© Alba Lajarí

Tom Burns Marañón (Londres, 1948) nació en el seno de una familia hispano-inglesa, fue alumno del profesor Raymond Carr en la Universidad de Oxford, donde estudió Historia moderna, y fue enviado a Madrid como corresponsal de la agencia Reuters en 1974. Posteriormente, fue delegado en España de la revista Newsweek y del diario The Washington Post, y durante una dilatada etapa fue corresponsal del Financial Times. Es autor de una trilogía sobre el cambio político en España en clave de historia oral –Conversaciones sobre el Rey (1995), Conversaciones sobre el socialismo (1996) y Conversaciones sobre la derecha (1997)–, considerada como una referencia ineludible en la historiografía de la Transición. Entre sus obras destacan La Monarquía necesaria (2007) e Hispanomanía, un estudio sobre la creación de la imagen romántica de España por escritores anglosajones, que fue reeditada en Galaxia Gutenberg con un extendido Prólogo para franceses en 2014. Participa en numerosos foros de análisis político y financiero y es patrono de diversas fundaciones, entre ellas la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. En 2001 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II por su contribución a las relaciones culturales entre el Reino Unido y España, y en 2014 recibió el XXV premio de periodismo de la Fundación Institucional Española (FIES) de manos del rey Felipe VI.

A los cuarenta años de la muerte del general Franco arrecian grietas en el sistema parlamentario bipartidista que sustituyó a casi cuatro décadas de dictadura, en la administración autonómica que creó la Constitución de 1978, y en el mismo consenso entre los españoles que hizo posible la transición política a la democracia. En De la fruta madura a la manzana podrida, el periodista y ensayista hispano-británico Tom Burns Marañón ofrece un penetrante análisis de la certera travesía social e institucional que hizo posible la libertad y la reconciliación en España y de los pasos equívocos, las conductas erróneas y las sensibilidades desacertadas que posteriormente empañaron los logros conseguidos.

Nacido en Londres, formado en la facultad de Historia de la Universidad de Oxford y corresponsal en España de importantes medios extranjeros, Tom Burns Marañón fue un testigo independiente del tardofranquismo y de la normalización de España. El autor recurre a su amplia base de documentación de primera mano y a sus propias observaciones sobre el discurrir de los hechos para construir una interpretación lúcida y original de la desafección que ha sustituido a la ilusión inicial hace cuarenta años. Por estar tan maduro el deseo de libertad, de reconciliación y de normalización política en una sociedad ya económica y socialmente avanzada, el cambio de régimen descuidó aspectos esenciales en la construcción de una sólida democracia e ignoró mecanismos para la continuada perfección del sistema. La fruta, por tanto, se pudrió.

Tom Burns Marañón

De la fruta madura
a la manzana podrida

El laberinto de la Transición española

Edición al cuidado de María Cifuentes, con la colaboración de Rafael Borràs

Publicado por:

Galaxia Gutenberg, S.L.

Av. Diagonal, 361, 2.º 1.ª

08037-Barcelona

info@galaxiagutenberg.com

www.galaxiagutenberg.com

Edición en formato digital: octubre 2015

© Tom Burns Marañón, 2015

© Galaxia Gutenberg, S.L., 2015

Imagen de cubierta: © Estudio Pep Carrió, 2015

Conversión a formato digital: gama s.l.

ISBN Galaxia Gutenberg: 978-84-16495-20-7

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Para Manuela y Thomas

Índice

Introducción

Capítulo 1. Continuidad sin continuismo

Capítulo 2. Los reformistas del Régimen y los democratacristianos

Capítulo 3. Los franquistas finiquitan el Régimen

Capítulo 4. Franco y la Monarquía

Capítulo 5. Don Juan Carlos y el franquismo

Capítulo 6. El ostracismo político de don Juan Carlos

Capítulo 7. Los límites políticos del Régimen

Capítulo 8. Don Juan Carlos y el tardofranquismo

Capítulo 9. Don Juan Carlos y la sucesión

Capítulo 10. El imparable ascenso de Felipe González

Capítulo 11. El felipismo acopia poder

Capítulo 12. Luces y sombras del felipismo

Capítulo 13. El imparable fracaso del centro-derecha

Capítulo 14. La búsqueda del centro político

Capítulo 15. El centro reformista que no cuajó

Notas

Bibliografía

Agradecimientos

Introducción

Todo se transformó en España durante los casi cuarenta años que duró el franquismo salvo el sistema político. La España rural y del hambre se convirtió en una sociedad urbana de consumo, pero el poder lo controló siempre la misma persona y lo administró su partido único. La democracia reemplazó a la dictadura, y a los cuarenta años de la muerte de Franco se puede decir algo parecido. La España de la Hoja del Lunes pasó a tener la oferta plural de la información digital, pero la gobernanza de su ciudadanía siguió en manos de un estamento político sellado, compacto y endogámico.

Al acabar la Segunda Guerra Mundial, pautas y aspiraciones civiles se renovaron en toda Europa. En España, que anteriormente había sufrido su fratricidio particular, la prolongación de la dictadura de Franco demoró la normalización política, pero no pudo evitar los cambios en la sociedad. El nuevo ordenamiento democrático mostraría una resistencia similar a acompañar políticamente la evolución socioeconómica de los españoles.

La demanda de romper con los viejos moldes del poder fue generalizada en 1975. Cuatro décadas después del fin físico de Franco, los paradigmas gubernamentales estaban de nuevo anquilosados y la exigencia de una regeneración política retornó con fuerza. El poder manifestó un rígido apego a las reglas fundacionales con las cuales se constituyó, fuese como dictadura o como democracia. En un sistema y en otro, el principio de «defendella y no enmendalla» siguió vigente. Llámese un ejemplo de una inflexible «excepcionalidad» hispana.

Ocurrió que las tipologías del sistema dictatorial fenecido fueron heredadas por el democrático que le sustituyó. El primero, que negó el sufragio universal y las libertades políticas, fue menos totalitario en sus finales, y el segundo, que protegió constitucionalmente los derechos universales, fue más pluralista en sus principios. En líneas generales, ambos sistemas actuaron con una prepotencia semejante.

Al igual que en el franquismo, el ejercicio del poder en la democracia se distinguió por el hiperliderazgo, la jerarquización del mando, el dirigismo y por la aversión a la transparencia y a la rendición de cuentas. Los partidos políticos, al crear aparatos para intermediar en la administración, reprodujeron el intrusismo del Movimiento Nacional franquista. En la percepción pública, los pagos de la partidocracia se convirtieron en cotos cerrados de cohecho.

Este relato De la fruta madura a la manzana podrida parte de la reflexión sobre un proceso político que acabó por dilapidar el entusiasmo que engendró en sus comienzos. Es un ensayo en torno a las personalidades y los propósitos que enmarcaron el cambio del sistema y a la proyección del legado franquista sobre la Monarquía parlamentaria que enterró el Régimen.

La «fruta madura» fue el deseo de reconciliación y de normalización política que la sociedad española compartió de una manera muy amplia al morir Franco. La Transición cosechó el fruto. La «manzana podrida» es la metáfora del posterior desencanto con el nuevo concierto institucional.

La Transición fue un impulso generacional, liderado por don Juan Carlos, el sucesor de Franco a título de Rey, para emerger pronto, sano y salvo, de la dictadura. El ejercicio tuvo sus ganadores y sus perdedores. Unos superaron el reto y salieron del laberinto; otros se enredaron al intentarlo. Hubo hojas de ruta equívocas, planes que se torcieron y aciertos clarividentes.

Tuve la inmensa suerte de poder vivir muy de cerca el cambio político y su desenlace como corresponsal de medios extranjeros. Es posible que para ver las cosas bien convenga ser algo forastero. En el ensayo recurro a algunas vivencias que me fueron esclarecedoras. Una segunda fuente de documentación propia es la historia oral del proceso –Conversaciones sobre el Rey, Conversaciones sobre el socialismo y Conversaciones sobre la derecha– que escribí en años sucesivos a partir del vigésimo aniversario de la muerte de Franco.

Varias de aquellas conversaciones recorren este ensayo. Pasadas dos décadas, y desde la actual perspectiva, estos testimonios son aún más enriquecedores. Al ordenarlos de nuevo, he comprendido mejor cómo determinadas actitudes y acciones dieron como resultado un sistema político que, con el tiempo, se estancaría de nuevo. Se diría que los periodos en la gestión de la cosa pública duran indefectiblemente cuarenta años. Cuando cumplen ese ciclo, reverdecen, con más pujanza si cabe, las siempre insatisfechas demandas de regeneración.

Para entender la «fruta madura» se ha de retroceder al tardofranquismo y convivir con las voluntades del anciano dictador, con las limitaciones de sus últimos gobiernos, con el posicionamiento de los llamados jóvenes reformistas del Régimen, con las expectativas de la oposición y con las de la mayoría silenciosa. Se ha de estar próximo a las ambiciones de don Juan Carlos en su búsqueda por encontrar la salida del laberinto franquista.

Cuarenta años después, se puede entender mejor cómo el fruto se marchitó al seguir las trayectorias de Adolfo Suárez y del espejismo que fue Unión de Centro Democrático (UCD), de la conversión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el fenómeno del felipismo y de la zigzagueante reconstrucción del centro-derecha por Manuel Fraga Iribarne y José María Aznar.

Las actitudes y las acciones en la Transición fueron lo que fueron. Se discurrió y se obró de acuerdo con un contexto, y la evaluación ha de errar por el lado de la generosidad. No por culpa suya: los dirigentes políticos tenían un conocimiento superficial de la sociedad abierta y plural y se adentraron en un territorio sin mapas. Hace cuarenta años, la clase política española mereció el elogio unánime de las democracias parlamentarias.

Los protagonistas de la Transición no fueron los padres fundadores de la democracia en Estados Unidos, pero consiguieron construir el mejor edificio constitucional de cuantos fueron levantados por próceres españoles en los últimos doscientos años. Su principal mérito fue haber absorbido las lecciones que imparten los fracasados intentos anteriores de crear una concordia. Sólo con eso bastaba y sobraba. La Constitución de 1978 merece respeto, y su arquitectura sólo la cuestiona el pensamiento desordenado.

Tal fue la madurez y el peso de la «fruta», que se recolectó con suma rapidez. El anhelo por las libertades públicas y la impaciencia por obtenerlas facilitaron el consenso político e impusieron prisas al tránsito transformador. Desde la propuesta inicial de una reforma política del Régimen hasta la creación de una Monarquía parlamentaria respaldada por una nueva constitución, el proceso duró escasamente dos años y medio.

La consecuencia de estos condicionantes fue que no se produjeron prolongados debates sobre la separación de poderes. No se avalaron los contrapoderes judiciales y legislativos para controlar al Ejecutivo, equilibrar sus prerrogativas y afianzar una democracia abierta y liberal. En lugar de fundados diálogos sobre teorías constitucionales, hubo pactos expeditivos, a la media luz de la madrugada y sin taquígrafos, entre los portavoces de UCD y del PSOE, que, en las elecciones de 1977, obtuvieron conjuntamente una fuerte pluralidad parlamentaria.

La Constitución de 1978 también obvió la inclusión de normas y de fluidos mecanismos corregidores para su continua puesta a punto y mejora. Muy al contrario, lo que hizo fue introducir procedimientos que convirtieron cualquier enmienda en un asunto complejo y laborioso. La Constitución que refrendaron los españoles y sancionó el Rey fue blindada ante cambios posteriores. Estaba hecha para durar. Se esculpió en piedra granítica.

La Constitución proclamó la Monarquía parlamentaria como la forma política del Estado español. La intención de los dos partidos predominantes en el Congreso fue establecer un sistema bipartidista en el cual ambos se alternarían en el poder según el apoyo recibido en elecciones generales al final de legislaturas que durarían un máximo de cuatro años. El ejemplo a seguir fue el de lo que entonces se llamaba la «democracia de corte europeo». Con ese fin, la ley electoral favoreció la formación de dos grandes organizaciones políticas.

El objetivo bipartidista descarriló el año siguiente de dimitir Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y antes de cumplirse cuatro años de la entrada en vigor de la Constitución. En las elecciones de 1982, las segundas del régimen constitucional, desapareció UCD como partido político, y el aplastante poder que obtuvo el PSOE fue de una envergadura desconocida en cualquier parlamento europeo. El Partido Socialista gobernó a lo largo de cuatro legislaturas, y la ausencia de equilibrios y alternancias parlamentarias tuvo sus consecuencias.

La Monarquía parlamentaria se asentó, a todos los efectos, sobre un único partido. La hegemonía del Gobierno socialista, y concretamente el hiperliderazgo de Felipe González, dejó una profunda huella sobre el comportamiento del poder en el recién estrenado sistema de pluralismo político. El aparato del PSOE, controlado por Alfonso Guerra, creó una extensa red clientelar cuya nada ejemplar conducta socavó valores y principios de ética y decencia política.

El centro-derecha tardó catorce años en recuperar el poder que perdió en 1982 y, al conseguirlo, el Partido Popular (PP) se adaptó a los comportamientos y a las conductas que heredó. La euforia al repartir las mieles del triunfo esfumó cualquier compromiso de regenerar y robustecer la sociedad civil. La alternancia de poder se había demorado en demasía y para entonces la «fruta madura» ya era la «manzana podrida». Al suceder a Felipe González, José María Aznar optó por sostener el sistema en lugar de enmendarlo.

CAPÍTULO 1

Continuidad sin continuismo

En los tres días siguientes a la muerte de Francisco Franco en la madrugada del 20 de noviembre 1975, una eterna cola se formó en la plaza de Oriente de Madrid donde tantas veces el dictador había arengado a las masas. Venida de toda España, la gente esperó horas en silencio para pasar por delante de su cuerpo insepulto, que había sido instalado en el Palacio Real. La despedida por esta enorme multitud de quien el 1 de octubre de 1936, a comienzos de la guerra civil, había sido nombrado jefe del Estado por una junta de generales sublevados reunida en Burgos, fue un duelo nacional inapelable.

Presencié el luto como corresponsal de la agencia Reuters y escribí que fue extenso, hondo y sincero porque así es como me pareció a mí. El periodismo que observa los hechos sobre el terreno y los relata con fidelidad es una aportación clave a la historia. Mejora, porque matiza como fuente histórica la de los despachos diplomáticos interesados y también la de los testimonios de los actores de los hechos que ocultan o directamente mienten en aras de su autojustificación. Por eso, los historiadores prefieren documentarse con cartas y diarios, y los que se dedican a la historia contemporánea acuden a las hemerotecas.

Reuters me había enviado a Madrid el año anterior para completar mi formación, y confiaba que me desenvolvería con soltura en la delegación puesto que, desde que nacimos, mis padres nos trasladaron incesantemente a mis hermanos y a mí de Londres a Madrid y de vuelta a Londres. Nunca me he sentido «extranjero» en España y como corresponsal sabía muy bien que había otras realidades al margen de ese luto tan cívico.

En los meses anteriores había escrito sobre conflictos laborales y estudiantiles y sentencias del Tribunal del Orden Público, sobre estados de excepción, sobre el terrorismo de ETA y las manifestaciones de la ultraderecha, y sobre un malestar que se extendía desde las facultades a las fábricas pasando por jerarquías eclesiásticas y parroquias. Sabía muy bien que el Régimen padecía una profunda crisis desde bastante antes de comenzar la agonía de su fundador.

A los diez años de morir Franco, un notable profesor de Historia Contemporánea resumió acertadamente el trance: «España era un Estado católico donde la Iglesia condenaba el Régimen y donde se clamaba, en las calles, contra el arzobispo de Madrid y los “obispos rojos”. Era un Estado que prohibía las huelgas y donde éstas se realizaban por miles; era un Estado autoritario, que buscaba, por su mala conciencia, alguna forma de legitimidad democrática».1

A los cuarenta años de la muerte de Franco este juicio resiste el paso del tiempo. Las contradicciones del Régimen estaban muy presentes a la muerte de su fundador y por eso mismo fue, y sigue siendo, complejo interpretar el duelo de aquellos días.

¿Qué significaba exactamente la tan sentida despedida del dictador? En los años posteriores se ha escrito mucho sobre el franquismo sociológico, que era a la vez, y con mayor precisión, descrito como una adhesión coyuntural. ¿Explica esto el extraordinario pésame que tuvo lugar? ¿Fue Franco un muy destacado ejemplar de la casta tradicional hispánica, eso que Antonio Machado llamaba «macizo de la raza»?

Se sabe muy bien que los españoles, como todos los pueblos del Mediterráneo, se vuelcan a la hora de enterrar a sus muertos. Unas semanas antes del 20 de noviembre estuve en la Monumental de Las Ventas cuando se despidió desde los tendidos al matador Antonio Bienvenida. La muerte del maestro a los cincuenta y tres años, a consecuencia de una estúpida voltereta que le propinó una vaquilla en un tentadero, desplazó de las portadas de los periódicos los partes del equipo médico habitual de Franco. La plaza estaba llena a rebosar y el gentío gritaba «Torero, Torero» cuando su féretro dio la vuelta al ruedo a hombros, entre otros, de Ángel Peralta, Paco Camino, Curro Romero, Francisco Rivera «Paquirri» y Palomo Linares. Lo recordé cuando presencié las colas en la plaza de Oriente.

Para millones de españoles normales y corrientes, que no tenían estudios superiores, que no hablaban idiomas y que no militaban en partidos, sindicatos o grupúsculos clandestinos, el franquismo era algo tan natural como espontánea fue su presencia, aguantando el frío, en la larga espera de la plaza de Oriente. Lo que ahí se reunía era el testimonio y el reconocimiento del impresionante progreso económico y social que había tenido lugar a lo largo de casi cuatro decenios y que se había acelerado, a un ritmo de vértigo, en los últimos tres lustros.

Un sentido, eso sí, pasajero, de «orfandad» era natural, y el de inquietud ante un futuro sin Franco duraría más. Ahora bien, la muchedumbre en modo alguno representaba un franquismo político que aprobaba el sistema normativo vigente y deseaba su continuación. La evolución del Régimen estaba en dique seco al morir su fundador.

Marruecos había aprovechado su agonía para forzar la retirada desordenada de España del Sahara Occidental. Fue una fuerte y cínica bofetada a un moribundo general africanista. Por otro lado, el franquismo era rechazado por las potencias democráticas en los días finales de su existencia como lo había sido en sus principios al acabar la Segunda Guerra Mundial. Salvo en el Chile de Pinochet y en las Filipinas del matrimonio Marcos, la dictadura de Franco no tenía gobiernos amigos.

Estuve en El Aaiún a comienzos de noviembre de 1975 informando sobre la amenazante Marcha Verde que organizó Hassan II para ocupar la colonia española. Era muy evidente que el Gobierno de Madrid no había previsto esta agresión, la población saharaui estaba dividida y desmovilizada y, aunque el ejército mostraba una gran profesionalidad y una moral muy alta a pesar de sus pocos medios, la situación era bastante caótica.

Marruecos contaba con todas las bazas, España estaba diplomáticamente aislada y la pronta entrega del territorio a Hassan II era completamente previsible. La sorpresa fue la llegada a El Aaiún del príncipe de España en uniforme de campaña.

Fue una iniciativa personal de don Juan Carlos con el exclusivo fin de estar cerca de la tropa y darle ánimos. Su padre, el conde de Barcelona, la jaleó diciendo que don Juan Carlos había «cogido el toro por los cuernos», comentario que fue ampliamente difundido. No así Carlos Arias Navarro, el presidente del Gobierno. Arias Navarro no fue informado hasta el último momento de los planes del Príncipe, y le indignó tanto la ausencia de una autorización previa como el viaje en sí. Ambas cosas demostraban claramente la personalidad y los criterios propios de don Juan Carlos.

Previamente había escrito sobre la retirada de un buen número de embajadores acreditados en Madrid, incluido el mío, el británico, a quien conocía bien porque una de sus hijas había sido compañera mía de universidad. Las democracias le dieron la espalda a la España de Franco en protesta por los fusilamientos, el 27 de septiembre de 1975, de dos miembros de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y de tres del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), acusados de haber perpetrado diversos atentados contra las Fuerzas de Orden Público.

Quince días antes, había asistido al juicio sumarísimo de los tres del FRAP condenados a muerte y de otros miembros de su banda terrorista por un consejo de guerra que se reunió en el acuartelamiento de la Brigada Acorazada de El Goloso, a las afueras de Madrid. Según los estándares de un Estado de Derecho, no se hizo ni por asomo justicia, y las penas de muerte y larguísimas sentencias ofendían los valores de las democracias liberales. Fue a todas luces un remake de lo que se ha escrito sobre los rápidos juicios y los fusilamientos durante y después de la guerra civil. Se cerraba el círculo: el Régimen de Franco tocaba a su fin mostrando la misma cruel excepcionalidad de su comienzo.

Mucho menos representaba el duelo un franquismo ideológico, cosa que no existió nunca. La dictadura tenía un ideario alimentado por distintas fuentes, pero no una ideología. Fue un régimen personalista y pragmático que sobrevivió a muchos tiempos que no tuvieron que ver los unos con los otros y que reunió a distintas familias que rivalizaban entre sí bajo su paraguas. El franquismo no fue «uniforme», como afirma un agudo panegirista del Régimen que no se excusa de serlo.2 En esta particular apreciación tiene toda la razón.

Si bien al final el franquismo cerró el círculo y volvió con su política represiva a sus orígenes, el Régimen tuvo distintos ciclos que se sucedieron y, en grandes líneas, se suelen identificar tres.

Hubo la etapa de la posguerra, de la española y de la mundial. Sería recordada como la de los años de hambre, de la cartilla de racionamiento, de la reconstrucción y de la proscripción de los vencidos en la «Cruzada». También como la de los años del aislamiento, del torpe intervencionismo económico y del vano intento de lograr el autoabastecimiento a través de la política arancelaria y la producción nacional. Con el tiempo la autarquía, tan ciegamente implementada, condujo directamente a la bancarrota y la crítica situación de la balanza de pagos forzó un giro de ciento ochenta grados de la política económica a partir de 1959.

Bajo la batuta de los tecnócratas se devaluó la peseta, se liberalizó la economía y se abrió España a la inversión extranjera. Comenzó la etapa del desarrollismo, de la migración del campo a las grandes ciudades, de la salida de trabajadores españoles a los fabriles complejos industriales del norte de Europa y de la llegada de turistas extranjeros a las costas del Mediterráneo. La apertura hacia el exterior y la prosperidad que trajo consigo el desarrollismo cambiaron las aspiraciones de los españoles, pero el Régimen no se dio por aludido y no inició intento serio alguno de modernizar las estructuras políticas.

Por último, después de que don Juan Carlos fuera nombrado heredero de Franco en 1969, se identifica un tercer periodo, el llamado tardofranquismo. Acaso la única «conversación» nacional, en esta última etapa, giraba en torno al final del Régimen y a las expectativas de una democratización con, o sin, el sucesor del dictador. Los intentos de evolucionar desde el Régimen fueron baldíos. Políticamente el franquismo ya no daba más de sí.

Bajo el paraguas de Franco se encontraban ministros falangistas de la revolución pendiente y del totalitarismo cuyos alumnos acabaron siendo reformistas del Régimen. Los «azules» rivalizaban con conservadores no menos doctrinarios adscritos al nacionalcatolicismo. Estos últimos estuvieron anclados en la Contrarreforma y el Concilio de Trento y sus sucesores se convirtieron en cristianodemócratas aperturistas después del Aggiornamento del Concilio Vaticano II. El relevo generacional en ambos bandos formaría la plataforma de la transición política del posfranquismo.

También, juntos pero no mezclados, estaban los tecnócratas del Opus Dei –algunos más evolucionistas, otros menos, y liberales en lo económico todos ellos– y los tradicionalistas, y hasta algún alfonsino, que entendían más bien poco de devaluaciones y bajadas de aranceles.

Eran las llamadas «familias» del Régimen y cada una de ellas tenía su parcela de gestión, pudiendo construir su propia red clientelar. Los falangistas se ocupaban de lo «social», los nacionalcatólicos de la política exterior y los tecnócratas, por regla general cercanos al Opus Dei, de la política económica. La ruta de acceso a los puestos de mando era la de los cuerpos del Estado. Las distintas jerarquías cuidaban a sus opositores y los ascendían.

Los ministros, evidentemente, fueron franquistas, pero al dictador no le interesaban las loas, les consideraba interinos a todos y no tenía un especial aprecio por ninguno de ellos. Según un irónico conocedor de muchos ministros, los del Régimen y los que vinieron después, tampoco le influía mucho a Franco al nombrarles los conocimientos técnicos que pudiesen acumular para ocupar una determinada cartera.3 Una de las características de la manera de gobernar de Franco fue la inercia y, salvo situaciones extremas como fue la quiebra económica con la autarquía, esto inducía a la preferencia por dilatar la toma de decisiones categóricas.

El respeto por el dictador que mostró ese franquismo sociológico y coyuntural en la plaza de Oriente en los días siguientes al 20 de noviembre de 1975 duró lo que dura un duelo. El término «sociológico» es dudoso porque, de un día para otro, la sociedad española abandonó el patrón que para ella había diseñado la propaganda del Régimen. Si con las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 España se acostó monárquica y se despertó republicana, el 20 de noviembre de 1975 supuso un vuelco del péndulo igualmente brusco. Con la muerte del dictador se acabó su Régimen y su ideario conservador, católico y de paz y orden. El pluralismo político sustituyó al partido único.

Con un entusiasmo desenfrenado, España se adelantó a la democracia formal en multitud de manifestaciones políticas, culturales y de comportamiento. Los medios, muchos de ellos nuevos y con redacciones muy jóvenes, nacidas a mediados del siglo XX, constituyeron un «parlamento de papel». Fueron la caja de resonancia y la punta de lanza de las conductas y los anhelos que surgieron en la Transición. Fue el fenómeno de levantar la tapa de la olla a presión que, en cualquier lugar y a lo largo de la historia, es el denominador común de todo fenecimiento del autoritarismo y nacimiento de la libertad.

Al año y pico de la muerte de Franco se celebró un referéndum, el primero del reinado de Juan Carlos I, que planteaba la pregunta: «¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?». El plebiscito mostró la ausencia de cualquier atisbo de franquismo político o ideológico. Los españoles querían pasar página y deseaban, sobre todo, la reconciliación que el ideario del Régimen había impedido.

La pregunta podría haber sido más fácil: «¿Quiere usted la Democracia?». Pero daba igual porque los 17 millones y medio de españoles, casi el 78% del censo en aquel momento, que acudieron a las urnas el 15 de diciembre de 1976 entendían perfectamente el motivo de la convocatoria y el alcance que tenía el referéndum. El 94% de los votantes dijo que quería partidos políticos y elecciones libres.

A los seis meses tendrían ambas cosas: el partido de sus amores, incluidas variopintas ofertas franquistas y otras tantas de la izquierda marxista, entre ellas la del Partido Comunista de España (PCE), que había sido el legendario adversario del Régimen; y el sufragio universal, libre y secreto. El 15 de junio de 1977 casi el 79% del censo participó en las primeras elecciones legislativas que se celebraron en España desde las del 16 de febrero de 1936, que fueron las últimas de la Segunda República.

El resultado de las elecciones al año y medio de la instauración de la Monarquía dio la vuelta a aquellas republicanas porque ganó la derecha. Sin embargo, fue una victoria transitoria. Cinco años después, la Corona se apoyaría en el centenario Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que ganó el poder en una goleada electoral y continuaría en él durante los siguientes catorce años. Tuvo que transcurrir casi una generación para que la derecha gobernase de nuevo en España y, para entonces, ya no era ni política ni culturalmente franquista.

La participación en el referéndum de diciembre de 1976 y en las elecciones de 1977 fue la prueba fehaciente del deseo de los españoles de convivir en el mismo espacio de libertades que imperaba en el mundo desarrollado de su entorno europeo. Fue el ansia de trasladar a la esfera de la política las aspiraciones sociales que había creado, en los años anteriores, la pronunciada línea ascendente de la renta disponible de los ciudadanos. Fue la evidencia de una «fruta madura», de un pueblo que se había hecho adulto en un régimen que le trataba como un adolescente.

La fruta madura explica el rápido éxito de lo que muy pronto se entendió y se dio en llamar la Transición de la dictadura a la democracia. Las Cortes reunidas en estas primeras elecciones del posfranquismo tardaron poco más de un año en consensuar una nueva constitución. El 6 de diciembre de 1978 el 67% del censo participó en el referéndum para aprobar el nuevo marco político del Reino de España y casi el 88% votó a favor.

Hasta aquí los hitos de un proceso de cambio político que asombró al mundo. A los tres años de morir Franco, su autoritario régimen, extraño superviviente de las dictaduras europeas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, se había convertido en una reliquia. Había dado paso a una Monarquía parlamentaria, homologable a las del Reino Unido, Holanda, Bélgica y los países escandinavos.

¿Cómo explicar la aceptación abrumadora de la madurez de la fruta? Un elemento clave para la dilucidación de esta narrativa tiene que ver con los orígenes del Régimen franquista. Al contrario de otras dictaduras europeas, la de Franco se había constituido en un régimen autoritario de mando único como consecuencia de una cruenta y larga guerra civil. En los convulsos años que siguieron a la Gran Guerra de 1914, el totalitarismo se impuso en diversos países europeos como consecuencia de un golpe de Estado o a través de las urnas en un proceso electoral.

La guerra, el fratricidio entre «los justamente vencidos y los injustamente vencedores», según el resumen del filósofo Julián Marías (Valladolid, 1914 - Madrid, 2005),4 es, evidentemente, el acontecimiento central de la historia contemporánea de España. Moldearía, como no podía ser de otra manera, la imaginación de sucesivas generaciones y también, por su proyección internacional, la de mucho no-español. La bibliografía extranjera sobre la guerra civil es muy extensa y no cesa.

La terrible sombra de 1936-1939 se extendería en la democracia. A los casi treinta años de la muerte de Franco, cuando los «nietos» de la guerra ya eran adultos, el líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960) habló del fusilamiento de su abuelo por los rebeldes franquistas en el debate de su investidura como presidente del Gobierno. Parecida profunda huella emocional y de comportamiento dejó la guerra civil de mediados del siglo XIX en Estados Unidos.

Por este mismo impacto tan duradero, porque nadie quería otra guerra fratricida, porque todos ansiaban la reconciliación, el proceso democratizador en España no tiene parangón cuando se compara con el de otros países –Grecia, Portugal, y luego, tras la caída del Muro, los del bloque del Pacto de Varsovia en el este de Europa– que recuperaron la libertad política en el último cuarto de hora del violento siglo XX. En ninguna parte se efectuó el cambio político de una manera tan rápida, tan consensuada y tan pacífica como ocurrió en España

Un segundo elemento crucial al argumentario de la fruta madura, y a la vez una clara diferencia entre el tránsito político en España y el de otros países, entronca con el espectacular éxito del desarrollismo español. El punto de partida económico del cambio político español fue muy saludable, y esto ayuda a explicar la rapidísima consolidación de la democracia parlamentaria en España.

El Régimen franquista legó un nada despreciable sector industrial, infraestructuras adecuadas, unos boyantes intercambios comerciales, un sistema financiero mayoritariamente solvente y unas cuentas públicas equilibradas. Y también, en otro orden, sistemas de previsión, de salud pública y de escolarización, que si bien eran, como todo, mejorables, habían progresado notablemente y se acercaban a los niveles europeos. En España no hubo que comenzar de cero y, consiguientemente, no se dieron pasos en falso como ocurrió en otros lugares.

El dato económico singular fue que en 1975 la renta per cápita en España equivalía al 79,9% de la media de la Unión Europea (UE) de los quince. En 1960, a punto de comenzar los planes de estabilización y de desarrollo, el dato era el 59,5%. Salvando el ya inoperante sistema político al final del Régimen, la España de Franco distaba mucho de ser un Estado fallido. Tampoco era una economía emergente. Por lo general, su bienestar estaba consolidado.

Un hecho constatable es que los españoles se enriquecieron en los últimos quince años del franquismo, cuando el Régimen tuvo una muy acusada actuación modernizadora e internacionalizó la economía nacional hasta alcanzar unos niveles sin precedentes. Por contra, los españoles se empobrecieron en los primeros tres lustros de la democracia. A partir de 1975 la economía española dejó de crecer más que las de los prósperos países de su entorno transpirenaico y se alejó de la convergencia con la UE.

La divergencia se debió a que la Transición coincidió con las consecuencias recesionistas de la crisis mundial del petróleo en 1973 y, específicamente, a que, por razones obvias, una serie de decisiones políticas –entre ellas, muy especialmente, la subida de salarios para asegurar la paz social– primó sobre las medidas restrictivas que demandaba la lógica económica en aquellos años. La consecuencia fue la durísima factura de un masivo desempleo en la primera década del reinado de don Juan Carlos.

Hasta 1991 la renta per cápita en España no volvió al nivel de convergencia de 1975.5 Pero estos nubarrones no se divisaban a la muerte de Franco. Vendrían después y no empañaban la ilusión colectiva que caracterizó el ejercicio de la libertad y de la reconciliación. El empobrecimiento futuro no estaba en cálculo alguno a la hora de emprender la Transición. Las prioridades eran otras, y es muy comprensible que lo fuesen.

Más espinoso, por controvertido, para este relato resulta afirmar que lo que sobre todo distinguió el proceso español fue su continuidad. No un continuismo, pero sí una continuidad. Para esta fina distinción se ha de recurrir de nuevo al profesor Marías, que le explicó esto mismo a don Juan, conde de Barcelona. El padre de don Juan Carlos y el filósofo se conocieron porque don Juan, acompañado por su hija, la infanta Pilar, se presentó inesperadamente en una conferencia que impartía Marías en Lisboa a mediados de los sesenta. Ahí comenzó una buena amistad entre los dos basada en una mutua admiración.

A comienzos de 1969, Marías escribió a don Juan a Estoril diciéndole que él, el heredero de Alfonso XIII, físicamente apartado de España pero decidido a ser el Rey de todos los españoles, representaba una garantía «de la continuidad sin continuismo» y de «avance, sin ruptura hacia otra cosa...».6 Al filósofo le había cautivado la personalidad de don Juan, sobre todo su patriotismo y su profundo amor por España.

El asunto central para la evolución de una democracia liberal era evitar quiebras y el mantenimiento de la normalidad, y para Marías esto requería la restauración de la Corona. La república dividía a los españoles en los dos bandos de la guerra civil. Una Monarquía constitucional y democrática haría posible su reconciliación.

En junio de aquel año de 1969, don Juan Carlos aceptó ser el heredero de Franco a título de Rey y juró los Principios del Movimiento. Por lo tanto, la garantía de la «continuidad» –palabra que para Marías significaba necesidad de avanzar, de seguir adelante– bajo la Corona pasó, al menos en teoría, a manos del príncipe de España y no a las del conde de Barcelona.

Era comprensible que los monárquicos legitimistas, doloridos por la usurpación del derecho dinástico, dudaran si don Juan Carlos, al contrario de don Juan, representaría, a la vez, el continuismo. La misma duda, con más razón si cabe, la albergaban quienes no eran monárquicos. La incertidumbre duraría más de un lustro hasta la muerte de Franco. Y, comenzado el reinado de su sucesor, se resolvió para sorpresa de legitimistas y de republicanos.

Don Juan Carlos dejó de lado el guión y asumió el que Marías, cuya presencia en las tertulias juanistas de Estoril fue tan altamente valorada, le había escrito a su padre. El Rey avanzó, sin ruptura, con la herramienta jurídica de la Ley para la Reforma Política en la mano, hacia esa otra cosa que sería la Monarquía parlamentaria. Aludiendo a su «talento y españolidad», don Juan Carlos nombró a Julián Marías senador real en las Cortes constituyentes que se reunieron en junio de 1977.

Como sucesor a título de Rey, don Juan Carlos heredó el poder que ostentaba Franco, a partir de la Ley Orgánica del Estado, aprobada en referéndum en 1966, de nombrar cuarenta consejeros a las Cortes de su Régimen. Eran conocidos como los Cuarenta de Ayete por el palacio en San Sebastián que Franco utilizaba en verano y donde elaboró la lista de quienes gozaban de su más absoluta confianza.

La Ley para la Reforma Política de 1976 mantuvo esta facultad de la jefatura de Estado aunque en adelante la potestad sería la de nombrar cuarenta miembros del Senado, que serían senadores reales, al celebrarse elecciones a ambas cámaras legislativas. Los cuarenta designados por don Juan Carlos a las Cortes preconstitucionales de 1977 estaban alineados con la estrategia democratizadora del Monarca, y su perfil era muy distinto al de los consejeros nombrados por el dictador.

A Franco se le hubiese atragantado el nombramiento de Marías, a quien el rencoroso franquismo le negó la cátedra a pesar de que las mejores universidades del mundo le abrieron las puertas, y también el de Justino de Azcárate, el liberal leonés con pinta y modales de gentleman inglés, que ocupó cargos políticos durante la Segunda República y se pasó el franquismo exiliado en Venezuela. Tampoco hubiera admitido el nombramiento del muy heterodoxo Camilo José Cela.

Con la Constitución de 1978, que derogó las Leyes Fundamentales del franquismo, entre ellas la Ley para la Reforma Política que ya había cumplido su papel, los senadores reales desaparecieron del escenario institucional. Con ello, la Cámara alta perdió calidad y criterio. Frente a tantas sumisas mediocridades propuestas para el Senado por los aparatos de los partidos, los senadores reales eran independientes, tenían ideas propias, estaban en la realidad de las cosas y decían y escribían con mucha sapiencia lo que les daba la real gana.

Combatiente republicano en su juventud y demócrata toda su vida, Marías distinguió siempre entre la legalidad del Régimen, que hacía leyes y nombraba embajadores, y su legitimidad.7 Como heredero de Franco, don Juan Carlos fue legalmente el jefe del Estado al morir el dictador. De tal manera fue el continuador del Régimen. Ya rey, don Juan Carlos trató de alcanzar las dos legitimidades que contradecían el continuismo y de las cuales carecía.

Don Juan Carlos obtuvo la legitimidad dinástica cuando su padre renunció a sus derechos de sucesión en mayo 1977, el mes antes de celebrarse las primeras elecciones del reinado, y consiguió la legitimidad democrática año y medio después, cuando se aprobó por referéndum la Constitución y la configuración de España como una Monarquía parlamentaria. El Rey se hizo con la legitimidad «popular», cosa que es muy volátil en tiempos de los mass media y que no tiene base teórica, cuando paró la intentona de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981.

Evidentemente, hubo una ruptura total entre el punto de partida en 1975, un régimen personalista que limitaba severamente las libertades políticas y negaba la reconciliación, y el de llegada en 1978, en el cual éstas estaban plenamente garantizadas por una constitución consensuada por los principales partidos políticos. Sin embargo, el encadenamiento que caracterizó la Transición fue incontestable. El cambio político en España se hizo, en frase que hizo fortuna, de «la Ley a la Ley pasando por la Ley». Se transitó al marco del pluralismo desde, y a través de, el ordenamiento normativo del Régimen franquista.

De lo que se trataba era de la continuidad, que no del continuismo, y esto era lo que predicaba la sabiduría, la sensibilidad y la sensatez de Marías. Esta reflexión fue la contribución del filósofo a la Transición si bien hubo otra, también muy importante, que fue su corrección al primer anteproyecto de la Constitución de 1978. Marías se quedó horrorizado cuando comprobó que el texto del anteproyecto no se refería a España como nación. Bastó un irritado artículo del senador real denunciando tal «monstruosidad» en el periódico El País, una llamada del Rey felicitándole por lo que había escrito y, a continuación, una larga conversación con Adolfo Suárez, que le citó nada más leerlo, para subsanar el error.

A Marías, entre otros, se le debe el discurso sobre la «normalidad» de España que la generación del cambio político recibió con los brazos abiertos. El eje central de la narrativa de la fruta madura fue la toma de conciencia de la normalidad existencial del país España por el paisanaje de los españoles que demandaban la normalidad política.

Marías estaba entre quienes afirmaban que España no era un espacio anómalo, un país diferente, una excepción al amparo de la cual se podía hacer, y esperar, cualquier cosa. Como pisotear la libertad, por ejemplo. España no era un fenómeno de feria sino un país que había dado no pocas pautas al mundo y que había contribuido enérgicamente a hacerlo.

La Transición se hizo por quienes, empezando por don Juan Carlos, asumieron el hecho de que España no era un vestigio de nostálgicos retrógrados ni tampoco un laboratorio poblado de idealistas revolucionarios. Era un país tan normal y sin complejos como cualquier otro en la Europa occidental. Y en ella se integraría.

CAPÍTULO 2

Los reformistas del Régimen y los democratacristianos

Muchos entendieron que la fruta estaba madura, pero quienes sabían cómo cosecharla sin dañarla eran los llamados jóvenes reformistas del Régimen. Éstos también entendieron que lo mismo que la fruta podría caer por su cuenta del árbol, la olla podría llegar a estallar. No había que ser Maquiavelo para comprender como estaba el patio. Rodolfo Martín Villa (Santa María del Páramo, León, 1934), un avezado superviviente de los jóvenes reformistas del Régimen, les llamaría la «generación del tránsito». Martín Villa supervisó las primeras elecciones democráticas como ministro de Interior, entonces de la Gobernación, y a él y a su quinta se debe el paso de la ley franquista a la ley democrática.

Suya fue la Ley para la Reforma Política, que fue masivamente refrendada por los españoles a poco más de un año de morir Franco. La ley tenía el carácter de lo que el Régimen llamaba Ley Fundamental, es decir, el de una normativa que, como todas las anteriores, los jóvenes reformistas tenían muy interiorizada porque al amparo de ella habían hecho sus carreras.

La Ley para la Reforma Política, la octava y última de las leyes básicas del Régimen, fue aprobada por las últimas Cortes del franquismo y constituyó el trampolín para el salto hacia la democracia. Llegado el plebiscito para refrendarla, los españoles votaron masivamente a favor e ignoraron a los partidos de la oposición clandestina, el PSOE y el PCE, que recomendaron la abstención.

El éxito del camino emprendido por los promotores de la Transición fue, sin embargo, empañado en Guipúzcoa y Vizcaya, donde el Partido Nacionalista Vasco (PNV) también predicó la no participación, y ésta se mantuvo por debajo del 50%. Este éxito nacionalista en un entorno ciertamente difícil se repitió en el posterior referéndum para aprobar la Constitución y sentó las bases para las futuras estrategias del secesionismo vasco. En Cataluña, por el contrario, la participación y la aprobación en ambos plebiscitos estuvieron por encima de la media nacional.

Con esta salvedad se levantó el telón para dar comienzo a la gran obra que fue el cambio político. En el primer acto los protagonistas del drama fueron los jóvenes reformistas del Régimen que se esforzaron por llevar a su campo, que era el de un cambio pactado, a quienes nunca habían entrado en el juego del franquismo. Los más fáciles de seducir fueron sus coetáneos en la oposición moderada de derecha, generalmente democratacristianos, que compensaban su debilidad en términos de organización y militancia con sus credenciales demócratas y anti-Régimen. La derecha antifranquista existía pero era acomodaticia con el Régimen.

Lo que diferenciaba a los jóvenes reformistas del Régimen –que habían hecho carrera en el franquismo– de la oposición al Régimen, de la democrática y de la que lo era menos o no lo era nada, era que los primeros querían pactar la transición política y evitar rupturas de consecuencias imprevisibles. Esto mismo es lo que quería don Juan Carlos, que encabezaba el relevo generacional del Régimen. Como era de prever, esto fue lo que también quería la derecha en la oposición democrática, la democratacristiana y la liberal. Muy pronto, ellos y los jóvenes reformistas estarían en el mismo barco pactista.

Los intereses de unos y de otros, de los jóvenes reformistas del Régimen y de la oposición del centro-derecha, eran idénticos, y en don Juan Carlos tuvieron a quien se los hizo ver y quien se esforzó por unir voluntades. A todos les preocupó hondamente la Revolución de los Claveles en Portugal el 25 de abril el 1974. Aquello fue un shock que concentró las mentes de quienes desde el centrismo y la moderación abogaban por una rápida apertura política que fuese lo más pactada posible con los partidos de la clandestinidad.

Los paralelismos estaban a la vista y el riesgo de contagio era evidente. Don Juan Carlos, heredero de Franco, arriesgaba correr la misma suerte que Marcelo Caetano, el sucesor de António de Oliveira Salazar, el creador del Estado Novo. Suceder a longevos dictadores y sobrevivir requiere mucha audacia, mano izquierda y suerte. Caetano no logró esto último porque la presión por democratizar el Estado Novo coincidió con desastrosas guerras para retener las colonias portuguesas en África, que politizaron a los mandos intermedios de las fuerzas armadas. Con el añadido de comandantes y coroneles izquierdistas, Lisboa se había convertido en el rendez-vous de la izquierda europea y la fiesta revolucionaria se podría trasladar a Madrid y Barcelona.

A comienzos de la década de los setenta, nadie en la derecha, la del Régimen y la antifranquista, ponía en duda las ansias por un cambio político a ambos lados de la raya que separaba Portugal y España. La cuestión urgente en España era gestionar esas aspiraciones. Los sucesos en Portugal fueron un aldabonazo. A los dirigentes de la llamada oposición «moderada», y además tolerada, les aterraba el curso de los acontecimientos en Portugal en la misma medida que a los jefes locales del Movimiento. Amenazados por la izquierda, sus intereses coincidían.

En esta oposición democrática algunos se dieron perfectamente cuenta de que, por primera vez, cundía una cierta inquietud en las filas franquistas en el verano de 1974 cuando Franco sufrió un ataque de flebitis. La edad de Franco y su deterioro físico aumentaban la tensión. Según el abogado democratacristiano Óscar Alzaga (Madrid, 1942), dirigente una década antes de una agrupación ilegal llamada Unión de Estudiantes Demócratas, «Vimos claro que toda la gente joven del Régimen quería abandonar un barco que se hundía».1 Alzaga representaba el relevo generacional de los históricos democratacristianos, José María Gil-Robles y Manuel Giménez Fernández, que reunió la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) en la Segunda República, y también de Joaquín Ruiz-Giménez, el animador de la democracia cristiana en el franquismo.

Desterrado, al igual que muchos jóvenes «molestos», en el estado de excepción que se proclamó a comienzos de 1969, Alzaga fue uno de tantos de parecida biografía a quienes los jóvenes reformistas del Régimen se acercarían pocos años después. El joven democratacristiano lo entendió en términos generacionales: «Había gente de cuarenta y tantos años que quería seguir en política. Veían que Franco se iba a morir dentro de dos o tres años y que su futuro político estaba determinado por un pacto con la oposición».

Gabriel Cisneros (Tarazona, Aragón, 1940 - Murcia, 2007), un emblemático político «puente» entre el franquismo y la democracia, recordaría tiempo después que en aquella última etapa del tardofranquismo, al menos en su caso, los contactos en cenas y distintos foros entre los reformistas del Régimen y los antifranquistas de la derecha eran «muy fluidos».2 Más que puente, Cisneros fue un acueducto que llevó las aguas de un régimen a otro. Fue delegado nacional de la Juventud y consejero nacional por la provincia de Soria en el franquismo, y en la democracia fue ponente de la Constitución y diputado en sucesivas legislaturas, primero como miembro de Unión de Centro Democrático (UCD) y luego del Partido Popular (PP). En 1979, un intento frustrado de ETA de secuestrarle, que le dejó gravemente herido de bala, conmocionó al país.

Según Cisneros, los contactos fueron «especialmente fluidos» con Alzaga, que en las elecciones generales de 1977, al igual que él, sacaría acta de diputado en la lista de UCD. Al igual que otros «azules» aperturistas, Cisneros veía la desaparición de Franco con una «relativa preocupación» que no hizo más que crecer.

La ansiedad fue en aumento al resultar inútiles los intentos de encauzar desde el Gobierno una política aperturista que fuese creíble, en los cuales Cisneros estuvo muy involucrado escribiendo discursos y circulando papeles. La apuesta gubernamental era la de ir paso a paso hacia el pluralismo político, pero la oposición moderada no quería saber nada de asociaciones políticas. Querían partidos y elecciones ya, y esto inquietaba. Sin embargo, lo descorazonador para quienes promovían con cautela esta vía era que tampoco quiso entrar en el juego Manuel Fraga Iribarne (Villalba, Lugo, 1922 - Madrid, 2012), el más aperturista de los ministros de Franco y el más conocido gracias al altísimo perfil que consiguió como ministro de Información y Turismo en la década «desarrollista» de los sesenta.

Nombrado embajador en Londres en 1973, Fraga se empapó cual esponja del parlamentarismo británico. Fundó en 1973 una sociedad mercantil llamada Gabinete de Orientación y Documentación, S.A., conocida por sus siglas GODSA –primer gabinete técnico de apoyo a grupos o partidos políticos en embrión antes de la muerte de Franco–, que abonaría el terreno para el partido de centro que estaba dispuesto a crear para competir en unas elecciones de acuerdo con las normas de una democracia liberal. La gran frustración de Fraga fue que Adolfo Suárez, al frente de la UCD, ocupó ese espacio de reformismo equidistante y le desplazó hacia una derecha que era extremadamente antipática en la sensibilidad del posfranquismo.

En aquel momento del tardofranquismo, cuando las «promesas» del Régimen, o al menos de los que aspiraban a tener un futuro en la democracia que estaba a la vuelta de la esquina, se entretenían con el asociacionismo, la importancia de Fraga fue la de hacer ver a tanto alto cargo reformista que había que empezar a llamar al pan, pan y al vino, vino: a las asociaciones, asociaciones y a la partidos, partidos.

Cisneros, que admiraba a Fraga y colaboró con GODSA, no tardó en caer en la cuenta de que su futuro y el de los de su cuerda sería mucho más fácil en la medida en que fuesen capaces de «meter la mayor capacidad de futuro en el presente».3 Era una frase muy joseantoniana que él y sus camaradas empleaban mucho en aquella coyuntura.

En un momento dado, el enérgico embajador en Londres que tenía las ideas tan claras encarnaba el «presente». No obstante, a Manuel Fraga le superó Adolfo Suárez y se llevaría con él al funcionariado del Régimen y a muchos cuadros que no tenían nada que ver con el franquismo pero que eran tan inteligentes como oportunistas. Suárez estaba próximo a comenzar la etapa más decisiva de su vida y sabía exactamente lo que quería hacer.

Los jóvenes del Régimen, que querían seguir en política porque lo llevaban en las venas y porque no habían hecho otra cosa en su vida, necesitaban codearse con quienes habían sido sus adversarios en asambleas de facultad. Había que adquirir un pedigrí democrático. Pero estos también tenían un interés específico en pactar un espacio común.

En palabras de Cisneros, y uno supone que Alzaga y los suyos no lo ignoraban puesto que era cierto, la oposición moderada al sistema franquista era muy testimonial y cabía en cuatro o cinco taxis. La derecha sociológica estaba muy a gusto con el Régimen de Franco. La capacidad de movilización pertenecía a la izquierda, a los partidos y los sindicatos que salían de la clandestinidad, y para determinados liberales y democratacristianos no era cuestión de ser excesivamente puristas a la hora de buscar alianzas según se acercaba la cita con las urnas.

Alzaga, que tenía una acentuada vocación política, consiguió hacer carrera parlamentaria a partir de las elecciones de 1977 porque fue incluido en la lista de UCD que encabezaba Adolfo Suárez. No fue el único que lo consiguió entre quienes contaban con antecedentes parecidos a los suyos.

Parecida suerte tuvieron democratacristianos antifranquistas de una generación anterior como Fernando Álvarez de Miranda (Santander, 1924). Monárquico y profesor de Derecho, Álvarez de Miranda tenía impecables credenciales como opositor al Régimen, puesto que fue deportado a Fuerteventura en 1962 por haber asistido al Congreso del Movimiento Europeo en Múnich, el famoso «Contubernio de Múnich» que tanto irritó a Franco. Diputado por UCD, Álvarez de Miranda sería el presidente del Congreso en las Cortes constituyentes.

Su compañero de contubernios Íñigo Cavero (San Sebastián, 1929 - Madrid, 2002), que en su caso fue deportado después de Múnich a la isla de El Hierro, también abandonó a José María Gil-Robles y a Joaquín Ruiz-Giménez, los respetabilísimos santones de la democracia cristiana que fueron los mentores de ambos. Se dio de alta en UCD y sería ministro de Educación y Ciencia, de Justicia y finalmente de Cultura en sucesivos gobiernos de Adolfo Suárez. En una democracia liberal, hombres con una marcada vocación política como Álvarez de Miranda y Cavero hubieran sido parlamentarios destacados desde hacía varios años.

Por el contrario, Gil-Robles y Ruiz-Giménez se mantuvieron al margen del oficialismo de UCD y pagaron las consecuencias de su coherencia o de su soberbia, según se vea. Se presentaron a las elecciones de 1977 al frente del Equipo democratacristiano del Estado español, y su tan patosamente llamada agrupación electoral sólo obtuvo el 1% de los votos y, por supuesto, ningún acta de diputado. En el caso de ambos dirigentes, su hoja de servicios a la causa de libertad y la reconciliación no se merecía tal frialdad por parte de los votantes.

Salvo en Cataluña y en el País Vasco, donde la oposición se ejercía en clave nacionalista, la derecha antifranquista tenía poco que hacer en la democracia sin el manto protector de Adolfo Suárez, que hasta la undécima hora había servido lealmente al Régimen. La política puede ser así de cruel e irónica.

La importancia de los democratacristianos se vio muy claramente en la formación del primer Gobierno de Suárez en la antesala de la reforma política. El hasta entonces ministro secretario general del Movimiento tuvo que acudir a cuadros de la democracia cristiana para nombrar ministros que tuviesen, si no una legitimidad plenamente democrática, al menos el perfil de aperturista avanzado. Era cuestión de credibilidad y de marketing político. Lo «azul» no vendía y, por primera vez en su ya bastante dilatada vida como animal político, Suárez tenía que pedir el voto de sus conciudadanos.

Gracias a Alfonso Osorio (Santander, 1923), Suárez se fijó sobre todo en el grupo llamado Tácito, que estaba a caballo entre el Régimen y la oposición moderada y que provenía de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, ACNdP, de firmes creencias democratacristianas. Este grupo de notables profesionales firmaba artículos en los medios abogando por el pluralismo político con el nombre del historiador y senador romano.

En 1976, Suárez nombró ministro de Asuntos Exteriores al diplomático Marcelino Oreja (Madrid, 1935), el más hábil de ellos, que era subsecretario en el Ministerio de Asuntos Exteriores a las órdenes de José María de Areilza, y otros siete «Tácitos» obtuvieron carteras en el Gobierno que convocaría el referéndum sobre la reforma política y las primeras elecciones libres en más de cuarenta años. Entre ellos estaba Leopoldo Calvo-Sotelo (Madrid, 1926 - Pozuelo de Alarcón, 2008) –miembro del grupo, aunque algo «distinto y distante», como le gustaba decir–, que le sucedería como presidente del Gobierno.

Los lazos de Suárez con el antifranquismo moderado eran nulos, como sus contactos con el que no lo era. Pudo formar aquel gobierno de perfil aperturista gracias a su vicepresidente, el abogado del Estado Alfonso Osorio, otro monárquico y democratacristiano cántabro que hábilmente había evitado contubernios tipo Múnich. Osorio ocupó cargos públicos en el franquismo, fue procurador en Cortes y, como consejero del Reino, fue miembro de la élite del Régimen.

A la vez, Osorio siempre mantuvo relaciones respetuosas y amigables con Gil-Robles y con Ruiz-Giménez. Muy cercano a don Juan Carlos, fue ministro de la Presidencia en el primer gobierno de la Monarquía bajo Carlos Arias Navarro y lo sería de nuevo con Suárez, añadiendo al cargo el de vicepresidente para Asuntos Políticos.

El reto del primer gobierno de Suárez fue implementar la estrategia de «continuidad sin continuismo», avanzar hacia otra cosa. La maniobra pasaba ineludiblemente por la aprobación de otra, una última, Ley Fundamental que contendría la carga para su propia autodestrucción y la de todas las anteriores. Era la fórmula de ir «de la Ley a la Ley pasando por la Ley». Esto que encabezaba la agenda de Adolfo Suárez cuando juró como presidente del Gobierno el 3 de julio de 1976 era un asunto del cual entendían los franquistas, que tenían bien aprendidas las leyes del Régimen.

Atrás quedaban los tímidos, para algunos a regañadientes, intentos de aperturismo a través del asociacionismo tutelado por el Movimiento, que era el único «partido» que podía llamarse como tal. Suárez había destacado como un entusiasta de esta iniciativa en el tardofranquismo hasta el punto de que organizó y encabezó una asociación política que reunió a «azules» no particularmente aperturistas.

Su posterior giro de 180 grados para ponerse al frente de un partido político y hacer campaña en unas elecciones democráticas fue, sin duda, pragmático, pero no por ello menos sincero. Cuando los hechos cambian, sólo los necios no cambian de opinión. Y los hechos habían cambiado: Franco había muerto y su sucesor quería la democracia plena.

La Ley para Reforma Política fue concebida desde el principio como la piedra angular de la transición a la democracia, y el reto en este tiempo de mudanza fue lograr su publicación cuanto antes en el Boletín Oficial del Estado. La gestación de la ley por el primer gobierno de Adolfo Suárez y su paso por las Cortes franquistas constituyen un relato fluido que cuenta el fin de un ciclo histórico. La conclusión del periodo jubilaría a unos y lanzaría a otros a protagonizar el siguiente.

Al relevarse, ambas generaciones entendieron la madurez de la fruta, los primeros con resignación y los segundos con ilusión. La prueba de ello es que lo que se concebía como una ardua y compleja labor de ingeniería política resultó no serlo.

Es evidente que los jóvenes reformistas no comenzaron su andadura política siendo demócratas, lo cual no significa, necesariamente, que no quisieran la reconciliación entre los españoles. La brecha que separaba a los mandos del Régimen es que unos habían hecho la guerra y otros no.

También lo es que al final del Régimen, Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa y los demás no concebían otra «continuidad» que no fuese el avance, el seguir adelante hacia los partidos políticos y las elecciones. Según Martín Villa, desde la proclamación del Príncipe como heredero de Franco en 1969, «todos tenemos la idea de que don Juan Carlos iba claramente en una dirección de apertura y no de solamente recomponer la fachada».4

Suárez, que no era jurista ni tampoco era el más conspicuo de los jóvenes reformistas del Régimen, comprendió instintivamente, porque desde luego no era necio, la hoja de ruta que iba de «la Ley a la Ley pasando por la Ley». Don Juan Carlos le había nombrado con el exclusivo fin de tomar esa senda hacia el cambio político. ¿Quién mejor para deconstruir el franquismo que el ministro secretario del Movimiento que había hecho su carrera política entre «azules»? El tema, con razón, les obsesionaba al nuevo presidente y al Gobierno que nombró.

El problema era cómo hacerlo. Los Tácitos que Osorio había introducido en el Gobierno tenían con su doctrina democratacristiana buenos instintos en lo social, incuestionables dotes de gestión como profesionales que eran y mucha disposición, como la mayoría de su generación, para pactar la reconciliación. Pero a la hora de efectuar el derribo controlado del Régimen no sabían por dónde empezar.

Para salir airosamente del envite, Suárez recurrió a su propio rincón político y se puso en manos de los juristas del Movimiento, algunos de los cuales había conocido desde sus tiempos en los colegios mayores que apadrinaba el Régimen. Como hombres del Movimiento acatarían las órdenes de la jerarquía, las del Rey y las del presidente del Gobierno. Además, como jóvenes reformistas que querían un futuro político, estos cuadros estaban dispuestos a emprender el camino del cambio con entusiasmo. Sabían perfectamente los pasos que había que dar con la salida legal del laberinto del Régimen.

A la vez, Suárez acudió a buenos comunicadores capaces de elaborar el discurso que todos entenderían. La Transición tenía que ser «vendida» directamente al pueblo español utilizando el potente monopolio audiovisual que era propiedad del Gobierno y cortocircuitando al búnker de ultraderecha.

De esto último el presidente del Gobierno sabía mucho gracias a su paso, como director general, por Radio Televisión Española (RTVE) en su anterior etapa política de prometedor dirigente del Régimen. Y además era un comunicador nato. Los presidentes del Gobierno que sucedieron a Suárez nunca superaron su capacidad en este campo. Suárez nunca estuvo a gusto en los debates del Congreso ni destacaba en los mítines. Su medio era la televisión, que es el más potente de todos para aunar voluntades.

CAPÍTULO 3

Los franquistas finiquitan el Régimen

Lo crucial en el mes de julio de 1976 fue el encargo que recibió Adolfo Suárez al ser nombrado presidente del Gobierno. Don Juan Carlos quería avanzar con suma rapidez hacia la democratización y recuperar así el tiempo perdido bajo el anterior gobierno de Carlos Arias Navarro. Cualquier retraso pondría en juego la Corona y, con ello, la posibilidad de un cambio político pacífico.

El cambio político tenía que ser debidamente ordenado desde «arriba» cual carta otorgada. Les tocaba a los jóvenes reformistas, que eran los herederos del franquismo –y entre ellos, en primer lugar el propio Rey–, enterrar el Régimen. De no hacerlo, no tendrían futuro porque otros se encargarían de sepultarlo. Como cronista en aquel momento lo tenía bastante claro porque me lo explicaban las mejores fuentes que tenía a mano. Cuando recorrí aquel tiempo veinte años después solicitando testimonios para ahondar en lo ocurrido entonces, el relato no hizo más que esclarecerse.

La gestación de la Ley para la Reforma Política tuvo nombres y apellidos y en entre ellos figuró, muy notablemente, el de Eduardo Navarro Álvarez (Almería, 1929 - Madrid, 2009). Huérfano de la guerra civil, fogoso miembro del Frente de Juventudes, director del colegio mayor Francisco Franco donde futuros cargos del Régimen, entre ellos Rodolfo Martín Villa y Adolfo Suárez, preparaban oposiciones a distintos cuerpos de la Administración, Navarro fue secretario general técnico del Ministerio del Movimiento con Suárez en el primer gobierno de la Monarquía, subsecretario de Interior con Martín Villa y asesor de Suárez entre 1979 y 1981.

Hombre amable, lúcido y culto, Navarro diría, años después de sus tiempos de cercanía al poder y sin ningún rencor, que –salvo excepciones como Suárez y Martín Villa– él y los demás reformistas del Régimen serían «el eslabón perdido» de la evolución democrática.1 Como Moisés, se acercaron a la frontera de la tierra prometida, pero no pudieron entrar en ella. Llevaban el pecado original de haber convivido con el franquismo. Lo llamativo de hombres inteligentes como Navarro fue la aparente contradicción que marcó su vida. Y hubo varios más como él.

De jóvenes, cuando su conversación daba vueltas y vueltas a la revolución pendiente joseantoniana, los futuros reformistas del Régimen mostraban con orgullo su patriotismo crítico. La queja de la Revolución Pendiente era que el franquismo, como diría Navarro, «no había traído la justicia social de la que hablaba José Antonio y que estaba en la ilusión de la República». Pero eran leales al Régimen. Lucían en la manga izquierda de su camisa azul, arremangada por encima del codo, un brazalete rojo y negro con un rombo en el medio sobre el que destacaba el león rampante de las Falanges Juveniles de Franco. Esto les marcó.

En su madurez serían demócratas con la misma entrega, con la misma sinceridad y de manera igualmente cabal como antes habían sido totalitarios. Algunos, como Navarro, ocuparon la sala de máquinas durante la transición política. Otros dieron la cara cuando la Monarquía parlamentaria fue gravemente amenazada porque estuvieron en el lugar adecuado en el momento necesario. Es el caso de Luis Sánchez-Harguindey (Santiago de Compostela, 1935 - Madrid, 2003) y de Francisco Laína (La Carrera, Ávila, 1936).

Los dos, como subsecretario de Interior y director de la Seguridad del Estado respectivamente, encabezaron el gobierno interino la noche del 23 de febrero de 1981. Presidieron la llamada Comisión de subsecretarios cuando Suárez y sus ministros, amén de todos los diputados, estaban secuestrados en el Congreso. Sánchez-Harguindey, aunque no afiliado a Falange, había sido jefe del Sindicato Español Universitario (SEU), el puntal del franquismo en la universidad, y Laína fue nombrado gobernador civil y delegado provincial del Movimiento en León el año antes de morir Franco.

Entender la evolución del franquismo es saber que Navarro y sus camaradas se ponían la boina roja, el pantalón corto, color caqui, de dril, el cinturón de cuero con su amplia hebilla, las medias blancas y las botas negras con cordones. Así desfilaban y se iban a sus campamentos.

Es también comprender que estos jóvenes leían a la generación del 98 y a los intelectuales de la Segunda República, pasándose unos a otros los textos que obraban en su poder. Todos tenían a José Ortega y Gasset como maestro. Navarro y compañía recitaban de memoria a Pablo Neruda y a Antonio Machado, a Rafael Alberti y a Federico García Lorca. Admiraban, como lo hacía José Antonio Primo de Rivera, a Indalecio Prieto, a Fernando de los Ríos y a Julián Besteiro. El Manuel Azaña de «paz, piedad y perdón» ejercía una atracción especial por lo que decía de las consecuencias morales y materiales de la dialéctica de las «dos Españas».

El hecho es que nunca fueron totalitarios más allá de lo que se es en la juventud y se puede creer y actuar de manera disparatada. Fueron, más bien, el fiel retrato de las cambiantes circunstancias de España a lo largo de las décadas que duró el Régimen. Nadie tenía que explicarles lo de la fruta madura. Tampoco lo de continuidad sin continuismo. Antes de morir Franco los del «gesto falangista» en su adolescencia ya estaban en otra cosa. Suárez y Martín Villa desde luego.

Adolfo Suárez fue uno de esos políticos natos que saben al segundo la orientación que toman los vientos. El político ha de adaptarse a las circunstancias y Suárez sabía vestirse con arreglo al terreno que pisaba. Fue un camaleón como lo fueron los miles de españoles que acudieron masivamente al duelo de Franco. Cuando acaba un ciclo histórico y comienza otro, en todos los lugares los listos se cambian de chaqueta.

Lo notable de Suárez fue un perfil irreprochablemente adaptado a la encrucijada de su tiempo. Fue un hombre resolutivo y decisivo, ambicioso, orgulloso y encantador, pero no fue, ni presumía de serlo, un pensador profundo. No tenía las capacidades analíticas para desarrollar proyectos de transformación de largo alcance, y él sería el primero en admitirlo. Para estas cosas contaba con gente muy preparada que se había criado políticamente con él, entre ellas Eduardo Navarro.

Lo que sí sabía muy bien Suárez era adónde quería llegar como presidente del Gobierno, porque esa meta se la había definido don Juan Carlos. Con ello no necesitaba saber más. Los jóvenes reformistas del Régimen tenían el concepto del mando en el ADN y como artículo de fe. Su lealtad al heredero nombrado por el dictador no admitía discusión. Lo interesante es que esto no fue cuestión de disciplina. Don Juan Carlos se los había metido en el bolsillo.

Navarro recordaría que cuando él y otros de su quinta comenzaron a conocer a don Juan Carlos a partir de su juramento como sucesor de Franco, el entonces príncipe de España inspiraba optimismo y confianza en sí mismo. Su comentario sobre ello fue diáfano: «[Don Juan Carlos] era un profesor de optimismo para su propia generación. Ayudó a descubrirnos que España era capaz de conseguir todo lo que se propusiera, y este optimismo lo puso en marcha don Adolfo Suárez».2 Lo que le tocaría a Navarro y a otros era trasladar esa confianza y tranquilidad a la esfera de lo normativo. España avanzaría y progresaría yendo «de la Ley a la Ley pasando por la Ley».

Los reformistas sabían que los Principios del Movimiento, que estaban divididos en tres apartados –los doctrinales, los orgánicos y los programáticos–, eran inmutables porque el Régimen no se cansaba de repetirlo. Pero también fueron conscientes de que su formulación podía ser distinta porque toda ley estaba sujeta a su modificación por otra de igual rango.

Los principios, inalterables o no, eran, por lo general, una serie de lugares comunes sobre la unidad de España y sobre los derechos de los españoles a una justicia independiente, a la educación, a la seguridad social, al trabajo y a una «equitativa distribución de la renta nacional y las cargas fiscales». Tales principios tendrían su acoplamiento en la Constitución de 1978. Sólo requerían ser puestos al día porque, según aparecían en el ideario del Régimen, los principios estaban impregnados por un lenguaje antiliberal y ultramontano que provenía de la Falange, del carlismo y de la Iglesia del Concilio de Trento.

Más excepcional era, por ejemplo, el principio VIII de las normas del franquismo, que ordenaba «la participación política a través de la familia, del municipio, del sindicato y demás entidades con representación orgánica que se reconozcan por ley». Evidentemente, otra ley del mismo rango podría «ordenar» la participación política de una manera muy distinta.

Todo esto lo comprendían muy bien los jóvenes reformistas del Régimen, no porque fuesen cínicos, sino porque eran sensatos, tenían el pensamiento bien ordenado y querían un futuro en la tierra prometida. Sabían que una Ley Fundamental podía decir lo que quisiese porque, al fin y al cabo, las siete legisladas durante el franquismo habían reflejado el sentir particular del dictador. La octava expresaría el deseo de su sucesor.

Navarro, que a partir de la toma de posesión de Suárez como presidente del Gobierno participó en distintos borradores de lo que sería la Ley para la Reforma Política, tenía muy claro como punto de partida para el cambio del sistema que una Ley Fundamental podía ser modificable por otra Ley Fundamental que fuera aprobada por dos terceras partes de las Cortes orgánicas del Régimen y sometida a un referéndum nacional.3

Este proceso, que era el meollo de «la Ley a la Ley pasando por la Ley», era del todo necesario puesto que el Rey había jurado las Leyes Fundamentales en 1969 cuando aceptó ser sucesor de Franco. Don Juan Carlos no podía exponerse a la acusación de los franquistas de ser un «perjuro» como fueron, acusados por demócratas, antepasados suyos, entre ellos Fernando VII y Alfonso XIII.

Puesto que don Juan Carlos descartaba el continuismo y también la ruptura, el Rey tenía que llegar a una nueva situación, a esa otra cosa, partiendo de la posibilidad de modificación inherente a las Leyes Fundamentales. Por lo tanto, necesitaba a la clase política del Régimen, porque sólo ella podía aprobar la cláusula de reforma del sistema normativo vigente por vía de una nueva ley orgánica. Lo que se pedía a los procuradores de las Cortes orgánicas era certificar el acta de su propia defunción para que después, otra clase política, reunida en unas Cortes constituyentes, elaborase un nuevo sistema de convivencia.

El equipo que reunió Suárez concentró su labor en cinco puntos que serían la columna vertebral del salto a la democracia: la soberanía nacional residiría en el pueblo; la forma de Estado sería la Monarquía; habría dos cámaras, un Congreso y un Senado; las dos cámaras serían elegidas por sufragio universal; el Gobierno y la Cámara baja tendrían potestad para modificar las Leyes Fundamentales. Mientras desarrollaban su intenso trabajo recibieron un regalo.

El obsequio lo envió a mediados de aquel agosto Torcuato Fernández-Miranda (Gijón, 1915 - Londres, 1980), seguramente el político más inteligente y a la vez el más soberbio del Régimen. Había sido nombrado presidente de las Cortes el noviembre anterior después de morir Franco, al estar para entonces totalmente identificado con el proyecto rompedor de don Juan Carlos. Fernández-Miranda entregó un texto a Adolfo Suárez, que pasó por manos de Navarro, diciendo: «Aquí tienes una ley sin padre».

Fernández-Miranda se había encerrado aquel verano para redactar su propio borrador de una Ley para la Reforma Política, y, según Navarro, ninguno de los textos que él y otros habían elaborado alcanzaba «la perfección técnica, jurídica y política» que logró el del presidente de las Cortes. El texto de Fernández-Miranda constaba de cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una final. En total, dos folios y medio. Entre sus perfecciones estaba la de la brevedad.

Fernández-Miranda había sido prácticamente todo en el franquismo salvo, y muy a pesar suyo, presidente del Gobierno. En compensación, como presidente del Consejo del Reino, por serlo de las Cortes, pudo ser el fabricante de futuros presidentes del Gobierno, puesto que la misión primordial de Consejo que presidía era la de elevar a la jefatura del Estado una «terna» de presidenciables.

Una vez cesado –o dimitido– Carlos Arias Navarro, Fernández-Miranda pudo maniobrar a sus anchas para incluir en la «terna» el nombre de Adolfo Suárez, que fue su candidato como galán en la obra de la Transición que él había escrito y lo era también del Rey, el «empresario» de la función. Fernández-Miranda, el veterano inspirador del Movimiento, consolidó su singular importancia en los inicios del reinado con un escueto texto que fue un disparo letal bajo la línea de flotación de la dictadura a la que había servido.

La concisa contundencia del proyecto de Ley para la Reforma Política de Fernández-Miranda, siendo él quien era, ilustra inmejorablemente cómo la fruta madura pesaba sobre la clase franquista en el poder en el verano de 1976. Había sido un máximo teórico del Movimiento, como organización y como depositario de los valores del Régimen, y fue un importante mentor de sucesivas promociones de «azules». Sin embargo, muerto Franco, Fernández-Miranda tiró a la basura todos los papeles que había escrito como si fuesen pañuelitos usados. Admitió que el franquismo sin Franco era una ficción. Pronto las Cortes Orgánicas llegarían a la misma conclusión que su ilustrado presidente.

Las inacabables, tediosas e infructuosas discusiones sobre la democratización «paso a paso» del asociacionismo pasaron al basurero de la historia. Hasta quienes durante tantos años habían representado las esencias del Régimen se dieron cuenta de la urgentísima necesidad de adecuar fulminantemente el sistema político a lo que era la realidad y la normalidad de la sociedad española. La súbita y eficacísima conversión del franquismo al pluralismo y a la libertad constituye un caso aparte entre los distintos casos de transformación política que tuvieron lugar en los finiquitos de dictaduras de las últimas décadas del siglo XX.

Puede que una de las mayores sorpresas del franquismo sea que el anteproyecto de la Ley para la Reforma Política que finiquitó la dictadura fue redactado por uno de los prohombres del Régimen, y que su dictamen estaba a la altura de lo que escribían los padres fundadores de la independencia de Estados Unidos.

Se suponía que el franquismo no bebía de las fuentes de la democracia liberal. Sin embargo, el artículo primero del texto de Fernández-Miranda decía que en democracia la supremacía de la Ley era la expresión de la voluntad suprema de los españoles, y el segundo, que los diputados del Congreso serían elegidos por sufragio universal, directo y secreto.

El anteproyecto de ley borraba así del mapa legislativo todo lo que decían las anteriores normas fundamentales sobre la participación política a través de la familia, del municipio, del sindicato y demás entidades con representación orgánica. Proponía un hombre (o una mujer), un voto, al igual que las demás democracias de corte europeo, como gustaba decir entonces.

El tercer artículo del anteproyecto de ley de Fernández-Miranda decía que la iniciativa de reforma constitucional correspondía al Gobierno y al Congreso de los Diputados, y el cuarto, que una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados bastaba para tramitar definitivamente las leyes. Dicho de otra manera, el Congreso, elegido por sufragio universal, directo y secreto, tendría la facultad de convertirse en constituyente y, por mayoría absoluta, podría elaborar un marco político que sustituiría el existente. De ahí la carga explosiva que suponía ese anteproyecto para el franquismo.

Como en todas las grandes obras, Fernández-Miranda se guardó lo mejor de su guión para el desenlace final. El quinto y último artículo decía: «El Rey podrá someter directamente al pueblo una opción política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional, para que decida mediante referéndum, cuyos resultados se impondrán a todos los órganos del Estado. Si el objeto de la consulta se refiriera a materia de competencia de las Cortes y éstas no tomaran la decisión correspondiente de acuerdo con el resultado del referéndum, quedarán disueltas, procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones».

Era una amenaza en toda regla. Si las Cortes de Franco no aprobaban la legislación democratizadora que proponía el Gobierno de Adolfo Suárez, don Juan Carlos, investido como estaba con los poderes de jefe del Estado que había heredado de Franco, podía dirigirse directamente al país y someter a referéndum la devolución de la soberanía nacional al pueblo que las Cortes bloqueaban. La última de las Leyes Fundamentales del Régimen enviaba las Cortes orgánicas a la tumba. En una expresión que entonces no existía, el franquismo sería enterrado sí o sí, al igual que su fundador.

La introducción de esta bazuca en el proyecto –la posibilidad de que el Rey sometiera directamente vía referéndum al pueblo una opción política a la cual las Cortes orgánicas se oponían– parecía novedosa. Sin embargo, pertenecía implícitamente al canon del personalista ejercicio del poder de Franco, que hubiera actuado igual en circunstancias parecidas si bien difíciles de imaginar. El recurso por parte de don Juan Carlos a la táctica plebiscitaria estaba incluido en el manual de maniobras para casos de confrontación total que heredó del dictador. Además, era un trámite para desbloquear, llegado el caso, situaciones engorrosas utilizando las mismas normativas del Régimen que ya estaba en la conversación de quienes no eran, precisamente, franquistas.

Cuatro años antes, el jurista Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Madrid, 1940), que con el tiempo se quitaría el Rodríguez y sería diputado de UCD y ponente de la Constitución de 1978, publicó un breve libro titulado El principio monárquico que causó revuelo en las altas esferas del Régimen porque decía una verdad que ninguno de los gerifaltes quería admitir: el futuro Rey, al ser el poder soberano, podría modificar las Leyes Fundamentales a su antojo convocando un «referéndum prospectivo», y ni el Gobierno, ni el Consejo del Reino ni las Cortes podrían en ningún caso suplantar su voluntad. Algunas ventajas tenía que haber a la hora de suceder a un dictador, y el poder total era una de ellas.

Un argumento no muy distinto, en el sentido de que se centraba en la acción del Rey, encarnando una «monarquía arbitral», y la utilización de un plebiscito, fue elaborado expresamente para don Juan Carlos ese mismo año por el catedrático de Derecho Jorge de Esteban, a petición de un grupo de profesionales demócratas cercanos al Palacio de la Zarzuela, encabezado por el entonces banquero Jaime Carvajal (Madrid, 1939). Futuro senador real en las Cortes constituyentes de 1977, Carvajal había sido compañero de estudios de don Juan Carlos y fue intermediario entre el Príncipe y conocidos suyos de la oposición.

Carvajal y sus colegas manejaban el mismo rompecabezas que ocupaba a sus coetáneos reformistas del Régimen. Fue una identidad de intereses porque unos y otros querían pasar sin rupturas de la legalidad existente a una legalidad democrática. Y todos acabaron llegando a la misma conclusión, que no era otra que ir de «la Ley a la Ley pasando por la Ley». Forzarían la marcha, si fuese necesario, con un referéndum convocado por la jefatura del Estado.

Jaime Carvajal recordaría que a don Juan Carlos le interesó mucho el texto cuando se lo entregó, «porque le preocupaba cómo pasar de un sistema a otro».4 El comentario indica que la Transición ya estaba en el radar del Príncipe tres años antes de morir Franco y a los tres de haber aceptado ser su sucesor. Fernández-Miranda comentaría que había leído lo escrito por Jorge de Esteban con «mucho detenimiento» y que le había parecido «muy importante».5 La Transición también estaba en el radar del enigmático político franquista.

La diferencia más importante entre la tesis de Jorge de Esteban y la de Herrero de Miñón fue que el primero abogaba por la progresiva democratización de las Cortes franquistas y su aprobación de un eventual referéndum que daría paso a la democracia plena. Herrero de Miñón planteaba que la oposición de las Cortes no impedía la convocatoria directa por el Rey de un referéndum, y esta posibilidad amenazadora fue incorporada por Fernández-Miranda al texto de la Ley para la Reforma Política.

Sin embargo, cuando el anteproyecto pasó a las Cortes, los procuradores se atuvieron a lo que más o menos previó De Esteban. En realidad, no fue necesaria una «progresiva democratización». Los procuradores serían muy franquistas, como no podía ser de otra manera, pero no tenían que pasar por ningún ejercicio purificador. Aprobarían la Ley para la Reforma Política sin más.

Miguel Herrero de Miñón vio con muy temprana perspicacia el papel del Rey como «motor del cambio». Escribió El principio monárquico por interés personal, de forma espontánea, y no como un encargo de amigos de don Juan Carlos. De hecho, en 1972 Herrero de Miñón no había cruzado palabra con el Príncipe, ni tampoco con don Juan en Estoril. No estaba adscrito a círculo monárquico alguno ni tenía la más mínima noción sobre lo que pensaba hacer el heredero de Franco una vez convertido en rey.

Lo que sí tenía el joven jurista era una profunda convicción de lo que representaba la Corona y una idea muy clara acerca de la legitimidad que don Juan Carlos debería adquirir. Herrero de Miñón constituyó una excepción en aquel momento, puesto que su concepto de la institución de la Corona no fue compartida por ninguno de los principales actores de la Transición. Después de la Segunda República y la dictadura, lo normal era una actitud utilitaria hacia la institución y, de hecho, el efímero Leopoldo Calvo-Sotelo fue el único presidente del Gobierno a lo largo de los treinta y nueve años del reinado de don Juan Carlos que tuvo lo que puede pasar por ser una cultura monárquica.

El astuto José María de Areilza, el Talleyrand español en la segunda mitad del XX y ministro de Exteriores en el primer gobierno de la Monarquía, describió a don Juan Carlos como el «motor del cambio», y la frase hizo fortuna entre los republicanos de la izquierda cuya lealtad a la Corona era, necesariamente, «accidentalista». Como diría el socialista Enrique Múgica, «Si la Corona es valiosa, si sirve, para qué cojones nos vamos a plantear la cuestión de la República».6 El bon mot de Areilza también gustó a una derecha que no tenía un especial conocimiento, ni aprecio, de la institución de la Corona.

En esto, Herrero de Miñón fue una excepción. No fue nunca un cortesano, ni lo sería, pero siempre creyó que la Monarquía era consustancial con el ser histórico de España, y que garantizaba «antes y después del franquismo, por encima y por debajo de las Leyes Fundamentales [...] la continuidad española en su identidad y en su pluralidad».7 Esto lo entendió Franco, que se sabía la lista de los reyes godos y veneraba a los Reyes Católicos. Por ser un monárquico sentimental, y también por otras razones más prácticas, el dictador decidió nombrar un sucesor a título de Rey.

Al proponer en El principio monárquico que don Juan Carlos podía apelar directamente en plebiscito al pueblo español por las bravas y contra los vientos y mareas de las Cortes de Franco, Herrero de Miñón dio por hecho que don Juan Carlos era, por encima de todo, miembro de la dinastía regia de la nación, con el sentido del deber, el de ser y el de estar que eso conllevaba. Por ser miembro de la familia real española no se sentía excesivamente vinculado a las Leyes Fundamentales y, por una sencilla cuestión generacional, no podía ser menos que demócrata.

Herrero de Miñón intuyó, por todo ello, que el Príncipe asumía la carga histórica de la Monarquía y que esto suponía que llevaría a España a la altura del tiempo político que le correspondía. Don Juan Carlos tenía una meta política muy clara. Torcuato Fernández-Miranda la entendió, la aceptó y la hizo suya. Adolfo Suárez la recogió y la implementó.

La meta política era necesaria para don Juan Carlos porque la «carga», por si sola, no aseguraba la legitimidad. La legitimación carismática de Franco era intransmisible, y la tradicional de la dinastía se había roto con la proclamación de la República en 1931, y se había vuelto a quebrar cuando el Príncipe usurpó los derechos de su padre al aceptar ser heredero de Franco. Como fuente de legitimación quedaba la democrática. Con la Ley para la Reforma Política, don Juan Carlos se convertiría en el promotor, o el motor, de esa empresa común que era la regeneración nacional. La legitimación carismática y tradicional vendría más tarde.

Sometida la última Ley Orgánica a las Cortes franquistas, resultó que la amenaza de un referéndum sobraba porque las Cortes no ofrecieron la resistencia que se temía. La tesis de un referéndum prospectivo que sostuvo Herrero de Miñón –que para entonces era secretario general técnico del Ministerio de Justicia– para evitar el paso de la Ley para la Reforma Política por las Cortes orgánicas sobraba. Años después, Herrero de Miñón diría que «Los procuradores de las Cortes franquistas demostraron un alto grado de patriotismo, de sacrificio y de visión histórica». Nobleza obliga.

El propio presidente de la Cámara, Fernández-Miranda, también anticipaba resistencia, y de ahí que su anteproyecto previera la disolución de las Cortes si la Ley para la Reforma Política fuese derrocada y la posibilidad de un plebiscito de acuerdo con El principio monárquico y el texto jurídico del profesor Jorge de Esteban.

A pesar de tales inquietudes, en ningún momento se pensó en puentear las Cortes. Esto no lo concibió nunca don Juan Carlos y por extensión ni Fernández-Miranda ni Suárez y sus asesores constitucionalistas. La estrategia provocó el escepticismo de la oposición moderada y el rechazo de la clandestina. Precisamente por ser una Ley Fundamental del franquismo en lugar de un acuerdo pactado con la oposición al Régimen, el Partido Socialista y el Partido Comunista pidieron, con nulo éxito, la abstención en el posterior referéndum para ratificar la Ley para la Reforma Política.

Ni el Rey, ni el presidente del Gobierno ni el de las Cortes se inmutaron. La decisión de llevar adelante la reforma política como Ley Orgánica y su correspondiente paso y aprobación por las Cortes de Franco era inalterable. Era la esencia del cambio de régimen de «La Ley a la Ley pasando por la Ley».

Tras intensos debates, la Ley para la Reforma Política fue aprobada por las Cortes franquistas el 18 de noviembre de 1976 por 435 de los 531 procuradores presentes, un 81%. De una manera no menos masiva a la que sería el voto de los españoles en el posterior referéndum, la representación parlamentaria del franquismo votó su propia disolución.

Lo que estaba en el ambiente de aquella Cámara era que, cualesquiera que fuesen las virtudes del franquismo, llegada la década de los setenta el sistema político del Régimen no se correspondía con la realidad de la sociedad española. Al aprobar la reforma política, los procuradores mostrarían patriotismo, sacrificio y visión histórica, pero también, sencilla y llanamente, exhibieron sentido común. El autoritarismo de treinta años antes no funcionaba en una sociedad que se había desarrollado económicamente y modernizado socialmente. Muerto Franco, la asignatura pendiente era el reconocimiento de la democracia política.

Los procuradores comprendieron la lógica de la madurez de la fruta tan bien como el que más. Es posible que muchos esperaran ser elegidos a un futuro Congreso de los Diputados. En esto se llevarían un chasco. Habían sobrepasado ampliamente su fecha de caducidad.

El harakiri de las Cortes franquistas no tuvo muchas vueltas. Al defender la Reforma Política, el procurador y exministro de Trabajo en el último gobierno de Franco, Fernando Suárez (León, 1933), siguió el guión de los reformistas del Régimen y de Fernández-Miranda diciendo que lo permanente, las Leyes Fundamentales, era alterable por una normativa posterior. Y explicó con claridad que de lo que se trataba era de preguntar a los españoles si querían una democracia orgánica, la franquista existente, o una de corte europeo, que era lo que los procuradores llamaban una democracia inorgánica.

«Lo importante –diría Fernando Suárez–, no era presionar [...] era que [los procuradores] podían votar sin traicionar nada, sin romper con su historia y haciendo un servicio a España.» En su recuerdo años después fue así de sencillo. El otro Suárez, Adolfo, no tuvo un especial gesto de valor al someter el anteproyecto de Ley a las Cortes ni hubo que hacer esfuerzos heroicos para sacar adelante el voto de los procuradores. Esto, según Fernando Suárez, «no es verdad».8 No es menos cierto que las Cortes orgánicas eran sumisas y obedecían al mando.

La jerarquía sobrevolaba aquellas sesiones de las Cortes. Además de Fernando Suárez, cuyos ascensos en el franquismo eran de todos conocidos, el proyecto de Ley fue ardientemente defendido por el consejero nacional Miguel Primo de Rivera (San Sebastián, 1934), que como miembro de los «Cuarenta de Ayete» pertenecía a lo más granado del Régimen, además de ser, por sus títulos nobiliarios, Grande de España, y una de las pocas personas que gozaba de una especial cercanía a Franco.

Primo de Rivera, que nunca ocultó lo que llamaba su «pasión juancarlista», no lo tuvo del todo fácil. Entre quienes iban a votar «no» a la Ley para la Reforma Política estaba su tía Pilar Primo de Rivera, artífice de la Sección Femenina y referente del Régimen. Miguel Primo de Rivera, por encargo de Suárez, se había empleado a fondo explicando las bondades de una Monarquía parlamentaria con mucho éxito en distintos foros empresariales, pero la reacción de su tía, a quien profesaba un enorme cariño, le desconcertó. «Tienes toda la razón –le dijo–, pero mi historia es mi historia.» Al final la hermana de José Antonio se abstuvo.9 Hubo otras 12 abstenciones y tan sólo 59 procuradores, que también tenían su «historia», votaron en contra.

Los encargados de la defensa del proyecto de reforma se habían volcado en convencer, uno a uno, a los procuradores para conseguir su apoyo. Aunque seguramente Fernando Suárez tenía mucha razón al afirmar que esto no fue necesario. Muerto Franco, la propuesta de legalizar los partidos políticos y de celebrar elecciones en libertad tenía una lógica contundente, y los acontecimientos en Portugal estaban en la mente de todos. Además, la reforma política fue espoleada por la troika, que estaba al frente de las máximas instituciones de Estado legadas por el difunto dictador.

Era inconcebible que los procuradores se opusiesen a lo que avalaban, en primer lugar, don Juan Carlos, el heredero de Franco a título de Rey y el capitán general de sus ejércitos; en segundo lugar, Torcuato Fernández-Miranda, hombre de larga y honda trayectoria en el franquismo y presidente de sus últimas Cortes; y, en tercer lugar, Adolfo Suárez, ministro secretario del Movimiento Nacional, antes de ser nombrado presidente del Gobierno.

Fernández-Miranda, según la leyenda urbana, diría que don Juan Carlos fue el empresario de la Transición, que él fue el guionista de la obra y que Suárez fue el actor elegido para representarla. A Fernández-Miranda, que había sido tutor del Príncipe, nunca le faltaron frases muy citables y esta boutade tiene visos de verosimilitud.

Rodolfo Martín Villa diría que el catedrático de Derecho Constitucional fue un «elemento extraño», y que reunía «unas condiciones muy especiales que le distinguían muy mucho de la forma de ser habitual de los hombres del Movimiento».10 La mano de Fernández-Miranda, a veces invisible, a veces palmaria, meció la cuna de la Transición desde su nombramiento a la presidencia de las Cortes, justo después de morir Franco, hasta su dimisión en vísperas de las elecciones democráticas que la Ley de la Reforma Política había hecho posibles.

Habiendo examinado escuetamente la lanzadera del tránsito a la democracia, cabe preguntarse ahora hasta qué punto Franco fue ajeno al proceso político que se desataría con su muerte y con el entierro de su Régimen.

CAPÍTULO 4

Franco y la Monarquía

La proclamada y tan repetida frase que el propio Franco se había encargado de poner en circulación, ante la frustración de los más, era que todo estaba «atado y bien atado» para prolongar el peculiar Estado autoritario que él había creado. Esta afirmación se sustentaba en dos soportes, siendo el Príncipe el primero y las instituciones del Régimen el segundo.

Franco recurrió a ella cuando don Juan Carlos juró lealtad a los Principios del Movimiento Nacional y a las Leyes Fundamentales del Régimen. En la solemne sesión de las Cortes dijo que el Príncipe contribuiría «en gran manera a que todo quede atado y bien atado para el futuro». La nave del Estado estaba bien amarrada en un puerto seguro y a salvo de las tempestades del comunismo y demás conjuras. El nombramiento de un sucesor a título de Rey culminaba su obra.

Al igual que había hecho en tantas ocasiones en el pasado, Franco se refirió de nuevo a las amenazas que se cernían sobre la España eterna el 1 de octubre de 1975 desde el balcón principal del Palacio de Oriente, en lo que sería su última aparición pública. A su lado estaba el Príncipe de uniforme. La arenga del dictador fue la réplica del Régimen a la condena de las democracias por los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 de tres miembros del FRAP y dos de ETA. Franco, que estaba muy demacrado, habló con la voz entrecortada y de manera prácticamente inaudible.

Presencié aquella aparición final de Franco y tuve que recurrir a los teletipos para enterarme de lo que había dicho. No hubo sorpresas porque, al rechazar la protesta internacional, recurrió a sus obsesiones de siempre: «Todo obedece a una conspiración masónica izquierdista en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra a ellos les envilece».

La multitud, enfervorizada, gritaba: «¡ETA al paredón!». Sus pancartas decían: «No queremos apertura, queremos mano dura». Cuarenta días después, estos manifestantes franquistas, y decenas de miles más, estarían en esta misma plaza haciendo cola para entrar en el palacio y pasar por delante del cuerpo insepulto del dictador.

Santiago Carrillo (Gijón, 1915 - Madrid, 2012), el secretario general del Partido Comunista de España (PCE), vio la manifestación de la plaza de Oriente por televisión en su exilio en París y diría en sus memorias que don Juan Carlos tenía un aspecto «indescifrable y hermético».1 El socialista Enrique Múgica (San Sebastián ,1932), que estaba pegado al televisor en San Sebastián, observó «un sensible contraste» entre Franco y su heredero.2 Al ministro de Justicia en la segunda legislatura de Felipe González y más tarde defensor del pueblo, le habían llegado murmullos de una restauración democrática en el futuro reinado. En aquel momento no se creía esos rumores, pero sí constató el contraste entre el dictador y su sucesor.

A mí, presenciando el espectáculo desde la plaza, me dio la impresión de que don Juan Carlos hubiera querido estar en cualquier lugar que no fuese en aquel balcón del Palacio de Oriente.

El flanco débil de todo régimen totalitario es su capacidad para autoengañarse porque carece de mecanismos para pulsar la opinión pública y, además, es incapaz de escuchar. La frase de «atado y bien atado», si se entendía como franquismo sin Franco –¿qué otra cosa cabía deducir?–, no pasaba de ser wishful thinking, si bien su vigencia en las conversaciones de aquel momento de fin de régimen era entendible. No había sido puesta a prueba la división entre el franquismo sociológico, que era evidente, y el político, que muy pronto se mostraría inexistente.

A la vez era comprensible que nadie sospechase que el nieto de Alfonso XIII, a quien Franco había nombrado su sucesor a título de Rey, tenía un especial interés por deshacer los nudos del «atado y bien atado». ¿Por qué lo iba a hacer? Al entonces príncipe de España se le tenía como un hombre de pocas luces y sumiso continuador del Régimen franquista.

En 1948, al cumplir los diez años, don Juan Carlos fue enviado de su casa familiar en Estoril (Portugal) a Madrid para que estudiase el bachillerato, según el pacto que sellaron su padre, don Juan, conde de Barcelona, jefe de la Casa Real española, y Franco, jefe del Estado. Con el tiempo, el Príncipe se desmarcaría de la esfera de Estoril y pasaría paulatinamente a la de El Pardo.

Franco vigilaría su estancia en las tres academias militares y su posterior asentamiento en La Zarzuela, lugar que el juanista Luis María Anson llamaría una «jaula de oro».3 Según el falangista José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo entre 1941 y 1957 y referente del Búnker hasta su muerte en 1995, Franco decidió el nombramiento de don Juan Carlos como sucesor «desde el mismo momento en que le trajo a Madrid a estudiar».4

Las relaciones del Príncipe con su padre, competidor y rival de Franco, comenzaron a tensarse seriamente en la década de los sesenta, y en 1969 se rompieron del todo cuando don Juan Carlos juró lealtad al Régimen nacido a raíz de la guerra civil y aceptó ser el heredero de Franco. Ante las Cortes se presentó como un hombre «formado en la España del 18 de julio» que recibía «la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936».5 Don Juan Carlos violó, al hacerlo, el principio de la sucesión dinástica, puesto que Alfonso XIII, que no renunció a la Corona al ser desterrado por la Segunda República, había abdicado sus derechos reales en la persona de don Juan poco antes de morir en 1941. Don Juan Carlos se saltó el derecho de sucesión muy conscientemente con el argumento, muy práctico, de que al hacerlo aseguraba el retorno de la Corona a España. Y así se lo contó por carta a su padre:

Te quiero muchísimo y he recibido de ti las mejores lecciones de servicio y amor a España. Estas lecciones son las que me obligan como español y como miembro de la Dinastía a hacer el mayor sacrificio de mi vida y, cumpliendo con un deber de conciencia y realizando con ello lo que creo es un servicio a la Patria, aceptar el nombramiento para que vuelva a España la Monarquía y pueda garantizar para el futuro de nuestro pueblo, con la ayuda de Dios, muchos años de paz y prosperidad.6

Don Juan Carlos devolvió a su padre el título de príncipe de Asturias y adoptó el de príncipe de España a sugerencia de Laureano López Rodó, el jefe de los ministros tecnócratas y el principal promotor en el Gobierno del Régimen de su nombramiento como heredero de Franco.

La ruptura del escalafón dinástico estaba implícita en la Ley de Sucesión de 1947, la primera de las Leyes Fundamentales del Régimen que Franco promulgó para dar una imagen de estabilidad ante la Europa que había vencido a sus otrora aliados fascistas durante la guerra civil. Ante las protestas de don Juan, tan fundadas como ignoradas, la Ley de Sucesión le daba a Franco, jefe del Estado vitalicio, el poder de proponer a las Cortes, cuando él lo considerase conveniente, su heredero a título de Rey o de Regente.

Franco tardaría más de veinte años en nombrar a su sucesor y su heredero tuvo que esperar hasta su muerte para sucederle. La España de Franco seguiría siendo una dictadura a ojos del extranjero, pero era legalmente un reino, aunque, eso sí, sin rey.

En su fuero interno, don Juan tenía que saber que sin Franco la Corona no volvería a España. El Régimen deformó su figura, boicoteó sus manifiestos y censuró sus declaraciones. El pueblo llano ignoraba la presencia del conde de Barcelona en Estoril y, salvo para el reducido puñado de monárquicos, el heredero de Alfonso XIII era un personaje irrelevante.

Como diría Esteban Bilbao, presidente de las Cortes cuando se discutía la Ley de Sucesión, la Monarquía o la traía Franco o no la traía nadie. Esto mismo fue lo que, con otras palabras, le explicó don Juan Carlos a su padre por carta al anunciarle su decisión de aceptar ser el sucesor del dictador.

Hasta aquel momento, las relaciones entre don Juan y Franco habían seguido un curso zigzagueante. Don Juan tan pronto pedía la sustitución del Régimen por una Monarquía parlamentaria encabezada por él como buscaba complicidades con el dictador. Entre estas últimas estaba su decisión de enviar a su heredero a España para estudiar el bachillerato y su posterior conformidad con la formación del Príncipe en las academias militares.

La quiebra de la legitimidad dinástica era, lógicamente, intencionada. De ningún modo se recuperaba la Monarquía alfonsina que fue expulsada con la proclamación de la Segunda República. Los franquistas, que habían creado un nuevo Estado, no habían hecho la guerra para eso.

La narrativa del Régimen era que don Juan Carlos, al ser heredero de Franco, estaría con el tiempo al frente de una monarquía instaurada, que no restaurada: una monarquía de «Nueva Planta», una «Monarquía del 18 de julio». Cuando el Reino tuviese por fin un rey, el Monarca, propuesto por Franco, habría previamente jurado, según rezaba la normativa de 1947, «las Leyes Fundamentales, así como lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional».

Don Juan Carlos cumplió al pie de la letra con este guión. De nuevo se ha de subrayar que para el franquismo la prolongación del Régimen estaba, por lo tanto, «atada y bien atada».

En las filas del antifranquismo militante la percepción de don Juan Carlos como hombre intelectualmente limitado y leal al dictador no tenía vuelta de hoja. Santiago Carrillo le denominó «Juan Carlos el Breve» en una entrevista con la afamada periodista italiana de la época Oriana Fallaci que se celebró cuando la vida de Franco tocaba a su fin.

El mote que se le ocurrió al líder comunista era previsible porque estaba en la mente de cualquier izquierdista cuyas facultades de percibir la realidad estaban limitadas por la clandestinidad y, en el caso de Carrillo, el exilio. Pero es que, además, el líder comunista recibía de primera mano las intoxicaciones del acaudalado abogado republicano y notario en excedencia Antonio García-Trevijano (Granada, 1927), un conspirador nato a la manera del XIX salido de las páginas de Pío Baroja y uno de los actores de segunda fila más peculiares en el reparto de la Transición.

García-Trevijano vio a don Juan Carlos como «un monigote de Franco siempre».7 Esto debió de impresionar a Santiago Carrillo porque García-Trevijano estaba muy próximo a don Juan y años antes lo había estado al Príncipe, por lo que se suponía que hablaba con conocimiento de causa. Según García-Trevijano, don Juan Carlos haría reformas al suceder a Franco, pero «esas reformas no podrían jamás llevar a la democracia [...] a un referéndum constituyente. Eso era imposible. La Monarquía esa sería de una oligarquía franquista». Para qué quería más Carrillo. Don Juan Carlos sería «el Breve».

A García-Trevijano le introdujeron en el círculo estorilense de don Juan en 1959 el intelectual y catedrático Rafael Calvo Serer y el banquero Luis Valls, que tenían en común su pertenencia al Opus Dei y su afecto por el conde de Barcelona, y que seguirían trayectorias políticas muy distintas. En aquel entonces coincidieron en que el abogado granadino era un joven con coraje que se movía en muchos círculos y que podría ser útil para don Juan. García-Trevijano no tardó en convertirse en parte del mobiliario de Villa Giralda, la residencia del conde de Barcelona en Estoril y el cuartel general de su exilio.

Valls, que se esforzó siempre por suavizar las relaciones entre don Juan y su hijo, hizo múltiples gestiones en favor de la futura Corona en la persona del príncipe de España y de una transición política pacífica. Tuvo en contra a Calvo Serer, que fue un rupturista y se empleó, junto con García-Trevijano, en calentar la cabeza al conde de Barcelona. Los dos se dedicaron a animar a don Juan a que denunciase a su hijo como sucesor de Franco y que se postulase él como el reconciliador de todos los españoles.

Calvo Serer pasó de ser un apologista del franquismo a editor del diario liberal Madrid, que fue prohibido por el Régimen en 1971. En 1949 ganó el Premio Nacional de Literatura con un ditirámbico ensayo titulado España, sin problema que escribió como réplica al libro España como problema que había publicado el entonces falangista crítico Pedro Laín Entralgo. El año antes de morir Franco, Calvo Serer ejerció de «compañero de viaje», incluso de «tonto útil», al fundar en París con Carrillo una plataforma de oposición promovida por el Partido Comunista llamada la Junta Democrática.

En aquel verano de 1974 García-Trevijano lo tenía todo preparado para la publicación en el diario Le Monde de unas explosivas declaraciones que él mismo había redactado y puesto en boca de don Juan. En ellas, el conde de Barcelona levantaba bandera contra su hijo. Hábilmente, el entonces príncipe de España convenció a su padre de que desistiese de cometer tal disparate.

Es posible que Carrillo pensara en algún momento del tardofranquismo que don Juan podría cumplir un papel orleanista: que a la muerte del dictador se produciría una revolución burguesa como en la Francia de 1830 y que el conde de Barcelona asumiría el papel de rey ciudadano cual un Luis Felipe bis. Luego cambió de opinión. Al presentar en 1996 El Rey de los rojos de Rafael Borràs, la primera biografía crítica del conde de Barcelona, dijo que don Juan era «un cero a la izquierda».

También cambió radicalmente la opinión de Carrillo sobre don Juan Carlos. Años después de decirle a Oriana Fallaci que el Príncipe era poco menos que un monigote, contó que el heredero de Franco «nos engañó a todos» cuando se hizo «el tonto» en el tardofranquismo. «Un hombre que es capaz de hacerse el tonto durante veinte años en las condiciones en que estaba el Rey con el franquismo en España, tiene que ser un hombre listo».8

La capacidad intelectual del Príncipe también era cuestionada en las filas del franquismo. Quienes iban escalando peldaños en el Régimen pensaban que el listo era don Alfonso de Borbón Dampierre, primo hermano de don Juan Carlos, que no ocultaba su entusiasmo por el Movimiento Nacional y se casaría con la nieta mayor de Franco.

Ésta era la idea que tenía, por ejemplo, Rodolfo Martín Villa a mediados de la década de los sesenta, cuando era director general del Ministerio de Industria, hasta que su jefe directo, Gregorio López Bravo, se la quitó de la cabeza. «No nos equivoquemos –le dijo el entonces ministro de Industria–. Don Juan Carlos es una persona muy inteligente y muy lista.» Al comenzar a tratar al príncipe de España, Martín Villa constató que la apreciación de López Bravo «era cierta».9

Al repasar los encuentros que mantuvo don Juan Carlos, ya nombrado sucesor de Franco, y las reacciones que despertaba entre los cargos de la administración franquista que le iban conociendo, resulta llamativo el éxito de una reunión tras otra. Sus interlocutores se despedían de él habiéndose formado una muy alta opinión del futuro Monarca. Parecido impacto causaría don Juan Carlos, ya rey, en sus audiencias con los políticos de la democracia.

Los jóvenes reformistas del Régimen tenían claro en el tardofranquismo que el Príncipe, además de listo, apostaba, como ellos, por el aperturismo. Lo que no conocían era el alcance de la apuesta. Sólo el círculo muy íntimo de don Juan Carlos sabía que según se acercaba el desenlace del Régimen el sucesor de Franco estaba dispuesto a desatar lo que supuestamente estaba tan bien amarrado y que, además, sabía cómo hacerlo.

El futuro jefe del Estado quería otro amarre. Nadie tenía que decirle que si no conseguía ser el Rey de todos los españoles no lo sería de ninguno. Lo de la «Monarquía de todos» era santo y seña de la dinastía Borbón desde su primera restauración en 1874 en la persona de Alfonso XII, «el Pacificador». Don Juan lo repitió continuamente en manifiestos y en declaraciones a lo largo de su vida como legítimo sucesor de Alfonso XIII, y legó esta concreción de la razón de ser de la Corona a su hijo. Al hacerla suya y pilotar la transición a la democracia, don Juan Carlos se reveló como heredero de su padre y no de Franco.

Es difícil saber exactamente cuándo decidió pisar con fuerza el acelerador de la democratización. Esto fue lo que hizo cuando forzó la dimisión de Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno y nombró a Adolfo Suárez con el encargo de legislar la reforma política por vía de urgencia. Probablemente tomó la resolución en los primeros meses de 1976, cuando vio que la presencia del leal franquista Carlos Arias Navarro al frente del Gobierno se había convertido en un obstáculo insalvable para la recuperación de la democracia.

Los tiempos de los cuales disponía el Rey cambiaban de acuerdo con las circunstancias. Sin embargo, lo cierto es que su apuesta por la reconciliación y por el pluralismo, por los partidos políticos y las elecciones generales, y por una constitución que no condenaría a nadie al exilio, ni en el exterior ni en el interior, estuvo siempre presente cuando aceptó ser el heredero de Franco. En su mente estaba el deseo de atar España, y atarla bien, a la democracia liberal, a lo que la jerga de entonces llamaba democracia «de corte europeo».

El sucesor de Franco a título de Rey quería para su país una Monarquía parlamentaria que le permitiría reinar, a él y a sus sucesores, en lugar de gobernar. La Corona constitucional de España debería de admitir comparaciones con la otra europea de larguísimo abolengo que era la británica de su abuela paterna, la reina Victoria Eugenia, y a cuya marina, la Royal Navy, había pertenecido su padre.

El proyecto de don Juan Carlos era su secreto. Su padre quizá podía intuirlo, pero desde luego no estaba en él. Mucho menos lo estaban los leales legitimistas que acudían a Villa Giralda. Don Juan Carlos desconfiaba de las indiscreciones de Estoril y tenía razón porque los juanistas solían ser unos bocazas cuando regresaban a sus tertulias en España. La cuestión es si Franco era ajeno a lo que pensaba su heredero.

Sin duda, Franco no conocía los detalles y, dado que él dilataba la toma de decisiones, sobre todo los tiempos. Sin embargo, seguramente estaba, por pura intuición, al corriente del planteamiento general de la apuesta de don Juan Carlos. Y además hubiera aprobado el proceso «de la Ley a la Ley pasando por la Ley» que definió la reforma política. El paso por las Cortes de lo que fue la última Ley Orgánica demostraba la vigencia de las instituciones y de las normativas jurídicas que él había creado.

A los cuarenta años de la muerte de Franco, un periodo que ya sobrepasa la duración de su dictadura, puede que todavía no haya transcurrido el tiempo necesario para analizar con la debida perspectiva, sin levantar ampollas ni provocar beligerancias, su figura, su tiempo y su legado.

Son bizantinas y poco provechosas las conversaciones en torno a «si Franco levantara la cabeza». Por otro lado, es una supina estupidez borrar completamente del mapa el franquismo, retirando las estatuas del dictador de las plazas públicas al igual que hizo el franquismo con los monumentos a quienes consideraba la anti-España. Es una sandez, aunque sólo sea porque mucha cultura política del Régimen, el empleo jerárquico del mando, por ejemplo, y la opaca endogamia de los partidos parlamentarios, perviven en la democracia que le sustituyó.

A lo largo de su vida Franco mantuvo una tenaz oposición a cualquier democratización del Régimen. De ahí que ya en el tardofranquismo, para desesperación de los aperturistas, las distintas iniciativas de fomentar asociaciones políticas acabasen en dique seco. Pero a la vez, conviene tener en cuenta testimonios que matizan esa oposición. Lo que éstos tienen en común es que el dictador asumía que su sucesor actuaría necesariamente de otra manera. Lo que no podía hacer su heredero era gobernar como lo había hecho él.

De entrada, nadie tenía que recordar a Franco que su control personal sobre todo lo que se movía en España era irrepetible. Esto último lo conoció como ninguno Ramón Serrano Suñer (Cartagena, 1901 - Madrid, 2003), cuñado de Franco y, durante su etapa de «cuñadísimo» en los años de la Segunda Guerra Mundial, un ministro muy poderoso.

Serrano Suñer, responsable del Decreto de Unificación entre la Falange y la Comunión Tradicionalista y la creación del partido único, el Movimiento Nacional, sentó, como jurista que era, las bases normativas del nuevo régimen. Había llegado a Salamanca, el cuartel general de Franco, en marzo de 1937, habiendo conseguido evadirse, vestido de mujer, de la legación de Holanda en Madrid donde se había refugiado al comenzar la guerra civil. Ahí se encontró con lo que llamaría «un Estado meramente campamental».

El juicio de Serrano Suñer sobre lo que Franco pensaba ya entonces de sí mismo y de la trayectoria que tenía por delante es diáfano: «Él [Franco] se consideraba irrepetible y providencial [...] lo que nunca quiso, por el mismo motivo, es que le sucediese alguien que no fuese un rey. No quería a ningún general sucediéndole. Por eso España es un Reino según la Ley de Sucesión y el sucesor sería un rey elegido por él».10

Franco quería dejar España en manos de un rey cuando muriese, pero su relación con la Monarquía fue compleja, incluso contradictoria. No hay duda de que tenía reverencia por la institución, desde Recaredo en adelante, y que la Corona católica y la España imperial fueron las referencias históricas que más le inspiraron. A la vez tenía una sincera y profunda idea de su misión que rozaba el mesianismo y que le ponía a la par con Felipe II, su rey más admirado.

Cuando en plena guerra civil Juan Ignacio Luca de Tena le preguntó por la restauración de la Monarquía en una entrevista que fue publicada en el ABC de Sevilla, Franco dijo que sus «preferencias» sobre el tema eran conocidas pero que el retorno de la Corona estaba sujeto «a las circunstancias y al ambiente».

Franco le explicó al director del diario monárquico por excelencia que, en cualquier caso, no contemplaba en absoluto una vuelta a la institución que reinó con anterioridad a la Segunda República: «si el momento de la restauración llegara, el Nuevo Estado tendrá que ser muy distinto al que cayó el 14 de abril de 1931». La Monarquía entraba en los designios de Franco, pero no la parlamentaria.

Lo interesante fue el remate de la entrevista. Franco dijo que se oponía a que don Juan se incorporase como combatiente al bando nacional, lo cual era el ferviente deseo del hijo de Alfonso XIII, no por el riesgo físico que asumiría sino porque ensombrecería el potencial de una «vida que algún día podría sernos preciosa». Explicó, sin rodeos, que valoraba la vida de don Juan en función de lo que podría representar su figura en el futuro:

Hay actualmente dos bandos españoles en guerra, uno de los cuales está integrado por los sin patria y por los sojuzgados por el látigo ruso, pero ya nos encontraremos solos en España y no podrá haber más que españoles, y si en el cambio de Estado volviera un Rey, tendría que venir con el carácter de pacificador, y no podía contarse en el número de los vencedores.11

Con la Ley de Sucesión, diez años después, Franco se aseguró de que el retorno de la Corona fuese competencia exclusivamente suya. No sería un general Arsenio Martínez Campos, que trajo a España como «pacificador» a Alfonso XII, el legítimo heredero de Isabel II. De serlo hubiera traído a don Juan, que era el legítimo heredero de Alfonso XIII. Pero Franco, que no se fiaba de las veleidades liberales del conde de Barcelona, no sería un espadón restaurador al uso.

Él, y sólo él, elegiría el rey que le sucediese para gobernar con autoridad en el Nuevo Estado. Sería un monarca hecho a imagen y semejanza suya, que actuaría según sus criterios dentro de los confines de su Régimen. Llegado 1969, el Príncipe había cumplido los treinta años, edad a partir de la cual un sucesor podía ser propuesto a las Cortes según la normativa, y en abril de ese año había muerto la reina Victoria Eugenia, abuela de don Juan Carlos, que en teoría podría haber deslucido el nombramiento pronunciándose a favor de los derechos legítimos de su hijo don Juan.

Don Juan Carlos tenía el perfil que describió Franco en sus declaraciones a Luca de Tena porque él mismo se había encargado de forjarlo. El Príncipe no podía ser menos que pacificador porque no había nacido cuando comenzó la guerra civil, pero a la vez estaba plenamente integrado en el Nuevo Estado y en sus fuerzas armadas. No había dado muestra alguna de querer ser un rey constitucional al frente de una Monarquía parlamentaria y, por lo tanto, reunía todas las condiciones que exigía Franco.

En aquella última aparición pública suya, en el balcón del Palacio de Oriente, con el príncipe de España a su derecha y una masa enfervorizada a sus pies, Franco sabía perfectamente que su muerte estaba ya próxima. Cabe entonces volver a la pregunta: ¿hasta qué punto era consciente de que su fallecimiento desataría un proceso político que enterraría a su Régimen? Una serie de testimonios sugieren que no era en absoluto ajeno a ello.

Uno lo ofrece Miguel Primo de Rivera, que, enormemente irritado porque el Consejo Nacional había echado por tierra una propuesta de asociacionismo político, fue directamente a protestar al Pardo, donde las puertas nunca le estaban cerradas. «Mi general –le dijo a Franco– esto [las asociaciones políticas] hay que hacerlo, esto hay que aprobarlo.»

Primo de Rivera había sido ponente en el debate y, como tantos otros de su generación que estaban adscritos al Régimen y ocupaban ya cargos relevantes, sabía que la democracia era inevitable. En su caso era, además, deseable, y Franco conocía bien sus opiniones al respecto. La obsesión del joven consejero nacional y alcalde de Jerez era que había que ir preparando a la ciudadanía con el paso previo de las asociaciones.

Nunca olvidó la contestación de Franco: «Eso tú, eso tú, eso vosotros, eso la juventud. No me pidas a mí que sea traidor a cuarenta años de historia. Pero vosotros si lo tenéis que hacer».12 Fue, a fin de cuentas, lo que le dijo su tía Pilar Primo de Rivera cuando en el otoño de 1976 pidió su apoyo para aprobar la Ley para la Reforma Política.

La percepción de que la fruta estaba ya bien madura la compartían quienes eran jóvenes y estaban plenos de facultades y también quienes ni lo eran ni lo estaban. Sin embargo, los segundos, a pesar de participar en el mismo discernimiento, no podían actuar en consecuencia. Franco, como Pilar Primo de Rivera y como tantos otros de la generación de la guerra, tenía su «historia».

Franco le hizo una reflexión idéntica a su sobrino Nicolás Franco Pascual de Pobil (Salamanca, 1937), que como Miguel Primo de Rivera era consejero nacional, juancarlista, demócrata y, por familia, persona destacada de la siguiente generación del establishment del ya envejecido Régimen.

Ocurrió que, en abril de 1975, siete meses antes de morir su tío, Franco Pascual de Pobil concedió una entrevista a José Oneto, a la sazón director de la entonces exitosa revista Cambio 16, y se despachó con unas afirmaciones que eran explosivas en aquel momento. Por elemental prudencia se fue a El Pardo para anticiparle a Franco lo que se iba a publicar. Entre otras cosas, el sobrino del dictador dijo que era «urgente dar voz legal y voto correspondiente a la izquierda», que «no tiene por qué haber presos políticos» y que era absurdo seguir pensando en la existencia de «delitos de opinión».

Franco Pascual de Pobil le explicó a su tío que había hecho unas declaraciones en un determinado sentido y cara al futuro, y que esperaba que no chocasen ni que se malinterpretasen. Franco le contestó: «Bueno, yo entiendo que vosotros, los jóvenes, tendréis unos puntos de vista diferentes y, en suma, el futuro es de vosotros». Franco Pascual de Pobil recordó que la reflexión fue clara, serena y contundente.13

No es descabellado concluir que lo único que Franco quiso dejar «atado y bien atado» era la jefatura del Estado, a título de Rey, en manos de quien él había nombrado heredero para dirigir los destinos de España. En su testamento no se refirió ni a las Leyes Fundamentales, ni al Movimiento Nacional, ni a los sindicatos verticales, ni a nada parecido.

En su última voluntad pidió a los españoles que rodeasen al futuro Rey «del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido». Eso y el mantenimiento de «la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria». Y también que no se cejase en «alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España». Pidió que esto fuese el «primordial objetivo» de los españoles.

¿El testamento de Franco fue un último ejercicio de cinismo por parte del dictador? ¿O fue que, salvo la sucesión de don Juan Carlos y el mantenimiento de una nación culta, socialmente justa y unida, todo lo demás, empezando por las instituciones de su Régimen, le daba ya bastante igual al final de su vida?

Rodolfo Martín Villa, uno de los jóvenes reformistas del Régimen más señalado, que fue ministro de Relaciones Sindicales en el primer gobierno de la Monarquía a las órdenes de Carlos Arias Navarro y del Interior en el siguiente que formó Adolfo Suárez, cree que el primero que era consciente de que no habría una continuación del Régimen franquista con pequeños retoques era el propio Franco. Esta idea que ya se había formado fue reforzada por el propio Arias Navarro, que le contó los pormenores de la última entrevista que había tenido con Franco.

La entrevista tuvo lugar el 18 de octubre de 1975, el mismo día que Franco redactó el breve testamento que Arias Navarro leería, en directo y entre sollozos, ante las cámaras de televisión al anunciar la muerte del dictador. En esta última reunión con quien le había nombrado presidente del Gobierno dos años antes, Arias Navarro planteó sus dudas sobre la pervivencia del Régimen. Y Franco, según Martín Villa, le dijo: «No, no tema usted, Arias. Aquí lo que hay que ser es fiel al Rey. Pero el Rey tendrá que hacer cosas diametralmente distintas a las que yo he hecho».14

El proceder de Arias Navarro como presidente del primer gobierno de la Corona sugiere que hizo caso omiso a lo que le dijo Franco. Por mucho ánimo y petición de lealtad que le diese Franco, Arias Navarro no pudo encajar una política diametralmente opuesta a las normativas del Régimen que demandaba don Juan Carlos. Hombre ya de edad, combatiente de la guerra civil, tenía, como toda su generación, su «historia». Lo que le pedía su cabeza, su corazón se lo negaba.

Parecido testimonio se obtiene de José Utrera Molina (Málaga, 1926), que fue otra personalidad del tardofranquismo que no pudo digerir el cambio político. Fogoso falangista, cosa que Arias Navarro nunca fue a pesar de su acendrado franquismo, Utrera Molina fue gobernador civil de Ciudad Real a los treinta años, ministro de la Vivienda en el efímero Gobierno que presidió el almirante Luis Carrero Blanco y, hasta su cese en marzo de 1975, ministro secretario general del Movimiento en el de Arias Navarro.

Franco no le dijo a Utrera Molina que don Juan Carlos haría cosas «diametralmente distintas» al sucederle. Lo que sí hizo fue abroncar al responsable del partido único cuando se atrevió a decirle al dictador que eso era exactamente lo que iba a ocurrir.

La audiencia tuvo lugar el 19 de diciembre de 1974, y se hizo tensa cuando, al escuchar el consabido cliché de que todo estaba «atado y bien atado», Utrera Molina no pudo contenerse: «Yo le dije a Franco que estaba muy preocupado por cómo estaba la situación y que veía verdaderamente peligrar el edificio del 18 de julio en el que yo había crecido y al cual había servido con honestidad».15

El leal e insobornable ministro secretario general del Movimiento no se paró ahí: «Yo quise decirle a Franco lo que ocurría y le dije que, desde luego, el Príncipe, a mi juicio, era partidario de una monarquía liberal, democrática y partitocrática, y que eso era lo que en definitiva se iba a producir».

Utrera Molina recuerda que a Franco le cambió súbitamente la expresión, abrió desmesuradamente los ojos y se enfadó. Le dijo: «Eso no es cierto y es muy grave lo que me dice».

El desencuentro que relató Utrera Molina es interesantísimo no sólo por lo que dice de la lealtad de Franco a su sucesor sino, también, por lo que revela de la vigilancia a la cual estaba sometido el Príncipe por quienes eran más franquistas que el propio dictador. Utrera Molina conocía muy bien las conversaciones discretas que don Juan Carlos llevaba tiempo manteniendo con quienes no simpatizaban con el Régimen y hablaba con conocimiento de causa. Y Franco no era para nada ajeno a lo que le decía el ministro secretario general del Movimiento.

La experiencia de Utrera Molina en el Gobierno de Arias Navarro fue muy «amarga» porque sus muy voluntariosos intentos de «rearmar ideológicamente» al Movimiento fueron totalmente ignorados y él reconoce que fue cándido e ingenuo en proponerlo.

Todos, él incluido y Franco el primero, sabían que el Régimen no iba a tener una continuidad lineal pero, aparentemente, sólo a él le preocupada que el Régimen del 18 de julio fuera a ser completamente liquidado. Utrera Molina fue algo así como el pasajero en la cubierta del Titanic que veía el iceberg cuando los demás únicamente tenían tiempo para escuchar la banda que tocaba.

Franco sólo hablaba de la «fruta madura» para referirse a Gibraltar, porque según él así caería el Peñón y volvería a la soberanía española. Franco desconocía la voluntad de los «llanitos» pero conocía bien la de los españoles. Por lo pronto, no tenía duda alguna de que la clase media española se desligaría del árbol del Régimen.

Sin burguesía no hay democracia porque es la clase medía la que demanda el pluralismo político. De ambas cosas habló en 1971 con el general norteamericano Vernon Walters, que había sido enviado a Madrid por el presidente Richard Nixon para hacer futurología sobre una España sin Franco.

Según el testimonio de Walters, lo que Franco le dijo en El Pardo fue: «Yo he creado ciertas instituciones, nadie piensa que funcionarán. El Príncipe será Rey, porque no hay otra alternativa. España irá lejos en el camino que desean ustedes, los ingleses y los franceses: democracia, pornografía, droga, qué sé yo. Habrá grandes locuras pero ninguna de ellas será fatal para España [...] porque yo voy a dejar algo que no encontré al asumir el gobierno de este país hace cuarenta años: la clase media española. Diga a su presidente que confíe en el buen sentido del pueblo español, no habrá otra guerra civil».16

Walters fue un militar norteamericano atípico porque le habían educado los jesuitas en un internado en el norte de Inglaterra, era políglota, tenía importantes contactos políticos en medio mundo y su fuerte, como asesor de varios presidentes del Partido Republicano, era la realización de misiones confidenciales. Había conocido a Franco cuando acompañó como traductor al presidente Dwight Eisenhower en su visita a España en diciembre de 1959. Entre un encuentro y otro se había producido lo que el Régimen llamaba las «previsiones sucesorias». Don Juan Carlos, el sucesor de Franco, comenzaba a estar en el radar de la administración norteamericana.

Nixon envió a Walters a Madrid porque le preocupaba que la muerte de Franco provocara una inestabilidad que se extendería por el Mediterráneo. A su vuelta a Washington, Walters le dijo a su presidente que lo primero no podía tardar porque había encontrado a Franco extraordinariamente debilitado. Añadió que la inestabilidad no estaba en la agenda española, y le habló a Nixon del Príncipe. Ese mismo año, don Juan Carlos y doña Sofía realizaron un importante viaje a Estados Unidos y fueron recibidos en la Casa Blanca.

El grueso del informe de Walters fue que en los doce años desde su anterior visita con Eisenhower, y gracias al finiquito de la perniciosa política de la autarquía y al impacto de los planes de estabilización y de desarrollo, España vivía más holgadamente que en ningún otro momento de su historia. Como diría Ortega y Gasset al volver del exilio en un tiempo muy distinto porque eran los años del hambre, la sociedad española gozaba de una «indecente salud». Con mucha más razón, Walters «compró» el relato de la clase media acomodada.

Don Juan Carlos, que se sepa, tampoco se ha referido a la «fruta madura». Pero sí a la clase media. Explicó lo siguiente a su biógrafo: «Yo heredé un país que había conocido cuarenta años de paz [...] durante esos cuarenta años se formó una clase media poderosa y próspera, una clase que prácticamente no existía al final de la guerra civil. Una clase social que en poco tiempo se convirtió en la columna vertebral de mi país».17

En lo material, la clase media española quería, como cualquier otra, más y mejores bienes de consumo y buenas perspectivas profesionales para su prole. En lo demás, su aspiración era la modernización del sistema político para no tener que dar acomplejadas explicaciones sobre la excepcionalidad española cuando viajaban por la Europa democrática. Por eso la Transición fue la caída del árbol de la fruta madura.

Lo que Franco pensara o dejara de pensar sobre lo que le podía ocurrir a su Régimen después de su muerte en el fondo importa muy poco. A partir del 20 de noviembre lo relevante era lo que pensaba hacer con el franquismo el príncipe de España convertido en Juan Carlos I.

CAPÍTULO 5

Don Juan Carlos y el franquismo

La decisión del Rey de retener a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno sugería a primera vista que don Juan Carlos pensaba en el continuismo del Régimen. Sin embargo, su imposición a Arias Navarro de ministros que de modo alguno compartían la zona de confort del veterano franquista indicaba lo contrario.

Don Juan Carlos ratificó en su puesto al último presidente del Gobierno nombrado por Franco a cambio de que jubilase a sus ministros y aceptase a otros que gozaban de la confianza de la Corona. Seguramente, Arias Navarro aceptó continuar en su puesto con estos condicionantes por acatamiento a la voluntad de Franco, que había pedido afecto y lealtad al Príncipe en aquel sucinto testamento que él mismo había leído ante las cámaras de televisión.

Al ser cesado siete meses después, Arias Navarro bien pudo pensar que jamás debió haber aceptado tal compromiso. Tenía que haber insistido en su dimisión protocolaria al morir Franco. El primer gobierno de la Monarquía que presidió no era «suyo», y con el paso del tiempo lo sería cada vez menos. Su cese no sorprendió a nadie.

Arias Navarro tuvo que convivir con Manuel Fraga Iribarne como ministro de Interior, que entonces se llamaba de la Gobernación, y como vicepresidente. Y tuvo que conllevar la reforma que Fraga tenía en la cabeza y que había circulado en multitud de papeles que él y sus colaboradores llevaban tiempo redactando. La meta era alcanzar una democracia liberal, de «corte europeo» como gustaba decir, a través de un cambio controlado desde el poder.

El proceso de reforma que Fraga tenía pensado era muy parecido al que introdujo Adolfo Suárez aquel verano cuando sustituyó a Arias Navarro. Muerto Franco no cabía otra iniciativa política, y la singular diferencia entre el proceso de reforma de Suárez y el de Fraga fue que el primero lo podía implementar como presidente del Gobierno, y Fraga no porque no lo era.

A Fraga le exasperó el rechazo visceral de Arias Navarro a todo lo que fuese una democracia liberal. Arias Navarro no tenía plan alguno de reforma más allá de conseguir una «democracia a la española» que sería aceptable para los próceres del Régimen. Suárez tenía las manos libres para enfrentarse a cualquier obstáculo.

Al presentar el nuevo Gobierno a las Cortes el 28 de enero de 1976, Arias Navarro les dijo a los procuradores: «Os corresponde la tarea de actualizar nuestras leyes e instituciones como Franco hubiera deseado». La frase no podía menos que sorprenderles dado el perfil de los nuevos ministros. No había que ser procurador para saber que lo último que Franco deseaba era el eventual pluralismo parlamentario que predicaba Fraga. Ciertamente, el Gobierno que Arias Navarro presentaba no podía ser del gusto de los procuradores. Salvando a los militares, no eran los ministros que Franco hubiera deseado, y los procuradores sabían que Arias Navarro no había tenido más remedio que nombrarlos para seguir como presidente.

Franco desconfiaba de un Fraga que se había empapado del parlamentarismo británico como embajador en Londres y no hubiera tolerado como ministro de Exteriores a José María de Areilza, que fue embajador suyo y luego cambió de bando y se fue a Estoril con don Juan. Franco le consideraba un traidor. Tampoco le hubiera hecho feliz el nombramiento de Antonio Garrigues Díaz-Cañabate como ministro de Justicia. Garrigues también fue embajador suyo, en Washington y en el Vaticano, pero era un hombre liberal que había ocupado cargos menores en la Segunda República y cuyas ideas para el nuevo reinado pasaban por la convocatoria de unas Cortes constituyentes.

Del impetuoso Fraga se podía esperar cualquier cosa porque su fuerte carácter era su peor enemigo. Sin embargo, su compromiso con la democratización del sistema político español era ya total y, además, era una importante baza. Solamente Fraga era capaz de pastorear a la derecha española por el camino de la reforma política. Areilza y Garrigues, por su parte, eran dos certeros baluartes frente a cualquier intento de continuismo.

Los procuradores se fijaron más en la personalidad y el recorrido de estos tres reformistas y menos en quienes de la siguiente generación ocupaban el banco azul. De haber reparado en éstos hubieran caído en la cuenta de que la trayectoria de tres de ellos había sido aperturista en el tardofranquismo. De acuerdo con los planes de don Juan Carlos, su presencia en este primer gobierno de su reinado tenía el fin de prepararles para responsabilidades mayores en el siguiente.

Alfonso Osorio, ministro de la Presidencia, tenía relaciones muy cercanas con democratacristianos opuestos al franquismo, mientras que Adolfo Suárez, nombrado ministro secretario del Movimiento por recomendación de Torcuato Fernández-Miranda, y Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, eran puntales de los jóvenes reformistas del Régimen.

A la vez, los procuradores eran ajenos a los planes que albergaba quien les presidía. Fernández-Miranda fue elegido por don Juan Carlos para presidir las Cortes al morir Franco por una razón de estrategia a medio plazo. Al ocupar el cargo, Fernández-Miranda presidía a la vez el Consejo del Reino, una institución clave del Régimen puesto que su principal función era la de elevar a la jefatura de Estado una «terna» de candidatos a la presidencia del Gobierno.

Don Juan Carlos pudo haber aceptado la dimisión de Arias Navarro y nombrado a Fernández-Miranda como su primer presidente del Gobierno. No lo hizo porque su antiguo tutor de Derecho Político y permanente mentor en asuntos de Estado le convenció de que sería más útil a la Corona presidiendo las Cortes y el Consejo del Reino.

Fernández-Miranda siempre fue un político enigmático y en el tardofranquismo lo sería más cuando a sus dotes de mucha inteligencia se unió la pasión del resentimiento por no haber sucedido como presidente del Gobierno al almirante Luis Carrero Blanco, muerto en atentado de ETA el 20 de diciembre de 1973 siendo él vicepresidente. Su desprecio por Arias Navarro, que al asumir el cargo le apartó de la política, fue considerable.

El rencor hizo que Fernández-Miranda se opusiese a todo lo que Arias Navarro proponía. Si el presidente del Gobierno quería ir modificando paso a paso el Régimen, que fue lo que años antes propugnaba Fernández-Miranda, su rival se empeñaba ahora en la necesidad de acelerar el proceso. Muerto Franco, la sintonía de Fernández-Miranda con don Juan Carlos fue tan total como nula fue su relación con Arias Navarro.

Si en lugar de presidir las Cortes Fernández-Miranda hubiera presentado a la Cámara, como presidente del Gobierno, a los nuevos ministros de la Corona, hubiera dicho a los procuradores que les correspondía actualizar las leyes e instituciones según los deseos del Rey. Nunca habría añadido «como Franco hubiera deseado», que fue lo que dijo Arias Navarro.

Arias Navarro, al frente del primer gobierno de la Monarquía, no pudo cumplir con lo que don Juan Carlos deseaba porque, con su «historia» a cuestas, no creía en ello. Según el Rey, la incapacidad de Arias Navarro a la hora de propulsar un profundo cambio político le convirtió en un «desastre sin paliativos»1 que socavaba la propia Monarquía. La frase fue pronunciada por el Rey en abril de 1976 a un periodista muy experimentado de un importante medio norteamericano y pactada, con toda intención, para su publicación.

La crónica en la revista Newsweek venía a decir que el Rey y el pueblo español querían transitar rápidamente hacia la democracia, pero que don Juan Carlos temía el descarrilamiento del proceso y que culpaba de ello al inmovilismo del presidente. El Gobierno desautorizó el explosivo comentario diciendo que el Rey no había concedido entrevista alguna, pero dos meses después de la publicación de la crónica Arias Navarro fue cesado.

Arias Navarro fue un inmovilista de los pies a la cabeza y la culpa de la catástrofe política que supuso el primer gobierno de la Monarquía no fue suya sino de don Juan Carlos por haberle nombrado. Arias Navarro fue fiel a unos principios que eran de otra época, y fue un error confiarle la labor de gestionar para una época totalmente distinta el profundo cambio de un sistema que él creía era poco menos que un don de Dios. Por estar Arias Navarro al frente del Gobierno, tampoco pudo avanzar el plan reformista de Fraga.

En el verano de 1976, el Rey rompió el bloqueo gracias a que Fernández-Miranda se encargó de ofrecerle el nombramiento de un joven dirigente que haría lo que se le pidiese. Con la Ley para la Reforma Política, Adolfo Suárez implementó por vía de urgencia el cambio «de la Ley a la Ley, pasando por la Ley» que quería el Monarca. De paso, Suárez le robó hábilmente a Fraga su agenda reformista, su cartel de centrista y la mayor parte de su base electoral.

Supe con certeza que no habría continuismo en el nuevo reinado a partir de una llamada que recibí a comienzos de la última semana de octubre de 1975 en la más bien cutre redacción que ocupaba la agencia Reuters en un apartado rincón de la sede de EFE. La agencia de prensa oficial española se encontraba entonces en un edificio bastante destartalado en la madrileña calle de Ayala que estaba poblado, al menos eso me parecía a mí, de tantos bedeles uniformados y policías de paisano como de periodistas y picadores de télex. La redacción de Reuters era un espacio de libertad al cual acudían compañeros españoles que relataban historias que no podían publicar y enviados especiales extranjeros que pedían información porque no sabían qué escribir.

Me llamó el diplomático José Joaquín Puig de la Bellacasa, que era el secretario de don Juan Carlos, el todavía príncipe de España. Quería verme al mediodía del día siguiente en el Palacio de la Quinta, un hermoso edificio del siglo XVIII con fantásticos parterres al estilo francés que forma parte del Real Sitio del Pardo y es un lugar señorial para reuniones discretas.

Puig de la Bellacasa me saludó con prisas y entró directamente en materia. Me dio lo que en el oficio de los periodistas y en el de los portavoces se llama un briefing de deep background que es completamente off-the-record. Los términos son siempre en inglés y las reglas de estos intercambios las conocen bien quienes están en una trinchera y en la otra. Se trata de una información que no puede ser atribuida a fuente alguna. No se pueden emplear guiños tipo «personas conocedoras del asunto» piensan esto o que «fuentes generalmente bien informadas» dicen lo otro.

De hecho, se mantiene la ficción de que tales encuentros no tuvieron lugar y las conversaciones nunca existieron. Ahora bien, el periodista puede utilizar la información y, además, debe hacerlo, si confía en su fuente, porque por eso la ha recibido. Lo que escriba, sin embargo, debe ser una reflexión exclusivamente suya, de su propia cosecha, y depende de su instinto profesional para entender el curso de los acontecimientos e ir uniendo las piezas del rompecabezas que tiene sobre su mesa de redacción.

Conocía bastante bien a Puig de la Bellacasa porque, antes de ponerse a las órdenes del Príncipe en los primeros meses de 1974, había estado en la embajada española en Londres, el cuartel general del incombustible Fraga Iribarne donde se trabajaba a todas las horas del día tanto en asuntos de la política interior española como en las propias de una misión diplomática. Puig de la Bellacasa venía con frecuencia a casa de mis padres, que, amén de muchos amigos ingleses, recibían tanto a los españoles de la diáspora del exilio como a los de la España oficial. El futuro secretario del Príncipe se relajaba contrastando ideas con quienes se presentaban en esa casa abierta que era el amplio piso paterno, y mis padres le estimaban mucho. Desde mi llegada a Madrid con Reuters había coincidido con él en alguna que otra recepción de las cancillerías extranjeras en Madrid, sabía que me tenía una cierta confianza y no me sorprendió su convocatoria.

En aquellos últimos días de octubre de 1975, todo el mundo que conocía en las altas esferas del Régimen y en los despachos de abogados que servían de tapadera de la oposición se pasaba el tiempo haciendo futuribles políticos e intercambiando chismes. Los corresponsales extranjeros éramos unos privilegiados receptores de muchas confidencias. Las más interesantes eran las que nos proporcionaban los compañeros de los medios nacionales, sometidos, como estaban, a la censura y, en mi caso, sobre todo los de la agencia EFE, porque eran los más informados y los más vigilados.

Lo que me dijo Puig de la Bellacasa en la Quinta fue que El Pardo y Carlos Arias Navarro, el presidente del Gobierno, querían negociar con La Zarzuela el traspaso de poderes como jefe del Estado en funciones a don Juan Carlos de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Sucesión. Esto, en sí, no era novedoso porque estaba ya en el runrún y las comidillas de la Villa y Corte. La conversación en aquel momento se centraba casi exclusivamente en cuándo asumiría el Príncipe la jefatura de Estado en funciones.

La salud de Franco, que estaba próximo a cumplir los ochenta y tres años y que desde hacía tiempo padecía Parkinson, la enfermedad que incapacita progresivamente, era muy preocupante. El general norteamericano Vernon Walters ya había observado la mano temblorosa de Franco cuando le visitó en el Pardo en 1971, y lo anotó en su posterior informe a Richard Nixon. Cuatro años después, el cuadro clínico del dictador empeoraba dramáticamente. Lo último era que Franco había sufrido un ataque al corazón el 15 de octubre, un segundo el 20 y un tercero tres días después. Además sufría una fuerte gripe y serios problemas intestinales que desembocarían en una peritonitis.

La novedad que me contó el secretario del Príncipe fue que la Zarzuela había marcado una línea roja en la negociación con el Pardo y con la presidencia del Gobierno. Si don Juan Carlos asumía la jefatura del Estado, no habría vuelta atrás. Si por un milagro Franco se recuperase, por aquello de estar acompañado, según se decía, por el manto de la Virgen del Pilar y por la reliquia de la mano incorrupta de santa Teresa, el anciano se retiraría de la escena pública. Desaparecería del mapa en el Pazo de Meirás o donde quisiese instalarse. A continuación se procedería formalmente a la sucesión, de acuerdo con lo que estaba establecido en la ley pertinente.

Don Juan Carlos tenía sus razones. Había asumido los poderes en funciones el verano anterior, cuando Franco padeció una flebitis, y a los tres meses había sufrido la humillación de ser informado por Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde y yerno de Franco, que el dictador los retomaba. Franco, al parecer, estaba como una rosa. El Príncipe no estaba dispuesto a sufrir el desgaste de una segunda «temporalidad» que, cual marioneta, le identificaría aún más con el inmovilismo y con lo que decidiese el círculo del marqués de Villaverde.

El mensaje de Puig de la Bellacasa fue muy claro. Si en los próximos días se anunciaba la asunción del poder en funciones por parte de don Juan Carlos, sería porque El Pardo y el Gobierno de Arias Navarro habrían aceptado la condición que el Príncipe había impuesto. Dicho en otras palabras, el paso que daría el Príncipe sería el preludio de su proclamación como Rey en el muy corto plazo.

Lo que me contó Puig de la Bellacasa tenía toda la pinta de ser una negociación a cara de perro y la única interpretación que cabía de ella era que el continuismo no estaba en la agenda de la Zarzuela. Si no, ¿por qué le iba a importar a don Juan Carlos cualquier «temporalidad» como jefe del Estado en funciones?

Esto fue lo que pensé entonces y los acontecimientos pronto me darían la razón. Nada estaba «atado y bien atado», según daba a entender lo que sería el último gobierno de Franco. Todo estaba en manos del futuro Rey: de la estrategia y de los tiempos que él marcara.

Caí entonces en la cuenta de que, como Rey, don Juan Carlos soltaría los amarres en los cuales confiaban los últimos leales de un régimen que hacía aguas. Don Juan Carlos sabía que esas ataduras no aguantaban porque no correspondían a la nave que era la España de finales de 1975. Salvo en el reducido mundo del inmovilismo y del Búnker, ni se creía en ellas ni se querían.

Don Juan Carlos no era un «monigote» del dictador ni tenía intención de ser «el Breve». Pilotaría el buque España, como consumado marinero que era, hacia otros mares. Puig de la Bellacasa me habló con serenidad y de una manera muy contundente en esa conversación que nunca tuvo lugar, y lo que dijo rebosaba optimismo.

Cualquier persona que presumía de ser objetiva y medianamente informada comenzaba a comprender en aquel invierno que todo sería muy distinto después de la muerte de Franco. Don Juan Carlos tenía las cartas marinas necesarias para emprender el viaje a otra cosa y contaba con la tripulación adecuada.

Esto que vislumbraba era más o menos lo que el propio don Juan Carlos llevaba casi dos años contando en encuentros muy reservados que le proporcionaban Puig de la Bellacasa y otros.

José Ortega y Gasset escribió que la Segunda República que desterró al abuelo de don Juan Carlos «surgió con la sencillez, plenitud e indeliberación con que se producen los fenómenos biológicos, con que en mayo brotan las hojas por las ramas del olmo y engorda la espiga sobre la caña».2 Lo mismo se puede decir de la transición de la dictadura a la democracia.

El reemplazo de Franco por su sucesor a título de Rey se produjo con total normalidad. No se rompió un solo escaparate, que es lo que se suele decir para describir los tránsitos no traumáticos. Hubo continuidad porque se cumplieron los supuestos sucesorios, pero pronto se vería que el continuismo brillaba por su ausencia. Sobre todo, hubo normalidad.

A los siete meses de la muerte de Franco se anunciaría ya sin tapujos y por boca de Adolfo Suárez, el presidente del Gobierno elegido por don Juan Carlos, que la tarea del Gobierno era hacer normal en la vida política lo que en la calle era sencillamente normal.

La habilidad de don Juan Carlos a la hora de suceder a Franco a título de Rey fue ver que la fruta, el deseo de recuperar las libertades políticas, estaba ya más que madura. El deseo era abrumador. Con unos leves toques al árbol, caería. Esto, en esencia, fue lo que le confío a Suárez, que tenía los arrestos para pegar cuantos golpes a los frutales fuesen necesarios.

La misión ya la conocía Fernández-Miranda, que gozaba de la máxima confianza del Rey y fue el «guionista» de la Transición. Fernández-Miranda tenía la trama ya estudiada: las Leyes Fundamentales del Régimen no eran inmutables y podían ser revocadas por otra posterior del mismo rango. Ésta sería la Ley para la Reforma Política, que fue aprobada por las Cortes de Franco y ratificada por referéndum. Era el guión de ir «de la Ley a la Ley pasando por la Ley» que dio carácter singular a la transición política en España.

Lo que distinguió a la transición política española fue la utilización de los mismos mimbres del franquismo para liquidar la dictadura y el recurso a la experta habilidad destructora de quienes habían crecido al amparo del Régimen. En el paso de la dictadura a la democracia hubo una «mudanza» de élites parecida a la que tuvo lugar hacia la Segunda República durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera en el reinado de Alfonso XIII. Niceto Alcalá-Zamora, el primer presidente de la República, al fin y al cabo, había sido ministro de la Corona.

Todo esto lo entendió muy bien José Joaquín Puig de la Bellacasa, un profesional de la diplomacia, entusiasta europeísta y buen conocedor de las democracias avanzadas. Nacido en Bilbao en 1931 e hijo de padre catalán y de madre vasca, podía diagnosticar perfectamente el estado de la fruta. Para él era un entendimiento instintivo gracias a su entorno familiar, que era liberal y monárquico.

Un tío suyo, Ramón Padilla, también diplomático, fue durante muchos años el educado y sagaz secretario personal del conde de Barcelona. Otro, Luis Puig de la Bellacasa, fue hombre importante de la Lliga Regionalista de Francesc Cambó, y participó en las «Bases de Estoril» de 1946, una de las varias tomas de posición en la ondulada estrategia política de don Juan que Franco ignoró, que su Régimen censuró y que pasaron sin pena ni gloria.

Las «Bases de Estoril» planteaban una democracia orgánica presidida por don Juan como alternativa al Régimen de Franco y fue una propuesta mucho más conservadora que el Manifiesto de Lausana, el año anterior, que exigía la retirada de Franco, un proceso constituyente y la Monarquía parlamentaria. Salvo en lo referente a la jefatura del Estado, las «Bases de Estoril» admitían comparaciones con las Leyes Fundamentales que desarrolló el franquismo. La diferencia estaba en el temple liberal de don Juan y en el de Franco, que aborrecía la democracia.

La crianza en tal ecosistema provocó determinados gestos. El 22 de junio de 1969, Puig de la Bellacasa, que para entonces era subdirector del Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, el también bilbaíno Fernando María Castiella, presenció desde la calle la llegada de don Juan Carlos al palacio de las Cortes, donde los procuradores, reunidos en un pleno extraordinario, aprobarían el nombramiento por Franco del Príncipe como su heredero.

Don Juan Carlos se metió a la asamblea franquista «en el bolsillo», según anotó Laureano López Rodó, el líder de los ministros de la órbita de Opus Dei, entusiasta juancarlista y el principal gestor de la propuesta sucesoria que Franco, finalmente, asumió. Incluso tres procuradores, que a su vez eran miembros del Consejo Privado de don Juan, votaron «sí». El legitimista Torcuato Luca de Tena, director de ABC, votó en contra, y el Príncipe le reconoció el gesto al día siguiente: «quiero agradecerte lo que hiciste ayer por mi padre votando que no».3

Como liberal, a Puig de la Bellacasa le disgustó lo que dijo don Juan Carlos ante las Cortes: «Recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra Patria encauzase de nuevo su destino». La identificación del Príncipe con el Régimen aparentaba ser completa. Como monárquico legitimista, le dolió profundamente la usurpación de los derechos dinásticos del conde de Barcelona.

La reacción de Puig de la Bellacasa ante la jura de don Juan Carlos fue irse directamente al palacio de Telecomunicaciones, hoy sede del Ayuntamiento de Madrid, en la cercana plaza de Cibeles, y enviar un telegrama de adhesión a don Juan. En Estoril la conducta era liberal y la consigna era la Corona de «todos los españoles». Nunca la jefatura del Estado de una España enfrentada a la otra.

El ambiente que siempre respiró Puig de la Bellaca animó profundas lealtades. Tres años antes de la jura, al fallecer Ramón Padilla y dejar vacante la secretaría privada en Estoril, don Juan decidió no nombrar para el puesto a Puig de la Bellacasa, porque quería que estuviese cerca de su hijo en Madrid. A la lealtad que profesaba al conde de Barcelona, el joven diplomático añadió una segunda lealtad al príncipe de España.

Tres años y unos meses después, don Juan Carlos le llamó a la embajada en Londres y le pidió que ocupase ese mismo puesto de confianza como secretario privado, pero suyo y en La Zarzuela, y no de su padre en Estoril.

Por encima y a pesar de las fuertes tensiones entre padre e hijo a raíz del juramento de don Juan Carlos como sucesor de Franco, Villa Giralda en Estoril y La Zarzuela en el monte del Pardo actuaban en sintonía cuando se trataba de estrategias a futuro. El Régimen jamás hubiera recomendado como asesor directo del príncipe de España a alguien con el perfil de Puig de la Bellacasa.

«Me llamó [el Príncipe] porque tenía necesidad de contactos con la prensa y quería que le facilitase contactos muy directos con la oposición democrática», explicó Puig de la Bellacasa muchos años después de aquella reunión en el palacete de la Quinta.4 El ministro consejero de la embajada en Londres no lo dudó. Se despidió de Fraga Iribarne, su embajador, esa misma tarde y el día siguiente viajó a Madrid.

En los primeros meses de 1974, don Juan Carlos tenía la necesidad acuciante de contar con la cercanía como secretario privado de un profesional abierto, liberal y, además de demócrata, monárquico. Había que reaccionar ante la brecha que se había abierto entre el Príncipe y el Gobierno de la nación como consecuencia del asesinato por ETA del almirante Luis Carrero Blanco en diciembre del año anterior.

Carlos Arias Navarro (Madrid, 1908 - Madrid, 1989), que fue nombrado sucesor de Carrero Blanco, era fiel como ninguno a Franco, pero no albergaba apego alguno al sucesor que el dictador había nombrado. Más franquista que Franco y nada monárquico, Arias Navarro desconfiaba del Príncipe. Su hostilidad hacia el heredero fue jaleada en las filas inmovilistas.

Don Juan Carlos tuvo un aliado en el almirante Carrero Blanco (Santoña, Cantabria, 1904 - Madrid, 1973), que, al igual que Franco, le mostraba respeto y aprecio. Franco y Carrero Blanco eran ultraconservadores y, además de sus obsesiones con la masonería y el comunismo internacional, compartían una reverencia por la Corona, por la realeza, la sangre real y la línea dinástica, que era más de corazón que de razón.

Sin embargo, a Franco, don Juan no le «servía», frase que utilizó en más de una ocasión, porque se rodeaba de malos consejeros, léase liberales, y quería competir con él. «Que Dios ilumine vuestro entendimiento, os perdone vuestros errores y maldiga a quienes os apartan del recto camino», le escribió Franco a don Juan en 1944.5

El almirante tampoco le tenía ninguna simpatía al conde de Barcelona, entre cuyos pecados estaba el haber sido formado por la Royal Navy y haber cruzado los siete mares como oficial de la armada británica.

A Franco, y también a Carrero Blanco, don Juan Carlos les permitía reconciliarse con una institución que entendían como la columna vertebral de la historia de España. El Príncipe tenía todas las apariencias de ser un joven serio, sensato, sencillo y sumiso, y, habiéndose formado en las tres academias militares, sería un «rey soldado». Por ello, Carrero Blanco, el más longevo de los colaboradores cercanos de Franco que había sido ministro de la Presidencia a partir de 1951 y fue ascendido a la vicepresidencia del Gobierno en 1967, apoyó entusiastamente el nombramiento de don Juan Carlos como sucesor a título de Rey que promovía Laureano López Rodó, el jefe de filas de los tecnócratas en los años del desarrollismo.

En junio de 1973, apenas seis meses antes de su atroz muerte en el atentado de ETA, Carrero Blanco tomó posesión de la presidencia del Gobierno, un puesto nuevo en el organigrama del Régimen, y en un gesto deferencial con don Juan Carlos le consultó el nombramiento de sus ministros. Torcuato Fernández-Miranda sería vicepresidente y López Rodó ministro de Exteriores. Nunca como entonces había estado el Príncipe tan integrado en un gobierno del Régimen.

Sin embargo, Carrero Blanco no era nada admirado por quienes serían los jóvenes reformistas del Régimen que más tarde se volcarían con el Príncipe. Su nombramiento dio lugar a una carta a Franco firmada por 39 de ellos, altos cargos todos, que venía a pedir más apertura política y más política social. La preocupación de todos ellos era que Carrero Blanco frenaría cualquier avance reformista como presidente del Gobierno, sobre todo en la corrección de desigualdades, porque representaba intereses elitistas y adinerados. De hecho, el almirante, tenido por un hombre de vida austera, ideas más bien simplistas y gran admirador de los tecnócratas del desarrollismo, se había mostrado muy ultra en su toma de posesión.

Es dudoso que Carrero Blanco, un marino de vida modesta y sin ambiciones personales, hubiese sido un valedor del franquismo sin Franco, tal como sostenía la izquierda y motivo por el cual ETA le asesinó. El espacio vital del almirante comenzaba y acababa con Franco y hubiera hecho mutis por el foro en el inicio del reinado de don Juan Carlos.

Dentro del Régimen, la percepción de Carrero Blanco como un franquista puro era matizada por su cercanía al Opus Dei y sus estrechas relaciones con López Rodó. Fue esto, y no su discurso ultra que era el habitual de los franquistas que hicieron la guerra, lo que disgustaba a los jóvenes reformistas del Régimen.

La carta protesta, que causó mucho revuelo pero no tuvo repercusiones para los firmantes, ilustró las tensiones entre las distintas «familias» del Régimen llegado el tardofranquismo. Las dos ramas falangistas, los «azules» del Movimiento y los que presumían de ser más «sociales» porque ocupaban puestos en la Organización Sindical, rivalizaban con los tecnócratas que monopolizaban las carteras económicas.

Para Antonio Castro Villacañas (Alcalá de Henares, 1925), el promotor de la carta de los 39, los tecnócratas representaban un «conservadurismo extremo y del dinero». Impenitente joseantoniano que ocupó importantes puestos en la Organización Sindical y fue procurador y consejero nacional, Castro Villacañas y los suyos temían que la alianza Carrero Blanco - López Rodó quería destruir «las conquistas logradas por el movimiento obrero».6

La rivalidad entre los dos campos por ganarse el beneplácito de Franco le venía muy bien al dictador porque le permitía ocupar el cómodo lugar de árbitro que velaba por el reglamento en un campo de juego nivelado y a quien todos tenían que obedecer.

Para don Juan Carlos, por el contrario, la competencia entre las dos principales «familias» del Régimen, que ya era muy evidente durante los años del desarrollismo en la década de los sesenta, presentaba un reto mucho más complejo. Al príncipe de España no le tocaba la labor de mediador ni sabría cómo ejercerla. Sus preferencias, en todo caso, no estaban claras porque necesitaba a ambas «familias».

La querencia natural del Príncipe era el campo elitista de los tecnócratas sobre todo cuando el choque entre un bando y el otro era, cruda y demagógicamente, descrito como el encontronazo entre el «dinero» y las «conquistas de la clase obrera». Frente a la nostalgia por la autarquía y el entusiasmo por el estatismo del Movimiento, la «ideología» de los tecnócratas era establecer las bases de una economía moderna, cohesionada con la de la Europa próspera y abierta a los flujos de la inversión extranjera.

Cuando el desarrollismo adquirió velocidad de crucero y la riqueza nacional empezó a crecer exponencialmente, el ensanchamiento de la clase media ya era palpable y esto tendría consecuencias no intencionadas en otras esferas. Los tecnócratas, en su conjunto, no eran demócratas, pero la apertura de la economía nacional que consiguieron no hizo más que madurar la fruta de un sistema representativo en libertad. El Príncipe, con la vista puesta en la normalización política, no podía menos que aplaudir la liberalización económica. La clase media es el sustento de toda democracia.

A la vez, los tecnócratas habían apoyado de una manera constante el nombramiento de Juan Carlos como sucesor de Franco. Esto los «azules» no lo hicieron nunca. Además, hasta que la jura de don Juan Carlos como sucesor de Franco en 1969 convirtió al príncipe de España en su «elegido», varios tecnócratas y afines al Opus Dei habían sido cercanos a don Juan en cuyo Consejo Privado eran bienvenidos. Esta cercanía con los principios y valores de su padre era tenida en cuenta por don Juan Carlos. A nadie del Movimiento se la pasaba por la cabeza acercarse a Estoril.

Los tecnócratas no representaban reto alguno para don Juan Carlos, mientras que los jóvenes reformistas que empezaba a conocer después de su nombramiento como sucesor de Franco constituían un bloque que se tenía que ganar. Los altos cargos de su generación que iban ocupando puestos clave en el aparato del franquismo personificaban las esencias del Régimen que iba a heredar y los necesitaría como colaboradores activos para desmontarlas.

Esos jóvenes reformistas del Régimen no tenían la reverencia por la Corona que sentía con naturalidad un monárquico sentimental como Carrero Blanco y también, con más realismo que sentimiento, las élites modernizadoras que pastoreaba López Rodó. De jóvenes, al fin y al cabo, habían cantado «No queremos reyes idiotas» en los campamentos del Frente de Juventudes, y habían aprendido que José Antonio consideraba que la Monarquía era una institución «gloriosamente fenecida.»

Franco, que era un monárquico sincero, aunque peculiar, no hizo nada por detener la propaganda anti-Corona del franquismo. La decisión del dictador de que sólo un rey le podría suceder fue una terca obsesión suya que el Régimen acató disciplinadamente pero sin especial agrado.

Don Juan Carlos no comulgaba con el «gesto falangista», entre otras cosas porque, como cualquier joven que había recibido una exquisita educación privada al margen de la escuela de mandos del Régimen, no entendía muy bien lo que era aquel ademán. Lo que sí sabía era que tenía que contar con los firmantes de la Carta de los 39 para pilotar la transición política. Entre ellos estaban Eduardo Navarro, que se emplearía en borradores de la Ley para la Reforma Política de 1976, y Gabriel Cisneros, que sería ponente de la Constitución de 1978. Por eso estuvo siempre dispuesto a recibirles.

Un «puente» evidente entre don Juan Carlos y los jóvenes reformistas fue Torcuato Fernández-Miranda, rector en su día de la Universidad de Oviedo, que se convirtió en uno de sus consejeros más cercanos a la hora de entender el funcionamiento del Régimen. Por otro lado, como ministro secretario general del Movimiento a partir de octubre 1969, Fernández-Miranda ejercía una incuestionable autoridad intelectual sobre los que iban subiendo el escalafón del Régimen.

Nicolás Franco Pascual de Pobil, un joven reformista atípico por ser sobrino del dictador, recordaría que Fernández-Miranda ejercía un poder «carismático» sobre ellos porque tenía «en la cabeza» lo que él y los demás ansiaban que fuera el «gran diseño político del futuro».7

En el Gobierno de Carrero Blanco, Fernández-Miranda, que sería vicepresidente además de titular de la cartera del Movimiento, representaba en cierta manera a los jóvenes reformistas del Régimen y, por supuesto, estaba alineado con don Juan Carlos, que para muchos de ellos comenzaba a ser la garantía del futuro.

El Gobierno que formó Carrero Blanco fue conocido como el «del Príncipe» y, a consecuencia del mortal atentado que sufrió el almirante seis meses después, fue efímero. Fernández-Miranda confiaba ser presidente del Gobierno pero, ante la sorpresa general, el nombramiento recayó sobre Carlos Arias Navarro. Lo que se esperaba era que Arias Navarro fuese cesado por haber no haber evitado como ministro de la Gobernación la acción de ETA.

El estupor fue bastante mayor cuando Arias Navarro formó un Ejecutivo que era todo menos un Gobierno «del Príncipe». De estar muy integrado en el Gobierno del Régimen gracias a las atenciones de Carrero Blanco y sus ministros, don Juan Carlos pasó a ser un marginado político. Las incoherencias y los bandazos de aquel fin de 1973 fueron propios del final de un régimen autoritario. Al acercarse el fin de un ciclo se desata la lucha desesperada por hacerse fuerte en la etapa siguiente.

Nada más tomar posesión de la presidencia del Gobierno, Arias Navarro destituyó a todos los ministros que eran «absolutamente hombres del Príncipe», dijo Laureano López Rodó, que ocupaba la cartera de Asuntos Exteriores y fue uno de los principales damnificados junto con Torcuato Fernández-Miranda. Fue «una barrida enorme».8

Arias Navarro se llevó por delante a dos experimentados políticos que podían cumplir un valioso papel evolucionista al acercarse inexorablemente el finiquito de un régimen y el comienzo de otro. El puntilloso López Rodó era el hombre del desarrollismo y la modernización, y el flexible Fernández-Miranda, según su claque, tenía el futuro político en su cabeza. Ambos congeniaban con el heredero de Franco.

Arias solamente incorporó a su Gobierno a un aperturista, Pío Cabanillas, en la cartera de Información y Turismo, y retuvo a otro, Antonio Barrera de Irimo, en la de Hacienda. Los dos durarían diez meses en sus cargos.

La purga era solamente explicable recurriendo a las rencillas internas del Régimen y, sobre todo, a los temores de ese franquismo dentro del franquismo que era el Búnker por el futuro que le aguardaba. Los ultras desconfiaban del Príncipe que estaba a las puertas del poder y, por ello, se movieron a través de Arias Navarro para ocuparlo antes de tal desenlace. El poder tenía que pasar de manos de Franco, cuyas facultades menguaban aceleradamente, a las de su círculo íntimo, la camarilla de El Pardo.

El desmantelamiento del Gobierno «del Príncipe» tras la muerte de Carrero Blanco y el nombramiento de Arias Navarro fueron un muy serio aviso a don Juan Carlos. Hubo quien creyó que el Búnker tenía una agenda más ambiciosa.

Los regímenes totalitarios perviven a base de conspiraciones y las fomentan. La de aquel momento, de acuerdo con la leyenda urbana, era la que muñía el marqués de Villaverde, el yerno de Franco. El fin era salvar los muebles con la sustitución de don Juan Carlos como heredero de Franco por Alfonso de Borbón Dampierre, primo del Príncipe y casado con Carmen Martínez-Bordiú, la hija de Villaverde y nieta mayor del dictador.

Se decía que Arias Navarro, que era muy querido por la camarilla, amparaba la confabulación. Nadie en el Búnker dudaba de su ortodoxa mano dura y de su conservadurismo a ultranza para imponer el continuismo de las esencias del Régimen. Lo que se valoraba mucho era su distanciamiento de don Juan Carlos. Ahora bien, cualquier idea que pudieran albergar mentes calenturientas en El Pardo de poder rectificar el orden de sucesión era una locura de principio a fin. También pertenecía a lo absurdo pensar que Arias Navarro accediese a enmendar lo que Franco había dispuesto. El presidente del Gobierno tendría que haber vuelto a nacer para hacer tal cosa.

Por otro lado, es seguro que, de haber existido tales intrigas, un Franco en forma las hubiera frenado en seco. El dictador no se volvía atrás en sus decisiones y la de nombrar al Príncipe su heredero fue la más importante que tomó como jefe del Estado. A pesar de ello, la plena decadencia de Franco ya estaba en la conversación de la plaza pública y la conspiración que se atribuía a su yerno también. El que la trama tuviese visos de verosimilitud fue un buen indicador del desmoronamiento moral del Régimen.

Don Juan Carlos sabía que podría esperar toda clase de cortapisas a la hora de suceder al dictador, pero no contaba con su virtual ostracismo del poder al comenzar 1974. Cabía suponer, razonablemente, que se encontraba en el peor lugar posible para un heredero a la espera, y que cuanto más durara el Régimen mayor serían sus retos a la hora de ser Rey.

Sin embargo, no era disparatada la reflexión opuesta. Su creciente distanciamiento de El Pardo y su falta de sintonía con Castellana 3 podían acabar siendo positivos si la opinión pública, la nacional y la internacional, lo interpretaba como el progresivo aislamiento del Régimen y la apertura de una brecha entre un franquismo que vivía sus últimos días y la futura Monarquía de todos.

La imperiosa necesidad de marcar distancias fue el cálculo que hizo don Juan Carlos cuando, a finales de octubre de 1975, exigió la retirada de Franco como condición para asumir la jefatura del Estado en funciones.

Si un sucesor juega bien las bazas que tiene por delante, cualquier ostracismo, que en este caso necesariamente sería pasajero, le puede ser favorable. Cuando se sucede a un régimen anquilosado y desacreditado, cuanto menos se deba a él, mejor. El Príncipe había marcado sus distancias a la vista de quienes lo quisieran entender. Don Juan Carlos le debía el trono a Franco, pero no tenía compromiso alguno con quienes, como Arias Navarro, eran más franquistas que Franco.

«Las cosas empiezan a cambiar para mí a partir del asesinato de Carrero Blanco,» le diría don Juan Carlos a su biógrafo José Luis de Vilallonga.9 Es un comentario críptico que no elaboró. Una interpretación plausible, a la luz de los hechos posteriores, es que el Régimen pretendía tenerle como rehén, «atado y bien atado», pero que él podría, con habilidad y mucha discreción, convertir esa coacción en una baza a su favor.

La prueba de tal toma de posición fue que don Juan Carlos llamó a Puig de la Bellacasa y requirió su presencia para cumplir unas funciones muy complejas de acuerdo con unas instrucciones no menos precisas. Si Arias Navarro reforzaba el Búnker donde se parapetaban los continuistas, el Príncipe, tomando todas las precauciones necesarias, edificaría un espacio que sirviese de punto de encuentro para los reformistas del Régimen y quienes estaban excluidos de él. Frente al inmovilismo, una apertura sin demoras que él mismo pilotaría.

CAPÍTULO 6

El ostracismo político de don Juan Carlos

Como consecuencia del «destierro» que sufrió con la formación por Arias Navarro de un Gobierno que le apartó de las decisiones del Estado, don Juan Carlos multiplicó sus contactos con quienes estaban proscritos por el Régimen. Decidió tomar el pulso de otra España. Un ejemplo fue su reunión con Jordi Pujol, a quien José Joaquín Puig de la Bellacasa llevó a La Zarzuela gracias a los eficaces oficios del polifacético periodista catalán Carlos Sentís.

El encuentro con Pujol es indicativo de hasta dónde estaba dispuesto el Príncipe a actuar de espaldas al Régimen y de su disposición a correr riesgos para conocer de primera mano las corrientes políticas que surgían con fuerza en la España real, en este caso las que brotaban en Cataluña. Pujol, que fundó Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en aquel mismo año de 1974, era una de las indiscutibles bestias negras del Régimen.

Salvo Pío Cabanillas, el ministro de Información y Turismo, nadie en el Gobierno de Arias Navarro tenía el menor interés en un acercamiento al catalanismo, y Cabanillas pagaría por su aperturismo con su cese. La política del Gobierno fue extremadamente cortoplacista cuando no inmovilista del todo. Es probable que ni el mismo Arias Navarro creyese en el limitado asociacionismo político que pregonaba. La política del Príncipe fue todo lo contrario y actuaba en clave del medio y largo plazo.

Pocas actuaciones ilustraron mejor el distanciamiento entre don Juan Carlos y el Régimen que sus conversaciones con quienes el Búnker tenía como «enemigos de la patria». El último Gobierno de Franco los perseguía, los proscribía o los metía en la cárcel. El heredero de Franco quiso hablar con ellos y, sobre todo, escucharles.

Según Puig de la Bellacasa, don Juan Carlos «tenía mucha conciencia de que iba a haber dos temas de especial relevancia en la transición política y ésos eran el catalán y el vasco». Don Juan Carlos intuyó que al suceder a Franco tendría que contar con Pujol, y Puig de la Bellacasa se ocupó de recogerle en el hotel Palace y de llevarle a La Zarzuela conduciendo su propio coche para pasar el control sin dificultad. El secretario del Príncipe sería también el chófer de nacionalistas vascos camino de reunirse con don Juan Carlos.

La lista de disidentes que Puig de la Bellaca llevó a La Zarzuela fue larga e incluyó a Fernando Morán, su compañero de carrera y cónsul general en Londres, que acudió a conocer a don Juan Carlos en calidad de militante notable del Partido Socialista Popular (PSP), que presidía Enrique Tierno Galván y que más tarde sería absorbido por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Otro que mantuvo un encuentro con el Príncipe y que, al igual que Fernando Morán, sería ministro de Asuntos Exteriores, amén de «padre» de la Constitución de 1978, fue José Pedro Pérez Llorca, que en años anteriores militó en el grupo cristiano-marxista Frente de Liberación Popular (FLP), más conocido como el FELIPE.

Lo crucial de estas reuniones fue que le permitieron a don Juan Carlos enterarse en la medida de lo posible del alcance de los proyectos políticos que diseñaba la oposición en el tardofranquismo. ¿Contarían con la Corona para allanar el camino hacia la libertad o, por el contrario, estaban anclados en la idea de que el Príncipe era una marioneta del Régimen? ¿Tenían la ruptura como objetivo único o estaban dispuestos a estudiar fórmulas de una reforma profunda pero pactada?

Don Juan Carlos quiso tomar el pulso de quienes pasarían a formar parte de la élite política en el tránsito hacia la democracia una vez comenzado el proceso de reforma. El Gobierno no tenía curiosidad alguna en auscultar a la oposición porque la legalización de los partidos políticos no estaba en sus planes.

Paralelamente, el Príncipe quiso, con actuaciones muy discretas, animar la creación de un amplio partido de centro-derecha que, muerto Franco, articulase a una mayoría silenciosa en un proceso constituyente. Al tiempo, comenzaba a acariciar la idea de que la «voladura controlada» del Régimen, «de la Ley a la Ley pasando por la Ley», correría a cargo de quienes, moviéndose de cargo en cargo, habían servido fielmente al franquismo. El diseño de don Juan Carlos era el de un tablero político en el cual todos podrían jugar abiertamente sus piezas, y esto no fue fácil de trasladar a quienes habían sido excluidos y perseguidos por el franquismo. Tenía que explicar que los idóneos para desmontar sin traumas el Régimen eran quienes, habiéndolo servido, apostaban por la reconciliación y querían, en lo posible, un futuro político en la democracia. Fue un encaje de bolillos porque los antifranquistas lógicamente no conocían a los jóvenes reformistas del Régimen ni tenían razones para confiar en ellos. Sin embargo, los interlocutores de don Juan Carlos eran conscientes de la impotencia de la oposición para forzar cualquier tipo de cambio político cuando muriera Franco y le sucediera el Rey. Lo sabían ellos y sabían que también lo sabía el Príncipe. De ahí surgía la posibilidad de que ambas partes compartieran, en teoría, el mismo esquema de que solamente el heredero de Franco podría, en el corto plazo y pacíficamente, traer la democracia plena, apoyándose en los reformistas, y consolidarla. La política, como es sabido, hace extraños compañeros de cama.

En este sentido los encuentros fueron un ejercicio de puro marketing por parte del Príncipe, que se sirvió de su personalidad campechana y de sus indudables dotes de charm sin olvidar la agudeza y sutileza que, más tarde, Santiago Carrillo sería el primero en reconocer y en estimar.

El Príncipe tuvo que superar barreras iniciales de desconfianza. La imagen fuertemente implantada por el Régimen era que la Monarquía juancarlista, la Corona «implantada» y del «18 de julio», sería su prolongación. Los antifranquistas no tenían por qué dudarlo. Don Juan Carlos se esforzó en corregir esta percepción y, para ello, el contacto personal era fundamental.

Más allá de lo que el Príncipe pudiera decir sobre sus futuros planes como Rey, aunque esto también, lo importante era trasladar al visitante el perfil de alguien que inspiraba confianza por su cercanía y por la independencia de sus criterios. El fin era que el interlocutor comprobase que la personalidad abierta del Príncipe, su naturalidad y su seguridad en sí mismo, distaban mucho de la que se podía esperar de un mero, y manipulable, continuador de Franco.

Primero había que crear esa impresión duradera, y a partir de ahí don Juan Carlos podía entrar, con mayor o menor detalle, en el relato de que su reinado no representaría el continuismo porque su meta era otra cosa: la democracia plena que haría homologable el sistema político de España con el de cualquier país europeo de su entorno.

Esto lo apreció muy bien el historiador británico Hugh Thomas, que fue uno de los extranjeros convocados a la Zarzuela. Entendió que don Juan Carlos, más que sucesor de Franco, sería el heredero de la Monarquía liberal y parlamentaria que representaba su padre, don Juan. Al acabar la reunión, le comentó a Puig de la Bellacasa: «Qué equivocada está la oposición sobre el Príncipe. Les va a dar muchas sorpresas a la oposición en el futuro».1 Acertó en ambos juicios.

El mismo Thomas, experto sobre temas de España como hispanista de pro que era, se encargaría de propagar su alta valoración de don Juan Carlos en los circuitos del establishment británico que él conocía al dedillo. También el sofoco que le produjo llegar muy tarde a su cita con el Príncipe, puesto que el taxi que tomó en Barajas con el tiempo justo para llegar a la audiencia le llevó al Teatro de la Zarzuela en lugar de al Palacio.

Paralelamente, don Juan Carlos se valió de dos personas, coetáneas suyas ambas y de su entorno íntimo, para construir puentes con una izquierda a la que por temas elementales de seguridad Puig de la Bellacasa no podía acercarse. El secretario privado del Príncipe, tan monárquico y tan liberal, levantaba las sospechas del Régimen.

Uno fue el financiero Jaime Carvajal Urquijo, que perteneció al reducidísimo grupo escolar que se creó expresamente para don Juan Carlos cuando vino a España a estudiar el bachillerato. Los compañeros de pupitre del Príncipe eran hijos de conocidos de don Juan, y el padre de Carvajal, el conde de Fontanar, fue un importante consejero del conde de Barcelona hasta su temprana muerte en 1960.

El otro fue Nicolás Franco Pascual de Pobil (Salamanca, 1937), empresario y miembro de las Cortes franquistas, que fue compañero de juventud del Príncipe en Estoril, siendo su padre, Nicolás Franco Bahamonde, hermano mayor del dictador, embajador en Lisboa. El sobrino de Franco era un aperturista público y notorio.

Carvajal, hombre cosmopolita que había estudiado en la Universidad de Cambridge, era ya un prohombre del relevo generacional de una alta burguesía que apostaba por la normalización política y contaba con una red de conocidos profesionales que, como él, ansiaban la caída del árbol, de una vez y por todas, de la fruta madura. Su cuartel general era el Banco Urquijo, uno de los principales motores financieros de la modernización del país que sufriría las consecuencias de los excesivos riesgos que había asumido su cartera industrial.

Por razones éticas y estéticas, por la ilustrada alcurnia de algunos y por la esmerada educación que todos recibieron, los amigos de Carvajal eran liberales, en el sentido amplio de la palabra, y querían, como cualquier demócrata, partidos políticos y elecciones generales. Por razones generacionales, por haber leído, viajado y conocido el funcionamiento de las sociedades abiertas, deseaban para España el mismo sistema de libertades que imperaba en el mundo occidental.

En sus salidas al extranjero, les avergonzaba tener que dar explicaciones sobre la «excepcionalidad» de un país que era «diferente» porque su sistema político tenía sus orígenes en esa chata y borrascosa década que fue la de los años treinta del siglo XX. Unos y otros verían en don Juan Carlos el garante del «salto» hacia la normalización política que tenía que dar España. Para el Príncipe, ellos formarían parte de la «tripulación» que requería para el tránsito a la democracia.

Uno de los «ilustrados» que Carvajal presentó a su amigo de infancia y compañero de pupitre fue Luis Solana Madariaga (Madrid, 1935), militante de la Asociación Socialista Universitaria (ASU) en su juventud, republicano, directivo del Banco Urquijo y sobrino nieto de Salvador de Madariaga.

Luis Solana era tan buen representante como el que más de una generación universitaria «díscola», y había ampliado estudios en París y Londres. Fue el primer contacto de don Juan Carlos con el partido que con el tiempo gobernaría a lo largo de muchos años de su reinado. Y fue el primero con un socialista que había sido condenado, a tres años en 1959, por sus ideas políticas.

Solana era miembro del PSOE al igual que su hermano menor Javier, que haría una muy exitosa carrera política. Cuando los socialistas ganaron el poder, Luis Solana fue presidente de Telefónica y posteriormente de Radio Televisión Española (RTVE), pero en el tardofranquismo llevaba una doble vida como militante de un partido clandestino y como miembro de la alta dirección de una entidad financiera de relieve.

La introducción de Solana a don Juan Carlos fue un éxito. Acudió a La Zarzuela a título individual, no como representante del PSOE, a cuyo organigrama directivo no pertenecía, y mantuvo varias reuniones a solas con el Príncipe después de que fuera presentado por Carvajal. Lo que le obsesionaba a Solana en aquel año anterior a la muerte de Franco era que la disciplina del Régimen como sistema burocrático era muy sólida y que la debilidad de la oposición era absoluta.

Pronto comprobó que su preocupación por la solidez del franquismo era compartida por don Juan Carlos, quien, ante su sorpresa, le dijo que a pesar de heredar ese formidable edificio «no quería nada del pasado» cuando comenzase su reinado. El sucesor de Franco no tenía intención de contar con los franquistas.

Solana, un hombre también campechano e inteligente, recibió muchas confidencias del Príncipe. Lo que le dejó atónito fue que el futuro Rey no solamente estaba dispuesto a desmantelar el Régimen que iba a heredar, sino que confiaba plenamente en poder hacerlo: «Yo me encuentro con un Príncipe que quiere escuchar fundamentalmente y que deja dos mensajes muy claros», dijo Luis Solana veinte años después. «Uno, yo quiero que este país alcance unas libertades equivalentes a las europeas; y dos, quiero llegar por un camino que no me haga romper con lo que recibo. Es decir, [el Príncipe] no quiere la ruptura. Quiere una evolución.»2

Ése era el mensaje que el futuro Rey quería pasar a la alta dirección del PSOE, y así lo hizo Solana, aunque reconoció que Felipe González y el PSOE tardarían mucho tiempo en «darse cuenta de que el Rey traería la democracia».

Lo que interiorizó el perspicaz militante socialista fue que don Juan Carlos quería avanzar hacia las libertades plenas sin romper con lo que recibía como sucesor de Franco. Esto equivalía a hacer una tortilla sin cascar los huevos.

Por esa razón, Solana, Carvajal y varios más financiaron un estudio académico sobre el paso desde las Leyes Fundamentales a una Constitución democrática, que encargaron al constitucionalista Jorge de Esteban. El trabajo fue entregado a don Juan Carlos, y fue el que consultó Torcuato Fernández-Miranda para elaborar la hoja de ruta «de la Ley a la Ley pasando por la Ley» de la reforma política en el verano de 1976.

Al contrario de sus jefes políticos, Solana se dio cuenta, y recordaría años después, de que «en 1975, si había un hecho de fuerza normativa, era la Monarquía española». El republicanismo que él profesaba era incapaz de organizar una alianza para finiquitar el franquismo como ocurrió en el verano de 1930 con la conspiración del Pacto de San Sebastián para acabar con la Monarquía de Alonso XIII, que apoyó su tío abuelo Salvador de Madariaga.

La historia puede que no se repita pero suele rimar, y ese mismo ejercicio de acoso y derribo a un régimen que se desmoronaba era lo que se disponía a hacer el nieto de aquel rey que los republicanos desterraron. La partera de la democracia sería don Juan Carlos, igual que su tío abuelo Madariaga y sus amigos fueron las comadronas de la Segunda República. Este irónico cierre del círculo fue lo que Solana infructuosamente intentó transmitir a sus jefes políticos en el PSOE.

El interlocutor socialista del Príncipe también fue repitiendo esto mismo a quien le quisiese escuchar en la izquierda. Carrillo anotaría en octubre de 1975: «Este Solana [Luis] decía estar en contacto con el príncipe Juan Carlos y atribuía a éste la misma decisión de abrirse hacia las libertades que su padre, pero entonces no se hacía mucho caso de tales aseveraciones».3 Llegadas esas fechas, el líder comunista había oído asertos parecidos por otros conductos, pero era muy cauto por naturaleza y por circunstancias.

Por raro que parezca, el que se brindó a tender puentes entre La Zarzuela y los dirigentes del Partido Comunista de España (PCE) y del PSOE fue Nicolás Franco Pascual de Pobil, que asumió la audaz tarea de contactar con Santiago Carrillo y con Felipe González con el fin de informar detalladamente al Príncipe de las conversaciones mantenidas. Viajó a París para almorzar en un restaurante con el primero en el otoño de 1974, y cenó con el segundo en Madrid unos meses más tarde en casa del abogado José Mario Armero, que era presidente de la agencia Europa Press. Armero era el perejil en prácticamente todas las salsas políticas, sobre todo las de la oposición, y había facilitado el encuentro con Carrillo en la capital francesa.

Carrillo y González serían los participantes más importantes de una amplia encuesta confidencial que Franco Pascual de Pobil decidió, por su cuenta y riesgo, llevar a cabo con el máximo arco político posible. Quiso recabar los testimonios sobre el futuro, el inmediato y el de medio plazo, de los dirigentes en la clandestinidad y también de los ultras, pasando por la Iglesia y por algún que otro general. Les preguntaba qué pensaban de una Monarquía futura y, concretamente, cómo creían que debería configurarse esa Monarquía.

Procurador en Cortes que, por evidentes razones familiares, conocía muy bien la jerarquía del Régimen, Franco Pascual de Pobil podía actuar sin cortapisas y era en cierta manera un verso suelto. Sin duda influyó en ello el haber sido educado en Inglaterra, donde fue alumno del internado benedictino de Downside, un histórico centro docente tan humanista como liberal.

Leal a su tío, lo era también al heredero del dictador, y era partícipe del proyecto de Monarquía parlamentaria que diseñaba don Juan Carlos. Franco Pascual de Pobil, que no ocultaba su querencia por la democracia, era, a la vez, gran admirador de Torcuato Fernández-Miranda. Tenía plena confianza tanto en el «empresario» de la Transición como en su «guionista», y lo que quería era contribuir al éxito de la «obra».

Franco Pascual de Pobil quiso escuchar a Carrillo y también le quiso avisar: «Ojo, no hagáis barbaridades porque hay una fuerza establecida, que es el ejército, que es mucho más grande que vosotros y que, además, es capaz de utilizar su fuerza».4 Franco Pascual de Pobil sabía de lo que hablaba y, sin duda, así lo debió entender el dirigente comunista.

El sobrino del dictador escuchó a un Carrillo que daba muestras de mucha responsabilidad y que en ningún momento, según Franco Pascual de Pobil, se puso «bravucón». La impresión que sacó, y así se lo relató a don Juan Carlos, fue que Carrillo podría decir muchas cosas intempestivas de cara a la galería, pero que era lo suficientemente pragmático para «no romper la baraja».

Franco Pascual de Pobil hizo bien su trabajo porque estuvo muy cauto y Carrillo no le relacionó con el Príncipe. El dirigente comunista pensó, con cierta sorpresa, que el sobrino de Franco representaba a sectores evolucionistas del Régimen. Lo que él recordó haberle dicho era que, a la muerte de Franco, debería establecerse un acuerdo entre la derecha y la izquierda españolas, y que si el pueblo español quería un régimen parlamentario y monárquico, el PCE no se opondría.5

Lo que Carrillo dejó entrever a Franco Pascual de Pobil en aquel restaurante fue la absoluta debilidad de la oposición que tanto obsesionaba a Luis Solana. Por eso no estaba por romper la baraja. Y no la rompió.

A los pocos días de la legalización del Partido Comunista el viernes santo de 1977, dos meses antes de las primeras elecciones generales del reinado de don Juan Carlos, Carrillo eligió la emblemática fecha del 14 de abril para anunciar a su Comité Central que la opción ya no era «monarquía o república» sino «democracia o dictadura», y guardó la bandera tricolor de la República en el baúl de los recuerdos.

Años después, Margaret Thatcher conoció a Mijaíl Gorbachov, se entendió con el líder soviético, y le comentó al presidente Ronald Reagan: «We can do business with Mr. Gorbachov». Y lo que en el fondo le dijo Franco Pascual de Pobil al Príncipe fue: «Podemos hacer negocios con el señor Carrillo». El tiempo le daría sobradamente la razón. A su tío y al recto franquista Arias Navarro se les hubiesen llevado los demonios.

El almuerzo con Felipe González fue igualmente esclarecedor. Cuando a Franco Pascual de Pobil se le ocurrió comentar que se había entrevistado con varios políticos de la oposición que llevaban la etiqueta de socialdemócratas, González dio una palmada en la mesa y dijo: «La socialdemocracia somos nosotros. Ése es el espacio político que reclamo rotundamente para el Partido Socialista Obrero Español».6

El sobrino del dictador sacó como conclusión de ese encuentro que, bajo la dirección de González, el PSOE viraría hacia la moderación y abandonaría dogmatismos inflexibles. En ese juicio, el tiempo también le daría la razón. En septiembre de 1979, el Congreso extraordinario del PSOE abandonó los postulados del marxismo y aceptó el socialismo democrático como su ideología oficial.

En opinión de Franco Pascual de Pobil, Felipe González era la baza a jugar. De nuevo fue profético. En octubre de 1982 González ganó las elecciones generales por goleada, y don Juan Carlos jugó esa carta sin pestañear. Pasados los transitorios años de la Unión de Centro Democrático (UCD), el PSOE de González establecería el campo de juego definitivo, elaboraría las reglas de la democracia y sería un soporte clave de la Corona parlamentaria.

La cuestión es que don Juan Carlos convirtió su ostracismo de la España oficial al final del franquismo orquestado por Arias Navarro y por el Búnker instalado en El Pardo en una apertura a la España real que aguardaba con impaciencia la muerte del dictador. Le dio la vuelta a las circunstancias de una manera muy inteligente que le reportaría claros beneficios. Pudo comprobar que la fruta estaba ya muy madura. No había tiempo que perder porque estaba a punto de caer y había que recogerla.

De no haber habido ostracismo, si don Juan Carlos hubiera mantenido la misma cercanía con el Gobierno de Carlos Arias Navarro que tuvo con el de Luis Carrero Blanco, su sapiencia de la España real hubiera sido muy limitada.

De haber seguido mandando aquel Ejecutivo formado por «hombres absolutamente del Príncipe» bajo las órdenes del almirante, y si, a fin de cuentas, ETA no hubiera construido un túnel bajo la calle Claudio Coello y puesto una bomba que hizo volar a su paso el coche de Carrero Blanco hasta los tejados de la iglesia de San Francisco de Borja, el Príncipe no hubiera conocido entre 1974 y 1975 a muchos que estaban al margen del Régimen cuando no perseguidos por él, y que tendrían un protagonismo político muy importante en la Transición y en la democracia.

Las entrevistas que mantuvo don Juan Carlos, guardando todo tipo de precauciones, a lo largo de esos dos años, y los informes muy confidenciales que le realizaron miembros de su círculo íntimo, constituyeron un aprendizaje de incuestionable valor.

Que la oposición quería partidos políticos y elecciones generales no era una sorpresa. Que al morir Franco la calle pediría «libertad y amnistía», y que en Cataluña se añadiría «Estatut de Autonomia», tampoco. Pero escuchar eso mismo por boca de cualificados opositores del Régimen le permitió al Príncipe profundizar en el tema y reflexionar honda y serenamente sobre los retos que le esperaban al suceder a Franco.

Al referirse al asesinato de Carrero Blanco en su discurso de Navidad de 1973, Franco pronunció la enigmática frase «no hay mal que por bien no venga» que dio lugar a multitud de interpretaciones. Para algunos, el dictador estaba aliviado porque había llegado a pensar que el nombramiento del almirante como presidente del Gobierno aquel verano, y la consiguiente cesión parcial de un poder que desde los inicios del Régimen había sido exclusivamente suyo, habían sido un error puesto que Carrero Blanco y sus ministros eran excesivamente cercanos a don Juan Carlos.

Según esta versión, el Gobierno tenía que estar en manos de quienes eran absolutamente leales a los Principios y a las Leyes Fundamentales del Régimen, y con este argumento los allegados al dictador en El Pardo, el marqués de Villaverde en primer lugar, intoxicaban al anciano. Veían conspiraciones por doquier, exigían firmeza y no cesaban de enredar contra Fernández-Miranda y López Rodó y, por la misma razón, contra Carrero.

El runrún era que el compromiso de todos ellos para afianzar la prolongación del Régimen no era fiable. Increíblemente, se tildaba al almirante de propenso a la deslealtad porque de ello se encargarían Fernández-Miranda y López Rodó, aperturistas camuflados ambos, que estaban volcados con los planes a futuro del Príncipe y eran mucho más inteligentes que el veterano marino de despacho. El Régimen ya hacía aguas e iba camino de estrellarse contra las rocas. Con Arias Navarro al frente del Gobierno todo estaría más y mejor «atado».

Para otros, Franco, a quien ya era difícil entender cuando hablaba, no sabía lo que decía con aquello del «mal» y del «bien» en su sorprendente discurso navideño. En todo caso la interpretación de las consecuencias del mortífero atentado del 20 de diciembre de 1973 que sufrió el almirante es muy distinta si se parte de lo que supuso para el Príncipe en lugar de lo que quiso entender el Búnker del Régimen.

El propio don Juan Carlos reconoció que para él todo cambió con el asesinato de Carrero Blanco. Esto presupone que los hechos hubieran discurrido de una manera de haber seguido Carrero Blanco al frente del Gobierno y que ocurrieron de otra con Arias Navarro de presidente.

Aquí cabe preguntarse si, desde la óptica de los intereses de don Juan Carlos, las secuelas del atentado representaron para el Príncipe un cambio para «bien» o para «mal». La reflexión se ha de hacer dejando al margen los sentimientos de agradecimiento y de afecto de don Juan Carlos por Carrero Blanco y de horror ante el magnicidio; se ha de analizar solamente el desarrollo posterior de los hechos.

La reacción instintiva es que el cambio fue para «mal» porque cayó el «Gobierno del Príncipe». Don Juan Carlos fue relegado, el Búnker respiró hondo y la camarilla de El Pardo tuvo la vía abierta para dedicarse a sus intrigas. Un cálculo más frío, sin embargo, concluiría que el cambio fue para «bien».

La consecuencia no anticipada por los inmovilistas, y desde luego no deseada, fue que el ostracismo que sufrió el Príncipe le puso directamente en ruta hacia la normalización de la política española que pilotaría como rey. Si don Juan Carlos no era de fiar cuando el Gobierno estaba poblado de políticos afines a él, lo sería mucho menos cuando se le apartó de los asuntos del Estado

En este sentido fue un cambio positivo. El franquismo inmovilista se metió, ya definitivamente, en un callejón sin salida y el sucesor de Franco a título de Rey tenía el camino despejado, si bien rodeado de radares ultras, para avanzar por su propia ruta hacia un destino distinto. Paradójicamente, la formación del Gobierno de Arias Navarro fue beneficiosa para el reformismo, para el proceso de transición y, en definitiva, para el conjunto de los españoles.

Para llegar a tal conclusión, se ha de matizar el apodo de «el Gobierno del Príncipe» que tan repetidamente se aplicó al encabezado por Carrero Blanco. Sería más exacto denominarlo «El Gobierno del Príncipe como continuista del Régimen».

En vida de Franco, el almirante, con Fernández-Miranda de segundo de a bordo y López Rodó de jefe del Estado Mayor, nunca hubiera pisado el acelerador de la reforma del Régimen como lo haría, ya como reforma total, «el Gobierno del Rey» presidido por Adolfo Suárez. Por ello, de no haber sido por el atentado, don Juan Carlos hubiera sucedido al dictador estando estrechamente identificado con el último Gobierno de Franco.

Don Juan Carlos tuvo su particular caída del caballo camino de Damasco gracias a los contactos con la oposición al Régimen que fomentó durante su ostracismo. A la vez, Fernández-Miranda sufrió la humillante frustración de ser prejubilado de la política por Arias Navarro cuando razonablemente esperaba ser nombrado sucesor de Carrero Blanco. Abandonó la estrategia del asociacionismo dentro del Movimiento, que tanto le había ocupado en años anteriores, y asumió la del desmantelamiento del Régimen después de morir Franco.

Apartado del día a día del gobierno, porque Arias Navarro no se molestaba en consultarle como lo hacía Carrero Blanco, don Juan Carlos pudo reflexionar cómo su vinculación con ilustres próceres de las distintas familias del viejo orden era un camino que le conducía a ninguna parte. Desde luego, no le ponía en dirección hacia su legitimización como «Rey de todos los españoles», según el lema de don Juan, el jefe de la Casa Real española, y hacia la consolidación de una Corona al servicio de España, que era el deseo que padre e hijo compartían fervientemente.

Las reuniones discretas que don Juan Carlos mantuvo en la intimidad de la Zarzuela a partir 1974, junto con las informaciones que fue recibiendo de allegados como Nicolás Franco Pascual de Pobil, le hicieron ver que sus partidarios en las altas esferas del tardofranquismo eran todos, en mayor o menor grado, aperturistas de vía muy estrecha.

España requería un «salto» decidido hacia la modernización política y, salvo el muy singular caso de Fernández-Miranda, ninguno de los notables del Régimen, por su edad, por su mentalidad acomodaticia y por su particular «historia» de servicios al Régimen, tenía la audacia que requería el momento.

De haber durado hasta la muerte de Franco ese Gobierno de «absolutamente hombres del Príncipe», que resultó ser tan efímero, y de no haberse producido, al decir de López Rodó, la «enorme barrida» de todos ellos por Arias Navarro, don Juan Carlos hubiera merecido el mote de «el Breve» y la descripción de «monigote».

De no ser por el atentado del 23 de diciembre de 1973, don Juan Carlos hubiera presidido la foto de familia de su Gobierno el 20 de noviembre de 1975 con Carrero Blanco a su derecha. Sería el retrato de quienes estaban dispuestos, como mucho, a aflojar, con parsimonia no exenta de complejo de culpabilidad, los nudos que el inmovilismo había atado.

CAPÍTULO 7

Los límites políticos del Régimen

A lo largo de los siete meses que duró, el Gobierno de Luis Carrero Blanco se entretuvo con el asociacionismo político. Fue la distracción preferida de algunos altos cargos del Régimen, se perdía mucho el tiempo con ella y su práctica demostraba la falta de originalidad que es propia de la vivencia en una burbuja. Los ministros del franquismo llevaban tres lustros hablando de ello, y Carrero Blanco se disponía a debatir una vez más con los suyos la conveniencia de un estatuto de Asociaciones Políticas el mismo día que ETA lo mató.

Lo normal es que Carrero Blanco y sus ministros hubieran seguido dándole vueltas y vueltas al asunto si el Gobierno del almirante hubiese durado hasta la muerte de Franco. Esto mismo, hablar y hablar, presentando un informe tras otro, fue lo que se puso a hacer el Gobierno de Carlos Arias Navarro en cuanto sucedió al de Carrero Blanco.

El enfoque no varió entre un gobierno y otro. Para los dos, la democracia liberal y parlamentaria era la denostada partitocracia. Los ministros de ambos gobiernos se dedicaban a explayar la manera más segura de ir introduciendo con cautela un pluralismo extremadamente limitado y estrechamente tutelado.

Los intentos del franquismo de ampliar la participación política de una manera «orgánica» que no cuestionase la esencia autoritaria del Régimen constituyen el relato de un paso hacia delante seguido de otro atrás. Ilustra que el mismo Régimen era consciente de que su esquema totalitario era insostenible cara a los españoles y también cara al exterior. Y a la vez expone su insolvencia para enmendarlo.

La insolvencia aperturista y la parálisis política cara a los españoles fueron crecientemente insoportables y contraproducentes según pasaban los años. Cara al exterior, sin embargo, la mala imagen del totalitario sistema español fue más llevadera y, desde luego, no frenó la llegada de turistas en masa.

El franquismo tenía cerradas las puertas de acceso para ser miembro de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) por ser una dictadura. Esta inconveniencia política y el consiguiente boicot no dejaban de ser un brindis a la opinión pública europea porque no impidió unos acuerdos preferenciales con Bruselas muy beneficiosos para el comercio español. En aquella época de la Guerra Fría las democracias no solían imponer sanciones económicas a gobiernos «amigos» que negaban libertades políticas y, desde luego, no se ensañaban con regímenes anticomunistas.

El frustrante debate en torno al asociacionismo se centró siempre en un «quiero pero ni debo ni puedo» que manifestaba la incapacidad del Régimen para modernizarse en vida de Franco. Por mucho que quisieran avanzar determinados ministros, que eran los menos, hacia el aperturismo, sus iniciativas se estrellaban contra las paredes de El Pardo. La cerrazón que se extendía desde la jefatura del Estado acabó siempre por ahogar en sus inicios cualquier propuesta inteligente para democratizar desde dentro el sistema político.

Las contradicciones del sistema fueron en aumento desde que comenzó la liberalización económica quince años antes de la muerte del dictador. El proceso de deslegitimización del Régimen fue inexorable, y en el tardofranquismo era ya inaplazable la necesidad de resolver un arcaico y disfuncional sistema autoritario con una profunda reforma política. Sin embargo, la estéril conversación sobre los límites del asociacionismo seguía impertérrita. Hasta el nombramiento de Adolfo Suárez, a los seis meses de comenzar el reinado de don Juan Carlos, no se abordó con audacia la reforma del sistema.

Arias Navarro naufragó políticamente con su anuncio a regañadientes de una tímida iniciativa de asociacionismo en febrero de 1974, al mes de formar su Gobierno. La poca ambición de su llamado «espíritu 12 de febrero» fue inmediatamente criticada por la oposición tolerada a quien estaba dirigida. Lo fue incluso por Manuel Fraga Iribarne, que era la gran esperanza de un reformismo conservador. Para entonces, el embajador en Londres no quiso saber nada del tema.

Fraga había promocionado el asociacionismo en su etapa de enérgico ministro de Información y Turismo en la década anterior, pero los tiempos ya eran otros y no creía en las iniciativas que podrían pilotar Carrero Blanco o Arias Navarro. En Londres se dedicó a desarrollar una agenda política que sobrepasaba cualquier plan para dirigir desde el Movimiento un ensanchamiento de la base política del Régimen.

En todo caso, aquel espíritu invernal, chato y acomplejado de Arias Navarro se esfumó muy pronto al sentirse él y su Gobierno amenazados por sucesivas crisis.

Hacia finales de aquel mes de febrero, se desató un conflicto insólito para el Régimen cuando el Gobierno torpemente ordenó el arresto domiciliario y la posterior expulsión de España del obispo de Bilbao, monseñor Antonio Añoveros, por haber hecho pública una homilía en favor del uso de la lengua vasca, como «lengua milenaria», y de la «personalidad específica» del pueblo vasco «dentro del conjunto de pueblos que constituyen el Estado español». A comienzos de marzo, la ejecución por garrote vil del joven anarquista catalán Salvador Puig Antich, condenado por el asesinato de un policía en Barcelona, provocó una oleada de protestas en todo el país.

Un claro síntoma del desmoronamiento del franquismo fue su creciente distanciamiento de la jerarquía de la Iglesia católica. El aggiornamento del Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII y continuado por Pablo VI, acabó con la estrecha unión entre el trono y el altar que había asumido el nacionalcatolicismo con su narrativa de «Cruzada» para explicar la guerra civil. Otro fue el aumento de manifestaciones callejeras y de huelgas. Obreros, estudiantes y, también, algunos párrocos y seminaristas dejaban el miedo de lado y se enfrentaban al Régimen. El orden público era lo último que podía perder el franquismo.

En el mes de abril de 1974, la Revolución de los Claveles en Portugal fue un enorme shock de otro orden para el Gobierno de Madrid. Con sólo cruzar la frontera, la izquierda española tenía mesa, mantel y mensaje: el pueblo unido jamás sería vencido y podía derrocar dictaduras.

Llegado el verano, el ataque de flebitis que incapacitó a Franco fue un golpe sísmico de parecida índole. La extrema debilidad del anciano dictador desconcertó a un régimen que parecía pensar que su fundador era inmortal. Don Juan Carlos, que era el plan «B», era ignorado por el Gobierno de Arias Navarro.

A todo ello se añadía la apertura sociocultural que se anticipó a la política y que se debió al talante liberal de Pío Cabanillas, entonces ministro de Información y Turismo. El «destape», en todas sus interpretaciones y en diversos frentes, se hizo presente en los medios, en el cine, el teatro y en el mundo del espectáculo. Desafiaba con desparpajo la ortodoxia y la moral cristiana del Búnker. Cabanillas, un ave liberal en el gallinero integrista del Gobierno de Arias Navarro, pagó por su tolerancia con su fulminante cese cuando Franco superó su flebitis en el otoño de aquel año.

Lo que destaca del Gobierno de Arias Navarro es que, en lugar de abrirse para encauzar los retos que le cercaban, se cerró en banda y metió la cabeza en el Búnker. Cualquier idea aperturista fue postergada hasta que se recuperase la «normalidad», y esta reacción, propia del avestruz ante el peligro, no hizo más que aumentar el quebranto de un régimen que se enfrentaba al rápido deterioro físico de Franco.

El tema de fondo era que quienes mandaban en el tardofranquismo tenían el hermetismo como artículo de fe y carecían de capacidad alguna para reaccionar con cualquier iniciativa que no fuese la represión.

El severo director de aquella orquesta fue Arias Navarro, que no creía desde su fuero más interno e íntimo en los partidos políticos. Se había pasado su vida entera –como fiscal del bando nacional durante la guerra, luego como gobernador civil, alcalde de Madrid, director general de Seguridad, ministro de la Gobernación y, finalmente, como presidente del Gobierno– combatiendo y acusando de «asociación ilegal» a quienes militaban en partidos políticos y reprimiéndolos.

El único ministro franquista con la inteligencia y los arrestos para dirigir «desde arriba» una reforma política fue Manuel Fraga Iribarne, y el momento indicado para hacerlo fue el de la bonanza económica que supuso el desarrollismo. Pero Fraga fue apartado del Gobierno en 1969, víctima de un turbio asunto de evasión de divisas conocido como el «escándalo Matesa», y el momento pasó.

Las bizantinas reuniones en torno a las asociaciones políticas ilustraron perfectamente los límites del franquismo en su etapa final. Con resignación, sus principales dirigentes admitían la necesidad de limpiar la fachada totalitaria pero no a costa de dañar el edificio del partido único que habitaban. Sus estructuras tenían que quedar intactas. La consecuencia de tanta ofuscación fue que las propuestas aperturistas del Régimen nunca tuvieron mucha credibilidad y cada vez la tuvieron menos.

Para entender bien el contexto de la contraproducente ceguera del Régimen y de la inútil conversación sobre el asociacionismo que se prolongó en vida de Franco, se ha de insistir en el contraste entre aquella estrechez de miras con lo que ocurrió después.

En julio de 1976, Adolfo Suárez reconoció públicamente la anormalidad del sistema político, decidió confiar en la sensatez de los españoles y su reforma política fue aprobada por las Cortes franquistas y ratificada por referéndum seis meses después de haber sido anunciada.

Hacer posible en España la democracia «de corte europeo» fue así de sencillo. Sólo requería la audacia de cortar por lo sano que mostró Suárez. Arias Navarro, su antecesor como presidente del primer gobierno de la Monarquía, todavía hablaba de una «democracia a la española» a comienzos de aquel año. Era el lenguaje de los vencedores de la guerra civil.

Lo que no admitió discusión en todo planteamiento de unas asociaciones de limitada actuación política era que, fuesen las que fuesen, serían tuteladas por el Movimiento Nacional. En el entendimiento del franquismo, esto no entrañaba refutación alguna del declarado fin de introducir, paso a paso, el pluralismo político, porque una de las permanentes ficciones del Régimen fue que dentro de sus confines se podía ser tanto de izquierdas como de derechas.

A los primeros los cobijaba la Organización Sindical y las distintas agencias de la obra social, cuyos dirigentes se declaraban joseantonianos y se consideraban socialdemócratas. Los segundos tenían en los tecnócratas firmes defensores del mercado de capitales y de la empresa privada.

Entre unos y otros estaban los «azules» de la Secretaría General del Movimiento que manejaban las palancas del poder. Excluidas, lógicamente, de este cómodo arreglo familiar bajo un mismo techo, estaban las asociaciones de inspiración comunista y separatista.

En un original intento de limpieza de fachada, algunos promotores del asociacionismo, que como «azules» eran los árbitros de la situación, propusieron un cambio de marca. El Movimiento-organización pasaría a ser el Movimiento-comunión. Con ello el Movimiento Nacional dejaría de ser el aparato de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS).

Según Cruz Martínez Esteruelas (Hospitalet de Llobregat 1932 - Madrid 2000), una joven promesa del Régimen y uno de los más firmes promotores en el tardofranquismo del aperturismo dentro de un orden, el Movimiento se definiría en adelante como «una conjunción amplia de todos los españoles».1 En el marketing las palabras cuentan mucho, y «conjunción amplia» sonaba mejor que partido único. En este caso eran un puro espejismo y eso mismo era lo que se perseguía.

Las asociaciones que participarían en esta unión asamblearia, que se esperaba fuese extensa, serían agrupaciones con una opinión compartida. Sin embargo, y para rizar el rizo, este mismo punto de vista que a todas unía no sería nunca una «ideología» porque de siempre fue un concepto que ponía nervioso al Régimen.

No menos inapelable fue la terminante decisión de que las asociaciones se distinguirían clarísimamente de los partidos. Éstos eran la anti-España –que dividía y enfrentaba– y seguirían siendo totalmente vetados.

En esta baraúnda semántica y de conceptos era difícil precisar qué eran exactamente estas potenciales asociaciones pero, evidentemente, los juegos de palabras bastaban para satisfacer a los tímidos aperturistas.

Para Martínez Esteruelas la propuesta «sería un paso». El miedo en el Régimen a llamar a las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino, llama mucho la atención cuando se repasan las opiniones de quienes ocuparon altos cargos en el tardofranquismo. Esta aprensión se extendía a los más inteligentes de sus apologistas, porque hablar de partidos era algo contranatural. Proponer partidos competitivos en un régimen parlamentario lo era aún más.

No era el caso de todos. El núcleo de los jóvenes reformistas del Régimen había puesto sus esperanzas en la Ley Orgánica del Estado de 1966, la última del franquismo que fue presentada como la culminación y la sistematización de las anteriores y fue aprobaba abrumadoramente por referéndum en pleno fulgor de los avances económicos del desarrollismo. El limitadísimo desarrollo de esta ley truncó las expectativas de quienes creían que con ella comenzaba un cambio real que democratizaría las instituciones.

Según Rodolfo Martín Villa, se instaló entonces una sensación de «fracaso», de «desasosiego» y de «desencanto»2 entre un nutrido grupo de la nueva generación de gestores del Régimen. En la siguiente década firmaron la Carta de los 39 a Franco expresando su preocupación por el nombramiento en 1973 del integrista Carrero Blanco como presidente del Gobierno.

Martín Villa compartió lo que se expresaba en el documento pero al final no lo firmó, alegando que al ser miembro del Consejo del Reino tenía una línea directa de comunicación con el jefe del Estado. De haberlo hecho hubiera redondeado el número de los firmantes a esa cifra de cuarenta que era todo un referente representativo, poco menos que cabalístico, en la época.

Lo importante de esta carta es que significó una ya clara división de las aguas del Régimen que hasta entonces habían fluido, más o menos, por el mismo cauce. La desafección era no tanto por la figura del almirante Luis Carrero Blanco, aunque también, sino hacia quienes se refugiaban bajo el manto protector del almirante y le utilizaban. Venía de lejos y fue un encontronazo de todo orden.

En la crisis que supuso el escándalo Matesa en octubre de 1969 y que enfrentó a los «sociales» del Régimen y a modernizadores como Fraga con los tecnócratas del Opus Dei, el almirante se alineó firmemente con los segundos. Los jóvenes reformistas del Régimen no se lo perdonarían. En el laberinto de la Transición hubo muchas salidas en falso como corresponde a todo embrollo. Entre las más irónicas figura el enfrentamiento entre los hombres del Movimiento y los tecnócratas de la órbita del Opus Dei.

Los primeros no comulgaban con los segundos, que serían el núcleo duro del Gobierno de 1969 y el del verano de 1969 que creó Carrero Blanco, el llamado «Gobierno del Príncipe». Llegada su hora y para salir del laberinto, don Juan Carlos descartó a los tecnócratas y buscó a los hombres del Movimiento, que eran los adversarios de quienes hasta entonces le habían sido tan cercanos.

La clave de la Transición fue, en primer lugar, la decisión del Rey de ser el continuador no continuista del Régimen y, seguidamente, la disposición de los jóvenes reformistas del Régimen de colaborar en el cambio. Tanto el uno como los otros eran sumamente conscientes de la rápida maduración de la fruta.

No así, al menos no en la misma medida, Carrero Blanco y los tecnócratas. Obsesionados con los detalles de las reformas administrativas, la grey que pastoreaba López Rodó creía que las prisas eran negativas. Pensaban, en frase que se atribuyó al siempre socarrón Pío Cabanillas, que «lo urgente es esperar».

Los jóvenes reformistas esperaban que la Ley de 1966 fuese la base sobre la que cimentar una reforma profunda. Era el momento óptimo para ello. Sin embargo, contemplaron con creciente desilusión cómo el Consejo Nacional, la Cámara alta de las Cortes encargada de velar por ella, recortaba el esquema de las asociaciones políticas hasta dejarlas sin impulso político creíble. El ridículo recorrido de la Ley tampoco podía ser del agrado de don Juan Carlos, que a los tres años sería nombrado sucesor de Franco a título de Rey.

El Consejo Nacional se rodeaba de mucha pompa, como era habitual en las instituciones del franquismo, y se envolvía, acaso, con más que ninguna como institución primordial del Régimen que era. No obstante, era una caja hueca y habitaba esa burbuja propia de las dictaduras. La misma ausencia de contenido y de razón de ser se extendía al partido único que fue la base del Consejo Nacional y que de la misma manera desapareció del mapa político en cuanto España recuperó la democracia.

Muerto Franco, los jóvenes reformistas del Régimen se apresuraron a decir que el Movimiento iba desnudo, como el niño de la fábula de Andersen que levantó la voz al ver al emperador paseándose por la ciudad como vino al mundo. Esto lo sabían muy bien. Según Martín Villa, hacia el final del franquismo, el Movimiento era «una estructura perfectamente prescindible».3

Adolfo Suárez, hasta entonces un «azul» de toda la vida y nombrado ministro del aparato del Régimen cuando murió Franco, pensaba lo mismo. La prueba de ello fue que cuando ordenó la desaparición del Movimiento Nacional, Martín Villa, el responsable de la voladura controlada como ministro de Gobernación, recordó cómo «no se notó al día siguiente que se había prescindido de él».

Se darían cuenta, eso sí, los vecinos de la calle de Alcalá de Madrid al ver retirado el inmenso emblema del yugo y la flechas que adornaba la sede del Movimiento a 200 metros por la misma acera del Banco de España.

De hecho, Franco no prescindió del Movimiento por una combinación de inercia, de prudente pragmatismo y porque alguna utilidad tenía a la hora de dar palmas lisonjeras. «Para mí el Movimiento es como la claque», le explicó a Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, que fue su embajador en Washington y en el Vaticano. «¿Usted no ha observado que cuando hay un grupo de gente hace falta que unos pocos rompan a aplaudir para que los demás se unan a ellos y los sigan? Pues más o menos así es como yo entiendo la finalidad del Movimiento.»4

Lo que exhibía el Consejo Nacional de manera palmaria era las limitaciones del Régimen a la hora de evolucionar a tiempo. Como todo sistema cerrado y autoritario, el franquismo no supo acompañar en lo político la transformación económica y social de la sociedad del país. Esto solamente lo logran los sistemas abiertos e inclusivos como muy pronto aprendió Adolfo Suárez, que era el mejor de la clase en la asignatura de inteligencia política intuitiva.

La elección de cien procuradores elegidos por representación familiar a Cortes, dos por provincia, que instituía la Ley de 1966, no dejaba de ser una caricatura de un parlamento democrático. Por otro lado, el derecho de las Cortes de preguntar al Gobierno estaba severamente limitado y cualquier planteamiento de que lo controlasen los procuradores era sencillamente descabellado. Hasta aquí llegaba la democracia «orgánica».

La separación entre la jefatura del Estado y la del Gobierno, que fue otra de las disposiciones de la Ley Orgánica, no se implementó hasta 1973 con el nombramiento de Carrero Blanco. En todo caso, la segregación fue cosmética, puesto que Franco retuvo el poder absoluto.

Mientras la cúpula del aparato del Régimen, con Carrero Blanco a la cabeza y luego con Arias Navarro en el puente de mando, se distraía hablando de un «Movimiento-comunión», un reducido pero no insignificante sector de la población ya militaba en organizaciones perfectamente homologables con los partidos y los sindicatos de las democracias liberales europeas. Un sector ya muy amplio estaba deseoso de poder hacerlo en cuanto existiesen unas mínimas condiciones de libertad.

No había necesariamente que ser un profesional del periodismo escrupulosamente formado para observar, escuchar, indagar y contar para darse cuenta del desmoronamiento del franquismo. Era obvio. Reparé en ello al muy poco tiempo de aterrizar en Madrid en el otoño de 1974 como corresponsal de Reuters. Toda persona medianamente sensata con quien hablaba me decía que el Régimen había perdido cualquier rumbo que tuviese en su pasado.

El tema de las asociaciones me fascinó porque era el ejemplo palpable de que los próceres del franquismo habían perdido contacto con la realidad de las cosas que ocurrían a su alrededor. Los sucesos que desnudaban la fachada del Régimen adquirieron un ritmo vertiginoso.

En 1974 había caído la dictadura en Portugal, el Partido Comunista de España (PCE) rescataba de su pasado la táctica de un frente amplio de oposición con la creación de la Junta Democrática y la dirección del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) había vuelto al interior por primera vez desde el fin de la guerra civil.

En diciembre de aquel año conseguí mi primera entrevista con Felipe González, la nueva, pero todavía clandestina, cara del PSOE y el resolutivo killer que había jubilado a los viejos popes del exilio socialista en Toulouse y en México. La futura trayectoria del entonces «Isidoro», apoyado a tope como estaba por el canciller alemán Willy Brandt, por Olof Palme, el presidente del Gobierno sueco, y por la Internacional Socialista en pleno, era fácil de predecir.

El cese de Pío Cabanillas y las dimisiones en solidaridad de Antonio Barrera de Irimo, el ministro de Hacienda, y de Francisco Fernández Ordóñez, presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), un par de meses antes, fue un mazazo para la alta burguesía ilustrada que, de alguna manera, representaba Jaime Carvajal.

La generación más joven de financieros y empresarios se puso en contacto con Reuters, eso sí, pidiendo el anonimato de sus declaraciones, para expresar su preocupación por el curso de los acontecimientos. La historia demuestra que cuando estas élites profesionales rompen filas con el sistema que las ha hecho prósperas, el sistema tiene sus días contados.

La preocupación en lo que se llamaba la derecha «civilizada» fue muy honda porque el cese de Cabanillas cerraba la puerta a cualquier evolución bajo la presidencia de Arias Navarro. También sirvió para abrir, aún más, los ojos de don Juan Carlos, que ya llevaba meses escuchando la larga ristra de críticas al Gobierno que enunciaban miembros de la oposición y, también, las de los pares de Carvajal, esa burguesía ilustrada con la cual el sucesor de Franco podía identificarse cómodamente.

Sin embargo, de acuerdo con ese guión de que «no hay mal que por bien no venga», el cese de Cabanillas fue una bendición. Una vez fuera del Gobierno, el exministro pudo dedicarse a planear el paso a otro sistema, en su caso a la democracia plena, que es lo que suelen hacer los políticos de raza en tales circunstancias.

A finales del año siguiente, Pío Cabanillas fundó, junto con Manuel Fraga Iribarne, Francisco Fernández Ordóñez, Leopoldo Calvo-Sotelo y José María de Areilza, entre otros, un colectivo bajo el nombre de Federación de Estudios Independientes, S.A. (Fedisa). Fue un grupo político que se camuflaba, según la práctica de entonces, como sociedad anónima, una buena muestra más de cómo las élites se saltaban las normas del Régimen. La burguesía ilustrada le daba la espalda al franquismo.

Muerto Franco, Fedisa engendró el antiguo Partido Popular (PP), lejano pariente del actual. Este partido de demócratas, modernizadores y funcionarios fue el que más miembros aportó a la coalición que sería la Unión de Centro Democrático (UCD). Una facción de sus dirigentes entronizó a Suárez como jefe de UCD para ganar las elecciones de junio de 1977 y decidió tirar por la borda a Areilza y a Fraga porque sus trayectorias ensombrecían a un Suárez convertido en líder de un partido político.

El desarrollo de tales acontecimientos no cabía en la imaginación de Arias Navarro. Era impensable que personas de larga y exitosa carrera en el franquismo obrasen en clave de partidos políticos y de ruptura con el sistema. Con el tardofranquismo ya muy avanzado, el Régimen tenía toda la pinta de haber sido sobrepasado por los acontecimientos. Ya no controlaba la agenda, la conversación se centraba en el posfranquismo, y Arias Navarro asumía la imagen de Nerón tocando la lira mientras las llamas arreciaban en Roma.

La excepcionalidad del Régimen había persistido gracias a su aislamiento, pero el doble efecto de la emigración de trabajadores españoles a la Europa de prensa, partidos y sindicatos libres y la llegada a España de turistas europeos que rompían los puritanos moldes de comportamiento franquista llevaba ya tiempo socavando la cuarentena hispana.

Los emigrantes volvieron con otros anhelos después de haber vivido otras realidades. Los turistas, cada vez más, seguían llegando. Y en el reducido círculo de las élites universitarias, alumnos de gran nivel –algunos expedientados, otros no– completaron sus estudios, con gran provecho académico, en el exterior. También volverían con firmes criterios democráticos.

Luego estaban las estadísticas que ilustraban la profunda, y rapidísima, transformación de la sociedad española y, por lo tanto, de sus aspiraciones. En 1960 los españoles que vivían en ciudades de más de 100.000 habitantes no llegaban al 28% de la población. En 1970 serían más del 50%. Entre 1960 y 1970 más de un millón y medio de trabajadores se incorporaron al sector industrial.

Estos datos los manejaba Cruz Martínez Esteruelas, prohombre del aperturismo, o del no aperturismo, del Régimen, que ocupó la cartera de Planificación del Desarrollo en el Gobierno que constituyó Carrero Blanco, en junio de 1973. Su cometido fue proyectar la inversión industrial a diez años vista de acuerdo con las pautas de los planes de desarrollo introducidos por Laureano López Rodó, que ahora ocupaba el cargo de Asuntos Exteriores, y por los demás tecnócratas de la década de los sesenta.

Los principales aliados de Martínez Esteruelas fueron abrasados en la hoguera ministerial que incendió Arias Navarro al suceder a Carrero Blanco, pero él se salvó de la quema y obtuvo la cartera de Educación y Ciencia. Sustituyó en el Ministerio a Julio Rodríguez, un personaje extremadamente controvertido cuyo nombramiento por Carrero Blanco fue un asunto inexplicable.

El franquismo tuvo ministros de variopinto tipo, pero todos se atenían al ortodoxo, poco imaginativo y prudente patrón del Régimen. Rodríguez, catedrático de Cristalografía y Mineralogía, fue el único verdaderamente extravagante.

Cruz Martínez Esteruelas llegó al Ministerio de Educación con ideas pedagógicas de la vieja escuela, de la buena o de la trasnochada según se mire. Convencido por su experiencia propia de opositor de los beneficios del esfuerzo, de la competitividad y de la necesidad de estudiar con los codos pegados al pupitre, se dedicó a introducir la Selectividad. Se ganó así el oprobio de la izquierda, que le acusó de elitista, pero el mundo universitario agradeció su decisión de derogar el llamado calendario juliano, la excéntrica orden ministerial de su predecesor, que había trasladado la apertura del año académico a enero para coincidir con el comienzo del año natural.

Como joven promesa del Régimen, Martínez Esteruelas había defendido con mucha convicción la conveniencia de un sistema de asociaciones políticas en una sesión especial del Consejo de Ministros celebrada a comienzos de diciembre 1973. Carrero Blanco escuchó con atención su intervención y la de otros, y convocó otra sesión en la cual daría su opinión sobre el tema.

Martínez Esteruelas pensó que la batalla podía ser ganada. Dentro de su profundo integrismo, el almirante no estaba dogmáticamente cerrado a avanzar paso a paso por ese camino, y él mismo, el principal ponente de la propuesta, era un hombre de arraigados principios y valores conservadores. A Martínez Esteruelas le gustaba citar el sentido común de Jaime Balmes, el tratadista, filósofo y teólogo del siglo XIX: «La realidad no puede ser eludida por los principios ni puede ser marginada».5

Es verosímil que Carrero Blanco estuviera dispuesto a dar su visto bueno a la elaboración de un Estatuto de Asociaciones Políticas tal como pretendían los más aperturistas de su Gobierno. Sin embargo, la fecha que fijó para anunciar su decisión fue el 20 de diciembre, el día que el atentado de ETA acabó con su vida cuando se dirigía a su despacho después de acudir a su misa diaria en la iglesia de los Jesuitas.

Retomando la matización de que el Gobierno del almirante era el del «Príncipe como continuista del Régimen», se ha de enfatizar de nuevo que su principal meta era asegurar la vigencia de un franquismo sin Franco a través de un pluralismo político limitado que sería presidido por don Juan Carlos, el heredero del dictador a título de Rey.

Esta meta era perfectamente viable, según entendían los tecnócratas del Gobierno, porque la renta nacional seguía creciendo y el bienestar se consolidaba. Su problema fue que esa fértil línea de prosperidad ascendiente se cortó. Lo duro que tiene la política es que ocurren cosas con las que no se cuenta.

El Gobierno de Carrero Blanco, primero, y el de Arias Navarro, después, no dieron la debida importancia a las devastadoras consecuencias económicas del embargo que impusieron los países productores de petróleo como respuesta al apoyo occidental a Israel en la guerra de Yom Kippur de octubre de 1973. El almirante y sus ministros seguían enfrascados en aquella ya larga tertulia que se mantenía en determinadas altas esferas del Régimen sobre el asociacionismo político.

Los orígenes de la prolongada conversación sobre el asociacionismo se remontaban a 1957, cuando José Solís (Cabra, Córdoba, 1913 - Madrid, 1990), un falangista con fama de dialogante, ocupó la cartera de la Secretaría General del Movimiento y propuso una cierta pluralidad dentro del partido único que contrastaba con la férrea ortodoxia de José Luis de Arrese, su antecesor en el cargo. De Arrese fue un intelectual del totalitarismo que tuvo estrechas relaciones con José Antonio Primo de Rivera, que era primo hermano de su mujer.

Solís sería otra víctima del escándalo Matesa y fue cesado, junto con Fraga, en 1969 pero nunca dejó de ser parte del mobiliario de las viejas glorias franquistas. En junio de 1975 volvió como ministro secretario del Movimiento en el Gobierno de Arias Navarro, sustituyendo a Fernando Herrero Tejedor, que había muerto en accidente de coche. En el primer gobierno de la Monarquía, cuando Arias Navarro, a instancias de don Juan Carlos, tuvo que rehacer su Ejecutivo para dar una imagen aperturista, Solís siguió sin bajarse del coche oficial. Traspasó los trastos de la Secretaría General del Movimiento a Adolfo Suárez y ocupó la cartera del Ministerio de Trabajo.

Al plantear la conveniencia de asociaciones políticas en aquella lejana fecha de 1957, Solís se enfrentó con la inmediata oposición de Laureano López Rodó, entonces secretario general técnico de la Presidencia del Gobierno a las órdenes de Carrero Blanco. López Rodó no admitía que nadie más que él y los suyos, que eran casi todos cercanos al Opus Dei, apadrinasen cualquier iniciativa aperturista.

José Solís sería conocido como la «sonrisa del Régimen» y su peso político era bastante marginal. Muy pronto, el cerebral tecnócrata y catedrático de Derecho Administrativo que era López Rodó se enfrentó con Manuel Fraga Iribarne, catedrático de Derecho Político, hombre mucho más perentorio que Solís y muy decidido a modernizar el Régimen por la vía de la evolución política.

En julio de 1962, Franco nombró a López Rodó comisario del Plan de Desarrollo, con rango de ministro, y a Fraga ministro de Información y Turismo. El choque entre estos dos indudables pesos pesados era inevitable, y se saldó siete años después con la victoria del primero, apoyado por Carrero Blanco, y el ascenso de más tecnócratas al Gobierno.

Como cargo tutelar de la opinión pública, Fraga aparentemente pagó las consecuencias de la notoriedad que adquirió el escándalo Matesa a pesar de que los principales involucrados pertenecían a la órbita del Opus Dei. En realidad, el gran pecado del impetuoso ministro de Información y Turismo fue que su afán reformista excedía los límites de la pertinaz prudencia de Franco y su Régimen.

La rivalidad entre López Rodó y Fraga en aquel momento estableció el marco del debate sobre el asociacionismo que vendría después en el tardofranquismo de la siguiente década. Su desenlace a favor de López Rodó metió en sucesivos callejones sin salida al Gobierno que se formó, ya sin Fraga, en 1969, al que presidió Carrero Blanco en 1973 y al siguiente, ya sin López Rodó y bajo la presidencia de Arias Navarro, que duraría hasta la muerte de Franco.

Cada uno representaba un modelo de evolucionismo y de modernización. López Rodó dirigió tres planes de desarrollo económico y social a lo largo de esos años de competencia entre ambos, y Fraga colaboró muy eficazmente con la bonanza transformadora de la época al situar a España como el destino turístico preferido de la clase media europea. La diferencia entre los dos residía en cómo se debería gestionar una reforma política acorde con el profundo cambio socioeconómico que estaba teniendo lugar en España.

Tres décadas después, Fraga recordó con detalle lo que estaba en juego. El reformismo de López Rodó y sus tecnócratas partía de un planteamiento de mínimos que no incomodaría a lo más granado del Régimen y les aseguraría su continuación en el poder. «Ellos [los tecnócratas] creerían que, llevando adelante su reforma administrativa y económica, serían el Gobierno que sucedería a Franco –dijo Fraga– y tal vez hubiera sido así de haber vivido Carrero Blanco.»6

Tanto López Rodó como Fraga reconocían que las cosas tenían que cambiar. La cuestión estaba en cuánto tenían que cambiar. Se podía cambiar con la intención de que todo siguiese igual o se podía cambiar con todas sus consecuencias.

Manuel Fraga estaba en el segundo bando porque «en una sociedad de clases medias, urbanizada [...] cualquier persona con sentido común veía que tenía que venir un sistema político diferente». El problema estaba «en esos tenientes generales que no veían las cosas así». Y ésta fue la baza que jugó López Rodó. Consiguió con ella las bendiciones de Carrero Blanco.

Según Fraga, «los tecnócratas encontraron apoyos porque decían “nosotros arreglamos esto con una serie de medidas económicas y administrativas”. Hallaron apoyo porque pedían menos». Él pedía más. Sus ambiciones eran más amplias que las de López Rodó e incidían en temas como la libertad religiosa y el fin de la censura previa a través de una Ley de Prensa que nunca sería del agrado de lo que entonces se llamaba las «fuerzas fácticas». En teoría, la ocasión para forzar la marcha reformista fue la Ley orgánica de 1966, y Fraga, que tenía muchos frentes abiertos y pisaba demasiados charcos, no pudo aprovecharla.

En realidad, hubiera sido imposible servirse de la Ley como cauce para la reforma política que defendía Fraga y «cualquier persona con sentido común». La defenestración política del vehemente ministro de Información y Turismo era cuestión de tiempo.

La Ley preveía el desarrollo, naturalmente «orgánico», de un Estatuto de Asociaciones según un reglamento que dejaba muy claro lo que se esperaba de ellas. Su función, según rezaba el artículo 15 del nuevo Estatuto Orgánico del Movimiento, era promover el legítimo «contraste de pareceres». Esto quería decir que se admitía la posibilidad de un análisis crítico de las soluciones concretas de gobierno, y de la formulación ordenada de medidas y programas que deberían orientarse al servicio de la comunidad nacional. El lenguaje del Régimen era tan empalagoso como limitada era su ambición reformista.

Con la llegada –ya en vuelos chárter– de millones de turistas a las costas españolas en busca de sol, playa, sangría y paella, con la inauguración de múltiples paradores y con una prensa que empezaba a ser díscola, Fraga ya era prescindible.

En ocasiones, pero no siempre, la mejor defensa cuando se está acorralado es atacar. Eso fue lo que decidió Fraga. Intentó, junto con Solís, utilizar el turbio caso Matesa que salpicaba a miembros del Opus Dei como arma arrojadiza contra los tecnócratas.

A los dos, el tiro les salió por la culata. Ambos fueron cesados en octubre de 1969. Solís ya estaba de vuelta de todo y, sin embargo, volvería en la última etapa del franquismo. Fraga, que se creía el gran modernizador del Régimen, viviría el tardofranquismo desde la grada, o, según él, desde el banquillo y ejercitándose para volver al campo.

CAPÍTULO 8

Don Juan Carlos y el tardofranquismo

El complejo periodo del tardofranquismo tuvo dos comienzos en 1969 que, en teoría, resultaban clarificadores para un horizonte que, en aquel momento, era más bien espeso y un futuro que parecía incierto. Las causas turbulentas del inicio de una dictadura no encierran misterio alguno. Las de su final pueden ser conflictivas y, por norma general, también dejan secuelas.

El autoritarismo se impone con las consabidas fórmulas de paz y orden cuando se hunde el imperio de la ley. El Estado se convierte en fallido y se desmorona cuando pierde una guerra o cuando una crisis financiera elimina el ahorro. Se viene abajo cuando amplias brechas de desigualdad polarizan la sociedad y surgen fórmulas para rectificarlas por la vía de urgencia. Pasado un tiempo, las dictaduras sucumben cuando renace la prosperidad, se restablece la convivencia y crece una clase media que demanda libertades políticas. El fin del totalitarismo suele ser problemático.

El primer comienzo del tardofranquismo y del final de Régimen fue la jura en julio de 1969 de don Juan Carlos como sucesor de Franco a título de Rey. Se resolvió así la pregunta: ¿después de Franco, quién? Esta incógnita permanecía desde que la Ley de Sucesión de 1947 convirtió a España en un reino sin rey, y el interrogante fue actualizado, sin ser resuelto, por la Ley Orgánica del Estado de 1966.

A nadie le sorprendió la decisión de Franco de saltarse el orden de sucesión dinástico. Tampoco la de don Juan Carlos de usurpar los derechos de su padre, don Juan, conde de Barcelona, de jurar la Leyes Fundamentales del Régimen y de aceptar la herencia que el dictador le ofrecía. Después de Franco, el Príncipe ocuparía la jefatura del Estado al frente de una Monarquía «instalada». Y de «nueva planta».

El segundo comienzo fue el nombramiento de un nuevo Gobierno en octubre de ese mismo año con Luis Carrero Blanco, la supuesta eminencia gris del dictador, ocupando la vicepresidencia. Este Gobierno fue el preámbulo del que formaría el almirante, ya como presidente, en el verano de 1973. Los sucesivos ascensos de Luis Carrero Blanco desarrollaban la separación de poderes entre jefatura del Estado y la presidencia del Gobierno, que preveía la Ley de 1966.

Con el nuevo Gobierno se respondía a la pregunta: ¿después de Franco, qué? La contestación era más de lo mismo pero con matices. El reinado de don Juan Carlos sería la prolongación del Régimen, aunque introduciría, paulatinamente, una mayor apertura. Eso, al menos, lo esperaban algunos. Otros, no menos del sistema, lo dudaban. La crisis ministerial de 1969, inevitablemente, tenía ganadores y perdedores entre las familias del franquismo.

La sucesión de don Juan Carlos era totalmente previsible, pero la formación del nuevo gobierno tres meses después fue una sorpresa. Franco rompió con su probada táctica de equilibrar las distintas adhesiones a su Régimen y nombró un Gobierno monocolor y de marcada tonalidad tecnócrata y opusdeísta.

Gregorio López Bravo, miembro de la «Obra», cambió la cartera de Industria, donde llevaba cinco años, por la de Asuntos Exteriores, y fue sustituido en Industria por José María López de Letona, compañero de viaje del Opus Dei. Alfredo Sánchez Bella, otro tecnócrata del banquillo del Opus Dei, reemplazó a Manuel Fraga Iribarne en Información y Turismo. Y Laureano López Rodó siguió al frente del Plan de Desarrollo, que era la magna contribución tecnócrata a la modernización socioeconómica del país.

Al despachar a Fraga y a José Solís y premiar a los tecnócratas, Franco dio una señal inequívoca del futuro rumbo que quería para su régimen.

Los fogosos tiempos del gesto falangista pertenecían a la memoria borrosa de la España del hambre y de la reconstrucción. Los tiempos eran otros, y la renta per cápita del país ya estaba próxima a codearse con la de la próspera Europa de la Comunidad Económica.

Lo que preocupaba a Franco era que los españoles corrían el riesgo de enfangarse con el materialismo, el consumismo, la pornografía y demás dislates propios de una democracia. Eso, más o menos, fue lo que le explicó al general Vernon Walters, cuando éste le visitó en 1971, que ocurriría después de su muerte.

Por todo ello, qué mejor que poner el Gobierno en manos de quienes habían creado la clase media española pero cuya proba moral cristiana era incuestionable. Franco bien podía pensar que si el cambio político era inevitable en el reinado de don Juan Carlos, lo deseable era que la transición fuese cautelosa y el resultado final una democracia limitada, tutelada y lo más orgánicamente conservadora posible. Junto con la masonería, el comunismo internacional y el separatismo, los partidos y sus ideologías eran una pesadilla permanente del dictador.

Los tecnócratas, con Carrero Blanco de guardián de las esencias del Régimen, eran capaces de cumplir con creces la hoja de ruta diseñada: pequeños cambios administrativos, cada vez más prosperidad y poca política. Y además, se llevaban bien con el Príncipe, su sucesor.

Franco dio el carpetazo a quienes utilizaban el azaroso asunto Matesa como excusa para dirimir sus luchas internas y consolidar su prepotencia. Su decisión de retirar a Fraga de la primera línea de la política estaba en consonancia con su manejo del poder. Cuando consideraba que las disputas alcanzaban un punto crítico, obraba de manera fulminante y echaba al díscolo y a sus compinches.

La salida de Fraga fue celebrada por la cúpula del Régimen, tenientes generales incluidos, que le consideraban un verso suelto y temían sus vehementes modales. Pero molestó a mucho aperturista y singularmente a los jóvenes reformistas del sistema que admiraban su enérgico afán modernizador.

Con el nombramiento de Torcuato Fernández-Miranda como sustituto de Solís en el Ministerio de la Secretaría General del Movimiento del Gobierno «monocolor», o Gobierno de los «Lópeces» –por Laureano López Rodó, Gregorio López Bravo y José María López de Letona–, Franco quiso matar a varios pájaros de un tiro.

En primer lugar, el nuevo responsable del Movimiento era persona del agrado del Príncipe porque Fernández-Miranda mantenía una cercanía con don Juan Carlos desde los tiempos en que fue tutor suyo de Derecho Político en su etapa universitaria. Además satisfacía a esa nueva generación que ya ocupaba cargos de responsabilidad en el Régimen y que tenía un creciente recelo a los tecnócratas. Fernández-Miranda era un «azul» atípico, pero su capacidad intelectual era muy elogiada por los jóvenes del aparato y se le tenía como un sólido contrapeso en un gobierno plagado de afines a la «Obra».

Sin embargo, Franco no nombró a Fernández-Miranda para equilibrar la presencia de los «Lópeces», sino para complementarla. Desde la Secretaría General de Movimiento, Fernández-Miranda podía reforzar el aperturismo light que López Rodó, con la ausencia de Fraga, mantenía más que nunca en su agenda. El líder de los tecnócratas se podía sentir seguro porque como ministro no volvería a tener problemas ni con modernizadores ajenos a la «Obra» ni con los hombres del Movimiento.

El tándem Fernández-Miranda - López Rodó se estrenó en el Gobierno de octubre 1969 y seguiría funcionando en el que formó Carrero Blanco en julio de 1973. Ambos eran lo suficientemente inteligentes y tenían la información adecuada para saber que la actualización política del Régimen era ya un tema urgente. Quitando a Fraga, lo mismo no se podía decir de otros en la primera plana del franquismo. Pero los dos eran cautos y prudentes donde Fraga era impetuoso e impaciente.

Fernández-Miranda estaba al tanto de las tensiones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense donde había seguido dando clases y conocía muy bien los sentimientos de frustración y desasosiego de los jóvenes que escalaban puestos en el Régimen. López Rodó, por su parte, conocía mejor que nadie la transformación sociopolítica que había experimentado España a lo largo de aquella milagrosa década de los sesenta porque él mismo, en sucesivos planes de desarrollo, la había conducido.

Ambos, sin embargo, lucían anteojeras. Esto, que era normal entre los altos cargos del Régimen, no dejaba de ser lamentable en el caso de dos hombres cuya inteligencia superaba ampliamente lo que era la media de su entorno. La visión de Fernández-Miranda y de López Rodó estaba condicionada por el conocimiento que tenían de primera mano del profundo conservadurismo de Franco y de Carrero Blanco. Por ello, su visión del futuro era estrecha y cortoplacista justo cuando tenía que ser todo lo contrario porque el Régimen tocaba a su fin.

En cierto modo, lo que asombra es cómo tantos lúcidos jóvenes, o ya no tan jóvenes, del Régimen que querían sinceramente ensanchar el sistema político del país seguían con la ilusión de una reforma «desde dentro». Mantenían esta quimera a pesar del liderazgo de integristas como Luis Carrero Blanco y Carlos Arias Navarro y de las normativas tan conservadoras que desarrollaba la Ley de 1966.

Su empeño, sin embargo, retrata y define la burbuja en la cual operaban. En ella seguirían hasta que don Juan Carlos, como rey, la pinchó.

«Toda nuestra crítica al Régimen y todas nuestras ansias de reformar el Estado ya se centraron en el punto concreto del asociacionismo», dijo Eduardo Navarro, un incombustible entre los jóvenes reformistas del Régimen, al recordar aquella Ley de 1966.1

La ilusión duró hasta el final, hasta el nonato Estatuto de Asociaciones Políticas que presentó Arias Navarro a comienzos de 1974 en el llamado «espíritu del 12 de febrero» que se difuminó casi de inmediato. Con el afán infatigable y el ademán impasible, estos meritorios del Régimen dedicaron sus esfuerzos a abrir esa ranura que aparentemente aparecía en un edificio que era inexpugnable en vida de Franco.

Una vez rey, don Juan Carlos les pinchó la burbuja a Navarro y los demás jóvenes reformistas sirviéndose de una aguja que fabricó un Fernández-Miranda de ideas aperturistas ya muy ambiciosas. Fernández-Miranda le proporcionó el alfiler a un audaz Adolfo Suárez que estaba muy predispuesto a desmontar un régimen rancio y trasnochado.

Don Juan Carlos reventó el esquema del asociacionismo al suceder a Franco porque ya tenía firmemente tomada la decisión de que la vuelta de la Corona a España no significaría el continuismo del Régimen que la antecedió.

Al final llegó la profunda reforma política «desde dentro» y, en el fondo, los jóvenes reformistas lo anticipaban. A partir de su nombramiento como sucesor de Franco en julio de 1969, don Juan Carlos, según Navarro, fue un «profesor de optimismo» para él y para su generación.

Llegados a este punto, se ha de retomar la narrativa de un sucesor resuelto a desligar los nudos de una herencia «atada y bien atada». Es el relato de una decisión que seguramente siempre había albergado el Príncipe porque correspondía a la Monarquía de todos que siempre estuvo en boca de su padre, el conde de Barcelona. La cuestión es reconstruir la ambición del envite que asumió don Juan Carlos y los tiempos que acordó para su implementación.

Para ello, puede que sea útil recurrir a las formulaciones contrafactuales que son tan queridas por algunos historiadores anglosajones. Se puede plantear, por ejemplo, que don Juan Carlos no se hubiera embarcado nunca en la intrépida estrategia de soltar amarres con el franquismo de haberse prolongado su convivencia con los tímidos aperturistas que Carrero Blanco reunió en lo que resultó ser el transitorio gobierno del «Príncipe como continuista del Régimen».

En esta reflexión se está de nuevo ante el «no hay mal que por bien no venga» del atroz asesinato de Carrero Blanco. La narrativa contrafactual desarrolla el «¿y si?». La pregunta es si don Juan Carlos hubiera buscado una salida distinta del laberinto de no haber muerto el almirante.

Parece, a la vez, evidente que las ideas aperturistas de Fernández-Miranda, cuyos consejos eran muy valorados por el Príncipe, no hubieran evolucionado tan rápidamente de no haber sido porque Arias Navarro le apartó bruscamente del poder. A comienzos de 1974, Fernández-Miranda, curándose de las heridas de su defenestración, ya pensaba en clave de la reforma política. Lo pensaba por resentimiento o porque la olla no aguantaba más o por las dos cosas a la vez.

El punto de partida de esta reflexión es que don Juan Carlos jamás hubiera podido pilotar la Transición con los miembros del «Gobierno del Príncipe» como compañeros de viaje. Los ministros de Carrero Blanco serían cercanos al sucesor de Franco pero, con alguna que otra excepción, no hubieran subido a bordo de esa nave cuyo amarre era un sistema político distinto.

Cierto es que el entonces Príncipe no pensaba en tal viaje político cuando Carrero Blanco formó un Ejecutivo que, en la percepción general, era «suyo». ¿Por qué lo iba a pensar cuando estaba rodeado de tanto conservadurismo ministerial que le consultaba con deferencia? Una reforma política rupturista no estaba en su agenda ni en la del Gobierno.

Lo que acabó queriendo don Juan Carlos no era compartido entonces por Fernández-Miranda, no estaba en los cálculos de López Rodó y al almirante tal decisión se le hubiera escapado del todo. Tampoco lo deseaba Arias Navarro, que heredó los papeles sobre el asociacionismo que iba a debatir aquel Consejo de Ministros de Carrero Blanco que nunca tuvo lugar.

Por su anclaje en el statu quo, el «Gobierno del Príncipe» no inspiraba el más mínimo respeto entre quienes estaban al margen del Régimen. Don Juan Carlos y Carrero Blanco y sus ministros representaban el continuismo del franquismo sin Franco, y no había motivo alguno para confiar en un heredero tan cercano a lo que se suponía iba ser el último Gobierno del dictador.

La oposición solamente comenzó, con mucha cautela, a darle un margen de confianza a don Juan Carlos a partir de su ostracismo y de su solitario esfuerzo por construir un marco de entendimiento basado en la transacción que a todos les convenía: la Monarquía parlamentaria que aseguraría la democracia y que consolidaría la Corona.

El diseño de Franco con el Gobierno monocolor se quebró con la muerte de Carrero Blanco y la llegada de Arias Navarro. Esto, que «cambió todo», dio lugar a las discretas reuniones que don Juan Carlos mantuvo entre 1974 y 1975 con quienes por marxistas, por nacionalistas o, meramente, por ser demócratas estaban proscritos por el Movimiento, por el Movimiento-Organización, por el Movimiento-Comunión o se llamase como se llamase el partido único.

Lo que es importante señalar es que las reuniones, forzadas como fueron por circunstancias no anticipadas, marcaron una nueva estrategia para el sucesor de Franco. Señalaron otra ruta para salir del laberinto. Y, a la vez, hay que resaltar que tales encuentros políticos eran inimaginables para los prebostes del Régimen.

Ni el más audaz de los aperturistas del franquismo se hubiera atrevido a tanto, por la sencilla razón de que no se le hubiera pasado por la cabeza. De volver a nacer y sentarse con los excluidos por el Régimen, ninguno de ellos se hubiera explayado como lo hizo el Príncipe sobre el mañana que pronto llegaría. Esto solamente lo podía hacer quien se consideraba heredero sin ataduras.

Llegado 1974, el discurso de don Juan Carlos era muy claro. Decía, con mayor o menor claridad, que al asumir la jefatura del Estado todo sería distinto porque, para empezar, no creía ni por asomo en la vía de las asociaciones políticas. Estaba, para entonces, muy seguro de que la muerte de Franco marcaría un antes y un después.

La intención del Príncipe mostró cada vez más la influencia de su padre, el conde de Barcelona, y se distanció del esquema de la Monarquía del 18 de julio. Quería ser el Rey de todos al frente de una Monarquía parlamentaria, y este nuevo anclaje necesariamente pasaba por elecciones generales, partidos políticos y una constitución incluyente que pusiera fin a la larga y dramática historia de españoles fuera de España.

Los encuentros en esa «jaula de oro» que era La Zarzuela fueron reuniones de ida y vuelta, de lo que a los juristas les gusta llamar do ut des. El Príncipe decía: yo te digo esto, y tú lo tomas como quieras, pero te lo digo con sinceridad porque quiero que tú me digas esto otro, que es lo que yo necesito saber. La información que deseaba obtener por encima de cualquier otra era la de los tiempos con los cuales podría contar para dar el «salto» hacia la democracia plena.

Que la fruta estaba madura lo sabía el Príncipe tan bien como los interlocutores que José Joaquín Puig de la Bellacasa, Jaime Carvajal Urquijo y algún otro llevaban a La Zarzuela. Que él era el mejor garante para tocar el árbol, hacer caer la fruta y recogerla, también lo sabían todos. Ése era el principal mensaje que don Juan Carlos se esforzaba en transmitir.

A la vez, el Príncipe conocía mejor que nadie los obstáculos que se le enfrentaban para hacer eso mismo. Al suceder a Franco, heredaba al Búnker en El Pardo, a los ultras en el poder con Carlos Arias Navarro al frente y a un Consejo del Reino, el organismo que elaboraba la «terna» para el nombramiento de un presidente del Gobierno, dominado por inmovilistas. Y también al ejército de Franco, cuyo posicionamiento e influencia Nicolás Franco Pascual de Pobil se encargó de explicar, por si hiciese falta, a Carrillo en su reunión a mesa y mantel en París.

A toro pasado, los obstáculos, los muchos nudos que ligaban al «atado y bien atado», parecieron serlo sólo en apariencia. Resultó que el Búnker tenía techo de cristal y que los ultras eran tigres de papel. El ejército, en concreto, sería leal al «Rey-soldado», al compañero de armas con rango de capitán general que Franco, inteligente y previsoramente, había fomentado cuando insistió en la formación de don Juan Carlos por las tres academias militares. Pero entonces las amenazas se tenían como reales.

Don Juan Carlos, que se reservaba el derecho de recoger la fruta madura, sabía que el grave riesgo que corría su estrategia se reducía, en última instancia, a una cuestión de plazos y de paciencia. Todo se echaría a perder si la «calle» se adelantaba a sacudir el árbol nada más morir el dictador.

De ahí la importancia de la encuesta que realizó Nicolás Franco Pascual de Pobil. ¿Con cuánto tiempo contaba don Juan Carlos? ¿Cómo se entendería su decisión de mantener inicialmente en su puesto a Carlos Arias Navarro, si bien con un Consejo de Ministros renovado por personalidades aperturistas? ¿Qué margen tenía para «borbonear» al último presidente del Gobierno nombrado por Franco, es decir, enseñarle la puerta, y formar su Gobierno, que implementaría sin demoras una Ley para la Reforma Política que abriría paso a la democracia y normalizaría la vida pública?

El Rey dio el «salto» hacia la democracia en un abrir y cerrar de ojos. Éste era el tiempo del cual disponía habiendo escuchado bien a los representantes de la oposición tolerada y la clandestina antes y después de la muerte del dictador.

Primero dejaría que se quemase el último presidente del Gobierno de Franco, y con él los veteranos como José María de Areilza y Manuel Fraga, que se creían en posesión de todas las soluciones reformistas. A continuación, nombraría al frente del Gobierno a uno de su propia generación que tenía impecables credenciales franquistas pero que sería totalmente leal a una estrategia que, yendo «de la Ley a la Ley y pasando por la Ley», no dejaría de ser totalmente rupturista.

Don Juan Carlos consiguió el nombramiento de Adolfo Suárez gracias a que situó a Torcuato Fernández-Miranda, su antiguo tutor y el damnificado de Arias Navarro, en la presidencia de las Cortes y, por lo tanto, también del Consejo del Reino. Fernández-Miranda se encargó –he hecho «lo que el Rey me ha pedido», diría en posiblemente la única indiscreción que cometió en su vida política– de que Suárez figurase en la terna para presidente del Gobierno.

Don Juan Carlos daría el poder a los jóvenes reformistas del franquismo que estaban abiertos a la reconciliación, querían sobrevivir al cambio de régimen, tenían instintos y reflejos políticos muy desarrollados y llevaban muy interiorizado el acatamiento al mando.

Eran «azules» de tonos claros, y su adscripción al Movimiento, consecuencia de orígenes humildes y de ambiciones de escalar socialmente, era una cosa generacional y circunstancial. Harían, sin complejos, lo que el Rey les ordenase, porque lo que sabían hacer desde sus tiempos de dirigentes del SEU, el sindicato de estudiantes adscrito al Movimiento, era gestionar la Administración.

A todos ellos les quedaba mucha vida por delante, no querían acabar como sus pares en el Estado Novo de la dictadura corporativista de Portugal y se jugaban su futuro con don Juan Carlos. Lo que el Rey les pedía a ellos era el desmantelamiento del Régimen. Y les exigió que realizasen la tarea con la máxima urgencia.

El nuevo jefe del Estado pondría, sin embargo, una barrera. Contaría con los reformistas del Régimen pero excluiría a aquellos que hubieran sido ministros de su antecesor. Esto era una condición indispensable para quien fuera a dirigir el Gobierno una vez cesado Carlos Arias Navarro, el fiel franquista de otra generación.

Adolfo Suárez, que resultó ser el «tapado» de don Juan Carlos, podría perfectamente haber sido ministro de Franco de no haber fallecido en accidente de coche su mentor y padrino, Fernando Herrero Tejedor, que fue ministro secretario general del Movimiento, ni de haber muerto en un atentado terrorista Carrero Blanco. Pero no lo fue y, habiendo jurado como presidente del Gobierno, Suárez evitó, con la sola excepción de Rodolfo Martín Villa, incluir como altos cargos de su Administración a antiguos compañeros de viaje por muy jóvenes reformistas que fuesen.

«El Rey tenía una idea clarísima, y ésta era que ningún político que hubiera sido ministro con Franco sería el presidente que dirigiría la transición política. Eso se lo escuché muchas veces», diría Alfonso Osorio, el democratacristiano cercano a La Zarzuela que sería el vicepresidente del gobierno que formó Adolfo Suárez e influiría mucho en su composición.2 Suárez tuvo que acudir a Alfonso Osorio para determinados nombramientos ministeriales porque su círculo político se reducía al Movimiento.

El veto que impuso don Juan Carlos podría ser una reacción emocional al ostracismo que sufrió al morir Carrero Blanco y sucederle Arias Navarro. Pero, sin obviar las humillantes repercusiones de aquel rebote, es seguro que la «barrera» que impuso fue una decisión fríamente tomada como consecuencia de sus discretas reuniones en los dos últimos años del franquismo y de los informes confidenciales que fue recopilando.

Al revisar el tardofranquismo y el inicio de la Transición con el primer gobierno de Adolfo Suárez, la historia contrafactual adquiere más y más atractivo. El ejercicio ayuda a medir la audacia de la secuencia de los hechos a los seis meses de morir Franco, cuando don Juan Carlos se desembarazó de Arias Navarro habiéndole descrito previamente como un «desastre sin paliativos».

La historia de que todo pudo haber sido distinto arranca con lo que supuso para don Juan Carlos la muerte de Carrero Blanco. De no haber asesinado ETA al almirante, el futuro Rey hubiera actuado de otra manera en los dos años que le quedaban de vida a Franco.

Al morir el dictador, el Rey podría haber apostado por otros meritorios reformistas del Régimen, no menos disciplinados, que ya eran ministros y que en vida de Franco se decantaban por una apertura más pausada. Su hoja de ruta era cauta: primero las asociaciones políticas, abriendo al máximo el marco para ellas y relegando el papel del Movimiento, y luego, paso a paso, ya se vería.

Posiblemente, este continuismo que operaba con suavidad el acelerador de la democratización hubiera sido la jugada de don Juan Carlos de haber estado en el poder a la muerte de Franco un «Gobierno del Príncipe» encabezado por Carrero Blanco. El almirante, con toda seguridad, hubiera dimitido al morir Franco, y don Juan Carlos podría haber nombrado para sucederle a Laureano López Rodó, el arquitecto de la España próspera.

El Rey hubiera buscado también un relevo a medio plazo de López Rodó, a algún político prometedor de su propia generación, y se podría haber fijado perfectamente, por ejemplo, en el entusiasta valedor del asociacionismo que era Cruz Martínez Esteruelas.

A este «tapado» contrafactual, el Rey le hubiera mandado que acelerase el proceso aperturista, que fue lo que en la historia real hizo con Adolfo Suárez. Martínez Esteruelas no hubiera puesto objeción alguna. Hubiera pisado el embrague y subido la marcha de segunda a tercera.

Martínez Esteruelas es una referencia bastante obvia para la historia contrafactual de la Transición. Hijo de campesinos aragoneses que emigraron a Cataluña, era un perfecto representante del «sueño americano» en su versión de la España de Franco. Apoyado por todo tipo de ayudas, empezando por las que le proporcionaron los sacrificios de sus padres, devolvió con creces las confianzas depositadas en él. Estudió Derecho en la Universidad de Deusto y en la Complutense de Madrid y fue un opositor campeón.

La capacidad intelectual y el esfuerzo de Martínez Esteruelas le pusieron en la órbita de los ascensos del Régimen. Ingresó en el cuerpo de abogados del Estado y, a continuación, en el cuerpo de letrados de las Cortes. Recién cumplidos los treinta años era director general del Patrimonio del Estado.

Martínez Esteruelas ocuparía cargo tras cargo: jefe de la Asesoría Jurídica del Movimiento Nacional, delegado nacional de Asociaciones del Movimiento, y secretario primero del Consejo Nacional del Movimiento. Lo que llama la atención de su trayectoria en el franquismo fue su equidistancia. No ingresó en el Frente de Juventudes ni, dedicado a sus estudios, participó en la ira generacional de los años cincuenta. Su lealtad al Régimen fue real y sincera, pero huyó siempre del gesto y del discurso grandilocuente del franquismo.

Aunque conocía muy bien el aparato del Movimiento, no tuvo pedigrí de «azul», ni lo quiso. Hombre muy religioso, aunque no cercano al Opus Dei, se podría haber encuadrado en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNdP), que fue el trampolín para tantos políticos de la Transición, pero no lo hizo. Tenía muchas bazas para sobrevivir con éxito y relevancia política en el posfranquismo, pero no la utilizó.

De haber sido más astuto o, si se quiere, más oportunista, Martínez Esteruelas se hubiera apeado del franquismo cuando Arias Navarro, presionado por el Búnker y por la camarilla de El Pardo, cesó en octubre de 1974 a Pío Cabanillas, el tolerante ministro de Información y Turismo que comulgaba con la libertad de expresión.

Pensó en dimitir en solidaridad con el defenestrado, tal como lo hizo el ministro de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo, pero al final desistió porque «Yo había adquirido el compromiso con el Caudillo de colaborar con él y, a mi juicio, esto era muy importante».3

Cabanillas, cofundador de Unión de Centro Democrático (UCD), sería ministro en sucesivos gobiernos de Adolfo Suárez. Martínez Esteruelas, que se presentó en las listas de Alianza Popular (AP) por el Teruel de sus ancestros en las elecciones de 1977, no obtuvo acta de diputado. Hombre serio y de principios, no tuvo cabida en la democracia.

Lo que destaca en Martínez Esteruelas es su interés por el pensamiento político, y esto no era, por lo general, común entre quienes hacían carrera en el Régimen. Fue un liberal conservador, aunque prefería describirse como tradicionalista, y tenía como referentes a Melchor Gaspar de Jovellanos, a Jaime Balmes y a Joaquín Costa.

Le gustaba hablar de este trío de tanta calidad y tan desconocido para el español medio. Entendía que la función del político era mediar entre dos espíritus antagónicos, uno que reclama la conservación y otro que demanda la innovación. En su afán por convencer a Carrero Blanco de la conveniencia del asociacionismo, pudo haber citado a Balmes al almirante: «es preciso no contar demasiado con los medios represivos, porque la experiencia los demuestra débiles».4 Puede que lo hiciese.

Por edad, por experiencia, por talante y por lo que hoy se llamaría sus «redes sociales», Martínez Esteruelas podría figurar, en esta historia contrafactual, como presidente del Gobierno en una monarquía que había elegido la senda de un continuismo evolucionista. Esta hoja de ruta incorporaría a su agenda una apertura prudente que, con cautela y con el tiempo, se acabaría sin traumas con el excepcionalismo político de España.

El hecho es que los datos biográficos de Martínez Esteruelas no eran muy distintos a los del también «desclasado» Adolfo Suárez (Cebreros, Ávila, 1932 - Madrid, 2014), salvando, eso sí, los méritos académicos del primero. Suárez fue un trepador más competitivo hacia las alturas del poder y, desde luego, el más telegénico de aquella quinta.

Instruido por Fernández-Miranda, Suárez cumplió la agenda reformista que deseaba don Juan Carlos. Pero es posible que un aperturista y profundo conocedor del aparato del Régimen como Martínez Esteruelas la hubiera implementado de muy parecida forma de haber recibido las órdenes pertinentes.

Sin necesidad de opositar a los grandes cuerpos del Estado, Adolfo Suárez subió los peldaños del Régimen hasta llegar a ser vicesecretario general del Movimiento en abril de 1975 a las órdenes de su mentor, Fernando Herrero Tejedor, que siendo gobernador civil en Ávila se fijó en él como un joven voluntarioso y cumplidor, y le nombró su secretario.

Fiscal de profesión y personaje político peculiar porque era un falangista muy próximo al Opus Dei, Herrero Tejedor (Castellón de la Plana, 1920 - Villacastín, Segovia, 1975) fue en aquel momento el máximo animador del asociacionismo. El fatal accidente de coche que sufrió encaja en la historia de «¿y si...?». De no haber muerto a los tres meses de su nombramiento, el aperturismo en la undécima hora del Régimen podría haber tomado otros derroteros. Contaba para ello con Martínez Esteruelas y contaría con Suárez.

Herrero Tejedor, abanderado del asociacionismo, fue nombrado ministro secretario general del Movimiento por Arias Navarro en marzo de 1975 para dar algo de credibilidad a su política aperturista, y es posible que este rara avis del franquismo le hubiese dado más contenido e impulso al último cartucho evolucionista que quemaba un régimen que tocaba a su fin.

Por lo pronto, Herrero Tejedor sucedió al frente del Movimiento a José Utrera Molina (Málaga, 1926), un ultra de puras esencias joseantonianas cuya tenaz oposición a cualquier apertura del Régimen llegó a ser un embarazoso estorbo incluso para Arias Navarro

Utrera Molina, que abogada por la movilización falangista de la juventud y la vuelta del franquismo a sus orígenes, no quería saber nada de un asociacionismo que cuestionase la dirección del partido único. Fue ministro de Vivienda –una cartera «social» que los leales falangistas tenían poco menos que en propiedad– con Carrero Blanco, y Arias Navarro le nombró para el puesto muy político de la Secretaría General del Movimiento.

Fue un nombramiento incomprensible, dado que el aperturismo teóricamente encabezaba la agenda gubernamental. Se entiende solamente como un gesto de Arias Navarro hacia el Pardo y el Búnker. En su celo falangista y su hostilidad a don Juan Carlos, Utrera Molina cruzó varias líneas rojas y esto le costó su cese.

Al reemplazarle por Herrero Tejedor, Arias Navarro optó por quien estaba en las antípodas –dentro del Régimen– de Utrera Molina. Sin embargo, Arias Navarro raramente daba un paso adelante sin, a continuación, dar otro hacia atrás.

Muerto Herrero Tejedor, nombró para la jefatura del Movimiento a José Solís, que ya había ocupado el puesto de 1957 a 1969 cuando fue, como falangista, un locuaz crítico de López Rodó y de los desarrollistas del Opus Dei. Por ello fue bienvenido en el Gobierno antitecnócrata y anti-Príncipe.

Solís había intentado, sin éxito alguno, promover lo que llamaba «asociaciones de opinión pública» a la luz de la promulgación en 1967 de la Ley Orgánica del Estado, pero su perfil ya era el de un fiel inmovilista que reconfortaba a la camarilla de El Pardo y al lobby ultra. Solís, nombrado ministro de Trabajo en el primer gobierno de la Monarquía, fue el único ministro civil que Carlos Arias Navarro pudo rescatar de su anterior Ejecutivo. Junto con el propio Arias Navarro y salvando a los ministros militares, Solís fue el único franquista químicamente puro en aquel gabinete. Él y Arias Navarro fueron los «últimos de Filipinas» que aguantaron hasta el saqueo aperturista que supuso el desembarco de Adolfo Suárez.

La vuelta de Solís en junio de 1975 a su antiguo puesto de la Secretaría General fue un retorno irónico puesto que el difunto Herrero Tejedor había sido su vicesecretario en aquella etapa anterior y acabó dimitiendo del puesto, paso más bien inaudito en esos tiempos, por la incomodidad que le suponía el cruce de fuego entre «azules» y tecnócratas.

Por descontado, la llegada de Solís supuso la inmediata salida de Suárez de la esfera del poder. Muerto Herrero Tejedor, su voluntarioso discípulo salió por la puerta de atrás de la Secretaría General del Movimiento. Su destierro duró poco más de seis meses porque, al morir Franco, volvió por la puerta grande del número 44 de la madrileña calle de Alcalá. La sustitución del veterano Solís –a quien el aperturismo ya le daba bastante igual– por Suárez fue otra ironía añadida.

Los tímidos intentos de Arias Navarro para promover el asociacionismo en los dos años anteriores habían sido un fracaso. Su desgana a la hora de ensanchar la base política del Régimen era conocida. Hasta la más prudente de las propuestas de aperturismo le llenaba de desconfianza. Sin embargo, al estrenarse el reinado de don Juan Carlos, el impenitente franquista no tuvo más remedio que nombrar como jefe del partido único a un joven político que no solamente creía en el asociacionismo sino que había encabezado una asociación política.

En este caso, no es que Arias Navarro diese un paso adelante, sino que fue empujado a darlo. Puso a Suárez al frente del Movimiento a instancias de su viejo rival, Torcuato Fernández-Miranda, que también volvía al poder en el puesto clave de presidente de las Cortes. De hecho, la mano invisible de don Juan Carlos puso todas las piezas ministeriales en el tablero de aquel Gobierno. La permanencia en él de Solís fue un solitario brindis al pasado.

En cuestión de meses, con Arias Navarro defenestrado, Adolfo Suárez aceptaría con todas sus consecuencias el pluralismo propio de una democracia de corte europeo. Pero, al ocupar el sillón ministerial de la Secretaría General del Movimiento en el primer gobierno de la Monarquía, su recuerdo era para el hombre a quien le debía todo y que había muerto en un accidente de coche seis meses antes.

Con la vista puesta en un futuro en el cual los partidos se llamarían por su nombre, Herrero Tejedor había alentado la creación de una asociación llamada Unión del Pueblo Español (UDPE) con la intención de agrupar bajo estas siglas a lo más modernizador del franquismo. Sobre el papel, la idea no tenía vuelta hoja.

Se trataba de unir en UDPE al llamado franquismo sociológico para que las esencias de un régimen católico y conservador, que velaba por la paz y el progreso de los españoles, pudiesen sobrevivir a la muerte de su fundador. UDPE se organizaría de arriba abajo desde la misma Secretaría General del Movimiento, y el mismo Régimen se encargaría de tomar la brocha y pintar la fachada franquista con tonos atractivos para las nuevas sensibilidades e inquietudes generacionales.

Utrera Molina, su antecesor en el cargo, quiso retroceder en la historia a los orígenes del partido totalitario, pero Herrero Tejedor era un hombre aperturista, a caballo entre la Falange y el Opus Dei. Ideó la UDPE con vistas al futuro y encomendó a Suárez, su brazo derecho en el Movimiento Nacional, la tarea de lanzar la asociación.

Fue un caramelo envenenado. Los grandes budas del sistema no quisieron saber nada de la iniciativa. Pocas estrategias ilustran mejor la ceguera de algunos iluminados del tardofranquismo como su creencia de que la salida natural del Régimen hacia el pluralismo era la organización de asociaciones políticas del agrado del Movimiento Nacional. Adolfo Suárez dio buena muestra de su incultura política en aquel momento al recoger la antorcha que le ofreció su superior y su mentor. Entonces vivía en la «burbuja».

López Rodó, que vivía su propio ostracismo por Arias Navarro como exiliado al frente de la embajada en Viena, estaba ya de vuelta del dirigismo desde arriba. Llamado a ser uno de los máximos dirigentes de la UDPE, dijo sin rodeos que lo que predominaba en la asociación promovida por Herrero Tejedor y encabezada por Suárez era un «desecho de tientas» del partido único. El proyecto asociacionista le pareció «un engendro».5

Manuel Fraga Iribarne llevaba tiempo desintoxicándose del Movimiento en la embajada de Londres y limpiándose del polvo que había acumulado en su paso por las moquetas del Régimen. También rechazó la oferta de dirigir UDPE porque la consideraba «continuista más que reformista».6 Fraga ya estaba en la realidad de las cosas con su proyecto de un partido político sin más, como el Partido Conservador británico que había llegado a conocer bien.

Un tercero que se mantuvo al margen fue José Miguel Ortí Bordás (Tous, Valencia, 1938), cuya trayectoria fue parecida a las de Martínez Esteruelas y Suárez, ya que había sido vicesecretario general de Movimiento Nacional a las órdenes de Torcuato Fernández-Miranda entre 1969 y 1971 y procurador en Cortes. Para entonces, Ortí Bordás estaba claramente alineado con el reformismo y consideró que la UDPE iba a ser «la asociación de quienes, en el fondo, no quieren las asociaciones».7

Suárez, que quiso asociaciones en la última etapa del tardofranquismo, no quiso saber nada de Ortí Bordás cuando las cosas cambiaron al año siguiente y se hablaba de partidos políticos y de elecciones. Su antiguo compañero azul no tenía cabida en su Gobierno y ni siquiera en UCD. Ortí Bordás se presentó en Castellón como independiente en las elecciones de 1977, sacó acta de diputado y, más tarde, se incorporó a las filas de Fraga Iribarne.

Ortí Bordás no fue el único reformista de pedigrí franquista en sufrir la animadversión de un Adolfo Suárez que, celebrado como Mr Democracy, pasó a ocupar la portada de la revista Time. Parecida suerte corrió Martínez Esteruelas, que, al ser cesado como ministro de Educación a la muerte de Franco, pasó a presidir la UDPE sustituyendo a Suárez, que fue nombrado ministro secretario general del Movimiento Nacional en el primer gobierno de la Monarquía. Suárez le dio la espalda a Martínez Esteruelas y también a la asociación política que en su día constituyó y cuya muy franquista junta directiva presentó a Franco.

Martínez Esteruelas hizo lo único que cabía hacer cuando Suárez renunció a su pasado político, abrazó el centrismo y despegó con el Airbus de UCD ocupando la cabina como comandante. Unió UDPE a la Alianza Popular (AP) de Fraga Iribarne y él se presentó sin éxito como candidato al senado por Teruel, la patria chica de sus padres. Luego, sin rencor, abandonó la política y de la asociación política que ideó Herrero Tejedor no se supo más.

Otro marginado fue Fernando Suárez (León, 1933), idealista del Sindicato Español Universitario (SEU) como estudiante, procurador contestatario y miembro de lo que Martín Villa llamó «la generación de la Transición», y ministro de Trabajo en el último Gobierno de Franco. Fernando Suárez hizo un importante servicio a la Transición cuando, como procurador, defendió con brillantez la Ley para la Reforma Política ante las Cortes.

Sin embargo, habiendo llegado a la frontera de la Tierra Prometida democrática, Fernando Suárez no pudo entrar en ella. Adolfo Suárez le estrechó la mano al aprobarse la reforma política y no le recibió cuando quiso ser incluido en la lista electoral por León de UCD. En 1982, Fernando Suárez sacó acta de diputado por su provincia natal en las filas de AP.8

En una historia contrafactual, que elimina la muerte de Carrero Blanco y permite la llegada sin contratiempos del «Gobierno del Príncipe como continuista del Régimen» al desenlace final de la muerte de Franco, López Rodó podría posiblemente haber encabezado, durante un tiempo prudencial, el primer gobierno de la Monarquía tras la dimisión de Carrero Blanco.

El hombre del desarrollismo no hubiera sufrido lo que llamó su propio «ostracismo» en la embajada de Viena, de igual forma que Torcuato Fernández-Miranda, el candidato obvio del Rey para presidir las Cortes, no hubiera padecido el suyo como presidente del Banco de Crédito Local.

Nadie, al fin y al cabo, había hecho tanto en el Régimen como López Rodó por conseguir el nombramiento de don Juan Carlos como sucesor de Franco, y él mismo se encargó de explicarlo en su testimonio La larga marcha hacia la Monarquía. Pero el jefe de los tecnócratas resultó ser también otro damnificado de la historia real. Quizá el más ilustre.

Gonzalo Fernández de la Mora, el intelectual integrista que infravaloraba toda ideología salvo la suya y que fue ministro de Obras Públicas entre 1970 y 1973, le propuso al Rey el nombre de López Rodó como sustituto de Arias Navarro al morir Franco. Don Juan Carlos lo descartó diciendo que López Rodó llevaba «plomo franquista en las alas».9 Es dudoso que don Juan Carlos pensase eso de López Rodó dos años antes cuando era ministro de Asuntos Exteriores y pilar, útil y leal, de «su» Gobierno como sucesor a la espera. Demócrata tenue en vida de Franco, López Rodó votó como procurador a favor de la Ley para la Reforma Política y de la Constitución de 1978 como diputado de AP por Barcelona.

Lo del «plomo franquista» lo aprendió don Juan Carlos cuando Arias Navarro le apartó de los asuntos de Estado y él comenzó a conocer «otra» España. No hubiera dicho tal cosa en una historia contrafactual. En la historia real, Adolfo Suárez tuvo la suerte de llevar «poco plomo» cuando pudo haber tenido mucho.

CAPÍTULO 9

Don Juan Carlos y la sucesión

Don Juan Carlos no quiso gobernantes en su reinado que llevasen «plomo franquista en las alas». Esta decisión real era la consecuencia de su percepción de cómo la fruta madura significaba que la normalidad sociopolítica del pueblo español sobrepasaba ampliamente las estrecheces del Régimen. Dicho de manera no pedante, el fruto a punto de caer decía: «¡Fuera franquistas!».

El instinto no le falló a don Juan Carlos. La norma de «adiós franquismo, adiós» la compartía cualquier observador con criterio, y el abrumador deseo de acabar con la excepcionalidad del Régimen se manifestó en el referéndum para aprobar la reforma política al año de morir Franco. A este discernimiento se unía, en el caso de don Juan Carlos, un profundo afán de ser él quien recogería y repartiría la fruta madura.

El Régimen se había metido en un callejón sin salida a la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, y la única política que le cabía al sucesor del dictador era enterrarlo lo más pronto y eficazmente posible, utilizando para ello a cuantos franquistas estuvieran dispuestos a actuar de sepultureros. La corazonada de don Juan Carlos de hacer exactamente esto se debió a sus años de ostracismo político cuando «todo cambió» para él con el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco.

Don Juan Carlos pudo ser un testigo crítico de la última fase del tardofranquismo porque su criterio mejoró gracias a miembros de la oposición, a quienes conoció entonces por primera vez. Entendió los estragos que causaba el inmovilismo político en una sociedad que estaba en pleno movimiento. Es posible que su discernimiento hubiera sido otro, al menos en el corto plazo, si hubiera continuado hasta la muerte de Franco aquel Gobierno hecho a su medida que encabezó Carrero Blanco. ¿Hubiera hablado entonces don Juan Carlos, desde el primer momento, de «plomo franquista en las alas»?

Por lo pronto, lo que heredaba el sucesor era la estructura del franquismo y unos muy torpes gestores del Régimen. Optó inteligentemente por servirse del ordenamiento existente para transitar a otro radicalmente distinto. Pero se equivocó, aunque la estrategia sobre el papel era buena, cuando reafirmó a Carlos Arias Navarro en su puesto al frente del Gobierno.

Fue una decisión coyuntural y aparentemente prudente. Era mucho más práctico, y a la vez un ejercicio de táctica sensata, tener por un tiempo al leal franquista dentro de un Gobierno compuesto por ministros aperturistas, que él jamás hubiera nombrado por su cuenta, que aguantar su resentimiento y su oprobió por haberle despachado de entrada al margen del poder.

La decisión de sustituir a Arias Navarro por Adolfo Suárez, cuyo «plomo» era de mucho menor calibre, fue igualmente oportunista aunque muy audaz. Si el primer nombramiento fue un error, el segundo, incomprendido y criticado por oposición y Régimen al unísono cuando se anunció, fue un acierto.

Ambas decisiones, contingentes al momento histórico, han de ponerse en el contexto de una ambición superior del Rey, que era llegar a esa «otra cosa» por la vía no continuista que, en la década anterior, le explicaba Julián Marías a don Juan, conde de Barcelona. Cuando se rastrea el «Yo, Juan Carlos, y mis circunstancias», esta ambición de protagonismo está siempre presente, y eso intriga.

Don Juan Carlos pudo haber sido un príncipe playboy como tantos otros de dinastías destronadas, algunos residentes en Estoril y que conoció en su juventud. Pudo haber vivido alegre y egoístamente al margen de las intrigas políticas de su padre exiliado, mejorando su hándicap de golf, asistiendo a los saraos de la jet y cobrando piezas de caza mayor. Pudo haber rechazado rotundamente el sometimiento a la disciplina de las academias militares, a humillaciones varias y a rebajarse para conseguir la aprobación de las mediocridades que pululaban por El Pardo.

También pudo haber sido el «monigote» de Franco. De elegir este camino hubiera, sin duda, acabado siendo Juan Carlos «el Breve», pero quizá hubiera durado el tiempo suficiente en el poder para asegurarse un exilio dorado. Su primera parada y fonda en esa condición de desterrado –por otra parte, tan conocida por la familia Borbón– podría haber sido el Chile de Pinochet.

Intriga, por ello, su muy temprana fijación por ser él quien cosechara esa fruta que veía madurar. La explicación solamente puede hallarse en unos preceptos que adquirió desde la cuna en su ambiente familiar y que el mejor Franco robusteció. Se puede llamar patriotismo, sentido del deber, de la responsabilidad y de servicio. Todo eso y, también, una íntima conciencia de que él venía de donde venía y por tanto era quien era.

Lo que emerge es una personalidad compleja, muy seria y calculadora, que contrasta con la imagen campechana que don Juan Carlos gustaba exhibir. La sencillez de su perfil público le venía de forma natural y cimentó su popularidad. Se diría que en él se unió la circunspección de Felipe II con la simpatía de su longeva tía tatarabuela Isabel de Borbón y Borbón, primogénita de Isabel II y conocida como «la Chata», que fue el único miembro de la familia real a quien las autoridades republicanas no obligaron a salir de España el 14 de abril de 1931.

Como Príncipe, fue testigo de excepción de las luces y de las sombras del franquismo, y este conocimiento acumulado se tradujo en un muy firme y tenaz propósito de velar activamente por la mutación de España en una sociedad abierta, reconciliada, sin complejos y rebosante de oportunidades. La transformación pasaba por el finiquito del Régimen.

Su presencia activa en el proceso de cambio era inapelable. A su propósito se unía la no menos firme convicción de que la Monarquía, instalada por Franco en su persona, era el singular cauce para hacer posible la metamorfosis de manera respetuosa, eficaz y a tiempo. Su liderazgo era indispensable.

Al ponerse por delante de una manifestación que pedía «otra cosa», don Juan Carlos quería, a la vez, una «cosa» muy particularmente suya, porque su propósito era doble. Quería una España constitucional que amparase las libertades públicas bajo el imperio de la ley y quería la Monarquía parlamentaria como forma de Estado.

Don Juan Carlos juró las normativas del Régimen para ser sucesor de Franco un año después del nacimiento de su hijo, don Felipe. Al hacerlo, se aseguró de heredar un reino que no tenía rey. Pero su propósito no era ser el titular de una Corona «instalada» por Franco y sujeta a sus principios y a sus leyes. Tampoco, con ese juramento, era «restaurar» la Corona histórica de España, porque esto sólo lo podía hacer su padre, don Juan, el legítimo heredero de Alfonso XIII.

La ambición de don Juan Carlos era «fundar» una monarquía moderna, útil y constitucional en la que le sucedería, con toda normalidad, su hijo. Tenía que «reinventar» y hacer creíble para los españoles una institución que feneció al proclamarse la Segunda República y que llevaba más de medio siglo siendo denostada.

En resumen, don Juan Carlos era el continuador del Régimen, pero para reinar y restaurar la Monarquía en la dinastía de los Borbones, como él quería, no podía ser el continuista del franquismo. Esto lo tenía clarísimo. Lo tenían todos, salvo un puñado de retrógrados cavernícolas. Franco, que se sabía «irrepetible», aceptaba que, a su muerte, todo sería «distinto», y el cambio reconciliador y en paz lo deseaba, con mayor o menor consciencia, España entera.

La paradoja fue que, para no ser continuista en el medio plazo, don Juan Carlos tuvo que fingir y aparentar ser esto mismo al inicio de su reinado cuando fue aclamado por el mismo Régimen del cual él era el continuador.

Al ser proclamado Rey en las Cortes el 22 de noviembre de 1975, a los dos días de morir Franco, don Juan Carlos dijo: «Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la Patria».

Los procuradores, que llevaban toneladas de «plomo franquista» en sus alas, recordarían el anterior mensaje que dirigió don Juan Carlos al pleno de las Cortes, presididas por Franco, el 23 de julio de 1969: «Mi general, señores ministros, señores procuradores: plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar, como sucesor, a título de Rey, lealtad a su excelencia el jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino».

Aquella jura motivó, inevitablemente, la áspera ruptura entre don Juan y su hijo. Pero en su discurso ante el pleno, don Juan Carlos hizo una referencia a su linaje que se tomó poco en cuenta entonces y después.

Perdida en el texto de su alocución de 1969 había una alusión a cómo don Juan había obtenido la adhesión de la Comunión Tradicionalista y puesto fin, hasta donde era posible, al centenario pleito de los carlistas. En sus palabras de agradecimiento y de reconocimiento de las responsabilidades asumidas, don Juan Carlos tuvo especial interés en certificar, si bien de manera fugaz, su otra «herencia». «Pertenezco, por línea directa, a la Casa Real española y, en mi familia, por designios de la Providencia, se han unido las dos ramas», les dijo el recién nombrado sucesor de Franco a los procuradores. «Confío en ser el digno continuador de quienes me precedieron.»

¿De quién, además de Franco, era «continuador» don Juan Carlos de Borbón y Borbón? ¿De Alfonso XII, el «Pacificador»? ¿De Alfonso XIII, que cometió errores de bulto y perdió su trono al igual que otros monarcas europeos en la turbulenta época en la que le tocó reinar? ¿De su padre, don Juan, el pretendiente al trono que deseaba ser el Rey de todos los españoles y que vivió más de dos terceras partes de su vida fuera de España? A ningún procurador se le ocurriría hacerse estas preguntas.

En la euforia franquista de ese pleno de la jura que ponía nombre y apellido a la continuación del Régimen, tampoco se le prestó mucha atención al compromiso que enunció el Príncipe con la disidencia crítica de quienes, como él, no hicieron la guerra. La identificación generacional es el párrafo de aquel discurso que más suena al «genuino» don Juan Carlos:

Estoy muy cerca de la juventud. Admiro en ella, y comparto, su deseo de buscar un mundo más auténtico y mejor. Sé que en la rebeldía que a tantos preocupa está viva la mejor generosidad de los que quieren un futuro abierto, muchas veces con sueños irrealizables, pero siempre con la noble aspiración de lo mejor para el pueblo.

Rey a una edad muy joven, fue notable su incomodidad con los «mayores», con Carlos Arias Navarro, José María de Areilza, Manuel Fraga Iribarne y con otros que le daban «lecciones». La excepción fue Torcuato Fernández-Miranda, que, en lugar de ponerle deberes, le daba apuntes. La querencia de don Juan Carlos fue hacia políticos que se habían labrado su propia carrera y que tenían unos pocos años más que él, como Adolfo Suárez, o unos pocos menos, como Felipe González.

En su proclamación como Rey en el pleno de las Cortes a los dos días de morir Franco –«en esta hora cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir»–, y cuando las colas seguían eternas en la plaza de Oriente para rendir homenaje al dictador, don Juan Carlos lanzó varios mensajes a quienes quisieran oírlos.

Desde la agencia Reuters, al igual que todos los compañeros cronistas nacionales y extranjeros que yo admiraba, destaqué los siguientes: «Hoy comienza una nueva etapa en la historia de España»; «Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional»; «Soy consciente de que un gran pueblo como el nuestro, en pleno periodo de desarrollo cultural, de cambio generacional y de crecimiento material pide perfeccionamientos profundos»; «Escuchar, canalizar y estimular estas demandas es para mí un deber que acepto con decisión».

Comprendí que, en aquel pleno de las Cortes del 22 de noviembre de 1975, don Juan Carlos no pudo decir más. Sabía que no se consideraba «atado y bien atado» y pensé que, aunque calló muchas cosas, había dicho lo suficiente. También se me ocurrió que la pluma de José Joaquín Puig de la Bellacasa había sido una de las varias que contribuyeron al discurso.

Un corto recorrido en el tiempo fue suficiente para demostrar que la decisión coyuntural del Rey de retener como presidente del Gobierno a Carlos Arias Navarro fue tanto un error «sin paliativos» como desastrosa fue la gestión del veterano franquista. Los meses de creciente tensión política al comienzo del reinado desembocaron en la crisis del 1 de julio de 1976, cuando Carlos Arias Navarro fue cesado y don Juan Carlos nombró a Adolfo Suárez para sustituirlo dos días después.

Arias Navarro, que jamás confió en don Juan Carlos, no quiso desatar el franquismo, y Suárez estaba deseoso de hacerlo porque el éxito de su vida política se había basado mayormente en cumplir con entusiasmo y agrado lo que le pedía su superior. En este caso, entendió a la perfección que el Rey no contemplaba ser el continuista del Régimen, y lo hizo por intuición, porque Suárez no tenía por qué conocer las «circunstancias» de quien le mandaba desarrollar con la máxima brevedad una profunda reforma política.

En la biografía de don Juan Carlos –desde que llegó a España en 1948 con diez años a estudiar el bachillerato hasta que, con treinta y cinco cumplidos, se convirtió en el «motor», o el «piloto», del cambio político– hay dos despedidas rupturistas que están enlazadas.

Rompió primero con su padre al aceptar ser el sucesor de Franco, y rompió después con el franquismo que heredó. Fueron quebrantos de mucha enjundia, y la experiencia de solamente una de tal característica marca a quien la incita. Superar dos con gallardía está reservado a muy pocos.

En la segunda despedida, don Juan Carlos se reconcilió con su padre porque, al enterrar el Régimen, consiguió lo que su progenitor siempre quiso y no pudo hacer. Por ello, existe la tentación de explicar estas despedidas de una manera sencilla, amable y tan circular como es la vida misma. El Rey heredó a Franco pero «sucedió» a su padre, don Juan.

Según este relato, hubo unos años de malentendidos y de distanciamiento entre el padre y el hijo que tuvieron lugar entre la jura como sucesor de Franco en 1969 y la muerte del dictador en 1975. Pero, siguiendo también este relato, no hay que exagerar la frialdad de las relaciones. Duró lo justo, y muy pronto todo se arregló. Sin embargo, el asunto no fue así de simple, de cándido y de natural. Hubo, en cierta manera, una reconciliación pero no de forma inmediata.

Los problemas comenzaron con el paso de don Juan Carlos por las academias militares de Zaragoza, Marín y San Javier entre 1955 y 1959. Aumentaron cuando el Príncipe se emancipó de su familia y creó la suya, al casarse con doña Sofía de Grecia en 1962 e instalarse el matrimonio en el Palacio de La Zarzuela, próximo al de El Pardo.

Los malentendidos con el progenitor se desatan casi siempre en el comienzo de la vida independiente de todo joven que pasa a ser adulto y a formar su propio hogar. En las familias reales las tensiones generacionales entre el «jefe» y su sucesor suelen ser especialmente problemáticas. En este caso, el distanciamiento, sin camino de retorno por mucho tiempo, se produjo mucho antes de la jura de 1969 y se escenificó en un acto muy concreto que se celebró en Estoril a comienzos de marzo de 1966. Oficiaba don Juan un solemne homenaje a Alfonso XIII, y don Juan Carlos no acudió a Estoril.

La agonía y la muerte de Franco tampoco reconciliaron al hijo con el padre. En aquel tiempo, don Juan Carlos sospechaba que don Juan podía cometer una fatal imprudencia que comprometería a la Corona. Temía, no sin razones, que su padre podría firmar un manifiesto o hacer unas declaraciones que le servirían al Búnker para impedir su sucesión. El Rey a la espera se sirvió de intermediarios para impedir cualquier dislate del conde de Barcelona porque no había una línea directa entre La Zarzuela en el Monte del Pardo y Villa Giralda en Estoril.

Al morir Franco, don Juan no levantó bandera contra su hijo, el sucesor del dictador, ni renunció a los derechos históricos de la Monarquía española que heredó de su padre, Alfonso XIII. Esperó hasta el 14 de mayo de 1977, casi un año y medio después de la proclamación de don Juan Carlos como Rey por las Cortes para traspasar a su hijo los títulos y privilegios y la jefatura de la familia y de la Casa Real de España. En este intervalo, el Rey seguía siendo Juan III para los monárquicos legitimistas.

Al repasar estas despedidas rupturistas uno llega a la conclusión de que don Juan Carlos tuvo ya desde una temprana edad una idea autónoma de lo que iba a ser y cómo lo iba a lograr. Tenía su propio plan, y ni Franco ni el conde de Barcelona participaban en su hoja de ruta. Emprendió su camino cuando su padre y el dictador acordaron que estudiase el bachillerato en España.

La decisión fue tomada por don Juan, que actuó a espaldas de sus consejeros, y por Franco meses después de la promulgación por el Régimen de la Ley de Sucesión de 1947, que constituía España en Reino y le otorgaba al dictador, jefe del Estado vitalicio, la facultad de nombrar su sucesor a título de Rey.

Al conde de Barcelona le indignó, comprensiblemente, esta ley que violaba el principio dinástico de la Corona. La calificó como un «caudillaje electivo» que pretendía «pura y simplemente convertir en vitalicia» la dictadura personal de Franco.1 Pero, a la vez, le debió de causar impacto el comentario de Esteban Bilbao, el presidente de las Cortes que la aprobó: «si la Monarquía ha de venir, vendrá con Franco o no vendrá».2

Don Juan envainó su orgullo y aceptó jugar según las reglas de una Ley de Sucesión que, al menos, reconocía que España era un Reino. La consecuencia fue que aceptó pactar con Franco la educación de su hijo.

La llegada de don Juan Carlos a Madrid en 1948 fue el resultado de la primera de las tres únicas decisiones en las cuales Franco y el conde de Barcelona, rivales y competidores desde el final de la guerra civil, se pusieron de acuerdo. Todas ellas tuvieron que ver con el Príncipe. Al acabar don Juan Carlos el bachillerato, el dictador y el pretendiente al trono acordaron su formación militar y, después, negociaron los nombramientos de una comisión académica que organizaría sus estudios universitarios.

Ya en el primer acuerdo hubo un importante malentendido. Don Juan le explicó al infatigable legitimista Jaime Miralles (San Sebastián, 1920 - Madrid, 2003), un demócrata de mucho decoro y otro más de los confinados en Canarias por haber asistido al «Contubernio de Múnich» de 1962, que si enviaba a don Juan Carlos a España «es claro que el Príncipe le representaba a él en España y que venía a España por ser el Príncipe y heredero». Don Juan razonaba que lo que se hiciese con el Príncipe se hacía con su dinastía y por tanto con él, que era el titular. Pensaba «que todo eso, si en algún modo se exteriorizaba ante el país, sólo podía ser favorable a una futura restauración».3

Franco, sin embargo, nunca pensó que don Juan Carlos venía a España para allanar el camino al trono a su padre. Con sus estudios de bachillerato, el Príncipe comenzaba una formación que, si se aplicaba, le prepararía para ser su sucesor y no el de don Juan. Esto era muy obvio para quienes conocían a Franco y su manera de proceder y lo era también para los adictos a la causa monárquica. Don Juan no lo quiso ver.

Lo que temían los leales juanistas que pertenecían al Consejo Privado del conde de Barcelona era precisamente la «adopción» del Príncipe por Franco, y por eso se opusieron a su traslado a los diez años a España. Querían que don Juan Carlos se educase lejos del Régimen y Miralles le dijo, con toda crudeza, a don Juan que no había «derecho a someter al Príncipe a una tentación gravísima de deslealtad».

Los temores resultaron ser proféticos, pero el conde de Barcelona no hizo caso a sus consejeros. «Recibo noticias de que todas las personas del campo monárquico están en contra de la ida del Príncipe [a Madrid]», anotó José María Gil - Robles en sus memorias. «La verdad es que el Rey [don Juan] nos ha tratado como Franco trata sus ministros.»4

Miralles y los demás legitimistas volvieron a la carga cuando don Juan Carlos acabó su bachillerato en 1954. Su consejo era que el Príncipe fuese enviado a Bélgica para estudiar en la Universidad Católica de Lovaina, que, según don Juan le transmitió a Franco, tenía «una gloriosa tradición española y la más sana orientación moral y religiosa». El dictador dijo que no.

En este segundo acuerdo, Franco enseñó sus cartas. Le escribió a don Juan que, en adelante, la formación del Príncipe la debería marcar «quien tiene la máxima responsabilidad sobre la nación», es decir, él, y sugirió el ingreso de don Juan Carlos en «un establecimiento militar entre un grupo de cadetes de su generación con los que pueda convivir». Y así se hizo.5

De haber seguido el conde de Barcelona los consejos de sus fieles asesores, probablemente no hubiera habido distanciamiento alguno entre él y su hijo. Tampoco, y esto con toda seguridad, hubiera sido rey don Juan Carlos al morir Franco. Con igual certeza cabe pensar que la formación del Príncipe en las academias militares fue muy útil para retener la lealtad de los tenientes generales, las temidas «fuerzas fácticas», y defender el marco constitucional frente a golpistas. Franco, al igual que Antonio Cánovas del Castillo con Alfonso XII, tuvo la perspicacia de apostar por un «rey soldado». Franco no quería que le sucediese un regente miliar y Cánovas tenía fobia a los espadones que organizaban gobiernos en las cuadras de los cuarteles. En los sucesivos acuerdos entre don Juan y Franco sobre la educación y formación de don Juan Carlos, se fraguó justamente lo que no estaba en la mente de ninguno de ellos y que era la democratización de la dictadura por el Príncipe. Don Juan confiaba en utilizar a su hijo como palanca para reemplazar a Franco, y Franco quería que don Juan Carlos prolongase su régimen. El Príncipe aceptó disciplinadamente el plan de estudios impuesto, y con el tiempo fue cuajando su propósito de conseguir, por su cuenta, «otra cosa».

Jaime Carvajal, compañero de bachillerato de don Juan Carlos, recordó años después cómo señoras mayores se acercaban los fines de semana a Las Jarillas –la finca a las afueras de Madrid donde estudiaban en régimen de internado–, se arrodillaban delante del Príncipe y le besaban la mano porque veían en aquel niño de diez años «la reaparición de Alfonso XIII».

A don Juan le debió reconfortar mucho este fervor por la Corona, pero a su hijo le mortificó. Don Juan Carlos sabía que «tenía una posición especial y que no era un chico cualquiera» pero «no estaba acostumbrado» a tales manifestaciones monárquicas.6

El Príncipe estudió en un reducidísimo colegio privado, creado expresamente para él, junto con hijos de amigos de sus padres, y fuera del entorno escolar el ambiente era más bien adverso. Cuando el grupo se mudó al Palacio de Miramar en San Sebastián, donde «las condiciones de vidas eran realmente austeras», entre otras cosas porque no había calefacción, «el clima era relativamente hostil porque don Juan Carlos no era el Príncipe para nada, y cuando nos movíamos por ahí pues siempre había problemas y una situación ambigua», comentó Jaime Carvajal.

Según el catedrático de Filología Antonio Fontán (Sevilla, 1923 - Madrid, 2010), miembro del Consejo Privado de don Juan, tutor de don Juan Carlos en su etapa de estudios universitarios y presidente del Senado tras las elecciones de 1977, estos primeros años del Príncipe cuando llegó a Madrid, después de haber estado en Suiza y en Portugal y haber cambiado de idiomas y de colegios, fueron algo «tremendo» que no se le desearía a nadie:

A partir de 1948, el Príncipe es un solitario con diez años, rodeado de señores mayores y de unos cuantos compañeros seleccionados para que juegue, y sin casa. El Príncipe no vuelve a vivir en su casa fuera de vacaciones. El Príncipe ha estado interno siempre, y al mismo tiempo con esa progresiva sensación de que él era algo distinto y de que él no podía ser como los otros chicos. Los señores mayores, el duque de Sotomayor, el que fuese diciéndole Alteza esto, Alteza lo otro. Lo de Alfonso XIII debió de ser parecido pero, al fin y al cabo, estaba en palacio.7

Carvajal afirmó que la soledad, la austeridad y los apuros fueron muy positivos. «Aprendió a enfrentarse con las dificultades y le endureció. A mi juicio forjó su personalidad.» Lo más duro para don Juan Carlos fue encontrarse en medio del fuego cruzado entre su padre y Franco.

Se soporta muy mal estar en campo de nadie reclamado por ambos bandos enfrentados. Lo que suele hacerse es evaluar fríamente la situación, calcular cuál de los dos contrincantes cuenta con más probabilidades de ganar y hacer todo lo posible para acercarse a él. Si ese campo está cerca, por ejemplo los pocos kilómetros de distancia que separan La Zarzuela de El Pardo, tanto mejor.

Don Juan Carlos zanjó el asunto el sábado 5 de marzo de 1966, día en el cual los monárquicos conmemoraban el vigesimoquinto aniversario de la muerte en Roma de Alfonso XIII.

Aquel año fue muy importante para el franquismo porque culminó con la aprobación de la Ley Orgánica que puso a punto todas las anteriores normativas del Régimen y, en teoría, lo proyectaba hacia el futuro. Aprovechando la señalada fecha para homenajear la memoria de su padre, don Juan quiso anticiparse a la batería propagandística franquista con un muy solemne acto en su residencia de Villa Giralda, que consistía en el juramento personal de lealtad a su persona por cada uno de sus sesenta y dos consejeros, de uno en uno y encabezados por don Juan Carlos.

La víspera del acto, el viernes 4 de marzo, acudieron a La Zarzuela el duque de Alba y José María Pemán, el autor teatral y poeta que presidía el Consejo Privado de don Juan, y el Príncipe les enseñó el billete que tenía para el avión a Lisboa a las once de la mañana siguiente. Sobre esa hora, el día siguiente, don Juan Carlos telefoneó a su padre y le dijo que estaba enfermo, que no estaba en condiciones de acudir al acto y que cancelaba el viaje:

Estábamos cuatro o cinco personas en la antesala del despacho de don Juan, cuando le llamó el Príncipe –me contó dos décadas después Luis María Anson–. Don Juan empezó a hablar a voz en grito y no te puedo contar lo que dijo. Te estremecerías.8

Aquel día, don Juan Carlos se desmarcó con todas las intenciones de su padre ante los dos públicos que más le interesaban. Uno era el del entorno de Estoril, y muy concretamente el del Consejo Privado del conde de Barcelona. El otro era Franco.

Al no asistir al acto, el Príncipe le dijo al mundo monárquico que se olvidara de la unidad dinástica porque él no se consideraba el representante en España de Juan III. Don Juan reunió esa misma noche a sus más allegados y les dijo que su hijo había salido de su autoridad y que, por lo tanto, había que cambiar la política de la Monarquía porque durante todos esos años se había trabajado sobre la unidad dinástica.9

Más que el mundo monárquico de Estoril, que consideraba fuera de la realidad de lo que era una España en pleno desarrollismo, a don Juan Carlos le interesaba transmitir con su desmarque un mensaje a Franco. Al quedarse en Madrid en lugar de estar en Estoril, le dijo a Franco que podía contar con él para lo que hiciese falta.

Con su desplante, el Príncipe humilló a su padre ante sus fieles. La satisfacción de Franco fue fielmente anotada por su primo Francisco Franco Salgado-Araujo el 26 de marzo:

Hace días se negó [don Juan Carlos] a asistir a un consejo que tuvo lugar en Estoril bajo la presidencia de su padre, tomando como pretexto una ligera afección de vientre que padecía y que no le impidió visitarme acompañado por la Princesa. En la entrevista me dijo que no le agradaba asistir a dicha reunión política, aun cuando su padre tenía especial empeño en ello.10

Al atravesar el río Manzanares que fluye entre el Palacio de La Zarzuela y el de El Pardo aquel 5 de marzo de 1966, don Juan Carlos cruzó su propio Rubicón en su camino de suceder a Franco a título de Rey. Es dudoso que al hacerlo se dijese alea jacta est, como se cuenta que dijo Julio César cuando, al frente de sus legionarios, vadeó el río Rubicón en el noreste de Italia para enfilar Roma. Pero el Príncipe debió de ser consciente que ese día la suerte estaba echada. Tres años después, con los treinta años cumplidos según marcaban las previsiones sucesorias, Franco le nombró su heredero.

En el fondo, la ruptura dinástica fue un asunto generacional. El conde de Fontanar, por ejemplo, fue uno de los más inteligentes y leales consejeros de don Juan, pero su hijo, Jaime Carvajal, lo sería de don Juan Carlos.

Cuando se promulgó la Ley de Sucesión en 1947, Leopoldo Calvo-Sotelo fue con un grupo de impetuosos jóvenes monárquicos a la plaza de toros de Madrid a tirar octavillas que decían: «los reyes no se hacen. Los reyes nacen». Veinte años después, el ardiente defensor de los derechos de Juan III estaba alineado con don Juan Carlos.

Al futuro sucesor de Adolfo Suárez en la presidencia del Gobierno le molestó, como a todo legitimista, la ruptura dinástica que supuso la jura de don Juan Carlos como heredero de Franco. Pero, al igual que prácticamente todos los contados monárquicos de su generación, se hizo la misma composición de lugar que el propio don Juan Carlos. Para ellos la vuelta de la Corona primaba sobre el principió hereditario.

Calvo-Sotelo lo explicó años después y, sin aludir a él, repitió la misma reflexión del sagaz tradicionalista Esteban Bilbao cuando se divulgó la Ley de Sucesión: «El hecho es que España no es monárquica. No lo era en 1931, no lo era probablemente ya en 1923, pero lo era menos aún en 1969. Pero hay un señor raro que es Franco, y él sí era monárquico».

Para la generación monárquica que no hizo la guerra la meta no era recuperar la institución en sí. La apuesta de los jóvenes profesionales liberales que provenían de familias de tradición alfonsina era el fin de la excepcionalidad del Régimen. Unido a su lealtad y respeto por la Corona estaba el compromiso con la democracia, y ambos entusiasmos iban unidos.

Calvo-Sotelo declinó la invitación de formar parte del Consejo Privado de don Juan porque pensaba que su imagen «no estaba pegada a la sociedad española», y no creyó que la jura del Príncipe invalidara «la Monarquía parlamentaria que teníamos dentro y que queríamos que se hiciera».11 Fue un temprano juancarlista.

En el otro campo monárquico estaban los legitimistas que pertenecían, mayoritariamente, a la generación anterior. Su jefe de filas fue el abogado donostiarra Joaquín Satrústegui (San Sebastián, 1909-1992), que fundó, junto con Jaime Miralles, un grupo juanista y liberal llamado Unión Española en 1957 que, al vincularlo a la Unión de Centro Democrático (UCD) en las elecciones de 1977, le sirvió para conseguir acta de diputado por Madrid. Satrústegui, que llevaba el emblema democrático por participar en el Congreso del Movimiento Europeo de Múnich, el «Contubernio», en 1962, y ser desterrado como tantos otros opositores al Régimen a la isla de Fuerteventura, recriminó brutalmente por carta a don Juan Carlos haber vulnerado el principio dinástico hereditario al aceptar ser el sucesor de Franco. «Es de temer –le escribió al Príncipe el 20 de junio de 1969– que las nuevas generaciones radicalicen sus posiciones y que señalen a V.A. como causa de la prolongación del inmovilismo que va a sancionar la Monarquía para la que es llamado.»12 Don Juan Carlos no le hizo el menor caso como tampoco lo hizo la entonces pequeña banda juancarlista.

Jaime Carvajal nunca se sintió representado por Unión Española y Satrústegui. «¿Qué es mejor: el idealismo de Satrústegui de decir o don Juan o nada, o el pragmatismo de otros de los que dicen que si no puede ser el padre, que sea el hijo? Los pragmáticos apuestan por don Juan Carlos pensando que don Juan, al final, lo va a aceptar, como así fue, y apuestan por una institución que va a jugar un papel muy importante y muy positivo para el país, como así fue.»13

Unión Española fue un minúsculo partido ilegal que colaboraba con la oposición clandestina, y Miralles fue un notable defensor de encausados por motivos políticos. Unión Española no siempre contó con el apoyo de don Juan pero fue perennemente un bochorno para los monárquicos franquistas y sus líderes fueron sin cesar hostigados por el Régimen. Lo interesante de su ideario es que, lejos de concebir la Corona como un retorno a los privilegios de épocas pasadas, la institución estaba llamada a legitimar las libertades públicas.

La causa de Unión Española, que era la de don Juan, coincidía en su planteamiento emancipador con el propósito del Príncipe, pero don Juan Carlos dio la espalda a Satrústegui, a Miralles y a los demás cómplices del grupúsculo monárquico, lo mismo que se la dio a don Juan y a su Consejo Privado.

Ni los unos ni los otros supieron nunca de los planes para la democratización tras la muerte de Franco que el Príncipe compartía con miembros de la oposición moderada y la clandestina en sus encuentros discretos que celebró en La Zarzuela a lo largo de 1974 y 1975. Esto, que parece extraño, tenía toda la lógica en el diseño del Príncipe.

Don Juan Carlos no quería franquistas con mucho «plomo en las alas», pero tampoco quiso juanistas, que a lo largo de los años siempre tuvieron un billete de ida y vuelta a Estoril. Para cosechar la fruta madura contaría solamente con los miembros de su generación. Saldría del laberinto con ella.

Rodolfo Martín Villa lo resumió con lucidez: «Si se lo dejamos a los monárquicos tradicionales no hay Monarquía».14 Según el joven reformista del Régimen, los monárquicos tradicionales hubieran perjudicado a la Monarquía de haberla traído ellos. Esto lo entendió muy bien don Juan Carlos.

CAPÍTULO 10

El imparable ascenso de Felipe González

En las elecciones del 15 de junio de 1977 se reestrenó una obra que llevaba cuarenta años prohibida en España. Sin embargo, los españoles tenían alguna noción de ella porque la función se representaba continuamente en los países adonde emigraban como trabajadores manuales y de donde venían los turistas en busca de paella y playa, sol y sangría. Sabían lo que se tramaba sobre esas tablas pero todos los actores en el escenario democrático hispano, aspirantes a cargos electos y electores, eran principiantes.

Sólo quienes tenían setenta años cumplidos pudieron haber votado en las elecciones del 12 de febrero de 1936, las últimas democráticas celebradas en España. Únicamente dos dirigentes políticos, la comunista Dolores Ibárruri, «La Pasionaria», y José María Gil-Robles y Quiñones, al frente de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), habían sido diputados en las Cortes republicanas. La primera volvió al Congreso como diputada del Partido Comunista de España (PCE) por Asturias en 1977, y el segundo obtuvo un resultado humillante en las elecciones de ese año que le negó el acta electoral y le apartó definitivamente de la vida política. Los demás desconocían la partitura parlamentaria.

No menos novedoso fue el proceso de designación de candidatos y su ordenación en listas provinciales. Algunos partidos se estrenaban en el escenario político y otros, viejas compañías del teatro electoral, habían sido perseguidos hasta pocos meses antes del comienzo de la función. Hubo que improvisar mucho porque se habían olvidado habilidades como la elaboración de programas y la creación de carteles. Otras, como los guiones de programas audiovisuales y la organización de un itinerario de mítines aderezados por una música pegadiza de campaña, eran desconocidas. Las técnicas electorales no habían sido una asignatura política en la España del Movimiento Nacional. Para escalar a las alturas del partido único se requerían padrinos en lugar de votantes.

Las elecciones del 15 de junio de 1977 fueron acertadamente descritas como la «Fiesta de la libertad». Con la salvedad de que no se presentaban candidaturas republicanas, el entusiasmo que generaron admitía comparaciones con las municipales del 12 de abril que desterraron a Alfonso XIII. Participó el 79% del electorado, cifra solamente superada por la de las elecciones de 28 de octubre de 1982, que dieron una contundente mayoría al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y en las que se presentaron 4.537 candidatos a los 350 escaños del Congreso y 937 a los 207 del Senado.

Las primeras elecciones del reinado de don Juan Carlos fueron a todos los efectos «fundacionales», en el sentido de que contribuyeron a deslegitimar el régimen anterior y legitimar uno nuevo.1 Al ser comicios a unas Cortes constituyentes definirían los parámetros de la democracia que se estrenaba. Y es en ellas, en el proceso electoral y en el marco que estableció, donde se puede apreciar el comienzo de una fermentación que convirtió la fruta madura en una manzana podrida.

El desarrollo de la descomposición tuvo distintos puntos de inicio. Uno de ellos fue el acalorado debate que mantuvo la dirección del PSOE para fijar las líneas maestras de su campaña. El asunto fue acordar la estrategia más eficaz y certera para ganar cuantos más votos fuese posible en las elecciones inaugurales. Alfonso Guerra (Sevilla, 1940) recordaría casi veinte años después que la discusión fue «muy intensa, muy fuerte, incluso un poco tensa».2

El tema concreto sobre la mesa fue si la campaña debería ofrecer a los votantes un colectivo que personificara el ideario plural del partido y sus distintas tendencias y sensibilidades o, por el contrario, si el mensaje socialista debía centrarse exclusivamente en una persona que representara a todos y a todo.

A partir de la muerte en 1925 de su fundador, Pablo Iglesias, el PSOE se dividió en bandos rivales, en radicales y en moderados, que llegaron a enfrentarse físicamente y con violencia durante la Segunda República. Luego, en la penuria del exilio, las fracturas se diluyeron y los líderes de las distantes corrientes consiguieron cohabitar bajo un mismo techo. Ninguno ostentó la omnipresente autoridad que tuvo Iglesias a lo largo de los cuarenta y seis años que dirigió el partido.

La presunción de que bastaba con confiar en la fuerza de las siglas y en un grupo de notables socialistas que eran «libres, iguales, honrados e inteligentes», según la máxima de Iglesias, no era una idea peregrina de los más viejos. Los mandamases socialistas exiliados, cuyo cuartel general estaba en la ciudad de Toulouse, en el suroeste francés y a 90 kilómetros de los Pirineos, pensaban que muerto Franco, legalizado el partido y de vuelta todos ellos en España, lo único que había que hacer era abrir un kiosco del PSOE en la madrileña Puerta del Sol. Las colas para afiliarse llegarían, calle Alcalá abajo, hasta el paseo de Recoletos.

Fantasías como éstas le impacientaban a Alfonso Guerra, que al igual que Felipe González (Sevilla, 1942) fue elegido para formar parte de la Comisión Ejecutiva del PSOE en 1972, cuando los dirigentes del exilio admitieron la presencia de jóvenes del interior en la cúpula del partido. Los sevillanos González y Guerra, apoyados por el sindicalista de la Unión General de Trabajadores (UGT) Nicolás Redondo, que había sufrido varias condenas y era venerado por los militantes vascos y asturianos, tardaron dos años en jubilar a los exiliados y traerse la dirección del partido a España.

Guerra era el más versado en el tema electoral en aquella reunión de abril de 1977 en la sede del PSOE en Madrid. El entonces alter ego de González llevaba tiempo estudiando técnicas de captación de votos, había solicitado conocimientos y habilidades a partidos hermanos de la Internacional Socialista en una serie de viajes por capitales europeas y había formado un equipo de sociólogos dedicado a adaptarlas al contexto español.

En 1976, cuando el partido ya era tolerado pero formalmente seguía siendo ilegal, el equipo se convirtió en una sociedad anónima con el nombre, cuidadosamente elegido por Guerra, de Instituto de Técnicas Electorales, Proyectos Sociales y Organización Empresarial (ITE-PSOE). En él trabajaron Roberto Dorado, el futuro director de los «fontaneros» en la Moncloa socialista, y Julio Feo, jefe del Gabinete de González en su primera legislatura como presidente del Gobierno. Los jóvenes socialistas se prepararon con más esmero para la «Fiesta de la libertad» que ningún otro partido. De haber existido entonces redes sociales, las habrían dominado.

Como el reconocido experto que era en el tema, Guerra llevó la voz cantante en la reunión. La estrategia de la oferta electoral de un colectivo era una insensatez de unos históricos que ya no contaban nada en el partido. Acabó convenciendo a los demás de que «era necesario poner un rostro, una cara a la voz de un partido que llevaba 40 años debajo de las piedras».

Al comenzar la campaña para las elecciones del 15 de junio, el PSOE empapeló España con la imagen de un Felipe González que en marzo había cumplido treinta y cinco años. El líder lucía una camisa de cuadros, no llevaba corbata y miraba de frente de una manera intensa y hasta desafiante. Su estudiado look era el de un joven agricultor dedicado a mejorar sus tierras; el de un mecánico que pronto tendría su propio taller; el de un universitario que dominaba las asambleas de facultad durante las revueltas estudiantiles; el de un abogado laboralista cercano al pueblo porque venía de él. El lema, no menos retador que la mirada, era «La libertad está en tu mano».

El cartel decía «Vota PSOE» pero el mensaje, de manera poco menos que descarada, era «compra el nuevo líder del castizo partido de la izquierda española que era el de tus padres y de tus abuelos». El rostro de González decía que el PSOE sumaba a sus históricas siglas una nueva generación porque se había renovado con la frescura y la desenfadada ambición política que demanda un tiempo transformador. En su renovación, el PSOE eliminó el casi centenario logo de un yunque y un libro que eligió Iglesias, tipógrafo de oficio. Lo sustituyó por el de un puño que agarraba una rosa. Era un diseño moderno, según marcaban los cánones del marketing, y Guerra se lo pidió a los partidos hermanos de la socialdemocracia europea que lo utilizaban.

En aquellas elecciones del 15 de junio de 1977 la marca «Felipe» obtuvo el 29,3% de los votos emitidos, y 118 candidatos del partido socialista pasaron a ser diputados del Congreso. El «tirón» de González convirtió al PSOE en el partido de la oposición en un sistema político que se configuraba como bipartidista.

Aún más importante para los socialistas fue que el resultado de las elecciones inaugurales les convirtió en la fuerza hegemónica de la izquierda. La imagen de Santiago Carrillo, el veterano luchador antifranquista, no tuvo sex appeal alguno y los resultados del PCE, el entonces temido rival del PSOE, fueron patéticos: 9,3% de los votos y 20 diputados.

En aquella campaña se estableció el fenómeno de un liderazgo fuerte e incuestionable que, en adelante, sería una constante en el parlamentarismo español. Primaba la imagen del jefe, y su personalidad se imponía a las propuestas del programa, que quedaban en un segundo plano. El líder dominaba la campaña del partido, y el equipo con el que contaba para gestionar el poder tenía una muy escasa relevancia. Los talentos individuales de los demás no podían ensombrecer la figura del jefe.

La insistencia en el personalismo que articulaban las técnicas electorales de Alfonso Guerra introdujo una práctica duradera. Todo dirigente político aspiraría a ejercer un liderazgo urbi et orbe porque con ello iba su futuro político. Si no conseguía esa irrecusable autoridad sobre su grey sabía que más antes que después debería hacer las maletas y dedicarse a otros menesteres. El trabajo de equipo en torno a unas políticas compartidas no figuraba en el libreto de la obra política que se reestrenaba.

El mecanismo para consolidar esta autoridad era sencillo porque dependía del éxito del rostro y de la voz del dirigente. Si los resultados eran buenos, los militantes veteranos y potenciales rivales se callaban y obedecían disciplinadamente. No deberían hacer otra cosa porque el reparto de parcelas de poder dependía exclusivamente del juicio, o del capricho, del líder.

La frase «el que se mueva no sale en la foto», negación amenazante a todo intento de mantener un debate pluralista, fue atribuida a Guerra, aunque él negó después haberla dicho. La expresión fue celebrada como la máxima a seguir en el juego partidista de la España posfranquista cuando, en realidad, era una norma irrenunciable del anterior régimen.

Ya en aquellas primeras elecciones de 1977, el carisma se alzó como un factor determinante en la política nacional. Felipe González tenía este don, y su tirón electoral aumentó con la notoriedad que fue adquiriendo su cara y su discurso. Ningún sucesor suyo en el primer plano de la vida pública pudo igualar su lenguaje corporal.

Unión de Centro Democrático (UCD) también optó por la imagen de su líder con exclusión de cualquier otro reclamo. Su cartel electoral era el de un Adolfo Suárez de medio perfil, trajeado, camisa azul y corbata. Tenía la boca algo abierta y los ojos puestos en algo que estaba en la media distancia. El líder del partido oficialista podía ser un joven ejecutivo o un vendedor en la planta de ropa de caballeros de unos grandes almacenes.

El lema era diáfano: «Votar centro es votar Suárez». Se apostó por una mayoría silenciosa, por una España funcionarial que vivía con comodidad y que estaba vacunada contra extremismos políticos. Y por un jefe que ofrecía garantías de seguridad y buen hacer. Al igual que el PSOE, UCD forzó la máquina del culto personalista.

Los socialistas eligieron un rostro por razones tácticas, y los centristas lo hicieron por pura necesidad. El PSOE habría emergido de debajo de las piedras pero era un partido fundado en 1879 cuyas siglas formaban parte del ADN de la política nacional. Más que un partido, UCD era una versión democrática de las asociaciones políticas del tardofranquismo.

Organizado deprisa y corriendo como sindicato de intereses para presentarse a las elecciones y preservar el poder, UCD carecía de cualquier estructura de equipo, de experiencias compartidas y de referencias del pasado. Era una amalgama de ambiciones personales de distinta procedencia. En la práctica, Suárez era su único activo y en aquel momento su imagen tenía muchísimo valor.

En el recuerdo inmediato estaba el hecho de que Suárez, nombrado a dedo presidente del Gobierno por don Juan Carlos el año anterior, había impulsado la Ley para la Reforma Política. El juvenil González, el Carrillo venido del exilio, Manuel Fraga Iribarne y los franquistas evolucionados y tantos otros se presentaban a las elecciones fundacionales de la democracia posfranquista gracias a Suárez. El «puedo prometer y prometo» del líder de UCD todavía resonaba en el electorado.

La imagen centrada de Suárez, que era la más conocida de cuantas estaban en liza, obtuvo el 34,6% de los votos emitidos, y UCD consiguió 165 escaños en el Congreso. Los centristas sacaron cabeza y hombros al PSOE, la siguiente fuerza parlamentaria, pero se quedaron a 11 escaños de la mayoría absoluta en el hemiciclo. Fue un resultado aleccionador porque demostraba que el señuelo de Suárez tenía sus límites.

Fue, también, un desenlace decepcionante dadas las circunstancias, y lo era, sobre todo, para alguien criado en la cultura de las adhesiones inquebrantables. Lo normal hubiera sido una victoria mucho más abultada para el político cuyo arrojo había puesto fin a la dictadura. Otros, con mucho menos en su haber, consiguieron mayorías absolutas.

A partir de las elecciones de 1977, el liderazgo de González fue en aumento y el de Suárez viajó en dirección inversa. En marzo de 1979, con la Constitución aprobada por referéndum, hubo nuevas elecciones y el resultado, que fue parecido, reforzó el bipartidismo existente en aquel momento. UCD ganó de nuevo con 167 escaños en el Congreso de los Diputados, dos más que en 1977, y el PSOE mejoró su representación por un no menos modesto margen al sumar otras tres actas para un total de 121 escaños.

Suárez no fue correspondido electoralmente ni por la audacia de la Ley para la Reforma Política que impulsó ni por el acuerdo que logró para una Constitución cuyo irreprochable consenso democrático no tenía precedentes entre cuantas habían tenido lugar en el pasado. Es posible que operara un sexto sentido entre los votantes, que prefirieron repartir el poder en lugar de otorgarlo a un solo partido. Y menos a una sola figura.

En cualquier caso, Suárez no supo capitalizar sus logros políticos como lo hubiera hecho un político más cínico que él y más versado en los navajazos de la democracia competitiva. Pero no es menos cierto que el electorado, con ese «sexto sentido», no estaba por la labor de que acopiase todas las medallas. Se convenció de que la llegada de la democracia fue un mérito colectivo cuando lo fue sólo en parte. La fruta madura había caído del cielo y, a toro pasado, se diría que todo había sido bastante fácil, normal y predecible.

La relativa debilidad de Suárez ante el votante provocó un doble acoso a su legitimidad que acabó derribándole. Se convirtió en el blanco de un fuego nada amigo desde sus propias filas y de una campaña desautorizándole que fue muy hábilmente orquestada por el PSOE. Los socialistas entendieron perfectamente lo que las distintas familias de UCD ignoraban con sus permanentes disputas internas. Suárez no ganaría mayorías absolutas pero González y Guerra sabían que el presidente del Gobierno era el enemigo a batir porque el mejor cartel electoral que tenía el centro-derecha era incuestionablemente el de Suárez.

La segunda legislatura parlamentaria de la recién estrenada democracia fue espantosa para Suárez y espléndida para González. La explicación básica de sus distintas fortunas fue que Felipe González se hizo con el mando de su partido y Adolfo Suárez perdió cualquier control que tuviera sobre el suyo.

Hay, qué duda cabe, otras interpretaciones. La más relevante fue que Suárez había cumplido su agenda y representaba un pasado. Los votantes pasaron página velozmente a lo que fue el rapidísimo proceso que hizo posible la «Fiesta de la libertad» y una Constitución «de todos». El electorado no es agradecido, ni en España ni en lugar alguno. No vota en reconocimiento de promesas cumplidas sino en función de otras más ilusionantes que están por acometer.

Siendo ministro secretario del Movimiento Nacional en el primer gobierno de la Monarquía, Suárez fue elevado por don Juan Carlos a la presidencia del Gobierno para traer la democracia por la vía de urgencia. Asumió con mucha responsabilidad el ingente reto de desmontar el franquismo y lo superó brillantemente. Supo demoler el Régimen porque, como «azul», había aprendido todo lo que sabía de política en el franquismo. Por la misma razón, jugaba con desventaja en la democracia. Las sesiones de control en el Congreso y la dialéctica del debate parlamentario nunca fueron su fuerte. Jamás había tenido que ensayar tales habilidades.

Suárez murió de éxito en un tiempo récord. Alcanzó un triunfo fulgurante en menos de tres años y tardó un tiempo igualmente breve en fallecer políticamente. Cuando un político logra lo que se le había pedido, y lo que él se había propuesto, su liderazgo deja de ser indispensable. Ya no es útil para la ciudadanía y surgen las rencillas en su partido porque ha dejado de tener un programa que cohesione a los suyos.

Gestor político de raza, conocedor de la volatilidad del votante y displicente con los intrigantes centristas, Suárez quería un nuevo libreto: modernizar España. Ésta es una noción muy querida por los políticos. Ha sido un recurso en uso constante, con más bien poca fortuna, a lo largo de la errática historia del parlamentarismo español. Lo de «modernizar» suele ser un vago deseo que concreta muy poco porque no desciende al plano de estrategias y de actuaciones políticas específicas. Ocurre lo mismo cuando se manifiesta, como hizo Felipe González en vísperas de las elecciones de 1982, el deseo de poner España «a funcionar».

Adolfo Suárez ya había utilizado las dos o tres balas de plata de las cuales disponía cuando fue nombrado presidente del Gobierno. La nocional agenda regeneracionista pertenecía a González, y la imprecisa maleabilidad de la misma le permitió al joven sevillano, otro político de incuestionable pedigrí, estirarla como un chicle. El líder socialista tuvo, además, la habilidad de marcar objetivos. El ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (1985) le valió para su primera legislatura, y el AVE y los boatos del Quinto centenario de 1492, junto con las medallas que acumularon los atletas españoles en las Olimpiadas en Barcelona (1992), para su segunda.

Según Miguel Boyer (San Juan de Luz, Francia, 1939-Madrid, 2014), que tuvo una relación agridulce con González, la personalidad del líder socialista ha sido, por su simpatía y por su capacidad de sumar, una de las más extraordinarias que ha dado la política española. Intelectual escéptico y poco dado a las lisonjas, Boyer no dudó en matizar este cumplido:

Ha sumado probablemente hasta en exceso, porque ha reunido a gentes que no tenían nada que ver unas con otras, pero ha sumado mientras que la tendencia de casi todos los dirigentes españoles ha sido la de disgregar.3

Boyer estaba para entonces de vuelta de la política. Había cesado como ministro de Economía y Hacienda en el primer gobierno de Felipe González diez años antes por sus discrepancias con Alfonso Guerra, y a mediados de la década de los noventa abandonó ya definitivamente el PSOE, cosa que había hecho antes y después del comienzo de la democracia. El juicio de Boyer es interesante y no es exagerado. González ejerció un liderazgo que no tiene parangón en la historia política española. Consiguió ser un líder que, en el mejor momento de su popularidad, lo acaparó todo. Centró en torno a él la vida pública en España y fue muy admirado fuera de ella.

A partir de su abrumadora mayoría en las elecciones de octubre de 1982, González gobernó a lo largo de cuatro legislaturas y un total de trece años y cinco meses, el periodo más largo de un jefe del Gobierno elegido democráticamente en la historia de España. Cuando finalmente perdió el poder en marzo de 1996, cuando la manzana en manos socialistas rebosaba de gusanos corruptos, fue por poco más de 300.000 votos.

La única comparación en la política nacional en cuanto a gobernante de longevo éxito, con todas las naturales salvaguardias a lo que se refiere a «elegido democráticamente», se remonta al Pacto de la Restauración de los llamados partidos dinásticos que apuntaló la vuelta de la monarquía borbónica con Alfonso XII. Antonio Cánovas del Castillo presidió el Consejo de Ministros en cinco ocasiones y Práxedes Mateo Sagasta en siete, pero ninguno de los dos estuvo, en total, más de diez años en el poder.

La reflexión histórica es válida porque de la misma manera que la primera restauración de la Corona se asentó sobre el turno en el poder del Partido Conservador de Cánovas y del Liberal de Sagasta, la segunda restauración en la persona de don Juan Carlos se apoyó en la continuidad en el poder del PSOE. Y de la misma manera que los partidos dinásticos, el PSOE, y en primer lugar su indiscutido líder Felipe González, estableció un estilo de ejercer el poder y de gobernar que definiría la política española a lo largo de una época.

Las elecciones de 1979 a unas Cortes que ya eran constitucionales en lugar de constituyentes significaron el fin del consenso y abrieron la veda para la caza y captura del votante según las reglas partidistas de una democracia competitiva. Los resultados no gustaron ni a los centristas ni a los socialistas, y la lectura que unos y otros hicieron de ellos les indujo a ambos a buscar una estrategia electoral distinta.

En el caso de los primeros, la oferta a los votantes tenía que ser más nítida, y esta conclusión abrió la siempre etérea caja de pandora porque cada uno de los que estaban al frente de las distintas familias de UCD tenía su propia idea sobre el transparente programa político que se requería. En el caso del PSOE, el cálculo fue que la oferta tenía que ser más amplia. Pero esto no fue una estrategia debatida y consensuada entre los dirigentes socialistas. La decidió única y exclusivamente Felipe González.

El ejercicio de enmendar el rumbo de la táctica electoral fue catastrófico para UCD. Por un lado, Adolfo Suárez carecía de una ideología especialmente precisa, lo cual era comprensible porque su carrera política en el Movimiento Nacional no le había preparado para ello. Por el otro, el vacío doctrinario del líder atrajo a quienes quisieron ocuparlo. Al fin y al cabo, Suárez fue el reclamo electoral que la amalgama centrista había cooptado. Afloraron así, y más allá del indefinido centrismo, los distintos idearios de las personalidades que componían UCD.

En los inicios de UCD, lo único que soldaba a los democratacristianos, liberales, socialdemócratas e independientes que se agruparon para crear el partido oficialista fue la ambición del poder. Al poco tiempo, lo que les unió fue el desprecio que compartían hacia Suárez. En todo lo demás, presos de mutua desconfianza, se menospreciaban. Cada uno de ellos tenía su propio modelo de sociedad y de Estado en la cabeza y no contemplaba ningún otro. Todos estaban sobrados de soberbia.

La insensatez de los centristas fue liarse a bofetadas entre ellos y desperdiciar a Suárez, que era la puerta para acceder al banco azul en el Congreso de los Diputados. La búsqueda de una oferta electoral renovada supuso para UCD su voladura como partido a los cinco años de haberse constituido.

Esto facilitó muchísimo las cosas a Felipe González. No tuvo que rastrear demasiado para dar con una fórmula que atraería más votantes porque los centristas se los ofrecían en bandeja. De hecho, la desaparición de UCD en las elecciones de 1982 le supuso al PSOE el doble de votantes que había conseguido en las de 1979. Más de diez millones frente a cinco y pico.

Esta insólita suma de votos para la época y, junto con ella, una abrumadora presencia parlamentaria que desde entonces ningún político ha sido capaz de ni siquiera acercarse a igualar, demandaba una estrategia de gobierno que excedía los confines de un programa electoral. Los españoles no votaron en 1982 a un partido socialista sino a una personalidad que representaba un conjunto de deseos más amplios. El más importante de ellos era superar la crisis que había supuesto el intento de golpe de Estado y la práctica desaparición del partido del gobierno. Esto fue el punto de arranque de Felipe González cuando en el otoño de 1996, a los seis meses de perder el poder, reflexionó sobre el doble discurso de su larga trayectoria al frente de un gobierno del PSOE.

Había un discurso que era el socialista, el del partido de Pablo Iglesias, de Indalecio Prieto y de Francisco Largo Caballero, el de Julián Besteiro y de Juan Negrín, con sus ideales y sus fracasos, sus luces y sus sombras. Y había otro que era el de José Ortega y Gasset cuando escribía sobre el reto del PSOE de «nacionalizar» a la masa proletaria española y «de paso hacer España».4

La capacidad de González para relatar el primer discurso con desparpajo, junto con su habilidad para «sumar», le sirvió para ser elegido en octubre de 1974, a los treinta y dos años, primer secretario del PSOE, cargo que pasaría a ser el de secretario general. Fue en el XXVI Congreso del partido, un evento político minuciosamente preparado por Alfonso Guerra. El entonces lugarteniente para todo de González eligió un modesto local público en el municipio de Suresnes, que está en la margen izquierda del Sena en el límite oeste del área metropolitana de París.

Se reunieron unos 800 delegados del exilio y del interior, y Guerra se ocupó de invitar a François Mitterrand, el dirigente socialista francés. Mitterrand se quedó asombrado al ver el salón tan abarrotado y le dijo a Guerra que esperaba ver «a diez o doce en torno a una mesa».5 Fue el último congreso del PSOE en el exilio y Guerra ya estaba pensando en el «rostro» electoral de Felipe González.

El segundo discurso se remonta al Ortega y Gasset que en la segunda década del XX se refería a Pablo Iglesias como un «santo laico» y animaba a intelectuales republicanos a apoyarle. Como líder del partido y con la muy eficaz capacidad organizativa de Guerra, González se fue haciendo fuerte en el PSOE. Comenzó a viajar mucho y a conocer a los principales dirigentes europeos socialistas. En aquellos inicios, González ya comenzó a superar los esquemas de anteriores líderes del PSOE que, con la excepción de Indalecio Prieto, marcaron las estrategias tradicionales del partido. Identificándose con el Prieto que decía que era socialista «a fuer de ser liberal», se sintió crecientemente atraído por una vocación mayoritaria que se fundaba en la consolidación y la vertebración de la democracia en España.

González ya empezó a decir que él era un socialista «heterodoxo». Con ello se explicaba a sí mismo y a los demás que esta ambición más amplia prevalecía sobre lo que era la tarea clásica de un partido socialdemócrata. Lo normal para un partido de centro-izquierda en cualquier país europeo era entrar en el juego de la alternancia en el poder. Esto, que bastaba para los socialistas en Alemania, Austria, Francia, Suecia y demás lugares que visitaba, no era suficiente para los socialistas en España.

Teníamos que hacer algo que transcendía la frontera de la alternativa socialdemócrata para asentar un proyecto nacional de una envergadura mayor. Teníamos que hacer, entre otras cosas, un proyecto de modernización y esto no era específicamente un proyecto socialdemócrata.6

González asumió con todas sus consecuencias este segundo discurso nacionalista y regeneracionista a raíz de los decepcionantes resultados para el PSOE de las elecciones de 1979. No quiso conformarse con un techo en torno al 30% del voto. No quiso esperar a que le llegase el turno para elevar la cuota de votantes en una fecha electoral futura con recetas socialdemócratas. A los tres meses de aquellas elecciones, anunció ante el XXVIII Congreso del PSOE que no se presentaba a la reelección como líder del partido porque los delegados habían aprobado una serie de resoluciones marxistas.

Su espantada fue chocante porque no hacía dos años y medio que en el anterior Congreso, el XXVII, celebrado en Madrid a mediados de diciembre de 1976, el partido se radicalizó como oficialmente no lo había hecho antes en su dilatada historia de congresos. El XXVI Congreso fue el primero que organizó el PSOE en España desde la guerra civil y el primero que presidía González como líder del partido. Surgió el izquierdismo entre los delegados con el beneplácito de toda la Comisión Ejecutiva, salvo el de Miguel Boyer, que se estrenaba como miembro de ella.

«Cuando el PSOE se definió como un partido marxista, de clase y revolucionario yo no lo suscribí y en enero dije que me iba», explicó Boyer lacónicamente veinte años después. González quiso disuadirle y le dijo que se equivocaba. Boyer recordó que le argumentó que los discursos extremistas eran «cosas que ya se irían centrando» y que «no tenían tanta importancia».7

Para Boyer fue muy relevante que el PSOE afirmara en su resolución política de aquel congreso: «somos un partido marxista porque entendemos el método científico de conocimiento de transformación de la sociedad capitalista a través de la lucha de clases como motor de la historia». Para Alfonso Guerra este farragoso lenguaje era la consecuencia de cuarenta años de clandestinidad. Escaseó la necesaria estructura orgánica, y el partido requirió una sobrecarga ideológica para su propia supervivencia.

Según Guerra, la carga ideológica «se va comprimiendo como el gas en una botella y cuando se le quita el tapón, el gas sale».8 González se encargó personalmente de quitar el tapón. En 1978, un año antes del congreso de la renuncia, ya preparaba el terreno para la polémica y comenzó a hacer declaraciones en el sentido de que había que abandonar el marxismo porque había que ser «socialista antes que marxista».

Al iniciar el debate de marxismo sí, marxismo no, González se apresuró a preguntarle a Boyer si «se sentía más cómodo». Para alivio de González, Boyer le contestó que «mucho más cómodo» y se dio de alta de nuevo en el PSOE. El líder socialista ya contaba con él como futuro ministro de Economía y Hacienda

La disputa en el seno socialista fue bastante pueril porque la teoría marxista nunca fue una señal de identidad del PSOE y el partido carecía entonces, y antes, de reconocidos estudiosos en la materia. González, que naturalmente tuvo su sarampión radical, bendijo primero a los exaltados y luego, al haber comprobado la fragilidad electoral del PCE, les excomulgó. El líder socialista tenía su vocación mayoritaria y era, ante todo, un político pragmático.

González dejó estupefactos a los delegados del XVIII Congreso de mayo de 1979 cuando dijo que, ante la aprobación de resoluciones marxistas, se marchaba porque era «un junco que se resiste a ser llevado por los vientos». Afirmó que él estaba en la política «porque hay un discurso ético, que no suena demasiado revolucionario, que no suena demasiado demagógico, pero que es lo que mueve a Felipe González en la política». Y repitió una vez más que había que ser «socialista antes que marxista».9

Con este gesto y este discurso Felipe González fascinó a los españoles. Faltaban tres años y medio para las siguientes elecciones y en ese periodo Suárez dimitió; se abortó el golpe de Estado del 23-F y se condenó a los militares sublevados; ETA cometió más de 250 asesinatos; y UCD se fagocitó del todo en un congreso celebrado a comienzos de 1981 en Palma de Mallorca. Las grietas que aparecían en el edificio democrático favorecieron el proyecto político de González y, mucho más importante aún, lo convirtieron en un proyecto necesario y urgente.

El cónclave centrista en Palma de Mallorca fue tan bronco como el socialista en mayo de 1979, pero a diferencia del PSOE, UCD se metió en un callejón sin salida. Los centristas se quedaron sin rostros creíbles para sus carteles electorales mientras que González salió del rifirrafe con su liderazgo muy reforzado. Un inmenso salto cuantitativo en la representación parlamentaria socialista estaba al alcance de su mano.

El líder socialista no se marchó del partido ni de la política cuando tan elocuentemente se negó a acoplarse a los vientos marxistas y renunció a ser reelegido. Su gesto y su discurso tuvieron el mismo efecto que la decisión de un matador de primerísima línea de no acudir a un par de ferias importantes: deja consternada a la afición y luego reaparece en una corrida de postín y triunfa habiendo elegido la terna que le acompañará, el ganado que lidiará y la recompensa que recibirá. En septiembre de 1979 González fue reelegido en olor de multitudes por un congreso extraordinario del PSOE al puesto que había dejado vacante seis meses antes.

El viaje de ida y vuelta del líder socialista fue entendido por el electorado como una prueba de madurez política y de seguridad en unas convicciones y en unos principios. Este perfil cobraba un muy alto valor cuando la democracia parecía tambalearse entre conspiraciones militares, atrocidades terroristas e incompetencias centristas. Eliminada toda tentación de infantilismo marxista, el PSOE de Felipe González podía pasar por ser un salvapatrias, un «movimiento nacional» en versión democrática.

El irresistible ascenso de Felipe González a la cima del poder inició su empinado camino en el XXVII Congreso y en el extraordinario posterior que los socialistas llamaron «el XXVII Congreso y medio». El «movimiento» fue conocido como el felipismo y estableció el procedimiento, las tácticas y las trampas según las cuales se comportarían los partidos políticos en la Monarquía parlamentaria. Comenzó con una trifulca teórica que los demás partidos socialdemócratas europeos habían superado tiempo atrás.

No es que los insurgentes de aquel congreso de la renuncia de González se las dieran de revolucionarios en busca del palacio de Invierno. «Tampoco es que fuésemos unos radicales totalmente izquierdistas», se justificó tiempo después el catedrático de Historia Económica y señalado activista antifranquista Francisco Bustelo (Madrid, 1933), que fue el principal ponente marxista en el XXVIII Congreso.10

Bustelo pensaba que en aquel momento había que mantener un discurso jacobino de máximos, y también que la fogosidad, necesaria entonces, se iría templando con el tiempo. Referente del socialismo de los años cincuenta en la Universidad Complutense y elegido miembro de la Comisión Directiva del PSOE en 1974 cuando González pasó a ser primer secretario, Bustelo recordó que en aquel Congreso de Suresnes los sevillanos, liderados por González y por Guerra, eran mucho más radicales que los vascos, los asturianos y los madrileños.

A Bustelo le sorprendió mucho el tajante rechazo de González al lenguaje marxista de la resolución política en el Congreso de mayo de 1979. Su sorpresa fue todavía mayor cuando su resolución fue aprobada a pesar de que se oponía a ella el carismático líder del partido. En la otra esquina del cuadrilátero, el enfado de González fue mayúsculo cuando comprobó que los marxistas le habían ganado la partida. Su fulminante reacción fue quitarse de en medio.

Bustelo no quiso disputarle el liderazgo a González y además no hubiera podido hacerlo porque sus principales aliados, entre ellos Enrique Tierno Galván, que se había incorporado recientemente al PSOE, le disuadieron de cometer tal imprudencia. La gran contradicción fue que los delegados, y puede que una franja considerable de la militancia socialista aunque no de los votantes del PSOE, querían marxismo, pero todos a una querían a Felipe González de líder. El abandono de González pesaba como la losa de la orfandad sobre el partido. La consecuencia no deseada que Bustelo no supo anticipar cuando defendió la ponencia política fue que su encendida oratoria le hizo un enorme favor a quien no quería saber ya nada del marxismo.

Lo que pasó inadvertido en esas jornadas, porque toda la atención se concentraba en la reyerta dialéctica, fue la aprobación de una enmienda a los estatutos del partido que cambiaría de una manera muy importante la composición y el desarrollo de futuros congresos. En adelante, los delegados a las convenciones del PSOE serían elegidos por las federaciones del partido en lugar de por las agrupaciones. Además, en una cláusula clave, las federaciones votarían en bloque.

La enmienda hacía posible el control de un congreso por el aparato del partido en conjunción con los líderes de las federaciones que, en todo caso, pertenecían a sus órganos de dirección. Mientras Francisco Bustelo y los suyos se dedicaban a la ideología, Felipe González y los suyos, y muy concretamente Alfonso Guerra, se ocupaban del reglamento. Esto, que era una cosa elemental, fue el gran error de los primeros. Con independencia de las posiciones ideológicas, lo fundamental en un partido es la cocina interna, las redes clientelares y el poder total para preparar y controlar congresos.

Según Bustelo, lo que explica muchísimo de la historia del PSOE renovado, o refundado, en su camino hacia el gobierno y en su ejercicio del poder es el carisma de Felipe González y la capacidad organizadora de Alfonso Guerra, que estaba a su lado. Para Bustelo, había muerto la disensión y el debate interno:

En el Congreso extraordinario de septiembre encontramos que teníamos absolutamente todas las de perder. Cada vez que Alfonso Guerra levantaba la tarjeta de la federación andaluza, ya votaban el treinta por ciento de los delegados.11

El férreo control del aparato fue una clara aportación del PSOE al reestreno de la democracia en España. Todos los demás partidos tomaron nota y siguieron su ejemplo. Y en la opacidad de la despensa partidista, la manzana comenzó a pudrirse.

CAPÍTULO 11

El felipismo acopia poder

Comenzada la campaña para las elecciones generales de octubre de 1982, las terceras desde la restauración de la democracia, me subí a un vehículo que contaba con todas las comodidades porque meses antes había transportado a selecciones nacionales que jugaban la final del Mundial de fútbol. El autobús había sido alquilado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para la gira triunfal del muy pronto campeón político de España. Felipe González y unos pocos asesores ocupaban los sillones con mesas en la parte trasera del vehículo, los periodistas se acoplaron en la parte delantera y Julio Feo, el coordinador de la campaña, actuaba de enlace entre las dos zonas.

Los políticos asimilan mucho cuando se lanzan a la calle para pedir el voto. Los cronistas que les acompañan aprenden tanto o más del perfil del candidato y de las expectativas de los votantes. El periplo electoral de aquella jornada impartió varias lecciones.

Fue un día muy largo de campaña, y el fervor que González despertaba ahí donde iba era innegable. La gente gritaba su nombre y se daba codazos para poderle abrazar o, al menos, tocar. También era patente que al candidato este entusiasmo le despertaba una cierta inquietud y hasta preocupación. González era mucho menos vanidoso que la mayoría de los políticos que pisan el espacio público. Según Feo, era un hombre «muy ciclotímico» y un «tímido profundo» que a veces se encontraba completamente harto de todo.1

La principal lección fue que el periplo del autobús en el cual viajaba González no era el de un partido al uso que hacía campaña en las elecciones de 1982. No era el PSOE como tal el que pedía el voto para su líder, sus candidatos y su programa. El autobús que daba la vuelta por etapas a España era una potente máquina que fabricaba inquebrantables adhesiones al felipismo ahí donde paraba. Los estrategas socialistas habían diseñado una campaña poco menos que mesiánica. Lo interesante fue que ese mesianismo era precisamente lo que los votantes demandaban.

El electorado quería un líder inapelable que les salvase de la inestabilidad gubernamental, del golpismo militar, de los atentados de ETA y de un paro que aumentaba a pasos agigantados. Sobre todo quería un liderazgo político fuerte que sustituyese a un patético gobierno centrista cuyas envidias y altercados internos eran públicos y notorios.

Los editores de los medios norteamericanos para los que entonces escribía yo intuían que el relato en España era el del auge de un nacionalismo, joven y transversal, que ocupaba el vacío de un sistema político fallido. Más que izquierdista, el PSOE de González era populista, y el proceso electoral en España tenía tintes latinoamericanos. El voto del 28 de octubre de 1982 no respondía al «quítate tú que me pongo yo», que caracteriza la alternancia en el poder en las democracias consolidadas en Europa.

El autobús socialista salió de Madrid por la carretera de La Coruña y enfiló la vieja Castilla, que, hasta el momento, había sido un inexpugnable bastión del oficialismo centrista. En las elecciones de 1977 y de 1979 Unión de Centro Democrático (UCD) había hecho acopio de los pocos escaños que se disputaban en estas despobladas tierras de campos y prácticamente había doblado los votos obtenidos por el PSOE. Por esto mismo me interesaban los escenarios de esta jornada de la campaña. Feo había programado un mitin en la plaza de toros de la ciudad del vino, Toro, a mediodía, otro en el teatro principal de la ciudad de Zamora a las cuatro de la tarde, y un tercero a partir de la ocho de la tarde en el principal polideportivo de León.

Los carteles electorales del PSOE mostraban un Felipe González todavía juvenil pero elegantemente trajeado de gris marengo y con corbata azul. La camisa de cuadros del primer candidato González había sido guardada en el ropero y el casual look del cuello abierto había desaparecido. La imagen del líder socialista era la de un asesor jurídico de exitosas empresas en lugar de la de un abogado de causas laborales perdidas. Sobre un fondo de cielo azul y nubes blancas, Felipe miraba, de manera mitad seria mitad risueña, hacia arriba y hacia la izquierda. Alfonso Guerra se había pasado muchas horas revisando un sinfín de retratos de González hasta elegir el del cartel.

El soporte audiovisual de la campaña electoral de 1982 consistió en un recado subliminal que tranquilizaba al televidente. Mostraba ventanas que se abrían sobre paisajes idílicos y que permitían la entrada de una suave corriente que mecía visillos y cortinas. Los mensajes de apertura y de aire fresco que conjuraban las imágenes iban acompañados por el contundente lema «Por el cambio». Los sucesivos planos de pacíficas campiñas y de dúctiles colgaduras oscilantes concluían con la súbita aparición de González en un estrado diciendo simplemente: «Adelante». Lo decía con convicción y con cercanía.

Nada podía plasmar mejor la «vocación mayoritaria» del líder socialista que la campaña que le diseñaron Alfonso Guerra, Julio Feo y el equipo de estrategas y publicitarios con el cual contaba el PSOE. Y nada ilustraba mejor el deseo de suicidio político que la que había preparado el teórico adversario del socialismo renovado. La campaña de UCD mordía y desaconsejaba de manera apremiante cualquier adhesión. En el autobús del PSOE viajaba un equipo de la Champions que iba camino de golear al colista de tercera división.

En el cartel centrista aparecía Landelino Lavilla, un democratacristiano que había sido ministro de Justicia en la primera legislatura de Adolfo Suárez y presidente de las Cortes en la segunda. Lavilla era un político desconocido para el gran público, pero fue aupado a ser reclamo electoral porque, en su desgana, era el político que menos molestaba a los codiciosos y quisquillosos coroneles del partido. El colmo de la incompetencia centrista fue no presentar como candidato a Leopoldo Calvo-Sotelo, que como presidente del Gobierno en sustitución de Adolfo Suárez había convocado las elecciones. Para bien o para mal, la lúgubre imagen de Calvo-Sotelo era al menos familiar.

El lema de UCD fue particularmente insensato. La rúbrica bajo el nombre del ignoto Landelino Lavilla era «Responde». De UCD, con los permanentes enfrentamientos en sus órganos de dirección, se podía decir cualquier cosa salvo que había correspondido a la confianza que el votante había depositado en su proyecto de gobierno. La liquidación de Suárez desconcertó al sufrido elector medio y acabó con cualquier paciencia que le restaba con un partido disfuncional. Frente a aquel desaguisado estaba el fuerte liderazgo de un González al frente de un partido ilusionado y unido.

Me había subido al autobús, entre otras razones, porque no quería perder la oportunidad de describir a los lectores de la revista Newsweek un campaign rally del carismático izquierdista hispano celebrado en el bullring de una ciudad llamada Bull. El mitin matinal en el viejo coso taurino de Toro, que estaba lleno hasta la bandera, no defraudó. Horas después González provocó parecido entusiasmo ante un numerosísimo público en Zamora.

El discurso del candidato, sosegado y didáctico, fue el mismo en ambos lugares. Recurrió a lugares comunes regeneracionistas y evitó estudiadamente cualquier atisbo de sectarismo. Se proyectaba más como predicador que como político. Ya había anochecido cuando el autobús llegó a León.

Julio Feo (Valencia, 1936), sociólogo de formación y publicitario de profesión, había vivido la mayor parte de la década de los sesenta en Estados Unidos y ahí había aprendido una técnica en las campañas electorales que consistía en hacer aparecer al candidato como por arte de birlibirloque cuando el mitin había ya comenzado y el público estaba ya suficientemente calentado. González, cual candidato a la presidencia norteamericana, llegaba y sermoneaba. Su tiempo era precioso: no lo perdía escuchando lo que decían otros, y en cuanto acababa su arenga se iba apresuradamente a contar la buena noticia en otro lugar.

El coordinador de la campaña socialista midió perfectamente los tiempos para la entrada triunfal de González en Toro y en Zamora. Con la llegada a León, rizó el rizo. El autobús aparcó junto a una puerta que daba directamente al escenario que se había montado en un enorme polideportivo, y sus ocupantes entraron en tromba en él con González y Feo al frente. El polideportivo estaba atestado, y el gentío llevaba un largo rato cantando y brincando con distintas bandas y escuchando a teloneros que, se supone, habían repartido mucha caña a diestro y siniestro. Feo siempre se ocupaba de llevar ropa de repuesto para González porque los mítines le creaban tensión y sudaba mucho. Durante el día el candidato ya se había cambiado dos veces de camisa, siguiendo dócilmente las órdenes de sus asesores, y al ponerse delante del micrófono en León estaba otra vez sudoroso.

Al verle por fin, el público del polideportivo se puso a repetir «Fe-li-pe» de manera atronadora. No se podía oír la música de la campaña a pesar de que los técnicos de sonido habían subido a tope los decibelios.

Feo estaba fuera de sí ante el apoteósico recibimiento. No hacía más que aplaudir rabiosamente, dar fuertes palmadas a los periodistas y decir a voz en grito «mayoría absoluta, mayoría absoluta».

La campaña socialista de 1982 fue descrita como «El huracán Felipe» en la portada del entonces muy leído semanario Cambio 16. Nadie dudaba que esta campaña llevaría a González a la presidencia del Gobierno. La cuestión era sólo por cuánto margen. Alfonso Guerra decía a todo aquel que le quería escuchar que el PSOE conseguiría 202 escaños.

Quienes se tenían por expertos bien informados afirmaban que esa cifra era un farol más del lenguaraz paisano de González. Los socialistas conseguirían muy probablemente una mayoría, pero la descabellada suma que pregonaba el número dos del PSOE era una fantasía que no se correspondía con encuesta alguna. Sin embargo, Guerra clavó el resultado. El jefe de la sala de máquinas del partido contaba con el voto oculto.

Casi el 80% de los cerca de 27 millones de españoles con derecho a voto participó en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982. La participación superó la de los plebiscitos para aprobar la Reforma Política en 1976 y la Constitución en 1978, fue 17 puntos y medio superior a la de las elecciones generales de 1979 y sigue constituyendo un récord. El PSOE, o más exactamente el felipismo, se hizo con el 48% de los votos emitidos, consiguiendo un total de diez millones y pico, una cifra que doblaba la que había obtenido anteriormente.

Los votos que sumó el partido de González fueron excepcionales y el resultado electoral sólo es explicable en referencia al 23-F, al sentimiento generalizado de una democracia amenazada y tutelada, y a la evaporación de Suárez y el hundimiento de UCD. El desasosiego cundió de nuevo una semana después de las elecciones cuando ETA asesinó al general Víctor Lago Román, jefe de la división acorazada de Brunete, en un claro intento de desestabilizar el traspaso de poderes al PSOE.

A los siete años de la muerte de Franco, el impresionantes vuelco de votos hacia el PSOE respondió a una concienciación muy activa por parte del electorado de que la democracia se la jugaba. Se votó para defender la figura del pueblo soberano que había legislado el nuevo régimen político.

Lo que el electorado escondía a los encuestadores –salvo, por lo visto, a los que dirigía el equipo de Guerra– era que los socialistas, ya oficialmente no-marxistas, eran la gran esperanza patriótica. Se ensalzó al PSOE de «Por el cambio» y, sobre todo, se glorificó a Felipe González, a quien se percibía como un político resolutivo y decente. El liderazgo del candidato socialista ofrecía cambio democrático y también seguridad democrática. El electorado quería las dos cosas y las quería cuanto antes.

Hasta entonces, la democracia había sido, en cierta manera, un sistema otorgado por las élites políticas del país. Unos procuradores franquistas habían aprobado la Ley para la Reforma Política en 1976 y una pluralidad de diputados, libremente elegidos, había consensuado una Constitución dos años después. En 1982, la nación se movilizó frente al golpismo y acudió a defender en las urnas lo que consideraba un patrimonio suyo. Salvando las naturales distancias, hizo lo mismo en 1808 con uñas y dientes, mosquetones y navajas.

Como nación emancipada, los votantes de las elecciones de 1982 establecieron el marco de la democracia de su tiempo. Algo parecido ocurrió con los patriotas del siglo XIX. Los primeros consolidaron a un partido en el poder por muchos años. Los segundos constituyeron al «pueblo en armas» y a sus «espadones» en los árbitros de la política nacional.

En 1982 el súbito empoderamiento popular se manifestó dando todo el poder a un hombre de cuarenta años que en 1974 había cruzado clandestinamente la frontera con Francia para hacerse cargo de un histórico partido que vivía en la estrechez del exilio.

Entonces no se pensó que el entusiasmo de aquella impresionante movilización plebiscitaria podría engendrar manzanas podridas. Nadie recordó aquello de «todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente». Esa percepción vendría después. Con el tiempo se vería que el 28 de octubre de 1982 comenzó un nuevo régimen con un poder político que tenía toda la apariencia de ser un poder absoluto. La España de la Transición y de la Constitución de 1978 no contaba con los pesos y los contrapesos de una democracia liberal consolidada.

Según el sociólogo Joaquín Arango –una de las mentes más lúcidas del PSOE, que fue subsecretario de Educación entre 1982 y 1988–, los votantes se convencieron en aquellas elecciones de que la única manera de asegurar la democracia era «avanzando y afirmándose».2 El fracaso del intento de golpe de Estado fortaleció estos arrestos con «convicción y legitimidad moral».

La opción de UCD había sido la de «consolidar la democracia gradualmente y sin pisar callos». Su retraimiento, junto con sus incoherencias, tuvo sus consecuencias en el 23-F. La lánguida opción centrista irritaba al electorado y llegó a herir profundamente al votante. Este íntimo sentimiento fue muy ampliamente compartido y no se le escapaba al olfato de un González que pensaba no tanto en iniciativas socialdemócratas sino en políticas de vertebración.

Lo que reveló la participación y el resultado de las elecciones del 28 de octubre de 1982 fue que el electorado había perdido el miedo. Esto fue lo que ocultó el votante que había decidido apoyar a González en las encuestas de aquella campaña. Se diría que había perdido el miedo de una manera poco menos que desesperada. La cuestión se había convertido en «o yo me enfrento al tiburón o el tiburón me devora». Lo que ya no se podía hacer era seguir intentando convencer paulatinamente al tiburón.

El miedo no se iba a perder hasta que González estuviese instalado en la Moncloa y nombrase a un socialista al frente del Ministerio de Defensa. El votante podría articular mejor o peor esta representación plástica de la deriva antigolpista que impulsaba el cambio político. Pero el ansia de conseguir la supremacía del poder civil a través de un liderazgo fuerte y seguro estaba muy presente en el ánimo del electorado.

Al ocuparse de la cartera militar, puesto clave para la consolidación de la democracia, Narcís Serra (Barcelona, 1943), hasta entonces alcalde de Barcelona, descubrió que sus antecesores civiles en el cargo durante los gobiernos de UCD habían tenido despachos en los cuarteles generales de las Fuerzas Armadas, pero que el Ministerio de Defensa como tal «no existía». Y se dispuso a crearlo.

Según Serra, González le nombró porque era un atlantista convencido, perfil bastante raro en el PSOE de entonces, y porque «sabía que yo estaba convencido de que no se podía resolver el problema militar sin mantener a España en la OTAN».3 Aceptó el cargo sabiendo que González se había comprometido a celebrar un referéndum sobre la permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que había negociado el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Conociéndole, Serra sabía que González cumpliría su promesa electoral y, por la misma razón, sabía que el líder podría cambiar de parecer y abrazar el atlantismo. Eso mismo habían hecho ya algunos intelectuales moderados del partido, entre ellos Joaquín Arango. Todos ellos confiaban en el pragmatismo y la flexibilidad de González para cambiar de opinión y bajar el suflé, o quitar el tapón, de la sobrecarga ideológica del PSOE.

En las elecciones de 1982 los estrategas socialistas potenciaron el liderazgo de González muy por encima de la opción del PSOE. Fue una táctica razonable porque las siglas del partido habían mostrado su techo y su suelo en las elecciones de 1977 y 1979. El PSOE de las primeras elecciones concertaba sentimientos encontrados en el electorado. Había ilusión y sentimentalismo histórico, y también temor de radicalismo y de revanchismo guerra-civilista. El felipismo era algo muy distinto.

Después de la vertiginosa sucesión de hechos a partir de 1979, las «circunstancias» y el «yo» de Felipe González ya eran otros. Por lo pronto, todo el mundo sabía que González no era un «junco que se dejaba llevar por los vientos marxistas» y que lo que le movía en la política era la «ética». Las expectativas electorales depositadas en el PSOE en 1982 reflejaban el cúmulo de ilusiones que despertaba la imagen de firmeza de un partido que no excluía a nadie y, sobre todo, la confianza que inspiraba el discurso regeneracionista de un líder cercano que utilizaba un lenguaje que todos entendían.

La avalancha de votos que consiguió el felipismo hubiera sido difícil de gestionar de no ser porque incluía muchas adhesiones muy cualificadas. En los años previos a 1982, González supo identificar a incontables cuadros inquietos que estaban en la diáspora progresista y tuvo la inteligencia de incorporarlos a su proyecto de «vocación mayoritaria».

Los entusiasmos en plazas de toros y en polideportivos eran una cosa. Los cuadros eran otra. Para atraer a las capas medias y asumir tareas de gobierno González necesitaba la formación de los segundos, y su gran virtud política fue la de «sumar».

El PSOE que emergió del exilio y de la clandestinidad tenía una experiencia política relativa para emprender las tareas que, en cuestión de meses después de su legalización, le corresponderían como principal partido de la oposición. Había que opinar sobre la economía y el Estado del bienestar, sobre políticas educativas y políticas de asistencia social. Según Joaquín Almunia (Bilbao, 1948), que perteneció a sucesivos gobiernos de González, «durante cuarenta años lo único que había debatido el partido era cómo echar a Franco».4

La incorporación de Joaquín Arango ejemplificó este reclutamiento y su calidad. Arango militó durante su carrera universitaria de los años sesenta en el Frente de Liberación Popular, más conocido como el FELIPE, un pequeño grupo fuertemente influenciado por el diálogo cristiano-marxista y por las revoluciones de Cuba y Vietnam que, además de frecuentes «caídas» en manos de la Brigada Político Social del régimen franquista, sufría broncas sectarias en serie.

La frustrante historia del FELIPE consistió en «divisiones, nuevas formaciones, fusiones y transfusiones» al decir de su primer impulsor, el exdiplomático Julio Cerón.5 Habiendo obtenido el doctorado en Ciencias Políticas y Sociología, Arango acabaría, para su bien, expulsado de España por la persecución policial. Como joven exiliado político, se buscó la vida en una buena universidad extranjera. Parecida suerte tuvieron muchos de su generación.

Ante la amenaza de su inminente detención en el estado de excepción que fue decretado en 1969, Arango se refugió en el sótano de la casa de Julio Feo. Su anfitrión, distanciado en aquel momento del antifranquismo militante pero solidario con quienes estaban en la lucha, había pertenecido a la Asociación Socialista Universitaria (ASU) en su misma facultad de Políticas. En casa de Feo, Arango conoció a los miembros de aquel también reducido y fugaz grupo de socialistas universitarios que mantenían contactos con los históricos del partido del exterior.

Ejecutivo de una multinacional publicitaria, Feo solía reunir, entre otros, a los hermanos Luis y Javier Solana Madariaga, a Francisco Bustelo, el futuro ponente marxista en el XXVIII Congreso del PSOE, y a Miguel Boyer, que había sido compañero de Feo en el Liceo Francés de Madrid. Dentro de la diáspora progresista en la capital, ellos y pocos más representaban el núcleo del Partido Socialista.

Fue inevitable que en 1974, el año del Congreso de Suresnes, y a su vuelta de la Universidad de California, donde obtuvo un segundo doctorado en el campus de Berkeley, Arango se incorporase al proyecto político de González. Nada más aterrizar en España, contactó con sus antiguos camaradas de conspiraciones progresistas, y juntos crearon la Federación de Partidos Socialistas (FPS) que sería absorbida por el PSOE renovado –o refundado, como sostuvo Arango– de Felipe González.

De esta manera, González sumó, además de Arango, a Joaquín Leguina, que sería presidente de la Comunidad de Madrid, a Enrique Barón y Carlos Romero, que ocuparían, respectivamente, las carteras de Transportes y de Agricultura en su primer gobierno, y, además, a Narcís Serra, Pasqual Maragall y Raimon Obiols, que serían los puntales del socialismo catalán.

Arango y sus compinches se dieron cuenta de que el espacio del socialismo democrático lo habían ganado el grupo de sevillanos y los de vascos y asturianos. Los jóvenes del interior se habían hecho con las siglas del partido de Pablo Iglesias que los históricos exiliados en Toulouse guardaban como oro en paño. Los renovadores habían refundido el PSOE y eran apoyados por Willy Brandt, François Mitterrand, el sueco Olof Palme y los demás referentes del socialismo europeo.

Los cuadros de la FPS, que estaban casi todos ligados a la universidad, tenían la posibilidad de entrar en el PSOE o, por el contrario, de irse a sus respectivas casas. Y, como era lógico, pasaron por el aro en lugar de prejubilarse políticamente: «Lo que no tenía sentido era mantener otras marcas porque lo único que estabas haciendo era entorpecer y crear confusión. El único tren que iba a alguna parte era el del PSOE».6

El Partido Socialista Popular (PSP), fundado en 1968 como el Partido Socialista del Interior, liderado de manera muy personalista por el catedrático de derecho Enrique Tierno Galván (Madrid, 1918-1986), y con una militancia también fundamentalmente universitaria, tuvo un recorrido similar. Logró unos resultados muy pobres en las elecciones de 1997, y el año siguiente se incorporó al PSOE. Fuera del partido que lideraba González hacía mucho frío en el campo socialista. El PSOE renovado creció orgánicamente y también a través de OPAs que sometieron a organizaciones menores al abrazo del oso.

Lo que sumó González incorporando a Arango y sus compañeros de la disidencia socialista fue prestigio intelectual y moderación. Los cuadros de la FPS habían viajado y estudiado fuera de España, hablaban idiomas y no eran dogmáticos porque estaban de vuelta del marxismo. El sometimiento del «viejo profesor» Tierno Galván y de sus allegados, los últimos que quedaban fuera del redil de González, a la disciplina del PSOE fue un triunfo político. El liderazgo de González ya era inapelable en la socialdemocracia hispana.

Al agregar al PSP, Felipe González pudo contar con altos cargos como el diplomático Fernando Morán, que sería ministro de Exteriores en su primer gobierno, con operadores políticos natos como José Bono, que se haría fuerte al frente de la Junta de Castilla la Mancha, y con personalidades populares como Tierno Galván, a quien estaba reservada la alcaldía de Madrid.

El PSP, siguiendo las enseñanzas del «viejo profesor», profesaba un «marxismo no dogmático», mientras que a Joaquín Arango y a muchos como él el marxismo les parecía una religión lamentable. A su juicio, el programa máximo del PSOE, redactado por Pablo Iglesias y revisado por Karl Marx y Friedrich Engels, que predicaba la abolición de todas las clases sociales, era «totalmente anacrónico, un ejercicio de pereza mental y un insulto a la inteligencia».

En el debate marxismo sí, marxismo no del XXVIII Congreso, Arango participó intensamente contra una actitud que le parecía «obsoleta e intelectualmente deleznable».7 El joven recién llegado al PSOE tenía un desprecio especial hacia Francisco Bustelo, a quien consideraba «un oportunista y un frívolo». Tampoco tuvo mucho aprecio por Tierno Galván, que apoyó la ponencia marxista de Bustelo pero luego no quiso formar parte de una candidatura para hacerse con la dirección del PSOE.

Al ir sumando incorporaciones, aunque no con todas ellas, Felipe González pudo sentar las bases de un partido amplio, moderno y flexible que podía responder a los retos de la década de los ochenta. Esto pasaba por entender que había una manera, muy lícita, de pensar y de actuar en el franquismo y en la clandestinidad, pero que había dejado de ser válida a partir de la democracia. Había que liberar al partido de su sobrecarga ideológica y abrir la puerta al pragmatismo y a multitud de opciones políticas. Con ello se daba paso al felipismo. Al año de morir Franco, Arango todavía levantaba el puño, y ya en 1979 había dejado de hacerlo.

Intelectuales como Joaquín Arango le daban argumentos a González. Profesionales de la publicidad y del marketing como Julio Feo le suministraban estrategias electorales. Feo, que fue también anfitrión de un Alfonso Guerra que no tenía aposento en Madrid al trasladarse la Ejecutiva del PSOE a la capital, se dedicaba a las encuestas y descubrió que se repudiaba tanto al franquismo como a la guerra civil: «La gente tenía tanto rechazo al saludo fascista del brazo en alto como lo tenía al puño en alto».8

Cuando en diciembre de 1976, Felipe González presidió en Madrid, como líder del partido, el primer Congreso del PSOE en España desde la Segunda República, alzó el puño y cantó «La Internacional» junto con compañeros de la Ejecutiva. Lo hizo para acallar los gritos de «España, mañana, será republicana» provocados por un joven espontáneo que avanzaba hacia el estrado con una enorme bandera tricolor. Recuerdo que el único de la Ejecutiva que no levantó el puño fue Enrique Múgica (San Sebastián, 1932), que conocía el valor de ese gesto mejor que cualquier otro dirigente socialista. Múgica se había afiliado al PSOE cuando cumplía condena por ser miembro del Partido Comunista de España (PCE).

Toda aquella carga ideológica quedaba en el pasado y estaba olvidada al subirse González al autobús a mediados de octubre de 1982, camino de la vieja Castilla. Cuando Julio Feo me avisó de que me tocaba el turno para hablar con el líder en el fondo del vehículo, supuse que, con un corresponsal extranjero, Felipe González solamente querría hablar de política exterior. Era natural, y el candidato fue a tiro hecho.

Quiso comunicar a los lectores de Newsweek que su planteamiento de «OTAN de entrada no» fue acertado porque la incorporación de España a la Alianza Atlántica había sido apresurada y no había obtenido contrapartidas. Si España iba a estar en las «duras» militares, también tenía que estar en las «maduras» comerciales de la Comunidad Económica Europea (CEE).

González dijo que su decisión de celebrar un referéndum «OTAN sí, OTAN no» en su primera legislatura estaba tomada, pero dejó entrever que mantenía sus opciones abiertas sobre el voto que pediría en el futuro plebiscito. Enfatizó mucho que, en cualquier caso, no cuestionaba las bases de Estados Unidos en España, si bien deseaba poder negociar en el momento oportuno un tratado de defensa y cooperación más equilibrado.

No se molestó en hablar conmigo de la consolidación de la democracia y de la vertebración de España. Esto se lo guardaba para los medios nacionales. Me despachó diciendo que Washington no tenía nada que temer con el Gobierno que pronto presidiría, y que su reto inmediato era conseguir para España el lugar que le correspondía en la CEE. González no levantó el puño ni en Toro, ni en Zamora ni en León.

La transmutación ideológica de González atrajo a individuos moderados y muy preparados, como Arango y Boyer, que le serían muy útiles. Y también, claro está, le proporcionó cinco millones de votantes más que solamente querían acabar con fantasmas golpistas y que España funcionase y crease puestos de trabajo. González les necesitaba a todos ellos. Los primeros le ayudaron a crear una administración que era consecuente con los tiempos que le habían tocado para gobernar. Los segundos le alzaron al poder. Pero fue una metamorfosis en toda la regla que dejó heridas abiertas.

Los damnificados por la irresistible ascensión de Felipe González incluyeron al abogado madrileño Pablo Castellano (Madrid, 1934), socialista de solera que fue muy solicitado por las cancillerías extranjeras del tardofranquismo al ser la presencia «pública» del PSOE en Madrid. De hecho, fue tolerado por el franquismo a pesar de ser el representante de su dirección exiliada, a cuya Comisión Ejecutiva fue elegido en 1971. Puede que la policía le vigilara haciendo la vista gorda precisamente por serlo.

Castellano, que representaba a la Agrupación Socialista Madrileña en el Congreso de Suresnes de 1974, se opuso a la elección de González como líder del partido porque consideraba que la poca formación política del joven sevillano y su mucha pretensión y petulancia representaban un «corte absolutamente radical» con la historia del PSOE.9 Los demás, y notablemente Nicolás Redondo (Baracaldo, Vizcaya, 1927), el ugetista de la naval de Sestao que gozaba de gran autoridad, no lo vieron así, y Castellano se vio por primera vez aislado en un partido que entonces no pasaría de dos mil militantes en toda España.

El choque entre Castellano y González –en el fondo, entre él y Felipe González y Alfonso Guerra, porque consideraba que el dúo sevillano constituía dos caras de la misma moneda– tenía mucho de egolatrías irreconciliables, pero había un trasfondo ideológico que acabó siendo confuso. González y Guerra se moderaron, y Castellano, que abandonó la ejecutiva del PSOE en 1975 y el partido en 1987, se radicalizó. Ambos se cruzaron en el camino yendo en direcciones opuestas.

En el recuerdo posterior de Pablo Castellano, González y Guerra irrumpieron en los órganos directivos del PSOE con una «hiperradicalización izquierdista típica de estudiante de asamblea de facultad» y con un desprecio absoluto por los budas del socialismo europeo, el francés Mitterrand y el alemán Willy Brandt, a quienes veían como «moderados y proamericanos».

Castellano no pudo soportar la posterior evolución de los dos políticos sevillanos, empezando por el abandono que abanderaron del marxismo. No menos tolerable fue tener que aguantar que González se convirtiera en el hijo pródigo de los mismos dirigentes de la Internacional Socialista que él conocía muy bien y que González antes había vilipendiado. Lo peor de todo fue tener que digerir que el felipismo doblaba los votos que obtenían las siglas del PSOE.

Las críticas y los desplantes de Castellano fueron en aumento pero, más allá de su orgullo herido, su encontronazo con el PSOE renovado ilumina un proceso que él, como pocos socialistas en el tardofranquismo, pudo apreciar. El partido no se «renovó» con la nueva dirección dominada por los sevillanos y ni siquiera se «refundó». Lo que ocurrió fue que Felipe González lo «reinventó». La valoración escéptica y crecientemente negativa de Castellano se convirtió en un profundo desengaño.

El pensamiento heterodoxo de un cismático del tipo de Castellano se fijó –más bien se obsesionó– en cómo un partido se personalizó en una sola persona, rompió con la cultura pluralista de su pasado y obtuvo el poder absoluto en un proceso «plebiscitario» como fue el Congreso extraordinario que puso fin al debate sobre el marxismo. De ahí hay un paso para llegar a la conclusión de que la fruta madura de la libertad acabaría pudriéndose.

A Castellano le preocupó la avalancha electoral del 28 de octubre de 1982. Entendió que con el felipismo comenzaba un nuevo régimen político. Hubiera preferido un camino más lento hacia el poder porque ello hubiera asegurado la democracia interna del partido, alertado a la dirección de actividades corruptas y limitado el poder del aparato. Aquella temprana reflexión de un puñado de críticos socialistas fue cobrando mayor vigencia en los años sucesivos, cuando la manzana podrida se hizo presente en la vida pública.

La preocupación fue compartida de manera transversal. Los socialistas críticos y los que no eran socialistas comenzaron a inquietarse con la aparición en el foro público de un nuevo fenómeno que se dio en llamar el «pensamiento único». Se presentaron sucesivamente «novedades» políticas que presumían de un comportamiento «correcto» y se supeditaban a las demás opciones de una sociedad civil y pluralista.

Con la renovación del PSOE bajo el hiperliderazgo de Felipe González emergió la tóxica tentación del adanismo que tanto recorrido ha tenido en la democracia que estableció la transición política posfranquista. Lo nocivo de las jaleadas primicias políticas sobrevenidas es que rechazaban de plano conductas anteriores en lugar de tomar la senda sensata que es la de corregirlas, adaptarlas y asumirlas.

En los sistemas parlamentarios de alternancia en el poder, los dirigentes de partidos competitivos utilizan mucho el aforismo de «firmeza en las ideas y flexibilidad en la táctica». Un partido que sufre una derrota electoral se somete a una mutación externa y de carácter superficial que corrige los errores que, según su debate interno, le llevaron a perder votos. Eso es flexibilidad táctica, y los remedios introducidos no interfieren en las ideas, en los principios y en los valores que constituyen los genes del partido.

Tras un revés electoral, la mutación externa puede llevar al partido a dulcificar un debate excesivamente duro o a cambiar un líder especialmente inepto a la hora de comunicar y explicar mensajes. Según Castellano, en el cambio del PSOE bajo la dirección de González hubo mucha flexibilidad táctica, lo cual era necesario, y a la vez no hubo firmeza alguna para mantener las esencias del partido. Se produjo una mutación externa y superficial, pero sobre todo hubo una mutación genética.

Los críticos socialistas sostienen que en el Congreso de Suresnes de 1974 murió el partido que fundó Pablo Iglesias y nació uno nuevo que sería el felipismo. Con ello se renunció a la sensibilidad obrerista de las viejas siglas históricas y se declinó gobernar de acuerdo con unos objetivos socialdemócratas que eran asumibles para la sociedad española. Pasaron al olvido las señas de identidad del partido tradicional, su comportamiento ético y su austeridad moralizante.

Las descalificaciones de Castellano y de otros que se vieron desplazados por la profunda reconversión del partido que había llevado a cabo la nueva dirección, fueron rebatidas por el éxito electoral que cosechó un González cada vez más pragmático. El felipismo sustituyó a los nostálgicos por los modernizadores. Sin embargo, González pudo haber sido mucho más respetuoso y generoso con la herencia socialista. Debió de haber tenido algo más de consideración con los históricos que, con pudor, velaron por la continuidad del PSOE durante el franquismo. González no lo fue y no lo hizo: defendía su proyecto político y tenía prisa.

En aquella campaña de 1982, en aquel periplo por plazas de toros y polideportivos, era de Perogrullo que las elecciones se ganaban al frente de un partido populista que, con sofisticadas técnicas de marketing, enardecía a un auditorio tras otro. El PSOE jamás hubiera conseguido el resultado que obtuvo si se hubiera mantenido más fiel a los parámetros de una ideología genéticamente petrificada en los tiempos y trastornada por las penalidades de una guerra perdida, del exilio y de la clandestinidad.

La glorificación de González fue tácticamente entendible. La limitada formación democrática del electorado después de cuarenta años de dictadura no daba para más. Pero aquella avalancha de votos que recibió González y que le alzó al poder no fue un buen augurio para el buen y transparente hacer de la Monarquía parlamentaria. Alejó la posibilidad de la alternancia en el poder y debilitó a la sociedad civil. Según los clásicos de la Antigüedad, las sociedades y sus instituciones son solventes y sanas cuando no hay entidad o personalidad alguna que sea excesivamente poderosa.

CAPÍTULO 12

Luces y sombras del felipismo

Alfonso Guerra, que tenía una buena ganada fama de ocurrente sobrado y de sardónico burlón, utilizó la metáfora del cocinero y del maître con un pequeño grupo de corresponsales extranjeros. Le habíamos convidado a cenar en la primavera de 1983 y queríamos saber con más precisión cuál era la relación a la hora de formular políticas entre él y Felipe González. Guerra, el vicepresidente del Gobierno, tenía un muy alto perfil en los medios, y el poder parecía bicéfalo en aquellos meses de estreno del felipismo.

El PSOE dominaba el Congreso de los Diputados, se hacía fuerte en las instituciones, su militancia crecía vertiginosamente y miembros del partido poblaban todas las administraciones, la central, las autonómicas y las locales. González era el carismático jefe del Gobierno mientras que Guerra, conocedor al detalle de los estatutos del PSOE, controlaba férreamente el partido. Dicho de otra manera, la pregunta era ¿quién tenía la sartén por el mango? ¿El que aparecía en la propaganda electoral de los comicios del octubre anterior o el que eligió el cartel y diseñó la campaña?

González presidía un Consejo de Ministros anclado en la mesura, y la ortodoxia fiscal de Miguel Boyer al frente del Ministerio de Economía y Hacienda era aplaudida por los mercados. Guerra, por su parte, imponía un marcado acento radical en el partido que sustentaba al Gobierno. La distribución del poder entre los dos estaba en función de los más de diez millones de votos que había recibido el partido. La mitad de esa suma eran del PSOE, y de ellos se ocupaba Guerra. La otra mitad los recibió un moderado González y eran votos «prestados».

Siendo tan absoluto el poder socialista, la cuestión era por qué lado se inclinaría la balanza de las opciones políticas. El felipismo ¿desmovilizaría a la izquierda gobernando en clave de un populismo que «vertebrara» al país sin definición ideológica más allá del mando personalista? ¿O establecería las bases de una política socialdemócrata de estatalización y reparto?

A Guerra le encantó la pregunta. El local de cinco tenedores y la mención de la «sartén» inspiraron su respuesta, y no dijo ni una cosa ni la contraria. Explicó que él estaba en la cocina y que González estaba en la sala donde servía los platos habiéndolos aliñado previamente al gusto del consumidor. Esto, que tenía su gracia, podía, en teoría, funcionar cuando había una propuesta programática compartida en sus grandes líneas por ministros y por dirigentes del partido, por votantes y por militantes socialistas de base. En aquel momento lo estaba.

El programa del PSOE también fue asumido entonces por la Unión General de Trabajadores (UGT). Éste era un detalle muy importante porque el concepto fundacional de la familia socialista que creó Pablo Iglesias en agosto de 1888 era el de un solo cuerpo que tenía dos pies, o dos brazos o dos ojos. El PSOE y la UGT celebraron sus congresos fundacionales en Barcelona aquel verano con pocos días de diferencia al amparo de la Ley de Asociaciones que había promulgado el Gobierno liberal de Práxedes Sagasta, y Pablo Iglesias, la cabeza del cuerpo socialista, presidió ambos colectivos durante muchos años.

La propuesta regeneracionista de la campaña de 1982, que era la de asegurar y consolidar la democracia y modernizar la sociedad para que «funcionase» España, era válida para una legislatura y acaso para dos. Pero tenía fecha de caducidad. A partir de la tercera, que comenzó en 1989, y sobre la cuarta legislatura de González, que se inició en 1993, ¿qué platos se estaban cocinando y sirviendo?

Años después, José Félix Tezanos (Santander, 1946), hombre de los fogones ideológicos del PSOE y director de la Fundación Sistema que presidía Alfonso Guerra, sostuvo que al final de la década de los ochenta los electores que se sentaban en la sala de comensales habían llegado a la conclusión de que «la cocina socialista había dejado de preparar plato alguno».1

La UGT aguantó, mal que bien, las primeras medidas de austeridad que introdujo el Gobierno de su «fraterno» partido pero, llegada la segunda legislatura, al sindicato le pareció que lo que servía el Gobierno de González era empalagoso e imposible de digerir. En protesta por los planes de abaratar el despido e introducir contratos temporales para jóvenes trabajadores, el metalúrgico Nicolás Redondo, referente legendario del movimiento obrero socialista, convocó, junto con Comisiones Obreras (CCOO), el sindicato rival, una huelga general el 14 de diciembre de 1988 que paralizó el país durante veinticuatro horas.

El divorcio entre partidos socialdemócratas y sus entrañables sindicatos tuvo lugar en toda Europa en el último cuarto de siglo del XX, pero la ruptura familiar en España fue especialmente traumática. En la segunda legislatura de Felipe González (1986-1989), UGT pasó a ser la verdadera oposición al Gobierno del PSOE, que contaba con una muy cómoda mayoría parlamentaria. De hecho, la pierna, o el brazo, obrero del PSOE ocupó el lugar que le correspondía a un centro-derecha, Alianza Popular (AP), que había perdido el rumbo ante la dimisión de su fundador Manuel Fraga Iribarne.

Carlos Solchaga (Tafalla, Navarra, 1944), que heredó la cartera económica y la ortodoxia financiera de Miguel Boyer, fue el principal blanco de Nicolás Redondo. Arreciaban las protestas y tuvo que soportar la creciente popularidad del líder sindicalista, que era vitoreado por la izquierda como el «único socialista honrado» y el «único auténtico socialista».2 Solchaga representaba la cultura del «pelotazo» y el «abrazo aristocrático», término que Redondo empleó con frecuencia, entre el Gobierno teóricamente socialdemócrata y el poder empresarial.

A Redondo le desesperaba la pérdida de principios y valores socialistas durante los años de gloria del felipismo. Esto le dolió más incluso que los proyectos gubernamentales de reforma del mercado laboral. En 1996, después de haber perdido González el poder y tras haber dimitido él de sus cargos en UGT, Redondo dijo que el aplastante triunfo electoral del PSOE en 1982 fue «lo mejor que pudo haber para Felipe González y lo peor para el socialismo».3

En realidad, los diez millones y pico de votos y los 202 escaños en el Congreso de los Diputados que consiguió el PSOE en aquellas elecciones que tanto desasosiego le causaron a Redondo, encerraban una contradicción que no quisieron ver ni Guerra con sus pinches en la cocina ni González con sus comensales en la sala. Era imposible, por mucha imagen bicéfala que se promocionara, gestionar tal apoyo electoral a satisfacción de todos.

González y Guerra estaban al frente del partido castizo de la izquierda española cuya misión histórica era contentar a su base fundamental, que era la clase trabajadora, mejorando prestaciones y nivelando desigualdades. A la vez, dirigían un partido político que había prometido a toda la sociedad un cambio hacia la seguridad institucional y la modernidad. Por ello, lo que José Félix Tezanos llamaba las capas urbanas y profesionales habían «prestado» su voto al PSOE. En la España disfuncional y de la crisis política en el comienzo de la década de los ochenta, ningún otro partido podía ofrecer lo mismo con credibilidad.

La desafección de la UGT con las políticas de González se manifestó antes que la animadversión de las clases medias. En gran medida, el gobierno del PSOE pudo detener la emigración de votos burgueses hacia un encaje más natural en el centro-derecha porque esta opción política vivía sus horas más bajas a la espera de una renovación coherente de su liderazgo. Fraga Iribarne sumaba votos con cuentagotas, y su sustitución, en la persona de José María Aznar, no llegó hasta la década de los noventa.

La imagen de seguridad que ofrecía González a un electorado no socialista le permitió al presidente del Gobierno sacar adelante la permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el polémico referéndum que se celebró el 12 de marzo de 1986. González anunció su postura a favor de la Alianza Atlántica después de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE) a comienzos de aquel año, y salió del atolladero en el que se había metido por un margen de 52,5%-39,8% con una participación del 59%, gracias a los votos «prestados».

El líder socialista fue abandonado por muchos en la izquierda, que se agruparon en la plataforma anti-OTAN, y se salvó de la quema gracias a que una proporción muy importante del electorado de centro-derecha hizo oídos sordos a la insensata recomendación abstencionista de Fraga Iribarne. Ante el peligro de un resultado muy ajustado, González dijo que dimitiría si perdía el referéndum, y la amenaza impactó acaso más a la derecha que a la izquierda.

El deseo de que España siguiese perteneciendo al sistema de seguridad de Occidente era minoritario porque el franquismo había inculcado el antimilitarismo y el anti-americanismo en la sociedad española. Una mayoría de españoles no abrazó de repente el atlantismo en aquel reñido plebiscito. Lo que reflejó el resultado del referéndum fue el miedo a perder el liderazgo moderado y modernizador de González.

Julio Feo, que desde la Transición pertenecía al reducido grupo de socialistas atlantistas, recordó que la campaña del referéndum sobre la permanencia en la OTAN le «hartó» singularmente a González y le «desgastó». Destacó que el «tirón» transversal del presidente del Gobierno fue la clave del éxito del plebiscito. Según avanzaba la campaña, los estrategas del partido constataron que el factor del liderazgo de González superó rápidamente cualquier entusiasmo de que España permaneciese en la OTAN.4

A finales de su primera legislatura, Felipe González representó la seguridad al igual que en las elecciones de 1982. En su petulante autoestima, los políticos suelen considerarse imprescindibles, y en el caso de González su engreimiento en esas fechas hubiera sido muy comprensible. Probablemente no padeció tal vanidad, dada su compleja personalidad de timidez y altibajos anímicos, pero lo cierto es que gracias a su carismático liderazgo retuvo durante varios años más los votos «prestados».

En las elecciones generales de 1986, celebradas en junio a los tres meses del referéndum de la OTAN, el PSOE perdió más de un millón de votos y 18 escaños, pero con 184 diputados González revalidó con comodidad su mayoría absoluta. El PSOE aparentemente no tenía por qué intranquilizarse, puesto que Alianza Popular solamente pudo repetir los 105 escaños que obtuvo en 1982, y el humillante resultado apartó a Fraga de la política nacional. El campeón del conservadurismo hispano había tocado suelo y techo a la vez.

Sin embargo, sí había motivo para una cierta alarma. En aquellas elecciones el Centro Democrático y Social (CDS), que había fundado Adolfo Suárez, obtuvo 18 escaños, los mismos que perdió el PSOE. La vuelta a la política del gran gestor de la Transición resultó ser un espejismo, pero señalaba que el flanco centrista de González no estaba seguro. Con el tiempo, con una organización y un presupuesto muy superiores a los que disponía Suárez en aquellas elecciones y con un PSOE bajo sospecha y deshilachado, ese flanco lo traspasaría Aznar con relativa facilidad.

Los elementos que pudrirían la manzana estaban ya presentes al final de la primera legislatura de González. La pretensión de vertebrar España sobre la base de un partido que, a todos los efectos, era un partido único fue siempre ilusoria. En lugar de regenerar la vida pública, lo que consiguió el PSOE con su masiva presencia en las administraciones del Estado fue degenerarla. El felipismo tenía poco interés doctrinal en la separación de poderes, que es la piedra angular de la democracia liberal.

El PSOE aprovechó su aplastante mayoría parlamentaria para reformar en 1985 la Ley del Poder Judicial, por la cual el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, quedaba bajo control del Parlamento. Se atribuyó a Alfonso Guerra la frase «Montesquieu ha muerto», que certificaba la defunción de esa separación de poderes que articuló el prohombre de la Ilustración francesa en su Espíritu de las Leyes. Guerra siempre mantuvo que su comentario a la reforma fue mal interpretado, pero el «espíritu» totalizador no admitía dudas sobre la intención socialista.

El PSOE, que aparentaba estar embriagado con su mayoría parlamentaria, consideraba que los jueces estaban escorados hacia la derecha y que su conservadurismo no reflejaba lo que los españoles habían votado libremente en octubre de 1982. Su intromisión política estableció un precedente perdurable, puesto que la independencia judicial fue desde entonces puesta en entredicho por sucesivos gobiernos de distinto signo político.

En esos años no levantaba cabeza una alternativa política creíble, y el órgano legislativo ni actuaba como control del Ejecutivo ni pretendía hacerlo porque las mayorías en la Monarquía parlamentaria las fabricaban los aparatos de los partidos. El sistema político que surgió de la Transición no se molestó en institucionalizar contrapoderes al poder gubernamental y velar por su eficaz autonomía. El sometimiento de los diputados a la disciplina del voto y el fenómeno del «rodillo» parlamentario cuando existía una mayoría no contribuyeron a la calidad democrática de la España constitucional. Esto no inquietó al PSOE, que en aquel momento campaba a sus anchas, ni preocupó después al centro-derecha cuando finalmente le tocó el turno de gobernar.

El abrumador control del felipismo en todas las esferas, desde la cultura hasta la elección del beneficiario de la última peseta que salía de las arcas públicas, estaba enmarcado por la superioridad moral de la cual hacía gala el Partido Socialista. Esto, que era común a toda la izquierda y también a los partidos nacionalistas, fue una herencia directa del totalitarismo. La dictadura también presumía de valores superiores y eternos y excluía a quienes no los compartían. La narrativa de superioridad moral que desarrolló el PSOE fue extremadamente maligna para la consolidación de una cultura democrática y pluralista que González decía liderar.

Según José María Aznar, que reflexionó frecuentemente sobre esta pretendida prepotencia púdica: «el dogma de la superioridad moral de la izquierda conduce irremediablemente a negar la legitimidad de las opciones políticas que no se identifican con ella».5

Una pueril pedantería de mucho político a la hora de evitar cualquier debate de fondo es la de afirmar que su adversario no le puede dar «lecciones de democracia». En tales intercambios se presume de una sapiencia de la cual se carece.

La democracia es la consecuencia, no planeada pero sí celebrada, del disenso y de la confrontación. Y la democracia ni arraiga ni sobrevive sin la aceptación del adversario.6 Solamente con ese asentamiento y con esa tolerancia se evita que la competencia entre los partidos se resuelva en violencia. Ésa es la lección básica de la zigzagueante historia del parlamentarismo en España y que el felipismo no impartió. Tan grave, o más, para el proceso de pudrimiento de la manzana fue el recurso a esta superioridad para ignorar con desparpajo, e incluso para justificar, conductas corruptas.

En las elecciones del 29 de octubre de 1989, el PSOE, con 175 escaños, perdió la mayoría absoluta por la mínima pero, en la práctica, la retuvo porque los cuatro diputados electos de la coalición Herri Batasuna (HB), el brazo político de ETA, no ocuparon sus escaños. Esta vez el debilitamiento del poderío socialista vino por el flanco opuesto. Julio Anguita (Fuengirola, Málaga, 1941), al frente de Izquierda Unida (IU), consiguió doblar los votos de IU consiguiendo 1,8 millones y también su representación en el Congreso con catorce escaños.

Sin embargo, el partido de Anguita y los disidentes del PSOE como Pablo Castellano, que se habían unido a la coalición de Izquierda Unida, no tenían motivos fundados para celebrar ese resultado. La maquinaria electoral socialista, que recibía financiación irregular a través de la trama llamada Filesa que comenzó a salir a la luz pública, funcionó como una apisonadora y los sindicatos no pudieron capitalizar políticamente el éxito de la huelga general del año anterior.

González seguía fuertemente instalado en el poder, y la cocina del PSOE preparaba el banquete de 1992. El primer plato fue la inauguración del AVE Madrid-Sevilla, el segundo plato fue la Expo del Quinto Centenario en la capital hispalense, y el fastuoso postre fue la Olimpiada en Barcelona. Todos ellos platos de alta cocina, como lo fueron también la adhesión de España al Tratado de Roma y la CEE en la primera legislatura.

A la larga, lo más interesante de las elecciones de 1989 que permitieron una tercera legislatura de González fue que en ellas se presentó José María Aznar al frente de un centro-derecha que había sido refundado y rebautizado como Partido Popular (PP). Si bien Aznar obtuvo unos resultados pobres, ganó 107 escaños (dos por encima del «techo» de Fraga), el PP fue el partido más votado en Madrid. El germen de una oposición política al poderío socialista comenzaba a instalarse en las capas más dinámicas de la sociedad.

Felipe González fue el primer político de la historia de la democracia en España que consiguió ganar tres elecciones sucesivas, y todavía le quedaba una cuarta. Esto se debió a la extrema debilidad parlamentaria que creó la inicial avalancha de votos socialistas. Los 202 escaños conseguidos en 1982 representaron una suma tan excepcional como irrepetible. Por ello, fue enteramente normal que, en adelante, el PSOE fuese perdiendo, elección tras elección, escaños en el Congreso de los Diputados.

No menos natural fue que el electorado centrista abandonase paulatinamente las siglas y que el PSOE sufriese una lenta sangría de votos «prestados». González había creado la «seguridad» requerida, porque lo civil ya primaba sobre lo militar y con la integración en Europa, el cambio de España, en su sentido amplio, estaba también asegurado. Los electores no socialistas ya no se sentían impulsados a seguir facilitando votos al PSOE. De haber percibido antes una alternativa política verosímil, hubieran dejado de hacerlo mucho antes.

Según José Félix Tezanos, hacia finales de la década de los ochenta:

las clases medias empiezan a ver que [Felipe González] ya ha cumplido el programa modernizador y que, por lo tanto, el PSOE no es necesario. Así se pierde el voto en las ciudades.7

Tezanos y otros biempensantes del PSOE intentaron retener este voto con una estrategia que denominaron el Programa 2000 y que resultó ser inútil. En lugar de abrirse con propuestas ilustradas, el Partido Socialista se recluyó más y más en su opaco aparato y en las redes clientelares que controlaba.

El desencanto de la izquierda con González fue un proceso más complejo. El desengaño para Nicolás Redondo y para la UGT se produjo de manera inmediata cuando el Gobierno de González tomó el poder y, acto seguido, decidió no aplicar la reducción de la semana laboral a 40 horas que figuraba en el programa electoral.

Lo que le irritó sobremanera al líder sindicalista fue que el ministro de Trabajo, Joaquín Almunia (Bilbao, 1948), se negó a pactar un calendario para cumplir con tal horario. La irritación de Redondo tenía que ver con la prepotencia de los modos:

Es evidente que desde la oposición se piensa que se pueden hacer cosas que luego en el gobierno no se pueden hacer. Pero cuando se promete un cambio profundo, no se puede, nada más llegar al gobierno, decir que algo como las 40 horas se aplaza sin fecha.8

Almunia justificó la bofetada que propinó a la UGT aludiendo a la «herencia recibida». Recurrió así a la coartada que, con un creciente descrédito para el sistema partidista, emplearían sucesivos políticos ante promesas electorales incumplidas.

Ciertamente, el ministro de Trabajo, instruido por Miguel Boyer, tenía motivos sobrados para negar las 40 horas. En la segunda mitad de 1982 empeoró el déficit público, las elecciones retrasaron el ajuste del tipo de cambio, y la perspectiva de una inevitable devaluación por el nuevo Gobierno provocó una fuerte salida de capital y, ante las expectativas creadas por la llegada de los socialistas al poder, la cifra de paro registrado aumentó en 300.000 personas entre octubre y diciembre.9

Redondo contuvo lealmente su enfado a lo largo de la primera legislatura, pero a partir de entonces su paciencia no daba más de sí. La ruptura entre el Gobierno del PSOE y el movimiento obrero se escenificó con la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Hubo nuevos paros generalizados en 1992 y 1994.

Ningún presidente del Gobierno en la democracia posfranquista sufrió tanta contestación sindical como el icónico y heterodoxo socialista que refundó el PSOE. A pesar de esta irónica circunstancia, el movimiento obrero, la base fundamental del PSOE, siempre mantuvo la esperanza de que el partido volviese a sus orígenes socialdemócratas.

En todos los lugares, el socialismo democrático tiene un amplio suelo electoral compuesto por votantes que defienden el Estado del bienestar y lo que, con imprecisión demagógica, se llama las «conquistas sociales». Es una red de seguridad como la que emplean los trapecistas, y la caída de González en 1996 después de cuatro legislaturas fue suave. Consiguió 9,4 millones de votos y Aznar le quitó el poder por un estrecho margen de 300.000.

Según José Félix Tezanos, aquel muy considerable apoyo electoral que obtuvo el PSOE no fue un «voto de convicción positiva». Felipe González recibió el voto de los beneficiarios de las prestaciones, y este apoyo cautivo lo tiene siempre el Gobierno en el poder mientras no reduzca el gasto social. Aznar cuidó este flanco, y en las elecciones de 2000 el Partido Popular consiguió la mayoría absoluta.

La consecuencia no anticipada del hiperliderazgo de González fue que el felipismo perjudicó la calidad de la Monarquía parlamentaria. El apabullante triunfo electoral del PSOE en 1982 se debió a las circunstancias muy concretas de una crisis en el sistema, y el corolario fue que se tardó mucho tiempo en nivelar el campo de juego democrático. En las legislaturas de 1982, 1986 y 1989 el bipartidismo, y por la tanto la alternancia en el poder, brillaba por su ausencia. Al margen de broncas sindicales, el felipismo no tuvo rival político. La oposición parlamentaria que representaba otros principios y otros valores era un convidado de piedra en el Congreso. Al consolidarse el hiperliderazgo de González, cualquier regeneración en las filas socialistas era imposible.

Según los cálculos del propio Felipe González, hubo 170 nombramientos de jefes del Gobierno entre 1824 y 1992, es decir, «bastante más de uno por año si quitamos los 30 años de dictadura».10 Hasta que él llegó a la Moncloa, Adolfo Suárez fue el que más había durado de forma continuada al frente de un Consejo de Ministros, y él dobló la trayectoria de su predecesor. Como es natural, González dio mucho valor a la estabilidad que representaba su liderazgo, y rechazó como «falso» el debate de que su poder sobre los votantes impedía la renovación del partido.

Convertido de nuevo en líder de la oposición tras las elecciones de 1996, cualquier reflexión sobre el hecho de que sus muchos años en el poder habían limitado el debate político y debilitado la sociedad civil no entraba en sus cálculos. Esperó hasta el Congreso del PSOE en junio del siguiente año para dimitir como secretario general, y las dificultades posteriores que tuvieron los socialistas para reemplazarle fue la muestra de que entre los damnificados por su hiperliderazgo estuvo su propio partido.

Al final, González y su «vocación mayoritaria» cayeron porque dejaron de ser especialmente útiles para una base socialista dividida, desencantada y desmovilizada, y porque el felipismo ya no era para nada necesario para quienes no eran de izquierdas. Pero, sobre todo, el proyecto y sus propuestas se derrumbaron por culpa de la corrupción. Este fenómeno fue acaso el mayor legado al sistema político español de los largos años del socialismo en el poder. Fue el más catastrófico.

Según Joaquín Almunia, hubo, entre otras cosas, un exceso de confianza –que calificó de «ingenuidad irresponsable»– y que consistió en «creer que el hecho de ser socialista supone una garantía de honestidad y de desprendimiento».11 Se pensaba alegremente que todo socialista era una persona buena y decente por el mero hecho de serlo y estar al tanto de su cuota en la agrupación de su vecindad. Se creía que ningún miembro del PSOE, por mucho poder que tuviese en los distintos niveles de la administración y por poca supervisión que hubiese de su gestión, podía ceder a tentaciones veniales o a seducciones de mayor calado.

Junto a la piadosa idea de que el poseedor de un carnet socialista era de probidad irrenunciable, el PSOE creó un sistema de poder interno muy jerarquizado y piramidal, con muy pocos controles. Según Almunia, había una «inexistencia clamorosa de mecanismos de control» en el aparato del Estado y en la administración pública. Tales mecanismos no habían existido en el franquismo, y el PSOE no supo crearlos en otras cosas porque no creyó que fuesen necesarios.

A la vez estaba el problema de la financiación de los partidos, cuyos gastos en sedes, en personal y en campañas habían crecido exponencialmente y sobrepasaban ampliamente los ingresos que recibían de los presupuestos generales del Estado. La combinación de despilfarro y penuria dio lugar a que los aparatos de los partidos hiciesen la vista gorda a la financiación de la política por vías espurias. El escándalo de la trama Filesa a finales de la década de los ochenta mostró cómo el PSOE recibía tributos sustanciales de distintas empresas según fórmulas que habían creado sus partidos homónimos en Francia y en Italia. Con ello, se generó un foco de corrupción personal entre quienes estaban cercanos a la financiación irregular del partido.

Lo que ocurrió fue que cada vez se confundía más lo que iba a la organización política y lo que acababa en el bolsillo particular de quien colaboraba activamente en la financiación del partido. Esto generó a su vez un sistema perverso que se autoalimentaba. La necesidad apremiante de los partidos de cubrir sus gastos corrientes atrajo a mucho pícaro y a mucho golfo que se ofrecía con descaro a solucionar los problemas de caja y, de paso, enriquecerse.

Uno de los casos más sonados de corrupción socialista, no por el monto de las irregularidades sino por la notoriedad del manilargo, implicó a Juan Guerra, hermano pequeño de Alfonso Guerra. Las denuncias de que el Guerra menor estaba envuelto en un tráfico de influencias que le reportaba importantes beneficios crearon una fuerte polémica mediática y acabaron por forzar la dimisión como vicepresidente del Gobierno del todopoderoso Guerra mayor en enero de 1991.

El editor y ensayista Javier Pradera, intelectual muy cercano al felipismo y cabeza pensante del diario El País, reflexionó, de manera ácida y dolorida, en un libro que fue publicado póstumamente, sobre cómo después del franquismo se configuró una vuelta a la tortilla en lo referente a prácticas putrefactas. Fue un ajuste de cuentas:

incruento y crematístico [que concedió] a los nuevos gobernantes, a sus familiares y a sus correligionarios esos mismos derechos –morales y políticos– a mejorar de fortuna gracias al ejercicio del poder que tan enérgicamente habían negado a sus predecesores.12

El planteamiento de que el enriquecimiento ilícito ya pasaba a ser el privilegio de otros que se habían hecho con el poder estaba a medio camino entre el cinismo y la provocación. Tuvo implicaciones perversas no ya para el socialismo de González sino para la vida política en general del sistema parlamentario.

Cuando la tortilla dio otra vuelta, los nuevos en la plaza imitaron las prácticas corruptas de sus predecesores. A los cuarenta años de la muerte de Franco, gran parte del debate entre los dos principales partidos se había reducido a acusaciones cruzadas de «y tú más». En la percepción pública, la poco edificante dialéctica parlamentaria sugería que la corrupción era sistémica en la clase política.

En Andalucía, el feudo del felipismo donde operó Juan Guerra, la corrupción echó profundas raíces en un terreno abonado. Los intermediarios bien relacionados con el poder tenían amplias posibilidades para repartir favores y licencias, y mezclar siempre lo público con lo privado. La propagación de tales prácticas construyó una imponente red clientelar que convirtió la mayor y más numerosa autonomía del país en el infranqueable coto particular del PSOE.

La sucesión de escándalos, junto con las aciagas actuaciones de la matona banda anti-ETA –conocida por sus siglas GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación)– que fueron financiadas por fondos reptiles del Ministerio del Interior, comenzaron a ensombrecer el carisma de González y la fascinación que desde hacía más de una década ejercía sobre el electorado.

A pesar de ello, el PSOE recuperó votos en las elecciones del 6 de junio de 1993, que tuvieron una alta participación del 76%, aunque su representación parlamentaria se redujo a 159 escaños, ya lejos de la mayoría de 176. El resultado forzó a González a negociar un pacto de legislatura con la minoría catalana de Convergència i Unió (CiU). El acuerdo fue inédito en el felipismo y humillante para quien lo presidía.

La campaña fue atípica para los socialistas porque Alfonso Guerra, que ya había abandonado la cocina, no la dirigió, y porque el partido estaba dividido entre los llamados «guerristas» y los denominados «renovadores». Los primeros, que se habían hecho fuertes en el aparato, eran acusados de ser corporativistas y endogámicos por los segundos. Éstos, alineados con González, decían tener un modelo más instrumental y más permeable del partido, y que estaban abiertos a las demandas y a las inquietudes de la sociedad.

Fue una campaña particularmente extraña para el PSOE porque González incluyó en las listas electorales del partido a progresistas independientes con más o menos notoriedad pública. El partido nunca le interesó mucho a González, y le dejó de interesar del todo cuando el debate interno del PSOE se redujo a broncas entre guerristas y no guerristas para ocupar espacios de poder. Su gancho personal bastaba para mantenerle al frente del Gobierno de la nación.

El papel esencial de un partido, de acuerdo con las teorías clásicas del parlamentarismo, es proveer de cuadros al Gobierno. Con el tiempo, González llegó a pensar que el límite que imponía una estructura partidaria no era ni «suficiente» ni «conveniente». Al enfocar su cuarta legislatura, pensaba más en los nueve millones largos de votos que recibía que en los 300.000 afiliados al partido y buscó independientes que estaban «dentro del proyecto», es decir, del suyo:

A mí lo que me parece insano y pasado en términos históricos es la patrimonialización que hace el militante del partido y del proyecto político que el partido presenta a la sociedad.13

La paradoja de su reflexión al año de perder el poder fue que ese sentido patrimonial y de usufructo, tan típico de un partido «único», fue la consecuencia de los éxitos que él mismo logró con su liderazgo.

El más espectacular de los golpes de efecto de Felipe González para entusiasmar de nuevo al electorado fue situar al juez Baltasar Garzón como número dos, inmediatamente detrás de él, en la lista por Madrid, y por delante de un político socialista popular, leal y de largo recorrido como era Javier Solana. Pocas decisiones como ésa demostraron mejor su desprecio por el partido y su propia egolatría después de tanto tiempo en el poder.

La cooptación de Garzón fue desastrosa porque abandonó su escaño al no ver cumplida su ambición de ser ministro de Justicia. La decisión de contar con él que tomó González fue una muestra palpable de pérdida de rumbo político. Esto es normal después de trece años presidiendo gobiernos. En el caso de González, la desorientación se agravó porque fue incapaz de renovar el partido durante los casi veinte años que habían pasado desde que en el Congreso de Suresnes fue elegido para dirigir el PSOE en la democracia que se avecinaba.

Su incapacidad fue la losa del felipismo. González llegó al poder prometiendo el cambio y la modernización para todos, y no quiso o no pudo tutelar la evolución de sus correligionarios. De hecho, por haberse convertido en el líder del PSOE a los treinta y dos años, fue un «tapón» generacional que impidió cualquier progreso por los peldaños de la pirámide del poder socialista de jóvenes valores políticos que le podrían relevar.

Nadie cuestiona que en el haber de González está el decisivo liderazgo que ejerció en momentos críticos y su formidable facultad de arrastre. Lo mostró cuando el PSOE tuvo que liberarse de la sobrecarga ideológica propia del exilio y la clandestinidad, y asumir grandes giros. Sin González, el PSOE no hubiera eliminado, cuando lo hizo, el marxismo como señal del partido.

Su campaña «De entrada no» a la adhesión de España a la Alianza Atlántica fue irresponsable y demagógica, y su promesa electoral de celebrar un plebiscito para decidir la permanencia de España en la OTAN fue un error. Sin embargo, la mejor muestra de su hiperliderazgo fue la manera en que pudo reconducir estas insensateces. El desgaste político que sufrió resultó ser pasajero.

Sin González, tampoco hubiera evitado el PSOE la tentación en 1982 de gobernar con un programa de izquierdas, estatista y de nacionalizaciones, como hicieron los socialistas franceses cuando François Mitterrand llegó a la presidencia de la República el año anterior. Miguel Boyer advirtió a González que los franceses se iban a «dar una bofetada de manual». Y así fue. De imitarles y seguir por esa senda, el siguiente batacazo se lo llevaría el PSOE. González, para desesperación de los radicales del PSOE, le hizo caso a Boyer.14

En el haber de Felipe González está su «heterodoxo» interés para un socialdemócrata en establecer las bases de una economía abierta y fomentar la libertad del mercado. En sus mandatos se legisló la independencia del Banco de España, se creó la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se reformó y se redujo el sector público, y se inició la política de privatizaciones que continuó el gobierno de José María Aznar.

Sin embargo, la ascendencia de González en lo alto de la pirámide del poder tenía un efecto que en cierto modo paralizaba el normal funcionamiento del gobierno y del partido. Es el mal de todo sistema jerarquizado y estaba incrustado en la cultura política española. En opinión de Joaquín Almunia, hubo una gran incapacidad por parte del partido para tomar decisiones que no habían sido previamente marcadas por el líder:

Es que cuando Felipe González se va quince días de vacaciones se produce una sensación de orfandad que parece ridícula en un partido que cuenta con tanta experiencia y, sin embargo, sucede.15

Este omnipotente y omnipresente pastoreo de González fue ruin para el PSOE y fue diabólico para el sistema parlamentario en general porque sucesivos dirigentes de los partidos políticos imitaron su modelo de liderazgo. José Félix Tezanos lo llamó «neo-bonapartismo» en un crítico repaso al felipismo.16

El único intento serio de renovar el PSOE no vino de la mano de González, sino que se debió a Alfonso Guerra, que, en 1985, comenzó a reunir en Jávea (Valencia) a militantes y simpatizantes de su confianza en jornadas anuales de encuentro y estudio. La iniciativa del número dos del Gobierno y del partido recibió el visto bueno de la Ejecutiva del PSOE el año siguiente.

Hubo un ingente número de reuniones por todo el país, y una comisión, creada por Guerra, redactó las bases del llamado Programa 2000 en 15 volúmenes, que contenían nada menos que 120 monografías económicas, sociológicas y políticas. Fue un intento tan meritorio como baldío, que demostró el bajo nivel teórico del PSOE en su versión guerrista y la inercia del propio partido.

Tezanos, que estuvo muy involucrado en el proyecto, y por supuesto Guerra esperaban que el movimiento de Jávea y el Programa 2000 sirvieran como guía de las prioridades del socialismo para el siglo XXI en una sociedad avanzada. El profesor Richard Gillespie, un estudioso del PSOE y catedrático en la Universidad de Liverpool, consideró que el trabajo fue «decepcionante», porque «prácticamente ninguna de las propuestas era nueva».17

El PSOE no se dio por aludido en este esfuerzo, válido o no, de renovación programática. El programa 2000 fue aprobado sin discusión y por unanimidad en el XXXII Congreso del PSOE que se celebró en noviembre de 1990. Se supone que algunos delegados se habrían leído al menos algunos de los 15 volúmenes del documento base pero ninguna de las propuestas programáticas mereció un debate.

Los socialistas se reunieron en pleno escándalo Juan Guerra –acusado, entre otros delitos, de fraude fiscal, malversación de fondos y usurpación de funciones–, y lo que debatieron, en el recuerdo de Almunia, fueron «espacios de poder, espacios de influencia, lealtades profesionales, castigos a los desleales y premios a los leales».18

El poco ejemplar proceder de aquel congreso explica que González, con cincuenta y un años cumplidos, construyese su propio modelo de renovación, reclutando a independientes para las elecciones de 1993. El posterior pacto legislativo que creó con CiU para poder formar un gobierno tuvo poco recorrido. Cuando Jordi Pujol juzgó que soplaban nuevos aires políticos, CiU rompió el acuerdo negándose a aprobar los presupuestos de 1996. Ya lejos de la amplísima mayoría que le catapultó al poder, González fue forzado a convocar elecciones anticipadas.

La última legislatura de González tuvo más pena que gloria. La despensa socialista estaba podrida, nada salía de su cocina y no había qué llevar al comedor. Los escándalos de corrupción subían de registro con la fuga del exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán. Para deshonra perdurable del felipismo, el caso GAL salió ya plenamente a la luz pública. Con todo, lo peor para Felipe González fue que tuvo que enfrentarse a un cada día más crecido José María Aznar. La oposición del líder del Partido Popular fue tan inmisericorde como la que él mismo dispensó a Adolfo Suárez entre 1977 y 1982. Eran las reglas de juego que González había creado.

CAPÍTULO 13

El imparable fracaso del centro-derecha

El 19 de noviembre de 1975, Manuel Fraga Iribarne salió temprano de la señorial residencia londinense del embajador de España en Belgrave Square, se fue al aeropuerto de Heathrow y tomó un vuelo al de Barajas. En Madrid le esperaba el abogado madrileño Carlos Argos, que le llevó directamente a la Ciudad Sanitaria de La Paz donde estuvo el tiempo preciso para hablar con familiares y allegados de Franco, y con los miembros del equipo médico que le atendían. Al salir, Fraga comentó a Argos: «Mi querido amigo, esto no dura más de veinticuatro horas; hay que prepararse para el futuro».1 El referente de la derecha española acertó en su pronóstico, pero no fue capaz de establecer el marco político del posfranquismo que llevaba en la cabeza.

En las décadas anteriores, todos los embajadores de España en el Reino Unido habían dedicado, con creciente hastío, las tres cuartas partes de su tiempo a Gibraltar. Fraga fue la excepción. Su obsesión era el cambio de régimen en España y el papel que él iba a jugar en el proceso. Recibió incesantes visitas de sus leales, les dio los informes que redactaba a vuela pluma, y les organizó en grupos de trabajo. Creó el embrión de un partido político camuflado en distintas sociedades anónimas y estudió con detenimiento el parlamentarismo británico.

La tenacidad, la energía y la ambición de Fraga no tuvieron parangón en la derecha española del tardofranquismo. Ante la proximidad de una nueva etapa política redobló el esfuerzo que mostró cuando fue ministro de Información y Turismo durante los años del desarrollo económico, cuando su empeño modernizador tanto incomodó al inmovilismo. Para el franquismo sociológico representaba un aperturismo conservador, controlado y seguro. A pesar de todo ello, ni estaba ni estaría equipado para aprovechar las oportunidades que ofrecía el finiquito del Régimen. En cualquier caso, el futuro no lo preparaba él.

La fruta madura la recolectó don Juan Carlos. El Monarca se puso delante de la manifestación que pedía la normalización de la vida política del país. La encabezó con su propio plan, largamente discutido con Torcuato Fernández-Miranda y ocultado a todos los demás, para introducir la democracia plena. Como sucesor de Franco, el Rey contaba con todos los poderes y las prerrogativas para hacer realidad la reconciliación y el régimen de libertades que tan ampliamente ansiaban los españoles, y las utilizaría. El compromiso proactivo de la Corona le pilló a Fraga con el pie cambiado, y lo mismo les ocurrió a prácticamente todos los dirigentes del arco político en España, empezando por los que hablaban de «Juan Carlos el Breve».

La estrategia continuadora, pero no continuista, que adoptó don Juan Carlos no figuraba en los planes de Fraga porque el propósito del incombustible político gallego fue situarse a sí mismo como el árbitro y principal agraciado del nuevo régimen. A los siete años de la muerte de Franco y a menos de cinco de las primeras elecciones en libertad de la Monarquía, el indiscutible beneficiado de aquella cosecha de la fruta fue un abogado laboralista de treinta y tres años que estuvo enclaustrado clandestinamente con sus correligionarios socialistas el día que Fraga voló a Madrid con la intención de hacerse cargo del futuro. Lo máximo que consiguió Fraga en la política nacional fue ser el jefe de un partido de oposición que distaba mucho de ser una alternativa de poder.

Felipe González se reunió con Fraga, a petición de éste, el 30 de abril del año siguiente en un encuentro que fue bastante surrealista por el contraste en las circunstancias de los dos interlocutores, por la conversación que mantuvieron y por la fecha de su celebración. González estaba procesado, y el interés que tenía Fraga por hablar, de político a político, con el líder del ilegal PSOE no le impidió, como ministro de la Gobernación del Gobierno de la Monarquía, ordenar la dura represión de las múltiples manifestaciones que tuvieron lugar el día siguiente, 1 de mayo.

Fraga, que según González tenía «la absoluta certeza» de que iba a ser nombrado presidente del Gobierno en sustitución de Carlos Arias Navarro, le explicó al dirigente socialista cómo se iba a ordenar la transición y le ofreció un pacto. Le dijo a González que habría un partido conservador, que presidiría él, y que este partido gobernaría España en los siguientes diez o doce años. Al cabo de este periodo de estabilización: «nosotros, los socialistas, tendríamos una oportunidad de alternancia si conseguíamos desarrollar una alternativa socialdemócrata según el modelo europeo».2

Lo que Fraga pretendía era la repetición, aunque en plazos dilatados, del pacto de turnismo, «yo soy Cánovas y usted, mi querido amigo González, es Sagasta», al estilo de la primera restauración de la Corona. La oferta resultó ser descabellada, y dio la medida de los extraordinarios errores tácticos y de previsión que el iracundo hombre de la derecha española era capaz de cometer. Fraga no sucedería a Arias Navarro, no sería el arquitecto político de la segunda restauración de la Corona, y no presidiría gobierno alguno al frente de su partido en un régimen parlamentario.

El fracaso de Fraga fue acompañado por el de otros dos veteranos de la vieja política. Uno fue el abogado del Estado y letrado del Consejo de Estado Federico Silva Muñoz (Benavente, Zamora, 1923 - Madrid, 1997), que lideraba el ala integrista de Acción Católica. Titular de la cartera de Obras Públicas entre 1965 y 1970, Silva fue compañero de Gobierno de Fraga en los años del desarrollismo, y la condición de haber sido ministro de Franco los descalificaba a los dos en teoría como dirigentes en la democracia. El segundo, José María de Areilza (Portugalete, Vizcaya, 1909 - Madrid, 1998), fue procurador en Cortes y consejero nacional del Movimiento por designación directa de Franco entre 1946 y 1958 y embajador en Buenos Aires, Washington y París. En 1964, Areilza jugó la carta liberal y monárquica, y pasó a ser secretario del Consejo Privado de don Juan en Estoril.

Al igual que Fraga, tanto Silva como Areilza aspiraban a suceder a Arias Navarro. La frustración vital que compartieron se debió, entre otras cosas, a un impedimento biológico que les era imposible subsanar. Los tres nacieron en el primer cuarto del siglo XX, y la dirección de la Transición estaba reservada a la generación posterior. El futuro pertenecía a los políticos –fuesen colaboradores del Régimen o antifranquistas– de la generación de don Juan Carlos, que no hizo la guerra.

Sin embargo, el naufragio político del trío, muerto Franco, no estaba escrito en el tardofranquismo. A comienzos de 1975, Fraga abandonó por unos días sus quehaceres diplomáticos en Londres y se reunió en Madrid con Silva y con Areilza. El motivo de esta «cumbre», que creó mucha expectación, fue estudiar la posibilidad de formar una coalición según las pautas marcadas por el Estatuto de Asociaciones Políticas que había promulgado el Gobierno de Arias Navarro. El intento de acordar una oferta política conjunta –llamada la «Santa Alianza» por los medios– contó con el apoyo, discreto y en la distancia, del entonces príncipe Juan Carlos.

Al explicar la operación años después, Alfonso Osorio, político cercano a La Zarzuela y hombre fuerte en el primer gobierno de Adolfo Suárez, dijo que al futuro Rey le preocupaba que las asociaciones políticas que se habían constituido eran al 100% del Movimiento. La «oferta electoral» de las asociaciones, gérmenes teóricos de futuros partidos políticos que pastoreaba el Gobierno de Arias Navarro, era paupérrima y nada creíble. Estaban Unión del Pueblo Español, que lideraba Suárez, y dos o tres más, a cuál más integrista, entre ellas una asociación que agrupaba a los excombatientes del bando franquista.

Don Juan Carlos quería la democracia parlamentaria, pero lo que no deseaba era que en el campo político de su reinado solamente jugasen las asociaciones adictas al Régimen y las organizaciones que, desde la clandestinidad, se habían opuesto al franquismo. Según Alfonso Osorio, el Príncipe deseaba «a toda costa» la constitución de un poderoso partido político que fuese más plural y más cercano a su persona. Y puntualizaba: «Es entonces cuando [don Juan Carlos] intenta, sin aparecer él bajo ningún concepto, que el entendimiento de Areilza, Fraga y Silva llegue a buen puerto».3

El abogado del Estado santanderino había recibido lo que él llamó la «instrucción» de utilizar todas sus habilidades persuasivas y conciliadoras para conseguir un acuerdo entre los tres. Conociéndolos como los conocía, Osorio sabía que la pretendida alianza entre los primeros espadas de la derecha era poco menos que imposible. La nave no llegó a ningún puerto porque cada uno quería subirse a un barco distinto.

Silva se descartó porque estaba en una operación concreta. Quería alcanzar la presidencia del Gobierno a través de la terna que presentaba el Consejo del Reino a la jefatura del Estado. El mecanismo, que fue creado por la Ley Orgánica de 1966, le reportó a Silva resultados lamentables. Estuvo en la terna que fue presentada a Franco al ser asesinado Carrero Blanco, y el dictador eligió a Arias Navarro. Estuvo también en la que recibió don Juan Carlos cuando dimitió Arias Navarro, y el Rey optó por Adolfo Suárez.

Por perseguir su particular quimera en el Consejo del Reino, Silva no estaba por la labor de coaligarse con sus rivales políticos en un partido político que competiría con otros en un sistema parlamentario. Fraga, por su parte, veía con claridad el final del Régimen y no quiso caer en la trampa del asociacionismo que tendía el último Gobierno de Franco. No tenía el más mínimo sentido subirse al último vagón de un tren que estaba próximo a finalizar su recorrido. Al rechazar Fraga la vía estatutaria del asociacionismo, se opuso también Areilza, porque ambos –el uno brusco y más conservador, y el otro cortesano y más liberal– querían ocupar el mismo espacio en cuanto llegase la reforma política.

Areilza, ministro de Asuntos Exteriores en el primer gobierno de la Monarquía, rivalizaba con Fraga en su total certeza de que sería él quien sucedería a Arias Navarro. A ojos de la opinión pública, sobre todo la internacional, Areilza era el más aperturista de aquel gobierno, mientras que Fraga, que tenía la siempre ingrata tarea de mantener el orden público en tiempos de convulsiones, no hacía más que provocar la ira de los manifestantes en la calle. Pero al contrario de Silva, presente en todas las ternas y perdedor siempre, ni Fraga ni Areilza merecieron la consideración de Torcuato Fernández-Miranda y del Consejo del Reino que presidía.

Al no cantar al unísono aquel trío, la Corona tocó otra tecla en búsqueda de un partido político afín. Muerto Franco y siendo ministro de la Presidencia en el primer gobierno de la Monarquía, Osorio hizo un último, e igualmente infructuoso, intento de aunar voluntades en el centro-derecha. De nuevo, puso manos a la obra siguiendo recónditas «instrucciones», poco menos que invisibles, de don Juan Carlos.

En esta ocasión, Osorio se esforzó en convencer a José María Gil-Robles, dirigente conservador de impecable pedigrí antifranquista, de que lo que debería hacer era convocar y presidir un gran congreso de reconstrucción de la Democracia Cristiana. Era una labor sumamente grata para el político santanderino, puesto que era un hombre de Acción Católica y se consideraba discípulo de su paisano el cardenal Ángel Herrera Oria.

Sin embargo, el voluntarioso y persistente Osorio chocó con varios problemas a la vez. La suma de dificultades ilustró lo complicado que era crear, después de cuarenta años de franquismo, un amplio partido con credenciales democráticas que plantase cara a la izquierda en un régimen de libertades. Esto era lo que quería don Juan Carlos, pero el gran problema fue que faltaban los mimbres necesarios para cumplir con sus deseos.

El centro-derecha católico estaba divido entre los colaboracionistas con el franquismo, que eran los más, los opositores moderados del Régimen, tolerados por el Tribunal de Orden Público, que eran los menos, y los adversarios tajantes de la dictadura, que eran poquísimos. Estos últimos pensaban que se podía traer la democracia contra Franco, y se pasaron el tiempo que duró el Régimen conspirando y debatiendo cómo hacerlo.

Los opositores a machamartillo en el campo democratacristiano acudieron junto con los no menos honrosos y tozudos legitimistas monárquicos al «Contubernio» que el Movimiento Europeo organizó en Múnich en 1962, y sufrieron multas y confinamientos por ello. Eran respetados como demócratas pero, aunque se les consideraba bastante irrelevantes, consiguieron incorporaciones importantes, entre ellas la de Joaquín Ruiz-Giménez, que había sido ministro de Educación entre 1951 y 1956, fue la más destacada. El quisquilloso Gil-Robles, que tuvo mucha autoridad sobre el carismático Ruiz-Giménez, fue siempre el referente.

Para acabar de complicar la tarea de Osorio, el relevo generacional del Régimen y el de la democracia cristiana se tiraban mutuamente los tejos. Esto, que era natural e inevitable, lo sabía perfectamente Osorio. La nueva hornada de democratacristianos tenía un pie en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNdP), que aglutinaba a cristianos en las profesiones liberales, y otro en el franquismo, donde ocupaban altos cargos.

La nueva promoción cristiana tenía poco que ver con históricos gruñones como José María Gil-Robles, y percibía como utópica cualquier pretensión de crear una amplia oferta electoral de centro-derecha al margen de los jóvenes reformistas del franquismo, a los que conocían desde su época universitaria. El propio Osorio tenía una doble militancia como animador de la ACNdP, procurador en Cortes y miembro del Consejo del Reino, y pobló el primer gobierno de Adolfo Suárez de colegas propagandistas.

El problema inmediato que tuvo Osorio para organizar un gran congreso de reconstrucción de la democracia cristiana en los primeros meses del reinado de don Juan Carlos fue que Gil-Robles, que para entonces tenía setenta y ocho años de edad, no se fiaba. No se creía que el Rey fuera a cesar a Arias Navarro y forzar la transición hacia la democracia, por mucho que Osorio le dijese que éste era el plan de la Corona.

La fruta estaría todo lo madura que se quisiese, pero una larga experiencia política había convencido a Gil-Robles de que los regímenes instalados en el poder se resistían a efectuar profundos cambios. La Monarquía le había dado muchos disgustos. Rompió con don Juan porque el conde de Barcelona pactó con Franco la educación de don Juan Carlos en España, y no le inspiraba confianza alguna su hijo, el sucesor de Franco a título de Rey. Gil-Robles practicó la lealtad «accidentalista» con el régimen de la Segunda República, pero en el franquismo fue un rupturista.

Mientras duró el Régimen, la democracia cristiana fue un campo minado por piques y por personalismos que ocupaban todo el arco político. Gil-Robles despreciaba a los correligionarios de Acción Católica que, inspirados por Herrera Oria, colaboraron durante décadas con el franquismo con la esperanza de reformarlo desde «dentro». Gil-Robles había trabajado codo a codo con el futuro cardenal y arzobispo de Málaga a lo largo de la República, y rompió con Herrera Oria después de la guerra civil. Divergieron sobre la actitud que había que tomar frente al Régimen.

Herrera Oria siguió predicando un respeto crítico, pero recto y leal, al poder constituido, en este caso el franquista, mientras que Gil-Roles no concebía que se pudiera ser «accidentalista» en una dictadura. Al político le repelía especialmente la conducta de fervorosos defensores del Régimen, como Federico Silva Muñoz, que se ponían la etiqueta democratacristiana.

Gil-Robles se resistió «como gato panza arriba» a las sugerencias de Osorio de que el gran congreso de reconstrucción debería incluir a quienes se habían distinguido como colaboradores del franquismo, excepción hecha del «arrepentido» Ruiz-Giménez. Sin embargo, era evidente que, sin el concurso de los democratacristianos «contaminados», el gran evento constituyente que quería don Juan Carlos se reduciría a una charla de café. Las elecciones de 1977 certificaron el ínfimo poder de convocatoria de José María Gil-Robles y Joaquín Ruiz-Giménez.

Lo que acabó por hundir del todo el proyecto que Osorio llevaba entre manos por indicación del Rey fue la total hostilidad del cardenal Vicente Enrique y Tarancón. El cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal se opuso a cualquier operación política que tuviese la denominación o la orientación democratacristiana. Estaba seguro de que un partido político de cristianos comprometidos sería perjudicial para la Iglesia, y así lo dijo a cuantos le quisieron escuchar.

La muy inflexible postura de Tarancón reflejó la nueva sensibilidad del Concilio Vaticano II y la decantación por la democracia y la separación de Iglesia y Estado del clero más joven. Su hostilidad a un partido democratacristiano no fue compartida por todos los obispos, algunos de los cuales seguían anclados en el nacionalcatolicismo, pero tuvo el firme apoyo del papa Pablo VI. Con el rechazo frontal del cardenal Tarancón, Osorio se topó con un obstáculo que no pudo superar.

El motivo de la iniciativa de Osorio era muy claro, pero igual de evidentes fueron los inconvenientes que impedían un pacto. Surgieron problemas irresolubles. A don Juan Carlos, el piloto del cambio, le faltaba una pieza esencial para el tablero político que quería en una democracia plena. Era del todo necesario un partido político que ocupase el espacio entre los defensores y los oponentes del Régimen. Previsiblemente, los ultras del franquismo serían numéricamente pocos y había un ancho espacio electoral entre ellos y la izquierda. Con un liderazgo moderado y una conducta demócrata, la nueva formación política representaría a los valores y principios conservadores y cristianos que compartían amplias capas de españoles. Agruparía políticamente a lo que era la mayoría silenciosa.

Era una aspiración muy razonable para quien planteaba un cambio político que, de la Ley a la Ley pasando por la Ley, haría posible unas elecciones en libertad que reflejasen fielmente las distintas sensibilidades políticas del país. Una parte era sociológicamente franquista pero, al salir de una dictadura, los españoles demandaban un sistema político homologable con el de Europa, y el electorado estaba lógicamente encandilado con los contenidos y los lemas, los dogmas y las frases de la progresía.

Para estabilizar la democracia tenía que existir una opción alternativa que compitiese con la izquierda y se turnase con ella en el poder. Y para poder ser una alternativa real, el centro-derecha tenía que ser «desfranquizado».

Don Juan Carlos intentó promover esta opción, actuando desde las bambalinas, con la Santa Alianza a comienzos de 1975. Areilza había roto con el Régimen, Fraga ofrecía una hoja de servicios modernizadores, y Silva podía disimular su franquismo bajo el velo católico. Eso fue un fracaso y, ya Rey, don Juan Carlos intentó la misma articulación un año después, centrando su iniciativa en la democracia cristiana. Para entonces, la cuestión ya tenía visos de urgencia, puesto que la nula evolución de Arias Navarro hacia el aperturismo provocaba una creciente crispación en la plaza pública.

El inmovilismo del último presidente del Gobierno de Franco y el primero de don Juan Carlos actuaba como sargento reclutador de la disidencia. Se declararon 3.156 huelgas en 1975, el último año del franquismo y el de más conflictos laborales en toda la historia del Régimen. En los tres primeros meses de 1976 se registraron 17.731.4 En marzo del primer año del reinado de don Juan Carlos se fusionaron en un solo frente amplio de oposición la Junta Democrática, que manipulaba el Partido Comunista de España (PCE), y la Plataforma de Convergencia Democrática, que manejaba el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Coordinación Democrática, resultante de la fusión y popularmente conocida como la Platajunta, no tuvo mucha operatividad dadas las mutuas suspicacias entre comunistas y socialistas. Sin embargo, el frente formalmente común, y popular entre los militantes de la izquierda, fue un serio aviso de que la oposición, todavía ilegal y clandestina, podía dominar la agenda. Los rupturistas aprovechaban la ausencia de un calendario reformista gubernamental y se adelantaban a los acontecimientos.

El riesgo era que el antifranquismo arrasase en la democracia que quería pilotar el sucesor del dictador. Don Juan Carlos no quería un partido «del Rey», puesto que el lema de los Borbones, al fin y al cabo, era «la Monarquía de todos», pero tampoco quería dejar el nuevo régimen de libertades sin contrapoder político alguno y preso de la prepotencia de partidos escorados a la república.

La Transición tenía el doble objetivo de normalizar la vida política con una democracia de corte europeo y consolidar a la Corona como árbitro y moderador del sistema parlamentario. Visto lo visto con los dos fracasos que Osorio no pudo evitar, la cuestión era ¿qué hacer? La solución fue Adolfo Suárez. Lo fue por defecto. No existía otra.

Existe una amplia bibliografía sobre los pasos previos a la sintonía que establecieron don Juan Carlos y Adolfo Suárez. También sobre su eventual quiebra cuando, después de ganar las elecciones de 1979 y ser presidente del Gobierno por méritos propios de acuerdo con la normativa de la Constitución, Suárez perdió la confianza del Rey. En cuanto a lo primero, se incide en la simpatía personal de Suárez, su optimismo y sus deseos de agradar, su afán de servicio, el pragmatismo de sus instintos políticos, la rapidez de sus reflejos y su audacia en la toma de decisiones, y su ligero bagaje ideológico. Fueron habilidades y cualidades que también caracterizaban a don Juan Carlos.

Torcuato Fernández-Miranda conocía bien el perfil de Suárez y le recomendó para ocupar la cartera de la Secretaría General del Movimiento en el primer gobierno de la Monarquía que formó Carlos Arias Navarro. El Rey y su mentor político concebían la Transición en dos etapas, y la primera era desmontar el Régimen «desde la ley». Pensaron que esto lo haría Arias Navarro bajo la presión de Fraga, de Areilza y del propio don Juan Carlos, y se equivocaron de plano. Suárez, político de una nueva generación que tenía toda la ambición por delante, era el recambio más apto para el cometido. El derribo legal del sistema franquista tenía que ser dirigido por uno del gremio del Régimen.

Al decidir nombrar a Suárez presidente del Gobierno, don Juan Carlos dio por terminada su discretísima búsqueda de una formación de centro-derecha, no contaminada por el Movimiento, que nivelase el campo político. Aquello tendría que esperar y ya se irían clarificando los espacios en una democracia. La contestación en la calle crecía y lo perentorio era la reforma política.

Por todo ello el Rey tomó directamente el mando e intervino, ya sin tapujos, en el proceso. Cesó a Arias Navarro, que a lo largo de seis meses había hecho caso omiso a sus advertencias, y apostó por una persona, desconocida para la mayoría de los españoles, que juzgó reunía las condiciones idóneas para hacer exactamente lo que él quería.

Don Juan Carlos se decantó por Suárez porque el ministro secretario del Movimiento estaba dispuesto a ser dirigido por él y por Fernández-Miranda, y a implementar en el plazo más breve posible el cambio político que ambos habían diseñado. De ahí que, después de presidir las sesiones del Consejo del Reino que eligieron la terna de posibles sucesores de Arias Navarro que iba a llevar a La Zarzuela, Fernández-Miranda dijera: «lo que el Rey me ha pedido».

Ni el Rey ni su mentor político –el «empresario» de la Transición y el «libretista» de la obra– contaban con que el «actor» que habían elegido para representar la función querría seguir ocupando un papel estelar en la siguiente función, en la segunda etapa de la Transición, que era la democracia.

El hecho de que Suárez quisiera lo mismo que el Monarca y Fernández-Miranda, al menos en el primer ciclo del cambio político, era un factor añadido a su favor. Tres semanas antes de la dimisión de Arias Navarro, el 1 de julio de 1976, Suárez había defendido con brillantez ante las Cortes el proyecto de Ley de Asociaciones políticas que fue aprobado por una amplia mayoría de la cámara. Pero la votación no significó la salida del laberinto. La ley quedó empantanada inmediatamente después en el Consejo Nacional de Movimiento. Fue el último cartucho del primer gobierno de la Monarquía.

Al defenderlo en las Cortes, Suárez dijo que la ley elevaba «a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal». Se podía hablar de la fruta madura de una manera más alta, pero no más clara. Suárez dijo lo mismo, punto por punto, el mes siguiente cuando, como presidente del Gobierno, anunció los pasos que iba a dar para reformar la política. Prometió un régimen de libertades porque lo podía prometer. Tuvo la voluntad política de democratizar España.

La Ley de Asociaciones políticas abría la puerta a los partidos políticos que se sometían al control del Ministerio de la Gobernación y del Tribunal Supremo, y de haber existido la voluntad política de impulsarla, podía haber sido aprobada en el tardofranquismo. No hubo tanto atrevimiento en vida de Franco. La muerte del dictador tampoco infundió prisas en la voluntad de Arias Navarro.

El primer presidente del Gobierno de la Monarquía tenía que haber promulgado la apertura política nada más asumir don Juan Carlos la jefatura del Estado. Sin embargo, con su «historia» a cuestas, Arias Navarro dilató el proceso y acabó permitiendo su descarrilamiento. Fue el cúmulo de muchos despropósitos. Por el contrario, a Suárez las asociaciones le venían con naturalidad, porque desde el Movimiento, antes de ser ministro del partido único en el primer gobierno de la Monarquía, había creado y presidido una de ellas, la Unión del Pueblo Español (UDPE).

Manuel Fraga y José María de Areilza, que se estrellaron contra la desgana de Arias Navarro, y, por supuesto, José María Gil-Robles y Joaquín Ruiz-Giménez y la oposición no tolerada, demandaban todos lo mismo y con impaciencia. Querían partidos políticos cuanto antes y sin más, y hacían ascos a las asociaciones. No obstante, Suárez y los demás jóvenes reformistas del régimen entendían que las asociaciones eran un paso previo para la democracia plena. Así se lo dijo Suárez a Franco cuando, en la primavera de 1975, le presentó la directiva de UDPE:

Esta asociación política no es más que un embrión imperfecto e insuficiente del pluralismo político que será inevitable cuando se cumplan las previsiones sucesorias.5

Al ser nombrado ministro en el primer gobierno de la Monarquía, Suárez dejó UDPE en manos de Cruz Martínez Esteruelas, que había cesado como titular de la cartera de Educación al morir Franco. Martínez Esteruelas hubiera dicho lo mismo que Suárez al dictador, pero en el reinado de don Juan Carlos no cabía, con justicia, hablar de «embriones». Como se avecinaba el pluralismo político, Martínez Esteruelas incorporó UDPE a la Alianza Popular de Fraga Iribarne, que era su espacio natural.

Para Suárez y otros aperturistas del franquismo, el asociacionismo no era un ejercicio de adornar la dictadura ni de cambiar algo las cosas para que todo siguiese igual. Nadie tenía que decirles que, después de la dictadura, vendrían la reconciliación y la democracia. Desde sus puestos de mando habían constatado la madurez de la fruta. Querían repartirla y, también, participar en su consumición.

Adolfo Suárez pudo sentirse cómodo con su primer gobierno, porque los ministros que reunió constituían una asociación política hecha a la medida de las circunstancias y próxima al espíritu que él mismo le había explicado a Franco dos años antes. En realidad, fue una asociación que le vino dada al presidente del Gobierno, porque Suárez no tenía especiales referencias de varios de sus ministros ni ellos las tenían de él. Pero esto poco importaba, porque el artífice del segundo gobierno de la Monarquía fue don Juan Carlos, y la cultura política de Suárez era la de obedecer al mando superior y ejercerlo ante los subordinados.

Suárez incorporó a viejos compañeros de viaje –como Eduardo Navarro– a su secretaría, pero el único reformista del Régimen que quiso, o pudo, incluir en su Gobierno fue Rodolfo Martín Villa, prohombre de la organización sindical. Ministro de Relaciones Sindicales en el primer gobierno de la Monarquía, Martín Villa pasó a ocupar la cartera clave de Interior, entonces de la Gobernación, que Fraga había dejado vacante.

Al repasar los nombramientos con Alfonso Osorio, Suárez le dijo a su vicepresidente que sus amigos políticos «no tienen, desgraciadamente, imagen para este momento; sí la tienen, por el contrario, los tuyos. Veamos los nombres que consideras ministrables, ministro por ministro». Según Osorio, los amigos que figuraban en la lista de Suárez eran «jóvenes neofalangistas».6

Los puestos importantes del segundo gobierno de la Monarquía fueron para democratacristianos que habían ocupado altos cargos en el franquismo y, también, para aperturistas sin clara afiliación que tampoco se habían distinguido particularmente por su oposición a la dictadura. El Gobierno que formó Adolfo Suárez en julio de 1976 fue el embrión, defectivo y exiguo, de Unión de Centro Democrático (UCD). Como tal, fue el trampolín del partido más votado en las primeras elecciones en libertad el año siguiente.

Una muestra de la intervención directa de don Juan Carlos en la formación del primer Gobierno de Adolfo Suárez fue el nombramiento de Marcelino Oreja como titular de Asuntos Exteriores, Ministerio del cual era subsecretario a las órdenes de José María de Areilza. Fue un ejemplo paradigmático del largo, y por lo general invisible, alcance de la mano real, y mostró el capital político que don Juan Carlos tuvo que invertir a los seis meses del comienzo de su reinado para desatar los nudos del «atado y bien atado».

Don Juan Carlos ayudó decisivamente a Suárez a hacer esto mismo, rodeándole de colaboradores que le prestaban credibilidad aperturista. Sin embargo, la labor concreta y específica de soltar amarras le tocaba a Suárez y solamente a Suárez. Era la responsabilidad de quien había hecho toda su vida política en el Régimen, llegando a ser ministro secretario general del Movimiento.

Marcelino Oreja estaba en su casa y se disponía a ir al Ministerio para deshacer su despacho ante el cambio de Gobierno cuando fue convocado de manera urgente a la Zarzuela. Ahí don Juan Carlos le dijo que Adolfo Suárez, que había jurado el cargo de presidente del Gobierno, le pediría que sucediese a Areilza en la cartera de Asuntos Exteriores. El Rey confiaba en el subsecretario porque el trato entre los dos había sido cercano desde la juventud de ambos, y le dijo enigmáticamente que el nuevo Gobierno estaría formado por quienes «no habían hecho la guerra».

De vuelta a Madrid, Oreja apuntó en un sobre que tenía a mano: «ministro ¿con quién?». Y a continuación: «ministro ¿para qué?». Al poco tiempo, le localizó Adolfo Suárez y le citó en Castellana 3, que entonces era la sede de la Presidencia del Gobierno. Al ofrecerle Suárez la cartera de Asuntos Exteriores, tal como había anticipado don Juan Carlos, Oreja preguntó quién más iba a estar en el Gobierno. Suárez contestó lacónicamente: «tus amigos».

Oreja prácticamente no conocía al nuevo presidente, y su nombramiento, como al resto de la clase política y al país entero, le había producido «perplejidad». No creía que Suárez fuera capaz de conducir el país hacia el cambio democrático que él y sus correligionarios querían y como lo podía hacer, por ejemplo, Areilza. Por eso había anotado: «gobierno ¿para qué?». Le bastó una hora de conversación con Suárez para salir de dudas: «En mi caso, lo que quería era pisar el acelerador del cambio político, y eso se hacía con Suárez».7

La percepción mediática del nuevo Gobierno fue que lo presidia Adolfo Suárez pero que lo había formado Alfonso Osorio, que fue ascendido por Suárez a vicepresidente para Asuntos políticos manteniendo la cartera de Presidencia que ocupó en el Gobierno de Arias Navarro. Sin embargo, Osorio siempre sostuvo que los nuevos ministros eran amigos del Rey y, más exactamente, de Jacobo Cano, destacado colaborador de don Juan Carlos que en 1969 ingresó en el reducido equipo de la Zarzuela después de ser nombrado el Príncipe sucesor de Franco.8

Jacobo Cano, que murió en un accidente de coche en la carretera de El Pardo en 1971, fue un hombre de Acción Católica, como Osorio y Oreja, y había sido director del Colegio Mayor San Pablo, ligado a la ACNdP, y jefe de Gabinete de Federico Silva Muñoz antes de incorporarse a la secretaría de don Juan Carlos por recomendación de Oreja. Fue, junto con Osorio y Oreja, responsable de acercar a la Zarzuela a prometedores democratacristianos que pertenecían a la generación del entonces Príncipe. Años después, José Joaquín Puig de la Bellacasa y Jaime Carvajal Urquijo harían la misma labor introductoria con un grupo de políticos mucho más plural.

El núcleo de esta promoción de la ACNdP y allegados fue el grupo Tácito, que agrupó a más de un centenar de personas unidas por lazos profesionales e ideológicos en charlas, debates y cenas. La tarjeta de visita colectiva de todos ellos en el tardofranquismo fue un artículo semanal, redactado por un reducido grupo que firmaba como Tácito y que se publicaba en el periódico Ya y en las demás cabeceras de la Editorial Católica. El grupo era plural porque, además de «colaboracionistas» del Régimen –como Oreja, que era consejero nacional y había tenido una dilatada trayectoria en la administración–, incluía a hombres del «Contubernio», como Íñigo Cavero y Fernando Álvarez de Miranda. También fue miembro del grupo Tácito, aunque no particularmente democratacristiano, Leopoldo Calvo-Sotelo.

En sus artículos semanales Tácito pedía lo que estaba en la mente de muchos, y la demanda principal era la legalización de todos los partidos políticos sin exclusión. Como cristianos querían la economía de mercado con acento social, y como cristianos evolucionados la separación de Iglesia y Estado. También pedían el reconocimiento de los hechos diferenciales de los distintos pueblos de España.

Las propuestas del grupo eran un decálogo de mínimos para un gobierno democrático. A Adolfo Suárez, cuyo ideario arrancaba del Movimiento, los principios de Tácito le vinieron como agua de mayo. Suárez nombró a 19 ministros para su nuevo Gobierno y, si se resta al general Fernando de Santiago, vicepresidente para asuntos de Defensa, a los tres ministros militares y al de la moribunda Secretaría General del Movimiento, que desaparecería antes de un año, siete de los 14 restantes eran miembros de Tácito.

La «asociación política», reunida en el segundo gobierno de la Monarquía y presidida por Suárez, hizo lo que estaba llamada a hacer: conseguir la aprobación de la Ley para la Reforma Política por las Cortes orgánicas de Franco y por referéndum después. El mérito fue de Suárez y de sus amigos reformistas del Régimen que estaban vetados por su imagen «contaminada» para ocupar puestos ministeriales. Los hombres de la ACNdP en el Gobierno no sabían por dónde empezar a la hora de desmontar el franquismo.

La asociación política que constituyó aquel Gobierno para realizar una tarea concreta, aquel embrión imperfecto e insuficiente de un partido político, se convirtió en la Unión de Centro Democrático. Ante la inminencia de elecciones generales a los seis meses de la aprobación por referéndum de la Ley para la Reforma Política, liberales y conservadores, católicos y laicos que se decían socialdemócratas, colaboracionistas unos y no colaboracionistas otros, no combatientes todos, moderados y comprometidos con la normalización política, se daban empujones en la cola para ponerse detrás de Suárez.

En aquel momento, UCD complació con creces los deseos de don Juan Carlos de aglutinar políticamente al centro-derecha y ponerle bajo el mando de un líder indiscutido. Frente a la Santa Alianza, el partido oficialista representaba el relevo generacional. A la vez, UCD era mucho más abierto que una formación exclusivamente democratacristiana.

El entusiasmo duró lo que duró. Las desgracias de UCD comenzaron con la apresurada e interesada improvisación de su constitución y fueron en aumento con las porfías internas consecuencia de sus codiciosos pasos iniciales. A los cinco años de constituirse para ganar las elecciones de 1977, UCD desapareció del mapa político al perder ignominiosamente las de 1982. Se esfumó porque no fue nunca un partido político. Con inteligencia, tenacidad y flexibilidad lo pudo haber sido, pero no pasó de ser una agrupación de intereses sedientos de poder.

UCD cumplió su cometido de frenar, democráticamente, a la izquierda al comienzo del reinado y de consensuar con los demás partidos parlamentarios una Constitución que no excluía a ningún español. Consiguió asegurar para la Corona la cosecha de la fruta madura, pero no fue el eficaz, cohesionado y coherente partido de centro-derecha que quería don Juan Carlos para un sistema bipartidista estable.

UCD murió sola pero la mataron entre todos. No mereció oraciones fúnebres y tampoco faltaron dedos acusatorios. Para Marcelino Oreja la culpa fue de Adolfo Suárez, que no supo liderar un partido político en la democracia de partidos que él mismo, tan audazmente y de manera tan singular, había ayudado a crear. Oreja presintió la hecatombe el mismo día de la sesión de investidura de Suárez después de haber ganado UCD las elecciones de marzo de 1979:

Tenía plena conciencia de que había que empezar a sentar las bases de un partido y aprovechar ese momento como punto de arranque. Pero Suárez pensaba que ya tenía la mayoría suficiente y no estaba por la labor. Y es a partir de entonces cuando comienzan a aparecer en el interior de la UCD las tensiones entre los distintos partidos que la formaban. Y cada uno comienza a sacar el ideario que le acredita.9

Al perder estrepitosamente las elecciones de 1982, ya con Suárez fuera del partido, la entrega del poder político por la UCD al PSOE fue una humillante rendición incondicional. Con ello, en su fulgor y muerte, UCD contribuyó de una manera decisiva al proceso de la manzana podrida. La segunda restauración de la Corona no sería la tarea conjunta de partidos que se turnaban en el poder como quiso Fraga Iribarne. La consolidación de la Monarquía parlamentaria sería la obra unipartidista del PSOE.

CAPÍTULO 14

La búsqueda del centro político

Durante los dos años que estuvo de embajador en Londres, Manuel Fraga Iribarne mantuvo una agenda política británica tan frenética como el dietario que reservaba para las cosas de España. Se vio con muchos parlamentarios, financieros y empresarios que andaban todos convulsionados con las masivas movilizaciones y huelgas que organizaban unos sindicatos tan poderosos como radicalizados. En 1974, al año de ocupar Fraga su puesto, unas elecciones generales repusieron en el poder al Partido Laborista, y unas segundas aumentaron la exigua mayoría que la izquierda había obtenido seis meses antes.

Fraga, con su inagotable apetito por enfrascarse en la batalla de las ideas, se reunió también con miembros del mundo universitario británico, donde había bastantes budas académicos que hasta entonces no habían querido poner pie en la embajada franquista. No era el caso del profesor Raymond Carr, que, como eminencia que era de la historia contemporánea española, tenía fuertes lazos con España. Carr, a quien conocí mucho porque fui alumno suyo en la Universidad de Oxford, llegó a tener mucho aprecio por el político español. Me contó que se quedó horrorizado cuando Fraga le anunció que se volvía a Madrid para hacerse cargo del Ministerio de la Gobernación.

España aparecía en los estudios de Carr como un país más con problemas y retos parecidos a los del resto del continente europeo, y con aciertos y fracasos de la misma parentela. España no era una sociedad «diferente» ni su historia era «excepcional». Hubo, eso sí, salvapatrias que frenaban iniciativas modernizadoras o se pasaban varios pueblos con políticas de progreso. Sin embargo, Carr insistía en que esto no era necesariamente endémico entre los españoles ni particularmente singular de sus procesos políticos. Sabía que Fraga, a pesar de las apariencias de su enérgica personalidad, no era de ese pelaje. Admiraba en el político español la voracidad de su curiosidad intelectual y sus sólidos conocimientos de historiografía, y le auguraba un brillante futuro como hombre de Estado. Quería que Fraga midiese los tiempos de su vuelta al ruedo político español, y le aconsejaba paciencia.

Carr no tenía aprecio alguno por los cirujanos de hierro en ningún lugar. El general Miguel Primo de Rivera, por ejemplo, anunció que acababa con un «cuerpo podrido» cuando puso fin a la política de la primera restauración con su golpe militar de septiembre de 1923. A juicio de Carr, el Directorio Militar «estranguló a un recién nacido» porque los partidos que en tiempos dirigieron Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta habían adquirido anticuerpos, estaban en vías de regenerarse, y abandonaban la «vieja política». Carr no quería ver a su amigo Fraga metido en la vorágine de un cambio de régimen. Y menos aún con la responsabilidad de mantener el orden público. Lo que se le encargaba a Fraga podía hacerlo otro y, dadas las circunstancias, no lo haría ni mejor ni peor. Fraga tenía que dedicarse a crear una base electoral y reservarse para la regeneración y la «nueva política».

La reacción de Fraga a las recomendaciones de Carr fue fácil de suponer. Estaba en la línea de «mi querido amigo, mi país me reclama, sé lo que tengo que hacer y no tenemos más que hablar». Fraga había oído la aflicción de la patria y habló atropelladamente de su sentido del deber y su afán de servicio. Carr no esperaba otra respuesta, pero el tiempo se encargaría de demostrar que sus consejos fueron atinados.

Manuel Fraga se fue a Madrid con un proyecto escrito para reformar el Régimen que había pasado por varios borradores y, como campeón de la raza de opositores que era, con veinte mil argumentos en la cabeza para defenderlo. Lo que ocurrió fue que su agenda para el cambio político se desintegró ante el inmovilismo de Carlos Arias Navarro. El veterano franquista desconfiaba de todas la vías legales de apertura política que proponía el, entre otras cosas, catedrático de Derecho Político.

El paso de Fraga por el Gobierno de don Juan Carlos fue para él frustrante y amargo. Los españoles lo recordarían por su política represiva y, especialmente, por los luctuosos sucesos en Vitoria, en marzo de 1976, donde murieron cinco manifestantes. Era de prever.

De haber seguido las recomendaciones de Carr, Fraga habría estado viajando por el país escuchando a los españoles, creando redes de afiliados y dando mítines. Su estrategia, a la muerte de Franco, tenía que haber sido la de mantenerse en la banda del campo de juego durante el primer gobierno de la Monarquía, que, lógicamente, iba a ser un gobierno de transición, y articular políticamente a la mayoría silenciosa.

Lo crucial era preparar el centro-derecha para el partido definitivo: el de la competencia electoral con la izquierda en unas elecciones libres. Esto fue lo que quería don Juan Carlos cuando Fraga se reunió con José María de Areilza y con Federico Silva Muñoz en la nonata Santa Alianza y cuando animaba a José María Gil-Robles a reconstruir la democracia cristiana. Si Fraga se hubiese mantenido al margen del primer gobierno de la Monarquía, Suárez nunca le hubiera podido robar la ropa del centro reformista. Pío Cabanillas, el muñidor de UCD, habría pactado un acuerdo en torno a Fraga y a Areilza para encabezar la oferta electoral del centro-derecha.

A pesar de su inteligencia, y después de haber sido un testigo privilegiado del parlamentarismo británico en un momento de tensa confrontación, Fraga fue incapaz de entender la táctica de los tiempos. Margaret Thatcher, a quien conoció en Londres, se guardó de la quema durante la debacle conservadora de 1974, esperó su momento y se hizo con el liderazgo del partido el año siguiente, cuando el embajador preparaba sus maletas para volver a Madrid. En Fraga pesaban nobles sentimientos del servicio inmediato y del deber inapelable. Sin embargo, en una democracia competitiva estas emociones y conductas eran accesorias.

El Régimen legó un hábil sucesor a la jefatura del Estado, una economía robusta, y una sociedad ávida de consensuar la reconciliación y la normalización política. Sin embargo, no transmitió un liderazgo capaz de organizar con eficacia electoral el franquismo sociológico y dirigirlo con sapiencia en un régimen de libertades. Eso era mucho pedir a una dictadura que aborrecía la democracia y tenía al Movimiento como única organización política y como claque.

Fraga era el líder natural del centro-derecha español. No había otro con el suficiente mando para romper los clichés ideológicos del electorado franquista, ofreciéndole seguridad y cambio a la vez. Sólo Fraga podía ser el pedagogo que requería una mayoría silenciosa de cierta edad y cuya orientación política respondía a un catolicismo más bien integrista y a un concepto autoritario del poder.

Esto lo sabía Fraga como lo sabía Carr, profundo conocedor de los vaivenes de la política contemporánea española. Por eso, Fraga le ofreció un pacto de turnismo a Felipe González. Su equivocación fue planteárselo al líder socialista desde «arriba», como ministro de la Gobernación. La prepotencia de la carta otorgada era la cara menos amable del liderazgo del centro-derecha en todos los lugares. En España, Antonio Maura fue un ejemplo clásico de la «revolución desde arriba».

La alternancia en el poder, el bipartidismo a la europea y a la norteamericana, habría sido posible y beneficiosa para la fruta madura si, al volver a España, Fraga se hubiera dedicado a hacer política en lugar de fagocitarse en el puesto más complejo y desagradecido de un Gobierno efímero. La decisión de Fraga fue la acción refleja de un patriótico político franquista, no la de una demócrata calculador.

La consecuencia inmediata de su rebote fue que surgió el espejismo de Unión de Centro Democrático (UCD) como adversario de la izquierda. En el medio plazo, y como consecuencia de las incompetencias de la calamitosa agrupación en torno a Adolfo Suárez, provocó que el centro-derecha tardara catorce años en recuperar el poder. Fue José María Aznar y no Fraga quien, al final de la década de los ochenta, articuló un partido con la esperanza de que tuviese vocación mayoritaria de centro-derecha, y estuviera sólidamente estructurado e ideológicamente cohesionado.

Al refundar Alianza Popular (AP), la marca desgastada de Fraga, como el Partido Popular (PP), Aznar acabó en 1996 con el «largo gobierno» del felipismo que había comenzado en 1982. Cuando por fin se produjo la alternancia, la manzana ya estaba bastante podrida. Una democracia no goza de demasiada salud cuando la oposición apea al Gobierno del poder al grito de «paro, despilfarro y corrupción».

La larga travesía por el desierto del centro-derecha se prolongó por el caótico vacío que creó Fraga en 1986 al anunciar su decisión de dimitir y dar paso a una nueva generación. Una de las graves debilidades del bipartidismo español ha sido la ausencia de mecanismos eficientes para sustituir a sus líderes, y esto tiene su explicación. El neobonapartismo, cuyo mejor exponente fue Felipe González, dejó huérfano a sus bases cuando hizo mutis por el foro. Como los grandes cedros y eucaliptus que no dejan que nada crezca a su alrededor, el hiperliderazgo impide la selección natural de nuevos dirigentes. Esto también ocurrió con Fraga.

Fraga tiró la toalla como líder de AP cuando González revalidó, con mucha comodidad, su mayoría en el Congreso en las elecciones de finales de junio de 1986. Al repetir los resultados que había obtenido cuatro años antes, Fraga constató la inutilidad de su labor como jefe del principal partido de la oposición.

Es cierto que el Gobierno del PSOE había tenido una buena legislatura, que fue coronada por la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE) y por el éxito del referéndum sobre la permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en una polémica votación que provocó mucha contestación en la izquierda. Fraga, que pidió la abstención en lugar de apoyar el «Sí», desaprovechó una ocasión de oro para dividir las filas socialistas. No menos cierto fue el limitadísimo impacto en las urnas de AP. Felipe González, por ejemplo, no había cumplido con su promesa de crear 800.000 puestos de trabajo. De hecho, el desempleo aumentó en su primera legislatura. Adolfo Suárez, que reapareció en aquellas elecciones, se hizo con 1.800.000 votos desencantados, y «prestados», con el felipismo. De haber tenido Fraga un mínimo de sex appeal electoral, estos votos hubieran ido a AP.

Era evidente que el centro-derecha agrupado en la AP de Fraga había tocado un techo electoral no tanto por el buen hacer de su adversario político en el Gobierno, sino por un problema propio del fraguismo, que era poco menos que existencial. Frente a la popularidad de González, y también la de Suárez, Fraga inspiraba miedo. El desasosiego que imbuía el dirigente de AP en importantes capas de la población salió a relucir en una amplia encuesta interna que contrató su partido después del revés electoral.

La encuesta reveló muchas opiniones de innegable aprecio por las múltiples virtudes de Fraga. Frente a otros líderes del centro-derecha, Fraga era, de largo, el más capacitado para la cosa pública, el más brillante, el más trabajador y el más honesto. Sin embargo, Fraga daba miedo, y los encuestados reiteradamente expresaban sus temores. Decían cosas del orden de que Fraga «puede meter a mi marido en la cárcel» y «puede herir a mi hijo en una manifestación».

Fraga tenía que marcharse porque la percepción de que le vencía su vehemente temperamento no encajaba con una sociedad que, al acabar el franquismo, demandaba diálogo, tolerancia y la frescura de la juventud. Fraga no pudo borrar la imagen negativa que creó su paso por el Ministerio de la Gobernación en el primer gobierno de la Monarquía. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los progresistas en general se encargaron de mantener vivo el recuerdo. Desde entonces, le persiguieron frases como «la calle es mía», que él siempre negó haber dicho. No se tomó en cuenta que su persistente exigencia de políticas aperturistas en aquel Gobierno acabó por enfurecer a Carlos Arias Navarro.

Al ponerle a Fraga el apelativo de «franquista», tampoco se hizo justicia con la agenda modernizadora que impulsó en el Régimen. No se reconocieron iniciativas suyas como la Ley de Prensa y, conjuntamente con Fernando María Castiella, el ministro de Asuntos Exteriores, la de Libertad Religiosa, que incomodaron profundamente a los cavernícolas del Régimen. No hubo más apertura política en la década del desarrollo económico porque los inmovilistas, y con ellos los tecnócratas, bloquearon los intentos de Fraga de fomentarlo.

La estrategia de la izquierda fue arrinconar al centro-derecha con acusaciones de que representaba políticas represoras e integristas. No fue una muestra de talante democrático pero, en aquel momento de efervescencia electoral, fue una táctica política inteligible. Además, Fraga se encargó de ponérsela en bandeja a la izquierda, porque se rodeó de los llamados «Siete magníficos» del franquismo.

En las elecciones de 1977, Fraga presentó como candidatos de AP a políticos relevantes del Régimen –entre ellos, Carlos Arias Navarro– que se habían pasado la vida oponiéndose a partidos políticos y elecciones libres. Conforme a la máxima de que la política «hace extraños compañeros de cama», otro sorprendente acompañante de Fraga fue Laureano López Rodó, su viejo adversario, que, al frente de los tecnócratas, puso trabas a todos sus intentos de apertura política en la década de los sesenta. Los resultados electorales de AP fueron desastrosos. Sumó un millón y medio de votos, el 8% de los emitidos y 200.000 menos que el Partido Comunista de España (PCE), y obtuvo 16 escaños.

Fraga no se arrepintió de su brindis franquista: «metí el máximo de derecha asimilable en el sistema y esto era un servicio que yo podía hacer; desde el Gobierno no se podía hacer tal cosa, pero desde donde yo estaba sí».1

No fue del todo verdad. Dos de los «Siete magníficos», Gonzalo Fernández de la Mora y Federico Silva Muñoz, se salieron del sistema el año siguiente al votar en contra de la Constitución de la cual Fraga había sido ponente. Pero sí fue cierto que Fraga impidió la aparición de un franquismo no asimilable. El ultraderechista Blas Piñar, fundador de Fuerza Nueva, sacó acta de diputado por la circunscripción de Madrid en las elecciones de 1979, pero no fue reelegido en 1982 y dejó de figurar en la política nacional.

Al escorarse hacia la derecha, lo que consiguió Fraga, muy a pesar suyo, fue ser una coartada para Suárez y UCD. El presidente del Gobierno y el partido oficialista podían, de manera plausible, presentarse como la oferta electoral centrada que superaba a las «dos Españas». En 1977, fue el eje de la campaña de UCD frente al franquismo que representaba Fraga y a una izquierda que salía de la clandestinidad. Fraga fue retratado como el abanderado de un viejo régimen fenecido.

Las fortunas de Fraga y de AP no cambiaron hasta que el centrismo se autodestruyó en las elecciones de 1982. En aquella votación, los centristas obtuvieron prácticamente el mismo resultado, menos de un millón y medio de votos, que Fraga había conseguido en las elecciones de 1977 y 1979. AP, que se presentó en 1982 en coalición con un partido democratacristiano, el Partido Demócrata Popular (PDP), que se había escindido de UCD, cosechó una parte significativa de los cinco millones de votos que perdieron los centristas. La otra fue a parar al PSOE.

Con el trasvase electoral, Fraga ya pasó a ser el indiscutido líder del centro-derecha español, pero su poder político real fue poco menos que testimonial. El PSOE pudo aprovechar todavía más el desmoronamiento de UCD y se alzó como la opción preferida del votante centrista. El felipismo dobló en votos a Fraga. El avasallador triunfo socialista en aquellas elecciones convirtió al bipartidismo y a la alternancia en el poder en ejercicios teóricos para las tertulias políticas.

José María Aznar, que obtuvo acta de diputado en 1982 al presentarse en la lista fraguista en Ávila, se quedó de piedra, como los toros de Guisando de su distrito electoral, al comprobar la escasa presencia de sus compañeros de partido en el Congreso:

El necesario equilibrio representado por el centro político había desaparecido de la escena, y desde mi escaño de la entonces Alianza Popular tendría que esforzarme para que la auténtica realidad de la vida política, social, cultural y económica de España se hallara cabalmente representada.2

El «centro» del electorado había «prestado» sus votos a Felipe González. La labor política de Aznar sería recuperarlos. Ésta fue la reflexión del futuro líder del centro-derecha al conseguir el acta de diputado nacional.

Todo estudio del fracaso del centro-derecha en los albores de la consolidación de la democracia de España empieza y acaba con sus rencillas internas. Las perpetuas peloteras fueron fundamentalmente personalistas, y contrastaban con el perfil de unidad y de disciplina que presentaba la izquierda. Cuando a Felipe González se le amotinaron los marxistas en un congreso, les puso firmes seis meses después en otro congreso.

Lo que encerraron las continuas querellas en UCD fue la poca práctica de los distintos «barones» a la hora de dirigir un partido político en democracia. Los dirigentes centristas sabían de reglamentos, y sus diseños políticos eran de estudio y de gabinete. Pero no pateaban la calle y no conocían a los votantes. A ello se añadían los complejos del centro-derecha a la hora de ejercer la política en un régimen de libertad.

En el franquismo, la izquierda se entregó, con muchos riesgos, a la vida de partido porque se oponía al Régimen y quería la libertad política. El centro-derecha, o la mayoría silenciosa, no tenía tal claridad de ideas porque los «suyos» estaban en el poder. Se mantenía callada porque no tenía por qué darle más vueltas al asunto.

Los demócratas proactivos del centro-derecha, los que tenían un ideario conservador, democratacristiano o liberal bien digerido, consecuente y defendible en el foro público de un régimen de libertades, eran los menos. Ninguno de ellos tenía el equivalente de las Escuelas de Verano que programaban los históricos del PSOE en Toulouse y a las cuales acudían Felipe González, Alfonso Guerra y tantos otros del socialismo renovado.

La democracia fue la meta del antifranquismo. Se concebía como un estado metafísico de bondades cívicas que era propiedad de una izquierda que ejercía el derecho de admisión. Era el terreno natural de algunos, mientras que otros tenían que pasar un examen para ser admitidos. La democracia fue la «conquista» de un pueblo progresista que luchó valientemente por ella en la calle.

La narrativa de la «conquista» requiere matizaciones. La Ley para la Reforma Política, que abrió las puertas a partidos políticos y elecciones libres, la redactó Torcuato Fernández-Miranda, que fue ministro secretario general del Movimiento; la implementó Adolfo Suárez, que también lo fue; y la aprobaron las últimas Cortes de Franco. Sin embargo, el acomplejado centro-derecha, el franquismo sociológico, parecía pensar que en democracia nunca podría jugar en igualdad de condiciones. Había demócratas de primera y de segunda, y la izquierda presumía de su superioridad moral.

La confusión impedía cualquier entendimiento de que la democracia es esencialmente un sistema de reglas que asegura la limpieza de la competencia, el fair play, entre opciones políticas opuestas, y que dirime y ordena el resultado de la votación electoral. El imperio de la ley, la separación de poderes, la rendición de cuentas y demás temas que distinguen una democracia liberal son apartados añadidos y vienen sobrepuestos.

El complejo de inferioridad democrática del centro-derecha era bastante fatalista y dio lugar a actitudes disparatadas. Rodolfo Martín Villa recordó a un diputado de UCD que «propuso a sus compañeros de grupo que el día que se constituyeran las Cortes ocupasen los escaños del hemiciclo que van desde el centro a la izquierda».3 En su trastorno mental, el centro-derecha corrió el riesgo de estrenar su vida parlamentaria cayendo en un ridículo histórico.

El reformista del Régimen Eduardo Navarro fue muy consciente de la carencia de credenciales democráticas de la no izquierda:

¿Qué títulos podía invocar esa derecha para convertirse en clase política? Algún destierro, alguna colaboración en Cuadernos para el Diálogo, y el no haber sido del Movimiento. Poco más.4

El complejo fue especialmente acusado entre los gestores del franquismo que, muerto el dictador, se comprometieron a sustituir el Régimen de Franco por uno de libertades. Adolfo Suárez lo acusó más que ninguno.

Los confines naturales de Suárez, como los de los demás reformistas del franquismo, fueron los del Frente de Juventudes y del Movimiento Nacional. Lo suyo era la doctrina joseantoniana, la «Revolución Pendiente» y el «me duele España»; el estatismo, el corporativismo, el paternalismo, el dirigismo y la gestión por la gestión. Suárez fue un hombre desclasado de origen comparativamente humilde, y nunca estuvo a gusto con los exitosos profesionales, los hombres de la ACNdP entre ellos, que acamparon en su Gobierno. Todos ellos eran brillantísimos miembros de los distintos cuerpos de élite del Estado. Suárez nunca tuvo mucho en común con quienes habían completado sus estudios fuera de España, lucían buenas bibliotecas en sus casas y hablaban idiomas.

Suárez no acudió, como sí lo hizo Marcelino Oreja, a las Conversaciones de Gredos donde Alfonso Querejazu, un sacerdote inteligente y carismático, reunía todos los años a personalidades por encima del bien y del mal como Pedro Laín Entralgo y Julián Marías. Ni había leído a Milton Friedman ni a Friedrich Hayek como Joaquín Garrigues. Ni le interesaron, como a Leopoldo Calvo-Sotelo, las discusiones filosóficas y las fórmulas matemáticas.

Suárez era un outsider. No tenía el bagaje para ser el líder de una derecha evolucionada y sus ilustrados compañeros de Gobierno y de partido no tenían empacho alguno en recordárselo. Era un viaje de ida y vuelta porque Suárez, por su parte, no tenía particulares ganas de liderar esa derecha y, menos aún, con ellos como compañeros de viaje. Le atraían mucho más los mensajes y los votantes de Felipe González que los de Manuel Fraga.

Al ganar las elecciones en marzo de 1979, a los tres meses de la aprobación de la Constitución, Suárez se sintió como un líder político por derecho propio en un régimen parlamentario. Había dejado de ser el valido real que don Juan Carlos había nombrado para presidir el Gobierno. Fue entonces cuando incrementó su complejo y reaccionó. No tenía que aguantar descalificaciones de González porque, en políticas sociales y de libertad, nadie ofrecía tanto como él. Lo que Marcelino Oreja percibió en el mismo debate de investidura que le permitió a Suárez una segunda legislatura fue que lo último que quería el líder de UCD era liderar UCD.

De sentar la base de un partido, Suárez organizaría uno de centro-izquierda porque ahí era donde estaba el electorado que ansiaba. Era una idea que llevaba acariciando desde que la aprobación de la Ley para la Reforma Política abrió las puertas a la democracia. Una conversación que mantuvo con él Alfonso Osorio a los pocos días de las elecciones de 1977 fue reveladora: «“Voy a disputarle a Felipe González desde las posiciones de la socialdemocracia el espacio de la izquierda; y así se lo he dicho”. “Craso error, Adolfo –fue la respuesta de Osorio–, así no se estructuran de forma adecuada las fuerzas políticas. Empujarás al socialismo hacía posiciones radicales y tendrás una derecha vacilante y sin norte”».5

Suárez era un animal político, y la fascinación que González ejercía sobre él y la rivalidad que le inspiraba eran normales dados sus antecedentes políticos. El discurso del líder socialista no pudo menos que avivar en Suárez la «Revolución Pendiente» y los veintisiete puntos de la Falange que todo hombre del Movimiento llevaba en su ADN.

Era normal que, al menos en sus sueños, Suárez concibiese España como «un gigantesco sindicato de productores» (punto nueve de la Falange), que repudiase «el sistema capitalista, que se desentiende de las necesidades populares» (punto diez), que no tolerase que «masas enormes vivan miserablemente mientras unos cuantos disfrutan de todos los lujos» (punto doce), y así sucesivamente.

Osorio mostró poco conocimiento de González y de la socialdemocracia europea que arropaba al PSOE renovado al pensar que un neofalangismo suarista tendría impacto electoral y empujaría al socialismo español hacia el radicalismo. Mientras durase el pragmático González a la cabeza del PSOE, eso nunca iba a ocurrir. El felipismo viajaría en la dirección opuesta.

El programa del PSOE fue comedido en las elecciones de junio de 1977, aunque no lo fueron las resoluciones aprobadas por el Congreso que el partido celebró en Madrid en diciembre del año anterior, y la moderación socialista se acentuó en la siguiente legislatura. De hecho, el PSOE fue perdiendo su radicalismo justamente cuando Suárez le acusó de ser extremista para asegurarse una segunda legislatura.

En su último mensaje por televisión, al filo de la jornada de reflexión para las elecciones del 30 de marzo de 1979, Suárez apeló directamente al voto del miedo emulando la retórica del mismo Fraga:

Difícilmente podemos creer en la moderación centrista de que hace gala el PSOE [...]. El programa del XXVII Congreso del PSOE, por ejemplo, defiende el aborto libre y además subvencionado por el contribuyente; la desaparición de la enseñanza religiosa, y propugna un camino que nos conduce hacia una economía colectivista y autogestionada.6

A Suárez le faltó decir que los socialistas quemarían los conventos. Según Rafael Arias-Salgado, secretario general de UCD y fiel a Suárez como pocos en el partido centrista, aquel discurso fue una «pura táctica electoral y discutible». Las encuestas daban un empate técnico en las elecciones, y Suárez «no se creyó lo que estaba leyendo».7 Lejos de aquella arenga, su epitafio en la catedral de Ávila, donde fue enterrado, reza: «Fue posible la concordia».

Sin embargo, Alfonso Osorio sí tuvo razón cuando le dijo a Suárez que con su fijación socialdemócrata iba camino de desestructurar un bipartidismo emergente y dejar a la derecha sin hoja de ruta política. No es nada sorprendente que Osorio, que tanto había contribuido al Gobierno que Suárez formó en el verano de 1976, fuese el primero en abandonar el barco de UCD nada más celebrarse las elecciones de 1977 y subirse a la nave de AP. El abogado del Estado santanderino que había intentado cimentar la Santa Alianza y luego reconstruir la democracia cristiana no tenía ningún complejo de ser de centro-derecha:

Lo que pasó fue que se produjo una falta de entendimiento entre la derecha y Adolfo Suárez. Llegó un momento en que Adolfo se sentía más cómodo hablando con los hombres de la izquierda, y su diálogo con, digamos, los líderes sociales de la derecha se hizo prácticamente imposible. La culpa fue mutua, pero Adolfo empezó a pensar que la derecha no le aceptaba, que no le querían en la derecha, que le rechazaban. Acabó siendo un problema tremendo de recelos. Lo absurdo fue que determinados líderes sociales de la derecha acabaron creyendo que se iban a entender mejor con Felipe González. En la derecha hay gente así de cerril.8

Los líderes sociales de la derecha a los cuales se refirió Osorio eran fundamentalmente la gran patronal, que se había agrupado en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), y los presidentes de los grandes bancos, grandes para lo que era el sector nacional en el aquel momento, que controlaban los consejos de administración de las principales empresas del país. Su creciente hostilidad hacia Suárez se debió a que, acostumbrados como estaban a influir sobre el poder y las decisiones del Gobierno, Suárez se les mostraba inaccesible.

La política financiera de UCD, dentro de las limitaciones del desfavorable entorno económico de la segunda mitad de la década de los setenta, fue ortodoxa en cuanto al freno al gasto público, el recorte de inversiones y la lucha contra la inflación. La gran banca y la gran patronal no tenían motivos reales para quejarse por la política de saneamiento y reforma económica que llevó a cabo Enrique Fuentes Quintana (Carrión de los Condes, Palencia, 1924 - Madrid, 2007) y con los Pactos de la Moncloa que todos, sindicatos incluidos, firmaron.

El desencuentro con Suárez fue de otro orden. La queja de los «líderes sociales de la derecha» fue que Suárez mostró una displicencia, en cierto modo joseantoniana, hacia los capitostes del mundo de los negocios y de las finanzas. Por formación, Suárez tenía una querencia antiempresarial, antibeneficio y anticapital.

Por otro lado, la patronal y la banca no eran tan cerriles. Habían tomado buena nota de la renuncia del marxismo que forzó González en los tumultuosos congresos del PSOE de 1979. Preferían un líder socialista con evidente madera presidenciable que se moderaba a un acomplejado presidente de un partido de centro-derecha que estaba resentido y que se radicalizaba. No se equivocaron. Como presidente del Gobierno, González siempre tuvo las puertas de la Moncloa abiertas para los banqueros y empresarios que le habían tomado manía a Suárez. El gran capital se entendía perfectamente con Miguel Boyer y, después, con Carlos Solchaga.

Osorio dejó a Suárez y se unió a Fraga, que era su jefe político natural. El monárquico santanderino fue uno de los solamente nueve diputados que consiguió el fraguismo cuando se presentó a las elecciones de 1979 como Coalición Democrática (CD). El humillante resultado reflejó hasta qué punto Fraga daba palos de ciego en aquel momento. Había tirado por la borda a los «magníficos» franquistas e incorporado a pequeños grupos liberales, entre ellos uno liderado por José María de Areilza, y grupos conservadores como el que consiguió reunir Osorio. La Santa Alianza, en cierto modo, se volvió a encontrar.

La siguiente deserción importante de UCD fue la del propio Suárez, que dimitió como presidente del Gobierno el 29 de enero de 1981. Osorio se anticipó a lo que pronto fue un sentir general de la derecha. Según Rafael Arias-Salgado (Madrid, 1942), se había llegado a una conclusión muy seria, y era que Suárez no servía para gobernar:

Entonces se organiza una ofensiva muy fuerte desde dentro del partido con apoyos desde fuera. Es completamente cierto que a Suárez se le derriba desde dentro del partido, pero las razones están fuera de él y se basan en un análisis erróneo de una actuación del Gobierno.9

Suárez había perdido el control de la situación y, sobre todo, la confianza de don Juan Carlos. Además temía un golpe militar. Más adelante, Suárez dijo que de haber sabido que se preparaba el 23-F no hubiera dimitido, pero Arias-Salgado no fue el único que creyó que no fue así. Al contrario, el presidente del Gobierno quería neutralizar cualquier intento de golpe militar quitándose del medio. Esto se intuye en la enigmática frase que incluyó Suárez en el breve discurso con el cual anunció su dimisión: «Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España».

El primer borrador del discurso lo escribió Pío Cabanillas, Arias-Salgado lo corrigió y Suárez lo volvió a corregir. La críptica alusión al «paréntesis» la introdujo Suárez de su puño y letra. Cuando Arias-Salgado le intentó convencer de que convocase elecciones, Suárez le dijo que no porque ganaría el PSOE y entonces habría un «riesgo de involución». Dimitió en un desesperado intento de evitarlo.

Arias-Salgado, que colaboró muy estrechamente con Suárez, fue uno de los mejores apologistas del primer presidente de la democracia restaurada. Fue ministro de Relaciones con las Cortes y luego de la Presidencia (1979-1981) con Suárez, además de secretario general del partido. Luego fue ministro de Administración Territorial con Leopoldo Calvo-Sotelo hasta la hecatombe de UCD en las elecciones de 1982. Según Arias-Salgado, el análisis de la actuación del Gobierno que precipitó la dimisión de Suárez fue «erróneo» porque fue cortoplacista. Críticas a las prepotentes y presuntuosas petulancias de los «barones» de UCD al margen, Arias-Salgado defendió a Suárez atacando a la derecha por su estrechez de miras.

En opinión de Arias-Salgado, aquello que se decía de que Suárez hacía «política de izquierdas con los votos de la derecha» era una falsedad además de una injusticia, porque Suárez no estaba ni en la política de unos ni en la de otros, sino en la de todos.

En su primera legislatura la prioridad de Suárez fue consensuar la Constitución, y en la segunda fue desarrollarla poniendo en marcha las instituciones que preveía. Suárez no tuvo nunca una mayoría absoluta y, en todo caso, no se podía desplegar el Estado de las Autonomías con los votos de la mitad más uno.

De acuerdo con esta interpretación, Suárez asumió el papel de regeneracionista, y quienes se visten de tal guisa pueden acabar teniendo problemas. El regeneracionista clásico es un político de derechas que puede dejar de ser conservador porque decide que hay mucho alrededor suyo que no merece ser conservado y ha de ser cambiado. Se lanza a arreglar grietas que ha observado y tumba muros enteros por la vía de la ingeniería social, la electoral, la económica, de otras o de todas a la vez.

Según Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, político clave de la Transición que pasó de UCD a AP, un regeneracionista extremo se convierte en un cirujano de hierro que quita la mugre cortándole un miembro al mugriento, lo cual es muy poco conservador.10 Joaquín Costa sería un ejemplo de entusiasta de las amputaciones. Benjamin Disraeli en el Reino Unido y Otto von Bismarck en Alemania fueron regeneracionistas sin dejar de ser conservadores, y lo mismo se puede decir de Eduardo Dato en España.

No es fácil encajar a Suárez en este patrón. Es evidente que se propuso un cambio de mucha envergadura. Son contados los líderes que se disponen a desmontar un régimen político y levantar otro en su lugar. Se cuentan con los dedos de una mano los que lo consiguen. A Suárez le distingue su manera de abordar lo que acometió. Lo que definió su obra política fue la búsqueda de la concordia. Eso fue lo que siempre le impulsó y de ahí sus problemas como regeneracionista.

A Suárez no se le pasó por la cabeza ser cirujano porque quiso hacer el cambio desde un planteamiento razonable, moderado y sensato, que tuviese en cuenta a la gran mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, sus deseos dialogantes no tuvieron un punto de partida ideológico. No fue un conservador, aunque estuvo al frente de un partido que era de centro-derecha y que abarcaba muchos valores y principios tradicionales. En realidad no fue un hombre de partido, y por ello no tenía correligionarios a quienes instruir para que le apoyasen y acompañasen. De ahí sus problemas. Una parte de la derecha dijo que estaba haciendo una política de izquierdas.

Arias-Salgado, que tanto respeto tuvo por Suárez, es un prototipo del relevo generacional ideológico que fue tan frecuente en el Régimen. Su padre, Gabriel Arias-Salgado, fue ministro de Información y Turismo entre 1951 y 1962, año en que murió y fue sustituido por Fraga, y fue muy integrista como mandaban los cánones del franquismo. A pesar de ello, no hubo nunca fricción entre el padre –hombre de la derecha autoritaria que surgió como reacción al anticlericalismo militante y al fracaso del parlamentarismo de la Segunda República– y el hijo, que era demócrata y, por más señas, socialdemócrata.

Rafael Arias-Salgado fue editorialista de Cuadernos para el Diálogo, una revista plural y crítica con el Régimen que fundó Joaquín Ruiz-Giménez, que sería su suegro. Gabriel Arias-Salgado fue compañero de Gobierno de Ruiz-Giménez antes de que éste se convirtiese en un importante disidente del Régimen.

Cuadernos, salvo cuando sufría algún que otro secuestro, acudía a su cita mensual con sus lectores gracias a la Ley de Prensa de Manuel Fraga. Dos miembros de su consejo editorial, el democratacristiano Óscar Alzaga, que, como tantos otros se pasó de UCD a AP, y Gregorio Peces-Barba, futuro dirigente del PSOE y presidente del Congreso de los Diputados, fueron desterrados en el estado de excepción de 1969. Cuando en el verano de 1976 don Juan Carlos nombró a Adolfo Suárez presidente del Gobierno en sustitución de Carlos Arias Navarro, la portada de Cuadernos apareció en negro y Rafael Arias Salgado escribió un editorial que se titulaba «El apagón».

Aquella portada de riguroso luto y aquel ácido editorial ilustran el laberinto de la Transición. El Gobierno de Arias Navarro, el primero de la Monarquía, había sido una frustración monumental para los españoles ilustrados que no hicieron la guerra. Lo único que Rafael Arias-Salgado y sus correligionarios sabían de Adolfo Suárez era que su anterior puesto en el Gobierno había sido el de ministro secretario general del Movimiento. ¿Por qué iban a seguir sus pasos por la maraña?

La oposición, la tolerada y la clandestina, supuso que Suárez iba a seguir una estrategia, diseñada por Torcuato Fernández-Miranda, que consistía en retocar la fachada del franquismo. El ascenso de Suárez les recordaba al nombramiento por Alfonso XIII del general Dámaso Berenguer para sustituir al general Miguel Primo de Rivera en 1930. Aquello fue el «Error Berenguer» que denunció José Ortega y Gasset cuando exhortó a los españoles a reconstruir el Estado porque el «error» había dejado al régimen monárquico «solitario, acordonado, como leproso en lazareto.»

Tan convencido estaba Rafael Arias-Salgado de que España seguía en el embrollo franquista, que él y Francisco Fernández Ordóñez, compañero de conspiraciones en un pequeño Partido Social Demócrata (PSD), se abstuvieron en el referéndum de la Ley para la Reforma Política. Al poco tiempo los dos vieron el camino que conducía a la salida del laberinto. Se afiliaron a UCD, partido liderado por el supuesto extintor de la luz.

Adolfo Suárez nombró a Fernández Ordóñez ministro de Hacienda en su primer gobierno y, en 1980, ministro de Justicia. En la primera cartera, Fernández Ordóñez introdujo una ambiciosa reforma fiscal, y en la segunda una ley de divorcio que indignó a Óscar Alzaga y a sus correligionarios democratacristianos. Luego se mudó al PSOE, y Felipe González le nombró ministro de Asuntos Exteriores en 1985. Rafael Arias-Salgado es el único otro político español que ha sido ministro a las órdenes de presidentes de partidos distintos. En 1996, José María Aznar le nombró ministro de Fomento en su primer gobierno.

De la misma manera que Francisco Fernández Ordóñez «centró» la imagen del PSOE de Felipe González, Arias-Salgado «centró» la del Partido Popular (PP) de Aznar. El primero ofreció seguridad a Estados Unidos y a los aliados de la OTAN, y el segundo dio confianza a quienes habían prestado sus votos al felipismo y se disponían a apoyar al PP. Para entonces Adolfo Suárez, que le «robó» el discurso del centro reformista a Manuel Fraga, era políticamente irrelevante, y Fraga manejaba, muy a gusto, sus redes clientelares como patriarca de su patria chica gallega.

Lo que no hubo en los veinte primeros años de la Monarquía parlamentaria fue un sistema bipartidista. En su lugar hubo la vigencia de un poder único, la creación de una cultura política que empezaba y acababa con el control de un opaco aparato partidista, y la exaltación del hiperliderazgo.

Cuando se produjo la alternancia, el cambio fue fundamentalmente la consecuencia de la degradación de la vida pública, del agotamiento de la figura de González y de la necesidad de un relevo generacional. No fue el resultado del juego de partidos que compiten abierta y limpiamente con sus programas electorales y aseguran la salud y la vitalidad de la fruta.

CAPÍTULO 15

El centro reformista que no cuajó

Al año de ser presidente del Gobierno, José María Aznar me preguntó si conocía a Tony Blair, que acababa de ganar las elecciones generales en el Reino Unido con una aplastante mayoría. Le dije que no, pero que Paco Peña, nacido en Córdoba, había vivido cerca de Blair en Islington, en el norte Londres, y era amigo suyo porque le impartió clases de guitarra flamenca. Aznar debió tomar nota. En la Semana Santa del año siguiente, 1998, Paco Peña convidó a la familia de su antiguo alumno y vecino, para entonces inquilino del número 10 de Downing Street, a su casa en Córdoba. Después de ver las procesiones, el matrimonio Blair, sus hijos y la suegra del primer ministro británico se trasladaron al Coto de Doñana donde les esperaba la familia Aznar.

Desconocido en su tierra y profeta fuera de ella, Paco Peña (Córdoba, 1942) se había marchado a Inglaterra en 1960 con dieciocho años. Estaba harto de actuar de acompañante en tablaos para turistas en Madrid y en la Costa Brava. En Londres lavó platos, compartió cartel en un club con Jimi Hendrix y se convirtió en un virtuoso de la guitarra flamenca. Veinte años después, cuando ya había dado conciertos en el Royal Albert Hall de Londres, en el Carnegie Hall de Nueva York y en demás lugares míticos, creó un festival anual de la guitarra en su Córdoba natal. Su base siguió siendo Londres, y se instaló en un barrio obrero que se aburguesó con la llegada de artistas y políticos progresistas y pasó a ser conocido como la República Popular de Islington. A Blair, que se las daba de guitarrista rockero cuando estudió Derecho en Oxford, le faltó tiempo para aprender algo de la técnica de su ilustre vecino.

En aquella conversación en el palacio de la Moncloa en el verano de 1997, Aznar dijo que todavía sabía muy poco de Blair, pero que presentía que se podía llevar muy bien con él. Pronto, su buena química mutua reprodujo la amistad entre Felipe González y Helmut Kohl, el canciller democratacristiano alemán. En el Consejo Europeo las distintas etiquetas políticas de los jefes de gobierno se diluyen, y los dirigentes promueven entendimientos transversales. Puede que lo hagan para poder rebatir mejor a sus adversarios en el foro nacional de su patio particular.

Kohl, Blair, González y Aznar fueron ejemplos de los lazos entre dirigentes del norte y del sur que tienen idearios políticos enfrentados. Las relaciones son fructíferas cuando los sureños son acomodaticios con sus pares de los fabriles pagos protestantes y aspiran a ser como ellos. El romántico paisanaje mediterráneo siempre ha tenido un tremendo tirón para quienes habitan entre brumas. Kennst du das Land, wo die Zintronen blühn [¿Conoces el país donde florecen los limoneros?], decía Johann Wolfgang von Goethe de los limoneros italianos, y hubiera dicho lo mismo de los españoles.

Sobre el papel, el liberal conservador Aznar, al frente de un partido mayoritariamente democratacristiano, y el socialdemócrata Blair, que impulsaba una «tercera vía» para el Partido Laborista británico, tenían mucho en común. En sus paseos por las dunas y las marismas del Coto pudieron intercambiar historias paralelas. Nacieron el mismo año, 1953, y Blair consiguió su acta de diputado en la Cámara de los Comunes en 1983, el año después de obtener Aznar el suyo en el Congreso de los Diputados. Ambos representaron un relevo generacional, ambición de liderazgo y una manera muy personal de entender la política.

Los dos sucedieron a políticos de partidos opuestos a los suyos que marcaron una época. Aznar sustituyó a Felipe González, y el primer ministro británico a Margaret Thatcher, cuya poderosa personalidad se extendió sobre John Major, su gris pero amable sucesor conservador que fue electoralmente vapuleado por Blair. Tanto el uno como el otro se dedicaron a renovar sus respectivos partidos, el Partido Popular (PP) y el Partido Laborista, que llevaban muchos años en la oposición y eran percibidos por los votantes como perdedores natos. Su talismán fue el centro reformista, que es un concepto lo suficientemente amplio e impreciso para permitir mucha flexibilidad al político que lo adopta como amuleto.

Aznar y Blair compartían una ausencia de complejos y la propensión a quebrar esquemas. El liberal conservador español cuestionó la supuesta superioridad moral de la izquierda y, también, el estatismo de la derecha corporativista. El socialdemócrata británico eliminó las políticas nacionalizadoras del programa del laborismo, ninguneó a los sindicatos y se llevó muy bien con millonarios. En esto se parecían a Thatcher y a González.

Estaban muy seguros de sí mismos, tenían mucho poder sobre sus partidos y sabían muy bien lo que querían hacer. Blair era más abierto y comunicaba mejor que el adusto castellano viejo que aparentaba ser Aznar, pero los dos, de nuevo al igual que sus antecesores, eran manipuladores, fríos, calculadores e implacables cuando había que serlo. Sin el dominio de estas habilidades no se llega a ningún lado en la política.

En el plano europeo, Aznar y Blair fueron los abanderados de la apuesta por los presupuestos equilibrados y por la transparencia y la rendición de cuentas. La mutua confianza que desarrollaron les permitió patrocinar planes conjuntos para eliminar barreras a la libre circulación de bienes y servicios, para desregular el mercado laboral y para invertir en la sociedad del conocimiento.

Sus planes no tuvieron mucho éxito en Bruselas ni tampoco impactaron a sus respectivos electorados, pero fortalecieron la imagen que buscaban de políticos rompedores. Encantados de haberse conocido, formaron una alianza natural en el Consejo Europeo que incomodaba a los alemanes y a los franceses porque actuaban de contrapoder a su prepotencia y que era aplaudida por los socios menores de la Unión.

A la vez, Aznar y Blair apostaron conjuntamente por una agenda transatlántica y por ser firmes aliados de la presidencia de George Bush en su lucha contra el terrorismo islámico. Esto, que era normal para un político británico, era inaudito en uno español. Los británicos siempre han creído tener una relación especial con Estados Unidos, y que su influencia en el imperio norteamericano tenía parentesco con la que tuvieron los griegos en el romano. En España la norma ha sido siempre el antiamericanismo y el desprecio hacia el gringo patoso y ultrajador.

La fascinación de Aznar y de Blair por Estados Unidos no hizo más que aumentar, y acabó por hundirles en el más hondo de los pozos. La amistad que les unió y que sustentó su agenda transatlántica les destinó a seguir ciegamente a Bush hasta sus últimas consecuencias con terribles resultados para los dos.

A Aznar no se le recuerda por sus exitosas políticas de liberalización económica, de privatizaciones y de fomento de la competencia, de bajada de impuestos y de un rigor presupuestario que permitió la inclusión de España en la moneda común europea. Ni a Blair por la ejemplar medida liberal que fue su estatuto de libertad de información, ni por su brindis socialdemócrata que fue la introducción de un sueldo mínimo, ni por lo astuto y tenaz que fue cuando negoció la paz en Irlanda del Norte.

No se recuerda que, cuando ambos estaban en la cúspide de la popularidad, sus dos países pegaban muy por encima de su peso en el cuadrilátero internacional, España sobre todo, y que sus respectivas sociedades crecieron en autoestima por ello. La reputación internacional de un país está ligada a la percepción mediática de su líder. En esto, Blair igualó a Thatcher en sus días de gloria, y Aznar al mejor González.

A Aznar y a Blair se les recuerda solamente por la guerra de Irak. Al dejar el poder, los dos se dedicaron a ser trotamundos. Es lo que hacen quienes no pueden estar a gusto en su país porque sus paisanos les rechazan. Ambos aceptaron ofertas de universidades norteamericanas y de consejos de multinacionales.

Aznar entró en política cuando la fruta madura había sido cosechada hacía tiempo. Su proyecto político arrancó con la afirmación de que él y quienes le acompañaban en el PP representaban lo que llamaba la «generación de la democracia». No se sentían vinculados a las dos dictaduras del siglo XX español, que se apoyaron en la derecha. Lo que hicieron fue saltarse esos «paréntesis» y enlazar con la figura de Antonio Cánovas del Castillo y con la política de la primera restauración. Con esta frescura generacional, Aznar abordó sin complejos un cambio interno en el marco del centro-derecha.

Felipe González personificó claramente en 1982 un relevo generacional, pero en su caso la renovación venía unida indisolublemente al afán por lograr una meta vital. En 1996 ese extremo había desaparecido. Al comienzo de su larga estancia en el poder, González nos explicó a un reducido grupo de corresponsales extranjeros que él estaba en política porque quería que su hijo Pablo pudiese votar al cumplir la mayoría de edad. Esto no estaba para nada en la narrativa de Aznar.

Lo que dijo González con mucha seriedad fue una de las metáforas didácticas que empleaba para explicar la historia contemporánea de España a quienes suponía que no tenían especial conocimiento de ella. Contó que él tenía treinta y cinco años cuando pudo votar libremente en unas elecciones. En la siguiente década, demócratas de la Europa del Este harían la misma reflexión para justificar su entrega a la política.

En la campaña electoral de 1996 acudí a un mitin de Felipe González organizado por las juventudes socialistas en un polideportivo en Fuenlabrada, un feudo de la izquierda al oeste de Madrid que había crecido espectacularmente en la década de los ochenta. González les dijo a los jóvenes que, cuando él tenía su edad, el franquismo le había quitado el pasaporte, y que tenía que cruzar la frontera clandestinamente para reunirse con la dirección socialista en Francia. Les hablaba de un tiempo y de un país que no les era desconocido. Vitorearon y aplaudieron mucho a González, pero me pareció que le escucharon con el fingido interés que se reserva para las batallitas del abuelo.

En su propaganda televisiva de aquella campaña, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) recurrió de nuevo a la imagen del dóberman de la derecha que pulveriza las libertades entre sus feroces fauces. La había divulgado ya en la campaña de 1993 y fue pistola de una sola bala. Tres años después, la bestia dejaba al electorado más bien indiferente. El PSOE estuvo muy a la defensiva en la campaña de 1996. La ola de optimismo que creó el autobús del felipismo cuando recorrió la Tierra de Campos en 1982 era ya historia.

José María Aznar (Madrid, 1953) votó a favor de la Ley para la Reforma Política en el referéndum de 1976 cuando tenía veintitrés años. Acabó la carrera de Derecho en la Universidad Complutense en 1975 y un año después era funcionario de Hacienda como Inspector de Finanzas. En 1977 se casó con Ana Botella, que pertenecía, como él, a una derecha profesional e ilustrada. Aznar no tuvo los traumas policiales ni las angustias vitales que padeció Felipe González. Lo que sufrió fueron frustraciones políticas ante el imparable ascenso del líder socialista.

Aznar heredó una incuestionable manzana podrida. González legó fuertes desequilibrios económicos –siendo la desocupación de uno de cada cinco españoles en edad de trabajar el más lacerante de ellos–; una administración pública anquilosada por falta de reforma, y desmotivada y bajo sospecha por haber sido politizada; y unas instituciones deslegitimadas al estar altos cargos bajo acusación judicial.

Sin embargo, lo más problemático de la herencia que recibió el líder del PP fue que, a pesar de ese podrido panorama, el PSOE solamente perdió las elecciones de 1996 por poco más de 300.000 votos. El margen político de Aznar era escuálido. González dijo que el resultado fue una «dulce derrota».

Según Joaquín Almunia, si el PSOE hubiera perdido por mucho, el posterior debate socialista hubiera sido «una corrida en pelo» para dar con los responsables del desastre. Pero no fue una catástrofe. Al no serlo, no hubo discusión alguna sobre conductas atolondradas y nadie señaló con el dedo a culpables imprudentes: «Todos salimos muy contentos porque el resultado superó por mucho la expectativa».1

La ausencia de autocrítica socialista dañó al PSOE y, por extensión, perjudicó al sistema bipartidista. El felipismo pudo haber iniciado un ejemplar ejercicio de rigor y de renovación, pero no mostró intención alguna de hacerlo. Había conseguido casi nueve millones y medio de votos, más del 37% de los emitidos, y no quiso enfrentarse al dato esencial, que era que había perdido el poder.

La autocomplacencia fue la consecuencia de la cerrazón y de la jerarquización del poderoso aparato del partido que estableció el PSOE como vacuna contra levantiscos marxistas y, también, para evitar las broncas de Unión de Centro Democrático (UCD). Desde entonces, el sistema político español ha huido de cualquier saludable ejercicio de catarsis. Las elecciones las ganan todos, incluso los que las pierden. El partido estigmatiza a todo el que pretende provocar un debate interno, y excomulga al que osa lavar en público la ropa sucia de sus órganos directivos.

Lo que tenía que haber hecho el PSOE después de su derrota en 1996 era reunirse en un congreso abierto y preguntarse por qué carecía de apoyos electorales en las áreas urbanas, en los sectores de más nivel educativo, entre la juventud y en las capas más dinámicas de la sociedad. No quiso hacer ese análisis a tumba abierta. Tampoco, bajo el liderazgo de Mariano Rajoy, quiso el PP congregar a su militancia e indagar por qué perdió las elecciones de 2004 y las de 2008, y por qué tuvo en las elecciones autonómicas y municipales de 2015 sus peores resultados desde 1991.

Los perjudicados inmediatos de las palmadas en la espalda que en 1996 se repartieron los socialistas fueron José María Aznar y el PP. Ciertamente, los 156 escaños que obtuvieron no representaban una mayoría suficiente, y esto les obligó a pactar con los catalanes de Jordi Pujol para obtener su apoyo. Esto en sí no era un problema, y González y el PSOE en su última legislatura tuvieron que recurrir al mismo soporte.

Lo grave del ajustado resultado electoral fue el cerco de exclusión al que, con la excepción táctica y pasajera de Convergència i Unió (CiU), se sometió a Aznar y al partido de centro-derecha que los votantes habían colocado en el poder. Desde la izquierda se les negó poco menos que la legitimidad para gobernar.

En los largos años del felipismo, la alternativa democrática estuvo ausente. Esto contribuyó a que el proceder de las instituciones que emanaban de la Constitución fuera incubado y nutrido por el partido en el poder. La Monarquía parlamentaria se convirtió en un asunto que gestionaba el socialismo, y el centro-derecha, con su parca presencia en el Congreso, se excedía en sus funciones si pretendía intervenir en ella. Para la izquierda, la desafección electoral que mantenía a raya el centro-derecha era muy explicable y era duradera.

El apego al poder de los socialistas fue comprensible, y el PSOE toleró el centro-derecha durante muchos años porque el partido de la oposición lo lideraba el «inelegible» Fraga, y era, por lo tanto, inofensivo. Comenzó a no ser inocuo cuando Alianza Popular (AP) se refundó como Partido Popular en 1989 y Aznar fue elegido su presidente el año siguiente. En las elecciones de 1993, el PP obtuvo 141 diputados frente a los 159 del PSOE.

Lo importante de aquel resultado no fue tanto la suma de los escaños sino el reparto de los votos. Con Aznar al frente, el centro-derecha sobrepasó cómodamente la barrera del 30% de los votos emitidos y se convirtió, técnicamente, en alternativa de poder por primera vez desde el desplome de UCD. En lo que sería su última legislatura como presidente del Gobierno, González fue fustigado por Aznar con la misma efectividad que la que él empleó para hostigar a Adolfo Suárez.

Al año de las elecciones de 1993, Aznar entonó en el Congreso «Váyase, señor González», frase que se hizo célebre y que el líder socialista no había escuchado en su vida. Aznar acusó al presidente del Gobierno de ser el responsable de la situación económica, del clima de corrupción y de la degradación de la vida pública. La «única salida honorable» de González era presentar su dimisión. En su réplica, González se refugió en el sempiterno recurso del debate político en el posfranquismo: «Usted no me puede dar ningún ejemplo de responsabilidad política, ni uno».

La condescendencia del PSOE con el centro-derecha acabó del todo cuando fue derrotado en las elecciones de 1996. Aznar, caricaturizado por su bigote «franquista», era un intruso, y su presencia en el palacio de la Moncloa ofendía a la sensibilidad democrática. No les incumbía, ni a él ni a su partido, dirigir los destinos de una España felizmente progresista.

Así como en la década de los noventa la patente en la Europa del Este para decir quién era demócrata y quién no correspondía al centro-derecha, en España la patente del nihil obstat democrático le pertenecía a la izquierda. Las democracias consolidadas no tienen este problema, y la cosecha de la reconciliadora fruta madura no puso fin a la conducta cainita de la política española.

Al igual que Tony Blair cuando inventó el New Labour de la tercera vía y se subió a la cultura pop de Cool Britannia –juego de palabras con el himno patriótico de «Rule Britannia»– para lavar la imagen de una socialdemocracia envejecida y falta de ideas, Aznar tuvo que esforzarse en proyectar un perfil cívico, culto y tolerante para el centro-derecha que le permitiese participar en el espacio público.

El sectarismo fue pronunciado en el área cultural, y Aznar se dio de bruces con ello al poco de acceder al poder:

Cuando decidí asistir a un acto en torno a Max Aub, empezaron las voces de «¡Qué desvergüenza! ¡Qué expropiación!» [...]. Cuando fui a impulsar el proyecto de la Huerta de San Vicente de García Lorca, los hubo que se pusieron a decir que si García Lorca fue fusilado por la Guardia Civil y que si García Lorca era «suyo».2

Aznar intentó con buena voluntad e instinto político, y sin demasiado éxito, romper los muros de la intransigencia necia. La desvergüenza hubiera sido decir que pensaba como Max Aub. Lo que Aznar quiso resaltar eran los valores morales y literarios del autor que se exilió al caer la Segunda República y murió en México. Admiraba aún más a García Lorca, y fue a honrar la memoria de un poeta universal en la Huerta de San Vicente porque era la «tarea integradora y de entendimiento que se podía y se debía hacer».

La vida de UCD fue demasiado efímera para superar las «dos Españas», si esto fuese posible, y Manuel Fraga Iribarne fue siempre, en la percepción pública, el representante de una de ellas. Felipe González entendió la integración y tuvo la sensatez de decir que una guerra civil «no se conmemora» con ocasión del medio centenario de 1936. El sentimiento compartido desde la derecha hasta la izquierda en la generación de González fue el de «nunca más».3

En las Cortes Constitucionales de 1977, González afirmó que la Transición legislaba «para superar el pasado e impedir la vuelta de aquel clima que fue tan dañino para España». En ese espíritu se redactó la Constitución. Pero algunos del PSOE llevaban el sectarismo en su ADN. José Luis Rodríguez Zapatero no era Felipe González. Fue un exaltado que llegó a preocupar seriamente a los veteranos del socialismo hispano.

Aznar no tenía complejos, representaba la «generación de la democracia» y pugnó por desligar a su partido de los condicionantes del pasado reciente. Su interpretación de la guerra civil, por ejemplo, estaba en cierta manera en línea con la de su abuelo paterno, Manuel Aznar Zubigaray, periodista liberal en la Segunda República y embajador de Franco en la ONU:

Manuel Azaña lo vio desde el primer momento cuando dijo el mismo día que comenzó la sublevación que, ocurriese lo que ocurriese, lo que estaba claro era que «nuestra República» se había terminado. Es decir, no mueren 500.000 españoles porque Santiago Casares Quiroga es presidente del Gobierno. Mueren para hacer una revolución de un signo o de otro. Y eso, evidentemente, condiciona muchas historias.4

El recuerdo de Casares Quiroga es bastante inédito en la clase política contemporánea. Salvo estudiosos de la época y algunos paisanos suyos, pocos sitúan al poco resolutivo azañista gallego. Nombrado presidente del Gobierno en mayo de 1936, Casares Quiroga dimitió el 19 de julio, el día siguiente de la sublevación. De haber seguido en su puesto, es posible que la historia –y las muertes– hubiera sido otra porque se negó a distribuir armas a las organizaciones obreras en Madrid.

Para Aznar ninguna de las dos Españas que se enfrentaron en la guerra civil tenía tradición democrática. Según su enfoque de la historia contemporánea española, el franquismo fue sólo «una parte de la historia de la derecha». Una parte de la derecha colaboró con la Segunda República y, para el caso, Francisco Largo Caballero y la Unión General de Trabajadores (UGT) colaboraron con la dictadura del general Primo de Rivera. La izquierda, por otro lado, tuvo poco que ver con el intento canovista de ordenar democráticamente la convivencia española.

La actitud de Aznar ante el Régimen fue tajante. El franquismo no iba con él ni por mentalidad ni por edad. Le exasperaba la atribución de los estereotipos de la derecha franquista y reaccionaba con irritación con quienes se lo echaban en cara: «Mire usted, nosotros no somos actores de nada que no sea incorporarnos a la vida política cuando comienza la democracia, una democracia que habíamos deseado».

Su muestra de credenciales democráticas encaja con su cita de Francisco de Quevedo en el temprano testamento político, España, la segunda Transición, que publicó dos años antes de ganar las elecciones de 1996: «Ha sido preciso decir lo que fuimos, para disculpar lo que somos y encaminar lo que pretendemos ser».5 Lo que pretendía ser Aznar quedó bastante claro en este ensayo. Alzó la bandera de la libertad, lo cual es algo novedoso en quien pretende dirigir al centro-derecha. Lo normal era predicar orden y prosperidad.

En España, la segunda Transición, Aznar explicó que concebía la libertad «como la entendían [John] Locke, [John] Stuart Mill, [Alexis de] Tocqueville y [Melchor Gaspar de] Jovellanos. La libertad es la preservación de un espacio propio para cada individuo, dentro del cual puede actuar, elegir y decidir sin interferencia ni control alguno». Para ser libre hay que poder elegir y una buena elección requiere un discernimiento moral. Aznar, por ello, citó a Tocqueville: «Jamás existió una sociedad libre sin moral». Y a Karl Popper: «Hay que jerarquizar qué valores son fundamentales y ser consciente de que al ordenarlos se está tomando una opción moral».

Las lecturas y las reflexiones de Aznar sobre la «libertad» fueron disruptivas en el contexto político de aquel momento porque de ella ya se habían encargado los socialistas en el tardofranquismo y al comenzar la democracia. El concepto era «suyo» y Aznar se metió en su terreno. Los eslóganes del PSOE en la Transición incluían «Socialismo es libertad» y «La libertad está en tu mano». Igual que Adolfo Suárez le robó el «centrismo» a Manuel Fraga y Felipe González se lo robó a Suárez, José María Aznar le robó el «centrismo» a González después de catorce años de felipismo. También le robó a González la «libertad».

Aznar podía tener ideas muy claras para marcar su particular «tercera vía» política, pero no estaba tan claro que el rebaño del centro-derecha fuera a seguirle por ese sendero. En el PP predominaban los democratacristianos. Esto representaba un problema para un político que quería dinamizar la economía con medidas desreguladoras y quitando grasa a la burocracia administrativa. Los valores morales del socialcristianismo y de la doctrina social de la Iglesia se reconocen en el Estado benefactor.

El franquismo injertó el estatismo y el corporativismo a la fruta madura y los legó a la sociedad española junto con el deseo, no anticipado por la dictadura, de reconciliación y el ansia de la normalización política. El gran Estado protector que debilita la sociedad civil era patrimonio tanto de la derecha como de la izquierda española. El sacrosanto espacio particular de cada individuo para actuar, elegir y decidir sin interferencia no tenía cabida en la cultura política, ni con el Régimen ni después.

Para Aznar fue más difícil imbuir de liberalismo al centro-derecha español que para González borrar el marxismo como seña de identidad del PSOE. O para Blair acabar con la planificación y las nacionalizaciones en la patria de John Locke y de Stuart Mill, y donde vivió y murió Karl Popper. La prueba es que no lo consiguió, o lo consiguió sólo a medias. Cuando Aznar dejó el poder, la España del Boletín Oficial del Estado (BOE) y de los boletines oficiales de las diecisiete autonomías seguía siendo mucho más intervenida, dirigida y regulada de lo que deseó al llegar al Gobierno. Si se examina el barullo del partido que heredó de Fraga, el poco éxito de Aznar es explicable.

Fraga incorporó a todo el que se le acercaba. Cristianos, liberales, franquistas evolucionados, centristas desencantados y, por supuesto, oportunistas y arribistas múltiples que se representaban a sí mismos. A todos les dio la bienvenida el gran patrón del centro-derecha. Al final de la época de Fraga, Alianza Popular (AP) tuvo hasta siete vicepresidencias que representaban a supuestas distintas «familias» del centro-derecha.

Darse de alta en AP fue fácil porque el partido era elástico. El discurso de Fraga en la democracia fue algo tan indefinido como el introducir cambios con deferencia a la tradición. Su estrategia fue la de sumar y sumar con voracidad, y su horizonte fue que ya saldría lo que Dios quisiese. Por eso le gustaba emplear el muy celtíbero dicho popular: «Si sale con barbas, San Antón, y si no, la Purísima Concepción».

Para un político metódico como Aznar, el planteamiento de «atrapalotodo» de Fraga no era la mejor receta para cohesionar un partido. Aznar se cargó de un plumazo las siete vicepresidencias cuando en 1990 fue aclamado como presidente del partido en el congreso que el centro-derecha «refundado» como PP celebró en Sevilla. Fraga le pidió que al menos mantuviese a dos vicepresidentes, y Aznar se negó. Fue la condición que puso para sucederle.

En su defensa como fundador y conductor de AP, Fraga dijo fundamentalmente dos cosas. Una fue que creó un sólido partido:

Hay una cosa evidente. De la obra de Suárez se dirá lo que se quiera, pero su partido no ha perdurado y el nuestro ahí está, gobernando desde una base social más profunda. Yo me dediqué a hacer partido y creo que no he perdido el tiempo.6

Esto solamente es cierto si la solidez se refiere a una más bien opaca solvencia económica, si bien la de AP era luminosa en comparación con la tesorería del PSOE en el gobierno y en las administraciones. Y si se refiere a un holgado cuartel general en la madrileña calle Génova, una presencia proactiva en todo el país, y mucha militancia.

A pesar de ser docto en la Teoría del Estado y llevar todos los programas de gobierno habidos y por haber en la cabeza, Fraga no le dio una estabilidad doctrinaria al partido que creó. Cualquiera podía beber el cóctel de cambio y tradición que confeccionó. González llegó a decir que Fraga llevaba «el Estado en la cabeza». Se permitió el cumplido porque el líder del centro-derecha, con su pasado autoritario y su presente ideológicamente ecléctico, no representaba amenaza alguna desde las filas de la oposición.

Víctor Alba, un trotskista enciclopédico que en el invierno de 1936 introdujo al George Orwell de Homenaje a Cataluña en las milicias del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), comparó a Fraga con Gaspar Melchor de Jovellanos: «Si Jovellanos estaba contra los radicales, igualmente se opone a los reaccionarios [...] la reforma, para ser real, ha de ser gradual, no puede ser repentina».7

Fraga recomendaba el ensayo de Alba sobre el conservadurismo español, y le gustó la referencia a Jovellanos. Desde las antípodas políticas que les separaban, el respeto y la consideración entre los dos fueron mutuos. Puede que Fraga se dijese que, al igual que el liberal conservador asturiano, él también fue un incomprendido para muchos de su época.

La otra barricada que Fraga levantó para defender su paso por la democracia parlamentaria fue que mereció la confianza de la generación que le siguió. Dijo que una forma de ganar esta confianza consistió en dar a tiempo los poderes a quienes vienen por detrás: «Preparé cuidadosamente la sucesión; busqué mucha gente capaz, hicimos lo posible para formarles y luego no les tuvimos ahí esperando treinta años. Se les dio paso a tiempo».8

La referencia de Fraga a los «treinta años» expresa la frustración que sufrió por el tiempo precioso perdido durante la larga «espera» del franquismo. En todo caso, su sucesión no fue tan cuidada cuando dimitió como presidente de AP después de los desastrosos resultados para el centro-derecha en las elecciones de 1986. El centro-derecha tuvo que esperar casi cuatro años para dar con el líder idóneo de la siguiente generación

La entrega por Fraga del testigo a una nueva generación no fue un ejemplo de transparente pulcritud ni mostró los fluidos mecanismos sucesorios que se esperan de un partido político moderno que está abierto a la promoción de los mejores. Según el liberal conservador Miguel Herrero de Miñón, ponente de la Constitución que pasó de ser portavoz parlamentario de UCD a serlo de AP, «Fraga siempre había considerado a Alianza Popular como una finca de su propiedad».9

Herrero de Miñón se postuló para suceder a Fraga, y su candidatura estaba avalada por su poso intelectual y por su brillantez parlamentaria. Sin embargo, en el congreso que AP celebró en Barcelona en febrero de 1987 ganó la de Antonio Hernández Mancha (Guareña, Badajoz, 1951). Ocurrió que Fraga movió a sus peones para acudir al quite de su protegido.

Hernández Mancha era un locuaz abogado de Estado de treinta y cinco años que llevaba siete como presidente de AP en Andalucía y era diputado por Córdoba y portavoz del partido en el Parlamento andaluz. Ocupó la presidencia nacional de AP porque así lo quiso Fraga, y fue aupado a ella por una ola de populismo que surgió de esa «más profunda» base social que el fundador del partido presumió haber creado

Fraga no dudó en articular esta base a la hora de nombrar a su sucesor. Hernández Mancha era «suyo», mientras que su rival era un verso suelto. Herrero de Miñón, el letrado del Consejo de Estado que en su día escribió El principio monárquico para iluminar la reforma política posfranquista, era un hombre de Estado en potencia. La decisión de apartar a Herrero de Miñón de la dirección de AP posiblemente fue una cuestión de celos y, desde luego, fue un error.

Como líder del centro-derecha, Hernández Mancha fue un «desastre sin paliativos» más. Se metió en muchos charcos, entre ellos una calamitosa moción de censura que presentó contra Felipe González en el Senado, donde la mayoría socialista era tan abrumadora como en el Congreso. Hernández Mancha quiso darse a conocer a nivel nacional con su intervención, y lo que consiguió fue presentar una imagen deplorable. Alfonso Guerra se encargó de triturarle.

Al año, Fraga se vio obligado a tomar de nuevo las riendas de la presidencia del partido y a ensayar otra vez su sucesión. Esta vez el elegido fue José María Aznar, que para entonces era presidente de la Junta de Castilla-León y, como tal, tenía una base territorial. Aznar fue el candidato de una nueva generación de políticos que, como él, llegaron al grupo parlamentario de AP en las elecciones de 1982. Entre ellos estaban Rodrigo Rato, Loyola de Palacio y Federico Trillo, la orientación política que compartían era liberal y serían el núcleo duro del proyecto de gobierno de Aznar.

La elevación de Aznar y de sus correligionarios a las alturas de AP fue en, cierto modo, la venganza de Herrero de Miñón. Aznar dirigió la campaña de Herrero de Miñón en su infructuoso intento de suceder a Fraga, y todos ellos habían sido instruidos por él en las doctrinas liberal-conservadoras cuando iniciaron su andadura parlamentaria. Las lecciones del autor de El principio monárquico incluyeron el respeto a la política de la primera restauración, la admiración por el sistema parlamentario británico, el escepticismo ante el dirigismo de la Unión Europea, la ausencia de complejos a la hora de abordar una agenda transatlántica, y el convencimiento de que España formaba una comunidad social y políticamente «normal».

En teoría, la generación que tomó el relevo en una Alianza Popular convertida en Partido Popular representaba un conjunto de ideas y de conductas que modernizaba el centro-derecha. Lo «desfranquizaba» porque el Régimen ya era «historia» y también porque Aznar y los suyos se oponían a la jerarquización y al estatismo. Tomaban el relevo para conducir España hacia esa segunda Transición que proclamó Aznar en su ensayo político dos años antes de ganar las elecciones de 1996. El reto era apartar la manzana podrida del cesto de frutas, introduciendo prácticas de transparencia, representatividad y rendición de cuentas.

Aznar y sus correligionarios tenían un cheque en blanco para darle la vuelta al centro-derecha como un calcetín. Cuando se hicieron con el partido en el congreso de Sevilla en 1990, AP llevaba perdiendo, una tras otra, las cinco elecciones que se habían celebrado desde la restauración de la democracia, y sus mejores resultados estaban en torno al 25% de los votos emitidos.

El patético recorrido electoral mostraba palmariamente que el estilo del liderazgo de Alianza Popular no estaba en sintonía con el votante y que tampoco lo estaba, por llamarlo de alguna manera, el cuerpo doctrinal del centro-derecha. El barullo que provocó la sucesión de Fraga puso en evidencia ambas cosas.

El concepto patrimonialista que tuvo Manuel Fraga del centro-derecha era excusable, y a Felipe González se le podía imputar lo mismo en el centro-izquierda. Fraga, el fundador del partido, se había entregado en cuerpo y alma a AP y era el dueño del inmueble. Lo que no fue disculpable en el congreso de la sucesión en Barcelona fue que sus antenas políticas estuviesen tan atrofiadas. Esto no correspondía a alguien de su talla, experiencia y vocación de servicio público.

El apoyo que Fraga prestó a Hernández Mancha fue decisivo pero extremadamente torpe. El joven extremeño-andaluz tenía una oratoria, a medio camino entre encendida y barriobajera, que encandilaba a los delegados de AP y espantaba a los parlamentarios del partido. Cuando Herrero de Miñón le ofreció retirarse de la pugna por la presidencia y ser el secretario general en una candidatura de integración, Hernández Mancha rechazó la propuesta diciéndole «no me mola».10

Por otro lado, el incuestionable entusiasmo que despertó Hernández Mancha entre las bases de AP, para lo que resultó ser una muy fugaz presidencia, reveló la poca cultura política del centro-derecha para operar con efectividad en una democracia parlamentaria de partidos competitivos. El aparato del fraguismo tenía el congreso de Barcelona controlado, y Hernández Mancha, a pesar de su poca talla política a nivel nacional, ganó por goleada con 1.430 votos de los delegados frente a los 729 de Herrero de Miñón.

El centro-derecha se dejó guiar por el dedo de Fraga y pareció entender que la juventud, el desparpajo, el descaro y el gracejo de Hernández Mancha constituían habilidades sobradas para desbancar a Felipe González. Optó por un populismo sin fundamentos doctrinales y eligió para dirigir al principal partido de la oposición parlamentaria a un político que no tenía escaño en el Congreso de los Diputados.

Los delegados en aquel malhadado congreso de sucesión demostraron no entender demasiado bien que la democracia parlamentaria se apoya principalmente en la confrontación en el Parlamento de partidos liderados por parlamentarios. Se diría que a Fraga, que incesantemente se recorría España de punta a rabo «creando partido», se le había escapado explicar este detalle de la nueva arquitectura política. Al votar masivamente la candidatura de Hernández Mancha los delegados parecían despreciar, o al menos, minusvalorar, el papel del parlamentarismo. Se decantaron por el populismo.

Herrero de Miñón quiso quitar hierro al aparente populismo y poco apego a la democracia representativa de los seguidores de Hernández Mancha:

Yo no creo que los delegados no apreciaron las figuras parlamentarias y el Parlamento. Más bien los delegados fueron ante todo sensibles a las orientaciones que recibieron de la secretaría general del partido y del propio señor Fraga.11

Si fue así, las lecciones de aquel congreso de Barcelona son todavía más sombrías. Cabría decir que la tentación caudillista que encarnaba Fraga estuvo presente en la elevación de Hernández Mancha a la presidencia de AP. Se había seguido con adhesión inquebrantable a Fraga porque era el líder, y se seguiría a quien el líder dijese. Sobraban debates doctrinales y planteamientos estratégicos.

El nuevo líder no tenía que ser el más preparado ni el más conveniente para el cargo. Solamente tenía que ser el que el anterior líder señalara con su dedo. Tampoco era necesario que el líder que designaba a su sucesor hubiese acumulado muchos logros electorales que acreditaran la sagacidad de su elección. Era el líder y eso bastaba.

La tentación caudillista, o populista, se hace presente tanto en la derecha como en la izquierda cuando los diputados carecen de cercanía con los votantes y el Parlamento es percibido como una institución lejana, poco representativa y de utilidad cuestionable. Esto mismo es una fatal característica del sistema político español, consecuencia de una ley electoral que primaba el control de los partidos por encima de la valía de los políticos.

Los aparatos de los partidos son los propietarios de los escaños porque son ellos los que elaboran la lista, bloqueada y cerrada, de candidatos para una circunscripción electoral. El parlamentario ni es el dueño de su escaño ni tiene por qué conocer a los votantes que le eligieron. Su obligación en el Parlamento es seguir fielmente las directrices de su partido. Representar a los votantes de su circunscripción electoral, sean o no partidarios suyos, es secundario.

A los diez años de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, los delegados en el congreso que AP celebró en Barcelona y el propio presidente del partido mostraron poco aprecio por el parlamentarismo. No les impresionó la notoriedad de Herrero de Miñón en su distrito electoral de Madrid, ni la capacidad dialéctica del portavoz del partido en el Congreso de los Diputados. Tampoco tuvieron interés en su doctrina, muy pedagógicamente expuesta, de que AP tenía que «avanzar hacia el centro» para recuperar los votos «prestados» que mantenían al felipismo en el poder. Los delegados optaron por el populismo y lo hicieron de manera masiva al percatarse de que Hernández Mancha era el preferido por Fraga y su aparato.

Aquella elección indicó que la Monarquía parlamentaria fallaba porque el sistema representativo no había echado raíces entre la ciudadanía. Ni siquiera entre los militantes de un partido parlamentario cuya función principal era marcar y enmendar en lo posible la labor del Gobierno. Ciertamente, esta labor no daba resultados puesto que la mayoría del PSOE en el Congreso era aplastante y las posibilidades de sustituirla eran nulas en el medio plazo. Sin embargo, la Monarquía parlamentaria se asentaba en el bipartidismo y el hemiciclo era el lugar en el cual se ofrecían políticas alternativas.

La elaboración de la ley electoral fue una consecuencia clave de la cosecha de la fruta madura, y su principal objetivo fue crear un sistema de representación parlamentaria que facilitaría la alternancia en el poder de dos partidos. Por ello, se estableció un sistema proporcional corregido que favorecía a los partidos más votados. Con el fin de reforzar el control de los dirigentes políticos, se implantó el mecanismo por el cual el aparato nombrado por ellos decidía quiénes, y en qué orden, figuraban en las listas de candidatos que se presentaban en cada provincia.

Al redactar y aprobar el reglamento para dirimir las futuras elecciones, la clase política de la Transición creó un híbrido entre un sistema presidencialista y un sistema parlamentario. El balance se inclinó siempre hacia el primero. Con la ley electoral florecieron el hiperliderazgo y el control del aparato, y se pudrió la manzana.

La intención de la ley fue, en principio, sensata. Se quiso establecer el campo de juego que permitiese la alternancia del poder que imperaba en las ansiadas democracias «de corte europeo» y evitar la fragmentación política –lo que se llamó la «sopa de letras» ante el aluvión de partidos en 1977– que acabó por desacreditar el sistema parlamentario de la Segunda República. Cumplió con este objetivo en las elecciones fundacionales de 1977 y en las de 1979, después de la aprobación de la Constitución. Pero no pudo evitar la crisis política que se desató en el invierno de 1980. La implosión de UCD, el frustrado golpe de Estado y la avalancha electoral del PSOE dos años después demostraron que el bipartidismo, además de imperfecto, era disfuncional.

A los diez años de la cosecha de la fruta con la Ley para la Reforma Política, el Congreso de AP en Barcelona expresó con su opción populista el desencanto del centro-derecha con un parlamentarismo que le excluía del poder. Más de dos décadas después, el cuestionamiento del sistema vino por parte de la izquierda. El eslogan «no nos representan» y la aparición de una propuesta política populista en toda la regla reflejó la brecha que la restrictiva ley electoral había abierto entre el votante y el político.

La historia europea del siglo XX demuestra cómo los sistemas de representatividad que establecen las democracias se pueden quebrar cuando una fuerte recesión económica acelera la desigualdad social y tensa los consensos constitucionales. En la primera década del XXI se reprodujeron los mismos retos, y los remedios seguían siendo iguales. Cuanto más abierto y flexible sea el procedimiento parlamentario, más eficaz será su capacidad paliativa en tiempos de turbulencia.

En España, la reforma de la Ley electoral con el fin de regenerar el sistema de representatividad comenzó a dominar el debate político en la primera década del siglo XXI. A los cuarenta años de la muerte de Franco, la democracia parlamentaria que sustituyó al Régimen acusaba el desgaste, y el bipartidismo, la «partitocracia», que fue el término despectivo que empleaba el franquismo, sufría desmoches.

Manuel Fraga se dio cuenta del error que cometió apadrinando a Hernández Mancha y lo corrigió. José María Aznar demostró con su victoria en las elecciones de 1996 que la alternativa en el poder era posible. El bipartidismo funcionaba a pesar de estar viciado por el control de los aparatos. Sin embargo, Aznar decepcionó a quienes esperaban de él un reforzamiento del sistema parlamentario y la creación de un campo más abierto y nivelado para el juego competitivo de partidos políticos.

Aznar pudo haber fomentado una reforma de la Ley electoral y un reglamento mucho más ágil para los debates en el Congreso. Pudo haber creado el consenso necesario para reconfigurar el Senado y convertirlo en una cámara territorial relevante. Pudo haber dado ejemplaridad al arco parlamentario patrocinando el debate interno y la transparencia en el PP. Pudo haber profesionalizado, es decir, despolitizado, la administración pública.

A los veinte años de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, las lecturas liberales de Aznar y su conocimiento de la separación de poderes en los sistemas políticos anglosajones le daban pie para todo ello y para mucho más. Era el conjunto de ideas y de conductas que compartían muchos que alcanzaron el poder con él. Sin embargo, el PP no abordó con la diligencia que muchos deseaban la limpieza de una vida pública cuya degradación el mismo Aznar se había encargado, tan justificadamente, de señalar. La corrupción que denunció con tanta efectividad resultó no ser, ni mucho menos, patrimonio exclusivo de un socialismo prepotente. La manzana siguió pudriéndose bajo su mandato.

Aznar tuvo margen para actuar porque superó con aplomo las sectarias zancadillas de la pretendida superioridad moral de la izquierda, y su credibilidad como presidente del Gobierno se afianzó. El PSOE, cuando por fin digirió su derrota, perdió el norte, que es lo que le ocurre a todo partido gobernante cuando pasa a la oposición. En los cuatro años de su primera legislatura, Aznar tuvo enfrente a tres líderes de la oposición. Despachó a Felipe González que estaba de salida; a Josep Borrell, exministro de Obras Públicas, que no acabó de entrar porque el aparato socialista le fulminó; y a Joaquín Almunia, hombre fuerte del felipismo, que en las elecciones de 2000 cosechó los peores resultados para el PSOE desde las de 1979.

La prioridad de Aznar fue sanear las cuentas públicas, reducir la inflación y estimular el crecimiento económico para que España estuviese en la parrilla de salida de la eurozona. La tarea era muy compleja porque, no por última vez, el PSOE legó un balance muy deteriorado. Se equivocaron quienes dudaron que Aznar fuera capaz de alcanzar la meta que se marcó.

El haber económico de Aznar fue abultado e incuestionable. No lo fue en lo político. Al año de llegar al poder, habló de un proyecto liberal y abierto:

Liberal en sus fundamentos ideológicos y también en su capacidad de diálogo. Estos son momentos, digamos, de etiquetado difícil, pero si hubiese que apostar por algo sería fundamentalmente por eso. En las convergencias de las políticas que se practican es a veces difícil entender las diferencias e incluso ver los matices. Pero lo básico es que España necesita que cuaje un proyecto llamémosle liberal, de amplias raíces populares y capaz de comportarse correctamente en el gobierno.12

Solidificar tal proyecto requería acometer reformas de calado que mejorasen la conducta, la ejemplaridad y, a fin de cuentas, la representatividad del sistema político.

Pero esto no estaba en la libreta de Aznar. Dejó pasar la oportunidad de neutralizar el poderío de los aparatos de los partidos y favorecer, «desde arriba», una regeneración «desde abajo» que facilitase la presencia en la vida pública de los mejores y de los más decentes. Lo que quiso Aznar fue cohesionar un centro-derecha en el cual estaban presentes corrientes conservadoras, democratacristianas y liberales. Su preocupación inmediata fue la de reorganizar internamente el PP para que tuviese «tres características básicas que no tenía en ese momento. Una es ser una fuerza mayoritaria; otra, ser una fuerza centrada, y otra, ser una fuerza política unida».13

Lo primero sólo valió para la siguiente legislatura. El PP, como fuerza mayoritaria, no pudo superar el tsunami populista que articuló la izquierda con la matanza terrorista en vísperas de las elecciones de marzo de 2014. El afianzamiento de lo segundo es debatible de la misma manera que el «centrismo» es un concepto de amarre político del cual se ha abusado en demasía. La unión en cuanto a cohesión orgánica y territorial también. Al PP le crecieron los «enanos», o los «barones», y en esto no se distinguió del PSOE.

En la segunda legislatura de Aznar, la percepción pública fue que el Gobierno se escoró hacia la derecha y, peor aún, hacia el neoliberalismo que para la izquierda era el nuevo ogro en el escenario político. De nuevo en la oposición, el PP tuvo dificultad para proyectarse como la opción de una sensatez «centrada» frente al «buenismo» reinante que ofrecía «derechos» que la «derecha» negaba.

El PP recuperó el poder no tanto porque representaba el sentido común de un partido unido en torno a la modernidad y la moderación, sino porque el PSOE perdió el poder con su manifiesta incapacidad económica.

Lo que José María Aznar no consiguió legar ni a su partido ni, mucho menos, al electorado fue todo lo que conllevaba la agenda transatlántica que tan entusiastamente abrazó en compañía de Tony Blair. Esto fue una innovación rompedora en la política española, pero fue una deriva muy personal suya que no logró explicar debidamente al electorado. No transmitió, como pudo haber hecho, los valores de una sociedad abierta e inventiva y de una sociedad civil robusta y dinámica.

El centro político no vio en la agenda transatlántica más que un belicismo trasnochado que le incomodaba. Con el apoyo de Aznar a la invasión aliada de Irak, la izquierda encontró la llave para recuperar el poder. En cuanto Aznar se apartó por decisión propia de la primera línea de la política nacional al cumplir dos legislaturas, la agenda transatlántica, en su sentido más amplio, desapareció de la conversación del PP.

Puede que el juicio final sobre Aznar sea que le faltó ambición y le sobró desconfianza. Su decisión de nombrar directamente a su sucesor fue la continuación de las peores prácticas de la vieja política. Fraga, al menos, intentó disfrazar su autoritarismo con la celebración de congresos amañados. De haber sido, de verdad, el PP una fuerza mayoritaria, centrada y unida, la sucesión de Aznar la hubiera resuelto un proceso transparente como ocurre en las «democracias de corte europeo.» Y el partido hubiera controlado al líder en lugar del líder al partido.

Un viejo dicho político es que las carreras de los dirigentes de la cosa pública acaban en el llanto y el crujir de dientes. El comienzo de la de Aznar fue esperanzador, pero fue así como terminó su paso por el poder. Veinte años después de que España soltara amarras con el franquismo y comenzara la Transición con la fruta madura a bordo, con Aznar existió la posibilidad de enmendar el trayecto hacia aguas cristalinas y vientos apacibles. Después de él, la nave tomó un rumbo progresivamente pantanoso. Cuarenta después, la mercancía estaba muy podrida.

Notas

CAPÍTULO 1. CONTINUIDAD SIN CONTINUISMO

1. Juan Pablo Fusi, Franco. Autoritarismo y poder personal, Madrid, Ediciones El País, 1985, p. 210.

2. Enrique de Aguinaga, Prontuario del franquismo, borrador 03.02.2015, p. 4.

3. Rafael Borràs Betriu, Los interinos. Algunos ministros de la Corona, Barcelona, Edhasa, 2014, p. 19.

4. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, Barcelona, Plaza & Janés, 1995, p. 37.

5. Julio Alcaide, Evolución económica de las regiones y provincias españolas en el siglo XX, Bilbao, Fundación BBVA, 2003.

6. Pedro Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, Barcelona, Planeta, 1981, p. 208.

7. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, op. cit., pp. 27 y ss.

CAPÍTULO 2. LOS REFORMISTAS DEL RÉGIMEN Y LOS DEMOCRATACRISTIANOS

1. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, Barcelona, Plaza & Janés, 1997, pp. 287 y ss.

2. Ibíd., p. 116.

3. Ibídem.

4. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, Barcelona, Plaza & Janés, 1995, p. 384.

CAPÍTULO 3. LOS FRANQUISTAS FINIQUITAN EL RÉGIMEN

1. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, Barcelona, Plaza & Janés, 1997, pp. 87 y ss.

2. Ibíd., p. 101.

3. Ibíd., p. 97.

4. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, Barcelona, Plaza & Janés, 1995, p. 265.

5. Charles T. Powell, El Piloto del Cambio. El Rey, la Monarquía y la transición a la democracia, Barcelona, Planeta, 1991, p. 80.

6. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, op. cit., p. 352.

7. Ibíd., p. 288.

8. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, op. cit., pp. 159 y ss.

9. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, op. cit., p. 186.

10. Ibíd., p. 381.

CAPÍTULO 4. FRANCO Y LA MONARQUÍA

1. Santiago Carrillo, Memorias, Barcelona, Planeta, 1993, p. 613.

2. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, Barcelona, Plaza & Janés, 1995, p. 342.

3. Ibíd., pp. 45 y ss.

4. José Antonio Girón de Velasco, Si la memoria no me falla, Barcelona, Planeta, 1994, p. 208.

5. Tom Burns Marañón, La Monarquía necesaria, Barcelona, Planeta, 2007 p. 114.

6. Ibíd., p. 125.

7. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, op. cit., p. 78.

8. Ibíd., p. 335.

9. Ibíd., p. 378.

10. Ibíd., p. 226.

11. Tom Burns Marañón, La Monarquía necesaria, op. cit., p. 100.

12. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, op. cit., p. 182.

13. Ibíd., p. 198.

14. Ibíd., p. 381.

15. Ibíd., pp. 243 y ss.

16. ABC, 15 de agosto de 2000.

17. José Luis de Vilallonga, El Rey, Barcelona, Plaza & Janés, 1993, p. 251.

CAPÍTULO 5. DON JUAN CARLOS Y EL FRANQUISMO

1. Don Juan Carlos consideraba a Arias Navarro un unmitigated disaster, según una crónica publicada en Newsweek el 26 de abril de 1976 por Arnaud de Bochgrave, corresponsal volante de la revista norteamericana. Bochgrave había tenido una audiencia privada con el Rey y la frase puesta en boca de don Juan Carlos nunca fue desmentida por La Zarzuela.

2. José Ortega y Gasset, «Rectificación a la República», Obras Completas, tomo IX, Madrid, Revista de Occidente, 1969, p. 285.

3. Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía, Barcelona, Noguer y Caralt, 1978, pp. 377 y ss.

4. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, Barcelona, Plaza & Janés, 1995, p. 277.

5. Pedro Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, Barcelona, Planeta, 1981, pp. 61 y ss.

6. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, op. cit., p. 79.

7. Ibíd., p. 194.

8. Ibíd., p. 167.

9. José Luis de Vilallonga, El Rey, Barcelona, Plaza & Janés, 1993, p. 205.

CAPÍTULO 6. EL OSTRACISMO POLÍTICO DE DON JUAN CARLOS

1. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, Barcelona, Plaza & Janés, 1995, p. 279.

2. Ibíd., pp. 304 y ss.

3. Santiago Carrillo, Memorias, Barcelona, Planeta, 1993, p. 584.

4. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, op. cit., pp. 207 y ss.

5. Ibíd., pp. 328 y ss.

6. Ibíd., p. 207.

CAPÍTULO 7. LOS LÍMITES POLÍTICOS DEL RÉGIMEN

1. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, Barcelona, Plaza & Janés, 1997, pp. 143 y ss.

2. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, Barcelona, Plaza & Janés, 1995, pp. 382 y ss.

3. Ibíd., p. 382.

4. Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate, Diálogos conmigo mismo, Barcelona, Planeta, 1978, p. 78.

5. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, op. cit., p. 142.

6. Ibíd., p. 182.

CAPÍTULO 8. DON JUAN CARLOS Y EL TARDOFRANQUISMO

1. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, Barcelona, Plaza & Janés, 1997, p. 94.

2. Ibíd., p. 258.

3. Ibíd., p. 148.

4. Citado por Dalmacio Negro, El Liberalismo en España, Madrid, Unión Editorial, 1988, p. 245.

5. Laureano López Rodó, Las Claves de la Transición. Memorias IV, Barcelona, Plaza & Janés, 1993, pp. 126 y ss.

6. Manuel Fraga Iribarne, Memoria breve de una vida pública, Barcelona, Planeta, 1980, p. 347.

7. José Miguel Ortí Bordás, La Transición desde dentro, Barcelona, Planeta, 2008, pp. 173 y ss.

8. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, op. cit., p. 168.

9. Gonzalo Fernández de la Mora, Río arriba, Barcelona, Planeta, 1995, p. 255.

CAPÍTULO 9. DON JUAN CARLOS Y LA SUCESIÓN

1. Luis María Anson, Don Juan, Barcelona, Plaza & Janés, 1994, pp. 257 y ss.

2. Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía, Barcelona, Noguer, 1977, p. 102.

3. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, Barcelona, Plaza & Janés, 1995, p. 93.

4. José María Gil-Robles, La Monarquía por la que yo luché, Madrid, Taurus, 1976, p. 281.

5. Pedro Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, Barcelona, Planeta, 1981, p. 41s.

6. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, op. cit., p. 258.

7. Ibíd., p. 133.

8. Ibíd., p. 53.

9. Luis María Anson, Don Juan, op. cit., pp. 252 y ss.

10. Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, Planeta, 1976, p. 466.

11. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, op. cit., p. 365.

12. Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía, op. cit., anexo 62, pp. 638 y ss.

13. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, op. cit., p. 261.

14. Ibíd., p. 384.

CAPÍTULO 10. EL IMPARABLE ASCENSO DE FELIPE GONZÁLEZ

1. Charles Powell, España en democracia 1975-2000, Barcelona, Plaza & Janés, 2001, p. 194.

2. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el socialismo, Barcelona, Plaza & Janés, 1996, p. 139.

3. Ibíd., p. 300.

4. Charles Powell, España en democracia, op. cit., p. 337.

5. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el socialismo, op. cit., p. 129.

6. Ibíd., p. 502.

7. Ibíd., pp. 301 y ss.

8. Ibíd., p. 132.

9. Santos Juliá et al. (eds.), Memoria de la transición, Madrid, Taurus, 1996, pp. 400 y ss.

10. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el socialismo, op. cit., pp. 258 y ss.

11. Ibíd., p. 260.

CAPÍTULO 11. EL FELIPISMO ACOPIA PODER

1. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el socialismo, Barcelona, Plaza & Janés, 1996, p. 374.

2. Ibíd., p. 102.

3. Ibíd., p. 191.

4. Ibíd., p. 321.

5. Sergio Vilar, Protagonistas de la España democrática. La oposición a la dictadura, París, Ruedo Ibérico, 1968, p. 155.

6. Tom Burns Marañón Conversaciones sobre el socialismo, op. cit., p. 98.

7. Ibíd., p. 101.

8. Ibíd., p. 370.

9. Ibíd., pp. 223 y ss.

CAPÍTULO 12. LUCES Y SOMBRAS DEL FELIPISMO

1. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el socialismo, Barcelona, Plaza & Janés, 1996, p. 396.

2. Ibíd., p. 159.

3. Ibíd., p. 218.

4. Ibíd., p. 376.

5. José María Aznar, España, la segunda Transición, Madrid, Espasa Calpe, 1994, p. 61.

6. José Varela Ortega, Los señores del poder y la democracia en España, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, p. 463.

7. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el socialismo, op. cit., p. 390.

8. Ibíd., p. 211.

9. Ibíd., p. 326.

10. Ibíd., p. 512.

11. Ibíd., p. 328.

12. Javier Pradera, Corrupción y política. Los costes de la democracia, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014, p. 79.

13. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el socialismo, op. cit., p. 509.

14. Ibíd., p. 303.

15. Ibíd., p. 335.

16. José Félix Tezanos, «Populismo, corporativismo, neo-bonapartismo», Revista Sistema, noviembre de 1995, p. 22.

17. Richard Gillespie y William E. Paterson, Rethinking Social Democracy in Western Europe, Londres, Francis Cass, 1991, pp. 78 y ss.

18. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el socialismo, op. cit., p. 332.

CAPÍTULO 13. EL IMPARABLE FRACASO DEL CENTRO-DERECHA

1. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, Barcelona, Plaza & Janés, 1997, p. 19.

2. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el socialismo, Barcelona, Plaza & Janés, 1996, p. 503.

3. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, op. cit., p. 258.

4. Charles Powell, España en democracia 1975-2000, Barcelona, Plaza & Janés, 2001, p. 152.

5. Citado por Luis Herrera, El ocaso del régimen, Barcelona, Temas de Hoy, 1995, p. 198.

6. Alfonso Osorio, Trayectoria de un ministro de la Corona, Barcelona, Planeta, 1980, p. 132.

7. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, op. cit., pp. 265 y ss.

8. Ibíd., p. 256.

9. Ibíd., p. 272.

CAPÍTULO 14. LA BÚSQUEDA DEL CENTRO POLÍTICO

1. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, Barcelona, Plaza & Janés, 1997, p. 183.

2. José María Aznar, España, la segunda Transición, Madrid, Espasa Calpe, 1994, p. 20.

3. Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1984, p. 82.

4. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, op. cit., p. 98.

5. Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Barcelona, Planeta, 1980, p. 328.

6. Adolfo Suárez, Fue posible la concordia, Madrid, Espasa Calpe 1996, pp. 176 y ss.

7. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, op. cit., p. 327.

8. Ibíd., p. 261.

9. Ibíd., p. 329.

10. Ibíd., p. 310.

CAPÍTULO 15. EL CENTRO REFORMISTA QUE NO CUAJÓ

1. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre el socialismo, Barcelona, Plaza & Janés, 1996, p. 333.

2. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, Barcelona, Plaza & Janés, 1997, pp. 360 y ss.

3. José Varela Ortega, Los señores del poder y la democracia en España, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, p. 411.

4. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, op. cit., p. 358.

5. José María Aznar, España, la segunda Transición, Madrid, Espasa Calpe, 1994, p. 82.

6. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, op. cit., pp. 183 y ss.

7. Víctor Alba, Los conservadores en España, Barcelona, Planeta, 1981, p. 315.

8. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, op. cit., p. 185.

9. Miguel Herrero de Miñón, Memorias de estío, Barcelona, Temas de Hoy, 1993, p. 356.

10. Ibíd., p. 356.

11. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, op. cit., p. 308.

12. Tom Burns Marañón, Conversaciones sobre la derecha, op. cit., p. 365.

13. Ibíd., p. 358.

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Agradecimientos

Mi agradecimiento a Rafael Borràs Betriu es profundo y permanente. Sin su estímulo y su apoyo, sin los criterios y conocimientos que tan generosamente comparte y sin su amistad no hubiera escrito este libro ni ninguno anterior. Tengo, a la vez, una gran deuda de gratitud con Joan Tarrida y con María Cifuentes de Galaxia Gutenberg. El autor que tiene el privilegio de contar con ellos es un ser afortunado.

Doy las gracias también a Enrique Pérez-Hernández, a Rafael Ordovás y a Arancha Sanz, de Eurocofín, y a Ana I. Pereda y Juan José Garrido, de Expansión. He abusado de otras muchas amistades, sobre todo las de Gabriel Castro, Alejandro Fernández de Araoz, Regino García-Badell, Agustín Gervás, Juan Rueda, Jaime de Salas y José Varela Ortega y agradezco el aliento que he recibido de todos ellos.

Como siempre, mi mayor reconocimiento y agradecimiento es a la paciencia, la comprensión y el cariño de Dolores Luca de Tena Béthencourt, mi mujer.

Villacarriedo, Cantabria
Los Molinos, Madrid
Las Palmas de Gran Canaria