© Alba Lajarín

Tom Burns Marañón (Londres, 1948) nació en el seno de una familia hispano-británica, fue alumno del profesor Raymond Carr en la Universidad de Oxford, donde estudió Historia moderna, y fue enviado a Madrid como corresponsal de la agencia Reuters en 1974. Posteriormente, fue delegado en España de la revista Newsweek y del diario The Washington Post, y durante una dilatada etapa fue corresponsal del Financial Times. Es autor de una trilogía sobre el cambio político en España en clave de historia oral –Conversaciones sobre el Rey (1995), Conversaciones sobre el socialismo (1996) y Conversaciones sobre la derecha (1997)–, considerada como una referencia ineludible en la historiografía de la Transición. Entre sus obras destacan La Monarquía necesaria (2007), Hispanomanía (reeditada por Galaxia Gutenberg en 2014) y De la fruta madura a la manzana podrida (Galaxia Gutenberg, 2015). Participa en numerosos foros de análisis político y financiero, y ha sido patrono de diversas fundaciones, entre ellas la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. Es consejero de la consultora Eurocofín y columnista del diario Expansión. En 2001 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II y en 2014 recibió el XXV premio de periodismo de la Fundación Institucional Española (FIES) de manos del rey Felipe VI.

El ruido estalló en el mundo desarrollado a partir de septiembre de 2008 como consecuencia de la Gran Depresión y la furia fue tal en España que desestabilizó la Monarquía parlamentaria que cuarenta años antes había sido refrendada por la Constitución democrática. La abdicación de Juan Carlos I se anticipó al ocaso de los dos partidos dinásticos de su reinado y Felipe VI tuvo que arbitrar una parálisis institucional, el auge de partidos «insurgentes» y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Tom Burns Marañón, ensayista hispano-británico y cronista de excepción de la España contemporánea, analiza con agudeza el desvanecimiento de un bipartidismo que, sumido en la autocomplacencia y en el pensamiento desordenado, fue incapaz de encauzar los retos de los profundos cambios socioeconómicos que se habían producido. La falta de reflejos políticos, propia de un sistema político agotado, dio pie al cuestionamiento de la Corona y del legado de la Transición y a la grave crisis constitucional que provocó el secesionismo catalán.

¿Qué juicio merecen los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Y los de Mariano Rajoy? ¿Por qué decidió abdicar don Juan Carlos? ¿Tiene futuro la Monarquía en España? ¿Qué amenaza representan el nacionalismo y el populismo? Tom Burns Marañón mantiene en Entre el ruido y la furia la misma independencia, lucidez y originalidad interpretativa que empleó para desmenuzar la erosión representativa del parlamentarismo posfranquista en De la fruta madura a la manzana podrida (Galaxia Gutenberg, 2015). Su agilidad narrativa enlaza con un acreditado conocimiento histórico que pone en contexto el desarrollo de los hechos.

Edición al cuidado de María Cifuentes

Publicado por:

Galaxia Gutenberg, S.L.

Av. Diagonal, 361, 2.º 1.ª

08037-Barcelona

info@galaxiagutenberg.com

www.galaxiagutenberg.com

Edición en formato digital: enero 2018

© Tom Burns Marañón, 2018

c/o DOSPASSOS Agencia Literaria

© Galaxia Gutenberg, S.L., 2018

Imagen de portada: © Julia Burns

Conversión a formato digital: Maria Garcia

ISBN: 978-84-17355-09-8

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede realizarse con la autorización de sus titulares, aparte las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45)

La historia es la sombra de un pobre país
Que ocupa su hora en el escenario

Y luego se desvanece: es un cuento
Contado por un idiota, lleno de ruido y furia,
Que no significa nada.

WILLIAM SHAKESPEARE,
Macbeth, acto 5, escena 5 (adaptado)

Para

Raymond Carr (1919-2015) y Hugh Thomas (1931-2017)

In memoriam

Agradecimientos

No hubiera podido abarcar este libro sin la amistad y el aliento de Joan Tarrida y de María Cifuentes en Galaxia Gutenberg, de Ana I. Pereda y Juan José Garrido en el diario Expansión y de Enrique Pérez Hernández, Rafael Ordovás y Arancha Sanz en la consultora Eurocofín.

No hubiera podido ordenar la cronología y las ideas de este ensayo sin la aportación de muchos que han sido generosos con su conversación y con su tiempo. La lista es larga y en lugar destacado figuran en ella Jordi Alberich, Rafael Borràs, Alejandro Fernández de Araoz Marañón, Regino García-Badell, Robert Graham y Jorge Martín Frías.

Como siempre, mi mayor agradecimiento, una deuda impagable, es a Dolores Luca de Tena y de Béthencourt. Debo todo a su cariño, comprensión y criterio.

2015-2017, Los Molinos, Madrid; Selaya,
Cantabria; Las Palmas de Gran Canaria.

Prólogo

Una crisis constitucional es fruto de un conjunto de circunstancias y entre ellas siempre figuran dos. Una es el descuido y la dejadez, la mediocridad y hasta la inmoralidad de un régimen político que muestra estar próximo al agotamiento. La otra es la irrupción de bruscos cambios en el entorno socioeconómico que el sistema es incapaz de encauzar y que aceleran su extenuación. Una crisis constitucional no es un accidente fortuito.

Toda quiebra de la legalidad tiene un prolongado periodo de gestación y, en ausencia de medidas para detectar y detener el proceso, el acaecimiento pilla al poder desprevenido. No se anticiparon el Motín del té por los colonos americanos en el puerto de Boston, que fue el precedente de la guerra de Independencia de Estados Unidos, ni la toma de La Bastilla, que fue el pistoletazo de la Revolución francesa.

Tales fracturas se han sucedido una y otra vez en todos los lugares del mundo. En España, las crisis constitucionales se han prodigado en los últimos dos siglos y en el tercer año del reinado de Felipe VI se produjo una más. No se previó debidamente la proclamación de la República catalana independiente en el último trimestre de 2017.

No se vaticinó la ruptura, entre otras razones, porque la exclusiva preocupación del Gobierno central, cuya debilidad era extrema, se centraba en la recuperación económica y porque España había sufrido una parálisis institucional a lo largo del año anterior. El independentismo, que dominaba la conversación en Barcelona y en Gerona, no encabezaba la agenda de Madrid ni la de Huelva, por citar a dos de las otras cuarenta y seis provincias de España.

Las crisis constitucionales marcan el final de un periodo político y el comienzo de otro, sea el de un nuevo Estado que afirma su autodeterminación o la sustitución de un régimen por otro de distinto signo. El desafío soberanista catalán en la segunda década del siglo XXI marcó el fin de un ciclo político en la España contemporánea que había inaugurado Juan Carlos I al suceder al general Francisco Franco en la jefatura del Estado.

La proclamación de la República catalana fue meticulosamente preparada en unos años de dura recesión económica que causaron fuertes brechas sociales, removieron sentimientos identitarios y fomentaron movimientos populistas. La discusión sobre si se pudo evitar la ruptura durará en el tiempo. Sin embargo, es incuestionable que las crecientes pretensiones nacionalistas, canalizadas en el llamado procés, fueron ignoradas por un renqueante sistema político español. También fueron obviadas por unas autocomplacientes elites empresariales en Cataluña que tenían todas las de perder con una secesión.

Una vez consumada, la bravata independentista fracturó la sociedad catalana y enojó hondamente a la del resto de España, donde despertó entusiasmos patrióticos que se creían pertenecientes a otra época. También provocó una angustiada introspección en la generación que vivió con ilusión y confianza el tránsito de la dictadura a la democracia.

Se había esfumado el espíritu reconciliador de la Transición política. Se habían hecho presentes el ruido, la furia y muchos cuentos contados por idiotas.

El encausamiento de las máximas autoridades de la autonomía de Cataluña bajo la acusación de rebelión y sedición cuestionaba muy seriamente el relato de una España moderna que supo superar en la Constitución de 1978, llamada la de «todos», los demonios de su invertebración y de sus duelos a garrotazos. Sentimientos aldeanos y primitivos gozaban de una insultante salud.

Este ensayo analiza cómo en la última década del siglo pasado ámbitos políticos y económicos degeneraron hacia la ausencia de valores y se ofuscaron en el pensamiento desordenado. Tras la caída del Muro de Berlín, el incremento de la codicia y la paulatina pérdida del decoro y del discernimiento fue generalizado en toda la sociedad occidental. En España, al igual que en otros países periféricos de Europa que carecían de un acomodado fondo de casa, fueron muy acusados los desequilibrios que atrofian el cuerpo social.

La fiesta desenfrenada, atizada por rompedores avances tecnológicos que velozmente variaron procesos laborales y conductas personales, duró hasta el estallido de la Gran Recesión en 2008. España, país de nuevos ricos iletrados e irresponsables, vivió una bacanal de particular intensidad.

Cuando la orquesta dejó de tocar, la resaca fue épica. Al encenderse las luces, los españoles contemplaron un erial de promociones inacabadas y en bancarrota, de endeudamiento, de paro y de fracaso escolar.

Un sistema político de reciente estreno como el español difícilmente puede sobrevivir indemne a tal catástrofe. Este ensayo se ocupa del ocaso y del declive del sistema bipartidista, propio de una democracia liberal, que surgió en la Transición. Una clase política instruida en las necesarias reformas y abierta a su constante renovación podría haber acotado el desenfreno y gestionado mejor los años de bonanza. Lo que hubo, en cambio, fue un fatal cortoplacismo en tiempos de rápidos cambios.

Con la parálisis institucional en 2016 y la proclamación de la República catalana el año siguiente, cayó el telón sobre un drama –una farsa para los más preclaros y una tragedia, a final de cuentas, para todos– que contaba realidades, o sueños, paralelos. A lo largo de los actos deambularon personajes que vivieron en sus propias burbujas y eran ajenos a lo que ocurría a su alrededor.

En la primera mitad del reinado de Juan Carlos I, los mejores, por regla general, estaban en el centro de la vida pública. Pasado el tiempo, fueron ocupando su lugar dos géneros del quehacer político. Un bando, de mente funcionarial y burocrática, pensaba que bastaba con simplemente «estar». Otro era adanista, partía de cero y se guiaba por las bienaventuranzas de su propia cosecha.

Entre los dos cocinaron la crisis: los primeros desesperaron a sus electores con su inmovilismo y los segundos encolerizaron a los suyos al levantar expectativas que quedaron insatisfechas porque eran imposibles de cumplir. El puchero constitucional rompió a hervir con borbotones guerracivilistas cuando un tercer bando avivó la emoción nacionalista y acusó a Madrid de políticas franquistas. Para entonces, un populismo revanchista y radical de izquierdas ya había hecho su debut en el escenario nacional.

Esta deriva estaba anunciada porque la Monarquía parlamentaria, que se concibió como limpia y transparente, abierta e inclusiva, fue secuestrada por endogámicos y opacos aparatos clientelares que, reacios a cualquier rendición de cuentas, la convirtieron en una partitocracia.

No por primera vez, el sectarismo identitario y cainita desvirtuó un ilusionante proyecto político. El desafío soberanista coincidió con las horas más bajas del sistema bipartidista. Distraídos por su propia supervivencia, los partidos dinásticos no previeron el rupturismo nacionalista. Tampoco anticiparon que el populismo izquierdista apostaba por la quiebra con el fin de acelerar el final del ciclo político.

Al provocar una crisis constitucional, el soberanismo catalán creyó contar con un terreno abonado. La quiebra fue puntual. Tuvo hitos, fechas, programas y protagonistas. Pero la audacia independentista se cimentó sobre unos soportes que en la presunción del soberanismo ya habían sido plenamente desarrollados. El secesionismo pensó que el sistema que creó la Transición había entrado en fase de caída libre. A partir de las inconclusas elecciones generales de finales de 2015 no faltaban razones para llegar a tal conclusión.

El secesionismo periférico arrecia cuando percibe que el poder político del Estado central es frágil y cuando circunstancias económicas adversas le permiten forjar una conciencia nacional reivindicativa en base a un discurso victimista. El Gobierno que dirigía Mariano Rajoy en 2017 era el más débil, en términos de apoyos parlamentarios, de cuantos había tenido España desde la restauración de la democracia. Y a lo largo de casi una década la Gran Recesión había causado grandes estragos sociales en Cataluña, al igual que en el resto del país y en Europa.

En la percepción del independentismo catalán, España estaba rota y había alcanzado un alto grado de disfuncionalidad. No cabía otra lectura del bloqueo en el Congreso de los Diputados y los diez meses de 2016 en los cuales Rajoy ejerció como presidente del Gobierno en funciones. Sumido en tal aturdimiento, Madrid tendría múltiples dificultades para responder al reto secesionista y sería obligado a pactar. El independentismo pensó que un proceso negociador involucraría a la Unión Europea y que, con esta mediación, tenía todas las de ganar.

Que los supuestos fuesen erróneos y el juicio falaz –los acontecimientos muy pronto lo demostrarían– es otra cuestión. En el entendimiento de la Generalitat y de la mayoría que la apoyaba en el Parlamento catalán los tiempos eran propicios para un desafío soberanista.

El 6 de septiembre de 2017, el Parlamento de Cataluña aprobó la convocatoria por el Gobierno autónomo de un referéndum de autodeterminación que se celebró, a pesar de haber sido declarado ilegal y de la contundente intervención de la fuerza pública, el 1 de octubre. El 27 de octubre, ese mismo Parlamento proclamó la República catalana. Como corresponde a toda declaración unilateral de independencia, los promotores de la secesión se saltaron todas las líneas rojas que marca un Estado de Derecho.

El Gobierno de España actuó horas después de este acto de ilegalidad. Tomó el control absoluto de Cataluña al estar «en riesgo el interés de la nación» y al amparo del artículo 155 de la Constitución de 1978. Cesó al Ejecutivo catalán y convocó nuevas elecciones para el 21 de diciembre, el plazo más corto que contempla el ordenamiento electoral.

La ironía de la embestida del secesionismo catalán es que Cataluña, próspera y progresista, estuvo en la vanguardia de una nueva convivencia entre los españoles cuando votó abrumadoramente a favor de la Constitución de 1978 que derogó el régimen del general Franco. De ser la gran valedora de una manera de entender España y la garante de la época más libre, democrática y económicamente boyante de la larga historia del país, una parte muy significativa de la sociedad catalana pasó a denigrar lo mucho conseguido.

Cuatro décadas después de comenzar aquella historia de éxito, ese segmento de la sociedad catalana, cercano a la mayoría, introdujo el relato de que «España nos roba». Cataluña fue la punta de lanza de una nueva generación que, zarandeada por la depresión económica e indignada por los recortes sociales que implementó una clase política desprestigiada por conductas corruptas, rechazó los logros de la Transición.

Todo fin de un ciclo político viene marcado por el ascenso de movimientos radicales que pueden ser de clase o populistas y nacionalistas. Les une la demanda de romper con el orden establecido.

Los más politizados entre los jóvenes españoles que nacieron en democracia impugnaron el consenso constitucional de 1978 como un apaño, un pacto de silencio y un fraude. Pertenecían a la generación de los «nietos» de la Guerra Civil y de los «hijos» de la reconciliación. A partir de la insondable contracción económica a finales de la primera década del nuevo siglo, el camino hacia la crisis constitucional estaba bien señalizado.

En las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, a los cuarenta años de la muerte de Franco, se hundió el sistema bipartidista que durante el reinado de Juan Carlos I había asegurado la estabilidad de la Monarquía parlamentaria. Ninguno de los dos partidos dinásticos que hasta entonces se habían distribuido los escaños del Congreso de los Diputados obtuvo una mayoría suficiente para poder constituir un Gobierno. Cuando en 2014 Felipe VI sucedió a su padre en el trono, lo que parecía sólido se iba derrumbando por etapas.

El centroizquierda del arco político ya había sufrido la primera hemorragia de votos en las elecciones de 2011. En las siguientes elecciones, las primeras del nuevo reinado, le tocó al centroderecha sobrellevar la misma humillante sangría electoral. El edificio político que había levantado la Transición mostraba profundas grietas. Un siglo antes, reinando Alfonso XIII, la «vieja política» de la primera restauración de la dinastía Borbón sufrió un agotamiento parecido. Su extenuación fue denunciada por la llamada generación de 1914.

En ambos casos, a comienzos del siglo XX y del siguiente, el sistema parlamentario sufrió una acusada pérdida de legitimidad. Fue el rechazo de un sistema de reparto clientelar por dos aparatos políticos que se habían distanciado del electorado. Nuevos partidos y movimientos sociales «insurgentes» ocuparon el espacio que la vana y pedante partitocracia creía a salvo de cualquier incursión.

En el reinado de Felipe VI la marea de desafección reunía tanto a jóvenes excluidos del mercado laboral como a clases medias exprimidas por impuestos y exasperadas por la pérdida de empleos, de niveles salariales y de ahorros. El largo memorial de agravios lo encabezaba la percepción de una clase política corrupta y extractiva.

Llegadas las elecciones de diciembre de 2015, los dos partidos dinásticos, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tuvieron que conformarse con los peores resultados electorales desde que comenzaron a alternarse en el poder según las normas que dicta un sistema bipartidista. El resultado fue la parálisis institucional que se prolongó a lo largo de 2016. La hemiplejia que sufrió el hemiciclo de la soberanía nacional fue aprovechada por el soberanismo catalán.

Este ensayo también se centra en el papel de la Corona como promotora y baluarte del constitucionalismo en España. En esta función primordial de la institución reside la clave de su consolidación en un país que, por razones históricas, carece de hondos afectos monárquicos.

Juan Carlos I amparó el pluralismo político y desarmó la asonada militar que quiso reimponer el franquismo en la primera crisis constitucional de la Monarquía parlamentaria en febrero de 1981. En la segunda, en octubre de 2017, Felipe VI defendió el Estado de Derecho y la unidad de España ante la sediciosa proclamación de la República catalana. En ambos casos, la Corona tomó la iniciativa ante una clase política vacilante y en un entorno sumido en la incertidumbre.

Este libro desarrolla la tesis de que don Juan Carlos I vio con claridad el fin de un ciclo político marcado por su personalidad y que, por ello, tomó la decisión de abdicar en su heredero, don Felipe, príncipe de Asturias. Entendió que la profunda transformación de la sociedad española a lo largo de su reinado había engendrado nuevos retos que requerían un relevo generacional en la jefatura del Estado. Lo que don Juan Carlos no pudo prever es que, después de su abdicación, la Monarquía constitucional que él fundó sería puesta a prueba en un muy corto espacio de tiempo. Pero, ante los hechos que sucedieron, no podría menos que reconocer que la historia se repetía porque la Corona, de nuevo, asumió el papel de parapeto de la legalidad. Y el ya Rey emérito bien podía felicitarse por el hecho de que la Monarquía seguía estando a la altura de las circunstancias.

A los cinco años de la muerte de Franco tuvo lugar el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, protagonizado por mandos minoritarios de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que se dejaron llevar por los elementos desestabilizadores –el desorden público y el vacío de poder– que tradicionalmente han espoleado el intervencionismo militar.

Entre los factores que impulsaron el asalto al Congreso de los Diputados por el coronel Antonio Tejero y la toma de Valencia por el teniente general Jaime Milans del Bosch estaban la indignación ante la campaña terrorista de ETA y el desprecio por un clima político enrarecido y petrificado. El Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD), que encabezaba Adolfo Suárez, estaba fuertemente dividido por rencillas internas.

Esa crisis, tan típica de las creadas por espadones en la historia contemporánea de España, fue resuelta por la interposición de don Juan Carlos. La crisis constitucional de 2017 fue provocada por ese otro propulsor de inestabilidades recurrentes que es el soberanismo catalán. Lo que consiguió fue la intromisión política, de manera muy directa, de don Felipe.

Los dos golpes de Estado, el de 1981 y el de 2017, fueron muy distintos, pero en ambos casos la intervención de la Corona consistió en enmendar una pésima actuación de los poderes públicos. El ejercicio de la jefatura del Estado se dirigió a enderezar a los pusilánimes y a fustigar a los rebeldes.

La Corona simboliza la unidad y la permanencia del Estado, y su deber constitucional es arbitrar y moderar el regular funcionamiento de sus instituciones. Don Juan Carlos y don Felipe actuaron en función de ello al inicio de sus respectivos reinados. Sin embargo, si una primera crisis constitucional pudo ser solventada de manera expeditiva, la segunda representaba una amenaza mucho más problemática que duraría en el tiempo.

En el primer golpe de Estado cada cual volvió a su sitio y los españoles recuperaron el aliento cuando a la una y cuarto de la madrugada del 24 de febrero de 1981 don Juan Carlos pegó un puñetazo en la mesa como si dijera: Basta, la bronca se ha acabado. Se obedeció y punto. Los tanques y los guardias civiles regresaron a sus cuarteles y los diputados a sus escaños.

En el segundo, don Felipe corrió peor suerte. En 2017 España, como toda sociedad posmoderna, era menos inteligible y el desafío, al ser civil y no militar, era más complejo. En lugar de recoger velas, el golpismo soberanista y el populismo izquierdista hicieron un pulso.

Cuando se alzan voces en una sociedad fracturada por la Gran Recesión que reclaman una mayor participación democrática, los mensajes y los comportamientos son distintos. Son ya otros tiempos y España es otro país. En Cataluña, los políticos nacionalistas llevan décadas al frente de la educación, la cultura y los medios públicos.

Don Felipe dio su propio puñetazo en la mesa el 3 de octubre de 2017 en la retransmisión de su discurso a las nueve de la noche. Exigió que los «legítimos poderes del Estado» asegurasen el «orden constitucional» ante la situación de «extrema gravedad en Cataluña». Sin embargo, una cosa es dar órdenes a la cadena del mando militar como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y otra es, como rey constitucional, instar conductas a dirigentes políticos refractarios.

El líder de la sedición acudió al mismo medio televisivo y a la misma hora de prime time el día siguiente para enfrentarse directamente al Rey. Carles Puigdemont, máxima autoridad de la Generalitat, le dijo «así no» a don Felipe y reiteró su desplante a la Constitución que el Rey había calificado la víspera como «deslealtad inadmisible».

La réplica de Puigdemont subió de nivel la crisis constitucional al hacer inevitable el desencuentro institucional. El Rey, implícitamente para unos y explícitamente para otros, había dado luz verde a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y a la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legalidad en Cataluña. El presidente de la Generalitat, por su parte, se mostraba inflexible y retaba al Gobierno de Madrid a dar ese paso.

La primera crisis constitucional de la democracia representativa que instauró la Transición se resolvió de manera rápida. La segunda se prolongó. Horas después de su dramática y exitosa intervención televisiva que paró el golpe, don Juan Carlos leyó la cartilla a la clase política. Don Felipe no pudo hacer lo mismo después de su duro discurso institucional.

Don Juan Carlos, ya de paisano y no con el uniforme de capitán general, reunió a los líderes de los distintos partidos parlamentarios de la época con luz y taquígrafos en el mismo despacho donde había mantenido tantas tensas conversaciones con los mandos militares la noche anterior. El encuentro se fotografió y el grueso de su contenido se filtró. Don Juan Carlos les dijo a los políticos que «el Rey no puede ni debe reiteradamente enfrentar con su responsabilidad directa circunstancias de tan considerable extensión y gravedad». Esto es, lo que les vino a decir fue que una y no más, que la Corona había utilizado la única bala de la cual disponía para frenar la sedición y que la responsabilidad de la clase política era evitar la reproducción de hechos similares. En su soledad ante el desafío soberanista catalán, don Felipe bien pudo recordar el rapapolvo que su padre y antecesor dirigió a aquellos dirigentes.

En 2017 volvió a producirse una crisis constitucional por culpa de la ineptitud de unos y de la iniquidad de otros. De nuevo, la Corona tenía que enfrentarse a gravísimas circunstancias. La diferencia era que don Felipe no tenía la auctoritas y la función tutelar sobre la clase política de la cual gozaba don Juan Carlos en el comienzo de su reinado.

A los dos días del abortado golpe de Estado de 1981, Leopoldo Calvo-Sotelo, cuya investidura como presidente del Gobierno en sustitución de Adolfo Suárez había sido tan violentamente interrumpida, accedió al poder tras haber conseguido finalmente la votación necesaria para asumir el cargo, los cabecillas de la asonada fueron entregados a la justicia militar y las aguas volvieron a su cauce. El desenlace de la segunda crisis constitucional no fue tan clara.

Mariano Rajoy demoró hasta finales del mes de octubre la aplicación de medidas excepcionales para restaurar la legalidad en Cataluña. Esperó hasta que la República catalana fue proclamada y hasta que pudo contar con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos para suspender la Generalitat y demás instituciones autonómicas de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución. El siguiente paso en una crisis constitucional que seguía abierta sería la convocatoria por el Gobierno de España de elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre de 2017.

La principal diferencia entre la crisis que resolvió don Juan Carlos y ésta a la que se enfrenta don Felipe es la que dista entre el regreso al pasado de la nostalgia franquista que marcó la primera y la proyección hacia un futuro nebuloso, tan propio de la posmodernidad, que encarna la segunda.

En 1981, el estamento político estaba unido por la Transición que consensuaron las Cortes Constituyentes. En 2017, una mayoría en el Parlamento de Cataluña se había declarado a favor de la independencia y el tercer partido político en el Congreso de los Diputados era Podemos, un partido antisistema y republicano, y, por lo tanto, contrario a la Constitución y a la Monarquía parlamentaria que representaban al denominado «Régimen de 1978».

Al acusar al soberanismo catalán de una deslealtad inadmisible y exigir la vuelta a la legalidad en Cataluña, don Felipe tuvo enfrente a la izquierda radical además de a los independentistas. La crisis constitucional de 2017 no sólo era muy grave porque suponía una quiebra territorial, sino porque cuestionaba la forma del Estado. Hasta entonces, el debate Monarquía-República era un asunto de tertulia de café. Como daño colateral del soberanismo catalán, que se declaraba republicano, la vigencia de la Corona pasó a la esfera pública.

Pablo Iglesias, líder de Podemos, dijo que la interrupción del autogobierno en Cataluña por mor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución era una «conjura monárquica para superar, mediante una restauración conservadora y centralista, la crisis española». Según Iglesias, se había producido una «contrarrevolución por arriba del bloque monárquico». Hasta entonces, ningún dirigente de primer nivel había cuestionado públicamente la neutralidad política de la Corona.

Lo que estaba en curso era el fin del ciclo político. En Cataluña esto había comenzado en 2010 cuando el Tribunal Constitucional introdujo recortes al Estatuto de 2006, que reformaba el de 1979, y el soberanismo catalán pudo sacar a cientos de miles de personas a la calle bajo la pancarta de que Cataluña era una nación.

Por aquel entonces, el Gobierno de España estaba ocupado, a trancas y barrancas, en otras cosas de mucha mayor enjundia. La crisis económica arrasaba, y el país, después de muchos excesos en una prolongada fiesta, estaba a la intemperie. En 2011 tuvo lugar la llamada «primavera» de los indignados del 15-M, que denunciaban la gestión de unos políticos de baja calidad que «no nos representan», y que constituyó el extravagante preludio de la parálisis política que se produjo cuatro años después.

Las movilizaciones soberanistas aumentaron en el último trimestre de 2017, se proclamó la República catalana y Puigdemont, ya expresidente de la Generalitat, dijo que Cataluña sufría «los peores ataques desde los decretos del dictador Franco». Cuando las multitudes que tomaban las calles en Barcelona bramaban eso mismo, la tarea fundamental de don Felipe, que es ser el Rey de todos los españoles, se complicó.

Su labor era aún más difícil porque el populismo de izquierdas seguía siendo el elefante en el salón constitucional. Iglesias, que creó Podemos a partir del Movimiento 15-M, clamaba por una «nueva España» que sería «social, republicana y plurinacional».

CAPÍTULO 1

El comienzo y el fin de los ciclos políticos

La insólita crisis política en España a lo largo de 2016 y de 2017 sirvió para recordar que la historia está repleta de ironías. La búsqueda de un marco de convivencia al comienzo de un nuevo reinado se miraba en el espejo del que tuvo lugar en los inicios del anterior. La incertidumbre que acompañó a ambos relevos en la jefatura del Estado indicó que España seguía sin conseguir el acople político que requería su sociedad.

El régimen de partido único que recibió Juan Carlos I en 1975 no tuvo continuación porque el Rey no quiso esa herencia. El sistema bipartidista que don Juan Carlos legó a Felipe VI aparentemente tampoco la tenía a juzgar por su primera prueba electoral en 2015. La bancarrota institucional del final del franquismo se solucionó con un amplio consenso constitucional en torno a nuevos equilibrios socioeconómicos, políticos y territoriales. Cuarenta años después, el desafío fue reemplazar aquellos acuerdos con uno nuevo.

Los aficionados al determinismo histórico afirman que las cosas ocurren de una manera debido a una serie de causas y que cuando éstas se reproducen los hechos se desarrollan de un modo parecido. Cada cierto tiempo un conjunto de factores deslegitimiza un sistema, lo fractura y nuevos actores políticos construyen uno distinto. Otros, que simpatizan más con el libre albedrío, reconocen que la diosa Clío, musa de la historia y de la poesía heroica, se encarga al menos de que el discurrir de los sucesos rime y de que la continuidad acompañe las fisuras.

Karl Marx, que pertenecía al primer grupo, escribió que la historia se repite una vez como farsa y la segunda como tragedia. Esto, que lo aplicó a Napoleón Bonaparte y a su sobrino Napoleón III, se cita con frecuencia. Los liberales prefieren pensar que Clío, la hija de Zeus, que como todas las musas vivía en el monte Parnaso, suele darle un toque de socarronería, no necesariamente hiriente, a la armonización de los acontecimientos. Por regla general, se acepta que todo tiempo histórico parodia periodos anteriores.

Sirva esto de advertencia previa, porque la parálisis institucional que tuvo lugar en España a lo largo de 2016 se convirtió en el hazmerreír de la comunidad europea. Se ajustaba a los tópicos y a los estereotipos orientalistas que desde hace dos o tres siglos han penalizado la imagen de una vieja nación.

En el exterior, la carcajada fue generalizada cuando, tras el bloqueo parlamentario en los primeros meses de 2016 y unas nuevas elecciones, igualmente inconclusas en junio, se anunció que, de acuerdo con la normativa electoral, los españoles podrían ser convocados a acudir por tercera vez en un año a las urnas el mismo día de Navidad. La parálisis institucional se vio como una farsa más en una España caótica donde malos gobiernos frustraban las ansias de paz y de progreso que albergaba un indómito y noble pueblo.

El reto del soberanismo catalán en el otoño de 2017 pertenecía también al guión de un país que era disfuncional porque no había sido capaz de escribir una historia monumental, una narrativa compartida por quienes habitaban entre Hendaya y Gibraltar. El auge secesionista en Cataluña guardaba una estrecha relación con el bloqueo que se había producido en las Cortes. El independentismo en la cuna de la industrialización y la modernización de España tradicionalmente se aprovechaba de las crisis en la Meseta, lejos del inventivo mediterráneo.

Se ha de tomar nota de que entre el ruido y la furia y, por supuesto, ante esas historias contadas por idiotas que tanto fascinaron a William Shakespeare, sólo un paso separa lo cómico del trágico espectáculo de un país fallido. El propósito de este ensayo es ordenar, entender y enjuiciar hechos y actitudes que convirtieron el quehacer de la política española, que fue tan admirada al inicio de su proceso democratizador, en el objeto de mucha burla cuarenta años después. La salud de todo cuerpo sólo se puede restablecer curando y eliminando lo que en él está podrido.

Este libro se centra en cómo y por qué en España, a finales de 2015, la historia se repitió, o rimó, al acabar un ciclo que había comenzado en 1975. Al cumplirse los tres primeros lustros del siglo XXI, una manera de ejercer la política había caído en el descrédito y tocaba a su fin. Recordando a Clío, no dejó de ser sarcástico el hecho de que este periodo, enmarcado por la Constitución de 1978, tuvo una duración igual a la del ciclo anterior que había sucedido.

A las cuatro décadas de la muerte de Franco, se agarrotó la democracia que sustituyó a los cuarenta años, a ese tiempo de peregrinaje por el desierto, de la dictadura que impuso el general. El impasse institucional al comienzo de 2016 se superó al cabo de diez meses de vergonzosos desencuentros parlamentarios de una manera expeditiva que, como suele ocurrir con las acciones atropelladas, mostró ser una salida en falso al poco tiempo.

Ocurrió que los dos partidos que se habían turnado en el poder a lo largo del reinado de don Juan Carlos acordaron apoyarse para asegurar su mutua supervivencia. Convinieron en excluir a quienes, por primera vez y desde el centro y la izquierda del arco político, les disputaban seriamente el voto con el que hasta entonces contaban. Así, se puso un esparadrapo para atajar la supuración de una representación parlamentaria que estaba seriamente cuestionada.

El muy mermado partido del centroderecha y el todavía más disminuido partido del centroizquierda, incapaces ambos de formar una mayoría parlamentaria, se repartieron las migajas de un poder que se les había esfumado porque otros habían invadido su terreno. En grandes líneas, gobernaría el primero con el permiso, y hasta con las iniciativas legislativas, del segundo. Se conocían bien y concertaron que dos era una pareja que se hacía compañía. Más de dos pasaba a ser una muchedumbre turbulenta que amenazaba a ambos.

Ésta fue la estrategia pactada por la partitocracia y se materializó con un golpe de palacio, aparentemente ejecutado con perfección, por el aparato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el 1 de octubre de 2016 que defenestró al secretario general. El líder socialista molestaba hasta la exasperación porque se negaba a cualquier complicidad con el socio del sistema bipartidista. Gracias a ello, se pudo, por fin y por las mínimas, investir un Gobierno.

Sin embargo, la supuesta estabilidad se derrumbó seis meses después cuando el díscolo dirigente socialista sorpresivamente recuperó el liderazgo en las primarias que habían organizado los pactistas del aparato con el fin de sustituirle. Pocos reveses podían ilustrar mejor los límites de la táctica defensiva y cortoplacista de la partitocracia. El establishment socialdemócrata instruyó a la militancia para ir «por aquí» y las bases del partido se fueron «por allá».

De haber tenido visión de futuro, los dos partidos dinásticos del reinado de don Juan Carlos hubieran reconocido su decadencia e iniciado una profunda renovación de dirigentes y de programas políticos. A la vez hubieran admitido que las elecciones de diciembre de 2015 marcaban el fin de un periodo histórico e invitado a los nuevos entrantes en las instituciones a consensuar con ellos la puesta a punto de la Monarquía parlamentaria.

La única lección que cabía extraer del resultado electoral era que otros actores habían ocupado, para quedarse, espacios en el escenario público. El no reconocimiento de este hecho tan palmario condenaba el sistema representativo a la hemiplejia.

El Parlamento se paralizó por culpa de las actitudes inmovilistas, que son tan características de una vieja política que se resiste a desaparecer, y debido a los modos arrogantes que son propios de una nueva generación que indefectiblemente choca con el guión y con los protagonistas del orden establecido.

Cuatro décadas antes, los que se oponían a todo cambio salieron de su particular búnker con más celeridad de la esperada. No lo hicieron sus sucesores al finalizar la siguiente época. El bloqueo de 2016 y la incapacidad de la Corona para desatascarlo hubieran sido inimaginables para quienes en 1975 exigieron la sustitución de la dictadura por una democracia «de corte europeo». Hicieron piña con don Juan Carlos, el sucesor nombrado por Franco a título de rey, y en menos de tres años obtuvieron partidos políticos y elecciones.

La generación de la Transición política pactó con gran satisfacción una Monarquía parlamentaria entroncada en una Constitución que garantizaba las libertades públicas de «todos los españoles». Para los constituyentes, orgullosos de su hazaña, la gobernabilidad de España no sería en adelante un problema. Pero estaban equivocados.

Aquella generación no pudo solucionar la cuestión territorial que a lo largo de la era contemporánea ha minado los intentos de convivencia en una sociedad ciertamente diversa como es la española. Lejos de enderezar una contrariedad histórica, el Estado de las Autonomías lo avivó y, por añadidura, creó muchos inconvenientes no anticipados, siendo el principal de ellos la financiación de unas costosísimas administraciones públicas que duplicaban sus funciones.

No menos importante fue el hecho de que la generación de la Transición tampoco creó una cultura política consensuada y colegiada que fuese respetuosa con el pluralismo y con las minorías. Más bien los partidos que se hicieron fuertes en el nuevo régimen parlamentario reprodujeron los talantes y las conductas de la anterior época autoritaria. Se recrearon en el hiperliderazgo, primaron el personalismo sobre los principios, impusieron una férrea disciplina y no mostraron entusiasmo alguno por las ideas y los debates internos.

En gran medida, el decoro y el discernimiento liberal no se enraizaron en la Monarquía parlamentaria porque la implantación del bipartidismo, que en teoría asegura políticas abiertas y competitivas, se pospuso durante la primera mitad del reinado de don Juan Carlos. El aplazamiento se debió a la aplastante victoria electoral del PSOE en 1982 y a la abismal disfuncionalidad del centroderecha a la hora de constituirse como un partido capaz de ejercer una oposición coherente y de ganar unas elecciones.

El PSOE gobernó durante cuatro legislaturas y la alternancia en el poder, que es lo que distingue al bipartidismo, no se produjo hasta que el Partido Popular (PP) formó Gobierno en 1996. Cuando por fin tuvo lugar, el daño ya estaba hecho. La larga etapa socialista había dejado una honda huella en la cultura política de la Monarquía parlamentaria.

La piedra angular de esta cultura fue el liderazgo inapelable, con todo lo que eso supone. Lo fue entonces y lo seguiría siendo. El bonapartismo pasó a ser una característica definitoria de la organización de los partidos en España. Es comprensible que lo fuese porque la generación de la Transición se crió en la cultura del caudillismo y de la exclusión de la disidencia. Muy pocos sabían algo de la democracia liberal cuando murió Franco.

El franquismo fue irrepetible y acabó con el fallecimiento de su fundador. Entre el aplauso generalizado, las mismas instituciones del Régimen le dieron el golpe de gracia a la dictadura con el certero descabello que supuso la Ley para la Reforma Política. El final del siguiente ciclo, el de la Monarquía parlamentaria en el reinado de don Juan Carlos, fue más complejo. Fue la lenta pérdida de legitimidad de un sistema político que descuidó las formas, toleró mucho latrocinio y no supo renovarse a tiempo.

En su necrología del sistema político que creó la Transición, futuros historiadores seguramente dirán que las dos principales equivocaciones de los partidos dinásticos fueron no haber «democratizado» sus procedimientos internos y no haber «abierto» los procesos electorales. El primer error tiene que ver con el cesarismo en ambas organizaciones y el segundo con la decisión que las dos compartieron de no reformar la ley electoral.

Esta ley fue elaborada al comienzo de la Transición con un fin concreto y sin ánimo de continuidad. Fue una ley «puente» entre la dictadura del partido único y un sistema parlamentario plural y su objetivo fue establecer las normas por las cuales los españoles elegirían el 15 de junio de 1977 unas Cortes Constituyentes.

El Real Decreto-ley de 18 de marzo de 1977 sobre Normas Electorales no era, ni pretendía ser, el marco adecuado para un vibrante sistema de democracia liberal que fuese cercano a la ciudadanía y respetase la separación de los poderes. Su propósito fue garantizar una inicial estabilidad parlamentaria. Por ello dictó que se votaría a listas uniprovinciales, cerradas y bloqueadas, y estableció un sistema proporcional corregido para favorecer la creación de partidos mayoritarios.

Las normas tuvieron al menos dos consecuencias interrelacionadas e igualmente nefastas. La primera secuela fue el poder omnímodo que pudieron acumular los órganos directivos de los partidos porque ellos se encargaban de la elaboración de las listas electorales. La segunda fue que, al ser nombrados «a dedo», los cargos electos respondían al aparato político de su organización en lugar de rendir cuentas ante sus votantes.

La ley electoral estaba reñida con la representatividad que caracteriza a la democracia liberal, pero era perfecta para el liderazgo bonapartista y para el reparto de poder que permite la partitocracia. Por eso, los partidos dinásticos no tenían interés en reformarla después de ser refrendada la Constitución de 1978. A la vez, la normativa electoral fomentaba el clientelismo y, por lo tanto, facilitaba prácticas corruptas. En cualquier caso, era una ley totalmente inadecuada para la consolidación de las conductas políticas que requiere un sistema político abierto.

Alcanzado el año 2015, la mediocridad de muchos dirigentes reflejaba la endogamia que se había hecho fuerte en las jerarquías de los dos partidos dinásticos. Fue la decadencia inexorable de un sistema cerrado que huía de controles internos y de auditorías independientes y que valoraba la lealtad por encima del mérito y del talento crítico. A pesar de sus notorias imperfecciones, el sistema podía funcionar en etapas de vacas gordas, pero no en tiempos de vacas flacas.

Tras tres décadas de fuerte expansión económica que sirvieron para ocultar deficiencias de previsión, de gestión y de orden ético, el sobredimensionado y autocomplaciente estamento político no estaba en condiciones para afrontar los retos sobrevenidos por la crisis de 2008. Los sucesores de los políticos de la Transición no supieron responder con agilidad a las grandes brechas sociales que la Gran Recesión abrió de manera súbita.

El duelo por la muerte de Franco fue pasajero y el país pasó página. Cayó el telón sobre un régimen autoritario gestionado por un partido único y con el tiempo apareció otro escenario que representaba una democracia asentada en un gran partido de centroizquierda y otro de centroderecha. Llegado el bis, la repetición o la rima, de una nueva caída del telón no se produjo el corte, limpio y rápido, que había puesto fin al primer ciclo.

La segunda función escenificó un pausado proceso crepuscular. Hubo alternancia en el poder, pero no se produjo serio intento alguno de regenerar la calidad de la democracia liberal. Se fue acrecentando el descrédito de la Monarquía parlamentaria y el sistema acabó por entrar en barrena. La partitocracia había sustituido la fútil iniciativa de crear un sistema bipartidista fluido e inclusivo. La sociedad civil, mientras tanto, estaba a la defensiva o desaparecida porque los aparatos de los dos partidos surgidos en la Transición ocuparon muy amplias franjas del espacio público.

La tesis de este ensayo es que en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 el telón cayó sobre aquella segunda función y que en la siguiente representación, la que se inició con una parálisis parlamentaria, la trama está por desarrollarse y cualquier cosa es posible. Puede ser una farsa o una tragedia. Ruido y furia no faltan. A la vez, se cuentan muchas idioteces y se actúa en consonancia con ellas. Todo ello está a la orden del día cuando el escenario es ocupado por cautos veteranos que han perdido reflejos y por irreflexivos novatos cuyas desmedidas ambiciones sobrepasan su limitada experiencia política.

La irrupción de noveles partidos fue sólo cuestión de tiempo porque el terreno del desencanto estaba bien abonado por la corrupción política y por la crisis económica. Y al comienzo de esta nueva obra, los aparatos de las dos disminuidas formaciones dinásticas se refugiaron en sus cuarteles de invierno ante el resquebrajamiento del sistema. Intentaron con mayor pena que gloria el cese de hostilidades entre ellos.

El guión de este primer acto de la nueva función era el de un camino de vuelta hacia el modelo de la partitocracia de un poder bicéfalo. Se quiso despolitizar un ambiente enrarecido y gestionar con eficacia tecnocrática una recuperación económica para que las aguas volviesen a su cauce natural.

La estrategia, sin embargo, falló estrepitosamente cuando la militancia del PSOE hizo oídos sordos a lo que recomendaba el aparato de centroizquierda y optó por rechazar cualquier cohabitación con el centroderecha. A partir de 2015, el radicalismo había sustituido al consenso que había surgido en 1975.

Las causas que propiciaron el final del segundo ciclo tuvieron similitudes con las que finiquitaron el anterior. La principal fue que se produjo una sucesión en la jefatura del Estado. Don Juan Carlos abdicó en el verano de 2014 habiendo reinado tantos años como gobernó Franco, y su renuncia coincidió, como suele ocurrir en tales tránsitos, con deseos de cambio y de apertura. Las mudanzas se aprovechan para hacer limpieza.

Ciertamente, el sucesor de Franco ejerció un poder moderador y de arbitraje a partir de la proclamación de la Constitución en 1978, pero la figura de don Juan Carlos, el heredero nombrado por Franco a título de rey y el fundador de un nuevo ciclo político, fue tan irrepetible como la de su antecesor. Abdicó cuando ya se habían retirado de la política activa quienes le habían acompañado cuatro décadas antes en el tránsito de la dictadura a la democracia y en la construcción de una Monarquía parlamentaria.

Don Juan Carlos traspasó la jefatura del Estado a su heredero, Felipe VI, al muy poco tiempo de haber sufrido los dos partidos «dinásticos» de su reinado una notable merma de votos en las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014. La proporción del voto conseguido por ambos bajó del 80% en los comicios europeos de 2009 al 50% cinco años después.

El voto al Parlamento de la Unión Europea, que en España se ejerce a través de una lista única y cerrada que elaboran los aparatos de los partidos, suele ser excéntrico y de protesta porque los eurodiputados, a pesar de sus buenos sueldos y dietas, no son políticamente relevantes. No se arriesga nada con el voto en las elecciones europeas y por esto son comicios veleta que indican fallas políticas, corrientes de descontento y futuras tendencias electorales.

Las elecciones europeas de mayo de 2014 fueron un aviso muy claro de que se avecinaban nuevos tiempos cuyos protagonistas serían otros. Los malos resultados propulsaron la dimisión del líder del PSOE, un veterano de la partitocracia, aunque no la de su coetáneo del PP, que era, asimismo, hombre longevo en el aparato del centroderecha.

Al año y medio del comienzo del reinado de Felipe VI, las elecciones nacionales de diciembre de 2015 convirtieron en árbitro del Congreso de los Diputados a una nueva generación de políticos que estaban al frente de partidos de reciente creación. La aritmética de los escaños en la undécima legislatura desde la proclamación de la Constitución dinamitó el bipartidismo.

La fragmentación de la representación política en el hemiciclo finiquitó el juego de mayorías alternativas que había creado la Monarquía parlamentaria en el reinado de don Juan Carlos. A la vez, los nuevos entrantes cuestionaban lo logrado a lo largo de los cuarenta años anteriores. O bien alegaban que el bipartidismo, transformado en partitocracia, había pervertido la valores de la Transición o bien argüían que la creación de una Monarquía parlamentaria, encabezada por el sucesor de Franco, fue un cambalache para asegurar que todo siguiese igual.

La cuestión es que los antisistema que a finales de 2015 irrumpieron en el Congreso de los Diputados partían de cero y se afanaron en construir su legitimización denunciando la existente por ser la causante de amplias brechas de desigualdad. Esta estrategia es ley de vida y forma parte del guión de todo fin de ciclo. Para desplazar a los que ocupan el poder se ha de demonizarlos.

El enemigo era un sistema anquilosado y protegido por unas normas de aforamiento que eran insólitas en la Unión Europea. Con la extendida práctica de «puertas giratorias», el sistema fomentaba una incestuosa relación entre una política y un capitalismo de amiguetes en la cual los controles reglamentarios y los contrapoderes legislativos y judiciales brillaban por su ausencia.

El flanco más débil del sistema fue su gestión de las arcas públicas. En lugar de reducir enormes gastos corrientes que eran fruto de las duplicaciones administrativas y de los cuales se beneficiaban los aparatos de la partitocracia y en vez de eliminar exenciones fiscales a las grandes empresas y de perseguir a los defraudadores, el sistema había trasladado el peso de una profunda crisis económica a las clases media y trabajadora mediante el aumento de impuestos y el recorte de prestaciones sociales.

A este listado de denuncias, los partidos nacionalistas en la periferia añadían su propio memorial de agravios. Claramente, en lugar de solucionar el problema territorial, el Estado de las Autonomías había aumentado la complejidad de una España invertebrada. En los inicios de la Transición los catalanes votaron masivamente a favor del proceso constitucional. En 2015 el Gobierno y el Parlamento de Cataluña eran abiertamente independentistas porque el mensaje «España nos roba» había calado hondamente en la población catalana cuando el crack impuso fuertes recortes de gasto social.

La insatisfacción era profunda en todo el electorado de menos de cuarenta años porque había sobradas razones objetivas para ella. La profunda crisis económica que se desató a partir de 2008 truncó expectativas y no iba a salirle gratis al orden establecido. Las denuncias hicieron mella porque los acusadores tenían la frescura y el discurso desenfadado e incisivo que el sistema bipartidista había perdido hacía tiempo.

Por ser recién llegados al escenario político, los nuevos entrantes no tenían un historial de corrupciones. Y por carecer de experiencia en la gestión pública podían ofrecer gratificaciones instantáneas a cambio de apoyo electoral. Lo normal fue que los insurgentes del populismo antisistema prometiesen «asaltar el cielo». Eso es justamente lo que habían demandado los miles agrupados en el Movimiento 15-M que ocuparon la Puerta del Sol madrileña el día de la festividad de San Isidro de 2011.

Las grietas que se abrieron en el sistema al acabar un ciclo en 2015 presentaban retos mucho más complicados que las que aparecieron al finalizar el precedente cuarenta años antes. En ambos casos la incertidumbre estaba presente, pero en el primero existió un afán de reconciliación muy ampliamente compartido que impulsó una ilusionante apuesta colectiva por superar cualquier vacilación. Tal sentimiento no figuraba en el segundo. La recesión económica había triturado la convivencia y un discurso revanchista reemplazó al reconciliador.

Es relativamente sencillo, si las condiciones son benévolas, suplantar un régimen autoritario que ejerce el poder a través de un partido único por uno que garantiza las libertades políticas, los partidos políticos y las elecciones democráticas. La devolución de la soberanía al «pueblo» es siempre un ejercicio de confiado optimismo en el futuro y la sustitución de un sistema viejo y caduco por uno nuevo e ilusionante obtiene réditos inconmensurables si se implementa con celeridad y sin quebrar el orden vigente.

La Transición se hizo «desde la ley a la ley» y ofreció continuidad sin continuismo. Hubo un liderazgo comprometido a efectuar un profundo cambio, una sociedad que, habiendo alcanzado un aceptable nivel de bienestar, compartía parecidas expectativas y un favorable entorno internacional. Estas circunstancias se dieron en la transición del franquismo a la Monarquía parlamentaria. Cuarenta años después no estaban presentes.

Los rápidos logros de la Transición constituyeron un paradigma en los anales de los cambios de régimen que ha sido muy estudiado y justamente alabado. Sin embargo, precisamente por ser tan insigne modelo de buen hacer, la Transición ensombreció iniciativas políticas posteriores porque ninguna de ellas alcanzaría parecido empaque regenerador. Esto ha sido menos estudiado.

En adelante la rivalidad propia de un sistema de partidos competitivos contrastaría con el eficaz y generoso consenso que inició el régimen parlamentario con las Cortes Constituyentes de 1977-1979. Consolidada la Transición, los liderazgos políticos adquirieron tintes bonapartistas y el bipartidismo degeneró hacia una partitocracia, ajena a la ciudadanía, que operaba como oficina de colocación para sus militantes.

La poca transparencia y calidad democrática del sistema no se cuestionó mientras aumentaban los salarios y el bienestar. Según los datos del Banco Mundial, el PIB per cápita en España pasó de 3.221 dólares en 1975 a 35.580 en 2008, el año en que comenzó la Gran Recesión. En los siguientes cinco años se redujo hasta los 29.863 dólares. La súbita pérdida de riqueza fue durísima para una sociedad cuya aspiración de mejora material se había incrementado, año tras año, a lo largo de tres generaciones.

Con la crisis, las incongruencias que para algunos mostraba un sistema que, al no renovarse, no conseguía ser ni útil ni relevante ni cercano dieron paso a un creciente desencanto. Más allá de las críticas que despertaban el agarrotamiento y la endogamia del sistema, se extendió la percepción de que la partitocracia era sinónimo de una corrupción sistémica. La Monarquía parlamentaria dejó de ilusionar a una sustancial franja del electorado y el desencanto coincidió con el crack del sistema financiero global en septiembre de 2008.

Hasta entonces la Transición había engendrado un acomodo político que teóricamente podía narrar una historia de éxito. Se había producido una profunda modernización de la sociedad, España estaba enteramente incorporada a las instituciones multilaterales y la economía y la empresa españolas estaban plenamente internacionalizadas. Pero tales logros son relativos porque los electorados tienen poca memoria y no son agradecidos.

La solidez de este relato resultó ser ficticia cuando de la noche al día en el otoño de 2008 se secaron las líneas de crédito. La marea bajó de manera tan brusca como inesperada y en la inusitada bajamar resultó que muchos bañistas, entidades financieras, empresas pequeñas, medianas y grandes, y por supuesto familias endeudas, se bañaban desnudos.

A toro pasado, la metáfora más repetida fue la de que la orquesta seguía tocando en la cubierta del Titanic mientras que el gran transatlántico se acercaba al iceberg que lo partiría en dos. La Gran Recesión puso fin a una fiesta que en España había sido especialmente fastuosa.

La resaca fue monumental y la voraz glotonería dio paso a más ansias de alimento. La cocina del bipartidismo, sin embargo, ya no podía ofrecer lo que demandaba una clientela a la que hasta entonces había podido satisfacer. Sobre todo no podía proteger la seguridad en el empleo para que su público pudiese comer caliente.

Entre las asignaturas pendientes que ignoró la partitocracia estaba la de la reforma de un mercado laboral que había quedado obsoleto por no competitivo en la economía globalizada. El marco existente había sido pactado por políticos y agentes sociales en los inicios de la Transición y debía mucho a la legislación laboral del anterior régimen. El marco laboral aseguraba el paro estructural lo mismo que la rigidez de la ley electoral condenaba al sistema político a la ineficiencia representativa.

Todo fin de ciclo político certifica la terminación de un determinado equilibrio institucional. La armonía en torno a dos grandes bloques políticos que había creado la Constitución de 1978 dejó de existir con el voto emitido en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. Las primeras elecciones que se celebraron tras haber accedido Felipe VI a la jefatura del Estado el 19 de junio de 2014 cambiaron de plano el contexto político que estuvo vigente en el reinado de su padre.

Para apreciar la rápida decadencia y la inevitable caída del edificio bipartidista debemos remontarnos a las elecciones de marzo de 2008, seis meses antes del crack del sistema financiero global. En aquella primavera el inmueble institucional lucía un innegable esplendor y el sistema parecía macizo e imbatible. Fueron las novenas elecciones desde la promulgación de la Constitución tres décadas antes, las ganó el PSOE y el PP repitió el papel de partido de la oposición que había ejercido en la anterior legislatura.

El dato esencial es que las dos formaciones consiguieron en aquellos comicios más del 84% de los votos emitidos. Casi cuatro años después, en las elecciones de noviembre de 2011 que ganó el PP, la suma de los votos que ambos partidos obtuvieron para la renovación del Congreso de los Diputados cayó al 73%. Este dato, que representaba casi las tres cuartas partes del voto emitido, fue sin embargo engañoso. El edificio bipartidista se tambaleaba porque uno de sus dos pilares se había hundido.

Después de haber gobernado a lo largo de dos legislaturas, el PSOE perdió en 2011 el 38% de sus votos y los 169 escaños que ganó en 2008 se redujeron a 110. Fue el resultado socialista más escuálido en los más de treinta años de Monarquía parlamentaria. Hasta entonces, el peor que había cosechado fue el de los 118 escaños que obtuvo en las elecciones constituyentes de junio de 1977, a los pocos meses de su legalización formal después de aprobarse la Ley para la Reforma Política del franquismo.

El PP, por su parte, aumentó su voto en 2011 en un 5% para alcanzar el 44% de los emitidos y, debido al fracaso de su socio en la partitocracia y a las normas de proporcionalidad corregida de la ley electoral, incrementó su representación parlamentaria de manera espectacular. Obtuvo 32 escaños más que en la legislatura anterior y consiguió una muy confortable mayoría parlamentaria con 186 escaños.

Este resultado, el mejor en la historia del PP, también fue ilusorio. Un sistema competitivo bipartidista requiere la presencia, más o menos nivelada, de dos formaciones que se turnan en el poder. Al hundirse un pilar del sistema compartido, el desplome del otro era cuestión de tiempo. Ocurrió en cuanto los españoles fueron convocados de nuevo a renovar sus instituciones parlamentarias. La impresionante mayoría que obtuvo el PP en 2011 fue aniquilada cuatro años después.

Entre las elecciones de noviembre de 2011 y las de diciembre de 2015 el PP se dejó por el camino más de tres millones y medio de votantes, la gran mayoría de los cuales no había cumplido los cuarenta años, y más de la tercera parte de sus escaños en el Congreso de los Diputados.

Del mejor resultado de su historia, el PP pasó a registrar, con 123 diputados en 2015, el peor desde 1989. La gran formación del centroderecha seguía siendo el mayor grupo parlamentario, pero su representación en el hemiciclo fue, por mucho, la más reducida de cuantas obtuvieron los ganadores de anteriores elecciones.

El desastre electoral del PP sucedió cuando ya se había consumado el del PSOE. Entre las elecciones generales de 2008 y las de 2015, el partido dinástico del centroizquierda perdió más de cinco millones de votos. En diciembre de 2015 su representación parlamentaria se redujo a tan sólo noventa escaños. En las elecciones de junio de 2016 el PP pudo remontar hasta los 137 escaños, a cuarenta de la mayoría absoluta, mientras que el PSOE, que seguía en caída libre, perdió otros cien mil votos y cinco escaños más.

El edificio del bipartidismo fue socavado a conciencia en plena crisis económica entre 2011 y 2015 por la irrupción en el Parlamento de nuevos partidos que no tuvieron presencia nacional, o ni siquiera existían, en la legislatura anterior y por el auge de formaciones políticas de ámbito regional. En las elecciones de finales de 2015, al igual que en las europeas el año anterior, apenas el 50% de los votantes apoyó a los dos partidos que habían gobernado a lo largo de la Monarquía parlamentaria. En las de junio de 2016, debido a la mejoría del PP, sumaron el 55%, porcentaje que tampoco cimienta un sistema bipartidista.

Cabe preguntarse si hubiera seguido en pie el edificio, con ese 84% de los votos emitidos que se repartieron los dos partidos dinásticos en las elecciones de la primavera de 2008, de no ser por la crisis financiera, luego económica y al final política que se desató meses después.

El estallido de la burbuja inmobiliaria que se propagó desde Estados Unidos se debió a un apalancamiento insostenible de empresas y de particulares que fue alentado por instrumentos financieros que ocultaban el valor real de los activos comercializados. Su onda expansiva impactó de lleno en España, que vivía la cúspide de una fiebre del ladrillo con un muy alto endeudamiento de empresas inmobiliarias y de particulares debido al exuberante crédito extendido por el sistema financiero.

La mejor reflexión ante lo que sugiere la pregunta que planteaba antes es que el deber ineludible de un sistema político nacional es poner a salvo de shocks exógenos a la sociedad que gobierna. Esto solamente lo consigue un sistema que goza de la solidez que provee el talento de los mejores al frente de la gestión pública. Llegada la Gran Recesión, los españoles no estaban protegidos ni por mentes decisivas y preclaras en los puestos de mando ni por los necesarios cinturones de seguridad.

El entonces muy errático Gobierno del PSOE lanzó los salvavidas tarde y mal, cuando la crisis ya había adquirido las dimensiones de un tsunami. El Ejecutivo del PP que le sucedió hizo lo que pudo para capear el temporal, pero actuó con poca sensibilidad social y con una deficiente política de comunicación. Fue así cómo se enterró el sistema bipartidista sobre el cual se había asentado la potestad de don Juan Carlos. Don Felipe presidió el réquiem de los partidos dinásticos del reinado de su antecesor.

Es ciertamente posible que el sistema bipartidista hubiese sucumbido igual ante la devastadora crisis económica de haber sido el español un régimen abierto, flexible y en continua renovación. Pero esto no se sabe y lo que sí es cierto es que el bipartidismo que degeneró hacia una partitocracia no tuvo ninguna de estas cualidades. La torpeza de unos y de otros hizo inevitable la expiración del sistema. Esta dejadez e incompetencia es lo que este ensayo propone ordenar, entender y enjuiciar.

El planteamiento de la historia que se repite, o que rima, merece una última vuelta de tuerca en este capítulo inicial. No ha de limitarse necesariamente a contraponer el fin, en 1975, de un ciclo que había durado cuarenta años y el de otro, igual de duradero, en 2015. Hay una ironía más que enriquece cualquier estudio del bipartidismo fracasado al cumplirse los tres primeros lustros del siglo XXI.

Se puede, si se quiere, tomar el año en el cual accedió al trono Felipe VI y remontarse a las circunstancias de descrédito institucional que se produjeron cien años antes en el reinado de su bisabuelo, Alfonso XIII. De nuevo nos topamos con las repeticiones y las rimas, con las farsas y las tragedias.

En su conferencia Vieja y nueva política dictada en el madrileño Teatro de la Comedia, José Ortega y Gasset disparó en marzo de 1914 contra los partidos dinásticos, el conservador y el liberal, que se habían turnado en el poder a partir de la primera restauración en 1874 de la dinastía Borbón en la persona de Alfonso XII. Denunció que los componentes de aquel bipartidismo «se han ido anquilosando, petrificando, y, consecuentemente, han ido perdiendo toda intimidad con la nación».

El ruido y la furia de la diatriba del entonces jovencísimo catedrático de Metafísica anunciaban el fin de un ciclo histórico que, para entonces, había durado cuarenta años. Vendrían la farsa militarista del Directorio de Primo de Rivera y, luego, la tragedia republicana.

Según Ortega y Gasset, la España «oficial» era ajena y lejana a la España «vital». Por ello «las nuevas generaciones advierten que son extrañas totalmente a los principios, a los usos, a las ideas y hasta al vocabulario de los que hoy rigen los organismos oficiales de la vida española». En 2014 el discurso de los jóvenes españoles fue el mismo, y a finales del año siguiente consiguieron muchas actas en el Congreso de los Diputados.

CAPÍTULO 2

La crisis socialista

No deja de ser irónico que el primer pilar de la partitocracia en descomponerse fuera justamente el partido dinástico que más tiempo había gobernado en el reinado de don Juan Carlos. Llegado el otoño de 2016, la crisis del sistema bipartidista se destiló en el descarrilamiento del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que estuvo en el poder a lo largo de cuatro legislaturas a partir de 1982, siendo presidente Felipe González, y de nuevo entre 2004 y 2011, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

La imagen del percance fue la de su propio líder cual Julio César shakesperiano. A la vista de todos, Pedro Sánchez fue apuñalado por la espalda y defenestrado por los suyos como secretario general del PSOE dos años después de ser elegido para el puesto en un proceso de primarias. Su crimen fue la ambición y el orgullo injustificado.

En cualquier otro país europeo el líder de un partido que hubiese perdido por un ancho margen dos elecciones seguidas se hubiera marchado por su cuenta y sin polémica. Pero en esto de la patrimonialización de los cargos electos, como en tantas otras cosas, España es diferente. Sánchez se agarraba al suyo, lo cual era malo. Pero lo peor fue que su testarudez enfilaba España a unas nuevas elecciones y al PSOE a una nueva humillación.

El potencial desestabilizador de otro desplome del Partido Socialista, quizás el definitivo, fue todavía mayor porque, más allá de su longevidad y experiencia como partido de gobierno, el PSOE era el primordial entre las dos organizaciones dinásticas en la construcción de la arquitectura constitucional. En realidad fue la piedra angular del sistema. Siendo una formación formalmente republicana cuya relación con la Corona fue siempre «accidentalista», el Partido Socialista contribuyó de manera decisiva a la consolidación de la Monarquía parlamentaria.

Más de medio siglo antes, en los albores de la década de los treinta, el PSOE había jugado la carta opuesta. Entonces dejó de desconfiar en la «República burguesa» que avivaban las clases medias antimonárquicas y apoyó el derrocamiento de Alfonso XIII. Don Juan Carlos, inteligentemente, se esforzó por conseguir la lealtad de la histórica formación que había renovado Felipe González y que contaba con las bendiciones de la socialdemocracia europea.

En el recién estrenado parlamentarismo de la Constitución de 1978, el PSOE tenía el liderazgo más atractivo, las ideas más claras, las políticas más nacionales y la militancia más democráticamente comprometida y disciplinada. La Monarquía parlamentaria se consolidó gracias al felipismo.

Cuarenta años después, la guerra abierta por la dirección del PSOE fue inevitable tras los pésimos resultados que obtuvo el partido en las elecciones de diciembre de 2015 y junio de 2016. La ruptura pronto revistió visos muy graves. En la memoria de quienes conocían la historia del partido estaba la escisión del PSOE en 1920 cuando su sector radical se adhirió a la Tercera Internacional que había fundado el Partido Comunista de la recién creada Unión Soviética. Casi cien años después, la política era igual de tumultuosa y el castizo partido de la socialdemocracia española no podía contar con la fidelidad de sus votantes tradicionales.

Si en 1920 una parte de la militancia socialista, los llamado terceristas, optó por alinearse con las tesis revolucionarias de Lenin, en 2017 existía la tentadora posibilidad de sumarse al nuevo movimiento de la izquierda radical que representaba la novedosa formación de Podemos. En este posterior caso no hubo un cisma entre los cuadros socialistas. Lo que se produjo fue la mudanza de simpatizantes y militantes del PSOE, sobre todo de los hijos y de los nietos de los forofos de Felipe González, hacia las filas del intruso partido del populismo antisistema.

El choque entre el secretario general, Pedro Sánchez, y el Comité Federal se saldó con la dimisión del primero en octubre de 2016 y la creación de una comisión gestora encargada de convocar un congreso nacional y de liderar el partido hasta la elección de una nueva cúpula directiva. No fue la primera defenestración de un secretario general del PSOE enemistado con el aparato y con los llamados barones que controlaban las federaciones regionales del partido. Pero nunca había sido tan reñido el encontronazo y jamás, en anteriores ocasiones, el líder depuesto se había revuelto, como lo hizo Sánchez, para responder al despiadado «fuego amigo».

Lo normal en tales relevos era que el secretario general obedeciera mansa y disciplinadamente las órdenes de los órganos dirigentes del partido. Josep Borrell acabó renunciando en 1999, el año siguiente de haber derrotado al candidato oficialista, Joaquín Almunia, en las primarias para suceder a Felipe González como líder socialista, porque el aparato socialista prefería a éste último, un fiel felipista. De la misma manera las presiones internas de los mandamases del partido influyeron en la decisión que en 2011 tomó el entonces presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero de no presentarse a un tercer mandato y de entregar el liderazgo a Alfredo Pérez Rubalcaba, otro veterano colaborador de González.

La caída de Sánchez, sin embargo, no fue un recambio más. Tuvo una envergadura política mucho mayor porque se enmarcaba dentro de un fin de ciclo. La gravísima situación existencial que padecía el PSOE según avanzaba 2016 se debió a que su grupo parlamentario era el único que tenía la llave para facilitar la investidura de Mariano Rajoy.

La parálisis parlamentaria fue, en primer lugar, la consecuencia del derrumbamiento electoral de los dos partidos dinásticos y, en segundo lugar, de la tenaz negativa de Sánchez a facilitar la continuación de Mariano Rajoy al frente de un Gobierno minoritario. La cúpula del PSOE se guiaba por las reglas del bipartidismo y el Partido Popular (PP) era la formación política que, con diferencia, tenía más escaños en el Congreso de los Diputados. Reconocía, de acuerdo con las reglas de la partitocracia en la formación de un Gobierno nacional, la supremacía del adversario. Era el pago de un seguro de vida. La salvación del PSOE dependía de la del PP.

El bloqueo institucional no se desatascó hasta que Sánchez fue apartado de la dirección del partido, lo cual permitió la abstención socialista en la votación que le permitió a Rajoy un segundo mandato al frente del Gobierno. El golpe palaciego que destituyó a Sánchez, como toda conspiración de navajazos, partió la casa socialista en dos.

El dilema socialista estaba entre ser el compañero de viaje del partido de centroderecha o serlo del populismo radical y antisistema que había sido el causante de la hemorragia de votos que había sufrido. El primero era el contrincante ideológico de siempre. El segundo, que gozaba de un liderazgo fuertemente personalista y mucho predicamento entre la juventud y las grandes urbes, era el impertinente rival que operaba en su mismo campo y le robaba discursos y electores.

Los socialistas se encontraron en la disyuntiva de tener que elegir entre la vieja y la nueva política. El Comité Federal del PSOE tenía claro que jugaba en el campo de la antigua, pero Sánchez mantenía el voto contrario a Mariano Rajoy y buscó inútilmente acuerdos que le permitieran encabezar un Gobierno de cambio comprometido con una nueva política.

Finalmente se impuso la tesis de la vieja política porque la prolongación de la parálisis parlamentaria hacía inevitable la convocatoria de unas nuevas elecciones que hubieran sido las terceras en un año y que muy seguramente hubieran aumentado la distancia entre el PP y el PSOE y estrechado la que separaba al PSOE de Podemos.

Ante tal disyuntiva, el Comité Federal del PSOE sustituyó a Sánchez por una gestora y declaró el cese de hostilidades con Rajoy mediante la abstención del grupo parlamentario socialista.

La decisión de facilitar un segundo mandato a Rajoy fue una medida táctica y a la desesperada, pero respondía a las pautas de la partitocracia. El PP, al fin y al cabo, era la otra cara de la moneda socialista. El aparato del PSOE se agarró al PP para no hundirse del todo en el pozo de la irrelevancia como partido testimonial. Necesitaba recomponer el PSOE con un nuevo liderazgo y sobre las bases de sus tradicionales señas de identidad socialdemócratas.

Al decir de los portavoces de su comisión gestora, el PSOE dejaría atrás la penumbra ejerciendo una oposición «útil» y constructiva. En la práctica esto significaba un acuerdo no declarado y no oficial de «gran coalición». El convenio mantendría a Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa a lo largo de la legislatura y, a cambio, el Partido Socialista tendría alguna participación en iniciativas parlamentarias.

El paripé de la gestora del aparato no fue entendido, ni mucho menos aplaudido, por una parte significativa de la militancia socialista que quería acompañar a la izquierda radical con el fin de echar del poder al PP.

El meollo del dilema era que el PSOE ya no podía presumir de ser el partido hegemónico de la izquierda española. Esto se lo disputaba Podemos. Y el drama real y humano del aparato del Partido Socialista era que tenía que «colocar» a sus cuadros de acuerdo con el reparto clientelar que era el asunto medular del viejo sistema. Por ello, en determinados gobiernos regionales y ayuntamientos pactó con Podemos y con sus aliados, las llamadas «confluencias», para hacerse con los cargos que ocupaban miembros del PP.

Era una situación esquizofrénica que denotaba la frágil unidad de un partido que en otra época se distinguía por su disciplina. El PSOE tenía unos aliados radicales en las administraciones autonómicas y locales y otros de centroderecha en el Congreso de los Diputados donde había dado luz verde a un Gobierno del PP. La divergencia entre la comisión gestora y la militancia de base sobre el compañero de viaje idóneo era especialmente pronunciada en las comunidades de fuerte implantación nacionalista donde la prioridad política era el reconocimiento del «derecho a decidir». Era un ecosistema propicio para profundas quiebras.

La gravedad real de la situación era que no se limitaba a la penuria electoral del PSOE y a sus vaivenes tácticos. No era un asunto solamente socialista porque la debilidad del PSOE socavaba, además del centroizquierda, a todo el sistema. La Monarquía parlamentaria había sido levantada sobre dos columnas y, al caer al suelo una de ellas, el edificio entero se tambaleaba y tenía que ser reconstruido. La columna que seguía en pie, al quedarse sin peso compensador, carecía de equilibrio y con el tiempo también se desplomaría.

Se ha de insistir en este asunto crucial: en un sistema bipartidista, cada una de las dos organizaciones que compiten políticamente necesitan la presencia de la otra, como adversario natural, para justificar su existencia.

El hecho tozudo, sin embargo, era que al cumplirse los tres primeros lustros del siglo XXI este sistema, nacido en la Transición, había dejado de funcionar a efectos prácticos. El PSOE había sufrido el frontal rechazo de millones de sus votantes tradicionales que acabarían mudándose a un competidor radical. El apoyo en las urnas al PP también había descendido dramáticamente porque estaba igualmente amenazado en su propio campo electoral.

Llegado 2017, lo perentorio era evitar un segundo hundimiento, en este caso el del PP, cuya vertebración estaba íntimamente ligada al mantenimiento de Rajoy en el poder. Lo era, por supuesto, para el partido de centroderecha y lo era también para el de centroizquierda. Así lo entendieron los mandamases socialistas, representados por la comisión gestora, que no querían saber nada de intrusos antisistema que se hacían con el fondo de casa del PSOE.

El bloqueo parlamentario de 2016 se desatascó porque al final funcionó el instinto de conservación de la partitocracia ante el miedo que le inspiraba la llegada de nuevos entrantes en el escenario político. El aparato socialista apuntaló la solitaria y mermada columna del PP con vistas a volver a levantar la suya con el tiempo.

La narrativa compartida de los partidos dinásticos fue que el bipartidismo estaba ciertamente muy herido, pero que con un periodo de rehabilitación y una recuperación de la economía y del empleo éstos volverían a controlar la política patria. En este deseo había algo, o bastante, o mucho de lo que los angloparlantes llaman wishful thinking. La esperanza no pasaba de ser una mera ilusión.

Cuando el 21 de mayo de 2017 se celebraron primarias para elegir un nuevo secretario general del PSOE la ilusión se vino abajo. Fue una expectativa muy ingenua. El para entonces muy radicalizado Pedro Sánchez derrotó cómodamente a Susana Díaz, presidenta del feudo socialista de Andalucía y la candidata oficialista para dirigir el partido como leal oposición, y fiel andamio, del minoritario Gobierno de Mariano Rajoy. Con ello, la crisis del sistema adquirió nuevas y aún más preocupantes perspectivas.

Lo que unía a la partitocracia era la urgente necesidad de que tanto el PP como el PSOE recuperaran el terreno perdido. Para ello ambos tenían que renovarse a fondo porque su reto era reconstruirse sobre nuevos cimientos. De no hacerlo, el sistema no tendría futuro puesto que entre 2008 y 2015 los que tenían menos de cuarenta años, es decir los pre-millennials y los millennials por derecho propio nacidos después de la Constitución de 1978, habían dado la espalda a ambos partidos.

Por muy obvio que esto fuese, la regeneración no parecía estar en la agenda del bipartidismo. PP y PSOE se movían en el presente y actuaban de forma reactiva.

El apoyo que el aparato del centroizquierda decidió prestar al de centroderecha no pasaba de ser una transacción traída con alfileres. Era lo que cabía esperar de un bipartidismo que había pasado a ser una partitocracia. Dado el historial opaco, endogámico e inmovilista de los dos partidos dinásticos, la chapucera iniciativa pactista no podía sorprender. Tampoco extrañó a nadie su fracaso. De eso se encargó el Sánchez resucitado.

Llamó poderosamente la atención que, en la crisis del PSOE, quien se esforzó por atajarla fuera Felipe González, emblema del centroizquierda hispano, pero un político de otra época, y que José Luis Rodríguez Zapatero, el otro y el más reciente presidente de un Gobierno socialista, interviniera en menor medida. Los muchos esfuerzos del primero y los escasos del segundo tenían una explicación objetiva. González representaba el recuerdo de la época más gloriosa del PSOE y Rodríguez Zapatero era la memoria viva del paso más desastroso del Partido Socialista por el Gobierno del Estado.

González perdió el poder en 1996, después de cuatro mandatos sucesivos, por menos de 300.000 votos. Fue lo que él llamó una «dulce derrota». Rodríguez Zapatero tiró la toalla después de dos mandatos y su legado electoral fue infausto. En las elecciones de 2011, el PSOE perdió más de cuatro millones de votos y entregó al PP la más abultada representación parlamentaria de su historia.

Desde las bambalinas, Felipe González forcejeó para recomponer la formación de un proyecto de centroizquierda al cual había dedicado su vida y que dirigió como secretario general a lo largo de veintidós años. Su autoridad para ello era teóricamente incuestionable por haber sido el reinventor del partido que fundó Pablo Iglesias Posse en 1879 y su lugar en el panteón socialista junto al «abuelo» estaba asegurado.

Sin embargo, los tiempos ya eran otros. Los triunfos de González pertenecían al pasado, y el pasado es siempre otro país. Muy pocos recordaban el lema felipista de «La libertad está en tu mano» cuando los españoles pudieron votar de nuevo y la estela modernizadora de su paso por el Gobierno ya había cumplido su papel en una España repleta de formidables infraestructuras.

Para la izquierda radical, González, más que un socialista heterodoxo, condición de la cual presumía, era un apóstata porque se había aprovechado de las denostadas «puertas giratorias» y había sucumbido al abrazo del gran capital. En Reino Unido, a Tony Blair le ocurrió lo mismo. Cuando se jubilan de la primera línea de las políticas, los dirigentes socialdemócratas, al igual que los conservadores, se dedican a aumentar su patrimonio.

González se involucró muy directamente en la campaña de Susana Díaz para ganar la Secretaría General del PSOE y la derrota de su paisana sevillana fue una sonora bofetada para el histórico dirigente socialista. La victoria de Pedro Sánchez en las primarias fue, por ello, un triunfo sobre la vieja guardia del PSOE y sobre sus aliados en los medios, el mundo intelectual y el empresariado. Sánchez obtuvo un cheque en blanco para rehacer el partido a su imagen y semejanza porque Rodríguez Zapatero, el otro expresidente socialista, mantuvo un perfil bajo en la ida y vuelta del controvertido secretario general.

La abulia de Rodríguez Zapatero fue, como mínimo, sugerente porque la crisis del PSOE estaba íntimamente ligada al liderazgo que él ejerció. Buen conocedor de la ingeniería social y experto manipulador de la inteligencia emocional más básica, Rodríguez Zapatero fue un perfecto ejemplo del dirigente populista y cortoplacista que basa su gestión en crear deseos de su propia cosecha para la ciudadanía y en satisfacerlos de manera inmediata. Esto puede acumular réditos en tiempos de economías expansivas, pero siembra todo un campo de minas cuando llegan los periodos de escasez.

Como presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero animó y presidió iniciativas legislativas rompedoras que tocaban lo social, el modelo territorial y, lo más importante de todo, un nuevo esquema de lo que España debería pensar de sí misma y de su pasado. Practicó una política «adanista» y, precisamente por hacer ascos a la continuidad, todo comienzo de cero tiene sus consecuencias. Si malo fue su ejercicio del poder para los intereses generales de España, peor fue su legado.

La llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno creó, en su conjunto, un entuerto que se convirtió en tóxico cuando se desató la furibunda crisis económica. Las iniciativas que asumió como presidente del Gobierno ya habían radicalizado y colmado de expectativas a la sociedad antes de caer la losa de la Gran Recesión y, por lo tanto, la crispación acabó siendo mayor. Cuando en 2008 se frenaron en seco la aspiraciones materiales de los españoles, el pensamiento desordenado estaba en la palestra porque el Gobierno lo había servido en bandeja. El Movimiento 15-M y luego Podemos y los grupos de soberanismo exaltado en la periferia fueron mecidos y amamantados en sus cunas por el presidente del Gobierno.

La hecatombe electoral del PSOE se debió a que Rodríguez Zapatero, ensimismado y entusiasmado como estaba con las propuestas posmodernas de su nueva vía hacia la fraternidad y la igualdad, no previó a tiempo el tsunami económico que se desató en su segundo mandato. Ante el asombro, la incomprensión y la honda irritación de su base electoral, fue obligado por la Unión Europea, por los organismos multilaterales de cooperación y regulación económica y por los mercados financieros a dar un giro de 180 grados a las políticas sociales que introdujo en su primer cuatrienio en el poder.

Por el camino, Rodríguez Zapatero había borrado la imagen de moderación y de eficacia de la cual había hecho gala el socialismo que se refundó en la Transición. Bajo la tutela de González, el PSOE se había convertido en una potente fuerza política, nacional y nacionalizadora, que vertebraba el país y que elevó a niveles insospechados su proyección internacional.

Los gobiernos de Rodríguez Zapatero, sin embargo, carecían de la inteligencia que reunieron los de González. Es esclarecedora la comparación entre los «mejores» de los equipos ministeriales de Rodríguez Zapatero con los que ocuparon altos cargos en los años estelares de la anterior etapa socialista.

Es muy posible que Rodríguez Zapatero no fuera consciente de que el impacto del fracaso de sus políticas en su propio partido arrastraría hacia el precipicio al mismísimo sistema bipartidista. De haberlo sido, tampoco le hubiera preocupado excesivamente porque nunca valoró la alternancia en el poder entre el centroizquierda y el centroderecha. Al contrario, como líder del PSOE y presidente del Gobierno alentó el «cordón sanitario» que apartaba del poder a su socio natural en una democracia liberal. Esta descabellada estrategia fue la negación del modo de operar bipartidista. El celebrado «buenismo» de Rodríguez Zapatero camuflaba conductas sectarias y prácticas de killer.

Al consumirse el ciclo político con el descrédito de ambos partidos dinásticos y la consiguiente parálisis parlamentaria, Rodríguez Zapatero pudo haber arrimado el hombro para deshacer el entuerto que había creado. Pudo también haber reconocido que se equivocó con su «optimismo antropológico» porque con ello había engendrado el «asalto al cielo» de los antisistema. Pero no hubo ninguna autocrítica y en la crisis de su partido estuvo, más bien, de perfil.

En sus años de secretario general del PSOE y de presidente del Gobierno, González persiguió estrategias inclusivas para hacerse con el espacio más amplio posible del arco político. De una manera intuitiva, convirtió el PSOE en una formidable máquina electoral que se guiaba por las normas de un partido catch-all, o atrapalotodo. Combinaba iniciativas liberalizadoras en el área económica y atlantistas en el campo de las relaciones exteriores y de defensa con medidas socialdemócratas para reforzar el Estado del Bienestar. Su destreza fue desarrollar con continuidad y coherencia los programas centristas que la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez no fue capaz de implementar.

Rodríguez Zapatero, que antes de tomar las riendas del poder tenía una limitadísima experiencia de los altos vuelos de la política y ningún mentor de relieve, representó la ruptura con lo que hasta entonces habían sido las líneas maestras del quehacer gubernativo desde la Transición. Las circunstancias de su llegada al poder presagiaban esto mismo. El 13 de marzo de 2004, el PSOE que lideraba ganó unas elecciones marcadas por el ruido y por la furia.

Fueron unas elecciones inéditas por la altísima, y muy comprensible, convulsión y emotividad que rodearon su celebración. El retorno del PSOE al poder después de dos legislaturas y ocho años de gobierno del PP trajo consigo un radicalismo desconocido hasta entonces en la Monarquía parlamentaria que surgió de la Transición posfranquista. La furia estaba presente desde el primer momento porque Rodríguez Zapatero debió su presidencia al terrorismo del fundamentalismo islámico que esfumó una victoria del PP que las encuestas daban como segura.

Tres días antes de la cita con las urnas y a la hora punta de la mañana, diez explosiones simultáneas en cuatro trenes de cercanías de Madrid causaron 195 muertos y 1.858 heridos. Los atentados fueron perpetrados por una célula terrorista de tipo yihadista, según la posterior investigación policial y la sentencia de la Audiencia Nacional que fue reiterada por el Tribunal Supremo. Esto pasó a ser un dato accesorio de manera casi inmediata.

En el relato de la izquierda, rápidamente digerido y asumido por la mayoría que votó dos días después, el culpable de la atroz matanza fue el PP presidido por José María Aznar. Cuando Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, recorrió hospitales para interesarse por los heridos, fue recibida con gritos de «¡asesina!» por los familiares de las víctimas. La sicología de la muchedumbre en momentos atroces de gran turbulencia puede tomar derroteros tan insospechados como ilógicos. Las secuelas políticas de los atentados del 11 de marzo fueron atroces para el PP.

La culpabilidad de Aznar se debió a que había hecho piña con George Bush, presidente de Estados Unidos, y con Tony Blair, primer ministro de Reino Unido, para invadir Irak, el segundo país en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) después de Arabia Saudita, cuyo líder Saddam Hussein estaba bajo sospecha de albergar armas de destrucción masiva. El objetivo era derrocar el sanguinario régimen de Bagdad, que desestabilizaba Oriente Medio, e implantar, como faro de libertades para toda la región, una democracia representativa.

La invasión, llevada a cabo en 2003, justo un año antes de los atentados y las elecciones en España, figura en los anales de los disparates gubernamentales y de los desastres de la guerra. Se derrotó al régimen de Saddam Hussein pero, lejos de poder celebrar Irak las bondades de la democracia liberal, se aceleró el desmoronamiento del país y se consiguió el fortalecimiento de la yihad que trastornaría a toda la región.

Tampoco se encontraron las armas de destrucción masiva cuya teórica presencia había justificado la acción militar. El resultado de la invasión de Irak fue políticamente mortal para Bush, para Blair y para Aznar, y debería haber sido letal para las teorías de que el intervencionismo militar podría construir un nuevo orden mundial abierto y liberal, cosa que no se cumplió. En la década siguiente se intervino militarmente, con consecuencias igual de terribles, en Libia y en Siria.

Secretario general del PSOE y líder de la oposición desde julio de 2000, Rodríguez Zapatero se opuso desde el primer momento a la acción armada y marchó en primera fila de las enormes manifestaciones antiguerra que tuvieron lugar en España al igual que en muchos otros países, entre ellos Reino Unido. La acción más notoria de Rodríguez Zapatero fue su decisión de no levantarse al paso de la bandera de Estados Unidos durante el desfile del Día de la Hispanidad de octubre de 2003 que contemplaba desde la tribuna de autoridades.

Meditó mucho su decisión de permanecer sentado y la tomó con la intención de lograr un fuerte impacto mediático como protagonista de la jornada. Obtuvo plenamente su objetivo y justificó posteriormente su desplante como un acto de protesta personal contra la guerra, puesto que la bandera de las barras y las estrellas iba acompañada por las de otros países de la coalición internacional que participaba en el cambio de régimen en Irak.

Para algunos, el gesto de Rodríguez Zapatero le descalificaba para ser presidente de un país que era socio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y tenía intensos intercambios comerciales con Estados Unidos. Muchos dirigentes europeos, y además los gobiernos de Alemania y de Francia, se habían declarado en contra de la invasión de Irak y también lo hizo el futuro presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que entonces era senador en el estado de Illinois. Pero a ningún político de nivel se le ocurrió ofender de manera tan grosera a Estados Unidos.

Este desafío constituyó una clara muestra de lo imprevisible que podría ser Rodríguez Zapatero. Fue ampliamente aplaudido por la izquierda y radicalizó la campaña de la mayoría de españoles que estaban en contra de la guerra de Irak. Creó las condiciones para el posterior ejercicio del oportunismo con el que el PSOE se empleó a fondo para desplazar al PP del poder. El Partido Socialista organizó con gran efectividad la agitación callejera que culpaba a Aznar por los atentados del 11 de marzo.

El argumento fue que, de no haber sido por las aventuras guerreras del líder del PP, el ataque yihadista a los trenes de cercanías en Madrid no hubiera tenido lugar. Otras sociedades en tales circunstancias hubieran exigido a sus gobiernos redoblar sus acciones contra los criminales que ejecutan tales matanzas. Así había ocurrido antes en Estados Unidos y ocurriría después en Reino Unido, Bélgica, Francia y Alemania. En España esto no pasó.

Un relato distinto es que se perpetraron los atentados en vísperas de unas elecciones precisamente para que España abandonase la coalición que había derrocado a Saddam Hussein. España, donde el partido de la oposición se había declarado enfáticamente contrario a la guerra contra el régimen de Bagdad, era el eslabón más débil en la alianza occidental para redistribuir el mobiliario político de Oriente Medio. Y así fue. El primer anuncio de Rodríguez Zapatero al ser investido presidente del Gobierno fue la retirada unilateral de las tropas españolas en Irak.

En su investidura, Rodríguez Zapatero quiso expresar públicamente el credo que había marcado el rumbo de su quehacer político. Explicó que su ideario era breve: «Un ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes». Fueron palabras dignas del promotor de una Organización No Gubernamental y, en cierta manera, sorprendentes en boca del máximo dirigente de un sofisticado país urbanizado, con una pujante actividad industrial y de servicios, que lo convertía en la cuarta economía de la eurozona, y con una acreditada trayectoria como miembro de la OTAN en misiones internacionales.

Eran, desde luego, frases pasmosas para determinadas elites españolas y cancillerías extranjeras en Madrid. Pero la declaración de principios «buenistas» que enunció Rodríguez Zapatero al llegar al poder tocaba importantes fibras de sensibilidad en otras capas sociales. Sobre todo entre los jóvenes, que son biológicamente idealistas y que le decían «no nos falles» al mandatario socialista. Como «adanista» que era, Rodríguez Zapatero quiso marcar un antes y un después.

La clave era situarse en el polo opuesto a lo que representaba no solo Aznar sino todo el transcurrir de la política a partir de la Transición. Sus antecesores se movían en una amalgama de intereses creados, codiciosos y agresivos. Él no. Con él había llegado otra manera de hacer política. Mostró su infinita ansia por la paz y su papel de David frente a Goliat cuando ordenó la inmediata vuelta a casa de los militares españoles destacados en Irak donde formaban parte de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. A partir de ahí, Rodríguez Zapatero podría cometer errores, pero los suyos se los perdonarían porque había tenido el valor de afrontar al poderío norteamericano.

España tiene un alto coeficiente de personalismo, decía Ortega y Gasset, y la furia española era fruto de él. Cuando en el reinado de Alfonso XIII se agotaba el parlamentarismo de la primera restauración de la Corona y se divisaban fantasmas en el horizonte patrio, Ortega se preguntaba si España «sabrá elegir un camino ancho y limpio». Rodríguez Zapatero, cuyo carácter era personalísimo, hubiera dicho que eso era exactamente lo que pretendió cuando llegó al poder. Él era muy consciente de la existencia de una brecha política y social como lo era el Ortega que en 1914 disertó sobre Vieja y nueva política y dio el aldabonazo generacional ante la necesidad de un cambio de cultura gubernativa.

Resuena aquella advertencia orteguiana, citada en el capítulo anterior, de que las nuevas generaciones eran «extrañas totalmente a los principios, a los usos, a las ideas y hasta al vocabulario de los que hoy rigen los organismos oficiales de la vida española». En vísperas de la Segunda República escribió: «Es hora, pues, de sacudir los restos del provincialismo y resolverse a pensar y sentir en onda larga». A su manera, Rodríguez Zapatero estaba diciendo lo mismo.

La diferencia es que Ortega quería discernimiento, ciencia y educación, esfuerzo, dinamismo y mérito, y solucionar con Europa el problema de España. Con mejor o peor acierto, la generación de la Transición intentó poner en práctica estas lecciones.

En el universo de Rodríguez Zapatero primaban el atajo sentimental, lo inmediato que crea titulares y el aplauso fácil. Seducido por el relativismo de la posmodernidad era ajeno a las certezas que ilustra esa ciencia de la historia que cuenta con aséptica frialdad lo que realmente ocurrió. O no entendía de estas cosas o no las quería. Pertenecía a otra generación.

La pretensión de este ensayo es entender y enjuiciar actitudes y hechos que fueron socavando la Monarquía parlamentaria que inauguró la Constitución de 1978 y que acabaron por cuestionar el sistema de democracia liberal a los cuarenta años de morir Franco. Al ordenar lo que pasó, sobresale un acontecimiento transformador, al cual ya se ha aludido, que llegó del exterior.

La crisis financiera que estalló en Wall Street en septiembre de 2008 provocó en España el súbito pinchazo de una inmensa burbuja inmobiliaria que desde la entrada del nuevo siglo venía hinchándose a base de un exponencial aumento del endeudamiento.

La consiguiente crisis económica pasó rápidamente a ser política. Un sistema se tambalea cuando se destruye empleo de forma muy acelerada y cuando, de manera inexorable, se intensifican precipitadamente las desigualdades sociales y se abren extensas capas de pobreza. Solamente pueden hacer frente a tales circunstancias, y no siempre con éxito, sistemas que reúnen mucha solera política, un procedimiento consolidado de alternancia en el poder y de respeto al pluralismo, y mucha inteligencia y flexibilidad. No era el caso de España en 2008.

En España la cifra de parados llegó a superar los cinco millones, lo que significaba que uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar carecía de empleo. Según los datos de Eurostat, el paro se elevó del 12,1% en 2008 a casi el 20% dos años después y al 26,2% en enero de 2013. Junto con Grecia, donde la crisis aniquiló a la partitocracia helena gobernante, España doblaba la media de desempleo en Europa.

El bipartidismo español fue sacudido por otros sucesos propios de la política nacional y los siguientes golpes más duros los lanzó el soberanismo catalán. De acuerdo con algunos cálculos, el apoyo a la independencia de Cataluña también se dobló en este periodo y, llegado 2015, estaba cercano al 50%.

Y el sistema fue atizado, también, por un inesperado proceso de revisionismo histórico que se examinará con detenimiento en el capítulo quinto. Una sociedad requiere una historia compartida para su estabilidad, pero en la España del «yo autobiográfico» había varias y eran tanto ideológicas y de clase como historicistas y nacionalistas.

La generación de la Transición presumía de haber cerrado las heridas del siglo XX español. La reconciliación fue un motivo de orgullo para los de un campo y para los del otro. Pero a las cuatro décadas de aquel abrazo el guerracivilismo apareció de nuevo en el discurso político.

Se ensalzó la Segunda República y se denigró una monarquía que había sido impuesta por Franco. En Cataluña se mitificaron la guerra de Sucesión y sus derivaciones y se propagó la estrafalaria acusación, viniendo de una comunidad que se había hecho próspera gracias al mercado interno español y a la inmigración de andaluces, de murcianos y de otros, de que «España nos roba».

Los hechos son consecuencia de actitudes, y cualquier intento de enjuiciar y entender la parálisis institucional de 2016 ha de examinar la evolución de éstas entre la generación de los «nietos» de la Guerra Civil que, a la vez, eran «hijos» del tránsito, cuarenta años antes, hacia la democracia.

El talante de Rodríguez Zapatero tuvo mucho que ver en el desarrollo de comportamientos cívicos. El pensamiento desordenado que se extiende por una sociedad es producto del desconcierto programático de quienes tienen la responsabilidad de dirigir los asuntos de Estado. Rodríguez Zapatero fue poco ejemplarizante a la hora de encauzar y asegurar la convivencia de los españoles.

Como presidente del Gobierno ignoró los claros signos del muy peligroso calentamiento de la economía y no reaccionó a tiempo cuando aparecieron los primeros síntomas de lo que sería la Gran Recesión; entabló negociaciones de paz con la organización terrorista ETA sin un acuerdo bipartidista previo; animó, de nuevo sin consenso de por medio, a quienes en Cataluña querían ampliar las prerrogativas de su autogobierno; y promovió una Ley de Memoria Histórica que fue muy contestada por la comunidad académica y dio pie a un desestabilizador revisionismo del pasado.

Bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero el relativismo cultural o moral, la consideración de que no hay verdades absolutas y que una opinión o conducta es tan válida como otra, entró de lleno como un asunto cotidiano más en la sociedad española. Muchos celebraban que el presidente del Gobierno compartía y alentaba una nueva sensibilidad que contrastaba fuertemente con la liberal conservadora que representó José María Aznar. Otros no.

Uno de los surrealistas legados de Rodríguez Zapatero fue la masacre del castellano hablado al ignorar la existencia de los participios activos como derivados de los tiempos verbales. Fue la moda del «todos y todas» que llegó al disparate completo con la referencia a «miembros y miembras» del Congreso de los Diputados. Esto fue fruto de la ausencia de los «mejores» en la dirección del Gobierno y del PSOE y de su ignorancia acerca de la gramática de la lengua española.

El disparate se fundaba en motivos ideológicos y se debía a las políticas de género que cobraron una gran importancia en los gobiernos de Rodríguez Zapatero. España fue precursora en la legalización de bodas gay en 2005 y Rodríguez Zapatero consideró que la redefinición del matrimonio, que luego fue adoptada por otros países, fue uno de los grandes logros de su presidencia del Gobierno. Su introducción no fue polémica y demostró que, frente a la «leyenda negra», España es un país extraordinariamente tolerante.

Rodríguez Zapatero dijo que Barack Obama le había felicitado por ello. No se quedó ahí. Ya retirado de la política activa, se jactó, al recibir un premio de las comunidades gay, de que cada vez que se reunió con Benedicto XVI trató de «adoctrinarlo» en el asunto del matrimonio homosexual.

Los valores y principios están siempre en un permanente estado de revisión pero, a comienzos del siglo XXI, la sustitución de unos por otros se precipitó con el mismo ímpetu de la encadenada aparición de las tecnologías disruptivas. No era un tema particular de España, si bien Rodríguez Zapatero era un campeón relativista comparado con otros jefes de Gobierno, que trataban con sumo cuidado los temas que afectaban susceptibilidades tradicionales.

Las nuevas modas y tendencias inquietaron por doquier, como es natural, a las capas conservadoras pero la alarma fue menor en España que en otras sociedades de su entorno. Rodríguez Zapatero surfeó sobre ellas con maestría y con éxito.

Quien estaba soliviantado con el relativismo era el papa Benedicto XVI, que, comprensiblemente, tenía preceptos morales muy claros. No consta en los comunicados oficiales después de las cuatro ocasiones en las que se reunió con Rodríguez Zapatero referencia alguna al tema del matrimonio gay. Los asuntos tratados fueron bilaterales, en especial el de la educación religiosa, e internacionales, como los retos humanitarios y las hambrunas en África.

Sin embargo, es lícito suponer que el pontífice consideraba al político español como digno representante de una nueva y descreída sensibilidad que se llevaba por delante hábitos y conductas ancestrales. España había dejado de ser la cuna de santos y soldados, místicos y misioneros según la piadosa e integrista visión tradicional.

Durante unos ejercicios espirituales en la Semana Santa de 2007 el pontífice pudo perfectamente haber pensado en dirigentes como Rodríguez Zapatero cuando el anciano cardenal Giacomo Biffi, que los dirigía, habló de un filósofo ruso, y profético ensayista, llamado Vladímir Serguéyevich Soloviev que murió en 1900.

Intelectual preocupadísimo, como el Papa, por el relativismo y a sus setenta y ocho años todavía entregado a una inagotable curiosidad por desenterrar debates sobre ello en el pasado, Biffi explicó la visión que contó Soloviev poco antes de fallecer en la indigencia a los cuarenta y siete años en Moscú en Breve relato sobre el Anticristo.

Lejos de rescatar esa devastadora figura satánica del medievo que suda los siete pecados capitales por cada poro, Soloviev retrató un tranquilo personaje de nuestro tiempo que es rabiosamente reconocible. Su Anticristo era un tipo buenísimo y muy espiritual, un gran filántropo y un activo y comprometido pacifista. Era ecologista, vegetariano, defendía los derechos de los animales y hacía gala de otras muchas estupendas cualidades.

El personaje del ensayista ruso no era en principio hostil a Cristo y, de hecho, aprecia sus enseñanzas. Lo que ocurrió es que rechazaba que Cristo fuese una figura única como hijo de Dios, según enseña la Iglesia, que resucitó de entre los muertos y que vive entre nosotros. El Anticristo de Soloviev convirtió la fe en Dios en un asunto cultural y humanitario, y a todas las iglesias en organizaciones dedicadas a la desinteresada acción social.

Soloviev recreó el relativismo moral actual con un siglo de anticipación. De paso, profetizó que el siglo XX que no llegó a vivir sería una época de grandes guerras, de conflictos civiles y de revoluciones que se llevarían por delante las viejas estructuras de las naciones y las vetustas instituciones monárquicas.

Todo ello lo conoció Europa y, sin salir de sus propios pagos, lo sufrió España. Y así se entró en el siglo XXI con algunas lecciones aprendidas. La principal en el entorno continental fue la creación en el marco de la Unión Europea de una eurozona que compartía una moneda común. En España la lección aprendida fue el consenso «de todos» que sancionó la Constitución de 1978.

Estos logros de coexistencia pacífica, derivados todos ellos de las enmiendas a conductas anteriores, fueron puestos en entredicho llegado 2016. La arquitectura europea sufrió el resquebrajamiento que representó el Brexit británico y el impacto de la llegada de cientos de miles de refugiados que huían de la pobreza y de la persecución en estados fallidos y en guerra.

En España la quiebra tuvo una deriva propia. Los dirigentes de los distintos movimientos populistas emergentes, izquierdistas y nacionalistas, calificaron el acuerdo constitucional de la Transición como un «candado» y su irrupción en las instituciones dejó a España políticamente petrificada. En distintas esferas la Gran Recesión seguía cobrando la factura de mucho exceso previo.

A la vez, el relativismo reinante ciertamente daba rienda suelta a muchos despropósitos excéntricos. Otro enfoque era que se había entrado, y ya sin vuelta atrás a partir de 2008, en un terreno desconocido que se dio en llamar el «nuevo normal». El argumento consistía en que esta vez «todo sería distinto».

En España, los mapas teóricos de esta tierra ignota fueron esbozados durante el sorprendente paso por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue una figura política hecha a la medida del Anticristo de Soloviev. Abonó una nueva sensibilidad que cuajó en una ruptura con la anterior como corresponde a todo fin de ciclo.

CAPÍTULO 3

La imagen de España y el buenismo

Otros países industrializados y urbanizados que son socios de la Unión Europea y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) pueden soportar gobiernos ineptos e incluso tolerar a los que son disparatados. La comunidad internacional sigue respetando a tales países a pesar de sus dirigentes inútiles porque sus instituciones son sólidas. Éste no es el caso de España porque las suyas no lo son.

La imagen de España como país brioso, eficiente y de fiar depende de que su liderazgo se perciba así en el exterior. Si sus dirigentes no encarnan estas virtudes y habilidades queda expuesto el flanco más débil del reino, que es el que da entrada a la sociedad poco práctica, la de la siesta y el síndrome de mañana. La proyección de España fuera de sus fronteras está penalizada por un cúmulo de estereotipos que se han ido amontonando a lo largo de los tres últimos siglos y que son muy difíciles de demoler.

Contemplada por forasteros y transmitida en una foto fija, ampliamente dada por buena de generación en generación, España es percibida como un país lento, retrasado, bullicioso e ineficaz cuyos habitantes se mueven entre la indolencia y la militancia. España no es un país normal. Se distingue de la Europa fabril y hacendosa. Es diferente y se puede esperar cualquier cosa de ella.

Este maleficio sólo lo ahuyentan buenos gobernantes que se mueven por el mundo con naturalidad y confianza. En la ausencia de una sociedad civil bien trabada e instalada en las instituciones, el liderazgo cobra una especial importancia. Los líderes que se han sucedido en España han merecido poco respeto en el exterior y con frecuencia han sido, injustamente o no, caricaturizados.

La Ilustración propagó los tópicos de una España aislada que, sometida al oscurantismo clerical, daba la espalda a la razón y a la modernidad. Estos lugares comunes fueron reforzados por viajeros extranjeros, ingleses y franceses sobre todo, que en la primera mitad del siglo XIX se pasearon por los caminos reales y las cañadas de España. Los llamados «curiosos impertinentes» celebraron románticamente a un pueblo indómito que padecía malos gobiernos en serie. Pero solían añadir que, al contrario de lo que era la norma en sus propias bien ordenadas sociedades donde reinaban la rigidez, la hipocresía y el materialismo, el pueblo español valoraba la belleza y el honor por encima del uso de las conductas y de las cosas.

En ocasiones este primitivismo de la sociedad rural que obsesionaba a los extranjeros provocaba juicios positivos, si bien extravagantes. En España, decía el francés Théophile Gautier, que la recorrió durante seis meses en 1840, los obreros cantaban, las clases sociales se entremezclaban y no existía el estrés que se sufría en París. Cuando dio por terminado su Viaje por España, escribió que «el sueño se había acabado». Ya en el siglo XX, el inglés Gerald Brenan, que se instaló en lo más profundo de la Alpujarra granadina, fue otra «víctima del sur» y admiraba bondades parecidas. La cuestión es que las ideés reçues son esculpidas en granito y sobreviven impertérritas como los toros de Guisando en tiempos de globalización.

La transición a la Monarquía parlamentaria sorprendió a la comunidad internacional por su pacífica y consensuada fluidez. De acuerdo con la visión estereotipada, la muerte del último dictador sobreviviente de la tenebrosa y chata década de 1930 tenía que haber provocado insurrecciones fratricidas. Esto era lo previsible en una sociedad intrínsecamente ingobernable que requería «mano dura». Pero no sucedió.

Sin embargo, el fin del ciclo cuarenta años después con la parálisis parlamentaria, el choque de trenes entre Madrid y Barcelona y partidos antisistema controlando grandes urbes se ajustaba al guión. España era incapaz de construir una democracia liberal abierta apoyada en la alternancia en el poder de un sistema bipartidista moderno. Era la España diferente, díscola y desordenada, de siempre.

Es desde esa perspectiva tan perjudicial para la imagen de España como se ha de apreciar la impresionante labor de relaciones públicas que desarrolló don Juan Carlos. La realeza tiene un glamour especial, sobre todo cuando se trata de una corona que por su larga historia se puede codear con la británica. El objetivo de don Juan Carlos al suceder a Franco fue crear una Monarquía parlamentaria al estilo de la de Reino Unido y, en el caso de España, constitucionalmente refrendada.

El rey de España utilizó sutilmente el atractivo de la institución que representaba para borrar la imagen de anormalidad y aislamiento que heredó. Como jefe de Estado, Franco sólo cruzó los Pirineos para entrevistarse con Hitler en octubre de 1940 y con el mariscal Pétain y el Duce Mussolini el año siguiente. Su sucesor recorrió el mundo. Don Juan Carlos derrochó discernimiento, sencillez y simpatía al recibir y protagonizar constantes visitas de Estado.

A la vez se ha de valorar la larga estancia en el poder de Felipe González y los dos posteriores mandatos de José María Aznar. Ambos políticos, por tener ideas y estrategias claras, elevaron la percepción de España en el exterior a niveles muy altos. La internacionalización del país era una preocupación constante de ambos líderes y las cancillerías europeas decían que con ellos España se pasaba el tiempo punching above its weight, pegando por encima de su peso, según la clasificación, entre pesados y plumas, de quienes pelean en el cuadrilátero.

Y es desde esta constatación como se ha de enjuiciar el bajo perfil y aldeanismo de los dirigentes políticos que sucedieron a los refundadores del PSOE y del PP. Como lo anterior fue bueno, lo que vino después fue doblemente peor. En un periodo y en el otro las instituciones estarían cada vez más cerradas y endogámicamente politizadas y, por lo tanto, serían cada vez más débiles. Sin embargo, un buen liderazgo podía ocultar déficits institucionales.

Del ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea con Felipe González en 1986 se pasó a la incorporación, tenazmente perseguida por José María Aznar, de España a la moneda única a finales de la década siguiente. La gran apuesta del líder del PP fue poner a España en la parrilla de salida del euro. Edificó sobre una historia de éxito que España ya había protagonizado y neutralizó cualquier intento de crear una Europa de «dos velocidades». De haber dos divisiones, España, en todo caso, jugaría en la premier.

El socialista González, que apoyó desde el primer momento la reunificación alemana, forjó unos privilegiados lazos personales con el canciller cristianodemócrata Helmut Kohl. El conservador Aznar, que con George Bush construyó una fuerte relación transatlántica sobre las bases que ya había creado González con Ronald Reagan, fraguó una amistad aventajada con el laborista británico Tony Blair. Los sucesores de González y de Aznar ni consolidaron complicidades con dirigentes extranjeros ni tuvieron un especial interés por la política exterior y el lugar de España en el mundo.

No mucho tiempo después de ser nombrado presidente del Gobierno, Felipe González pasó por ese rito de paso que ha de superar todo político que llega al poder y que consiste en desayunar con la plana mayor del New York Times, con la del Wall Street Journal y, como ocurrió en este caso, con la del Financial Times. En Londres, a orillas del Támesis y en la sede del periódico que leía, y que lee, el mundo financiero, el político español pidió, con todas sus intenciones, un café muy cargado y pan blanco a la plancha regado con aceite de oliva virgen y sal.

Hubo un revuelo total entre los anfitriones, sentados ante la tetera de Earl Grey, que desayunaban bacon and eggs y tostadas de pan integral untadas con mantequilla y con la Cooper’s Oxford Marmalade, la confitura clásica en todo breakfast inglés que se elabora con las naranjas amargas de Sevilla, la ciudad natal de González. Rápidamente, alguien fue enviado a la tienda de delicatessen más cercana para comprar lo que deseaba desayunar su ilustre invitado.

González sabía exactamente lo que hacía. Con su exigente y, para Londres, totalmente inconveniente menú mañanero, estableció los parámetros del encuentro e impuso su propia agenda. Esto pudo ser fruto del capricho particular de quien acostumbraba a comenzar el día con calentitos o de una planificación bien intuida y ensayada. Los jefes y columnistas del periódico cayeron en la cuenta de que estaban ante un dirigente de fuerte personalidad que se encontraba bien dans sa peau, como dicen los franceses.

González comenzó a dar mensajes con la misma seguridad que empleó para pedir un desayuno que a los del Financial Times les pareció propio de los bandoleros de Sierra Morena y de las cigarreras de la Real Fábrica de Tabacos. Habló del salto hacia la modernidad que daría su viejo y joven país. De hecho ya había dado varias zancadas en esa dirección.

Explicó a la plana mayor del diario de la City que España vibraba, que estaba llena de vitalidad y de ingenio, y que sorprendería a la Europa del plúmbeo Kohl, de la histriónica Margaret Thatcher, del vanidoso François Mitterrand y del barroco baile de máscaras mafiosas que era Italia. España era una apuesta segura. González los dejó a todos embobados y, a continuación, encendió uno de los enormes puros Cohiba que le enviaba Fidel Castro.

La ofensiva de charm de González tenía mucha potencia y se llevaba por delante a todo interlocutor. Y el hecho es que Aznar, cuando quería ser encantador, también fascinaba con su confianza y sus certezas. Ambos políticos tenían el ejemplo del optimismo y del saber estar que irradiaba don Juan Carlos y una clara idea de la dirección que querían tomar y a dónde querían llevar a España.

Compartieron el destino de una España próspera, tan normal como cualquier otro país, que ocuparía un lugar importante en Europa. La meta era acabar con los estereotipos orientalistas. Pero estas dos personalidades que se granjearon amistades y admiradores y que consiguieron influenciar a sus pares no tuvieron continuación. Y esto tuvo consecuencias cuando España perdió vitalidad y dejó de ser vibrante.

A partir de la llegada de Rodríguez Zapatero al poder, la visibilidad de España en organismos multilaterales entró en caída libre y prácticamente había desaparecido cuando a Mariano Rajoy le tocó el turno de gobernar. La ausencia de representantes de un país en el reparto de altos cargos internacionales es siempre una señal de la poca relevancia de su Gobierno en el plano exterior.

España, que era uno de los países «medio-grandes» europeos, comenzó a pegar por debajo de su peso. La llegada del líder del PP a la presidencia del Gobierno en diciembre de 2011 no remontó el déficit. Por no tener, España, la cuarta economía de la eurozona, incluso dejó de contar con un representante en el Consejo del Banco Central Europeo en 2012.

Rodrigo Rato, que fue ministro de Economía con Aznar, dimitió como director gerente del Fondo Monetario Internacional en 2007, Javier Solana, que fue ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González, dejó de ser el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores en 2009 y, en 2014, Joaquín Almunia, ministro en varios gobiernos de González, puso fin a una dilatada carrera en la Comisión Europea. Al final de su segundo mandato Rodríguez Zapatero fracasó en su intento de colocar a su exministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, al frente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En 2011 quince grandes empresas cotizadas españolas junto con el poderoso Instituto de Empresa Familiar formaron un lobby llamado el Consejo Empresarial de la Competitividad para suplir la falta de presencia y de mensajes fuerza del Gobierno en los foros financieros internacionales. La pusilanimidad y el encogimiento gubernamental contrastaba con la pujanza exterior de las compañías españolas que competían con éxito en sectores como el energético, la telefonía, las obras públicas y la banca.

La poca credibilidad que los mercados internacionales concedían al Gobierno perjudicaba a las multinacionales españolas porque la prima de riesgo dañaba por partes iguales a sus balances y a las cuentas públicas. La iniciativa de los titanes del Ibex-35 era inaudita en economías desarrolladas donde a los líderes de las grandes empresas les toca vender la reputación de sus compañías y a los gobiernos, que emiten deuda soberana, la solvencia del país.

La inusual iniciativa de marketing ilustraba la desventaja, real o percibida, con la cual operaba la marca España en el exterior, pero el Consejo Empresarial de la Competitividad nunca fue el potente lobby que quiso ser y se autodisolvió a comienzos de 2017. Rodríguez Zapatero y Rajoy se limitaron a hacerse fotos de familia con los dirigentes empresariales, pero el Consejo no tuvo la suficiente audiencia en los foros internacionales, ni tampoco el apoyo político, para acabar con estereotipos malignos.

Los países tienen los gobiernos que se merecen y cuando sus líderes no son percibidos como «serios» y de fiar los países tampoco lo son. Esto lo tienen muy claro, al menos, las elites del mundo globalizado y los artículos de opinión que leen. Aznar fue un visitante asiduo a la Casa Blanca de George Bush hijo y también al 10 de Downing Street de Tony Blair, pero su sucesor ni estuvo ni se le esperaba en tales lugares. Rodríguez Zapatero fue denostado por mucha prensa internacional y por la norteamericana en particular, que criticó duramente la retirada de las tropas españolas de Irak. Bush y Blair nunca perdonaron su decisión unilateral de abandonar la coalición internacional.

Rodríguez Zapatero no pisó Washington hasta que Bush, ya al final de su presidencia, convocó una reunión del G-20 en el otoño de 2008 para analizar las consecuencias del crack financiero. España no consiguió, como aspiraba Aznar, formar parte del reducido G-7, pero pudo ser incluida en el G-20 porque Francia le cedió uno de los puestos que le correspondía por su presidencia de turno de la Unión Europea.

El perfil internacional de Rodríguez Zapatero representó un giro de 180 grados respecto al de los mandatarios en la primera mitad del reinado de don Juan Carlos. De la seriedad se pasó a la imprudencia, irreflexión y ligereza que se asociaba con el político leonés. Fue, en el fondo, una vuelta a la vieja imagen de los malos gobiernos que pertenecía a los dañinos tópicos que arrastraba España.

Sin duda, el perfil optimista y desenfadado, bondadoso y pacifista, de Rodríguez Zapatero estaba muy en sintonía con quienes le habían votado, pero fue muy negativo cuando llegó la Gran Recesión. El coste de la deuda española escaló de manera dramática a partir de 2007 porque, entre otras consideraciones que tenían que ver con los fundamentos de la sobrecalentada economía española, los mercados financieros no se fiaban de un Gobierno encabezado por un político que les recordaba a Mr. Bean, el extravagante personaje creado e interpretado por el actor británico Rowan Atkinson.

Con el nuevo presidente de Gobierno, tan distinto al anterior de su partido y tan opuesto a su antecesor inmediato del partido conservador, la percepción exterior fue que España podía volver al bien regado cauce de los estereotipos. Cualquier cosa era posible porque la improvisación y la espontaneidad estaban a la orden del día.

Extrañaron mucho, por ejemplo, las palabras de Rodríguez Zapatero en el XXXVII Congreso del PSOE, reunido bajo el lema de «Socialismo y ciudadanía: más y mejores derechos», que se celebró en julio de 2008 a los cuatro meses de haber ganado un segundo mandato. El presidente del Gobierno daba por hecho la sostenibilidad del Estado del Bienestar cuando todos los demás dirigentes occidentales estaban seriamente preocupados por cómo seguir financiándolo.

Los mensajes del líder socialista inquietaron a la España sensata y prudente, y ésta incluía a quienes habían ejercido responsabilidades de gobierno con Felipe González. Cuando otros países, notablemente Reino Unido y Alemania, estaban, con mayor o peor fortuna, tomando medidas para afrontar tiempos que ya se presagiaban económicamente adversos, el partido que gobernaba España se lanzaba a continuar la fiesta «buenista» del gasto público que convertiría a los ciudadanos en titulares de múltiples derechos con pocas obligaciones a cambio.

Lo que llamaba la atención es que, cuando crecían incertidumbres sobre la estabilidad financiera a tres meses del crack en Wall Street, el presidente del Gobierno se marcaba arengas con un lenguaje que los socialdemócratas europeos habían abandonado hace tiempo.

Con el paso de los años se puede apreciar que Rodríguez Zapatero se adelantó entonces al discurso que más tarde, y en el contexto del «nuevo normal», prevalecería en la izquierda. Con la Gran Recesión los partidos socialdemócratas tradicionales se radicalizaron, como ocurrió en Reino Unido y en Francia, o sucumbieron ante el populismo antisistema, como fue el caso de Grecia.

En 2008 el primer ministro británico era el muy ortodoxo dirigente del Partido Laborista Gordon Brown, que estaba empeñado en rescatar a la banca y en reedificar el orden financiero internacional. Brown era un estudioso de John Maynard Keynes y del anterior colapso, en 1929, de las economías occidentales. Su sensata moderación no le sirvió de nada porque las sensibilidades muy pronto iban a ser otras.

La socialdemocracia en Reino Unido iba por el buen camino, como la española en la década de los ochenta del pasado siglo, pero los británicos acabarían también con un líder impulsivo y visionario. En 2015, el dirigente del Partido Laborista y jefe de la oposición era Jeremy Corbyn, un veterano izquierdista y admirador de la Revolución bolivariana. Si fuera por él, Corbyn nacionalizaría, entre otras cosas, la banca.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE no era ducho en historia económica y tampoco se planteó nacionalizar nada. Sin embargo, su cruzada por ampliar derechos respondía a sus principios predilectos y más íntimos. A la vez, respondía a las tendencias del momento. Se subió a la ola del desenfrenado consumismo y la sostuvo aumentando el gasto público. España se perdió en una jungla habitada por lo que Keynes llamó los «espíritus animales», que se prodigan cuando los mercados entran en fase de frenesí.

Rodríguez Zapatero les dijo a los entusiastas delegados socialistas en el congreso federal del PSOE de 2008 que el Gobierno era el «instrumento» y el «camino» para crear un nuevo mundo, y si esto denotaba veleidades totalitarias ninguno de aquellos convocados por el lema «Socialismo y ciudadanía» se dio por aludido. El líder socialista subrayó que «somos [el PSOE] una fuerza que viene de lejos y somos una fuerza que va aún más lejos».

En otros países, los dirigentes políticos y la opinión pública ilustrada debatían el necesario reforzamiento del balance ante el previsible aumento del coste de la deuda, pero la España que votaba a Rodríguez Zapatero estaba en otra cosa.

«El cambio de que hablamos» –entonó el presidente del Gobierno y líder del PSOE– «es la transformación de nuestra sociedad para que los valores humanos prevalezcan sobre el dinero y el poder.» Tres meses antes, en las elecciones generales, había mostrado poco interés por el deterioro de las cuentas públicas. Es más, él y su Gobierno negaban la mayor.

En un debate televiso previo a las elecciones del 9 de marzo de 2008, Pedro Solbes, ministro de Economía, acusó de «catastrofista» a Manuel Pizarro, el empresario y financiero al que Rajoy había nombrado para acompañarle en la lista electoral madrileña del PP, por alertar de que España no estaba haciendo sus deberes ante un muy probable fin del ciclo expansivo. «Hablan de crisis en el Partido Popular, incluso de recesión, que ya a veces resulta hasta un poco molesto», dijo Solbes. «Nada más alejado de la realidad», añadió.

Por mal que le pesase al ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente segundo del Gobierno, Pizarro retrataba con fidelidad la situación. En 2007 la construcción, que es el principal motor del crecimiento en España, ya daba muestras de debilidad y el sector entró en pérdidas. El asombroso dato que denotaba la ausencia de discernimiento de gobernantes y de reguladores fue que en España se estaban construyendo más viviendas que en Alemania, Francia y Reino Unido juntos. La burbuja inmobiliaria estaba a punto de estallar y reventó el año siguiente.

Solbes, sin embargo, no hacía más que repetir la consigna de su jefe. A comienzos de 2008, Rodríguez Zapatero le dijo al entonces director del diario El Mundo que el escenario de una próxima crisis económica era una «falacia». Afirmó, como luego lo haría Solbes, que hablar de ello era «puro catastrofismo».

Estos comentarios equivalían a las posverdades que se pusieron de moda en 2016 en la campaña del Brexit y durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. En enero de 2008, el paro en España registró su mayor aumento en cinco años y la Encuesta de Población Activa advirtió que había indicios de destrucción de empleo.

Los televidentes comprensiblemente prefirieron el diagnóstico de Solbes al de Pizarro porque la Casandra de turno nunca gusta. Y creyeron a Rodríguez Zapatero cuando en su posterior cara a cara con Rajoy prometió el pleno empleo si era reelegido. Rajoy, que perdió el debate y las elecciones, ninguneó en adelante al experto Pizarro y Rodríguez Zapatero festejó su segundo mandato en el exuberante congreso federal que se celebró en junio.

Rodríguez Zapatero, su Gobierno y su partido incurrieron en el fatal error de subestimar las debilidades estructurales de la economía española y lo muy expuesta que estaba a un entorno internacional adverso. Cuando estalló la gran crisis financiera, luego económica y, al final, política, cometieron la fatídica imprudencia de minusvalorar, mientras pudieron, lo que estaba ocurriendo. No quisieron escuchar las voces de la cordura que aconsejaban plegar velas. O no las entendían, lo cual es peor.

Incluso después del crack de septiembre de 2008 Solbes seguía siendo un irresponsable optimista al igual que Rodríguez Zapatero. A comienzos del año siguiente dijo que estaba «convencido» de que 2009 iba a ser «un buen año». Explicó en una entrevista radiofónica que «el primer semestre todavía tendrá el efecto arrastre del pasado año; en la segunda mitad del año es donde tenemos más confianza depositada para que las cosas vayan algo mejor».

El efecto arrastre ya era pronunciado antes del crack en Wall Street. En julio de 2008 Martinsa-Fadesa, una de las principales inmobiliarias del país, protagonizó el mayor concurso de acreedores en la historia de España con una deuda de 7.000 millones de euros. El mes siguiente, que registró el peor dato de desempleo en agosto desde 1979, la cifra de parados superó los dos millones y medio y en los primeros seis meses del año el déficit exterior alcanzó el 10,65% del PIB.

Rodríguez Zapatero no se intranquilizó porque su ministro de Economía, aparentemente, no se alarmaba. Hasta abril de 2009 no relevó a Solbes y Elena Salgado, la nueva ministra, tampoco le inquietó. Al contrario, el presidente del Gobierno se agarró a unos supuestos «brotes verdes» de los que hablaba Salgado. Los tallos resultaron ser malas hierbas. España estaba «atascada» y los datos macroeconómicos iban de mal en peor.

La fatal vanidad de querer transformar alegremente la sociedad que personificaba Rodríguez Zapatero condujo a que sus gobiernos fuesen abandonando todo intento de analizar rigurosamente las cosas tal y como eran. Una clara muestra de la falta de inteligencia en las altas esferas de la Administración fue la decisión en 2007, año en el que los preclaros ya advertían la aproximación de un cambio de ciclo económico, de vender casi la tercera parte de las reservas de oro del Banco de España.

Se vendieron reservas por 669 dólares la onza. Cuatro años después, en plena recesión, la cotización del oro había subido en un 125%. Los 2,8 millones de dólares de aquella venta hubieran conseguido 6,4 millones en 2011 cuando las cifras del paro en España habían alcanzado un nivel de escándalo.

Otro ejemplo grave de poco rigor planificador y de pobre seguimiento fue el llamado Plan E para el Estímulo de la Economía y del Empleo, que fue anunciado en 2009 con gran alarde publicitario. El proyecto, que tuvo varios ejes de actuación, costó 50.000 millones de euros, que era una suma completamente inusual por grandiosa. Lo más llamativo fue el reparto de subvenciones entre las administraciones locales, que sirvieron para financiar todo tipo de inversiones, algunas sensatas y otras no.

En la percepción pública una parte importante del presupuesto del Plan E se gastó en carteles anunciando la bondad de la iniciativa del Gobierno y, al final, se crearon muy pocos puestos de trabajo indefinidos. A lo largo de 2009 España encabezó la destrucción de empleo en la eurozona: casi 4,4 millones de españoles estaban parados y el PIB cayó un 3,6%.

Estas fatalidades, sin embargo, quedaban para el futuro. El hecho es que en 2004, al principio de su mandato, todo le iba tan bien a Rodríguez Zapatero que no había necesidad de ocuparse de detalles como podían ser los indicios de futuros desequilibrios. Esto, en todo caso, nunca encabezaba la agenda del presidente del Gobierno porque sus prioridades eran otras.

Al PSOE de Rodríguez Zapatero le favorecieron muchísimo el legado que recibió de los dos mandatos de José María Aznar y el ciclo expansivo que coincidió con su llegada al poder. Heredó una economía muy saneada, si bien comenzaba a estar peligrosamente escorada hacia el sector del ladrillo. Sin embargo, lo más valioso de la herencia para él fue de orden emocional y se plasmaba en una amplia demanda de gobernar «de otra manera». Esto lo entendió Rodríguez Zapatero a la perfección y era el político idóneo para satisfacer tal petición.

El segundo mandato de Aznar había avivado los recelos que tradicionalmente despiertan en España los gobiernos de derecha. Para un amplio estamento del electorado la democracia «pertenece» a la izquierda. Se desconfiaba del «rodillo» de una mayoría absoluta conservadora que era percibida como centralista, hosca e inflexible. El legado económico le permitió al socialismo de Rodríguez Zapatero derrochar dineros públicos para ganar los aplausos generalizados de un público que festejaba la plurinacionalidad, la simpatía y grandes dosis de relativismo.

En 2005, el PIB creció un 3,4%, tres décimas más que el año anterior cuando comenzó el periodo de Rodríguez Zapatero. En el último trimestre del año siguiente, el crecimiento, estimulado por el buen momento cíclico de la economía mundial, creció al 4%. Al llegar al ecuador de su primer mandato, Rodríguez Zapatero podía presumir de que la tasa de paro había descendido al 8,1%, su nivel más bajo desde 1979. En las encuestas, el PSOE le sacaba hasta siete puntos de ventaja al PP.

En este marco de bonanza, Rodríguez Zapatero podía hacer lo que quisiera para ganarse la aprobación de la mayoría. No era difícil. Bastaba con ser distinto a Aznar porque el PP, haciendo poco honor a su nombre, se había hecho muy impopular. También es cierto que cuando los socialistas estaban en la oposición no desaprovecharon ocasión para vilipendiarlo. A la izquierda nunca le han faltado medios, buenas plumas y famosos del mundo del espectáculo para denigrar a la derecha como el partido «antipático».

Los gobiernos del PP se hicieron especialmente impopulares durante el segundo mandato de Aznar por la inepta gestión del hundimiento del petrolero Prestige en 2002 y por la muy torpe del fatal accidente de un avión en Turquía que trasportaba militares españoles que volvían de misiones en Afganistán. La indignación y la conmoción se extendieron cuando Aznar incluyó a España en la coalición internacional dirigida por Estados Unidos que invadió el Irak de Saddam Hussein.

Fue facilísimo para Rodríguez Zapatero proyectarse como simpático y «buenista», y constituirse así en un claro contraste a Aznar y al Nasty Party que tantas susceptibilidades habían herido en su paso por el Gobierno. La deuda y el déficit estaban teóricamente bajo control y España crecía holgadamente por encima de la media Europea. El presidente socialista podía dedicarse a lo que realmente le interesaba y esto consistía en formular iniciativas de ingeniería social que cambiarían los valores de la colectividad y en multiplicar prestaciones que asegurarían su popularidad.

Hasta que a última hora no tuvo más remedio que reconocer que la Gran Recesión había frenado en seco su agenda transformadora, el político que dijo «No a la guerra» y sacó a las tropas de Irak tenía un cheque en blanco para perseguir sus políticas predilectas. Éstas incluían apartar al centroderecha del debate público a base de «cordones sanitarios», retocar el modelo territorial, negociar una paz con ETA, promover la igualdad de género y lanzarse al revisionismo de la historia de España.

La exclusión del PP del foro político fue ensayada por socialistas y nacionalistas catalanes de izquierda en 2003 con Aznar en el poder. El acuerdo, que fue la base de un posterior Gobierno tripartito, fue llamado el Pacto del Tinell por el salón del mismo nombre en el Palacio Real Mayor de Barcelona donde fue firmado. Este acto de apartheid político, tan impropio de una democracia liberal, encajó muy bien con el sectarismo de Rodríguez Zapatero, cuyo rencor hacia la derecha era un asunto poco menos que patológico.

Al político leonés no le hizo ninguna falta un «cordón sanitario» cuando ganó el poder el año siguiente porque inició su presidencia prácticamente sin oposición. El PP estaba completamente aturdido por haber perdido las elecciones en circunstancias tan luctuosas.

Ya fue traumático para el PSOE pasar a la oposición en 1996 cuando, ironías de la política, el nacionalismo moderado catalán firmó un pacto de legislatura con el Gobierno entrante de José María Aznar. Pero peor fue para el PP, que había ganado la mayoría parlamentaria con Aznar en 2000, tener que beber de ese mismo cáliz de la pérdida del poder. Y el atolondramiento del centroderecha ya fue total cuando de nuevo salió derrotado en las elecciones cuatro años después.

El shock que sufrió el PP al ser vencido en 2008 por el estrafalario Rodríguez Zapatero fue mayúsculo. Optó por la táctica del avestruz, que esconde su cabeza en la arena. En un tenso congreso nacional celebrado en Valencia después de perder las elecciones, el aparato de centroderecha cerró filas en torno a Rajoy y las mantuvo prietas porque expulsó del partido a las voces más críticas y liberales que lo podrían haber regenerado.

En un sistema parlamentario ocupado por dos partidos que compiten por el poder y que se alternan en él, el dirigente de uno de ellos que pierde dos elecciones consecutivas es muy seriamente cuestionado. Lo normal es que se le despida sin contemplaciones, como fue el caso de Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, que dimitió al perder la votación a la que había condicionado su continuidad en octubre de 2016, ante el dramático desmoronamiento del voto socialista.

El hecho de que a Mariano Rajoy no le jubilaran en el Congreso del PP en Valencia en 2008 da la medida de la cultura inmovilista que caracteriza la democracia liberal española. Que Rajoy ganase las siguientes elecciones con una mayoría parlamentaria no justifica, necesariamente, su permanencia entonces al frente del partido. Otro dirigente del centroderecha, tenaz y coherente, también las podía haber ganado porque Rodríguez Zapatero sirvió la derrota del PSOE en bandeja.

Lo peor del Congreso del Partido Popular de 2008 fue que el centroderecha rehuyó cualquier debate sobre ideas y estrategias a largo plazo. Lo único que le interesaba a su aparato era reforzar la jerarquía, es decir, el personalísimo liderazgo de Rajoy, y con ello dar imagen de unidad. Se consiguieron ambos objetivos con el expeditivo recurso de apartar de los órganos directivos del partido todo potencial disidente. La teórica nueva savia de cualificados profesionales como Manuel Pizarro no tenía nada que hacer. La vieja guardia del entorno de José María Aznar, menos aún. Liberales y conservadores tendrían que buscarse otro cobijo.

El PP no se rearmó ideológicamente cuando pasó a la oposición. El nombramiento de personas leales a Rajoy tuvo prioridad sobre la discusión de proyectos para cuando volviese al Gobierno. Cuando en 2011 se produjo la alternancia del poder, y además con una holgada mayoría parlamentaria del PP, el Gobierno de Rajoy adujo que su programa electoral tenía que ser aparcado debido al catastrófico legado financiero que les había dejado Rodríguez Zapatero. Y hasta cierto punto esto era inapelable. Pero también lo era que el Gobierno del PP carecía tanto de propuestas ilusionantes como de carisma para comunicarlas.

El centroderecha en el congreso de Valencia no quería ideas, pero el presidente del Gobierno socialista que estrenaba una nueva legislatura en 2008 estaba ensimismado con ellas. En el congreso socialista, celebrado en Madrid al mes siguiente del popular en la ciudad del Turia, Rodríguez Zapatero anunció la creación de un think tank que se llamaría Fundación Ideas para el Progreso. Dijo que «ideas» era una «hermosa palabra», lo cual dejó perplejos a quienes no estaban en su onda.

A continuación, el presidente del Gobierno y líder del PSOE dijo que «ideas» era un acróstico que incorporaba las iniciales de los «cinco conceptos que son nuestra razón de ser y de existir», frase que ya condujo a los escépticos a la perplejidad total. Para Rodríguez Zapatero la «I» era igualdad, la «D» era derechos, la «E» era Ecología, la «A» era acción y la «S», solidaridad.

El acróstico fue un buen ejemplo de los niveles de irrelevancia y de infantilismo a los que pueden descender algunos ejercicios de marketing político. Podía haber sido enunciado a la hora de la tertulia en un acogedor y vetusto casino en una amable ciudad de provincias. O una ocurrencia surgida en una asamblea universitaria en el bar de la facultad. A Felipe González, siendo presidente del Gobierno, jamás se le hubiera ocurrido expresar tamaña cursilería.

No consta que el posterior populismo antisistema rescatase el acróstico, pero lo que sí hizo suyo, y lo amplió a través de las redes sociales, fue la llamada de Rodríguez Zapatero a transformar la sociedad con valores opuestos al poder y al dinero. El XXXVII Congreso Federal del PSOE engendró la protesta del 15-M tres años después porque para entonces el Partido Socialista no podía suministrar más y mejores derechos como rezaba el lema de su cónclave en 2008.

Pocas cosas desestabilizan más a un sistema político y consiguen desencantar a la población que el incumplimiento de las promesas de un amplio bienestar realizadas por un Gobierno irresponsable. El «buenismo» de Rodríguez Zapatero fomentó aspiraciones que no serían realizadas. De esta manera se abrió una profunda brecha de desconfianza que los miles de manifestantes que ocuparon plazas públicas en mayo de 2011 expresaron con el cántico de «No nos representan».

Con el acróstico que tan ufanamente presentó a su militancia al comenzar su segundo mandato, Rodríguez Zapatero sembró a la izquierda con las semillas de un pensamiento desordenado que sería poco útil para afrontar posteriores desafíos. En cuestión de meses, el campo del desencanto sería eficazmente abonado por la Gran Recesión. Por su parte, la Fundación Ideas tuvo una corta trayectoria. Se cerró el 1 de enero de 2014 tras un bochornoso escándalo que tuvo que ver con cobros muy poco transparentes.

La confusión cerebral, y también la pedantería, que manifestaba el acróstico dio lugar dos años más tarde a una sorprendente campaña de promoción por parte de la Secretaría de Estado de Turismo. La operación publicitaria consistía en cuatro spots audiovisuales en seis idiomas que estaban dirigidos a un público objetivo de 400 millones en 40 países. Como había ocurrido con el Plan E el año anterior, el Gobierno socialista hacía las cosas a lo grande, pero el contenido de las mismas era dudoso.

El eje de la campaña fue la pregunta «¿Por qué necesito España?» y, acompañada por preciosas imágenes de las maravillas y bellezas que contiene este país, daba una serie de sorprendentes mensajes a los forasteros unidos del mundo. Según la campaña, los televidentes requerían España «porque no necesito saber a dónde voy»; «porque no necesito ser el primero»; «porque no necesito tener los pies en la tierra»; «porque no necesito palabras».

¿Qué era lo que realmente necesitaba el guiri que se disponía a hacer camino por los parques naturales, las monumentales ciudades y los compactos pueblos de un viejo, luminoso y hospitalario país que gozaba de una suculenta gastronomía? Los spots resolvían la duda: «Necesito saber lo que realmente importa». España, en otras palabras, brindaba la sapiencia de la dulce indolencia y el espacio para la placentera práctica del dolce far niente.

La embarazosa contradicción fue que, en aquel año de 2010, el Gobierno de Rodríguez Zapatero se esforzaba en los cónclaves de Davos, en presentaciones en Wall Street y en las cumbres de la Unión Europea por demostrar que España era un país serio, cumplidor y merecedor de la máxima confianza. Sin embargo, las autoridades turísticas españolas se afanaban por decir que España era jauja.

La marca España encerraba los sentimientos de un país donde el afán de superación era inexistente, donde no había que estar en la realidad de las cosas y donde cada cual podía vivir en su universo personal sin necesidad de comunicarse con nadie.

El guión de la campaña no era original porque estaba sacado directamente de los estereotipos que propagaron los «curiosos impertinentes». Era la misma narrativa que construyeron en el siglo XVIII Montesquieu, cuando dijo que España era el único lugar del mundo donde «el que permanece sentado diez horas al día consigue el doble de consideración que otro que sólo lo esté cinco», y Voltaire, cuando afirmó que al sur de los Pirineos se extendía el «país de la pereza».

El esteta y dandi que fue Gautier, sin embargo, hubiera aplaudido la campaña publicitaria que lanzó la Secretaría de Estado de Turismo en 2010. Retrataba perfectamente el país donde tanto disfrutó con su imaginación calenturienta. Los mensajes de los spots eran, a la vez, ecos que resonaban con el «buenismo» de Rodríguez Zapatero.

El presidente del Gobierno se despidió de su cargo diciendo que «el mejor destino es el de supervisor de nubes acostado en una hamaca y mirando al cielo». Era una frase de Ramón Gómez de la Serna, otro refinado aficionado de las actitudes esteticistas, que Gautier también hubiera aprobado. Pero ni el culto francés nacido a comienzos del XIX en Tarbes, al pie de los Pirineos, ni el vanguardista que nació en Madrid a finales de ese siglo eran políticos.

CAPÍTULO 4

El legado socialista

José Luis Rodríguez Zapatero accedió al poder en 2004 cuando España estaba sumida, de manera incuestionable, en el ruido del «No a la guerra» y en la rabia del antiamericanismo. El rechazo del apoyo de José María Aznar a la invasión y al cambio de régimen en Irak que lideraba Estados Unidos fue hábilmente aprovechado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que polarizó políticamente el país hasta unos extremos desconocidos desde la Transición. Los terribles atentados perpetrados el jueves previo a las elecciones generales del domingo 14 de marzo de 2004 radicalizaron el voto, lo inclinaron mayoritariamente hacia el PSOE y los partidos de izquierdistas y nacionalistas arrinconaron al Partido Popular (PP).

La descomposición del sistema bipartidista comenzó con la octava legislatura, que arrancó en circunstancias tan dramáticas tras los atentados del 11-M y dio el poder a un político dispuesto a remover de raíz los pactos consensuados que habían caracterizado el reinado de don Juan Carlos. Al acabar la siguiente legislatura, y el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE cosechó sus peores resultados, hasta entonces, desde la restauración de la democracia. Esto suele ser el rédito que cosechan bruscos cambios políticos.

El paso del socialista leonés por la presidencia del Gobierno marcó la caída en picado del partido que había sido la columna fundacional de la Monarquía parlamentaria. Rodríguez Zapatero se retiró de la primera línea de la política habiendo debilitado gravemente al sistema y triturado el PSOE. Su incompetencia como gobernante tuvo dos consecuencias de bulto: el voto socialista se repartiría entre el PSOE y una izquierda enragée, y se hicieron fuertes en Cataluña unos partidos nacionalistas radicales que cuestionaban la jefatura del Estado, la vigencia de la Constitución y el acuerdo territorial autonómico de 1978.

La presidencia de Rodríguez Zapatero comenzó y acabó con sacudidas exógenas que alteraron hondamente el campo de juego político. Los desafíos internos se pueden capear, pero los externos suelen arrollar. Lo que la masacre en los trenes de cercanías que llegaban a la madrileña estación de Atocha le usurpó al PP, lo hizo el crack de Wall Street del 8 de septiembre de 2008 con el PSOE.

El terrorismo islámico condicionó al electorado en 2004 y la codicia del sistema financiero internacional, junto con la abyecta gestión que ejercían sus reguladores y supervisores, tuvo un impacto parecido en las elecciones de 2011. El sistema bipartidista no pudo hacer frente a tales shocks externos.

El líder socialista llegó al poder de una forma inesperada y en circunstancias extraordinariamente benévolas. El eslogan «Merecemos una España mejor» de su campaña aludía a la «antipatía» que despertaba el centroderecha y era una apelación, desde el «buenismo» y el pacifismo, a los sentimientos. El PSOE atacó al PP de manera emocional puesto que la meticulosa gestión de las cuentas públicas de los gobiernos de Aznar era difícilmente criticable.

Por eso, cuando sorpresivamente ganó las elecciones de 2004, Rodríguez Zapatero sabía exactamente lo que iba a hacer. Su proyección política, y la del PSOE, sería la antítesis radical de la que representaban el belicista Aznar y el antipático Partido Popular. Con ello, comenzaría el camino hacia el fracaso del bipartidismo porque el nuevo Gobierno rechazaba la continuidad básica de las reglas de juego que enmarcaban la actuación de dos grandes partidos nacionales.

Los gobiernos de Rodríguez Zapatero no solamente representaron la ruptura con las iniciativas de Aznar. También quebraron la templanza, moderada y centrada, de la política que durante tanto tiempo implementó Felipe González. Y fracturaron una sociedad catalana que anteriormente había convivido con el acuerdo territorial del Estado de las Autonomías.

De haber ganado Felipe González a José María Aznar en 1996, en lugar de perder por un estrecho margen, y conseguido así un quinto mandato, el líder socialista hubiera dado pasos parecidos a los del dirigente del centroderecha para conseguir la inclusión de España en la parrilla de salida de la moneda única y de la eurozona.

Rodríguez Zapatero descartó la continuidad. No era un europeísta como González ni mucho menos un entusiasta de políticas transatlánticas como Aznar. No tenía interés en «situar» a España en el mundo porque su querencia natural era acomodar al Estado la patria chica vasca y la catalana.

A la vez quería apoyar las tendencias posmodernistas que España incubaba culturalmente dentro de sus propias fronteras desde tiempos de la «movida» del posfranquismo. Quiso, desde el principio, crear una nueva y desenfadada normalidad social que se amoldaría al «optimismo antropológico» del cual presumía.

Sus críticos calificaron las prioridades políticas de Rodríguez Zapatero como «buenismo» y él aceptó el sarcasmo como un cumplido. Eligió la ruta de ampliar derechos a través de la ingeniería social, de explorar las posibilidades de una España plurinacional, de conseguir el fin de ETA con las técnicas de resolución de conflictos que se habían puesto en práctica en Irlanda del Norte y de revisar la memoria histórica a favor de los «vencidos». No se desvió de su camino hasta que las circunstancias de la Gran Recesión le enviaron a la cuneta y le apartaron bruscamente de su «yo» personal.

Con el tiempo, todos los dirigentes políticos pasan a habitar una burbuja de su propia creación y, por lo general, el llanto y el crujir de dientes acompañan su salida del poder. Éste fue el caso tanto de Rodríguez Zapatero como de Aznar. Ambos ocuparon sendas pompas de jabón repletas de ilusiones transformadoras.

En el caso de Rodríguez Zapatero el pinchazo de la burbuja fue la consecuencia inexorable de un entorno financiero hostil que él no supo prever. El ingenuo líder socialista jamás pudo imaginar que en abril de 2011 la mano invisible del mercado le obligaría a renunciar a un tercer mandato y a adelantar las elecciones, previstas para marzo de 2012, a noviembre de ese mismo año.

Nada en su mundo de certezas, en su trayectoria vital y en su carrera política había acercado a Rodríguez Zapatero a las realidades del sector financiero, a la economía globalizada y a la disciplina fiscal que imponía la pertenencia a la eurozona. Incluso cuando ya era evidente que los temblores económico-financieros estaban destruyendo los ahorros españoles y el tejido industrial del país, se negaba a hablar de crisis diciendo que ese concepto era «discutible».

El presidente del Gobierno español no fue el único mandatario que no entendió lo que estaba ocurriendo aunque, posiblemente, sí fue el que más carecía de las habilidades intelectuales para comprenderlo. De tenerlas, probablemente tampoco se hubiera salvado. La Gran Recesión arrampló con las reputaciones de varios dirigentes de todos los colores políticos y se llevó por delante a un Gobierno tras otro.

La fatalidad de Rodríguez Zapatero fue que su intento de crear un «nuevo normal» sociopolítico en España coincidió con un tsunami que crearía una «Nueva normalidad», ya con mayúscula, y un ecosistema «líquido» en todo el mundo. Su legado no fue una sociedad más cohesionada, igualitaria y solidaria. Fue un país crispado y desencantado, revanchista y desconfiado, peligrosamente endeudado y con la cuarta parte de su población desocupada.

Fracasó Rodríguez Zapatero y fracasó el PSOE al igual que fracasaron todos los partidos socialdemócratas europeos. El último en caer a la lona y que fue incapaz de levantarse de ella fue el Partido Socialista francés en 2017. Su dirigente, François Hollande, había conseguido la presidencia de la República en 2012 porque el crack de Wall Street hundió a su predecesor, Nicolas Sarkozy, el líder del centroderecha. Cinco años después, la misma ruina reputacional que provocó la Gran Recesión acabó también con el dirigente socialista francés.

Los fracasos en serie fueron inevitables porque a partir de la bancarrota que declaró Lehman Brothers, el banco de inversión neoyorkino, en septiembre de 2008 nadie pudo atajar la espiral de acontecimientos que se desató. En los mercados financieros el pánico es brutal e instantáneo desde el momento en que se desata. La confianza, en cambio, tarda mucho tiempo en reaparecer.

Desde el G-20, que agrupa a las grandes economías globales, y desde el Eurogrupo, que reúne a los ministros de finanzas que comparten la divisa común europea, se predicaron políticas de austeridad que abrieron lamentables brechas de desigualdad social que dilataron la recuperación.

La fatalidad del crack de 2008 fue que rápidamente traspasó los confines del sector financiero para colmar de incertidumbres insostenibles al tejido social y político de España y de los demás países de su entorno. No era una corrección del mercado más o menos pasajera y parecida a la de 1992. Sólo admitía comparaciones con la crisis de 1929.

El sector financiero es volátil por naturaleza y sus fuertes desplomes pueblan la historia económica. Pero esta vez la aniquilación de valor era diferente y esto se dijeron mentes preclaras que, a la vez, hablaban del advenimiento de un «nuevo normal». Con la Gran Recesión se impuso, ya con mucha fuerza, el relativismo latente en la sociedad occidental y en tales circunstancias resulta harto difícil recomponer los principios fundamentales que amarran la convivencia. Hubo, además, muchas nociones nebulosas sobre el valor de las cosas.

El toro simboliza el optimismo de los mercados financieros. En el parque de Bowling Green, cerca de Wall Street y delante de la Bolsa de Nueva York, se encuentra uno de bronce que es mucho más feo que cualquier cuatreño que se lidia en una plaza de primera, pero que tiene toda la amenazante fiereza y bravura del que sale de los chiqueros al deslumbrante sol y cruza el ruedo como un rayo para rematar en tablas.

El Charging Bull, también conocido como el Wall Street Bull, pesa 3.200 kilos, que viene a ser lo mismo que pesan los seis toros de una corrida. Este toro de bronce es obra de un siciliano llamado Arturo di Modica, que lo instaló en 1989, por su cuenta y sin permiso municipal, delante del edificio que comercializa valores bursátiles. Fue su regalo a la ciudad en un momento en que el parqué sufría uno de sus periódicos ciclos bajistas. Dijo que su donación fue un acto de «arte guerrillero» y un homenaje a «la fortaleza y el poder del pueblo americano». ¿Qué escultura podría acompañar a la de Di Modica para conmemorar el infinitamente más serio crack de 2008?

No faltó quien, en esos fatídicos días de pavor y de sobresaltos financieros, sugirió que Wall Street podría lucir como emblema de lo que representaba a los tiburones flotando en una caja transparente de formol que habían hecho varias veces millonario a su creador, el artista conceptual inglés Damien Hirst.

Conocido como el rey Midas del arte, Hirst había conseguido que los tiburones humanos, los de Wall Street y los plutócratas de demás lugares, le pagasen cantidades astronómicas por poseer un tiburón de los que lucen aletas, o una cebra o cualquier otro bicho muerto que Hirst hubiera metido en una caja para que flotase en un líquido que supuestamente evitaba su descomposición.

Hirst, que entendió y aprovechó el extravagante gusto estético de sus clientes, también creó calaveras cubiertas de brillantes incrustados y hasta toros, como el de Di Modica, que eran, en este caso, de carne y hueso, y que fueron pasados por un baño de oro en el estudio, o taller, del artista. Los becerros de oro siempre tienen su clientela. A comienzos del siglo XXI ésta abundaba.

Las ironías, indefectiblemente, se hacen presentes en todo ejercicio de contextualizar las cosas que han sucedido. El mismo día de septiembre de 2008 en que se derrumbó el banco de inversión Lehman Brothers y comenzaron los despidos masivos, primero en el sector financiero, Damien Hirst ganó una gran cantidad de dinero con la venta de mucha obra suya que gestionó la casa de subastas Sotheby’s en Londres a lo largo de tres días. La adjudicación de 233 de sus piezas, muchas de ellas menores, se remató por la impresionante suma de 140 millones de euros.

La genialidad de Hirst podría ser el equivalente en el mundo del arte de la que fue en el sector financiero la pericia de quienes engañaron a ávidos ahorradores con lo que llamaron vehículos de inversión estructurados y con bonos que camuflaban activos que eran pura basura.

Los tiburones flotando en formol del británico eran todos de la familia tiburón tigre y vendió el más famoso de ellos en 2003 a un tiburón humano de la estirpe Hedge Fund por casi doce millones de euros. Llegado el crack de 2008, el tiburón enfrascado, que tenía tres metros de largo, había perdido sus tintes grisáceos, se había vuelto desagradablemente verdoso y se le había caído una aleta.

Sin embargo, la descomposición de aquella pieza no disuadió al oligarca ruso Román Abramóvich acerca del valor de lo que producía el estudio de Hirst. En la subasta de Sotheby’s que coincidió con la bancarrota de Lehman Brothers, Abramóvich pagó casi doce millones de euros por un ejemplar más pequeño del tiburón tigre en su correspondiente tanque transparente.

Volviendo a Rodríguez Zapatero, su fatalidad fue que su etapa de gobierno coincidió con un tótum revolútum de valores que eran totalmente ajenos a él. Tenía el idealismo humanista propio de un profesor de instituto de la casta de Antonio Machado y su experiencia internacional y de los mercados era limitadísima cuando llegó al poder. El azar le convirtió en presidente del Gobierno cuando todo el entorno iba camino de convertirse en esa enorme hoguera de las vanidades que fue la Gran Recesión.

Rodríguez Zapatero podía muy bien predicar su «ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes» pero una gran parte de la humanidad galopaba codiciosamente, como una manada en estampida, hacia otras cosas. Optimista siempre, y desconocedor de mucho de lo que ocurría a su alrededor, se empeñó en imponer una escala de principios sin caer en la cuenta de que su ideario de valores iba a contracorriente de un acelerado consumismo que mostraba una sociedad de nuevos ricos. Fue el caso de la «I» de igualdad, de la «E» de ecología y la «S» de solidaridad que el líder socialista entresacó al explicar el acróstico de la Fundación Ideas para el Progreso al servicio del Partido Socialista.

Lo que Rodríguez Zapatero anunció en el Congreso del PSOE del verano de 2008 no figuraba en el radar de una sociedad española que se lanzaba, con mucho endeudamiento por medio, a la compra de coches de alta gama, de una segunda vivienda y de un piso para cada hijo. El «buenismo» del presidente del Gobierno hacía cierta gracia en aquel momento, no molestaba y mayormente se ignoró.

La falta de sintonía entre gobiernos y electores es algo habitual. De hecho, el desajuste entre unos y otros es lo que mueve la política competitiva en las democracias liberales y asegura la alternancia en el poder. En tiempos de bonanza, sin embargo, el desfase complica las cosas. Los votantes se concentran en la satisfacción de sus aspiraciones y prestan poca atención al desarrollo de los acontecimientos. Y los gobiernos confunden la apatía política con la aceptación de sus iniciativas.

Mientras duró la fiesta del consumismo desenfrenado los españoles convivieron alegremente con la ingeniería social de Rodríguez Zapatero sin reparar en su coste y en sus implicaciones. Cuando la música dejó de sonar y se apagaron las luces se revolvieron contra el PSOE. En un periodo de tiempo muy corto pasaron a zarandear no ya al líder socialista y a su partido, sino a todo el sistema político.

Los valores atrofiados son una faceta más del pensamiento desordenado. Y fue por ello que las mentes más lúcidas percibieron que con la Gran Recesión la vuelta a los fundamentos de la sensatez, la moderación y la austeridad no estaba al alcance de la sociedad. Tampoco el retorno a la autenticidad y al contenido moral de las cosas. La posmodernidad había eliminado los mojones que indicaban el camino de regreso hacia el discernimiento y la responsabilidad individual.

Otro signo de los tiempos, éste en 2009 y también ajustado a los códigos de la nueva cultura que divulgaba Damien Hirst, fue una obra artística que consistía en una cartera que contenía tarjetas de crédito, unos francos suizos y algunos documentos. La obra estaba sujetada al suelo del stand de una prestigiosa galería que participaba en Art Basel, la gran feria anual de arte contemporáneo que se celebra cada junio en la ciudad de Basilea. La cartera, atornillada a una plancha de madera, fue creada por el muy cotizado artista conceptual Christoph Büchel y las tarjetas de crédito y los documentos en su interior estaban a su nombre.

Como otros que practican su mismo género artístico, Büchel tiene un reconocido talento para crear instalaciones que ilusionan de una manera desmedida a unos y que dejan enteramente fríos a otros. Nacido en Basilea en 1960, la fama le vino pronto en Los Ángeles con una exposición que incluía un espacio en el cual había amontonado, una sobre otra, un gran número de antiguas máquinas de coser.

A los diez meses del crack de Wall Street la cartera abandonada en el suelo de Büchel costaba 55.000 euros, con el tornillo y su arandela incluidos. Su precio equivalía a lo que podía ganar un mileurista a lo largo de un lustro si conseguía mantener su precario empleo. Sin embargo, la galería que exponía la obra en la feria de arte contemporáneo de la ciudad suiza la vendió sin dificultad alguna. Su adjudicación fue otra metáfora más para ayudar a entender lo que eran tiempos muy raros, o anormales o, simplemente, pertenecientes a otra normalidad.

El valor de una cosa es el que alguien está dispuesto a pagar por ella y transacciones como las de tiburones flotando en formol y carteras atornilladas al suelo son un buen indicador de la salud, en su sentido más amplio, de la sociedad en un determinado momento. Llegada la Gran Recesión, el mundo en general parecía estar bastante descerebrabo. Y esto ya empezaba a estar en la conversación.

El año antes de las crisis que provocó la venta de bonos basura en Wall Street y de la subasta de los tiburones de Hirst, Nassim Nicholas Taleb publicó en Estados Unidos El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable, obra que creó un intenso debate y que reeditó en una versión revisada y aumentada en 2010, el año después de la venta de la cartera de Büchel.

El ensayo de Taleb, un libanés nacionalizado estadounidense, filósofo, matemático y exoperador en Bolsa, tiene como hilo conductor la ceguera de la humanidad con respecto a lo que es aleatorio y sobre todo a las derivaciones de la ofuscación. Los primeros «cisnes negros» fueron las aves que eran desconocidas hasta que se divisaron cuando se descubrió Australia. Para Taleb, cisnes negros contemporáneos han sido la Primera Guerra Mundial, la destrucción de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 y la irrupción de internet.

Escéptico ante el curso de la historia, Taleb analizó y definió el peligro que encerraba la rampante y alocada confianza al comienzo del siglo XXI cuando se hicieron presentes la globalización y la comercialización de tecnologías disruptivas en serie. Y reflexionó sobre las ramificaciones de la Gran Recesión antes de que ocurriese el crack.

Leído en España, la lección de El cisne negro podía ser que las legislaturas de Rodríguez Zapatero fueron el principio del final de un determinado ciclo político o, también, el final del comienzo de un relato que llevaría a esa misma conclusión.

Las secuelas del crack de septiembre de 2008 fueron las que se podían prever y afectaron a todas las sociedades prósperas y avanzadas: la pobreza y el aumento de las desigualdades debidos al paro y al recorte de salarios y de prestaciones. Por primera vez desde que el mundo se recuperó a mediados del siglo XX de la Segunda Guerra Mundial las familias occidentales no avanzaban en bienestar material. A partir de la Gran Recesión, el año siguiente no iba a ser materialmente mejor que el anterior. La escalera mecánica que subía hacia nuevas plantas de reparto consumista se paró. Incluso retrocedió.

La Gran Recesión rompió el consenso de la posguerra en la sociedad occidental entre un mercado cada vez más liberalizado e internacionalizado y el aumento en paralelo de beneficios y asistencias universales que cuidaban de la ciudadanía desde la cuna hasta el lecho de muerte. A partir del otoño de 2008 el «papá Estado» se volvió avaro porque no podía reponer las existencias de su despensa. Fue inevitable el creciente recelo hacia un progenitor que ya no podía proteger y había dejado ser benefactor.

El resquemor hacia la clase política fue particularmente acusado en los países del sur de Europa, que estaban más expuestos a la mayor productividad y a los precios competitivos de las economías emergentes. El flanco mediterráneo no tenía el fondo de casa –una cohesión cívica basada en el respeto a la ley, un sistema de educación eficaz, una cultura emprendedora, una base productiva inventiva– de los países del norte de Europa y sus instituciones carecían de la solidez necesaria para hacer frente al populismo antisistema.

A la vez, por pertenecer a la eurozona de la moneda única y de la política monetaria común, los gobiernos de los países meridionales, que eran los más penalizados por la crisis, no tenían los instrumentos tradicionales, como la devaluación de la divisa, para hacer frente a ella. Fueron obligados a asumir las políticas fiscales restrictivas que dictaba Alemania y que pastoreaban el Eurogrupo y el Banco Central Europeo.

España, la cuarta mayor economía entre las diecinueve de la moneda única, compartía todas y cada una de las fragilidades objetivas del sur de Europa. Sin embargo, lo que distinguió a la delicada situación del consenso político en España fue que el desmoronamiento del sistema financiero internacional coincidió con la indignación interna que provocó la revelación de malversaciones de fondos públicos en serie. Los escándalos socavaron la credibilidad del sistema bipartidista y el Estado de las Autonomías al tiempo que los mercados de deuda minaron la solvencia del país.

La Gran Recesión tuvo consecuencias dramáticas económicas y sociales para la sociedad occidental. En España las ramificaciones políticas fueron un elemento añadido. En los años de bonanza los sobornos eran más bien faltas veniales. Con el apagón, que paró la música en seco, pasaron a ser pecados mortales. La corrupción es letal para los políticos y para sus partidos cuando ya no hay prebendas para repartir. La austeridad polariza la sociedad porque la moraliza.

Lo que la Gran Recesión trajo consigo fue el populismo, como ya ocurrió tras el crack de 1929, pero la revuelta no fue uniforme ni en sus protagonistas ni en sus programas. La antipolítica tuvo una característica en el norte de Europa, donde la alarma social se centró en el fenómeno de la inmigración, y otra en el sur, y muy concretamente en Grecia, donde se intercalaron amplias y muy radicalizadas movilizaciones en contra de un establishment de la vieja política que era visto como putrefacto.

España fue un caso paradigmático de antipolítica y de protesta antisistema debido a la corrupción, y las acciones judiciales recordaron la operación «Manos Limpias» en Italia veinte años antes cuando los fiscales se llevaron por delante a la Democracia Cristiana y al Partido Socialista. La corrupción fue la ruina de una partitocracia que requería fondos, viniesen de donde viniesen, para mantener su sistema clientelar y, con ello, su poder.

En 2009 las ilusiones de Rodríguez Zapatero estaban puestas en el disfuncional Plan E con el cual quiso detener la acelerada destrucción de empleo. Pero para entonces la conversación en España estaba centrada en el escándalo Gürtel y en los indicios de una masiva operación de pagos ilícitos y de cohecho que tocaba de lleno a la cúpula del Partido Popular.

El PSOE no pudo recrearse en el escándalo del PP porque en seguida estalló otro, de parecida o mayor enjundia, en Andalucía, que era, y es, su granero de votos y donde se practica la política clientelar de un modo más o menos idéntico a lo que fue la norma más de un siglo antes de los «amigos políticos» del caciquil parlamentarismo de la primera restauración. Una investigación judicial se centró en una extensa red de subvenciones a quienes eran afines al PSOE, el partido que había gobernado Andalucía ininterrumpidamente desde que se constituyó en comunidad autónoma tras la proclamación de la Constitución en 1978.

En el caso del PSOE llovía sobre mojado. No mucho después de llegar al poder el PSOE en 1982, altos cargos socialistas crearon una sociedad llamada Filesa que, a cambio de informes de poco o nulo contenido, recibía fuertes ingresos de empresas que acudían a licitaciones públicas y deseaban estar a bien con quienes otorgaban los negocios. Fue el inicio de una práctica que sería, en sus distintas modalidades, sistémica.

En la política española el sistema de pesos y de contrapesos a través del control del poder ejecutivo por el legislativo y de la independencia del sistema judicial nunca ha sido robusto. La Constitución de 1978 no rectificó esta carencia y la ley electoral aumentó la penuria de la transparencia al facilitar el control de todos los estamentos por los aparatos de la partitocracia. El aparato ejercía un poder absoluto en todos los partidos políticos. Además de Andalucía, éste fue el caso de Cataluña, donde Jordi Pujol, al frente de Convergència i Unió (CiU), gobernó desde 1980 hasta 2003.

Pujol actuó a todos los efectos como un virrey y la Generalitat de Cataluña, que él dirigía con mano férrea, gravaba con un «impuesto» del 3% para su consumo partidista las obras cuya regulación le correspondía. Otras administraciones autonómicas y locales siguieron por ese mismo sendero de soborno rampante.

Ni los dos partidos dinásticos ni el nacionalismo catalán quisieron afrontar el meollo de la cuestión: la financiación del régimen de partidos políticos que creó la Transición. Ninguno de ellos podía hacer frente a sus costes, que eran elevadísimos y muy superiores a los ingresos que percibían vía el presupuesto y a través de las cuotas de sus militantes.

La codicia generalizada que se propagó en España al comienzo del nuevo siglo tuvo como colofón el juicio del llamado caso Nóos, que implicaba a la infanta Cristina, hermana de Felipe VI, y a su marido, Iñaki Urdangarín, en malas prácticas comerciales, blanqueo de dinero y evasión de impuestos.

En el periodo previo a la Gran Recesión quedó meridianamente clara la ausencia de ejemplaridad entre las elites políticas y sociales. Unos y otros, indistintamente y entremezclados, se pusieron por delante de una masiva y muy generalizada manifestación de voracidad extractiva y consumista. Y esto, inexorablemente, acaba mal. El gobierno de las elites para las elites es la antesala de un fin de ciclo político.

Es cierto que Rodríguez Zapatero polarizó la política nacional. Pero no lo es menos que la coincidencia de corrupción y de crisis económica radicalizó a la sociedad y paralizó el Parlamento en 2016. Lo que interesa es si se pudo haber evitado esta catastrófica combinación. Y si de haber sido posible sortearla, por qué no se hizo.

José Luis Rodríguez Zapatero gobernó según las pautas que se marcó porque pudo hacerlo. Heredó en 2004 unas cuentas públicas muy saneadas después de ocho años de gobierno del PP y, además, una halagüeña fase económica expansiva que se mantendría a lo largo de su primer mandato.

Bajo su presidencia, se aprobó una Ley de Memoria Histórica, que tendría consecuencias no anticipadas, y se iniciaron políticas polémicas en el área territorial y social porque el Gobierno de Rodríguez Zapatero contaba con el apoyo parlamentario para hacerlo y tenía una fuerte base presupuestaria que le permitía hacer lo que quisiese. Otros políticos hubieran sido, quizás, más cautelosos. En Rodríguez Zapatero primaba una fuerte ideologización y, además, no tenía por qué ser prudente.

Esto, desde luego, fue cierto en su primera legislatura. Llegado el año 2007, la balanza de pagos y el déficit en España constituían un caso único, al tener el país un superávit público que representaba el 2% del PIB. La boyante coyuntura permitió aumentar las prestaciones sociales e invertir en grandes obras de infraestructura, como líneas de AVE, cuyo coste total era de 421.000 millones de euros. El crack cambió el boyante panorama en cuestión de meses, y en el segundo mandato de Rodríguez Zapatero a partir de 2008 todo sería muy distinto.

Al encogerse de manera acelerada la actividad productiva entre 2008 y 2009, los ingresos de la Administración Pública se redujeron en casi 70.000 millones de euros y los gastos aumentaron en una cifra parecida debido, principalmente, al aumento del paro y del número de funcionarios. El empleo público es siempre un recurso para suavizar el recorte de plantillas en el sector privado y creció a un máximo histórico de casi 2,7 millones de funcionarios en 2010. El aumento de contrataciones públicas fue especialmente notable en las administraciones autonómicas y en las locales.

Se pasó así en poco más de un par de años de un superávit de 20.000 millones de euros a un déficit cercano a los 120.000 millones. El déficit fue del 4,42% del PIB en 2008, ascendió a 10,96 el año siguiente del comienzo de la Gran Recesión y era del 9,39% en 2010. Al ganar las elecciones en noviembre de 2011, el Partido Popular heredó un déficit de casi 103.000 millones de euros, que representaba el 9,61% del PIB.

España tuvo que financiar el desequilibrio de sus cuentas públicas acudiendo a los mercados financieros y, al hacerlo, la prima de riesgo, el riesgo país o el riesgo soberano, pasó a ser un tema de conversación cotidiana. La prima de riesgo es el diferencial entre la rentabilidad de un bono nacional a diez años frente a la del bund alemán a diez años y refleja el riesgo que representa comprar deuda soberana. A mayor desconfianza en la solidez de una economía, mayor es el coste del crédito. La de España, donde el desempleo rampante encabezaba los desequilibrios, despertaba muchas suspicacias.

La prima de riesgo en España pasó de cien puntos en 2010 a 610 en el verano de 2012. A los seis meses de ganar las elecciones, Mariano Rajoy se enfrentó a una crisis financiera de desconocida magnitud. El pago de la deuda había alcanzado costes inasumibles y la economía estaba «estancada». En el segundo trimestre de ese año, la tasa de paro había sobrepasado el 24% y ascendería a casi el 27% en el primer trimestre del año siguiente.

A los seis meses de formar Gobierno, Mariano Rajoy evitó el rescate económico de España por la eurozona y el Fondo Monetario Internacional y así eludir las durísimas recetas fiscales que fueron impuestas a Grecia, Irlanda y Portugal. Pudo resistir la presión de los mercados de deuda soberana en parte por su tenacidad, por su temple y por la ortodoxia financiera que supo transmitir. Pero eso sólo fue la mitad de la historia.

Rajoy, actuando solo frente a los turbulentos elementos, no hubiera salido indemne de no ser porque Mario Draghi, gobernador del Banco Central Europeo, envió un certero mensaje a quienes especulaban con la implosión de la eurozona. Dijo que haría todo lo que hiciese falta para salvar la moneda única. «Y créanme» –añadió– «que esto será suficiente.»

España evitó el rescate, al igual que Italia, que estaba sometida a una coerción especulativa similar, porque era una economía demasiado grande –too big to fail, en el léxico inglés– para poder ser redimida por los organismos multilaterales. El Banco Central Europeo envió un certero salvavidas a Roma y a Madrid en forma de políticas proactivas para defender el euro que rebajaron notablemente la prima de riesgo en la tercera y en la cuarta economías de la eurozona.

La crisis de la deuda española, que no hizo más que aumentar a partir de 2008, fue fruto de la pertenencia de España a la eurozona. El euro limitaba severamente la capacidad de maniobra de los gobiernos adheridos a la moneda única, que arrastraban fuertes desequilibrios, y los políticos eran, por norma general, reacios a explicarlo debidamente a sus electorados. La presión de los mercados financieros hundió políticamente a Rodríguez Zapatero y la exitosa resistencia ante ella que mostró Rajoy en el verano de 2012 no le eximió de pagar un muy alto precio en las elecciones generales tres años después.

En una sesión parlamentaria el 12 de mayo de 2010, tras una semana de tremendos zarandeos y de durísimas exigencias que emanaban de Bruselas, del Fondo Monetario Internacional y hasta de Barack Obama en la Casa Blanca, Rodríguez Zapatero anunció medidas «imprescindibles y equitativas» para ahorrar 15.000 millones de euros y evitar que el país se desplomase por el precipicio de la bancarrota.

El recorte repercutió directamente, y como jamás lo había hecho hasta entonces, en los bolsillos de millones de funcionarios. Afectó a los ancianos favorecidos por las medidas de asistencia que había introducido el Gobierno socialista y a los nuevos padres que se beneficiaban del cheque bebé, otra iniciativa estelar de Rodríguez Zapatero. Se recortó de manera muy drástica la obra pública, que creaba mucho empleo, y también la ayuda a países en vías de desarrollo, que era un motivo de justificado orgullo gubernamental.

El llamado «tijeretazo» de mayo de 2010 hundió al presidente socialista porque hasta entonces se había negado a recortar sus políticas sociales por mucho que apremiase el deterioro de las cuentas públicas. Las prestaciones eran, al fin y al cabo, la razón de ser de su Gobierno. Días antes, había rechazado con vehemencia la petición que le hizo Rajoy de reducir el gasto. En declaraciones a los medios, Rodríguez Zapatero dijo que el líder del PP se equivocaba porque una drástica contracción del déficit podía comprometer la recuperación.

En cuestión de días Rodríguez Zapatero fue obligado a virar su política económica en 180 grados y darle la razón a Rajoy. Lo hizo sabiendo que se suicidaba políticamente.

Ningún gobernante puede sobrevivir a un recorte del 5% a los funcionarios, habiendo, como era el caso, prometido meses antes a los líderes sindicales que mantendría el poder adquisitivo de los empleados públicos. Pero la realidad era la que era. Y el presidente del Gobierno explicó ante el Parlamento que había que ser «coherentes con la evolución de la realidad».

Rodríguez Zapatero pensó que se aceleraría la reducción del déficit inicialmente prevista con un recorte adicional de gasto de medio punto del PIB (5.000 millones de euros) en 2010 y de un punto (10.000 millones de euros) en 2011 para pasar al final de la legislatura, en 2012, del 11,2% de déficit al 6%. Aseguró que la reducción de la demanda afectaría transitoriamente al crecimiento y que en 2011 éste sería unas décimas inferior al previsto. Nada de ello se cumplió.

La legislatura no consumió sus cuatro años de vida hasta marzo de 2012, puesto que las elecciones generales, ya sin la comparecencia de Rodríguez Zapatero, fueron adelantadas a noviembre de 2011. En 2012 el PIB cayó un 2,9% habiéndose contraído en un 1% el año anterior. El déficit había vuelto a crecer en aquel año, el último que gobernó Rodríguez Zapatero, y llegó a representar el 10,47% del PIB en 2012, el primer año del Gobierno de Rajoy.

El entorno macroeconómico que el Partido Popular heredó de Rodríguez Zapatero fue desastroso y de ahí las tremendas presiones a las que fue sometido el Gobierno de Rajoy en sus primeros meses. La economía y el empleo no comenzaron a recuperarse hasta el final de la nueva legislatura. España nunca había sufrido una recesión tan duradera como la que comenzó en 2008.

La herencia que dejó Rodríguez Zapatero al PSOE no fue menos amarga. El PP consiguió la mayoría absoluta, y el mejor resultado de su historia, en las elecciones generales de 2011 porque más de tres millones de votantes del PSOE se quedaron en casa. En las elecciones de 2015 el Partido Socialista sufrió una nueva sangría electoral y la izquierda radical que representaban Podemos y sus aliados periféricos le pisaba los talones como fuerza hegemónica de la izquierda. En los dos años siguientes la fortuna del PSOE fue de mal en peor.

El legado de Rodríguez Zapatero fue catastrófico para las cuentas públicas. Una contracción económica era inevitable en España, como en el resto de su entorno, como consecuencia del hundimiento de Lehman Brothers y el crack en Wall Street. Pero la crisis fue particularmente grave para los españoles porque el Gobierno socialista primero negó su existencia y luego reaccionó tarde y mal. ¿Lo hubiera hecho igual un Gobierno no presidido por Rodríguez Zapatero? Sólo cabe contestar que difícilmente lo hubiera hecho peor.

La herencia que dejó el dirigente leonés fue, también, calamitosa en el plano político. Lo fue para el PSOE porque perforó con varios grandes agujeros el robusto suelo electoral socialista que había creado Felipe González. Y lo fue también para el sistema bipartidista y la convivencia que había durado casi cuarenta años. Sus dos legislaturas estuvieron marcadas por el pensamiento desordenado, el sectarismo y la polarización. La Monarquía parlamentaria no saldría indemne.

CAPÍTULO 5

La historia y la memoria

Al igual que la mala utilización de las palabras fomenta ideas tan insustanciales como correosas, la mala historia promueve prácticas políticas que son desafortunadas y que acaban siendo malditas. Las ideas deficientes son las confusas que carecen de coherencia. La mala historia es la que no se atiene a los hechos que irreversiblemente ocurrieron.

La mala política se sirve de la mala historia, y ésta es la que se recopila con criterios políticos y se divulga con fines propagandísticos. Ciertamente, toda historia contiene mucho relato del presente; siempre se interpreta según la sensibilidad y las circunstancias de quien la cuenta tiempo después. Sin embargo, la buena historia recurre a las fuentes para comprender y ordenar, con la mayor exactitud posible, lo que pasó. Los hechos fueron los que fueron y no pueden ser sesgados u ocultados.

Al tergiversar, o directamente ignorar, lo que sucedió, el narrador interesado amolda el pasado con el fin de justificar una conducta ulterior. Cuando el rigor intelectual es escaso, porque el pensamiento es desordenado, y cuando la ambición política, fuertemente ideologizada, es desbordada, surge la tentación de cambiar el mobiliario histórico para mejor asentarse en un poder hegemónico. El rédito político de tal estrategia acaba siendo una quimera. Sin embargo, cuando se inicia la confabulación y la maniobra su éxito parece asegurado.

Para consolidar el poder en un determinado momento del presente puede ser muy eficaz acudir al pasado para partir la sociedad en dos de una manera sectaria. En un bando están los buenos y en el otro se congregan los malos. Para ello es conveniente decretar que los primeros descienden de los bienhechores, según la simplificación y desfiguración histórica que previamente se ha creado, y que los segundos, cuyos ancestros fueron todo menos ciudadanos modélicos, merecen ser excluidos de la colectividad.

El revisionismo histórico ha estado presente en todas las culturas a lo largo de los tiempos y es una herramienta que utilizan siempre los sistemas que tienen tintes totalitarios o que lo son sin ambages. George Orwell explicó esta querencia de manera sucinta: quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro.

El novelista inglés narró esta cínica hoja de ruta para conseguir un completo control político en la trama de Rebelión en la granja y en la de 1984, las obras que le hicieron famoso y rico al final de su vida. Dio con ella en España cuando se alistó en las milicias del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) a comienzos de la Guerra Civil y en Homenaje a Cataluña relató con gran honestidad aquella agria estancia en la Barcelona revolucionaria que marcaría la obra de su madurez.

Las lecciones sobre el revisionismo histórico que recibió Orwell se las impartieron el Gobierno de la Generalitat en Barcelona y el Gobierno de la Segunda República, con sede en Valencia, que contaban mentiras sobre sus camaradas. Y los comisarios y los espías de la Unión Soviética, que estaban en todas partes y que ordenaron la liquidación del izquierdismo radical en el cual militaba Orwell bajo la acusación de que estaba al servicio del fascismo.

Orwell conoció de primera mano el guerracivilismo en una Cataluña que admiró mucho a su llegada en las navidades de 1936 y de la cual salió hastiado y perseguido seis meses después. El guerracivilismo era un término nuevo para él porque es una palabra muy propiamente española que no existe en inglés. Tampoco es moneda común en otros idiomas.

Otros países han vivido crueles guerras internas regionales o feroces conflictos revolucionarios. Pero no han sufrido sanguinarias luchas fratricidas en serie ni posteriores represiones prolongadas. La Guerra Civil española no tiene parangón en el teatro de los conflictos europeos y su bibliografía es tan amplia o más que la de cualquiera de ellos.

Los españoles saben de guerracivilismo lo que no conoce ninguna otra sociedad. Saben, como dijo Manuel Azaña «desde lo más profundo de mi corazón», que en una guerra civil no se triunfa personalmente sobre un compatriota. Y conscientemente, o no, aprendieron la lección que el presidente de la Segunda República les dio en Barcelona el 18 de julio de 1938, fecha del segundo aniversario de la rebelión militar que la derrocó.

Si alguna vez, dijo Azaña, el genio español se volvía a enfurecer con la intolerancia y el odio, debería pensar en los caídos que, «abrigados en la tierra materna ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, piedad, perdón».

Menos conocido es un testimonio de José Antonio Primo de Rivera que viene a decir lo mismo: «Todas las guerras son, en principio, una barbarie y una guerra civil, además de una barbarie, es una ordinariez, porque el pueblo que tiene que lanzarse a ella pone de manifiesto que ha malogrado una de las gracias más grandes recibidas por la humanidad del Todopoderoso: la inteligencia y un lenguaje común para entenderse».

En la transición del franquismo a la Monarquía parlamentaria, unos pudieron citar al presidente de la Segunda República y otros al fundador de Falange Española para reencontrarse y reconciliarse.

Lo que en España era desgarrador, en otras sociedades era un tema de conductas y sensibilidades que mutuamente se desconocían. En su novela Sybil, Benjamin Disraeli, futuro presidente de gobiernos conservadores en Reino Unido y el político favorito de la reina Victoria, escribió acerca de «Dos naciones entre las cuales no hay ni intercambio ni simpatía […] como si fuesen habitantes de distintos planetas. Los ricos y los pobres».

Disraeli publicó esta novela, que tuvo un gran éxito de ventas, en 1845, el mismo año en el cual Friedrich Engels publicó un ensayo titulado La situación de la clase obrera en Inglaterra que se convirtió en un clásico de la literatura marxista. Lo que Disraeli escribió sobre los de arriba, el mundo de los upstairs, y los de abajo, los que habitan el downstairs, fue el homenaje literario a aquel texto revolucionario. En Francia hubo novelas y ensayos parecidos.

El relato real en la España del alboroto y del tiroteo, sin embargo, es algo muy particular además de violento y doloroso. Benito Pérez Galdós y Pío Baroja se aproximaron a ella. Si se exceptúa a Rusia, en ningún otro lugar se podía escribir, como hizo Antonio Machado, de un país que bosteza y que a vivir empieza y cómo una de las dos España helaría el corazón del españolito que viene al mundo.

En 2006 fue bastante heladora la aparición de esquelas que recrearon el guerracivilismo al cumplirse los sesenta años del comienzo de aquella contienda en la cual muy pocos lucharon de manera voluntaria y que todos perdieron. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no fue ajeno a ello.

Sirvan estas reflexiones a modo de preámbulo para introducir la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Es el título completo de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre que es conocida como la Ley de Memoria Histórica.

La reflexión de este capítulo se centra en cómo el ruido y la furia al comienzo del reinado de Felipe VI y el fracaso del bipartidismo tuvieron como marco una ruptura de la concordia por culpa del político leonés que ganó las elecciones en marzo de 2004. Rodríguez Zapatero estaba empeñado en reparar los daños de las víctimas y este obstinado deseo suyo requería repasar la historia, repensarla y, porque para eso está el Boletín Oficial del Estado, reorientarla.

La memoria, que es un recuerdo vivido o una evocación heredada y compuesta, es una cosa y la historia es otra. La memoria histórica es un contrasentido, una sinrazón. Es producto de un pensamiento desordenado. Sin embargo, la Ley 52/2007 se aprobó, marcó la legislatura y tuvo sus consecuencias.

España es un terreno abonado para la manipulación particular de los datos y de las circunstancias que tuvieron lugar. Lejos de estar compartida, la historia de la nación, lo que en otros estados constituye su «historia monumental», es en España el asunto personal de cada español. Lo es porque así lo ha vivido, porque así se lo han explicado o porque así lo ha querido entender. La historia se funde y se confunde con la memoria y con la ficción.

Según la apreciación del catedrático de Sociología Víctor Pérez Díaz, que lleva años auscultando la España contemporánea, la historia se convierte en la «autobiografía del yo». El profesor José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales, desarrolla la misma idea cuando se refiere al «déficit de individualismo» en la cultura política española.

Es la vigencia del adanismo y del «vivan yo y mi idea» de tanto jefe faccioso, de tanto liberal exaltado y/o militar golpista del siglo XIX. Cada cual es libre de lanzarse a la empresa de mover montañas y su mochila no carece de cuadernos en los cuales recreará la historia y la contará a su manera.

La explicación más inmediata de la ausencia de una única «historia monumental» española es que el relato fue difundido por el franquismo con el empleo patoso propio de un sistema totalitario. El correcto entendimiento del pasado fue entendido por el Régimen como un importante mimbre en la «formación del espíritu nacional».

Nunca se tomó en serio esta narrativa como tampoco la asignatura. Ambas fueron objetos de burla entre los más ilustrados porque la proclama de «por el Imperio hacia Dios» se prestaba a ello y, lógicamente, no sobrevivieron a la muerte del dictador.

De hecho, el relato histórico ya había sido pulido de mistificaciones y se escribía con rigor mucho antes de la Transición. Las facultades de Historia, como tantos otros estamentos de la vida civil, se anticiparon a la democratización del régimen político y recuperaron la historiografía como ciencia.

La Cataluña soberanista, sin embargo, fue una excepción porque sustituyó la vana historia monumental franquista por una nacionalista que se atenía a las mismas reglas propagandistas del pensamiento único que la dictadura se esforzó en difundir.

En este caso se volvió más bien al historicismo romántico y medievalizante que utilizó el movimiento cultural de la Renaixença en la segunda mitad del siglo XIX para afirmar una idealizada identidad catalana. Con el finiquito del franquismo, el patriótico relato corrió de la mano de la Generalitat, que lo divulgó por las redes educativas que constitucionalmente operaban de acuerdo con las transferencias normativas de su Estatuto de Autonomía de 1979.

A partir de la década de los ochenta del pasado siglo, los escolares catalanes comenzaron a estar familiarizados con una corona «catalanoaragonesa», que como tal nunca existió, y con la transposición de una guerra de Secesión catalana a lo que fue una guerra de Sucesión española.

La guerra de Sucesión (1702-1715) fue un conflicto paneuropeo entre los aliados de Francia y los del Imperio austriaco para imponer su candidato sobre el trono de España. No fue una movilización de Castilla para sofocar las libertades de Cataluña. La historia «como fue» pasó a ser un relato «políticamente correcto», como lo son todos los que elaboran para las nuevas generaciones quienes aspiran al poder hegemónico.

La Ley 52/2007 que promulgó el Gobierno de Rodríguez Zapatero hacia finales de su primer mandato no imponía ningún texto «correcto» para el aprendizaje del pasado a generaciones venideras. No fue, en principio, un intento de manipular la historia y no fue una soflama. Aprobada por las Cortes Generales el 10 de diciembre, la ley es un seco, minucioso y tedioso texto jurídico que consta de veintidós artículos, ocho disposiciones adicionales, una derogatoria y dos finales.

En ningún lugar de la ley hubo referencias explícitas a la reinterpretación de la historia, si bien dejó muy claro cómo había de ser conmemorado y recordado el pasado inmediato. Sin embargo, al leer el texto de su artículo 15 críticos y escépticos podían, quizás, oler aquel hedor guerracivilista que emana del epitafio de Mariano José de Larra: «Aquí yace media España, murió de la otra media».

París luce las flores de lis de los Borbones y las águilas del Imperio napoleónico, y en Londres hay una estatua ecuestre de Carlos I en la intersección de Charing Cross, a media hora andando de la plaza del Parlamento donde hay una de Oliver Cromwell, sin caballo, que ordenó la decapitación del desafortunado rey Estuardo. España no acostumbra mezclar reyes, republicanos y dictadores bajo el mismo cielo para que compartan un espacio urbano común.

Hasta que José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder una estatua ecuestre de Franco dominaba la entrada sur de los Nuevos Ministerios, el complejo madrileño de sedes gubernamentales cuya construcción fue iniciada por la Segunda República y completada después de la Guerra Civil. El dictador y su caballo, que estaban sobre un pedestal en la plaza de San Juan de la Cruz, tenían como vecinos a la vuelta de la esquina a Francisco Largo Caballero y a Indalecio Prieto, cuyos monumentos, ante la fachada principal de los edificios ministeriales que dan al paseo de la Castellana, fueron inaugurados durante el primer Gobierno de Felipe González.

La estatua de Franco fue retirada en la madrugada del 17 de marzo de 2005, veinte años después de haber sido emplazadas las de los dos próceres socialistas cuyas carteras gubernamentales, la de ministro de Obras Públicas en el caso de Prieto y la de Trabajo en el de Largo Caballero, les ligaban a las severas sedes de granito que decidió construir la República. La desaparición de la estatua de Franco puso fin al único conjunto escultórico que conmemoraba las dos Españas y que admitía comparaciones con el que aproximaba Cromwell a Carlos I en la ciudad del Támesis.

El desmantelamiento a medianoche del monumento al dictador junto a los Nuevos Ministerios fue anunciado, entre grandes aplausos, por María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el curso de una cena homenaje a Santiago Carrillo, el líder icónico del Partido Comunista, que cumplía noventa años. Para entonces, probablemente, no quedaba ninguna otra estatua de Franco en España y, a partir de la Ley 52/2007, su efigie en cualquier espacio público hubiera sido ilegal.

En su artículo 15 la ley decretó que las administraciones públicas «tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

Se borró así la evidencia sobre la cual se escribe la historia y con ello España regresaba al revanchismo que es el hijo del guerracivilismo progenitor. La democracia decretó que el franquismo, como objeto de culto, no existió nunca. El precedente fue que, de la misma manera, la dictadura de Franco jamás permitió cualquier reconocimiento de las lealtades que acopió la Segunda República. Y así resultó que en la Monarquía parlamentaria no podía haber una historia por acumulación, capaz de contextualizar y superar enfrentamientos y de integrar a «todos». Se volvía a la política que se retrata en función de lo que excluye.

Reflexionando sobre ello, cuando la Ley 52/2007 ya pasaba por sus últimos trámites en las Cortes, Miguel Herrero de Miñón, uno de los siete «padres» de la Constitución de 1978, apuntó: «Los pueblos orgullosos y seguros de sí mismos suman, no restan, y menos todavía, dividen».

El texto de la que pasó a ser popularmente conocida como la Ley de Memoria Histórica no sería ninguna soflama pero sí hubo muchas acaloradas arengas durante el proceso de su elaboración, al igual que después de su promulgación. En el Congreso y en el Senado se opusieron a la Ley 52/2007 el Grupo Popular y, por motivos diametralmente distintos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Las impugnaciones a la ley fueron acaso más encendidas en la sociedad civil y de un modo particular en la comunidad académica.

El Grupo Popular calificó la ley de «innecesaria» y de «inútil». Sin embargo, pareció, a la vez, que el partido de centroderecha sugería todo lo contrario porque acusó al Gobierno de haber emprendido un camino premeditado. De ser cierto esto último, la ley no podía ser menos que considerada como una iniciativa «útil» y «necesaria» en el entendimiento de sus promotores. Al promoverla, es de suponer que el Gobierno sabía exactamente lo que hacía y por qué lo hacía.

Según el principal partido de la oposición, la iniciativa legislativa era «un paso más en la estrategia de ruptura [por el Gobierno de Rodríguez Zapatero] del pacto constitucional» porque el texto llevaba «en su frontispicio gérmenes de disenso y discordia». Seguramente el PP acertó en esta calificación, pero el Gobierno socialista, por descontado, no lo iba a admitir jamás.

ERC, por su parte, consideró que la ley era «insuficiente» porque no eliminaba «claroscuros» de la Transición. Entre los grupos parlamentarios de aquel momento el partido soberanista catalán fue el que con mayor énfasis denunció que el tránsito de la dictadura a la democracia fue un «pacto de silencio y de olvido». ERC se anticipó a la enmienda a la totalidad de la Transición que más tarde anunciarían Podemos y otras organizaciones radicales y antisistema en el reinado de Felipe VI.

La denuncia por ERC de los «claroscuros» era, en su caso, comprensible porque el partido de Francesc Macià y de Lluís Companys, y el del joven Josep Tarradellas, fue excluido de las elecciones a las Cortes Constituyentes de 1977, como también fue prohibida la participación del Partido Carlista. ERC quería dos tazas de café y al oponerse a la ley dijo que trabajaría para conseguir una «más justa y coherente», lo cual, para quien quisiese entenderlo, significaba un decreto mucho más excluyente para todo lo que provenía del anterior régimen.

El Valle de los Caídos mereció un artículo aparte. Según la ley, sería regido estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. Y en ningún lugar del recinto podrían llevarse a cabo «actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo». No se mencionó la tumba de Franco, que sería tema de fuertes discusiones diez años después.

También tuvieron su correspondiente artículo los voluntarios integrantes de las brigadas internacionales. Estos ya habían recibido, años atrás, la nacionalidad española y lo que hizo la ley fue decretar que, al recibir esta carta de naturaleza española, los brigadistas no tendrían que renunciar a su nacionalidad anterior tal como consta en el Código Civil. En muchos aspectos, lo que aprobaron las Cortes Generales fue una serie de añadidos a la legislación vigente, emanada de la Transición, que se refería a los derechos del bando perdedor de la Guerra Civil.

Éste fue el caso de los artículos dedicados al reconocimiento de derechos económicos y a la indemnización a favor de aquéllos que sufrieron privación de libertad: «Tres o más años de prisión: 6.010,12 euros. Por cada tres años completos adicionales: 1.202,02 euros». Con la Ley 52/2007 la represión de los «vencedores» franquistas pasó a tener su precio y su coste.

Las distintas tarifas comprendieron también las circunstancias especiales que concurrían en quienes «fallecieron en defensa y reivindicación de la libertades y derechos democráticos» entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. Para éstos, la ley reconoció una indemnización por una cuantía de 135.000 euros.

Lo que se evitó, comprensiblemente, fue cualquier valoración de lo que constituye defender la libertad y un proceso de democracia liberal. Las Cortes Constituyentes, sin embargo, se mojaron en este aspecto cuando incluyeron en su Ley de Amnistía a los presos de ETA. Esto, que parecía razonable en su momento y gozaba de mucho consenso, fue un brindis al sol. Lo único que consiguió fue mostrar los límites que puede tener una bienintencionada política de paz y reconciliación. ETA mató a 76 personas el año siguiente a la promulgación de la Constitución y a cien en 1980.

La lectura de las deliberaciones en torno a la Ley 52/2007 deja bastante claro que lo que se debatía fue su «oportunidad» porque el ánimo de reparar los daños sufridos por «los vencidos» en la Guerra Civil no fue en sí polémico. Desde años atrás, esto, que fue el hilo conductor de la ley que introdujo el Gobierno socialista, ya formaba parte de la cultura política. La concordia que guió los pasos de la Transición y de las Cortes Constituyentes, con la Ley de Amnistía que aprobó aquella legislatura, no fue otra cosa que el sincero intento de superar el guerracivilismo con el reconocimiento del sufrimiento del «otro».

El consenso político de 1977-1978 no cuestionó el deber de la Administración de apoyar a quienes se asociaron para localizar fosas comunes e identificar los restos de sus seres queridos en el bando perdedor. Al enumerar estos apoyos, la Ley de Memoria Histórica enunciaba lo que ya era una práctica establecida y no discutida. Puede que el establecimiento de «tarifas» fuese conveniente, pero probablemente esto era un tema administrativo que no requería una ley.

En este sentido la ley era «innecesaria», como decía el PP, salvo que la iniciativa fuese, como también decía el partido de centroderecha, un «frontispicio». La imputación era que el Gobierno socialista auspiciaba bajo sus propias reglas el reencuentro entre los españoles. Para el PP esto no era de recibo. No lo era, en primer lugar, porque la concurrencia reconciliadora era ya un hecho y, en segundo lugar, porque el anhelo del reencuentro no pertenecía a unas siglas partidistas, sino que era patrimonio de todos.

La reacción crítica del PP fue exactamente la que preveía el Gobierno socialista cuando, desde el principio de la legislatura, puso la futura Ley 52/2007 en lo más alto de su agenda legislativa. Y era justamente lo que esperaba porque le permitía alzar el estandarte de la «corrección» política y aislar en un rincón del Parlamento a quienes tenían una memoria de la historia defectuosa. Como tal, la muy táctica iniciativa de José Luis Rodríguez Zapatero fue, ciertamente, una fachada que escondía, al decir del partido de centroderecha, «gérmenes de disenso y discordia».

Lo que en el fondo estaba diciendo el PP era que la reparación de daños que detallaba la ley era la excusa de una decisión política que era claramente propagandística. En este sentido era «hipócrita». La disposición derogatoria de la Ley de Memoria Histórica era, por ejemplo, completamente superflua.

A ojos y entendimiento de una nueva generación de españoles, el Gobierno podía quedar muy bien con su decisión de declarar expresamente derogados el Bando de Guerra de 28 de julio de 1936 y el de 31 de agosto de 1936, siendo ambos piezas justificadoras del ejército sublevado. Y también con la de suprimir el Decreto-ley de 18 de abril de 1947 sobre rebelión militar y bandidaje, y así, pasando por leyes que reprimían el comunismo y la masonería, hasta llegar a la Ley 15/1963 que creó el Tribunal de Orden Público y que condenó a tantos opositores de la dictadura, demócratas unos y menos demócratas otros, en el tardofranquismo.

Sin embargo, era completamente innecesario derogar estos bandos y decretos-leyes porque ya habían sido revocados. La derogatoria tres de la Constitución de 1978, que tan entusiásticamente se aprobó en referéndum, suprimió «cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución». Con solamente diez palabras se eliminó y se liquidó todo lo que legisló el franquismo.

Es difícil evitar la conclusión de que la ley del Gobierno de Rodríguez Zapatero tenía más bien poco que ver con la ampliación de derechos y el establecimiento de medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. No lo tenía, ni lo podía tener, porque los derechos y las medidas estaban ya ampliamente reconocidos en una España que ya había recorrido, con generosidad mutua y sentido común, el camino de la reconciliación y del reencuentro de todos sus ciudadanos a lo largo de la transición política.

Por si quedaba alguna duda sobre todo lo que cabía decir en torno a la Guerra Civil y la dictadura, la Comisión Constitucional del Congreso lo volvió a declarar el 20 de noviembre, fecha del fallecimiento de Franco, de 2002. Lo dijo de manera unánime siendo presidente del Gobierno José María Aznar cuyo Partido Popular gozaba de mayoría absoluta en la Cortes.

La Comisión Constitucional hizo la siguiente declaración: «Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática».

El propósito de la Ley 52/2007, cuyo texto inicial fue propuesto por el Gobierno de Rodríguez Zapatero a los pocos meses de asumir el poder, fue desde principio a fin un ejercicio propagandístico y, como tal, perteneció al esquema que denunció Orwell. El presidente del Gobierno sabía exactamente lo que hacía. Lo hizo por razones políticas ligadas al afán de alcanzar un poder hegemónico. Y lo hizo, también, por motivos que pertenecían a su compleja personalidad. El temperamento de José Luis Rodríguez Zapatero acusaba ese afán de ajustar cuentas que caracteriza al revanchismo.

El primer acuerdo sobre la futura Ley de la Memoria Histórica fue tomado por el Consejo de Ministros el 23 de julio de 2004, a los tres meses de constituirse. El Consejo, que tuvo carácter extraordinario, se celebró en León, la ciudad de la que era natural la familia de José Luis Rodríguez Zapatero, y se reunió en el Hostal de San Marcos, lugar que no fue elegido fortuitamente.

El Hostal de San Marcos, hoy un parador nacional de gran lujo, fue en sus orígenes (siglo XII) un pequeño convento y hospital para los peregrinos de la ruta jacobea regido por la Orden de Santiago. Su ampliación, comenzada por Carlos V, convirtió el humilde complejo en uno de los ejemplos más bellos y espectaculares de la arquitectura del Renacimiento en España.

El grandioso edificio pasó a cumplir distintas funciones en los siglos siguientes y entre 1936 y 1940 fue una durísima cárcel de prisioneros republicanos que llegó a estar saturada con una población reclusa de 6.700 hombres. Ahí estuvo preso el capitán Juan Rodríguez Lozano, abuelo paterno del presidente del Gobierno, antes de ser fusilado el 18 de agosto de 1936 en el campo de tiro de Puente Castro, a las afueras de la ciudad, por sus compañeros militares que se habían sublevado contra la Segunda República.

José Luis Rodríguez Zapatero hizo frecuentes alusiones a su abuelo e impactó especialmente en la opinión pública el credo del capitán Rodríguez Lozano –«Un ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes»– que dejó escrito en su testamento. Su nieto lo convirtió en un dogma propio y lo utilizó para finalizar su discurso de investidura como presidente del Gobierno.

Aquel discurso de 15 de abril de 2004, habiéndose cumplido un mes de la masacre terrorista en los trenes de cercanías que viajaban a la madrileña estación de Atocha, sirvió para ilustrar el vínculo entre una ideología progresista, de hecho un izquierdismo radical, y una historia personal. En su intervención, Rodríguez Zapatero rindió homenaje a su abuelo paterno, huérfano de un teniente de Infantería que murió en la guerra de Cuba y que ingresó con veinte años en la Academia de Infantería de Toledo en 1913. Fue el homenaje a un militar de carrera que abrazó con entusiasmo el albor de la España republicana.

En la historia personal del presidente del Gobierno figuraba la persecución y el sacrificio final que padeció su abuelo por ser un demócrata leal al régimen constitucional. El capitán Rodríguez Lozano sufrió arresto y suspensión de sueldo y empleo después de la revolución de octubre de 1934 en Asturias por sus simpatías radicales y socialistas, y fue represaliado a pesar de haber participado en las operaciones militares que reprimieron la revuelta de la cuenca minera. No se reincorporó a su destino en el regimiento de Infantería nº 36 en León hasta que pudo beneficiarse de la amnistía que decretó el Gobierno del Frente Popular después de las elecciones de febrero de 1936.

El capitán Rodríguez Lozano fue detenido en León el 20 de julio de 1936 cuando los militares sublevados tomaron la ciudad. Fue recluido en el Hostal San Marcos junto con autoridades civiles de la ciudad y de la provincia, entre ellos el gobernador civil, el presidente de la Diputación Provincial y el alcalde de León. Algunos fueron fusilados con él un mes después y otros tras el verano.

José Luis Rodríguez Zapatero, que nació en 1960, creció con la imagen y el testamento de su abuelo paterno. Los militares que permanecieron fieles a la Segunda República tienen un lugar destacado en el panteón que honra al patriotismo constitucional. En él está, entre otros, el general de división Domingo Batet, que, como jefe en la IV División Orgánica de Cataluña, reprimió la insurrección de la Generalitat el 6 de octubre de 1934, lo que le mereció la Cruz Laureada de San Fernando, y que luego fue detenido en Burgos por sus subordinados por no sumarse al alzamiento del 18 de julio. Batet fue fusilado por los sublevados el 18 de febrero de 1937.

Todo español es víctima de una de las dos Españas y lo puede bien ser de la una y de la otra a la vez. Convivir con el dolor y la vergüenza de ello es un asunto generacional. Los «hijos» de la Guerra Civil tuvieron un recordatorio muy concreto que enmarcó su conducta para comprender el fracaso cívico de sus padres y que encauzó un comportamiento propio para afrontarlo. Los «nietos» tuvieron otro. El político leonés que fue investido presidente del Gobierno en la primavera de 2004 fue un destacado representante de esta siguiente generación.

La actitud ante la guerra de los «hijos», de la generación anterior a la de José Luis Rodríguez Zapatero, fue muy clara. Lo que hicieron fue mirar hacia adelante porque lo que había sucedido en la generación de sus padres no servía de nada a la hora de crear la concordia entre los españoles. Si echaban la vista atrás, su compromiso no fue el de recrear la memoria con fines revanchistas, sino el de hacer historia con solidez académica.

Santos Juliá, catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político en la UNED, que nació en 1940, explicó con precisión el proceder de los «hijos»: «No se trataba de bucear en el pasado para encontrar materiales con que erigir monumentos, asistir a manifestaciones, celebrar un acontecimiento en memoria de, en recuerdo de; se trataba de investigar el pasado». Esto se hizo con el rigor que correspondía a la tarea.

La historia no comulga con los relatos míticos, ha de aceptar la complejidad, y no pretende celebrar nada. Al profesor Juliá le molestó intelectualmente la discusión que provocó la Ley 52/2007: «Es curioso que tanto tiempo después se plantee entre nosotros un debate sobre la memoria volviendo a cuestiones que producen perplejidad, especialmente por el magma de confusión teórica entre memoria autobiográfica y representaciones narrativas del pasado».

Le inquietó la escasa coherencia lógica que mostraba una nueva generación que «por una parte, habla del permanente interés que el pasado de la guerra y dictadura ha suscitado entre los españoles y, por otra, denuncia el pacto de silencio y de olvido que habría caído sobre ese mismo pasado».

La generación del profesor Juliá fue la de la Transición y, anteriormente, fue la de las revueltas universitarias, tan formativas para sus participantes, que tuvieron lugar en 1956. El año anterior había muerto José Ortega y Gasset, y su fallecimiento fue un aldabonazo para los nacidos poco antes, durante o después de la Guerra Civil. Les resultó profundamente irritante la acusación posterior de que todos ellos sufrieron una especie de amnesia cuando a la muerte del dictador se finiquitó el franquismo sin auto de fe por medio.

Los estudiantes de aquellas protestas contra la dictadura veinte años antes de su conclusión biológica fueron denunciados como «jaraneros y alborotadores» por el franquismo y entre ellos había jóvenes muy conocidos por el Régimen porque eran, por lo general, retoños de los «vencedores». La universidad de la época no era otra cosa que elitista.

Algunos de aquellos «hijos», ruidosos y revoltosos, fueron protagonistas en el cambio de régimen y resultan injustas las posteriores acusaciones por parte de la generación de los «nietos» acerca de su «olvido» y de su «silencio». No reprimieron sus recuerdos por ligereza, ni pactaron, sin pedir responsabilidades, con el franquismo por miedo. Lo que se juró esa generación del «medio siglo», por seguir en clave orteguiana, fue un firme compromiso de «nunca más».

La reflexión generacional era que la Guerra Civil fue una matanza fratricida inútil porque en ella todos perdieron. Y su corolario fue que ninguno de los dos bandos que se enfrentaron encuadraría su conducta futura. La suya sería la construcción de un edificio en el cual cupiesen todos. Gracias a ello fue posible el reencuentro y la reconciliación entre los españoles cuando don Juan Carlos, que era otro más de esa generación, sucedió a Franco a título de rey. El edificio que construyeron fue la Constitución de 1978.

Sin embargo, a José Luis Rodríguez Zapatero le interesó más su particular recreación de lo ocurrido en 1936 que la reflexión de la generación de 1956. Su empeño revanchista en revisitar el pasado incitó una serie de esquelas que aparecieron en los medios en 2006, al cumplirse los setenta años del comienzo de la Guerra Civil.

No hubo tal fenómeno de notificaciones memorísticas de esas características cuando en 1986, siendo presidente del Gobierno Felipe González, se cumplió el cincuenta aniversario de la contienda. La llamada «guerra de las esquelas» veinte años después fue una muestra muy gráfica de la ruptura, siendo presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, del pacto y el consenso que hizo posible la Transición.

Muchas de las esquelas se redactaron como armas arrojadizas. Hubo una que rezaba por el alma de un determinado fallecido al comienzo de la sublevación en León y por las almas de los «1.200 caídos y asesinados en este enfrentamiento fratricida –mineros, militares, civiles y religiosos– víctimas del odio irracional y del clima de guerra civil creados conscientemente por los líderes socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto».

Hubo otra en esta demencial ristra de recordatorios cuyo discurso histórico-político apuntaba con dedo acusador hacia el presidente del Gobierno. Se refirió, precisando mucho los hechos, a cómo el capitán Rodríguez Lozano fue emboscado e intensamente tiroteado por mineros socialistas en la revolución de 1934 y estuvo «a punto de perder la vida cumpliendo con su deber».

A continuación la esquela decía: «Si esto [la muerte en combate del capitán Rodríguez Lozano] hubiera sucedido, la percepción de la realidad histórica por parte de su nieto, el presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, habría sido radicalmente distinta y la política de España también lo sería».

Por aquellas fechas, el profesor Edward Malefakis, un buen historiador de la España contemporánea que fue catedrático en la Universidad de Columbia de Nueva York, estaba en Madrid en calidad de visiting professor en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Decía a todo el que le quisiese escuchar que la «guerra de las esquelas» era un disparate porque la historia ya estaba escrita y expresó la piadosa idea de que fuesen «el último suspiro antes de que la Guerra cicatrice del todo».

Ocurrió que la lección inaugural del Instituto Universitario en aquel curso de 2006 la dictó el profesor Juliá y su magisterio, por si falta hiciese, dejó claro una vez más que la historia, lejos de ser una narrativa emancipadora, nacionalista, marxista o liberal, trata de lo que pasó y no ha de juzgar, porque el historiador no es ningún juez ni, mucho menos, ha de culpar bajo un impulso moral y reparador.

Al acabar la conferencia, el profesor Malefakis comentó lacónicamente que lo que había que hacer con la guerra era «olvidarla». Esto era justamente lo que José Luis Rodríguez Zapatero y «la generación de los nietos» no estaban dispuestos a hacer.

El año 2006, el segundo en el poder de Rodríguez Zapatero, además de evocar el setenta aniversario del inicio de la Guerra Civil, conmemoraba los setenta y cinco años del comienzo de la Segunda República. El presidente del Gobierno idealizaba el régimen al que tan lealmente sirvió su abuelo paterno y, como era muy dado a «gestos», después de ganar las elecciones del 13 de marzo de 2004 eligió la fecha del 14 de abril, el día de la «alegría» republicana en 1931, para constituir su Gobierno.

Como al capitán Rodríguez Lozano y a tantísimos otros, al presidente del Gobierno le llenaba de orgullo aquello que surgió, según Ortega y Gasset, «con la sencillez, plenitud e indeliberación con que se producen los fenómenos biológicos, con que en mayo brotan la hojas por las ramas del olmo y engorda la espina sobre la caña». Por ello, a las tres décadas de constituirse la Monarquía parlamentaria comenzó un extravagante proceso de exaltación republicana.

El subtexto de esta idealización era netamente político. La Segunda República se convirtió para los «nietos» en un referente, limpio como una patena, para una segunda Transición. Según ellos, la primera del posfranquismo fue una transacción para salir del paso en unas circunstancias excepcionales.

Lo que dijeron abiertamente a partir de 2014 los portavoces de Podemos y de sus partidos aliados fue que ya era hora de recuperar, sin miedo, la legalidad que el fascismo derrocó. En lugar de ir de la «ley» de la dictadura a la «ley» del pluralismo político, las Cortes Constituyentes de 1977 tenían que haber recuperado la «ley» de la Segunda República.

Al comenzar el reinado de Felipe VI el discurso de la izquierda antisistema y del nacionalismo soberanista fue que la Constitución de 1978 había cumplido sobradamente su función y España debería emprender el camino progresista, laicista, federalista y, por descontado, republicano. Y quien dijese lo contrario incurría en la incorrección política o, directamente, era un «facha».

La mala historia conduce a malas políticas. Mala historia era la exaltación de la Segunda República que hicieron suya los dirigentes radicales de la generación del siglo siguiente que había sido machacada por la Gran Recesión. Mala política era compartir las conductas de quienes más de setenta años antes se hicieron fuertes en una España que se acostó monárquica y se levantó republicana.

La buena historia reconoce los errores que cometieron los prohombres de aquel régimen republicano. Cuenta cómo muchos de ellos pensaban que la intransigencia era expresión de honradez y que la buena política consistía en evitar comportamientos de tolerancia. Aclara cómo denostaban, aunque hubo excepciones, los estilos civilizados de transacción como prácticas de pasteleo propias de la Monarquía fenecida.

Ésta fue parte de la reflexión que realizó a comienzos de 2006 el profesor José Varela Ortega, otro historiador más de la generación de los «hijos» y fundador del centro universitario que lleva el nombre de su abuelo materno, en un artículo titulado «La causa de nuestras desdichas».

Las «desdichas» se convirtieron en una obsesión para Antonio Cánovas del Castillo cuando estudió el fracaso de la gobernabilidad en España a lo largo del siglo XIX. «La causa» de ellas era el golpismo y, a continuación, esa tan enraizada destreza política de conservar el poder a cualquier precio, de ningunear a la oposición y de aniquilarla en cuanto fuese posible.

Cánovas puso fin al sexenio revolucionario y al cantonalismo de la Primera República al pilotar la vuelta a la jefatura del Estado de la dinastía Borbón en la persona de Alfonso XII. Lo consiguió introduciendo con su adversario político, el liberal Práxedes Mateo Sagasta, la cultura del pacto y la práctica del turnismo político.

Las lecciones de los prohombres de la primera restauración de la Corona en 1874 pesaban más en el ánimo de las Constituyentes de 1977 que las que impartieron quienes derrocaron la Corona en 1931. Frente a quienes idealizaban la Segunda República, el profesor Varela Ortega y otros se esforzaron en explicar que la Constitución del nuevo régimen tuvo mucho de entusiasmo utópico y de ingeniería social y regeneracionista. Y que fue muy sectaria y que por eso fracasó.

Las Cortes Constituyentes de 1977 quisieron evitar esos errores y su modelo para la segunda restauración de la Corona, ya como Monarquía parlamentaria, fue la de la restauración anterior. Un siglo después se quiso recuperar el espíritu y el hábito canovista del consenso. Por ello, a través de la ley electoral, se instauró el bipartidismo.

Al nieto del capitán Rodríguez Lozano, como a tanto radical, le costaba mucho aceptar la alternancia del poder porque si no gobernaban ellos lo hacían las fuerzas de la reacción y del mal. La democracia posfranquista pertenecía a la izquierda, y concretamente al PSOE, lo mismo que el régimen que exilió a Alfonso XIII concernía solamente a los republicanos que ensayaban distintas fórmulas para el bien de España.

El odio a la derecha era algo visceral en unos y en otros. La superioridad moral de sus convicciones también lo era para todos ellos. Por esa razón, las dos legislaturas, de 1996 a 2004, en las cuales gobernó el PP con José María Aznar de presidente del Gobierno, fueron algo así como el «bienio negro» que tuvieron que soportar los «buenos» republicanos entre las elecciones de noviembre de 1933 y las de febrero 1936.

Las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero sembraron España de un ruido y de una furia que contribuyeron decisivamente al fracaso del bipartidismo. Bajo el liderazgo del impulsivo político leonés, el PSOE dejó de ser un partido responsable de Gobierno y su posterior crisis interna tuvo certeros efectos colaterales. Al caer electoralmente en picado el PSOE, se derrumbó, ya del todo en las elecciones de diciembre de 2015, el monopolio del poder que compartían los dos partidos dinásticos.

Con lo que no contó Rodríguez Zapatero, y esto fue fruto de su pensamiento desordenado y de su adanismo, de su mala historia y de su mala política, fue que el primer damnificado del hundimiento de la partitocracia sería su propio partido y no el de la zaherida derecha. En el reinado de Felipe VI el PSOE dejó de ser la fuerza hegemónica de la izquierda y la memoria histórica acabó siendo reivindicada por Podemos. Instalada en los consistorios de las grandes ciudades, la nueva izquierda radical se dedicó con ahínco a eliminar al «otro» del callejero.

CAPÍTULO 6

Abdicación y nuevo reinado

A la semana de celebrarse las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014, don Juan Carlos abdicó la corona de España en don Felipe, príncipe de Asturias. Su retirada llevaba ya tiempo en boca de personas que se consideran bien informadas y, si bien tales anuncios eran sistemáticamente negados por la Casa Real, no faltaban ejemplos que les prestaron verisimilitud.

El año anterior, Benedicto XVI había pasado a ser Papa emérito después de renunciar al pontificado de la Iglesia católica y la reina Beatriz, que nació, como don Juan Carlos, en enero de 1938, había traspasado el trono de Holanda a su heredero Guillermo Alejandro, príncipe de Orange-Nassau, que tenía un año más que el príncipe de Asturias, don Felipe. Sin embargo, a pesar de los rumores en los mentideros locales y de los antecedentes en el exterior, hubo cierta estupefacción cuando el Rey anunció su decisión en un corto mensaje por televisión. No por anticipadas dejan de ser las cosas sorpresivas cuando ocurren.

El proceso de la sucesión estuvo perfectamente cronometrado por la Casa Real y tuvo la apariencia de total normalidad. Don Felipe asumió la jefatura del Estado con una serena naturalidad que en sí misma era una garantía de seguridad. Sin embargo, la expectación estaba, igualmente, presente. ¿Por qué, realmente, había abdicado don Juan Carlos? ¿Abriría don Felipe el camino a las transformaciones que demandaba una parte de la sociedad que estaba indignada con sus aspiraciones frustradas a cuestas? ¿Podría hacerlo de manera consensuada como en su día lo hizo su padre? Eran preguntas enlazadas.

El propósito de este capítulo y del siguiente es explorar si don Felipe, al comienzo de su reinado, se enfrentaba a retos más complejos que los que encaró su antecesor al iniciar el suyo. Y si los retos eran de mayor enjundia. En definitiva, ante los múltiples desafíos del nuevo reinado, ¿qué hizo y qué dejo de hacer, o no pudo hacer, el nuevo rey para superarlos?

A mayores retos, más dificultosa, y a la vez más necesaria, era la labor de arraigar la Corona entre los españoles. Por lo pronto, don Felipe tenía que demostrar que la Monarquía era «útil» y provechosa para «todos».

Una decisión transcendental, como la abdicación, es el resultado de un conjunto de motivos que valora quien la toma. En este caso, la razón principal fue la grieta que había aparecido de manera palpable en el edificio de la Monarquía parlamentaria que tanto debía al empeño y a la acción de don Juan Carlos. Con el paso del tiempo, la Corona perdió el lustre que había lucido y se hundió el prestigio de los políticos elegidos por el pueblo soberano.

Juan Carlos I actuó de acuerdo con esta evaluación. Él no podía ser la solución a un problema reputacional de la institución de la Monarquía. Mucho menos podía serlo de los enfangados aparatos de la partitocracia. Sin embargo, al contrario que los dirigentes de los partidos dinásticos, la Corona tenía un recambio a mano.

El voto europeo anunciaba el derrumbamiento en las próximas elecciones generales del sistema bipartidista que se había turnado en el poder en las décadas anteriores. Esto, que marcaría el final de un determinado periodo histórico, lo entendió don Juan Carlos con mayor clarividencia que muchos de los próceres de la vida pública.

Su renuncia se anticipaba a la mudanza política promovida por una nueva generación que estaba sensibilizada por inquietudes que eran distintas a las de la suya. Abdicó con la esperanza de que su heredero representase la «utilidad» de la Corona como él mismo lo había demostrado cuando sucedió al general Franco.

La transferencia de poderes de padre a hijo, que se formalizó dos semanas después, fue un ejercicio sereno como corresponde a todo procedimiento sucesorio en una Monarquía constitucional. Pero la tranquilidad y la naturalidad que transmitió el traspaso hereditario fue solo aparente. Era engañoso pensar que la institución era venerada y que la Corona estaba a salvo de vientos y mareas.

El principal reto que Felipe VI tenía por delante era que España no es un pueblo monárquico como lo son los de Gran Bretaña u Holanda, que llevan el hondo afecto por la realeza como seña de identidad colectiva. Don Juan Carlos no pudo legar una amplia y sincera lealtad a la institución de la Corona constitucional. Ésta sería la mayor de las asignaturas pendientes que traspasó a su sucesor.

En este y en el siguiente capítulo examinaremos cómo, y con qué fines, comprenden su función los titulares de la Corona y cómo los españoles entienden que debería ser el comportamiento de la institución. Algunos podrían querer más intervención de la Corona con «llamadas al orden» puntuales y otros sólo admitirían una representatividad de bajo perfil y desde la más estricta neutralidad. Y, naturalmente, hay quienes consideran que la Corona ha alcanzado su fecha de caducidad.

Don Juan Carlos tuvo un protagonismo perfectamente inteligible al comienzo de su reinado. Sin embargo, su actividad, tan calificada como necesaria, era imposible de replicar por don Felipe al inicio del suyo por el hecho evidente de que las circunstancias eran muy distintas.

Tras cuarenta años, el país y el paisanaje se habían transformado. No obstante, otros asuntos no habían evolucionado. Además de la ley electoral, del reglamento de las Cortes y del procedimiento de los partidos políticos, un aspecto clave para la convivencia que no había cambiado era la ambigüedad sobre la figura de la Corona constitucional.

Durante más de tres décadas del reinado de don Juan Carlos los españoles fueron adictos a quien representaba la institución. Eran, como se ha dicho hasta la saciedad, juancarlistas. Esta querencia respondía al justo aprecio al papel que jugó don Juan Carlos en el restablecimiento de las libertades públicas, y por ello era comprensible. Pero la estima se centraba en una persona concreta y no en la institución que encarnaba. Y, además, era un afecto que se enfriaba.

Comenzada lo que sería la última década de su reinado, el entusiasmo por don Juan Carlos fue desapareciendo. Las reputaciones tardan en crearse y se esfuman en un santiamén. Mientras España «funcionaba» con los gobiernos de Felipe González, el España «va bien» bajo los de José María Aznar, la Corona podía representar con convicción una sociedad confiada que con simpatía y pujanza recuperaba el tiempo perdido. Don Juan Carlos tenía, sobradamente, las dotes para ejercer este papel tanto internamente como en el exterior.

Con la irrupción de la Gran Recesión desapareció del estado anímico de los españoles ese optimismo que en su día mostró la joven democracia coronada. Se esfumó la alegre confianza de que el futuro sería mejor y que la seguridad de alcanzarlo estaba representada por don Juan Carlos. La nota dominante pasó a ser la de crispación.

Llegadas la crisis económica y las consiguientes devastadoras brechas sociales, el problema de la institución era doble. En primer lugar, la Corona no podía, lógicamente, proteger a quienes se quedaban sin empleo y perdían sus ahorros y hasta sus viviendas. Pero la imprecisión sobre las funciones de una institución constitucional permitía que esto mismo se le exigiese: ¿Para qué servía la Corona si no era para salvaguardar el bienestar patrio? Por lo tanto, el Rey era tan culpable de los desastres como los políticos corruptos y los codiciosos manipuladores de las finanzas internacionales.

La búsqueda de chivos expiatorios alcanzó a la institución monárquica con efectos demoledores porque el comportamiento de la Corona y su entorno inmediato dejó de ser ejemplar. Se había levantado la veda que desde el comienzo de la Transición protegió la institución y a partir de 2011 se sucedieron una serie de escándalos que afectaban directamente a la familia real.

En segundo lugar, toda la parafernalia de un sistema representativo y de poderes descentralizados estaba ya, mal que bien, consolidada y desde hacía mucho tiempo la Corona había dejado de ocupar el lugar primordial de referencia y de representatividad en la estructura política.

Don Juan Carlos había cumplido su misión cuando armó el rompecabezas posfranquista y luego defendió la democracia ante los golpistas del 23-F. Sin embargo, no estaba claro el lugar que tenía reservado su descendencia en el mosaico institucional de una sociedad que había entrado de lleno en la incredulidad del posmodernismo.

Los pueblos en los que la realeza es muy reconocida aprecian los rituales de una institución hereditaria en la jefatura del Estado porque forma parte de su cultura. El pueblo español, sobre todo cuando está turbado por el ruido y la furia, no es uno de ellos.

En España la Corona fue «necesaria» para transitar de la dictadura a la democracia. Llegado el siglo XXI, esta «utilidad» era un recuerdo lejano y con la Gran Recesión los logros de la Transición eran cuestionados por una generación que, lejos de vivir el entusiasmo del renacer democrático, padecía la catástrofe humanitaria de la crisis económica. La sucesión monárquica había sido polémica en España a lo largo de dos siglos y en 2014 la misma idea de una jefatura del Estado hereditaria era poco entendible para los nacidos en el reinado de don Juan Carlos.

Cuando Juan Carlos I anunció su abdicación el 2 de junio de 2014 fuentes de la Casa del Rey se apresuraron a contar que había tomado la decisión el 5 de enero anterior, fecha en la cual cumplió setenta y seis años. Para entonces, se consideraba recuperado de una larga serie de lesiones que habían limitado sus actuaciones públicas. Esto era muy importante para él.

Don Juan Carlos aceptó pasar a ser Rey emérito, pero quería renunciar a la Corona en plenitud de facultades y, por descontado, no estaba dispuesto a abdicar bajo la presión de una pérdida de popularidad. Al contrario, quería retomar su agenda institucional porque estaba ansioso de recuperar su reputación con el comprensible fin de facilitar, llegado el momento, el traspaso de poderes a su heredero.

Sin embargo, su edad y su estado físico pesaban, el aprecio de la ciudadanía hacia su persona no aumentaba, el desencanto generalizado crecía y la prolongación de su reinado en lugar de allanar la llegada de su sucesor, la entorpecía. Los acontecimientos dictan la toma de decisiones y el inesperado reparto de los 54 escaños españoles en el voto a la cámara europea fue un ejemplo de ello.

Don Juan Carlos abdicó bajo el impulso de un doble convencimiento. Por un lado, su decisión reflejaba su certeza de que se acercaba el fin de un ciclo histórico. Para él, los resultados electorales del 25 de mayo de 2014 anunciaban profundos cambios en el sistema político que se había consolidado a lo largo de su reinado. Esta convicción era fruto de su desarrollada intuición política y de su larga, e inigualable, experiencia de las cosas de España.

Las elecciones al más bien anodino Parlamento que se reúne en Bruselas y en Estrasburgo son siempre interesantes porque permiten el voto díscolo y desinhibido que expresa insatisfacciones irritantes y sueños truncados. Los españoles votaron con ese estado de ánimo aquel penúltimo domingo de mayo de 2014 y el Rey hizo una lectura muy correcta del resultado electoral.

Juan Carlos I entendió que el mapa partidista cambiaba. Los menores de cuarenta años comenzaban a darle la espalda a la vieja política y a apoyar nuevas propuestas a nivel nacional y regional que iban a decir y decidir mucho en el futuro. Pasaban a mejor vida los guiños bipartidistas. Desaparecían las complicidades entre la Corona y la clase política de la Monarquía parlamentaria que estuvieron vigentes durante su reinado y que él había contribuido, de una manera singular, a soldar.

Por otro lado, el Rey sabía perfectamente que un nuevo periodo constitucional tendría que ser edificado con mimbres muy distintos y, en todo caso, ajenos a su figura histórica. Por ello, según dijo ante las cámaras de televisión, renunciaba a favor de una generación más joven que, con nuevas energías, estaba «decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana».

Hubo tres palabras clave en el mensaje de don Juan Carlos que ilustraron lo que pensaba de la institución que encarnaba y lo que había sido su propia aportación a ella. La primera era la de permanencia, entendida como garante de estabilidad y de continuidad: «Mi hijo Felipe, heredero de la Corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica».

Las otras dos, generación y coyuntura, explicaban cómo el titular de la institución pasaba la antorcha dinástica a su sucesor para que la Corona pudiese, con constancia, seguir afrontando desafíos en nuevos presentes históricos: «En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que pertenezco». No hacía falta decir que don Juan Carlos asumió el papel protagonista de su generación. Ni que esperaba que su sucesor hiciese lo mismo.

El mensaje era que don Felipe levantaría el estandarte de la estabilidad para la generación de 2014. Ayudaría a anular las incertidumbres creadas por una prolongada crisis económica y a curar las «serias cicatrices en el tejido social». Esto mismo hizo Juan Carlos I cuando templó las vacilaciones que produjo la muerte de Franco y encauzó el deseo de consenso que albergaba la generación de la Transición, que era la suya. El Rey ya habló de desafíos y de coyunturas, de juventud y de nuevas generaciones cuando aceptó, en 1969, ser el heredero de Franco y cuando le sucedió en 1975.

Según los teóricos de la «utilidad» y del «provecho» de la Corona constitucional, el Monarca ha de estar muy cercano a la ciudadanía y ser muy sensible a las aspiraciones de la sociedad. De esa manera podrá animar a los dirigentes políticos a gobernar con cordura y advertirles cuando se equivocan. Esto, en líneas generales, es lo que justifica le presencia de una dinastía al frente de una Monarquía parlamentaria y fue el hilo conductor de lo que dijo don Juan Carlos a lo largo de los seis minutos que duró la retransmisión de su mensaje de abdicación a mediodía del 2 de junio de 2014.

El Rey no mencionó el humillante resultado de los partidos dinásticos en las elecciones europeas porque esto hubiera sido pisar las líneas rojas que rodeaban su quehacer constitucional. Bastaba como reprimenda a los dirigentes políticos el aviso de las «serias cicatrices» que padecía una sociedad herida. El agotamiento del sistema bipartidista era obvio.

Lo que se perfilaba nítidamente en un próximo horizonte era una representación parlamentaria fracturada. A la vez, se divisaba que la irrupción del multipartidismo amenazaría la arquitectura institucional que se había conformado durante el reinado de don Juan Carlos. Por eso el Rey abdicó. La Corona tenía de nuevo la obligación de mostrar su provecho y su utilidad. Esto lo haría su sucesor.

La renuncia de don Juan Carlos supuso el reconocimiento de que, en adelante, el discurrir de la democracia competitiva sería otro y la constatación de que el futuro de la Monarquía parlamentaria consistía en comprender la transformación y actuar en consecuencia. La permanencia de la Corona gravitaba en su capacidad de anticipar la nueva situación y de sortearla. Las elecciones europeas de 2014 indicaban que habían cambiado los equipos y que las reglas de cada encuentro serían distintas porque las porterías del campo de juego se habían mudado.

Con la desaparición de una cómoda convivencia bipartidista y en ausencia de claras mayorías parlamentarias, la pericia que don Juan Carlos había acumulado en el ejercicio arbitral que constitucionalmente le correspondía ya no servía para moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Dado que una nueva generación de españoles optaba por el multipartidismo, la templanza política de la Corona, es decir, su «utilidad» constitucional, requería otras habilidades.

A lo largo de casi cuarenta años, la Corona constitucional se había apoyado en la fortaleza de dos partidos nacionales que se alternaban en el poder. La cada vez más posible descomposición de los partidos dinásticos aconsejaba, con urgencia, un relevo generacional en la jefatura del Estado para abordar nuevos tiempos políticos.

Pasados los años, y con la comprensión que presta la distancia a la interpretación de los hechos, se verá que la abdicación fue una doble acción preventiva que había sido activada por lo más íntimo de las convicciones de don Juan Carlos en torno a la institución que él había restaurado constitucionalmente. Fue la decisión que cabía esperar de quien había sido educado para servir a España como miembro de la familia real.

Lo único importante para la dinastía era el sentido del deber hacia lo que concebía como el bien común. Este sentimiento, que se adaptaba, con mayor o menor acierto, a los tiempos cambiantes, era custodiado por el titular de la Corona a lo largo de la historia. En don Juan Carlos primaba el deseo de salvaguardar a la Corona como garante de la Monarquía parlamentaria que la Constitución de 1978 había enmarcado como forma política del Estado.

Don Juan Carlos había asumido este papel de avalista como el principal compromiso de su quehacer al comienzo de su reinado. Selló la obligación de su dinastía con España cuando la Constitución reconoció que la institución que encarnaba era el símbolo de la unidad y de la permanencia de la nación. Y se retiró a tiempo, con los setenta y seis años cumplidos, para cortar de raíz cualquier cuestionamiento de la «utilidad» de la Corona. Su heredero ofrecía mejores garantías que él para proyectar la relevancia de la institución y, así, asegurar la continuidad de la dinastía en la jefatura del Estado.

El provecho de la institución estaba, y está, enlazado con la justificación última de la Corona en España que es serlo de «todos los españoles». Esta fue la doctrina que don Juan, conde de Barcelona, transmitió a don Juan Carlos y que don Juan Carlos, a su vez, transfirió a su heredero, don Felipe. La frase resumía un anhelo de servicio, y este sentido patriótico del deber, que supera cualquier deseo personal, es una característica definitoria de todas las dinastías reales que consiguen mantenerse en el trono.

La doctrina fue muy interiorizada por don Juan Carlos, que, a la vez, aprovechó un formidable aprendizaje en destreza política al ser el sucesor de Franco. Sabía que el dictador ofrecía la única oportunidad que cabía para restaurar la Corona y por eso usurpó los derechos legítimos de su padre y aceptó ser el heredero del Régimen.

También sabía que él reunía unas condiciones únicas para deshacer el franquismo porque conocía las interioridades de su funcionamiento. Su padre no tenía esta sapiencia, carecía de la necesaria habilidad de mando y, por descontado, Franco no confió nunca en él. El aprendizaje que don Juan Carlos recibió de don Juan tenía que ver con las virtudes del pluralismo político.

Próximo a cumplir los treinta y ocho años, don Juan Carlos «instauró» la Corona, según el léxico franquista, como heredero de la dictadura a título de rey, y más tarde la «restauró», de acuerdo con el glosario de los monárquicos. Esta segunda legitimación tuvo que esperar hasta la abdicación por don Juan de los derechos dinásticos –lo que los monárquicos llaman el «sagrado depósito de la historia»– que él heredó de su padre, Alfonso XIII, el 15 de enero de 1941.

Don Juan, conde de Barcelona y Juan III para sus incondicionales, abdicó en un acto sencillo y, a la vez, cargado de emoción y de solemnidad, en el Palacio de la Zarzuela el 14 de mayo de 1977. Demoró su renuncia hasta después de la convocatoria de elecciones generales a unas Cortes Constituyentes que tendrían lugar un mes después.

Tras un corto relato de su custodia del «sagrado depósito» en tiempos nada fáciles, se dirigió, muy erguido, a don Juan Carlos, dio un taconazo y dijo con mucha fuerza: «Majestad, por España, todo por España, viva España, viva el Rey». Las once palabras de don Juan constituyeron la expresión más clara y más sucinta de lo que para sus adeptos es y representa la Monarquía como institución consustancial al ser histórico de España.

Al año y medio de «instaurar» la Corona como heredero del dictador a título de rey, y en vísperas de las elecciones constituyentes de 15 de junio de 1977 que enterrarían el franquismo, don Juan Carlos asumió la responsabilidad dinástica de ser el Rey de «todos los españoles». El legado que había recibido del fenecido régimen fue representar a la «Monarquía del 18 de julio».

La renuncia de don Juan, que fue titular de la Corona en el exilio durante treinta y seis años, contenía las claves de la que anunciaría don Juan Carlos después de treinta y siete años de reinado si se toma como inicio de su potestad aquel acto familiar y protocolario de la abdicación de su padre. El conde de Barcelona se refirió a que traspasaba su titularidad con el fin de «adecuarse a las realidades sociales». A esto mismo se refirió don Juan Carlos en su abdicación cuando habló de una generación que pedía paso para poder gestionar una nueva coyuntura.

Lo único importante en ambos casos era el «todo por España» y la continuidad de la institución al servicio de «todos los españoles». Esto lo compartían plenamente don Juan y don Juan Carlos. Todo acto voluntario de abdicación, visto desde la perspectiva de la institución, es siempre la afirmación de la permanencia de la Corona.

Los titulares de la Casa Real española tienen especialmente inculcada la entrega a lo que conciben como el bien común, y esto no requiere muchas explicaciones. Lo tienen asumido por necesidad ya que, al contrario de lo que es la pauta en otros lugares donde la Monarquía goza de buena salud, en España la veneración histórica hacia lo que los constitucionalistas británicos llaman el «digno uso» de la institución hereditaria no forma parte de la cultura popular.

Don Juan afirmó, como don Juan Carlos y don Felipe dicen a quien les quiera escuchar, que en España la institución ha de ganarse su razón de ser «día a día». El discurso es sencillo. La Corona ha de ser percibida como una institución ejemplar que representa a «todos». Si no lo fuera, será siempre cuestionada su contribución a la reconciliación de los españoles y discutida su utilidad como símbolo de la permanencia y de la unidad de España.

El relato dejó de ser lineal cuando, a partir de 2011, la reputación de don Juan Carlos entró en declive como consecuencia de una serie de escándalos que pasaron al dominio público. Desde esta perspectiva, la abdicación de don Juan Carlos puede ser entendida como una apuesta por la renovación, incluso por un volver a empezar, para asegurar la continuación de la Corona.

El Rey abdicó para que su heredero recuperase la sintonía con el pueblo español que él consiguió establecer durante la Transición. Por ello, el legado que recibió Felipe VI fue un reto formidable.

La popularidad de la Corona ya no era la que fue y los dos partidos dinásticos que sustentaban la institución habían entrado en fase de claro declive. En el mejor de los casos, una parte sustancial de la población percibía a los políticos del sistema como incompetentes, y, en el peor, como corruptos. Don Felipe heredaba un cáliz envenenado.

El nuevo Monarca debería afrontar una situación compleja como lo es el final de todo periodo histórico y el comienzo de otro. La coyuntura era particularmente enrevesada debido a los escándalos y a las profundas y amplias brechas sociales que había abierto la Gran Recesión. El nuevo rey se adentraba en un laberinto sin apoyos reputacionales e institucionales para guiarle.

El gran logro de don Juan Carlos fue la «sintonía» entre un monarca campechano y una ciudadanía agradecida y fue, justificadamente, su máximo orgullo. El sucesor de Franco creó, a conciencia y no sin riesgos, un entendimiento de ida y vuelta entre la Corona y el pueblo que dio pie al juancarlismo. A comienzos de su reinado demostró una rara habilidad para comprender instintivamente aspiraciones generacionales, para encauzar tales ambiciones y, apoyándose en los mejores de sus coetáneos, para adelantarse a los acontecimientos.

Don Juan Carlos tuvo la pericia, en horas críticas de incertidumbre, de infundir optimismo a los interlocutores que le interesaban, y éstos, por norma, eran los miembros de la generación a la cual pertenecía. La clave de la instauración y la posterior restauración de la Corona fue la manera en la que el nuevo titular de la dinastía real supo combinar una sutil capacidad de sugerencia con una gran capacidad de decisión en los momentos precisos.

En última instancia, esta doble destreza fue la clave del éxito de la Transición. Don Juan Carlos utilizó los poderes que le había legado Franco y la legitimidad histórica que le confirió don Juan para espolear el retorno, bajo la Corona, de la democracia representativa. Predicaba a su generación un «sí se puede» y un «sí o sí». España podía ser una país tan «normal» como cualquier otro y lo sería.

La dádiva de don Juan Carlos a España fue su perentoria actuación como motor, o piloto, del cambio de la dictadura a la democracia. Con ello cumplió a rajatabla con la exigencia de que la Corona ha de justificarse a través de su «utilidad». No deja de ser irónico que si España proclamó una República en 1931 para asentar la soberanía popular, casi medio siglo después los españoles recuperaron la democracia, esta vez de manera sostenible, gracias al nieto del rey desterrado.

Sin embargo, el personalísimo papel que don Juan Carlos jugó entre la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y la proclamación de la Constitución «de todos» tres años después no cimentaba necesariamente la continuidad de una dinastía cuyas vivencias han sido siempre zigzagueantes.

A partir de las abdicaciones que forzó Napoleón Bonaparte a Carlos IV y a Fernando VII, la otra cara de las monedas que llevan la efigie del rey de España describe las sinuosas idas y venidas de quienes representan la institución. Cuando Antonio Cánovas del Castillo trajo al adolescente Alfonso XII para ser rey de España, pidió a su madre, Isabel II, que continuase en su exilio parisino.

Se decía que todo nuevo Monarca tenía que hacer dos cosas: una era distanciarse de la fauna palaciega y la otra, no deshacer del todo sus maletas. Sin embargo, esa otra cara de la moneda que lleva la efigie del titular de la Corona retrata también la resiliencia de la familia Borbón y la extraordinaria capacidad que emplea para reponerse después de cada revés.

Felipe VI sería el primero en reconocer que era imposible replicar el extraordinario papel que protagonizó don Juan Carlos al comienzo de su reinado. Y también el desafío que esto suponía. Los logros de don Juan Carlos no se transferían indefectiblemente a la institución que representaba y, en cuanto a afecto y adhesión, la Corona no estaba ni más ni menos consolidada cuando abdicó que al comienzo de su reinado. Para algunos, lo estaba menos.

En la Transición los líderes históricos de partidos republicanos se convirtieron en juancarlistas. Un notable ejemplo de ello fue Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, que, al emerger de la clandestinidad para colaborar de una manera decisiva con el cambio político, sentenció que la alternativa no era República o Monarquía sino democracia o dictadura. Otro fue Josep Tarradellas, dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en su juventud, que encabezó la Generalitat en el exilio y la presidió a su vuelta en 1977. Tarradellas aceptó gustosamente el marquesado que le otorgó don Juan Carlos.

Sin embargo, en 2014, los descendientes de tales próceres de la izquierda y del independentismo ya no compartían las conductas tan sensatamente avenidas que marcaron las biografías de las generaciones anteriores. Los «nietos» de los vencidos en la Guerra Civil no albergaban motivo alguno de gratitud con la Corona como garante del entorno tolerante en el cual habían nacido. Para ellos la Monarquía hereditaria no tenía lugar en la democracia participativa que ansiaban.

La generación nacida después de la Constitución de 1978 sufría las consecuencias de la Gran Recesión y recuperó con ahínco la identidad antimonárquica de sus abuelos en otra época convulsa. Se amotinó contra un sistema que les había fallado, y la Corona ocupaba la cúpula de ese sistema. El discurso del republicanismo recobrado era primitivo y muy sencillo. Lo era, sobre todo, cuando la institución dejó de ser «ejemplar».

Ciertamente, don Juan Carlos había regulado y moderado con acierto y éxito: los años 1975-2014 constituyeron un periodo inédito de estabilidad política y de progreso social y económico. Los españoles pudieron votar libre e ininterrumpidamente a lo largo de diez legislaturas constitucionales bajo la jefatura del Estado de don Juan Carlos y la renta per cápita en España se multiplicó por diez. Sin embargo, llegado el momento de su abdicación, se cernían nubarrones sobre la convivencia conseguida.

El latente republicanismo español que de siempre ha formado parte del mobiliario entre Hendaya y Gibraltar se avivó en los que serían los últimos años del reinado de don Juan Carlos debido a serios errores cometidos por el Rey y por miembros de su familia. En un contexto de creciente alarma y protesta social ante la crisis económica, hubo faltas reputacionales y actuaciones delictivas.

Fue una tormenta perfecta, y cualquier intento de gestionar el impacto negativo de un traspié tras otro estaba condenado al fracaso porque coincidió con circunstancias que estaban fuera del control de la Corona. La divulgación de conductas poco ejemplares concurrió con la crispación generalizada que había provocado el crack de 2008. La percepción de una amplia corrupción a nivel institucional enervó aún más el enardecido ambiente y sacó a la superficie recónditos sentimientos republicanos.

Comenzada la primavera de 2012, don Juan Carlos fue operado en la Clínica San José de Madrid de una fractura múltiple de cadera. Lo de menos fue el percance, que es bastante normal entre quienes tienen el sol a sus espaldas. Lo más grave fue la situación en la cual se produjo el accidente y la trama a la cual dio pie. Y la ironía, tantas veces presente en los acontecimientos, fue que la intervención quirúrgica tuvo lugar el 14 de abril, fecha señaladísima en el calendario antimonárquico porque conmemora la «alegría» de la proclamación de la Segunda República en 1931.

La fatídica caída se había producido en Botsuana, África central, donde el Monarca participaba en una cacería de elefantes que es la actividad cinegética más denigrada por los guardianes «animalistas» de la corrección política posmoderna. Se multiplicaron en varios enteros las imágenes de frivolidad del reinado de Alfonso XIII. Era el retrato de las jornadas en el Tiro de Pichón y de las cacerías de avutardas desde una avioneta a orillas del río Henares.

El contratiempo rebasó ampliamente la incomodidad propia del accidente y minó de una manera muy certera la reputación de la Corona. El safari, del cual no se había informado, tenía muy poco de ejemplar cuando el recién estrenado Gobierno de Mariano Rajoy introducía recortes presupuestarios para evitar el rescate europeo de la maltrecha economía que había heredado de la anterior Administración presidida por José Luis Rodríguez Zapatero.

Recuperado de la operación, don Juan Carlos pidió perdón ante las cámaras de televisión en el pasillo de la misma clínica: «Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir». El reconocimiento de culpabilidad y el propósito de enmienda, tan patéticamente expresados por el Monarca, reflejaban el nivel muy crítico que había alcanzado la opinión pública hacia la Corona.

En la década de los noventa, la institución obtenía matrículas y notables en los barómetros de la opinión pública que periódicamente publica el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sin embargo, a partir de la primera década del nuevo siglo, el alto reconocimiento pasó a ser negativo de manera inexorable. Por primera vez, sucesivos barómetros mostraban suspensos en serie en el aprecio de la Corona.

Los claros indicios de «desamor» en torno a la institución monárquica han de ser encuadrados en el contexto del amplio desencanto que se produjo cuando la Gran Recesión puso bruscamente fin a los días de vino y rosas. Los encuestados por el CIS mostraban una creciente desconfianza hacia todas las instituciones, y en muy primer lugar hacia el estamento político, y un progresivo pesimismo en cuanto a sus expectativas de bienestar. La Corona, que ocupaba la cúspide de la pirámide institucional, no iba a salir ilesa del desencanto generalizado.

Pero no es menos cierto que la disfuncionalidad de ciertos miembros de la familia real contribuyó de una manera decisiva al desafecto del cual fue objeto la Corona. Lo peor que le podía ocurrir a la institución monárquica fue verse incluida en el relato de la corrupción que crispaba a la sociedad española. En 2010 comenzó la investigación judicial de actividades fiscalmente delictivas presuntamente cometidas por la Fundación Nóos, que presidían los duques de Palma, Iñaki Urdangarín y su mujer, la infanta Cristina, hija menor de don Juan Carlos.

El llamado caso Nóos, o Urdangarín, puso una vez más de manifiesto las graves patologías que había causado el descontrol de determinadas administraciones públicas en los años de excesos y de codicia previos al crack de 2008. En la percepción de la ciudadanía de a pie las instituciones, empezando por la Corona, practicaban un latrocinio sistémico. La transparencia y el decoro brillaban por su ausencia en la Monarquía parlamentaria.

El yerno de don Juan Carlos y cuñado de don Felipe, ya apartado, al igual que la Infanta, de la familia real, recibió la pena de seis años y tres meses de cárcel en febrero de 2017. Doña Cristina, que al igual que su marido había sido despojada del ducado de Palma, fue absuelta, lo cual fue tan polémico como si hubiese sido condenada.

El largo proceso judicial estuvo plagado de filtraciones y se convirtió en un arma arrojadiza para quienes deseaban jubilar la institución de la Monarquía. Fue muy duro para la Corona tener que encajar la evidencia de que Urdangarín pudo engañar y robar porque su suegro era el Rey. Administraciones regionales y locales accedieron sin miramientos a las disparatadas propuestas de la Fundación Nóos.

A lo largo del reinado de don Juan Carlos los medios habían ido perdiendo, paulatinamente, el trato poco menos que reverencial que daba a todo lo que concernía a la Corona. La autocensura respondía poco menos que a razones de Estado, pero tuvo el efecto opuesto porque daba crédito a mucha leyenda urbana en torno a la vida privada de don Juan Carlos y a las desavenencias familiares. La actitud respetosa desapareció del todo con el caso Nóos.

La investigación judicial y la vista pública provocaron niveles de amarillismo mediático que no tenían nada que envidiar a la saña que puede emplear la prensa tabloide británica con la dinastía de los Windsor. En Reino Unido, la Casa Real sabe que la tormenta pasará y soporta los embates con estoicismo. Pero la experiencia fue novedosa para la Corona española, que cuenta con mucho menos anclaje en el afecto ciudadano. La patética petición de perdón por parte de don Juan Carlos mostraba hasta dónde había llegado el desamor con el juancarlismo.

El Rey tuvo que hacer frente a una opinión pública colérica que sacaba punta a un sinfín de disfuncionalidades en la familia real. Su malhadada cacería de elefantes, que no hubiera pasado al dominio público de no ser por la caída que fracturó su cadera, daba pie a todo tipo de especulaciones sobre conductas poco edificantes. Fue el chaparrón que cayó sobre lo que ya estaba mojado y destruyó la largamente construida imagen de un rey que ansiaba estar cercano a su pueblo.

Al decir que sentía mucho lo ocurrido, don Juan Carlos intentaba de una manera desesperada recuperar, en lo posible, el lustre de la institución monárquica, no tanto para él, que ya era poco menos que imposible, sino para su heredero. A partir de entonces la abdicación era cuestión de tiempo. Sin embargo, el republicanismo latente no quería que se cumpliese el orden sucesorio que enmarcaba la Constitución.

La discusión crítica sobre la sucesión de don Juan Carlos en la persona de don Felipe tenía tres hilos conductores en el cuestionamiento de la permanencia de la Corona. Cada uno de ellos respondía a una experiencia generacional y todos pedían lo mismo, que era el fin de la Monarquía. El guión de unos y de otros tenía que estar en la mente del Rey, que preparaba su abdicación, y en la del príncipe de Asturias, que se disponía a asumir el legado.

El primer argumento era el de los juancarlistas, es decir, los que eran «accidentalmente» monárquicos. En su caso, el «sagrado depósito de la historia» que custodiaban era el de una fe republicana que, por regla general, era tan melancólica como la de los legitimistas monárquicos. Era un «depósito» que había sido traspasado de padres a hijos, como ocurría en las familias adictas a la Corona, y era igual de «sagrado».

El discurso de los «accidentalistas», educado y pleno de afecto, le decía dos cosas a don Juan Carlos. La primera era: gracias por haber hecho posible que quienes perdimos la guerra hayamos podido recuperar la democracia que nos fue arrebatada. El segundo mensaje, consecuencia del primero, era: ahora, con la misión cumplida, retírense Vuestra Majestad y su descendencia con todas nuestras bendiciones.

Don Juan Carlos, sucesor de Franco a título de rey, había cumplido con el deber de mostrar la «utilidad» de la Corona y su provecho y su servicio ya no eran necesarios; había actuado de una manera providencial y, con la democracia consolidada, una etapa transitoria había quedado ampliamente superada. Los españoles eran ya «mayores de edad» y su tutelaje por una jefatura del Estado hereditaria ofendía la racionalidad.

El discurso de los segundos era el de los «nietos». Se mostraba hostil a la Corona porque quienes nacieron ya en democracia hacia finales del siglo pasado discrepaban radicalmente con el relato de la generación de la Transición. No participaban en la ilusión que generaron la reconciliación, las primeras elecciones y la apertura a Europa porque no la vivieron y porque sus mayores no supieron transmitirla. Ellos, como generaciones anteriores, partían de cero.

El desinterés por la crónica de la Transición y la ignorancia de su cronología facilitó la negación de los logros de aquel periodo. Lejos de la experiencia de un cambio paradigmático para bien, la vivencia de los «nietos», imbuida por la gratificación inmediata, era el malogro de sus expectativas y de sus aspiraciones debido a la Gran Recesión.

Frustradas sus ambiciones, tanto las idealistas como las consumistas, se recrearon con la indignación. Con el narcisismo propio de todo planteamiento adanista, despreciaban lo anterior porque «no nos representa» y les había «fallado». La Corona, ¿para qué?

Quedaba el tercer discurso, que era el de los independentistas y, concretamente, el movimiento secesionista en Cataluña. En las elecciones europeas de mayo de 2014 Podemos, que había sido inscrito como partido escasamente tres meses antes, encendió una luz de alarma cuando consiguió más de 1,2 millones de votos y cinco escaños. Otra la iluminó la coalición L’Esquerra pel Dret de Decidir, liderada por Esquerra Republicana de Catalunya, que obtuvo más de 600.000 votos y dos escaños.

Mucha agua había corrido bajo el puente de la izquierda nacionalista catalana desde el retorno del veterano Josep Tarradellas, y las nuevas generaciones rechazaban el pactismo de quien custodió la Generalitat como su presidente durante más de veinte años en su prolongado exilio. La Gran Recesión fue el gran acicate del independentismo, sobre todo entre los jóvenes, que asumieron el secesionismo como elemento nuclear de sus políticas radicales.

El año anterior a la abdicación de don Juan Carlos, la asociación independentista Assemblea Nacional Catalana celebró la Diada del 11 de septiembre, fecha emblemática del nacionalismo catalán, reivindicando la independencia con una cadena humana que se extendió a lo largo de unos 400 kilómetros de la comunidad autónoma. Al año de acceder Felipe VI al trono, el nuevo ayuntamiento de Barcelona, gobernado por la izquierda nacionalista a partir de las elecciones locales de mayo de 2015, retiró el busto de don Juan Carlos del salón de plenos del consistorio.

Evidentemente, el independentismo catalán, que había incluido la demonización de los Decretos de Nueva Planta promulgados por Felipe V entre 1707 y 1716 como argumento preeminente de su relato nacionalista, jamás aceptaría una Corona que era «símbolo de la permanencia y de la unidad de España». Felipe VI podría hablar catalán, pero reavivaba la imagen del fundador de la dinastía Borbón en el reino de España que asfixió la identidad catalana. La memoria histórica traía tales lodos.

La presencia del Rey en Barcelona el 26 de agosto de 2017 para asistir a la manifestación de condena por los atentados yihadistas en Las Ramblas y Cambrils fue hábilmente instrumentalizada por el independentismo radical para organizar el mayor brote de sentimiento antimonárquico desde que Alfonso XIII salió camino del exilio antes de la caída del sol el 14 de abril de 1931.

Mal que le pesase al secesionismo catalán, la España constitucional de la Monarquía parlamentaria no estaba por la labor de resucitar la corona «compuesta» austracista. El Estado de las Autonomías, cada una igual en derechos a las demás, no era un azulejo de naciones y de señoríos, y la soberanía nacional de los españoles, representada en las Cortes Generales, estaba por encima de la de los territorios.

Entre los múltiples retos que don Juan Carlos traspasó a su heredero en 2014, el ancestral tema del acoplamiento catalán al resto de España, exacerbado por la rauxa, el ruido y la furia que acompañan a toda contracción económica, había adquirido una extraordinaria complejidad. Sin embargo, Cataluña no constituyó un desafió cuando don Juan Carlos comenzó su reinado. El Rey se enfrentaba a muchos problemas, pero no al catalán. Conviene recordar la cronología de los hechos.

En el tardofranquismo, a las consignas de «libertad» y «amnistía» que se coreaban en las protestas callejeras contra el Régimen, los manifestantes en Cataluña añadían una tercera que era «Estatuto de Autonomía». En 1976 Cataluña votó abrumadoramente a favor de la Ley para la Reforma Política en el referéndum del 15 de diciembre que dio paso a la legalización de los partidos políticos y volvió a hacerlo dos años después en el plebiscito que aprobó la Constitución. El 25 de octubre de 1979 Cataluña votó, de nuevo masivamente, a favor de su Estatuto de Autonomía.

El desvío del autonomismo catalán por la ruta del independentismo comenzó con la elaboración de un segundo Estatut casi treinta años después, y el secesionismo, azuzado por la consigna de «España nos roba», adquirió velocidad de crucero con la Gran Recesión. Hubo un indudable elemento de sonambulismo en el trayecto hacia la confrontación y la ruptura.

El problema territorial que heredó Felipe VI fue, en gran parte, la consecuencia de las políticas cortoplacistas que los partidos dinásticos nacionales emplearon en Cataluña durante el reinado de su padre. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), fuertemente implantado en Barcelona y su área metropolitana, fue un dique de contención para frenar cualquier marejada secesionista durante gran parte del reinado de don Juan Carlos. En los años de Rodríguez Zapatero dejó de serlo. El Partido Popular, por su parte, pronto perdió un discurso coherente de catalanismo moderado y, de haberlo tenido, carecía de personalidades catalanas para comunicarlo.

La poca naturalidad, delicadeza e inteligencia que mostró el sistema bipartidista ante la muy evidente peculiaridad de lo catalán no ha de sorprender. Fue fruto de la tupida endogamia de los aparatos que controlaban los partidos y ahuyentaban a los mejores. La partitocracia ignoraba la complejidad de la política tanto como despreciaba la transparencia y desconocía cualquier requerimiento de rendir cuentas.

Junto con el problema catalán, don Felipe heredó la descomposición del sistema político que estuvo vigente en el anterior reinado. Los mimbres para regenerar la Monarquía parlamentaria inspiraban poca confianza.

CAPÍTULO 7

Los retos de Felipe VI

El ineludible punto de partida para cualquier comentario comparativo sobre los desafíos al comienzo de los reinados respectivos de Juan Carlos I y de Felipe VI es el contraste entre el estado anímico de la España de 1975 y el que se percibía en 2014. Don Juan Carlos contaba con un consenso unidireccional que señalaba los pasos que se tenían que emprender en la nueva época que él inauguró. Este acuerdo lo había forjado en gran parte el propio Rey, que se constituyó en el puente por el cual se traspasaba de la dictadura a la democracia.

Cuatro décadas después, don Felipe no pudo encauzar un acuerdo generacional por la sencilla razón de que tal consenso no existía. España no solo estaba fracturada económicamente por la Gran Recesión, sino que también lo estaba políticamente por el irresuelto problema territorial y emocionalmente por el desencuentro que había supuesto la Ley de Memoria Histórica.

Una segunda reflexión tiene que ver con la capacidad de maniobra de don Juan Carlos. Como sucesor de Franco, toda la potestad gubernativa era suya hasta que la Cortes Constituyentes que se formaron después de las elecciones de 1977 devolvieron el poder a lo que la democracia liberal llama We the People y que en España se entiende como el pueblo soberano. Don Juan Carlos, siendo jefe del Estado y comandante en jefe de la Fuerzas Armadas por la gracia de Dios y la voluntad del difunto dictador, podía hacer lo que quisiera.

Un dato muy importante y con frecuencia ignorado es que, en su testamento, Franco no hizo alusión alguna al Movimiento Nacional ni a sus Principios Fundamentales. Pidió a los españoles que rodeasen «al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido».

El Rey, sabiamente, no confió en la transferencia de cariño y de fidelidad que enunció el dictador en su lecho de muerte. Eligió hacer lo que quería la mayoría de los españoles. Se asomó al balcón, ya sin Franco a su lado, y se puso delante de la manifestación que demandaba un país políticamente normal. En aquella época esta exigencia se llamaba una «democracia a la europea».

Sin embargo, este nítido concepto de convivencia, que se refería a la que regía entre los nueve miembros de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), ya no servía como paradigma al inicio del siguiente reinado. Llegado 2014, y como consecuencia de la crisis financiera y la inmigración, el populismo nativista y el izquierdista habían convertido Europa en una noción difusa y polémica.

En 2014 don Felipe no tenía ese poder que ostentaba su padre cuando accedió al trono porque había jurado cumplir la Constitución y la Carta Magna limitaba severamente cualquier iniciativa de la Corona. Y de haber tenido el poder inicial de su antecesor, es difícil discernir qué manifestación unitaria pudo haber encabezado el nuevo rey. La Unión Europea vivía la mayor crisis existencial de su ya larga vida y nunca, desde la Segunda República, había estado España tan políticamente fragmentada.

En 2014 España era inmensamente más próspera que al comienzo del reinado de don Juan Carlos, pero, tras seis años de contracción económica, la gente sentía un empobrecimiento progresivo. Era un país muy heterogéneo, diverso y complejo, como lo es todo el que ha progresado mucho materialmente en muy poco tiempo. A la vez, era una sociedad enojada por la súbita quiebra del bienestar. Se abrían brechas sociales desconocidas para las nuevas generaciones y, sobre todo, se frustraban las aspiraciones de ascender la escala social.

La España de 1975 era mucho más pobre, pero desde hacía tres lustros lo iba siendo, año tras año, cada vez menos. A partir de 1960 y de los planes de desarrollo del franquismo, los anhelos consumistas de los españoles se iban cumpliendo. En este sentido era una sociedad más optimista y, por lo tanto, menos complicada. Era más homogénea y más disciplinada porque cuarenta años de política autoritaria habían hecho mella, y estaba acostumbrada a convivir con el liderazgo.

En 1975 el Rey tenía mucha prédica, en primer lugar, sobre aquellos que hicieron meritorias carreras en el Régimen y que ya ocupaban puestos de responsabilidad en su organigrama. Éstos, que eran los primeros en entender que no podía haber franquismo sin Franco, tenían, por formación, una gran lealtad al mando y se pusieron a las órdenes del sucesor del dictador.

Los llamados jóvenes reformistas del Régimen no habían sido demócratas, pero por razones generacionales estuvieron a favor de la reconciliación. Colaboraron decisivamente con el aperturismo porque era la estrategia que había elegido don Juan Carlos y, también, porque era la suya. No les costó convertirse a la democracia representativa y no les causaba ningún problema enterrar la dictadura.

El Monarca tenía también una incuestionable influencia sobre la oposición moderada, y generalmente tolerada, al franquismo que estaba compuesta por las elites de las profesiones liberales. Hubo una coincidencia total en el deseo de normalizar políticamente España y modernizar su sociedad. No se podía esperar otra cosa de quienes habían viajado, hablaban idiomas y habían cursado estudios en el extranjero. El franquismo les avergonzaba. La meta era una Monarquía parlamentaria y la incorporación a Europa. La ruta hacia ella era don Juan Carlos y entendieron, de una manera instintiva, que el Rey heredaba el liberalismo de don Juan y que repudiaba el totalitarismo de Franco.

Por último, en los últimos meses de la vida de Franco y en los primeros de su reinado, don Juan Carlos se ganó a pulso la confianza de la izquierda que estaba proscrita por el Régimen. Fue un proselitismo difícil y el futuro rey acudió a discretos interlocutores de su máxima confianza para facilitar su labor. El Partido Comunista, el Partido Socialista y las demás organizaciones de distinta vinculación al marxismo y a la socialdemocracia, además de las nacionalistas, no tenían motivos para confiar en el sucesor de Franco.

Don Juan Carlos tuvo que razonar con la oposición clandestina a base de promesas, primero, y de hechos, después. En su esencia fue una transacción muy sencilla: «Vosotros tendréis amnistía y legalidad y yo seguiré en la jefatura del Estado porque seré la garantía de vuestro lugar al sol». Y los sucesores de la Segunda República que derribó Franco pactaron con la Monarquía que instauró el franquismo.

Ante el derrumbamiento electoral de los partidos dinásticos y el auge del independentismo en Cataluña, bien podía ansiar don Felipe la autoridad, la ejemplaridad y la capacidad de persuasión que ejerció su padre en la Transición. Y envidiar cómo entonces todos los españoles se dirigían unidos por la vía de la reconciliación y de la recuperación de los derechos civiles.

Sin embargo, nada de aquello estaba escrito cuando el 22 de julio de 1969 don Juan Carlos, habiendo sobrepasado la barrera de los treinta años que imponía el orden sucesorio del Régimen, juró ante Franco y las bancadas de las Cortes orgánicas ser fiel a los Principios del Movimiento como sucesor del caudillo a título de rey.

Aquel juramento causó una ruptura entre don Juan Carlos y su padre, don Juan, el legítimo heredero de la Corona, que tardó años en soldarse. Y tuvo lugar cuando el mismo Régimen comenzaba a perder su faz de inexpugnable fortaleza. Proliferaban protestas obreras y estudiantiles, se agravaban las relaciones con la Iglesia católica, ministros «azules», fieles al Movimiento, discrepaban con los que pertenecían a la órbita del Opus Dei, y los altos estamentos del franquismo se dividían entre quienes eran algo aperturistas y quienes no lo eran nada.

Muy distinto fue el contexto en el cual don Felipe, como príncipe de Asturias y heredero de la Corona, juró lealtad a la Constitución y al Rey al cumplir los dieciocho años el 30 de enero de 1986. Realizó el juramento ante el presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, que era miembro del PSOE, la fuerza política hegemónica en España desde las elecciones de 1982.

El prolongado aplauso que recibió don Felipe desde las bancadas de las Cortes democráticas duró tanto como el que acogió a don Juan Carlos en el hemiciclo franquista diecisiete años antes. Y tuvo la misma intensidad. La diferencia era la que media entre un periodo histórico que finalizaba y otro que acababa de comenzar. En 1969 le quedaban seis años al régimen del Partido Único y en 1986 la Constitución de «todos» no había cumplido diez.

La diferencia era en gran medida anímica. La incertidumbre que acompañó la jura de la lealtad al franquismo por don Juan Carlos se fue disipando cuando asumió la jefatura del Estado y, al jurar su heredero la Constitución, el horizonte de España aparentaba estar despejado para la Monarquía parlamentaria. El 1 de enero de 1986 España ingresó en la Comunidad Económica Europea y el 22 de junio Felipe González revalidó su cómoda mayoría en lo que serían las terceras elecciones del periodo constitucional. Al convertirse don Felipe oficialmente en sucesor del Reino en 1986, se diría que España era un Estado sólido que gozaba de una insultante salud y autoestima.

Lo que ocurre es que los renglones torcidos inciden siempre en lo que parece rectilíneo, y lo mismo sucede al revés. Las polémicas internas que acompañaron la decadencia del Régimen en el tardofranquismo se esfumaron con la muerte del dictador y la restauración de la Corona. Por contra, lo que se fue dilapidando a finales del reinado de don Juan Carlos fue el consenso entre la clase política que había hecho posible en 1978 el nuevo orden constitucional.

La ironía que muestra la comparación entre el solemne acto de 1969 y el de 1986 es bastante evidente. Al heredar la Corona veintiocho años después de su juramento como sucesor dinástico de una Monarquía constitucional ante un Parlamento democrático, don Felipe se enfrentó a un contexto mucho más difícil que el que conoció don Juan Carlos al asumir la jefatura del Estado seis años después de su jura como heredero de Franco en las Cortes orgánicas. En la España de 2014 había desaparecido cualquier sugestivo proyecto de vida en común que pudo existir cuatro décadas antes. El nuevo reinado tenía ante sí un cruce de caminos.

Quien expresó con claridad los retos que le aguardaban a don Felipe fue el propio don Juan Carlos en lo que sería su último mensaje de Navidad en la Nochebuena de 2013. Comenzó reconociendo el desaliento que habían provocado entre los españoles «los efectos de una crisis económica y financiera de una duración y magnitud desconocidas en la historia reciente de la Unión Europea» y aludió con clara preocupación a cómo «los casos de falta de ejemplaridad en la vida pública han afectado al prestigio de la política y de las instituciones».

Don Juan Carlos reconoció también que «la sociedad española reclama hoy un profundo cambio de actitud y un compromiso ético en todos los ámbitos de la vida política, económica y social que satisfaga las exigencias imprescindibles en una democracia». Por ello, invitó a las fuerzas políticas a que, «sin renunciar a sus ideas, superen sus diferencias para llegar a acuerdos que a todos beneficien y que hagan posibles las reformas necesarias para afrontar un futuro marcado por la prosperidad, la justicia y la igualdad de oportunidades para todos».

El Rey no sabía que éste sería su último mensaje navideño, y si lo sabía, evidentemente no lo iba a decir en la tradicional retransmisión de Nochebuena. Por el contrario, dijo que continuaría «estimulando la convivencia cívica, en el desempeño fiel del mandato y las competencias que me atribuye el orden constitucional» y que asumía «las exigencias de ejemplaridad y transparencia que hoy reclama la sociedad». A los seis meses anunció su abdicación.

En su mensaje del 24 de diciembre de 2013, el Rey mencionó los dos principales problemas que de una manera creciente inquietaban sobremanera a los españoles según las encuestas de la opinión pública que divulga el CIS: el paro que había generado la crisis económica y la corrupción. Y cuando abogó por profundos cambios en los comportamientos políticos dijo lo que todos demandaban.

En su última aparición pública en el balcón principal del Palacio de Oriente el 1 de octubre de 1975, Franco habló en su discurso de la «conspiración judeomasónica y marxista» que amenazaba España. Don Juan Carlos, entonces príncipe de España, que estaba a su izquierda con expresión impenetrable, sabía muy bien que España tenía muchas amenazas, pero que esta conjura, el demonio particular del dictador, no era una de ellas.

Pasados casi cuarenta años y en su último mensaje navideño Juan Carlos I acertó plenamente al relatar los desafíos que España tenía ante sí. Lo que legó a su sucesor fue un memorial de agravios. En los últimos años de su reinado, y a partir del crack financiero de 2008, los retos eran inapelables, como también era imposible que el Rey los superase.

El 6 de enero de 2014 don Juan Carlos presidió por última vez la ceremonia anual de la Pascua Militar, y su mermado estado físico fue evidente a lo largo del acto. Se sirvió de muletas para mantenerse de pie, balbuceó, hizo pausas intensas para coger aire y acabó su discurso a duras penas.

Según fuentes de la Casa Real, la víspera, fecha de su cumpleaños, el Rey había tomado la decisión de abdicar. Sea esto cierto o no, lo normal hubiera sido que, a partir de la Pascua Militar, consejeros leales e íntegros de don Juan Carlos comenzasen a pedirle respetuosamente que renunciase a la corona a favor de don Felipe. Aludirían a su estado físico, pero los motivos de su petición serían políticos y estarían apegados a la validez de la institución monárquica.

El razonamiento de la dolorosa petición era que la profunda regeneración que requería España sólo la podía pilotar el príncipe de Asturias, como en su día había hecho él cuando fue el «motor del cambio» en la Transición. Era urgente un nuevo consenso, anclado en la accountability, la rendición de cuentas, de los cargos electos que devolviese la legitimidad al sistema parlamentario.

Se requería para ello el mismo impulso real que había avanzado la agenda democrática en la Transición. Lo que encabezaba la agenda de cuantos preclaros reformistas existían al final del reinado de don Juan Carlos era una nueva ley electoral, y esto era lo último que querían los partidos dinásticos.

El sistema de listas cerradas uniprovinciales y de un voto proporcional, pero ponderado para facilitar mayorías, que se adoptó para las elecciones de 1977 a las Cortes Constituyentes fue perfecto para los fines de estabilidad que requería la Transición, pero con el tiempo había dado lugar a una renqueante y extractiva partitocracia. La puesta a punto del sistema, por lo tanto, pasaba por la articulación de nuevas normas que convirtiesen a los cargos electos en responsables ante sus votantes en lugar de con el aparato partidista.

Otro argumento de la misma capital importancia fue que solamente una Corona revigorizada podía sentar las bases de un nuevo acuerdo territorial. Esto era perentorio porque desde la promulgación de la Constitución de 1978 los hechos diferenciales entre comunidades no habían hecho más que acentuarse.

Al comenzar 2014, Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, ya tenía en mente una consulta popular sobre el futuro político de Cataluña que se celebraría el 9 de noviembre de ese mismo año. En adelante, el «derecho a decidir» y la convocatoria de un referéndum para establecer la República de Cataluña sería una constante en la región que representaba la quinta parte de la riqueza nacional.

Tales razonamientos en torno al necesario «impulso real» eran arte y parte del concepto de la «utilidad» de la Corona como justificación de la institución, y esta noción estaba, a su vez, unida a la percepción de quien la encarnaba. En última instancia, la razón de mayor peso para aconsejar la abdicación era que, según las encuestas de opinión, don Felipe gozaba de una mayor estima que don Juan Carlos. Por lo tanto, en una sociedad que valoraba solamente en lo justo la función de la Monarquía, el heredero de la Corona podía ser más «útil» para la institución que su actual titular.

La valoración del Rey había disminuido muy notablemente, aunque superaba, cosa no demasiado difícil, a la de los políticos. Lo llamativo, sin embargo, era que la popularidad de don Felipe crecía y que, a partir de la nefasta y accidentada cacería de elefantes en Botsuana, mejoraba con holgura la de su padre. Esto sugería que, en aquel momento, seguía existiendo una cierta expectativa de que, con un relevo generacional, la Corona podría recuperar un papel integrador e ilusionante.

Según pasaba el tiempo, aumentaban el ruido y la furia, y crecía la complejidad de la tarea que don Felipe tendría por delante. Pero cada vez estaba más claro cómo debería afrontar los retos. El nuevo rey tenía que apelar a la conducta ética y mostrar mucha ejemplaridad. Lo que no estaba claro era si sería escuchado.

Ambos retos los tenía muy presentes el príncipe de Asturias cuando, por fin, se convirtió en Felipe VI. De ellos habló cuando, a lo largo de veinticinco minutos, se dirigió a las Cortes Generales reunidas en el Congreso de los Diputados y a los presidentes autonómicos que ocupaban las tribunas de invitados en el hemiciclo. El día anterior, Juan Carlos I había sancionado en el Palacio Real la ley orgánica que hacía efectiva su abdicación. En su discurso con motivo de su proclamación como rey, Felipe VI fue desgranando una «Monarquía parlamentaria renovada para un tiempo nuevo».

De hecho, don Felipe no se dirigía a los próceres políticos reunidos. Hablaba al pueblo español. Don Juan Carlos hizo exactamente lo mismo cuando en la fría jornada del 22 de noviembre de 1975 pronunció su discurso de proclamación como jefe del Estado antes las Cortes orgánicas del franquismo. Quien entonces tomaba el relevo del dictador dijo que daba por iniciada «una nueva etapa de la historia de España» cuyo eje sería «un efectivo consenso de concordia nacional».

En ambas tomas de posesión cada monarca enunció lo que los españoles se decían unos a otros. La sucesión, en los dos casos, marcaba el momento de una transformación a mejor porque era la oportunidad para elaborar estrategias de acuerdo con los tiempos.

El deseo de cambio, de una profunda reforma o de una ruptura pactada, dominaba la conversación en 1975. Surgió de nuevo en 2014 y la irrupción de nuevos partidos «insurgentes» le dieron forma y contenido. El anuncio de un impulso para realizar el cambio era lo que todos querían escuchar. Cuando los discursos reales incluían sendos avisos a la clase política, mejor todavía.

Al iniciar su reinado, don Juan Carlos se refirió a la necesidad de efectuar «perfeccionamientos profundos» con el fin de alcanzar «una sociedad libre y moderna» que permitiese «la participación de todos en los foros de decisión». Al comenzar el suyo, don Felipe pidió la revitalización de las instituciones y el fortalecimiento de la cultura democrática.

Felipe VI dijo que «todo tiempo tiene sus propios retos» y exigió «un profundo cambio en muchas mentalidades y actitudes». Los elementos cruciales para recuperar la confianza en las instituciones democráticas tenían que ver con comportamientos y el Rey habló de civismo, tolerancia, ejemplaridad y honestidad. Había que estar, con transparencia y sentido de responsabilidad, a la altura del siglo XXI.

Llama la atención cómo, tras la muerte de Franco, don Juan Carlos se anticipaba a la llegada de la democracia mientras que don Felipe, tras la abdicación de su padre, dio un paso más. El nuevo rey vino a decir que no bastaba con el marco formal de partidos y elecciones. La democracia tenía que ir acompañada por una conducta ética. Era una manera suave de decir que, después de la aprobación de la Constitución y de diez legislaturas, el sistema representativo carecía de comportamientos honestos y decorosos. Don Felipe dijo educadamente, pero con mucha claridad, que se echaba en falta un proceder íntegro por parte de la clase política.

Ciertamente, hacia finales de su reinado, don Juan Carlos fue incorporando a sus discursos su preocupación por la moralidad en la vida pública. No podía ser de otra manera. Lo que dijo don Felipe a las Cortes Generales ya lo había dicho don Juan Carlos en su mensaje navideño seis meses antes, cuando habló de cómo la falta de ejemplaridad en la vida pública había afectado al prestigio de la política y de las instituciones.

Hubo, también, simetría y continuidad en el mensaje real sobre los estragos de la Gran Recesión. Don Juan Carlos habló del «desaliento» en la que sería su última intervención en Nochebuena, y en su discurso de proclamación, don Felipe expresó su «cercanía y solidaridad con los golpeados en su dignidad por la crisis». Las frases, tan parecidas, del que pronto sería Rey emérito y de su sucesor eran obligadas y la única diferencia entre ellas era la recepción del mensaje por parte del público objetivo que era el pueblo español.

La preocupación, enunciada por don Felipe, podía ser percibida como más genuina. Al fin y al cabo, no se le conocía afición por cazar elefantes. Lo que se ha de subrayar, en todo caso, es cómo ambos monarcas se sentían obligados a regañar a la clase política.

De la misma manera, don Juan Carlos nunca eludió el tema territorial y se refirió a ello con creciente inquietud en los últimos años de su reinado. Al ser proclamado rey, en diciembre de 1975, utilizó frases algo manidas cuando dijo que «las peculiaridades regionales» eran la «expresión de la diversidad de los pueblos que constituyen la sagrada realidad de España». Puede que en aquel momento no pudiese decir más. Casi cuarenta años después, su sucesor introdujo más contenido al tema en su discurso de proclamación. Don Felipe pidió especial respeto por el patrimonio de las lenguas.

En el juego de la unidad y de la diversidad, don Felipe dijo que cabían distintas formas de sentirse español. Y, para que todos le entendiesen, mencionó a Antonio Machado, al poeta Gabriel Aresti, que escribió en euskera, a Salvador Espriu, que lo hizo en catalán, y al polifacético Alfonso Castelao, uno de los padres del galleguismo que se exiló después de la Guerra Civil.

El discurso nacionalista se había vuelto arisco durante el reinado de Juan Carlos I, y don Felipe quiso quitarle hierro apelando directamente a los sentimientos. Remató sus palabras con elegancia y naturalidad dando las gracias en castellano, catalán, gallego y euskera. Que se recuerde, ningún dirigente en la política nacional había reconocido así el plurilingüismo de España. Quizás fuese lo que más retuvo el público objetivo de las primeras palabras de don Felipe como rey.

Una lectura atenta de los dos discursos de inicio de reinado enriquece la reflexión sobre la Monarquía que pretenden desarrollar éste y el anterior capítulo. Lo más importante de lo que dijeron don Juan Carlos y don Felipe tuvo que ver con lo que la Corona podía ofrecer a España.

En esto, la armonía fue total. Ambos repitieron que el Monarca ha de ser «Rey de todos los españoles», que lo que define a la Corona es la conducta de servicio y que es en función de esta entrega, leal y ejemplar, como se ha de juzgar a la institución. Se trataba del «depósito» de la realeza que custodió don Juan, conde de Barcelona, en sus años de exilio y a él se refirieron don Juan Carlos y don Felipe. En una sociedad como la española en la cual la tentación adanista de partir de cero está siempre presente, el discurso de la permanencia de la Corona –la continuidad de los valores sin el continuismo de la persona– era novedoso.

Don Juan Carlos expresó su respeto y su gratitud por Franco, «una figura excepcional», en su discurso de proclamación antes la Cortes orgánicas, pero también rindió homenaje a su padre. Decir lo primero en ese lugar y en aquella fecha era de rigor. Decir lo segundo mostró mucho pundonor porque el 22 de diciembre de 1975 Franco seguía de cuerpo presente en el Palacio Real y don Juan era un personaje maldito para la dictadura.

Don Felipe renovó este tributo a su abuelo, que para entonces estaba enterrado, como Juan III, en el Panteón de Reyes del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Lo primordial para el conde de Barcelona era la conducta, y el nuevo rey habló de ello con mucha convicción. Don Felipe, además, citó a Cervantes: «No es un hombre más que otro si no hace más que otro».

Felipe VI repitió, seis meses después, en su primer mensaje navideño, los temas que trató en su discurso de proclamación. Entre una alocución y otra aprovechó la ocasión de la entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo, que se celebra anualmente en octubre, para ahondar en el tema que tenía más presente que cualquier otro. Habló entonces de la necesidad de tener referencias morales que admirar, principios éticos que reconocer y valores cívicos que preservar. Evidentemente, los galardonados por la Fundación Princesa, antes Príncipe, de Asturias eran referentes de tales valores.

En el Teatro Campoamor de Oviedo, don Felipe pidió un gran impulso colectivo. Esto lo volvió a decir el 24 de diciembre y añadió: «Necesitamos una profunda regeneración […] y en esa tarea la lucha contra la corrupción es un objetivo irrenunciable».

Afirmó que «pocos temas como éste [el de la corrupción] suscitan una opinión tan unánime». Y tenía toda la razón. Barómetro tras barómetro, las encuestas del CIS reflejaban el hastío con la corrupción. Y, a continuación, el Rey se refirió al otro gran problema que trastornaba a la ciudadanía: «Los índices de paro son todavía inaceptables y frustran las expectativas de nuestros jóvenes y de muchos más hombres y mujeres que llevan tiempo en el paro».

Y por último, en el capítulo de grandes cuestiones del Estado, Felipe VI habló del problema catalán. Lo hizo con sensibilidad: «Millones de españoles llevan, llevamos, a Cataluña en el corazón. Como también para millones de catalanes los demás españoles forman parte de su propio ser. Por eso me duele y me preocupa que se puedan producir fracturas emocionales, desafectos o rechazos entre familias, amigos o ciudadanos».

Para don Felipe «nadie en España es hoy adversario de nadie». Tristemente, en agosto de 2017 pudo comprobar como testigo directo en el paseo de Gràcia de Barcelona cómo los hooligans del soberanismo no le consideraban adversario, sino enemigo.

Don Felipe tenía un claro diseño de liderazgo cuando sucedió a su padre y un plan de actuaciones para explicarlo. Ejerció la ejemplaridad reduciendo el presupuesto de la Casa Real e introduciendo transparencia a sus cuentas. Puso la ética en la vida pública en el centro de sus discursos institucionales. Viajó cuanto pudo a Cataluña y ahí habló en catalán. ¿Con ello se salvaba la Monarquía parlamentaria?

La cuestión era que la conducta y el decoro del nuevo rey podían ser ignoradas y sus palabras desoídas porque luchaba contra la gran inercia que rodeaba la percepción de la Corona en la opinión pública y en la publicada. El inconveniente que tenía ante sí era la baja credibilidad de la institución. Y su mayor problema era que lo que realmente interesaba del entorno del Rey era la causa instruida contra su hermana, la infanta Cristina, y su cuñado, Iñaki Urdangarín.

El paso del tiempo puede que permita la apreciación de que don Felipe hizo un verdadero esfuerzo al comienzo de su reinado, al igual que lo hizo don Juan Carlos en el inicio del suyo, para influir en el curso político y, a la vez, consolidar la institución que representaba. La diferencia, como ha quedado apuntado, es que su padre lo pudo hacer, mientras que él, con las limitaciones que imponía la Constitución sobre la capacidad de actuación de la Corona y el tsunami socio-político que causó la crisis económica, no.

Se entenderá, también, cómo ambos reinados tuvieron que hacer frente a un monarquismo, entendido como valoración de la institución de la Corona, de bajo nivel y de poco calado en la sociedad española. El aprecio por la persona de don Juan Carlos, muy alto durante mucho tiempo y bajo al final, y la positiva evaluación personal de don Felipe y de la reina Letizia al comienzo del nuevo reinado no consiguieron, necesariamente, que la Corona, como institución, se calificase como beneficiosa y necesaria.

La fatalidad fue que nunca hubo un especial interés por parte de las demás instituciones del Estado en dotarla de relevancia. La despreocupación por la Corona no era sorprendente. Reflejaba, a nivel oficial, la inercia de la sociedad.

En términos generales, en España se cuida mal el jardín patrio. O se hace propaganda chusca, narcisista y excluyente, como sucedió en el franquismo, o se evitan emblemas y narrativas nacionales, como ocurrió en la Transición, por complejos acumulados y el deseo de no herir susceptibilidades. Por no tener, el himno del jardín patrio no tenía ni letra.

Al jardín se lo nutre a golpe de azada para airear la tierra y con el compost, creado por los frutos que la tierra ya dio, que se va añadiendo a lo largo del año. Se eliminan las malas hierbas y se riega con esmero toda nueva plantación. Se poda para conseguir un crecimiento saludable y se arrancan los chupones. La Monarquía parlamentaria no tuvo estos cuidados.

A la muerte de Franco se consensuó el plan de la parcela, llámesele la Constitución, y, al creer que esto bastaba, se hizo poco más. No se atendió al jardín. No se veló por la educación de la polis con la regulación, por ejemplo, de una clara separación de poderes para controlar y vigilar la potestad que ejercía el Gobierno.

Una muestra de la desidia fue el parco Título II de la Constitución, que es el que se refiere a la Corona. En él no se desarrolló normativa alguna relativa a su «útil» funcionamiento más allá de que simboliza «la unidad y la permanencia» del Estado, que «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones» y que asume la «más alta representación» de España en las relaciones internacionales. Tales formularios pueden decir mucho y, a la vez, no decir nada.

La Constitución que se aprobó por referéndum el 6 de diciembre de 1978 y que sancionó don Juan Carlos afirmaba que la persona del rey de España era inviolable, pero hasta mucho después no se extendió esta condición al consorte del Monarca y a su heredero. Parecida dejadez ocurrió con la aseveración de que «las abdicaciones y renuncias […] en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica». Tal ley se aprobó, de prisa y corriendo, cuando don Juan Carlos ya había anunciado su decisión de abdicar.

Las lagunas que evidenció el Título II no deberían sorprender excesivamente. La Monarquía parlamentaria ni animó debates sobre principios e ideas ni fomentó entusiasmos por símbolos unitarios. Era bastante normal, por lo tanto, que no se dotase a la Corona, que como jefatura del Estado hereditaria es una aporía, de una noción de que se escapa de lo racional, de un mínimo de misterio, de majestuosidad y de relato atractivo. Bastó con el juancarlismo y esto, que fue obra del primer titular de la Corona restaurada, no tenía por qué ser perdurable y, en todo caso, como todo lo que crea una personalidad única, no era transferible.

A Felipe VI le hubiera venido muy bien un reducido Consejo privado, compuesto por individuos muy probos, para orientarle en su función constitucional de moderar las instituciones. Tal órgano, que por descontado no está contemplado en el Título II de la Constitución, le podría haber aconsejado valiosamente cuando se complicó tan enrevesadamente la investidura de un presidente del Gobierno a partir del resultado de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, las primeras de su reinado. La oportunidad de tal Consejo de notables se hizo evidente cuando el hundimiento de los partidos dinásticos puso al nuevo rey en el centro mismo de un problema político de máxima envergadura.

Según la Constitución, después de cada renovación del Congreso de los Diputados el Monarca, previa consulta con los dirigentes de los partidos con representación parlamentaria, propone al presidente del Congreso un candidato a la presidencia del Gobierno. La contrariedad surge cuando, debido al fraccionamiento del Parlamento, ningún candidato es capaz de obtener la confianza de la cámara legislativa. Y el problema aumenta de grado cuando la Corona carece de un asesoramiento institucionalizado para resolverlo.

En teoría, el jefe del Estado puede proponer al presidente del Congreso de los Diputados a quien quiera como candidato a la presidencia del Gobierno. La Constitución no dice que tiene que ser el líder del partido más votado. Ni siquiera que debe ser un cargo electo. Lo único que requiere un candidato propuesto por el Rey para acceder al Palacio de la Moncloa es obtener el apoyo de una mayoría de los diputados –176 votos– o una mayoría simple en una segunda votación celebrada en el hemiciclo a los dos días de la primera.

Esta facultad la suele tener también el presidente de una república parlamentaria y la ejerció en noviembre de 2011 el de Italia, Giorgio Napolitano, cuando Silvio Berlusconi dimitió como presidente del Gobierno en plena crisis de la deuda soberana europea. Napolitano encargó la formación de un Gobierno al tecnócrata independiente Mario Monti, que seguidamente obtuvo el necesario voto de confianza por parte de ambas cámaras legislativas.

En la práctica, sin embargo, el rey de España no puede ejercer tal preferencia. Esto se debe a cómo abusó de ella Alfonso XIII, cuya intervención directa en el cese y nombramiento de presidentes del Gobierno se dio a conocer peyorativamente como «borboneo».

Además, esa facultad estaba de hecho vetada como «golpista», como consecuencia del criminal uso de la Corona que quiso hacer el general Alfonso Armada en la noche del 23 de febrero de 1981 cuando el Congreso de los Diputados era rehén del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. Armada, cuya trayectoria profesional estaba muy vinculada a la Corona, esperaba ser propuesto como presidente de un Gobierno de concentración y de salvación nacional a instancias del Rey y ser refrendado por los diputados que se escondían de los golpistas tras las bancadas del hemiciclo secuestrado.

En cualquier caso, la Corona nunca tuvo que recurrir a esta teórica facultad a lo largo del reinado de don Juan Carlos debido al funcionamiento del sistema bipartidista. No fue nada complicado celebrar consultas y proponer como candidato al líder del partido dinástico vencedor en los comicios. Don Juan Carlos no tuvo que mediar y arbitrar en la búsqueda de consensos políticos que permitiesen la creación de gobiernos de coalición. Celebradas las elecciones del 20 de diciembre de 2015, don Felipe sí tuvo que hacerlo. Estaba constitucionalmente obligado a ello.

El problema que se le planteó a Felipe VI fue especialmente complicado por tres razones. La primera fue que en España no había experiencia alguna de un Gobierno de coalición a nivel nacional, y los acuerdos de gobierno a nivel autonómico y local entre tres y hasta cinco partidos distaban mucho de ser satisfactorios. A nivel nacional, y esta fue la segunda razón, la ambición y la vanidad de cada uno de los líderes políticos, y el desprecio y la desconfianza mutua que se profesaban, hacía imposible que cualquiera de ellos diese un paso atrás, o adelante, ni siquiera de manera transitoria, en beneficio de una gobernabilidad para todos.

La tercera razón era que don Felipe, al estar severamente limitada su capacidad de maniobra por la Constitución, no pudo actuar como lo hizo don Juan Carlos en la etapa preconstitucional al principio de su reinado. Como rey, y al igual que don Juan Carlos, Felipe VI tenía un papel no escrito en la Constitución que le permitía aconsejar, advertir y animar a los políticos de turno. Pero, precisamente por no estar reconocida esta atribución, negro sobre blanco, los políticos de la Monarquía parlamentaria no tenían que hacerle caso al Monarca constitucional. Y no se lo hicieron.

Ambos monarcas, Juan Carlos I y Felipe VI, se encontraron ante una situación de bloqueo al llegar a la jefatura del Estado. El primero lo pudo resolver con mucho éxito y, al hacerlo, consolidó la «utilidad» de la institución que representaba. El segundo lo tuvo mucho más difícil. La Monarquía parlamentaria se encalló y la Corona sufrió los inevitables daños colaterales de la parálisis institucional.

Don Juan Carlos había heredado como presidente del Gobierno a Carlos Arias Navarro, hombre muy conservador, totalmente leal al régimen anterior, extremadamente reacio a democratizarlo y nada popular. Al año y medio de su proclamación como rey, don Felipe tropezó con el muy serio obstáculo de un Parlamento fragmentado. Mariano Rajoy, que era el presidente del Gobierno cuando Felipe VI accedió a la jefatura del Estado, había perdido 63 escaños y carecía de una mayoría para renovar su mandato. Era una situación sin precedentes en la Monarquía parlamentaria que recordaba el callejón sin salida de la etapa preconstitucional.

El 1 de julio de 1976, don Juan Carlos obtuvo la dimisión de Arias Navarro y nombró en su lugar a Adolfo Suarez, que estaba dispuesto a introducir la Ley para la Reforma Política que haría posible la legalización de los partidos políticos y la celebración de elecciones a unas Cortes Constituyentes. ¿Pudo don Felipe haber actuado de una manera contundente ante el bloqueo político que se manifestó en las primeras elecciones de su reinado?

El 22 de enero de 2016, al mes de conocerse los resultados de las primeras elecciones y a la semana de haber sido constituida la Mesa del Congreso de los Diputados y elegido el presidente del hemiciclo, el Rey le ofreció a Mariano Rajoy ser propuesto como candidato a la presidencia del Gobierno.

La invitación regia era lo que mandaba el protocolo constitucional, puesto que el PP que lideraba Rajoy fue el que más votos obtuvo en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y tenía 33 diputados más que el PSOE, que había quedado en segundo lugar. Sin embargo, Rajoy declinó la oferta aduciendo que no contaba con los suficientes apoyos parlamentarios para sacar adelante su investidura.

El rechazo de Rajoy, cercano a un delito de lesa majestad, no tenía precedentes y creó una situación muy embarazosa tanto para el Monarca como para él mismo. Lo procedente por parte de Rajoy, dado el reglamento constitucional, era buscar acuerdos parlamentarios para constituir un Gobierno y, en el caso de no lograrlos, dimitir con el fin de que otro representante del Partido Popular, con mayor capacidad de diálogo con otras fuerzas políticas, lograse negociar un Gobierno de coalición. Lo no procedente era rehusar de antemano el encargo real.

La respuesta de don Felipe al plantón de Rajoy dio paso a una prolongada incertidumbre. A los diez días, propuso a Pedro Sánchez, líder del PSOE, como candidato a ser investido presidente del Gobierno.

La propuesta era conforme con la Constitución, puesto que el Rey puede designar a quien quiera para el cargo, y tenía su lógica: si el líder del primer partido parlamentario renuncia a formar Gobierno, que lo intente el político que lidera el segundo. Pero era una propuesta disparatada porque estaba abocada al fracaso. Con la norma de «filtros» no se hubiera hecho sin antes haber obtenido garantías de que fuese exitosa.

Sánchez perdió ampliamente en las dos sesiones de investidura celebradas a comienzos de marzo y se convirtió en el primer candidato a la presidencia del Gobierno que no lograba la confianza del Congreso, ni siquiera por mayoría simple.

El Rey optó, entonces, por no proponer a más candidatos y dejó correr el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura que marca la Constitución para disolver las Cortes. Don Felipe ejecutó este mandato el 3 de mayo, cayó el telón sobre la nonata XI legislatura y se convocaron las segundas elecciones generales de su reinado para el 26 de junio.

A la vista de que el cómodo arreglo del bipartidismo en España ha pasado a la historia, una de las grandes lecciones de la nefasta crisis institucional de 2016 es que se ha de revisar sustancialmente la Constitución en lo referente al papel del Rey en la renovación, mediante elecciones generales, del Congreso de los Diputados.

La Corona, al estar por encima de la política y ajena a ella, no puede estar directamente involucrada en el éxito o en el fracaso de una votación de investidura a la presidencia del Gobierno. La reputación de la Corona no ha de estar a merced de la prudente aprensión o de la insensata ambición de un líder político o de otro.

Para cumplir con su papel mediador y de arbitraje, la Corona ha de contar con las herramientas constitucionales para hacerlo. Ha de poder pegar un puñetazo en la mesa y decirle, por poner un ejemplo, a Mariano Rajoy el 22 de enero de 2016 que se presente a la votación de investidura o que dimita y se aleje de la vida pública. Y esta potestad ha de ser entendida y aplaudida por la ciudadanía.

De la misma manera, el Rey no ha de proponer como candidato a un político como Pedro Sánchez, por poner otro ejemplo, sin antes obtener la total seguridad de que saldrá airoso al pedir la confianza del hemiciclo.

Es difícil que una jefatura hereditaria del Estado posea de manera reconocida tales poderes ejecutivos. Los podrá tener el presidente de una república parlamentaria, pero no el Rey en una Monarquía parlamentaria contemporánea. Por ello, a lo largo de la crisis institucional, se habló en mentideros ilustrados de lo conveniente que sería la figura de un «facilitador» que, actuando entre el Palacio Real y el hemiciclo de la legislatura, mediase entre los dirigentes de los partidos con representación parlamentaria y la figura del Rey.

Una enmienda constitucional podría introducir sin esfuerzo esta figura intermediaria y dotarla de capacidad negociadora efectiva. Existen ejemplos de ella en las monarquías parlamentarias de Bélgica y de Holanda, donde, por norma, los gobiernos, tras arduas transacciones, son de coalición. Siguiendo ese ejemplo, en España habría consultas previas para cimentar acuerdos políticos antes de celebrarse las definitivas, conducidas por la Corona. De esta manera se aseguraría la propuesta, sin sorpresas, de un candidato a la presidencia del Gobierno.

Cualquier comentario comparativo entre los retos al inicio de los reinados de don Juan Carlos y de don Felipe lleva a la inexorable conclusión de que los del segundo fueron mayores. Se puede culpar al desmerecimiento de la Corona a causa de la cacería de Botsuana y al caso Nóos, al descrédito de la clase política como consecuencia de la corrupción sistémica en la Administración Pública y a la ruina de tanto patrimonio familiar que produjo la Gran Recesión. La combinación constituía la tormenta perfecta, y el ruido y la furia estaban a la orden del día cuando Felipe VI fue proclamado rey.

Al contrastar el comienzo de los dos reinados es llamativa la complicidad que don Juan Carlos supo establecer con los políticos de la Transición y la ausencia de tal convivencia por parte de don Felipe en el inicio del verano de 2014. Esto tiene una explicación muy obvia: don Juan Carlos quería crear una Monarquía parlamentaria y esto requería su activa participación para eliminar obstáculos a la reforma política y una estrecha colaboración con las Cortes Constituyentes. Por contra, don Felipe heredó una Corona constitucional que, por su propia naturaleza, estaba distante del quehacer diario de la política.

El alejamiento de las vanidades y de las ambiciones de los cargos electos, y también de sus miserias, es, desde luego, muy recomendable como medida preventiva de autopreservación y es lo que caracteriza una Monarquía bien asentada en un régimen parlamentario estable. Sin embargo, pone a la institución en inferioridad de condiciones cuando su consolidación es una obra en curso.

La complejidad del funcionamiento de la Corona en España es que ni puede ni debe ni quiere inmiscuirse en la gobernabilidad del Estado, pero que, a la vez, ha de mostrarse continuamente útil y relevante. El espíritu de la Monarquía parlamentaria es que el titular de la Corona reina, pero no gobierna. Sin embargo, está sobreentendido que el Monarca ha de estar plenamente informado de los asuntos del Estado, ha de poder aconsejar a los políticos y tiene el derecho a advertirles. Esto requiere un alto nivel de cercanía y de confianza mutua entre el trono y la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados.

Al año y medio del comienzo de su reinado, don Felipe se enfrentó a una crisis política de envergadura debido al inconcluso resultado de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. No pudo contar con la lealtad de los partidos dinásticos porque, al fraccionarse el Parlamento y desaparecer cualquier atisbo de consenso, éstos ya no estaban en situación de poder garantizar estabilidad alguna. Lo peor fue que la tercera fuerza parlamentaria, prácticamente empatada con la segunda, que era el PSOE, la formaba la izquierda radical, antisistema y abiertamente republicana.

CAPÍTULO 8

La furia antisistema

Cuando Felipe VI visitó el Parlamento Europeo en Bruselas el 15 de abril de 2015 los titulares, las fotos y las crónicas de portada, las tertulias audiovisuales y la conversación en las redes sociales y en los bares se centraron en el encuentro del Rey con el líder de Podemos. Por primera vez en los anales del protocolo institucional se saludaban el titular de la Corona y el líder de un partido de la izquierda radical que rechazaba la Monarquía hereditaria. Para la historia que rima con sus renglones torcidos fue el relato de un tiempo y de uno anterior en un país distinto, de un Pablo Iglesias y de otro, y de un rey y de su descendiente.

La notoriedad del joven europarlamentario y profesor universitario Pablo Iglesias Turrión ha de ser distinguida de la aureola que rodeó en su día a Pablo Iglesias Posse, nacido en el Ferrol, que con nueve años y huérfano de padre se trasladó a pie a Madrid con su madre donde ella lavó ropa a orillas del río Manzanares y él aprendió el oficio de tipógrafo. Estudió francés en clases nocturnas para poder leer textos marxistas, y a los veintinueve años fundó el Partido Socialista Obrero Español en 1879. Pablo Iglesias, el «santo laico» del proletariado revolucionario español que fue, en 1910, el primer socialista que consiguió un escaño en el Parlamento español, murió en 1925. Nunca fue recibido por Alfonso XIII.

Sin embargo, el Pablo Iglesias contemporáneo, que no tiene familiarmente nada que ver con el «abuelo» de hace un siglo, sí pudo encontrarse con Felipe VI, bisnieto de aquel rey. Las conductas de la Corona eran tolerantes y los revolucionarios del siglo XXI no estaban excluidos de las audiencias reales. Aquel día en Bruselas, el foco estaba puesto en el europarlamentario Iglesias, que al igual que su histórico homónimo había fundado un movimiento político para derribar el orden establecido.

El líder de Podemos mostró una habilidad magistral para monopolizar la atención del acto con el original y sorprendente recurso, ante la atónita mirada de los enviados especiales, de regalarle a Don Felipe los DVD de las primeras temporadas de Juego de tronos. En aquel momento, Felipe VI bien pudo pensar en el «cuidado con los griegos que traen ofrendas» que decía el profeta en La Eneida al contemplar el caballo de Troya: vigila a quien te obsequia la serie de la televisión norteamericana que ha batido todos los récords de audiencia en la aldea global.

El asalto al protocolo que protagonizó Iglesias mostraba al menos dos cosas. Una era la banalización de la política. Se había llegado al extremo de que los episodios hollywoodenses de fantasías medievales empañadas de crueldades sádicas, de narrativas insustanciales y de porno light ilustraban comportamientos que, en la prédica de Iglesias, se adecuaban a los de un sistema constitucional. Otra era la pérdida de respeto a la Monarquía que velaba por el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. El regalo equivalía a tirar a la cabeza del soberano una tarta cremosa o un cesto de huevos podridos.

Un año antes de aquella fecha, Iglesias todavía no era miembro del hemiciclo europeo ni don Felipe era rey, pero cada uno estaba a punto de obtener su respectivo cargo. Las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014 lanzaron hacia el estrellato político al primero y provocaron la abdicación de don Juan Carlos y la proclamación como jefe del Estado del segundo. En cierta manera, eran vidas paralelas al inicio de un nuevo ciclo.

Alfonso XIII perdió su trono porque no alcanzó a comprender lo que personificaba el Pablo Iglesias de su época. Quizás podría haber evitado el destierro si hubiese llegado a un entendimiento con el Partido Socialista parecido al que logró su coetáneo Jorge V en Reino Unido con el Partido Laborista. Para mantener la Monarquía en buen pie, Felipe VI debería convivir con lo que representaba el Iglesias bis que le había salido al encuentro en Bruselas.

Decía mucho la foto fija del alto y elegante Rey junto al conscientemente desarrapado, bajito y coletudo líder del partido antisistema. Por medio estaba el pack de DVD adquirido en un Fnac de la vecindad. La imagen hablaba de un periodo de cambio que coincidía con el comienzo del nuevo reinado y con el inicio de una carrera política cimentada en el ruido y la furia.

Iglesias pudo haber declinado el encuentro con el Rey en la capital de la Unión Europea como lo hicieron los eurodiputados de Izquierda Unida (IU), Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). En estas ocasiones, lo rutinario entre quienes están instalados en la indignación con el orden establecido es dar plantón al personaje real. La Corona no va con ellos.

Sin embargo, el líder de Podemos, con la estética de los sin chaqueta y sin corbata y con el regalo bajo el brazo, hizo cola para saludar al Rey. Al hacerlo, demostró más maña mediática o sentido de oportunidad política, que suele ser lo mismo, que todos sus camaradas del rebaño radical.

El atuendo desenfadado, casual, «es nuestra estética», explicó Iglesias ese mismo día en una entrevista que concedió a New Left Review, la revista de referencia para la intelectualidad global marxista. «Es un detalle pequeño, pero representa simbólicamente el tipo de cosas que hacemos.» Ciertamente, el rechazo del protocolo era marca de la casa Podemos e ilustraba el desprecio de sus fundadores hacia el sistema.

El camino hacia el poder consiste en aprovechar circunstancias y acumular gestos para llegar a la opinión pública y obtener réditos políticos. En la jerga bolchevique, la agitación como instrumento de propaganda se conoce como agitprop. El líder de Podemos era un especialista en esta táctica, y en el Parlamento Europeo se sirvió de la audiencia real con los representantes españoles en la asamblea para lanzar un mensaje cargado de ironía y de agresividad.

Juego de tronos era una serie queridísima de Iglesias y, con frecuencia, hacía su lectura particular de ella en sus innumerables apariciones en los medios audiovisuales sabiendo que la audiencia compartía su afición por los extravagantes personajes y las singulares andanzas de la saga televisiva. Como docente universitario y buen conocedor de movimientos revolucionarios y de pistoletazos y choques en la historia, Iglesias podía hablar con soltura de Robespierre y de Lenin, pero se le entendía mejor cuando explicaba las rivalidades de los Targaryen, los Baratheon, los Stark y los Lannister en los Siete Reinos de Poniente.

Las nuevas generaciones, en particular, estaban embobadas con Juego de tronos e Iglesias convirtió los episodios de la serie en parábolas políticas. Quería transmitir a quienes le escuchaban el funcionamiento de los desequilibrios de un sistema en tiempos de cambio y la mecánica que provoca la disfuncionalidad y el eventual derrumbamiento institucional. Y cómo el triunfo pertenecía a los duros disciplinados que tenían ideas claras y carisma para comunicarlas.

Temporada tras temporada de venganzas, traiciones, codicias y lujurias, la exitosa serie televisiva explicaba que lo que estaba en juego era la crisis de un régimen porque el poder de quien ocupaba el trono, el Trono de Hierro, era frágil. Los distintos reyes jamás obraron bien, fueron siempre cuestionados e iban desapareciendo uno tras otro.

En la descreída e irritada imaginación del posmodernismo, con su lenguaje y sus modales, este juego fantástico que contaba Iglesias era muy inteligible para el público objetivo al cual quería llegar Podemos. Al entregarle los episodios, Iglesias le dijo a Felipe VI que Juego de tronos podía ser una herramienta que le ayudaría a entender lo que estaba ocurriendo en España.

La agresividad del gesto estaba sobreentendida y la ironía también, y así lo contó Iglesias a la muy sesuda New Left Review cuando le entrevistó en Bruselas después del encuentro con el Rey. La revista estaba interesadísima en Podemos como fenómeno que importaba al sur de Europa la teoría y la práctica del socialismo del siglo XXI latinoamericano. Por afinidad cultural y por largas estancias en Venezuela, Bolivia y Ecuador, Iglesias y sus camaradas eran los introductores naturales del chavismo y de la Alianza Bolivariana en las sociedades mediterráneas que habían sido machacadas por la crisis financiera.

Iglesias no defraudó a sus interlocutores. Dijo que a mediados de abril de 2015 todas las opciones estaban abiertas en España y que cualquier cosa podía ocurrir. El próximo paso era la captura por Podemos de las grandes urbes en las elecciones municipales el mes siguiente. La posterior etapa tenía como meta las elecciones generales para elegir la undécima legislatura de la etapa constitucional y consistía en la llegada de Podemos al Congreso de los Diputados formando un fuerte grupo parlamentario.

Iglesias explicó a los editores de la publicación lo que, a su juicio, don Felipe debería de haber intuido al recibir los DVD de Juego de tronos. Con su regalo, le estaba advirtiendo al Rey de la incertidumbre y la eventual quiebra política que se le venía encima debido a las profundas brechas sociales que había creado la Gran Recesión y a la putrefacción del corrupto sistema bipartidista. Felipe VI debía saber que «venía el invierno», frase que se repite a lo largo de la serie. Su gesto había sido, por lo tanto, «subversivo». Nadie se había atrevido a actuar así con el Rey.

Iglesias, siempre sonriente, dijo a los medios españoles que creía que su regalo «podía ser simpático». Lo que realmente pensaba de su ejercicio de agitprop y de los fines que deseaba obtener con su agitación propagandística se lo guardó para los lectores de la New Left Review y para sus allegados.

Podemos fue registrado como partido político el 11 de marzo de 2014 y dos meses y medio después consiguió 1.245.948 votos en las elecciones europeas, el 8% del total, y cinco escaños de los 54 que tiene asignada España en la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea.

Desde la Constitución de 1978, ningún partido había irrumpido con tanto ímpetu y de manera tan inesperada en la política española. Tampoco ningún partido había impreso la imagen de su líder en la papeleta de su lista electoral como hizo Podemos con la de Iglesias. Se votaba al telegénico de la coleta que era el perejil de tantas tertulias políticas y el frecuente trending topic de las redes sociales.

Las encuestas previas a las elecciones europeas daban a Podemos, a lo sumo, un escaño. Escrutado el voto, se situó en cuarto lugar por detrás del PP, que perdió ocho escaños, del PSOE, que perdió nueve, y de la coalición liderada por IU, que sumó cuatro escaños a los dos que tenía. Otra inequívoca muestra del creciente radicalismo, en este caso territorial, fue que la coalición soberanista catalana, L’Esquerra pel Dret a Decidir, liderada por ERC, obtuvo más de 600.000 votos y dos escaños europeos.

Un dato muy notable fue que Podemos, que venía «de la nada», se puso por delante de otros dos partidos «insurgentes» que ya tenían algo de recorrido en la lucha por hacerse con alguna presencia en el espacio electoral. Unión Progreso y Democracia (UPyD) aumentó su representación europea de uno a cuatro, y Ciudadanos (Cs), que se estrenaba en estas elecciones, obtuvo dos escaños. Con los cinco escaños que ganó, Podemos se convirtió en el vencedor moral y, desde luego, en el triunfador mediático de la jornada electoral del 25 de mayo de 2014.

Pronto se comenzó a saber más del nuevo partido. Sus líderes fundacionales eran, como Iglesias, por lo general jóvenes docentes adscritos, muchos de ellos, a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Esta base «intelectual» no es inusual en la formación de partidos políticos, sobre todo los de izquierda, y contrastaba con la clase «funcionarial» que se apropió de la partitocracia en el reinado de don Juan Carlos.

También vinieron del mundo universitario muchos de los que se adhirieron a Felipe González para renovar, o refundar, el PSOE en el tardofranquismo. Eran, entonces, jóvenes curtidos en las asambleas de facultad y estaban imbuidos por la cultura de Mayo del 68 de París. La diferencia entre los enragées de una época y de la otra es la que media entre unas sensibilidades y ambiciones políticas de un tiempo y las que florecen en los mismos ambientes del mismo país cuarenta años después.

Los felipistas fueron desprendiéndose de su marxismo, olvidaron las barricadas y querían ser parte activa del sistema de democracia representativa e influir en él. Los pablistas no estaban por la labor de reducir su ruido y de moderar su furia. Su grito era la democracia participativa «ya», y su vehemente y permanente querella estaba centrada en las transacciones de la Transición. La acción responsable de una generación de izquierdistas fue denunciada por sus descendientes en la siguiente como el ejercicio de cobardes componendas en serie.

Los rebeldes de 1974 querían democratizar España, y los indignados de 2014 querían radicalizar la democracia. Los primeros se enfrentaban a una dictadura que prohibía las libertades civiles entendidas como la libertad de partidos y de sindicatos de clase. Los segundos desafiaban una partitocracia que gobernaba para «los de arriba», ignoraba la creciente desigualdad social y no aseguraba la protección social. El mensaje «social» de Podemos era que el sistema ni defendía el derecho a un trabajo digno ni protegía a los marginados cuyas viviendas estaban amenazadas por los procesos de desahucio que había iniciado el sector bancario.

La percepción de Europa ilustraba otra brecha generacional. El bloque político-económico fue un colmo de virtudes para los demócratas de la Transición, y el gran logro del PSOE de Felipe González fue negociar la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Para la generación de Iglesias, que nació a partir de la Constitución, el bloque dirigido desde Bruselas distaba mucho de ser un paradigma de progreso y de convivencia. A partir de la Gran Recesión, la Comisión de la Unión Europea y el Banco Central Europeo estaban al servicio de los intereses del capital alemán. Por eso, una de las demandas iniciales de Podemos fue el impago de lo que llamaba la «deuda ilegal».

Esta exigencia, que venía acompañada por la afirmación de que «nos han robado», ya había sido aireada en Grecia por la coalición de partidos de extrema izquierda llamada Syriza y liderada por Alexis Tsipras, un joven y excelente comunicador radical que compartía el mismo discurso antisistema y la misma lucha contra la partitocracia, en su caso la griega, que su coetáneo Iglesias. Grecia, al igual que España, doblaba la media de desempleo de la Unión Europea, y en ambos países el paro juvenil estaba en torno al 50%.

Syriza, que fue fundada en 2004, ganó las elecciones europeas de mayo de 2014 en Grecia con el 26,6% de los votos frente al 22,7% que obtuvo Nueva Democracia, la organización de centroderecha semejante al Partido Popular que apoyaba el Gobierno de Antonis Samarás, político que guardaba parecido con Mariano Rajoy. A comienzos de 2015, Syriza ganó las elecciones generales en Grecia e Iglesias se adhirió a la campaña de Tsipras, mientras que Rajoy colaboró con la de Samarás, su colega en el Consejo Europeo y el poco carismático líder de un partido desacreditado.

Lo que consiguió el vuelco político en Atenas fue agravar aún más la crisis de la deuda griega. El Gobierno izquierdista de Tsipras tuvo que aceptar draconianas medidas de austeridad impuestas por la eurozona y acabó envainando cualquier enfrentamiento con sus acreedores. Iglesias tomó buena nota de ello y dejó de hablar de la «deuda ilegal».

Sin embargo, Podemos siguió fiel a la estrategia de política interna que habían elaborado sus camaradas helenos. Mirándose en el espejo de Syriza y de Tsipras, entendió que la presa que estaba al alcance de su mano era, como en Grecia, el socio socialdemócrata de un sistema bipartidista que había entrado en crisis terminal. Los antisistema griegos se habían llevado por delante al Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), el equivalente y el partido hermano del PSOE.

Los paralelismos entre España y Grecia, y en menor medida Portugal, eran bastante evidentes para los teóricos de una nueva izquierda radical. Los tres países inauguraron democracias a mediados de la década de 1970 y en todos ellos partidos socialdemócratas, alentados por la Comunidad Europea y la Alianza Atlántica, jugaron un papel clave en la fundación de los nuevos sistemas de libertad.

Establecieron redes clientelares, que estaban ligadas a prácticas cercanas a la corrupción o directamente implicadas en ella, al igual que sus adversarios en el centroderecha.

Cuando la Gran Recesión, treinta años después, arrasó el cómodo arreglo de las elites políticas, las pertenecientes al campo de la socialdemocracia fueron las que menos respuestas políticas tenían ante una crisis económica que reducía salarios y plantillas. Consiguientemente, los partidos de centroizquierda fueron los primeros en padecer el desafecto electoral por parte de sus votantes tradicionales. A la vez, España, Grecia y Portugal, junto con Italia, estaban en el punto de mira de Alemania y del Banco Central Europeo durante la bronca de la deuda soberana.

El enemigo a medio plazo de Podemos era el PP, que representaba sin ambages al capitalismo, a las empresas del Ibex-35 y al sector financiero que había sido rescatado con el dinero de los contribuyentes. Pero a corto plazo y en primer lugar lo era el PSOE. En su segundo mandato, José Luis Rodríguez Zapatero había traicionado a su electorado al recortar el gasto social. Antes de entregarle el poder a Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno socialista pactó con el PP una enmienda constitucional que imponía la estabilidad presupuestaria. Para la izquierda esto era la felonía suprema.

Entre las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014 y las generales del 20 de diciembre de 2015 la estrategia de Podemos se centró en retratar al PSOE como el perrito faldero del gran capital y cómplice en las políticas de austeridad que demandan los mercados internacionales. La lección que había impartido Syriza era que la crisis del régimen comenzaba con la de la socialdemocracia. A continuación caería el centroderecha.

Una acometida menor y previa a la batalla contra el PSOE era hacerse con IU, que compartía, cual alma gemela con Podemos, el mismo análisis marxista de la crisis del capitalismo e idéntica querencia comunista. Fue una OPA amistosa, en realidad una fusión por absorción, parecida a la que también consolidaron en su momento Tsipras y Syriza con los partidos de la izquierda griega. En las elecciones generales del 26 de junio de 2016, tras el fracaso de la undécima legislatura, el partido liderado por Iglesias se presentó en coalición con IU, y también con los ecologistas de Equo, como Unidos Podemos. Esto no añadió votos, de hecho el resultado fue peor que el de las elecciones generales anteriores en diciembre, pero Iglesias cerró eficazmente la puerta a cualquier competencia sectaria proveniente de una izquierda que compartía sus planteamientos radicales.

El discurso de Podemos contra el PSOE era fácil de armar y tenía mucho impacto entre los menores de treinta y cinco años, que eran las principales víctimas de la Gran Recesión. Su hilo conductor fue la apostasía socialista. El partido de los indignados obtuvo su primer trofeo de inmediato cuando Alfredo Pérez Rubalcaba dimitió como secretario general del PSOE ante los decepcionantes resultados socialistas en las mismas elecciones europeas que marcaron la irrupción de Podemos en el escenario político.

El primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008) había levantado todas las expectativas que cabía imaginar entre el público radical por su antiamericanismo y su pacifismo, por el revanchismo guerracivilista que guiaba toda interpretación de la memoria histórica, por su aumento del gasto público y por su énfasis en la ampliación de derechos de todo tipo, siendo los territoriales y los de género los más jaleados. Luego vino la decepción. Con lo que no contaba el «buenista» presidente del Gobierno era que en su segundo mandato la Gran Recesión segaría, de manera severa e implacable, las ilusiones populares que él mismo había nutrido.

El desengaño fue especialmente hiriente porque el volantazo de Rodríguez Zapatero contradecía todos los principios de los que, en la percepción de la izquierda, el líder socialista se había hecho valedor. Difícilmente se tolera que un dirigente, hasta entonces predicador incansable de políticas rompedoras, gire bruscamente 180 grados hacia las medidas ortodoxas de austeridad que impone el capital internacional. El PSOE cavó su propia fosa, y su autoinmolación, que era el indefectible resultado de muchos años de pensamiento desordenado, fue capitalizada casi sin esfuerzo por Podemos.

En el PSOE de Rodríguez Zapatero no existían, o al menos no tenían ni voz ni voto en sus órganos directivos, mentes preclaras que avisasen de los peligros que acumulaban las políticas expansivas en los días de vino y rosas, de la burbuja inmobiliaria y de la del crédito y el endeudamiento. No se desarrollaron propuestas en torno a la Tercera Vía que se acoplaba a un mercado competitivo y abierto como hizo el Partido Laborista bajo el mandato de Tony Blair o semejantes a la Agenda 2010 de reformas estructurales que ideó Gerhard Schröder para el Partido Socialdemócrata alemán.

No hubo reflexión alguna en los gobiernos de Rodríguez Zapatero sobre que el Estado del Bienestar tenía que ser, en primer lugar, sostenible. Esta dejadez, o ignorancia, doctrinal y estratégica fue lo que llevó al PSOE a la hecatombe y dejó el campo libre para el proselitismo de Podemos. El discurso de un partido antisistema se centró no en la insostenibilidad del Estado del Bienestar, sino en la del capitalismo que gestionaban los ministros de finanzas de la eurozona y el Consejo de Administración del Banco Central Europeo.

La ausencia de cualquier debate de ideas en el PSOE y, por ello, de cualquier aliento al análisis y a los estudios de prospectiva fue la consecuencia inevitable del arrogante dirigismo, de la opacidad y de la endogamia que caracterizan a un aparato político cuya principal función era repartir cargos a su fiel clientela bajo el manto protector de la partitocracia. Con el crack, el PSOE enmudeció. Era absolutamente predecible que otros levantaran la voz.

Los primeros en hacerlo fueron quienes acamparon en la madrileña Puerta del Sol el 15 de mayo de 2011 y su grito «No nos representan» estaba dirigido al PSOE. Levantaban el puño al cielo y recriminaban al dios que les había fallado. El Movimiento 15-M fue la manifestación del desencanto y del pataleo. Fue una mezcla de espontaneidad y de una rudimentaria planificación porque se sirvió de las redes sociales, al igual que lo hicieron las impresionantes, y violentas, protestas que comenzaron a principios de aquel año en la plaza Tahrir, de El Cairo, y en espacios públicos en Alejandría y demás ciudades egipcias.

El PSOE estaba tan anonadado que ni previó el Movimiento 15-M ni sacó las conclusiones pertinentes de la sorprendente movilización. Lo primero pudo ser excusable, porque tampoco Iglesias y quienes con él formarían el núcleo duro de Podemos auguraron la acampada. Para todos, la revuelta fue tan inesperada como la asonada del pueblo de Madrid en esa misma plaza el 2 de mayo de 1808. Lo segundo, la incapacidad de extraer las oportunas lecciones, no lo fue.

Antes de ser ocupado el kilómetro cero de España por una multitud indignada, Rodríguez Zapatero anunció, el 2 de abril, su decisión de no presentarse a la reelección en 2012 (la legislatura acababa en marzo de ese año) y la convocatoria de primarias para elegir a su sucesor como secretario general del partido.

En una situación de normalidad política, la decisión de retirarse de la primera línea de la vida pública habiendo cumplido dos mandatos en la presidencia del Gobierno no tiene nada de particular. Pero a los dos años y medio del comienzo de la Gran Recesión, el entorno estaba enrevesado y la decisión del líder socialista fue forzada y la implementó con irresponsabilidad.

Rodríguez Zapatero decidió quitarse de en medio porque no aguantaba más la presión de la comunidad internacional financiera, que le impedía gobernar como él quería hacerlo. Esto era muy comprensible. Pero un líder político ha de encauzar en lo posible su sucesión de una manera coherente, aunque no sea más que para salvar los muebles.

Por encima de Rodríguez Zapatero, al menos en teoría, estaba el proyecto de un partido que había gobernado España entre 1982 y 1996 y, de nuevo, entre 2004 y 2011, y que él había dirigido desde el comienzo del nuevo siglo. Rodríguez Zapatero recurrió a la absurda táctica de ponerle un patético esparadrapo a una herida abierta que desangraba a su partido.

El PSOE sangraba por la izquierda y la hemorragia era total entre los jóvenes a quienes había «dejado de representar». Sin embargo, el partido se refugió en el continuismo porque el aparato se encargó de poner a Alfredo Pérez Rubalcaba, político de la vieja guardia socialista, al frente de la Secretaría General. Lo que tenía que haber hecho Rodríguez Zapatero era convocar un congreso extraordinario para renovar el partido.

Lo que hizo la socialdemocracia española fue prolongar su estado catatónico. No era la primera vez, ni sería la última, que los mandos de un partido dinástico del reinado de don Juan Carlos optasen por el inmovilismo.

Quienes sí tomaron buena nota de lo que significaba el 15-M fueron Iglesias y sus colegas de universidad, que, al igual que él, estaban volcados en el estudio de procesos revolucionarios y, en particular, del populismo de izquierdas latinoamericano. Para su sorpresa y gozo, esta misma fermentación y agitación social que investigaban en el Caribe y en los países andinos la tenían, literalmente, a la puerta de su casa, en el centro de Madrid.

La revuelta en la Puerta del Sol, más o menos espontánea, de tanta juventud frustrada y alienada por la crisis económica era un movimiento primitivo y en estado bruto que requería un ideario y una dirección política. Los futuros fundadores de Podemos se consideraban maestros de ambas asignaturas. Los teóricos de las Ciencias Políticas estaban deseosos de pasar a la acción y se encargarían de entresacar una melodía del ruido y de enderezar la rabia que había engendrado la acampada.

Había que explicar a quienes entonaban el «No nos representan» la razón por la cual ellos, gente joven, decente y llena de ilusión, habían sido excluidos del sistema. La aclaración la tenían muy ensayada quienes se disponían a luchar contra el orden neoliberal y su discurso le ganaba el pulso al PSOE.

Podemos puso en circulación la noción de «la casta», que se refiere a «los que mandan» o «los de arriba». Fue un concepto fetiche de Iglesias y los suyos en una primera etapa y que más tarde sustituyeron por el de «la trama». También emplearon el de las «puertas giratorias» como metáfora de la corrupción y del «capitalismo de amiguetes». Por ese portal rotatorio entraban y salían los políticos que se ocupaban del reglamento y los capitalistas, los rentistas y los grandes empresarios, que movían los hilos económicos.

Frente a ese opresor y corrupto poder del nuevo orden económico se encontraba y se reconocía la gente «decente», que estaba condenada, en el mejor de los casos, a un trabajo precario. Eran mantras y arengas aplaudidas en todos los foros radicales del mundo que se oponían a la globalización, a las políticas neoliberales y la austeridad y a los recortes sociales.

En la primavera de 2011, el PSOE estaba ya en caída libre. Quedaba todavía en pie la otra pata del bipartidismo, que era el PP. A corto plazo, el centroderecha podía aguantar por sí solo el edificio. Pero su hundimiento era cuestión de tiempo. La protesta del 15-M demostraba que el régimen de la Monarquía parlamentaria estaba en crisis y, al entender de los estudiosos de las distintas variantes de movilización marxista, el momento era óptimo para «radicalizar la democracia» y «transformar el sistema». Todo esto lo tenían clarísimo quienes irrumpieron en el escenario político tres años después en las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014.

Una pieza esencial en el diseño de lo que Iglesias llamaría el «asalto al cielo» era que ese cosmos estuviese ocupado por la derecha. La estrategia pasaba por la sustitución del PSOE por Podemos como referente de la izquierda y la consolidación de la izquierda radical como la fuerza hegemónica que echaría al PP del poder.

Esto fue lo que sucedió en Grecia, donde Syriza primero liquidó al PASOK, para situarse como el primer partido en la oposición a Nueva Democracia, y luego le arrebató el Gobierno a la derecha griega. Para ello, los futuros fundadores de Podemos primero necesitaban que el PP volviese al poder. Esto ocurrió muy pronto.

Las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo de 2011 constituyeron una aplastante victoria para el partido que dirigía Mariano Rajoy. Previamente, los del 15-M habían puesto fin a su protesta campamental para dar paso al veredicto de las urnas y desaparecieron las asambleas en la Puerta de Sol así como en los otros espacios públicos que en los últimos días habían sido ocupados a lo largo y ancho del país. Y lo que sucedió fue todo un chasco para los alegres y combativos protagonistas de la indignación callejera.

Resultó que, en lugar de tener unas administraciones públicas que habían dejado de representarles, los indignados de las acampadas se despertaron el 23 de mayo con gobiernos regionales y alcaldías que no representarían nunca a los marginados y excluidos. Para los teóricos de Podemos, que eran los indignados equipados de faros políticos largos, el vuelco político era agua bendita en esa última semana del mes de mayo. Con la derecha en el poder, florecería la fractura social.

A la semana de iniciarse la protesta del 15-M, el PP obtuvo el 37,53% de los votos emitidos en parlamentos regionales y consistorios, casi diez puntos más que los que consiguió el PSOE, y ganó por mayoría absoluta ocho de las trece autonomías que renovaban su órgano legislativo. Por primera vez, el PP se hizo con los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Extremadura, que hasta entonces habían sido feudos del PSOE. Andalucía, el granero por antonomasia del voto socialista, tenía otro calendario para sus elecciones autonómicas, pero ahí también el PP puso su pica en Flandes al hacerse con la alcaldía de Sevilla.

El resto del curso político de 2011 fue un paseo triunfal para Mariano Rajoy y el Partido Popular. No había la menor duda de que iba a desplazar al PSOE, cuyo candidato era Pérez Rubalcaba, en las elecciones generales que el todavía presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, político siempre obsesionado con los gestos del guerracivilismo, había adelantado al 20 de noviembre, fecha de la muerte de Franco, de 2011. Pero pocos se imaginaban que Rajoy ganaría con tanta contundencia. O que el PSOE se hundiría como un suflé en un horno mal calculado.

En las décimas elecciones generales de la Monarquía parlamentaria, el PP triunfó en todas las circunscripciones provinciales, salvo en las de Guipúzcoa y Vizcaya, y en las cuatro catalanas y en Sevilla, que siguió siendo socialista al igual que Barcelona. Con una mayoría absoluta de 186 diputados, el PP se alzó con el mejor resultado de su historia. Al perder 59 escaños y quedarse con 110, el PSOE obtuvo el peor de la suya. La participación fue de casi el 70%, en torno al 5% menos que en las elecciones generales de 2008.

Rajoy y el PP brindaron con vasos que estaban rebosantes, a partes iguales, de alegría y de cautela. Nunca habían tenido tanto poder en las Cortes, en las administraciones autonómicas y en las locales, pero el entorno económico internacional era extremadamente hostil y España estaba próxima a la bancarrota. No podían contar con una «leal» oposición, porque el PSOE estaba hecho unos zorros. Y en la calle del descontento y del desencanto una nueva generación levantisca se alineaba con los teóricos y guionistas de un proyecto político alternativo.

El resultado de las elecciones del 20 de noviembre de 2011 era el mejor que podían esperar los politólogos y sociólogos de la izquierda radical, que se preparaban para dar el paso desde la docencia en las aulas universitarias a la acción directa en la política. La leyenda inscrita bajo el inmenso busto de Karl Marx que corona su tumba en el viejo cementerio de Highgate en Londres dice en inglés: «Los filósofos sólo han interpretado el mundo, en varias maneras. La cuestión, sin embargo, es cambiarlo».

Para Iglesias y los demás de su cuerda el derrumbamiento del PSOE y el poderío del PP convertían la consigna del padre fundador de su ideología en perentoria y, además, en realizable.

Los recortes del gasto público que había iniciado José Luis Rodríguez Zapatero no eran más que el preludio de los que introduciría Mariano Rajoy. Además, el Gobierno del PP se disponía a traspasar una incuestionable línea roja, que era la reforma del poco menos que sacrosanto mercado laboral. Según la dialéctica que empleaban los teóricos de Podemos, la protesta estaba servida porque se apilaban las contradicciones y éstas movilizarían la calle.

El argumento, que estaba a la vista de cualquiera, se centró en la quiebra del vínculo entre el sistema político y el Estado del Bienestar. La traba fue forjada en la Europa de la posguerra en el llamado consenso entre el centroderecha y el centroizquierda a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.

El eficaz acuerdo entre el capital y el trabajo aseguró la estabilidad institucional y el libre mercado a cambio de una progresiva protección desde la cuna hasta el lecho de muerte mediante continuos aumentos de gasto social, que fueron financiados vía impuestos. Rodríguez Zapatero había dado un último impulso a este pacto con la introducción de una Ley de Dependencia, que fue imposible de implementar porque no existían los fondos que permitiesen financiar el cuidado familiar de los ancianos y los discapacitados.

La socialdemocracia fue la copatrocinadora del consenso y su principal agraciada política. Y el compromiso duró lo que duró. Cuando la Gran Recesión disparó el coste del Estado del Bienestar europeo y redujo drásticamente los ingresos fiscales, el convenio se convirtió en impracticable. El nuevo consenso en la Unión Europea consistió en la aplicación de políticas de austeridad y de reducción de gastos debido a la competitividad que dictaba el mercado globalizado del siglo XXI. Inevitablemente, el centroizquierda fue la víctima primordial del crack.

Como buenos marxistas y fieles al determinismo histórico que eran, Iglesias y la cúpula ideológica de Podemos entendieron que, además del capitalismo, lo que había dejado de ser sostenible debido a la crisis económica era la socialdemocracia. La razón de ser de cualquier partido socialista en Europa es el mantenimiento del Estado protector en el marco que había diseñado el consenso de la posguerra. Al quebrarse el vínculo, las políticas del centroizquierda dejaron de ser verosímiles. Y, si se avanza en las consecuencias de la quiebra, también dejaría de ser viable el sistema mismo de estabilidad política vigente.

La cuestión para los teóricos de los movimientos antisistema y los de la antipolítica era cuáles iban a ser las fuerzas que se harían con el espacio que quedaba vacante al derrumbarse el acuerdo entre el centroderecha y el centroizquierda. Lo podía invadir el discurso étnico y xenófobo que asume tintes demagógicos debido a los flujos inmigratorios y al desafío del terrorismo yihadista. O lo podía ocupar el totalitarismo de signo opuesto, e igual de populista, que es el de la izquierda radical.

El discurso político retrocedía ochenta años a la década de 1930. Las grandes recesiones económicas suelen crear tormentas perfectas que se llevan por delante la convivencia.

La extrema derecha no tenía capacidad de maniobra en España por razones históricas, por la ausencia de tensiones raciales y porque ese espacio lo tenía bien controlado el PP. Sin embargo, el campo parecía abonado para el radicalismo de signo opuesto. El PSOE había colgado el cartel de «disponible» en la parcela de la izquierda.

Nada en la ideología del núcleo duro de Podemos era particularmente original, y esto es cierto en todas las escuelas de pensamiento y en las conductas que de ellas se derivan. La doctrina está en constante evolución y quienes contribuyen a ella van dejando huellas para que otros las sigan. Lo que no cambia para la izquierda revolucionaria es la meta, y ésta es la toma hegemónica del poder para dominar de manera totalitaria tanto el pensamiento como el comportamiento de la sociedad. Esta particular huella la imprimieron los bolcheviques y resultó ser la más duradera. Quienes siguieron estos pasos fueron introduciendo tácticas según las condiciones de las sociedades donde operaban.

La meta inmediata para Iglesias y los suyos era «radicalizar» la democracia que la acampada del 15-M había rechazado por no representativa. Entre 2011, el año de la protesta en la Puerta de Sol y del derrumbamiento del PSOE, y 2014, el año de la irrupción de Podemos en la política nacional, se dedicaron a estudiar los movimientos populistas en Latinoamérica.

Su Marx contemporáneo fue un profesor de teoría política argentino afincado en la Universidad de Essex, Reino Unido, llamado Ernesto Laclau, y El capital del siglo XXI era un texto, no menos denso, de Laclau titulado La razón populista. El nuevo Lenin era Hugo Chávez, golpista militar, primero, y presidente constitucional, después, de Venezuela, país cuyas reservas probadas de crudo encabezan el ranking mundial. Caracas sustituyó a Moscú y a La Habana como la luminosa ciudad inspiradora de movimientos transformadores, y los principales países satélites del socialismo del siglo XXI eran Bolivia y Ecuador.

La táctica que aconsejaba Laclau, que murió en Sevilla en 2014, era ir agrupando, y dando dirección política, a focos de insatisfacción. En España, la exclusión de tantísimos jóvenes del mercado laboral, y la precariedad y la baja retribución que caracterizaba cualquier oportunidad de empleo que podía haber, eran un muy importante foco de descontento que nutría la crisis económica.

También consecuencia directa de la Gran Recesión fue la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que en 2009 fundó, entre otros, en Barcelona Ada Colau, alcaldesa de la Ciudad Condal a partir de 2015. La lucha en barrios marginados por evitar desahucios tuvo mucho impacto vecinal y la plataforma, que era cercana a los movimientos okupa, fue una eficaz escuela de activistas sociales y políticos.

Laclau y sus apóstoles echaron una red muy amplia sobre las aguas del desengaño y la insatisfacción, y también pescaron en aquéllas que contenían elementos de quejas muy concretas. Los ecologistas y los animalistas radicales eran, por ejemplo, reclutas idóneos para la causa. Y Podemos se desvivió desde el primer momento por mantener sus puertas muy abiertas al feminismo, a la comunidad gay y a minorías étnicas. Declaró tolerancia cero a machistas, homófobos y racistas.

Iglesias y los suyos eran los representantes perfectos de una generación, la llamada X, nacida a mediados de la década de 1960, que había sido machacada por la Gran Recesión, y lo eran también de la siguiente, la generación de los millennials, cuya trituración fue aún mayor. Comprendieron cómo las generaciones anteriores, los llamados baby boomers de la posguerra, habían atrofiado el futuro de los menores de treinta y cinco años con su alocado y egoísta endeudamiento, y cómo, de paso, habían quebrado el medioambiente con su codicia energética. En términos generales, Podemos representaba y organizaba la enrabietada ética y la estética rebelde de los desengañados por el «buenismo».

Con la Gran Recesión el populismo se hizo presente en sociedades avanzadas con el apoyo de una clase media trabajadora cuyo empleo había desaparecido debido a la deslocalización que permite una economía global. Eran los rezagados en el Estado del Bienestar, que crecientemente se sentían excluidos del sistema y, por lo tanto, votaron a favor del proteccionismo y de políticas antiinmigratorias.

En España, los rezagados eran los jóvenes excluidos del mercado laboral, que nunca podrían compartir las aspiraciones materiales de sus padres y de sus abuelos. Votaron a Podemos aquéllos a quienes los partidos dinásticos de la Transición habían «dejado atrás». Los líderes de la izquierda populista española pudieron cosechar el pensamiento desordenado que marcó el paso por el poder de Rodríguez Zapatero y los recortes sociales que inició el presidente del Gobierno socialista, que luego aceleró su sucesor del Partido Popular.

La muy confortable victoria electoral del PP en las elecciones generales de noviembre de 2011, al igual que la que consiguió en las autonómicas y locales en el mayo anterior, fueron un arma de doble filo para Mariano Rajoy y el centroderecha. El Partido Popular podía, en teoría, hacer todo lo que deseaba su militancia más ilustrada, pero, en la práctica, podía hacer muy poco porque la movilización popular impedía cualquier reforma de calado.

El confort que respiraba el centroderecha en el hemiciclo contrastaba con la incomodidad que lo rodeaba en la calle. El instinto de Rajoy, político extremadamente prudente, era darle tiempo al tiempo y aplazar decisiones. Su inmovilismo frustró a los primeros y envalentonó a los segundos.

A partir del 15-M, y con la derecha como dueña y señora de las administraciones públicas, los estudiosos del populismo de izquierdas y futuros fundadores de Podemos ya podían planear las siguientes escaramuzas en su estrategia laclauliana de la toma del poder hegemónico. La llamada Marea Verde, que agrupaba a los docentes en el sector estatal, y la Marea Blanca, que congregaba a los empleados de la sanidad pública que también sufrían el impacto de los recortes de gasto gubernamental, serían las cohortes escogidas para una movilización sostenida de agitprop que se ajustaba a los cánones leninistas de la agitación y de la propaganda.

Las protestas se extendieron por todo el país y fueron especialmente multitudinarias en la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Esperanza Aguirre, era el icono del ala liberal, o neoliberal para la izquierda, del Partido Popular. Madrid, y en menor grado la Comunidad Valenciana, que también era un feudo del centroderecha, fueron los bancos de prueba para políticas que privatizaban la gestión de la sanidad pública y que introducían criterios de calidad y de eficiencia (discriminatorios y elitistas para la izquierda radical) en la enseñanza estatal. El hecho de que ambas administraciones territoriales estuvieran carcomidas por la corrupción facilitó la labor.

Las «mareas» que tomaban la calle tenían como inspiración muy directa el ejemplo del 15-M y fue extremadamente fácil para la izquierda contestataria extender su onda expansiva. En todas las sociedades del Bienestar los sectores de la sanidad y de la educación son muy sensibles a cualquier recorte del gasto y, a la vez, son los primeros objetivos de todo Gobierno que se ve forzado a reducir déficits que se han vuelto insostenibles.

En España la acusación era que el PP estaba desmontando un Estado del Bienestar que era una «conquista del pueblo» y un derecho inalienable de la ciudadanía. La rancia y codiciosa derecha española aprovechaba las políticas de austeridad que imponía el capitalismo exterior para pisotear al estamento más indefenso de la sociedad y, de paso, enriquecerse. En otros países de la Unión Europea hubo protestas similares por idénticos motivos, pero donde el discurso caló hondo fue en España y en Grecia.

Los reproches fueron aireados con enorme vigor por Pablo Iglesias y otros de la futura plana mayor de Podemos en debates televisivos de producción propia que difundieron por canales locales con gran aceptación entre quienes serían sus votantes en un futuro cercano. Un elemento clave en la divulgación de la política del rencor y del memorial de agravios de la izquierda radical fue su experta utilización de las redes sociales. Podemos se sirvió de las tecnologías de información y comunicación (TIC), que eran poco conocidas por la política tradicional, porque el mundo de las TIC era generacionalmente suyo y se movía en él con naturalidad.

Los partidos dinásticos, deficientes por lo general en el arte de las relaciones públicas, ignoraban olímpicamente estos nuevos canales para la transmisión de noticias sobre personalidades y proyectos. Tampoco, y a pesar de la alarma que causaba la creciente desigualdad social, midieron adecuadamente el avance del radicalismo en la primera mitad del mandato de Rajoy. Llegado mayo de 2014, y sin que la partitocracia hubiese caído en la cuenta, el ambiente y la expectación eran del todo aptos para la presentación pública de Podemos en las elecciones europeas.

Como ya se ha apuntado, los comicios al hemiciclo que comparten Bruselas y Estrasburgo son particularmente adecuados para lanzar mensajes rompedores. Son elecciones que permiten el desahogo del votante porque ninguno de los cargos elegidos a las poltronas europeas va a incidir en sus vidas. Se puede introducir la papeleta de la protesta en la urna sabiendo que no se tendrá que apechugar después con las consecuencias de un voto estrafalario. Son el equivalente político de poder tirar piedras y esconder la mano.

En el caso de España, las elecciones europeas tienen la ventaja de que los distintos partidos, por separado o en coalición, presentan una lista única nacional. Con ella, una persona famosa por ser telegénica puede ir arañando votos entre Hendaya y Gibraltar. Por eso, la imagen de Iglesias aparecía en las papeletas. Fue la táctica del personalismo oportunista que los líderes populistas latinoamericanos, hombres y mujeres fuertes y con carisma, tenían bien digerida.

El resultado, ya descrito, que obtuvo Podemos tuvo un efecto electrizante. A comienzos de noviembre de 2014, el barómetro del CIS situó a Podemos, que entonces no contaba con presencia en el Parlamento nacional, como la primera fuerza electoral con el 17,6% de la intención directa de voto.

Después de «cocinar» los datos introduciendo el elemento «simpatía» y el del recuerdo del voto en anteriores comicios, el CIS puso a Podemos en tercer lugar detrás del PP y del PSOE, aunque las tres fuerzas estaban en empate técnico. A seis meses de unas nuevas elecciones autonómicas y locales y a un año de las siguientes generales, la encuesta fue un aldabonazo de registro orteguiano.

El barómetro reflejó, como venía haciendo en ediciones anteriores y como haría en las posteriores, un amplio malestar con la situación política y económica, y ahora añadía el dato de que Podemos sería el gran beneficiario del descontento. Iglesias y los suyos habían cosechado hábilmente lo que habían ido sembrando unos políticos «profesionales» que eran percibidos, en el mejor de los casos, como ajenos a los problemas de los españoles y, en el peor de ellos, como unos depredadores.

Podemos se había esforzado en presentarse como la faz amable, empática, desenfadada y cercana de la política, que hacía gala de atributos femeninos como la dulzura y el cariño. Predicaba la horizontalidad, el empoderamiento y la participación. Idealizaba la Segunda República y su lugar era estar codo a codo con los desheredados porque se desvivía por las víctimas de los poderosos.

Sin duda alguna, los más duros de Podemos tenían un puño de hierro envuelto en un guante de terciopelo. Su meta era ese poder hegemónico que se consigue, en el sentido orwelliano, haciéndose con la memoria e imponiendo las normas de las relaciones sociales. Desde el presente se reescribe el pasado para controlar el futuro.

Pero en la percepción general de las nuevas generaciones el partido antisistema era liderado por gente «maja», fresca y solidaria. No hablaba de la lucha de clases ni de la dictadura del proletariado. Lo suyo era una rebelión transversal contra la «casta» y la «trama».

El sorprendente ascenso de la intención de voto en favor de Podemos a los ocho meses de su constitución como partido y a los seis de su estreno electoral en las elecciones europeas demostraba al menos dos cosas. Una era lo hondo que había calado en el electorado su mensaje de que los españoles merecían ser representados y gobernados por gente «decente». Esto lo venían repitiendo Iglesias y los demás portavoces del partido antisistema por activa y por pasiva. Las sucesivas imputaciones por prácticas corruptas de la partitocracia no hacían más que reforzar su discurso.

En segundo lugar, se podía concluir que muchísimos españoles, jóvenes o ya con años, en paro o con empleo precario, rechazaban de plano el sistema político nacido a partir de la Constitución y deseaban partir de cero. El deseo de liquidarlo todo y volver a empezar está muy imbuido en la cultura política mediterránea y en la española en particular. Podemos, la plataforma netamente populista cuyos modales se distanciaban tanto de los del bipartidismo dinástico, era el partido adanista por definición.

El principal dato, en todo caso, era que la dialéctica de Iglesias y de los suyos iba cumpliendo sus plazos. Es bastante normal que jóvenes estudiosos de movimientos sociales se interesen por Lenin y sus soviets en tiempos de una Gran Recesión. Los hay en las facultades de Ciencias Políticas de las universidades de todo el mundo. Y es bastante corriente que los docentes comunistas españoles se apasionen especialmente por el totalitarismo de la Cuba castrista y por el populismo, socialista e indigenista, de Hugo Chávez en Venezuela y de Evo Morales en Bolivia.

Lo que, sin embargo, sí es sorprendente y no es ni normal ni corriente es que Iglesias y los suyos pudiesen pasar en tan poco tiempo y casi sin esfuerzo desde la tarima de las aulas a los escaños parlamentarios. También lo es que sus trasnochadas ideas pudiesen hacerse, primero, con tanta intención de voto y, luego, con tanta papeleta depositada en las urnas en una sociedad que se tenía por avanzada y por institucionalmente sólida. La única lectura de todo ello tenía que ver con la mala calidad democrática que se venía gestando en España y que había desembocado en una crisis de régimen.

El cuarto domingo de mayo de 2015 grupos electorales afines a Podemos, que como partido no se presentó a las elecciones locales bajo sus siglas, se hicieron con los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y de otras importantes ciudades. El éxito de votos en las municipales suele ser el preludio de un buen resultado en las legislativas. Y esto ocurrió en 2015. En el penúltimo domingo de ese año, Podemos y sus «afluentes» en Cataluña, Valencia y Galicia obtuvieron 69 actas en el Congreso de los Diputados, el 20,6% del voto emitido, lo cual estaba bastante en línea con el barómetro del CIS en noviembre de 2014.

Fue así cómo un movimiento que nació para presentar una enmienda a la totalidad de la Constitución de 1978 pasó a tener alguna que otra de las siete llaves que durante casi cuarenta años habían asegurado la gobernabilidad de una vieja nación. De entrada, Podemos había herido de forma muy seria, quizás mortalmente, a uno de los socios del bipartidismo. Había sobrepasado holgadamente al PSOE en las grandes urbes y en la franja de votantes menores de treinta y cinco años.

España, en el poniente del continente europeo, se entrometió así en el hábitat de los Siete Reinos de Juego de tronos. Así al menos lo pensaba Pablo Iglesias Turrión. Por eso le regaló la serie a Felipe VI.

CAPÍTULO 9

Las razones del fracaso

La izquierda antisistema en España, al igual que la de cualquier otro lugar, disfruta con el deporte de desafiar a la burguesía. La diferencia en su proceder, chocante y deslumbrador, es un elemento integral del mensaje radical, porque personifica «simbólicamente» lo que se es y para lo que se está. Se epata a la prudente y puritana clase media con comportamientos que contrastan, hieren y ridiculizan sus prácticas tradicionales. La burla de lo convencional es una afilada herramienta política en tiempos de cambio.

Podemos se empleó a fondo para irritar al establishment con apariencias y actitudes cuando el 13 de enero de 2016 comenzó la undécima legislatura del periodo constitucional. Recurrió a conductas que chirriaban con el decoro de tan solemne acto institucional y que tenían el fin muy concreto de transmitir a los medios, y por extensión al país, un determinado compromiso: el partido insurgente haría política de otro modo.

El Congreso de los Diputados, un espacio escénico muy protocolario, con sus moquetas, sus ujieres y su puntilloso y anquilosado reglamento, no tuvo más remedio que acoger a los diputados decididamente desaliñados y con mochila en ristre que lideraba Pablo Iglesias. Uno, con peinado rasta, fue muy fotografiado y todavía más lo fue una madre, que era dirigente del partido antisistema, con su bebé en brazos. La estrafalaria irrupción de los representantes políticos de los pisoteados millennials concentró la atención mediática. Esto era absolutamente previsible. Sin embargo, se miraba el dedo en lugar de enfocar la luna.

El show de Podemos era la anécdota. La categoría era lo que implicaba para la vieja política de la Monarquía parlamentaria la llegada al Congreso de los Diputados de tanto indignado, desenfadado y contestatario cargo electo. Lo fundamental era que la ética de los okupas, la estética de los escraches y la táctica de los soviets aterrizaban en el hemiciclo que reunía a la soberanía popular. En cuestión de dos años, el radicalismo que fomentaron las políticas de austeridad había pasado a ocupar, con vocación de quedarse, un importante lugar en la cámara legislativa.

Para el aparato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el aterrizaje parlamentario de Podemos fue especialmente dramático. El partido antisistema representaba la aspiración de «cambiar la realidad» que la izquierda castiza de toda la vida tenía olvidada desde que Francisco Largo Caballero, el supuesto Lenin español, fue apartado, precisamente por indicación de Moscú, de la dirección de la Segunda República en plena Guerra Civil. Los radicales insurgentes habían recibido el voto, joven y urbano, de quienes antes le habían gritado «no nos falles» a José Luis Rodríguez Zapatero. Como el político leonés los dejó tirados, el desprecio de Podemos por el PSOE y su liderazgo era profundo.

Con el tiempo se comprendería que el 13 de enero de 2016 no marcó la alegre apertura, con alguna que otra extravagancia, de un nuevo curso legislativo; fue el velatorio de una partitocracia que a lo largo de las diez legislaturas anteriores se había repartido los puestos y las prebendas de la Monarquía parlamentaria. Las elecciones del 20 de diciembre de 2015 supusieron el naufragio de los dos partidos dinásticos que hasta entonces se habían ocupado de las administraciones públicas.

El elemento más desestabilizador del nuevo escenario político fue la radicalización de dos electorados muy concretos: el de la izquierda y el del nacionalismo catalán. La moderación de comunistas, catalanistas y socialistas fue un elemento clave en el éxito de la Transición. Ahora, cuarenta años después, izquierdistas y soberanistas rechazaban aquel consenso entre las elites posfranquistas e impugnaban la Constitución que consiguieron acordar.

El proceso de democratización había sido iniciado de manera audaz por Adolfo Suárez, pero, para apuntalarlo, el carismático líder de los jóvenes reformistas del Régimen se valió de dos tótems de la oposición al franquismo en el exterior: Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España (PCE), y Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat. Ambos, al volver del exilio, aceptaron la legalidad que representaba el sucesor nombrado por el dictador.

Los dos ejes cruciales en la consolidación del cambio político fueron la rápida evolución del PSOE de Felipe González, o el felipismo, que se convirtió en un movimiento modernizador y nacionalista, en el sentido de vertebrador de la nación, y el voto masivo en Cataluña a favor de la Ley para la Reforma Política en el referéndum de 1976 y, de nuevo, en 1978 a favor de la Constitución que se fundamentaba en la indisoluble unidad de la nación española y en la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado español.

Cuatro décadas después, Podemos discutía abiertamente la benevolencia del reparto de poderes en aquel pacto constitucional y la utilidad de la Corona como moderadora de las instituciones. Al hacerlo, arrastró hacia el campo del radicalismo, como nunca pudieron hacer los comunistas de Izquierda Unida (IU), a buena parte del PSOE. A la vez, distintos dirigentes políticos en la periferia fomentaron políticas de identidad que cuestionaron las competencias establecidas por el Estado autonómico. El movimiento soberanista en Cataluña fue el ejemplo paradigmático de rechazo de los logros consensuados de la Transición y de la Constitución.

Este penúltimo capítulo explorará por qué una pata del bipartidismo no se remozó cuando pudo hacerlo y por qué la otra se modernizó a destiempo, aguijoneada por los acontecimientos. El resultado fue que los dos partidos dinásticos dejaron de ser los árbitros de la política nacional. Propondrá que la languidez y los deslices en la gestión de la cosa pública se debieron a la cultura del cesarismo y a los vicios de los aparatos partidistas. En definitiva, se debió a la fuerte desconfianza que la «vieja política» siempre mostró hacia cualquier atisbo de democracia interna.

Las siguientes páginas se detendrán, principalmente, en los errores, forzados y no forzados, que cometió la dirección del partido de centroderecha después de ganar una amplia mayoría parlamentaria en las elecciones generales de noviembre de 2011. En aquella legislatura, la última del reinado de don Juan Carlos, el bipartidismo tuvo la oportunidad de alcanzar nuevos pactos de gobernabilidad que podrían, quizás, haber renovado el sistema. La desaprovechó.

Es importante resaltar que la estrategia de los dos partidos dinásticos fue distinta a lo largo de la década anterior al desastre electoral que compartieron en las elecciones de diciembre de 2015. Uno intentó reinventarse y lo hizo muy torpemente. El otro, no menos mostrenco, se fosilizó. En ambos casos, la hoja de ruta elegida era un viaje a ninguna parte.

El PSOE ensayó, desde el Gobierno, trepidantes políticas adanistas, vanguardistas, o simplemente buenistas, que se les fueron de las manos. Mientras tanto, fracasó estrepitosamente su gestión de las cuentas públicas. Por haber «fallado», Rodríguez Zapatero engendró Podemos. El PSOE perdió el estatus de ser el partido urbi et orbe de la izquierda que se había ganado en la Transición y dejó de ser el contrapoder socialdemócrata al partido que representaba el centroderecha. Se convirtió en la muleta que empleaba Podemos para apoyarse y para engañar al adversario. Al PSOE le sería mucho más difícil discrepar con Podemos que con el Partido Popular (PP).

Distinta fue la trayectoria de la otra pata del bipartidismo. Cuando, para su sorpresa, pasó a la oposición después de gobernar entre 1996 y 2004, el PP se arrinconó y decidió abandonar cualquier debate doctrinal. Fue una vuelta al «lejos de nosotros la funesta idea de pensar», que decían los integristas del siglo XIX. Mariano Rajoy, nombrado por José María Aznar líder del centroderecha y candidato del PP en las elecciones de 2004, no mostró interés alguno por desarrollar la agenda liberal, modernizadora e internacionalista de su antecesor.

Esta desidia tuvo sus consecuencias porque surgió Ciudadanos (Cs) para disputar al PP el monopolio del voto no socialista. Los vacíos, en este caso el liberal y el del centrismo político, se llenan. El inmovilismo es tan desestabilizador para un partido parlamentario como lo es el aventurismo.

Cuando Rajoy y sus ministros se sentaron de nuevo en el banco azul aquella mañana del 13 de enero de 2016, aunque ya de manera provisional y como Gobierno en funciones, sus poltronas no tenían ni por asomo el respaldo del que habían gozado en los cuatro años anteriores. El partido que más votos había conseguido en unas elecciones generales jamás había obtenido tan parca representación en el Congreso de los Diputados.

Con sobrada razón, aunque con poco sentido de Estado como ya se argumentó en el capítulo 7, dijo Rajoy a Felipe VI que no contaba con los votos necesarios para asegurar su investidura cuando pocos días después fue invitado a presentarse como candidato a la presidencia del Gobierno. Ningún «vencedor» de unas elecciones generales había dicho tal cosa al Monarca en las preceptivas consultas después de la constitución de una nuevas Cortes.

A la vez, en los treinta y seis años que había durado la Monarquía parlamentaria, jamás había sido tan escuálida la presencia en el hemiciclo del primer partido de la oposición. A pesar de su debilidad parlamentaria, el PSOE pudo beneficiarse de la fragmentación de las bancadas y asegurar la elección de su candidato para presidir el hemiciclo.

Por primera vez en el recuperado régimen democrático, el presidente del Congreso de los Diputados no pertenecía al partido que más escaños ocupaba en la cámara. Era una buena muestra del aislamiento del PP y de las antipatías y animadversiones que despertaba.

Las novedades son mal recibidas en los entornos que, por pura inercia, se han ido agarrotando con el paso de los años. Los diputados desarrapados, el rasta y la madre del bebé, eran la representación folclórica de una profunda transformación sociopolítica, y ésta requería una respuesta flexible y una gestión imaginativa. Pedir ambas cosas era exigir mucho a unos partidos que estaban controlados por sendos aparatos cerrados y endogámicos.

La partitocracia era experta en el manejo de sus redes clientelares, pero era incapaz de reaccionar ante un nuevo reparto electoral que había segado sus tentáculos en las administraciones públicas. A partir de las elecciones del 15 de diciembre de 2015, su poder era una vaga sombra de lo que había sido y, de paso, los ingresos de los partidos dinásticos se habían visto mermados seriamente debido a su reducida representación parlamentaria.

Lo que quedaba de la vieja y anquilosada política se adentraba sin brújula y sin mapas, bien con paso de sonámbulo o bien con las espadas en alto y los nervios a flor de piel, en un terreno desconocido. Y al muy poco tiempo se perdió. Su extravío era fácil de presagiar.

La gran primicia de la undécima legislatura que comenzó en enero de 2016, también conocida como «la breve» por lo que duró y como «la tonta» en honor de cómo discurrieron sus sesiones, fue la presencia de Podemos y de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. El Parlamento estaba fracturado y cualquier mayoría requería el concurso de más de dos partidos.

Es importante subrayar que nada en la experiencia y en las conductas acumuladas durante diez legislaturas por los dos partidos dinásticos les había preparado para poder desenvolverse con soltura en este nuevo escenario. Su actuación en la crisis institucional que de pronto había surgido fue deficiente por la sencilla razón de que no sabían comportarse de otra manera.

Durante cuarenta años habían gobernado solos porque tenían una mayoría o gracias a un pacto de legislatura con el partido catalanista basado en la cesión de competencias a la Generalitat. Si no gobernaban representaban a la oposición. En la nueva legislatura carecían de los escaños para gobernar por su cuenta, no podían contar con la representación catalana porque se había vuelto soberanista y, además de perder el monopolio de gobierno, habían perdido el de la oposición.

El partido antisistema de la izquierda radical debutaba en el hemiciclo de la soberanía nacional con 69 escaños, una vez sumados los conseguidos por sus «confluencias» en Cataluña y en Galicia. De buenas a primeras, Podemos se constituyó en el partido más votado a lo largo de la Monarquía parlamentaria después del PSOE y del PP. Ciudadanos, que también se estrenaba a nivel nacional, consiguió 40 escaños y se convirtió en la cuarta fuerza parlamentaria.

La densa incursión en el Congreso de los Diputados de los dos partidos recién creados significó el final del bipartidismo. A lo largo del reinado de don Juan Carlos, el mayor número de escaños conseguidos por un «tercer» partido fueron los 23 que obtuvo el PCE en las elecciones de 1979, que ganó Adolfo Suárez, a lo que sería la primera legislatura constitucional. En las primeras elecciones del reinado de Felipe VI, Podemos y Ciudadanos superaron cómodamente ese listón al comienzo de la Monarquía parlamentaria cuyas instituciones moderaba y arbitraba don Felipe.

El PSOE había vivido parlamentariamente a la intemperie durante el primer mandato de Mariano Rajoy debido al fuerte batacazo electoral que se pegó en las elecciones del 20 de noviembre de 2011, siendo su candidato Alfredo Pérez Rubalcaba. En las elecciones del 20 de diciembre de 2015, el éxito de Podemos hundió al PSOE, liderado ya por Pedro Sánchez, en la miseria total. Ciudadanos hizo lo propio con el PP y reventó cualquier posibilidad por parte de Rajoy de obtener una mayoría simple.

En adelante, el PP también estaría a la intemperie porque su capacidad de maniobra era mínima, sus posibilidades de avanzar iniciativas legislativas eran nulas y su exposición a incómodas reprimendas en sesiones de control parlamentario era permanente. Los dos partidos insurgentes habían entrado en el armario de los partidos dinásticos y les habían robado la ropa.

Lo que había ocurrido ya ha sido explicado en capítulos anteriores porque es el hilo conductor –el fin de un ciclo histórico– de este ensayo. Espoleada por los efectos de la Gran Recesión, la generación de los millennials se opuso de manera contundente a la autocomplacencia, la ineficiencia y la corrupción de la partitocracia.

Al igual que Podemos acopió a los jóvenes indignados del 15-M y de las protestas urbanas, Ciudadanos acumuló las aspiraciones, y los votos, de los profesionales menores de cuarenta años que estaban exasperados por el rancio conservadurismo del PP.

Unos y otros no estaban dispuestos a tolerar por más tiempo la corrupción política y el pasteleo de la partitocracia. En el «nuevo normal» político, el balance del poder lo ejercerían una fuerza izquierdista, que demandaba el fin de las desigualdades, y otra centrista, que exigía transparencia y rendición de cuentas. A corto plazo bloquearían el Parlamento. Más adelante, podrían reemplazar a los partidos dinásticos. El disminuido bipartidismo existente se había quedado sin combustible.

Si hubiera sido el líder de un partido de centroderecha en cualquier sistema parlamentario europeo en lugar de serlo en España, Mariano Rajoy hubiera dimitido nada más conocer los resultados de aquel voto prenavideño de 2015. El PP había perdido la tercera parte de su grupo parlamentario y la confortable mayoría de 186 escaños en el Congreso de los Diputados que obtuvo en las elecciones del 20 de noviembre de 2011 se había reducido a 123 escaños. Ningún líder político sobrevive a tamaña derrota en una democracia representativa con solera consolidada.

En total, el PP perdió más de 3,6 millones de votos entre una legislatura y otra. Los votos que extravió el partido de centroderecha equivalían prácticamente a la suma de los que obtuvo Ciudadanos en su primera campaña electoral nacional. Se produjo una resolutiva mudanza hacia el nuevo partido centrista por parte de quienes estaban hastiados por la corrupción que tanto salpicaba a la inmóvil derecha dinástica.

El traslado de votos indicó un cambio muy significativo en el comportamiento del electorado no socialista y reflejaba demandas políticas que no figuraban en el ideario y en el comportamiento del PP. Ciudadanos se esforzó en recuperar para una nueva generación los valores de decencia en la vida pública y de actitudes abiertas, de empatía y de optimismo que se asociaban con la Unión de Centro Democrático (UCD) que lideró Adolfo Suárez en tiempos de la Transición.

Ciudadanos quiso, a la vez, ocupar el espacio liberal y dinámico que, en su momento, animó José María Aznar y que Rajoy había ido abandonando. Durante los años de poder de José Luis Rodríguez Zapatero, el PP se derechizó y se burocratizó. En lugar de abrirse y sumar adhesiones, se cerró en banda. Dejó de ser la casa común de liberales y democratacristianos, de centristas y de conservadores.

En definitiva, se mudaron a Ciudadanos los votos «prestados» de la fenecida UCD que, en su momento, atrajo Aznar y también los de las generaciones posteriores que echaban en falta algún rastro de aperturismo y de inteligencia emocional en el partido que desde hacía más de diez años lideraba Mariano Rajoy. No era de extrañar que Ciudadanos incorporase a su programa el tope de ocho años en un cargo público que Aznar aplicó a su presidencia del Gobierno.

La estrategia de la nueva formación centrista consistió en transmitir la imagen de una «nueva política» que se diferenciaba nítidamente de la «vieja» que representaba el PP. El factor generacional fue una indudable baza a su favor. Ciudadanos estaba en sintonía con el desolado paisaje que había creado la estela de la Gran Recesión.

El partido centrista comprendía, de una manera que la mentalidad funcionarial del aparato del PP no alcanzaba a entender, que los millennials, por ejemplo, requerían un tratamiento fiscal favorable para aprovechar, como trabajadores autónomos, las oportunidades de la sociedad del conocimiento. Ya no volvería a haber «trabajos estables de por vida», y todo apoyo gubernamental era poco para fomentar en la juventud española la formación permanente, la flexibilidad, y la adquisición de nuevas habilidades y de una cultura de emprendimiento.

El cerrado aparato que lideraba Rajoy era percibido como un sindicato de intereses desfasados incapaz de hacer frente a la corrupción porque estaba sumido en ella. Además de inmovilista, el PP era insensible. Las políticas gubernamentales de austeridad entre 2011-2015, tan ruda e inapropiadamente comunicadas, eran las propias de un partido antipático. Todo ello facilitaba la mudanza a Ciudadanos.

Lo más inquietante para el electorado que pertenecía sociológicamente al campo liberal-conservador fue que, llegadas las elecciones de diciembre de 2015, el PP había desandado del todo el largo camino que emprendió más de veinte años antes para convertirse en una organización política moderna, atenta a las demandas del electorado, con declarada vocación de gobierno y en constante evolución ideológica.

En las elecciones de 1993, que fueron las quintas de la Monarquía parlamentaria, el partido de centroderecha, refundado como Partido Popular bajo el liderazgo de José María Aznar, consiguió un sólido «suelo» electoral por encima de los ocho millones de votos. Hasta entonces, el voto contrario al felipismo hegemónico estaba agrupado en Alianza Popular (AP) y tenía un «techo», elección tras elección, en torno a los cinco millones y pico de votantes.

Las siglas de AP, el partido que fundó y que dirigió durante más de una década Manuel Fraga Iribarne, habían superado su fecha de caducidad, y esto lo entendieron muy bien Aznar y una nueva generación de políticos de centroderecha. Su éxito fue atraer los votos de centro, los de la extinta UCD, que eran muy reacios al autoritarismo de Fraga. Hasta 1993 estos electores o se quedaban en sus casas cuando tocaba votar o se refugiaban, como mal menor, en el PSOE.

Aznar supo introducir la moderación y la modernización en el centroderecha junto con una sana obsesión por el equilibrio presupuestario y por la reducción del déficit. También la internacionalización frente al casticismo de un partido que estaba condenado a la oposición perpetua bajo la dirección de la vieja guardia fraguista. A partir de esa base electoral de ocho millones, que representaba un tercio de los votos emitidos, el PP ya pudo competir seriamente con el PSOE. A la vez, la Monarquía parlamentaria pasó a convertirse en un sistema bipartidista al existir la posibilidad real de una alternancia en el poder.

El «suelo» de los ocho millones de votantes se mantuvo firme durante las cinco siguientes legislaturas y el centroderecha dejó de tener «techo» electoral. En las convocatorias electorales posteriores, la horquilla de votantes de centroderecha se movió entre los más de nueve millones en 1996 y los más de diez millones en 2000, con Aznar como candidato, hasta alcanzar su punto álgido de casi once millones en las elecciones de noviembre de 2011 que ganó Rajoy.

En aquellos comicios, que tuvieron una participación de casi el 69% del censo, el PP obtuvo más del 44% de los votos y superó en más de tres millones y medio de votos al PSOE. El Partido Socialista perdió las elecciones por goleada debido a la aciaga gestión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero no es menos cierto que el PP las ganó de plano porque, en tiempos de crisis, el electorado se vuelca hacia las políticas tradicionales que encarna el centroderecha. Esta capacidad de castigar a unos y de premiar a otros es la razón de ser del bipartidismo.

Llegado el 20 de diciembre de 2015, el PP había dejado de lucir cualquier medalla como representante de un «reformismo liberal-conservador», como más de diez años antes le gustaba decir a Aznar. Los recortes del gasto social que forzosamente había introducido Rajoy habían convertido a su partido en derecha-derecha, que, al igual que la izquierda-izquierda, no suele gustar al votante. Las políticas impopulares y los recortes de gasto son siempre vilipendiados; tienen su coste electoral.

Lo que la derecha liberal no perdonó a Rajoy fue el incumplimiento de su promesa electoral de bajar impuestos y su decisión de no meter tijera, como se esperaba, al despilfarro, real o intuido, de las administraciones públicas. Una importante corriente de opinión en el PP quería eliminar las duplicidades de gestión que había creado el Estado de las Autonomías, pero Rajoy no estuvo por la labor. No racionalizó las administraciones públicas como tampoco quiso agilizar el sistema judicial y reforzar su independencia. Por no pulir las instituciones, dejó pendiente la reforma del Senado.

La lista de iniciativas modernizadoras que el partido de centroderecha no abarcó cuando tenía una mayoría sobrada para emprenderlas es larga y variopinta, pero el desinterés que mostró no fue la principal razón de la impresionante fuga de votantes que sufrió. La puntilla para el Gobierno de Rajoy fue la sucesión de escándalos en torno a cobros ilegales que implicaron a un importante número de altos cargos del partido que él dirigía de una manera supuestamente férrea. La corrupción dinamitó la reputación del Partido Popular. Suele ser la trama del último capítulo en todo fin de ciclo político.

La Gran Recesión tuvo un triple efecto devastador. La sabiduría de la calle lo resumió de una manera eficaz: la clase trabajadora se quedó sin trabajo, la clase media sin medios y la clase alta, el estamento de los que mandan, sin clase. En las elecciones del 15 de diciembre de 2015 se abrió un enorme socavón en el «suelo» electoral que Aznar había cimentado. Rajoy y su Partido Popular se hundieron en él.

Los 7,2 millones de votos que obtuvo Rajoy en 2015 fueron el peor resultado del PP desde las elecciones de 1989. La explicación del desastre electoral estaba a la vista de cualquiera. Ciudadanos se llevó al electorado centrista, que era el joven y el modernizador que Aznar supo sumar y que su sucesor heredó y malgastó. Rajoy se quedó con el voto conservador, el fraguista, el de la gente mayor y el del funcionariado. Era un voto importante, pero no era, ni sería, mayoritario.

Tras la catástrofe en las urnas del 20 de diciembre de 2015, Rajoy, presidente del Gobierno en funciones, se agarró al sillón y aguantó. En ningún momento admitió su fracaso electoral ni sacó consecuencias de ello. Había «ganado» las elecciones y no entraba en sus cálculos renovar los mensajes de su partido ni, mucho menos, sus órganos directivos.

El empecinado inmovilismo de Rajoy se plasmó en la aplicación a los tiempos volátiles y turbulentos que trajo consigo la Gran Recesión de la antigua práctica de «sostenella y no enmendalla». La prueba del algodón de toda táctica o estrategia en política es si obtiene réditos electorales. Si no los consigue, la hoja de ruta elegida es insensata. Rajoy se mantuvo en sus trece a lo largo de «la breve» y «la tonta» undécima legislatura, y cuando se disolvió, para vergüenza de todos los cargos elegidos a ella, no obtuvo la remontada electoral que esperaba.

En las elecciones del 26 de junio de 2016 que renovaron las Cortes bloqueadas, el Partido Popular aumentó en más de 660.000 los votos para el Congreso de los Diputados que había conseguido en las de diciembre de 2015 y ganó 14 escaños más para sumar 137. Pero con menos de ocho millones de votos recibidos quedó a una considerable distancia de esa horquilla «natural» de los nueve-diez millones de votos a la cual ha de aspirar un partido que pretende representar al centroderecha en España. El futuro Gobierno de Rajoy sería, por definición, frágil ya que una importante franja de su electorado natural le había dado la espalda.

Los partidos insurgentes que habían obtenido una considerable representación parlamentaria crearon el embrollo propio de la entrada de zorros en un apacible gallinero. El desconcierto que se produjo al caer el telón sobre el sistema bipartidista que no contaba con los votos necesarios para asegurar su investidura tenía una causa muy concreta, que era la endiablada aritmética del reparto de escaños en el Congreso de los Diputados.

Solamente cabían tres posibilidades para que surgiese un Gobierno en la undécima legislatura que se constituyó en enero de 2016. Una era un Gobierno mayoritario formado por la partitocracia, que cerraría filas para crear una gran coalición. Siendo la mayoría parlamentaria 176 escaños, las otras dos posibilidades eran gobiernos minoritarios, escorados a la derecha o a la izquierda, y ambos requerían el beneplácito de uno de los dos partidos dinásticos.

Al constituirse la undécima legislatura en enero de 2016, las posibles combinaciones eran: una coalición de gobierno mayoritario entre el PP y el PSOE (123 escaños + 90); una coalición de gobierno minoritario entre el PP y Ciudadanos (123 + 40 escaños) con la abstención del PSOE; una coalición de gobierno minoritario entre el PSOE y Podemos (90 + 69), con la abstención del PP.

El bloqueo de cualquier investidura a lo largo de la legislatura «tonta» elegida el 20 de diciembre de 2015 ilustró la ceguera de los partidos dinásticos. No quisieron reconocer el final de un ciclo histórico, y su falta de cintura para construir conjuntamente una mayoría de gobierno condenó el país a una prolongada parálisis institucional.

La gran coalición entre el PP y el PSOE hubiera garantizado la estabilidad institucional a lo largo de la legislatura. Esta solidez y permanencia en la cima del Gobierno del Estado era, a todas luces, un asunto perentorio porque el país doblaba la media de desempleo de la Unión Europea y, si bien la economía crecía y el empleo aumentaba, los salarios no recuperaban su nivel adquisitivo anterior a la Gran Recesión y los trabajos eran precarios.

Lo más apremiante, sin embargo, era la amenaza del independentismo en una región que representaba la quinta parte del PIB. La historia enseña que el soberanismo catalán aprovecha indefectiblemente lo que percibe como debilidad en la política central del Estado.

Los resultados de las primeras elecciones del reinado de Felipe VI servían tal coalición en bandeja, pero los dos partidos dinásticos la rechazaron. En una sociedad pragmática como la alemana, la estrecha colaboración entre las dos organizaciones parlamentarias de referencia es bienvenida y alabada cuando las circunstancias lo demandan. No así en un entorno político cortoplacista, chato y cainita como el español.

En el debate cara a cara que mantuvieron días antes de las elecciones de diciembre de 2015, Pedro Sánchez, el candidato del PSOE, le espetó a Mariano Rajoy: «Usted no es una persona decente»; y el candidato del PP le replicó: «Usted es una persona ruin y miserable». Los jefes de la partitocracia escenificaron así el ruido y la furia de un sórdido duelo a garrotazos verbales. La ejemplaridad brilló por su ausencia. La posibilidad de unir fuerzas por el bien del país, también.

La gran coalición requería, como mínimo, un paso atrás de sus respectivos líderes. Si lo hubieran dado, se hubiera abierto el camino para apuntalar y revestir los dos pilares de la Monarquía parlamentaria. El cese de hostilidades y la leal, si bien transitoria, colaboración en el Gobierno de la nación les hubiera permitido renovar programas y dirigentes.

Sin embargo, el personalismo, tanto de Rajoy como de Sánchez, se interpuso y tal pacto nunca se contempló. No podía ser de otra manera. Reinaba la mediocridad. La terquedad fue esgrimida como una virtud política cuando es siempre una muestra de insuficiente inteligencia.

El único pacto que se produjo en esa «tonta» y «breve» legislatura fue el más endeble, el más efímero y, consecuentemente, el más absurdo por impracticable de todos. El PSOE y Ciudadanos acordaron, en marzo de 2016, un programa para investir al socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero el acuerdo no pasó de ser un fugaz brindis al sol. Ni el PP, que en la siguiente legislatura pactaría con el partido centrista, ni Podemos, que quería su propio acuerdo, en igualdad de condiciones, con el PSOE, lo podían consentir.

Rajoy se agarró al hecho de que el Partido Popular había ganado más escaños que cualquier otro partido y que, por lo tanto, sólo él estaba capacitado para formar un Gobierno. Esto lo predicó después de las elecciones de diciembre de 2015 y lo hizo con mayor motivo después de las de mayo de 2016. Resultó que un gallego socarrón, muy seguro de sí mismo y sobrado de dotes parlamentarias, se pegó al poder cual molusco a una roca sometida a un continuo oleaje. Su empecinamiento era un buen reflejo de la inflexible cultura política de la partitocracia.

Rajoy no consiguió un nuevo mandato, que fue por mayoría simple, hasta octubre de 2016, y antes tuvo que soportar el humillante bochorno a finales de agosto de un primer intento de ser investido presidente del Gobierno. El desbloqueo parlamentario no se debió a un nuevo y atractivo discurso por parte de Rajoy para ganarse la confianza de la cámara. Fue producto de una maniobra muy típica de la partitocracia, la consecuencia del muy comprensible vértigo que le provocaba al aparato del PSOE la mera posibilidad de una nueva disolución de las Cortes y de lo que serían las terceras elecciones generales en un año.

El aparato del PSOE hizo, por fin, lo que tenía que haber hecho después de su humillante derrota en las elecciones de diciembre de 2015 y, desde luego, después de la nueva sangría de votos socialistas en las de junio de 2016. En octubre defenestró a Pedro Sánchez, su secretario general, e impuso el voto de abstención al Grupo Parlamentario Socialista para facilitar la elección de Rajoy en la posterior sesión de investidura.

Una ley de hierro de todo sistema parlamentario asentado es que el líder de un partido tiene la obligación de aumentar la base electoral de la organización en cuestión. Si pierde votos, se le reemplaza por otro dirigente. En las empresas cotizadas de otros países ocurre lo mismo. El presidente ejecutivo o el consejero delegado que se muestra incapaz de obtener beneficios es despedido sin mayores contemplaciones por sus accionistas. Por regla general, tales prácticas expeditivas son denostadas en España.

El error de la partitocracia fue creer que con Sánchez «muerto» se acabaría la rabia y, con ello, las aguas del bipartidismo dinástico volverían a su cauce. El tremendo desliz, el gran error, fue pensar que la inconveniencia era un díscolo secretario general que se había tatuado «no es no» en el pecho e impedía la investidura de Rajoy. Se ignoró que el problema de fondo era que la partitocracia estaba desestructurada y que a la primera de cambio las bases políticas podrían desautorizar a los aparatos. Lo harían en las elecciones primarias para elegir al secretario general del PSOE. Los tiempos de la «revolución desde arriba» pertenecían a la prehistoria.

A los seis meses, Sánchez, ya más engreído, tozudo y radicalizado que antes, estaría de nuevo al frente del PSOE gracias al apoyo de la militancia socialista. Y los distintos dinosaurios que fueron apareciendo durante la autocomplaciente época de la «vieja» política –los escándalos de la corrupción que llegaban a los tribunales, la desafección de los millennials, condenados a bajos sueldos y a trabajos precarios, y el problema catalán, que ya sobrepasaba cualquier intento de conllevancia– seguían ahí. De hecho, tales monstruos habían crecido durante la breve undécima legislatura.

El golpe palaciego que arrojó a Pedro Sánchez fuera de la sede del PSOE tuvo la consecuencia no anticipada de convertir al exsecretario general en el héroe de la militancia socialista. En un sistema parlamentario, abierto y consolidado sobre la base de partidos competitivos, su cese hubiera sido plenamente justificado, comprendido y apoyado: Sánchez no cumplía ni por asomo con esa ley de hierro que exige buenos resultados electorales a todo dirigente político. Sin embargo, en aquel otoño de 2016 soplaban fuertes vientos populistas por toda Europa y las prácticas de la democracia representativa no vivían sus mejores momentos.

En el caso de España, la defenestración de Sánchez fue un último intento de salvar el sistema bipartidista. El aparato del PSOE tenía tanto interés como el propio PP en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. De no ser posible una gran coalición, la alternativa era convertir al PSOE en una «leal» oposición que colaboraría con un Gobierno minoritario en políticas de Estado, introduciendo enmiendas que mejorasen su contenido social, y que reconstituiría su imagen como partido ganador y de gobierno.

Lo fundamental para la partitocracia era mantener a Podemos en una lejana orilla del arco político y lo más alejado posible del centro de gravedad donde se gestiona el bien común. La fuerte presencia del partido antisistema en los ayuntamientos de Barcelona, Madrid y de otros consistorios de grandes ciudades era lo máximo que se podía admitir. El PP tenía, además, mucha más complicidad con el PSOE moderado, el de toda la vida, que con Ciudadanos, el partido insurgente que había invadido su espacio electoral.

Un argumento de peso en la narrativa de que «las aguas volverán a su cauce» era que el radicalismo iría retrocediendo conforme creciera la economía, aumentara el empleo y se fueran curando las heridas que había causado la Gran Recesión. Los dos partidos dinásticos ansiaban retomar el business as usual que les permitía alternarse en el poder. Querían creer que el fraccionamiento del sistema en las elecciones de diciembre de 2015 había sido fruto del encantamiento de una noche de invierno.

Había, por supuesto, otro relato y éste ya estaba en la imprenta en la vecina Francia, donde el Partido Socialista se escindió a lo largo de 2016 y 2017 entre moderados, que pronto tiraron la toalla, radicales y muy radicales. Mientras tanto, en Reino Unido un veterano izquierdista que estaba políticamente mucho más cercano a Podemos que al PSOE se hizo fuerte en el Partido Laborista.

En un lugar y en otro la militancia socialista no estaba por la labor de la moderación. Y claramente la del PSOE no estaba por la de mantener en el Gobierno a Mariano Rajoy. Detestaba a la derecha y rechazaba cualquier componenda con el PP. Esto lo intuyó Sánchez, pero el aparato del PSOE no se enteró de ello. Tampoco lo vislumbraron las viejas glorias socialistas, con Felipe González a la cabeza de ellas, que estaban ancladas en las lealtades políticas de más de veinte años atrás. El fracaso del bipartidismo en España se debió a que el partido de centroizquierda había perdido la izquierda y que el de centroderecha perdió el centro. La Gran Recesión había eliminado la razón de ser del proyecto socialdemócrata, y la combinación de políticas de austeridad y de conductas corruptas habían convertido el Partido Popular en una opción electoral irremisiblemente escorada hacia la derecha y antipática.

Fue el fracaso de los creadores y gestores iniciales de los dos grandes bloques políticos que surgieron de la Transición. Un seguimiento atento y desapasionado del discurrir del partido de centroizquierda y del de centroderecha conduce al poco honroso desenlace que fue común a ambos. Se hundió el partido que construyó Felipe González y, a continuación, se vino abajo el que edificó José María Aznar. Ninguna de las dos organizaciones pudo sobrevivir al alejamiento político de sus fundadores.

Cúlpese al personalismo, o al cesarismo, que pervierte la política española. Los partidos requerían líderes decididamente carismáticos y, cuando éstos fueron sucedidos por dirigentes que o no lo eran o eran estrafalariamente erráticos, el votante, antes o después, no querría saber de ellos. José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy dilapidaron las herencias que recibieron.

Los fundadores del bipartidismo acabaron distanciándose de sus sucesores. Felipe González acusó a Pedro Sánchez de haberle engañado al insistir en su oposición a la investidura de Rajoy. Aznar, por su parte, contaba a todo el que le quisiese escuchar que ya no se reconocía en el Partido Popular. El fuego amigo entre dirigentes políticos teóricamente pertenecientes al mismo bando había sido común cien años antes, cuando la «vieja política» de la primera restauración tocaba a su fin.

González y Aznar no reprochaban el poco, o nulo, continuismo que mostraron sus herederos porque cada tiempo trae consigo nuevos retos. Su irritación se centró en el abandono de las normas de continuidad que aseguran la concordia. El éxito de la Transición fue la combinación de continuidad sin continuismo. Rodríguez Zapatero adoptó políticas adanistas y rupturistas que Sánchez posteriormente desarrolló. Con Rajoy, el Partido Popular dejó de ser la «casa común» del centroderecha.

Este ensayo ha sostenido que el fracaso del bipartidismo que se constituyó a partir de la Transición se debió a su mutación en una partitocracia reacia a la renovación política. Los partidos dinásticos mostraron muy poco entusiasmo por fortalecerse como organizaciones abiertas y dinámicas, financieramente transparentes y meticulosas a la hora de rendir cuentas de sus asuntos internos. Por tales y otras deficiencias estaban mal equipados para enfrentar los retos de la Gran Recesión, y la mitad del electorado no los votó en las elecciones de diciembre de 2015.

El fracaso de unos facilitó el triunfo de otros. Las carencias del PP y del PSOE ya eran indiscutibles a finales del reinado de don Juan Carlos y tanto Podemos como Ciudadanos cumplieron el papel del huevo o el de la gallina en su humillación electoral: los partidos insurgentes se beneficiaron de la frustración de los votantes con los partidos dinásticos tras haber, previamente, alentado la insatisfacción con la partitocracia.

Ciertamente, el centroizquierda renovó su liderazgo. Intentó enmendar excentricidades «buenistas» sustituyendo a José Luis Rodríguez Zapatero por el veterano Alfredo Pérez Rubalcaba mediante elecciones primarias en febrero de 2012 y, cuando el remedio resultó ser peor que la enfermedad, optó de nuevo por la aventura del inexperto relevo generacional con la elección a la Secretaría General de Pedro Sánchez en julio de 2014.

Sánchez acabó no siendo del agrado para el aparato del PSOE y de las viejas glorias socialistas porque se mostró poco maleable. Esto tuvo sus consecuencias cuando Sánchez volvió al liderazgo en unas terceras primarias en mayo de 2017, después de su controvertida dimisión tras perder la votación en un Comité Federal del partido que le puso contra las cuerdas medio año antes. Entre las sucesivas cribas de los partidarios de unos y de otros, el PSOE se radicalizó.

Todo partido político pierde la brújula cuando pasa a la oposición a causa de una muy abultada pérdida de votos y cuando aparecen rivales que compiten en su propio espacio electoral. El PSOE no fue ninguna excepción. O el partido se reinventa con nuevos bríos o pasa a la irrelevancia. Los votantes no son nunca generosos y su memoria es corta.

No hubo una renovación equivalente en el centroderecha. En este caso, la evolución era problemática porque el Partido Popular estuvo en el poder con una amplia mayoría entre 2011 y 2015. Después, su líder, que insistía en que sólo él «ganaba» elecciones, presidió un Gobierno en funciones y luego otro, ya investido presidente de nuevo, en minoría. En todo momento, el PP acompañó y apoyó a Rajoy. El poder une y crea inercias; el partido que lo representa no busca ningún Rubicón y si una línea de carácter decisorio se le cruza por el camino, no la cruza.

El centroizquierda ya había dado ese paso y estaba instalado en la otra orilla de aquel río de la antigüedad. El viraje socialista hacia nuevas formulaciones de derechos sociales y de políticas participativas reflejó el efecto arrastre de las normas, o de las modas, del posmodernismo y del relativismo y, también, del que ejercen las exigencias del «nuevo normal». Con ello no había continuidad posible porque la ruptura estaba a la orden del día.

Por mucho que le pesase a la vieja guardia felipista, el PSOE emprendió la senda de la radicalización. Está por ver dónde acaba el recorrido iniciado. Para unos podría moderar los desafíos de los soviets que dirige Pablo Iglesias bis; para otros podría acabar estrujado por el abrazo del oso «bolchevique». El tiempo lo dirá, pero no se ha de olvidar que los bruscos desvíos doctrinarios suelen provocar escisiones.

Según los defensores de la radicalización socialista, el cisma ya se había producido en la izquierda española con la irrupción de Podemos. El viraje, por lo tanto, tenía la intención de unir a quienes aspiraban a cambiar la gobernanza del país: la representación de sus fuerzas políticas, la redistribución de su renta y la reinvención de su marco territorial.

El populismo que se hizo presente en el tercer lustro del nuevo siglo fue izquierdista en España, pero en la gran mayoría de las democracias occidentales los nuevos vientos políticos venían de la derecha del arco parlamentario. Partidos de centroderecha, que hasta entonces apostaban por la globalización y acompañaban el multiculturalismo, ensayaron políticas proteccionistas y de exclusión nacionalista debido al fuerte aumento de la inmigración y a la consiguiente competencia de plataformas xenófobas.

Estas presiones populistas no estaban presentes en el centroderecha español, pero se derechizó de forma parecida. Bajo el liderazgo de Mariano Rajoy, el PP no mostró ni habilidad para ensanchar su base electoral con mensajes que eran moderados, centristas, liberales o cualquier cosa que no fuese el conservadurismo de otra época, ni destreza para promocionar una generación de políticos con inquietudes renovadoras.

Puede que sea injusto acusar al Partido Popular de «derechizarse» y sus dirigentes, en todo caso, lo negaban con vehemencia. En su defensa está el hecho de que la «ideología» del PP era precisamente no tenerla. Evitaba cualquier debate de ideas porque lo importante era «estar». Creyó que esto era suficiente y en ello estaba su equivocación.

En diciembre de 2015 el Partido Popular obtuvo su peor resultado electoral en más de un cuarto de siglo porque no fue capaz de transmitir un mensaje renovador ni, tampoco, un propósito de enmienda creíble después de tanta corrupción acumulada. La explicación de ello no requirió muchas vueltas. El inmovilismo del PP estaba indisolublemente unido a la persona de Mariano Rajoy. Ningún político español en activo ha estampado tanto y durante tanto tiempo su personalidad sobre el partido que dirige como lo ha hecho Rajoy.

¿Qué ha de pasar para que se consolide sin complejos la democracia interna en los partidos políticos y para que la España «oficial» se acerque a la «vital» y se asiente en «la intimidad de la nación»? El PSOE exploró nuevas vías para congraciarse con esa «vitalidad» y el éxito de su aventura está por ver. El PP siguió en el «oficialismo». La denuncia de Ortega y Gasset hace más de un siglo concierne de una manera muy particular al partido de centroderecha que mantiene a un Gobierno minoritario en el poder.

Se vuelve a cómo las «nuevas generaciones advierten que son extrañas totalmente a los principios, a los usos, a las ideas y hasta al vocabulario de los que hoy rigen los organismos de la vida española». Y la reflexión se centra irremediablemente en la personalidad de Mariano Rajoy y del poder absoluto que ejerce sobre su partido.

Elegido diputado en las primeras elecciones autonómicas en Galicia a los veintiséis años, después de ganar las oposiciones al cuerpo de registradores de la propiedad, Rajoy ha estado en política toda su vida. Ocupó cuatro carteras ministeriales distintas durante los dos mandatos de José María Aznar y acabó siendo vicepresidente primero del Gobierno, cargo que abandonó cuando Aznar le nombró candidato del PP para las elecciones de 2004.

La hoja de servicios de Rajoy en la vida pública era excepcional y ningún político de la Monarquía parlamentaria había llegado a la presidencia del Gobierno con tanta práctica previa del funcionamiento del Estado constitucional. Aventajaba de manera incontrovertible a los otros líderes de los partidos nacionales en experiencia y, además, les sacaba más de veinte años en edad, lo que no es baladí: el dirigente «se hace» con el ejercicio del poder y sabe más «por viejo». Dicho esto, lo esencial de Rajoy fue su aversión al riesgo. Para unos, era un maestro a la hora de medir los tiempos y, para otros, su principal aptitud era la de postergar las decisiones.

Algunos decían de Rajoy, como en su día se dijo de su paisano Francisco Franco, que era un «macizo de la raza». Esto, según unos, es muy conveniente en tiempos de mudanza cuando el instinto natural es permanecer en la estancia aunque no sea más que para salvar cuantos muebles se pueda. Según otros, es una táctica tóxica cuando la sociedad está, quiérase o no, enfrascada en una profunda transformación y requiere una clara hoja de ruta para gestionar el cambio.

El inmovilismo de Rajoy adquirió las características de una hazaña épica a los seis meses de alcanzar la presidencia del Gobierno cuando resistió los cantos de sirena, más bien el griterío, de gobiernos del exterior, de banqueros centrales y del mercado de deuda en el verano de 2012. Se negó a acudir al rescate de la economía hispana por los «hombres de negro», esos severos contables de la Comisión Europea que ya habían dirigido lacerantes recortes de gastos sociales para reducir la deuda soberana en Grecia, Irlanda y Portugal y asegurar, en cada caso, el pago a los acreedores.

Rajoy se comprometió a que España haría honor a sus obligaciones por sus propios medios, y su talante de hombre inflexible, serio y prudente, tan distinto a su antecesor Rodríguez Zapatero, fue ganando la confianza de Bruselas y de los mercados. A la vez, es cierto que cualquier rescate de España, y de la todavía más endeuda Italia, que estaba en apuros similares, hubiera creado enormes dificultades para la eurozona por el tamaño de sus economías y que la especulación sobre la moneda común fue parada en seco cuando el Banco Central Europeo intervino con la amenaza de una batería de medidas para reforzarla.

La crisis de la deuda soberana en el verano de 2012, a los seis meses de llegar al poder, fue la hora de gloria del imperturbable Rajoy. Su exitosa protección del interés nacional durante aquel gravísimo brete se convirtió en su principal argumento cuando pidió el voto para un segundo mandato en la campaña electoral de 2015. Su defensa numantina había creado las condiciones idóneas para una rápida y sostenible recuperación económica. El mérito era real y el pronóstico acertado, pero su inmovilismo innato le traicionó.

Rajoy olvidó, o nunca supo, que los electorados son volubles e inconstantes y que por naturaleza no suelen ser agradecidos. No premian a quien los redime a base de sangre, trabajo, sudor y lágrimas. El peligro y el salvavidas se olvidan; se pasa página y se quiere otra cosa.

Ni Rajoy, ni ningún estratega del Partido Popular, tomó debida nota de que el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014 ilustraban nuevas tendencias políticas y marcaban un punto de inflexión para el bipartidismo. Al PSOE le había salido un rival, que era Podemos, y al PP otro, que era Ciudadanos. Estos competidores constituirían un desafío mayor o menor en función de la capacidad de reacción de los dos partidos dinásticos. Como se vería en las elecciones generales el año siguiente, la reacción fue defectuosa.

El problema del PP fue doble. Había perdido la confianza de la tercera parte de sus votantes, lo cual era malo, y no quiso darse por enterado de ello, lo cual era peor. Después de las elecciones de diciembre de 2015 y después de las de mayo de 2016, los correligionarios de Rajoy aceptaron la «falsa noticia», y dieron por buena la «posverdad», de que el PP había «triunfado». Nadie en las altas esferas del centroderecha cuestionó la continuación del liderazgo de Rajoy.

No hubo revuelta palaciega alguna, por la sencilla razón de que nadie ocupaba un alto cargo en el aparato del PP ni se sentaba en la mesa del Consejo de Ministros en función de la independencia de su criterio. No había lugar para «versos sueltos».

CAPÍTULO 10

La rectificación de los errores

La labor de rectificar un fracaso consiste, obviamente, en identificar las causas del fiasco y enmendarlas de plano con inteligencia y con especial esmero a la hora de adoptar otras conductas. La tesis de este libro es que la tormenta de la Gran Recesión fue especialmente perfecta en España, donde la brutal borrasca coincidió con las particulares circunstancias del fin de un ciclo político, un periodo histórico, en realidad, que fue marcado por los casi cuarenta años del reinado de don Juan Carlos.

En España, además de hacer crack el sistema financiero y de hundirse la economía, al igual que en otros países, el sistema político fue sacudido por un proceso de deslegitimización que destruyó el edificio bipartidista construido por la Monarquía parlamentaria a partir de la Transición. La pujante irrupción de un partido antisistema como Podemos y el pronunciado fortalecimiento del soberanismo en Cataluña sólo se explica por la combinación de la inercia que caracterizó a los partidos dinásticos y de los errores que cometieron cuando les dio por ser proactivos.

La indolencia de la partitocracia instituyó el clientelismo como principal palanca de poder, y esta práctica, que ejercían los aparatos de los partidos y que es la negación de la democracia abierta, fomentó redes de corrupción que hicieron un inmenso daño reputacional a la clase política. El error del sistema bipartidista en Cataluña fue el de «ausentarse» de la región, lo cual dejó el campo libre a partidos nacionalistas. Los estragos de la Gran Recesión sirvieron para ampliar el electorado independentista y fortalecer la demanda secesionista del «derecho a decidir», que desembocó en la crisis del otoño de 2017.

El punto de inflexión en el sistema bipartidista fue la vuelta al poder del PSOE en las convulsas elecciones de marzo de 2004, que tuvieron lugar inmediatamente después del magnicidio yihadista en los trenes de cercanías del sur de Madrid. Se abandonó la sabia máxima de continuidad sin continuismo que fue el baluarte del cambio de la dictadura a la democracia. Se desatendió la prudencia.

Un lustro después, se vio con claridad que el nuevo Gobierno había cometido el muy grave error de ignorar los signos de una excesiva y muy peligrosa exuberancia consumista. Más bien la alentó. También propagó el pensamiento desordenado en niveles políticos y sociales y, con consecuencias que serían dramáticas en Cataluña, en el ámbito territorial.

Con el retorno del Partido Popular al Gobierno en 2011 comenzó la hercúlea labor de limpiar los establos de Augías. Aquí el error fue descuidar la comunicación. El discurso de sangre, trabajo, sudor y lágrimas no se intentó. De haberlo enunciado, mostrando mucha ejemplaridad, es posible, aunque para nada seguro, que el PP hubiera evitado el desastre electoral que sufrió en 2015, año en el que la economía ya volvía a crecer. La Gran Recesión se llevó por delante a gobiernos de distinto signo en toda Europa.

El PP no pudo capitalizar electoralmente su eficaz gestión de las cuentas públicas porque arrastraba el tremendo lastre de la corrupción. De haber renovado a fondo sus cargos directivos y sus programas cuando contaba con una holgada mayoría parlamentaria, es posible que hubiera podido contener, al menos en parte, la increíble sangría de votos que padeció cuando acabó la legislatura.

Ocurrió lo que tenía que ocurrir, que fue la aparición de Ciudadanos. El inmovilismo de las filas prietas corre ese riesgo. El insurgente partido centrista tenía una hoja de servicios limpia, porque era inédita, un programa regeneracionista y se hizo con los cientos de miles de votos que perdió el Partido Popular.

El PP no se renovó porque la reinvención no estaba en el guión de los partidos dinásticos. La renuencia a cualquier relevo fue particularmente acusada en el partido que lideraba Mariano Rajoy. Ni por primera, ni seguramente por última vez, la derecha «de toda la vida» estuvo por la labor de enmendar la plana de la vieja política. El porqué de ello es lo que explora este último capítulo.

El refranero dice que rectificar es de sabios, y los hechos demuestran que la Monarquía parlamentaria no supo modificar a tiempo sus procedimientos con el fin de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Un estudio desapasionado de la democracia representativa que echó a andar en España con la Constitución de 1978 llega a la conclusión de que, al cabo de veintipocos años, la partitocracia, cerrada, opaca y endogámica, se encargó con eficacia de mantener a «los mejores» apartados de la política. El futuro, en paz y progreso, consistiría, por lo tanto, en recuperarlos. Si el bipartidismo de los partidos dinásticos había entrado en barrena, la Monarquía parlamentaria de Felipe VI estaba obligada a explorar nuevos planteamientos para asentar un sistema político que apuntalase la convivencia «para todos».

La ausencia de un relevo al frente del Partido Popular entre 2015 y 2016 fue una muestra irrefutable del bonapartismo que se había hecho fuerte en la política española.

Para sorpresa de nadie, a Mariano Rajoy no se le pasó por la cabeza dimitir de sus cargos después de perder más de la tercera parte de sus votantes. El cesarismo, igual que un cedro, impide que nada crezca a su alrededor e induce el discurso de «o yo o el caos».

Para cualquier conocedor del mando jerárquico que distinguía al Partido Popular, era perfectamente entendible que no hubiese nadie dispuesto a dar el paso para sustituir a Rajoy como dirigente del centroderecha. No lo hubo porque no existía una cultura de debate abierto en el partido y porque no existían mecanismos internos para facilitar el reemplazo del jefe.

Según Napoleón, el gran líder es, ante todo, un gran gestor de esperanzas. Esta habilidad nunca caracterizó a Rajoy y, a pesar de ello, pudo beneficiarse de las prácticas bonapartistas que la partitocracia había creado. La continuación de Rajoy al frente del PP fue un ejemplo más del proceso de decadencia que venía sufriendo la democracia que surgió de la Transición.

La decadencia es la llegada de ese crepúsculo que impide ver las cosas con claridad. En la Transición se percibió, con aguda inteligencia compartida, que un periodo político acababa, que otro comenzaba y que todos estaban obligados a reconocerlo y a consolidar la nueva etapa. Cuarenta años después, la falta de reflejos y la ofuscación que marcan tantos tiempos de declive impidieron discernir una crisis de fin de ciclo.

Mariano Rajoy seguía liderando el mayor partido en el Congreso de los Diputados, pero ya no era capaz de validar una mayoría parlamentaria. Y aún fue más grave que su presencia al frente del PP impidiera la creación de un Gobierno amplio y estable porque ningún dirigente de otro partido estaba dispuesto a colaborar lealmente con él. A lo largo de su carrera, Rajoy fue un político muy poco valorado por el conjunto del electorado y una «gran coalición» con el PSOE era inimaginable si él la presidía.

En estas circunstancias de tanto recelo y desconfianza, Rajoy se empeñó en completar la legislatura después de ser investido presidente del Gobierno al frente de un Ejecutivo minoritario el 30 de octubre de 2016 en segunda votación y gracias a la abstención de la mayoría del Grupo Parlamentario Socialista. Estaba convencido de que así cumplía con su deber de servicio al Estado. La política engendra tales vanidades, y una que interioriza todo el que llega a la presidencia del Gobierno de España es que ha de cumplir al menos dos mandatos.

Para ello, Rajoy se dedicó a negociar pactos con partidos periféricos, que serían puntuales, y costosos porque las agendas de tales efímeros socios eran del todo localistas y alejadas del interés nacional. También consiguió un acuerdo con Ciudadanos, pero esta alianza estaba plagada de desconfianzas. El PP y Ciudadanos se miraban a la cara, pero nunca lo hicieron en la misma dirección.

Para el Partido Popular los insurgentes centristas no eran de fiar. Habían apoyado a Pedro Sánchez cuando el secretario general del PSOE se presentó como candidato a la presidencia del Gobierno en la «breve» y «tonta» undécima legislatura, y lo mismo mantenían en el poder al PSOE en Andalucía que al PP en la Comunidad de Madrid. Ciudadanos tampoco tenía interés alguno en ser el prestamista de última instancia que mantendría a flote a Rajoy. Era un partido renovador y de centro, y su meta era ser la referencia política a la derecha del PSOE.

Con tales mimbres, Rajoy redujo la estrategia de su segundo mandato a compromisos sobre el techo de gasto y a la aprobación de los presupuestos. Lo que no podía hacer era desarrollar un programa de reformas estructurales que se amoldase a los rápidos cambios de las sociedades occidentales y de la española en particular. No estaba en su mano preparar el país para el «nuevo normal» de una economía globalizada sometida a los crecientes acicates de una innovación disruptiva.

La inclinación natural de Rajoy, ya señalada, fue aplazar decisiones, no al día de mañana, sino al próximo. A esto se añadió, a partir de su segundo mandato, una extrema debilidad política. Ya no era cuestión de posponer medidas. El problema fue que, al no tener una mayoría parlamentaria y no disponer de un pacto de legislatura a prueba de fisuras, carecía del mando necesario para tomar decisiones.

La debilidad del Gobierno se convirtió en un gravísimo asunto de Estado porque el reto puntual y apremiante en el primer año del segundo mandato de Rajoy era apaciguar las provocaciones del soberanismo catalán.

Los diez meses de parálisis parlamentaria sirvieron para envalentonar al movimiento secesionista, y esto era natural. Como ya se ha dicho, la historia ilustra cómo crece el independentismo en Cataluña cuando el Gobierno central entra en crisis. El soberanismo catalán percibió en 2017 que la gran política de Estado en España seguía en periodo de paréntesis como lo estuvo el año anterior durante la legislatura «breve» y «tonta». La capacidad de maniobra de Rajoy al frente de un Gobierno minoritario era tan limitada como lo fue cuando presidía un Gobierno en funciones.

Sin embargo, Rajoy aguantó, y lo pudo hacer porque contaba con el apoyo incondicional de los «suyos». No hubo discusión alguna en la cúpula del Partido Popular acerca de si Rajoy, lejos de ser una «solución» para el centroderecha, se había constituido en su principal «problema». Esto nunca se planteó. Mentarlo era muestra de infidelidad y, en todo caso, de mal gusto. La lealtad era a la persona, no al partido y a lo que representaba, ni mucho menos al país.

Nada de esto puede sorprender porque Rajoy evitó siempre cualquier debate abierto en el PP y más aún si contenía tintes ideológicos. Formaba parte de su aversión al riesgo y, también, reflejaba un anclado rasgo cultural hispano que premia la gestión jerárquica.

Cualquier discusión, aunque fuese un inocente «contraste de pareceres», podía dar lugar a divisiones, y el fraccionamiento tenía que ser evitado a toda costa porque debilitaba. Esto era doctrina pura y dura de la «vieja política». Al disidente interno, ni agua. La derecha española nunca entendió aquello que dijo Lyndon B. Johnson, el sucesor de John F. Kennedy en la presidencia de Estados Unidos, de quienes discrepaban de sus políticas: «Es mejor tenerlos dentro de la tienda de campaña meando hacia fuera, que fuera y orinando hacia adentro».

La experiencia enseña que la inercia y los silencios son letales a medio plazo para la acción política. Un partido político moderno requiere una constante puesta a punto mediante la cercanía con su militancia y un abierto debate de ideas. Esto es precisamente lo que dejó de ocurrir en el Partido Popular bajo el liderazgo de Rajoy.

Las herramientas fundamentales en el paso por el taller político son esencialmente dos: la celebración puntual de congresos nacionales y la continua producción de «papeles» por un inteligente y bien dotado Servicio de Estudios al servicio del partido.

Esto lo entendió José María Aznar cuando renovó el centroderecha e infundió agilidad a un partido que dormitaba. Hizo hincapié en una estrecha relación con las bases del partido y en un permanente debate de ideas.

Con Rajoy, los órganos directivos del Partido Popular mostraron escaso interés por lo primero y ninguno por lo segundo. Rechazaron esta dote de la herencia recibida. Cuando aceptó el legado que le había tocado en suerte, Rajoy no aprovechó estos útiles instrumentos.

Sin embargo, esos utensilios fueron urgentemente requeridos cuando las circunstancias cambiaron de manera calamitosa como consecuencia de la Gran Recesión. Caía el crepúsculo sobre la Monarquía parlamentaria y la claridad demandaba una relectura de la Constitución para adecuarla a nuevos tiempos y una inaplazable modernización del sistema representativo. Es desde esta reflexión como se ha de juzgar la desidia que mostró Rajoy cuando debió de haber revitalizado al PP con nuevos planteamientos políticos y una acendrada democracia interna.

Ciertamente, la ceguera acompaña todo fin de una larga etapa al servicio del Estado. Por regla general, los políticos no saben retirarse a tiempo e ignoran el hecho de que, de no hacerlo, su carrera parlamentaria casi siempre acabará entre lamentaciones y crujir de dientes.

La situación empeora notablemente cuando la terquedad del veterano coincide con la disfuncionalidad que es propia de todo fin de ciclo y que envuelve a la clase política en suspicacias y en enfrentamientos personalistas. Unos y otros carecen de la limpia inteligencia de aquel niño que vio que el emperador iba desnudo. No son capaces de discernir y no aprecian lo que es evidente.

A lo largo de 2017 la situación era confusa por la fractura del Congreso de los Diputados y porque el problema catalán distraía y complicaba en muchos enteros la política nacional. Había claros signos de que el sistema estaba en fase de deconstrucción al haberse partido en dos la partitocracia.

El partido dinástico del centroizquierda, después del controvertido relevo de Pedro Sánchez y de la posterior reafirmación de su liderazgo, había elegido la vía de la radicalización. El centroderecha, la otra pata del bipartidismo del reinado de don Juan Carlos, no se había renovado y permanecía con su mismo discurso y en el mismo lugar de siempre.

La izquierda radical quería una nueva redacción de la Constitución de 1978 para borrar la «continuidad sin continuismo» que se pactó. Planteó la vuelta a la legalidad de la Segunda República, valiéndose de la Ley de Memoria Histórica, y su revanchismo excluía cualquier acuerdo con el centroderecha. Y el Partido Popular, como es lógico, se oponía tenazmente a cualquier cambio constitucional que no hubiese sido consensuado previamente.

Planteado así, la concordia era imposible. Unos, inmersos en el pensamiento desordenado, se habían lanzado a la ruptura política, y otros, sumergidos en el soberanismo, a la ruptura territorial. Lo que aún quedaba en pie del sistema bipartidista permaneció, comprensiblemente, inmóvil. Las grandes, preclaras y generosas lecciones de la Transición habían sido olvidadas y el ruido y la furia de la clase política hastiaba al electorado.

Rectificar el fracaso requería humildad, desprendimiento, inteligencia y propósito de enmienda. En el caso del PP, cualquier rectificación requería la utilización de aquellas herramientas modernizadoras aludidas que Rajoy y su equipo despreciaban. En el caso de la izquierda, cualquier reajuste estratégico dependía de que el programa máximo de los radicales se hundiese bajo el peso de sus congénitas contradicciones. El PSOE tenía la responsabilidad histórica de rectificarlo.

Al «refundar» el Partido Popular en un congreso nacional celebrado en Sevilla en la primavera de 1990, José María Aznar tuvo un máximo interés en crear un laboratorio de ideas que fomentase la formulación de políticas en el centroderecha. Tales laboratorios vinculados a partidos parlamentarios eran comunes en las democracias occidentales y en España existían en la izquierda, pero no en el centroderecha.

Para ello, Aznar se sirvió de entidades existentes de pensamiento conservador, democratacristiano y liberal que se crearon al albor de la Transición y que hacían, cada una, rancho aparte. Su proyecto fue unirlas en una sola bajo el nombre de Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, conocida por sus siglas FAES.

Aznar tenía varios motivos al crear FAES. Uno era tener a las varias «familias» del PP bajo un mismo «techo» para perfeccionar conjuntamente propuestas programáticas. Otro era elevar el nivel intelectual del centroderecha y reforzar sus planteamientos teóricos con la presencia de individuos de valía que no estaban necesariamente vinculados al partido orgánicamente. FAES se constituyó como un centro plural y «abierto».

Y un motivo más, no menos importante, fue captar para el partido gente joven de la vida universitaria y de ambientes profesionales. En cierto modo, la fundación seleccionaría talentos para el Partido Popular y sería una «escuela de mandos».

Desde sus inicios, FAES se lanzó a la publicación de informes y de boletines, de libros de cosecha propia y de traducciones de ensayos políticos de autores extranjeros. Organizó conferencias y seminarios, y cada verano celebró un campus al cual acudían personalidades del exterior. Rompiendo con la tendencia introvertida de tanta derecha española, estableció lazos con think tanks afines en otros países y mostró una marcada vocación internacionalista.

El deseo principal de Aznar fue combatir la pretendida superioridad moral que ejercía la izquierda, es decir, la hegemonía del felipismo, en el campo de las ideas y de la cultura, y acabar con los complejos del centroderecha. Quiso «rearmar» ideológicamente el conservadurismo liberal español, y para ello acudió a fuentes externas y alentó las propias. Según Aznar, sólo así podría actuar el Partido Popular como una organización política dinámica y capaz de ofrecer respuestas a los desafíos contemporáneos.

Políticos estrechamente ligados a FAES formaron el núcleo duro de los gobiernos de Aznar y de su Gabinete en la presidencia del Gobierno. Cuando el PP llegó, por fin, al poder en 1996 tenía un sinfín de papeles preparados que abarcaban desde los retos de la eurozona a la reforma fiscal, la eliminación de trabas que penalizaban un mercado único interno y la libertad de horarios comerciales; desde la mejora de la enseñanza a la problemática de la exclusión. Entre ellos había uno muy ambicioso que proyectaba un Plan Hidrológico Nacional que resultó especialmente malhadado, pero que daba la medida de las ambiciones modernizadoras de Aznar.

En cierta manera resultó curiosa la decisión de Aznar de nombrar sucesor a Mariano Rajoy. Ciertamente, Rajoy era un político de mucha valía y experiencia, y un peso pesado en los gobiernos que presidió, pero no estaba en la órbita de FAES ni destacaba por sus inquietudes ideológicas. Una vez instalado en la cúpula del partido, Rajoy fue paulatinamente apartando de su entorno a quienes estaban fuertemente identificados con la fundación que creó Aznar.

Cuando volvió a perder las elecciones en 2008, Rajoy se refugió en su propio núcleo duro de colaboradores muy cercanos y las relaciones entre FAES y el Partido Popular se fueron visiblemente enfriando. Los órganos directivos del partido dejaron de pedir «papeles» a su laboratorio de ideas. A la vez, se fueron tornando glaciales las relaciones entre Rajoy y Aznar, que seguía siendo presidente de FAES. En 2017, por acuerdo mutuo, la fundación y el partido pusieron fin a sus relaciones.

Rajoy también desdeñó esa otra herramienta básica para el mantenimiento en forma de un partido político que es la celebración puntual de congresos nacionales. De nuevo, fue una ruptura con la manera de actuar de Aznar. Y lo fue también con lo que son los procedimientos habituales de los partidos en los sistemas parlamentarios europeos.

El Partido Popular celebró cinco congresos nacionales entre 1990 y 2002 siendo su presidente José María Aznar. Salvo en el primero, en todos ellos los compromisarios se reunieron antes de la convocatoria de elecciones generales con el fin de perfilar, a través de ponencias y de debates, el programa que se sometería a los votantes. Siendo Rajoy presidente del Partido Popular, se celebraron cuatro congresos nacionales entre 2004 y 2017 y todos ellos tuvieron lugar después, y no antes, de la celebración de elecciones generales.

Rajoy ignoró el hecho de que estatutariamente el congreso nacional del Partido Popular debía celebrarse cada tres años. Pasaron cinco años entre el congreso que tuvo lugar en Sevilla en febrero de 2012, tres meses después de la victoria electoral de noviembre de 2011, y el que reunió a los representantes de la militancia en Madrid en febrero de 2017, tres meses después de haber ganado Rajoy la votación de investidura que le permitiría un segundo mandato.

En este último congreso, que fue «triunfal» para Rajoy como habían sido todos los anteriores, perdiese o ganase las elecciones, se cambiaron los estatutos y se acordó que los congresos nacionales tendrían lugar cada cuatro años. No se especificó si tenían que celebrarse antes o después de una convocatoria electoral.

Es muy difícil que un partido político sea siempre sensible a las nuevas inquietudes y demandas que surgen de un electorado, incluso cuando celebra, como es, por ejemplo, la costumbre en Reino Unido, un congreso nacional antes del comienzo de cada curso legislativo. Por mucha solera que distinga a determinados partidos y por mucha cercanía que presuman tener con sus bases, todos ellos, los británicos incluidos, no consiguen evitar «sorpresas» electorales. Pero es prácticamente imposible que un partido tenga buenos reflejos políticos cuando, como en el caso del PP bajo la presidencia de Rajoy, reduce a mínimos sus encuentros con sus militantes más entregados y cualificados.

Según avanzaba 2017 y se enmarañaba la crisis en Cataluña, el inmovilismo del Partido Popular se asemejaba al de un animal que de noche queda atrapado entre los faros largos de un coche que se le ha cruzado en el camino. Al igual que el animal que es incapaz de moverse, el liderazgo del centroderecha parecía hipnotizado por algo que se le venía encima y que no alcanzaba a entender. Optó por no hacer mudanzas.

El PP mantuvo las filas muy prietas en torno a su líder, que, por su parte, declaraba encontrarse «muy en forma». Los portavoces del partido insistían en que Rajoy completaría su segundo mandato sin contratiempos porque la economía y el empleo crecían y porque la oposición era un guirigay. El Partido Popular no estaba por la rectificación. Las aguas volverían a su cauce y el centroderecha se aprovecharía de ello porque el centroizquierda, su antiguo socio en el sistema bipartidista, se había tirado, río arriba, al monte.

Cuando se vean en perspectiva el ruido y la furia del comienzo del reinado de Felipe VI y el fracaso del bipartidismo se culpará, seguramente a partes iguales, tanto al retraimiento de uno de los partidos dinásticos como al aventurismo del otro. El PP abandonó el liberalismo modernizador del periodo de Aznar y el PSOE renunció a la socialdemocracia moderada de la época de González. En cada caso se trataba de desandar el camino que habían emprendido sus anteriores líderes.

El centroderecha volvió a sus cuarteles de invierno después de la etapa de José María Aznar cuando el Partido Popular, bajo el impulso de su presidente, rompió muchos de sus moldes tradicionales. Además de ser un obseso del equilibrio presupuestario, Aznar era un abanderado de las políticas de desregulación y de una trayectoria transatlántica.

El centroderecha español es, por temperamento, contrario a la innovación, asume con mucha dificultad la crítica liberal del corporativismo y del intervencionismo estatal, y no tiene especial interés por lo que ocurre no ya fuera de las fronteras de su país, sino por lo que sucede más allá de los límites de su patria chica.

El PSOE también volvió a aposentos que había abandonado tiempo atrás porque su reacción al fracaso del «buenismo» de Rodríguez Zapatero, a los éxitos electorales de Podemos y al infructuoso intento del aparato de deponer a Pedro Sánchez fue emprender la vía de la radicalización. En ello hubo un elemento generacional que estaba teñido por la melancolía y la idealización de una «revolución permanente».

Con Felipe González, el PSOE había pasado a ser el establishment y esto frustraba a los progresistas y no encajaba en la izquierda cuando la Gran Recesión dio paso al «nuevo normal». Los socialistas estaban llamados siempre a ser la referencia de una realidad que cambiaba y que exigía otras soluciones.

En capítulos anteriores se ha analizado cómo José Luis Rodríguez Zapatero se lanzó de lleno a hacer política «de otra manera» cuando el PSOE recuperó el poder en las crispadas elecciones de marzo de 2004. Rodríguez Zapatero era un adolescente cuando murió Franco y era ajeno a las políticas de la Transición que marcaron la conducta de González como gobernante.

Felipe González, que al principio lucía una chaqueta de pana que luego guardó eternamente en el armario, decía de sí mismo que era un «socialista heterodoxo». No menos heterodoxo fue Rodríguez Zapatero, que rompió con la sensatez y la prudencia de la larga etapa felipista.

También se ha analizado el viraje del PSOE hacia un hosco radicalismo bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, que tenía tres años cuando murió Franco. Con Sánchez, el Partido Socialista se quitó la careta «buenista» de Rodríguez Zapatero y no le hizo ascos al revanchismo y al estatismo a ultranza de la izquierda antisistema. González, como hombre de la Transición, no compartía tales planteamientos. De hecho, no los toleraba.

Sánchez cerraba sus mítines con el puño en alto y entonando La Internacional, gesto e himno que González abandonó mucho antes de llegar al poder. El impetuoso nuevo líder socialista también invocaba la Libertad, la Fraternidad y la Igualdad. González sólo admitía el primer concepto de aquella trinidad revolucionaria.

La ira de Sánchez fue la reacción previsible de un dirigente socialista que contempló el derrumbamiento de su partido porque Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba, sus antecesores en la Secretaría General, se habían rendido incondicionalmente a las demandas del gran capital. La Gran Recesión, que de la noche a la mañana convirtió el Estado del Bienestar en insostenible, fue un hachazo en la médula de una socialdemocracia bien intencionada.

Las consecuencias del giro de 180 grados que dio el político leonés y que consolidó Pérez Rubalcaba le demostraron a Sánchez que el PSOE tenía todas las de perder si seguía actuando como corresponsable de un sistema bipartidista en el cual algunas cosas cambiaban para que todo siguiese igual. En el mejor de los casos, sería un convidado de piedra y, en el peor de ellos, otro ocuparía su lugar en la mesa. En 2004 esto no estaba en el guión socialista.

Al suceder a Aznar y recuperar el poder para el PSOE, Rodríguez Zapatero había proclamado su «ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes». Ciertamente, fue uno más que cubría un puño de hierro en un guante de terciopelo porque sus melifluas palabras, propias del New Age, ocultaban tanto guerracivilismo como el que más. Su estrategia fue aislar al PP pactando con el nacionalismo periférico y excluir al centroderecha del tablero político.

El inherente radicalismo de Rodríguez Zapatero era precisamente lo que adulaban las nuevas generaciones del «No a la guerra» y «Aznar asesino». Estaban ensimismadas con el talante rupturista del presidente del Gobierno. Lo único que le pedían era «no nos falles» y Rodríguez Zapatero, como se ha visto, les falló. El traspié del político leonés fue el punto de partida para Sánchez, su eventual sucesor.

El tan «buenista» líder socialista acabó sucumbiendo al abrazo de varios osos desagradables: el del Eurogrupo, que reúne a los ministros financieros de la Unión Europea, el del Banco Central Europeo, el de los abominados predadores que especulan con las deudas soberanas y el del no menos detestado Ibex-35. Al final, el héroe de los indignados se comportó como un fiel defensor del sistema que ellos, en el Movimiento 15-M, rechazaban porque «no nos representa». Pasó a ser un miembro más del establishment.

El supuesto valedor de los «humildes» recortó prestaciones sociales y traspasó una icónica línea roja de la izquierda cuando pactó con Rajoy, entonces líder de la oposición, la limitación del endeudamiento de las administraciones públicas mediante una reforma constitucional. Mucha militancia socialista seguía creyendo que el dinero público «no es de nadie», como célebremente dijo una ministra en el primer Gobierno que formó Rodríguez Zapatero.

El PSOE que heredó Pedro Sánchez en el verano de 2014 cuando ganó las primarias para suceder a Alfredo Pérez Rubalcaba en la Secretaría General del partido era una organización desmoralizada y humillada. A finales de 2011, las elecciones generales habían reducido su representación parlamentaria a mínimos históricos y, finalmente, Pérez Rubalcaba tiró la toalla después de los muy pobres resultados en las elecciones europeas de mayo de 2014 que sirvieron para lanzar a Pablo Iglesias al ruedo político ibérico. A año y medio de unas nuevas elecciones generales, la herencia de Sánchez fue infausta porque el PSOE sufría el acoso y derribo de Podemos y de sus confluencias y mareas.

En diciembre de 2015 se cumplieron los peores pronósticos sobre el derrumbamiento del PSOE. Su representación parlamentaria se redujo todavía más y el PSOE fue el cuarto partido, por votos obtenidos, en la Comunidad de Madrid y en el País Vasco, y el tercero en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. El principal adversario del PSOE ya no era el PP. Era Podemos.

Estas circunstancias permitieron a Sánchez hacer tabla rasa y partir de cero. Se enfrentaba a retos desconocidos por los anteriores dirigentes socialistas en la Monarquía parlamentaria. Cuando superó la humillación y la desmoralización propia que supuso su defenestración por el Comité Federal, la táctica del borrón y cuenta nueva ya no admitía discusión.

Rodríguez Zapatero no fue un político dispuesto, en un principio, a jugar según las reglas bipartidistas del sistema. Sánchez no lo sería nunca. Salvando las radicalizadas bases socialistas que le apoyaron en las primarias de mayo de 2017, no debía nada a nadie porque se había levantado él solo de la lona. Sería todo lo adanista que quisiera ser. Rajoy, su adversario según la arquitectura política de la Constitución, pertenecía a la vieja política. Sánchez, no.

La continuidad del bipartidismo requiere la complicidad y la evolución sensata de sus dos componentes. Sólo así puede funcionar una alternancia de poder en la cual se construye sobre lo válido que legisló el partido contrario en la anterior legislatura. El adanismo, que deroga todo y comienza de nuevo, es la antítesis de un bien ordenado sistema representativo y lo acaba destruyendo. La continuidad se quiebra cuando un partido rehúye toda renovación y el otro emprende una carrera zigzagueante en terreno desconocido. Pero hay más.

Las reglas del juego del bipartidismo exigen un nivel de respeto hacia el adversario que se basa en el reconocimiento de que los dos principales socios del sistema político se legitiman mutuamente. El combate dialéctico debe ser duro, pero tiene sus límites. El principal de éstos es que no puede cuestionar la honradez del contrario y su derecho a desarrollar las políticas de su programa electoral.

Pedro Sánchez, que ya en la campaña para las elecciones generales de 2015 no pudo ocultar su desprecio visceral hacia Rajoy y hacia todo lo que representaba el líder del Partido Popular, traspasó esos límites. Sin duda, Rajoy exasperaba a un Sánchez que no estaba dispuesto a admitir lecciones de quien, siendo veinte años mayor que él, representaba valores que consideraba propios de una época caduca y corrupta. Pero los intransigentes sofocones del líder socialista transgredieron las reglas del juego del bipartidismo. Esto, por otro lado, era previsible.

El consenso de los historiadores de la Segunda República es que la desestabilización que sufrió el régimen del 14 de abril se debió, en una sustancial medida, a la senda revolucionaria que emprendió una parte del PSOE. Formaba parte de la polarización política del periodo de entreguerras del siglo XX. Con el paso del tiempo, futuros historiadores juzgarán que lo que en gran parte aceleró el fin del ciclo político en la España que inauguró la Transición fue, de nuevo, la radicalización del Partido Socialista. Y afirmarán que esto siempre tuvo visos de ser inevitable. La polarización del PSOE se debió a la «proletarización» de la clase media que fue la hiriente consecuencia de la Gran Recesión. Llegado el crack al acabar la primera década del nuevo siglo, ni siquiera un líder nato como Felipe González podría haber evitado un viraje radical de las bases socialistas.

En la Transición, González pudo dirigir el partido que renovó, o refundó, hacia el centro político y la moderación porque el electorado aspiraba y confiaba vivir materialmente mejor. Sus hijos harían carreras universitarias y tendrían una segunda vivienda. La consolidación de una clase media y de una sociedad consumista fue el gran legado de Franco a su sucesor.

Esta condición objetiva, que es la que cimienta la concordia social, no se daba en España al comenzar la segunda década del siglo XXI. El aumento de la brecha de desigualdad, o la percepción de ello, radicalizó la política de manera inexorable.

El drama para el PSOE era que Podemos, como corresponde a un partido antisistema, no jugaba según las reglas del bipartidismo. Pablo Iglesias hizo una enmienda a la totalidad de la Transición y decretó que la partitocracia era la «casta» que cínicamente se aprovechaba del sudor de la clase trabajadora y de la desesperación de una juventud que estaba obligada a emigrar para obtener un empleo.

Podemos entonó un versionado moderno del discurso de las barricadas. Hasta entonces, se había reducido a las arengas que lanzaban el Partido Comunista y la coalición de Izquierda Unida que lideraba, y aquellas proclamas cayeron en saco roto porque bajo la Monarquía parlamentaria la economía española vivía un ciclo expansivo desconocido hasta entonces por su duración y por su pujanza.

A partir de la Gran Recesión el debate político sería otro, la indignación ya ocupaba portadas y Podemos surgió como tercera fuerza parlamentaria y partido experto en el manejo de los medios. Se habían cambiado las porterías en el campo de juego. Antes se pegaban patadas al balón, ahora se recogía con las manos y se corría con él.

La disyuntiva para Sánchez era en qué cancha y con qué reglamento debería competir. Estaba el juego del bipartidismo, en el cual la socialdemocracia había triunfado con contundencia en el pasado, y estaba el del rupturismo que practicaba Podemos y que crecientemente llenaba los estadios. Sánchez intentó una tercera vía en la «breve» y «tonta» undécima legislatura cuando pactó con Ciudadanos, pero el PP y Podemos le pararon los pies. El término medio no fue posible y Sánchez se radicalizó. Podemos no sería su adversario, sino su aliado.

Las consecuencias de este cambio estratégico estaban por desarrollarse en el invierno de 2017, pero por primera vez en cuarenta años de Monarquía parlamentaria el tema de un Frente Popular dominaba una parte de la conversación. La otra parte se centraba en la quiebra territorial que planteaba el soberanismo catalán.

Cabe, para dar por concluido este ensayo, subrayar un apunte que tiene que ver con el inmovilismo que implantó Mariano Rajoy en el centroderecha. El tiempo se encargará de juzgar las luces y las sombras del político gallego en su paso por el poder. Entre las segundas figurarán el rechazo de la renovación y la negación de cualquier ejercicio rectificador.

Lo llamativo del retorno de Sánchez al liderazgo del PSOE en mayo de 2017 fue cómo su discurso de echar a Rajoy a toda costa del Gobierno estuvo siempre jaleado por la militancia y le aseguró un claro triunfo en las elecciones primarias que designaron al secretario general del PSOE. Los jerarcas del partido y el Comité Federal le habían defenestrado precisamente por su terca oposición a la investidura como presidente del Gobierno del líder del Partido Popular. Sin embargo, resultó que era Sánchez y no ellos quien estaba en sintonía con el sentir de una amplia franja del electorado y, por descontado, con el de la izquierda.

Al contrario de lo que ocurrió en el centroderecha, donde nadie osó rectificar a los órganos directivos del Partido Popular, y menos aún a su presidente, las bases socialistas impusieron una línea política al PSOE. Este ejercicio de democracia interna fue el último clavo que selló el féretro del bipartidismo. El sistema político de la Transición ya estaba listo para el entierro. El bipartidismo había fracasado. La centralidad que conformaban dos grandes partidos se hundió justo cuando el soberanismo catalán provocaba una crisis constitucional de indudable envergadura.

Índice

Agradecimientos

Prólogo

Capítulo 1. El comienzo y el fin de los ciclos políticos

Capítulo 2. La crisis socialista

Capítulo 3. La imagen de España y el buenismo

Capítulo 4. El legado socialista

Capítulo 5. La historia y la memoria

Capítulo 6. Abdicación y nuevo reinado

Capítulo 7. Los retos de Felipe VI

Capítulo 8. La furia antisistema

Capítulo 9. Las razones del fracaso

Capítulo 10. La rectificación de los errores