Índice

INTRODUCCIÓN

¿Por qué volver sobre las guerras

de independencia?

1. Las palabras como armas: ¿Revolución, guerra de independencia o guerra civil?

2. ¿Unas guerras de liberación nacional sin naciones?

3. Criollos contra peninsulares: La bella leyenda

4. De la revolución de la Independencia a las revoluciones de las independencias

EPÍLOGO

BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Acerca del autor

Créditos

Introducción

¿POR QUÉ VOLVER SOBRE LAS GUERRAS DE INDEPENDENCIA?

Y es de esa gigantesca expedición panhelénica, la victoriosa, la ilustre,

la renombrada, la glorificada

como ninguna otra lo fuera nunca,

de tal expedición de quien nacimos nosotros; un mundo griego inmenso, nuevo.

Nosotros: los alejandrinos, los de Antioquía,

los seléucidas, y tantos otros

griegos de Egipto y de Siria,

y los de Media, y los de Persia, y de otros sitios.

Con nuestros opulentos estados,

con la acción sutil de nuestros gobernantes.

Y nuestra común lengua griega

conocida por todos desde Bactria hasta la India

CONSTANTINO KAVAFIS,

En el año 200 antes de Cristo

A principios del siglo XX un griego de Alejandría, Constantino Kavafis, recuerda lejanas batallas de Alejandro, Grániko, Isso y, sobre todo, Arbela, allí donde el ejército persa «avanzó hacia la victoria y fue destruido». Habían pasado dos mil años; los viejos nombres, Antioquía, Bactria, eran apenas ecos de un mundo legendario en las orillas de un río del que también los dioses helenos hacía siglos que habían sido desterrados y en las que hasta el nombre del fundador de la ciudad era ya solo un recuerdo borroso. Sin embargo, todavía en la más decrépita y fastuosa de las Alejandrías de Oriente alguien se imaginaba griego e hijo de las victorias del conquistador macedonio.

Vayamos ahora del Mediterráneo griego al hispánico, al Atlántico. Han pasado apenas quinientos años de que el paroxismo ibérico, en muchos aspectos tan semejante al de los griegos, hispanizara las riberas occidentales del otro lado del mar, de un modo no demasiado diferente al que aquellos habían helenizado las orientales, pero ningún poeta en alguna de las numerosas Cartagenas, Córdobas, Méridas o Santiagos del amplio espacio americano osará ya decir que es español y menos todavía que viene de Otumba o de Cajamarca.

Las diferencias entre griegos y españoles no son, sin embargo, muchas. Unos y otros fundaron ciudades cuyas pautas urbanísticas las hacen más helénicas o más hispánicas que las de las viejas metrópolis; unos y otros levantaron templos a sus dioses, diferentes solo por la mayor magnificencia de los erigidos en las tierras de allende el mar; unos y otros crearon nuevas civilizaciones urbanas sobre las ruinas de otras más antiguas, en cuyas ciudades intentaron seguir viviendo como griegos y españoles mucho tiempo después de que el viejo mundo del que venían hubiese desaparecido; y unos y otros masacraron las poblaciones nativas para después mezclarse con los restos de ellas. Las semejanzas sorprenden: el mismo desprecio hacia las civilizaciones derrotadas, y no hay demasiada diferencia entre los soldados de Alejandro quemando el gran palacio de Persépolis y los de Cortés destruyendo «templos de ídolos»; y la misma voluntad de construir un mundo igual al que dejaron atrás pero que acabará siendo, inevitablemente, a la vez similar y diferente. El resultado en ambos casos del convencimiento de ser pueblos elegidos, superiores a los bárbaros o a los infieles paganos.

¿Qué es lo que impide a un hipotético Kavafis criollo asumirse como español y heredero de Cortés o de Pizarro? Desde luego ninguna realidad. No parece demasiado arriesgado afirmar que un griego de Alejandría o Damasco tenía, a principios del siglo XX, menos que ver con Alejandro, aun descendiendo de algunos de sus soldados macedonios por todas su líneas genealógicas, que un mexicano o argentino, de Veracruz o de Buenos Aires, a principios del siglo XXI, con los fundadores de estas dos ciudades, incluso si en todo su árbol genealógico no hay ni la más ligera huella de un antepasado conquistador. Nuestros ancestros son solo una elección. Elegimos nuestros antepasados como elegimos nuestros nombres. Somos descendientes de quienes decimos descender no de quienes descendemos, Kavafis y nosotros.

Está, sin duda, el mito de lo políticamente correcto. Ha pasado un siglo y con él el tiempo de los héroes conquistadores. Alejandro ya no es más el capitán de la «gigantesca expedición panhelénica, la victoriosa, la ilustre, la renombrada, la glorificada como ninguna otra lo fuera nunca», sino poco menos que un genocida, una especie de Hitler macedonio al que una historiografía poco cuidadosa se empeña en juzgar con valores que nada tienen que ver con su tiempo. Tampoco ya nadie podría escribir hoy un libro como el de William Prescott sobre la conquista de México, con su inconfundible aroma de gesta antigua y su exaltación de virtudes que hace tiempo dejaron de ser las nuestras.

El problema principal, sin embargo, está en otra parte, en el relato de cómo uno y otro mundo se disgregaron. El griego lo habría hecho, a la muerte de Alejandro, en el estallido de un rosario de pequeños estados, con sus generales convertidos en herederos y albaceas de un legado que poco a poco fue desapareciendo borrado por el tiempo y sin que Grecia tuviera ya nada que ver con él; el hispánico, en la liberación de los pueblos sometidos, guerras de independencia contra España de por medio, de la opresión de los conquistadores llegados del otro lado del Atlántico, el fin de un desgraciado paréntesis de trescientos años. Pero, ¿pasaron las cosas así? ¿Fueron las guerras de independencia guerras de liberación nacional? ¿Hubo realmente guerras de independencia en América o solo la disgregación de un viejo orden imperial? ¿No estaremos ante una bella leyenda, un mito de origen en sentido literal, que esconde algo no demasiado diferente a lo ocurrido con el mundo griego a la muerte de Alejandro? ¿Y si las nuevas repúblicas hispanoamericanas –finalmente dos siglos son apenas nada en el devenir de la historia– fueran solo una reedición de los ya lejanos reinos helenísticos?

Las respuestas a estas preguntas no son un asunto de erudición histórica. Menos aun, por supuesto, una vana profecía para saber si dentro de quinientos años un Kavafis criollo, en una ciudad portuaria y decadente, a las orillas de un gran río en el que el nombre del dios de los cristianos sea solo un brumoso recuerdo, escribirá sobre épicas batallas de un tiempo muerto para siempre. Pasados mil años, en el caso hipotético de que quede algo de nuestro mundo, el anónimo autor del Mío Cid, Cervantes, sor Juana Inés de la Cruz, Borges y Carlos Fuentes serán contemporáneos y compartirán juntos una nota a pie de página sobre una civilización extraña y desaparecida. Intentar contestar a estas preguntas es, por el contrario, tratar de explicar y entender uno de los fenómenos más relevantes de la historia del mundo Atlántico en general y del hispánico en particular. Nada fue igual después de él, un cataclismo que cambió de manera radical la faz del planeta y cuya sombra sigue extendiendo su manto sobre lo que el mundo hispánico es y sobre cómo se imagina.

No estamos ante un episodio menor, ocurrido en un pasado lejano y sin relaciones con nuestro presente, sino ante uno de esos sucesos que marcan el devenir de la humanidad. No es seguro que se pueda afirmar, parafraseando a López de Gómara en su Historia general de las Indias, que la mayor cosa después del descubrimiento del Nuevo Mundo fue la de su independencia; sí, por el contrario, que es, palabras de José María Portillo, «la historia del proceso más fecundo de formación de repúblicas, pueblos y naciones del espacio Atlántico euroamericano».1

Un proceso, habría que añadir, que cambió, además, de manera radical los equilibrios y las estructuras no solo del antiguo mundo hispánico sino del Atlántico en su conjunto. Cuando se proclamaron las independencias, los equilibrios de poder en el espacio atlántico y las estructuras de la América española tenía ya muy poco que ver con los de apenas una década antes. La antigua unidad política de la Monarquía católica, una de las grandes protagonistas de la historia durante los tres siglos anteriores, había dejado su lugar a poco menos de veinte estados, todos ellos, incluida España, de manifiesta irrelevancia internacional, y las guerras habían convertido una antigua civilización urbana en otra en la que las ciudades dejaron de ser el centro de su universo mental y simbólico.

La primera consecuencia es muy evidente y no necesita explicaciones, la segunda quizá sí. El cambio de una civilización urbana a otra más rural no significó, de manera general, un proceso de ruralización demográfica, aunque es posible que en algunos casos así ocurriera, sino que la sociedad dejó de imaginarse a partir de categorías urbanas. Toda una abundante literatura, académica y no académica, nos ha acostumbrado a imaginarnos América Latina como un universo de campesinos y terratenientes, hacendados mexicanos y estancieros argentinos, peones acasillados y gauchos de la Pampa. Un mundo rural de barbarie y atraso configurado en el nefasto período colonial y cuya negra sombra se prolongaría hasta nuestros días. Al margen de lo que esto tenga de mirada neocolonial, mucho, sorprende su falsedad. Si hay algo que define la colonización española en América es su carácter urbano: no se coloniza el campo, se fundan ciudades. El chiste sobre si dos ingleses que se encuentran fuera de Inglaterra fundan un club y si lo hacen dos españoles una ciudad parece casi una descripción histórica de lo ocurrido. Un mundo de ciudades, gobernado por y desde las ciudades, y en el que hasta los grandes terratenientes se veían obligados a ser vecinos del asentamiento urbano más próximo para poder existir como «ciudadanos». Era la ciudad y no el campo la que definía el ser social y político, el marco ideal para el hombre que vive en sociedad.

Las ciudades de la América española, con sus trazados regulares y reglamentados, fueron el escenario en el que una cultura barroca se representó e imaginó a sí misma como una sucesión de polis, de repúblicas de españoles para ser exactos, frente a la falta de «civilidad» del campo. Fueron las guerras de independencia y, de manera muy particular, la Constitución de Cádiz y sus efectos los que «ruralizaron» el mundo americano. Las primeras, porque mostraron el poder del campo en los enfrentamientos militares; la segunda, porque creó un nuevo poder municipal de carácter rural.

El desarrollo de las guerras, con la movilización de grandes masas campesinas, permitió la aparición de poderes locales con una fuerte impronta rural, algo completamente desconocido hasta ese momento. La Constitución de Cádiz elevó a la categoría de municipios a los pueblos de más de 1 000 habitantes, incluso en algunos casos de menos, disolviendo el poder oligárquico de los antiguos cabildos –unas pocas ciudades de carácter marcadamente urbano que controlaban los amplios espacios circundantes– y diseminándolo entre una miríada de pequeños núcleos rurales. Solo para poner algunos ejemplos, en la audiencia de Quito se pasó de 12 municipios a 62, en la capitanía de Guatemala de tres a 221, en el virreinato del Perú de 52 a 680, y en el de la Nueva España de doscientos a 1 205.2

En unos pocos años la faz del poder político en América cambió de manera radical, no solo por la aparición de nuevos estados, la parte más visible del proceso, sino porque se modificó también, y de manera no menos radical, la estructura del poder en el interior de estos. Allí donde antes unas pocas ciudades encuadraban y gobernaban el territorio, una miríada de pequeños municipios rurales ocupó su lugar.

Habría que preguntarse, desde esta perspectiva, hasta qué punto el «civilización o barbarie» de Sarmiento no es nada más –quién se lo habría dicho al autor de Facundo–, la nostalgia por el viejo mundo de las ciudades criollas.

Al margen de este profundo y radical proceso de ruralización, no cabe ninguna duda de que estamos ante uno de los episodios centrales en el nacimiento del mundo contemporáneo. Hechos como la desaparición de la Monarquía católica, entidad política que durante más de tres siglos había sido uno de los protagonistas de la historia; el nacimiento de casi una veintena de nuevos estados-nación, incluida la propia España que comienza a existir como nación a partir de ese momento; o la sustitución de la legitimidad dinástica y la abolición del Antiguo Régimen en un espacio geográfico que representa más de la mitad de Occidente son más que suficientes para una afirmación como esta.

Y antes de seguir adelante, una precisión conceptual. El empleo del término Monarquía católica a lo largo de las páginas que siguen y no el de España, Monarquía hispánica o Imperio español obedece tanto a la realidad de la época –esta era la forma universal como fue conocida por los contemporáneos– como, sobre todo, a que el uso de cada uno de estos términos remite a realidades conceptuales distintas. España tiene una clara connotación de Estado-nación contemporáneo, lo que resulta completamente anacrónico, la Monarquía católica solo llegó a imaginarse así la víspera de su desaparición como institución política en la Constitución de Cádiz de 1812. Las denominaciones Imperio español y Monarquía hispánica incluyen, de manera más marcada en la primera y más matizada en la segunda, claras connotaciones de estructura imperial, una organización política formada por una metrópoli y sus colonias. En sentido estricto la Monarquía católica perdió el título de «imperial», que pasó a la rama austríaca de la dinastía, con la abdicación de Carlos V, y su organización política nunca se correspondió con lo que hoy entenderíamos como un imperio. La definición jurídica más precisa sería la de «monarquía compuesta», un conglomerado de reinos, provincias y señoríos unidos por la común fidelidad al monarca. No estamos hablando de una nación española dueña de un imperio, sino de una realidad política diferente, anacional en sentido estricto, con lógicas de funcionamiento ajenas a lo nacional.

Utilizar el término Monarquía católica, por lo tanto, responde no solo a una voluntad de precisión histórica sino también a la de intentar reflejar las características de esta peculiar forma de organización política que nada tiene que ver con un Estado-nación moderno, dueño o no de un imperio. Es también por este último motivo por el que se ha preferido Monarquía católica a Monarquía hispánica -en realidad dos términos prácticamente sinónimos-, para evitar la connotación de una metrópoli española dueña de un imperio que esta última denominación podría llevar consigo.

Los procesos de nacionalización llevados a cabo en los dos últimos siglos han hecho que nos resulte extremadamente difícil imaginar un mundo en el que naciones y nacionalismos carecían de cualquier tipo de densidad política. Esta fue, sin embargo, la situación durante la mayor parte de la historia de la humanidad, justo precisamente hasta esas décadas cruciales de principios del siglo XIX cuando la nación se convirtió en lo que nunca había sido: la forma única y excluyente de legitimación del ejercicio del poder. Una situación que no tenía nada que ver con la que había sido la de las grandes monarquías europeas anteriores a esa época, incluida la Católica, en las que el hecho nacional era completamente irrelevante. La acción política pasaba por ser súbdito de un monarca, no miembro de una nación.

Regresemos, tras estas precisiones terminológicas, a las guerras de independencia. Como consecuencia de su importancia histórica, estas han sido estudiadas minuciosamente hasta el punto que resulta legítimo preguntarse qué sentido tiene volver, una vez más, sobre lo ocurrido en la antigua América española en la segunda y tercera décadas del siglo XIX. Por extraño que pueda parecer, sin embargo, a punto de cumplirse doscientos años del inicio de las llamadas guerras de independencia americanas, la interpretación sobre lo ocurrido sigue siendo difícil y problemática. No para el público en general, incluidos muchos historiadores profesionales, para el que el relato canónico sigue siendo el de unas guerras de liberación nacional en las que las naciones americanas, esclavizadas por la nación española, consiguieron su independencia poniendo fin a tres siglos de colonialismo y explotación económica. Una interpretación reafirmada, a posteriori, por la idea de que las guerras de independencia americanas habían sido algo así como el primer capítulo del proceso de descolonización llevado a cabo en África y Asia a mediados del siglo XX, un episodio más de la larga lucha de la humanidad por la libertad e igualdad de las naciones con el objetivo de poner fin a la hemorragia de las venas abiertas por la colonización en los países colonizados. El éxito de un libro como el de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, refleja perfectamente, al margen de sus aciertos y errores, el éxito y la pervivencia de una interpretación victimista de la historia entre la inteligencia latinoamericana.

El núcleo duro de este relato, implícito o explícito, es la existencia previa de identidades nacionales en el interior de la Monarquía católica y, como consecuencia, la interpretación de las guerras de independencia como un conflicto de naciones en lucha por su soberanía, al que se le suele añadir, en flagrante contradicción, un enfrentamiento entre criollos y peninsulares. En flagrante contradicción porque en la sociedad americana de inicios del siglo XIX la filiación nacional tenía un marcado carácter étnico: ser español no significaba haber nacido en España sino ser blanco, de ahí la distinción entre españoles europeos y españoles americanos de la publicística de aquel tiempo. Algo que hace prácticamente imposible que las guerras de independencia pudieran ser a la vez guerras entre naciones y guerras entre criollos y peninsulares.

A estas líneas argumentales básicas se le suelen añadir unas cuantas pinceladas expresionistas de explotación colonial, en un mundo regido por la arbitrariedad y el despotismo, como la causa inmediata de una rebelión que adquiere así un claro matiz de lucha por la libertad y contra la opresión económica, social y étnica.

Son lo que François-Xavier Guerra llamó «interpretaciones clásicas» de las independencias3 en las que estas son explicadas como la consecuencia del deseo de emancipación nacional y del rechazo al despotismo español. Estas «interpretaciones clásicas» suponen una serie de afirmaciones previas realmente problemáticas, entre otras, que en ese momento histórico existían naciones en el sentido moderno del término; que la Monarquía católica era un imperio con características iguales o semejantes a las de los grandes imperios coloniales de la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX; que en las guerras de independencia lucharon criollos contra peninsulares; y que las guerras fueron un enfrentamiento entre modernidad (América) y arcaísmo (España). Una bella leyenda que tiene en su contra casi todo, salvo la satisfacción vacua de lo políticamente correcto, y que se convierte en una magnífica forma de no entender nada.

Primero, porque no existían naciones, en el sentido moderno del término, en el momento del estallido de las guerras de la independencia. Las naciones no fueron la causa de las guerras de independencia sino su consecuencia. En el origen de estas no hay un problema nacional, de naciones en conflictos, sino un conflicto de soberanía sobre quién tenía derecho a gobernar en ausencia del monarca. El final del proceso fue la conversión de la nación en sujeto único y excluyente de legitimación del ejercicio del poder, pero esto fue la consecuencia, no la causa.

Segundo, porque hablar de sistema colonial en una monarquía de Antiguo Régimen, de manera afirmativa o negativa, resulta problemático. Y no me refiero a esa vieja polémica de si los territorios americanos eran jurídicamente colonias o no sino al propio marco conceptual del debate. Para que existan metrópolis y colonias, en el sentido moderno del término, es necesario algo parecido a una soberanía nacional que permita la existencia de intereses nacionales. En ausencia de estos parece difícil defender la existencia de una colonización tipo siglo XIX en la Monarquía católica. En sentido estricto todos los territorios eran colonias del monarca, los peninsulares como los americanos; la lógica no era el interés de una nación española, inexistente en ese momento, sino el de la Monarquía. Tal como afirma con absoluta precisión Montesquieu en L’esprit des lois (1748) «Las Indias y España son dos poderes bajo un mismo amo», no un poder sobre otro, a lo que añadía que «el principal es las Indias. España no es más que un accesorio». Esto, por supuesto, no significa que no se estableciesen relaciones de dependencia entre los distintos territorios e incluso que la explotación de los territorios americanos no se intensificara durante el siglo XVIII, un fenómeno común a todas las potencias europeas de la época y que en el caso de la Monarquía católica se vio acrecentado por la pérdida de la mayor parte de sus posesiones europeas a comienzos de este siglo, lo que la obligó a buscar nuevos recursos financieros en los territorios que aún conservaba. No es lo mismo, y parece innecesario tener que decirlo, afirmar que la Corona intensificó la explotación de sus posesiones americanas, también de las europeas por cierto, que decir que lo hizo una España que ni existía ni, menos todavía, era dueña de las Indias.

Tercero, porque efectivamente las guerras de independencia fueron una gesta criolla, pero no porque se enfrentaran criollos contra peninsulares sino porque fue una lucha de criollos contra criollos. El papel decisivo, tanto del lado insurgente como del realista, lo tuvieron los españoles americanos, no los europeos. La imagen de un enfrentamiento criollos/peninsulares como eje del conflicto es el resultado de la propia propaganda insurgente, que la utilizó como elemento de movilización política, y de la historiografía del siglo XIX, que para imaginar los conflictos bélicos como guerras de independencia necesitó convertirlos en un conflicto entre españoles y americanos. El que fuese una gesta criolla no significa, sin embargo, que no hubiese también participación indígena y mestiza, la hubo, en muchos casos relevante y con programas políticos que no siempre fueron coincidentes con los de los de la población blanca, pero fueron los españoles americanos los que se enfrentaron entre sí y definieron las grandes líneas del conflicto.

Cuarto, y último, porque no siempre la reacción y las clases altas estuvieron del lado de los realistas, y el liberalismo y las clases bajas de los insurgentes. Esto es también una construcción historiográfica posterior que buscó ubicar el conflicto en un enfrentamiento entre progreso y reacción. Fue así en algunos casos, pero no fueron pocos en los que ocurrió justamente lo contrario.

Las contradicciones son tan flagrantes que, en medio de las conmemoraciones de los doscientos años de aquellos hechos, no solo parecía pertinente volver, una vez más, sobre lo sucedido en las primeras décadas del siglo XIX sino, incluso, preguntarse si hubo alguna vez unas guerras de independencia en los territorios americanos de la Monarquía católica.

Las dificultades para una reinterpretación de este calado son, sin embargo, muchas. No porque carezcamos de documentación sobre lo ocurrido, numerosa y escudriñada por los historiadores de manera exhaustiva, sino por la dificultad de romper el círculo de hierro interpretativo de una historiografía sólidamente asentada, algunos de cuyos rasgos principales –entre ellos la denominación de guerras de independencia o, más frecuentemente, revolución de las independencias– fueron ya establecidos por los propios contemporáneos.

No es necesario precisar que denominar a un conflicto bélico guerra de independencia o la revolución de la independencia es ya una interpretación, un juicio histórico más que una definición conceptual. Este juicio histórico goza, además, del prestigio de una larga tradición que lleva más de dos siglos narrando lo ocurrido en América en las primeras décadas del siglo XIX en clave independentista. Los complejos procesos iniciados en 1810 habrían sido una sangrienta guerra de liberación nacional en la que indios y castas, liderados por criollos y mestizos, se levantaron en armas con el objetivo de liberarse del yugo español, conquistar la independencia y poner fin a un Antiguo Régimen que a su carácter reaccionario y retrógrado unía la iniquidad de la explotación colonial. Una lucha entre americanos, defensores de la independencia, las ideas liberales y la Ilustración, y españoles, partidarios del imperialismo colonial, el despotismo y la reacción. Los primeros, herederos del mundo indígena y la soberanía original, y los segundos, de los conquistadores y de las usurpaciones llevadas a cabo por ellos.

Esta es ya, a grandes rasgos, la visión de algunos de los primeros publicistas de la insurgencia, Servando Teresa de Mier o Carlos María de Bustamante: el primero, con sus alusiones a «los indios de los que descendemos», lo que no le impide referirse a continuación a «nuestros padres» los conquistadores4 –la coherencia no era una de sus principales virtudes–; el segundo, con su interpretación de la Independencia como la venganza de la Conquista. La influencia de este último sobre la interpretación de la guerra de independencia en México fue decisiva, hasta el punto de que puede ser considerado como el creador de «el» relato sobre la independencia, hegemónico durante mucho tiempo en la memoria colectiva de los mexicanos.5

Y aquí se hace necesaria una segunda precisión. En este libro los ejemplos «mexicanos», novohispanos en sentido estricto, van a ser mucho más numerosos que los del resto del continente. Es posible que esto produzca a veces una visión sesgada, que se intentará matizar, pero hay que tener en cuenta que el Virreinato de la Nueva España representaba, en esos años iniciales del siglo XIX, en torno a la mitad de la población y bastante más de la mitad de la riqueza de los territorios americanos de la Monarquía. Sobre lo primero tenemos datos bastante precisos, de una población total aproximada de 12 millones en toda la América española, unos seis correspondían a la Nueva España, eso sin contar los territorios más o menos vinculados a ella como Centro América, Cuba o Filipinas; sobre lo segundo, la cuantificación resulta más difícil, pero solo hay que comparar las ciudades virreinales mexicanas, con su sucesión de palacios, iglesias y conventos con las de cualquier otro lugar de América para percibir la abismal diferencia de riqueza y magnificencia urbanística. Nueva España era, en muchos sentidos, el territorio central de la Monarquía en América y, posiblemente, también en algunos de la Monarquía tout court. Compárese, para seguir con el ejemplo anterior, la estructura urbana de las ciudades del siglo XVIII en la península con la de sus contemporáneas novohispanas: hasta la propia capital de la Monarquía, Madrid, palidece -excepción hecha del nuevo Palacio Real de los Borbones- frente al esplendor arquitectónico de la capital del virreinato novohispano.

Algo en lo que coinciden casi todos los que visitaron ambas capitales. Fray Servando Teresa de Mier afirmará, con su característica acrimonia, que en Madrid ni siquiera los templos y conventos valen gran cosa:

Los templos tampoco valen nada: el mejor es San Isidro el Real, que era de los jesuitas y hoy colegiata. Allá las iglesias no son templos magníficos y elevados, como por acá, sino una capilla […] Los conventos son casas de vecindad, y los de monjas, excepto uno u otro, son casas embebidas en la acera con algún oratorio.6

Pero no es solo una percepción del puntilloso dominico, la imponente arquitectura barroca de la capital novohispana –visible todavía hoy entre las ruinas de su degradado centro histórico– difícilmente tenía parangón en ninguna otra ciudad del orbe hispano. Y es que, al margen de la posible falta de ecuanimidad de fray Servando, si hay una capital «imperial» en la Monarquía católica en el siglo XVIII, desde el punto de vista urbanístico, esta es México y no Madrid. Tan imperial que hasta fue percibida así desde el resto del continente. Al menos eso puede deducirse de la afirmación de Mariano Moreno, uno de los líderes de la Revolución de mayo de 1810 en Buenos Aires, de que

Es una quimera pretender que todas las Américas españolas formen un solo Estado […] ¿Cómo conciliaríamos nuestros intereses con los del Reino de México? Con nada menos se contentaría este, que con tener estas provincias en clase de colonias.7

No se puede dar la misma importancia a lo ocurrido en el Bajío –en la época uno de los centros de la economía mundial, productor de buena parte de la plata que circulaba por los mercados atlánticos y asiáticos– que a lo ocurrido en el remoto Paraguay –un lugar prácticamente irrelevante desde el punto de vista económico–; tampoco a las reflexiones de la cultivada élite criolla de la ciudad de México, una de las más importantes de toda la Monarquía, que a las de la todavía relativamente marginal élite de la capital del virreinato del Río de la Plata o de Caracas. Siempre que hablemos, por supuesto, de una visión de conjunto; para el caso argentino parece obvio que es más importante lo ocurrido en Buenos Aires que lo ocurrido en la ciudad de México. Esta opción responde, además, a la voluntad de no utilizar la nación como marco de análisis. El objeto de estudio es el conjunto de la Monarquía católica, no las posteriores naciones surgidas de ella. Para entender las guerras de independencia resulta imprescindible un marco interpretativo general que prescinda del análisis nacional. Uno de los problemas de los estudios sobre las guerras de independencia es que, con una visión teleológica y un anacronismo más que evidente, convierten a la nación en su objeto de estudio, en un momento en el que esta ni existía, en su sentido moderno, ni jugaba ningún papel político relevante. Como afirma Jaime E. Rodríguez:

casi todos los estudios sobre la independencia se centran en uno de los países que emergieron de la quiebra de la monarquía española, entre ellos España. Los historiadores de ese país, por ejemplo, se dedican a examinar su propia «guerra de independencia» contra los franceses y lo que llaman «el primer liberalismo español» y, en general, ignoran la pérdida de la mayoría de los territorios americanos.8

Solo añado que, por su parte, los historiadores hispanoamericanos se dedican también, en general, a estudiar su propia «guerra de independencia» contra los españoles e ignoran, en general, lo que estaba ocurriendo en esos momentos en el resto de los territorios de la Monarquía, no solo los europeos sino también los americanos. Como máximo se ocupan de su área geográfica más próxima, América del Norte o Sudamérica, y en la mayoría de los casos ni siquiera.

Una explicación global de las independencias americanas no es el resultado de la suma de lo ocurrido en los diferentes territorios del continente, sino de una mirada que permita distinguir las grandes líneas de evolución y de fractura. Y para ello es necesario estudiar la Monarquía a partir de lo que era en ese momento histórico, no de lo que los territorios que la formaban fueron posteriormente. La Monarquía católica, lo mismo que cualquier institución política de carácter estatal, no era una organización homogénea, sino que albergaba en su interior núcleos con una mayor concentración de poder económico y político que desempeñaron un papel determinante en su evolución futura. La Nueva España era uno de ellos.

Volvamos a la interpretación de las guerras como un enfrentamiento entre peninsulares y criollos. La imagen de las guerras de independencia como un enfrentamiento entre españoles, herederos de los conquistadores, y americanos, herederos de los indígenas, producirá ya extrañeza en algunos de los primeros viajeros de la América independiente, que tienen dificultades para entender esta extraña reconstrucción que hace de los descendientes de los conquistadores las víctimas de la Conquista. Dos ejemplos, uno de cada extremo del continente, muestran, de manera muy precisa, esta perplejidad. A Henry George Ward, inglés encargado de negocios en México entre 1825 y 1827, le resultaba absurdo y extraño, son sus propias palabras, «oír a los descendientes de los primeros conquistadores (ya que estrictamente hablando eso son los criollos) acusar gravemente a España de todas las atrocidades que sus antepasados cometieron»;9 mientras que el angloargentino William Henry Hudson, nacido en Quilmes, Argentina, en 1841, en el seno de una familia de origen estadounidense, se sorprendía de que los habitantes de la Pampa se refiriesen a la independencia como «lo que ellos llamaban la liberación del yugo español», a pesar de que «los nativos eran españoles».10

La posterior historiografía nacional, y nacionalista, de los diversos países hispanoamericanos no hará sino reafirmar esta extraña visión en la que las guerras de independencia no solo se convierten en la liberación de naciones preexistentes, cosa ya bastante inverosímil, sino también, en algunos casos, en la recuperación de la soberanía original perdida a manos de los conquistadores, algo más inverosímil todavía dada la filiación étnico-cultural de la mayoría de los héroes de las independencias americanas. Se establece así una especie de continuidad histórica entre las organizaciones políticas prehispánicas y los nuevos estados-nación surgidos de la independencia y, sobre todo, una continuidad afectivo-sentimental entre los pueblos indígenas y los criollos que proclamaron la independencia, el «Manes de Moctezuma, ya estáis vengados» con el que Carlos María de Bustamante saluda el fin del dominio de la Monarquía católica en América.11 ¿Se estaba vengando Bustamante, un criollo de primera generación, de sí mismo, de su padre o de Cortés? Es un discurso que no por asumido deja de resultar menos extraño, en particular si se compara con lo ocurrido en la América anglosajona donde la ruptura con la metrópoli no supuso, para nada, la asunción del pasado de las «naciones» indígenas como propio. La independencia se hizo contra los ingleses (la celebración del 4 de julio conmemora la Declaración de la Independencia y la ruptura con el Imperio británico), pero por los descendientes de los que habían llegado a comienzos del siglo XVII a las costas de Nueva Inglaterra (la celebración del día de Acción de Gracias el cuarto jueves del mes de noviembre conmemora uno de los episodios relacionados con el establecimiento de los peregrinos).

En el caso latinoamericano, esta interpretación general sería reafirmada por la historiografía marxista de la década de los sesenta, que no tuvo demasiadas dificultades en leer lo ocurrido en clave colonial, el enfrentamiento entre los depauperados grupos populares nativos y los colonizadores españoles dueños de la tierra y el capital. Y cuando afirmo que no tuvo demasiadas dificultades me estoy refiriendo a dificultades teóricas, porque en la práctica, como se verá más adelante, es una interpretación delirante. No resulta fácil identificar a estos colonizadores españoles dueños de la tierra y el capital: ¿los criollos que en muchos casos participaron en las guerras de independencia del lado de la insurgencia?, ¿solo los que lo hicieron del lado de los realistas?, ¿todos los españoles?, ¿solo los que vivían en América? Demasiadas preguntas para una interpretación en la que lo social, lo étnico y lo económico se confundían con lo nacional hasta convertir las guerras de independencia americanas en uno de los primeros capítulos de un ciclo anticolonialista que, según esta interpretación, los movimientos de liberación de inspiración marxista estaban a su vez cerrando en torno a esos años.

Hubo que esperar la década de los ochenta del siglo pasado para el nacimiento de lo que podemos llamar la visión revisionista de las independencias, con autores como Brian Hamnett, John Tutino, François-Xavier Guerra o Jaime E. Rodríguez, solo por citar algunos, que, a grandes rasgos, y para lo que aquí nos interesa, niegan que el objetivo de los insurgentes hubiese sido, al menos en origen, la separación de la Monarquía católica, y que los bandos en conflicto estuvieran tan claramente definidos como quería la historiografía tradicional. La primera de las dos negaciones, curiosamente, ni siquiera es tan novedosa como a primera vista pudiera parecer.

Ya uno de los contemporáneos de la contienda, José María Blanco White, había afirmado, a propósito de los conflictos en América que «Los americanos no pensarán jamás en separarse de la Corona de España si no los obligan a ello con providencias mal entendidas».12 Para este liberal español, exiliado en Londres y acusado de fomentar la separación de los dominios americanos, no solo en el origen de las guerras no había una voluntad de independencia sino que, incluso, cuando esta se dio fue como una consecuencia de los errores cometidos por los gobernantes españoles.

Las independencias habrían sido, para los revisionistas, un subproducto de la propia guerra y esta no podía ser interpretada como un enfrentamiento entre clases populares independentistas y españoles realistas, tampoco entre criollos independentistas y peninsulares realistas, ni, menos todavía, entre insurgentes liberales y realistas reaccionarios. Se ponían así en cuestión, a la vez, la vieja versión nacionalista de criollos contra peninsulares; la rápidamente envejecida versión marxista de clases populares indígenas contra élites blancas, y la tradicional de liberales contra absolutistas. Una triple negación que tuvo un cierto eco en el mundo académico pero una nula incidencia en la memoria colectiva de los hispanoamericanos y hasta en la percepción global que sobre su pasado se hace una buena parte de los propios historiadores de la región, para los que la oposición entre «ellos», los españoles, los explotadores y los partidarios del Antiguo Régimen, y «nosotros», los americanos, los explotados y los partidarios del progreso, sigue siendo el fondo emotivo básico de las guerras.

Incluso en el mundo académico, este revisionismo historiográfico ha tenido que hacer frente al auge de los estudios poscoloniales y su voluntad de una especie de juicio histórico universal sobre el imperialismo y sus consecuencias. Si ya las críticas sobre la colonización decimonónica y el desarrollo de la teoría de la dependencia hacían bastante difícil descartar esta visión de las guerras de independencia como un primer capítulo del anticolonialismo mundial, el éxito de los subaltern studies no parece el mejor momento para una reinterpretación de este tipo.

No es el objetivo de este libro hacer un análisis de las fortalezas y debilidades de estas propuestas, en las que se han cuestionado desde el pensamiento de la insurgencia hasta el lugar de los grupos populares en el conflicto bélico, remito a las personas interesadas a la ya más que amplia bibliografía sobre el tema, sino el de, a partir de ellas y de los nuevos planteamientos de la teoría política sobre el problema de la nación, proponer un nuevo marco interpretativo general sobre las llamadas guerras de independencia americanas.

El conocimiento no avanza solo por acumulación de información sino también, y quizá sobre todo, gracias a la capacidad de romper con viejos esquemas y plantear propuestas interpretativas nuevas, eso que ya hace mucho tiempo Thomas Kuhn llamó un cambio de paradigma.13 Propuestas interpretativas que, en este caso, vienen exigidas tanto por la relevancia y la novedad de la información histórica acumulada en las últimas décadas como, sobre todo, por la revolución operada en el campo de la teoría política en torno al problema de la nación y en el de la historia en torno al de la guerra civil.

No creo que sea casual que las obras básicas de la nueva mirada sobre las independencias fueran escritas a partir de la década de los ochenta del siglo pasado.

Fue también en los inicios de esa misma década cuando aparecieron Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism de Anderson, Nationalism and the State de Breully y Nations and Nationalism de Gellner.14 Estas tres obras, desde diferentes perspectivas, cuestionaban dos de los a prioris más sólidos y más arraigados de las concepciones sobre la nación: el de su naturalidad y el de su perennidad histórica. Ni las naciones eran, tal como había afirmado el pensamiento nacionalista durante dos siglos, realidades naturales –plantas de la naturaleza las había llamado el filósofo romántico Herder a finales del siglo XVIII–, ni habían existido desde siempre –elemento común a estas tres obras es su inclusión en las teorías «modernistas» sobre la nación–, ni, sobre todo, y esto lo añado yo, las naciones habían tenido papel político alguno durante la mayor parte de la historia de la humanidad.

Se ponían así las bases de un nuevo paradigma sobre la nación en el que esta aparecía como un sujeto político reciente, no más allá de finales del siglo XVIII, y cuyas relaciones con el estado eran justamente las contrarias de las que había venido afirmando el pensamiento nacionalista y que los historiadores habían hecho suyas; no eran las naciones quienes construían los estados sino los estados quienes inventaban las naciones.

La nación se configuraba como un subproducto de la modernidad política, fruto de las necesidades de legitimación de los estados nacidos de las revoluciones burguesas, y no como el sujeto político preexistente que el pensamiento del siglo XIX había imaginado. Una auténtica carga de profundidad contra el relato de las guerras de independencia construido por la historiografía del siglo XIX que no podemos seguir ignorando. Si son los estados quienes construyen las naciones, y no viceversa, no resulta fácil seguir poniendo en el origen de las independencias americanas unas naciones que apenas en ese momento comenzaban a vislumbrarse como sujeto político.

El primer centenario de las independencias, coincidente con un momento de exaltación nacional y nacionalista, fue el digno broche de oro final de una historiografía que había hecho de la nación el gran protagonista de la historia y que, desde la perspectiva actual, tiene más interés como objeto de estudio en sí misma que como aportación al conocimiento de lo ocurrido un siglo antes. El riesgo de los bicentenarios no es ya esa exaltación nacionalista, aunque por supuesto esta seguirá vigente en las conmemoraciones oficiales, sino el de una historiografía «acumulativa», centrada en estudios parciales, que seguirán añadiendo más y más información sobre los conflictos étnicos, sociales, económicos, políticos y regionales que se dirimieron en los años de conflicto bélico y que, pareciera, podrían explicar las causas de las llamadas guerras de independencia. Un ejemplo de esto puede ser el libro, por lo demás un espléndido trabajo de historia social, de Eric Van Young La otra rebelión. La lucha por la independencia de México,1810-1821,15 en el que se hace un pormenorizado análisis del trasfondo social, étnico y económico de la guerra de la independencia en la Nueva España. El problema es que este trasfondo existía ya en las décadas previas a la independencia y siguió existiendo en las posteriores sin que ni antes ni después fuese causa de un conflicto generalizado como el que tuvo lugar a partir de 1810. La conclusión obvia es que se está explicando lo accesorio y no lo principal.

La acumulación de información no nos va a permitir un mejor conocimiento de lo ocurrido. El problema es más de enfoque conceptual que de trabajo de archivo y las conmemoraciones de los bicentenarios serían una buena ocasión para una relectura de las independencias a la luz de nuevas propuestas teórico-metodológicas. No se trata solo de seguir buscando documentos que nos permitan iluminar aspectos más o menos desconocidos de lo ocurrido entre 1810 y mediados de la década de los veinte. Un trabajo necesario pero que, por otro lado, empieza a adquirir un cada vez más inquietante tono neopositivista de recuperación de la información como objetivo en sí. Es como si ante la imposibilidad de enfrentarnos al gran relato heredado nos limitáramos a construir micronarraciones, cada vez más precisas y sofisticadas, pero también cada vez más difíciles de encajar en el macrorrelato de las independencias vigente, sin que nos atrevamos a cuestionarlo de una manera frontal. Esto genera, además, un divorcio absoluto entre la historiografía profesional, que lleva ya años negando la visión tradicional de las independencias, y la historia vivida por la población para la que aquella sigue plenamente vigente. La incapacidad de ofrecer una nueva síntesis en la que fundar la memoria colectiva tiene como consecuencia la pervivencia de los viejos relatos y de su papel como articuladores de las mitologías nacionales. Viejos relatos a los que se podría aplicar lo dicho por Edward Said a propósito del orientalismo, «no analiza ni resuelve problemas. Los representa como previamente analizados y resueltos».

No es la acumulación de datos, en todo caso, la que nos va a permitir una mejor comprensión de ese complejo fenómeno que conocemos como guerras de independencia. La información acumulada en las últimas décadas exige un nuevo marco interpretativo global. Como afirma la historiadora mexicana Virginia Guedea:

las numerosas, y en muchos casos enriquecedoras, aportaciones que se han hecho en los últimos años al estudio del proceso político que fue la emancipación permiten –casi me atrevería a decir que exigen– emprender nuevas interpretaciones generales que proporcionen nuevas y más actualizadas visiones de conjunto y más cabales explicaciones de todo el proceso al tiempo que señalen sus carencias.16

La propuesta de este libro es intentar una nueva interpretación general. La relectura de eso que hemos denominado guerras de independencia desde una mirada que intente evitar lo que hay de construcción posterior, que intente analizar y resolver problemas y no darlos por previamente analizados y resueltos, y que incluya las nuevas aportaciones que desde diversos campos, en particular desde la teoría política, se han hecho sobre el concepto de nación en las últimas décadas.

Una de las primeras cuestiones que habría que precisar en esta nueva interpretación es que estamos ante un conflicto de naturaleza eminentemente política, en su sentido más lato, aquel que define el fundamento mismo del poder: quién y con base en qué tiene derecho a ejercerlo. Podemos seguir buscando conflictos económicos, sociales, culturales, etc., como explicación de lo ocurrido, pero lo cierto es que la mayoría de ellos ya existían cincuenta años antes, siguieron existiendo cincuenta años después, y ni en un caso ni en otro originaron una guerra generalizada como la que estalló en los más diversos rincones de la Monarquía católica a partir de 1808.

Las guerras de independencia fueron un conflicto político, de lucha por la legitimidad del poder, y es en este contexto en el que deben de ser estudiadas si se quieren entender sus claves últimas y definitivas. Unas guerras en las que los discursos y las ideologías, por primarios que hoy nos puedan parecer, y no los intereses, fueron su núcleo fundamental. En el origen de las guerras de independencia hay un problema político, pero no, y esta es otra precisión importante, de identidades en conflicto sino un conflicto de soberanías. Se debate, y se combate, sobre quién es el sujeto de soberanía, el problema central de la modernidad política en Occidente, pero no a partir de una modernidad de corta duración sino en el contexto de otra de larga duración que hunde sus raíces en el siglo XVI y se prolonga hasta bien entrado el XIX.

No se está planteando un revisionismo extremo, tipo el que hace Furet respecto a la Revolución francesa.17 El conflicto de las independencias fue básicamente de carácter político-ideológico, lo que no impide que una vez desatado se dirimieran también en él problemas raciales, económicos, sociales, etc., hasta aparentemente, incluso en algunos casos, suplantarlo. No es tampoco una interpretación radicalmente nueva. En las últimas dos décadas ha ido cuajando un nuevo modelo interpretativo, obra en gran parte de François-Xavier Guerra y Jaime E. Rodríguez18 («diría que hay dos historiadores a los que puede atribuirse la estructuración fundamental y difusión de este modelo interpretativo que voy a llamar “político”. Esos dos historiadores son François-Xavier Guerra y Jaime E. Rodríguez»),19 cuya premisa central es el carácter básicamente político del conflicto de las independencias. La propuesta que aquí se plantea puede inscribirse, en sus rasgos generales, en este modelo «político», de manera muy particular por lo que se refiere a la afirmación explícita de que estamos ante un problema político y no socioeconómico o de otro tipo. Hay, sin embargo, algunos aspectos, sobre los que se volverá más adelante, que se alejan de este «modelo político», en particular la voluntad de una interpretación global sobre la Monarquía católica como una forma de civilización que va más allá del problema de las independencias propiamente dichas.

Una de las peculiaridades relevantes de este debate político «hispánico» es que tuvo lugar en un marco ideológico que no fue necesariamente el de las nuevas ideas ilustradas sino, en muchos aspectos, en el de un imaginario tradicional. Esto no significa que el resultado final no fuese una revolución política radical y «moderna» sino que para entender su desarrollo resulta imprescindible tener en cuenta este particular itinerario hacia la modernidad.

El problema de la legitimidad del poder tenía una larga tradición en el pensamiento hispánico, al menos desde el siglo XVI. Lo específico de ese momento histórico, aquello que lo hizo diferente, fue una crisis política generalizada que puso en cuestión, no quién tenía derecho a gobernar, un asunto relativamente menor, sino todo el andamiaje de legitimación del poder que había sido el fundamento de la Monarquía durante trescientos años. Un largo período en el que se había generado algo parecido a lo que podríamos denominar una constitución histórica, eso que Antonio Annino ha definido como «un conjunto de valores y prácticas políticas percibido como legítimo porque estaba fundado en una tradición igualmente legítima».20 Fue esta «constitución histórica», este «conjunto de valores y prácticas políticas», lo que comenzó a cuestionarse a partir de 1808 y, ya de forma mucho más clara, a partir de 1810. Algo de lo que ya fueron conscientes los propios contemporáneos. No hay que ver solo retórica en la afirmación de fray Servando Teresa de Mier en su Historia de la revolución de Nueva España, publicada en Londres en 1813,21 de que lo sucedido en España desde 1808 estaba rompiendo el pacto fundamental entre la monarquía y los reinos de Indias, es decir, el fundamento de la legitimidad del poder del rey en América. Mier se limita, en realidad, a plantear un problema de soberanía, de larga tradición en el pensamiento político de la Monarquía, en la estela del constitucionalismo histórico de autores como Melchor Gaspar de Jovellanos o Francisco Martínez Marina, pero en un momento cargado de dramatismo por la ausencia del monarca. Muchos de sus argumentos serán retomados por Simón Bolívar en su Carta de Jamaica de 1815. Fue el fin de un imaginario político, posiblemente también el de una forma de civilización.

El marco interpretativo general en el que deben de ser analizadas las guerras de independencia es el de uno de los problemas centrales del nacimiento de la modernidad política en Occidente: el de la sustitución de una legitimidad de tipo tradicional, el poder como emanación de la voluntad divina a través de una transmisión dinástica, por otra de tipo moderno, el poder como la emanación de la voluntad de la nación a través de un sistema representativo. Todo ello en el contexto de la crisis de un sistema imperial fracasado.

Para decirlo de una forma más narrativa y menos abstracta, el punto de partida fue que en un momento determinado, 1808, el rey dejó de estar y, por primera y única vez en toda la historia de la Monarquía, el ejército de un soberano extranjero había ocupado su capital. Una situación casi inimaginable para la mayor parte de sus súbditos y de solución realmente complicada.

Lo escenificado en Bayona en 1808, el vodevil de las diferentes abdicaciones (entre el 5 y 6 de mayo la Corona pasó, como si de un objeto endemoniado se tratase, de Fernando VII a su padre Carlos IV, de Carlos IV a Napoleón y de Napoleón a su hermano José I), se basó en una visión patrimonialista de la Corona de tan difícil encaje en la tradición jurídica de la Monarquía católica que hasta Fernando VII, no precisamente un fino intelectual, recuerda a su padre, en una carta del 4 de mayo de 1808, que el cambio de dinastía necesitaba la aprobación de las Cortes.22 El argumento de que el rey no podía deshacerse del reino sin el acuerdo de este, tan asumido por la tradición regalista hispana, y europea en general, fue el que utilizaron todas las Juntas, de Madrid a Manila, para negarse a aceptar las abdicaciones de Bayona. Tampoco debe de extrañar demasiado; era un principio que se había venido enseñando en las universidades del mundo hispánico durante los tres últimos siglos y que, como consecuencia, formaba parte de la cultura política de todas sus élites. El que el rey no podía enajenar el reino sin el consentimiento de sus súbditos se había afirmado ya en la Edad Media y lo habían repetido posteriormente Grocio, Pudenford, Vattel y un interminable etcétera.

No se podía enajenar el reino ni ninguna de sus partes, en particular las americanas. Tenía razón fray Servando Teresa de Mier cuando afirmó que era nula la cesión que se había hecho a Napoleón de la parte española de Santo Domingo y de la Luisiana porque «el rey, según las leyes de Indias, no puede enajenar la más mínima parte de América, y si cedía, es nula».23 Y es que, efectivamente, la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, mandadas imprimir y publicar por el rey Carlos II en 1681, afirmaba de manera taxativa que

las Indias Occidentales, Islas de Tierra firme del mar Océano […] están incorporadas en nuestra Real Corona de Castilla […] Y mandamos que en ningún tiempo puedan ser separadas de nuestra Real Corona de Castilla, desunidas, ni divididas en todo o en parte, ni sus ciudades, villas, ni poblaciones, por ningún caso, ni a favor de ninguna persona.24

Sin embargo, en Bayona se enajenó todo, incluida la «Real Corona de Castilla», la consecuencia fue un sentimiento de vacío de poder y de legitimidad generalizado. Se tuvo que hacer frente, a la vez, a la ausencia del monarca y al desconocimiento de las instituciones de gobierno que legítimamente lo representaban. El no reconocimiento de lo pactado en Bayona significaba también el no reconocimiento ni de la Junta Suprema de Gobierno, en la que Fernando VII había depositado el poder durante su ausencia, ni del poderoso Consejo de Castilla, ya que ambas instituciones mostraron su apoyo a Napoleón. En realidad el descabezamiento de la estructura institucional de la Monarquía católica fue absoluto, la perplejidad de las élites políticas también. Una perplejidad perfectamente ejemplificada en el manifiesto de la Junta Suprema de Sevilla de agosto de 1808 donde se afirma que el reino había quedado sin rey y sin gobierno, «situación verdaderamente desconocida en nuestra historia y en nuestras leyes».25

La situación era dramática y, además, no había precedentes a los que recurrir. Solo la crisis de comienzos del siglo XVIII, con la muerte sin herederos directos de Carlos II, el último de los Austria españoles, podía tener alguna similitud. Pero aquella había sido una crisis dinástica, no una crisis de soberanía. El enfrentamiento entre los seguidores del archiduque Carlos y los de Felipe de Borbón, el futuro Felipe V, giró en torno a quién de los dos tenía derecho legal a ocupar el trono de Madrid, una cuestión, por cierto, no precisamente sencilla dada la sucesión de intercambios matrimoniales, a tres bandas y durante dos siglos, entre los Habsburgo españoles, los Habsburgo austríacos y los Borbones franceses. Se resolvió en un conflicto bélico en el que se vieron implicadas todas las potencias europeas de la época, pero sin que se llegase, en ningún momento, a cuestionar la legitimidad dinástico-religiosa de la Monarquía. La guerra fue sobre quién tenía derecho al trono, no sobre quién era el sujeto de soberanía.

Lo específico de la crisis de comienzos del ochocientos es su evolución de una crisis dinástica, el no reconocimiento de José I como rey legítimo, a una crisis de legitimidad, en ausencia del monarca se proclama que la soberanía residía en los pueblos y no en ninguna de las instituciones tradicionales de la Monarquía.

El vacío de poder lleva, en un primer momento, a preguntarse quién lo asume en ausencia del rey, es el tiempo de las Juntas y de los pueblos; en un segundo momento, sobre el origen del poder mismo, es el tiempo de las constituciones y las naciones. Una secuencia muy rápida, pero que es necesario no perder de vista si se quiere entender lo que realmente sucedió. Esquemas que sirven para explicar lo ocurrido en 1810 son ya completamente inútiles en 1813. Estamos ante un momento de brutal aceleración de la historia en la que los cambios y las rupturas se suceden a una velocidad de vértigo.

La búsqueda de soberanías alternativas iniciada en 1808 desembocó, de manera muy rápida, en la aparición de la nación como sujeto alternativo, y muy pronto único imaginable, de soberanía. Las revoluciones son un buen marco para la pedagogía política, sobre todo si, como ocurrió en este caso, van acompañadas de una proliferación de panfletos, periódicos y debates públicos. En apenas dos años se pasa de los programas de las Juntas, basados en la defensa de la religión, el rey y la patria, a la proclamación de soberanías y sujetos políticos alternativos al rey y a la monarquía. Ya el 26 de septiembre de 1810 los vecinos de Baton Rouge (Florida Occidental), en esos momentos parte de la Monarquía católica, proclaman la necesidad de un estado soberano como forma de hacer frente a lo que estaba ocurriendo en la península. Un proceso que culmina dos años más tarde cuando la Constitución de Cádiz se hace ya en nombre de la nación y no del rey y, para que no quede ninguna duda sobre lo que esto significaba, se aclara que la nación española «no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona» (artículo 2).

Una negación radical del sentido patrimonialista del poder político, pero que, sin embargo, puede remitir tanto a un pensamiento político revolucionario como a una vieja tradición regalista, aquella que llevaba siglos afirmando que el reino no era propiedad del monarca sino que lo tenía en usufructo.

Sobre lo que no cabe ninguna duda es la profunda mutación que había llevado desde la crisis dinástica de comienzos del siglo XVIII a la crisis de soberanía de principios del XIX. En el primer caso, la duda sobre quién era el monarca legítimo se resuelve con una guerra entre los dos pretendientes al trono; en el segundo, con la sustitución de la legitimidad dinástica por la legitimidad nacional. Los problemas eran los mismos, la ausencia de un monarca legítimo en el trono de Madrid, pero el contexto político e ideológico completamente distinto.

Sin este cambio de contexto político e ideológico, lo que podríamos llamar la irrupción de la modernidad, la crisis de 1808 pudo haber discurrido por cauces muy parecidos a los de la de comienzos del setecientos. Las instituciones más importantes de la Monarquía, como el poderoso Consejo de Castilla, reaccionaron dentro de los esquemas tradicionales, reconociendo y dando cobertura legal al dudoso episodio de Bayona. Una postura perfectamente ejemplificada en la respuesta que Gregorio de la Cuesta, capitán general de Castilla la Vieja y presidente de la Real Chancillería de Valladolid, da al Ayuntamiento de León sobre qué actitud tomar ante la renuncia de Bayona:

Todas las personas reales han renunciado solemnemente a sus derechos […] Absolviendo a los vasallos del juramento de fidelidad y vasallaje. No debemos pues intentar nada contra su expresa determinación, ni contra la Suprema Junta que nos gobierna en nombre del emperador de los franceses por el derecho que le han traspasado aquellas renuncias […] Me consta que todos los españoles sensatos y amantes de su Patria piensan de la misma manera, pero como entre el vulgo hay muchos que no razonan. Quiero suponer que por desgracia y seducidos por hombres malévolos y revoltosos que creen siempre prosperar en el desorden y aprovecharse de las calamidades públicas, se dejasen arrastrar ciegamente a una insurrección.26

Es una carta escrita el 29 de mayo, cuando ya lo ocurrido en Madrid el día 2 de mayo, convertido por la historiografía nacional española en el inicio de una supuesta guerra de independencia, debía ser ampliamente conocido en toda la península. Sin embargo, para el capitán general de Castilla la Vieja, un típico representante del poder tradicional, no había ningún motivo para la insurrección y sí para acatar el gobierno de un monarca legítimo.

Fue la proliferación de Juntas, en España y América, la que permitió plantear de manera novedosa el problema de la soberanía y dar paso a un segundo tiempo, el de las naciones y las constituciones. Este segundo tiempo solo fue posible por el desplazamiento del reino por la nación como sujeto político, un cambio radical y de consecuencias imprevisibles. El problema fue, en un primer momento, que nadie sabía muy bien, en el ámbito hispánico, qué era una nación, todavía mucho menos cuántas naciones había en los territorios de la Monarquía católica y, como consecuencia, tampoco cuántos sujetos de soberanía albergaba en su interior. Los constituyentes gaditanos afirmaron que solo una nación, formada por los «españoles de ambos hemisferios», y en su nombre elaboraron la Constitución de 1812; los insurgentes americanos pasarían, muy pronto y en gran parte por influencia de la propia Constitución gaditana, a afirmar la existencia de un número indeterminado de naciones, sujetos también de soberanía y, como tales, con derecho a la autodeterminación nacional.

Hay, de todas formas, algo paradójico en la declaración gaditana; por un lado, atribuye a la nación una función moderna, la de sujeto de soberanía, cosa que nunca había sido; por el otro, recurre a un concepto de nación de carácter tradicional, los que tienen la misma sangre. Ante el problema de determinar quiénes de esos españoles de ambos continentes tienen derechos políticos –los ciudadanos que constituyen la nación española, en cuyo nombre, insisto, se estaba elaborando una Constitución–, se afirma que «aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios» (artículo 18). Una alambicada redacción para afirmar algo tan sencillo como que solo tenían derecho a la ciudadanía los blancos, los indios y los mestizos. No una nación política sino una nación étnica.

La historiografía ha hecho mucho hincapié en que la exclusión de los descendientes de africanos, las en Cádiz llamadas castas, se debió a la voluntad de los diputados peninsulares de disminuir el peso de los españoles americanos en las futuras Cortes.27 (En Cádiz cuando se habla de castas, a diferencia de lo que ocurre en América, se refiere solo a aquellos que tienen antepasados negros. Otros grupos excluidos de la ciudadanía fueron los miembros de órdenes regulares, sirvientes, criminales convictos y deudores públicos, pero en estos casos el problema es obviamente distinto). Es una interpretación que encaja perfectamente en esa visión de una nación española dueña de un imperio, cuyos representantes, asustados por la posibilidad de ser superados por los de las colonias, recurren a una serie de argucias legales para evitarlo: lo que estaría justificado por el hecho de que –tal como ha demostrado Jaime E. Rodríguez–, mientras que en el sistema establecido en Cádiz la relación entre peninsulares y americanos era de tres a uno a favor de los europeos, con el reconocimiento de la ciudadanía de las castas la proporción hubiese sido de tres a dos a favor de los americanos.28

Es posible que haya algo de verdad, incluso mucho, en estas interpretaciones. Entre otras cosas porque la mayoría de los diputados gaditanos, de uno y otro lado del Atlántico, estaban convencidos de que el número de descendientes de negros era muy superior al real. Servando Teresa de Mier afirma de manera literal que se excluyó a los descendientes de africanos «solo con el objeto de disminuir la representación de América, en la necia persuasión de que acá la mayoría de los habitantes se compone de mulatos»,29 un asunto que parecía preocupar especialmente al dominico novohispano. Pero no fue este el único problema. Lo que defiendo es que al margen de temas coyunturales, como pueda ser que no era lo mismo proclamar la igualdad que ejercerla, hubo en el debate sobre la representación en Cádiz dos aspectos mucho más relevantes y de mucho mayor calado histórico. Uno tiene que ver con la concepción de la soberanía, el otro con el carácter de la nación imaginada en la Constitución gaditana.

Sobre el primero, en el debate gaditano en torno a la representación subyacen dos concepciones de la soberanía prácticamente incompatibles que van a envenenar la política americana durante buena parte del siglo XIX y la española hasta nuestros días. Para una, la soberanía era única e indivisible, por lo que no había ninguna posibilidad de subrepresentación de ninguno de sus territorios ya que los diputados representaban a la nación en su conjunto, tal como afirma el conde de Toreno en la sesión del 12 de enero de 1812 «La representación nacional no puede ser más que una y esta está refundida en las Cortes»;30 para la otra, la soberanía no era única, los diputados eran representantes territoriales por lo que sí podía haber territorios subrepresentados. No eran solo los individuos sino también los territorios quienes tenían derechos y soberanía. El debate sobre la soberanía adquiría así un fuerte componente «autonomista». El reconocimiento de soberanías compartidas significaba el de la capacidad de autonomía política de los gobiernos locales. Por eso la discusión de este punto fue particularmente tensa en las Cortes de Cádiz. Mientras una mayoría de diputados impuso su versión de que la soberanía residía «esencialmente» en la nación, la conocida definición de Sieyès, una minoría significativa, entre la cual se hallaban casi todos los americanos, combatió hasta el último momento a favor de la expresión «originariamente» o «radicalmente». No estamos, por supuesto, ante una simple cuestión de usos adverbiales, era una forma de afirmar que no todo el poder de las instituciones locales provenía del centro; tampoco ante un enfrentamiento de americanos contra peninsulares. Es cierto que las que podríamos denominar tesis «provincialistas», aquellas que consideraban que los diputados representaban a una provincia o reino y no al conjunto de la nación, fueron defendidas con especial ahínco por muchos de los diputados americanos, aunque también por algunos europeos. Pero este «provincialismo» estaba tan dirigido contra los centros virreinales en América como contra el centralismo peninsular; lo mismo que el «centralismo» peninsular estaba tan dirigido contra el «provincialismo» de los reinos peninsulares como contra el de los americanos. La polémica, de hecho, no concluiría con las independencias y se prolongará en muchos de los nuevos estados como un enfrentamiento centralistas/federalistas –aunque quizás estas denominaciones no sean suficientemente precisas– en el que las ciudades, fortalecidas por la confluencia de la vieja tradición de autonomía municipal, el fenómeno de las Juntas y la resurrección de ideas políticas que afirmaban que la soberanía residía en los pueblos, se enfrentaron a los intentos de los estados de imponer una soberanía única de carácter nacional. La guerra de las armas se zanjó en cada país en función de los equilibrios políticos y militares de cada momento concreto; la de los adverbios, en muchas de las constituciones decimonónicas americanas de manera salomónica: «La soberanía reside esencial y originariamente en la nación».

Interesa aquí, sin embargo, más el segundo problema, el del carácter de la nación imaginada en Cádiz reflejado en esta exclusión de los negros. La exclusión de los descendientes de africanos tenía demasiados costos como para deberse a un simple cálculo coyuntural sobre electores y representantes, entre otros que una parte significativa de las tropas en América estaban formadas por descendientes, en algún grado, de africanos.

El no reconocimiento de su derecho a la ciudadanía era una forma casi segura de enajenarse su apoyo en un momento en el que los conflictos bélicos se extendían de uno a otro lado del continente. Tal como argumentó el novohispano Ramos Arizpe: «¿Quién ha sostenido para España aquellos vastos dominios con su sangre sino las castas, pues los indios están excluidos de la milicia? De esos 25 000 guerreros que sostienen al virrey de México, ¿no son castas la mayor parte?».31 Y no era retórica, los llamados batallones de pardos, formados por negros libres y mulatos, constituían una parte fundamental de las milicias en todo el continente, no solo en la Nueva España. Fueron resultado de reformas militares borbónicas que con la creación de estas milicias habían buscado, entre otras cosas, una mejor integración de los negros libres y las castas en la vida social y política del mundo virreinal.

Si dejamos de obsesionarnos con una metrópoli empeñada en mantener sometidas a sus colonias, para lo cual, por cierto, hubiese sido mucho más eficaz sencillamente haber excluido a los españoles americanos de cualquier tipo de representación, y vemos las Cortes de Cádiz como una reunión de diputados llegados desde diferentes lugares de la Monarquía a los que la evolución de las propias discusiones lleva a plantearse la sustitución de una legitimidad de tipo tradicional, la dinástica, por otra de tipo moderno, la nacional, el problema se vuelve otro, completamente diferente. La exclusión de los negros de la ciudadanía deja de ser un asunto de españoles imperialistas y americanos independentistas para convertirse en un indicio extremadamente interesante del concepto de nación manejado por los diputados gaditanos. Lo que refleja la exclusión de los que tienen alguna gota de sangre negra, por pequeña que sea, es una concepción de la nación de carácter tradicional y étnico. Son parte de pleno derecho de la nación, ciudadanos, no todos los habitantes sino solo los que tienen sangre «española», en su doble origen europeo y americano. La Revolución francesa había hecho una «declaración universal» de los derechos del hombre y del ciudadano, la Constitución gaditana se limita a convertir en sujeto político a una nación «biológica» formada por los descendientes de dos naciones «naturales», en el viejo sentido del término.

Y en este sentido la nación imaginada en Cádiz resulta extremadamente tradicional y extremadamente americana: tradicional porque es una nación basada en la sangre, y americana porque incluye a los indios como parte constitutiva de la nación española.

Al margen de esto, a partir de la aparición en Cádiz de la nación como sujeto político, el conflicto de la soberanía adquiere un matiz nuevo que se va a prolongar durante los siguientes años –yo me atrevería a afirmar que durante las siguientes décadas, pero sobre esto volveré más adelante–, que fue el desatado en torno a la posibilidad de naciones que podían ir desde la definida en Cádiz, cuyos límites se confundían con los de la antigua Monarquía, hasta los múltiples «pueblos» autoproclamados sujetos de soberanía en los años inmediatamente posteriores a 1808 y que, en el contexto político-ideológico del momento, derivaron, de manera muy rápida e inevitable, a definirse como naciones.

Un conflicto que tuvo dos vertientes, una, definir los límites de las nuevas naciones; otra, imaginar las características de cada una de ellas, los rasgos determinantes que las hacían diferentes a las demás. El primero se resolvió en el desarrollo de la propia guerra, a partir, en general, de las divisiones administrativas de la Monarquía y de los éxitos o fracasos de los diferentes grupos militares en conflicto para controlar territorios más o menos amplios; el segundo desembocará en un complejo proceso en el que las nuevas naciones seguirán debatiéndose hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX.

Este marco interpretativo general conlleva como a priori teórico el que las naciones no fueron la causa de las guerras de la independencia sino su consecuencia.

A la altura de 1810, en el ámbito de la Monarquía católica, la nación era una comunidad natural, sin función política alguna, menos la de la soberanía, y que por lo tanto difícilmente pudo desempeñar ningún papel en el estallido del conflicto. No podemos seguir interpretando las guerras de independencia como guerras entre naciones porque en el momento en que estas tuvieron lugar la nación, en el mundo hispánico, era una forma de identidad colectiva carente casi por completo de significado político. La propia Monarquía era una estructura anacional. No existía una nación española dueña de un imperio, sino diversos reinos que compartían un monarca y en el interior de esos reinos de la península y de América convivían naciones diferentes. No estamos, al menos en el origen, frente a un enfrentamiento entre españoles y póngase aquí el gentilicio que se prefiera (argentinos, bolivianos, colombianos, mexicanos, etc.), entre otras razones porque todos estos términos carecían en la Monarquía católica de comienzos del siglo XIX de cualquier tipo de connotación política. En el imaginario social de la época, la dicotomía básica era de tipo étnico, españoles/indios, y no territorial, españoles/argentinos, mexicanos o lo que fuese, y no resultó nada fácil pasar de la primera a la segunda. Uno no se acuesta un día viéndose como español frente a indios y castas, y se levanta al otro viéndose como parte de una nación, junto a indios y castas, y frente a los españoles: algo de lo que fue muy consciente la primera publicística insurgente que describió el conflicto como una lucha entre criollos y peninsulares, entre nacidos en la tierra y nacidos en la península. No se pasaba de españoles a chilenos o bolivianos, sino de criollos a argentinos o uruguayos, algo relativamente más fácil. Las guerras habrían sido un enfrentamiento entre criollos y peninsulares. El problema es que el número de peninsulares era prácticamente despreciable, es probable que en ninguno de los diferentes virreinatos llegase ni siquiera al 1% de la población total, y que, como consecuencia, los ejércitos de ambos bandos estuvieron formados básicamente por americanos (criollos, indios y castas). No lucharon criollos contra peninsulares sino americanos, criollos y no criollos, contra americanos. La descripción de la publicística insurgente no es tal sino solo propaganda política en tiempos de guerra, y como tal hay que tomarla.

La estrategia, sin embargo, dio resultado y todavía hoy seguimos empeñados en ver criollos y peninsulares en donde posiblemente los contemporáneos vieran muchas cosas antes que una identidad colectiva definida por el lugar de nacimiento. Un Sánchez de Tagle, por poner el ejemplo de una importante familia de la élite de la monarquía, se sentía, posiblemente en este orden, español, en el sentido de blanco; miembro de un clan familiar, los Sánchez de Tagle, con ramificaciones e intereses desde Manila hasta la Santillana del Mar de la que eran originarios; parte de la nación de los montañeses, que en las últimas décadas del siglo XVIII había logrado posicionarse de manera ventajosa en muchas de las instituciones de la Monarquía; y de manera muy secundaria criollo o peninsular. No fue el lugar de nacimiento, el ser «mexicano» o «español», lo que determinó el posicionamiento de cada uno de los Sánchez de Tagle en el conflicto independentista, sino otros factores determinados por su ubicación en el entramado global de la Monarquía, que no es lo mismo que en su entramado social. Tan criollo novohispano era Francisco Manuel Sánchez de Tagle como su pariente, el quinto marqués de Altamira. El primero es uno de los firmantes del Acta de Independencia de México; las hijas del segundo, criollas de cuarta generación, «regresaron» a España al proclamarse aquella.

Las guerras de independencia no fueron un problema de criollos contra peninsulares, tampoco de clases sociales ni, menos todavía, de naciones en conflicto. Lo que llevó a los individuos a decantarse por uno u otro bando no fue su lugar de nacimiento, su adscripción socioeconómica o su nación sino, diría François-Xavier Guerra, «su pertenencia a un mismo bando cultural»,32 aunque esto quizás también habría que matizarlo. Tampoco fue un problema de criollos contra peninsulares y menos todavía de naciones en conflicto. En 1810 ni había una nación española, tal como hoy la entendemos, ni existían las naciones americanas, ni, sobre todo, la lógica del enfrentamiento político giraba en torno a lo nacional. Habría, en este sentido, que ser extremadamente cuidadosos con el uso de conceptos como el del patriotismo criollo, que en las últimas décadas ha venido a apuntalar una especie de visión protonacional que sustituye las naciones en conflicto por el de patriotismos enfrentados. No porque no existiese, es evidente que las últimas décadas del siglo XVIII vieron un auge del patriotismo, del patriotismo a secas no específicamente criollo, definido por el amor a la patria. El problema está en confundirlo con una especie de protonacionalismo. Ni patria es ese momento histórico concreto, lo mismo que nación, ni patriotismo significan necesariamente protonacionalismo. Con esto no estoy diciendo que no se pueda establecer una relación cronológica entre un sentimiento y otro, ni siquiera que el patriotismo del XVIII no sea un buen caldo de cultivo para el posterior desarrollo del nacionalismo. No mejor por cierto que las lecturas del Antiguo Testamento o la recuperación del mundo clásico. Lo que afirmo es que, en el Antiguo Régimen, patria y nación son dos conceptos carentes de relaciones entre ellos, por lo que el auge de cierto tipo de patriotismo no puede relacionarse con un sentimiento nacional o protonacional. Lo que hizo del patriotismo algo cercano a la nación fue la identificación patria-nación, también una consecuencia de las guerras de independencia y no su causa.

Volver sobre las guerras de independencia, desde la perspectiva que hasta aquí se ha expuesto, no tendría solo un valor histórico, de comprensión de un pasado que comienza ya a ser lejano, sino también, y sobre todo, de intentar elucidar parte de los retos a los que las naciones surgidas de la desintegración de la Monarquía católica tuvieron y tienen todavía hoy que hacer frente. Es una forma de explicar el pasado, pero también de entender el presente y los retos que este nos plantea.

Somos prisioneros de una historia hecha por y al servicio de los estados. Ha llegado quizás el momento de su «desnacionalización». Los estados-nación contemporáneos necesitaron, en su proceso de invención de una nación que les diera legitimidad, construir una memoria nacional mitificada y homogénea. Para ello llevaron a cabo lo que podemos llamar, sin ningún tipo de exageración, un genocidio de memorias, locales, familiares, etc., una afirmación que no significa condenar estas políticas de memoria. Al margen de que la función de los historiadores no sea juzgar sino comprender, fueron ellas las que permitieron construir estados modernos y evitar el fantasma de los enfrentamientos étnicos en sociedades atravesadas por profundas fracturas étnico-culturales. El genocidio de memorias fue posiblemente inevitable y sin ninguna duda exitoso. Logró construir naciones y afianzar estados que permitieron, con mayor o menor éxito, la transición a la modernidad política y social.

Ha pasado ya, sin embargo, suficiente tiempo como para permitirnos una mirada no marcada por las urgencias de la agenda política. Volver sobre las guerras de independencia tiene, desde esta perspectiva, la voluntad de recuperar parte de estas memorias olvidadas. Somos aquello que nos contamos que somos. Nuestro universo mental está hecho de historias, que olvidamos, que recordamos y tergiversamos. Revisitar las guerras de nuestros antepasados esconde siempre el objetivo de volver sobre lo que somos, lo que nos contamos que somos.

Hay relatos cuya capacidad mitogénica se extiende mucho más allá del momento histórico al que se refieren. El de la fractura sangrienta del mundo hispánico es uno de ellos. Ha condicionado de manera radical nuestra percepción no solo de las guerras de independencia sino también, y quizá sobre todo, de la Monarquía católica y los tres siglos virreinales, un adjetivo más apropiado sin duda que el de coloniales, y sobre las actuales sociedades latinoamericanas y sus problemas. La posibilidad de una separación amistosa y gradual estuvo también, sin embargo, presente en el horizonte político hispánico desde mediados del siglo XVIII. Y no fue solo el proyecto del Memorial secreto, de entorno a 1783, atribuido al conde de Aranda, de dividir América en tres grandes reinos (México, Perú y Tierra Firme), en cuyo trono se pondrían infantes de la familia real española. La propuesta sería repetida por Godoy a comienzos del siglo XIX. Todavía en 1821, durante la efímera restauración de la Constitución de Cádiz, los diputados mexicanos en Madrid defendieron la posibilidad de un sistema de submonarquías americanas, con capitales en México, Lima y Buenos Aires.33 La proposición fue presentada a las Cortes el 25 de junio de 1821 y según uno de sus promotores, el guanajuatense Lucas Alamán, lo que en realidad buscaba era establecer un «sistema que tenía gran analogía con el que había regido en América antes de la Constitución» cuando, según el después famoso político e historiador mexicano, «cada una de las grandes secciones de aquel continente venía a ser como una monarquía separada, con todos los elementos necesarios para su régimen interior».34 Una solución posiblemente ya inviable a esas alturas de la historia pero que, sin duda, habría modificado de manera radical tanto la transición del Antiguo Régimen como nuestra imagen de lo que la Monarquía católica fue y, sobre todo, de lo que el mundo hispánico es.

Volver sobre las guerras de independencia es tanto reescribir el pasado como soñar un futuro diferente o, si se prefiere, elegir entre varios sueños posibles. La posibilidad de repensar lo ocurrido entre 1810 y 1821 como guerras civiles y no como guerras de independencia no solo abre la perspectiva de una nueva mirada sobre el pasado sino también sobre el presente y el futuro. Para ello es necesario, y a esto se van a dedicar buena parte de las páginas que siguen, no solo demostrar el carácter de guerra civil de las llamadas guerras de independencia sino también explicar por qué las distintas historiografías nacionales, las americanas pero también las europeas, han preferido entender los conflictos ocurridos en la transición del Antiguo Régimen a la sociedad liberal como guerras de independencia o como revoluciones, pero no como guerras civiles. Finalmente, la propuesta de una nueva conceptualización debe intentar también explicar por qué durante mucho tiempo se han preferido otras diferentes.

NOTAS

1. José María Portillo Valdés, «Crisis e independencias: España y su monarquía», en Historia Mexicana, vol. LVIII, México, Colmex, julio-septiembre, 2008, pág. 130.

2. Para estos datos véanse Sonia Alda Mejías, La participación indígena en la construcción de la república de Guatemala, siglo XIX, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2000; Antonio Annino, «Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821», en Antonio Annino (coord.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. De la formación del espacio político nacional, Buenos Aires, FCE, 1995; Giovanni Chiaramonte, Suffragio e rappresentanza nel Perú dell’ 800, Turín, Otto Editore, 2002, y Federica Morelli, Territorio o nazione. Riforma e dissoluzione dello spazio imperiale in Ecuador, 1756-1830, Rubbettino, Catanzaro, 2003.

3. Véase François-Xavier Guerra, «Lógicas y ritmos de las revoluciones hispánicas», en François-Xavier Guerra (dir.), Revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo español, Madrid, Editorial Complutense, 1995, págs. 13-46.

4. Fray Servando Teresa de Mier, Memorias, Madrid, Trama Editorial, 2006, pág. 281.

5. Sobre la importancia pública de la obra de Bustamante véase Roberto Castelán Rueda, La fuerza de la palabra impresa. Carlos María de Bustamante y el discurso de la modernidad, México, Universidad de Guadalajara-FCE, 1997.

6. Fray Servando Teresa de Mier, op. cit., pág. 130.

7. Mariano Moreno, «Sobre las miras del Congreso que acaba de convocarse y Constitución del Estado», Gaceta de Buenos Aires, 7 de junio de 1810.

8. Jaime E. Rodríguez O., «Interpretaciones generales de las independencias», en Alfredo Ávila y Virginia Guedea (coords.), La independencia de México: temas e interpretaciones recientes, México, UNAM, 2007, pág. 201.

9. Henry George Ward, México en 1827, México, FCE, 1981, pág. 466.

10. William Henry Hudson, Allá lejos y tiempo atrás, Barcelona, El Acantilado, 2004.

11. Es una frase que este escritor mexicano incluye, con ligeras variaciones, en varios de sus textos; por ejemplo, en una nota a pie de página de su edición de la Historia general de las cosas de la Nueva España de fray Bernardino de Sahagún, publicada en la ciudad de México en 1830.

12. José María Blanco White, Conversaciones americanas y otros escritos sobre España y sus Indias, edición de Manuel Moreno Alonso, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1993, pág. 58.

13. Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, University of Chicago Press, 1962.

14. Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres, Verso, 1983; John Breuilly, Nationalism and the State, Nueva York, St. Martin Press, 1982, y Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Oxford, Basil Blackwell Publishers, 1983.

15. Eric Van Young, La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-1821, México, FCE, 2006.

16. Virginia Guedea, «La historia política sobre el proceso de la independencia», en Alfredo Ávila y Virginia Guedea (coords.), op. cit., pág. 64.

17. Para un resumen de las tesis de Furet, véase François Furet, Penser la révolution française, París, Gallimard, 1979; sobre el carácter «revolucionario» de las independencias americanas, véase Jaime E. Rodríguez, «The Emancipation of America», American Historical Review, 105, 2000, págs. 131-152.

18. Las dos obras fundamentales de estos autores sobre el tema son François-Xavier Guerra, Modernidad e independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, Madrid, Mapfre, 1992, y Jaime E. Rodríguez, La independencia de la América española, México, FCE, 1996.

19. Mónica Quijada, Modelos de interpretación sobre las independencias americanas, Zacatecas, Conacyt y Universidad Autónoma de Zacatecas, 2005, pág. 17.

20. Antonio Annino, «Cádiz y la revolución de los pueblos mexicanos, 1812-1821», en A. Annino (coord.), op. cit.

21. José Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, Historia de la revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, o verdadero origen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1813, Londres, Guillermo Glindon, 1813. Esta idea de «pérdida de legitimidad» de la Monarquía ha sido analizada con todo detalle, para el caso de la Nueva España, por Timothy E. Anna en su libro The Fall of the Royal Government in Mexico City, Lincoln, University of Nebraska Press, 1978.

22. Carta de Fernando VII a su padre del 4 de mayo de 1808. Reproducida en Álvaro Flórez Estrada, Introducción para la historia de la revolución de España, Londres, Imprenta de R. Juigné, 1810, pág. 170.

23. Fray Servando Teresa de Mier, Memorias, op. cit., pág. 68.

24. Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, tomo II, libro tercero, título primero, ley primera, fol. 1, Madrid, Cultura Hispánica, 1973.

25. Manifiesto de la Junta Suprema de Sevilla (del Reino de España y de las Indias), 3 de agosto de 1808.

26. «Carta del capitán general de Castilla la Vieja al Ayuntamiento de León», 29 de mayo de 1808.

27. Para un resumen historiográfico sobre el debate de la representación de los americanos en las Cortes de Cádiz, véase Roberto Breña, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824. Una revisión historiográfica del liberalismo hispánico, México, El Colegio de México, 2006, págs. 141-161; para el problema de la representación de los americanos en el Trienio Liberal, Ivana Frasquet, «La cuestión nacional americana en las Cortes del Trienio Liberal, 1820-1821», en Jaime E. Rodríguez O., Revolución, independencia y las nuevas naciones de América, Madrid, Fundación Mapfre-Tavera, 2005.

28. Jaime E. Rodríguez, La independencia de la América española, op. cit., pág. 109.

29. Fray Servando Teresa de Mier, op. cit., pág. 274.

30. Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, IV, pág. 2610.

31. Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, III, pág. 1774, 5 de septiembre de 1811.

32. François-Xavier Guerra, Modernidad e independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, op. cit., pág. 14.

33. Véase Manuel Calvillo, La república federal mexicana. Gestación y nacimiento, México, El Colegio de México-El Colegio de San Luis, 2003.

34. Lucas Alamán, Historia de México, t. V, México, Jus, 1942, pág. 127.

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LAS PALABRAS COMO ARMAS:

¿REVOLUCIÓN, GUERRA DE INDEPENDENCIA O GUERRA CIVIL?

Entre los cuadros que guarda el Palacio Nacional de la ciudad de México se encuentra el de Nicolás Bravo perdona la vida a los prisioneros realistas, pintado por Natal Pesado en 1892 y convertido en lo más cercano a una imagen arquetípica de la guerra de la independencia que la pintura mexicana logró crear a lo largo de todo el siglo XIX. Representa el momento en que el general Bravo perdona la vida a trescientos prisioneros realistas, un día después de saber que su padre ha sido ejecutado por insurgente. Uno de los pocos episodios magnánimos en una guerra no demasiado pródiga en ellos.

El que esta imagen extravagante, en el sentido de no representativa, acabase convertida en algo parecido a la imagen oficial de la guerra tiene que ver con la difícil negociación de memorias que el Estado y la sociedad tuvieron que llevar a cabo en las primeras décadas de vida del México independiente. Para el Estado mexicano, la revolución del Bajío marcaba el inicio de una gloriosa guerra de independencia, base y fundamento de su legitimidad como entidad política soberana; para las memorias familiares de muchas de las clases medias y altas mexicanas, el de una guerra sangrienta y brutal con desastrosas consecuencias personales y colectivas, tal como se refleja, por ejemplo, en la obra de Lucas Alamán. Esta divergencia explica por qué las imágenes de memoria no cristalizaron en torno a grandes victorias épicas sino, básicamente, en la representación de retratos de los héroes de la independencia (Iturbide, Allende, Hidalgo, etc.) o en la de episodios de reconciliación, como este perdón de Bravo o el abrazo de Acatempan entre Guerrero e Iturbide, objeto también de varios cuadros. La ausencia de imágenes sobre los grandes episodios bélicos de la guerra de independencia es, en la pintura oficial mexicana del siglo XIX, casi absoluta.

La representación de los héroes y no de sus hechos permitió obviar los aspectos más conflictivos de la guerra, aquellos que todavía dividieron a la sociedad durante mucho tiempo. No significa lo mismo un retrato de Iturbide, junto a una mesa en la que aparece el Acta de la Independencia o el Plan de Iguala, que su representación en una batalla al frente de las tropas realistas; tampoco uno de Hidalgo en la quietud de su estudio, rodeado de libros y con una imagen de la virgen de Guadalupe en la pared, que el mismo cura de Dolores al frente de sus tropas en alguno de los sangrientos episodios protagonizados por estas en el Bajío. Y es que, como afirmaba con toda crudeza en 1849 un periódico mexicano, El Universal, no resultaba fácil «celebrar el 16 de septiembre a los fusilados, y el 27 del mismo mes a los fusiladores»1 (la primera fecha conmemora el grito de Hidalgo en Dolores, en 1810; la segunda la entrada del Ejército Trigarante, el de Iturbide, en la ciudad de México en 1821).

La representación de actos de concordia y perdón, por su parte, convertía una guerra sangrienta y fratricida en un episodio de fraternidad nacional. Por ejemplo, en el cuadro de Natal Pesado, en el que Bravo no solo perdona a los realistas sino que estos, conmovidos por la nobleza del general insurgente, se integraron después en su ejército, como se encargaron de recordar todos los críticos que en la época se ocuparon de él. Una forma de diluir el carácter de guerra civil que sin duda tuvo para los contemporáneos, y no solo para ellos: todavía en 1849 un político y periodista liberal, José María Tornel puede escribir con absoluta naturalidad que «la revolución de 1810 siguió el rumbo de las guerras civiles, la adoptaron unos y la contrariaron otros».2

Y es que para las sociedades contemporáneas, no solo la mexicana, la presencia de la guerra civil y su inclusión en una memoria nacional resulta complicada y traumática. Más aún si consideramos que la guerra civil fue el punto de partida de la mayoría de –si no es que de todos– los estados-nación contemporáneos. La transición del Antiguo Régimen a las nuevas sociedades liberales estuvo marcada, en el conjunto de Occidente, por sangrientos conflictos civiles. Los partidarios del mantenimiento del antiguo orden fueron numerosos y la visión épica de un enfrentamiento de los partidarios del progreso y la liberación de la humanidad arrojando al basurero de la historia a una minoría aferrada a sus caducos privilegios es solo propaganda política, convertida, eso sí, por los vencedores en relato histórico.

Lo que hubo en las décadas finales del siglo XVIII y primeras del XIX fue un agónico enfrentamiento entre visiones del mundo contrapuestas, en cuyos bandos militaron personas provenientes de muy distintos estratos sociales y convicciones ideológicas. Una sucesión de guerras civiles entre diferentes alternativas de organización social, económica y política y no la lucha de los partidarios del progreso y la civilización contra los defensores de la barbarie y la reacción, los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas de la retórica cristiana.

La denominación guerra civil resulta, sin embargo, un tabú en la mayor parte de las historiografías nacionales que tienden a ennoblecer el pasado borrando cualquier alusión al fratricidio, visto siempre como algo negativo.3 Lograr la victoria sobre la sangre derramada de los hermanos es, en el mundo contemporáneo, innoble y difícil de justificar. La solución es la reescritura de la historia. Los vencedores imponen un relato sobre el pasado cuyo objetivo, en general no explícito, es lograr que la guerra pierda su carácter de conflicto civil y pase a imaginarse, y a nombrarse, como una guerra de independencia o una revolución. En este proceso los vencidos pierden la condición de rivales legítimos y la derrota conlleva no solo la pérdida de la guerra sino también, lo que es más importante, la de la legitimidad del discurso.

La apropiación de la capacidad de nombrar permite borrar el estigma de haber logrado la victoria gracias a la muerte y exterminio de los propios connacionales. Un acto imposible de justificar en sociedades, las nacionales, cuya metáfora básica de autocomprensión es de tipo familiar, una comunidad de hermanos unida por lazos de sangre. No sería arriesgado afirmar, de hecho, que cuando la denominación guerra civil logra imponerse es porque los vencedores han ganado la guerra pero no la paz. Los vencedores morales del conflicto son los derrotados y, como consecuencia, los que conquistan el derecho a nombrar. La victoria moral permite a los vencidos imponer la denominación de guerra civil deslegitimando así a los vencedores. Es lo que pasaría, por ejemplo, en el caso de la Guerra Civil española, a la que en un primer momento los contendientes, tanto republicanos como franquistas, no llaman guerra civil, sino cruzada, guerra de independencia, revolución, etc. La victoria militar de los franquistas (ganan la guerra), seguida de la derrota moral de sus propuestas ideológicas (pierden la paz), explicaría su conversión final en guerra civil. La razón histórica estaría de parte de los republicanos y la inmoralidad de la victoria tendría su mejor expresión en que había sido conseguida a costa de la sangre y sufrimiento de los propios hermanos. Sin la derrota moral del franquismo es seguro que el conflicto bélico hubiese acabado convertido en una guerra de liberación nacional, una cruzada, una revolución u otra denominación parecida.

Convertir al enemigo en extranjero y a la guerra civil en guerra de independencia cumple de manera perfecta esta doble función de deslegitimación/legitimación. En la memoria colectiva el enfrentamiento fratricida es sustituido por una lucha entre ellos y nosotros, en la que ellos, los invasores, no forman parte de la fratría nacional. Como consecuencia, derramar su sangre, incluso exterminarlos, aparece justificado como un bien superior. Hay que recordar que el topos clásico de «bello es morir por la patria» tiende a convertirse, con gran facilidad, en «bello es matar por la patria». Siempre es más fácil matar que morir y cuando los que mueren son ellos, los que no forman parte del nosotros comunitario, la muerte aparece como moralmente justa.

No es necesario precisar que todo lo que aquí se viene diciendo tiene sentido en sociedades cuyo universo de valores morales está definido por y a partir de lo nacional. En sociedades basadas en otros valores, por ejemplo la clase social, lo tabú sería la guerra contra los «hermanos» de clase y lo legítimo la aniquilación de la clase enemiga. La retórica del exterminio del enemigo de clase no es, en los movimientos comunistas, menos virulenta y sangrienta que la del exterminio de los enemigos de la nación en los nacionalistas. Hay, en este sentido, una macabra simetría entre los campos de exterminio nazi y los campos de reeducación de la Unión Soviética estalinista. La única diferencia sería que la clase es una circunstancia, por lo que cabe la reeducación, mientras que la nación forma parte del ser, por lo que solo cabe la aniquilación y la muerte.

En el caso de las guerras de independencia americanas la interpretación de la guerra civil como guerra de independencia encontraría justificación, además, en la presencia de un ejército realista, extranjero, al servicio de un rey extranjero. Aunque para ello haya que ocultar que ese rey extranjero no fue considerado como tal por los combatientes de uno y otro bandos (recuérdese que la mayoría de las supuestas proclamas de independencias americanas incluyen vivas a Fernando VII); que los ejércitos de realistas e insurgentes estaban formados en su inmensa mayoría por americanos, no solo entre los soldados sino también entre los oficiales (si en el caso mexicano fueron oficiales realistas la mayoría de los jefes de Estado del primer México independiente, Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna, Manuel Gómez Pedraza, Anastasio Bustamante, José Joaquín Herrera, Mariano Paredes y Arrillaga o Mariano Arista, en el otro extremo del continente la decisiva batalla de Salta enfrentó al ejército realista de Pío Tristán con el independentista de Manuel Belgrano, ambos criollos y ex compañeros de estudios en España); que, tras las derrotas en Trafalgar a manos de los británicos en 1805 y en toda la Península a manos de los franceses en 1809, el «invasor extranjero» vio enormemente reducidas las posibilidades de traslado de tropas al otro lado del Atlántico, por lo que las guerras se desarrollaron prácticamente sin intervención externa. Recuérdese también que nunca hubo un «ejército español» en América, ni antes ni durante las guerras de independencia, sino unidades militares con objetivos y estrategias puramente locales y formadas en su inmensa mayoría por soldados americanos, y que muchos de los «españoles» realistas se incorporaron a la vida política de las nuevas naciones independientes, por ejemplo en el ejército, sin ningún problema, es decir, sin ser considerados extranjeros. Para seguir con el ejemplo de México este fue el caso de Pedro Celestino Negrete, un militar realista español, incorporado al ejército mexicano y quien incluso durante unos pocos días, del 4 al 10 de octubre de 1824, llegó a figurar como presidente provisional de México. Es solo un caso entre otros muchos más.

Las únicas objeciones significativas que cabría poner a los argumentos anteriores son la presencia de un cuerpo expedicionario en la Nueva España de unos 10 000 hombres, llegado de la península en 1812 para apoyar a Félix María Calleja y al Ejército del Centro en el sitio de Cuautla; y la expedición de Pablo Morillo a Venezuela y Nueva Granada de 1814, también de unos 10 000 efectivos. Estos sí eran, aparentemente, ejércitos «invasores». En una visión global, sin embargo, los dos cuerpos expedicionarios fueron la gran excepción. Las autoridades de la península se mostraron, en general, incapaces, no solo de trasladar tropas de un lado a otro del Atlántico sino incluso entre las distintas demarcaciones administrativas de América. Es el caso, por ejemplo, de Morillo y su negativa a llevar parte de sus tropas a la Nueva España. Por lo demás, ni siquiera ambos casos son equiparables. El ejército de Morillo entraría ya dentro del intento fernandino de reinstauración absolutista, es decir, de recuperar América para el rey. Por lo que respecta al cuerpo expedicionario de la Nueva España, el resultado fue más bien paradójico, las tropas enviadas no solo fracasaron en Cuautla sino que la mayoría se quedó en México después de la proclamación de la independencia, el mayor número de inmigrantes españoles en un solo año durante toda la historia de México antes de la llegada del exilio republicano en 1939.

Pero incluso sumando esos 20 000 soldados invasores, los ejércitos insurgentes y realistas siguen siendo básicamente americanos. Nada extraño si consideramos que tanto los ejércitos del rey en América como las milicias creadas a partir de las reformas borbónicas, la base sobre la que se formaron los ejércitos que combatieron en las guerras de independencia, también lo eran. Un dato muy revelador a este respecto es que el posicionamiento tanto de los militares regulares como de las milicias no parece estar determinado por el origen europeo o americano de sus oficiales y soldados sino por otro tipo de dinámicas, variables en cada caso. Por poner algunos ejemplos, en Cartagena de Indias un español europeo, el teniente-gobernador Blas de Soria, apoyó a las élites de la ciudad, formadas mayoritariamente por españoles americanos, en el derrocamiento del gobernador, también español europeo, Francisco de Montes. En Buenos Aires las milicias, compuestas casi exclusivamente por americanos, en 1809 ayudaron al virrey a aplastar la rebelión de Chuquisaca, para después, en 1810, apoyar a la junta de la ciudad en contra del virrey. En México las milicias provinciales del Bajío, compuestas en su inmensa mayoría por americanos, se unieron a la rebelión de Hidalgo, mientras que, las no menos americanas de la ciudad de México, Veracruz, Puebla y el norte del virreinato fueron la base del nuevo Ejército del Centro que, a las órdenes de Calleja, defendió con éxito el orden virreinal durante diez años. En Perú las tropas regulares y las milicias, ambas también mayoritariamente americanas, mantuvieron su fidelidad al virrey casi hasta el final, tanto en la costa como en la sierra. En resumen, los ejércitos y milicias virreinales apoyaron unas veces a los realistas y otras a los insurgentes, pero sin que esto tuviera nada que ver con el mayor o menor número de criollos o peninsulares que tuviesen en sus filas.

El enfrentamiento entre identidades nacionales parece haber sido bastante tenue. La «nacionalidad» no impidió elegir tomar partido por los insurgentes o por los realistas; tampoco cambiar de uno a otro bando, durante y después de las guerras de independencia. Posiblemente, entre otras razones, porque la expresión «españoles de ambos hemisferios» no fue solo una ocurrencia de los diputados de Cádiz. La existencia de una gran comunidad panhispánica, formada por el conjunto de los súbditos del rey católico, estaba ampliamente difundida entre las élites de la Monarquía en esos primeros años del siglo XIX. Si en la península la Constitución de Cádiz (artículo 18) considera ciudadanos españoles a todos los que «por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios», en Argentina el Proyecto de Constitución de la Sociedad Patriótica para las Provincias Unidas de la Plata en la América del Sud, de 1813, afirma que «los españoles europeos amigos de la Constitución y los que hayan hecho servicios distinguidos en tiempos de la revolución, gozarán de todos los derechos de ciudadanía sin diferencia de los hijos del país»; en Venezuela, por su parte, en 1813, y en el contexto especialmente dramático de la «guerra a muerte» contra los realistas, Bolívar proclamará que «se conservarán en sus empleos y destinos a los oficiales de guerra y magistrados civiles que proclamen el Gobierno de Venezuela, y se unan a nosotros; en una palabra, los españoles que hagan señalados servicios al Estado serán reputados y tratados como americanos»,4 y en México el Plan de Iguala, de 1821, se dirige a los españoles europeos proclamando que «vuestra patria es la América, porque en ella vivís; en ella tenéis a vuestras amadas mujeres, a vuestros tiernos hijos, vuestras haciendas, comercio y bienes» y a los americanos preguntándoles «americano: ¿quién de vosotros puede decir que no desciende de español?», lo que en el viejo lenguaje es tanto como preguntar quién de vosotros no forma parte de la nación española, al margen de que haya nacido en Europa o América.

Es de destacar, en este último caso de Iguala, el uso del término patria. No se dice que América es vuestra nación, un término posiblemente todavía cargado del viejo sentido de filiación genética, sino es vuestra patria, los que viven bajo las mismas leyes, y para que no queden demasiadas dudas de lo que se está hablando unas pocas líneas más adelante se habla de «la felicidad común del reino», no de la nación y ni siquiera de la patria.

Un caso especialmente revelador de este carácter de guerra civil es el de Xavier Mina, sobrino del conocido guerrillero antinapoleónico español Francisco Espoz y Mina, llegado a la Nueva España al frente de una expedición de apoyo no a los realistas sino a los insurgentes y muerto «luchando por la independencia de México», lo que le ha valido un lugar en el panteón de «los héroes que nos dieron patria». Su estatua es una de las cuatro que acompañan a Hidalgo en el monumento a la Independencia inaugurado en 1910 en el paseo de la Reforma de la ciudad de México. Posiblemente el resultado de un gigantesco malentendido. Es bastante verosímil que el objetivo de Mina fuera combatir el absolutismo en América para desde aquí encabezar una rebelión liberal que permitiese la restauración de la Constitución de 1812 en toda la Monarquía. Parece, incluso, que para su proyecto esperaba contar con el apoyo de los españoles europeos en América. Al menos eso fue lo que le comunicó a Teresa de Mier, ante el absoluto desconcierto del fraile, «A mi reconvención [sobre la falta de apoyo en las provincias interiores] contestó que contaba con sus paisanos, como si los españoles fuesen los mismos que en España».5 Al margen de los errores de apreciación del navarro, no parece que el suyo fuese precisamente un proyecto independentista.

Los motivos que empujaron al joven Mina a la aventura mexicana, que pagó con su vida, no debieron de ser muy diferentes de los que llevaron a muchos de los primeros liberales españoles a celebrar Ayacucho como una victoria frente al absolutismo borbónico o de los que hicieron que no se acusara de traición a Rafael del Riego cuando en 1820 sublevó las tropas reunidas en Andalucía para pasar a América a combatir la insurgencia y las dirigió a Madrid para imponer a Fernando VII la Constitución del 12. Un hecho que selló de manera definitiva cualquier posibilidad de la Monarquía de recuperar sus posesiones americanas. A pesar de ello, nadie en España acusó a Riego de traición a la patria, probablemente porque muchos de los liberales peninsulares estaban convencidos de que el conflicto americano era solo la continuación del que se estaba dando en la península entre los partidarios del absolutismo y del liberalismo, y que la simple promulgación de la Constitución llevaría la paz y la tranquilidad a todos los territorios de la Monarquía. Esto es lo que, de manera más o menos literal, afirmó el militar asturiano en su arenga del 1 de enero en Cabezas de San Juan, antes de trasladarse a Arcos de la Frontera para deponer al organizador del ejército expedicionario, el conde de Calderón, que no era otro que Félix María Calleja del Rey, el general realista que unos pocos años antes había prácticamente acabado con la insurgencia en la Nueva España. Y es que, en efecto, parecía como si todo conspirara para ver la guerra como un enfrentamiento entre liberales y absolutistas, en España y en América, hasta con los mismos protagonistas a uno y otro lado del Atlántico. Una visión, de todas formas, ya claramente equivocada a la altura de 1820, como ya percibieron algunos liberales españoles más perspicaces o con mejor información sobre la evolución de los sucesos americanos. Ese mismo año Valentín Llanos publica en Londres, donde estaba viviendo, un folleto con una dura crítica tanto a la posibilidad de una conquista militar como a la de una reconciliación de los liberales de «ambos hemisferios»,6 y en este caso la «mejor información» debía de provenir de su hermano, uno de los muchos españoles hechos mexicanos por la declaración de independencia de Iturbide. Una nueva edición de su libro, en 1828, está dedicada «a los patriotas de México», que en este país, hay que recordar, eran los realistas.

Cuando el uso del término guerra de independencia resulta excesivamente difícil de imponer la alternativa es recurrir al de revolución. La guerra civil se convierte así en el enfrentamiento entre unas minorías retrógradas, aferradas a la defensa de sus privilegios y deslegitimadas por la historia, y unas clases populares que, cansadas de la iniquidad del sistema, se levantan en armas y derriban el caduco y obsoleto orden anterior. Aunque siempre queda el problema de cómo explicar la capacidad de resistencia de estructuras tan desfasadas y con tan escaso apoyo o, como se ha demostrado para el caso de las independencias americanas, el que la contrarrevolución, la contrainsurgencia en este caso, haya contado con la colaboración activa de individuos provenientes de las clases populares y, sobre todo, con la indiferencia de la mayoría. Al menos desde una perspectiva estadística, las clases populares más que participar en la revolución de la independencia parece que se limitaron a sufrirla,7 algo que posiblemente se podría decir de cualquier revolución. Aunque en otros casos la participación de las clases populares del lado de los realistas fue activa y determinante, tanto como del lado de los insurgentes. Es lo que ocurre, de manera muy notoria, con las tropas de negros, zambos y mulatos con las que Tomás Rodríguez Boves puso en jaque a los ejércitos independentistas venezolanos entre 1813 y 1814.

Hay, de todas formas, muchos motivos para pensar que en las guerras de independencia americanas cuando los grupos populares, indígenas y no indígenas, tomaron una actitud más activa de uno u otro lado, fue más movidos por la xenofobia, el miedo, la religión y conflictos anteriores de tipo local que por las ideas de independencia y libertad o por el mantenimiento de la unidad de la Monarquía. Tal como afirma Jean Piel para el caso de Perú: «en Junín y Ayacucho, los soldados peruanos de ambos bandos, realistas e independentistas, se mataban entre sí sin pensarlo. Para la mayoría la idea de un Perú independiente no significaba nada».8 Resulta dudoso el que se matasen «sin pensarlo», algo pensarían y, posiblemente, muchos tendrían incluso motivos precisos y concretos para querer la muerte y el exterminio de sus enemigos: fidelidad a un jefe militar, viejos odios locales y familiares, etnofobias múltiples, conflictos en torno a la tierra, perspectivas de saqueo, mejora de su condición social y económica, etc. No hay ninguna duda, sin embargo, de que «la idea de un Perú independiente no significaba nada», ni la de una Argentina, ni la de un Chile, ni la de una Colombia, ni la de un México. Pero no solo para los soldados sino también para muchos jefes y oficiales.

El influyente e interesante historiador argentino Tulio Halperin Donghi va todavía más lejos y afirma, en Reforma y disolución de los imperios ibéricos, 1750-1850,9 que no hay ni una sola revolución en todo el continente sino solo una sucesión de revueltas y rebeliones. Una forma bastante tajante de eliminar la idea de estas guerras como una revolución.

Interpretar las llamadas guerras de independencia como una revolución tiene, a pesar de todo, algunas ventajas. Al margen de que ya algunos contemporáneos las denominaron así, parece bastante evidente que en 1810 se abrió un proceso que trastocó las estructuras económicas, sociales y políticas de la Monarquía católica hasta volverlas completamente irreconocibles. Un auténtico cataclismo que cambió radicalmente la faz de la América española. Pocos sucesos históricos suman tantos méritos para ser calificados de revolucionarios, y todo ello además en un plazo extremadamente corto, poco más de diez años si nos atenemos a la cronología tradicional.

La interpretación de las guerras de la independencia como una revolución permite, además, enmarcar los sucesos ocurridos en la América española durante la segunda década del siglo XIX en uno de los modelos interpretativos más coherentes y sugestivos de todos los propuestos hasta ahora para su explicación. Aquel que considera que las independencias fueron básicamente una revolución política, no unas guerras de liberación nacional, parte de la gran revolución hispánica que tuvo lugar en el contexto, causa y consecuencia a la vez, de la disolución de la Monarquía católica. La interpretación de las guerras de independencia americanas como una expresión particular de la común revolución hispánica tiene una de sus expresiones más precisas en la obra de François-Xavier Guerra, a la que remito al lector interesado.10

Repensar las guerras de la independencia como una revolución resuelve algunos problemas, pero hace aflorar otros. Entre otras cosas porque no hubo la marcha gloriosa de una mayoría que barrió con los privilegios de unos pocos, la minoría derrotada y arrojada al basurero de la historia, sino una sorda lucha entre múltiples proyectos políticos alternativos que se prolongó durante varios años y cuya continuidad entre unos y otros resultó más que problemática.

Por lo que se refiere a su duración, no son pocos los autores que consideran que el origen de la «revolución» de las independencias habría que buscarlo mucho antes, al menos a partir de las reformas borbónicas; aunque aquí habría que considerar que las reformas no son por definición una revolución y que los cambios tuvieron lugar de manera pacífica. Muchos también consideran que su conclusión debe llevarse hasta mucho más tarde, a algún momento de mediados del siglo XIX, con fechas que varían de unos países a otros, y aquí sí cabe hablar de revoluciones y de violencia política más o menos intermitente. Es decir una «revolución» que tendría lugar en un lapso más o menos prolongado y cuyo calendario no se podría en ningún caso limitar al de las guerras de independencia.

Más problemática aun resulta la continuidad entre los diferentes proyectos políticos. Los cambios de bando de algunos de los participantes son notorios y hacen pensar en una dificultad real de articulación de proyectos más que en decisiones fortuitas fruto de veleidades personales. Un reflexivo teólogo como el canónigo novohispano Manuel de la Bárcena puede pasar de defender el absolutismo monárquico a militar por la independencia, es de hecho uno de los firmantes del Acta de Independencia de México, pasando antes por el constitucionalismo liberal, todo ello posiblemente sin cambiar demasiado su forma de pensar. Pero no es solo un teólogo dubitativo el que oscila entre una postura y otra: Carlos María de Bustamante, el exaltado libelista, defendió primero la unión sagrada de la Vieja y Nueva España para luchar contra Napoleón y se convirtió después en uno de los mayores propagandistas de la independencia como recuperación de la soberanía perdida a manos de los conquistadores, todo ello con la misma pasión y fogosidad.

Estos cambios personales son, a pesar de todo, un asunto menor. Más problemática resulta la dificultad de encontrar una línea coherente entre los diferentes proyectos de organización social y política. La historiografía liberal, de la que seguimos siendo en gran parte herederos, estableció una continuidad histórica entre los ilustrados del XVIII, los insurgentes y el liberalismo de la primera mitad del XIX. La senda del progreso que llevaría a la liberación de la humanidad arrancándola de las manos del atraso y de la reacción. Una bella historia piadosa.

Los «reaccionarios» se muestran a veces muy «modernos» tanto en sus métodos como en sus objetivos. Habría que plantearse muy seriamente la posibilidad de la existencia de dos proyectos modernizadores contrapuestos, en los que Ilustración y liberalismo no sean dos estadios de un mismo proceso sino dos caminos alternativos. En todo caso, terminadas las guerras de independencia, pero no las guerras civiles de las que forman parte como se intentará demostrar más adelante, la continuidad Ilustración-liberalismo es mucho menos clara de lo que tendemos a pensar. Por poner un ejemplo concreto, no cabe ninguna duda de que el conservador mexicano Lucas Alamán es mucho más heredero de la Ilustración novohispana que cualquiera de sus rivales políticos liberales. ¿Quién representa aquí las luces de la Ilustración, el reaccionario Alamán o sus progresistas enemigos liberales?

En el contexto de las revoluciones burguesas o revoluciones atlánticas la contrarrevolución ha sido generalmente entendida como una simple vuelta al Antiguo Régimen. Sin embargo, como ya observó Godechot11 para el caso de la Revolución por antonomasia, la francesa de 1789, difícilmente se puede afirmar que esto fuera así. No podemos entender la historia de las revoluciones burguesas, atlánticas, liberales o como queramos llamarlas, como el simple enfrentamiento entre una propuesta reaccionaria, cuyo único objetivo sería el mantenimiento del Antiguo Régimen, y otra revolucionaria, cuyo proyecto, perfectamente definido desde sus orígenes, era la construcción de una sociedad nueva regida por los principios del liberalismo. Menos todavía si cargamos este enfrentamiento con un fuerte contenido moral, una especie de lucha metafísica entre el bien y el mal, entre el progreso y la reacción. Este fue el relato construido por el liberalismo triunfante y hecho suyo por las diferentes historias nacionales. Pero esta es solo, y parece innecesario tener que decirlo, la narración imaginada por los vencedores que hace de la contrarrevolución una simple anécdota sin otro proyecto político que la defensa irracional de sus caducos privilegios.

Un análisis más atento del enfrentamiento revolución/contrarrevolución nos muestra, por el contrario, que la contrarrevolución contaba con una ideología propia, con proyectos alternativos de organización social y política y que, en muchos casos, es más heredera de la tradición ilustrada que la propia revolución. Esto resulta especialmente claro en el caso de los conservadores hispanoamericanos, uno de cuyos más conspicuos representantes es precisamente el mexicano Lucas Alamán, cuyo proyecto político difícilmente puede reducirse a querer la vuelta al Antiguo Régimen, menos todavía al dominio español, entre otras razones porque en algunos casos fueron ellos los responsables de la ruptura definitiva con España. Las raíces ideológicas de este conservadurismo remiten, en general, a una Ilustración hispánica carente de cualquier resabio anticlerical pero no por ello menos ilustrada. No podemos seguir afirmando, tal como hace Reyes Heroles en un célebre libro sobre el liberalismo mexicano que «los “puntos esenciales” de la “fe política” de los conservadores son bien simples: intolerancia, mantenimiento incólume de los bienes de la Iglesia, centralismo a rajatabla, nada de democracia popular», entrecomillando además puntos esenciales y fe política como si los conservadores no pudieran tener ni lo uno ni lo otro.12 Bien al contrario, tenían lo uno y lo otro y su propuesta no era para nada simple.

El proyecto político de los conservadores hispanoamericanos en general y de los mexicanos en particular, para referirnos en concreto al caso que plantea Reyes Heroles, es bastante más complejo que una simple vuelta al Antiguo Régimen. Parte del convencimiento de la existencia de una civilización española, raza española en su vocabulario, con unas características propias y diferenciadas del resto de las civilizaciones que pueblan América, en particular la anglosajona (para los conservadores hispanoamericanos, herederos del universalismo católico, una raza no es un conjunto de rasgos biológicos sino la suma de elementos culturales como la religión, la lengua y la cultura), lo que los lleva a oponerse a las políticas liberales no por modernizadoras sino por considerarlas opuestas al espíritu de la raza y un peligro para la supervivencia de una civilización que creen distinta a la anglosajona. No difieren sobre la necesidad de la modernización sino sobre cómo y cuándo se debe llevar a cabo.

Revolución y contrarrevolución se enfrentan y contraponen en una dialéctica más compleja de lo que una simplificación de sus discursos nos podría llevar a pensar. Los temas de debate, y de combate, en la América española posterior a 1808 no fueron solo, y quizá ni siquiera principalmente, los derechos de la corona o el mantenimiento de la unidad de la Monarquía católica, sino también el absolutismo borbónico, las ideas políticas y religiosas de la Ilustración, las formas de gobierno, el liberalismo constitucional, el papel de la Iglesia, el origen de la soberanía, etc. En otros casos ni siquiera fueron estos grandes temas la causa de la disensión y de la guerra, sino otros, no por más cotidianos menos importantes, como la liberación del comercio, un tema crucial para los comerciantes vinculados al monopolio gaditano; la relación con potencias europeas, básicamente Gran Bretaña, Francia y Portugal, cuya actitud frente a la guerra varió en función de los intereses de cada momento; los conflictos entre los diferentes grupos de poder, etc. Los posicionamientos frente a ellos fueron múltiples, contradictorios y cambiantes y no pueden, en ningún caso, ser reducidos a la oposición absolutismo frente a liberalismo.

No resulta, además, fácil establecer bloques homogéneos con una continuidad en el tiempo. Hasta el punto de que afirmar, por ejemplo en el caso de México, que la consumación de la independencia fue obra más de la contrarrevolución que de la revolución, de los defensores de los derechos dinásticos y de la unidad de la Monarquía más que de los de los derechos de la nación y la ruptura con el rey, es algo más que una boutade. En todo caso el conflicto en torno a la mayor parte de estos temas no se zanjó en los primeros años de la década de los veinte sino que se va a prolongar a lo largo de toda la primera mitad del siglo XIX; en realidad hasta casi el último cuarto de ese siglo en la mayoría de los países americanos, cuando finalmente pareció lograrse cierta estabilidad política y social.

No solo no se resolvieron estos problemas, sino que el propio desarrollo de las guerras generó una ruptura profunda que debilitó los equilibrios de un mundo que durante casi trescientos años había sido capaz de resolver la mayoría de sus conflictos políticos internos dentro de cauces institucionales y sin necesidad de recurrir a la endémica violencia que caracteriza la vida de todos los estados nacidos a partir del colapso de la monarquía, incluida la propia España, durante sus primeras décadas de vida independiente.

La inestabilidad política del mundo hispánico a lo largo de la mayor parte del siglo XIX no fue el resultado de no se sabe qué atávicos impulsos existenciales, del caudillismo congénito de la raza o de la incapacidad para el autogobierno, tal como todavía a algunos autores les gusta repetir, sino de la difícil transición entre dos modelos de sociedad, en muchos sentidos incluso entre dos formas de civilización. Si algo caracterizó los trescientos años de existencia de la Monarquía católica fue precisamente su estabilidad. Reyes ineptos y menos ineptos, validos, crisis de subsistencia y hasta un cambio de dinastía, se sucedieron sin que sus estructuras políticas y sociales se vieran afectadas y sin que los atávicos impulsos existenciales, el caudillismo o la incapacidad para el autogobierno apareciesen por ninguna parte. La existencia de caracteres nacionales o espíritus de los pueblos hace ya tiempo que debería haber sido descartada como factor explicativo de la historia. Siguen, sin embargo, dejando sentir su larga sombra en afirmaciones que apenas sirven para disfrazar prejuicios, no por más arraigados más reales.

Al margen de estas consideraciones, aun aceptando la existencia de dos bloques perfectamente definidos, resulta extremadamente difícil determinar, en la crisis de la Monarquía católica, cuál fue el partido de la revolución y cuál el de la contrarrevolución. En la parte europea, el alineamiento de muchos de los antiguos ilustrados a favor de José I y de la Constitución de Bayona parecería indicarnos que ellos eran el partido de la revolución, en este caso los que luchaban contra los franceses serían la contrarrevolución. Una interpretación que avalaría la composición de las Juntas de defensa: heterogénea pero con un predominio absoluto de notables del Antiguo Régimen; y el programa de la mayoría de ellas, limitado a la defensa de la religión, la patria y el rey, un perfecto programa reaccionario retomado punto por punto posteriormente por los defensores del absolutismo carlista en la España del siglo XIX.

Sin embargo, la elaboración de la Constitución de Cádiz de 1812, con claros rasgos liberales y revolucionarios, con todas las precisiones que se puedan hacer a esta afirmación, y la suerte seguida por muchos de los que habían luchado contra los franceses bajo la restauración absolutista de Fernando VII, hace imposible la afirmación de que los que se opusieron al hermano de Napoleón defendían el Antiguo Régimen; no más, por supuesto, que la idea de que los contrarrevolucionarios fueron los afrancesados partidarios de José I, cuya suerte bajo el absolutismo no fue mejor que la de los partidarios de la Constitución gaditana. No resulta fácil calificar de contrarrevolucionarios a los afrancesados y de revolucionarios a los autores de un texto como el gaditano que busca su legitimidad en el respeto a la constitución histórica de la Monarquía. Es lo que se afirma de manera literal en el Discurso preliminar, obra básicamente de Agustín de Argüelles: «proyecto de Constitución para restablecer y mejorar la antigua ley fundamental de la Monarquía». Por no entrar en los conocidos planteamientos del texto constitucional sobre la religión, «La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra» (artículo 12); o en lo complicado que resulta considerar revolucionarios a alguno de sus redactores, como Joaquín Lorenzo Villanueva, uno de los líderes del grupo liberal, autor de Las angélicas fuentes o el tomista en las Cortes, en el que trata de demostrar que la abolición del Antiguo Régimen encontraba justificación en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. No parece que el autor de la Suma teológica sea precisamente un aval de ruptura con la tradición.

En realidad, tanto la Constitución de Cádiz como los afrancesados partidarios de José I venían, en su mayoría, de una común tradición ilustrada hispánica que durante medio siglo había luchado por la modernización de la Monarquía católica, pero sin que dejase de ser ella misma. Un complicado proyecto que explica las contradicciones y ambigüedades de unos y de otros. El conflicto desatado en Bayona los situó en campos distintos y enfrentados pero con proyectos políticos no muy diferentes. Disentían sobre la legitimidad de José I pero no sobre la necesidad de reformas y ni siquiera sobre el sentido que estas debían tener.

Si algo supuso la crisis de la Monarquía fue el fin del absolutismo, tanto en la práctica como en la teoría. En el caso de los que aceptaron la abdicación a favor de José I porque, aun siendo en muchos casos los representantes de las antiguas autoridades absolutistas, su reconocimiento significaba entrar en el engranaje de la modernidad política heredera de la Revolución francesa y de los cambios que esto significaba. En el de las Juntas porque, al margen de sus proclamas de fidelidad a Fernando VII, no dejaban de ser un poder revolucionario que rompía, de facto, con la tradición absolutista de un gobierno que durante siglos se había ejercido de arriba abajo y sin considerar para nada el derecho de los súbditos a la iniciativa política.

Lo mismo ocurre en el lado americano de la Monarquía, donde las viejas interpretaciones de una insurgencia liberal enfrentada al absolutismo realista han ido dejando paso poco a poco a una visión mucho más matizada cuando no justamente a la contraria. Entre otras cosas porque en el desarrollo del liberalismo hispánico jugó un papel determinante la Constitución de Cádiz, a la que, con mayor o menor entusiasmo, los jefes realistas se adhirieron en los períodos en los que estuvo vigente y se opusieron en los que no lo estuvo. Es decir, los realistas fueron unas veces partidarios de la revolución liberal y otras todo lo contrario.

No mucho más claros fueron los posicionamientos de la insurgencia. La historiografía liberal del siglo XIX puso todo su interés en mostrar una línea de continuidad histórica entre el pensamiento insurgente, el enciclopedismo del XVIII y las revoluciones francesa y americana. El objetivo era doble, mostrar el carácter no español de la insurgencia y afirmar su condición de parte de un proyecto de liberación de la humanidad, que habría sido siempre el mismo, enfrentado al oscurantista y reaccionario de la contrarrevolución, que también habría sido siempre el mismo. Una especie de enfrentamiento metafísico entre el bien y el mal, este último representado por los «españoles».

Los sucesivos «revisionismos» han mostrado, de forma bastante convincente, tanto el tradicionalismo de muchos de los líderes insurgentes como, sobre todo, su dependencia de la Ilustración hispánica. Poco queda ya a estas alturas de la imagen de un pensamiento insurgente hijo del enciclopedismo, la Revolución francesa y el liberalismo; poco, como consecuencia, de las guerras de independencia como un enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución.

A partir de la, en muchos aspectos, obra seminal de Luis Villoro, El proceso ideológico de la revolución de independencia, se ha ido afirmando la idea de que una buena parte de las ideas liberales presentes en la insurgencia americana provienen precisamente de la Constitución gaditana de 1812, que a su vez sería menos liberal y más heredera de la tradición ilustrada hispánica de lo que se ha tendido a pensar. Y aquí sería necesario precisar que esto no es exactamente lo mismo que decir que provienen de España. Cádiz fue el último gran laboratorio político de la Monarquía católica en el que americanos y peninsulares, los españoles de ambos hemisferios, debatieron y aprendieron sobre una nueva forma de ejercer y organizar el poder. Como recuerda todavía en 1820, con una cierta nostalgia, uno de los liberales exiliados en Londres, en el raro contexto de una obra cuyo objetivo declarado es convencer a sus correligionarios españoles de que la opción gaditana ya había fracasado y que la única solución era el reconocimiento de las independencias americanas, Cádiz había sido escenario de un suceso tan extraño y extraordinario como que gentes llegadas de todos los rincones del planeta intentaran ponerse de acuerdo sobre cómo darse un sistema de gobierno común:

Confieso que el espectáculo de los delegados de tantas naciones, tan extensas y distantes, reunidos bajo un mismo techo, tratando, como si fuesen negocios de una misma familia, tantos y tan diversos intereses es un espectáculo verdaderamente sublime.13

No hay que perder de vista, «y muchas veces se pierde», palabras de Varela Suanzes, «que el Congreso doceañista significó el primer parlamento moderno de las Españas (y el último, ay). De la peninsular y de la ultramarina».14 No estoy seguro de que haya que lamentarse porque fuera el primero y último. El que aparezca o desaparezca una entidad nacional soberana es un hecho moralmente neutro, cuya bondad o maldad solo puede medirse, en todo caso, por los efectos que tenga para las poblaciones concernidas. Sí estoy completamente de acuerdo, por el contrario, con la afirmación de que «muchas veces se pierde de vista», que el primer liberalismo hispánico es tan europeo como americano, con complejas relaciones de ida y vuelta. Frecuentemente se olvida que estamos hablando del mismo espacio político-cultural en el que las ideas van y vienen sin que exista una jerarquía clara entre los diferentes centros emisores. Los mismos panfletos y periódicos circularon y se reimprimieron a uno y otro lado del Atlántico, desde Cádiz a Buenos Aires y desde Buenos Aires a México. Uno puede sorprenderse por ese extraño hallazgo semántico de la Constitución de Cádiz de que «la nación española está formada por los españoles de ambos hemisferios». Pero más sorprendente es todavía que un año antes el Acta de Independencia de Venezuela emplee una expresión prácticamente idéntica refiriéndose a los Borbones que en Bayona «faltaron, despreciaron y hollaron el deber sagrado que contrajeron con los españoles de ambos mundos». ¿Influencia o solo el reflejo de un mismo marco jurídico-cultural? Más parece lo segundo que lo primero.

La ciudad andaluza, en ese momento la más americana de las ciudades europeas de la Monarquía o, si se prefiere, la más europea de las americanas, fue el catalizador donde confluyeron y se mezclaron todas esas corrientes que recorrían el mundo hispánico en un sentido y otro. La Constitución es como es porque se hizo en Cádiz, en ese momento la más cosmopolita de las ciudades del orbe hispánico; porque se hizo en ausencia del rey, lo que permitió plantear y discutir cuestiones de soberanía que si no difícilmente se hubieran podido plantear en ese momento; y porque en los debates para su elaboración participaron representantes venidos de todos los rincones de la Monarquía, lo que la abrió a polémicas y discusiones que, casi seguro, no hubieran aparecido en unas Cortes únicamente peninsulares. Es la Constitución de la Monarquía católica, imaginada como nación española, no la de España.

Leyendo a algunos autores españoles se tiene a veces la impresión de que en los debates parlamentarios de Cádiz participaron solo diputados españoles, en el sentido actual del término, quienes elaborarían una Constitución también solo para España. Y esto es absolutamente falso, en los debates gaditanos participaron representantes de la nación española, elegidos por los ciudadanos españoles, todos aquellos «que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios» (artículo 18). Las Cortes de Cádiz fueron «hispánicas», no españolas, y la participación «americana» resultó en muchos aspectos determinante. Lo fue, sin duda, desde un punto de vista cualitativo: el texto hubiese sido otro sin los diputados americanos, por ejemplo, por lo que se refiere al problema de la representación; pero también cuantitativo: entre los diputados firmantes de la Constitución el grupo más numeroso fue el de los novohispanos (19), seguido de los valencianos (17), los catalanes (16) y los gallegos (14), y a continuación los representantes, con números menores, del resto de territorios de la Monarquía. Estos datos deben tomarse con cierta cautela ya que los castellanos aparecen agrupados en los múltiples reinos y señoríos en los que se subdividía Castilla (Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, León, Molina, Sevilla, Extremadura, Jaén, etc.) pero que no dejan de ser significativos.15 Por cierto, que si hubo americanos entre los firmantes de la Constitución también los hubo entre los que rubricaron el Manifiesto de los Persas pidiendo a Fernando VII su abolición, diez sobre un total de 59, cuatro novohispanos, cinco peruanos y un rioplatense. En la guerra civil de carácter transcontinental que se libró en el interior de la Monarquía católica, la elección de bando no estuvo determinada por el origen geográfico sino por los posicionamientos ideológicos. El anacronismo de confundir Monarquía católica, la nación de la que se habla en Cádiz, con España parece contar con muchos adeptos a uno y otro lado del Atlántico.

La ingeniería constitucional puesta en marcha en Cádiz buscó transformar una monarquía de Antiguo Régimen en una nación moderna, todo ello en el marco de un espacio geográfico que se extendía desde Baleares a Filipinas y desde el extremo sur de América hasta el centro de los actuales Estados Unidos. Hablar, como han hecho algunos autores, por ejemplo Timothy Anna,16 de la actitud hipócrita de las Cortes de Cádiz y de su fracaso resulta, como poco, discutible. No se puede pasar por alto que en la Constitución se establece una igualdad absoluta, un diputado por cada 70 000 ciudadanos, lo mismo en Europa que en América; también una no desdeñable capacidad de autogobierno local, a través de las diputaciones provinciales. Todo ello en medio de un debate extremadamente complejo en el que hubo que compaginar las demandas de igualdad territorial con la visión de muchos diputados americanos que, como supo ver muy bien François-Xavier Guerra, tendían, en muchos casos, a entender la unidad de la Monarquía no a partir de la igualdad sino de una suma de particularismos.17 Se reclamaba a la vez la igualdad y el derecho a la diferencia.

El resultado final, a pesar de todo lo anterior, consiguió un relativo consenso. Es revelador a este respecto que hasta un decidido partidario de la ruptura política con la Monarquía, el mexicano Carlos María de Bustamante, pueda argumentar todavía en 1820, en La Constitución de Cádiz o motivos de mi afecto a la Constitución,18 que la Constitución de 1812 hubiera sido un marco político apropiado para una nación extendida a ambos lados del Atlántico. La existencia de unas cortes generales, con una proporcionada representación de los americanos, y el reconocimiento del derecho al autogobierno local mediante las diputaciones provinciales, permitía a uno de los más activos libelistas a favor de la independencia plantearse que la solución ideada en Cádiz podría, a pesar de todo, haber sido apropiada. Opinión no muy diferente a la mantenida por el oidor de Cuzco Manuel Lorenzo Vidaurre, quien también aplaude el grado de autonomía local que la Constitución permitía.

Y esto es una realidad incuestionable. Quizá se pueda dudar de si no fue solo una actitud hipócrita, condicionada por una situación en la que el apoyo de América resultaba imprescindible, pero esto más parece el juicio de un puritano moralista que el análisis de un científico social que intenta explicar y no juzgar. Es obvio que la Constitución es el resultado de una determinada relación de fuerzas, como no importa qué texto constitucional, y si los americanos o los liberales no hubieran tenido ningún peso se hubiese hecho de otra forma.

La elaboración de la Constitución tuvo lugar en un contexto de gran dependencia de las Cortes hacia América, tanto desde el punto de vista económico como político, al margen del problema de la menor representación americana. Como todos sabemos, las negociaciones políticas no tienen lugar únicamente en los parlamentos ni se deciden solo por la aritmética parlamentaria. Los debates para la redacción del texto constitucional coinciden con un momento en el que la España peninsular ha quedado reducida prácticamente a Cádiz, protegida por la armada británica, con el resto del territorio ocupado, de manera más o menos estable, por José I. Una situación que explica, sin duda, la respuesta que da a algunas de las demandas de los diputados americanos, en particular las que tienen que ver con la representación y con la autonomía local.

¿El reconocimiento de la igualdad de los españoles de ambos hemisferios era una actitud hipócrita? Es posible. Pero también cabe la posibilidad de que tuviese que ver con la forma como los diputados gaditanos imaginaron una comunidad de iguales, la nación española, a la que el despotismo monárquico había quitado sus derechos de hermanos en una misma nación. No deja de resultar llamativo que ya en 1811 José Canga Argüelles, uno de los diputados de Cádiz, pueda escribir que

Me creería culpable ante la patria si hablara separadamente de las colonias o provincias ultramarinas. Sus hijos son hermanos nuestros, forman una sola nación con nosotros, y deben tener unas mismas leyes […] Caiga en un eterno olvido la política feroz que introdujo el despotismo en los climas apartados del Asia y de la América; y el aragonés, el perulero, el mexicano, el andaluz, el habanero, el gallego, el indio y el valenciano formen una sola familia […] El día que la Constitución abrace a las provincias españolas de ambos mundos renaceremos al poder y a la grandeza.19

Y nótese que el enemigo común es el despotismo y que la solidaridad no se establece entre españoles y americanos sino entre los habitantes de las diferentes «provincias españolas» que forman la monarquía: aragoneses, peruleros, mexicanos, andaluces.

Por lo que se refiere al fracaso, habría que medirlo en función de las dificultades del proyecto. Inventar una nación a partir de las mimbres de la Monarquía católica no parece una tarea precisamente fácil. Un territorio desmesurado y disperso, unas poblaciones con rasgos fenotípicos diferentes y diferenciados, una sociedad inmersa todavía en valores de Antiguo Régimen, quizás solo la historia de un fracaso anunciado, o no. Finalmente la homogeneidad nacional no era un punto de partida sino de llegada y la heterogeneidad cultural y étnica de muchas de las nuevas naciones, a uno y otro lados del Atlántico, era también elevada, lo que no impidió construir naciones relativamente estables.

Lo que se intentó en Cádiz fue el complicado experimento, sin parangón en todo el contexto occidental, de sustituir un sistema de legitimidad monárquico por otro de tipo nacional que incluyese también los territorios ultramarinos de la antigua monarquía. Es lo que afirma de manera explícita la Constitución de 1812 en su artículo 10:

El territorio español comprende en la península con sus posesiones e islas adyacentes: Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las Islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África. En la América septentrional: Nueva España con la Nueva Galicia y península de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a estas y al continente en uno y otro mar. En la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del Río de la Plata, y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas y las que dependen de su gobierno.

Uno no sabe si sorprenderse más por esta caótica enumeración de reinos, provincias, islas y señoríos que remiten a la vieja estructura de una monarquía compuesta y a sus solapamientos administrativos, un caos que el artículo 11 promete subsanar en el futuro («se hará una división más conveniente del territorio español por una ley constitucional»), o por la audacia política de considerar parte de una misma nación a territorios tan dispares y extendidos. La perplejidad entre la opinión pública europea fue en todo caso absoluta. Tal como refleja un muy temprano texto del filósofo utilitarista inglés Jeremy Bentham en el que advierte a los liberales españoles de la imposibilidad de encajar en el mismo diseño constitucional territorios con estructuras sociales tan diversas, instándolos a que prescindan de los territorios ultramarinos pues la existencia de un régimen constitucional común para Europa y América es imposible.20

Estamos ante una propuesta no intentada por ninguna de las grandes potencias de la época en su transición de monarquía a nación. Ni siquiera en el mundo británico que, al menos hasta el inicio de su aventura imperial en la India, consideró su expansión ultramarina como la antítesis de la llevada a cabo por las monarquías católicas en general y la católica en particular, se dio algo parecido. La retórica de una expansión atlántica anglosajona alimentada por los ideales del protestantismo y la libertad,21 frente a una española fruto de la tiranía, el despotismo y la autocracia, no impidió que ni siquiera se llegase a considerar la posibilidad de ofrecer a los habitantes de las 13 colonias tener representación en el Parlamento de Londres. Algo que en Cádiz se dijo, en realidad antes y de forma enfática, el Manifiesto de la Junta Central del 22 de enero de 1809 declara solemnemente que los territorios americanos de la Monarquía no eran colonias, sino parte esencial de la misma, y se hizo de manera relativa y de forma menos enfática.

Se hizo de manera relativa porque la representación americana en las Cortes se va a convertir en el problema nunca resuelto. Un interminable debate en el que se discutieron desde problemas de soberanía –esta residía en la nación o en cada una de las partes que la componían– hasta de gobierno, se podían gobernar igual ciudadanos que eran distintos o eran necesarios poderes locales autónomos.

Cuando se abrieron las Cortes en la Real Isla de León, el 24 de septiembre de 1810, salvo el representante de Puerto Rico, Ramón Power, todos los diputados americanos eran suplentes, elegidos entre los residentes de las provincias de ultramar en Cádiz, lo que hacía su representatividad dudosa. Al margen de este problema de representación, que tenía que ver con la premura con la que se habían convocado las Cortes y la situación de guerra, y que se fue resolviendo a medida que pasaron los meses, la presencia americana se vio también limitada por contar solo con representantes elegidos por las provincias. En el caso de la península, por el contrario, a los representantes de las provincias se sumaron los de ciudades con voto en Cortes, según el sistema de privilegios del Antiguo Régimen, y los de las Juntas territoriales surgidas por ausencia del monarca. Y esto ya no era un problema de causas externas. Ambos tipos de representantes podían también haberse nombrado en América, México y Cuzco ya que estas tenían la condición de ciudades cabeceras de Cortes, y Juntas como las peninsulares se constituyeron, o intentaron constituirse, al otro lado del Atlántico desde el mismo momento que se tuvo noticia de lo ocurrido en Bayona. No se hizo así, creando un resentimiento que, con mayor o menor acritud, aflora en muchos de los escritos americanos de la época.

El problema de la subrepresentación americana en las Cortes de Cádiz va a envenenar, de hecho, las relaciones con América de manera prácticamente irreversible. Es cierto que la Constitución establece que en las futuras Cortes la representación se haría a partir de una igualdad absoluta entre todos los territorios de la nueva nación española. Es decir un diputado por cada 70000 ciudadanos y, ya en una situación normal, sin diputados suplentes. No es menos cierto, sin embargo, que las Cortes de Cádiz tenían un carácter constituyente del que, por motivos obvios, carecerían ya las siguientes, por lo que la falta de una representación justa y proporcionada de los americanos en Cádiz era un pésimo precedente para una convivencia armoniosa entre lo que del otro lado del Atlántico se tendía a ver como una nación compuesta por dos pilares, el americano y el europeo. No era lo mismo estar subrepresentado, aunque fuese de manera temporal y transitoria, en unas cortes ordinarias que en unas constituyentes.

La afirmación de fray Servando Teresa de Mier de que la igualdad de representación «se negó para las presentes Cortes por ser constituyentes, esto es, las que debían sancionar el pacto eterno general de la nación, y solo se prometió la igualdad para las Cortes futuras, esto es, para obedecer»,22 tiene, obviamente, un marcado carácter propagandístico de deslegitimación de la Constitución. Estamos ante la afirmación de un consumado libelista que maneja de manera espléndida el idioma para provocar las emociones que busca en sus lectores. No está hablando de la Constitución, está afirmando que los «españoles», los otros, nos quieren solo para obedecer. No hay que desdeñar, sin embargo, que era una sensación bastante generalizada entre las élites de la Monarquía en América. Aparece también en la Carta de Jamaica de Simón Bolívar de 1815, aunque posiblemente también por influencia de Mier.

En esta tesitura, una parte de las élites americanas percibieron, quizá de manera no demasiado errónea, que en la nación española, el nuevo sujeto político surgido de la crisis de 1808, había, por parte de la península, una clara tendencia a asumir el papel de una metrópoli dueña de un imperio. La continuación de un imaginario político que venía tentando a los círculos cortesanos desde la instauración de la nueva dinastía borbónica y que se había agudizado a partir de la experiencia de la guerra de los Siete Años. Esta percepción llevó, de manera casi inmediata, a la no identificación con la nación imaginada en Cádiz. En algunos casos, de todas formas, esta necesidad de ruptura con la parte europea de la nación es previa a la aprobación de la Constitución de 1812. La evolución de la crisis política de 1808, en particular la manera en que se formaron las nuevas autoridades políticas (Junta Central, Junta de Regencia y Cortes de Cádiz), con una absoluta ignorancia de las Juntas americanas que se habían constituido de forma paralela y bajo los mismos fundamentos jurídicos que las de la península, llevó a que desde muy pronto hubiese grupos que negaran la común pertenencia a esta nueva nación española. Es el caso, de manera muy destacada, de Mariano Moreno, el líder intelectual de la revolución de mayo en Buenos Aires, quien ya a finales de 1810 afirmaba que, dada la evolución de la situación en la península, solo cabía esperar que las Indias siguieran siendo «colonias de la España». Por este motivo proponía que la Junta de Buenos Aires, a diferencia de lo que estaban haciendo todas las demás juntas a uno y otro lados del Atlántico, no utilizase la figura de Fernando VII y la defensa de sus derechos como elemento de movilización política sino la ruptura con la Monarquía.23 Parece en todo caso más la excepción que la norma. Lo que predominó en líneas generales fue el reconocimiento del marco jurídico de la Monarquía, primero, y la aceptación de la definición nacional proclamada en Cádiz, después.

Otro de los inconvenientes, y no el menor, de considerar las guerras de independencia americanas una revolución es la tentación de incluirlas en un mismo gran ciclo Atlántico, las célebres «las revoluciones atlánticas». Una opción que ofrece algunas ventajas para su mejor comprensión pero también algunos inconvenientes. Las ventajas son obvias, estaríamos ante el mismo gran ciclo revolucionario que cambió las estructuras del Antiguo Régimen en todo Occidente. Los inconvenientes también, entre la «revolución atlántica» que abrió las puertas a la independencia de la América anglosajona y la «revolución atlántica» que las abrió a la española hay diferencias demasiado significativas como para poder analizarlas de manera conjunta. Quizás la más determinante es que mientras que la independencia de las 13 colonias no supuso el fin de la metrópoli inglesa, la independencia de la América española sí. La nación española que hoy conocemos es el resultado, lo mismo que las americanas, del colapso de la Monarquía católica, no su continuación. Una diferencia suficientemente importante como para plantearnos que ambos procesos no pueden ser estudiados como parte del mismo fenómeno sino como dos realidades diferentes.

Frente a las interpretaciones de guerra de independencia, revolución o revolución de las independencias, la propuesta de este libro es que lo que ocurrió en la Monarquía católica, incluida la propia España, no fue una guerra de independencia, iniciada en la mayoría de los países en 1810, y terminada, con variaciones de unos países a otros, en algún momento de esta década y comienzos de la siguiente; tampoco una revolución, un enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución, iniciado también en torno a 1810 y concluido con la proclamación de constituciones liberales en diferentes fechas a lo largo del continente; sino una guerra civil, iniciada en 1808 y terminada en algún momento de mediados del siglo XIX, con fechas distintas para los diferentes países. Una guerra civil intermitente, interrumpida por períodos de paz, parafraseando a Clausewitz; la continuación de la guerra por otros medios, en la que se debatieron múltiples proyectos alternativos de organización política y social, no solo, y posiblemente ni siquiera en primer lugar, el de la supervivencia o no de la unidad política de la Monarquía católica.

Las abdicaciones de Bayona generaron una situación de inestabilidad política generalizada y las élites de la Monarquía se vieron obligadas a moverse en un marco en el que, por primera vez, faltaba la función mediadora del poder real. Los complejos equilibrios entre los funcionarios de la Corona, los funcionarios de la Iglesia y los de las élites locales se volvieron cada vez más inestables. Conforme la crisis se fue agravando, entre 1809 y 1810, la situación de las autoridades reales se hizo cada vez más difícil, su legitimidad fue puesta en cuestión de forma cada vez más clara y, finalmente, el enfrentamiento entre los diferentes grupos llegó a una guerra civil generalizada en el conjunto de los territorios de la Monarquía. Una guerra civil en la que el posicionamiento de los ejércitos y las milicias tuvo, en un primer momento, un papel determinante, pero en la que la importancia de la movilización popular, como en toda guerra civil, acabó siendo decisiva.

En los inicios del conflicto, aproximadamente hasta 1810, fueron el ejército y las milicias quienes, por acción o por omisión, condicionaron el éxito o fracaso de uno u otro grupos. Allí donde apoyaron a las antiguas autoridades reales estas siguieron en el poder; allí donde, por el contrario, se mantuvieron neutrales o apoyaron a los promotores de las Juntas fueron estas las que se impusieron.

El resultado final fue una revolución, que puso fin al Antiguo Régimen en el amplio espacio geográfico de lo que había sido la Monarquía católica y que dio origen al nacimiento de nuevas soberanías nacionales que sustituyeron a la antigua legitimidad dinástica, tanto en América como en la península.

Esta revolución no concluiría en la década de los veinte sino ya bien entrado el siglo XIX. No se desmantela todo un sistema social y político de un día para otro y por decreto, en especial si, como se afirma varias veces a lo largo de este libro, posiblemente no estemos tanto frente al fin de una forma de organización social y política como ante la desaparición de una forma de civilización.

Esta afirmación puede resultar más discutible por lo que se refiere al nacimiento de nuevas soberanías de tipo nacional. Para comienzos de la década de los veinte todas las nuevas naciones americanas, a excepción de las surgidas a partir de la disgregación de unidades anteriores como el caso de la Gran Colombia o de Centroamérica, habían proclamado ya su independencia nacional. Habría, sin embargo, que ser extremadamente cuidadosos con afirmaciones como estas. Lo que ocurrió en la segunda década del siglo XIX fue solo que antiguas divisiones administrativas rompieron su relación de dependencia con la Monarquía. La construcción de las naciones era todavía una larga tarea pendiente. Las siguientes décadas serán escenario de nuevas fases de esta misma guerra civil en la que se enfrentaron, de manera no menos sangrienta que entre 1810 y 1824, diferentes proyectos alternativos de nación y de Estado.

En este conflicto civil largo, la ubicación de los contendientes fue todo menos coherente. No siempre los partidarios de la independencia fueron liberales o los conservadores defensores a ultranza de la unidad de la Monarquía. Por poner algunos ejemplos al respecto, un connotado conservador como el novohispano José Mariano Beristáin puede fantasear con la idea de una Nueva España convertida en bastión del catolicismo, independiente de una «vieja» España, afrancesada y perdida para la fe; mientras que un no menos connotado insurgente como José María Morelos y Pavón muestra en sus decretos un pensamiento ya no de Antiguo Régimen sino directamente medieval.24

La interpretación de las guerras de independencia americanas como una guerra civil no es, por otra parte, un descubrimiento de la historiografía «revisionista» de la década de los ochenta. En las primeras décadas del siglo XIX no fueron pocos los políticos y escritores americanos que se refirieron a ellas como guerras civiles. Por poner un ejemplo, en 1849, con algunos de los que habían participado en el conflicto todavía vivos, el ya citado José María Tornel escribe, con absoluta naturalidad y dándolo como un hecho incuestionable, que en el conflicto bélico que había tenido lugar en México entre 1810 y 1821 se habían cometido muchos excesos «porque son inevitables en las guerras civiles». Y por si quedaba alguna duda sobre lo que estaba diciendo concluía que si «el gobierno virreinal no hubiera contado con el apoyo de los naturales hubiera caído» [en 1810].25

El proceso de afirmación de los estados nacionales en la segunda mitad del siglo XIX tuvo como consecuencia la construcción de una historiografía nacionalista, tanto en Europa como en América, que convirtió a la nación en la protagonista única y exclusiva de la historia. Ejemplo paradigmático sería México a través de los siglos, una monumental historia de México, publicada bajo la dirección de Vicente Riva Palacio en 1880, que ya desde su mismo título refleja de manera excelente esa imagen de una nación intemporal atravesando los siglos como una especie de tribu errante, al margen del tiempo y de la historia. La nación, lo mismo que la heroína de una novela romántica, se convierte en la protagonista del devenir histórico, sufre, goza, triunfa, es derrotada. Es ella el sujeto de la historia, no los hombres que la forman.

No es de extrañar que en este contexto ideológico la celebración del primer centenario de las independencias se convirtiese en una exaltación de las guerras de independencia como guerras de liberación nacional. El hecho histórico que había permitido a unas naciones preexistentes a la propia conquista española recuperar la libertad e independencia nacional. Incluso en algunos países –y el caso de México resulta a este respecto paradigmático, tanto por la coherencia de su construcción como por su vigencia todavía hoy en el imaginario colectivo de los mexicanos– se articuló un relato global, de gran fuerza emotiva, en el que la independencia se integraba en un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. Una nación mexicana, intemporal, nacida en el tiempo mítico del mundo prehispánico, muerta en 1521 con la conquista y resucitada tres siglos después con la independencia.

Aunque incluso en el contexto de exaltación patriotera que toda conmemoración conlleva no faltaron tampoco en 1910 las voces de los que cuestionaron esta gloriosa visión «independentista». Fue el caso, de manera muy notable, del venezolano Laureano Vallenilla Lanz quien, en plena conmemoración del Centenario, desató una agria polémica en su país al afirmar, y defender en varios artículos, que la llamada guerra de independencia venezolana había sido en realidad una guerra civil.

El Centenario fue, sin embargo, no podía ser de otra forma, mayoritariamente «independentista» y la influencia de su larga sombra se prolongó durante varias décadas. Hay que esperar a comienzos de los años sesenta para encontrarnos otra vez con la afirmación de que la guerra de independencia había sido una guerra civil. Fue el historiador argentino Enrique Gandía quien, en su libro La independencia americana26 argumenta, basándose casi exclusivamente en el caso de América del Sur, que en el origen de las independencias no hubo ni una revolución ni una lucha por la independencia sino un conflicto por la soberanía, a partir de la crisis dinástica generada por los sucesos de Madrid, que desembocaría en una guerra civil y después en una guerra de independencia.

Será, sin embargo, como ya se ha dicho, a partir de la década de los ochenta, cuando toda una serie de historiadores comenzarán de forma sistemática a poner en cuestión la imagen de las llamadas guerras de independencia como unas guerras de liberación nacional. Como ya también se dijo al comienzo de este libro, son estos nuevos planteamientos los que exigen un nuevo marco teórico global que nos permita entender mejor el complejo proceso del fin del Antiguo Régimen en los territorios de lo que fue la Monarquía católica.

Ni revolución, ni guerra de independencia, guerra civil. Una guerra civil larga, desde 1810 hasta algún momento de la segunda mitad del siglo XIX, que solo llegaría a su término con el establecimiento de un nuevo sistema de legitimidad política, o si se prefiere con la invención de naciones capaces de ocupar el lugar del rey en el imaginario político, y con el fin del Antiguo Régimen en los territorios americanos y europeos de la Monarquía. Una guerra civil concluida en el momento en que uno de los bandos pudo imponer una nueva forma de legitimidad del poder de tipo nacional y una organización social basada en el individuo y los derechos individuales frente a las corporaciones y los privilegios colectivos que habían sido el fundamento la sociedad anterior. Dos lógicas de imaginación de lo social intrínsecamente incompatibles, de cohabitación conflictiva, y cuyo enfrentamiento solo podía concluir con el triunfo de una sobre la otra.

La idea de entender las guerras de independencia como parte de un proceso de transformaciones que se prolongaría hasta bien entrado el siglo XIX no es tampoco original, ha sido ya propuesta por varios autores, en particular por François-Xavier Guerra.27 La principal diferencia de lo aquí planteado es la de no interpretar lo ocurrido como una revolución, las revoluciones hispánicas, sino como una guerra civil. El enfrentamiento entre proyectos alternativos e incompatibles que encerraban en sí formas diferentes de interpretar y ver el mundo.

El origen de esta guerra civil estaría en la desaparición por implosión de un sistema imperial fracasado, el de la Monarquía católica, y su sustitución por casi dos decenas de naciones nuevas que intentaron con mayor o menor éxito ocupar el espacio político dejado libre por aquella mientras construían una nueva sociedad con valores y formas de organización social distintas a las que habían estado vigentes durante tres siglos. Tal como afirma Jaime Rodríguez, «Yo creo en la existencia de una gran comunidad hispánica, una confederación heterogénea, que era la monarquía española. Cuando esta se quiebra, emergen nuevas naciones, entre ellas España».28 Resulta difícil expresar lo ocurrido de una manera más precisa y elegante, aunque quizá sería necesario matizar que no se trata de un problema de creer sino de una evidencia intelectual.

El modelo para entender lo ocurrido en América y España en la primera mitad del siglo XIX no son las revoluciones atlánticas de finales del siglo XVIII y principios del XIX ni, menos todavía, las guerras de liberación nacional de mediados del siglo XX, aunque haya elementos de estos dos procesos, especialmente del primero. El modelo de fondo tiene mucho más que ver con la desaparición de sistemas imperiales fracasados como el Imperio turco, el Imperio austrohúngaro o, más recientemente, la Unión Soviética. Fracasados en la medida en que no lograron resistir la feroz competencia de otros sistemas políticos frente a los que representaban una forma alternativa de organización económica, social, política o cultural.

El Imperio turco no fue un Estado más en el concierto de las monarquías europeas sino una alternativa de civilización, no solo por diferencias religiosas sino porque representaba una forma diferente de concebir el mundo social, desde las relaciones del poder político con la sociedad hasta el funcionamiento de las relaciones económicas.

El Imperio austrohúngaro representó la última estructura política contemporánea fundada en la fidelidad al monarca y no en la identidad nacional, una forma alternativa global de legitimación del poder y de organización política a la establecida en Occidente por las revoluciones de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Fue desmembrado en nombre de un principio, el de nacionalidad, completamente ajeno a los que habían sido sus fundamentos ideológicos. Un ejemplo brutal, otro más, de imposición de formas de organización política por la fuerza de las armas. No hay, sin embargo, nada que permita afirmar la inferioridad de la estructura política austrohúngara frente a alternativas de tipo nacional. El crecimiento económico de las últimas décadas de su existencia es comparable, si no superior, al de los principales estados-nación de la época; el respeto a los derechos de las minorías étnicas fue, de manera general, muy superior al que se daría posteriormente en los nuevos estados-nación construidos en sus ruinas; y por lo que se refiere al desarrollo cultural y científico, la Viena de entresiglos soporta bastante bien la comparación con no importa cuál de las grandes metrópolis del momento, y solo es necesario citar algunos nombres, Sigmund Freud, Otto Bauer, Gustav Klimt, Adolf Loos.

La Unión Soviética, por su parte, representó una alternativa global a la sociedad capitalista-liberal nacida de las revoluciones burguesas. Un mundo basado en la dictadura del proletariado, la ausencia de partidos políticos y la planificación económica estatal. Una especie de retrato en negativo de Occidente sobre cuya voluntad de ofrecerse como alternativa civilizatoria, el hombre nuevo de la propaganda estalinista, no creo que quepan demasiadas dudas.

No interesa aquí el análisis de las características de cada uno de estos sistemas globales alternativos, tampoco explicar las causas de su fracaso, sino mostrar cómo su fin es más el de una forma de civilización que el de un poder político concreto y cómo su lógica de desintegración es la misma que la que se dio en la Monarquía católica. La consecuencia más visible es la disgregación territorial, pero el colapso civilizatorio resulta generalizado. Es toda una sociedad la que tiene que reestructurarse a partir de nuevos valores que, en muchos casos, son contrapuestos a los anteriormente vigentes.

La disgregación territorial, que es el aspecto que más nos interesa aquí, se produce, no por la voluntad de independencia de «naciones» preexistentes, tampoco por la explotación «colonial» sobre las «periferias», sino porque nadie logra hacerse reconocer como el heredero legítimo de la anterior soberanía política.

La desaparición de la Monarquía católica entraría también dentro de este modelo. Una organización política, en parte también una forma de civilización, que durante tres siglos había representado una alternativa global barroco-contrarreformista al mundo de la Reforma sobre el que se estaba construyendo la modernidad en Occidente, que colapsa y se desintegra. Y aquí, quizás, habría que plantearse la existencia de dos modernidades alternativas, una reformista-protestante y otra contrarreformista-católica. Las independencias no fueron las causas del colapso de la Monarquía católica, fue el derrumbe de esta el que las hizo inevitables.

La entrada de las tropas de Napoleón en la capital de la Monarquía católica, algo que por cierto no había ocurrido nunca en los trescientos años de su existencia, pierde desde esta perspectiva su carácter anecdótico. No se trata de que la desintegración de la Monarquía se desencadene por un hecho fortuito, una especie de historia événementielle extrema, sino de que este hecho fortuito es la consecuencia, y a la vez la prueba más palpable, de la incapacidad de aquella para seguir sobreviviendo.

El vacío de poder generado por el fin de esta estructura se resuelve con el nacimiento de una nueva forma de legitimidad de tipo nacional, ya no por la gracia de Dios sino en nombre de la nación, que marca el inicio de un capítulo nuevo en la historia de Occidente.

Esta lucha tuvo dos fases. En la primera se dirimieron las fronteras de la nueva comunidad nacional sujeto de soberanía. El problema político básico fue la soberanía y la constitución de una comunidad de ciudadanos. La alternativa gaditana, basada en una nación extendida que se correspondiese con los límites de la Monarquía había sido ya derrotada para principios de la década de los veinte de manera prácticamente irreversible, entre otras razones, y no es un motivo menor, porque la vuelta de Fernando VII y la restauración de un régimen absolutista la hizo prácticamente inviable. En su lugar se afianzaron diversas naciones definidas a partir del propio conflicto bélico.

Habría que preguntarse, en esta primera fase, si no era inevitable al margen de las decisiones concretas que se hubieran tomado, del absolutismo o no de Fernando VII, una de las características del colapso de los sistemas imperiales fracasados que aquí se está proponiendo como modelo es, como se acaba de decir, que nadie logra hacerse reconocer como heredero de la antigua soberanía, un problema que aparece una y otra vez como trasfondo en el caso de la Monarquía católica. Ninguna de las instituciones nacidas con el objetivo de ocupar el lugar del monarca ausente logró recuperar íntegra la antigua soberanía real: las Juntas locales, porque solo aspiraron a ejercerla sobre una parte del territorio, objetivo que lograron con éxito varias de las americanas (Quito, Río de la Plata, Chile y Venezuela); la Junta Central, porque tuvo que hacer frente a los recelos de las juntas locales y a la oposición del todavía poderoso Consejo de Castilla; el Consejo de Regencia, porque su función se vio prácticamente reducida a la convocatoria de las Cortes, con las que, por otra parte, mantuvo unas relaciones conflictivas; y la Constitución de Cádiz, porque ni logró estar vigente en el conjunto de todos los territorios de la Monarquía ni tuvo una vigencia temporal significativa, en realidad solo de 1812 a 1814, ya que cuando se restableció en 1820 la mayor parte de los territorios americanos habían declarado ya su independencia.

La segunda fase fue todavía más complicada. Las nuevas naciones necesitaron definir aquello que las hacía diferentes de las demás o, si se quiere, construirse como naciones, a la vez que echaban las bases de una nueva sociedad liberal. Un conflicto identitario, de una virulencia extrema, que se iría a prolongar durante varias décadas y que tuvo como causa última que la identidad colectiva se convirtiera en lo que nunca antes había sido: una forma de legitimación del poder. No una guerra de independencia corta sino una guerra civil larga de la que la primera sería solo un capítulo, ni siquiera estoy seguro de que el más importante. No creo que sea arriesgado afirmar que la América española, o quizá sería mejor decir que el conjunto de la antigua Monarquía católica, incluida España, inicia su vida independiente sin haber resuelto la mayoría de las preguntas básicas que habían estado en el origen del conflicto bélico iniciado en 1810. Darles respuesta demorará todavía casi medio siglo cuando, y no creo que casualmente, llegan al poder generaciones que ya nada tenían que ver con un imaginario político de tipo tradicional.

Esta visión de las guerras de independencia como guerras civiles largas tiene la ventaja, además de permitir explicar mucho mejor la realidad de lo ocurrido entre 1810 y 1820, la de ofrecer también un marco explicativo global a la inestabilidad política instaurada en todos los territorios de lo que había sido la Monarquía católica durante las décadas posteriores a las sucesivas independencias. El resultado, no de una supuesta «anomalía hispánica» ni de la negra herencia colonial, sino de los cambios en las relaciones de poder generados por las guerras en el interior de las sociedades para las que, como consecuencia, resultó enormemente difícil la articulación en un nuevo sistema legal y constitucional.

No sería, tal como insistentemente ha repetido cierta historiografía, que la «revolución de la independencia» no había cambiado nada, solo la ruptura con «España», sino, por el contrario, que las guerras, revolucionarias o no, habían cambiado tantas cosas que resultó enormemente complicado volver a reacomodarlas.

Habían cambiado, sobre todo, el fundamento de legitimidad del poder. Algo tan tenue y difícil de racionalizar como el convencimiento por parte de una sociedad de que quien ejerce el poder tiene derecho a hacerlo. Tal como sugiere Antonio Annino:

cuando un imperio colapsa nadie es el heredero legítimo de la soberanía de la corona, ni siquiera las nuevas instituciones representativas que se apegan al principio de nacionalidad. La acefalía del todo se extiende entonces hasta la última parte que se emancipa, dejando luego en herencia un serio problema de gobernabilidad.29

Una explicación bastante más plausible que los trescientos años de despotismo colonial o las atávicas necesidades de un poder fuerte. El colapso de la Monarquía llevó a una guerra civil generalizada cuya consecuencia más inmediata fue el desmantelamiento de una vieja forma de legitimidad y su sustitución por otra. Un proceso complejo e imposible de resolver solo a través decretos administrativos.

NOTAS

1. «Sobre el discurso del Sr. Director del Colegio de Minería D. José María Tornel, en la distribución de premios de sus alumnos», El Universal, 24 de noviembre de 1849.

2. «Cuestión histórico-política. Artículos de El Universal», El Monitor Republicano, 20 de diciembre de 1849.

3. Véase Gabriele Ranzato, «Un evento antico e un nuovo oggeto di riflessione», en Guerre fratricide. Le guerre civili in età contemporanea, Milán, Bollati Boringhieri, 1994, págs. IX-LVI.

4. Simón Bolívar, Decreto de guerra a muerte, Ciudad de Trujillo, 15 de junio 1813.

5. Fray Servando Teresa de Mier, Memorias, Madrid, Trama Editorial, 2006, pág. 232.

6. Valentín Llanos, Representación sobre la emancipación de todas las posesiones de América que dirigió a las Cortes de España el año de 1820, Londres, C. Baldwin, 1820.

7. Para la participación de los distintos grupos sociales en la guerra de la independencia en el caso concreto de la Nueva España véanse, Brian Hamnett, Roots of Insurgency: Mexican Regions, 1750-1824, Cambridge, Cambridge University Press, 1986; John Tutino, From Insurrection to Revolution in Mexico: Social Bases of Agrarian Violence, 1750-1940, Princeton, Princeton University Press, 1986; y Eric van Young, The Other Rebellion: Popular Violence, Ideology, and Mexican Struggle for Independence, 1810-1821, California, Stanford University Press, Stanford, 2001.

8. Jean Piel, «The Place of the Peasantry in the National Life of Peru in the Nineteenth Century», Past and Present, núm. 46, febrero de 1970, pág. 116.

9. Tulio Halperin Donghi, Reforma y disolución de los imperios ibéricos, 1750-1850, Madrid, Alianza, 1985.

10. Véase en particular François-Xavier Guerra, Modernidad e independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, Madrid, Mapfre, 1992.

11. Jacques Godechot, La Contre-révolution. Doctrine et action, 1789-1804, París, Presses Universitaires de France, 1961.

12. Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, t. II, México, FCE, 1994, pág. 350.

13. Valentín Llanos, Representación sobre la emancipación de todas las posesiones de América que dirigió a las Cortes de España el año de 1820, Londres, C. Baldwin, 1820, pág. 22.

14. Joaquín Varela Suanzes, La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, pág. 2.

15. Para estos datos véase Roberto Breña, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824. Una revisión historiográfica del liberalismo hispánico, México, El Colegio de México, 2006, pág. 158.

16. Timothy E. Anna, Spain and the Loss of America, Lincoln, University of Nebraska Press, 1983.

17. François-Xavier Guerra, op. cit., pág. 117.

18. Carlos María de Bustamante, La Constitución de Cádiz; o, Motivos de mi afecto a la Constitución, investigación y notas de Felipe Remolina Roqueñí, México, Federación Editorial Mexicana, 1971.

19. José Canga Argüelles, Reflexiones sociales, ó idea para la constitución española, que un patriota ofrece a los representantes de Cortes, Valencia, Imprenta de José Estevan, 1811, págs. 139-140.

20. Jeremy Bentham, Principios de la ciencia social o de las ciencias morales, ordenados conforme al sistema del autor original y aplicados a la Constitución española por D. Toribio Núñez, 2 vols., Salamanca, Imprenta de Bernardo Martín, 1820-1821.

21. Véase David Armitage, The Ideological Origins of the British Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

22. José Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, Historia de la revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, o Verdadero origen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1813, Londres, Guillermo Glindon, 1813.

23. Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires, 25 de septiembre de 1810.

24. Véase David A. Brading, «El jansenismo español y la caída de la monarquía católica en México», en Josefina Zoraida Vázquez (coord.), Interpretaciones del siglo XVIII mexicano. El impacto de las reformas borbónicas, México, Nueva Imagen, 1992.

25. «Cuestión histórico-política. Artículos de El Universal», El Monitor Republicano, 20 de diciembre de 1849.

26. Enrique Gandía, La independencia americana, Buenos Aires, Libros del Mirasol, 1960.

27. Véanse en particular sus libros Modernidad e independencia. Ensayo sobre las revoluciones hispánicas, op. cit., y Las revoluciones hispánicas. Independencias americanas y liberalismo español, Madrid, Universidad Complutense, 1995.

28. Jaime E. Rodríguez O., «Interpretaciones generales de las independencias», en Alfredo Ávila y Virginia Guedea, (coords.), La independencia de México: temas e interpretaciones recientes, México, UNAM, 2007, pág. 216.

29. Antonio Annino, «Imperio, constitución y diversidad en la América Hispana», Historia Mexicana, vol. LVIII, julio-septiembre 2008, pág. 189.

2

¿UNAS GUERRAS DE LIBERACIÓN

NACIONAL SIN NACIONES?

El año 1822 el inglés Basil Hall llegó, en el barco de guerra Conway, a la costa mexicana de San Blas y se internó después en un breve recorrido por el país, hasta Tepic. Dos años después publicó sus impresiones en Extracts from a Journal, Written on the Coasts of Chili, Peru and Mexico, in the Years 1820, 1821, 1822…,1 interesantes por ser de las primeras que tenemos de un observador extranjero sobre el nuevo México independiente. Reflexiones sobre los hechos históricos que acababan de suceder todavía no contaminadas por el posterior relato piadoso del nacionalismo ni deformados por las inquietudes patrióticas de las historiografías nacionales.

Resulta particularmente interesante el supuesto diálogo entre un campesino jalisciense, «un nativo semibárbaro de la selva, alto, de color cobrizo», con un «joven español […] realista de nacimiento y medio patriota de sentimiento». A la pregunta del realista sobre qué les había hecho el rey para que los mexicanos lo hubieran derrocado, el jalisciense contestó que «en cuanto el rey, es su culpa; que yo sepa, vivía muy lejos: para que un rey sea bueno para un país […] debe vivir en ese país, no a dos mil leguas de distancia»; a la de qué opinaba sobre el nuevo sistema económico de libre comercio su respuesta fue todavía más contundente: «antes pagaba nueve dólares por la tela con que está hecha esta camisa, ahora pago dos, eso forma mi opinión del libre comercio. El español se quedó, más bien, confundido».2

El diálogo, supongamos que más o menos ficticio, resulta revelador tanto por lo que dice como por lo que obvia. La pregunta del joven realista «medio patriota de sentimiento» fue por qué los mexicanos habían «derrocado» al rey, no por qué México se había independizado de España; el jalisciense argumentó como respuesta la lejanía del monarca, no el derecho de las naciones a la independencia; y el gran tema, «del que la gente hablaba tanto», según Hall, no era la independencia sino el libre comercio. Es decir, que la independencia no era la separación de España sino un cambio de sistema de gobierno y la gran revolución no era la libertad de México sino la libertad de comercio.

Todo ello no debería sorprendernos demasiado si tenemos en cuenta que tampoco en el oscuro episodio ocurrido en Dolores la noche del 15 de septiembre de 1810, convertido por la nacionalista historiografía decimonónica mexicana posterior en el inicio de la guerra de la independencia, no parece que nadie haya gritado «Viva la Independencia de México» o algo parecido sino ese extraño trío de «¡Viva la virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Mueran los gachupines!». Más parece una revuelta de Antiguo Régimen, tipo «¡Viva el rey y muera el mal gobierno!», con el añadido de unas cuantas gotas de xenofobia antigachupina, que el inicio de un movimiento de liberación nacional.

Menos nacional todavía si consideramos que sigue el modelo de revuelta que, como respuesta a lo sucedido en Bayona, se había venido produciendo desde 1808 en todos los rincones de la Monarquía. Dos años antes, el 23 de mayo de 1808, la capital del reino de Valencia, en el otro extremo del mundo hispánico, había sido escenario de una rebelión callejera en la que se utilizaron como estandartes una estampa de la virgen de los Desamparados y otra de Fernando VII. Durante el motín, un vendedor del mercado, Vicent Doménech, pronunció una frase que la historiografía romántica española convertiría en célebre, también como símbolo del levantamiento del pueblo valenciano por la independencia de España: «Un pobre palleter [Doménech era vendedor de pajuelas para encender fuego] li declara la guerra a Napoléo. Visca Ferran VII i muiren els traïdors». Las semejanzas con lo ocurrido en Dolores son más que obvias. El mismo uso de la imagen de Fernando VII junto con la de una virgen popular y la misma apelación de muerte a los traidores. Los cambios son solo de color local, la arenga en Dolores se hace en castellano, en Valencia en catalán; la virgen valenciana es la de los Desamparados, la mexicana la de Guadalupe; y los traidores genéricos de la capital del Turia, sin duda los afrancesados partidarios de José I, son los gachupines del pueblo del Bajío. Y esto último merece una pequeña aclaración, los gachupines son los traidores afrancesados en sentido estricto. Toda la propaganda insurgente cercana a Hidalgo repetirá, una y otra vez, que el carácter nocivo de los gachupines proviene del hecho de que son ateos, sin Dios ni religión, partidarios del impío Napoleón y que buscaban entregar la Nueva España a los franceses. Nada muy diferente de lo que debía de pensar el «palleter» valenciano de los afrancesados. Teñido, en ambos casos, con una fuerte xenofobia: en el Bajío la consigna fue coger gachupines; en Valencia matar franceses. Objetivos ampliamente cumplidos en ambos lugares; en los días siguientes el número de franceses asesinados en la capital del Turia fue de unos cuatrocientos, no debía de haber muchos más; los que cogieron en Dolores fueron menos, la mala suerte de que hubiese tan pocos gachupines.

Las coincidencias son también por omisión, ni en Valencia ni en Dolores se grita, a pesar de lo que hayan querido ver las historiografías nacionales y nacionalistas de España y México, viva la independencia, viva México o viva España. En ninguno de los dos casos nadie parecía estar demasiado preocupado por la nación. Algo sorprendente y que nos debería de llevar a cuestionarnos una premisa omnipresente en las historias patrias del continente e, incluso, en no pocos historiadores profesionales: que las guerras de independencia americanas fueron enfrentamientos entre naciones. Naciones que ya existían al fin del período virreinal, bien por ser la continuidad de las naciones prehispánicas anteriores, bien porque se habían formado a lo largo de los tres siglos de dominación española, como identidades nacionales diferenciadas y enfrentadas a una también ya existente nación española.

La incongruencia de poner en el inicio de la independencia, para seguir con el caso de México, una movilización en la que parece nadie habló de ella no es algo que descubramos ahora, sino que se arrastró durante buena parte del siglo XIX. Todavía en 1849 el periódico mexicano El Universal podrá argumentar, citando a Lorenzo de Zavala y su Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1800 a 1830, que Hidalgo no había iniciado la Independencia sino las matanzas que durante años habían ensangrentado el suelo mexicano;3 no una guerra de liberación sino una sangrienta revolución sin objetivo. Una afirmación que hay que entender en el contexto de la polémica sobre la construcción de la nación en el México del siglo XIX,4 pero que resultaba suficientemente incómoda como para que el liberal El Monitor Republicano se viera obligado a defender que no era eso lo que se había gritado en Dolores sino «¡Viva la libertad! ¡Viva la virgen de Guadalupe! y ¡Muera el mal gobierno!». A la vez que se eliminaba el incómodo «¡Viva Fernando VII!» se añadía un «¡Viva la libertad!», más o menos cercano a un hipotético «¡Viva la independencia!», que permitía, además, convertir a los seguidores de Hidalgo en una especie de precursores del liberalismo. Todo perfecto, salvo que para mantener esta versión de lo ocurrido se tuvo que recurrir a lo escrito por Blanco White, un español que nunca había estado en México y, por lo tanto, como fuente era bastante poco fiable.5 La apuesta resultaba tan arriesgada que dos días más tarde el mismo Monitor Republicano zanjó la discusión afirmando que a quién le importaba saber lo que Hidalgo había gritado, lo importante era si «fue o no un hombre benéfico, patriota, enemigo de la dominación» y esto era «una verdad patente»,6 lo que se parece mucho a cerrar una discusión incómoda con argumentos de fe. Ante la imposibilidad de demostrar que Hidalgo quería la independencia de México se afirma que es una verdad tan evidente que no necesita ser demostrada.

No nos interesa aquí lo que realmente se gritó en Dolores, cosa por cierto bastante difícil de saber, sino el trasfondo en el que se inscribe esta polémica que no es otro que el de la construcción de los complejos hechos ocurridos en los territorios de la Monarquía católica en el lapso que va de 1808 a 1820 como «guerras de independencia», tanto en América como en España. Hay que recordar que si en Dolores en 1810 no se gritó «¡Viva México!» o «¡Viva la Independencia!», tampoco en Madrid dos años antes la revuelta contra los franceses se inició a los gritos de «¡Viva España!» o «¡Viva la Independencia!» sino al del tan poco patriótico de «¡Que nos lo llevan!» , referido al infante Francisco de Paula. Parece que tanto en Dolores como en Madrid estaban más preocupados por la familia real que por la nación. Ello no impidió que la nacionalista historiografía posterior de ambos países hiciese de estos episodios el inicio de sendas «guerras de independencia» o de liberación nacional.

El de la conversión de los conflictos de la segunda década del siglo XIX en guerras de independencia nacional fue un proceso bastante más lento y complicado de lo que tendemos a pensar. En el caso de España, tuvieron que pasar bastantes años para que el complejo conflicto bélico desarrollado entre 1808 y 1814, con componentes de guerra internacional (para la historiografía anglosajona es la Peninsular War, solo un episodio más de las guerras contra la Francia napoleónica), guerra civil, xenofobia antifrancesa y guerra de independencia en sentido estricto acabara siendo imaginado como la Guerra de Independencia con mayúsculas. Todavía en 1835 el conde de Toreno, autor de uno de los primeros libros de historia sobre la guerra y protagonista él mismo de algunos de los hechos que narra, titula su obra Historia del levantamiento, guerra y revolución de España,7 no “Historia de la guerra de la Independencia” u otro título parecido. Muy semejante es la opción tomada por Lorenzo de Zavala dos años antes, quien titula su libro sobre lo ocurrido en México Ensayo histórico de las revoluciones de Méjico desde 1808 hasta 1830,8 aunque en este caso se puede argumentar que es porque se ocupa de un período histórico que va más allá de la guerra de la independencia propiamente dicha.

En realidad la conversión de los confusos procesos ocurridos en la América española en la segunda y tercera décadas del siglo XIX en guerras de independencia nacionales solo fue posible a través de una proyección a posteriori. Puesto que el resultado final había sido la independencia y el nacimiento de casi una veintena de naciones, lo que había habido en origen era una guerra de naciones luchando por su independencia, una especie de visión teleológica en la que el pasado se explica a partir del futuro, lo que no parece un método demasiado fiable.

Los cambios generados en las últimas décadas en los estudios sobre la nación hacen necesario un replanteamiento radical sobre el papel de esta en el momento de desmembración de lo que seguimos empeñados en llamar Imperio español y que en la época era universalmente conocido como la Monarquía católica. Y no estamos, como ya se dijo al inicio de este libro, frente a un simple problema de denominación. En el momento de las independencias no existían ni una nación española ni un Estado español. España, como entidad política no como realidad cultural, no existió con anterioridad a las primeras décadas del siglo XIX, tanto los Austria como los Borbones no fueron reyes de España sino de un conglomerado de reinos y señoríos, la interminable lista de rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, de las Islas y Terrafirme del Continente Oceánico, conde de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina, entre otros, que como una especie de mantra religioso encabezaba los documentos emitidos por los monarcas. Como consecuencia tampoco existió un Imperio español, sino una monarquía con intereses económicos y políticos propios que nada tenían que ver con un hipotético interés nacional «español». Eran los intereses de esta, no los de alguno de los reinos que la componían, y tampoco se puede cometer el anacronismo de confundir reinos con naciones, los que guiaban tanto la política interior como la exterior. Los funcionarios del Estado estaban al servicio del monarca, no de una hipotética nación española, y ni siquiera tenían por qué ser necesariamente «españoles».

La posibilidad de que las diferentes naciones, en el sentido tradicional del término, que convivían en su interior fueran consideradas sujeto de soberanía resultaba tan inverosímil que no era ni siquiera imaginable. El sujeto político, exclusivo y excluyente, era la Monarquía, no las naciones que la formaban, múltiples tanto en América como en la península.

Cadalso, en sus Cartas marruecas, habla de una patria española formada por nueve naciones (cántabros, astures, gallegos…); mientras que en América las numerosas naciones indias, tantas como lenguas, conviven con varias naciones de españoles como la de los vizcaínos o la de los montañeses, para referirnos a dos de los grupos nacionales más definidos y con un mayor peso en la vida económica de las últimas décadas virreinales. Naciones había, múltiples y variadas, pero nadie les atribuía función política alguna, menos aun la de la soberanía.

Lo que había comenzado a ocurrir a finales del siglo XVIII, y que en el mundo hispánico estalló de manera violenta y revolucionaria con motivo de las denominadas guerras de independencia, fue que la nación se convirtió en lo que nunca había sido, la piedra angular sobre la que se construyen la mayor parte de las percepciones sociales y mitos colectivos; la trama sobre la que se teje la estructura social, cultural y política del mundo; la forma primordial, y excluyente, de identidad colectiva; y, sobre todo, para lo que aquí nos interesa, la principal, si no única, fuente de legitimación del ejercicio del poder. Así lo reconoce el actual ordenamiento jurídico internacional que considera a las comunidades nacionales el único sujeto colectivo capaz de ejercitar derechos como el de autodeterminación.

El fin del Antiguo Régimen y de la legitimidad dinástico-religiosa convirtió a la nación en el sujeto principal de legitimación del ejercicio del poder y este es el imaginario político en el que todos nosotros hemos sido formados y a través del que vemos e interpretamos el mundo, pero no siempre había sido así. La nación, como comunidad natural formada por los que tenían el mismo origen, «nacido de», fue durante la mayor parte de la historia de la humanidad prácticamente inerme desde el punto de vista político. Solo a partir de las revoluciones de las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del XIX adquirió densidad política suficiente como para ocupar un lugar como protagonista de la historia.

No podemos seguir planteando las guerras de independencia como un enfrentamiento entre naciones. Las naciones surgidas de la desmembración de la Monarquía católica, a uno y otro lados del Atlántico, son, como ya se ha dicho varias veces a lo largo de este libro, la consecuencia de las guerras de independencia, no su causa. El modelo explicativo que hace de la nación el origen de las guerras de independencia es posible que sirva para entender el problema de las nacionalidades en la Europa del siglo XIX y los movimientos de liberación nacional del XX, pero no para explicar lo ocurrido en la Monarquía católica en la segunda y tercera décadas del XIX. No hay, en la América española, naciones culturales que buscan su realización como naciones políticas. Los hombres y las mujeres que hicieron la independencia eran, desde Buenos Aires hasta México, parte de la misma nación cultural. No había nada en ellos que los diferenciase desde el punto de vista étnico, lingüístico, cultural o religioso de aquellos contra los que lucharon en los campos de batalla del continente para conquistar la independencia.

El núcleo duro del conflicto de las independencias, lo que define su especificidad, es un problema de legitimidad del ejercicio del poder, de quién tiene derecho a ejercerlo. Un conflicto político, pero no de soberanía nacional, sino de derecho a la soberanía. El problema de los convulsos años posteriores a 1808 no es la nación, sino decidir quién tenía derecho a gobernar en un momento en que el rey había dejado de estar y cómo se justificaba ese derecho.

En el origen del poder político no está el metafórico pacto lockiano, tampoco la simple imposición arbitraria, al menos a medio-largo plazo, sino algo mucho más complejo que es el reconocimiento por parte de la comunidad de alguien a ejercerlo. En la tradición occidental esta legitimidad tuvo durante mucho tiempo un carácter dinástico-religioso. El derecho a gobernar se transmitía por herencia dinástica y encontraba su legitimación última en la religión, «por la gracia de Dios» tal como recordaban monedas y medallas, y proclamaban discursos y alegorías. El proceso de desacralización política, iniciado en el siglo XVIII y que alcanza su punto culminante con la Revolución francesa y la decapitación del monarca, hizo imposible este tipo de legitimidad. La vieja legitimidad dinástica, de carácter divino, es puesta en cuestión y sustituida por otra de tipo nacional. Lo que realmente se dirimió en las primeras décadas del siglo XIX, y no solo en América, fue el nacimiento de la modernidad política con el triunfo de una nueva forma de legitimación del poder basada en la nación y la voluntad nacional. No es necesario precisar que no estamos ante un problema menor, es el problema político por excelencia, el fundamento último de toda comunidad política.

Una situación que resultó particularmente complicada en la Monarquía católica porque el problema de la nación irrumpió de forma prematura y por causas exógenas. La legitimidad del monarca no estaba en cuestión en ninguno de los dos lados del Atlántico, ni en los años inmediatamente anteriores a que estallara el conflicto independentista ni, incluso, en los inmediatamente posteriores a que este hubiese comenzado. Tal como afirma Simón Bolívar en su Carta de Jamaica de 1815, «América no estaba preparada para desprenderse de la metrópoli, como súbitamente sucedió por efecto de las ilegítimas cesiones de Bayona».9 En realidad ni América ni España estaban preparadas para cambiar toda su arquitectura constitucional y poner a la nación en lugar del rey. Esto explica el sitio que en los programas de insurgentes y realistas ocupó la figura de Fernando VII, el Deseado, y el hecho de que la pregunta que hace el realista al campesino, en el texto que se ha citado con anterioridad, no sea por qué se independizaron de España, pregunta que a la altura de 1822 posiblemente careciera completamente de sentido, sino por qué habían derrocado al monarca; también explica las pulsiones monárquicas que, desde el Río de la Plata a la Nueva España, recorrieron el continente en los primeros momentos del conflicto, así como las continuas apelaciones, tanto de realistas como de insurgentes, a la figura de Fernando VII. Unos y otros pugnan por aparecer como los verdaderos defensores de la Monarquía y de Fernando VII. Algo tan difícil de encajar en una visión «independentista» de las guerras que la historiografía se vio obligada a recurrir a la «máscara de Fernando VII». Los insurgentes buscaban la independencia, pero habrían utilizado la figura del rey como máscara de sus verdaderas intenciones. Una metáfora bastante difícil de demostrar,10 pero en todo caso irrelevante. Poco importa si la imagen de Fernando VII fue o no solo el señuelo del que se sirvieron los insurgentes. Lo importante, suponiendo que fuera solo un falso reclamo, cosa bastante improbable, es que se vieran obligados a recurrir a ella. Usaron la «máscara» de Fernando VII porque no había, por el momento, nada que poner en su lugar, menos las naciones, ni en España ni en América. La posibilidad de una comunidad política a cuya cabeza no hubiese un monarca no era, en el mundo hispánico, a pesar del ejemplo de Estados Unidos, ni siquiera imaginable. Entre otras cosas, porque la fidelidad al monarca era una relación personal de vasallaje, un juramento que comprometía a la persona de manera individual. No es lo mismo, y menos para una sociedad del Antiguo Régimen, la lealtad a una institución abstracta como la nación que romper el juramento de fidelidad personal que compromete a un individuo con otro. Eliminar a Fernando VII iba más allá de un acto simbólico, significaba romper un tabú, el del juramento personal, de hondas implicaciones individuales y sociales.

Se puede dudar de las proclamas de fidelidad a Fernando VII de algunos insurgentes, no más por cierto que de las de algunos diputados españoles en Cádiz, pero lo significativo no es si mentían o no, lo verdaderamente revelador, en el caso de que pensasen otra cosa, es el hecho de que consideraran que el elemento movilizador seguía siendo el monarca y no la nación. Se puede dudar, además, de manera bastante relativa, ya que el monarquismo de alguno de los líderes de las independencias siguió vigente todavía una vez proclamadas estas. No solo en México, donde la oferta del trono a Fernando VII:

Será llamado a reinar en el Imperio mexicano[…], en primer lugar el señor don Fernando VII, rey católico de España; y por su renuncia o no admisión, su hermano el serenísimo señor infante don Carlos; por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor infante don Francisco de Paula; por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor don Carlos Luis, infante de España, antes heredero de Etruria, hoy de Luca.11

y la posterior coronación primero de Iturbide y después de Maximiliano hacen innecesario cualquier comentario al respecto, sino también en otros países del continente. En unos se llegó a ofrecer la corona a Fernando VII, caso de Colombia («Nueva Granada que protesta no abdicar los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su augusto y desgraciado monarca don Fernando VII, siempre que venga a reinar entre nosotros»),12 aunque a diferencia de México no se llegó a instaurar un sistema monárquico. En otros, no se ofreció el trono al monarca español ni tampoco se proclamó ninguna monarquía, pero sí hubo, por el contrario, diversas propuestas monárquicas. Están, por supuesto, las de San Martín en Argentina; las del también rioplatense Belgrano; las de O’Higgins en Chile; las del caraqueño Andrés Bello, quien en 1820 escribe a Blanco White que la paz y la estabilidad en la América española «no podrá[n] consolidarse jamás bajo otros principios que los monárquicos»;13 y hasta las del propio Bolívar, quien transitó de una propuesta de presidencia vitalicia, una especie de monarquía republicana, a otra estrictamente monárquica en los últimos años de su vida, véanse si no sus cartas a Patricio Campbell y a José Fernández Madrid de 1829.14

Ni existía la nación española de la que se liberaban, ni existían las múltiples naciones liberadas. Extrañas guerras de independencia en las que las naciones a liberar se construían a medida que se desarrollaba el conflicto bélico, cuando no una vez concluido este. Y es que en la invención de las nuevas naciones desempeñó un papel determinante la guerra misma, una especie de curso acelerado de nacionalización, y también aquí, una vez más, tanto en la península como en América. En la primera, porque permitió una definición en oposición a los franceses, lo que no quiere decir que combatieran de un lado españoles y de otro franceses, esa es una construcción imaginaria, aunque con una alta capacidad de crear realidad, entre los españoles en todo caso habría que incluir varios americanos, como San Martín, ascendido a teniente coronel por sus méritos en la batalla de Bailén; en la segunda, porque permitió una definición en oposición a los españoles, y aquí todavía menos se puede decir que combatieran de un lado españoles y de otro americanos, una construcción aún más imaginaria que la anterior. No está de más recordar que tanto en Ayacucho como en Iguala, por referirnos solo al fin de la presencia «española» en los dos grandes virreinatos, se ofrece a los oficiales realistas la posibilidad de incorporarse con sus grados a los nuevos ejércitos nacionales. Una prueba de que no estamos ante un conflicto de identidades, españoles contra americanos, sino de soberanía, los militares realistas pueden seguir ocupando sus puestos con el solo requisito de aceptar un cambio de soberano, al margen de que hayan nacido en América o en la península. En el caso americano, además, la propia guerra fue definiendo fronteras nacionales a partir, en muchos casos, de los ámbitos de actuación militares,15 que no fueron nunca de carácter continental. Ni por parte de los realistas ni por la de los insurgentes hubo un ejército unificado combatiendo en América bajo un mando único y una estrategia común. No solo eso sino que, incluso, en algunos momentos connotados líderes de la independencia estuvieron dispuestos a reconocer el dominio de la Corona sobre otras partes de América a cambio de que esta reconociera la del territorio en el que estaban interesados. Es el caso de Bolívar, quien hacia 1815 busca un tratado de paz con Fernando VII en el que «en compensación al sacrificio […] de sus pretendidos derechos sobre Colombia» reconocería y garantizaría «la soberanía y propiedad de la España en México y en los demás territorios de la América, que no alcanzasen la paz e independencia por los mismos medios que Colombia».16

Las independencias se nos ofrecen así como un acontecimiento fortuito, derivado del desplome de la Monarquía católica, para el que resulta completamente inútil buscar causas endógenas. Sin que esto quiera decir, por supuesto, que no hubiesen tenido lugar de todas formas en algún momento del devenir histórico. La legitimidad dinástica tenía escasas posibilidades de supervivencia en la Europa del siglo XIX y las de fabricar una nación que se correspondiese con las fronteras de la vieja monarquía parecen realmente reducidas. Estamos hablando de una organización política de carácter planetario, enormemente heterogénea y en el que las distancias se convierten en un obstáculo prácticamente insalvable, tal como afirma el ya varias veces citado campesino jalisciense «en cuanto al rey es su culpa […] vivía muy lejos: para que un rey sea bueno para el país […] debe vivir en ese país, no a dos mil leguas de distancia». Finalmente las naciones son invenciones colectivas pero no completamente arbitrarias, se necesita una serie de condiciones previas, aunque siempre resulta difícil afirmar a priori cuáles de estas condiciones previas son imprescindibles y cuáles no y, como consecuencia, qué naciones son posibles y qué otras no. Entraríamos, en todo caso, en el campo de la historia-ficción y no en el de la historia propiamente dicha.

Afirmar este carácter fortuito y exógeno de las independencias debe llevarnos a cuestionar la búsqueda de posibles causas internas, en particular a aquellas que tienen que ver con la existencia de sentimientos «protonacionales» previos. Quizás el único «protonacionalismo» que merecería ser considerado y que pudo tener alguna influencia en el conflicto de las independencias es el puesto en marcha por los Borbones con su política de transitar de un Estado patrimonial a uno nacional. Analizando los debates políticos de esos años, a uno y otro lados del Atlántico y en Cádiz, a veces se tiene la impresión de que los protagonistas se están moviendo en tiempos distintos y que las principales divergencias entre peninsulares y americanos tienen que ver con los distintos niveles de nacionalización de unos y otros. El marco de reflexión de los primeros es el de una monarquía nacional, resultado del proyecto modernizador borbónico, el de los segundos todavía el de una monarquía patrimonial, en la estela del viejo imaginario habsbúrgico.

Muchas de las posturas de las élites americanas calificadas por la historiografía nacionalista como independentistas habría que verlas, en realidad, como el reflejo de la voluntad de mantenimiento de una monarquía patrimonial, articulada en reinos diferentes y autónomos, anacional, en la que la condición de «fieles súbditos de Su Majestad Católica» les permitiera el completo control de la política local que, en el imaginario político de algunos americanos, habría sido la característica de la Monarquía antes de las reformas borbónicas.

Es necesario, como consecuencia, tener especial cuidado con conceptos como el de patriotismo criollo. No porque este no exista, es obvio que sí, sino porque nada tiene que ver con el supuesto protonacionalismo que han querido ver en él algunos autores. En el lenguaje político de la Ilustración española tardía, patria y nación no son dos conceptos sinónimos sino incluso opuestos. Feijoo, uno de los pensadores en lengua española más leídos a uno y otro lados del Atlántico durante todo el siglo XVIII, distingue claramente entre patria, formada por los que viven bajo las mismas leyes y el mismo poder (por eso patria puede ser la ciudad en la que se vive, pero también un virreinato, una intendencia o el conjunto de la monarquía), y nación, formada por los que tienen el mismo origen, costumbres y formas de vida (por eso en el interior de una ciudad, de un virreinato, de una intendencia o del conjunto de la monarquía podían convivir, y convivían, varias naciones distintas, tanto indígenas como blancas). La definición nacional, lo mismo que ocurría en el caso de patria, era enormemente laxa. En América, por ejemplo, se podía hablar a la vez de la nación de los vizcaínos y de los montañeses, para referirse a los nacidos u originarios de estas dos regiones, y de la nación de los españoles, que incluía a todos los blancos, indiferentemente de dónde hubieran nacido.

El éxito de las políticas de nacionalización fue convertir patria y nación en términos sinónimos, hacer que se imaginaran parte de una misma nación todos los que tenían la misma patria, y viceversa. Pero esto, una vez más, es el resultado de las guerras de independencia y de los múltiples conflictos del siglo XIX, no su causa. Fueron los interminables conflictos bélicos que tuvieron lugar en las primeras décadas del siglo XIX los que forjaron a sangre y a fuego la unión de ambos conceptos convirtiéndolos no solo en sinónimos sino, sobre todo, en imprescindibles el uno para el otro. A partir de ese momento histórico no hay patria sin nación ni nación sin patria. No es posible, en realidad ni siquiera imaginable, una nación que no tenga las mismas leyes; ni una patria que no esté formada por los que tienen el mismo origen y forma de vida.

El proceso de la identificación de patria y nación se comenzó a fraguar desde muy pronto en el mundo hispánico. Ya en 1809 el Diario de México publica una curiosa carta de Teresa María Josefa Maldonado en la que la patria es definida a partir de muchos de los elementos de la nación:

La patria, la amable patria, no es otra cosa que la dulce unión que ata a un ciudadano con otro por los indisolubles vínculos de un mismo suelo, una misma lengua, unas propias leyes, una religión inmaculada, un gobierno, un rey.17

No parece necesario precisar que la patria-nación de la que está hablando esta yucateca es la Monarquía católica. La Constitución venezolana de 1811 mezcla también en su definición de soberanía atributos de nación y patria: «Una sociedad de hombres reunidos bajo unas mismas leyes, costumbres y gobierno forma una soberanía»,18 y aquí la patria-nación es Venezuela. Mientras que la Gazeta de Buenos Aires de 1815 da ya una definición de nación en la que esta es la patria y algo más: «Una nación es más que la reunión de muchos pueblos y provincias sujetas a un mismo gobierno central, y a unas mismas leyes»,19 referida por supuesto solo a las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Esta precocidad en la identificación entre patria y nación se vio facilitada por el doble significado que el término patria tiene en castellano. Al de un territorio regido por las mismas leyes hay que añadir el de patria como lugar de nacimiento, con un fuerte componente afectivo, mantenido, en parte, en la expresión española actual de «patria chica» y que la acerca en algunos aspectos al concepto de nación. El Tesoro de la lengua castellana o española de Covarrubias (1611) define patria como «la tierra donde uno ha nacido»; y el Diccionario de autoridades (1726) «el país en que uno ha nacido». Incluso ya en fechas bastante tempranas parece haber, al menos en algunos textos, una relación entre patria y nación, por ejemplo en el Universal vocabulario en latín y en romance de Alfonso de Palencia, publicado en Sevilla en 1490, en el que se afirma que la nación no puede existir sin la patria, «ca nacion requiere el suelo de la patria». Más interesante resulta el sentimiento de lealtad a la patria, como lugar de nacimiento, que este mismo autor dice que «deve se aun prefirir al propio padre, porque es más universal. Et mucho mas durable». Es decir que la patria, el lugar de nacimiento, debe ser preferida, como elemento de pertenencia, a la nación, la filiación genética. Este sentimiento explicaría la temprana oposición en las guerras de independencia entre dos lealtades, la de la patria como conjunto de las personas que viven bajo las mismas leyes y la de la patria como lugar de nacimiento, un conflicto de patrias y no de naciones. Los defensores de la patria grande serán los realistas; los de la patria chica los patriotas. Aunque aquí la excepción es la Nueva España donde los defensores de la Monarquía, la patria grande, se denominaron hasta el último momento patriotas.

La inexistencia de la nación como sujeto político en las décadas inmediatamente anteriores al estallido de las llamadas guerras de independencia, e incluso durante los primeros años del conflicto bélico, convierte en anacrónico un modelo interpretativo en el que las independencias de la América española son explicadas desde los presupuestos de los procesos de emancipación nacional del siglo XX. Necesitamos otro modelo y lo hay, el del desmembramiento, por implosión, de sistemas imperiales fracasados. El caso de la Monarquía católica entraría, como ya se dijo anteriormente, en el mismo capítulo que la desmembración del Imperio austrohúngaro, la Unión Soviética o el Imperio turco. Todas ellas estructuras políticas que fueron en sí mismas alternativas globales a las formas de organización hegemónicas frente a las que terminaron sucumbiendo. El colapso de todos ellos fue tanto el fin de una forma de civilización como de una forma política.

La Monarquía católica, inmersa en la lógica de una sociedad asocial, expresión con la que Kant definió la multipolaridad de la Europa noroccidental de la Edad Moderna, caracterizada por una inacabable competencia entre estados, había mantenido una larga lucha de tres siglos con las demás potencias europeas. Una interminable guerra que fue tanto por la hegemonía como por la supervivencia, en la medida en que representó una alternativa global católico-contrarreformista a la Europa nacida de la Reforma. No se entra aquí a discutir si fue viable o inviable, aunque el devenir histórico parece indicar lo segundo. Había sobrevivido, aunque con serias amputaciones, a Westfalia y Utrecht, pero fue incapaz de sobrevivir a la invasión napoleónica. Por primera vez un ejército enemigo ocupaba su capital y todo su aparato burocrático se vino abajo como un castillo de naipes. Tanto en la península como en América, quienes organizaron la defensa no fueron las instituciones monárquicas sino, bien algunas creadas ex profeso, las Juntas, bien otras menos vinculadas al poder monárquico como los cabildos. El vacío de poder fue en realidad casi absoluto, no solo por la ruptura del vínculo entre el monarca y sus súbditos, sino también porque la estructura orgánica de la Monarquía, consejos, ejército y la Iglesia quedó paralizada por el conflicto de lealtades que la abdicación trajo consigo.

Esta «implosión» de la Monarquía católica y, sobre todo, la rapidez y facilidad con que se produjo, plantea algunos problemas fuera del objetivo de este libro, pero que no quiero dejar de enunciar aquí. El que la aparentemente sólida estructura política de la Monarquía se derrumbara con tanta facilidad debería plantearnos algunas dudas sobre su fortaleza y solidez. El problema habría que verlo nuevamente desde la perspectiva de la lucha por la hegemonía. La intensa competencia entre las monarquías europeas había llevado a estas a requerimientos financieros cada vez más onerosos sobre sus súbditos. John Bosher ha estudiado con detenimiento la evolución de este proceso en el caso francés y sus posibles influencias en el estallido de la Revolución.20 En el caso de la Monarquía católica, sus necesidades financieras se vieron aumentadas por su carácter transcontinental. A pesar del bajo perfil adoptado a partir de la crisis de mediados del siglo XVII, que la había llevado ya al borde del colapso, defender sus intereses en un espacio tan dilatado resultaba extremadamente costoso.21 Finalmente las reformas borbónicas y los intentos de algunos ilustrados de hacer de los territorios americanos colonias al servicio de la metrópoli no son sino una muestra de esta voluntad-necesidad de aumentar los recursos financieros de la Corona.

La necesidad de reformas se hizo más urgente a partir de la participación de la Monarquía católica en la guerra de los Siete Años (1756-1763), auténtico clímax en la lucha de todos contra todos entre las potencias europeas. El desarrollo de la guerra mostró de forma palpable las dificultades de la Monarquía para volver a desempeñar un papel relevante en la escena internacional y, sobre todo, para garantizar la defensa de dominios tan extensos y dispersos. En todo caso, el control de los territorios ultramarinos no debe verse solo desde una perspectiva hispánica: la guerra de los Siete Años marca el inicio de la extensión de los conflictos europeos fuera de Europa, que culminarán en fenómenos como la independencia de Estados Unidos o la construcción del primer imperio colonial moderno, el inglés, en dura pugna primero contra la monarquía francesa y después contra la nación francesa nacida de la Revolución. En este sentido la voluntad de algunos ilustrados de la Corte de Madrid de hacer de los territorios americanos colonias se inscribe en una lógica que va mucho más allá del caso concreto y particular de la Monarquía católica.

La influencia de las reformas borbónicas sobre los conflictos de la independencia es un asunto bastante controvertido. Igual se puede afirmar que fueron el origen del descontento que llevó a las independencias como que fueron el remedio que permitió a la Monarquía prolongar su existencia cincuenta años más. Resulta difícil precisar hasta qué punto el aumento de la presión fiscal pudo tener un efecto deslegitimador sobre la institución, no solo por la detracción de recursos particulares, sino también por la deslegitimación que para un régimen tradicional supone variar las condiciones de sus «pactos» con la sociedad. La historiadora mexicana Gisela von Wobeser ha hecho un análisis plausible de cómo en el caso de la Nueva España una de estas medidas, la Consolidación de los vales reales, pudo ser determinante en el estallido de la lucha por la independencia: «la Consolidación se convirtió en el símbolo de la opresión colonial y fue el parteaguas a partir del cual muchos decidieron romper con el régimen español».22 Plausible pero difícil de demostrar, necesitaríamos análisis mucho más amplios para ver hasta qué punto hechos como este fueron capaces de erosionar una estructura institucional cuya legitimidad descansaba en una completa forma de ver el mundo y no solo en intereses económicos coyunturales.

Más difícil, todavía, resulta determinar hasta qué punto la vieja legitimidad dinástico-religiosa seguía siendo plenamente operativa en las décadas finales del siglo XVIII y primeras del XIX. Lo era, sin duda, en los discursos. En ellos nadie parece poner en cuestión el derecho de los reyes a gobernar. Sin embargo, habría que prestar más atención a hechos como el motín de Aranjuez del 17 de marzo de 1808, precedido por la conspiración de 1807 y el Proceso del Escorial. Por primera vez en la historia moderna de la Monarquía un rey era depuesto por su hijo, y esto no es un asunto menor, pero, sobre todo, por primera vez desde la guerra de las Comunidades, se ponía en cuestión la figura del rey y se lo obligaba a dimitir, un ataque ya en toda regla a uno de los fundamentos de la legitimidad dinástica. El único antecedente era la guerra de Sucesión entre los partidarios de Felipe de Borbón y Carlos de Austria, pero en esta el problema había sido de interpretación sobre quién era el depositario de la legitimidad real, no sobre la soberanía; sobre quién era el rey legítimo, no sobre sus atributos. El problema de la guerra de las Comunidades fue distinto, y en alguna medida más cercano al que aquí se plantea, en la medida en que la Junta General de las Comunidades de Castilla parece asumir una función soberana, despojando al rey de su «preeminencia», término usado por los comuneros para referirse a la soberanía. En las Cortes de Valladolid de 1518, Carlos V tuvo que escuchar afirmaciones por parte de los procuradores como que «nuestro [de los representantes del reino] mercenario es [el rey]».

Es cierto que en Aranjuez se respetó el orden sucesorio, pero no lo es menos que el hecho en sí significaba «juzgar» la capacidad del monarca para gobernar. Algo difícil de encajar en un sistema en el que el súbdito «jamás se ha detenido en investigar las circunstancias de sus príncipes, porque sabe son concebidos en el seno de las virtudes: sóbrale conocer que el nuevo rey desciende de sus antepasados, para reverenciar en su persona el conjunto de perfecciones que constituyen la regia majestad».23 ¿Cómo explicar en este contexto que un rey sea obligado a dimitir por su protección a Godoy, en definitiva por su mal gobierno? ¿No significaba hacer al monarca responsable del mal gobierno y aceptar que ya no era suficiente con «conocer que el nuevo rey desciende de sus antepasados»? ¿No se estaba franqueando un punto de no retorno para la legitimidad dinástico-religiosa?

La exaltación con la que fue recibida la llegada al trono de Fernando VII, el Deseado, y la conversión del valido real Godoy en una especie de monstruo, causa de todos los males que azotaban a la Monarquía, pudo hacer que, en un primer momento, la gravedad de lo sucedido en Aranjuez pasara desapercibida. No para todos, no debe de ser casual que en la primera proclamación de independencia americana en la que ya no se hace alusión a Fernando VII como gobernante legítimo, la de Venezuela de 1811, firmada por «los representantes de las Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la Confederación Americana de Venezuela en el continente meridional», se enumeren como causas de la ruptura con la Monarquía «Las sesiones y abdicaciones de Bayona, las jornadas del Escorial y de Aranjuez». Parece que también algunos contemporáneos tuvieron la sensación de que algo olía ya a podrido en la Corte de Madrid antes de Bayona y que la legitimidad monárquica había comenzado a desmoronarse con anterioridad al esperpento de las abdicaciones.

Pero volvamos al modelo «implosión de sistemas imperiales», que significa afirmar que no estamos ante naciones preexistentes que se liberan, sino ante un vacío de poder que necesita ser ocupado y legitimado. Los estudios de José Carlos Chiaramonte sobre el Río de la Plata confirman esta afirmación de manera más que evidente. En la Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires lo que se afirma es que el Consejo de Regencia era ilegítimo y que como consecuencia, ante la ausencia del rey, la soberanía recaía en los 14 pueblos con cabildo que componían el virreinato, no en una inexistente nación argentina. Se constituye así la Primera Junta de Gobierno, formada por los diputados de los 14 cabildos, con la función de actuar como gobierno provisional por la acefalía del trono. La evolución posterior obligó a la búsqueda de nuevas formas de legitimidad y, finalmente, a la irrupción de la nación como nuevo protagonista político, pero eso será ya más tarde:

Posteriormente a los sucesos de 1810, los gobiernos que sucedieron a la primera Junta habrían de afrontar la necesidad de independizarse de España y de organizar una nueva nación. Porque así como no existía aún un pueblo argentino, tampoco existía ni una nación, ni una nacionalidad argentina, las que serían fruto y no origen del proceso que se iniciaba. Recordemos que «argentino» designaba entonces a los porteños, y solo muy tarde adquirió su significado actual.24

En la Monarquía católica, la nación se limita a ocupar el espacio dejado por una forma de legitimidad literalmente desaparecida. Para decirlo de forma gráfica, la Constitución de Cádiz se hace en nombre de una nación, que como ya se ha dicho nadie sabe muy bien qué es, porque el rey no está. La nación solo ocupa el lugar del monarca ausente. Lo mismo cabría decir de las diferentes proclamas de independencia americana, con la salvedad de que en América en muchos casos se elaboran constituciones o proyectos de constituciones en nombre de los pueblos, no de la nación, que actúan así como paso intermedio. La inesperada ausencia del monarca convierte a los pueblos en depositarios de la soberanía, todavía un recurso al imaginario tradicional; la revolución política permite la irrupción de la nación y el nacimiento de una legitimidad ya sí de nuevo tipo.

Aunque con múltiples variaciones. Por poner dos ejemplos, uno de cada extremo de la América española, el Acta de la Independencia argentina del 9 de julio de 1816 se hace en «nombre de los Pueblos» representados en el Congreso, no de la nación argentina, y proclama la independencia del «poder despótico de los reyes de España», no de España; la más temprana Constitución de Apatzingán de 1814 de México se hace, sin embargo, en nombre de la Nación, con mayúsculas, para «sustituir el despotismo de la monarquía de España». En ambos casos la ruptura es con la monarquía española, no con la nación española, pero en el segundo ya en nombre de la nación, no de los pueblos. Ante el vacío de poder se recurre a un imaginario tradicional en un caso y a uno moderno en otro, pero en ambos el problema es el mismo: determinar en ausencia del monarca quién era el depositario de la soberanía, quién tenía legitimidad para ejercer el poder.

La diferencia entre una y otra respuestas podría explicarse, paradójicamente, por la mayor implicación de la Nueva España en el proceso gaditano, la «Nueva España y Guatemala participaron en el sistema político gaditano más de lleno que cualquier otra área de la América española».25 En Cádiz no solo se elaboró una Constitución sino que tuvo lugar un intenso proceso de pedagogía política, en el que los novohispanos tuvieron un papel más que relevante y que, posiblemente, explique la rápida incorporación del término nación al vocabulario político de este país. No solo es la Constitución de Apatzingán la que se hace en nombre de la nación, sino también el Acta de Independencia de 1821 («la nación mexicana que, por trescientos años no ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en la que ha vivido»), cosa que no ocurre en el resto de los territorios americanos de la Monarquía, incluidos aquellos en los que también la proclamación de la independencia fue tardía, como Perú (1821) o Bolivia (1825), aunque en esta última la independencia sí se hace ya de España y no de la Monarquía española. Podría explicarse, pero sería necesario analizar con más detalle el caso particular de la Nueva España, el territorio americano más directamente implicado en los procesos de modernización borbónica de todo el continente, incluido el de la nacionalización del discurso. Resulta sorprendente, y esto no se podría explicar por influencia de las Cortes de Cádiz, que ya en 1808 Francisco Verdad hable en su «Memoria póstuma» de la ciudad de México como «una parte de la nación y la más principal», identificando nación con reino. El uso del término nación es muy precoz en la Nueva España y también en Chile; en este último país, Camilo Enríquez habla ya en 1812, en un artículo publicado en el periódico La Aurora, de que Chile debe asumir «la dignidad y majestad que corresponde a una nación»,26 dos territorios distantes en lo geográfico, en el nivel de riqueza y hasta en lo administrativo, un virreinato frente a una capitanía general, y que sin embargo tienen en común el hecho de que en los dos la idea de reino estaba más desarrollada y articulada que en el resto de la América española. ¿Facilitó esto el paso de la idea de reino a nación? Es una posibilidad que no habría que descartar.

El problema de la legitimidad se hubiese planteado de todas formas, al margen de la crisis de Bayona. Es obvio que nada podía ser igual después de la decapitación de Luis XVI en París, finalmente la Monarquía católica no funcionaba como un compartimiento estanco. Lo que ocurre es que la nación irrumpió en la agenda política del mundo hispánico de manera prematura y extremadamente violenta, una afirmación, es cierto, enormemente polémica. Decir que en la historia algo ocurre de forma «prematura» es siempre arriesgado. También se podría afirmar, en un racionamiento tautológico, que si ocurrió es porque podía ocurrir y, por lo tanto, el carácter de prematuro se convertiría en una imposibilidad lógica. Se entiende aquí por prematuro que no tiene que ver con un proceso de evolución interna, sino con la irrupción brusca de un hecho ajeno, la invasión napoleónica en este caso, afirmación, también, de todas formas problemática. Decir que lo que estaba ocurriendo en el resto de Europa era ajeno a la Monarquía católica no parece un juicio muy preciso; y suponer que el debate sobre la soberanía era un problema nuevo en el ámbito hispánico significa ignorar toda una tradición (Suárez, Mariana, etc.), revitalizada, en parte y desde otra perspectiva, a finales del siglo XVIII y principios del XIX con la polémica sobre la «constitución histórica». Hay, por lo tanto, que relativizar este carácter «prematuro». Era un problema latente y que primero o más tarde se hubiese planteado. Lo prematuro es su irrupción violenta, en un momento de crisis generalizada, y en el que la vieja legitimidad de pronto dejó literalmente de estar.

Las respuestas ante la crisis desatada por esta ausencia del monarca están determinadas por el contexto político-ideológico del momento. No era lo mismo que el rey dejase de estar a principios del siglo XVIII, que su desaparición a comienzos del XIX. Un siglo es mucho, más si es precisamente el de la Ilustración. Resultaría imprescindible, por cierto, saber qué pasó en América con el cambio de dinastía y la guerra de Sucesión, un aspecto completamente ignorado por la historiografía de uno y otro lados del Atlántico, pero que valdría la pena explorar. ¿Hubo austracistas, partidarios del archiduque Carlos de Austria, en los virreinatos americanos? ¿Fueron las élites virreinales, a diferencia de lo que ocurrió en la península, partidarias de manera general de los Borbones? ¿Es solo retórica la afirmación que hace el Acta de Independencia de las Provincias Unidas de Venezuela cuando dice que «los españoles de ambos mundos […] con su sangre y sus tesoros […] colocaron [a los Borbones] en el trono a despecho de la Casa de Austria»? ¿Por qué el intento de cambio de dinastía de comienzos del siglo XIX llevó a la disgregación de la Monarquía y el llevado a cabo un siglo antes, aparentemente, ni siquiera tuvo la más mínima repercusión?

Sea cual sea la respuesta que demos a estas preguntas, de lo que no cabe ninguna duda es de que los cambios en el concepto de nación producidos en las últimas décadas son tan radicales y de tal magnitud que no podemos seguir enfrentándonos al análisis de los hechos del pasado utilizando herramientas manifiestamente obsoletas. No podemos seguir estudiando las independencias sin tomar en consideración lo ocurrido con el concepto de nación en las últimas décadas del siglo XX, en particular en torno a las primeras décadas de los ochenta. Hasta ese momento, el paradigma hegemónico era el de considerar las naciones como realidades objetivas que habían existido siempre. La publicación en esos años de una serie de obras, entre las que habría que destacar de manera muy particular las de Anderson, Breully y Gellner,27 puso en cuestión esta visión para afirmar el carácter temporal y subjetivo de las identidades nacionales; también, para lo que aquí nos interesa, su carácter moderno. El problema no es que no existieran naciones en América en 1810 en el sentido moderno del término, cosa que es evidente, el problema es asumir que conceptos como nación o identidad nacional son construcciones históricas, de carácter reciente y no realidades objetivas de carácter intemporal.28

Esto significa partir de que en 1808, en el marco de la Monarquía católica, no existían naciones que liberar. El dilema fue cómo sustituir un sistema político en descomposición, basado en la legitimidad monárquica, por otro nuevo basado en la nación, para lo que esta tuvo que ser primero literalmente inventada, en la mayoría de los casos incluso desde el nombre. Véase si no las vacilaciones de los insurgentes de la Nueva España entre América Septentrional, Anáhuac… hasta llegar a México. En este sentido la afirmación de que en 1821 la nación mexicana, por poner un ejemplo, consiguió su independencia es de una vacuidad absoluta. En 1821 una antigua unidad administrativa se proclamó políticamente autónoma e inició la construcción de un Estado que en sus orígenes era poco más que los restos de la vieja administración virreinal. Aunque quizá sería más preciso decir que poco menos, en la medida en que en muchos casos se sustituyó una burocracia de letrados, con una carrera estrictamente reglamentada y un alto sentido de su función política, por una administración improvisada, carente de cualquier espíritu de cuerpo y al albur de los cambios políticos. Un problema todavía no resuelto en muchos de los estados hispanoamericanos.

En algunos casos la continuidad de los nuevos estados con la antigua administración virreinal fue, en los primeros tiempos, todavía mayor por la permanencia en sus puestos de muchos antiguos funcionarios de la Corona, por ejemplo en el de México, donde el Plan de Iguala establecía, en su base 13 que «Todos los ramos del Estado y empleados públicos, subsistirán como en el día, y solo serán removidos los que se opongan a este plan». Lo que significa que el nuevo Estado comenzó a funcionar con los mismos funcionarios que los de la administración virreinal anterior. La construcción de la nación y de los mexicanos era todavía una ardua tarea pendiente a la que el Estado mexicano dedicará buena parte de sus energías durante, al menos, los dos siglos siguientes. Lo mismo en el resto de las naciones surgidas de los escombros de la Monarquía católica a uno y otro lados del Atlántico.

Las consecuencias, desde la perspectiva de la historia de la América hispana, son inmensas. No podemos seguir ubicando el problema de las independencias en la corta duración histórica, una fecha concreta para recordar en aniversarios y efemérides patrias, sino en la larga duración de construcción de una nueva legitimidad y de un nuevo imaginario político.

Los historiadores y los teóricos sobre la nación no hemos sido, en general, plenamente conscientes de la originalidad y complejidad del proceso de construcción nacional llevado a cabo en los territorios de lo que fue la Monarquía católica. Tanto la teoría política como la historiografía han mostrado cierta incapacidad para entender el problema de la construcción nacional en unas naciones construidas contra la antigua potencia imperial pero herederas, a la vez, de ella en algunas de sus marcas de identidad más significativas y relevantes. La gran trilogía romántica de la nación, raza, lengua y cultura era en las nuevas naciones hispanoamericanas prácticamente indistinguible de unas a otras e, incluso, indistinguible de la que la antigua metrópoli enarbolaba como propia. Las nuevas naciones no pudieron, o no supieron, argumentar la existencia de una raza, una lengua y una cultura distintas del resto de las surgidas en las posesiones de la antigua monarquía. Habrá que esperar hasta entrado el siglo XX para que el auge de los movimientos indigenistas y la reivindicación de culturas populares de raíz indígena ofrezcan la alternativa de naciones étnico-lingüístico-culturales diferenciadas. Estas reivindicaciones, no casualmente, han sido acompañadas en muchos casos por una autoproclamada voluntad de «refundar la nación», un reconocimiento explícito de que la nación imaginada a partir de los albores de la independencia no sirve ya como base de un Estado que se quiere diferente.

No fue esta, como ya se ha dicho, la situación de partida. La raza, la lengua y la cultura de las élites políticas fundadoras de las nuevas naciones eran relativamente homogéneas de uno a otro lado del continente y tendían a confundirse con las de la metrópoli. Ambos aspectos son determinantes para entender algunas de las características más peculiares de los procesos de construcción nacional en Hispanoamérica.

La homogeneidad de las élites latinoamericanas explica por qué las fronteras nacionales no responden, al menos en origen, a límites «naturales» de carácter étnico-lingüístico, sino a decisiones políticas condicionadas por la herencia virreinal y por el devenir de las propias guerras de independencia. Esta misma homogeneidad está también detrás del sueño de una sola «nación» que ha recorrido como un fantasma la historia de Latinoamérica desde Bolívar hasta nuestros días. O si se quiere la oscilación entre una sola nación Latinoamericana, la patria grande que decía Martí, y las múltiples naciones realmente existentes.

La homogeneidad étnico-lingüística-cultural de las élites hispanoamericanas permitió una gran flexibilidad respecto a las fronteras posibles de la comunidad imaginada nacional. Estas podían ir desde los límites de la antigua monarquía, por ejemplo en la Constitución de Cádiz de 1812 y su afirmación de que «La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios» y que son españoles «todos los hombres libres nacidos y avecindados en las Españas, y los hijos de estos» (artículos 1 y 5), hasta los de las diferentes unidades administrativas, ciudades, provincias, reinos, capitanías, virreinatos, etc., autoproclamadas sujetos de soberanía en los convulsos años posteriores a la abdicación de Fernando VII en Bayona y que, en el contexto de modernización política en que tuvieron lugar, pasaron sin solución de continuidad a definirse como naciones. La soberanía pudo, en un primer momento, reclamarse con base en un imaginario tradicional en el que era reasumida por los pueblos, no por el pueblo –y la precisión es importante ya que remite a una concepción de soberanía de carácter tradicional–, por ausencia del soberano; pero casi inmediatamente, y de manera muy clara a partir de 1812, se presentó como emanación de la voluntad del pueblo, de la nación. El problema era qué nación, cuál era el demos que se erigía como sujeto político.

Cádiz resuelve ese problema de manera ambigua. Se limita a atribuir la nueva condición de nación a la antigua Monarquía católica. No deja de ser revelador, a este respecto, que cuando la Constitución gaditana quiere describir los territorios de la nación española lo hace enumerando los viejos reinos y provincias que la componían. Más aun, que los propios constituyentes estuvieran conscientes del anacronismo que esto significaba y se vieran obligados a precisar, en el Discurso preliminar, que

se han especificado los reinos y provincias, su imperio en ambos hemisferios, conservando por ahora la misma nomenclatura y división que ha existido hasta aquí. La Comisión hubiera deseado hacer más cómodo y proporcionado repartimiento.

Suponemos que lo que hubiera deseado en realidad la Comisión es presentar una nación homogénea, dividida en departamentos, al modo de la nación francesa fundada por la revolución, y no una enumeración que recordaba demasiado la visión patrimonialista de la vieja monarquía. No era un asunto menor, la enumeración de los viejos reinos y señoríos remitía, a pesar de lo afirmado enfáticamente por la Constitución en su artículo tercero («La soberanía reside esencialmente en la nación»), a la existencia de soberanías originarias previas a las de la nación.

La respuesta gaditana va a ser, en todo caso, solo una de las múltiples posibles. A partir de 1812, primero de manera tímida y después ya de forma bastante más generalizada comenzaron a ser frecuentes las proclamas insurgentes que, a diferencia de lo que había ocurrido hasta ese momento, hablaban de naciones que no se corresponden ya con la común nación española a la que de forma casi generalizada se habían referido las proclamas de las primeras Juntas.

Todo ello hizo particularmente complejos los procesos de construcción nacional en la América española. Estos fueron diferentes de sus contemporáneos europeos de la «primera generación», el primer huso horario del nacionalismo de Gellner, cuando la nación se construyó a partir de las fronteras de las viejas monarquías y sobre la nacionalización de poblaciones heterogéneas unidas bajo el mismo poder político. Fueron diferentes también de los de la «segunda generación», los algo más tardíos nacionalismos etnolingüísticos europeos, en los cuales la nación se construyó a partir de fronteras étnicas y lingüísticas contra las divisiones político-administrativas previas. Y diferentes, por último, de los de la «tercera generación», los de la descolonización de mediados del siglo XX, cuando la nación se construyó a partir de las fronteras impuestas por las antiguas potencias coloniales y como oposición a un sistema económico de explotación racial y nacional.

Ninguno de los tres modelos sirve para el caso hispanoamericano. Hay elementos de todos sin que ninguno de ellos sea determinante ni exclusivo. Antiguas divisiones administrativas sirvieron de molde para las nuevas naciones, retóricas preindigenistas llamaron a la resurrección de las razas derrotadas y sus culturas; la explotación económica y política de los «españoles» fue utilizada reiteradamente como bandera de movilización política, etc. Pero en ninguna de las naciones hispanoamericanas hay continuidad entre el estado monárquico y el estado nacional, en ninguna las fronteras fueron trazadas en función de límites etnolingüísticos y en ninguna los descendientes de los antiguos colonizadores fueron excluidos y expulsados de la nueva nación. Para decirlo de forma gráfica: mientras los fundadores de la Argelia moderna iniciaron su vida independiente con la expulsión de los argelinos de origen francés y la proclamación del idioma árabe y la religión musulmana como fundamento de la nueva nacionalidad, los de las nuevas naciones hispanoamericanas no la pudieron iniciar expulsándose a sí mismos y proclamando como nacionales unos idiomas y unas religiones distintos de los que hablaban y practicaban. Esto plantea un problema teórico de una cierta relevancia ya que no estamos hablando de un episodio menor, sino de uno de los más tempranos, importantes y exitosos procesos de construcción nacional de la historia. En apenas 20 años, los que fueron de la independencia del Paraguay, 1811, a la disgregación de la Gran Colombia, 1830, se fundaron 16 nuevas naciones, contemporáneas todas ellas del primer gran ciclo nacionalizador europeo, que, con muy ligeras variaciones, han pervivido hasta nuestros días.

Para explicar los procesos de nacionalización hispanoamericanos habría que partir de que existió un primer gran ciclo nacionalizador atlántico con dos modelos diferenciados: el europeo y el americano. En el europeo, las nuevas naciones se construyeron sobre viejas estructuras monárquicas a las que dotaron de sentido nacional; en el americano, por el contrario, la ruptura con las monarquías fue la condición necesaria para su aparición. En ambos casos las naciones fueron construidas a partir de unidades administrativas preexistentes. Sin embargo, mientras que en las europeas se produjo una continuidad simbólica con la entidad política anterior y con la etnia mítica que le servía de sustento, en las americanas esta continuidad se vuelve imposible. Napoleón puede decir, en una carta a su hermano Luciano, que como francés asume completa la herencia de Francia, de Carlomagno a Luis XIV, en realidad lo que está asumiendo es la herencia de la monarquía francesa o del Estado francés; para Iturbide, Bolívar o San Martín por el contrario, hubiera sido imposible definirse como españoles y menos aun asumir como propia la herencia de Pelayo y de Carlos V. Obviamente esto no significa que el corso Napoleón fuese más francés que los criollos Iturbide, Bolívar o San Martín españoles sino que en el contexto en que emiten su discurso una afirmación es posible y la otra no. En el caso europeo las viejas monarquías fueron la cuna de la nueva nación; en el americano, el cadáver necesario para que esta naciera. En el modelo americano hay que incluir también a Estados Unidos, aunque con algunas peculiaridades, por la forma como la comunidad nacional es imaginada; en especial por el hecho de que es una nación que se construye, imaginariamente, como un proyecto de futuro, sin pasado, como un pueblo nuevo que construye una nación nueva sobre un territorio virgen. Este modelo se aleja radicalmente del de la América hispana, donde, por una serie de motivos sobre los que se volverá más adelante, la mayoría de las nuevas naciones se reclaman herederas de una soberanía originaria, perdida con la Conquista y recuperada con la Independencia, proyectos de pasado tanto como de futuro.

Quizás uno de los casos más claros de esta invención de la nación como continuidad del pasado prehispánico sea el de México, en el que la comunidad nacional es imaginada, ya desde los primeros insurgentes, como un proyecto de pasado, la venganza de la Conquista y la resurrección de la nación muerta con Cuauhtémoc. No es sin embargo excepcional, destaca solo por su mayor coherencia, pero es el trasfondo último de muchas de las construcciones nacionales de la América hispana.

El problema de la definición cultural de la nación seguirá, sin embargo, presente tanto en el caso europeo como en el americano. El fantasma romántico de una nación cultural definida por la sangre, la lengua y la cultura perseguirá a unos y a otros durante largo tiempo. En el primero tendrá como consecuencia agresivas políticas nacionalizadoras, capaces de convertir la heterogeneidad original de las viejas monarquías en una nación definida por una lengua, una raza y una cultura; en el segundo, la interminable polémica para definir los límites y las características de naciones situadas en algún punto entre un panhispanismo globalizador y las numerosas posibles naciones de raíz indígena.

La fragmentación política de la Monarquía católica coincidió en el tiempo con la irrupción de la nación como sujeto político de la modernidad, por lo que no se pueden entender la una sin la otra, pero en una relación de causalidad que es justo la contraria de la que la historiografía ha tendido a considerar.

El proceso de desacralización social, iniciado con la Ilustración y culminado con la Revolución francesa, hizo que el poder político no pudiese ya legitimarse por la herencia dinástica, la voluntad divina o la suma de ambas: una forma de legitimidad que había sido hegemónica en Occidente durante varios siglos, aunque con variaciones de unas tradiciones a otras. No es lo mismo, por poner dos ejemplos extremos, la afirmación de Lutero de que «los reyes por derecho divino y natural tienen el poder y no lo reciben de la misma república»29 que las mucho más matizadas propuesta del pactismo de Suárez.

El lugar dejado libre por la legitimidad dinástico-religiosa fue ocupado por la nación. Esta nueva forma de legitimación, lo mismo que había ocurrido con la anterior, no era funcional sino esencial. No había diferencias funcionales significativas entre las viejas monarquías absolutas y los nuevos gobiernos nacionales. Hacía ya tiempo que los monarcas ilustrados habían asumido también como propio el objetivo de la felicidad de los pueblos y no la salvación de sus almas. Lo radicalmente nuevo, lo que marcó el nacimiento de la modernidad política, fue que la nación desplazó a la voluntad divina y a la herencia dinástica como origen esencial de la legitimidad del poder. Se pasó de gobernar por la gracia de Dios a hacerlo en nombre de la nación.

El problema en ese momento fue qué nación, una pregunta de respuesta particularmente complicada en los territorios de lo que había sido la antigua América española. Estaba la cuestión de la heterogeneidad étnica que se traducía en dos naciones biológicas: la de los descendientes de los conquistados y la de los descendientes de los conquistadores, y esto, como ya se ha dicho, no deja de ser una simplificación posterior: en la sociedad virreinal convivían diferentes naciones blancas con diferentes naciones indígenas. Y estaba, sobre todo, la heterogeneidad cultural que, si se tomaba como referencia la cultura de las élites, permitía imaginar una sola nación desde el Cabo de Hornos hasta la frontera con el mundo anglosajón; pero también, si se tomaban como referencia las culturas indígenas, imaginar una casi infinita fragmentación nacional etnolingüística.

La nuevas naciones se limitaron, en general, a ocupar los espacios definidos por las viejas divisiones administrativas coloniales que, conservando o no el nombre de la época virreinal, pasaron a autodefinirse como naciones. No resulta fácil explicar por qué en unos casos se impusieron unas divisiones administrativas y en otros no; por qué, por ejemplo, en el caso de México el molde básico de la nación, con ligeras variaciones, fue un virreinato y en el de Chile una capitanía general. Sí parece haber, por el contrario, una lógica más clara en la denominación de las nuevas naciones: la de evitar nombres que recordasen explícitamente los de la antigua metrópoli. Es evidente que la vieja denominación virreinal solo pudo conservarse si no incluía referencias explícitas a denominaciones hispánicas. La antigua capitanía general de Chile pudo pasar a denominarse Chile, pero ninguna de las nuevas naciones podía razonablemente pasar a llamarse Nueva Granada ni, menos todavía, Nueva España.

A diferencia de lo que había ocurrido en Cádiz, donde el Estado y la nación se definieron en el propio marco de la Monarquía católica, en América se tuvo que definir todo: primero, el marco de la soberanía; después, la forma de gobierno; y por último el ser de la nación.

Con la proclamación de las independencias se terminó un conflicto, el de la soberanía, que llevó a la afirmación de estados de carácter supramunicipal, resultado de la pervivencia de viejas divisiones administrativas y del propio desarrollo del conflicto bélico. Se trató solo de la construcción de nuevas estructuras estatales, no de dar estados a naciones preexistentes. Una especie de nacionalismo cívico extremo. Todavía en el Congreso Nacional argentino de 1824 uno de sus diputados, Ignacio Gorriti, argumentaba que la nación podía entenderse de dos formas: como el conjunto de gente que tiene un mismo origen y un mismo idioma, por ejemplo el conjunto de la América española; o como una sociedad constituida bajo un solo gobierno, una comunidad política de carácter contractual, lo que hoy entenderíamos por un Estado y no por una nación. No es necesario precisar que la nación argentina en la que estaba pensando Gorriti era de este segundo tipo.

Simultáneo a este proceso se dio el de la definición de la forma de gobierno, un problema inexistente en Cádiz por la presencia de un «señor natural» de la Monarquía católica convertida en nación, el rey. En América, por el contrario, al margen de las pulsiones monárquicas que, como ya se ha dicho, recorrieron el continente, la posibilidad de la monarquía se mostró desde muy pronto inviable, las independencias eran en gran parte el rechazo de la soberanía del rey, por lo que la forma de gobierno «natural» fue la república. Un proceso, el de la asunción de la forma republicana, facilitado por una tradición hispánica que hacía de la ciudad el marco político por excelencia y que, desde muy pronto, identificó el autogobierno municipal con los valores republicanos de las ciudades-Estado de la antigüedad. Un modelo de gran importancia en el desarrollo del republicanismo en todo Occidente.

Resueltos los problemas anteriores, no pasó mucho tiempo, sin embargo, sin que los nuevos estados nacidos de las independencias tuvieran que enfrentarse al de inventar naciones que les sirvieran de fuente de legitimidad, el problema por excelencia de la modernidad política. En Cádiz se había resuelto de manera relativamente fácil, y tautológica, «la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios», a partir, en parte, de la existencia previa de un proyecto nacionalizador borbónico que permitía vislumbrar una nación española formada por todos aquellos que compartían un mismo origen, una misma lengua, una misma cultura y unas mismas referencias político-administrativas. La barrera de la heterogeneidad étnica se había resuelto en un doble proceso de integración y exclusión: integración de los descendientes de los nativos americanos, considerados para todos los efectos tan españoles como los descendientes de los nativos peninsulares, y exclusión de los descendientes de nativos africanos, una extraña forma de etnización de la política, en la que la nación se definía a partir del territorio pero solo tenían derecho de ciudadanía aquellos con determinada herencia genética, disposición que, por el fracaso gaditano, nunca sabremos si pudo haber tenido éxito o no. La de la heterogeneidad lingüística ¿y cultural?, sin embargo, ni siquiera llega a plantearse. A pesar de la existencia de múltiples idiomas, tanto en la península como en América, falta cualquier referencia explícita al idioma oficial de la nación española, no así a la religión, a la que se le dedica un capítulo, el II, para afirmar que «es y será perpetuamente la católica».

Declaradas las independencias, el problema fue imaginar naciones que se correspondiesen con cada uno de los nuevos estados en el contexto de un mundo en el que las fronteras culturales internas entre las diferentes comunidades «nacionales», en el viejo sentido de grupo étnico, eran más fuertes que las externas. Esto explica fenómenos tan dispares como la dificultad para integrar en la nación a los grupos indígenas no aculturados, los indios bárbaros de la literatura del siglo XIX; las ambivalencias respecto a los españoles que permanecieron en América después de las independencias, que fueron desde su reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho hasta la expulsión, todo ello en el mismo país y en menos de una década (por ejemplo en México); y el reconocimiento, en general, de la ciudadanía a los hispanoamericanos establecidos en países distintos al de su nacimiento, uno de los acuerdos del Congreso de Panamá de 1825, que en algunos países se mantuvo hasta bastante tarde, por ejemplo en las Provincias Unidas del Sur (actual Argentina), donde –como ha mostrado José Carlos Chiaramonte– hasta la Constitución de 1853 muchas provincias reconocían la ciudadanía a todos los naturales de los antiguos territorios de la Corona de Castilla en América.30

El problema de la nación seguirá gravitando sobre los nuevos estados americanos durante los dos siglos siguientes: ¿qué nación?, ¿qué herencia?, ¿qué cultura?, ¿desde cuándo hay nación? Obviamente con mayor o menor intensidad en función de las características de cada uno de ellos. No es lo mismo, por poner dos ejemplos extremos, la Argentina, con una población indígena residual, sin huellas significativas de grandes civilizaciones prehispánicas en la mayor parte de su territorio y con una pobre herencia colonial, que México, con una población indígena numerosa, huellas de grandes civilizaciones prehispánicas por doquier y una herencia colonial omnipresente y fastuosa.

El proceso de construcción nacional resultará, necesariamente, mucho más conflictivo en este último país, donde el debate sobre el ser nacional afectará a todas y cada una de las preguntas planteadas más arriba. ¿Una nación de indios o de españoles? ¿Una herencia prehispánica o colonial? ¿Una cultura hispánica o indígena? ¿Una nación nacida con el mundo azteca, muerta con la Conquista y resucitada con la Independencia, o una nación formada en la Colonia y nacida con la Independencia? Demasiadas preguntas que en algún momento parecieron encontrar respuesta en la solución salomónica y voluntarista de ni indios ni españoles, mestizos, o lo que es lo mismo mexicanos, una respuesta que en los últimos años ha tenido que enfrentarse al desafío que supone la reivindicación de una nación multicultural, el viejo problema de ¿qué nación?, ¿qué herencia? y ¿qué cultura?

El que en México haya resultado especialmente conflictivo no quiere decir que el problema de la definición de la nación no estuviese, haya estado y siga estando presente en el resto del continente. En el caso de Argentina, la retórica de la recuperación de la soberanía originaria como fundamento de la nación tiene un cierto eco en los primeros momentos, tal como reflejan algunas estrofas de la Marcha patriótica de 1813, «Se conmueven del Inca las tumbas, / y en sus huesos revive el ardor, / lo que va renovando a sus hijos / de la Patria el antiguo esplendor», y se mantuvo todavía durante algunas décadas con el imperio inca como mito fundacional. Las pulsiones filoincaicas desaparecerán al hilo de las campañas del desierto y, posteriormente, con la conversión del país en una nación de inmigrantes: «los argentinos descendemos de los barcos», afirmaría Borges. Sin embargo, recientemente ha vuelto a reaparecer un cierto indigenismo, despojado ya de sus ropajes incaicos, con el auge del multiculturalismo y el descubrimiento de que también en Argentina hay pueblos «originarios». ¿También una nación multicultural?

Entre Argentina y México todas las situaciones intermedias posibles, pero siempre con esa dicotomía de naciones situadas en algún punto entre la herencia hispánica y la indígena. Como conclusión final se podría decir que el problema de la nación, en realidad, nunca ha sido resuelto en el antiguo solar de la Monarquía católica, ni en las guerras de independencia ni después, ni a uno ni a otro lados del Atlántico. La construcción de estados-nación homogéneos, definidos por una lengua, una raza y una cultura –la gran trilogía romántica sobre la nación– ha sido poco más que un sueño que ha tenido que enfrentarse siempre a la realidad de lenguas no nacionales, bien por exceso, el español común a toda la Monarquía, bien por defecto, lenguas locales que no se corresponden con los límites de los estados; de grupos humanos fenotípicamente diferenciados en sociedades racistas especialmente adiestradas para percibir y catalogar el mundo a partir de diferencias étnicas (el sueño de muchos próceres hispanoamericanos, ejemplificado en la afirmación del mexicano Mora de que «Después de algunos años, no será posible señalar, ni aun por el color que está materialmente a la vista, el origen de las personas»,31 nunca se ha cumplido); y de culturas múltiples, con perfiles propios y diferenciados, en el interior de cada uno de los estados-nación, conviviendo con una cultura común que tampoco es en sentido estricto nacional sino panhispánica. La larga sombra del reto de construir naciones en contra, a la vez, de una macronación y de múltiples micronaciones.

NOTAS

1. Basil Hall, Extracts from a Journal, Written on the Coasts of Chili, Peru and Mexico, in the Years 1820, 1821, 1822…, Edimburgo, Archibald Constable and Company, 1824.

2. Reproducido en José María Muriá y Angélica Peregrina (comps.), Viajeros Anglosajones por Jalisco. Siglo XIX, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1992, pág. 14.

3. «Editorial. Grito de Dolores. Vindicación de la historia y de la Independencia de México», El Universal, 23 de noviembre de 1849.

4. Sobre esta polémica véase Tomás Pérez Vejo, España en el debate público mexicano, 1836-1867. Aproximaciones para una historia de la nación, México, El Colegio de México-INAH, 2008.

5. «El Universal», El Monitor Republicano, 23 de septiembre de 1849.

6. «Espíritu de la Cámara de Diputados», El Monitor Republicano, 25 de septiembre de 1849.

7. Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Madrid, T. Jordan, 1835-1837, 5 vols.

8. Lorenzo de Zavala, Ensayo histórico de las revoluciones de Méjico desde 1808 hasta 1830, París, P. Dupont et G. Laguionie, 1831-1832, 2 vols.

9. Simón Bolívar, Carta de Jamaica, Kingston, 6 de septiembre de 1815.

10. Para un ejemplo concreto del uso de la figura de Fernando VII por los insurgentes americanos, véase el estudio que sobre el caso novohispano hace Marco Antonio Landavazo (M.A. Landavazo, La máscara de Fernando VII. Discurso e imaginario monárquicos en una época de crisis. Nueva España, 1808-1822, México, El Colegio de México, 2001).

11. Tratados de Córdoba, 1821, art. 4.

12. Acta de Independencia (Acta del Cabildo Extraordinario de Santa Fe), 20 de julio de 1810.

13. José María Blanco White, Antología de obras en español (edición de Vicente Llorens), Barcelona, Labor, 1971, pág. 343.

14. Simón Bolívar, Simón Bolívar fundamental (compilación de Germán Carrera Damas), t. I, Caracas, Monte Ávila Editores, 1992, págs. 574-575 y 599-600.

15. Para un ejemplo de la importancia de la guerra como factor de nacionalización en las independencias americanas véase Clément Thibaud, «Formas de guerra y mutación del ejército durante la guerra de independencia en Colombia y Venezuela», en Jaime E. Rodríguez O., Revolución, independencia y las nuevas naciones de América, Madrid, Fundación Mapfre-Tavera, 2005.

16. Citado en Carlos E. Villanueva, «Fernando VII y los nuevos Estados», en Luis Chávez Orozco, Historia de México, 1808-1836, México, Ediciones de Cultura Popular, 1970, pág. 412.

17. «Carta de doña Teresa María Josefa Maldonado a sus hijos», Diario de México, 10 de septiembre de 1809.

18. Constitución federal para los estados de Venezuela de 1811, art. 143.

19. La Gazeta de Buenos Aires, 13 de mayo de 1815.

20. John F. Bosher, French Finances 1770-1795; From Business to Bureaucracy, Cambridge, Cambridge University Press, 1970.

21. Para los gastos militares de la Monarquía, véase Josep M. Delgado y Josep Fontana, «La política colonial española», en Enrique Tandeter (dir.), Historia general de América, vol. IV, Madrid, UNESCO - Ed. Trotta, 2000, pág. 24.

22. Gisela von Wobeser, Dominación colonial. La Consolidación de Vales Reales en Nueva España, 1804-1812, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, pág. 256.

23. José María Villaseñor y Cervantes, Festivas aclamaciones de Xalapa en la inauguración al trono del rey nuestro señor don Fernando VII, México, Imprenta de la calle del Espíritu Santo, 1809, pág. 2. No deja de resultar paradójico que este discurso se haya pronunciado precisamente con motivo de la subida al trono de Fernando VII en 1808.

24. José Carlos Chiaramonte, «Autonomía e independencia en el Río de la Plata, 1808-1810», Historia Mexicana, vol. LVIII, 1, 2008, pág. 363.

25. Jaime E. Rodríguez O., «Introducción», en Jaime E. Rodríguez O. (coord.), op. cit.

26. Camilo Enríquez, La Aurora, 27 de agosto de 1812.

27. Benedict Anderson, Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres, Verso, 1983; John Breuilly, Nationalism and the State, Manchester, Manchester University Press, 1982; y Ernest, Gellner, Nations and Nationalism, Oxford, Basil Blackwell Publishers, 1983.

28. Sobre estos aspectos véase Tomás Pérez Vejo, Nación, identidad nacional y otros mitos nacionalistas, Oviedo, Editorial Nóbel, 1999.

29. Citado en José Antonio Fernández Santamaría, La formación de la sociedad y el origen del Estado. Ensayos sobre el pensamiento político español del Siglo de Oro, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, pág. 162.

30. José Carlos Chiaramonte, «Formas de identidad política en el Río de la Plata luego de 1810», Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E. Ravignani, núm. 1, 1989, págs. 71-92.

31. José María Luis Mora, México y sus revoluciones (1836), en Obras completas, vol. 4, México, SEP, pág. 123.

3

CRIOLLOS CONTRA PENINSULARES:

LA BELLA LEYENDA

La tarde del 28 de septiembre de 1810 las tropas de Miguel Hidalgo y Costilla comenzaron a bajar sobre la ciudad de Guanajuato. Una placa, en la esquina de una de las callejuelas de la antigua capital minera, recuerda el lugar de su entrada. Justo al lado, la historia tiene esas extrañas coincidencias, otra señala la casa de Juan Antonio Riaño y Bárcena, el intendente realista muerto en la defensa de la alhóndiga o pósito de Granaditas.

Hidalgo y Riaño ejemplifican de manera perfecta el mito de las guerras de independencia como un enfrentamiento entre criollos y peninsulares. El primero, un ilustrado cura criollo, posiblemente no tan ilustrado, relegado por oscuros motivos a una parroquia marginal del Bajío; el segundo, un prepotente peninsular, probablemente tampoco demasiado prepotente, con una brillante carrera en la burocracia de la Monarquía, a comienzos de la década de 1780, lo encontramos combatiendo contra los ingleses en el sur de los actuales Estados Unidos de América, en 1787 es nombrado corregidor y primer intendente de Valladolid, actual Morelia, y en 1792, intendente de Guanajuato, uno de los principales centros mineros del mundo en ese momento.

El cura Hidalgo es hoy universalmente conocido como padre de la nación mexicana. El primero de «los héroes que nos dieron patria», y sus estatuas pueblan calles y plazas, desde Tijuana hasta Chetumal. El intendente Riaño, por el contrario, es solo el eco de un tiempo pasado. Ninguna estatua recuerda su nombre en la lejana España. Lo más parecido a un homenaje de la «nación» por la que se supone murió es el cartel «casa del intendente Riaño» que señala la casa solar de su familia en la Trasmiera cántabra, una más de las múltiples casonas, con el inevitable escudo de armas familiar en la fachada, que pueblan los valles de la Montaña. En realidad ni siquiera es la «casa del intendente Riaño», en el sentido de que haya sido construida por él, sino solo la casa familiar, levantada por sus antepasados entre los siglos XVI y XVIII, en la que nació en 1757.

Los recuerdos de Riaño son mayores en México. Nada demasiado raro si tenemos en cuenta que, lo mismo que otros muchos vizcaínos y montañeses del siglo XVIII, la Nueva España fue su patria de elección, el lugar donde fundó una familia, en el que probablemente de todas maneras habría muerto y en el que hubieran vivido sus descendientes si la guerra de independencia no se hubiese interpuesto.

Está su memoria como constructor de la Alhóndiga de Granaditas, escenario también de su muerte. La grandiosa mole de cantera verde y rojiza que todavía hoy se yergue, improbable alcázar, sobre los techos de Guanajuato. Uno de los edificios civiles más impresionantes de toda la América española. El panteón de la Monarquía católica en este continente y, quizá también, el símbolo perfecto de un sistema económico, sociopolítico y cultural, una forma de civilización como se ha dicho varias veces a lo largo de las páginas de este libro, cuyo sueño fue controlar todos y cada uno de los aspectos de la vida individual y colectiva de sus súbditos. La elegancia neoclásica, la pureza de sus líneas y el olor a sangre que todavía parece rezumar de unos muros en cuyas esquinas colgaron, durante nueve años y ocho meses, las cabezas cortadas de los insurgentes Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Ignacio Allende y Mariano Jiménez, no debe de hacernos olvidar que estamos hablando solo de un pósito, una construcción cuya finalidad era el control del precio del trigo y el maíz por parte del poder real. Una especie de granero estalinista capaz, al menos eso pensaba gente como Riaño, de mantener los precios de los granos al margen de las fluctuaciones del mercado y evitar las cíclicas crisis de carestía de las sociedades del Antiguo Régimen.

Está, también, la placa de Guanajuato a la que se acaba de hacer referencia, quizá más expresiva que la de la casa natal de Liérganes; al menos la de la capital del Bajío sí la mandó construir él y en México, a diferencia de en Cantabria, es posible que alguien al leerla recuerde, aunque sea vagamente, que su nombre tuvo algo que ver con la Independencia: entre otras razones porque su casa guanajuatense fue escogida por el Estado local como sede de la Comisión Estatal para los festejos del bicentenario con el argumento, paradójico, de que fue en las tertulias que en ella tuvieron lugar donde Hidalgo concibió su plan de la independencia de México. Un periódico mexicano tituló la noticia «La casa del conquistador es sede del Bicentenario». Nunca sabremos que habría opinado el funcionario borbónico al verse convertido en la reencarnación de Hernán Cortés.

Es muy probable, de todas maneras, que ambas formas de memoria hubiesen sido del agrado tanto de Hidalgo como de Riaño. Para el cura de Dolores, porque todo párroco católico sueña con ser el pastor de un rebaño de fieles, mejor cuanto más grande, y no hay muchas maneras mejores de ver realizado este sueño pastoral que ser seguido por toda una nación llevando como cayado el estandarte de una virgen y representado en bronce, poco menos que una reencarnación de Moisés camino de la tierra prometida; para el intendente de Guanajuato, porque casi seguro que nunca luchó por España sino por el honor de su familia, representado por su fidelidad a la Monarquía, y porque su obra, aquella por la quería ser recordado, era la que tenía que ver con la eficiente gestión como funcionario ilustrado de la Corona en la Nueva España.

Los sueños de Hidalgo no merecen demasiadas explicaciones. La historia de los dos últimos siglos del mundo hispánico, a uno y otro lados del Atlántico, está llena de espíritus religiosos dispuestos a salvar a «sus» pueblos a sangre y a fuego. Los conocemos bien, son nuestros contemporáneos. Los sueños de Riaño son más complicados. Él ya no es de los nuestros. Forma parte del mundo que hemos perdido. Para nosotros un escudo de piedra en la fachada de un perdido valle de Cantabria no significa nada; para Riaño, una forma de ser y de estar.

Conservamos el que debió de ser su último mensaje a Calleja, con los seguidores de Hidalgo iniciando el asalto a la Alhóndiga de Granaditas: «Voy a pelear, porque seré atacado en este instante. Resistiré cuanto pueda, porque soy honrado». Extraño mensaje para alguien que está a punto de morir y lo sabe. No hay llamamientos a la patria, ni a la nación, ni a la libertad, ni al rey. Ninguna de esas proclamas patrioteras a las que nos han acostumbrado dos siglos de sentimentalismo nacionalista. Resistiré porque soy honrado o, lo que es lo mismo, no porque la causa sea buena o mala, sino porque he dado mi palabra. No era muy diferente a lo que había contestado a las demandas de rendición de Hidalgo. La respuesta fue que no reconocía otra autoridad que la del virrey de la Nueva España, Francisco Javier Venegas.

Era un «soy honrado» en el que se debían de mezclar el complicado código de honor barroco, basado en la sangre y los apellidos, con la visión del mundo que aflora continuamente en las élites burocráticas y económicas de la Monarquía católica en la segunda mitad del siglo XVIII, y que no se sabe muy bien si calificar de jansenista o directamente de protestante. La idea, presente de manera continua en los escritos de comerciantes y funcionarios, de que tienen más éxito porque son mejores, porque son más honrados. Ese sentimiento de tener una moral superior y que aparece perfectamente reflejado en una carta de Riaño al virrey Revillagigedo, en 1792, «mis paisanos poseen las pruebas nada equívocas de mi modo de pensar y sería palpable su estolidez si se lisonjeasen que soy capaz de prostitución y de sacrificar al respecto al paisanaje el que se debe a la justicia». Sus paisanos eran el grupo semimafioso de los montañeses, que en esos momentos había logrado monopolizar casi la totalidad del poder político y económico de Guanajuato, uno de los principales centros mineros de la Nueva España. La «toma del poder por parte de los montañeses que inexplicablemente tuvo lugar entre 1790 y 1800» de la que habla Brading y que hizo que en 1800 el 70% de los oficiales del Batallón de Infantería de Guanajuato fueran montañeses, posiblemente más, ya que la mayoría de los criollos, tal como muestran sus apellidos, debía de tener también este origen.1 Una conciencia de superioridad moral que le permite poner en cuestión incluso sus relaciones de paisanaje.

El que se le recuerde en América y no en España, por sus obras civiles y no por sus hechos de armas, tampoco habría desagradado a un funcionario ilustrado establecido en América, que posiblemente de todas formas nunca habría regresado a Europa y que entendía que la función del gobernante, según los nuevos vientos que soplaban en la Monarquía, no era solo salvar las almas de los súbditos del rey sino también sus cuerpos, por ejemplo impidiendo que muriesen en una epidemia de hambre, y a ello se dedicó con ahínco. Un buen gobernante, es posible que incluso juzgado con los parámetros actuales. Suficientemente bueno como para que Carlos María de Bustamante, el libelista de la independencia, se viera obligado a escribir «Llore pues la América sobre la desgracia de un hombre tal, y sienta mucho que el pedestal de sus triunfos esté zanjado sobre los restos y cenizas de un varón respetable». No es un mal epitafio, sobre todo si está escrito por un enemigo.

Hasta aquí dos personajes en busca de autor. La pregunta es si son lo que la historia dice que fueron, si es Hidalgo un criollo y Riaño un peninsular («gachupín») y, sobre todo, si las guerras de independencia fueron un enfrentamiento entre lo que representan el uno y el otro. La historiografía tradicional nos diría que sí. Un sí aún más contundente que el que da a la pregunta de si las guerras de independencia fueron guerras de liberación nacional y que encontraría justificación en toda una larga tradición que nos habla de un conflicto secular, agudizado con las reformas borbónicas, entre criollos y peninsulares por la ocupación de cargos en la burocracia de la Monarquía.2

Esta afirmación se suele acompañar, como prueba irrefutable, de las quejas de muchos criollos, como Simón Bolívar, sobre que no se les permitía ocupar cargos políticos y el desplazamiento, durante toda dinastía borbónica, de los criollos en beneficio de los peninsulares, pruebas menos irrefutables de lo que a primera vista pudiera parecer. En el caso de Bolívar, por ejemplo, parece más bien que su familia, llegada a América a finales del siglo XVI, estuvo siempre en el poder. El desplazamiento, si es que lo hubo, fue hacia la autoridad y la riqueza. El primer Bolívar, el «quinto abuelo» que le gustaba decir al Libertador, vizcaíno de Puebla de Bolívar, ocupó ya diversos cargos al servicio de la Corona, no demasiado importantes, pero finalmente era un peninsular. Sus descendientes, además de acumular riquezas y enlaces familiares, no necesariamente en este orden, hasta convertirse en una de las familias más ricas y aristocráticas de Caracas, tampoco parece que se alejaran demasiado de los puestos de gobierno (regidores, alcaldes, procuradores, etc.), incluidos los más cercanos al Libertador: el padre fue coronel de milicias y su tío Esteban ministro del Tribunal de la Contaduría en Madrid. El propio Simón Bolívar era ya subteniente de milicias cuando viaja a España, muy joven, para ampliar su carrera. En este viaje, por cierto, a su paso por México es hospedado en casa del presidente de la Audiencia y recibido por el virrey de la Nueva España. Es posible que los criollos estuviesen alejados del poder, pero en todo caso parece que el vástago de los Bolívar no demasiado. Sus afirmaciones sobre que la Monarquía católica era como un despotismo oriental, más opresivo que los de Turquía y Persia, por la marginación en que tenía a los naturales, hay que tomarlas como lo que son, propaganda en tiempos de guerra.

Habría que ser bastante más cautos, también, respecto al desplazamiento de los criollos por los peninsulares a lo largo del siglo XVIII y a la voluntad de la Monarquía de la exclusión de aquellos de los cargos políticos y administrativos. La construcción de un Estado moderno y centralizado exigió a los Borbones la creación de un cuerpo de funcionarios cuya fidelidad no se viese tentada por intereses familiares, locales o de otro tipo. Algo extremadamente difícil de conseguir en una sociedad del Antiguo Régimen, en la que estas fidelidades son precisamente el centro de la vida pública y privada. Hubo, como consecuencia, una voluntad explícita de desmontar el entramado de redes políticas, sociales y económicas en las que tradicionalmente habían vivido inmersas las élites de la Monarquía, criollas y no criollas, y que pudo ser percibida por estas como un intento de desplazamiento de sus cotos tradicionales de poder. Un conflicto que tiene que ver con la modernización del Estado y con la voluntad de crear un aparato burocrático lo más desligado posible de las élites locales, no con la de excluir a las personas en función de su lugar de origen.

La política borbónica en este sentido fue explícita. Aparece expresada con toda claridad en la afirmación de los fiscales del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez Campomanes y José Moniño, el posterior conde de Floridablanca, dos figuras clave del reformismo ilustrado hispánico, en 1768 de que se debía «de enviar siempre españoles a las Indias con los principales cargos, obispados y prebendas, y colocar en los equivalentes puestos en España a los criollos».3 No creo que de una afirmación como esta se pueda deducir la voluntad de exclusión de nadie por su lugar de nacimiento; sí la de impedir que los intereses privados interfiriesen en los de la Monarquía.

Son numerosos los ejemplos que muestran esta desconfianza de la burocracia de la Monarquía hacia funcionarios demasiado vinculados a las élites locales, haya sido o no por nacimiento. Por poner un ejemplo, el gobernador de Montevideo, José de Bustamante y Guerra, se queja, en una carta dirigida a Godoy de 31 de agosto de 1803, de dos militares de Buenos Aires, el director de ingenieros y el comandante de artillería, a los que acusa de falta de espíritu militar, de prestar más apoyo a sus intereses particulares que a los de la Corona, de involucrarse en negocios locales y de no estar dispuestos a cambiar su destino por el de otra plaza militar. Las habituales acusaciones en contra de los criollos, solo que en este caso no estamos hablando de criollos sino de peninsulares «acriollados», funcionarios de la Monarquía a los que largos años de residencia en el mismo lugar, más de treinta, y sus vinculaciones locales, matrimonios con hijas de familias bonaerenses, convertían en poco fiables.

Si los funcionarios «acriollados» eran poco fiables, menos todavía los criollos, cuya vinculación con las redes locales y familiares no eran una adquisición, habían nacido ya inmersos en ellas. El conflicto surgió porque los intereses de la Monarquía y los de sus élites no tenían por qué ser siempre coincidentes. Las élites locales buscaban el monopolio del poder local; la Monarquía, que la alianza del poder y la riqueza no interfiriera en sus intereses particulares. Se entiende, desde esta perspectiva, que la representación del Cabildo de México, del 2 de mayo de 1771, obra del oidor poblano Antonio Joaquín de Rivadeneira, haya pedido la exclusión de los no naturales de los cargos públicos:

La provisión en los naturales con exclusión de los extraños es una máxima apoyada por las leyes de todos los reinos, adoptada por todas las naciones, dictada por sencillos principios, que forman la razón natural e impresa en los corazones y votos de los hombres. Es un derecho, que si no podemos graduar de natural primario, es sin duda común de todas las gentes.4

Algo que por otra parte no era tampoco nada nuevo, había sido ya la propuesta del oidor de la Audiencia de Lima, Juan Solórzano y Pereira, en su Política indiana (1647),5 con la particularidad de que en este caso era un peninsular, de Madrid, quien la hacía. Se entiende también que no fuese precisamente esta la perspectiva de los círculos ilustrados de la Monarquía, empeñados en un proceso de modernización del Estado.

El eje de la política borbónica fue evitar esta colisión entre intereses privados e intereses públicos, no la discriminación en función del lugar de nacimiento. La actitud de los reformistas borbónicos no fue, en este aspecto, demasiado diferente a la de no importa qué organismo burocrático de voluntad totalizadora, si acaso más moderada. Al fin y al cabo nunca llegó a exigir el celibato a sus funcionarios, caso de la Iglesia católica, o a arrancarlos de sus familias de origen, caso de los jenízaros turcos. Al margen, por supuesto, de las filias y fobias que determinados altos funcionarios pudieran tener, como parece que fue el caso de José de Gálvez, ministro de Indias de 1776 a 1787, el período en que las reformas se dejaron sentir con mayor intensidad en la América borbónica, quien en carta a Juan Antonio de Arteche, visitador del Perú, califica a los limeños como gente «de ingenio y comprensión fácil; pero de juicio poco sólido y superficial, aunque sumamente presuntuosos […] Son de poco espíritu, tímidos y reducibles».6 Los estereotipos sobre el ser de las personas en función de su lugar de nacimiento nos son cosa de ahora y con estas opiniones cabe suponer que Gálvez no estuviera muy dispuesto a nombrar limeños para ningún puesto.

Las cifras generales tampoco muestran este supuesto desplazamiento de los criollos por los peninsulares a lo largo del siglo XVIII. En el caso del ejército, por ejemplo, si durante el período 1740-1759 el 68% de los soldados eran americanos, en el de 1780-1800 la cifra sube al 80%. En los oficiales el aumento fue todavía más espectacular, para las mismas fechas casi se dobla, pasando del 33% al 60 por ciento.7 Más que de una pérdida de poder de los criollos habría que hablar de una toma de poder por los criollos.

Pero aquí tampoco importan tanto los datos concretos como el esquema general interpretativo en que se enmarcan. Para afirmar la exclusión de los criollos, se pasan por alto aspectos tan significativos como el que los cargos burocráticos en la Monarquía católica no estaban vinculados al lugar de nacimiento, a la «nacionalidad», sino a las redes familiares de las que se formaba parte, importaba de quién se había nacido no dónde se había nacido; que existen diferentes burocracias sobrepuestas, eclesiástica, local, «imperial», etc., con redes y formas de captación diferenciadas; que en América la riqueza no estaba tanto vinculada a los puestos burocráticos como a actividades de tipo mercantil o minero, por lo que aquellos no eran especialmente deseados por los que llegaban a América (son, de hecho, numerosos los casos de burócratas peninsulares reconvertidos en mineros o comerciantes); y que los puestos burocráticos en ningún Estado, incluidos los contemporáneos, se reparten de manera homogénea entre los originarios de los distintos territorios, sino que varía en función de las características socioeconómicas, las culturas locales, las redes de poder, etcétera.

Las posibilidades de ocupar un cargo en la burocracia de la Monarquía católica no eran, efectivamente, homogéneas para todos sus súbditos, menos todavía las de ascender a través de sus complicadas redes de poder. Variaron en función del momento histórico, el origen social y también, posiblemente, del origen geográfico, pero no porque hubiera una exclusión por el lugar de nacimiento, sino porque eso significaba estar integrado o no en determinadas redes de poder. Veamos un ejemplo de esto último. A lo largo del siglo XVIII se produjo una especie de toma del poder por lo que Jean-Pierre Dedieu ha llamado el colectivo norteño.8 Por una serie de motivos, que no vienen aquí al caso, el cambio de dinastía fue acompañado por la llegada masiva a las redes burocráticas de la Monarquía de personas originarias del norte de la península (Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias y norte de Burgos), que pusieron fin a la anterior hegemonía castellano-andaluza. Es la causa, tal como se ha visto a lo largo de las páginas de este libro, de que la burocracia americana en el momento de la independencia, tanto la civil como la eclesiástica y militar, haya estado llena de vascos, cántabros y asturianos, especialmente de los dos primeros. En esos años, formar parte de una familia de la pequeña hidalguía norteña facilitó, sin duda, el éxito en la burocracia de la Monarquía. Pero esto fue la consecuencia, y no parecería necesario tener que decirlo, de la toma del poder por nuevos grupos familiares, no de la conversión de Castilla, Andalucía y América en «colonias» de un norte peninsular, en esos momentos completamente marginal en la estructura económica y política de la Monarquía.

La nómina de funcionarios «criollos» es, al margen de estas consideraciones, alta en todos los niveles. Mark S. Burkholder y D.S. Chandler han demostrado, por ejemplo, que en la década de 1760 la mayoría de los cargos de las audiencias de México, Lima y Santiago de Chile estaban ocupados por españoles americanos.9 Quizá lo que habría que preguntarse es si no estaban sobrerrepresentados en relación con lo que representaban sobre la población del conjunto de la Monarquía. Al fin y al cabo la élite criolla americana no dejaba de ser un grupo extremadamente reducido respecto al conjunto de la población, no ya de la Monarquía sino incluso de América. Un alto número que, por supuesto, tampoco significa nada. La presencia de funcionarios extranjeros en puestos militares, políticos y religiosos tenía una larga tradición en la Monarquía católica: flamencos, italianos y hasta originarios de territorios sin ninguna vinculación con ella, como Irlanda (irlandés fue por ejemplo Ambrosio O’Higgins, virrey del Perú entre 1796 y 1801 y padre del libertador chileno Bernardo O’Higgins), ocuparon cargos de manera ininterrumpida tanto en la península como en América. El origen geográfico nunca fue un motivo de discriminación para ocupar cargos públicos, con más motivo en el caso de los americanos, a todos los efectos parte de la Corona de Castilla, su núcleo central, tal como proclamaban las fachadas de los edificios civiles y religiosos de uno a otro extremos del continente. Los escudos de armas de los edificios públicos de la Monarquía en América no son los de un inexistente reino de España sino los leones y castillos de la heráldica castellana, de la Corona de Castilla de la que formaban parte los reinos americanos.

El problema del enfrentamiento entre criollos y peninsulares es bastante más complejo de lo que una historiografía empeñada en ver las independencias como un conflicto de identidades ha interpretado y desde luego no se resuelve contando funcionarios nacidos en la península y nacidos en América. No hay que descartar la posibilidad de que el supuesto enfrentamiento haya sido el resultado de una memoria construida en la que se fueron acumulando resentimientos, odios y conflictos familiares, que poco o nada tenían que ver con el lugar de nacimiento. Cuando Bernal Díaz del Castillo escribe en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, publicada en 1575, que ya solo sobrevivían cinco hombres de los que habían acompañado a Cortés «todos muy pobres y cargados de hijos e hijas para casar, y nietos, y con poca renta, y así pasamos nuestras vidas con trabajos y miserias», quejándose de la injusticia cometida con los que, como él, habían sido los conquistadores de la Nueva España para después ser desplazado por otros con menos méritos, está haciendo un típico alegato criollo. Todo su libro, en realidad, puede verse como un alegato a favor de aquellos que habían conquistado el reino y que no habían sido recompensados por ello. No hay, sin embargo, ninguna duda de que era peninsular, tampoco de que sus argumentos pasaron a formar parte principal de cierto imaginario criollo, se fuese o no descendiente de los conquistadores.

Hidalgo y Riaño, por volver al caso del inicio de este capítulo, formaban parte del mismo mundo social, se conocían, compartieron tertulias y, posiblemente hasta hayan sido lo que hoy podríamos entender como amigos. No resulta descabellado pensar que en otras circunstancias pudieron haber luchado en el mismo bando e, incluso, aventurar que si Riaño no hubiera muerto en la sangrienta toma de Granaditas habría podido acabar siendo uno de los firmantes del Acta de Independencia mexicana. Tampoco habría sido tan raro, su universo mental no debió de ser demasiado diferente del de Francisco Manuel de la Bárcena y Arce, lo mismo que él, miembro de una de esas familias de la pequeña hidalguía montañesa que en la segunda mitad del siglo XVIII tomaron al asalto las redes burocráticas de uno y otro lados del Atlántico, dos de sus hermanos fueron abogados en los Consejos Reales y él fue canónigo de la catedral de Valladolid, actual Morelia. El uno, Riaño, murió defendiendo la unidad de la Monarquía, suponiendo que fuera ese el motivo que lo llevó a sacrificar su vida en la Alhóndiga de Granaditas; la firma del otro, De la Bárcena, aparece al pie del Acta de Independencia de México, además de ser uno de los cuatro miembros de la junta de regencia de Agustín de Iturbide y autor del Manifiesto al mundo sobre la justificación de la independencia del Estado mexicano (1821). Pero antes, en 1810, las posturas políticas e ideológicas del intendente y del canónigo no debieron de ser muy distintas.

Las fronteras entre los mundos de los criollos y de los peninsulares, si es que existían, eran muy tenues, tal como muestra el caso de Riaño e Hidalgo, que debieron de compartir más que tertulias y chocolate. Tenues, entre otras razones, porque los peninsulares se casaban generalmente con criollas, la emigración femenina española a América es mínima durante todo el siglo XVIII, y tenían, por definición, hijos criollos. La división atravesaba el interior de sus propias familias y, al margen de interpretaciones freudianas, las distancias no podían ser muy grandes.

La historia nos dice que en la Alhóndiga de Granaditas se refugiaron poco más de doscientos «españoles». Lo que no nos dice es si eran todos españoles europeos o había también españoles americanos. Sabemos que algunos eran efectivamente criollos. Gilberto, el hijo de Riaño, muerto también en Granaditas, había nacido en América. Se refugiaron también niños, imaginamos que criollos. Suponemos que la mayoría de los 370 soldados encerrados en la Alhóndiga junto con los civiles debían de ser americanos, criollos o no. Tampoco nos dice si todos los españoles europeos de la ciudad se refugiaron en la Alhóndiga, aunque parece suponer que sí. Sin embargo, un censo de 1792-179310 nos da 922 peninsulares viviendo en la ciudad, casi cinco veces más que esos doscientos refugiados en la Alhóndiga. Como la cifra no debía haber variado demasiado para 1810, parece obvio que hubo muchos españoles europeos que ni se refugiaron en la Alhóndiga ni, posiblemente, participaron en los combates. Es decir, que ni siquiera en el caso de Granaditas podemos estar seguros de que luchasen de un lado criollos y de otro peninsulares, menos todavía de un lado españoles y de otro mexicanos. A Hidalgo en sus mensajes pidiendo la rendición no se lo ocurre dirigirse a los españoles sino a los europeos o, cuando quiere ser más ofensivo, a los gachupines. Españoles eran todos los blancos, incluido él.

El conflicto entre peninsulares y criollos, posiblemente mucho menos agudo de lo que tendemos a pensar, fue magnificado por la publicística de la independencia hasta convertir los abusos de los primeros, supuestos o reales, en la causa última de los enfrentamientos bélicos de 1810. La hostilidad hacia los «españoles» en el momento de la proclamación de las diferentes independencias, fruto a su vez del martirologio americano construido cuidadosamente por la prensa insurgente durante todo el conflicto bélico y del carácter extremadamente sangriento que las guerras tuvieron en algunos momentos, no hizo sino favorecer la aceptación de este discurso que acabó siendo hegemónico y que sirvió, además, para forjar el nacionalismo y la identidad nacional de los nuevos estados nacidos de la independencia. Pero este discurso es también, lo mismo que la nación, la consecuencia del desarrollo del propio conflicto, no su causa. El resultado de una dinámica amigo/enemigo que acabó rompiendo todos los puentes entre dos comunidades que originariamente ni siquiera se imaginaban diferentes. Y el resultado, sobre todo, de la invención de memorias separadas en el interior de un grupo humano que si se caracterizaba por algo era por su homogeneidad racial y cultural. Tal como se extrañaba en 1840 Rafael María Baralt;

Dos hechos al parecer contradictorios llaman desde luego la atención en las antiguas costumbres venezolanas: es, a saber, la perfecta identidad de ellas con las de España en las clases principales de la sociedad, y la falta total de recuerdos comunes.11

Se equivocaba el historiador venezolano, no era contradictorio sino el resultado lógico de unas guerras de independencia y de un proceso de construcción nacional en el que el olvido y la invención de una nueva memoria colectiva tuvieron, como en cualquier proceso de construcción nacional, un papel determinante. Un olvido y una invención cuyo objetivo fue borrar los recuerdos comunes para poder mostrar así la existencia de dos comunidades esencial y metafísicamente diferentes.

La mejor prueba de que el conflicto criollos/peninsulares era en el fondo marginal la tenemos en que la propaganda insurgente la utiliza sobre todo para convencer a los criollos de que cambiaran de bando, no contra los peninsulares. Todo el mundo parece tener muy claro que el partido que tomen los «españoles» es absolutamente indiferente para la resolución del conflicto. Lo importante es convencer a los criollos de que no apoyen las posturas peninsulares y de que estos son sus enemigos, prueba no solo que hubo muchos criollos que combatieron del lado realista sino que además muchos de ellos no veían a los españoles europeos como sus enemigos sino como parte de la misma comunidad: hubo que convencerlos para que los vieran así.

En los inicios de la crisis la división criollos/peninsulares parece extremadamente frágil. Nada sorprendente si tenemos en cuenta que unos y otros formaban parte de un mismo grupo, el de los «españoles», entendido en el sentido de blancos, enormemente homogéneo, incluso para nuestros parámetros actuales, no digamos para los de sociedades de Antiguo Régimen caracterizadas por su gran heterogeneidad. Compartían raza, lengua, religión y hasta en muchos casos la memoria de unos mismos orígenes en la península. En la Nueva España de 1778 una mujer criolla de tercera generación puede hacer escribir en la cartela de su retrato que uno de los abuelos era «natural de Ruente de los Reinos de Castilla»,12 una forma, sin duda, de afirmar su identidad de española y sus orígenes peninsulares.

En la misma Nueva España los representantes elegidos por las provincias en 1809 para nombrar diputado de la Junta Central gubernativa en 1809 incluyen tanto criollos como peninsulares. Entre estos últimos, Félix María Calleja del Rey, el posteriormente célebre militar realista, nombrado por San Luis Potosí. Algo que hubiera sido de todo punto imposible en el caso de una elección en la que se hubiese votado a partir de la conciencia de dos comunidades enfrentadas. Los peninsulares eran una minoría en todas las ciudades del virreinato, incluida San Luis. No ocurrió ya así con los nominados para la elección de diputados a las Cortes. La convocatoria especificaba que todos debían de ser naturales de la circunscripción por la que eran propuestos, es decir, criollos. Pero no estamos todavía ante una oposición política criollos/peninsulares, sino naturales de la circunscripción/no naturales y es una prescripción legal, no el resultado de sentimientos xenófobos.

El enfrentamiento se va exacerbando a medida que pasa el tiempo, en realidad a medida que la propaganda de la insurgencia consigue modelar una imagen negativa de gachupines y chapetones como el otro por antonomasia y romper el sentido de pertenencia a una misma comunidad, algo que no comienza a ser visible hasta, aproximadamente, 1810. Antes de esa fecha el discurso hegemónico entre las élites criollas fue el de la afirmación de la igualdad con los peninsulares y el de la reclamación de los fueros y privilegios a los que los criollos tenían derecho por su condición de descendientes de los conquistadores y pobladores de América.

Pero no fueron solo las palabras sino también, y quizá sobre todo, los hechos los que acabaron definiendo dos comunidades aparentemente irreconciliables. El propio enfrentamiento bélico agudizó conflictos reales o imaginarios y el carácter sangriento y cruel de las guerras acabó construyendo un foso de odio entre los dos grupos. Algo a lo que contribuyeron tanto los insurgentes como los realistas. En los primeros porque hubo una voluntad explícita de construir este imaginario de enfrentamiento de dos comunidades definidas por el lugar de nacimiento; en los segundos porque aun no habiéndola el resultado de sus acciones no fue demasiado diferente

Los insurgentes se dieron cuenta desde muy pronto de la utilidad de canalizar las tensiones sociales y étnicas (ricos/pobres, blancos/indios y castas) como un enfrentamiento europeos/americanos. Es obvio que no solo los europeos eran blancos y ricos, pero los imaginarios son una forma de percibir la realidad, no la realidad. Derivar las tensiones sociales y étnicas hacia un problema de identidades en conflicto fue, sin duda, uno de los mayores éxitos de la insurgencia. Hacer a unos imaginarios españoles los responsables únicos de la desigualdad económica y de la exclusión étnica permitió canalizar viejas tensiones, esas que afloran un poco por doquier, desde los seguidores de Hidalgo en la Nueva España y su ¡Muerte a los gachupines!, hasta la proclama de la Junta Tuitiva de La Paz con sus imprecaciones al «usurpador injusto», y que muestran las tensiones de una sociedad estratificada a partir de categorías raciales. El objetivo fue convertir el odio al blanco en odio al gachupín o al chapetón, de manera que poco a poco la palabra español perdió su antiguo significado de blanco para pasar a ser sinónimo de extranjero, tiranía y crueldad.

Esta etnofobia se canalizó como una hispanofobia que llevó, en muchos casos, a la reivindicación de la herencia indígena como propia en oposición a la «española», convertida en ajena y enemiga, desde Chile, con sus apelaciones al valor de los araucanos como rasgo de nacionalidad, hasta México, con su afirmación de la independencia como recuperación de los derechos perdidos con la Conquista. Cuando no, como en el caso del primer himno neogranadino, obra de José María Salazar, a la reivindicación de todo el pasado indígena del continente: «Ya revive la patria querida / de los incas, los hijos del Sol / El imperio del gran Montezuma / De los Zipas la antigua nación». Lo anterior fue el origen de la paradoja de que unas élites racial y racistamente blancas se reclamaran herederas del mundo prehispánico. Fue la causa de que aquellos que apenas unos años antes reivindicaban su condición de descendientes de los conquistadores pasaran poco a poco a asumir la Conquista como una empresa injusta y sanguinaria, responsabilidad de los españoles contemporáneos y no de sus propios antepasados. No se dudó, para ello, en recuperar los elementos más dramáticos de la «leyenda negra» construida por las monarquías europeas como arma de propaganda en su lucha contra la Monarquía católica a lo largo de tres siglos y, sobre todo, de la obra del padre Las Casas, cuyas reediciones en español se multiplicaron en torno a esos años: Londres (1812), Bogotá (1813), Puebla (1821), Londres (1821), París (1822), Filadelfia (1821), Cádiz (1821)… Es el origen también, posiblemente, de una tradición victimista que, en Latinoamérica, ha buscado siempre la responsabilidad de todos los males en el exterior y en el pasado.

Para los realistas hubiera sido un suicidio político, dado el carácter minoritario de los peninsulares, buscar ahondar la separación entre las dos comunidades. Sin embargo eso fue exactamente lo que lograron, tanto con sus palabras como con sus acciones. Con sus palabras, porque en algunos casos la propaganda realista presenta la guerra como una nueva conquista de América, lo que implícitamente significa identificar a los insurgentes con los pueblos conquistados, y porque algunos grupos peninsulares intentaron deslegitimar las propuestas independentistas recurriendo a todos los tópicos que la Europa de las Luces había acumulado sobre la inferioridad de América y los americanos, también, por cierto, sobre la inferioridad de la civilización española en su conjunto, un tema al que, obviamente, los peninsulares fueron mucho menos receptivos. Ejemplo paradigmático de esta recuperación de tópicos sobre la inferioridad americana es el informe del Consulado de Comerciantes de México a las Cortes de Cádiz del 27 de mayo de 1811. Obra del prior Diego de Ágreda y de los cónsules Francisco Chavarri y Lorenzo Noriega, el informe fue leído, con la oposición de los diputados americanos, en el debate sobre la igualdad de representación del 16 de septiembre de ese mismo año. En él, después de afirmaciones como que entre España y América había lo mismo en común que «entre una manada de monos gibones y una asociación o república de hombres urbanos», o que la Nueva España «estaba poblada por cinco millones de entes borrachos», se califica a los criollos de «viciosísimos», «superficiales», «alejados de la piedad cristiana y de las nociones políticas, morales y naturales del bien social». Los calificativos para los no criollos son todavía peores, el indio es «asqueroso», el mestizo «indecente» y el mulato «zafio».13 No resulta fácil saber hasta qué punto escritos como este y otros del mismo tipo contribuyeron a agrandar la brecha entre peninsulares y criollos, años más tarde Lucas Alamán afirmará en su Historia de Méjico que notablemente, lo que sí es seguro es que no contribuyeron a cerrarla.

Con sus acciones, porque si ya durante la vigencia de la Constitución de Cádiz las autoridades virreinales tendieron a ver la insurgencia como un simple problema de orden público y, en consecuencia, buscaron reprimirlo a sangre y a fuego, después del regreso de Fernando VII al poder el recurso a la violencia se convirtió prácticamente en la única propuesta política. Una violencia social indiscriminada contribuyó a crear una separación cada vez más nítida entre ellos y nosotros, ellos los españoles, nosotros los americanos. Por referirnos solo al caso de los dos grandes virreinatos, tanto en la Nueva España como en el del Perú, durante el período de vigencia de la Constitución de Cádiz, 1812-1814, los virreyes Francisco Javier Venegas y José Fernando de Abascal siguieron viendo la insurgencia como un problema únicamente militar, lo que los llevó al uso indiscriminado de la violencia como forma de coerción política. Esta violencia acabó siendo identificada como de «los españoles», al margen del origen de las tropas que la llevaron a cabo, americanas en su mayor parte como ya se ha dicho. Esta situación no mejoró precisamente con el regreso de Fernando VII, cuando las propuestas políticas se limitaron a la vuelta a la situación anterior, que solo era posible a partir de una victoria militar y el sometimiento de los insurgentes, tal como en la propia península estaba haciendo ya el Deseado después de su golpe de Estado de 1814. Este proceso no hizo sino ahondar la fractura entre dos comunidades imaginadas, al margen de su mayor o menor realidad.

La imagen de dos comunidades enfrentadas e incompatibles es, básicamente, el resultado de la experiencia bélica y del régimen de terror impuesto por los dos bandos en lucha. Tal imagen solo acaba cuajando, en la mayoría de los países, una vez proclamada la independencia, cuando ya todo el aparato propagandístico de los nuevos estados logra convertir al español en el otro que antes no había sido, causa tanto de la explotación económica de los americanos como, sobre todo, de la sangre derramada en las guerras. Es el responsable único del terror del que habían hecho uso indiscriminado tanto realistas como insurgentes.

Hay incluso una clara evolución en el uso de los términos en la que se puede ver cómo se va construyendo año a año la imagen del español europeo como el otro. Lo habitual en las primeras proclamas es hablar de europeos y americanos para referirse a los nacidos en uno y otro lados del Atlántico. Haber nacido en Europa o en América es algo circunstancial que no afecta a la común condición de «españoles». La retórica sigue siendo, en este punto concreto, la de la vieja tradición criolla. Somos tan españoles como los peninsulares. Algunos insurgentes dirán que incluso más porque, mientras los españoles europeos se habían afrancesado, perdiendo así las virtudes genuinas de la raza, ellos no solo las conservaban en su prístina pureza sino que tenían además el valor añadido de ser los descendientes de quienes habían conquistado América haciendo que la Monarquía católica ocupase el lugar preponderante que había tenido en el mundo durante los últimos trescientos años:

Somos hijos, somos descendientes de los que han derramado su sangre por adquirir estos nuevos dominios a la Corona de España; de los que han extendido sus límites y le han dado en la balanza política de la Europa una representación que por sí sola no podía tener […] Tan españoles somos como los descendientes de don Pelayo, y tan acreedores por esta razón a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación, como los que, salidos de las montañas, expelieron a los moros y poblaron sucesivamente la península; con esta diferencia, si hay alguna: que nuestros padres, como se ha dicho, por medio de indecibles trabajos y fatigas descubrieron, conquistaron y poblaron para España este Nuevo Mundo.

Todavía no hay ninguna referencia a ser diferentes; tampoco el más lejano eco de algún tipo vinculación afectiva o de continuidad histórica con el mundo prehispánico. Tal como continúa el autor del texto anterior, Camilo Torres, escrito en 1809, «Los naturales conquistados y sujetos hoy al dominio español, son muy pocos, o son nada, en comparación de los hijos de europeos que hoy pueblan estas ricas posesiones».14

La única excepción en estos primeros años es la proclama de la denominada Junta Tuitiva de los Derechos del Pueblo de La Paz, un corto texto de 1809 ya lleno de alusiones a los tres siglos de «despotismo y tiranía de un usurpador injusto, que, degradándonos de la especie humana, nos ha reputado por salvajes y mirado como esclavos»; al «orgullo nacional del español», y a «estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía».15 Un caso excepcional que posiblemente tenga mucho que ver con el marcado componente indígena de esta Junta: no solo formaron parte de ella varios representantes de la población indígena, sino que el propio presidente, Pedro Domingo Murillo, era un mestizo. Es el reflejo de un conflicto étnico que debió de ser importante en todas aquellas regiones con mayorías indígenas y en las que se había conservado la memoria de un pasado sin blancos. Es el caso de toda esta región del Alto Perú, donde las memorias familiares de los indios nobles remontaban su origen a los antiguos señoríos incas. Fue también en esta misma región donde a finales de 1810 el jefe de los ejércitos rioplatenses, Antonio González Balcarce, pide la separación de su ejército del capellán indígena Andrés Jiménez de León Manco Cápac por su odio «sanguinario» a los europeos. Suponemos que no debía de ser mucho mejor la opinión que tenía del resto de los blancos alguien que se afirmaba descendiente de los emperadores incas y que no había dudado en viajar hasta Madrid en busca de los beneficios derivados de su condición de noble y vasallo personal del rey de Castilla.16 Dos años más tarde, de hecho, los insurgentes de Huánuco proponen ya directamente acabar con los blancos y restablecer el reino de los incas.

No resulta muy verosímil suponer que en aquellos conflictos en los que el componente indígena se volvió hegemónico o mayoritario se dio una distinción entre los criollos como aliados y los peninsulares como enemigos. Más bien cabría suponer que, en estos casos, la lucha adquirió un claro tinte racial y que el objetivo fue exterminar a todos los blancos y restablecer el mundo indígena anterior a la conquista. Es una visión milenarista difícil de rastrear, pero que aflora en algunos documentos, por ejemplo en una curiosa y tardía (1877) Defensa del derecho territorial patrio elevada por el pueblo mexicano al Congreso general de la nación, en el que todavía se califica a los criollos de españoles, de «ricos extranjeros [que] aceptaron la independencia, para conservar estos intereses» y se les acusa de haber traicionado «a su patria», es decir a España. Para que no quedara ninguna duda sobre lo que se estaba queriendo decir se afirma explícitamente que la independencia había sido obra de «el general español Iturbide».17

Pero volvamos a las élites criollas. Sigue sin haber ninguna referencia a los españoles como enemigos de la patria o de la nación en el Acta de Independencia del Cabildo de Santa Fe, de 1810. No solo eso, sino que se hace explícita la voluntad de «guardar la inviolabilidad de las personas de los europeos […] porque de la recíproca unión de los americanos y los europeos, debe resultar la felicidad pública». Como en todas las proclamas de esos años se evita el uso del término «español» para referirse a los originarios de la península.

Tampoco hay referencias a los españoles en la de las Provincias Unidas de Venezuela de 1811. Se habla de «nuestros hermanos europeos», aunque en esta se alude ya a «los tres siglos» que habían estado privados de derechos y a «los trescientos años de dominación española». No se acusa a los españoles pero sí a una abstracta dominación española que debe de ser obra de alguien.

Todavía en 1812 el oidor, criollo, de la audiencia de Cuzco, Manuel Lorenzo Vidaurre, afirma que «Yo me veo a mí mismo en el español europeo […] Los españoles americanos no somos conquistados, nosotros somos los conquistadores, iguales en todo a las personas que nos dieron el ser».18

En el Proyecto de Constitución de la Sociedad Patriótica para las Provincias Unidas de la Plata en la América del Sur de 1813 se habla de «españoles europeos» para precisar que los que hayan sido «amigos de la Constitución y los que hayan hecho servicios distinguidos en tiempos de la Revolución, gozarán de todos los derechos de ciudadanía sin diferencia de los hijos del país». Es la actitud política y no el origen nacional la que determina la forma como serán tratados.

Sigue sin hacerse alusiones a los españoles como enemigos de la patria en las declaraciones de independencia de Argentina de 1816, en la de Chile de 1818 y en la de Perú de 1821. En la proclamación de la independencia de México de 1821 sigue sin haber ninguna referencia negativa a los españoles pero sí se hace ya una alusión explícita a la «opresión en que ha vivido» durante trescientos años la nación mexicana, que no se sabe muy bien cómo compaginar con el:

Trescientos años hace la América Septentrional de estar bajo la tutela de la nación más católica y piadosa, heroica y magnánima. La España la educó y engrandeció, formando esas ciudades opulentas, esos pueblos hermosos, esas provincias y reinos dilatados que en la historia del universo van a ocupar lugar muy distinguido.

del Plan de Iguala de unos pocos meses antes, que la propia Acta de Independencia del Imperio mexicano proclama como una de las bases sobre las que se va a constituir la nueva nación.

Solo en los años finales y, sobre todo después de proclamada la independencia, se vuelve habitual hablar de los españoles como una categoría que va más allá del lugar de nacimiento, los enemigos seculares de los americanos y de su libertad. El Acta de Independencia de las Provincias Alto-peruanas, más tardía, de 1825, está ya llena de referencias a «la rabia del español», a «el incendio bárbaro de más de cien pueblos, el saqueo de las ciudades […] la sangre de miles de mártires de la patria ultimados con suplicios atroces que estremecerían a los caribes» y a que «las legiones españolas, y sus jefes más principales, han profanado los altares, atacado el dogma, han insultado el culto». Los españoles eran ya el otro, el invasor bárbaro, ajeno y enemigo de la nación.

Un largo proceso que permitió visualizar la oposición criollos/peninsulares como el auténtico deus ex machina de las guerras de independencia. No podemos, sin embargo, tomar como causa lo que solo es la consecuencia del desarrollo del propio conflicto bélico. Unas guerras especialmente sangrientas, como toda guerra civil, en la que los odios y resentimientos acumulados acabaron cristalizando en una separación radical e imaginaria entre criollos y peninsulares.

Para entender la importancia y el significado del enfrentamiento criollos/peninsulares hay que retrotraerse a los años anteriores al estallido de los conflictos de la independencia, antes que esta división fuera utilizada como elemento de movilización política. La primera cuestión que habría que plantearse es el significado exacto de los términos criollo y peninsular, o si se prefiere gachupín/americano o chapetón/americano. ¿Qué significaba en realidad ser peninsular o criollo en las décadas finales del siglo XVIII y principios del XIX? Posiblemente algo bastante menos concreto que lo que tendemos a pensar. La identidad social es compleja, mucho más de lo que una primera aproximación podría hacer suponer. Somos muchas cosas a la vez, nosotros y las élites blancas americanas de comienzos del siglo XIX. El lugar de nacimiento es solo una de las múltiples formas de identidad que una persona puede asumir en diferentes momentos de su vida. No es la única, ni siquiera la más importante. Hay identidades profesionales, familiares, étnicas, que se sobreponen y actúan sobre la identidad geográfica hasta volverla incluso irrelevante. Ni siquiera esta última es fija, varía en función de cada contexto concreto. Tal como afirma Chiaramonte a propósito del Río de la Plata, «se era español frente al resto del mundo, español americano frente a español peninsular, rioplatense frente a lo peruano, provinciano frente a lo capitalino, porteño frente a lo cordobés».19 Es decir, se eran muchas cosas a la vez y no necesariamente excluyentes.

Al margen de consideraciones generales, la distinción entre criollos y peninsulares tenía más que ver con la forma de integración respecto a los aparatos burocráticos y la organización económica de la Monarquía que con el lugar de nacimiento, América o la península. Alguien nacido en la península pero dedicado a actividades económicas de carácter local, integrado en redes familiares locales y con un universo mental restringido al del área geográfica del que formaba parte es posible que fuera considerado y actuara más como un criollo que como un peninsular. Lo mismo podría afirmarse del funcionario, civil, religioso o militar, vinculado a la burocracia local. Tampoco es algo que inventemos ahora los historiadores, ya en 1810 Antonio de Cortabarría explicaba la toma de partido de los oficiales peninsulares en Venezuela a favor de la Junta de Caracas por su matrimonio con mujeres criollas o por su condición de terratenientes locales,20 es decir, por su integración en la vida social de la Capitanía General.

Parece obvio, por el contrario, que los grandes comerciantes o mineros que formaban parte de una economía global y cuyo mapa mental era el del conjunto de la Monarquía, lo mismo que los funcionarios virreinales, podían ser considerados «peninsulares», al margen de dónde hubieran nacido.

Esto explicaría que, de manera general, los altos cargos de la burocracia de la Monarquía, ya fuera militar, civil o eclesiástica, y los actores económicos vinculados al comercio ultramarino tomaran partido a favor del mantenimiento de la unidad político-institucional. Mientras que, por el contrario, los funcionarios y actores económicos de nivel medio hayan sido más proclives a apoyar poderes locales alternativos. La probabilidad de que alguien de los escalafones altos de la vida económica y social mantuviera su lealtad a la Monarquía, al margen de dónde hubiera nacido, era elevada; la de que alguien de los niveles medios lo hiciera a las Juntas locales también. Pero estamos hablando de probabilidades; las sociedades virreinales eran sociedades complejas, divididas en múltiples grupos de poder, con estructuras clientelares, económicas y de parentesco sobreponiéndose unas con otras y en las que los posicionamientos políticos raramente fueron unidireccionales. En todo caso el lugar de nacimiento fue solo una de las muchas variables más por tener en cuenta y ni siquiera necesariamente la determinante.

Lo anterior no significa que estemos hablando estrictamente de intereses económicos ni, menos todavía, de clases sociales en conflicto, como ya supo ver muy bien François-Xavier Guerra, los hombres que hicieron la independencia no fueron una clase social. Significa, por el contrario, que estamos ante formas diferentes de ver e interpretar el mundo. No era lo mismo ver la Monarquía católica desde la perspectiva de un virrey o un comerciante del Consulado de México, para quienes su desaparición era también el de su mundo racional y afectivo, que desde la de un militar del Bajío o un pequeño comerciante de Sayula, para quienes la Monarquía era poco más que una abstracción sin ningún significado concreto y real.

Un ejemplo puede explicar mejor todo lo que aquí se está diciendo. Juan Vicente de Güemes Pacheco, segundo conde de Revillagigedo, fue en sentido estricto un criollo, había nacido en La Habana en 1740. Pocas dudas caben, sin embargo, de que este alto funcionario –entre otros cargos fue virrey de la Nueva España entre 1789 y 1794– sería casi el caso paradigmático del funcionario «peninsular» al servicio de la Monarquía. Lo mismo cabría decir de algunos de los miembros del Consulado de Comerciantes de la ciudad de México, nacidos en la Nueva España pero defensores hasta el último momento de la unidad de la Monarquía.

Tal como afirma el historiador alemán Horst Pietschmann:

No hay que fiarse demasiado del concepto tradicional de criollo que los caracteriza como españoles nacidos en América, concepto cuestionado ya varias veces, pero que se sigue utilizando. Más razonable parece la definición que caracteriza al criollo como persona cuyo centro de vida social y económica estaba en América.21

El problema es que si la definición de criollo deja de indicar un origen geográfico para referirse a una condición socioeconómica pierde cualquier interés como explicación de las guerras de independencia a partir de un conflicto de identidades. La guerra sorda entre criollos y peninsulares, suponiendo que la haya habido, sería un conflicto social y no «nacional», con todos los matices que se quiera. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Le marquis et le marchand. Les luttes de pouvoir au Cuzco (1700-1730) de Bernard Lavallé,22 por lo demás un excelente libro, en el que se describe de manera minuciosa el enfrentamiento entre un criollo y un peninsular. Salvo que en sentido estricto el comerciante es también un criollo, nacido en América aunque de familia «nueva». El conflicto deja de ser un problema de origen geográfico para convertirse en otro completamente distinto, y quizá más interesante, de lucha por el ascenso social de nuevos grupos frente a intereses oligárquicos establecidos.

¿Y si el conflicto criollos/peninsulares fue solo un episodio del enfrentamiento, común en esos momentos al conjunto de Occidente, entre nuevos grupos burgueses y la vieja aristocracia criolla, con el añadido de que los segundos eran necesariamente americanos y los primeros tanto europeos como americanos? Es posible y merecería un análisis más detallado del que aquí se le dedica. No deja de resultar llamativo que en los retratos de la élite novohispana del siglo XVIII se puedan distinguir, de manera bastante clara, dos modelos diferenciados, que parecen corresponderse con dos formas también diferentes de mostrarse en el escenario social.

Las que podríamos denominar viejas familias criollas, de origen mayoritariamente castellano-andaluz y asentadas en la Nueva España en el siglo XVI, en muchos casos en el mismo momento de la conquista, se representan como una élite vinculada a la Iglesia, la universidad y la burocracia virreinal. Sus retratos muestran una clara obsesión por las filiaciones genealógicas, con interminables listados de apellidos y títulos

El señor don Juan Xavier Joaquín Gutiérrez Altamirano Velasco y Castilla Albornoz López Legazpy Ortiz de Ora Gorraez Beaumont, y Nava III Luna de Arellano conde de Santiago Calimaya, marqués de Salinas del Río Pisuerga, señor de las casas de Castilla, y Sosa, y de las Villas de Verniches, y Azequia, de Romancos, y de Azuqueca de Henares, caballero del Sacro Romano Imperio, por merced del señor emperador Carlos quinto, adelantado perpetuo de las Islas Filipinas, contador de su majestad y del real y apostólico tribunal de la Santa Cruzada,23

que, junto con la exhibición de los escudos de armas familiares, reflejan la voluntad de afirmar la antigüedad y nobleza de sus orígenes.

Las que podríamos llamar familias «nuevas», llegadas a la Nueva España en las décadas finales del XVII y, sobre todo, en el XVIII, de origen mayoritariamente vasco-cántabro, se representan como una élite vinculada al comercio y a la minería. Sus retratos muestran la misma obsesión heráldica, escudos de armas familiares y pertenencia a órdenes militares, pero añaden minuciosas descripciones de sus actividades económicas y orígenes geográficos, en la Montaña o en el País Vasco

Don Francisco de Fagoaga, caballero de la Orden de Santiago, natural del muy noble y leal valle de Oyarzum en la provincia de Guipúzcoa; apartador general del oro y de la plata en el reino de la Nueva España; cónsul y prior en el Real Tribunal del Consulado,24

y de manera casi generalizada una mesa con tinteros y papeles. El interés parece ser mostrar, frente a las viejas élites criollas, tanto sus habilidades económicas como su alcurnia nobiliaria. Afirmar el origen montañés o vizcaíno era, dada la casi universal condición de hidalgos de los originarios de estas dos regiones, solo una forma de afirmar una nobleza más antigua que la de la de la vieja élite criolla por la que posiblemente se sentían despreciados.

¿Reflejan estos retratos un enfrentamiento soterrado entre dos élites claramente diferenciadas y separadas (apenas hay matrimonios entre ellas), una más cercana a una aristocracia tradicional y otra a una burguesía empresarial? Posiblemente, pero ninguna está definida por el lugar de nacimiento, en el primer grupo hay solo criollos, pero en el segundo hay tanto criollos como peninsulares. El criollismo se convierte así en una categoría completamente inerme como factor de explicación de los conflictos de la independencia.

El llamado patriotismo criollo pierde así cualquier capacidad de explicar las guerras de independencia como un enfrentamiento entre identidades protonacionales, que es la principal función que ha cumplido entre aquellos que se resisten a abandonar las viejas versiones de las historias patrias de naciones enfrentadas: no habría naciones pero sí protonaciones con identidades culturales definidas a partir del lugar de nacimiento, una afirmación cada vez más difícil de mantener. Y es que, tal como afirma Mariano Góngora, a propósito de Chile –lo que puede extrapolarse a cualquier país del resto del continente–:

Durante la Colonia se desarrolló un sentimiento regional criollo, un amor a «la patria» en su sentido de tierra natal, de que nos dan amplios testimonios los cronistas como Alonso Ovalle y los jesuitas expulsos en Italia […] Pero no creo que se pueda llamar sentimiento nacional a ese regionalismo natural, aliado por lo demás a la fidelidad a la Monarquía española.25

Si ante la labilidad del concepto de criollo optamos por convertirlo en una definición socioeconómica se nos abre un campo fascinante para la historia social pero bastante estéril para la historia de las independencias. El problema es que parece que a los historiadores nos resulta extremadamente difícil dejar de utilizar conceptos cuya carga semántica va mucho más allá de aquello que directamente queremos decir con lo que, quizás involuntariamente, contribuimos a alimentar viejos mitos historiográficos completamente desfasados y que ni siquiera necesariamente compartimos.

Veamos un ejemplo, la historiadora francesa Marie-Danielle Demélas analiza, en un interesante trabajo sobre la región andina, la rebelión de Huánuco de 1812 y afirma que «el antagonismo que oponía a los criollos a las gentes de la metrópoli estuvo en el origen de los llamamientos que incitaban a los indios a invadir la ciudad y a saquear los bienes de los ricos». La interpretación que cualquier lector haría es la de un enfrentamiento entre peninsulares («gentes de la metrópoli») de un lado y criollos e indios de otro. Un episodio más, como consecuencia, de las guerras de independencia interpretadas como una lucha entre españoles y americanos. Sin embargo, Demélas, historiadora escrupulosa, se ve obligada a incluir una nota en la que precisa que

Igual que en el resto de los Andes, cuando uno se atreve a hablar de la disputa entre criollos y gentes de la metrópoli, la división es menos evidente si el hecho se observa más detenidamente. Las dos facciones presentes estaban compuestas en su mayoría de criollos.26

No me cabe la mínima duda, en los Andes y en el resto de América. La pregunta es ¿entonces por qué seguir hablando de «la disputa entre criollos y gentes de la metrópoli»? Y no es un asunto menor, afecta a la comprensión y explicación de uno de los episodios centrales de la historia del mundo contemporáneo.

Y es que las guerras de independencia como un enfrentamiento criollos-peninsulares resultan absolutamente inverosímiles. Hay un problema de número, los peninsulares representaban un porcentaje despreciable de la población de la América española. En 1811 el virrey de la Nueva España Francisco Javier Venegas mandó hacer un censo de la población de la ciudad de México, en el que se indica el lugar de nacimiento de los censados. La capital del virreinato novohispano debía ser en esos momentos, por su importancia económica y administrativa, uno de los lugares de América en donde el porcentaje de españoles era mayor. Sin embargo, los nacidos en la península, según el censo de Venegas, apenas llegaban al 2% de la población total de la capital del virreinato, un porcentaje que debía ser mucho más bajo en el resto del continente. No parece demasiado creíble que un número tan reducido de peninsulares hubiera sido capaz de mantener una sangrienta guerra de más de diez años de duración; menos aun si consideramos que, como se queja el general realista Calleja, la mayoría de ellos, dedicados a actividades como el comercio o la minería, mostraron en general una clara «falta de patriotismo y criminal indiferencia».27

Habría, sin embargo, que prestar mayor atención a un dato aparentemente anodino reflejado por este censo de la ciudad de México. El número de peninsulares resulta completamente marginal. Sin embargo, dadas las características de la emigración peninsular a la Nueva España en las últimas décadas del siglo XVIII y primera del XIX, casi exclusivamente hombres en edad matrimonial y solteros, el porcentaje de peninsulares sobre el conjunto de hombres blancos en edad matrimonial es bastante alto, algo que pudo distorsionar el mercado matrimonial de la élite blanca, ya de por sí muy reducido, e introducir un factor de explicación de la animosidad que se hace presente, en algunos casos, entre peninsulares y criollos. Una animosidad agravada por una supuesta, e imposible de demostrar, preferencia de las mujeres criollas por los españoles europeos, reflejada en el refrán virreinal de «marido y bretaña de España»; y por la tendencia, esta sí demostrada, presente en numerosas familias de la élite vizcaíno-montañesa, de casar a sus hijas con familiares traídos de la península, que de manera general heredan los negocios en detrimento de los propios varones de la familia, a los que se encamina a la burocracia eclesiástica o civil. En realidad los estereotipos del gachupín ignorante pero rico y obsesionado por el dinero frente al criollo culto y refinado pero desinteresado por los negocios, más parece en muchos casos la definición de situaciones familiares concretas, una guerra de cuñados, que una construcción imaginaria, un conflicto por dotes, herencias y mujeres, y no de identidades.

Pero no son solo los datos generales los que nos indican que estamos ante una guerra de americanos contra americanos. También los particulares nos reflejan esta misma situación de ejércitos realistas en los que la mayoría de sus oficiales, por no hablar de sus soldados, son originarios de América.

Uno de los mejores ejemplos de hasta qué punto la historiografía ha sobrevalorado la división criollos/peninsulares como clave del conflicto la tenemos en los posicionamiento de los militares en América frente a la crisis desatada por las abdicaciones de Bayona y la posterior guerra civil. Y antes de seguir adelante es necesario precisar que para los militares de América, ya fueran criollos o peninsulares, la situación resultó bastante más complicada que la que se dio en la península. En esta tuvieron que limitarse a elegir entre apoyar a José Bonaparte o a un autoproclamado gobierno nacional que decía representar a Fernando VII preso en Francia. En América, por el contrario, la elección era entre apoyar a las autoridades virreinales, de las que, a su vez, se podía dudar que fueran representantes del gobierno de José Bonaparte o del de la Regencia, o apoyar a unos poderes alternativos que también decían ejercer la soberanía en ausencia del rey ausente pero que, en unos casos reconocían a las nuevas autoridades centrales creadas en la península y en otros no.

Los ejércitos de la Monarquía en América, tanto los regulares como las milicias, estaban formados tanto por europeos como por americanos aunque, de manera general, con una abrumadora mayoría de los primeros sobre los segundos. Si la clave del conflicto hubiera sido la diferenciación criollos/peninsulares, los cuarteles y guarniciones en los que los criollos eran mayoría u ocupaban los cargos más altos se habrían decantado del lado de los insurgentes, y aquellas en las que ocurría lo contrario, muy pocas, del de los realistas.

No ocurrió sin embargo así, y la opción por una u otra alternativa parece haber estado determinada por otro tipo de consideraciones que poco o nada tenían que ver con el origen geográfico de soldados y oficiales. Un ejemplo paradigmático es el de la Capitanía General de Caracas, un caso excepcional en el conjunto de la América española28 ya que, a diferencia de la mayor parte de los ejércitos del continente, la americanización de su cuerpo de oficiales fue siempre muy baja. Todavía en 1810 la mayoría de los oficiales del ejército de esta capitanía habían nacido del otro lado del Atlántico, incluido su comandante,29 lo que no impidió que cuando las élites de la ciudad se negaron a reconocer la Regencia y proclamaron la Junta de Caracas, en ese mismo año de 1810, tanto los oficiales criollos como los peninsulares se pusieran inmediatamente a sus órdenes, todo ello después que el mismo capitán general, Vicente de Emparán, guipuzcoano de Azpeitia, hubiera renunciado voluntariamente al cargo.

Lo más sorprendente del caso venezolano es que incluso el posicionamiento de las distintas guarniciones fue justo el inverso del que cabría suponer a partir de esta dinámica criollos/juntistas contra peninsulares/realistas. La guarnición en la que la proporción de peninsulares era mayor, la de Caracas, fue la primera, como se acaba de decir, en reconocer a la nueva Junta; mientras que la de Maracaibo, donde la práctica totalidad de los oficiales eran criollos, se mantuvo fiel al gobierno de la regencia en contra de la Junta. ¡Para que no faltara de nada en Guayana, donde la proporción de criollos y peninsulares era aproximadamente la misma, también se opusieron a la Junta!

El caso de Caracas tampoco es tan excepcional como a primera vista pudiera parecer. En el otro extremo del continente, en Buenos Aires, las milicias de la ciudad, formadas básicamente por criollos, pasaron de un apoyo incondicional a las autoridades virreinales, hasta el punto de que el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros se sirvió de ellas para acabar con la rebelión de Chuquisaca (Alto Perú) en 1809, a ser unas de las principales responsables del derrocamiento del virrey y la formación de una Junta en 1810.

Es bastante posible, sin embargo, que el supuesto conflicto de identidades ocultara en realidad otro más difuso sobre la concepción de la Monarquía, que se había ido abriendo paso entre las élites de uno y otro lados del Atlántico a lo largo del siglo XVIII. El proceso «nacionalizador» borbónico fue erosionando, lenta pero gradualmente, la imagen de la Monarquía como un conglomerado de pueblos, ciudades, provincias, señoríos y reinos. Esta visión fue sustituida por la de una especie de monarquía dual, compuesta de una parte americana y otra europea. La conocida imagen de la nación española de las alegorías del siglo XVIII como una matrona sentada sobre dos mundos que en el momento de las independencias se convertirá en los «dos mundos de Fernando VII».

Tal proceso permitió visualizar una comunidad política cuyo poder descansaba en un pilar americano y otro europeo, y compuesta también por dos pueblos distintos, el de los americanos y el de los europeos. No era tanto el enfrentamiento entre criollos y peninsulares como el de dos comunidades políticas diferenciadas, la de los españoles europeos y la de los españoles americanos. Desde esta perspectiva no importaba tanto la identidad de nacimiento como la percepción sobre la comunidad política, lo que permitiría explicar los diferentes posicionamientos de las élites criollas pero también las tempranas declaraciones de independencia americanas, con sus habituales llamadas de fidelidad a Fernando VII y sus explícitas referencias a salvar el pilar americano de la Monarquía al considerar que el europeo ya estaba perdido.

Como conclusión se podría decir que la interpretación de las guerras de independencia como un enfrentamiento entre criollos y peninsulares es el resultado, por un lado, de la necesidad de los nuevos estados-nación americanos de explicar las guerras como un conflicto de identidades para así poder imaginarlas como guerras de independencia nacional; por el otro, del propio desarrollo de la guerra y de la necesidad de construir una imagen del enemigo como el otro ajeno y extraño a la fratría nacional. El objetivo, en ambos casos, es impedir que la guerra pudiera ser vista como una guerra civil.

NOTAS

1. David A. Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), México, FCE, 1997, pág. 430.

2. Para algunos ejemplos de estos estudios, véanse Mark A. Burkholder, y D.S. Chandler, From Impotence to Authority: the Spanish Crown and the American Audiencias, 1687-1808, Columbia, University of Missouri Press, 1977; Guillermo Lohmann Villena, Los ministros de la Audiencia de Lima en el reinado de los Borbones, 1700-1821, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1974; y Linda Arnold, Bureaucracy and Bureaucrats in Mexico City, 1742-1835, Tucson, University of Arizona Press, 1988.

3. Citado en David A. Brading, «La monarquía católica», en Antonio Annino, y François-Xavier Guerra (coords.), Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX, México, FCE, 2003, pág. 40.

4. «Representación humilde que hace la imperial, nobilísima y muy leal ciudad de México en favor de sus naturales», 2 de mayo de 1771.

5. Juan Solórzano y Pereira, Política indiana, Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1648. Existe una primera edición en latín de 1647.

6. Citado en David A. Brading, «La monarquía católica», op. cit., pág. 40.

7. Para estos datos, véase Juan Marchena Fernández, Oficiales y soldados en el ejército de América, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1983, págs. 112-113 y 300-301.

8. Véase Jean-Pierre Dedieu, «Dinastía y élites de poder en el reinado de Felipe V», en Pablo Fernández Albadalejo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2001, págs. 381-399.

9. Mark A. Burkholder y D.S. Chandler, From Impotence to Authority: the Spanish Crown and the American Audiencias, 1687-1808, Columbia, University of Missouri Press, 1977.

10. Véase David A. Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), op. cit., pág. 333.

11. Rafael María Baralt, Resumen de la historia de Venezuela (1840), en Obras completas, t. I, Maracaibo, Universidad de Zulia, 1960, pág. 514.

12. Anónimo, Retrato de Francisca Javiera Tomasa Mier y Terán (1778), México, Museo Nacional de Historia.

13. Está reproducido en Juan E. Hernández Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México. De 1808 a 1821, vol. II, México, Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985, págs. 450-466.

14. Representación del muy ilustre Cabildo de Santa Fe a la Suprema Junta Central de España, 20 de noviembre de 1809. Obra de Camilo Torres que no fue publicada hasta 1832, con el título de Memorial de agravios con el que ha pasado a la posteridad.

15. Proclama de la Junta Tuitiva de Nuestra Señora de La Paz, 27 de julio de 1809.

16. Sobre Manco Cápac y su evolución política, véase Roberto Etchepareborda, «Un pretendiente al trono de los incas: el padre Juan Andrés Ximénez de León Manco Cápac», Anuario de Estudios Americanos XXIV (1967), págs. 1717-1737.

17. Este documento se encuentra en el Archivo del Centro de Estudios Históricos de México Carso.

18. Citado en David A. Brading, «La monarquía católica», op. cit., pág. 45.

19. José Carlos Chiaramonte, «Modificaciones del pacto imperial», en A. Annino y F.-X. Guerra (coords.), op. cit., pág. 111.

20. «Antonio Ignacio de Cortabarría al secretario del Despacho de Gracia y Justicia», 21 de agosto de 1812.

21. Horst Pietschmann, «Los principios rectores de la organización estatal en las indias», en A. Annino y F.-X. Guerra (coords.), op. cit., págs. 64-65.

22. Bernard Lavallé, Le marquis et le marchand: les luttes de pouvoir au Cuzco, 1700-1730, París, Centre national de la recherche scientifique, 1987.

23. Miguel Cabrera, Juan Xavier Joaquín Gutiérrez Altamirano, 7.º conde de Santiago de Calimaya, 1752, Nueva York, Brooklyn Museum.

24. Anónimo, Francisco de Fagoaga, 1736, México, Museo Nacional de Historia.

25. Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago de Chile, Universitaria, 1986, págs. 37 y 38.

26. Marie-Danielle Demélas, «Estado y actores colectivos. El caso de los Andes», en A. Annino y F.-X. Guerra (coords.), op. cit., pág. 350.

27. Citado en Christon I. Archer, «Peanes e himnos de victoria de la guerra de independencia mexicana. La gloria, la crueldad y la “demonización” de los gachupines, 1810-1821», en Jaime E. Rodríguez O., Revolución, independencia y las nuevas naciones de América, Madrid, Fundación Mapfre-Tavera, 2005, pág. 238.

28. La mayoría de los datos que se utilizan a continuación están sacados del artículos de Anthony MacFarlane, «Los ejércitos coloniales y la crisis del imperio español, 1808-1810», Historia Mexicana, vol. LVIII, 2008, págs. 229-285.

29. Gary Miller, «Status and Royalty of Regular Army Officers in Late Colonial Venezuela», The Hispanic American Historical Review, 66:4, 1986, págs. 675-676.

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DE LA REVOLUCIÓN DE LA INDEPENDENCIA

A LAS REVOLUCIONES DE LAS INDEPENDENCIAS

En el año 1813 Servando Teresa de Mier publica en Londres su Historia de la revolución de Nueva España. Para este fraile dominico, que había iniciado su vida pública con un polémico sermón pronunciado en la Colegiata de Guadalupe con motivo del 263 aniversario de la aparición de la Virgen en el que defendía la identificación entre santo Tomás y Quetzalcóatl, no parecía haber ninguna duda de que el mejor calificativo para lo ocurrido en la Nueva España era el de revolución. El alzamiento de los americanos para derribar un régimen despótico y poner en su lugar otro basado en los principios de libertad e igualdad que en ese momento recorrían el mundo atlántico.

No es la afirmación de una figura cualquiera de la insurgencia. Estamos ante uno de sus propagandistas más influyentes y posiblemente frente a uno de los autores que más ha contribuido a configurar las que podemos llamar versiones clásicas de las independencias. Una intensa actividad como libelista insurgente que no le impidió, por cierto, combatir contra Napoleón en la península («Cuando la felonía contra nuestros reyes electrizó la cólera de la nación, respirando yo la misma indignación, vine en socorro de Cataluña con las tropas españolas prisioneras de los franceses en Portugal»), y lamentarse, a la vista de los restos de la batalla de Trafalgar, de la destrucción de «nuestra» flota por los ingleses. Es un autor que pasa, con absoluta facilidad, de los denuestos contra los gachupines y las trapacerías de los covachuelistas de la Monarquía, siempre dispuestos a explotar y extorsionar a los pobres americanos, a afirmar su carácter de castellano viejo con casa solar en la Montaña, «Si yo hubiera tomado el camino de Cartes, presto hubiera llegado a Buelna de Asturias, donde está la casa solariega de mi familia, y ella me hubiera amparado» o «soy por las Leyes de Indias “caballero hijodalgo de casa y solar conocido con todos los privilegios y fueros anexos a este título en los reinos de Castilla”»; familiares en la burocracia de la Monarquía en Madrid, «Estuve un mes así hasta que me ocurrió quejarme a mi pariente don Luis Tres Palacios y Mier, ayuda de cámara del infante don Antonio» (unas páginas más adelante calificará a su «pariente» de «montañés presumidísimo, que acá [América] vino a abrir los ojos», y que hizo «sobre la gente ordinaria [de América] varias observaciones propias de un montañés que ve mundo por primera vez»); y tan obsesionado por su nobleza como cualquiera de los hidalgos montañeses ridiculizados en la literatura del Siglo de Oro, «con razón me decía un pariente mío: “Los nobles de casa solariega no necesitamos cruces. Cuando veas alguna reza un padrenuestro y un avemaría, porque es señal de avería”».1 (Se refiere a los que conseguían ennoblecerse mediante la consecución de hábitos en las órdenes militares). No en vano estamos ante uno de los personajes más contradictorios y atractivos de cuantos participaron en la gesta de la independencia mexicana.

Fueron libelistas como Mier o Carlos María de Bustamante los que echaron las bases para la interpretación de lo ocurrido como una revolución política que puso fin a trescientos años de despotismo español en América. Esta interpretación fue retomada por la historiografía posterior, desde el siglo XIX hasta nuestros días, y parece bastante difícil de rebatir. El carácter revolucionario de lo ocurrido en la América española en las primeras décadas del siglo XIX es más que evidente. Si algo marcaron las llamadas guerras de Independencia en América fue el fin del Antiguo Régimen y el nacimiento de las nuevas sociedades burguesas, la revolución por excelencia. Las independencias como parte de un proceso más amplio y de mayor calado que fue el de la irrupción de la modernidad en el mundo hispánico. No hay, por lo tanto, ninguna duda sobre el carácter revolucionario de los sucesos de 1810. Sí, por el contrario, sobre su cronología, sobre su significado exacto y, especialmente, sobre quién fue su sujeto. Una revolución de quién contra quién y de qué contra qué.

La modernización tenía ya un largo recorrido en la Monarquía católica, mediatizada siempre por el problema de su progresiva pérdida de peso en el escenario internacional. Una organización política que había salido de la paz de Westfalia (1648) con grandes pérdidas territoriales, Portugal y todos sus dominios ultramarinos, y convertida en una potencia de segundo orden. Este bajo perfil ya nunca lo abandonará, siempre a la sombra de las dos potencias hegemónicas, Francia e Inglaterra, pero le permitió sobrevivir, sin demasiados sobresaltos, lo que restaba de siglo. No comenzó mejor el siglo XVIII, la crisis dinástica producida por la muerte sin descendencia del último de los Austria españoles, Carlos II, hizo incluso vislumbrar la posibilidad de su desaparición, repartidos sus dominios entre el resto de las potencias europeas. La paz de Utrecht (1714) puso fin a tan negros augurios pero a cambio de la instalación de una nueva dinastía en el trono de Madrid, la de los Borbones, y la pérdida de la mayor parte de sus dominios europeos (Países Bajos, Milanesado, Sicilia, Nápoles, Cerdeña, Gibraltar y Menorca). Hay que recordar que hasta ese momento la Monarquía católica se imaginaba todavía como básicamente europea, aun cuando una parte importante de sus recursos proviniese, ya desde la época de Felipe II y el auge minero de Potosí, de la plata americana.

La nueva dinastía borbónica inició, desde su establecimiento en Madrid, un proceso de reorganización interna, políticas modernizadoras, buscando el fortalecimiento económico y la recuperación de presencia internacional, una necesidad más que una elección dado el carácter transcontinental de sus dominios. A pesar de todo seguía representando un poder nada desdeñable.

La competencia con las otras grandes monarquías europeas la llevó a la guerra de los Siete Años, una especie de Primera Guerra Mundial avant la lettre, que marcó el comienzo de la hegemonía inglesa en el mundo, dejó al descubierto las debilidades de la Monarquía católica y dio el pistoletazo de salida para el nacimiento de un nuevo tipo de imperialismo que alcanzaría su máximo esplendor ya en la segunda mitad del siglo XIX.

La ocupación de La Habana y Manila por los ingleses mostró que las reformas no habían sido suficientes y que la Monarquía católica seguía siendo una estructura política débil, en especial en América, convertida ya para esos momentos en su pilar fundamental. La respuesta fue una aceleración de las medidas modernizadoras que permitieran subsanar las carencias que el conflicto bélico había puesto al descubierto.

Este proceso de modernización se produjo ya en un nuevo contexto político-ideológico. La guerra de los Siete Años inicia el desarrollo de un imperialismo de nuevo cuño. Librada en un escenario planetario, desde Prusia a Portugal, y desde Canadá a Calcuta, mostró de manera palpable la importancia del mundo ultramarino en el equilibrio de fuerzas en Europa. El resultado de la guerra, de hecho, se decidió tanto en el frente europeo como en lugares tan remotos, para la época, como la India o Quebec. La imagen más célebre del conflicto no es, significativamente, la de ninguna de las batallas que tuvieron lugar en Europa sino la de una que tuvo por escenario los helados páramos canadienses. Se trata de La muerte del general Wolf, un cuadro que simboliza perfectamente lo que todavía en ese momento era el «Imperio» británico y lo que a partir de ese momento dejaría de ser. Fue pintado en 1770 por Benjamín West, nacido en Pensilvania y en esos momentos el pintor favorito de la corte inglesa, ejemplo, por lo tanto, de ese imperio todavía no imperial. Representa la muerte del general inglés en los páramos de Abraham, la batalla que permitió a los ingleses la conquista de Quebec y puso fin a la presencia francesa en Norteamérica. James Wolf agoniza rodeado de sus oficiales y soldados, un heterogéneo grupo en el que se mezclan casacas rojas ingleses, escoceses con tartán y colonos norteamericanos. Es, por supuesto, una escena imaginaria, no representa lo que ocurrió sino lo que la propaganda de la Corona inglesa quería imaginar que había ocurrido. West se permitió hasta incluir, en primer plano, a un indio de los grandes bosques de Norteamérica que contempla la escena con aire ensimismado. El cuadro tuvo un gran éxito. Era la perfecta representación de un Imperio británico basado en la libertad y la igualdad, enfrentado a la tiranía y el despotismo de los imperios de la Europa católica. La victoria heroica –West habría marchado a la batalla recitando versos y con la determinación del que sabe que va a morir– de una confederación de pueblos libres frente a un mundo de aristócratas decadentes y jesuitas perversos. Una imagen del imperio que pronto sería sustituida por la de vastos dominios territoriales habitados por pueblos diferentes y diferenciados, con ejércitos de cipayos nativos a las órdenes de oficiales blancos, tan explotadores y racistas, al menos, como sus rivales continentales.

La guerra demostró, en todo caso, que los dominios ultramarinos podían ser determinantes para el futuro de las potencias en Europa. No es casual, por lo tanto, que fuese también en torno a esos años cuando las élites de la Monarquía católica comenzaran a plantearse la posibilidad de que la modernización consistiera también en convertir a los reinos americanos en colonias al servicio de la metrópoli. Lo que no significó necesariamente un cambio de situación jurídica sino una intensificación del control económico y administrativo. Forma parte del mismo proceso que está en el origen del nacimiento del imperialismo moderno en el resto de los países europeos. Fueron también los años en que Inglaterra inicia su expansión imperial en la India y Francia sus primeros intentos, fracasados, de construirse un imperio en Oriente, primero en la India y después en Egipto.

Hay, por lo tanto, una modernización borbónica previa a los conflictos de la independencia, acompañada, aunque esto puede ser más dudoso, de una posible voluntad colonial.

Más complicado resulta establecer una relación entre las conocidas como reformas borbónicas y las independencias americanas. Tanto se puede mantener –como han hecho numerosos autores– que fueron las tensiones generadas por las reformas el caldo de cultivo que está en el origen de la desintegración de la Monarquía, como –por el contrario y tal como han hecho otros– que fueron precisamente estas reformas las que permitieron prolongar su existencia cincuenta años más, tras las pruebas de debilidad dadas durante la guerra de los Siete Años, y permitir el papel más activo como potencia que la Monarquía desarrolló durante el reinado de Carlos III.

Para los primeros, los intentos de reestructuración realizados por la Monarquía católica en sus dominios americanos a partir de mediados del siglo XVIII, lo que algunos de ellos denominan «la segunda conquista» o «la reconquista», «el tardío período borbónico en Hispanoamérica fue una fase pasajera en la que la élite administrativa de la metrópoli lanzó una desesperada cuanto retrasada ofensiva para reconquistar el imperio ultramarino»,2 sería la causa del malestar criollo que estallaría en forma de lucha por la independencia en el momento de la crisis de la monarquía.

No hay demasiadas dudas sobre que las medidas tomadas por la administración borbónica, personalizadas en la figura de su ministro de Indias José de Gálvez, que fueron desde la creación de nuevas entidades administrativas (virreinato del Río de la Plata; audiencias de Cuzco, Caracas y Buenos Aires; capitanías generales de Venezuela y el norte de México; e intendencias en la mayoría de las provincias americanas) hasta un nuevo sistema de recaudación fiscal, a través de funcionarios del rey, o el «comercio libre» de los puertos de la península con América, significaron, de hecho, la fundación de un nuevo Estado. Tampoco hay duda de que estas medidas pudieron afectar, de manera negativa, a amplios grupos de las élites americanas. No está tan claro que específicamente criollas. Por poner algunos ejemplos, el cobro directo de las alcabalas por funcionarios de la Corona en la Nueva España afectó casi exclusivamente al Consulado de Comerciantes de México, su anterior administrador, una de las instituciones más paradigmáticamente «gachupinas» de toda la Nueva España; el fin del monopolio gaditano, a los intereses de los comerciantes de esta ciudad, en cuyo Consulado el número de criollos debía ser todavía menos significativo que el del Consulado de México; y la abolición del privilegio de inmunidad de jurisdicción del clero al conjunto de los eclesiásticos, criollos o peninsulares, de hecho en el caso de la Nueva España la respuesta más contundente a esta última medida la dio un peninsular, el obispo de Valladolid, actual Morelia, Manuel Abad y Queipo, asturiano de Grandas de Salime.

Resulta, de todas formas, una explicación atractiva, que ha gozado de una gran difusión gracias, sobre todo a The Spanish-American Revolutions, 1808-1826, de John Lynch,3 posiblemente uno de los libros sobre las independencias americanas más leídos y de mayor éxito, atribuido, al margen del interés de la obra, a la marcada tendencia de los historiadores hispanoamericanos a escribir a partir de marcos nacionales o regionales. Son escasos los intentos de explicaciones globales, por lo que se agradecen aquellas que tienen la voluntad de explicar los hechos a partir de un marco general. Bien es cierto que en este caso, y a pesar del título, se trata más bien de una yuxtaposición de marcos locales que de una visión de conjunto, y además con una atención bastante desproporcionada a unas y otras regiones. No se entiende demasiado bien, por ejemplo, cómo, en una mirada que se quiere general, se dedican siete capítulos a Sudamérica y uno solo a México y Centroamérica, cuando, como ya se ha dicho, la Nueva España representaba aproximadamente la mitad de la población y de la riqueza de toda la América española en ese momento.

La explicación de Lynch resulta plausible pero controvertida. Jaime E. Rodríguez, uno de los historiadores hispanoamericanos que con mayor lucidez se ha acercado al estudio de las independencias desde una perspectiva de conjunto, mantiene que uno de los problemas de lo que él llama «la escuela de Londres» (además de Lynch, David Brading, Nancy Farris, John Fisher, Brian Hamnett y Anthony MacFarlane)4 es la «hostilidad contra España y su cultura».5 Tal afirmación es discutible por lo que se refiere a algunos miembros del grupo pero plenamente justificada en el caso de Lynch, algunas de cuyas páginas parecen venir directamente de los panfletos antiespañoles ingleses del siglo XVII. El problema, en todo caso, no es tanto esta animadversión, aunque la función del historiador debiera ser explicar y no juzgar todos tenemos derecho a nuestras filias y fobias, sino una serie de supuestos previos de difícil, por no decir imposible, demostración. La temprana fecha de publicación del libro puede explicar argumentos tan sorprendentes como que las naciones, en Hispanoamérica, son previas a la existencia del Estado, una afirmación que hoy resulta difícil de mantener para Hispanoamérica y para no importa qué lugar del mundo; también el que siga aferrado a una visión de las independencias como un enfrentamiento entre criollos y peninsulares, algo como ya se demostró en un capítulo anterior prácticamente imposible de mantener hoy día. Más difícil resulta entender su acrítica visión de un Simón Bolívar, convertido en algo así como en la mente privilegiada de su generación pero cuyo principal mérito al final parece reducirse al descubrimiento de «las virtudes políticas inglesas»,6 lo que parece un indudable mérito aunque no sé si suficiente para convertirlo en guía intelectual de toda una generación. Más grave, sin embargo, resulta el hecho de que apenas tome en consideración la influencia de Cádiz en el desarrollo del primer liberalismo americano en general y venezolano en particular,7 algo en estos momentos imposible de defender. Todo ello aliñado con un cierto paternalismo «imperialista» y un materialismo dialéctico que oscila entre la lucha de clases y el mosaico socioétnico de todos contra todos, «México era una colonia por entero. Los españoles gobernaban a los criollos, los criollos utilizaban a los indígenas, y la metrópoli los explotaba a los tres».8 ¿Los españoles de México eran metrópoli? ¿Se explotaban a sí mismos? ¿Los criollos que tenían cargos políticos a quién gobernaban? En todo caso su afirmación de que las reformas borbónicas fueron el origen de las guerras de independencia no aparece demostrada por ninguna parte, salvo por el hecho, obvio, de que aquellas precedieron en el tiempo a estas.

Frente a estas interpretaciones algunos historiadores han defendido, ya desde fechas muy tempranas, el éxito modernizador de unas reformas borbónicas que no solo no habrían tenido nada que ver con la crisis de la Monarquía sino que sin esta posiblemente hasta hubieran tenido éxito. Es el caso del historiador argentino Tulio Halperin Donghi quien, en un libro publicado en 1985, Reforma y disolución de los imperios ibéricos, 1750-1850,9 después de un detenido análisis del reformismo borbónico y sus consecuencias, mantiene que el origen de las independencias no radicó en las reformas borbónicas, en general bastante exitosas, sino en el colapso de la Monarquía católica como consecuencia de las guerras. Sus argumentos son, sin duda, convincentes. A partir de la información de la que disponemos en este momento, parece bastante más razonable pensar que las reformas borbónicas, si son responsables de algo, es precisamente de haber prolongado la supervivencia de la Monarquía católica más que de haber acelerado su fin.

Hay aspectos en los que el éxito de las «reformas» es evidente, por ejemplo en el militar. El impacto causado por la toma de La Habana por los ingleses en 1762 llevó a una reestructuración de la defensa de la isla, básicamente la reorganización de las fuerzas regulares, la creación de milicias reclutadas entre la población civil y el desarrollo de un ambicioso programa de construcción de fuertes y fortines, este último financiado casi en su totalidad por el virreinato de la Nueva España.10

La parte más novedosa de las medidas tomadas en Cuba fue la creación de milicias, que no solo permitieron aumentar significativamente el número de soldados disponibles, sino que tuvieron el doble efecto, por un lado, de integrar más firmemente, gracias al fuero militar, a las élites criollas en las estructuras de poder de la Monarquía; y por el otro, de incluir a pardos y morenos libres en la sociedad colonial no solo como sujetos económicos sino también como sujetos políticos. Este modelo se extendió después a la Nueva España, en 1765; a Venezuela, Cartagena, Panamá y Campeche, en la década de 1770; a Perú y Nueva Granada, a comienzos de la década de 1790; y a Buenos Aires, en 1802. Fueron estas reformas militares las que permitieron rechazar los intentos ingleses de conquista de Buenos Aires, en 1806 y 1807; y responsables de que en el momento del estallido de las guerras de Independencia las autoridades pudieran contar con un ejército disciplinado y relativamente eficiente.

Otra historia es que, dentro del esquema de guerra civil que aquí se propone, este ejército se decantase en unos lados a favor de la insurgencia y en otros de los realistas; sirviera para defender la Monarquía y para contribuir a su destrucción. Pero esto fue una consecuencia de la crisis de la Monarquía, no de la falta de eficacia de las reformas.

El problema, una vez más, no es tanto de datos concretos como de interpretación global. El trasfondo último, explícito o no, de todos los que han argumentado a favor del impacto de las reformas borbónicas sobre las independencias es que estas habrían sido la respuesta al proyecto colonial de la dinastía borbónica, la «segunda conquista». La respuesta, en definitiva, a la voluntad del Estado borbónico de reorganizar la estructura de la Monarquía católica en torno a una metrópoli claramente definida, España, y unas colonias, América, supeditadas a los intereses de aquella. Tal como afirma una conocida historia general de México, los objetivos habrían sido recuperar los hilos que con independencia de la metrópoli movían desde hacía más de un siglo los mecanismos económicos, políticos y administrativos de la colonia, colocarlos bajo la dirección y vigilancia de hombres adeptos a la metrópoli y hacerlos servir a esta por sobre cualquier otra consideración.11

Es un resumen bastante preciso de lo que las reformas borbónicas buscaban, lo que no está tan claro es que esta política estuviese al servicio de la metrópoli y no de la construcción de un nuevo Estado. Y es que la voluntad «colonialista» de las políticas borbónicas es menos evidente de lo que parece. La Monarquía católica no logró nunca definir de manera precisa el estatus de sus territorios americanos, ni antes ni después de los Borbones. Fueron considerados, a partir de Felipe II, como reinos anexos a la Corona de Castilla. Una situación ambigua, pues jamás contaron con los privilegios territoriales que este reconocimiento llevaba consigo, pero tampoco demasiado rara en el complejo entramado de la Corona castellana donde eran varios los reinos que se encontraban en situación parecida (Toledo, Jaén, Sevilla, entre otras). La estructura político-administrativa de la Monarquía se caracterizó siempre por una enorme ambigüedad, con divisiones que se solapaban y entremezclaban en una pirámide compleja y sin funciones precisas. Los reinos se agrupaban en coronas, en América en virreinatos, sin que las competencias y funciones tuvieran límites definidos. Esta ambigüedad se mantuvo con posterioridad a las reformas borbónicas cuando, a pesar de que se pensó seriamente en una reestructuración del imperio que distinguiera entre metrópoli y provincias de ultramar, el uso del término colonia para referirse a los territorios americanos es relativamente raro y nunca en documentos públicos, ni siquiera durante el reinado de Carlos III, el más «colonialista» de los reinados de la dinastía. No solo eso sino que incluso se llegó a afirmar justo lo contrario, como en un dictamen de los fiscales del Consejo Extraordinario, en una reunión presidida por el conde de Aranda en 1768, en el que se afirma que las Indias forman con la península «un solo cuerpo unido de nación».12 Se puede argumentar que, aunque nunca se llevase a cabo, sí hubo un proyecto político en ese sentido. Pero ni siquiera esto es tan claro. Los datos de que disponemos parecen más bien mostrar que, al menos del lado americano, la visión siguió siendo la de reinos vinculados al rey a través de la Corona de Castilla. Es lo que deja ver, por ejemplo, la jura de Fernando VII en Guanajuato el 18 de septiembre de 1808 cuando, a la vez que se tremolaba el pendón real, se gritó «Castilla, Nueva España, Guanaxuato por el señor don Fernando VII».13 Es decir, el orden tradicional de Corona de Castilla, reino de la Nueva España, ciudad de Guanajuato. Obviamente esto no fue óbice para que en algunos círculos cortesanos, tal como muestra la correspondencia privada de algunos funcionarios e, incluso, algunos documentos de la alta administración, se manejara la idea de que América era una colonia al servicio de la metrópoli, dependiente de España y no del rey como el resto de los reinos de la Monarquía; menos todavía para que la racionalización administrativa permitiera una mayor extracción de recursos por parte de la Corona, ese era el objetivo que se buscaba. ¿Significa esto un proceso de «recolonización»? Resulta difícil de saber y en todo caso nunca llegó a ser formalizado así de una manera clara y precisa.

Es cierto, como ya se ha dicho varias veces a lo largo de estas páginas, que a partir de la guerra de los Siete Años se produjo, en todas las potencias europeas, una revaluación del lugar de los territorios ultramarinos que desembocó, en líneas generales, en su conversión en colonias, en el sentido moderno del término, y en el nacimiento de imperialismo tal como hoy lo entendemos. En el caso de la Monarquía católica, este proyecto de reorganización «imperial» se solapó con otro de «nacionalización», de conversión de la monarquía en nación. Nacionalización e imperialización caminarían en el mismo sentido: a la vez que se hacía de los territorios europeos de la Monarquía una nación, se convertía a los americanos en colonias de ella.

Tal interpretación plantea algunos problemas. No por lo que se refiere a la «nacionalización», el proyecto nacionalizador borbónico es más que evidente. Cabría incluso preguntarse si la respuesta que se da al problema de legitimidad planteado por las abdicaciones de Bayona no tiene mucho que ver con esta previa «nacionalización» ilustrada. La constitución de Juntas en el momento del estallido de la crisis en toda la geografía de la Monarquía, y la voluntad de crear organismos de coordinación entre ellas, muestra la existencia de un sentido de comunidad política que parece ir mucho más allá del de un simple conglomerado de reinos y señoríos diversos. Una homogeneidad que únicamente puede explicarse por la existencia no solo de una misma cultura política, sino también por la presencia de cierto sentido de comunidad «nacional», con todos los matices que se quiera. No debe de ser casual que Antonio de Capmany pueda utilizar, en su panfleto antifrancés Centinela contra franceses, el texto de una carta escrita por él en 1806, es decir antes de la crisis de Bayona, dirigida al valido real Godoy, en la que aboga de manera explícita por la necesidad de convertir la Monarquía en nación:

¿Qué le importaría a un rey tener vasallos si no tuviese nación? A esta la forma no el número de los individuos, sino la unidad de las voluntades, de las leyes, de las costumbres y del idioma que las encierra y las mantiene de generación en generación. Con esta consideración, en que pocos han reflexionado, he predicado tantas veces en todos mis escritos y conversaciones contra los que ayudan a enterrar nuestra lengua con su trato y su ejemplo en cuanto hablan, escriben y traducen: mi objeto era más político que gramatical. Donde no hay nación no hay patria; porque la palabra país no es más que tierra que sustenta personas y bestias al mismo tiempo.14

Están aquí ya todas las claves del concepto de nación posterior, como la bondad del sentimiento nacional, la diferenciación entre nación y poder político, y la importancia de la lengua como elemento de identidad nacional, etcétera.

El texto del panfletista catalán sería solo un fruto más del programa nacionalizador puesto a punto, con relativo éxito, por la nueva dinastía desde el momento de su instalación en Madrid y que incluyó aspectos tan distintos como la homogeneización cultural o la creación de milicias ciudadanas. Sobre lo primero, no cabe ninguna duda de que la política de fundación de nuevas academias (Real Academia de la Historia, 1736; Real Academia de la Lengua, 1738; y Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1752), instituciones nacionalizadoras del imaginario por excelencia, tuvo el objetivo de crear una cultura nacional normalizada que permitiese la identificación colectiva de los «españoles» como parte de una comunidad «nacional» diferenciada, definida por una historia nacional, una lengua nacional y un arte nacional. No solo súbditos de un mismo monarca sino parte de una nación definida por la historia, la lengua y la cultura. Sobre lo segundo, tampoco hay muchas dudas de que la configuración de un ejército de milicias ciudadanas va, desde el punto de vista nacionalizador, mucho más allá de lo que era un ejército profesional al servicio del rey. No se trata ya de defender únicamente los derechos del rey sino también los de la comunidad política. Tal como escribe el en ese momento ministro de las Indias José de Gálvez sobre las reformas militares en América, «la defensa de los derechos del rey está unida [para sus súbditos] a la defensa de su propiedad, sus familias, su patria y su felicidad».15 Tal afirmación es revolucionaria en el contexto de un poder de Antiguo Régimen y que debió de formar parte del programa de la Monarquía en esos años, tal como nos muestra el que sean casi literalmente esas las mismas palabras que empleará el conde de Ricla a su llegada a La Habana, como capitán general, ante la Junta de América: «como paisanos deben defender a su rey, hacienda, casas y familia».16 Y es que la nacionalización borbónica no es el fruto de la voluntad arbitraria de un poder despótico e ilustrado sino la respuesta, común a las demás monarquías europeas de la época, a los problemas de la competencia entre potencias. «Nacionalizar» las poblaciones, haciéndolas pasar de súbditos de un rey a hermanos en una nación, tenía enormes ventajas desde el punto de vista de movilización de hombres y recursos, tal como mostraría pocos años después la Revolución francesa y su invencible ejército de ciudadanos.

Lo que ya no está tan claro es que esa nueva nación imaginada se corresponda solo con la península y que el proyecto nacionalizador borbónico no sea ya también, y por lo tanto previo a Cádiz, panhispánico, tal como muestran algunos indicios. No solo se crean, por ejemplo, academias en la península sino también en América. Es el caso de la Nueva España y la fundación de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 1785. La opción de una «nacionalización» panhispánica parece, por otro lado, bastante razonable si consideramos que la Monarquía católica, a diferencia del resto de potencias europeas de la época, no solo obtenía buena parte de sus recursos económicos de los territorios de ultramar sino que se imaginaba a sí misma como un poder basado en dos pilares, uno americano y otro europeo. No era lo mismo convertir en colonias algunas minúsculas islas del Caribe, caso de Francia, que hacerlo con un territorio que superaba ampliamente a la hipotética metrópoli en extensión y riqueza, y una parte importante de cuya población compartía con la metropolitana raza, lengua, cultura y memoria histórica.

No es fácil investigar cómo se inventa una nación. Hay, sin embargo, algunos indicios que parecen mostrarnos la voluntad del Estado borbónico de imaginar una nación panhispánica y no solo peninsular. Uno particularmente revelador es el que se refleja en el programa iconográfico del nuevo Palacio Real de Madrid. El palacio del rey no era, en la Europa moderna, un simple lugar de residencia del monarca sino el espejo donde se exponía y reflejaba todo un discurso sobre la legitimidad del poder. Tal como nos recuerdan Brown y Elliot a propósito del Palacio del Buen Retiro de Madrid, el gran edificio cortesano de la dinastía de los Austria en la capital de la Monarquía:

Por su propia naturaleza –se refieren al palacio–, se convirtió en exponente de los valores de la clase rectora; en él se reunían, ordenaban y expresaban en forma visual una serie de ideas [...] Mediante la reconstrucción de la historia de estos edificios y mediante el análisis de su arquitectura, su decoración y su utilización, el historiador puede llegar a recrear actitudes espirituales y culturales que son cruciales para nuestra comprensión del pasado.17

La construcción del palacio le vino impuesto al primero de los Borbones de forma fortuita. El incendio que arrasó el viejo alcázar de los Austria obligó a Felipe V a iniciar la edificación de uno nuevo, aunque cabría preguntarse hasta qué punto las llamas se limitaron a acelerar una necesidad que se hubiera planteado de todas formas. La nueva dinastía necesitaba afirmarse en un trono al que había llegado después de una complicada guerra y con la oposición de parte de sus súbditos.

La construcción de una nueva residencia real tenía un alto valor simbólico de toma de posesión, fundación de un nuevo solar mediante el que una casa real extranjera legitimaba su presencia en el reino. El mismo proceso que había llevado a los Austria a remodelar los viejos alcázares castellanos (Madrid, Toledo, Granada), hasta volverlos prácticamente irreconocibles y, finalmente, a la construcción por Felipe II de El Escorial, la nueva casa solar de los Austria españoles, sacralizada en este caso por servir de cobijo a los huesos de la dinastía, forma simbólica de enraizamiento por excelencia. Tal como nos recuerda Carlos Fuentes en Terra nostra, El Escorial es, antes que nada, un inmenso osario, el lugar en el que se guardan los huesos de los reyes de la Monarquía católica. Desde esta perspectiva, por cierto, cobra nueva luz la decisión de Felipe V y Fernando VI, los dos primeros reyes Borbones de España, de no ser enterrados en el Panteón Real de El Escorial, una forma de reafirmar su carácter ajeno a la antigua dinastía. Nada demasiado diferente de lo que había hecho Felipe II al buscar no enterrar a su padre ni a sus descendientes en los que habían sido los panteones tradicionales de los reyes de Castilla.

La decisión de levantar el nuevo palacio sobre las ruinas del anterior tenía ya en sí misma una fuerte voluntad simbólica. Muestra, a pesar de los inconvenientes que esto planteaba, tanto de retirada de escombros como, sobre todo, de problemas de cimentación, la vieja residencia de los Austria era un alcázar, no un palacio urbano, construido en un espolón sobre el río por lo que hubo que salvar un enorme desnivel, la voluntad de la nueva monarquía de mostrarse como heredera legítima de la anterior. El nuevo edificio, nacido de las ruinas del viejo, era una prueba de la continuidad entre la antigua dinastía y la nueva. La confirmación de una legitimidad que para algunos de sus súbditos podía seguir siendo dudosa.

El palacio desarrolla en su programa iconográfico un sorprendente discurso no solo de legitimidad dinástica sino de nacionalización de la Monarquía, resultado de interminables polémicas en las que participaron los principales personajes del mundo político e intelectual de la época. El proyecto finalmente realizado fue el propuesto por fray Martín Sarmiento, un monje benedictino célebre por su gran erudición, cuya principal novedad respecto a los que anteriormente se habían propuesto es la voluntad, explicitada en algunos de sus escritos, de que no sea un palacio para un rey en abstracto sino para el rey de España, para el soberano de una comunidad que existe al margen del monarca. Y la España imaginada por Sarmiento es una España «ampliada» en la que América y la península se representan como parte de un todo.

Parte de un todo son las escenas de batalla de los relieves en mármol que iban a ir en las sobrepuertas de los muros intermedios de la galería principal (aunque fueron realizados no llegaron a colocarse en el lugar previsto, pero lo importante es que fueron aprobados como parte del programa), donde se mezclan las batallas de Covadonga y Clavijo con las tomas y conquistas de Toledo, Granada, México y Cuzco, pero no con ninguna de las batallas o conquistas de la Monarquía en otras regiones del mundo. La conquista de América es vista no como un hecho aislado sino como parte de un gran ciclo que definía el carácter imperial de la nación española, un mismo macrorrelato histórico, que enlazaba Toledo con Cuzco y Sevilla con México. No había ninguna diferencia entre la toma de Sevilla por los guerreros castellanos bajados de las montañas del norte y la de México por los llegados del otro lado del mar. Formaban parte de la historia de una misma nación extendida a ambos lados del Atlántico.

Parte de un todo, también, son las estatuas de «todos los reyes de España» con que el proyecto de Sarmiento pretende coronar la cornisa del palacio, desde Ataulfo hasta Felipe V. Un «todos los reyes de España» que incluye tanto las viejas dinastías godas como los últimos emperadores azteca e inca, Moctezuma y Atahualpa, «lo que gustará a muchos y en especial a los americanos», tal como afirma el propio Sarmiento.18 Una decisión llamativa al margen de esa voluntad explícita de gustar a los americanos, que muestra de forma clara que el programa de Sarmiento no es un programa genealógico de una determinada dinastía. Podían caber dudas, bastantes, sobre la vinculación de la dinastía borbónica con Recaredo, Pelayo o Íñigo Arista, pero ninguna sobre la presencia de sangre inca o azteca en cualquiera de las múltiples ramas de la familia real española. Es un programa genealógico de la nación española, no de los reyes de España que muestra, para lo que aquí nos interesa, la voluntad de integrar los territorios americanos en una misma memoria colectiva. Y para ello no se duda en equiparar a Moctezuma con Pelayo, honor que por supuesto no mereció ninguno de los, en muchos aspectos más cercanos, reyes de musulmanes de la Península ibérica. La plasmación en piedra de la idea de que lo que había ocurrido con los emperadores americanos no era una conquista sino una traslación de soberanía. Solo como curiosa paradoja histórica cabe decir que las estatuas de Atahualpa y Moctezuma son de las pocas que siguen colocadas en su lugar original, en la entrada del palacio por la plaza de la Armería, mudos testigos de un proyecto fracasado y olvidado. La mayoría de las demás fueron retiradas y hoy se encuentran dispersas por los parques y jardines de varias ciudades españolas.

Lo que se está imaginando, en el doble sentido de imaginar y poner en imágenes, en el nuevo Palacio Real de Madrid es una «nación» española formada por España y América. No un conjunto de reinos unidos por la figura del monarca, tal como planteaba uno de los proyectos anteriores, reemplazado por el de Sarmiento, en el que la decoración se articulaba en torno a los escudos heráldicos de los reinos y señoríos que constituían la Monarquía, sino una comunidad amasada por la sangre y por la historia. ¿Solo la ocurrencia de un erudito benedictino encerrado en la celda de su convento gallego? No parece demasiado probable. El programa iconográfico fue discutido, corregido y reescrito varias veces hasta llegar al que finalmente se hizo, que no tenía ya nada que ver con el primeramente propuesto. El resultado de un debate en el que participaron los círculos cortesanos más próximos al rey y, en consecuencia, parte del discurso oficial de la Monarquía en ese momento concreto.

En la encrucijada del siglo XVIII la voluntad «nacionalizadora» de las élites de la Monarquía se encontró con el problema de qué hacer con América y la respuesta no siempre fue la de intentar convertirla en colonias ultramarinas sino también, y parece que sobre todo, convertirlas en parte de una misma nación española. Posiblemente porque a nadie se le escapaban las dificultades y riesgos que la primera decisión entrañaba, no solo por la importancia económica y política que América tenía para la Monarquía, sino sobre todo porque difícilmente las ricas y poderosas élites criollas iban a aceptar pasar de considerarse parte de la Corona de Castilla a colonias de la nación española.

Habría incluso que preguntarse si la idea de que América era una colonia de España no es una invención tardía, ya en pleno conflicto de las independencias, obra no de la monarquía borbónica sino de los propios insurgentes. Afirmar que América era un territorio dependiente y carente de derechos políticos formó parte, sin duda, de la campaña de deslegitimación de los insurgentes contra los realistas. No es seguro que la afirmación del Catecismo político cristiano publicado en Chile en 1810 sea una descripción de la realidad: «vosotros habéis sido colonos y vuestras provincias han sido colonias y factorías miserables, se ha dicho que no, pero esta infame cualidad no se borra con bellas palabras».19 Sobre lo que no cabe ninguna duda es sobre su voluntad de deslegitimación y sobre su capacidad de construir realidad.

Si difícil resulta saber qué nación intentaba inventar el reformismo borbónico, más todavía es definir el sentido de lo que entendemos por revolución y sus causas. Fray Servando Teresa de Mier inicia toda una corriente historiográfica para la que la revolución de la independencia tendría su origen, al margen de algunas causas coyunturales, en la explotación de los «españoles», entendidos en su caso como peninsulares, sobre los nativos americanos, entendidos como los nacidos en América. La versión de las guerras de independencia como la rebelión contra el despotismo español que, con ligeras modificaciones, se ha mantenido hasta nuestros días.

En el nuevo marco teórico global de comprensión de las guerras de independencia que aquí se está planteando, esto tampoco sería la causa de las guerras de independencia sino su consecuencia. El origen del conflicto sería, exclusivamente, un problema de soberanía política, que estallaría en una guerra civil en cuyo desarrollo factores como el enfrentamiento entre criollos y peninsulares o la explotación colonial fueron utilizados como explicación-justificación del conflicto o, si se quiere, como arma de propaganda política.

Los libelistas de la independencia inventan o magnifican un catálogo de agravios para empujar a los indecisos del lado de la insurgencia. Nada muy diferente de lo que habían hecho los revolucionarios franceses fabricando la imagen de un Antiguo Régimen en la que se confundía la realidad de una forma de organización social, basada en principios que comenzaban a ser puestos en cuestión, con la imagen dramática de un mundo arbitrario de señores feudales ejerciendo derecho de pernada y viviendo como bandidos al margen de la ley. La única diferencia, y no menor, en el caso de la Monarquía católica, es que la supuesta «anomalía hispánica» sirve para justificar no solo la revolución sino también los posteriores fracasos de los regímenes salidos de ella. La negra sombra del «pasado colonial» se extendería sobre el presente haciendo imposible la construcción de las nuevas sociedades. Los «tres siglos de despotismo que han dejado el triple yugo de la ignorancia, la tiranía y el vicio» de los que habla Bolívar.20 En esencia, por cierto, solo la versión americana de los «trescientos años de despotismo» que los revolucionarios españoles comenzaron a utilizar como característica del absolutismo monárquico iniciado con la derrota de las Comunidades de Castilla en Villalar.

Otra interpretación revolucionaria de las guerras de independencia quiso ver en ellas el resultado del secular enfrentamiento entre las depauperadas clases bajas y las élites blancas, no quedaba demasiado claro si solo peninsulares o también criollas, agravado por un empeoramiento generalizado de las condiciones de vida de los grupos subalternos. La causa inmediata del estallido de la revolución de la independencia habría sido el aumento de la explotación social y económica.

Esta interpretación alcanzaría su expresión más precisa en la historiografía marxista posterior a la década de los sesenta, que hasta esos años se había limitado a calificar los conflictos de las independencias como revoluciones burguesas, con la valoración ambigua que este calificativo tuvo en el marxismo clásico. En la obra del propio Carlos Marx, por ejemplo, coexisten una visión extremadamente positiva de la Constitución de Cádiz,

lejos de ser una imitación servil de la Constitución francesa de 1791, debe de ser más bien considerada como una creación original del espíritu español, el cual reanimó las antiguas instituciones nacionales y realizó reformas reclamadas por los escritores y políticos más eminentes de España,21

valoración, por cierto, más decimonónica que «marxista», con otra más ambigua de las independencias americanas. Estas últimas, según él, son obra de una élite criolla completamente desvinculada de los grupos populares, y cita como ejemplo a Simón Bolívar, revoluciones burguesas y no «proletarias». Esta seguirá siendo la versión de la historiografía marxista hasta la década de los sesenta-setenta, en algunos casos con el añadido de que había sido una revolución burguesa inconclusa. El mito de la revolución pendiente que como un fantasma ha recorrido durante años el pensamiento latinoamericano.

A partir de esos años la agenda política cambió y una serie de historiadores se dieron a la tarea de reinterpretar las independencias a la luz de la lucha de clases y del antiimperialismo. Las guerras de Independencia se veían así convertidas en un episodio más de la larga lucha de los desposeídos de la tierra por el pan y la justicia y, además, en el primer capítulo de las luchas antiimperialistas que estaban teniendo lugar en esos momentos en los más apartados lugares del planeta.22 Si el imperialismo era la última fase del capitalismo, las independencias americanas eran la primera del antiimperialismo.

Es una historiografía militante y anticolonialista, sobre la que hoy es mejor piadosamente pasar de puntillas. No resulta fácil enfrentarse, en sus versiones más caricaturescas, a interpretaciones de la guerra como el enfrentamiento de campesinos sin tierra y desalmados terratenientes españoles, cuando fueron muchos los terratenientes que combatieron del lado insurgente, no menos los campesinos que lo hicieron del lado de los realistas y, sobre todo, muchos los peones de los grandes latifundios que lo hicieron al lado de su patrón, tomase este el partido que tomara.

El interés de esta historiografía es en líneas generales bastante menor, aunque sus huellas se han dejado sentir durante largo tiempo en dos aspectos básicos: la descalificación ideológica por reaccionaria y conservadora de toda interpretación que excluya el carácter liberador de las guerras de independencia y una cierta tendencia a la intemporalidad de la voluntad independentista de unas clases bajas, confundidas o no con los indígenas, que efectivamente habían estado siempre ahí. Sobre lo primero no hay mucho que decir, releer el pasado a la luz del presente es el mejor método para no entender nada. Lo segundo ha tenido como consecuencia que cualquier conflicto con el poder político de la monarquía haya tendido a ser interpretado como independentista. La historia se ha ido llenando así de movimientos protoinsurgentes y protonacionalistas, en general revueltas y rebeliones claramente del Antiguo Régimen, como la de Tupac Amaru en Perú o la de los Comuneros de Socorro en Nueva Granada, en las que es necesario un cierto nivel de delirio histórico-intelectual para encontrar algún parecido con lo ocurrido en 1810.

El revisionismo de la década de los ochenta desmontó punto por punto la imagen de las guerras de independencia como una revolución social. Las sociedades americanas, como todas las sociedades del Antiguo Régimen, habían estado sometidas a periódicas crisis de subsistencia, cristalizadas en tensiones sociales más o menos generalizadas, pero que nunca llegaron a poner en cuestión el orden social vigente; el nivel de explotación no era superior al de otras sociedades del Antiguo Régimen, a uno y otro lados del Atlántico, es posible que incluso menor; y el consenso en torno a la legitimidad del sistema era bastante generalizado. La peculiaridad de 1810 había sido la irrupción de una crisis política, que afectó al conjunto de la monarquía y que permitió aflorar toda una serie de problemas de carácter socioeconómico, sin que estos fueran, en ningún caso, el ingrediente fundamental del conflicto. Lo que no quiere decir, por supuesto, que en el desarrollo de la guerra no tuviesen en algún momento un papel importante e incluso protagónico. Hay pocas dudas, por ejemplo, de que en la guerra del Bajío novohispano –en esos momentos el corazón económico de la Monarquía– el conflicto social tuvo un papel determinante y que el resultado, al margen de la independencia o no, fue una revolución que trastocó por completo las estructuras económicas y sociales de la región. Para mal, el Bajío nunca recuperaría su lugar en la economía mundial; y para bien, las condiciones de vida de los antiguos trabajadores de las minas, si hemos de creer a los viajeros que recorrieron la región en los primeros años de la independencia, mejoraron de manera significativa. Parece claro que en este caso lo determinante, al final, fue la revolución social. Pero no porque el nivel de explotación económica fuera superior a otras regiones del mundo atlántico, por el contrario, las condiciones de vida de sus trabajadores, incluidos los de las minas, parecen haber sido bastante mejores que las de otras regiones dentro y fuera de la Monarquía, sino porque la crisis política hizo estallar viejas tensiones por el reparto de unos recursos económicos muy superiores a los de no importa qué otro lugar de Europa y América. Hay que recordar que el Bajío producía en ese momento buena parte de la plata que circulaba por los mercados internacionales, del Atlántico al Pacífico, y que algunos de los mineros novohispanos figuraban entre los mayores potentados de la época. Su nivel de ingresos llamó ya la atención de Alexander von Humboldt que no encuentra equivalente con ninguna de las grandes fortunas europeas de la época.

Estudios como los de John Tutino o Brian Hamnett, sobre el caso mexicano,23 han mostrado que la línea de separación realistas/insurgentes no pasa necesariamente por la clase social; que la participación de los grupos populares del lado de los realistas no solo fue relevante sino, en algunos casos, decisiva; que si algo define la actitud de estos grupos populares frente al conflicto es su no participación en ninguno de los dos bandos y no su preferencia por ninguno de ellos; y, sobre todo, que la movilización a favor de uno u otro bandos estuvo motivada la mayoría de las veces por aspectos locales que poco o nada tenían que ver con una revolución social en sentido estricto.

Habría que preguntarse, incluso, si la participación de los indígenas en el conflicto no tuvo un carácter marcadamente contrarrevolucionario, militasen en el lado que militasen, de oposición a un proceso de modernización económica que llevaba varias décadas erosionando las solidaridades comunitarias y destruyendo su universo moral y mental. Una actitud que no habría sido muy distinta a la de otros muchos grupos campesinos contemporáneos.

Y es que, quizás, uno de los problemas de la historiografía americana sea su empeño en ver indígenas donde hay campesinos, consecuencia de ver e interpretar el mundo a partir de categorías raciales y no económicas o culturales.

Como resumen podríamos concluir que, lo mismo que ocurre en el caso de las independencias, la revolución social fue también una consecuencia de las guerras de independencia y no su causa. Fue el propio desarrollo del conflicto bélico el que hizo aflorar una serie de problemas y contradicciones que acabaron resolviéndose de forma revolucionaria y que, posiblemente hubieran acabado resolviéndose de la misma manera sin importar el resultado del conflicto. Finalmente también en la península, donde Fernando VII intentó mantener el Antiguo Régimen, el resultado no fue demasiado diferente al que se dio en América con la derrota de los ejércitos realistas, en esos momentos ya sí defensores del absolutismo.

Si en el origen de las guerras de independencia no hubo una revolución social ¿hubo una revolución política? Aquí, como en el caso de la independencia, no cabe ninguna duda de que el resultado fue una revolución política, tan radical, por lo menos, como la que dio origen a casi dos decenas de nuevas entidades políticas soberanas en lo que había sido solo una, la Monarquía católica. La pregunta es si la revolución fue ya el proyecto original de la insurgencia o, lo mismo que ocurrió con la independencia, fue solo el resultado final, no previsto, del propio conflicto bélico.

Una larga tradición historiográfica avala la primera afirmación. Las causas de las guerras habrían sido la influencia de la Ilustración, las ideas de la Revolución francesa y la independencia de Estados Unidos. Una interpretación que permitía poner en el origen de las independencias una ruptura radical con España, no solo política sino también ideológica, y que encontraba su justificación en la presencia, más o menos esporádica, en bibliotecas y decomisos de libros de obras revolucionarias como El contrato social de Rousseau.

Las cosas, sin embargo, no parecieron pasar exactamente así. Los estudios sobre el pensamiento de los insurgentes, en espacios tan distantes como la Nueva España o el Río de la Plata, han mostrado la pervivencia en sus argumentaciones de una tradición neoescolástica muy poco revolucionaria. Nada extraño si consideramos que era la que seguía vigente en los programas de estudio de colegios, seminarios y universidades de la Monarquía y que la presencia de algunos libros de autores «revolucionarios» no significa que se hubiese producido la sustitución de todo un sistema de pensamiento por otro.

La modernidad del pensamiento insurgente, si es que la hubo, parece descansar mucho más en la tradición de una Ilustración católica hispánica, común al conjunto de la Monarquía, que en el pensamiento revolucionario francés o estadounidense. La defensa de la religión católica frente a una península entregada a los ateos revolucionarios franceses no es solo propaganda y retórica, sino la manera como muchos de los primeros líderes insurgentes imaginaron la situación que estaban viviendo.

La revisión sobre el carácter revolucionario de la insurgencia tuvo su culminación en los trabajos del historiador François-Xavier Guerra, quien argumentó, de forma bastante convincente, que la revolución de las independencias no había tenido lugar a partir del programa de los insurgentes sino del liberalismo gaditano. Eran las ideas de Cádiz las que se encontraban detrás de los cambios revolucionarios producidos en los territorios de la Monarquía, tanto en los americanos como en los europeos, y formaban parte del común proceso de transición del Antiguo Régimen a la Modernidad de las sociedades hispánicas. Esto, por otra parte, ya lo habían afirmado en su momento algunos de los protagonistas americanos de la revolución liberal hispánica, por ejemplo el guayaquileño Vicente Rocafuerte, quien en 1822 escribe que el triunfo de las ideas liberales en América se debía no solo «a tantos libros como han corrido en ella desde el establecimiento de la Constitución española» sino también al «ejemplo que le daba la península en la lucha contra el servil».24 Y aquí habría que recordar que uno de los primeros alegatos sobre la injusta situación de los americanos no es obra de ninguna de las Juntas del continente sino del Consejo de Regencia, que en su manifiesto del 14 de febrero de 1810 proclama:

Españoles americanos […] no sois ya los mismos de antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro mientras más distantes estabais del centro del poder; mirados con indiferencia, vejados por la codicia, y destruidos por la ignorancia.

Es una llamada a la revolución contra el Antiguo Régimen y no, parece evidente, contra el colonialismo español, una revolución que liberaría a todos los súbditos de la Monarquía, no solo a los americanos, de «trescientos años de despotismo», la frase que tanto éxito tendrá posteriormente entre los insurgentes americanos pero que, en origen, como ya se ha dicho, expresaba solo la condena al absolutismo monárquico instaurado por los reyes de la casa de Austria tras la derrota de los Comuneros en Villalar.

El Consejo de Regencia parecía no tener demasiadas dudas de que lo que se estaba produciendo era una revolución que afectaba al conjunto de la Monarquía. Tal como afirma el mismo manifiesto unas líneas más adelante

que formen con nosotros [los españoles americanos] el plan de felicidad y perfección social en esos inmensos países y que, concurriendo a la ejecución de obra tan grande, se revistan de una gloria que, sin la revolución presente, ni España, ni América pudieron esperar jamás.25

En realidad los planteamientos de François-Xavier Guerra no eran tan revolucionarios como a primera vista pudieran parecer, de alguna manera se limitaba a ofrecer, lo que ciertamente no es poco, un marco interpretativo general a una serie de estudios que desde mediados del siglo XX habían comenzado a cuestionar las visiones de la historiografía tradicional al respecto. La imagen de una insurgencia revolucionaria frente a unos realistas reaccionarios resultaba cada vez de más difícil encaje con la información que la investigación histórica estaba aportando.

La implicación de los territorios americanos en la revolución política hispánica se dio desde el primer momento, al unísono de lo que estaba ocurriendo en la península y sin que sean perceptibles diferencias marcadas. En el caso de la Nueva España, las ciudades participaron en la elección de delegados a la Junta Central, aparentemente con un enorme interés. No solo participaron en la elección sino que en muchos casos enviaron detalladas instrucciones a sus representantes sobre los asuntos de los que prioritariamente debía de ocuparse la Junta.26 Los únicos conflictos que planteó la convocatoria tuvieron lugar, curiosamente, a propósito de la definición de provincia. Fueron varias las ciudades que protestaron por considerarse con derecho a enviar representantes: Querétaro, que alegó su condición de cabeza de partido; Arizpe, capital de la provincia de Sonora pero a la que no se le había reconocido el derecho de representación por carecer de ayuntamiento constituido; Tlaxcala, que reivindicó sus derechos históricos; etc., es decir por ser excluidos de participar en la comunidad hispánica, no por querer excluirse. No solo eso sino que, cuando el avance de las tropas francesas amenazaba con dejar a este organismo sin un lugar donde refugiarse, el cabildo de la ciudad de México ofreció, el 23 de marzo de 1809, que se trasladase a la Nueva España, una posibilidad que fue considerada por la Junta Central, tal como refleja su respuesta al cabildo del 23 de marzo de 1810.27

La situación no varió con la elección para diputados en las Cortes de Cádiz. Entre junio y agosto de 1810 se celebraron elecciones en todas y cada una de las ciudades que tenían derecho a ello, desde San Antonio, en Texas, hasta Mérida, en Yucatán. Esta primera revolución de la representación carece, al menos aparentemente, de cualquier matiz independentista.

Incluso algunos de los aspectos que en México la historiografía tradicional atribuía a la influencia directa de la independencia de Estados Unidos habían comenzado a cuestionarse desde fechas muy tempranas. Ya en 1955 la historiadora estadounidense Nettie Lee Benson demostraba, en su libro La diputación provincial y el federalismo mexicano,28 que el federalismo en este país hundía sus raíces mucho más en la diputación provincial establecida por las Cortes de Cádiz que en una posible influencia estadounidense sobre los primeros insurgentes. Aunque aquí habría que precisar que el «provincialismo» de los diputados mexicanos es previo a la Constitución gaditana y que remite a una tradición de autogobierno local común al conjunto de la Monarquía.

Ya en las instrucciones que las ciudades enviaron al diputado de la Nueva España en la Junta Central, el poblano Miguel de Lardizábal y Urive, y que por la corta vida de la Junta cuando llegaron a sus manos esta ya se había disuelto, hay una fuerte insistencia en la necesidad de que las provincias contaran con un poder autónomo. Sobre esta propuesta volverán los diputados novohispanos en las Cortes con su apoyo a la creación de las diputaciones provinciales. Nada extraño si consideramos que en la tradición jurídica de la Monarquía el derecho de los pueblos al autogobierno es constante, incluso en pleno proceso de centralización borbónica. Todavía en 1742 Lorenzo de Santayana Bustillo puede afirmar en su Gobierno político de los pueblos de España que «El gobierno de los pueblos, por derecho natural, pertenece a los pueblos mismos».29

Pero no solo en la Nueva España, salvo Chile y el Río de la Plata, donde el proceso no pudo concluirse por la corta vigencia de la Junta, todas las demás divisiones administrativas del continente llegaron a elegir representantes a la Junta: Venezuela a Joaquín de Mosquera y Figueroa, Puerto Rico a Ramón Power, Nueva Granada a Antonio de Narváez, Perú a José Silva y Olave, y Guatemala a José Pavón.

Incluso en el caso del Río de la Plata, que como ya se ha dicho no llegó a elegir representantes y que, aparentemente, estuvo mucho menos implicado en la revolución gaditana que la Nueva España, los historiadores han llegado a conclusiones no demasiado diferentes. Julio V. González pudo afirmar, tras una atenta lectura del Congreso del año XIII y en una fecha tan temprana como 1938, que «Todas las declaraciones fundamentales, menos una, con que la Asamblea del año XIII dio aquella significación al movimiento libertador argentino, fueron extraídas de la Revolución Española».30 La «Revolución de Mayo» de 1810 habría sido también un capítulo de la común revolución hispánica iniciada en 1808.

En resumen, había habido una revolución, sin duda, pero esta era el resultado del propio conflicto bélico, no de un programa político revolucionario previo, y no específica del mundo americano sino común al conjunto de la Monarquía. Lo ocurrido en América sería una expresión más de la revolución española y de la difícil transición a la modernidad y el liberalismo de las sociedades hispánicas. Una revolución que habría estallado de manera inesperada, sin que por ninguna parte existiese el famoso caldo de cultivo intelectual y político que después nos hemos empeñado en ver. La extrema radicalidad de la que se hace gala, trasladando la soberanía del rey a la nación casi de un día para otro, algo para lo que en Francia fue necesaria una sangrienta revolución, fue solo la consecuencia circunstancial de la ausencia del monarca. Pueblos y Juntas se encontraron con la soberanía sin tener que luchar por ella y la asumieron, primero de forma temporal, hasta el regreso de Fernando VII, y después ya de manera definitiva en la Constitución de Cádiz.

La fractura entre revolución y contrarrevolución no pasaba por la división insurgentes/realistas sino por el interior de cada uno de los dos bandos. Las guerras de independencia no habían sido el enfrentamiento entre un gobierno español oscurantista y reaccionario y una insurgencia ilustrada y liberal. El error, como en otros muchos casos, había estado en las historiografías nacionales, y nacionalistas, empeñadas en analizar los conflictos de las independencias en un marco todavía inexistente como el nacional. A uno y otro lados del Atlántico las diferentes historias nacionales se han olvidado de que el sujeto político era todavía el conjunto de la Monarquía y no las diferentes naciones por construir. Hubo una revolución liberal, pero no americana o española sino hispánica y esto cambia radicalmente todo el planteamiento del problema. El primer liberalismo hispánico no fue ni realista, ni insurgente; ni español, ni americano. Fue del conjunto de la Monarquía.

Habría incluso que preguntarse hasta qué punto el universo ideológico-político del mundo hispánico no siguió siendo común hasta mucho tiempo después de las independencias. El intercambio de exiliados políticos e influencias intelectuales ha sido constante entre los diferentes países del mundo hispánico, facilitado, sin duda, por el uso de un mismo vocabulario político-ideológico, y me refiero a algo que va mucho más allá del idioma y que tiene que ver con la existencia de patrones de pensamiento previos comunes, una especie de koiné político-ideológica común.

Está, desde luego, el caso por todos conocido del exilio republicano español en América y sus influencias en la vida política del continente. Pero están, también y quizá sobre todo, los múltiples intercambios de hombres y de ideas, voluntarios o forzados que ligaron entre sí el mundo hispánico, antes, durante y después de las independencias.

Pero volvamos a las revoluciones de las independencias. Ya en 1975 Jaime E. Rodríguez demostró, en The Emergence of Spanish America: Vicente Rocafuerte and Spanish Americanism, 1808-1832,31 que los vínculos entre los liberales españoles y americanos no se rompieron ni siquiera en el momento de la proclamación de las distintas independencias, y que los liberales españoles exiliados en Londres por la restauración del absolutismo en la península en 1823 siguieron colaborando con sus correligionarios americanos en la elaboración de textos escolares y técnicos para las nuevas naciones americanas. Suponemos que también en los debates que acabaron construyendo una nueva cultura política a uno y otro lados del Atlántico.

Todo ello nos lleva a la necesidad de separar el conflicto revolución/contrarrevolución, o si se prefiere liberalismo/absolutismo, del de insurgentes/realistas. Las guerras de independencia coincidieron en el tiempo, en la Monarquía católica, con el desarrollo de lo que conocemos como «el primer liberalismo hispánico». Pero este es un problema distinto, cuyas líneas de fractura poco o nada tienen que ver con la que se dio entre insurgentes y realistas. Existe, es cierto, una relación indirecta. El desarrollo del pensamiento liberal tiene como consecuencia inevitable un replanteamiento del problema de la legitimación del poder y la aparición en el escenario público de la nación como sujeto de soberanía y legitimidad, lo que llevaba directamente al problema de la definición de la nación. Un conflicto que primero o más tarde hubiera estallado en el interior de la nación imaginada en Cádiz.

Estalló ya incluso de alguna forma en los propios debates parlamentarios previos, con el enfrentamiento entre los diputados respecto al problema de la representación. El debate se prolongaría, aunque con matices y diferencias que es necesario considerar, en los enfrentamientos posteriores entre federalistas y centralistas y que, en el fondo, sigue siendo una discusión en torno a la nación y a la soberanía nacional.

En esta revolución política lo importante no fueron los planteamientos ideológicos previos sino las distintas experiencias de las élites de uno y otro lados del Atlántico durante el desarrollo de la crisis. No hubo un proyecto revolucionario, sino una sucesión de reacciones, respuestas a las circunstancias de cada momento, que acabaron cuajando en una revolución.

En el momento de las abdicaciones de Bayona la homogeneidad de las respuestas muestra claramente la existencia de un universo mental compartido en el conjunto de la Monarquía. Las ciudades americanas, lo mismo que las europeas, se movilizan e intentan crear Juntas que asuman el poder de manera provisional por ausencia de su legítimo depositario, Fernando VII. Se declaran independientes y soberanas, en la península y en América, pero esto no significa una declaración de independencia sino que son independientes de cualquier otro poder hasta el regreso de su legítimo depositario. A partir de aquí, sin embargo, las experiencias americanas y europeas se vuelven tan divergentes que la revolución tuvo, necesariamente, que discurrir por caminos distintos. Para las élites peninsulares fue la experiencia de un proceso de constitucionalización que llevó a la abolición del Antiguo Régimen y a la instauración de un sistema liberal; para las élites americanas la de una dura pugna por verse reconocidos como ciudadanos de pleno derecho de la nueva nación. Este último fue un problema que se agravó porque ya la experiencia borbónica había sido a este respecto distinta. No hay ninguna duda de que personas muy cercanas a los círculos de poder de la Corte habían coqueteado en las décadas finales del siglo XVIII con la idea de unas provincias ultramarinas convertidas en colonias; tampoco de que este era un planteamiento ni siquiera imaginable para las élites americanas, ellas eran parte esencial de la Monarquía y además de su núcleo central, el de la Corona de Castilla.

La imagen del recibo del préstamo patriótico a favor de Fernando VII de 1810, patrocinado por el Cuerpo del Comercio de la Nueva España, refleja perfectamente esta visión americana. La Nueva España y la Vieja España, representadas como dos figuras alegóricas, juran sobre un altar, adornado con los leones y castillos de la heráldica castellana, defender la Monarquía. Nada refleja sometimiento de una a la otra. Ambas del mismo tamaño y ambas ricamente vestidas. Esto último es una ruptura radical con la habitual representación europea de América como una india desnuda. El mensaje es claro y preciso: la vieja y la Nueva España son iguales y son reinos cultos y civilizados (vestidos).

Había, por lo tanto, un malentendido de partida. Y habría que preguntarse hasta qué punto, desde esta perspectiva, la solemne afirmación de la Junta Central del 22 de enero de 1809 de que los territorios americanos no eran colonias o factorías, como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española («los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española»),32 pudo sonar al otro lado del Atlántico más como una ofensa que como un reconocimiento. Si nadie se preguntaba si eran colonias el reino de León o el señorío de Vizcaya por qué preguntarse si lo eran el reino de Chile o la provincia de Tlaxcala. Bien es cierto que la real orden estaba expresada con una cierta habilidad dialéctica, no afirmaba que se les concedía la condición de parte integrante de la Monarquía sino que eran, lo que en castellano supone un matiz importante. No estamos ante una situación transitoria sino ante algo que forma parte de la naturaleza de las cosas. La Junta Central se limitaba al reconocimiento de algo que en ningún momento debía haberse puesto en duda.

Este malentendido va a resultar dramático en el momento del estallido de la crisis. Veamos, como ejemplo, lo ocurrido en la Nueva España. Al tenerse noticias de los sucesos de Bayona, comienzos del verano de 1808, el Ayuntamiento de la ciudad de México, a propuesta de su síndico Francisco Primo de Verdad y Ramos, eleva al virrey José de Iturrigaray la solicitud de reunión de una Junta o Cortes de la Nueva España para defender el reino de un posible intento de conquista francesa. Hasta aquí nada diferente de lo que venía ocurriendo en la península desde mayo de ese mismo año. Si algo llama la atención es la rigurosa argumentación legal y constitucional, apegada de la manera más estricta a la tradición jurídica de la Monarquía católica y a lo que la Ley de las Partidas determinaba para casos de emergencia como el que se estaba viviendo. Tampoco resulta nada particular la evolución siguiente, el enfrentamiento en torno a la propuesta que desembocará en el golpe de Estado de uno de los empresarios más ricos y poderosos de la ciudad de México, el vizcaíno Gabriel del Yermo, con el resultado de la destitución del virrey Iturrigaray y su sustitución por un militar, Pedro de Garibay. Nada tampoco demasiado anormal. Estamos ante uno más de los múltiples conflictos entre las élites locales, agudizados por la ausencia mediadora del monarca, que estallaron un poco por todas partes y que se resolvieron en función de la relación de fuerzas en cada caso concreto. Ni siquiera se puede afirmar que fuese un golpe de Estado «gachupín», tan peninsular era Iturrigaray, nacido en Cádiz, como Garibay, nacido en Alcalá de Henares. El propio Gabriel de Yermo, aunque peninsular, formaba parte de una familia establecida en la Nueva España desde mediados del siglo XVIII y en una pauta común a muchos otros comerciantes vizcaínos y montañeses se había casado con su prima criolla heredando parte de la fortuna de la anterior generación. Si acaso fue un golpe de Estado del poderoso grupo de comerciantes del Consulado de la ciudad de México, en el que convivían, de forma más o menos pacífica, vizcaínos y montañeses nacidos tanto en Europa como en América.

Lo que ya no fue tan normal es lo ocurrido a continuación. A pesar de la manifiesta ilegalidad de lo sucedido, si el argumento del Ayuntamiento de la ciudad de México para la constitución de una Junta es impecable desde el punto de vista legal, la argumentación de los golpistas, como suele ser habitual en estos casos, se limitó al uso de la fuerza, ninguna de las sucesivas autoridades de la península, Junta Central, Consejo de Regencia y Cortes de Cádiz, reconsideró el golpe de Estado ni puso en cuestión el cambio de virrey, manifiestamente ilegítimo.

La situación fue muy parecida en el resto del continente. Los protagonistas son los mismos, las élites locales y los funcionarios de la Monarquía. La evolución y los resultados varían en función de las relaciones de fuerza, la mayor o menor capacidad organizativa, la capacidad de reacción de cada uno de los sectores implicados y el mayor o menor prestigio de los funcionarios reales. Estos últimos tuvieron, además, que enfrentarse a la sospecha, siempre presente, de estar dispuestos al reconocimiento de Napoleón con tal de mantenerse en sus cargos, y a las dudas sobre su falta de legitimidad, en particular aquellos que habían sido nombrados, la mayoría, durante el gobierno del desacreditado Godoy, convertido en la causa de todos los males de la Monarquía.

En Perú, los intentos de crear Juntas en Charcas y La Paz fueron abortados de manera expeditiva, es decir mediante las armas, por el virrey Fernando de Abascal. El conflicto de Charcas tuvo algunos rasgos particulares, ya que la pugna entre las élites locales se focalizó en torno a la acusación contra el presidente de la Audiencia, Ramón García Pizarro, de apoyar las pretensiones de la hija de Carlos IV, la infanta Carlota, en esos momentos refugiada en Brasil junto con su marido el regente de Portugal, a heredar la corona. La defensa de la legitimidad de Fernando VII era en este caso contra las supuestas pretensiones de su hermana. García Pizarro fue obligado a dimitir, en mayo de 1809, y la Audiencia se convirtió en un nuevo poder político con la función de Audiencia Gobernadora. La llegada de tropas de Lima a las órdenes de Vicente Nieto, con el apoyo de las milicias de Buenos Aires, restableció la situación. También tiene algunas peculiaridades lo ocurrido en La Paz, en este caso por la presencia de representantes indígenas en la denominada Junta Tuitiva de los Derechos del Pueblo, el propio presidente era un mestizo, el comandante de milicias Pedro Domingo Murillo, y porque, quizá como consecuencia de lo anterior, es la primera en hacer referencia a los tres siglos de «despotismo y tiranía de un usurpador injusto».33 Aunque en otros documentos la justificación de la Junta de La Paz es la tradicional de defensa de los derechos de Fernando VII, también en este caso justificado por el «carlotismo» del intendente y del obispo.34 Este asunto parece haber sido una preocupación en toda el área rioplatense y contó con partidarios de una cierta entidad pública, por ejemplo el bonaerense Manuel Belgrano. La Junta de La Paz fue derrocada por las tropas del brigadier José María Goyeneche, en las que se había alistado buena parte de la élite criolla de Arequipa y otras ciudades del altiplano peruano. La actuación militar del virrey del Perú se extendió incluso fuera de su jurisdicción territorial. Fueron también tropas peruanas las que acabaron con la Junta de Quito en 1809.

En Caracas, fue el capitán general Juan de las Casas quien, en julio de 1808, inició negociaciones para la creación de una Junta, que suspendió cuatro meses más tarde, en noviembre de 1808, según el intendente de Caracas, Juan Vicente de Arce, porque el «celo y el ardor por la sagrada causa degeneraron en un espíritu de partido».35 Sin embargo, ya para 1810 se constituyó una Junta autónoma, gracias a la parálisis del batallón de Caracas y el escuadrón de dragones por la destitución de su comandante en jefe Vicente Emparán.

En Santa Fe de Bogotá se constituyó una Junta bajo la presidencia del virrey Antonio José Amar y Borbón, aunque después sería depuesto del cargo.

La situación resultó mucho más compleja en el Río de la Plata, donde la oposición al virrey Liniers, acusado de planear la entrega del virreinato a Francia, su país de nacimiento, uno más de los múltiples funcionarios no «nacionales» con los que contó la Monarquía católica a lo largo de sus tres siglos de existencia, fracasó en su intento de crear Juntas, salvo en Montevideo, donde se constituyó una en apoyo de su gobernador Francisco Javier Elío. Lo peculiar del caso rioplatense fue que Liniers logró mantenerse con el apoyo de unas milicias cuyos planteamientos políticos entraban dentro del juntismo más radical: en ausencia del monarca la soberanía recaía en los pueblos y no en las autoridades peninsulares.

Se podrían seguir enumerando casos pero la lógica es, a grandes rasgos, la misma y con resultados también parecidos: el no reconocimiento por las autoridades virreinales de las Juntas en aquellos casos que no tuvieron éxito, y los intentos de disolución de las mismas por las tropas del rey en aquellos en los que lo tuvieron. Los juntistas americanos recibieron trato, de manera general, como si fueran rebeldes al rey. Esta situación contrastaba con lo ocurrido en la península donde la legalidad de las Juntas había sido aceptada desde el primer momento, incluso cuando se habían enfrentado entre ellas, lo que ocurrió en varios casos.

La fractura de la experiencia de la revolución se agrandó con la formación de la Junta Central. En el momento de su creación se dispuso que estuviera formada por dos representantes de cada junta territorial, excepto en el caso de América, a la que se le asignaron nueve representantes divididos entre las diferentes demarcaciones virreinales. Y el problema aquí fue doble, por un lado la menor representación americana, como se queja el cuaderno de instrucciones del Cabildo de Santa Fe de Bogotá para el diputado de Nueva Granada ante la Junta Central:

el Ayuntamiento de la capital del Nuevo Reino de Granada no ha podido ver sin un profundo dolor que, cuando de las provincias de España aun las de menos consideración se han enviado dos vocales a la suprema junta central, para los vastos, ricos y populosos dominios de América, solo se pida un diputado a cada uno de sus reinos y capitanías generales, de modo que resulte una tan notable diferencia como la que va de nueve a treinta y seis.36

Por el otro, el absoluto desconocimiento de los procesos juntistas del otro lado del Atlántico. Se actuó, de hecho, como si nunca hubieran existido. La ignorancia de las Juntas americanas tenía profundas implicaciones políticas ya que podía ser interpretada, y se interpretó en muchos casos, como un no reconocimiento de la igualdad entre todos los territorios de la Monarquía. Algo inaceptable para las élites criollas americanas, tal como refleja de forma muy precisa el mismo documento anterior:

sintió profundamente en su alma [el Ayuntamiento de Santa Fe], que se asociaban en la representación nacional los diputados de todas las provincias de España, no se hiciese la menor mención, ni se tuviesen presentes para nada los vastos dominios que componen el imperio de Fernando en América […] No, no es ya un punto cuestionable si las Américas deben tener parte en la representación nacional; y esta duda sería tan injuriosa para ellas, como lo reputarían las provincias de España aun las de menor condición, si se versase acerca de ellas.

¿Qué imperio tiene la industriosa Cataluña sobre la Galicia; ni cuál pueden ostentar esta y otras populosas provincias sobre la Navarra? ¿El centro mismo de la monarquía, y la residencia de sus primeras autoridades, qué derecho tiene, por sola esta razón, para dar leyes con exclusión de las demás? Desaparezca, pues, toda desigualdad y superioridad de unas respecto de otras.

Todas son partes constituyentes de un cuerpo político que recibe de ellas el vigor, la vida.37

La situación no mejoró con la convocatoria a Cortes en la que a América solo se le asignaron representantes por provincia y no, como ocurrió para la península, los de las antiguas ciudades con voto en Cortes y los de las Juntas territoriales. Se estaba actuando, de hecho, como si el reconocimiento de la representación para América fuese un derecho nuevo y no algo que derivara de su antigua condición de reinos de la Corona de Castilla. Lo que resultaba indignante para las élites americanas no era que hubieran dejado de ser colonias por una decisión de la Junta Central, era que se dejara entrever que alguna vez lo habían sido. Es lo que afirma de manera literal el novohispano fray Servando Teresa de Mier:

Y por aquí se ve el desatino de llamar colonias a unos reinos con todas las prerrogativas de los más distinguidos reinos de España. Tenemos también Cortes según las leyes de Indias o congresos de las ciudades y villas, y señalados los votos de ellas. México tiene el primero, Tlaxcala el segundo, y ninguna autoridad puede impedirnos el nombrar diputados para las Cortes generales de la nación.38

En un texto posterior, el que trata de su estancia en Londres y la expedición de Mina, escrito por lo tanto con posterioridad a la aprobación de la Constitución, será todavía más tajante sobre los derechos históricos de las ciudades americanas a participar en las reuniones de Cortes: «sin que ninguna autoridad nos pueda tampoco impedir enviar los diputados de nuestras ciudades y villas a las Cortes generales de la nación».39

Fue la diferente experiencia de las élites americanas frente a la crisis de la Monarquía la que impulsó la revolución dentro de la revolución que llevó a las revoluciones de la independencia. En el común marco de una revolución hispánica, el problema en los territorios americanos derivó, de manera bastante rápida, hacia un conflicto en torno a la soberanía y la representación.

El no reconocimiento de las Juntas y su represión por la fuerza de las armas fue el primer paso. El segundo fue la representación desigual prevista para la Junta Central, 36 representantes por la parte europea de la Monarquía frente a nueve por la americana para una población que se creía más o menos equivalente. La desigual representación en las Cortes, treinta diputados para América por casi 250 para la península fue el tercero. Los debates sobre el problema de la representación y la soberanía en las Cortes de Cádiz, el cuarto. El quinto y definitivo fue la reinstalación del absolutismo monárquico.

Las dos primeras divergencias llevaron a los conflictos de 1810 y a los primeros intentos, todavía tímidos, de una ruptura con la península. Las segundas se convirtieron en irreversibles. Los debates de las Cortes de Cádiz alumbraron una Constitución liberal, cuya voluntad «revolucionaria» y de ruptura con el Antiguo Régimen fue compartida tanto por los representantes americanos como por los europeos; los que se dieron en torno a la soberanía y la representación, por el contrario, solo sirvieron para agrandar fracturas y configurar una visión americana de la Monarquía diferente de la europea.

Antonio Annino, un historiador italiano buen conocedor de los procesos de independencia americanos, mantiene la sugerente idea de que en realidad en Cádiz se enfrentaron dos propuestas alternativas de constitucionalización de la Monarquía católica como nación, una que intentó «constitucionalizar el imperio soñado por los Borbones», heredera del proyecto ilustrado de transformar los reinos americanos en colonias; otra que buscó «la constitucionalización del imperio de los Habsburgo del siglo XVII “compuesto” y, de facto, federal».40 La primera fue defendida, en líneas generales, por los europeos y la segunda, por los americanos.

No es seguro que esto fuese exactamente así, pero el planteamiento resulta atractivo. Sería ver en la defensa que algunos diputados americanos hicieron de la propuesta de que la soberanía reside «originariamente» en la Nación un eco de la Escuela de Salamanca del siglo XVII y de un imaginario tradicional sobre la comunidad política en la que aquella residía en los reinos, y, en la preferencia de la mayoría de los europeos por el «esencialmente», una ruptura con la tradición y la afirmación de una soberanía única e indivisible. Esta división remitiría a dos visiones de la Monarquía, una más moderna en la que la nación se imaginaba como una comunidad política homogénea, y aquí la única objeción que cabría poner a Annino es que esto no significa necesariamente considerar a los territorios americanos como colonias; y otra más tradicional que veía a la nación como la suma de las provincias y reinos que la componían. La primera dominaría en la península, donde posiblemente el proyecto nacionalizador borbónico había sido más intenso, y la segunda, en América, donde lo habría sido menos.

El debate de la indivisibilidad o no de la soberanía, sin embargo, no se dio solo en la península ni tampoco únicamente como una oposición entre europeos y americanos. Ya en el cabildo abierto de Buenos Aires del 22 de mayo de 1810 Manuel Genaro Villota, fiscal de la Real Audiencia, replica a Juan José Castelli, quien había argumentado que ante la ilegitimidad del Consejo de Regencia los derechos de soberanía revertían al pueblo de Buenos Aires, que esta revertiría, en todo caso, en cada uno de los pueblos que formaban el virreinato, no en su capital. Parece que esta respuesta dejó a Castelli bastante confundido.

Sobre lo que no cabe ninguna duda es que el debate rompió algunas de las posibilidades de que la revolución política que estaba teniendo lugar hiciera de la antigua monarquía una nueva nación. Una fractura que se volvería a reproducir dentro de cada uno de los estados surgidos de la independencia, en los que el enfrentamiento centralistas/federalistas continuaría durante buena parte del siglo XIX y en algunos casos, como en el de España, hasta el siglo XXI, y que se vio agudizada por la que se produjo a propósito de la representación.

A pesar de todo, americanos y europeos siguieron todavía caminando por la senda de una revolución que parecía marchar al mismo paso a ambos lados del Atlántico. La Constitución de Cádiz fue jurada y entró en vigor en numerosos pueblos y ciudades de América, la única excepción significativa fue el virreinato del Río de la Plata, donde a partir del no reconocimiento del Consejo de Regencia la evolución fue diferente.

La vuelta de Fernando VII y la restauración del absolutismo crearon una segunda fractura, esta ya irreversible. Las tropas realistas, en una política de tierra quemada, intentaron un regreso al Antiguo Régimen tan inviable en Europa como en América. Las vueltas al pasado son siempre, en la historia, el regreso al país de nunca jamás. «El Deseado», bajo cuya invocación se había iniciado la revolución hispánica, pasó a ser «el ingrato Fernando» y hasta «la execración del universo» del que habla Servando Teresa de Mier en 181741, quien mantenía que su Historia de la revolución en la Nueva España, escrita en 1813, era un alegato a favor del rey. Se trataba de una guerra, ahora sí, entre absolutistas y liberales. La revolución se convirtió en las revoluciones de las independencias, una por cada uno de los nuevos países nacidos del colapso del Antiguo Régimen en la Monarquía católica.

El corto período de restauración del liberalismo, con el trienio liberal (1820-1823), apenas dejó huella. El regreso del absolutismo, con el apoyo ahora de una intervención francesa, es ya solo un oscuro y esperpéntico episodio que dará paso al triunfo definitivo del liberalismo como sistema de gobierno en todos los territorios de lo que había sido la antigua Monarquía católica, pero fracturados en varias soberanías independientes unas de otras.

NOTAS

1. Fray Servando Teresa de Mier, Memorias, Madrid, Trama Editorial, 2006, págs. 192, 32, 293, 49, 154 y 181.

2. David A. Brading, «El mercantilismo ibérico y el crecimiento económico en la América Latina del siglo XVIII», en Enrique Florescano (comp.), Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina (1500-1975), México, FCE, 1979, pág. 313. Véanse también David A. Brading, Miners and Merchants in Bourbon Mexico, 1763-1810, Cambridge, Cambridge University Press, 1971; y John Lynch, The Spanish-American Revolutions, 1808-1826, Nueva York, Norton, 1973.

3. John Lynch, op. cit.

4. Entre sus obras más significativas se pueden citar David A. Brading, Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867, México, FCE, 1993; Nancy Farris, Crown and Clergy in Colonial México, Londres, The Athlone Press, 1968; John R. Fisher, Government and Society in Colonial Peru, Londres, The Athlone Press, 1970; Brian R. Hamnett, The Politics of Counter-revolution: Liberalism, Royalism and Separatism in Mexico and Peru, 1800-1824, Cambridge, Cambridge University Press, 1986; y Anthony MacFarlane, Colombia before Independence, Economy, Society and Politics under Bourbon Rule, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

5. Jaime E. Rodríguez O., «Interpretaciones generales de las independencias», en A. Ávila y V. Guedea (coords.), La independencia de México: temas e interpretaciones recientes, México, UNAM, 2007, pág. 211.

6. John Lynch, op. cit., pág. 200.

7. Véase el interesante artículo de Carl Almer, «“La confianza que han puesto en mí.” La participación local en el establecimiento de los ayuntamientos constitucionales en Venezuela, 1820-1821», en Jaime E. Rodríguez O., (coord.), Revolución, independencia y las nuevas naciones de América, Madrid, Fundación Mapfre, 2005, págs. 365-395.

8. John Lynch, op. cit., pág. 295.

9. Tulio Halperin Donghi, Reforma y disolución de los imperios ibéricos, 1750-1850, Madrid, Alianza, 1985.

10. Véase Carlos Marichal, La bancarrota del virreinato. Nueva España y las finanzas del imperio español, México, FCE, 1999.

11. Historia general de México, t. II, México, El Colegio de México, 1976, pág. 202.

12. Citado por José Carlos Chiaramonte, «Autonomía e independencia en el Río de la Plata, 1808-1810», Historia Mexicana, vol. LVIII, 1, 2008, pág. 342.

13. «Relación de las demostraciones de lealtad y júbilo que dio la ciudad de Guanaxuato», Suplemento a la Gazeta de México, 28 de diciembre de 1808.

14. Antonio de Capmany y de Montpalau, Centinela contra franceses, Tarragona, María Canals Viuda, 1808, págs. 72-74.

15. José de Gálvez al virrey Manuel Antonio Flores, 15 de mayo de 1779, citado en Juan Marchena Fernández, «The Social World of the Military in Peru and New Granada», en J.R. Fisher, Allan J. Kuethe y A. MacFarlane, Reform and Insurrection in Bourbon New Granada and Peru, Baton Rouge, Lousiana University State, 1990, pág. 58.

16. Citado en Josep M. Fradera, Colonias para después de un imperio, Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2005, pág. 23.

17. Jonathan Brown y John H. Elliot, Un palacio para el rey, Madrid, 1981, pág. vii.

18. Conrado Morterero, «Documentos del padre Sarmiento para el adorno exterior del Palacio Real de Madrid», Reales Sitios, 31, 1972, pág. 66.

19. Catecismo político cristiano por Don José Amor de la Patria, Santiago de Chile, Instituto de Estudios Políticos, 1975, pág. 43.

20. Citado en David A. Brading, The First America. The Spanish Monarchy, Creole Patriots, and the Liberal State, 1492-1867, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pág. 613.

21. Karl Marx, La revolución española: (1808-1814, 1820-1823 y 1840-1843), Madrid, Cenit, 1929, pág. 165.

22. Un buen resumen de los planteamientos de la historiografía marxista de esos años en torno a la independencia en concreto de México en Jesús Hernández Jaimes, «Los grupos populares y la insurgencia. Una aproximación a la historiografía social», en A. Ávila y V. Guedea (coords.), op. cit.

23. John Tutino, From Insurrection to Revolution in Mexico: Social Bases of Agrarian Violence, 1740-1940, Princeton, Princeton University Press, 1986; y Brian Hamnett, Roots of Insurgency: Mexican Regions, 1750-1824, Cambridge, Mass., Cambridge University Press, 1986.

24. Vicente Rocafuerte, Bosquejo ligerísimo de la revolución de Mégico: desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide, Filadelfia, Teracrouef y Narcajeb, 1822.

25. Puede consultarse el Manifiesto en Albert Dérozier, Quintana y el nacimiento del liberalismo en España, Madrid, Turner, 1978.

26. Algunas de esas instrucciones en Beatriz Rojas, Juras, poderes e instrucciones, México, Instituto Mora, 2005.

27. Ofrecimiento del cabildo y respuesta de la Junta en Gazeta de México, 23 de marzo de 1810.

28. Nettie Lee Benson, La diputación provincial y el federalismo mexicano, México, El Colegio de México, 1955.

29. Lorenzo Santayana Bustillo, Govierno político de los pueblos de España y el corregidor, alcalde y juez en ellos, Zaragoza, Francisco Moreno, 1742, cap. 1, pág. 1.

30. Julio V. González, Filiación histórica del gobierno representativo argentino, vol. II, Buenos Aires, La Vanguardia, 1937-1938, pág. 427.

31. Jaime E. Rodríguez O., The Emergence of Spanish America: Vicente Rocafuerte and Spanish Americanism, 1808-1832, Berkeley, University of California Press, 1975. Hay traducción española, El nacimiento del hispanoamericanismo. Vicente Rocafuerte y el hispanoamericanismo, 1808-1832, México, FCE, 1980.

32. «Real Orden de la Junta Suprema Central Gubernativa del Reyno», Sevilla, 22 de enero de 1809.

33. Proclama de la Junta Tuitiva de Nuestra Señora de La Paz, 27 de julio de 1809.

34. «Informe de los Representantes del Pueblo de La Paz a la Audiencia de Charcas dándole cuenta de los sucesos del 16 de julio de 1809», en S.J. Estanislao Just Leo, Comienzos de la independencia en el Alto Perú: los sucesos de Chuquisaca, 1809, Sucre, Judicial, 1994, documento XLVI, págs. 709-710.

35. Juan Vicente de Arce a Francisco de Saavedra, Caracas, 22 de noviembre de 1808.

36. Representación del muy ilustre Cabildo de Santa Fe a la Suprema Junta Central de España, 20 de noviembre de 1809. Obra de Camilo Torres no fue publicada hasta 1832, con el título de Memorial de agravios con el que actualmente es conocido. Puede consultarse en http://es.wikisource.org/wiki/Memorial_de _Agravios

37. Ídem.

38. Fray Servando Teresa de Mier, op. cit., pág. 147.

39. Ibíd., pág. 203.

40. Antonio Annino, «Imperio, constitución y diversidad en la América hispana», Historia Mexicana, vol. LVIII, julio-septiembre 2008, pág. 218.

41. Carta de fray Servando Teresa de Mier, 1817. Reproducida en fray Servando Teresa de Mier, op. cit., pág. 231.

Epílogo

Nada o muy poco sé de mis mayores

portugueses, los Borges: vaga gente

que prosigue en mi carne, oscuramente,

sus hábitos, rigores y temores.

Tenues como si nunca hubieran sido

y ajenos a los trámites del arte,

indescifrablemente forman parte

del Tiempo, de la tierra y del olvido.

Mejor así. Cumplida la faena,

son Portugal, son la famosa gente

que forzó las murallas del Oriente

y se dio al mar y al otro mar de arena.

Son el rey que en el místico desierto se perdió

y el que jura que no ha muerto.

JORGE LUIS BORGES,

Los Borges

No haber caído,

como otros de mi sangre,

en la batalla.

Ser en la vana noche

el que cuenta las sílabas

JORGE LUIS BORGES,

Tankas

A mediados del siglo XVIII Robert Clive, un antiguo escribiente y contable de la East India Company, regresa a Europa. Sus años de estancia en la India le habían proporcionado una fortuna fabulosa y una fama ambigua. «Clive de la India», el jefe militar que había llevado las tropas de la Compañía a la victoria en Plassey, «el general bendecido del cielo» que abrió las puertas del subcontinente al imperio, expulsando a los franceses y sometiendo a los poderosos nabab; pero también el funcionario imperial corrupto y corruptor, sin principios ni escrúpulos, en el que se reunían todos los defectos de un parvenu ambicioso e inmoral. En su equipaje había una colección de recuerdos indios y la férrea voluntad de usar su fortuna para hacerse un hueco en el mundo de la aristocracia inglesa.

Los primeros son las «curiosidades hindúes» que su hijo Edward encuentra a su muerte en un cofre, especialmente reservado para él, y que, junto con los muebles, armas y otros objetos coleccionados por este y por su esposa, lady Henrietta Clive, en sus años de estancia como gobernador de Madrás, forman la magnífica sección de arte hindú del «museo Clive» que todavía hoy puede contemplarse en Powis Castle.

Abrirse paso en las altas esferas de la aristocracia inglesa resultó, para este vástago de una familia de abogados rurales de Shropshire, en la frontera con Gales, algo más complicado. La compra de tierras, la construcción de una gran mansión en su dominio de Claremont, las intrigas políticas y la fama como gran coleccionista de obras de arte solo le permitieron la obtención de una pequeña baronía irlandesa, la de Plassey, demasiado poco para alguien cuya ambición declarada era un asiento en la Cámara de los Lores. Sería finalmente su hijo Edward quien obtendría, por matrimonio, el título de conde de Powis y la ansiada integración en el selecto grupo de las grandes familias aristocráticas inglesas del que todavía hoy los descendientes de los Clive forman parte.

Una estatua en Shrewsbury, la capital del condado de Shropshire del que era originaria su familia y donde él ocupó varios cargos públicos, recuerda su nombre para la posteridad.

Unos años antes de que Clive iniciara en la India el camino que lo llevaría a la riqueza y al reconocimiento social, llega a la Nueva España Fernando de la Campa Cos, vástago de una familia de hidalgos rurales de Cos, en Cabuérniga, actual Cantabria. Su éxito no fue menor que el de Clive, después de participar como militar en una de las múltiples pacificaciones de la siempre conflictiva frontera norte del virreinato, inicia una exitosa carrera como empresario minero y agrícola que le permite amasar una fortuna que en nada desmerece en relación con la del antiguo coronel inglés, ni en cantidad ni, posiblemente, en la manera oscura como fue conseguida, un complejo entramado de alianzas familiares, corrupción y métodos mafiosos que le permitieron convertirse en el centro de la vida económica del entonces rico emporio minero de Zacatecas. Pero aquí acaban todas las semejanzas.

Fernando de la Campa Cos, a diferencia de Clive, nunca regresó a España, la única relación que se le conoce con su mundo de origen es la fundación de un pósito de granos en Cos, y nunca mostró el mínimo interés ni por las civilizaciones prehispánicas e indígenas de la Nueva España, nada de colecciones de «curiosidades mexicanas», ni por ser reconocido por la aristocracia de la Corte de Madrid.

La Nueva España no fue, para De la Campa Cos, un lugar exótico con «curiosidades» que coleccionar, sino «su» mundo, tan suyo como el que ha dejado al otro lado del Atlántico. Un reino de ciudades con plazas de armas, cerámica de Talavera, procesiones, órdenes militares, templos, palacios e imágenes barrocas; una tierra en la que no cabía el exotismo: el mismo universo físico y mental en uno y otro lados del Atlántico.

Y quizás aquí no sea ocioso llamar la atención sobre el hecho de que en la Monarquía católica, a diferencia de los imperios de nuevo cuño, no solo los particulares no coleccionan objetos «exóticos», símbolos del imperio, tampoco el Estado lo hace. No existe en ella nada equivalente a las grandes colecciones de otras culturas exhibidas como un homenaje a la gloria de los respectivos imperios en Francia o Inglaterra.

Por poner un ejemplo, el British Museum recibe y expone, en una fecha tan temprana como 1802, la impresionante colección de antigüedades egipcias recogidas durante tres años por los científicos que habían acompañado a Napoleón en su expedición a Oriente, el botín de guerra de otro botín. El tratado de capitulación de los restos del ejército francés en Egipto establecía, en su artículo 15, que «los manuscritos árabes, las estatuas y las otras colecciones hechas por la República Francesa serán consideradas propiedad pública y serán puestos a disposición de los generales del ejército aliado» (ingleses y turcos). El botín de guerra solo cambiaba de manos y los ingleses se quedaron con la mayor parte.

Un museo «nacional», el British, que había sido fundado casi cincuenta años antes ya como museo nacional y no como institución real, recibe y expone los objetos egipcios no por su valor artístico sino como homenaje a la gloria de Inglaterra. Es lo que afirma literalmente Edward Daniel Clarke, encargado por el general inglés que había derrotado a los franceses de catalogar las antigüedades requisadas:

Se las instaló [las esculturas egipcias] en el patio descubierto del British Museum, consideradas como ejemplos singulares del arte egipcio pero sin demasiado interés, himnos a la gloria del país, trofeos que testimoniaban su valor.1

Que no se apreciara el valor artístico de los grandes monolitos traídos de Egipto, piezas «sin demasiado interés», es el reflejo de una tradición cultural para la que el único canon estético era el grecolatino; que a pesar de todo se los expusiera en un museo «nacional», es la expresión de una cultura imperialista en la que las colecciones exóticas eran una forma de mostrar la gloria y el poder de los británicos.

Frente a esto hay que recordar que ningún museo de la Monarquía católica exhibe en esa época colecciones imperiales. Madrid no se configura como una gran capital, no ya imperial sino nacional, hasta bien entrado el siglo XIX, cuando del supuesto imperio quedan ya solo algunos jirones. Por lo tanto hay que esperar hasta 1868 para que el Museo Real de Pinturas, fundado en 1819, incluya en su denominación el adjetivo nacional, Museo Nacional del Prado, lo que no cambió su condición de colección privada de los reyes carente de cualquier carácter no ya imperialista sino imperial. Y hay que esperar todavía más, hasta 1941, ya en pleno franquismo, para que aparezca el primer museo «imperial» español, el Museo de América de Madrid, cuando la quimera del imperio espiritual se convierte en el bucle melancólico de la nostalgia por lo que nunca existió.

La diferencia es también abismal con respecto a la búsqueda de reconocimiento social. Fernando de la Campa Cos persigue, lo mismo que Clive, ser reconocido –ambos son dos parvenus en busca de poder y riqueza–, y lo consigue, quizás incluso más que el inglés, caballero de la Orden de Calatrava, conde de San Mateo de Valparaíso, coronel de milicias, regidor perpetuo de la ciudad de Zacatecas, etc. Pero no en la metrópoli sino en una Nueva España que también es metrópoli. No regresa para construirse una mansión señorial en Castilla sino levanta una hacienda en el corazón de sus tierras zacatecanas, la de San Mateo de Valparaíso, impresionante como un castillo medieval. Tampoco busca casar a su hija y heredera, Ana María de la Campa Cos, cuya dote habría hecho palidecer a la de la hija de no importa qué grande de España, con un noble de la península sino con un título americano, nuevo como el suyo, el marqués del Jaral de Berrio.

Fernando de la Campa Cos no tiene ningún sentido de jerarquía territorial. Cualquier lugar de la Monarquía es tan bueno como otro para iniciar una nueva estirpe nobiliaria. Sus descendientes, criollos ya de tercera generación, tomarán partido a favor de los realistas en la guerra de la independencia, de manera no demasiado entusiasta si hemos de creer a Calleja, quien nunca pareció entender cómo el último conde de San Mateo de Valparaíso, Juan Nepomuceno de Moncada, pudo abandonar la hacienda del Jaral de Berrio, fortificada como un castillo, a las tropas de Francisco Xavier Mina, sin disparar un tiro y dejando en poder de este la impresionante suma de 140 000 pesos en oro. Todo ello a pesar de contar con un ejército de trescientos hombres y tres cañones.

La toma de partido de los últimos descendientes del conde de San Mateo de Valparaíso no impidió que siguieran en México una vez proclamada la independencia, tampoco que en algunos momentos coquetearan con la insurgencia. Moncada fue amigo personal de Ignacio Allende, parece que también de Hidalgo, y tuvo relaciones con la junta conspiradora de Querétaro. Fueron gente como ellos los que lucharon en las guerras de independencia, unos, como Allende, del lado de la insurgencia, otros, como Moncada y Berrio, del lado de los realistas.

Robert Clive era un inglés, Fernando de la Campa Cos un hidalgo montañés, cuya patria era la ciudad de Zacatecas y cuya fidelidad política se debía a la Monarquía católica, a ser un fiel vasallo del rey. Por eso resulta tan lejano en el tiempo. Su mundo desapareció arrastrado por el vendaval de la guerra y de la revolución. La hacienda de San Mateo de Valparaíso es hoy solo una ruina en un pequeño pueblo del sureste de Zacatecas. El escudo que ornaba su fachada, en el que se entrelazaban los símbolos heráldicos de los De la Campa y los Cos, se trasladó a la ciudad de Zacatecas, al frontis del edificio de la Unión Ganadera, un despojo carente de sentido, tan lejano o más que un glifo maya. A diferencia del aventurero inglés, nada ni nadie lo recuerda en España. Tenue es también su memoria en México, hasta el palacio de los condes de San Mateo de Valparaíso en la ciudad de México ha pasado a ser conocido como palacio Iturbide. Solo una lápida, mandada poner por su hija Ana María de la Campa Cos, quien trasladó sus restos de la capilla de San Mateo de Valparaíso, donde primeramente había sido enterrado, al convento de Santo Domingo de la villa de Llerena del Real de Minas de Sombrerete, fundado por él, nos habla de un personaje desdibujado, «célebre por su piedad y por sus inmensas riquezas». Eso es todo.

Fueron gente como Fernando de la Campa Cos y sus descendientes, la «vaga gente» del verso de Borges, quienes desde el sur de Estados Unidos a la isla de Chiloé tuvieron que enfrentarse al fin de una civilización, al colapso de un mundo, el suyo, que se vieron obligados a sustituir por otro. Es a ese enfrentamiento, a esa lucha por dejar de ser y seguir siendo, a lo que llamamos guerras de independencia. Gente que en muchos casos entró en un mundo nuevo sin entender que el suyo había muerto para siempre. Son vagos fantasmas, como Matías Martín y Aguirre, antiguo oficial del ejército realista, quien todavía en 1847 se preguntaba, en una carta desde Matehuala, desconcertado por la escasa resistencia del ejército mexicano ante el estadounidense: «¿Ya no hay caballería mexicana? ¿Ya no hay hombres como los fieles de Potosí?»,2 sin comprender que nada quedaba de aquello por lo que y con lo que había luchado, o Ángel Calderón de la Barca, criollo bonaerense, quien en esa misma fecha de 1847 mostraba su estupor porque «los yankees hayan plantado el pabellón de las estrellas en el Palacio de los Virreyes de México»,3 ante la perplejidad del yucateco Justo Sierra O’Reilly, que parecía no entender por qué el ministro plenipotenciario de España ante Estados Unidos se empeñaba en llamarlo paisano, consideraba el viejo palacio algo suyo y sentía como una afrenta personal el que los estadounidenses hubiesen podido izar su bandera en la Plaza de Armas de la otrora orgullosa capital del Reino de la Nueva España.

Pero dejemos el mundo de los héroes, el de los que murieron en la batalla, y volvamos al de los que «en la vaga noche» contamos sílabas. Si el primer centenario de las independencias fue una buena ocasión para las autocelebraciones conmemorativas de los diferentes estados-nación a mayor gloria de sí mismos, el digno broche final de una historiografía que había logrado convertir a la nación en el centro de la historia, el segundo debería servir para un análisis más detenido y pausado que permitiera una mejor comprensión de lo ocurrido.

Pasadas las urgencias de las construcciones nacionales y también, aunque quizá menos, las pulsiones nacionalistas de los historiadores, parecería haber llegado el tiempo de comprender más que de juzgar; la hora de un nuevo paradigma que nos permita entender el significado exacto de eso que llamamos, quizá no muy exactamente, guerras de independencia. Un paradigma que sea capaz de integrar las nuevas teorías políticas sobre el concepto de nación desarrolladas por la ciencia política en las últimas décadas con las aportaciones sobre el tiempo de las independencias puestas al descubierto por los historiadores durante estos últimos años, algunos de cuyos nombres se han ido desgranando a lo largo de las páginas de este libro.

Una nueva propuesta que debe partir de que las llamadas guerras de independencia fueron un conflicto de carácter político-ideológico en el que básicamente lo que se dirimió fueron cuestiones con respecto al poder, ¿quién, dónde, cómo y en nombre de qué o de quién debe de ejercerlo? Otros aspectos como los conflictos étnicos, económicos y sociales, contribuyeron a su mayor o menor virulencia, pero no fueron ni la causa ni el centro del problema. Esto significa poner en cuestión uno de los modelos más influyentes para la explicación de las guerras de la independencia en las últimas décadas, el denominado por Mónica Quijada modelo materialista,4 para el que las emancipaciones americanas se explican a partir de la lucha de clases o, como precisa la propia Quijada, del conflicto social en el interior de una sociedad estratificada a partir de criterios socioétnicos. Un modelo que no deriva directamente de la historiografía marxista más caricaturesca de la década de los sesenta, sino de la influyente obra del historiador británico John Lynch, cuya aportación a una mejor comprensión de las guerras de independencia resulta bastante marginal cuando no nociva. Como afirma François-Xavier Guerra, las élites que hicieron la independencia no eran tanto una clase social como una cultura.5 No fueron sus intereses de clase los que las empujaron a tomar partido por uno u otro bandos sino sus diferentes formas de ver y entender el mundo.

En este conflicto político-ideológico hubo un enfrentamiento entre los defensores del viejo sistema de legitimidad dinástica y los de una nueva legitimidad nacional. Hubo una guerra civil en la que la ubicación de los diferentes actores estuvo determinada por sus posicionamientos político-ideológicos y no por su origen «nacional», o social. Y aquí habría que cuestionarse tanto la versión tradicional, empeñada en ver la contienda como un enfrentamiento entre peninsulares y criollos, como la más reciente historia social de la independencia, empeñada en verla como una sucesión de conflictos económicos y étnicos que habría llevado a la gran conflagración final.

Las independencias fueron un proceso de larga duración que tiene que ver, no con luchas de liberación nacional sino con los procesos de construcción de naciones. Cabe incluso la posibilidad de que exista un modelo específicamente latinoamericano de construcción nacional. Esto significa situar los conflictos de las independencias no como un punto de llegada, el fin del Imperio español en América, sino de partida, el inicio de un complejo proceso que permitió sustituir una forma de legitimidad por otra y construir naciones allí donde antes había pueblos y patrias. La construcción de naciones es un objetivo al que los intelectuales y políticos hispanoamericanos han dedicado lo mejor de sus esfuerzos durante más de dos siglos. En este sentido las llamadas guerras de independencia no acabarían con las derrotas de los ejércitos realistas sino que se prolongarían durante buena parte de la primera mitad del siglo XIX e incluso más allá. Esta última es una propuesta avanzada ya por varios autores, entre los que cabría citar, de manera destacada, a François-Xavier Guerra,6 pero que sería necesario convertir en el centro de una nueva forma de entender la historia de la América hispana y su peculiar inserción en el marco de la historia universal.

El planteamiento anterior debe llevar a preguntarnos por qué unas naciones y no otras. En el amplio ámbito geográfico de la Monarquía católica las naciones posibles eran múltiples. En un extremo, una nación que hubiera abarcado el conjunto de los territorios americanos; en el otro, la balcanización centroamericana; en medio, todas las opciones posibles, desde antiguos virreinatos hasta capitanías generales. Habría que intentar explicar la lógica de un proceso en el que parecen convivir opciones múltiples sin que haya un modelo hegemónico. Hubo naciones imaginadas a partir de gobernaciones, es el caso de Uruguay, Paraguay y la mayor parte de las centroamericanas; otras de audiencias, Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela; y otras, por último de virreinatos, México, Colombia, Perú y Argentina, despojados, obviamente, de las gobernaciones y audiencias usadas para construir otras soberanías políticas. Las naciones no estaban definidas a priori. Fueron el resultado de una serie de procesos que es necesario explicar para entender por qué unas y no otras; y para entender, también, el papel determinante que algunas ciudades tuvieron en la configuración de esos nuevos espacios nacionales.

Da la impresión de que en el caso hispanoamericano, y habría que ver si solo hispanoamericano, se hicieron naciones para una capital, no capitales para una nación. Las grandes ciudades virreinales fueron el centro de un intenso proceso de nacionalización que les permitió construirse naciones hasta allí donde llegaba su área de influencia. Nada extraño si consideramos que en la vieja sociedad virreinal estas habían actuado como centros de la vida económica, social y política de los amplios espacios geográficos que las rodeaban. «Nadie puede dudar […] que el Ayuntamiento de México es una parte de la nación y la más principal, por ser la metrópoli de este reino», escribirá el apoderado del cabildo de la ciudad de México, Francisco Verdad, en 1808; y «El pueblo de Buenos Aires […] capital del reino y centro de nuestra gloriosa revolución, representa al gobierno por medio de su respetable Ayuntamiento la necesidad urgente de concentrar el poder», replicará en el otro extremo del continente el Estatuto Provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata de 1811.7

En esta explicación, en la que las naciones realmente existentes no son una realidad de partida sino el resultado de un proceso, de una construcción histórica, el tiempo es la larga duración y no solo hacia delante sino también hacia atrás. Es necesario reconstruir las formas de identidad colectiva de las élites en el mundo hispánico previo a la independencia, su mundo simbólico y las redes burocráticas en las que se integraban, fuesen estas religiosas o laicas. Fueron estas élites las que inventaron las naciones, pero no a partir de una libertad absoluta sino a partir de sus propios condicionamientos, prisioneras de una visión del mundo que había construido memorias, identidades, afinidades históricas y culturales desde mucho antes que la nación estallara como problema en la Monarquía católica, en 1808. Posiblemente ya desde el mismo momento de la Conquista, cuando los procesos de aculturación comenzaron a actuar sobre las poblaciones blancas y no solo, como ha pretendido una cierta historiografía, sobre las indígenas.8

Pero por encima de todas estas consideraciones, deberíamos de ser capaces de enfrentarnos al problema de las independencias desde un cierto agnosticismo sobre el hecho nacional. La nación no es una realidad natural, sino la respuesta al problema de la legitimación del poder en un momento histórico concreto y es desde esta perspectiva desde la que hay que entender el problema de las independencias. Sería necesario no creer en la nación para enfrentarse al estudio de la historia de su construcción libre de prejuicios. El problema es que el hombre moderno, incluidos los historiadores, y en este caso probablemente más que el resto, está construido desde la nación. Quizá para el tricentenario nuestros descendientes, más afortunados, puedan escribir sobre las independencias desde este necesario agnosticismo, uno que nos permita entender que la ruptura de las independencias fue solo una de las salidas posibles a la crisis de la Monarquía.

Hay mucho de tautológico en esa visión teleológica que parte del hecho de que, puesto que la fragmentación de la nación imaginada en Cádiz ocurrió, era porque tenía que ocurrir. Nada en la historia es inevitable. El proyecto gaditano de convertir la antigua Monarquía en una nueva nación fue factible. Es incluso posible que la responsabilidad de su fracaso sea más de las élites peninsulares que de las americanas. La posibilidad de convertir los territorios americanos en colonias de la nación española, el viejo proyecto que ya había tentado a los círculos cortesanos ilustrados de mediados del siglo XVIII, siguió condicionando la percepción de unas élites políticas que interpretaron el texto gaditano a partir de una matriz europea de difícil encaje en las expectativas americanas. La disgregación de la Monarquía católica fue el resultado de la imposibilidad de imaginarla como una nación, pero no se trata de una imposibilidad ontológica, sino del resultado de unas circunstancias determinadas en un momento concreto del devenir histórico.

Hubo varias opciones posibles, la construcción de las naciones que hoy existen fue solo una de ellas y ni siquiera sabremos nunca si mejor o peor que las otras. Las guerras de independencia marcan el final de un mundo irremediablemente perdido, para cuya comprensión de nada sirven nuestros valores. Forman parte de aquello que ya ni siquiera es imaginable. En el inicio de este ensayo, un poeta rememoraba las lejanas batallas que habían dado origen a una civilización que todavía consideraba suya. No ha pasado ni siquiera un siglo desde que Kavafis escribiera, él aún no lo sabía, el epitafio del mundo griego en una Alejandría hoy tan lejana y fantasmagórica como aquella que alguna vez habían pisado los mercenarios de Alejandro. Nada queda de los griegos de Alejandría, menos aún de los «de Media y los de Persia», y encontrar a alguien que todavía balbucee el griego entre Bactria y la India, allí donde «la común lengua griega» era «conocida por todos», sería poco menos que un milagro.

De los griegos de Oriente solo quedan las ruinas arqueológicas de sus ciudades, los restos de sus templos, una cuantas estatuas esterilizadas en la vacuidad de los museos y el anacronismo de una Grecia moderna autoerigida en su heredera, pero que nada tiene que ver con ellos.

No es mucho más lo que queda de la vieja Monarquía católica, aquella que las alegorías representaban como una feliz matrona reinando sobre dos hemisferios con un león a sus pies, un mundo irremediablemente muerto. Quizás el error fue que, como la Grecia moderna, uno de los retazos de aquella institución política, el conglomerado de reinos europeos de la Monarquía se empeñara en erigirse en su heredero. Este anacronismo, otro más, ha tenido como consecuencia que los descendientes de jornaleros extremeños, que nunca llegaron ni siquiera a ver el mar, se sientan herederos de la «vaga gente» de Borges, de aquellos que cruzaron los océanos del planeta, como afirma una crónica etíope del siglo XVI sobre los portugueses llegados a conquistar el mítico reino del preste Juan, «hambrientos de batallas como leones, sedientos de sangre como lobos», un mundo perdido, desaparecido y sin herederos.

El fin de la Monarquía católica fue también el de una forma de civilización. Nuevas naciones brotaron de sus ruinas, pero no hay continuidad entre ninguna de ellas y lo que siguió. Identificar la nación española con la Monarquía católica es parte de la estrategia del Estado español decimonónico para inventar una España intemporal y gloriosa, pero resulta tan anacrónica como un dogmático pope ortodoxo griego proclamándose heredero del espíritu pagano de Alejandro Magno.

Visto desde esta perspectiva, temporal y teórica, quizá la única pregunta relevante sea cuándo y en qué brumosa ciudad portuaria, del Atlántico o del Pacífico, un Kavafis criollo escribirá los últimos versos en español del continente, cerrando una historia hoy todavía inconclusa. En una «nuestra común lengua española» desaparecida, lo mismo que en el caso griego, por el doble ataque de alguna lengua de comunicación más atractiva y por la resurrección de viejas lenguas nativas «más nuestras» que las de los conquistadores, en algún momento tan ajena y extraña como ellos mismos.

Quizá sea también entonces cuando una nueva historiografía convierta el período iniciado en el continente con las independencias en una especie de época helenística. Un período de transición en el que no se pudo, o no se quiso, poner fin real a los últimos resabios de la Monarquía católica. La historia, y sobre todo el relato construido por los historiadores, tiene extraños recorridos y el segundo centenario de las independencias quizás acabe siendo el que marcó el tiempo de los precursores, el de los que iniciaron el fin de las repúblicas helenísticas/hispánicas en América, el de los refundadores de naciones.

Pero esto es historia-ficción, no historia, y los historiadores nos sentimos más cómodos prediciendo el pasado que el futuro. Aparentemente un modo infalible de nunca equivocarse. Pero a veces nuestras profecías de pasado son tan erróneas como las de futuro y de peores consecuencias. En la Plaza Grande de Quito un monumento recuerda el «Primer Grito de Independencia Hispanoamericana», el que dio origen a la Junta Provisional de agosto de 1809. En la base, el león español, herido, con una punta de lanza en su costado, se aleja tambaleante entre los despojos de la vieja monarquía, armas, pendones y una gran cruz virreinal; en una de las esquinas el cóndor ecuatoriano remonta majestuoso el vuelo con las cadenas de la opresión española rotas a sus pies. Una bella metáfora en bronce de la que habría sido la primera proclamación de la independencia en la América española. El problema es que el Acta de Independencia firmada por la Junta a la que el monumento rinde homenaje dice cosas tan extrañas como que su presidente «Prestará juramento solemne de obediencia y fidelidad al rey en la catedral inmediatamente y lo hará prestar a todos los cuerpos constituidos así eclesiásticos como seculares. Sostendrá la pureza de la religión, los derechos del rey, y los de la patria y hará guerra mortal a todos sus enemigos, principalmente franceses, valiéndose de cuantos medios y arbitrios honestos le sugiriesen el valor y la prudencia para lograr el triunfo» o que la Junta «gobernará interinamente a nombre y como representante de nuestro legítimo soberano, el señor don Fernando Séptimo, y mientras su majestad recupere la península o viniere a imperar en América».9 Es posible que sea una proclamación de independencia, pero suena rara.

La historiografía patriótica ecuatoriana redondea el relato en bronce con una emotiva narración en la que las tropas españolas truncan esta primera alba de la «libertad» americana con el asesinato de la mayoría de los miembros de la Junta, en una orgía de saqueos, robos, sangre y destrucción. Lo que no dice es que el núcleo principal de estas «tropas españolas» eran las milicias de pardos de Lima, zambos americanos, al menos tan americanos como los criollos a los que asesinaron y las damas quiteñas a las que violaron. A su frente, eso sí, un «español», el teniente coronel Manuel Arredondo y Mioño. Español, también es cierto, de complejas relaciones con América, hijo de un virrey y heredero, a través de su tía, la criolla limeña Juana Josefa de Herce y Dulce, de un título americano, el de marqués de San Juan Nepomuceno, pudo haber nacido en Buenos Aires, sin que, casi seguro, su condición de criollo hubiera cambiado para nada ni su carrera militar ni su actuación en los aciagos sucesos de Quito.

Un monumento con dos cóndores desgarrándose las entrañas habría sido, quizás, una metáfora bastante más precisa de lo ocurrido que la profecía de pasado en bronce imaginada para la conmemoración del «Primer Centenario de la Independencia».

NOTAS

1. Citado por Brian Dolan, Exploring European Frontiers: British Travellers in the Age of Enlightenment, Londres, Macmillan, 2000, pág. 24.

2. Citado en Niceto Zamacois, Historia de Méjico desde sus tiempos más remotos hasta nuestros días, Barcelona y Méjico, J.F. Parrés, vol. 9, p. 340.

3. Citado en Felipe Teixidor, «Prólogo», en madame Calderón de la Barca, La vida en México durante una residencia de dos años en ese país, Porrúa, México, 1959, págs. xxxiii-xxxiv.

4. Mónica Quijada, Modelos de interpretación sobre las independencias americanas, Zacatecas, Conacyt-Universidad Autónoma de Zacatecas, 2005, pág. 15.

5. François-Xavier Guerra, Modernidad e independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, México, FCE-Mapfre, 1993, pág. 101.

6. Véase en particular François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, Madrid, Mapfre, 1992.

7. Francisco Verdad, «Memoria póstuma», en José Luis Romero y Luis Alberto Romero, Pensamiento político de la emancipación, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977, y Estatuto provisional del gobierno superior de las Provincias Unidas del Río de la Plata a nombre del Sr. D. Fernando VII, Buenos Aires, 1811.

8. Para el análisis de un caso concreto de este tipo de aculturación, véase Solange Alberro, Les espagnols dans le Mexique colonial. Histoire d’une acculturation, París, Armand Colin, 1992.

9. Acta de la independencia de Quito (1809).

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La bibliografía sobre las independencias es prácticamente inabarcable. En la presente se incluyen solo los textos citados en este libro y otros que, aunque no se haga referencia explícita a ellos, forman parte de su trama, sea porque se utilizan algunos de sus argumentos o porque se polemiza con ellos.

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Índice onomástico

Abad y Queipo, Manuel

Abascal, José Fernando de

Ágreda, Diego de

Alamán, Lucas,

Aldama, Juan

Allende, Ignacio María de

Amar y Borbón, José Antonio

Anderson, Benedict

Anna, Timothy E.

Annino, Antonio

Aranda, conde de

Arce, Juan Vicente de

Argüelles, Agustín de

Arista, Íñigo

Arista, Mariano

Arredondo y Mioño, Manuel

Arteche, Juan Antonio de

Atahualpa

Ataulfo

Austria, Carlos de

Baralt, Rafael María

Bárcena y Arce, Francisco Manuel de la

Bauer, Otto

Belgrano, Manuel

Bello, Andrés

Benson, Nettie Lee

Bentham, Jeremy

Blanco White, José María

Bolívar, Simón

Bonaparte, Luciano

Bonaparte, Napoleón

Borbón, Carlos Luis de

Borbón, Carlota de

Borbón, Felipe de

Borbón, Francisco de Paula de

Borges, Jorge Luis

Bosher, John

Brading, David A.

Bravo, Nicolás

Brown, Jonathan

Burkholder, Mark S.

Bustamante y Guerra, José de

Bustamante, Anastasio

Bustamante, Carlos María de

Cadalso, José

Calderón de la Barca, Ángel

Calleja del Rey, Félix María

Campa Cos, Ana María de la

Campa Cos, Fernando de la

Campbell, Patricio

Canga Argüelles, José

Capmany, Antonio de

Carlomagno

Carlos II

Carlos III

Carlos IV

Carlos V

Carlos, archiduque

Casas, Juan de las

Castelli, Juan José

Cervantes Saavedra, Miguel de

Chandler, D.S.

Chavarri, Francisco

Chiaramonte, José Carlos

Clarke, Edward Daniel

Clive, Edward

Clive, Henrietta

Clive, Robert

Cortés, Hernán

Covarrubias, Sebastián de

Cuauhtémoc

Cuesta, Gregorio de la

Dedieu, Jean-Pierre

Demélas, Marie-Danielle

Díaz del Castillo, Bernal

Doménech, Vicent

Elío, Francisco Javier

Elliot, John H.

Emparán, Vicente de

Enríquez, Camilo

Espoz y Mina, Francisco

Fagoaga, Francisco de

Farris, Nancy

Feijoo, Benito Jerónimo

Felipe II

Felipe V

Fernández Madrid, José

Fernando VI

Fernando VII

Fisher, John R.

Floridablanca, conde de

Freud, Sigmund

Fuentes, Carlos

Furet, François

Galeano, Eduardo

Gálvez, José de

Gandía, Enrique

García Pizarro, Ramón

Garibay, Pedro de

Gellner, Ernest

Godechot, Jacques

Godoy, Manuel

Gómez Pedraza, Manuel

Góngora, Mariano

González Balcarce, Antonio

González, Julio V.

Gorriti, Ignacio

Goyeneche, José María

Grocio, Hugo

Guedea, Virginia

Güemes Pacheco, Juan Vicente de

Guerra, François-Xavier

Guerrero, Vicente

Gutiérrez Altamirano, Juan Xavier Joaquín

Hall, Basil

Halperin Donghi, Tulio

Hamnett, Brian

Herce y Dulce, Juana Josefa de

Herder, Johann Gottfried von

Herrera, José Joaquín

Hidalgo de Cisneros, Baltasar

Hidalgo y Costilla, Miguel

Hudson, William Henry

Humboldt, Alexander von

Iturbide, Agustín de

Iturrigaray, José de

Jaral de Berrio, marqués del

Jiménez de León Manco Cápac, Andrés

Jiménez, Mariano

José I

Jovellanos, Melchor Gaspar de

Juan, preste

Kavafis, Constantino

Klimt, Gustav

Kuhn, Thomas S.

Lardizábal y Urive, Miguel de

Las Casas, Bartolomé de

Lavallé, Bernard

Llanos, Valentín

Loos, Adolf

López de Gómara, Francisco

López de Santa Anna, Antonio

Luis XIV

Lutero, Martín

Lynch, John

MacFarlane, Anthony

Magno, Alejandro

Maldonado, Teresa María Josefa

Mariana, Juan de

Martín y Aguirre, Matías

Martínez Marina, Francisco

Marx, Carlos

Mier, Servando Teresa de

Mina, Xavier

Moctezuma

Moncada, Juan Nepomuceno de

Montes, Francisco de

Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, barón de

Morelos y Pavón, José María

Moreno, Mariano

Morillo, Pablo

Mosquera y Figueroa, Joaquín de

Murillo, Pedro Domingo

Narváez, Antonio de

Negrete, Pedro Celestino

Nieto, Vicente

Noriega, Lorenzo

O’Higgins, Ambrosio

O’Higgins, Bernardo

Ovalle, Alonso

Palencia, Alfonso de

Paredes y Arrillaga, Mariano

Pavón, José

Pelayo

Pesado, Natal

Piel, Jean

Pietschmann, Horst

Portillo, José María

Power, Ramón

Prescott, William

Quetzalcóatl

Quijada, Mónica

Ramos Arizpe, José Miguel

Recaredo

Revillagigedo, conde de

Reyes Heroles, Jesús

Riaño y Bárcena, Juan Antonio

Riaño, Gilberto

Ricla, conde de

Riego, Rafael del

Riva Palacio, Vicente

Rivadeneira, Antonio Joaquín de

Rocafuerte, Vicente

Rodríguez Boves, Tomás

Rodríguez Campomanes, Pedro

Rodríguez, Jaime E.

Salazar, José María

San Martín, José de

Sánchez de Tagle, familia

Sánchez de Tagle, Francisco Manuel

Santayana Bustillo, Lorenzo de

Sierra O’Reilly, Justo

Silva y Olave, José

Solórzano y Pereira, Juan

Soria, Blas de

Tomás de Aquino, santo

Toreno, conde de

Tornel, José María

Torres, Camilo

Tres-Palacios y Mier, Luis

Tristán, Pío

Tutino, John

Vallenilla Lanz, Laureano

Varela Suanzes, Joaquín

Vattel, Emer de

Venegas, Francisco Javier

Verdad y Ramos, Francisco Primo de

Vidaurre, Manuel Lorenzo

Villanueva, Joaquín Lorenzo

Villoro, Luis

Villota, Manuel Genaro

Ward, Henry George

West, Benjamín

Wobeser, Gisela von

Wolf, James

Yermo, Gabriel del

Young, Eric van

Zavala, Lorenzo de

Acerca del autor

TOMÁS PÉREZ VEJO (Caloca, Cantabria) hizo estudios de Periodismo, Ciencias Políticas e Historia del Arte. Es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido la docencia y la investigación en diversas universidades europeas y americanas. Actualmente es profesor-investigador en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Es autor de Repúblicas urbanas en una monarquía imperial. Imágenes de ciudades y orden político en la América virreinal (2018); Raza y política en Hispanoamérica (2017); España imaginada. Historia de la invención de una nación (2015); Enemigos íntimos. España, lo español y los españoles en la configuración nacional hispanoamericana (2011); Los caminos de la ciudadanía. México y España en perspectiva comparada (2010); De novohispanos a mexicanos. Retratos e identidad colectiva en una sociedad en transición (2009); España en el debate público mexicano, 1836-1867. Aportaciones para una historia de la nación (2008), y Nación, identidad nacional y otros mitos nacionalistas (1999).

Diseño de portada: Hernán García Crespo

© 2010, Tomás Pérez Vejo

Derechos reservados

© 2019, Ediciones Culturales Paidós, S.A. de C.V.

Bajo el sello editorial CRÍTICA M.R.

Avenida Presidente Masarik núm. 111, Piso 2

Colonia Polanco V Sección, Miguel Hidalgo

C.P. 11560, Ciudad de México

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Primera edición impresa en México: septiembre de 2019

ISBN: 978-607-747-785-3

Primera edición en formato epub: septiembre de 2019

ISBN: 978-607-747-787-7

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

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