia a una nueva era; era más pastor que burócrata de la curia.

Entretanto, los católicos conservadores se complacían en la reputación de inflexible firmeza teológica de Wojtyła, así como en el absolutismo moral y político surgido de su experiencia como sacerdote y prelado en un régimen comunista. Era un hombre que, pese a su reputación de «Papa de ideas», abierto al intercambio intelectual y al debate académico, se negó a ceder ante los enemigos de la Iglesia. Al igual que el cardenal Joseph Ratzinger, poderoso jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe (y su sucesor en el papado), Wojtyła había abandonado asustado su entusiasmo reformador inicial ante las réplicas radicales generadas por las reformas de Juan XXIII. Cuando fue elegido ya era un conservador, tanto en cuestiones organizativas como doctrinales.

Los orígenes polacos de Karol Wojtyła y las tragedias de su juventud ayudan a explicar la fuerza inusual de sus convicciones y el carácter inconfundible de su legado. Perdió a su madre cuando tenía ocho años (tres años después perdería también a su único hermano, Edmund, mayor que él; y su padre, el único pariente cercano que le quedaba, murió durante la guerra, cuando Wojtyła tenía diecinueve años). Después del fallecimiento de su madre, su padre le llevó al santuario mariano de Kalwaria Zebrzydowska, donde realizó peregrinaciones frecuentes en los años posteriores. Zebrzydowska, al igual que Częstochowa, es un importante centro del culto mariano en la Polonia moderna. A los quince años, Wojtyła ya era presidente de la asociación mariana de Wadowice, su ciudad natal, apuntándose así desde muy pronto su inclinación a la mariolatría (que a su vez contribuyó a su obsesión con el matrimonio y el aborto).

La visión cristiana del nuevo Papa hundía sus raíces en el peculiar mesianismo del catolicismo polaco. En la Polonia del momento no solo veía la asediada frontera oriental de la auténtica fe, sino una tierra y un pueblo elegidos para servir de ejemplo y de espada de la Iglesia en la lucha, tanto contra el ateísmo oriental como contra el materialismo occidental[1]. Probablemente este hecho, junto a su largo servicio en Cracovia, aislado de las corrientes teológicas y políticas occidentales, explicara su apego a incorporar una provinciana y en ocasiones turbadora perspectiva polaco-cristiana[2].

Pero también explica el entusiasmo sin precedentes que recabó en su país de origen. Desde el principio, el Papa rompió con la cosmopolita y romana aquiescencia de su antecesor hacia la modernidad, el secularismo y el compromiso. Su campaña de viajes por todo el mundo —junto a actuaciones cuidadosamente montadas en enormes estadios abiertos, acompañado de crucifijos desmesurados y de una parafernalia de luz y sonido teatralmente sincronizada— era absolutamente deliberada. Era un gran Papa que se entregaba a sí mismo y su fe al mundo: desde Brasil, México y Estados Unidos hasta Filipinas, pasando por Italia, Francia y España, y, sobre todo, la propia Polonia.

Abandonando la cautelosa Ostpolitik de sus antecesores, Juan Pablo II llegó a Varsovia el 2 de junio de 1979 para realizar la primera de sus tres espectaculares «peregrinaciones» a la Polonia comunista. Le recibieron multitudes enormes, totalmente entregadas. Su presencia proclamó y reforzó la influencia de la Iglesia católica en Polonia; pero al Papa no solo le interesaba refrendar la pervivencia pasiva del cristianismo bajo el régimen comunista. En ocasiones, a pesar de la incomodidad de sus propios obispos, intentaba disuadir abiertamente a los católicos de Polonia y de los demás países del Este de que llegaran a cualquier tipo de compromiso con el marxismo, y no solo ofreció su Iglesia como santuario silencioso, sino como polo alternativo de autoridad moral y social.

Como comprendieron perfectamente los comunistas polacos, ese cambio de posición —del compromiso a la resistencia— por parte de la Iglesia católica, podía tener un efecto local desestabilizador y cuestionar abiertamente el monopolio de la autoridad por parte del partido. Hasta cierto punto, esta fue la razón por la que los polacos se mantuvieron abrumadora y fervientemente católicos; en gran medida a causa de este hombre. Pero no había mucho que pudieran hacer: impedir que el Papa visitara Polonia o que hablara allí solo habría aumentado su atractivo, alienando aún más a millones de admiradores. Incluso después de la imposición de la ley marcial, cuando el Papa regresó a Polonia en junio de 1983 y habló a sus compatriotas en la catedral de San Juan de Varsovia de su «decepción y humillación, de su sufrimiento y pérdida de libertad», los líderes comunistas solo podían escuchar sin moverse. «Polonia», le dijo a un incómodo general Jaruzelski en una alocución televisada, «debe ocupar el lugar que le corresponde entre las naciones de Europa, entre el Este y el Oeste».

El Papa, como Stalin había señalado en una ocasión, no tiene divisiones. Pero Dios no está siempre del lado de los grandes batallones: las carencias militares de Juan Pablo II se compensaban con visibilidad y con sentido de la oportunidad. En 1978, Polonia ya estaba al borde del levantamiento social. Desde las revueltas obreras de 1970 y una vez más con las de 1976, ambas provocadas por los drásticos incrementos de los precios de los alimentos, el primer secretario Edward Gierek se había esforzado por evitar el descontento interno: sobre todo, como hemos comprobado, endeudándose enormemente con créditos extranjeros y utilizándolos para proporcionar a los polacos alimentos subvencionados y otros artículos de consumo. Pero la estrategia estaba fracasando.

Gracias al surgimiento del KOR de Jacek Kuroń, la oposición intelectual y los líderes obreros ahora cooperaban mucho más que antes. Como reacción a la cautelosa aparición de sindicatos «libres» (es decir, ilegales) en diversas ciudades industriales y costeras, iniciada en Katowice y Gdańsk, los líderes de KOR redactaron una Carta de derechos de los trabajadores en diciembre de 1979: entre sus demandas se incluía el derecho a constituir sindicatos autónomos, ajenos al partido, y el derecho de huelga. Como era de esperar, las autoridades respondieron deteniendo a los activistas intelectuales y despidiendo a los trabajadores que vulneraban la legalidad, entre ellos Lech Wałęsa, un electricista entonces desconocido, y a otros catorce empleados de Elektromontaż en Gdańsk.

No está claro si este movimiento semiclandestino en defensa de los derechos de los trabajadores hubiera podido crecer. Sin duda a sus portavoces les envalentonó la reciente visita del Papa y la sensación de que al régimen le costaría reaccionar violentamente por miedo a la condena internacional. Pero su red de activistas no dejaba de ser todavía algo minúscula y desestructurada. Lo que desató el apoyo masivo fue una iniciativa del Partido Comunista, que, por tercera vez en una década, trató de resolver sus dificultades económicas anunciando, el 1 de julio de 1980, un aumento inmediato del precio de la carne.

Un día después del anuncio, KOR se declaró «agencia de información sobre la huelga». Durante las tres semanas siguientes las huelgas de protesta se extendieron desde la fábrica de tractores Ursus (escenario de las revueltas de 1976) a las principales localidades industriales del país, llegando a Gdańsk y a los astilleros Lenin el 2 de agosto. Allí, los obreros navales ocuparon las instalaciones y constituyeron un sindicato ilegal, Solidarność (Solidaridad), dirigido por Wałęsa, que el 14 de agosto de 1980 se subió al muro que rodeaba los astilleros y se hizo con la dirección de un movimiento huelguístico nacional.

Las autoridades, una vez derrotada su respuesta instintiva —detener a los cabecillas y aislar a los huelguistas—, optaron por ganar tiempo y dividir a sus oponentes. En una iniciativa insólita, miembros del politburó fueron enviados a Gdańsk para negociar con líderes obreros «razonables», aunque al mismo tiempo Kuroń, Adam Michnik y otros líderes de KOR fueron detenidos temporalmente para interrogarlos. Pero otros intelectuales, como el historiador Bronisław Geremek o el abogado católico Tadeusz Mazowiecki, llegaron a Gdańsk para ayudar a negociar a los huelguistas, y estos insistieron en que solo aceptarían la representación de portavoces elegidos por ellos mismos: especialmente Wałęsa, una figura cada vez más destacada.

El régimen se vio obligado a transigir. El 1 de septiembre la policía liberó al resto de los detenidos y dos semanas después el Consejo de Estado polaco aceptaba oficialmente la principal demanda de los huelguistas: el derecho a constituir e inscribir sindicatos libres. A las ocho semanas, la red informal de huelgas y de sindicatos establecidos para la ocasión, que ahora proliferaban en toda Polonia, se había fusionado en una sola organización cuya existencia las autoridades ya no podían fingir que negaban: el 10 de noviembre de 1980 Solidaridad se convirtió en el primer sindicato independiente oficialmente inscrito en un país comunista, y se calculaba que contaba con diez millones de afiliados. En su congreso constitutivo nacional del mes de septiembre posterior, Wałęsa fue elegido presidente.

Entre noviembre de 1980 y diciembre de 1981 Polonia vivió en un estimulante e incómodo limbo. Los asesores de Wałęsa, conscientes de los errores pasados y temerosos de suscitar una reacción violenta por parte de los humillados dirigentes comunistas, aconsejaban prudencia. Esta debía ser una «revolución contenida». Jacek Kuroń, con el recuerdo de 1956 y 1968 muy presente, insistía en mantener el apoyo al «sistema socialista» y reiteraba la aceptación por parte de Solidaridad del «papel rector del partido»: nadie quería dar a las autoridades de Varsovia o de Moscú una excusa para mandar los tanques.

La autoimposición de restricciones compensó, hasta cierto punto. Los asuntos manifiestamente políticos —el desarme o la política exterior— quedaron fuera del programa de Solidaridad, que se centró en la estrategia de «sociedad práctica» establecida por KOR, es decir, en el establecimiento de vínculos con la Iglesia católica (de especial interés para Adam Michnik, decidido a superar el anticlericalismo tradicional de la izquierda polaca y a forjar una alianza con la enérgica nueva cúpula católica), la formación de sindicatos locales y consejos en las fábricas y la defensa a ultranza de la autogestión y los derechos sociales (esta última reivindicación tomada literalmente de los convenios de la Organización Mundial del Trabajo, con sede en Ginebra).

Pero bajo el régimen comunista, hasta esas tácticas cautelosamente apolíticas iban en contra de la poca voluntad que mostraba el partido de ceder cualquier autoridad o autonomía real. Además, la economía seguía derrumbándose: la productividad industrial cayó en picado durante 1981, mientras los obreros polacos, ahora sindicados, celebraban reuniones, y realizaban protestas y huelgas para conseguir sus reivindicaciones. Visto desde Varsovia, y sobre todo desde Moscú, el país estaba a la deriva y el régimen estaba perdiendo el control. Además, constituían un mal ejemplo para sus vecinos. Pese a los grandes esfuerzos de sus cautelosos líderes, Solidaridad estaba condenada a despertar a los fantasmas de Budapest y de Praga.

El general Wojciech Jaruzelski pasó del puesto de ministro de Defensa al de presidente del Gobierno en febrero de 1981, en sustitución de Gierek, ahora caído en desgracia. En octubre reemplazó a Stanisław Kania como secretario del partido. Seguro del apoyo del ejército y con los líderes soviéticos instándole a tomar medidas enérgicas para impedir que Polonia derivara hacia una situación fuera de control, se movió con rapidez para poner fin a unas condiciones que ambas partes sabían que no podían durar indefinidamente. El 13 de diciembre de 1981 —justo cuando se iniciaban en Ginebra las conversaciones sobre desarme entre la Unión Soviética y Estados Unidos— Jamzelski declaró la ley marcial en Polonia, aparentemente para impedir una intervención soviética. Todos los líderes y asesores de Solidaridad fueron enviados a prisión (aunque el propio sindicato no fue formalmente ilegalizado hasta el año siguiente, momento en el que pasó a la clandestinidad)[3].

A la vista de lo ocurrido en 1989, la aparición de Solidaridad parece la primera descarga en la batalla definitiva contra el comunismo. Pero la «revolución» polaca de 1980-1981 se comprende mejor si se considera la última de una serie creciente de protestas obreras iniciadas en 1970 y dirigidas contra la represiva e incompetente gestión económica del partido. Elementos como la cínica incompetencia, el arribismo y las vidas malogradas, los incrementos de precios, las huelgas de protesta y la represión, la aparición espontánea de sindicatos locales y la implicación activa de los intelectuales o la simpatía y el apoyo de la Iglesia católica fueron paradas familiares en el camino hacia el renacimiento de una sociedad civil conmovedoramente retratada por Andrzej Wajda en El hombre de mármol (1977) y El hombre de hierro (1981), su didáctico relato cinematográfico de las ilusiones traicionadas y las esperanzas renacidas de la Polonia comunista.

Pero no eran más que eso. En sí mismos estos elementos no presagiaban la caída del poder comunista. Como Michnik, Kuroń y otros señalaron con insistencia antes y después de la imposición de la ley marcial, el comunismo se podría haber erosionado progresivamente desde dentro y desde abajo, pero no era posible derrocarlo. La confrontación abierta, como la historia había demostrado convincentemente, habría sido catastrófica. Cierto es que la ley marcial (que estuvo en vigor hasta julio de 1983) y el consiguiente estado de guerra supusieron el reconocimiento de cierto fracaso por parte de las autoridades: ningún otro Estado comunista se había visto obligado jamás a tomar esas medidas y el propio Michnik calificó la situación de «un desastre para el Estado totalitario» (reconociendo al mismo tiempo que constituyó un grave «contratiempo para la sociedad independiente»). Sin embargo, el comunismo era una cuestión de poder, y el poder no residía en Varsovia, sino en Moscú. El desarrollo de los acontecimientos en Polonia fue un emocionante prólogo para el relato del derrumbamiento del comunismo, pero sin dejar de ser algo secundario. La acción estaba en otra parte.

La represión ejercida en Polonia contribuyó aún más al paulatino enfriamiento de las relaciones Este-Oeste iniciado a finales de los setenta. No hay que exagerar el alcance de lo que se dio en llamar «segunda Guerra Fría»: aunque en un determinado momento Leónidas Brézhnev y Ronald Reagan se acusaron mutuamente de considerar e incluso planificar una guerra nuclear, ni la Unión Soviética ni Estados Unidos tenían esas intenciones[4]. Para Washington y Moscú, la firma de los Acuerdos de Helsinki significaba que la Guerra Fría estaba finalizando, y eso era algo que beneficiaba a ambas partes. De hecho, la situación en Europa beneficiaba a ambas potencias y Estados Unidos se comportaba ahora más bien como la Rusia zarista en las décadas posteriores a la derrota de Napoleón en 1815, es decir, como una especie de policía continental cuya presencia garantizaba que no hubiera más alteraciones del statu quo por parte de alguna revoltosa potencia revolucionaria.

No obstante, las relaciones Este-Oeste se estaban deteriorando. La invasión soviética de Afganistán en diciembre de 1979, acometida en gran medida a instancias del ministro de Asuntos Exteriores Andréi Gromiko, con el fin de recuperar un régimen estable y dócil en las estratégicas fronteras meridionales de la Unión Soviética, produjo el boicot estadounidense de los Juegos Olímpicos celebrados en Moscú de 1980 (un cumplido debidamente devuelto cuando el bloque soviético declinó participar en 1984 en los de Los Ángeles) e hizo que el presidente Jimmy Carter revisara públicamente «mi propia opinión sobre adónde quieren ir a parar los soviéticos» (The New York Times, 1 de enero de 1980). La invasión convenció también a los dirigentes occidentales de la conveniencia de haber decidido instalar, en una cumbre de la OTAN celebrada solo dos semanas antes, 108 nuevos misiles Pershing II y 464 Cruise (algo que, a su vez, respondía a la colocación por parte de Moscú de una nueva generación de misiles de alcance medio SS-20 en Ucrania). Parecía que una nueva carrera de armamento cobraba velocidad.

Nadie, y mucho menos los líderes de Europa occidental, cuyos países habrían sido los primeros en sufrir un intercambio nuclear, se hacía ilusiones respecto al valor del armamento atómico. Como instrumentos bélicos, eran especialmente inútiles: al contrario que una lanza, solo eran realmente buenos como advertencia. No obstante, y como mecanismo disuasorio, el arsenal nuclear tenía su utilidad, siempre que se pudiera convencer al oponente de que se acabarían utilizando. En cualquier caso, no había otra manera de defender Europa occidental frente al Pacto de Varsovia, que a comienzos de los ochenta presumía de contar con más de 50 divisiones acorazadas de infantería, 16.000 tanques, 26.000 vehículos artillados y 4000 aviones de combate.

Esta es la razón por la que los primeros ministros británicos (tanto Margaret Thatcher como, antes que ella, James Callaghan), los cancilleres germanos occidentales y los dirigentes belgas, italianos y holandeses acogieron de buen grado los nuevos misiles y autorizaron que se instalaran en su territorio. Dentro de su recién estrenado entusiasmo por la alianza occidental, el presidente francés François Mitterrand se mostró especialmente entusiasta: durante un ampuloso discurso pronunciado en enero de 1983 ante un Bundestag un tanto desconcertado, remachó ante los alemanes occidentales la urgente necesidad de mantenerse firme y de adoptar los últimos misiles estadounidenses[5].

La nueva Guerra Fría reabrió la perspectiva de un terror que no guardaba ninguna relación aparente con los problemas con los que se relacionaba, ni con las intenciones de la mayoría de los implicados. En Europa occidental el movimiento pacifista antinuclear, fortalecido por una nueva generación de militantes verdes, experimentó un proceso de revitalización. En el Reino Unido, para asombro de la guarnición estadounidense que tuvo que sufrir el asedio, una colección de feministas, ecologistas y anarquistas, entusiasta e indudablemente inglesa, unida a otros amigos y conocidos, sitió durante una larga temporada Greenham Common, un lugar donde se instalaron misiles.

La oposición principal se registró en la República Federal, donde el canciller socialdemócrata Helmut Schmidt se vio obligado a dimitir después de que la izquierda de su propio partido votara contra el despliegue de los nuevos misiles, que se colocaron posteriormente con la aprobación de su sucesor, el cristianodemócrata Helmut Kohl[6]. El espejismo de una zona desnuclearizada y neutral en Europa central seguía siendo muy apreciado por muchos alemanes, y destacados verdes y socialdemócratas de la República Federal Alemana añadieron sus voces a los llamamientos oficiales de la República Democrática Alemana contra las armas nucleares: en una manifestación celebrada en Bonn en 1983, el excanciller Willy Brandt instó a una multitud de trescientos mil simpatizantes a que exigieran a su Gobierno la renuncia unilateral a cualquier clase de misiles. El llamado llamamiento de Krefeld contra el despliegue de los misiles Cruise y Pershing en la República Federal reunió dos millones setecientas mil firmas.

Ni la invasión de Afganistán ni el estado de guerra en Polonia suscitaban preocupaciones comparables en Europa occidental, ni siquiera en los círculos oficiales (de hecho, la primera reacción del canciller Helmut Schmidt ante la declaración de la ley marcial por parte de Jaruzelski fue mandar a Varsovia a un representante personal de alto nivel en febrero de 1982, con el fin de ayudar a superar el aislamiento polaco)[7]. En cuanto a los «pacifistas», les preocupaba mucho menos la represión en Varsovia que la belicosa retórica de Washington. Aunque la decisión que había tomado la OTAN de desplegar nuevos misiles había ido acompañada de una oferta de negociaciones para reducir ese tipo de armamento (el llamado enfoque de la «doble vía»), cada vez parecía más evidente que, con su nuevo presidente, Estados Unidos había adoptado una estrategia nueva y agresiva.

Gran parte de la beligerancia de Washington era puramente retórica: cuando Ronald Reagan exigía que «Polonia fuera Polonia» o tachaba a Moscú de «imperio del mal» (en marzo de 1983), lo hacía para consumo interno. Después de todo, el mismo presidente estaba iniciando conversaciones sobre reducción de armas nucleares y ofreciéndose a retirar sus propios misiles de alcance medio si los soviéticos desmantelaban los suyos. Lo cierto es que Estados Unidos se estaba embarcando en un enorme programa de rearme. En agosto de 1981 Reagan anunció que almacenaría bombas de neutrones. El sistema de misiles MX, que infringía los Tratados de Limitación de Armas Estratégicas, fue anunciado en noviembre de 1982, seguido cinco meses más tarde de la Iniciativa de Defensa Estratégica (conocida como Guerra de las galaxias), que produjo la protesta soviética, amparada en el creíble argumento de que vulneraba el Tratado de Misiles Antibalísticos de 1972. En Afganistán y América central crecían constantemente la ayuda militar oficial y el apoyo clandestino. En 1985 los gastos de defensa estadounidenses aumentaron un seis por ciento, un incremento sin precedentes en tiempo de paz[8].

Ya en septiembre de 1981 Reagan había advertido que sin un acuerdo sobre armas nucleares verificable habría una carrera de armamentos que, de producirse, ganaría su país. Y así fue. Con el paso del tiempo, se llegó a pensar que la escalada armamentística estadounidense fue un recurso astutamente concebido que primero llevó al sistema soviético a la bancarrota y luego lo arruinó. Sin embargo, esta interpretación no es del todo precisa. La Unión Soviética no podía permitirse ni la carrera de armamentos en la que se embarcó en 1974. Pero la bancarrota, por sí sola, no habría puesto de rodillas al comunismo.

No hay duda de que la segunda Guerra Fría y la manifiesta beligerancia estadounidense incrementaron las presiones que sufría un sistema chirriante y disfuncional. A lo largo de cuarenta años la Unión Soviética había desarrollado una maquinaria militar que derrotó a Hitler, ocupó la mitad de Europa y reprodujo una a una las armas de Occidente, pero el precio que pagó por todo eso fue terrible. En el apogeo del proceso, entre el 30 y el 40 por ciento de los recursos soviéticos se desviaba a gasto militar, es decir, entre cuatro y cinco veces lo que destinaban los estadounidenses. Para muchos expertos soviéticos ya era evidente que su país no podría soportar esa carga indefinidamente. A la larga, el coste económico de esa escalada militar mantenida a lo largo de generaciones debía pasar factura.

Pero probablemente, al menos a corto plazo, las tensiones internacionales contribuyeron a sostener el régimen. Puede que la Unión Soviética fuera una «aldea Potemkin» del tamaño de un continente —un «Alto Volta con misiles», según la sucinta descripción de Helmut Schmidt— pero, después de todo, tenía esos misiles, que concedían cierto prestigio y respeto a sus poseedores. Además, los ancianos líderes soviéticos, especialmente el director del KGB, Yuri Andrópov, se tomaban muy en serio la amenaza estadounidense. Al igual que sus homólogos de Washington, creían realmente que el otro bando consideraba la posibilidad de lanzar una guerra nuclear preventiva. La postura intransigente de Reagan, y en concreto su iniciativa de Defensa Estratégica, hizo que los viejos dirigentes soviéticos se mostraran todavía menos dispuestos a hacer concesiones.

El auténtico dilema militar al que se enfrentaba la cúpula soviética no estaba ni en Europa ni en Washington, sino en Kabul. Con el debido respeto a la tardía sensibilidad desarrollada por Jimmy Carter hacia las ambiciones estratégicas soviéticas, la invasión de Afganistán en 1979 no abrió un nuevo frente en la lucha estratégica de comunismo con el mundo libre, sino que nacía de una inquietud interior. El censo soviético de ese mismo año puso de manifiesto un incremento sin precedentes de la población (principalmente musulmana) del Asia Central soviética. En Kazajistán y las demás repúblicas soviéticas colindantes con Afganistán —Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán— la población había aumentado en un 25 por ciento desde 1970. A lo largo de la década siguiente, mientras que el número de habitantes de Ucrania solo creció un cuatro por ciento, el de Tayikistán se incrementó prácticamente en un 50 por ciento. Según sus líderes, la Rusia europea estaba demográficamente amenazada por sus minorías internas; como un enfermo, Leónidas Brézhnev reconoció ante el XXVI Congreso de su partido, celebrado en febrero de 1981, que seguía habiendo «cuestiones nacionales» que era necesario abordar.

Si la ocupación de Afganistán hubiera logrado instalar un régimen seguro y amigo en Kabul, los líderes soviéticos se habrían apuntado dos tantos. Habrían consolidado la titubeante presencia de Moscú en Oriente Medio, lanzando al mismo tiempo un «mensaje claro» a una nueva generación de musulmanes soviéticos tentados de soñar con la independencia. Pero, evidentemente, los soviéticos fracasaron en Afganistán. Brézhnev, Gromiko y sus generales no solo hicieron caso omiso de las lecciones de Vietnam, repitiendo muchos de los errores de Estados Unidos, sino que también olvidaron los propios fracasos cometidos ochenta años antes por la Rusia zarista en la misma región. De manera que la desastrosa intentona por mantener un régimen títere en un territorio desconocido y hostil despertó la intransigente oposición de unos guerrilleros fanáticos (los muyaidín), armados y financiados desde el exterior. Y en lugar de abordar las cuestiones nacionales del propio imperio, solo sirvió para exacerbarlas: de poca utilidad fueron las autoridades «marxistas» de Kabul, apoyadas por Moscú, para el prestigio soviético, tanto interior como exterior, en el mundo islámico.

En pocas palabras, Afganistán fue una catástrofe para la Unión Soviética. Sus traumáticas consecuencias para toda una generación de soldados de reemplazo no surgirían hasta pasado un tiempo. A comienzos de la década de 1990 se calculaba que uno de cada cinco veteranos de las guerras afganas era un alcohólico empedernido; en la Rusia postsoviética muchos otros, incapaces de encontrar un empleo estable, fueron derivando hacia organizaciones nacionalistas de extrema derecha. Pero mucho antes de eso, hasta los propios líderes soviéticos podían apreciar la magnitud de su error. Además del coste en vidas humanas y material, la guerra de desgaste desarrollada durante una década en las montañas afganas constituyó una prolongada humillación internacional. A corto plazo, descartó la posibilidad de que el Ejército Rojo pudiera desplegarse más allá de sus fronteras: como el miembro de politburó Yegor Ligachov reconocería posteriormente al periodista estadounidense David Remnick, después de Afganistán ya no era en absoluto posible aplicar la fuerza en Europa oriental.

Dice mucho sobre la fragilidad oculta de la Unión Soviética el hecho de que fuera tan vulnerable al impacto de una sola aventura neocolonial, por muy espectacular que fuera su fracaso. Pero el desastre en Afganistán, al igual que el coste de la acelerada carrera de armamento de comienzos de los ochenta no habría conducido tampoco por sí solo a la caída del sistema. La época de estancamiento de Brézhnev, cimentada en el miedo, la inercia y el propio interés de los ancianos que la dirigían, podría haber durado indefinidamente. Sin duda no existía el contrapeso de ninguna otra autoridad o movimiento disidente —ni en la Unión Soviética ni en sus Estados satélites— que pudiera haberlo reducido. Solo un comunista podía hacerlo. Y fue un comunista quien lo hizo.

La promesa que guiaba el proyecto comunista era su fe en las leyes históricas y su interés en la colectividad, que siempre se impondría a las motivaciones y acciones de los individuos. Irónicamente, su destino se vio al final determinado por el destino de los hombres. El 10 de noviembre de 1982, a los setenta y seis años, Leónidas Brézhnev pasó a mejor vida, cuando ya hacía mucho tiempo que parecía un fantasma. Su sucesor, Andrópov, ya tenía sesenta y ocho y mala salud. En poco más de un año, sin poder acometer ninguna de las reformas que planeaba, falleció y fue sustituido en la Secretaría General por Konstantín Chernenko, de setenta y dos años y con tan mala salud que apenas pudo terminar su discurso en el funeral de Andrópov de febrero de 1984. Trece meses después también él estaba muerto.

La rápida serie de defunciones de tres viejos comunistas, todos ellos nacidos antes de la Primera Guerra Mundial, era un tanto sintomática: estaba desapareciendo la generación de jefes del partido que recordaba directamente los orígenes bolcheviques de la Unión Soviética y cuyas vidas y carreras había malogrado Stalin. Sus integrantes habían heredado y supervisado una burocracia autoritaria, de gerontócratas, que tenía como absoluta prioridad su propia pervivencia: en el mundo que habían habitado Brézhnev, Andrópov y Chernenko, el simple hecho de morir en la cama no era un logro insignificante. Sin embargo, a partir de ese momento, ese mundo estaría dirigido por hombres más jóvenes, que, de instintos no menos autoritarios, no tendrían sin embargo más remedio que abordar los problemas de corrupción, estancamiento e ineficiencia que asolaban el sistema soviético de los pies a la cabeza.

El sucesor de Chernenko, nombrado como correspondía Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética el 11 de marzo de 1985, era Mijaíl Sergéievich Gorbachov. Nacido en una aldea de la región sureña de Stavropol en 1931, había entrado a formar parte del Comité Central a los cuarenta y un años. Ahora, solo trece años más tarde, era el jefe del partido. Gorbachov no solo tenía veinte años menos que sus precursores soviéticos, también era más joven que cualquier presidente estadounidense hasta la llegada de Bill Clinton. Su rápido ascenso había sido alentado y facilitado por Andrópov y en general se consideraba que podía ser un reformista.

Un reformista, pero en absoluto un radical. Mijaíl Gorbachov era en gran medida un apparatchik. Había ido ascendiendo dentro del partido, desde el puesto de primer secretario de las Juventudes Comunistas del distrito de Stavropol en 1956 hasta el de miembro del Soviet Supremo (elegido en 1970), pasando por el de secretario del Comité Regional de Granjas Estatales. El nuevo líder encarnaba muchos de los sentimientos de los comunistas de su generación: sin criticar nunca abiertamente al partido o sus políticas, le habían afectado y perturbado enormemente las revelaciones de 1956, pero después le habían defraudado los errores de la era de Jruschov y decepcionado la represión y la inercia de las posteriores décadas de Brézhnev.

En este sentido, Gorbachov era un típico comunista reformista: no es casual que en los primeros años cincuenta, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Moscú, fuera íntimo amigo de Zdeněk Mlynář, que después tendría un papel destacado en la Primavera de Praga de 1968. Pero al igual que todos los comunistas reformistas de su generación, Gorbachov era ante todo comunista y, después, reformista. Tal como explicó al periódico comunista francés L’Humanité en una entrevista concedida en febrero de 1986, para él, el comunismo leninista seguía siendo un ideal excelente y sin mácula. ¿Y el estalinismo? «Un concepto elaborado por los adversarios del comunismo y utilizado a gran escala para desprestigiar a la Unión Soviética y al socialismo en su conjunto[9]».

No hay duda de que esto es lo que un secretario general del Partido Comunista tenía que decir, incluso en 1986. Pero estaba claro que Gorbachov se lo creía y que los propósitos de las reformas que puso en marcha eran deliberadamente leninistas o socialistas. De hecho, puede que Gorbachov fuera más serio ideológicamente que algunos de sus predecesores soviéticos: no es casual que mientras que Nikita Jruschov confesó, en una famosa declaración, que si hubiera sido británico habría votado a los conservadores, el hombre de Estado favorito de Mijaíl Gorbachov fuera Felipe González, cuyo modelo de socialdemocracia el líder soviético llegaría con el tiempo a considerar el más próximo al suyo.

El hecho de que se depositaran esperanzas en Gorbachov refleja más que cualquier otra cosa la ausencia de toda clase de oposición interna en la Unión Soviética. Solo el partido podía arreglar el desaguisado que había producido y, por suerte para él, había elegido como líder a un hombre que tenía la energía y la experiencia administrativa necesarias para hacer el esfuerzo. Porque, además de ser un veterano burócrata soviético, inusualmente bien preparado y muy leído para lo que solía estilarse, Gorbachov tenía un rasgo inequívocamente leninista: estaba dispuesto a renunciar a sus ideales para conseguir sus objetivos.

Las dificultades que Gorbachov heredó como secretario general del PCUS no tenían ningún misterio. Impresionado por lo que había visto durante los viajes realizados por Europa occidental en los años setenta, el nuevo líder trató desde el principio de dedicar sus mayores esfuerzos a revisar la moribunda economía de la Unión Soviética y el entramado de ineficiencias y de corrupción existentes en su inestable aparato institucional. La deuda exterior crecía constantemente, a medida que el precio internacional del petróleo, principal exportación de la Unión Soviética, abandonaba las cifras récord de finales de los setenta: el monto de la deuda pasó de treinta mil setecientos millones de dólares en 1986 a cincuenta y cuatro mil millones en 1989. La economía, que apenas había crecido a lo largo de la década de 1970, en realidad ahora se estaba reduciendo: la producción soviética, siempre retrasada desde el punto de vista de la calidad, ahora también era deficiente en términos cuantitativos. Los objetivos arbitrarios de los planes centralizados, la escasez endémica, los estrangulamientos que sufrían los suministros y la ausencia de indicadores de precios o comerciales llegaban a paralizar cualquier iniciativa.

En ese sistema, el punto de partida de la «reforma», al igual que habían percibido hacía tiempo los economistas comunistas húngaros entre otros, pasaba por una descentralización de la política de precios y de la toma de decisiones. Pero esto chocaba con obstáculos prácticamente insalvables. Aparte de las zonas bálticas, casi nadie en la Unión Soviética tenía experiencia directa con actividades agrícolas independientes o con la economía de mercado, es decir, no se sabía cómo fabricar algo, ponerle precio o encontrarle un comprador. Era sorprendente que, incluso después de que la llamada Ley de Actividad Laboral Individual autorizara en 1986 un número limitado de empresas privadas (de reducidas dimensiones), hubiera pocos interesados en establecerlas. Tres años después solo existían trescientos mil empresarios en toda la Unión Soviética, dentro de una población de doscientos noventa millones de personas.

Además, cualquier aspirante a reformista se enfrentaba a un dilema irresoluble. Si la reforma económica comenzaba con la descentralización de la toma de decisiones o la concesión de autonomía a las empresas locales y el abandono de las directrices fijadas a distancia, ¿cómo iban a funcionar los productores, gestores o empresarios, si no había mercado? A corto plazo, cuando todo el mundo recurriera al autoabastecimiento e incluso a una economía local de trueque, habría más, y no menos, escasez y estrangulamiento. Por otra parte, no bastaba con anunciar la llegada del «mercado». La propia palabra planteaba graves peligros políticos en una sociedad en la que el capitalismo había sido oficialmente vilipendiado y aborrecido durante décadas (el propio Gorbachov evitó cualquier mención de la economía de mercado hasta 1987, e incluso entonces siempre hablaba de un «mercado socialista»).

El instinto reformista llevaba a un término medio: a experimentar con la creación —desde arriba— de unas pocas empresas privilegiadas y libres de obstáculos burocráticos a las que se garantizaba una provisión fiable de materias primas y mano de obra cualificada. Se argumentaba que estas servirían como modelo exitoso e incluso rentable para otras similares: el objetivo era una modernización controlada y una progresiva adaptación a un sistema de precios y de producción que respondiera a la demanda. Pero la premisa en la que se basaba ese enfoque —que las autoridades podían crear empresas eficientes por decreto— condenaba la idea desde el principio.

De hecho, al canalizar recursos escasos hacia unas pocas explotaciones agrícolas, fabriles o servicios modélicos, el partido logró forjar unidades temporalmente viables e incluso teóricamente rentables, pero solo a costa de grandes subvenciones y de ahogar a otras compañías menos privilegiadas. El resultado fue un aumento aún mayor de las distorsiones y de la frustración. Entre tanto, los directores generales y locales de las granjas, al no tener claro de qué lado soplaba el viento, se cubrían las espaldas frente a un posible retorno de las normas planificadas, haciendo acopio de todo lo que podían, por si los controles centralizados volvían a reforzarse.

Para los críticos conservadores de Gorbachov, esta era una historia muy vista. Desde 1921, todos los programas de reforma soviéticos, empezando por la Nueva política económica del propio Lenin, habían comenzado del mismo modo y se habían quedado sin aliento por las mismas razones. Para realizar reformas económicas serias era preciso relajar o abandonar los controles. Esto no solo agravó inicialmente el problema que pretendía resolver, sino que, fiel a su enunciado, supuso una pérdida del control. Pero el comunismo dependía de eso; de hecho, era el control: de la economía, del conocimiento, del movimiento y de la opinión de las personas. Todo lo demás era dialéctica, y esta, como explicó un veterano comunista al joven Jorge Semprún en Buchenwald, «es el arte y la técnica de caer siempre de pie[10]».

Gorbachov no tardó en darse cuenta de que, para caer de pie mientras luchaba a brazo partido con la economía soviética, tenía que aceptar que el acertijo que esta suponía no se podía solucionar desde el aislamiento. No era más que un síntoma de un mal mayor. Dirigían la Unión Soviética hombres que tenían sus propios intereses en los resortes políticos e institucionales de la economía centralizada; sus endémicas ridiculeces menores y su corrupción cotidiana constituían la propia fuente de la autoridad y del poder. Para que el partido pudiera reformar la economía antes tendría que reformarse él mismo.

Esta idea tampoco era muy novedosa: las purgas periódicas de la época de Lenin y de sus sucesores siempre se habían amparado en objetivos similares. Pero los tiempos habían cambiado. La Unión Soviética, por muy represiva y retrasada que fuera, ya no era una tiranía totalitaria homicida. Ahora, gracias a los monumentales proyectos de Jruschov en materia de vivienda, la mayoría de las familias soviéticas vivía en su propio piso. Aunque feos y carentes de servicios, esos pisos de alquiler reducido permitían a la gente corriente un grado de intimidad y de seguridad desconocido por las generaciones anteriores: ya no estaban tan expuestos a la acción de los confidentes o a la posible delación ante las autoridades por parte de vecinos o parientes. Para la mayoría, la época del terror había terminado y, al menos para la generación de Gorbachov, una vuelta al tiempo de las detenciones masivas y las purgas dentro del partido era inimaginable.

En consecuencia, para acabar con el agobiante monopolio del aparato del PCUS e impulsar sus planes de reestructuración económica, el secretario general recurrió a la glasnost, la «transparencia»: el fomento oficial del debate público sobre un abanico de asuntos cuidadosamente delimitado. Al hacer que la población fuera más consciente de los cambios inminentes y al aumentar las expectativas públicas, Gorbachov tendría un instrumento en el que él y sus partidarios podrían apoyarse para desbancar a quienes se oponían desde dentro a sus planes. Esta también era una excelente estratagema, ya conocida, entre otros, por los zares reformistas. Pero lo que convenció a Gorbachov de la urgente necesidad de transparencia oficial fueron los catastróficos acontecimientos del 26 de abril de 1986.

Ese día, a las 13.23 horas de la tarde, explotó uno de los cuatro enormes reactores de grafito de la central nuclear de Chernóbil (Ucrania), lanzando a la atmósfera ciento veinte millones de curios de material radiactivo: una radiación cuya potencia era más de cien veces superior a la de las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. La nube radiactiva se desplazó hacia el noroeste hasta llegar a Europa occidental y a Escandinavia, alcanzando incluso Gales y Suecia, y exponiendo a unos cinco millones de personas a sus efectos. Además de los treinta trabajadores de los servicios de emergencia que perecieron en el acto, desde entonces unas treinta mil personas han muerto a causa de complicaciones causadas por las emanaciones radiactivas, entre ellas más de dos mil residentes en las inmediaciones de la central, aquejados de cáncer de tiroides.

Chernóbil no fue el primer desastre medioambiental registrado en la Unión Soviética. En 1957, en Cheliábinsk-40, un enclave secreto dedicado a la investigación y situado cerca de Ekaterinburgo, en la cordillera de los Urales, explotó un depósito de residuos nucleares, contaminando gravemente un área de ocho kilómetros de ancho y cien de largo. Setenta y seis millones de metros cúbicos de desechos radiactivos cayeron en los ríos de los Urales, infectándolos durante décadas. Al final, diez mil personas fueron evacuadas y veintitrés pueblos reducidos a escombros. El reactor de Cheliábinsk pertenecía a la primera generación de obras atómicas soviéticas y lo habían construido trabajadores esclavos entre 1948 y 1951[11].

Otras calamidades medioambientales de magnitud similar producidas por el ser humano incluyen la contaminación del lago Baikal, la desecación del mar de Aral; el abandono de cientos de miles de toneladas de navíos nucleares obsoletos y de su contenido radiactivo en el océano Ártico y el mar de Barents; y la contaminación por dióxido de azufre generada por la producción de níquel en un área del tamaño de Italia que rodea la localidad siberiana de Norilsk. Estos y otros desastres ecológicos fueron consecuencia directa de la indiferencia, la mala gestión y la estrategia soviética de «talar y quemar» que se adoptaba para gestionar los recursos naturales. Nacían de una cultura secretista. La explosión de Cheliábinsk-40 no se reconoció oficialmente durante décadas, aunque ocurrió a pocos kilómetros de una gran ciudad: la misma en la que, en 1979, varios cientos de personas murieron a causa del ántrax que escapó de una fábrica de armas biológicas situada en el centro urbano.

Los problemas que tenían los reactores nucleares de la Unión Soviética los conocían muy bien los expertos del país: dos informes diferentes del KGB, con fecha de 1982 y 1984, advertían de la «chapuza» de equipo (proporcionado por Yugoslavia) y de las graves deficiencias que presentaban los reactores III y IV de Chernóbil (este último fue el que explotó en 1986). Pero, del mismo modo que esta información se había mantenido en secreto (sin que se tomara ninguna medida), la primera e instintiva reacción de la cúpula comunista ante la explosión del 26 de abril fue la de guardarla en secreto: después de todo, entonces había catorce centrales como la de Chernóbil en funcionamiento en todo el país. El primer reconocimiento pleno por parte de Moscú de que algo indebido había ocurrido no llegó hasta cuatro días después del suceso, y solo era un comunicado oficial de dos frases.

Pero Chernóbil no se podía guardar en secreto: la inquietud internacional que generó la propia incapacidad de los soviéticos para contener los daños obligó a Gorbachov, primero, a hacer una declaración pública dos semanas después, en la que reconocía parte de lo ocurrido, pero no todo, y segundo, a solicitar ayudas y expertos del extranjero. Y solo cuando sus conciudadanos fueron públicamente conscientes, por primera vez, de la incompetencia oficial y de su desprecio por la vida y la muerte, Gorbachov se vio obligado a reconocer la magnitud de los problemas del país. La torpeza, la falsedad y el cinismo de los responsables, tanto del desastre como del intento de encubrirlo, no se podían desestimar considerándolos una lamentable perversión de los valores soviéticos: como el líder de la Unión Soviética comenzó a percibir, ellos mismos eran esos valores.

A partir del otoño de 1986 Gorbachov cambió de velocidad. En diciembre de ese año Andréi Sájarov, el disidente más conocido del mundo, fue liberado de su arresto domiciliario en Gorki (actualmente Nizhny Nóvgorod), y se anunciaba la liberación a gran escala de prisioneros políticos soviéticos, iniciada al año siguiente. Además, la censura se redujo: en 1987 se produjo la publicación largamente pospuesta del libro de Vasili Grossman Vida y destino (veintiséis años después de que M. A. Súslov, comisario ideológico del partido, pronosticara que no podría publicarse en «dos o tres siglos»), se dieron instrucciones a la policía de que dejara de entorpecer las emisiones de radio extranjeras, y el secretario general del PCUS eligió su discurso televisado ante el Comité Central del partido en enero de 1987 para defender la necesidad de una mayor democracia, ante los propios conservadores y directamente al conjunto del país.

En 1987, más de nueve de cada diez hogares soviéticos tenía televisión e inicialmente la táctica de Gorbachov tuvo un éxito asombroso: al crear de facto una esfera pública para un debate semiabierto sobre las tribulaciones del país y acabar con el monopolio de la información que ejercía la casta gubernamental, estaba obligando al PCUS a seguir su ejemplo, y hacía que los reformistas del sistema, hasta entonces silenciosos, tuvieran garantías para alzar su voz y darle su apoyo. Durante 1987 y 1988 el secretario general estaba, casi a su pesar, forjando una corriente nacional de partidarios del cambio.

Las organizaciones informales proliferaron: especialmente el Club Perestroika, constituido en 1987 en el Instituto Matemático de Moscú, que, a su vez, dio lugar a Memorial, cuyos miembros se dedicaban a «mantener vivo el recuerdo de las víctimas» del pasado estalinista. Desconcertadas inicialmente por su propia existencia —después de todo, la Unión Soviética seguía siendo una dictadura de partido único— no tardaron en florecer y multiplicarse. En 1988 los apoyos de Gorbachov surgían principalmente de fuera del partido, de esa nueva opinión pública que estaba apareciendo en el país.

Lo que había ocurrido es que la lógica de los objetivos reformistas de Gorbachov y su decisión de apelar en la práctica a la nación para enfrentarse a sus críticos conservadores del interior del aparato habían transformado la dinámica de la perestroika. Ahora, el secretario general del PCUS, que comenzó siendo un reformista interno, trabajaba cada vez más contra su propia formación o al menos intentaba sortear la oposición al cambio de su partido. En octubre de 1987 Gorbachov habló públicamente de los crímenes estalinistas por primera vez y advirtió que si el PCUS no lideraba la reforma, perdería su papel dirigente dentro de la sociedad.

En la conferencia del partido de junio de 1988 reiteró su compromiso con el cambio y con la relajación de la censura, e hizo un llamamiento para que se prepararan elecciones abiertas (es decir, con diferentes candidaturas) al Congreso de Diputados del Pueblo para el año siguiente. En octubre de 1988 relegó a algunos de sus principales adversarios —sobre todo a Yegor Ligachov, crítico desde hacía tiempo— y se hizo elegir presidente del Soviet Supremo (es decir, jefe del Estado), con lo que desplazó a Andréi Gromiko, el último de los dinosaurios. Dentro del partido seguía enfrentándose a la oposición interna, pero en el conjunto del país su popularidad estaba en su momento culminante, razón por la cual pudo favorecer sus políticas: en realidad, poco más podía hacer[12].

Las elecciones de mayo-junio de 1989 fueron las primeras más o menos libres celebradas en la Unión Soviética desde 1918. No eran multipartidistas —eso no ocurrió hasta 1993, cuando ya hacía tiempo que la propia Unión Soviética había desaparecido— y el resultado, en gran medida, estaba predeterminado por el hecho de que muchos escaños estuvieran reservados para los candidatos del PCUS y de que no fueran objeto de competencia interna dentro de él; pero el Congreso que resultó elegido incluía muchas voces independientes y críticas. El proceso se retransmitió a una audiencia de más de cien millones de espectadores y ni siquiera un Gorbachov inicialmente reacio pudo dejar de lado las manifestaciones realizadas por Sájarov y otras figuras exigiendo más cambios, especialmente que se privara al partido, cada vez más desacreditado, de su posición de privilegio. El monopolio comunista del poder se estaba desvaneciendo y, como era de esperar, el Congreso votó en febrero siguiente, con el apoyo de Gorbachov, a favor de eliminar de la Constitución soviética la cláusula clave —el artículo 6— que atribuía al Partido Comunista un «papel preponderante[13]».

La agitada trayectoria interna de la Unión Soviética entre 1985 y 1989 se vio allanada por el gran cambio habido en su política exterior, de la mano de Gorbachov y de su ministro de Asuntos Exteriores, Edvard Shevardnadze. Desde el principio, Gorbachov dejó claro que estaba decidido a librarse, por lo menos, de los más onerosos estorbos militares. Al mes de llegar al poder interrumpió el despliegue de los misiles soviéticos y llegó a ofrecer negociaciones sin condiciones sobre las fuerzas nucleares con la propuesta inicial de que las dos superpotencias redujeran a la mitad sus arsenales estratégicos. En mayo de 1986, después de una cumbre sorprendentemente fructífera con Reagan en Ginebra (la primera de una serie inaudita de cinco encuentros de ese tipo), Gorbachov accedió a que los sistemas de defensa avanzados de Estados Unidos se excluyeran de las conversaciones sobre armas estratégicas, si eso ayudaba a mantenerlas.

Hubo después una segunda cumbre, la de Reikiavik de octubre de 1986, en la que Reagan y Gorbachov, aunque no lograron llegar a un acuerdo sobre armamento nuclear, sentaron las bases del éxito futuro. A finales de 1987 Shevardnadze y el secretario de Estado George Schultz habían esbozado el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Medio, que fue firmado y ratificado al año siguiente. Este compromiso, al refrendar la anterior propuesta de «opción cero» de Reagan, suponía la aceptación por parte de los soviéticos de que era imposible ganar una guerra nuclear en Europa y sirvió como prólogo a un pacto aún más importante que, firmado en 1990, limitaba estrictamente la presencia y funcionamiento de fuerzas convencionales en el continente europeo.

Naturalmente, desde la perspectiva de Washington, las concesiones armamentísticas de Gorbachov parecían una victoria de Reagan, y, por tanto, según el cálculo de suma cero de los estrategas de la Guerra Fría, una derrota para Moscú. Pero para Gorbachov, cuyas prioridades eran internas, el hecho de contribuir a un entorno internacional más estable era una victoria en sí misma. Le concedía tiempo y apoyo para sus reformas nacionales. La auténtica relevancia de esta sucesión de reuniones y acuerdos radica en el reconocimiento por parte de la Unión Soviética de que una confrontación militar en el extranjero no solo era costosa, sino disfuncional: como manifestó Gorbachov en octubre de 1986 durante una visita a Francia, la «ideología» no era un fundamento apropiado para la política exterior.

Estas ideas ponían de manifiesto los consejos que estaba empezando a darle una nueva generación de expertos soviéticos en asuntos exteriores, especialmente su colega Alexander Yákovlev, para el que estaba claro que la Unión Soviética podía controlar mejor sus relaciones exteriores utilizando concesiones bien calculadas que mediante una confrontación infructuosa. La política internacional, al contrario que los inmanejables problemas a los que se enfrentaba en el interior de su país, era un escenario que Gorbachov controlaba directamente y en el que, por tanto, podía obtener mejoras inmediatas. Además, no conviene exagerar la dimensión de estos pactos entre superpotencias: Gorbachov concedía la misma importancia, como mínimo, a sus relaciones con Europa occidental que a sus tratos con Estados Unidos; visitaba con frecuencia la primera y tenía buenas relaciones con González, Kohl y Thatcher (quien hizo famosa su opinión de que el líder soviético era un hombre con el que «podían hacer negocios»)[14].

De hecho, en varios aspectos importantes, Gorbachov se consideraba sobre todo un hombre de Estado europeo, con prioridades europeas. Su énfasis en finalizar la carrera armamentística y la acumulación de armas nucleares estaba estrechamente emparentada con una nueva forma de abordar el papel de la Unión Soviética como potencia característicamente europea. «Los armamentos —declaró en 1987— deben reducirse hasta alcanzar el nivel necesario para responder a fines estrictamente defensivos. Es hora de que las dos alianzas militares modifiquen sus concepciones estratégicas para orientarlas más a este objetivo. Todas las estancias del “hogar europeo” tienen derecho a protegerse de los ladrones, pero deben hacerlo sin destruir las propiedades de sus vecinos».

Con un espíritu similar y por las mismas razones, el líder soviético comprendió desde el principio la urgente necesidad de sacar a la Unión Soviética de Afganistán, esa «herida sangrante», tal como la describió ante el congreso del partido de febrero de 1986. Cinco meses después anunció la retirada de unos seis mil soldados, un repliegue completado en noviembre del mismo año. En mayo de 1988, después de un acuerdo alcanzado en Ginebra con Afganistán y Pakistán y garantizado por las dos superpotencias, las fuerzas soviéticas comenzaron a abandonar Afganistán: los últimos soldados del Ejército Rojo partieron el 15 de febrero de 1989[15].

La aventura afgana, lejos de servir para tratar el problema de las nacionalidades en la Unión Soviética, lo había exacerbado, y esto era algo que para entonces saltaba a la vista. Si la Unión Soviética se enfrentaba a un conjunto indomable de minorías nacionales, era ella la que, hasta cierto punto, había creado el problema: después de todo, fueron Lenin y sus sucesores los que inventaron las diversas «naciones» sometidas a las que debidamente asignaron regiones y repúblicas. Haciéndose eco de las prácticas imperiales de otros países, Moscú había fomentado —en lugares en los que la nacionalidad y el sentimiento nacional eran desconocidos cincuenta años antes— la aparición de instituciones y grupos de intelectuales reunidos en torno a un centro urbano o «capital». Los secretarios generales de los partidos comunistas del Cáucaso o de las repúblicas de Asia Central solían pertenecer al grupo étnico predominante en la zona. Es comprensible que esos hombres, para consolidar la lealtad de su feudo, tendieran a identificarse con su «propio» pueblo, sobre todo cuando tuvieron lugar las primeras fisuras en el aparato central. El partido había empezado a fracturarse por el efecto de las fuerzas centrífugas propiciadas por cargos locales inquietos que protegían sus propios intereses.

No parece que Gorbachov comprendiera del todo este proceso. «Camaradas —dijo al PCUS al presentar un informe en 1987—, en verdad podemos decir que en nuestro país el problema de las nacionalidades está resuelto». Quizá no se creyera totalmente estas declaraciones, pero no hay duda de que pensaba que bastaría con soltar un poco las riendas del control central y remediar antiguos agravios (por ejemplo, en 1989, se permitió el retorno de los tártaros de Crimea a su territorio, después de muchas décadas de exilio asiático). Con el tiempo se vio que esta decisión fue un tremendo error de cálculo; no en vano se trataba de un imperio continental compuesto por más de cien grupos étnicos que habitaban desde el Báltico hasta el Mar de Ojotsk y que, en su mayoría, reclamaban agravios ancestrales que la glasnost ahora les alentaba a airear.

No debería sorprendernos la incompetencia de la respuesta que dio Gorbachov a las demandas de autonomía de las regiones más remotas del imperio soviético. Como ya hemos visto, Gorbachov fue desde el principio un «comunista reformista», aunque inusual: simpatizaba con los deseos de cambio y de renovación, aunque se resistía a arremeter contra los preceptos fundamentales de un sistema con el que había crecido. Al igual que muchas personas de su generación, en la Unión Soviética y en otros países, creía realmente que la única forma de mejorar era recuperar los principios leninistas. La idea de que el fallo estuviera en el propio proyecto leninista fue algo ajeno al líder soviético hasta el final: solo en 1990 comenzó a permitir que publicaran en la Unión Soviética escritores abiertamente antileninistas como Alexander Solzhenitsin.

Un ejemplo de qué espíritu alentaba las primeras medidas de Gorbachov aparece en el inimitable tono de la recién descubierta tolerancia oficial hacia la música rock, tal como la expresaba Pravda en octubre de 1986: «El rock and roll tiene derecho a existir, pero solo si es melodioso, coherente y si se interpreta de manera adecuada». Esto es precisamente lo que Mijaíl Gorbachov quería: un comunismo melodioso, coherente y bien interpretado. Se acometerían las reformas necesarias y se concederían las libertades que correspondiera, pero las licencias siempre tendrían un límite: en febrero de 1988 el Gobierno seguía reprimiendo duramente y con firmeza a las editoriales e imprentas independientes.

Una de las peculiaridades de los comunistas reformistas era que siempre se embarcaban en la quijotesca empresa de reformar ciertos aspectos del sistema manteniendo otros inalterables: introducían incentivos de mercado, pero mantenían los controles de la planificación centralizada, o concedían una mayor libertad de expresión al tiempo que el partido conservaba el monopolio de la verdad. Pero la reforma parcial o de algún sector aislado era intrínsecamente contradictoria. El «pluralismo dirigido» o el «mercado socialista» estaban condenados desde el principio. En cuanto a la idea de que el papel preponderante del PCUS podría mantenerse si este se limitaba a despojarse de las patológicas excrecencias de siete décadas de dominio absoluto, indica cierta ingenuidad política por parte de Gorbachov. En un régimen autoritario el poder es indivisible: el hecho de renunciar a parte de él supone que al final uno se verá obligado a perderlo todo. Casi cuatro siglos antes, el monarca estuardo Jacobo I comprendía mucho mejor este asunto: así lo expresó de forma concisa al desairar a los presbiterianos escoceses que protestaban por el poder que concedía el soberano a sus obispos: «Sin obispos, no hay rey».

Al final, Gorbachov y su revolución controlada se vieron arrollados por la magnitud de las contradicciones que despertaron. Volviendo la vista atrás, el líder soviético comentaba con cierto pesar que «naturalmente, me disgusta no haber logrado mantener todo el proceso de la perestroika dentro del marco de mis intenciones». Pero las intenciones y el marco eran incompatibles. Una vez eliminados los soportes que constituían la censura, el control y la represión, todos los elementos importantes del régimen soviético (la economía planificada, la retórica pública, el monopolio del partido) se vinieron abajo.

Gorbachov no logró su objetivo: alumbrar un comunismo reformado y eficiente, despojado de sus disfunciones. En realidad, fracasó por completo. Pero, pese a todo, su éxito fue impresionante. En la Unión Soviética no había ni instituciones independientes ni siquiera órganos semiautónomos que los críticos y los reformistas pudieran movilizar en su defensa: el régimen soviético solo podía ser desmantelado desde dentro y por una iniciativa que viniera desde arriba. Al introducir, uno tras otro, elementos de cambio, Gorbachov erosionó paulatinamente el propio sistema que le había permitido ascender. Sirviéndose de los enormes poderes que tenía como secretario general, arrancó las tripas a la dictadura del partido desde dentro.

Fue una hazaña notable y sin precedentes que nadie hubiera podido predecir —y nadie lo hizo— en 1984, a la muerte de Chernenko. Gorbachov, según uno de sus asesores más próximos, fue un «error genético del sistema[16]». Desde nuestros días, a veces se cae en la tentación de pensar que su ascenso fue asombrosamente oportuno: cuando el régimen soviético se tambaleaba apareció un líder que comprendió lo que estaba ocurriendo y buscó y encontró una estrategia para escapar del imperio. Llegado el momento, ¿llegó el hombre? Es posible. Y está claro que Mijaíl Gorbachov no era un apparatchik más.

Pero tampoco hay duda de que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y de que si lo hubiera sabido le habría horrorizado. Sus críticos eran más perspicaces. Por una parte, es comprensible que los miembros más intransigentes del PCUS le odiaran: muchos de ellos acogieron calurosamente la lamentable carta publicada en el periódico Sovétskaya Rossiya el 13 de marzo de 1988, en la que Nina Andréyeva, una maestra moscovita, advertía airadamente (y con razón, según se vería) de que las nuevas reformas devolverían inevitablemente el país al capitalismo. Por otra parte, Gorbachov nunca contó con el apoyo incondicional de los reformistas radicales, a los que cada vez frustraba más la aparente indecisión del líder. Una de las debilidades de Gorbachov era que, para mantener el control de los acontecimientos, se sentía obligado a situarse en un punto medio siempre que podía, fomentando nuevas ideas para después volver a caer en brazos del conservadurismo comunista, mientras radicales como Yákovlev o Borís Yeltsin le presionaban para ir más lejos. Esas vacilaciones, la aparente renuencia de Gorbachov a ahondar en la lógica de sus propias iniciativas y su insistencia en no ir ni demasiado lejos ni demasiado rápido defraudaron a muchos de sus admiradores iniciales.

El problema era que, al privar al partido del monopolio del poder y de la iniciativa, Gorbachov también reducía su propia influencia. En consecuencia, se vio obligado a forjar alianzas tácticas y a bandearse entre las posiciones extremas de los demás. Para los políticos democráticos, esta necesidad es algo familiar, aunque incómodo; pero para una nación acostumbrada a setenta años de dictadura, esas maniobras simplemente hicieron que Gorbachov pareciera débil. A partir de comienzos de 1989 el presidente soviético cayó regularmente en las encuestas de opinión. En el otoño de 1990 solo tenía el apoyo del 21 por ciento de la población.

De este modo, mucho antes de perder el poder, el líder soviético había caído definitivamente en desgracia. Pero solo en su propio país: en los demás florecía la gorbimanía. Durante sus viajes cada vez más frecuentes al exterior, Gorbachov era agasajado por políticos de Europa occidental y las multitudes le recibían con entusiasmo. A finales de 1988, Margaret Thatcher —una de sus más fervientes partidarias— proclamó que la Guerra Fría había terminado. Puede que este pensamiento, visto desde Europa del Este, fuera un tanto prematuro, pero allí Mijaíl Gorbachov también era tremendamente popular.

En las democracias populares las labores internas del líder soviético, aunque se tomaba buena nota de ellas, contaban menos que sus pronunciamientos en el exterior; hubo especialmente un discurso muy comentado que pronunció en las Naciones Unidas el 7 de diciembre de 1988. Después de anunciar el recorte unilateral de las fuerzas convencionales soviéticas en Europa, Gorbachov pasó a informar al público de que «la libertad de elección es un principio universal. No debería haber excepciones». Más que una simple renuncia a la «doctrina Brézhnev», esto era un reconocimiento de que Moscú no utilizaría la fuerza para imponer su interpretación del socialismo a Estados hermanos. Lo que Gorbachov estaba aceptando, y así se comprendió de inmediato, era que ahora los ciudadanos de los Estados satélites tenían libertad para seguir su propio camino, fuera o no socialista. Europa oriental estaba a punto de entrar de nuevo en la historia.

Desde 1985, la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Mijaíl Gorbachov, había ido abandonando paulatinamente la supervisión directa de los Estados que formaban parte de su esfera de influencia. Pero las consecuencias de este creciente distanciamiento seguían sin estar claras. Las democracias populares estaban todavía dirigidas por autoritarias camarillas de partido cuyo poder descansaba en un enorme aparato represivo. Sus servicios policiales y de espionaje seguían estrechamente ligados al aparato de seguridad de la propia Unión Soviética y en deuda con él, y continuaban funcionando bastante al margen de las autoridades locales. Además, aunque los gobernantes de Praga, Varsovia o Berlín Este estaban comenzando a darse cuenta de que ya no podían contar con el apoyo incondicional de Moscú, ni ellos ni sus poblaciones tenían una idea clara de lo que esto suponía.

La situación en Polonia era un símbolo de esta incertidumbre. Por una parte, la declaración de la ley marcial había reafirmado el régimen autoritario del Partido Comunista. Por otra, la represión de Solidaridad y el hecho de que sus líderes hubieran sido silenciados no hizo nada para aliviar los problemas de fondo del país. Más bien al contrario: Polonia estaba endeudada, pero ahora, gracias a la condena internacional de la represión, sus gobernantes ya no podían escapar a las dificultades solicitando préstamos en el extranjero. En realidad, los dirigentes polacos se enfrentaban al mismo dilema que habían tratado de solucionar en los años setenta, pero todavía con menos opciones.

Entre tanto, puede que la oposición hubiera sido criminalizada, pero no se había evaporado. En la clandestinidad se seguía publicando, dando conferencias, celebrando debates y representaciones teatrales, y muchas cosas más. El propio sindicato Solidaridad, aunque prohibido, mantenía una existencia virtual, sobre todo después de que Lech Wałęsa, su principal portavoz, fuera liberado de su internamiento en noviembre de 1982 (y de que se le concediera el premio Nobel de la Paz, in absentia, al año siguiente). El régimen no podía arriesgarse a prohibir una nueva visita del Papa, realizada en junio de 1983, que permitió a la Iglesia implicarse aún más en actividades clandestinas y semioficiales.

La policía política era partidaria de la represión: en un caso tristemente famoso de 1984 orquestó, pour décourager les autres (para desanimar a los demás), el secuestro y asesinato de un conocido clérigo radical, el padre Jerzy Popiełuszko. Sin embargo, Jaruzelski y la mayoría de sus colegas ya habían comprendido que esas provocaciones y enfrentamientos no iban a funcionar. El funeral de Popiełuszko congregó a trescientas cincuenta mil personas y el caso, lejos de atemorizar a la oposición, no hizo más que dar publicidad al apoyo popular que tenían la Iglesia y —legal o no— Solidaridad. La Polonia de mediados de los ochenta se acercaba con rapidez a un pulso entre una sociedad inflexible y un Estado cada vez más desesperado.

El instinto natural de los líderes del Partido (en Varsovia y en Moscú) era proponer «reformas». En 1986 Jaruzelski, ahora presidente de la República, dejó salir de la cárcel a Adam Michnik y a otros líderes de Solidaridad y, mediante el Ministerio de Reforma Económica de reciente creación, ofreció una modesta serie de cambios económicos destinados, entre otras cosas, a atraer de nuevo capital extranjero que financiara la deuda nacional polaca, que se acercaba a los cuarenta mil millones de dólares[17]. En un extraño gesto de acercamiento a la democracia, en 1987 el Gobierno comenzó realmente a preguntar a los polacos qué tipo de reforma económica querían; la cuestión era: «¿Preferiría usted un 50 por cien de incremento en el precio del pan y un 100 por cien en el de la gasolina, o un 60 por ciento en la gasolina y un 100 por cien en el pan?». Como cabía esperar, la respuesta popular fue, fundamentalmente, «ninguna de las opciones anteriores».

La pregunta y la decisión de plantearla ilustraban perfectamente la bancarrota tanto política como económica en que se encontraban los dirigentes comunistas de Polonia. De hecho, algo nos dice sobre la decrépita credibilidad de las autoridades el hecho de que el ingreso del país en el FMI fuera posible en parte gracias al asentimiento del propio sindicato Solidaridad. A pesar de estar prohibido, había logrado conservar su organización en el exterior y fue su oficina en Bruselas la que en septiembre de 1985 aconsejó al director ejecutivo del organismo que admitiera a Polonia, insistiendo al mismo tiempo en que las mejoras parciales de Jaruzelski estaban condenadas al fracaso y que solo un profundo paquete de reformas podría abordar los problemas del país[18].

En 1987 el aspecto más llamativo de la situación polaca era la propia impotencia del partido y de sus órganos. Sin enfrentarse realmente a ninguna amenaza visible a su monopolio del poder, el Partido Obrero Unificado Polaco estaba convirtiéndose poco a poco en algo irrelevante. La «contrasociedad» teorizada por Adam Michnik y otros autores durante la década anterior estaba surgiendo de facto como una fuente de autoridad y de iniciativa. Después de 1986, el debate dentro de la oposición polaca no se centraba ya en el deseo de enseñar a la sociedad a ser libre, sino en hasta qué punto debía la oposición negociar con el régimen y con qué fines.

Un grupo de jóvenes economistas de la Escuela de Planificación y Estadística de Varsovia, dirigido por Leszek Balcerowicz, ya estaba esbozando planes para implantar un sector empresarial privado autónomo, libre de la planificación centralizada: es decir, un mercado; estas y otras propuestas fueron debatidas intensamente por los polacos «extraoficiales» y también se convirtieron en objeto de discusión frecuente en el exterior. Con todo, los principios rectores del «realismo» político y los objetivos «contenidos» del periodo 1980-1981 seguían en vigor: se pretendía por todos los medios, y se consiguió, evitar la confrontación y la violencia, que solo podían favorecer a los intransigentes del partido. Una cosa eran las conversaciones y otra las aventuras.

Como cabía esperar, lo que provocó el eclipse final del partido fue otra intentona de «reforma» económica, o más modestamente, una iniciativa para reducir la insostenible deuda del país. En 1987 el IPC aumentó en un 25 por ciento; en 1988 creció otro 60 por ciento. Estaba ocurriendo lo mismo que en 1970, 1976 y 1980: la escalada de precios desató una oleada de huelgas, que culminó en una serie de paros y ocupaciones generalizados durante la primavera y el verano de 1988. En ocasiones anteriores, al no tener influencia alguna sobre los trabajadores, las autoridades comunistas habían detenido las subidas de precios o habían recurrido a la fuerza, o ambas cosas. En esta disponían de una tercera alternativa: pedir ayuda a los propios representantes obreros. En agosto de 1988 el general Czesław Kiszczak, ministro de Interior, exhortó a Lech Wałęsa —en teoría un simple ciudadano, pero líder no reconocido de una organización prohibida— a que se reuniera con él y negociara un fin a las protestas laborales del país. El líder sindical, al principio reacio, acabó por aceptar.

A Wałęsa no le resultó difícil atraerse a los huelguistas —la autoridad moral de Solidaridad no había hecho más que crecer desde 1981—, pero los problemas de fondo seguían existiendo: la tasa de inflación del país se acercaba ya al 1000 por cien anual. A continuación vinieron cuatro meses de contactos esporádicos y extraoficiales entre sindicato y Gobierno que fomentaron aún más llamamientos públicos a la «reforma». Las autoridades, totalmente sin rumbo, pasaban de los gestos a las amenazas: sustituían ministros, negaban la existencia de planes de negociación, prometían cambios económicos o amenazaban con cerrar los astilleros de Gdańsk. La confianza popular en el Estado, si es que existía, se vino abajo.

El 18 de diciembre de 1988 —sintomáticamente, aunque fuera por azar, solo una semana antes del trascendental discurso de Gorbachov en la ONU— se constituyó en Varsovia un Comité de Ciudadanos de Solidaridad con el propósito de organizar negociaciones a gran escala con el Gobierno. Jaruzelski, cuyo margen de maniobra parecía inexistente, aceptó por fin la evidencia y obligó al Comité Central a que aceptara a regañadientes las conversaciones. El 6 de febrero de 1989 los comunistas reconocieron oficialmente a Solidaridad como oponente en las negociaciones e inauguraron una mesa redonda para dialogar con sus representantes. Las conversaciones se prolongaron hasta el 5 de abril. En esa fecha (una vez más, una semana después de importantes acontecimientos en la Unión Soviética, en esta ocasión las elecciones abiertas al Congreso de los Diputados del Pueblo), todas las partes acordaron la legalización de los sindicatos independientes, una normativa económica de gran calado y, sobre todo, la elección de una nueva Asamblea.

Con la perspectiva de los años, se puede decir que las conversaciones de la mesa redonda pusieron el punto final al comunismo polaco de manera negociada y, por lo menos para algunos de los participantes, esto ya estaba claro. Pero nadie podía prever la velocidad del desenlace. Las elecciones que iban a celebrarse el 4 de junio, aunque permitían un inusitado abanico de auténticas alternativas, se amañaron para garantizar la mayoría comunista: la elección del Senado nacional sería auténticamente abierta, pero en la del Sejm (Asamblea Parlamentaria) la mitad de los escaños estaban reservados a los candidatos oficiales (es decir, comunistas). Además, al organizar los comicios tan pronto, el Gobierno esperaba aprovecharse de la desorganización y la inexperiencia de sus adversarios.

Los resultados fueron una conmoción para todos. Con el respaldo de Gazeta Wyborcza (Gaceta Electoral), un periódico improvisado por Adam Michnik, Solidaridad logró entre noventa y nueve y cien escaños en el Senado y todos los sometidos a votación en el Sejm. Entre tanto, solo dos de los candidatos comunistas que se presentaban para cubrir escaños «reservados» lograron el 50 por ciento de los sufragios precisos para poder ocuparlos. Ante una derrota aplastante y una humillación pública sin precedentes, los líderes comunistas de Polonia podían optar por hacer caso omiso de las elecciones; imponer la ley marcial una vez más o aceptar que habían perdido y abandonar el poder.

Dadas las circunstancias, la decisión, como Gorbachov le dejó claro a Jaruzelski durante una conversación telefónica privada, estaba clara: había que respetar las elecciones. Lo primero que pensó Jaruzelski fue en salvar la cara mediante una solución de compromiso: invitar a Solidaridad a entrar en un gobierno de coalición con él, pero la propuesta fue tajantemente rechazada. Por el contrario, después de algunas semanas más de negociación y de fallidas intentonas por parte de los comunistas de nombrar a su propio presidente de Gobierno, la dirección del Partido se inclinó ante lo inevitable y el 12 de septiembre de 1989 Tadeusz Mazowiecki fue nombrado primer presidente de Gobierno no comunista en la Polonia de postguerra (aunque los comunistas conservaron el control de ciertos ministerios clave).

Al mismo tiempo, por medio de una astuta iniciativa legal, el grupo parlamentario de Solidaridad votó la conversión de Jaruzelski en jefe de Estado, y logró así incorporar a los comunistas «moderados» a la transición posterior y aliviar su bochorno. Al mes siguiente, el Gobierno de Mazowiecki anunció reformas para implantar una «economía de mercado», presentadas como un plan de estabilización —el llamado Plan Balcerowicz— que fue aprobado por la Asamblea el 28 de diciembre. Un día después, el «papel preponderante» del Partido Obrero Unificado Polaco era formalmente eliminado de la Constitución polaca. A las cuatro semanas, el 27 de enero de 1990, el propio partido estaba disuelto.

El carácter vertiginoso de los últimos meses de vida de la Polonia comunista no debería impedirnos apreciar los prolongados y ciertamente lentos preparativos anteriores. Gran parte de los actores del drama de 1989 —Jaruzelski, Kiszczak, Wałęsa, Michnik, Mazowiecki— ya llevaba en escena muchos años. El país había pasado de un fugaz florecimiento de relativa libertad en 1981 a la ley marcial, seguida de un largo e incierto purgatorio de represiva semitolerancia que al final desembocó en una reedición de las crisis económicas de la década anterior. A pesar de la fortaleza de la Iglesia católica, del apoyo que tenía Solidaridad en todo el país y del odio pertinaz que sentía la nación polaca hacia sus gobernantes comunistas, estos se aferraron al poder durante tanto tiempo que su caída definitiva fue una especie de sorpresa. La despedida había durado mucho tiempo.

En Polonia, la ley marcial y los sucesos posteriores pusieron de manifiesto los límites y defectos del partido; pero aunque la represión reforzó la oposición, también la hizo cautelosa. En Hungría, una cautela similar surgió de una experiencia muy distinta. Dos décadas de ambigua tolerancia habían difuminado los márgenes precisos de una disidencia permitida por el sistema. Después de todo, Hungría era el Estado comunista en el que se abrió el primer hotel Hilton detrás del Telón de Acero en diciembre de 1976; donde Billy Graham (el predicador evangélico estadounidense) realizó no una sino tres giras de comparecencias públicas durante los años ochenta, y el que fue visitado (e implícitamente favorecido) por dos secretarios de Estado norteamericanos y por el vicepresidente de Estados Unidos George Bush en la misma década. En 1988 la Hungría comunista tenía una imagen innegablemente positiva.

En parte por esta razón, la oposición al régimen de partido único tardó bastante tiempo en mostrarse abiertamente. El disimulo y la componenda parecían el método más valiente, sobre todo para cualquiera que se acordara de 1956; además, la vida en la Hungría de János Kádár era tolerable, aunque monótona. En realidad, la economía oficial, como vimos en el capítulo anterior, no estaba en mejores condiciones que la de Polonia, a pesar de diversas reformas y de los «nuevos mecanismos económicos». No hay duda de que la economía sumergida posibilitó que en Hungría mucha gente tuviera un nivel de vida hasta cierto punto superior al de los países vecinos. Sin embargo, como ya entonces revelaba una investigación realizada por estadísticos sociales húngaros, el país sufría considerables desigualdades de renta, salud y vivienda, la movilidad social y los servicios sociales eran inferiores a los de Occidente y las largas jornadas laborales (mucha gente tenía dos empleos e incluso tres), los elevados índices de alcoholismo y de enfermedades mentales, junto a la tasa de suicidios más alta de toda Europa oriental, estaban pasando factura a la población.

En consecuencia, había un amplio margen para el descontento, aunque no existiera oposición política organizada. Algunas organizaciones independientes salieron a la luz a lo largo de los ochenta, pero se centraron únicamente en cuestiones medioambientales o en protestas contra el maltrato que daba Rumanía a su minoría húngara, cuestión esta en la que podían contar con la tácita simpatía de los comunistas (lo cual explica la tolerancia oficial del Foro Democrático Húngaro, formado en septiembre de 1987 con presupuestos claramente nacionalistas). Hungría seguía siendo una república socialista (tal como la describía oficialmente la Constitución revisada de 1972). El disentimiento y la crítica estaban en general relegados al interior del partido, aunque en las elecciones de junio de 1985 se permitieron por primera vez diversas candidaturas y resultaron elegidos un puñado de independientes que contaban con permiso oficial. Esto explica que hasta 1988 no comenzaran a producirse cambios importantes.

El catalizador del cambio en Hungría fue la frustración que sentían los comunistas jóvenes y reformistas —claramente entusiasmados con las transformaciones que Gorbachov estaba introduciendo en el PCUS— ante la inflexibilidad de los ancianos dirigentes de su propio partido. En mayo de 1988, durante una conferencia especial convocada por los comunistas para tratar de este asunto, ese grupo consiguió por fin apartar del poder a Kádár, de setenta y seis años, y sustituirlo por Károly Grósz, el primer ministro. Las consecuencias estrictamente prácticas de esta especie de golpe de Estado interno se limitaron a un programa de austeridad económica destinado a robustecer las «fuerzas de mercado», pero tuvo una gran fuerza simbólica.

János Kádár había gobernado Hungría desde la revolución de 1956, en cuya represión había tenido el papel principal. A pesar de tener una imagen exterior bastante positiva, para los húngaros encarnaba la mentira oficial en la que se sustentaba el «comunismo del gulash», según la cual el movimiento reformista húngaro no había sido más que una contrarrevolución. Kádár también era el símbolo viviente de la conspiración de silencio que rodeaba a Imre Nagy desde su secuestro, juicio secreto y, sobre todo, ejecución y entierro clandestinos tres décadas antes[19]. Por lo tanto, el hecho de apartar a Kádár del poder parecía indicar que algo fundamental había cambiado en la vida pública del país, impresión que se confirmó cuando sus sucesores no solo permitieron que un grupo compuesto en parte por jóvenes disidentes comunistas constituyera Fidesz (Jóvenes Demócratas), sino que autorizaron oficialmente, en noviembre de 1988, la aparición de partidos políticos independientes.

Durante los primeros meses de 1989 el Parlamento comunista aprobó una serie de medidas que reconocían el derecho de reunión y sancionaban oficialmente la «transición» a un sistema multipartidista. En abril se deshacían formalmente del «centralismo democrático» dentro del propio partido. Aún mayor importancia tuvo el hecho de que los dirigentes comunistas de Hungría —reconociendo tácitamente que su partido no podía confiar en mantener el control del país a menos que reconociera su pasado— anunciaran su intención de exhumar los problemáticos restos de Imre Nagy para darlos una sepultura digna. Al mismo tiempo, Imre Pozsgay y otros reformistas del politburó húngaro convencieron a sus colegas de que había que constituir una comisión de investigación sobre los acontecimientos de 1956 y redefinirlos oficialmente: ya no serían tachados de «contrarrevolución», sino considerados un «levantamiento popular contra un régimen oligárquico que había envilecido a la nación».

El 16 de junio de 1989 —en el trigésimo primer aniversario de su muerte— los restos de Imre Nagy y de cuatro de sus colegas volvieron a ser ceremoniosamente enterrados como héroes nacionales. Se calcula que trescientos mil húngaros llenaron las calles, mientras millones observaban el acto por televisión. Entre los oradores que hablaron ante la tumba se encontraba Viktor Orbán, joven dirigente de los Jóvenes Demócratas, que no pudo evitar señalar que algunos de los comunistas presentes en el segundo enterramiento de Nagy eran los mismos que pocos años atrás habían falseado sin descanso la propia revolución que en ese momento estaban alabando.

Era cierto. Una de las peculiaridades del fin del comunismo en Hungría es que lo dirigieran los propios comunistas: hasta junio no se convocaron mesas redondas de conversaciones, que imitaban conscientemente el ejemplo polaco. Esto produjo cierto escepticismo entre los anticomunistas húngaros, para los que la resurrección de Nagy, al igual que anteriormente su ejecución, era un problema interno del partido que apenas tenía importancia para las muchas víctimas del comunismo. Pero sería un error minusvalorar la fuerza simbólica de la segunda inhumación de Nagy. Con ella se admitía la derrota y se reconocía que el partido y sus dirigentes habían vivido, enseñado e impuesto una mentira.

Cuando János Kádár murió solo tres semanas después —el mismo día que el Tribunal Supremo húngaro dictó la rehabilitación total de Nagy— el comunismo húngaro feneció con él. Lo único que faltaba era ponerse de acuerdo sobre las formalidades de su defunción. El «papel preponderante» del partido fue abolido, se convocaron elecciones multipartidistas para marzo siguiente, y el 7 de octubre los comunistas, el Partido Socialista de los Trabajadores Húngaros, se rebautizaron como Partido Socialista Húngaro. Por su parte, el Parlamento, todavía compuesto en su inmensa mayoría por diputados comunistas elegidos durante el antiguo régimen de partido único, aprobó el 23 de octubre que el país pasara a llamarse simplemente República de Hungría.

La «revolución» húngara de 1989 presentó dos rasgos característicos. El primero, como hemos visto, es que fue el único tránsito desde un régimen comunista a un auténtico sistema multipartidista realizado completamente desde dentro. El segundo es que, mientras que en Polonia, al igual que posteriormente en Checoslovaquia y en los demás países del Este, los acontecimientos de 1989 fueron en gran medida autorreferenciales, la transición húngara tuvo un papel clave en el desenlace de otro régimen comunista, el de Alemania Oriental.

Para los observadores externos, la República Democrática Alemana parecía estar entre los regímenes comunistas menos vulnerables, y no solo porque todo el mundo diera por sentado que ningún líder soviético permitiría su caída. Quizá el medio físico de la República Democrática, especialmente de sus ciudades, pareciera tosco y destartalado; puede que su policía secreta, la Stasi, fuera tristemente omnipresente, y que el muro de Berlín siguiera siendo un escándalo moral y estético, pero, en general, se creía que la economía germana oriental estaba en mejor situación que la de sus vecinos socialistas. Cuando el primer secretario del partido Erich Honecker presumió en octubre de 1989, durante las conmemoraciones del cuadragésimo aniversario de la formación del país, de que Alemania Oriental era una de las diez economías más sólidas del mundo, se escuchó a su invitado Mijaíl Gorbachov emitir un sonoro resoplido; pero, al régimen, aunque solo fuera en eso, se le daba bien fabricar y exportar datos falsos: muchos observadores occidentales creyeron a Honecker.

Los partidarios más entusiastas de la República Democrática se encontraban en la República Federal. El aparente éxito que había tenido la Ostpolitik al calmar las tensiones y facilitar las comunicaciones humanas y económicas entre las dos mitades de Alemania había hecho que prácticamente toda la clase política invirtiera sus esperanzas en el mantenimiento indefinido de esta situación. Destacadas figuras de la vida pública germana occidental no solo fomentaban las ilusiones de la Nomenklatura oriental, sino que también se engañaban a sí mismos. De tanto repetirse que la Ostpolitik aliviaba las tensiones en el Este, habían llegado a creérselo.

Dadas las circunstancias, muchos alemanes occidentales, preocupados por la paz, la estabilidad y el orden, acabaron compartiendo el punto de vista de los políticos comunistas con los que hacían negocios. Egon Bahr, un destacado socialdemócrata, explicaba en enero de 1982 (inmediatamente después de la proclamación de la ley marcial en Polonia) que los alemanes habían renunciado a su reivindicación de lograr la unidad nacional en aras de la paz y que los polacos tendrían que renunciar igualmente a su reivindicación de la libertad en nombre de la misma «prioridad superior». Cinco años después, el influyente escritor Peter Bender, hablando ante un simposio socialdemócrata dedicado a Mitteleuropa, insistía con orgullo en que el deseo alemán de distensión «tiene más en común con Belgrado que con Estocolmo, y también con Varsovia y Berlín Este [énfasis del autor], que con París y Londres».

En los años posteriores trascendería que en más de una ocasión dirigentes nacionales del SPD hicieron confidencias y comentarios innegablemente comprometedores a altos cargos alemanes orientales de visita en Occidente. En 1987 Björn Engholm alabó las políticas internas de la República Democrática calificándolas de «históricas», mientras que al año siguiente su colega Oskar Lafontaine prometió hacer todo lo que estuviera en su mano para que el apoyo de Alemania Occidental a los disidentes del Este siguiera siendo discreto. «Los socialdemócratas», aseguró a sus interlocutores, «deben evitar todo lo que suponga el fortalecimiento de esas fuerzas». Como apuntaba un informe soviético de octubre de 1984 dirigido al Politburó germano-oriental, «los representantes del SPD han hecho suyos muchos de los argumentos que anteriormente habíamos defendido ante ellos[20]».

Quizá las ilusiones de los socialdemócratas de Alemania Occidental fueran comprensibles, pero las compartían con igual fervor muchos cristianodemócratas. Helmut Kohl, canciller desde 1982, estaba tan dispuesto a cultivar las buenas relaciones con la República Democrática como sus adversarios políticos. En el funeral de Yuri Andrópov, celebrado en Moscú en febrero de 1984, se reunió y conversó con Erich Honecker, y lo mismo hizo al año siguiente durante el entierro de Chernenko. Las dos partes llegaron a acuerdos de intercambio cultural y de retirada de minas de la frontera común. En septiembre de 1987 Honecker se convirtió en el primer líder germano-oriental en visitar la República Federal. Entre tanto, se acentuaban los subsidios de Alemania Occidental para su vecino oriental (y sin embargo, nunca se concedió ninguna ayuda a la oposición interna de Alemania del Este).

Eufórico con el patrocinio del régimen germano-occidental, seguro del respaldo de Moscú y libre para exportar a Occidente a sus más problemáticos disidentes, el régimen de la República Democrática podría haber sobrevivido indefinidamente. Desde luego, parecía inmune al cambio: en junio de 1987 dispersó de manera expeditiva a los manifestantes que en Berlín Oriental se oponían al muro y entonaban lemas de apoyo al lejano Gorbachov. En enero de 1988 el Gobierno no dudó en encarcelar y expulsar a más de cien manifestantes que conmemoraban el asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en 1919, con pancartas que citaban a la propia Luxemburgo: «La libertad es también la de aquellos que piensan de forma diferente». En septiembre de 1988 Honecker, durante una visita a Moscú, alabó públicamente la perestroika de Gorbachov, aunque al volver a su país hizo todo lo posible por evitar implantarla[21].

Pese a los inusitados acontecimientos que se estaban desarrollando entonces en Moscú, Varsovia y Budapest, los comunistas de Europa del Este siguieron amañando votos como hacían desde la década de 1950. En mayo de 1989 el resultado oficial de las elecciones municipales celebradas en Alemania del Este —con un 98,85 por ciento de candidatos oficiales— fue tan ostentosamente orquestado que suscitó protestas en todo el país de sacerdotes, grupos ecologistas e incluso críticos del propio partido. El Politburó hizo lo posible por no darse por enterado, pero ahora, por primera vez, los alemanes orientales tenían una alternativa. Ya no tenían que aceptar el statu quo, arriesgarse a ser detenidos o correr el peligro de intentar escapar al Oeste. El 2 de mayo de 1989, mientras se relajaban los controles de movimiento y de expresión dentro de Hungría, las autoridades de Budapest retiraron la alambrada electrificada que recorría la frontera occidental del país, aunque esta se mantenía formalmente cerrada.

Multitud de alemanes orientales comenzaron a irrumpir en Hungría. El 1 de julio de 1989 unos veinticinco mil habían llegado hasta allí de «vacaciones». Otros miles llegaron después, muchos buscando asilo temporal en las embajadas de la República Federal en Praga y Budapest. Unos pocos consiguieron cruzar la frontera austrohúngara, todavía cerrada, sin que los guardias los detuvieran, pero la mayoría se quedó en Hungría. A comienzos de septiembre había 60.000 ciudadanos de la República Democrática en ese país, esperando. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro Gyula Horn, cuando le preguntaron en un telediario del 10 de septiembre cuál sería la respuesta de su Gobierno si algunas de esas personas comenzaban a caminar hacia el Oeste, contestó: «Los dejaremos cruzar sin problemas y supongo que los austríacos los dejarán entrar». La puerta de Occidente estaba oficialmente abierta: setenta y dos horas después, unos veintidós mil alemanes orientales se lanzaron a traspasarla.

Las autoridades germano-orientales protestaron enérgicamente: la actitud húngara implicaba una ruptura del tradicional acuerdo entre los gobiernos comunistas que les comprometía a impedir que sus países fueran utilizados como vía de escape de sus fraternales vecinos. Pero las autoridades de Budapest se limitaron a insistir en que tenían que cumplir los preceptos del acta final de Helsinki. El pueblo les tomó la palabra. Durante las tres semanas siguientes las autoridades de la República Democrática se enfrentaron a un grave conflicto de relaciones públicas mientras decenas de miles de sus ciudadanos trataban de escapar utilizando la nueva salida.

Tratando de controlar los acontecimientos, los dirigentes de la Alemania comunista ofrecieron a los refugiados germanos orientales, a través de sus embajadas en Praga y Varsovia, la posibilidad de cruzar sanos y salvos su país de camino a Alemania Occidental en un tren sellado. Sin embargo, la propuesta no hizo más que acentuar la creciente humillación del régimen: cuando el tren cruzó la República Democrática fue acogido con las envidiosas ovaciones de decenas de miles de compatriotas. Se calcula que alrededor de cinco mil personas trataron de trepar al tren cuando el convoy se detuvo brevemente en Dresde, y se desataron disturbios después de que la policía las golpeara, todo ante los ojos de los medios de comunicación occidentales.

Las penalidades del régimen envalentonaron a sus críticos. Al día siguiente de que Hungría abriera sus fronteras, un grupo de disidentes germanos orientales fundó en Berlín Este la organización Neues Forum (Nuevo Foro), seguida pocos días después de otro movimiento ciudadano, Democracia Ahora, y ambos presionaron a favor de una «reestructuración» democrática del Estado. El lunes 2 de octubre, en Leipzig, una multitud de diez mil personas manifestó públicamente su frustración ante la negativa del régimen de Honecker a reformarse: era la concentración más numerosa que se había producido en Alemania del Este desde el infortunado levantamiento de 1953 en Berlín. Honecker, de setenta y siete años, se mantenía impasible. En septiembre declaró que los alemanes orientales que trataban de emigrar habían sido «chantajeados con señuelos, promesas y amenazas para que renunciaran a los principios básicos y a los valores fundamentales del socialismo». Ante la creciente inquietud de sus colegas más jóvenes, que ya no podían hacer caso omiso de la magnitud del desafío al que se enfrentaban, los dirigentes se veían impotentes, congelados. El 7 de octubre, Mijaíl Gorbachov acudió al país para rendir homenaje al cuadragésimo aniversario de la fundación de la República Democrática, y habló, advirtiendo con palabras memorables a su pétreo anfitrión, de que «la vida castiga a los que la posponen». No sirvió de nada: Honecker se proclamó satisfecho con la situación actual.

Alentados por la visita del líder soviético, por no hablar de los acontecimientos en el exterior, los manifestantes de Leipzig y de otras ciudades comenzaron a movilizarse constantemente y a celebrar vigilias a favor del cambio. Las reuniones de los lunes en Leipzig, que ahora eran algo habitual, llegaron a congregar a noventa mil personas la semana posterior al discurso de Gorbachov. Las multitudes proclamaban: «¡Somos el pueblo!», pidiendo a Gorby que los ayudara. A la semana siguiente la cifra volvió a aumentar y ahora un Honecker cada vez más alterado proponía la utilización de la fuerza para sofocar cualquier otra muestra de oposición.

Parece que la perspectiva de una confrontación directa aunó finalmente a los críticos de Honecker dentro del partido. El 18 de octubre algunos de sus colegas, encabezados por Egon Krenze, organizaron un golpe y apartaron al anciano del poder, después de dieciocho años[22]. Lo primero que hizo Krenze fue volar a Moscú, aprobar la gestión de Gorbachov (y conseguir la aprobación de este) y volver a Berlín para preparar una cautelosa perestroika en Alemania Oriental. Pero era demasiado tarde. En la última manifestación de Leipzig se calculaba que unas trescientas mil personas se habían reunido para solicitar cambios; el 4 de noviembre medio millón de alemanes orientales se reunieron en Berlín para exigir reformas inmediatas. Entre tanto, ese mismo día Checoslovaquia abrió su frontera; durante las cuarenta y ocho horas siguientes, treinta mil personas abandonaron el país a través de ella.

Para entonces, las autoridades habían caído realmente presas del pánico. El 5 de noviembre, el Gobierno de la República Democrática propuso dubitativamente una ley reguladora de los viajes ligeramente liberalizadora, pero solo consiguió que sus críticos la rechazaran por considerarla lamentablemente insuficiente. A continuación, se produjo la drástica dimisión del gabinete germano-oriental, seguida de la del Politburó. La noche siguiente, el 9 de noviembre, aniversario tanto de la abdicación del Káiser como de la Kristallnacht (Noche de los cristales rotos), Krenze y sus colegas propusieron otra ley reguladora de los viajes para detener la estampida. Durante una conferencia de prensa retransmitida en directo por la televisión y la radio, Günter Schabowski explicó que la nueva reglamentación, de efecto inmediato, autorizaba los viajes al extranjero sin aviso previo y permitía el flujo de personas por los puestos fronterizos con Alemania Occidental. Dicho de otro modo, se abría el muro.

Antes de que la retransmisión llegara a terminar, la gente se lanzó a las calles de Berlín Este en dirección a la frontera. A las pocas horas, cincuenta mil personas habían penetrado en tropel en Berlín Oeste: algunas para siempre, otras solo para mirar. A la mañana siguiente, el mundo había cambiado. Como todos podían ver, se había abierto una brecha definitiva en el muro y ya no podía haber vuelta atrás. Cuatro semanas después, se abría la puerta de Brandenburgo, situada justo en medio de la frontera interalemana; durante las vacaciones de Navidad de 1989, dos millones cuatrocientos mil alemanes orientales (uno de cada seis) visitaron el Oeste. Estaba claro que esta no había sido la intención de los dirigentes de la República Democrática. Como el propio Schabowski explicaría más tarde, las autoridades no tenían «ni idea» de que la apertura del muro podría conllevar la caída de Alemania Oriental; pensaban, por el contrario, que sería el comienzo de la estabilización.

Al tomar la vacilante decisión de abrir la frontera, los dirigentes de la República Democrática solo deseaban crear una válvula de escape, quizá lograr un poco de popularidad y, sobre todo, ganar tiempo suficiente para proponer un programa de reformas. Después de todo, el muro se abrió por razones bastante parecidas a las que habían motivado su construcción y cierre una generación antes: para contener una hemorragia demográfica. En 1961 esta treta desesperada había funcionado; en 1989 también, pero a su manera: es asombroso que pocos alemanes del Este se quedaran permanentemente en Berlín una vez que les garantizaron que a su vuelta no se los encarcelaría. Pero el precio de esa garantía fue el derrumbamiento de algo más que el régimen.

Después de la caída del muro, el SED (Partido Socialista Unificado de Alemania Oriental) celebró los últimos ritos, ya familiares, de un partido comunista agonizante. El 1 de diciembre la Volkskammer (el Parlamento) votó por cuatrocientos veinte votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones la eliminación de la Constitución de la cláusula que declaraba que el Estado estaba «dirigido por la clase obrera y por su partido marxista leninista». Cuatro días después, otro Politburo volvía a dimitir: se eligió a un nuevo líder, Gregor Gysi, y el nombre de la formación fue debidamente modificado para transformarse en el Partido del Socialismo Democrático. La vieja cúpula comunista (incluyendo a Honecker y a Krenze) fue expulsada del partido; también se iniciaron debates en torno a una mesa redonda con representantes de Neues Forum (el grupo opositor más visible, según la opinión general) y se programaron elecciones libres.

Pero incluso antes de que el nuevo (y último) Gobierno de la República Democrática, dirigido por Hans Modrow, jefe del SED en Dresde, comenzara a redactar un «programa de acción del partido», sus acciones e intenciones eran prácticamente irrelevantes. Después de todo, los alemanes orientales disponían de una alternativa que no tenían otros pueblos sometidos —no había una «Checoslovaquia Occidental» ni una «Polonia Occidental»— y no estaban dispuestos a renunciar a ella. Las reglas del juego estaban cambiando: en octubre de 1989 los manifestantes de Leipzig cantaban «Wir sind das Volk» (Somos el pueblo). En enero de 1990 la reivindicación de esa misma multitud era ligeramente diferente: «Wir sind ein Volk» (Somos un pueblo).

La muerte del comunismo alemán suponía, como veremos en el capítulo siguiente, la muerte de un Estado alemán (en enero de 1990 la cuestión ya no era solamente salir del socialismo, mucho menos reformarlo, sino entrar en Alemania Occidental). Con la perspectiva del tiempo, no está claro cómo interpretar las esperanzas de las multitudes que derribaron la República Democrática en el otoño de 1989. Sin embargo, lo que sí está claro es que ni el partido (como ocurrió en Hungría) ni la oposición (como en Polonia) pueden atribuirse el mérito de lo sucedido. Ya hemos visto lo mucho que tardó el partido en comprender en qué aprieto se encontraba; pero sus críticos intelectuales no fueron mucho más rápidos.

El 28 de noviembre Stefan Heym, Christa Wolf y otros intelectuales germanos orientales hicieron el llamamiento Por nuestra tierra, para salvar el socialismo y mantenerse firmes frente a lo que Heym denominó la «brillante basura» de Occidente. Barbel Bohley, la principal figura de Neues Forum llegó incluso a calificar de «desafortunada» la apertura del muro de Berlín, porque impedía la reforma y precipitaba las elecciones antes de que los partidos y los votantes estuvieran preparados. Al igual que muchos intelectuales «disidentes» de Alemania del Este (por no hablar de sus admiradores de Alemania Occidental), Bohley y sus colegas todavía contemplaban la posibilidad de un socialismo reformado, exento de policía secreta y de partido único, pero a una distancia prudencial de su predador Doppelgänger capitalista del Oeste. Como mínimo, según demostrarían los acontecimientos, esto era tan poco realista como la fantasía que tenía Erich Honecker de retornar a la obediencia neoestalinista. De este modo, Neues Forum se condenó a la irrelevancia política y a sus líderes solo les quedó lamentarse resentidos de la imprevisión de las masas[23].

En consecuencia, quizá el levantamiento alemán de 1989 fuera la única revolución auténticamente popular, es decir, masiva, de aquel año (y ciertamente la única revuelta triunfante de la historia de Alemania)[24]. La caída del comunismo en la vecina Checoslovaquia, aunque se produjo al mismo tiempo que la transformación de Alemania del Este, siguió una trayectoria bastante distinta. En ambos países la cúpula del partido era rígida y represiva, y en Praga la aparición de Gorbachov fue por lo menos tan mal recibida como en Pankow. Pero hasta ahí llegaban las similitudes.

En Checoslovaquia, al igual que en Hungría, el régimen comunista descansaba incómodamente en la memoria silenciosa de un pasado hurtado. Pero mientras que en el caso húngaro Kádár había logrado en cierta medida distanciarse, junto con su partido, de la herencia estalinista, los líderes checoslovacos no habían logrado esa transición, como tampoco la habían buscado. La invasión en 1968 por el Pacto de Varsovia y la normalización posterior se mantuvo con Gustav Husák, que ocupó el poder desde 1969. Además, cuando Husák, entonces de setenta y cinco años, abandonó el puesto de secretario general del partido en 1987 (manteniéndose como presidente de la República), fue sustituido por Miloš Jakeš, un líder sin duda más joven, pero más conocido por su papel esencial en las purgas masivas de comienzos de los setenta.

De hecho, los comunistas checoslovacos tuvieron bastante éxito en su labor de mantener el control absoluto hasta el final. Ni la Iglesia católica (que siempre fue un actor menor en la zona checa, aunque no en Eslovaquia), ni la oposición intelectual consiguieron grandes apoyos en el conjunto de la sociedad. Gracias a purgas brutalmente eficientes, gran parte de los intelectuales del país, desde los dramaturgos hasta los historiadores, pasando por los comunistas reformistas de los años sesenta, habían sido no solo expulsados de sus trabajos, sino privados de toda visibilidad pública. Hasta 1989 algunos de los críticos más atrevidos del interior, entre ellos el propio Václav Havel, eran más conocidos en el extranjero que en su propio país. Como vimos en el capítulo anterior, la propia organización ciudadana de Havel, Carta 77, contó con menos de dos mil signatarios en un país con una población de quince millones de habitantes.

Es evidente que la gente tenía miedo a criticar abiertamente el régimen, pero también es cierto que la mayoría de los checos y los eslovacos no eran manifiestamente infelices con su destino. La economía checoslovaca, al igual que gran parte de las economías del Este desde comienzos de los setenta, se había organizado para producir bienes de consumo básicos, y en el caso checo algunos más. De hecho, la Checoslovaquia comunista imitó deliberadamente algunos aspectos de la sociedad de consumo occidental —especialmente los programas de televisión y los entretenimientos populares— aunque de forma mediocre. La vida en Checoslovaquia era insulsa, el medio ambiente se estaba deteriorando y a los jóvenes les irritaba especialmente el carácter omnipresente y censor de las autoridades. Pero, a cambio de evitar la confrontación con el régimen y de acatar de boquilla su ampulosa retórica, a la gente se la dejaba en paz.

El régimen sofocó con energía e incluso con brutalidad cualquier signo de disidencia. En 1988, los manifestantes que en Praga y en otros lugares se congregaron para conmemorar el vigésimo aniversario de la invasión de agosto de 1968 fueron detenidos; las iniciativas extraoficiales para celebrar en la misma ciudad un seminario Este-Oeste fueron aplastadas. En enero de 1989, cuando se cumplían veinte años del suicidio de Jan Palach en la plaza de San Wenceslao, Havel y otros trece firmantes de Carta 77 fueron detenidos y de nuevo encarcelados (aunque, en contraste con el trato inclemente que había recibido en años anteriores, Havel, que ahora era una figura de talla internacional cuyo maltrato podría haber abochornado a sus carceleros, fue liberado en mayo).

Durante la primavera y el verano de 1989 proliferaron las redes y grupos informales por todo el país, con la esperanza de imitar las experiencias de los países vecinos: después del Club de la Paz John Lennon, constituido en diciembre de 1988, llegaron las protestas de las Madres de Praga de mayo de 1989 y, más tarde, las manifestaciones ecologistas de Bratislava del mes siguiente. Ninguna de esas minúsculas burbujas de iniciativa ciudadana, tan fáciles de contener, suponía amenaza alguna para la policía o para el régimen. Pero en agosto, al tiempo que Mazowiecki finalizaba sus planes de gobierno en Varsovia y poco después de que las fronteras húngaras se abrieran de golpe, los manifestantes llenaron las calles de la capital checa para conmemorar, una vez más, la destrucción de la Primavera de Praga.

Sin embargo, estaba claro que en esta ocasión la policía checa se contuvo más. El régimen de Jakeš había decidido disimular un poco y dar al menos la impresión de que reconocía el cambio de actitud de Moscú, aunque sin alterar ningún elemento importante de sus prácticas. No hay duda de que el mismo cálculo explica el distanciamiento con el que las autoridades se enfrentaron a la siguiente gran manifestación del 28 de octubre, aniversario del establecimiento del Estado checoslovaco en 1918 (oficialmente ignorado desde 1948). Pero la cúpula comunista seguía sin sentir una gran presión pública: hasta el anuncio realizado el 15 de noviembre de que ya no se necesitarían visados de salida para viajar a Occidente, fue menos una concesión a las demandas que una imitación estratégica de los cambios registrados en otros países.

La causa que dio credibilidad a la sospecha generalizada de que lo que vino después —la tentativa de unos reformistas neófitos de la administración y la policía que quisieron arrancar a trompicones el moribundo motor del partido y conducirlo a una perestroika a la checa— fue en cierto modo una «conspiración» orquestada, fue esta aparente falta de auténticas intenciones reformistas por parte de los jefes del partido y la ausencia de cualquier oposición eficiente externa: las manifestaciones del verano carecían de objetivos comunes y por el momento no habían surgido líderes que canalizaran el descontento convirtiéndolo en un programa.

La teoría no es tan peregrina como podría parecernos con la perspectiva del tiempo. El 17 de noviembre, la policía de Praga permitió oficialmente una manifestación estudiantil por el centro de la ciudad para conmemorar otra fecha sombría: el quincuagésimo aniversario del asesinato por parte de los nazis del estudiante checo Jan Opletal. Pero cuando los manifestantes comenzaron a corear consignas anticomunistas la policía atacó, dispersando a la multitud y golpeando a víctimas aisladas. A continuación, la propia policía difundió el rumor de que —repitiendo el caso del asesinato de Opletal— uno de los estudiantes había muerto. Más tarde se reconoció que esta había sido una información falsa; pero entre tanto tuvo el efecto predecible de enfurecer a los propios manifestantes. Durante las siguientes cuarenta y ocho horas, decenas de miles de estudiantes se movilizaron, las universidades fueron ocupadas y una muchedumbre comenzó a concentrarse en las calles para protestar. Ahora, sin embargo, la policía se limitó a mirar.

Si realmente hubo un complot, no hay duda de que salió por la culata. Está claro que los acontecimientos del 17 de noviembre y de los días posteriores desplazaron a los líderes neoestalinistas del Partido Comunista: pasada una semana todo el presidium, dirigido por Jakeš, había dimitido. Pero sus sucesores carecían por completo de legitimidad popular y, en cualquier caso, se vieron inmediatamente arrastrados por la velocidad de los acontecimientos. El 19 de noviembre Václav Havel, prácticamente condenado a arresto domiciliario en una zona rural del norte de Bohemia, volvió a una capital sumida en la confusión, donde los comunistas estaban perdiendo el poder a marchas forzadas aunque aún no hubiera nadie para recoger su testigo.

Instalándose, como correspondía, en un teatro de Praga, Havel y sus amigos de Carta 77 constituyeron Občanské Fórum (Foro Cívico), una red informal y flexible que en pocos días dejó de ser una sociedad de debate para convertirse en una iniciativa ciudadana y, a partir de entonces, en un gobierno en la sombra. En parte, los debates del Foro Cívico se centraban en los objetivos tradicionales de sus participantes más destacados, pero sobre todo tenían que ver con unos acontecimientos que se sucedían a gran velocidad en las calles adyacentes. Lo primero que hizo fue exigir la dimisión de los responsables de la invasión de 1968 y de las medidas posteriores.

El 25 de noviembre, un día después de que los líderes del partido, como cabía esperar, dimitieran en masa, una multitud de medio millón de personas se congregó en el estadio Letná de Praga, no tanto para exigir reformas concretas, sino para, después de dos décadas de un intimidante silencio público, hacerse visibles, ante sí mismos y ante los demás. Esa misma noche, se concedió a Havel una entrevista sin precedentes en la televisión checa. Al día siguiente se dirigió a veinticinco mil personas en la plaza de San Wenceslao, compartiendo estrado con el primer ministro comunista Ladislav Adamec y con Alexander Dubček.

Para entonces los líderes incipientes del Foro Cívico ya tenían claro que, a su pesar, estaban dirigiendo una revolución. Para dotarse de cierta dirección, y también para tener algo que decir a la multitud que se congregaba fuera, un grupo liderado por el historiador Petr Pithart redactó los Principios programáticos del Foro Cívico, que contenían un breve resumen de los objetivos generales del grupo y que son muy útiles para indicarnos cuál era el estado de ánimo y las prioridades de los hombres y mujeres de 1989. «¿Qué queremos?», se preguntaba el programa. 1.º un Estado de derecho; 2.º elecciones libres; 3.º justicia social; 4.º un medio ambiente limpio; 5.º un pueblo educado; 6.º prosperidad y 7.º volver a Europa.

La mezcolanza de demandas políticas, ideales culturales y medioambientales, y la invocación a Europa es típicamente checa y tenía mucho que ver con los diversos pronunciamientos realizados por Carta 77 durante la década anterior. Pero el tono del programa captaba perfectamente el ánimo de las multitudes en los vertiginosos días de noviembre: era, a un tiempo, tan pragmático como idealista y ferozmente ambicioso. Tanto en Praga como en el resto del país el clima fue también manifiestamente más optimista que en cualquier otra transición comunista. La causa era la aceleración[25].

A la semana de la sangrienta represión de las manifestaciones estudiantiles, la dirección del partido había dimitido. Siete días después, se habían legalizado el Foro Cívico y El Público contra la Violencia (PCV, su álter ego eslovaco) y negociaban con el Gobierno. El 29 de noviembre la Asamblea Federal, respondiendo con mansedumbre a una demanda del Foro Cívico, eliminó de la Constitución checoslovaca la cláusula fundamental que garantizaba el «papel preponderante» del Partido Comunista. Llegado a este punto, el gabinete de Adamec propuso, a modo de compromiso, el establecimiento de una nueva coalición de Gobierno, pero el Foro Cívico —estimulado por las enormes y decididas multitudes que ahora ocupaban permanentemente las calles— lo rechazó de plano.

Para entonces, los comunistas ya no podían dejar de percibir lo que ocurría fuera de sus fronteras: no solo sus colegas de la antigua cúpula dirigente de Alemania del Este habían sido expulsados del poder el 3 de diciembre, sino que Mijaíl Gorbachov estaba cenando con el presidente Bush en Malta y los Estados del Pacto de Varsovia se preparaban públicamente para abjurar de la invasión de Checoslovaquia en 1968. Desacreditados y descalificados por sus propios jefes, los restantes comunistas checos y eslovacos del grupo de Husák, entre ellos el primer ministro Adamec, dimitieron.

Después de una mesa redonda que duró dos días (la más breve de todas las celebradas ese año), los líderes del Foro Cívico aceptaron entrar en el Ejecutivo. Su presidente, el eslovaco Marián Čalfa, seguía siendo del partido, pero la mayoría de los ministros, por primera vez desde 1948, no eran comunistas: Jiří Dienstbier, de Carta 77 (fogonero hasta hacía cinco semanas), sería el ministro de Asuntos Exteriores; el abogado católico Ján Čarnogurský, de PCV, sería vicepresidente; Miroslav Kusý, del Foro Cívico, ocuparía la cartera de Información, y el hasta entonces desconocido economista liberal Václav Klaus dirigiría el Ministerio de Hacienda. Los miembros del nuevo Gobierno juraron sus cargos el 10 de diciembre ante el presidente Husák, que no tardó en dimitir.

La reaparición de Alexander Dubček después de dos décadas de ostracismo había planteado la posibilidad de que pudiera ser elegido para sustituir a Husák en la presidencia, en parte como símbolo de continuidad con las frustradas esperanzas de 1968, en parte para calmar los sentimientos heridos de los comunistas y quizá incluso para aplacar a los miembros más intransigentes de la policía. Pero en cuanto comenzó a pronunciar discursos en público, quedó bochornosamente claro que el pobre Dubček era un anacronismo. Su vocabulario, su estilo y hasta sus gestos eran los de los comunistas reformistas de los años sesenta. Parecía que no había aprendido nada de sus amargas experiencias, y seguía hablando de la resurrección de una vía checa más amable y moderada hacia el socialismo. Al principio, para las decenas de miles de jóvenes que había en las calles de Praga, Brno o Bratislava, fue una curiosidad histórica, pero no tardó en convertirse en algo irritantemente irrelevante[26].

A modo de compromiso, Dubček fue elegido presidente de la Asamblea Federal. En Václav Havel recayó la responsabilidad de presidir la república, una idea tan descabellada solo cinco semanas antes que él mismo la rechazó amablemente la primera vez que las masas que le aclamaban en las calles de Praga la plantearon gritando «Havel na Hrad!» (¡Havel al Castillo!). Sin embargo, el 7 de diciembre el dramaturgo había llegado a la conclusión de que aceptar el puesto podía ser la mejor manera de facilitar la salida del país del comunismo; el 28 de diciembre de 1989 la misma Asamblea comunista que diligentemente había estampado su sello en las leyes que hasta ese momento habían permitido que Havel y otros fueran condenados a años de prisión, ahora le elegía presidente de la República Socialista Checoslovaca. El día de Año Nuevo de 1990, el nuevo presidente amnistió a dieciséis mil prisioneros políticos y un día después disolvió la propia policía política.

El carácter asombrosamente expeditivo y pacífico del fin del comunismo en Checoslovaquia, la llamada «revolución de terciopelo», fue posible por un cúmulo de circunstancias. Al igual que en Polonia, el recuerdo de las derrotas pasadas y la decisión de evitar cualquier confrontación directa unían a la oposición intelectual; no era casual que la principal organización ciudadana de Eslovaquia se llamara El Público contra la Violencia. Al igual que en la República Democrática Alemana, la bancarrota absoluta del Partido en el poder quedó clara con tanta rapidez que la perspectiva de que se diera una acción organizada desde la retaguardia quedó excluida casi desde el principio.

Pero el papel de Havel fue igualmente crucial: en ningún otro país comunista surgió un individuo con un prestigio popular equiparable y, aunque gran parte de las ideas prácticas e incluso las tácticas políticas del Foro Cívico podrían haber surgido sin él, fue Havel el que captó y canalizó el estado de ánimo del público, empujando a sus colegas mientras mantenía las expectativas de las masas dentro de límites manejables. El impacto de Havel y su atractivo público no pueden exagerarse. Al igual que Tomáš Masaryk, con el que cada vez se le comparaba más, Havel, un personaje de improbable carisma, era ahora considerado por muchos como algo parecido a un salvador nacional. Un cartel de los estudiantes de Praga de diciembre de 1989 presentaba al próximo presidente, con una alusión religiosa enormemente apropiada, pero probablemente no intencionada, diciendo: «Él se entregó a nosotros».

Lo que colocó a Havel en ese pedestal no fueron solo sus múltiples encarcelamientos ni su inquebrantable historial de oposición moral al comunismo: fue también su disposición característicamente apolítica. Sus conciudadanos no se fijaron en él a pesar de sus intereses teatrales, sino precisamente por ellos. Como apuntó un comentarista italiano respecto al papel creciente de Havel en el escenario político checoslovaco, su voz, tan característica, le permitió articular los sentimientos de una nación silenciada: «Se un popolo non ha mai parlato, la prima parole che dice è poesia[27]». Precisamente estas eran las razones por las que solo Havel —que, a diferencia de su ministro de Hacienda Klaus, miraba con notable escepticismo las tentaciones del capitalismo— podía salvar la incómoda distancia que separaba el falso pero seductor igualitarismo de un comunismo difunto de las penosas realidades del libre mercado.

En Checoslovaquia esa distancia era importante. Pese a ser en muchos sentidos el más occidental de los territorios comunistas europeos, el país era también el único que tenía una cultura política notablemente igualitarista y de izquierdas: después de todo, solo en esta parte del mundo casi dos de cada cinco votantes habían elegido, en 1946, un partido comunista en unas elecciones libres. A pesar de cuarenta años de «socialismo real» —y de 20 de insensibilizante «normalización»— algo quedaba de esa cultura política: en las primeras elecciones tras la caída del antiguo régimen, las de junio de 1990, el 14 por ciento del electorado optó por el Partido Comunista. Fue la persistente presencia de este núcleo considerable de votantes comunistas —junto a una zona gris mucho más extendida y compuesta por ciudadanos apolíticos cuya insatisfacción no bastaba para inducirlos a protestar por su situación— la que hizo que escritores disidentes como Ludvík Vaculík cuestionaran las perspectivas de grandes cambios en un futuro inmediato. La historia parecía ir en contra de los checos y los eslovacos: desde 1938, Checoslovaquia nunca había logrado hacerse con el control de su propio destino.

En consecuencia, cuando el propio pueblo tomó la iniciativa en noviembre de 1989, la posterior revolución de terciopelo resultó casi demasiado buena para ser verdad. De ahí que se hablara de conspiraciones policiales y de crisis orquestadas, como si la sociedad checoslovaca tuviera tan poca confianza en sí misma que incluso la iniciativa de destruir el comunismo tuviera que venir de los propios comunistas. Es casi seguro que ese escepticismo iba desencaminado: todos los datos conocidos desde entonces apuntan simplemente a que el 17 de noviembre la policía de seguridad checa se pasó de la raya. No había ningún complot destinado a retirar a la camarilla gobernante. En 1989 el pueblo de Checoslovaquia tomó realmente las riendas de su destino.

Otra cosa fue el caso de Rumanía, donde parece claro que en diciembre de 1989 una facción del Partido Obrero Rumano que ocupaba el poder sí decidió realmente que lo mejor para su pervivencia era apartar por la fuerza a la cuadrilla gobernante de Nicolae Ceauşescu. Evidentemente, Rumanía no era un Estado comunista al uso. Si Checoslovaquia era el más occidental de los países comunistas satélites, Rumanía era el más «oriental». Bajo el régimen de Ceauşescu, el comunismo había dejado de ser un leninismo nacional para convertirse en una especie de satrapía neoestalinista, donde un complejo entramado de nepotismo y de ineficiencia se sustentaba en las actividades de una omnímoda policía secreta.

En comparación con la siniestra dictadura de Gheorghiu-Dej, de los años cincuenta, el régimen de Ceauşescu funcionó con niveles de brutalidad manifiesta relativamente reducidos; pero los escasos indicios de protesta pública —como las huelgas registradas en el valle minero de Jiu en 1977 o las de la fábrica de tractores Estrella Roja de Braşov, de una década después— fueron reprimidos con éxito y de forma violenta. Además, Ceauşescu no solo contaba con una población atemorizada, sino con una notable falta de críticas externas a sus acciones dentro del país: ocho meses después de detener a los líderes de las huelgas del valle del Jiu (y de asesinar a algunos), el dictador rumano visitaba Estados Unidos como invitado del presidente Jimmy Carter. Al distanciarse de Moscú —ya vimos que Rumanía se abstuvo de participar en la invasión de Checoslovaquia en 1968— Ceauşescu consiguió margen de maniobra e incluso el beneplácito exterior, sobre todo en los primeros tiempos de la nueva Guerra Fría de los años ochenta. Como el líder rumano estaba encantado de criticar a los rusos (y de enviar a sus gimnastas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles), los estadounidenses, entre otros, mantuvieron silencio respecto a los crímenes que cometía dentro del país[28].

Estos privilegios de Ceauşescu costaron terriblemente caros a los rumanos. En 1966, para aumentar la población —una arraigada obsesión «rumanista»— prohibió el aborto a las mujeres menores de cuarenta años que tuvieran menos de cuatro hijos (en 1986 esa edad se prolongó hasta los cuarenta y cinco años). En 1984 la edad legal para contraer matrimonio se redujo a quince años para las mujeres. Se introdujeron revisiones médicas mensuales y obligatorias para las mujeres en edad fértil para impedir los abortos, que solo se permitían, en todo caso, en presencia de un representante del partido. A los médicos que trabajaban en distritos con tasas de natalidad decrecientes se les reducía el sueldo.

La población no aumentó, pero el índice de mortalidad causada por los abortos superaba con mucho la de cualquier otro país europeo: la práctica ilegal, como era el único método de control de natalidad disponible, se extendió por doquier, con frecuencia en las más atroces y peligrosas condiciones. La ley de 1966 produjo en los veintitrés años posteriores la muerte de al menos diez mil mujeres. El índice de mortalidad infantil real era tan elevado que después de 1985 los nacimientos no se registraban oficialmente hasta que el bebé no llegaba a las cuatro semanas: era la apoteosis del control del conocimiento comunista. Cuando Ceauşescu fue derrocado, la tasa de mortalidad entre los recién nacidos era del 25 por mil y había más de cien mil niños internados en orfanatos.

El marco de esta tragedia nacional era una economía que fue retrasada a propósito, pasando de la subsistencia a la indigencia. A comienzos de los ochenta, Ceauşescu decidió mejorar aún más la posición internacional de su país devolviendo al completo su ingente deuda exterior. Los organismos del capitalismo internacional —comenzando por el FMI— estaban encantados y no dejaban de elogiar al dictador rumano. Bucarest pudo renegociar completamente su deuda exterior. Para pagar a sus deudores occidentales, Ceauşescu sometió el consumo interno a una presión implacable y sin precedentes.

Al contrario que los dirigentes comunistas de otros países, que pedían sin medida en el exterior para sobornar a sus ciudadanos con estantes bien abastecidos, el Conducător rumano se propuso exportar cualquier materia prima que se generara dentro del país. Los rumanos se vieron obligados a utilizar bombillas de cuarenta vatios en casa, siempre que hubiera electricidad, para poder exportar energía a Italia y Alemania. La carne, el azúcar, la harina, la mantequilla y muchos otros productos estaban estrictamente racionados. Para forzar aún más la maquinaria productiva, se introdujeron cuotas fijas de trabajo obligatorio los domingos y días festivos (eran las corveas del Antiguo Régimen francés).

La utilización de petróleo se redujo al mínimo: en 1986 se puso en marcha un programa de cría de caballos para sustituir a los vehículos de motor. Los carruajes se convirtieron en el principal medio de transporte y la cosecha se hacía con hoz y guadaña. Era un sistema realmente nuevo: todos los regímenes socialistas dependían del control centralizado de una escasez sistemáticamente inducida, pero en Rumanía se logró poner en marcha una economía de subsistencia agraria preindustrial partiendo de otra que se basaba en el exceso de inversión en maquinaria industrial no deseada.

Las políticas de Ceauşescu tenían cierta lógica morbosa. Rumanía pagó realmente a sus acreedores extranjeros, aunque a costa de dejar a su población en la penuria. Pero los últimos años del régimen de Ceauşescu no solo se caracterizaron por una economía demencial. Para controlar mejor a la población rural del país y presionar aún más a los campesinos para que produjeran más alimentos exportables, el régimen se propuso «sistematizar» el campo rumano. La mitad de los trece mil pueblos del país (seleccionados de manera desproporcionada entre los de las minorías) fueron arrasados a la fuerza y sus residentes trasladados a quinientas cincuenta y ocho «agrociudades». Si Ceauşescu hubiera tenido tiempo de finalizar este proyecto, habría destruido por completo lo poco que quedaba del tejido social del país.

El proyecto de sistematización rural se alimentaba de la creciente megalomanía del dictador. Con Ceauşescu, la tendencia leninista al control, la centralización y la planificación de todos los pormenores de la vida cotidiana se fue convirtiendo en una obsesión por la homogeneidad y la grandiosidad que llegó a sobrepasar hasta las ambiciones del propio Stalin. El símbolo material permanente de este impulso monomaniaco había de ser la capital del país, para la que se planeó una remodelación imperial sin precedentes desde la época de Nerón. Este proyecto de renovación de Bucarest sería abortado por el golpe de diciembre de 1989, pero la ambición de Ceauşescu avanzó lo suficiente para dejar su marca indeleble en la configuración de la ciudad actual. Un distrito histórico del centro de Bucarest, tan grande como Venecia, fue completamente arrasado. Cuarenta mil edificios y decenas de iglesias y otros monumentos fueron reducidos a escombros para que hubiera espacio para construir un nuevo palacio del Pueblo y el bulevar de la Victoria del Socialismo, de cinco kilómetros de largo y ciento cincuenta metros de ancho.

Toda esta empresa no era más que fachada. Detrás de los relucientes frontispicios del bulevar se amontonaban los conocidos bloques de cemento, sucios y sombríos. Pero la propia fachada era de una uniformidad agresiva, humillante e implacable; el símbolo visual de un régimen totalitario. El palacio del Pueblo, diseñado por una arquitecta de veinticinco años (Anca Petrescu) para ser la residencia personal de Ceauşescu, era indescriptible e irrepetiblemente feo, incluso en comparación con otros similares. Grotesco, cruel y de mal gusto, era sobre todo grande (tres veces más que Versalles…). Con un enorme espacio delantero semicircular que podía albergar a medio millón de personas y un vestíbulo del tamaño de un campo de fútbol, el palacio de Ceauşescu era, y sigue siendo, una monstruosa y lapidaria metáfora de una tiranía sin límites, la muy peculiar contribución de Rumanía al urbanismo totalitario.

En sus últimos años, el comunismo rumano se instaló precariamente entre la brutalidad y el ridículo. Había retratos del líder del partido y de su esposa por todas partes; se le glosaba con ditirambos que podrían haber avergonzado hasta al propio Stalin (aunque quizá no al norcoreano Kim il-Sung, con quien el líder rumano era comparado en ocasiones). En una corta lista de los apelativos aprobados por el régimen para calificar los logros del dirigente figuraban los siguientes: el Arquitecto, el Forjador del Credo, el Sabio Timonel, el Mástil más Alto, el Rumbo de la Victoria, el Visionario, el Titán, el Hijo del Sol, el Danubio Mental y el Genio de los Cárpatos.

Nada decían los aduladores colegas de Ceauşescu de la opinión que realmente les merecía todo esto. Pero está claro que en noviembre de 1989 —cuando después de sesenta y siete ovaciones en pie fue reelegido secretario general del partido y declaró con orgullo que no habría reformas— algunos de ellos habían comenzado a considerarle una rémora, que no solo estaba lejos y desconectada del clima de la época, sino de la desesperación creciente que cundía entre sus súbditos. Pero mientras tuviera el apoyo de la policía secreta, la Securitate, Ceauşescu parecía intocable.

En consecuencia, lo normal era que fuera esta misma la que precipitara la caída del régimen, cuando, en diciembre de 1989, trató de expulsar a un conocido pastor protestante húngaro, László Tőkés, de la ciudad occidental de Timişoara. La minoría húngara, importante víctima de los prejuicios y la represión del régimen de Ceauşescu, se había animado al ver cómo evolucionaban los acontecimientos al otro lado de la frontera y ahora acusaba todavía más los continuos abusos que sufría en su propio país. Tőkés se convirtió en el símbolo en el que se concentró su frustración y, cuando el régimen lo atacó el 15 de diciembre, la iglesia en la que se había refugiado fue rodeada por parroquianos que celebraron durante toda la noche una vigilia para apoyarle.

Al día siguiente, cuando la vigilia se convirtió inopinadamente en una manifestación contra el régimen, la policía y el ejército fueron enviados a disparar contra la multitud. La Voz de América y Radio Europa Libre emitieron noticias exageradas sobre la «masacre», difundiéndolas por todo el país. Para aplastar unas protestas que no tenían precedentes, y que ya se habían extendido a la propia Bucarest, Ceauşescu volvió de una visita oficial a Irán. El 21 de diciembre compareció en un balcón de la sede central del partido con la intención de pronunciar un discurso denunciando a la «minoría de revoltosos», pero se le interrumpió tantas veces que quedó en silencio, conmocionado y atónito. Al día siguiente, después de que fracasara la segunda intentona de dirigirse a las masas, Ceauşescu y su esposa escaparon en helicóptero desde la azotea del edificio del partido.

En ese momento, el equilibrio de poder se inclinó bruscamente en contra del régimen. Al principio, parecía que el ejército, que ocupó las calles de la capital disparando a los manifestantes que trataban de tomar los estudios de la televisión nacional, respaldaba al dictador. Pero a partir del 22 de diciembre los soldados, ahora dirigidos por el denominado Frente de Salvación Nacional (FSN), que se hizo con el control de la emisora, cambiaron de bando y se encontraron enfrentados a tropas de la Securitate armadas hasta los dientes. Entre tanto, los Ceauşescu fueron atrapados, detenidos y sometidos a juicio sumarísimo. Condenados por crímenes contra el Estado, fueron ejecutados precipitadamente el día de Navidad de 1989[29].

El FSN se convirtió en un consejo de Gobierno provisional y, después de rebautizar el país simplemente con el nombre de Rumanía, nombró presidente a su líder Ion Iliescu. Este, al igual que sus colegas del Frente, era un excomunista que había roto con Ceauşescu años atrás y que podía presumir de ligeras credenciales «reformistas», aunque solo fuera por haber conocido en sus años de estudiante a un joven Mijaíl Gorbachov. Pero la auténtica cualificación que tenía Iliescu para dirigir el proceso era su capacidad para controlar a las fuerzas armadas, sobre todo la Securitate, cuyos últimos miembros recalcitrantes abandonaron la lucha el 27 de diciembre. De hecho, aparte de autorizar el 3 de enero de 1990 el restablecimiento de los partidos políticos, el nuevo presidente no hizo mucho para desmantelar las instituciones del antiguo régimen.

Como demostrarían los acontecimientos posteriores, el aparato que había gobernado el país en la época de Ceauşescu se mantuvo sorprendentemente intacto, desprendiéndose únicamente de la propia familia Ceauşescu y de sus más egregios e incriminados socios. Al final se demostró que los rumores sobre la muerte de miles de personas durante las manifestaciones y enfrentamientos de diciembre eran exagerados —la cifra se aproximaba a las cien víctimas— y quedó claro que, pese a todo el valor y entusiasmo de las enormes multitudes congregadas en Timişoara, Bucarest y otras ciudades, la auténtica lucha se había librado entre los «realistas» del entorno de Iliescu y la vieja guardia del círculo de Ceauşescu. La victoria de los primeros hizo que Rumanía abandonara el comunismo sin sobresaltos; en realidad, de forma sospechosamente suave.

Los despropósitos de los últimos tiempos de Ceauşescu fueron eliminados, pero la policía, la burocracia y gran parte del partido se mantuvieron intactos y en su lugar. Se cambiaron nombres —la Securitate fue oficialmente disuelta— pero no sus arraigados presupuestos y prácticas: Iliescu no hizo nada para impedir los disturbios registrados en Târgu Mureş el 19 de marzo, en los que murieron ocho personas y varios cientos resultaron heridas durante unos ataques orquestados contra la minoría húngara. Además, Iliescu, después de que su Frente de Salvación Nacional ganara por una abrumadora mayoría las elecciones de mayo de 1990 (a las que anteriormente había prometido no presentarse) y de ser formalmente reelegido presidente, el mes de junio siguiente no dudó en trasladar en autobuses a mineros a Bucarest para que golpearan a los estudiantes que se manifestaban: veintiuno fallecieron y unos seiscientos cincuenta resultaron heridos. A Rumanía aún le quedaba un largo camino por recorrer.

El carácter de «golpe palaciego» de la revolución rumana quedó aún más en evidencia al sur del país, donde el Comité Central del Partido Comunista Búlgaro expulsó bruscamente del poder a Todor Zhivkov, cuando ya contaba setenta y ocho años. El líder que durante más tiempo había ocupado el poder en el bloque comunista —había llegado a la jefatura del partido en 1954— había hecho lo posible, con un estilo característicamente búlgaro, por ceñirse estrechamente al modelo ruso: a comienzos de los ochenta había establecido un «nuevo mecanismo económico» para mejorar la producción y en marzo de 1987, siguiendo el ejemplo de Moscú, había prometido poner fin al control «burocrático» de la economía, garantizando al mundo que ahora Bulgaria podría encaminarse a su propia perestroika.

Pero los fracasos constantes de la economía búlgara y la inseguridad de los dirigentes comunistas, que crecía a medida que se iba perfilando con más claridad la situación en Moscú, llevaron a Zhivkov a buscar una fuente de legitimidad alternativa en el nacionalismo étnico. La considerable minoría turca de Bulgaria (unos novecientos mil individuos en una población de menos de nueve millones de personas) era un blanco tentador: no solo era de una etnia y de una religión diferentes, sino que era la desafortunada heredera y símbolo de una época de odioso dominio otomano que hasta ese momento había sido un recuerdo directo para buena parte de la población. En Bulgaria ocurrió como en la vecina Yugoslavia: una tambaleante burocracia de partido dirigió toda la furia del prejuicio étnico contra una indefensa víctima interna.

En 1984 se anunció oficialmente que los turcos de Bulgaria no eran en absoluto turcos, sino búlgaros obligados a convertirse que ahora recuperarían su auténtica identidad. Se restringió y criminalizó la práctica de ritos musulmanes como la circuncisión, se prohibieron el uso de la lengua turca en los medios de comunicación, las publicaciones y la educación, y se tomó una medida especialmente ofensiva, y airadamente rechazada: se ordenó a los ciudadanos búlgaros de nombre turco que adoptaran nombres auténticamente «búlgaros». El resultado fue desastroso. La resistencia turca fue considerable y, a su vez, suscitó cierta oposición entre los intelectuales del país. Las protestas de la comunidad internacional fueron sonadas; Bulgaria fue censurada en las Naciones Unidas y en el Tribunal de Justicia Europeo.

Entre tanto, los oligarcas comunistas de los demás países se distanciaban de Zhivkov. En 1989, los comunistas búlgaros estaban más aislados que nunca y no poco perturbados por el curso de los acontecimientos en la vecina Yugoslavia, donde el partido parecía estar perdiendo el control. La crisis llegó a su punto culminante cuando durante el verano de 1989 se produjo el éxodo a Turquía de alrededor de trescientos mil turcos búlgaros, lo cual constituyó otra calamidad para el régimen, tanto desde el punto de vista de las relaciones públicas como desde el económico, porque comenzaban a escasear los trabajadores manuales[30]. El 26 de octubre, cuando la policía reaccionó de forma exagerada ante una pequeña concentración de ecologistas en un parque de Sofía, deteniendo y golpeando a los activistas del grupo Ecoglasnost por recoger firmas para hacer una petición, los comunistas reformistas, dirigidos por el ministro de Asuntos Exteriores Petar Mladenov, decidieron actuar. El 10 de noviembre, no por casualidad el día después de la caída del muro de Berlín, expulsaron al desventurado Zhivkov.

Después se produjo la para entonces habitual sucesión de acontecimientos: liberación de los presos políticos, legalización de los partidos, supresión de la cláusula de «papel preponderante» de los comunistas en la Constitución, constitución de una mesa redonda para preparar elecciones libres, cambio de nombre del antiguo partido, ahora denominado Partido Socialista Búlgaro, y, a su debido tiempo, los propios comicios, que, al igual que en Rumanía, ganaron fácilmente los antiguos comunistas (hubo múltiples acusaciones de fraude electoral).

En Bulgaria la «oposición» política había surgido en gran medida a posteriori y, al igual que en Rumanía, había indicios de que gran parte de ella había sido orquestada por facciones comunistas disidentes para lograr sus propósitos. No obstante, se produjeron auténticos cambios. Por lo menos, Bulgaria logró evitar la catástrofe que aguardaba a Yugoslavia. El 29 de diciembre, en medio de airadas protestas nacionalistas, los musulmanes y los turcos obtuvieron la equiparación total de derechos. En 1991, un partido mayoritariamente turco, el Movimiento por los Derechos y la Libertad, consiguió el suficiente apoyo electoral como para servir de bisagra en el Parlamento nacional.

¿Por qué cayó el comunismo con tanta celeridad en 1989? Por seductoras que sean, no debemos entregarnos a las sirenas del determinismo retrospectivo. Aunque los despropósitos inherentes al comunismo lo condenaran a desaparecer, pocos predecían el momento y el modo en el que ello sucedería. No hay duda de que la facilidad con la que reventó la ilusión del poder comunista puso de manifiesto que esos regímenes eran aún más débiles de lo que nadie podía suponer, lo cual permite observar con una nueva luz sus primeros momentos. No obstante, ilusorio o no, el comunismo duró mucho tiempo. ¿Por qué no pervivió todavía más?

Una de las respuestas se basa en una versión de la «teoría del dominó». Una vez que los líderes comunistas comenzaron a caer en un país, su legitimidad en los demás quedó fatalmente dañada. Hasta cierto punto, la credibilidad del comunismo residía en el hecho de que se proclamara encarnación de la necesidad, un producto lógico del progreso histórico, una presencia inevitable en el panorama moderno. Una vez que se demostró fehacientemente que esto era falso —en Polonia, por ejemplo, donde parecía que Solidaridad había puesto la historia del revés—, ¿por qué había que continuar creyendo en él en Hungría o Checoslovaquia? Hemos podido constatar que el ejemplo de los demás pesó claramente en el balance final.

No obstante, lo asombroso de la caída del comunismo en Europa no fue en sí mismo el contagio: todas las revoluciones se difunden así, corroyendo la legitimidad de las autoridades establecidas mediante una acumulación de ejemplos. Así ocurrió en 1848, 1919 y, en menor medida, en 1968. La novedad de 1989 fue pura y simplemente la velocidad del proceso. Todavía en octubre de 1989 Imre Pozsgay en Hungría o Egon Krenze en Alemania del Este creían ingenuamente que podrían controlar y organizar su propia perestroika. Gran parte de sus adversarios tendían a coincidir con ellos y seguían buscando algún compromiso intermedio. En 1980 Adam Michnik había escrito que «es concebible una sociedad híbrida en la que la organización totalitaria del Estado coexista con instituciones sociales democráticas»; bien entrado el verano de 1989 apenas tenía razones para esperar otra cosa.

Uno de los factores novedosos fue el papel de los medios de comunicación. En concreto, los húngaros, los checos y los alemanes podían ver su propia revolución en los telediarios de cada noche. Para la población de Praga, la constante retransmisión de los acontecimientos del 17 de noviembre constituyó una especie de educación política instantánea, que remachaba incesantemente un doble mensaje: «Están impotentes» y «lo hemos conseguido». En consecuencia, el comunismo perdió su activo principal: el control y el monopolio de la información. El miedo a estar solo, la imposibilidad de saber si otros compartían los propios sentimientos, se disipó para siempre. Hasta en Rumanía la toma de los estudios de la televisión nacional fue el momento determinante del levantamiento. No era casual que la truculenta suerte de los Ceauşescu fuera grabada para retransmitírsela al público de todo el país. Evidentemente, esta pauta no era nueva: a lo largo del siglo XX, desde Dublín hasta Barcelona las emisoras de radio y las oficinas de correos fueron los primeros objetivos de las turbas revolucionarias. Pero la televisión es más rápida.

El segundo rasgo prominente de las revoluciones de 1989 fue su carácter pacífico. Rumanía fue la excepción, por supuesto; pero dada la naturaleza del régimen de Ceauşescu era algo que cabía esperar. Lo realmente sorprendente fue que incluso en Timişoara y Bucarest la magnitud de la carnicería fuera mucho menor de lo que todo el mundo se temía. Hasta cierto punto, esto también fue obra de la televisión. Con toda la población, por no hablar de gran parte del resto del mundo, observando hasta el último de sus movimientos, los regímenes comunistas estaban maniatados. El hecho de ser observados de este modo era en sí mismo una pérdida de autoridad y restringió enormemente su margen de maniobra[31].

No hay duda de que esas consideraciones no frenaron a las autoridades comunistas chinas, que asesinaron a cientos de manifestantes pacíficos en la plaza de Tiananmen el 4 de junio de ese mismo año. Nicolae Ceauşescu no habría dudado en imitar a Pekín si hubiera podido. Y hemos visto que Erich Honecker barajó como mínimo una solución similar. Pero para la mayoría de sus colegas esa opción ya no existía. En algún momento crucial todos los regímenes autoritarios agonizantes vacilaron entre la represión y la cesión. En el caso de los comunistas, la confianza en su propia capacidad para gobernar se estaba evaporando con tanta rapidez que las posibilidades de aferrarse al poder únicamente por la fuerza comenzaron a ser escasas, y nada claros los beneficios de hacerlo de ese modo. En el cálculo del propio interés que realizaban la mayoría de los burócratas y apparatchiks comunistas, el peso de la balanza estaba cayendo del otro lado: era mejor nadar a favor de la corriente que ser arrastrado por la marea del cambio.

Puede que ese cálculo hubiera sido diferente si las multitudes se hubieran mostrado furiosas o si sus líderes hubieran estado violentamente decididos a descargar su venganza contra el antiguo orden. Sin embargo, por muchas razones —entre ellas el propio ejemplo de Tiananmen, que se mostraba en la televisión el mismo día de las elecciones polacas— los hombres y las mujeres de 1989 evitaron conscientemente la violencia. No solo la revolución polaca fue «contenida». Los regímenes comunistas, desacreditados por décadas de violencia y con todas las armas y balas de su lado, habían logrado enseñar a sus ciudadanos lo inadecuado e imprudente que era recurrir a la violencia. Con una policía que en Berlín y Praga siguió golpeando en la cabeza hasta las horas finales del antiguo régimen, los eslovacos no eran el único «Público contra la Violencia».

La aversión al uso de la fuerza era lo único que tenían en común muchos de los revolucionarios de 1989. Eran un grupo insólitamente variopinto, incluso en comparación con gran parte de las insurrecciones anteriores. El saldo variaba de un lugar a otro, pero lo normal era que «el pueblo» fuera una mezcla, entre otros, de comunistas reformistas, socialdemócratas, intelectuales liberales, economistas del libre mercado, activistas católicos, sindicalistas, pacifistas y algunos trotskistas irredentos. Parte de su fuerza radicaba en esta misma mezcolanza: en la práctica, era precisamente la combinación informal de organizaciones ciudadanas y políticas que constituye la antítesis de un Estado de partido único.

Ya entonces se podía detectar al menos una importante línea de fractura, la que separaba a los demócratas liberales de los nacionalistas populistas; la misma que distinguía, por ejemplo, a Mazowiecki de Wałęsa, o a los izquierdistas Demócratas Libres húngaros (dirigidos por János Kis y otros intelectuales disidentes) de los nacionalistas de viejo cuño del Foro Democrático. Como hemos visto, también había un componente típicamente generacional en las multitudes de 1989. Muchos de los experimentados líderes de la oposición intelectual compartían la misma historia que los críticos pertenecientes al propio partido. En consecuencia, para los estudiantes y para otros jóvenes estaban hechos del mismo molde: formaban parte de un pasado que no podía ni debía revivirse. En consonancia con la imagen de Viktor Orbán, su líder de veintiséis años, el partido húngaro Fidesz pretendió limitarse inicialmente a militantes menores de treinta años[32].

Los hijos de la «generación de Dubček», que apenas mostraban interés en recordar 1968 o en salvar los aspectos positivos de la República Democrática, no compartían ni los recuerdos ni las ilusiones de sus padres. La nueva generación tenía menos interés en debatir con sus dirigentes o en ofrecer alternativas radicales a su dominio que en escapar de él. Esto contribuyó al aspecto carnavalesco de 1989, subrayado por algunos observadores en Polonia y Checoslovaquia; también contribuyó a la falta de interés en un castigo violento. El comunismo era menos un obstáculo que algo irrelevante.

Donde mejor puede apreciarse esta actitud es en el lenguaje con que se expresaban los objetivos de 1989. El lema del «regreso a Europa» no era nuevo. Mucho antes del comunismo, la mitad oriental del continente había sido la Europa que buscaba admisión y reconocimiento; mientras que la occidental era la que se «conocía» a sí misma y en la que se buscaba desde hacía tiempo dicho reconocimiento[33]. Al instalarse el bloque soviético, la sensación de que el componente europeo había sido arrancado de raíz se convirtió en un tema recurrente del disentimiento y de la oposición intelectual de toda la región.

Pero el lamento por la pérdida de la identidad europea había adquirido una relevancia especial en el Este en los últimos años, con la aparición de una novedad en Occidente: una entidad institucional —una «Comunidad Europea», una «Unión Europea»— erigida en torno a unos valores «europeos» conscientemente aceptados —derechos individuales, obligaciones ciudadanas, libertad de expresión y movimiento— con los que los europeos orientales podían identificarse sin ningún problema. El discurso sobre «Europa» se hizo menos abstracto y, en consecuencia, entre otras cosas, más interesante para los jóvenes. Ya no era únicamente un lamento por la cultura perdida de la Praga y la Budapest antiguas y ahora representaba un conjunto de objetivos políticos concretos y realizables. Lo contrario del comunismo no era el «capitalismo» sino «Europa».

La cuestión iba más allá de la retórica. Mientras que los viejos cuadros comunistas podían apuntar convincentemente (e incluso con convicción) hacia los saqueos de una abstracción denominada «capitalismo», no tenían nada que ofrecer para sustituir a «Europa», porque esta no representaban una alternativa ideológica, sino solo una norma política. En ocasiones el pensamiento se declinaba como el concepto de «economía de mercado» y otras como el de «sociedad civil», pero en ambos casos «Europa» simbolizaba —pura y simplemente— la normalidad y una forma de vida moderna. El comunismo ya no era el futuro —su insistente baza durante seis décadas— sino el pasado.

Naturalmente, había diferencias. Los nacionalistas e incluso algunos conservadores políticos y religiosos —muchos de ellos participantes activos e influyentes en los sucesos de 1989— estaban menos dispuestos a pensar en «Europa» que en «Polonia» o «Hungría». Y puede que algunos de ellos se interesaran menos que otros por la libertad y los derechos individuales. También variaban las prioridades inmediatas de la multitud (tomando un ejemplo evidente, podemos decir que la idea de volver de algún modo a Europa fue más importante para movilizar el disentimiento popular en Checoslovaquia que en Rumanía, donde era primordial expulsar al dictador y poner comida en la mesa). Y mientras que algunos de los líderes de 1989 se propusieron desarrollar una economía de mercado (es famosa la frase pronunciada por Tadeusz Mazowiecki al formar su primer Gobierno en septiembre de 1989, cuando dijo que estaba «buscando a su Ludwid Erhard» [canciller cristianodemócrata alemán entre 1963 y 1966]), otros, en concreto Havel, preferían centrarse en los fundamentos cívicos de la democracia.

La relevancia de estos matices no se revelaría hasta más tarde. Sin embargo, puede que sea oportuno en este momento hacer una observación sobre el papel que tuvo Estados Unidos en esta historia. Los europeos del Este, sobre todo los berlineses orientales, eran perfectamente conscientes del papel que habían tenido los norteamericanos en la contención de la Unión Soviética. También comprendían los matices que distinguían a los políticos de Europa occidental —que, en su mayoría, habían aceptado la convivencia con el comunismo siempre que este no los molestara— de personajes como Ronald Reagan, que calificó abiertamente la Unión Soviética de «imperio del mal». Solidaridad se financiaba en gran medida desde Estados Unidos y era esta nación la que con más insistencia alentó oficialmente a los manifestantes de Berlín y de otros lugares, una vez que estuvo claro que probablemente triunfarían.

Pero de esto no hay que inferir, como ocurre con frecuencia, que los pueblos cautivos de Europa oriental ansiaran convertirse en… estadounidenses; y mucho menos que fuera el aliento o el apoyo de Estados Unidos lo que precipitó o facilitó su liberación[34]. El papel de Estados Unidos fue sorprendentemente escaso en los dramas de 1989, al menos hasta pasados los acontecimientos. Y el propio modelo social estadounidense —el «libre mercado»— solo fue ocasionalmente postulado como objeto de admiración o emulación por las multitudes o sus portavoces. Para la mayoría de los habitantes del bloque comunista, la liberación no implicaba en modo alguno el ansia de lanzarse a una competencia económica sin ataduras, y mucho menos la pérdida de los servicios sociales gratuitos, el empleo garantizado, los alquileres baratos y otras ventajas que comportaba el comunismo. Después de todo, una de las abstracciones de «Europa», tal como se imaginaba en el Este, era que ofrecía bienestar y seguridad; libertad y protección. Se podía tener el pastel socialista y comerlo en libertad.

Esos sueños europeos presagiaban las decepciones venideras. Pero pocos lo vieron en su momento. En el mercado de los modelos alternativos, la forma de vida estadounidense seguía siendo una preferencia minoritaria y Estados Unidos, pese a su influencia mundial, estaba muy lejos. Sin embargo, la otra superpotencia estaba justo en el umbral de casa. Los estados satélites de Europa oriental eran colonias del imperio comunista con sede en Moscú. En consecuencia, es poco lo que, dentro de las transformaciones de 1989, puede atribuirse a fuerzas sociales o políticas autóctonas: ya sea respecto a las organizaciones católicas clandestinas de Eslovaquia, los grupos de rock de Polonia o los librepensadores de toda la zona. A fin de cuentas, lo que contaba era siempre Moscú.

Durante los vertiginosos destellos de la liberación, muchos europeos orientales, para subrayar sus propios logros, menospreciaron la importancia de Moscú. En enero de 1992, József Antall, del Foro Democrático y entonces presidente del Gobierno húngaro, lamentó ante una audiencia nacional la falta de reconocimiento por parte de Occidente del papel heroico de los centroeuropeos en la caída del comunismo: «Este amor no correspondido debe cesar, porque nosotros nos mantuvimos en nuestro puesto, libramos nuestras batallas sin lanzar ni un tiro y ganamos la tercera guerra mundial para ellos». El amargado relato de Antall, por muy halagador que fuera para su público, no expresa la verdad fundamental de los sucesos de 1989: si las multitudes, intelectuales y sindicalistas de Europa oriental «ganaron la tercera guerra mundial» fue, pura y simplemente, porque Mijaíl Gorbachov se lo permitió.

El 6 de julio de 1989 Gorbachov se dirigió en Estrasburgo al Consejo de Europa e informó a sus oyentes de que la Unión Soviética no obstaculizaría las reformas en Europa oriental: estas eran «por completo un asunto de los propios pueblos». Durante una conferencia de líderes del bloque oriental, celebrada en Bucarest el 7 de julio de 1989, el mandatario soviético proclamó el derecho que tenía cada Estado a seguir su propia trayectoria sin injerencias externas. Cinco meses después, en un camarote del buque Máximo Gorki, atracado en Malta, garantizó al presidente Bush que no se utilizaría la fuerza para mantener en el poder los regímenes comunistas de Europa del Este. No había ambigüedad alguna en su posición. Gorbachov, como había subrayado Michnik en 1988, era «prisionero de los éxitos de su política exterior». Una vez que una metrópoli imperial reconocía tan abiertamente que no se aferraría, que no podía aferrarse, a su periferia colonial, y que todo el mundo la había aclamado por proclamarlo, sus colonias estaban perdidas y con ellas sus colaboracionistas autóctonos. Lo único que quedaba por precisar era cómo caerían y qué dirección tomarían.

No hay duda de que los propios colaboracionistas comprendieron lo que estaba pasando: entre julio de 1988 y julio de 1989 Károly Grósz y Miklós Németh, principales reformistas del partido en Hungría, realizaron cuatro visitas diferentes a Moscú para reunirse con Mijaíl Gorbachov. Su colega Rezső Nyers también habló con él en Bucarest el 7 de julio de 1989, al día siguiente de morir Kádár, y para entonces ya estaba claro que su causa estaba perdida. Gorbachov no tomó ninguna medida activa para precipitar o fomentar las revoluciones de 1989: se limitó a mantenerse al margen. En 1849 la intervención rusa sentenció la suerte de la revolución húngara y de otras similares; en 1989 la abstención soviética ayudó a garantizar su éxito.

Gorbachov no se limitó a dejar libres a las colonias. Al apuntar que no intervendría minó decisivamente la única fuente de legitimidad política de la que disponían los gobernantes de los estados satélites: la promesa (o amenaza) de intervención militar por parte de Moscú. Sin ella todos esos regímenes estaban políticamente desnudos. Desde el punto de vista económico, podrían haberse debatido durante algunos años más, pero, aquí también, la lógica de la retirada soviética era implacable: una vez que Moscú comenzó a cobrar los precios del mercado mundial a los países del COMECON (como hizo en 1990), estos, enormemente dependientes de las subvenciones del imperio, se habrían venido abajo de todas maneras.

Como apunta este último ejemplo, Gorbachov estaba dejando caer el comunismo de Europa del Este con el fin de preservarlo en la propia Rusia, del mismo modo que Stalin había desarrollado los estados satélites no porque le interesaran en sí mismos, sino para proteger su frontera occidental. Desde el punto de vista táctico, Gorbachov erró el tiro por completo: a los dos años, las lecciones de Europa oriental se utilizarían contra el liberador de la región en su propio territorio. Pero estratégicamente su éxito fue inmenso e inusitado. No se tiene constancia histórica de ningún otro imperio territorial que abandonara sus dominios con tanta rapidez, con tan buen talante y con tan poco derramamiento de sangre. No se puede atribuir directamente a Gorbachov lo que ocurrió en 1989, ya que no lo planeó y solo comprendió vagamente cuáles serían sus repercusiones a largo plazo. Sin embargo, él fue la causa que lo permitió y precipitó. Fue la revolución de Gorbachov.

CUARTA PARTE

Después de la caída: 1989-2005

XX

Un continente fisible

No tengo que hacer nada para impedirlo; los soviéticos lo harán por mí. Nunca permitirán la existencia de esta Alemania ampliada justo delante de ellos.

FRANÇOIS MITTERRAND, 28 de noviembre de 1989

Al comenzar, no comprendimos la magnitud de los problemas a los que teníamos que enfrentarnos.

MIJAÍL GORBACHOV, 1990

Nuestro país no ha tenido suerte. Se decidió aplicar sobre nosotros este experimento marxista. Al final demostramos que no hay lugar para esa idea, que no ha hecho más que apartarnos por la fuerza de la trayectoria adoptaba por los países civilizados del mundo.

BORÍS YELTSIN, 1991

La existencia de la nación checa nunca fue incuestionable y es precisamente este carácter incierto lo que constituye su rasgo más sorprendente.

MILAN KUNDERA

Liberada del comunismo, Europa del Este experimentó una segunda transformación todavía más sorprendente. Durante los años noventa, cuatro Estados consolidados desaparecieron del mapa del continente y nacieron —o resucitaron— otros catorce. Las seis repúblicas más occidentales de la Unión Soviética —Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia— se convirtieron en países independientes, al igual que la propia Rusia. Checoslovaquia se partió en dos y dio lugar a Eslovaquia y la República Checa. Además, Yugoslavia se rompió en pedazos formados por las partes que la habían constituido: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia-Montenegro y Macedonia.

La magnitud de este proceso de fabricación y ruptura de naciones fue comparable al impacto de los Tratados de Versalles posteriores a la Primera Guerra Mundial, y en ciertos sentidos fue algo más dramático. La aparición de Estados nación en Versalles fue la culminación de un larguísimo proceso cuyas raíces se remontaban a mediados del siglo XIX o antes; no fue ninguna sorpresa. Pero la perspectiva de que pudiera ocurrir algo parecido a finales del siglo XX no lo pronosticaba prácticamente nadie. De hecho, tres de los Estados que desaparecerían durante la década de 1990 —Checoslovaquia, Yugoslavia y la Unión Soviética— eran fruto de la cosecha posterior a 1918.

Sin embargo, no es casual que estos fueran los últimos Estados multiétnicos y federales que quedaban en la región. La fisión territorial de los noventa fue de la mano de la extinción del último de los cuatro imperios de la Europa continental: el ruso. De hecho, fue un postergado epílogo al proceso posimperial de formación de Estados que se había producido después de la caída de los otros tres: la Turquía otomana, el Imperio Austrohúngaro y la Alemania guillermina. Pero, por sí sola, la lógica de la desintegración imperial no habría desatado el reordenamiento institucional de Europa del Este. Como había ocurrido con tanta frecuencia en el pasado, lo que determinó la suerte de la región fueron los acontecimientos registrados en Alemania.

En primer lugar, hay que reconocer a Helmut Kohl su papel en la reunificación alemana, un caso único de fusión en una década de fisiones. Al principio, el canciller germano-occidental se mostró tan dubitativo como los demás: el 28 de noviembre de 1989 presentó ante el Bundestag un programa de cinco años de cauteloso acercamiento hacia la unidad alemana. Pero después de escuchar a las multitudes de Alemania del Este (y de asegurarse el apoyo de Washington), Kohl llegó a la conclusión de que en ese momento una Alemania unificada no solo era simplemente posible sino quizá urgente. Estaba claro que la única manera de contener el flujo demográfico hacia Occidente (dos mil personas al día y por un único punto) era llevar Alemania Occidental hacia el este. Para impedir que los alemanes orientales abandonaran su país, el líder germano-occidental se dispuso a eliminarlo.

Al igual que en el siglo XIX, la unificación alemana había de lograrse en primer lugar mediante una unión monetaria, pero era inevitable que después viniera la unión política. Las referencias a una «confederación», alentada inicialmente por los alemanes occidentales y buscada ansiosamente por el gabinete de Hans Modrow en la República Democrática Alemana, se abandonaron precipitadamente y durante las elecciones celebradas en Alemania Oriental en marzo de 1990, convocadas a toda prisa, los candidatos cristianodemócratas se presentaron con una propuesta de unificación. Su Alianza por Alemania logró el 48 por ciento de los votos: los socialdemócratas, devaluados por su bien conocida ambivalencia al respecto, solo lograron el 22 por ciento[1]. Los excomunistas —ahora Partido del Socialismo Democrático— consiguieron un respetable 16 por ciento; pero la Alianza 90, una coalición de antiguos disidentes que incluía al Neues Forum de Bärbel Bohley, solo consiguió el 2,8 por ciento[2].

La primera medida que tomó en la Volkskammer germano-oriental la nueva mayoría de la coalición formada por CDU, SPD y los liberales, liderada por Lothar de Maizière, fue comprometer el país con la unidad alemana[3]. El 8 de mayo de 1990 las dos Alemanias firmaron la constitución de una «unión monetaria, económica y social» y el 1 de julio entró en vigor su cláusula principal: la extensión del marco occidental a Alemania del Este. Ahora los alemanes orientales podían cambiar sus propios marcos, prácticamente inservibles —hasta un monto equivalente a cuarenta mil marcos occidentales—, con una equivalencia enormemente ventajosa de uno por uno. Siguiendo esa paridad, a partir de ese momento todos los salarios de la República Democrática se pagarían en marcos occidentales, lo cual supuso un mecanismo dramáticamente efectivo para lograr que los alemanes del Este se quedaran donde estaban, si bien a largo plazo la medida tuvo funestas consecuencias para el empleo en Alemania Oriental y para el presupuesto de la República Federal.

El 23 de agosto, en virtud de un acuerdo previo con Bonn, la Volkskammer votó la entrada en la República Federal. Una semana después se firmaba el Tratado de Unificación, por el que la República Democrática era absorbida por la República Federal Alemana, tal como lo habían refrendado los votantes en las elecciones de marzo y en virtud del artículo 23 de la Ley Fundamental de 1949. El 3 de octubre entró en vigor el tratado: la República Democrática «accedió» a la República Federal y dejó de existir.

La división de Alemania había sido obra de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y su reunificación en 1990 nunca se habría producido sin su aliento o consentimiento. Alemania Oriental era un satélite de la Unión Soviética, que tenía trescientos sesenta mil soldados instalados en el país en 1989. Alemania Occidental, pese a toda su independencia, no era libre para actuar de forma autónoma a este respecto. En cuanto a Berlín, hasta que no se alcanzó un acuerdo de paz definitivo, siguió siendo una ciudad cuya suerte dependía formalmente de los ocupantes originales: Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética.

Ni los británicos ni los franceses estaban especialmente ansiosos por ver una Alemania reunificada. Si los europeos occidentales pensaban siquiera en la posibilidad de la unificación, lo hacían presuponiendo, de forma bastante razonable, que sería algo que llegaría al final de un largo proceso de cambio en Europa oriental, no desde el principio. Como señaló en diciembre de 1989 Douglas Hurd, ministro de Asuntos Exteriores británico, al reflexionar sobre la conclusión inminente de la Guerra Fría: «Era un sistema (…) con el que hemos vivido bastante felizmente durante cuarenta años».

La primera ministra británica, Margaret Thatcher, no escondía sus temores. En sus memorias recuerda una precipitada reunión con el presidente francés Mitterrand: «Saqué del bolso un mapa con las diversas configuraciones de Alemania en el pasado, que no eran en absoluto tranquilizadoras para el futuro (…) [Mitterrand] dijo que en momentos de gran peligro, Francia siempre había establecido relaciones especiales con el Reino Unido y que él tenía la sensación de que había llegado de nuevo un momento de ese tipo (…) Me pareció que aunque no habíamos descubierto el modo, por lo menos los dos teníamos la voluntad de frenar al gigante alemán. Era un punto de partida».

A Thatcher —y no era a la única— también le preocupaba que la unificación alemana (por analogía con la vergüenza sufrida por Nikita Jruschov tras la humillación en Cuba) pudiera desestabilizar a Mijaíl Gorbachov y, posiblemente, producir su caída. Pero los británicos, pese a todas sus inquietudes, no tenían ninguna alternativa que ofrecer al curso que habían tomado los acontecimientos y, como era de esperar, los aceptaron. Mitterrand no se calmó tan fácilmente. A los franceses los alteraba más que a nadie el derrumbamiento del estable y conocido ordenamiento de la situación en Alemania y en el conjunto del bloque comunista[4].

Lo primero que hizo París fue intentar bloquear cualquier movimiento conducente a la unificación de su país vecino: Mitterrand llegó incluso a visitar la República Democrática Alemana en diciembre de 1989, como muestra de apoyo a su soberanía. Declinó la invitación de Helmut Kohl para asistir a una ceremonia de reapertura de la puerta de Brandenburgo e intentó convencer a los líderes soviéticos de que, como aliados tradicionales, Francia y Rusia tenían un interés común en bloquear las ambiciones alemanas. De hecho, los franceses contaban con que Gorbachov vetaría la unificación: tal como Mitterrand explicó a sus asesores el 28 de noviembre de 1989, «no tengo que hacer nada para impedirlo; los soviéticos lo harán por mí. Nunca permitirán la existencia de esta Alemania ampliada justo delante de ellos».

Pero una vez que quedó claro que no sería así —y después de la decisiva victoria electoral de Kohl en Alemania Oriental— el presidente francés adoptó una táctica diferente. Los alemanes podían unificarse, pero pagando un precio. Había que abortar toda posibilidad de que una Alemania ampliada tomara una trayectoria independiente y mucho menos de que recuperara sus antiguas prioridades en Europa central. Kohl debía comprometerse personalmente a cimentar el proyecto europeo bajo el condominio francogermano y Alemania tenía que someterse a una unión «cada vez más estrecha», cuyas cláusulas, especialmente una moneda única europea, consagrarían un nuevo tratado (que se negociaría al año siguiente en la ciudad holandesa de Maastricht)[5].

Los alemanes aceptaron con bastante rapidez todas las condiciones francesas (aunque la torpeza de las maniobras diplomáticas galas enfrió las relaciones durante un tiempo), de forma análoga a como Bonn había aceptado después de 1955 limitar «Europa» a los seis países originales para mitigar la inquietud que sentía Francia ante la restauración de la plena soberanía alemana. En los meses siguientes, Kohl llegó incluso a aceptar diversas concesiones menores destinadas a recompensar a París por su tolerancia[6]. La unificación bien valía cierta labor de apaciguamiento de sus nerviosos vecinos. En cualquier caso, a Kohl —nacido en Ludwigshafen e instintivamente proclive, al igual que su paisano renano Adenauer, a mirar hacia el Oeste— no le preocupaba demasiado la idea de vincular Alemania cada vez más a la Comunidad Europea.

Pero lo más importante de todo era que el canciller alemán, como se constata en cualquiera de sus fotografías del momento, tenía el viento a su favor: la unificación alemana contaba con el respaldo absoluto de Estados Unidos. Como todo el mundo, la administración del presidente Bush supuso, al igual que sus aliados, que la unificación alemana solo podría producirse al final de una serie de cambios impredecibles que se desarrollarían en la Unión Soviética y en Europa oriental, y desde luego solo con el consentimiento soviético. Pero Washington captó con más celeridad el estado de ánimo imperante, sobre todo después de que una encuesta de febrero de 1990 mostrara que el 58 por ciento de los alemanes occidentales estaba a favor de una Alemania unida y neutral. Este era precisamente el resultado que más temía Estados Unidos (y muchos políticos de Europa occidental): una Alemania ampliada que, neutral y desvinculada en medio de Europa, desestabilizara e inquietara a sus vecinos de ambos lados.

En consecuencia, el Gobierno de Bush se comprometió sin reservas a apoyar los objetivos de Kohl, para asegurarse que Alemania nunca se viera obligada a elegir entre la unidad y la alianza occidental. En consecuencia, presionados por Washington, británicos y franceses acabaron por aceptar que había que sentarse junto a la Unión Soviética y a representantes de las dos Alemanias para discutir en qué condiciones surgiría el nuevo Estado germano. Estas conversaciones, llamadas «4+2», las mantuvieron los ministros de Exteriores entre febrero y septiembre de 1990 y culminaron en la firma de un tratado para un arreglo definitivo de la cuestión alemana, firmado en Moscú el 12 de septiembre.

Mediante este documento, que reconocía formalmente que las fronteras de la futura Alemania serían las de los dos Estados alemanes del momento, se ponía fin a la situación de Berlín, sometida al control de cuatro potencias, que expiró la medianoche del 2 de octubre de 1990. La Unión Soviética aceptó que la Alemania unificada permaneciera en la OTAN y se determinó cómo habría de retirarse tanto el Ejército Rojo como todas las tropas extranjeras de Berlín (durante un proceso que se prolongaría durante cuatro años a partir de ese momento y después del cual solo un pequeño contingente de efectivos de la OTAN permanecería en suelo germano).

¿Por qué aceptó de tan buen grado Gorbachov que avanzara la unificación alemana? Durante décadas el principal objetivo estratégico de la Unión Soviética había sido mantener el statu quo en Europa central: Moscú —al igual que Londres, París y Washington— se había acomodado a la existencia de una Alemania dividida y desde hacía tiempo había abandonado el objetivo propugnado por Stalin en la postguerra de sacar a Bonn de la alianza occidental. Además, a diferencia de los dirigentes franceses y británicos, los soviéticos seguían estando en situación de bloquear el proceso de unificación, por lo menos teóricamente.

Gorbachov, como todo el mundo en 1990, caminaba a ciegas. Nadie, ni en el este ni en el oeste, tenía un plan que le dictara qué había que hacer si se desintegraba la República Democrática Alemana; y tampoco había directrices para llevar a cabo la unificación. Pero el líder soviético, al contrario que sus homólogos occidentales, no tenía buenas alternativas. Siendo realista, no podía esperar impedir este proceso sin contradecir sus prometedoras declaraciones públicas de los últimos años y sin dañar gravemente su propia credibilidad. Al principio sí se opuso a la incorporación a la OTAN de la Alemania unificada, e incluso después de aceptarla teóricamente[7] siguió insistiendo en que no se permitiera a las tropas de la Alianza Atlántica situarse a menos de trescientos kilómetros al oeste de la frontera polaca, algo que en realidad el secretario de Estado estadounidense James Baker llegó a prometer a su homólogo soviético en febrero de 1990. Pero, posteriormente, cuando esa promesa se incumplió, Gorbachov fue incapaz de intervenir.

Sí fue capaz de imponer, literalmente, un precio por sus concesiones. Como el canciller germano-occidental había previsto, la Unión Soviética estaba dispuesta a que la convencieran por medios económicos. Al principio, Gorbachov intentó que las negociaciones fueran rehenes de un rescate de veinte mil millones de dólares, antes de acabar aceptando ocho mil, junto a dos mil más en concepto de créditos sin intereses. En conjunto, desde 1990 hasta 1994, Bonn transfirió a la Unión Soviética (y más tarde a Rusia) el equivalente a setenta y un mil millones de dólares (además de otros treinta y seis mil destinados a los antiguos Estados comunistas de Europa oriental). Helmut Kohl también aceptó mitigar el miedo de los soviéticos (y de los polacos) al expansionismo alemán, y se comprometió a aceptar, como hemos visto, el carácter permanente de los límites orientales de su país, un compromiso consagrado al año siguiente en un tratado firmado con Polonia.

Una vez conseguidas las mejores condiciones que pudo, Moscú aceptó abandonar la República Democrática Alemana. La Unión Soviética, en una especie de Casablanca en la que ella era Sydney Greenstreet y Washington Humphrey Bogart, sacó el mejor partido que pudo a sus malas cartas y renunció a su diminuto y resentido adlátere germano-oriental con las protestas de rigor, pero sin sentirlo apenas realmente. Tenía más sentido desarrollar una relación estratégica con una nueva Alemania amistosa y agradecida que convertirla en enemigo y, desde la perspectiva soviética, una Alemania unificada, firmemente sujeta —y contenida— por el abrazo occidental, no era un resultado tan negativo.

La República Democrática Alemana no había sido muy querida, y sin embargo no desapareció sin que se escucharan algunos lamentos. Además de intelectuales germanos occidentales como Günter Grass y Jürgen Habermas, que temían por el alma de una gran Alemania reunida[8], muchos alemanes orientales que no habían conocido otra patria tuvieron sentimientos encontrados cuando les arrancaron «su» Alemania de debajo de los pies. En la República Democrática se habían criado dos generaciones y puede que no se hubieran creído los más egregios despropósitos con que ella misma se calificaba, pero no podían haber hecho oídos sordos absolutamente a toda la propaganda oficial. No debería sorprendernos que mucho después de 1989 los niños de las escuelas secundarias de Alemania del Este siguieran creyendo que las tropas germanas orientales habían luchado junto al Ejército Rojo para liberar a su país de Hitler.

Este error inculcado formaba parte de la identidad fundamental de la República Democrática y no sirvió en absoluto para aliviar la desorientada transición que la «devolvía» a Alemania, sobre todo cuando «su Alemania» era sistemáticamente extirpada de la historia oficial. Los nombres de las ciudades, las calles, los edificios y las demarcaciones regionales cambiaron, con frecuencia recuperando la denominación anterior a 1933. Se recuperaron rituales y monumentos. Sin embargo, con esto no se recuperaba la historia, más bien se borraba: era como si la República Democrática no hubiera existido nunca. Cuando Erich Mielke fue juzgado y condenado por asesinato, la sentencia no se refería a los crímenes que autorizó como jefe de la Stasi, sino a un asesinato político cometido en los años treinta, con pruebas proporcionadas por actas de interrogatorios nazis.

Dicho de otro modo, a los antiguos ciudadanos del Este no se los animó a enfrentarse a la turbulenta historia de la República Democrática, sino a olvidarla, lo cual constituía una irónica reedición de la propia edad del olvido de la República Federal durante los años cincuenta. Y después de 1989 ocurrió lo mismo que había ocurrido en los primeros años de la postguerra: la prosperidad sería la respuesta. Alemania escaparía a la historia a base de consumo. Sin duda, la República Democrática era un caso absolutamente adecuado para ese tratamiento. No solo sus instituciones se estaban viniendo abajo, sino que su propia infraestructura material estaba decrépita. Dos de cada cinco viviendas se habían construido antes de 1914 (en Alemania Occidental esa cifra no representaba siquiera una de cada cinco); una de cada cuatro carecía de cuarto de baño, un tercio solo tenía un retrete exterior y más del 60 por ciento carecía de cualquier clase de calefacción central.

Al igual que había hecho con Moscú, la respuesta de Bonn fue dedicar grandes sumas de dinero al problema. En los tres años posteriores a la unificación, el total de transferencias monetarias desde la Alemania Occidental a la Oriental supuso un monto equivalente a un billón doscientos mil euros; a finales de 2003, el coste de absorber la antigua República Democrática Alemana había llegado a 1,2 billones de euros. Los alemanes orientales entraron en la República Federal a fuerza de subvenciones, con sus trabajos, sus pensiones, su transporte, su educación y su vivienda financiados por un enorme incremento del gasto público. Este enfoque funcionó a corto plazo, confirmando la fe de los habitantes orientales no tanto en el libre mercado como en los insondables recursos de la Hacienda de Alemania Occidental. Pero después de la euforia inicial de la unión, en realidad a muchos Ossies (habitantes del Este) les decepcionó el triunfalismo paternalista de sus primos occidentales, sentimiento este que aprovecharían con cierto éxito los excomunistas en futuras elecciones.

Entre tanto, para evitar disgustar a los votantes occidentales —que desde luego no habían recibido en todos los casos la unificación con absoluto entusiasmo— Kohl optó por no subir los impuestos. Por el contrario, para cumplir sus nuevos e ingentes compromisos, la República Federal, cuya balanza de pagos había disfrutado hasta el momento de superávits considerables, no tuvo más remedio que endeudarse. En consecuencia, a partir de 1991, el Bundesbank, aterrado por el impacto inflacionario de esa política, comenzó a subir paulatinamente los tipos de interés, precisamente cuando al marco se lo encerraba para siempre en la prevista moneda única europea. Las consecuencias de esta subida de los tipos —aumento del desempleo y ralentización del desarrollo económico— se harían sentir no solo en Alemania sino en todo el sistema monetario europeo. En realidad, Helmut Kohl exportó el coste de la unificación de su país y los socios europeos de Alemania tuvieron que compartir la carga.

No hay duda de que las concesiones de Mijaíl Gorbachov a Alemania contribuyeron al declive de su prestigio interno: de hecho, él mismo advirtió a James Baker de que una Alemania unida dentro de la OTAN podría «ser el fin de la perestroika». La pérdida de los demás Estados satélites de Europa oriental podía atribuirse a una desgracia, pero renunciar también a Alemania daba una sensación de descuido. El ministro soviético de Defensa, el mariscal Serguéi Ajroméyev, estaba convencido —y no era el único— de que Gorbachov podría haber arrancado mejores condiciones a Occidente si se hubiera ocupado a tiempo del asunto. Pero, evidentemente, ese fue el problema de Gorbachov: a finales de los ochenta estaba tan inmerso en los desafíos internos que, cada vez más, su respuesta a la súbita aparición de problemas en el «Oeste cercano» de la Unión Soviética fue, como hemos visto, dejar que siguieran su curso.

Practicar una benévola negligencia no era la opción adecuada cuando se trataba de abordar desafíos comparables dentro de las propias fronteras de la Unión Soviética. A lo largo de los siglos, el imperio ruso se había desarrollado mediante conquistas y adiciones, y gran parte de lo que en su día había sido territorio extranjero estaba ahora estrechamente vinculado a la patria. Parecía incuestionable que no podía ser «liberado» en el sentido en que Polonia o Hungría habían sido liberadas. Pero, como ya comentáramos, las conquistas soviéticas más recientes no habían sido digeridas del todo y seguían siendo vulnerables a la influencia y el ejemplo extranjeros: en Asia Central, en el Cáucaso, pero sobre todo en el extremo occidental del imperio, a orillas del mar Báltico.

Las repúblicas bálticas de la Unión —Estonia, Letonia y Lituania— eran singulares en tres importantes sentidos. En primer lugar estaban más expuestas a Occidente que cualquier otra región de la Unión Soviética propiamente dicha. En concreto, los estonios estaban en contacto con los países escandinavos, veían la televisión finlandesa desde los años setenta y siempre habían sido conscientes del contraste entre su propia situación y la de sus prósperos vecinos. Los lituanos, cuya principal afinidad histórica y geográfica era la que los vinculaba con la contigua Polonia, apenas podían dejar de percibir que incluso bajo el comunismo los polacos eran claramente más libres y estaban en mejor situación que ellos.

En segundo lugar, y pese a la poco halagüeña comparación con sus vecinos extranjeros, los Estados bálticos no dejaban de ser prósperos en el contexto soviético. Dentro de la Unión Soviética, eran los principales productores de gran cantidad de productos industriales, como vagones de tren, equipos de radio o artículos de papelería, y también constituían una gran reserva de pescado, productos lácteos y algodón. Gracias a las materias primas que producían y las que pasaban por sus muelles, los estonios, letones y lituanos conocían, por lo menos de pasada, una forma y un nivel de vida con el que gran parte de la Unión Soviética no podía más que soñar.

Pero el tercer rasgo definitorio de las repúblicas bálticas, y con mucho el más importante, era que solo ellas tenían una historia reciente de auténtica independencia. Después de acceder inicialmente a la libertad en 1919, tras el derrumbamiento del imperio zarista, habían sido reabsorbidas a la fuerza veinte años después por los herederos soviéticos de los Romanov, en virtud de las cláusulas secretas del Pacto Ribbentrop-Mólotov de 1939. Pero la invasión de 1940 seguía estando todavía muy viva en el recuerdo. Entre los bálticos, la glasnost de Gorbachov —que en otras partes de la Unión Soviética suscitó reivindicaciones de mayores derechos ciudadanos o económicos— reabrió inevitablemente la cuestión de la independencia. Como no podía ser de otra manera, los samizdat de esta región siempre tuvieron un tono nacionalista.

Otra de las razones que explicaba esta situación era la «cuestión rusa». En 1945 la población de las tres repúblicas bálticas era bastante homogénea y la mayoría de sus habitantes pertenecía al grupo nacional dominante y hablaba la lengua del país. Pero a comienzos de los ochenta, gracias a las expulsiones forzosas realizadas durante y después de la guerra, y al flujo constante de soldados, funcionarios y trabajadores rusos, la población estaba mucho más mezclada, sobre todo en las repúblicas del norte. En Lituania alrededor del 80 por ciento de los habitantes seguían siendo lituanos, pero en Estonia se calculaba que solo un 64 por ciento de la población era étnicamente estonia y tenía el estonio como lengua materna; mientras que en Letonia, según el censo de 1980, la parte letona de la población estaba compuesta por un millón trescientas mil personas de un total de dos millones y medio aproximadamente. El campo seguía estando poblado por bálticos, pero las ciudades eran cada vez más rusas, y rusoparlantes, lo que suponía una transformación enormemente molesta.

En consecuencia, los primeros indicios de protesta en la región se orientaron a cuestiones lingüísticas y de nacionalidad, y al consiguiente recuerdo de las deportaciones soviéticas de miles de «subversivos» locales a Siberia. El 23 de agosto de 1987 se celebraron manifestaciones simultáneas en Vilna, Riga y Tallinn con motivo del aniversario del Pacto Ribbentrop-Mólotov, seguidas tres meses más tarde de una concentración pública convocada únicamente en Riga para conmemorar la declaración de independencia letona en 1918. Envalentonados por su éxito —o, para ser más precisos, por la inaudita tolerancia que las autoridades mostraron ante esas expresiones públicas de tácito disentimiento— comenzaron a proliferar y a reunirse por toda la región grupos independientes.

Así, el 25 de marzo de 1988 se congregaron en Riga cientos de personas para conmemorar las deportaciones de letones de 1949 y en marzo se celebró una manifestación para recordar las expulsiones de 1940. A continuación se produjo un reunión inusualmente animada de la hasta entonces sumisa Unión de Escritores Letones, en la que se habló de constituir un Frente Popular letón. Semanas después, a instancias del Club de Protección Medioambiental (CPM), supuestamente apolítico, nació el Movimiento para la Independencia Nacional de Letonia. En Estonia, el curso de los acontecimientos fue prácticamente idéntico: después de las conmemoraciones de 1987 y de una serie de manifestaciones ecologistas nació primero la Sociedad del Patrimonio Estonio, dedicada a la conservación y restauración de los monumentos culturales locales; después, en abril de 1988, un Frente Popular de Estonia, y finalmente, en agosto —un mes después que su hermano letón— el Movimiento para la Independencia Nacional de Estonia.

En ambos casos, el aspecto más llamativo de estos incipientes movimientos políticos fue precisamente su existencia, así como el carácter inusualmente subversivo de su denominación. Pero fue en Lituania, país en el que la presencia rusa era mucho menos molesta, donde se hizo explícito el desafío hacia el poder soviético. El 9 de julio de 1988 una manifestación convocada en Vilna para exigir medidas de protección medioambiental, democracia y una mayor autonomía congregó a cien mil personas que, portando pancartas con el lema «Ejército Rojo, vuelve a casa», apoyaban a Sajudis, el Movimiento de Reorganización Lituano recientemente constituido, que criticaba abiertamente al Partido Comunista de Lituania por su «sumisión» a Moscú. En febrero de 1989, Sajudis se transformó en un partido político de ámbito nacional. Al mes siguiente, en las elecciones al Congreso Soviético de Diputados del Pueblo, consiguió treinta y seis de los cuarenta y dos escaños de Lituania.

En las tres repúblicas las elecciones se caracterizaron por la victoria aplastante de los candidatos independientes y alumbraron la creciente conciencia de que existía una trayectoria báltica común, confirmada simbólicamente el 23 de agosto de 1989 al formarse una cadena humana de seiscientos cincuenta kilómetros de longitud (Manos a través del Báltico) que discurrió desde Vilna, pasando por Riga, hasta Tallinn, al cumplirse el quincuagésimo aniversario de la firma del Pacto Ribbentrop-Mólotov. Se calcula que participaron un millón ochocientas mil personas, es decir, un cuarto de la población de toda la región. Ahora que los movimientos independentistas estonio y letón seguían el ejemplo de su homólogo lituano, proclamando abiertamente que su objetivo era la independencia nacional, la confrontación con Moscú parecía inevitable.

Y, sin embargo, llegó con bastante lentitud. Los movimientos de independencia bálticos pasaron el año 1989 forzando las fronteras de lo permisible. Cuando los soviets supremos recién elegidos y de tendencia independentista, primero de Lituania y después de Letonia, trataron de imitar una ley estonia de noviembre de 1988 que autorizaba la privatización de las empresas estatales locales, Moscú invalidó los decretos, al igual que había hecho anteriormente con la iniciativa estonia; pero, aparte de eso, el Gobierno no tomó ninguna otra medida. El 8 de octubre de 1989 (al día siguiente de que Gorbachov advirtiera públicamente en Berlín Este que «la vida castiga a los que la posponen»), cuando el Frente Popular letón proclamó su intención de acceder a la independencia total, las autoridades soviéticas estaban demasiado preocupadas con la escalada de la crisis alemana como para reaccionar.

Pero el 18 de diciembre el Partido Comunista Lituano se dividió; una abrumadora mayoría se declaró a favor de la independencia inmediata. Gorbachov ya no podía guardar silencio. Viajó a Vilna el 11 de enero de 1990 para aconsejar que no se produjera la secesión propuesta, pidiendo «moderación». Sin embargo, y no sería la primera vez, su propio ejemplo le perjudicaba. El Soviet Supremo Lituano, envalentonado por la victoria electoral de Sajudis, por el éxito del propio presidente Gorbachov al conseguir que el Comité Central de los Soviets abandonara la cláusula constitucional del «papel preponderante» del partido[9] y por las negociaciones 4+2, entonces en marcha, votó el 11 de marzo la reinstauración de la independencia lituana, y recuperó simbólicamente la Constitución del Estado lituano de 1938 e invalidó la autoridad de la Constitución de la Unión Soviética en la República de Lituania.

Sobre la incertidumbre reinante en 1990 —cuando hasta el Gobierno de la propia República de Rusia proclamaba ahora su soberanía y la preponderancia de las leyes rusas sobre los decretos de «toda la Unión»— dice mucho que la respuesta de los gobernantes soviéticos a la declaración de Vilna fuera dictar algo tan poco amenazador como un boicot económico: incapaz de evitar la secesión de Lituania, Gorbachov seguía siendo a pesar de todo capaz de impedir la intervención militar que muchos de sus colegas más intransigentes estaban exigiendo. Hasta se abandonó el propio boicot en junio, a cambio de que Lituania aceptara suspender la completa entrada en vigor de su declaración de independencia.

Después de seis meses frenéticos en los que prácticamente todas las repúblicas soviéticas importantes proclamaron su soberanía, aunque todavía no su completa independencia, la posición de Gorbachov se estaba tornando insostenible. Sus esfuerzos para frenar las iniciativas bálticas habían debilitado considerablemente su imagen de «reformista», al tiempo que su fracaso a la hora de reprimir los discursos autonomistas, soberanistas e independentistas estaba agitando el resentimiento entre sus colegas y —algo que no podía traer nada bueno— dentro del ejército y las fuerzas de seguridad. El 20 de diciembre de 1990 dimitió el ministro de Asuntos Exteriores Edvard Shevardnadze, advirtiendo públicamente del creciente riesgo de golpe de Estado.

El 10 de enero de 1991, cuando Estados Unidos y sus aliados estaban absolutamente embebidos en la guerra del Golfo que se desarrollaba entonces en Irak, Gorbachov lanzó un ultimátum a los lituanos, exigiéndoles como presidente de la Unión que se adhirieran inmediatamente a la Constitución de la Unión Soviética. Al día siguiente soldados de las fuerzas de élite del KGB y del Ministerio soviético de Interior tomaron los edificios públicos de Vilna e instituyeron un Comité de Salvación Nacional. Veinticuatro horas más tarde atacaban los estudios de radio y televisión de la ciudad, apuntando sus cañones hacia la enorme multitud de manifestantes allí reunida: catorce civiles murieron y setecientos resultaron heridos. Una semana más tarde, tropas de las mismas unidades irrumpían en la sede del Ministerio del Interior letón en Riga y mataban a cuatro personas.

El derramamiento de sangre en el Báltico señaló el comienzo del fin para la Unión Soviética. Una semana después, ciento cincuenta mil personas se congregaban en Moscú para manifestarse contra los tiroteos. Borís Yeltsin, ex primer secretario del Comité Municipal de Moscú y, desde mayo de 1990, presidente del Soviet Supremo Ruso, viajó a Tallinn para firmar un acuerdo de mutuo reconocimiento de las «soberanías» de Rusia y de las repúblicas bálticas, saltándose completamente a las autoridades soviéticas. En marzo de 1991 los referendos celebrados en Letonia y Estonia confirmaron que los electores de esos países eran mayoritariamente partidarios de la independencia total. Gorbachov, que con poco entusiasmo había tratado de reprimir a las repúblicas díscolas, retomaba ahora su posición inicial y trataba en vano de buscar un modus vivendi con ellas.

Pero ahora el presidente soviético sufría ataques desde todos los flancos. Su resistencia a aplastar a los bálticos le privó definitivamente de sus aliados militares (dos de los generales que organizaron los ataques de Vilna y Riga serían figuras destacadas del posterior golpe en Moscú). Además, los que antes habían sido sus amigos y admiradores ya no confiaban en él. En marzo de 1991, Yeltsin denunció públicamente las «mentiras y engaños» de Gorbachov y pidió su dimisión, desafiando las presiones oficiales para que guardara silencio si no quería ser destituido. Entre tanto, otras repúblicas seguían el ejemplo báltico.

Desde Ucrania hasta Kazajistán, los gobernantes comunistas, mientras las estructuras globales del poder soviético se mantuvieron seguras, limitaron sus reformas a una cautelosa labor de imitación de Gorbachov. Pero después del desastre en las repúblicas bálticas, los mismos indicios que los habían conectado con la perestroika ahora señalaban que la propia Unión podía estar condenada; en cualquier caso, ellos mismos podían ver que en ciertos círculos gobernantes el presidente soviético estaba sentenciado. De manera que, mientras que los nuevos procesos políticos del Báltico reflejaban un auténtico y generalizado renacimiento nacional, las iniciativas «soberanistas» de muchas de las demás repúblicas solían ser una mezcla más variable de sentimiento nacional y de instinto de conservación de la nomenklatura. También aumentaba la importancia del miedo: la sensación de que si la seguridad y la autoridad se estaban haciendo añicos en el vértice de la pirámide —o, peor aún, que los enemigos de Gorbachov podrían pronto recuperarlas a la fuerza y unilateralmente—, lo prudente sería concentrar las principales riendas del poder en manos locales. En suma, los gestores soviéticos empezaban a ser conscientes de que, si el centro se derrumbaba, una enorme cantidad de bienes públicos se quedaría sin dueño: entre otros, propiedades del partido, derechos de extracción de minerales, granjas, fábricas e ingresos fiscales.

De las aspirantes a repúblicas «soberanas» que ahora proclamaban su singularidad, la más importante, con diferencia, era Ucrania[10]. Por accidentado que hubiera sido, Ucrania, al igual que las repúblicas bálticas, había tenido un historial de independencia, proclamada por última vez y perdida inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. También había estado íntimamente vinculada con la historia de la propia Rusia: para muchos nacionalistas rusos, el Rus de Kiev —el reino del siglo XIII cuya capital estaba en la capital ucraniana y que se extendió desde los Cárpatos al Volga— era tan esencial para la identidad del imperio como la propia Rusia. Sin embargo, mayor importancia inmediata y práctica tenían los recursos materiales de la región.

Ucrania, que cubría completamente las rutas de acceso al Mar Negro (y al Mediterráneo), así como a Europa central, era uno de los puntales de la economía soviética. Aunque solo constituyera el 2,7 por ciento del territorio de la Unión Soviética, albergaba al 18 por ciento de su población y producía casi el 17 por ciento del producto nacional bruto del país, lo que la situaba únicamente por detrás de la propia Rusia. En los últimos años de la Unión Soviética, Ucrania tenía el 60 por ciento de las reservas de carbón del país y gran parte de las de titanio (vital para la producción actual de acero); a la riqueza inusual de sus terrenos se debía más del 40 por ciento del valor de la producción agrícola soviética.

Esta desproporcionada importancia de Ucrania en la historia soviética se reflejaba en los propios dirigentes de la Unión. Tanto Nikita Jruschov como Leónidas Brézhnev eran rusos oriundos de Ucrania oriental; el primero regresó allí en los años treinta como primer secretario del partido en Ucrania. Konstantín Chernenko era hijo de kulaks ucranianos deportados a Siberia, mientras que a Yuri Andrópov le había empujado hacia la cima el hecho de haber ocupado el puesto estratégico de jefe del KGB en Ucrania. Pero esta estrecha vinculación entre la República ucraniana y la cúpula soviética no conllevaba ninguna consideración especial para con sus habitantes.

Más bien era al contrario. Durante gran parte de su historia como república soviética, a Ucrania se la trató como una colonia: se explotaron sus recursos naturales y se mantuvo a su pueblo muy vigilado (además, durante los años treinta fue sometido a un punitivo programa represivo prácticamente equivalente a un genocidio). Los productos ucranianos —sobre todo los alimentos y los metales ferrosos— se enviaban al resto de la Unión a precios enormemente subvencionados, una práctica que continuó prácticamente hasta el final. Después de la Segunda Guerra Mundial, la República Socialista de Ucrania aumentó considerablemente su extensión al anexionarse las provincias polacas de Galitzia oriental y Volinia occidental: la población polaca local fue expulsada hacia el Oeste y sustituida por los ucranianos que, a su vez, eran expulsados de Polonia.

Esos intercambios demográficos —y el exterminio durante la guerra de gran parte de la comunidad judía local— dieron lugar a una región que, en el contexto soviético, era bastante homogénea, de manera que, mientras que en 1990 la República de Rusia contenía unas cien minorías étnicas, treinta y una de ellas en regiones autónomas, Ucrania era en un 84 por ciento ucraniana. La mayor parte del resto de la población se componía de rusos (11 por ciento), además de pequeños grupos de moldavos, polacos, húngaros y búlgaros, así como los judíos que habían sobrevivido. Quizá lo más importante fuera que la única minoría de relevancia, la rusa, estuviera concentrada en las zonas industriales del este del país y en la capital, Kiev.

Ucrania central y occidental, especialmente en torno a Lvov, segunda ciudad del país, era predominantemente ucraniana en cuanto a lengua y prácticas religiosas (dominaba el culto ortodoxo oriental o uniata, es decir, católico de rito griego). Gracias a la relativa tolerancia de los Habsburgo, a los ucranianos de Galitzia se les había permitido conservar su idioma materno. En 1944, dependiendo de los distritos, entre el 78 y el 91 por ciento lo tenían como primera lengua, mientras que en los territorios en su día gobernados por el zar era frecuente que hasta los que se consideraban ucranianos hablaran ruso con facilidad.

Como hemos visto, la Constitución soviética atribuía identidades nacionales a los residentes de las repúblicas autónomas y, de hecho, definía a todos sus ciudadanos en función de una clasificación étnico-nacional. Al igual que en las demás regiones, en Ucrania, especialmente en la zona occidental, recientemente anexionada, esto tuvo consecuencias satisfactorias. En épocas anteriores, cuando la lengua local solía verse relegada a zonas rurales apartadas y las ciudades, de habla rusa, estaban dominadas por los rusos, el carácter teóricamente descentralizado y federal de esta unión de repúblicas nacionales solo interesaba a los estudiosos y a los apologistas de la Unión Soviética. Pero al aumentar el número de hablantes de ucraniano en las ciudades y los medios de comunicación en esa lengua, y al existir una élite política que ahora se identificaba conscientemente con intereses «ucranianos», era predecible que el nacionalismo en Ucrania fuera de la mano de la fragmentación soviética[11].

En noviembre de 1988 se fundó en Kiev un movimiento no partidista: el RUKH (Movimiento Popular por la perestroika), la primera organización política autóctona que se constituía en Ucrania desde hacía décadas. Recabó un número considerable de seguidores, sobre todo en las principales ciudades y entre los comunistas reformistas de los sesenta; pero, muy al contrario que los movimientos independentistas del Báltico, no podía dar por sentado un apoyo masivo y no reflejaba ninguna corriente de sentimiento nacional. En las elecciones al Soviet Supremo Ucraniano celebradas en marzo de 1990, los comunistas lograron una clara mayoría; RUKH no llegó a obtener un cuarto de los escaños.

De manera que no eran los nacionalistas ucranianos los que habrían de tomar la iniciativa, sino los propios comunistas. El 16 de julio de 1990, los del Soviet Ucraniano votaron a favor de proclamar la soberanía de Ucrania y declararon el derecho de la República a poseer su propio ejército y la primacía de sus leyes. Bajo la dirección de Leónidas Kravchuk —un apparatchik comunista y ex secretario para Cuestiones Ideológicas del partido en Ucrania— los ucranianos participaron en un referéndum celebrado en toda la Unión en marzo de 1991, en el que hicieron saber que eran partidarios de un sistema federal, pero «renovado» (según la expresión de Gorbachov). Solo en Ucrania occidental, donde se preguntó a los votantes si eran partidarios de la independencia completa o de la soberanía dentro de la federación, los comunistas fueron superados por quienes pretendían romper definitivamente con Moscú: el 88 por ciento votó a favor. Kravchuk y sus compañeros en la dirección del partido no dejaron de tomar nota, mientras aguardaban con cautela para ver adonde conducían los acontecimientos en el exterior.

La misma pauta se repitió en las pequeñas repúblicas soviéticas occidentales, con variaciones que dependían de las circunstancias locales. En Bielorrusia (o Belarús, la «Rusia blanca»), situada al norte de Ucrania, no había ni una identidad ni unas tradiciones nacionales comparables. La efímera independencia de la República Nacional Belarrusana (sic) de 1918 nunca logró reconocimiento exterior y muchos de sus propios ciudadanos se sentían más vinculados a Rusia que a Polonia o Lituania. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la anexión de ciertas zonas de Polonia oriental, la República Socialista Soviética Bielorrusa contenía una nutrida minoría de rusos, polacos y ucranianos. Los propios bielorrusos —aunque fueran con mucha diferencia la principal comunidad lingüística de la República— no daban muestras de querer o esperar ningún tipo de soberanía; su país, enormemente dependiente de Rusia, tampoco podía confiar en sostener una auténtica independencia.

Bielorrusia, una región pobre y pantanosa, más apropiada para la cría de ganado que para la agricultura extensiva, había sido devastada por la guerra. Sus aportaciones más relevantes a la economía soviética de postguerra habían sido los productos químicos y el lino, así como su posición estratégica, que la situaba en plena trayectoria de los principales gaseoductos y vías de comunicación que conectaban Moscú y el mar Báltico. La organización que más se parecía a un movimiento independentista era Adradzhenne (Renacimiento), un grupo radical de la capital, Minsk, que surgió en 1989 siguiendo muy de cerca los pasos del RUKH ucraniano. En Bielorrusia, al igual que en Ucrania, las elecciones a los soviets de 1990 produjeron una clara mayoría comunista; y cuando el Soviet Ucraniano se declaró «soberano» en julio de 1990, su vecino del norte siguió, como cabía esperar, el ejemplo dos semanas después. En Minsk, como en Kiev, la Nomenklatura local se movía con prudencia, a la espera de los acontecimientos en Moscú.

La Moldavia soviética, como una cuña entre Ucrania y Rumanía, fue un caso diferente y bastante más interesante[12]. El territorio en cuestión —Besarabia, según la denominación más difundida en tiempo de los zares— había basculado varias veces de Rusia a Rumanía a lo largo del siglo y en función de los avatares bélicos. Sus cuatro millones y medio de habitantes eran mayoritariamente moldavos, pero con importantes minorías rusas y ucranianas y un número bastante importante de búlgaros, judíos, gitanos y gagauz (un pueblo de habla turca y religión ortodoxa que vive cerca del Mar Negro). En esta mezcla de pueblos típicamente imperial la mayoría hablaba rumano, pero, bajo el dominio soviético, los ciudadanos de Moldavia, en una medida destinada a separarlos de sus vecinos rumanos, fueron obligados a escribir su lengua en cirílico y a calificarse no de rumanos sino de «moldavos».

En consecuencia, aquí la identidad nacional era bastante incierta. Por una parte, había muchos, sobre todo en la capital Kishinev (Chişinău), que hablaban bien ruso y se consideraban ciudadanos soviéticos; por otra, el vínculo rumano (histórico y lingüístico) les proporcionaba un puente con Europa y una base para las crecientes demandas de mayor autonomía. Cuando en 1989 surgió un Frente Popular, su objetivo principal era exigir que el rumano se convirtiera en lengua oficial de la República, una concesión que las autoridades comunistas locales concedieron ese mismo año. También existía un discurso incendiario, en general especulativo y activamente desalentado desde Bucarest, que hablaba de «reunir» Moldavia con la Rumanía propiamente dicha.

Después de las elecciones de 1990, en las que el Frente Popular logró la mayoría, el nuevo Gobierno procedió primero a cambiar el nombre de la entidad, que dejó de ser la República Socialista Soviética Moldava para convertirse en la República Socialista Soviética de Moldavia (posteriormente, para abreviar, «República de Moldavia»), y después a declararse soberana. Estas medidas, mayormente simbólicas, suscitaron cada vez más inquietud e hicieron que entre los rusohablantes, así como en la minúscula comunidad gagauz, se planteara la posibilidad de poner en marcha un separatismo preventivo. Después de un referéndum de autonomía celebrado en el otoño de 1990, los líderes comunistas de Tiráspol —la principal ciudad de Moldavia oriental, situada en la otra orilla del río Dniéster, donde los rusos y los ucranianos eran mayoría— proclamaron la República Socialista Soviética Autónoma de Transdniéster, reflejo de la llamada República Socialista Soviética Gagauz, igualmente «autónoma», proclamada en el sureste del país.

Dado que como máximo hay 160.000 gagauz y que Transdniéster es una estrecha esquirla de terreno de solo 4000 kilómetros cuadrados y una población de menos de 500.000 habitantes, la aparición de esas «repúblicas autónomas» podría parecer ridícula, la reducción al absurdo de tradiciones inventadas o naciones imaginadas. Pero mientras que la República de los gagauz nunca fue más allá de su proclamación como tal (el futuro Estado moldavo la reincorporó pacíficamente, a cambio del derecho a la secesión si Moldavia se «reunía» alguna vez con Rumanía), la «independencia» de Transdniéster contó con el aval que proporcionaba la presencia del XIV cuerpo de ejército soviético (más tarde ruso), que ayudó a sus protegidos a repeler los primeros ataques lanzados por los moldavos para recuperar el territorio.

En el clima de la época, cada vez más incierto, las autoridades soviéticas (después rusas) no eran en absoluto reacias a ofrecer su protección a un microestado que necesariamente tenía que ser leal a Moscú, absolutamente dependiente de la buena voluntad rusa y cuyos dirigentes eran sátrapas comunistas locales que se habían hecho con el control de una región que en breve se convertiría en refugio de contrabandistas y blanqueadores de dinero. En cierto modo, como Transdniéster producía el 90 por ciento de la electricidad de Moldavia, los nuevos gobernantes tenían incluso una especie de fuente de recursos legítima, que podían amenazar con retirar si Kishinev se negaba a cooperar.

La independencia de Transdniéster no fue reconocida ni por Moldavia ni por ningún otro país: ni siquiera Moscú llegó a conceder a la región secesionista legitimidad oficial. Pero la escisión en la minúscula Moldavia anticipaba las complicaciones más graves que ocurrirían a unos pocos cientos de kilómetros al este, en el Cáucaso. Allí, los arraigados conflictos entre armenios y azeríes, que se complicaban especialmente con la presencia en Azerbaiyán de una considerable minoría armenia en la región de Nagorno-Karabaj, ya habían producido choques violentos, tanto entre ambas comunidades como entre estas y las tropas soviéticas en 1988, que causaron cientos de víctimas[13]. En la capital azerbayana, Bakú, se produjeron nuevos enfrentamientos en enero del año siguiente.

En la vecina Georgia, veinte manifestantes fallecieron por impacto de bala durante los choques registrados en la capital, Tbilisi, entre nacionalistas y soldados en abril de 1989, cuando subió la tensión entre la multitud que pedía la secesión de la Unión y las autoridades que seguían empeñadas en mantenerla. Pero la Georgia soviética y también las repúblicas vecinas de Armenia y Azerbaiyán eran un conglomerado demasiado vulnerable geográfica y étnicamente como para contemplar con serenidad la inseguridad que no podía sino acompañar el derrumbamiento de la Unión Soviética. En consecuencia, las autoridades locales decidieron anticiparse a la eventualidad precipitándola; los partidos comunistas que ocupaban el poder se redefinieron y se convirtieron en movimientos nacionales independentistas, y los jefes del partido en la zona —de los cuales el más conocido era, de lejos, el georgiano Edvard Shevardnadze— tomaron posiciones para hacerse con el poder tan pronto como «cayera a la calle».

De este modo, al llegar la primavera de 1991, en la periferia todo el mundo estaba esperando a ver qué ocurría en el centro. Evidentemente, la clave estaba en la propia Rusia, que, con la mitad de la población del país, tres quintos de su producto nacional bruto y tres cuartos de su territorio, era con mucho la república principal de la Unión. En cierto sentido, Rusia, como país, no existía: durante siglos había sido o aspirado a ser un imperio. «Rusia», que recorría once husos horarios y que comprendía a decenas de pueblos diferentes, siempre había sido algo demasiado grande como para reducirlo a una sola identidad o a una única meta común[14].

No hay duda de que durante la Gran Guerra Patriótica y con posterioridad las autoridades soviéticas habían jugado la carta rusa, apelando al orgullo nacional y exaltando la «victoria del pueblo ruso». Pero, en la jerga soviética, este nunca había tenido una «nacionalidad» como la atribuida a kazakos, ucranianos o armenios en virtud de sus «naciones» oficiales. Ni siquiera había un partido comunista «ruso» independiente. Ser ruso era ser soviético. Ambas cosas se complementaban de forma natural: en una época posimperial la Unión Soviética daba cobertura al Estado imperial ruso, mientras que «Rusia» otorgaba a la Unión Soviética legitimidad histórica y territorial. En consecuencia, los límites entre «Rusia» y la «Unión Soviética» se mantuvieron (deliberadamente) difusos[15].

En la época de Gorbachov ya había aumentado notablemente el énfasis en el «carácter ruso», por algunas de las mismas razones que el Estado germano-oriental había comenzado a mostrarse públicamente orgulloso de Federico el Grande y a ensalzar los rasgos propiamente «alemanes» de la República Democrática. En los años postreros de las repúblicas populares, el patriotismo resurgió como útil sustituto del socialismo. Esta fue precisamente la razón por la que también fue la forma más fácil e inofensiva de oposición política. En Rusia o en la República Democrática Alemana, al igual que en Hungría, los intelectuales críticos podían sufrir persecución pero las expresiones de nacionalismo en sordina no siempre eran reprimidas y ni siquiera desalentadas: las autoridades podían canalizarlas para aprovecharse de ellas. Desde esta perspectiva habría que abordar el renacimiento en las publicaciones soviéticas y en los medios de comunicación del «patrioterismo de la Gran Rusia», que, evidentemente, también fue una causa más de inquietud para las minorías nacionales vulnerables.

Fue en este contexto en el que se produjo la inesperada aparición de Borís Yeltsin, un típico apparatchik de la era Brézhnev que, antes de convertirse en secretario del Comité Central, había sido especialista en construcción industrial y que ascendió paulatinamente por el escalafón del partido, hasta ser sumariamente degradado en 1987 por sobrepasarse en sus críticas a colegas de más peso. En esa coyuntura crucial, Yeltsin, que había tenido oportunidades de sobra para observar lo bien que se le daban al PCUS y a la burocracia estatal impedir cualquier auténtico cambio, tuvo el instinto político de reprogramarse para convertirse en un auténtico político ruso: primero consiguió un escaño en representación de la Federación Rusa en las elecciones de marzo de 1990 y después fue elegido presidente del Soviet Supremo Ruso, es decir, del Parlamento.

Esta influyente y visible atalaya fue la que utilizó Borís Yeltsin para convertirse en el principal reformista del país, abandonando ostentosamente el Partido Comunista en julio de 1990 y utilizando, por así decirlo, su influencia en el Moscú ruso para apuntar hacia sus antiguos camaradas del otro lado, el Moscú soviético. Ahora, su blanco principal era el propio Gorbachov (a pesar de que Yeltsin había sido en su región natal de Sverdlovsk, donde había trabajado durante más de una década, un firme partidario del presidente soviético). Los fracasos del líder reformista se estaban haciendo cada vez más evidentes y penosos, y su popularidad estaba cayendo en picado, como Yeltsin no podía dejar de percibir.

Esta influyente y visible atalaya fue la que utilizó Boris Yeltsin para convertirse en el principal reformista del país, abandonando ostentosamente el Partido Comunista en julio de 1990 y utilizando, por así decirlo, su influencia en el Moscú ruso para apuntar hacia sus antiguos camaradas del otro lado, el Moscú soviético. Ahora, su blanco principal era el propio Gorbachov (a pesar de que Yeltsin había sido en su región natal de Sverdlovsk, donde había trabajado durante más de una década, un firme partidario del presidente soviético). Los fracasos del líder reformista se estaban haciendo cada vez más evidentes y penosos, y su popularidad estaba cayendo en picado, como Yeltsin no podía dejar de percibir.

En política interior, el principal error táctico de Gorbachov había sido el de alentar la aparición de una cámara legislativa nacional con gran visibilidad, auténticos poderes y una independencia considerable. Yeltsin y sus partidarios rusos comprendieron con mayor rapidez que el propio Gorbachov que este nuevo Soviet, elegido de manera abierta, sería un foro natural para la expresión de toda clase de descontento; y Yeltsin se aficionó especialmente a vincular los intereses particulares de Rusia con los de las diversas naciones y repúblicas. Gorbachov no perdía de vista la amenaza que tales alianzas suponían para la propia Unión, pero para entonces ya era demasiado tarde y no tenía más remedio que alinearse él mismo, a regañadientes y sin convicción, con funcionarios soviéticos que añoraban el antiguo monopolio del PCUS: el mismo que él tanto había hecho por desarticular.

De este modo, mientras Gorbachov seguía «triangulando» entre lo deseable y lo posible, defendiendo una fórmula de federalismo controlado (un punto medio típicamente gorbachoviano), Yeltsin defendía con pasión y abiertamente las luchas independentistas bálticas. En abril de 1991 Gorbachov concedió a regañadientes el derecho de secesión a las repúblicas dentro de una nueva Constitución de la Unión; pero este gesto de realismo no hizo más que debilitarle aún más, lo que convenció a sus enemigos conservadores de que habría que apartarle del poder para poder recuperar el orden. Entre tanto, el 12 de junio de 1991, Yeltsin, cuya popularidad superaba desde hacía tiempo la de Gorbachov en los sondeos nacionales, fue elegido presidente de la República Soviética de Rusia, y se convirtió así en el primer dirigente de la historia rusa elegido democráticamente[16].

Al mes siguiente, el 12 de julio, el Soviet Supremo de la Unión Soviética votó a favor de constituir una nueva Unión descentralizada que concediera un margen de maniobra considerable a los Estados miembros disconformes. Esta medida, junto a la elección popular de Yeltsin, ahora abiertamente anticomunista, acabó por desequilibrar la situación. Los conservadores del partido se estaban desesperando y un grupo de altos cargos —entre ellos el presidente de Gobierno, los ministros de Defensa e Interior, y Vladímir Kryuchkov, jefe del KGB— comenzó a prepararse para dar un golpe de Estado. Para entonces, en Moscú era un secreto a voces que algo así se estaba cociendo: de hecho, ya el 20 de junio el embajador estadounidense previno a Gorbachov de la conspiración, pero fue inútil.

El golpe se programó para que coincidiera con las vacaciones anuales de Gorbachov en Crimea; Nikita Jruschov, el último líder del PCUS depuesto a la fuerza, también estaba relajándose en el sur de la Unión Soviética cuando sus colegas de Moscú organizaron su destitución por sorpresa. De este modo, los confabulados de 1991 estaban recuperando sin ningún rubor las antiguas prácticas soviéticas. En consecuencia, el 17 de agosto se pidió a Gorbachov que aceptara entregar sus poderes presidenciales a un «comité de emergencia». Cuando se negó, el comité anunció el 19 de agosto que el presidente no podía ejercer su autoridad por «razones de salud» y que, por tanto, ese organismo asumiría todos los poderes. El vicepresidente soviético Gennady Yanáyev firmó un decreto privando a Gorbachov de su autoridad y se declaró el estado de emergencia durante seis meses.

Sin embargo, aunque Gorbachov estaba impotente, a todos los efectos prisionero en su casa de campo del mar Negro, situada en el promontorio meridional de Crimea, los conjurados no estaban mucho mejor. En primer lugar, simplemente el hecho de que tuvieran que declarar el estado de emergencia y anunciar prácticamente la ley marcial para limitarse a sustituir a un líder comunista por otro demostraba hasta qué punto se habían deshilvanado las estructuras tradicionales de la Unión Soviética. Los conspiradores no tenían el apoyo unánime ni de sus propios organismos: fue crucial que la mayoría de los cargos más destacados del KGB se negara a respaldar a Kryuchkov. Y aunque no había duda de a qué se oponían los conjurados, nunca fueron capaces de indicar claramente qué pretendían.

Además, eran, a su pesar, una caricatura de todos los defectos del pasado soviético: figuras viejas y grises de la era Brézhnev, de discurso lento y acartonado, ajenas a los cambios experimentados por un país cuyo reloj trataban torpemente de retrasar treinta años. En épocas pasadas, cuando hombres como esos intrigaban en el Kremlin, sus rostros no estaban a la vista de la población y solo aparecían durante las ceremonias públicas sobre lejanos estrados. Sin embargo, ahora se veían obligados a comparecer en televisión y ante la prensa para explicar y defender sus acciones, y el público tenía muchas posibilidades de observar muy de cerca la decrepitud física del socialismo oficial.

Entre tanto, Borís Yeltsin se aprovechaba de la situación. Su prestigio había aumentado aún más tras un encuentro personal con George Bush, celebrado durante la visita del presidente estadounidense a la Unión Soviética solo tres semanas antes. Ahora, el 19 de agosto, denunció públicamente el golpe de Estado ilegal que constituía la toma del Kremlin y se situó al frente de la resistencia contra él, dirigiendo las operaciones desde su cuartel general en el Parlamento ruso y movilizando a las masas que lo rodeaban para defender la democracia frente a los tanques. Al mismo tiempo, ante los focos de los medios de comunicación internacionales allí congregados, Yeltsin mantenía prolongadas conversaciones y negociaciones con los dirigentes del mundo, que en su mayoría, salvo uno de ellos, le ofrecieron públicamente su apoyo, guardándose mucho de reconocer a unos conspiradores cada vez más aislados[17].

La resistencia no fue una mera formalidad: la noche del 20 al 21 de agosto tres manifestantes murieron en enfrentamientos con el ejército. Pero ahora los líderes del golpe, perdida la simpatía popular, comenzaban a perder también el temple. No contaban con el amplio respaldo de las fuerzas armadas necesario para hacerse con el país, y cada hora que se mantenía el pulso en las calles de Moscú (y Leningrado) suponía una merma para su principal activo: el miedo. Los acontecimientos del Kremlin, en lugar de intimidar a demócratas y nacionalistas, los envalentonaron: en medio de la incertidumbre, el 20 de agosto Estonia se declaró independiente y Letonia siguió el ejemplo al día siguiente. El 21 de agosto se suicidó uno de los jefes del golpe, Borís Pugo (ministro de Interior y ex director del KGB en Letonia); a instancias de Yeltsin, sus colegas fueron detenidos. Ese mismo día se trasladaba en avión de regreso a Moscú a un exhausto e inquieto Gorbachov.

Teóricamente, Gorbachov recuperó sus poderes; pero, en realidad, todo había cambiado para siempre. La credibilidad del PCUS se hallaba en un estado terminal: hasta el 21 de agosto, cuando los conspiradores ya estaban en prisión, el portavoz de la formación no condenó públicamente el golpe de sus colegas y Yeltsin se había aprovechado de las trágicas dudas del partido para prohibir sus actividades dentro de la Federación Rusa. Comprensiblemente, Gorbachov, que parecía aturdido e inseguro en sus apariciones públicas, tardó en descifrar la importancia de todos estos acontecimientos. En lugar de alabar a Yeltsin, al Parlamento ruso o al pueblo ruso por sus éxitos, habló ante las cámaras de la perestroika y del papel indispensable que el partido seguiría teniendo en cuestiones como su propia renovación o el fomento de las reformas.

Este enfoque seguía teniendo buena prensa en Occidente, donde en general se presuponía (y esperaba) que después del golpe fallido las cosas recuperarían más o menos su curso. Pero en la propia Unión Soviética, el anacronismo que suponía volver a escuchar a Gorbachov incidir en objetivos fracasados y su aparente ingratitud hacia sus salvadores fueron una revelación. Era un hombre que había sido superado por la historia sin darse cuenta de ello. Para muchos rusos, los acontecimientos de agosto habían sido una auténtica revolución, un levantamiento genuinamente popular no a favor de los reformistas y de su partido sino en contra de ellos: el PCUS, como gritaban los manifestantes a Gorbachov a su tardía llegada al Parlamento ruso, era una «empresa criminal» que, a través de los ministros de su propio Gobierno, había tratado de acabar con la Constitución. Cuando un escarmentado Gorbachov captó el mensaje, suspendió las actividades del PCUS y (el 24 de agosto) dimitió como secretario general del mismo, ya era demasiado tarde. Ahora el comunismo era irrelevante y también Mijaíl Gorbachov.

Evidentemente, el ex secretario general seguía siendo presidente de la Unión Soviética. Pero ahora la importancia de la propia Unión Soviética se ponía directamente en cuestión. El golpe de Estado abortado había sido el último y definitivo impulso para la secesión. Entre el 24 de agosto y el 21 de septiembre, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Azerbaiyán, Kirguistán, Uzbekistán, Georgia, Tayikistán y Armenia siguieron el ejemplo de las repúblicas bálticas y se declararon independientes de la Unión Soviética; la mayoría hicieron esa proclamación en medio de la confusión y la incertidumbre de los días posteriores al regreso de Gorbachov[18]. Siguiendo los pasos de Kravchuk en Ucrania, algunos primeros secretarios regionales, como Nursultán Nazarbáyev de Kazajistán, Askar Akáyev de Kirguistán, Gueidar Alíyev de Azerbaiyán, Stanislav Shushkévich de Bielorrusia y otros se distanciaron con astucia de su filiación tradicional y se recolocaron en la cúspide de sus nuevos Estados, nacionalizando lo antes posible todos los bienes locales del partido.

En Moscú, Gorbachov y el Soviet Supremo no podían hacer mucho más que aceptar la realidad, reconocer los nuevos Estados y, sin convicción, proponer una nueva Constitución que incorporara a las repúblicas independientes a una especie de acuerdo confederal. Entre tanto, a unos cuantos metros de allí, Borís Yeltsin y el Parlamento ruso estaban estableciendo un Estado independiente. En noviembre, Yeltsin había sometido al control central prácticamente toda la actividad financiera y económica que se desarrollaba dentro del territorio de Rusia. La Unión Soviética era ya una cascara vacía, carente de poder y de recursos.

Para entonces las principales instituciones de la Unión Soviética estaban o bien en manos de Estados independientes o habían dejado de existir: el 24 de octubre el propio KGB fue formalmente suprimido. Cuando Gorbachov propuso un nuevo tratado de constitución de la comunidad económica de Estados independientes, gran parte de las repúblicas secesionistas se negaron simplemente a firmarlo. En octubre, las repúblicas occidentales no acudieron a las reuniones del Soviet Supremo de la Unión Soviética. Finalmente, el 8 de diciembre, el presidente y los primeros ministros de Rusia, Ucrania y Bielorrusia —los Estados eslavos esenciales del imperio soviético—, reunidos cerca de Minsk, asumieron la responsabilidad de denunciar el Tratado de Unión de 1922, y acabaron de hecho con la Unión Soviética. Para sustituirla, proponían la constitución de una Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Al enterarse de esto, Gorbachov tachó furiosamente la iniciativa de «ilegal y peligrosa». Pero las opiniones del presidente de la Unión Soviética ya no preocupaban a nadie: como el mismo Gorbachov estaba comprendiendo por fin, en realidad él no estaba a cargo de nada. Nueve días después, el 17 de diciembre, Gorbachov se reunió con Yeltsin y ambos acordaron (o, más bien, Gorbachov aceptó) que la Unión Soviética debía ser oficialmente suprimida: sus ministerios, embajadas y ejércitos pasarían a control ruso y, jurídicamente, su papel internacional lo heredaría la República Rusa.

Veinticuatro horas más tarde, Gorbachov anunciaba su intención de dimitir como presidente del Soviet. El día de Navidad de 1991 la bandera rusa sustituyó a la enseña soviética en lo alto del Kremlin: Mijaíl Gorbachov cedió sus prerrogativas como comandante en jefe a Yeltsin, presidente de Rusia, y abandonó su puesto. A las cuarenta y ocho horas Gorbachov había desalojado su oficina, que ocupó Yeltsin. En la medianoche del 31 de diciembre de 1991 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dejó de existir.

La desaparición de la Unión Soviética fue algo realmente notable, sin parangón en la historia contemporánea. No fue una guerra con otro país, ni una revolución sangrienta, ni una catástrofe natural. Un enorme Estado industrial —una superpotencia militar— se limitó a derrumbarse: su autoridad se agotó, sus instituciones se evaporaron. Como hemos visto en los casos de Lituania y del Cáucaso, el proceso de desmembramiento de la Unión Soviética no careció por completo de violencia, y en algunas de las repúblicas independientes habría más combates en años posteriores. Pero, en líneas generales, el país más grande del mundo abandonó la escena casi sin rechistar. Seguramente sea exacto calificar este proceso de incruenta retirada de un imperio, aunque la definición apenas sirva para captar la inesperada facilidad de todo el proceso.

Entonces, ¿por qué fue todo tan aparentemente indoloro? ¿Por qué, después de décadas de violencia interna y de agresiones exteriores, la primera sociedad socialista del mundo se hundió sin siquiera tratar de defenderse? Evidentemente, una de las razones es que, en realidad, nunca llegó a existir, es decir, que, en palabras del historiador Martin Malia, «el socialismo, como tal, no existe, y fue la Unión Soviética la que lo levantó». Pero si esto explica la futilidad de la autoridad comunista en los Estados satélites, amparada únicamente en la sombra del Ejército Rojo, en realidad no basta para explicar lo que le ocurrió a la propia patria imperial. Aunque la sociedad que el comunismo decía haber construido fuera esencialmente fraudulenta, el Estado leninista, después de todo, era indudablemente real. Y era un producto autóctono.

En parte, la respuesta radica en el éxito inesperado que tuvo Mijaíl Gorbachov al destripar el aparato administrativo y represivo del que dependía el Estado soviético. Una vez que el Partido perdió el control, una vez que quedó claro que el ejército y el KGB no actuarían sin piedad para aplastar a los críticos del régimen y castigar la disidencia —y esto no fue evidente hasta 1991—, las naturales tendencias centrífugas de un enorme imperio territorial pasaron a un primer plano. Solo entonces saltó a la vista —a pesar de setenta años de vigorosas proclamas— que en realidad no había una auténtica sociedad comunista: solo un Estado marchito y sus inquietos ciudadanos.

Sin embargo —y este es el segundo aspecto de la explicación— el Estado soviético no desapareció realmente. Más bien fue la Unión Soviética la que se hizo añicos, creando múltiples Estados herederos, muchos de ellos gobernados por experimentados burócratas comunistas cuya reacción instintiva fue reproducir e imponer los sistemas y la autoridad que hasta entonces habían ejercido como cargos soviéticos. En la mayoría de esas repúblicas no hubo «transición a la democracia»; la transición se produjo, si acaso, un poco después. El poder estatal autocrático, el único que la mayoría de los habitantes del interior del imperio soviético había conocido en su vida, no fue tanto destronado como mermado. Desde el exterior, el cambio parecía drástico, pero, en el interior, sus consecuencias se vivieron como algo bastante menos radical.

Además, mientras que los secretarios comunistas locales que tan apaciblemente mutaron en presidentes de Estados nacionales tenían todas las razones del mundo para actuar con decisión en la consolidación de sus feudos, las autoridades centrales soviéticas carecían de feudos territoriales propios que proteger. Lo único que podían ofrecer era un retorno a las decrépitas estructuras que con tanto denuedo había cercenado Gorbachov; no es sorprendente que carecieran de voluntad para continuar la lucha[19]. El único líder excomunista con poder en Moscú era Borís Yeltsin; como hemos visto, actuó realmente con decisión, pero para defender una Rusia que renacía.

De este modo, no debe considerarse que la proliferación de Estados postsoviéticos demuestre que la Unión Soviética se derrumbó por el peso de un nacionalismo hasta el momento inactivo y recientemente reavivado en las repúblicas que la conformaban. Con la excepción de los países bálticos, cuya trayectoria era muy parecida a la de sus vecinos occidentales, las exrepúblicas eran también fruto de la planificación soviética y, como ya se ha visto, solían ser bastante complejas étnicamente. Hasta en los Estados independientes de nuevo cuño había muchas minorías vulnerables (sobre todo los omnipresentes rusos): antiguos ciudadanos soviéticos que con razón lamentarían la pérdida de la protección «imperial» y que enfocarían su nueva situación con bastante ambigüedad.

No eran los únicos. Cuando el presidente estadounidense George Bush visitó Kiev el 1 de agosto de 1991 hizo lo posible por recomendar públicamente a los ucranianos que siguieran en la Unión Soviética. «Ha habido quien ha instado a Estados Unidos —declaró— a elegir entre apoyar al presidente Gorbachov y apoyar a los líderes independentistas de toda la Unión Soviética. Me parece que esta es una alternativa falaz. El presidente Gorbachov ha tenido éxitos asombrosos (…) Mantendremos una relación lo más sólida posible con el Gobierno soviético del presidente Gorbachov». Este intento, realmente torpe, de sostener al presidente soviético, que era cada vez más vulnerable, no equivalía de verdad a refrendar el mantenimiento de la Unión Soviética… pero se acercaba peligrosamente.

La advertencia pública del presidente estadounidense sirve para recordarnos una vez más el reducido papel que desempeñó Estados Unidos en todo este proceso. Con el debido respeto a la autocomplaciente interpretación que ha asumido el relato oficial estadounidense, Washington no «derribó» el comunismo: este se hundió motu proprio. Entre tanto, si el público ucraniano de Bush hizo caso omiso a sus consejos y votó, unos meses después, abrumadoramente a favor de abandonar para siempre la Unión, no fue por un súbito acceso de entusiasmo patriótico. Las independencias de Ucrania, Moldavia e incluso Georgia no fueron tanto fruto de la autodeterminación como del instinto de conservación: algo que a la postre se vería que proporciona una base sólida para crear un Estado, pero escasos fundamentos para asentar una democracia.

Nada en la vida de la Unión Soviética fue tan característico como el hecho de abandonarla. En gran medida, lo mismo puede decirse de la ruptura de Checoslovaquia, el «divorcio de terciopelo» de eslovacos y checos pacífica y amigablemente consumado el 1 de enero de 1993, A primera vista, este podría parecer un ejemplo de manual de la crecida natural de los sentimientos étnicos en el vacío creado por el comunismo: el «retorno de la historia» en forma de renacimiento nacional. Y evidentemente así fue como lo anunciaron muchos de sus protagonistas locales. Pero, si se observa con más atención, la división de Checoslovaquia en dos Estados diferentes —Eslovaquia y la República Checa— pone de manifiesto una vez más, a escala reducida y en el centro de Europa, las limitaciones de ese tipo de interpretación.

Está claro que no faltaba «historia» a la que remitirse. Los checos y los eslovacos, por muy idénticos que les parecieran a los atónitos extranjeros, habían tenido pasados notablemente diferentes. Bohemia y Moravia —los territorios históricos que formaban las tierras checas— no solo podían presumir de un destacado pasado medieval y renacentista en el centro del Sacro Imperio Romano, sino que también habían tenido un papel primordial en la industrialización de Europa central. En la mitad austríaca del Imperio de los Habsburgo, los checos habían disfrutado de una autonomía creciente y de una considerable prosperidad. En 1914, su ciudad principal, Praga —una de las glorias estéticas del continente— era un importante centro del modernismo artístico y literario.

Los eslovacos, por el contrario, tenían poco de qué presumir. Gobernados durante siglos desde Budapest, carecían de una historia nacional propia: dentro de la mitad húngara del Imperio no se les consideraba «eslovacos» sino campesinos de lengua eslava de la Hungría rural septentrional. En la región eslovaca, los habitantes de las ciudades eran predominantemente alemanes, húngaros o judíos: no era casual que la ciudad más populosa de la zona, una conurbación danubiana poco atractiva, situada a pocos kilómetros al este de Viena, se conociera unas veces como Pressburg (para los austríacos germanoparlantes) y otras como Pozsony (para los húngaros). Solo con la independencia de Checoslovaquia en 1918, y la incorporación de los eslovacos a la misma, un tanto a regañadientes, se convertiría en segunda ciudad del nuevo Estado con el nombre de Bratislava.

La República de Checoslovaquia del periodo de entreguerras fue democrática y liberal según los cánones predominantes en la zona, pero sus instituciones centralizadas favorecieron enormemente a los checos, que ocuparon casi todos los puestos de poder e influencia. Eslovaquia era una mera provincia y, además, pobre y un tanto desfavorecida. De este modo, el mismo impulso que llevó a muchos de los tres millones de ciudadanos de habla alemana del país a escuchar a los separatistas nazis, condujo también a cierta parte de los dos millones y medio de eslovacos del país a mirar con simpatía a los populistas de su región, que exigían autonomía e incluso independencia. En marzo de 1939, cuando Hitler absorbió las regiones checas, creando el protectorado de Bohemia y Moravia, en Eslovaquia se estableció un Estado títere, autoritario y clerical, bajo la dirección del padre Józef Tiso. De manera que el primer Estado independiente eslovaco de la historia surgió a instancias de Hitler y sobre el cadáver de la República de Checoslovaquia.

A posteriori, resulta difícil precisar qué grado de aceptación tuvo la «independencia» eslovaca durante la guerra. Después de la contienda fue desacreditada tanto por su propio historial (Eslovaquia deportó a los campos de exterminio prácticamente a todos los ciento cuarenta mil judíos que habitaban en ella antes de la guerra) como por su estrecha dependencia respecto al amo nazi. Después de su liberación, Checoslovaquia volvió a constituirse en un único Estado y las expresiones de nacionalismo eslovaco no se vieron con buenos ojos. De hecho, en los primeros años del estalinismo, la acusación de ser un «nacionalista eslovaco burgués» era una de las que se lanzaban a los supuestos acusados durante los juicios espectáculo organizados entonces (Gustav Husák pasó seis años en prisión por esa acusación).

Pero, con el tiempo, los comunistas de Checoslovaquia, como los de otros lugares, llegaron a comprender las ventajas que tenía fomentar un cierto grado de sentimiento nacional. Los reformistas de 1968 (muchos de ellos de origen eslovaco), haciéndose eco del aumento de dicho sentimiento en Bratislava, propusieron, como ya se ha visto, una nueva Constitución federal que diera cabida a dos repúblicas distintas: la checa y la eslovaca; de todas las innovaciones importantes debatidas o puestas en marcha durante la Primavera de Praga, esta fue la única que sobrevivió a la «normalización» posterior. Las autoridades del partido, después de tratar a la católica y rural Eslovaquia como territorio hostil, ahora llegaban, incluso, a favorecerla (véase el capítulo XIII).

El retraso de Eslovaquia —o, más bien, la ausencia en su territorio de grandes concentraciones de urbanitas preparados de clase media— ahora obraba a su favor. Con menos coches y televisiones y peores comunicaciones que los habitantes de las provincias occidentales, los eslovacos parecían menos vulnerables a la influencia extranjera que los radicales y disidentes asentados en Praga, que tenían acceso a medios de comunicación extranjeros. En consecuencia, sufrieron mucho menos durante la represión y las purgas de los años setenta. Ahora eran los «checos» los que se llevaban la peor parte del desdén de las autoridades[20].

Si tenemos en cuenta esta historia, la ruptura de Checoslovaquia después de 1989 podría parecer, si no algo cantado, sí como mínimo un resultado lógico de unas décadas de mutua animadversión que, reprimida y explotada por el comunismo, no había sido olvidada. Pero no fue así. En los tres años que median entre el final del comunismo y la separación definitiva, todas las encuestas mostraban que la mayoría de los checos y los eslovacos eran partidarios de mantener algún tipo de estado checoslovaco común. Y tampoco la clase política estaba profundamente dividida al respecto: en términos generales, tanto en Praga como en Bratislava estaban de acuerdo en que al final la nueva Checoslovaquia sería una federación, compuesta por dos partes enormemente autónomas. Y el nuevo presidente, Václav Havel, creía con firmeza, y así lo proclamaba públicamente, en mantener a checos y eslovacos en el mismo país.

La escasa relevancia inicial de la cuestión «nacional» se puede apreciar en el resultado de las primeras elecciones libres de junio de 1990. En Bohemia y Moravia el Foro Cívico de Havel logró la mitad de los sufragios, mientras que gran parte de los demás votos se dividieron entre los comunistas y los democristianos. En Eslovaquia el panorama era más complejo: el partido hermano del Foro Cívico, Público contra la Violencia (PCV), fue el más votado, pero una parte considerable de los sufragios se repartió entre los democristianos, los comunistas, los cristianodemócratas húngaros y los verdes[21]. Sin embargo, el Partido Nacional Eslovaco, ahora reconstituido, solo obtuvo el 13,9 por ciento de los votos en las elecciones al denominado Consejo Nacional Eslovaco y el 11 por ciento en los comicios a delegados de la Asamblea Federal (Parlamento). Menos de uno de cada siete electores eslovacos optó por la única formación política partidaria de dividir el país en dos circunscripciones étnicas distintas.

Con todo, durante 1991 el Foro Cívico comenzó a desintegrarse. Lo que había sido una alianza basada en un enemigo común (el comunismo) y un líder popular (Havel), ya no tenía ni lo uno ni lo otro: el comunismo había desaparecido y Havel era el presidente de la República, supuestamente por encima de las pugnas políticas. Ahora las diferencias entre antiguos colegas saltaban a la palestra y los doctrinarios partidarios del libre mercado, dirigidos por el ministro de Hacienda Václav Klaus (que se proclamaba thatcheriano), tenían cada vez más influencia. En abril de 1991, después de que el Parlamento aprobara una amplia ley de privatizaciones de empresas públicas, el Foro Cívico se escindió y la facción de Klaus (la dominante), se convirtió en el Partido Democrático Cívico.

Klaus estaba decidido a conducir rápidamente al país por la senda del «capitalismo». Pero mientras que en las tierras checas ese objetivo sí contaba con apoyos reales, no era así en Eslovaquia. La privatización, el libre mercado y la reducción del sector público apenas atraían a la mayoría de los eslovacos, que dependían mucho más que los checos del empleo que proporcionaban fábricas, minas y acerías estatales deficitarias y desfasadas: «empresas» de improbable atractivo para el capital extranjero o los inversores privados que ya no podían contar con un mercado protegido para sus productos. Para muchos círculos empresariales y políticos de Praga, Eslovaquia era una pesada herencia.

Entre tanto, Público contra la Violencia también se desunió, por razones análogas. Su personaje público más destacado era ahora Vladimír Mečiar, un exboxeador que había tenido un papel relativamente menor en los acontecimientos de 1989, pero que desde entonces había demostrado más maña que sus colegas para esquivar los escollos de la política democrática. Después de los comicios de junio había formado parte del Gobierno en el Consejo Nacional Eslovaco, pero su repelente estilo personal produjo una escisión de su coalición y Mečiar fue sustituido por el católico Jan Čarnogurský. Como cabía esperar, Mečiar abandonó PCV para formar su propio grupo, el Movimiento para una Eslovaquia Democrática.

Entre el otoño de 1991 y el verano de 1992 representantes de las administraciones checa y eslovaca mantuvieron largas negociaciones, tratando de acordar las bases de una Constitución descentralizada y federal, que era la que deseaba una clara mayoría de los políticos y votantes de ambas partes. Pero ahora Mečiar, con el fin de crear una zona de influencia para él y su partido, enarboló la bandera del nacionalismo eslovaco, un asunto en el que hasta entonces no había mostrado gran interés. Informó a sus simpatizantes de que los eslovacos sufrían toda clase de amenazas: desde los planes de privatización checos hasta el separatismo húngaro, pasando por las perspectivas de absorción por parte de Europa. Lo que ahora estaba en juego era su existencia nacional (por no hablar de su medio de vida).

Encumbrado por esa retórica y por su chabacano, pero carismático comportamiento público, Mečiar llevó a su nuevo partido a una clara victoria en las elecciones federales de junio de 1992, en las que logró casi el 40 por cierto de los sufragios en Eslovaquia. Entre tanto, en las regiones checas, el nuevo Partido Democrático Cívico de Václav Klaus, aliado con los democristianos, también salió victorioso. Con Klaus como primer ministro de la zona checa, ahora las dos mitades de la República Federal estaban en manos de hombres que, por razones diferentes pero complementarias, no lamentarían la división del país. Ahora, únicamente el presidente federal representaba, en términos constitucionales y con su propia persona, el ideal de una Checoslovaquia unida y federal.

Pero Václav Havel ya no tenía el favor popular de antes y, en consecuencia, ya no era tan influyente como lo había sido menos de dos años atrás. Su primera visita oficial como presidente no había sido a Bratislava, sino a Alemania, una iniciativa comprensible dada la tradicional enemistad checogermana y la necesidad que tenía el país de hacer amigos en Europa occidental; sin embargo, desde el punto de vista de la sensibilidad eslovaca, fue un error táctico. Además, Havel no siempre estuvo bien arropado por sus colaboradores: en marzo de 1991, su portavoz Michael Žantovský declaró que la política eslovaca estaba cayendo en manos de excomunistas y de personas para las que la época del Estado eslovaco era la edad de oro de la nación eslovaca[22].

La declaración de Žantovský no iba del todo desencaminada, pero en el contexto del momento fue como si sus palabras hicieran realidad el fenómeno que enunciaban. Al igual que otros disidentes checos, Havel y sus colegas no siempre pensaban bien de los eslovacos, más bien los consideraban provincianos patrioteros que, en el mejor de los casos, perseguían con ingenuidad el espejismo de la soberanía y, en el peor, añoraban el Estado títere de la guerra. Irónicamente, Klaus no compartía esos prejuicios progresistas y tampoco le importaba ni para bien ni para mal el pasado eslovaco. Al igual que Mečiar, era un pragmático. Ambos, que ahora eran los dos políticos más poderosos de sus respectivas regiones, se pasaron las semanas siguientes supuestamente negociando los términos del tratado de constitución de una Checoslovaquia federal.

Es improbable que hubieran podido llegar a un acuerdo: Mečiar exigía los derechos de emisión de moneda y crediticios de una república eslovaca prácticamente soberana, una moratoria en las privatizaciones, la recuperación de las subvenciones de la época comunista, además de multitud de medidas adicionales, todas ellas anatema para Klaus, que se obstinaba en acometer a marchas forzadas su plan de instauración de un mercado sin restricciones. De hecho, las reuniones que mantuvieron durante junio y julio de 1992 no fueron realmente negociaciones: Klaus se hacía el sorprendido y el disgustado ante las exigencias de Mečiar, aunque los muchos discursos de este hacían bastante evidentes sus pretensiones. En realidad, era Klaus, y no al revés, el que estaba manejando al líder eslovaco para llegar a un punto de ruptura.

En consecuencia, aunque la mayoría de los diputados eslovacos del Consejo Nacional eslovaco y de la Asamblea Federal hubieran aceptado de buen grado un tratado que concediera autonomía total e igual peso dentro de un Estado federal a cada una de las mitades del país, se vieron ante la tesitura de aceptar un hecho consumado. Al estancarse las negociaciones, Klaus les decía realmente a sus interlocutores: como parece que somos incapaces de llegar a un acuerdo, quizá podríamos abandonar estos infructuosos esfuerzos e ir cada uno por nuestro lado. Los eslovacos, ante la aparente realización de sus propios deseos, cayeron en la trampa del asentimiento, en muchos casos sabiendo que era un error.

En consecuencia, el 17 de julio de 1992 el Consejo Nacional eslovaco adoptó una nueva bandera, una nueva Constitución y un nuevo nombre: República Eslovaca. Una semana después, Klaus y Mečiar, este último todavía ligeramente aturdido por su propio éxito, acordaron dividir el país a partir del 1 de enero de 1993. Ese día Checoslovaquia desapareció y sus dos repúblicas se convirtieron en Estados independientes, con Klaus y Mečiar como sus respectivos primeros ministros. Václav Havel, cuyos esfuerzos por mantener unido el país habían sido cada vez más desesperados —y completamente ignorados en los últimos meses— dejó de ser presidente de Checoslovaquia y se reencarnó en presidente de la recortada República Checa[23].

Durante algún tiempo no se supo si el divorcio había sido bueno para los dos socios: durante la primera década poscomunista ni la República Checa ni Eslovaquia fueron países boyantes. Tanto la «terapia de choque» de Klaus como el nacionalcomunismo de Mečiar fracasaron, aunque de distinta manera. Sin embargo, a pesar de que los eslovacos llegaron a lamentar sus devaneos con Vladimír Mečiar y de que la estrella de Klaus declinó en Praga, la nostalgia de Checoslovaquia nunca fue muy evidente. El divorcio checoslovaco fue un proceso manipulado en el que la derecha checa consiguió lo que decía no haber buscado y los populistas eslovacos lograron bastante más de lo que pretendían; el resultado no entusiasmó a casi nadie, pero tampoco se apreció un malestar duradero. Al igual que había ocurrido con la ruptura de la Unión Soviética, el poder del Estado y la maquinaria política que había generado no se vieron amenazados, solo se duplicaron.

La división de Checoslovaquia fue producto del azar y de las circunstancias. También fue una obra humana. Si el control hubiera estado en manos de otras personas —y si los resultados de las elecciones de 1990 y 1992 hubieran sido diferentes— la historia no habría sido la misma. El contagio tampoco tuvo una gran importancia: el ejemplo de la Unión Soviética —y de los acontecimientos que ocurrían en los Balcanes— hizo que el cisma que dividió a las dos «repúblicas nacionales» de un pequeño país centroeuropeo resultara menos absurdo o inaceptable de lo que podría haber sido en otras circunstancias. Si en 1992 se hubiera consensuado la constitución de un Estado federal —si Checoslovaquia hubiera durado unos cuantos años más— es muy poco probable que en Praga o Bratislava hubiera habido nadie con razones para continuar sus peleas: las perspectivas de admisión en la Unión Europea habrían centrado su atención y las sangrientas masacres en la cercana Bosnia habrían ocupado su mente.

XXI

La hora de la verdad

Si llega a haber otra guerra en Europa, surgirá de alguna nadería en los Balcanes.

OTTO VON BISMARK

Parece que estos campesinos enfrentados no pueden esperar a que invadan su país para poder darse caza y asesinarse unos a otros.

MILOVAN DJILAS, Wartime, 1977

No tenemos nada que ver con este asunto.

JAMES BAKER, secretario de Estado estadounidense, junio de 1991

Lo peor del comunismo es lo que viene después.

ADAM MICHNIK

La verdad es siempre concreta.

GEORG WILHELM HEGEL

La pacífica división de Checoslovaquia contrasta tremendamente con la catástrofe que asoló Yugoslavia en esos mismos años. Entre 1991 y 1999 cientos de miles de personas bosnias, croatas, serbias y albanesas fueron asesinadas, violadas o torturadas por sus conciudadanos; mientras que millones se veían obligadas a abandonar sus casas y a exiliarse. Los analistas extranjeros, esforzándose por explicar unas masacres y una contienda civil de una magnitud inédita desde 1945 —en un país que durante mucho tiempo los radicales occidentales habían considerado una especie de modelo de sociedad socialista— habitualmente han propuesto dos explicaciones contradictorias.

La primera, muy difundida entre los medios occidentales e incorporada a los pronunciamientos públicos de los hombres de Estado europeos y estadounidenses, presenta los Balcanes como un caso insoluble, un hervidero de misteriosas pendencias y odios ancestrales. Yugoslavia estaba «condenada». Se componía, según una conocida ocurrencia, de seis repúblicas, cinco naciones, cuatro lenguas, tres religiones y dos alfabetos, todos ellos sujetos por un solo partido. Lo ocurrido después de 1989 era sencillo: se había levantado la tapa y el caldero había explotado.

Según esta explicación, «antiquísimos» conflictos surgieron por doquier, como había ocurrido en los siglos anteriores, en lo que el marqués de Salaberry había calificado en 1791 de las «extremidades no pulidas» de Europa. Enemistades homicidas, alimentadas por el recuerdo de injusticias y venganzas, hicieron presa de toda una nación. En palabras del secretario de Estado estadounidense Lawrence Eagleburger, pronunciadas en septiembre de 1992: «Hasta que los bosnios, los serbios y los croatas no decidan dejar de matarse entre sí, no hay nada que el mundo exterior pueda hacer al respecto».

Siguiendo una interpretación contraria, algunos historiadores y analistas extranjeros proclamaron que, más bien, la tragedia balcánica era en gran medida culpa de extranjeros. Gracias a la intervención exterior y las ambiciones imperiales, durante los últimos dos siglos el territorio de la antigua Yugoslavia había sido ocupado, dividido y explotado en beneficio de otros: Turquía, el Reino Unido, Francia, Rusia, Austria, Italia y Alemania. Si entre los pueblos de la región había mala sangre habría que explicarla remontándose a la manipulación imperial más que a la hostilidad étnica. Según este argumento, lo que había exacerbado los problemas locales era la irresponsable interferencia de las potencias extranjeras: si el ministro de Asuntos Exteriores alemán Hans-Dietrich Genscher, por ejemplo, no hubiera insistido en 1991 en reconocer «prematuramente» la independencia de Eslovenia y de Croacia, puede que Bosnia nunca hubiera seguido su ejemplo, que Belgrado no la hubiera invadido y que se hubiera evitado una década de desastres.

Cualquiera que sea nuestra opinión sobre esas dos lecturas de la historia balcánica, hay que señalar lo sorprendente que es que, pese a la aparente incompatibilidad de una y otra, ambas tienen un importante rasgo en común. Ambas reducen o desdeñan el papel de los propios yugoslavos, a los que se descalifica, bien considerándolos víctimas de su suerte, bien de los errores ajenos. No hay duda de que en las montañas de la ex Yugoslavia había mucha historia enterrada y también muy malos recuerdos. Además, los extranjeros habían hecho aportaciones cruciales a la tragedia del país, aunque su participación en los crímenes locales se debiera más bien a una irresponsable aquiescencia. Sin embargo, la desmembración de Yugoslavia —parecida en este sentido al desmantelamiento de otros antiguos Estados comunistas— fue obra del ser humano, no del destino. Y la abrumadora responsabilidad de la tragedia yugoslava no residía ni en Bonn ni en ninguna otra capital extranjera, sino en los políticos de Belgrado.

En 1980, cuando murió Josip Broz Tito a los ochenta y siete años, existía realmente la Yugoslavia que él había reconstituido en 1945. La componían unidades separadas dentro de un Estado federal, en cuya presidencia había representantes de las seis repúblicas y también de dos regiones autónomas (Voivodina y Kosovo), pertenecientes a Serbia. El pasado de cada una de las unidades había sido diferente. Eslovenia y Croacia, en el norte, eran mayoritariamente católicas y en su día habían formado parte del Imperio Austrohúngaro, al igual que Bosnia, aunque esta durante menos tiempo. La parte meridional del país (Serbia, Macedonia, Montenegro y Bosnia) había estado durante siglos bajo el dominio de los turcos otomanos, lo cual explica que, además de serbios, mayoritariamente ortodoxos, hubiera un gran número de musulmanes.

Pero estas diferencias históricas —aunque bastante reales y exacerbadas por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial— se habían ido atenuando en las décadas posteriores. Desde entonces, las transformaciones económicas habían puesto en contacto, a veces incómodo, a aisladas poblaciones rurales con ciudades como Vukovar o Mostar; pero esos mismos cambios también habían acelerado una integración que pasó por encima de antiguas fronteras sociales y étnicas.

En consecuencia, aunque el mito comunista de la unidad fraterna exigía no volver la vista hacia los recuerdos y conflictos de la época bélica —los libros de historia de la Yugoslavia de Tito eran prudentemente reservados respecto a las sangrientas guerras civiles que habían caracterizado el pasado común del país—, los beneficios de esos silencios oficiales eran reales. Entre la generación que surgió en la postguerra se alentó la identidad yugoslava, en lugar de la «croata» o la «macedonia»; y muchos, especialmente las personas jóvenes, las de mayor formación y los habitantes de las ciudades, cada vez más numerosos, habían adoptado esa costumbre[1]. A los intelectuales jóvenes de Liubliana o Zagreb ya no les interesaba mucho la heroica o turbulenta historia de sus antepasados étnicos. En 1981, en la cosmopolita Sarajevo, capital de Bosnia, el 20 por ciento de la población se consideraba «yugoslava».

Bosnia siempre había sido la región étnicamente más abigarrada de Yugoslavia y quizá por eso fuera la menos prototípica. Pero todo el país era un tapiz variopinto de minorías superpuestas. Los 580.000 serbios que vivían en Croacia en 1991 representaban el 12 por ciento de la población de la República. En ese mismo año, Bosnia era un 44 por ciento musulmana, un 31 por ciento serbia y un 17 por ciento croata. Hasta la minúscula región de Montenegro era una mezcolanza de montenegrinos, serbios, musulmanes, albaneses y croatas; todo ello sin tener en cuenta a los que decidían calificarse de «yugoslavos» ante los encuestadores del censo. Era frecuente que los residentes en regiones étnicamente mixtas desconocieran prácticamente cuál era la nacionalidad o la religión de sus amigos o vecinos. Además, el matrimonio intercomunitario era cada vez más habitual.

En realidad, dentro de Yugoslavia, las líneas de fractura étnicas nunca estuvieron muy bien definidas. Las diferencias lingüísticas pueden servir de ejemplo representativo. Los albaneses y los eslovenos hablan lenguas diferentes. Los macedonios hablan macedonio (es decir, búlgaro, con variaciones menores). Pero las diferencias entre las variantes serbia y croata del «serbocroata» que hablaba la inmensa mayoría de la población eran, y siguen siendo, realmente nimias. Los serbios utilizan el alfabeto cirílico y los croatas (y bosnios) el latino; pero, al margen de ciertos términos literarios y especializados, de ciertas diferencias ortográficas y de la diferente pronunciación de la letra e (ye en la forma iyekávica o croata, e en la ekávica o serbia), las dos lenguas son idénticas. Además, los montenegrinos escriben en cirílico (como los serbios), pero pronuncian al modo iyekávico, como los croatas, los bosnios y los serbios residentes en Bosnia. Solo los que han habitado a lo largo de la historia en Serbia propiamente dicha utilizan la variante ekávica, y cuando los líderes nacionalistas serbios de Bosnia trataron de imponer, después de 1992, a los demás serbios bosnios de la zona que habían desgajado de Bosnia propiamente dicha la pronunciación oficial «serbia» (es decir, la ekávica), se toparon con una inmensa resistencia.

De manera que el idioma «croata» reconocido en 1974 como lengua oficial de la República de Croacia —para responder a las demandas de la Declaración de la Lengua de 1967, redactada por un grupo de intelectuales de Zagreb— era sobre todo una etiqueta identitaria: una forma que tenían los croatas de protestar contra la supresión de cualquier manifestación de identidad nacional impuesta por Tito a su federación. Lo mismo podía decirse de la obsesión de ciertos escritores serbios con la conservación o reafirmación del serbio «puro». Parece justo concluir que —al contrario de lo que ocurre con las diferencias convencionales entre dialectos de un mismo idioma nacional, en las que los usos autóctonos varían enormemente, pero las élites preparadas suelen compartir una misma forma considerada la «correcta»— en la antigua Yugoslavia era el grueso de la población el que realmente hablaba una única lengua intercambiable, mientras que unos pocos nacionalistas pretendían diferenciarse acentuando el narcisismo de los pequeños contrastes.

Las tan cacareadas diferencias nacionales no son menos engañosas. La diferencia entre católicos croatas y ortodoxos serbios, por ejemplo, había importado mucho más en siglos anteriores, o durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los ustachas de Zagreb esgrimieron el catolicismo como un arma frente a serbios y judíos[2]. En los años noventa la práctica religiosa en las ciudades yugoslavas, que crecían rápidamente, estaba menguando y solo en el campo seguía teniendo alguna importancia la correspondencia entre religión y sentimiento nacional. Muchos supuestos musulmanes bosnios estaban profundamente secularizados y, en cualquier caso, tenían poco en común con los musulmanes albaneses (y no todos los albaneses eran musulmanes, aunque este hecho pasaba en gran medida desapercibido para sus enemigos). De manera que, aunque no hay duda de que la vieja práctica otomana de definir la nacionalidad mediante la religión había dejado su sello, exagerando sobre todo el lugar que ocupaba el cristianismo ortodoxo entre los eslavos meridionales, las pruebas patentes de dicha práctica se veían cada vez más atenuadas.

A pesar de que los yugoslavos de mayor edad seguían teniendo muchos de los prejuicios del pasado —el futuro presidente croata Franjo Tudjman era tremendamente ecuménico en sus prejuicios y despreciaba por igual a musulmanes, serbios y judíos—, probablemente la única discriminación generalizada que se había practicado en los últimos años era la que sufría en el sur la minoría albanesa, tachada por muchos eslovenos, croatas, serbios, macedonios y montenegrinos de criminal y haragana. Donde más fuerza tenían esos sentimientos era en Serbia[3].

Había diversas razones para ello. Dentro del país, los albaneses eran el grupo que crecía con más rapidez. Mientras que en 1931 los albaneses no representaban más que el 3,6 por ciento de la población de Yugoslavia, en 1948 ya eran el 7,9 (a causa de la inmigración de postguerra procedente del propio Estado albanés). En 1991, gracias a un índice de natalidad mucho más alto que el de los demás (once veces superior al de las comunidades serbia o croata), alrededor de 1.728.000 albaneses de Yugoslavia constituían el 16,6 por ciento del total de Serbia, incluyendo Voivodina y Kosovo. Gran parte de los ciudadanos albaneses vivía en Serbia, en la región autónoma de Kosovo, donde constituían el 82 por ciento de la población local y cuyo número superaba con mucho al de los 194.000 serbios, aunque fueran estos los que tuvieran, entre otros privilegios sociales, los mejores empleos y viviendas.

Kosovo tenía una importancia histórica para los nacionalistas serbios por haber sido el último baluarte de resistencia de la Serbia medieval frente a los turcos y escenario de una memorable derrota bélica en 1389. En consecuencia, para algunos intelectuales y políticos serbios, el predominio albanés en esa zona era tan demográficamente turbador como históricamente provocador, sobre todo porque repetía el desplazamiento que sufrían los serbios por parte de los musulmanes como principal minoría en la vecina República de Bosnia. Parecía que los serbios estaban perdiendo la partida ante comunidades hasta entonces sometidas que se habían beneficiado de la rigurosa aplicación de la igualdad federal por parte de Tito[4]. En consecuencia, Kosovo era un problema potencialmente explosivo, por razones solo ligeramente relacionadas con las «antiquísimas» enemistades balcánicas: como señaló sagazmente a André Malraux un visitante yugoslavo en la Francia de los años sesenta: «Le Kosovo c’est votre Algérie dans l’Orléanais» (Kosovo es vuestra Argelia en plena provincia de Orléans).

Mientras que la manía que tenían los serbios a los albaneses se alimentaba de la proximidad y de la inseguridad, en el extremo norte de Yugoslavia la creciente aversión hacia los sureños irresponsables era indiscriminada desde el punto de vista étnico y no se basaba en la nacionalidad, sino en la economía. En Yugoslavia ocurría como en Italia, el norte, más próspero, era cada vez más hostil hacia los empobrecidos habitantes del sur, mantenidos —según parecía— con transferencias y subvenciones de sus más productivos conciudadanos. En Yugoslavia, el contraste entre la riqueza y la pobreza se estaba haciendo cada vez más acusado, y tenía un peligroso correlato geográfico.

De este modo, mientras que Eslovenia, Macedonia y Kosovo aportaban, cada una de ellas, el ocho por ciento de la población al total federal, en 1990 la pequeña Eslovenia producía el 29 por ciento de las exportaciones de Yugoslavia, frente a un cuatro por ciento de Macedonia y el uno por ciento de Kosovo. Hasta donde es posible hacer cálculos con los datos oficiales yugoslavos, podemos decir que el PIB per cápita en Eslovenia era el doble que en Serbia, tres veces superior al de Bosnia y ocho veces el de Kosovo. En la alpina Eslovenia la tasa de analfabetismo en 1988 era inferior al uno por ciento, mientras que en Macedonia y Serbia afectaba al 11 por ciento de la población y en Kosovo al 18 por ciento. A finales de los ochenta, en Eslovenia la mortalidad infantil se situaba en el 11 por mil. En la vecina Croacia era del 12 por mil. Pero en Serbia la cifra era del 22 por mil, en Macedonia del 45 por mil y en Kosovo llegaba al 52 por mil.

Lo que esas cifras apuntan es que Eslovenia y, en menor medida, Croacia ya estaban al mismo nivel que los países menos prósperos de la Comunidad Europea, mientras que Kosovo, Macedonia y la Serbia rural se parecían más a ciertas partes de África o de Latinoamérica. De este modo, si los eslovenos y los croatas estaban cada vez más intranquilos dentro de la patria común yugoslava no era por la reaparición de arraigados sentimientos religiosos o lingüísticos, ni por un resurgimiento del particularismo étnico. Era porque estaban empezando a creer que les iría mejor si se ocupaban de sus propios asuntos sin tener en cuenta las necesidades e intereses de los yugoslavos del sur, que no estaban a la altura de las circunstancias.

La autoridad personal de Tito y su enérgica represión de cualquier crítica importante hicieron que esas opiniones disidentes fueran invisibles. Pero después de su muerte, la situación se deterioró con rapidez. Durante los años sesenta y primeros setenta, cuando el despegue económico en Europa occidental absorbía mano de obra yugoslava, que enviaba al país remesas considerables en divisas fuertes, el exceso de población y el subempleo del sur no eran tan problemáticos. Sin embargo, desde finales de la década de 1970, la economía yugoslava comenzó a deshilacharse. Al igual que otros Estados comunistas, Yugoslavia estaba enormemente endeudada con Occidente, pero mientras Varsovia o Budapest reaccionaron solicitando aún más créditos en moneda extranjera, en Belgrado se recurrió a la emisión cada vez de más moneda propia. A lo largo de los ochenta el país entró paulatinamente en un proceso de hiperinflación. En 1989 la tasa de inflación anual era de un 1240 por ciento, y continuaba en ascenso.

Los errores económicos se estaban cometiendo en la capital, Belgrado, pero sus consecuencias se sufrían sobre todo en Zagreb y Liubliana, y allí era donde peor sentaban. Muchos croatas y eslovenos, comunistas o no, creían que su situación mejoraría si tomaban sus propias decisiones, libres de la corrupción y el nepotismo de los círculos gobernantes de la capital federal. Estos sentimientos se acentuaron con el miedo creciente a que el reducido grupo de apparatchiks que rodeaba a Slobodan Milošević, el hasta entonces desconocido presidente de la Liga de los Comunistas de su Serbia natal, tratara de hacerse con el poder en medio del vacío político posterior a la muerte de Tito, suscitando y manipulando los sentimientos nacionales serbios.

En sí mismo, el comportamiento de Milošević no era inusual entre los líderes comunistas de esos años. En la República Democrática Alemana, como hemos visto, los comunistas trataron de congraciarse con las masas aludiendo a las glorias de la Prusia del siglo XVIII; y el «comunismo nacional» ya llevaba algunos años a la vista en las vecinas Bulgaria y Rumanía. Cuando en 1986 Milošević acogió aparatosamente un informe patriótico de la Academia Serbia de Artes y Ciencias, o cuando visitó Kosovo al año siguiente para mostrar su apoyo a las quejas serbias contra el «nacionalismo» albanés, sus cálculos no eran muy diferentes a los de otros comunistas de Europa oriental en aquel momento. En la época de Gorbachov, cuando la legitimidad ideológica del comunismo y su papel predominante estaban en pleno declive, el patriotismo ofrecía una forma alternativa de garantizar el control del poder.

Pero mientras que en el resto de Europa oriental este recurso al nacionalismo y la consiguiente invocación a los recuerdos nacionales solo suscitaba ansiedad entre los «extranjeros», en Yugoslavia el precio lo pagarían los propios yugoslavos. En 1988 Milošević, con el fin de afianzar su posición dentro de la República serbia, comenzó a fomentar abiertamente la celebración de mítines en los que se mostraba públicamente, por primera vez en cuatro décadas, la insignia de los chetniks de la Segunda Guerra Mundial: con ello, se recordaba el pasado reprimido por Tito y se tomaba una medida cuyo fin manifiesto era causar gran inquietud, sobre todo a los croatas.

El nacionalismo fue la manera que tuvo Milošević de afianzar su control sobre Serbia, avalado en mayo de 1989 cuando fue elegido presidente de la República. Pero para preservar y fortalecer la influencia de su país en el conjunto de Yugoslavia, necesitaba transformar el propio sistema federal. El cuidadosamente calculado equilibrio de influencias entre las diversas repúblicas que lo componían había sido impulsado primero por el carismático liderazgo de Tito y después por una presidencia rotatoria. En marzo de 1989 Milošević comenzó a derribar ese ordenamiento.

Al forzar una modificación de la propia Constitución de Serbia, hizo que esta «absorbiera» las hasta entonces provincias autónomas de Kosovo y Voivodina, pero permitiéndolas que conservaran sus dos puestos en la presidencia federal. A partir de ese momento, Serbia contaría con cuatro de los ocho votos federales en cualquier disputa (Serbia, Kosovo, Voivodina y la sumisa y proserbia República de Montenegro). Como el objetivo de Milošević era constituir un Estado más unitario (bajo dirección serbia), algo a lo que, naturalmente, las otras tres repúblicas se resistirían, en la práctica, el sistema de gobierno federal quedó en punto muerto. Desde la perspectiva de Eslovenia y Croacia, especialmente, el curso de los acontecimientos solo conducía a una solución posible: como ya no podían confiar en mejorar o mantener su situación mediante un sistema federal disfuncional, su única esperanza era distanciarse de Belgrado, declarando su total independencia si era necesario.

¿Por qué habían llegado las cosas a tal extremo a finales de 1989? En otros lugares la vía de salida del comunismo fue la «democracia»: en cuestión de meses, los funcionarios y burócratas del partido, desde Rusia a la República Checa, dejaron de ser dóciles miembros de la nomenklatura para convertirse en lenguaraces profesionales del pluralismo político. La supervivencia dependía de cómo se calculaban las lealtades de los propios partidarios recurriendo a la estructura de partidos habitual en la cultura política liberal. La transición, por inverosímil que resultara en algunos casos, funcionó. Y fue así porque no había alternativa. En la mayoría de los países poscomunistas la «carta» de la clase estaba desacreditada y no había muchas divisiones étnicas internas en las que hacer presa: en consecuencia, un nuevo conjunto de categorías públicas —privatización, sociedad civil, democratización (o «Europa», que comprendía las tres anteriores)— ocupó gran parte del nuevo escenario político.

Pero Yugoslavia era distinta. Precisamente porque sus diversas poblaciones estaban totalmente mezcladas (y porque no habían sufrido los genocidios y los desplazamientos demográficos que en décadas anteriores habían reorganizado países como Polonia o Hungría), el país ofrecía grandes oportunidades a demagogos como Milošević o Franjo Tudjman, su equivalente croata. Al modelar su salida del comunismo recurriendo a una nueva base política, podían jugar una carta étnica de la que ya no disponían otros países de Europa, utilizándola como sustituto del interés en la democracia.

En los Estados bálticos, en Ucrania o en Eslovaquia, los políticos recurrieron a la independencia nacional para escapar del pasado comunista —se dedicaron a la construcción simultánea de un nuevo Estado y de una democracia— sin tener que preocuparse demasiado de la presencia de minorías nacionales. Pero en Yugoslavia, la fragmentación de la Federación en las repúblicas que la constituían dejaría en todos los casos, salvo en el esloveno, una considerable minoría o conjunto de minorías varadas en un país ajeno. En esas circunstancias, una vez que alguna de las repúblicas se proclamara independiente, otras se sentirían obligadas a seguir su ejemplo. En pocas palabras, Yugoslavia se enfrentaba ahora a los mismos problemas inmanejables que Woodrow Wilson y sus colegas no habían logrado resolver en Versalles setenta años antes.

Como muchos habían previsto, el catalizador fue Kosovo. A lo largo de los ochenta tuvieron lugar esporádicas manifestaciones albanesas, sobre todo en Pristina, la capital local, contra el mal trato que daba Belgrado a esta etnia. Sus instituciones habían sido clausuradas, sus líderes despedidos, sus rutinas cotidianas condicionadas por la severidad policial y, a partir de marzo de 1989, por el toque de queda. Las enmiendas constitucionales serbias privaban realmente a los albaneses, una clase marginada ya de por sí deprimida y desfavorecida, de cualquier autonomía o representación política, y todo este proceso fue celebrado y recalcado por la visita que hizo Milošević a la provincia en junio de 1989 para conmemorar el seiscientos aniversario de la batalla de Kosovo.

Durante un discurso pronunciado ante una multitud que se calculó en casi un millón de personas, Milošević garantizó a los serbios de la región que una vez más habían «recuperado su integridad estatal, nacional y espiritual (…) Hasta ahora, gracias a sus líderes y políticos y a su mentalidad servil [los serbios]… se sentían culpables ante sí mismos y ante los demás. Esta situación se prolongó durante décadas, duró años y aquí estamos ahora en el campo de Kosovo para decir que ya no es así». Unos meses después, después de una serie de sangrientos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, que ocasionaron multitud de muertos y heridos, Belgrado cerró la Asamblea de Kosovo, de rango provincial, haciendo que la región fuera directamente gobernada desde Belgrado.

La evolución de los acontecimientos en el extremo meridional del país influyó directamente en las decisiones que se tomaban en las repúblicas del norte. Para Liubliana y Zagreb, como mucho ligeramente comprensivas con las dificultades de los albaneses, la preocupación principal era el incremento del autoritarismo serbio. En las elecciones eslovenas de abril de 1990, la mayoría de los votantes, aun siendo todavía partidaria de mantenerse dentro de Yugoslavia, dio su apoyo a candidatos de la oposición no comunista que criticaban abiertamente el ordenamiento federal vigente. Al mes siguiente, en la vecina Croacia, un nuevo partido nacionalista obtuvo una abrumadora mayoría y su líder, Franjo Tudjman, accedió a la presidencia de la República.

Sintomáticamente, la gota que colmó el vaso llegó en diciembre de 1990, cuando, bajo la dirección de Milošević, los líderes serbios de Belgrado se hicieron con el 50 por ciento de los derechos de giro de la Federación Yugoslava, destinados a cubrir los pagos atrasados y las bonificaciones de los empleados federales y los trabajadores de las empresas públicas. La medida indignó especialmente a los eslovenos que, siendo el ocho por ciento de la población federal, aportaban un cuarto del presupuesto yugoslavo. Al mes siguiente, el Parlamento esloveno anunció su retirada del sistema fiscal federal y proclamó la independencia de la República, aunque sin tomar ninguna iniciativa conducente a la secesión. Un mes después, la Cámara croata había hecho lo propio (como cabía esperar, el Parlamento macedonio de Skopje siguió el mismo ejemplo).

Al principio no estaba claro qué consecuencias tendrían estos acontecimientos. La nutrida minoría serbia del sureste de Croacia, especialmente en la Krajina, una región fronteriza de población serbia muy consolidada, ya estaba enfrentándose a la policía croata y pidiendo a Belgrado ayuda frente la represión ustacha. Pero la lejanía de Eslovenia respecto a Belgrado y la presencia de menos de cincuenta mil serbios en la República amparaban la esperanza de que se pudiera alcanzar una salida pacífica. En el exterior, las opiniones estaban divididas: Washington, pese a haber suspendido todas sus ayudas económicas a Yugoslavia por las medidas serbias en Kosovo, se opuso públicamente a cualquier movimiento secesionista.

Anticipándose a la visita del presidente Bush a Kiev de algunas semanas después, el secretario de Estado James Baker acudió a Belgrado en junio de 1991 y garantizó a sus gobernantes que Estados Unidos era partidario de «una Yugoslavia democrática y unida». Pero para entonces hablar de «una Yugoslavia democrática y unida» era un oxímoron. Cinco días después de las declaraciones de Baker, Eslovenia y Croacia asumían el control de sus respectivas fronteras e iniciaban la secesión unilateral de la Federación, con el apoyo mayoritario de sus ciudadanos y el respaldo tácito de varios destacados hombres de Estado europeos. El ejército federal respondió avanzando hacia la nueva frontera eslovena. La guerra de Yugoslavia estaba a punto de comenzar.

O, más bien, las guerras de Yugoslavia, porque hubo cinco. El ataque yugoslavo a Eslovenia de 1991 solo duró unas semanas, después de las cuales el ejército se retiró y permitió que el Estado secesionista se desgajara en paz. A continuación vino una contienda mucho más sangrienta entre Croacia y su insurrecta minoría serbia (respaldada por el ejército de «Yugoslavia», en la práctica de Serbia y Montenegro), que se prolongó hasta que la ONU propició un inestable alto el fuego a comienzos del año siguiente. Después de que los croatas y los musulmanes de Bosnia votaran a favor de la independencia en marzo de 1992, los serbios de Bosnia declararon la guerra al nuevo Estado y se dispusieron a desgajar la llamada República Srpska, de nuevo con el apoyo del ejército yugoslavo, poniendo sitio a varias ciudades bosnias, sobre todo a la capital, Sarajevo.

Entre tanto, al margen de esta contienda, en enero de 1993 estallaba una guerra civil entre los croatas y los musulmanes de Bosnia, y ciertos croatas trataban de recortar un efímero miniestado en Herzegovina, dominada por ellos. Finalmente, después de que todos estos conflictos llegaran a su fin (aunque no antes de que la guerra entre croatas y serbios cobrara nuevos bríos en 1995 cuando Zagreb consiguió recuperar la Krajina, que perdería ante las fuerzas serbias tres años después), llegó la guerra que se desarrolló en y a causa de Kosovo: Milošević, cuando ya había sido realmente derrotado en todos los demás sitios, se centró en Kosovo, hasta que una ofensiva sin precedentes de las fuerzas de la OTAN, que atacaron Serbia en la primavera de 1999, impidió por poco que destruyera o expulsara a la población albanesa de esa región.

En todos esos conflictos confluyeron tanto dinámicas internas como intervenciones extranjeras. Como ya hemos visto, las independencias eslovena y croata se auparon en sólidas consideraciones internas. Pero fue el precipitado reconocimiento alemán de los dos nuevos Estados —y posteriormente el de la Comunidad Europea— lo que confirmó su existencia oficial, para amigos y enemigos. Como ahora existía una Croacia independiente, en las emisoras de radio y televisión de Belgrado una histérica propaganda podía jugar con los miedos de los serbios residentes en la nueva República, invocando el recuerdo de las masacres de la Segunda Guerra Mundial e instando a los serbios a tomar las armas contra sus vecinos ustachas.

En Bosnia, donde había muchos más serbios, la perspectiva de un país independiente de mayoría croato-musulmana despertaba inquietudes parecidas. Sigue sin estar claro que la independencia bosnia fuera inevitable: esta era la más integrada de las repúblicas de preguerra y la que más tenía que perder si se daba algún paso para separar por la fuerza a las comunidades étnicas o religiosas que la integraban, que dibujaban una especie de mosaico por todo el territorio y que, antes del ascenso de Milošević, no habían mostrado deseos persistentes de imponer una separación institucional. Pero una vez que sus vecinos del norte se habían separado, la cuestión ya fue discutible.

Después de 1991, los croatas y los musulmanes de Bosnia no podían sino preferir una independencia soberana a la situación de minoría dentro de los restos de la Yugoslavia de Milošević, y así lo votaron en un referéndum celebrado a finales de febrero de 1992. Sin embargo, ahora no era menos comprensible que los serbios de Bosnia, después de escuchar durante meses mensajes lanzados desde Belgrado que no solo hablaban de masacres de los ustachas, sino de la inminente yihad musulmana, prefirieran unirse a Serbia o, por lo menos, constituirse en comunidad autónoma, antes que ser una minoría en un Estado croata-musulmán gobernado desde Sarajevo. Una vez que Bosnia (o más bien sus líderes musulmanes y croatas, ya que los serbios boicotearon tanto el referéndum como la votación en el Parlamento) se declaró independiente en marzo de 1992, su suerte estaba echada. En los meses siguientes los líderes de los serbios de Bosnia proclamaron la República Srpska y el ejército yugoslavo avanzó para ayudarles a conseguir territorio y para «limpiarlo».

Las guerras serbocroata y serbobosnia causaron una tremenda cantidad de víctimas a sus pueblos. Aunque inicialmente hubo enfrentamientos directos entre ejércitos más o menos regulares, sobre todo en ciudades estratégicas como Sarajevo o Vukovar, y en sus alrededores, gran parte de los combates, sobre todo en el caso de los serbios, fueron librados por tropas irregulares. Eran poco más que bandas organizadas de matones y criminales, armados por Belgrado y dirigidos o bien por delincuentes profesionales como Arkan (Željko Ražnatović), cuya Guardia de Voluntarios Serbios (los «Tigres») masacró a cientos de personas en las regiones orientales de Croacia y Bosnia, o bien por antiguos oficiales del ejército yugoslavo, como el teniente coronel Ratko Mladić (que el diplomático estadounidense Richard Holbrooke calificó de «asesino carismático»), que desde 1992 se puso al frente de las fuerzas serbias de Bosnia, ayudando a organizar los primeros ataques contra pueblos croatas situados en zonas mayoritariamente serbias de la Krajina.

El principal objetivo estratégico no era tanto derrotar a las fuerzas enemigas como expulsar de sus casas, tierras y negocios a los ciudadanos no serbios de los territorios reivindicados por los que sí lo eran[5]. Todos los contendientes practicaron esta «limpieza étnica» —una expresión nueva para denominar una práctica antigua—, pero las fuerzas serbias fueron con mucho las más criminales. Además de los muertos (cuya cifra se calcula en torno a los trescientos mil al final de la guerra de Bosnia), millones de personas fueron obligadas a exiliarse. Entre 1988 y 1992, las solicitudes de asilo recibidas por la Comunidad Europea fueron más de tres veces superiores a las de años anteriores: en 1991, solo Alemania tuvo solicitudes de asilo de doscientos cincuenta y seis mil refugiados. Durante el primer año de las guerras entre Croacia y Bosnia, tres millones de personas buscaron refugio en el exterior (uno de cada ocho habitantes, según la población de preguerra).

Por lo tanto, la comunidad internacional fue bastante consciente, en líneas generales, de la tragedia yugoslava, que, en cualquier caso, se desarrollaba en tiempo real en las pantallas de televisión del mundo, con desgarradoras imágenes de musulmanes muertos de hambre en campos de prisioneros serbios, y otras aún peores. Los europeos fueron los primeros que intentaron intervenir, enviando a un equipo de ministros a Yugoslavia en junio de 1991: fue en esta ocasión en la que el inoportuno Jacques Poos, ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, se desahogó haciendo la imperecedera afirmación de que estábamos en los albores de «la hora de Europa». Pero pese a establecer comisiones de alto nivel para investigar, mediar y proponer, la entonces Comunidad Europea y sus diversos organismos resultaron bastante inoperantes, en gran medida porque sus miembros se dividían entre los que, como Alemania y Austria, eran partidarios de las repúblicas secesionistas y los que, dirigidos por Francia, preferían mantener las fronteras y Estados existentes, razón esta, entre otras razones, por la que no eran del todo hostiles a Serbia.

Como Estados Unidos, y por tanto la OTAN, se mantuvo decididamente al margen de la contienda, solo quedaban las Naciones Unidas. Sin embargo, no parecía que pudiera hacer mucho más que imponer sanciones a Belgrado. Históricamente, se había autorizado la presencia de soldados bajo mando de las Naciones Unidas en regiones y países asolados por la guerra para garantizar el mantenimiento de la paz, pero en Yugoslavia no había por el momento ninguna paz que mantener y tampoco había ni voluntad ni medios para buscarla sobre el terreno. Al igual que en el caso comparable de la Guerra Civil española, una postura internacional supuestamente neutral en la práctica favoreció al agresor en un conflicto civil: el embargo internacional de armas impuesto a la antigua Yugoslavia no sirvió para contener a los serbios, que podían recurrir a la considerable industria armamentística de la antigua Federación yugoslava, y más bien dificultó gravemente la capacidad de combate de los musulmanes bosnios, lo cual explica en gran medida sus considerables pérdidas militares entre 1992 y 1995.

Después de 1995, el único éxito práctico de la comunidad internacional fue el despliegue de catorce mil hombres de la Fuerza de Protección de la ONU para separar a croatas y serbios, después de que los combates hubieran remitido en la zona, seguido de la inserción de unos pocos cientos de soldados de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en determinadas ciudades de Bosnia —las llamadas «zonas seguras»—, con el fin de proteger al creciente número de refugiados (sobre todo musulmanes) que se hacinaban en ellas. Después llegó el establecimiento en ciertos lugares de Bosnia de «zonas de exclusión aérea» autorizadas por la ONU, que pretendían reducir la libertad con la que se amenazaba a los civiles (o se vulneraban las sanciones de las propias Naciones Unidas).

A largo plazo, quizá fuera de mayor relevancia el establecimiento en La Haya, en mayo de 1993, del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que entendía sobre crímenes de guerra. La propia existencia de una instancia de esas características confirmaba lo que para entonces ya era evidente: que se estaban perpetrando crímenes de guerra, y otros aún peores, solo a unos cuantos kilómetros al sur de Viena. Pero como gran parte de los presuntos criminales, entre ellos Mladić y el también serbobosnio Radovan Karadžić (presidente de la República Srpska), estaban ocupados cometiendo impunemente sus crímenes, por el momento el tribunal fue una fantasmal e irrelevante comparsa.

La situación no empezó a cambiar hasta 1995. Hasta entonces, todas las propuestas de intervención extranjera se habían visto obstaculizadas por la afirmación —enérgicamente postulada por altos cargos franceses y británicos, de dentro y de fuera de las fuerzas de la ONU— de que los serbios de Bosnia eran fuertes, decididos y estaban bien armados. No había que provocarlos: lo que se apuntaba era que cualquier intento serio que se hiciera en Bosnia para imponer un acuerdo de paz en contra de su voluntad o sus intereses no solo sería injusto, sino que podría empeorar aún más la situación; una forma de razonar astutamente fomentada desde Belgrado por Milošević, que sin embargo afirmaba algo un tanto inverosímil, que apenas tenía que ver con las decisiones de sus compañeros los serbios de Bosnia.

No obstante, como de esta forma se les concedía prácticamente manga ancha[6], los serbobosnios no dudaron en pasarse de la raya. Aunque en general la comunidad internacional (incluido el Grupo de Contacto compuesto por diplomáticos extranjeros que buscaban incansablemente un acuerdo) coincidía en que una federación croato-musulmana debería recibir el 51 por ciento de una nueva Bosnia federal, mientras que los serbios recibirían el 49 restante, los líderes serbios instalados en la ciudad de Pale no se dieron por enterados y continuaron sus ataques. En febrero de 1994 sus fuerzas habían disparado cargas de mortero desde las montañas que rodean Sarajevo contra el mercado de la ciudad, matando a setenta y ocho personas e hiriendo a cientos de ellas. Después de esto, la OTAN, con cobertura de la ONU, amenazó con lanzar ataques aéreos si había más bombardeos y se produjo un periodo de calma.

Pero en mayo de 1995, en represalia por los avances militares bosnios y por la reconquista de la Krajina por parte de los croatas (que desmentía el mito de la destreza militar serbia), se reanudó el bombardeo de Sarajevo. Cuando los aviones de la OTAN respondieron lanzando bombas contra instalaciones de los serbios de Bosnia, estos tomaron como rehenes a trescientos cincuenta integrantes de las fuerzas de paz de la ONU. Aterrorizados por la suerte de sus soldados, los gobiernos occidentales hostigaron a la ONU y a la OTAN para que abandonaran esas medidas. Ahora, la presencia internacional, lejos de contener a los serbios, les daba todavía más cobertura.

Envalentonados por esta demostración de pusilanimidad occidental, el 11 de julio las fuerzas serbobosnias dirigidas por Mladić avanzaron descaradamente hacia una de las denominadas «zonas seguras» de la ONU, Srebrenica, una ciudad del este de Bosnia, entonces atestada de aterrorizados refugiados musulmanes. El enclave estaba oficialmente protegido no solo por el mandato de la ONU, sino por cuatrocientos soldados holandeses que formaban el contingente de paz. Pero al llegar los hombres de Mladić, el batallón holandés abandonó las armas y no ofreció resistencia alguna cuando las tropas serbias expurgaron a la comunidad musulmana, separando sistemáticamente a hombres y muchachos del resto. Al día siguiente, después de que Mladić hubiera dado su «palabra de honor de oficial» para garantizar que esos hombres no sufrirían ningún daño, sus soldados condujeron a los varones musulmanes, entre ellos a chicos de hasta trece años, a los campos que rodean Srebrenica. Durante los cuatro días siguientes casi todos ellos —siete mil cuatrocientos— fueron asesinados. Los soldados holandeses volvieron sanos y salvos a su patria.

La matanza de Srebrenica fue la peor de las registradas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial: un crimen de guerra equiparable a los de Oradour, Lidice o Katyn, perpetrado ante los propios ojos de los observadores internacionales. A los pocos días, noticias de los sucesos que parecían haber tenido lugar en Srebrenica se retransmitían a todo el mundo. Sin embargo, la única respuesta inmediata fue la advertencia oficial que hizo la OTAN a los serbios en el sentido de que, si eran atacadas otras zonas seguras, se reanudarían los ataques aéreos. La comunidad internacional no reaccionó hasta el 28 de agosto, pasadas siete semanas, y solo porque los serbobosnios, al presuponer con bastante razón que tenían carta blanca para realizar masacres a su antojo, cometieron el error de bombardear el mercado de Sarajevo por segunda vez, matando a otras treinta y ocho personas, muchas de ellas niños.

Esta vez, la OTAN actuó por fin. Superando la constante resistencia de la cúpula de la ONU, de ciertos mandatarios europeos e incluso de algunos de sus propios oficiales, el presidente estadounidense Clinton autorizó el inicio de una importante y persistente campaña de bombardeos, destinada a reducir y finalmente eliminar la capacidad serbia para causar más daños. La decisión había tardado mucho en llegar, pero funcionó. La tan cacareada maquinaria bélica serbia se evaporó. Los serbios de Bosnia, ante la perspectiva de un ataque prolongado y abierto a sus posiciones, y sin el respaldo de Milošević (ahora totalmente dedicado a recalcar las distancias que le separaban de los hombres de Pale), se plegaron.

Con los serbios fuera de escena y Estados Unidos implicado por completo en el asunto, resultó sorprendentemente fácil imponer la paz —o al menos la ausencia de guerra— en los Balcanes. El 5 de octubre, el presidente Clinton anunció un alto el fuego, y declaró que las partes habían acordado asistir en Estados Unidos a unas conversaciones de paz, que se iniciaron el 1 de noviembre en la base aérea de Dayton, en Ohio. Tres semanas después, el 14 de diciembre de 1995, concluían con un acuerdo firmado en París[7]. Tudjman representó a Croacia, Alija Izetbegović habló en nombre de los musulmanes de Bosnia y Slobodan Milošević firmó en nombre tanto de Yugoslavia como de los serbobosnios.

Desde la perspectiva estadounidense, el objetivo de Dayton era encontrar una solución para las guerras yugoslavas que no conllevara la partición de Bosnia. Esta habría supuesto la victoria de los serbios (que entonces habrían tratado de unir su parte del país al territorio serbio propiamente dicho y forjar así la Gran Serbia soñada por los nacionalistas), y habría avalado la utilidad de la limpieza étnica como vía para constituir un Estado. Para evitarla, se implantó un complicado sistema de Gobierno tripartito, en el que los serbios, los musulmanes y los croatas de Bosnia disfrutaban, cada uno de ellos, de cierto grado de autonomía administrativa y territorial, pero dentro de un mismo Estado bosnio cuyas fronteras exteriores no se alteraban.

De este modo, formalmente, Bosnia sobrevivió a su guerra civil. Pero las consecuencias del terror y de la expulsión no podían deshacerse. Gran parte de los expulsados de sus casas (musulmanes, sobre todo) nunca regresaron, pese a las garantías y el aliento de las autoridades locales e internacionales. De hecho, todavía habría más «limpiezas», esta vez de serbios, que o bien fueron sistemáticamente expulsados por Zagreb de la Krajina, nuevamente reconquistada, o presionados por sus propias milicias para abandonar sus hogares en Sarajevo y en otros lugares, y «reasentarse» en zonas predominantemente serbias. Sin embargo, en conjunto, la paz se respetó y Bosnia no se desmembró, gracias a un contingente de sesenta mil hombres de las Naciones Unidas que actuó como fuerza de implementación (más tarde fuerza de estabilización) y a un alto representante civil con capacidad para administrar el país hasta que este pudiera asumir la responsabilidad de gestionar sus propios asuntos.

En el momento de escribirse estas páginas (diez años después de Dayton), tanto el alto representante como las tropas internacionales siguen en Bosnia y continúan supervisando sus asuntos, lo cual indica la calamitosa situación del país después de la guerra y la pervivencia del rencor y de la falta de cooperación entre las tres comunidades[8]. Bosnia se convirtió en anfitriona de una plétora de organizaciones internacionales: gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. De hecho, después de 1995 la economía bosnia ha dependido por completo de la presencia y los fondos de esas instituciones. En enero de 1996, el Banco Mundial calculaba que, para recuperarse, Bosnia necesitaría cinco mil cien millones de dólares a lo largo de los tres años siguientes. Se ha demostrado que esa cifra era tremendamente optimista.

Una vez finalizada la guerra de Bosnia y con las diversas organizaciones internacionales sobre el terreno para garantizar la paz, el interés exterior fue decayendo. La Unión Europea, como de costumbre, estaba paralizada por sus propias preocupaciones institucionales, mientras que Clinton, ocupado primero con asuntos relativos a las elecciones estadounidenses y después con la expansión de la OTAN y la inestabilidad de la Rusia de Yeltsin, dejó de centrarse en la crisis balcánica. Pero aunque Eslovenia, Croacia y Bosnia eran ahora Estados supuestamente independientes, el problema de Yugoslavia no se había resuelto. Slobodan Milošević seguía controlando lo que quedaba del país y la cuestión que inicialmente le había servido para auparse al poder estaba a punto de estallar.

Los albaneses de Serbia habían seguido siendo discriminados y reprimidos: de hecho, como la atención internacional se había desviado hacia la crisis que tenía lugar más al norte, ahora eran más vulnerables que nunca. Después de Dayton, la posición internacional de Milošević había mejorado considerablemente; aunque no había logrado librarse de todas las sanciones (su principal propósito al cooperar de buen grado con la iniciativa de paz estadounidense en Bosnia), hasta cierto punto Yugoslavia había dejado de ser un paria. Y así, como responsable de una serie de derrotas y con los nacionalistas de Belgrado criticándole por ceder ante los «enemigos» de Serbia, Milošević volvió a Kosovo.

En la primavera de 1997 Elisabeth Rehn, representante especial de la ONU para Asuntos de Derechos Humanos, avisó ya del desastre inminente que podía producirse en la provincia de Kosovo, puesto que Belgrado estaba apretando las tuercas a su mayoría albanesa, rechazando todas las reivindicaciones de autonomía local y privando a la población hasta de la más mínima representación institucional. Pasando por encima de la impotente y humillada moderación del líder Ibrahim Rugova, una nueva generación de albaneses —armada y alentada por la propia Albania— estaba abandonando la resistencia no violenta y engrosando las filas del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK).

El ELK formado en Macedonia en 1992, era partidario de la lucha armada para alcanzar la independencia de Kosovo (y quizá la unión con Albania). Sus tácticas —que consistían sobre todo en ataques guerrilleros contra comisarias aisladas— dieron a Milošević la oportunidad de condenar como terrorista cualquier resistencia albanesa y de autorizar una política cada vez más violenta. En marzo de 1998, después de que fuerzas serbias armadas con morteros y respaldadas por helicópteros de combate mataran e hirieran a decenas de personas en masacres registradas en Drenica y otros pueblos albaneses, la comunidad internacional reaccionó por fin a las peticiones de Rugova y comenzó a prestar más atención a la provincia. Pero cuando Estados Unidos y la Unión Europea se mostraron «horrorizados ante la violencia policial en Kosovo», la beligerante respuesta de Milošević fue advertir que el «terrorismo que pretende la internacionalización del problema, a quien más daños causará será a quienes recurran a tal método».

Para entonces todos los dirigentes albanokosovares (la mayoría en el exilio u ocultos) habían decidido que solo una separación total de Serbia podría salvar a su comunidad. Entre tanto, Estados Unidos y los países del Grupo de Contacto, aún en funcionamiento, seguían tratando de mediar entre Milošević y los albaneses: en parte para negociar una solución «justa», en parte para atajar un conflicto generalizado en el sur de los Balcanes. Y este temor no carecía de fundamentos: si no se lograba que Yugoslavia tratara dignamente a sus ciudadanos albaneses —y estos optaban por la secesión—, las consecuencias podrían ser tremendas para la vecina Macedonia, que tenía su propia minoría albanesa, numerosa y descontenta.

Históricamente, Macedonia, que acababa de acceder a la independencia y que, por insistencia griega, se conocía con el nombre de Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM)[9], era una zona delicada. Sus fronteras con Bulgaria, Grecia y Albania habían sido objeto de litigio antes y después de las dos guerras mundiales. Sus vecinos —de los que este pequeño Estado sin salida al mar depende completamente para comerciar y acceder al mundo exterior— la miraban con recelo. Y su pervivencia después de la desintegración de Yugoslavia no se daba en absoluto por segura. Sin embargo, si Macedonia se venía abajo, Albania, Bulgaria, Grecia e incluso Turquía podrían verse arrastradas al conflicto.

De manera que el continuo maltrato —en forma de masacres— al que Milošević sometía a los albaneses de Kosovo no podía sino reportarle la condena, y finalmente la intervención, de las potencias occidentales. Curiosamente, no parece que llegara nunca a comprender por completo la situación, pese a la serie de advertencias lanzadas a lo largo del verano de 1988 por la secretaria de Estado de Estados Unidos Madeleine Albright (quien dijo que consideraría a Milošević «personalmente responsable»), el presidente francés Jacques Chirac y el secretario general de la OTAN Javier Solana. Al igual que Sadam Husein algunos años después, Milošević estaba aislado y protegido de la opinión occidental y confiaba excesivamente en su propia capacidad para manipular y sortear a los gobernantes extranjeros.

Esta sensación no solo era culpa de Milošević. Halagado por las frecuentes visitas de ciertos diplomáticos estadounidenses —que se vanagloriaban, con exceso de confianza, de su habilidad para negociar—, Milošević tenía buenas razones para pensar que en Occidente no se le consideraba un enemigo intransigente, sino un interlocutor privilegiado[10]. Además, el dictador yugoslavo era muy consciente de que la preocupación fundamental de la comunidad internacional era evitar cualquier modificación de las fronteras. Todavía en julio de 1998, pese a las pruebas fehacientes de que la situación en Kosovo era ya desesperada, el Grupo de Contacto descartó públicamente que la independencia pudiera ser una solución.

Lo que Milošević no alcanzaba a concebir era el impacto transformador que había tenido la catástrofe bosnia sobre la opinión pública internacional. Los derechos humanos —en concreto, la limpieza étnica— ahora eran objeto de preocupación general, aunque solo fuera por el lacerante sentimiento de culpa que sentía el mundo por no haber actuado a tiempo anteriormente. En junio de 1998 el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se proclamó competente para juzgar los crímenes cometidos en Kosovo —Louise Arbor, fiscal general, declaró que la magnitud y la naturaleza de los combates que se libraban en la provincia hacían que estos pudieran considerarse un conflicto armado según el derecho internacional— y el 19 de julio el Senado estadounidense instó a los jueces de La Haya a acusar a Milošević de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.

La verosimilitud de esas acusaciones aumentaba rápidamente. No solo cientos de «terroristas» albaneses estaban siendo asesinados por unidades especiales de policía reclutadas en Serbia, sino que cada vez había más pruebas de que, amparándose en este conflicto, Belgrado planificaba «alentar» la salida de la población albanesa, forzándola a abandonar sus tierras y su fuente de sustento para salvar la vida. Durante el invierno de 1998-1999 se conocieron informes sobre acciones policiales serbias —que en ocasiones respondían a ataques del ELK y que en general conllevaban la ejecución de una o más familias extensas— destinadas a aterrorizar a comunidades enteras para que abandonaran sus pueblos y escaparan cruzando las fronteras de Albania o Macedonia.

La comunidad internacional estaba cada vez más dividida. Ya desde octubre de 1988 Estados Unidos y gran parte de sus aliados de la OTAN eran claramente partidarios de algún tipo de intervención militar destinada a defender a los asediados albaneses. Pero en la ONU (que habría tenido que autorizar esa intervención en los supuestos asuntos «internos» de un Estado soberano) se planteaba la enérgica oposición tanto de China como de Rusia (cuyo Parlamento había aprobado una resolución calificando cualquier futura acción de la OTAN de «agresión ilegal»). Dentro de la Unión Europea y de la OTAN, la propia Grecia, por sus propias razones, se oponía a cualquier tipo de intervención en los asuntos yugoslavos. Entre tanto, Ucrania y Bielorrusia ofrecían «solidaridad incondicional» y «apoyo moral» a sus hermanos eslavos de Serbia.

El aparente punto muerto podría haberse mantenido indefinidamente si Belgrado no hubiera redoblado su apuesta con una serie de brutales asesinatos masivos a comienzos de 1999, primero el 15 de enero en el pueblo de Račak, en el sur de Kosovo, y después en marzo en toda la provincia. El ataque en Račak, en el que fallecieron cuarenta y cinco albaneses (parece que veintitrés ejecutados) sirvió finalmente —al igual que la matanza del mercado de Sarajevo— para incitar a la comunidad internacional a actuar[11]. Después de las infructuosas negociaciones de Rambouillet entre Madeleine Albright y una delegación yugoslava, que terminaron en la predecible negativa de Belgrado a retirar sus fuerzas de Kosovo y a aceptar la presencia de un contingente militar extranjero en ella, la intervención se hizo inevitable. El 24 de marzo, y a pesar de la ausencia de un aval formal de la ONU, barcos, aviones y misiles de la OTAN entraron en acción sobre Yugoslavia, declarando la guerra efectiva al régimen de Belgrado.

La última guerra yugoslava duró algo menos de tres meses y durante esta las fuerzas de la OTAN ocasionaron graves daños a Serbia, pero apenas lograron impedir la expulsión de Kosovo de la población albanesa: durante el conflicto, ochocientos sesenta y cinco mil refugiados (la mitad de la población albanesa de la provincia) huyeron a campos improvisados situados al otro lado de las fronteras de Montenegro, Bosnia, Albania y las regiones de etnia albanesa de Macedonia occidental. Sin embargo, a pesar de que el presidente norteamericano Clinton insistió imprudentemente en que no debía haber tropas de la OTAN sobre el terreno —lo cual obligó a la Alianza a llevar a cabo una guerra aérea con inevitables contratiempos que hicieron el juego a la propaganda yugoslava y al victimismo serbio—, el resultado fue una conclusión anunciada. El 9 de junio Belgrado aceptó retirar todas sus tropas y fuerzas policiales de Kosovo, los ataques de la OTAN se suspendieron y, como cabía esperar, la ONU dispuso que una fuerza dirigida por la OTAN (la KFOR) ocupara «temporalmente» la provincia.

La ocupación de Kosovo supuso el final de un ciclo bélico que se había prolongado durante una década en Yugoslavia, y también marcó el principio del fin del propio Milošević. Con su credibilidad minada por el último revés, y el peor, sufrido por el proyecto nacionalista serbio, Milošević sufrió una arrolladora derrota en las elecciones a la presidencia de Yugoslavia celebradas en septiembre de 2000, ante un candidato de la oposición, Vojislav Koštunica. Cuando Milošević aceptó cínicamente que el aspirante tenía más votos, a la vez que declaraba que el margen era tan estrecho que se necesitaba una segunda vuelta, provocó por fin una explosión de protestas populares entre los sufridos serbios. Decenas de miles de manifestantes se lanzaron a las calles de Belgrado y el 5 de octubre Milošević aceptó finalmente la derrota y se retiró. Seis meses después, el Gobierno de Serbia, cada vez más necesitado de asistencia económica occidental, acordó detener a Milošević y lo entregó al Tribunal de La Haya, donde fue acusado de genocidio y crímenes de guerra.

¿Quién tuvo la culpa de la tragedia de Yugoslavia? No hay duda de que la responsabilidad está bastante repartida. Al principio, las Naciones Unidas apenas se preocuparon —su incompetente e indiferente secretario general, Boutros Boutros-Ghali, calificó el conflicto de Bosnia de «guerra de ricos»— y cuando sus representantes llegaron por fin a los Balcanes pasaron gran parte de su tiempo tratando de impedir cualquier acción militar decisiva contra los peores criminales. El comportamiento europeo tampoco fue mejor. En concreto, Francia desplegó una singular renuencia a atribuir culpas de lo ocurrido a Serbia, y una clara falta de voluntad a la hora de implicarse en el asunto.

De manera que en septiembre de 1990, cuando Washington trató de introducir a Yugoslavia en el orden del día de la siguiente reunión de la OSCE, que se celebraría en París, Francois Mitterrand acusó a los estadounidenses de «exceso de dramatismo» y se negó a hacerlo. Cuatro meses después, cuando el problema se planteó de nuevo, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés afirmó que era «demasiado tarde» para una intervención extranjera… París ni siquiera se mostró más dispuesto a cooperar después de que las fuerzas internacionales se vieran obligadas a intervenir en la región: el general francés Bernard Janvier, comandante de la fuerza de protección de la ONU en Bosnia, prohibió personalmente los ataques aéreos contra las contingentes serbobosnios en Srebrenica[12]. En cuanto al Gobierno holandés, llegó a vetar cualquier ataque de la OTAN contra baluartes serbobosnios hasta que todos los soldados holandeses hubieran salido sanos y salvos del país.

Otros países se comportaron algo mejor, pero no mucho más. Aunque Londres acabó respaldando las presiones estadounidenses a favor de la intervención, las autoridades británicas se pasaron los primeros años cruciales del conflicto yugoslavo obstaculizando calladamente cualquier implicación directa de la Comunidad Europea o de la OTAN. Además, el trato que dio el Reino Unido a los refugiados yugoslavos fue vergonzoso: en noviembre de 1992, cuando el flujo de bosnios desesperados y sin hogar llegaba a su punto culminante, Londres anunció que ningún bosnio podría viajar al país sin visado. La Pérfida Albión mostraba su rostro más cínico. Como en Sarajevo ya no había embajada británica para expedir visados, la única manera de que una familia bosnia pudiera lograrlo era abriéndose camino hasta un tercer país… momento en el que el Gobierno británico aduciría, como no dejó de hacer, que como ya había logrado asilo en otro Estado, el Reino Unido ya no tenía que admitirle. Así, mientras Alemania, Austria y los países escandinavos acogieron generosamente a cientos de miles de refugiados yugoslavos entre 1992 y 1995, en el Reino Unido se registró realmente un descenso del número de solicitantes de asilo durante esos mismos años.

Aunque a Washington le costó muchísimo tiempo centrarse en los acontecimientos de los Balcanes, una vez que Estados Unidos se implicó en la zona su historial fue sustancialmente más positivo. En realidad, el hecho de que fuera la iniciativa norteamericana la que propiciara cada uno de los pasos de la intervención internacional fue una humillación constante para los aliados de Europa occidental. Sin embargo, Estados Unidos también dio largas al problema, en gran medida porque su aparato militar era reacio a correr riesgos y porque muchos políticos del país seguían creyendo que Estados Unidos no tenía «nada que ver» con esta guerra; la idea de desplegar fuerzas de la OTAN en estas novedosas circunstancias o la de que Estados Unidos interviniera unilateralmente en los asuntos internos de un Estado soberano con el que no tenían disputas no era fácil de vender. Como apuntó el secretario de Estado Warren Christopher en el momento culminante de la guerra de Bosnia, era «un problema del demonio».

En cuanto a los propios yugoslavos, nadie sale bien parado. El hundimiento del sistema federal yugoslavo se propició desde Belgrado, pero Liubliana y Zagreb no lamentaron la pérdida. Es cierto que los bosnios musulmanes tuvieron escasas oportunidades de cometer sus propios crímenes de guerra: en líneas generales fueron los que se llevaron la peor parte de las agresiones ajenas. Su pérdida es la más triste de todas, y la destrucción de Sarajevo un dolor especialmente punzante. A su reducida escala, la capital bosnia era una ciudad auténticamente cosmopolita, quizá el último de los centros urbanos multiétnicos, multilingües y multiconfesionales que en su día fueron el orgullo de Europa central y del Mediterráneo oriental. Se reconstruirá, pero nunca podrá recuperarse.

Por otra parte, croatas armados fueron responsables de innumerables actos de violencia contra civiles, bajo la dirección de Zagreb y por propia iniciativa. En Mostar, ciudad al oeste de Bosnia con un porcentaje inusualmente elevado de matrimonios mixtos, los extremistas croatas se empeñaron en expulsar a los musulmanes y a las familias mixtas de la mitad occidental. Después los sustituyeron por campesinos croatas, empujados a la ciudad y radicalizados por su propia experiencia con la limpieza étnica en sus pueblos; además, asediaron los distritos musulmanes del este de la localidad. Entre tanto, en noviembre de 1993, procedieron a la destrucción sistemática del puente otomano del siglo XVI que cruzaba el río Neretva, un símbolo del pasado de integración y multiconfesionalidad de la ciudad.

En consecuencia, los croatas no tenían mucho de qué presumir; además, de todos los líderes poscomunistas surgidos de los escombros, Franjo Tudjman era uno de los más clamorosamente desagradables. Convirtió, más que ningún otro, el deseo de borrar el pasado yugoslavo de la memoria de sus conciudadanos en un proyecto personal: en marzo de 1993 la propia palabra Yugoslavia había sido borrada de los libros de texto, manuales, enciclopedias, títulos de libros y mapas publicados en la nueva Croacia. Solo después de la muerte de Tudjman pudo el Estado croata que él había fundado comenzar a postularse, con credibilidad, como miembro de la comunidad internacional.

Sin embargo, al final, la responsabilidad principal de la catástrofe yugoslava debe recaer en los serbios y en Slobodan Milošević, el presidente por ellos elegido. Fue Milošević el que, en su lucha por el poder, empujó a las demás repúblicas a abandonar la Federación. Fue él quien después alentó a los serbios de Croacia y de Bosnia a desgajar territorios y el que los respaldó con su ejército. Y fue también él quien autorizó y dirigió el persistente ataque contra la población albanesa de Yugoslavia que condujo a la guerra de Kosovo.

Las acciones de Belgrado fueron un desastre para los serbios en todas partes. Perdieron sus tierras en la región croata de la Krajina; se vieron obligados a aceptar una Bosnia independiente y a abandonar los planes de desgajarle un Estado serbio soberano; fueron derrotados en Kosovo, de donde gran parte de la población serbia ha huido desde entonces por el justificado miedo a las represalias albanesas, y en los restos del Estado yugoslavo (del que hasta Montenegro ha tratado de separarse[a]) el nivel de vida ha caído hasta índices históricos. El curso de los acontecimientos ha agravado aún más la antigua propensión de los serbios a la victimización colectiva ante las injusticias de la historia y es cierto que, a la larga, puede que sean ellos los grandes perdedores de las guerras yugoslavas. Algo dice sobre la situación actual del país el hecho de que hoy en día hasta los niveles de vida y perspectivas de futuro de Bulgaria y Rumanía estén por encima de los de Serbia.

Pero esta ironía no debería impedirnos apreciar la responsabilidad serbia. La brutalidad atroz y el sadismo de las guerras de Croacia y de Bosnia —los múltiples abusos, humillaciones, torturas, violaciones y asesinatos de cientos de miles de sus conciudadanos— fueron obra de hombres serbios, sobre todo jóvenes que, arrastrados por la propaganda y el liderazgo de caudillos locales cuya dirección y poder procedían en última instancia de Belgrado, llevaron hasta el paroxismo el odio despreocupado y la indiferencia hacia el sufrimiento. La consecuencia no fue tan inusitada: había ocurrido en Europa unas pocas décadas antes, cuando —por todo el continente y amparándose en la guerra— gente normal cometió crímenes extraordinarios.

No hay duda de que en Bosnia, en concreto, había una historia a la que la propaganda serbia podía remitirse, hecha de sufrimientos pasados que yacían enterrados justo debajo de la superficie engañosamente apacible de la vida yugoslava de postguerra. Pero la decisión de despertar esa memoria, de manipularla y explotarla para fines políticos, la tomaron hombres: uno en particular. Como Slobodan Milošević reconoció de forma falaz a un periodista durante las conversaciones de Dayton, él nunca había pensado que las guerras de su país pudieran durar tanto. Sin duda, es cierto. Pero esas guerras no surgieron espontáneamente de la combustión étnica. Yugoslavia no se derrumbó: la empujaron. No murió: fue asesinada.

Yugoslavia fue el peor caso, pero el poscomunismo fue difícil en todas partes. En Portugal o España, el abandono del autoritarismo y el acceso a la democracia fue de la mano de la acelerada modernización de una economía agraria retrasada: una combinación que el resto de Europa occidental conocía bien por la experiencia de su propio pasado. Pero la salida del comunismo carecía de precedentes. El tantas veces previsto tránsito del capitalismo al socialismo había sido teorizado hasta la saciedad en academias, universidades y cafés, desde Belgrado a Berkeley; pero a nadie se le había ocurrido dar orientaciones para la transición desde el socialismo al capitalismo.

El más tangible de los muchos y gravosos legados del comunismo fue su herencia económica. En las obsoletas fábricas de Eslovaquia, Transilvania o Silesia se conjugaba la disfunción económica con la irresponsabilidad medioambiental. Ambas estaban estrechamente ligadas: el envenenamiento del lago Baikal, la muerte del mar de Aral o la lluvia ácida que caía en los bosques del norte de Bohemia no solo representaban una catástrofe ecológica sino una enorme hipoteca para el futuro. Antes de que pudiera invertirse en nuevas industrias, habría que desmantelar las antiguas y alguien tendría que enmendar los errores cometidos.

En los Länder orientales de Alemania la reparación de los daños causados por el comunismo corrió a cargo del Gobierno federal. Durante los cuatro años siguientes la Treuhandgesellschaft (véase el capítulo XVII) gastó miles de millones de marcos comprando y saldando todo tipo de instalaciones industriales obsoletas, dando el finiquito a los trabajadores excedentes y corrigiendo, en la medida de lo posible, las consecuencias de sus actividades. Pero aunque los resultados fueran desiguales y la empresa estuviera a punto de ocasionar la bancarrota de la hacienda federal, los antiguos alemanes orientales no dejaban de ser afortunados: la economía más sólida de Europa occidental sufragó su transición desde el comunismo. En otros países, el coste de reinventar la vida económica recaería sobre los hombros de las propias víctimas.

Fundamentalmente, la alternativa a la que se enfrentaban los gobiernos poscomunistas era, o bien tratar de convertir de un plumazo, de la noche a la mañana, una economía subvencionada en un capitalismo de mercado —el enfoque big bang— o bien proceder con cautela para desmantelar o liquidar los sectores más clamorosamente ineficientes de la economía planificada, preservando durante el mayor tiempo posible las medidas que más importaban a la población local, es decir, los alquileres bajos, el trabajo garantizado y los servicios sociales gratuitos. La primera estrategia se ajustaba mejor a los teoremas del libre mercado tan queridos por una generación de economistas y empresarios poscomunistas en ascenso; la segunda era más prudente desde un punto de vista político. El problema era que, a corto plazo (y quizá no tan a corto plazo), los dos enfoques causarían sufrimiento y pérdidas considerables: en la Rusia de Borís Yeltsin, donde se aplicaron ambos enfoques, el tamaño de la economía se redujo drásticamente durante ocho años, y constituyó así el más grande revés sufrido en tiempo de paz por una economía importante durante la historia contemporánea.

En Polonia fue donde primero se aplicó, y con mayor coherencia, el enfoque big bang, bajo la decidida supervisión de Leszek Balcerowicz (primero como ministro de Hacienda, después como jefe del Banco Central). Evidentemente, según Balcerowicz, Polonia —insolvente en todos los sentidos, aunque no se dijera así— no podía recuperarse sin ayuda internacional. Pero la ayuda no llegaría a menos que el país impusiera estructuras creíbles que dieran garantías a los bancos y organismos financieros occidentales. No era el FMI el que estaba obligando a Polonia a tomar medidas drásticas, sino que sería el propio país el que, anticipándose a las restricciones del FMI, haría méritos y recibiría la ayuda que necesitaba. Y esto solo se podía hacer rápidamente, durante la luna de miel poscomunista y antes de que la gente se diera cuenta de lo penoso que sería el proceso.

En consecuencia, el 1 de enero de 1990 el primer Gobierno poscomunista de Polonia se embarcó en un ambicioso programa de reformas: acumuló reservas en moneda extranjera, eliminó los controles sobre los precios, restringió los créditos y redujo las subvenciones (es decir, permitió que las empresas se vinieran abajo), todo ello sacrificando los salarios reales internos, que inmediatamente se redujeron en torno a un 40 por ciento. Salvo por el reconocimiento expreso de que el desempleo sería inevitable (atemperado por la instauración de un fondo que ayudaría a los que perdieran su trabajo y subvencionaría cursos de capacitación profesional), las medidas no eran muy diferentes de las aplicadas sin éxito en dos ocasiones durante los años setenta. Lo que había cambiado era el clima político.

En la vecina Checoslovaquia, bajo la dirección de su ministro de Hacienda (más tarde primer ministro) Václav Klaus, se puso en marcha un programa igualmente ambicioso, que incidía además en la convertibilidad de las divisas, la liberalización del comercio exterior y la privatización; todo ello en consonancia con el declarado thatcherismo de Klaus. Al igual que Balcerowicz y que algunos de los jóvenes economistas del Kremlin, Klaus era partidario de una «terapia de choque»: puesto que le parecía que no había nada en la economía socialista que mereciera conservarse, no veía ninguna ventaja en posponer el paso al capitalismo.

En el otro extremo se encontraban hombres como el eslovaco Mečiar, el rumano Iliescu o el primer ministro ucraniano (y posteriormente presidente) Leonid Kuchma. Temiendo desilusionar a su electorado, pospusieron la introducción de cambios lo más posible —Ucrania anunció su primer programa de reforma económica en octubre de 1994—, siendo especialmente remisos a la liberalización de los mercados internos o a la reducción de la participación estatal en la economía. En septiembre de 1995 Kuchma defendió su postura —en términos familiares para los historiadores de la región— previniendo contra «las copias ciegas de las experiencias extranjeras».

Después de cruzar un cenagal de abatimiento económico durante los primeros noventa, el primer escalón de los Estados excomunistas aparecía asentado en cimientos más firmes, capaces de atraer a los inversores occidentales y preparar el camino que finalmente conduciría hasta la Unión Europea. En comparación con la suerte de Rumanía o Ucrania, a cualquier visitante le parecerá obvio el relativo éxito de las estrategias económicas polaca o estonia: de hecho, desde el punto de vista de la actividad de las empresas pequeñas e incluso del optimismo de los ciudadanos, a los países más exitosos de Europa del Este les ha ido mejor que a la antigua Alemania Oriental, a pesar de las aparentes ventajas de esta.

Podríamos, por tanto, caer en la tentación de concluir que los Estados poscomunistas más «avanzados», como Polonia, la República Checa, Estonia, Eslovenia y quizá Hungría, lograron durante unos pocos e incómodos años salvar la brecha que separaba el socialismo de Estado del capitalismo de mercado, aunque sus ciudadanos más mayores y pobres tuvieran que pagar cierto precio por el salto; entre tanto, un segundo grupo de países balcánicos y de la antigua Unión Soviética les seguía los pasos entre penalidades, retrasado por una élite gobernante inepta y corrupta, sin capacidad o voluntad para plantearse los cambios necesarios.

En líneas generales fue así. Pero incluso sin Klaus, Balcerowicz o sus colegas húngaros y estonios, algunos Estados excomunistas siempre se las habrían arreglado mejor que otros en el tránsito a la economía de mercado: bien porque, como hemos visto, ya habían optado por ese camino antes de 1989, bien porque las distorsiones de la época soviética no eran en ellos tan patológicas como en los menos afortunados de sus vecinos (es reveladora, en este sentido, la comparación entre Hungría y Rumanía). Además, es evidente que los milagros de transformación económica palpables en las capitales de ciertos países —en Praga, Varsovia o Budapest, por ejemplo— no siempre se reprodujeron en las provincias más apartadas de cada uno de ellos. Al igual que en el pasado, las auténticas fronteras de Europa central y oriental no eran ahora las que separaban los países, sino las que había entre los prósperos centros urbanos y un interior rural abandonado y empobrecido.

En esas tierras, son bastante más reveladoras las similitudes entre las experiencias poscomunistas que sus diferencias. Después de todo, las nuevas élites gobernantes de cada país se enfrentaban a las mismas opciones estratégicas. El «romance con la economía de mercado», como lo denominó con desdén el primer ministro ruso Víktor Chernomirdin en enero de 1994, era tan universal como los objetivos económicos generales[13]: liberalización de la economía, transición a algún tipo de mercado libre y acceso a la Unión Europea, que seducía prometiendo consumidores, inversiones y fondos de ayuda regional extranjeros que aliviarían las penas inherentes al desmantelamiento de una economía centralizada. Estos eran los resultados que casi todo el mundo buscaba, y, en cualquier caso, según las opiniones más fundamentadas, no había otra alternativa.

En consecuencia, si había diferencias más profundas entre las políticas públicas de las sociedades poscomunistas ello no se debió a ninguna división de opiniones generalizada sobre adonde tenían que dirigirse esos países o cómo tenían que llegar allí. El problema principal era cómo enajenar sus recursos. Puede que las economías de los países comunistas padecieran distorsiones e ineficiencia, pero tenían activos enormes y potencialmente lucrativos: entre otras muchas cosas, energía, minerales, armas, bienes inmobiliarios, medios de comunicación y redes de transporte. Además, en las sociedades postsoviéticas los únicos que sabían cómo manejar un laboratorio, una granja o una fábrica —los que tenían experiencia con el comercio internacional o con la gestión de grandes instituciones— y los que sabían sacar adelante el trabajo eran los mismos que habían estado en el entorno del partido: los intelectuales, la burocracia y la nomenklatura.

Fueron ellos los que, después de 1989, se harían cargo de sus países, al igual que lo habían hecho anteriormente: al menos hasta que pudiera surgir una nueva generación ajena al comunismo. Pero ahora tendrían que llevar un hábito nuevo: en lugar de trabajar para el partido, se encuadrarían en diferentes agrupaciones políticas que competirían por alcanzar el poder, y en lugar de trabajar para el Estado, serían agentes independientes en un mercado competitivo de capacidades, bienes y capitales. Cuando el Estado se desprendió de todas sus posesiones, desde derechos de extracción a edificios de viviendas, estos fueron los hombres que las vendieron, y también los que las compraron (en general fueron varones, con la notable excepción de la futura primera ministra de Ucrania, Yulia Timoshenko).

El capitalismo, según el evangelio que se difundió por la Europa poscomunista, se basa en el mercado. Y este significa privatización. La liquidación total de los bienes de propiedad pública en la Europa oriental posterior a 1989 no tenía precedentes históricos. El culto a la privatización que se había afianzado en Europa occidental desde finales de los setenta (véase el capítulo XVI) fue el patrón para la atropellada retirada de la propiedad estatal en el Este; pero, aparte de eso, ambos procesos apenas tenían nada en común. El capitalismo, tal como había surgido en el mundo atlántico y se había desarrollado en Europa occidental durante cuatro siglos, fue acompañado de leyes, instituciones, reglamentos y prácticas de los que dependían enormemente su funcionamiento y su legitimidad. En muchos países poscomunistas esas leyes e instituciones eran bastante desconocidas, y fueron peligrosamente subestimadas por los neófitos partidarios del libre mercado.

El resultado fue una privatización en forma de cleptocracia. En su encarnación más desvergonzada, la de la Rusia gobernada por Borís Yeltsin y sus amigos. Después de la transición, la economía cayó en manos de un reducido número de hombres tremendamente ricos: en 2004, los treinta y seis multimillonarios rusos (sus oligarcas) habían acaparado una cifra que se cifraba en torno a los ciento diez mil millones de dólares, es decir, un cuarto del conjunto del PIB del país. La diferencia entre privatización, apropiación indebida y puro y simple robo desapareció por completo: había mucho que robar —petróleo, gas, minerales, metales preciosos, oleoductos— y nadie ni nada que impidiera el robo. Los bienes e instituciones públicos fueron desgajados y redistribuidos por funcionarios que, literalmente, sacaron y consiguieron cualquiera cosa que pudiera recolocarse legalmente en manos privadas.

Rusia fue el caso más obvio, pero Ucrania apenas le fue a la zaga. Kuchma y otros políticos fueron elegidos con el ingente apoyo financiero de unos «empresarios» que así daban la entrada a futuras adquisiciones: en la Ucrania postsoviética, como comprendían perfectamente todos esos individuos, el poder generaba dinero, no al revés. Los bienes públicos, créditos o subvenciones estatales pasaron directamente de las manos del Gobierno a los bolsillos de unos pocos clanes, en gran medida trasladándose después a cuentas privadas en el extranjero. En realidad, los nuevos «capitalistas» de estos países no hacían nada; se limitaban a blanquear bienes públicos para su propio beneficio.

El nepotismo proliferó, de forma muy similar a como lo había hecho durante el comunismo, pero con ganancias privadas mucho mayores: cuando la empresa ucraniana Krivorozhstal, una de las principales acerías del mundo —con cuarenta y dos mil empleados y un beneficio anual previo al pago de impuestos de trescientos millones de dólares (en un país cuya renta media era de 95 dólares mensuales)— se puso por fin a la venta en junio de 2004, en Kiev nadie se sorprendió al enterarse de que su «adjudicatario» fuera Víktor Pinchuk, uno de los empresarios más acaudalados del país y yerno del presidente ucraniano.

En Rumanía y Serbia, los bienes estatales corrieron una suerte parecida o no llegaron siquiera a venderse, porque los caciques políticos, una vez superadas las especulaciones sobre posibles privatizaciones, prefirieron mantener su poder e influencia a la vieja usanza. Al igual que a los albaneses (que más o menos en la misma época buscaban una gratificación mercantil instantánea), a los rumanos se les ofrecieron modelos financieros de corte piramidal que prometían enormes ganancias a corto plazo y exentas de riesgos. Es posible que uno de esos programas, el chanchullo de Caritas, que se prolongó desde abril de 1992 hasta agosto de 1994, tuviera en su momento cumbre cuatro millones de participantes, es decir, uno de cada cinco habitantes de Rumanía.

Al igual que la privatización «legítima», estas estructuras piramidales (también habituales en Rusia) servían mayormente para canalizar el dinero privado hacia mafias instaladas en las antiguas estructuras del partido y en sus servicios secretos. Entre tanto, catorce años después de la caída de Ceauşescu, el 66 por ciento de la industria rumana seguía estando en manos estatales, aunque algunas de las empresas más rentables y atractivas hubieran cambiado de manos. Es comprensible que durante muchos años los inversores extranjeros contemplaran con recelo la posibilidad de arriesgar su capital en esos países: la perspectiva de obtener ganancias considerables se veía ensombrecida por la crónica ausencia de salvaguardas jurídicas.

En otros países de Europa central la situación de la balanza de riesgos beneficiaba a los inversores extranjeros, aunque solo fuera porque la perspectiva de entrar en la Unión Europea estaba acelerando el necesario proceso de reforma institucional y legislativa. Aun así, en Hungría o Polonia gran parte de las privatizaciones iniciales o bien supusieron una transformación en negocios legítimos de actividades del mercado negro de la época comunista, o bien conllevaron una rápida venta de las partes más evidentemente viables de las compañías estatales a empresarios locales respaldados por capital extranjero. Tres años después de la revolución solo el 16 por ciento de las empresas estatales polacas se había vendido a entidades privadas. En la República Checa se suponía que un ingenioso plan de cupones, que ofrecía a la gente la posibilidad de comprar acciones de las empresas estatales, habría de convertir a la ciudadanía en una nación de capitalistas: pero, en los años siguientes, su principal consecuencia fue la de allanar el camino para futuros escándalos y para una violenta reacción política contra la especulación rampante.

Una de las razones que explican las distorsiones que conllevó el proceso de privatización en la Europa poscomunista fue la ausencia, prácticamente total, de participación occidental. No hay duda de que al principio Moscú o Varsovia estaban anegados de jóvenes economistas estadounidenses que se ofrecían a dar lecciones de construcción del capitalismo a sus anfitriones, y que, en concreto, hubo empresas alemanas que no tardaron en mostrar interés en compañías comunistas relativamente pudientes como Škoda, el fabricante de coches checo[14]. Pero prácticamente no hubo implicación de los gobiernos extranjeros, ningún Plan Marshall ni nada remotamente parecido: salvo en Rusia, que recibió sumas considerables de Washington en concepto de subvenciones y préstamos que, destinadas a reforzar el régimen de Yeltsin, a su vez se desviaron hacia los bolsillos de los amigos y patrocinadores de este.

Por el contrario, la inversión extranjera se pareció más a la participación irregular del sector privado registrada después de los acuerdos de Versalles que al esfuerzo sostenido que ayudó a reconstruir Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial: era algo que se producía en momentos favorables y que desaparecía cuando las cosas se ponían feas[15]. En consecuencia, tal como había ocurrido anteriormente, los europeos orientales tuvieron que competir con Occidente en una situación tremendamente desfavorable, por carecer tanto de capital local como de mercados extranjeros, y por ser únicamente capaces de exportar alimentos y materias primas con escaso margen de beneficio o bienes industriales y de consumo que mantenían baratos los escasos salarios y las subvenciones públicas.

No es sorprendente que muchos de estos gobiernos, al igual que sus predecesores de entreguerras, cayeran en la tentación de parapetarse frente a los costes políticos de esta situación estableciendo medidas de protección: en este caso, leyes que restringían la propiedad extranjera de tierras y empresas. Como cabía esperar, estos ecos de anteriores iniciativas autárquicas, tachados un tanto injustamente de «nacionalistas» por los críticos externos, no tuvieron mucho éxito: al inhibir la inversión extranjera y distorsionar el mercado local, lo único que consiguieron fue inclinar todavía más el proceso de privatización hacia la corrupción[16].

De modo que por cada oligarca sinvergüenza ruso con segunda residencia en Londres o Cannes, o por cada joven empresario polaco con un BMW y un teléfono móvil, había millones de contrariados pensionistas y trabajadores en paro para los que la transición al capitalismo supuso, en el mejor de los casos, un beneficio ambivalente, por no hablar de los millones de campesinos a los que no se podía ni reubicar ni hacer económicamente autosuficientes: en Polonia, a finales del siglo XX, la agricultura solo generaba el tres por ciento de PIB, aunque seguía ocupando a un quinto de la población activa. El paro siguió siendo endémico en muchos lugares; además, la pérdida del empleo llevaba aparejada la de ciertas prestaciones a bajo precio y otras ventajas que tradicionalmente lo habían acompañado en esos países. Al aumentar constantemente los precios, ya fuera a causa de la inflación[17] o por las expectativas de entrar en Europa, cualquiera que dependiera de una renta o pensión estatal fija (situación en la que se encontraban la mayoría de los profesores, doctores e ingenieros que en su día habían sido el orgullo del socialismo) tenía buenas razones para caer en la nostalgia del pasado.

En Europa oriental había mucha gente, sobre todo entre los mayores de cuarenta años, que se quejaba amargamente de lo que había perdido en cuanto a seguridad material, alimentación, vivienda y servicios baratos; pero esto no significaba necesariamente que anhelaran una vuelta al comunismo. Como explicaba ante periodistas extranjeros en 2003 una ingeniera militar rusa retirada de cincuenta y cinco años que vivía con su esposo, también pensionista, con cuatrocientos cuarenta y ocho dólares al mes: «Lo que queremos es que nuestra vida sea tan fácil como lo era en la Unión Soviética, con la garantía de que tendremos un futuro bueno y estable y precios baratos, pero, al mismo tiempo, con esta libertad que antes no existía».

No obstante, entre los letones, a los que les habría horrorizado imaginarse un retorno al dominio ruso, las encuestas indican que los campesinos, en concreto, están convencidos de que estaban mejor en la época soviética. Puede que tengan razón, y no solo si son campesinos. A finales de los ochenta, antes de las revoluciones, los europeos orientales eran ávidos consumidores de cine. En 1997, la asistencia a las salas cinematográficas letonas había disminuido en un 90 por ciento. En otros lugares ocurrió lo mismo: en Bulgaria este índice se redujo en un 93 por ciento; en Rumanía, en un 94, mientras que en Rusia cayó en un 96 por ciento. Es interesante comprobar que en Polonia la asistencia al cine durante esos mismos años solo se redujo en un 77 por ciento; en la República Checa, en un 71, y en Hungría en un 51. En Eslovenia apenas disminuyó. Estos datos sugieren la existencia de una relación directa entre la prosperidad y la asistencia al cine, y confirman la explicación postulada por una encuesta búlgara en relación con el declive de la asistencia a las salas de cine locales: desde la caída del comunismo había más películas entre las que elegir… pero la gente ya no se podía permitir pagar las entradas.

Dadas las circunstancias, la difícil e incompleta transformación económica de Europa del Este conduce a una observación de tipo johnsoniano: aunque no se hizo bien, es sorprendente constatar que llegara siquiera a producirse. En líneas generales, lo mismo podría decirse de la transición a la democracia. Con la excepción de Checoslovaquia, en ninguna de las antiguas sociedades comunistas situadas entre Viena y Vladivostok existía recuerdo vivo alguno de haber disfrutado de una auténtica libertad política y muchos analistas locales contemplaban con pesimismo las perspectivas de pluralismo político. Se temía que, si un capitalismo sin cortapisas legales caía realmente en el robo, entonces, en ausencia de límites consensuados y asumidos para la retórica pública y la competencia política, la democracia correría el riesgo de deslizarse hacia una competencia de demagogias.

Este temor no carecía de fundamento. Al concentrar el poder, la información, la iniciativa y la responsabilidad en manos del partido único, el comunismo había dado lugar a una sociedad de individuos que no solo recelaban de sus conciudadanos y asistían con escepticismo a las proclamas o promesas oficiales, sino que carecían de experiencias de iniciativa individual o colectiva y de cualquier base consistente en la que sustentar sus opciones públicas. No era casual que la empresa periodística más importante de las registradas en los Estados postsoviéticos fuera la aparición de periódicos dedicados a proporcionar datos concretos: Hechos y Argumentos en Moscú y Hechos en Kiev.

La gente mayor era la que menos preparada estaba para superar la transición a una sociedad abierta. Los jóvenes podían acceder mejor a la información: a través de la televisión y la radio extranjeras, y, cada vez más, vía Internet. Pero al tiempo que esto hacía que muchos jóvenes votantes de esos países se hicieran más cosmopolitas e incluso refinados, también abrió una brecha entre ellos, sus padres y abuelos. Un estudio sobre la juventud eslovaca realizado una década después de la independencia del país puso de manifiesto la existencia de un claro choque generacional. Los jóvenes eran completamente ajenos al pasado anterior a 1989, del que apenas sabían nada; sin embargo, se quejaban de que en el mundo feliz de la Eslovaquia poscomunista sus padres estuvieran a la deriva y se vieran impotentes: no podían ni ayudar ni aconsejar a sus hijos.

Este desfase generacional tendría consecuencias políticas en todos los países, con votantes mayores y pobres que periódicamente se mostraban proclives a verse atraídos por partidos que ofrecían alternativas nostálgicas o ultranacionalistas al nuevo consenso liberal. Era previsible que este problema fuera más grave en determinadas zonas de la antigua Unión Soviética, donde los trastornos y perturbaciones fueron más acusados y donde, hasta ese momento, la democracia era algo desconocido. Miserables, inseguros y dolidos por la llamativa riqueza que ahora mostraba una minúscula minoría, los votantes ancianos —y los que no lo eran tanto—, en especial de Rusia y Ucrania, eran fácilmente atraídos por políticos autoritarios. De manera que, mientras en las tierras poscomunistas resultaba bastante fácil inventarse constituciones y partidos democráticos modélicos, otra cosa muy distinta era forjar un electorado que discriminara. En líneas generales y en todas partes, las primeras elecciones favorecieron a las alianzas liberales o de centro derecha que habían gestionado el derrocamiento del antiguo régimen; pero, con frecuencia, la violenta reacción ocasionada por las penurias económicas y las inevitables decepciones benefició a los excomunistas, ahora vestidos con atuendos nacionalistas.

Esta transformación de la vieja nomenklatura fue menos peculiar de lo que podría parecer en el exterior. El nacionalismo y el comunismo tenían más rasgos comunes entre sí que los que cada uno de ellos tenía con la democracia: compartían, por así decirlo, una «sintaxis» política, mientras que el liberalismo era un lenguaje completamente distinto. Como mínimo, el comunismo soviético y los nacionalistas tradicionales tenían un enemigo común —el capitalismo u «Occidente»— y sus herederos supieron manipular con destreza un igualitarismo generalizado y envidioso («por lo menos entonces todos éramos pobres») para atribuir los males del poscomunismo a la injerencia extranjera.

De manera que el ascenso de Corneliu Vadim Tudor, por ejemplo, no tenía nada especialmente incongruente: era un bien conocido adulador literario de la corte de Nicolae Ceauşescu, que, antes de pasar del comunismo nacional al ultranacionalismo, se había dedicado a escribir odas a mayor gloria del Conducător. En 1991, con el respaldo económico de eminentes emigrados, fundó el Partido de la Gran Rumanía, cuyo programa, abiertamente antisemita, conjugaba el irredentismo nostálgico con los ataques a la minoría húngara. En las elecciones presidenciales de diciembre de 2000, uno de cada tres votantes rumanos optó por Tudor, frente a la única alternativa viable, el ex apparatchik comunista Ion Iliescu[18].

Los políticos nacionalistas, incluso los que habían partido de las críticas al comunismo —como fue el caso del movimiento nacional patriótico ruso Pamiat (Memoria)—, caían con bastante facilidad en una simbiótica simpatía hacia el pasado soviético, que conjugaba una especie de resentimiento nacionalista con la nostalgia del legado soviético y de sus monumentos. Esa misma combinación de retórica patriótica y de tristeza por haber perdido el mundo autoritario de cuño soviético explicaba la popularidad de los nuevos nacionalistas ucranianos, bielorrusos, serbios y eslovacos, al igual que la de sus equivalentes en los diversos partidos agrarios y populares que proliferaron en Polonia a finales de los noventa, especialmente el Partido de la Autodefensa de Andrzej Lepper, que tanto apoyo tuvo.

Aunque los comunistas reciclados se aliaron en todas partes con auténticos nacionalistas[19], donde el nacionalismo puro y duro atrajo con más fuerza y de manera más duradera fue en Rusia. No era sorprendente: en palabras de Vladímir Zhirinovsky, un nuevo y ardiente personaje público que cimentó sus apoyos electorales en una descarada xenofobia al viejo estilo ruso, «el pueblo ruso se ha convertido en la nación más humillada del planeta». Cualesquiera que hubieran sido sus limitaciones, la Unión Soviética había sido una potencia mundial: un gigante territorial y cultural, heredero legítimo y prolongación de la Rusia imperial. Su desintegración ocasionó grandes afrentas a los viejos rusos, que en muchos casos compartían el resentimiento que sentía el ejército soviético tanto por la absorción que había realizado la OTAN del «Oeste cercano» ruso como por la incapacidad de su país para impedirlo. El deseo de recuperar algún tipo de «respeto» internacional ha orientado gran parte de la política exterior de Moscú después del comunismo y explica tanto la naturaleza de la presidencia de Vladímir Putin como el amplio apoyo con el que este podía contar, pese al creciente autoritarismo de su política interna (y también a causa de él).

Las razones por las que los ciudadanos del antiguo imperio ruso en Europa central no estaban dispuestos a este tipo de nostalgia son evidentes. Pero el mundo comunista perdido tenía cierto apoyo incluso en Alemania Oriental, donde los sondeos de mediados de los noventa demostraban lo extendida que estaba la idea de que, salvo por los viajes, los medios de comunicación electrónicos y la libertad de expresión, la vida había sido mejor antes de 1989. En otros países, hasta los medios de comunicación de la antigua época comunista se veían con cierto cariño: en 2004, el programa de más audiencia de la televisión checa fue una reposición de Major Zeman, una serie policíaca de comienzos de los setenta cuyos guiones eran poco más que ejercicios de propaganda para el periodo de «normalización» posterior a 1968.

El Partido Comunista solo tuvo el descaro de conservar su nombre en la República Checa (además de en Francia y los Estados de la antigua Unión Soviética). Pero en todos los países poscomunistas de Europa central se podía decir que alrededor de uno de cada cinco votantes apoyaba grupos de corte «anti» similares: antiamericanos, antieuropeos, antioccidentales, antiprivatizadores… o, más habitualmente, todo eso junto. En los Balcanes, en concreto, el «antiamericanismo» o el «antieuropeísmo» solían ser un sobrenombre del anticapitalismo, una tapadera para los excomunistas que no podían expresar abiertamente la nostalgia por los viejos tiempos, pero que la explotaban de todas maneras en sus enmascarados pronunciamientos públicos.

Este voto de protesta ilustraba indirectamente el inevitable consenso que envolvía las corrientes políticas mayoritarias: solo había un futuro posible para la región, que, costara lo que costara, estaba en Occidente, en la Unión Europea y en un mercado mundial. Pocas diferencias había respecto a estos objetivos entre los principales partidos contendientes, que siempre ganaban las elecciones criticando las «fallidas» políticas de sus adversarios, para luego proceder a implantar programas sorprendentemente similares. En Europa central, esto ocasionó la aparición de un nuevo lenguaje «acartonado» sobre las políticas públicas —hecho de «democracia», «mercado», «déficit presupuestario», «crecimiento» y «competencia»—, que, para muchos ciudadanos, apenas tenía significado o interés.

En consecuencia, los votantes que querían poner de relieve su protesta o expresar su dolor quedaban marginados. A comienzos de los noventa, para los observadores, el ascenso en la Europa poscomunista de partidos nacionalpopulistas marginales y de sus demagógicos líderes representaba una peligrosa reacción antidemocrática, el retorno a sentimientos atávicos de una región atrasada que durante medio siglo había estado presa de la ilusión de que el tiempo se había detenido. Sin embargo, en épocas más recientes, el éxito de Jörg Haider en Austria, de Jean-Marie Le Pen en Francia y de otras figuras prácticamente equivalentes en países tan distintos como Noruega y Suiza ha servido para diluir el tono paternalista de los comentarios en Europa occidental. El atavismo no respeta fronteras.

El éxito de la democracia política en muchos países del antiguo bloque comunista tuvo consecuencias ambivalentes para los intelectuales que tanto habían hecho por su instauración. Algunos, como Adam Michnik en Polonia, mantuvieron su influencia a través del periodismo. Otros, como János Kis en Hungría, pasaron del disentimiento intelectual a la política parlamentaria (en el caso de Kis como líder de los demoliberales), para acabar retornando a la vida académica después de unos pocos años turbulentos expuestos al escrutinio público. Pero, en su mayoría, los intelectuales opositores de antaño no lograron convertirse ni en políticos poscomunistas ni en personajes públicos, salvo como mascarones de los procesos de transición, y muchos de los que lo intentaron mostraron tristemente su incapacidad. Václav Havel fue singular, pero ni siquiera él tuvo un especial éxito en este sentido.

Como Edmund Burke señaló con desdén respecto a una generación anterior de activistas revolucionarios: «Los mejores solo eran hombres para la teoría». La mayoría no estaban preparados para las enrevesadas cuestiones políticas y técnicas de la década posterior. Tampoco para la drástica disminución que sufrió la consideración pública de los intelectuales en general, a medida que cambiaban los hábitos de lectura y los jóvenes daban la espalda a las fuentes tradicionales de orientación y opinión. A mediados de los noventa algunos de los en su día influyentes periódicos de la generación de intelectuales anterior se habían convertido en algo lamentablemente marginal.

Zeszyty Literackie, de Barbara Toruńczyck, una publicación literaria muy admirada y editada en París por una exiliada polaca de la generación de 1968, había tenido un importante papel en el mantenimiento del debate cultural polaco antes de 1989. Ahora, después de su regreso triunfal a la capital de su patria liberada, luchaba por mantener a diez mil lectores. Literární Noviny, el semanario checo de más solera e influencia, no tuvo mucha más suerte y su tirada no alcanzaba los quince mil ejemplares en 1994. Estas cifras, puestas en relación con la población, no les habrían parecido tan indignas a los editores de las diversas publicaciones literarias de la mayoría de los países occidentales; pero en Europa central su lugar cada vez más marginal suponía una traumática transformación de las prioridades culturales.

Una de las razones del declive de los intelectuales fue que su tan cacareada insistencia en el carácter ético del anticomunismo, la necesidad de levantar una sociedad civil con conciencia moral, que llenara el espacio existente entre el individuo y el Estado, había sido superada por las consideraciones prácticas que conllevaba construir una economía de mercado. En muy pocos años, la «sociedad civil» de Europa central se había convertido en un concepto arcaico, que solo interesaba a un puñado de sociólogos extranjeros. Algo bastante similar había ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial en Europa occidental (véase el capítulo III), cuando el elevado tono moral de la resistencia de la época bélica se había desvanecido, desplazado primero por las consideraciones prácticas de la reconstrucción y después por la Guerra Fría. Sin embargo, mientras que los escritores franceses e italianos de esos años todavía contaban con una audiencia considerable —en parte gracias a un compromiso político ruidosamente proclamado— sus compañeros de Hungría o Polonia no tuvieron tanta suerte.

Los intelectuales que consiguieron dar el salto a la vida pública democrática solían ser tecnócratas —abogados o economistas— cuya presencia en la comunidad disidente anterior a 1989 no había sido destacada. Al no haber desempeñado ningún papel heroico hasta entonces, ofrecían modelos más tranquilizadores para sus conciudadanos, tan poco heroicos como ellos mismos. Poco después de suceder a Havel como presidente de la República Checa en 2003, Václav Klaus incidió sin rodeos en este asunto en una alocución presidencial: «Yo soy muy parecido a todos vosotros. Ni un excomunista ni un exdisidente; ni un esbirro ni un moralista, cuya misma presencia en el escenario os recuerde la valentía que no tuvisteis: vuestra mala conciencia».

Las alusiones a la mala conciencia suscitaban la perturbadora cuestión del desquite: qué había hecho la gente durante el pasado comunista y qué debía ocurrirle ahora (si es que tenía que ocurrir algo). El problema supuso un traumático dilema para casi todos los regímenes poscomunistas. Por una parte, en general se estaba de acuerdo, y no solo los intelectuales moralistas, en que los crímenes políticos cometidos durante la época soviética debían salir a la luz y que había que castigar a sus autores. La transición hacia la libertad, ya de por sí difícil, resultaría aún más costosa si no se reconocía públicamente la verdad sobre el pasado comunista: los defensores del antiguo régimen enjuagarían sus pecados y la gente olvidaría qué había representado 1989.

Por otra parte, los comunistas habían ocupado el poder durante más de cuarenta años en todos esos países (cincuenta en los Estados bálticos y setenta en la propia Unión Soviética). El partido único había sido hegemónico. Sus leyes, sus instituciones y su policía habían sido la única fuerza del país. ¿Quién habría de decir, a posteriori, que los comunistas no habían sido gobernantes legítimos? Sin duda habían sido reconocidos como tales por los gobiernos extranjeros y ninguna instancia judicial internacional había declarado nunca que el comunismo fuera un régimen criminal. Entonces, ¿cómo castigar a alguien retroactivamente por haber cumplido leyes comunistas o por haber trabajado para el Estado comunista?

Además, entre los mismos que habían destacado inicialmente clamando venganza contra la tiranía comunista había algunos de dudosa procedencia: era frecuente que, en el confuso clima de comienzos de los noventa, el anticomunismo se solapara con cierta nostalgia por los regímenes que habían sido sustituidos por los comunistas. Separar la condena del comunismo de la rehabilitación de sus antecesores comunistas no siempre sería fácil. Muchas personas razonables aceptaron que era necesario trazar una línea de separación tras la época estalinista: era demasiado tarde para castigar a los que habían colaborado en los golpes, en los juicios espectáculo y en las persecuciones de los años cincuenta, y la mayoría de sus víctimas habían muerto.

Se tenía la sensación de que era mejor dejar esas cosas en manos de los historiadores, que ahora tendrían acceso a los archivos y podrían hacer un relato coherente para las generaciones futuras. Sin embargo, respecto a las décadas posestalinistas, se solía coincidir en la necesidad de que hubiera algún tipo de pronunciamiento público sobre los crímenes y criminales más atroces: los líderes comunistas checos participantes en la represión de la Primavera de Praga; los policías polacos responsables del asesinato del padre Popiełuszko (véase el capítulo XIX); las autoridades germanas orientales que ordenaron disparar contra cualquiera que tratara de saltar el muro de Berlín, y así sucesivamente.

Pero esto dejaba sin resolver dos dilemas mucho más peliagudos. ¿Qué hacer con los antiguos miembros del Partido Comunista y con los funcionarios policiales? Si no se los acusaba de crímenes concretos, ¿debían sufrir algún tipo de castigo por sus acciones pasadas? ¿Había que permitirles que participaran en la vida pública, como policías, políticos o incluso primeros ministros? ¿Por qué no? Después de todo, muchos de ellos habían cooperado activamente en el desmantelamiento de su propio régimen. Pero si no se hacía así, si se restringían los derechos ciudadanos y políticos de esas personas, ¿cuánto debían durar esas restricciones y cuánto debían bajar por el escalafón de la nomenklatura? En términos generales, estos eran problemas comparables a los que habían tenido los ocupantes aliados de la Alemania de la postguerra al tratar de aplicar su programa de desnazificación, con la salvedad de que después de 1989 las decisiones no las estaba tomando un ejército de ocupación, sino los propios implicados.

Este era uno de los asuntos espinosos. En cierto modo, el segundo era todavía más complicado y solo se evidenció con el paso del tiempo. Los regímenes comunistas no se limitaron a imponerse a una ciudadanía reacia, también alentaron a la gente a implicarse en la represión, colaborando con las fuerzas de seguridad e informando de las actividades y opiniones de sus colegas, vecinos, conocidos, amigos y familiares. La magnitud de esta red clandestina de espías y confidentes varió de un país a otro, pero existió en todos ellos.

La consecuencia fue que, mientras el conjunto de la sociedad era por ello objeto de sospecha —¿quién podría no haber trabajado para la policía o para el régimen en algún momento, incluso sin darse cuenta?—, al mismo tiempo, se hacía difícil diferenciar la colaboración venal e incluso mercenaria de la pura y simple cobardía, o incluso del deseo de proteger a la propia familia. La negativa a informar a la Stasi podía costarle a alguien el futuro de sus hijos. De este modo, el velo gris de la ambigüedad moral cubría muchas opciones privadas de individuos impotentes[20]. Si volviéramos la vista atrás, ¿quién, salvo un puñado de heroicos e inquebrantables disidentes, saldría indemne? Además, es asombroso que muchos de estos mismos disidentes —entre los que destaca el caso de Adam Michnik— fueran los que con más energía se opusieran a cualquier medida de desquite contra sus conciudadanos.

Aunque todos los Estados poscomunistas pasaron por esas dificultades, cada uno de ellos las abordó a su manera. En lugares donde nunca hubo realmente una transición, donde los comunistas o sus amigos siguieron en el poder con otro nombre y con impolutos programas «occidentales», el pasado no se tocó. En Rusia, al igual que en Ucrania, Moldavia o lo que quedó de Yugoslavia, el problema del desquite nunca llegó a plantearse y los altos cargos del antiguo régimen se reciclaron discretamente para retomar el poder: alrededor de la mitad de los integrantes del gabinete informal del presidente ruso Vladimir Putin proceden de las filas de los siloviki de la época comunista (fiscales, policías, militares y empleados de seguridad).

Por otra parte, en Alemania, las revelaciones sobre la magnitud y el alcance de la burocracia policial asombraron a la nación. Resultó que, además de sus 85.000 empleados a tiempo completo, la Stasi tenía alrededor de 60.000 «colaboradores extraoficiales», 110.000 confidentes regulares y más de medio millón de confidentes «a tiempo parcial», que en muchos casos no tenían forma de saber que pertenecían a esa categoría[21]. Los maridos espiaban a las esposas, los profesores informaban sobre sus alumnos, los sacerdotes sobre sus parroquianos. Había expedientes de seis millones de habitantes de la extinta Alemania Oriental, es decir, de un tercio de la población. Guardianes autoproclamados se habían infiltrado realmente en toda una sociedad a la que habían atomizado y contaminado.

Para sajar el forúnculo de miedo y sospecha mutuos, el Gobierno federal nombró en 1991 una comisión que, dirigida por el exministro luterano Joachim Gauck, habría de velar por los expedientes de la Stasi para evitar cualquier tipo de abuso. A título individual se permitiría que la gente verificara si tenía un expediente y entonces, si así lo deseaba, podría acudir a leerlo. De este modo, los ciudadanos sabrían —a veces con devastadoras consecuencias familiares— quién había estado dando informes sobre ellos; pero el material no estaría abierto al público en general. Era este un torpe compromiso que, al final, tuvo bastante éxito: en 1996, 1.145.000 personas habían solicitado ver sus expedientes. No se podía enmendar el daño humano, pero como se confiaba en que la Comisión Gauck no hiciera un uso abusivo de sus competencias, la información que controló casi nunca fue explotada para obtener réditos políticos.

Fue precisamente el miedo a ese tipo de utilización lo que impidió el inicio de procesos similares en otros países de Europa oriental. En Polonia, las acusaciones de colaboracionismo en el pasado se convirtieron en una forma habitual de desacreditar a los adversarios políticos: en 2000, hasta Lech Wałęsa fue acusado de colaborar con los antiguos servicios especiales, aunque la acusación nunca se demostró. Un ministro del Interior de la etapa poscomunista llegó incluso a amenazar con publicar los nombres de todos sus oponentes políticos manchados por la brocha del colaboracionismo; esta fue precisamente la razón por la que Michnik y otros, previendo con inquietud ese tipo de comportamiento, se mostraron partidarios de poner sencillamente punto final al pasado comunista y mirar hacia delante. Michnik, de acuerdo con esa postura, llegó incluso a oponerse en 2001 a las iniciativas que pretendían juzgar al expresidente comunista Jaruzelski (que tenía ya setenta y ocho años) por ordenar en 1970 que se disparara contra huelguistas. En 1989 el recuerdo de la reciente ley marcial y de su época posterior había hecho que resultara poco razonable la posibilidad de levantar la tapa del pasado y atribuir culpas; cuando esas iniciativas ya no suponían un peligro, ya había pasado el momento de realizarlas, la atención popular estaba en otra parte y la búsqueda de una tardía justicia retroactiva parecía fruto del oportunismo político.

En Letonia se decretó que cualquiera que tuviera en su historial vínculos con el KGB no podría ocupar ningún empleo público durante diez años. A partir de 1994, los ciudadanos letones tuvieron libertad, siguiendo el modelo alemán, para consultar los archivos policiales de su propia historia comunista; pero los contenidos solo se harían públicos si una persona se presentaba a las elecciones o pretendía conseguir trabajo en las fuerzas de seguridad. En Bulgaria, el nuevo régimen, siguiendo el ejemplo de las autoridades de la Francia posterior a Vichy, estableció tribunales con autoridad para imponer «humillación ciudadana» a los culpables de delitos vinculados con el régimen anterior.

En Hungría, la docilidad del Partido Comunista durante el periodo en el que perdió el poder hizo que fuera difícil justificar la aprobación de purgas o castigos por pecados anteriores: sobre todo teniendo en cuenta que en la Hungría posterior a Kádár el principal punto de desacuerdo era, evidentemente, 1956, una fecha que no tardaría en convertirse en historia antigua para la mayoría de la población. En la vecina Rumanía, donde la historia reciente proporcionaba realmente un amplio margen para el desquite, los esfuerzos para constituir una versión local de la Comisión Gauck fueron zozobrando durante años a causa de la firme oposición de la élite política poscomunista, cuya implicación (en el caso de muchas de sus luminarias, empezando por el propio presidente Iliescu) en las actividades del régimen de Ceauşescu habría quedado constatada si se hubiera llevado a cabo cualquier investigación seria. Al final, se inauguró el llamado Colegio Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate, que, sin embargo, nunca pudo aspirar a tener la autoridad del original germano.

En ninguno de esos países se resolvió con la satisfacción de todos o con absoluta imparcialidad el problema de cómo enfrentarse al pasado comunista. Pero en Checoslovaquia la solución adoptada suscitó una polémica que rebasó con mucho las fronteras del país. Allí, el estalinismo se había instalado más tarde y había durado más tiempo que en los demás países, y el desagradable recuerdo de la «normalización» seguía estando muy vivo. Al mismo tiempo, en la región checa el comunismo había tenido una base política más firme que en los demás países de Europa oriental. Finalmente, la nación sentía cierta incomodidad al recordar la aparente sucesión de fracasos registrados en Checoslovaquia a la hora de resistirse a la tiranía: en 1938, en 1948 y después de 1968. Por una u otra razón, todo el país —en opinión de sus más inflexibles críticos internos— tenía mala conciencia. Václav Klaus sabía de qué hablaba.

La primera ley de la Checoslovaquia poscomunista —que en 1990 estableció la rehabilitación de cualquiera que hubiera sido ilegalmente condenado entre 1948 y 1989, y que acabó abonando cien millones de euros en concepto de indemnización— apenas suscitó debates. Pero fue seguida de una ley de lustración[22] (cuya vigencia se prolongó cinco años más en 1996 y, de nuevo, a comienzos del siglo XXI, cuando expiró la prórroga anterior), que pretendía investigar a todos los cargos públicos o aspirantes a ocuparlos en busca de vínculos con los antiguos servicios de seguridad. Sin embargo, este objetivo, aparentemente legítimo, generó numerosas oportunidades para cometer abusos. Resultó que muchos de los nombres descubiertos en las listas de la antigua policía secreta no eran más que «candidatos»: hombres y mujeres a los que el régimen esperaba obligar a someterse. Entre ellos figuraban varios conocidos escritores checos, algunos de ellos ni siquiera residentes en el país.

Las listas de la policía secreta no tardaron en filtrarse a la prensa, que las publicó, y en ser aireadas por políticos y aspirantes a parlamentarios que esperaban desacreditar a sus adversarios. Durante el cruce de insultos llegó a aparecer hasta el nombre de Havel como candidato a ser reclutado en una ocasión por la red policial de informadores. Además, tal como algunos críticos habían advertido, aunque los expedientes de la policía secreta proporcionaban gran cantidad de datos sobre aquellos a los que se pretendía reclutar, prácticamente no daban información sobre la identidad de los policías encargados de enrolarlos. En una viñeta del periódico Lidové Noviny aparecían dos hombres hablando delante del Parlamento de Praga: «No me preocupan las lustraciones», decía uno de ellos. «Yo no era un informador. Solo daba las órdenes[23]».

La lustración no era un procedimiento penal, pero sí puso enormemente en ridículo a muchas de sus víctimas, injustamente «nombradas y avergonzadas». Quizá lo más grave fuera que desde el principio fue un mecanismo abiertamente político, que, entre otras cuestiones, provocó el derrumbamiento del antiguo Foro Cívico: veteranos disidentes (entre ellos Havel) se opusieron a la nueva ley, mientras que Klaus la apoyó entusiasmado, como fórmula para «clarificar dónde está cada uno» (y poner en la picota a sus antiguos críticos de la disidencia, algunos de ellos excomunistas reformistas). Es preciso señalar que, en Eslovaquia, Vladimír Mečiar también se opuso a la ley de lustración —y los difundidos rumores sobre sus propios vínculos con la antigua policía secreta no fueron irrelevantes a este respecto—, aunque una vez que llevó a su país a la independencia, recurrió copiosamente a la información de los expedientes policiales para sus propios fines políticos.

Durante sus doce primeros años en vigor, los daños directos ocasionados por la ley de lustración fueron relativamente escasos. Se aplicó a unos trescientos mil aspirantes a ocupar cargos públicos: se calcula que nueve mil no obtuvieron el aval preciso, un número enormemente reducido si se tiene en cuenta el medio millón de checos y de eslovacos que perdieron sus empleos o que fueron purgados por el partido después de 1968. Pero la consecuencia más duradera de la ley fue el mal regusto que dejó, contribuyendo a que en la sociedad checa se instalara un generalizado cinismo sobre el agotamiento de la «revolución de terciopelo». En la República Checa, la lustración parecía tener más que ver con la legitimación de la élite entrante que con un examen sincero del pasado saliente.

En julio de 1993 el Parlamento checo aprobó una ley sobre la ilegalidad del régimen comunista y sobre la resistencia al mismo, que en realidad declaraba al Partido Comunista una organización criminal. En teoría, esto tendría que haber afectado a millones de antiguos miembros del partido, pero su impacto fue meramente retórico y no conllevó acción alguna. Lejos de desacreditar el comunismo y de legitimar su derrocamiento, la ley se limitó a acentuar el distanciamiento crítico de la población a la que iba dirigida. Diez años después de su aprobación, las encuestas revelaban que uno de cada cinco votantes checos era partidario del recalcitrante (y completamente legal) Partido Comunista, que seguía siendo la principal organización política del país, con ciento sesenta mil afiliados.

XXII

La vieja y la nueva Europa

Hay que preguntarse por qué Europa no parece capaz de llevar a cabo acciones decisivas en su propio escenario.

RICHARD HOLBROOKE

Si c’était à refaire, je commençerais par la culture (Si tuviera que empezar de nuevo, lo haría con la cultura).

JEAN MONNET

Siempre es posible reunir a un número considerable de personas enamoradas, contando con que haya otras que se queden fuera para recibir las muestras de su agresividad.

SIGMUND FREUD

¿Cuál es la explicación de esta curiosa situación que conjuga el desempleo permanente de un 11 por ciento de la población con la sensación, generalizada entre los demás, de que en comparación existe prosperidad?

BEATRICE WEBB, 1925

El fisible clima político de los noventa no solo afectó a los países del antiguo bloque comunista oriental. En Occidente se sentían las mismas ganas de escapar de los lazos del centralismo, o de librarse de la responsabilidad que suponía la presencia de conciudadanos empobrecidos en provincias remotas. Desde España hasta el Reino Unido las unidades territoriales establecidas de Europa occidental se vieron sometidas a una enorme descentralización administrativa, aunque todas ellas se las arreglaron para salvaguardar al menos formalmente la estructura habitual de un Estado nacional.

Como vimos en el capítulo XVI, en algunos lugares esta tendencia centrífuga ya había surgido décadas atrás. En España, donde la nueva Constitución había reconocido las arraigadas demandas de autonomía de Cataluña o del País Vasco, una generación después, la primera región, en concreto, se había convertido prácticamente en un Estado dentro del Estado, con un idioma, unas instituciones y unos órganos de gobierno propios. Gracias a la denominada Ley de Normalización Lingüística de 1983, el catalán se había convertido en la «lengua predominante en la enseñanza»; diez años después, la Generalitat catalana decretaba el uso exclusivo del catalán en los jardines de infancia y escuelas infantiles. No es sorprendente que, aunque el castellano siguiera utilizándose en todas partes, muchos jóvenes se encontraran más cómodos hablando en catalán.

Ninguna de las demás regiones españolas adquirió este mismo nivel de singularidad nacional, pero tampoco había ninguna con igual peso dentro del país. En 1993, Cataluña, una de las diecisiete comunidades autónomas españolas, representaba un quinto del PIB español. A ella iba a parar alrededor de un cuarto de la inversión extranjera que recibía el país, gran parte a Barcelona, su boyante capital; la renta per cápita en el conjunto de la región estaba más de un 20 por ciento por encima de la media nacional. Si Cataluña fuera un país independiente se encontraría entre los más prósperos del continente europeo.

Una de las razones de la aparición de una identidad catalana diferenciada era el resentimiento, fácilmente avivado, que provocaba la sustancial contribución que la hacienda nacional esperaba de los catalanes, debida, en gran medida, al establecimiento en 1985 del Fondo de Compensación Interterritorial destinado a ayudar a las regiones más pobres de España. Cataluña, al igual que el País Vasco, Galicia, Navarra y otras comunidades autónomas cada vez más reivindicativas, también se beneficiaba del vaciado de la «españolidad». Franco había explotado hasta la saciedad toda la gama de proclamas nacionalistas —la gloria del imperio, el honor del ejército, la autoridad de la Iglesia católica— y después de su caída muchos españoles apenas tenían interés en la retórica patrimonial o tradicional.

De hecho, como una generación anterior de alemanes posautoritarios, los españoles se reprimían totalmente a la hora de expresar un «discurso nacional». Por otro lado, la identificación regional o provincial no tenía la mácula del vínculo autoritario: al contrario, había sido uno de los blancos preferidos del antiguo régimen y, en consecuencia, tenía credibilidad para presentarse como parte esencial de la propia transición a la democracia. Esta vinculación entre autonomía, separatismo y democracia estaba menos clara en el caso vasco, donde ETA continuaba su trayectoria homicida (en 1995 trató de atentar contra el rey y fracasó en su intento de asesinar al presidente del Gobierno). Además, mientras los seis millones de catalanes prosperaban, las antiguas zonas industriales del País Vasco estaban en declive. El desempleo era endémico y los niveles de renta de la región, rondando la media nacional, eran inferiores a los de Cataluña.

Si los nacionalistas vascos no lograron sacar partido a estos problemas fue en gran medida porque muchos de los dos millones de habitantes de la zona eran nuevos en ella: en 1998 solo un cuarto de los habitantes del País Vasco hablaba euskera. No es sorprendente que apenas tuvieran interés en los movimientos separatistas: solo el 18 por ciento de los vascos se mostraba partidario de la independencia, ya que preferían el régimen autonómico que ya tenían. Hasta la mayoría de los votantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) era de la misma opinión. En cuanto a Herri Batasuna, brazo político de ETA, los autonomistas moderados e incluso los partidos de ámbito estatal le estaban robando votos. A finales de la década el grupo se había convertido en un partido marginal multiuso para desafectos verdes, feministas, marxistas y militantes antiglobalización.

En España, la fragmentación del Estado nación estaba azuzada por el recuerdo del pasado. En Italia tenía más que ver con los descontentos actuales. La tradición de disidencia regional se encontraba en el extremo norte: en zonas fronterizas en las que la población había recibido la identidad italiana en una época que aún podía recordar directamente, con frecuencia a causa de guerras, en general en contra de su voluntad, y donde mayoritariamente se seguía hablando francés, alemán o esloveno antes que italiano. En esas zonas, el descontento se había aplacado en buena medida con una serie de acuerdos de establecimiento de nuevas regiones autónomas: así fue en el valle de Aosta, en la zona alpina noroccidental donde confluyen Italia, Francia y Suiza, en Trentino-Alto Adigio, colindante con el Tirol austríaco, en Friuli-Venecia Giulia y en las regiones fronterizas de incierta composición étnica que bordean la frontera yugoslava (más tarde eslovena). Esas comarcas también se beneficiaron (como ya hemos visto en el caso del Alto Adigio) de diversas subvenciones regionales y de otras medidas de aliento de la Unión Europea. En la década de 1990, apoyándose además en el turismo alpino y en el paso del tiempo, las tierras fronterizas del norte de Italia se habían esfumado del horizonte político: eran bolsas regionales en un continente regionalizado.

Sin embargo, su sitio lo habían ocupado otras formas de separatismo regional bastante más amenazadoras. Desde 1970, cumpliendo de forma tardía una provisión de la Constitución posbélica, Italia se había dividido en quince regiones, además de cinco provincias autónomas (las tres fronterizas, más Cerdeña y Sicilia). No hay duda de que había precedentes suficientes: las reivindicaciones históricas del Piamonte, Umbría o Emilia Romana eran por lo menos tan consistentes como las de Cataluña o Galicia y no habían desaparecido por completo, aunque las diferencias lingüísticas regionales que hasta hacía pocas décadas habían sido tan llamativas estaban ahora difuminándose.

Sin embargo, en líneas generales, las nuevas regiones de Italia —al contrario que las de España— eran una ficción administrativa. A pesar de toda su presunción, los órganos y autoridades electos de esas unidades regionales italianas —que daban trabajo a gran cantidad de personas— no podían ni superar la identificación localista de los italianos con su pueblo o ciudad natal, ni acabar con el poder político y, sobre todo, económico, de la capital. Sin embargo, lo que sí consiguió la instauración de las regiones fue recordar a los italianos la existencia de una brecha fundamental y continua entre el próspero norte y el dependiente sur, y dar expresión política a los resentimientos que nacían de ella.

La consecuencia fue la aparición de algo completamente nuevo, al menos en el ámbito italiano: el separatismo de los prósperos. Durante décadas, el norte de Italia —sobre todo las localidades industriales y emprendedoras del Piamonte y Lombardía, así como las florecientes granjas y pequeños negocios de Bolonia y su área de influencia— había sido notablemente más rico que el resto del país y la brecha entre ambas partes se estaba haciendo más grande. A finales de los ochenta el producto regional bruto per cápita en la región de Lombardía, en torno a Milán, era un 132 por ciento de la media nacional, mientras que el de Calabria, la punta de la bota italiana, suponía un 56 por ciento. El índice de pobreza en el Mezzogiorno a finales de los ochenta era tres veces el de la Italia septentrional. Mientras la riqueza y los servicios de la Italia del norte y del centro norte eran comparables a los de Francia o el Reino Unido, el sur se había quedado aún más atrás, con lo que se abría un abismo que solo podía paliar, en parte, una considerable transferencia de fondos.

Durante la década de 1980 surgió una nueva alianza política, la Alianza Lombarda —más tarde denominada Liga Norte (Lega Nord)—, para capitalizar la generalizada creencia de que el «sur» llevaba demasiado tiempo aprovechándose de la riqueza septentrional. La solución, según Umberto Bossi, carismático fundador de la Liga Norte, radicaba en arrancar a Roma sus competencias fiscales, separarse del resto del país y, finalmente, lograr la independencia de Lombardia y de sus vecinos, dejando que los demás, unos «parásitos», se las arreglaran solos. Está claro el parecido con Cataluña, con Eslovenia o sin duda con la República Checa de Václav Klaus.

En las elecciones nacionales de los años noventa, la Liga Norte consiguió ganar suficientes votos en Lombardia y el Véneto como para introducirse en coaliciones de gobierno conservadoras. Sin embargo, irónicamente, la presencia en el poder de la Liga dependía de su alianza con el movimiento Forza Italia de Silvio Berlusconi y con los exfascistas de la Alianza Nacional de Gianfranco Fini, que, en ambos casos (sobre todo el segundo), dependían precisamente del apoyo de los votantes pobres y subvencionados del sur, a los que tanto despreciaba la Liga. En consecuencia, a pesar de estas antipatías mutuas y de las ilusiones de los partidarios más temerarios de Bossi, nunca hubo realmente peligro de que Italia se fragmentara ni de que sus provincias se hicieran independientes.

Lo mismo puede decirse de Francia, donde la presidencia de Mitterrand emprendió una limitada descentralización política y tomó, con bastante desgana, iniciativas para diseminar instituciones y recursos por las provincias. Entre las nuevas unidades regionales que se establecieron, ni siquiera Alsacia o la zona del País Vasco-francés, pese a la singularidad de sus identidades históricas, mostraron mucho interés en romper lazos con París. Solo la isla de Córcega asistió a la aparición de un movimiento separatista nacionalista, basado en un auténtico sentimiento de particularidad lingüística e histórica y en la inverosímil proclama de que la isla florecería al independizarse de la metrópoli. Pero, al igual que en el caso de ETA, el gusto por la violencia de los nacionalistas corsos y los ajustes de cuentas entre familias hicieron que solo atrajeran a una minoría.

Lo característico de Francia era que, ahora que en otros países de Europa políticos y analistas rendían teórico homenaje a las virtudes de la autonomía y del autogobierno local, en París, hasta los más nimios indicios de separatismo desataban, en todo el espectro político, una avalancha de desdén neojacobino. Además, las provincias francesas con más sentido de la diferencia —Bretaña, por ejemplo, o las despobladas montañas del alto Languedoc— también llevaban muchos años siendo las más dependientes de la generosidad gubernamental. Todo venía de París, desde el gasto en infraestructuras (como el tren de alta velocidad) a las exenciones fiscales para la inversión interna, y los pocos separatistas bretones u occitanos que quedaban, la mayoría viejos militantes encallados tras el retroceso de los entusiasmos de los sesenta, nunca tuvieron mucho apoyo. Por el contrario, áreas acaudaladas como la región del Ródano-Alpes, que rodea Lyon y Grenoble, podrían haber prosperado perfectamente solas: pero ya hacía mucho tiempo que habían perdido el recuerdo de la independencia y que no daban muestra alguna de querer recuperarla.

Sin embargo, al otro lado del Canal de la Mancha, en el Reino Unido, la periferia celta —a pesar de su enorme dependencia respecto a Londres— había experimentado una especie de renacimiento nacional, que en Gales cobró una forma mayormente cultural, que se manifestaba en la creciente reivindicación de enseñanza y medios de comunicación en galés. Solo en las regiones montañosas y escasamente pobladas del norte de Gales se acogieron realmente con simpatía las demandas de independencia total, tal como las articulaba el partido nacionalista Plaid Cymru. El sur urbano, mejor comunicado con Inglaterra y con arraigados lazos políticos tanto con el movimiento sindical nacional como con los partidos Liberal y Laborista, seguía sin fiarse de las ambiciones nacionalistas de los que, postulando un pequeño Estado, ponían Gales por encima de todo.

En consecuencia, aunque al principio los candidatos de Plaid Cymru registraron un gran avance en las elecciones nacionales de 1974, manteniendo una pequeña pero visible presencia a partir de entonces, nunca fueron capaces de convencer a sus compatriotas de la causa nacionalista. De la minoría de votantes que en marzo de 1979 acudió a pronunciarse sobre la propuesta de un régimen de autogobierno con asambleas regionales, la mayoría se opuso. Cuando la autonomía llegó por fin dos décadas después, no fue a instancias de los nacionalistas locales sino de la reorganización administrativa del primer Gobierno del nuevo laborismo de Tony Blair, que calculó, con bastante astucia, según las filtraciones, que, si se concedían poderes limitados a un nuevo Parlamento gales en Cardiff, lo más seguro es que cayeran en manos de los mismos que los tenían entonces en Westminster.

No obstante, el resultado —una Asamblea galesa con un valor simbólico considerable, pero pocas atribuciones reales— parecía satisfacer cualquier demanda que hubiera en el principado de una identidad nacional independiente. Después de todo, Gales había sido absorbida por Inglaterra, y bajo su dominio, en 1536, durante el reinado de Enrique VIII —él mismo descendiente de una dinastía galesa— y aunque el reciente renacimiento del interés en su lengua y su historia era bastante real, no debería confundirse con una recuperación en toda regla de la conciencia nacional. La ira o el resentimiento que pudiera haber bajo la superficie de la vida pública galesa se debían a tribulaciones económicas, no a truncadas aspiraciones nacionales. Muy pocos galeses habrían dudado si hubieran tenido que elegir entre un Gales independiente y una recuperación bajo dominio inglés de los valles y pueblos mineros, y de los puertos devastados por la desindustrialización y el desempleo.

Escocia era un caso muy diferente. También en ella la decadencia de las viejas industrias se había cobrado un precio terrible; pero el Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas inglesas), surgido en los setenta, podía contar con un porcentaje del voto local cuatro veces superior al de sus colegas galeses. A las dos décadas de su punto de inflexión como partido «monotemático» en las elecciones de 1974 —en las que consiguió once escaños— el SNP había superado a los conservadores y estaba sometiendo a una presión considerable los tradicionales bastiones laboristas. A diferencia de los votantes galeses, los escoceses sí estaban a favor del traslado de poderes; y aunque tuvieron que esperar hasta 1997, no hay duda de que el Parlamento escocés de Edimburgo hablaba en nombre de un país que se considera una nación distinta e independiente, aunque no un Estado.

El nacionalismo escocés se benefició tanto del fortuito descubrimiento del petróleo y el gas del Mar del Norte, que llevó la prosperidad a Aberdeen y al noreste, como de las políticas regionales de la CEE, que permitieron a los funcionarios y empresarios escoceses esquivar a Londres y establecer vínculos directos con Bruselas. Pero Escocia, aunque unida a Inglaterra por la Ley de Unión de 1707, siempre había sido un territorio aparte. El convencimiento de tener una identidad propia no residía tanto en diferencias lingüísticas o religiosas que, pese a ser bastante reales, habían ido perdiendo fuerza en gran parte de sus habitantes, como en una curiosa combinación de superioridad y resentimiento.

En consecuencia, de la misma manera que tantos clásicos de la literatura moderna inglesa son en realidad irlandeses, también algunas de las más grandes cimas de su pensamiento político y social a partir de la Ilustración, desde David Hume a John Stuart Mill y otros, pasando por Adam Smith, son realmente escocesas. No solo Edimburgo fue, en cierto modo, la capital intelectual de los primeros tiempos de la Revolución Industrial británica y Glasgow el núcleo radical del movimiento laborista del país a comienzos del siglo XX, sino que los empresarios y directivos escoceses —y también sus emigrados— fueron los responsables de establecer, consolidar y administrar gran parte del Imperio Británico. Además, Escocia siempre había defendido y mantenido la existencia de una identidad singular e independiente: en pleno apogeo del centralismo londinense conservó un sistema educativo y un ordenamiento legal propios.

En consecuencia, proponer una Escocia independiente era algo completamente plausible: sobre todo en una Unión Europea en la que en modo alguno habría sido el Estado nación más pequeño o más pobre. Menos claro está que la mayoría de la población escocesa, después de alcanzar gran parte de las apariencias y de participar de algunos de los fundamentos de la independencia, quisiera ir en algún momento más allá. Las limitaciones geográficas, demográficas y de recursos que han hecho que Escocia dependa del Reino Unido siguen existiendo; y a finales de los noventa parecían hacer suponer que allí, al igual que en todas partes, el nacionalismo se estaba quedando sin fuelle.

Menos evidente era que también fuera así en lo tocante a los descendientes de los emigrantes escoceses que habían cruzado el mar para asentarse en Irlanda. El canal que separa Escocia de Irlanda del Norte tiene menos de ochenta kilómetros de ancho, pero el abismo que separa las sensibilidades de las dos comunidades sigue siendo inmenso. Mientras que el nacionalismo escocés procedía mayormente del deseo de resistirse a los ingleses y de rechazarlos, el patriotismo nacional de los protestantes del Ulster consistía en la arrolladora decisión de mantenerse a toda costa dentro de la Unión. La tragedia de los «problemas» irlandeses residía en que los ultras de uno y otro lado tenían objetivos opuestos y, por otra parte, idénticos: el IRA Provisional pretendía expulsar a las autoridades británicas del Ulster e incorporar la provincia a una Irlanda independiente y católica; los unionistas protestantes y sus voluntarios paramilitares estaban obsesionados en reprimir a los papistas y mantener sine die el vínculo existente con Londres desde hacía trescientos años (véase el capítulo XIV).

Si a finales del siglo XX tanto los unionistas como los provisionales se vieron finalmente obligados a ceder, no fue por la falta de determinación de los extremistas de ambos bandos. Sin embargo, por las mismas razones que las masacres de Bosnia y Kosovo produjeron la intervención extranjera, el ciclo aparentemente interminable de atrocidad y «contraatrocidad» que se producía en el Ulster no solo socavó la simpatía por los activistas armados en las comunidades a las que estos decían representar, sino que obligó a Londres, Dublín e incluso Washington a intervenir con más energía de la que habían reunido hasta el momento y presionar para que se alcanzara, por lo menos, un acuerdo provisional entre los contendientes.

Sigue sin estar claro que el Acuerdo de Viernes Santo, firmado en abril de 1998, pueda resolver la cuestión nacional irlandesa. La solución provisional a la que a regañadientes llegaron ambas partes dejaba muchos cabos sueltos. De hecho, los términos del pacto propiciado por los primeros ministros de Irlanda y el Reino Unido, con ayuda del presidente estadounidense Clinton —un régimen de autogobierno local mediante una asamblea radicada en el Ulster, con garantías para la representación de la minoría católica; el final del monopolio protestante sobre las instituciones, especialmente la policía; la adopción de medidas para desarrollar la confianza entre las dos comunidades, y el establecimiento de una conferencia intergubernamental permanente para supervisar la puesta en práctica de los pactos— contenían muchas cosas que, con la buena voluntad de ambas partes, habrían podido imaginarse veinte años antes. Como el armisticio de la Guerra de los Cien Años, parecía probable que el acuerdo se mantuviera durante algún tiempo. No era la primera vez que, en este tipo de casos, los ancianos radicales de la cúpula insurgente parecían conquistados por la perspectiva de llegar al poder.

Además, la propia República de Irlanda había experimentado una transformación socioeconómica sin precedentes a lo largo de los noventa, haciendo que ahora apenas se pudieran detectar parecidos con el Eire soñado por los nacionalistas. Ahora, para un Dublín juvenil, absorbido por su recién descubierto papel de avanzadilla multicultural y de paraíso fiscal de la europrosperidad posnacional, las inquietudes sectarias del IRA Provisional se parecían bastante a lo que representaban para Londres las obsesiones imperiales y unionistas de la Orden de Orange: reliquias de anticuario, estrambóticas y de otra época.

A cualquiera que estuviera familiarizado con la historia anterior de los grandes Estados de Europa occidental, los nuevos particularismos subnacionales le podrían haber parecido simplemente una vuelta a los orígenes después del desvío centralizador del siglo precedente. En realidad, hasta la excepción más destacada a esta norma europea es un ejemplo de dicha pauta: Alemania, el Estado de mayor extensión al oeste de la antigua Unión Soviética, no experimentó un resurgimiento separatista similar. Y no fue a causa de ninguna peculiaridad histórica, sino porque la Alemania posterior a los nazis era ya una auténtica república federal.

Los Länder de la Alemania actual, ya fueran reproducciones directas de antiguos Estados (como en el caso de Baviera) o entidades territoriales de nuevo cuño que combinaban principados y repúblicas en su día independientes (como Baden-Württemberg o Renania del Norte-Westfalia), disfrutaban de una considerable autonomía económica y administrativa en muchos de los aspectos de la gestión pública que inciden más directamente en la vida privada de los ciudadanos: la educación, la cultura, el medio ambiente, el turismo y la radio y la televisión públicas locales. De este modo, los Länder, en la medida limitada en que una política identitaria definida territorialmente podía suscitar el apoyo de los alemanes —y aquí la singularidad del pasado germano probablemente sí tenía un papel disuasorio— proporcionaban un práctico sucedáneo.

De hecho, no fue en el país más extenso de Europa, sino en uno de los más pequeños, donde la política de separatismo nacional se manifestó de forma más extrema. Bélgica, un país del tamaño de Gales con una densidad de población solo superada por la vecina Holanda, era el único Estado de Europa occidental donde los cismas internos guardaban cierta semejanza con los acontecimientos que estaban teniendo lugar entonces en el Este poscomunista. En consecuencia, puede que su historia arroje luz sobre las razones por las que, después de que remitiera la oleada separatista de finales del siglo XX, los Estados nacionales de Europa occidental se mantuvieron intactos.

En los noventa, las localidades y valles de Valonia habían caído en la decadencia postindustrial. Las minas de carbón, las acerías, las industrias elaboradoras de pizarra y metalúrgicas, así como la producción textil —cuna tradicional de la riqueza industrial belga— prácticamente habían desaparecido: en 1998, la producción carbonífera no llegaba a los dos millones de toneladas al año, cuando en 1961 era de veintiún millones. En la que en su día había sido la región industrial más rentable de Europa, solo quedaban las decrépitas factorías del valle del Mosa, por encima de Gante, y los desolados, silenciosos centros mineros que rodeaban Mons y Charleroi. Ahora, gran parte de los antiguos mineros y obreros siderúrgicos de esas comunidades, y también sus familias, dependían de un sistema asistencial organizado desde la capital bilingüe del país y sufragado —en opinión de los nacionalistas flamencos— con los impuestos de los norteños, que sí tenían trabajo retribuido.

La razón era que la economía de Flandes estaba en auge. En 1947 alrededor del 20 por ciento de la población activa flamenca seguía ocupada en la agricultura; cincuenta años más tarde, menos del tres por ciento de los belgas de habla neerlandesa obtenían sus ingresos de la tierra. En la década que medió entre 1966 y 1975 la economía flamenca creció a un ritmo inusitado del 5,3 por ciento anual; siguió creciendo incluso durante la depresión económica de finales de los setenta y comienzos de los ochenta, a un ritmo que prácticamente duplicaba el de Valonia. Sin la rémora de las viejas industrias o de una mano de obra muy difícil de colocar, ciudades como Amberes y Gante florecieron con el desarrollo de los servicios, la tecnología y el comercio, apoyándose en el hecho de estar situada en medio del «creciente dorado» europeo que va desde Milán hasta el Mar del Norte. Ahora había más hablantes de neerlandés que de francés en el país (la proporción era de tres a dos) y tanto su producción como su renta per cápita eran más altas. El norte de Bélgica había adelantado al sur y se había convertido en la zona privilegiada y dominante: una transformación que, entre los flamencos, vino acompañada de un incremento de las exigencias de ventajas políticas que se ajustaran a su recién descubierto predominio económico.

Bélgica, en suma, concitaba todos los ingredientes que han propiciado los movimientos separatistas de Europa: una antigua división territorial, reforzada por una brecha lingüística igualmente venerable y aparentemente insuperable (mientras que muchos habitantes de las regiones de habla neerlandesa tienen, por lo menos, un conocimiento pasivo del francés, la mayoría de los valones no habla neerlandés) y sustentada en acusados contrastes económicos[1]. Además, había otra complicación: durante gran parte de la corta historia belga, las empobrecidas comunidades del Flandes rural habían estado dominadas por sus compatriotas urbanos e industrializados de la Valonia francófona. El nacionalismo flamenco había sido auspiciado por el resentimiento generado por la obligación de hablar francés, por el aparente monopolio del poder y la influencia que ejercían los francohablantes, y por el hecho de que la élite francófona se apropiara de todos los resortes de autoridad cultural y política.

De este modo, los nacionalistas flamencos habían asumido tradicionalmente un papel equiparable al de los eslovacos en la época anterior al divorcio checoslovaco, hasta el punto de colaborar activamente con los ocupantes nazis durante la Segunda Guerra Mundial, con la vana esperanza de que de la mesa alemana cayeran algunas migajas de autonomismo. Pero en los años sesenta los papeles económicos se habían invertido: los políticos nacionalistas ya no presentaban Flandes como una Eslovaquia atrasada y desfavorecida, sino como una Eslovenia (o como Lombardía, su ejemplo preferido): una nación dinámica y moderna atrapada en un Estado anacrónico y disfuncional.

Ahora, estas dos identidades que los flamencos se atribuían —la de minoría lingüística reprimida y la de motor económico frustrado— se hallaban imbricadas en el tejido de sus reivindicaciones separatistas hasta tal punto que, incluso después de la erradicación de las antiguas injusticias y de que las provincias de habla flamenca del norte hubieran ganado hacía tiempo el derecho a utilizar su propio idioma en la vida pública, el recuerdo de los resentimientos y desaires se adhirió a las nuevas preocupaciones, legando a los debates sobre políticas públicas de Bélgica una intensidad —y una ponzoña— que, por sí solos, los problemas discutidos nunca podrían explicar.

Uno de los momentos simbólicos cruciales de la «guerra de las lenguas» llegó en los años sesenta —medio siglo después de que se permitiera el uso del neerlandés en la enseñanza, los tribunales y los ayuntamientos, y tras cuatro décadas de que su utilización en esas actividades fuera obligatoria—, cuando los estudiantes de habla flamenca de la Universidad de Lovaina se opusieron a la presencia de profesores francófonos en esta institución, situada en la provincia de habla neerlandesa del Brabante flamenco. Manifestándose al grito de «Walen buiten!» (¡Valones fuera!), lograron partir en dos la universidad, cuyos miembros francófonos se desplazaron al sur, a la zona también francófona del Brabante valón, donde establecieron la Universidad de Lovaina la Nueva (con el tiempo, también la biblioteca se dividió y sus fondos fueron redistribuidos, para mal de ambas comunidades).

Bélgica en 2005

Los dramáticos sucesos de Lovaina —un reflejo curiosamente provinciano y patriotero de las manifestaciones estudiantiles que tenían lugar en todas partes en aquella época— ocasionó la caída de un Gobierno y fue el causante directo de una serie de modificaciones constitucionales (siete en total) a lo largo de los siguientes treinta años. Las enmiendas constitucionales y las revisiones institucionales de Bélgica, aunque concebidas por políticos moderados como concesiones destinadas a satisfacer las demandas de los separatistas, nunca fueron para estos más que peldaños en la escalera hacia el divorcio definitivo. Al final, ninguna de las dos partes logró del todo sus propósitos, pero estuvieron a punto de desmantelar el Estado unitario belga.

El resultado fue de una complejidad bizantina. Bélgica se subdividió en tres «regiones»: Flandes, Valonia y Bruselas Capital, cada una con Parlamento propio (además del nacional). Después venían las tres «comunidades» legalmente instituidas: la de habla neerlandesa, la francófona y la germanoparlante (que representaba a los aproximadamente sesenta y cinco mil hablantes de alemán que viven en Valonia oriental, cerca de la frontera alemana). A cada una de las comunidades también se le otorgó un Parlamento propio.

Las regiones y las comunidades lingüísticas no se corresponden exactamente: hay hablantes de alemán en Valonia y algunas localidades francófonas (o parte de ellas) dentro de Flandes. Cada una de estas entidades recibió privilegios, concesiones y salvaguardas especiales, lo cual constituye una continua fuente de resentimiento en todas partes. Dos de las regiones, Flandes y Valonia, son realmente monolingües, con las excepciones apuntadas. Bruselas fue declarada oficialmente bilingüe, aunque el 85 por ciento de la población, como mínimo, habla francés.

Además de las comunidades regionales y lingüísticas, Bélgica también se divide en diez provincias (cinco en Flandes y cinco en Valonia), que también poseen sus propias competencias administrativas y gubernamentales. Sin embargo, a medida que se iban produciendo las diversas revisiones constitucionales, la autoridad real iba residiendo cada vez más o bien en las regiones (en cuestiones de urbanismo, medio ambiente, economía, obras públicas, transporte y comercio exterior) o en las comunidades lingüísticas (educación, lengua, cultura y algunos servicios sociales).

El resultado de todas estas transformaciones ha sido cómicamente engorroso. La corrección lingüística y la Constitución ahora dictaban, por ejemplo, que todos los gobiernos nacionales, al margen de cuál fuera su color político, guardaran el «equilibrio» entre carteras de habla holandesa y francesa, siendo el primer ministro el único que debe ser bilingüe (y que, por lo tanto, suele ser de Flandes). De igual modo, se ordenó la igualdad lingüística en la Cour d’Arbitrage (el Tribunal Constitucional), de manera que la Presidencia tiene que cambiar cada año para alternar a hablantes de las dos lenguas. En Bruselas, los cuatro miembros del Ejecutivo de la región capitalina debían, a partir de ese momento, sentarse juntos (y hablar en el idioma de su elección) para decidir sobre cuestiones de interés común; sin embargo, cuando trataran asuntos de las «comunidades» flamenca o francófona, se sentarían por separado, de dos en dos.

En consecuencia, Bélgica ya no es un solo Estado, ni siquiera dos, sino un tapiz de autoridades solapadas y duplicadas. La formación de gobiernos es difícil: se precisan acuerdos de múltiples partidos dentro de cada región y entre unas y otras; hay que establecer una «simetría» entre coaliciones de formaciones políticas nacionales, regionales, comunitarias, provinciales y locales; organizar una mayoría que funcione en los dos grupos lingüísticos mayoritarios, y alcanzar paridad lingüística en todos los niveles políticos y administrativos. Y cuando llega a formarse Gobierno, este apenas tiene iniciativa: hasta la política exterior —en teoría una de las responsabilidades que le quedan al Ejecutivo nacional— está realmente en manos de las regiones, ya que en la Bélgica actual los contactos exteriores se reducen prácticamente a tratados comerciales con el extranjero, que son competencia de las regiones.

La articulación política legada por la reforma constitucional era tan complicada como las propias reformas institucionales. En el lado flamenco, surgieron partidos nacionalistas y separatistas extremos, que presionaban para introducir cambios y beneficiarse de las nuevas oportunidades a que daban lugar. Cuando el Vlaams Blok (Bloque Flamenco), heredero espiritual de los ultranacionalistas de la época bélica, creció hasta convertirse en el principal partido de Amberes y de algunos suburbios de habla holandesa del norte de Bruselas, los partidos flamencos tradicionales se sintieron obligados a adoptar posturas más sectarias para poder competir con ellos.

De igual modo, en Valonia y Bruselas, los políticos de los principales partidos francófonos adoptaron una línea «comunitarista» más dura, para adaptarse mejor a las demandas de los votantes valones que se quejaban del predominio flamenco en la agenda política. A consecuencia de ello, todos los partidos tradicionales acabaron por verse obligados a partirse, siguiendo las divisiones lingüísticas y comunitarias: en Bélgica, las formaciones cristianodemócrata, liberal y socialista funcionan (desde 1968, 1972 y 1978, respectivamente) por duplicado, de modo que hay un partido de cada clase en cada comunidad lingüística. El resultado inevitable fue que, al dirigirse ahora los políticos únicamente a los de su «clase», la brecha existente entre las comunidades se agravó aún más[2].

En consecuencia, se ha pagado un alto precio por aplacar a los separatistas lingüísticos y regionales. En primer lugar, está el coste económico. No es casual que al terminar el siglo XX Bélgica tuviera la deuda pública más elevada de Europa occidental en relación con su PIB: resulta caro duplicar todos los servicios, préstamos, ayudas y carteles. La práctica habitual de utilizar dinero público de forma proporcional (incluyendo subvenciones regionales de la Unión Europea), para recompensar a la clientela de los diversos «pilares» comunitarios, se aplicaba ahora a la política de la comunidad lingüística: los ministros y secretarios de Estado, y sus asesores, presupuestos y amigos, son universales, pero solo en Bélgica cada uno de ellos va acompañado de un Doppelgänger lingüístico.

A finales de siglo, estaba claro que «Bélgica» había adquirido un carácter pro forma. Al entrar en el país por carretera, se puede perdonar que al viajero le pase desapercibido el diminuto cartel que dice «België» o «Belgique», como pidiendo perdón por ello. Pero es prácticamente imposible que al visitante se le escape el colorismo de los letreros que indican en qué provincia acaba de entrar (Lieja, por ejemplo, o Flandes occidental), ni desde luego los paneles informativos que (en neerlandés o francés, pero no en ambos) le dicen que está en Flandes o Valonia. Es como si las disposiciones convencionales se hubieran invertido a conveniencia: las fronteras internacionales del país son una mera formalidad, pero las internas son imponentes y muy reales. Entonces, ¿por qué Bélgica no se ha separado de una vez?

Hay tres factores que ayudan a explicar la inverosímil pervivencia del país y, en términos más generales, el mantenimiento de todos los estados de Europa occidental. En primer lugar, con el paso de las generaciones y la puesta en práctica de reformas constitucionales, la causa separatista perdió su urgencia. Los viejos «pilares» comunitarios —redes sociales y políticas jerárquicamente organizadas que sustituyen al Estado nación— ya estaban en declive. Probablemente, la nueva generación de belgas era mucho menos receptiva a proclamas basadas en la afinidad sectaria, aunque sus mayores políticos estuvieran tardando en darse cuenta de ello.

El descenso de la práctica religiosa, el acceso a la educación superior y el traslado del campo a la ciudad redujeron el peso de los partidos tradicionales. Por razones obvias, así fue sobre todo en el caso de los «nuevos» belgas: los cientos de miles de inmigrantes de segunda y tercera generación procedentes de Italia, Yugoslavia, Turquía, Marruecos o Argelia. Al igual que los nuevos vascos, estas personas tienen problemas acuciantes propios y poco interés en los raídos programas de los viejos separatistas. Durante los noventa, los sondeos indicaban que la mayoría de la gente, incluso en Flandes, ya no consideraba que las cuestiones regionales o lingüísticas encabezaran sus preocupaciones.

En segundo lugar, Bélgica es «rica». La diferencia evidente entre este y otros países de Europa menos afortunados en los que los nacionalistas lograron explotar las sensibilidades comunitarias radica en que, para la inmensa mayoría de los habitantes de la Bélgica actual, la vida es tranquila y materialmente suficiente. El país está en paz —si no consigo mismo, sí al menos con los demás— y la misma prosperidad que garantizó el «milagro flamenco» también atenuó la política de resentimiento lingüístico. Esta afirmación es igualmente válida para Cataluña, e incluso para ciertas zonas de Escocia, donde los exponentes más extremos del independentismo han visto cómo sus argumentos perdían fuerza paulatinamente bajo el peso desmovilizador de una riqueza insólita.

La tercera razón de la pervivencia de Bélgica —y de los demás Estados nación de Europa occidental internamente fragmentados— tiene menos que ver con la economía que con la geografía, aunque ambos factores están íntimamente relacionados. Si Flandes o Escocia pudieron al final mantenerse cómodamente dentro de Bélgica o del Reino Unido, no fue porque carecieran de un sentimiento nacional tan intenso como el que parecía haber reaparecido en las antiguas tierras comunistas. Más bien al contrario: era palpable que el deseo de autogobernarse era más fuerte en Cataluña, por ejemplo, que en Bohemia, y que el abismo que separaba a los flamencos de los valones era mucho más profundo que el existente entre checos y eslovacos o, incluso, entre serbios y croatas. Lo determinante era que los Estados de Europa occidental ya no eran unidades nacionales autónomas que ejercieran el monopolio de la autoridad sobre sus súbditos. Ellas también iban siendo cada vez más parte de otra cosa.

El mecanismo formal que iniciaba la andadura hacia una «Unión Europea» completa se activó en el Acta Única Europa (AUE) de 1987; pero lo que realmente impulsó el proyecto fue el fin de la Guerra Fría. Con el AUE los doce miembros de la Comunidad se comprometieron a alcanzar en 1992 la libertad total en la circulación de bienes, servicios, capitales y personas: algo que no suponía un gran salto, ya que era un principio contemplado hacía décadas. Fue el Tratado de Maastricht de ese mismo año, y su sucesor, el Tratado de Ámsterdam, firmado cinco años después, el que condujo a los miembros de la Unión a un conjunto de disposiciones institucionales y financieras realmente novedoso y resultado directo de un cambio radical de las circunstancias externas.

En Maastricht, lo que captó la atención del público fue el tan publicitado acuerdo de establecimiento de una moneda europea común. Los franceses, para superar la ansiedad que les producía la unificación alemana, amarraron con fuerza la República Federal a «Occidente», haciendo que Bonn aceptara abandonar el marco a cambio de la moneda única —el euro—; los alemanes, por su parte, se comprometieron a ceñirse al marco de una Unión Europea sujeta por una malla cada vez más densa de leyes, normativas y acuerdos e insistieron en que la nueva moneda fuera una fotocopia del viejo marco, regulada, como este, por un comité autónomo de bancos centrales y regido por los principios fiscales del Banco Central germano: reducción de la inflación, ajuste monetario y déficit mínimo. Los negociadores alemanes —temerosos de las tendencias despilfarradoras de países del Club Med, como Italia o España— impusieron condiciones draconianas a los participantes en la nueva divisa y la Comisión Europea autorizó la imposición de multas a los gobiernos réprobos.

A petición de Bonn, los ministros de Hacienda europeos estarían atados, como Ulises, al mástil del euro: incapaces de responder a los cantos de sirena de votantes y políticos que pidieran dinero fácil y más gasto público. Estos requisitos, concebidos para garantizar que el nuevo euro estuviera tan protegido de la inflación como el propio marco alemán, no fueron bien aceptados en todas partes: en los Estados miembros más pobres en general se creía, y con razón, que condicionarían las políticas públicas y que podrían incluso impedir el crecimiento. Y así, con el fin de que las condiciones de Maastricht fueran más digeribles, se pusieron a disposición de los gobiernos más recalcitrantes bonificaciones en efectivo: Jacques Delors, presidente de la Comisión, prácticamente sobornó a los ministros de Hacienda de Grecia, España, Portugal e Irlanda, prometiéndoles un enorme incremento del monto de fondos estructurales de la Unión Europea a cambio de su rúbrica en el tratado.

De la Comunidad a la Unión: la Unión Europea de 1957 a 2003

El Reino Unido y Dinamarca, entre tanto, firmaron el grueso del documento pero se excluyeron de la propuesta unidad monetaria (en parte previendo sus consecuencias económicamente restrictivas; en parte por su resonancia simbólica en países ya de por sí más reacios que los demás a abandonar los aditamentos de la soberanía en manos de organismos transnacionales; además, en el caso del Reino Unido, como había ocurrido con frecuencia en el pasado, porque la marcha hacia la Unión se observaba con enormes dudas, por considerarla un paso más hacia la constitución de un supraestado europeo[3]).

No hay duda de que el Tratado de Maastricht hacía hincapié en la «subsidiariedad»: una especie de navaja de Occam para los eurócratas, según la cual «la Unión no tomará medidas (salvo en áreas que sean de su exclusiva competencia), a menos que sean más efectivas que las tomadas en los ámbitos nacional, regional o local». Pero hasta esto tenía diferentes significados para cada uno de los miembros: en Francia, significaba limitar el poder de los organismos supranacionales que escapaban al control de París; para los alemanes, que los gobiernos regionales tenían privilegios y poderes especiales; para los británicos representaba un mecanismo que bloquearía la integración institucional.

Maastricht tuvo tres importantes efectos secundarios. Uno de ellos fue el imprevisto impulso que dio a la OTAN. Según los restrictivos términos del tratado, estaba claro (como por lo menos los franceses pretendían) que los países recientemente liberados de Europa oriental no podrían integrarse en la Unión Europea en un futuro inmediato: sus frágiles instituciones jurídicas y financieras y sus economías convalecientes no eran ni por asomo capaces de funcionar con la rígida reglamentación fiscal y de otra índole que ahora los miembros de la Unión habían impuesto a todos los signatarios actuales y futuros.

Por el contrario, en los pasillos de Bruselas se sugirió que a Polonia, Hungría y sus vecinos se les podría ofrecer la integración en la OTAN como una especie de compensación, de premio provisional, Evidentemente, ampliar la OTAN de esta manera tenía un valor simbólico considerable, lo cual explica que la medida fuera bien recibida de inmediato entre los nuevos aspirantes a miembros. Menos evidentes eran los beneficios prácticos (a diferencia del perjuicio, real e inmediato, que representaba para las relaciones con Moscú). Pero como Washington tenía sus propias razones para favorecer la expansión de la comunidad defensiva del Atlántico Norte, un primer grupo de naciones centroeuropeas fue admitido en la OTAN, como estaba previsto, unos pocos años después[4].

La segunda consecuencia afectó a la conciencia pública europea. El Tratado de Maastricht provocó un interés sin precedentes en lo que hasta entonces habían sido los confusos mecanismos de la Unión Europea y su anónima burocracia. Aunque se refrendó en todos los países en los que fue sometido a referéndum (aunque por solo un 50,1 por ciento en el caso francés), suscitó oposición suficiente como para poner el problema de «Europa» en las agendas políticas nacionales, con frecuencia por primera vez. Durante cuatro décadas, las instituciones y normas de un nuevo sistema continental se habían concebido y decidido discretamente en perdidas localidades del Benelux sin mención alguna a los deseos populares o los procedimientos democráticos. Parecía que esos tiempos habían llegado a su fin.

La tercera consecuencia de Maastricht fue que allanó el camino para la unión, desde luego no de Europa, pero sí al menos de su mitad occidental. El final de la Guerra Fría y el compromiso de la Unión Europea con un mercado único eliminaron los obstáculos existentes para la integración de los demás miembros de la antigua Asociación Europa de Libre Comercio (EFTA/AELC)[5]. Como cabía esperar, Suecia, Finlandia y Austria, que ya no estaban condicionadas por su propia neutralidad (o, en el caso finlandés, por la necesidad de tener buenas relaciones con Moscú), solicitaron su entrada, cada vez más nerviosos ante la perspectiva de quedarse fuera del espacio común europeo.

Las negociaciones para la adhesión de los nuevos solicitantes terminaron en tres meses escasos, auspiciadas por el hecho de que los tres países no solo eran estables y pequeños —en conjunto, su población no llegaba a un cuarto de la de Alemania— sino claramente ricos. Lo mismo se podía decir de los últimos bastiones de resistencia, Noruega y Suiza. Pero pese al considerable entusiasmo de los dirigentes empresariales locales, las poblaciones de ambos países votaron en contra de la integración por temor a perder su autonomía y su iniciativa en una federación supranacional y por desconfiar de los beneficios que suponía participar en una nueva moneda.

Un escepticismo comparable caracterizó el estrecho margen por el que triunfó el sí en Suecia en noviembre de 1994, cuando se sometió a referéndum la entrada en la Unión Europea. Solo el 52,3 por ciento de los votos fue a favor, y además con la condición de que el país no participara en la moneda común (diez años después, cuando el Gobierno de Estocolmo recomendó a la nación que abandonara definitivamente la corona sueca y entrara en el marco del euro, fue decisiva y humillantemente derrotado en un referéndum, al igual que lo había sido el Ejecutivo danés cuando planteó la misma pregunta en septiembre de 2000). La reacción de Per Gahrton, parlamentario del Riksdag sueco por el Partido Verde y enérgico oponente a la entrada en la Unión Europea, aireaba una inquietud generalizada en Suecia: «Este es el día en el que el Riksdag decidió transformar Suecia, antes una nación independiente, en una especie de provincia dentro de una superpotencia en expansión, dejando de ser en el camino una cámara legislativa para tornarse en poco más que un comité asesor».

Muchos europeos del norte compartían los sentimientos de Gahrton, entre ellos algunos que, pese a todo, votaron a favor de la integración. Hasta los dirigentes políticos y empresariales suizos o escandinavos que querían integrarse en la Unión para no perderse los beneficios del mercado único reconocían que la opción tenía costes económicos y políticos: en privado aceptaban que si la decisión fuera en contra de sus deseos, eso no supondría un desastre sin paliativos para sus países. En Suecia —o Noruega, o incluso en Dinamarca o el Reino Unido— la Unión Europea (por no hablar de su nueva moneda única) se consideraba una opción, no una necesidad.

Sin embargo, en Europa central y oriental la entrada en «Europa» era la única opción posible. Desde Tallinn a Tirana, los nuevos dirigentes, cualquiera que fuera su razonamiento —bien modernizar sus economías, lograr nuevos mercados, obtener ayuda exterior, estabilizar su política interna, encerrarse en Occidente o, simplemente, descabezar cualquier tentación de retornar al comunismo nacional— miraban hacia Bruselas. La perspectiva de entrar en la Unión Europea, con su promesa de riqueza y seguridad, se cernía tentadora ante los electorados liberados de la Europa poscomunista. Y se les advertía: que no te seduzcan quienes te dicen que con el viejo sistema vivías mejor. El dolor de la transición merecerá la pena: Europa es tu futuro[6].

Sin embargo, visto desde Bruselas, el panorama era bastante diferente. Desde el principio, el proyecto europeo fue tremendamente esquizofrénico. Por una parte, al estar abierto a todos los pueblos de Europa, era culturalmente incluyente. La participación en la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea y, finalmente, la propia Unión Europea era un derecho de todos los Estados del continente «cuya forma de gobierno se base en los principios democráticos» y que aceptaran las condiciones de adhesión.

Pero, por otra parte, la Unión era exclusiva desde el punto de vista funcional. Uno tras otro, los tratados y los acuerdos habían ido complicando los requisitos que se exigían a cada uno de los Estados miembros a cambio de incluirlos en la familia «europea», y el resultado de todas esas normas había sido el de levantar verjas cada vez más altas para prohibir la entrada a los países y pueblos que no podían superar las pruebas. De modo que el Tratado de Schengen (1985) fue de gran ayuda para los ciudadanos de los Estados firmantes, que ahora podían cruzar sin obstáculos las fronteras entre los Estados soberanos. Pero los residentes de los países que estaban fuera de este club se veían obligados a hacer cola —literalmente— para entrar en él.

Maastricht —con sus rígidos requisitos para el establecimiento de una moneda única y su insistencia en que todos los aspirantes a Estado miembro integraran sus sistemas de gobierno en el acquis communautaire, el cada vez más abultado código de prácticas europeas— era la última zona de exclusión burocrática. No puso ningún impedimento ni a los solicitantes nórdicos ni a Austria, pero sí obstáculos imponentes a los aspirantes del Este. Obligada por las cláusulas de su propia carta a recibir en su seno a los nuevos europeos, en la práctica, la Unión Europea trataba de dejarlos fuera el mayor tiempo posible.

Había buenas razones para hacerlo. Hasta los aspirantes más prósperos —digamos Eslovenia o la República Checa— lo eran bastante menos que cualquiera de los miembros de la Unión Europea del momento, y la mayoría eran realmente pobres. Se mirara por donde se mirara, el abismo que separaba a la Europa del Este de la del Oeste era enorme: la mortalidad infantil en los Estados bálticos duplicaba la media existente en los quince miembros de la Unión Europea en 1996. La esperanza de vida de los hombres húngaros era ocho años menor que la media europea; en Letonia, era de once años menor.

No había duda de que, si se admitía a Hungría, Eslovaquia o Lituania —por no mencionar a Polonia, con sus treinta y ocho millones de habitantes— en la Unión con las mismas cláusulas que sus miembros en aquella época, el precio en subvenciones, asistencia regional, ayudas para desarrollar infraestructuras y otras transferencias, acabaría con el presupuesto comunitario. Según un estudio publicado en diciembre de 1994 por la Fundación Bertelsmann, de Alemania, si los seis países de Europa central que pretendían entrar en la Unión Europea (Polonia, Hungría, Eslovaquia, la República Checa, Rumanía y Bulgaria) eran admitidos con las mismas condiciones que los ya miembros, el coste en gastos estructurales superaría los treinta mil millones de marcos alemanes al año.

En general, se temía que esto provocara una reacción violenta entre los electores de los países que sufragaban gran parte del presupuesto de la Unión y a los que seguramente habría que pedir que aumentaran su contribución: se trataba, especialmente, de Holanda y el Reino Unido, así como de Alemania, el caso más inquietante. En cualquier caso, los países receptores del Este no estaban siquiera en situación de aportar los fondos mínimos que exigían como contrapartida las cláusulas de la Unión Europea en ese momento. Lo que la Europa poscomunista necesitaba realmente era un Plan Marshall, pero nadie se lo ofrecía.

Además de salir caros, los nuevos socios serían problemáticos. Sus sistemas jurídicos eran corruptos o disfuncionales, sus líderes políticos no se habían puesto a prueba, sus monedas eran inestables y sus fronteras porosas. Se temía que sus necesitados e indigentes ciudadanos o bien se encaminaran hacia el Oeste en busca de bienestar y de trabajo, o bien se quedaran en casa y aceptaran salarios irrisorios, haciendo que los inversores y empresarios extranjeros cayeran en la tentación de abandonar los antiguos países de la Unión Europea. En ambos casos serían una amenaza. Se hablaba de que Europa occidental podría ser «invadida», lo cual reproducía en la lejanía, si bien de manera inconfundible, los temores de Herder al estruendo de los «pueblos salvajes» de Europa oriental. Nadie dudaba de que la Unión Europea podía obrar milagros para esa parte de Europa. ¿Pero qué podía hace Europa oriental por la Unión Europea?

Como era de esperar, con esas preocupaciones en la mente, los europeos occidentales dieron largas. Inmediatamente después de 1989, el ministro de Asuntos Exteriores alemán Hans-Dietrich Genscher propuso que la Unión Europea, como medida profiláctica contra una sacudida nacionalista, absorbiera a todos los países de Europa oriental tan pronto como fuera posible. Pero no tardaron en llamarle a capítulo y, aunque Margaret Thatcher siguió presionando con entusiasmo a favor de una pronta ampliación (calculando que una Unión ampliada se disolvería inevitablemente en el área de libre comercio paneuropea con la que soñaban los británicos), fue el enfoque francés el que acabó dominando la estrategia de la Unión Europea.

La primera reacción de François Mitterrand había sido proponer una laxa confederación europea: una especie de escalón exterior que, compuesto por miembros asociados, estuviera abierto a todos, sin condiciones, pero con pocos beneficios materiales. En años posteriores, los diplomáticos franceses deplorarían la falta de apoyo que tuvo esta propuesta, lamentando que se hubiera perdido la oportunidad de llegar a una «colaboración sosegada» para ampliar la Unión. Pero en aquella época se consideró, con razón, que estaba clarísimo que era un ardid que pretendía acorralar a los recién liberados Estados de Europa oriental en un sucedáneo de «Comunidad Europea», que justificaría indefinidamente que se los mantuviera fuera de la organización realmente importante. Václav Havel lo comprendió desde el principio, razón por la cual rechazó de plano la propuesta (convirtiéndose durante un tiempo en persona non grata en el palacio del Elíseo).

En lugar de avanzar por ese camino, las relaciones entre Europa occidental y oriental se empantanaron durante algunos años en el ámbito de los intercambios bilaterales y los acuerdos comerciales, y ciertos países —Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia— accedieron al estatus limitado de socios de la Unión Europea, pero nada más. Sin embargo, el golpe de Estado de 1991 en Moscú y las guerras que estallaron poco después en los Balcanes centraron la atención de Occidente en los riesgos que comportaba dejar que la incertidumbre se enconara en los países poscomunistas; de manera que, como cabía esperar, en una cumbre de la Unión Europea celebrada en Copenhague en junio de 1993, se acordó que, en principio, y en una fecha por determinar, los países asociados de Europa central y oriental que así lo desearan se convertirían en miembros de la Unión Europea.

Esto apenas mitigó la frustración de los aspirantes, cuyos tratos con Bruselas y las capitales occidentales les habían dejado, según las moderadas palabras de la primera ministra polaca Hanna Suchocka, «decepcionados». Y, de hecho, los líderes políticos de Europa oriental se pasaron gran parte del resto de la década tratando de lograr, con paciencia y frustración, compromisos firmes de sus reacios socios occidentales y prometiendo a sus respectivos electorados que la entrada en la Unión Europea estaba realmente en la agenda, al tiempo que no perdían oportunidad de recalcar a sus interlocutores extranjeros la urgencia de que fuera así.

Pero la atención occidental estaba en otra parte. La transición hacia una nueva moneda común y la traducción práctica de los planes de integración institucional de Maastricht eran la preocupación dominante en todas las capitales de Europa occidental. En Alemania aumentaba la inquietud por los costes y dificultades de integrar a los territorios de la antigua República Democrática Alemana. Entre tanto, la catástrofe yugoslava —que al principio sirvió para recordar a los hombres de Estado occidentales los riesgos que comportaba subestimar el conjunto de los problemas del poscomunismo— se había convertido en una obsesión que exigía dedicación exclusiva.

La mirada de destacados intelectuales —un excelente barómetro de las pasajeras modas políticas— se había desplazado. Hacía solo unos pocos años, «Europa central» había sido redescubierta por los analistas occidentales, y, desde París a Nueva York, los editoriales y las publicaciones más intelectuales aclamaban a Havel, Kundera, Michnik y sus colegas. Pero la historia estaba pasando con rapidez: Praga y Budapest, cuya milagrosa transición desde la tiranía ya se estaba esfumando de la memoria, habían quedado para los turistas y los empresarios. Había más posibilidades de encontrar a Bernard-Henri Lévy y Susan Sontag en Sarajevo. Los quince minutos de fama de Europa central habían pasado, y con ellos cualquier presión pública que pudiera acelerar su incorporación a las instituciones occidentales. En público, los políticos y gestores de Bruselas seguían recalcando que deseaban que la Unión se ampliara hacia el Este cuando las condiciones estuvieran «maduras». Extraoficialmente, eran más francos. Como apuntó un importante funcionario de la Comisión Europea a mediados de los noventa: «Aquí nadie se toma en serio la ampliación».

No obstante, la ampliación sí estaba en la agenda. La Unión Europea, según sus propias cláusulas, no podía negar a ningún país el derecho a solicitar la entrada. Por lo tanto, la Comisión Europea se vio obligada a aceptar las solicitudes de Hungría y Polonia en 1994; las de Rumanía, Eslovaquia, Letonia, Estonia, Lituania y Bulgaria en 1995, y las de Eslovenia y la República Checa en 1996. De manera que los diez primeros candidatos ex comunistas se unieron a Malta y Chipre, que habían presentado su solicitud en 1989, y a Turquía (cuya petición languidecía desde 1987). Ahora, todos esos aspirantes estaban aparcados en una antesala bastante repleta, a la espera de ser atendidos por la Unión.

En 1997 el Tratado de Ámsterdam incorporó una serie de importantes enmiendas técnicas al Tratado de Roma original, dio más peso a los objetivos de Maastricht y demostró que la Unión iba en serio al proclamar su deseo de desarrollar un programa de ciudadanía europea y unas instituciones de ámbito continental que abordaran problemas como el empleo, la sanidad, el medio ambiente y la flagrante ausencia de una política exterior común. En este punto, cuando se tenía previsto que la moneda común entrara en vigor en 1999, la Unión había completado una década de integración interna que había absorbido todas sus energías burocráticas. Ya no había excusas para posponer un asunto mucho más espinoso: la ampliación.

Para algunos dirigentes nacionales y para muchos de los principales funcionarios de la Comisión Europea habría sido preferible limitar las negociaciones de acceso a los casos «fáciles»: países pequeños como Eslovenia o Hungría, colindantes con las actuales fronteras de la Unión y con economías relativamente modernas, que solo suponían un ligero desafío para el marco institucional de la Unión Europea y para su presupuesto. Pero no tardó en quedar claro que esta opción podía ser políticamente imprudente —al quedar en la estacada, Rumanía o Polonia podían caer en aguas peligrosamente antidemocráticas—, de manera que, a partir de 1998, la Unión Europea inició oficialmente el proceso de integración de los diez aspirantes de Europa oriental y de Chipre. Malta se añadió a la lista poco después. Sin embargo, a Turquía la dejaron atrás.

Desde este momento, la ampliación cobró su propia dinámica, a pesar de los continuos recelos de ciertos miembros de la Unión Europea y, a juzgar por los sondeos de opinión, de la generalizada ausencia de entusiasmo que había entre la población. Se pusieron en marcha negociaciones bilaterales de acceso a la Unión Europea, primero con un supuesto núcleo interno de candidatos: Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Polonia y Eslovenia; posteriormente, un año después, con el resto de los países: Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Malta. La presencia de Polonia en el primer grupo, a pesar de las dificultades que suponía, se justificó aludiendo a su tamaño y a su gran relieve. Por el contrario, Eslovaquia fue «relegada» al segundo grupo a causa del estancamiento y la corrupción que había reportado el régimen autoritario de Mečiar, y también para lanzar una advertencia y dar un ejemplo a los demás.

Durante los cinco años siguientes se produjeron intensas y en ocasiones acaloradas negociaciones. Bruselas cayó sobre las capitales de los países candidatos, inundándolas de asesores, recomendaciones, ejemplos, programas e instrucciones destinados a acercar sus instituciones, leyes, ordenamientos, prácticas y funcionariados en un nivel mínimo compatible con el de la Unión. Por su parte, los solicitantes presionaron tanto como se atrevieron para conseguir garantías de que tendrían libertad para acceder a los consumidores de la Unión Europea, al mismo tiempo que defendían su mercado interno del aluvión de bienes y servicios occidentales, más atractivos y eficientes.

El combate fue absolutamente desigual. Mientras que la Unión Europea era el objeto de deseo tradicional y declarado del Este, los supuestos nuevos miembros apenas podían ofrecer nada a cambio, salvo la promesa de buen comportamiento. De manera que se acordó que, aunque se harían unas pocas concesiones a los nuevos miembros —entre ellas controles temporales a las compras de tierra por parte de extranjeros, un delicado problema político—, estos tendrían que aceptar que la Unión Europea, a pesar de defender un mercado único, impusiera restricciones considerables a sus exportaciones de bienes y, sobre todo, de personas.

Ante las cifras tremendamente exageradas de posibles flujos migratorios (un informe de la Comisión Europea publicado en 2000 profetizó un éxodo anual de trescientas treinta y cinco mil personas desde los diez nuevos miembros si las fronteras se abrían sin restricciones), la mayoría de los miembros occidentales de la Unión insistieron en que había que regular la entrada de europeos orientales en Occidente mediante la imposición de cuotas: se menospreciaba así de manera patente el espíritu y desde luego la letra de toda una década de proclamas y tratados. Alemania, Austria y Finlandia impusieron límites estrictos durante dos años, con la posibilidad de extenderlos otros cinco más. Bélgica, Italia y Grecia siguieron el ejemplo. Solo el Reino Unido e Irlanda declararon que estaban dispuestos a aceptar los principios de «puertas abiertas» de la Unión, al tiempo que anunciaban que a los solicitantes de asilo procedentes de Europa oriental solo se les proporcionarían servicios asistenciales mínimos.

La ampliación hacia el Este de las subvenciones agrícolas y de otras ayudas también se limitó enormemente. En parte, como indicaba el Informe sobre la transición 2003 de la Comisión, esto se debía a «cuestiones relativas a [la capacidad de] los países entrantes» para absorber y utilizar con eficiencia las ayudas concedidas después de la entrada por los fondos de cohesión y estructurales de la Unión Europea. Pero la principal razón era, simplemente, que había que moderar y reducir los costes de la ampliación y minimizar la competencia para los productores occidentales. Hasta 2013 los agricultores de Europa del Este no obtendrían las mismas subvenciones que disfrutaban los del Oeste; se esperaba que, para entonces, la mayoría de ellos se hubiera retirado o abandonado la profesión.

Cuando se terminaron las negociaciones, y una vez que tanto las condiciones acordadas como las 97.000 páginas del acquis communautaire de la Unión fueron debidamente incorporadas a los códigos de funcionamiento de los Estados solicitantes, la ampliación misma se convirtió en una especie de anticlímax. Después de esperar quince años para entrar, se podía perdonar a la mayoría de los nuevos miembros que carecieran del entusiasmo que podrían haber mostrado una década antes. En cualquier caso, muchos de los beneficios prácticos del ingreso en la Unión Europea ya se habían descontado: sobre todo en lo tocante a la fabricación de coches, sector en el que los antiguos Estados comunistas disponían de un remanente de mano de obra barata y cualificada y en el que compañías como Volkswagen, Renault y Peugeot-Citroën habían invertido enormemente durante los años noventa. Entre 1989 y 2003 el total agregado de inversión directa extranjera en Europa oriental había llegado a ciento diecisiete mil millones de dólares.

En realidad, a comienzos del siglo XXI, la inversión extranjera en la antigua Europa comunista estaba disminuyendo. Irónicamente, esto se debía en gran medida a la inminente ampliación de la Unión Europea. Una vez que estuvieran dentro, sería sin duda más fácil hacer negocios en y con países como Polonia y Estonia. Por su parte, ellos podrían vender más a Occidente: Polonia esperaba duplicar sus exportaciones de alimentos a la Unión Europea en los tres años posteriores a la adhesión. Pero estos frutos procedían de un atraso relativo. Una vez que estuvieran dentro de la Unión, los salarios y los demás costes de producción de los países de Europa oriental comenzarían a acercarse a los niveles occidentales. Y con ello se perdería la ventaja competitiva que tenían sobre la India o México. Los márgenes de beneficio, al menos en el sector fabril, comenzarían a reducirse.

Entre tanto, gracias al enorme coste que comportaba desenmarañar las economías comunistas, la Europa del Este que estaba a punto de entrar en la Unión Europea seguía encontrándose muy por detrás de los antiguos miembros. El PIB per cápita, hasta en los más prósperos nuevos integrantes, estaba muy por debajo del de sus vecinos occidentales: en Eslovenia representaba el 69 por ciento de la media de la Unión Europea; en la República Checa, el 59 por ciento; en Hungría, el 54. En Polonia solo era el 41 y en Letonia, el más pobre de los miembros, era del 33 por ciento. Aunque las economías de los nuevos socios siguieran creciendo a una media de un dos por ciento más que los antiguos[7], a Eslovenia le costaría veintiún años ponerse al mismo nivel que Francia, mientras que Lituania tardaría cincuenta y siete años. Evidentemente, los ciudadanos de los antiguos Estados comunistas no tenían acceso a esos datos. Pero la mayoría se hacían pocas ilusiones respecto a las dificultades que tenían por delante. Cuando preguntaron a los checos en una serie de encuestas realizadas en 2000 cuánto tiempo pensaban que tardarían en ver «mejorar» su situación, el 30 por ciento contestó dentro de cinco años; el 30, que dentro de diez; otro 30 que 15 años o más, y el diez por ciento dijo que nunca.

Pese al justificado escepticismo de los beneficiarios, las consecuencias formales de la «explosión» expansiva de la Unión Europea eran bastante reales. Cuando el 1 de mayo de 2004 entró en vigor el tratado de ingreso, firmado en Atenas en abril de 2003, la Unión Europea pasó de golpe de quince a veinticinco miembros (se refrenó a Bulgaria y Rumanía, cuyo ingreso está previsto para 2007). Su población creció un quinto (aunque su economía creció menos del cinco por ciento) y su extensión territorial prácticamente lo mismo. Además, las fronteras de «Europa», que todavía en 1989 no llegaban más allá de Trieste, ahora se extendían hasta los límites de lo que antaño había sido la Unión Soviética.

¿Una Unión en continua expansión? La Unión Europea en 2004

Al despuntar el siglo XXI la Unión Europea se enfrentaba a una desalentadora gama de problemas: unos viejos, otros nuevos y otros creados por ella misma. Quizá sus tribulaciones económicas fueran las más familiares, aunque, al fin y al cabo, fueran las menos graves. Con o sin los nuevos Estados miembros, la Unión Europea seguía gastando sumas de dinero enormemente desproporcionadas en sus agricultores, como había hecho desde el principio. El 40 por ciento del presupuesto de la Unión —cincuenta y dos mil millones de dólares en 2004— iba a parar a «pagos de ayuda a la agricultura» de raíz política, muchos de ellos destinados a grandes explotaciones mecanizadas de Francia o España que prácticamente no necesitaban ayuda.

Incluso después de llegar a un acuerdo para reducir esas subvenciones y recortar la política agraria común, se preveía que los mecanismos de mantenimiento de los precios agrícolas seguirían representando un tercio del gasto total de la Unión Europea hasta bien entrada la segunda década del nuevo siglo, sometiendo el presupuesto a una presión intolerable. El problema no era que la Unión fuera pobre. Más bien al contrario: la riqueza y los recursos colectivos de sus miembros eran comparables a los de Estados Unidos, pero su presupuesto, en palabras de un informe independiente encargado por Bruselas en 2003, era una «reliquia histórica».

La Unión Europea había iniciado su andadura hacía medio siglo como una unión aduanera —un «mercado común»— que se mantenía unida por poco más que un mismo arancel externo. Su pauta de gasto se veía impulsada y después condicionada por acuerdos negociados sobre aranceles, precios, subvenciones y medidas de protección. A lo largo de los años, sus ambiciones se habían extendido a los ámbitos cultural, jurídico, administrativo y político, asumiendo —en Bruselas y en otros lugares— los mismos condicionantes externos de un gobierno convencional.

Pero mientras los gobiernos convencionales tienen libertad para conseguir dinero y así responder a los gastos previstos, la Unión Europea ha tenido y tiene escasas capacidades recaudatorias propias. Sus ingresos proceden de un porcentaje fijo de los impuestos aduaneros, los gravámenes agrícolas y el impuesto sobre el valor añadido (IVA), que se aplica en toda la Unión, y, sobre todo, de las contribuciones de los Estados miembros, que no pueden superar un escaso 1,24 por ciento del PIB. En consecuencia, la parte del presupuesto de la Unión que está bajo el control directo de su propia administración es escasa, y siempre vulnerable a las presiones políticas existentes dentro de cada uno de sus miembros.

En su mayoría, estos son más beneficiarios de la generosidad de la Unión Europea que contribuyentes netos a su presupuesto. En 2004, después de la ampliación hacia el Este, diecinueve de los Estados miembros de la Unión recibían de Bruselas más de lo que pagaban. En la práctica, solo seis de sus integrantes sufragaban los costes de mantenimiento de la Unión Europea: el Reino Unido, Francia, Suecia, Austria, Holanda y Alemania. Para las perspectivas de futuro de la Unión, resultaba alarmante que en diciembre de 2003 esos seis países solicitaran a la Comisión que las contribuciones nacionales al fondo común pasaran del 1,24 por ciento del PIB a solo el uno por ciento.

En consecuencia, el presupuesto de la Unión, minúsculo hasta en comparación con el del más pequeño Estado miembro y empleado principalmente en fondos estructurales, en medidas para mantener los precios y en la costosa burocracia de la Unión Europea, es siempre rehén de los intereses de sus contribuyentes y receptores. La eficacia de los resortes económicos de la Unión depende del consentimiento de todas las partes que la conforman. Cuando más o menos todo el mundo está de acuerdo en la base y los beneficios de una determinada política —en la apertura de las fronteras internas o en la libertad total de los mercados de bienes y servicios—, la Unión Europea ha conseguido progresos notables. Cuando un puñado de miembros (o incluso solo uno, sobre todo si es un contribuyente importante) muestra su discrepancia, la política se paraliza: la armonización fiscal, al igual que la reducción de las subvenciones agrícolas, está prevista desde hace décadas.

Además, en ocasiones el reloj marcha hacia atrás. Después de dos décadas de esfuerzos liderados por Bruselas para eliminar las subvenciones estatales a los «paladines» nacionales, con la intención de garantizar la existencia de un marco de actuación equitativo para la competencia económica intraeuropea, el comisario europeo para el mercado interior (el holandés Frits Bolkestein) mostró su sorpresa en julio de 2004 al observar que Francia y Alemania retomaban las políticas «proteccionistas» de los setenta para defender empresas locales amenazadas. Pero, en cualquier caso, Berlín y París, a diferencia de los comisarios no electos de Bruselas, tienen votantes que pagan impuestos y a los que simplemente no pueden dejar de atender.

Las tribulaciones del euro demuestran perfectamente las paradojas de la Unión. El problema de la moneda única no radica en las dificultades técnicas que conlleva sustituir multitud de divisas nacionales por una sola unidad de referencia —este proceso ya estaba en marcha mucho antes de la abolición del franco, de la lira o del dracma, y resultó sorprendentemente apacible e indoloro[8]— sino en la imprescindible armonización previa de las políticas económicas nacionales. Como hemos visto, para evitar abusos e impedir que otros se aprovecharan de la situación, Bonn insistió en la firma del llamado «pacto de crecimiento y estabilidad».

Los países que quisieran entrar en el euro tendrían que conseguir que su deuda pública no superara el 60 por ciento del PIB, con déficits fiscales no superiores al tres por ciento de ese mismo indicador. Los que no lograran pasar estas pruebas sufrirían sanciones, entre ellas multas considerables impuestas por la Unión. Lo que pretendían esas medidas era que ningún gobierno de la zona euro bajara la guardia en materia fiscal y se pasara de su presupuesto como le viniera en gana, sometiendo a una presión indebida a otras economías comunitarias, que tendrían que cargar con la responsabilidad de garantizar la estabilidad de la divisa común.

Para sorpresa de todos, la franja meridional, tradicionalmente despilfarradora, se mostró notablemente disciplinada. España «se acreditó» para entrar en el euro gracias a lo que un observador español calificó sarcásticamente de mezcla de fortuna y virtud: un repunte económico coyuntural permitió al Gobierno saldar toda su deuda pública justo a tiempo para la introducción de la moneda en 1999. Hasta Italia logró aprobar los exámenes teutones (que muchos italianos sospechaban, con razón, que se habían concebido para dejarlos fuera), aunque haciendo bastantes malabarismos con las cifras y lanzando una irrepetible oferta de venta de bienes públicos. En 2003, en la zona euro había doce economías, que iban desde la irlandesa a la griega.

Sin embargo, tal como muchos escépticos habían pronosticado, las tensiones derivadas de aplicar a la moneda única el principio de «una misma talla para todos» no tardaron en apreciarse. El Banco Central Europeo (BCE), recién constituido en Francfort, mantuvo desde el principio unos tipos de interés relativamente elevados, con el fin de sostener la divisa y protegerla de la inflación. Pero las economías de los Estados de la zona euro diferían, tanto en lo tocante a su grado de desarrollo como respecto a su posición en el ciclo económico. Algunas, como la de Irlanda, estaban en pleno apogeo; otras, en concreto la de Portugal, iban muy a la zaga, y no les habría venido mal un empujón a su actividad interna y a sus exportaciones, que tradicionalmente habrían logrado bajando los tipos de interés y debilitando su divisa.

Al Gobierno de Portugal, privado de poderes para poner en marcha esas medidas, las cláusulas del pacto le obligaban a reducir el gasto público —si no quería sufrir multas considerables—, justo en el momento en que, según la teoría económica convencional, tendría que haber salido de la recesión a fuerza de gasto. La situación no favorecía su aceptación popular, pero al menos el país podía presumir de no haber renegado de sus condiciones de participación en la nueva moneda: en 2003, Lisboa, retorciéndose bajo los límites oficiales, había logrado reducir la deuda pública hasta el 59,4 por ciento del PIB y el déficit anual al 2,8 por ciento.

Sin embargo, al año siguiente Francia sufrió un déficit de casi el 4,1 por ciento, y después vino Alemania, que, con su anticuada economía pasándole factura por la unificación, ahora sufría un déficit del 3,9 por ciento y una tasa de endeudamiento cercana al 65 por ciento. Dado el tamaño de sus respectivas economías, el hecho de que ni Francia ni Alemania cumplieran sus propias normas representaba un desafío considerable para el conjunto del acuerdo. Pero esta vez, cuando la comisión puso en marcha el procedimiento de penalización, París y Berlín dejaron claro que consideraban los déficits «temporales» como algo inevitable desde el punto de vista económico y que no tenían intención de abonar multas y ni siquiera de comprometerse a mejorar sus cifras de modo considerable al año siguiente.

Los Estados más pequeños de la Unión —los que, como Grecia y Portugal, habían luchado denodadamente y con cierto coste para cumplir los términos del pacto, y otros, como Holanda y Luxemburgo, que temían por la estabilidad de lo que ahora era también su divisa— pusieron, como cabía esperar, el grito en el cielo, pero la lección ya estaba clara. Menos de una década después de su aparición, el pacto de crecimiento y estabilidad estaba muerto. No se sabía cuánto sufriría realmente el euro si a los países que lo utilizaban se les permitía manejar con mayor flexibilidad sus presupuestos internos. Había muchos que tenían la sensación de que el auténtico problema no eran los gobiernos nacionales, sino el rígido y aparentemente insensible Banco Central Europeo, que, recalcando inamovible su total independencia, seguía librando las batallas contra la inflación de los años setenta.

Las dificultades del euro apuntaban otra deficiencia más general en el proyecto europeo: su sistema de gobierno, extraordinariamente inmanejable. El problema residía en su concepción original. Jean Monnet y sus herederos habían evitado deliberadamente cualquier esfuerzo que los llevara a imaginar, por no hablar de poner en práctica, un sistema democrático o federal. Por el contrario, se habían encaminado hacia un proyecto de modernización de Europa desde arriba: una estrategia de productividad, eficiencia y crecimiento económico que, concebida desde un punto de vista saintsimoniano y gestionada por expertos y funcionarios, apenas tenía en cuenta los deseos de sus beneficiarios. Las energías de sus defensores y partidarios se centraron en gran medida en las complejas dimensiones técnicas de la «construcción de Europa». Si llegaron a plantearse otras consideraciones, estas se pospusieron sucesivamente.

De manera que en los años noventa la Unión Europea seguía funcionando según normas establecidas hacía décadas y con fines principalmente empresariales. La Comisión de Bruselas, un órgano no electo, dirigía una burocracia considerable y ponía en práctica políticas, programas y decisiones sometidos a la aprobación de un Consejo de Ministros surgido de los Estados miembros. Un inmanejable Parlamento Europeo, que unas veces se reunía en Estrasburgo y otras en Bruselas, y que desde 1979 era electo, ejercía un papel supervisor que poco a poco se iba ampliando (en el Tratado de Roma original tenía una función estrictamente consultiva), aunque sin poder de iniciativa.

Las decisiones no polémicas se tomaban en Bruselas por expertos y funcionarios. Las políticas que podían afectar a circunscripciones electorales más amplias o a intereses nacionales eran negociadas en el Consejo de Ministros y generaban complicados compromisos o costosos tratos. Cualquier cosa que no pudiera resolverse o consensuarse quedaba simplemente en suspenso. Los Estados miembros más poderosos —el Reino Unido, Alemania y, sobre todo, Francia— no siempre podían contar con conseguir lo que querían; pero lo cierto es que lo que no querían no llegaba a aprobarse.

La unión Europea era un peculiar conjunto de disposiciones, que no guardaba relación con la situación de cada uno de los estados de América del Norte en 1776, todos ellos ex satélites de un único país —el Reino Unido—, cuya lengua, cultura y ordenamiento legal compartían. Tampoco era realmente comparable con la Federación Helvética, aunque esta analogía se estableciera en ocasiones: los cantones suizos, con una antiquísima red en la que se solapaban soberanías, enclaves administrativos y derechos y privilegios locales, más bien se parecían a la Francia del Antiguo Régimen, pero sin rey[9].

Los Estados miembros de la Unión Europea, por el contrario, seguían siendo unidades completamente independientes y separadas, dentro de una asociación voluntaria a la cual se le habían concedido, con el paso del tiempo, un cúmulo de azarosas competencias e iniciativas sin determinar nunca qué principio subyacía en ese ordenamiento y hasta dónde iba a llegar la empresa común. «Bruselas» —una sede central apropiadamente anónima para una entidad administrativa indefinida, ni democrática ni autoritaria— solo gobernaba mediante el consentimiento de los gobiernos que la componían. Desde el principio, la empresa se había presentado ante todos ellos como una suma claramente positiva: la Comunidad/Unión contribuiría al bienestar de sus miembros sin menoscabar de forma relevante su independencia. Pero esa situación no podía mantenerse indefinidamente.

Lo que desató la crisis no fue el carácter intrínsecamente complicado y acumulativo del sistema de gobierno de la Unión, sino la imposibilidad de conservarlo con veinticinco miembros. Hasta el momento, la presidencia del Consejo de Ministros rotaba cada seis meses, y cada país tenía que albergar una conferencia europea bianual de autopromoción (un sistema que ya desagradaba profundamente a los administradores profesionales de la Unión). La perspectiva de que ese circo se fuera arrastrando de Lisboa a Liubliana entre veinticinco capitales diferentes era absolutamente absurda. Además, el proceso de toma de decisiones concebido para un organismo de seis miembros, que ya resultaba gravoso para doce, por no hablar de quince, simplemente se detendría en medio de un chirrido cuando tuviera cincuenta comisarios europeos (dos por país) o un Consejo Europeo que representara a veinticinco miembros, todos ellos con derecho de veto.

Durante una reunión celebrada en Niza en diciembre de 2000 estas dificultades se evidenciaron. La conferencia, supuestamente convocada con el fin de sentar las bases de la ampliación y de idear un nuevo sistema de votación para el Consejo de Ministros de la Unión Europea —que ponderara el peso de cada miembro en función de su población, sin dejar por ello de garantizar que se pudiera llegar a decisiones por mayoría—, terminó con un enconado y profundamente engorroso tira y afloja. Los franceses insistieron en mantener la paridad con Alemania (a pesar de una diferencia demográfica de veinte millones de personas), mientras que países como España y Polonia —a este se le concedió estatus de observador en la reunión— trataban de maximizar la fuerza de su voto futuro en el Consejo vendiendo su respaldo al mejor postor.

La indecorosa rebatiña que ocasionó en Niza la lucha por el poder —mientras destacados hombres de Estado europeos como Tony Blair, Jacques Chirac y Gerhard Schröder se pasaban noches en vela negociando y discutiendo su categoría y su influencia en la casa común europea— puso de manifiesto el precio que se estaba pagando por la desatención mostrada anteriormente por las sutilezas constitucionales. Al llevar a la Unión a una nueva depresión, Niza condujo directamente a la instauración de la Convención Europea: una especie de asamblea constituyente no electa con capacidad para generar tanto un sistema de gobierno práctico para la «Europa» ampliada como, según se esperaba, una explicación creíble para dilucidar el propósito de toda esa empresa. Después de las presiones ejercidas por París (para entonces habituales), la presidencia de la Convención se puso en manos del anciano, pero siempre jactancioso, Valéry Giscard d’Estaing.

Después de dos años de deliberaciones, el organismo emitió un documento que era algo más que un borrador, pero decididamente menos que una Constitución. Privado de su portentoso preámbulo giscardiano (que inmediatamente se comparó, para su mal, con la elegante brevedad de su antecesor jeffersoniano), el documento de la Convención apenas tenía elementos que pudieran considerarse propuestas constitucionales clásicas: no había definiciones amplias de libertad individual ni proclamaciones claras sobre la división de poderes. En este sentido, como muchos habían pronosticado, era decepcionante.

Pero el texto de Giscard —que después de algunos debates se aprobó en Roma como Tratado Constitucional en 2004— sí servía como plan de trabajo para una gestión práctica de los asuntos de la Unión: mejoraba los sistemas de coordinación en materias como defensa o inmigración y proporcionaba un resumen unitario de las leyes de la Unión Europea, una Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión Europea, destinada a fortalecer aún más la autoridad de los tribunales europeos, y una clara e incluso ambiciosa explicación de las competencias y de la autoridad formales de la Unión.

Sobre todo, la propuesta de Constitución habría servido para reducir —con el tiempo— el inestable sistema de representación nacional de la Comisión; e ideaba un sistema de votación para el Consejo Europeo que, después de ciertos regateos, resultó aceptable para todas las partes y también demográficamente equitativo. Seguía sin estar claro que las nuevas disposiciones fueran a producir mayorías claras en momentos difíciles: mucho menos cuando, en asuntos polémicos como los impuestos y la defensa, se acordó —ante la insistencia británica, pero con el callado alivio de muchos otros países— conservar el viejo mecanismo gaullista de los vetos nacionales. Además, a nadie le cabía duda de que a pesar de la cuidadosa distribución de votos ponderados, el poder real lo seguían ostentando los países principales: según la conclusión a la que Ortega y Gasset había llegado ya en los años treinta, por «Europa se entiende, ante todo y propiamente, la trinidad Francia, Inglaterra, Alemania». Sin embargo, ahora sería posible, por lo menos, tomar decisiones, presuponiendo siempre que la Constitución fuera ratificada en todos los Estados miembros, un impedimento que, como se vería, nadie había previsto.

De este modo, en 2004 la Unión Europea, ante la sorpresa de muchos observadores, parecía haber superado o al menos aliviado las dificultades prácticas que comportaba gobernar una comunidad inmanejable e incipiente de veinticinco Estados independientes. Sin embargo, lo que no se había hecho —lo que ni siquiera habían comenzado a hacer ni la Convención de Giscard, ni los diversos tratados, ni la Comisión y sus variopintos informes y programas, ni las costosas publicaciones y páginas web diseñadas para educar al público europeo sobre la Unión y su funcionamiento— era abordar la crónica falta de interés en la Unión Europea de la población europea.

Si los tecnócratas que construyeron las instituciones de la nueva «Europa» habían mostrado un altanero desinterés por las opiniones del conjunto de la ciudadanía, este sentimiento se les devolvía ahora en especie y a conciencia. El primer ministro británico Clement Attlee, reflejando sombríamente la obsesión que tenían sus colegas laboristas por las técnicas y normas de la gestión política de su partido, solía prevenir contra la «falacia fundamental» de creer que «la elaboración de una maquinaria permite escapar a la necesidad de confiar en los demás seres humanos[10]». Pero esta era exactamente la premisa sobre la que se habían levantado las instituciones de la unidad europea de postguerra, con consecuencias que por fin se estaban poniendo de relieve. La Unión Europea sufría un serio «déficit democrático».

Cada vez que se celebraban elecciones al Parlamento Europeo la participación bajaba y las únicas excepciones a esta norma se producían cuando esos comicios coincidían con los nacionales, momento en el que los votantes que se habían movilizado por cuestiones locales o nacionales aprovechaban la ocasión para votar también en las elecciones europeas. Salvo esas circunstancias, el descenso continuaba imparable: en Francia se pasó del 60 por ciento de participación en 1979 al 43 por ciento en 2004; en Holanda, del 58 al 39[11].

El contraste entre el grado de interés que muestran los electores en la política nacional y su creciente desinterés por la Asamblea de Estrasburgo es especialmente revelador. En las elecciones europeas de junio de 2004, las primeras después de la ampliación, la participación en el Reino Unido se redujo en 20 puntos porcentuales en relación con las anteriores elecciones nacionales; en España cayó 23 puntos; Portugal asistió a una reducción de 24 puntos; Finlandia, de 39; Austria, de 42 y Suecia de 43 (pasando del 80 por ciento de participación en las elecciones nacionales suecas a solo el 37 por ciento en las europeas).

La pauta es demasiado constante como para atribuirla a las circunstancias locales. Además —y esto tiene graves consecuencias para el futuro de la Unión— se reprodujo de forma muy parecida en los nuevos miembros de Europa oriental, aunque esta era la primera oportunidad que tenían de votar en unas elecciones al Parlamento Europeo, que tanto tiempo les había hecho esperar hasta permitirles la entrada. En Hungría la participación en las elecciones europeas de junio de 2004 registró una reducción de 32 puntos porcentuales respecto a la de los últimos comicios nacionales; en Estonia fue de 31 puntos; en Eslovaquia, donde las últimas elecciones nacionales habían registrado una participación del 70 por ciento, solo el 17 por ciento del electorado se molestó en ir a votar en los comicios europeos. En Polonia, la participación, que solo fue del 20 por ciento, mostraba una reducción de 26 puntos respecto a las elecciones nacionales de 2001 y fue la más baja desde la caída del comunismo.

¿Por qué los europeos, «viejos» y «nuevos», se mostraban tan profundamente indiferentes hacia los asuntos de la Unión Europea? En gran medida por la extendida opinión de que no podían influir en ellos. La mayoría de los gobiernos europeos nunca había sometido a las urnas si debían o no entrar en la Unión Europea o en la zona euro: sobre todo porque en los países en los que la decisión sí se había sometido a un referéndum nacional se había rechazado o aprobado por un margen estrechísimo. De manera que la Unión no pertenecía a sus ciudadanos, sino que, de alguna manera, parecía que estaba al margen de los instrumentos democráticos habituales.

Además, entre la población europea se tenía la sensación generalizada (y certera) de que, de todas las instituciones de la Unión Europea, los setecientos treinta y dos miembros del Parlamento Europeo eran los más irrelevantes. El poder real residía en una Comisión nombrada por los gobiernos nacionales y un Consejo de Ministros que incluía a sus representantes. En pocas palabras, era en las elecciones nacionales donde se ventilaban las cuestiones importantes. ¿Por qué perder el tiempo eligiendo al mono cuando lo importante es elegir al que debe tocar el organillo?

Por otra parte, como tenía cada vez más claro hasta el más despreocupado ciudadano europeo, ahora quienes tenían realmente el poder eran los hombres y mujeres sin rostro de Bruselas, donde se decidía todo, desde el tamaño de los pepinos hasta el color y la redacción de los pasaportes. «Bruselas» podía dar (desde subvenciones a la producción de leche hasta becas de estudios) y podía quitar (la propia moneda, el derecho a despedir a los empleados y hasta la etiqueta del queso), y, en las décadas pasadas, a todos los gobiernos nacionales les había venido bien en uno u otro momento echar la culpa a Bruselas de leyes o impuestos impopulares, o de políticas económicas que los primeros habían apoyado tácitamente, aunque fueran reacios a asumir su responsabilidad en ellas.

Dadas las circunstancias, el déficit democrático de la Unión podía fácilmente transformar el desinterés en hostilidad, haciendo que se tuviera la sensación de que las decisiones se tomaban «allí», con desfavorables consecuencias para los que estamos «aquí» y sobre las que «nosotros» no tenemos nada que decir: un prejuicio alentado por políticos irresponsables de los principales partidos pero avivado por demagogos nacionalistas. No era casual que en las mismas elecciones europeas de 2004 que arrojaron ese drástico descenso en el interés de los votantes, muchos de los que sí se molestaron en acudir a las urnas dieran su apoyo a candidatos abiertamente —y en ocasiones rabiosamente— antieuropeos.

En Europa occidental fue la propia ampliación la que desató la reacción virulenta. En el Reino Unido el eurofóbico Partido de la Independencia y el Partido Nacional Británico, defensor de la supremacía blanca, obtuvieron entre los dos el 21 por ciento de los sufragios prometiendo mantener el país fuera de «Europa» y protegerlo del previsto aluvión de inmigrantes y solicitantes de asilo. El Vlaams Blok (Bloque Flamenco) belga, el Dansk Folkeparti (Partido Popular) de Dinamarca y la Liga Norte italiana pulsaron una tecla parecida, tal como habían hecho en el pasado, pero con bastante más éxito en esta ocasión.

En Francia, el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen adoptó una postura similar, pero las dudas francesas respecto a la ampliación europea no se limitaban a los extremos políticos. Era un secreto a voces que desde hacía tiempo el estamento político francés se oponía a la ampliación y a la consiguiente dilución de la influencia francesa: Mitterrand, Chirac y sus representantes diplomáticos se habían esforzado por posponer tanto como fuera posible lo inevitable. La opinión pública se hacía eco de esos sentimientos: en un sondeo realizado cuatro meses antes de la prevista entrada de los nuevos miembros, el 70 por ciento de los votantes franceses declaraba que la Unión Europea no estaba preparada para su llegada, mientras que el 55 por ciento se oponía por completo a su incorporación (frente al 35 por ciento del conjunto de los votantes de los Estados miembros)[12].

La antipatía hacia la Unión Europea también tuvo su papel en Europa oriental. En la República Checa, el Partido Cívico Democrático —aliado de Václav Klaus y clamorosamente escéptico frente a «Europa» y sus «excesivamente poderosas» competencias— ganó claramente las elecciones de 2004, obteniendo el 38 por ciento de los escaños del país en el Parlamento Europeo. En la vecina Polonia, en realidad los partidos euroescépticos de extrema derecha obtuvieron mejores resultados que la coalición gobernante de centro izquierda, algo que quizá no fuera sorprendente, si se tiene en cuenta que en un sondeo del Eurobarómetro realizado unos meses antes, solo poco más de la mitad del electorado polaco pensaba que la Unión Europea era «positiva».

Sin embargo, en líneas generales, la Unión Europea sí es positiva. Los beneficios económicos del mercado único han sido palpables, como han llegado a reconocer hasta los más fervientes euroescépticos británicos, sobre todo una vez superada la obsesión «armonizadora» que caracterizó la época en que Jacques Delors ocupó la presidencia de la Comisión. La recién descubierta libertad para viajar, trabajar y estudiar en cualquier lugar de la Unión fue un regalo, especialmente para los jóvenes. Y había algo más. En términos relativos, el llamado componente «social» del presupuesto de la Unión Europea era minúsculo: menos del uno por ciento del PIB del conjunto de Europa. Pese a todo, desde finales de los ochenta, los presupuestos de la Comunidad primero y de la Unión después habían tenido un contenido típicamente redistributivo, transfiriendo recursos desde las regiones pudientes a las más pobres y contribuyendo a una paulatina reducción del desfase agregado entre ricos y pobres: de hecho, habían sustituido a los programas socialdemócratas de corte nacional de la generación anterior[13].

En los últimos años, los ciudadanos de Europa han conseguido incluso su propia corte: el Tribunal de Justicia Europeo (TJE), establecido en 1952 en virtud del Tratado de París —el mismo que fundó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)—, empezó teniendo la limitada tarea de garantizar que la legislación de la CEE (el «derecho comunitario») se interpretara y aplicara igualmente en cada uno de los Estados miembros. Pero a finales del siglo XX, se autorizó a sus jueces —inicialmente uno por cada país— a solucionar los problemas jurídicos que surgieran entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea, así como a entender sobre recursos contra instancias judiciales inferiores e, incluso, contra gobiernos nacionales. De hecho, el Tribunal de Justicia Europeo asumió muchos de los poderes y atributos de un Tribunal de Apelaciones paneuropeo[14].

Como indica el ejemplo de esta instancia estadounidense, el carácter un tanto indirecto y con frecuencia involuntario del proceso de constitución de las instituciones de la Unión tenía sus ventajas. Muy pocos juristas o legisladores, ni siquiera de los países más europeístas, habrían estado dispuestos a renunciar a la primacía jurídica local si se les hubiera pedido inicialmente. De la misma manera, si un «proyecto europeo» claramente articulado, que describiera los objetivos e instituciones de la Unión tal como se desarrollaron con posterioridad, se hubiera sometido en algún momento a votación en los diferentes Estados de Europa occidental no hay duda de que habría sido rechazado.

En consecuencia, la ventaja de la idea europea en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial había radicado precisamente en su imprecisión. La idea de «Europa», al igual que las de «crecimiento» o «paz», con las que sus partidarios la relacionaban estrechamente en su fuero interno, era algo demasiado inofensivo como para suscitar una auténtica oposición[15]. A comienzos de los setenta, cuando el presidente francés Georges Pompidou comenzó a referirse con ligereza a una «Unión Europea», el ministro de Asuntos Exteriores Michel Jobert le preguntó en una ocasión a su colega Édouard Balladur (futuro primer ministro galo) qué quería decir exactamente: «Nada —contestó Balladur—, pero ahí reside precisamente su belleza». El propio Pompidou la tachó de «fórmula vaga (…) destinada a evitar paralizantes disputas doctrinarias[16]».

Evidentemente, es esta imprecisión expositiva la que, junto a la excesiva pormenorización de las directivas legislativas de la Unión Europea, ha dado lugar a la aparición del déficit democrático: a los europeos les resulta difícil interesarse por una Unión cuya identidad se mantuvo durante tanto tiempo difusa, pero que al mismo tiempo parece afectar a todos los aspectos de su existencia. Sin embargo, pese a sus defectos como sistema de gobierno indirecto, la Unión tiene ciertos interesantes y originales atributos. Puede que las decisiones y las leyes se aprueben en un ámbito intergubernamental, pero su aplicación depende por completo de las autoridades nacionales. Todas las empresas deben consensuarse, ya que no hay instrumentos de coacción: la Unión Europea carece de recaudadores de impuestos y de policías. En consecuencia, representa un compromiso inusual: una gobernanza internacional puesta en marcha por gobiernos nacionales.

Finalmente, aunque la Unión Europea no tiene ni medios ni mecanismos para impedir que sus Estados miembros lleguen a las manos, su propia existencia hace que esta idea resulte un tanto absurda. La idea de que la guerra suponía un precio demasiado elevado para lograr ventajas políticas o territoriales ya había sido recalcada por los vencedores de la Primera Guerra Mundial, aunque hizo falta una segunda contienda para transmitir el mismo mensaje al bando «perdedor». Sin embargo, el mero hecho de que una tercera guerra dentro de Europa hubiera sido catastrófica y quizá definitiva, no significa que no hubiera podido ocurrir, al menos en los primeros años de la postguerra.

No obstante, a finales del siglo XX, las élites y las instituciones de la Unión Europea estaban tan entrelazadas y eran tan interdependientes que, de algún modo, la posibilidad de un conflicto armado, aunque nunca fuera imposible, se había hecho inconcebible. Esta es la razón por la que «Europa» era algo tan deseado por aspirantes como Letonia o Polonia, que pretendían así escapar de su pasado y utilizarla como póliza de seguro para el futuro. Sin embargo, irónicamente, también explica la fatua impotencia mostrada por los propios dirigentes de la Unión Europea ante la realidad de una guerra en los Balcanes.

Su humillación en relación con Yugoslavia nos recuerda que la Unión Europea no puede escapar a los defectos de sus virtudes[17]. Como no es un Estado, la Unión ha logrado reunir a unos cuatrocientos cincuenta millones de personas en una comunidad única y de organización laxa con un disentimiento notablemente escaso. Pero, al no ser un Estado —porque sus ciudadanos mantienen como lealtad principal la que les une al país en el que se encuentran, cuyas leyes acatan, cuyo idioma hablan y cuyos impuestos pagan—, la Unión Europea carece de mecanismos para determinar o imponer sus propios intereses en materia de seguridad.

Esto no significa que «Europa» no tenga una política exterior común. Por el contrario, durante décadas, la Comunidad Europea y su sucesora, la Unión Europea, han tenido un éxito extraordinario en promover y defender sus intereses en los foros internacionales y contra los competidores extranjeros. Pero, desde el principio, lo que ha definido esos intereses han sido consideraciones mayoritariamente económicas, o, más precisamente, proteccionistas. Los ministros de Economía y secretarios comerciales europeos se han enzarzado abiertamente en combates con Washington por cuestiones como las reducciones fiscales para los exportadores estadounidenses o las restricciones a la importación de productos europeos.

Más polémico ha sido que la Unión Europea haya luchado, con mucho éxito, por mantener elevados aranceles externos para defender a sus subvencionados agricultores, cercenando así la libertad comercial en artículos como el azúcar y perjudicando a los productores africanos o centroamericanos[18]. Sin embargo, mientras que a los Estados miembros, incluso a los más poderosos, no les dolían prendas en trasladar a Bruselas la responsabilidad de defender sus reivindicaciones en la Organización Mundial de Comercio y en otros foros similares, se reservaban para sí el atributo vital de cualquier Estado moderno. Así, la Unión Europea carece de ejército.

Hasta cierto punto, esto es un accidente histórico. A comienzos de los años cincuenta muchos pensaban que en el futuro los europeos occidentales podrían y deberían organizar sus asuntos militares conjuntamente: en una reunión de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa celebrada en agosto de 1950, el francés Paul Reynaud llegó incluso a defender la existencia de un ministro de la Guerra europeo. Pero la derrota de la propuesta de constitución de una fuerza de defensa europea (véase el capítulo VIII) y la incorporación de Alemania Occidental a la OTAN bloquearon esas ideas durante una generación, haciendo que, por el contrario, Europa occidental se acurrucara cómodamente bajo el paraguas nuclear estadounidense.

Después de la guerra de Corea y del repliegue colonial, todos los países de Europa occidental redujeron su presupuesto de defensa. Con la caída del comunismo, el gasto militar registró nuevos mínimos. A finales de los ochenta, el gasto medio dentro de los presupuestos de los miembros de la OTAN ya había descendido hasta el 3,4 por ciento del PIB; en 2003 Dinamarca solo gastaba el 1,6 por ciento de su PIB en defensa; Italia, el 1,5, y España nada más que el 1,4. Solo franceses y británicos gastaban bastante más, aunque entonces ninguno de ellos destinaba a este concepto más del cinco por ciento, una cifra nimia en comparación con otras épocas.

Además, ninguna de las fuerzas armadas de Europa estaba bajo control «europeo» o era posible que lo estuviera en un futuro próximo, a pesar de que en 2000 se anunciaran planes de constitución de una «fuerza de reacción rápida». Aunque ya hacía algunos años que existía un comisario europeo de Relaciones Exteriores, desde el Tratado de Ámsterdam sus funciones se solapaban (con lo que su autoridad quedaba reducida) con las del alto representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, que solo tenía que dar cuentas al Consejo de Ministros de la Unión Europea. Además, ni el comisario ni el alto representante tenían autoridad alguna para poner en marcha sus propias iniciativas, enviar contingentes armados o hablar en nombre de los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros, a no ser que así se les indicara. La sarcástica pregunta formulada por Henry Kissinger hacía una década —«Si quiero telefonear a Europa, ¿qué número marco?»— no había perdido ninguna vigencia.

Pero, paradójicamente, esas limitaciones —el hecho de que pese a su tamaño y su riqueza la Unión Europea no fuera un Estado, ni mucho menos una gran potencia— servían para mejorar su imagen, tanto interior como exterior. Por lo menos en este sentido se parecía a Suiza, un almacén de organismos internacionales y de cooperación, un modelo de estrategias «posnacionales» para la resolución de problemas y la cohesión social: no tanto una red de instituciones o un corpus jurídico como un conjunto de valores —«europeos»— encarnados en la nueva Carta de Derechos Fundamentales.

Si los valores y las normas de esta nueva Europa sufrían presiones a finales del siglo XX, no era a causa de los consolidados Estados nación a los que la idea europea se había yuxtapuesto tradicionalmente, aunque de manera engañosa. La razón era que la Unión Europea y sus diversos Estados miembros se enfrentaban ahora a una inusitada oleada de desafíos económicos y sociales, ocasionados por fuerzas que en líneas generales escapaban a su control, la mayoría de ellas vinculadas de una u otra manera con algo que se estaba dando en llamar globalización.

La globalización no tiene nada especialmente misterioso. Ni siquiera carece de precedentes: el impacto sobre la economía mundial de nuevas y rápidas redes de transporte y comunicación a finales del siglo XIX fue, por lo menos, tan espectacular como la transformación ocasionada por Internet y por la desregulación y la liberalización de los mercados de un siglo después. Tampoco había nada nuevo en la desigual distribución mundial de los beneficios del comercio liberalizado, sobre todo cuando a finales del siglo XX, no menos que en los años anteriores a 1914, las normativas comerciales internacionales se estaban adaptando tan sistemáticamente a los intereses de los poderosos y acaudalados.

Sin embargo, desde la perspectiva europea, estas últimas transformaciones de la economía mundial presentaban una importante singularidad. A finales del siglo XIX los Estados europeos acababan de comenzar a expandir sus competencias internas: con el tiempo, muchos de ellos serían propietarios, gestionarían o regularían grandes sectores económicos. El gasto público —financiado con nuevos impuestos progresivos— se incrementaría enormemente, en parte para sufragar guerras, pero también, y cada vez más, para responder a necesidades sociales y asistenciales de las que el Estado se estaba haciendo responsable.

Sin embargo, la internacionalización económica de la última década del siglo XX seguía la estela de la primera gran oleada de privatizaciones registrada en Europa y dio impulso a otras posteriores (véase el capítulo XVII). Ahora, el Estado estaba en retirada —primero en el Reino Unido, después en gran parte de Europa y, finalmente, en el antiguo bloque comunista de Europa oriental—; un proceso que fomentó aún más la aplicación después de 1987 del Acta Única Europea, con sus disposiciones en materia de apertura de la competencia dentro y fuera de las fronteras. Las empresas y corporaciones, a través de fusiones y adquisiciones, y de la internacionalización de su funcionamiento, operaban a escala mundial. Con frecuencia, la producción y distribución de bienes escapaba al control de los países.

En cuanto al dinero, estaba comenzando a multiplicarse y a desplazarse de un modo impensable unos años antes. En 1980, los préstamos bancarios a escala internacional sumaban trescientos veinticuatro mil millones de dólares anuales; en 1991 esa cifra alcanzó los 7,5 billones de dólares, lo cual suponía un incremento del 2000 por ciento en poco más de una década. Y esto solo era el principio. Ahora, el control de los movimientos de capital —eliminado por la mayoría de los Estados europeos a primeros de los ochenta— parecía tan anticuado como el racionamiento de alimentos. La crisis bursátil de septiembre de 1992 —cuando primero el Reino Unido y después Italia se vieron obligados a abandonar el sistema monetario europeo y a devaluar su moneda, a causa de las actividades de especuladores privados e inversores institucionales cuyas actividades eran incapaces de impedir— fue algo enormemente sintomático.

Las ventajas de esta revolución de la economía internacional saltaban a la vista. El capital de inversión, al no sufrir las cortapisas de las fronteras nacionales, las normativas sobre tipos de cambio o la reglamentación local de divisas, fluía sin obstáculos allí donde se necesitaba (y viera posibles rendimientos): en 1990, el 34 por ciento de la deuda alemana estaba en manos extranjeras. Pero también había desventajas: los fabricantes europeos, al ver sus márgenes de beneficio reducidos por los incrementos salariales y por los costes generales que conllevaba contratar a trabajadores cualificados de Alemania, Francia o Suecia, ahora no solo tenían libertad para buscar inversores internacionales, sino una fuerza laboral extranjera más maleable y barata.

En lugar de importar a Europa a trabajadores baratos de países pobres —como se había hecho en el pasado— ahora a las empresas alemanas, británicas o francesas les parecía más eficiente exportar sus fábricas, instalándolas en Brasil, Nigeria, Portugal o Rumanía, y vender directamente el producto final en los mercados mundiales. Esta práctica aceleró aún más el proceso de desindustrialización de Europa occidental, lo que agravó el desempleo, ya de por sí crónico, de muchas regiones; e incrementó, además, el peso que sufría el Estado por abonar subsidios de paro y proporcionar otros servicios sociales.

Cuando en abril de 2004 se cerró la última mina de carbón francesa —en Creutzwald, junto al Mosela— nadie se molestó siquiera en hacer creer que los antiguos mineros podrían volver a tener un trabajo estable. El desempleo en esa región rondaba el diez por ciento de la población activa; más al norte, en las antiguas localidades mineras que jalonan la frontera con Bélgica, era del 15 por ciento. Francia, en conjunto, había perdido un millón y medio de puestos de trabajo industriales en las tres últimas décadas del siglo, la mayoría desde 1980. En España, que no tardó en perder cualquier ventaja comparativa que conllevara el hecho de ser una de las economías más atrasadas de Europa occidental, se perdieron seiscientos mil empleos en los veinte años posteriores a la transición a la democracia. En el momento álgido de la depresión de mediados de los noventa, el 44 por ciento de la mano de obra menor de veinticinco años del país estaba en paro.

El desempleo no era nuevo. Y dada la generosidad de las redes asistenciales en la mayoría de los países de la Unión Europea, el impacto económico que tuvo sobre individuos y comunidades no fue en modo alguno comparable a la devastación registrada durante el periodo de entreguerras (otra cosa eran sus consecuencias psicológicas). Sin embargo, lo realmente singular del coste social que tuvieron las perturbaciones económicas de los últimos años del siglo XX fue que coincidiera con una época de bonanza. La privatización y la apertura de los mercados financieros habían creado una gran riqueza, aunque para una minoría relativamente pequeña; en ciertos lugares —como Londres o Barcelona— sus consecuencias saltaban a la vista. Y gracias a la disminución de las distancias y a unas comunicaciones informáticas y electrónicas cada vez más rápidas, todo el mundo tenía acceso a información, inmediata y con profusión de datos, sobre la forma de vida de los demás.

En Europa, la sensación de que era flagrante el contraste entre la riqueza y la pobreza, la prosperidad y la inseguridad, el bienestar privado y la miseria pública, fue lo que alimentó el escepticismo ante las tan cacareadas virtudes de los mercados desregulados y la globalización sin ataduras, aun cuando muchos europeos se estuvieran beneficiando indirectamente de los cambios que condenaban. Anteriormente, esos sentimientos, unidos a las presiones de los sindicatos y del interés egoísta de los políticos, podrían haber favorecido un repliegue hacia algún tipo de proteccionismo limitado.

Pero ahora los gobiernos tenían las manos atadas y las organizaciones obreras, en su sentido tradicional, apenas existían. Francia fue el único país en el que los trabajadores sindicados consiguieron, con la ayuda de la opinión pública, bloquear temporalmente la venta de empresas estatales, e incluso aquí solo en casos concretos, como el de Électricité de France (EdF), un símbolo del sector nacionalizado en la postguerra, cuyos empleados se encontraban entre los pocos miembros de la, en su día, gigantesca Confederación General del Trabajo (CGT, de orientación comunista). En los últimos años del siglo, a pesar de que el resto del mercado energético europeo estaba siendo desregulado, EdF siguió en manos públicas.

Pero la CGT, en su momento el principal sindicato de trabajadores manuales de Francia, era una sombra de lo que había sido —en conjunto, el movimiento sindical galo había perdido dos tercios de sus afiliados desde 1980— y ya no representaba al trabajador medio de la población activa de Francia ni de ninguna otra parte. El propio trabajo había cambiado. Lo que estaba surgiendo en muchos lugares era una nueva estructura de cuatro clases. En la cima estaba el nuevo estrato profesional: metropolitano, cosmopolita, rico y bien preparado, con frecuencia vinculado a la banca y a otros organismos financieros, principales beneficiarios de la nueva economía global. Después venía un segundo escalón, un núcleo protegido de empleados tradicionales —de los sectores industrial, servicios o publico—, con trabajos relativamente seguros y con sus prestaciones y garantías tradicionales aún intactas.

El tercer escalón lo componían pequeños negocios y servicios —tenderos de barrio, agentes de viajes, sastres, reparadores de aparatos electrónicos y demás—, atendidos en la mayoría de los casos por inmigrantes o por sus descendientes (árabes en Francia, turcos en Alemania y personas del subcontinente indio en el Reino Unido). A este sector habría que añadir la economía sumergida, de tamaño considerable y generalmente familiar, del sur de Europa. En Italia, donde era frecuente que la producción y distribución de toda clase de artículos, desde zapatos a prendas de vestir, pasando por repuestos mecánicos, escapara a los radares oficiales, se calculaba en 1997 que el sector «informal» representaba por lo menos un cuarto del PIB del país. En Portugal, esa cifra, inevitablemente aproximada, se situaba en el 22 por ciento; pero en algunas regiones —como en la ciudad de Braga, en el extremo norte del país— los trabajadores «no oficiales» llegaban hasta el 45 por ciento de la población activa local.

Después estaba el cuarto escalón, el de más rápido crecimiento: ocupado por personas con empleos (si es que tenían alguno) carentes tanto de la seguridad a largo plazo de los puestos cualificados tradicionales como de las prestaciones que se habían hecho habituales durante el auge económico de los cincuenta y los sesenta. No hay duda de que las cifras de paro de algunos países —el Reino Unido u Holanda— descendieron hasta alcanzar niveles agradablemente bajos; lo cual demostraba, tal como se pregonaba a los cuatro vientos, las virtuosas consecuencias de un mercado sin obstáculos y globalizado. Pero, ahora, muchos de los que ya no figuraban en las cifras de desempleados —sobre todo mujeres y jóvenes— estaban desempeñando labores mal pagadas, a tiempo parcial y sin prestaciones, o trabajaban con contratos temporales dentro de programas de empleo subvencionados o financiados por el Estado.

Quienes percibían salarios demasiado reducidos como para poder mantener a sus familias todavía podían recurrir al Estado del bienestar, y muchos lo hacían. En el Reino Unido, donde más se había acusado la arremetida thatcheriana contra el Estado y la sociedad, catorce millones de personas vivían ahora en la pobreza, entre ellas cuatro millones de niños[19]. Una sexta parte de la población dependía de programas de mantenimiento de la renta o de créditos familiares para sostenerse por encima del umbral de la pobreza. El fenómeno de los sin techo, que por lo menos en el norte de Europa había logrado erradicarse a finales de los cincuenta, estaba aumentando de nuevo: durante los años de Margaret Thatcher, solo en Londres, el número de personas sin techo se multiplicó por diez. A mediados de los noventa afectaba ya a ochenta mil individuos. A unos pocos kilómetros de las zonas de la capital británica con propiedades inmobiliarias de las más caras del mundo, estaban comenzando a aparecer lugares parecidos a los del Londres marginado tristemente famoso de finales de la época victoriana[20].

Las cosas ya no eran como antes, cuando los periodos de auge económico tendían a proporcionar a muchos pobres empleos mejor pagados y más seguros. Dicho de otro modo, Europa estaba creando una clase marginada en medio de la bonanza. Como había pronosticado el sociólogo francés André Gorz en los años sesenta, al final de la era industrial asistiríamos al nacimiento de una nueva casta de empleados ocasionales o temporales —«una no clase de no trabajadores»— que estaría al margen de la vida moderna, y sin embargo en cierto modo en su centro[21].

La clase marginada europea, al igual que su homóloga estadounidense, no solo estaba determinada por la pobreza y el desempleo (o el subempleo), también, y cada vez más, por la raza: a mediados de los noventa, los hombres negros de Londres sufrían un índice de paro del 51 por ciento. La pobreza, al igual que el conjunto de Europa a finales del siglo XX, era sorprendentemente multinacional, o multicultural, tal como se había puesto de moda decir, para reconocer que muchos holandeses, alemanes o británicos de piel oscura eran nacionales, pero hijos o incluso nietos de inmigrantes originarios de Marruecos, Turquía o Pakistán. Ahora, ciudades como Rotterdam o Leicester eran multilingües y multirraciales hasta un punto que habría asombrado a cualquiera que regresara a los países correspondientes después de una ausencia de ni siquiera dos décadas. En 1998, los niños blancos eran minoría en las escuelas secundarias públicas del interior de Londres.

Ahora, las principales ciudades europeas, sobre todo la citada Londres, eran realmente cosmopolitas. Si los empleos mejor pagados de la urbe seguían yendo a parar a los europeos o norteamericanos blancos, casi todos los de salario más bajo, desde la limpieza urbana al cuidado de niños, ya no los realizaban los tradicionales europeos de «segunda clase» del Alentejo o del Mezzogiorno, sino miembros de las minorías étnicas, con frecuencia negros o «morenos», en muchos casos sin permiso de trabajo. Según las cifras oficiales, el incremento neto del número de extranjeros que vivía en Londres y el sureste de Inglaterra durante el periodo 1992-2002 fue de setecientas mil personas; pero la cifra real era claramente mayor.

De este modo, la inmigración, aunque nunca alentada y siempre rigurosamente controlada en toda Europa occidental, seguía siendo un importante factor demográfico. En 1998, de esos mismos niños del interior de Londres, un tercio no utilizaba el inglés como primera lengua. Solían ser hijos de refugiados, «solicitantes de asilo» según la jerga del momento, cuyo número se había disparado después de las guerras de Yugoslavia; pero también de trabajadores emigrantes del centro y el sureste de Asia, Oriente Próximo y gran parte de África, muchos de ellos ilegales y, por tanto, indocumentados.

A finales del siglo XX, en Alemania, que era y sigue siendo con mucho el país europeo que más facilidades concede a los solicitantes de asilo, aunque tradicionalmente fuera el que más dificultades ponía para conceder la ciudadanía completa, se calculaba que había cinco millones de asilados, incluyendo a sus familias y personas a su cargo[22]. La mayoría de las solicitudes de asilo que recibía este país a comienzos del nuevo siglo venían de Irak, Turquía y de la antigua Yugoslavia, pero también estaba aumentando el número de las procedentes de Irán, Afganistán, Rusia y Vietnam.

El miedo a que Europa se viera «invadida por refugiados económicos», inmigrantes ilegales, solicitantes de asilo y demás contribuyó a una generalizada falta de entusiasmo ante la perspectiva de ampliación de la Unión Europea. Ya en los años ochenta, gran número de trabajadores indocumentados procedentes de Polonia había aparecido en el sector de la construcción británico y alemán. Pero el problema no residía tanto en Polonia o Hungría, ni en los aspirantes a miembros de la Unión Europea de Europa central, sino en tierras situadas más al Este. En 1992, la propia Polonia tenía doscientos noventa mil inmigrantes «irregulares», la mayoría de Bulgaria, Rumanía y la antigua Unión Soviética; Hungría, con una población de solo diez millones de personas, albergaba a más de cien mil solicitantes de asilo. Aunque la vida allí —o en Eslovaquia o la República Checa— fuera difícil, no era intolerable y la brecha que separaba esos países de sus vecinos occidentales ya se estaba salvando, aunque fuera lentamente. Sin embargo, el abismo existente entre Europa central y el resto de la Europa poscomunista cada vez se profundizaba más.

De este modo, mientras que a finales de los noventa el salario mensual medio en Polonia y la República Checa ya se aproximaba a los 400 dólares, en Bielorrusia, Ucrania y Rumanía rondaba los 80; en Bulgaria estaba por debajo de 70, y en Moldavia solo llegaba a 30 (aunque hasta ese promedio era engañoso, ya que fuera de la capital, Chişinău, las rentas eran aún más bajas, en una población que en un 48 por ciento seguía trabajando la tierra). Además, la situación de las antiguas repúblicas soviéticas, a diferencia de la de Polonia, o incluso Bulgaria, no estaba mejorando: el año 2000, uno de cada dos moldavos ganaba menos de 220 dólares al año, es decir, solo 19 al mes.

En esas circunstancias, la única esperanza para los moldavos, los ucranianos y desde luego para muchos rusos que vivieran fuera de las principales conurbaciones era encontrar trabajo en Occidente. De manera que un número alarmante de personas de esos países —sobre todo mujeres jóvenes— terminaba en manos de organizaciones criminales que las introducían en la Unión Europea a través de Rumanía o los Balcanes para emplearlas, en el mejor de los casos, como criadas con derecho a manutención, y en el peor y más frecuente, como prostitutas: en Alemania o Italia, e incluso en Bosnia, servían a una clientela bien pagada de soldados, administradores y «trabajadores de agencias de cooperación». De este modo, involuntarios «trabajadores invitados» de Moldavia y Ucrania se unían a los romaníes (gitanos) en el escalón más bajo de la amalgama multicultural del continente[23].

En general, las víctimas del comercio sexual eran invisibles: al igual que generaciones anteriores de emigrantes blancos de la periferia europea, se mezclaban con bastante facilidad con la mayoría local, razón por la cual a la policía y a los servicios sociales les resultaba tan difícil localizarlas. Pero gran parte de las personas a las que los sociólogos y analistas franceses acostumbraban a denominar les exclus (los excluidos) eran perfectamente visibles. La nueva clase marginal se componía de personas aisladas no tanto del trabajo como de las «posibilidades vitales»: de individuos encallados fuera de la economía dominante; de sus hijos, poco instruidos, y de sus familias, abandonadas en bloques de pisos parecidos a barracones que, situados en la periferia urbana, carecían de tiendas, servicios y transporte. En 2004, un estudio realizado por el Ministerio del Interior francés llegó a la conclusión de que alrededor de dos millones de personas vivían en guetos urbanos asolados por la exclusión social, la discriminación racial y un alto índice de violencia familiar. En algunos de esos quartiers chauds (barrios calientes) el desempleo juvenil llegaba al 50 por ciento y los peor parados eran los jóvenes de origen argelino o marroquí.

Era muy frecuente que esa clase marginal se caracterizara no solo por su color, sino por su credo. Porque la Unión Europea, además de ser multicultural, era cada vez más «multiconfesional». La inmensa mayoría seguía siendo cristiana, aunque no practicante. Ahora, los judíos constituían una pequeña minoría y su número solo era importante en Rusia, Francia y, en mucha menor medida, en el Reino Unido y Hungría. Pero los hindúes y, sobre todo, los musulmanes constituían una presencia notable y visible en el Reino Unido, Bélgica, Holanda y Alemania, así como en las principales ciudades escandinavas, italianas y centroeuropeas. Además, y este era un caso único entre las principales religiones de ámbito mundial presentes en Europa, el número de adeptos del islam crecía con rapidez.

A comienzos del siglo XXI quizá hubiera seis millones de musulmanes en Francia (la mayoría originarios de África del Norte) y casi el mismo número en Alemania (principalmente de origen turco y kurdo). Estas cifras, junto a los casi dos millones de musulmanes del Reino Unido (casi todos de Pakistán o Bangladesh) y la cifra considerable de los residentes en los países del Benelux e Italia, sugerían que quizá hubiera un total de quince millones de musulmanes en el conjunto de la Unión.

Esta presencia en comunidades hasta entonces mayoritariamente laicas planteaba problemas para las políticas sociales: ¿cómo había que legislar en lo tocante al uso de indumentaria o símbolos religiosos en las escuelas públicas? ¿Hasta qué punto debía el Estado fomentar o frenar el establecimiento de instituciones e instalaciones culturales separadas? ¿Era una buena política apoyar a las comunidades multiculturales (y por tanto realmente separadas) o más bien las autoridades debían tratar de facilitar o incluso imponer la integración? En Francia, la política oficial propugnaba la integración cultural y prohibía la exhibición de símbolos religiosos en la escuela; en otros países, sobre todo en el Reino Unido y Holanda, existía una amplia tolerancia hacia las diferencias culturales y hacia una desinhibida autoidentificacion religiosa. Pero, en todas partes, las opiniones al respecto estaban divididas (véase el capítulo XXIII).

Si esas cuestiones habían logrado situarse en primera fila de las preocupaciones políticas nacionales, mezclándose cada vez más con los debates sobre inmigración y asilo, era porque en todo el continente crecía la inquietud ante la aparición de una nueva generación de partidos xenófobos. Algunos de ellos hundían sus raíces en una época de nacionalismo sectario anterior; otros —como el Dansk Folkeparti, de éxito inesperado, o la Lista Pim Fortuyn de Holanda— acababan prácticamente de aparecer. Pero todos habían demostrado su extraordinaria habilidad para explotar el sentimiento contra la inmigración.

Las formaciones de extrema derecha, ya fueran como el Partido Nacional Británico, que arremetía contra las «minorías étnicas», o como el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, cuyo blanco eran los inmigrantes —en Alemania se preferían los términos «forasteros» o «extranjeros»—, obtuvieron pingües beneficios en esos años. Por una parte, la conjunción del crecimiento lento con la vulnerabilidad ante las fuerzas económicas mundiales estaba sometiendo a muchas personas a unos niveles de inseguridad económica que no se recordaban. Por otra, los antiguos órganos de la «izquierda» ya no estaban en situación de monopolizar y movilizar esa inseguridad en torno a la bandera de la clase: no era casual que el Frente Nacional obtuviera con frecuencia sus mejores resultados en circunscripciones que en su día fueron bastiones del Partido Comunista Francés.

La presencia en su seno de una minoría visible, culturalmente ajena y cada vez más numerosa —y la perspectiva de que un número aún mayor de extranjeros «chupara del bote» o consiguiera «nuestros» trabajos una vez que las compuertas del Este se abrieron— fue miel sobre hojuelas para la nueva derecha. Proclamando que «el bote estaba lleno» —o que sus gobiernos habían abandonado el control de sus fronteras en manos de «intereses cosmopolitas» o de los «burócratas de Bruselas»— demagogos populistas prometían detener la inmigración, repatriar a los extranjeros y devolver el Estado a su asediada ciudadanía blanca, extranjera en su propio país.

En comparación con el fascismo de épocas anteriores, esta manifestación latente de xenofobia parecía tibia, aunque Alemania asistió a comienzos de los noventa a una oleada de crímenes fruto del odio a los extranjeros y las minorías que hizo que algunos analistas llevaran su atención a cuestiones más generales. Günter Grass apuntó en tono acusador a la indiferencia egocéntrica de la cultura política germana occidental y al entusiasmo miope mostrado por el país ante una «inmerecida» unidad, señalando que la responsabilidad de la violencia racista (sobre todo en las purulentas y caducas ciudades industriales de la antigua República Democrática, donde el sentimiento antiextranjero era más intenso) debía recaer lisa y llanamente en la complacencia y la amnesia de la élite política del país.

Pero aunque el nivel de violencia fuera escaso, la magnitud del apoyo público obtenido por la nueva derecha fue objeto de gran preocupación. Con Jörg Haider, su juvenil y telegénico líder, el Partido de la Libertad (PL) de la vecina Austria —heredero de la Liga de los Independientes de la postguerra, si bien purgado supuestamente de sus vínculos nazis— ascendió paulatinamente en las encuestas, presentándose como defensor «de los de abajo», abandonados por los dos grandes partidos, que colaboraban para su mutuo beneficio, y amenazados por hordas de «criminales, drogadictos y otros extranjeros indeseables» que ahora invadían su patria.

Para no entrar en conflicto con la ley, Haider solía evitar cualquier comportamiento que pudiera pringarle demasiado con la brocha de la nostalgia nazi. En líneas generales, el austríaco (al igual que Jean-Marie Le Pen) solo manifestaba sus prejuicios indirectamente: señalando, por ejemplo, como muestra de alguna manifestación pública que le ofendía, a personas que, casualmente, eran judías. Tanto él como su público estaban más cómodos con nuevos objetivos, como la Unión Europea: «Nosotros, los austríacos, deberíamos decir no a la Unión Europea, no a Maastricht, no a cualquier tipo de idea internacional que no sea la de esta nuestra patria».

En las elecciones parlamentarias de 1986, el Partido de la Libertad de Haider obtuvo el 9,7 por ciento de los sufragios. Cuatro años después alcanzaba el 17. En las elecciones de octubre de 1994 conmocionó la vida política vienesa al llegar al 23 por ciento, solo cuatro puntos por debajo del Partido Popular, que había gobernado el país durante los primeros veinticinco años de la postguerra y que seguía dominando las zonas rurales austríacas. Aún más inquietante resultaba que Haider hubiera calado bastante en el electorado tradicionalmente socialista de la Viena obrera. Algo no demasiado sorprendente, teniendo en cuenta que (según los sondeos de opinión de 1995) uno de cada tres austríacos creía, al igual que Haider, que los «trabajadores invitados» y otros extranjeros residentes en Austria tenían demasiadas prestaciones y privilegios.

La influencia de Haider alcanzó su punto culminante justo cuando el siglo llegaba a su fin, después de las elecciones de octubre de 1999, momento en el que su partido recibió el apoyo del 27 por ciento de los votantes de Austria, empujando al Partido Popular al tercer puesto y quedándose a doscientos noventa mil votos de los socialistas, situados en primer lugar. En febrero de 2000, generando exclamaciones de horror un tanto exageradas en los socios europeos de Austria, el Partido Popular formó una coalición de gobierno con el Partido de la Libertad (aunque sin incluir al propio Haider). Pero el nuevo canciller austríaco, Wolfgang Schüssel, había hecho un cálculo astuto: el Partido de la Libertad era un movimiento de protesta, una formación contra ellos, dirigida a los «explotados y engañados de abajo» (por citar a Pierre Poujade, que dio nombre al concepto de poujadismo populista). Una vez en el gobierno, expuesto al desgaste natural del poder y obligado a compartir la responsabilidad de adoptar políticas impopulares, no tardaría en perder su atractivo. En las elecciones de 2002 el PL solo logró el 10,1 por ciento (mientras que el Partido Popular alcanzaba casi el 43). En las europeas de 2004 el partido de Haider se vio reducido al 6,4 por ciento de los sufragios.

El ascenso y decadencia de Haider (que no obstante siguió siendo un gobernador popular en su Carintia natal) ejemplifica la trayectoria de los partidos xenófobos de otros lugares. En Holanda, la Lista Pim Fortuyn, tras lograr el 17 por ciento de los votos en 2002, entró brevemente en el Gobierno después de que su líder fuera asesinado, tan solo para ver derrumbarse su apoyo hasta el cinco por ciento del electorado en los comicios posteriores, y su presencia parlamentaria reducida de cuarenta y dos a ocho escaños. En Italia, la llegada de la Liga Norte al Gobierno, arropada por Berlusconi, precipitó una constante reducción de sus votos.

En Dinamarca, el grupo parlamentario del Dansk Folkeparti, surgido del anonimato en 1995, se convirtió en 2001 en el tercero más numeroso del país. Manteniéndose fuera del poder y centrándose casi exclusivamente en la inmigración, el partido y su líder, Pia Kjærsgaard, consiguieron ejercer una influencia que no guardaba relación con su tamaño. Ahora, los dos principales partidos daneses —el Liberal y el Socialdemócrata— competían por superar al otro en una «firmeza» recién descubierta respecto a las leyes de asilo y los residentes extranjeros. Como señaló Kjærsgaard después de que su partido obtuviera el 12 por ciento de los votos en las elecciones de 2001: «Nosotros estamos al mando[24]».

Y tenía razón, en el sentido de que en ese momento prácticamente ningún político de la izquierda o la derecha tradicionales se atrevía a mostrarse «blando» respecto a esos asuntos. Hasta el minúsculo y camorrista Partido Nacional Británico (BNP) logró proyectar su sombra sobra los gobiernos del nuevo laborismo. El BNP, tradicionalmente marginal —en los últimos tiempos, sus mejores resultados habían sido un siete por ciento en el Este de Londres, donde los bengalíes habían sustituido a los judíos como minoría étnica principal—, sacó 11.643 votos (el 14 por ciento) cuatro años después en dos distritos de Oldham, una antigua ciudad fabril de Lancashire donde poco antes de las elecciones se habían registrado disturbios raciales.

Eran resultados insignificantes en comparación con los del resto de Europa y el BNP nunca tuvo posibilidad alguna de lograr un escaño parlamentario. Sin embargo, como según las encuestas sus intereses parecían reflejar una generalizada incomodidad nacional, la extrema derecha logró atemorizar al primer ministro Tony Blair para que endureciera aún más la ya de por sí poco generosa legislación británica respecto a los futuros inmigrantes y refugiados. Algo dice sobre el clima de la época el hecho de que un gobierno del nuevo laborismo, que había obtenido una abrumadora mayoría parlamentaria y casi once millones de votos en las elecciones de 2001, se viera impulsado a responder de ese modo a la propaganda de una camarilla neofascista que solo tenía el apoyo de cuarenta y ocho mil votantes en el conjunto del país: el 0,2 por ciento de los votos y solo 40.000 sufragios más que el «Partido del Monstruo Lunático y Loco de Remate».

Francia era otro cantar. Allí el Frente Nacional tenía un tema central —los inmigrantes—, apoyo masivo —dos millones setecientos mil votos en las elecciones generales de 1986—, y un líder carismático al que se le daba estupendamente convertir la insatisfacción generalizada en una ira y un prejuicio político bien dirigidos. Sin duda, la extrema derecha no habría tenido tan buenos resultados si Mitterrand no hubiera introducido cínicamente en Francia, en 1986, un sistema de representación proporcional concebido para manipular el éxito parlamentario (y, con él, la visibilidad nacional) del Frente Nacional, para así dividir y debilitar a los partidos conservadores tradicionales.

En cualquier caso, sigue siendo un hecho que cuatro millones y medio de votantes franceses respaldaron a Le Pen en las elecciones presidenciales de 1995, cifra que aumentó hasta cuatro millones ochocientos mil en abril de 2002, cuando el líder del FN logró un éxito sin precedentes, quedando el segundo en las elecciones presidenciales con un 17 por ciento de los sufragios y obligando al candidato de izquierda, el desventurado primer ministro socialista Lionel Jospin, a abandonar la pugna electoral. En Francia, los políticos tradicionales también llegaron a la conclusión de que de alguna manera debían sacarse la espina del apoyo de Le Pen apropiándose de sus temas principales y prometiendo medidas más duras en materia de seguridad e inmigración, sin condonar abiertamente ni su lenguaje ni su programa («Francia para los franceses» y repatriación para todos los demás).

A pesar de los propios vínculos de Le Pen con la tradición ultraderechista —basada en su apoyo juvenil a los poujadistas, su paso por enigmáticas organizaciones de extrema derecha durante la guerra de Argelia y su defensa, cuidadosamente articulada, de Vichy y de la causa petainista—, su movimiento, al igual que sus homólogos en todo el continente, no podía ser rechazado únicamente calificándolo de reedición atávica y nostálgica del pasado fascista europeo. Sin duda, ni a Fortuyn ni a Kjærsgaard se les podía meter en ese saco. De hecho, ambos tuvieron cuidado de recalcar su deseo de preservar la tolerancia tradicional de sus países, que, según proclamaban, estaba amenazada por el fanatismo religioso y las prácticas culturales retrógradas de las nuevas minorías musulmanas.

El Partido de la Libertad austriaco tampoco era una formación nazi; y Haider no era Hitler. Más bien puso un ostentoso esmero en recalcar sus credenciales de postguerra. Nacido en 1950, había tenido, tal como recordaba constantemente al público, «die Gnade der späten Geburt»: la buena suerte de tener un nacimiento tardío. Parte de su éxito —al igual que el de Christoph Blocher, cuyo Partido del Pueblo Suizo obtuvo el 28 por ciento del voto popular en 2003, basándose en un programa contra la inmigración y contra la Unión Europea— radicaba en lo bien que se le daba enterrar un subtexto racista bajo una imagen de hombre modernizador y nacionalpopulista de convicciones liberales, que caló sorprendentemente entre los jóvenes: hubo un momento en el que el Partido de la Libertad era el más votado entre los austríacos menores de treinta años[25].

Tanto en Austria como en Francia, el miedo y el odio a los inmigrantes (en Francia a los del sur, en Austria a los del este; y en ambos casos a los llegados de aquellos territorios que habían dominado anteriormente) fueron los elementos que sustituyeron a las antiguas obsesiones —sobre todo el antisemitismo— como elementos aglutinantes de la extrema derecha. Pero los nuevos partidos antisistema también se beneficiaron de algo más: sus manos limpias. Apartados del poder, no se contaminaron con la corrupción que, a comienzos de los noventa, parecía carcomer las raíces del sistema europeo. No solo en Rumanía, Polonia o, sobre todo, Rusia, donde se podía considerar un coste colateral de la transición al capitalismo, sino en el núcleo democrático del continente.

En Italia, donde desde la guerra los democristianos habían disfrutado de una acogedora y rentable relación con banqueros, empresarios, contratistas, hombres fuertes locales, funcionarios y —según todos los rumores— con la mafia, una nueva generación de magistrados comenzó valientemente a arañar la costra del silencio público que había imperado durante décadas. Irónicamente, el Partido Socialista fue el primero en caer, arrastrado en 1992 por el escándalo de Tangentópolis (la ciudad de los sobornos), posterior a las investigaciones sobre su gestión de la ciudad de Milán. El partido quedó desacreditado y su líder, el ex primer ministro Bettino Craxi, se vio obligado a cruzar el Mediterráneo para exiliarse en Túnez.

Pero los asuntos de los socialistas estaban íntimamente ligados a los de los democristianos, sus socios de coalición durante mucho tiempo. Ambos partidos cayeron aún más en la deshonra con la oleada de detenciones y acusaciones que se produjo a continuación, arrastrando consigo toda la red de acuerdos y apaños políticos que habían conformado la política italiana durante dos generaciones. En las elecciones de 1994, los principales partidos italianos, salvo los ex comunistas y los ex fascistas, fueron prácticamente barridos, aunque, a largo plazo, el único beneficiario de este terremoto político fuera Silvio Berlusconi, un ex cantante de salón y magnate mediático de dudosa reputación, que no entró en política para continuar limpiando la casa, sino para asegurarse de que sus propias componendas empresariales no corrían peligro.

En España lo que acabó con la carrera política de Felipe González fue un escándalo de otro tipo, que, destapado a mediados de los noventa (por una joven y entusiasta generación de reporteros de investigación de los periódicos El Mundo y Diario 16), indicaba que su Gobierno había estado librando una «guerra sucia» contra el terrorismo vasco entre los años 1983 y 1987, permitiendo y alentando que escuadrones de la muerte realizaran secuestros, torturas y asesinatos, no solo en España sino incluso al otro lado de la frontera, en la zona vascofrancesa donde ETA operaba con frecuencia (véase el capítulo XIV).

A la vista de la reputación de ETA, puede que si no hubiera sido porque al mismo tiempo se revelaron chanchullos y casos de tráfico de influencias que implicaban a cargos socialistas del carismático González, y que, recordando el ejemplo italiano, causaron una generalizada inquietud sobre la situación moral de una democracia aún en ciernes, esto no hubiera bastado para desacreditar al presidente (gracias al cínico clima de opinión de los últimos tiempos de Franco, muchos de sus contemporáneos habían crecido en medio de una concepción típicamente instrumental del Estado y de sus leyes).

En Francia, Alemania o Bélgica la avalancha de escándalos que desfiguró la vida pública durante los noventa no apuntaba tanto a la fragilidad de las instituciones y de las costumbres como al coste cada vez mayor que tenía la práctica democrática en las sociedades contemporáneas. La política —por su personal, su publicidad y sus labores de asesoría— es cara. En Europa, el dinero público que recibían los partidos estaba estrictamente limitado por la ley y por las tradiciones, y, además, solo solía entregarse para propósitos electorales. En el pasado, cuando los políticos necesitaban más, recurrían a sus apoyos habituales: afiliados, sindicatos de masas (en el caso de la izquierda) y empresarios y corporaciones privados (en el de la derecha). Pero esos recursos se estaban agotando: las cifras de afiliación a los partidos decaían, los sindicatos de masas estaban en declive y, al coincidir los diferentes partidos en sus programas de política económica, las empresas privadas y los individuos no veían muchas razones para hacer contribuciones generosas a ninguna formación.

Quizá fuera comprensible, y, en cualquier caso, fue algo más o menos generalizado, que los principales partidos políticos de Europa occidental comenzaran a buscar formas alternativas de reunir fondos; justo en el momento en que, gracias a la erradicación de los controles y la globalización de los negocios, había mucho más dinero disponible. Se reveló que en las últimas dos décadas tanto los gaullistas como los socialistas franceses —al igual que los cristianodemócratas alemanes y el Partido Laborista británico— habían recaudado de diversas maneras fondos de dudosa procedencia, ya fuera vendiendo favores, traficando con influencias o simplemente presionando con más denuedo que antes a los donantes habituales.

En Bélgica, las cosas fueron un poco más allá: puede servirnos de ejemplo uno de los muchos escándalos, el llamado asunto Dassault/Agusta. A finales de los ochenta, el Gobierno belga se comprometió a comprar cuarenta y seis helicópteros militares a la firma italiana Agusta y a encomendar a la francesa Dassault la tarea de reacondicionar sus aviones F-16. Otras empresas de la competencia quedaron fuera del concurso. En sí misma, la situación no era infrecuente, y el hecho de que hubiera tres países implicados le daba incluso un carácter paneuropeo al asunto.

Sin embargo, posteriormente salió a la luz que el Partido Socialista de Bélgica (entonces en el poder) había obtenido comisiones excelentes en ambos contratos. Poco después, en 1991, André Cools, un destacado político socialista que sabía demasiado, fue asesinado en un aparcamiento de Lieja; otro, Étienne Mange, fue detenido en 1995, y un tercero, Willy Claes, ex primer ministro del país, secretario general de la OTAN entre 1994 y 1995 y ministro de Exteriores cuando se firmaron los contratos, fue condenado en septiembre de 1998 por haber recibido sobornos para su partido. Un cuarto sospechoso, el ex general Jacques Lefèbvre, estrechamente relacionado con todo el asunto, murió en extrañas circunstancias en marzo de 1995.

Quizá esta historia sea típicamente belga (según Baudelaire, «la Belgique est sans vie, mais non sans corruption» [Bélgica no tiene vida, pero sí corrupción]), porque en este país la duplicación y la dilución de la autoridad constitucional no solo han conducido a la falta de supervisión gubernamental, sino prácticamente al colapso de gran parte del aparato estatal, incluido el sistema judicial penal. En los demás países, con la excepción italiana antes señalada, las pruebas de corrupción personal fueron sorprendentemente escasas: gran parte de los delitos y fechorías se cometían literalmente por el bien del partido[26]. No obstante, varios personajes destacados fueron obligados a abandonar bruscamente sus cargos públicos.

Entre ellos figuraron no solo el español Felipe González; también el ex presidente de Gobierno francés Alain Juppé y líderes históricos de la Democracia Cristiana italiana, e incluso el ex canciller alemán Helmut Kohl, el héroe de la unificación, cuya reputación quedó ensombrecida cuando se negó a revelar los nombres de los donantes secretos de su partido. Sin duda, el presidente francés Jaques Chirac —alcalde de París en una época en la que en la ciudad proliferaban los chanchullos y el favoritismo— habría engrosado esta lista si su cargo no le hubiera protegido.

Quizá lo más sorprendente de estos procesos fue el descrédito relativamente escaso que parecieron reportar al conjunto del sistema político. No hay duda de que el descenso de la participación electoral indica una pérdida generalizada de interés en los asuntos públicos; pero esta tendencia ya podía apreciarse décadas antes en el aumento de los índices de abstención y en la reducción de la intensidad de los debates políticos. Lo realmente sorprendente no es la aparición de una nueva cohorte de partidos populistas de derechas sino su persistente incapacidad para mejorar todavía más sus resultados, aprovechándose de las perturbaciones y del descontento registrados desde 1989.

Había una razón para ello. Puede que los europeos hayan perdido la fe en sus políticos, pero en el fondo del sistema de gobierno de Europa hay algo que ni siquiera los más radicales partidos antisistema se han atrevido a atacar de frente y que continúa suscitando una lealtad prácticamente universal. Sin duda, ese algo no es la Unión Europea, a pesar de sus múltiples méritos. No es la democracia: un concepto demasiado abstracto, demasiado nebuloso y quizá demasiado recurrente para sostenerse por sí mismo como objeto de admiración. Tampoco es la libertad ni el Estado de derecho, que durante décadas no se han visto seriamente amenazados en Occidente y que las jóvenes generaciones de europeos de todos los países miembros de la Unión ya dan por hecho. Lo que aglutina a los europeos, incluso cuando critican duramente algún aspecto de su funcionamiento práctico, es lo que se ha dado en llamar —marcando un revelador contraste con la «forma de vida estadounidense»— el «modelo europeo de sociedad».

XXIII

Las variedades de Europa

Éramos realmente sabios, de verdad podíamos distinguir los signos de nuestro tiempo y, al reconocer sus carencias y ventajas, adaptar juiciosamente nuestra propia posición dentro de él. Pero en lugar de concentrarnos sin medida en la oscura distancia, miremos con calma a nuestro alrededor, al incierto escenario en el que nos encontramos.

THOMAS CARLYLE, ensayista e historiador escocés

El creador de Europa la hizo pequeña e incluso la dividió en pequeñas unidades, para que nuestros corazones pudieran solazarse no en el tamaño, sino en la pluralidad.

KAREL ČAPEK

En Europa somos asiáticos, mientras que en Asia también nosotros somos europeos.

FlODOR DOSTOIEVSKI

Cuando cayó el comunismo y la Unión Soviética se derrumbó, los dos se llevaron consigo no solo un sistema ideológico, sino las coordenadas políticas y geográficas de todo un continente. Durante cuarenta y cinco años —más allá de la memoria viva de gran parte de los europeos— pervivió el incómodo resultado de la Segunda Guerra Mundial. La división accidental de Europa, con todo lo que comportaba, parecía ya algo inevitable. Sin embargo, de repente, había cambiado por completo. Con el tiempo, las décadas de postguerra cobraron una importancia radicalmente diferente. Cuando se comprendió que habían sido el inicio de una nueva era de polarización ideológica permanente, se convirtieron en lo que realmente eran: el prolongado epílogo de una guerra civil europea iniciada en 1914, un interregno de cuarenta años que iba desde la derrota de Adolf Hitler hasta la resolución definitiva de los asuntos que la guerra de este dictador había dejado pendientes.

Con la desaparición del mundo existente entre 1945 y 1989, sus ilusiones pudieron observarse mejor. El tan cacareado «milagro económico» de la Europa de postguerra había devuelto a la región la categoría comercial e industrial mundial que había perdido durante el periodo que va de 1914 a 1945, retomando a continuación índices de crecimiento económico más o menos comparables a los de finales del siglo XIX. No era este un éxito menor, pero tampoco el gran salto hacia una prosperidad siempre en desarrollo que ingenuamente habían supuesto sus contemporáneos.

Además, la recuperación no se había logrado a pesar de la Guerra Fría, sino a causa de ella. Al igual que la amenaza otomana de la época anterior, la sombra del imperio soviético dividió Europa, pero impuso a lo que quedaba de ella los beneficios de la unidad. En ausencia de los «aprisionados» europeos del Este, los ciudadanos de Europa occidental habían prosperado: libres de cualquier obligación de ocuparse de la pobreza y el retraso de los Estados sucesores de los imperios continentales y protegidos del pasado reciente por el paraguas militar estadounidense. Desde el Este, siempre se consideró que esa perspectiva era fruto de una visión estrecha. Después del derrumbamiento del comunismo y de la disgregación del imperio soviético, era algo insostenible.

Por el contrario, la feliz crisálida de la Europa occidental de postguerra —con sus comunidades europeas y zonas de libre comercio, sus tranquilizadoras alianzas externas y sus redundantes fronteras internas— parecía de repente vulnerable, llamada a responder a las expectativas frustradas de los futuros «ciudadanos europeos» del Este y privada del ancla que había supuesto la relación manifiesta con la superpotencia del otro lado del océano que tenía al oeste. Los europeos occidentales, obligados una vez más a tener en cuenta la amplitud de las fronteras orientales a la hora de esbozar un futuro común, no podían dejar de recurrir al pasado compartido europeo.

Los años que mediaron entre 1945 y 1989 fueron una especie de paréntesis. La guerra abierta entre los Estados, un rasgo inherente a la forma de vida europea durante trescientos años, había alcanzado niveles apocalípticos entre 1913 y 1945: unos sesenta millones de europeos murieron en las guerras o en los asesinatos de Estado de la primera mitad del siglo XX. Pero entre 1945 y 1989 este tipo de contiendas desaparecieron del continente europeo[1]. Dos generaciones de europeos crecieron con la hasta entonces inconcebible impresión de que la paz era el orden natural de las cosas. Como prolongación de la política, la guerra y también la confrontación ideológica fueron diferidas al llamado Tercer Mundo.

Dicho esto, merece la pena recordar que mientras estaban en paz con sus vecinos, los Estados comunistas practicaron una guerra permanente contra sus propias sociedades, que en general tomaba la forma de censura rigurosa, escasez obligatoria y políticas represivas, aunque en ocasiones estallaba en conflictos abiertos, sobre todo en Berlín en 1953, Budapest en 1956, Praga en 1968 y Polonia, esporádicamente entre 1968 y 1981, y bajo la ley marcial posteriormente. De este modo, para la memoria colectiva de Europa oriental, las décadas de postguerra tomaban un aspecto bastante diferente (aunque no menos parentético). No obstante, en comparación con la historia pasada, también Europa del Este había vivido una época de calma inusual, aunque involuntaria.

El hecho de que la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, que ahora se transformaba rápidamente en recuerdo ante la aparición de los nuevos (des)órdenes mundiales, fuera o no un objeto de añoranza y de pesar dependía enormemente de dónde o cuándo se hubiera nacido. No hay duda de que a ambos lados del Telón de Acero, los hijos de los sesenta —es decir, la cohorte principal de la generación de la explosión demográfica, la nacida entre 1946 y 1951— volvía la vista con afecto hacia «su» década y continuaba albergando agradables recuerdos y una exagerada opinión de su propia importancia. Además, por lo menos en Occidente, sus padres seguían estando agradecidos por la estabilidad política y la seguridad material de la época, que contrastaba con los horrores ocurridos anteriormente.

Sin embargo, era frecuente que a los que eran demasiado jóvenes para recordar los sesenta les irritara la engreída autocomplacencia que mostraban sus mayores en sus memorias; mientras que otras personas de más edad que habían arruinado su vida bajo el comunismo no solo recordaban el trabajo estable, los alquileres baratos y las calles seguras, también, y principalmente, ese paisaje gris de talentos desperdiciados y esperanzas truncadas. A ambos lados de la brecha continental, solo algunas cosas podían recuperarse de entre los escombros de la historia del siglo XX, sin duda, la paz, la prosperidad y la seguridad, pero las convicciones optimistas de una época anterior se habían ido para siempre.

Antes de suicidarse en 1942, el novelista y crítico vienes Stefan Zweig escribió con añoranza sobre el mundo perdido de la Europa anterior a 1914, expresando «pesar por los que no eran jóvenes durante esos últimos años de confianza». Sesenta años después, a finales del siglo XX, casi todo lo demás se había recuperado o reconstruido. Pero la confianza con la que la generación europea de Zweig había entrado en él nunca podría recuperarse del todo: habían ocurrido demasiadas cosas. Los europeos de entreguerras que recordaban la Belle Époque podían murmurar sus «peros»; no obstante, después de la Segunda Guerra Mundial, el sentimiento abrumador de cualquiera que reflexionara sobre los treinta años de catástrofe que había sufrido el continente se resumía en la expresión «nunca más[2]».

Dicho en pocas palabras, no había vuelta atrás. En Europa oriental, el comunismo había sido una respuesta equivocada a una pregunta real. En Europa occidental, esa misma pregunta —cómo superar la catástrofe de la primera mitad del siglo XX— se había abordado dejando totalmente de lado la historia reciente, recapitulando algunos de los éxitos de la primera mitad del siglo XIX —la estabilidad política interna, el incremento de la productividad económica y la constante expansión del comercio exterior— y colgándoles la etiqueta de «Europa». Sin embargo, después de 1989, la próspera parte occidental del continente se enfrentó de nuevo a su gemelo oriental y tuvo que repensar Europa.

Como ya hemos visto, no todo el mundo acogió de buen grado la perspectiva de abandonar la crisálida y Jacek Kuroń, al escribir en marzo de 1993 para la revista polaca Polityka, no exageraba al conjeturar que «ciertos políticos occidentales sienten nostalgia del viejo orden mundial y de la Unión Soviética». Pero ese viejo orden —la conocida estasis de las cuatro décadas anteriores— había desaparecido para siempre. Ahora, los europeos no solo se enfrentaban a un futuro incierto sino a un pasado que cambiaba con rapidez. Lo que hasta hace poco tiempo había sido muy sencillo, ahora se estaba volviendo, una vez más, bastante complicado. A finales del siglo XX se podía ver a quinientos millones de personas del territorio eurasiático preguntándose cada vez más cuál era su identidad. ¿Quiénes son los europeos? ¿Qué significa ser europeo? ¿Qué es Europa y qué tipo de lugar quieren los europeos que sea?

No sirve de mucho intentar destilar la esencia de «Europa». La «idea de Europa» —un asunto de por sí bastante debatido— tiene una larga historia, en parte bastante conocida. Pero aunque la Unión a la que ahora pertenece la mayoría del continente se basa en cierta noción de Europa —reiterada en diversas convenciones y tratados—, esta solo ofrece una interpretación parcial de la vida que tienen sus habitantes. En una época de transición y de reasentamiento demográficos, los europeos de hoy en día son más numerosos y heterogéneos que nunca. Cualquier explicación que se dé a su situación común a finales del siglo XX deberá comenzar por reconocer esa variedad, trazando los contornos superpuestos y las líneas de fractura de la identidad y la experiencia europeas.

El verbo «trazar» se utiliza con conocimiento de causa. Después de todo, Europa es un lugar. Pero sus fronteras siempre han sido un tanto cambiantes. Los límites de la Antigüedad —de Roma y de Bizancio, del Sacro Imperio Romano y la Europa cristiana— se corresponden lo suficiente con divisiones políticas posteriores como para sugerir una auténtica continuidad: los incómodos puntos de encuentro de la Europa germánica y eslava estaban tan claros para Adán de Bremen, un autor del siglo XI, como lo están para nosotros; las fronteras medievales de la cristiandad católica y ortodoxa, desde Polonia hasta Serbia, eran parecidas a las que encontramos hoy día; y la idea de una Europa dividida entre el Este y el Oeste por el curso del Elba habría sido familiar en el siglo IX para los administradores del Imperio Carolingio, si hubieran pensado en esos términos.

Pero el hecho de que esas antiquísimas líneas divisorias sean o no de ayuda para conocer el paradero de Europa siempre ha dependido de dónde esté uno situado. Por citar un caso bien conocido: en el siglo XVIII la mayoría de los húngaros y bohemios eran católicos desde hacía siglos y muchos de habla alemana. No obstante, para los austríacos ilustrados, «Asia» comenzaba en la Landstrasse, la gran vía que abandonaba Viena hacia el Este. En 1787, cuando Mozart salió desde Viena hacia el «oeste», de camino hacia Praga, el compositor se describió a sí mismo cruzando una frontera oriental. El Este y el Oeste, Asia y Europa, siempre fueron muros mentales casi en la misma medida que líneas terrestres.

El hecho de que hasta hace poco tiempo gran parte de Europa no estuviera dividida en Estados, sino que formara parte de imperios, nos ayuda a pensar en los indicadores exteriores del continente no como fronteras, sino como regiones limítrofes indefinidas, es decir, marcas, limes, Militärgrenze, krajina: zonas de conquista y asentamiento imperiales, no siempre precisas desde el punto de vista topográfico, pero delimitadoras de una concepción política y cultural. Durante siglos, esas regiones y sus habitantes, desde el Báltico hasta los Balcanes, se han considerado a sí mismas guardianes exteriores de la civilización, zonas vulnerables y estratégicas donde termina el mundo familiar y se mantiene a raya a los bárbaros.

Pero esas tierras fronterizas son inestables y a menudo han basculado de un lado a otro con el paso del tiempo o el cambio de las circunstancias, de manera que sus repercusiones geográficas pueden ser confusas. En su literatura y en sus mitos políticos, polacos, lituanos y ucranianos se presentan a sí mismos como guardianes de las orillas de Europa (o del cristianismo)[3]. Pero como indica una breve ojeada al mapa, sus afirmaciones son mutuamente excluyentes: no todos pueden tener razón. Lo mismo puede decirse de los relatos enfrentados de húngaros y rumanos o de la insistencia, tanto de croatas como de serbios, en que su frontera meridional (con serbios y turcos, respectivamente) es la que constituye la línea defensiva exterior más vital para la Europa civilizada.

Lo que esta confusión demuestra es que durante siglos los límites exteriores de Europa han sido lo suficientemente relevantes como para que las partes interesadas presionaran para defender sus encontradas demandas de aceptación. Estar «en» Europa proporcionaba cierta seguridad: la garantía —o al menos la promesa— de un refugio y de un sentimiento de pertenencia. A lo largo de los siglos, este hecho se fue convirtiendo cada vez más en fuente de identidad colectiva. Ser un «estado fronterizo», ejemplo y guardián de los valores fundamentales de la civilización europea, era ser vulnerable, pero también un motivo de orgullo: ello explica que, para muchos intelectuales de Europa central y oriental, la sensación de haber sido excluidos y olvidados por Europa hiciera de la dominación soviética algo tan especialmente humillante.

En consecuencia, Europa no es tanto un concepto geográficamente absoluto —que define donde se encuentran un país o un pueblo— como relativo, es decir, aquel en el que sus habitantes se sitúan en relación con los demás. A finales del siglo XX, escritores y políticos de lugares como Moldavia, Ucrania y Armenia proclamaban su «europeísmo» no por razones históricas o geográficas (que podrían ser o no verosímiles), sino para defenderse precisamente de la historia y de la geografía. Ahora, esos Estados posimperiales huérfanos, sumariamente liberados del Imperio moscovita, miraban hacia una nueva capital imperial: Bruselas[4].

Lo que estas naciones periféricas esperaban conseguir con la lejana perspectiva de entrar en la nueva Europa era menos importante que lo que tenían que perder si se quedaban fuera de ella. En los primeros años del nuevo siglo, las consecuencias de la exclusión ya estaban claras hasta para el visitante más ocasional. Lo que en su día tuvieran de cosmopolitas ciudades como la ucraniana Cernovitz o la moldava Chişinău hacía tiempo que se lo habían arrancado los regímenes nazi y soviético; y el medio rural circundante era, incluso ahora, «un mundo premoderno de carreteras sin asfaltar y carros de caballos, de pozos exteriores y de botas de fieltro, de inmensos silencios y de noches negras como el terciopelo[5]». La identificación con «Europa» no tenía que ver con un pasado común, ahora totalmente destruido. Tenía que ver con la reivindicación de un futuro común, por muy endeble y desesperado que este fuera.

El miedo a quedar fuera de Europa no se limitaba al perímetro exterior del continente. Desde la perspectiva de los moldavos de habla rumana, sus vecinos occidentales de la Rumanía propiamente dicha tenían la bendición de la historia. Occidente los consideraba, al contrario que a los primeros, aspirantes legítimos a entrar en la Unión Europea —aunque pensara que sus resultados eran insuficientes—, y por tanto les garantizaba un auténtico futuro europeo. Sin embargo, visto desde Bucarest, el panorama cambia: es la propia Rumanía la que corre el riesgo de quedarse fuera. En 1989, cuando los colegas de Nicolae Ceauşescu comenzaron por fin a volverse contra él, escribieron una carta acusando al Conducător de tratar de arrancarle al país sus raíces europeas; «Rumanía es y sigue siendo un país europeo (…) Habéis comenzado a cambiar la geografía de las zonas rurales, pero no podéis trasladar Rumanía a África». Ese mismo año, el anciano dramaturgo rumano Eugène Ionesco dijo que su país natal estaba «a punto de abandonar Europa para siempre, lo cual significa abandonar la historia». Esta inquietud tampoco era nueva: en 1972, E. M. Cioran, volviendo la vista hacia la sombría historia de su país, se hacía eco de una generalizada inquietud rumana: «Lo que más me deprimía era un mapa del Imperio Otomano. Al mirarlo, comprendía nuestro pasado y todo lo demás[6]».

Los rumanos —al igual que los búlgaros, los serbios y otros con buenas razones para creer que el «núcleo» de Europa los considera extraños (si es que los consideraba)— basculaban entre la proclamación defensiva de sus rasgos europeos originarios (en literatura, arquitectura, topografía, etcétera) y el reconocimiento de lo desesperado de su causa y el distanciamiento de Occidente. Después del comunismo se manifestaron ambas respuestas. Mientras que el ex primer ministro rumano Adrian Năstase describía en julio de 2001 para los lectores de Le Monde el «valor añadido» que Rumanía aportaba a Europa, sus compatriotas constituían más de la mitad del número total de extranjeros interceptados al cruzar ilegalmente la frontera polaco-alemana. En un sondeo realizado a comienzos del nuevo siglo, el 52 por ciento de los búlgaros (y la inmensa mayoría de los menores de treinta años) decía que, si tuvieran la oportunidad, emigrarían de Bulgaria preferiblemente a Europa.

Hoy día, la sensación de encontrarse en la periferia de un centro ajeno, de ser una especie de europeos de segunda clase, se limita en general a los antiguos países comunistas, casi todos ellos situados en la zona de naciones pequeñas cuya aparición auguró Tomáš Masaryk y que va desde Cabo Norte hasta el Matapán, en el Peloponeso. Pero no siempre fue así. En la memoria reciente aún pueden detectarse momentos en los que los demás márgenes del continente eran, por lo menos, igual de periféricos en términos económicos, lingüísticos o culturales. Para el poeta Edwin Muir, su traslado en 1901, cuando era niño, desde las islas Orcadas hasta Glasgow fue como si se «salvaran ciento cincuenta años en dos días de viaje»; es una sensación que no habría estado fuera de lugar medio siglo después. Bien entrados los años ochenta, las tierras altas y las islas de los bordes de Europa —Sicilia, Irlanda, el norte de Escocia, Laponia— tenían más rasgos comunes entre sí, y con su propio pasado, que con las prósperas regiones metropolitanas del centro.

Incluso ahora —de hecho, sobre todo ahora— no se puede contar con que las líneas de fractura y los límites sigan el trazado de las fronteras nacionales. El Consejo de Estados del Mar Báltico es un buen ejemplo. Fundado en 1992, incluye miembros escandinavos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), las tres ex repúblicas soviéticas bálticas (Estonia, Letonia, Lituania), además de Alemania, Polonia y Rusia y, desde 1995, forzando los límites geográficos a instancias escandinavas, Islandia. Esta reafirmación simbólica de antiguas afinidades comerciales fue muy apreciada por ciudades en su día hanseáticas como Hamburgo y Lübeck, y todavía mejor recibida por los regidores municipales de Tallinn y Gdańsk, ansiosos de situarse en el centro de una comunidad báltica reinventada (y con acento occidental) y de distanciarse de su núcleo continental y de su pasado reciente.

Pero en otras regiones de algunos de los países miembros, sobre todo en Alemania y Polonia, el adjetivo «báltico» no significa mucho, más bien al contrario. En años recientes, la perspectiva de conseguir ingresos con el turismo extranjero indujo a Cracovia, por ejemplo, a subrayar su orientación meridional y a publicitar su antiguo papel como capital de la Galizia de los Habsburgo. Múnich y Viena, aun compitiendo por las inversiones industriales del otro lado de la frontera, no han dejado de redescubrir un legado «alpino» común, gracias a la práctica desaparición de la frontera que separa el sur de Baviera de Salzburgo y el Tirol.

En consecuencia, está claro que las diferencias culturales regionales sí tienen su importancia, aunque las disparidades económicas sean más relevantes. Austria y Baviera comparten algo más que el catolicismo germano meridional y los paisajes alpinos: a lo largo de las últimas décadas, las dos se han transformado en economías de servicios de altos salarios, que dependen más de la tecnología que de la mano de obra, aventajando en productividad y prosperidad a las antiguas regiones industriales del norte. Al igual que Cataluña, las regiones italianas de Lombardía y Emilia-Romaña, las francesas de Ródano-Alpes e Île-de-France, el sur de Alemania y Austria —junto a Suiza, Luxemburgo y ciertas zonas del Flandes belga—, constituyen una zona común de privilegio económico dentro de Europa.

Aunque era en el antiguo bloque del Este donde los niveles absolutos de pobreza y de desventaja económica seguían siendo más elevados, los contrastes más acusados ahora se encontraban más dentro de los países que entre unos y otros. Sicilia y el Mezzogiorno, al igual que el sur de España, iban tan a la zaga del floreciente norte como siempre durante muchas décadas: a finales de los noventa, el desempleo en la Italia meridional era tres veces superior al que se registraba al norte de Florencia, mientras que el desfase en cuanto al PIB entre el norte y el sur era en realidad mayor que en la década de 1950.

También en el Reino Unido el desfase entre las ricas regiones del sureste y las antiguas zonas industriales del norte había aumentado en los últimos años. No hay duda de que la economía londinense se había disparado. A pesar de mantener las distancias con la zona euro, la capital británica era el incuestionable centro financiero del continente y había cobrado una deslumbrante e hipertecnológica energía que hacía que las demás urbes parecieran insulsas y cuarentonas. A finales del siglo XX, Londres, abarrotada de jóvenes profesionales y mucho más abierta al cosmopolita flujo y reflujo de culturas e idiomas que otras capitales europeas, parecía haber recobrado el lustre de los desinhibidos años sesenta, que los partidarios de Blair encarnaron de manera oportunista al rebautizar su país como cool Britannia (la Gran Bretaña guay).

Pero el lustre era tan fino como el papel. En el inflado mercado inmobiliario de la metrópolis más superpoblada de Europa, los conductores de autobús, los enfermeros, los limpiadores, los maestros, los policías y los camareros, de ambos sexos, que servían a los nuevos británicos cosmopolitas ya no podían permitirse vivir cerca de ellos y se veían obligados a buscar alojamiento cada vez más lejos, arreglándoselas cada día para llegar a trabajar utilizando las carreteras más congestionadas de Europa, o la cara y desvencijada red ferroviaria del país. Más allá de las lindes exteriores del Gran Londres, que ahora extendía sus tentáculos hacia las zonas rurales del sureste, estaba surgiendo un contraste regional sin precedentes en la reciente historia inglesa.

A finales del siglo XX, de las diez regiones administrativas británicas, solo tres (Londres, el Sureste y East Anglia) alcanzaban o superaban la renta per cápita nacional. El resto del país era más pobre, en ocasiones realmente muy pobre. El noreste de Inglaterra, en su día centro de las minas y los astilleros del país, tenía un PIB per cápita de solo el 60 por ciento del de Londres. Después de Grecia, Portugal, la España rural, el sur de Italia y los antiguos Länder comunistas de Alemania, el Reino Unido de 2000 era el principal beneficiario de fondos estructurales de la Unión Europea, lo cual equivale a decir que algunas zonas británicas se encontraban entre las regiones más desfavorecidas de la Unión Europea. Las modestas cifras de paro del conjunto del país, un motivo de orgullo muy publicitado, tanto por thatcherianos como por partidarios de Blair, se veían sesgadas por el peso desproporcionado de la boyante capital: en el norte de Inglaterra, las cifras de paro se mantuvieron muy cerca de las de las peores zonas de la Europa continental.

En el Reino Unido, estas acusadas diferencias regionales se han agudizado con políticas públicas mal enfocadas, pero también son una consecuencia predecible del final de la era industrial. En este sentido, fueron, por así decirlo, orgánicas. Sin embargo, en Alemania, la existencia de disparidades comparables fue una consecuencia directa y no deseada de una decisión política. Entre 1991 y 2004, la incorporación de los Länder orientales a una Alemania unificada costó a la República Federal más de cien mil millones de euros en transferencias y subvenciones. Con todo, a finales de los noventa, la región oriental de Alemania, lejos de ponerse al mismo nivel que la occidental, había retrocedido aún más.

Las empresas privadas alemanas no tenían incentivos para instalarse en el Este —en Sajonia o en Mecklemburgo— cuando podían encontrar mejores trabajadores por menos salario (así como mejores infraestructuras de transporte y servicios locales) en Eslovaquia o Polonia. Factores como la existencia de poblaciones de avanzada edad, una mala formación y una escasa capacidad de compra, así como el desplazamiento hacia Occidente de los trabajadores cualificados y la arraigada hostilidad hacia los forasteros de los que se habían quedado hacían de Alemania Oriental un destino especialmente antipático para los inversores extranjeros, que ahora tenían muchas otras posibilidades. En 2004, el desempleo en la antigua Alemania Occidental era del 8,5 por ciento; mientras que en el Este superaba el 19 por ciento. En septiembre de ese año, el neonazi Partido Nacional Democrático, obtuvo el nueve por ciento de los sufragios y consiguió doce escaños en el Parlamento de Sajonia.

En Alemania, el abismo de resentimiento mutuo que separaba a Wessies y Ossies no solo tenía que ver con el trabajo y la falta de empleo, ni con la riqueza y la pobreza, aunque desde el punto de vista oriental este fuera el síntoma más evidente y doloroso. Los alemanes, como todos los demás ciudadanos de la nueva Europa, estaban cada vez más divididos por un novedoso conjunto de diferencias que atravesaba en diagonal las diferencias geográficas o económicas habituales. A un lado estaba una refinada élite de «europeos»: hombres y mujeres, generalmente jóvenes, muy viajados y bien preparados, que quizá hubieran estudiado en dos o incluso tres universidades diferentes del continente. Su cualificación y sus profesiones les permitían encontrar trabajo en cualquier parte de la Unión Europea: desde Copenhague hasta Dublín, desde Barcelona hasta Fráncfort. Los sueldos elevados, los billetes de avión baratos, la apertura de fronteras y una red de ferrocarriles integrada favorecían una movilidad más cómoda y frecuente (véase más adelante). Esta nueva clase de europeos viajaba con confiada facilidad por todo su continente para consumir, llenar su ocio y divertirse, y también para buscar trabajo, comunicándose como habían hecho los clérigos medievales que deambulaban entre Bolonia, Salamanca y Oxford, en una lingua franca cosmopolita: entonces el latín, ahora el inglés.

Al otro lado de la divisoria se encontraban quienes —siendo todavía la inmensa mayoría— o bien no podían formar parte de este maravilloso nuevo continente o no habían decidido (¿por el momento?) entrar en él: eran los millones de europeos cuya ausencia de cualificación, formación, preparación profesional, oportunidades o medios los mantenían firmemente enraizados en su lugar. Esos hombres y mujeres, los villeins (villanos) del nuevo paisaje europeo, no podían beneficiarse tan directamente del mercado único que disponía la Unión Europea para bienes, servicios y mano de obra. Por el contrario, se quedaban ligados a su país y a su comunidad, constreñidos por la falta de familiaridad con posibilidades lejanas y lenguas extranjeras, y con frecuencia mucho más hostiles a «Europa» que sus compatriotas cosmopolitas.

Había dos notables excepciones a esta nueva diferenciación de clase internacional que empezaba a difuminar los antiguos contrastes nacionales. Para los artesanos y trabajadores manuales de Europa del Este con empleos ocasionales, las nuevas oportunidades laborales de Londres, Hamburgo o Barcelona se confundían perfectamente con tradiciones laborales ya arraigadas en el trabajo emigrante y en el empleo estacional en el extranjero. Siempre había habido hombres (más que mujeres) que viajaban a países lejanos para encontrar trabajo, sin conocer el idioma, vistos con un recelo hostil por sus anfitriones y, en cualquier caso, con la intención de volver a casa con sus ganancias cuidadosamente ahorradas. El hecho no tenía ningún componente específicamente europeo, y no era probable encontrar a pintores eslovacos —al igual que a obreros turcos de las fábricas de coches o vendedores ambulantes senegaleses antes que ellos— cenando en restaurantes de Bruselas, de vacaciones en Italia o de compras en Londres. De todas formas, ahora su forma de vida también era típicamente europea.

La segunda excepción era la británica, o, más bien, la inglesa, notablemente euroescéptica. Lanzada al extranjero por las desventajas meteorológicas de los cielos de su país natal y, tras el periodo Thatcher, por la aparición de líneas aéreas baratas que ofrecían pasajes a cualquier lugar de la Europa continental, a veces por menos de lo que costaba una comida en un pub, una nueva cohorte de británicos, a pesar de no tener una mejor preparación que sus padres, entró en el siglo XXI siendo uno de los grupos de europeos más viajados, aunque sin ser exactamente cosmopolita. La ironía que suponía esta yuxtaposición del desdén y la desconfianza que sentían las clases populares inglesas por Europa y el generalizado deseo nacional de gastar el tiempo y el dinero que les sobraban no se les escapó a los observadores del resto del continente, para los que siguió siendo una asombrosa rareza.

Pero, en cualquier caso, los británicos, al igual que los irlandeses, no tenían que aprender idiomas extranjeros. Ya hablaban inglés. En los demás países de Europa (como ya hemos visto) los recursos lingüísticos se estaban convirtiendo en uno de los principales rasgos de identidad que distinguían al continente, símbolo de la categoría social personal y del poder cultural colectivo. En países pequeños como Dinamarca y Holanda, hacía tiempo que se había aceptado que ser monolingüe de un idioma que prácticamente no habla nadie más era un obstáculo que la nación ya no podía permitirse. Los alumnos de la Universidad de Ámsterdam ahora estudiaban en inglés, mientras que del más novato empleado de banca de una ciudad de provincias danesa se esperaba que pudiera realizar con seguridad una transacción en esa lengua. Ayudaba que tanto en Dinamarca como en Holanda y otros muchos pequeños países europeos hacía tiempo que los estudiantes y los empleados de banca tenían soltura, al menos pasiva, en la comprensión de programas televisivos que veían en lengua inglesa sin subtítulos.

En Suiza, donde todo el mundo que terminara la enseñanza secundaria solía dominar tres o incluso cuatro idiomas locales, a pesar de todo se consideraba más fácil, así como más diplomático, recurrir al inglés (que no era la lengua materna de nadie) para comunicarse con alguien de otra parte del país. También en Bélgica, donde (como hemos visto) era mucho menos habitual que valones o flamencos conversaran con comodidad en el idioma del otro, ambos recurrían inmediatamente al inglés como medio de comunicación común.

En países donde ahora los idiomas regionales —el catalán o el vasco, por ejemplo— se enseñaban oficialmente, no era infrecuente que los jóvenes (la generación E, de Europa, como se la conocía popularmente) aprendiera diligentemente el idioma local pero se pasara el tiempo libre —como gesto de revuelta adolescente, esnobismo social e interés personal— «hablando» inglés. El perdedor no era la lengua o el dialecto minoritario —que en cualquier caso no tenía mucho pasado local y carecía de futuro internacional— sino la lengua nacional del Estado principal. Al ser el inglés el medio de comunicación por defecto, ahora las lenguas mayoritarias se veían arrojadas a las tinieblas. El español, al igual que el portugués o el italiano, como idioma típicamente europeo, ya no se impartía mucho fuera de sus fronteras; solo se conservaba como vehículo de comunicación más allá de los Pirineos gracias a su categoría como lengua oficial de la Unión Europea[7].

También el alemán estaba perdiendo con rapidez su lugar en la liga de idiomas europeos. En su día, un conocimiento suficiente de alemán leído era algo obligatorio para cualquier integrante de la comunidad científica o académica internacional. Junto con el francés, había sido una lengua universal para los europeos cultivados, y hasta la Segunda Guerra Mundial había sido el más difundido de los dos, una lengua en uso común desde Estrasburgo hasta Riga[8]. Pero con la destrucción de la comunidad judía, la expulsión de los alemanes y la llegada de los soviéticos, Europa central y oriental se había alejado de repente de la lengua alemana. Había una vieja generación urbana que seguía leyendo y, con poca frecuencia, hablando alemán; y en las aisladas comunidades alemanas de Transilvania y de otros lugares renqueaba como lengua marginal de escasa utilidad práctica. Pero todo el mundo aprendía ruso, o por lo menos se lo enseñaban.

La vinculación de la lengua rusa con la ocupación soviética limitó considerablemente su atractivo, hasta en países como Checoslovaquia o Polonia donde la contigüidad lingüística lo hacía accesible. Aunque los ciudadanos de los estados satélites eran obligados a estudiar ruso, la mayoría de la gente no hacía ningún esfuerzo por dominarlo, y mucho menos por hablarlo, salvo cuando se los obligaba a hacerlo[9]. A los pocos años de la caída del comunismo ya estaba claro que una de las consecuencias paradójicas de las ocupaciones alemana y soviética había sido la erradicación de cualquier familiaridad sostenida con sus lenguas. En los territorios que durante tanto tiempo se habían visto atrapados entre Rusia y Alemania, ahora solo importaba una lengua extranjera. Ser «europeo» en la Europa oriental posterior a 1989 significaba hablar inglés.

Para los germanoparlantes de Austria, Suiza y la propia Alemania, el carácter cada vez más provinciano de su idioma era un hecho consumado —hasta el punto de que incluso los holandeses, cuya lengua materna procedía en gran medida del alemán, ya no la estudiaban ni comprendían mayoritariamente— y ya no tenía sentido lamentar la pérdida. A lo largo de los noventa, grandes empresas alemanas, como Siemens, hicieron de la necesidad virtud e instituyeron el inglés como lengua de trabajo empresarial. Era asombroso con qué facilidad se movían los políticos y empresarios alemanes en los círculos anglófonos.

Otra cosa era el declive del francés. Como lengua cotidiana habitual, el francés no había tenido un papel destacado en Europa desde la decadencia de las aristocracias imperiales de los antiguos regímenes. Fuera de Francia, solo unos pocos millones de belgas, luxemburgueses y suizos, junto a un puñado de comunidades de los Alpes italianos y los Pirineos españoles, utilizaban el francés como lengua nativa, y muchos de ellos lo hablaban en formas dialectales menospreciadas por los guardianes oficiales de la Académie Française. En términos estrictamente estadísticos, comparado con el alemán o con el ruso, el francés hacía tiempo que estaba en la periferia lingüística europea.

Pero desde el declive del latín, el francés había sido la lengua de las élites cosmopolitas y, por tanto, el idioma europeo par excellence. En los primeros años del siglo XX, cuando se propuso por primera vez introducir la enseñanza del francés en el programa de lenguas modernas de la Universidad de Oxford, más de un profesor se opuso, aduciendo, con razón, que cualquiera que mereciera ser admitido en la institución ya tendría un francés fluido. Hasta bien entrado el siglo, en todas las academias y embajadas siguieron estando muy difundidas suposiciones similares, aunque no se admitieran tan abiertamente. Este autor puede dar fe de que, como medio de comunicación estudiantil, el francés era tan necesario como suficiente en lugares tan dispares como Barcelona o Estambul todavía en 1970.

Treinta años después, todo eso ha cambiado. En 2000, el francés ya no era un medio de comunicación fiable ni siquiera para las élites. Solo en el Reino Unido, Irlanda y Rumanía se recomendaba a los escolares que elegían su primera lengua extranjera: todos los demás aprendían inglés. En algunas partes de la antigua Europa de los Habsburgo, el francés, superado por el alemán, ya no era siquiera la segunda lengua extranjera en las escuelas. La francofonía —la comunidad francoparlante mundial, implantada mayormente en antiguas colonias— seguía siendo un actor lingüístico en el escenario internacional; pero el declive del francés en territorio europeo era indiscutible y, probablemente, tampoco pudiera remontarse.

Las cosas habían cambiado hasta en la Comisión Europea, donde el francés había sido la lengua dominante en los primeros años y donde, por tanto, los burócratas francoparlantes tenían una considerable ventaja psicológica y práctica. Lo que ocasionó el cambio no fue tanto la incorporación del Reino Unido —todos los funcionarios de Londres hablaban francés con soltura— como la llegada de los escandinavos, que se comunicaban en inglés; la expansión de la comunidad de habla alemana (gracias a la unificación y a la entrada de Austria) y la perspectiva de que se sumaran más miembros del Este. A pesar del uso de traductores simultáneos (para cubrir las cuatrocientas veinte combinaciones lingüísticas posibles de los veinticinco miembros de la Unión), comunicarse en uno de los tres idiomas principales de la Unión Europea era indispensable para cualquiera que deseara ejercer una auténtica influencia en las políticas y en su puesta en práctica. Y ahora el francés estaba en minoría.

Sin embargo, a diferencia de las alemanas, las autoridades francesas no reaccionaban pasándose al inglés para garantizar resultados eficaces en cuestiones comerciales y políticas. Aunque cada vez había más jóvenes franceses estudiando inglés y viajando al extranjero para utilizarlo, el estamento oficial se puso realmente a la defensiva: en parte, sin duda a causa de la incómoda coincidencia del declive del uso de la lengua francesa con la reducción del papel internacional del país, algo de lo que los británicos se habían librado porque los estadounidenses también hablaban inglés.

Al principio, los franceses reaccionaron ante los indicios de que su lengua perdía importancia recalcando que otros siguieran hablándola; como el presidente francés Georges Pompidou había señalado a comienzos de los setenta: «Si el francés dejara en algún momento de ser la principal lengua de trabajo de Europa, la propia Europa no sería del todo europea». Sin embargo, no tardó en quedar claro que esta era una causa perdida y tanto los intelectuales como los políticos decidieron adoptar una mentalidad de asedio: si el francés ya no se hablaba fuera de las fronteras del país, entonces debía tener, por lo menos, el monopolio exclusivo dentro de estas. Una petición firmada en julio de 1992 por doscientas cincuenta destacadas personalidades —entre ellas los escritores Régis Debray, Alain Finkielkraut, Jean Dutourd, Max Gallo y Philippe Sollers— exigía al Gobierno que impusiera por ley el uso exclusivo del francés, entre otros ámbitos, en las conferencias y reuniones celebradas en suelo galo y en las películas realizadas con financiación francesa. De no ser así, advertían, les angloglottes «harán que todos hablemos inglés o, más bien, americano».

Los gobiernos franceses de todas las tendencias políticas se mostraron encantados de responder a la solicitud, aunque solo fuera pour le forme (para cumplir). «La batalla por el francés es indispensable —declaró la ministra socialista Catherine Tasca—. En las organizaciones internacionales, en las ciencias e incluso en los muros de nuestras ciudades». Dos años después, un ministro de Cultura conservador, Jacques Toubon, retomaba el asunto, y hacía explícito lo que Tasca no había precisado: que el objeto que motivaba la inquietud no era solo el declive del francés, sino también, y principalmente, la hegemonía del inglés. Sería mejor si los franceses aprendían otra cosa, cualquier otra cosa: «¿Por qué —se preguntaba Toubon— deben nuestros hijos aprender un inglés empobrecido, algo a lo que en cualquier caso pueden acceder a cualquier edad, cuando lo que deberían tener es un conocimiento profundo del alemán, el español, el árabe, el japonés, el italiano, el portugués o el ruso?».

El blanco de Toubon —lo que desdeñosamente calificaba de «inglés mercantil», que estaba desplazando al francés («el capital principal, el símbolo de la dignidad del pueblo francés»)— ya estaba saliendo de su campo de visión, incluso mientras él apuntaba. Intelectuales como Michel Serres podían manifestar su portentosa queja de que, durante la ocupación alemana, en las calles de París había menos calles con nombres germanos de las que había hoy día en inglés, pero a una generación joven, que se había criado con películas, programas de televisión, videojuegos, portales de Internet y música pop internacional —y que además hablaba un cambiante argot francés lleno de palabras y expresiones adaptadas del inglés— todo eso no le importaba en absoluto.

Una cosa era que hubiera leyes (más vulneradas que respetadas) que trataran de obligar a los franceses a hablarse los unos a los otros en francés, pero tratar de exigir a los extranjeros, ya fueran académicos, empresarios, analistas, abogados, arquitectos o cualquier otra cosa, que se expresaran en francés —o que lo comprendieran cuando otros lo hablaban— siempre que se reunieran en territorio galo solo podía tener un resultado: que se llevaran sus negocios y sus ideas a otra parte. Al iniciarse el nuevo siglo la verdad había calado y la mayoría de las personalidades y políticos franceses (aunque desde luego no todos) se había resignado a la cruda realidad de la Europa del siglo XXI. Las nuevas élites europeas, dondequiera que estuvieran, no hablaban y no querían hablar francés: «Europa» ya no era un proyecto francés.

Para comprender qué clase de sitio era Europa a finales del segundo milenio resulta tentador rastrear, tal como hemos hecho, sus divisiones, fisuras y rupturas internas, que remiten, inevitablemente, al carácter profundamente cismático de la historia moderna del continente y a la innegable variedad que presenta el solapamiento de sus comunidades, identidades e historias. La concepción que tenían los europeos de sí mismos y de cómo vivían comprendía tanto lo que los unía como lo que los dividía: y ahora estaban más íntimamente unidos que nunca.

El mejor ejemplo de la «unión cada vez más estrecha» en la que los europeos se habían trabado —o, más exactamente, en la que sus ilustrados líderes políticos los habían metido— se encontraba en la red de comunicaciones cada vez más tupida a la que dio lugar. Las infraestructuras de transporte intraeuropeas —puentes, túneles, carreteras, vías férreas y líneas de transbordadores— se habían expandido hasta hacerse irreconocibles a lo largo de las últimas décadas del siglo. Ahora los europeos tenían la red de ferrocarriles más rápida y más segura del mundo (con la excepción de los británicos, justamente vilipendiados).

En un continente populoso, cuyas distancias relativamente cortas favorecían más el transporte por carretera que el aéreo, no era polémico destinar una constante inversión pública al ferrocarril. Los mismos países que se habían unido en Schengen ahora cooperaban —con un considerable respaldo de la Unión Europea— para mejorar el trazado de una extensa red de líneas de alta velocidad que iban desde Madrid y Roma hasta Ámsterdam y Hamburgo, con planes de expansión hacia el norte, hasta llegar a Escandinavia y hacia el este a través de Europa central, hasta regiones y países que quizá nunca contaran con trenes TGV, ICE o ES[10]. Los europeos podían viajar por todo el continente, no necesariamente a mucha mayor velocidad que un siglo antes, pero sí con muchos menos impedimentos.

Al igual que en el siglo XIX, en Europa la innovación ferroviaria se produjo a costa de las ciudades y provincias que, al no contar con este servicio, corrían el riesgo de perder mercados y población, y quedarse a la zaga de sus más afortunados competidores. Pero ahora también había una extensa red de carreteras rápidas y, salvo en la Unión Soviética, el sur de los Balcanes y las provincias más pobres de Polonia y Rumanía, la mayoría de los europeos ya tenía acceso a un coche. Esos cambios, junto a los hidrofoils y las líneas aéreas desreguladas, hicieron posible que la gente viviera en una ciudad, trabajara en otra y fuera de compras a una tercera, no siempre por poco dinero, pero sí con una inusitada eficiencia. Por ejemplo, se hizo bastante habitual que las jóvenes familias europeas contemplaran la posibilidad, por ejemplo, de vivir en Malmö (Suecia) y trabajar en Copenhague (Dinamarca), o que fueran a trabajar todos los días desde Friburgo (Alemania) a Estrasburgo (Francia), incluso que cruzaran el mar para desplazarse desde Londres a Rotterdam, o desde Bratislava (Eslovaquia) hasta Viena (Austria), para revivir un trayecto habitual en la época de los Habsburgo. Surgía una Europa auténticamente integrada.

Los europeos, cada vez más nómadas, ahora se conocían mejor que nunca. Y podían viajar y comunicarse en igualdad de condiciones. Pero no hay duda de que algunos seguían siendo más iguales que otros. Dos siglos y medio después de que Voltaire señalara el contraste entre una Europa que «conoce» y una Europa que «espera que la conozcan», la diferencia seguía siendo muy importante. Tanto el poder como la prosperidad y las instituciones estaban arracimados en el extremo occidental del continente. La geografía moral de Europa —la Europa que había en la cabeza de los europeos— consistía en un núcleo de Estados «auténticamente» europeos (algunos, como Suecia, bastante periféricos desde el punto de vista geográfico), cuyos valores constitucionales, jurídicos y culturales se esgrimían como modelo para los europeos inferiores, aspirantes a serlo, que trataban, por así decirlo, de convertirse realmente en sí mismos[11].

En consecuencia, se esperaba que los europeos orientales tuvieran conocimientos de Occidente. Sin embargo, cuando el conocimiento fluía en dirección opuesta, no era siempre de forma muy halagüeña. No se trataba únicamente de que los empobrecidos europeos orientales y meridionales viajaran hacia el norte y el oeste para vender su mano de obra o su cuerpo. A finales de siglo, ciertas ciudades de Europa oriental, tras agotar su atractivo como redescubiertas avanzadillas de una Europa central perdida, habían comenzado a reubicarse en un rentable nicho del mercado como centros de vacaciones baratos y chabacanos para el turismo de masas y con poco nivel adquisitivo occidental. En concreto, Tallinn y Praga se granjearon una poco envidiable reputación como destino de «vuelos de hombres solos» británicos: paquetes turísticos de fin de semana a precios muy asequibles para varones ingleses en busca de alcohol en abundancia y sexo barato.

Agencias de viajes y operadores turísticos cuya clientela se habría conformado en su día con Blackpool o (más recientemente) Benidorm, ahora parecían absolutamente entusiasmados con los exóticos placeres que ofrecía el Este de Europa. Pero los ingleses, a su manera, también eran periféricos, lo cual explica que para muchos de ellos Europa siguiera siendo algo exótico. En 1991 el semanario de Sofía Kultura preguntó a los búlgaros a qué cultura extranjera se sentían más próximos: el 18 por ciento contestó que a la francesa; el 11 por ciento, a la alemana, y el 15 por ciento a la americana. Pero solo el 1,3 por ciento reconoció sentir algún tipo de afinidad con la cultura inglesa.

El centro indiscutible de Europa, pese a todas sus tribulaciones posteriores a la unificación, seguía siendo Alemania: con mucho el mayor Estado de la Unión Europea en población y producción, era la médula misma de la «Europa nuclear», según todos los cancilleres germanos, desde Adenauer a Schröder, habían recalcado siempre que debía ser. Alemania era también el único país que había tenido un pie a cada lado de la antigua divisoria. Gracias a la unificación, la inmigración y la llegada del Gobierno federal, el área metropolitana de Berlín era ahora seis veces mayor que la de París: un símbolo de la categoría relativa de los dos miembros principales de la Unión. Alemania dominaba la economía europea. Era el principal socio comercial de los Estados miembros, dos tercios de los ingresos netos de la Unión procedían de la República Federal, y a pesar de ser sus principales pagadores —o quizá por ello— los alemanes seguían estando entre los ciudadanos más comprometidos con la Unión Europea. Los hombres de Estado alemanes proponían periódicamente la creación de una «vía rápida» para los países que aceptaran una Europa federal totalmente integrada, aunque fuera para retirarse con frustración no disimulada ante las largas que les daban sus socios.

Si Alemania —redundando un poco más en la imagen volteriana— era el país que mejor «conocía» Europa, era normal que a comienzos del siglo XXI otros dos antiguos Imperios trataran con insistencia que Europa los «conociera». En su momento, Rusia y Turquía, al igual que Alemania, habían jugado un papel imperial en el continente. Además, muchos rusos y turcos habían compartido la incómoda suerte de las comunidades germanas de Europa, y como ellos habían sido desplazados de un poder autocrático, relegados al papel de minorías vulnerables y objeto de recelo en Estados nación ajenos, un reflujo sobrante de imperios en retirada. A finales de los noventa se calculaba que más de cien millones de rusos vivían fuera de Rusia en los países independientes de Europa oriental[12].

Pero aquí terminaba el parecido. La Rusia postsoviética era más un imperio eurasiático que un Estado europeo. Preocupada con las violentas rebeliones del Cáucaso, quedaba separada del resto de Europa por los nuevos Estados tapón de Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, y también por su política interna, cada vez más autoritaria. Nunca se planteó que pudiera entrar en la Unión Europea: como hemos visto, a los nuevos socios se les exigía que respetaran los «valores europeos» —en lo tocante al imperio de la ley, los derechos y libertades ciudadanas y la transparencia institucional— que el Moscú de Vladímir Putin estaba muy lejos de reconocer, y mucho menos de aplicar[13]. En cualquier caso, las autoridades rusas tenían más interés en construir oleoductos y en vender gas a la Unión Europea que en entrar en ella. Muchos rusos, entre ellos los que vivían en ciudades occidentales, no se consideraban instintivamente europeos: cuando viajaban a Occidente hablaban (como los ingleses) de «ir a Europa».

No obstante, en la práctica, Rusia había sido una potencia europea durante trescientos años y el legado se mantenía. Había empresarios rusos que pretendían absorber bancos letones. Un presidente lituano, Rolandas Paksas, se vio obligado a abandonar el poder en 2003 ante las sospechas de que tenía relaciones estrechas con la mafia rusa. Moscú conservaba el enclave ruso de Kaliningrado y seguía exigiendo que las mercancías y los convoys militares rusos pudieran circular sin restricciones a través de Lituania, y también que los ciudadanos rusos de visita en la Unión Europea no estuvieran obligados a solicitar visado. El dinero blanqueado procedente de las actividades empresariales de los oligarcas rusos se canalizaba a través del mercado inmobiliario de Londres y la Riviera francesa.

Por lo tanto, a corto plazo, Rusia era una presencia claramente incómoda en el margen exterior de Europa. Pero no una amenaza. Aparte de eso, el ejército ruso estaba ocupado y, en cualquier caso, se encontraba en una situación ruinosa. La salud de la población rusa era objeto de una gran preocupación, aunque, en líneas generales, solo para los propios rusos: la esperanza de vida, sobre todo de los hombres, estaba cayendo precipitadamente y los organismos internacionales llevaban ya tiempo advirtiendo de que en el país estaba rebrotando la tuberculosis y que el sida estaba a punto de convertirse en una epidemia. En el futuro más inmediato no había duda de que Rusia estaría ocupada en sus propios asuntos.

A la larga, simplemente su proximidad, su enorme tamaño y sus reservas de combustible fósil (sin parangón) debían proyectar inevitablemente una sombra sobre el futuro de un continente europeo escaso en fuentes de energía. Ya en 2004, la mitad del gas natural de Polonia y el 95 por ciento de su petróleo procedían de Rusia. Pero, entre tanto, lo que las autoridades rusas y sus habitantes buscaban en Europa era «respeto». Moscú quería una participación más estrecha en el proceso de toma decisiones intraeuropeo, ya fuera en la OTAN, en la gestión de los acuerdos de los Balcanes o en los pactos comerciales (tanto en los bilaterales como en los alcanzados en la Organización Mundial del Comercio): no porque las decisiones tomadas en ausencia de Rusia fueran necesariamente perjudiciales para sus intereses, sino por una cuestión de principios.

Para muchos observadores, la historia europea había vuelto al punto de partida. En el siglo XXI se repetía la situación del XVIII: Rusia estaba en Europa y fuera de ella, era tanto la nation d’Europe de Montesquieu como el «desierto escita» de Gibbon. Para los rusos, Occidente seguía siendo lo que había sido durante siglos, un contradictorio objeto de atracción y repulsión, de admiración y de resentimiento. Tanto sus gobernantes como el pueblo continuaban siendo enormemente sensibles a la opinión exterior, al tiempo que mostraban un profundo recelo ante cualquier crítica o injerencia extranjera. La historia y la geografía habían legado a Europa un vecino al que no podía ni pasar por alto ni incorporar.

Lo mismo podría haberse dicho en su momento de Turquía. Durante casi seiscientos años los turcos otomanos habían sido el «otro» para Europa, sustituyendo a los árabes, que habían asumido ese papel durante el medio milenio anterior. Durante muchos siglos, «Europa» comenzaba donde terminaban los turcos (razón por la cual a Cioran le deprimía tanto que le recordaran los largos años de dominio otomano sobre Rumanía), y era un tópico decir que la Europa cristiana había sido «salvada» de las fauces del islam turco —ya fuera a las puertas de Viena, de Budapest o, en 1571, en la batalla de Lepanto—. Desde mediado el siglo XVIII, cuando Turquía mostró síntomas de decadencia, la «cuestión oriental» —cómo enfrentarse al declive del Imperio Otomano y qué hacer con los territorios que ahora abandonaban tras siglos de dominación turca— fue el desafío más acuciante para los diplomáticos europeos.

La derrota de Turquía en la Primera Guerra Mundial, el derrocamiento de los otomanos y su sustitución por el Estado ostentosamente laico y modernizador de Kemal Atatürk habían sacado la cuestión oriental de la agenda europea. Los turcos, gobernados ahora desde Ankara, tenían problemas propios suficientes, y aunque su desalojo de los Balcanes y del Oriente Próximo árabe había dejado tras de sí una enmarañada red de conflictos y opciones, con trascendentales consecuencias a largo plazo para Europa y para el mundo, los propios turcos ya no eran parte del problema. Si no hubiera sido por su situación estratégica, en plena vía de acceso al mar Mediterráneo para la Unión Soviética, el país podría haber desaparecido por completo de la conciencia europea.

Sin embargo, durante toda la Guerra Fría, Ankara se convirtió en un sumiso participante de la alianza occidental, con la aportación a la OTAN de un contingente bastante nutrido. En Turquía se instalaron misiles y bases estadounidenses dentro del cordón sanitario que rodeaba las fronteras soviéticas desde el Báltico al Pacífico, y los gobiernos occidentales no solo le proporcionaron copiosas sumas en concepto de ayuda, sino que contemplaron con benevolencia y escasas críticas sus inestables regímenes dictatoriales —con frecuencia surgidos de golpes militares— y su incontrolada represión de los derechos de las minorías (sobre todo de los kurdos, un quinto del conjunto de la población, situados en el extremo oriental del país). Entre tanto, los «trabajadores invitados» turcos, al igual que los demás excedentes de población rural de la cuenca mediterránea, emigraban en grandes cantidades a Alemania y a otros territorios de Europa occidental en busca de trabajo.

Pero el legado otomano volvería a rondar a la nueva Europa. Con el fin de la Guerra Fría, la singular ubicación de Turquía cobró otro tipo de importancia. El país ya no era ni una avanzadilla fronteriza ni un Estado barrera en una confrontación geopolítica internacional, sino que constituía un conducto, atrapado entre Europa y Asia, con vínculos y afinidades en ambos lados. Aunque formalmente Turquía era una República laica, gran parte de sus setenta millones de ciudadanos eran musulmanes. Entre los mayores, muchos turcos no eran especialmente ortodoxos, pero con el auge del islam radical cada vez había más temor a que ni siquiera el Estado secular que tan despiadadamente había impuesto Atatürk fuera invulnerable a una nueva generación que se rebelara contra sus secularizados padres y buscara raíces en el antiguo legado del islam otomano.

Por su parte, la zona europea de Estambul acogía a la inmensa mayoría de las élites profesionales y empresariales más preparadas, que se identificaban tremendamente con la forma de vestir, la cultura y las prácticas de Occidente. Al igual que otros europeos orientales con ambición, veían Europa —sus valores, instituciones, mercados y carreras— como el único futuro posible para ellos y para un país como el suyo, de ambigua ubicación. Su objetivo era claro: escapar de la historia hacia «Europa». Además, lo compartían con el cuerpo de oficiales, tradicionalmente influyente, que se identificaba de modo incondicional con el Estado secular soñado por Atatürk y que manifestaba abiertamente la irritación que le producía la islamización que iba calando en la vida pública turca.

Sin embargo, Europa, o por lo menos Bruselas, se mostraba bastante más que dubitativa: durante muchos años no se dio curso a la solicitud de ingreso de Turquía en la Unión Europea. Había buenas razones para la cautela: las prisiones de Turquía, el trato que daba a los opositores internos y las deficiencias de su legislación en materia ciudadana y económica solo eran algunos de los muchos problemas que tendría que abordar el país antes de poder albergar esperanzas de ir más allá de una relación estrictamente comercial con sus socios europeos. Destacados comisarios de la Unión Europea, como el austriaco Franz Fischler, ventilaban abiertamente sus dudas sobre el hecho de que el país tuviera desde hacía tiempo credenciales democráticas. Además, existían dificultades prácticas: como Estado miembro, Turquía sería, después de Alemania, el país más grande de la Unión, así como el más pobre: la brecha existente entre su próspero extremo occidental y la extensa y empobrecida zona oriental era enorme y, si tenían esa oportunidad, millones de turcos podrían emprender camino hacia el Oeste, hacia Europa, en busca de un sueldo con el que vivir. La Unión Europea no podía dejar de considerar las posibles consecuencias en materia de política de inmigración nacional y presupuestarias.

Pero no eran estos los auténticos impedimentos[14]. Si Turquía entraba en la Unión Europea, esta tendría fronteras externas con Georgia, Armenia, Irán, Irak y Siria. Era legítimo preguntarse si tenía o no sentido llevar «Europa» hasta poco más de ciento cincuenta kilómetros de Mosul; dadas las circunstancias del momento, no había duda de que esto ponía en peligro su seguridad. Además, cuanto más prolongara Europa sus fronteras, más sentirían muchos —entre ellos los redactores del documento constitucional de 2004— que la Unión debía manifestar claramente qué definía la casa común. A su vez, esto indujo a varios políticos de Polonia, Lituania, Eslovaquia y otros países —por no hablar del Papa polaco de Roma— a tratar sin éxito de insertar en el preámbulo de un nuevo texto constitucional un recordatorio sobre el pasado cristiano de Europa. ¿Acaso Václav Havel, en un discurso pronunciado en Estrasburgo en 1994, no recordó al público que «la Unión Europea se basaba en un gran conjunto de valores, con raíces en la Antigüedad y en el cristianismo»?

Al margen de qué otras cosas fueran, no había duda de que los turcos no eran cristianos. La ironía era que precisamente por esa razón —que no pudieran definirse a sí mismos como cristianos, o como «judeocristianos»— los turcos aspirantes a europeos eran todavía más proclives que otros europeos a recalcar las dimensiones secular, tolerante y liberal de la identidad del continente[15]. También trataban, y cada vez con más urgencia, de utilizar los valores y normas europeos como resorte contra las influencias reaccionarias que sufría la vida pública turca: un objetivo que los propios Estados miembros de Europa llevaban alentando mucho tiempo.

Pero aunque en 2003 el Parlamento turco retirara finalmente, a instancias europeas, muchas arraigadas restricciones que pesaban sobre la vida cultural y la expresión política de los kurdos, el prolongado vals de las dudas interpretado en Bruselas por gobiernos y funcionarios había comenzado a imponer su precio. Quienes en Turquía criticaban la entrada en la Unión Europea apuntaban con insistencia la humillación que sufría una nación en su día imperial, ahora reducida a la categoría de suplicante que, ante la puerta europea, solicitaba de mala manera apoyos de naciones antes sometidas por ella. Además, el aumento constante del sentimiento religioso en el país no solo condujo a la victoria electoral del islamismo moderado turco, sino que animó al Parlamento nacional a debatir una moción para volver a convertir en delito el adulterio.

Respondiendo a las explícitas advertencias de Bruselas, en el sentido de que esto podría poner definitivamente en peligro la entrada de Ankara, la moción se abandonó y en diciembre de 2004 la Unión Europea aceptó por fin iniciar conversaciones para negociar las condiciones de acceso de Turquía. Pero el daño estaba hecho. Los enemigos de la entrada turca —y había muchos, tanto en Alemania como en Francia, y, más cerca, en Grecia o Bulgaria— podían esgrimir una vez más la falta de idoneidad del país[16]. En 2004, al retirarse, el comisario holandés de la Unión Europea Frits Bolkestein previno de la próxima «islamización» de Europa. Las posibilidades de que las negociaciones avanzaran sin sobresaltos disminuyeron aún más: Günter Verheugen, comisario de la Unión Europea para la Ampliación, reconoció que no esperaba que Turquía se convirtiera en miembro de la Unión «antes de 2015». Entre tanto, el engranaje que marcaba el coste que suponía —para el orgullo turco y para la estabilidad política del extremo más vulnerable de Europa— el rechazo futuro o la posibilidad de más retrasos, avanzó otro diente. La cuestión oriental se planteaba de nuevo.

Resultaba irónico que la historia hubiera tenido tanto peso sobre los asuntos europeos a comienzos del siglo XXI, si se pensaba con cuánta ligereza reposaba sobre los hombros de los europeos del momento. El problema no era tanto de educación —la enseñanza o mala enseñanza de la historia en las escuelas, aunque en ciertas partes del sur de Europa esto fuera también motivo de preocupación— como de la utilización pública que se daba ahora al pasado. Evidentemente, en las sociedades autoritarias este uso tenía una larga historia; pero Europa, por su propia definición, era posautoritaria. Los gobiernos ya no ejercían el monopolio del conocimiento y la historia ya no podía alterarse fácilmente con fines políticos.

En general, tampoco se hacía. En Europa, la amenaza de la historia no surgía de una deliberada distorsión del pasado para fines falaces, sino de la nostalgia, algo que inicialmente podría haber parecido un apéndice natural del conocimiento histórico. Las últimas décadas del siglo habían registrado una escalada en la fascinación pública por el pasado como artefacto distanciado que no encerraba recuerdos recientes, sino perdidos: la historia no tanto como fuente de conocimiento para el presente, sino como ilustración de lo distintas que habían sido las cosas. La historia televisiva, narrada o interpretada, la historia en los parques temáticos, o la historia en los museos no subrayaba lo que unía a la gente con el pasado, sino todo lo que la separaba de él. El presente no se reflejaba como un heredero de la historia sino como un huérfano de la misma, arrancado de las cosas, tal como eran antes, y del mundo que habíamos perdido.

En Europa oriental, la nostalgia se alimentaba directamente del pesar generado por la pérdida de las certezas del comunismo, ahora purgado de su lado más oscuro. En 2003 el Museo de Artes Decorativas de Praga organizó una exposición de «indumentaria prerrevolucionaria»: botas, ropa interior, vestidos y otras prendas de un mundo que, a pesar de haber acabado solo catorce años atrás, se había convertido ya en objeto de distante fascinación. La exposición atrajo a mucha gente mayor para la que la uniformidad gris de los artículos de mala factura que se mostraban debía de constituir un recuerdo reciente. Y, sin embargo, la respuesta de los visitantes sugería cierto grado de afecto e incluso de pesar que sorprendió bastante a los organizadores.

El sentimiento de Ostalgie, como se conocía en Alemania, bebía de las mismas fuentes que el recuerdo olvidadizo. Si se tiene en cuenta que la República Democrática, adaptando la descripción que hizo Mirabeau de la Prusia de los Hohenzollern, era poco más que un servicio de seguridad con un Estado, en el fulgor de la evocación demostró una notable capacidad para suscitar simpatía e incluso nostalgia. Mientras los checos admiraban su antigua vestimenta, los alemanes acudían masivamente a ver Goodbye Lenin: una película cuya supuesta mofa de la escasez, los dogmas y el despropósito general de la vida en la época de Erich Honecker se compensaba deliberadamente con cierta simpatía por el asunto y una actitud algo más que ligeramente ambigua respecto a su súbita pérdida.

Pero los alemanes y los checos, al igual que otros centroeuropeos, habían tenido demasiadas experiencias de reanudaciones súbitas y traumáticas. Su nostalgia selectiva por lo que fuera que pudiera recuperarse entre los desechos del pasado perdido tenía mucho sentido: no fue casual que cada episodio de la serie Heimat: Eine Deutsche Chronik, de Edgar Reitz, contara con un promedio de nueve millones de espectadores cuando se televisó en 1984. Pero no se explica tan fácilmente la obsesión por la nostalgia que recorrió el resto de Europa occidental en los últimos años del viejo siglo, que dio lugar a industrias de la memoria, monumentos, reconstrucciones, recreaciones y renovaciones.

Evidentemente, lo que el historiador Eric Hobsbawm describió en 1995 como «la gran era de la mitología histórica» no carecía de precedentes. El propio Hobsbawm había escrito con brillantez sobre la «invención de la tradición» en la Europa del siglo XIX, en los albores de la era del nacionalismo, sobre esa especie de sucedáneo de cultura tachado por Edwin Muir (al escribir sobre Burns y Scott en «Scotland 1941», 1936) de «parodia de bardos para una parodia de nación». Pero la creativa reformulación del pasado nacional elaborada en Francia y el Reino Unido a finales del siglo XX era algo completamente distinto.

No por casualidad, donde más se elaboró la historia como nostalgia fue precisamente en esos dos ámbitos nacionales. Ambos países, después de entrar en el siglo pasado como orgullosas potencias imperiales, se habían visto privados de territorios y recursos por la guerra y la descolonización. La confianza y la seguridad de haber sido metrópolis fueron sustituidas por recuerdos incómodos e inciertas perspectivas de futuro. Antes estaba muy claro lo que era ser francés o británico, pero ya no. La alternativa, convertirse con entusiasmo en «europeo», era mucho más fácil en países como Bélgica o Portugal, o en lugares, como Italia o España, donde lo mejor era dejar en sombras el pasado nacional reciente[17]. Sin embargo, para naciones que aún podían recordar haberse criado con grandeza y gloria, «Europa» siempre supondría una incómoda transición: una cesión, no una elección.

Desde el punto de vista institucional, el giro británico hacia la nostalgia comenzó casi inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ministro laborista Hugh Dalton instituyó el Fondo Nacional para la Tierra, destinado a adquirir para la nación lugares y edificios de «belleza e historia», que serían administrados por un Fondo Nacional (National Trust, NT). En el curso de una generación las propiedades del Fondo Nacional —parques, castillos, palacios y «áreas de extraordinaria belleza natural»— se habían convertido en destacadas atracciones turísticas: algunas de ellas ocupadas aún por sus propietarios originales, que habían donado sus reliquias a la nación a cambio de considerables exenciones fiscales.

Desde los cincuenta hasta los setenta una tranquilizadora versión del pasado reciente salió una y otra vez a la luz en forma de películas bélicas, dramas e indumentaria de época: el reciclado de la moda eduardiana, que iba desde los teddy boys hasta diversos tipos de barba, fue un rasgo singular de esta tendencia, que en 1977 culminó, entre fiestas callejeras, exposiciones fotográficas e invocaciones en todo el país a los viejos y buenos tiempos, con una conmemoración, afectadamente «retro» y nostálgica, del jubileo de plata de la reina. Sin embargo, después de la revolución thatcheriana de los ochenta se perdió hasta este elemento de continuidad. A lo largo de esa década el Reino Unido —más precisamente Inglaterra—, que podía sentir cierto fulgor cálido de reconocimiento al remontarse a los años cuarenta o incluso a 1913, prácticamente había desaparecido.

En su lugar surgió un país incapaz de relacionarse con su pasado inmediato, salvo mediante la ironía involuntaria de la negación o a través de una especie de «patrimonio» desinfectado e incorpóreo. La negación aparecía claramente en las inseguridades de la vieja clase docente de Oxford y Cambridge, que, durante la nueva atmósfera de oportunismo igualitarista de la era Blair, sufrió la humillación de verse obligada a insistir en su «antielitismo», o en el grotesco menosprecio por sí mismas que exhibieron instituciones culturales como el Victoria and Albert Museum de Londres, al que durante los noventa no le quedó más remedio que promocionarse como un «selecto café» con un bonito museo anexo.

En cuanto al patrimonio nacional, se transformó, abiertamente, en una propuesta empresarial: en una industria promovida y financiada por un nuevo Departamento de Patrimonio Nacional del Gobierno. Fundado en 1992 por el Ejecutivo conservador, pero siguiendo un proyecto esbozado originalmente por los laboristas, en los posteriores gobiernos del nuevo laborismo de Tony Blair, el nuevo Ministerio fue absorbido por otro que ostentaba el revelador nombre de Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes. Ese ecuménico contexto es importante: el patrimonio no era el proyecto de un partido político. El pasado no fue maltratado ni explotado; fue desinfectado y dotado de un rostro amable.

Un buen ejemplo fue Barnsley, una localidad situada en la zona minera ya difunta de South Yorkshire. El enclave, que en su día había sido un importante centro de extracción, se transformó tras la era thatcheriana hasta hacerse irreconocible. El centro de la localidad fue destripado y su núcleo cívico destrozado y sustituido por chabacanas galerías comerciales revestidas de aparcamientos de cemento. Lo único que quedó fue el ayuntamiento y un puñado de inmuebles aledaños, reliquias arquitectónicas de la gloria municipal del Barnsley decimonónico, a las que los visitantes eran conducidos a través de «pintorescos» carteles que imitaban los antiguos. Entre tanto, los puestos de libros del mercado del pueblo se habían especializado en vender nostalgia local a los propios residentes de la zona (Barnsley no figuraba en ninguna ruta turística): fotos en sepia, grabados y libros con títulos como Los años dorados de Barnsley o Recuerdos de la antigua Doncaster (una localidad vecina), que recordaban un mundo perdido hacía muy poco tiempo y ya medio olvidado.

A pocos kilómetros de Barnsley, cerca del pueblo de Orgreave, la batalla de Orgreave se reprodujo para la televisión en 2001. El enfrentamiento registrado allí en junio de 1984 entre mineros huelguistas y policías fue el choque más violento y desesperado de los que caracterizaron la lucha de Margaret Thatcher contra el Sindicato Nacional de Mineros ese mismo año. Muchos de sus trabajadores seguían en paro desde entonces, y algunos de ellos participaron, a cambio de dinero, en la representación, vestidos con la pertinente vestimenta de «época». La interpretación de batallas famosas era un pasatiempo tradicional en Inglaterra. Pero el hecho de que Orgreave experimentara un tratamiento «patrimonial» ponía de manifiesto el acelerado proceso de «historificación» que estaba en marcha. Después de todo, a los ingleses les costó trescientos años llegar a representar la batalla de Naseby, de la guerra civil, que tenía lugar a unas dos horas de viaje hacia el sur; la de Orgreave solo tardó diecisiete años en retransmitirse por la televisión.

La localidad de Barnsley tenía un importante papel en The Road to Wigan Pier (El camino de Wigan Pier), de George Orwell, inolvidable obra en la que el autor escribió sobre la tragedia que supuso el desempleo en el periodo de entreguerras para la clase obrera industrial británica. Setenta años después, en Wigan no solo había un embarcadero (ya se sabe que Orwell recalcó que no lo había), sino un cartel en la autopista cercana que animaba a la gente a visitarlo. Cerca del canal, ahora bien limpio, se había construido un museo estilo «tal como éramos» y también The Orwell at Wigan Pier, un típico pub moderno que vende hamburguesas y patatas fritas. Estaba claro que las temibles barriadas pobres descritas por Orwell habían desaparecido no solo del paisaje, sino de la memoria local: Recuerdos de Wigan 1930-1970, una guía vendida en el museo, muestra bonitas fotos en sepia de recatadas dependientas y de pintorescas y olvidadas tiendas. Pero ni una palabra sobre los pozos y los trabajadores cuyas penalidades atrajeron a Orwell a la localidad y que dieron a Wigan su dudosa fama.

No solo se sometió el norte de Inglaterra a la terapia patrimonial. En la zona oeste de las Midlands, la región de la cerámica, se animaba a los turistas y escolares a conocer cómo había elaborado Josiah Wedgwood, un fabricante de cerámicas del siglo XVIII, sus famosos productos. Pero en vano buscarían indicios de cómo vivían los trabajadores del sector o de por qué se llamaba a la zona el Black Country (Orwell describía que incluso la nieve se volvía negra por el humo que escupían un centenar de chimeneas). Y estos ejemplos, en los que las cosas tal como deberían haber sido sustituían a la realidad pasada (o actual), podrían multiplicarse por cien.

Así, aunque la situación real de los ferrocarriles del momento era un reconocido escándalo nacional, el Reino Unido del año 2000 tenía más ferrocarriles a vapor y más museos sobre este tipo de transporte que todo el resto de Europa unida: había ciento veinte; noventa y uno solo en Inglaterra. Gran parte de los trenes no llevan a ninguna parte e incluso los que lo hacen entretejen la realidad y la fantasía con cierta maravillosa despreocupación: a los visitantes veraniegos de la zona de West Riding, en Yorkshire, se les invita a montarse en Thomas the Tank Engine (la Locomotora Thomas) y recorrer la línea Keighley-Haworth para visitar la casa del párroco Brontë.

En consecuencia, en la Inglaterra del siglo XXI la historia y la ficción se funden a la perfección. Oficialmente, la industria, la pobreza y los conflictos de clase se han olvidado y cubierto de grava. Los contrastes sociales profundos se niegan o igualan. E incluso el pasado más reciente y polémico se presenta únicamente en plásticas y nostálgicas reproducciones. Esta expurgación de la memoria, que afecta a todo el país, fue el logro principal de su nueva élite política. Siguiendo la estela de Thatcher, el nuevo laborismo consiguió librarse del pasado; y, como tenía que ser, la boyante industria del patrimonio inglesa lo ha sustituido por «el Pasado».

La capacidad de los ingleses para plantar y cuidar un jardín del olvido con el que recordar amablemente el pasado, negándolo enérgicamente, no tiene parangón. En Francia, la obsesión con el legado nacional —le patrimoine—, por otra parte comparable, adoptó una forma diferente. Aquí, la fascinación por la identificación y preservación de objetos y lugares valiosos del pasado nacional se remontaba a muchas décadas atrás. Comenzó en el periodo de entreguerras con exposiciones agrarias que ya mostraban la nostalgia por el mundo perdido anterior a 1914, y se aceleró cuando el régimen de Vichy tomó medidas para sustituir el incómodo presente urbano por un idealizado pasado rural.

Después de la guerra, durante la Cuarta y la Quinta República, el Estado destinó gran cantidad de dinero a la preservación nacional y regional, acumulando un patrimoine culturel proyectado como una especie de pedagogía tangible: un recordatorio congelado contemporáneo (tras un penoso y turbulento siglo) del singular pasado del país. Pero en las últimas décadas del siglo, Francia —la de los presidentes Mitterrand y Chirac— ha cambiado hasta hacerse irreconocible. Ahora, lo que suscitaba comentarios no es la continuidad con las glorias —o tragedias— pasadas, sino la discontinuidad a ese respecto. El pasado —el revolucionario, el campesino, el lingüístico, pero, sobre todo, el reciente, desde Vichy a Argelia— apenas servía de guía para el futuro. La historia de Francia, en su día de una pieza, abrumada por la transformación demográfica y por dos generaciones de movilidad sociogeográfica, parecía que iba a desaparecer por completo de la memoria de la nación.

La inquietud ante la pérdida tuvo dos efectos. Uno fue el incremento del abanico de patrimoines oficiales, del corpus de monumentos y objetos a los que públicamente otorgaba este sello la autoridad del Estado. En 1988, a instancias de Jack Lang, ministro de Cultura de Mitterrand, la lista de elementos oficialmente protegidos —anteriormente limitado a reliquias tipo UNESCO como el Pont du Gard, cerca de Nimes, o las murallas de Felipe el Atrevido, en Aigues Mortes— se amplió de forma espectacular.

Es sintomático del enfoque adoptado por Lang y sus sucesores el hecho de que entre los nuevos «lugares de patrimonio» de Francia se encontrara la decrépita fachada del Hotel du Nord, del Quai de Jemappes parisino: un homenaje manifiestamente romántico al clásico film, de título homónimo, realizado por Marcel Carné en 1938. Pero la película de Carné se rodó totalmente en un estudio. De manera que la conservación de un edificio (o más bien de su fachada) que ni siquiera había llegado a aparecer en la cinta, podría considerarse —según el gusto— o bien como un sutil ejercicio de ironía postmoderna o bien como una muestra del carácter inevitablemente falaz de cualquier recuerdo sometido de ese modo a la taxidermia oficial.

Por su parte, la característica aportación de Mitterrand al patrimonio nacional no se basó tanto en la preservación o la clasificación como en la fabricación en tiempo real. Desde Luis XIV, ningún gobernante francés había marcado su reinado con tal profusión de edificios y ceremonias. Los catorce años que duró la presidencia de Mitterrand no solo se caracterizaron por una constante acumulación de museos, monumentos, inauguraciones solemnes, inhumaciones y reinhumaciones, sino por hercúleas iniciativas destinadas a garantizar el lugar del propio presidente en el patrimonio del país: desde el atroz Gran Arco de la Défense, al oeste de París, hasta la controvertida nueva Biblioteca Nacional de la rivera sur del Sena, pasando por la garbosa pirámide del Louvre y el agresivo modernismo de la Opera de la Bastilla.

Al mismo tiempo que Mitterrand se entregaba al monumentalismo lapidario, inscribiéndose literalmente en la memoria física de la nación, la lacerante sensación de que esta estaba perdiendo el contacto con sus raíces llevó a un destacado historiador parisino, Pierre Nora, a editar Les Lieux de mémoire (Los lugares de la memoria), una obra colectiva de cinco mil seiscientas páginas que, dividida en tres partes, se publicó en siete volúmenes entre 1984 y 1992, con la intención de identificar y explicar los lugares y ámbitos de la memoria, antes compartida, de Francia: los nombres y los conceptos, los lugares y la gente, los proyectos y los símbolos que son —o eran— Francia, desde las catedrales a la gastronomía, desde la tierra al idioma, desde la planificación urbana al mapa de Francia en la mente de los franceses.

Ninguna otra publicación de esa índole se ha concebido en ninguna otra nación, y resulta difícil imaginar cómo podría hacerse, porque Les Lieux de mémoire de Nora capta tanto la asombrosa confianza de la identidad colectiva francesa —la incuestionable presunción de que ochocientos años de historia nacional han legado a Francia una singularidad y un patrimonio común que, de este modo, se ofrecen para su representación nemónica— como la inquietud, que el editor deja clara en su introducción, de que esos símbolos colectivos y corrientes de un pasado compartido estaban a punto de perderse para siempre.

Esta es una manifestación de la nostalgia como Angst: el miedo a que algún día —bastante pronto— los paneles de información color terroso que se arraciman a lo largo de las autoroutes francesas, de magnífica ingeniería e impecable disposición, dejen de tener significado para los propios franceses. ¿Qué función tendría entonces aludir —primero en forma de símbolo, después, un poco más adelante, con su propio nombre— a la catedral de Reims, al anfiteatro de Nimes, a los viñedos de Clos de Vougeot, al Mont Ste Victoire o a la batalla de Verdún si la alusión no significara nada? ¿Qué quedará de Francia si el viajero ocasional que se tope con esos nombres ha perdido el contacto con las memorias que pretenden evocar y los sentimientos que tratan de suscitar?

En Inglaterra, la industria del patrimonio sugiere una obsesión por las cosas, tal como no fueron: por cultivar, por así decirlo, una auténtica nostalgia por un pasado de pega. Por el contrario, la fascinación francesa por su patrimonio espiritual tiene cierto grado de autenticidad cultural. «Francia» siempre se ha presentado en forma alegórica: fijémonos en las diversas manifestaciones y encarnaciones de Marianne, la República. De manera que encajaba perfectamente que la pena por no tener ya las llaves que daban acceso al carácter francés perdido se centrara en un auténtico cuerpo simbólico, físico o intelectual. Ese corpus «es» Francia. Si se pierde o ya no se comparte, Francia ya no puede ser ella misma: en el sentido en que Charles de Gaulle señalaba al declarar que «Francia no puede ser Francia sin gloria».

Esos presupuestos los compartían políticos, intelectuales y gente de todas las tendencias políticas: razón por la cual Les Lieux de mémoire tuvo tanto éxito, al encerrar, para decenas de miles de lectores, un carácter francés evanescente que ya se estaba escapando de la vida cotidiana francesa. En consecuencia, resulta muy revelador que mientras que el cristianismo —sus ideas, edificios, prácticas y símbolos— ocupa un lugar destacado en los tomos de Nora, no haya sino un breve capítulo sobre los judíos —sobre todo como sujetos de asimilación, exclusión o persecución— y ninguna entrada sobre los musulmanes.

No fue un descuido. En el palacio de la memoria francés no había ningún rincón para el islam y habría ido en contra del propósito de la empresa crear uno a posteriori. No obstante, la omisión ponía de manifiesto el problema que Francia, al igual que sus vecinos, iba a tener para aceptar en su seno a millones de nuevos europeos. De los ciento cinco miembros de la Convención Europea encargados de redactar una Constitución, ninguno tenía orígenes no europeos. Al igual que el resto de la élite política del continente, desde Portugal a Polonia, representaban sobre todo a la Europa blanca y cristiana.

O, más precisamente, a la Europa antes cristiana. Aunque dentro del continente seguía habiendo múltiples variantes de cristianismo —desde los uniatas ucranianos a los metodistas galeses, pasando por los católicos griegos de Transcarpatia y los luteranos noruegos— el número de cristianos que realmente practicaba su fe no dejaba de menguar. En España, que todavía se vanagloriaba de tener novecientos conventos y monasterios a finales del siglo XX —el 60 por ciento del total mundial— la práctica religiosa se reducía y se correspondía excesivamente con el aislamiento, la edad avanzada y el retraso rural. En Francia solo uno de cada siete adultos reconocía acudir a la iglesia y, en cualquier caso, solo lo hacía como media una vez al mes. En Escandinavia y el Reino Unido las cifras eran aún más bajas. El cristianismo estaba declinando hasta en Polonia, donde la ciudadanía cada vez hacía más oídos sordos a las prédicas morales de la en su día poderosa jerarquía católica. En el cambio de siglo, bastante más de la mitad de los polacos (y una mayoría mucho mayor de los menores de treinta años) era partidaria de la legalización del aborto.

Por el contrario, el atractivo del islam se expandía: sobre todo entre los jóvenes, para los que aumentaba su utilidad como fuente de identidad comunitaria y de orgullo colectivo en países donde los ciudadanos de origen árabe, turco o africano seguían siendo en gran medida tratados como «extranjeros». Mientras que sus padres y abuelos habían hecho esfuerzos ingentes por integrarse y asimilarse, ahora los jóvenes de ambos sexos de Amberes, Marsella o Leicester se reconocían vehementemente tanto con su lugar natal —Bélgica, Francia o el Reino Unido— como con la religión y la región de sus raíces familiares. En concreto, las muchachas comenzaron a llevar ropas y símbolos religiosos, a veces bajo la presión familiar, pero a menudo para rebelarse contra los compromisos de sus mayores.

Como hemos visto, la reacción de las autoridades varió en cierto modo siguiendo las tradiciones y circunstancias locales: solo la Asamblea Nacional Francesa, en un recto ataque de republicanismo radical, optó, por 494 votos a favor frente a 36 en contra, por prohibir la presencia de todo símbolo religioso en las escuelas públicas. Pero la iniciativa, impuesta en febrero de 2004 y dirigida contra le voile —el velo de las jóvenes musulmanas practicantes— debe interpretarse dentro de un contexto más amplio y perturbador. En muchos lugares, los prejuicios raciales estaban siendo aprovechados políticamente por la extrema derecha, y el antisemitismo, por primera vez en cuarenta años, aumentaba en Europa.

Al otro lado del Atlántico, donde se convirtió en elemento primordial de los discursos de políticos eurófobos y expertos neoconservadores, el antisemitismo de Francia, Bélgica o Alemania se identificó inmediatamente con un retorno del pasado oscuro del continente. El influyente columnista George Will, en un artículo publicado en el Washington Post en mayo de 2002, llegó a calificar el recrudecimiento del sentimiento antijudío en Europa como «la segunda —¿y definitiva?— fase en la lucha por una «solución final para la cuestión judía». El embajador estadounidense ante la Unión Europea, Rockwell Schnabel, dijo ante una reunión especial del Comité Judío Estadounidense, celebrada en Bruselas, que el antisemitismo en Europa estaba «llegando a un punto en el que es tan grave como en los años treinta».

Era esta una retórica incendiaria y profundamente sesgada. En líneas generales, los sentimientos antijudíos eran desconocidos en la Europa del momento, salvo entre musulmanes y sobre todo entre europeos de origen árabe, como consecuencia directa de la enconada crisis de Oriente Próximo. Las emisoras de televisión árabe, ahora disponibles vía satélite en toda Europa, emiten con regularidad reportajes desde la Gaza y la Cisjordania ocupadas. Furiosos ante lo que veían y escuchaban, y alentados tanto por las autoridades árabes como por las israelíes a identificar Israel con los vecinos judíos de sus barrios, los jóvenes (varones sobre todo) de los arrabales de París, Lyon o Estrasburgo se volvieron contra esos vecinos: garabateaban pintadas en sus edificios comunitarios, profanaban sus cementerios, arrojaban bombas contra sus escuelas y sinagogas, y, en unos pocos casos, atacaron a adolescentes o familias judíos.

Los ataques a personas o instituciones judías —concentrados en los primeros años del nuevo siglo— crearon preocupación no por su magnitud, ni siquiera por su carácter racista, sino por sus tintes implícitamente intercomunitarios. No se trataba del antiguo antisemitismo europeo: quienes buscaban chivos expiatorios para su descontento ya no ponían a los judíos en el punto de mira. De hecho, su posición dentro de la jerarquía no era mala. Un sondeo realizado en Francia en enero de 2004 descubrió que aunque el número de encuestados a los que les desagradaban los judíos llegaba al diez por ciento, eran muchos más —un 23 por ciento— los que decían que no les gustaban los «norteafricanos». Las agresiones racistas contra los árabes —o, según el país, contra turcos, indios, paquistaníes, bengalíes, senegaleses u otras minorías visibles— eran mucho más numerosas que los ataques contra los judíos, y en algunas ciudades eran endémicas.

Lo problemático del nuevo antisemitismo era que, aunque, una vez más, los judíos eran las víctimas, ahora sus agresores eran árabes (o musulmanes). La única excepción a esta regla parecía ser Alemania, donde la renacida extrema derecha no se molestaba en distinguir entre inmigrantes, judíos y otros «no alemanes». Pero Alemania, por razones evidentes, era un caso especial. En los demás países las autoridades se preocupaban más de la alienación de sus comunidades árabes y del resto de los musulmanes que de cualquier posible renacimiento putativo del fascismo. Y probablemente con razón.

Al contrario que en Estados Unidos, donde el islam y los musulmanes seguían considerándose un desafío lejano, ajeno y hostil, que como mejor se abordaba era aumentando la seguridad y recurriendo a la «guerra preventiva», los gobiernos europeos tenían buenas razones para ver el asunto de forma muy diferente. En Francia, en concreto, la crisis de Oriente Próximo ya no era un asunto de política exterior: se había convertido en un problema interno. La transmigración de las pasiones y frustraciones de los árabes perseguidos de Palestina a sus airados y descorazonados hermanos de París no debería haber sorprendido a nadie: después de todo, era un legado más del imperio.

XXIV

Europa como forma de vida

Un sistema sanitario gratuito es un ejemplo triunfante de la superioridad de la acción colectiva y de la iniciativa pública aplicada a un segmento de la sociedad en el que se manifiesta la peor cara de los principios comerciales.

ANEURIN BEVAN

Queremos que la gente de Nokia tenga la sensación de que todos somos socios, no jefes y empleados. Quizá esta sea una forma de trabajar europea, pero, para nosotros, funciona.

JORMA OLLILA, presidente de Nokia[1]

Los europeos quieren estar seguros de que en el futuro no habrá aventuras. Ya han tenido más que suficientes.

ALFONS VERPLAETSE, gobernador del Banco Nacional de Bélgica, ] 996

A Estados Unidos hay que venir cuando eres joven y soltero. Pero cuando llega el momento de envejecer, hay que volver a Europa.

Un empresario húngaro en un sondeo de opinión, 2004

La sociedad contemporánea (…) es una sociedad democrática que hay que observar sin raptos de entusiasmo o indignación.

RAYMOND ARON

La floreciente multiplicidad de la Europa de finales del siglo XX; la geometría variable de sus regiones, de sus países y de la Unión; las perspectivas y climas divergentes del cristianismo y del islam, las dos principales religiones del continente; la velocidad inusitada de las comunicaciones y de los intercambios dentro de sus fronteras y fuera de ellas; las múltiples líneas de fractura que difuminan lo que en su día fueron claras divisiones nacionales o sociales, o las incertidumbres sobre el pasado y el futuro, hacen que sea difícil distinguir el perfil de la experiencia colectiva. En Europa, el final del siglo XX carece de la homogeneidad inherente a las confiadas descripciones que se hicieron del fin de siècle anterior.

En cualquier caso, surgía una identidad característicamente europea, apreciable en muchos estratos sociales. En la alta cultura —las artes escénicas en concreto— las subvenciones del Estado habían conservado su papel, al menos en Europa occidental. Museos, galerías de arte, compañías de ópera, orquestas y ballets dependían enormemente, en muchos países incluso de forma exclusiva, de las generosas ayudas anuales salidas de las arcas públicas. La egregia excepción del Reino Unido posthatcheriano, donde la lotería nacional había liberado al Tesoro de parte de sus responsabilidades en el apoyo a la cultura, inducía a engaño. Las loterías no son más que otro mecanismo para recaudar fondos públicos: solo que socialmente son más regresivas que los mecanismos de recaudación convencionales[2].

El elevado coste de esa financiación pública había planteado dudas sobre la posibilidad de mantener ayudas generosas indefinidamente, sobre todo en Alemania, donde durante los años noventa algunos de los gobiernos de los Länder comenzaron a preguntarse si sus desembolsos debían ser tan cuantiosos. En aquel país, lo normal era que las subvenciones públicas sufragaran más del 80 por ciento del coste que suponía gestionar un teatro o el palacio de la ópera. Pero, en este punto, la cultura se hallaba estrechamente vinculada al estatus y a la identidad regional. La ciudad de Berlín, a pesar del aumento del déficit y del estancamiento de los ingresos, mantenía tres óperas que funcionaban todo el año: la Deutsche Oper (la antigua ópera de Berlín Occidental), la Staatsoper (antes ópera de Berlín Oriental) y la Komische Oper, a la que habría que añadir la Orquesta de Cámara y la Filarmónica de Berlín. Todas precisaban de cuantiosas ayudas públicas. Fráncfort, Múnich, Stuttgart, Hamburgo, Düsseldorf, Dresde, Friburgo, Würzburg y muchas otras ciudades alemanas continuaban manteniendo compañías de ópera o de danza de primera fila, sufragando salarios anuales con todas las prestaciones añadidas y dando pensiones estatales a los intérpretes, músicos y tramoyistas. En 2003 había en Alemania seiscientas quince mil personas clasificadas oficialmente como «trabajadores artísticos» a tiempo completo.

También en Francia las artes (sobre todo el teatro) proliferaban en apartadas localidades de provincias gracias a la ayuda directa y centralizada de un único Ministerio de Cultura. Mitterrand, además de levantar la sede de la Biblioteca Nacional que lleva su nombre y otros monumentos, gastó sumas nunca vistas desde el reinado de Luis XIV, no solo en el Louvre, la Ópera de París y la Comédie Française, sino en museos y centros de arte regionales, compañías de teatro de provincias, así como en una red nacional de cinémathèques destinada a guardar y exhibir películas clásicas y contemporáneas.

Mientras que en Alemania el arte con mayúsculas era orgullosamente cosmopolita (Vladímir Derevianko, director ruso de la Ópera y el Ballet de Dresde, encargaba obras del coreógrafo estadounidense William Forsythe, para el entusiasta público germano), en Francia, lo que pretendían gran parte de las subvenciones artísticas era preservar y mostrar la riqueza del patrimonio cultural del país: su exception culturelle. Aquí, la alta cultura conservaba una función pedagógica generalmente aceptada, y, en concreto, el canon del teatro francés seguía siendo rigurosamente inculcado a través del programa de estudios nacional. Jane Brown, la directora de un colegio londinense que en 1993 prohibió la asistencia de un grupo escolar a una representación de Romeo y Julieta —aduciendo que la obra era políticamente incorrecta («flagrantemente heterosexual» fueron sus palabras)— no habría hecho carrera al otro lado del Canal de la Mancha.

Quizá Francia y Alemania fueran los casos más sorprendentes en cuanto a la magnitud de los fondos públicos, pero en toda Europa el Estado era la principal fuente de financiación de las artes, y en muchos casos, la única. De hecho, la «cultura» era casi el último reducto de la vida pública en el que el Estado nacional, y no la Unión Europea o las empresas privadas, podía tener un papel característico como benefactor casi en régimen de monopolio. Incluso en Europa oriental, donde la generación anterior tenía buenas razones para recordar con inquietud las consecuencias de permitir que la opinión del gobierno fuera determinante para la vida cultural, la empobrecida hacienda pública era la única alternativa al funesto embate de las fuerzas del mercado.

En la época comunista, las artes escénicas habían sido más dignas que excitantes; solían ser técnicamente competentes, casi siempre cautas y conservadoras: cualquiera que viera una representación de La flauta mágica, pongamos por caso, en Viena y Budapest, no podía dejar de percibir las diferencias existentes. Pero después del comunismo, aunque se producían muchos experimentos de bajo presupuesto —Sofía, en concreto, se convirtió en semillero de propuestas postmodernas en los campos de la coreografía y la puesta en escena—, prácticamente no había recursos, y muchos de los mejores músicos, bailarines e incluso actores se encaminaron hacia el Oeste. Entrar en Europa también podía significar volverse provinciano.

Otra de las razones que explicaba esta situación era que ahora, en Europa, el público de la alta cultura era realmente europeo: las compañías nacionales de las principales ciudades actuaban ante públicos cada vez más internacionales. La nueva casta de clercs, que se comunicaba fácilmente salvando las fronteras y los idiomas, disponía de medios y tiempo suficientes tanto para viajar con libertad en busca de entretenimiento y de instrucción como para gastar en ropa o en su propia carrera. La reseña de una exposición, de una obra teatral o de una ópera aparecía en la prensa de muchos países. Era previsible que un espectáculo de éxito en una ciudad —digamos Londres o Ámsterdam— atrajera a públicos y visitantes de lugares tan lejanos como París, Zúrich o Milán.

El hecho de que los nuevos públicos cosmopolitas fueran o no realmente refinados —y no únicamente de dinero— dio lugar a cierto debate. Acontecimientos tradicionales como el Festival de Salzburgo o el ciclo periódico de representaciones de El anillo de los nibelungos en Bayreuth seguían atrayendo al viejo público, que no solo estaba familiarizado con la pieza que se interpretaba, sino con los rituales sociales que ello conllevaba. Pero ahora se tendía o bien a realizar esfuerzos más enérgicos para difundir obras tradicionales ante audiencias más jóvenes (cuyo conocimiento de los clásicos y de su idioma original no podía darse por sentado), o bien a encargar obras novedosas y accesibles para la nueva generación.

Para quienes los contemplaban con agrado, las producciones de ópera actualizadas, los espectáculos de ballet de vanguardia y las exposiciones de arte postmoderno ponían de manifiesto la transformación del panorama cultural europeo: juvenil, innovador, descarado y, sobre todo, popular, como correspondía a un sector tan dependiente de la generosidad pública y, por tanto, obligado a buscar la atención y el placer de un amplio auditorio. Sin embargo, para sus críticos, el nuevo panorama artístico londinense (el Brit Art), al igual que las polémicas coreografías de William Forsythe en Fráncfort o las extravagantes adaptaciones operísticas que en ocasiones se montaban en París, confirmaban el agrio pronóstico de que «más» solo significaba «peor».

Vista así, la «alta» cultura europea —que en su día había ofrecido a sus protectores un mismo canon— ahora explotaba las inseguridades culturales de una audiencia neófita que no podía distinguir con seguridad entre lo bueno y lo malo, pero que respondía con entusiasmo a los dictados de la moda. No era esta una situación inusitada que los «pesimistas culturales» proclamaran: las aprovechables inquietudes de nouveaux riches con poca formación ya eran objeto de burla literaria y teatral al menos desde Molière. Sin embargo, lo nuevo era la escala continental de la transformación cultural. Ahora, la composición del público, desde Barcelona a Budapest, era sorprendentemente uniforme y, con ella, la de los trabajos exhibidos. Para los críticos, esto no era más que la confirmación de lo evidente: que las artes y su clientela estaban atrapadas en un abrazo mutuamente perjudicial, el culto europeo por la «eurobasura».

El hecho de que la unión cada vez más estrecha de los europeos hiciera a estos más cosmopolitas o que se limitara a combinar sus diversos provincianismos no preocupaba únicamente a las páginas de alta cultura del Frankfurter Allgemeine Zeitung o el Financial Times. Ambos, también Le Monde y en menor medida La Repubblica, eran ahora periódicos auténticamente europeos, disponibles en todas partes y leídos en todo el continente. Sin embargo, la circulación masiva de la prensa sensacionalista seguía firmemente anclada a un público y a una lengua nacionales. Y sus lectores disminuían en todas partes —donde más había era en el Reino Unido, donde menos, en España—, de manera que las tradiciones típicamente nacionales del periodismo popular importaban menos que antes: salvo, una vez más, en Inglaterra, donde esa clase de publicaciones avivaba y explotaba los prejuicios eurófobos. En Europa oriental y la península Ibérica, la ausencia durante tanto tiempo de prensa libre significaba que, sobre todo fuera de las grandes ciudades, mucha gente se había perdido por completo la época de la prensa escrita, pasando directamente del analfabetismo a los medios de comunicación electrónicos.

Ahora eran estos, sobre todo la televisión, las principales fuentes de información, ideas y cultura (alta y baja) para la mayoría de los europeos. Con la televisión ocurría lo mismo que con los periódicos: los británicos eran los más apegados a este medio, encabezando siempre las listas de audiencia, seguidos de cerca por portugueses, españoles, italianos y —aún un poco a la zaga— europeos orientales. Los tradicionales canales de titularidad pública se enfrentaban a la competencia tanto de las compañías comerciales por cable como de los canales vía satélite; pero seguían conservando una cuota de pantalla sorprendentemente grande. En general, habían seguido los pasos de la prensa diaria, reduciendo enormemente la cobertura de noticias internacionales.

Así, en consecuencia, la televisión europea a finales del siglo XX presentaba una extraña paradoja. El entretenimiento que ofrecía no era muy diferente en cada uno de los países: películas y series importadas, reality shows, concursos y otros elementos fundamentales podían verse de un extremo a otro del continente, con la única diferencia de que los programas importados se doblaban (como en Italia), se subtitulaban o se dejaban en su idioma original (algo cada vez más frecuente en el caso de Estados pequeños o multilingües). El formato de los programas —en los noticiarios, por ejemplo— era notablemente similar, y en muchos casos tomaba elementos del modelo de los programas informativos locales estadounidenses[3].

Por otra parte, la televisión seguía siendo un medio típicamente nacional e incluso insular. Así, la de Italia era inequívocamente «italiana», desde sus programas de variedades y artificiosas entrevistas, ambos curiosamente desfasados, al famoso buen aspecto de sus presentadores, pasando por los característicos ángulos de cámara utilizados al filmar a mujeres ligeras de ropa. En la vecina Austria, una deliberada seriedad moral alentaba los programas de entrevistas de producción nacional (al contrario que el resto de programación, en la que Alemania ejercía un monopolio prácticamente total). En Suiza, como en Bélgica, cada región tenía sus propios canales, utilizaba idiomas diferentes, hablaba de acontecimientos distintos y usaba estilos enormemente dispares.

La BBC, como apuntaban con amargura sus críticos, había abandonado la estética y los ideales de sus inicios como arbitro moral de la nación y benevolente pedagogo al tratar de competir con sus rivales comerciales. Pero a pesar de haber bajado el nivel de sus contenidos (o quizá por eso mismo), resultaba más inequívocamente británica que nunca. Cualquiera que tuviera dudas, no tenía más que comparar un reportaje, un debate o una actuación de la BBC con programas similares de las francesas Antenne 2 o TF1: lo que había cambiado en ambas orillas era mucho menos sorprendente que lo mucho que seguía siendo igual. Los intereses intelectuales o políticos, el carácter opuesto de las actitudes frente a la autoridad y el poder eran tan características y tan diferentes como hacía medio siglo. En una época en la que las demás actividades colectivas y organizaciones comunitarias, en su mayoría, estaban en decadencia, la televisión era lo que el grueso de la población de todos los países tenía en común. Y servía perfectamente para reforzar tanto las diferencias nacionales como un elevado grado de ignorancia mutua.

La razón era que, salvo durante crisis importantes, los canales de televisión mostraban un interés notablemente reducido por lo que ocurría en los países vecinos: bastante menos, en todo caso, que en los primeros tiempos de la televisión, cuando la fascinación por la tecnología y la curiosidad por lo ajeno, aunque cercano, generaban numerosos documentales y «retransmisiones desde el extranjero», con el trasfondo de exóticas ciudades y marinas. Ahora Europa era algo que se daba por hecho, y con la excepción de su atribulado y empobrecido sureste, a la mayoría de los televidentes estas imágenes ya no les resultaban nada exóticas. En la televisión europea, los programas de viajes, entre otros, hacía tiempo que se habían «globalizado», y centraban su atención en horizontes más lejanos con lo que dejaban así languidecer al resto del continente: un territorio supuestamente familiar que, sin embargo, en la práctica, era en gran medida desconocido.

Los grandes espectáculos públicos —los funerales estilo imperio de Francia; las bodas y entierros reales del Reino Unido, Bélgica, España o Noruega; los traslados de restos, las conmemoraciones y las disculpas presidenciales registradas en varios territorios ex comunistas— eran asuntos estrictamente locales, profusamente retransmitidos a sus audiencias nacionales, pero únicamente observados por minorías poco representativas de otros países[4]. Los medios de comunicación nacionales solo daban cuenta de los resultados electorales de otros países europeos si causaban una conmoción o si tenían consecuencias internacionales. En líneas generales, los europeos apenas tenían idea de qué les ocurría a sus vecinos. Su singular falta de interés por las elecciones de la Unión Europea no solo surgía del recelo o del aburrimiento que suscitaban las elucubraciones procedentes de Bruselas; era un derivado natural del universo mental de la mayoría de ellos, que, en general, no tenía un carácter europeo.

Existía, sin embargo, una excepción omnipresente: el deporte. Un canal de televisión por satélite —Eurosport— se dedicaba a retransmitir una amplia gama de acontecimientos deportivos del continente en varios idiomas. Las emisiones de todos los canales nacionales, desde Estonia hasta Portugal, dedicaban un tiempo considerable a las competiciones deportivas, en muchos casos intereuropeas y, a menudo, sin contar siquiera con la presencia de equipos locales o nacionales. El deseo de contemplar cualquier evento había aumentado de forma espectacular en las últimas décadas del siglo, aunque, en general, el número de los que asistían en persona a estas había disminuido; además, en tres países mediterráneos había suficiente demanda como para sostener periódicos especializados bien considerados y masivos (L’Equipe en Francia, Marca en España, y la Gazetta dello Sport en Italia).

Aunque muchas naciones seguían presumiendo de su papel en determinadas disciplinas y acontecimientos deportivos nacionales —el hockey sobre hielo en la República Checa, el baloncesto (curiosamente) en Lituania y Croacia, el Tour de Francia y el torneo anual de tenis de Wimbledon, en el Reino Unido—, desde un punto de vista continental estas celebraciones eran minoritarias, aunque en ocasiones pudieran atraer la atención de millones de espectadores (el Tour era el único suceso deportivo cuyo número de espectadores en directo había aumentado a lo largo de las décadas). En España, los toros no tenían demasiado atractivo para los jóvenes, aunque había revivido en los noventa como parte de la «industria del patrimonio» a la caza de ingresos. Desde el punto de vista del entretenimiento, hasta el cricket, el juego que para los ingleses es símbolo del verano, se había ido convirtiendo en una especie de reducto, pese a los esfuerzos destinados a hacerlo más colorista y palpitante, y a los tendentes a poner fin a los pausados pero comercialmente desastrosos partidos de cinco días. Lo que realmente unía a Europa era el fútbol.

No siempre había sido así. Este deporte se practicaba en todos los países europeos, pero en las primeras décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial los jugadores no se alejaban mucho de casa. El público veía las ligas de fútbol nacionales; en algunos sitios las competiciones internacionales, relativamente infrecuentes, se consideraban reediciones de la historia militar con gran carga emocional. Por ejemplo, en esos años, nadie que asistiera a un partido de fútbol entre Inglaterra y Alemania, o entre esta y Holanda (por no hablar de Polonia y Rusia) se habría hecho ninguna ilusión sobre el Tratado de Roma y la «unión cada vez más estrecha». Estaba claro que la referencia histórica pertinente era la Segunda Guerra Mundial.

En las primeras décadas posteriores a 1945, los jugadores de los diversos países europeos apenas se conocían entre sí y lo normal era que nunca se hubieran encontrado sobre el terreno de juego. En 1957, cuando el delantero gales John Charles hizo historia al abandonar el Leeds United para entrar en la Juventus de Turín por una suma impensable —sesenta y siete mil libras esterlinas—, fue portada en los noticiarios de ambos países. Hasta bien entrados los años sesenta era inusual que un jugador se encontrara a un extranjero en su equipo, salvo en Italia, donde entrenadores innovadores comenzaban a cazar a jugadores extranjeros de talento. El glorioso equipo del Real Madrid de los años cincuenta podía presumir realmente de contar con el sin par húngaro Ferenc Puskás, pero su caso no era en absoluto representativo. El jugador, capitán del equipo nacional húngaro, había abandonado Budapest después de la invasión soviética para nacionalizarse posteriormente español. Hasta entonces, como todos los demás futbolistas húngaros, era prácticamente desconocido fuera de su país, hasta el punto de que cuando condujo a los húngaros al campo del estadio londinense de Wembley en noviembre de 1953, uno de los futbolistas ingleses que se iba a enfrentar a ellos comentó sobre él: «Fíjate en ese gordito. Los vamos a machacar a todos» (Hungría ganó por seis a tres, y fue la primera ocasión en la historia en la que Inglaterra resultaba vencida en casa).

Una generación después, la Juventus, el Leeds, el Real Madrid y prácticamente todos los equipos de fútbol importantes de Europa tenían un elenco cosmopolita de jugadores, compuesto por muchas nacionalidades diferentes. Un joven de talento de Eslovaquia o Noruega, en su día condenado a sudar tinta en Košice o Trondheim con apariciones ocasionales en su equipo nacional, ahora podía participar en las grandes ligas, con lo que lograba visibilidad, experiencia y una excelente remuneración en Newcastle, Amsterdam o Barcelona. En 2005, el entrenador del equipo inglés era sueco. El Arsenal, principal club de fútbol inglés a comienzos del siglo XXI, era dirigido por un francés. El conjunto titular de este equipo del norte de Londres estaba compuesto por jugadores de Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Holanda, España, Suiza, Brasil, Costa de Marfil y Estados Unidos, así como por unos pocos ingleses. El fútbol era un deporte sin fronteras, tanto para los jugadores como para los entrenadores y el público. Equipos de moda, como el Manchester United apostaban sus triunfos futbolísticos a una «imagen» que podía ser (y era) comercializada con igual éxito en Lancashire que en Letonia.

Un puñado de figuras —no necesariamente las de más talento, sino las que podían presumir de un mejor físico, esposas hermosas y una animada vida privada— asumieron un papel en la vida pública europea y en la prensa popular hasta entonces reservado a las estrellas de cine o a la realeza de rango menor. Cuando David Beckham (un jugador inglés de moderadas dotes técnicas que, sin embargo, tenía un talento inigualable para autopromocionarse) abandonó el Manchester United para trasladarse al Real Madrid en 2003, su fichaje llenó los titulares de todos los noticiarios televisivos de los Estados miembros de la Unión Europea. Su vergonzosa actuación en la Liga de Campeones europea, celebrada en Portugal —el capitán inglés falló dos penaltis, lo que aceleró la pronta e ignominiosa eliminación de su país— apenas apagó el entusiasmo de sus seguidores.

Lo más revelador es que en el Reino Unido la eliminación del equipo inglés no tuvo consecuencias apreciables sobre la audiencia televisiva registrada por los demás partidos de la Liga entre equipos de países pequeños (como Portugal, Holanda, Grecia y la República Checa) con los que los hinchas británicos no tenían vinculación. A pesar del enorme ardor que suscitaban los partidos internacionales, con enseñas ondeando, leones rampantes y canto a coro de himnos, la obsesión compartida por ver partidos —cualquier partido— superaba las lealtades particulares[5]. En su momento culminante, las retransmisiones realizadas por la BBC de los partidos que se jugaban en Portugal atrajeron a veinte millones de televidentes, solo en el Reino Unido. El portal oficial de la Liga, euro.com, registró cuarenta millones de visitas y el visionado de quinientas mil páginas durante la celebración del campeonato.

El fútbol se adaptaba perfectamente a esta novedosa popularidad. Era un pasatiempo inequívocamente igualitario. Como para practicarlo no se necesita mucho más equipo que algún balón, lo puede jugar cualquiera en cualquier parte, a diferencia del tenis, la natación o el atletismo, que precisan de cierto nivel de renta o de alguna instalación pública que, en muchos países europeos, no siempre está a disposición de la población. Ser inusualmente alto o corpulento no es ninguna ventaja —más bien al contrario— y no es una práctica especialmente peligrosa. Como empleo, el fútbol había sido durante mucho tiempo una alternativa mal pagada para los muchachos de clase obrera de las ciudades industriales; ahora conducía, para empezar, a los peldaños superiores de la prosperidad de las zonas residenciales.

Además, por muy diestros y conocidos que fueran, los jugadores de fútbol no podían dejar de formar parte de un equipo. No podían transmutarse fácilmente en símbolos de una empresa nacional no recompensada, como el siempre fracasado ciclista francés Raymond Poulidor. Además, el fútbol era demasiado sencillo como para que asumiera la función metafórica y casi metafísica que en ocasiones se le daba al béisbol en Estados Unidos. Y, a diferencia de los deportes profesionales de equipo que se jugaban, por ejemplo en Norteamérica, estaba al alcance de cualquier hombre (y, cada vez más, de cualquier mujer). En resumen, el fútbol era un deporte muy europeo.

En ocasiones se señalaba que el fútbol, como objeto de la atención pública, no solo sustituía a la guerra sino a la política. No hay duda de que ocupaba mucho más espacio en los periódicos, y los políticos de todas partes se preocupaban de rendir sus respetos a los héroes deportivos, demostrando el debido reconocimiento de sus éxitos. Pero, después de todo, en Europa la política había perdido su propio gancho competitivo: la desaparición de los grandes relatos del pasado (los que enfrentaban socialismo y capitalismo; a los proletarios con los propietarios; a los revolucionarios con los imperialistas) no significaba que determinados asuntos de las políticas públicas ya no movilizaran o dividieran a la opinión pública. Pero sí dificultaba la descripción de las opciones y lealtades políticas en función de los tradicionales términos partidistas.

Con frecuencia, los antiguos extremos políticos —extrema izquierda y extrema derecha— aparecían unidos: normalmente en su oposición a los extranjeros y en el miedo que compartían a la integración europea. El anticapitalismo —refundido de forma un tanto inverosímil en antiglobalización, como si el capitalismo estrictamente nacional fuera una especie diferente y menos ofensiva— atraía tanto a reaccionarios chovinistas como a radicales internacionalistas. En cuanto a las tendencias políticas mayoritarias, las antiguas diferencias entre partidos de centro derecha y centro izquierda prácticamente se habían evaporado. Respecto a una amplia gama de asuntos actuales, los socialdemócratas suecos y los neogaullistas franceses, por ejemplo, podían tener más en común los unos con los otros que con sus respectivos antepasados ideológicos. La topografía política de Europa se había alterado drásticamente durante las dos décadas anteriores. Aunque seguía siendo algo aceptado abordarla desde la «izquierda» o la «derecha», no estaba claro qué distinguían ambos términos.

El partido político tradicional fue una de las víctimas de esas transformaciones, ya que, como hemos visto, se redujeron tanto su número de afiliados como la afluencia a las urnas. Entre los damnificados también se encontraba una institución europea casi igualmente venerable, la del intelectual público. El fin de siècle anterior había asistido a la primera floración de intelectuales políticamente comprometidos en Viena, Berlín, Budapest, pero sobre todo en París: hombres como Theodor Herzl, Karl Kraus o Léon Blum. Un siglo después, sus supuestos sucesores en el panorama europeo, aunque no hubieran desaparecido por completo, eran cada vez más marginales.

Varias razones explicaban la desaparición del intelectual continental (la especie siempre había sido rara avis en el Reino Unido, y sus aislados casos eran producto del exilio, como Arthur Koestler o Isaiah Berlin). En Europa central y oriental, los problemas que en su día habían movilizado al estamento intelectual político —el marxismo, el totalitarismo, los derechos humanos o la economía en periodos de transición— ahora suscitaban aburrimiento e indiferencia entre las generaciones más jóvenes. Moralistas ancianos como Havel —o personajes como Michnik, en su día héroes políticos— se vinculaban irrevocablemente con un pasado que pocos tenían intención de revisitar. Lo que Czesław Miłosz había descrito como «la irritación de los intelectuales de Europa del Este» ante la obsesión de Estados Unidos por los productos puramente materiales ahora se dirigía cada vez más hacia sus conciudadanos.

En Europa occidental, la función apelativa del intelectual no había desaparecido por completo —los lectores de la prensa de calidad alemana o francesa se seguían exponiendo periódicamente a los ardorosos sermones políticos de Günter Grass o Régis Debray— pero había perdido su objeto. Los moralistas del ámbito público podían arremeter contra muchos pecados particulares, pero carecían de objetivos o ideales generales con los que movilizar a sus seguidores. El fascismo, el comunismo y la guerra habían sido erradicados en el continente, al igual que la censura y la pena de muerte. El aborto y los métodos anticonceptivos eran accesibles prácticamente en todas partes, la homosexualidad era una opción permitida y practicada a plena luz del día. Los expolios de los desenfrenados mercados capitalistas, ya fueran mundiales o locales, seguían atrayendo el fuego de los intelectuales de todos los países; pero, a falta de un proyecto anticapitalista alternativo y seguro de sí mismo, este tipo de debate encajaba mejor en los laboratorios de pensamiento que en los círculos filosóficos.

El único escenario en el que los intelectuales europeos podían seguir combinando la entereza moral y la prescripción de políticas universales era en el de las relaciones exteriores, un ámbito libre de los enrevesados condicionantes de la toma de decisiones políticas internas y en el que cuestiones como lo correcto y lo equivocado, o la vida y la muerte, seguían estando muy en juego. Durante las guerras de Yugoslavia, los intelectuales del Oeste y del Este de Europa rompieron sus lanzas denodadamente. Algunos, como Alain Finkielkraut, desde París, se identificaron en cuerpo y alma con la causa croata. Unos pocos —sobre todo en Francia y Austria— condenaron la intervención occidental, tachándola de afrenta de Estados Unidos contra la autonomía serbia, basada (según decían) en informes exagerados o incluso falsos sobre crímenes inexistentes. La mayoría esgrimieron principios generales para justificar su defensa de la intervención en Bosnia o Kosovo, ampliando argumentos basados en derechos, propugnados por primera vez hacía veinte años, y haciendo hincapié en las prácticas genocidas de las fuerzas serbias.

Pero ni siquiera el caso yugoslavo, pese a su carácter apremiante, podía devolver a los intelectuales al centro de la vida pública. En París se podía invitar a Bernard-Henri Lévy al palacio del Elíseo para celebrar consultas con el presidente Mitterrand, del mismo modo que Tony Blair organizaba conciliábulos ocasionales con afamados periodistas británicos y otros cortesanos literarios. Pero esas manifestaciones de mercadotecnia cuidadosamente orquestadas no tenían consecuencias políticas: ni Francia ni el Reino Unido ni ninguno de sus aliados alteraron sus cálculos en modo alguno conmovidos por la presión de los intelectuales. Como quedó claro durante el desencuentro atlántico de 2003, los intelectuales públicamente comprometidos tampoco podían desempeñar el papel crucial que antes habían tenido a la hora de movilizar al conjunto de la opinión pública.

La inmensa mayoría del público europeo (al contrario que ciertos hombres de Estado del continente) se opuso a la invasión estadounidense de Irak que tuvo lugar ese año y a las líneas generales de la política exterior de Estados Unidos bajo la administración del presidente George W. Bush. Pero la efusión de inquietud y de ira a la que dio lugar esta oposición, aun siendo compartida y expresada por muchos intelectuales europeos, no dependía de ellos ni para articularse ni para organizarse. Algunos autores franceses —de nuevo Lévy o Pascal Bruckner— se negaron a condenar a Washington, en parte por miedo a dar una imagen irreflexivamente antiestadounidense y en parte porque simpatizaban con su oposición al «islam radical». Pasaron prácticamente desapercibidos.

Personajes en su día influyentes, como Michnik y Glucksmann, instaron a sus lectores a apoyar la política de Washington en Irak, señalando, y aquí partían de sus propios escritos anteriores sobre comunismo, que una política de «intervencionismo liberal» que defendiera los derechos humanos en todo el mundo se amparaba en principios generales y que Estados Unidos estaba ahora, igual que antes, en la vanguardia de la lucha contra la maldad política y el relativismo moral. En consecuencia, habiéndose convencido a sí mismos de que el presidente estadounidense estaba llevando a cabo su política exterior (la de él) por sus razones (las de ellos), se quedaron auténticamente sorprendidos cuando se vieron aislados y ninguneados por su público habitual.

Pero la irrelevancia de Michnik o de Glucksmann no tenía nada que ver con el molde concreto de sus opiniones. La misma suerte esperaba a los intelectuales que adoptaron la perspectiva contraria. El 31 de mayo de 2003, Jürgen Habermas y Jacques Derrida —dos de los escritores, filósofos e intelectuales más conocidos de Europa— publicaron un artículo en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, titulado «Unsere Erneuerung. Nach dem Krieg: Die Wiedergeburt Europas» (Nuestra renovación. Después de la guerra: el renacimiento de Europa), en el que señalaban que la nueva y peligrosa opción de Estados Unidos constituía una urgente llamada de atención para Europa: una ocasión para que los europeos repensaran su identidad común, recurrieran a los valores ilustrados que compartían y adoptaran una posición característicamente europea en el panorama internacional.

La aparición del texto tenía que coincidir con la aparición en toda Europa occidental de artículos similares redactados por figuras públicas de igual renombre: Umberto Eco en La Repubblica, su colega italiano el filósofo Gianni Vattimo en La Stampa, el presidente suizo de la Academia Alemana de Letras, Adolf Muschg, en el Neue Zürcher Zeitung, el filósofo español Fernando Savater en El País, y un solo estadounidense, el también filósofo Richard Rorty, en el Süddeutsche Zeitung. Prácticamente en cualquier otro momento del siglo anterior una iniciativa intelectual de esa envergadura, en periódicos tan importantes y con personajes de tanta categoría, habría supuesto un acontecimiento público trascendental: un manifiesto y una convocatoria de lucha que habrían agitado las aguas de la comunidad política y cultural.

Pero la iniciativa de Habermas y Derrida, aunque articulaba sentimientos compartidos por muchos europeos, pasó prácticamente desapercibida. No tuvo cobertura informativa ni tampoco fue citada por sus simpatizantes. Nadie pidió a sus autores que tomaran la pluma y dirigieran la marcha. Sin duda, los gobiernos de un número considerable de Estados europeos, entre ellos Francia, Alemania, Bélgica y, posteriormente, España, simpatizaban con las ideas expresadas en esos textos, pero a ninguno de ellos se le ocurrió consultar su postura con los profesores Derrida o Eco. Todo el proyecto se desintegró. Cien años después del caso Dreyfus, cincuenta años después de la apoteosis de Jean-Paul Sartre, los principales intelectuales de Europa habían hecho una petición, y nadie había acudido.

Seis décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la Alianza Atlántica entre Europa y Estados Unidos se hallaba en estado de confusión. En parte, era un resultado predecible del fin de la Guerra Fría: aunque pocos deseaban que la OTAN fuera desmantelada o abandonada, no tenía mucho sentido conservarla como estaba y sus objetivos futuros no estaban claros. La Alianza sufrió todavía más durante las guerras de Yugoslavia, cuando los generales estadounidenses se quejaron de tener que compartir la toma de decisiones con sus homólogos europeos, que eran reacios a tomar la iniciativa y que poco apoyo práctico podían ofrecer sobre el terreno.

Cuando la OTAN sufrió presiones más inusitadas fue con la reacción de Washington ante los atentados del 11 de septiembre de 2001. El inflexible y burdo maniqueísmo del presidente Bush («con nosotros o contra nosotros»), el desaire al ofrecimiento de ayuda de sus socios de la OTAN y la marcha de Estados Unidos hacia la guerra en Irak, pese a la abrumadora oposición internacional y la ausencia de aval de la ONU, consiguieron que Estados Unidos, no menos que el «terror» al que habían declarado una guerra indefinida, fuera ahora considerado una enorme amenaza para la paz y la seguridad mundiales.

La diferencia entre la Vieja Europa y la Nueva Europa que el secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld dijo haber identificado en la primavera de 2003, con el fin de introducir una cuña entre los aliados europeos de Washington, no decía mucho sobre las discrepancias dentro de Europa e interpretaba erróneamente sus objetivos. Estados Unidos solo podía contar con un respeto y un apoyo popular firmes en Polonia. A los demás países de Europa, viejos y nuevos, la política de Estados Unidos en Irak, y otras muchas cosas más, les resultaban profundamente desagradables[6]. Pero el hecho de que un importante alto cargo estadounidense tratara de dividir a los europeos de ese modo, escasos años después de que con tanto esfuerzo hubieran comenzado a ajustar sus costuras, hizo que muchos llegaran a la conclusión de que ahora Estados Unidos era el problema más grave al que se enfrentaba Europa.

La OTAN se había constituido para compensar la incapacidad de Europa occidental para defenderse sin ayuda exterior. Los constantes fracasos de los gobiernos europeos a la hora de forjar una fuerza militar propia y operativa fueron lo que mantuvo la vigencia de la organización. A partir del Tratado de Maastricht de 1993, la Unión Europea por lo menos había reconocido la necesidad de una política exterior y de seguridad común, aunque seguía sin estar claro cuál era y cómo había que determinarla y ponerla en práctica. Sin embargo, diez años después la Unión Europea estaba a punto de establecer una Fuerza de Reacción Rápida compuesta por 60.000 hombres y destinada a intervenir en labores de mantenimiento de la paz. Los gobiernos europeos, ante la insistencia de Francia y el evidente malestar de Washington, también estaban a punto de llegar a un acuerdo sobre la formación de una fuerza de defensa autónoma capaz de actuar fuera de su territorio y al margen de la OTAN.

Pero el abismo atlántico no solo se basaba en un desencuentro militar. Ni siquiera tenía que ver con conflictos económicos, aunque ahora la Unión Europea era lo suficientemente fuerte como para presionar al Congreso y a determinadas compañías estadounidenses y conseguir que aceptaran sus normativas y leyes si no querían correr el riesgo de ser expulsados de sus mercados. Esta situación pilló desprevenidos a muchos congresistas y empresas americanos. Ahora, no solo Europa ya no estaba eclipsada por Estados Unidos sino que, en cierto modo, entre ellos se habían cambiado las tornas. Durante 2000, la inversión directa europea en Estados Unidos había llegado a los novecientos mil millones de dólares (frente a los menos de seiscientos cincuenta mil que suponía en Europa la procedente de Estados Unidos); casi el 70 por ciento de toda la inversión extranjera que recibía Estados Unidos procedía de Europa, y además las multinacionales del continente se habían convertido en propietarias de gran número de importantes símbolos productivos estadounidenses, entre ellos Brooks Brothers, Random House, los cigarrillos Kent, Pennzoil, Bird’s Eye y el equipo de béisbol Los Angeles Dodgers.

La competencia económica, por tensa que fuera, no dejaba de significar cierta proximidad. Lo que realmente estaba separando los dos continentes era un desacuerdo cada vez más profundo en materia de «valores». En palabras de Le Monde, «la comunidad de valores transatlántica se está haciendo añicos». Visto desde Europa, Estados Unidos —que se había convertido en superficialmente familiar durante la Guerra Fría— estaba empezando a resultar muy ajeno. La ferviente religiosidad de un número creciente de estadounidenses —que reflejaba su último presidente, un creyente «renacido»— era incomprensible para la mayoría de los cristianos europeos (aunque no para sus más devotos vecinos musulmanes). La afición estadounidense a tener armas a mano, incluidos rifles semiautomáticos totalmente equipados, hacía que la vida allí pareciera peligrosa y anárquica, mientras que para la inmensa mayoría de los observadores europeos, el recurso habitual e impenitente a la pena de muerte parecía situar al país al margen de lo tolerable por la civilización moderna[7].

A esto se añadía el creciente menosprecio que mostraba Washington hacia los tratados internacionales, su perspectiva singular sobre cualquier cosa, desde el calentamiento global al derecho internacional, y, sobre todo, su partidismo en el conflicto entre palestinos e israelíes. La elección del presidente George W. Bush en 2000 no supuso un cambio de dirección total en ninguno de esos asuntos; el abismo atlántico había comenzado a abrirse mucho antes. Pero, para muchos analistas europeos, la mayor acritud de la nueva administración confirmó lo que ya sospechaban: que esos no eran meros desacuerdos sobre políticas concretas. Eran una demostración patente de la existencia de un antagonismo cultural fundamental.

La idea de que Estados Unidos tenía una cultura diferente —o inferior o amenazadora— no era nada original. En 1983 el ministro de Cultura francés Jack Lang advirtió de que la serie Dallas, que tanto éxito cosechaba, representaba una grave amenaza para las identidades francesa y europea. Nueve años después, cuando Parque Jurásico se estrenó en los cines franceses, uno de sus sucesores conservadores se remitió a él al pie de la letra. Cuando se abrió Eurodisney en la primavera de 1992, la radical directora de teatro parisiense Ariane Mnouchkine fue más allá y advirtió de que este parque recreativo sería una «Chernóbil cultural». Pero estas eran las fruslerías habituales del esnobismo y la inseguridad culturales, mezcladas —en Francia y en los demás países— con una nostalgia algo más que un poco chovinista. Cuando se conmemoraba el quincuagésimo aniversario del Día D, Gianfranco Fini, líder del partido italiano Alianza Nacional, antes fascista, declaró al periódico La Stampa: «Espero que no se considere que justifico el fascismo si me pregunto si con los desembarcos estadounidenses Europa no perdió parte de su identidad cultural».

La novedad de la situación a comienzos del siglo XXI era que esos sentimientos se estaban generalizando, pasando de la periferia intelectual o política al centro de la vida europea. El calado y la amplitud del sentimiento antiamericano en la Europa contemporánea superaba con mucho lo visto durante la guerra del Vietnam e incluso durante el apogeo de los movimientos pacifistas de comienzos de los ochenta. Aunque en casi todos los países seguía habiendo una mayoría que pensaba que la relación transatlántica podía mantenerse, en 2004, tres de cada cinco europeos (muchos más en algunos países, especialmente España, Eslovaquia y, sorprendentemente, Turquía) pensaban que un fuerte liderazgo estadounidense en el mundo era algo indeseable.

Hasta cierto punto, esta situación podía atribuirse a la generalizada aversión que suscitaban las políticas y la persona del presidente George W. Bush, que contrastaban con el afecto que había despertado su predecesor, Bill Clinton. Pero a muchos europeos les había enfurecido el presidente Lyndon Johnson a finales de los sesenta, aunque sus sentimientos hacia la guerra en el sureste asiático no se transformaran habitualmente en antipatía hacia Estados Unidos o hacia los estadounidenses en general. Cuarenta años después, en todo el continente cundía la sensación (incluyendo en gran medida al Reino Unido, que se oponía airadamente a la entusiasta identificación de su primer ministro con el aliado estadounidense) de que algo iba mal en la clase de lugar en que Estados Unidos se estaba convirtiendo, o en lo que, como muchos subrayaban ahora, siempre había sido.

De hecho, los presuntos rasgos «antiamericanos» de Europa se estaban tornando rápidamente en el principal común denominador con el que se identificaban los europeos. Los valores europeos se contraponían a los estadounidenses. Europa era —o debía esforzarse por ser— todo lo que Estados Unidos no era. En noviembre de 1998, Jérôme Clément, presidente de Arte, un canal de televisión francoalemán dedicado a la cultura y las artes, advirtió de que la «creatividad europea» era el último baluarte frente a las sirenas del materialismo estadounidense y señaló el caso de la Praga poscomunista como ejemplo representativo: una ciudad en peligro de sucumbir a «une utopie libérale mortelle» (una mortal utopía liberal), sometida a los mercados desregulados y a la atracción del lucro.

No había duda de que, en los años inmediatamente posteriores al comunismo, Praga, al igual que el resto de Europa oriental, había sido culpable de anhelar todo lo que fuera estadounidense, desde la libertad individual a la abundancia material. Y nadie que visitara las capitales de Europa del Este, desde Tallinn hasta Liubliana, dejaría de percibir la existencia de una nueva y dinámica élite de jóvenes de ambos sexos que, vestidos a la moda, se precipitaban afanosamente a alguna cita e iban de compras montados en automóviles caros y flamantes, disfrutando de la mortal utopía liberal de las pesadillas de Clément. Pero hasta los europeos orientales comenzaban a guardar distancias respecto al modelo estadounidense: en parte por deferencia hacia su nueva asociación con la Unión Europa y en parte porque aumentaba el desagrado que les producían ciertos aspectos de la política exterior estadounidense. Sin embargo, la explicación cada vez tenía más que ver con el hecho de que Estados Unidos, como sistema económico y como modelo de sociedad, ya no parecía un camino hacia el futuro tan evidente[8].

En Europa oriental, el antiamericanismo extremo seguía siendo de gusto minoritario. Ahora, en países como Bulgaria o Hungría era una forma indirecta y políticamente aceptable de expresar nostalgia por el comunismo nacional, y, como con tanta frecuencia en el pasado, también un práctico sustituto del antisemitismo. Pero ni siquiera entre los comentaristas y políticos de las tendencias mayoritarias era habitual considerar las instituciones o prácticas estadounidenses una fuente de inspiración o algo que emular. Durante un largo periodo, Estados Unidos había ocupado otro tiempo: el del futuro de Europa. Ahora no era más que un lugar más. No hay duda de que muchos jóvenes seguían soñando con ir allí. Pero, como explicó a un entrevistador un húngaro que había trabajado algunos años en California: «A Estados Unidos hay que venir cuando eres joven y soltero. Pero cuando llega el momento de envejecer, hay que volver a Europa».

La imagen de Estados Unidos como territorio de la juventud y la aventura perpetuos —en la que Europa se reflejaba como un indulgente paraíso para personas maduras y con aversión al riesgo— tenía mucha aceptación, sobre todo en el propio Estados Unidos. Y, de hecho, Europa estaba envejeciendo. En 2004, de los veinte países del mundo con un porcentaje más elevado de personas mayores de sesenta años, todos, salvo uno, estaban en Europa (la excepción era Japón). El índice de natalidad en muchos países europeos estaba muy por debajo del índice de reemplazo. En España, Grecia, Polonia, Alemania y Suecia las tasas de fertilidad se encontraban por debajo de 1,4 niños por mujer. En ciertas partes de Europa oriental (Bulgaria y Letonia, por ejemplo, o Eslovenia), se acercaban más al 1,1, la tasa más baja del mundo. Estos datos, si se proyectaban hasta el 2040, indicaban una alta probabilidad de que la población de muchos países europeos se redujera en un quinto o más.

Ninguna de las explicaciones tradicionales que se dan al descenso de la fertilidad parecía servir para explicar la incipiente crisis demográfica europea. Países pobres como Moldavia y ricos como Dinamarca se enfrentaban al mismo desafío. En naciones católicas como Italia o España, los jóvenes (casados o no) vivían con frecuencia en casa de sus padres hasta bien entrada la treintena, mientras que en la luterana Suecia tenían su propia casa y acceso a generosas subvenciones estatales, tanto de ayuda a la infancia como para el permiso de maternidad. Pero aunque los escandinavos tenían un índice de natalidad un poco más elevado que el de los europeos mediterráneos, las diferencias en ese sentido eran menos sorprendentes que las similitudes. Además, en todos los países las cifras habrían sido aún más bajas de no ser por los inmigrantes de fuera de Europa, que incrementaron el conjunto de las cifras demográficas y que eran mucho más dados a procrear. En Alemania, en 1960, el número de niños nacidos de padre o madre extranjero era solo del 1,3 por ciento del total anual. Cuarenta años después, la cifra llegaba hasta el 20 por ciento.

En realidad, el panorama demográfico europeo no era muy diferente del que había al otro lado del Atlántico: a comienzos del nuevo milenio el índice de natalidad de los estadounidenses autóctonos también estaba por debajo de los niveles de reemplazo. La diferencia estribaba en que el número de inmigrantes que entraba en Estados Unidos era tan superior —con una presencia desproporcionada de adultos jóvenes— que a corto plazo la tasa de fertilidad general del país parecía ir a superar cómodamente a la europea. Y aunque las depresiones demográficas apuntaban que tanto Estados Unidos como Europa podrían tener dificultades para sostener las pensiones públicas y otros compromisos en las décadas venideras, los sistemas de bienestar europeos eran incomparablemente más generosos y, por tanto, tenían por delante una amenaza mayor.

Los europeos se enfrentaban a un dilema aparentemente sencillo: ¿qué ocurriría cuando no hubiera gente joven suficiente en edad de trabajar para cubrir los costes de una floreciente comunidad de pensionistas, que ahora vivían muchos más años que antes, sin pagar impuestos y sometiendo, por si fuera poco, los servicios médicos a una presión creciente[9]? Una de las alternativas era reducir las prestaciones por jubilación. Otra, levantar el umbral que permitía acceder a ellas: es decir, hacer que la gente trabajara más años antes de jubilarse. Una tercera alternativa pasaba por gravar más las nóminas de los que seguían trabajando. La cuarta opción, que solo se barajó realmente en el Reino Unido (y con poco entusiasmo), era la de imitar a Estados Unidos y alentar o incluso obligar a la gente a suscribir planes de pensiones en el sector privado. Todas esas posibilidades eran potencialmente explosivas desde el punto de vista político.

Para muchos de los que criticaban los Estados del bienestar europeos desde la defensa del libre mercado, el problema principal al que se enfrentaba Europa no era la escasez de población, sino la rigidez económica. No se trataba de que no hubiera, o que no fuera a haber, trabajadores suficientes: el problema era que, al existir demasiadas leyes para proteger los salarios y empleos o para sufragar subsidios de paro y pensiones de jubilación tan elevados, no había realmente incentivos para trabajar. Si se abordaba esta «inflexibilidad del mercado de trabajo» y se reducían o privatizaban las costosas prestaciones sociales, podría entrar más gente en el mercado laboral, se aliviaría la presión sobre empresarios y contribuyentes, y la «euroesclerosis» podría superarse.

Este diagnóstico tenía tanto de verdadero como de falso. No había duda de que algunas de las compensaciones del Estado del bienestar, negociadas y puestas en marcha en pleno auge económico de la postguerra, ahora suponían un peso enorme. Cualquier trabajador alemán que perdiera su trabajo tenía derecho al 60 por ciento de su última nómina durante treinta y dos meses (el 67 si tenía un hijo). Posteriormente, los pagos mensuales se reducían al 53 por ciento (o el 57) de la última nómina indefinidamente. No estaba claro si este colchón disuadía o no a la gente de buscar un trabajo remunerado. Pero sí tenía un precio. Una zona gris de normativas concebidas para proteger los intereses de los trabajadores empleados dificultaba a los empresarios de la mayoría de los países de la Unión Europea (sobre todo de Francia) el despido de los trabajadores a tiempo completo: la consiguiente renuencia a contratar contribuía a mantener unos índices de desempleo juvenil persistentemente elevados.

Por otra parte, el hecho de que las economías europeas estuvieran enormemente reguladas y que fueran inflexibles en comparación con el contexto estadounidense no significaba necesariamente que fueran ineficientes o improductivas. En 2003, las economías de Suiza, Dinamarca, Austria e Italia, si se medían en términos de producción por hora, eran comparables a las de Estados Unidos. Según el mismo parámetro, Irlanda, Bélgica, Noruega, Holanda y Francia (sic) producían más que Estados Unidos. No obstante, si estos eran, en general, más productivos —si los estadounidenses generaban más bienes, servicios y dinero— era porque entre ellos había un porcentaje mayor con empleo remunerado; trabajaban más horas que los europeos (un promedio de trescientas más al año en 2000), y sus vacaciones eran más escasas y más cortas.

Mientras que los británicos tenían legalmente derecho a veintitrés días de vacaciones pagadas al año, los franceses a veinticinco y los suecos a treinta o más, los estadounidenses, dependiendo de dónde vivieran, tenían que conformarse con unas vacaciones pagadas inferiores a la mitad de las citadas. Los europeos habían elegido deliberadamente trabajar menos, ganar menos y tener una vida mejor. A cambio de pagar unos impuestos especialmente elevados (otro de los impedimentos para el crecimiento y la innovación, según los críticos anglo-estadounidenses), los europeos tenían asistencia sanitaria gratuita o prácticamente gratuita, una pronta jubilación y una prodigiosa gama de servicios sociales y públicos. Su educación, hasta la enseñanza secundaria, era mejor que la de los estadounidenses. Sus vidas eran más seguras y —en parte por esta razón— más largas, tenían mejor salud (a pesar de gastar mucho menos) y muchos menos de sus conciudadanos vivían en la pobreza[10].

Este era, por tanto, el «modelo social europeo». Estaba fuera de toda duda que era muy caro. Pero para la mayoría de los europeos el hecho de que prometiera seguridad en el empleo, impuestos progresivos y enormes transferencias sociales representaba un contrato implícito entre el Gobierno y sus ciudadanos, así como entre los propios ciudadanos. Según los sondeos anuales del Eurobarómetro, la inmensa mayoría de los europeos pensaba que las circunstancias sociales causaban la pobreza, y no las deficiencias individuales. También mostraban su disposición a pagar impuestos más elevados si estos se dirigían a aliviar la necesidad.

Como cabía esperar, esos sentimientos estaban muy generalizados en Escandinavia. Pero eran prácticamente igual de mayoritarios en el Reino Unido, Italia y España. Existía un amplio consenso internacional e interclasista respecto al deber que tenía el Estado de proteger a los ciudadanos de los peligros e infortunios del mercado: ni las empresas ni el Estado debían tratar a los trabajadores como unidades de producción desechables. La responsabilidad social y la ventaja económica no debían ser mutuamente excluyentes: el «crecimiento» era loable, pero no a cualquier precio.

Existían diversas variantes de este modelo europeo: la nórdica, la renana, la católica, y diversos subtipos dentro de cada una de ellas. Lo que tenían en común no era un determinado conjunto de servicios o prácticas económicas, ni un cierto nivel de participación pública. Era más bien el deseo —unas veces plasmado en documentos y leyes, otras no— de alcanzar un equilibrio entre los derechos sociales, la solidaridad ciudadana y la responsabilidad colectiva que fueran apropiados y posibles en el Estado contemporáneo. Puede que los resultados agregados fueran muy diferentes en, pongamos por caso, Italia y Suecia. Pero, para muchos ciudadanos, el consenso social que encarnaban era formalmente vinculante: en 2004, cuando el canciller socialdemócrata alemán introdujo cambios en los subsidios asistenciales del país, tropezó con un huracán de protestas sociales, al igual que le había ocurrido diez años antes al Gobierno gaullista cuando propuso reformas similares en Francia.

Desde los años ochenta había habido varias intentonas de saldar la disyuntiva entre solidaridad social europea y flexibilidad económica de cuño estadounidense. Una nueva generación de economistas y empresarios, que en algunos casos habían pasado cierto tiempo en escuelas de negocios o compañías estadounidenses y que se sentían frustrados ante lo que consideraban inflexibilidad del entorno empresarial europeo, habían inculcado a los políticos la necesidad de «racionalizar» los procedimientos y fomentar la competencia. En Francia, la denominada con razón gauche américaine (derecha americana) se propuso liberar a la izquierda de su complejo anticapitalista, conservando al mismo tiempo su conciencia social; en Escandinavia, el efecto inhibidor de los impuestos elevados se discutía (aunque no siempre se reconociera) hasta en los círculos socialdemócratas. La derecha había tenido que aceptar la defensa del Estado del bienestar; ahora la izquierda reconocería las virtudes del lucro.

El esfuerzo por conjugar lo mejor de ambos mundos se superpuso, no por casualidad, a la búsqueda de un proyecto con el que sustituir el difunto debate entre capitalismo y socialismo, que había constituido el núcleo de la política occidental durante más de un siglo. El resultado, nacido a finales de la década de 1990, fue denominado «tercera vía», por conjugar aparentemente el entusiasmo por la producción capitalista libre de trabas con la debida consideración por sus consecuencias sociales y por el interés colectivo. No era algo muy novedoso: añadía poco a la «economía social de mercado» esbozada por Ludwig Erhard en los años cincuenta. Pero la política, sobre todo la posideológica, tiene que ver con las formas; y fue precisamente la de la tercera vía (basada en la exitosa «triangulación» de Bill Clinton, situada más allá de las izquierdas y de las derechas y representada principalmente por el nuevo laborismo de Tony Blair) la que sedujo a los observadores.

Evidentemente, Blair tenía ciertas ventajas propias de su tiempo y su lugar. En el Reino Unido, Margaret Thatcher había desplazado las referencias políticas muy a la derecha, mientras que los predecesores de Blair en la dirección laborista habían realizado la dura tarea de destruir a la vieja izquierda del partido. Por tanto, en el clima posthatcheriano, el progresismo y el «europeísmo» de Blair podían sonar verosímiles solo con que él dijera cosas positivas sobre lo deseable que era distribuir correctamente los servicios públicos; entre tanto, su tan publicitada admiración por el sector privado, así como el entorno favorable a las empresas que sus políticas trataban de alentar, le situaban firmemente en el campo «estadounidense». Hablaba con afecto de llevar al Reino Unido al redil de Europa, pero no dejaba de insistir en mantener al país libre de las protecciones sociales de la legislación europea y de la armonización fiscal inherente al mercado único de la Unión.

La tercera vía se comercializó como una solución pragmática para los dilemas económicos y sociales y como un excelente avance conceptual después de décadas de estancamiento teórico. Sus admiradores en el resto del continente, haciendo caso omiso a las abortadas «terceras vías» de sus propios pasados nacionales —entre las que destacaba la «tercera vía» fascista de los años treinta— la suscribieron con entusiasmo. La imagen que había dado la Comisión Europea de Jacques Delors (1985-1995) era la de una institución que, apenas interesada en concebir e imponer normas de ningún tipo, sustituía la herencia perdida del socialismo burocrático de cuño fabiano por «Europa». Bruselas también parecía necesitada de una tercera vía: de una historia propia que le levantara el ánimo y pudiera sacar a la Unión de la invisibilidad institucional y del exceso de regulación[11].

La política de renovación de imagen de Blair no sobreviviría mucho tiempo a la desastrosa decisión de enredar el país y su reputación en la invasión de Irak en 2003: ello no hizo sino recordar a los analistas extranjeros que la tercera vía del nuevo laborismo estaba inseparablemente ligada a la renuencia del Reino Unido a elegir entre Europa y Estados Unidos. Y la constatación de que Gran Bretaña, al igual que Estados Unidos, estaba asistiendo a un espectacular aumento del número de pobres —al contrario que el resto de la Unión Europea, donde la pobreza era cada vez más reducida, si es que existía— disminuyó drásticamente el atractivo del modelo británico. Pero la fecha de caducidad de la tercera vía solo podía ser temprana. Su propio nombre indicaba la presencia de dos extremos —el capitalismo de libre mercado en su forma más extrema y el socialismo de Estado— que ya no existían (además, el primero había sido siempre producto de imaginaciones doctrinarias). Ya no era necesario un gran salto teórico (o retórico).

Las privatizaciones de comienzos de los ochenta habían sido polémicas, habían provocado un amplio debate sobre el alcance y la legitimidad del sector público y habían puesto en cuestión tanto la posibilidad de alcanzar los objetivos socialdemócratas como la legitimidad moral que tenía el deseo de lucro cuando se trataba de dar servicios públicos. Sin embargo, en 2004 la privatización ya era un asunto estrictamente pragmático. En Europa oriental, en consonancia con las estrictas normas dictadas por Bruselas para evitar subvenciones públicas que distorsionaran el mercado, era una condición necesaria para entrar en la Unión Europea. En Francia o Italia, ahora la venta de bienes de titularidad pública se utilizaba como instrumento contable a corto plazo, para reducir el déficit anual y cumplir las normas de la zona euro.

Hasta los propios proyectos de la tercera vía de Tony Blair —para semiprivatizar el metro londinense, por ejemplo, o introducir «competencia» en los servicios hospitalarios— se emprendieron partiendo de cálculos de eficiencia económica que generarían beneficios residuales para el presupuesto nacional. Si tenían algo que ver con la defensa de principios sociales, fue solo a posteriori y con poca convicción. Además, el atractivo de Blair disminuía con el tiempo (como habría de demostrar la magnitud, drásticamente recortada, de su tercera victoria electoral, ocurrida en mayo de 2005). A pesar de la reducción de los gastos del Estado, de quedarse al margen de la Carta Social Europea, de reducir la carga fiscal de las empresas y de acoger de buen grado la inversión extranjera con toda clase de incentivos, el Reino Unido seguía empecinándose en la improductividad. Cuando se comparaba su índice de producción por hora, este siempre se encontraba por debajo de sus «escleróticos» y regulados socios de la Unión Europea.

A esto había que añadir que el plan del nuevo laborismo para evitar la futura crisis de los escasamente financiados sistemas de pensiones públicos —que pretendía trasladar la responsabilidad al sector privado— ya estaba condenado al fracaso a menos de una década de su orgullosa implantación. En el Reino Unido, al igual que en Estados Unidos, las compañías que invertían sus fondos de pensiones en un voluble mercado de valores apenas confiaban en poder cumplir los compromisos a largo plazo que tenían con sus empleados, sobre todo ahora que estos —como los pensionistas dependientes de los fondos públicos— iban a vivir mucho más que antes. Ya estaba claro que la mayoría nunca llegaría a disfrutar de una pensión completa sufragada por su empresa… a menos que el Estado se viera obligado a volver a entrar en el negocio de las pensiones para compensar el déficit. La tercera vía estaba comenzando a parecerse tremendamente al juego de un trilero.

A comienzos del siglo XXI, los europeos no tenían que elegir entre socialismo y capitalismo, izquierda o derecha, ni optar por la tercera vía. Su dilema ni siquiera tenía que ver con elegir entre «Europa» o «Estados Unidos», ya que, en su fuero interno, la mayoría de la gente ya se había pronunciado a favor de Europa. Más bien se trataba de una cuestión —la cuestión— que la historia había puesto sobre el tapete en 1945 y que discreta, pero insistentemente, había desplazado o sobrevivido a todos los demás asuntos que exigían su atención. ¿Qué futuro tenían, por separado, cada uno de los Estados nación europeos? ¿Tenían realmente alguno?

Ya no se podía volver al mundo del Estado nación autónomo y autosuficiente que solo compartía con su vecino una misma frontera. Ahora los polacos, los italianos, los eslovenos, los daneses —incluso los británicos— eran europeos. Y, entre otros, también millones de sijs, bengalíes, turcos, árabes, hindúes y senegaleses. Ahora, todo aquel cuyo país perteneciera a la Unión Europea —o quisiera formar parte de ella— tenía una vida económica irrevocablemente europea. Era el mercado único más grande del mundo y su principal vendedor de servicios, además de fuente de autoridad para los Estados miembros en toda clase de normativas económicas y códigos jurídicos.

En un mundo en el que la ventaja comparativa residía menos en los atributos relacionados con factores fijos —la energía, los minerales, las tierras cultivables e incluso la ubicación— que en las políticas que facilitaban la educación, la investigación y la inversión, tenía una enorme importancia que la Unión tuviera cada vez más iniciativa en esas áreas. Del mismo modo que los Estados siempre habían sido vitales para la constitución de los mercados estableciendo normas para regir los intercambios, el empleo y el movimiento, ahora la Unión Europea dictaba tales normas; gracias a su propia moneda también ejercía prácticamente el monopolio de los propios mercados monetarios. La única actividad económica vital que quedaba en manos de la iniciativa nacional y no de la europea era la política fiscal, y solo porque el Reino Unido había insistido en ello.

Pero las personas no viven en mercados, sino en comunidades. Durante los últimos siglos esas comunidades se habían agrupado, voluntariamente o (más a menudo) por la fuerza, hasta constituir Estados. Después de las experiencias del periodo 1914-1945, europeos de todo el continente sintieron la urgente necesidad de tener un Estado: las políticas y los programas sociales de la década de 1940 reflejan más que nada esa inquietud. Sin embargo, con la prosperidad económica, la paz social y la estabilidad internacional, esa necesidad se fue evaporando lentamente. Su lugar lo ocupó el recelo hacia una autoridad pública entrometida y el deseo de tener autonomía individual y de eliminar los condicionantes que lastraban la iniciativa privada. Además, en la era de las superpotencias, a Europa le parecía que, en gran medida, le habían quitado de las manos su propio destino. En consecuencia, parecía que los Estados nación europeos hacían cada vez más cosas innecesarias. Sin embargo, desde 1990 —y, con mayor razón, desde 2001— esos Estados aparentaban tener, de nuevo, una gran importancia.

En un principio, el Estado moderno tuvo dos funciones íntimamente relacionadas: subir los impuestos y hacer la guerra. Europa —la Unión Europea— no es un Estado. No recauda impuestos y no tiene capacidad para hacer la guerra. Como hemos visto, le costó realmente mucho tiempo dotarse siquiera de los rudimentos de una fuerza militar, por no mencionar los de una política exterior. Durante gran parte del medio siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial esto no fue un obstáculo: la perspectiva de emprender otra guerra en el continente horrorizaba a casi todos los europeos, y su defensa frente al único enemigo posible había sido subcontratada al otro lado del Atlántico.

Pero después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 quedaron claras las limitaciones que tenía la receta posnacional para mejorar el futuro del continente. Después de todo, el Estado tradicional europeo no solo hacía la guerra en el extranjero sino que imponía la paz en casa. Como Hobbes comprendió hace mucho tiempo, esto es lo que concede al Estado su singular e insustituible legitimidad. En países (como España, el Reino Unido, Italia y Alemania) donde la práctica de la violencia política contra civiles indefensos había sido endémica en años anteriores, nunca se había olvidado la importancia del Estado: de su policía, su ejército, sus servicios de información y su aparato judicial. En una época de «terrorismo», la mayoría de los ciudadanos acoge de buen grado la garantía que supone que el Estado ejerza el monopolio del poder armado.

La función de los Estados es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y no había indicios de que Bruselas (la Unión Europea) fuera a asumir esta responsabilidad, o pudiera hacerlo, en un futuro próximo. En este sentido vital, el Estado seguía siendo el representante legítimo y esencial de sus ciudadanos, de un modo que no cabía esperar de la unión transnacional de los europeos, a pesar de todos sus pasaportes y parlamentos. Puede que los europeos disfrutaran de libertad para saltarse sus propios gobiernos y recurrir a los jueces de la Unión Europea, y a muchos les seguía sorprendiendo que los tribunales nacionales de Alemania o el Reino Unido aceptaran sin rechistar los veredictos que emanaban de Estrasburgo o Luxemburgo. Pero cuando se trataba de mantener a distancia a pistoleros o portadores de bombas, la responsabilidad y, por tanto, el poder seguían estando firmemente ligados a Berlín o Londres. Después de todo, ¿qué debía hacer un ciudadano europeo si bombardeaban su casa? ¿Llamar a un burócrata?

La legitimidad depende de la capacidad: la del Estado belga, por ejemplo, se ha puesto en cuestión, en parte porque su ordenamiento desarticulado y ultrafederal a veces ha dado la impresión de ser incapaz de mantener la seguridad de sus ciudadanos. Y aunque la capacidad del Estado comienza con las armas, no termina con ellas, ni siquiera hoy día. Mientras sea el Estado, y no una entidad transnacional, la que abone las pensiones, conceda subsidios de paro y eduque a los niños, su monopolio de cierto tipo de legitimidad política no será cuestionado. A lo largo del siglo XX el Estado nación europeo asumió responsabilidades considerables respecto al bienestar, la seguridad y la salud de sus ciudadanos. En los últimos años se ha despojado de su molesta capacidad de supervisión sobre la moral privada, y también de algunas de sus iniciativas económicas, no de todas. El resto sigue intacto.

La legitimidad también depende del territorio. La Unión Europea, como muchos analistas han apuntado, es un animal totalmente peculiar: se define territorialmente y sin embargo no es una identidad territorial coherente. Sus leyes y normativas afectan a toda su extensión, pero sus ciudadanos no pueden votar en las elecciones nacionales de otros países (aunque sí son libres para hacerlo en las locales y europeas). El alcance geográfico de la Unión se ve un tanto desmentido por la relativa insignificancia que tiene en los asuntos cotidianos de los europeos si se compara con el país natal o de residencia de estos. No hay duda de que la Unión es un importante proveedor de servicios económicos y de otra índole. Pero esto define a sus ciudadanos más como consumidores que como participantes —«una comunidad de ciudadanos pasivos (…) gobernados por desconocidos»— y por tanto corre el riesgo de provocar comparaciones poco halagüeñas con la España o la Polonia predemocráticas, o con la aletargada cultura política de la Alemania Occidental de Adenauer: precedentes, todos ellos, poco prometedores para una empresa tan ambiciosa.

La ciudadanía, la democracia, los derechos y el deber están íntimamente ligados al Estado, sobre todo en países en los que es tradicional la participación del ciudadano en los asuntos públicos. La proximidad física tiene su importancia: para participar en el Estado se necesita sentirse parte de él. Ni siquiera en una época de trenes de alta velocidad y de comunicaciones electrónicas en tiempo real está claro hasta qué punto puede alguien, por ejemplo, de Coimbra o de Rzeszów, sentirse ciudadano activo de Europa. Para que el concepto conserve su significado —y para que los europeos mantengan un carácter político con algún tipo de sentido—, su referencia en un futuro próximo seguirá siendo Lisboa o Varsovia, no Bruselas. No es casual que los Estados gigantescos de la actualidad —China, Rusia o Estados Unidos— o bien estén gobernados por regímenes autoritarios o bien hayan mantenido con decisión su carácter centrífugo, con ciudadanos bastante recelosos de la capital federal y de todas sus iniciativas.

Así pues, las apariencias engañan. La Unión Europea de 2005 no ha sustituido a las unidades territoriales convencionales y no lo hará en un futuro próximo. No hay duda de que seis décadas después de la derrota de Hitler, las múltiples identidades, soberanías y territorios que en conjunto definían Europa y su historia se han solapado e intercomunicado más que en ninguna otra época anterior. Lo nuevo, y por tanto algo bastante difícil de captar para los observadores extranjeros, es la posibilidad de ser francés y europeo, catalán y europeo, o, incluso, árabe y europeo.

Las diferentes naciones y Estados no han desaparecido. Del mismo modo que el mundo no está acatando una única norma «estadounidense» —las sociedades capitalistas desarrolladas presentan una amplia gama de formas sociales y muy diferentes actitudes, tanto hacia el mercado como hacia el Estado—, tampoco Europa contiene un regusto característico de pueblos y tradiciones. La ilusión de que vivimos en un mundo posnacional o posestatal se basa en que prestamos demasiada atención a los procesos económicos «globalizados»… y en que presuponemos que en todas las demás esferas de la vida humana deben de estar teniendo lugar procesos igualmente transnacionales. Europa, vista únicamente a través del prisma de la producción y del intercambio, sí se ha convertido en un perfecto diagrama de ondas transnacionales. Pero si se ve como depositaria de poder, legitimidad política o afinidades culturales, sigue siendo lo que es hace tiempo: una acumulación familiar de partículas estatales diferenciadas. En gran medida, el nacionalismo ha tenido sus vaivenes, pero sigue habiendo naciones y Estados[12].

Y no es sorprendente si se tiene en cuenta lo que los europeos se hicieron mutuamente durante la primera mitad del siglo XX. Desde luego, no era algo predecible entre los escombros de 1945. De hecho, se podría pensar que el resurgimiento de los maltrechos pueblos de Europa y de sus características culturas e instituciones nacionales del naufragio de los treinta años de guerra en el continente es un logro mucho mayor que su éxito colectivo a la hora de forjar una Unión transnacional que, después de todo, estaba en diversos programas europeos desde bastante antes de la Segunda Guerra Mundial y que, en todo caso, facilitó la devastación causada por la contienda. Sin embargo, la resurrección de Alemania, Polonia o Francia, por no hablar de la de Hungría o Lituania, era algo que parecía totalmente improbable.

Todavía menos predecible —y en realidad bastante inimaginable solo unas pocas décadas antes— era que, en los albores del siglo XXI, Europa surgiera como dechado de virtudes internacionales: una comunidad de valores y un sistema de relaciones interestatales erigidos tanto por europeos como por no europeos como ejemplo que todos podían emular. En parte, esta era una consecuencia de la creciente desilusión que producía la alternativa estadounidense; pero la reputación estaba bien merecida. Y representaba una oportunidad sin precedentes. Sin embargo, el hecho de que la nueva imagen de Europa, bruñida después de un buen fregado que la había limpiado de pecados y vicisitudes pasados, pueda sobrevivir a los desafíos del siglo entrante depende mucho de cuál sea la respuesta de los europeos a los no europeos que viven en ella y o al otro lado de sus fronteras. En los atribulados primeros años del siglo XXI la cuestión sigue abierta.

Ciento setenta años antes, al iniciarse la era del nacionalismo, el poeta alemán Heinrich Heine estableció una reveladora diferencia entre dos tipos de sentimiento colectivo; escribió:

A nosotros [los alemanes] se nos ordenó ser patriotas y nos hicimos patriotas, porque hacemos todo lo que nos mandan nuestros gobernantes. No obstante, no debemos pensar que este patriotismo es igual a la emoción del mismo nombre existente en Francia. El patriotismo de un francés significa que su corazón se anima y que ese ánimo se estira y expande hasta que su amor ya no solo alcanza a su pariente más próximo, sino a toda Francia, a todo el mundo civilizado. El patriotismo de un alemán significa que su corazón se contrae y mengua como el cuero con el frío, y entonces el alemán odia todo lo extranjero, ya no quiere ser ciudadano del mundo, ni europeo, sino solo un alemán provinciano.

Evidentemente, Francia y Alemania ya no eran las referencias esenciales. Pero la alternativa planteada por las dos clases de patriotismo de Heine alude directamente a la situación de la Europa actual. Si la Europa que estaba surgiendo daba un giro «germánico», contrayéndose «como el cuero con el frío» hasta caer en un provincianismo defensivo —una posibilidad que apuntaban los referendos celebrados en Francia y Holanda en la primavera de 2005, cuando claras mayorías rechazaron la Constitución Europea—, se perdería la oportunidad y la Unión Europea nunca iría más allá de sus orígenes funcionales. No sería más que la suma y máximo común denominador de los intereses egoístas y separados de sus miembros.

Pero si el patriotismo de Europa podía ir, de algún modo, más allá de sí mismo, y captar el espíritu de la Francia idealizada por Heine, que se estira y expande hasta que su amor alcanza «a todo el mundo civilizado», entonces sería posible algo más. El siglo XX —el de Estados Unidos— había asistido a la caída de Europa en el abismo. El proceso de recuperación del viejo continente había sido lento e incierto. En cierto sentido, nunca se terminaría: Estados Unidos tendría el mayor ejército y China fabricaría más bienes y más baratos. Pero ni Estados Unidos ni China tienen a su disposición un modelo útil susceptible de emulación universal. A pesar de los horrores de su pasado reciente —y en gran medida a causa de ellos— ahora son los europeos los mejor situados para ofrecer al mundo ciertos modestos consejos sobre cómo evitar la repetición de sus propios errores. Pocos lo habrían predicho hace sesenta años, pero el siglo XXI todavía puede pertenecer a Europa.

Epílogo

Desde la casa de los muertos. Un ensayo sobre memoria europea contemporánea

El mal será el problema fundamental de la vida intelectual de postguerra en Europa, del mismo modo que la muerte se convirtió en el problema fundamental después de la última guerra.

HANNAH ARENDT, 1945

Olvidar, incluso llegaría a decir que los errores históricos, es un factor esencial para la creación de una nación; así, el progreso de los estudios históricos supone con frecuencia un peligro para la identidad nacional (…) La esencia de una nación es que los individuos tienen muchas cosas en común y también que han olvidado muchas otras.

ERNEST RENAN

Todo el trabajo histórico sobre los acontecimientos de este periodo tendrá que realizarse o abordarse teniendo en cuenta lo sucedido en Auschwitz (…) Aquí alcanza su límite cualquier pretensión de historiar.

SAUL FRIEDLANDER

Para los judíos, según Heinrich Heine, el bautismo es «el certificado de entrada en Europa». Pero eso era en 1825, cuando se entraba en el mundo moderno a costa de renunciar al opresivo patrimonio de la diferencia y el aislamiento judíos. Hoy en día, el precio de entrada en Europa ha cambiado. En un irónico giro que Heine —con sus proféticas alusiones a los «tiempos salvajes y oscuros que avanzan retumbando hacia nosotros»— habría apreciado mejor que nadie, los que habrían de convertirse en europeos de pleno derecho a comienzos del siglo XXI debían primero asumir un nuevo legado, mucho más opresivo. Hoy día, la referencia europea pertinente no es el bautismo. Es el exterminio.

En la actualidad, el reconocimiento del holocausto es el billete de entrada en Europa. En 2004 el presidente polaco Kwaśniewski —tratando de cerrar un doloroso capítulo del pasado de su nación y de poner a Polonia al mismo nivel que sus socios de la Unión Europea— reconoció oficialmente los sufrimientos de los judíos polacos en tiempo de guerra, entre ellos su victimización a manos de los propios polacos. Al año siguiente, hasta Iliescu, presidente saliente de Rumanía, haciendo una concesión a los deseos de entrar en la Unión Europea de su país, se vio obligado a reconocer lo que él y sus colegas se habían esforzado por negar durante tanto tiempo: que Rumanía también había participado en la eliminación de los judíos de Europa.

Sin duda, hay otros criterios para entrar plenamente en la familia europea. La constante negativa de Turquía a reconocer el «genocidio» de su población armenia en 1915 será un impedimento para su solicitud de adhesión, del mismo modo que Serbia continuará languideciendo a las puertas de Europa hasta que su clase política asuma su responsabilidad por los asesinatos masivos y otros crímenes cometidos durante las guerras de Yugoslavia. Pero la razón de que esta clase de delitos conlleve ahora ese componente político —y la razón de que «Europa» se haya atribuido la responsabilidad de conseguir que se les preste atención y de definir a los «europeos» como personas que se fijan realmente en ellos— radica en el hecho de que son ejemplos parciales (anterior y posterior, respectivamente) del crimen por antonomasia: el intento por parte de un grupo de europeos de exterminar a todos los miembros de otro grupo de europeos en el continente, en un momento que aún figura en la memoria de los vivos.

La «solución final [de Hitler] para el problema judío» en Europa no solo ha aportado elementos cruciales a la jurisprudencia internacional de postguerra como los relativos al genocidio o a los crímenes contra la humanidad. También señala la categoría moral (y en ciertos países europeos también la jurídica) de quienes se pronuncian al respecto. Negar o menospreciar la shoah —el holocausto— es situarse al margen del discurso civilizado público. Esto explica que los políticos tradicionales rehuyan, en la medida de lo posible, la compañía de demagogos como Jean-Marie Le Pen. Hoy en día, el holocausto es mucho más que otro hecho innegable de un pasado que los europeos ya no pueden fingir que no existe. Mientras Europa se prepara para dejar atrás la Segunda Guerra Mundial —mientras se inauguran los últimos monumentos y se homenajea a los pocos combatientes que aún sobreviven— la memoria recuperada de los judíos europeos muertos se ha convertido en la propia definición y garantía de la restaurada humanidad del continente. No siempre fue así.

Lo que les ocurrió a los judíos europeos no tuvo nada de misterioso. El hecho de que alrededor de seis millones fueran asesinados durante la Segunda Guerra Mundial fue ampliamente reconocido a los pocos meses de terminada la contienda. Los escasos supervivientes, ya fuera en los campos de desplazados o en sus países de origen, implícitamente daban fe del número de muertos. De los 126.000 judíos desalojados de Austria, solo 4500 regresaron después de la guerra. En Holanda, donde antes de la guerra había 140.000 judíos, 110.000 fueron deportados, y de ellos ni siquiera 5000 regresaron. En Francia, de los 76.000 judíos deportados entre 1940 y 1944 (la mayoría nacidos fuera del país), sobrevivieron menos del tres por ciento. Más al este, las cifras eran aún peores: de la población judía de Polonia anterior a la guerra, que superaba los tres millones, el 97,5 por ciento fue exterminada. En la propia Alemania, en mayo de 1945 quedaban solo 21.450 de los 600.000 judíos del país.

Los que quedaron y volvieron no fueron muy bien recibidos. Después de años de propaganda antisemita, las poblaciones locales de todo el continente no solo estaban dispuestas a culpar a los semitas, en abstracto, de su propio sufrimiento, sino que lamentaban claramente asistir al retorno de hombres y mujeres de cuyos empleos, posesiones y pisos se habían apropiado. El 19 de abril de 1945, en el distrito 4 de París, cientos de personas se manifestaron para protestar porque, a su regreso, un deportado judío había tratado de reclamar su piso (ocupado). Antes de ser disuelta, la concentración degeneró prácticamente en un altercado, con la multitud gritando «La France aux français!» [«¡Francia para los franceses!»]. Sin duda, el venerable filósofo católico francés Gabriel Marcel no habría recurrido a ese lenguaje. Pero no le avergonzó escribir unos pocos meses después, en el periódico Témoignage Chrétien, sobre la «altanera presunción de los judíos» y su ansia por «hacerse con todo».

Poco podía sorprender que la futura ministra del Gobierno francés Simone Weil afirmara lo siguiente a su regreso de Bergen-Belsen: «Teníamos la sensación de que nuestras vidas no contaban; y, sin embargo, habíamos quedado tan pocos». En Francia (al igual que en Bélgica) resistentes deportados que habían sobrevivido y ahora regresaban, fueron tratados como héroes: salvadores del honor de la nación. Pero los judíos, deportados no por su filiación política sino por su raza, no eran útiles para ese propósito. En cualquier caso, De Gaulle (al igual que Churchill) se mostró curiosamente ciego ante la concreción racial de las víctimas de Hitler, interpretando el nazismo, por el contrario, dentro del contexto del militarismo prusiano. En Núremberg, el fiscal francés François de Menthon se sentía incómodo con el propio concepto de «crímenes contra la humanidad», y durante todo el proceso no hizo ninguna alusión ni a la deportación ni al asesinato de los judíos[1].

Casi tres años después, un editorial de Le Monde del 11 de enero de 1948, titulado «Los supervivientes de los campos de la muerte», se las arreglaba para referirse conmovedoramente a los «doscientos ochenta mil deportados, veinticinco mil supervivientes» sin mencionar ni una vez la palabra «judío». Según la legislación aprobada en 1948, el término deportés solo podía aplicarse a los ciudadanos o residentes franceses deportados por razones políticas o por resistirse al ocupante. No se establecía diferencia alguna respecto al campo al que algunos fueron enviados, ni a su destino al llegar al mismo. En consecuencia, en los documentos oficiales, los niños judíos que fueron encerrados en trenes y enviados a Auschwitz para ser gaseados eran calificados de «deportados políticos». De este modo, con mordaz pero no pretendida ironía, esos niños, en su mayoría hijos e hijas de judíos nacidos en el extranjero y forzosamente separados de sus padres por gendarmes franceses, fueron conmemorados en los documentos y las placas como «caídos por Francia[2]».

En el Parlamento belga de la postguerra, los partidos católicos se opusieron a que se abonara indemnización alguna a los «judíos detenidos simplemente por motivos raciales» que, en su mayoría, según se insinuó, probablemente fueran contrabandistas. De hecho, en Bélgica la exclusión de los judíos de cualquier prestación posbélica fue aún más lejos. Como el 95 por ciento de los judíos deportados del país eran de otras nacionalidades o apátridas, una ley de postguerra determinó que —a menos que también hubieran luchado en movimientos de resistencia organizados— aquellos supervivientes que hubieran acabado en Bélgica después de la contienda no tendrían derecho a solicitar ninguna ayuda pública. En octubre de 1944, las autoridades de Bélgica atribuían automáticamente la nacionalidad «alemana» a cualquier superviviente judío que hubiera en el país y que no pudiera demostrar su ciudadanía belga. En teoría, esto acababa con cualquier diferencia «racial» de la época bélica, pero, de facto, también convertía a los judíos supervivientes en extranjeros enemigos susceptibles de ser internados y cuyas propiedades podían ser embargadas (y no devueltas hasta enero de 1947). Además, esas resoluciones tenían la ventaja de señalar a esos judíos como posibles candidatos a retornar a Alemania, ahora que ya no estaban amenazados por la persecución nazi.

En Holanda, donde, según el periódico resistente Vrij Nederland, los propios nazis se habían quedado perplejos ante la prontitud con que los ciudadanos y líderes civiles del país habían participado en su propia humillación, a los pocos judíos que regresaron se les mostró claramente que no eran bienvenidos. Así, una de ellos, Rita Koopman, recordaba que a su vuelta la acogieron diciendo: «Habéis vuelto muchos. Estaréis contentos de no haber estado aquí, ¡con el hambre que hemos pasado!». De hecho, los holandeses sufrieron enormemente durante el llamado «invierno del hambre» de 1944 a 1945 y las muchas casas desalojadas por judíos deportados, especialmente en Ámsterdam, fueron una valiosa fuente de madera y de otros suministros. Pero pese a que durante la guerra los oficiales holandeses cooperaran con entusiasmo en la identificación y captura de los judíos del país, las autoridades de postguerra —sin problemas de conciencia— no se sintieron obligadas a compensarlos en modo alguno. Por el contrario, vanagloriándose en cierto modo de su actitud, se empeñaron en rechazar cualquier distinción racial o de otra índole entre los ciudadanos holandeses y así sumergieron a los judíos que había perdido el país en un anonimato y una invisibilidad retrospectivos. Durante los años cincuenta, los primeros ministros católicos holandeses llegaron incluso a negarse a participar en la construcción de un monumento internacional en Auschwitz, tachándolo de «propaganda comunista».

Está claro que en Europa oriental nunca se planteó realmente el reconocimiento del sufrimiento de los judíos, y desde luego tampoco la posibilidad de indemnizarlos. En los años de la primera postguerra, a los judíos de esta zona lo que más les preocupaba era seguir con vida. Witold Kula, un polaco no judío, escribió en agosto de 1946 acerca de un viaje en tren desde Łódź hasta Wrocław en el que había presenciado cómo se burlaban de una familia judía: «El intelectual polaco medio no se da cuenta de que hoy día en Polonia un judío no puede conducir un coche, no se arriesga a montarse en un tren, no se atreve a enviar a su hijo a una excursión escolar, no puede viajar a localidades apartadas, incluso prefiere las ciudades grandes a las de tamaño medio y sabe que no es aconsejable darse un paseo después del anochecer. Habría que ser un héroe para seguir viviendo en esas condiciones después de seis años de tormento».

Después de la derrota de Alemania, muchos judíos de Europa oriental mantuvieron su estrategia de supervivencia en tiempo de guerra: la de esconder su identidad judía a sus colegas, vecinos e incluso a sus propios hijos, mezclándose lo mejor que podían con el mundo de postguerra y recuperando al menos la apariencia de normalidad. No solo fue así en el Este. En Francia, aunque había leyes nuevas que prohibían la retórica abiertamente antisemita de la vida pública de preguerra, el legado de Vichy se mantenía. Los tabúes de la generación posterior todavía no habían calado y conductas que con el tiempo estarían mal vistas seguían siendo aceptables. Al igual que en los años treinta, la izquierda tampoco se libró. En 1948 el parlamentario comunista Arthur Ramette llamó la atención sobre ciertos destacados políticos judíos —Léon Blum, Jules Moch, René Mayer— para contrastarlos con los diputados de su propio partido: «Nosotros los comunistas solo tenemos nombres franceses» (afirmación que era tan indecorosa como falsa).

En esas circunstancias, la mayoría de los judíos se enfrentaba a una descarnada alternativa: la de partir (hacia Israel, una vez que se constituyó el país, o a Estados Unidos, después de que se abrieran sus puertas en 1950), o guardar silencio y, en la medida de lo posible, ser invisible. No hay duda de que muchos sintieron un deseo arrollador de hablar y de dar su testimonio. En palabras de Primo Levi, a él le dominaba un «absoluto y patológico impulso narrativo», que le llevaba a escribir sobre lo que acababa de sufrir. Pero hasta la propia suerte de Levi resulta reveladora. Cuando en 1946 llevó la historia de su reclusión en Auschwitz, Se questo è un uomo [Si esto es un hombre], a Einaudi, principal editor de izquierdas de Italia, se la rechazaron de plano: el relato sobre persecución y pervivencia de Levi, que comienza con su deportación por ser judío, no por ser resistente, no encajaba con las edificantes narraciones de la resistencia nacional antifascista.

Se questo è un uomo lo acabó publicando una pequeña editorial con una pequeña tirada de dos mil quinientos ejemplares, que en su mayoría quedaron como saldos en un almacén de Florencia y que se destruyeron veinte años después en las grandes inundaciones que sufrió la ciudad. Las memorias de Levi no se publicaron en el Reino Unido hasta 1959, y su versión inglesa, If This Is a Man, no vendió más que unos cuantos cientos de ejemplares (la edición estadounidense, bajo el título de Survival in Auschwitz [Supervivencia en Auschwitz], tampoco comenzó a venderse bien hasta veinte años después). Gallimard, la más prestigiosa editorial francesa, se resistió durante mucho tiempo a comprar los derechos de ninguna obra de Levi; solo después de su muerte, ocurrida en 1987, comenzaron a ser reconocidas en Francia tanto su obra como la relevancia de la misma. De este modo, Primo Levi, al igual que su temática, fueron prácticamente inaudibles durante muchos años: nadie los escuchaba. En 1955 el escritor apuntó que hablar de los campos se había convertido en algo descortés: «Se corre el riesgo de ser acusado de hacerse la víctima o de exhibición impúdica». Giuliana Tedeschi, otra superviviente italiana de Auschwitz, incidía en el mismo asunto: «He conocido a gente que no quiere saber nada, porque los italianos, después de todo, también sufrieron, hasta los que no fueron a los campos (…) Solían decir “Por el amor de Dios, ya terminó”, así que durante mucho tiempo guardé silencio[3]».

El holocausto no se debatió públicamente ni siquiera en el Reino Unido. Del mismo modo que para los franceses el campo de concentración más representativo era el de Buchenwald, con sus bien organizados comités de prisioneros políticos comunistas, en la Gran Bretaña de postguerra el símbolo del campo nazi no era Auschwitz, sino Bergen-Belsen (liberado por las tropas británicas) y los esqueléticos supervivientes que fueron filmados y mostrados en noticiarios cinematográficos al final de la guerra no solían identificarse con judíos[4]. Después de la guerra, los judíos del Reino Unido también preferían con frecuencia no llamar la atención, guardándose sus recuerdos. Jeremy Adler, al escribir en 1996 sobre su infancia en Inglaterra como hijo de supervivientes de los campos, recordaba que aunque en casa no era tabú hablar del holocausto, fuera de ella el asunto seguía estando prohibido: «Mis amigos podían presumir de que su padre había luchado con Monty en el desierto [el general británico Bernard Law Montgomery]. Las experiencias de mi padre eran innombrables. Hasta hace poco no había lugar para ellas. En el Reino Unido, el ciclo público que va desde la represión hasta la obsesión tardó unos cincuenta años en recorrerse[5]».

Con el paso del tiempo, lo que más sorprende es el carácter universal del desinterés. El holocausto judío no solo se dejó de lado en lugares en los que había realmente buenas razones para no pensar en él —en sitios como Austria (que, constituyendo solo una décima parte de la Alemania de preguerra, proporcionó a los campos uno de cada dos guardias) o Polonia—; sino también en Italia —donde gran parte de la nación no tenía razones para avergonzarse a este respecto— o en el Reino Unido, país en el que, por otra parte, los años de la contienda se recordaban con orgullo e incluso con cierta nostalgia. Está claro que el rápido inicio de la Guerra Fría tuvo que ver en ello[6]. Pero también había otras razones. Para la mayoría de los europeos, la Segunda Guerra Mundial no había tenido que ver con los judíos (salvo en la medida en que se los culpó de ella) y cualquier insinuación en el sentido de que el sufrimiento judío pudiera reclamar un lugar de honor molestaba profundamente.

El holocausto solo era una de las muchas cosas que la gente quería olvidar: «En los años de vacas gordas posteriores a la guerra […] los europeos se refugiaron en la amnesia colectiva» (Hans-Magnus Enzensberger). Entre sus cesiones a la administración fascista y a las fuerzas ocupantes, su colaboración con los organismos y gobernantes de la época bélica, y sus íntimas humillaciones, penalidades materiales y tragedias personales, millones de europeos tenían sus propias buenas razones para alejarse del pasado reciente o para recordar modificando el recuerdo. Lo que el historiador francés Henry Rousso denominaría posteriormente «síndrome de Vichy» —la dificultad de reconocer, durante décadas, lo que había ocurrido realmente durante la guerra y el deseo arrollador de bloquear la memoria o de convertirla en algo útil que no corroyera los frágiles vínculos de la sociedad de postguerra— no fue algo en absoluto exclusivo de Francia.

Todos los países ocupados de Europa desarrollaron su propio «síndrome de Vichy». Por ejemplo, las privaciones sufridas por los italianos en tiempo de guerra, tanto en casa como en los campos de prisioneros, desviaron la atención pública de los sufrimientos que los italianos causaron a otras personas, en lugares como los Balcanes o en las colonias africanas del país. Las historias que se contaron a sí mismos holandeses o polacos sobre la guerra mantuvieron la propia imagen nacional durante décadas: los holandeses, en concreto, dieron un gran valor a su imagen de nación que se había resistido, olvidando lo mejor que pudieron que las Waffen SS tuvieron veintitrés mil voluntarios en el país, que constituyeron el contingente más nutrido de Europa occidental. Hasta Noruega había digerido en cierto modo el recuerdo de que, antes o después de abril de 1940, más del diez por ciento de los oficiales de su ejército se habían integrado voluntariamente en el Nasjonal Samling [Unión Nacional] de Vidkun Quisling. Pero mientras que la liberación, la resistencia y los deportados —incluso derrotas heroicas como la de Dunquerque o el levantamiento de Varsovia de 1944— podían ser de alguna utilidad para constituir mitos nacionales compensatorios, el holocausto no tenía nada de «utilizable[7]».

En ciertos sentidos, para los alemanes fue más fácil enfrentarse a la magnitud de su crimen y asumirlo. Por supuesto, no inicialmente: ya hemos visto cómo falló el proceso de «desnazificación». La enseñanza de la historia en los inicios de la República Federal se detenía en el Imperio guillermino. Con la rara excepción de un hombre de Estado como Kurt Schumacher, que ya en junio de 1947 advirtió a sus compatriotas de que más les valdría «hablar por una vez sobre los judíos de Alemania y del mundo», los personajes públicos alemanes de los cuarenta y cincuenta lograron evitar cualquier referencia a la «solución final». El escritor estadounidense Aldred Kazin comentaba que, en 1952, para sus alumnos de Colonia «la guerra había terminado. No había que mencionarla. Mis alumnos no decían ni una palabra sobre la guerra». Cuando los alemanes occidentales volvían la vista atrás era para recordar sus propios sufrimientos: en encuestas realizadas a finales de los cincuenta, para la inmensa mayoría la ocupación aliada de la postguerra era «la peor época de sus vidas».

Como ya habían pronosticado algunos observadores en 1946, los alemanes lograron distanciarse de Hitler: evitaron tanto el castigo como la responsabilidad moral dando al mundo un chivo expiatorio: el Führer. En realidad, existía un considerable resentimiento por lo que Hitler había ocasionado, pero por el daño que había hecho recaer sobre los alemanes, no por lo que él y los alemanes habían hecho a otros. Para muchos germanos de esos años, tomar como blanco a los judíos no había sido tanto el principal crimen de Hitler como su mayor error: en una encuesta de 1952, casi dos de cada cinco adultos de la República Federal no dudaron en indicar a los encuestadores que pensaban que era «mejor» para Alemania no tener judíos en su territorio.

La relativa ausencia de recordatorios cercanos de las atrocidades nazis facilitaba esa clase de actitudes; y es que los dirigentes hitlerianos habían situado los principales campos de exterminio lejos del «Viejo Reich». La proximidad, por sí misma, tampoco garantizaba la existencia de sensibilidad alguna. El hecho de que Dachau fuera un suburbio de Múnich, al que se podía acceder en tranvía, no fomentó en la localidad, por sí solo, la comprensión de lo ocurrido: en enero de 1948 el Parlamento bávaro votó por unanimidad la conversión del campo nazi en un Arbeitslager; un campo de trabajo para «elementos adversos al trabajo y asociales». Como señaló Hannah Arendt al visitar Alemania en 1950: «Por todas partes se percibe la falta de reacción ante lo ocurrido, pero es difícil precisar si esto se debe al rechazo internacional a hacer duelo o si expresa una auténtica incapacidad emocional». En 1955, un tribunal de Fráncfort absolvió a un tal doctor Peters, director general de una empresa que había suministrado gas Zyklon-B a las SS, aduciendo que no había «pruebas suficientes» de que hubiera sido utilizado para matar a deportados.

Sin embargo, al mismo tiempo, los alemanes eran los únicos de Europa que no podían negar lo que habían hecho a los judíos. Podían evitar mencionarlo; podían insistir en sus propios sufrimientos; podían trasladar la culpa a un «puñado» de nazis. Pero no podían dejar de lado la responsabilidad del asunto atribuyendo a otros el crimen de genocidio. Hasta Adenauer, aunque en público se limitaba a expresar su simpatía por las victimas judías, sin mencionar nunca a los que las habían convertido en tales, se vio obligado a firmar un tratado de reparaciones con Israel. Y mientras ni los británicos, ni los franceses, y ni siquiera sus compatriotas italianos, mostraban ningún interés por las memorias de Primo Levi, El diario de Ana Frank (que hay que reconocer que era un texto más accesible) se convertía en el libro de bolsillo de más difusión de toda la historia de Alemania, con más de setecientos mil ejemplares vendidos hasta 1960.

Como hemos visto, lo que desató el examen de conciencia de los alemanes fue una serie de juicios relacionados con tardías investigaciones sobre los crímenes alemanes en el frente oriental. Esos procesos, que se iniciaron en 1958 en Ulm con las causas abiertas contra miembros de los grupos de intervención de la época bélica, que continuaron con la detención y procesamiento de Adolf Eichmann, y que culminaron en los juicios a los que fueron sometidos en Fráncfort algunos guardias de Auschwitz entre diciembre de 1963 y agosto de 1965, también eran la primera oportunidad que tenían desde la guerra los supervivientes de los campos de hablar en público sobre sus experiencias. Al mismo tiempo, se prolongó el periodo de veinte años que el Estatuto de Limitaciones de la República Federal dictaba para la prescripción del delito de asesinato (pero sin derogar la norma).

Este cambio de actitud fue impulsado en gran medida por la oleada de vandalismo antisemita de finales de los cincuenta y por las pruebas crecientes de que los alemanes jóvenes desconocían por completo lo sucedido durante el III Reich: sus padres no les habían dicho nada y sus profesores esquivaban el asunto. En 1962 los Länder de la República Federal Alemana anunciaron que a partir de ese momento la historia del periodo 1933-1945 —incluyendo el exterminio de los judíos— sería una asignatura obligatoria en todas las escuelas. De este modo se daba la vuelta al presupuesto inicial de Konrad Adenauer en la postguerra: la salud de la democracia alemana precisaba ahora que el nazismo fuera recordado y no olvidado. Además, cada vez se prestaba más atención al genocidio y a los «crímenes contra la humanidad», más que a los «crímenes de guerra» con los que hasta entonces se había relacionado principalmente el nazismo. Una nueva generación se haría consciente de la naturaleza —y la magnitud— de las atrocidades nazis. Publicaciones populares como Stern o Quick ya no podrían quitar importancia a los campos, como habían hecho en los años cincuenta, o ensalzar a los nazis «buenos». En la conciencia colectiva comenzó a calar cierta idea de que el pasado reciente alemán era inaceptable e inmoral.

No hay que exagerar el cambio. Durante los años sesenta, tanto el canciller alemán occidental Kiesinger como el presidente federal Hans Lübke habían sido nazis. Como vimos en el capítulo XII, esto suponía una flagrante contradicción con la imagen que de sí misma tenía la república de Bonn, y los observadores más jóvenes no dejaron de señalarlo. Y una cosa era decir la verdad sobre los nazis y otra muy diferente reconocer la responsabilidad colectiva del pueblo alemán, un tema sobre el que gran parte de la clase política seguía guardando silencio. Además, aunque el número de alemanes occidentales que pensaba que Hitler había sido uno de los más grandes hombres de Estado alemanes «si no hubiera sido por la guerra» pasó del 48 al 32 por ciento entre 1955 y 1967, esta cifra (por mucho que estuviera compuesta mayoritariamente por personas mayores) no era nada tranquilizadora.

La auténtica transformación se produjo en la década siguiente. Una serie de acontecimientos —la guerra de los Seis Días de 1967, el hecho de que el canciller Brandt se arrodillara ante el Monumento al Gueto de Varsovia, el asesinato de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, y, finalmente, la emisión por la televisión alemana de la miniserie Holocausto en enero de 1979— se conjugaron para situar a los judíos y sus sufrimientos en el centro de la atención pública alemana. El más importante de dichos acontecimientos fue, con mucho, la serie de televisión. Holocausto, un típico producto comercial estadounidense, de historia sencilla, personajes en general planos y una estructura narrativa destinada a lograr el mayor impacto emocional posible, fue denostado y aborrecido (como se señaló en el capítulo XIV) por cineastas europeos tan diversos como Edgar Reitz o Claude Lanzmann, que acusaron al programa de convertir la historia de Alemania en un serial estadounidense y de hacer accesible y comprensible algo que siempre debería ser innombrable e impenetrable.

Pero son precisamente esas limitaciones las que explican las repercusiones de la serie, que se emitió durante cuatro noches consecutivas en la televisión nacional de la República Federal Alemana. Se calcula que la vieron veinte millones de espectadores: bastante más de la mitad de la población adulta. Además, coincidió con otro juicio contra ex guardias del campo de exterminio de Majdanek, lo cual recordaba a los televidentes que esta era una historia inacabada. La conmoción pública fue enorme. Cinco meses después, el Bundestag aprobaba la derogación del Estatuto de Limitaciones en caso de asesinato (aunque hay que señalar que entre los que votaron en contra de la medida estaba el futuro canciller Helmut Kohl). A partir de ese momento, los alemanes serían los europeos mejor informados sobre la shoah, situándose en vanguardia de todas las iniciativas destinadas a mantener la conciencia pública del singular crimen de su país. Mientras que en 1968 solo cuatrocientos setenta y un grupos escolares visitaron Dachau, a finales de los setenta el número superaba con mucho las cinco mil visitas anuales.

Conocer, y reconocer públicamente, lo que los alemanes habían hecho a los judíos cuatro décadas antes era un avance considerable, pero situarlo en la historia alemana y europea siguió planteando un dilema difícil y aún sin resolver, como habría de demostrar el «debate entre historiadores» de la década de 1980. Algunos investigadores conservadores, entre ellos Ernst Nolte, hasta entonces un respetado historiador, no se sentían cómodos con el hecho de que se insistiera en el carácter singular y sui generis de Hitler, su movimiento y sus crímenes. Insistían en que, para comprender el nazismo, tenemos que situarlo en su contexto temporal y geográfico. Según Nolte, el ascenso del nacionalsocialismo, y de algunas de sus prácticas más grotescas, era, sobre todo, una respuesta al bolchevismo: seguía el ejemplo y la amenaza de Lenin y sus herederos, y, en cierta medida, los imitaba. Nolte señaló en un artículo tristemente famoso, publicado en junio de 1986 en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que eso no reduce los crímenes del nazismo, pero que sin el precedente bolchevique estos no pueden explicarse del todo. Había llegado el momento de reconsiderar la época nazi, situando el holocausto dentro de una pauta global de genocidios contemporáneos.

La reacción contra Nolte vino sobre todo de Jürgen Habermas, quien —al igual que Enzensberger, Günter Grass y otros miembros de la «generación escéptica»— tenía edad suficiente para recordar el nazismo y, por tanto, para recelar enormemente de cualquier pretensión de «limitar» las responsabilidades alemanas. Para Habermas, lo dicho por Nolte no tenía sentido: lo que había que hacer con el nazismo no era ni «reubicarlo» ni «historiarlo»; esa era precisamente la tentación a la que los alemanes no debían tener derecho nunca más. El crimen nazi —el crimen alemán— era único: en su escala, en su ambición, en su insondable maldad. Contextualizarlo, en el sentido utilizado por Nolte, con la implícita relativización de la responsabilidad alemana que inevitablemente conllevaría, estaba absolutamente prohibido.

Pero no cabía esperar que la mayoría de los conciudadanos de Habermas (entre ellos los historiadores, para cuya disciplina la comparación y el contexto son vitales) acataran durante mucho tiempo la inflexible posición que dictaban sus pautas. Esa gran y novedosa presencia del holocausto en el debate público alemán —que culminó en los noventa en multitud de muestras de remordimiento oficial por los defectos del pasado, en las que los alemanes se entregaron, en palabras del escritor Peter Schneider, a «una especie de odio hacia ellos mismos bañado de superioridad moral»— no podía durar indefinidamente. Pedir a cada nueva generación de alemanes que viviera para siempre a la sombra de Hitler, exigirle que asumiera la responsabilidad del recuerdo de la singular culpa alemana y convertir esta en la única medida de su identidad nacional, era lo mínimo que se le podía pedir, pero era esperar demasiado.

En los demás países de Europa occidental el proceso de recuperación y de reconocimiento tuvo primero que superar las ilusiones interesadas de cada uno de ellos, y fue un proceso que, en general, se prolongó durante dos generaciones y varias décadas. En Austria, donde se televisó la serie Holocausto dos meses después que en Alemania, si bien con una repercusión pública ni remotamente similar, hasta que no se reveló en los años ochenta que el presidente del país, Kurt Waldheim, había participado durante la guerra en la brutal ocupación de Yugoslavia por parte de la Wehrmacht, los austriacos (algunos) no comenzaron a preguntarse con seriedad (y todavía de forma incompleta) sobre su pasado nazi. En realidad, el hecho de que Waldheim hubiera sido anteriormente secretario general de Naciones Unidas sin que a nadie en la comunidad internacional le inquietara su historial de guerra alentó en muchos austriacos la sospecha de que se los estaba juzgando con especial rigor. Después de todo, en la postguerra, Austria había tenido un canciller judío, Bruno Kreisky, y esto era más de lo que se podía decir de los alemanes.

Pero nadie esperaba mucho de los austriacos. Su relación con la historia, que en gran medida no resultaba problemática —todavía en 1990, casi dos de cada cinco austríacos pensaba que su país había sido víctima y no cómplice de Hitler, y el 43 por ciento creía que el nazismo «había tenido cosas buenas y malas»— no hacía sino confirmar sus prejuicios y los ajenos[8]. Un caso distinto era el del Suiza, vecino alpino de Austria. Después de 1945, durante cuarenta años, el país había logrado que su historial de guerra le saliera gratis. No solo se olvidó que los suizos habían hecho enormes esfuerzos para no admitir a judíos; incluso en novelas de gran tirada y en el cine la imagen del país era la de un refugio seguro y acogedor para cualquier persona que pudiera alcanzar sus fronteras. Los suizos se complacían en la claridad de su conciencia y en la envidiosa admiración del mundo.

De hecho, hasta 1945 los suizos solo habían acogido a veintiocho mil judíos, siete mil de ellos antes de iniciada la guerra. A los refugiados del periodo bélico se les negaba el permiso de trabajo: se sufragaban sus gastos con pagos impuestos a acaudalados residentes judíos. Hasta junio de 1994 las autoridades de Berna no reconocieron oficialmente que la petición suiza (enviada a Berlín en octubre de 1938) de que se pusiera una «J» en los pasaportes de todos los judíos alemanes —para poder dejarlos fuera del país con más facilidad— fue un acto de «intolerable discriminación racial». Si el mal comportamiento de los suizos hubiera llegado solo hasta ese punto apenas habría suscitado mucho más escándalo: Londres y Washington nunca solicitaron realmente una etiqueta identificativa a los pasaportes de judíos, pero en lo tocante a tratar de salvar a estos refugiados, sus historiales no pueden ser motivo de orgullo. Sin embargo, los suizos fueron bastante más lejos.

Como quedó dolorosamente claro en investigaciones oficiales realizadas durante los años noventa, Suiza no solo traficó con oro saqueado, haciendo una considerable aportación al esfuerzo bélico alemán (véase el capítulo III), sino que los bancos y compañías de seguros helvéticos se embolsaron indecentemente enormes sumas de dinero pertenecientes a clientes judíos o a beneficiarios de pólizas de seguros de familiares asesinados. En virtud de un acuerdo secreto firmado en la postguerra con Polonia —hecho público por primera vez en 1996—, Berna llegó incluso a ofrecer la adjudicación de las cuentas corrientes de judíos polacos muertos a las nuevas autoridades de Varsovia, a cambio de indemnizaciones para los bancos y empresas suizos expropiados después de la toma del poder por parte de los comunistas[9]. Cuando comenzaron a aparecer las pruebas de este tipo de tratos, la flamante reputación del país se vino abajo y, a corto plazo, ninguna cantidad (aceptada a regañadientes) que se destine a reparaciones y pagos a fondos para las «víctimas» podrá recomponerla. Un editorial del 13 de septiembre de 1996 del alemán Die Zeit —señalando que por fin Suiza había caído bajo «la larga sombra del holocausto»— aludía a este tema con bastante Schadenfreude [«alegría por el mal ajeno»]. Pero era la pura verdad.

La flamante imagen de la Holanda del periodo bélico —donde se creía que casi todo el mundo había «resistido» y hecho lo posible para obstaculizar los planes alemanes— se había abordado y desacreditado un poco antes, y por propia iniciativa. A mediados de los sesenta, historias enciclopédicas de la Segunda Guerra Mundial proporcionaron copiosa información acerca de la experiencia de Holanda durante la guerra, incluyendo las deportaciones, pero evitando deliberadamente, en concreto, tratar en detalle el quién, el cómo y el por qué de la catástrofe judía. En cualquier caso, casi nadie las leyó. Sin embargo, en abril de 1965 el historiador holandés Jacob Presser publicó Ondergang, el primer libro dedicado íntegramente al exterminio de los judíos holandeses, que vendió cien mil ejemplares solo en 1965 y suscitó una oleada de interés popular por el asunto[10]. A esta obra le siguió muy poco tiempo después una avalancha de documentales televisivos y de otros programas sobre la ocupación —uno de ellos, De Bezetting [La ocupación] se prolongaría durante dos décadas—, así como de una transformación en la actitud oficial. Fue en 1965 cuando un Gobierno holandés se ofreció, por primera vez, a participar en el monumento de Auschwitz, aunque el Estado tardó siete años más en acordar por fin que los deportados judíos supervivientes debían percibir la pensión de la que ya disfrutaban desde 1947 los resistentes y otras víctimas de los nazis.

Al igual que en Alemania, la mecha que prendió el interés holandés en su bloqueado pasado fueron los juicios celebrados en Israel y en Alemania a comienzos de los sesenta. Además, tanto en Holanda como en los demás países, la explosión demográfica de la postguerra alumbró a personas que tenían curiosidad por conocer su historia reciente y que contemplaban con bastante escepticismo lo que les había contado —o, más bien, no contado— la «generación silenciosa» de sus padres. Los cambios sociales de los sesenta ayudaron a abrir una brecha en el muro de silencio oficial que rodeaba la ocupación: la ruptura de los tabúes sociales y sexuales —que en ciertas partes de Holanda, sobre todo en Ámsterdam, tuvo consecuencias profundamente inquietantes para una sociedad hasta entonces conservadora— trajo consigo la sospecha sobre otras prácticas y tópicos culturales heredados. Ahora, una nueva cohorte de lectores descifraba el texto esencial del holocausto holandés, El diario de Ana Frank, desde otra perspectiva: Ana y su familia, después de todo, fueron entregados por sus vecinos holandeses a los alemanes.

A finales del siglo, el periodo comprendido entre 1940 y 1945 se había convertido en el más exhaustivamente estudiado de la historia holandesa. Pero aunque la verdad sobre la participación de los holandeses en la identificación, detención, deportación y muerte de sus conciudadanos judíos se hizo pública por primera vez en los años sesenta, todas sus ramificaciones tardaron bastante más tiempo en aflorar: hasta 1995 ningún jefe de Estado reinante —la reina Beatriz— reconoció públicamente la tragedia de los judíos holandeses (la Reina lo hizo durante una visita a Israel). Quizá la lección no se aprendió del todo hasta mediados de los noventa, cuando se contempló cómo el contingente armado holandés de la ONU se hacía tranquilamente a un lado para permitir que las milicias serbias capturaran en una redada y asesinaran a siete mil musulmanes en Srebrenica. Por fin podía dar comienzo un debate nacional, largamente pospuesto, sobre el precio que habían pagado los holandeses por su legado de orden, cooperación y obediencia.

En su defensa, los holandeses —al igual que los belgas, noruegos, italianos (después de septiembre de 1943) y gran parte de los países de la Europa oriental ocupada— podían aducir que por muy vergonzosa que hubiera sido la cooperación de determinados burócratas, policías o simples ciudadanos con las autoridades de la ocupación, la iniciativa siempre había venido desde arriba, es decir, de los alemanes. Esto no es tan cierto como se pensó en su momento, y en ciertos lugares —sobre todo territorios como Eslovaquia o Croacia (o Hungría durante los últimos meses de guerra), donde regímenes títere realizaron sus propios proyectos criminales— nunca fue más que una media verdad. Pero en la Europa occidental ocupada, con una sola excepción, no hubo regímenes colaboracionistas con aval popular, ni supuestos gobiernos nacionales legítimos ejerciendo su autoridad y, por tanto, totalmente responsables de sus actos. Los alemanes no podrían haber hecho lo que hicieron en Noruega, Bélgica u Holanda sin la colaboración de la población local (en Dinamarca, el único lugar donde no contaron con esa colaboración, los judíos sobrevivieron). Pero en todos esos casos, fueron los alemanes los que dieron las órdenes.

Por supuesto, la excepción fue Francia. La sombra de la tortuosa memoria de guerra francesa, largamente negada e incompleta desde el punto de vista cronológico —la relativa al régimen de Vichy y a su papel de cómplice decidido en los proyectos nazis, sobre todo en la «solución final»—, se ha cernido sobre todas las iniciativas tomadas por Europa en la postguerra para abordar la Segunda Guerra Mundial y el holocausto. No es que Francia fuera la que peor se comportó, es que su actitud tenía más importancia. Hasta 1989, París —por razones analizadas en este libro— seguía siendo la capital intelectual y cultural de Europa: quizá mucho más que en ningún otro momento desde el Segundo Imperio. Francia era también, de lejos, el Estado más influyente de la Europa occidental continental, gracias al notable éxito que tuvo Charles de Gaulle al recolocar a su país en los corredores del poder internacional. Y fue Francia —sus hombres de Estado, sus instituciones y sus intereses— los que empujaron, desde presupuestos franceses, el proyecto de unión continental. Hasta que Francia no mirara de frente a su pasado, una sombra se cerniría sobre la nueva Europa: la sombra de una mentira.

El problema de Vichy es fácil de enunciar. El régimen del mariscal Pétain había llegado al poder en julio de 1940 con el beneplácito de la última Asamblea Nacional de la Tercera República Francesa; de manera que era el único régimen de la época bélica que podía aducir cierta continuidad, por espuria que fuera, con las instituciones democráticas de la época anterior. Hasta finales de 1942, por lo menos, una abrumadora mayoría de hombres y mujeres franceses consideraba que Vichy y sus instituciones eran la autoridad legítima de Francia. En cuanto a los alemanes, Vichy les resultaba tremendamente provechoso: les evitaba el problema de tener que imponer un costoso régimen de ocupación propio en un país tan extenso como Francia, al tiempo que les proporcionaba todo lo que necesitaban de ese tipo de Gobierno: aquiescencia en la derrota, «reparaciones de guerra», materias primas, mano de obra barata… y mucho más.

El hecho es que el régimen de Vichy y sus súbditos no se conformaron con adaptarse a la derrota de Francia y dirigieron el país según las conveniencias de Alemania. Bajo Pétain y su primer ministro, Pierre Laval, Francia inició proyectos de colaboración propios: los peores fueron la introducción en 1940 y 1941 de «leyes judías» sin presión alguna por parte de Alemania en ese sentido, y la aprobación de disposiciones por las que las propias autoridades francesas capturarían a la población judía del país (empezando por los muchos que eran extranjeros residentes en él), con el fin de cumplir las cuotas que exigían las autoridades alemanas a medida que se iba poniendo en marcha la «solución final». A consecuencia de esta proclamación de autoridad administrativa por parte de Francia, la mayoría de los deportados judíos provenientes de este país ni siquiera veían un uniforme extranjero hasta que eran entregados a los alemanes para su transbordo definitivo en dirección a Auschwitz desde las vías de carga de Drancy (al norte de París). Hasta entonces, todo el proceso estaba en manos francesas.

Después de la liberación, pese a todo el oprobio que cayó sobre Pétain y sus colaboradores, la contribución de su régimen al holocausto apenas se mencionó, y desde luego no lo hicieron las propias autoridades francesas de postguerra. Los franceses no solo acorralaron a «Vichy» en un rincón de la memoria nacional para después envolverlo en naftalina. Simplemente, no establecieron vínculo alguno entre dicho régimen y Auschwitz. Vichy había traicionado a Francia. Los colaboracionistas habían cometido traición y crímenes de guerra. Pero los «crímenes contra la humanidad» no formaban parte del vocabulario jurídico francés. Eran un asunto de los alemanes.

Esa misma situación seguía vigente veinte años después. Cuando este autor estudió historia de Francia en el Reino Unido a finales de los sesenta, los textos académicos sobre la Francia de Vichy —tal como estaban— no se fijaban apenas en la dimensión judía. En Francia y en los demás países, los «estudios sobre Vichy» se centraban en determinar si el régimen de Pétain era «fascista» o «reaccionario» y hasta qué punto representaba continuidad o ruptura con el pasado republicano del país. Seguía habiendo una respetada escuela historiográfica francesa para la que el «escudo» petainista había protegido a Francia de la «polonización», como si Hitler hubiera intentado alguna vez tratar sus conquistas occidentales con la bárbara ferocidad que infligió al Este. Además, todavía estaba prohibido cuestionar en modo alguno el mito de la heroica resistencia de toda la nación, tanto en la historiografía como en la vida nacional.

La única concesión que harían en esos años las autoridades francesas al cambio de clima en el exterior llegaría en diciembre de 1964, cuando la Asamblea Nacional incorporó tardíamente la categoría de «crímenes contra la humanidad» (definidos por primera vez en los Acuerdos de Londres del 8 de agosto de 1945) a la legislación francesa, declarándolos imprescriptibles. Pero esto tampoco tenía nada que ver con Vichy. Era una respuesta al juicio sobre Auschwitz que tenía lugar entonces en Fráncfort y pretendía facilitar procesos futuros en territorio francés de cualquier individuo (alemán o francés) que hubiera participado directamente en los planes de exterminio nazis. En 1969, cuando el gobierno prohibió a la televisión gala la emisión de Le chagrin et la pitié [La pena y la piedad], de Marcel Ophuls, quedó claro lo lejos que estaba del pensamiento oficial francés la intención de replantearse la cuestión de la responsabilidad colectiva de Francia.

La película de Ophuls, un documental sobre la ocupación de Clermont-Ferrand, región del centro de Francia, durante la guerra, se basaba en entrevistas con franceses, británicos y alemanes. En ella apenas se hacía alusión al holocausto y tampoco a Vichy: la obra se centraba en la corrupción generalizada y la colaboración cotidiana de los años de guerra. Ophuls estaba penetrando en la trastienda de la interesada historia de la resistencia. Pero hasta esto era demasiado para las autoridades de los últimos años de la presidencia de De Gaulle. Y no solo para ellas: cuando la película se presentó finalmente dos años después, no en la televisión nacional sino en una pequeña sala del Barrio Latino de París, se escuchó a una mujer de mediana edad comentar, al salir del cine: «¡Qué vergüenza! Pero ¿qué cabía esperar? Ophuls es judío, ¿no?».

Resulta un tanto llamativo que Francia fuera el único caso en el que el gran salto hacia un tratamiento más honesto de la historia de la guerra fuera obra de historiadores extranjeros; en concreto, Eberhard Jäckel, en Alemania, y Robert Paxton, en Estados Unidos —cuyos dos importantes libros fueron publicados entre finales de los sesenta y mediados de los setenta— fueron los primeros en utilizar fuentes alemanas para demostrar hasta qué punto los crímenes de Vichy respondían a la iniciativa francesa. No era este un asunto con el que ningún investigador autóctono pudiera sentirse cómodo: treinta años después de la liberación de Francia, los sentimientos nacionales seguían estando a flor de piel. Todavía en 1976, al conocer los pormenores de una exposición prevista para rendir homenaje a las víctimas francesas de Auschwitz, el Ministerio de Antiguos Combatientes solicitó ciertos cambios: los nombres de la lista «carecían de una auténtica resonancia francesa[11]».

Como ocurría con tanta frecuencia en la Francia del momento, probablemente esos sentimientos tenían más que ver con un orgullo herido que con un puro y simple racismo. En 1939 Francia todavía era una potencia internacional. Pero en solo tres décadas había sufrido una demoledora derrota militar, una degradante ocupación, dos sangrientas y vergonzosas retiradas coloniales y (en 1958) un cambio de régimen mediante una especie de golpe de Estado. La Grande Nation había acumulado tantas pérdidas y humillaciones desde 1914 que, a modo de compensación, tenía profundamente arraigada la propensión a proclamar el honor nacional en cualquier ocasión que se presentara. Lo mejor era relegar los episodios ignominiosos —o algo peor— a un agujero de la memoria. Después de todo, Vichy no era lo único que los franceses tenían prisa por dejar atrás: nadie quería hablar de las «guerras sucias» en Indochina y Argelia, y mucho menos de la tortura practicada en ellas por el ejército.

En este sentido, la partida de De Gaulle no cambió mucho, aunque una nueva generación de hombres y mujeres franceses mostraba poco interés en la gloria nacional y no tenía intereses personales en los mitos que rodeaban la historia francesa reciente. No hay duda de que en los años venideros los franceses se harían más conscientes del holocausto y más sensibles al sufrimiento judío en general, en parte gracias al escándalo posterior a la tristemente famosa conferencia de prensa ofrecida por De Gaulle el 27 de noviembre de 1967, después de la victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días, cuando el presidente francés se refirió a los judíos, calificándolos de «un pueblo seguro de sí mismo y dominante». Además, la película documental Shoah, del director francés Claude Lanzmann, tuvo un espectacular impacto sobre el público francés, a pesar de centrarse casi exclusivamente (o quizá a causa de ello) en el exterminio de los judíos en el Este.

Pero aunque los historiadores galos, siguiendo la estela de sus colegas extranjeros, estaban ahora estableciendo sin lugar a dudas la abrumadora responsabilidad de los dirigentes franceses de la época bélica en la suerte de los judíos deportados desde su territorio, la posición oficial no se movió. Desde Georges Pompidou (presidente desde 1969 hasta 1974) hasta François Mitterrand (1981-1995), pasando por Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981), la línea fue siempre la misma: cualesquiera que fueran las acciones realizadas bajo el régimen de Vichy o por este mismo, eran asuntos de Vichy. Puede que dicho régimen hubiera tenido lugar en Francia y ser obra de ciertos franceses, pero era un paréntesis autoritario en la historia de la República. Dicho de otro modo, Vichy no era «Francia» y, en consecuencia, la conciencia pública del país estaba tranquila.

El presidente Mitterrand, el último jefe de Estado francés que vivió la Segunda Guerra Mundial cuando ya era un adulto (había nacido en 1916), tenía razones especiales para mantener esa jesuítica distinción. En gran medida, Mitterrand, ex funcionario de Vichy, levantó su carrera política posterior sobre la ocultación al conjunto del país de las cesiones y ambigüedades de su propia biografía. Evitaba deliberadamente cualquier referencia a Vichy en los actos públicos, y aunque nunca fue reacio a hablar claramente del conjunto del holocausto —ya fuera en Jerusalén en 1982 o en la propia Francia, durante el quincuagésimo aniversario de la captura de doce mil ochocientos ochenta y cuatro judíos parisinos en julio de 1942—, nunca dejó que se le escapara alusión alguna que indicara que Francia tuviera alguna deuda que pagar en este sentido.

Al final, lo que acabó con el tabú que Mitterrand impuso, encarnó y que seguramente se habría llevado a la tumba, fue (como suele ocurrir con este tema) una serie de juicios. En 1994, después de casi cincuenta años oculto, Paul Touvier —integrante durante la guerra de la milicia de Vichy— fue atrapado y procesado por el asesinato de siete judíos franceses en junio de 1944, cerca de Lyon. Touvier, en sí mismo, carecía de importancia: era solo una muesca del engranaje de Vichy y un colaborador de Klaus Barbie, jefe de la Gestapo en esa ciudad, capturado y juzgado en 1987. Pero el juicio de Touvier —y las pruebas que reveló en lo tocante a la colaboración de las autoridades de Vichy con la Gestapo y su papel en la deportación y asesinato de judíos— sirvieron como una especie de sucedáneo de otros juicios que nunca tuvieron lugar: sobre todo el de Rene Bousquet, secretario general de policía de Vichy. El juicio a Bousquet, que en 1942 negoció personalmente con las autoridades alemanas la entrega de judíos, podría haber proporcionado a Francia la ocasión de enfrentarse a la verdad sobre Vichy. Y no solo sobre este, porque en la postguerra, durante décadas, Bousquet había vivido sin que le molestaran, protegido por amigos de muy alto nivel, entre ellos el propio Mitterrand. Pero antes de ser llevado a juicio, Bousquet fue convenientemente asesinado (por un «lunático») en junio de 1993.

Después de la condena de Touvier y, a falta de Bousquet, la judicatura francesa encontró por fin el valor (después de la muerte de Mitterrand) para acusar, detener y juzgar a otro importante personaje, Maurice Papon, que después de ser secretario general de la región de Burdeos durante la contienda, ocupó el cargo de ministro y prefecto de policía de París en la época de De Gaulle. Su cargo en tiempo de guerra fue puramente burocrático y su periodo en Burdeos al servicio de Pétain no fue un impedimento para que tuviera una exitosa carrera funcionarial en la postguerra. Y ello a pesar de que Papon había autorizado directamente la detención y envío de los judíos de la región hacia París, y, de ahí, hacia la deportación. Fue este hecho, ahora considerado crimen contra la humanidad según la legislación francesa, lo que le llevó ante los tribunales en 1997.

El juicio a Papon, que duró seis meses, no reveló datos nuevos, salvo quizá sobre el propio acusado, que mostró una asombrosa falta de compasión y de remordimiento. Además, estaba claro que el proceso llegaba cincuenta años tarde: demasiado tarde para castigar al octogenario Papon por sus crímenes, demasiado tarde para vengar a las víctimas y demasiado tarde para salvar el honor de su país. Varios historiadores franceses, que fueron llamados a comparecer como testigos expertos, declinaron hacerlo, insistiendo en que su labor consistía en relatar y explicar lo que había ocurrido en Francia hacía un lustro, no en desplegar ese conocimiento en una causa criminal[12]. No obstante, el juicio fue ejemplar. Demostró de manera concluyente que nunca había existido esa precisa diferencia entre «Vichy» y «Francia» que con tanto cuidado todos, desde De Gaulle hasta Mitterrand, habían establecido. Papon era un francés que sirvió al régimen de Vichy y después a la República Francesa, se conocían perfectamente sus actividades en la prefectura de Burdeos y estas no inquietaron a nadie.

Ademas, Papon no estaba solo: de hecho, tanto el hombre como su historial eran absolutamente corrientes. Como tantos otros, lo único que había hecho era firmar la sentencia de muerte de personas a las que no conocía y cuya suerte le era indiferente. Lo más interesante del caso de Papon (y también del de Bousquet) era saber por qué le había costado casi cincuenta años a la Francia oficial localizarlos, cuando estaban en su seno, y por qué la costra del silencio se había quebrado por fin prácticamente al terminar el siglo. Hay muchas explicaciones, no todas ellas halagadoras para la clase política gala ni para sus medios de comunicación nacionales. Pero quizá la más pertinente sea el paso del tiempo, junto a la relevancia psicológica del fin de una era.

Mientras François Mitterrand siguiera en el poder, en su persona se encarnaba la incapacidad de la nación para hablar abiertamente de la vergüenza y la ocupación. Al despedirse Mitterrand, todo cambió. Su sucesor, Jacques Chirac, solo tenía once años cuando Francia fue liberada en 1944. A las pocas semanas de llegar al poder, con motivo del quincuagésimo aniversario de la misma captura de judíos parisinos sobre la que Mitterrand siempre se había mostrado tan cauto, el presidente Chirac acabó con un tabú vigente desde el fin de la guerra y reconoció directamente, y por primera vez, el papel de su país en el exterminio de los judíos de Europa. Diez años después, el 15 de marzo de 2005, en el recién inaugurado Museo del Holocausto de Jerusalén, el primer ministro de Chirac, Jean-Pierre Raffarin, declaró solemnemente: «La France a parfois été le complice de cette infamie. Elle a contracté une dette imprescriptible qui l’oblige» [«En ocasiones Francia fue cómplice de esta infamia. Ha contraído una deuda imprescriptible que deberá pagar» ].

A finales del siglo XX el papel central del holocausto para la identidad y la memoria de Europa occidental parecía asentada. Quedaban sin duda algunos individuos y organizaciones aislados —los «revisionistas»— que se empeñaban en tratar de demostrar que el exterminio en masa de los judíos no podía haber tenido lugar (aunque eran más activos en Norteamérica que en la propia Europa). Pero esa gente estaba relegada a los márgenes del extremismo político, y su insistencia en la imposibilidad técnica del genocidio rendía sin quererlo homenaje a la propia enormidad del crimen nazi. Sin embargo, la ubicuidad con la que, a modo de compensación, la mayoría de los europeos ahora reconocía, enseñaba y conmemoraba la pérdida de sus judíos tenía otros riesgos.

En primer lugar, siempre existía el peligro de una reacción extrema. En ocasiones, hasta a los políticos de los partidos mayoritarios alemanes se les había escuchado airear la frustración que les producía el peso de la culpa nacional: ya en 1969 el líder socialcristiano bávaro Franz-Josef Strauss se despachó diciendo en público que pensaba que «un pueblo que ha logrado un éxito económico tan notable tiene derecho a que no le vuelvan a hablar de Auschwitz». Evidentemente, los políticos tienen sus razones[13]. Quizá el indicio más sintomático de que se avecinaba una transformación cultural fuera que, a comienzos del siglo XXI existía un generalizado deseo de reabrir la cuestión del sufrimiento alemán después de años de atención pública a las víctimas judías.

Artistas y críticos —entre ellos Martin Walser, contemporáneo de Habermas e influyente figura literaria en la República Federal de la postguerra— comenzaban ahora a debatir otro «pasado no controlado»: no el exterminio de los judíos, sino la otra cara, poco reconocida, de la historia alemana reciente. «¿Por qué», se preguntaba, «después de todos estos años, no tendríamos que hablar del incendio de las ciudades alemanas o incluso de la incómoda verdad de que la vida en la Alemania de Hitler (para los alemanes) no había sido del todo desagradable, al menos hasta los últimos años de la contienda? ¿Por qué tenemos que hablar de lo que Alemania les hizo a los judíos? Pero llevamos décadas hablando de ello; se ha convertido en algo rutinario, en una costumbre. Según ella misma se confiesa, la República Federal es una de las naciones más filosemitas del mundo; ¿por cuánto tiempo más debemos nosotros (los alemanes) mirarnos por encima del hombro?» Nuevos libros sobre «los crímenes de los aliados» —el bombardeo de Dresde, el incendio de Hamburgo y el hundimiento durante la guerra de barcos alemanes cargados de refugiados (asunto del que se ocupa Krebsgang [A paso de cangrejo], de Günter Grass)— se vendieron extraordinariamente.

En segundo lugar, la recién descubierta atribución de un lugar de relevancia al holocausto en los relatos oficiales del pasado europeo conllevaba el peligro de otra clase diferente de distorsión. Porque la verdad auténticamente incómoda de la Segunda Guerra Mundial era que lo que les había ocurrido a los judíos entre 1939 y 1945 no eran ni por asomo tan importante para la mayoría de sus protagonistas como las sensibilidades posteriores podrían desear. Si muchos europeos habían logrado durante décadas dejar de lado la suerte de sus vecinos judíos, no era porque les consumieran la culpa y la represión de recuerdos insoportables. Era porque la Segunda Guerra Mundial —salvo para un puñado de altos cargos nazis— no tenía que ver con los judíos. Hasta para los nazis, su exterminio formaba parte de un proyecto de limpieza y reasentamiento raciales más ambicioso.

En consecuencia, la tentación comprensible de interpretar los años cuarenta a la luz del conocimiento y las emociones de medio siglo después nos invita a rescribir los testimonios históricos: poniendo el antisemitismo en el centro de la historia europea. Después de todo, ¿cómo si no podemos explicar lo ocurrido en Europa en esos años? Pero eso es demasiado fácil y, en cierto modo, demasiado reconfortante. Por ejemplo, la razón por la que Vichy resultaba aceptable para la mayoría de los franceses después de la derrota de 1940 no radicaba en que les gustara vivir bajo un régimen que perseguía a los judíos, sino en que el petainismo les permitió seguir viviendo una ilusión de seguridad y normalidad, y con mínimas alteraciones. Les resultaba indiferente cómo tratara el régimen a los judíos, porque estos nunca habían tenido mucha importancia. Y lo mismo podía decirse de la mayoría de los territorios ocupados.

Hoy día esa indiferencia nos resulta chocante, nos parece un síntoma de que Europa sufría alguna dolencia moral en la primera mitad del siglo XX, Y tenemos razón al recordar que también hubo algunas personas en todos los países europeos que sí vieron lo que les estaba ocurriendo a los hebreos y que hicieron lo posible por superar la indiferencia de sus conciudadanos. Pero si prescindimos de esa indiferencia y presuponemos que la mayoría de los demás europeos vivieron la Segunda Guerra Mundial como los judíos —como una Vernichtungskrieg, una guerra de exterminio— nos recubriremos de una nueva capa de memoria errónea. Visto con perspectiva histórica, Auschwitz es el elemento más importante que hay que conocer de la Segunda Guerra Mundial. Pero, en esa época, las cosas no parecían así.

Tampoco en Europa oriental. Para los europeos del Este, tardíamente liberados después de 1989 del peso que imponían las interpretaciones de la Segunda Guerra Mundial ordenadas por los comunistas, el interés occidental del fin de siècle en el holocausto judío tiene consecuencias perturbadoras. Por una parte, después de 1945 la Europa oriental tenía mucho más que recordar —y que olvidar— que la occidental. Había más judíos en la mitad oriental del continente y fueron asesinados en mayor número; el grueso de las muertes se registraron en esta región y también hubo más ciudadanos locales que participaron activamente en ellas. Pero, por otra parte, las autoridades de postguerra de Europa oriental se empeñaron mucho más en borrar cualquier recuerdo público del holocausto. No es que se minimizaran los horrores y crímenes de guerra cometidos en el Este: al contrario, se reprodujeron repetidamente en la retórica oficial y quedaron consagrados en monumentos conmemorativos y libros de texto de todos los países. Lo que ocurría es que los judíos no formaban parte de esa historia.

En Alemania del Este, donde el peso de la responsabilidad del nazismo se atribuyó únicamente a los herederos de Hitler, el nuevo régimen no abonó indemnizaciones a los judíos sino a la Unión Soviética. En los libros de texto de la República Democrática, Hitler aparecía como un instrumento de los capitalistas monopolistas que se apropió de territorios e inició guerras para luchar por los intereses de las grandes empresas. El «Día del Recuerdo» instituido por Walter Ulbricht en 1950 no rendía homenaje a las víctimas de Alemania, sino a los once millones de «luchadores [muertos] en el combate contra el fascismo hitleriano». Antiguos campos de concentración ubicados en el territorio oriental —especialmente Buchenwald y Sachsenhausen— fueron convertidos durante algún tiempo en «campos de aislamiento especial» para prisioneros políticos. Muchos años después, cuando Buchenwald ya era un monumento a la memoria, para la guía del enclave los objetivos manifiestos del «fascismo alemán» eran «destruir el marxismo, vengarse de la derrota en la guerra y someter a todos los resistentes a un terror brutal». En el mismo folleto, las fotos de la rampa de Auschwitz en la que se seleccionaba a las víctimas aparecían junto a una cita del comunista alemán Ernst Thälmann: «La burguesía se toma en serio su objetivo de aniquilar al partido y a toda la vanguardia de la clase obrera[14]». Este texto no se eliminó hasta después de la caída del comunismo.

La misma versión de los acontecimientos podía encontrarse en toda la Europa comunista. En Polonia no era posible negar o minimizar lo que había tenido lugar en los campos de exterminio de Treblinka, Majdanek o Sobibor, pero algunos de esos lugares ya no existían: los alemanes pusieron mucho esmero en borrarlos del mapa antes de huir ante el avance del Ejército Rojo. Y cuando las pruebas consiguieron sobrevivir —como en Auschwitz, a unos pocos kilómetros de Cracovia, la segunda ciudad de Polonia—, con el paso del tiempo se les atribuyó un sentido diferente. Aunque el 93 por ciento del millón y medio de personas que se calcula fueron asesinadas en Auschwitz eran judíos, el museo organizado allí por el régimen comunista de la postguerra solo enumeraba a las víctimas agrupándolas según su nacionalidad: polacos, húngaros, alemanes, etcétera. No cabe duda de que a los escolares polacos se les hacía desfilar ante las espeluznantes fotografías, se les mostraban los montones de zapatos, de pelo y de gafas, pero no se les decía que esas cosas, en su mayoría, habían pertenecido a judíos.

Tampoco hay duda de dónde estaba el gueto de Varsovia, a cuya vida y muerte se rindió homenaje por medio de un monumento en aquel mismo lugar. Pero, en la memoria de Polonia, la revuelta judía de 1943 quedaba oculta por el propio levantamiento polaco de Varsovia, registrado un año después. En la Polonia comunista, aunque nadie negaba lo que los alemanes habían hecho a los judíos, no se hablaba mucho del asunto. El «reinternamiento» de Polonia por parte de los soviéticos, junto a la extendida idea de que los judíos habían dado la bienvenida a los comunistas, facilitando incluso su toma del poder, enlodaba el recuerdo popular. En cualquier caso, el sufrimiento de los propios polacos durante la guerra diluía la atención local hacia el holocausto judío y competía, en cierto modo, con él: este «victimismo comparativo» envenenaría las relaciones polaco-judías durante décadas. La yuxtaposición siempre fue inapropiada. Tres millones de polacos (no judíos) murieron durante la Segunda Guerra Mundial, una cifra que, sin dejar de ser terrible, indica una tasa de mortalidad proporcionalmente inferior a la de ciertas partes de Ucrania o a la de los propios judíos. Sin embargo, había una diferencia. Para los polacos, era difícil sobrevivir bajo la ocupación alemana, pero en principio se podía. Para los judíos era posible sobrevivir a la ocupación alemana, pero, en principio, no se podía.

En aquellos lugares en los un régimen títere había colaborado con los señores supremos nazis las víctimas fueron debidamente honradas mediante monumentos. Pero muy poca atención se prestaba al hecho de que hubieran sido mayoritariamente judías. Había categorías nacionales («húngaros») y, sobre todo, sociales («obreros»), pero las etiquetas étnicas y religiosas eran cuidadosamente evitadas. Como hemos visto en el capítulo VI, la Segunda Guerra Mundial, se calificó de guerra antifascista y como tal se enseñó; su dimensión racial se dejó de lado. Después de 1968, el Gobierno de Checoslovaquia se tomó incluso la molestia de cerrar la sinagoga de Pinkas, en Praga, recubriendo con pintura las inscripciones que recogían los nombres de los judíos checos muertos en la shoah.

Sin duda, al reformular la historia reciente de la zona, las autoridades comunistas de postguerra podían contar con una reserva constante de sentimiento antijudío, y esta es una de las razones por las que hicieron algunos esfuerzos por eliminar las pruebas de su existencia, incluso pasado el tiempo (durante los setenta, los censores polacos prohibieron persistentemente toda alusión al antisemitismo del país en la época de entreguerras). Pero si los europeos orientales prestaron menos atención, a posteriori, a las penalidades de los judíos, no fue únicamente porque en esa época les fueran indiferentes o porque estuvieran preocupados de su propia supervivencia. Era porque los comunistas habían impuesto sufrimientos e injusticias suficientes como para forjar toda una nueva capa de resentimiento y recuerdo.

Entre 1945 y 1989 la acumulación de deportaciones, encarcelamientos, juicios espectáculo y normalizaciones consiguió que casi todos los habitantes del bloque soviético fueran o bien perdedores o bien cómplices de las pérdidas ajenas. Fue muy corriente que pisos, tiendas y otras propiedades incautadas a los hebreos muertos o a los alemanes expulsados fueran incautadas de nuevo pocos años después en nombre del socialismo, con el resultado de que después de 1989 el problema de la compensación por pérdidas pasadas se enredó sin remedio en un laberinto de fechas. ¿Había que compensar a la gente por lo que había perdido cuando los comunistas tomaron el poder? Y si se realizaba esa restitución, ¿quiénes debían ser los beneficiarios? ¿Los que habían accedido a tal propiedad después de la guerra, en 1945, para volver a perderla unos pocos años después? ¿O acaso debían ser los herederos de aquellos a quienes se les habían incautado o robado negocios y pisos en algún momento entre 1938 y 1945? ¿Cuál era ese momento, 1938, 1939 o 1941? Cada una de esas fechas conllevaba delicadas definiciones de lo que era la legitimidad nacional o étnica, y también de qué tenía que primar desde el punto de vista moral[15].

Además, estaban los dilemas privativos de la propia historia del comunismo. ¿Acaso los responsables de invitar a los tanques rusos a aplastar la revolución húngara de 1956 o a reprimir la primavera de Praga de 1968 debían comparecer ante los tribunales por esos crímenes? Inmediatamente después de las revoluciones de 1989, muchos pensaron que sí. Pero algunas de sus víctimas eran antiguos líderes comunistas. ¿Quién merecía la atención de la posteridad, los anónimos campesinos eslovacos o húngaros expulsados de sus tierras o los burócratas comunistas que los echaron de ellas, para convertirse ellos mismos en víctimas pocos años después? ¿Qué víctimas —qué recuerdos— debían tener prioridad? ¿Quién debía determinarlo?

En consecuencia, la caída del comunismo trajo consigo una amarga oleada de recuerdos. Los acalorados debates sobre qué había que hacer con los archivos policiales solo eran una de las dimensiones del asunto (véase el capítulo XXI). El auténtico problema radicaba en la tentación de superar la memoria del comunismo invirtiéndola. Lo que en su día había sido la verdad oficial ahora era totalmente desacreditado, convirtiéndose, por así decirlo, en oficialmente falso. Pero acabar con los tabúes de esta manera conlleva sus propios riesgos. Antes de 1989, todos los anticomunistas llevaban la mácula del apelativo «fascista». Pero si el «antifascismo» no había sido más que otra mentira comunista, ahora resultaba muy tentador ver con retrospectiva simpatía e incluso favorablemente a todos los anticomunistas hasta entonces desacreditados, incluidos los fascistas. Los escritores nacionalistas de los años treinta volvieron a estar de moda. Los parlamentos poscomunistas de varios países aprobaron mociones alabando a personajes como el mariscal Antonescu de Rumanía y a sus homólogos de otros países balcánicos y de Europa central. Vilipendiados hasta hace bien poco por considerarlos nacionalistas, fascistas y colaboracionistas nazis, ahora tendrían estatuas erigidas para homenajear su heroísmo durante la guerra (el Parlamento rumano llegó a guardar un minuto de silencio en honor de Antonescu).

Otros tabúes cayeron junto a la desacreditada retórica antifascista. Ahora se podía debatir el papel del Ejército Rojo y de la Unión Soviética desde un punto de vista diferente. Los Estados bálticos, recién liberados, exigieron que Moscú reconociera el carácter ilegal tanto del pacto Ribbentrop-Mólotov, como de la destrucción de su independencia, perpetrada unilateralmente por Stalin. Los polacos, tras conseguir por fin en abril de 1995 que los rusos reconocieran que veintitrés mil oficiales polacos asesinados en el bosque de Katyn murieron a manos del NKVD soviético y no de la Wehrmacht, exigieron que sus investigadores pudieran acceder sin restricciones a los archivos rusos. Hasta mayo de 2005 no parecía que ninguna de las dos solicitudes fuera a contar con el beneplácito ruso y los recuerdos seguían doliendo[16].

Sin embargo, los rusos tenían sus propias memorias. La versión soviética de la historia reciente, vista desde los Estados satélite, era a todas luces falsa; pero para muchos rusos, tenía algo más que una pizca de verdad. La Segunda Guerra Mundial fue una gran guerra patriótica; en términos absolutos, los soldados y los civiles soviéticos fueron sus principales víctimas; el Ejército Rojo liberó realmente amplias zonas de Europa oriental de los horrores del dominio alemán, y, para la mayoría de los ciudadanos soviéticos, además de para otros muchos, la derrota de Hitler fue una absoluta fuente de satisfacción y de alivio. Después de 1989, muchos rusos se quedaron realmente desconcertados ante la aparente ingratitud de las antiguas naciones hermanas, que en 1945 se habían liberado del yugo alemán gracias a los sacrificios bélicos soviéticos.

Sin embargo, pese a todo, la memoria rusa estaba dividida. Y, de hecho, esa división se materializó institucionalmente, al constituirse dos organizaciones ciudadanas distintas para fomentar relatos críticos, pero diametralmente opuestos, del pasado comunista del país. Memorial fue fundado en 1987 por disidentes progresistas con el objetivo de averiguar y publicar la verdad sobre la historia soviética. Sus integrantes tenían un especial interés en las vulneraciones de los derechos humanos y en lo importante que era reconocer lo que se había hecho en el pasado para impedir que ocurriera de nuevo en el futuro. Pamiat formada dos años antes, también pretendía recuperar el pasado y rendirle homenaje (su nombre significa «memoria» en ruso); pero ahí acababa el parecido. Los fundadores de Pamiat, disidentes anticomunistas, pero en absoluto progresistas, querían mejorar la versión que se daba del pasado ruso, purificándolo para eliminar las «mentiras» soviéticas, y a la vez librándolo de otras influencias extranjeras ajenas al patrimonio eslavo, especialmente de las «sionistas». En pocos años, las ramificaciones de Pamiat llegaron al nacionalismo político, esgrimiendo la desatendida y «maltratada» historia de Rusia como un arma con la que protegerse de desafíos e intrusos «cosmopolitas» occidentales.

La política de los agravios pasados —por mucho que difirieran sus pormenores, llegando incluso a contradecirse entre sí— constituía el último vínculo que quedaba entre el antiguo núcleo vital soviético y sus posesiones imperiales. Todos estaban resentidos porque la comunidad internacional minusvaloraba los sufrimientos y pérdidas que habían tenido en el pasado. ¿Qué ocurría con las víctimas del gulag? ¿Por qué no habían sido indemnizadas y honradas con monumentos como las víctimas y supervivientes de la opresión nazi? ¿Qué decir de los millones de personas para las que la opresión de la época bélica se convirtió tras la guerra, sin solución de continuidad, en la opresión comunista? ¿Por qué Occidente les había prestado tan poca atención?

El deseo de nivelar el pasado comunista y condenarlo en bloque —interpretando todo lo ocurrido desde Lenin a Gorbachov como una historia sin matices de dictadura y crimen, un relato sin fisuras de regímenes y represiones impuestas por extranjeros o perpetradas en nombre del pueblo por autoridades ilegítimas— conllevaba otros riesgos. En primer lugar, era una historia de mala calidad, que eliminaba de los testimonios los auténticos entusiasmos y compromisos de décadas anteriores. En segundo lugar, la nueva ortodoxia tenía consecuencias políticas sobre las condiciones actuales. Si los checos —o los croatas, los húngaros, o cualquier otra nación— no habían participado activamente en la parte más oscura de su propio pasado reciente; si la historia de Europa oriental desde 1939 —o, en el caso de Rusia, entre 1917 y 1991— era únicamente obra de otros, entonces toda esa época se convertía en una especie de paréntesis dentro de la historia nacional, comparable al lugar asignado a Vichy en la conciencia francesa de postguerra, pero que cubría un periodo mucho más prolongado y un archivo de malos recuerdos aún más desalentador. Y las consecuencias serían similares: en 1992, las autoridades checoslovacas prohibieron la exhibición en el festival de Karlovy Vary de un documental de la BBC sobre el asesinato de Reinhard Heydrich, cometido en 1942 en Praga, porque mostraba fragmentos «inaceptables» de checos manifestando su apoyo al régimen nazi durante la guerra.

Con esta reordenación poscomunista de la memoria de Europa oriental, el tabú que afectaba a la comparación entre el comunismo y el nazismo comenzó a resquebrajarse. De hecho, políticos e investigadores comenzaron a insistir en esa clase de paralelismos. En Occidente esa yuxtaposición seguía siendo polémica. El problema no era comparar directamente a Hitler con Stalin: pocos había que cuestionaran ya el carácter monstruoso de ambos dictadores. Pero sugerir que el propio comunismo —antes y después de Stalin— debía situarse en la misma categoría que el fascismo o el nazismo comportaba incómodas consecuencias para el propio pasado del Oeste, y no solo en Alemania. Para muchos intelectuales de Europa occidental, el comunismo era una versión fallida de un mismo patrimonio progresista. Pero, para sus homólogos de Europa central y oriental, había sido una aplicación demasiado exitosa de las patologías criminales del autoritarismo del siglo XX y como tal debía recordarse. Puede que Europa estuviera unida, pero su memoria seguía siendo profundamente asimétrica.

La solución occidental al problema de las atribuladas memorias de Europa había sido la de grabarlas, literalmente, en piedra. En los primeros años del siglo XXI, las placas, monumentos y museos dedicados a las víctimas del nazismo proliferaron en toda Europa occidental, desde Estocolmo a Bruselas. Como ya hemos visto, en algunos casos se trataba de versiones modificadas o «corregidas» de enclaves preexistentes; pero muchos eran nuevos. Algunos aspiraban a una función manifiestamente pedagógica: el Memorial de la Shoah que se inauguró en París en enero de 2005 conjugaba dos lugares anteriores, el Monumento al mártir judío desconocido y el Centro de Documentación Judío Contemporáneo. Junto a una pared con los nombres grabados de los setenta y seis mil judíos deportados desde Francia hacia los campos nazis, recordaba al Vietnam Memorial de Estados Unidos y —en mucha menor escala— al ambicioso Museo del Holocausto de Washington, DC, o al Yad Vashem de Jerusalén. En realidad, la inmensa mayoría de esas instalaciones se dedicaba —en parte o totalmente— a la memoria del holocausto: la más impresionante se inauguró en Berlín el 10 de mayo de 2005.

El mensaje explícito de la última hornada de monumentos contrasta enormemente con la ambigüedad y las evasivas de la anterior generación de conmemoraciones lapidarias. El monumento berlinés, que ocupa una enorme extensión de diecinueve mil metros cuadrados junto a la puerta de Brandenburgo, es el más rotundo de todos: lejos de rendir homenaje ecuménico a todas las «víctimas del nazismo», se proclama con bastante claridad un «Monumento a los judíos asesinados de Europa[17]». En Austria, ahora los jóvenes objetores de conciencia podían sustituir el servicio militar por un periodo en el Gedenkdienst («servicio conmemorativo» instituido en 1991), financiado por el Estado, en importantes instituciones dedicadas al Holocausto, como estudiantes en prácticas o guías. No hay duda de que en estos tiempos los europeos occidentales, sobre todo los alemanes, tienen muchas oportunidades de enfrentarse a todo el horror de su pasado reciente. Como recordaba a su público el ex canciller alemán Gerhard Schröder durante el sexagésimo aniversario de la liberación de Auschwitz, «la memoria de la guerra y del genocidio forma parte de nuestra vida. Nada cambiará ese hecho: forma parte de nuestra identidad».

Sin embargo, en otros países aún existen sombras. En Polonia, donde un recién establecido Instituto para la Memoria Nacional se ha esforzado por fomentar investigaciones académicas serias sobre cuestiones históricas polémicas, la contrición oficial del país respecto al trato dado a su minoría judía ha suscitado objeciones llamativas, que quedan deprimentemente ejemplificadas en la reacción que tuvo el premio Nobel de la Paz y héroe de Solidaridad Lech Wałęsa ante la publicación en 2000 del libro de Jan T. Gross Vecinos, un influyente estudio realizado por un historiador estadounidense sobre una masacre de judíos perpetrada durante la guerra por sus vecinos polacos: Wałęsa, calificando a Gross de «escritor mediocre (…) un judío que trata de ganar dinero», se quejó en una entrevista radiofónica de que pretendía sembrar la discordia entre polacos y judíos.

La dificultad que supone incorporar la destrucción de los judíos a la historia contemporánea de la Europa poscomunista aparece de forma reveladora en la experiencia de Hungría. En 2001 el Gobierno de Viktor Orbán instituyó un Día del Holocausto, que se celebraría anualmente el 16 de abril (aniversario de la fundación en 1944 de un gueto en Budapest). Tres años después, el sucesor de Orbán, el primer ministro Péter Medgyessy, inauguró el Centro Conmemorativo del Holocausto en una casa de Budapest en su día utilizada para recluir a judíos. Pero dicha institución se encuentra casi siempre vacía, y sus exposiciones y folletos solo los ve un goteo de visitantes, muchos de ellos extranjeros. Entretanto, en la otra punta de la ciudad, los húngaros afluyen en masa a la Terrorháza.

La Terrorháza (Casa del Terror) es, como su nombre indica, un museo de los horrores. Narra la historia de la violencia, las torturas, la represión y la dictadura perpetradas por el Estado húngaro entre 1944 y 1989. Las fechas son importantes. La versión de la historia húngara que aquí se muestra a los miles de escolares y otros visitantes que recorren sus siniestras reproducciones, parecidas a las de un museo de cera, de las celdas policiales, los instrumentos de tortura y las cámaras para realizar interrogatorios que en su día albergó el edificio no distingue entre los matones del partido Cruces Flechadas de Ferenc Szálasi (que ocupó el poder entre octubre de 1944 y abril de 1945) y el régimen comunista instalado tras la guerra. Sin embargo, los hombres de las Cruces Flechadas —y el exterminio de seiscientos mil judíos húngaros al que tan activamente contribuyeron— solo ocupan tres salas. El resto de este enorme edificio se dedica, con todo lujo de detalles y con un claro sesgo, a mostrar el catálogo de crímenes del comunismo.

El mensaje, no especialmente subliminal, es que el comunismo y el fascismo son equivalentes. Pero no lo son: la presentación y el contenido de la Terrorháza de Budapest dejan claro que, para los encargados del museo, el comunismo no solo duró más tiempo, sino que fue mucho más dañino que su precedente nazi. Para muchos húngaros de más edad, este hecho resulta mucho más convincente a la hora de aceptar su propia experiencia. Y la legislación húngara poscomunista ha confirmado este mensaje; la prohibición de cualquier representación pública del pasado antidemocrático del país no solo se refiere a la esvástica o al símbolo de las Cruces Flechadas, sino que llega hasta la ubicua estrella roja y al símbolo de la hoz y el martillo que solía acompañarla. En lugar de evaluar las diferencias existentes entre los regímenes representados por esos emblemas, Hungría —en palabras pronunciadas el 24 de febrero de 2002 por el primer ministro Orbán durante la inauguración de la Casa del Terror de Budapest— se ha limitado a «dar un portazo sobre el repugnante siglo XX».

Pero esa puerta no es tan fácil de cerrar. Hungría, al igual que el resto de Europa central y oriental, sigue presa del incendio que se aviva al entreabrirla[18]. Los mismos Estados bálticos que habían instado a Moscú a reconocer el mal trato que les había propinado no se habían dado ninguna prisa en preguntarse por sus propias responsabilidades: desde su acceso a la independencia, ni Estonia, ni Letonia ni Lituania han iniciado causa alguna contra los criminales de guerra que aún viven en su seno. En Rumanía —a pesar de que el ex presidente Iliescu reconociera la participación de su país en el holocausto— el Monumento a las víctimas del comunismo y la resistencia anticomunista, inaugurado en Sighet en 1997 (y financiado en parte por el Consejo de Europa), rinde homenaje a un grupo variopinto de activistas de la Guardia de Hierro y a otros fascistas y antisemitas rumanos, ahora reciclados en mártires de la persecución comunista.

Para avalar su insistencia en esta equiparación, los analistas de Europa oriental se apoyan en el culto a la «víctima» de la cultura política occidental actual. En su opinión, estamos pasando de una historia de los vencedores a una «historia de las víctimas». Muy bien, entonces seamos coherentes. Aunque las intenciones del nazismo y del comunismo fueran completamente diferentes —aunque, según la formulación de Raymond Aron, «existe una diferencia entre una filosofía que tiene una lógica monstruosa y aquella a la que se le puede dar una interpretación monstruosa»— esto no servía de mucho consuelo a sus víctimas. El sufrimiento humano no debería calibrarse en función de los objetivos de quienes lo causan. Según este tipo de razonamiento, para quienes fueron castigados o asesinados en los campos comunistas, estos no son ni mejores ni peores que los nazis.

Del mismo modo, el énfasis que se otorga a los «derechos» (y a la compensación por los abusos) en la jurisprudencia internacional y en la retórica política de la actualidad ha servido de justificación para los que sienten que sus sufrimientos y pérdidas han pasado desapercibidos y que nadie les ha resarcido por ellos. Algunos conservadores alemanes, amparándose en la condena internacional de la «limpieza étnica», han retomado las demandas de las comunidades de habla alemana expulsadas de sus tierras al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué, se preguntan, su condición de víctimas fue de un rango menor? ¿No es acaso cierto que lo que Stalin les hizo a los polacos —o, más recientemente, Milošević a los albaneses— no fue diferente de lo que el presidente checoslovaco Beneš hizo a los alemanes de los Sudetes al terminar la Segunda Guerra Mundial? En los primeros años del nuevo siglo en círculos respetables se hablaba de levantar en Berlín otro monumento: un «Centro contra las Expulsiones», un museo dedicado a todas las víctimas de la limpieza étnica.

Este último giro, al sugerir que todas las formas de victimización colectiva son fundamentalmente comparables, incluso intercambiables, y que, por tanto, deben ser objeto de una misma memoria, provocó una enérgica refutación de Marek Edelman, el último comandante superviviente del levantamiento del gueto de Varsovia, que en 2003 firmó una petición oponiéndose al centro propuesto. «¡Qué clase de memoria es esta! ¿Acaso sufrieron tanto porque se quedaron sin casa? Evidentemente es triste que te obliguen a abandonar tu casa y a abandonar tu tierra. Pero los judíos perdieron sus casas y a todos sus familiares. Las expulsiones producen sufrimiento, pero hay tanto sufrimiento en este mundo. Los enfermos sufren y nadie levanta monumentos para rendirles homenaje» (Tygodnik Powszechny, 17 de agosto de 2003).

La reacción de Edelman nos recuerda en el momento justo los riesgos que corremos al entregarnos a un excesivo culto a la conmemoración y al desplazar la atención tanto hacia los verdugos como hacia las víctimas. Por una parte, en principio no hay límite para la memoria y para las experiencias que merecen recordarse. Por otra, conmemorar el pasado mediante edificios y museos también es una forma de contenerlo e incluso de desdeñarlo, haciendo que la responsabilidad recaiga sobre otros. Quizá esto no tenga importancia mientras existan hombres y mujeres que recuerden lo sucedido por haberlo vivido personalmente. Pero ahora, como recordaba con ochenta y un años Jorge Semprún a otros supervivientes durante el sexagésimo aniversario de la liberación de Buchenwald, ocurrida el 10 de abril de 2005, «el ciclo de la memoria activa se está cerrando».

Aunque Europa pudiera de alguna manera aferrarse indefinidamente a una memoria vivida de los crímenes del pasado —que eso es lo que se pretende, por deficiente que sea la empresa, al concebir monumentos y museos—, la cuestión no tendría mucho sentido. La memoria es intrínsecamente polémica y sesgada: lo que para unos es reconocimiento, para otros es omisión. Además, es una mala consejera en lo que al pasado se refiere. La primera Europa de postguerra se levantó sobre una memoria deliberadamente errónea: el olvido como forma de vida. Por su parte, desde 1989, el continente se ha construido, a modo de compensación, sobre un excedente de memoria: un recuerdo público institucionalizado en los mismos cimientos de la identidad colectiva. La primera no podía durar, pero tampoco la segunda. Cierto grado de abandono e incluso de olvido es necesario para la salud cívica.

Con esto no pretendo defender la amnesia. Para poder comenzar a olvidar, una nación debe primero haber recordado. Hasta que los franceses comprendieron Vichy tal como era —y no como habían elegido recordarlo— no pudieron dejarlo de lado y seguir adelante. Lo mismo puede decirse de los polacos, en cuanto al enrevesado recuerdo de los judíos que en su día vivieron junto a ellos. Lo mismo podrá decirse de España, que durante veinte años después de su transición a la democracia corrió tácitamente un velo sobre la dolorosa memoria de la Guerra Civil. Hasta ahora no se había comenzado a debatir públicamente la guerra y su resultado[19]. Los alemanes solo podían comenzar a vivir con la enormidad de su pasado nazi —es decir, a dejarlo tras de sí— una vez que lo apreciaron y digirieron, cerrando así un ciclo de setenta años de negación, educación, debate y consenso.

En todos esos casos, el instrumento del recuerdo no fue la propia memoria. Fue la historia, en sus dos sentidos: como paso del tiempo y, sobre todo, como estudio profesional del pasado. El mal, especialmente si tiene la magnitud del practicado por la Alemania nazi, nunca podrá recordarse satisfactoriamente. La propia enormidad del crimen hará incompleta su conmemoración[20]. Su intrínseca inverosimilitud —la pura y simple dificultad de imaginarlo a posteriori con tranquilidad— abre la puerta a la disminución e incluso a la negación. Es imposible recordarlo tal como fue realmente; por su propia naturaleza, es susceptible de ser recordado tal como no fue. Frente a este desafío, la memoria se encuentra impotente: «Solo el historiador, con la austera pasión por el dato, la prueba y la evidencia, que es inherente a su profesión, puede realmente mantenerse alerta[21]».

A diferencia de la memoria, que se confirma y refuerza a sí misma, la historia incita el desencanto con el mundo. En gran medida, lo que puede ofrecer es desalentador, incluso perturbador, razón por la cual no siempre resulta políticamente prudente esgrimir el pasado como arma arrojadiza con la que golpear y amonestar a un pueblo por sus pecados pasados. Pero la historia sí debe aprenderse y, periódicamente, reaprenderse. En un conocido chiste de la era soviética, un oyente llama a Radio Armenia para hacer una pregunta: «¿Es posible predecir el futuro?» Respuesta: «Sí, no hay problema. Sabemos exactamente cómo será el futuro. Nuestro problema es el pasado: que siempre está cambiando».

Así es, y no solo en sociedades totalitarias. En cualquier caso, la rigurosa investigación e interrogación sobre los encontrados pasados de Europa —y sobre el lugar que ocupan en la concepción colectiva que los europeos tienen de sí mismos— ha sido uno de los éxitos no debidamente reconocidos de la unidad europea en las últimas décadas. Sin embargo, es un logro que sin duda caducará a menos que se renueve sin cesar. La barbarie de la historia reciente europea, el «otro» oscuro frente al cual se construyó laboriosamente la Europa de postguerra, ya escapa al recuerdo de los jóvenes del continente. Dentro de una generación, los monumentos y museos estarán criando polvo: solo los visitarán, como los campos de batalla del frente occidental hoy día, los aficionados al tema y los familiares.

Solo la historia podrá ayudarnos a recordar en los años venideros por qué parecía tan importante erigir cierta clase de Europa a partir de los crematorios de Auschwitz. La nueva Europa, unida por los signos y símbolos de su terrible pasado, constituye un éxito notable; pero seguirá estando siempre hipotecada a ese pasado. Para que los europeos conserven ese vínculo vital —para que el pasado del continente siga proporcionando al presente de Europa un contenido reprobatorio y un objetivo moral— habrá que enseñárselo de nuevo a cada generación. Puede que la «Unión Europea» sea una respuesta a la historia, pero nunca podrá sustituirla.

Poco después de la derrota de Alemania en 1945, un niño camina junto a los cadáveres de cientos de antiguos internos del campo de concentración de Bergen-Belsen, tendidos al borde de una carretera comarcal. Al igual que hirieron la mayoría de los adultos alemanes durante los años de la postguerra, el niño aparta la mirada.

Soldados alemanes ejecutados públicamente en la horca en Kiev en 1946 tras haber sido declarados convictos de crímenes de guerra. Fueran cuales fueran las motivaciones soviéticas para escenificar juicios y ejecuciones durante la postguerra, los atroces crímenes cometidos por el ejército alemán, las SS y sus colaboradores locales eran sin duda reales.

Draža Mihailović, líder de la resistencia chetnik, ante un tribunal militar en junio de 1940. Para los partisanos comunistas, los chetniks representaban una amenaza casi tan seria como los ocupantes extranjeros; tras la guerra, Tito los aplastó implacablemente. El propio Mihailović sería fusilado el 18 de julio de 1946.

Una mujer francesa acusada de «colaboración horizontal» con los ocupantes alemanes es afeitada y expuesta públicamente en las calles de Laval pocas horas después de que la localidad fuera liberada por las tropas americanas, en agosto de 1944. Miles de mujeres francesas, belgas y holandesas sufrieron un castigo similar.

Mujeres haciendo cola en Londres en lo más crudo del frío invierno de febrero de 1947. La escasez de combustible fue tan extrema que la mayoría de estas mujeres tenían que esperar todo el día para recoger su ración semanal. Los cochecitos de bebé se utilizaban para transportar el carbón.

Una madre y sus hijos acuden a retirar su asignación familiar en Stratford, al este de Londres, el 6 de agosto de 1946 (el mismo día en que entraron en vigor dichas prestaciones). Los Estados del bienestar de la Europa de postguerra trajeron consigo una auténtica revolución social y mejoraron espectacularmente las condiciones de vida tanto de la clase media como de la clase trabajadora.

Ayudas del Plan Marshall, I. La primera entrega de azúcar caribeño del Plan Marshall llega a los muelles de Londres el 3 de febrero de 1949 y la recibe el ministro de Trabajo John Strachey (primero por la izquierda) y Elmer Holmgreen, representante del Plan Marshall (en el centro de la foto).

Ayudas del Plan Marshall, II. Atenas, navidad de 1949. Un grupo de huérfanos griegos recibe pan elaborado con «harina del Plan Marshall». Incluso en la empobrecida Grecia, la inyección de moral que supuso el Plan fue como mínimo tan importante como su contribución a la recuperación económica.

Ayudas del Plan Marshall, III. «Los ciudadanos del mundo no quieren repetir los sufrimientos de la guerra», afirmó Stalin. El rifle que acompaña a los huevos va envuelto en un periódico donde se lee «Pacto del Atlántico Norte». Hay que resaltar que los manifestantes desfilan bajo una pancarta escrita en francés.

Público congregado en la Plaza Wenceslao de Praga el 25 de febrero de 1948 para escuchar a Klement Gottwald anunciar la formación de un nuevo gobierno. Nótese la diversidad de emociones que pueden observarse en los rostros de los espectadores. El golpe comunista no fue recibido ni mucho menos con consternación unánime.

La imagen de Josep Broz Tito adorna un edificio de Belgrado (julio de 1948). El motivo que llevó a Stalin a romper con la Yugoslavia comunista en la primavera de 1948 no fueron sus políticas, sino la irritación que le producía la insubordinación de Tito, su culto a la personalidad y su creciente desafío al monopolio de Moscú sobre la autoridad comunista.

Un avión estadounidense se dispone a aterrizar en el aeropuerto de Tempelhof de Berlín en junio de 1948. El bloqueo de Berlín, mantenido durante once meses, constituyó un grave error de cálculo de Stalin, que disipó las ilusiones neutralistas de Alemania, comprometió a los aliados occidentales con Berlín y precipitó la formación de la OTAN.

Presentes en la Creación. De izquierda a derecha, Dean Acheson, Secretario de Estado estadounidense y promotor de la política de «contención»; Ernest Bevin, ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido que sería el primero en concebir una Alianza Atlántica; y Robert Schuman, estadista francés que propuso una Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

El socialismo con rostro humano: el «tío Pepe» en un acto público en Moscú, 1949. «Me recordaba a los déspotas renacentistas por su carencia de principios y su disposición a utilizar cualquier método, aunque no empleara su florido lenguaje; simplemente “sí” o “no”, aunque solo podías fiarte del “no”».

El levantamiento acaecido en Berlín Este el 17 de junio de 1953 supuso para el bloque soviético el primer indicador de que el pueblo podía «perder la confianza del gobierno». La opción (propuesta en tono sarcástico por Brecht) de «disolver el pueblo y elegir a otro» demostró ser inalcanzable, aunque no por falta de ganas.

László Rajk (centro) en el último día de su juicio, el 23 de septiembre de 1949. Como ministro de Interior comunista, Rajk había sido personalmente responsable de la muerte de muchos inocentes; pero su juicio y posterior ejecución le convertirían en mártir para las siguientes generaciones.

Trabajadores del gulag soviético hacia 1952. Aquel año, en pleno apogeo de la segunda ola de terror estalinista, 1,7 millones de prisioneros permanecían confinados en los campos de trabajo, 800.000 más en las colonias de trabajo y 2.753.000 en «centros especiales». La condena «habitual» en el gulag era de 25 años.

Jean-Paul Sartre admirando los incunables de la Biblioteca Nacional de Leningrado (23 de junio de 1954). La actitud indulgente de Sartre hacia el comunismo durante aquellos años obedecía a ilusiones románticas (y a su antiamericanismo) más que a razones ideológicas; pero en décadas posteriores, dicha actitud mancillaría su reputación internacional y atenuaría el brillo del que gozó su figura durante la postguerra.

Raymond Aron (izquierda) visitando Radio Europa Libre en Múnich (1952). Aron fue un liberal en una época no liberal; sus opciones políticas a menudo no fueron comprendidas por muchos de sus colegas intelectuales: «En política, muchas veces no se trata de elegir entre el bien y el mal, sino entre lo preferible y lo detestable».

Nikita Jruschov visitando una granja colectiva. El «Sr. J» se consideraba, a sí mismo un experto agrícola, a pesar de que sus experimentos solían acabar en estrepitosos fracasos. No obstante, su contribución a la desestalinización (especialmente el «discurso secreto» de febrero de 1956) fue inestimable, aunque sus consecuencias excederían sus deseos.

Imre Nagy (centro) tras su apelación a las Naciones Unidas el 1 de noviembre de 1950. A Nagy le saldría muy cara su participación en la malograda revuelta húngara pero, a largo plazo, Moscú pagaría el precio más alto, al dar al traste con las ilusiones de sus propios partidarios.

Construcción del Muro de Berlín, 19 de agosto de 1961. A pesar de sus protestas, los gobiernos occidentales no lamentaron ver resuelta la perenne crisis de Berlín gracias a la decisión de la Unión Soviética de levantar una barrera física entre las dos mitades de la ciudad ocupada.

El matrimonio de Maria Braun (1978), una ácida disección de las lacras de la República Federal de postguerra realizada por el director de cine Rainer Fassbinder. Para sus jóvenes críticos, la obsesión de Alemania Occidental por la prosperidad, su desinterés por la política y su olvido colectivo no eran más que los mismos viejos defectos alemanes de siempre bajo una apariencia distinta.

«Junto con el canciller, todos los alemanes permanecen atentos a lo que ocurre en su capital». En realidad, Konrad Adenauer (natural de la católica Renania) sentía auténtica antipatía por el prusiano Berlín. Pero no por ello dejó de utilizar la ciudad dividida como instrumento para extraer concesiones de sus aliados occidentales.

Retirada de retratos de gobernadores holandeses en el palacio de Yakarta el 26 de diciembre de 1949 (el día antes de la instauración de la República Indonesia). La pérdida de sus «Indias» fue traumática para los holandeses, que a partir de entonces tendrían que conformarse con un papel menos preponderante en Europa.

Las tropas del Vietminh conducen al cautiverio a soldados franceses tras la batalla de Dien Bien Phu (mayo de 1954). La humillante expulsión de Francia de Vietnam contribuyó a la nefasta resistencia, especialmente por parte del ejército, a renunciar a las posesiones que todavía mantenía el país galo en el norte de África.

Los egipcios exigen la retirada de las tropas anglofrancesas (diciembre de 1956). La debacle de Suez supuso un antes y un después en la Europa de postguerra, pues aceleró la retirada europea del imperio y reposicionó (en muy diferentes sentidos) la agenda política tanto de Francia como de Inglaterra.

«Toda mi vida he tenido una determinada idea de Francia.» Charles de Gaulle tomó el poder en mayo de 1958 mediante lo que, en la práctica, vino a ser un golpe de Estado, aunque su V República demostró ser más estable que sus predecesoras y restableció la presencia de Francia en la escena mundial.

La OAS (Organización del Ejército Secreto) libró una sangrienta guerra de terror vengativo contra los que consideraba responsables de la pérdida de Argelia. Su rencor se dirigió principalmente contra De Gaulle, por haber traicionado la causa (obsérvese que la Cruz de Lorena, el emblema gaullista, aparece rota).

Ciudadanos europeos huyendo desde el Congo hacia Tanzania (julio de 1960). La retirada de Bélgica de su imperio constituyó un fiasco irresponsable: cuando los belgas abandonaron el Congo en 1960, tras décadas de explotación, tan solo dejaron treinta licenciados universitarios congoleños para cubrir cuatro mil puestos de responsabilidad en la Administración.

Arriba: Gran Bretaña ha perdido un imperio y no ha encontrado aún su papel en el mundo. Abajo: Esto… ¿me dejaría ser sus patas traseras?

La famosa frase que Dean Acheson dijo en 1962 sobre la desubicación de la Gran Bretaña posimperial inspiró a la caricaturista Vicky a describir la humillante y sumisa «relación especial» del Primer Ministro Harold Macmillan con Washington en unos términos que, cuatro décadas más tarde, mantiene lamentablemente la misma vigencia que en épocas pasadas.

Iconos de la modernidad, I. Un Tatra-603 checoslovaco en la exposición de la Feria Comercial de Brno (septiembre de 1959). Los automóviles del bloque soviético representaban gran parte de los defectos de las economías del bloque comunista: su diseño era bastante deficiente y su acceso quedaba limitado a una privilegiada minoría. Resultaban, en cambio, extraordinariamente duraderos.

Iconos de la modernidad, II. Tres señoras mirando el interior de una limusina (Londres, 1960). Aunque los artículos de consumo modernos (coches, frigoríficos, lavadoras) estaban entonces al alcance de muchas economías familiares occidentales, seguían existiendo grandes desigualdades en cuanto a riqueza, clase y privilegios. Seguramente la limusina seguía siendo conducida por un chófer personal.

Y Dios creó a la mujer. El ocio al sol constituía ahora una aspiración realista para un número cada vez mayor de veraneantes europeos. Bardot continuó viviendo algún tiempo en la Costa Azul que ella hizo famosa, pero muchos de sus amigos se mudaron, huyendo de la avalancha del turismo de masas.

En toda la Europa de postguerra, la «deschabolización» y la planificación urbanística dieron paso a una generación de torres de viviendas, impopulares entre sus habitantes y sujetas, por lo general, a un rápido deterioro y a una prematura demolición. «Moss Heights», en Glasgow, que aparece aquí en construcción, constituye un ejemplo representativo de este tipo de edificios.

Teddy boys en Elephant & Castle, Londres, julio de 1955. La «generación perdida» de los adolescentes de los años cincuenta, atrapada entre sus padres, de la era de la Depresión, y la generación del baby-boom que les sucedería, carecían de entretenimientos o instalaciones de ocio. Muchos de ellos (como los blousons noirs en Francia, los Halbstarker en Alemania, o los skinknuttar en Suecía) recurrieron a la violencia callejera.

Los Beatles marcaron un verdadero hito. Cuatro décadas después siguen constituyendo el punto de referencia común más importante (y quizás el único) en la memoria de la generación de los sesenta. Además compusieron música de gran calidad, aunque Sergeant Pepper no llegara a representar (del todo) un «momento decisivo en la historia de la civilización occidental», como afirmó Kenneth Tynan.

Los estudiantes ocupan la Sorbona (París, 1968). A pesar de la iconografía marxista (Mao, Stalin, Engels y Marx presiden una bandera con la hoz y el martillo), los rebeldes de 1968 no fueron especialmente doctrinarios. La mayoría de ellos, ni siquiera resultaron ser muy serios. Como uno de ellos recordaba, tan solo «amaban la revolución» (Dany Cohn-Bendit).

Trabajadores de las fabricas de automóviles y neumáticos se manifiestan en la Piazza San Carlo de Turín el 25 de septiembre de 1969. En Italia, al igual que en Francia, las huelgas masivas y las protestas de los trabajadores representaron para las autoridades una amenaza más grave que el radicalismo pasajero de las universidades.

Praga, agosto de 1968. «Cada partido comunista es libre de aplicar los principios del marxismo-leninismo y del socialismo en su propio país, pero no es libre de desviarse de dichos principios si quiere seguir siendo un partido comunista» (Leonid Brézhnev, 3 de agosto de 1968). La invasión soviética extinguió la Primavera de Praga (y cualquier ilusión sobre el comunismo en sí).

Cartel de búsqueda de la banda Baader-Meinhof. 1972 (Ulrike Meinhof y Andreas Baader aparecen arriba, a la izquierda). Los radicales «extraparlamentarios» alemanes recurrieron al terrorismo en Alemania para «arrancar el velo» de la República Federal y poner de manifiesto «la tecnología de exterminio civilizado del Nuevo Orden de Bretton Woods».

Primer día del proceso celebrado en abril de 1982 contra 63 miembros de las Brigadas Rojas acusados de asesinar al ex primer ministro italiano Aldo Moro. En Italia, los terroristas de izquierdas subrayaban sus vínculos (ilusorios) con el proletariado, pero fueron los de derechas los que supusieron un peligro mayor (y los que asesinaron a más personas).

Miembros de ETA («Euskadi y Libertad»), 1982. Frustrados al verse cada vez más aislados de la próspera población local (con muchas personas nacidas fuera del País Vasco), a la que no conmovía el espejismo de una «Euskadi independiente», los pistoleros de ETA mataron a un promedio de 34 personas al año durante la década de los ochenta.

«… encontré una gran piedra para tirársela al soldado… cuando sea mayor tendré una pistola» (canción infantil de Belfast, en torno a 1976). La confrontación a tres bandas, entre los pistoleros del IRA y los protestantes, y el Ejército Británico, que se prolongó durante treinta años, produjo casi dos mil muertos.

Llegada de trabajadores portugueses a Francia, 1970. En 1973 los extranjeros suponían el 11 por ciento de la población activa francesa. En Alemania Occidental había casi tres millones de «trabajadores invitados», sobre todo de países mediterráneos. El «milagro económico» europeo dependía enormemente de la contribución de estos emigrantes, y de las remesas que enviaban a casa.

Manifestación de mujeres italianas solicitando la reforma de la ley del divorcio en 1974. La legislación social en la Europa de la postguerra benefició especialmente a los trabajadores asalariados y a sus familias. Las cuestiones que interesaban especialmente a las mujeres —el aborto, los anticonceptivos, el divorcio— tuvieron que esperar hasta los años sesenta en el Norte de Europa y hasta los setenta en los demás países.

Francisco Franco y el sucesor que designó, el príncipe Juan Carlos, en octubre de 1971. El generalísimo (que murió en 1975) se habría sentido muy decepcionado con su protegido: el Rey frustró un golpe militar en 1981 y demostró ser un defensor acérrimo y querido de la democracia española.

Primeras elecciones parlamentarias en Portugal, abril de 1975. Con el paso del tiempo, la transición a la democracia parlamentaria en la Europa Mediterránea parece carente de sobresaltos e incluso inevitable. Sin embargo, en su momento, tanto en la izquierda como en la derecha hubo muchos que esperaban algo más y a los que les sorprendió (decepcionó) el resultado.

El canciller alemán Willy Brandt y el primer ministro de la RDA Willi Stoph en Erfurt durante las primeras conversaciones interalemanas en marzo de 1970. La Ostpolitik de Brandt abrió contactos y suavizó las tensiones en Europa Central, pero para algunos germano-occidentales parecía legitimar e incluso sostener a los vecinos comunistas.

«Los ojos de Calígula y la boca de Marilyn Monroe». El éxito logrado por Margaret Thatcher al arrancar al presupuesto comunitario un enorme reembolso para el Reino Unido tuvo mucho que ver con la facilidad con que seducía e intimidaba no solo al electorado británico, sino incluso a curtidos cínicos como François Mitterrand.

Juan Pablo II durante su primera visita pontificia a Polonia en junio de 1979. Aunque Karol Wojtyła no produjo por sí solo la caída del comunismo, como muchos han creído ingenuamente, su contribución al descrédito del régimen polaco fue inmensa.

Adam Michnik en Gdańsk, 1984. Michnik fue uno de los críticos más valerosos y originales del comunismo de Europa del Este. De enorme influencia fue su insistencia en la no violencia y en la necesidad de erosionar el poder comunista desde dentro, en lugar de enfrentarse a él o derrocarlo.

Mijaíl Gorbachov disfrutando del fervor popular en Praga, abril de 1987. El último líder soviético nunca fue tan querido en su país como al Oeste del mismo; pero su éxito en el extranjero le animó a continuar con sus reformas internas, lo que quizá le llevó más allá de sus pretensiones iniciales.

Refugiados de Alemania del Este se dirigen hacia el Oeste a través de Praga en un tren sellado, noviembre de 1989. La Revolución Bolchevique comenzó ruando Lenin cruzó Alemania en un tren también sellado, de manera que enviar a la libertad a los ciudadanos comunistas de este modo era algo que encajaba perfectamente.

Praga, noviembre de 1989. Incluso la «Revolución de Terciopelo» tuvo un prólogo brutal. Pero, sin contar Rumanía, en las transiciones de 1989 los casos de violencia graves fueron escasos, quizá porque muchos cuadros comunistas comprendían mejor que sus críticos que sus regímenes estaban condenados.

Alexander Dubček y Václav Havel, Praga, 24 de noviembre de 1989. El plan que pretendía nombrar a Dubček presidente de la Checoslovaquia poscomunista fue rápidamente abortado: para los revolucionarios de 1989, que eligieron para el cargo a Havel, el héroe del «comunismo reformista» era tan irrelevante y estaba tan desfasado como el propio estalinismo.

Borís Yeltsin y Mijaíl Gorbachov, Moscú de 1991. Los escándalos de la presidencia de Yeltsin no deben ensombrecer sus logros. Comprendió mucho antes que Gorbachov lo que estaba ocurriendo —especialmente la reaparición de los estados nacionales después del imperio— y también cómo adaptarse.

El primer envío de Big Macs a Moscú, 1 de enero de 1990. El dinero y los productos occidentales cayeron a raudales sobre el vacío poscomunista. Pero la desregulada economía no tardó en ser víctima de un reducido número de «oligarcas» que se hicieron extraordinariamente ricos: era un capitalismo cleptócrata.

Hospital Oncológico Infantil, Minsk (Bielorrusia), 1999: Treinta mil personas murieron a consecuencia de la explosión de Chernóbil en 1986. Uno de cada cuatro bielorrusos sufrió el envenenamiento. Sin embargo, Chernóbil no fue el primer desastre nuclear de la historia soviética, simplemente fue el peor.

El Mar de Aral, Uzbekistán, octubre de 1997. La política industrial comunista combinaba la disfunción económica con la irresponsabilidad medioambiental. La muerte del Mar de Aral, al igual que el envenenamiento del Lago Baikal, supuso una catástrofe ecológica y una enorme hipoteca para el futuro.

Unos manifestantes en Kiev en septiembre de 1991 (una semana después de la independencia de Ucrania) muestran fotos de víctimas del NKVD. La memoria de la represión soviética estaba especialmente presente en Ucrania, sometida por Stalin a una hambruna inducida y de castigo, prácticamente equivalente a un genocidio.

Gitanos (romaníes) en Bucarest, 1996. Se calcula que en Europa viven cinco millones de gitanos; al menos dos millones solo en Rumanía. En todas partes son víctimas de los prejuicios y los malos tratos (o de otras cosas: en el Reino Unido se les prohíbe la entrada).

Esta mujer rumana se vendía por 800 dólares en Bucarest en diciembre de 2002. El comercio sexual en Europa del Este estaba llegando a proporciones epidémicas. Las redes criminales engañaban o secuestraban a muchachas de Rumanía y de la antigua Unión Soviética para que ejercieran la prostitución en Europa Occidental y los Balcanes.

Mientras esperaba su entrada en la Unión Europea, Hungría se integró en la OTAN para consolarse, y no tardó en verse implicada (un tanto a regañadientes) en la guerra de Kosovo. La pancarta que corona la caseta de la OTAN en la Feria Internacional de Budapest de 1997 dice: «A las puertas de la OTAN».

Grupas de serbios conmemoran en junio de 1989 el 600 aniversario de la «Batalla de Kosovo»: último baluarte de resistencia de la Serbia medieval frente al avance de los turcos. Slobodan Milošević alentó deliberadamente los agravios históricos, prometiendo defender la «integridad nacional y espiritual» de los serbios.

Víctimas de la masacre de Srebrenica en julio de 1995. Mientras un contingente armado holandés de Naciones Unidas se hacía a un lado, tropas irregulares serbias al mando de Ratko Mladić, condujeron a 7400 hombres y muchachos bosnios fuera de la ciudad, donde los fusilaron.

Albanokosovares, 21 de marzo de 1999. Durante el capítulo final de las guerras de Yugoslavia, Milošević trató de aterrorizar a la comunidad albanesa para que huyera. Este flagrante ejercicio de limpieza étnica desató por fin la intervención armada de la OTAN, la primera de su historia.

Turquía, un país mayoritariamente musulmán de Asia Menor, tiene «vocación» manifiestamente europea. En la fotografía, partidarios del primer ministro Erdoğan ondean banderas turcas y de la Unión Europea para recibir a este mandatario a su regreso a Ankara en diciembre de 2004, después de que consiguiera que la Unión fijara una fecha de inicio para las conversaciones de adhesión.

Francia, miembro fundador de la Unión Europea, rechazó en referéndum nacional la propuesta de Constitución Europea. Algunos votantes franceses temían una escasa regulación europea; otros, una excesiva regulación. Muchos temían, simplemente, un exceso de «Europa», sobre todo en relación con Turquía.

Jörg Haider, líder del ultraderechista Partido de la Libertad austríaco. A pesar de ciertos descuidos, Haider logró distanciarse del pasado nazi de su país, atacando al mismo tiempo a otros partidos y a la «chusma extranjera». El cartel reza: «¡Él no os ha mentido!».

«¡Vota danés!» Pia Kjærsgaard, logró el 12 por ciento de los votos en 2001 con el Partido Popular danés. Incluso en Escandinavia el nuevo populismo llevó a los partidos tradicionales a mostrar su propia «firmeza» restringiendo las condiciones para la concesión de asilo y los derechos de los extranjeros.

La «Tercera Vía» de Tony Blair, situada entre el «modelo» europeo y el mercado sin restricciones —como sus esfuerzos por encontrar un punto medio entre la Unión Europea y la «especial relación» de Londres con Estados Unidos—, tuvo un éxito limitado. Muchos británicos, cuando tenían la oportunidad de hacerlo, recurrían al sistema sanitario continental.

Manifestación de protesta de marroquíes contra el racismo español celebrada en Almería en febrero de 2000. Aunque gran parte de Europa se había ido haciendo cada vez más multicultural, la incidencia de los prejuicios y las tensiones seguía siendo considerable, sobre todo a lo largo de la porosa frontera mediterránea de la Unión Europea.

Somalíes delante de Santa María Novella, Florencia, 1997. En 2000 había unos quince millones de musulmanes en la Unión Europea. El islam era la religión que con más rapidez crecía en Europa, lo que constituía un irónico legado del pasado imperial de la Europa cristiana.

Jacques Chirac durante una ceremonia de conmemoración de la captura de trece mil judíos parisinos en julio de 1942. Hay que señalar que Chirac fue el primer presidente francés que reconoció el papel de su país en la Solución Final: declaró el aniversario día de «duelo y de vergüenza para los franceses».

El canciller alemán Gerhard Schröder pronuncia un discurso durante el 60 aniversario de la liberación de Auschwitz. El exterminio de los judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial, una cuestión notablemente ausente de la conciencia pública durante las primeras décadas de la postguerra, se ha convertido en elemento central de la memoria oficial del continente, tanto en Alemania como en los demás países.

Créditos fotográficos

Foto 1 (cadáveres en Bergen-Belsen): George Rodger/Time Life/Getty Images.

Foto 2 (represalias soviéticas, 1946): AKG Images.

Foto 3 (proceso contra Mihailovic, 1946): John Phillips/Time Life/Getty Images.

Foto 4 (represalias francesas, 1944): Bettmann/Corbis.

Foto 5 (escasez de carbón, Londres, 1947): Harry Todd/Fox Photos/Getty Images.

Foto 6 (despacho asistencial, Londres, 1946): Topical Press Agency/Getty Images.

Foto 7 (descarga de azúcar en virtud del Plan Marshall): Edward Miller/Keystone/Getty Images.

Foto 8 (ayuda del Plan Marshall, Grecia): Bettmann/Corbis.

Foto 9 (viñeta, la URSS rechazando la ayuda del Plan Marshall): Alain Gesgon/CIRIP.

Foto 10 (golpe en Checoslovaquia, 1948): Bettmann/Corbis.

Foto 11 (Yugoslavia de Tito, 1948): Walter Sanders/Time Life/Getty Images.

Foto 12 (bloqueo de Berlín, 1948): AKG Images.

Foto 13 (Schuman, Bevin y Acheson): Keystone/Getty Images.

Foto 14 (Stalin con una niña): Wostok Press.

Foto 15 (levantamiento en Berlín, 1953): AKG Images.

Foto 16 (proceso contra Rajk, 1949): Bettmann/Corbis.

Foto 17 (trabajadores en el Gulag, 1949-53): Wostok Press.

Foto 18 (Sartre en Leningrado, 1954): AFP/Getty Images.

Foto 19 Aron en Radio Free Europe, 1952): Archives familiares, Raymond Aron, Radio Free Europe.

Foto 20 (Jruschev en la URSS): Wostok Press.

Foto 21 (Nagy, Tildy y Maleter): AFP/Getty Images.

Foto 22 (construcción del Muro de Berlín, 1961): AKG Images.

Foto 23 (cartel de una película de Fassbinder): Ronald Grant Archive.

Foto 24 (Adenauer y el Muro de Berlín, 1961): AKG Images.

Foto 25 (los holandeses abandonan Indonesia, 1949): Magnum/Henri Cartier Bresson.

Foto 26 (prisioneros franceses en Indochina, 1954): Gamma/J. C. Labbe Collection/Katz Pictures.

Foto 27 (protestas durante la crisis de Suez, 1956): ECPAD.

Foto 28 (De Gaulle, 1958): Loomis Dean/Time Life/Getty Images.

Foto 29 (cartel de la OAS): Alain Gesgon/CIRIP.

Foto 30 (belgas abandonando el Congo, 1960): Gamma/Keystone/Katz Pictures.

Foto 31 (el Imperio Británico según Vicky, 1962): Vicky/Evening Standard, 12 de junio de 1962/Centre for the Study of Cartoons & Caricature, University of Kent.

Foto 32 (coche en Checoslovaquia, 1959): Bettmann/Corbis.

Foto 33 (coche y mujeres, Reino Unido, 1960): Magnum/Bruce Davidson.

Foto 34 (Bardot junto al mar): George W. Hales/Getty Images.

Foto 35 (planificación urbana, Glasgow, 1953): Haywood Magee/Getty Images.

Foto 36 (teddy boys, 1955): Popperfoto.

Foto 37 (The Beatles, 1964): John Leongard/Time Life/Getty Images.

Foto 38 (huelga estudiantil en Francia, 1968): Magnum/Bruno Barbey.

Foto 39 (huelga de trabajadores en Italia, 1969): Bettmann/Corbis.

Foto 40 (Primavera de Praga, 1968): Bettmann/Corbis.

Foto 41 (cartel con los líderes de la banda Baader-Meinhof): AKG Images.

Foto 42 (terroristas de las Brigadas Rojas) Bettmann/Corbis.

Foto 43 (terroristas de ETA, 1982): Magnum/Harry Gruyaert.

Foto 44 (niños en Belfast, 1976): Davis Factor/Corbis.

Foto 45 (trabajadores inmigrantes portugueses, Francia, 1970): J. Pavlosky/Rapho.

Foto 46 (mujeres italianas pidiendo la reforma de la ley del aborto, 1974): Contrasto/Katz Pictures.

Foto 47 (Juan Carlos y Franco, 1971): Bettmann/Corbis.

Foto 48 (vendedora de prensa en Lisboa): Magnum/Jean Gaumy.

Foto 49 (Brandt en Erfurt, 1970): AKG Images.

Foto 50 (Mitterrand y Thatcher, 1984): Bryn Colton/Assignments Photographers/Corbis.

Foto 51 (Juan Pablo II en Polonia, 1979): Topharn Picture Library.

Foto 52 (Michnik en Gclañsk, 1984): Wostok Press.

Foto 53 (Gorbachov en Praga, 1987): Peter Turnley/Corbis.

Foto 54 (tren con refugiados de Alemania del Este): Marc Deville/Gamma/Katz Pictures.

Foto 55 (manifestación estudiantil en Praga, 1989): Lubomir Kotek/AFP/Getty Images.

Foto 56 (Havel y Dubček, 1989): Chris Niedenthal/Time Life/Getty Images.

Foto 57 (Yeltsin y Gorbachov, 1991): Wostok Press.

Foto 58 (McDonald’s en Moscú, 1990): Sergei Guneyev/Time Life/Getty Images.

Foto 59 (efectos de Chernóbil en Bielorrusia): Magnum/Paul Fusco.

Foto 60 (desastre en el mar de Aral, 1997): Magnum/Francesco Zizola.

Foto 61 (manifestación en Ucrania, 1991): Alain Nogues/Sygma/Corbis.

Foto 62 (pobreza de los gitanos, Bucarest, 1996): Wostok Press.

Foto 63 (comercio sexual en Europa del Este, 2002): Sasha Bezzubov/Corbis.

Foto 64 (muestra de la OTAN en Hungría, 1997): Wostok Press.

Foto 65 (conmemoración de los 600 años de la Batalla de Kosovo, 1989): Wostok Press.

Foto 66 (cadáveres de la masacre de Srebrenica): Danilo Krstanovic/Reuters.

Foto 67 (refugiados albaneses, 1999): David Brauchli/Getty Images.

Foto 68 (Turquía y la UE, 2004): European Press Photo Agency/Kerim Okten.

Foto 69 (cartel francés pidiendo el «No» a la UE): Alternative Libertaire.

Foto 70 (Haider, 1995): Viennareport/Sygma/Corbis.

Foto 71 (Kjærsgaard, 1998): Dean Francis/Sygma/Corbis.

Foto 72 (Blair y la reforma del sistema sanitario, 2004): David Bebber/Reuters/Corbis.

Foto 73 (marroquíes en España, 2000): J. M. Bendich/Sygma/Corbis.

Foto 74 (inmigrantes somalíes en Italia, 1997): Magnum/John Vink.

Foto 75 (Chirac durante una conmemoración): Jacques Langevin/Sygma/Corbis.

Foto 76 (Schröder durante una conmemoración): Arnd Wiegmann/Reuters.

TONY JUDT (Londres, 1948-Nueva York, 2010) cursó sus estudios en el King’s College de Cambridge y en la École Normale Supérieure de París. Impartió clases en las universidades de Cambridge, Oxford, Berkeley y Nueva York, y en esta última ocupó la cátedra de Estudios Europeos, que él mismo fundó en 1995, y fue director del Remarque Institute. Autor o editor de trece libros, entre ellos Sobre el olvidado siglo XX (2008), Pasado imperfecto (2007), Algo va mal (2010) y Postguerra (2006), considerado uno de los diez mejores libros de 2005 por la New York Times Book Review, galardonado con el Premio Council on Foreign Relations Arthur Ross y finalista del premio Pulitzer. Judt colaboró en diferentes medios de Europa y Estados Unidos, como The New York Review of Books, el Times Literary Supplement o The New York Times. En 2007 recibió el Premio Hannah Arendt, y en 2009 el Orwell Prize for Lifetime Achievement. Falleció en agosto de 2010 de una enfermedad degenerativa.

Notas

[1] En los capítulos que siguen, las notas al pie son en su mayoría del tipo tradicional: esto es, comentan el texto en lugar de identificar una fuente. Para evitar alargar lo que ya de por sí es un libro muy extenso, dirigido al público en general, no hemos incluido un sistema completo de referencias, sino que las fuentes de Postguerra, así como su bibliografía completa, pueden consultarse en la página web del Remarque Institute [http://www.nyu.edu/pages/remarque/]. <<

[1] O por Stalin, que ordenó el fusilamiento de 23.000 oficiales polacos en el bosque de Katyn en 1940, culpando posteriormente de ello a los alemanes. <<

[2] A modo de comparación, el consumo medio de calorías diarias en Francia en 1990 era de 3618. <<

[3] Su temor estaba más que justificado. El ejército británico desplazado a Austria les entregaría más tarde a las autoridades yugoslavas (cumpliendo un acuerdo aliado de devolver a dichos prisioneros al Gobierno contra el que habían luchado), y al menos 40.000 de ellos fueron ejecutados. <<

[4] Estos tampoco tenían grandes posibilidades de elección; durante los años de la Depresión, cualquiera que renunciara a una oferta de contrato de trabajo alemana se arriesgaba a perder las prestaciones por desempleo holandesas. <<

[5] En un discurso pronunciado en Bratislava el 9 de mayo de 1945, Beneš declaró que los checos y los eslovacos ya no deseaban vivir en el mismo Estado que los húngaros y los alemanes. Este sentimiento, y las acciones que le sucedieron, ha pesado en las relaciones checo-alemanas y eslovaco-húngaras desde entonces. <<

[6] Con la significativa excepción de griegos y turcos, con arreglo al Tratado de Lausana de 1923. <<

[7] A finales de mayo de 1945, el ejército británico entregó a las autoridades yugoslavas 10.000 soldados y civiles eslovenos que habían huido a Austria. La mayoría de ellos fue transportada en camiones en dirección al sur, a los bosques de Kočevje, donde los fusilaron inmediatamente. <<

[8] La División Halychnya o División Galitzia de las Waffen SS estaba integrada por ucranianos que habían sido ciudadanos de la Polonia de entreguerras, y cuya región de origen había sido incorporada a la URSS después de la guerra, por lo que no se les repatrió a la Unión Soviética, a pesar de haber luchado contra ella junto a la Wehrmacht, y las autoridades occidentales los trataron como ciudadanos apátridas. <<

[9] Durante la guerra, a los partisanos chetnik se los llamó así por los guerrilleros de las tierras altas que habían luchado contra los gobernantes otomanos de Serbia en el siglo XVIII. <<

[10] Pero no todas: el apoyo oportunista de los comunistas griegos a la anexión a la comunista Bulgaria de las regiones de etnia eslava del norte de Grecia contribuyó poco a promover su causa. <<

[11] Sin embargo, nótese que el protectorado de Bohemia estaba dirigido en 1942 por solo 1900 burócratas alemanes. En este y en otros aspectos, Checoslovaquia fue occidental, al menos en parte. <<

[1] Todavía en 1960, 62 de los 64 prefectos responsables en ese momento de la administración provincial de Italia habían ejercido sus cargos durante el fascismo, así como 135 jefes de policía. <<

[2] En tiempo de guerra, la Domobran era la Guardia Nacional croata. Por supuesto, el comportamiento de los partisanos comunistas de Tito con frecuencia no había sido mucho mejor: pero estos últimos habían ganado. <<

[3] En 1946, el Länderrat (Consejo de regiones) de Alemania Occidental recomendó a las autoridades aliadas que, a la vista de la existente escasez en Alemania, se redujeran las raciones de comida para las personas desplazadas. El general Lucius Clay se limitó a responder con un recordatorio de que la comida en cuestión era suministrada por otras naciones europeas, víctimas de la agresión alemana. <<

[4] Stephan Hermlin, Bestimmungsorte (Berlín, 1985), p. 46, citado en Frank Stern, The Whitewashing of the Yellow Badge (1992), p. xvi. <<

[1] Los últimos partisanos armados italianos fueron acorralados en los alrededores de Bolonia tras una serie de operaciones militares en el otoño de 1948. <<

[2] Jean Monnet nació en Cognac en 1888, hijo de un comerciante de licor. Tras dejar la escuela pasó muchos años viviendo y trabajando en el extranjero, sobre todo en Londres. Después de la Primera Guerra Mundial fue nombrado secretario general de la nueva Sociedad de Naciones. Gran parte de la Segunda Guerra Mundial la pasó en Estados Unidos, negociando suministros de armas en nombre del Gobierno británico y el Gobierno francés libre. Su dedicación a la planificación económica y su posterior contribución al Plan Schuman para la cooperación económica europea se basaba en un grado de conocimiento de la organización a gran escala y la colaboración entre Estados que resultaban insólitos para un francés de su clase y de su época. <<

[3] Citado en Maureen Walker, London 1945 (2004), p. 150. <<

[4] Téngase en cuenta no obstante que 4 de cada 10 votantes comunistas franceses estaban a favor de aceptar la ayuda del Plan Marshall, a pesar de la oposición de su partido. El recelo francés hacia el Plan Marshall no era tanto político como cultural; muchos parecían haberse sentido especialmente ofendidos por lo que describían como «des questionnaires insipides et nombreux» de las burocracias estadounidenses, un recordatorio particularmente irritante de su subordinación a una civilización inferior. <<

[1] La frontera entre Polonia y la Rusia soviética propuesta por el ministro de Asuntos Exteriores británico tras la Primera Guerra Mundial. <<

[2] Stalin había roto relaciones con el gobierno polaco exiliado en Londres en 1943, a consecuencia de la solicitud formulada por dicho gobierno para que se efectuara una inspección internacional de la masacre de Katyn. Los alemanes, descubridores del emplazamiento, sostenían justificadamente que los soviéticos habían llevado a cabo en dicho lugar una ejecución masiva de oficiales polacos capturados. Las autoridades soviéticas y sus partidarios occidentales lo negaron de manera airada entonces y durante los cincuenta años siguientes. <<

[3] La India y algunos otros dominios británicos de ultramar poseían importantes cantidades de libras esterlinas en forma de créditos, acumuladas sobre todo durante los años de la guerra. Si la libra hubiera sido libremente convertible en dólares en los primeros años de la postguerra, muchas de estas reservas habrían podido agotarse, lo que habría debilitado aún más las ya frágiles reservas de moneda extranjera de Gran Bretaña. Por esta razón, tras un inicial y desastroso experimento con la convertibilidad impuesta por Washington como condición para los préstamos estadounidenses, Gran Bretaña volvió a instaurar los controles de la libra esterlina en 1947. <<

[4] Según Kennan, «nuestros líderes en Washington no tenían ni idea, y probablemente habrían sido incapaces de imaginar lo que la ocupación soviética, apoyada por la policía secreta rusa de la época de Beria, significó para los que vivieron bajo ella». <<

[5] Uriah Heep y Bill Sikes son dos personajes de la novela David Copperfield de Charles Dickens, en la que el primero representa a un servil y codicioso empleado al servicio del segundo. (N. de los T.). <<

[6] En febrero de 1945, a la pregunta de quién contribuiría más a la recuperación francesa, el 25 por ciento de los encuestados respondió que la URSS y el 24 por ciento que Estados Unidos. <<

[7] Es probable que Marshall no se quedara mucho más tranquilo al saber por Bidault que este énfasis público en la amenaza alemana estaba destinado a un consumo estrictamente doméstico. <<

[8] Con arreglo a los términos de un acuerdo secreto checo-soviético firmado en marzo de 1945, la URSS tenía derecho a realizar excavaciones y extracciones de uranio de los depósitos de Jachymov, en la Bohemia occidental. <<

[9] En Polonia, por supuesto, era cualquier cosa menos tranquilizador, precisamente por resultar tan conocido. <<

[10] Se cuenta que en 1990 Edvard Shevardnadze, el secretario de Asuntos Exteriores soviético, comentó en cierta ocasión que, a pesar de los cuarenta años de Guerra Fría con Estados Unidos, cuando sus nietos jugaban a la guerra, Alemania seguía siendo el enemigo. <<

[11] Italia perdió todas sus colonias, pagó 360 millones de dólares en concepto de indemnización a la URSS, Yugoslavia, Grecia, Albania y Etiopía, y cedió la península de Istria a Yugoslavia. La ubicación de la ciudad fronteriza de Trieste permaneció en disputa durante ocho años más. <<

[12] Dicha adaptación resultaría bastante fácil. En palabras de un recluta norteamericano, agradablemente sorprendido ante el caluroso recibimiento dispensado por los alemanes, después de la más bien gélida acogida de los franceses a sus liberadores, «Diablos, esta gente es mucho más noble y cordial que los franceses. Son de los nuestros». La cita aparece en The U. S. Army in the Occupation of Germany, 1944-46, de Earl Ziemke (Washington DC, 1985), p. 142. <<

[13] En septiembre de 1947, Andréi Zhdánov, hablando como siempre por boca de su amo, informó a los delegados del congreso fundacional del Cominform de que la Doctrina Truman iba dirigida como mínimo tanto a Gran Bretaña como a la URSS, «dado que representa la expulsión de Gran Bretaña de su esfera de influencia en el Mediterráneo y Oriente Próximo». <<

[1] Los búlgaros en realidad habían ido oscilando ostensiblemente a lo largo de los años del progermanismo más entusiasta al ultraeslavismo. Ninguna de las dos cosas les había dado muy buenos resultados. Como señalaba un comentarista local de la época, Bulgaria siempre elige la carta equivocada… ¡y la lanza sobre la mesa! <<

[2] No fue esta la primera vez que personal ruso armado supervisaba personalmente unas elecciones polacas decisivas: las elecciones parlamentarias locales de 1772 en las que se pedía a los polacos que eligieran a los representantes que confirmarían la partición de su país, también se llevaron a cabo bajo la amenazadora presencia de tropas extranjeras cuyo objetivo era garantizar el resultado deseado. <<

[3] El Partido Agrario de las tierras checas y su socio, el Partido Popular de Eslovaquia, habían sido prohibidos después de la guerra acusados de connivencia con las políticas nazis. <<

[4] La opinión pública occidental también se vio influida por la muerte de Masaryk el 10 de marzo de 1948, producida, según se informó, por «caerse» desde su ventana al patio del ministerio de Asuntos Exteriores. Las circunstancias exactas de su muerte nunca se han esclarecido. <<

[5] Cuando Tito cerró la frontera terrestre griega con Yugoslavia en julio de 1949, después de su ruptura con Stalin, la resistencia comunista griega se vino abajo casi inmediatamente. <<

[6] En realidad, el PCI experimentó un leve aumento en el número de votos en dichas elecciones de 1948, pero solo a costa de la estrepitosa pérdida de votos de los socialistas. Los victoriosos Cristianodemócratas vencieron a la combinación de las fuerzas de izquierda por más de cuatro millones de votos. <<

[7] No fue casualidad que los asesores soviéticos fueran retirados de Yugoslavia el 18 de marzo de 1948, solo cuarenta y ocho horas antes de que el general Sokolovsky abandonara la reunión del Consejo de Control Aliado que se estaba celebrando en Alemania. <<

[8] Si hubiera deseado hacerlo, no hubiera encontrado grandes impedimentos prácticos. En la primavera de 1948 la Unión Soviética tenía trescientas divisiones a las puertas de Berlín. Estados Unidos no tenía más que 60.000 soldados en toda Europa, de los cuales menos de 7000 se encontraban en Berlín. <<

[9] La Ley Básica era deliberadamente provisional, «para dotar de un nuevo orden a la vida política durante un periodo transitorio»: es decir, hasta la reunificación del país. <<

[10] El ministro de Finanzas francés, Henri Queuille, se quejó ante el embajador de Estados Unidos en Francia de la «completa falta de lealtad» de Gran Bretaña. <<

[11] Un punto de vista que queda graciosamente plasmado en las siguientes líneas, escritas por un autor anónimo durante las negociaciones sobre el préstamo de la postguerra a Gran Bretaña:

In Washington Lord Halifax

Once whispered to Lord Keynes:

"It’s true they have the moneybags

But we have all the brains."

[En Washington, Lord Halifax, susurró en cierta ocasión a Lord Keynes: «es verdad que ellos tienen el dinero pero nosotros tenemos el cerebro»]. <<

[12] Lógicamente, los alemanes no recordaban la guerra de la misma manera por lo que, durante las décadas siguientes, se quedarían perplejos cada vez que en los cánticos de los hinchas de fútbol ingleses o en los periódicos sensacionalistas británicos se hacía referencia a ellos con apelativos como «hunos», krauts (calificativo despectivo cuyo significado literal en alemán es «coles»), u otros similares. <<

[1] Kenneth Jowett, catedrático de la Universidad de Berkeley, California. <<

[2] Las instituciones de la República Democrática Alemana eran algo distintas, y reflejaban su carácter provisional a los ojos soviéticos. Pero el espíritu de sus leyes y costumbres era impecablemente ortodoxo. <<

[3] Empresarios y comerciantes privados de la Nueva Política Económica (NEP) soviética durante los años 20. (N. de los T) <<

[4] Los Estados bálticos, plenamente incorporados a la propia Unión Soviética, estaban en una situación incluso peor que la del resto de la Europa del Este. En 1949, a los koljoses del norte de Estonia se les exigió que empezaran a suministrar el grano antes incluso de que hubiera comenzado la cosecha, a fin de mantenerse a la par con Letonia, cuatrocientos kilómetros al sur. Para 1953 las condiciones rurales en la hasta entonces próspera Estonia se habían deteriorado hasta tal punto que las vacas que el viento derribaba estaban demasiado débiles para volver a ponerse en pie sin ayuda. <<

[5] Los primeros miembros del Comecon fueron Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y la URSS, y a ellos se unirían al poco tiempo Albania y la RDA. A lo largo de los años siguientes también se incorporarían Yugoslavia, Mongolia, China, Corea del Norte y Vietnam del Norte. En 1963, la cuota del Comecon en el mercado internacional era del 12 por ciento; en 1979 se situaba en el 9 por ciento y seguía en descenso. <<

[6] En virtud de la Constitución de 1946, las repúblicas constituyentes (Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Macedonia y Montenegro) eran libres de separarse de la Federación, un derecho del que se les privaría siete años más tarde. <<

[7] Resulta significativo que Stalin dejara en paz a sus físicos nucleares y nunca se atreviera a cuestionar sus cálculos. Puede que Stalin estuviera loco, pero no era estúpido. <<

[8] De todos modos, fueron ejecutados. Tres semanas después de su muerte, el régimen publicó la «confesión» póstuma de Petkov. Pero se trataba de una falsificación tan obvia que enseguida abochornó incluso a la Bulgaria comunista. Las autoridades dejaron por tanto de referirse a ella, y al jefe de la policía secreta búlgara que de forma tan imprudente había dispuesto su publicación se le fusiló debidamente. <<

[9] Todavía en 1966, cuatro quintas partes de los empleados del Estado polacos solo contaban con una formación académica primaria. La dirección del país estaba en manos de una casta administrativa sorprendentemente infracualificada. <<

[10] En 1924, Kostov, que entonces tenía 27 años, fue arrestado y torturado por la policía búlgara. Ante el temor de llegar a traicionar a sus camaradas comunistas (clandestinos), saltó de una ventana del cuarto piso del cuartel general de la policía búlgara y se rompió las dos piernas. <<

[11] El Bund era un movimiento laborista judío enraizado en la Rusia zarista anterior a la guerra y cuya actividad durante el periodo de entreguerras estuvo circunscrita a Polonia. <<

[12] Véase Under a Cruel Star, de Heda Margolius Kovály (1986). Durante los dieciocho meses que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial fueron asesinados más judíos en Polonia, Hungría y Checoslovaquia que en los diez años anteriores a la guerra. <<

[13] Stalin’s Secret Pogrom: The Postwar Inquisition of the Jewish Anti-Fascist Committee (Yale University Press, 2002), editado por Joshua Rubenstein y Vladímir Náumov, página 52. Con arreglo al modelo habitual, el propio Komarov sería más tarde encarcelado y ejecutado, alegando hasta el último momento sus credenciales antisemitas. <<

[14] Los supervivientes fueron puestos en libertad años más tarde, aunque tanto ellos como otras víctimas no serían completamente rehabilitados y exonerados hasta 1968. <<

[15] El léxico era muy preciso. Cuando André Marty fue «juzgado» extraoficialmente por el Comité Central del Partido Comunista Francés en diciembre de 1952, su «fiscal», Léon Mauvais, le acusó de referirse a la «Internacional Trotskista» en lugar de a la «escoria trotskista» o al «grupo de espías de la policía trotskista», que eran los términos comunistas «naturales y habituales» para referirse a los trotskistas. Este lapsus lingüístico puso a Marty bajo grave sospecha. <<

[16] Catherine Merridale, Night of Stone: Death and Memory in 20th-Century Russia (2000), página 249. <<

[1] Trabajadores que producían por encima de lo normal, conocidos también por estajanovistas. (N. de los T.). <<

[2] Zdeněk Mlynář, Night Frost in Prague (Londres, 1980), p. 2. <<

[3] Brecht, como era característico de él, se cubrió las espaldas guardándose un pasaporte austríaco. <<

[4] La más conocida de todas la constituyó por supuesto Arthur Koestler, pero entonces podía ser igualmente descrito como húngaro, austríaco, francés o judío. <<

[5] En aquellos años, el PSI se distinguía del resto de los partidos socialistas europeos por su proximidad y subordinación a los comunistas, un modelo mucho más conocido en la Europa del Este. <<

[6] En la película Sciuscià de De Sica (realizada en 1946 y ambientada en ese mismo año), el director de una cárcel de jóvenes no solo saluda al estilo fascista (una costumbre con la que no puede romper) sino que se refiere con evidente nostalgia a las bajas cifras de delincuencia de la época de Mussolini. <<

[7] A pesar de sus propios recelos acerca de la política cultural soviética, Paul Éluard se negaba a criticar el zhdanovismo delante de los camaradas de la clase trabajadora de su célula local del Partido. Como explicó a Claude Roy: «Pobrecillos, les desanimaría. No debemos desalentar a los que toman parte en esta lucha; no lo comprenderían». <<

[8] Francois Fejtő, que vivía en París, señaló algunos años después que mientras que los comunistas italianos habían dispensado una cálida aunque cautelosa acogida a su historia sobre la Europa del Este, el PCF la condenó como si fuera tan solo la obra de un renegado más. <<

[9] En este sentido, Emmanuel Mounier afirmaba en Esprit en febrero de 1946: «El anticomunismo […] es la fuerza cristalizadora necesaria y suficiente para una vuelta del fascismo». <<

[10] Asimismo, el culto a Mao en Occidente alcanzó su cénit en el momento de la Revolución Cultural, precisamente cuando y porque Mao estaba persiguiendo a los escritores, artistas y profesores. <<

[11] En aquellos años, el «progresismo», como Raymond Aron señaló irónicamente, consistía en «presentar los argumentos comunistas como si emanaran espontáneamente de la especulación independiente». <<

[12] Estos sentimientos se ven inintencionadamente caricaturizados en esta descripción de la experiencia de un niño en su primer día de clase con un profesor comunista de primaria, en Praga, en abril de 1948: «Niños, todos sabéis que en América la gente vive en agujeros excavados en la tierra y son esclavos de unos cuantos capitalistas que se llevan todo el beneficio. Pero en Rusia todos son felices, y nosotros en Praga también somos muy felices, gracias al gobierno de Klement Gottwald. Ahora, niños, repetid en voz alta conmigo: “Estamos muy contentos y aprobamos el gobierno de Gottwald”». <<

[13] «Éramos intolerantes con la imbecilidad en aquellos terrenos que conocíamos bien», escribió en poeta francés Claude Roy, que se unió al PCF durante la guerra tras un anterior coqueteo con la formación de extrema derecha Action Francaise, «pero perdonábamos los crímenes en cuestiones de las que sabíamos poco». <<

[b] «Novela en clave», donde se representa a personas reales mediante personajes ficticios. (N. de los T.) <<

[1] Luc Sante, The Factory of Facts (1998), p. 27. <<

[2] No era la única en hacer alusiones a la época victoriana. El Primer Ministro británico en aquel momento, Winston Churchill, solía recordar a su público que él había participado en la última carga de caballería del ejército británico, en Omdurman, Sudán, en septiembre de 1898. <<

[3] En los libros de texto de historia de bachillerato, el mensaje del ascenso al poder del general Franco no dejaba lugar a dudas: «¡El futuro de una España unida, después de tres siglos, con su destino en el pasado! […]. La antigua procesión no se ha detenido […]. Por su senda avanzan los vivos y los muertos, rebosantes de la cristiandad en la que un mundo desorientado y convulsionado por las catástrofes encuentra su eje y su ancla […]. Esta es la gran tarea que Dios ha reservado a la España de hoy […]. Un destino excepcional […]. ¡Por el Imperio, hacia Dios!». Feliciano Cereceda, Historia del imperio español y de la hispanidad (Madrid, 1943), pp. 273-274, citado en Carolyn Boyd, Historia Patria: Politics, History and National [dentity in Spain, 1875-1975 (Princeton, 1997),p. 252. <<

[4] En referencia al cantante Bing Crosby. <<

[5] El humor británico de la época de la guerra se había centrado principalmente en la escasez material, en inocentes insinuaciones sexuales y en un trasfondo de resentimiento hacia los privilegiados y envidiados soldados norteamericanos. A veces, en los tres a la vez: «Have you heard about the new Utility underpants? One Yank and they’re off!» («¿Has oído hablar de los nuevos calzoncillos Prácticos? ¡Una paja y se tiran!», en el que se juega con el doble significado del término yank para designar a un yankee o norteamericano y el acto de masturbarse). <<

[6] Aunque cabe destacar que el número de publicaciones dedicadas al cine en Francia superaba al de Italia y el Reino Unido juntos. <<

[7] Trevor Grundy, Memoir of a Fascist Childhood (1998), p. 19. <<

[8] En la Europa del Este el racionamiento no se abandonó hasta 1958 en Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Bulgaria, hasta 1954 en Rumanía, 1957 en Albania y 1958 en Alemania del Este. Pero dado que la economía comunista generó una escasez sistemática, no pueden establecerse comparaciones válidas con la Europa occidental. <<

[a] El popular chiste al que se hace referencia es: «Summer is gone. Winter draws on!», que juega con la similitud entre la pronunciación de «draws on» y «drawers on» (drawers significa «pololos», antigua prenda interior femenina de invierno), que convierte la frase «El verano se acabó. Se acerca el invierno» en «El verano se acabó. A ponerse los pololos», en clara alusión a «se acabó el sexo». (N. de los T.) <<

[1] J. H. Plumb, The Growth of Political Stability in Early Eighteenth-Century England 1675-1725 (Londres, 1967), p. xvii. <<

[2] En marzo de 1951, bajo la presión estadounidense, los holandeses, sobreponiéndose a sus considerables tendencias neutralistas, habían aceptado de mala gana duplicar su presupuesto de defensa y preparar a cinco divisiones para su despliegue en 1954. <<

[3] Basados, según Eden, en una idea que le vino a la mente durante su baño matutino. <<

[4] La única restricción explícita que se impuso al rearme alemán fue la prohibición absoluta de cualquier tipo de programa nuclear alemán, en aquel momento y para siempre. <<

[5] La neutralidad austríaca no figuraba en el texto original; fue incluida por el Parlamento austríaco durante el debate sobre el Tratado del Estado. <<

[6] Los estadounidenses no fueron los únicos en asustarse ante la exhibición de la capacidad armamentística soviética. En 1960, el primer ministro conservador británico, Harold Macmillan, concluyó en privado que «Ellos [la URSS] ya no temen una agresión. Tienen al menos el mismo poder nuclear que Occidente. Tienen líneas interiores [de comunicación]. Tienen una economía boyante, y pronto superarán a la sociedad capitalista en la carrera por la riqueza material». <<

[7] No quedó claro qué capacidad de decisión, caso de tener alguna, les correspondería a los británicos en su utilización. En aquel momento (1952) un comunicado conjunto de Churchill y Truman declaraba, de forma bastante ambigua, que «el uso de estas bases en una emergencia sería materia de una decisión conjunta […] tomada a la luz de las circunstancias del momento concreto». <<

[8] La presión estadounidense sobre británicos y franceses para que se retiraran de Suez en noviembre de 1956 (véase el capítulo IX) había generado el temor entre los países de la OTAN de que cuando la guerra se produjera Estados Unidos pudiera replegarse a su hemisferio y abandonar a los europeos a su suerte. De ahí que Washington percibiera la necesidad de «mantenerse firme», primero en Berlín y más adelante en Cuba, a fin de tranquilizar a los vulnerables aliados de Estados Unidos. <<

[9] Este comentario de Kennedy no solo se hizo confidencialmente, sino que incluso se excluyó de los documentos de la cumbre cuando se publicaron por primera vez treinta años más tarde. <<

[10] Como descubrirían en 1990, sus temores no eran infundados. <<

[11] Anatoly Dobrynin, En confianza (Fondo de Cultura Económica, 1998). La aversión de Jruschov a la guerra era auténtica. Como escribió a Kennedy el 26 de octubre, en el punto álgido de la crisis cubana: «Si de verdad estallara la guerra, no estaría en nuestras manos pararla, porque la lógica de la guerra es así. He participado en dos guerras y sé que la guerra termina una vez que ha arrasado ciudades y pueblos, y ha sembrado la muerte y la destrucción por todas partes». <<

[12] Todavía en 1971, el 95 por ciento de los funcionarios italianos había iniciado su trayectoria profesional antes del derrocamiento del fascismo. <<

[13] Aunque a la luz de la historia anterior de Italia no es del todo justo echar la culpa de la corrupción institucionalizada del país a la política exterior estadounidense. Véase Eric J. Hobsbawm, Historia del siglo XX, 1914-1991 (Barcelona, Editorial Crítica, 1998). <<

[14] En las elecciones de 1945 los comunistas austríacos no recibieron más que 174.000 votos —un cinco por ciento—, con los que obtuvieron una representación parlamentaria de cinco diputados. A partir de entonces no desempeñaron ningún papel en la política austríaca. <<

[15] En vísperas del Anschluss de 1938, había 189.000 judíos en Viena. Cuando la ciudad fue liberada en 1945, quedaban menos de mil. <<

[16] En Bélgica, el largo tiempo establecido Partido Católico cambió su nombre por el de Cristiano para enfatizar su carácter más multiconfesional y sus aspiraciones más modernas y reformistas. En Holanda, donde las distinciones entre las distintas confesiones cristianas revestían una mayor importancia, el Partido Católico mantuvo su antiguo nombre. <<

[17] Ante lo que Resnais respondió «Naturalmente, no me había dado cuenta de que el régimen nacionalsocialista estaría representado en Cannes. Claro que ahora ya lo sé». <<

[18] «Nadie puede quitarnos esta vergüenza». <<

[19] Con una hipérbole inintencionadamente reveladora, describió el Tratado de No Proliferación Nuclear como un «Plan Morgenthau elevado al cuadrado». <<

[20] Muchas de las más importantes figuras públicas de Alemania (incluido el canciller federal y el ministro de Asuntos Exteriores en el momento de escribir este libro, 2005) pertenecieron a esta generación de niños criados por madres trabajadoras en familias monoparentales. <<

[1] Cuando al dictador portugués Antonio de Oliveira Salazar le preguntaron en 1968 (siete años después de la revuelta angoleña iniciada en febrero de 1961) para cuándo preveía la independencia de las colonias africanas de Portugal, Angola y Mozambique, respondió: «Es un problema que durará siglos». «Unos quinientos años. Y entre tanto tendrán que seguir participando en el proceso de desarrollo». (Véase Tom Gallagher, Portugal. A Twentieth-Century Interpretation, 1983, p. 200). Pero entonces ya era legendario el rotundo rechazo que sentía Salazar hacia el mundo moderno: durante la mayor parte de la década de 1950 consiguió mantener a Coca-Cola fuera de su país, algo que ni siquiera los franceses fueron capaces de lograr. <<

[2] La pretensión francesa no carecía en ciertas ocasiones de fundamento: Félix Eboué, el gobernador general del África ecuatorial francesa en 1945, ocupaba un alto cargo en la administración colonial francesa, y era negro. <<

[3] Según algunas fuentes, De Gaulle evitaba las referencias directas al autogobierno colonial por miedo a que los colonos europeos, especialmente en el caso de Argelia, aprovecharan esta ocasión para separarse de Francia y establecer un Estado segregacionista basado en el modelo sudafricano. Su temor no era infundado, como los hechos vendrían a demostrar más adelante. <<

[4] Tanto para sus partidarios como para sus detractores, la encarnación de Ho Chi Minh como icono comunista internacional quedó confirmada el 14 de enero de 1950, cuando Mao y Stalin fueron los primeros en reconocer su recién declarada República Democrática de Vietnam. <<

[5] Estos hechos se describen de forma memorable en la película de Gilles Pontecorvo La Battaglia di Algeri (La batalla de Argel). <<

[6] El referéndum estableció una nueva Quinta República. De Gaulle fue elegido su primer presidente tres meses más tarde. <<

[7] Cuando los belgas abandonaron el Congo en 1960 no dejaron tras de sí más que una treintena de licenciados universitarios congoleños para cubrir cuatro mil puestos administrativos de responsabilidad. <<

[8] Entre 1954 y 1962, dos millones de soldados franceses sirvieron en Argelia, de los cuales 1,2 millones eran reclutas. <<

[9] Citado por Fernand L’Huillier en Dialogues Franco-Allemandes 1925-1933 (Estrasburgo, 1971), pp. 35-36. <<

[10] El Canal había estado siempre dentro del territorio egipcio y su pertenencia a Egipto era indiscutible. Pero la mayoría de sus ingresos iban a parar a esta compañía de propiedad extranjera. <<

[11] Citado en The European Rescue of the Nation-State (Berkeley y Los Ángeles, University of California Press, 1992), de Alan Milward, p. 429. <<

[12] Andrew Moravscik, The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht (Ithaca, Cornell University Press, 1998), p. 137. <<

[13] La directiva estalinista se mantuvo firmemente en su sitio, los juicios continuaron celebrándose, a puerta cerrada, durante dos años más y el 1 de mayo de 1955 se erigió una grotesca y descomunal estatua de Stalin sobre una colina cercana a Praga. La desestalinización no llegaría a Checoslovaquia hasta una década más tarde, con dramáticas consecuencias. <<

[14] Kádár, al que Nagy había liberado de la prisión tres años antes, fue nombrado primer secretario del Partido húngaro el 25 de octubre. Este sustituyó a Gerő, cuyas fuerzas de seguridad habían disparado contra manifestantes indefensos en la plaza del Parlamento aquella misma mañana. <<

[15] El hecho de que el líder soviético supiera esto en una fecha tan temprana como el 28 de octubre, tres días antes de que comenzara la invasión anglofrancesa, sugiere que la inteligencia soviética era incluso mejor de lo que los Aliados Occidentales se temían en aquella época. <<

[16] Incluso Gomułka, en Polonia, accedió con bastante facilidad a los argumentos soviéticos. En Polonia, el abandono de Nagy del Pacto de Varsovia constituía una fuente de preocupación —el temor de los polacos al revisionismo territorial alemán hacía que se sintieran especialmente interesados en los acuerdos de seguridad garantizados por el armamento soviético—. Debe señalarse, sin embargo, que en una reunión con Jruschov celebrada en mayo de 1957, Gomułka trató por todos los medios, aunque sin éxito, de disuadir al líder soviético de llevar a Nagy a juicio. <<

[17] En las organizaciones más retrógradas, como el Partido Comunista Francés (que durante mucho tiempo negó tener conocimiento de las acusaciones de Jruschov hacia Stalin), la deserción de muchos de sus miembros no se debió tanto a lo que estaba ocurriendo en el bloque soviético como a la prohibición por parte de los dirigentes locales de debatirlo. <<

[1] No debería sin embargo exagerarse la velocidad a la que se suprimieron las antiguas regulaciones. Bien entrada ya la década de 1960, el gobierno italiano, por ejemplo, creyó políticamente prudente mantener los aranceles y las cuotas de la era fascista sobre los automóviles extranjeros, como medida para proteger a los fabricantes nacionales (básicamente la FIAT). El gobierno británico siguió estrategias similares. <<

[2] Gran parte del cual se reciclaría en forma de préstamos a este mismo Tercer Mundo, actualmente bajo el peso de asfixiantes deudas. <<

[3] El caso de Gran Bretaña, como muchas otras veces, era diferente. En 1956 el 74 por ciento de las exportaciones del Reino Unido iban dirigidas fuera de Europa, principalmente a sus colonias y a la Commonwealth. Incluso en 1973, cuando el Reino Unido entró finalmente en la CEE, solamente una tercera parte de su comercio de exportación iba destinado a los doce países que constituirían la Unión Europea en 1992. <<

[4] A modo de comparación, cabría señalar que la cifra correspondiente a Estados Unidos en 1950 era de un 12 por ciento de empleados en el sector agrícola. <<

[5] Suecia constituye en parte una excepción —la clave de la prosperidad de Suecia durante la postguerra radicó en el desarrollo de una especialización en la fabricación de artículos de lujo—. Pero los suecos tenían acceso a un contingente de mano de obra emigrante (finlandesa) barata e inmediatamente disponible, así como a una industria hidroeléctrica que amortiguaba los efectos de las subidas de precio del petróleo en este país. Al igual que Suiza, y por motivos similares, Suecia constituía un caso especial. <<

[6] El contraste con prácticas del pasado es ilustrativo. Durante la primera etapa de la industrialización francesa incluso los más importantes bancos de inversión parisienses denegaron los recursos para fomentar la modernización de la infraestructura industrial agraria, y no recibieron ayuda o apoyo del Gobierno. La precaria condición de las industrias, carreteras, redes ferroviarias e infraestructuras francesas en 1945 daban un elocuente testimonio de estas deficiencias. <<

[7] En 1950, Yugoslavia, Polonia, Rumanía y Albania eran los únicos países europeos en los que el número de niños que moría antes de cumplir el año era superior a uno de cada diez. En Europa occidental el país peor situado a este respecto era Portugal, donde la tasa de mortalidad infantil era de 94,1 por mil. <<

[8] Al año siguiente, en marzo de 1956, este derecho se extendió a todos los trabajadores franceses. Los trabajadores de Renault obtuvieron cuatro semanas de vacaciones pagadas en 1962, pero en esta ocasión el resto del país tardaría aún siete años más en conseguir lo mismo. <<

[9] A consecuencia de lo cual, a medida que el turismo empezó a desarrollarse a finales de los años sesenta, la propia Grecia sufrió una escasez de trabajadores en los sectores laborales menos cualificados. <<

[10] Solo quince años antes, en 1958, había 25.000 italianos, 4000 yugoslavos y un número de turcos no lo bastante significativo para figurar siquiera en los censos oficiales. <<

[11] Estas draconianas restricciones a la inmigración colonial reflejaban la opinión dominante en los dos partidos mayoritarios. Sin embargo, menos de una generación antes y en circunstancias bastante distintas, el primer ministro laborista Clement Attlee había escrito, en julio de 1948: «Es tradicional que los súbditos británicos, sean o no de origen colonial (y cualquiera que sea su raza o color), sean libremente admitidos en el Reino Unido. Esta tradición no debe, en mi opinión, perderse, especialmente en un momento en el que estamos importando gran cantidad de mano de obra extranjera». <<

[12] La excepción la constituyó Italia, donde en 1971 menos del 5 por ciento de todas las compras se realizaban en los 538 supermercados del país y la mayoría de la gente seguía acudiendo a las tiendas especializadas del barrio. Esto todavía era así veinte años más tarde: en 1991, año en el que las tiendas de alimentación de Alemania habían descendido a 37.000 y las de Francia a solo 21.500, en Italia seguía habiendo 182.432. En términos per cápita, esta cifra solo era superada por Polonia. <<

[13] También existían objeciones «culturales». En 1952 el escritor comunista francés Roger Vailland afirmaba que «en un país como Francia, donde —salvo dos meses al año, y no todos los años— hace tanto frío que un cajón de comida puesto sobre la repisa de la ventana puede mantener el asado durante un fin de semana, o más, un frigorífico no es más que un “símbolo”, una “mistificación” (americana)». <<

[14] Solo en 1963, Electricité de France comenzaría a actualizar sus líneas de potencia urbanas para permitir el funcionamiento simultáneo de varios electrodomésticos; las zonas rurales tardarían algunos años más en conseguirlo. <<

[15] Un incremento exponencial perfectamente reflejado en la primera escena de la película Ocho y medio de Fellini (1963). Incluso para los propios parámetros de Fellini, este atasco de tráfico hubiera sido de todo punto impensable solo unos años antes. <<

[16] La respuesta local a esta innovación sentó un precedente histórico. Los automovilistas ingleses, al considerar las tarifas de los parquímetros como un tipo de impuesto no autorizado, evitaban el pago. Los franceses para manifestar su desaprobación decapitaban los parquímetros parisienses. <<

[17] Los primeros hipermercados europeos, definidos como grandes almacenes con un mínimo de 2300 metros cuadrados en una sola planta y situados por lo general a más de tres kilómetros del centro de la ciudad, comenzaron a aparecer a finales de la década de 1960. En 1973, en Europa occidental había unos 750 de estos gigantescos almacenes, 620 de ellos solo en Francia y Alemania Occidental. En aquel mismo año, en Italia no había más que tres. Veinte años después, en Francia había ya 8000 hipermercados… y en Italia solo 118. <<

[18] Entre 1959 y 1973 el número de personas que viajaban a España pasó de los 3 a los 34 millones. Ya en 1966 la cifra de turistas que visitaban España al año —17,3 millones— superaba con mucho las de Francia o Italia. En algunas zonas del litoral nordeste y mediterráneo español la transición de una economía preindustrial a la era de la tarjeta de crédito se completó en una sola generación. El impacto estético y psicológico de este hecho no siempre fue positivo. <<

[19] A excepción de la península Ibérica y el sur de los Balcanes, donde el número de aparatos de radio en 1960 era más o menos comparable al de Europa occidental treinta y cinco años antes, y donde la gente todavía se reunía en los cafés para escuchar las noticias o música. <<

[20] Paul Ginsborg, A History of Contemporary Italy. Society and Politics 1943-1988 (1990), página 240. <<

[21] Tal vez merezca la pena resaltar la marginalidad del jazz. Al igual que la música folk norteamericana de los años sesenta, el jazz solo lo apreciaba y consumía un reducido número de personas en Europa occidental, por lo general cultas, burguesas o bohemias (o, en la mayoría de los casos, ambas cosas a la vez) y bastante mayores que el entusiasta típico de rock and roll. La situación en la Europa del Este era algo distinta. Allí el jazz era americano (y negro) y, por tanto, exótico y subversivo, occidental pero radical e iba acompañado de un trasfondo del que carecía en Occidente. <<

[22] El escritor estadounidense William Stead publicó en 1902 The Americanization of the World anticipándose un poco, aunque no mucho, a esta idea. <<

[a] Término acuñado por J. B. Priestley para designar una sociedad manipulada por la publicidad. (N. de los T.). <<

[b] Nombre de una famosa cadena de grandes almacenes. (N. de los T.). <<

[c] Mezcla de folk, jazz y rock. (N. de los T.). <<

[1] En 1960 la economía alemana creció a un ritmo del 9 por ciento anual, y la británica a un 2,6 por ciento: el más bajo del mundo desarrollado, excepto Irlanda, que en aquella época todavía estaba muy lejos de ser «desarrollado». <<

[2] Citado en Peter Hennessy, Never Again. Britain 1945-1951 (1993), p. 117. <<

[1] Los partidos e intelectuales liberales de Alemania e Italia, al igual que el reducido grupo de partidarios del libre mercado del Partido Conservador de Gran Bretaña, no participaban de este consenso. Pero, en aquel momento —y en parte por esta razón— su influencia era bastante escasa. <<

[2] A diferencia de Italia, que tuvo 13 gobiernos y 11 primeros ministros diferentes durante el mismo periodo, o de Francia, con 23 gobiernos y 17 primeros ministros entre 1945 y 1968. Los líderes de partido de larga duración constituían una especialidad sueca: el predecesor de Erlander en el cargo de presidente del Partido Socialdemócrata Sueco, Per Albin Hansson, se había mantenido en el cargo desde 1926 a 1946. <<

[3] El Pacto de Saltsjöbaden recordaba en ciertos aspectos la Arbeitsfrieden (Paz Laboral) alcanzada en Suiza el año anterior, por la que empresarios y trabajadores acordaban establecer un sistema de negociación colectiva no confrontacional que constituiría uno de los pilares de la futura y duradera estabilidad y prosperidad del país. Sin embargo, mientras que la Arbeitsfrieden suiza iba dirigida a mantener al Gobierno fuera de la negociación económica, el Pacto de Saltsjöbaden comprometía al Gobierno a trabajar en armonía con propietarios y empleados, en pro del interés común. <<

[4] El índice de suicidios más alto de Europa occidental en 1973 correspondía en efecto a los países más prósperos y desarrollados: Dinamarca, Austria, Finlandia y Alemania Occidental. Y el más bajo a los más pobres: el índice de suicidios danés, per cápita, equivalía seis veces al de Italia y catorce veces al de Irlanda. En qué medida esto puede achacarse al efecto depresivo de la prosperidad, el clima, la latitud, la alimentación, la religión, las estructuras familiares o el estado del bienestar es algo que aún hoy sigue sin estar claro. <<

[5] Irónicamente, fueron los socialdemócratas suecos los que durante mucho tiempo mostraron más interés por los teóricos «austromarxistas» de la Viena de principios del siglo XX, Otto Bauer y Rudolf Hilferding. Sus sucesores austríacos, sin embargo, prefirieron en cambio dejar todo aquello atrás, salvo por alguna reminiscencia ocasional, como la del programa de 1958 del Partido Socialista Austriaco, donde se afirmaba de forma bastante confusa que «el socialismo democrático ocupa una posición intermedia entre el capitalismo y la dictadura»… <<

[6] Para esta traducción, véase Bark & Gress, From Shadow to Substance. A History of West Germany, volumen 1 (1992), capítulo 16. <<

[7] La destrucción de las escuelas estatales selectivas de Inglaterra se limitó a conducir a más personas de clase media al sector privado, lo que mejoró las perspectivas y los beneficios de las «escuelas públicas» de pago que los radicales laboristas tanto despreciaban. Entre tanto, la selección seguía produciéndose, pero más por ingresos que por méritos: los padres que podían permitírselo se compraban una casa en un «buen» distrito escolar, por tanto los niños de las familias más pobres quedaban en manos de las escuelas de nivel más bajo y de los peores profesores, y con unas perspectivas mucho más reducidas de movilidad educativa ascendente. La «globalización» de la enseñanza secundaria británica constituyó la norma más socialmente retrógrada de la Inglaterra de la postguerra. <<

[8] Con la desaparición de la política clerical, el anticlericalismo político perdió su razón de ser, y finalizó así un ciclo de disputas y obsesiones que había durado casi dos siglos. <<

[9] Sin embargo, en Irlanda la autoridad de la Iglesia y su implicación en la política cotidiana se prolongó durante mucho más tiempo, hasta bien entrada la década de 1990. <<

[10] En un significativo arrebato, Osborne califica la realeza británica como «el oro que llena un bocado de decadencia». <<

[11] Los gustos de Godard, en concreto, eran decididamente eclécticos. Se dice que Johnny Guitar (1954), de Nicholas Ray protagonizada por Joan Crawford, le dejó «cautivado». <<

[12] Es indudable que los italianos sabían diseñar coches, como cualquier entusiasta de las carreras automovilísticas estaría dispuesto a atestiguar. Fueron las carrocerías italianas las primeras en eliminar los guardabarros, estribos y otras prominencias innecesarias de los pequeños coches familiares (al igual que los sastres milaneses eliminarían durante aquellos mismos años las vueltas de los pantalones e inventarían las líneas y el corte recto y limpio del traje italiano moderno). Lo que los fabricantes de coches italianos parecían incapaces de conseguir con un mínimo grado de fiabilidad era construir los coches que sus diseñadores habían imaginado. <<

[13] En el sorprendido comentario de un crítico parisiense, los miles de apartamentos idénticos amontonados en los nuevos grands ensembles eran «verdaderas casas de hojalata incorporadas en una estructura vertical, como muchas botellas diferentes dentro de un mismo botellero para vino». Véase Pierre Agard, «L’Unité de résidence» en Esprit, octubre-noviembre de 1953. Agradezco al Dr. Nicole Rudolph la referencia textual. <<

[14] A diferencia de Rotterdam: sepultado bajo las bombas alemanas y reconstruido por fases, el puerto holandés se convirtió en una ciudad consciente y genuinamente «diseñada». <<

[1] Obviamente, esto no era aplicable a pequeñas y elitistas academias como la École Polytechnique o la École Normale Supérieure de Francia, las cuales admitían a un reducido número de alumnos tras pasar un riguroso examen selectivo e impartían una enseñanza de muy alta calidad. Pero este tipo de casos eran poco frecuentes y sumamente atípicos. <<

[2] A mediados de 1960 solo el 44 por ciento de los estudiantes universitarios italianos se licenciaba; estas cifras empeorarían aún más a lo largo de la década de 1970. <<

[3] En el bloque comunista, «los sesenta», como cultura popular, se vivieron necesariamente como un fenómeno de segunda mano. Pero esta diferencia no debe exagerarse. Por utilizar el referente de la época: todo el mundo en Europa del Este sabía quiénes eran los Beatles y muchos habían escuchado su música. Y no solo los Beatles: cuando la estrella del rock francés, Johnny Hallyday, actuó en Košice (Eslovaquia), en 1966, 24.000 personas acudieron a verlo. <<

[4] Los Beatles procedían de la clase trabajadora de Liverpool —o, en el caso de Paul McCartney, de un par de escalones más arriba—. El otro icono de la música rock, los Rolling Stones, eran más convencionalmente bohemios en su temática, en consonancia con el contexto social de sus integrantes, pertenecientes a la clase media londinense. Este hándicap se superó con un estilo calculadamente más duro, y con una adecuada publicidad de sus vidas privadas, ostentosamente obscenas. <<

[5] Adviértase, no obstante, que durante la mayor parte de los años sesenta aún estaba prohibido en muchas partes de la Europa occidental y oriental difundir información sobre la contracepción. Gran Bretaña constituyó la excepción, al autorizar el uso de la píldora anticonceptiva en 1961 (al otro lado del Canal, el cantante Antoine vendió un millón de discos en 1966, en los que imaginaba lastimeramente una Francia en la que la píldora se vendiera algún día «en las tiendas Monoprix»). <<

[6] En las provincias más alejadas, sin embargo, donde las boinas, las gorras e incluso los sombreretes femeninos se seguían utilizando diariamente, el cambio se produjo con cierto retraso. Aquí pasaría algo más de tiempo hasta que los sombreros dejaran de ser un indicador tradicional fiable del origen regional e incluso de la clase social. <<

[7] Que en la década siguiente habría de evolucionar sin excesiva dificultad hacia la moda de las cabezas rapadas. <<

[8] En 1960 el «existencialismo» (al igual que el «estructuralismo» algunos años después) ya se había convertido en una etiqueta que se aplicaba a todo tipo de cosas, de forma similar a lo ocurrido con el término «bohemio» en décadas anteriores: los estudiantes de arte en paro que acudían a ver a los Beatles en el Reeperbahn de Hamburgo se autodenominaban «Exis». <<

[9] En cuyo caso podría parecer extraño que el entonces famoso psicoanalista Jacques Lacan fuera popularmente asimilado con esta categoría. Pero Lacan constituía un caso especial. Incluso para los laxos niveles del París de los años sesenta, él se mantenía absolutamente ignorante de los avances contemporáneos en medicina, biología y neurología, sin que ello perjudicara en absoluto su actividad o su reputación. <<

[10] En el momento de escribir este libro, el PSGB continúa existiendo. Impermeable al cambio, y demasiado pequeño para verse negativamente afectado por su propia insignificancia, es probable que sobreviva indefinidamente. <<

[11] Como el casi contemporáneo de Gramsci, el marxista alemán Karl Korsch, o los escritores austromarxistas Otto Bauer y Rudolf Hilferding. <<

[12] La afirmación de Althusser se basaba en una estrambótica versión estructuralista de Marx, cuyo atractivo para los jóvenes en busca de la Teoría era directamente proporcional a su opacidad jesuítica (a los expertos de edades más avanzadas no logró impresionarlos). Pero la aserción de la autoridad estaba bastante clara: solo hay una manera correcta de interpretar a Marx, insistía, y es la mía. En Francia la estrella de Althusser se apagó con la caída del Partido cuya causa este apoyaba; hoy en día su atractivo oscurantista se limita a los grupos marginales del academicismo anglosajón. <<

[13] Y no sin cierta razón. Como Raoul Vaneigem, un situacionista belga, escribió en 1967: «Con un mundo de placeres extáticos por conquistar, no tenemos nada que perder salvo nuestro aburrimiento». Es difícil estar seguro, desde la retrospectiva, de si dichos eslóganes eran ingeniosos, inocentes o meramente cínicos. En todo caso, apenas hacían peligrar el status quo. <<

[14] Esto era origen de conflictos desde hacía tiempo. En enero de 1966, después de meses de disputas, en un colegio mayor de Antony, en el sur de París, un recién nombrado director había introducido lo que entonces se consideraba un régimen radical. Los chicos y las chicas de más de veintiún años podían a partir de aquel momento recibir a miembros del sexo opuesto en sus habitaciones. Los menores de veintiún años podían hacerlo con el permiso por escrito de sus padres. Estas innovaciones tan liberales no se produjeron en ningún otro sitio. <<

[15] El ministro para la Juventud, François Missoffe, había ido a Nanterre a inaugurar unas instalaciones deportivas. Cohn-Bendit, un estudiante enragé, le preguntó por qué el ministro de Educación no hacía nada para solucionar las disputas por los dormitorios en los colegios mayores (o «problemas sexuales», como él los denominó). El ministro, en respuesta a la provocación, sugirió que si Cohn-Bendit tenía problemas sexuales debía zambullirse en la espléndida nueva piscina. «Eso» replicó Cohn-Bendit, de origen alemán, «es lo que la Juventud Hitleriana solía decir». <<

[16] Según se sabría más tarde, para visitar al ejército francés en Alemania y garantizarse su lealtad y su disponibilidad en caso de tener que recurrir a él. Pero entonces este hecho era desconocido. <<

[17] Esto era a todas luces incierto. El Partido Comunista Francés no tenía una estrategia coherente en 1968 más allá de mostrar su menosprecio por los radicales estudiantiles y tratar de preservar su influencia en el movimiento laboral. Hacerse con el poder político estaba bastante alejado de su capacidad o de su imaginación. <<

[18] Entre los líderes estudiantiles no había mujeres. En las fotos y los documentales de la época las chicas aparecen colgadas de los hombros de sus novios, pero, en el mejor de los casos, no eran más que las tropas de infantería auxiliares del ejército estudiantil. La revuelta juvenil de 1968 se centró en gran parte en el sexo, pero se mostró bastante indiferente a las desigualdades de género. <<

[19] Robert Lumley, States of Emergency. Cultures of Revolt in Italy from 1968 to 1978 (Londres, 1990), p. 96. <<

[20] El propio Berlín Occidental había adquirido cierto ambiente contracultural durante aquellos años. Fosilizado por su peculiar aislamiento en el centro de las tensiones políticas internacionales, dependiente de las dádivas de Bonn y de Washington, con un futuro marcado por una perdurable inestabilidad, la ciudad había quedado suspendida en el tiempo y en el espacio. Esto la hacía especialmente atractiva a los disidentes, radicales y cualquiera en busca de extremismos políticos y culturales. La ironía de la situación de Berlín Oeste —que su supervivencia como bohemio puesto de avanzada de Occidente dependiera por completo de la presencia de soldados estadounidenses— no era captada por muchos de sus jóvenes residentes. <<

[21] Los ecos de esta inversión de los términos volverían a dejarse oír durante la primera guerra del Golfo, en 1991, cuando los alemanes que se oponían a ella no dudaron en calificar a Estados Unidos como el mayor criminal de guerra del siglo XX… y a Alemania como su principal víctima. <<

[1] Aunque fue sustituido por una renovada versión mitologizada según la cual el propio Stalin —y sus crímenes— pasaban bastante inadvertidos. <<

[2] La credibilidad del sistema soviético descansaba en una enorme medida en su capacidad de obtener resultados de la agricultura. Durante la mayor parte de sus ochenta años de vida, la agricultura estuvo constantemente en situación de emergencia, de una forma u otra. Esto no hubiera resultado muy sorprendente a un observador europeo del siglo XVIII o incluso a uno africano del siglo XX, pero a la Unión Soviética se le suponían unos niveles de producción mucho más altos. <<

[3] Un año después de su liberación, Siniavski emigró a Francia y ocupó un puesto de profesor de literatura rusa en la Sorbona. Daniel permaneció en Rusia, donde moriría en 1988. <<

[4] Aunque el economista reformista más conocido de los años sesenta fue un checo, Ota Šik, fue la escuela húngara la que tuvo una mayor influencia e impacto en la práctica. <<

[5] Djilas pasó cuatro años en prisión a raíz de la aparición de La nueva clase en Occidente, y poco después de su liberación volvió a ser encarcelado por cuatro años más. <<

[6] Richard Nixon no fue en absoluto el último estadounidense al que sedujo el dictador rumano. Impresionado por Nicolae Ceauşescu durante una visita a realizada a Rumanía en 1978, el senador George McGovern le elogió como «uno de los mayores defensores del control de armas»; y aun en septiembre de 1983, cuando ya se conocía la terrible verdad sobre el régimen de Ceauşescu, el vicepresidente George Bush le describió memorablemente como «uno de los buenos comunistas de Europa». <<

[7] La traducción al francés de la Carta Abierta que circuló por París al año siguiente fue distribuida por la Jeunesse Communiste Révolutionnaire, una organización trotskista. <<

[8] De los aproximadamente 30.000 judíos de la Polonia de mediados de los años sesenta, menos de 7500 pertenecían a las organizaciones judías oficiales. <<

[9] En 1966 una edición en lengua polaca del libelo antisemita Los protocolos de los sabios de Sión circulaba extraoficialmente en círculos del Partido, en las universidades y en el ejército. <<

[10] Novotný no era el único que temía una reacción violenta. El 5 de abril de 1963 el líder comunista italiano Palmiro Togliatti escribió en secreto a Novotný y sus colegas para pedirles que retrasaran las noticias sobre la rehabilitación de Slánský y otras víctimas del juicio hasta pasadas las próximas elecciones italianas. Como el jefe del PCI entendía perfectamente, los checos no eran los únicos que tenían motivos para sentirse indignados ante la colaboración de sus líderes en el encubrimiento del asesinato judicial a gran escala cometido apenas diez años antes. <<

[11] En diciembre de 1967 los miembros del Partido representaban el 16,9 por ciento de la población checoslovaca: la proporción más alta de todos los Estados comunistas. <<

[12] Jiří Pelikán, The Czechoslovak Political Trials. The Suppressed Report of the Dubček Government’s Commisson of Inquiry, 1968 (Stanford, 1971), p. 17. <<

[13] No puede decirse que se tratara de una petición espontánea. Dos semanas antes —en una reunión secreta celebrada cerca del lago Balaton, en Hungría, organizada por János Kádár—, Vasiľ Biľak (uno de los oponentes de Dubček dentro de la dirección del Partido checoslovaco) fue aconsejado por Shelest de que a Moscú le agradaría una «carta de invitación». La susodicha carta alude explícitamente a la «pérdida de control» del Partido, la probabilidad de un «golpe contrarrevolucionario» y los «riesgos para el socialismo», antes de solicitar la «intervención y la asistencia de todo tipo». Y termina: «Le pedimos que trate nuestra declaración con la máxima confidencialidad, razón por la que le escribimos, personalmente, en ruso». <<

[14] Dado que Ceauşescu se negó a tomar parte en la invasión o a permitir que las tropas del Pacto de Varsovia atravesaran territorio rumano, el contingente búlgaro tuvo que ser aerotransportado a Ucrania. Aunque su presencia apenas justificaba que hubiera que tomarse tantas molestias, la importancia de distribuir la responsabilidad del ataque entre el mayor número posible de Estados fraternales prevaleció sobre cualquier otra consideración. <<

[15] Después de 1989 se supo que la policía secreta checa había establecido durante los años de la normalización una unidad especial para seguir y controlar a los judíos del país: un eco del pasado de Checoslovaquia, como también de la Polonia de la época. A las autoridades no les había pasado desapercibido que solo uno de los principales colegas de Dubček se había negado a firmar el documento de Moscú por el que renunciaba a sus acciones. Se trataba de František Kriegel, el único judío del grupo. <<

[16] Milan Šimečka, Obnovení Pořádku (La restauración del orden), (Bratislava, 1984, publicación clandestina). Ochenta mil checos y eslovacos huyeron al exilio tras la invasión soviética. <<

[17] A la propia generación del baby boom nunca le faltó empleo. Fue su sucesora, la de los nacidos después de 1953, la que entró en el mercado de trabajo justo cuando el empleo empezaba a escasear cada vez más. Como es lógico, la política de esta siguiente generación sería muy distinta. <<

[18] Solo en España, donde el ciclo de protesta social continuó hasta mediados de los setenta antes de fusionarse con el movimiento por el retorno de la democracia parlamentaria, la agitación de los años sesenta anunció una genuina transformación política, como veremos en el capítulo XVI. <<

[19] El caso Profumo, acaecido en Gran Bretaña en 1963 (un escándalo deliciosamente polifacético, con ingredientes sexuales, clasistas, raciales, políticos y de espionaje que mantuvo en vilo al país durante meses), habría sido impensable algunos años atrás. Los deslices de una élite en decadencia podían seguir despertando cierto interés malsano pero, después de los años sesenta, ya no sorprendían a nadie. <<

[1] El déficit presupuestario estadounidense pasó de mil seiscientos millones de dólares en 1965 a veinticinco mil doscientos en 1968. <<

[2] Como elemento de comparación, en plena crisis de 1973, las importaciones de petróleo estadounidenses no presentaban más del 36 por ciento del consumo interno. <<

[3] Una media, evidentemente, no es más que eso, una media. En 1976, un año especialmente sombrío, en el que el número de desempleados británicos superó por primera vez desde la guerra el millón y la inflación anual se acercó al 25 por ciento, los índices de crecimiento de todos los países registraron niveles ínfimos; en Italia, la economía nacional llegó incluso a reducirse, por primera vez desde 1940. <<

[4] Siglas inglesas, respectivamente, de Asociación Nacional de Funcionarios de los Entes Locales, Unión Nacional de Empleados Públicos y Asociación de Personal Científico, Técnico y Directivo. <<

[5] Este acrónimo tenía una utilidad política concreta: al recuperar el nombre de una antigua moneda de plata francesa del siglo XVIII —el écu [escudo]—, ayudaba a mitigar la insatisfacción que sentía París al tener que reconocer la creciente primacía de Alemania Occidental en los asuntos europeos. <<

[6] Citado en Harold James, International Monetary Cooperation unce Bretton Woods (NY, Oxford, 1996), p. 180. <<

[7] El suceso más tristemente famoso sucedió el 17 de octubre de 1961, cuando la policía francesa asesinó a unos 200 argelinos, muchos de ellos ahogados en el Sena, después de una manifestación que recorrió todo París. En aquel momento, el prefecto de la policía parisina era Maurice Papon, más tarde acusado y condenado por crímenes contra la humanidad por su colaboración en la captura y envío de judíos franceses a Auschwitz durante la guerra. Véase el epílogo. <<

[8] Los «provisionales» tomaban su nombre de la Declaración de Dublín del 24 de abril de 1916, cuando los sediciosos proclamaron un gobierno provisional. <<

[9] En esa época se calculó que el coste de mantener la presencia británica en Irlanda del Norte ascendía a tres mil millones de libras esterlinas anuales, en un momento en el que Londres sufría enormes presiones para equilibrar su presupuesto. <<

[10] El intachable Partido Socialista Francés llegó incluso a constituir un Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en la República Federal, ofreciendo su cualificación y asistencia práctica a acusados de actos terroristas. <<

[11] Al igual que en Alemania, llegó un momento en el que la policía encontró a los dirigentes, pero para perderlos nuevamente. Renato Curcio, detenido en 1974, se escapó de la cárcel en febrero de 1975, aunque fue capturado de nuevo 11 meses después. <<

[12] Negri, inicialmente liberado, fue detenido de nuevo en 1983. En junio de 1984 fue juzgado y condenado a treinta años de cárcel. <<

[13] Una de ellas, la infame Logia P2, era un misterioso entramado masónico formado por políticos de derechas, banqueros y policías, organizado por Licio Gelli, que había sido un ardiente defensor de la «república social» de Benito Mussolini entre 1943 y 1945. Entre sus 962 miembros figuraban 30 generales, ocho almirantes, 43 parlamentarios, tres ministros en ejercicio y una muestra bastante representativa de altas jerarquías de la Iglesia católica, la industria y la banca privada. <<

[14] El punk europeo occidental dejó tras de sí un regusto especialmente desagradable en la Europa oriental de los últimos años del comunismo, donde fue adoptado bandas nihilistas muy minoritarias que cínicamente se aferraban a un legado de disidencia política y musical para lograr sus propios fines. Con una repelente combinación de pornografía e incorrección política, los Spions, un grupo punk húngaro de los años ochenta, grabó Anna Frank: «¡Una relación un tanto forzada antes de que vengan a por ti, Anna Frank! ¡Haz el amor conmigo! ¡Grita, perra! ¡Anna Frank! ¡Si no lo haces, te entregaré! Anna Frank, los muchachos te están esperando». <<

[1] En el Reino Unido, esta tendencia, que se remontaba al tradicional entusiasmo que suscitaban prácticas como el vegetarianismo y la «autenticidad» de los materiales de construcción y textiles, con frecuencia se solapaba con redes de sociedades socialistas y asociaciones de excursionistas: era la respuesta de la izquierda a la caza, el tiro y la pesca de los conservadores. En la Europa continental las culturas de izquierdas y de derechas tenían una historia muy diferente. Mientras que en el Reino Unido la Good Food Guide (Guía de la buena alimentación) la iniciaron y publicaron socialistas fabianos, presentándola desde el principio como una aportación a la lucha de clases en el frente gastronómico, la Guía Michelin francesa fue siempre una empresa exclusivamente económica, aunque dirigida a un público muy similar. <<

[2] En 1980 la Unión Soviética liberaba a la atmósfera casi tanto dióxido de carbono como Estados Unidos; estadística esta que, para sus admiradores y hasta hace bien poco, habría sido más motivo de orgullo que de vergüenza. <<

[3] En regímenes restrictivos en otros aspectos, y con ciertos límites, las protestas de contenido ecologista —dado su carácter supuestamente apolítico— proporcionaban un espacio seguro para la acción política y la expresión del sentimiento nacional. Ya en 1983 el problema de la contaminación del agua había llevado al diez por ciento de la población de la Lituania soviética a formar parte de la Asociación para la Protección de la Naturaleza Lituana. <<

[4] Este tipo de existencialismo heideggeriano tendió otro puente con Occidente: el filósofo francés Emmanuel Mounier ya había dicho muchos años antes que en el existencialismo de contemporáneos como Sartre apreciaba una «barrera subjetiva» frente a lo que él vilipendiaba por considerarlo «materialismo objetivo» y de «tecnología». En décadas posteriores, los herederos intelectuales de Mounier del círculo de escritores de la revista Esprit serían de los primeros de Europa occidental en publicar y en celebrar a Havel y a sus compañeros en la disidencia. <<

[5] En esos mismos años, Moscú financió incluso al minúsculo Partido Comunista de Estados Unidos, para el que llegó a desembolsar 42 millones de dólares, una reveladora muestra de su indiscriminada generosidad. <<

[6] El 13 de abril de 1976, solo nueve semanas antes de las elecciones italianas, Kissinger declaró públicamente que Estados Unidos no «acogería de buen grado» la entrada de los comunistas en el Gobierno italiano, con lo que confirmó las intuiciones de Berlinguer. <<

[7] Una de las primeras decisiones que tomó Brandt al llegar al poder en 1969 fue la de cambiar el nombre del «Ministerio de Asuntos Panalemanas» por el de «Ministerio de Relaciones Interalemanas», con el fin de aplacar los temores que sentía Alemania del Este a que la República Federal continuara proclamando su derecho legal a hablar en nombre de todos los alemanes, y para mostrar su disposición a tener tratos con la República Democrática, considerándola una entidad independiente y permanente. <<

[8] Esta ficción legal y las cuestiones emocionales que comportaba explican la renuencia inicial de la Unión Cristianodemócrata (CDU) a firmar el acuerdo marco de 1973, por el que se establecían relaciones con Alemania del Este, y también la insistencia de este partido en la necesidad de mantener abierta la cuestión de las fronteras orientales hasta 1990. <<

[9] Desde sus mismos comienzos, la Ostpolitik concedió una atención y unos privilegios especiales a los Volksdeutsche, los alemanes que seguían viviendo fuera de las fronteras de Alemania, al este o al sur. En función de criterios familiares o de origen étnico, a dichas personas se les concedía la plena ciudadanía alemana si podían llegar a la República Federal. Cientos de miles de residentes de Ucrania, Rusia, Rumanía, Hungría y otros países descubrieron de repente ancestros alemanes que durante el medio siglo anterior habían hecho todo lo posible por ocultar. <<

[10] El primer Grupo de Helsinki se fundó el 12 de mayo de 1976 en Moscú. Entre sus primeros 11 miembros figuraban Yuri Orlov. Yelena Bónner y Anatoly Sharansky. Dos años después nacía Helsinki Watch, la organización internacional que, aglutinando varios grupos, pretendía especialmente sacar a la luz las vulneraciones de derechos humanos en los Estados firmantes de Helsinki. <<

[1] La práctica de los guardias de Makronisos, consistente en obligar a los comunistas a arrepentirse para luego ocuparse de los que se negaban a hacerlo, era muy parecida a la técnica utilizada durante esos mismos años por los comunistas rumanos en la prisión de Piteşti, aunque ligeramente menos sanguinaria. Véase el capítulo VI. <<

[2] Al principio, al igual que en otros países de Europa, Estados Unidos esperaba encontrar amigos y aliados en el centro izquierda del espectro político griego. Sin embargo, no tardó en desengañarse y pasó a establecer una estrecha y duradera amistad con la derecha nacionalista y militarista. <<

[3] Y a Z, la influyente película dirigida por Costa Gavras en 1969, basada en el caso Lambrakis. <<

[4] Quizá los oficiales, la mayoría formados en las escuelas militares de la dictadura de preguerra de Ioannis Metaxás, no fueran tan impopulares como proclamaban sus críticos extranjeros. Pero sí se tenía razón al suponer que contaban con la simpatía (y quizá más) de Estados Unidos. Lo que era fundamentalmente una tardía prolongación de la guerra civil griega de los años cuarenta pasó a considerarse la última gran causa de la secular guerra civil europea. Grecia, y no España, era ahora la vara de zahorí del sentimiento político polarizado. <<

[5] Desde 1962, Grecia tenía estatus de país asociado a la Comunidad Económica Europea. <<

[6] Sin embargo, la propia Junta militar no escapó al castigo. Once de sus líderes fueron juzgados y condenados en agosto de 1975. Tres recibieron condenas de muerte, más tarde sustituidas por cadenas perpetuas. Papadópoulos murió en prisión en 1999, sin arrepentirse nunca. El general de brigada Ioannides fue condenado por un tribunal posterior por su papel en la represión de la revuelta en la Escuela Politécnica. En el momento de escribir este libro continuaba encarcelado. <<

[7] Maurras murió en 1952, a los ochenta y cuatro años. Salazar, hijo de un administrador de fincas, nació en Vimeiro, Portugal, el 28 de abril de 1889, solo una semana después que Hitler. Para un hombre que seguía gobernando un Estado europeo a finales de la década de 1960, sus raíces se hundían inusualmente en las costumbres del siglo anterior (su madre había nacido en 1846). <<

[8] En 1973, dos tercios de las importaciones y exportaciones portuguesas tenían como origen o destino Europa occidental. <<

[9] No obstante, al puritanismo de los jóvenes oficiales y de sus aliados izquierdistas no le complació mucho la posterior efusión de lo que ellos consideraban pornografía literaria y cinematográfica, que compensaba las restricciones culturales sufridas durante cincuenta años por Portugal. Hubo un momento en el que incluso trataron de prohibir que se interpretaran los tradicionales fados, porque les parecía que fomentaban «la amargura y el fatalismo» y que, por tanto, eran hostiles a sus objetivos de progreso cultural y social. <<

[10] Todavía en 1963, el dictador no había dudado en ejecutar a un comunista detenido, Julián Grimau, desafiando las múltiples críticas internacionales. <<

[11] Una irónica consecuencia de las libertades cuidadosamente calibradas que Franco permitió a los militantes universitarios durante su última década es que los estudiantes españoles de la generación de los sesenta, al volver la vista atrás, suelen exagerar su papel en la posterior lucha por la democracia del país. <<

[12] Véase el capítulo VII. A consecuencia de ello, hubo líderes católicos que, sin mácula alguna de pasado franquista, lograron desempeñar un papel activo en la transición a la democracia al servir de puente entre radicales y conservadores. <<

[13] Un mes antes de ser legalizado, el PCE organizó en Madrid un encuentro público de partidos eurocomunistas de Europa occidental. <<

[14] La distribución sociogeográfica de los votos emitidos en 1977 era asombrosamente parecida a la de las elecciones de 1936: la cultura política del país había quedado realmente congelada durante cuatro décadas. <<

[15] Según el artículo 151 de la Constitución, se concedería estatuto de autonomía a cualquier región que lo solicitara. <<

[16] Posteriormente, en 1982 y 1985, habría dos nuevas conspiraciones contra el Rey y el Parlamento, ambas frustradas con facilidad. <<

[17] A mediados de los ochenta, las cifras de desempleo oficiales indicaban que más de uno de cada cinco individuos en edad de trabajar estaba en paro. Es probable que la cifra real se acercara más a uno de cada cuatro. En un país que todavía carecía de una red social totalmente operativa y en el que pocas personas tenían planes de pensiones privados, estas cifras apuntan una generalizada situación de penuria. <<

[18] En 1982, el PSOE hizo campaña con el lema «OTAN, de entrada no». Cuatro años más tarde, en sus carteles se pedía el sí «en interés de España». <<

[19] El programa de nacionalizaciones, tradicional entre los socialistas, apenas se aplicó en España, donde el régimen autoritario ya poseía gran parte de la economía oficial. <<

[20] Era muy llamativo que la nueva Constitución española de 1978, concebida principalmente para reconciliar a los polos antagónicos de la historia del país —la izquierda y la derecha; la Iglesia y los anticlericales; el centro y la periferia— guardara un completo silencio sobre el régimen al que sustituía. <<

[21] Sus películas —como La mala educación, de 2004— también muestran un anticlericalismo bastante evidente. Quizá sea este el único aspecto en el que Almodóvar se ha mantenido siempre fiel a una antigua tradición de disidencia cultural española. <<

[22] Víctor Pérez-Díaz, España puesta a prueba, 1976-1996, (Madrid, Alianza Editorial, 1996), p. 79. <<

[23] En ambas ocasiones, la capital, Oslo, votó mayoritariamente a favor. Pero esta decisión fue impulsada por una coalición antieuropea compuesta por radicales, ecologistas, «nacionalistas lingüísticos» y agricultores de las provincias costeras y septentrionales junto a pescadores que se oponían enérgicamente a limitar la zona costera de pesca exclusiva a las doce millas que dictaba la CEE. La entrada de Dinamarca supuso la incorporación a la CEE de Groenlandia, que en aquel momento seguía siendo gobernada desde Copenhague. Pero después de que la isla accediera a la autonomía en 1979, se convocó un referéndum en el que el país decidió abandonar la CEE, y se convirtió en el único Estado miembro que ha llegado a hacer tal cosa. <<

[24] Sin embargo, todo esto se compensaba con las nuevas oportunidades de inversión que proporcionaban al sector privado: la proporción de acciones en manos extranjeras dentro de las empresas españolas creció en un 374 por ciento entre 1983 y 1992. <<

[25] Más de una voz influyente se alzó en Bruselas suplicando a la Comisión Europea que le pusiera en evidencia. <<

[26] Por supuesto, también hacía tiempo que la política agrícola común (PAC), la otra gran carga del presupuesto de la Unión Europea, había acentuado las mismas distorsiones regionales que supuestamente los fondos de cohesión y otras subvenciones trataban ahora de eliminar. <<

[27] Lo normal es que los países más ricos estuvieran menos en deuda con Bruselas y que controlaran sus asuntos de forma más estricta. En Francia, pese a la «descentralización» consagrada en ciertas leyes aprobadas en los años ochenta, las riendas del poder presupuestario seguían estando bien agarradas por París. En consecuencia, las regiones prósperas del país siguieron la tendencia internacional y se aprovecharon de sus contactos en la Unión Europea, mientras que las más pobres siguieron dependiendo principalmente de las ayudas estatales. <<

[28] Desde entonces, el «área Schengen» se ha ampliado para incorporar a otros estados miembros de la Unión Europea, pero el Reino Unido se ha mantenido fuera, y Francia, entre otros participantes, se ha reservado el derecho a volver a imponer el control fronterizo por razones de seguridad. <<

[1] Si no hubiera sido por la característica curva ascendente de la tasa de nacimientos de las comunidades inmigrantes procedentes de Asia, África y el Caribe, las cifras habrían sido aún más bajas. <<

[2] En Europa del Este fue Hungría, donde la economía sumergida proporcionaba a muchas personas un nivel de vida más elevado que en otros lugares del bloque soviético, donde primero se alcanzaron en esos mismos años índices de natalidad igualmente bajos (véase el capítulo XVIII). <<

[3] El resentimiento más furioso se concentraba en los sindicatos de funcionarios, que incluían a empleados públicos mal pagados, como los basureros o las enfermeras. Los principales sindicatos industriales confiaban mucho más en los recortes de Callaghan: mientras los laboristas cumplieran su promesa de proteger a los trabajadores fabriles cualificados, dejando intactos sus privilegios, sus líderes estarían encantados de tolerar la apostasía del Gobierno. Se quedaron bastante desconcertados cuando se dieron cuenta de que con Margaret Thatcher no se podía llegar a esos acuerdos. <<

[4] En 1996 (su último año de existencia) la red de ferrocarriles pública británica presumía de tener la subvención menos cuantiosa de todos los ferrocarriles europeos. Ese mismo año, los franceses planeaban invertir en sus ferrocarriles el equivalente a 21 libras esterlinas por habitante; los italianos, 33, y los británicos solo nueve. <<

[5] Y también de la pobreza privada. Al romper el vínculo entre las pensiones y los salarios, Thatcher redujo drásticamente los ingresos en concepto de jubilación de la mayoría de sus conciudadanos. En 1997 las pensiones públicas del Reino Unido solo representaban el 15 por ciento de los ingresos medios, lo cual suponía el coeficiente más bajo de la Unión Europea. <<

[6] En la década posterior a su retirada de la política, los herederos de Margaret Thatcher en el timón conservador comenzaron el declive con el monótono aburrimiento transmitido por John Major, transitaron por la incompetencia engreída con William Hague y llegaron a su fase de ineptitud terminal con Ian Duncan Smith. Después del largo reinado de la Reina Solar se produjo un diluvio de mediocridad. <<

[7] Como ella misma explicó en la conferencia del Partido Conservador escocés del 14 de mayo de 1982: «Cuando te has pasado media vida política ocupándote de asuntos anodinos como el medio ambiente, es estimulante tener una auténtica crisis entre manos». <<

[8] Quizá con la siguiente diferencia: mientras que Margaret Thatcher creía que la privatización era algo parecido a un bien moral, a Tony Blair sencillamente le gustan los ricos. <<

[9] Una encuesta de 1979 ponía de manifiesto que el perfil electoral del Partido Socialista de Mitterrand reflejaba increíblemente al conjunto del país, algo que ninguna otra formación podía decir. <<

[10] Jacques Delors, ex banquero y en su día asesor del primer ministro gaullista Jacques Chaban-Delmas, pasaría a presidir la Comisión Europea entre 1985 y 1995. <<

[11] Incluso durante la depresión económica de mediados de los ochenta, cuando el descontento popular con las políticas del Gobierno estaba en su apogeo, el 57 por ciento de los electores se declaraba contento con la política exterior de Mitterrand. <<

[12] En 1982 el IRI (Instituto per la Ricostruzione Industríale) controlaba, entre otras muchas cosas, toda la fabricación de artículos de hierro fundido del país, dos tercios de la producción de acero especial, un cuarto de la de helados y el 18 por ciento de la de tomates pelados. <<

[13] El objetivo inicial de la Treuhandgesellschaft era convertir el mayor número posible de las nueve mil empresas estatales de Alemania del Este (que daban empleo a siete millones de personas) en auténticas empresas y liquidar las demás. Sin embargo, las presiones políticas llevaron a rehabilitar o fusionar muchas de las compañías improductivas, creando así, irónicamente, un nuevo sector semipúblico subvencionado con fondos estatales (véase el capítulo XXI). <<

[14] Siglas de Instituto per la Ricostruzione Industríale, Instituto Nazionale delle Assicurazioni, Ente Nazionale Idrocarburi, Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, respectivamente. <<

[1] Evgenia Ginzburg, Journey into the Whirlwind (Nueva York, Harcourt, Brace & World, 1967); Margarete Buber-Neumann, Von Potsdam nach Moskau: Stationen eines Irrweges (Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1957); Wolfgang Leonhard, Child of the Revolution (Londres, Pathfinder Press, 1979) (publicado originalmente como Die Revolution entlässt ihre Kinder [Colonia, Kiepenheuer & Witsch, 1955]); Víctor Serge, Mémoires d’un révolutionnaire (París, Seuil, 1951) (traducción de la ed. francesa de 1951: Memorias de un revolucionario [México, El Caballito, 1973]); Boris Souvarine, Staline. Aperçu historique du bolchévisme (París, Les Petits-Fils de Plon et Nourrit, 1935) (publicado en inglés como Stalin, A Critical Survey of Bolshevism [Nueva York, Alliance Book Corporation, Longmans, Green & Co, 1939]). <<

[2] Entre 1975 y 1981 solo Francia acogió a 80.000 refugiados indochinos. <<

[3] En 1963, mucho después de haber perdido interés en los comunistas de la propia Francia, aún se podía escuchar al autor de Las manos sucias en Praga, entusiasmado con el realismo socialista ante una desconcertada audiencia de escritores e intelectuales checos. <<

[4] «La Responsabilité envers l’Histoire dispense de la responsabilité envers les êtres humains». <<

[5] «Pour ma part, je pense que s’il y a une grande cause aujourd’hui, c’est la défense des intellectuals». Véase «Les Grandes Causes, ça existe encore?», Le Nouvel Observateur, n.º 1140, septiembre de 1986. <<

[6] Antonino Bruno, Marxismo e idealismo italiano (Florencia, La Nuova Italia, 1977), pp. 99-100. <<

[7] Curiosamente, fue la decisión tomada por el Gobierno checoslovaco de ratificar en 1976 los convenios sobre derechos humanos de las Naciones Unidas (fue el Estado número 35 que lo hizo) la que provocó que dichos convenios fueran vinculantes para la legislación internacional. <<

[8] Pero hasta el ecologismo tenía sus disidentes internos. El escritor eslovaco Milán Šimečka advirtió a sus colegas (Havel entre ellos) que no debían subestimar los beneficios de la modernidad: «Tengo la opinión de que hasta la contaminación que acompaña la prosperidad industrial es mejor que el caos y la brutalidad que asuela esas sociedades en las que la gente no puede satisfacer sus necesidades básicas». Milán Šimečka, «A World With Utopias or Without Them», Cross-Currents, 3,1984, p. 26. <<

[9] Yugoslavia es la excepción que confirma la regla: «Como en Yugoslavia nunca se estableció una cultura oficial (lo cual no impidió la presencia de figuras oficiales en la vida cultural), no podía existir justo lo contrario, una cultura clandestina, alternativa o paralela, como la que cultivaron con profusión otros países socialistas». Dubravka Ugrešić, The Culture of Lies (Pennsylvania State University Press, 1998), p. 37. <<

[10] Y con razón. Como descubrimos más tarde, en esa época los movimientos pacifistas del Reino Unido y de Alemania Occidental estaban profundamente infiltrados por espías soviéticos y de Alemania Oriental. <<

[11] Durante los ochenta, Polonia y Checoslovaquia se deslizaron hacia el crecimiento económico negativo y, de hecho, el tamaño de sus economías se redujo. Probablemente, la de la propia Unión Soviética venía disminuyendo desde 1979. <<

[12] Timothy Garton Ash, The Uses of Adversity (Nueva York, Random House, 1989), p. 9 [Los frutos de la adversidad, Barcelona, Planeta, 1992]. <<

[13] Una vez más, en el ámbito agrícola, gran parte de la Unión Soviética, Hungría y Rumanía se parecía a los grandes latifundios de los terratenientes del siglo XIX: jornaleros mal pagados, poco productivos y pésimamente equipados trabajaban lo mínimo para los propietarios absentistas, guardando sus energías para su auténtica ocupación, que realizaban en sus parcelas familiares. <<

[14] Agradezco a Paulina Bren que me proporcionara esta referencia. <<

[15] Durante los años de Brézhnev, producir medio kilo de carne de ternera costaba tres rublos y medio, pero en las tiendas se vendía a dos. La Comunidad Europea subvencionaba también a los ganaderos, aproximadamente en las mismas proporciones. Por supuesto, la diferencia radicaba en que Europa occidental podía permitirse una política agraria común y la Unión Soviética no. <<

[16] Hungría entró en el FMI en mayo de 1982, entre mutuas felicitaciones. Hasta 1989 no se reveló que su Gobierno había minimizado gravemente su deuda interna y externa durante la década anterior. <<

[17] Además, al igual que el propio Brézhnev, se encontraban entre los principales consumidores de su tiempo. En un chiste soviético de la época, el líder de la Unión Soviética le está enseñando a su madre su dacha, sus coches y sus pabellones de caza. «Es maravilloso, Leónidas —le dice ella—, «¿pero qué vas a hacer si los comunistas vuelven al poder?». <<

[1] Por supuesto, a la Iglesia le corresponde arremeter contra los ídolos materiales y el pecado del orgullo. Pero Karol Wojtyła fue mucho más allá. En los ejercicios cuaresmales que realizó en 1975 en el Vaticano, tres años antes de convertirse en Papa, anunció abiertamente que de las dos amenazas que sufría la Iglesia, el consumismo y la persecución, la primera era de lejos la más grave y que, por tanto, constituía el principal enemigo. <<

[2] Pensemos en su apoyo inicial al proyecto de instalar un convento carmelita en Auschwitz, abandonado posteriormente ante las protestas internacionales. Su irreflexiva descripción de Polonia bajo la ley marcial como un «enorme campo de concentración» pone de manifiesto una limitación similar. <<

[3] Animado por el Vaticano, Estados Unidos proporcionó a Solidaridad una asistencia económica que, según algunas estimaciones, rondó incluso los cincuenta millones de dólares durante sus años de clandestinidad. <<

[4] Aunque al comienzo de su presidencia, en noviembre de 1981, a Reagan se le escapó la idea de que el estallido de una guerra nuclear en Europa no tenía por qué conducir a un enfrentamiento estratégico. Los aliados de Washington en Europa occidental se quedaron, como mínimo, igual de alarmados que Moscú, y ambos protestaron enérgicamente. <<

[5] Por supuesto, nunca hubo duda alguna de que los Pershing y los Cruise se instalarían en Francia. <<

[6] Después de 1990 se supo que en esos años al menos veinticinco miembros del Bundestag eran agentes a sueldo de la República Democrática. <<

[7] El 13 de diciembre de 1981, el día que fue declarada la ley marcial en Polonia, Schmidt estaba en la República Democrática celebrando unas conversaciones en la cumbre con su homólogo Erich Honecker, y se quedó un tanto confundido, no tanto por la detención de cientos de disidentes polacos como por el impacto desestabilizador que podían tener los sucesos registrados en Polonia sobre la mejora de las relaciones interalemanas. <<

[8] Gracias a un PIB siempre en expansión, en términos relativos el componente defensivo del gasto público estadounidense había descendido paulatinamente desde mediados de los cincuenta hasta 1979, incluso durante los años de la guerra de Vietnam. Después aumentó drásticamente: el desembolso en defensa, dentro del conjunto del gasto federal, suponía un 24 por ciento más en 1987 que en 1980. <<

[9] De hecho, la propia familia de Gorbachov había sufrido enormemente en la época de Stalin: sus dos abuelos padecieron la cárcel y el exilio durante las purgas del dictador. Pero el nuevo líder soviético ni siquiera lo reconoció hasta noviembre de 1990. <<

[10] «Mais, c’est quoi, la dialectique? C’est l’art et la manière de toujours retomber sur ses pattes, mon vieux!», Jorge Semprún, Quel Beau Dimanche (París, Grasset, 1980), p. 100 [Aquel domingo, Barcelona, Tusquets, 2004]. <<

[11] Sobre este tema trata el libro de Zhorés Medvédev Nuclear Disaster in the Urals (Nueva York, Vintage Books, 1979), publicado en el exilio. <<

[12] Según un sondeo realizado algunos meses después, en enero de 1990, la valoración popular con que contaba Gorbachov era solo ligeramente inferior a la de Pedro el Grande, pero mucho menor que la de Karl Marx y V. I. Lenin. <<

[13] Fue Sájarov el que forzó la consideración pública del asunto, al exigir en directo, por televisión, la derogación del artículo 6 y la recuperación por parte de los representantes del pueblo del poder que les había robado el partido en 1918. El propio Gorbachov desconectó el micrófono de Sájarov, pero ya era demasiado tarde. <<

[14] Gorbachov también se propuso, en el funeral de Chernenko, celebrado en marzo de 1985, conocer y saludar a Alessandro Natta, jefe del Partido Comunista Italiano, que hasta entonces había tenido malas relaciones con Moscú. <<

[15] En una situación que recordaba irónicamente el fiasco estadounidense en Vietnam, el régimen títere de Kabul, privado ahora del apoyo militar exterior, aguantó renqueante hasta 1992, antes de sucumbir (pese a sus avales internacionales) ante las fuerzas de los talibanes. <<

[16] Andréi Grachev, citado en Archie Brown, The Gorbachev Factor (Oxford, Oxford University Press, 1997), p. 88. <<

[17] En 1986, Estados Unidos levantó el veto a la integración de Polonia en el FMI a cambio de la liberación de todos los presos políticos que quedaban en la cárcel y de una amnistía general. <<

[18] Véase Harold James, International Monetary Cooperation since Bretton Woods (Oxford, IMF y Oxford University Press, 1996), p. 567. <<

[19] Oficialmente, el lugar donde yacía Nagy no se conoció durante treinta años; en realidad, era del dominio público que estaba situado en un rincón apartado y sin placa del cementerio municipal de Budapest. <<

[20] Agradezco al profesor Timothy Garton Ash que me diera esta referencia. <<

[21] Parece que Honecker había calculado, de forma bastante razonable, que Gorbachov no duraría mucho y que se le podría olvidar sin problemas. <<

[22] Tres días después de la visita de Gorbachov, Honecker recibió la de un dignatario chino y comparó la inquietud en la República Democrática con la reciente contrarrevolución china. Es probable que al menos barajara la posibilidad de reeditar en Alemania una masacre como la de la plaza de Tiananmen, y esta fue una de las razones por las que sus colegas decidieron expulsarle del poder. <<

[23] Para ser justos, hay que reconocer que los disidentes de Alemania Oriental malinterpretaron realmente el coraje de las multitudes en noviembre de 1989, considerando que eran la base de una república socialista renovada. Por otra parte, el origen de esa confusión era su incapacidad para comprender en qué se había convertido el socialismo y su propio papel en la pervivencia del mismo. <<

[24] En ciertos aspectos, su equivalente polaco tuvo lugar entre 1980 y 1981; la transición polaca de diez años después fue algo mucho más calculado y negociado. <<

[25] El autor, que estaba en Praga en aquel momento, puede dar fe de la embriagadora sensación imperante de que la historia se estaba haciendo a cada momento. <<

[26] Una viñeta de uno de los efímeros periódicos estudiantiles de la Praga de diciembre de 1989 captó perfectamente el desfase generacional. Afeitándose frente a un espejo, un cincuentón barrigudo y en camiseta mira fijamente y con gesto de desagrado el reflejo de una mujer chabacana que está en la puerta, con un sucio salto de cama colgándole de los hombros, rulos y un cigarrillo en los labios. «¿No me reconoces? —le dice burlona—. Soy tu sueño de 1968». <<

[27] «Si un pueblo no ha hablado nunca, la primera palabra que dice es poesía». Ferdinando Camon en «Tutto libri», La Stampa, 16 de diciembre de 1989. <<

[28] Por lo menos, hasta la aparición de Mijaíl Gorbachov, momento en el que a Occidente ya no le servía de nada un inconformista antisoviético. <<

[29] Cámaras de televisión filmaron el juicio y el fusilamiento, pero no los emitieron hasta pasados dos días. <<

[30] El discurso oficial era que los turcos no existían. Según Dimitur Stoyanov, ministro del Interior: «En Bulgaria no hay turcos». <<

[31] Esas consideraciones no siempre eran válidas para comunidades rurales remotas o pequeñas ciudades de provincias, donde la policía continuó hasta el final actuando sin la traba de la presencia de las cámaras o de la censura pública. <<

[32] Fue un guiño equívoco al único monumento duradero de los sesenta: la idea de que la juventud es un estado intrínsecamente superior. En palabras de Jerry Rubin, «no te fíes nunca de alguien mayor de treinta». <<

[33] Esta línea de argumentación la desarrollaron, entre otros, Voltaire, y la explica elegantemente Larry Wolff en Inventing Eastern Europe (Stanford University Press, 1994). <<

[34] Hasta la reacción inicial de Reagan ante la declaración de la ley marcial en Polonia fue característicamente tibia. El Washington oficial solo adoptó una posición enérgica después de que se produjeran clamorosas protestas públicas (entre ellas la de Henry Kissinger). <<

[1] En agosto de 1989 el vicepresidente del Partido Socialdemócrata había criticado al Gobierno de Kohl por «agravar» la crisis al acoger a los refugiados de Alemania del Este que trataban de llegar al Oeste cruzando la frontera húngara, recientemente abierta. Sin embargo, en Berlín (un baluarte tradicional del SPD) su resultado fue mucho mejor en los comicios de 1990 y lograron el 35 por ciento de los sufragios. <<

[2] La reacción del propio Bohley fue apuntar con cierta acritud: «Queríamos justicia y conseguimos el Rechtstaat (Estado de derecho)». <<

[3] La segunda medida de De Maizière fue reconocer por fin la responsabilidad que compartía Alemania del Este en el holocausto y destinar seis millones doscientos mil marcos a reparaciones. <<

[4] No es casual que Mitterrand fuera la única figura política destacada de Occidente que aceptara sin dudarlo el aparente derrocamiento de Gorbachov en el golpe de Estado fallido registrado en Moscú al año siguiente. <<

[5] Es bastante irónico que los sucesores de Mitterrand tengan con ahora que lidiar los condicionantes presupuestarios y las consecuencias sociales de ese mismo tratado. <<

[6] No fue la menor de ellas el nombramiento de Jacques Attali, compinche de Mitterrand, como jefe de una nueva institución, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), cuya misión era invertir en la reconstrucción de Europa del Este. Después de gastar millones en remodelar un prestigioso edificio para sí mismo —pero muy poco en los supuestos beneficiarios del banco—, Attali fue ignominiosamente destituido. Que se sepa, la experiencia no causó ningún daño a su considerable autoestima. <<

[7] Hay ciertas pruebas de que Gorbachov aceptó esta cuestión crucial sin darse cuenta, cuando en mayo de 1990 asumió la sugerencia del presidente Bush en el sentido de que el derecho de autodeterminación de Alemania debía incluir la libertad para «elegir sus alianzas». <<

[8] Según Grass, la historia contemporánea alemana consistía en una perenne disposición a inflarse y expandirse, seguida de intentos desesperados de constreñir al resto del continente, o, dicho con sus propias palabras: «Cada pocos años, para combatir nuestro estreñimiento, tan alemán, nos suministramos un enema europeo». <<

[9] Hay que señalar que solo ocho semanas antes Gorbachov se había negado enérgicamente a considerar ese cambio. <<

[10] En conjunto, las cinco repúblicas de Asia Central —Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán— tenían más extensión (el 18 por ciento del territorio soviético) que cualquier otra república, aparte de la propia Rusia, aunque su participación en el conjunto del PIB soviético en septiembre de 1991 solo representaba el 9,9 por ciento. Sin embargo, su historia no encaja en los márgenes de este libro. <<

[11] Aunque en general no se predijo. Para una impresionante excepción, véanse los textos de Román Szporluk: escritos a lo largo de los años setenta y ochenta y reunidos en Russia, Ukraine and the Break-Up of the Soviet Union (Stanford, Hoover Institution, 2000). <<

[12] No debe confundirse con la Moldavia histórica, situada al otro lado del río Prut, en Rumanía. <<

[13] Como los azeríes son de origen turco, la historia de estas tensiones puede remontarse en parte a las matanzas de armenios registradas en la Turquía otomana durante la Primera Guerra Mundial. <<

[14] La típica imagen que tenían los rusos de sí mismos, una inestable aleación de inseguridad y soberbia, la captaron perfectamente los comentarios vertidos por el filósofo liberal Peter Chaadayev en sus Cartas filosóficas de 1836: «Somos una de esas naciones que no parece formar parte de la raza humana, sino que más bien existe únicamente para dar una gran lección al mundo. No hay duda de que las enseñanzas que estamos destinados a impartir no se perderán, pero quién sabe cuándo nos veremos dentro de la humanidad y por cuántos sufrimientos pasaremos antes de cumplir nuestro destino». <<

[15] Esta es una de las razones por las que el fin de la Unión Soviética fue y sigue siendo una auténtica fuente de pesar para muchos rusos. Para todos los demás, la independencia conllevaba algún tipo de ganancia, para la propia Rusia constituía una pérdida inequívoca. <<

[16] Con una participación del 74 por ciento, Yeltsin consiguió el 57 por ciento de los sufragios. <<

[17] La excepción fue el presidente francés François Mitterrand, todavía incómodo con la desestabilización de Europa oriental y demasiado precipitado en su reconocimiento del éxito conseguido por los conjurados en restaurar el statu quo anterior. <<

[18] Incluso en Ucrania, donde muchos rusoparlantes habían hablado con cautela de la independencia nacional, el golpe de Estado tuvo un impacto enorme en el ánimo popular: el 24 de agosto, el Soviet Supremo Ucraniano votó a favor de la independencia, condicionada a un referéndum, por trescientos cuarenta y seis votos a favor y uno en contra. Cuando se celebró la consulta nacional el 1 de diciembre, el 90,3 por ciento de los sufragios (con una participación del 84 por ciento del electorado) se pronunció a favor de abandonar la Unión Soviética. <<

[19] De voluntad, no de medios. Si Gorbachov o los conspiradores de agosto hubieran optado por recurrir al ejército para aplastar cualquier oposición, no está nada claro que hubieran fracasado. <<

[20] Esto ocasionó cierta inquina entre la población checa. Durante una visita a Praga realizada en 1985, los checos liberales agasajaron a este autor con informes sobre los privilegios que concedía el régimen a la minoría eslovaca. Los maestros de Eslovaquia —contratados para enseñar en las escuelas primarias de Praga y considerados por los padres absolutamente provincianos e incompetentes para esa función— eran uno de los blancos principales del resentimiento. <<

[21] La aparición de un partido húngaro independiente refleja la presencia en territorio eslovaco de unos quinientos mil húngaros, el 10 por ciento de la población de Eslovaquia. <<

[22] Citado en Mladá Fronta Dnes del 12 de marzo de 1991. Véase Abby Innes, Czechoslovakia: The Short Goodbye (New Haven, Yale University Press, 2001), p. 97. <<

[23] La división política resultó más fácil de manejar que la económica: hasta 1999 no se llegó a un acuerdo definitivo para dividir los bienes federales de Checoslovaquia. <<

[1] Entre 1910 y 1990, Zagreb, Belgrado y Skopje (capital de Macedonia) fueron de las ciudades centroeuropeas que crecieron con mayor velocidad. <<

[2] «Mataremos a algunos serbios, deportaremos a otros y obligaremos al resto a abrazar el catolicismo», así se pronunciaba el ministro de Religión ustacha en Zagreb el 22 de julio de 1941. <<

[3] Durante una visita a Skopje, realizada después de la guerra de Kosovo de 1999 con objeto de «recoger datos», este autor fue informado «confidencialmente» por el primer ministro macedonio de que los albaneses (entre ellos el colega del Ejecutivo que acababa de abandonar la habitación) no eran de fiar: «No se puede creer nada de lo que dicen, sencillamente no son como nosotros. No son cristianos». <<

[4] Evidentemente, no era esta la opinión que tenían los croatas y otros grupos, que podían apuntar el predominio serbio en el ejército nacional (el 60 por ciento del cuerpo de oficiales era serbio en 1984, en justa consonancia con la presencia serbia en el conjunto de la población, aunque esto no hiciera más tranquilizadora la situación) y la desproporcionada parte de la inversión y del gasto federal que recibía Belgrado. <<

[5] Como en Yugoslavia la identidad étnica no podía determinarse ni por el aspecto ni por el habla, las milicias que iban de un lado a otro recurrían a los vecinos, que «señalaban» a familias con las que a menudo habían vivido en paz, manteniendo en ocasiones relaciones de amistad durante años e incluso décadas. <<

[6] Entre 1992 y 1994 los organismos de la ONU en los Balcanes fueron prácticamente cómplices de los serbios de Bosnia, pues les permitieron, por ejemplo, el derecho de veto real a las entradas y salidas del sitio de Sarajevo. <<

[7] La insistencia francesa fue la que llevó la ceremonia de la firma a París: un ejercicio de ampulosa compensación que no hizo más que llamar la atención sobre la resistencia que anteriormente había mostrado Francia a actuar contra los serbios. <<

[8] La fuerza de estabilización dirigida por la OTAN fue sustituida por la EUFOR de Unión Europea el 2 de diciembre de 2004. <<

[9] El anciano primer ministro griego Andreas Papandreu, manipulando los sentimientos nacionalistas para lograr éxitos electorales, afirmó que el término Macedonia formaba parte del antiguo patrimonio de su país y que solo podía aplicarse a la región más septentrional de la propia Grecia. Si el Estado eslavo desgajado del sur de Yugoslavia adoptaba ese nombre, debía de tener ambiciones irredentistas. Lo que Papandreu no podía reconocer era que muchos de los «griegos» de la Macedonia griega eran realmente de origen eslavo, aunque oficialmente helenizados por motivos patrióticos. <<

[10] En el invierno de 1996, después de los resultados palpablemente fraudulentos de las elecciones locales, los estudiantes serbios se manifestaron durante tres meses en las calles de Belgrado, protestando contra la dictadura de Milošević y exigiendo cambios. Sin embargo, no recibieron ni apoyo ni aliento de las potencias occidentales, que, considerando que Milošević era un factor de estabilidad en los años posteriores a Dayton, no hicieron nada por debilitar su posición. <<

[11] Y al igual que en el caso de la atrocidad de Sarajevo, Belgrado y sus apologistas insistían o bien en que nunca había ocurrido o bien en que, cuando esa postura resultó insostenible, que había sido una «provocación» orquestada por las propias víctimas. <<

[12] En Francia, como en otros lugares, el comportamiento de Janvier hizo que se solicitara su procesamiento por corresponsabilidad en la masacre posterior. <<

[13] Entre la generación más joven, partidaria del capitalismo y ansiosa por escapar del gravoso pasado nacional, llegó incluso a dar lugar a un nuevo conformismo que sustituiría el acartonado lenguaje público del comunismo con una adulación ciega de las letanías económicas neoclásicas, alegremente despejada de toda conciencia de su coste social. <<

[14] Haciendo que los nacionalistas se pusieran de los nervios ante la perspectiva de que el país fuera inundado por una avalancha de «prosperidad» común alemana y dando lugar al siguiente chiste:

—Tengo una buena noticia y otra mala sobre el futuro de Checoslovaquia.

—¿Y cuál es la buena?

—¡Vienen los alemanes!

—¿Y la mala?

—Que vienen los alemanes. <<

[15] Estonia, que se ha beneficiado enormemente del hecho de haber sido prácticamente adoptada por sus vecinos escandinavos, fue una notable excepción a este respecto. En 1992, cuando el país abandonó la zona económica del rublo, el 92 por ciento del comercio estonio se realizaba con la antigua Unión Soviética. Cinco años más tarde, alrededor del 75 por ciento de dichos tratos comerciales se hacía con Occidente, en gran medida en la zona báltica. <<

[16] Y hacia la ineficiencia: una de las ironías del ritual privatizador de Europa oriental fue que una vez que las granjas colectivas se dividieron en diminutas parcelas ya no podían trabajarse con tractor, sino únicamente a mano. <<

[17] Se calcula que la inflación en la Ucrania poscomunista llegó a un índice anual del 5371 por ciento en 1993. <<

[18] Pero quizá el caso de Rumanía sea único. En las elecciones municipales celebradas en Bucarest en 1998, el Partido Obrero Rumano empapeló la ciudad con carteles de Nicolae Ceauşescu. «Me asesinaron —se leía en ellos—. ¿Acaso vivís mejor? Recordad todo lo que yo hice por el pueblo rumano». <<

[19] E incluso en ocasiones con fascistas recalcitrantes que volvían sus ojos con nostalgia hacia los «buenos tiempos» de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Croacia. <<

[20] Aunque quizá no las acciones interesadas de ciertos importantes escritores, que no habrían corrido un gran riesgo por negarse a prestar sus servicios: es el caso de Christa Wolf, cuya cacareada ambigüedad literaria resulta algo menos admirable si se tiene en cuenta que desde hace poco se sabe que colaboró con la Stasi. <<

[21] Sirva como comparación que en 1941 el personal de la Gestapo no alcanzaba la cifra de 15.000 personas para controlar a toda la Gran Alemania. <<

[22] Del término checo lustrace, que significa «sacar a la luz», aunque la traducción inglesa tiene también connotaciones purgativas [el término checo procede del latín lustrare, que en castellano, más allá del sentido de «purificación» inicial, se utiliza mayormente como sinónimo de «abrillantar», como en la expresión «dar lustre». (N. de los T.). <<

[23] Tengo que agradecer a Jacques Rupnik que me proporcionara esta referencia. <<

[a] El Parlamento de Montenegro proclamó finalmente su independencia de Serbia el 3 de junio de 2006, después de la ajustada victoria de los independentistas en el referéndum celebrado el 21 de mayo anterior. (N. de los T.). <<

[1] La Galia Bélgica de Julio César se encontraba en medio de la línea que separaba los territorios galorromanos de los francos y que marcó a partir de entonces la frontera entre la Europa latina, dominada por Francia, y el norte germánico. <<

[2] Los principales periódicos, Le Soir y De Standaard, no tienen casi lectores fuera de las comunidades de habla francesa y neerlandesa, respectivamente. En consecuencia, ninguno de los dos se preocupa demasiado en informar sobre lo que ocurre en la otra mitad del país. Cuando alguien habla flamenco en la televisión valona (y a la inversa) se utilizan subtítulos. Incluso los paneles de información automática de los trenes interregionales permutan entre flamenco y francés (o a ambos, en el caso de Bruselas), cuando cruzan las fronteras regionales. Algo de verdad tiene el chiste de que el inglés es actualmente la lengua común de Bélgica. <<

[3] Quizá los más dispuestos históricamente trajeran a colación el pasaje del Memorial de Santa Elena, del conde de Las Cases, en el que un Napoleón Bonaparte exiliado auguraba una futura «asociación europea» con «un código, un tribunal, una moneda». <<

[4] Polonia, Hungría y la República Checa entraron en 1999, justo a tiempo de participar (un tanto a regañadientes) en la intervención militar de la OTAN en Kosovo. Bulgaria, Rumanía, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia fueron admitidas en 2004. <<

[5] La recesión económica de los primeros noventa también ayudó, contribuyendo a difundir la opinión, especialmente en Suecia, de que los exportadores del país no podrían sobrevivir sin un acceso ilimitado al mercado europeo. <<

[6] Véase el capítulo XXI. Dicho «dolor» fue bastante real. Los países de Europa oriental perdieron entre el 30 y el 40 por ciento de su renta nacional durante los años posteriores a 1989. El primero en recuperar el nivel de aquel año fue Polonia, en 1997; otros no lo lograrían hasta 2000 e incluso más tarde. <<

[7] Un supuesto enormemente optimista. España y Portugal, en los años posteriores a 1986, fecha de su entrada en la CEE, crecieron un promedio de entre el uno y el uno y medio por ciento anual por encima del resto de la Comunidad. <<

[8] El 1 de enero de 2002 se introdujeron y distribuyeron un total de seiscientos mil millones de euros en todos los países de la zona euro, lo cual supone un notable logro técnico. <<

[9] Hasta cierto punto, el hecho de que siguieran funcionando con tan pocos sobresaltos se debía a que la maquinaria federal estaba muy bien engrasada, sobre todo por el dinero: en los años noventa, Suiza seguía siendo, en la mayoría de los sentidos, el país más rico del mundo. <<

[10] Citado en Kenneth Harris, Attlee (Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1984), p. 63. <<

[11] Puede que el declive de la participación en Holanda sea especialmente poco halagüeño. En los últimos años, este país, en su día núcleo del entusiasmo europeo y generoso contribuyente de fondos, tanto para la Comunidad Económica como para la Unión Europea, se ha ido replegando sobre sí mismo: una evolución que puso de manifiesto y que aceleró el ascenso y posterior asesinato de Pim Fortuyn. <<

[12] Quizá merezca la pena añadir que en enero de 2004 solo uno de cada cincuenta adultos franceses podía decir el nombre de los diez nuevos miembros de la Unión Europea. <<

[13] Sin embargo, no fue así en todas partes; en el Reino Unido, al igual que en Estados Unidos, el diferencial de renta entre los ricos y el resto de la población no dejó de ampliarse a partir de finales de los setenta. <<

[14] No hay que confundir el Tribunal de Justicia Europeo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instituido a instancias del Consejo de Europa para aplicar el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1953. <<

[15] En su Constitución Europea, artículo 3(I), Giscard define los objetivos de la Unión de la siguiente manera: «Fomentar la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos». <<

[16] Citado por Andrew Moravcsik, en The Choice for Europe (Ithaca, Nueva York, Cornell University Press, 1998), p. 265. <<

[17] Mordazmente predicha en la época por el secretario de Estado estadounidense Lawrence Eagleburger, quien vaticinó: «Los europeos meterán la pata y eso les servirá de lección». <<

[18] La Unión Europea no es la única que subvenciona a sus agricultores en detrimento de los de otros países. Ni siquiera ha sido la peor en ese sentido: Noruega, Suiza, Japón y Estados Unidos gastan más per cápita por ese concepto. Pero, en cierto modo, la Unión Europea parece más hipócrita. Mientras que Bruselas predica la virtud al conjunto del mundo, sus propias prácticas son con frecuencia bastante selectivas. Los europeos orientales, adoctrinados para incorporar y adoptar una auténtica biblioteca de normativas de la Unión Europea, no podían dejar de percibir en la realidad con qué frecuencia los gobiernos de Europa occidental trataban de eximirse de cumplirlas. <<

[19] En 1995, según un estudio de la UNICEF, uno de cada cinco niños británicos vivía en la pobreza, frente a uno de cada diez en Alemania y uno de cada veinte en Dinamarca. <<

[20] Recurriendo a criterios ligeramente diferentes para hacer una afirmación similar, el teórico político John Dunn, de la Universidad de Cambridge, divide la mano de obra de los países ricos entre los que, por sí solos, pueden cuidarse perfectamente dentro del mercado, los que pueden defenderse únicamente porque pertenecen a restos de unidades de acción colectiva cuya capacidad de amenaza sigue concediéndoles una ventaja que no guarda proporción alguna con el valor del trabajo de cada uno de ellos, y los que ya se están yendo a pique, porque nadie elegiría pagar mucho por su trabajo. John Dunn, The Cunning of Unreason. Making Sense of Politics (Londres, Basic Books, 2000), p. 333. <<

[21] Gorz, como correspondía a un hombre de su tiempo y de su ideología, presuponía que, por su parte, esta nueva clase alimentaría una nueva generación de movimientos sociales radicales. Hasta la fecha no se han apreciado indicios de ello. <<

[22] Solo en 1992, la República Federal abrió sus puertas a casi un cuarto de millón de refugiados yugoslavos. El Reino Unido admitió a cuatro mil; Francia solo a mil. <<

[23] A finales del siglo XX se calculaba que había cinco millones de gitanos en Europa: unos 50.000 en Polonia, 60.000 en Albania, medio millón en Hungría, quizá 600.000 en Bulgaria, la antigua Yugoslavia y la República Checa y un mínimo de dos millones en Rumanía. Era habitual que los gitanos fueran víctimas de prejuicios y abusos en todos los países en los que vivían (por no hablar de lugares como el Reino Unido, en el que tenían prohibida la entrada). <<

[24] El Dansk Folkeparti surgió de una escisión del Partido Danés del Progreso, a su vez producto de un movimiento contra los impuestos de comienzos de los setenta (véase el capítulo XIV), que, sin embargo, para una nueva generación de radicales, era demasiado «blando» con la Unión Europea y no lo bastante contrario a la inmigración. <<

[25] En Suiza, donde los prejuicios contra los inmigrantes estaban especialmente difundidos en los cantones de habla alemana, el racismo no siempre estaba enterrado: un cartel electoral mostraba diversos rostros de piel oscura junto al lema «los suizos se están haciendo negros». <<

[26] Con una clara excepción: Edith Cresson —ex presidenta del Gobierno francés, convertida más tarde en comisaria de la Unión Europea— contribuyó al descrédito de toda la Comisión Europea cuando se reveló en 1999 que había utilizado su poder en Bruselas para inventarse una bien remunerada asesoría para su ex dentista. <<

[1] Incluso teniendo en cuenta los conflictos yugoslavos de los noventa, las muertes causadas en Europa por las guerras durante la segunda mitad del siglo fueron menos de un millón. <<

[2] Raymond Aron (nacido en 1905) compartía algunos de los nostálgicos recuerdos de Zweig, aunque no su desesperación: «Desde que bajo un sol de julio la Europa burguesa entró en el siglo de las guerras, los hombres perdieron el control de su historia». <<

[3] Hay que señalar que muchos polacos también insisten en el lugar que ocupa su país en el centro del continente, lo cual demuestra una reveladora confusión. <<

[4] Prácticamente lo mismo puede decirse de los albanokosovares. Liberados por la OTAN de la opresión serbia, aspiran a tener un Estado independiente, menos por ambición nacionalista que como garantía frente al peligro de quedarse dentro de Serbia, y fuera de Europa. <<

[5] Anna Reid, Borderland. A Journey Through the History of Ukraine (Boulder, Colorado, Westview Press, 2000), p. 20. De ahí el lugar que ocupó «Europa» en el lenguaje y las esperanzas de la revolución ucraniana de diciembre de 2004. <<

[6] Véase Tony Judt, «Romania: Bottom of the Heap», New York Review, 1 de noviembre de 2001. <<

[7] Sin embargo, como idioma común de muchas decenas de millones de americanos, desde Santiago a San Francisco, la posición internacional del español está asegurada. Lo mismo puede decirse del portugués, al menos en su variante brasileña, bastante peculiar. <<

[8] Con la excepción de Rumanía, donde la situación era la contraria y el francés tenía, de lejos, mucha más aceptación. <<

[9] En este caso, la excepción es Bulgaria, donde Rusia y su lengua siempre han sido acogidas con más simpatía. <<

[10] Siglas de los trenes rápidos franceses, alemanes e italianos, respectivamente. <<

[11] En junio de 2004 el presente autor recibió el siguiente saludo de un interlocutor en el ministerio de Asuntos Exteriores de Zagreb: «Aquí las cosas van bien. Croacia ha conseguido la invitación para entrar en la Unión Europea. Esto cambiará muchos mapas mentales». <<

[12] En la Rumanía, la Eslovaquia y la Serbia del siglo XXI los húngaros eran otra minoría posimperial de menores dimensiones: en su día dominante y ahora vulnerable. En la región de Voivodina, al Norte de Serbia, los húngaros que habían vivido allí durante siglos eran periódicamente atacados y sus propiedades saqueadas por jóvenes serbios. La respuesta de las autoridades de Belgrado, que no parecían haber aprendido nada y tampoco olvidado nada de la catástrofe de los noventa, era deprimentemente predecible: los ataques no eran «graves» y, en cualquier caso, «ellos» los habían iniciado. <<

[13] Más bien al contrario. En una serie de medidas tomadas durante la primavera y el verano de 2004, las autoridades cercenaron considerablemente tanto los derechos de la prensa como las ya de por sí restringidas oportunidades de protesta pública. La ventana a la libertad que brevemente se había abierto en Rusia —hecha en realidad de desorganización y de falta de condicionantes, más que de una auténtica libertad protegida constitucionalmente— se estaba cerrando con rapidez. En 2004, los observadores del país calculaban que en Rusia los cargos formados en el KGB ocupaban uno de cada cuatro puestos de gestión civiles. <<

[14] Y en estos se incluían los cálculos de los políticos griegos, que durante muchos años utilizaron su voto en Bruselas para obstaculizar y bloquear cualquier iniciativa relativa a la candidatura de Turquía. <<

[15] Además, acostumbraban a considerar «europeo» un idealizado mercado libre, contraponiéndolo a las corruptelas y al clientelismo de la propia economía turca. <<

[16] La Unión Cristianodemócrata alemana se oponía oficialmente a la entrada de Turquía en la Unión Europea. <<

[17] La España democrática desarrolló realmente una industria oficial de la herencia cultural, alentada por su Patrimonio Nacional, que, sin embargo, ponía más interés en insistir en el lejano Siglo de Oro que en la historia reciente. <<

[1] En T. R. Reid, The United States of Europe. The New Superpower and the End of American Supremacy (Nueva York, Penguin Press, 2004), p. 131. <<

[2] La lotería británica no era la única. En una sola semana de septiembre de 2004, la lotería primitiva española se embolsó 5.920.293 euros. <<

[3] Aunque sin verse todavía obligado a respetar la obligación, vigente en Estados Unidos, de combinar a un hombre blanco (presentador principal) con uno negro (deportes), una mujer blanca (noticias ligeras/documentales) y un presentador de noticias meteorológicas (de color y sexo opcionales). <<

[4] Podría parecer que la muerte y morbosa vida después de la vida de la princesa Diana era una excepción a la regla. Sin embargo, aunque muchos otros europeos vieran su funeral por televisión, no tardaron en perder interés en el asunto. La peculiar efusión de dolor colectivo fue un fenómeno estrictamente británico. <<

[5] La triste excepción la constituían dos exiguos pero muy fanáticos grupos de hinchas alemanes y sobre todo ingleses, que, ante la absoluta perplejidad de todo el mundo, se desplazaban a los partidos internacionales para buscar pelea. <<

[6] En enero de 2003, por iniciativa del presidente del Gobierno español y del primer ministro británico, ocho ejecutivos europeos (los del Reino Unido, España, Portugal, Dinamarca, Italia, Polonia, Hungría y la República Checa) firmaron una declaración conjunta de apoyo a Estados Unidos. A los pocos meses húngaros y polacos manifestaban en privado su pesar, y señalaban con acritud que el entonces presidente del Gobierno español, José María Aznar, los había «acosado» para que firmaran. Un año después, los votantes españoles expulsaban del poder al propio Aznar, en gran medida por haber metido a España en la coalición que invadió Irak, algo a lo que el país se oponía mayoritariamente. <<

[7] «Sí, los estadounidenses colocan grandes vallas diciendo “Ama a tu prójimo”, pero asesinan y violan a su prójimo en una escala que conmocionaría a cualquier nación europea». T. R. Reid, The United States of Europe (Nueva York, Penguin, 2004), p. 218. <<

[8] Es preciso señalar que la nueva clase empresarial de Europa oriental, en cuanto a su comida, vestimenta, teléfonos y automóviles, era europea. Para ser moderno ya no era necesario imitar a los estadounidenses. Más bien al contrario: los productos de consumo de estos solían ser tachados de «insulsos» o «sin gracia». <<

[9] En la Francia de 1960 había cuatro trabajadores por cada pensionista. En 2000 había dos. En 2020, si continuaba la tendencia actual, solo habría uno. <<

[10] En 2004, el coste sanitario absorbía el ocho por ciento del PIB de Suecia, pero el 14 por ciento del estadounidense. El 80 por ciento del coste lo sufragaba el Gobierno sueco, frente a menos del 45 por ciento asumido por el Gobierno federal estadounidense. El resto caía directamente sobre los hombros de las empresas y los trabajadores de Estados Unidos. Cuarenta y cinco millones de estadounidenses carecían de seguro sanitario. <<

[11] Con los sucesores de Delors, el péndulo fluctuó: la Comisión sigue estando tan activa como siempre, pero sus esfuerzos se dirigen a la desregulación de los mercados. <<

[12] En Europa, pero no en Estados Unidos. Según sondeos internacionales realizados a finales del siglo XX, el número de estadounidenses que decía estar «muy orgulloso» de su país superaba el 75 por ciento. En Europa, solo los irlandeses y los polacos mostraban un furor patriótico similar; en los demás países, el número de los que estaban «muy orgullosos» iba desde el 49 por ciento (en Letonia) al 17 por ciento (entre los antiguos alemanes occidentales). <<

[1] Pasado el tiempo, al fiscal estadounidense Telford Taylor le sorprendió este hecho, pero reconoció que, en su momento, ni siquiera se dio cuenta de ello, lo cual supone una reveladora admisión. Véase Telford Taylor, The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal Memoir, Nueva York, Knopf, 1992. <<

[2] De hecho, en la ciudad de Pithiviers, cerca de Orleans, donde se retenía a los niños judíos capturados en París hasta su traslado hacia el este, se levantó un monumento en 1957 con la inscripción: «À nos deportés morts pour la France». Hasta 1992 el ayuntamiento no colocó una placa nueva, más precisa, aunque menos tranquilizadora, que dice: «En memoria de los dos mil trescientos niños judíos internados en el campo de Pithiviers entre el 19 de julio y el 6 de septiembre de 1942, antes de ser deportados y asesinados en Auschwitz». <<

[3] A Giuliana Tedeschi la cita Nicola Caracciolo en Uncertain Refuge: Italy and the Jews During the Holocaust, Urbana, University of Illinois Press, 1995, p. 121. <<

[4] En el Reino Unido de la postguerra se podía decir que una persona inusualmente delgada o enfermiza parecía «salida de Belsen». En Francia, las cámaras del horror de las ferias se llamaban «Buchenwalds», para fomentar la explotación del voyeurismo. <<

[5] Véase The Times Literary Supplement del 4 de octubre de 1996. Los judíos no fueron el primer pueblo del Reino Unido que optó por la discreción en relación con el holocausto. El Gobierno de guerra de Churchill decidió no dar información sobre los campos de exterminio en su propaganda antialemana para no suscitar un incremento del sentimiento antisemita que, como habían señalado durante la guerra informes de los servicios de espionaje, ya era bastante elevado en algunas zonas de Londres. <<

[6] Sobre todo en Estados Unidos. En 1950 la Comisión de Personas Desplazadas del Congreso declaró que «las unidades bálticas de las Waffen SS serán consideradas diferentes y autónomas en cuanto a función, ideología, actividades y cualificación de las SS alemanas. En consecuencia, la Comisión no las considera un movimiento hostil al Gobierno de Estados Unidos». Las Waffen SS bálticas habían sido una de las unidades que con más brutalidad y entusiasmo habían torturado y asesinado a judíos en el frente oriental; pero estaba claro que, dadas las nuevas circunstancias de la Guerra Fría, formaban parte de «nuestros» nazis. Agradezco al profesor Daniel Cohen de la Universidad de Rice que me proporcionara esta información. <<

[7] Evidentemente, salvo en Israel. <<

[8] En octubre de 1991, después de la profanación de tumbas en el cementerio judío de Viena, Gallup encuesto a los austríacos para conocer su actitud hacia los judíos: el 20 por ciento pensaba que se les debían prohibir los «puestos de autoridad»; el 31 por ciento declaraba que «no querrían a un judío como vecino», el 50 por ciento creía cierta la afirmación de que «los judíos son responsables de su persecución en el pasado». <<

[9] Los polacos aceptaron encantados: en este sentido, Varsovia no veía ningún impedimento en definir a los judíos como polacos. <<

[10] Ondergang se publicó en inglés en 1968 como The Destruction of Dutch Jews, Nueva York, Dutton, 1969. <<

[11] Véase Sonia Combe, Archives interdites: les peurs françaises face a l’histoire contemporaine, París, Albin Michel, 1994, p. 14. <<

[12] El profesor Paxton, de la Universidad de Columbia, que había iniciado las investigaciones históricas sobre los crímenes de Vichy casi un cuarto de siglo antes (cuando la mayoría de sus colegas franceses se ocupaban de otros asuntos), tenía una concepción menos monástica de su vocación profesional y ofreció un importante testimonio. <<

[13] Cuando en 1985 se aconsejó al presidente Ronald Reagan, durante una visita a la República Federal Alemana, que no visitara el cementerio militar de Bitburg (donde había varias tumbas de miembros de las SS) y que fuera, por el contrario, a rendir sus respetos a un campo de concentración, el canciller Kohl escribió para advertirle de que eso «tendría graves consecuencias psicológicas sobre los amigables sentimientos del pueblo alemán hacia Estados Unidos de América». Los estadounidenses, como cabía esperar, capitularon, y Reagan visitó Belsen y Bitburg. <<

[14] Cita tomada de Ian Buruma, en «Buchenwald», Granta, 42, 1992. <<

[15] Cuando el Parlamento checoslovaco votó en 1991 a favor de restituir las propiedades incautadas después de la guerra, limitó claramente las prestaciones a los expropiados después de 1948, con el fin de excluir a los alemanes de los Sudetes, expulsados entre 1945 y 1946, antes de la llegada al poder de los comunistas. <<

[16] Bajo el presidente Putin, Rusia sigue insistiendo en que los bálticos fueron liberados por el Ejército Rojo y que, posteriormente, se integraron voluntariamente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. <<

[17] El monumento no se vio exento de polémica: además de aquellos a los que les desagradaba su concepción abstracta, estaban quienes, como el alcalde democristiano de la ciudad Eberhard Diepgen, lo criticaban por ayudar a convertir Berlín en la «capital del arrepentimiento». <<

[18] En marzo de 2004, ochenta y cuatro escritores húngaros, entre ellos Péter Esterházy y György Konrád, abandonaron el Sindicato de Escritores del país en protesta por su tolerancia con el antisemitismo. Lo que ocasionó la protesta fueron los comentarios emitidos por el poeta Kornel Döbrentei tras la concesión del premio Nobel de Literatura al superviviente del holocausto Imre Kertész. Para Döbrentei, el premio era «dinero fruto de la mala conciencia» concedido a un escritor que no hacía más que satisfacer el «gusto por el terror de la minoría a la que pertenecía». <<

[19] La última estatua de Franco que quedaba en Madrid fue discretamente retirada en la madrugada del 17 de marzo de 2005, en presencia de unos cien espectadores. <<

[20] «Nosotros, los supervivientes, no somos los auténticos testigos […]. Somos […] una minoría anómala: somos aquellos que mediante sus evasivas, sus atributos o su buena suerte no tocaron fondo. Los que sí lo hicieron, los que vieron a la Gorgona, no han regresado para contarlo y, si regresaron, estaban mudos». Primo Levi, The Drowned and the Saved, Nueva York, Suminit Books, 1988, pp. 83-84 [Los hundidos y los salvados, Barcelona, El Aleph, 2002]. <<

[21] Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor: Jewish History and Jewish Memory, Seattle, University of Washington Press, 1982, p. 116 [Zajor: la historia judía y la memoria judía, Barcelona, Anthropos/Fundación Cultural Eduardo Cohen, 2002]. <<

[*] Se recomienda la forma pos- tanto antes de vocal (posoperatorio) como de consonante (posguerra), tal como indica la nueva Ortografía de la lengua española. Se establece una excepción: cuando la palabra a la que se une el prefijo comienza por la letra ese, lo apropiado es escribir post-: postsocialismo, postsindical… Fundeu (N. del editor digital). <<