La aparición de distintos ejemplos de populismo en diferentes partes del mundo ha hecho salir a la luz una pregunta que nadie se planteaba unos años atrás: ¿están nuestras democracias en peligro? Los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, de la Universidad de Harvard, han invertido dos décadas en el estudio de la caída de varias democracias en Europa y Latinoamérica, y creen que la respuesta a esa pregunta es que sí.

Desde la dictadura de Pinochet en Chile hasta el discreto y paulatino desgaste del sistema constitucional turco por parte de Erdogan, Levitsky y Ziblatt muestran cómo han desaparecido diversas democracias y qué podemos hacer para salvar la nuestra. Porque la democracia ya no termina con un bang (un golpe militar o una revolución), sino con un leve quejido: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el sistema jurídico o la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales. La buena noticia es que hay opciones de salida en el camino hacia el autoritarismo y los populismos de diversa índole.

Basándose en años de investigación, los autores revelan un profundo conocimiento de cómo y por qué mueren las instituciones democráticas. Un análisis alarmante que es también una guía para reparar una democracia amenazada por el populismo.

Steven Levitsky & Daniel Ziblatt

Cómo mueren
las democracias

ePub r1.0

Titivillus 06.04.2019

Título original: How Democracies Die

Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, 2018

Traducción: Gemma Deza Gil

Diseño de cubierta: basado en la idea original de Christopher Brand

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.0

A nuestras familias
Liz Mineo y Alejandra Mineo-Levitsky,
y Suriya, Lilah y Talia Ziblatt

INTRODUCCIÓN

¿Está la democracia estadounidense en peligro? Es una pregunta que jamás pensamos que nos formularíamos. Llevamos colaborando quince años, reflexionando, escribiendo y hablando a nuestros alumnos acerca de los fallos de la democracia en otros tiempos y lugares, como la muy sombría Europa de la década de 1930 o la represiva Latinoamérica de la década de 1970. Hemos invertido años investigando las nuevas formas de autoritarismo que están emergiendo en el planeta. Para nosotros, estudiar cómo mueren las democracias ha sido una obsesión profesional.

Pero ahora nos encontramos poniendo el foco en nuestro propio país. En el transcurso de los dos últimos años hemos visto a políticos decir y hacer cosas sin precedentes en Estados Unidos, cosas que, sin embargo, identificamos como precursoras de crisis democráticas en otros lugares. Y nos asusta, como les ocurre a tantos otros estadounidenses, por más que intentemos serenarnos diciéndonos que «aquí la cosa no se puede poner tan fea». Al fin y al cabo, aunque sabemos que todas las democracias son frágiles, la nuestra ha sabido ingeniárselas para desafiar a la gravedad. La Constitución de Estados Unidos, el credo nacional sobre la libertad y la igualdad, la robusta clase media histórica del país, así como sus elevados niveles de riqueza y educación, y su amplio y diversificado sector privado deberían ser vacunas frente al tipo de quiebra democrática acontecida en otros lugares.

Pero, a pesar de todo, estamos preocupados. Los políticos estadounidenses actuales tratan a sus adversarios como enemigos, intimidan a la prensa libre y amenazan con impugnar los resultados electorales. Intentan debilitar las defensas institucionales de la democracia, incluidos los tribunales, los servicios de inteligencia y las oficinas de ética. Los estados norteamericanos, que en su día fueron ensalzados por el gran jurista Louis Brandeis como «laboratorios de democracia», corren el riesgo de convertirse en laboratorios de autoritarismo mientras quienes ostentan el poder reescriben las reglas electorales, redibujan las circunscripciones electorales e incluso derogan derechos al voto para asegurarse la victoria. Y, en 2016, por primera vez en la historia de Estados Unidos, un hombre sin experiencia alguna en la función pública, con escaso compromiso apreciable con los derechos constitucionales y tendencias autoritarias evidentes fue elegido presidente.

¿Qué significa todo esto? ¿Estamos ante el declive y desmoronamiento de una de las democracias más antiguas y consagradas del mundo?

A mediodía del 11 de septiembre de 1973, tras meses de una tensión creciente en las calles de Santiago de Chile, aviones a reacción Hawker Hunter de fabricación británica se abatieron sobre La Moneda, el palacio presidencial neoclásico situado en el centro de la ciudad, y lo bombardearon. Bajo una lluvia de bombas, La Moneda fue pasto de las llamas. El presidente Salvador Allende, elegido tres años antes como líder de una coalición de izquierdas, se había hecho fuerte en el interior de aquel palacio. Durante su mandato, Chile se había visto sacudido por el malestar social, la crisis económica y la parálisis política. Allende había declarado que no abandonaría su puesto hasta concluir su trabajo, pero había llegado el momento de la verdad. Encabezadas por el general Augusto Pinochet, las Fuerzas Armadas de Chile se estaban haciendo con el control del país. A primera hora de aquel funesto día, Allende pronunció un discurso desafiante a través de una emisora radiofónica nacional con la esperanza de que sus muchos partidarios tomaran las calles en defensa de la democracia. Pero la resistencia no se materializó. La policía militar que protegía el palacio lo había abandonado y, por toda respuesta, su discurso radiofónico encontró el silencio. Al cabo de pocas horas, el presidente Allende había muerto, y, con él, la democracia chilena.

Así es como solemos creer que mueren las democracias: a manos de hombres armados. Durante la Guerra Fría, golpes de Estado provocaron el colapso de tres de cada cuatro democracias caídas. Las democracias de Argentina, Brasil, República Dominicana, Ghana, Grecia, Guatemala, Nigeria, Pakistán, Perú, Tailandia, Turquía y Uruguay perecieron de este modo. Y en el pasado más reciente, golpes de Estado militares derrocaron al presidente egipcio Mohamed Morsi en 2013 y a la primera ministra tailandesa Yingluck Shinawatra en 2014. En todos estos casos, la democracia se disolvió de un modo espectacular, mediante la coacción y el poder militar.

Sin embargo, existe otra manera de hacer quebrar una democracia, un modo menos dramático pero igual de destructivo. Las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. Algunos de esos dirigentes desmantelan la democracia a toda prisa, como hizo Hitler en la estela del incendio del Reichstag en 1933 en Alemania. Pero, más a menudo, las democracias se erosionan lentamente, en pasos apenas apreciables[1].

En Venezuela, por ejemplo, Hugo Chávez era un político marginal que clamó contra lo que describía como una élite gobernante corrupta y prometió construir una democracia más «auténtica» que aprovechara la inmensa riqueza petrolífera del país para mejorar la vida de los pobres. Empatizando hábilmente con la ira de los venezolanos de a pie, muchos de los cuales se sentían ignorados o maltratados por los partidos políticos establecidos, Chávez fue elegido presidente en 1998. En palabras de una lugareña del estado natal de Chávez, Barinas, la noche electoral: «La democracia está infectada y Chávez es el único antibiótico que tenemos».[2]

Cuando Chávez puso en marcha la revolución que había prometido, lo hizo democráticamente. En 1999 celebró unas elecciones libres a una nueva Asamblea Constituyente en las que sus aliados se impusieron por una mayoría aplastante. Ello permitió a los chavistas redactar por sí solos una nueva Constitución. Pero era una Constitución democrática y, para reforzar su legitimidad, se celebraron unos nuevos comicios presidenciales y legislativos en 2000. Y Chávez y sus aliados volvieron a imponerse. El populismo de Chávez suscitó una intensa oposición y, en abril de 2002, fue depuesto brevemente por el Ejército. Pero el golpe militar fracasó y permitió que un Chávez triunfante reclamara para sí una mayor legitimidad democrática.

Chávez dio sus primeros pasos claros hacia el autoritarismo en 2003. Ante un apoyo público que se desvanecía, paralizó un referéndum organizado por la oposición que lo habría destituido y lo pospuso hasta el año siguiente, cuando los precios del petróleo, que se hallaban por las nubes, le brindaron un respaldo suficiente para resultar vencedor. En 2004, el Gobierno elaboró una lista negra con los nombres de quienes habían firmado la petición de destitución y llenó el Tribunal Supremo de letrados afines, pero la reelección arrolladora de Chávez en 2006 le permitió mantener una fachada democrática. El régimen chavista se volvió más represivo después de 2006, cuando clausuró un importante canal de televisión; arrestó o exilió a políticos de la oposición, a jueces y a figuras mediáticas bajo cargos dudosos; y eliminó los términos del mandato presidencial para que Chávez pudiera permanecer en el poder de manera indefinida. Cuando Chávez, afectado por un cáncer terminal, fue reelegido en 2012, se celebraron en efecto unas elecciones libres, pero no justas. El chavismo controlaba gran parte de los medios de comunicación y desplegó la inmensa maquinaria gubernamental en su favor. Tras el deceso de Chávez un año más tarde, su sucesor, Nicolás Maduro, se impuso en otra reelección cuestionable y, en 2014, su Gobierno encarceló a un destacado líder de la oposición. Aun así, la abrumadora victoria de la oposición en las elecciones legislativas de 2015 parecía desmentir las críticas de que Venezuela había dejado de ser una democracia. Hubo que aguardar a que una nueva Asamblea Constituyente monopartidista usurpara el poder al Congreso en 2017, casi dos décadas después de que Chávez ascendiera por primera vez a la presidencia, para que Venezuela pasara a reconocerse ampliamente como una autocracia.

Así es como mueren las democracias hoy en día. Las dictaduras flagrantes, en forma de fascismo, comunismo y gobierno militar, prácticamente han desaparecido del panorama.[3] Los golpes militares y otras usurpaciones del poder por medios violentos son poco frecuentes. En la mayoría de los países se celebran elecciones con regularidad. Y aunque las democracias siguen fracasando, lo hacen de otras formas. Desde el final de la Guerra Fría, la mayoría de las quiebras democráticas no las han provocado generales y soldados, sino los propios gobiernos electos.[4] Como Chávez en Venezuela, dirigentes elegidos por la población han subvertido las instituciones democráticas en Georgia, Hungría, Nicaragua, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Sri Lanka, Turquía y Ucrania. En la actualidad, el retroceso democrático empieza en las urnas.

La senda electoral hacia la desarticulación es peligrosamente engañosa. Con un golpe de Estado clásico, como en el Chile de Pinochet, la muerte de la democracia es inmediata y resulta evidente para todo el mundo. El palacio presidencial arde en llamas. El presidente es asesinado, encarcelado o desterrado al exilio. La Constitución se suspende o descarta. Por la vía electoral, en cambio, no ocurre nada de esto. No hay tanques en las calles. La Constitución y otras instituciones nominalmente democráticas continúan vigentes. La población sigue votando. Los autócratas electos mantienen una apariencia de democracia, a la que van destripando hasta despojarla de contenido.

Muchas medidas gubernamentales que subvierten la democracia son «legales», en el sentido de que las aprueban bien la asamblea legislativa o bien los tribunales. Es posible que incluso se vendan a la población como medidas para «mejorar» la democracia: para reforzar la eficacia del poder judicial, combatir la corrupción o incluso sanear el proceso electoral. Se sigue publicando prensa, si bien ésta está sobornada y al servicio del poder, o bien tan sometida a presión que practica la autocensura. Los ciudadanos continúan criticando al Gobierno, pero a menudo se encuentran lidiando con impuestos u otros problemas legales. Y todo ello siembra la confusión pública. La población no cae inmediatamente en la cuenta de lo que está sucediendo. Muchas personas continúan creyendo que viven en una democracia.[5] En 2011, una encuesta del Latinobarómetro solicitaba a los venezolanos que calificaran su propio país del 1 («nada democrático») al 10 («completamente democrático») y el 51 por ciento de los encuestados le asignaron una puntuación de 8 o superior.

Dado que no existe un único momento (no hay golpe de Estado, ni declaración de ley marcial ni suspensión de la Constitución) en el que el régimen «cruce claramente la línea» y se convierta en una dictadura, nada hace sonar las alarmas entre la población. Quienes denuncian los abusos del Gobierno pueden ser descalificados como exagerados o alarmistas. Para muchas personas, la erosión de la democracia es casi imperceptible.

¿En qué medida la democracia estadounidense es vulnerable a este tipo de retroceso? Ciertamente, la democracia de Estados Unidos se asienta sobre cimientos más robustos que las de Venezuela, Turquía o Hungría. Pero ¿son realmente tan robustos?

Responder a tal interrogante obliga a tomar distancia con respecto a los titulares diarios y a desoír las alertas de la prensa para ampliar la perspectiva, así como a inferir lecciones de las experiencias de otras democracias del planeta a lo largo de la historia. Estudiar otras democracias en crisis nos permite entender mejor los desafíos que afronta nuestra propia democracia. A título de ejemplo, basándonos en las experiencias históricas de otros países, hemos ideado una prueba decisiva que ayuda a identificar qué personas podrían convertirse en autócratas en caso de ascender al poder. Podemos extraer lecciones de los errores en que incurrieron dirigentes democráticos pasados al abrir la puerta a dictadores en potencia y de los métodos que otras democracias han aplicado para mantener a los extremistas alejados del poder. El enfoque comparativo revela asimismo cómo autócratas electos de distintas partes del mundo emplean estrategias asombrosamente similares para subvertir las instituciones democráticas. A medida que tales patrones devienen visibles, los pasos hacia la desarticulación se vuelven menos ambiguos y, por ende, más fáciles de combatir. Conocer cómo la ciudadanía de otras democracias ha logrado resistir ante autócratas electos o por qué tuvieron la tragedia de no saber hacerlo también es esencial para quienes pretenden defender la democracia estadounidense en la actualidad.

Es bien sabido que de vez en cuando emergen demagogos extremistas en todas las sociedades, incluso en las democracias saludables. Estados Unidos ha tenido su cuota, incluidos entre ellos Henry Ford, Huey Long, Joseph McCarthy y George Wallace. Una prueba esencial para las democracias no es si afloran o no tales figuras, sino si la élite política y, sobre todo, los partidos políticos se esfuerzan por impedirles llegar al poder, manteniéndolos alejados de los puestos principales, negándose a aprobarlos o a alinearse con ellos y, en caso necesario, haciendo causa común con la oposición en apoyo a candidatos democráticos. Aislar a los extremistas populistas exige valentía política. Pero cuando el temor, el oportunismo o un error de cálculo conducen a los partidos establecidos a incorporar a extremistas en el sistema general, la democracia se pone en peligro.

Una vez una persona potencialmente autoritaria llega al poder, las democracias afrontan una segunda prueba decisiva: ¿subvertirá el dirigente autocrático las instituciones democráticas o servirán éstas para contenerlo? Las instituciones por sí solas no bastan para poner freno a los autócratas electos. Hay que defender la Constitución, y esa defensa no sólo deben realizarla los partidos políticos y la ciudadanía organizada, sino que también debe hacerse mediante normas democráticas. Sin unas normas sólidas, los mecanismos de control y equilibrio no funcionan como los baluartes de la democracia que suponemos que son. Las instituciones se convierten en armas políticas, esgrimidas enérgicamente por quienes las controlan en contra de quienes no lo hacen. Y así es como los autócratas electos subvierten la democracia, llenando de personas afines e «instrumentalizando» los tribunales y otros organismos neutrales, sobornando a los medios de comunicación y al sector privado (u hostigándolos a guardar silencio) y reescribiendo las reglas de la política para inclinar el terreno de juego en contra del adversario. La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla.

Estados Unidos suspendió la primera prueba en noviembre de 2016, cuando eligió un presidente con un dudoso compromiso con las reglas democráticas. La victoria por sorpresa de Donald Trump no sólo se debió a la desafección pública, sino también al fracaso del Partido Republicano en impedir que un demagogo extremista de entre sus filas fuera elegido candidato a la presidencia.

¿Estamos ante una amenaza seria? Muchos observadores se consuelan con la Constitución, que se redactó precisamente para coartar y contener a demagogos como Donald Trump. El sistema de Madison de mecanismos de equilibrio y control ha resistido durante más de dos siglos. Sobrevivió a la guerra de Secesión, a la Gran Depresión, a la Guerra Fría y al escándalo Watergate. Y, por consiguiente, seguramente también logrará sobrevivir a Trump.

Pero nosotros no lo tenemos tan claro. Históricamente, el sistema de mecanismos de control y equilibrio ha funcionado bastante bien, aunque no, o no exclusivamente, gracias al sistema constitucional concebido por los fundadores. Las democracias funcionan mejor y sobreviven durante más tiempo cuando las constituciones se apuntalan con normas democráticas no escritas. Dos normas básicas han reforzado los mecanismos de control y equilibrio en Estados Unidos de modos que la ciudadanía ha acabado por dar por supuestos: la tolerancia mutua, o el acuerdo de los partidos rivales a aceptarse como adversarios legítimos, y la contención, o la idea de que los políticos deben moderarse a la hora de desplegar sus prerrogativas institucionales. Estas dos normas sustentaron la democracia estadounidense durante gran parte del siglo XX. Los líderes de los dos grandes partidos aceptaban su legitimidad mutua y se resistían a la tentación de usar su control temporal de las instituciones en el máximo beneficio de su formación. Las normas de tolerancia y contención funcionaban como los guardarraíles de la democracia estadounidense y permitían evitar la lucha partidista a muerte que ha destruido democracias en otras regiones del mundo, incluida la Europa de la década de 1930 y la Sudamérica de las décadas de 1960 y 1970.

No obstante, en la actualidad, dichos guardarraíles de la democracia estadounidense se están debilitando. La erosión de las normas democráticas en el país dio comienzo en las décadas de 1980 y 1990 y se aceleró en la de 2000. Para cuando Barack Obama llegó a la presidencia, muchos republicanos, en concreto, ponían en tela de juicio la legitimidad de sus rivales demócratas y habían abandonado la contención como estrategia para ganar por cualquier medio necesario. Y aunque tal vez Donald Trump haya precipitado este proceso, no fue su iniciador. Los desafíos que afronta la democracia estadounidense son mucho más profundos. La debilidad de nuestras normas democráticas arraiga en una polarización partidista extrema, una polarización que sobrepasa las diferencias políticas y entronca con un conflicto existencial racial y cultural. Los esfuerzos realizados en Estados Unidos por conseguir la igualdad racial en una sociedad cada vez más diversa han alimentado una reacción insidiosa e intensificado la polarización de la población.[6] Y si algo claro se infiere del estudio de las quiebras democráticas en el transcurso de la historia es que la polarización extrema puede acabar con la democracia.

Existen, por consiguiente, motivos para la alarma. Los estadounidenses no sólo eligieron a un demagogo en 2016, sino que lo hicieron en un momento en el que las normas que en el pasado protegían nuestra democracia empezaban a soltar amarras. No obstante, si bien las experiencias de otros países nos enseñan que la polarización puede acabar con la democracia, también nos indican que tal descompostura no es ni inevitable ni irreversible. A partir de las lecciones aprendidas de otras democracias en crisis, este libro apunta qué estrategias debería y no debería adoptar la ciudadanía estadounidense para defender su democracia.

A muchos estadounidenses les asusta lo que está sucediendo en su país, y con razón. Sin embargo, proteger la democracia exige algo más que temor o indignación. Debemos ser a un tiempo humildes y osados. Debemos aprender de otros países a detectar las señales de alerta y a identificar las falsas alarmas. Debemos ser conscientes de los fatídicos pasos en falso que han hecho naufragar otras democracias. Y debemos apreciar cómo la ciudadanía se ha alzado para afrontar las grandes crisis democráticas del pasado y ha superado sus propias divisiones profundamente arraigadas para evitar la quiebra de la democracia. La historia no se repite, pero rima. La promesa de la historia, y la esperanza de este libro, es que sepamos detectar las rimas antes de que sea demasiado tarde.

1
ALIANZAS FATÍDICAS

Un caballo decidió vengarse de cierto venado que lo había ofendido y emprendió la persecución de su enemigo. Pronto se dio cuenta de que solo no podría alcanzarlo y, entonces, pidió ayuda a un cazador. El cazador accedió, pero le dijo: «Si deseas dar caza al ciervo debes permitirme colocarte este hierro entre las mandíbulas, para poderte guiar con estas riendas, y dejar que te coloque esta silla sobre el lomo para poderte cabalgar estable mientras perseguimos al enemigo». El caballo accedió a las condiciones y el cazador se apresuró a ensillarlo y embridarlo. Luego, con la ayuda del cazador, el caballo no tardó en vencer al ciervo. Entonces le dijo al cazador: «Ahora apéate de mí y quítame esos arreos del hocico y el lomo». «No tan rápido, amigo —respondió el cazador—. Ahora te tengo tomado por la brida y las espuelas y prefiero quedarme contigo como regalo».

«El caballo, el ciervo y el cazador», Fábulas de Esopo

El 30 de octubre de 1922, Benito Mussolini llegó a Roma a las 10:55 a bordo de un coche cama procedente de Milán en el que había pernoctado.[1] El rey italiano lo había invitado a la capital para jurar el cargo de primer ministro del país y constituir un nuevo gabinete. Acompañado por un reducido grupo de guardias, Mussolini hizo un alto en el Hotel Savoia primero y, luego, vestido con un traje chaqueta negro, una camisa negra y un sombrero hongo también negro, se dirigió a pie triunfante hasta el palacio real del Quirinal. En Roma corrían rumores de descontento social. Bandas de fascistas, muchos de ellos con uniformes diferentes, rondaban por las calles de la ciudad. Mussolini, consciente de la fuerza del espectáculo, entró con paso decidido en el palacio residencial de suelos marmóreos del rey y lo saludó con un: «Señor, disculpe mi atuendo. Vengo del campo de batalla[2]».

Aquello marcó el inicio de la legendaria Marcha sobre Roma de Mussolini. La imagen de masas de «camisas negras» cruzando el río Rubicón para arrebatar el poder al Gobierno liberal italiano se convirtió en el canon fascista, recreado en los días festivos nacionales y recogido en los libros de texto de las escuelas durante las décadas de 1920 y 1930. Mussolini fue una pieza clave en la construcción de la leyenda. En la última parada de tren antes de llegar a Roma aquel día se había planteado apearse del convoy para entrar en la ciudad a caballo, rodeado de su guardia.[3] Y aunque finalmente descartó el plan, después hizo cuanto pudo por fomentar la leyenda de su ascenso al poder como, en sus propias palabras, una «revolución» y un «acto de insurrección» que había inaugurado una nueva época fascista.[4]

La realidad era más prosaica. El grueso de los «camisas negras» de Mussolini, la mayoría de ellos mal alimentados y desarmados, llegaron a la ciudad después de que el rey invitara a su líder a convertirse en primer ministro. Los pelotones de fascistas que rodeaban Roma representaban una amenaza, pero las maquinaciones de Mussolini para tomar las riendas del Estado no tuvieron nada de revolución. Utilizó los 35 escaños parlamentarios de su partido (de un total de 535), las divisiones entre políticos de los partidos principales, el temor al socialismo y la amenaza de violencia de los trescientos mil «camisas negras» para atraer la atención del tímido rey Víctor Manuel III, quien vio en Mussolini a una estrella política en ascenso y un instrumento para neutralizar el malestar social.

Restaurado el orden político con el nombramiento de Mussolini y el socialismo en retroceso, el mercado bursátil italiano se disparó por las nubes. Viejos estadistas de la élite liberal, como Giovanni Giolitti y Antonio Salandra, se hallaron aplaudiendo aquel giro de los acontecimientos. Veían en Mussolini a un aliado útil. Sin embargo, tal como el caballo de la fábula de Esopo, Italia no tardó en encontrarse tomada «por la brida y las espuelas».

Versiones distintas de esta misma historia se han repetido en todo el mundo en el transcurso del último siglo. Todo un elenco de recién llegados a la política, incluidos Adolf Hitler, Getúlio Vargas en Brasil, Alberto Fujimori en Perú y Hugo Chávez en Venezuela, ascendieron al poder por la misma vía: desde dentro, a través de comicios o alianzas con figuras políticas poderosas. En todos los casos, las élites consideraron que la invitación a tomar el poder «contendría» al recién llegado, lo cual permitiría a los políticos convencionales volver a tomar el control. Pero sus planes fracasaron. Una combinación letal de ambición, temor y errores de cálculo conspiró para conducirlos a cometer el mismo error fatídico: entregar voluntariamente las llaves del poder a un autócrata en ciernes.

¿Por qué incurrieron en tal desacierto estadistas respetados y con experiencia? Pocos ejemplos resultan más cautivadores que el ascenso de Adolf Hitler al poder en enero de 1933. Su capacidad para la insurrección violenta había quedado demostrada ya con el Putsch de la Cervecería de Múnich de 1923, un ataque nocturno por sorpresa en el que un grupo de partidarios suyos armados con pistolas se hicieron con el control de varios edificios gubernamentales y una cervecería de Múnich donde se hallaban congregados funcionarios bávaros. Su irreflexivo ataque fue contenido por las autoridades y Hitler pasó nueve meses en prisión, durante los cuales escribió su infame testamento personal, Mein Kampf (Mi lucha). A partir de entonces, Hitler se comprometió públicamente a llegar al poder por vía electoral. En un principio, su movimiento nacionalsocialista recabó escasos votos. En 1919, una coalición prodemocrática de católicos, liberales y socialdemócratas había fundado el sistema político de Weimar. Pero, a principios de 1930, con la economía alemana tambaleándose, el centroderecha cayó presa de luchas internas y la popularidad de los comunistas y los nazis fue en aumento.

El Gobierno electo se desmoronó en marzo de 1930 en plena Gran Depresión. Con la acción gubernamental bloqueada por el estancamiento político, el presidente testaferro, el héroe de la Primera Guerra Mundial Paul von Hindenburg, aprovechó un artículo de la Constitución que confería al jefe del Estado la autoridad para nombrar a cancilleres en caso de darse la circunstancia excepcional de que el Parlamento no lograra nombrar a un Gobierno por mayoría. La función de dichos cancilleres no electos y del propio presidente no consistía sólo en gobernar, sino, además, en marginar a los radicales tanto dentro de la derecha como de la izquierda. En primer lugar, el economista del Partido de Centro Heinrich Brüning (que posteriormente huiría de Alemania y se convertiría en catedrático en Harvard) intentó sin éxito restaurar el crecimiento económico; su mandato como canciller fue breve. A continuación, el presidente Von Hindenburg designó al noble Franz von Papen, y posteriormente, con un desaliento creciente, a un íntimo amigo y rival de Von Papen, el general Kurt von Schleicher, exministro de Defensa. Sin embargo, sin mayorías parlamentarias en el Reichstag, la situación de punto muerto persistía. Los líderes, no sin motivo, temían las siguientes elecciones.

Convencidos de que «algo tenía que acabar funcionando», un contubernio de adversarios conservadores se reunió a finales de enero de 1933 y llegó a una solución: había que colocar a la cabeza del Gobierno a un candidato independiente y popular. Lo despreciaban, pero sabían que al menos contaba con el apoyo de las masas. Y, sobre todo, creían que podían controlarlo.

El 30 de enero de 1933, Von Papen, uno de los principales ideólogos del plan, quitó hierro a la inquietud que generaba la apuesta de convertir a Adolf Hitler en canciller de una Alemania asolada por la crisis con las siguientes palabras tranquilizadoras: «Lo tenemos de nuestro w. […] Dentro de dos meses tendremos a Hitler acogotado en un rincón[5]». Cuesta imaginar un error de cálculo más colosal.

Las experiencias italiana y alemana ejemplifican el tipo de «alianza fatídica» que con frecuencia eleva a figuras autoritarias al poder.[6] En cualquier democracia, los políticos afrontarán en algún momento arduos desafíos. La crisis económica, el descontento público creciente y el declive electoral de los principales partidos políticos pueden hacer que incluso los entendidos más experimentados cometan errores de juicio. Si aparece en escena un desconocido carismático y consigue popularidad desafiando al viejo orden establecido, los políticos del poder establecido sentirán tentaciones de incorporarlo a sus filas si tienen la sensación de estar perdiendo el control. Y si alguien de dentro del sistema rompe filas para acoger al recién llegado antes de que lo hagan sus adversarios, podrá utilizar la energía y la base de éste para superar tácticamente a sus pares. En tal caso, los políticos de la clase dirigente esperan poder encauzar también al advenedizo para que apoye sus programas.

Este tipo de pacto con el diablo suele mutar en beneficio del advenedizo, pues las alianzas otorgan a los recién llegados respetabilidad suficiente para convertirse en aspirantes legítimos al poder. En la Italia de principios de la década de 1920, el antiguo orden liberal se desmoronaba en medio de huelgas cada vez más frecuentes y de un creciente malestar social. La incapacidad de los partidos tradicionales de forjar mayorías parlamentarias sólidas llevó a la desesperación al anciano primer ministro Giovanni Giolitti, quien cumplía su quinto mandato y, desoyendo los consejos de sus asesores, convocó elecciones anticipadas en mayo de 1921. Con el objetivo de aprovechar el atractivo para las masas de los fascistas, Giolitti decidió ofrecer al movimiento arribista de Mussolini un lugar en el «bloque burgués» de su grupo electoral, integrado por nacionalistas, fascistas y liberales.[7] Su estrategia fracasó y el bloque burgués obtuvo menos del 20 por ciento de los votos, tras lo cual Giolitti presentó su dimisión. Sin embargo, el lugar que Mussolini ocupaba en las listas confirió a su variopinto grupo la legitimidad necesaria para permitir su auge.

Tales alianzas fatídicas no se circunscriben en absoluto a la Europa de entreguerras. También ayudan a explicar el ascenso de Hugo Chávez. Venezuela se vanagloriaba de ser la democracia más vetusta de Sudamérica, vigente desde 1958. Chávez, un suboficial militar que había liderado un golpe de Estado fallido y carecía de experiencia en la función pública, era un recién llegado a la política. Sin embargo, su ascenso al poder contó con el impulso definitivo de un infiltrado consumado: el expresidente Rafael Caldera, uno de los fundadores de la democracia venezolana.

Desde hacía largo tiempo, dos partidos dominaban el panorama político venezolano: Acción Democrática, de centroizquierda, y el Partido Socialcristiano de centroderecha de Caldera (conocido como el COPEI). Ambos se habían alternado el poder de manera pacífica durante más de treinta años y, en la década de 1970, Venezuela se consideraba una democracia modélica en una región plagada por los golpes de Estado y las dictaduras. Sin embargo, durante la década de 1980, la economía nacional, dependiente del petróleo, se sumió en una depresión prolongada, una crisis que se dilató durante más de una década y prácticamente duplicó el índice de pobreza. Y como es natural, el descontento creció entre la población venezolana. Los disturbios generalizados de febrero de 1989 indicaban que los partidos establecidos se hallaban en problemas. Tres años más tarde, en febrero de 1992, un grupo de jóvenes oficiales militares se alzaron contra el presidente, Carlos Andrés Pérez. Con Hugo Chávez a la cabeza, los rebeldes se hacían llamar «bolivarianos» en honor al reverenciado héroe de la independencia Simón Bolívar. El golpe de Estado fracasó, pero Chávez, detenido, apareció en directo en televisión para instar a sus partidarios a deponer las armas (y declarar, con un colofón que acabaría por convertirse en leyenda, que la misión había fracasado «por ahora») y, al hacerlo, se convirtió en un héroe a ojos de muchos venezolanos, sobre todo de los más pobres. Tras un segundo golpe de Estado fallido en noviembre de 1992, Chávez, desde la prisión, cambió de estrategia y optó por alcanzar el poder por vía electoral. Iba a necesitar ayuda para hacerlo.

Aunque el expresidente Caldera era un estadista avezado y bien considerado, en 1992 su carrera política se hallaba en plena decadencia. Cuatro años antes no había conseguido garantizar la candidatura a la presidencia de su partido y se lo consideraba una suerte de reliquia política. Con todo, a sus setenta y seis años de edad, el senador seguía soñando con regresar a la presidencia y detectó en el ascenso de Chávez una cuerda de salvamento. La noche del primer golpe de Estado de Chávez, el expresidente se puso en pie durante una sesión conjunta extraordinaria del Congreso y abrazó la causa de los rebeldes declarando:

Es difícil pedirle al pueblo que se sacrifique por la libertad y la democracia cuando cree que tales libertad y democracia son incapaces de darles alimentos que comer, de evitar la subida astronómica del coste de la vida o de poner fin definitivo al terrible flagelo de la corrupción que, a ojos de todo el mundo, devora las instituciones venezolanas a cada día que pasa.[8]

Aquel fascinante discurso conllevó la resurrección de la carrera política de Caldera. Al conectar con el electorado antisistema de Chávez, el apoyo público al expresidente se multiplicó, cosa que le permitió llevar a cabo una exitosa campaña presidencial en 1993.

El flirteo público de Caldera con Chávez no sólo ayudó a impulsar su resultado en las urnas, sino que, además, otorgó a Chávez una credibilidad renovada. Chávez y sus camaradas habían intentado acabar con los treinta y cuatro años de democracia de su país y, sin embargo, en lugar de denunciar a los líderes golpistas por constituir una amenaza extremista, el expresidente les manifestó su simpatía en público y, con ello, les permitió acceder a la política general.

Caldera ayudó asimismo a abrir las puertas del palacio presidencial a Chávez al asestar un golpe mortal a los partidos venezolanos establecidos. En un asombroso giro de ciento ochenta grados, Caldera abandonó el COPEI, el partido que había fundado cerca de medio siglo antes, y presentó una candidatura independiente a la presidencia del país. Ciertamente, los partidos generales se hallaban ya en crisis, pero la partida de Caldera y la campaña antisistema subsiguiente contribuyeron a enterrarlos.[9] El sistema de partidos se derrumbó después de que Caldera ganara los comicios de 1993 como candidato independiente, allanando el camino para futuros candidatos sorpresa. Cinco años después sería el turno de Chávez.

Con todo, en 1993, Chávez seguía afrontando un grave problema: se hallaba encarcelado a la espera de juicio por traición. Entonces, en 1994, el presidente Caldera retiró todos los cargos en su contra. El acto final de Caldera para impulsar a Chávez consistió en, literalmente, abrirle las puertas… de la cárcel. Justo después de su liberación, un periodista preguntó a Chávez adónde se dirigía. «Al poder», respondió él.[10] La liberación de Chávez fue un gesto popular que respondía a una promesa electoral de Caldera. Como la mayoría de las personas que integraban la élite venezolana, Caldera consideraba a Chávez una moda pasajera, alguien de quien probablemente el público general se habría olvidado para cuando se convocaran los próximos comicios.[11] Pero, al retirar todos los cargos contra él, en lugar de permitir que Chávez fuera juzgado y luego indultarlo, Caldera lo elevó y, de la noche a la mañana, transformó al antiguo golpista en un candidato presidencial viable.[12] El 6 de diciembre de 1998, Chávez ganó las elecciones presidenciales, derrotando con facilidad a un candidato que contaba con el apoyo del sistema. El día de la toma de posesión, Caldera, el presidente saliente, no fue capaz de tomarle el juramento al cargo, tal como dictaba la tradición. En lugar de ello, permaneció taciturno a un lado.[13]

A pesar de las inmensas diferencias entre ellos, Hitler, Mussolini y Chávez siguieron rutas hasta el poder que comparten similitudes asombrosas. Además de ser en los tres casos desconocidos capaces de captar la atención pública, todos ellos ascendieron al poder porque políticos de la clase dirigente pasaron por alto las señales de advertencia y o bien les entregaron el poder directamente (Hitler y Mussolini) o bien les abrieron las puertas para alcanzarlo (Chávez).

La abdicación de la responsabilidad política por parte de líderes establecidos suele señalar el primer paso hacia la autocracia de un país. Años después de la victoria presidencial de Chávez, Rafael Caldera habló sin tapujos de sus errores: «Nadie imaginaba que el señor Chávez tuviera ni la posibilidad más remota de convertirse en presidente».[14] Y tan sólo un día después de que Hitler fuera proclamado canciller, un destacado conservador que lo había aupado a tal puesto admitió: «Acabo de cometer la mayor estupidez de mi vida: me he aliado con el mayor demagogo de la historia mundial»[15].

No todas las democracias han caído en esta trampa. Algunos países, incluidos Bélgica, Gran Bretaña, Costa Rica y Finlandia, han afrontado desafíos de demagogos pero han sido capaces de mantenerlos al margen del poder. ¿Cómo lo han logrado? Resulta tentador creer que tal supervivencia arraiga en la sabiduría colectiva del electorado. Quizá los belgas y los costarricenses sencillamente fueran más democráticos que los ciudadanos alemanes o italianos. A fin de cuentas, nos gusta creer que el destino de un Gobierno se encuentra en manos de su ciudadanía. Mientras las personas tengan valores democráticos, la democracia estará protegida. En cambio, si la ciudadanía está dispuesta a responder a llamamientos autoritarios, antes o después la democracia estará en peligro.

Se trata de un planteamiento erróneo. Da por sentadas muchas cosas de la democracia, como el hecho de que «el pueblo» pueda moldear a su voluntad el tipo de Gobierno que posee. Cuesta encontrar indicios de un apoyo mayoritario al autoritarismo en la Alemania y la Italia de la década de 1920. Antes de que los nazis y los fascistas tomaran el poder, menos de un 2 por ciento de la población estaba afiliada a partidos y ninguna formación había logrado nada parecido a una mayoría de los votos en unas elecciones libres y justas. Más bien al contrario: mayorías electorales sólidas se opusieron a Hitler y Mussolini antes de que ambos hombres llegaran al poder con el apoyo de dirigentes políticos de dentro del sistema ciegos al peligro que entrañaban sus propias ambiciones.

Hugo Chávez fue elegido por una mayoría de los votantes, pero nada apunta a que los venezolanos ansiasen encumbrar a un hombre fuerte. A la sazón, el apoyo público a la democracia en Venezuela era superior al que había en Chile, un país que era y sigue siendo una democracia estable. Según una encuesta de 1998 del Latinobarómetro, el 60 por ciento de los venezolanos estaban de acuerdo con la afirmación «La democracia es preferible a otra forma de gobierno», mientras que sólo el 25 por ciento aceptaba que «En ocasiones, un gobierno autoritario es mejor que democracia[16]». En cambio, sólo el 53 por ciento de los encuestados en Chile convenía en que «La democracia es preferible a otra forma de gobierno».

Todas las democracias albergan a demagogos en potencia y, de vez en cuando, alguno de ellos hace vibrar al público. Ahora bien, en algunas democracias, los líderes políticos prestan atención a las señales de advertencia y adoptan medidas para garantizar que las personas autoritarias permanezcan marginadas y alejadas de los centros de poder. Frente al auge de extremistas o demagogos, protagonizan un esfuerzo conjunto por aislarlos y derrotarlos. Y si bien la respuesta de las masas a los llamamientos de extremistas reviste importancia, más importante aún es que las élites políticas y, sobre todo, los partidos políticos actúen de filtro. Dicho sin rodeos, los partidos políticos son los guardianes de la democracia.

Para poder mantener a raya a las personas autoritarias, en primer lugar hay que saber reconocerlas. Por desgracia, no existe ningún sistema de alerta anticipada infalible. Muchas personas autoritarias pueden ser identificadas fácilmente antes de llegar al poder. Su historial no deja lugar a dudas: Hitler había liderado un putsch fallido; Chávez había encabezado un alzamiento militar que concluyó en fracaso; los «camisas negras» de Mussolini perpetraban violencia paramilitar; y, en la Argentina de mediados del siglo XX, Juan Perón ayudó a dar un golpe de Estado fructífero dos años y medio antes de postularse como presidente del país.

Ahora bien, los políticos no siempre revelan la magnitud de su autoritarismo antes de ascender al poder. Algunos se adhieren a las normas democráticas en los albores de sus carreras y las abandonan posteriormente. Piénsese, por ejemplo, en el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Orbán y su partido, el Fidesz (la Unión Cívica Húngara), iniciaron su singladura como demócratas liberales a finales de la década de 1980 y, en su primer mandato como primer ministro, entre 1998 y 2002, Orbán gobernó democráticamente. Su vuelco autocrático tras regresar al poder en 2010 fue una auténtica sorpresa.

¿Cómo se identifica entonces el autoritarismo en políticos que no tienen un historial antidemocrático evidente? Para responder a esta cuestión nos remitimos al eminente politólogo Juan Linz. Nacido en la Alemania de Weimar y criado en plena Guerra Civil española, Linz conocía bien los peligros de perder la democracia. Mientras ejercía como profesor en Yale, consagró gran parte de su carrera profesional a intentar entender cómo mueren las democracias. Muchas de las conclusiones de Linz pueden consultarse en un libro cortito pero fundamental titulado La quiebra de las democracias. Publicado en 1978, el libro recalca la función de los políticos y demuestra que su actitud puede apuntalar la democracia o hacerla tambalearse. Además, el autor esbozaba una prueba definitiva para identificar a los políticos antidemocráticos, si bien no llegó a desarrollarla del todo.[17]

A partir del trabajo de Linz, hemos concebido un conjunto de cuatro señales de advertencia conductuales que pueden ayudarnos a identificar a una persona autoritaria cuando la tenemos delante.[18] Deberíamos preocuparnos en serio cuando un político: 1) rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego, 2) niega la legitimidad de sus oponentes, 3) tolera o alienta la violencia o 4) indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. La tabla 1 indica cómo evaluar a los políticos en atención a estos cuatro factores.

Un político que cumpla siquiera uno de estos criterios es causa de preocupación. ¿Qué tipo de candidatos suelen dar positivo en una prueba de papel tornasol para detectar el autoritarismo? Con frecuencia, los candidatos populistas externos al sistema. Los populistas suelen ser políticos antisistema, figuras que afirman representar la voz del «pueblo» y que libran una guerra contra lo que describen como una élite corrupta y conspiradora. Los populistas tienden a negar la legitimidad de los partidos establecidos, a quienes atacan tildándolos de antidemocráticos o incluso de antipatrióticos. Les dicen a los votantes que el sistema existente en realidad no es una democracia, sino que ésta ha sido secuestrada, está corrupta o manipulada por la élite. Y les prometen enterrar a esa élite y reintegrar el poder «al pueblo». Este discurso debe tomarse en serio. Cuando líderes populistas ganan las elecciones, suelen asaltar las instituciones democráticas. En Latinoamérica, por ejemplo, de los quince presidentes elegidos en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela entre 1990 y 2012, cinco eran populistas advenedizos: Alberto Fujimori, Hugo Chávez, Evo Morales, Lucio Gutiérrez y Rafael Correa. Y los cinco acabaron debilitando las instituciones democráticas.[19]

TABLA 1

Cuatro indicadores clave
de comportamiento autoritario

1. Rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego. | ¿Rechazan la Constitución o expresan su voluntad de no acatarla?
¿Sugieren la necesidad de adoptar medidas antidemocráticas, como cancelar elecciones, incumplir o suspender la Constitución, prohibir determinadas organizaciones o restringir los derechos políticos o civiles básicos?
¿Pretenden usar (o aprueban el uso de) medidas extraconstitucionales para cambiar el Gobierno, como golpes militares, insurrecciones violentas o manifestaciones masivas destinadas a forzar un cambio en el Gobierno?
¿Intentan socavar la legitimidad de las elecciones, por ejemplo negándose a aceptar unos resultados electorales creíbles?
2. Negación de la legitimidad de los adversarios políticos. | ¿Describen a sus rivales como subversivos o contrarios al orden constitucional establecido?
¿Afirman que sus rivales constituyen una amenaza existencial, ya sea para la seguridad nacional o para el modo de vida imperante?
¿Describen sin argumentos a sus rivales de otros partidos como delincuentes cuyo supuesto incumplimiento de la ley (o potencial para incumplirla) los descalifica para participar de manera plena en la esfera política?
¿Sugieren de manera infundada que sus rivales son espías extranjeros que trabajan secretamente en alianza con (o a sueldo de) un Gobierno foráneo, normalmente de un país enemigo?
3. Tolerancia o fomento de la violencia. | ¿Tienen lazos con bandas armadas, con fuerzas paramilitares, con milicias, guerrillas u otras organizaciones violentas ilegales?
¿Han patrocinado ellos mismos o sus aliados de partido linchamientos a adversarios?
¿Han apoyado de manera tácita la violencia de sus partidarios negándose a condenarla y penalizarla sin ambigüedades?
¿Han elogiado (o se han negado a condenar) otros actos destacados de violencia política, tanto pasados como acontecidos en otros lugares del mundo?
4. Predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. | ¿Han apoyado leyes o políticas que restringen las libertades civiles, como ampliar las leyes por libelo o difamación o aprobar leyes que limitan el derecho de manifestación, las críticas al Gobierno o a determinadas organizaciones civiles o políticas?
¿Han amenazado con adoptar medidas legales u otras acciones punitivas contra personas críticas pertenecientes a partidos de la oposición, la sociedad civil o los medios de comunicación?
¿Han elogiado medidas represivas adoptadas por otros Gobiernos, ya sea en el pasado o en otros lugares del mundo?

Mantener a los políticos autoritarios al margen del poder es más fácil de decir que de hacer. Al fin y al cabo, se supone que en las democracias no se ilegalizan partidos ni se prohíbe a candidatos postularse a las elecciones (y nosotros no abogamos por tales medidas). La responsabilidad de cribar a las personas autoritarias y dejarlas fuera recae más bien en los partidos políticos y en sus líderes: los guardianes de la democracia.

Para que ese cribado se lleve a cabo con éxito, los partidos generales deben aislar y derrotar a las fuerzas extremistas, un comportamiento que la politóloga Nancy Bermeo denomina «distanciamiento».[20] Los partidos prodemocráticos pueden participar de dicho distanciamiento de modos diversos. En primer lugar, pueden mantener a los líderes potencialmente autoritarios fuera de las listas electorales en época de elecciones. Ello exige resistirse a la tentación de designar a dichos extremistas para cargos de relevancia incluso aunque puedan acarrearles votos.

En segundo lugar, los partidos pueden escardar de raíz a los extremistas que pueblan las bases de sus filas. Pensemos, por ejemplo, en el Partido Conservador sueco (AVF) durante el peligroso período de entreguerras. Las juventudes del AVF (una organización de activistas en edad de votar), conocidas como Organización de las Juventudes Nacionalistas Suecas, fueron volviéndose cada vez más radicales en los primeros años de la década de 1930, cuando criticaron la democracia parlamentaria y manifestaron explícitamente su apoyo a Hitler e incluso crearon un grupo de tropas de asalto uniformadas.[21] El AVF respondió en 1933 expulsando de sus filas a esta organización. La pérdida de veinticinco mil miembros podía costarle votos en las elecciones municipales de 1934, pero su estrategia de distanciamiento socavó la influencia de las fuerzas antidemocráticas en el principal partido de centroderecha sueco.[22]

En tercer lugar, los partidos prodemocráticos pueden eludir toda alianza con partidos y candidatos antidemocráticos. Como hemos visto en el caso de Italia y Alemania, en ocasiones los partidos prodemocráticos se sienten tentados de alinearse con extremistas de su flanco ideológico para ganar votos o, en los sistemas parlamentarios, para formar gobiernos. Sin embargo, tales alianzas pueden tener consecuencias devastadoras a largo plazo. Tal como escribió Linz, la defunción de muchas democracias puede retrotraerse a la «afinidad mayor que un partido básicamente orientado al mantenimiento del sistema muestra con los extremistas que están a su lado en el espectro político que con los partidos moderados del sistema al otro lado del extremo».[23]

En cuarto lugar, los partidos prodemocráticos pueden adoptar medidas para aislar sistemáticamente a los extremistas, en lugar de legitimarlos. Para ello, los políticos deben evitar actos que contribuyen a «normalizar» o confieren respetabilidad pública a figuras autoritarias, como los mítines conjuntos de los conservadores alemanes con Hitler en los albores de la década de 1930 o el discurso de Caldera en el que expresaba su simpatía por Chávez.

Por último, cuando los extremistas se postulan como serios contrincantes electorales, los partidos generalistas deben forjar un frente común para derrotarlos. Por citar a Linz, deben mostrar su «voluntad de unirse a grupos ideológicamente distantes pero comprometidos a salvar el orden político democrático».[24] En circunstancias normales, esto es prácticamente inconcebible. Imaginemos, por ejemplo, al senador Edward Kennedy y otros demócratas liberales haciendo campaña en favor de Ronald Reagan o al Partido Laborista británico y sus sindicatos aliados dando su apoyo a Margaret Thatcher. Los votantes de cada partido enfurecerían ante tal traición aparente a los principios. Pero, en circunstancias excepcionales, un liderazgo valiente comporta poner la democracia y al país por delante del partido y explicar al electorado lo que está en juego. Cuando un partido o un político que da positivo en nuestra prueba decisiva emerge como una amenaza electoral seria, no quedan demasiadas alternativas. Un frente democrático unido puede impedir que un extremista acceda al poder, cosa que, a su vez, puede comportar salvar la democracia.

Aunque los fracasos son más memorables, algunas democracias europeas practicaron una estrategia de cribado y salvaguarda de la democracia exitosa en el período de entreguerras. Sorprendentemente, de pequeños países pueden extraerse grandes lecciones. Pensemos en Bélgica y en Finlandia. En los años de crisis política y económica en Europa, en las décadas de 1920 y 1930, ambos países experimentaron una señal de advertencia temprana de quiebra de la democracia, en la forma de auge de grupos extremistas antisistema, si bien, a diferencia de Italia y Alemania, se salvaron gracias a que sus élites políticas defendieron las instituciones democráticas (al menos hasta la invasión nazi varios años más tarde).

Durante las elecciones generales de 1936 en Bélgica, mientras el contagio del fascismo se extendía desde Italia y Alemania por toda Europa, los votantes optaron por un resultado discordante. Dos partidos autoritarios de extrema derecha, el Partido Rexista y el Partido Nacionalista flamenco o Vlaams Nationaal Verbond (VNV), subieron como la espuma en las urnas, captando casi el 20 por ciento del voto popular y desafiando con ello el predominio histórico de los tres partidos generalistas: el Partido Católico, de centroderecha, los socialistas y el Partido Liberal. El desafío que encarnaba el líder del Partido Rexista, Léon Degrelle, un periodista católico que posteriormente sería colaborador nazi, era especialmente acusado. Degrelle, un crítico virulento de la democracia parlamentaria que recibió aliento y apoyo económico tanto de Hitler como de Mussolini, se había alejado de la extrema derecha del Partido Católico, a cuyos líderes acusaba ahora de corruptos.

Las elecciones de 1936 sacudieron a los partidos centristas, que sufrieron pérdidas generales. Conscientes de los movimientos antidemocráticos de las vecinas Italia y Alemania y temerosos por su propia supervivencia, acometieron la desalentadora tarea de decidir cómo reaccionar. El Partido Católico, en particular, afrontaba un dilema peliagudo: colaborar con sus adversarios de toda la vida, los socialistas y los liberales, o forjar una alianza de ala derechista que incluyera a los rexistas, un partido con el cual compartía cierta afinidad ideológica pero que rechazaba el valor de la política democrática.

A diferencia de los políticos de Italia y Alemania, que se batieron en retirada, los dirigentes católicos belgas declararon que cualquier colaboración con los rexistas era incompatible con la afiliación al partido y, a continuación, implementaron una estrategia doble para combatir el movimiento. A nivel interno, los líderes del Partido Católico reforzaron la disciplina escrutando a los candidatos en busca de simpatías prorrexistas y expulsando a quienes expresaban opiniones extremistas. Además, el liderazgo del partido se posicionó de manera vehemente en contra de la colaboración con la extrema derecha.[25] A nivel externo, el Partido Católico se enfrentó a los rexistas en su propio terreno. El Partido Católico adoptó nuevas tácticas de campaña y propaganda dirigidas a los jóvenes católicos, que anteriormente habían formado parte de la base del Partido Rexista. En diciembre de 1935 crearon el Frente de las Juventudes Católicas y empezaron a presentar a antiguos aliados en contra de Degrelle.[26]

El enfrentamiento final entre el Partido Rexista y el Partido Católico, a resultas del cual el rexismo quedó efectivamente marginado (hasta la ocupación nazi), se centró en la formación de un nuevo Gobierno tras los comicios de 1936. El Partido Católico dio su apoyo al primer ministro católico titular, Paul Van Zeeland.[27] Una vez Van Zeeland se hubo hecho nuevamente con el puesto de primer ministro, se barajaban dos opciones principales para formar gobierno. La primera era forjar una alianza con los rivales socialistas, en la línea del Frente Popular francés, que tanto Van Zeeland como otros dirigentes católicos habían aspirado a evitar en un principio. La segunda alternativa era una alianza de ala derechista con fuerzas antisocialistas entre las cuales se incluían el Partido Rexista y el VNV. No era una decisión fácil; la segunda opción contaba con el respaldo de una facción tradicionalista que pretendía desbaratar el frágil gabinete de Van Zeeland apelando a las bases católicas, organizando una «Marcha sobre Bruselas» y forzando unas elecciones extraordinarias en las que el líder rexista Degrelle se enfrentaría a Van Zeeland.[28] Tales planes se frustraron en 1937 cuando Degrelle perdió las elecciones extraordinarias, en gran medida porque los parlamentarios del Partido Católico habían adoptado una postura clara: rehusaron respaldar el plan de los tradicionalistas y, en su lugar, se aliaron con los liberales y los socialistas en apoyo a Van Zeeland. Aquél fue el acto de cribado y salvaguarda de la democracia más destacado del Partido Católico.

La postura del Partido Católico estuvo en parte propiciada por el rey Leopoldo III y por el Partido Socialista. En las elecciones de 1936, el Partido Socialista se había impuesto como el más votado de la legislatura, cosa que le concedía la prerrogativa de formar gobierno. Sin embargo, cuando quedó claro que los socialistas no contarían con apoyos suficientes en el Parlamento, en lugar de convocar unos nuevos comicios, que podrían haber entregado aún más escaños a los partidos extremistas, el monarca se reunió con los dirigentes de los principales partidos para convencerlos de que formaran un gabinete con poderes compartidos liderado por el primer ministro titular, Van Zeeland, un gabinete que integraría tanto a católicos conservadores como a socialistas y excluiría a los partidos antisistema de ambos extremos.[29] Y aunque los socialistas desconfiaban de Van Zeeland, un hombre del Partido Católico, pusieron la democracia por delante de sus propios intereses y apoyaron aquella gran coalición.

Una dinámica similar tuvo lugar en Finlandia, donde el movimiento de extrema derecha Lapua irrumpió en la escena política en 1929, amenazando la frágil democracia del país.[30] El movimiento perseguía la destrucción del comunismo por todos los medios necesarios.[31] Amenazaba con acciones violentas si no se cumplían sus demandas y atacaba a los políticos de los partidos mayoritarios, a quienes consideraba colaboradores de los socialistas. Al principio, los políticos de la Unión Agraria de centroderecha, el partido gobernante, flirtearon con el Movimiento Lapua, cuyo anticomunismo encontraban políticamente útil; colmaban las demandas del movimiento de denegar derechos políticos a los comunistas al tiempo que toleraban la violencia de extrema derecha.[32] En 1930, P. E. Svinhufvud, un conservador a quienes los líderes de Lapua consideraban «uno de los suyos», fue designado primer ministro y les ofreció dos carteras ministeriales.[33] Un año más tarde, Svinhufvud se proclamó presidente del país. Pero ello no fue óbice para que el Movimiento Lapua continuara desplegando su comportamiento extremista; con los comunistas prohibidos, situó en su punto de mira al Partido Socialdemócrata, más moderado.[34] Matones de Lapua secuestraron a más de mil socialdemócratas, incluidos entre ellos dirigentes sindicalistas y parlamentarios.[35] El Movimiento Lapua organizó asimismo una marcha de doce mil personas sobre Helsinki (tomando como modelo la mítica Marcha sobre Roma) y, en 1932, respaldó un intento de golpe de Estado destinado a reemplazar al Gobierno por otro «apolítico» y «patriota».[36]

Sin embargo, a medida que el Movimiento Lapua fue volviéndose más radical, los partidos conservadores tradicionales de Finlandia rompieron enérgicamente con él. A finales de 1930, el grueso de la Unión Agraria, el liberal Partido del Progreso y gran parte del Partido Popular Sueco cerraron filas con su principal adversario ideológico, los socialdemócratas, en el llamado Frente de la Legalidad para defender la democracia frente a extremistas violentos.[37] Incluso el presidente conservador, Svinhufvud, rechazó categóricamente (y acabó ilegalizando) a sus antiguos aliados.[38] El Movimiento Lapua quedó aislado y el breve brote de fascismo en Finlandia, abortado.[39]

No sólo en casos históricos pretéritos se encuentran ejemplos de una correcta salvaguarda de la democracia. En Austria en 2016, el principal partido de centroderecha (el Partido Popular Austríaco u ÖVP) mantuvo de manera efectiva al Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), de derecha radical, al margen de la presidencia. Austria cuenta con una dilatada historia de política de extrema derecha y el FPÖ es uno de los partidos de derecha radical más potentes de Europa. El sistema político austríaco acusaba una creciente vulnerabilidad debido a que los dos partidos principales, el socialdemócrata SPÖ y el democristiano ÖVP, que se habían alternado la presidencia del país durante el período de posguerra, se hallaban debilitados. En 2016, su predominio fue desafiado por dos advenedizos: el expresidente del Partido Verde, Alexander Van der Bellen, y el líder extremista del FPÖ, Norbert Hofer.

Para sorpresa de la mayoría de los analistas, en la primera ronda, Van der Bellen y el antisistema de ala derecha Hofer quedaron como los dos candidatos que se enfrentarían en la segunda vuelta. Debido a un error de procedimiento en octubre de 2016, la segunda vuelta se celebró en diciembre. Llegados a aquel punto, varios políticos destacados, incluidos algunos pertenecientes al conservador ÖVP, defendían que había que derrotar a Hofer y a su Partido de la Libertad. Hofer había aparecido exhortando a la violencia contra los inmigrantes y muchos se planteaban si, una vez elegido, concedería privilegios a su partido que vulneraran las normas tradicionales según las cuales el presidente debía mantenerse por encima de la política. Frente a tal amenaza, algunas figuras ilustres del ÖVP se esforzaron por derrotar a Hofer expresando su apoyo a su rival ideológico, el candidato de izquierdas del Partido Verde, Van der Bellen. El candidato presidencial del ÖVP, Andreas Khol, respaldó a Van der Bellen, tal como también hicieron el presidente Reinhold Mitterlehner, la ministra Sophie Karmasin y docenas de alcaldes del ÖVP en el ámbito rural austríaco. El expresidente Erhard Busek defendió por escrito en una carta a Van der Bellen «no con pasión, sino tras una concienzuda deliberación»[40] y añadió que tal decisión respondía al sentimiento de que «no queremos recibir la felicitación de Le Pen, Jobbik, Wilders y el AfD [y otros extremistas] tras las elecciones presidenciales». Van der Bellen ganó por sólo trescientos mil votos.

Para adoptar esta postura fue necesario un coraje político considerable. De acuerdo con un alcalde del Partido Católico de una pequeña ciudad situada a las afueras de Viena, Stefan Schmuckenschlager, que respaldó al candidato del Partido Verde, tal decisión había dividido a familias.[41] Su hermano gemelo, otro líder del partido, había apoyado a Hofer. Tal como explicó el propio Schmuckenschlager, a veces hay que dejar de lado la política del poder para hacer lo correcto.

¿Ayudaron en algo los apoyos procedentes del ÖVP? Los hechos demuestran que, en efecto, así fue. Según las encuestas a pie de urna, el 55 por ciento de los encuestados que se identificaban como partidarios del ÖVP aseguraron haber votado a Van der Bellen y el 48 por ciento de los votantes de Van der Bellen afirmaron haberlo votado para evitar la victoria de Hofer. Además, la fuerte división entre el ámbito urbano y el rural que siempre ha caracterizado la política austríaca (entre las zonas urbanas de izquierdas y las zonas rurales de derechas) se atenuó de manera espectacular en la segunda vuelta de diciembre de 2016, en la que un número sorprendente de circunscripciones rurales, por tradición conservadoras, desviaron su voto a Van der Bellen.

En suma, en 2016, dirigentes responsables del ÖVP resistieron la tentación de aliarse con un partido extremista de su propio flanco ideológico y el resultado fue la derrota de dicho partido. El ascenso del FPÖ en las elecciones parlamentarias de 2017, que lo posicionaron para convertirse en un socio minoritario de un nuevo Gobierno de derechas, dejó claro que el dilema que afrontan los conservadores austríacos persiste. Aun así, su esfuerzo por mantener a un extremista alejado de la presidencia proporciona un modelo útil de salvaguarda de la democracia en el mundo contemporáneo.

Por su parte, Estados Unidos tiene un historial imponente de salvaguarda de la democracia. Tanto los demócratas como los republicanos han cribado a figuras extremistas en sus márgenes, algunas de las cuales contaban con un respaldo público considerable. Durante décadas, ambos partidos lograron mantener a dichas figuras al margen de la política general. Hasta 2016, como es bien sabido.

2
SALVAGUARDA DE LA DEMOCRACIA EN ESTADOS UNIDOS

En la obra La conjura contra América, el novelista estadounidense Philip Roth se basa en acontecimientos históricos reales para imaginar cómo podría haber sido el fascismo en unos Estados Unidos de preguerra.

Charles Lindbergh, una de las primeras celebridades de los medios de comunicación en el país, es el protagonista de la novela: tras su ascenso meteórico a la fama en 1927 después de sobrevolar en solitario el Atlántico, se convierte en un ardiente defensor del aislacionismo y en simpatizante del nazismo. Es en ese punto donde la historia da un vuelco fantástico en manos de Roth: en lugar de desvanecerse en la oscuridad, Lindbergh llega en avión a la convención de 1940 del Partido Republicano en Filadelfia a las 3:14 de la madrugada, cuando un auditorio hasta los topes se halla en un punto muerto en la vigésima votación. Al grito de «¡Lindy! ¡Lindy! ¡Lindy!», los presentes lo ovacionan durante treinta minutos ininterrumpidos en el salón de convenciones y, en un momento de fervor colectivo intenso, su nombre se propone, secunda y aprueba por aclamación como candidato del partido a la presidencia del país. Lindbergh, un hombre sin experiencia política pero con un dominio incomparable de los medios de comunicación, desoye los consejos de sus asesores y hace campaña pilotando de estado en estado su emblemático avión monoplaza, el Spirit of St. Louis, ataviado con un mono, botas altas y gafas de aviador.

En este mundo del revés, Lindbergh derrota a Franklin Delano Roosevelt, el titular del puesto, y es proclamado presidente. Entonces Lindbergh, cuya campaña, según se revela más adelante, estaba vinculada con Hitler, firma tratados de paz con los enemigos de Estados Unidos. Una oleada de antisemitismo y violencia se desencadena en todo el país.

Muchos estadounidenses han encontrado paralelismos entre las elecciones presidenciales de 2016 y la novela de Roth. La premisa de que un candidato sorpresa con dudosas credenciales democráticas ascienda al poder con la ayuda de un país extranjero ciertamente suena familiar. Ahora bien, la comparación plantea otro interrogante ineludible: dada la gravedad de la crisis económica de la década de 1930 en Estados Unidos, ¿cómo se explica que algo así no sucediera realmente en el país?

El motivo por el cual ningún demagogo extremista ascendió a la presidencia antes de 2016 no cabe buscarlo ni en la ausencia de aspirantes ni en la falta de apoyo público. Al contrario, figuras extremistas han salpicado desde hace largo tiempo el paisaje político estadounidense. Sólo en la década de 1930 existían en Estados Unidos hasta ochocientos grupos extremistas de derechas.[1] Entre las figuras más destacadas surgidas durante este período figuró el padre Charles Coughlin, un sacerdote católico antisemita cuyo programa radiofónico de un nacionalismo impetuoso llegaba a un público de cuarenta millones de oyentes cada semana. El padre Coughlin, declaradamente antidemócrata, exigía la abolición de los partidos políticos y ponía en tela de juicio el valor de las elecciones. Su diario, Social Justice, adoptó posturas profascistas en la década de 1930, proclamó a Mussolini «Hombre de la Semana» y defendió con frecuencia el régimen nazi.[2] Pese a su extremismo, el padre Coughlin era inmensamente popular. La revista Fortune lo calificó como «lo mejor que le ha ocurrido nunca a la radio».[3] Pronunciaba discursos ante estadios y auditorios abarrotados en todo el país[4] y, mientras viajaba de ciudad en ciudad, sus fans flanqueaban las carreteras de su recorrido para saludarlo a su paso.[5] Algunos observadores coetáneos lo calificaron como la figura más influyente de Estados Unidos después de Roosevelt.

La Depresión también aupó al gobernador y senador de Luisiana Huey Long, quien se apodaba a sí mismo el Pez Rey. El historiador Arthur M. Schlesinger júnior lo describió como «el mayor demagogo del momento, un hombre que recordaba […] a un dictador latinoamericano, a un Vargas o a un Perón».[6] El Rey Pez era un orador avezado con un discurso machacón que denostaba el imperio de la ley de manera rutinaria.[7] Como gobernador, Long construyó lo que Schlesinger describió como «la mayor aproximación a un estado totalitario que la república de Estados Unidos haya conocido», recurriendo a una amalgama de sobornos y amenazas para meter en cintura a la asamblea legislativa, al poder judicial y a la prensa del estado.[8] A la pregunta de un legislador de la oposición sobre si había oído hablar de la Constitución estatal, Long respondió: «Yo soy la Constitución ahora».[9] El editor de prensa Hodding Carter calificó a Long como «el primer verdadero dictador surgido de suelo estadounidense».[10] Y cuando el director de campaña de Franklin Roosevelt, James A. Farley, conoció a Mussolini en Roma en 1933, escribió que el dictador italiano «me ha recordado a Huey Long».[11]

Long logró un seguimiento masivo del público con su llamamiento a distribuir la riqueza. Se dice que en 1934 «recibió más correspondencia que todos los demás senadores juntos, más incluso que el propio presidente».[12] Para entonces, el movimiento Share Our Wealth (compartir nuestra riqueza) contaba con más de veintisiete mil células en todo el país y con una lista de correo con cerca de ocho millones de nombres.[13] Long planeaba presentarse a la presidencia[14] y había asegurado a un periodista del New York Times: «Puedo imponerme al tal Roosevelt. […] Puedo hacer más promesas que él. Y él lo sabe».[15] Roosevelt consideraba a Long una amenaza seria, de la que se libró cuando Long fue asesinado en septiembre de 1935.[16]

La tendencia autoritaria en Estados Unidos persistió durante la edad dorada posterior a la Segunda Guerra Mundial. El senador Joseph McCarthy, que utilizó el temor a la subversión comunista de los años de la Guerra Fría para fomentar la confección de listas negras, la censura y la prohibición de libros, disfrutaba de un amplio apoyo entre la población estadounidense.[17] En el momento álgido del poder político de McCarthy, las encuestas demostraban que prácticamente la mitad de los estadounidenses le daban su aprobación. Incluso después de que el Senado lo censurara en 1954, McCarthy registraba un 40 por ciento de apoyo en las encuestas Gallup.[18]

Una década más tarde, la postura segregacionista desafiante del gobernador de Alabama George Wallace lo catapultó a la palestra nacional y desembocó en sendos intentos sorprendentemente vigorosos de candidatura a la presidencia del país en 1968 y 1972. Wallace comulgaba con lo que el periodista Arthur Hadley denominó «la vetusta y honorable tradición estadounidense de odiar a los poderosos».[19] Era, en palabras de Hadley, un maestro explotando la «vieja rabia estadounidense más básica». A menudo, Wallace alentó la violencia y mostró un desprecio absoluto hacia las normas constitucionales, llegando a declarar:

Hay algo más poderoso que la Constitución: […] la voluntad del pueblo. ¿Qué es, si no, una Constitución? El producto del pueblo. El pueblo es la fuente principal de la que emana el poder y el pueblo puede abolir una Constitución si tal es su designio.[20]

El mensaje de Wallace, que amalgamaba tesis racistas con llamamientos populistas al sentimiento de victimismo y al malestar social de la población blanca de clase obrera, le permitió abrirse camino entre las bases de trabajadores manuales, por tradición votantes del Partido Demócrata.[21] Las encuestas indicaban que aproximadamente el 40 por ciento de los estadounidenses apoyaba la candidatura del tercer partido de Wallace en 1968 y, en 1972, este hizo temblar a la clase dirigente postulándose como un verdadero contrincante de los demócratas en las primarias.[22] Cuando la campaña de Wallace descarriló a causa de un intento de asesinato en mayo de 1972 aventajaba a George McGovern en más de un millón de votos en las primarias.[23]

En pocas palabras, la veta autoritaria de los estadounidenses viene de lejos. No era insólito que figuras como Coughlin, Long, McCarthy y Wallace obtuvieran el apoyo de una minoría considerable del país, de un 30 o incluso un 40 por ciento de la población. A menudo se dice que la cultura política nacional de Estados Unidos en cierto sentido lo inmuniza frente a tales propuestas, pero ello implica contemplar la historia con gafas color de rosa. La verdadera protección frente a figuras autoritarias en potencia no ha sido el firme compromiso de los estadounidenses con la democracia, sino más bien el papel de sus guardianes: los partidos políticos del país.

El 8 de junio de 1920, cuando la presidencia de Woodrow Wilson tocaba su fin, delegados republicanos se reunieron para elegir a su candidato en el Coliseo de Chicago, una sala engalanada con banderas pero mal ventilada donde se superaron temperaturas abrasadoras de treinta y ocho grados. Tras nueve votaciones en cuatro días, la convención continuaba sin llegar a una decisión. El viernes por la tarde, en la suite 404 de la planta 13 del cercano Hotel Blackstone, el entonces presidente del Comité Nacional Republicano, Will Hays, y George Harvey, el poderoso editor de Harvey’s Weekly, recibieron por turnos a puerta cerrada a un grupo de senadores y líderes del partido estadounidense en la «habitación llena de humo» original.[24] La Vieja Guardia, como los apodó la prensa, se sirvió bebidas, fumó cigarros y habló hasta entrada ya la madrugada acerca de cómo acabar con aquel punto muerto y designar al candidato a la presidencia que necesitaban los 493 delegados.

El principal contrincante en el salón de convenciones era el general de división Leonard Wood, un viejo aliado de Theodore Roosevelt que había suscitado el entusiasmo popular en las primarias y había dominado la votación a principios de la semana, con 287 delegados. Lo seguían el gobernador de Illinois Frank Lowden, el senador por California Hiram Johnson y el senador de Ohio Warren G. Harding, muy rezagado, en cuarto lugar, con solo 65,5 delegados. Desde el salón de convenciones, los reporteros escribían: «Nadie pronuncia el nombre de Harding. […] Ni siquiera se lo tiene en cuenta entre las incógnitas más prometedoras».[25] Al tener noticia de las conversaciones que estaban teniendo lugar en el Blackstone, los periodistas más motivados se las apañaron para acceder a aquella decimotercera planta del hotel y se reunieron en silencio en los pasillos cerca de la suite 404 para atisbar el ir y venir de senadores destacados, incluidos entre ellos Henry Cabot Lodge de Massachusetts, McCormick de Illinois, Phipps de Colorado, Calder de Nueva York y el exsenador Crane de Massachusetts, entre otros.

En el interior de la suite 404 se revisaron con suma atención los pros y contras de cada candidato (Knox era demasiado viejo, a Lodge no le gustaba Coolidge…). A la una de la madrugada, siete miembros de la Vieja Guardia permanecían en la habitación y votaron al candidato poniéndose en pie. A las 2:11 de la madrugada, George Harvey telefoneó a un desconcertado Harding para informarle de que había sido el elegido. Se corrió la voz. La tarde siguiente, en la décima votación y para gran alivio de los sofocados delegados, Warren G. Harding recibió el respaldo abrumador de 692,2 delegados de la convención entre una calurosa ovación. A pesar de que sólo había obtenido un 4 por ciento de los votos en la primera ronda, se había convertido en el candidato a la presidencia del Partido Republicano para las elecciones de 1920.

Hoy en día a nadie le gustan las habitaciones llenas de humo, y con motivo. No eran muy democráticas. Los candidatos los elegía un reducido grupo de traficantes de influencias que no rendía cuentas ante las bases del partido y mucho menos ante la ciudadanía. Y no siempre salieron buenos presidentes de aquellas negociaciones privadas: sin ir más lejos, el mandato de Harding estuvo marcado por el escándalo. Ahora bien, la elección del candidato a puerta cerrada tenía una virtud que suele pasarse por alto en la actualidad: cribaba y mantenía a las figuras demostradamente inadecuadas fuera de las votaciones y de la Casa Blanca y, por ende, cumplía una función de salvaguarda de la democracia. Huelga decir que el motivo para ello no era la elevada moralidad de la cúpula del partido, sino que a los «jefes», como los llamaban en la oposición, les interesaba seleccionar apuestas seguras con opciones de ganar. Principalmente, era su aversión al riesgo lo que les impulsaba a esquivar a los extremistas.

La salvaguarda de las instituciones se remonta al nacimiento de la república estadounidense. La Constitución de 1787 estableció el primer sistema presidencial del mundo. El presidencialismo plantea desafíos específicos al cribado. En las democracias parlamentarias, el primer ministro es un parlamentario a quien eligen los principales partidos con representación en el Parlamento, cosa que prácticamente garantiza su idoneidad a ojos del estamento político.[26] El propio proceso de constitución del Gobierno actúa de filtro. En cambio, los presidentes no ocupan escaños en el Congreso ni son elegidos por éste. Al menos en teoría, es el pueblo quien los elige, cualquiera puede postularse como presidente y, si cuenta con los apoyos necesarios, ganar.

A los padres fundadores de la nación estadounidense les preocupaba hondamente salvaguardar la democracia mediante mecanismos de cribado. Al diseñar la Constitución y el sistema electoral afrontaron un dilema que, en muchos aspectos, continúa vigente. Por un lado, optaron no por un monarca, sino por un presidente electo, un presidente que se ajustara a su idea de un Gobierno popular republicano que reflejara la voluntad del pueblo. Por otro lado, los fundadores no confiaban plenamente en la capacidad de la ciudadanía para juzgar la adecuación de los candidatos a la presidencia. A Alexander Hamilton le preocupaba que una presidencia por elección popular pudiera caer fácilmente en manos de quienes aprovechan el miedo y la ignorancia para ganar elecciones y éstos acabaran gobernando como tiranos.[27] «La historia nos enseña que el primero ha resultado un camino mucho más seguro que el segundo para la introducción del despotismo, y que casi todos los hombres que han derrocado las libertades de las repúblicas empezaron su carrera cortejando servilmente al pueblo: se iniciaron como demagogos y acabaron en tiranos», escribió Hamilton en Los papeles federalistas. Para Hamilton y sus colegas, era imprescindible dotar las elecciones de algún mecanismo de cribado.[28]

Y el mecanismo que se les ocurrió fue el del Colegio Electoral,[*] integrado por los compromisarios. El artículo II de la Constitución establecía un sistema de elecciones indirecto que reflejaba las ideas expresadas por Hamilton en El federalista 68:

Igualmente conveniente era que la elección inmediata fuera hecha por los hombres más capaces de analizar las cualidades que es conveniente poseer para ese puesto, quienes deliberaran en circunstancias favorables y tomaran prudentemente en cuenta todas las razones y alicientes que deben formar su selección.[29]

El Colegio Electoral, integrado por hombres prominentes en la esfera local de cada estado, los llamados compromisarios, sería el responsable de elegir al presidente. Según este acuerdo, razonaba Hamilton, «el proceso electivo nos da la certidumbre moral de que el cargo de presidente no recaerá nunca en un hombre que no posea en grado conspicuo las dotes exigidas». Los hombres con habilidades «en la pequeña intriga y en esos bajos trucos que provocan la popularidad» no pasarían el filtro. De este modo, el Colegio Electoral se convirtió en el mecanismo de cribado original de la democracia de Estados Unidos.

Sin embargo, este sistema acabó por ser efímero, debido a los defectos del diseño original de los fundadores. En primer lugar, la Constitución no dice nada acerca de cómo deben seleccionarse los candidatos presidenciales. El Colegio Electoral entra en acción después de que el electorado vote y no determina en modo alguno quién puede aspirar a la presidencia. En segundo lugar, la Constitución no menciona en ningún momento a los partidos políticos. Aunque Thomas Jefferson y James Madison acabarían por ser los pioneros del sistema bipartidista estadounidense, los fundadores no contemplaban seriamente la existencia de dichos partidos.

El auge de los partidos a principios del siglo XIX cambió el funcionamiento del sistema electoral norteamericano. En lugar de elegir a prohombres del ámbito local como delegados del Colegio Electoral, tal como habían previsto los fundadores, cada estado empezó a escoger a personas leales al partido. Los electores se convirtieron en agentes de los partidos, lo cual implicó que el Colegio Electoral rindiera su autoridad como mecanismo de cribado a los partidos, en cuyas manos se encuentra desde entonces.

Y fue así como los partidos se convirtieron en los guardianes de la democracia estadounidense. Y puesto que son ellos quienes seleccionan a los candidatos presidenciales, los partidos tienen la capacidad (y, añadiríamos, la responsabilidad) de mantener a las figuras peligrosas fuera de la Casa Blanca. Son ellos quienes deben encontrar un equilibrio entre dos funciones: una función democrática consistente en elegir a los candidatos que representan mejor a los votantes del partido, por un lado, y lo que el politólogo James Ceaser denomina la función de «filtración»,[30] consistente en descartar a quienes suponen un desafío para la democracia o son inadecuados para ocupar la presidencia, por el otro.

Este doble imperativo: elegir a un candidato popular y cribar a los demagogos, en ocasiones puede entrañar conflictos. ¿Qué sucede si la población elige a un demagogo? Se trata de una tensión recurrente que ha palpitado en el corazón del proceso de nominación de candidatos a la presidencia de Estados Unidos desde los tiempos de los fundadores hasta el presente. Confiar en exceso en los mecanismos de cribado es, en sí mismo, antidemocrático, pues puede crear un mundo de jefes de partido que ignoran a sus bases y acaban por no representar al pueblo. No obstante, confiar en exceso en la «voluntad del pueblo» también puede ser peligroso, porque puede desembocar en la elección de un demagogo que suponga una amenaza para la propia democracia. Es imposible escapar a esta tensión. Siempre hay pros y contras.

Durante la mayor parte de la historia de Estados Unidos, los partidos políticos priorizaron el cribado por delante de la transparencia. Siempre hubo algún que otro cuarto trasero lleno de humo. A principios de la década de 1800, los candidatos presidenciales los elegían grupos de congresistas en Washington, en un sistema conocido como los caucus[*] de congresistas. El sistema no tardó en recibir críticas por ser demasiado opaco, de manera que, a principios de la década de 1830, los candidatos empezaron a nominarse en convenciones nacionales de los partidos integradas por delegados procedentes de todos los estados. Los delegados no se elegían por votación popular, sino que su designación corría a cargo de comités locales y estatales de los partidos políticos y, además, no estaban obligados a respaldar a candidatos particulares. Por regla general, seguían las instrucciones de los líderes estatales de los partidos que los enviaban a las convenciones.[31] De este modo, el sistema favorecía a la gente del partido o a candidatos amparados por la cúpula que controlaba a los delegados. Los candidatos que carecían de apoyos entre la red de políticos estatales y locales de su partido no tenían posibilidad de éxito.

El sistema de convenciones fue criticado por ser opaco y antidemocrático, y no escasearon los intentos de reformarlo. Durante la Era Progresista se introdujeron las elecciones primarias; las primeras se celebraron en Wisconsin en 1901 y, en 1916, se convocaron en dos docenas de estados. Sin embargo, comportaron escasos cambios, en parte porque muchos estados no las aplicaban, pero, principalmente, porque no se exigía a los delegados electos que apoyaran a los candidatos que habían ganado las primarias.[32] Seguían actuando «sin compromiso», con libertad para negociar su voto en el salón de convenciones. Los dirigentes del partido, que controlaban los empleos gubernamentales, emolumentos adicionales y otras ventajas, disfrutaban de una posición ventajosa en las negociaciones y, a efectos prácticos, siguieron siendo los guardianes de la presidencia.[33] Y puesto que las elecciones primarias no tenían una repercusión vinculante en las candidaturas presidenciales, se las consideraba poco más que concursos de belleza. El verdadero poder seguía en manos de las personas del partido o de lo que los coetáneos denominaban «hombres de la organización». Para los candidatos futuribles, asegurarse el respaldo de éstos era la única ruta viable a la candidatura a la presidencia.

El antiguo sistema de convenciones subraya los pros y contras inherentes al sistema de cribado. Por un lado, no era un sistema demasiado democrático, pues no podía afirmarse que los hombres de la organización representaran a la sociedad estadounidense. De hecho, eran la definición misma de una pandilla de «viejos amigos». La mayoría de los miembros de las bases de los partidos, sobre todo los pobres y políticamente desconectados, las mujeres y las minorías, no contaban con representación en aquellos cuartos llenos de humo y, por ende, quedaban excluidos del proceso de nominación presidencial. Por otro lado, el sistema de convenciones era eficaz como guardián por el hecho de cribar y dejar fuera de juego a los candidatos peligrosos. La gente del partido se encargaba de lo que los politólogos denominaban «evaluar a sus iguales».[34] Alcaldes, senadores y congresistas conocían a los candidatos personalmente. Habían trabajado con ellos en condiciones diversas y a lo largo de los años y, en consecuencia, ocupaban una buena posición para evaluar su personalidad, juicio y capacidad de actuar bajo tensión.[35] Así pues, aquellas habitaciones llenas de humo servían como mecanismo de cribado y ayudaban a descartar al tipo de demagogos y extremistas que hacían descarrilar la democracia en otras partes del mundo. De hecho, los partidos estadounidenses desempeñaban tan bien su función de cribado que, sencillamente, era imposible que se impusiera ningún candidato independiente. A resultas de ello, la mayoría de ellos ni siquiera intentaban postularse.

Pensemos en Henry Ford, fundador de la empresa automovilística Ford Motor Company. Ford, uno de los hombres más ricos del mundo en los albores del siglo XX, era una versión moderna de la suerte de demagogo extremista contra el cual había advertido Hamilton. Aprovechando su diario Dearborn Independent como megáfono, clamaba contra banqueros, judíos y bolcheviques, publicando artículos en los que afirmaba que los intereses bancarios de los judíos conspiraban contra Estados Unidos. Sus opiniones recibieron elogios de racistas de todo el mundo.[36] Adolf Hitler lo mencionaba con admiración en Mein Kampf y el futuro líder nazi Heinrich Himmler lo describió como «uno de nuestros luchadores más valiosos, importantes e inteligentes».[37] En 1938, el Gobierno nazi le otorgó la Gran Cruz de la Orden del Águila Alemana.

Pero Ford también era una persona muy admirada, incluso querida, en Estados Unidos, sobre todo en la región del Medio Oeste.[38] Aquel empresario franco, un «muchacho de campo pobre que había logrado prosperar», era reverenciado por muchos estadounidenses del ámbito rural como un héroe tan popular como los presidentes Washington y Lincoln.[39]

La prepotencia incansable de Ford acabó atrayéndolo a la política. Empezó oponiéndose a la Primera Guerra Mundial mediante el lanzamiento de una «misión de paz» de corte amateur pero de perfil alto en Europa. Entró y salió de la política después de la Gran Guerra: estuvo a punto de conseguir un escaño en el Senado en 1918 y, en 1924, incluso flirteó con la idea de postularse a la presidencia (por el Partido Demócrata). Su propuesta suscitó un rápido entusiasmo, sobre todo en las zonas rurales del país. En 1923 brotaron como setas clubes de apoyo a la presidencia de Ford y la prensa empezó a hablar de la «Fordmanía».[40]

Aquel verano, la popular revista Collier’s puso en marcha un sondeo semanal entre sus lectores a escala nacional, el cual sugería que la fama de Ford, su reputación como empresario perspicaz y la atención infatigable que le dedicaban los medios de comunicación podían traducirse en una candidatura a la presidencia popular. Los resultados semanales recibidos iban acompañados por titulares cada vez más reverenciales: «Caos político conforme aumenta el voto para Ford» o «Ford a la cabeza de la batalla campal por la presidencia».[41] Al final de aquella encuesta de dos meses de duración entre más de doscientos cincuenta mil lectores, Henry Ford iba a la cabeza de la competición, superando con creces a los doce contrincantes, incluido el presidente del momento, Warren Harding, y el futuro presidente, Herbert Hoover. Con tales resultados, concluían los editores de Collier’s, «Henry Ford se ha convertido en el tema principal de la política estadounidense».[42]

Pero Ford había nacido un siglo antes de tiempo si albergaba serias ambiciones de llegar a la presidencia. Mucho más que la opinión pública importaba la opinión de los líderes del partido, y los líderes del partido lo rechazaban sin remilgos. Una semana después de publicar la encuesta entre sus lectores, en una serie de artículos, incluido uno titulado «Los políticos eligen al presidente», Collier’s divulgó los resultados de un sondeo realizado entre las personas más influyentes del estamento político, un grupo integrado por 116 dirigentes de ambos partidos, incluidos todos los miembros de los comités nacionales del Partido Demócrata y del Partido Republicano, catorce gobernadores destacados y senadores y congresistas de cada partido. Entre aquellas personas decisivas, Ford aparecía rezagado, en una distante quinta posición. Los editores de Collier’s observaron aquel otoño:

Cuando se pregunta a los jefes del Partido Demócrata qué piensan de Ford, se encogen de hombros. Prácticamente sin excepción, los hombres que constituyen lo que suele conocerse como la «organización» de cada estado se oponen a Ford. En todos los estados, salvo en los que celebran primarias presidenciales, estos hombres prácticamente eligen a dedo a los delegados que acuden a las convenciones nacionales. […] Nadie niega el entusiasmo que Ford despierta entre las masas, tanto entre demócratas como entre republicanos. Todos los dirigentes demócratas son conscientes de que así ocurre en sus estados, y les atemoriza. Sin embargo, opinan que, debido a la maquinaria de la selección de delegados, es poco probable que Ford dé ninguna sorpresa.[43]

Pese al entusiasmo popular que suscitaba su candidatura, Ford quedó fuera de combate. El senador James Couzens tildó la idea de su candidatura de ridícula. «¿Cómo puede un hombre de más de sesenta años […] sin formación ni experiencia aspirar a un cargo así? —se preguntaba—. Es una ridiculez.»[44]

De ahí que no sorprenda que, en la entrevista que concedió a Collier’s a finales de aquel largo verano, Ford se mostrara templado con respecto a sus ambiciones presidenciales:

A día de hoy, no me imagino aceptando la nominación, aunque quién sabe qué nos depara el mañana. Es posible que estalle una guerra o se produzca alguna crisis de alguna índole que ni el legalismo ni el constitucionalismo sepan resolver y que la nación quiera a una persona capaz de actuar, y de hacerlo con celeridad.[45]

Lo que Ford estaba diciendo, veladamente, es que sólo se plantearía postularse si el sistema de cribado que bloqueaba su camino se eliminaba por algún motivo. De manera que, en realidad, nunca tuvo ninguna posibilidad.

Huey Long no vivió tiempo suficiente para catar las aguas presidenciales, pero, pese a sus extraordinarias habilidades políticas, su popularidad y su ambición, hay motivos para creer que tampoco habría pasado el filtro de los partidos. Cuando fue elegido al Senado en 1932, su tendencia a saltarse las normas no tardó en aislarlo de sus colegas.[46] Carente de apoyo entre el liderazgo del Partido Demócrata, Long no habría tenido posibilidad alguna de derrotar a Roosevelt en la convención de 1936. Habría tenido que montar una candidatura presidencial independiente, lo cual habría resultado extraordinariamente difícil. Las encuestas apuntaban que una candidatura de Long podía dividir el voto demócrata y dar la victoria de 1936 a los republicanos, pero que Long en persona tenía pocas opciones de ganar.[47]

Los mecanismos de cribado del partido también permitieron confinar a George Wallace a los márgenes de la política. El gobernador segregacionista participó en diversas primarias demócratas en 1964, donde obtuvo unos resultados sorprendentemente buenos. Con una campaña en contra de los derechos civiles y con el eslogan Stand Up for America (en pie por la defensa de Estados Unidos), Wallace conmocionó a los expertos al obtener cerca de un tercio de los votos en Wisconsin e Indiana y anotarse un asombroso 43 por ciento en Maryland.[48] Pero las primarias importaban poco en 1964 y, en breve, frente a la candidatura inevitable de Lyndon Johnson, Wallace se retiró. En el transcurso de los cuatro años siguientes, empero, Wallace hizo campaña por todo el país anticipándose a la carrera presidencial de 1968. Su combinación de populismo y nacionalismo blanco le granjearon un sólido apoyo entre algunos votantes blancos de clase obrera. En 1968, aproximadamente el 40 por ciento de los estadounidenses lo respaldaba.[49] En otras palabras, Wallace hizo una campaña parecida a la de Trump en 1968 y contó con unos niveles de apoyo público similares a los de éste.

Pero Wallace operaba en un mundo político distinto. Consciente de que el liderazgo del Partido Demócrata nunca refrendaría su candidatura, se presentó como candidato del Partido Americano Independiente, lo cual lo condenó al fracaso.[50] Los resultados de Wallace, un 13,5 por ciento de los votos, fueron destacados para un candidato de una tercera formación, pero lo dejaron muy lejos de la Casa Blanca.

Hoy podemos entender el giro imaginativo de Philip Roth en su novela La conjura contra América en toda su magnitud. El fenómeno de Lindbergh no fue un producto surgido enteramente de la imaginación de Roth. Lindbergh, un defensor de la «pureza racial» que recorrió la Alemania nazi en 1936 y fue condecorado con una medalla de honor por Hermann Göring, se erigió como uno de los aislacionistas más destacados de Estados Unidos en 1939 y 1940, años durante los cuales se dedicó a pronunciar discursos por todo el país en nombre del Primer Comité Americano.[51] Y fue extraordinariamente popular. Sus mítines atraían a grandes multitudes y, en 1939, según el entonces editor de Reader’s Digest, Paul Palmer, sus discursos radiofónicos generaban más correspondencia que los de ninguna otra persona en todo Estados Unidos.[52] En palabras de un historiador: «La sabiduría popular daba por sentado que Lindbergh acabaría postulándose a la presidencia del país»[53] y, en 1939, el senador de Idaho William Borah insinuó que sería un buen candidato presidencial.[54] Pero aquí es cuando regresamos a la realidad. La convención de 1940 del Partido Republicano no fue ni remotamente parecida a la convención de ficción que se describe en La conjura contra América. Lindbergh no sólo no hizo aparición, sino que su nombre ni siquiera se mencionó. Los mecanismos de cribado funcionaron.

En la conclusión de su historia sobre la política de la derecha radical en Estados Unidos, The Politics of Unreason, Seymour Martin Lipset y Earl Raab calificaban los partidos norteamericanos como el «principal bastión práctico» frente a los extremistas. Y estaban en lo cierto. Pero Lipset y Raab publicaron su libro en 1970, justo en el momento en el que los partidos se embarcaban en la reforma más drástica de sus sistemas de nominación en más de un siglo. Todo estaba a punto de cambiar, con consecuencias que superaban todo lo imaginable.

El punto de inflexión fue el año 1968, un año desgarrador para los estadounidenses. El presidente Lyndon Johnson había intensificado la guerra en Vietnam, que se hallaba sumida en una espiral fuera de control: 16.592 norteamericanos fallecieron en Vietnam sólo en 1968, más que en ningún año previo. Cada noche, las familias estadounidenses se sentaban en sus salones a mirar los telenoticias y eran asaltadas en sus sofás por escenas de combate cada vez más explícitas. En abril de 1968, un asesino abatió a tiros a Martin Luther King Jr. Y posteriormente, en junio, a las pocas horas de proclamarse vencedor en las primarias presidenciales del Partido Demócrata en California, la campaña presidencial de Robert F. Kennedy, centrada en oponerse a la intensificación de la guerra de Johnson, conoció un fin abrupto a causa de un segundo asesino armado. Los llantos de desesperación en el salón de bailes del Hotel Ambassador de Los Ángeles aquella noche fueron expresados por el novelista John Updike con las siguientes palabras: «Dios parece haber retirado Su bendición a Estados Unidos».[55]

Entre tanto, los demócratas estaban cada vez más divididos entre los partidarios de la política de Exteriores de Johnson y quienes habían adoptado la postura antibelicista de Robert Kennedy. Tal división quedó ilustrada de un modo especialmente perturbador en la Convención Demócrata de Chicago. Con Kennedy trágicamente desaparecido, la organización tradicional del partido dio un paso al frente para llenar el vacío. Las personas internas al partido que ocupaban una posición dominante en el salón de convenciones se inclinaban por el vicepresidente Hubert Humphrey, pero éste era sumamente impopular entre los delegados contrarios a la guerra debido a su vinculación con la política del Vietnam del presidente Johnson. Además, Humphrey no se había presentado a ningunas elecciones primarias. Su campaña, como expresó un colectivo de analistas, se limitaba a «líderes del partido, dirigentes de sindicatos y otros implicados a nivel interno de la organización».[56] Aun así, con el respaldo de los habituales del partido, incluido el poderoso alcalde de Chicago, Richard Daley, fue elegido candidato en la primera votación.

Humphrey no era el primer candidato presidencial a quien se designaba sin participar en unas primarias. Pero sí sería el último. Los acontecimientos que tuvieron lugar en Chicago, televisados en las pantallas de todo el país, hirieron de muerte el sistema de selección de candidatos a la presidencia por parte del aparato de los partidos. Incluso antes de dar comienzo la convención, el mazazo decisivo del asesinato de Robert Kennedy, la intensificación del conflicto del Vietnam y la fuerza de los manifestantes contrarios a la guerra concentrados en el Grant Park de Chicago minaron entre la ciudadanía todo resquicio de fe en el viejo sistema. El 28 de agosto, los manifestantes volvieron a concentrarse frente a la convención: policías con cascos azules cargaron contra ellos y contra transeúntes por igual, y hombres, mujeres y niños ensangrentados buscaron refugio en los hoteles cercanos. La llamada Batalla de la Avenida Michigan se propagó a continuación al interior del propio salón de convenciones. El senador Abraham Ribicoff de Connecticut, en su discurso de apoyo a la nominación del candidato contrario a la guerra George McGovern, censuró «las tácticas de la Gestapo» desplegadas por la policía de Chicago, mientras clavaba la mirada, por televisión y en directo, en el alcalde Daley. Al estallar enfrentamientos en el salón de convenciones, agentes de policía uniformados sacaron a rastras de aquel auditorio a varios delegados. Consternado ante tal escena, el presentador de la NBC Chet Huntley observó: «Seguramente ésta sea la primera vez que un policía haya puesto los pies en un salón de convenciones». A lo que el copresentador, David Brinkley, añadió en tono irónico: «En Estados Unidos».[57]

La calamidad de Chicago desembocó en una reforma de gran calado. Tras la derrota de Humphrey en las elecciones de 1968, el Partido Demócrata creó la Comisión McGovern-Fraser con el encargo de replantear el sistema de nominaciones. El informe definitivo emitido por la comisión y publicado en 1971 citaba un viejo refrán: «La cura para los males de la democracia es más democracia».[58] Con la legitimidad del sistema político en juego, los líderes del partido sentían una intensa presión para hacer más transparente el proceso de nominar a candidatos a la presidencia.[59] Según expresó el propio George McGovern: «A menos que se efectúen cambios, la siguiente convención hará que la última parezca un pícnic escolar en domingo». Si no se daba voz verdaderamente a la población, advertía en tono sombrío el informe McGovern-Fraser, ésta acabaría volcándose en la «antipolítica de la calle».[60]

La Comisión McGovern-Fraser publicó una serie de recomendaciones que ambos partidos adoptaron antes de los comicios de 1972. De todo ello emergió un sistema de primarias presidenciales vinculantes. A partir de 1972, la inmensa mayoría de los delegados, tanto de las convenciones demócratas como de las republicanas, serían elegidos en caucus y primarias a nivel estatal. Los delegados serían preseleccionados por los propios candidatos para garantizar su lealtad. Ello implicaba que, por primera vez, las personas que escogerían a los candidatos a la presidencia de los partidos no tendrían obligaciones con los dirigentes del partido ni tampoco serían libres para cerrar tratos a puerta cerrada durante la convención; en lugar de ello, reflejarían fielmente la voluntad de los votantes de las primarias de su estado. Existían diferencias entre los partidos; a título de ejemplo, el Partido Demócrata instauró reglas de proporcionalidad en muchos estados y mecanismos para fomentar la representación de las mujeres y las minorías.[61] Aun así, al adoptar unas primarias vinculantes, ambos partidos socavaron sustancialmente la capacidad de decisión de sus dirigentes en el proceso de selección de los candidatos, que quedó abierto a los votantes. El presidente del Comité Nacional Demócrata, Larry O’Brien, calificó aquellas reformas de «los mejores cambios acontecidos desde el sistema de partidos». George McGovern, que, de manera inesperada, resultó nominado como candidato a la presidencia del país en la convención demócrata de 1972, describió el nuevo sistema de primarias como «el proceso político más transparente de la historia de nuestro país».[62]

McGovern tenía razón. La senda a la candidatura presidencial ya no tenía que pasar por las élites de los partidos. Por primera vez, era posible eludir los mecanismos de cribado de los partidos… y derrotarlos.

Los demócratas, cuyas primarias iniciales fueron volátiles y provocaron divisiones, dieron marcha atrás a principios de la década de 1980, al estipular que un cupo de los delegados nacionales serían funcionarios electos, a saber: gobernadores, alcaldes de grandes ciudades, senadores y congresistas designados por los partidos estatales, en lugar de escogidos en primarias.[63] Estos «superdelegados», que representan entre el 15 y el 20 por ciento de los delegados nacionales, servirían para contrarrestar a los votantes de las primarias y como mecanismo para que los líderes del partido repelieran a los candidatos a quienes desaprobaban. En cambio, los republicanos volaban a gran altura con Ronald Reagan a principios de la década de 1980. El Partido Republicano, que no veía la necesidad de designar a superdelegados, optó, fatídicamente, por mantener un sistema de nominación más democrático.

Algunos politólogos veían con preocupación el nuevo sistema. Unas primarias vinculantes eran a todas luces más democráticas, pero… ¿podían llegar a ser demasiado democráticas? Al colocar las nominaciones presidenciales en manos del electorado, las primarias vinculantes debilitaban la función de cribado de los partidos, eliminaban en potencia la evaluación por parte de los iguales y abrían las puertas a las candidaturas sorpresa. Justo antes de que la Comisión McGovern-Fraser iniciara su trabajo, dos destacados politólogos advirtieron que las primarias podían «conducir a la aparición de candidatos extremistas y demagogos», quienes, al no estar refrenados por las lealtades al partido, «tienen poco que perder incitando al odio a las masas o realizando promesas vacuas».[64]

En un principio, tales temores se consideraron exagerados. Ciertamente, aparecieron candidatos sorpresa: el líder defensor de los derechos civiles Jesse Jackson se postuló para la nominación del Partido Demócrata en 1984 y 1988, y el líder baptista sureño Pat Robertson (1988), el comentarista de televisión Pat Buchanan (1992, 1996 y 2000) y el editor de la revista Forbes (1996) lo hicieron por el Partido Republicano. Pero todos perdieron.

Resultó que eludir a la élite de los partidos era más fácil en la teoría que en la práctica. Para conseguir una mayoría de delegados era preciso imponerse en las primarias en todo el país, para lo cual, a su vez, se requería dinero, una cobertura en prensa favorable y, algo crucial, gente trabajando sobre el terreno en todos los estados. Cualquier candidato que pretendiera llegar al final de la extenuante carrera de obstáculos que son las primarias de Estados Unidos necesitaba aliados entre donantes, editores de prensa, grupos de intereses, grupos de activistas y políticos de la esfera estatal, como gobernadores, alcaldes, senadores y congresistas.[65] En 1976, Arthur Hadley describió este arduo proceso como las «primarias invisibles».[66] Afirmó que esta fase, que antecedía incluso al comienzo de la campaña de las primarias, era «donde se elegía verdaderamente al candidato ganador».[67] De ahí que los integrantes del aparato de los partidos —léase: funcionarios electos, activistas y grupos de intereses aliados— no quedaran necesariamente fuera de juego. Sin ellos, argumentaba Hadley, era casi imposible conseguir ser elegido candidato en ninguno de ambos partidos. Y durante un cuarto de siglo, Hadley estuvo en lo cierto.

3
LA GRAN ABDICACIÓN REPUBLICANA

El 15 de junio de 2015, el constructor y estrella de programas de telerrealidad Donald Trump descendió por una escalera mecánica hasta el vestíbulo de su propio edificio, la Torre Trump, para anunciar que se postulaba a la presidencia de Estados Unidos. A la sazón no era más que otro candidato improbable que creía que su riqueza y su fama podían darle alguna posibilidad o, como mínimo, permitirle ser el centro de atención durante unos cuantos meses. Como Henry Ford, otro empresario, un siglo antes que él, Trump tenía opiniones extremistas: su participación más reciente en la política había sido como «natalista»,[*] al poner en duda que el presidente Barack Obama hubiera nacido en Estados Unidos. Y los medios de comunicación principales y las personalidades políticas destacadas que se tomaron en serio sus palabras… lo que hicieron fue denunciarlo.

Pero el sistema de las primarias había hecho el proceso de nominación de candidatos a la presidencia más accesible de lo que lo había sido en toda la historia de Estados Unidos. Y esa accesibilidad es siempre una espada de doble filo. En el nuevo contexto, una variedad más extensa de políticos, desde George McGovern hasta Barack Obama, podían competir seriamente por la presidencia del país. Ahora bien, también se había abierto la puerta a candidatos sorpresa, personas que nunca habían ocupado cargos electivos.[1] En los veintitrés años transcurridos entre 1945 y 1968, período en el que imperó el antiguo sistema de convenciones, sólo un verdadero candidato independiente (Dwight Eisenhower) buscó públicamente la nominación por parte de cualquiera de los partidos. En cambio, durante las dos primeras décadas del sistema de las primarias, entre 1972 y 1992, se postularon ocho candidatos externos (cinco por los demócratas y tres por los republicanos), lo cual representa una media de 1,25 por elección; y entre 1996 y 2016, dieciocho personas ajenas al aparato de los partidos compitieron en alguna elección primaria, lo cual supone una media de tres por elección. Trece de ellas eran republicanas.

El sistema de las primarias posterior a 1972 era especialmente vulnerable a un tipo concreto de candidato independiente: individuos con fama o dinero suficientes para saltarse las «primarias invisibles».[2] En una palabra: celebridades. Y aunque los candidatos independientes conservadores Pat Robertson, Pat Buchanan y Steve Forbes no lograron superar los efectos de las primarias invisibles durante las décadas de 1980 y 1990, su éxito relativo proporcionó pistas sobre cómo podía hacerse. Forbes, un empresario extraordinariamente rico, logró comprar el reconocimiento de su nombre, mientras que Robertson, un telepredicador evangelista fundador de la cadena televisiva Christian Broadcasting Network, y Buchanan, un comentarista televisivo (y antiguo defensor republicano del nacionalismo blanco), eran en ambos casos figuras pintorescas con amplio acceso a los medios de comunicación. Y si bien ninguno de ellos fue nombrado como candidato a la presidencia, usaron su inmensa riqueza y su fama para postularse.

En cualquier caso, al final, los candidatos sorpresa famosos nunca habían visto cumplidas sus esperanzas. De manera que, en aquella tarde de principios de verano, en el vestíbulo dorado de la Torre Trump, no parecía existir motivo para pensar que en esta ocasión las cosas serían diferentes. Para optar como candidato a la presidencia, Trump tendría que competir en un intrincado entramado de caucus y elecciones primarias contra otros dieciséis candidatos. Muchos de sus rivales presumían de un currículum similar al que había caracterizado a candidatos con éxito en el pasado. A la cabeza de la manada se hallaba el gobernador de Florida Jeb Bush, hijo y hermano de anteriores presidentes. Y había otros gobernadores, incluidos: Scott Walker, de Wisconsin, Bobby Jindal, de Luisiana, Chris Christie, de Nueva Jersey, y John Kasich, de Ohio, así como varias figuras emergentes republicanas, políticos jóvenes y conocedores de los medios de comunicación como los senadores Marco Rubio y Rand Paul, quienes aspiraban a replicar la vía rápida que había conducido a Barack Obama hasta la Casa Blanca. Texas, el estado natal de tres de los ocho últimos presidentes electos, presentaba a otros dos candidatos: el senador Ted Cruz y el exgobernador Rick Perry. Además de Trump, otros dos independientes presentaron su candidatura: la empresaria Carly Fiorina y el neurocirujano Ben Carson.

Trump ni siquiera soñaba con recibir el apoyo de la élite del partido. No sólo carecía de toda experiencia política, sino que, además, ni siquiera era un republicano de toda la vida. Mientras que Bush, Rubio, Cruz, Christie, Walker y Kasich tenían profundas raíces republicanas, Trump había alternado su inscripción a uno u otro partido en varias ocasiones e incluso había hecho aportaciones a la campaña de Hillary Clinton al Senado.

Incluso después de que Trump empezara a subir como la espuma en las encuestas, pocas personas se tomaron en serio su candidatura. En agosto de 2015, dos meses después de que Trump anunciara que se postulaba para el puesto, los corredores de apuestas de Las Vegas le daban unas posibilidades de cien a una de llegar a la Casa Blanca.[3] Y en noviembre de 2015, mientras Trump ocupaba el primer puesto de los sondeos republicanos, Nate Silver, fundador del blog FiveThirtyEight, cuyas predicciones misteriosamente precisas en los comicios de 2008 y 2012 le habían reportado fama y prestigio, escribió un artículo titulado: «Dear Media: Stop Freaking Out about Donald Trump’s Poll Numbers» (queridos medios: dejad de alucinar con los resultados en las encuestas de Donald Trump). El artículo predecía que la debilidad de Trump entre las filas del partido sería su sentencia de muerte. Pese a la considerable ventaja de Trump, Silver aseguraba que sus posibilidades de obtener la nominación eran «sensiblemente inferiores al 20 por ciento».[4]

Pero el mundo había cambiado. Los sistemas de cribado de los partidos no eran más que caparazones de lo que habían sido en otros tiempos, principalmente por dos motivos. El primero de ellos era el espectacular aumento de financiación externa disponible, acelerada (aunque no provocada) por la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Ciudadanos Unidos contra la Comisión de Elecciones Federales de 2010.[*] [5] A partir de entonces, incluso candidatos presidenciales marginales, como Michele Bachmann, Herman Cain, Howard Dean o Bernie Sanders, podían recaudar grandes sumas de dinero, fuera hallando a un multimillonario que los financiara fuera mediante pequeñas donaciones realizadas a través de internet. La proliferación de candidatos con una correcta financiación indicaba la existencia de un entorno político más abierto y fluido.

El otro factor principal que mermaba el poder de los sistemas de cribado tradicionales era la explosión de medios de comunicación alternativos, en especial agencias de noticias y redes sociales.[6] Mientras que en el pasado el camino hacia el reconocimiento nacional del nombre de un candidato transitaba por un número reducido de canales generales, los cuales favorecían a los políticos establecidos frente a los recién llegados, el nuevo entorno mediático facilitaba a los personajes famosos convertirse en nombres reconocidos (y granjearse el apoyo de la opinión pública) prácticamente de la noche a la mañana.[7] Así ocurría sobre todo en el bando republicano, donde la emergencia de Fox News y de influyentes presentadores de programas de entrevistas radiofónicos (lo que el analista político David Frum denomina el «complejo del entretenimiento conservador»)[8] radicalizaba al electorado conservador en beneficio de los candidatos con ideologías extremistas.[9] Ello dio pie a la aparición de fenómenos como Herman Cain, el exdirector ejecutivo de Godfather Pizza y presentador del programa radiofónico que protagonizó un ascenso meteórico al primer puesto de las encuestas republicanas a finales de 2011 antes de que su llama se apagara debido a un escándalo.

Las puertas del proceso de nominación estaban abiertas de par en par. Y si bien las reglas del juego garantizaban en cierta medida que un personaje como Trump tuviera dificultades para triunfar, lo cierto es que ya no podían impedirlo. Era como jugar a la ruleta rusa: las posibilidades de que un candidato independiente extremista llegara a la nominación presidencial eran más elevadas de lo que lo habían sido jamás en la historia.

Aunque muchos factores contribuyeron al sensacional éxito político de Donald Trump, su acceso a la presidencia es, en buena medida, una historia de ineficacia de los filtros de protección.[10] Los sistemas de cribado del partido fallaron en tres momentos clave: las «primarias invisibles», las propias primarias y las elecciones generales.

Trump quedó el último por la cola en las primarias invisibles. Cuando dio comienzo la verdadera temporada de las elecciones primarias, el 1 de febrero de 2016, el día del caucus de Iowa, carecía de apoyos entre los poderes en la sombra republicanos. Tomando como medida el respaldo de gobernadores, senadores y congresistas en el momento del caucus de Iowa, Jeb Bush se impuso en las primarias invisibles con treinta y un refrendos. Marco Rubio acabó segundo con veintisiete y Ted Cruz finalizó tercero con dieciocho, seguido por Rand Paul, con once. Chris Christie, John Kasich, Mike Huckabee, Scott Walker, Rick Perry y Carly Fiorina obtuvieron más apoyos que Trump.[11] El sentido común dictaba, por ende, que la candidatura de Trump estaba condenada al fracaso. Si la historia sirve de pauta, su liderazgo en las encuestas acabaría apagándose de manera inevitable.

Los resultados de Trump en el primer caucus estatal, Iowa (24 por ciento de los votos, una cifra que le concedía el segundo lugar), no alteraron tales expectativas. Al fin y al cabo, los candidatos independientes Pat Robertson (con un 25 por ciento de los votos en 1988), Pat Buchanan (con un 23 por ciento en 1996) y Steve Forbes (con un 31 por ciento en 2000) habían acabado en todos los casos en segundo puesto en Iowa, pero poco después se habían desvanecido.

Y entonces Trump hizo algo que ningún candidato sorpresa había hecho antes: se impuso con facilidad en las primarias subsiguientes en New Hampshire y Carolina del Sur. Aun así, era rechazado por el liderazgo del partido. El día de las primarias de Carolina del Sur, Trump seguía sin contar con ni un solo apoyo de un gobernador, senador o congresista en funciones republicano.[12] Fue después de imponerse en Carolina del Sur cuando consiguió sus primeros respaldos: los congresistas Duncan Hunter (California) y Chris Collins (Nueva York). Ni siquiera al seguir derrotando de manera aplastante a sus rivales republicanos en los colegios electorales Trump consiguió un número de apoyos sustancial. Cuando terminó la temporada de las primarias, contaba con cuarenta y seis votos, menos de un tercio que Marco Rubio y aproximadamente los mismos que Bush había conseguido en su campaña, retirada hacía ya largo tiempo.[13]

Para cuando Trump protagonizó su paseo triunfal hacia la victoria, en las primarias del Supermartes, el 1 de marzo, estaba claro que había dado al traste con las primarias invisibles, convirtiéndolas en algo irrelevante. Sin lugar a dudas, el hecho de ser una celebridad influyó, pero igual de importante fue el cambio de paisaje en el entorno mediático. Desde los albores de la campaña, Trump contó con la simpatía y el apoyo de personalidades mediáticas de derechas como Sean Hannity, Ann Coulter, Mark Levin y Michael Savage, así como del sitio web de noticias Breitbart News, cada vez más influyente.[14] Y aunque inicialmente Trump tuvo una relación conflictiva con Fox News, acabó resultando beneficiado por la polarización del paisaje mediático.

Trump supo encontrar además nuevas maneras de usar los viejos medios de comunicación en sustitución de los apoyos del partido y del gasto tradicional de la campaña electoral.[15] Trump, un «candidato único, con cualidades cortadas por el patrón de la era digital», atrajo cobertura gratuita en los medios generales suscitando polémica.[16] Según un cálculo, las cuentas de Twitter de la MSNBC, la CNN, la CBS y la NBC, cuatro medios a los que nadie podía acusar de inclinación pro-Trump, mencionaron al candidato republicano el doble de veces que a su adversaria en las elecciones generales, Hillary Clinton. De acuerdo con otro estudio, Trump disfrutó de hasta dos mil millones de dólares de cobertura en medios gratuita durante la temporada de las primarias.[17] Como favorito indiscutible en la cobertura de los medios generales gratuitos e hijo predilecto de gran parte de la red de medios alternativos de derechas, Trump no necesitaba a los poderes en la sombra tradicionales de los republicanos. Los mecanismos de cribado de las primarias invisibles no es que fueran invisibles, es que, en 2016, habían saltado por los aires.

Tras las victorias de Trump en el Supermartes cundió el pánico entre el liderazgo republicano. Gente destacada de dentro del partido y líderes de opinión conservadores empezaron a pronunciarse en contra de Trump. En marzo de 2016, el excandidato a la presidencia republicano Mitt Romney pronunció un discurso de gran repercusión mediática en el Hinckley Institute of Politics en el que describió a Trump como un peligro tanto para el Partido Republicano como para el país. Haciéndose eco del mítico discurso de 1964 de Ronald Reagan «Tiempo para elegir», Romney declaró que Trump era un «fraude» y que «carecía del temperamento y del juicio necesarios para ser presidente». Otras personas respetadas del partido, incluidos el candidato a la presidencia en 2008 John McCain y el senador Lindsey Graham, advirtieron en contra de Trump. Y las principales publicaciones conservadoras, entre ellas National Review y Weekly Standard, rechazaron a Trump con términos devastadores. Pero el movimiento #NeverTrump fue un perro más ladrador que mordedor. En realidad, el sistema de las primarias había dejado a los líderes republicanos prácticamente sin armas para detener el ascenso de Trump. El aluvión de ataques tuvo escasa repercusión e incluso es posible que jugara a la contra donde más importaba: en las cabinas electorales.

La falta de poder efectivo del liderazgo del partido resultó evidente en la Convención Nacional Republicana de julio de 2016 celebrada en Cleveland. En los días previos a la convención se habló largo y tendido de una votación en tablas y de convencer a delegados comprometidos para que dieran su apoyo a otro candidato. A finales de junio, un grupo denominado Delegates Unbound empezó a emitir por la televisión nacional anuncios en los cuales se informaba a los delegados republicanos de que, en términos estrictos, no estaban legalmente ligados a Trump y los instaban a abandonarlo. Grupos como Free the Delegates, Courageous Conservatives y Save Our Party lideraron una campaña para que el Panel de Reglas del Comité Nacional Republicano, integrado por 112 miembros, modificara las reglas que vinculaban a los delegados con los candidatos y concediera a los delegados la libertad de voto que habían disfrutado antes de las reformas de 1972. Todos aquellos esfuerzos cayeron en saco roto; de hecho, nunca tuvieron ni la menor oportunidad de materializarse.

Pensar que se le podía arrebatar la nominación a Trump en la convención era hacerse ilusiones vanas. En el sistema vigente, basado en las primarias, los votos confieren una legitimidad que no puede sortearse o ignorarse fácilmente, y Donald Trump contaba con esos votos: casi catorce millones de ellos. Tal como expresó Cindy Costa, integrante del Comité Nacional Republicano por Carolina del Sur, Trump «había ganado en buena lid». Entregar la nominación a otra persona habría desencadenado un «caos sensacional».[18] A los líderes republicanos no les quedó más remedio que afrontar la realidad: ya no tenían las llaves para designar a los candidatos a la presidencia por su partido.

A medida que el campo de batalla se desplazaba hacia las elecciones generales quedó claro que no nos hallábamos ante una carrera presidencial más. Dicho en pocas palabras, Donald Trump no era un candidato normal. No sólo era la persona con menos experiencia que se había postulado para el puesto (salvo en el caso de los generales consagrados, jamás se había elegido a un presidente estadounidense que no hubiera ocupado un cargo electivo o un puesto en un gabinete ministerial), sino que, además, su demagogia, sus opiniones radicales acerca de los inmigrantes y los musulmanes, su voluntad manifiesta de incumplir normas básicas de civismo y sus elogios hacia Vladímir Putin y otros dictadores generaban malestar en gran parte de los medios de comunicación y del aparato político. ¿Habían designado los republicanos a un dictador en ciernes? Era imposible saberlo a ciencia cierta. Muchos republicanos se aferraban al dicho de que mientras que los críticos de Trump interpretaban sus palabras literalmente, pero no en serio, sus partidarios las interpretaban en serio, pero no literalmente. La retórica de la campaña de Trump, según este planteamiento, eran «meras palabras».

Siempre existe incertidumbre acerca de cómo un político sin un currículum contrastable pueda comportarse una vez ocupe la presidencia, pero, tal como hemos señalado con anterioridad, a los líderes antidemocráticos suele identificárselos antes de que accedan al poder. Trump, incluso antes de estrenarse en el cargo, daba positivo en las cuatro medidas de nuestra prueba decisiva para autócratas.

El primer parámetro es un débil compromiso con las reglas democráticas del juego. Trump dio positivo en esta medida al poner en tela de juicio la legitimidad del proceso electoral y plantear la insinuación sin precedentes de que podía no aceptar los resultados de los comicios de 2016. Los niveles de fraude electoral en Estados Unidos son ínfimos y, puesto que las elecciones las administran los gobiernos estatales y locales, en la práctica es imposible coordinar el fraude electoral a escala nacional.[19] Pese a ello, durante toda la campaña de 2016, Trump insistió en que se movilizaría a millones de inmigrantes ilegales y a personas fallecidas que continuaban figurando en el censo electoral para que votaran por Clinton.[20] Durante meses, el sitio web de su campaña clamaba: «¡Ayudadme a impedir que la deshonesta de Clinton amañe estas elecciones!».[21] En agosto, Trump le dijo a Sean Hannity: «Será mejor que nos andemos con cuidado, porque estas elecciones van a estar amañadas. […] Espero que los republicanos se mantengan vigilantes, porque, de lo contrario, nos las arrebatarán».[22] En octubre tuiteó: «Hay un evidente fraude a gran escala en curso, tanto antes como el día de las elecciones».[23] Durante el último debate presidencial, Trump rehusó afirmar que aceptaría los resultados de los comicios si perdía.

De acuerdo con el historiador Douglas Brinkley, ningún candidato a la presidencia destacable había proyectado tales dudas sobre el sistema democrático desde 1860. Sólo en el período previo a la guerra de Secesión hubo políticos prominentes que «deslegitimaron el Gobierno federal» de este modo. En palabras de Brinkley: «Estamos ante un motivo secesionista, revolucionario, ante alguien que ha desbaratado el tinglado».[24] Las palabras de Trump importaban… y mucho. Un sondeo realizado por Politico/Morning Consult a mediados de octubre reveló que el 41 por ciento de los estadounidenses y el 73 por ciento de los republicanos creían que podían robarle las elecciones a Trump.[25] En otras palabras, tres de cada cuatro republicanos habían dejado de estar seguros de vivir en un sistema democrático con elecciones libres.

La segunda categoría en nuestra prueba decisiva es negar la legitimidad de los adversarios. Los políticos autoritarios venden la visión de que sus contrincantes son delincuentes subversivos y antipatrióticos o bien constituyen una amenaza para la seguridad nacional o para el estilo de vida existente. Trump cumplía también este criterio. Para empezar, había demostrado ser un «natalista» al poner en entredicho la legitimidad de Barack Obama como presidente sugiriendo que Obama había nacido en Kenia y era musulmán, cosa que muchos de los partidarios de Trump equiparaban a «no ser estadounidense».[26] Durante la campaña de 2016, Trump negó la legitimidad de Hillary Clinton como adversaria calificándola de «delincuente» y declarando en repetidas ocasiones que «merecía estar en la cárcel».[27] En los mítines de campaña aplaudía a sus partidarios cuando coreaban: «¡Enciérrala!».

El tercer criterio es la tolerancia o el aliento de la violencia. La violencia partidista a menudo es el preámbulo de una quiebra democrática. Entre los ejemplos más destacados figuran los «camisas negras» en Italia, los «camisas pardas» en Alemania, la aparición de guerrillas de izquierdas en Uruguay y el ascenso de los grupos paramilitares de ala izquierdista en el Brasil de principios de los años sesenta del siglo XX. En el último siglo, ningún candidato a la presidencia de ningún partido importante había respaldado nunca la violencia (George Wallace lo hizo en 1968, pero era el candidato de una tercera formación). Trump rompió este patrón. Durante la campaña, no sólo toleró la violencia entre sus partidarios, sino que en ocasiones pareció regodearse en ella. En una transgresión radical de las normas del civismo, Trump acogió con los brazos abiertos (e incluso jaleó) a algunos de sus partidarios que atacaron físicamente a manifestantes. Se ofreció a pagar los gastos legales de uno de sus votantes después de que éste diera un golpe a traición y amenazara de muerte a un manifestante en un mitin en Fayetteville, Carolina del Norte.[28] En otras ocasiones, respondió a los manifestantes de sus mítines exhortando a sus partidarios a cometer actos violentos. He aquí algunos ejemplos, recopilados por Vox.[29]

Si veis a alguien a punto de arrojar un tomate, derribadlo de un puñetazo, ¿de acuerdo? Lo digo en serio. Dadle bien fuerte. Os prometo que yo correré con las tasas legales. Os lo prometo. (1 de febrero de 2016, Iowa).

Ojalá el mundo fuera como antes. ¿Sabéis qué solían hacerles a los tipos como ése cuando estaban en un lugar como éste? Los sacaban de aquí en camilla, amigos. Es cierto. […] Me encantaría darle un puñetazo en la cara, de verdad. (22 de febrero de 2016, Nevada).

En los buenos tiempos, lo arrancarían de esa silla sin pensárselo dos veces. Pero hoy todo el mundo es tan políticamente correcto… Nuestro país se va al garete por ser políticamente correcto. (26 de febrero de 2016, Oklahoma).

Largo de aquí. ¡Largo! ¡Fuera! Esto es fascinante. ¡Qué divertido! Me encanta. ¿Os lo estáis pasando bien? ¡Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos! Venga, sacadlo de aquí. Intentad no hacerle daño. Si se lo hacéis, yo os defenderé ante los tribunales, no os preocupéis. […] Cuatro de los nuestros se le echaron encima, saltaron sobre él y lo zarandearon. Al día siguiente la prensa nos puso a parir: que éramos demasiado duros, dijo. Anda ya. Que me dejen en paz un rato. Estamos hartos de ser políticamente correctos. ¿A que sí, amigos? (4 de marzo de 2016, Míchigan).

Había varios tipos duros como los que hay hoy aquí y empezaron a devolver los golpes. Fue muy bonito. Se liaron a puñetazos. En los buenos tiempos, esto no sucedía, porque los trataban con mucha, mucha dureza. ¿Y sabéis qué? Que antes de volver a protestar se lo pensaban dos veces. Pero hoy entran, levantan la mano y señalan con el dedo a quien no deben, y se les consiente todo porque nos hemos vuelto débiles. (9 de marzo de 2016, Carolina del Norte).

En agosto de 2016, Trump apoyó veladamente la violencia contra Hillary Clinton al decirles a los asistentes a un mitin en Wilmington, Carolina del Norte, que si Clinton designaba a algún nuevo miembro del Tribunal Supremo podía redundar en que se aboliera el derecho a portar armas. Y se atrevió a añadir: «Si le corresponde a ella elegir a los jueces, no habrá nada que hacer, amigos. […] Aunque la Segunda Enmienda, gente…, quizá sí se pueda, no lo sé».[30]

La última señal de advertencia es la predisposición a restringir las libertades civiles de rivales y críticos. Si algo diferencia a los autócratas actuales de los líderes democráticos es su intolerancia ante las críticas y su predisposición a utilizar dicho poder para castigar a aquellas personas, ya sean de la oposición, de los medios de comunicación o de la sociedad civil, que los critiquen. Donald Trump demostró tal propensión en 2016. Para empezar, afirmó que tenía previsto nombrar un fiscal especial para que investigara a Hillary Clinton tras las elecciones y declaró que Clinton debería ser encarcelada.[31] Y además, Trump amenazó en repetidas ocasiones con castigar a los medios de comunicación hostiles. En un mitin en Fort Worth, Texas, por ejemplo, arremetió contra el dueño del Washington Post, Jeff Bezos, al declarar: «Si me convierto en presidente, tendrán problemas. ¡Y tanto que los tendrán!».[32] Afirmando que los periodistas se contaban «entre los grupos de personas más deshonestos que he conocido nunca», Trump declaró:

Voy a proponer nuevas leyes contra la difamación para que, cuando escriben de manera deliberada artículos negativos, horribles y falsos, podamos demandarlos y ganar mucho dinero. […] Para que cuando el New York Times publique una exclusiva, lo cual es una desgracia absoluta, o cuando el Washington Post […] publique una exclusiva, podamos demandarlos…[33]

Con la excepción de Richard Nixon, ningún candidato presidencial de uno de los dos partidos principales reunió ni siquiera uno de estos cuatro criterios en todo el siglo pasado. Tal como demuestra la tabla 2, Donald Trump los reúne todos. Ningún otro candidato presidencial importante de la historia moderna de Estados Unidos, ni siquiera Nixon, ha demostrado en público un compromiso tan endeble con los derechos constitucionales y las normas democráticas. Trump era precisamente el tipo de figura que tanto temían Hamilton y otros fundadores cuando concibieron la presidencia de Estados Unidos.

TABLA 2

Donald Trump y los cuatro indicadores clave
de un comportamiento autoritario

1. Rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego. | ¿Rechazan la Constitución o expresan su voluntad de no acatarla?
¿Sugieren la necesidad de adoptar medidas antidemocráticas, como cancelar elecciones, incumplir o suspender la Constitución, prohibir determinadas organizaciones o restringir los derechos políticos o civiles básicos?
¿Pretenden usar (o aprueban el uso de) medidas extraconstitucionales para cambiar el Gobierno, como golpes militares, insurrecciones violentas o manifestaciones masivas destinadas a forzar un cambio en el Gobierno?
¿Intentan socavar la legitimidad de las elecciones, por ejemplo negándose a aceptar unos resultados electorales creíbles?
2. Negación de la legitimidad de los adversarios políticos. | ¿Describen a sus rivales como subversivos o contrarios al orden constitucional establecido?
¿Afirman que sus rivales constituyen una amenaza existencial, ya sea para la seguridad nacional o para el modo de vida imperante?
¿Describen sin argumentos a sus rivales de otros partidos como delincuentes cuyo supuesto incumplimiento de la ley (o potencial para incumplirla) los descalifica para participar de manera plena en la esfera política?
¿Sugieren de manera infundada que sus rivales son espías extranjeros que trabajan secretamente en alianza con (o a sueldo de) un Gobierno foráneo, normalmente de un país enemigo?
3. Tolerancia o fomento de la violencia. | ¿Tienen lazos con bandas armadas, con fuerzas paramilitares, con milicias, guerrillas u otras organizaciones violentas ilegales?
¿Han patrocinado ellos mismos o sus aliados de partido linchamientos a adversarios?
¿Han apoyado de manera tácita la violencia de sus partidarios negándose a condenarla y penalizarla sin ambigüedades?
¿Han elogiado (o se han negado a condenar) otros actos destacados de violencia política, tanto pasados como acontecidos en otros lugares del mundo?
4. Predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. | ¿Han apoyado leyes o políticas que restringen las libertades civiles, como ampliar las leyes por libelo o difamación o aprobar leyes que limitan el derecho de manifestación, las críticas al Gobierno o a determinadas organizaciones civiles o políticas?
¿Han amenazado con adoptar medidas legales u otras acciones punitivas contra personas críticas pertenecientes a partidos de la oposición, la sociedad civil o los medios de comunicación?
¿Han elogiado medidas represivas adoptadas por otros Gobiernos, ya sea en el pasado o en otros lugares del mundo?

Todo ello debería haber disparado las alarmas. El proceso de las primarias no había logrado desempeñar su función de cribado y había permitido que un hombre no preparado para el cargo se postulara como candidato por uno de los principales partidos. Pero ¿cómo podían reaccionar los republicanos a aquellas alturas? Recuérdense las lecciones aprendidas de las quiebras democráticas en la Europa de la década de 1930 y en Sudamérica en las décadas de 1960 y 1970: cuando los mecanismos de cribado fracasan, el estamento político debe hacer todo cuanto esté en su mano por mantener a las figuras peligrosas alejadas de los centros de poder.

La abdicación colectiva, la transferencia de la autoridad a un líder que amenaza la democracia, suele estar provocada por dos causas. La primera es la creencia errónea en que es posible controlar o domar a una persona autoritaria. La segunda es lo que el sociólogo Ivan Ermakoff denomina «connivencia ideológica»,[34] con acuerdo a la cual el programa de la persona autoritaria se solapa lo suficiente con el de los políticos del sistema como para que la abdicación resulte deseable o, al menos, preferible a las alternativas. Ahora bien, cuando lo que se tiene delante es a un déspota en potencia, la élite política debe rechazarlo sin ambigüedades y hacer todo lo posible por defender las instituciones, aunque ello implique aunar temporalmente fuerzas con sus adversarios más acérrimos.[35]

Con las elecciones generales de 2016 cerniéndose sobre ellos, los republicanos eran plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo y de sus implicaciones. Si Trump amenazaba los principios democráticos básicos, tenían que detenerlo. Hacer otra cosa equivaldría a poner en riesgo la democracia, y perder la democracia es mucho peor que perder unas elecciones. La situación obligaba a hacer algo para muchos inconcebible: respaldar a Hillary Clinton como candidata a la presidencia. El sistema de Estados Unidos es bipartidista: sólo dos candidatos tenían la posibilidad de ganar las elecciones de 2016, y uno de ellos era un demagogo. Los republicanos afrontaban una prueba de coraje político. ¿Se sacrificarían políticamente a corto plazo por el bien del país?

Tal como hemos indicado anteriormente, hay un precedente para tal comportamiento. En 2016, los conservadores austríacos respaldaron al candidato del Partido Verde, Alexander Van der Bellen, para evitar la elección de Norbert Hofer, un radical de extrema derecha. Y, en 2017, el candidato conservador francés derrotado, François Fillon, solicitó a sus correligionarios que votaran por el candidato de centroizquierda Emmanuel Macron para evitar que la aspirante de extrema derecha Marine Le Pen alcanzara el poder.[36] En ambos casos, políticos de derechas dieron su apoyo a rivales ideológicos, enojando a gran parte de las bases de sus partidos, pero redireccionando al electorado en número suficiente como para frenar el acceso de extremistas al poder.

Y, en efecto, hubo republicanos que dieron su apoyo a Hillary Clinton amparándose en el argumento de que la inadecuación de Donald Trump para el puesto al que concurría era peligrosa. Como sus homólogos conservadores austríacos y franceses, consideraron de vital importancia aparcar sus intereses partidistas en pro de un compromiso compartido con la democracia. He aquí lo que dijeron tres de ellos:

Republicano 1: «Nuestra elección en estas elecciones no podría ser más clara: Hillary Clinton es una firme defensora de los intereses de la democracia estadounidense. […] Donald Trump es un peligro para nuestra democracia».[37]

Republicano 2: «Es hora […] de poner el país por delante del partido y votar por la secretaria Clinton. Trump es demasiado peligroso y no está capacitado para ocupar el despacho más importante del país».[38]

Republicano 3: «Estamos ante un asunto grave y no malgastaré mi voto en un candidato de protesta. Puesto que el futuro del país puede depender de impedir que Donald Trump sea declarado presidente, este noviembre la votaré a ella [Clinton], e insto a los republicanos a secundar mi decisión».[39]

De haber realizado tales declaraciones el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y el expresidente George W. Bush o, quizá, un trío de senadores destacados, como John McCain, Marco Rubio y Ted Cruz, el curso de las elecciones de 2016 podría haber sido muy distinto. Por desgracia, salieron de boca de William Pierce, ex secretario de prensa de la senadora de Maine jubilada Olympia Snowe (republicano 1); Jack McGregor, un exsenador por Pensilvania (republicano 2), y Rick Stoddard, un banquero republicano de Denver (republicano 3).[40]

Figuras republicanas clave a escala nacional como Paul Ryan, Mitch McConnell, Marco Rubio y Ted Cruz respaldaron a Donald Trump. Las únicas personalidades republicanas con cierta prominencia que apoyaron a Hillary Clinton fueron políticos retirados o antiguos funcionarios gubernamentales, personas que no planeaban competir en futuras elecciones y que, políticamente, no tenían nada que perder. La víspera de los comicios, el Washington Post publicó una lista de 78 republicanos que respaldaban públicamente a Clinton.[41] Sólo uno de ellos, el congresista Richard Hanna por Nueva York, era un cargo electo… y estaba a punto de retirarse. No figuraba en la lista ningún gobernador republicano, ni ningún senador. Y sólo un congresista (a punto de jubilarse).

Un puñado de dirigentes republicanos en activo, incluidos los senadores McCain, Mark Kirk, Susan Collins, Kelly Ayotte, Mike Lee, Lisa Murkowski y Ben Sasse, los gobernadores John Kasich y Charlie Baker, y los exgobernadores Jeb Bush y Mitt Romney, rehusaron dar su apoyo a Trump. El expresidente George W. Bush guardó silencio. Sin embargo, ninguno de ellos se mostró dispuesto a respaldar a Clinton.

En resumen, la mayoría de los dirigentes republicanos acabaron acatando la línea del partido. Si hubieran roto de forma inequívoca con Trump y hubieran explicado a los estadounidenses de manera clara y explícita que éste suponía una amenaza para las instituciones tan preciadas de la democracia del país y si, partiendo de esa base, hubieran apoyado a Hillary Clinton, es posible que Donald Trump no hubiera alcanzado nunca la presidencia. En Francia, se calcula que la mitad de los votantes del partido Los Republicanos del conservador François Fillon se sumaron a su sorprendente apoyo a Macron y en torno a un tercio se abstuvieron, de tal modo que sólo una sexta parte de los votantes de Fillon apoyaron a Le Pen, lo cual posiblemente fuera clave en el resultado de los comicios del país.[42] Es imposible saber cómo se habría dividido el voto de los votantes republicanos en Estados Unidos. Posiblemente, parte de las bases, quizá incluso la mayoría, hubiera votado a Trump. Pero una parte sustancial también habría oscilado ante la imagen de dos partidos unidos para certificar la derrota de Trump.

Por desgracia, ocurrió algo muy distinto. Pese a sus titubeos y contradicciones, la mayoría de los líderes republicanos cerraron filas tras Trump y transmitieron la imagen de un partido unido. Y, a su vez, eso normalizó las elecciones. En lugar de vivirse como un momento crítico, los comicios se convirtieron en una competición estándar entre dos partidos, con los republicanos dando su apoyo al candidato republicano y los demócratas a la candidata demócrata.

Y ese cambio tuvo consecuencias de calado. Una vez que las elecciones se convirtieron en una contienda normal por la presidencia, fue como lanzar una moneda al aire, por dos motivos. En primer lugar, la intensificación de la polarización partidista había endurecido al electorado en el pasado reciente. El país no sólo estaba cada vez más claramente dividido entre republicanos y demócratas, con realmente pocos votantes independientes o indecisos, sino que, además, los republicanos y demócratas cada vez demostraban una mayor lealtad a su partido… y una mayor hostilidad hacia el partido rival.[43] El electorado se había vuelto menos móvil, lo cual hacía menos probable conseguir una victoria por mayoría abrumadora, como las vividas en 1964 o 1972. Al margen de quiénes fueran los candidatos en la década de 2000, las elecciones presidenciales serían unos comicios reñidos.

En segundo lugar, dada la inestabilidad económica y los mediocres índices de aprobación del presidente Obama, prácticamente todas las previsiones de las ciencias políticas anticipaban unas elecciones ajustadas. La mayoría de ellas vaticinaban una victoria por la mínima de Clinton en el voto popular, pero también había algunas que concedían esa victoria por un margen estrecho a Trump. En cualquier caso, todos los modelos concordaban en que se trataría de una carrera reñida.[44] Y cuando el resultado de unas elecciones se lanza al aire, la moneda puede caer por cualquiera de las dos caras. Depende de contingencias, de los acontecimientos. En este contexto, las «sorpresas de octubre» pudieron tener mucho peso. Así, un vídeo antiguo aparecido de la nada que pintaba a uno de los candidatos bajo una luz negativa o una carta del director del FBI que proyectaba dudas sobre la fiabilidad de la otra candidata pudieron ser determinantes.

Si los líderes republicanos se hubieran opuesto públicamente a Trump, la dinámica de una contienda ajustada entre rojos y azules de las cuatro elecciones previas se habría visto perturbada. El electorado republicano se habría dividido: parte de él habría hecho caso de las advertencias del liderazgo del partido mientras que la otra parte habría continuado brindando su apoyo a Trump. Y aun así, para derrotar a Trump sólo habría sido preciso que una diminuta fracción de los votantes republicanos cambiara de filas. En lugar de ello, las elecciones se normalizaron. La carrera fue cada vez más reñida. Y Trump ganó.

4
LA SUBVERSIÓN DE LA DEMOCRACIA

El peruano Alberto Fujimori no tenía previsto convertirse en un dictador. Ni siquiera tenía previsto ser presidente del país. Fujimori, un rector de universidad de ascendencia japonesa poco conocido, había anhelado ocupar un escaño en el Senado en 1990, pero, al no conseguir que ningún partido lo designara, creó el suyo propio y lo hizo él mismo.[1] Con escasa financiación, presentó su candidatura a la carrera presidencial con el fin de atraer publicidad para su campaña hacia el Senado.[2] Pero 1990 fue un año de una crisis aguda. La economía peruana había caído presa de la hiperinflación y un grupo de guerrilla maoísta llamado Sendero Luminoso cuya brutal insurgencia había segado miles de vidas desde su aparición en 1980 andaba cercando Lima, la capital del país. Los peruanos se sentían defraudados por los partidos establecidos. A modo de protesta, muchos de ellos dieron su apoyo a un don nadie político cuyo eslogan de campaña era «Un presidente como tú». De manera imprevisible, Fujimori subió como la espuma en las encuestas y sacudió el panorama político peruano quedando segundo y clasificándose para una segunda vuelta, con Mario Vargas Llosa, el novelista más célebre del país, como contrincante. Los peruanos admiraban a Vargas Llosa, que más adelante recibió el Premio Nobel de Literatura. Prácticamente todo el estamento político, mediático y empresarial daba su apoyo a Vargas Llosa, pero los peruanos de a pie lo consideraban demasiado afín a las élites, que parecían prestar oídos sordos a sus preocupaciones. Muchos vieron en Fujimori, cuyo discurso populista explotaba ese enojo, la única opción real de cambio. Y Fujimori ganó.

En su discurso inaugural, Fujimori advirtió que Perú afrontaba «la crisis más profunda de su historia como república». La economía, afirmó, se hallaba «al borde del colapso» y la sociedad peruana había quedado «rota por la violencia, la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico». Fujimori se comprometió a «sacar [a Perú] de la situación en la que se encontraba y a guiarlo hacia un destino mejor». Estaba convencido de que el país necesitaba reformas económicas drásticas y combatir con más vigor el terrorismo. Pero sólo tenía una idea vaga de cómo lograr tales objetivos.[3]

Y, además, se enfrentaba a obstáculos desmoralizantes. En tanto que recién llegado a la política, Fujimori tenía pocas amistades entre los poderes en la sombra tradicionales de Perú. Los partidos de la oposición controlaban el Congreso y personas designadas por ellos componían el Tribunal Supremo. Los medios de comunicación tradicionales, muchos de los cuales habían respaldado a Vargas Llosa, desconfiaban de él. Fujimori había sido implacable en sus ataques a la élite política, a la cual había descrito como una oligarquía corrupta que estaba llevando el país a la ruina.[4] Y ahora se encontraba con que aquellos a quienes había atacado y derrotado durante la campaña seguían controlando muchos de los resortes del poder.

Fujimori afrontó un principio difícil. El Congreso no aprobó ninguna ley durante sus primeros meses en el cargo y los tribunales no parecían estar preparados para responder a la amenaza terrorista creciente.[5] Fujimori no sólo carecía de experiencia en los entresijos de la política legislativa, sino que, para más inri, carecía de paciencia para lidiar con ellos.[6] Tal como expresó uno de sus ayudantes, Fujimori «no soportaba la idea de invitar al presidente del Senado al palacio presidencial cada vez que quería que el Congreso aprobara una ley».[7] Prefería, tal como él mismo se jactaba en ocasiones de hacer, gobernar Perú solo… desde su ordenador portátil.

De manera que, en lugar de negociar con los congresistas, Fujimori arremetió contra ellos, calificándolos de «charlatanes improductivos».[8] Tildó a los jueces no colaboradores de «chacales» y «sinvergüenzas».[9] Y algo más preocupante si cabe: comenzó a saltarse al Congreso y a aprobar decretos ejecutivos.[10] Los funcionarios gubernamentales empezaron a quejarse de que la Constitución peruana era «rígida» y «confinadora», lo cual no hizo sino acrecentar los temores del endeble compromiso de Fujimori con las instituciones democráticas.[11] En un discurso ante empresarios de primer orden, Fujimori preguntó: «¿Vivimos realmente en una democracia? […] Me cuesta afirmar que sí. Somos un país que, en realidad, siempre ha estado gobernado por minorías poderosas, por oligopolios, camarillas, grupos de presión […]».[12]

Alarmado, el poder establecido lo obligó a retroceder. Cuando Fujimori se saltó los tribunales y liberó a miles de presos condenados por delitos menores con el fin de dejar espacio para encarcelar a terroristas, la Asociación Nacional de Jueces lo acusó de «autoritarismo antidemocrático inaceptable». Es más, los tribunales declararon inconstitucionales varios de los decretos de Fujimori. Al poco, sus críticos lo calificaban de «déspota» de manera rutinaria y los medios de comunicación empezaron a retratarlo como un emperador japonés.[13] A principios de 1991 se hablaba de destituirlo. En marzo, la revista Caretas publicó en portada una imagen de Fujimori en el punto de mira de un rifle con la pregunta: «¿Es posible deponer a Fujimori? Algunos ya estudian la Constitución».[14] Sintiéndose asediado, Fujimori dobló la apuesta. En un discurso pronunciado ante líderes empresariales, declaró: «No voy a detenerme hasta haber demolido todos los tabúes que quedan. Van a caer uno a uno. Seremos triplemente audaces derribando los viejos muros que separan este país del progreso». En noviembre de 1991 sometió un mamotrético paquete de 126 decretos a la aprobación del Congreso. Contenía decretos de gran alcance, algunos de los cuales incluían medidas antiterroristas que amenazaban las libertades civiles. El Congreso puso reparos. No sólo revocó o diluyó varios de los decretos más importantes, sino que aprobó una legislación que restringía el poder de Fujimori. El conflicto se agravó. Fujimori acusó al Congreso de estar controlado por narcotraficantes y, en respuesta a ello, el Senado aprobó una moción para «desalojar» la presidencia debido a la «incapacidad moral» de Fujimori. Si bien la moción no obtuvo, por poco, votos suficientes en la Cámara de Diputados, el conflicto había alcanzado tal tensión que un funcionario gubernamental expresó, preocupado, que «o el Congreso mata al presidente o el presidente mata al Congreso».[15]

Y fue el presidente quien mató al Congreso. El 5 de abril de 1992, Fujimori apareció en televisión y anunció que disolvía el Congreso y la Constitución. Menos de dos años después de su elección por sorpresa, el desconocido improbable se había convertido en un tirano.

Si bien algunos demagogos electos asumen el poder con un plan autócrata, no ocurre así en el caso de muchos otros, como Fujimori. La quiebra democrática no requiere un plan de acción previo. En lugar de ello, tal como demuestra la experiencia de Perú, puede ser el resultado de una secuencia de hechos no anticipados, un tira y afloja cada vez más tenso entre un líder democrático que infringe las normas y una clase política dirigente que se siente amenazada.

El proceso suele empezar con meras palabras. Los demagogos atacan a sus críticos con términos severos y provocadores, tratándolos como enemigos, como elementos subversivos e incluso como terroristas. La primera vez que se postuló a la presidencia, Hugo Chávez describió a sus adversarios como «cerdos rancios» y «oligarcas escuálidos»;[16] ya como presidente, calificó a sus críticos de «enemigos» y «traidores».[17] Fujimori vinculó a sus rivales con el terrorismo y el narcotráfico. Y el primer ministro italiano Silvio Berlusconi acusó de «comunistas» a los jueces que dictaron sentencias en su contra.[18] También la prensa se convierte en diana. El presidente ecuatoriano Rafael Correa calificó a los medios de «grave enemigo político que hay que derrotar»[19] y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan culpó a los periodistas de propagar el «terrorismo».[20] Tales ataques pueden tener consecuencias: si la opinión pública acaba por compartir la visión de que la oposición tiene vínculos con el terrorismo y la prensa difunde mentiras, resulta más fácil justificar la adopción de medidas contra ellos.

Y el asalto rara vez concluye ahí. Por más que los observadores a menudo aseguren que, en el caso de los demagogos, «por la boca muere el pez» y que no hay que tomarse en serio todo lo que dicen, un vistazo a los líderes demagogos de todo el mundo sugiere que muchos de ellos acaban por cruzar la línea que separa las palabras de la acción. Y ello ocurre porque el auge al poder inicial del demagogo tiende a polarizar a la sociedad, creando un clima de pánico, hostilidad y desconfianza mutua. Las palabras amenazantes del nuevo dirigente con frecuencia tienen un efecto bumerán. Si los medios de comunicación se sienten amenazados, pueden abandonar la contención y los estándares profesionales en un intento desesperado por debilitar al Gobierno. Y la oposición puede concluir que, por el bien del país, hay que destituir al Gobierno mediante medidas extremas: proceso de destitución, manifestaciones masivas o incluso un golpe de Estado.

Cuando Juan Perón fue elegido presidente por vez primera en Argentina en 1946, muchos de sus adversarios lo consideraban un fascista. Miembros de la Unión Cívica Radical, quienes creían estar «luchando contra el nazismo», boicotearon la investidura de Perón. Desde el primer día de la presidencia de Perón, sus rivales en el Congreso adoptaron una estrategia de «oposición, obstrucción y provocación» e incluso solicitaron al Tribunal Supremo que asumiera el control del Estado.[21] En la misma línea, la oposición venezolana solicitó a la Corte Suprema que designara a un equipo de psiquiatras para determinar si Chávez podía ser destituido del cargo alegando «incapacidad mental».[22] Diarios y canales de televisión destacados respaldaron estrategias extraconstitucionales para derrocarlo. Como es previsible, las personas potencialmente autoritarias interpretan estos ataques como una grave amenaza y, en consecuencia, se vuelven más hostiles.

Ahora bien, existe otro motivo por el que dan este paso: la democracia es un trabajo extenuante. Mientras que los negocios familiares y los escuadrones militares se rigen «por real decreto», las democracias exigen negociación, compromiso y concesiones. Los reveses son inevitables y las victorias siempre parciales. Las iniciativas presidenciales pueden perecer en el Congreso o quedar bloqueadas en los tribunales. Y si bien estas limitaciones frustran a todos los políticos, los demócratas saben que no les queda más remedio que aceptarlas y son especialmente duchos capeando el aluvión incesante de críticas. En cambio, para los recién llegados, sobre todo para aquéllos con tendencia a la demagogia, la política democrática resulta con frecuencia intolerablemente frustrante. El sistema de mecanismos de control y equilibrio se les antoja una suerte de camisa de fuerza. Como en el caso del presidente Fujimori, que era incapaz de tragar con la idea de almorzar con los líderes del Senado cada vez que perseguía la aprobación de una ley, los dictadores en potencia tienen poca paciencia para la política de la democracia en el día a día. Y como Fujimori, quieren desembarazarse de ella.

¿Cómo hacen añicos las instituciones democráticas que supuestamente los limitan las personas autoritarias elegidas para el Gobierno? Algunas lo hacen de un plumazo. Pero, con más frecuencia, el desmantelamiento de la democracia se inicia de manera paulatina. Para muchos ciudadanos, al principio puede resultar imperceptible. Al fin y al cabo, se siguen celebrando elecciones, los políticos de la oposición continúan ocupando escaños en el Congreso y la prensa independiente sigue publicándose. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco, a menudo a pasitos diminutos. Cada uno de esos pasos, por separado, se antoja insignificante: ninguno de ellos parece amenazar realmente la democracia. De hecho, los movimientos del Gobierno para subvertirla suelen estar dotados de una pátina de legalidad: o bien los aprueba el Parlamento o bien el Tribunal Supremo garantiza su constitucionalidad. Muchos de ellos se adoptan con el pretexto de perseguir un objetivo público legítimo (e incluso loable), como combatir la corrupción, garantizar la «limpieza» de las elecciones, mejorar la calidad de la democracia o potenciar la seguridad nacional.

Para entender mejor cómo los autócratas electos socavan sutilmente las instituciones resulta útil imaginar un partido de fútbol. Para consolidar el poder, los déspotas en potencia deben apresar a los árbitros, marginar al menos a uno de los jugadores estrella del rival y reescribir las reglas del juego de manera que funcionen en su propio beneficio, lo que vendría a ser inclinar el terreno de juego en contra del equipo contrario.

Siempre va bien tener a los árbitros de parte de uno. Los Estados modernos poseen varios organismos autorizados a investigar y penalizar las irregularidades cometidas tanto por los funcionarios públicos como por los ciudadanos. Entre éstos figuran el sistema judicial, los organismos que velan por el cumplimiento de la ley, los servicios de inteligencia, las agencias tributarias y los organismos reguladores. En las democracias, tales instituciones están diseñadas para funcionar como árbitros neutrales. Para los autócratas en potencia, por ende, estos organismos judiciales y de seguridad del Estado suponen a un tiempo un desafío y una oportunidad. Si mantienen la independencia, pueden poner al descubierto y castigar los abusos del Gobierno. Al fin y al cabo, la función de un árbitro es prevenir las estafas. Pero si el control de tales organismos queda en manos de personas leales, pueden servir para los objetivos del autócrata en potencia y proteger al Gobierno frente a investigaciones o demandas legales que podrían conducir a su revocación del poder. El presidente puede infringir la ley, amenazar los derechos de la ciudadanía e incluso saltarse la Constitución sin tener que preocuparse por que tales excesos sean investigados o censurados. Con los tribunales repletos de personas afines y las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley metidas en cintura, los Gobiernos pueden actuar con impunidad.

Apresar a los árbitros proporciona al Gobierno algo más que un escudo: le ofrece una poderosa arma que le permite aplicar la ley de manera selectiva y castigar a los adversarios al tiempo que protege a sus aliados. Las autoridades tributarias pueden emplearse para atacar a políticos, empresas y medios de comunicación de la oposición. La policía puede tomar medidas enérgicas contra las manifestaciones de la oposición al tiempo que tolera actos de violencia perpetrados por matones favorables al Gobierno. Y las agencias de inteligencia pueden dedicarse a espiar a las personas críticas con el Gobierno y desenterrar material para chantajearlas.

Con frecuencia, ese apoderamiento de los árbitros se lleva a cabo despidiendo discretamente a los funcionarios y otros empleados públicos ajenos al partido y reemplazándolos por personas leales. En Hungría, por ejemplo, el primer ministro, Viktor Orbán, llenó la Fiscalía, la Oficina Estatal de Auditoría, la Oficina del Defensor del Pueblo, la Oficina Estadística Central y el Tribunal Constitucional, todos ellos teóricamente independientes, de aliados de su partido tras recuperar el poder en 2010.[23]

Las instituciones que no resultan fáciles de purgar pueden secuestrarse, de manera sutil, por otros medios. Pocas personas han superado en este sentido al «asesor en inteligencia» de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos. Bajo la dirección de Montesinos, el Servicio de Inteligencia Nacional de Perú grabó en cinta de vídeo a centenares de políticos de la oposición, congresistas, empresarios, periodistas y editores pagando o recibiendo sobornos, entrando en burdeles o participando en alguna otra actividad ilegal, y luego utilizó las grabaciones para chantajearlos.[24] Además, mantuvo en nómina a tres jueces del Tribunal Supremo, dos miembros del Tribunal Constitucional y a una cifra «pasmosa» de jueces y fiscales, a quienes realizaba pagos en efectivo mensuales en sus viviendas.[25] Todo ello se hizo en secreto; en la superficie, el sistema judicial de Perú funcionaba como cualquier otro. Pero, entre bambalinas, Montesinos ayudaba a Fujimori a consolidar su poder.

Y a los jueces que no se dejan comprar puede acusárselos de prevaricación. Cuando Perón asumió la presidencia en 1946, cuatro de los cinco miembros del Tribunal Supremo de Argentina eran adversarios conservadores y uno de ellos lo había llamado «fascista».[26] Preocupados por el historial de dicho tribunal fulminando legislación prolaborista, los aliados de Perón en el Congreso acusaron de prevaricación a tres de aquellos magistrados por malversación de fondos (y un cuarto dimitió antes de ser acusado).[27] Entonces Perón designó a cuatro letrados leales y el tribunal no volvió a ponerle pegas nunca.[28] En la misma línea, cuando el Tribunal Constitucional de Perú amenazó con bloquear que el presidente Fujimori pudiera presentarse como candidato para un tercer mandato en 1997, los aliados de Fujimori en el Congreso acusaron de prevaricación a tres de los siete jueces del órgano, alegando que, al declarar «inconstitucional» el intento de Fujimori de eludir los límites al mandato presidencial establecidos por la Constitución, ellos mismos habían vulnerado la carta magna.[29]

Los gobiernos que no logran eliminar a los jueces independientes pueden sortearlos plagando los tribunales de letrados afines. En Hungría, por ejemplo, el Gobierno de Orbán amplió el tamaño de la Corte Constitucional de ocho a quince magistrados, cambió las reglas de su nombramiento de manera que el partido gobernante, el Fidesz, pudiera designar por sí solo a nuevos letrados, y luego llenó las vacantes con jueces fieles al Fidesz.[30] En Polonia, el partido gobernante, Ley y Justicia, vio cómo varias de sus iniciativas eran bloqueadas por el Tribunal Constitucional, la máxima autoridad en materia constitucional del país, entre 2005 y 2007. Cuando el partido volvió a hacerse con el poder en 2015, adoptó medidas para evitar pérdidas similares en el futuro. Por aquel entonces, había dos vacantes en el Tribunal Constitucional, integrado por quince letrados, y tres jueces habían sido aprobados por el Parlamento saliente pero aún tenían que jurar el cargo. En un movimiento de constitucionalidad dudosa, el nuevo Gobierno de Ley y Justicia se negó a que dichos jueces juraran el cargo y, en su lugar, designó a cinco nuevos magistrados de su cuerda.[31] Y, por si acaso, luego aprobó una ley que exigía que todas las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional contaran con una mayoría de dos tercios. A efectos prácticos, esto confería a los aliados del Gobierno derecho a veto en el seno del tribunal y limitaba la capacidad del organismo para servir como mecanismo de control independiente del poder ejecutivo.[32]

La estrategia más extrema de apresar a los árbitros consiste en arrasar los tribunales y sustituirlos por unos nuevos. En 1999, el Gobierno de Chávez convocó elecciones para una Asamblea Constituyente que, incumpliendo una sentencia anterior del Tribunal Supremo, se otorgó el poder de disolver las demás instituciones estatales, incluyendo al propio tribunal. Temeroso por su supervivencia, el Tribunal Supremo aceptó el movimiento y lo calificó de constitucional.[33] La presidenta del Tribunal Supremo, Cecilia Sosa, dimitió, declarando que el tribunal «se había suicidado para evitar ser asesinado. Pero el resultado es el mismo: ha muerto».[34] Dos meses más tarde, el Tribunal Supremo fue disuelto y reemplazado por un nuevo Tribunal Supremo de Justicia.[35] Pero ni siquiera eso bastó para garantizar una judicatura dócil, de manera que, en 2004, el Gobierno de Chávez amplió de tamaño el Tribunal Supremo, que pasó de tener veinte a treinta y dos magistrados y llenó las vacantes de «revolucionarios» leales.[36] Y problema resuelto. En el transcurso de los nueve años siguientes, el Tribunal Supremo no emitió ni una sola sentencia en contra del Gobierno.[37]

En cada uno de estos casos, los árbitros del partido democrático acabaron situándose del bando del Gobierno y proporcionando al beneficiado un escudo frente a los desafíos constitucionales y un arma potente (y «legal») con la que atacar a sus adversarios.

Una vez los árbitros van a remolque, los autócratas electos pueden desviar su atención hacia sus adversarios. La mayoría de las autocracias contemporáneas no borran todo rastro de disidencia, como hizo Mussolini en la Italia fascista o Fidel Castro en la Cuba comunista. Pero algunas sí se esfuerzan por asegurarse de que actores clave (cualquiera capaz de causar un daño real al Gobierno) queden marginados, resulten perjudicados o sean sobornados para seguir el juego. Entre estos actores clave pueden figurar desde políticos de la oposición hasta empresarios que financian a los partidos rivales, grandes medios de comunicación y, en algunos casos, figuras religiosas o de otra índole cultural que disfruten de integridad moral entre la opinión pública.

El modo más sencillo de lidiar con los adversarios potenciales es comprarlos. La mayoría de los autócratas electos empiezan por ofrecer puestos políticos, empresariales o mediáticos destacados, favores, ventajas o, directamente, sobornos a cambio de su apoyo o, al menos, de su silencio y su neutralidad. Los medios de comunicación colaboradores pueden obtener un acceso privilegiado al presidente, mientras que los empresarios amigables pueden recibir provechosas concesiones o contratos del Gobierno. El Gobierno de Fujimori fue un maestro comprando a sus críticos, sobre todo a la prensa. Hacia finales de la década de 1990, todos los canales televisivos principales, varios diarios y tabloides populares figuraban en nómina del Gobierno. Vladimiro Montesinos pagó a los propietarios del Canal 4 en torno a doce millones de dólares a cambio de firmar un «contrato» que otorgaba a Montesinos el control sobre la programación de los telediarios de la cadena.[38] El principal accionista de Canal 5 recibió nueve millones de dólares de manos de Montesinos y el accionista mayoritario de Canal 9 recibió cincuenta mil dólares a cambio de despedir a dos reputados periodistas de investigación. En una conversación grabada en vídeo a finales de 1999, Montesinos declaró que los jefes de las cadenas de televisión estaban «todos alineados. […] Les hicimos firmar documentos y todo. […] Los tenemos a todos formando fila. Cada día me reúno con ellos a las 12:30 […] y planificamos las noticias de la noche».[39]

Las figuras destacadas de los medios de comunicación fueron quienes recibieron los sobornos más cuantiosos de manos de Montesinos, quien no se abstuvo de comprar también a políticos. En 1998, cuando grupos de la oposición reunieron firmas suficientes para forzar un referéndum sobre si Fujimori podía presentarse a la reelección en 2000, el tema se planteó ante el Congreso, donde, por ley, requería el apoyo de un 40 por ciento de la asamblea legislativa. En teoría, la oposición contaba con los cuarenta y ocho votos necesarios para aprobar el referéndum. Pero Montesinos sobornó a tres diputados para que se abstuvieran de acudir a la Cámara a votar. Uno de ellos, Luis Chu, recibió, en un apartamento, un pago de ciento treinta mil dólares estadounidenses procedente de un fondo para sobornos de la agencia de inteligencia estatal; otro, Miguel Ciccia, obtuvo ayuda en un caso legal que implicaba a una de sus empresas, y la tercera, Susy Díaz, accedió a quedarse en casa alegando «motivos personales».[40] La votación no consiguió los apoyos suficientes, cosa que permitió a Fujimori postularse (y ganar) para un tercer mandato ilegal en 2000. Y cuando el electorado no dio a Fujimori la mayoría en el Congreso, Montesinos sobornó a dieciocho diputados de la oposición para que cambiaran de bando.

A los actores que no es posible comprar hay que debilitarlos por otros medios. Mientras que los dictadores de la vieja escuela solían encarcelar, enviar al exilio o incluso asesinar a sus adversarios, los autócratas contemporáneos tienden a ocultar su represión tras una apariencia de legalidad. De ahí que hacerse con el control de los árbitros sea tan importante. Bajo Perón, el líder de la oposición, Ricardo Balbín, fue encarcelado por «faltarle al respeto» al presidente durante una campaña electoral. Balbín apeló al Tribunal Supremo, pero, como Perón lo había llenado de jueces afines, no tenía posibilidad alguna de ganar el recurso.[41] En Malasia, el primer ministro Mahathir Mohamad utilizó una fuerza policial políticamente leal y llenó la judicatura de personas afines para investigar, arrestar y encarcelar a su principal adversario, Anwar Ibrahim, acusado de sodomía a finales de la década de 1990.[42] En Venezuela, el líder de la oposición, Leopoldo López, fue arrestado y acusado de «incitar a la violencia» durante una oleada de protestas antigubernamentales en 2014. Los funcionarios del Gobierno no proporcionaron prueba alguna de tal incitación y, en un momento dado, llegaron a señalar que había sido «subliminal».[43]

Los gobiernos pueden usar también su control de los árbitros para marginar «legalmente» a los medios de comunicación de la oposición, a menudo mediante demandas de libelo y difamación. El presidente ecuatoriano Rafael Correa lo hizo de manera magistral: en 2011 ganó una impresionante demanda por difamación, con una indemnización de cuarenta millones de dólares, contra los propietarios y el editor de uno de los grandes diarios del país, El Universo, por publicar un editorial en el que lo calificaban de «dictador». Correa aseguró que aquel caso era un «gran paso adelante para la liberación de América de uno de los poderes más importantes y más impunes: los medios de comunicación corruptos». Posteriormente indultó a los propietarios del diario, pero la demanda tuvo un imperioso efecto disuasorio en la prensa.[44]

Los gobiernos de Erdogan y Putin también manejaron la ley con una eficacia devastadora. En Turquía, una de las principales víctimas fue el poderoso conglomerado de medios de comunicación Doğan Yayin, que controlaba en torno al 50 por ciento del mercado de los medios turco, incluido el diario más leído en el país, el Hurriyat, y varias cadenas de televisión. Muchos medios de difusión amparados bajo el grupo Doğan eran laicos y liberales, cosa que los enfrentaba al Gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco). En 2009, el Gobierno contraatacó multando a Doğan con casi dos mil quinientos millones de dólares (cifra que prácticamente superaba el valor neto total de la empresa) por evasión de impuestos. Mutilado, Doğan se vio obligado a vender gran parte de su imperio, incluidos dos grandes diarios y un canal de televisión. Los adquirieron empresarios favorables al Gobierno.[45] En Rusia, después de que la cadena de televisión independiente NTV, perteneciente a Vladímir Gusinsky, se ganara la reputación de ser «un grano en el culo», el Gobierno de Putin abalanzó a las autoridades tributarias sobre Gusinsky, a quien arrestaron por «malversación de fondos».[46] Se ofreció a Gusinsky «un pacto sacado de una película mala de la mafia: renunciar a la NTV a cambio de la libertad».[47] Aceptó el pacto, entregó NTV al gigante energético controlado por el Gobierno, Gazprom, y huyó del país.[48] En Venezuela, el Gobierno de Chávez lanzó una investigación sobre las irregularidades financieras cometidas por el propietario de la cadena de televisión Globovisión, Guillermo Zuloaga, que huyó del país para evitar ser arrestado. Bajo una intensa presión financiera, Zuloaga acabó por vender Globovisión a un empresario afín al Gobierno.[49]

A medida que los medios de comunicación más destacados son atacados, otros se vuelven recelosos y empiezan a practicar la autocensura. Cuando el Gobierno de Chávez subió de tono sus ataques mediada la década de 2000, una de las principales cadenas televisivas del país, Venevisión, decidió dejar de cubrir temas políticos. Los programas de tertulia de las mañanas fueron reemplazados por programas de astrología y las series sustituyeron a los telediarios vespertinos. Venevisión, que antaño había sido considerada una cadena favorable a la oposición, apenas le dio espacio durante las elecciones de 2006 y otorgó al presidente Chávez el quíntuple de cobertura que a sus contendientes.[50]

Los autócratas electos también buscan debilitar a los empresarios con medios para financiar a la oposición. Tal fue una de las claves para la consolidación del poder de Putin en Rusia. En julio de 2000, cuando hacía menos de tres meses que había accedido a la presidencia, Putin convocó a veintiuno de los empresarios más ricos de Rusia en el Kremlin, donde les comunicó que serían libres de hacer dinero bajo su supervisión… siempre que se mantuvieran al margen de la política.[51] La mayoría de los denominados oligarcas tomaron buena nota de su advertencia. Pero el multimillonario Borís Berezovski, el accionista mayoritario del canal televisivo ORT, no lo hizo. Cuando ORT se manifestó crítica con el Gobierno, éste reavivó un caso por fraude caído en el saco del olvido y ordenó arrestar a Berezovski. Berezovski huyó al exilio, dejando sus activos mediáticos en manos de su socio más joven, quien los «puso amablemente a disposición de Putin». Otro oligarca que desatendió la advertencia de Putin fue Mijaíl Jodorkovski, dueño del gigante del petróleo Yukos. Jodorkovski, el hombre más rico de Rusia (con una riqueza que asciende a quince mil millones de dólares estadounidenses, según Forbes), era considerado alguien intocable. Pero se confió demasiado. Jodorkovski, un liberal a quien desagradaba Putin, empezó a financiar de manera dadivosa a los partidos de la oposición, incluido el prooccidentalista Yabloko. En un momento dado, hasta cien miembros de la Duma (el Parlamento ruso) acataban su mandato. Corría el rumor de que pretendía postularse a la presidencia. Sintiéndose amenazado, Putin hizo arrestar a Jodorkovski en 2003 por evasión de impuestos, desfalco y fraude.[52] Jodorkovski permaneció en prisión casi una década. El mensaje a los oligarcas era claro: «Manteneos al margen de la política». Casi todos lo hicieron. Despojados de recursos, los partidos de la oposición se debilitaron, muchos de ellos hasta extinguirse.[53]

El Gobierno de Erdogan también empujó al empresariado hacia los márgenes de la política. Cuando el Partido Joven (GP por sus siglas en turco), fundado y financiado por el millonario magnate Cem Uzan, se postuló como un rival serio en 2004, las autoridades financieras asediaron al imperio empresarial de Uzan y lo acusaron de crimen organizado.[54] Uzan huyó a Francia y, al poco, el GP se vino abajo. Pocos años después, el grupo Koc, el mayor conglomerado industrial de Turquía, fue acusado de colaborar con las manifestaciones masivas de 2013 en el parque Gezi (se usó un hotel propiedad de Koc situado cerca del parque como refugio y hospital improvisado en medio de la represión policial). Aquel año, funcionarios de hacienda auditaron varias empresas de Koc y cancelaron un gigantesco contrato del Ministerio de Defensa con una filial.[55] La familia Koc aprendió la lección. A partir de 2013 mantuvo las distancias con la oposición.

Por último, los autócratas electos a menudo intentan silenciar a figuras culturales (artistas, intelectuales, cantantes, deportistas…) cuya popularidad o reputación moral los convierte en amenazas en potencia. Cuando el icono literario argentino Jorge Luis Borges emergió como un crítico de perfil alto de Perón (otro escritor describió a Borges como una «suerte de anti-Perón»), funcionarios gubernamentales hicieron que lo transfirieran de su empleo en una biblioteca municipal a lo que Borges describió como un «puesto de inspector de gallinas y conejos».[56] Borges renunció a su empleo y no consiguió hallar otro durante meses.

No obstante, por norma general, los Gobiernos prefieren nombrar a figuras culturales populares o alcanzar un acuerdo con ellas y les permiten continuar con su labor siempre que se mantengan al margen de la política. El venezolano Gustavo Dudamel, el director de la Orquesta Sinfónica Bolivariana y de la Filarmónica de Los Ángeles, famoso internacionalmente, es un ejemplo de ello. Dudamel era un destacado defensor de El Sistema, el programa educativo musical de Venezuela, famoso en todo el mundo, que beneficia a centenares de miles de jóvenes venezolanos con ingresos bajos. Dado que El Sistema depende de la financiación estatal, sus fundadores mantuvieron una neutralidad política estricta. Dudamel dio continuidad a esta práctica, negándose a criticar al Gobierno de Chávez pese a su autoritarismo creciente. Dudamel dirigió la Orquesta Sinfónica Bolivariana en el funeral de Chávez en 2012, e incluso en 2015, cuando las principales personalidades de la oposición se hallaban encarceladas, escribió un editorial para el Los Angeles Times en el que defendía su neutralidad y declaraba su «respeto» hacia el Gobierno de Maduro. A cambio, El Sistema obtuvo un incremento de la financiación gubernamental, cosa que le permitió llegar a setecientos mil niños en 2015, frente a los quinientos mil de tres años antes.[57] No obstante, las cosas cambiaron en mayo de 2017, cuando las fuerzas de seguridad asesinaron a un joven violinista, un alumno de El Sistema, durante una manifestación contraria al Gobierno. Entonces Dudamel rompió su silencio político y publicó un editorial en el New York Times condenando la represión gubernamental y la deriva hacia la dictadura de Venezuela.[58] Y pagó un precio por ello: al mes siguiente, el Gobierno canceló la gira prevista de su Joven Orquesta Nacional por Estados Unidos.[59]

El silenciamiento de voces influyentes, sea por aquiescencia o, si es preciso, mediante el acoso, puede tener potentes consecuencias para la oposición al régimen. Cuando se encarcela a empresarios poderosos o se los arruina económicamente, como en el caso de Jodorkovski en Rusia, otras personas del ámbito concluyen que les conviene mantenerse alejadas de la política. Y cuando se arresta a políticos de la oposición o éstos se exilian, como en el caso de Venezuela, otros políticos deciden tirar la toalla y retirarse. Muchos disidentes optan por permanecer en sus casas en lugar de participar en política, y quienes se mantienen activos se desmoralizan cada vez más. Ése es precisamente el objetivo del Gobierno. Una vez los actores clave de la oposición, los medios de comunicación y el empresariado se han vendido o marginado, la oposición se desinfla. Y el Gobierno «gana» sin vulnerar necesariamente las reglas.

No obstante, para atrincherarse en el poder, los Gobiernos deben hacer algo más: deben cambiar también las reglas del juego. Los autócratas que pretenden consolidar su poder acostumbran a reformar la Constitución, el sistema electoral y otras instituciones de modos que resultan desfavorables o debilitan a la oposición, inclinando de nuevo el terreno de juego en contra de sus rivales. Estas reformas suelen llevarse a cabo bajo el pretexto de hacer un bien público, cuando en realidad lo que se persigue es favorecer a quienes ostentan el poder. Y puesto que conllevan cambios legales e incluso constitucionales, pueden permitir a los autócratas bloquear dichos beneficios durante años o incluso décadas. Pongamos por ejemplo Malasia, donde el sistema electoral tradicional estaba cortado a medida del partido gobernante, el UMNO, un partido con un electorado predominantemente malayo. Aunque los malayos constituían poco más de la mitad de la población, los distritos parlamentarios se dividían de manera favorable, de tal modo que el 70 por ciento correspondieran a una mayoría malaya, lo cual permitía al UMNO y sus aliados obtener mayorías parlamentarias abrumadoras.[60] Sin embargo, esta situación cambió cuando el Partido Islámico Malayo (PAS) emergió como la principal formación de la oposición en el país en las postrimerías de la década de 1990. El PAS era también un partido con un electorado mayoritariamente malayo. De manera que, en 2002, las autoridades electorales, dominadas por el UMNO, invirtieron la normalidad y acometieron un proceso de redistribución de los distritos que, desafiando las tendencias demográficas, reducía el número de escaños parlamentarios en las zonas rurales, consideradas los bastiones del PAS.[61] Esa partición favorable ayudó a la coalición liderada por el UMNO a imponerse con un asombroso 91 por ciento de los escaños electorales en los comicios de 2004.

El Gobierno de Orbán, en Hungría, hizo algo similar. Tras vencer con una mayoría parlamentaria de dos tercios en 2010, el partido gobernante, el Fidesz, utilizó su supermayoría para volver a redactar la Constitución y las leyes electorales y bloquearlas a su favor. Adoptó nuevas reglas electorales con respecto a las mayorías que favorecían al partido principal (Fidesz) y dividió el país en distritos electorales que le comportaran el máximo número de escaños. Por último, prohibió la publicidad electoral en medios de comunicación privados y limitó las campañas en televisión al canal de radiodifusión público, dirigido por personas leales al Fidesz.[62] La consecuencia de estas nuevas ventajas institucionales resultó evidente en las elecciones parlamentarias de 2014: pese al hecho de que el porcentaje de votos del Fidesz cayó sensiblemente, de un 53 por ciento en 2010 a un 44,5 por ciento en 2014, el partido gobernante consiguió conservar su mayoría por dos tercios.[63]

Quizá el ejemplo más destacado de reescritura de las reglas del juego en beneficio de un autócrata lo tengamos en Estados Unidos. El final de la reconstrucción tras la guerra de Secesión, en la década de 1870, desembocó en la aparición de regímenes autoritarios unipartidistas en todos los estados posconfederados.[64] El régimen unipartidista no era ninguna casualidad histórica benévola, sino más bien el producto de una ingeniería constitucional antidemocrática flagrante.

Durante la época de la reconstrucción del país, la concesión del derecho al voto masiva a los afroamericanos planteó una grave amenaza al control político de los blancos en el Sur y al predominio del Partido Demócrata. Con acuerdo a la Ley de Reconstrucción de 1867 y a la Quinta Enmienda, que prohibía limitar el sufragio en función de la raza, los afroamericanos se convirtieron de la noche a la mañana en el electorado mayoritario en Misisipi, Carolina del Sur y Luisiana, y casi mayoritario en Alabama, Florida, Georgia y Carolina del Norte.[65] Tropas federales supervisaron el registro masivo de votantes negros en todo el Sur.[66] En el conjunto del país, el porcentaje de hombres negros con derecho a voto aumentó de un 0,5 por ciento en 1866 a un 80,5 por ciento dos años más tarde. En muchos estados del Sur, las tasas de registro de población negra superaron el 90 por ciento.[67] Y los ciudadanos negros votaron. En las elecciones presidenciales de 1880, la participación de población negra fue como mínimo de un 65 por ciento en Carolina del Sur y del Norte, Tennessee, Texas y Virginia.[68] La concesión del derecho a voto otorgó poder a los afroamericanos: más de dos mil libertos sureños accedieron a un cargo electivo en la década de 1870, incluidos catorce congresistas y dos senadores estadounidenses. En un momento dado, más del 40 por ciento de los legisladores de las cámaras inferiores de Luisiana y Carolina del Sur eran negros.[69] Y puesto que el voto afroamericano era abrumadoramente republicano, la concesión del sufragio a los negros dio un nuevo ímpetu a los republicanos y a otros partidos que desafiaban al hasta entonces omnipotente Partido Demócrata.[70] Los demócratas perdieron el poder en Carolina del Norte, Tennessee y Virginia en las décadas de 1880 y 1890, y estuvieron a punto de perderlo en Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Misisipi y Texas.[71] Si hubieran continuado celebrándose elecciones democráticas, observó el politólogo V. O. Key, «habría sido letal para el estatus de la población blanca del cinturón negro».[72]

De manera que cambiaron las reglas… y dieron al traste con la democracia. «Denos una convención [constitucional] y la arreglaré para que […] los negros nunca tengan voz», declaró el exsenador de Georgia Robert Toombs cuando la época de la reconstrucción se aproximaba a su fin.[73] Entre 1885 y 1908, los once estados posconfederados sin excepción reformaron sus constituciones y leyes electorales para privar del derecho al voto a los afroamericanos.[74] Para cumplir la ley escrita, tal como estipula la Quinta Enmienda, no podía hacerse mención alguna a la raza en los intentos por restringir el derecho al voto, de manera que los estados introdujeron impuestos de capitación supuestamente «neutrales», requisitos de propiedades, pruebas básicas de lectura y escritura y papeletas de voto con una redacción compleja.[75] «El objetivo general de todas aquellas restricciones —observó el historiador Alex Keyssar— era mantener las urnas fuera del alcance de los negros pobres y analfabetos»[76]. Y puesto que los afroamericanos eran en su inmensa mayoría republicanos, era previsible que retirarles el sufragio restaurara el predominio electoral de los demócratas. El objetivo, tal como expresó un senador estatal de Carolina del Norte, era redactar «una ley justa y honesta que siempre dará una mayoría holgada a los demócratas».[77]

Carolina del Sur, cuya población era mayoritariamente negra, fue la pionera en restringir el voto. La Eight Box Law o Ley de las Ocho Urnas[*] de 1882 creaba una papeleta de voto compleja que prácticamente imposibilitaba a las personas analfabetas ejercer el derecho al sufragio y, como la mayoría de los habitantes negros del estado no sabían leer ni escribir, la participación negra en las elecciones se desplomó.[78] Pero no acabó ahí la cosa. En 1888, el gobernador John Richardson declaró: «Ahora gobierna una minoría de cuatrocientos mil votos [blancos] por encima de una mayoría de seiscientos mil votos [negros]. […] Lo único que a día de hoy se interpone entre nosotros y el mandato de los negros es un estatuto endeble: la Eight Box Law».[79] Siete años más tarde, un estado aprobó un impuesto de capitación y una prueba básica de lectura y escritura. La participación negra en las elecciones, que había alcanzado un 96 por ciento en 1876, cayó a sólo un 11 por ciento en 1898.[80] Privar del voto a los negros «hundió al Partido Republicano», que permaneció fuera de la Cámara de Representantes durante casi un siglo.[81]

En Tennessee, el sufragio negro convirtió a los republicanos en una competencia tal en 1888 que la revista prodemócrata Avalanche vaticinó «una abrumadora victoria republicana» en los siguientes comicios a menos que se pusieran medios para impedirlo.[82] Un año más tarde, los legisladores demócratas aprobaron un impuesto de capitación, estrictos requisitos a los registros de inscripción y la Ley Dortch, mediante la cual se creaba una papeleta de votación compleja que requería saber leer y escribir. Mientras la asamblea legislativa debatía, Avalanche proclamaba: «O aprobamos la Ley Dortch o estamos muertos». Después de aprobada, el titular del Memphis Daily Appeal rezaba: «Al fin a salvo: adiós, republicanos, adiós». Los demócratas obtuvieron una victoria aplastante en 1890, mientras que los republicanos se «derrumbaron». En un editorial, el Daily Appeal informaba de que las consecuencias de la Ley Dortch eran «de lo más admirables. El voto se había recortado triste y maravillosamente, desde luego, pero la proporción de las mayorías democráticas cuando menos se había cuadruplicado». En 1896, la participación de la población negra en las elecciones fue casi nula.

En Alabama, donde los demócratas estuvieron a punto de perder el Gobierno a manos de un populista en 1892, «implantaron restricciones al sufragio para eludir tales dificultades».[83] Después de que la asamblea legislativa estatal aprobara una ley que suprimía el sufragio negro, se dice que el gobernador Thomas Jones afirmó: «Traedme esa ley rápido, para que la firme cuanto antes, no vaya a ser que se me paralicen la mano o el brazo, porque borra del mapa para siempre a los [populistas] […] y a todos los negros».[84] La historia se repitió en Arkansas, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi, Carolina del Norte, Texas y Virginia.

Estas medidas «reformistas» liquidaron a todos los efectos la democracia en el Sur de Estados Unidos. Aunque los afroamericanos constituían una mayoría o una casi mayoría de la población en muchos estados, e incluso a pesar de que el sufragio negro quedaba consagrado en la Constitución, se aplicaron medidas «legales» o aparentemente neutrales para «garantizar que el electorado sureño […] fuera en su mayoría blanco».[85] La participación negra en el Sur se desplomó del 61 por ciento en 1880 a sólo el 2 por ciento en 1912.[86] La privación del derecho al voto de los afroamericanos eliminó del panorama al Partido Republicano y bloqueó la supremacía blanca y el gobierno unipartidista durante casi un siglo. Tal como observó un negro sureño: «Todo el Sur, todos los estados sureños, están en manos de los mismos hombres que nos tenían esclavizados».[87]

Capturando a los árbitros, comprando o debilitando a los opositores y reescribiendo las reglas del juego, los dirigentes electos pueden establecer una ventaja decisiva (y permanente) frente a sus adversarios. Y dado que estas medidas se llevan a cabo de manera paulatina y bajo una aparente legalidad, la deriva hacia el autoritarismo no siempre hace saltar las alarmas. La ciudadanía suele tardar en darse cuenta de que la democracia está siendo desmantelada, aunque ello suceda a ojos vistas.

Una de las grandes ironías de por qué mueren las democracias es que la defensa en sí de la democracia suele esgrimirse como pretexto para su subversión. Los autócratas en potencia suelen usar las crisis económicas, los desastres naturales y, sobre todo, las amenazas a la seguridad (sean guerras, insurgencias armadas o atentados terroristas) para justificar la adopción de medidas antidemocráticas. En 1969, tras imponerse en la reelección para su segundo y último mandato, el presidente filipino Ferdinand Marcos empezó a plantearse cómo usar una situación de emergencia para mantener más tiempo en su cargo.[88] Marcos no quería apartarse cuando concluyera su segundo mandato en 1973, tal como dictaba la Constitución, de manera que urdió planes para declarar la ley marcial y reescribir la carta magna. Pero necesitaba una justificación, y se le presentó una oportunidad en julio de 1972, cuando una serie de misteriosos estallidos de bombas sacudieron Manila. Tras el aparente intento de asesinato del ministro de Defensa Juan Ponce Enrile, Marcos, culpando de éste a terroristas comunistas, ejecutó su plan. Anunció la ley marcial en la televisión nacional, insistiendo en tono agorero: «Compatriotas […] esto no es un golpe militar». Defendió que «un Gobierno democrático no es un Gobierno indefenso» y que la Constitución, la misma que estaba suspendiendo, «proporcionaba sabiamente los medios de protección» para enfrentarse a un peligro como una insurrección.[89] Con aquel movimiento, Marcos se instaló cómodamente en el Gobierno durante los siguientes catorce años. Las crisis son difíciles de predecir, pero sus consecuencias políticas no. Propician la concentración y, con mucha frecuencia, el abuso del poder. Las guerras y los atentados terroristas producen un efecto de «unirse bajo la bandera»[90] como parte del cual aumenta el apoyo al Gobierno (a menudo de manera espectacular); en la estela del 11 de Septiembre, el índice de aprobación del presidente Bush se disparó de un 53 a un 90 por ciento, la cifra más elevada registrada jamás por un sondeo Gallup.[91] (El récord previo, un 89 por ciento, lo había obtenido el padre de Bush, George H. W. Bush, tras la Primera Guerra del Golfo de 1991.) Y dado que pocos políticos se atreven a enfrentarse a un presidente con un 90 por ciento de apoyo en medio de una crisis de seguridad nacional, esos presidentes prácticamente no se someten a control alguno. La Ley USA PATRIOT, firmada por George W. Bush en octubre de 2001, no se habría aprobado nunca si un mes antes no se hubieran producido los atentados del 11-S.

También es más probable que la ciudadanía tolere (e incluso respalde) medidas autoritarias durante las crisis de seguridad, sobre todo cuando temen por su propia protección.[92] En la estela de los atentados del 11-S,[93] el 55 por ciento de los estadounidenses encuestados afirmaron que consideraban necesario renunciar a ciertas libertades civiles para frenar el terrorismo, frente al 29 por ciento de 1997.[94] En la misma línea, la confinación en campos de internamiento de los estadounidenses japoneses ordenada por Roosevelt habría sido inconcebible sin el temor público generado por el ataque a Pearl Harbor. Después de Pearl Harbor, más del 60 por ciento de los estadounidenses encuestados apoyaban expulsar a los estadounidenses japoneses del país y, un año después, el internamiento de este segmento de la población seguía contando con un respaldo público considerable.[95]

La mayoría de las constituciones contemplan la ampliación del poder durante las situaciones de excepcionalidad.[96] A resultas de ello, incluso los presidentes elegidos de manera democrática pueden concentrar fácilmente el poder y amenazar las libertades civiles durante la guerra. En manos de un dictador en potencia, este poder concentrado deviene mucho más peligroso. Para un demagogo que se siente asediado por las críticas y cautivo de las instituciones democráticas, las crisis abren una ventana de oportunidad para silenciar a la crítica y debilitar a sus rivales. De hecho, los autócratas electos a menudo «necesitan» crisis, puesto que las amenazas externas les brindan la posibilidad de zafarse de sus «cadenas» de manera rápida y, muy a menudo, «legal».

La combinación de un autócrata en potencia y una grave crisis puede, por ende, ser letal para la democracia. Algunos dirigentes acceden al cargo teniendo que afrontar crisis. Por ejemplo, Fujimori asumió la presidencia en medio de una situación de hiperinflación y con una insurgencia guerrillera creciente, de manera que cuando en 1992 justificó su golpe de Estado presidencial como un mal necesario, muchos peruanos le dieron la razón. El índice de aprobación de Fujimori ascendió meteóricamente a un 81 por ciento tras el golpe de Estado.[97]

Otros dirigentes se inventan las crisis. Bajo la declaración de la ley marcial de Ferdinand Marcos en 1972 subyacía una historia de fondo: su «crisis» era en gran medida una invención. Plenamente consciente de que necesitaba justificar su plan para esquivar el límite de dos mandatos presidenciales que establecía la Constitución, Marcos decidió fabricar una «amenaza comunista».[98] Frente a apenas una docena de insurgentes verdaderos,[99] el presidente Marcos fomentó la histeria pública para justificar un estado de excepción.[100] Marcos quería declarar la ley marcial desde 1971, pero para vender su plan necesitaba un acto de violencia (un atentado terrorista) que desatara un temor generalizado.[101] Y éste se produciría un año más tarde, con los bombardeos de Manila, que, en opinión de los agentes de inteligencia de Estados Unidos, fueron obra de las fuerzas gubernamentales,[102] y con el intento de asesinato del ministro de Defensa, Enrile, que, tal como él mismo admitió posteriormente, fue «una farsa». De hecho, Enrile aseguró que «ni siquiera se encontraba cerca del lugar» donde supuestamente se produjo el supuesto atentado.[103]

Sean o no reales las crisis, los autócratas en potencia están dispuestos a aprovecharlas con el fin de justificar sus golpes de Estado o tomas de poder. Quizá el caso más célebre sea la respuesta de Adolf Hitler al incendio del Reichstag del 27 de febrero de 1933, justo un mes después de haber jurado el cargo de canciller. El debate sobre si fue un joven holandés con inclinaciones comunistas quien provocó el incendio en el edificio del Parlamento de Berlín o si lo ocasionaron las propias autoridades nazis sigue siendo tema de discusión entre historiadores.[104] Sea cual sea la realidad, Hitler, Hermann Göring y Joseph Goebbels llegaron al Reichstag en llamas y aprovecharon sin titubear tal suceso para justificar la aprobación de decretos de emergencia que desmantelaban las libertades civiles. Ello, en combinación con la Ley Habilitante del mes posterior, destruyó a la oposición y consolidó el poder nazi hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

Una crisis de seguridad también facilitó el giro autoritario de Vladímir Putin. En septiembre de 1999, poco después de que Putin fuera designado primer ministro, una serie de atentados con bomba en Moscú y otras ciudades, presuntamente perpetrados por terroristas chechenos, se cobraron cerca de trescientas víctimas mortales. Putin reaccionó desencadenando una guerra en Chechenia y adoptando medidas enérgicas a gran escala. Como en el caso de la Alemania nazi, existe cierto debate en torno a si aquellos atentados los cometieron terroristas chechenos o el servicio de inteligencia del propio Gobierno ruso.[105] Lo que sí está claro, en cambio, es que la popularidad política de Putin recibió un fuerte impulso con los atentados.[106] La población rusa cerró filas tras Putin y toleró, cuando no apoyó, los ataques contra la oposición en los meses y años subsiguientes.[107]

En el pasado más reciente, el Gobierno de Erdogan en Turquía utilizó una crisis de seguridad para afianzarse en el poder. Después de que el AKP perdiera la mayoría parlamentaria en junio de 2015, una serie de atentados terroristas perpetrados por el ISIS permitieron a Erdogan usar el efecto de unirse bajo la bandera para convocar elecciones anticipadas y recuperar el control del Parlamento al cabo de sólo cinco meses.[108] Pero el golpe de Estado fallido de julio de 2016 tuvo consecuencias aún mayores y proporcionó a Erdogan un argumento para adoptar medidas enérgicas de amplio alcance. Erdogan respondió al golpe declarando un estado de excepción y lanzando una oleada masiva de represión que incluyó la purga de unos cien mil funcionarios públicos, la clausura de varios diarios y más de cincuenta mil arrestos, incluidos los de centenares de jueces y abogados, 144 periodistas e incluso dos miembros del Tribunal Constitucional.[109] Asimismo, Erdogan utilizó el intento de golpe de Estado como una oportunidad única para acaparar nuevos poderes ejecutivos. La toma de poder culminó con la aprobación en abril de 2017 de una enmienda constitucional que demolía los mecanismos de control de la autoridad presidencial.[110]

Para los demagogos acorralados por los límites constitucionales, una crisis representa una oportunidad de empezar a desmantelar los mecanismos de control incómodos y, en ocasiones, amenazantes inherentes a la política democrática. Las crisis permiten a los autócratas ampliar su margen de maniobra y protegerse de sus supuestos enemigos. Sin embargo, la pregunta que cabe formularse es: ¿realmente es tan fácil borrar del mapa las instituciones democráticas?

5
LOS GUARDARRAÍLES DE LA DEMOCRACIA

Durante generaciones, los estadounidenses han albergado una fe enorme en su Constitución, considerada el pilar de la creencia en que Estados Unidos era una nación elegida, guiada de manera providencial, y un faro de esperanza y posibilidades para el mundo.[1] Si bien esta perspectiva global puede estar desvaneciéndose, la confianza en la Constitución sigue siendo generalizada. Una encuesta de 1999 reveló que el 85 por ciento de los estadounidenses creían que la Constitución era el motivo principal por el que «Estados Unidos había sido una nación próspera en el pasado siglo».[2] De hecho, el sistema constitucional de mecanismos de control y equilibrio estadounidense se concibió para evitar que los dirigentes políticos concentraran e hicieran un uso abusivo del poder y, durante gran parte de la historia del país, así ha ocurrido. El Tribunal Supremo de la nación revirtió la concentración de poder en manos del presidente Abraham Lincoln durante la guerra de Secesión una vez concluido el conflicto. Las escuchas ilegales del presidente Richard Nixon, reveladas después de 1972 por las filtraciones del escándalo Watergate, desencadenaron una exhaustiva investigación en el Congreso y la presión ejercida por ambos partidos para que se designara un fiscal especial acabaron forzando la dimisión de Nixon ante una destitución certera. En estos y otros casos, las instituciones políticas norteamericanas sirvieron como baluartes cruciales frente a las tendencias autoritarias.

Pero ¿son las salvaguardas constitucionales, por sí solas, suficientes para proteger una democracia? Creemos que la respuesta es negativa. Incluso las constituciones mejor redactadas presentan defectos. La Constitución alemana de Weimar de 1919 fue redactada por algunas de las mentes legales más preclaras del país. Muchos consideraban que su antiguo y respetado Rechtsstaat (imperio de la ley) bastaba para evitar que el Gobierno cometiera abusos. Pero tanto la Constitución como el Rechtsstaat se desmoronaron rápidamente frente a la usurpación del poder perpetrada por Adolf Hitler en 1933.[3]

O piénsese en la experiencia de la Latinoamérica poscolonial. Muchas de las repúblicas recién independizadas tomaron como modelo directo a Estados Unidos y adoptaron el presidencialismo, las legislaturas bicamerales, las cortes supremas y, en ocasiones, los colegios electorales y sistemas federales al estilo de su vecino del norte. En algunas de ellas se redactaron constituciones que prácticamente son réplicas de la estadounidense.[4] Y, pese a ello, la mayoría de las repúblicas embriónicas de la región cayeron en guerras civiles y dictaduras. Por ejemplo, la Constitución argentina de 1853 se parecía mucho a la estadounidense:[5] dos tercios de su texto eran calcos de ésta.[6] Pero tales acuerdos constitucionales no sirvieron para evitar unas elecciones fraudulentas a finales del siglo XIX, los golpes militares de 1930 y 1943 y la autocracia populista de Perón.

En la misma línea, la Constitución filipina de 1935 se ha descrito como «una copia fiel de la Constitución de Estados Unidos». Esbozada bajo el tutelaje colonial de Estados Unidos y aprobada por el Congreso estadounidense, la carta magna «era un ejemplo de manual de una democracia liberal»,[7] con separación de poderes, declaración de derechos y un límite de dos mandatos en la presidencia. Pero el presidente Ferdinand Marcos, reacio a abandonar el cargo cuando concluyera su segundo mandato, acabó con ella sin remilgos declarando la ley marcial en 1972.

Si las leyes constitucionales bastaran, entonces figuras como Perón, Marcos o el brasileño Getúlio Vargas, todos los cuales ascendieron a la presidencia en países con constituciones cortadas por el patrón de la estadounidense y que, sobre el papel, contenían un despliegue impresionante de mecanismos de control y equilibrio, habrían sido presidentes durante uno o dos mandatos, en lugar de autócratas de infausta fama.

Ni siquiera las constituciones bien diseñadas pueden, por sí solas, garantizar la democracia. Para empezar, toda Constitución es incompleta. Como cualquier otro conjunto de leyes o normas, las cartas magnas cuentan con incontables lagunas y ambigüedades. Ningún manual de instrucciones, por detallado que sea, anticipa todas las contingencias posibles o prescribe cómo comportarse en todas las circunstancias.

Además, las leyes constitucionales están sujetas a interpretaciones que pueden entrar en conflicto. ¿Qué significa exactamente «consejo y aprobación» con respecto a la función del Senado de Estados Unidos de designar a los letrados del Tribunal Supremo? ¿Qué tipo de umbral para la destitución establece la expresión «delitos y faltas»? Los estadounidenses llevan siglos debatiendo éstas y otras cuestiones constitucionales. Si los poderes constitucionales están abiertos a múltiples lecturas, pueden usarse de modos que sus creadores no previeron.

Por último, las palabras recogidas en una Constitución pueden seguirse al pie de la letra de modos que socavan el propio espíritu de la ley. Una de las formas más perturbadoras de protesta obrera que existe es la «huelga de celo», consistente en que los trabajadores hacen exactamente lo que estipulan sus contratos o descripciones de empleo y nada más que eso. En otras palabras, acatan las leyes al pie de la letra. Y de forma casi invariable, las empresas dejan de funcionar.

Debido a las lagunas legales y otras ambigüedades inherentes a todos los sistemas legales, no es posible confiar en que las constituciones sirvan, por sí solas, para salvaguardar la democracia frente a posibles autócratas. «Dios nunca ha dotado a ningún estadista o filósofo, o conjunto de ellos, de sabiduría suficiente para armar un sistema gubernamental intachable», escribió el expresidente de Estados Unidos Benjamin Harrison.[8]

Y eso incluye el sistema político estadounidense. A decir de muchos, la Constitución de Estados Unidos es un documento brillante. Ahora bien, la Constitución original, con una extensión de sólo cuatro páginas, puede estar sujeta a múltiples interpretaciones, que pueden llegar a ser incluso contradictorias.[9] Por ejemplo, contempla pocas salvaguardas constitucionales frente a llenar de personas afines organismos nominalmente independientes (como el FBI).[10] Según los expertos en derecho constitucional Aziz Huq y Tom Ginsburg, sólo el «delgado velo de la convención»[11] impide a los presidentes estadounidenses apropiarse de los árbitros y desplegarlos en contra de la oposición. En la misma línea, la Constitución apenas recoge nada acerca de la autoridad del presidente para actuar de manera unilateral, sea mediante decretos u órdenes ejecutivas, y no establece los límites del poder ejecutivo durante las situaciones de excepcionalidad.[12] Ello llevó a Huq y Ginsburg a advertir recientemente que «en manos de un dirigente verdaderamente antidemocrático, las salvaguardas constitucionales y legales de la democracia [estadounidense] […] resultarían bastante fáciles de manipular».[13]

Si la Constitución redactada en Filadelfia en 1787 no es lo que ha sostenido la democracia estadounidense durante tanto tiempo, entonces ¿qué lo ha hecho? Son muchos los factores relevantes, incluida la inmensa riqueza del país, su extensa clase media y una sociedad civil activa. Ahora bien, creemos que, en gran medida, la respuesta cabe buscarla también en el desarrollo de sólidas normas democráticas. Todas las democracias de éxito dependen de reglas informales que, pese a no figurar en la Constitución ni en la legislación, son ampliamente conocidas y respetadas.[14] En el caso de la democracia de Estados Unidos, esto ha sido un factor fundamental.

Como ocurre en todos los demás ámbitos de la sociedad, desde la vida familiar hasta el funcionamiento de las empresas y las universidades, en política las reglas no escritas tienen una gran relevancia.[15] Para entender cómo funcionan, pensemos en el ejemplo de un partido informal de baloncesto. El básquet callejero no se rige por las reglas establecidas por la NBA, la NCAA ni ninguna otra liga. Y, además, no hay árbitros que velen por el cumplimiento del reglamento. Sólo la conciencia compartida de lo que es y no es aceptable evita que tales encuentros acaben derivando en un caos. Cualquiera que haya jugado alguna vez un partido a una canasta conoce las reglas no escritas. He aquí las más básicas:

Las canastas valen un punto (no dos, como en los partidos normales) y el equipo ganador debe ganar al menos por dos puntos.

El equipo que encesta conserva la pelota («pelota dentro, pelota en mano»), la lleva al borde del área y, para asegurarse de que el equipo que defiende está listo, lo «comprueba» pasándosela al jugador rival más próximo.

El jugador que saca la pelota no puede lanzarla al aro, sino que debe pasársela a otro jugador.

Los jugadores cantan sus propias faltas, pero con contención; sólo las jugadas sucias flagrantes se consideran faltas legítimas («sin sangre no hay falta»). Ahora bien, cuando se canta una falta, se respeta.

Por descontado, la democracia no es un partido de baloncesto callejero. Las democracias cuentan efectivamente con reglas escritas (constituciones) y con árbitros (los tribunales). Pero éstos funcionan mejor y sobreviven durante más tiempo en los países donde las constituciones escritas están apuntaladas por reglas no escritas del juego.[16] Dichas reglas o normas sirven como guardarraíles de la democracia e impiden que la pugna política cotidiana desemboque en un conflicto donde todo vale.

Las normas son más que disposiciones personales. No depende simplemente del buen talante de los dirigentes políticos, sino que son más bien códigos de conducta compartidos que pasan a formar parte del dominio público en el seno de una comunidad o una sociedad concreta, en el sentido de que son aceptados, respetados y acatados por sus integrantes. Al no estar escritas, no resultan fáciles de ver, sobre todo cuando funcionan bien. Ello puede engañarnos e inducirnos a creer que son innecesarias. Nada más lejos de la realidad. Como el oxígeno o el agua limpia, la importancia de una norma resulta evidente en cuanto ésta desaparece. Cuando las normas son sólidas, infringirlas desencadena expresiones de desaprobación que van desde una sacudida de cabeza o una burla hasta una crítica pública y un ataque de indignación. Y los políticos que las quebrantan tienen que prepararse para pagar un precio por ello.

La política estadounidense está plagada de reglas no escritas, que van desde el funcionamiento del Senado y el Colegio Electoral hasta el formato de las ruedas de prensa presidenciales.[17] Ahora bien, dos reglas sobresalen por ser fundamentales en una democracia que funciona: la tolerancia mutua y la contención institucional.

La tolerancia mutua alude a la idea de que, siempre que nuestros adversarios acaten las reglas constitucionales, aceptamos que tienen el mismo derecho a existir, competir por el poder y gobernar que nosotros. Podemos estar en desacuerdo con ellos, e incluso sentir un profundo desprecio por ellos, pero los aceptamos como contrincantes legítimos. Ello implica reconocer que nuestros rivales políticos son ciudadanos decentes, patrióticos y que cumplen la ley, que aman el país y respetan la Constitución tanto como nosotros mismos. Significa que, aunque creamos que sus ideas son ilusas o erróneas, no los concebimos como una amenaza existencial, ni nos dedicamos a tratarlos como personas traidoras, subversivas o al margen de la sociedad. Podemos verter lágrimas la noche electoral si vence el bando contrario, pero no consideramos su victoria un acontecimiento apocalíptico. Dicho con otras palabras, la tolerancia mutua es la disposición colectiva de los políticos a acordar no estar de acuerdo.

Por muy de sentido común que pueda sonar esta idea, la creencia en que nuestros contrincantes políticos no son enemigos es una invención destacable y sofisticada.[18] A lo largo de la historia, quienes estaban en el bando opuesto al poder eran tenidos por traidores; es más, la idea de unos partidos de la oposición legítimos seguía considerándose prácticamente una herejía cuando se fundó Estados Unidos. Ambos bandos de las pugnas partidistas estadounidenses, los federalistas de John Adams y los republicanos de Thomas Jefferson, consideraban al otro una amenaza para la república. Los federalistas se tenían por la personificación misma de la Constitución; desde su perspectiva, no era posible oponerse a ellos sin oponerse al conjunto del proyecto de Estados Unidos.[19] De manera que, cuando Jefferson y Madison organizaron lo que se convertiría en el Partido Republicano, los federalistas los contemplaban como a traidores e incluso recelaban que albergaran lealtades hacia la Francia revolucionaria, con la que Estados Unidos estaba prácticamente en guerra. Los partidarios de Jefferson, por su parte, acusaban a los federalistas de ser conservadores y de estar urdiendo una restauración monárquica respaldada por los británicos.[20] Cada bando anhelaba derrotar al contrario y adoptaba pasos (como la Ley de Extranjería y Sedición de 1798) para castigar legalmente la mera oposición política.[21] El conflicto partidista era tan encarnizado que muchos temían que la nueva república fracasara. Sin embargo, de manera gradual, en el transcurso de varias décadas, los partidos rivales de Estados Unidos llegaron a la dura constatación de que podían ser contrincantes en lugar de enemigos y alternarse el poder en lugar de dedicarse a destruirse mutuamente.[22] Y tal reconocimiento fue uno de los pilares básicos sobre los que se construyó la democracia estadounidense.

Ahora bien, la tolerancia mutua no es inherente a todas las democracias. Cuando España vivió su primera transición democrática auténtica, en 1931, por ejemplo, se albergaban muchas esperanzas. El nuevo Gobierno republicano, de ala izquierdista y encabezado por el presidente Manuel Azaña, estaba comprometido con implantar una democracia parlamentaria,[23] pero hacía frente a una sociedad muy polarizada, que englobaba desde anarquistas y marxistas por la izquierda hasta monárquicos y fascistas por la derecha. Los bandos opuestos no se consideraban meros rivales políticos, sino enemigos mortales. Por un lado, los católicos y monárquicos, de derechas, quienes contemplaban horrorizados cómo se desmantelaban las instituciones sociales a su parecer más valiosas: la Iglesia, el Ejército y la monarquía, no otorgaban legitimidad a la nueva República y consideraban, en palabras de un historiador, que estaban enzarzados en una batalla contra «agentes forasteros bolchevizadores».[24] El malestar en el mundo rural y cientos de incendios premeditados de iglesias, conventos y otras instituciones católicas llevaron a los conservadores a sentirse asediados y presas de una furia conspiratoria. Las autoridades religiosas advirtieron en tono aciago: «Hemos entrado en el vórtice. […] Tenemos que estar preparados para todo».[25]

Por otro lado, muchos socialistas y otros republicanos de izquierdas consideraban a personas de derechas como José María Gil-Robles, líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), católica y conservadora, contrarrevolucionarios fascistas o monárquicos.[26] En el mejor de los casos, muchas personas de izquierdas contemplaban a la bien organizada CEDA como un mero frente integrado por los monárquicos ultraconservadores que tramaban un derrocamiento violento de la República. Y aunque en teoría la CEDA estaba dispuesta a jugar según las reglas democráticas, compitiendo en unas elecciones, sus líderes rehusaban comprometerse incondicionalmente con el nuevo régimen.[27] De manera que continuaron existiendo fuertes recelos. En suma, ni los republicanos de izquierdas ni los católicos y monárquicos de derechas se aceptaban mutuamente como rivales legítimos.

Cuando las normas de la tolerancia mutua zozobran resulta difícil sostener la democracia. Si contemplamos a nuestros adversarios como una amenaza peligrosa, tenemos mucho que temer si resultan elegidos. Podemos decidir emplear todos los medios a nuestro alcance para derrotarlos, y es ahí donde hallamos una justificación para adoptar medidas autoritarias: puede encarcelarse a políticos que se etiquetan como delincuentes o subversivos y pueden destituirse Gobiernos que supuestamente representan una amenaza para la nación.

En ausencia de unas normas sólidas de tolerancia mutua, la República española no tardó en desmoronarse. La nueva República quedó sumida en una crisis después de que la derechista CEDA ganara las elecciones de 1933 y se convirtiera en la bancada más importante del Parlamento. La coalición republicana gobernante de centroizquierda se derrumbó y fue reemplazada por un Gobierno centrista en minoría del cual quedaron excluidos los socialistas. Puesto que muchos socialistas y republicanos de izquierdas consideraban al Gobierno de centroizquierda original (1931-1933) la encarnación de la República, contemplaron los esfuerzos por revocar o alterar sus políticas como esencialmente «desleales» hacia ésta.[28] Y cuando la CEDA, que contaba con juventudes de tendencias fascistas entre sus filas, entró a formar parte del Gobierno un año más tarde, muchos republicanos vieron en aquel movimiento una profunda amenaza.[29] El partido de izquierdas liderado por Manuel Azaña hizo público en una nota:

Izquierda Republicana declara que el hecho monstruoso de entregar el Gobierno de la República a sus enemigos es una traición, rompe toda solidaridad con las instituciones del régimen y afirma su decisión de acudir a todos los medios en defensa de la República.[30]

Frente a lo que contemplaban como un descenso en el fascismo, izquierdistas y anarquistas se rebelaron en Cataluña y Asturias, donde convocaron una huelga general y constituyeron un Gobierno paralelo. El Gobierno de derechas reprimió brutalmente el alzamiento.[31] A continuación, intentó vincular a él a toda la oposición republicana e incluso llegó a encarcelar al expresidente Azaña (que no participó en el levantamiento).[32] El país se hundió en un conflicto cada vez más violento en el que los enfrentamientos en las calles, los bombardeos, los incendios de iglesias, los asesinatos políticos y las conspiraciones para dar un golpe de Estado sustituyeron a la competencia política. En 1936, la incipiente democracia española había degenerado en una guerra civil.

Prácticamente en todos los casos de quiebra democrática que hemos estudiado, los dictadores en potencia, desde Franco, Hitler y Mussolini en la Europa de entreguerras hasta Marcos, Castro y Pinochet durante la Guerra Fría o Putin, Chávez y Erdogan en el pasado más reciente, han justificado su consolidación en el poder etiquetando a sus adversarios de amenaza existencial.

Una segunda norma crítica para la supervivencia de la democracia es lo que hemos venido en llamar «contención institucional».[33] «Contención» significa «autocontrol paciente, templanza y tolerancia» o «la acción de refrenarse de ejercer un derecho legal». Para los fines que nos ocupan, podemos concebir la contención institucional como el evitar realizar acciones que, si bien respetan la ley escrita, vulneran a todas luces su espíritu. En los lugares en los que las normas de contención son sólidas, los políticos no usan sus prerrogativas institucionales hasta la saciedad,[34] ni siquiera aunque sea técnicamente legal hacerlo, puesto que tales acciones podrían poner en peligro el sistema existente.

La contención institucional entronca con una tradición más antigua que la propia democracia. En los tiempos en los que los reyes reinaban por mandato divino y en los que la bendición religiosa era la base de la autoridad monárquica, ninguna limitación mortal restringía el poder de los monarcas.[35] Aun así, muchos monarcas predemocráticos europeos actuaron con contención. Al fin y al cabo, ser «piadoso» exigía sabiduría y autodominio.[36] Cuando una figura como el rey Ricardo II de Inglaterra, retratado como un tirano en una de las obras históricas más famosas de Shakespeare, abusa de sus derechos reales para expropiar y saquear, sus infracciones no son ilegales; simplemente quebrantan las tradiciones, y tales transgresiones tienen gravísimas repercusiones, pues desencadenan una sangrienta guerra civil. Tal como el personaje de Shakespeare, Carlisle, advierte a sus compatriotas en la obra, abandonando toda contención «la sangre de los ingleses abonará la tierra, y las edades futuras gemirán por este acto vil».[37]

Del mismo modo que las monarquías por derecho divino exigían contención, también lo hacen las democracias. Piénsese en la democracia como un juego al que todos queremos seguir jugando indefinidamente. Para garantizar futuras partidas, los jugadores deben refrenarse tanto de incapacitar al otro equipo como de enfrentarse a éste en tal medida que el rival se niegue a volver a jugar mañana. Si los adversarios de uno abandonan, no habrá más partidas. Y eso implica que, aunque las personas juegan para ganar, deben hacerlo con cierto grado de contención. Si en un partido de baloncesto en la calle jugamos de manera agresiva, debemos procurar no hacer demasiadas jugadas sucias y sólo cantar falta cuando es clamorosa. Al fin y al cabo, uno se presenta en el parque para jugar al baloncesto, no para luchar. En política, esto suele conllevar renunciar a los trucos sucios y a las tácticas brutales en el nombre del civismo y el juego limpio.

¿Qué aspecto presenta la contención institucional en las democracias? Pensemos en la formación de los gobiernos en Gran Bretaña. Keith Whittington, escritor y experto en derecho constitucional, nos recuerda que la elección del primer ministro británico es «un asunto de prerrogativa real. Formalmente, la Corona podría escoger a cualquiera para que ocupara tal cargo y formara Gobierno».[38] En la práctica, el primer ministro es un miembro del Parlamento capaz de conseguir una mayoría en la Cámara de los Comunes; normalmente suele ser el cabeza del partido con mayor representación parlamentaria. En la actualidad damos por sentado este sistema, pero durante siglos la Corona lo acató de manera voluntaria. Y a día de hoy sigue sin haber una norma constitucional por escrito relativa a este asunto.

O pongamos por ejemplo los límites a los mandatos presidenciales. Durante gran parte de la historia de Estados Unidos, el límite de dos mandatos no era una ley, sino una norma de contención.[39] Antes de ratificarse la Vigesimosegunda Enmienda en 1951, la Constitución no dictaba que los presidentes tuvieran que abandonar el cargo tras dos mandatos, pero la retirada de George Washington tras cumplir su doble presidencia en 1797 asentó un potente precedente. Tal como observó Thomas Jefferson, el primer presidente en funciones que acató esta norma:

Si la Constitución o la práctica no impusieran una fecha de caducidad a los servicios del presidente, cuyo mandato se prolonga durante cuatro años, éste se convertiría en un cargo de por vida. […] No seré yo la persona que, desatendiendo el racional precedente establecido por un ilustre predecesor, proporcione el primer ejemplo de postergación más allá de un segundo mandato.[40]

Y una vez establecido, este límite informal de dos mandatos demostró ser asombrosamente robusto. Incluso presidentes ambiciosos y populares como Jefferson, Andrew Jackson y Ulysses S. Grant se refrenaron de desafiarlo. Cuando algunas amistades de Grant lo alentaron a presentarse por tercera vez se armó un alboroto y la Cámara de Representantes aprobó una resolución que declaraba:

El precedente establecido por Washington y otros presidentes […] al retirarse del puesto tras su segundo mandato ha pasado a formar parte de nuestro sistema republicano. Cualquier distanciamiento de esta tradición consagrada sería poco inteligente, poco patriótico y representaría un peligro para la libertad de nuestras instituciones.[41]

En la misma línea, el Partido Demócrata se negó a nominar a Grover Cleveland para un tercer mandato no consecutivo en 1892, advirtiendo que tal candidatura infringiría una «ley no escrita».[42] Sólo la reelección de Franklin. D. Roosevelt en 1940 vulneró de manera clara esta norma, una vulneración que desencadenó la aprobación de la Vigesimosegunda Enmienda.[43]

Las normas de contención suelen revestir especial importancia en las democracias presidenciales.[44] Tal como argumentó Juan Linz, un Gobierno dividido puede derivar fácilmente en estancamiento, mal funcionamiento y crisis constitucionales.[45] Los presidentes sin restricciones pueden llenar de personas afines el Tribunal Supremo o sortear al Congreso gobernando mediante decretos. Y un Congreso sin restricciones puede bloquear todos los movimientos del presidente, amenazar con enviar al país al caos negándose a financiar al Gobierno o votar la destitución del presidente en base a premisas dudosas.

Lo contrario de la contención es explotar las prerrogativas institucionales que uno tiene asignadas de manera desenfrenada. El experto en derecho Mark Tushnet lo denomina «táctica dura constitucional», a saber: jugar según las normas pero intentando ensanchar sus límites y «jugar para ganar».[46] Se trata de una forma de combate institucional destinado a derrotar de manera permanente a los contendientes del partido propio, sin preocuparse por la continuidad del juego democrático.

Desde hace largo tiempo, los presidentes de Argentina han sido los maestros en la aplicación de tácticas duras constitucionales. En la década de 1940, el presidente Juan Perón utilizó su mayoría en el Congreso para destituir a tres de cinco letrados de la Corte Suprema sacando «el máximo provecho» a una cláusula constitucional vagamente definida que recogía la «malversación» como base para la destitución.[47] Casi medio siglo más tarde, el presidente Carlos Menem mostró una tendencia similar a forzar los límites. La Constitución argentina de 1853 era ambigua con respecto a la autoridad del presidente para emitir decretos.[48] Históricamente, los presidentes electos habían utilizado dicha autoridad con moderación, de tal modo que entre 1853 y 1989 sólo habían emitido veinticinco decretos. Menem dio al traste con tal restricción y promulgó 336 decretos en menos de un solo mandato presidencial.[49] La judicatura también puede desplegarse para llevar a cabo tácticas duras constitucionales. Después de que los partidos de la oposición se hicieran con el control del Congreso venezolano por una mayoría aplastante en las elecciones celebradas en diciembre de 2015, preveían usar la legislatura para supervisar el poder del autócrata presidente Nicolás Maduro. De ahí que el nuevo Congreso aprobara una ley de amnistía que dejaría en libertad a ciento veinte presos políticos y votara bloquear la declaración de Maduro de un estado de emergencia económica (que le garantizaba un amplio poder para gobernar por decreto).[50] Para repeler este desafío, Maduro acudió al Tribunal Supremo, repleto de personas leales a él. El tribunal chavista incapacitó efectivamente a la asamblea legislativa calificando de inconstitucionales prácticamente todas sus leyes, inclusive la ley de amnistía, los esfuerzos por revisar el presupuesto nacional y su rechazo del estado de excepción.[51] De acuerdo con el periódico colombiano El Tiempo, el tribunal pronunció sentencias contrarias al Congreso en veinticuatro ocasiones en seis meses, anulando «todas las leyes que éste había aprobado».[52]

Las asambleas legislativas también pueden excederse en sus prerrogativas constitucionales. Pensemos en la destitución en 2012 del presidente Fernando Lugo en Paraguay. Lugo, un antiguo sacerdote de izquierdas, fue elegido en 2008, elección que puso fin a los sesenta y un años de Gobierno del Partido Colorado. Lugo, una persona ajena al estamento político con pocos amigos en el Congreso, afrontó intentos de moción de censura durante toda su presidencia.[53] Dichos intentos se sucedieron en 2012, después de que la popularidad del presidente se hubiera erosionado y sus antiguos aliados liberales lo hubieran abandonado. El desencadenante fue un conflicto violento entre la policía y campesinos que ocuparon ilegalmente terrenos, el cual se saldó con la muerte de diecisiete personas. Aunque se habían dado episodios violentos similares con Gobiernos previos, la oposición utilizó aquel incidente para destituir a Lugo. El 21 de junio, sólo seis días después de los asesinatos, la Cámara de Diputados acordó destituir a Lugo por «pobre cumplimiento de sus deberes». Un día después, tras un juicio rápido en el que el presidente tuvo sólo dos horas para exponer su defensa, el Senado destituyó a Lugo de la presidencia.[54] Según un observador, el juicio fue «a todas luces una farsa. […] La destitución de Lugo ni siquiera merece el apelativo de “juicio espectáculo”».[55] No obstante, estrictamente hablando, fue legal.[56]

Algo similar sucedió en Ecuador en la década de 1990. El presidente Abdalá Bucaram era un populista que llegó a la presidencia atacando a la élite política ecuatoriana. Apodado el Loco, Bucaram prosperó a base de generar polémica y poniendo a prueba la capacidad de contención de sus opositores.[57] En sus primeros meses en el cargo, practicó un nepotismo flagrante, tildó al expresidente Rodrigo Borja de «burro» y distribuyó leche subsidiada con su propio nombre.[58] Pese a ser escandalosas, tales acciones no suponían desde luego infracciones que pudieran conllevar su destitución. Ello no fue óbice para que transcurridas apenas unas semanas desde la jura del cargo empezaran a plantearse intentos de destituir a Bucaram. Cuando quedó claro que la oposición carecía de los dos tercios de los votos necesarios para destituirlo, ésta encontró una alternativa discutible más constitucional: la Constitución ecuatoriana de 1979 contemplaba destituir a un presidente por mayoría legislativa simple alegando «incapacidad mental». Y eso fue lo que hizo el Congreso el 6 de febrero de 1997. En una vulneración flagrante del espíritu de la Constitución, votó destituir a Bucaram sin debatir siquiera si en efecto estaba mentalmente incapacitado.[59]

También Estados Unidos ha contado con su cuota de tácticas duras constitucionales. Tal como hemos señalado anteriormente, después de que la Decimocuarta y Decimoquinta Enmiendas establecieran formalmente el sufragio universal masculino, las asambleas legislativas controladas por los demócratas en el Sur idearon nuevos medios de denegar a los afroamericanos su derecho al voto. La mayoría de los nuevos impuestos de capitación y pruebas básicas de lectura y escritura se consideraban aceptables según la Constitución, por más que estuvieran claramente concebidos para ir en contra de su espíritu. Tal como declaró el legislador por el estado de Alabama Anthony D. Sayre al presentar tal legislación, su proyecto de ley «eliminaría a los negros de la política, y de un modo perfectamente legal».[60]

La tolerancia mutua y la contención institucional están íntimamente relacionadas. En ocasiones, se apuntalan mutuamente. Los políticos tienen más probabilidades de contenerse cuando se aceptan como rivales legítimos. Y los políticos que no contemplan a sus adversarios como elementos subversivos se sentirán menos tentados de recurrir a saltarse las normas para mantenerlos alejados del poder. Los actos de contención, como, por ejemplo, que un Senado controlado por el Partido Republicano apruebe a un juez para el Tribunal Supremo elegido por los demócratas, reforzarán la creencia de ambos partidos en que la otra parte es tolerable y fomentarán que se establezca un círculo virtuoso.

Pero también puede suceder lo contrario. La erosión de la tolerancia mutua puede motivar a los políticos a desplegar sus poderes institucionales en toda su amplitud. Cuando los partidos se contemplan como enemigos mortales, las apuestas de la competencia política se disparan de manera espectacular. Perder deja de ser una parte rutinaria y aceptada del proceso político y, en su lugar, se convierte en una catástrofe a gran escala. Cuando el coste percibido de perder es suficientemente elevado, los políticos se ven tentados de abandonar la contención. Y las acciones de táctica dura constitucional pueden, a su vez, socavar aún más la tolerancia mutua y reforzar la creencia de que los contrincantes representan una amenaza peligrosa.

El resultado es una política sin guardarraíles, lo que el politólogo Eric Nelson describe como un «ciclo de extremismo constitucional creciente».[61] ¿Qué aspecto presentan tales políticas? Nelson ofrece un ejemplo: el desmoronamiento de la monarquía de Carlos I en Inglaterra durante la década de 1640. Un conflicto religioso entre la Corona, la Iglesia de Inglaterra y los puritanos en el Parlamento condujo a acusaciones recíprocas de herejía y traición, así como a una ruptura de las normas que habían apuntalado la monarquía inglesa. La tradición constitucional de Inglaterra otorgaba al Parlamento el derecho exclusivo de recaudar los impuestos necesarios para financiar al Gobierno. Pero el Parlamento, que consideraba que Carlos tenía lazos peligrosos con el papado, se negó a financiar a la monarquía a menos que cumpliera un conjunto de exigencias de amplio alcance, incluidas entre ellas el desmantelamiento virtual de la Iglesia de Inglaterra. El Parlamento se mantuvo firme en su postura incluso después de la invasión de Inglaterra por parte de los escoceses, que planteó una necesidad imperiosa de ingresos para defender la nación. Carlos reaccionó a esta vulneración de las reglas transgrediéndolas por su parte: disolvió el Parlamento y reinó sin él durante once años. Tal como apunta Nelson, «Carlos no reivindicó en ningún momento el derecho a legislar sin el Parlamento». En lugar de ello, «simplemente reinó sin aprobar ninguna nueva ley». Finalmente, la necesidad de ingresos condujo a Carlos a sortear el monopolio sobre los tributos del Parlamento, con lo cual sólo consiguió que la indignación de la oposición fuera incluso más implacable cuando la cámara volvió a reunirse en 1640. Nelson concluye que: «La espiral de obstrucción legislativa y extralimitación del monarca continuó hasta que sólo podía resolverse mediante la guerra». La guerra civil que siguió desmanteló la monarquía y le costó la vida a Carlos.

Algunas de las quiebras democráticas más trágicas de la historia estuvieron precedidas por una degradación de las normas básicas. Encontramos un ejemplo en Chile. Antes del golpe de Estado de 1973, Chile era la democracia más antigua y consolidada de Latinoamérica, apuntalada por sólidas normas democráticas.[62] Aunque los partidos chilenos abarcaban desde la izquierda marxista hasta la derecha reaccionaria, una «cultura de compromiso» predominó durante gran parte del siglo XX.[63] En palabras de la periodista Pamela Constable y del politólogo chileno Arturo Valenzuela:

Las sólidas tradiciones respetuosas con la ley de Chile mantenían la competencia confinada a determinadas reglas y rituales, suavizando así la hostilidad entre clases y el conflicto ideológico. Se decía que no había discusión que no pudiera resolverse con una botella de cabernet chileno de por medio.[64]

Sin embargo, a principios de la década de 1960, la polarización de la Guerra Fría empezó a tensar la cultura del compromiso chilena.[65] Algunas personas de izquierdas, inspiradas por la revolución cubana, empezaron a rechazar la tradición del toma y daca político del país, calificándola de anacronismo burgués.[66] Muchas personas de la derecha comenzaron a temer que, si la coalición de izquierdas Unidad Popular accedía al poder, convertiría Chile en otra Cuba.[67] Cuando se celebraron los comicios presidenciales de 1970, dichas tensiones habían alcanzado niveles extremos. El candidato de Unidad Popular, Salvador Allende, se enfrentaba a lo que Radomiro Tomic, su rival democristiano, describía como «una campaña gigantesca de odio» en los medios de comunicación que «alimentaba de manera sistemática el temor» hacia la derecha.[68]

Allende ganó las elecciones y, pese a manifestar su compromiso con la democracia, la perspectiva de su presidencia generaba pánico entre los conservadores.[69] El partido de extrema derecha Patria y Libertad exigió que se mantuviera a Allende fuera del poder por todos los medios necesarios,[70] y el Partido Nacional, un partido de derechas financiado por la CIA, adoptó una serie de tácticas duras antes siquiera de que hubiera jurado el cargo. La Constitución chilena estipulaba que, si ningún candidato presidencial se imponía con un mínimo del 50 por ciento de los votos, las elecciones se decidirían en el Congreso; Allende había ganado con sólo un 36 por ciento. Y aunque las normas establecidas dictaminaban que el Congreso elegía al candidato que hubiera quedado en primer lugar, ninguna regla exigía tal acción. Abandonando toda contención, el Partido Nacional intentó convencer a los democristianos de votar a su candidato, Jorge Alessandri, que había quedado en segunda posición por un margen muy estrecho.[71] Los democristianos se negaron, pero, a cambio de su voto, forzaron a Allende a firmar un Estatuto de Garantías constitucionales que exigía al presidente respetar las elecciones libres y las libertades civiles, como la libertad de prensa.[72] Se trataba de una demanda razonable, pero, tal como observó Arturo Valenzuela, «representaba una ruptura del entendimiento mutuo» entre dirigentes «para quienes el respeto de las reglas del juego hasta entonces había sido implícito».[73]

Durante la presidencia de Allende se vivió una erosión continuada de las normas democráticas. Carente de una mayoría legislativa,[74] su Gobierno fue incapaz de implementar plenamente su programa socialista, de manera que Allende aprovechó sus poderes presidenciales y amenazó con aprobar leyes mediante referendos nacionales si el Congreso las bloqueaba y con usar las «lagunas legales»[75] para llevar a cabo su programa al margen de la asamblea legislativa. La oposición respondió con la misma moneda. En un discurso pronunciado durante una reunión social en el segundo mes de la presidencia de Allende, el senador de derechas Raúl Morales trazó lo que denominó una estrategia de «jaque mate institucional».[76] Aunque la oposición carecía de los dos tercios de votos necesarios en el Senado para destituir a Allende, una mayoría en la cámara sí podía destituir a los ministros mediante mociones de censura. En los libros desde 1833, la moción de censura estaba concebida para usarse exclusivamente en circunstancias excepcionales y apenas se había empleado antes de 1970. Sin embargo, en aquel momento serviría como arma.[77] En enero de 1972, el Senado destituyó al ministro del Interior, José Tohá, estrecho aliado de Allende. Allende respondió designando a Tohá ministro de Defensa.[78]

La hostilidad entre partidos se intensificó en el transcurso de la presidencia de Allende. Sus aliados de izquierdas empezaron a describir a los opositores como fascistas y «enemigos del pueblo», mientras que la derecha calificaba al Gobierno de totalitario.[79] La creciente intolerancia mutua socavó los esfuerzos de Allende y los democristianos de negociar cualquier tipo de modus vivendi: mientras los aliados radicales de Allende consideraban que tales negociaciones representaban «abrir la puerta al fascismo»,[80] los grupos de derechas criticaban a los democristianos por no oponer resistencia a la amenaza comunista. Para aprobar leyes, el Gobierno necesitaba el apoyo de los democristianos, quienes a principios de 1973 habían decidido ya, en palabras del líder del partido, Patricio Aylwin, «no permitir a Allende marcar ni un solo gol».[81]

La polarización puede despedazar las normas democráticas. Cuando las diferencias socioeconómicas, raciales o religiosas dan lugar a un partidismo extremo, en el que las sociedades se clasifican por bandos políticos cuyas concepciones del mundo no sólo son diferentes, sino, además, mutuamente excluyentes, la tolerancia resulta más difícil de sostener. Que exista cierta polarización es sano, incluso necesario, para la democracia. Y de hecho, la experiencia histórica de las democracias en la Europa occidental nos demuestra que las normas pueden mantenerse incluso aunque existan diferencias ideológicas considerables entre partidos. Sin embargo, cuando la división social es tan honda que los partidos se asimilan a concepciones del mundo incompatibles, y sobre todo cuando sus componentes están tan segregados socialmente que rara vez interactúan, las rivalidades partidistas estables acaban por ceder paso a percepciones de amenaza mutua. Y conforme la tolerancia mutua desaparece, los políticos se sienten más tentados de abandonar la contención e intentar ganar a toda costa. Ello puede alentar el auge de grupos antisistema que rechazan las reglas democráticas de plano. Y cuando esto sucede, la democracia está en juego.

La política sin guardarraíles mató la democracia chilena. Tanto el Gobierno como la oposición vieron en las elecciones legislativas a mitad del mandato de marzo de 1973 una oportunidad para ganar la batalla para siempre. Mientras Allende buscaba la mayoría en el Congreso que precisaba para implementar su programa socialista, la oposición buscaba la mayoría de dos tercios necesaria para «derrocar constitucionalmente» a Allende mediante la destitución.[82] Pero ninguna de ambas partes logró la mayoría pretendida. Incapaces de derrotarse mutuamente y reacios a alcanzar una solución de compromiso, los partidos chilenos arrojaron su democracia a una espiral mortal. Los defensores de la línea dura se apoderaron del Partido Demócrata Cristiano y se comprometieron a emplear todas las medidas necesarias para bloquear lo que el expresidente Eduardo Frei describió como «el intento de Allende de implementar el totalitarismo en Chile». Y los esfuerzos desesperados de Allende por restablecer el diálogo con la oposición quedaron minados por sus propios aliados, que le exigieron que rechazara «todo diálogo con los partidos reaccionarios» y, en lugar de ello, disolviera el Congreso. Allende se negó, pero buscó aplacar a sus aliados apretando con más dureza a sus adversarios. Cuando las autoridades judiciales bloquearon la expropiación de cuarenta empresas sitiadas por trabajadores en huelga, Allende respondió con un «decreto de insistencia» de constitucionalidad dudosa que, a su vez, desencadenó la petición de destitución por parte de la oposición. Un senador de derechas proclamó en la televisión nacional que Allende se había convertido en un «jefe de Estado ilegítimo»[83] y, en agosto de 1973, la Cámara de Diputados aprobó una resolución que declaraba inconstitucional el Gobierno.[84]

Menos de un mes más tarde, el ejército tomó el poder. Los chilenos, que tanto se habían preciado de ser la democracia más estable de Sudamérica, sucumbieron a la dictadura. Los generales gobernarían en Chile durante los siguientes diecisiete años.

6
LAS REGLAS NO ESCRITAS DE LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE

El 4 de marzo de 1933, las familias estadounidenses reunidas en torno a sus radios durante los días más funestos de la Gran Depresión para escuchar el primer discurso inaugural de Franklin D. Roosevelt como presidente oyeron su voz pausada y atronadora declarar: «Pediré al Congreso el único instrumento que queda para enfrentarse a la crisis: un amplio poder ejecutivo para librar una batalla contra la emergencia, equivalente al que se me concedería si estuviéramos siendo invadidos por un enemigo».[1] Con estas palabras, Roosevelt solicitaba que se le fuera concedida la competencia presidencial más amplia recogida en la Constitución, los poderes extraordinarios para situaciones de guerra, con el fin de combatir una crisis «doméstica».

Pero llegó a la conclusión de que ni siquiera eso bastaba. En noviembre de 1936 fue reelegido con el 61 por ciento de los votos, el mandato presidencial popular con una mayoría más amplia de toda la historia de Estados Unidos. Sin embargo, apreció que un elemento inesperado limitaba como si de una camisa de fuerza se tratara su ambicioso programa político: el Tribunal Supremo conservador (y, en su opinión, retrógrado), un organismo integrado enteramente por hombres que habían concluido sus estudios legales en el siglo XIX. El Tribunal Supremo jamás había actuado con tanta premura bloqueando leyes como hizo en 1935 y 1936. El tribunal consideró inconstitucionales amplios segmentos del programa del New Deal, alegando en muchos de los casos fundamentos cuestionables.[2] El programa de Roosevelt pendía de un hilo.

Ello llevó a Roosevelt a presentar una propuesta para ampliar el tamaño del Tribunal Supremo en febrero de 1937, transcurridas apenas dos semanas desde que había asumido la presidencia por segunda vez. El «proyecto de llenar el tribunal», como lo bautizaron sus adversarios, aprovechaba una laguna de la Constitución: el artículo II no especifica el número de magistrados que integran el alto tribunal. La propuesta de Roosevelt le habría permitido incorporar al tribunal a un nuevo juez por cada miembro mayor de setenta años de edad, hasta alcanzar un máximo de quince jueces.[3] Puesto que seis de ellos eran mayores de setenta años, Roosevelt podría designar a seis nuevos magistrados de inmediato. Los motivos del presidente pueden resultar comprensibles: buscaba una base legal más segura para conseguir los propósitos del New Deal. No obstante, de haberse aprobado su propuesta, habría sentado un precedente peligroso. El tribunal habría quedado hiperpolitizado y sus reglas de pertenencia, tamaño y selección habrían quedado expuestas a una manipulación constante, similar a la ocurrida en la Argentina de Perón o en la Venezuela de Chávez. De haberse aprobado la ley judicial de Roosevelt, la norma clave que establece que los presidentes no deben socavar los otros poderes del Gobierno estadounidense se habría venido abajo.

Sin embargo, la norma se respetó. El plan de llenar el tribunal de Roosevelt encontró una oposición más férrea que ninguna otra iniciativa adoptada durante su presidencia.[4] No sólo se opusieron a él los republicanos, sino también la prensa, abogados y jueces destacados y un número asombrosamente amplio de colegas demócratas. Al cabo de pocos meses, la propuesta había caído en saco roto, liquidada por un Congreso dominado por el partido del propio Roosevelt. Incluso en medio de una crisis tan profunda como la Gran Depresión, el sistema de controles y equilibrios funcionó.

La república estadounidense no nació con sólidas normas democráticas. De hecho, sus primeros años fueron un caso de manual de política sin guardarraíles. Tal como hemos visto, las normas de tolerancia mutua se hallaban, a lo sumo, en una fase embrionaria en las décadas de 1780 y 1790: lejos de aceptarse mutuamente como adversarios legítimos, federalistas y republicanos recelaban los unos de los otros y se acusaban de traidores.

Este clima de hostilidad y desconfianza entre partidos alimentó lo que hoy denominaríamos la aplicación de tácticas duras constitucionales. En 1798, los federalistas aprobaron la Ley de Sedición, que, si bien en teoría penalizaba las declaraciones falsas realizadas contra el Gobierno, era tan imprecisa que en la práctica criminalizaba cualquier crítica realizada a la Administración.[5] La ley se esgrimió para atacar a la prensa y a activistas afines al Partido Republicano.[6] En los comicios de 1800, en los que el presidente Adams, federalista, se enfrentó a Jefferson, el líder de la oposición republicana, cada bando aspiraba a una victoria permanente que dejara fuera de combate para siempre al partido rival. El dirigente federalista Alexander Hamilton habló de dar un «paso legal y constitucional» para impedir el ascenso a la presidencia de Jefferson, mientras que Jefferson describió aquellas elecciones como la última oportunidad de salvar Estados Unidos de convertirse en una monarquía.[7] La victoria de Jefferson no puso fin a la intensa acritud entre partidos. El Congreso federalista saliente redujo el tamaño del Tribunal Supremo de seis a cinco magistrados para limitar la influencia de Jefferson en el tribunal. Sin embargo, gracias a su nueva mayoría, el Congreso republicano repelió tal movimiento y, pocos años después, amplió el tribunal a siete jueces para permitir a Jefferson designar a un nuevo integrante.

Transcurrieron varias décadas antes de que esta ardua cruzada por lograr una victoria permanente se aquietara. Las exigencias de la política del día a día y la aparición de una nueva generación de políticos profesionales contribuyeron a rebajar las tensiones de la competición. La generación posrevolucionaria creció en la costumbre de que, en política, unas veces se gana y otras se pierde y en el convencimiento de que los adversarios no tienen por qué ser enemigos. Uno de los defensores de este nuevo planteamiento fue Martin Van Buren, uno de los fundadores del Partido Demócrata moderno y posterior presidente de Estados Unidos. En opinión de Richard Hofstadter:

Van Buren era el paradigma del abogado afable de un juzgado de condado extrapolado a la política, el abogado que durante muchos años libra una serie de animados duelos en los tribunales con un antagonista, pero que fuera de las cortes no sólo respeta a su colega de profesión, sino que a menudo existe entre ambos una fantástica amistad.[8]

Y si bien es cierto que Van Buren tuvo «muchos opositores» durante su carrera,[9] tal como escribe uno de sus biógrafos, también lo es que tuvo «pocos enemigos». Mientras que los fundadores habían aceptado a regañadientes la oposición entre partidos, la generación de Van Buren la daba por sentada.[10] La política de enfrentamiento total había cedido terreno ante una política de tolerancia mutua. Con todo, las incipientes normas de Estados Unidos no tardaron en dejar al descubierto un tema que los fundadores habían intentado silenciar: la esclavitud. Durante la década de 1850, un conflicto cada vez más descarnado sobre el futuro de la esclavitud polarizó al país y dotó de una nueva «intensidad emocional»[11] la política, según la expresión de un historiador. Para los hacendados blancos del Sur y sus aliados demócratas, el abolicionismo, una causa que se asociaba con el nuevo Partido Republicano, representaba una amenaza existencial. El senador de Carolina del Sur John C. Calhoun, uno de los defensores de la esclavitud más influyentes, describió en términos casi apocalípticos un Sur posterior a la emancipación en el que los antiguos esclavos:

se alzarían por encima de los blancos […] en las esferas política y social. En pocas palabras, nos intercambiaríamos posiciones con ellos y sufriríamos una degradación mayor de la que jamás ha recaído sobre un pueblo libre y cultivado, una degradación de la que no podríamos escapar […] salvo huyendo de nuestras propias casas, de las casas de nuestros antepasados, y abandonando nuestro país en manos de antiguos esclavos para que se convierta en la morada permanente del desorden, la anarquía, la pobreza, la miseria y la desdicha.[12]

La polarización por causa de la esclavitud hizo añicos la todavía frágil norma de la tolerancia mutua en Estados Unidos. El representante demócrata Henry Shaw arremetió contra los republicanos acusándolos de «traidores a la Constitución y a la Unión»,[13] mientras que el senador de Georgia Robert Toombs se comprometió a «no permitir nunca que este Gobierno federal caiga en las manos traidoras del Partido Republicano Negro». Los políticos partidarios del abolicionismo, por su parte, acusaron a sus rivales defensores de la esclavitud de «traición» y «sedición».[14]

La erosión de las normas básicas amplió el espacio de lo que se consideraba una acción política aceptable. Varios años antes de que se oyeran disparos en Fort Sumter,[*] la violencia entre partidos se infiltró en el Congreso. La historiadora de Yale Joanne Freeman calcula que entre 1830 y 1850 se produjeron 125 incidentes violentos en la Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses, incluidos entre ellos apuñalamientos, golpes con bastones y desenvaine de revólveres.[15] Al cabo de poco tiempo, los estadounidenses estarían matándose entre sí por centenares de miles.

La guerra civil quebró la democracia en Estados Unidos. Un tercio de los estados norteamericanos no participaron en las elecciones de 1864; veintidós de los cincuenta escaños del Senado y más de un cuarto de los de la Cámara de Representantes quedaron vacantes. Y, como es bien sabido, el presidente Lincoln suspendió el habeas corpus y promulgó órdenes ejecutivas de constitucionalidad dudosa, por más que una de ellas, muy célebre, liberara a los esclavos.[16] Y tras la victoria de la Unión, gran parte de la antigua Confederación quedó sometida al control del Ejército.

El trauma de la guerra de Secesión dejó a los norteamericanos llenos de dolorosos interrogantes acerca de los errores cometidos. La magnitud de la destrucción, con más de seiscientos mil fallecidos, despedazó la confianza en la superioridad de su forma de democracia que tenían los intelectuales norteños.[17] ¿Acaso la Constitución de Estados Unidos no era el documento de inspiración providencial que todos habían creído? Esta oleada de autoexamen hizo aflorar un nuevo interés por las reglas no escritas. En 1885, el por entonces profesor de ciencias políticas Woodrow Wilson, nacido en el seno de una familia confederada del Sur, publicó un libro acerca del Congreso en el que exploraba la disparidad entre la promesa de los acuerdos constitucionales y el verdadero funcionamiento de las instituciones.[18] Además de buenas leyes, Estados Unidos necesitaba normas eficaces.

Reconstruir las normas democráticas tras una guerra civil nunca es fácil, y Estados Unidos no fue ninguna excepción. Las heridas de la guerra cicatrizaron lentamente; demócratas y republicanos se aceptaron de mala gana como adversarios legítimos. En un acto de la campaña de 1876 para promocionar al candidato republicano Rutherford B. Hayes, el político Robert Ingersoll denunció a los demócratas con términos espantosos:

Todos y cada uno de los hombres que intentaron destruir esta nación eran demócratas. Hasta el último enemigo que esta gran República ha tenido en los últimos veinte años ha sido un demócrata. […] Quienes negaron a los prisioneros de la Unión siquiera un mendrugo de pan con gusanos y cuando algún patriota empobrecido, demacrado y enloquecido por la inanición vislumbró en sueños trastornados el rostro de su madre, la vio hacerle un gesto para que la siguiera y, anhelando notar nuevamente el roce de sus labios en sus mejillas febriles, cruzó la línea que separa a los vivos de los muertos, quienes entonces atravesaron su cándido y palpitante corazón, todos esos desgraciados, eran y son demócratas.[19]

Este tipo de retórica, conocida como «agitar la camisa ensangrentada», persistió durante años.

La perpetua animosidad entre partidos estuvo acompañada de tácticas duras constitucionales. En 1866, el Congreso republicano redujo las dimensiones del Tribunal Supremo de diez a siete magistrados para impedir que el presidente Andrew Johnson, un demócrata que a ojos de los republicanos estaba subvirtiendo la reconstrucción del país, hiciera ningún nombramiento. Y un año después aprobó la Ley de Tenencia del Cargo, que prohibía a Johnson destituir a miembros del gabinete de Lincoln sin la aprobación del Senado.[20] Johnson, que consideraba que aquella ley infringía la autoridad constitucional, la ignoró, una «falta grave» por la que fue destituido en 1868.[21]

Sin embargo, de manera gradual, conforme la generación de la guerra de la Secesión fue abandonando el escenario, demócratas y republicanos aprendieron a convivir. Hicieron caso de las palabras del expresidente de la Cámara de Representantes James Blaine, quien, en 1880, aconsejó a sus colegas republicanos que «plegaran la camisa ensangrentada» y encauzaran el debate hacia asuntos económicos.[22]

Ahora bien, no fue sólo el tiempo lo que curó las heridas de los partidos. La tolerancia mutua se estableció finalmente una vez que el tema de la igualdad racial desapareció de la agenda política. A ello contribuyeron dos acontecimientos fundamentales. El primero de ellos fue el infame Compromiso de 1877, que puso fin a la disputa presidencial de 1876 y llevó al republicano Rutherford B. Hayes a la presidencia a cambio de la promesa de retirar a las tropas federales del Sur. Aquel pacto marcó el final efectivo del período de la reconstrucción, y, al despojar a los afroamericanos de las protecciones federales por las que tan encarecidamente se había luchado, permitió a los demócratas sureños revocar derechos democráticos básicos y consolidar su dominio unipartidista en la región.[23] El segundo acontecimiento fue el fracaso de la Ley de las Elecciones Federales de 1890 de Henry Cabot Lodge, que habría permitido a los federales supervisar las elecciones al Congreso para garantizar que el sufragio negro fuera efectivo. La frustración de aquella ley malogró los esfuerzos generales por proteger los derechos al voto de los afroamericanos en el Sur y, por ende, aseguró su desaparición.

Cuesta exagerar la importancia trágica de tales hechos. Puesto que muchos demócratas sureños contemplaban los derechos civiles y el derecho al voto como una amenaza fundamental, el acuerdo entre ambos partidos de aparcar tales temas sirvió de base para restaurar la tolerancia mutua. La privación del voto a los afroamericanos preservó la supremacía blanca y el predominio del Partido Demócrata en el Sur, lo cual contribuyó a mantener la viabilidad nacional de los demócratas. Erradicada la igualdad racial de la agenda, los temores de los demócratas sureños se atenuaron. Y fue entonces cuando la hostilidad entre los partidos empezó a suavizarse.[24] Paradójicamente, las normas que más adelante servirían para cimentar la democracia estadounidense emergieron de un acuerdo profundamente antidemocrático: la exclusión racial y la consolidación del mandato unipartidista en el Sur.

Una vez demócratas y republicanos se aceptaron como adversarios legítimos, la polarización disminuyó de manera gradual y fue cuajando el tipo de política que caracterizaría la democracia norteamericana durante las décadas venideras. La colaboración entre ambos partidos permitió adoptar una serie de reformas importantes, incluida la Decimosexta Enmienda (1913), que aprobó el impuesto sobre la renta federal, la Decimoséptima Enmienda (1913), que estableció la elección directa del Senado federal, y la Decimonovena Enmienda (1919), que garantizaba el sufragio femenino.[25]

A su vez, la tolerancia mutua estimuló la contención. Mediado el siglo XIX, las convenciones informales o soluciones temporales habían empezado a permear en todos los poderes gubernamentales, lo cual hacía posible un funcionamiento razonablemente bueno del sistema de controles y equilibrios. La importancia de estas normas no pasó por alto a los observadores extranjeros. En su obra maestra de dos volúmenes, La república norteamericana: The American Commonwealth (1888), el erudito británico James Bryce recogió que no era la Constitución de Estados Unidos en sí la que garantizaba el funcionamiento del sistema político del país, sino más bien lo que él denominaba «usos»: las reglas no escritas.[26]

Así pues, al inicio del siglo XX, las normas de tolerancia mutua y contención institucional estaban ya bien asentadas. De hecho, se convirtieron en los cimientos de nuestro tan admirado sistema de controles y equilibrios. Para que el sistema constitucional del país funcione tal como esperamos, debe darse un delicado equilibrio entre el poder ejecutivo, el Congreso y el poder judicial. Por un lado, el Congreso y los tribunales deben supervisar y, en caso necesario, controlar el poder del presidente. Son, por así decirlo, los perros guardianes de la democracia. Por el otro lado, el Congreso y los tribunales deben posibilitar el funcionamiento del Gobierno. Y es en este punto donde entra en juego la contención. Para que una democracia presidencial sea operativa, las instituciones que tienen la fuerza suficiente para controlar al presidente deben hacer un uso contenido habitual de dicha fuerza.

En ausencia de estas normas, este equilibrio resulta más difícil de sostener. Cuando el odio entre partidos se impone al compromiso de los políticos con el espíritu de la Constitución, el sistema de controles y equilibrios corre el riesgo de quedar subvertido en dos sentidos. Bajo un gobierno dividido, en el que las instituciones legislativas o judiciales están en manos de la oposición, aumenta el riesgo de aplicar tácticas duras constitucionales, como parte de las cuales la oposición despliega sus prerrogativas institucionales en toda su amplitud y puede desde esquilmar la financiación del Gobierno hasta rechazar todos los nombramientos de jueces hechos por el presidente o incluso votar para destituirlo. En tal escenario, los perros guardianes del poder legislativo y judicial se convierten en perros de presa al servicio de los partidos.

Por el contrario, con un Gobierno unificado, donde las instituciones legislativas y judiciales se hallan en manos del partido del presidente, el riesgo no es la confrontación, sino la abdicación. Si la animosidad entre partidos prevalece por encima de la tolerancia mutua, quienes ostentan el control del Congreso pueden anteponer la defensa del presidente al cumplimiento de sus deberes constitucionales. Con la intención de evitar la victoria de la oposición, pueden abandonar su papel de supervisores y permitir que el presidente apruebe leyes abusivas, ilegales e incluso autoritarias. Una transformación de perro guardián en perro faldero de esta índole (piénsese en el Congreso aquiescente de Perón en Argentina o en el Tribunal Supremo chavista en Venezuela) puede dar pie a un gobierno autoritario.

De ahí que el sistema estadounidense de controles y equilibrios exija a los funcionarios usar sus prerrogativas institucionales con criterio. Los presidentes, los congresistas y los magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos disfrutan de amplios poderes que, desplegados sin freno, podrían socavar el propio sistema. Pensemos en seis de esos poderes. Tres de ellos corresponden al presidente, a saber: la emisión de órdenes ejecutivas, la concesión de indultos presidenciales y el nombramiento de jueces para cubrir las vacantes de los tribunales. Otros tres recaen en el Congreso: el filibusterismo u obstruccionismo parlamentario, la autoridad del Senado como órgano asesor y de aprobación, y la destitución. Al margen de si tales derechos están formalmente estipulados en la Constitución o simplemente se permiten al amparo de ésta, usarlos como armas podría derivar en el estancamiento, la disfunción e incluso en la quiebra democrática. Durante gran parte del siglo XX, los políticos estadounidenses los utilizaron con una contención encomiable.

Empecemos por el poder presidencial. La presidencia de Estados Unidos es una institución potente —y potencialmente dominante— debido, en parte, a las lagunas de la Constitución. El artículo II de la carta magna, que estipula los poderes de la presidencia, no define con claridad sus límites. Prácticamente no hace mención a la autoridad del presidente para actuar de manera unilateral, sea mediante decretos u órdenes ejecutivas.[27] A ello cabe sumar que el poder presidencial se ha incrementado a lo largo del último siglo. Impulsado por los imperativos de la guerra y la depresión económica, el poder ejecutivo ha acumulado vastas capacidades tanto en materia legal como administrativa, presupuestaria, de inteligencia y bélica, cosa que lo ha transformado en una «presidencia imperial»,[28] según la célebre expresión acuñada por el historiador Arthur M. Schlesinger Jr. Los presidentes que se situaron al frente de Estados Unidos en la posguerra controlaban la mayor potencia militar del mundo. Y los desafíos de gobernar una superpotencia mundial y una compleja sociedad y economía industrial generaron demandas crecientes de una acción ejecutiva cada vez más concentrada. A principios del siglo XXI, los recursos administrativos a disposición del ejecutivo eran tan extensos que el experto en derecho Bruce Ackerman describió la presidencia como un «ariete constitucional».[29]

Los inmensos poderes del poder ejecutivo pueden tentar a los presidentes a gobernar de manera unilateral, al margen del Congreso y del poder judicial. Los presidentes que encuentran obstáculos para sacar adelante su programa pueden esquivar a la asamblea legislativa emitiendo órdenes ejecutivas, proclamaciones, directivas, acuerdos ejecutivos o memorandos presidenciales, los cuales adquieren el peso de ley sin necesitar la aprobación del Congreso.[30] La Constitución no prohíbe tal actuación.

Asimismo, los presidentes pueden sortear a la judicatura ya sea negándose a cumplir sentencias judiciales, tal como hizo Lincoln cuando el Tribunal Supremo rechazó su suspensión del recurso de habeas corpus, ya sea usando la prerrogativa del indulto presidencial.[31] Alexander Hamilton defendía en el El federalista 74 que, puesto que el poder del indulto tiene tal trascendencia, «inspirará naturalmente escrupulosidad y cautela».[32] Ahora bien, en manos de un presidente sin escrúpulos e imprudente, el indulto podría usarse para escudar al Gobierno de los controles judiciales. El presidente tiene incluso capacidad para indultarse a sí mismo, si bien tal acción, por más constitucional que sea, socavaría la independencia del poder judicial.

Dado el inmenso potencial para la acción unilateral, ya esté prescrita o amparada por la Constitución, es difícil sobrevalorar la importancia de la contención del Ejecutivo. George Washington desempeñó un papel fundamental sentando precedentes en este sentido. Washington sabía que su presidencia ayudaría a establecer el alcance futuro de la autoridad del poder ejecutivo; según él mismo expresó: «Transito por un camino no trillado. Prácticamente no hay nada en mi conducta que después no vaya a sentar precedente».[33] Como ocupante de un despacho que muchos temían que se convirtiera en una nueva forma de monarquía, Washington se esforzó por establecer normas y prácticas que complementarían (y reforzarían) las reglas constitucionales. Defendió con energía las zonas reservadas a su autoridad, si bien tuvo la precaución de no invadir áreas del dominio del Congreso.[34] Limitó su derecho al veto a las leyes de cuya constitucionalidad dudaba:[35] sólo emitió dos vetos en ocho años y dejó por escrito que rubricó «muchas leyes con las que estaba en desacuerdo» por «respeto a la asamblea legislativa».[36] Además, Washington se mostró reacio a emitir decretos que pudieran interpretarse como invasivos de la jurisdicción del Congreso.[37] En ocho años sólo emitió ocho órdenes ejecutivas. La vida le había enseñado que «el poder se conseguía mostrando disposición a ceder».[38] Gracias a su enorme prestigio, su contención impregnó muchas otras instituciones políticas incipientes de la república de Estados Unidos. En palabras del historiador Gordon Wood: «Si hubo alguien responsable de establecer la joven República sobre unos cimientos firmes, ése fue Washington».[39]

Las normas de contención presidencial arraigaron. Y aunque es cierto que se pusieron en tela de juicio de manera esporádica, sobre todo en tiempos de guerra, fueron lo bastante robustas como para contener incluso a los presidentes más ambiciosos de la nación. Basta pensar en Theodore Roosevelt, que accedió al cargo en 1901 tras el asesinato del presidente William McKinley. Roosevelt suscribía lo que él denominaba la «teoría de la administración de la presidencia»,[40] según la cual todas las acciones del Ejecutivo estaban permitidas salvo que la ley las prohibiera de manera explícita. Esta concepción expansiva del poder presidencial, la inclinación de Roosevelt por los llamamientos populistas «al pueblo» y su «energía y ambición infinitas» alarmaron a algunos observadores coetáneos, incluidos dirigentes del propio Partido Republicano.[41] El poderoso asesor del presidente McKinley, Mark Hanna, había advertido en contra de nombrar a Roosevelt vicepresidente; según se cuenta, sus palabras fueron: «¿No se dan cuenta de que sólo se interpone una vida entre ese loco y la Casa Blanca?».[42] Pese a ello, siendo ya presidente, Roosevelt se comportó con una contención asombrosa.[43] A título de ejemplo, se cuidó mucho de no mostrarse intimidante con el Congreso dirigiéndose directamente a la población o atacando a congresistas individuales mientras se debatían votaciones cruciales.[44] Al final, Roosevelt se manejó bien dentro de los límites del sistema de controles y equilibrios previsto por la Constitución de Estados Unidos.[45]

Incluso aunque las capacidades legales, administrativas, militares y de inteligencia del poder ejecutivo aumentaran sobremanera durante el siglo XX, los presidentes se ajustaron a las normas establecidas de refrenarse en sus interacciones con el Congreso y la judicatura.[46] Salvo en tiempos de guerra, hicieron un uso prudente de las órdenes ejecutivas, en ningún caso usaron indultos para protegerse a sí mismos o con la pretensión de obtener réditos políticos y la mayoría de ellos solicitó el asesoramiento del Departamento de Justicia antes de emitir indultos para otras personas.[47] Y, un dato fundamental, los presidentes del siglo XX raramente desafiaron a los otros poderes gubernamentales, a diferencia de lo que habían hecho Lincoln y Andrew Johnson durante el siglo XIX. El presidente Harry Truman acató que el Tribunal Supremo paralizara su orden ejecutiva de 1952 para nacionalizar la industria del acero frente a una huelga que consideraba una emergencia nacional. Y Eisenhower hizo cumplir la decisión del Tribunal Supremo en el caso Brown contra el Consejo de Educación pese a no estar de acuerdo con ella. Incluso Nixon accedió a las demandas del Congreso de entregar sus cintas secretas después de que el Tribunal Supremo se pronunciara a favor de la cámara legislativa.

De manera que, por más que la presidencia de Estados Unidos se fortaleció en el transcurso del siglo XX, sus ocupantes demostraron un refreno considerable en el ejercicio del poder. Incluso en ausencia de barreras constitucionales, la acción ejecutiva unilateral siguió siendo en la mayoría de los casos una excepción reservada para tiempos de guerra, en lugar de la norma.

Algo similar puede afirmarse acerca del nombramiento de jueces por parte del presidente. La ocupación de las plazas vacantes en la judicatura puede darse mediante dos mecanismos: por un lado, el presidente está capacitado para destituir a los magistrados del Tribunal Supremo hostiles y sustituirlos por aliados políticos y, por el otro, puede modificar el tamaño del tribunal y ocupar las nuevas vacantes con personas leales. Estrictamente hablando, ambas maniobras son legales; la Constitución permite la destitución de los letrados y no especifica el número concreto de jueces que integran el Tribunal Supremo. Los presidentes pueden purgar y llenar de personas afines el tribunal sin infringir el contenido de la ley. Sin embargo, han evitado hacerlo hace bastante más de un siglo.

El único caso de destitución de un magistrado del Tribunal Supremo tuvo lugar en 1804, cuando la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, votó destituir al juez Samuel Chase, un «ardiente federalista» que había hecho campaña en contra de Jefferson y lo había criticado durante su presidencia.[48] Considerando que Chase tenía una conducta sediciosa, Jefferson buscó su destitución.[49] Y aunque los republicanos intentaron envolver aquel movimiento en la legalidad, el cese del magistrado fue a todas luces una «persecución política de principio a fin».[50] El Senado absolvió a Chase, sentando con ello un potente precedente en contra de la destitución.[51]

El tamaño del Tribunal Supremo sí fue con más frecuencia objeto de maquinaciones partidistas durante el primer siglo de existencia de Estados Unidos. Tras la intervención inicial de los federalistas para reducir el tribunal y negarle al presidente electo Jefferson la posibilidad de designar a un magistrado, el Tribunal Supremo varió de tamaño en siete ocasiones entre 1800 y 1869, todas ellas por motivos políticos.[52] No obstante, hacia finales del siglo XIX, nombrar a personas afines para ocupar las vacantes del tribunal se consideraba, por lo general, inaceptable. En un libro de 1893 que versaba sobre el sistema político estadounidense, el futuro presidente Woodrow Wilson escribió que «tales atrocidades vulneraban el espíritu de la Constitución».[53] En torno a la misma época, el expresidente Benjamin Harrison escribió que, si bien ampliar el Tribunal Supremo «resulta muy tentador para los partidos», sería «destructivo y letal para nuestra unión constitucional».[54] En la década de 1920, el periodista británico H. W. Horwill concluía que existía una norma informal «lo bastante fuerte como para prohibir al presidente y al Congreso más poderosos, al margen de cuál sea la provocación, convertir el Tribunal Supremo en un juguete en manos de las políticas partidistas».[55]

Como es bien sabido, el presidente Franklin Roosevelt infringió esta norma en particular con su intento por copar el tribunal de personas afines en 1937. Tal como escribieron los expertos constitucionalistas Lee Epstein y Jeffrey Segal, la propuesta de transgresión de la norma de Roosevelt fue «de una arrogancia extraordinaria».[56] Ahora bien, igual de extraordinaria fue la resistencia que generó. A la sazón, Roosevelt era un presidente sumamente popular: acababa de ser reelegido por una mayoría histórica y sus aliados demócratas ostentaban sólidas mayorías en ambas cámaras del Congreso. Pocos presidentes estadounidenses han disfrutado de tal fortaleza política. Sin embargo, su tentativa de llenar las vacantes del tribunal con personas de su misma cuerda desencadenó una oposición generalizada. Las críticas en prensa fueron feroces: el San Francisco Chronicle describió su plan como una «declaración de guerra abierta contra el Tribunal Supremo».[57] Asimismo, la oposición entre los congresistas fue inmediata, no sólo entre las filas republicanas, sino también entre muchos demócratas. El senador de Misuri James A. Reed calificó la propuesta de Roosevelt de «un paso hacia convertirse en un dictador de facto».[58] Edward Cox, congresista demócrata por Georgia, advirtió que «cambiaría el significado de nuestras leyes básicas y de todo nuestro sistema gubernamental» y, por consiguiente, representaba «la amenaza más terrible al gobierno constitucional que ha vivido el país en toda su historia».[59] Incluso personas leales al New Deal dieron la espalda a Roosevelt. El senador de Wyoming Joseph O’Mahoney era un aliado tan estrecho que se había sentado al lado de Eleanor Roosevelt en la cena previa a la inauguración del mandato en la Casa Blanca hacía sólo dos semanas. Sin embargo, O’Mahoney se opuso al plan relativo al tribunal y escribió a un amigo: «Todo este embrollo huele a Maquiavelo… ¡y Maquiavelo apesta!».[60]

Cabe destacar que el Tribunal Supremo, por su parte, también desempeñó un papel fundamental en la desestimación del plan de Roosevelt. En un movimiento que se ha descrito como una «retirada magistral» en aras de conservar su integridad, el tribunal, que anteriormente se había manifestado en contra del New Deal, reculó en una serie de decisiones.[61] En la primavera de 1937, el tribunal falló en rápida sucesión a favor de varias leyes del New Deal, incluida la Ley Nacional de Relaciones Laborales y la legislación de Roosevelt en materia de Seguridad Social. Con el programa del New Deal en un terreno constitucional más seguro, los demócratas liberales del Congreso podían oponerse sin remilgos al plan del presidente. En julio de 1937, su propuesta murió en el Senado. El presidente, en el punto álgido de su popularidad y poder, intentó forzar los límites de la autoridad constitucional y fue bloqueado. Ningún otro presidente estadounidense de la historia ha hecho un nuevo intento de llenar el Tribunal Supremo de magistrados afines.

Las normas de contención también se aplican en el Congreso. Pongamos por caso el Senado de Estados Unidos. Como órgano cuyo objetivo original era proteger a las minorías del poder de las mayorías (que, en opinión de los fundadores, estarían representadas en la Cámara de Representantes), el Senado se concibió desde un principio para posibilitar la deliberación. Se dotó de una serie de herramientas, muchas de ellas no escritas, que permitían a las minorías legislativas e incluso a senadores individuales ralentizar o paralizar proyectos planteados por la mayoría.[62] Antes de 1917, el Senado carecía de reglas que limitaran el debate, lo cual implicaba que cualquier senador podía obstaculizar (mediante tácticas de filibusterismo) de manera indefinida que se votara una ley sencillamente prolongando el debate.[63]

Estas prerrogativas informales constituyen mecanismos de control y equilibrio esenciales, pues por un lado sirven para proteger a los partidos minoritarios y, por el otro, marcan los límites a los presidentes que pretenden extralimitarse. Sin embargo, sin contención, podían conducir fácilmente a una situación de estancamiento y conflicto. Tal como escribió el politólogo Donald Matthews:

[Cada senador] tiene un inmenso poder sobre las reglas de la cámara. Un único senador, por ejemplo, puede ralentizar el Senado hasta casi paralizarlo presentando sistemáticamente objeciones a todas las solicitudes que requieran una aprobación por unanimidad. Unos cuantos, ejerciendo su derecho al obstruccionismo parlamentario, pueden bloquear la aprobación de todas las leyes.[64]

Durante gran parte de la historia de Estados Unidos, tal disfunción no tuvo lugar, en parte porque las normas prevalecientes desalentaban a los senadores de hacer un uso excesivo de su autoridad política.[65] Tal como observó Matthews, aunque herramientas como el filibusterismo «representan una amenaza potencial, lo asombroso es que rara vez se ponen en práctica. El espíritu de la reciprocidad conlleva que buena parte, si no la mayor parte, del poder real de los senadores no se ejerza».[66]

El estudio fundamental del Senado de Estados Unidos a finales de la década de 1950 realizado por Matthews subraya la medida en que las normas informales, lo que él denominó «usos y costumbres»,[67] contribuyeron al funcionamiento de la institución. Dos de esas tradiciones están estrechamente relacionadas con la contención: la cortesía y la reciprocidad. La cortesía implicaba, principalmente, evitar los ataques personales o embarazosos a otros senadores.[68] La regla primordial, según observó Matthews, era que los senadores no permitiesen que «las desavenencias políticas influyeran en sus sentimientos personales». No resultaba sencillo, puesto que, tal como expresó un senador: «Cuesta no llamar embustero a un hombre cuando se sabe que lo es».[69] No obstante, los senadores contemplaban la cortesía como un factor clave para su éxito, ya que, en palabras de otro senador: «Tus enemigos en un asunto pueden ser tus amigos en el siguiente».[70] De acuerdo con un tercer senador, la autopreservación política «obliga a, como mínimo, exhibir cierta apariencia de amistad. Y casi sin darse uno cuenta, al poco surge una amistad verdadera».[71]

Las normas de reciprocidad conllevaban moderarse en el uso del poder personal con el fin de no generar un antagonismo manifiesto con otros senadores y poner en riesgo la colaboración futura. En su estudio, Matthews concluye: «Si un senador lleva al límite su poder formal, quiebra la negociación implícita y, a partir de entonces, puede esperar recibir no ya falta de colaboración por parte de sus colegas, sino únicamente venganza en especias»,[72] cosa que dificulta sobremanera la labor legislativa. Tal como un senador describió esta norma: «No se trata de un asunto de amistad, sino, sencillamente, de llegar a un entendimiento: “Yo no me comporto como un indeseable si tú tampoco lo haces”».[73]

Ninguna herramienta institucional ilustra la importancia de estas normas más claramente que el filibusterismo.[74] Antes de 1917, nuevamente, cualquier senador podía obstaculizar una ley usando tácticas de obstruccionismo para retrasar un voto de manera indefinida, si bien cabe señalar que esto rara vez sucedía.[75] Pese a que todos los senadores podían utilizar esta estrategia en cualquier momento, la mayoría de ellos empleaba el filibusterismo como «un arma procedimental de último recurso».[76] Según un recuento, sólo se produjeron veintitrés actos de obstruccionismo parlamentario manifiesto durante todo el siglo XIX.[77] Un modesto aumento en el uso del filibusterismo a principios del siglo XX derivó en que a partir de 1917 se controlara el tiempo de las intervenciones y se determinó que dos tercios (en la actualidad tres quintas partes) del Senado podían votar poner fin a un debate.[78] Pero aun así, según los politólogos Sarah Binder y Steven Smith,[79] sólo se produjeron treinta actos de filibusterismo entre 1880 y 1917. El uso de estas prácticas siguió siendo limitado hasta los años postreros de la década de 1960 (de hecho, entre 1917 y 1959, en el Senado se registró una media de sólo una táctica de obstruccionismo por legislatura).[80]

Otra prerrogativa parlamentaria central del sistema de controles y equilibrios es la capacidad del Senado de «ofrecer asesoramiento y dar su aprobación» a los magistrados designados por el presidente para el Tribunal Supremo y otros puestos relevantes.[81] Si bien está estipulado en la Constitución, el alcance real de la función de asesoría y consentimiento del Senado está sujeto a interpretación y debate. En teoría, el Senado podría impedir que los presidentes designaran a cualquiera de sus ministros o jueces preferidos, hecho que, por más que en teoría fuera constitucional, dejaría un Gobierno renqueante. Y si ello no se ha producido ha sido en parte merced a una norma establecida en el Senado que delega en los presidentes la elección de los miembros de sus gabinetes y los nombramientos a las vacantes en el Tribunal Supremo.[82] Entre 1800 y 2005 sólo se bloquearon nueve nominaciones presidenciales al gabinete;[83] cuando el Senado impidió la selección del fiscal general Calvin Coolidge en 1925, Coolidge lo acusó airadamente de haber vulnerado «una práctica ininterrumpida durante tres generaciones que permitía al presidente elegir a su propio gabinete».[84]

El Senado siempre se ha reservado el derecho a rechazar a jueces designados para ocupar puestos en el Tribunal Supremo. Incluso se rechazó una candidatura a propuesta del presidente Washington en 1795. Pero, históricamente, el Senado ha usado este derecho con cautela. Entre 1880 y 1980 dio su aprobación a más del 90 por ciento de los magistrados designados para el Tribunal Supremo y sólo se objetaron nombramientos propuestos por tres presidentes: Grover Cleveland, Herbert Hoover y Richard Nixon.[85] Los candidatos altamente cualificados recibieron la aprobación de manera invariable, incluso cuando había senadores que tenían discrepancias ideológicas con ellos.[86] El ultraconservador Antonin Scalia, nominado por Reagan, fue aprobado en 1986 por 98 votos a favor y ninguno en contra, pese a que los demócratas contaban con votos suficientes (47) para oponerse a su nombramiento.[87]

Al margen de la aprobación o el rechazo de candidatos concretos, el Senado siempre ha aceptado la autoridad última del presidente para nombrar a los magistrados. En el período de ciento cincuenta años comprendido entre 1866 y 2016, el Senado no impidió en ningún caso al presidente designar a un juez para un puesto vacante en el Tribunal Supremo. En las setenta y cuatro ocasiones registradas durante este período, los presidentes intentaron ocupar las vacantes del tribunal antes de la elección de su sucesor. Y en las setenta y cuatro ocasiones, aunque no siempre al primer intento, se les permitió hacerlo.[88]

Por último, una de las prerrogativas potencialmente más explosivas que la Constitución otorga al Congreso es la facultad de impugnar a un presidente en ejercicio mediante la destitución. Hace más de un siglo, el experto James Bryce apuntó que esta facultad era «la pieza de artillería más pesada del arsenal del Congreso».[89] Sin embargo, proseguía Bryce, «al ser tan pesada no resulta práctica para su uso habitual». Si se despliega como si tal cosa, advierte el experto constitucionalista Keith Whittington, la destitución puede convertirse en una «herramienta partidista para socavar a los funcionarios electorales e impugnar los resultados electorales».[90]

Eso fue exactamente lo que sucedió, tal como ya hemos visto, en Paraguay en 2012 con la destitución «acelerada» en sólo dos días de Fernando Lugo y en Ecuador, en 1997, con la impugnación de Abdalá Bucaram en base a la alegación falsa de «incapacidad mental». En ambos casos, la destitución se instrumentalizó: los líderes de los respectivos congresos la usaron para cesar a presidentes que no eran de su agrado.

En teoría, los presidentes estadounidenses podrían conocer el destino de Lugo o de Bucaram. De hecho, las barreras legales a la destitución en Estados Unidos son ínfimas.[91] Según la Constitución, basta con una mayoría simple en la Cámara de Representantes. Y mientras que para condenar y cesar a un presidente se requiere una mayoría de dos tercios en el Senado, la destitución sin sentencia es un hecho traumático que puede debilitar a los presidentes hasta el punto de la impotencia política, como sucedió con Andrew Johnson después de 1868.

Ahora bien, a diferencia de Paraguay o Ecuador, en Estados Unidos la facultad de destituir al presidente se ha gobernado siempre por las normas de contención. El experto constitucionalista Mark Tushnet describe la norma como sigue: «La Cámara de Representantes no debería llevar a cabo destituciones agresivas a menos que […] exista una probabilidad razonable de que la impugnación apartará del cargo al impugnado».[92] Habida cuenta de que tal suspensión exige dos tercios de los votos del Senado, la destitución debe contar al menos con un cierto apoyo por parte de ambos partidos. Tras la destitución de Johnson en 1868, no se produjo ningún conato serio por parte del Congreso de impugnar a un presidente hasta el escándalo de Nixon, más de un siglo después.

El sistema de controles y equilibrios de Estados Unidos funcionó en el siglo XX porque estaba apuntalado por normas robustas de tolerancia mutua y contención. Ello no quiere decir que Estados Unidos haya vivido siempre en una época dorada sin mácula en la que una variante de las caballerescas reglas del boxeo del marqués de Queensberry[*] haya regido la política de la nación. En momentos determinados, las normas democráticas no sólo se han puesto en tela de juicio, sino que se han transgredido. Merece la pena destacar tres incidentes en que así ha sucedido.

Uno de ellos ya lo hemos analizado: la concentración de poderes ejecutivos sin precedentes en manos de Roosevelt durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Más allá del intento de llenar los tribunales con magistrados afines, el recurso de Roosevelt a la acción unilateral representó un serio desafío para el sistema de controles y equilibrios tradicional. Su uso de las órdenes ejecutivas, con la promulgación de más de tres mil durante su presidencia, lo cual equivale a más de trescientas por año, no tenía precedentes en la época y no ha tenido réplicas posteriormente.[93] Su decisión de presentarse a un tercer (y luego a un cuarto) mandato como presidente desmanteló una norma de cerca de siglo y medio de antigüedad que limitaba la presidencia a dos mandatos.[94]

Cabe decir, no obstante, que la presidencia de Roosevelt nunca cayó en la autocracia. Son muchos los motivos que explican por qué, pero uno de ellos es que muchos de los excesos ejecutivos de Roosevelt toparon con la resistencia de ambos partidos. Su programa de llenar los tribunales de jueces afines fue rechazado tanto por demócratas como por republicanos y, aunque Roosevelt hizo añicos la ley no escrita que limitaba la presidencia a dos mandatos, el apoyo a esta vieja norma era tan fuerte que, en 1947, transcurridos menos de dos años desde su deceso, una coalición bipartidista en el Congreso aprobó la Vigesimosegunda Enmienda, que la consagraba en la Constitución. Durante la era de Roosevelt se pusieron a prueba los guardarraíles, pero éstos se mantuvieron firmes.

El macartismo planteó un segundo desafío destacado a las instituciones estadounidenses por el hecho de amenazar las normas de tolerancia mutua en los primeros años de la década de 1950. El auge del comunismo atemorizaba a muchos norteamericanos, sobre todo después de que la Unión Soviética emergiera como una superpotencia nuclear a finales de los años cuarenta. La histeria anticomunista podía enjaezarse con fines partidistas: los políticos podían hacer campaña contra los comunistas o buscar votos proyectando a sus contrincantes como comunistas o simpatizantes con el comunismo.

Entre 1946 y 1954, el anticomunismo se abrió camino en la política partidista. El advenimiento de la Guerra Fría había creado una preocupación por la seguridad nacional rayana en el delirio y el Partido Republicano, que llevaba cerca de veinte años sin ostentar el poder de la nación, buscaba desesperadamente un nuevo atractivo electoral.[95]

Y el senador de Wisconsin Joseph McCarthy dio con ese atractivo. Tras su elección inicial como senador en 1947, McCarthy saltó a la palestra nacional el 9 de febrero de 1950, con un discurso de triste fama pronunciado ante el Club Femenino Republicano del Condado de Ohio en Wheeling, Virginia Occidental.[96] McCarthy lanzó una diatriba contra el comunismo y la existencia de «traidores» en el seno de la sociedad estadounidense y luego pronunció atropelladamente una frase que devino icónica al instante: «Tengo en mis manos una lista de 205 nombres [de funcionarios del Departamento de Estado comunistas] puesta en conocimiento del secretario de Estado. Sin embargo, esas personas siguen trabajando y modelando la política del Departamento de Estado».[97] La reacción no se hizo esperar. La prensa enloqueció. McCarthy, un demagogo a quien gustaba ser el centro de atención, empezó a repetir su discurso, consciente de haber dado con una mina de oro política. Los demócratas se indignaron. Y los republicanos moderados se mostraron alarmados, mientras que los republicanos conservadores atisbaron los beneficios políticos potenciales de tal discurso y expresaron su apoyo a McCarthy.[98] El senador republicano Robert Taft le hizo llegar el siguiente mensaje: «Sigue hablando».[99] Tres días después, McCarthy envió un telegrama al presidente Truman con las palabras siguientes: «Descuelgue el auricular y pregúntele al [secretario de Estado Dean] Acheson a cuántos comunistas no ha cesado aún. […] La inacción por su parte redundará en que se tache al Partido Demócrata de ser el compañero de cama del comunismo internacional».[100]

La campaña anticomunista se convirtió en una estrategia habitual entre los candidatos republicanos a principios de la década de 1950. Richard Nixon recurrió a ella en su campaña al Senado de 1950, envileciendo a su rival demócrata, Helen Gahagan Douglas, de quien dijo: «La Dama Rosa sigue la línea comunista».[101] En Florida, el republicano George Smathers puso en marcha una campaña despiadada para derrotar al senador Claude Pepper apodando a su rival demócrata Red Pepper, Pimiento Rojo.[102]

En el momento de la carrera presidencial de 1952 estaba ya claro que el anticomunismo virulento de McCarthy era un palo útil con el que golpear a los demócratas. Se invitó a McCarthy a dar mítines por todo el país. Incluso el candidato presidencial republicano moderado Dwight Eisenhower, pese a mostrarse ambivalente con respecto a McCarthy, aprovechó la energía política generada por éste. McCarthy impugnó en reiteradas ocasiones al candidato demócrata, Adlai Stevenson, calificándolo de traidor y confundiendo intencionadamente su nombre con el del reo y espía soviético Alger Hiss.[103] En un principio, Eisenhower se opuso a aparecer al lado de McCarthy, pero, ante la insistencia del Comité Nacional Republicano, ambos políticos hicieron campaña juntos en Wisconsin un mes antes de las elecciones.[104]

El asalto macartista a la tolerancia mutua alcanzó su punto álgido en 1952. Con Eisenhower instalado en la Casa Blanca, a la cúpula republicana le resultaban menos útiles las tácticas de McCarthy y las arremetidas de éste contra la Administración Eisenhower y, sobre todo, contra el Ejército de Estados Unidos hicieron que cayera en desgracia. El punto de inflexión fueron las audiencias televisadas de McCarthy y el estamento militar en 1954, durante las cuales McCarthy fue humillado por el abogado del Ejército Joseph Welch, quien respondió a las acusaciones infundadas de McCarthy con un: «¿No tiene usted ni un ápice de decencia, señor? ¿No le queda ni siquiera un poco?». La popularidad de McCarthy cayó en picado y, seis meses después, el Senado votó censurarlo, con lo cual puso fin a su carrera política.

La caída de McCarthy desacreditó la práctica de las campañas anticomunistas y dio paso a una nueva etiqueta peyorativa: «macartismo». Después de 1954, fueron pocos los republicanos que emplearon esta táctica de manera manifiesta y quienes lo hicieron fueron criticados. Incluso Nixon, un hombre conocido por su pragmatismo, comenzó a plantearse su uso de la retórica macartista.[105] Según su biógrafo, incluso el vicepresidente «intentó por todos los medios reconocer la lealtad del Partido Demócrata» durante su campaña para la reelección en 1956.[106] Si bien hubo grupos que «mantuvieron vivo el espíritu macartista»,[107] como la extremista John Birch Society, éstos operaban en los márgenes del Partido Republicano. En cualquier caso, las normas de tolerancia mutua permanecieron intactas en el seno de las facciones dominantes de ambos partidos hasta finales del siglo XX.

La tercera vez destacada que se pusieron a prueba las instituciones democráticas de Estados Unidos fue con el comportamiento autoritario de la Administración Nixon. Pese a los gestos públicos del presidente en la década de 1950, Nixon nunca adoptó plenamente las normas de tolerancia mutua. Contemplaba a sus adversarios políticos y a la prensa como enemigos,[108] y tanto él como su personal justificaron actividades ilícitas alegando que sus contrincantes en el seno del país, a quienes a menudo pintaban como anarquistas y comunistas,[109] representaban una amenaza para la nación o para el orden constitucional. Al encargar a H. R. Haldeman que perpetrara un robo con allanamiento de morada en la Brookings Institution en 1971 (acción que no se llevó a cabo), Nixon dijo a su ayudante: «Nos enfrentamos a un enemigo, a una conspiración. Y vamos a usar todos los medios a nuestro alcance. […] ¿Queda claro?».[110] De igual modo, el conspirador del Watergate G. Gordon Liddy justificó el robo con allanamiento de morada perpetrado en 1972 en la sede del Comité Nacional Demócrata alegando que la Casa Blanca estaba «en guerra, tanto interna como externamente».[111]

El alejamiento de la Administración Nixon de las normas democráticas dio comienzo con las escuchas telefónicas masivas y otros mecanismos de vigilancia aplicados a periodistas, activistas de la oposición, el Comité Nacional Demócrata y destacados demócratas, como el senador Edward Kennedy.[112] En noviembre de 1970, Nixon envió una nota interna a Haldeman ordenándole que recopilara una lista de los opositores al Gobierno con el fin de concebir «un programa de inteligencia […] para cuadrarlos». Centenares de nombres, incluidos los de «docenas de demócratas»,[113] figuraban en aquella lista. Además, la Administración desplegó el Servicio de Impuestos Internos como arma política, auditando a adversarios tan relevantes como el por entonces presidente del Comité Nacional Demócrata, Larry O’Brien.[114] Ahora bien, la nota más sonada la dio la campaña de Nixon de sabotear a sus rivales demócratas en las elecciones de 1972, una campaña que culminó con la chapuza del robo con allanamiento de morada del Watergate.

Como es bien sabido, el ataque delictivo de Nixon a las instituciones democráticas se contuvo.[115] En febrero de 1973, el Senado estableció una Comisión Especial para la Investigación de las Actividades de la Campaña Presidencial presidida por el senador demócrata Sam Ervin, de Carolina del Norte. La Comisión Ervin estaba integrada por miembros de ambos partidos: su vicepresidente, el republicano por Tennessee Howard Baker, describió su misión como una «búsqueda bipartidista de la verdad sin adornos».[116] Cuando la comisión inició sus investigaciones, cerca de una docena de republicanos se unieron a los demócratas para exigir que se designara a un fiscal especial independiente.[117] Archibald Cox fue nombrado en mayo. A mediados de 1973, las indagaciones cerraban su cerco sobre Nixon. Las audiencias en el Senado revelaron la existencia de cintas secretas en la Casa Blanca que podían implicar al presidente. Cox solicitó a Nixon que entregara aquellas cintas, solicitud que respaldaron los dirigentes de ambos partidos.[118] Nixon desplegó un juego de tácticas duras, rehusó entregar las cintas y acabó despidiendo a Cox, pero fue en vano.

Su movimiento desencadenó la reclamación generalizada de la dimisión de Nixon y el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, presidido por el representante de Nueva Jersey Peter Rodino, dio los primeros pasos para iniciar un proceso de destitución. El 24 de julio de 1974, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que obligaba a Nixon a entregar aquellas cintas. Para entonces, Rodino contaba ya con apoyos suficientes entre los republicanos del Comité Judicial para tirar adelante la destitución del presidente.[119] Y aunque Nixon se aferraba a la esperanza de poder reunir los treinta y cuatro votos republicanos necesarios para evitar una condena del Senado, los senadores republicanos enviaron a Barry Goldwater a informarle de que su destitución era inevitable.[120] Cuando Nixon preguntó a Goldwater con cuántos apoyos contaba, se cuenta que Goldwater le respondió: «Diez a lo sumo. Quizá menos».[121] Dos días más tarde, Nixon dimitió. En parte gracias a la colaboración entre ambos partidos, el Congreso y los tribunales pudieron controlar el uso abusivo del poder presidencial.

Las instituciones democráticas de Estados Unidos hicieron frente a varios desafíos a lo largo del siglo XX, pero, en todos los casos, tales desafíos se contuvieron de manera eficaz. Los guardarraíles cumplieron su objetivo, tal como también hicieron políticos de ambos partidos (y, con frecuencia, el conjunto de la sociedad), alzándose contra infracciones que podrían haber amenazado la democracia. A resultas de ello, los episodios de intolerancia y la guerra partidista no llegaron a sumirse en el tipo de «espiral de la muerte» que destruyó a las democracias en la Europa de la década de 1930 y la Latinoamérica de las décadas de 1960 y 1970.

No obstante, debemos concluir con una advertencia preocupante. Las normas que sostienen el sistema político estadounidense se apoyaban, en un grado considerable, en la exclusión racial. La estabilidad del período comprendido entre la reconstrucción posterior a la guerra de la Secesión y la década de 1980 estaba sustentada en un pecado original: el Compromiso de 1877 y sus secuelas, que permitió la desdemocratización del Sur y la consolidación de las leyes de Jim Crow. La exclusión racial contribuyó directamente al civismo y la colaboración entre partidos que caracterizó la política estadounidense del siglo XX. El «sólido Sur» emergió como una potente fuerza conservadora en el seno del Partido Demócrata, que a un tiempo vetaba derechos civiles y servía como puente hacia los republicanos. La proximidad ideológica de los demócratas sureños con los republicanos conservadores redujo la polarización y propició el entendimiento entre ambos partidos. Sin embargo, lo hizo pagando el elevado precio de mantener los derechos civiles (y, por ende, la democratización plena de Estados Unidos) fuera de la agenda política.[122]

Así pues, las normas democráticas de Estados Unidos nacieron en un contexto de exclusión. Mientras la comunidad política se mantuvo restringida en gran medida a los blancos, demócratas y republicanos tuvieron mucho en común. No era probable que ninguno de ambos partidos concibiera al otro como una amenaza existencial. El proceso de inclusión racial dio comienzo tras la Segunda Guerra Mundial y culminó con la Ley de Derechos Civiles de 1964, y la Ley de Derecho al Voto de 1965 concluiría, por fin, la plena democratización del país. Pero también lo polarizaría y plantearía el mayor desafío a las formas establecidas de tolerancia mutua y contención vivido desde la reconstrucción posterior a la guerra de Secesión.[123]

7
EL DESMANTELAMIENTO

La tarde del sábado 13 de febrero de 2016, un periódico de San Antonio informaba de que el juez del Tribunal Supremo Antonin Scalia había fallecido mientras dormía durante una cacería en Texas. La noticia desencadenó un torbellino en las redes sociales. Al cabo de pocos minutos, un antiguo empleado de la Casa Blanca republicano y fundador de la publicación legal conservadora The Federalist tuiteó: «Si Scalia realmente ha muerto, el Senado debe negarse a confirmar a nuevos magistrados en 2016 y delegar su nominación en el próximo presidente».[1] Poco después, el director de comunicaciones del senador republicano Mike Lee tuiteaba: «¿Qué es menos que cero? Las posibilidades de Obama de designar con éxito al magistrado del Tribunal Supremo que sustituya a Scalia».[2] Esa misma tarde, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, emitió una declaración en la que enviaba el pésame a la familia Scalia, pero en la cual aprovechaba para declarar: «La vacante no debería cubrirse hasta que tengamos un nuevo presidente».

El 16 de marzo de 2016, el presidente Barack Obama nombró al juez de apelación Merrick Garland como sustituto para ocupar la vacante de Scalia. Nadie dudaba de que Garland fuera un candidato cualificado y, a decir de todos, tenía una ideología moderada. Pero, por primera vez en la historia de Estados Unidos, el Senado se negó siquiera a tomar en consideración a la persona nombrada por el presidente electo para el Tribunal Supremo.[3] Tal como hemos visto, el Senado siempre había aplicado la contención en el ejercicio de su función de órgano asesor y de aprobación de los magistrados del Tribunal Supremo: desde 1866, cada vez que un presidente había dado pasos para cubrir una vacante en dicho tribunal antes de la elección de su sucesor, se le había permitido hacerlo.[4]

Pero el mundo había cambiado mucho en 2016. En un distanciamiento radical de todo precedente histórico, los senadores republicanos negaron al presidente la autoridad para designar a un nuevo juez. Se trataba de una vulneración flagrante y extraordinaria de las normas. En menos de un año, un republicano se sentaría en la Casa Blanca y los senadores republicanos verían sus deseos hechos realidad: el nuevo nominado, el magistrado conservador Neil Gorsuch, recibió su rápida aprobación. El Partido Republicano pisoteó así una norma democrática básica, cosa que suponía robar un puesto en el Tribunal Supremo, y se salió con la suya.

Las tradiciones que apuntalan las instituciones democráticas estadounidenses se están desmantelando y se está abriendo un abismo desconcertante entre cómo funciona nuestro sistema político y nuestras expectativas de cómo debería hacerlo, basadas en su funcionamiento histórico. Conforme los guardarraíles de la democracia de Estados Unidos se debilitan, nos volvemos más vulnerables a los líderes antidemocráticos.

Donald Trump, una persona que se caracteriza por transgredir las normas, es criticado extensa y acertadamente por arremeter contra las normas democráticas de Estados Unidos. Pero el problema no empezó con Trump. El proceso de erosión de dichas normas dio comienzo hace décadas, mucho antes de que Trump descendiera por unas escaleras mecánicas para anunciar que se postulaba a la presidencia de Estados Unidos.

En la campaña de las elecciones al Congreso de 1978, en el noroeste de Georgia, el joven Newt Gingrich se presentó por tercera vez al puesto de congresista en un distrito situado a las afueras de Atlanta. Después de sus dos intentos previos fallidos como republicano liberal sedicente, finalmente obtuvo su escaño, esta vez como conservador, haciéndose con un distrito que no había estado en manos de los republicanos desde hacía ciento treinta años. El aspecto de académico con gafas de Gingrich (que había sido profesor de Historia en una universidad local), su discurso animado y su densa mata de pelo y patillas pobladas ocultaban una crueldad que ayudaría a transformar la política estadounidense.

En junio de 1978, durante su campaña, Gingrich se había reunido con un grupo de universitarios republicanos en un hotel Holiday Inn en el aeropuerto de Atlanta y los había cortejado con una visión de la política más franca y despiadada que de costumbre. Halló en ellos a un público ávido. Gingrich aconsejó a los jóvenes republicanos que dejaran de usar «palabras de boy scout, que suenan muy bien alrededor de una fogata, pero son patéticas en política».[5] Y continuó como sigue:

Estáis luchando una guerra, una guerra por el poder. […] Este partido no necesita otra generación de aspirantes a líderes cautelosos, prudentes, cuidadosos, anodinos e irrelevantes. […] Lo que de verdad necesitamos son personas dispuestas a librar un combate acalorado. […] ¿Cuál es el objetivo principal de un líder político? […] Construir una mayoría.

Cuando Gingrich llegó a Washington en 1979, su visión de la política entendida como una guerra no concordaba con la del liderazgo republicano. El líder de la oposición en el Congreso, Bob Michel, un hombre afable que compartía coche para regresar a Illinois durante los recesos del Congreso con su colega demócrata Dan Rostenkowski, cumplía por convicción las normas establecidas de civismo y colaboración entre ambos partidos.[6] Gingrich rechazaba tal planteamiento, que calificaba de demasiado «blando». En su opinión, para conseguir una mayoría republicana había que desplegar una forma más dura de política.[7] Respaldado por un grupo reducido pero cada vez más amplio de fieles, Gingrich lanzó una insurrección destinada a obligar al partido a adoptar un enfoque más combativo.[8] Y aprovechando las ventajas de una nueva tecnología de los medios, C-SPAN, Gingrich «empleó adjetivos como rocas»,[9] desplegando una retórica deliberadamente desmesurada. Calificó el Congreso de «corrupto» y «enfermo» y puso en tela de juicio el patriotismo de sus rivales demócratas,[10] a quienes incluso comparó con Mussolini y acusó de intentar «destruir nuestro país».[11] Según el líder del Partido Demócrata del estado de Georgia, Steve Anthony, «jamás habíamos escuchado nada parecido a lo que salía por boca de Gingrich […] de ninguno de los dos partidos. Gingrich se excedía tanto que la oposición permaneció paralizada durante unos pocos años».[12]

A través de un nuevo comité de acción política, el GOPAC, Gingrich y sus aliados trabajaron en la difusión de estas tácticas por todo el partido. El GOPAC produjo más de dos mil cintas de audio de formación, que se distribuían cada mes para que todos los reclutas de la «revolución republicana de Gingrich» estuvieran en consonancia. El antiguo secretario de prensa de Gingrich, Tony Blankley, comparó esta estrategia de distribución de cintas de audio con la usada por el ayatolá Jomeini durante su ascenso al poder en Irán.[13] A principios de la década de 1990, Gingrich y su equipo distribuían notas internas a sus candidatos republicanos en las que les indicaban que emplearan ciertas palabras peyorativas para descalificar a los demócratas, como por ejemplo: «patéticos», «enfermos», «raros», «antibandera», «antifamilia» y «traidores».[14] Fue el detonante de un movimiento sísmico en la política de Estados Unidos.

Incluso mientras medraba por la estructura del liderazgo republicano, se convertía en el jefe de la minoría en 1989 y en presidente de la Cámara de Representantes en 1995, Gingrich se negó a abandonar aquella retórica de línea dura. Y en lugar de repeler al partido, lo atrajo hacia sí. En la fecha en que fue designado presidente de la Cámara, Gingrich era ya un modelo para una nueva generación de diputados republicanos, muchos de ellos elegidos como parte de la victoria arrolladora que dio al Partido Republicano su primera mayoría en la Cámara de Representantes en cuarenta años, el año 1994. También el Senado se transformó con la llegada de los «senadores de Gingrich»,[15] cuya ideología, aversión al compromiso y voluntad de obstruir la legislación, ayudaron a finiquitar los «usos y costumbres» de este organismo.

Si bien pocos se percataron en su momento, Gingrich y sus aliados se hallaban en la cresta de una nueva ola de polarización arraigada en un descontento creciente de la opinión pública, sobre todo entre las bases republicanas. Gingrich no originó dicha polarización, pero sí fue uno de los primeros republicanos que aprovecharon este cambio en el sentir popular. Y su liderazgo ayudó a establecer «la política entendida como una guerra» como la estrategia dominante del Partido Republicano. De acuerdo con el congresista demócrata Barney Frank:

Gingrich transformó la política estadounidense, que pasó de estar integrada por personas que daban por supuesta la buena fe de sus adversarios, incluso aunque discreparan de su opinión, a convertirse en una política en la que las personas trataban a aquéllos con quienes estaban en desacuerdo como personas malas o inmorales. Fue una especie de McCarthy con éxito.[16]

El nuevo enfoque de táctica dura de los republicanos resultó evidente durante la presidencia de Bill Clinton. En abril de 1993, cuatro meses después de que Clinton asumiera su primer mandato, el líder de la oposición en el Senado, Robert Dole, afirmó que la modesta victoria popular de Clinton implicaba que el período tradicional de luna de miel en el que se hacían deferencias hacia el nuevo presidente no podía darse por sentado y, en esta línea, orquestó un acto de obstruccionismo parlamentario para bloquear la iniciativa de creación de empleo del presidente, dotada con un presupuesto de dieciséis mil millones de dólares.[17] El uso del filibusterismo,[18] que ya se había agudizado de manera pronunciada en la década de 1980 y principios de los noventa, alcanzó lo que un exsenador describió como niveles «epidémicos»[19] durante los dos primeros años de la presidencia de Clinton. Antes de la década de 1970, el número anual de mociones de clausura presentadas para concluir debates en el Senado,[20] un buen indicador de los intentos de filibusterismo, nunca fue superior a siete; entre 1993 y 1994, dicha cifra había aumentado a ochenta. Los senadores republicanos también forzaron de manera agresiva que se iniciaran investigaciones relativas a una serie de escándalos dudosos, el más destacado de ellos un acuerdo sobre tierras firmado por Clinton en la década de 1980 en Arkansas (la llamada investigación de Whitewater). Todas aquellas peticiones culminaron en la designación en 1994 de Kenneth Starr como consejero independiente. Una sombra se cernería sobre toda la presidencia de Clinton.

Con todo, la era de la política entendida como una guerra entró en su fase más descarnada tras la abrumadora victoria de los republicanos en los comicios de 1994. Con Gingrich convertido en el presidente de la Cámara de Representantes, el Partido Republicano adoptó un planteamiento de «cero compromisos», señal de pureza ideológica para las bases del partido, que rechazaba sin ambages la contención en aras de lograr la victoria «por todos los medios necesarios». Los diputados republicanos se negaron a llegar a acuerdos de compromiso,[21] por ejemplo, en las negociaciones presupuestarias, cosa que condujo al cierre de la Administración durante cinco días en 1995 y a un segundo cierre de veintiún días en 1996.[*] Era un giro peligroso. Sin contención, el sistema de controles y equilibrios dio paso al estancamiento y la disfunción.

Las tácticas duras constitucionales alcanzaron su apogeo en la década de 1990 con el voto de la Cámara Baja en 1998 para destituir al presidente Clinton. Aquel movimiento, la segunda destitución presidencial de toda la historia de Estados Unidos, chocaba de pleno con normas largamente establecidas. La investigación, que se había iniciado con el tema sin salida de Whitewater y acabó centrándose en la declaración del presidente Clinton sobre una relación extramatrimonial, no reveló nada que se pareciera siquiera a los estándares convencionales de lo que constituyen faltas y delitos graves. En palabras del experto constitucionalista Keith Whittington, los republicanos impugnaron a Clinton amparándose «en un tecnicismo».[22] Además, los miembros republicanos de la Cámara de Representantes tiraron adelante la destitución sin el apoyo de ambos partidos, lo cual implicaba que con casi total seguridad el presidente Clinton no sería condenado por el Senado (que lo absolvió en febrero de 1999). En un acto sin precedentes en la historia de Estados Unidos,[23] los congresistas republicanos habían politizado el proceso de destitución, degradándolo, en palabras de los expertos en el Congreso Thomas Mann y Norman Ornstein, a «otra arma más de las guerras partidistas».[24]

Y aunque es posible que Gingrich liderara el asalto inicial a la tolerancia mutua y la contención, el descenso en la política entendida como una guerra no hizo más que acelerarse después de que abandonara el Congreso en 1999. Por más que Gingrich fuera sustituido por Dennis Hastert como presidente de la Cámara, el verdadero poder recayó en manos del líder de la oposición en la Cámara de Representantes, Tom DeLay. Apodado el Martillo, DeLay compartía la crueldad partidista de Gingrich. Así lo demostró, en parte, mediante el Proyecto de la Calle K, que llenó de infiltrados republicanos empresas influyentes e instituyó un sistema de «pagar por jugar» que recompensaba a los grupos de presión con legislaciones en función de su apoyo a los titulares del Partido Republicano.[25] El congresista republicano Chris Shays describió la filosofía de DeLay sin preámbulos: «Si no es legal, hazlo legal».[26] El resultado fue una erosión aún mayor de las normas. «En repetidas ocasiones, DeLay ha hecho saltar por los aires la verja invisible que mantiene a otros miembros del partido a raya»,[27] observó un periodista. Con DeLay, el quebrantamiento rutinario de las normas hizo entrada en el siglo XXI.

La tarde del 14 de diciembre de 2000, después de que Al Gore concediera la victoria a George W. Bush tras una amarga batalla postelectoral, Bush se dirigió al país desde la Cámara de Representantes de Texas. Tras ser presentado por el portavoz, un demócrata, Bush declaró que había escogido hablar desde la Cámara de Texas:

porque ha acogido la colaboración entre ambos partidos. Aquí, en un lugar donde los demócratas ostentan la mayoría, republicanos y demócratas han colaborado para obrar por el bien del pueblo al que representamos. El espíritu de colaboración que he visto en esta sala es lo que necesita Washington.[28]

Dicho espíritu no se materializó. Bush había prometido trabajar «por unir, no por dividir», pero la guerra entre partidos no hizo más que intensificarse durante sus ocho años al frente del Ejecutivo. Justo antes de jurar el cargo Bush, DeLay dio un baño de realidad al presidente electo, al que, según se cuenta, dijo: «No colaboramos con los demócratas. Se acabó eso de hablar sobre unir y dividir».[29]

El presidente Bush gobernó claramente a favor de la derecha,[30] abandonando toda pretensión de entendimiento entre ambos partidos por consejo de su asesor político, Karl Rove, quien había llegado a la conclusión de que el electorado estaba tan polarizado que los republicanos sólo podían ganar movilizando a sus propias bases, en lugar de intentando captar a votantes independientes. Y, salvo en la estela de los atentados del 11-S y durante las acciones militares subsiguientes en Afganistán e Irak, los congresistas demócratas renunciaron a la cooperación entre partidos en favor de la obstrucción. Harry Reid y otros senadores utilizaron las reglas del Senado para ralentizar o bloquear las leyes de los republicanos y rompieron con los precedentes al obstruir de manera rutinaria las propuestas de Bush a las cuales se oponían con tácticas de filibusterismo.[31]

Además, los senadores demócratas también empezaron a renunciar a la norma de la contención en el ámbito del asesoramiento y la aprobación, planteando obstrucciones a un número sin precedentes de jueces nombrados por el presidente Bush, ya fuera rechazándolos de plano o permitiendo que quedaran relegados al olvido al no celebrarse audiencias.[32] La norma de deferencia con respecto a las designaciones del presidente se diluía. De hecho, el New York Times citó a un estratega demócrata que había declarado que el Senado necesitaba «cambiar sus reglas básicas […]. No hay obligación de confirmar a alguien sólo porque sea un erudito en la materia».[33] Y cuando los republicanos volvieron a ganar el Senado en 2002, los demócratas desplegaron nuevas estrategias de filibusterismo para impedir la confirmación de varios jueces nombrados para los tribunales de apelaciones.[34] Los republicanos reaccionaron con indignación. El columnista conservador Charles Krauthammer escribió que «una de las grandes tradiciones, costumbres y reglas no escritas del Senado es que no se opone obstrucción parlamentaria a las designaciones judiciales».[35] Durante el 110.º Congreso, el último de la presidencia de Bush, la cifra de actos de filibusterismo alcanzó un récord histórico, con 139, prácticamente el doble que en los años de Clinton.[36]

Y mientras que los demócratas renunciaron a la contención para obstaculizar al presidente, los republicanos lo hicieron para protegerlo. En la Cámara Baja, la práctica informal del «orden normal», que garantizaba al partido de la oposición oportunidades de hablar y presentar enmiendas a la legislación, se abandonó en gran medida.[37] La cantidad de proyectos de ley aprobados mediante «reglas cerradas», que prohíben la presentación de enmiendas, se disparó por las nubes.[38] En palabras de los observadores del Congreso Thomas Mann y Norman Ornstein: «Las normas de conducta tradicionales de la Cámara […] se hicieron pedazos en aras del objetivo superior de implementar el programa presidencial».[39] El Partido Republicano abandonó de manera efectiva la supervisión del presidente, por ser republicano, y debilitó la capacidad del Congreso de controlar al Ejecutivo. La misma Cámara que había dedicado ciento cuarenta horas a tomar declaraciones juradas[40] mientras investigaba si el presidente Clinton había aprovechado indebidamente la lista de destinatarios de postales navideñas de la Casa Blanca para movilizar a nuevos donantes no citó en ningún momento a comparecer a la Casa Blanca durante los seis años de la presidencia de George Bush. El Congreso rehusó inspeccionar la guerra de Irak y únicamente acometió investigaciones superficiales de los casos graves de abusos, incluidas las torturas en la prisión de Abu Ghraib. El Congreso pasó de ser un perro guardián a convertirse en un perrito faldero y abdicó de sus responsabilidades institucionales.[41]

La desatención hacia las normas también resultó evidente a nivel estatal. Entre los casos más célebres figuró el plan de 2003 de redistribución de distritos en Texas. De acuerdo con la Constitución, las asambleas legislativas estatales tienen la facultad de modificar los distritos electorales para mantener demarcaciones con una población similar. No obstante, existe una norma de toda la vida ampliamente compartida según la cual la redistribución de distritos sólo debe realizarse una vez a la década, inmediatamente después de la publicación del censo.[42] Y hay una explicación lógica para ello: puesto que los desplazamientos poblacionales son constantes, cualquier redistribución de distritos realizada en otro momento de la década se basaría en cifras de población menos precisas. Y aunque no existe ningún impedimento legal que impida redistribuirlos a mitad de década, rara vez se ha hecho.

En 2003, los republicanos de Texas, con Tom DeLay, el líder de la oposición, a la cabeza, llevaron a término un plan que contemplaba una redistribución de distritos radical y extraordinaria, como ellos mismos admitieron, cuyo único fin era obtener ventajas para su partido.[43] Aunque el electorado de Texas era cada vez más prorrepublicano, diecisiete de los treinta y dos representantes eran demócratas y muchos de ellos estaban atrincherados en su puesto. Era un asunto que preocupaba a la cúpula del Partido Republicano nacional, que tenía una mayoría ajustada (229 a 204) en la Cámara Baja. Los demócratas sólo necesitaban conseguir trece escaños republicanos en 2004 para hacerse de nuevo con la Cámara de Representantes, de manera que un cambio de signo de un puñado de senadores podía ser decisivo.

Dirigidos por DeLay, los republicanos de Texas trazaron un plan de redistribución de distritos concebido para delimitarlos de tal manera que los votantes afroamericanos y latinos quedaran circunscritos a un número reducido de demarcaciones demócratas, al tiempo que se añadían votantes republicanos a los distritos de los demócratas titulares de los escaños, lo cual garantizaba su derrota. El nuevo mapa dejó a seis congresistas demócratas en una situación de vulnerabilidad extrema.[44] El plan no fue una mera táctica de política dura. En palabras de un analista, «era tan partidista como los republicanos creían que la ley permitía».[45]

Pero sería preciso dar otro paso audaz para aprobar la ley de Texas. La Cámara Baja estatal requiere que haya quórum (al menos dos tercios de sus integrantes) para votar una ley. Y los demócratas tenían los votos necesarios para negar dicho quórum. De ahí que cuando se planteó la redistribución de distritos en sede parlamentaria en mayo de 2003, los demócratas reaccionaran con una maniobra también inusitada: cuarenta y siete diputados estatales se subieron a autobuses y pusieron rumbo a Ardmore, Oklahoma, donde permanecieron durante cuatro días, hasta que la Cámara de Representantes abandonó la propuesta de ley.[46]

En respuesta a ello, el gobernador Rick Perry convocó una sesión extraordinaria de la Cámara en junio y, puesto que los demócratas estaban demasiado exhaustos para organizar un nuevo abandono, la ley de redistribución de distritos se aprobó. A continuación, la ley llegó al Senado estatal, donde los demócratas, siguiendo el precedente de sus colegas de la Cámara de Representantes, intentaron frustrar la propuesta de ley in absentia, embarcando en un avión y volando a Albuquerque, Nuevo México. Allí permanecieron durante más de un mes, hasta que el senador John Whitmire (que al poco pasaría a ser apodado Quitmire)[*] se dio por vencido y regresó a Austin. Cuando finalmente se aprobó la ley, DeLay tomó un avión en Washington para acudir a supervisar el proceso de reconciliación, lo cual derivó en un plan de redistribución de distritos aún más radical.[47] Un ayudante del congresista republicano Joe Barton admitió en un correo electrónico que era «el mapa más agresivo que he visto nunca. Debería […] garantizar que los republicanos retengan la Cámara Baja sea cual sea el sentir de la nación».[48] De hecho, el plan de redistribución de distritos funcionó casi a pedir de boca. Seis escaños en el Congreso de Texas cambiaron de manos demócratas a republicanas en 2004, lo cual permitió a los republicanos retener el control de la cámara.

Además de abandonarse la contención, durante la presidencia de Bush también se vivieron algunos desafíos a la norma de la tolerancia mutua. Vaya en su descargo que el presidente Bush no puso en duda en ningún momento el patriotismo de sus adversarios demócratas, ni siquiera cuando la histeria antimusulmana posterior a los atentados del 11-S le brindó la oportunidad para hacerlo. En cambio, los periodistas de Fox News e influyentes presentadores de programas de tertulias en la radio aprovecharon la coyuntura para insinuar que los demócratas no eran suficientemente patriotas. De hecho, hubo tertulianos que vincularon a los demócratas con Al Qaeda, como hizo Rush Limbaugh en 2006, al acusar al senador Patrick Leahy de «alzarse en defensa de Al Qaeda»[49] después de que éste investigara al magistrado nominado para el Tribunal Supremo Samuel Alito por el uso de torturas por parte de la Administración Bush.

Entre los máximos exponentes de intolerancia partidista a principios de la década de 2000 se encontraba Ann Coulter. Coulter escribió una serie de libros superventas en los que atacaba a los liberales y demócratas empleando un tono propio del macartismo. Los títulos de los libros hablan por sí solos: Slander (calumnia [2002]), Treason (traición [2003]), Godless (ateo [2006]), Guilty (culpable [2009]), Demonic (demoníaco [2011]) y ¡Adios, America! (2015). Treason, publicado en torno a la época de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, defiende a Joseph McCarthy y abraza sus tácticas.[50] El libro afirma que el antiamericanismo es «intrínseco a la visión del mundo [de los liberales]»[51] y los acusa de haber cometido «cincuenta años de traición» durante la Guerra Fría. Durante la campaña promocional de Treason, Coulter declaró: «Tenemos a millones de sospechosos entre nosotros. […] Acuso al conjunto del Partido Demócrata».[52] El libro permaneció trece semanas en la lista de superventas del New York Times.

Las elecciones presidenciales de 2008 marcaron un punto de inflexión en la intolerancia partidista. A través del ecosistema mediático de la derecha, que incluía Fox News, el canal de noticias por cable más visto de Estados Unidos, se presentó al candidato a la presidencia demócrata Barack Obama como un antiamericano marxista que practicaba en secreto la fe musulmana.[53] Además, se hizo una campaña sostenida para vincular a Obama con «terroristas» como Bill Ayers, un profesor de la zona de Chicago que había participado activamente en la organización Weather Underground[*] a principios de la década de 1970 (en 1995, Ayers había sido el anfitrión de un encuentro con Obama cuando éste preparaba su candidatura al Senado del estado de Illinois). El programa de Fox News Hannity & Colmes analizó la historia de Ayers en al menos sesenta y un episodios distintos durante la campaña de 2008.[54]

Con todo, lo verdaderamente preocupante de la campaña de 2008 fue que dirigentes republicanos adoptaron la retórica de intolerancia de los medios de comunicación de derechas. Tom DeLay, por ejemplo, declaró que «a menos que Obama me demuestre que estoy equivocado, es marxista»,[55] y Steve King, un congresista republicano de Iowa, calificó a Obama de «antiamericano» y advirtió que conduciría a Estados Unidos a una «dictadura totalitaria».[56] Y aunque el candidato a la presidencia republicano, John McCain, no empleó dicha retórica, sí seleccionó como candidata a la vicepresidencia a Sarah Palin, que sí la manejaba. Palin dio por buena la historia de Bill Ayers y declaró que Obama tenía «amistades terroristas».[57] Durante la campaña electoral, Palin aseguró a sus correligionarios que Obama «lanzó su carrera política en el salón de un terrorista en el seno de este país»,[58] a lo cual añadió: «Este hombre no ve América como nosotros. […] Me temo que estamos ante alguien que cree que Estados Unidos lo bastante imperfecto como para colaborar con un terrorista interno que ha atacado a su propio país». Sus discursos con tintes racistas suscitaron gritos de «¡Traición!», «¡Terrorista!» e incluso «¡Matadlo!» entre las multitudes.[59]

La victoria presidencial de Barack Obama en 2008 reavivó la esperanza del retorno a una política más civilizada. La noche de las elecciones, mientras reunía a su familia en el escenario en Chicago, el presidente electo pronunció un discurso generoso en el que felicitó a McCain por una carrera heroica de aportaciones a Estados Unidos. Anteriormente, en Phoenix, Arizona, McCain había dado un discurso de aceptación de la derrota en tono cortés en el que describió a Obama como un buen hombre que amaba a su país y le deseó buena suerte. Era un caso de manual de reconciliación postelectoral. Sin embargo, algo salió mal en Phoenix. Cuando McCain mencionó a Obama, la multitud lo abucheó sonoramente y el senador de Arizona se vio obligado a pedir tranquilidad. Muchos posaron la mirada en Sarah Palin, que permanecía en pie a su lado, en un silencio adusto. Y aunque aquella noche el escenario pertenecía a McCain, la petición que, en honor a la tradición, realizó a los republicanos de «tender puentes para salvar las diferencias» con el nuevo presidente pareció no caer bien entre quienes se habían congregado allí para escucharlo.

En lugar de adentrar al país en una nueva era de tolerancia y colaboración, la presidencia de Obama estuvo marcada por un extremismo y una guerra partidista crecientes. El cuestionamiento de la legitimidad de Obama, que había dado comienzo entre autores conservadores marginales, tertulianos de programas radiofónicos, presentadores de programas de entrevistas televisivos y blogueros, no tardó en cobrar cuerpo en un movimiento político a gran escala: el Tea Party, que empezó a organizarse apenas semanas después de la investidura del presidente Obama en el cargo. Si bien el Tea Party enmarcaba su misión en términos de ideas conservadoras tradicionales tales como el Gobierno limitado, la rebaja impositiva y el rechazo a la reforma del sistema sanitario, su oposición a Obama era mucho más perniciosa.[60] Y es que el Tea Party cuestionaba incluso el derecho del presidente Obama a ocupar el Despacho Oval.

El discurso del Tea Party se entretejía con dos argumentos que vulneraban las normas establecidas. Uno de ellos era que el presidente Obama suponía una amenaza para la democracia. Apenas días después de la elección de Obama, el congresista de Georgia Paul Broun advirtió del advenimiento de una dictadura comparable a la de la Alemania nazi o la Unión Soviética.[61] Posteriormente tuiteó: «Señor presidente, usted no cree en la Constitución. Usted cree en el socialismo».[62] El miembro del Tea Party de Iowa Joni Ernst, que al poco sería elegido para el Senado de Estados Unidos, afirmó que el presidente Obama «se ha convertido en un dictador».[63]

El segundo hilo argumental era que Barack Obama no era un «americano de verdad». Durante la campaña de 2008, Sarah Palin había utilizado la expresión «americanos de verdad» para describir a sus correligionarios (que en una mayoría abrumadora eran cristianos blancos). Este argumento devino capital en la campaña del Tea Party contra el presidente Obama, en la que se subrayó en repetidas ocasiones que Obama no amaba a Estados Unidos ni compartía los valores de los estadounidenses.[64] Según la activista del Tea Party y locutora Laurie Roth:

No estamos ante un cambio en la izquierda como los que representaban Jimmy Carter o Bill Clinton. Estamos ante un choque de concepciones del mundo. Estamos siendo testigos de la colisión de dos visiones del mundo distintas en el seno de la Casa Blanca. Estamos ante un hombre profano que esconde que es musulmán, pero que no por ello deja de serlo. No es cristiano. Estamos ante un socialista, un comunista que ocupa la Casa Blanca y finge ser un estadounidense.[65]

Entre los círculos del Tea Party pusieron en circulación insinuaciones y rumores mediante campañas de envíos masivos de correos electrónicos, incluido uno con una fotografía en la que aparecía el presidente Obama con el libro The Post-American World (el mundo postamericano) del presentador de la CNN Fareed Zakaria. El correo electrónico decía: «¡¡SE OS VA A CUAJAR LA SANGRE!! El título del libro que Obama está leyendo es The Post-American World y el autor es otro musulmán».[66]

Ahora bien, no eran sólo los activistas del Tea Party quienes empleaban esta retórica. Los políticos republicanos también cuestionaban la «americanidad» del presidente Obama. El antiguo congresista por Colorado Tom Tancredo declaró: «No creo que Barack Obama ame la misma América que amo yo, la América que crearon los fundadores».[67] Newt Gingrich, que protagonizó un intento de retorno a la política y buscó la nominación a la presidencia del Partido Republicano en 2012, calificó a Obama como «el primer presidente antiamericano».[68] Y, en una cena de recaudación de fondos privados para el gobernador de Wisconsin Scott Walker celebrada en febrero de 2015, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani cuestionó de manera explícita el patriotismo del presidente en ejercicio, al declarar: «No creo, y sé que es horrible decirlo, pero no creo que el presidente ame América».[69]

Pero si el Tea Party insistía en acusar al presidente Obama de no amar América, el «movimiento natalista» fue aún más lejos y puso en entredicho incluso que hubiera nacido en Estados Unidos, con lo que cuestionó su derecho constitucional a ocupar la presidencia. La idea de que Obama ni siquiera era estadounidense circuló en un inicio entre la blogosfera durante su campaña al Senado de 2004 y volvió a aflorar en 2008. Los políticos republicanos descubrieron que poner en duda la ciudadanía del presidente Obama era una manera fácil de suscitar el entusiasmo del público en los mítines. Y empezaron a hacerlo. El representante de Colorado Mike Coffman declaró ante sus partidarios: «Desconozco si Barack Obama nació en Estados Unidos de América […], pero lo que sí sé es que no es un americano de corazón. Sencillamente no es un americano».[70] Al menos dieciocho senadores y miembros de la Cámara de Representantes republicanos fueron acusados de posibilitar que alguien no estadounidense se postulara a la presidencia por su negación a dar pábulo a esta leyenda.[71] Los senadores federales Roy Blunt, James Inhofe, Richard Shelby y David Vitter, la excandidata a la vicepresidencia Sarah Palin y, en 2012, el candidato presidencial Mike Huckabee realizaron declaraciones en las que respaldaban o alentaban la campaña natalista.[72]

El natalista más célebre de todos fue Donald Trump. En la primavera de 2011, mientras calibraba si postularse a la presidencia en 2012, Trump aseguró en el programa televisivo Today que albergaba «dudas» acerca de si el presidente Obama era un ciudadano estadounidense de nacimiento. «He encargado a algunas personas que lo investiguen —afirmó Trump— y no dan crédito a lo que están descubriendo.»[73] Trump se convirtió en el natalista más destacado de Estados Unidos, donde apareció repetidamente en los telediarios del país exigiendo que el presidente hiciera público su certificado de nacimiento. Y cuando en 2011 acabó publicándose, Trump insinuó que era una falsificación. Y si bien Trump optó por no presentarse como alternativa a Obama en 2012, su cuestionamiento reiterativo de la nacionalidad del presidente le brindó la atención de los medios de comunicación y le granjeó la estima de las bases del Tea Party republicano.[74] La intolerancia resultaba útil en términos políticos.

Tales ataques tienen una dilatada y deshonrosa tradición en la historia de Estados Unidos. Henry Ford, el padre Coughlin y la John Birch Society habían adoptado un lenguaje similar. Sin embargo, los desafíos que se planteaban a la legitimidad de Obama eran distintos por dos motivos importantes. En primer lugar, no estaban confinados a la marginalidad, sino que contaban con una aceptación generalizada por parte de los votantes republicanos. De acuerdo con una encuesta realizada por Fox News en 2011, el 37 por ciento de los republicanos creían que el presidente Obama no había nacido en Estados Unidos y el 63 por ciento aseguraba albergar dudas acerca de su origen.[75] En un sondeo realizado por CNN/ORC, el 43 por ciento de los republicanos afirmaban creer que era musulmán[76] y, en una encuesta de Newsweek se reveló que la mayoría de los republicanos creían que el presidente Obama anteponía los intereses de los musulmanes a los de las demás religiones.[77]

En segundo lugar, a diferencia de lo sucedido en episodios de extremismo anteriores, aquella ola llegó a las filas superiores del Partido Republicano. Con la excepción de la época de McCarthy, tradicionalmente los dos partidos principales habían mantenido tal intolerancia en sus márgenes desde hacía más de un siglo. Ni el padre Coughlin ni la John Birch Society contaban con la atención de la cúpula de los partidos. En cambio, ahora los ataques declarados a la legitimidad del presidente Obama (y, posteriormente, a la de Hillary Clinton) los protagonizaban políticos nacionales de primer orden. En 2010, Sarah Palin aconsejó a los republicanos «absorber el movimiento Tea Party en la medida de lo posible».[78] Y eso hicieron. Senadores, gobernadores e incluso candidatos a la presidencia republicanos asimilaron el lenguaje de los elementos radicales del partido, y se les sumaron los donantes republicanos, quienes vieron en el movimiento del Tea Party una oportunidad para impeler al Partido Republicano a adoptar una línea más dura contra la Administración Obama. Organizaciones con amplia financiación como Freedom Works y Americans for Prosperity y comités de acción política como el Tea Party Express y Tea Party Patriots esponsorizaron a docenas de candidatos republicanos.[79] En 2010, más de un centenar de candidatos respaldados por el Tea Party se postularon para el Congreso, y más de cuarenta de ellos fueron elegidos.[80] En 2011, el caucus del Tea Party para la Cámara de Representantes[81] contaba con sesenta miembros y, en 2012, candidatos simpatizantes del Tea Party se alzaron como contrincantes a la nominación del candidato presidencial republicano. En 2016, la candidatura a la presidencia por parte del Partido Republicano recayó en un natalista, en una convención nacional del partido en la que líderes republicanos tildaron a su rival demócrata de delincuente y entonaron cantos de «¡Enciérrala!».

Por primera vez en muchas décadas, destacadas figuras republicanas, incluida una que al poco se convertiría en presidente del país, habían abandonado sin remilgos las normas de la tolerancia mutua, exhortadas por unos radicales marginales que habían dejado de ser marginales. Para cuando la presidencia de Obama tocó a su fin, muchos republicanos habían comprado la idea de que sus rivales demócratas eran antiamericanos o representaban una amenaza para el modo de vida americano. Nos hallábamos en aguas pantanosas. Tal extremismo espolea a los políticos a abandonar la contención. Si Barack Obama suponía una «amenaza para el imperio de la ley»,[82] tal como aseguraba el senador Ted Cruz, entonces tenía sentido rechazar a los magistrados designados por él por todos los medios posibles.

De este modo, la intolerancia creciente entre los partidos desembocó en una erosión de la contención institucional durante los años de Obama. Inmediatamente después de ser elegido presidente, un grupo de jóvenes miembros de la Cámara Baja liderado por Kevin McCarthy, Eric Cantor y Paul Ryan celebró una serie de reuniones para trazar una estrategia de confrontación con la nueva Administración.[83] Los autoproclamados «Young Guns» (armas jóvenes) decidieron convertir el Partido Republicano en el «Partido del No».[84] Estados Unidos estaba enlodado en la crisis económica más aguda desde la Gran Depresión y, pese a ello, los diputados republicanos planearon no cooperar con el nuevo Gobierno. El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, se hizo eco de este sentimiento al declarar que «lo más importante, nuestro principal objetivo [en el Senado] es que el presidente Obama sea presidente por un solo mandato».[85] De manera que McConnell también adoptó las tácticas obstruccionistas. El primer proyecto de ley que se presentó ante el Senado en enero de 2009 fue la inocua Ley de Gestión del Territorio Público, una medida de conservación defendida por ambos partidos destinada a administrar ochocientas mil hectáreas de naturaleza en nueve estados. Como si desearan enviar un mensaje, los republicanos aplicaron tácticas de filibusterismo para no aprobarla.[86]

Tal comportamiento se convirtió en la práctica normalizada. El obstruccionismo en el Senado se disparó a partir de 2008.[87] Las llamadas holds del Senado (una práctica según la cual la objeción privada de uno o más senadores evita que una cuestión se programe para debate), recesos que por tradición se usaban para posponer el debate en la cámara hasta una semana y brindar a los senadores un tiempo adicional para prepararse, se convirtieron en «vetos indefinidos o permanentes».[88] Entre 2007 y 2012 se iniciaron 385 acciones de obstrucción, una cifra pasmosa, equiparable al número total de prácticas de obstruccionismo realizadas en las siete décadas entre la Primera Guerra Mundial y el fin de la Administración Reagan.[89] Y los senadores republicanos continuaron usando el proceso de confirmación judicial como herramienta partidista: la tasa de confirmación de magistrados propuestos por el presidente para la judicatura, que había superado el 90 por ciento en la década de 1980, cayó a apenas un 50 por ciento durante el mandato del presidente Obama.[90]

Los demócratas respondieron transgrediendo también las normas. En noviembre de 2013, los senadores demócratas votaron eliminar el uso del filibusterismo para la mayoría de los nombramientos a propuesta del presidente, incluidos los de jueces federales (aunque no del Tribunal Supremo), un movimiento tan extremo que se aludió a él ampliamente como la «opción nuclear».[91] Los senadores republicanos criticaron el «ejercicio salvaje de poder político» de los demócratas,[92] pero el presidente Obama lo defendió, asegurando que el filibusterismo se había transformado en una «herramienta imprudente e implacable» de obstrucción y añadiendo que «el modelo de obstruccionismo actual […] sencillamente no es normal; no es lo que los padres fundadores previeron».

Y el presidente Obama, por su parte, también respondió vulnerando las normas mediante la adopción de acciones ejecutivas unilaterales. En octubre de 2011, el presidente expuso lo que se convertiría en su mantra para alcanzar objetivos políticos: «No podemos esperar a que un Congreso cada vez más disfuncional desempeñe su labor —aseguró ante el público en Nevada—. Si ellos no actúan, lo haré yo».[93] Obama empezó a utilizar la autoridad del Ejecutivo de un modo que tal vez no había previsto hacer antes de ocupar el Despacho Oval.[94] En 2010, ante el rechazo del Congreso a aprobar una nueva ley energética, emitió un «memorando ejecutivo» en el que instruía a los organismos gubernamentales a aumentar los estándares de eficiencia de los combustibles para todos los automóviles.[95] En 2012, ante la falta de voluntad del Congreso de aprobar la reforma a la Ley de Inmigración, anunció una orden ejecutiva para cesar la deportación de los inmigrantes ilegales llegados a Estados Unidos con menos de dieciséis años de edad, así como de aquellos que se hallaran escolarizados, hubieran concluido la educación secundaria o fueran veteranos militares.[96] En 2015, el presidente Obama respondió a la negación del Congreso a aprobar la ley para combatir el cambio climático emitiendo una orden ejecutiva a todos los organismos federales con el fin de reducir las emisiones de gases invernadero y fomentar el uso de las energías renovables.[97] Incapaz de conseguir la aprobación del Senado para cerrar un trato nuclear con Irán, la Administración Obama negoció un «acuerdo ejecutivo» que, al no tratarse formalmente de un tratado, podía prescindir de tal aprobación.[98] Las acciones del presidente no desbordaban los límites constitucionales, pero, al actuar de manera unilateral para lograr los objetivos que el Congreso había obstaculizado, el presidente Obama infringió la norma de la contención.[99]

Las estrategias del presidente Obama para esquivar al Congreso desencadenaron un recrudecimiento de las posiciones. En marzo de 2015, el liderazgo republicano en el Senado exhortó públicamente a los estados que conforman Estados Unidos a desafiar la autoridad del presidente. En una página de opinión publicada en el Lexington Herald Leader, Mitch McConnell instaba a los estados a desatender el decreto normativo de Obama que limitaba las emisiones de gases invernadero. Se trataba de un socavamiento sorprendente de la autoridad federal. Un año después, los legisladores estatales de Arizona debatieron y estuvieron a punto de aprobar un proyecto de ley que prohibía al Gobierno estatal usar a su personal y sus recursos para ejecutar órdenes ejecutivas que no se hubieran votado en el Congreso. Tal como recogió en su editorial el New York Times: «Recuerda al panfleto secesionista de John Calhoun de 1828, el South Carolina Exposition and Protest».[*]

Tres hechos dramáticos acaecidos durante la presidencia de Obama revelaron la gravedad de la erosión de la norma de contención. El primero de ellos fue la crisis de 2011 relativa al límite de la deuda federal. Habida cuenta de que no conseguir aumentar el techo de deuda comportaría la suspensión de pagos por parte del Gobierno de Estados Unidos, cosa que arruinaría la solvencia crediticia del país y podía hacer desplomarse la economía, en teoría el Congreso podía usar el límite de la deuda como «rehén» y negarse a aumentarlo a menos que el presidente accediera a determinadas demandas. Esta política suicida extraordinaria no se había contemplado nunca seriamente… hasta 2011. El incremento del límite de endeudamiento era una práctica bipartidista de largo recorrido;[100] entre 1960 y 2011 se había llevado a cabo en 78 ocasiones, 49 de ellas con presidentes republicanos y 29 con demócratas. Y aunque a menudo se trataba de un procedimiento contencioso, los dirigentes de ambos partidos sabían que no era más que estrategia política.[101]

La situación cambió después de que los republicanos, aguijoneados por una nueva clase de representantes respaldados por el Tea Party, se hicieran con el control del Congreso en 2011. No sólo se mostraron dispuestos a utilizar el límite de endeudamiento como rehén,[102] sino que muchos de ellos estaban resueltos a liquidarlo para «hacer que todo el sistema cayera»[103] si sus demandas de realizar una serie de recortes presupuestarios de enorme calado no se cumplían. En la misma línea, los senadores respaldados por el Tea Party Pat Toomey, de Pensilvania, y Mike Lee, de Utah, solicitaron abiertamente que se procediera a la suspensión de pagos si el presidente Obama no accedía a sus exigencias.[104] Tal como el congresista Jason Chaffetz expresó en fechas posteriores: «No bromeábamos. […] Lo habríamos hecho caer».[105] Y si bien un acuerdo de última hora evitó la suspensión de pagos, ya se había infligido un daño considerable. Los mercados respondieron negativamente y Standard & Poor’s rebajó la calificación crediticia de Estados Unidos por primera vez en la historia.

En marzo de 2015 tuvo lugar otro hecho sin precedentes cuando el senador de Arkansas Tom Cotton y otros cuarenta y seis senadores republicanos redactaron una carta abierta a los dirigentes iraníes insistiendo en que el presidente Obama no tenía autoridad para negociar un trato relativo al programa nuclear de Irán. Contrarios al acuerdo con Irán y enfurecidos por la decisión de Obama de recurrir a un «acuerdo ejecutivo» en lugar de a un tratado, los senadores republicanos intervinieron en negociaciones diplomáticas, circunscritas desde hacía tiempo al ámbito del poder ejecutivo.[106] El senador por Florida Bill Nelson, un demócrata moderado, manifestó que se había quedado «estupefacto [al leer aquella carta] […]. No pude evitar plantearme si yo habría firmado una carta como aquélla durante el mandato del presidente George W. Bush. Ni lo habría contemplado siquiera».[107] Cotton y sus aliados habían intentado minar descaradamente la autoridad del presidente en ejercicio.[108]

Una tercera infracción de las normas se registró cuando, en 2016, el Senado rehusó aprobar el nombramiento de Merrick Garland como magistrado del Tribunal Supremo propuesto por el presidente Obama. Cabe recordar que en ninguna ocasión desde la época de la reconstrucción posterior a la guerra de Secesión se había negado a un presidente la oportunidad de cubrir una vacante en el Tribunal Supremo cuando el nombramiento se producía antes de la elección de su sucesor.[109] Ahora bien, la amenaza de obstruccionismo no se detuvo aquí. En el período previo a las elecciones de 2016, cuando se daba por supuesto que Hillary Clinton se proclamaría vencedora, varios senadores republicanos, incluidos Ted Cruz, John McCain y Richard Burr, se comprometieron a rechazar todos los nombramientos al Tribunal Supremo propuestos por Clinton durante los siguientes cuatro años, lo cual representaba reducir el tamaño del tribunal a ocho magistrados.[110] Burr, senador por Carolina del Norte, aseguró en una reunión privada con voluntarios republicanos que «si Hillary Clinton es elegida presidenta, voy a hacer cuanto esté en mi mano por asegurarme de que de aquí a cuatro años siga habiendo una vacante en el Tribunal Supremo».[111] Aunque la Constitución no especifica el tamaño del Tribunal Supremo, desde hacía largo tiempo la tradición lo había establecido en nueve jueces. Tanto republicanos como demócratas habían defendido la autonomía del tribunal frente a la ampliación de poderes del presidente Roosevelt en 1937. Ahora era inimaginable que eso sucediera. Por más que Ted Cruz asegurara que existía un extenso «precedente histórico»[112] de cambio de las dimensiones del Tribunal Supremo, lo cierto es que dicho precedente había muerto poco después de la guerra de Secesión. La iniciativa de Cruz habría vulnerado una norma con ciento cuarenta y siete años de tradición.

Con tácticas como éstas, los republicanos habían empezado a comportarse como un partido político antisistema. Hacia el final de la presidencia de Obama, los guardarraíles de la democracia se habían soltado de sus anclajes, con el peligro que ello comportaba.

Si hace veinticinco años alguien le hubiera hablado de un país en el que los candidatos amenazaban con meter en la prisión a sus rivales, en el que la oposición acusaba al Gobierno de robar unas elecciones o de establecer una dictadura y en el que los partidos empleaban sus mayorías legislativas para destituir a presidentes y robar puestos en el Tribunal Supremo, seguramente habría pensado usted en Ecuador o Rumanía. Probablemente no hubiera imaginado que hablaba de Estados Unidos.

Bajo el desmantelamiento de las normas básicas de la tolerancia mutua y la contención subyace un síndrome de intensa polarización partidista. Y aunque tal polarización dio comienzo con la radicalización del Partido Republicano, sus consecuencias se han dejado sentir en el conjunto del sistema político estadounidense. Los cierres de la Administración,[*] los secuestros por parte del poder legislativo, la redistribución de los distritos a mitad de década y la negación a considerar siquiera los nombramientos al Tribunal Supremo no son hoy anomalías. En el último cuarto de siglo, tanto demócratas como republicanos se han convertido en mucho más que dos partidos rivales clasificados dentro de los bandos liberal o conservador. Sus votantes están ahora profundamente divididos por raza, creencias religiosas, geografía[113] e incluso «estilo de vida».[114]

A continuación exponemos un hallazgo fascinante: en 1960, los politólogos preguntaron a los estadounidenses cómo se sentirían si su hijo se casara con una persona militante de otro partido político. El 4 por ciento de los demócratas y el 5 por ciento de los republicanos manifestaron que les «desagradaría». En cambio, en 2010, el 33 por ciento de los demócratas y el 49 por ciento de los republicanos afirmaron que se sentirían «un poco o muy infelices»[115] ante la perspectiva de un matrimonio entre dos personas con distintas tendencias políticas. Ser demócrata o republicano ya no es una mera cuestión de adscripción a un partido,[116] sino que se ha convertido en un rasgo identitario. Una encuesta realizada en 2016 por la Pew Foundation reveló que el 49 por ciento de los republicanos y el 55 por ciento de los demócratas aseguran «temer» al otro partido. Entre los estadounidenses políticamente comprometidos, dichas cifras son aún más elevadas: un 70 por ciento de los demócratas y un 62 por ciento de los republicanos afirman vivir con miedo al otro partido.[117]

Estas encuestas apuntan al auge de un fenómeno peligroso en la política estadounidense: una honda hostilidad entre partidos. Las raíces de este fenómeno entroncan con la realineación partidista a largo plazo que empezó a cobrar forma en la década de 1960. Durante gran parte del siglo XX, los partidos estadounidenses eran «grandes carpas» ideológicas, cada una de las cuales abarcaba distintos electorados y una amplia gama de visiones políticas. Los demócratas representaban la coalición del New Deal entre liberales, mano de obra organizada, inmigrantes católicos de segunda y tercera generación y afroamericanos, pero también representaban a población blanca conservadora en el sur del país.[118] Por su parte, el Partido Republicano abarcaba desde a liberales en el nordeste hasta conservadores en el oeste y la región del Medio Oeste. Los cristianos evangélicos estaban distribuidos entre ambos partidos, con una ligera tendencia hacia los demócratas, de manera que ninguno de los partidos podía ser acusado de «ateísmo».[119]

Puesto que ambos partidos eran tan heterogéneos internamente, la polarización entre ellos era muy inferior a la que existe hoy. Los congresistas republicanos y demócratas se oponían en temas como los impuestos, el gasto, la regulación gubernamental y los sindicatos, pero los partidos se solapaban en el tema potencialmente explosivo de la raza.[120] Si bien ambos contenían facciones que abogaban por los derechos civiles, la oposición de los demócratas sureños y el control estratégico del sistema de comisiones del Congreso permitían mantener este tema alejado de la agenda política.[121] Esta heterogeneidad interna desactivaba el conflicto. En lugar de contemplarse entre sí como enemigos, republicanos y demócratas solían hallar terreno común. Mientras que los republicanos y demócratas liberales solían votar en el Congreso al unísono para impulsar la causa de los derechos civiles, los congresistas demócratas del Sur y los republicanos de derechas del Norte mantenían una «coalición conservadora» que la desbarataba.[122]

El movimiento en defensa de los derechos civiles, que culminó con la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, puso fin a este acuerdo entre partidos. No sólo democratizó el Sur,[123] por fin, al conceder el Derecho al Voto a los negros y acabar con el gobierno unipartidista, sino que, además, aceleró una realineación del sistema de partidos a largo plazo cuyas consecuencias todavía se están revelando. Fue la Ley de Derechos Civiles, que contaba con el favor del presidente demócrata Lyndon Johnson y con la oposición del candidato a la presidencia por los republicanos en 1964 Barry Goldwater, la que definiría a los demócratas como el partido de los derechos civiles y a los republicanos como el partido del statu quo racial. En las décadas que siguieron, el trasvase de votantes blancos al Partido Republicano en el Sur se aceleró. El atractivo racial de la «estrategia sureña»[124] de Nixon y, más adelante, los mensajes codificados de Ronald Reagan acerca de la raza comunicaron al electorado que el Partido Republicano era la casa de los conservadores raciales blancos. Hacia finales del siglo, lo que había sido desde hacía largo tiempo una sólida región demócrata se había convertido en una sólida región republicana.[125] En paralelo, los negros del Sur,[126] autorizados a votar por primera vez en casi un siglo, se sumaron en bandadas a los demócratas, tal como hicieron muchos republicanos liberales del Norte que defendían los derechos civiles. Mientras el Sur se hacía republicano, el nordeste se teñía de azul.

La realineación posterior a 1965 también desencadenó un proceso de clasificación de los votos por ideologías.[127] Por primera vez en casi un siglo, la afiliación a un partido y la ideología convergieron[128] y el Partido Republicano se volvió principalmente conservador, mientras que los demócratas devinieron predominantemente liberales. Hacia la década de 2000, los partidos Demócrata y Republicano habían dejado de ser «grandes carpas» ideológicas. Con la desaparición de los demócratas conservadores y de los republicanos liberales, las zonas de solapamiento entre ambos partidos fueron desvaneciéndose de manera gradual. La mayoría de los senadores y representantes pasaron a tener más en común con sus correligionarios de partido que con miembros del partido de la oposición, se mostraron menos dispuestos a colaborar y votaron en coherencia con su propia formación. Y a medida que los votantes y sus representantes electos fueron agrupándose en «campamentos» cada vez más homogéneos, las diferencias ideológicas entre los partidos fueron agudizándose.[129]

No obstante, la clasificación del electorado estadounidense entre demócratas liberales y republicanos conservadores por sí sola no explica la tremenda hostilidad entre partidos que ha aflorado en Estados Unidos ni tampoco por qué tal polarización ha sido tan asimétrica y ha desplazado al Partido Republicano de manera más pronunciada hacia la derecha de lo que ha movido a los demócratas hacia la izquierda. Los partidos clasificados por ideologías no generan necesariamente el «miedo y odio» que erosionan las normas de la tolerancia mutua y conducen a los políticos a empezar a cuestionar la legitimidad de sus adversarios. El electorado de Gran Bretaña, Alemania y Suecia también está distribuido por ideologías y en ninguno de estos países se constata el tipo de odio partidista que hoy apreciamos en Norteamérica.

El realineamiento ha ido más allá de la oposición entre liberal y conservador. Las bases sociales, étnicas y culturales de los partidos también han cambiado de manera espectacular,[130] cosa que ha dado pie a la aparición de partidos que no sólo representan distintos planteamientos políticos, sino a comunidades, culturas y valores diferentes. Ya hemos mencionado uno de los principales detonantes de este fenómeno: el movimiento en defensa de los derechos civiles. Pero la diversidad étnica de Estados Unidos no se limitaba a la aprobación del sufragio de la población negra. A partir de la década de 1960, Estados Unidos experimentó una oleada masiva de inmigración, primero procedente de Latinoamérica y después de Asia, la cual ha alterado de manera drástica el mapa demográfico del país. En 1950, la población no blanca no llegaba al 10 por ciento del total de Estados Unidos. En 2014, su número había ascendido al 38 por ciento[131] y la Oficina del Censo de Estados Unidos prevé que la población blanca quedará en minoría en 2044.[132]

Aparte de la concesión del sufragio a la población negra, la inmigración ha transformado los partidos políticos estadounidenses. Estos nuevos votantes han apoyado de manera abrumadora al Partido Demócrata, cuya cuota de voto entre los no blancos ascendió de un 7 por ciento en la década de 1950 a un 44 por ciento en 2012.[133] En contraste, en la década de 2000, un 90 por ciento del electorado republicano seguía siendo de raza blanca.[134] De manera que los demócratas se han convertido cada vez más en un partido de minorías étnicas, mientras que el Partido Republicano se ha consagrado como un partido mayoritariamente blanco.

Asimismo, el Partido Republicano ha pasado a ser el partido de los cristianos evangélicos. Los evangélicos irrumpieron en masa en la política en la década de 1970, motivados, en gran parte, por la sentencia del Tribunal Supremo de 1973 en el caso Roe contra Wade, que legalizaba el aborto. A partir de Ronald Reagan en 1980, el Partido Republicano asimiló a la derecha conservadora y adoptó posturas cada vez más cercanas a los evangélicos, como la oposición al aborto, el apoyo a la oración en las escuelas y, posteriormente, la oposición al matrimonio entre homosexuales.[135] Los evangélicos blancos, que se habían inclinado hacia los demócratas en la década de 1960, empezaron a votar a los republicanos. En 2016, el 76 por ciento de los evangélicos blancos se identificaban como republicanos.[136] Por su parte, entre el electorado demócrata se vivió una tendencia ascendente hacia el ateísmo. El porcentaje de demócratas blancos que asistían a la iglesia de manera habitual cayó de casi un 50 por ciento en la década de 1960 a menos de un 30 por ciento en la de 2000.[137]

Se trata de un cambio extraordinario. Tal como destaca el politólogo Alan Abramowitz, en la década de 1950, los cristianos blancos casados componían la mayoría abrumadora (cerca del 80 por ciento) del electorado estadounidense, repartidos más o menos entre ambos partidos.[138] En la década de 2000, constituían en torno al 40 por ciento del electorado y se concentraban en el Partido Republicano.[139] Dicho de otro modo: los dos partidos están ahora divididos por temas de raza y religión, dos temas profundamente polarizadores que tienden a generar una mayor intolerancia y hostilidad que los temas políticos tradicionales, como los impuestos o el gasto público.[140]

Así pues, en la década de 2000, los votantes demócratas y republicanos y los políticos que los representaban estaban más divididos que en ningún otro momento del siglo precedente. Pero ¿por qué fue el Partido Republicano el que más infringió las normas?[141]

Para empezar, el nuevo paisaje mediático tuvo un mayor impacto en el Partido Republicano. Los votantes republicanos confían más en la información que dan los medios de comunicación afines a su ideología que los demócratas.[142] En 2010, el 69 por ciento del electorado republicano veía Fox News.[143] Y presentadores de tertulias radiofónicas populares como Rush Limbaugh, Sean Hannity, Michael Savage, Mark Levin y Laura Ingraham, todos los cuales han contribuido a legitimar el uso del discurso incívico, tienen pocos equivalentes entre los liberales.[144]

El auge de los medios de comunicación de derechas también influyó en los políticos republicanos.[145] Durante la Administración Obama, los presentadores de Fox News y locutores destacados de tendencia derechista adoptaron de manera casi uniforme una postura «sin concesiones»[146] y atacaron de manera encarnizada a cualquier político republicano que se desviara de la línea del partido. Cuando el representante republicano por California Darrell Issa declaró que el Partido Republicano tendría oportunidad de implementar más parte de su programa político si se mostraba dispuesto a colaborar, puntualmente, con el presidente Obama, Rush Limbaugh lo obligó a desdecirse públicamente de sus palabras y a jurar lealtad al programa obstruccionista.[147] Tal como lo expresó el senador republicano líder de la mayoría en el Senado, Trent Lott: «Si te desvías aunque sea ligeramente de la extrema derecha, los medios conservadores te zurran».[148]

Estas posiciones de línea dura se vieron reforzadas por grupos de intereses conservadores bien financiados.[149] A finales de la década de 1990, organizaciones como Grover Norquist’s Americans for Tax Reform y el Club for Growth se convirtieron en voces destacadas en el seno del Partido Republicano,[150] empujando a los políticos hacia posiciones ideológicamente más inflexibles. Norquist exigió que los congresistas del Partido Republicano firmaran promesas «de no tocar los impuestos», con lo cual, esencialmente, los forzó a adoptar una postura obstruccionista. En parte gracias a la relajación de las leyes de financiación de las campañas electorales en 2010, grupos externos como Americans for Prosperity y American Energy Alliance,[151] muchos de los cuales formaban parte del entramado de la multimillonaria familia Koch, adquirieron una influencia desmedida en el Partido Republicano durante los años de Obama. Sólo en 2012, la familia Koch invirtió en torno a cuatrocientos millones de dólares en gasto electoral.[152] Junto con el Tea Party, la red Koch y otras organizaciones similares ayudaron a elegir a una nueva generación de republicanos para quienes «compromiso» era una palabra malsonante. Un partido con un núcleo vaciado por donantes y grupos de presión también era más vulnerable a las fuerzas extremistas.

Pero no sólo son los medios de comunicación y otros intereses ajenos los que han empujado al Partido Republicano hacia el extremismo. Los cambios sociales y culturales también han desempeñado un papel trascendental. A diferencia del Partido Demócrata, que ha adquirido una diversidad creciente en décadas recientes, el Partido Republicano se ha mantenido culturalmente homogéneo.[153] Y esto es relevante, porque los votantes blancos protestantes que componen el núcleo del partido no son sólo un electorado: durante casi dos siglos conformaron la mayoría del electorado de Estados Unidos y fueron política, económica y culturalmente dominantes en la sociedad estadounidense. Ahora los protestantes vuelven a ser una minoría del electorado,[154] y continúan en declive. Y se han atrincherado en el Partido Republicano.

En su ensayo de 1964 «El estilo paranoide en la política estadounidense», el historiador Richard Hofstadter describía el fenómeno de la «búsqueda de estatus», que, en su opinión, tiene más probabilidades de darse cuando se percibe que la situación social, la identidad y la sensación de pertenencia de los grupos se encuentra amenazada existencialmente. Ello lleva a adoptar un estilo de hacer política «sobreexcitado, receloso en exceso, exageradamente agresivo, grandilocuente y apocalíptico».[155] Medio siglo después de su publicación, el ensayo de Hofstadter puede resultar más relevante que nunca. La lucha contra la merma de estatus de la mayoría de la población es, en buena medida, lo que alimenta la intensa animosidad que ha acabado por definir a la derecha estadounidense. Los resultados de los sondeos sugieren que muchos republicanos del Tea Party comparten la percepción de que el país en el que crecieron se «está desvaneciendo, amenazado por lo que ellos perciben como un cambio acelerado del rostro de la “verdadera” América».[156] Por citar el título del libro reciente de la socióloga Arlie Hochschild, se perciben como «extranjeros en su propia tierra».[157]

Esta percepción podría explicar la propagación de un discurso que diferencia a los «estadounidenses de verdad»[158] de aquéllos asociados con los liberales y el Partido Demócrata. Si la definición de «estadounidenses de verdad» se circunscribe a las personas nativas, anglosajonas, blancas y cristianas, entonces resulta fácil entender que los «estadounidenses de verdad» crean estar en retroceso. Ann Coulter lo expresó de manera escalofriante con las siguientes palabras: «El electorado estadounidense no se está desplazando hacia la izquierda, está disminuyendo».[159] La percepción entre muchos republicanos del Tea Party según la cual «su» América está desapareciendo ayuda a entender el atractivo de eslóganes como Take Our Country Back (Recuperemos nuestro país) o Make America Great Again (Hagamos a América grande otra vez).[160] El peligro de tal atractivo es que proyectar la idea de que los demócratas no son estadounidenses de verdad constituye un ataque frontal a la tolerancia mutua.

Los políticos republicanos, desde Newt Gingrich hasta Donald Trump, descubrieron que, en una sociedad polarizada, tratar a los adversarios como enemigos puede resultar útil y que la política entendida como una guerra puede atraer a quienes temen tener mucho que perder. La ofensiva creciente contra las normas de la tolerancia mutua y la contención, perpetrada sobre todo, pero no de manera exclusiva, por los republicanos, ha erosionado los guardarraíles que durante tanto tiempo nos protegieron del tipo de combate a muerte entre partidos que ha destruido la democracia en otras partes del mundo. Cuando Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2017, los guardarraíles seguían en su sitio, pero eran más enclenques de lo que lo habían sido en todo un siglo, y la situación estaba a punto de empeorar.

8
TRUMP CONTRA LOS GUARDARRAÍLES DE LA DEMOCRACIA

El primer año de Donald Trump en el Despacho Oval siguió un guión familiar. Como Alberto Fujimori, Hugo Chávez o Recep Tayyip Erdogan, el nuevo presidente de Estados Unidos inició su mandato lanzando ataques retóricos contra sus adversarios. Calificó a los medios de comunicación como el «enemigo del pueblo americano», puso en tela de juicio la legitimidad de los jueces y amenazó con cortar la financiación federal a las ciudades importantes. Como era de prever, tales ataques provocaron consternación, conmoción y enojo en todo el espectro político. Los periodistas se encontraron en las líneas del frente, exponiendo (y provocando) la tendencia del presidente a saltarse las normas. Un estudio realizado por el Shorenstein Center on Media, Politics, and Public Policy reveló que los principales medios de comunicación fueron «despiadados» en su cobertura de los primeros cien días de la Administración Trump.[1] De todas las noticias redactadas con un tono claro, el estudio detectó que el 80 por ciento eran negativas, un porcentaje muy superior al obtenido por Clinton (60 por ciento), George W. Bush (57 por ciento) y Obama (41 por ciento).

Al cabo de poco, los miembros del Gobierno de Trump se sentían asediados.[2] No transcurría ni una sola semana en la que la cobertura en prensa no fuera al menos negativa en un 70 por ciento.[3] Y, en medio de rumores turbulentos acerca de la vinculación de Rusia con la campaña de Trump se designó a un consejero especial de primer nivel, Robert Mueller, para que supervisara las investigaciones del caso. Apenas unos meses después de ocupar el Despacho Oval, el presidente Trump afrontó las primeras propuestas de destituirlo. Sin embargo, seguía contando con el apoyo de sus bases y, como otros demagogos electos, dobló sus apuestas. Aseguró que su Administración sufría el acoso de potentes fuerzas del establishment y afirmó ante los recién graduados de la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos que «nunca se ha tratado a ningún político, y lo digo con conocimiento de causa, de forma más negativa o más injusta».[4] La pregunta era cómo reaccionaría Trump. ¿Arremetería contra sus adversarios, tal como habían hecho otros presidentes independientes que se consideraban sometidos a un ataque injustificado, por ejemplo en Perú y en Turquía?

El presidente Trump dio indicios manifiestos de su talante autoritario durante su primer año en la presidencia. En el capítulo 4 hemos expuesto tres estrategias mediante las cuales los autócratas electos buscan consolidarse en el poder: apresando a los árbitros, marginando a los actores clave y reescribiendo las reglas del juego para inclinar el campo en contra de sus adversarios. Trump recurrió no a una, sino a las tres estrategias.

El presidente Trump dio muestras de una hostilidad pasmosa hacia los árbitros, a saber: los organismos encargados de aplicar la ley, las agencias de inteligencia, los organismos de ética y la judicatura. Al poco de su toma de posesión en el cargo, intentó asegurarse de que los directores de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, incluidos el FBI y la CIA, además de la Agencia de Seguridad Nacional, le fueran leales a él en persona, al parecer con la esperanza de utilizarlos como escudo frente a las investigaciones de los vínculos de Rusia con su campaña. Durante su primera semana en el cargo, el presidente Trump invitó al director del FBI, James Comey, a una cena cara a cara en la Casa Blanca en la que, según Comey, el presidente le solicitó que le jurara lealtad. Según se dice, posteriormente presionó a Comey para que abandonara la investigación relativa al asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, que acababa de presentar su dimisión; presionó al director nacional de Inteligencia, Daniel Coats, y al director de la CIA, Mike Pompeo, para que intervinieran en la investigación de Comey, y solicitó personalmente a Coats y al director de la Agencia de Seguridad Nacional, Michael Rogers, que emitieran declaraciones negando la existencia de toda connivencia con Rusia (ambos rehusaron hacerlo).[5]

Además, el presidente Trump intentó sancionar o purgar los organismos que actuaban con independencia. Su intervención más destacada fue la destitución de Comey después de tener claro de que no podía forzarlo a proteger a su Administración y seguía ahondando en la investigación de los vínculos con Rusia.[6] Únicamente en una ocasión en los ochenta y dos años de existencia del FBI un presidente había cesado al director de la agencia antes de concluir su mandato de diez años y, en tal ocasión, lo hizo en respuesta a claras vulneraciones éticas y contó con el apoyo de ambos partidos políticos.[7]

El despido de Comey no fue el único ataque del presidente Trump a los árbitros que se negaron a salir en defensa de su persona. Trump había intentado establecer una relación personal con el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York Preet Bharara, cuyas investigaciones de lavado de dinero supuestamente amenazaban con afectar al círculo íntimo del presidente;[8] cuando Bharara, una figura anticorrupción respetada, prosiguió con la investigación, el presidente lo destituyó de su cargo.[9] Y después de que el fiscal general Jeff Sessions se apartara de la investigación de Rusia y su sustituto, Rod Rosenstein, designara a Robert Mueller, antiguo director del FBI y un hombre respetado, como asesor especial para supervisarla, Trump humilló públicamente a Sessions, supuestamente con el fin de que Mueller dimitiera.[10] Los abogados de la Casa Blanca llegaron incluso a lanzar una campaña para ensuciar el nombre de Mueller, buscando conflictos de interés que pudieran esgrimirse en su contra para desacreditarlo o destituirlo.[11] A finales de 2017, muchos de los aliados de Trump le solicitaban públicamente que cesara a Mueller y existía preocupación general porque lo hiciera en el futuro inmediato.

Los esfuerzos del presidente Trump por desbaratar investigaciones independientes recordaban a los ataques contra los árbitros vistos normalmente en países menos democráticos, como, por ejemplo, la destitución de la fiscal general venezolana Luisa Ortega, una magistrada designada por el chavismo que reafirmó su independencia y empezó a investigar la corrupción y los casos de abusos en el Gobierno de Maduro. Si bien el mandato de Ortega no concluía hasta 2021 y sólo podía ser destituida por la asamblea legislativa (que se hallaba en manos de la oposición), la Asamblea Constituyente elegida de manera dudosa por el Gobierno la cesó en agosto de 2017.[12]

El presidente Trump también atacó a los jueces que dictaron sentencias en su contra. Después de que el magistrado James Robart del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos paralizara la travel ban, el veto migratorio propuesto por su Administración, Trump habló de «la opinión de ese supuesto juez, que en esencia ha privado a nuestro país de la aplicación de la ley».[13] [*] Dos meses más tarde, cuando el mismo tribunal bloqueó de manera temporal la retención de fondos federales de las «ciudades santuario»,[*] la Casa Blanca denunció la sentencia como un ataque al imperio de la ley por parte de un «juez no electo».[14] El propio Trump en persona respondió amenazando con desmantelar el Noveno Circuito.[15]

El presidente asestó un golpe indirecto al poder judicial en agosto de 2017 cuando indultó al polémico ex sheriff de Arizona Joe Arpaio, condenado por infringir una orden de un tribunal federal de detener la elaboración de perfiles raciales. Arpaio era un aliado político y un héroe para muchos de los votantes de Trump contrarios a la inmigración. Tal como hemos indicado con anterioridad, la Constitución otorga al jefe del Ejecutivo la capacidad de conceder indultos de manera ilimitada, si bien, por tradición, los presidentes la han ejercido con suma contención, solicitando el consejo del Departamento de Justicia y no emitiendo nunca indultos con fines de autoprotección o para conseguir réditos políticos. El presidente Trump transgredió estas normas de manera flagrante. No sólo no buscó el asesoramiento del Departamento de Justicia, sino que el indulto era a todas luces político,[16] pues se trataba de un movimiento popular entre sus bases. Tal actuación reforzó el temor a que el presidente acabara por autoindultarse e indultar a su círculo íntimo, cosa que, al parecer, estaban analizando sus abogados.[17] Una actuación de tal índole constituiría un ataque sin precedentes a la independencia judicial. Tal como ha expresado el experto constitucionalista Martin Redish: «Si el presidente puede inmunizar a sus agentes de este modo, los tribunales acabarán por perder toda autoridad significativa para proteger los derechos constitucionales frente a la invasión del poder ejecutivo».[18]

Como era previsible, la Administración Trump también pisoteó a la Oficina de Ética Gubernamental (OGE, por sus siglas en inglés), un organismo protector independiente que, pese a carecer de peso jurídico, había contado con el respeto de los Gobiernos anteriores.[19] Ante los numerosos conflictos de interés creados por los acuerdos empresariales de Trump, el director de la OGE, Walter Shaub, criticó de manera repetida al presidente electo durante la transición. La Administración reaccionó arremetiendo contra la OGE. El presidente del Comité de Supervisión, Jason Chaffetz, un aliado de Trump, incluso apuntó a que podía abrirse una investigación sobre Shaub.[20] En mayo, funcionarios gubernamentales intentaron obligar a la OGE a paralizar las investigaciones relativas al nombramiento de personas que anteriormente habían pertenecido a grupos de presión para puestos de la Casa Blanca.[21] Acosado e ignorado a partes iguales por la Casa Blanca, Shaub acabó presentando la dimisión, dejando tras de sí lo que el periodista Ryan Lizza calificó como una OGE «rota».[22]

El comportamiento del presidente Trump con respecto a los tribunales, a los organismos de inteligencia y de aplicación de la ley y a otros organismos independientes parecía extraído de un libro de tácticas para dictadores. Trump habló sin tapujos de utilizar el Departamento de Justicia y al FBI para perseguir a los demócratas, incluida Hillary Clinton. Y a finales de 2017, el Departamento de Justicia se planteó designar a un asesor especial para que investigara a Clinton. Sin embargo, a pesar de las purgas y amenazas vertidas, la Administración no logró apresar a los árbitros. Trump no sustituyó a Comey por una persona leal a él, en gran medida porque tal movimiento fue vetado por senadores republicanos clave.[23] En el mismo sentido, senadores republicanos se opusieron a las tentativas de Trump de reemplazar a Sessions como fiscal general.[24] Pero el presidente tenía otras batallas que librar.

La Administración Trump también redobló sus esfuerzos por marginar a los actores clave del sistema político. Los ataques retóricos del presidente Trump contra la prensa crítica son ejemplo de ello. Sus acusaciones reiteradas de que medios de comunicación como el New York Times y la CNN publicaban «noticias falsas» y conspiraban contra él se antojaban familiares a cualquier estudiante del autoritarismo. En un tuit de febrero de 2017, Trump acusó a los medios de comunicación de ser «el enemigo del pueblo americano»,[25] término que, tal como destacaron esos mismos críticos, se hacía eco de los empleados por Stalin y Mao. Con frecuencia, Trump desplegó una retórica amenazante. Pocos días después de su tuit sobre «el enemigo del pueblo», declaró ante la Comisión de Acción Política Conservadora:

Amo la Primera Enmienda. No hay nadie que la ame más que yo. Nadie. […] Pero, tal como comprobaron durante toda la campaña, e incluso ahora, las noticias falsas no cuentan la verdad. […] No representan al pueblo. Nunca representarán al pueblo y vamos a hacer algo para remediarlo.[26]

¿Hacer qué, exactamente? Un mes más tarde, el presidente Trump retomó su promesa electoral de «ampliar las leyes de libelo y difamación» al tuitear que el New York Times había «convertido el mundo de los medios de comunicación en una desgracia. Me ha malinterpretado durante dos años enteros. ¿Cambiamos ya las leyes de difamación?».[27] A la pregunta de un periodista sobre si la Administración se estaba planteando realmente realizar tales modificaciones, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, respondió: «Creo que lo estamos explorando».[28] El presidente ecuatoriano Rafael Correa también aplicó este planteamiento. Sus pleitos multimillonarios por difamación y el encarcelamiento de periodistas acusados de este delito tuvo un potente efecto disuasorio en los medios de comunicación.[29] Y aunque Trump acabó por abandonar el asunto del libelo, continuó vertiendo amenazas. En julio retuiteó un vídeo manipulado elaborado con metraje antiguo de la WWE en el que se le veía enfrentándose y luego pegando un puñetazo a alguien, con un logotipo de la CNN superpuesto en el rostro.

El presidente Trump también se planteó usar los organismos reguladores del Gobierno contra las empresas de medios de comunicación no afines. Durante la campaña de 2016, había amenazado a Jeff Bezos, propietario del Washington Post y de Amazon, con una acción antimonopolio, al tuitear: «Si me convierto en presidente, ay, va a tener problemas».[30] También amenazó con impedir la fusión pendiente de Time Warner (la empresa matriz de la CNN) y AT&T,[31] y durante sus primeros meses de presidencia, se publicaron noticias en las que se aseguraba que los asesores de la Casa Blanca estaban analizando usar la autoridad antimonopolio de la Administración para ejercer presión contra la CNN. Finalmente, en octubre de 2017, Trump atacó a la NBC y otros canales amenazándolos con «retirarles la licencia».

Hubo un ámbito en el que la Administración Trump desbordó las amenazas de usar la maquinaria del Gobierno para castigar a los sectores críticos. Durante su primera semana en el cargo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que autorizaba a los organismos federales a retener la financiación de las «ciudades santuario» que se negaran a colaborar con las medidas enérgicas adoptadas por la Administración contra los inmigrantes indocumentados.[32] «Si tenemos que hacerlo —declaró en febrero de 2017—, las dejaremos sin financiación.»[33] El plan recordaba a los repetidos movimientos de Chávez por despojar a los Gobiernos municipales regentados por la oposición de su control sobre los hospitales, las fuerzas policiales, los puertos y otras infraestructuras locales.[34] Sin embargo, a diferencia del presidente venezolano, a Trump lo frenaron los tribunales.[35]

Aunque el presidente Trump ha librado una guerra dialéctica contra los medios de comunicación y otros críticos, dichas palabras (aún) no se han traducido en acciones. No se ha arrestado a ningún periodista y ningún medio de comunicación ha alterado su cobertura en respuesta a las presiones gubernamentales. Los esfuerzos de Trump por inclinar el terreno de juego en beneficio propio han sido más que preocupantes. En mayo de 2017 pidió que se implementaran cambios en lo que calificó como reglas del Senado «arcaicas»,[36] inclusive la eliminación del filibusterismo, cosa que habría reforzado la mayoría republicana a expensas de la minoría demócrata. Y, en efecto, los senadores republicanos dejaron de aplicar tácticas obstruccionistas con respecto a los nombramientos para el Tribunal Supremo y con ello despejaron el camino para que Neil Gorsuch fuera nombrado magistrado del tribunal, pero rechazaron la idea de suprimirlas por completo.[37]

Tal vez la iniciativa más antidemocrática acometida hasta el momento por la Administración Trump sea la creación de la Comisión Asesora Presidencial sobre Integridad Electoral, presidida por el vicepresidente Mike Pence pero regida por el vicepresidente Kris Kobach.[*] Para entender su impacto potencial, no hay que olvidar que la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derecho al Voto impulsaron un cambio masivo en la identificación con los partidos: el Partido Demócrata se convirtió en el principal representante de la minoría y de los votantes inmigrantes de primera y segunda generación, mientras que el electorado del Partido Republicano siguió siendo abrumadoramente blanco. Puesto que la parte minoritaria del electorado está aumentando, los cambios favorecen a los demócratas, una percepción que se vio reforzada con la victoria en 2008 de Barack Obama, en la que el porcentaje de participación de las minorías fue excepcionalmente alto.

Percibiendo una amenaza en esta tendencia, algunos líderes republicanos idearon una respuesta que evocaba al trato dispensado en el Sur a las minorías mediante las leyes de Jim Crow,[38] consistente en dificultar el voto a los ciudadanos de las minorías con rentas más bajas. Puesto que los votantes de las minorías pobres son en su inmensa mayoría demócratas, adoptar medidas que obstaculizaran su participación en las elecciones probablemente inclinaría el terreno de juego en favor de los republicanos. Esto se haría a través de estrictas leyes de identificación de los votantes, como, por ejemplo, exigirles que presenten un carnet de conducir vigente o cualquier otra identificación con foto emitida por el Gobierno al llegar a los colegios electorales.[39]

La presión para aprobar leyes de identificación de los votantes se amparaba en la reivindicación sin fundamento de que el fraude electoral es generalizado en Estados Unidos.[40] Todos los estudios serios han concluido que los niveles de fraude en el país son bajos.[41] Sin embargo, los republicanos empezaron a batallar por aprobar medidas que combatieran este problema inexistente. Los dos primeros estados que adoptaron leyes de identificación de votantes fueron Georgia e Indiana, ambos en 2005. El congresista de Georgia John Lewis, un líder de la defensa de los derechos civiles de largo recorrido, describió esta ley estatal como un «impuesto de capacitación moderno».[42] Se calcula que unos 300.000 votantes de Georgia carecían de los documentos de identificación exigidos y que, entre éstos, el número de afroamericanos quintuplicaba al de blancos.[43] La ley de identificación de los votantes de Indiana, que el juez Terence Evans del Séptimo Circuito de Apelaciones describió como un «intento no demasiado velado de desalentar la participación en las elecciones de determinados individuos con tendencias demócratas»,[44] se recurrió ante el Tribunal Supremo, donde fue confirmada en 2008. Después de aquello, las leyes de identificación de votantes proliferaron. Entre 2010 y 2012 se presentaron proyectos de ley en treinta y siete estados[45] y, en 2016, quince estados habían aprobado ya este tipo de legislación,[46] si bien sólo en diez de ellos habían entrado en vigor antes de las elecciones.

Las leyes se aprobaron exclusivamente en los estados donde los republicanos controlaban ambas cámaras legislativas y, salvo en Arkansas, donde el gobernador era también republicano. Caben pocas dudas acerca de que el objetivo prioritario eran los votantes de las minorías. Las leyes de identificación de los votantes acostumbran a tener un impacto desproporcionado en los votantes de las minorías de rentas bajas:[47] de acuerdo con un estudio, el 37 por ciento de los afroamericanos y el 27 por ciento de los latinos aseguraron no poseer un carnet de conducir válido,[48] en comparación con el 16 por ciento de blancos. Un estudio realizado por el Brennan Center for Justice calculó que el 11 por ciento de los ciudadanos estadounidenses (veintiún millón de ciudadanos con derecho a voto) carecía de documentos de identidad con fotografía expedidos por el Gobierno y que, entre la población afroamericana, dicha cifra aumentaba a un 25 por ciento.[49]

De los once estados con mayor participación negra en 2008, siete adoptaron leyes de identificación de los votantes más estrictas[50] y, de los doce estados que registraron porcentajes más elevados de crecimiento de población hispana entre 2000 y 2010, nueve aprobaron leyes que dificultaban el voto. Los expertos han empezado a evaluar el impacto de las leyes de identificación de los votantes y la mayoría de los estudios han detectado sólo una repercusión moderada en la participación.[51] Ahora bien, una repercusión moderada puede ser decisiva en unas elecciones reñidas, sobre todo si estas leyes se adoptan de manera generalizada.

Eso es precisamente lo que la Comisión Asesora Presidencial sobre Integridad Electoral pretende hacer. La persona al frente de facto de dicha comisión, Kris Kobach, se ha descrito como «el principal defensor de la supresión del voto» de Estados Unidos.[52] Durante su ejercicio como secretario de Estado en Kansas, Kobach impulsó una de las leyes de identificación de los votantes más restrictivas del país.[53] Para Kobach, Donald Trump fue un aliado útil. Durante la campaña de 2016, Trump había denunciado que las elecciones estaban «amañadas» y, después de ello, realizó la extraordinaria declaración de que «había ganado en voto popular, si se descontaban los millones de personas que habían votado de manera ilegal».[54] E insistió en esta idea en una reunión con congresistas destacados, afirmando que había habido entre tres y cinco millones de votos ilegales.[55] Su afirmación carecía de fundamento: un proyecto de monitorización del voto nacional dirigido por la agencia de noticias ProPublica no halló pruebas de fraude.[56] El periodista del Washington Post Philip Bump revisó las bases de datos Nexis en busca de casos documentados de fraude en 2016 y descubrió un total de cuatro.[57]

Sin embargo, la aparente obsesión del presidente Trump con haber «ganado» el voto popular convergía con los objetivos de supresión de votantes de Kobach. Kobach respaldó las afirmaciones de Trump, declarando que estaba «absolutamente en lo cierto»[58] al afirmar que el número de votos ilegales ampliaba el margen para la victoria de Clinton. (Posteriormente, Kobach aclaró que «probablemente nunca sepamos» quién ganó en voto popular.)[59] Kobach se ganó la atención de Trump, lo convenció para crear la Comisión Asesora Presidencial sobre Integridad Electoral y fue designado para dirigirla.

Las primeras actividades de la comisión sugerían que su objetivo era suprimir a votantes. En primer lugar, se está dedicando a recopilar casos de fraude en todo el país, los cuales podrían servir como munición política para plantear iniciativas de restricción del voto a nivel estatal o quizá incluso para proponer revocar la Ley Nacional de Inscripción de Votantes de 1993, conocida como Motor Voter Act.[*] A efectos prácticos, la comisión tiene por fin funcionar como un megáfono nacional de amplio alcance a través del cual publicitar los intentos de los republicanos por aprobar leyes de identificación de votantes más severas. En segundo lugar, la comisión pretende alentar o propiciar las purgas en los censos electorales a nivel estatal, lo cual, a tenor de las investigaciones realizadas hasta la fecha, eliminaría de manera ineludible a muchos votantes legítimos. La comisión ya ha intentado verificar los censos electorales locales para desvelar casos de doble registro, en los que una persona está registrada en más de un estado.[60] También circulan noticias que apuntan a que la comisión planea usar la base de datos de las personas con carta verde y visados del Departamento de Seguridad Nacional para revisar los censos electorales en busca de votantes que no sean ciudadanos. El riesgo que se corre, tal como demuestra un estudio, es que el número de errores, debido a la existencia de muchas personas con el mismo nombre nacidas el mismo día, superaría con creces el número de casos de registro ilegal descubiertos.[61]

Los intentos de desalentar el voto son esencialmente antidemocráticos y tienen una tradición deplorable en Estados Unidos. Si bien las iniciativas actuales por restringir el voto no tienen el mismo alcance que las adoptadas por los demócratas sureños a finales del siglo XIX, son cuando menos importantes. Dado que las leyes de identificación de votantes estrictas afectan de manera desproporcionada a los votantes de las minorías con rentas más bajas, cuyo voto va de manera abrumadora a los demócratas, inclinan las elecciones en favor del Partido Republicano.

La Comisión Asesora Presidencial sobre Integridad Electoral de Trump no llevó a término ninguna reforma concreta en 2017 y su torpe solicitud de información de los votantes topó con el rechazo generalizado de los estados.[62] Ahora bien, si la comisión continúa adelante sin que su proyecto se someta a control, tiene el potencial de infligir daños reales al proceso electoral de Estados Unidos.

En muchos sentidos, el presidente Trump siguió el típico guión autoritario electoral durante su primer año al frente del país. Realizó intentos de apresar a los árbitros, de marginar a los actores clave que podían frenarlo y de inclinar en su favor el terreno de juego. Ahora bien, en el caso del presidente podríamos decir que «por la boca muere el pez», puesto que no ha llevado a término sus amenazas más sonadas. Iniciativas antidemocráticas preocupantes, como llenar el FBI de personas leales y bloquear la investigación de Mueller, descarrilaron a manos de la oposición republicana y por su propia ineptitud, así como se vio obligado a poner fin a la Comisión Asesora Presidencial sobre Integridad Electoral. En general, por ende, el presidente Trump ha pasado rozando varias veces los guardarraíles, como un conductor temerario, pero no los ha derribado. Pese a las evidentes causas de preocupación, en realidad el retroceso ocurrido en 2017 fue mínimo. No se cruzó la línea del autoritarismo.

Pero aún es pronto. La involución de la democracia suele ser gradual y sus efectos se despliegan de manera paulatina. Si se compara el primer año al frente del país de Trump con la presidencia de otros líderes potencialmente autócratas se obtiene una imagen mixta. La tabla 3 presenta una lista ilustrativa de nueve países en los que dirigentes con tendencias autoritarias ascendieron al poder mediante elecciones. En algunos países, incluidos Ecuador y Rusia, la regresión fue ya evidente durante el primer año. En cambio, en el Perú de Fujimori y en la Turquía de Erdogan no hubo un retroceso inicial. Fujimori se enzarzó en acaloradas batallas dialécticas durante su primer año como presidente, pero no atacó las instituciones democráticas hasta su segundo año en el cargo. Y el desmantelamiento se produjo de manera aún más escalonada en Turquía.

TABLA 3

Tendencias autoritarias
tras un año en la presidencia

El destino de la democracia durante el resto de la presidencia de Trump dependerá de diversos factores. El primero será el comportamiento del liderazgo republicano. Las instituciones democráticas dependen de manera esencial de la voluntad de los partidos gobernantes de defenderlas… incluso de sus propios representantes. El fracaso del programa de llenar los tribunales de magistrados afines propuesto por Roosevelt y la caída de Nixon fueron posibles, en parte, porque miembros clave del partido al que pertenecían los propios presidentes (demócratas en el caso de Roosevelt y republicanos en el de Nixon) decidieron plantarles cara. En el pasado más reciente, en Polonia, las tentativas del Gobierno del partido Ley y Justicia de desmantelar el sistema de controles y equilibrios sufrieron un revés cuando el presidente Andrzej Duda, miembro del partido Ley y Justicia, vetó dos proyectos de ley que habrían permitido al Gobierno purgar por completo el Tribunal Supremo y nombrar para las vacantes a jueces afines.[63] En Hungría, en cambio, el primer ministro, Viktor Orbán, apenas afrontó resistencia por parte del partido gobernante, el Fidesz, cuando desplegó su ofensiva autoritaria.

La relación entre Donald Trump y su partido es igual de importante, sobre todo teniendo en cuenta que los republicanos controlan las dos cámaras del Congreso. Los líderes republicanos podrían optar por mantenerse fieles al presidente. Los lealistas activos no sólo le manifiestan su apoyo, sino que, además, defienden en público sus movimientos más polémicos.[64] Los lealistas pasivos se retiran de la esfera pública cuando estallan escándalos, pero siguen respaldando al presidente. En cierto sentido, los lealistas críticos intentan nadar y guardar la ropa: se distancian públicamente de los comportamientos más desafortunados del presidente, pero no adoptan ninguna medida (como, por ejemplo, votar en el Congreso) que pueda debilitarlo y mucho menos hacerlo caer. Frente a los abusos del presidente, cualquiera de estas reacciones dará alas al autoritarismo.

Un segundo planteamiento es la contención. Los republicanos que adoptan esta estrategia pueden respaldar al presidente en muchos asuntos, desde los nombramientos judiciales hasta la reforma impositiva o de la sanidad, pero trazar una clara línea divisoria ante las conductas que consideran peligrosas. Mantener esta postura puede resultar difícil. Siendo miembros del mismo partido, reciben los beneficios si el presidente se anota un éxito y, sin embargo, son conscientes de que Trump podría causar un grave daño a las instituciones del país a largo plazo. Colaboran con el presidente siempre que es posible, al tiempo que adoptan medidas para garantizar que éste no haga un uso abusivo del poder, de tal modo que le permiten mantenerse en el cargo con la esperanza de poder contenerlo.

Por último, en teoría, los congresistas podrían plantear la destitución del presidente, pero hacerlo tendría costes políticos para todos ellos. Destituir a un presidente de la propia cuerda no sólo comporta exponerse el riesgo de ser acusado de traidor por parte de otros correligionarios (imaginemos, por ejemplo, las reacciones de Sean Hannity y Rush Limbaugh),[*] sino que además puede hacer descarrilar la agenda legislativa del partido. Tendría consecuencias negativas en las perspectivas electorales a corto plazo de la formación, como sucedió con la dimisión de Nixon. Sin embargo, si la amenaza que representa la presidencia es lo bastante grave (o si el comportamiento del presidente empieza a afectarlos en los sondeos), la cúpula del partido puede considerar necesario hacer caer a uno de los suyos.

Durante el primer año del presidente Trump al frente del país, los republicanos respondieron a los abusos por su parte con una amalgama de lealtad y contención. Al principio predominó la lealtad, pero después de que el presidente despidiera a James Comey en mayo de 2017, algunos senadores republicanos empezaron a actuar con contención, dejando claro que no aprobarían que el exdirector del FBI fuera reemplazado por una persona leal a Trump. Los senadores republicanos también maniobraron para garantizar que la investigación independiente relativa a la implicación de Rusia en los comicios de 2016 continuara su cauce. Unos cuantos apoyaron de manera tácita que el Departamento de Justicia nombrara a un asesor especial, y muchos aceptaron el nombramiento de Robert Mueller.[65] Cuando afloró el rumor de que la Casa Blanca estaba indagando en la manera de cesar a Mueller y cuando los leales a Trump solicitaron que fuera destituido, senadores republicanos destacados,[66] incluidos entre ellos Susan Collins, Bob Corker, Lindsey Graham y John McCain, hicieron pública su oposición. Y cuando el presidente Trump se inclinó por despedir al fiscal general Jeff Sessions, quien, tras recusarse a sí mismo, no podía despedir a Mueller, senadores republicanos saltaron en defensa de Sessions. Chuck Grassley, integrante de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, afirmó que no programaría las audiencias para elegir a un sustituto si se despedía a Sessions.[67]

Y aunque los senadores Graham, McCain y Corker sólo se sumaron a la oposición puntualmente (todos ellos votaron en el sentido de Trump al menos en el 85 por ciento de las ocasiones),[68] sí dieron pasos importantes por contener al presidente. Ningún líder republicano solicitó la destitución del presidente en 2017, si bien, tal como expresó la periodista Abigail Tracy, algunos de ellos parecieron haber «trazado su propia línea roja».[69]

Otro factor que influirá en el destino de la democracia estadounidense es la opinión pública. Cuando los autócratas en potencia no tienen manera de hacer suyo el Ejército y organizar actuaciones violentas a gran escala se ven obligados a hallar otros medios para convencer a sus aliados de que los respalden y hacer retroceder a sus críticos o conseguir que éstos se rindan. El apoyo de la opinión pública es una herramienta muy útil en este sentido. Cuando un líder electo disfruta, pongamos por caso, de una tasa de aprobación del 70 por ciento, los críticos se suben al carro, la cobertura en los medios de comunicación se suaviza, los jueces se muestran más reticentes a dictar sentencias en contra del Gobierno e incluso los rivales políticos, preocupados por el hecho de que una oposición estridente los deje aislados, tienden a mantener la cabeza gacha. En cambio, si la tasa de aprobación del Gobierno es baja, los medios y la oposición se vuelven más descarados, la judicatura se envalentona a plantar cara al presidente y los aliados empiezan a mostrar discrepancias. Fujimori, Chávez y Erdogan eran sumamente populares cuando asaltaron las instituciones democráticas.

Para entender cómo podría influir el apoyo del público en la presidencia de Trump basta con preguntarse: ¿qué pasaría si todo Estados Unidos fuera como Virginia Occidental? Virginia Occidental es el estado más favorable a Trump de toda la Unión. Según una encuesta Gallup, la tasa de aprobación de Trump allí se situaba en un 60 por ciento durante la primera mitad de 2017, frente al 40 por ciento a escala nacional.[70] Habida cuenta de la popularidad del presidente, la oposición a éste se marchitó en el estado, incluso entre los demócratas. El senador demócrata Joe Manchin votó en el mismo sentido que Trump en un 54 por ciento de las ocasiones hasta agosto de 2017, más que cualquier otro demócrata en el Senado.[71] The Hill incluía a Manchin entre «los diez principales aliados de Trump en el Congreso».[72] El gobernador demócrata del estado, Jim Justice, fue incluso más lejos: cambió de partido. Sumándose al presidente Trump en un mitin, Justice no sólo lo ensalzó por ser un «buen hombre» con «ideas reales», sino que denostó la investigación sobre Rusia al declarar: «¿No hemos oído ya suficiente sobre los rusos?».[73] Si los demócratas de todo el país se comportaran como han hecho en Virginia Occidental, el presidente Trump apenas afrontaría resistencia, ni siquiera en el tema de la injerencia extranjera en las elecciones.

Cuanto mayor sea la tasa de aprobación del presidente Trump, más peligroso se volverá. Su popularidad dependerá de la coyuntura económica, así como de eventos contingentes. Eventos que pongan de relieve la incompetencia del Gobierno, como ocurrió con la reacción inepta de la Administración Bush al huracán Katrina en 2005, pueden erosionar el apoyo público. Por el contrario, otros acontecimientos, como las amenazas a la seguridad, pueden potenciarlo.

Y eso nos lleva al último factor que puede influir en la capacidad del presidente Trump de poner en peligro la democracia del país: las crisis. Las grandes crisis de seguridad, a saber: guerras o atentados terroristas a gran escala, alteran la partida política. De manera casi invariable, redundan en un mayor apoyo al Gobierno.[74] La ciudadanía se muestra más dispuesta a tolerar e incluso secundar medidas autoritarias cuando teme por su seguridad.[75] Cabe destacar que no sólo el ciudadano medio reacciona de este modo. En el contexto de una crisis, cuando se percibe que la seguridad nacional está en riesgo, los jueces se muestran especialmente reacios a impedir la ampliación de poderes por parte del presidente.[76] De acuerdo con el politólogo William Howell, las limitaciones institucionales del presidente Bush desaparecieron en la estela de los atentados del 11 de Septiembre, y se permitió a Bush «hacer lo que quisiera para definir y responder a la situación de emergencia».[77]

Las crisis de seguridad, por consiguiente, son momentos de peligro para la democracia. Los líderes a quienes se autoriza a «hacer lo que quieran» pueden infligir graves daños a las instituciones democráticas. Tal como hemos visto, eso fue precisamente lo que hicieron dirigentes como Fujimori, Putin y Erdogan. Para un dictador en potencia que se siente injustamente asediado por sus adversarios y para quien las instituciones democráticas son unos grilletes, las crisis abren una ventana de oportunidad.

También en Estados Unidos las crisis de seguridad han permitido ampliar el poder del Ejecutivo, como sucedió en el caso de la suspensión del habeas corpus por orden de Lincoln, el internamiento de estadounidenses de origen japonés bajo el mandato de Roosevelt o la aprobación de la Ley USA PATRIOT durante el gobierno de Bush. Sin embargo, había una diferencia esencial. Lincoln, Roosevelt y Bush eran demócratas convencidos y, al final, todos ellos manejaron con una moderación considerable la inmensa autoridad que se les concedió durante la crisis.

Donald Trump, en cambio, rara vez ha dado muestra de contención de ningún tipo en ningún contexto. Las posibilidades de que se produzca un conflicto durante su mandato son considerables. Lo serían para cualquier presidente: Estados Unidos ha librado guerras terrestres o ha sufrido importantes atentados terroristas al menos durante el mandato de seis de los doce presidentes electos. Sin embargo, a tenor de la inepta política exterior del presidente Trump, los riesgos son especialmente acusados.[78] Quienes escribimos estas palabras tememos que, si Trump tuviera que afrontar una guerra o un atentado terrorista, aprovecharía la crisis al máximo y la utilizaría para arremeter contra sus adversarios políticos y recortar libertades que los estadounidenses damos por sentadas. A nuestro parecer, tal escenario representa el gran peligro que afronta la democracia estadounidense en el presente.

Aunque el presidente Trump no desmantele directamente las instituciones democráticas, su vulneración de las normas sin lugar a dudas las corroerá. Tal como ha escrito David Brooks, Trump «ha hecho añicos las pautas de comportamiento que hasta ahora habían regido la vida pública».[79] Y su partido lo recompensó por ello nominándolo a la presidencia. Una vez en el cargo, su continua transgresión de las normas ha ampliado lo que se considera un comportamiento aceptable en un presidente, al otorgar un lugar destacado entre las herramientas de los políticos a tácticas que antaño se consideraban aberrantes e inadmisibles, como la mentira, la estafa y la intimidación.

En sí, el hecho de que un presidente vulnere las normas no es inherentemente negativo. Muchas transgresiones son inocuas. En enero de 1977, Jimmy Carter sorprendió a la policía, a la prensa y a los 250.000 estadounidenses congregados para asistir a su investidura en el cargo cuando él y su mujer recorrieron «a pie» los dos kilómetros que separan el Capitolio de la Casa Blanca. El New York Daily News describió la decisión de los Carter de abandonar la «limusina cerrada y blindada»[80] como un «distanciamiento sin precedentes de las tradiciones». Desde entonces se ha convertido en una «costumbre informal»,[81] según la expresión acuñada por el New York Times, que el presidente electo salga de su limusina durante el desfile inaugural para demostrar que es «el presidente del pueblo».

Asimismo, la infracción de las normas puede tener efectos democratizadores: en las elecciones presidenciales de 1840, William Henry Harrison rompió la tradición al salir a las calles a hacer campaña entre los votantes.[82] La norma hasta entonces había sido que los candidatos evitaran hacer campaña y preservaran la ficción de ser una especie de Cincinato[*] sin ambición personal por el poder, limitando la capacidad de los votantes de conocerlos.

Otro ejemplo lo encontramos en 1901, en una nota de prensa rutinaria de la Casa Blanca emitida en nombre del recién proclamado presidente Theodore Roosevelt y titulada: «Booker T. Washington de Tuskegee, Alabama, cenó anoche con el presidente».[83] Si bien políticos negros destacados habían visitado la Casa Blanca con anterioridad, una cena con una figura política afroamericana relevante constituía, según la descripción dada por un historiador, una vulneración de «las normas de etiqueta social prevalecientes entre la clase dominante blanca».[84] Las reacciones, feroces, no se hicieron esperar. Un diario describió aquel episodio como «el mayor ultraje perpetrado nunca por un ciudadano de Estados Unidos». El senador William Jennings Bryan comentó: «Se espera que ambos hombres [Roosevelt y Washington], tras una profunda reflexión, entiendan que lo sabio es abandonar su objetivo de borrar las líneas divisorias entre razas». Frente al clamor popular, la primera reacción de la Casa Blanca fue negar que el evento hubiera tenido lugar, luego afirmó que había sido un «mero» aperitivo y finalmente lo defendió afirmando que al menos no había habido mujeres presentes.

Puesto que los valores sociales cambian con el paso del tiempo, un cierto grado de transgresión de las normas por parte de quien nos preside es inevitable, e incluso deseable. Pero la infracción de las normas por parte de Donald Trump durante su primer año en la presidencia difirió de manera fundamental de las de sus predecesores. Para empezar, fue lo que podríamos denominar un «rompenormas en serie». Nunca un presidente había incumplido tantas normas no escritas en tan poco tiempo. Muchos de sus incumplimientos fueron triviales: por ejemplo, Trump rompió la tradición establecida desde hacía un siglo y medio entre los inquilinos de la Casa Blanca de tener una mascota.[85] Otras, en cambio, fueron agoreras. El primer discurso inaugural de Trump, por ejemplo, fue más sombrío de lo habitual (dijo, por ejemplo, que la realidad de los estadounidenses era una «carnicería»),[86] cosa que llevó al expresidente George W. Bush a comentar: «¡Joder, qué cosa más rara ha dicho!».

Sin embargo, el punto en el que Trump se distancia más de sus predecesores estriba en su voluntad de desafiar las reglas no escritas más trascendentes, incluidas reglas esenciales para la salud de la democracia. Entre ellas figuran algunas normas de toda la vida que separan los asuntos privados de los públicos, como las que regulan el nepotismo. La legislación existente prohíbe a los presidentes designar a familiares para el Gabinete u otros puestos en organismos gubernamentales, pero no especifica que no puedan nombrarlos para puestos como personal de la Casa Blanca. De manera que el nombramiento por parte de Trump de su hija Ivanka y de su yerno, Jared Kushner, para puestos de asesoría de alto nivel técnicamente era legal, pero desobedecía el espíritu de la ley.

También existían normas que regulaban los conflictos de intereses del presidente. Puesto que los presidentes no pueden aprovechar su cargo público para enriquecerse personalmente, quienes poseen negocios deben apartarse de sus empresas antes de asumir el cargo. Ahora bien, las leyes que regulan tal separación son de una laxitud asombrosa. Técnicamente, no se exige a los funcionarios gubernamentales que renuncien a sus valores, sino sólo que se recusen a sí mismos de la toma de decisiones que puedan afectar a sus intereses.[87] La práctica estandarizada entre los funcionarios del Gobierno ha sido sencillamente desprenderse de sus empresas para evitar siquiera que pueda parecer que existen irregularidades. Trump no aplicó tal contención, pese a sus conflictos de intereses sin precedentes.[88] Otorgó a sus hijos el control sobre sus negocios, en un gesto considerado absolutamente insuficiente por los organismos que velan por la ética gubernamental. La Oficina de Ética Gubernamental comunicó la recepción de 39.105 quejas públicas relativas a conflictos de interés de la Administración Trump entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de marzo de 2017, un aumento espectacular con respecto al mismo período entre 2008 y 2009 (cuando el presidente Obama asumió la presidencia), cuando sólo se registraron 733 quejas.[89]

Trump infringió asimismo normas democráticas nucleares al poner en tela de juicio públicamente la legitimidad de las elecciones.[90] Por más que su afirmación de que existían «millones» de votantes ilegales fuera desmentida por los investigadores, repudiada por políticos de ambos partidos y descartada por falta de fundamento por los sociólogos, el nuevo presidente la repitió tanto en público como en privado.[91] Hacía más de un siglo que ningún político destacado cuestionaba la integridad de un proceso electoral en Estados Unidos. Ni siquiera lo hizo Al Gore, quien perdió unas de las elecciones más reñidas de la historia a manos del Tribunal Supremo.

Las falsas acusaciones de fraude pueden socavar la confianza de la población en las elecciones y, cuando la ciudadanía no confía en el proceso electoral, puede perder fe en la propia democracia. En México, después de que Andrés Manuel López Obrador perdiera la carrera hacia la presidencia e insistiera en que le habían robado los comicios de 2006, la confianza en el sistema electoral mexicano se desplomó. Una encuesta realizada antes de las elecciones presidenciales de 2012 reveló que el 71 por ciento de los mexicanos creían que podía existir pucherazo.[92] En Estados Unidos, las cifras fueron incluso más llamativas. En un sondeo realizado antes de las elecciones de 2016, el 84 por ciento de los votantes republicanos afirmaron creer que en los comicios de Estados Unidos se producía una «cantidad significativa» de fraude y casi el 60 por ciento del electorado republicano creía que los inmigrantes ilegales «votarían en cantidades importantes» en noviembre.[93] Dichas dudas persistieron después de las elecciones. Según un sondeo realizado en julio de 2017 por Morning Consult/Politico, el 47 por ciento de los republicanos creía que Trump había ganado en voto popular, frente al 40 por ciento que atribuía la victoria a Hillary Clinton.[94] En otras palabras, en torno a la mitad de quienes se identificaban como republicanos afirmaban creer que se había producido un pucherazo masivo en las elecciones estadounidenses. Tales convicciones pueden tener consecuencias. Una encuesta realizada en junio de 2017 planteaba la siguiente pregunta: «Si Donald Trump dijera que las elecciones presidenciales de 2020 deben posponerse hasta que el país pueda asegurarse de que sólo voten los ciudadanos con derecho a voto, ¿apoyaría o rechazaría el aplazamiento?». El 52 por ciento de los republicanos afirmó que lo secundaría.[95]

Trump abandonó asimismo las normas básicas del civismo político. Infringió las normas de la reconciliación postelectoral al continuar atacando a Hillary Clinton. Y también vulneró una norma no escrita según la cual el presidente en ejercicio no arremete contra su predecesor. A las 6:35 de la mañana del 4 de marzo de 2017, el presidente Trump tuiteó: «¡Es terrible! Acabo de descubrir que Obama tenía pinchados mis teléfonos en la Torre Trump justo antes de la victoria. No encontraron nada. ¡Esto es el macartismo!».[96] Y media hora más tarde añadió: «Cómo puede haber caído tan bajo el presidente Obama como para pinchar mis teléfonos durante el sagrado proceso electoral. Esto es Nixon y el Watergate. ¡O es una mala persona o es una persona enferma!».

Con todo, quizá la infracción de las normas más flagrante del presidente Trump haya sido el uso de la mentira. La idea de que los presidentes deberían decir la verdad en público no admite polémica en la política estadounidense. Tal como le gusta decir a sus clientes al asesor republicano Whit Ayres, los candidatos que buscan credibilidad «nunca deben negar lo innegable» y «en ningún caso deben mentir».[97] En atención a esta directriz, los políticos suelen evitar mentir cambiando el tema de conversación, reformulando las preguntas difíciles o respondiéndolas sólo en parte. Las falacias descaradas y habituales del presidente Trump no tienen precedentes. Su tendencia a mentir quedó de manifiesto ya en la campaña de 2016. PolitiFact clasificó el 69 por ciento de sus declaraciones públicas como «mayormente falsas» (21 por ciento), «falsas» (33 por ciento) o «absolutamente falsas» (15 por ciento).[98] Sólo el 17 por ciento se calificaron como «ciertas» o «mayormente ciertas».

Trump continuó mintiendo siendo presidente. En un repaso de todas las declaraciones públicas del presidente desde que ascendió al cargo, el New York Times demostró que incluso usando la métrica conservadora (declaraciones cuya falsedad puede demostrarse, frente a otras meramente dudosas), Trump «consiguió algo destacable»:[99] realizó como mínimo una declaración pública falsa o engañosa cada día durante sus primeros cuarenta días en el Despacho Oval. Escoger una resulta difícil. El presidente Trump alardeó de haberse anotado la mayor victoria del Colegio Electoral desde Ronald Reagan (de hecho, George H. W. Bush, Clinton y Obama ganaron por márgenes superiores al suyo)[100] y aseguró haber firmado más proyectos de ley en los primeros seis meses que ningún otro presidente (iba muy rezagado con respecto a diversos presidentes, incluidos George H. W. Bush y Clinton). En julio de 2017 se vanaglorió de que el director de los Boy Scouts le había comentado que «había pronunciado ante ellos el mejor discurso de la historia», afirmación que la organización de los Boy Scouts se apresuró a desmentir.[101]

Pero lo cierto es que Trump no ha pagado un precio demasiado alto por sus mentiras. En un entorno político y mediático en el que los ciudadanos comprometidos filtran cada vez más los acontecimientos a través de las lentes de sus partidos, sus partidarios no lo tenían por una persona deshonesta durante su primer año de presidencia.[102] Sin embargo, para el sistema político estadounidense, las consecuencias de su falta de honestidad son devastadoras. En una democracia, la ciudadanía tiene el derecho básico a la información.[103] Sin información creíble acerca de lo que hacen los dirigentes electos no podemos ejercer debidamente nuestro derecho al voto. Cuando el presidente de Estados Unidos miente al público, el acceso de la ciudadanía a información creíble se pone en entredicho y la confianza en el Gobierno se erosiona (como no puede ser de otra manera). Y cuando la ciudadanía no cree a sus dirigentes electos, los cimientos de la democracia representativa se tambalean. El valor de las elecciones disminuye cuando los ciudadanos no tienen fe en los líderes a quienes eligen.

El abandono de las normas básicas de respeto hacia los medios de comunicación del presidente Trump exacerba esta pérdida de fe. Una prensa independiente es un baluarte de las instituciones democráticas; ninguna democracia sobrevive sin ella. Todos los presidentes estadounidenses desde Washington han librado batallas con los medios de comunicación. Muchos de ellos los despreciaban en privado. Pero, con contadas excepciones, los presidentes estadounidenses han reconocido la centralidad de los medios en tanto que institución democrática y han respetado su lugar en el sistema político. Incluso los presidentes que los menospreciaban en privado los trataban con un mínimo de decoro y civismo en público. Esta norma básica propició la aparición de una serie de reglas no escritas que rigen la relación del presidente con la prensa. Algunas de ellas, como la de saludar a los periodistas acreditados con la mano antes de embarcarse en el Air Force One, el avión presidencial, eran superficiales, mientras que otras, como dar conferencias de prensa accesibles a todos los miembros de la prensa acreditada en la Casa Blanca, eran más relevantes.

Los insultos públicos del presidente Trump a ciertos medios de comunicación e incluso a periodistas concretos no tienen precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. Trump ha afirmado que los periodistas se cuentan «entre los seres humanos más deshonestos de la Tierra»[104] y ha acusado de manera reiterada a los medios críticos como el New York Times, el Washington Post y la CNN de mentir o dar «noticias falsas». Trump tampoco se ha abstenido de lanzar ataques personales. En junio de 2017, atacó a la presentadora de televisión Mika Brzezinski y al copresentador de su espacio, Joe Scarborough, en una tormenta de tuits corrosivos sin parangón:

He escuchado que @Morning_Joe, que tiene unos índices de popularidad bajísimos, habla mal de mí (ya no veo su programa). Entonces ¿a qué viene que la loca de Mika, con su escaso coeficiente intelectual, y el psicótico de Joe…

… vinieran a Mar-a-Lago tres noches seguidas en torno a Fin de Año e insistieran en quedar conmigo? Ella sangraba por un estiramiento facial. ¡Les dije que no![105]

Incluso Richard Nixon, que en privado consideraba a los medios de comunicación «su enemigo», se privó mucho de protagonizar ataques de esta índole en público. Para encontrar un comportamiento comparable en este hemisferio hay que recurrir a Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela o a Rafael Correa en Ecuador.

Por otro lado, la Administración Trump quebrantó las normas establecidas excluyendo de manera selectiva a algunos periodistas de las ruedas de prensa. El 24 de febrero de 2017, el secretario de Prensa, Sean Spicer, prohibió a los periodistas del New York Times, CNN, Politico, BuzzFeed y Los Angeles Times la asistencia a una «reunión» de prensa no televisada y escogió a dedo a periodistas de medios menos importantes pero más compasivos con Trump, como el Washington Times y el canal de televisión One America News Network para redondear el cupo.[106] El único precedente moderno de este tipo fue la decisión de Nixon de prohibirle la entrada a la Casa Blanca al Washington Post después de que destapara el escándalo del Watergate.[107]

En 1993, el senador demócrata de Nueva York Daniel Patrick Moynihan, sociólogo de formación, realizó una observación incisiva: los humanos tienen una capacidad limitada de tolerar a personas que se comportan de modos que se desvían de los estándares comunes.[108] Cuando las reglas no escritas se infringen una y otra vez, observaba Moynihan, las sociedades tienen tendencia a «rebajar lo que se considera una desviación», a modular la normalidad. Lo que antes se consideraba anormal pasa a considerarse normal.

Moynihan aplicó esta constatación, no sin suscitar controversia, a la creciente tolerancia social en Estados Unidos hacia las familias monoparentales, los elevados índices de homicidios y la enfermedad mental. En la actualidad puede aplicarse a la democracia estadounidense. Y aunque no haya sido Donald Trump quien haya desencadenado la anormalidad o desviación política, es decir: aunque no haya sido él quien primero ha desatendido las normas no escritas de civismo, respeto por la prensa y veracidad, su presidencia la está acelerando. Bajo el presidente Trump, Estados Unidos está viviendo una relajación de la desviación. El uso habitual que el presidente hace de los insultos, las descalificaciones, la intimidación, la mentira y las trampas ha contribuido de manera inevitable a normalizar tales prácticas. Los tuits de Trump pueden suscitar indignación en los medios de comunicación, entre los demócratas y entre algunos republicanos, pero la eficacia de las reacciones de éstos se ve mermada por la inmensa cantidad de infracciones. Tal como observó Moynihan, frente a una desviación generalizada, primero nos sentimos abrumados y luego nos insensibilizamos. Nos acostumbramos a lo que previamente se nos antojaba escandaloso.

Además, el Partido Republicano ha tolerado estas desviaciones de Trump, lo cual ha contribuido a que resulten aceptables para gran parte del electorado republicano. Es cierto que muchos republicanos han condenado los comportamientos más deplorables de Trump, pero estas declaraciones aisladas no resultan excesivamente punitivas. Con la salvedad de una senadora republicana,[109] el resto votaron en el sentido del presidente Trump al menos un 85 por ciento de las veces durante sus primeros siete meses en el cargo. Incluso los senadores Ben Sasse de Nebraska y Jeff Flake de Arizona, quienes a menudo condenaron enérgicamente las vulneraciones de las normas del presidente, votaron en el mismo sentido que Trump el 94 por ciento de las veces.[110] No existe ninguna estrategia de «contención» para una retahíla infinita de tuits ofensivos. Los republicanos, que no están dispuestos a pagar el precio político de romper filas con un presidente de su signo, encuentran poca alternativa salvo redefinir de continuo lo que es o no tolerable.

Y esto tendrá consecuencias nefastas para nuestra democracia. El quebrantamiento de las normas básicas por parte del presidente Trump ha ampliado los límites del comportamiento político aceptable. Es posible que ya estemos presenciando algunas de las consecuencias. En mayo de 2017, Greg Gianforte, el candidato republicano en unas elecciones extraordinarias al Congreso, dio un empellón con el cuerpo a un periodista de The Guardian que le estaba preguntando acerca de la reforma de la sanidad.[111] Gianforte fue acusado de agresión menor, pero ello no fue óbice para que ganara las elecciones. En términos más generales, una encuesta de YouGov realizada para The Economist a mediados del año 2017 reveló un nivel pasmoso de intolerancia hacia los medios de comunicación, sobre todo entre republicanos. A la pregunta de si estaban o no a favor de que los tribunales pudieran clausurar medios de comunicación por ofrecer información «sesgada o imprecisa»,[112] el 45 por ciento de los republicanos entrevistados se manifestaron a favor, mientras que sólo el 20 se opuso. Más del 50 por ciento de los republicanos respaldaban la idea de imponer multas por publicar noticias sesgadas o imprecisas. Dicho con otras palabras: una mayoría de los votantes republicanos se manifestaban favorables al tipo de represión en los medios vista en años recientes en Ecuador, Turquía y Venezuela.

En verano de 2017 se publicaron dos vídeos de reclutamiento de la Asociación Nacional del Rifle. En el primero, la portavoz, Dana Loesch, habla acerca de los demócratas y el uso de la fuerza:

Utilizan sus escuelas para adoctrinar a los niños diciéndoles que el presidente es otro Hitler. Utilizan a sus estrellas cinematográficas, cantantes, programas cómicos y entregas de premios para repetir su discurso una y otra vez. Y luego utilizan al expresidente para respaldar la «resistencia». Todo para conseguir que se manifiesten, que protesten, para que clamen en contra del racismo, del sexismo, de la xenofobia y de la homofobia; para romper ventanas, incendiar vehículos, bloquear carreteras interestatales y aeropuertos, intimidar y aterrorizar a las personas que acatan la ley hasta que a la policía no le queda más alternativa que hacer su trabajo y detener toda esa locura. Y cuando esto sucede, la utilizan como excusa para su indignación. La única manera de detener esto, el único modo que tenemos de salvar nuestro país y nuestra libertad, es combatiendo la violencia de las mentiras con el puño cerrado de la verdad.[113]

En el segundo vídeo, Loesch advierte sin sutilezas de una campaña de violencia contra el New York Times:

Estamos hartos de vuestra afirmación pretenciosa de que hacéis periodismo basado en datos y en la verdad. Considerad esto un tiro de advertencia. […] Para resumir: vamos a por vosotros.[114]

La Asociación Nacional del Rifle no es una organización marginal ni pequeña. Cuenta con cinco millones de afiliados y tiene vínculos estrechos con el Partido Republicano (tanto Donald Trump como Sarah Palin son miembros de toda la vida). Sin embargo, ahora emplea palabras que en el pasado se habrían considerado propias de un extremismo político peligroso.

Las normas son los guardarraíles de la democracia; si se infringen, el margen de conductas políticas aceptables se amplía y da origen a discursos y acciones que ponen en peligro la democracia. Comportamientos que en el pasado se consideraban inconcebibles en la política estadounidense cada vez resultan más concebibles. Y aunque Donald Trump no acabe por derribar los guardarraíles de nuestra democracia constitucional, ha incrementado las probabilidades de que un futuro presidente lo haga.

9
CÓMO SALVAR LA DEMOCRACIA

Escribir este libro nos ha recordado que la democracia estadounidense no es tan excepcional como a veces creemos. No hay nada en nuestra Constitución ni en nuestra cultura que nos inmunice contra la quiebra democrática. Hemos experimentado catástrofes políticas en el pasado, cuando las enemistades entre regiones o entre partidos dividieron de tal modo la nación que se desencadenó una guerra civil. El sistema constitucional se recuperó y los dirigentes republicanos y demócratas aplicaron nuevas normas y prácticas que apuntalarían más de un siglo de estabilidad política. Pero esa estabilidad se pactó a expensas de la exclusión racial y del imperio autoritario y monopartidista en el Sur del país. Hubo que aguardar a 1965 para que la democracia alcanzara su plenitud en Estados Unidos.[1] Y, paradójicamente, ese mismo proceso desencadenó un realineamiento fundamental del electorado estadounidense que polarizó de nuevo acusadamente a los partidos políticos.[2] Tal polarización, más profunda que nunca desde finales de la época de la reconstrucción posterior a la guerra de la Secesión, ha desencadenado la epidemia de infracción de las normas que en la actualidad desafía nuestra democracia.

Existe la percepción creciente de que la democracia se encuentra en retroceso en todo el mundo:[3] Venezuela, Tailandia, Turquía, Hungría, Polonia… Larry Diamond, tal vez la máxima autoridad en democracia que existe a nivel internacional, opina que nos hemos internado en un período de recesión democrática.[4] ¿Se enmarca la crisis actual de Estados Unidos en una oleada mundial de involución? Nosotros somos escépticos al respecto. Antes de la elección de Donald Trump, afirmar que existía una recesión democrática en todo el mundo era exagerado.[5] El número de democracias ascendió de manera espectacular durante las décadas de 1980 y 1990, alcanzó su punto álgido en torno a 2005 y se ha mantenido estable desde entonces. Las regresiones se abrían camino hasta los titulares y captaban nuestra atención, pero por cada Hungría, Turquía y Venezuela hay una Colombia, Sri Lanka o Túnez, países que se han vuelto más democráticos en el transcurso de la última década. La inmensa mayoría de las democracias del mundo, desde Argentina, Brasil, Chile y Perú, pasando por Grecia, España, la República Checa y Rumanía hasta Ghana, India, Corea del Sur y Sudáfrica permanecen intactas. Y aunque las democracias europeas afrontan múltiples peligros, desde unas economías frágiles hasta el euroescepticismo o el creciente sentimiento antiinmigración, pocos indicios en ninguna de ellas apuntan a que se esté dando una erosión fundamental de las normas como la que hemos presenciado en Estados Unidos.

Ahora bien, el ascenso de Trump al poder puede representar un desafío a la democracia mundial. Entre la caída del muro de Berlín y la presidencia de Obama, los Gobiernos de Estados Unidos desplegaron una política exterior en defensa de la democracia. Es cierto que hubo numerosas excepciones: cuando los intereses estadounidenses estuvieron en juego, como en China, Rusia y Oriente Próximo, la democracia desapareció de la agenda política. Pero en gran parte de África, Asia, Europa del Este y Latinoamérica, los Gobiernos estadounidenses usaron la presión diplomática, la cooperación económica y otras herramientas de la política exterior para oponerse al autoritarismo y presionar por la democratización durante la era posterior a la Guerra Fría.[6] El período comprendido entre 1990 y 2015 fue fácilmente el cuarto de siglo más democrático en la historia mundial, en parte porque las potencias occidentales respaldaron de manera generalizada la democracia. Pero eso podría estar cambiando. Con Donald Trump en la presidencia, Estados Unidos parece estar abandonando su papel de promotor de la democracia por primera vez desde la Guerra Fría. La Administración Trump es el Gobierno estadounidense menos democrático desde Nixon. Más aún, Estados Unidos ha dejado de ser un modelo democrático. Un país cuyo presidente ataca a la prensa, amenaza con meter en prisión a su adversaria y declara que podría impugnar los resultados de las elecciones carece de credibilidad para propugnar la democracia. Autócratas en ejercicio y en ciernes se habrán visto por igual envalentonados por el hecho de que Trump ocupe la Casa Blanca. De manera que, si bien la idea de una recesión democrática mundial era en gran medida una leyenda antes de 2016, la presidencia de Trump, junto con la crisis de la Unión Europea, el auge de China y la creciente agresividad de Rusia podrían contribuir a hacerla realidad.

Volviendo a poner el foco en Estados Unidos, apreciamos tres posibles escenarios futuros para el país después de Trump. El primero de ellos y más optimista es una rápida recuperación democrática. En este escenario, el presidente Trump fracasa en política y o bien pierde el apoyo de la opinión pública y no es reelegido o, en un movimiento más drástico, es destituido o se ve forzado a dimitir. La implosión de la presidencia de Trump y el triunfo de la resistencia anti-Trump revitaliza a los demócratas, que vuelven a hacerse con el poder y revierten las políticas más infames del actual presidente. Si Trump sufriera un fracaso estrepitoso, el disgusto público incluso podía motivar reformas que mejorasen la calidad de nuestra democracia, tal como ocurrió tras la dimisión de Richard Nixon en 1974. El liderazgo republicano, tras haber pagado un precio muy alto por su asociación con Trump, podría finiquitar su flirteo con la política extremista. En este futuro, la reputación de Estados Unidos en el mundo se restauraría rápidamente. El interludio de Trump se enseñaría en las escuelas, se narraría en el cine y se explicaría en las obras históricas como una era de errores trágicos en la que se evitó la catástrofe y se salvó la democracia en Estados Unidos. Éste es, ciertamente, el futuro que muchos de nosotros anhelamos. Pero es harto improbable. Recuerden que la subversión de las normas democráticas establecidas (y la polarización subyacente que la aguijoneó) dio comienzo mucho antes de que Donald Trump ocupara la Casa Blanca. Los guardarraíles de la democracia estadounidense llevan décadas debilitándose; el simple hecho de destituir al presidente Trump no los restablecerá sin más. Aunque la presidencia de Trump acabe considerándose una aberración momentánea con un impacto moderado en nuestras instituciones, ponerle fin puede no ser suficiente para restaurar una democracia saludable.

En un segundo futuro, mucho más funesto, Trump y los republicanos continúan ganando con sus consignas nacionalistas blancas. En este escenario, un Partido Republicano favorable a Trump retendría la presidencia, las dos cámaras del Congreso y la inmensa mayoría de los parlamentos estatales y, con el tiempo, acabaría por hacerse con una sólida mayoría en el Tribunal Supremo.[7] Una vez conseguido esto, utilizaría tácticas duras constitucionales para fabricar mayorías electorales blancas duraderas. Ello podría hacerse combinando una deportación a gran escala con restricciones a la inmigración, purga de los censos electorales y la adopción de leyes estrictas de identificación de votantes. Y es probable que las medidas para remodelar el electorado estuvieran acompañadas de la supresión del obstruccionismo parlamentario y otras normas que protegen a las minorías en el Senado, de tal modo que los republicanos podrían imponer su agenda incluso con mayorías simples. Estas medidas pueden antojarse extremas, pero conviene recordar que la Administración Trump ha explorado hasta la última de ellas.

Las tentativas de apuntalar el Partido Republicano construyendo una nueva mayoría blanca, por descontado, serían profundamente antidemocráticas. Tales medidas desencadenarían la resistencia de un amplio espectro de fuerzas, incluidos los progresistas, los colectivos minoritarios y gran parte del sector privado. La resistencia podría derivar en una confrontación creciente e incluso en un conflicto violento, que, a su vez, podría conllevar una mayor represión política y vigilancia privada en pro del mantenimiento de «la ley y el orden». Para hacerse una idea de cómo podría enmarcarse la adopción de medidas severas de este tipo basta con visionar vídeos de reclutamiento recientes de la Asociación Nacional del Rifle o escuchar a los políticos republicanos hablar del movimiento Black Lives Matter.

Este escenario dantesco no es probable, pero tampoco es inconcebible. Cuesta encontrar ejemplos de sociedades en las que unas mayorías étnicas decrecientes cedieran su estatus privilegiado sin pelear. En el Líbano, el declive demográfico de los grupos cristianos predominantes fue una de las causas de una guerra civil que se prolongó durante quince años. En Israel, la amenaza demográfica que comportó la anexión de facto de Cisjordania está impeliendo al país hacia un sistema político que dos de sus antiguos primeros ministros han comparado con el apartheid. Y en Estados Unidos, en la estela de la reconstrucción del país que tuvo lugar después de la guerra de Secesión, los demócratas sureños reaccionaron a la amenaza que suponía el sufragio negro desposeyendo del derecho al voto a los afroamericanos durante casi un siglo. Aunque los nacionalistas blancos siguen siendo una minoría en el seno del Partido Republicano, el creciente impulso por adoptar leyes estrictas de identificación de votantes y la purga de los censos electorales, con el influyente fiscal general de los republicanos Jeff Sessions y el copresidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre Integridad Electoral Kris Kobach como adalides, sugiere que la remodelación electoral forma parte del programa político del Partido Republicano.

El tercer futuro, a nuestro parecer el más viable tras el paso de Trump por la presidencia, estará marcado por la polarización, por nuevos distanciamientos de las convenciones políticas no escritas y por una creciente guerra institucional; en otras palabras: por una democracia sin guardarraíles sólidos. El presidente Trump y el trumpismo podrían fracasar en este escenario, pero su fracaso no serviría para estrechar el abismo entre partidos ni para revertir el declive de la tolerancia mutua y la contención.

Para hacerse una idea de qué aspecto podría presentar una democracia sin guardarraíles en Estados Unidos, basta con observar la Carolina del Norte actual. Carolina del Norte es el clásico estado «lila». Con una economía diversificada y un sistema universitario que disfruta de reconocimiento internacional, es un estado más rico, más urbano y más culto que la mayoría de los estados sureños. Además, es geográficamente diverso, con un tercio de la población integrado por afroamericanos, estadounidenses de origen asiático y latinos.[8] Todo ello hace de Carolina del Norte un terreno más hospitalario para los demócratas que los estados del Sur Profundo. El electorado de Carolina del Norte se parece al nacional: está dividido entre demócratas y republicanos, con los demócratas concentrados predominantemente en los centros urbanos como Charlotte y Raleigh-Durham y los republicanos en las zonas rurales.

El estado se ha convertido, en palabras del profesor de la Facultad de Derecho de Duke Jedediah Purdy, en un «microcosmos de la política hiperpartidista y la creciente desconfianza mutua del país».[9] En el transcurso de la última década, los partidos se han enfrentado por las restricciones al aborto impuestas por los republicanos, por el rechazo del gobernador republicano del Medicaid como parte de la ley de atención médica asequible, por una propuesta de enmienda constitucional que pretendía prohibir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y, el caso más famoso, por la ley de privacidad y seguridad en instalaciones públicas de 2016 (conocida como la Ley del Lavabo), que prohibía a los Gobiernos locales permitir a personas transgénero usar los aseos públicos con acuerdo al sexo con el que se identifican.[10] Todas estas iniciativas encontraron una intensa oposición. En palabras de un republicano veterano, la política estatal «está hoy más polarizada y es más cáustica que nunca. […] Y eso que yo trabajé para Jesse Helms».[11] [*]

Según la mayoría de las opiniones, la caída de Carolina del Norte en una guerra política sin cuartel dio comienzo después de que los republicanos se hicieran con el poder de la asamblea legislativa estatal en 2010. Un año más tarde, la asamblea aprobó un plan de redistribución de distritos que, en opinión de muchos, planteaba «divisiones por razas», pues concentraba al electorado afroamericano en un reducido número de demarcaciones y, por consiguiente, diluía su peso electoral, al tiempo que maximizaba los escaños obtenidos por los republicanos. El reverendo progresista William Barber, líder del movimiento Moral Mondays,[**] describió las nuevas circunscripciones como «distritos electorales del apartheid». Estos cambios permitieron a los republicanos hacerse con nueve de los trece escaños del Congreso del estado en 2012, a pesar de que los demócratas obtuvieron más votos a nivel estatal.[12]

Después de que la victoria gubernativa del republicano Pat McCrory en 2012 otorgara a los republicanos el control de los tres poderes gubernamentales, el Partido Republicano estatal intentó asegurarse su predominio a largo plazo. Con la gobernación, ambas cámaras legislativas y una mayoría en el Tribunal Supremo estatal en su haber, los líderes republicanos lanzaron una ambiciosa batería de reformas diseñadas para amañar la partida política. Empezaron por solicitar el acceso a los antecedentes de los votantes de todo el estado.[13] Con esta información en mano, la asamblea legislativa aprobó una serie de reformas electorales que dificultaban a los ciudadanos depositar sus votos. Se aprobó una ley estricta de identificación de votantes, se redujeron las oportunidades de voto anticipado, se cerró el registro preliminar de personas de dieciséis y diecisiete años, se eliminó el registro el mismo día y se recortó el número de colegios electorales en varios condados clave.[14] Los nuevos datos permitieron a los republicanos diseñar las reformas con una «precisión casi quirúrgica»,[15] según la expresión usada por el tribunal de apelaciones federal, con el fin de que afectaran al electorado afroamericano. Y aunque el tribunal de apelaciones suspendió la ejecución de las nuevas leyes, los republicanos emplearon su control sobre las mesas electorales del estado para implantarlas de todos modos.[16]

La guerra institucional persistió después de que el demócrata Roy Cooper derrotara por un estrecho margen a McCrory y se hiciera con la gobernación en 2016. McCrory rehusó concederle la victoria durante casi un mes, mientras los republicanos vertían acusaciones sin fundamento de fraude electoral. Y eso no fue más que el principio.[17] Después de que McCrory aceptara al fin la derrota en diciembre de 2016, los republicanos convocaron una «sesión extraordinaria sorpresa»[18] de la asamblea legislativa estatal. La política se había deteriorado hasta tal punto que empezó a circular el rumor de que podía producirse un «golpe de Estado legislativo» inminente mediante el cual los republicanos entregarían las elecciones a McCrory aprovechando una ley que permite a los legisladores intervenir cuando los resultados de unos comicios gubernativos se impugnan.[19]

El golpe de Estado no se perpetró, pero, en lo que el New York Times describió como una «descarada toma del poder»,[20] la sesión especial aprobó varias medidas para reducir el poder del gobernador demócrata entrante. El Senado se otorgó la autoridad de confirmar los nombramientos al gabinete gubernativo y dio poderes al gobernador republicano en ejercicio para transferir a puestos permanentes a cargos políticos nombrados para puestos temporales.[21] El gobernador saliente, McCrory, no tardó en garantizar el puesto a cerca de mil empleados de la gobernación seleccionados a dedo, con lo cual, en esencia, lo que hizo fue «llenar de personas afines» el poder ejecutivo.[22] A continuación, los republicanos modificaron la composición de los comités electorales estatales,[23] responsables de regular a escala local: el fraude electoral, el registro de votantes, qué documentación de identidad se requiere para ejercer el derecho al voto, el horario de las votaciones y la distribución de los colegios electorales.[24] Tales comités habían estado sometidos al control del gobernador en ejercicio,[25] que podía garantizar a su partido una mayoría de escaños, pero el Partido Republicano ideó un sistema de representación igualitaria entre partidos. En un nuevo retorcimiento de las normas, la presidencia de las juntas electorales rotaría entre ambos partidos cada año,[26] de tal modo que la formación con mayor número de miembros (el Partido Republicano) ocuparía la presidencia los años pares, que se corresponden con los años de las elecciones. Unos meses más tarde, la asamblea legislativa votó reducir el tamaño del tribunal estatal de apelaciones en tres magistrados,[27] privando con ello al gobernador Cooper de poder proponer tres nombramientos judiciales.

Aunque posteriormente los tribunales revocaron la distribución de distritos por razas, la ley de votantes de 2013 y la reforma de las juntas electorales, su mera aprobación revelaba que el Partido Republicano estaba dispuesto a aprovechar todo su poder para mutilar a sus adversarios políticos. El congresista demócrata David Price, de Chapel Hill, afirmó que la crisis legislativa le había enseñado que «la democracia estadounidense es más frágil de lo que creemos».[28]

Carolina del Norte permite vislumbrar lo que podría ser una política sin guardarraíles, y tal vez ofrezca un atisbo del futuro que posiblemente aguarda a Estados Unidos. Cuando los partidos rivales se convierten en enemigos, la competición política deriva en una guerra y nuestras instituciones se transforman en armas. El resultado es un sistema que se halla siempre al borde del precipicio.

Este escenario sombrío recalca una lección central de este libro: siempre que la democracia de Estados Unidos ha funcionado se ha apoyado en dos normas que a menudo damos por supuestas: la tolerancia mutua y la contención institucional. La Constitución estadounidense no recoge que haya que tratar a los rivales como contrincantes legítimos por el poder y hacer un uso moderado de las prerrogativas institucionales que garantice un juego limpio. Sin embargo, sin estas normas, el sistema constitucional de controles y equilibrios no funcionará como esperamos. Cuando el barón de Montesquieu expuso por primera vez la idea de la separación de poderes en su libro de 1748 Del espíritu de las leyes, el pensador francés no contempló lo que en la actualidad denominamos «normas».[29] Montesquieu creía que el sólido andamiaje de las instituciones políticas bastaría para limitar los excesos de poder, es decir: que el diseño constitucional no difería demasiado de un problema de ingeniería y que el desafío estribaba en concebir instituciones que permitieran contener la ambición, incluso en el caso de los dirigentes políticos imperfectos. Muchos de los padres fundadores de Estados Unidos compartían este planteamiento.

La realidad no tardó en revelar que los padres fundadores se equivocaban. Sin innovaciones como los partidos políticos y las normas consustanciales, la Constitución que con tanto esmero habían redactado en Filadelfia no habría sobrevivido. Las instituciones eran más que meros reglamentos formales: estaban envueltas por una capa superior de entendimiento compartido de lo que se considera un comportamiento aceptable. La genialidad de la primera generación de dirigentes políticos estadounidenses no radicó en crear instituciones infalibles, sino en que, además de diseñar instituciones bien pensadas, poco a poco y con dificultad implantaron un conjunto de creencias y prácticas compartidas que contribuyeron al buen funcionamiento de dichas instituciones.

La fortaleza del sistema político estadounidense, tal como se ha destacado a menudo, estriba en lo que el economista galardonado con el Premio Nobel Gunnar Myrdal bautizó como el «credo estadounidense» o «credo americano»:[30] los principios de la libertad individual y la igualdad. Consignados por escrito en los documentos fundacionales y repetidos en aulas escolares, discursos y páginas editoriales, los valores de la libertad y la igualdad se justifican por sí mismos, pero no se ejecutan solos. La tolerancia mutua y la contención institucional son principios procedimentales: indican a los políticos cómo comportarse, más allá de los límites de la ley, para que las instituciones funcionen. Deberíamos concebir estos valores procedimentales como elementos nucleares del credo estadounidense, porque, sin ellos, la democracia no funcionaría.

Ello tiene implicaciones importantes para la oposición que la ciudadanía puede ofrecer a Trump. En la estela de las elecciones de 2016, muchos líderes de opinión progresistas llegaron a la conclusión de que los demócratas tenían que «luchar como los republicanos». Si éstos estaban dispuestos a saltarse las normas, argumentaban, entonces a los demócratas no les quedaba más remedio que hacer lo mismo. Actuar con moderación y civismo mientras el otro bando abandonaba toda contención institucional sería como si un boxeador entrara en el cuadrilátero con una mano atada a la espalda. Enfrentados a una persona que actúa con tácticas intimidatorias y está dispuesta a usar todos los medios a su alcance para ganar, quienes juegan acatando las reglas se arriesgan a quedar como tontos. La negación del Partido Republicano a permitir al presidente Obama cubrir la vacante del Tribunal Supremo dejó a los demócratas con una aguda sensación de impotencia, sobre todo después de que la victoria de Trump garantizara que los republicanos se salieran con la suya. El politólogo y escritor David Faris tipificó los llamamientos a «jugar sucio» con las siguientes palabras:

La posición de los demócratas en todos los asuntos […] debería ser muy sencilla: o nos dais a Merrick Garland u os pudrís en el infierno. […] Y no sólo eso, sino que deberían hacer lo que deberían haber hecho ya el día en que falleció Antonin Scalia: dejar claro que la próxima vez que los demócratas tengan mayoría en el Senado mientras el Partido Republicano ocupe la presidencia, […] los republicanos pagarán un precio muy alto por lo que acaba de suceder. El próximo presidente republicano que afronte un Gobierno dividido no conseguirá nada. […] Cero confirmaciones. Cero jueces ni siquiera en el juzgado de distrito más humilde del país. Ningún ministro en el gabinete. Ni una sola ley aprobada.[31]

Inmediatamente después de la elección de Trump a la presidencia, algunos progresistas llamaron a adoptar medidas para evitar su investidura. En una página de opinión titulada «Buck Up, Democrats, and Fight Like Republicans» (espabilad, demócratas, y luchad como republicanos) publicada un mes antes del estreno del Trump en el cargo, Dahlia Lithwick y David S. Cohen lamentaban que los demócratas «no estuvieran haciendo nada por detenerlo».[32] Si bien había «no pocas teorías legales que podían poner en cuestión la designación de Trump», escribían, los demócratas no las estaban explorando. Lithwick y Cohen argumentaban que los demócratas «deberían estar luchando con uñas y dientes» para evitar que Donald Trump ocupara el Despacho Oval, forzando recuentos e investigaciones por presunto fraude electoral en Míchigan, Pensilvania y Wisconsin, intentando influir en el Colegio Electoral e incluso intentando impugnar la victoria del presidente Trump en los tribunales.

El día de la investidura, algunos demócratas cuestionaron la legitimidad de Donald Trump como presidente. El representante por California Jerry McNerney boicoteó la investidura asegurando que las elecciones «carecían de legitimidad» debido a la injerencia rusa[33] y el representante por Georgia John Lewis declaró que no consideraba a Trump el «presidente legítimo».[34] Cerca de setenta miembros demócratas de la Cámara de Representantes impidieron que la investidura de Trump se realizara con normalidad.[35]

Con Trump ya instalado en la Casa Blanca, algunos progresistas exhortaron a los demócratas a «arrancar una página del libro de instrucciones del Partido Republicano y practicar el obstruccionismo parlamentario en todo».[36] Markos Moulitsas, fundador del sitio web Daily Kos, declaró, por ejemplo, que «en el Senado no debería hacerse nada sin que los republicanos tengan que luchar por ello, ni siquiera pronunciar la oración de las mañanas. Hay que convertirlo todo en una lucha».[37]

Algunos demócratas sacaron a colación incluso el fantasma de una destitución pronta. Transcurridas menos de dos semanas desde el estreno de Trump como presidente, la representante Maxine Waters tuiteó: «Mi mayor deseo es conducir a @realDonaldTrump directamente a la destitución».[38] Las voces que exigían impugnar a Trump cobraron fuerza después de que cesara al director del FBI, James Comey, y se reforzaron con el descenso de popularidad de Trump,[39] cosa que dio a los demócratas la esperanza de obtener la mayoría necesaria en la Cámara de Representantes para liderar un proceso de destitución. En una entrevista concedida en mayo de 2017, Waters declaró: «Hay quien ni siquiera se atreve a mencionar la palabra. Es como si fuera una idea demasiado tremenda. Da la sensación de que se les antoja una labor demasiado peliaguda, que exige mucha reflexión. Yo no lo veo de ese modo».[40]

A nuestro parecer, la idea de que los demócratas «deberían luchar como republicanos» es errada. En primer lugar, lo sucedido en otros países sugiere que esta estrategia suele acabar jugando a favor de los autócratas. Las tácticas de tierra arrasada a menudo erosionan el apoyo a la oposición, pues asustan a los votantes moderados. Y unen aún más a las fuerzas progubernamentales, dado que incluso los disidentes en el seno del partido en ejercicio cierran filas frente a una oposición inflexible. Además, cuando la oposición se apunta al juego sucio brinda al Gobierno una justificación para adoptar medidas enérgicas.[41]

Así sucedió en Venezuela bajo Hugo Chávez. Los primeros años de Chávez en la presidencia fueron democráticos, pero su discurso populista aterraba a la oposición. Temerosos de que Chávez condujera a Venezuela hacia un socialismo al estilo cubano, sus adversarios intentaron deponerlo preventivamente, y por todos los medios. En abril de 2002, los líderes de la oposición respaldaron un golpe militar que no sólo fracasó sino que, además, destruyó su imagen como demócratas. Impertérrita, la oposición convocó una huelga general indefinida en diciembre de 2002 con el objetivo de paralizar el país hasta forzar la dimisión de Chávez. La huelga se prolongó dos meses y se calcula que costó a Venezuela unos cuatro mil quinientos millones de dólares, y acabó fracasando.[42] A continuación, las fuerzas contrarias a Chávez boicotearon las elecciones legislativas de 2005, cosa que no hizo más que permitir a los chavistas hacerse con el control del Congreso. Las tres estrategias fueron contraproducentes.[43] No sólo no consiguieron derribar a Chávez, sino que, además, erosionaron el apoyo público a la oposición,[44] permitieron a Chávez etiquetar a sus adversarios de antidemócratas y brindaron al Gobierno una excusa para purgar el Ejército, la policía y los tribunales, para arrestar o exiliar a la disidencia y para clausurar los medios de comunicación independientes. Debilitada y desacreditada, la oposición no estuvo en disposición de frenar la caída subsiguiente del régimen en el autoritarismo.

En cambio, las estrategias de la oposición en Colombia durante el mandato del presidente Álvaro Uribe fueron más fructíferas.[45] Uribe, elegido en 2002, intentó apoderarse del poder al estilo de Chávez.[46] Su Administración calificó a la crítica de subversiva y de terrorista, espió a miembros de la oposición y periodistas, intentó debilitar la magistratura y en dos ocasiones buscó modificar la Constitución para gobernar durante un mandato adicional. Pero, a diferencia de lo sucedido en Venezuela, en Colombia la oposición no intentó derribar a Uribe por medios extraconstitucionales. En lugar de ello, tal como demuestra la politóloga Laura Gamboa, centró sus esfuerzos en el Congreso y los tribunales. Ello hizo que a Uribe le resultara más difícil poner en entredicho las credenciales democráticas de sus adversarios o justificar la adopción de medidas drásticas contra ellos.[47] A pesar de los abusos de Uribe, no se produjo una guerra institucional al estilo de Venezuela y las instituciones democráticas del país no se vieron amenazadas. En febrero de 2010, la Corte Constitucional dictaminó que la postulación de Uribe para un tercer mandato era inconstitucional y lo obligó a abandonar la presidencia concluido su segundo mandato. La lección que debe inferirse es la siguiente: si existen canales institucionales, los grupos de la oposición deben utilizarlos.

Incluso en el caso de que los demócratas consiguieran debilitar o eliminar al presidente Trump aplicando tácticas duras, su victoria sería pírrica, puesto que heredarían una democracia despojada de los guardarraíles protectores que aún le quedan. Si el obstruccionismo acabara por doblegar a la Administración Trump o si el presidente fuera destituido sin existir un sólido consenso entre ambos partidos, lo único que se conseguiría sería reforzar (o incluso precipitar) la dinámica de la antipatía entre partidos y la erosión de las normas que ayudaron a encumbrar a Trump. Probablemente, en torno a un tercio del país vería en la destitución de Trump las maquinaciones de una inmensa conspiración de izquierdas, y quizá incluso un golpe de Estado. Y la política estadounidense quedaría peligrosamente a la deriva.

Este tipo de intensificación del conflicto rara vez acaba bien. Si los demócratas no se esfuerzan por restaurar las normas de la tolerancia mutua y la contención institucional, es probable que el próximo presidente de su signo afronte una oposición dispuesta a desplegar todos los medios para derrotarlos. Y si las grietas entre partidos se agravan y las reglas no escritas continúan desgastándose, los estadounidenses podríamos acabar eligiendo un presidente incluso más peligroso que Trump.

La oposición al comportamiento autoritario de la Administración Trump debería ser firme, pero destinada a preservar, en lugar de vulnerar, las reglas y las normas democráticas. En la medida de lo posible, la oposición debería centrarse en el Congreso, los tribunales y, por supuesto, las elecciones. Si se derrota a Trump por vía de las instituciones democráticas, dichas instituciones resultarían reforzadas.

Así es también como deberían utilizarse las manifestaciones de protesta. El derecho a manifestación es un derecho básico y una actividad importante de cualquier democracia, pero su objetivo debería ser la defensa de los derechos y las instituciones, no crear disrupciones. En un estudio destacado sobre los efectos de las manifestaciones negras de la década de 1960, el politólogo Omar Wasow reveló que las protestas no violentas lideradas por los negros reforzaron el programa nacional en defensa de los derechos civiles de Washington y ampliaron el apoyo de la opinión pública a dicho programa.[48] En cambio, las protestas violentas condujeron a un descenso de los apoyos entre la población blanca y es posible que inclinaran las elecciones de 1968 en favor de Nixon en lugar de Humphrey.

La historia de nuestro propio país debería servirnos de lección. Las fuerzas anti-Trump deberían construir una amplia coalición prodemocrática. La construcción de coaliciones en el presente suele consagrarse como una agrupación de grupos de ideología afín: parroquias católicas, mezquitas y sinagogas progresistas podrían formar, junto con las iglesias presbiterianas, una coalición interconfesional para combatir la pobreza o la intolerancia racial, mientras que grupos de defensa de las libertades civiles, latinos y religiosos podrían formar una coalición para defender los derechos de los inmigrantes. Las coaliciones de ideologías afines son importantes, pero no bastan para defender la democracia. Las coaliciones más eficaces son aquellas que congregan a grupos con concepciones distintas (incluso discordantes) sobre múltiples asuntos. No se construyen entre amigos, sino entre adversarios. Así, una coalición efectiva en defensa de la democracia estadounidense probablemente requeriría que los progresistas forjaran alianzas con ejecutivos empresariales, líderes religiosos (en especial evangélicos blancos) y republicanos de los estados rojos. Por más que la patronal no sea un aliado natural de los activistas democráticos, tiene sólidos motivos para oponerse a una Administración inestable que se salta las normas. Y puede ser una aliada poderosa. Basta pensar en los recientes movimientos de boicot contra los Gobiernos estatales que rehusaron rendir tributo a Martin Luther King Jr. en el día de su cumpleaños, continuaron ondeando la bandera confederada o vulneraron los derechos de las personas homosexuales y transgénero. Cuando empresas importantes se suman a los boicots progresistas, éstos suelen dar resultado.

Construir coaliciones que vayan más allá de nuestros aliados naturales es difícil. Requiere la voluntad de aparcar, al menos momentáneamente, temas que nos causan honda preocupación. Si los progresistas convierten las posturas en temas como el derecho al aborto o la cobertura sanitaria de pagador único en una prueba decisiva para formar parte de una coalición, las posibilidades de construir una coalición que incluya a los evangélicos y a ejecutivos empresariales republicanos serán nulas. Debemos ampliar nuestros horizontes temporales, tragar saliva y hacer espinosas concesiones. Ello no implica en ningún caso abandonar las causas que defendemos, sino pasar por alto temporalmente discrepancias con el fin de hallar un terreno moral común.

Una gran coalición en la oposición tendría beneficios importantes. Para empezar, reforzaría a los defensores de la democracia al convocar a un sector mucho más amplio de la sociedad estadounidense. En lugar de confinar el antitrumpismo a los círculos progresistas de los estados azules, ampliaría su alcance a un radio más extenso de Estados Unidos. Esta implicación de un amplio espectro de la población es esencial para aislar y derrotar a los gobiernos autoritarios.

Además, mientras que una coalición anti-Trump muy acotada (urbana, laica y progresista) reforzaría los ejes actuales de la división entre partidos, una coalición más amplia sería más transversal e incluso permitiría suavizar las discrepancias. Un movimiento político que aunase, aunque fuera de manera temporal, a los partidarios de Bernie Sanders, empresarios, evangélicos y feministas laicas, además de a republicanos de poblaciones pequeñas y defensores urbanos del movimiento Black Lives Matter abriría canales de comunicación en el inmenso abismo que ha emergido entre las áreas de influencia de los dos partidos políticos principales del país. Y podría alentar a crear lealtades más transversales en una sociedad donde escasean. Cuando las divisiones políticas de una sociedad son transversales, nos alineamos en distintos bandos con personas distintas en momentos distintos. Podemos estar en desacuerdo con nuestros vecinos en el tema del aborto, pero coincidir con ellos en el de la sanidad; podemos no estar de acuerdo con la postura de otro vecino con respecto a la inmigración y, en cambio, convenir con él en la necesidad de aumentar el salario mínimo. Tales alianzas nos ayudan a construir y sostener las normas de tolerancia mutua. Cuando llegamos a acuerdos con nuestros adversarios políticos, aunque sea de manera esporádica, tenemos menos probabilidades de verlos como enemigos mortales.

Plantearse cómo oponer resistencia a los abusos de la Administración Trump es obviamente importante. Sin embargo, el problema fundamental que afronta la democracia estadounidense sigue siendo la extrema división partidista, una división alimentada no sólo por las discrepancias políticas, sino por causas más profundas de resentimiento, incluidas las diferencias raciales y religiosas. La enorme polarización de Estados Unidos es previa a la presidencia de Trump y es probable que perdure cuando ésta concluya.

Los dirigentes políticos tienen dos opciones frente a la polarización extrema. En primer lugar, pueden dar las divisiones sociales como algo consumado y, sin embargo, intentar contrarrestarlas mediante la colaboración a nivel de las élites y el pactismo. Eso fue lo que hicieron los políticos chilenos. Tal como hemos visto en el capítulo 5, el intenso conflicto entre socialistas y democristianos ayudó a destruir la democracia chilena en 1973. Después de aquello persistió una profunda desconfianza entre ambos partidos, desconfianza que se impuso a su rechazo compartido de la dictadura de Pinochet.[49] El dirigente socialista en el exilio Ricardo Lagos,[50] que impartía clases en la Universidad de Carolina del Norte, recordaba que, cuando el expresidente democristiano Eduardo Frei Montalva visitó la universidad en 1975, decidió que le resultaba insoportable hablar con él, de manera que llamó para decir que ese día no acudiría porque estaba enfermo.

Pero, con el tiempo, los políticos empezaron a hablar. En 1978, Lagos regresó a Chile y el exsenador democristiano Tomás Reyes le extendió una invitación a cenar. Empezaron a reunirse con regularidad.[51] En torno a esa misma época, el líder democristiano Patricio Aylwin asistía a encuentros de abogados y académicos adscritos a distintos partidos,[52] muchos de los cuales se habían cruzado en los tribunales mientras defendían a presos políticos. Estas reuniones del «Grupo de los 24»[53] eran cenas informales en hogares de sus integrantes, pero, según Aylwin, «ayudaron a construir confianzas mutuas entre personas que habíamos sido adversarios». Finalmente, aquellas conversaciones dieron su fruto. En agosto de 1985, democristianos, socialistas y diecinueve partidos adicionales se reunieron en el elegante Club del Círculo Español de Santiago de Chile y firmaron el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia.[54] El pacto sirvió de base para la coalición Alianza Democrática.[55] La coalición aplicó una práctica de «política de consenso» como parte de la cual los líderes socialistas y democristianos negociaban las decisiones clave. Fue un éxito. La Alianza Democrática no sólo consiguió derrocar a Pinochet en un plebiscito en 1988, sino que, además, se alzó con la presidencia en 1989 y la retuvo durante dos décadas.

La Alianza implantó un estilo de gobernar que rompía marcadamente con la política de la década de 1970. Temiendo que una renovación del conflicto amenazara la nueva democracia chilena, los dirigentes desplegaron una práctica de colaboración informal que los chilenos bautizaron como «democracia de acuerdos», en la que los presidentes consultaban con los líderes de todos los partidos antes de presentar una ley al Congreso.[56] La Constitución de 1980 de Pinochet había creado un Ejecutivo dominante con la autoridad de imponer los presupuestos de manera más o menos unilateral,[57] pero el presidente Aylwin, un democristiano, mantuvo numerosas consultas con los socialistas y otros partidos antes de presentar su propuesta presupuestaria. Y no se limitó a consultar con sus aliados. Aylwin también negoció la propuesta con partidos de la derecha que habían respaldado la dictadura y defendido a Pinochet.[58] De acuerdo con el politólogo Peter Siavelis, las nuevas normas «ayudaron a conjurar conflictos potencialmente desestabilizadores tanto en el seno de la coalición como entre ésta y la oposición».[59] Chile ha sido una de las democracias más estables y sólidas de Latinoamérica durante las tres últimas décadas.

¿Quién sabe si los demócratas y los republicanos estadounidenses podrán seguir la senda chilena? A los políticos les resulta fácil lamentar la ausencia de civismo y colaboración o rememorar con nostalgia el bipartidismo de otros tiempos. Sin embargo, la creación de normas es una labor colectiva: sólo es posible cuando una masa crítica de políticos acepta las nuevas reglas no escritas y las acata en sus actuaciones. Esto suele suceder cuando dirigentes de todo el espectro se han asomado al abismo y han constatado que, si no intentan dar con un modo de abordar la polarización, la democracia fracasará. A menudo, sólo cuando los políticos sufren el trauma de una dictadura violenta, como sucedió en Chile, o incluso una guerra civil, como en España, constatan lo que está en juego.

La alternativa a aprender a cooperar al margen de la polarización subyacente es superar tal polarización. En Estados Unidos, los politólogos han propuesto un amplio abanico de reformas electorales, como poner fin al fraude electoral, celebrar primarias abiertas, imponer el voto obligatorio o diseñar normas alternativas para elegir a los congresistas, por poner algunos ejemplos, reformas que podrían contribuir a mitigar la enemistad entre partidos.[60] Sin embargo, su eficacia no está ni mucho menos contrastada con hechos. En nuestra opinión, tendría más sentido concentrarse en los dos factores subyacentes a la polarización en el país: la realineación por religión y raza y la creciente desigualdad económica. Consideramos que para abordar estos fundamentos sociales es preciso remodelar los principios que defienden los partidos políticos estadounidenses.

El Partido Republicano ha sido el principal causante del abismo que se ha abierto entre ambas formaciones.[61] Desde 2008, en ocasiones se ha comportado como un partido antisistema con sus tácticas de obstruccionismo, su hostilidad al partido rival y sus posturas políticas extremistas. Su deriva de veinticinco años hacia la derecha ha permitido vaciar su núcleo organizativo. En el último cuarto de siglo se ha destripado la estructura de liderazgo de la formación, primero debido al auge de grupos externos bien financiados (como Americans for Tax Freedom, Americans for Prosperity y muchos otros), cuya capacidad para recaudar fondos les permitió más o menos dictar la agenda política de muchos cargos electos del partido. Y a ello hubo que sumar la influencia creciente de Fox News y otros medios de derechas. Donantes exteriores ricos, como los hermanos Koch, y destacadas personalidades de los medios de comunicación influyen más en los políticos republicanos que el propio liderazgo de la formación. Los republicanos siguen ganando elecciones en todo el país, pero lo que antiguamente se conocía como el «aparato» político republicano ha quedado reducido hoy a un fantasma. Y con la pérdida del núcleo, el partido se ha vuelto vulnerable a caer en manos de extremistas.[62]

Para rebajar la polarización es preciso reformar el Partido Republicano, cuando no ya refundarlo de cero. En primer lugar, el Partido Republicano debe reconstruir su propio aparato. Esto implica devolver al liderazgo el control sobre cuatro ámbitos clave: las finanzas, la organización de las bases, los mensajes y la selección de candidatos. Sólo si la clase dirigente del partido consigue zafarse de las garras de los donantes externos y los medios de derechas podrá empezar a transformarse. Para ello son necesarios cambios fundamentales: los republicanos deben marginar a los elementos extremistas y construir un electorado más diverso, de manera que el partido no dependa en tal medida de su base menguante de cristianos blancos, y, además, debe hallar modos de ganar las elecciones sin apelar al nacionalismo blanco o a lo que el senador republicano por Arizona Jeff Flake denomina la «sobredosis de populismo, nativismo y demagogia».[63]

Refundar el partido de centroderecha más importante de Estados Unidos es mucho pedir, pero existen precedentes históricos de este tipo de transformaciones, incluso en circunstancias más adversas. Y allá donde la refundación ha sido un éxito, la reforma del partido conservador ha catalizado un renacimiento de la democracia.[64] Un caso especialmente significativo lo hallamos en la democratización de la Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Un factor nuclear para este logro fue un hecho que suele pasar desapercibido: la formación de la Unión Demócrata Cristiana (CDU, por sus siglas en alemán) a partir de los restos del naufragio de una tradición conservadora de derechas desacreditada.[65]

Antes de la década de 1940, Alemania no contaba con un partido conservador bien organizado y con éxito electoral, por un lado, y moderado y democrático por el otro. El conservadurismo alemán estaba permanentemente afectado por la división interna y la debilidad.[66] En particular, las marcadas discrepancias entre los protestantes conservadores y los católicos crearon un vacío político en la centroderecha que pudieron aprovechar fuerzas extremistas y autoritarias. Esta dinámica llegó a su punto más bajo con el avance de Hitler hacia el poder.

Después de 1945, la centroderecha alemana se refundó sobre una base distinta. Fundada principalmente por personalidades conservadoras con unas credenciales antinazis «intachables»[67] (como Konrad Adenauer), la CDU se distanció de los extremistas y de las figuras autoritarias. Los principios fundacionales del partido dejaban claro que se oponía sin fisuras al régimen anterior y a todo lo que representaba. El líder de la CDU Andreas Hermes permitió constatar la magnitud de la ruptura al afirmar en 1945: «El viejo mundo se ha hundido y nuestra voluntad es construir un mundo nuevo».[68] LA CDU ofrecía una imagen clara de un futuro democrático para Alemania:[69] una sociedad «cristiana» que rechazaba la dictadura y adoptaba la libertad y la tolerancia.[70] Asimismo, la CDU amplió y diversificó su base al reclutar tanto a católicos como a protestantes para su redil. Ello suponía un gran desafío. Pero el trauma del nazismo y la Segunda Guerra Mundial convencieron a los dirigentes católicos y protestantes conservadores de superar las diferencias de antaño que ya habían dividido a la sociedad alemana en una ocasión. Tal como expresó un líder regional de la CDU: «La estrecha colaboración de católicos y protestantes ocurrida en las prisiones, los calabozos y los campos de concentración puso fin al viejo conflicto y empezó a tender nuevos puentes».[71] Conforme los dirigentes de la CDU católicos y protestantes iban puerta por puerta por los hogares de la población durante los años fundacionales de 1945 y 1946, dieron vida a un nuevo partido de centroderecha que remodelaría la sociedad alemana. La CDU se convirtió en el pilar de la democracia en la Alemania de la posguerra.

Estados Unidos fue clave en la formación de la CDU. De ahí que sea una gran ironía histórica que los estadounidenses podamos aprender hoy de estos esfuerzos fructíferos para rescatar nuestra propia democracia. Aclaremos algo: no estamos equiparando a Donald Trump ni a ningún republicano con los nazis alemanes. No obstante, la reconstrucción exitosa de la centroderecha alemana ofrece algunas lecciones que podrían resultar de utilidad para el Partido Republicano. Tal como hicieron sus homólogos alemanes, los republicanos deberían expulsar a los extremistas de sus filas, romper enérgicamente con la orientación autoritaria y nacionalista blanca de la Administración Trump y hallar un modo de ampliar la base del partido más allá de los cristianos blancos. La CDU podría servirle de modelo: si el Partido Republicano abandonara el nacionalismo blanco y suavizara su defensa extrema del mercado libre, su atractivo como formación conservadora y religiosa le permitiría construir una base sostenible, por ejemplo, entre protestantes y católicos, al tiempo que podría atraer también a una cantidad considerable entre el electorado de las minorías.

Lógicamente, el conservadurismo alemán se construyó tras una catástrofe monumental. A la CDU no le quedaba más remedio que reinventarse. La cuestión que afrontan los republicanos estadounidenses en la actualidad es si tal reinvención puede darse antes de que nos zambullamos en una crisis más profunda. ¿Serán capaces los líderes políticos de reunir la capacidad de previsión y el valor político para reorientar lo que se ha convertido en un partido político cada vez más disfuncional antes de infligir un mayor daño o necesitaremos que se produzca una catástrofe que inspire el cambio?

Aunque el Partido Demócrata no ha sido el principal impulsor de la profunda polarización de Estados Unidos, podría contribuir a reducirla. Algunos demócratas han sugerido al partido que se concentre en volver a seducir a la llamada clase obrera blanca, es decir: a los votantes blancos sin estudios universitarios. Éste fue uno de los temas más destacados que se abordó tras la traumática derrota de Hillary Clinton en 2016. Tanto Bernie Sanders como otros moderados defendieron apasionadamente que los demócratas deben recuperar a los esquivos votantes obreros del llamado Rust Belt (el cinturón industrial del país), Appalachia y otros lugares que les han dado la espalda.[72] Para ello, alegaron muchos líderes de opinión, los demócratas deberían desligarse de sus políticas de aceptación de la inmigración y las llamadas políticas identitarias, un término difuso que a menudo engloba la promoción de la diversidad étnica y, más recientemente, iniciativas en contra de la violencia policial, como Black Lives Matter. En un artículo de opinión publicado en el New York Times, Mark Penn y Andrew Stein exhortaban a los demócratas a abandonar la «política identitaria» y moderar su postura relativa a la inmigración para recuperar los votos de la clase obrera.[73] Aunque rara vez se expresa en voz alta, el mensaje nuclear es el siguiente: los demócratas deben reducir la influencia de las minorías étnicas para granjearse el apoyo de la clase obrera blanca.

Tal estrategia ciertamente podría reducir la polarización entre ambos partidos. Si el Partido Demócrata dejara de apoyar las demandas de las minorías étnicas o las relegara al último puesto de su programa, seguramente recuperaría algunos votantes blancos de rentas medias y bajas. Y en efecto, el partido volvería a ser lo que era en las décadas de 1980 y 1990: un partido cuyo rostro público era predominantemente blanco y en el que el electorado integrado por las minorías era, a lo sumo, un socio menor. Literalmente, los demócratas empezarían a parecerse más a sus adversarios republicanos. Y conforme se acercaran más a las posturas trumpistas sobre inmigración e igualdad racial (es decir, conforme redujeran su aceptación de ambas), se antojarían menos amenazantes a ojos de las bases republicanas.

Nosotros opinamos que se trata de una idea nefasta. Cuesta enfatizar lo suficiente que pretender reducir la influencia de los grupos en minoría en el partido es una manera equivocada de suavizar la polarización. Representaría una reiteración de algunos de los errores más bochornosos del país. La fundación de la república estadounidense mantuvo intacta la dominación racial, cosa que condujo a la guerra de Secesión. Cuando finalmente demócratas y republicanos se reconciliaron, tras la reconstrucción posterior al conflicto, su reconciliación se basó nuevamente en la exclusión racial. Las reformas de la década de 1960 dieron a los estadounidenses una tercera oportunidad de construir una democracia verdaderamente multiétnica y es imperativo que lo logremos, por más ardua que pueda resultar esta labor. Tal como escribe nuestra colega Danielle Allen:

El quid de la cuestión es que el mundo nunca ha construido una democracia multiétnica en la que un grupo étnico particular componga la mayoría y donde se hayan alcanzado la igualdad política y social, y se aplique una economía que las posibilite.[74]

Éste es el gran desafío que afronta Estados Unidos. Y ahora no podemos dar marcha atrás.

Existen, no obstante, otras maneras de reestructurar el paisaje político al alcance de los demócratas. La intensidad de la animosidad entre partidos en la Norteamérica de hoy en día refleja el efecto combinado no sólo de una diversidad étnica creciente, sino también de una ralentización del crecimiento económico, el estancamiento salarial en la mitad inferior de la distribución de las rentas y una creciente desigualdad económica.[75] La polarización actual entre partidos, con tintes racistas, refleja el hecho de que la diversidad étnica aumentó durante un período (entre 1975 y la actualidad) en el que el crecimiento económico se redujo, sobre todo para quienes se encuentran en el escalón inferior de la distribución de los ingresos.[76] Para muchos estadounidenses, los cambios económicos de las últimas pocas décadas han comportado una menor seguridad laboral, jornadas laborales más largas, menos perspectivas de ascenso social y, en consecuencia, un mayor resentimiento social.[77] Y el resentimiento atiza la polarización. Una manera de abordar esta división cada vez más acentuada entre partidos sería abordar las preocupaciones cotidianas de segmentos de la población generalmente olvidados, sea cual sea su etnicidad.

Las políticas que afrontan la desigualdad económica pueden ser polarizadoras o despolarizadoras, en función de cómo se organicen. A diferencia de muchas otras democracias avanzadas, la política social en Estados Unidos se ha basado principalmente en la evaluación de los medios económicos y la concesión de prestaciones sociales sólo a aquellas personas situadas por debajo de un determinado umbral de ingresos o que cumplen otra serie de requisitos. Los programas basados en la evaluación de los medios económicos crean la percepción entre muchos ciudadanos de clase media de que sólo los pobres se benefician de la política social. Y, puesto que históricamente raza y pobreza han ido de la mano en el país, tales políticas pueden acabar estigmatizando en función de la raza. Habitualmente, las personas contrarias a las políticas sociales han empleado una retórica con tintes racistas contra los programas de evaluación de medios económicos (uno de los ejemplos más sonados son las referencias de Ronald Reagan a las «reinas del bienestar» o a los «jovencitos» que compran solomillos con cupones estatales para canjear por comida).[78] «Bienestar» acabó por convertirse en un término peyorativo en Estados Unidos a causa de la percepción de muchas personas de que quienes recibían las prestaciones no las merecían.

Por el contrario, un programa social que deje de lado una evaluación rígida de los recursos económicos en pro de modelos más universales como los de la Europa nórdica podría tener un efecto moderador en nuestra política.[79] Las políticas sociales que benefician a todo el mundo (la Seguridad Social y el Medicare son ejemplos destacados) podrían ayudar a rebajar el resentimiento, tender puentes entre grandes franjas del electorado estadounidense y afianzar un respaldo social a políticas más duraderas destinadas a reducir la desigualdad de ingresos, sin proporcionar la materia prima para un retroceso motivado por el racismo. El seguro sanitario general es un ejemplo destacado. Otros ejemplos incluyen un incremento mucho más agresivo del salario mínimo o una renta básica universal, una política que en su día la Administración Nixon analizó seriamente e incluso llevó al Congreso. Otro ejemplo es la adopción de una «política familiar»[80] con programas que proporcionen una baja remunerada a los padres, atención diaria subsidiada para los hijos menores de edad de padres trabajadores y plazas en guarderías para prácticamente todo el mundo. El gasto actual de Estados Unidos en las familias es un tercio del de la media de los países avanzados, hecho que nos sitúa a la par con México y Turquía.[81] Por último, los demócratas deberían plantearse adoptar políticas más generales relativas al mercado laboral, como la formación continua, los subsidios salariales para que los empresarios den formación y retengan a sus asalariados, programas de estudios con prácticas laborales remuneradas para alumnos de instituto y escuelas universitarias, y prestaciones por movilidad para empleados desplazados.[82] Este tipo de políticas no sólo presentan el potencial de reducir la desigualdad económica que alimenta el resentimiento y la polarización, sino que podrían contribuir a construir una coalición amplia y duradera que realinee la política estadounidense.

Adoptar políticas para abordar las desigualdades socioeconómicas es, desde luego, políticamente difícil, en parte debido a la polarización (y al estancamiento institucional resultante) que tales políticas pretenden solucionar. Tampoco somos unos ilusos con respecto a los obstáculos que deben superarse para construir coaliciones multirraciales que incluyan tanto a las minorías raciales como a los blancos de clase obrera.[83] No podemos estar seguros de que unas políticas universalistas proporcionarían la base para formar una coalición de este tipo, pero sí sabemos que brindan más posibilidades de que así sea que muchos programas actuales basados en las evaluaciones de los ingresos. Con todo, por difícil que pueda resultar, es imperativo que los demócratas acometan el tema de la desigualdad, puesto que no se trata sólo de una cuestión de justicia social: la salud de nuestra democracia depende de ello.

Comparar el embrollo en el que nos encontramos en el presente con crisis democráticas en otras regiones del mundo y en otros momentos de la historia permite inferir con claridad que Estados Unidos no es tan diferente de otros países. El sistema constitucional, pese a ser más antiguo y robusto que ningún otro en la historia, es vulnerable ante las mismas patologías que han acabado con la democracia en otros lugares. En última instancia, por ende, la democracia estadounidense depende de nosotros: los ciudadanos de Estados Unidos. Ningún dirigente político por sí solo puede poner fin a la democracia, y tampoco ningún líder político puede rescatarla sin la ciudadanía. La democracia es un asunto compartido. Su destino depende de todos nosotros.

En los días más aciagos de la Segunda Guerra Mundial, cuando incluso el futuro de Estados Unidos estaba en riesgo, la Junta Militar de Escritores del Gobierno federal solicitó a E. B. White que escribiera una respuesta breve a la pregunta «¿Qué es la democracia?». Y White ofreció una respuesta humilde, aunque inspiradora. Escribió:

Estoy convencido de que la Junta sabe qué es la democracia. Es la línea que se forma en la derecha. Es el «no» en «no empujes». Es el agujero en el saco lleno a través del cual cae un fino hilillo de serrín; es la muesca en el sombrero de copa. La democracia es la sospecha recurrente de que más de la mitad de la población tiene razón más de la mitad del tiempo. Es la sensación de privacidad en las cabinas de votación, la sensación de comunión en las bibliotecas y la sensación de vitalidad en todas partes. La democracia es una carta al editor. La democracia es la partitura al principio de la novena. Es una idea que aún no se ha refutado, un canto de palabras que no ha salido mal. Es la mostaza en el perrito caliente y la crema en el café racionado. La democracia es una solicitud de la Junta Militar una mañana en plena guerra preguntando qué es la democracia.[84]

La igualdad, el civismo, la sensación de libertad y el objetivo compartido plasmados por E. B. White fueron la esencia de la democracia estadounidense de mediados del siglo XX. En la actualidad, esa concepción está siendo atacada. Para salvar nuestra democracia, los estadounidenses debemos restaurar las normas básicas que en el pasado la salvaguardaron. Y debemos hacer algo más: debemos ampliar dichas normas al conjunto de una sociedad diversa. Debemos hacerlas verdaderamente inclusivas. Las normas democráticas de Estados Unidos, en su esencia, siempre han sido sólidas. Pero durante gran parte de nuestra historia estuvieron acompañadas (sostenidas, incluso) por la exclusión racial. Ahora hay que conseguir que esas normas funcionen en una época de igualdad racial y de una diversidad étnica sin precedentes. A lo largo de la historia, pocas sociedades han logrado ser al mismo tiempo multirraciales y verdaderamente democráticas. Ése es el desafío que afrontamos. Y también nuestra oportunidad. Si lo conseguimos, Estados Unidos puede ser un país excepcional.

AGRADECIMIENTOS

Este libro no habría sido posible sin la colaboración de un grupo de extraordinarios alumnos que nos han ayudado en la investigación. Vaya nuestro más profundo agradecimiento a Fernando Bizzarro, Kaitlyn Chriswell, Jasmine Hakimian, David Ifkovits, Shiro Kuriwaki, Martin Liby Troein, Manuel Meléndez, Brian Palmiter, Justin Pottle, Matt Reichert, Briita Van Staalduinen, Aaron Watanave y Selena Zhao. Deseamos expresar nuestra gratitud también, en especial, a David Ifkovits y Justin Pottle, por su impecable labor con las notas sin referencia. Los frutos de la investigación de estos alumnos están presentes en todo el libro. Esperamos que sepan verse reflejados en él.

Las ideas contenidas en estas páginas surgieron de numerosas conversaciones con amigos y colegas. Estamos especialmente agradecidos a Daniel Carpenter, Ryan Enos, Gretchen Helmke, Alisha Holland, Daniel Hopkins, Jeff Kopstein, Evan Lieberman, Robert Mickey, Eric Nelson, Paul Pierson, Pia Raffler, Kenneth Roberts, Theda Skocpol, Dan Slater, Todd Washburn y Lucan Ahmad Way por su disposición a escuchar, debatir e ilustrarnos. Un agradecimiento especial a Larry Diamond, Scott Mainwaring, Tarek Masoud, John Sides y Lucan Ahmad Way por leer los borradores preliminares del manuscrito.

Estamos en deuda con nuestra agente, Jill Kneerim, por múltiples cosas. Fue a ella a quien se le ocurrió publicar este libro y también fue ella quien nos guió de principio a fin del proyecto. Ha sido una fuente de aliento infatigable y de sabios consejos, además de una magnífica editora.

Queremos dar las gracias, en el seno de la editorial Crown Publishers, a Amanda Cook, por la fe depositada en nosotros y por su paciencia y perseverancia para extraer un libro legible de un par de politólogos. También, en la editorial, vaya nuestro agradecimiento a Meghan Houser, Zach Phillips, Kathleen Quinlan y Penny Simon por su duro trabajo, su paciencia y su apoyo, y a Molly Stern por la magnífica energía que aportó a este proyecto.

Steve quiere dar las gracias a los miembros del Soccer Dads Club (Chris, Jonathan y Todd) por su constante buen humor y apoyo (y, desde luego, por su análisis político).

Por último, estamos hondamente agradecidos a nuestras familias. Steve expresa su gratitud a Liz Mineo y Alejandra Mineo-Levitsky, las dos personas más importantes en su vida. Y Daniel a Suriya, Talia y Lilah Ziblatt, por su paciencia y su entusiasmo infinitos. Además, Daniel quiere dar las gracias también a su padre, David Ziblatt, por sus conversaciones, perspectiva, acompañamiento intelectual e inspiración incesante.

Notas

Introducción

[1] Los expertos en derecho constitucional Aziz Huq y Tom Ginsburg denominan a esta forma de quiebra democrática «regresión constitucional». Véase Huq, Aziz; Ginsburg, Tom. «How to Lose a Constitutional Democracy.» UCLA Law Review 65 (2018); y Lust, Ellen; Waldner, David. Unwelcome Change: Understanding, Evaluating, and Extending Theories of Democratic Backsliding. Washington, DC: U.S. Agency for International Development, 2015. <<

[2] Bart, Jones. Hugo!: The Hugo Chávez Story from Mud Hut to Perpetual Revolution. Hanover, New Hampshire: Steerforth Press, 2007, pág. 225. <<

[3] Levitsky, Steven; Way, Lucan A. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. Nueva York: Cambridge University Press, 2010; véase también Mainwaring, Scott; Pérez-Liñán, Aníbal. Democracies and Dictatorships in Latin America: Emergence, Survival, and Fall. Nueva York: Cambridge University Press, 2014. <<

[4] Huq; Ginsburg. «How to Lose a Constitutional Democracy», pág. 36. <<

[5] Datos del Latinobarómetro (consulta realizada el 16 de marzo de 2017). Disponible en http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp (Pregunta: La democracia  Escala [país] es democrático). <<

[6] Mickey, Robert; Levitsky, Steven; Way, Lucan Ahmad. «Is America Still Safe for Democracy?» Foreign Affairs, mayo-junio de 2017, págs. 20-29. <<

[1] Falasca-Zamponi, Simonetta. Fascist Spectacle: The Aesthetics of Power in Mussolini’s Italy. Berkeley: University of California Press, 1997, pág. 1. <<

[2] Paxton, Robert. Anatomía del fascismo. (Trad. de José Manuel Álvarez Flórez.) Barcelona: Península, 2005. <<

[3] Falasca-Zamponi. Fascist Spectacle, pág. 2. <<

[4] Ibíd. <<

[5] Citado en Evans, Richard. La llegada del Tercer Reich: el ascenso de los nazis al poder. (Trad. de Isabel Obiols Penelas.) Barcelona: Península, 2007. <<

[6] Beck, Hermann. The Fateful Alliance: German Conservatives and Nazis in 1933: The Machtergreifung in a New Light. Nueva York: Berghahn Press, 2011. Véase también Ziblatt, Daniel. Conservative Parties and the Birth of Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. <<

[7] De Grand, Alexander. The Hunchback’s Tailor: Giovanni Giolitti and Liberal Italy from the Challenge of Mass Politics to the Rise of Fascism. Westport, Connecticut: Praeger, 2001, págs. 241-242. <<

[8] Extraído de Marcano, Cristina; Barrera Tyszka, Alberto. Hugo Chávez sin uniforme: una historia personal. (Trad. de Cynthia Rodríguez Leija). Barcelona: Debate, 2006, pág. 304. <<

[9] Véase Molina, José E. «The Unraveling of Venezuela’s Party System.» En McCoy, Jennifer L.; Myers, David J. (eds.). The Unraveling of Representative Democracy in Venezuela. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004, pág. 162. <<

[10] Citado en Jones. Hugo!, pág. 186. <<

[11] Ibíd., pág. 189. <<

[12] Marcano; Barrera Tyszka. Hugo Chávez sin uniforme, pág. 107. <<

[13] Jones. Hugo!, pág. 226. <<

[14] Citado en Marcano; Barrera Tyszka. Hugo Chávez sin uniforme, pág. 107. <<

[15] Citado en Jones, Larry Eugene. «“The Greatest Stupidity of My Life”: Alfred Hugenberg and the Formation of the Hitler Cabinet, January 1933.» Journal of Contemporary History 27, n.º 1 (1992), págs. 63-87. <<

[16] Fuente: Latinobarómetro (consulta realizada el 16 de marzo de 2017). Disponible en http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp. <<

[17] Linz, Juan J. La quiebra de las democracias. (Trad. de Rocío de Terán.) Madrid: Alianza Editorial, 1996, pág. 60. <<

[18] Véase ibíd., págs. 57-72. <<

[19] Levitsky, Steven; Loxton, James. «Populism and Competitive Authoritarianism in the Andes.» Democratization 20, n.º 1 (2013). <<

[20] Bermeo, Nancy. Ordinary People in Extraordinary Times: The Citizenry and the Breakdown of Democracy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003, pág. 238. <<

[21] Ziblatt. Conservative Parties and the Birth of Democracy, pág. 344. <<

[22] Ibíd. <<

[23] Linz. La quiebra de las democracias, pág. 66. <<

[24] Ibíd., pág. 71. <<

[25] Capoccia, Giovanni. Defending Democracy: Reactions to Extremism in Interwar Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005, pág. 121. <<

[26] Ibíd., pág. 120. <<

[27] Ibíd., pág. 121. <<

[28] Ibíd., págs. 122-123. <<

[29] Capoccia. Defending Democracy, pág. 121. <<

[30] Alapuro, Risto; Allardt, Erik. «The Lapua Movement: The Threat of Rightist Takeover in Finland, 1930-32.» En Linz, Juan J.; Stepan, Alfred (eds.). The Breakdown of Democratic Regimes: Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978, pág. 130. <<

[31] Ibíd., pág. 130. <<

[32] Bermeo. Ordinary People in Extraordinary Times, pág. 240; Alapuro; Allardt. «The Lapua Movement», págs. 130-131. <<

[33] Alapuro; Allardt. «The Lapua Movement», págs. 130-131. <<

[34] Bermeo. Ordinary People in Extraordinary Times, pág. 240. <<

[35] Alapuro; Allardt. «The Lapua Movement», pág. 130. <<

[36] Ibíd., pág. 133. <<

[37] Bermeo. Ordinary People in Extraordinary Times, pág. 240. <<

[38] Ibíd., pág. 241. <<

[39] Ibíd., págs. 239-241. <<

[40] «Bürgerlicher Aufruf für Van der Bellen.» Die Presse, 14 de mayo de 2016, http://diepresse.com/home/innenpolitik/bpwahl/4988743/Buergerlicher-Aufruf-fuer-Van-der-Bellen. <<

[41] Entrevista con el autor, 16 de marzo de 2017. <<

2. Salvaguarda de la democracia en Estados Unidos

[1] Lipset, Seymour Martin; Raab, Earl. The Politics of Unreason: Right-Wing Extremism in America, 1790-1970. Nueva York: Harper & Row, 1970, pág. 152. <<

[2] Lipset; Raab. The Politics of Unreason, págs. 170-171. <<

[3] Citado en Brinkley, Alan. Voices of Protest: Huey Long, Father Coughlin & the Great Depression. Nueva York: Vintage Books, 1983, pág. 119. <<

[4] Ibíd., págs. 83, 175-177. <<

[5] Ibíd., pág. 119. Incluso en la tardía fecha de 1938, una encuesta Gallup reveló que el 27 por ciento de los estadounidenses daban su aprobación al padre Coughlin, mientras que el 32 por ciento lo desaprobaba (Lipset; Raab. The Politics of Unreason, págs. 171-173). <<

[6] Schlesinger, Arthur. The Age of Roosevelt: The Politics of Upheaval, 1935-1936. Boston: Houghton Mifflin, [1960] 2003, págs. viii, 68. <<

[7] White Jr., Richard D. Kingfish: The Reign of Huey P. Long. Nueva York: Random House, 2006, págs. 45, 99, 171; Brinkley. Voices of Protest, pág. 69. <<

[8] Schlesinger. The Age of Roosevelt, pág. 62; White. Kingfish, págs. 248-253; Hair, William Ivy. The King-fish and His Realm: The Life and Times of Huey P. Long. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1991, págs. 276-280. <<

[9] White. Kingfish, pág. 45. <<

[10] Citado en ibíd., pág. 253. <<

[11] Ibíd., pág. 352. <<

[12] Ibíd., pág. 198. <<

[13] Snyder, Robert E. «Huey Long and the Presidential Election of 1936.» Louisiana History 16, n.º 2 (primavera de 1975), pág. 123; White, Kingfish, pág. 198. <<

[14] Brinkley. Voices of Protest, pág. 81; Hair. The Kingfish and His Realm, págs. 306-307. <<

[15] Snyder. «Huey Long and the Presidential Election of 1936», pág. 128. <<

[16] Lipset; Raab. The Politics of Unreason, págs. 209 y 224. <<

[17] Ibíd., pág. 21. <<

[18] Ibíd., pág. 237. <<

[19] Hadley, Arthur T. The Invisible Primary. Englewood Cliffs, Nueva Jersey: Prentice Hall, 1976, pág. 238; Carlson, Jody. George C. Wallace and the Politics of Powerlessness: The Wallace Campaigns for the Presidency, 1964-1976. New Brunswick, Nueva Jersey: Transaction Books, 1981, pág. 6. <<

[20] Lipset; Raab. The Politics of Unreason, págs. 355-356. <<

[21] Carter, Dan T. The Politics of Rage: George Wallace, the Origins of the New Conservatism, and the Transformation of American Politics (2..ª ed.). Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2000, págs. 344-352; Lesher, Stephan. George Wallace: American Populist. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1994, págs. 276-278; Lipset; Raab, The Politics of Unreason, págs. 345-357. <<

[22] Lipset; Raab. The Politics of Unreason, pág. 21. <<

[23] Carlson. George C. Wallace and the Politics of Powerlessness, pág. 149. <<

[24] Este relato de la convención de 1920 está basado en dos fuentes: Russell, Francis. The Shadow of Blooming Grove: Warren G. Harding in His Times. Nueva York: McGraw-Hill, 1968, págs. 379-381; y Morello, John. Selling the President, 1920: Albert D. Lasker, Advertising, and the Election of Warren G. Harding. Westport, Connecticut: Praeger, 2001, págs. 41-43. <<

[25] Russell. The Shadow of Blooming Grove, pág. 376. <<

[26] Véase Samuels, David; Shugart, Matthew. Presidents, Parties, and Prime Ministers: How the Separation of Powers Affects Party Organization and Behavior. Nueva York: Cambridge University Press, 2010. <<

[27] Hamilton, Alexander. El federalista n.º 1. [N. de la T.: El federalista, posteriormente conocido como Los papeles federalistas, es una colección de ochenta y cinco artículos y ensayos escritos por Alexander Hamilton (bajo el seudónimo Publius), James Madison, y John Jay, que promueven la ratificación de la Constitución de Estados Unidos. Es considerada por los estadounidenses la obra más importante sobre teoría política y el arte de gobernar.] <<

[28] Ceaser, James W. Presidential Selection: Theory and Development. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1979, pág. 64. <<

[29] Citado en Dahl, Robert. How Democratic Is the American Constitution? (2.ª ed.) New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2003, pág. 76. <<

[30] Ceaser, James W. Reforming the Reforms: A Critical Analysis of the Presidential Selection Process. Cambridge, Massachusetts: Ballinger Publishing Company, 1982, págs. 84-87. <<

[31] Ibíd., págs. 19-21. <<

[32] Ibíd., pág. 23. <<

[33] Ibíd., pág. 27. <<

[34] Véase, por ejemplo, Polsby, Nelson W. Consequences of Party Reform. Nueva York: Oxford University Press, 1983, págs. 169-170. <<

[35] Ranney, Austin. Testimonio prestado ante la Comisión del Senado sobre Reglas y Administración, 10 de septiembre de 1980. Citado en Ceaser. Reforming the Reforms, pág. 96. <<

[36] Lipset; Raab. The Politics of Unreason, pág. 111. <<

[37] Para ampliar la información relativa a la relación de Henry Ford con el regimen nazi, véase Baldwin, Neil. Henry Ford and the Jews: The Mass Production of Hatred. Nueva York: Public Affairs, 2002. <<

[38] Véase Wik, Reynold M. Henry Ford and Grass-roots America. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1972. <<

[39] Ibíd., págs. 8-10, 42, 167. <<

[40] Ibíd., págs. 162, 172-173. <<

[41] «Ford Leads in Presidential Free-for-All.» Collier’s, 26 de mayo de 1923, pág. 7; «Politics in Chaos as Ford Vote Grows.» Collier’s, 23 de junio de 1923, pág. 8. [N. de la T.: Los títulos reflejados en el texto son una traducción para hacer la lectura más fluida.] <<

[42] «Ford First in Final Returns.» Collier’s, 14 de julio de 1923, pág. 5. <<

[43] Lowry, Edward. «Dark Horses and Dim Hopes.» Collier’s, 10 de noviembre de 1923, pág. 12. <<

[44] Citado en Wik. Henry Ford and Grass-roots America, pág. 162. <<

[45] «If I Were President.» Collier’s, 4 de agosto de 1923, pág. 29. <<

[46] Brinkley. Voices of Protest, págs. 75-77; Hair. The Kingfish and His Realm, págs. 268-269; White, Kingfish, pág. 191. <<

[47] Snyder, Robert E. «Huey Long and the Presidential Election of 1936.» Louisiana History 16, n.º 2 (primavera de 1975), págs. 131-133. <<

[48] Carlson. George C. Wallace and the Politics of Powerlessness, págs. 33-36. <<

[49] Lipset; Raab. The Politics of Unreason, pág. 21. <<

[50] Lesher, Stephen. George Wallace: American Populist. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1994, págs. 387-388; Carlson. George C. Wallace and the Politics of Power-lessness, pág. 71. <<

[51] Olson, Lynne. Those Angry Days: Roosevelt, Lindbergh, and America’s Fight over World War II, 1931-1941. Nueva York: Random House, 2014, págs. 18-20, 72. <<

[52] Berg, A. Scott Lindbergh. Nueva York: G. P. Putnam’s Sons, 1998, pág. 410. <<

[53] Olson. Those Angry Days, pág. 442. <<

[54] Berg. Lindbergh, pág. 398. <<

[55] Citado en Mailer, Norman. Miami y el sitio de Chicago. (Trad. de Antonio García Maldonado.) Madrid: Capitán Swing, 2014. <<

[56] Cohen, Marty; Karol, David; Noel, Hans; Zaller, John. The Party Decides: Presidential Nominations Before and After Reform. Chicago: University of Chicago Press, 2008, pág. 1. <<

[57] «A Look Back at the 1968 Democratic Convention», disponible en https://www.youtube.com/watch?v=aUKzSsVmnpY (consultado el 11 de mayo de 2017). <<

[58] Democratic National Committee. Mandate for Reform. Washington, DC, Democratic National Committee, abril de 1970, pág. 14. <<

[59] Citado en Ceaser, James W. Presidential Selection: Theory and Development. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1979, pág. 273. <<

[60] Democratic National Committee. Mandate for Reform, pág. 49. <<

[61] Ceaser. Presidential Selection, pág. 237. <<

[62] Ambas citas están extraídas de Price, David E. Bringing Back the Parties. Washington, DC: Congressional Quarterly, 1984, págs. 149-150. <<

[63] En 1972, George Wallace estuvo a punto de ganar la candidatura como presidenciable demócrata y George McGovern, el contrincante final, sufrió una derrota abrumadora frente a Richard Nixon. En 1976, se designó a Jimmy Carter, un hombre relativamente ajeno al partido, y, en 1980, el presidente Carter afrontó unas primarias muy reñidas con el senador Edward Kennedy como contrincante. <<

[64] Polsby, Nelson W.; Wildavsky, Aaron. Presidential Elections. Nueva York: The Free Press, 1968, pág. 230. <<

[65] Cohen; Karol; Noel; Zaller. The Party Decides, págs. 175-179. <<

[66] Hadley, Arthur. The Invisible Primary. Englewood Cliffs, Nueva Jersey: Prentice Hall, 1976. <<

[67] Ibíd., pág. xiii. <<

3. La gran abdicación republicana

[1] Denominamos «candidatos sorpresa» o «recién llegados» a los candidatos que nunca antes han ocupado un cargo electivo ni un puesto ministerial. Incluimos a todos los candidatos que o bien participan en unas primarias o cuyo nombre se discute en la convención de su partido. Deseamos agradecer a Fernando Bizzarro su ayuda en la recopilación de estos datos. [N. de la T.: En inglés, el término usado es outsider.] <<

[2] Para consultar una explicación detallada de por qué sucede así, véase Cohen; Karol; Noel; Zaller. The Party Decides. <<

[3] Ceaser, James; Busch, Andrew; Pitney Jr., John. Defying the Odds: The 2016 Elections and American Politics. Washington, DC: Rowman & Littlefield, 2017, pág. 69. <<

[4] Silver, Nate. «Dear Media: Stop Freaking Out About Donald Trump’s Polls.» FiveThirty Eight, 23 de noviembre de 2015, http://fivethirtyeight.com/features/dear-media-stop-freaking-out-about-donald-trumps-polls/. <<

[5] Cohen, Marty; Karol, David; Noel, Hans; Zaller, John. «Party Versus Faction in the Reformed Presidential Nominating System.» PS (octubre de 2016), págs. 704-705; Skocpol, Theda; Hertel-Fernandez, Alex. «The Koch Network and Republican Party Extremism.» Perspectives on Politics 14, n.º 3 (2016), págs. 681-699. <<

[6] Ibíd., pág. 705. <<

[7] Ibíd., págs. 703-704. <<

[8] Frum, David. «The Great Republican Revolt.» The Atlantic, 9 de septiembre de 2015. <<

[9] Véase Levendusky, Matthew. How Partisan Media Polarize America. Chicago: University of Chicago Press, 2013; Sunstein, Cass R. #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 2017. <<

[10] Véase Sides, John; Tesler, Michael; Vavreck, Lynn. Identity Crisis: The 2016 Presidential Campaign and the Battle for the Meaning of America. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 2018. <<

[11] «The Endorsement Primary.» FiveThirtyEight, 7 de junio de 2016, disponible en https://projects.fivethirtyeight.com/2016-endorsement-primary/. <<

[12] Ibíd. <<

[13] Ibíd. <<

[14] Entre los republicanos, más del doble de partidarios de Trump que de los candidatos republicanos adversarios citaron Breitbart News como su proveedor de noticias principal. Véase Pew Research Center. «Trump, Clinton Voters Divided in Their Main Source for Election News», 18 de enero de 2017, págs. 3, 5. <<

[15] Véase Sides; Tesler; Vavreck. Identity Crisis, cap. 4. <<

[16] Persily, Nathaniel. «The 2016 U.S. Election: Can Democracy Survive the Internet?» Journal of Democracy, abril de 2017, pág. 67. <<

[17] Ibíd., pág. 67. <<

[18] «Why the Never Trump Movement Failed at the Republican National Convention.» ABCNews.com, 20 de julio de 2016. <<

[19] Sobre el tema del fraude electoral en Estados Unidos en general, véase Hasen, Richard L. The Voting Wars: From Florida 2000 to the Next Election Meltdown. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2012, y Minnite, Lorraine C. The Myth of Voter Fraud. Ithaca, Nueva York: Cornell University Press, 2010. Sobre la ausencia de fraude en los comicios de 2016, véase Huseman, Jessica; Klein, Scott. «There’s No Evidence Our Election Was Rigged.» ProPublica, 28 de noviembre de 2016. <<

[20] Samuelsohn, Darren. «A Guide to Donald Trump’s “Rigged” Election.» Politico, 25 de octubre de 2016. <<

[21] Ibíd. <<

[22] Diamond, Jeremy. «Trump: “I’m Afraid the Election’s Going to Be Rigged”.» CNN.com, 2 de agosto de 2016. <<

[23] «U.S. Election 2016: Trump Says “Election Rigged at Polling Places”.» BBC.com, 17 de octubre de 2016. <<

[24] «Donald Trump, Slipping in Polls, Warns of “Stolen Election”.» New York Times, 14 de octubre de 2016. <<

[25] «Poll: 41 Percent of Voters Say Election Could Be Stolen from Trump.» Politico, 17 de octubre de 2016. <<

[26] «14 of Trump’s Most Outrageous Birther Claims-Half from After 2011.» CNN.com, 16 de septiembre de 2016. <<

[27] Hagen, Lisa. «Trump: Clinton “Has to Go to Jai3”». The Hill, 12 de octubre de 2016. <<

[28] «Donald Trump Says He May Pay Legal Fees of Accused Attacker from Rally.» New York Times, 13 de marzo de 2016. <<

[29] «Don’t Believe Donald Trump Has Incited Violence at Rallies? Watch This Video.» Vox, 12 de marzo de 2016, disponible en https://www.vox.com/2016/3/12/11211846/donald-trump-violence-rallies. <<

[30] «Donald Trump Suggests “Second Amendment People” Could Act Against Hillary Clinton.» New York Times, 9 de agosto de 2016. <<

[31] «Trump: Clinton “Has to Go to Jail”.» CNN.com, 13 de octubre de 2016. <<

[32] «Donald Trump Threatens to Rewrite Libel Laws to Make It Easier to Sue the Media.» Business Insider, 26 de febrero de 2016. <<

[33] Ibíd. <<

[34] Esta definición de «connivencia ideológica» y el debate que sigue se fundamenta en el importante estudio llevado a cabo por el sociólogo Ivan Ermakoff sobre la Alemania y la Francia de entreguerras, titulado Ruling Oneself Out: A Theory of Collective Abdications. Durham, Carolina del Norte: Duke University Press, 2008. <<

[35] Linz. La quiebra de las democracias, pág. 59. <<

[36] Para contrastar los datos electorales que sustentan este argumento sobre la elecciones presidenciales francesas de 2017, véase «French Election Results: Macron’s Victory in Charts.» Financial Times, 9 de mayo de 2017, disponible en https://www.ft.com/content/62d782d6-31a7-11e7-9555-23ef563ecf9a. <<

[37] Disponible en https://www.hillaryclinton.com/briefing/updates/2016/09/29/number-of-prominent-republicans-and-independents-backing-hillary-clinton-grows/, consultado el 20 de mayo de 2017. <<

[38] Ibíd. <<

[39] Ibíd. <<

[40] Ibíd. <<

[41] «78 Republican Politicians, Donors, and Officials Who Are Supporting Hillary Clinton.» Washington Post, 7 de noviembre de 2016. <<

[42] «French Election Results: Macron’s Victory in Charts.» Financial Times, 9 de mayo de 2017 (véase la figura «How Allegiances Shifted from the First to the Second Round of Voting in the French Presidential Election» [«Cómo cambiaron las lealtades entre la primera y la segunda rondas de votaciones en las elecciones presidenciales francesas»]). <<

[43] Abramowitz, Alan. The Polarized Public? Why American Government Is So Dysfunctional. Nueva York: Pearson, 2012; «Partisanship and Political Animosity in 2016.» Pew Research Center, 22 de junio de 2016, disponible en http://www.people-press.org/2016/06/22/partisanship-and-political-animosity-in-2016/. <<

[44] Sides, John; Tesler, Michael; Vavreck, Lynn. «The 2016 U.S. Election: How Trump Lost and Won.» Journal of Democracy 28, n.º 2 (abril de 2017), págs. 36-37; Sides, Tessler y Vavreck. Identity Crisis, cap. 2. <<

4. La subversión de la democracia

[1] Schmidt, Gregory. «Fujimori’s 1990 Upset Victory in Peru: Rules, Contingencies, and Adaptive Strategies.» Comparative Politics 28, n.º 3 (1990), págs. 321-355. <<

[2] Jochamowitz, Luis. Ciudadano Fujimori: La construcción de un político. Lima: Peisa, 1993, págs. 259-263. <<

[3] Kenney, Charles. Fujimori’s Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2004, págs. 126-127; véase también Stokes, Susan C. Mandates and Democracy: Neoliberalism by Surprise in Latin America. Nueva York: Cambridge University Press, 2001, págs. 69-71. <<

[4] Véase Roberts. Kenneth. «Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America.» World Politics 48, n.º 1 (enero de 1995), págs. 82-116. <<

[5] Schmidt, Gregory. «Presidential Usurpation or Congressional Preference? The Evolution of Executive Decree Authority in Peru.» En Carey, John M.; Shugart, Matthew S. (eds.). Executive Decree Authority. Nueva York: Cambridge University Press, 1998, pág. 124; Kenney. Fujimori’s Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America, págs. 131-132. <<

[6] Murakami, Yusuke. Perú en la era del Chino: La política no institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2012, pág. 282; Cameron, Maxwell A. «The Eighteenth Brumaire of Alberto Fujimori.» En Cameron, Maxwell; Mauceri, Philip (eds.). The Peruvian Labyrinth: Polity, Society, Economy. University Park: Pennsylvania State University Press, 1997, págs. 54-58; McClintock, Cynthia. «La voluntad política presidencial y la ruptura constitucional.» En Tuesta, Fernando (ed.). Los enigmas del poder: Fujimori 1990-1996. Lima: Fundación Friedrich Ebert, 1996. <<

[7] McClintock. «La voluntad política presidencial y la ruptura constitucional», pág. 65. <<

[8] Conaghan, Catherine. Fujimori’s Peru: Deception in the Public Sphere. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2005, pág. 30. <<

[9] Kenney. Fujimori’s Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America, pág. 132. <<

[10] Schmidt. «Presidential Usurpation or Congressional Preference?», págs. 118-119. <<

[11] Cameron. «The Eighteenth Brumaire of Alberto Fujimori», pág. 55. <<

[12] Conaghan. Fujimori’s Peru, pág. 30. <<

[13] McClintock. «La voluntad política presidencial y la ruptura constitucional», pág. 65. <<

[14] Kenney. Fujimori’s Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America, pág. 146. <<

[15] Cameron. «The Eighteenth Brumaire of Alberto Fujimori», pág. 55; Kenney. Fujimori’s Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America, págs. 56-57, 172-176, 186. <<

[16] Jones. Hugo!, pág. 1. <<

[17] Hawkins, Kirk. Venezuela’s Chavismo and Populism in Comparative Perspective. Nueva York: Cambridge University Press, 2010, pág. 61. <<

[18] «Silvio Berlusconi Says Communist Judges Out to Destroy Him.» Reuters, 20 de octubre de 2009. <<

[19] «Assaults on Media Make Ecuador an Odd Refuge.» The Age, 21 de junio de 2012, http://www.theage.com.au/federal-politics/political-news/assaults-on-media-make-ecuador-an-odd-refuge-20120620-20okw.html?deviceType=text. <<

[20] Sik, Ahmet. «Journalism Under Siege.» EnglishPen, 2016, https://www.englishpen.org/wp-content/uploads/2016/03/JournalismUnderSiege_FINAL.pdf. <<

[21] Page, Joseph. Perón. Nueva York: Random House, 1983, págs. 162-165. <<

[22] Jones, Hugo!, pág. 309. <<

[23] Kornai, János. «Hungary’s U-Turn: Retreating from Democracy.» Journal of Democracy 26, n.º 43 (julio de 2015), pág. 35. <<

[24] Maxwell A. Cameron. «Endogenous Regime Breakdown: The Vladivideo and the Fall of Peru’s Fujimori.» En Carrión, Julio F. (ed.). The Fujimori Legacy: The Rise of Electoral Authoritarianism in Peru. University Park: Pennsylvania State University Press, 2006. <<

[25] Conaghan. Fujimori’s Peru, pág. 167; y Cameron. «Endogenous Regime Breakdown», pág. 180. <<

[26] Page. Perón, pág. 165. <<

[27] Helmke, Gretchen. Courts Under Constraints: Judges, Generals, and Presidents in Argentina. Nueva York: Cambridge University Press, 2005, pág. 64. <<

[28] Page. Perón, pág. 165; Helmke. Courts Under Constraints, pág. 64. <<

[29] Conaghan. Fujimori’s Peru, págs. 126-131. <<

[30] Bugaric, Bojan; Ginsburg, Tom. «The Assault on Postcommunist Courts.» Journal of Democracy 27, n.º 3 (julio de 2016), pág. 73. <<

[31] Ibíd., págs. 73-74. <<

[32] Fomina, Joanna; Kucharczyk, Jacek. «Populism and Protest in Poland.» Journal of Democracy 27, n.º 4 (octubre de 2016), págs. 62-63. El tribunal declaró inconstitucional la reforma de ley a principios de 2016, pero el Gobierno hizo caso omiso de su sentencia; el líder de Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, declaró que su partido «no permitiría la anarquía en Polonia, ni aunque la promovieran los tribunales». (Bugaric; Ginsburg. «The Assault on Postcommunist Courts», pág. 74.) <<

[33] Brewer, Allan; Carías, Randolph. Dismantling Democracy in Venezuela: The Chávez Authoritarian Experiment. Nueva York: Cambridge University Press, 2010, págs. 58-59; Jones, Hugo!, págs. 241-242. <<

[34] Jones. Hugo!, pág. 242. <<

[35] Brewer; Carías. Dismantling Democracy in Venezuela, pág. 59. <<

[36] Corrales, Javier; Penfold, Michael. Dragon in the Tropics: Hugo Chávez and the Political Economy of Revolution in Venezuela. Washington, DC: The Brookings Institution, 2011, pág. 27; Brewer; Carías, Dismantling Democracy in Venezuela, págs. 236-238. <<

[37] «El chavismo nunca pierde en el Supremo venezolano.» El País, 12 de diciembre de 2014, disponible en https://elpais.com/internacional/2014/12/12/actualidad/1418373177_159073.html; véase también Corrales, Javier. «Autocratic Legalism in Venezuela.» Journal of Democracy 26, n.º 2 (abril de 2015), pág. 44. <<

[38] Conaghan. Fujimori’s Peru, págs. 154-162. <<

[39] Ibíd. <<

[40] Ibíd., pág. 137. <<

[41] Helmke. Courts Under Constraints, pág. 64. <<

[42] Slater, Dan. «Iron Cage in an Iron Fist: Authoritarian Institutions and the Personalization of Power in Malaysia.» Comparative Politics 36, n.º 1 (octubre de 2003), págs. 94-95. La sentencia de Anwar fue anulada en 2004, un año después de que Mahathir Mohamad abandonara el Gobierno. <<

[43] Corrales. «Autocratic Legalism in Venezuela», págs. 44-45; «Venezuelan Opposition Leader Leopoldo López Sentenced to Prison Over Protest.» New York Times, 10 de septiembre de 2015. <<

[44] «El Universo Verdict Bad Precedent for Free Press in America.» Committee to Protect Journalists Alert, 16 de febrero de 2012, https://cpj.org/2012/02/el-universo-sentence-a-dark-precedent-for-free-pre.php. <<

[45] Cagaptay, Soner. The New Sultan: Erdogan and the Crisis of Modern Turkey. Londres: I. B. Tauris, 2017, pág. 124; véase también Cornell, Svante E. «As Dogan Yields, Turkish Media Freedom Plummets.» Turkey Analyst, 18 de enero de 2010, https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/196-as-dogan-yields-turkish-media-freedom-plummets.html. <<

[46] Goldman, Marshall. PetroState: Putin, Power, and the New Russia. Oxford: Oxford University Press, 2008, pág. 102. <<

[47] Baker, Peter; Glasser, Susan. Kremlin Rising: Vladimir Putin’s Russia and the End of the Revolution, edición revisada Dulles, Virginia: Potomac Books, 2007, pág. 83. <<

[48] Ibíd., pág. 482. <<

[49] «Venden TV venezolana Globovisón y anuncian nueva línea editorial de “centro”.» El Nuevo Herald, 13 de mayo de 2013, http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article2023054.html. <<

[50] «Media Mogul Learns to Live with Chávez.» New York Times, 5 de julio de 2007. <<

[51] Baker; Glasser. Kremlin Rising, págs. 86-87; Goldman. PetroState, pág. 102. <<

[52] Goldman, PetroState, págs. 103, 106, 113-116. Véase también Baker; Glasser. Kremlin Rising, págs. 286-292. <<

[53] Levitsky; Way. Competitive Authoritarianism, pág. 198. <<

[54] «Rakibimiz Uzan.» Sabah, 4 de junio de 2003, http://arsiv.sabah.com.tr/2003/06/04/p01.html. <<

[55] Cornell, Svante E. «Erdogan Versus Koc Holding: Turkey’s New Witch Hunt.» Turkey Analyst, 9 de octubre de 2013, http://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/64-erdogan-vs-ko. <<

[56] Williamson, Edwin. Borges: A Life. Nueva York: Penguin, 2004), págs. 292-295. <<

[57] Dudamel, Gustavo. «Why I Don’t Talk Venezuelan Politics.» Los Angeles Times, 29 de septiembre de 2015. <<

[58] Dudamel, Gustavo. «A Better Way for Venezuela.» New York Times, 19 de julio de 2017. <<

[59] «Venezuela Cancels Gustavo Dudamel Tour After His Criticisms.» New York Times, 21 de agosto de 2017. <<

[60] Crouch, Harold. Government and Society in Malaysia. Ithaca, Nueva York: Cornell University Press, 1996, págs. 58-59, 74. <<

[61] Case, William. «New Uncertainties for an Old Pseudo-Democracy: The Case of Malaysia.» Comparative Politics 37, n.º 1 (octubre de 2004), pág. 101. <<

[62] Scheppele, Kim Lane. «Understanding Hungary’s Constitutional Revolution.» En Von Bogdandy, Armin; Sonnevend, Pal (eds.). Constitutional Crisis in the European Constitutional Area. (Londres: Hart/Beck, 2015), págs. 120-121; y Toka, Gabor. «Constitutional Principles and Electoral Democracy in Hungary.» En Bos, Ellen; Pocza, Kálmán. Constitution Building in Consolidated Democracies: A New Beginning or Decay of a Political System?. Baden-Baden: Nomos-Verlag, 2014. <<

[63] Mudde, Cas. «The 2014 Hungarian Parliamentary Elections, or How to Craft a Constitutional Majority.» Washington Post, 14 de abril de 2014. <<

[64] Véase Key Jr., V. O. Southern Politics in State and Nation. Knoxville: University of Tennessee Press, 1984; Mickey, Robert. Paths out of Dixie: The Democratization of Authoritarian Enclaves in America’s Deep South, 1944-1972. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 2015. <<

[65] Key Jr. Southern Politics in State and Nation, pág. 537; Vallely, Richard. The Two Reconstructions: The Struggle for Black Enfranchisement. Chicago: University of Chicago Press, 2004, pág. 122. <<

[66] Mickey. Paths out of Dixie, pág. 38. <<

[67] Vallely. The Two Reconstructions, págs. 24 y 33; Mickey. Paths out of Dixie, pág. 38. <<

[68] Kousser, J. Morgan. The Shaping of Southern Politics: Suffrage Restriction and the Establishment of the One-Party South, 1880-1910. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1974, págs. 15, 28-29. <<

[69] Mickey. Paths out of Dixie, págs. 38, 73; Vallely. The Two Reconstructions, págs. 3, 78-79. <<

[70] Vallely. The Two Reconstructions, pág. 77; y Kousser. The Shaping of Southern Politics, pág. 31. <<

[71] Kousser. The Shaping of Southern Politics, págs. 26-27, 41. <<

[72] Key Jr. Southern Politics in State and Nation, pág. 8. <<

[73] Citado en Kousser. The Shaping of Southern Politics, pág. 209. Toombs aseguró en una ocasión que estaba dispuesto a «afrontar treinta años de guerra para librarse del sufragio negro en el Sur». Citado en Foner, Eric. Reconstruction: America’s Unfinished Revolution. Nueva York: HarperCollins, 1988, págs. 590-591. <<

[74] Key Jr., Southern Politics in State and Nation, págs. 535-539; Kousser. The Shaping of Southern Politics; Vallely. The Two Reconstructions, págs. 121-148. Dos estados no confederados, Delaware y Oklahoma, también derogaron el derecho a voto de los afroamericanos (Vallely. The Two Reconstructions, págs. 122-123). <<

[75] Mickey. Paths out of Dixie, págs. 42-43; Kousser. The Shaping of Southern Politics. <<

[76] Keyssar, Alexander. The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the United States. Nueva York: Basic Books, 2000, pág. 89. <<

[77] Kousser. The Shaping of Southern Politics, pág. 190. <<

[78] Mickey, Paths out of Dixie, págs. 72-73. <<

[79] Kousser. The Shaping of Southern Politics, pág. 145. <<

[80] Ibíd., pág. 92. <<

[81] Mickey. Paths out of Dixie, pág. 73. Los republicanos no obtuvieron el gobierno de Carolina del Sur hasta 1974. <<

[82] Kousser. The Shaping of Southern Politics, págs. 103, 113. Este párrafo se basa en Kousser. The Shaping of Southern Politics, págs. 104-121. <<

[83] Kousser. The Shaping of Southern Politics, págs. 131-132. <<

[84] Ocho años después, una convención constitucional añadió un impuesto de capitación, una prueba básica de lectura y escritura y requisitos de propiedad para votar. Véase Kousser. The Shaping of Southern Politics, pág. 137. <<

[85] Kousser. The Shaping of Southern Politics, pág. 224. <<

[86] Tuck, Stephen. «The Reversal of Black Voting Rights After Reconstruction.» En King, Desmond; Lieberman, Robert C.; Ritter, Gretchen; Whitehead, Laurence (eds.). Democratization in America: A Comparative-Historical Analysis. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009, pág. 140. <<

[87] Foner. Reconstruction, pág. 582. <<

[88] Rempel, William C. Delusions of a Dictator: The Mind of Marcos as Revealed in His Secret Diaries. Boston: Little, Brown and Company, 1993, págs. 32, 101-103. <<

[89] Existe un vídeo con el discurso íntegro de Marcos, 23 de septiembre de 1972, ABS-CVN News, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=bDCHIIXEXes. <<

[90] Véase Mueller, John. War, Presidents, and Public Opinion. Nueva York: Wiley, 1973. Algunos estudios empíricos más recientes del efecto de «unirse bajo la bandera» en Estados Unidos son: Oneal, John R.; Bryan, Anna Lillian. «The Rally ’Round the Flag Effect in U.S. Foreign Policy Crises, 1950-1985.» Political Behavior 17, n.º 4 (1995), págs. 379-401; Baum, Matthew A.. «The Constituent Foundations of the Rally-’Round-the-Flag Phenomenon.» International Studies Quarterly 46 (2002), págs. 263-298; y Chatagnier, J. Tyson. «The Effect of Trust in Government on Rallies ’Round the Flag.» Journal of Peace Research 49, n.º 5 (2012), págs. 631-645. <<

[91] Moore, David W.. «Bush Approval Rating Highest in Gallup History.» Gallup News Service, 21 de septiembre de 2001. Véase http:// www.gallup.com/poll/4924/bush-job-approval-highest-gallup-his tory.aspx. <<

[92] Huddy, Leonie; Khatib, Nadia; Capelos. Theresa. «The Polls-Trends, Reactions to the Terrorist Attacks of September 11, 2001.» Public Opinion Quarterly 66 (2002), págs. 418-450; Davis, Darren W.; Silver, Brian D. «Civil Liberties vs. Security: Public Opinion in the Context of the Terrorist Attacks on America.» American Journal of Political Science 48, n.º 1 (2004), págs. 28-46; Huddy, Leonie; Feldman, Stanley; Weber, Christopher. «The Political Consequences of Perceived Threat and Felt Insecurity.» The Annals of the American Academy of Political and Social Science 614 (2007), págs. 131-153; y Berinsky, Adam J. In Time of War: Understanding American Public Opinion from World War II to Iraq. Chicago: University of Chicago Press, 2009, capítulo 7. <<

[93] Moore. «Bush Approval Rating Highest in Gallup History.» <<

[94] Compendio de fuentes sobre derecho penal en internet; disponible en http://www.albany.edu/sourcebook/ind/TERRORISM.Public_opinion.Civil_liberties.2.html. <<

[95] «Gallup Vault: World War II-Era Support for Japanese Internment», 31 de agosto de 2016, disponible en http://www.gallup.com/vault/195257/gallup-vault-wwii-era-support-japanese-internment.aspx. <<

[96] Para ampliar información sobre los «estados de excepción» en Latinoamérica, véase Loveman, Brian. The Constitution of Tyranny: Regimes of Exception in Spanish America. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1994. Sobre la Constitución de Estados Unidos, véase Huq; Ginsburg. «How to Lose a Constitutional Democracy», págs. 29-31. <<

[97] Carrion, Julio F. «Public Opinion, Market Reforms, and Democracy in Fujimori’s Peru.» En Carrion, Julio F. (ed.). The Fujimori Legacy: The Rise of Electoral Authoritarianism in Peru. University Park: Pennsylvania State University Press, 2005, pág. 129. <<

[98] Seagrave, Sterling. The Marcos Dynasty. Nueva York: Harper and Row, 1988, págs. 243-244; Rempel, Delusions of a Dictator, págs. 52-55. En febrero de 1970, Marcos escribió en su diario: «Me ha afligido tener que refugiarme en el anticomunismo» (Rempel. Delusions of a Dictator, pág. 53). <<

[99] Rempel. Delusions of a Dictator, págs. 61, 122, 172-173. <<

[100] Seagrave. The Marcos Dynasty, pág. 244. <<

[101] Rempel. Delusions of a Dictator, págs. 105-107. <<

[102] «Philippines: Marcos Gambles on Martial Law.» Nota de inteligencia desclasificada del Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Inteligencia, fechada el 6 de octubre de 1972. Véase Seagrave. The Marcos Dynasty, pág. 242. <<

[103] Karnow, Stanley. In Our Image: America’s Empire in the Philippines. Nueva York: Ballantine Books, 1989, pág. 359. Véase Seagrave. The Marcos Dynasty, pág. 262. <<

[104] Véase el relato de la historiografía realizado por Richard Evans en «The Conspiracists.» London Review of Books 36, n.º 9 (2014), págs. 3-9. <<

[105] Véase Dunlop, John B. The Moscow Bombings: Examinations of Russian Terrorist Attacks at the Onset of Vladimir Putin’s Rule. Londres: Ibídem, 2014). Véase también Baker; Glasser. Kremlin Rising, pág. 55. <<

[106] Baker; Glasser. Kremlin Rising, pág. 55. <<

[107] Sakwa, Richard. Vladímir Putin: el elegido de Rusia. Barcelona: Ediciones Folio, 2006; Gessen, Masha. El hombre sin rostro. (Trad. de Juan Manuel Ibeas Delgado y Marcos Pérez Sánchez.) Barcelona: Debate, 2012; Dunlop. The Moscow Bombings. <<

[108] Cagaptay. The New Sultan, págs. 181-182. <<

[109] «Turkey: Events of 2016.» Informe mundial de Human Rights Watch de 2017, disponible en https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/turkey. Véase también «Turkey Coup Attempt: Crackdown Toll Passes 50,000.» BBC.com, 20 de julio de 2016. <<

[110] La reforma confería al presidente autoridad para disolver el Parlamento y designar de manera unilateral a cuatro quintos del Tribunal Constitucional. Véase la evaluación de la enmienda constitucional que aporta la asociación turca Bar, disponible en http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx. <<

5. Los guardarraíles de la democracia

[1] Orren, Karen; Skowronek, Stephen. The Search for American Political Development. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pág. 36. <<

[2] Algunas fuentes que pueden consultarse al respecto son: O’Donnell, Guillermo; Whitehead, Laurence. «Two Comparative Democratization Perspectives: “Brown Areas” and “Immanence”.» En King, Desmond; Lieberman, Robert C.; Ritter, Gretchen; Whitehead, Laurence (eds.). Democratization in America: A Comparative-Historical Perspective, pág. 48. <<

[3] Ledford, Kenneth F. «German Lawyers and the State in the Weimar Republic.» Law and History Review 13, n.º 2 (1995), págs. 317-349. <<

[4] Billias, George Athan. American Constitutionalism Heard Round the World, 1776-1989. Nueva York: New York University Press, 2009, págs. 124-125; Elkins, Zackary; Ginsburg, Tom; Melton, James. The Endurance of National Constitutions. Nueva York: Cambridge University Press, 2009, pág. 26. <<

[5] Miller, Jonathan M. «The Authority of a Foreign Talisman: A Study of U.S. Constitutional Practice as Authority in Nineteenth Century Argentina and the Argentine Elite’s Leap of Faith.» The American University Law Review 46, n.º 5 (1997), págs. 1464-1572. Véase también Billias. American Constitutionalism Heard Round the World, págs. 132-135. <<

[6] Miller. «The Authority of a Foreign Talisman», págs. 1510-1511. <<

[7] Pangalangan, Raul C. «Anointing Power with Piety: People Power, Democracy, and the Rule of Law.» En Pangalangan, Raul C. (ed.). Law and Newly Restored Democracies: The Philippines Experience in Restoring Political Participation and Accountability. Tokio: Institute of Developing Economies, 2002, pág. 3. <<

[8] Harrison, Benjamin. This Country of Ours. Nueva York: Charles Scribner’s Sons, 1897, pág. ix. <<

[9] Huq; Ginsburg. «How to Lose a Constitutional Democracy», pág. 72; véase también Howell, William G. Power Without Persuasion: The Politics of Direct Presidential Action. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 2003, págs. 13-16. <<

[10] Huq; Ginsburg. «How to Lose a Constitutional Democracy», págs. 61-63; véase también Ackerman, Bruce. The Decline and Fall of the American Republic. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2010, pág. 183. <<

[11] Huq; Ginsburg. «How to Lose a Constitutional Democracy», pág. 70. <<

[12] Huq; Ginsburg. «How to Lose a Constitutional Democracy», págs. 29, 31. Véase también Howell. Power Without Persuasion, págs. 13-14, 183-187; y Ackerman. The Decline and Fall of the American Republic, págs. 67-85. <<

[13] Huq; Ginsburg. «How to Lose a Constitutional Democracy.» págs. 60, 75. El experto en derecho constitucional de Yale Bruce Ackerman extrae una conclusión similar. Véase Ackerman. The Decline and Fall of the American Republic. <<

[14] Véase Helmke, Gretchen; Levitsky, Steven (eds.). Informal Institutions and Democracy: Lessons from Latin America. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006. <<

[15] El experto en derecho constitucional de Princeton Keith Whittington denomina a estas reglas «convenciones». Véase Whittington, Keith E. «The Status of Unwritten Constitutional Conventions in the United States.» University of Illinois Law Review 5 (2013), págs. 1847-1870. <<

[16] Véase Mainwaring, Scott; Pérez-Liñan, Aníbal. Democracies and Dictatorships in Latin America: Emergence, Survival, and Fall. Nueva York: Cambridge University Press, 2013. <<

[17] Puede leerse una explicación clásica de las normas del Senado de Estados Unidos en Matthews, Donald R. U.S. Senators and Their World. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1960. <<

[18] Hofstadter, Richard. The Idea of a Party System: The Rise of Legitimate Opposition in the United States, 1780-1840. Berkeley: University of California Press, 1969, pág. 8. <<

[19] Ellis, Joseph J. American Sphinx: The Character of Thomas Jefferson. Nueva York: Alfred A. Knopf, 1997, pág. 122; Wood, Gordon S. The Idea of America: Reflections on the Birth of the United States. Nueva York: Penguin Books, 2011, pág. 114; Hofstadter. The Idea of a Party System, págs. 105, 111. <<

[20] Wood. The Idea of America, págs. 244-245; Hofstadter. The Idea of a Party System, pág. 94. <<

[21] Wood. The Idea of America, pág. 245. <<

[22] Hofstadter. The Idea of a Party System. <<

[23] Jackson, Gabriel. La república española y la guerra civil. (Trad. de Enrique de Obregón.) Barcelona: Mundo Actual de Ediciones, 1978. <<

[24] Ben-Ami, Shlomo. «La República toma el poder: ¿preludio de una catástrofe inevitable?» En Preston, Pauld (ed.). Revolución y guerra en España. (Trad. de Ángel García de Paredes.) Madrid: Alianza Editorial, 1986. <<

[25] Alexander, Gerard. The Sources of Democratic Consolidation. Ithaca, Nueva York: Cornell University Press, 2002, pág. 111. <<

[26] Carr, Raymond. España 1808-1939. Barcelona: Ariel, 2009. <<

[27] Mann, Michael. Fascists. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pág. 330. <<

[28] Linz, Juan J. «From Great Hopes to Civil War: The Breakdown of Democracy in Spain.» En Linz; Juan J.; Stepan, Alfred (eds.). The Breakdown of Democratic Regimes: Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978, pág. 162. <<

[29] Jackson. The Spanish Republic and the Civil War, págs. 147-148. <<

[30] Citado en Linz. «From Great Hopes to Civil War», pág. 161. <<

[31] Hasta dos mil trabajadores fueron asesinados en prisión y se calcula que unas veinte mil personas de izquierdas permanecieron encarceladas. Véase Thomas, Hugh. La Guerra Civil Española. (Trad. de Neri Daurella de Nadal.) Barcelona: De Bolsillo, 2010; Payne, Stanley. The Franco Regime 1936-1974. Madison: University of Wisconsin Press, 1987, pág. 43. <<

[32] Jackson. The Spanish Republic and the Civil War, págs. 165-168. <<

[33] Tomamos prestado el término «contención» de Alisha Holland. Véase Holland, Alisha. «Forbearance.» American Political Science Review 110, n.º 2 (mayo de 2016), págs. 232-246; y Holland, Alisha. Forbearance as Redistribution: The Politics of Informal Welfare in Latin America. Nueva York: Cambridge University Press, 2017. Véase también Nelson, Eric. «Are We on the Verge of the Death Spiral That Produced the English Revolution of 1642-1649?.» History News Network, 14 de diciembre de 2014, disponible en http://historynews network.org/article/157822. <<

[34] Whittington. «The Status of Unwritten Constitutional Conventions in the United States», pág. 106. <<

[35] Bendix, Reinhard. Kings or People: Power and the Mandate to Rule. Berkeley: University of California Press, 1978, pág. 7. <<

[36] Morgan, Edmund. Inventing the People: The Rise of Popular Sovereignty in England and America. Nueva York: W. W. Norton, 1988, pág. 21; Bendix. Kings or People, pág. 234. <<

[37] Dawson, Anthony; Yachnin, Paul (eds.). Richard II, The Oxford Shakespeare. Oxford: Oxford University Press, 2011, pág. 241. <<

[38] Whittington. «The Status of Unwritten Constitutional Conventions in the United States», pág. 107. <<

[39] Azari, Julia R.; Smith, Jennifer K. «Unwritten Rules: Informal Institutions in Established Democracies.» Perspectives on Politics 10, n.º 1 (marzo de 2012); véase también Whittington. «The Status of Unwritten Constitutional Conventions in the United States», págs. 109-112. <<

[40] Carta de Thomas Jefferson leída ante la asamblea legislativa estatal de Vermont, 10 de diciembre de 1807, citada en Neale, Thomas H. Presidential Terms and Tenure: Perspectives and Proposals for Change. Washington, DC: Congressional Research Service, 2004, pág. 5. <<

[41] Peabody, Bruce. «George Washington, Presidential Term Limits, and the Problem of Reluctant Political Leadership.» Presidential Studies Quarterly 31, n.º 3, pág. 402. <<

[42] Whittington. «The Status of Unwritten Constitutional Conventions in the United States», pág. 110. Cuando Theodore Roosevelt intentó postularse para un tercer mandato en 1912, no obtuvo apoyo en el Partido Republicano y, al presentar una candidatura independiente, recibió un disparo durante un discurso de manos de un hombre que aseguraba defender el límite de los dos mandatos. Véase Elkins; Ginsburg; Melton. The Endurance of National Constitutions, pág. 47. <<

[43] Azari; Smith. «Unwritten Rules: Informal Institutions in Established Democracies», pág. 44. <<

[44] Véase Nelson. «Are We on the Verge of the Death Spiral That Produced the English Revolution of 1642-1649?» <<

[45] Linz, Juan J. «The Perils of Presidentialism.» Journal of Democracy 1, n.º 1 (enero de 1990), págs. 51-69; véase también Helmke, Gretchen. Institutions on the Edge: The Origins and Consequences of Inter-Branch Crises in Latin America. Nueva York: Cambridge University Press, 2017. <<

[46] Mark Tushnet. «Constitutional Hardball.» The John Marshall Law Review 37 (2004), págs. 550, 523-553. <<

[47] Page. Perón, pág. 165. <<

[48] Ferreria Rubio, Delia; Gorreti, Matteo. «When the President Governs Alone: The Decretazo in Argentina, 1989-1993.» En Carey, John M.; Soberg Shugart, Matthew (eds.). Executive Decree Authority. Nueva York: Cambridge University Press, 1998. <<

[49] Ferreria Rubio; Gorreti. «When the President Governs Alone», págs. 33, 50. <<

[50] «Venezuela’s Supreme Court Consolidates President Nicolás Maduro’s Power.» New York Times, 12 de octubre de 2016; «El Supremo de Venezuela declara constitucional el Decreto de Emergencia Económica.» El País, 21 de enero de 2016. Véase http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/21/america/1453346802_377899.html. <<

[51] «Venezuela Leaps Towards Dictatorship.» The Economist, 31 de marzo de 2017; «Maduro podrá aprobar el presupuesto a espaldas del Parlamento.» El País, 13 de octubre de 2016. Véase http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/13/america/1476370249_347078.html; «Venezuela’s Supreme Court Consolidates President Nicolás Maduro’s Power.» New York Times, 12 de otubre de 2016; «El Supremo de Venezuela declara constitucional el Decreto de Emergencia Económica.» El País, 21 de enero de 2016. Véase http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/21/america/1453346802_377899.html. <<

[52] «Radiografía de los chavistas que controlan el TSJ en Venezuela.» El Tiempo, 29 de agosto de 2016. Véase http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/perfil-de-los-jueces-del-tribunal-supremo-de-justicia-de-venezuela-44143. <<

[53] Marsteintredet, Lev; Llanos, Mariana; Nolte, Detlef. «Paraguay and the Politics of Impeachment.» Journal of Democracy 42, n.º 4 (2013), pág. 113. <<

[54] Marsteintredet, Llanos y Nolte. «Paraguay and the Politics of Impeachment.» págs. 112-114. <<

[55] Toro, Francisco. «What’s in a Coup?» New York Times, 29 de junio de 2012. <<

[56] El artículo 225 de la Constitución de 1992 de Paraguay permite al Congreso cesar al presidente por «pobre ejecución de sus obligaciones», una «formulación voluntariamente imprecisa que podría significar prácticamente cualquier cosa que cualquiera de dos tercios de los senadores en funciones quieran que signifique». Véase Toro. «What’s in a Coup?» <<

[57] Pérez-Liñán, Aníbal. Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America. Nueva York: Cambridge University Press, 2007, pág. 26. <<

[58] De la Torre, Carlos. Populist Seduction in Latin America (2.ª ed.). Athens, Ohio: Ohio University Press, 2010, pág. 106; Pérez-Liñán. Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America, pág. 155. <<

[59] Véase De la Torre. Populist Seduction in Latin America, pág. 102; Sosa, Ximena. «Populism in Ecuador: From José M. Velasco to Rafael Correa.» En Conniff, Michael L. (ed.). Populism in Latin America (2.ª ed.). Tuscaloosa, Alabama: University of Alabama Press, 2012, págs. 172-173; y Pérez-Liñán. Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America, pág. 26. <<

[60] Kousser. The Shaping of Southern Politics, págs. 134-136. <<

[61] Nelson. «Are We on the Verge of the Death Spiral That Produced the English Revolution of 1642-1649?» Véase también Linz. «The Perils of Presidentialism» y Helmke. Institutions on the Edge. <<

[62] Véase Valenzuela, Arturo. The Breakdown of Democratic Regimes: Chile. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978, págs. 1320. <<

[63] Constable, Pamela; Valenzuela, Arturo. A Nation of Enemies: Chile Under Pinochet. Nueva York: W. W. Norton, 1991, págs. 21-22. Véase también Maira, Luis. «The Strategy and Tactics of the Chilean Counterrevolution in the Area of Political Institutions.» En Gil, Federico; Lagos, Ricardo; Landsberger, Henry (eds.). Chile at the Turning Point: Lessons of the Socialist Years, 1970-1973. Filadelfia: Institute for the Study of Human Issues, 1979, pág. 247. <<

[64] Constable; Valenzuela. A Nation of Enemies, pág. 21. <<

[65] Valenzuela. The Breakdown of Democratic Regimes, págs. 22-39. <<

[66] Constable; Valenzuela. A Nation of Enemies, pág. 25. <<

[67] Cohen, Youssef. Radicals, Reformers, and Reactionaries: The Prisoner’s Dilemma and the Collapse of Democracy in Latin America. Chicago: University of Chicago Press, 1994, pág. 100. <<

[68] Tomic, Rodrigo. «Christian Democracy and the Government of the Unidad Popular.» En Gil; Lagos; Landsberger (eds.). Chile at the Turning Point: Lessons of the Socialist Years, 1970-1973, pág. 232. <<

[69] Sigmund, Paul. The Overthrow of Allende and the Politics of Chile, 1964-1976. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1977, pág. 18; Valenzuela. The Breakdown of Democratic Regimes, pág. 45. <<

[70] Faúndez, Julio. Marxism and Democracy in Chile: From 1932 to the Fall of Allende. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1988, pág. 181. <<

[71] Valenzuela. The Breakdown of Democratic Regimes, pág. 48; Sigmund, The Overthrow of Allende, pág. 111. <<

[72] Sigmund. The Overthrow of Allende, págs. 118-120; Faúndez. Marxism and Democracy in Chile, págs. 188-190. <<

[73] Valenzuela. The Break down of Democratic Regimes, pág. 49. <<

[74] Valenzuela. The Breakdown of Democratic Regimes, págs. 5060, 81; Israel, Ricardo. Politics and Ideology in Allende’s Chile. Tempe: Arizona State University Center for Latin American Studies, 1989, págs. 210-216. <<

[75] Sigmund. The Overthrow of Allende, pág. 133; Cohen, Radicals, Reformers, and Reactionaries, págs. 104-105. <<

[76] Maira. «The Strategy and Tactics of the Chilean Counterrevolution», págs. 249-256. <<

[77] Maira. «The Strategy and Tactics of the Chilean Counterrevolution», págs. 249-256; Israel. Politics and Ideology in Allende’s Chile, pág. 216. <<

[78] Sigmund. The Overthrow of Allende, pág. 164. <<

[79] Valenzuela. The Breakdown of Democratic Regimes, pág. 67; Constable; Valenzuela. A Nation of Enemies, pág. 28. <<

[80] Valenzuela. The Breakdown of Democratic Regimes, págs. 67-77. <<

[81] Israel. Politics and Ideology in Allende’s Chile, pág. 80. <<

[82] Tapia Videla, Jorge. «The Difficult Road to Socialism: The Chilean Case from a Historical Perspective.» En Gil; Lagos; Landsberger (eds.). Chile at the Turning Point: Lessons of the Socialist Years, 1970-1973, pág. 56; Sigmund. The Overthrow of Allende, pág. 282; Valenzuela. The Breakdown of Democratic Regimes, págs. 83-85. <<

[83] Valenzuela. The Breakdown of Democratic Regimes, págs. 89-94. <<

[84] Cohen. Radicals, Reformers, and Reactionaries, pág. 117. <<

6. Las reglas no escritas de la política estadounidense

[1] Primer discurso inaugural como presidente de Franklin Roosevelt, 4 de marzo de 1933, The Avalon Project: Documents in Law, History, and Diplomacy, Yale Law School, disponible (en inglés) en http://avalon.law.yale.edu/20th_century/froos1.asp. [N. de la T.: Puede leerse íntegramente en castellano en http://carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-2/fuentes/la-gran-depresion-y-la-crisis-del-liberalismo/copy_of_fuente-5.] <<

[2] Morison, Samuel Eliot; Commager, Henry Steele. The Growth of the American Republic. Nueva York: Oxford University Press, 1953, págs. 615-616. <<

[3] Milkis, Sidney; Nelson, Michael. The American Presidency: Origins and Development, 1776-2014 (7.ª ed.). Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 2016, págs. 378-379. <<

[4] Feldman, Noah. Scorpions: The Battles and Triumphs of FDR’s Great Supreme Court Justices. Nueva York: Twelve, 2010, pág. 108. <<

[5] Hofstadter. The Idea of a Party System, pág. 107. <<

[6] Crenson; Matthew; Ginsberg, Benjamin. Presidential Power: Unchecked and Unbalanced. Nueva York: W. W. Norton, 2007, págs. 4950; Hofstadter. The Idea of a Party System, págs. 107-111. <<

[7] Hofstadter. The Idea of a Party System, págs. 136, 140; Wood. The Idea of America, pág. 246. <<

[8] Ibíd., pág. 216. <<

[9] Cole, Donald B. Martin Van Buren and the American Political System. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1984, págs. 39, 430. <<

[10] Véase Hofstadter. The Idea of a Party System, págs. 216-231. <<

[11] Fehrenbacher, Donald. The South and the Three Sectional Crises. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1980, pág. 27. <<

[12] Citado en Niven, John. John C. Calhoun and the Price of Union: A Biography. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1988, pág. 325. <<

[13] Representante Henry M. Shaw, Cámara de Representantes de Estados Unidos, 20 de abril de 1858. Véase https://archive.org/details/kansasquestionsp00shaw; Bonnell Phillips, Ulrich. The Life of Robert Toombs. Nueva York: The MacMillan Company, 1913, pág. 183. <<

[14] Representante Thaddeus Stevens, Cámara de Representantes de Estados Unidos, 20 de febrero de 1850. Véase https://catalog.hathitrust.org/Record/009570624. <<

[15] Freeman, Joanne B. «Violence Against Members of Congress Has a Long, and Ominous, History.» Washington Post, 15 de junio de 2017. Véase también Freeman, Joanne B. The Field of Blood: Congressional Violence and the Road to Civil War. Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 2018. <<

[16] Milkis; Nelson. The American Presidency, págs. 212-213. <<

[17] Menand, Louis. El club de los metafísicos: historia de las ideas en América. (Trad. de Antonio Bonnano.) Barcelona: Ariel, 2016. <<

[18] Wilson, Woodrow. Congressional Government: A Study in American Politics. Boston: Houghton Mifflin Company, 1885. <<

[19] Green Ingersoll, Robert. Fifty Great Selections, Lectures, Tributes, After Dinner Speeches. Nueva York: C. P. Farrell, 1920, págs. 157-158. <<

[20] Horwill. The Usages of the American Constitution, pág. 188. <<

[21] Whittington, Keith. «Bill Clinton Was No Andrew Johnson: Comparing Two Impeachments.» University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law 2, n.º 2 (mayo de 2000), págs. 438-439. <<

[22] Calhoun, Charles. From Bloody Shirt to Full Dinner Pail: The Transformation of Politics and Governance in the Gilded Age. Nueva York: Hill and Wang, 2010, pág. 88. <<

[23] Woodward, C. Vann. Reunion and Reaction: The Compromise of 1877 and the End of Reconstruction. Boston: Little, Brown and Company, 1966. <<

[24] McCarty, Nolan; Poole, Keith; Rosenthal, Howard. Polarized America: The Dance of Ideology and Unequal Riches. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2008, pág. 10. <<

[25] Morgan, Kimberly; Prasad, Monica. «The Origins of Tax Systems: A French American Comparison.» American Journal of Sociology 114, n.º 5 (2009), pág. 1366. <<

[26] Bryce, James. La república norteamericana: The American Commonwealth, vol. 1. (Trad. de Adolfo Posada y Adolfo Buylla.) Pamplona: Analecta Editorial, 2017. <<

[27] Howell. Power Without Persuasion, págs. 13-14. <<

[28] Schlesinger, Arthur. La presidencia imperial. (Trad. de José Manuel Álvarez Flórez.) Barcelona: Dopesa, 1974; Crenson; Ginsberg. Presidential Power; Ackerman. The Decline and Fall of the American Republic; Milkis; Nelson. The American Presidency; Edelson, Chris. Power Without Constraint: The Post-9/11 Presidency and National Security. Madison: University of Wisconsin Press, 2016. <<

[29] Ackerman. The Decline and Fall of the American Republic, págs. 87-119; Crenson; Ginsberg. Presidential Power, págs. 180-351; Edelson. Power Without Constraint. <<

[30] Howell, William. «Unitary Powers: A Brief Overview.» Presidential Studies Quarterly 35, n.º 3 (2005), pág. 417. <<

[31] Véase Simon, James F. Lincoln and Chief Justice Taney: Slavery, Secession, and the President’s War Powers. Nueva York: Simon & Schuster, 2007. <<

[32] Hamilton, Alexander. El federalista 74. <<

[33] Citado en Greenstein, Fred. Inventing the Job of President: Leadership Style from George Washington to Andrew Jackson. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 2009, pág. 9. <<

[34] Milkis; Nelson. The American Presidency, pág. 91. <<

[35] Ibíd., pág. 82. <<

[36] Citado en ibíd., pág. 82. <<

[37] Peters, Gerhard; Woolley, John T. «Executive Orders.» Woolley, John T.; Peters, Gerhard (eds.). The American Presidency Project. Santa Bárbara, California, 1999-2017. Disponible en http://www.presidency.ucsb.edu/data/orders.php. <<

[38] Wills, Gary. Cincinnatus: George Washington and the Enlightenment. Garden City, Nueva York: Doubleday, 1984, pág. 23. <<

[39] Wood, Gordon. Revolutionary Characters: What Made the Founders Different. Nueva York: Penguin, 2006, págs. 30-31. Véase también Martin Lipset, Seymour. «George Washington and the Founding of Democracy.» Journal of Democracy 9, n.º 4 (octubre de 1998), págs. 24-36. <<

[40] Skowronek, Stephen. The Politics Presidents Make: Leadership from John Adams to Bill Clinton. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1993, págs. 243-244. <<

[41] Citado en Milkis; Nelson. The American Presidency, págs. 125-127. <<

[42] Citado en ibíd., pág. 125. <<

[43] Ibíd., pág. 128. <<

[44] Milkis, Sidney; Nelson, Michael. The American Presidency: Origins and Development, 1776-2007 (5.ª ed.). Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 2008, pág. 217. <<

[45] Ibíd., págs. 289-290. <<

[46] Crenson; Ginsberg. Presidential Power, pág. 211; Ackerman. The Decline and Fall of the American Republic, pág. 87. <<

[47] Schorr, Lauren. «Breaking the Pardon Power: Congress and the Office of the Pardon Attorney.» American Criminal Law Review 46 (2009), págs. 1535-1562. <<

[48] Humphrey, Alexander Pope. «The Impeachment of Samuel Chase.» The Virginia Law Register 5, n.º 5 (septiembre de 1889), págs. 283-289. <<

[49] Ellis. American Sphinx, pág. 225. <<

[50] Humphrey. «The Impeachment of Samuel Chase», pág. 289. El historiador Richard Hofstadter describe la destitución de Chase como un «acto de guerra partidista pura y dura» (Hofstadter. The Idea of a Party System, pág. 163). <<

[51] Epstein, Lee; Segal, Jeffrey A. Advice and Consent: The Politics of Judicial Appointment. Nueva York: Oxford University Press, 2005, pág. 31. <<

[52] En las siete ocasiones siguientes: 1) en 1800, cuando el Congreso federalista saliente redujo el tamaño del tribunal de seis a cinco magistrados para limitar la capacidad de Jefferson de modular la judicatura; 2) en 1801, cuando el recién instituido Congreso jeffersoniano restauró el tamaño del tribunal de cinco a seis jueces; 3) en 1807, cuando el Congreso amplió el Tribunal Supremo a siete magistrados para conceder a Jefferson un nombramiento adicional; 4) en 1837, cuando el Congreso amplió el tribunal a nueve miembros para brindar a Andrew Jackson dos nombramientos adicionales; 5) en 1863, cuando el Congreso amplió el tribunal a diez jueces para garantizar a Lincoln la presencia de un juez abolicionista adicional; 6) en 1866, cuando el Congreso, con mayoría republicana, redujo el tribunal a siete letrados para limitar la capacidad del presidente Andrew Johnson, demócrata, de modular el tribunal; y 7) en 1869, cuando el Congreso amplió el tribunal a nueve magistrados para conceder dos nombramientos adicionales al recién elegido presidente Ulysses S. Grant, republicano. Véase Smith, Jean Edward. «Stacking the Court.» New York Times, 26 de julio de 2007. <<

[53] Wilson, Woodrow. An Old Master and Other Political Essays. Nueva York: Charles Scribner’s Sons, 1893, pág. 151. <<

[54] Harrison, Benjamin. This Country of Ours. Nueva York: Charles Scribner’s Sons, 1897, pág. 317. <<

[55] Horwill. The Usages of the American Constitution, pág. 190. <<

[56] Epstein, Lee; Segal, Jeffrey A. Advice and Consent: The Politics of Judicial Appointment. Nueva York: Oxford University Press, 2005, pág. 46. <<

[57] Citado en Brands, H. W. Traitor to His Class: The Privileged Life and Radical Presidency of Franklin Delano Roosevelt. Nueva York: Doubleday, 2008, págs. 470-471. <<

[58] Citado en Feldman. Scorpions, pág. 108. <<

[59] Brands. Traitor to His Class, pág. 472. <<

[60] Gressley, Gene. «Joseph C. O’Mahoney, FDR, and the Supreme Court.» Pacific Historical Review 40, n.º 2 (1971), pág. 191. <<

[61] Morison; Commager. The Growth of the American Republic, pág. 618. <<

[62] Koger, Gregory. Filibustering: A Political History of Obstruction in the House and Senate. Chicago: University of Chicago Press, 2010; Wawro, Gregory J.; Schickler, Eric. Filibuster: Obstruction and Lawmaking in the U.S. Senate. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 2006. <<

[63] Wawro; Schickler. Filibuster, pág. 6. <<

[64] Matthews. U.S. Senators and Their World, pág. 100. <<

[65] Ibíd., pág. 101; Wawro; Schickler. Filibuster, pág. 41. <<

[66] Matthews. U.S. Senators and Their World, pág. 101. <<

[67] Ibíd.; véase también Matthews, Donald. «The Folkways of the United States Senate: Conformity to Group Norms and Legislative Effectiveness.» American Political Science Review 53, n.º 4 (diciembre de 1959), págs. 1064-1089. <<

[68] Matthews. U.S. Senators and Their World, págs. 98-99. <<

[69] Citado en Matthews. «Folkways.» 1959, pág. 1069. <<

[70] Matthews. U.S. Senators and Their World, pág. 98. <<

[71] Ibíd., pág. 99. <<

[72] Matthews. «Folkways», pág. 1072. <<

[73] Citado en Matthews. U.S. Senators and Their World, pág. 100. <<

[74] Para ampliar información acerca de los orígenes y la evolución del filibusterismo en el Senado de Estados Unidos, véase Binder, Sarah; Smith, Steven. Politics or Principle? Filibustering in the United States Senate. Washington, DC: Brookings Institution Press, 1997; Wawro; Schickler. Filibuster; y Koger. Filibustering. <<

[75] Wawro; Schickler. Filibuster, págs. 25-28. <<

[76] Binder; Smith. Politics or Principle?, pág. 114. <<

[77] Ibíd., pág. 11. <<

[78] Wawro; Schickler. Filibuster, pág. 41. <<

[79] Binder; Smith. Politics or Principle?, pág. 60. <<

[80] Ibíd., pág. 9. <<

[81] Horwill. The Usages of the American Constitution, págs. 126-28; Epstein, Lee; Segal, Jeffrey A. Advice and Consent: The Politics of Judicial Appointments. Nueva York: Oxford University Press, 2007; Bradley Kar, Robin; Mazzone, Jason. «The Garland Affair: What History and the Constitution Really Say About President Obama’s Powers to Appoint a Replacement for Justice Scalia.» New York University Law Review 91 (mayo de 2016), págs. 58-61. <<

[82] Horwill. The Usages of the American Constitution, págs. 137-138; Kar; Mazzone. «The Garland Affair.» págs. 59-60. <<

[83] Epstein; Segal. Advice and Consent, pág. 21. <<

[84] Horwill. The Usages of the American Constitution, págs. 137-138. <<

[85] Información basada en Kar; Mazzone. «The Garland Affair», págs. 107-114. <<

[86] Epstein; Segal. Advice and Consent, pág. 106. <<

[87] Ibíd., pág. 107. <<

[88] Información basada en Kar; Mazzone. «The Garland Affair», 107-114. <<

[89] Bryce, James. La república norteamericana: The American Commonwealth, vol. 1. (Trad. de Adolfo Posada y Adolfo Buylla.) Pamplona: Analecta Editorial, 2017, pág. 211. <<

[90] Whittington, Keith. «An Impeachment Should Not Be a Partisan Affair.» Lawfare, 16 de mayo de 2017. <<

[91] Ibíd. <<

[92] Tushnet. «Constitutional Hardball», pág. 528. <<

[93] Datos extraídos de Peters, Gerhard; Woolley, John T. «The American Presidency Project» (2017), http://www.presidency.ucsb.edu/executive_orders.php?year=2017. <<

[94] El experto en la Constitución Noah Feldman describe el programa para llenar los tribunales de magistrados afines como «uno de los ejemplos de uso en beneficio propio de la Constitución más flagrantes que se han dado nunca». Véase Feldman, Scorpions, pág. 108. <<

[95] Shils, Edward. The Torment of Secrecy. Glencoe: Free Press, 1956, pág. 140. <<

[96] Fried, Richard. Nightmare in Red: The McCarthy Era in Perspective. Oxford: Oxford University Press, 1990, pág. 122. <<

[97] Citado en ibíd., pág. 123. <<

[98] Ibíd., pág. 125. <<

[99] Citado en ibíd., pág. 125. <<

[100] Citado en Griffith, Robert. The Politics of Fear: Joseph McCarthy and the Senate. Amherst: University of Massachusetts Press, 1970, págs. 53-54. <<

[101] Morgan, Iwan. Nixon. Londres: Arnold Publishers, 2002, pág. 19. <<

[102] Matthews. U.S. Senators and Their World, pág. 70. <<

[103] Fried. Nightmare in Red, pág. 22. <<

[104] Nichols, David. Ike and McCarthy: Dwight Eisenhower’s Secret Campaign Against Joseph McCarthy. Nueva York: Basic Books, 2017, págs. 12-15. <<

[105] Morgan. Nixon, pág. 53. <<

[106] Ibíd., pág. 57. <<

[107] Kabaservice, Geoffrey. Rule and Ruin: The Downfall of Moderation and the Destruction of the Republican Party, from Eisenhower to the Tea Party. Nueva York: Oxford University Press, 2012, pág. 126. <<

[108] Morgan. Nixon, págs. 158-159; Olson, Keith W. Watergate: The Presidential Scandal That Shook America. Lawrence: University Press of Kansas, 2003, pág. 2. <<

[109] Schell, Jonathan. «The Time of Illusion.» The New Yorker, 2 de junio de 1975; Olson. Watergate, pág. 30. <<

[110] Morgan. Nixon, pág. 24. <<

[111] Perlstein, Rick. Nixonland: The Rise of a President and the Fracturing of America. Nueva York: Scribner, 2008, pág. 667. <<

[112] Morgan. Nixon, págs. 160, 179; Olson. Watergate, pág. 12; Perlstein. Nixonland, págs. 517, 676. <<

[113] Morgan. Nixon, pág. 24. <<

[114] Perlstein. Nixonland, pág. 413. <<

[115] Olson. Watergate, págs. 35-42. <<

[116] Citado en ibíd., pág. 90. <<

[117] Ibíd., págs. 76-82. <<

[118] Ibíd., pág. 102. <<

[119] Ibíd., pág. 155. <<

[120] Morgan. Nixon, págs. 186-187. <<

[121] Olson. Watergate, pág. 164. <<

[122] Schickler, Eric. Racial Realignment: The Transformation of American Liberalism, 1932-1965. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 2016. <<

[123] Véase también Mickey; Levitsky; Way. «Is America Still Safe for Democracy?.» págs. 20-29. <<

7. El desmantelamiento

[1] La reconstrucción sobre la reacción en las redes sociales a la muerte de Scalia se basa en dos fuentes: Chait, Jonathan. «Will the Supreme Court Just Disappear?» New York Magazine, 21 de febrero de 2016, y «Supreme Court Justice Antonin Scalia Dies: Legal and Political Worlds React.» The Guardian, 14 de febrero de 2016. <<

[2] Ibíd. <<

[3] Kar; Mazzone. «The Garland Affair.» págs. 53-111. Según Kar y Mazzone, a lo largo de la historia de Estados Unidos, el Senado se ha negado en seis ocasiones a votar la aprobación o rechazo de un candidato al Tribunal Supremo propuesto por el presidente. En los seis casos, la legitimidad del nombramiento era cuestionable porque éste se había efectuado después de elegido el sucesor del presidente o porque el propio presidente no había sido elegido, sino que había llegado al Despacho Oval tras ocupar la vicepresidencia (durante el siglo XIX hubo un debate constitucional sobre si los vicepresidentes que sustituían a los presidentes eran verdaderamente presidentes o sólo presidentes en funciones). <<

[4] Basado en Kar; Mazzone. «The Garland Affair», págs. 107-114. <<

[5] El texto del discurso se ha reeditado (en inglés) en «To College Republicans: Text of Gingrich Speech.» West Georgia News. Disponible en http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/newt/newt78speech.html. <<

[6] Brannon, Ike. «Bob Michel, House GOP Statesman Across Five Decades, Dies at Age 93.» Weekly Standard, 17 de febrero de 2017. <<

[7] Brownstein, Ronald. The Second Civil War: How Extreme Partisanship Has Paralyzed Washington and Polarized America. Nueva York: Penguin, 2007, págs. 137, 144; Mann, Thomas E.; Ornstein, Norman J. The Broken Branch: How Congress Is Failing America and How to Get It Back on Track. Oxford: Oxford University Press, 2008, pág. 65. <<

[8] Grossman, Matt; Hopkins, David A. Asymmetric Politics: Ideological Republicans and Interest Group Democrats. Nueva York: Oxford University Press, 2016, pág. 285. <<

[9] Brownstein. The Second Civil War, pág. 142. <<

[10] Mann, Thomas E.; Ornstein, Norman J. It’s Even Worse Than It Looks: How the American Constitutional System Collided with the New Politics of Extremism. Nueva York: Basic Books, 2016, pág. 35. <<

[11] Citado en Salzer, James. «Gingrich’s Language Set New Course.» Atlanta Journal-Constitution, 29 de enero de 2012. <<

[12] Citado en Salzer. «Gingrich’s Language Set New Course.» <<

[13] Sheehy, Gail. «The Inner Quest of Newt Gingrich.» Vanity Fair, 12 de enero de 2012. <<

[14] Mann; Ornstein. It’s Even Worse Than It Looks, pág. 39; Salzer, James. «Gingrich’s Language Set New Course.» <<

[15] Theriault, Sean. The Gingrich Senators: The Roots of Partisan Warfare in Congress. Oxford: Oxford University Press, 2013. <<

[16] Citado en Salzer. «Gingrich’s Language Set New Course.» <<

[17] Wines, Michael. «G.O.P. Filibuster Stalls Passage of Clinton $16 Billion Jobs Bill.» New York Times, 2 de abril de 1993. <<

[18] Binder; Smith. Politics or Principle?, págs. 10-11; Mann; Ornstein. The Broken Branch, págs. 107-108. <<

[19] Exsenador Charles Mathias, citado en Binder; Smith. Politics or Principle?, pág. 6. <<

[20] Datos extraídos del Senado de Estados Unidos. Véase https://www.senate.gov/pagelayout/reference/cloture_motions/clotureCounts.htm. <<

[21] Mann; Ornstein. The Broken Branch, págs. 109-110; Grossman; Hopkins. Asymmetric Politics, pág. 293. <<

[22] Whittington. «Bill Clinton Was No Andrew Johnson», pág. 459. <<

[23] La destitución en 1868 de Andrew Johnson fue un asunto mucho más serio que implicaba una disputa relevante relativa a la autoridad constitucional del presidente. Véase Whittington. «Bill Clinton Was No Andrew Johnson.» <<

[24] Mann; Ornstein. The Broken Branch, pág. 122. <<

[25] Hacker, Jacob; Pierson, Paul. Winner Take All Politics. Nueva York: Simon & Schuster, 2010, pág. 207. <<

[26] Citado en Ydstie, John. «The K Street Project and Tom DeLay.» NPR, 14 de enero de 2006. <<

[27] Tanenhaus, Sam. «Tom DeLay’s Hard Drive.» Vanity Fair, julio de 2004. <<

[28] Brownstein. The Second Civil War, pág. 227. <<

[29] Tanenhaus. «Tom DeLay’s Hard Drive.» <<

[30] Brownstein. The Second Civil War, págs. 263-323. <<

[31] Ibíd., págs. 339-340. <<

[32] Gaziano, Todd F. «A Diminished Judiciary: Causes and Effects of the Sustained High Vacancy Rates in the Federal Courts.» The Heritage Foundation, 10 de octubre de 2002; Mann; Ornstein. The Broken Branch, págs. 164-165. <<

[33] Lewis, Neil. «Washington Talk: Democrats Readying for a Judicial Fight.» New York Times, 1 de mayo de 2001. <<

[34] Tushnet. «Constitutional Hardball», págs. 524-525; Epstein; Segal. Advice and Consent, pág. 99. <<

[35] Citado en Mann; Ornstein, The Broken Branch, pág. 167. <<

[36] Datos extraídos del Senado de Estados Unidos. Véase https://www.senate.gov/pagelayout/reference/cloture_motions/clotureCounts.htm. <<

[37] Mann; Ornstein. It’s Even Worse Than It Looks, págs. 7, 50. <<

[38] Mann; Ornstein. The Broken Branch, pág. 172. <<

[39] Ibíd., pág. xi. <<

[40] Brownstein. The Second Civil War, págs. 274-275. <<

[41] Ibíd., págs. 274-275. <<

[42] Tushnet. «Constitutional Hardball», pág. 526. <<

[43] Bickerstaff, Steve. Lines in the Sand: Congressional Redistricting in Texas and the Downfall of Tom DeLay. Austin: University of Texas Press, 2007, págs. 132, 171. <<

[44] Ibíd., págs. 102-104. <<

[45] Citado en ibíd., pág. 108. <<

[46] Ibíd., págs. 220, 228. <<

[47] Ibíd., págs. 251-253. <<

[48] Citado en ibíd., págs. 251-253. <<

[49] «First Democrat Issue: Terrorist Rights.» The Rush Limbaugh Show, 10 de enero de 2006. Véase https://origin-www.rushlimbaugh.com/daily/2006/01/10/first_democrat_issue_terrorist_rights/. <<

[50] Coulter, Ann. Treason: Liberal Treachery from the Cold War to the War on Terrorism. Nueva York: Three Rivers Press, 2003. <<

[51] Coulter. Treason, págs. 292, 316. <<

[52] «Coulter Right on Rape, Wrong on Treason.» CoulterWatch, 11 de diciembre de 2014. Véase https://coulterwatch.wordpress.com/2014/12/11/coulter-right-on-rape-wrong-on-treason/#_edn3. <<

[53] Para consultar un resumen de estos ataques, véase Parlett, Martin A. Demonizing a President: The “Foreignization” of Barack Obama. Santa Bárbara, California: Praeger, 2014. <<

[54] Grossman; Hopkins. Asymmetric Politics, págs. 129-130. <<

[55] Parlett. Demonizing a President, pág. 164. <<

[56] «Rep. Steve King: Obama Will Make America a “Totalitarian Dictatorship”.» ThinkProgress, 28 de octubre de 2008. <<

[57] Grossman; Hopkins. Asymmetric Politics, pág. 130. <<

[58] Dana Milibank. «Unleashed, Palin Makes a Pit Bull Look Tame.» Washington Post, 7 de octubre de 2008. <<

[59] Frank Rich. «The Terrorist Barack Hussein Obama.» New York Times, 11 de octubre de 2008. <<

[60] Véase Parker, Christopher S.; Barreto, Matt A. Change They Can’t Believe In: The Tea Party and Reactionary Politics in America. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 2013; véase también Skocpol, Theda; Williamson, Vanessa. The Tea Party and the Remaking of American Conservatism. Nueva York: Oxford University Press, 2013. <<

[61] «Georgia Congressman Calls Obama Marxist, Warns of Dictatorship.» Politico, 11 de noviembre de 2008. <<

[62] «Broun Is Asked, Who’ll “Shoot Obama”». Politico, 25 de febrero de 2011. <<

[63] Mann; Ornstein. It’s Even Worse Than It Looks, pág. 214. <<

[64] Véase Parker; Barreto. Change They Can’t Believe In <<

[65] Citado en Parker; Barreto. Change They Can’t Believe In, pág. 2. <<

[66] Citado en Alter, Jonathan. The Center Holds: Obama and His Enemies. Nueva York: Simon & Schuster, 2013, pág. 36. <<

[67] Citado en Parker; Barreto. Change They Can’t Believe In, pág. 200. <<

[68] «Newt Gingrich: Obama “First Anti-American President”.» Newsmax, 23 de marzo de 2016; y «Gingrich: Obama’s Worldview Shaped by Kenya.» Newsmax, 12 de septiembre de 2010. <<

[69] Samuelson, Darren. «Giuliani: Obama Doesn’t Love America.» Politico, 18 de febrero de 2015. <<

[70] «Mike Coffman Says Obama “Not an American” at Heart, Then Apologizes.» Denver Post, 16 de mayo de 2012. <<

[71] Gabriel Winant. «The Birthers in Congress.» Salon, 28 de julio de 2009. <<

[72] Ibíd. <<

[73] «What Donald Trump Has Said Through the Years About Where President Obama Was Born.» Los Angeles Times, 16 de diciembre de 2016. <<

[74] Parker; Barreto. Change They Can’t Believe In, pág. 210. <<

[75] «Fox News Poll: 24 Percent Believe Obama Not Born in the U.S.» FoxNews.com, 7 de abril de 2011. <<

[76] «Poll: 43 Percent of Republicans Believe Obama is a Muslim.» The Hill, 13 de septiembre de 2015. <<

[77] Stone, Daniel. «Newsweek Poll: Democrats May Not Be Headed for a Bloodbath.» Newsweek, 27 de agosto de 2010. <<

[78] Citado en Abramowitz. The Polarized Public?, pág. 101. <<

[79] Skocpol; Williamson. The Tea Party and the Remaking of American Conservatism, págs. 83-120. <<

[80] «How the Tea Party Fared.» New York Times, 4 de noviembre de 2010. Véase también Tesler, Michael. Post-Racial or Most-Racial? Race and Politics in the Obama Era. Chicago: University of Chicago Press, 2016, págs. 122-123. <<

[81] «Who Is in the Tea Party Caucus in the House?» CNN.com (Political Ticker), 29 de julio de 2011. <<

[82] «Ted Cruz Calls Obama “The Most Lawless President in the History of This Country”.» Tu94.9FM. Véase http://tu949fm.iheart.com/articles/national-news-104668/listen-ted-cruz-calls-barackobama-14518575/. <<

[83] Véase el relato de Michael Grunwald. The New New Deal: The Hidden Story of Change in the Obama Era. Nueva York: Simon & Schuster, 2013, págs. 140-142. <<

[84] Ibíd., págs. 140-142. <<

[85] Citado en Abramowitz. The Polarized Public?, pág. 122. <<

[86] La ley acabó aprobándose. Véase Green, Joshua. «Strict Obstructionist.» The Atlantic, enero-febrero de 2011. <<

[87] Mann; Ornstein. It’s Even Worse Than It Looks, págs. 87-89. <<

[88] Ibíd., pág. 85. <<

[89] Milkis; Nelson. The American Presidency, pág. 490. <<

[90] Mann; Ornstein. It’s Even Worse Than It Looks, págs. 92-94. <<

[91] «Reid, Democrats Trigger “Nuclear” Option; Eliminate Most Filibusters on Nominees.» Washington Post, 21 de noviembre de 2013. <<

[92] Citado en ibíd. <<

[93] Citado en Turley, Jonathan. «How Obama’s Power Plays Set the Stage for Trump.» Washington Post, 10 de diciembre de 2015. <<

[94] Véase Nelson. «Are We on the Verge of the Death Spiral That Produced the English Revolution of 1642-1649?» <<

[95] «Obama Mandates Rules to Raise Fuel Standards.» New York Times, 21 de mayo de 2010. <<

[96] «Obama to Permit Young Migrants to Remain in U.S.» New York Times, 15 de junio de 2012. <<

[97] «Obama Orders Cuts in Federal Greenhouse Gas Emissions.» New York Times, 19 de marzo de 2015. <<

[98] «McConnell Urges U.S. States to Defy U.S. Plan to Cut Greenhouse Gases.» New York Times, 4 de marzo de 2015. <<

[99] «A New Phase in Anti-Obama Attacks.» New York Times, 11 de abril de 2015. <<

[100] Mann; Ornstein. It’s Even Worse Than It Looks, pág. 5. <<

[101] Ibíd., págs. 6-7. <<

[102] Grossman; Hopkins, Asymmetric Politics, págs. 295-296; Mann; Ornstein. It’s Even Worse Than It Looks, págs. 7-10. <<

[103] Mann; Ornstein. It’s Even Worse Than It Looks, págs. 25-26. <<

[104] Ibíd., págs. 7-8, 26-27. <<

[105] Ibíd., pág. 26. <<

[106] Tal como expresó Michael Gerson, encargado de escribir los discursos del expresidente George W. Bush, «El Senado no tiene que intervenir para nada en los asuntos de política exterior con un Gobierno extranjero, sobre todo con uno enemigo. […] La carta de The Cotton transmite la impresión de que los senadores republicanos intentan hacer fracasar las negociaciones». Gerson, Michael. «The True Scandal of the GOP Senators’ Letter to Iran.» Washington Post, 12 de marzo de 2015. <<

[107] Citado en Milligan, Susan. «Disrespecting the Oval Office.» U.S. News & World Report, 16 de marzo de 2015. <<

[108] El New York Daily News tituló su edición del día siguiente «Traidores», con un titular que ocupaba toda la portada. <<

[109] Kar; Mazzone. «The Garland Affair.» <<

[110] «Republican Senators Vow to Block Any Clinton Supreme Court Nominee Forever.» The Guardian, 2 de noviembre de 2006. <<

[111] Ibíd. <<

[112] Citado en ibíd. <<

[113] Hetherington, Marc J.; Weiler, Jonathan D. Authoritarianism and Polarization in American Politics. Nueva York: Cambridge University Press, 2009; Abramowitz. The Polarized Public? <<

[114] Bishop, Bill; Cushing, Robert G. The Big Sort: Why the Clustering of Like-Minded America Is Tearing Us Apart. Boston: Houghton Mifflin, 2008, pág. 23. <<

[115] Iyengar, Shanto; Sood, Gaurav; Lelkes, Yphtach. «Affect, Not Ideology: A Social Identity Perspective on Polarization.» Public Opinion Quarterly 76, n.º 3 (2012), págs. 417-418. <<

[116] Ibíd. <<

[117] Pew Research Center. «Partisanship and Political Animosity in 2016.» 22 de junio de 2016, http://www.people-press.org/2016/06/22/partisanship-and-political-animosity-in-2016/. <<

[118] Véase Sundquist, James L. Dynamics of the Party System: Alignment and Re-Alignment of Political Parties in the United States. Washington, DC: The Brookings Institution, 1983, págs. 214-227; Abramowitz, Alan I. The Disappearing Center: Engaged Citizens, Polarization, and American Democracy. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2010, págs. 54-56. <<

[119] Layman, Geoffrey. The Great Divide: Religious and Cultural Conflict in American Party Politics. Nueva York: Columbia University Press, 2001, pág. 171. <<

[120] Schickler. Racial Realignment, pág. 179; Carmines, Edward G.; Stimson, James A. Issue Evolution: Race and the Transformation of American Politics. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1989, capítulo 3. <<

[121] Ibíd., pág. 119. <<

[122] Binder; Smith. Politics or Principle?, pág. 88. <<

[123] Véase Mickey. Paths out of Dixie. <<

[124] Abramowitz. The Disappearing Center, págs. 66-73; Tesler. Post-Racial or Most-Racial?, págs. 11-13. <<

[125] Black, Earl; Black, Merle. The Rise of Southern Republicans. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2002; Abramowitz. The Disappearing Center, págs. 66-73. <<

[126] Carmines; Stimson, Issue Evolution. <<

[127] Levendusky, Matthew. The Partisan Sort: How Liberals Became Democrats and Conservatives Became Republicans. Chicago: University of Chicago Press, 2009. <<

[128] Ibíd.; Abramowitz. The Disappearing Center, págs. 63-73. <<

[129] Véase Pew Research Center. Political Polarization in the American Public. Washington, DC: Pew Foundation, 12 de junio de 2014. <<

[130] Este fragmento elabora lo expuesto en Hetherington; Weiler. Authoritarianism and Polarization in American Politics; Abramowitz, The Disappearing Center; Abramowitz. The Polarized Public?; y Abramowitz, Alan I.; Webster, Steven. «The Rise of Negative Partisanship and the Nationalization of U.S. Elections in the 21st Century.» Electoral Studies 41 (2016), págs. 12-22. <<

[131] «It’s Official: The U.S. Is Becoming a Majority-Minority Nation.» U.S. News & World Report, 6 de julio de 2015. <<

[132] Colby, Sandra L.; Ortman, Jennifer M. «Projections of the Size and Composition of the U.S. Population: 2014-2060.» United States Census Bureau Current Population Reports, marzo de 2015. Véase https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2015/demo/p25-1143.pdf. <<

[133] Tesler. Post-Racial or Most-Racial?, pág. 166; Abramowitz. The Polarized Public?, pág. 29. <<

[134] Tesler. Post-Racial or Most-Racial?, págs. 166-168. <<

[135] Layman, Geoffrey C. The Great Divide: Religious and Cultural Conflict in American Party Politics. Nueva York: Columbia University Press, 2001; Abramowitz. The Polarized Public?, págs. 69-77. <<

[136] «The Parties on the Eve of the 2016 Election: Two Coalitions, Moving Further Apart.» Pew Research Center, 13 de septiembre de 2016, disponible en http://www.people-press.org/2016/09/13/2-party-affiliation-among-voters-1992-2016/. <<

[137] Abramowitz. The Polarized Public?, pág. 67. <<

[138] Abramowitz. The Disappearing Center, pág. 129. <<

[139] Ibíd., pág. 129. <<

[140] Hetherington; Weiler. Authoritarianism and Polarization in American Politics, págs. 27-28, 63-83. <<

[141] Grossman; Hopkins. Asymmetric Politics; Mann; Ornstein. It’s Even Worse Than It Looks. <<

[142] Levendusky. How Partisan Media Polarize America, págs. 14-16; Grossman; Hopkins. Asymmetric Politics, págs. 149-164. <<

[143] Levendusky. How Partisan Media Polarize America, pág. 14. <<

[144] Grossman; Hopkins. Asymmetric Politics, págs. 170-174. <<

[145] Skocpol, Theda; Hertel-Fernandez, Alexander. «The Koch Network and Republican Party Extremism.» Perspectives on Politics 16, n.º 3 (2016), págs. 681-699. <<

[146] Levendusky. How Partisan Media Polarize America, pág. 152. <<

[147] Ibíd. <<

[148] Citado en Grossman; Hopkins. Asymmetric Politics, pág. 177. <<

[149] Skocpol; Hertel-Fernandez. «The Koch Network», págs. 681-699. <<

[150] Drew, Elizabeth. Whatever It Takes: The Real Struggle for Power in America. Nueva York: Viking Press, 1997, pág. 65. <<

[151] Skocpol; Hertel-Fernandez. «The Koch Network», pág. 683. <<

[152] Ibíd., pág. 684. <<

[153] Grossman; Hopkins. Asymmetric Politics, págs. 43-46, 118-123. <<

[154] Abramowitz. The Disappearing Center, pág. 129. <<

[155] Hoftstadter, Richard. The Paranoid Style in American Politics and Other Essays. Nueva York: Vintage, 1967, pág. 4. <<

[156] Parker; Barreto. Change They Can’t Believe In, págs. 3, 157. <<

[157] Hochschild, Arlie Russell. Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right. Nueva York: The New Press, 2016. <<

[158] Basándose en el análisis de los resultados de una encuesta nacional, Elizabeth Theiss-Morse detectó que quienes se identifican más hondamente como estadounidenses tienden a concebir a los «americanos de verdad» como: 1) nativos, 2) anglosajones, 3) blancos y 4) cristianos. Véase Morse, Elizabeth Theiss. Who Counts as an American: The Boundaries of National Identity. Nueva York: Cambridge University Press, 2009), págs. 63-94. <<

[159] Coulter, Ann. Adios America! The Left’s Plan to Turn Our Country into a Third World Hellhole. Washington, DC: Regnery Publishing, 2015, pág. 19. <<

[160] Parker; Barreto, Change They Can’t Believe In. <<

8. Trump contra los guardarraíles de la democracia

[1] Patterson, Thomas E. «News Coverage of Donald Trump’s First 100 Days.» Shorenstein Center on Media, Politics, and Public Policy, 18 de mayo de 2017, disponible en https://shorensteincenter.org/news-coverage-donald-trumps-%EF%AC%81rst-100-days. Los medios de comunicación cubiertos en el estudio fueron el New York Times, el Wall Street Journal y el Washington Post, además de la CNN, la CBS, Fox News, la NBC y dos medios europeos. <<

[2] Véase Thrush, Glenn; Haberman, Maggie. «At a Besieged White House, Tempers Flare and Confusion Swirls.» New York Times, 16 de mayo de 2017. <<

[3] Patterson. «News Coverage of Donald Trump’s First 100 Days.» <<

[4] «Trump Says No President Has Been Treated More Unfairly.» Washington Post, 17 de mayo de 2017. <<

[5] «Comey Memo Says Trump Asked Him to End Flynn Investigation.» New York Times, 16 de mayo de 2017; «Top Intelligence Official Told Associates Trump Asked Him If He Could Intervene with Comey on FBI Russia Probe.» Washington Post, 6 de junio de 2017. <<

[6] Gerstein, Josh. «Trump Shocks with Ouster of FBI’s Comey.» Politico, 9 de mayo de 2017; y «Trump Said He Was Thinking of Russia Controversy When He Decided to Fire Comey.» Washington Post, 11 de mayo de 2017. <<

[7] Bump, Philip. «Here’s How Unusual It Is for an FBI Director to Be Fired.» Washington Post, 9 de mayo de 2017; «FBI Director Firing in Early ’90s Had Some Similarities to Comey Ouster.» U.S. News & World Report, 10 de mayo de 2017. <<

[8] Nguyen, Tina. «Did Trump’s Personal Lawyer Get Preet Bharara Fired?» Vanity Fair, 13 de junio de 2017; «Mueller Expands Probe into Trump Business Transactions.» Bloomberg, 20 de julio de 2017. <<

[9] «Mueller Expands Probe into Trump Business Transactions.» <<

[10] McCaskill, Nolan; Nelson, Louis. «Trump Coy on Sessions’s Future: “Time Will Tell”.» Politico, 25 de julio de 2017; Cilizza, Chris. «Donald Trump Doesn’t Want to Fire Jeff Sessions. He Wants Sessions to Quit.» CNN.com, 24 de julio de 2017. <<

[11] Schmidt, Michael S.: Haberman, Maggie; Apuzzo, Matt. «Trump’s Lawyers, Seeking Leverage, Investigate Mueller’s Investigators.» New York Times, 20 de julio de 2017. <<

[12] «Venezuela’s Chief Prosecutor Luisa Ortega Rejects Dismissal.» BBC.com, 6 de agosto de 2017. <<

[13] «Trump Criticizes “So-Called Judge” Who Lifted Travel Ban.» Wall Street Journal, 5 de febrero de 2017. <<

[14] Oficina del Secretario de Prensa de la Casa Blanca. «Declaración sobre el fallo judicial relativo a las ciudades santuario», 25 de abril de 2017. Véase https://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2017/04/25/statement-sanctuary-cities-ruling. <<

[15] «President Trump Is “Absolutely” Considering Breaking Up the Ninth Circuit Court.» Time, 26 de abril de 2017. <<

[16] Varias noches atrás, Trump lo había preguntado en un mitin político, en medio de una ovación: «A quienes hoy estáis aquí congregados, ¿os gusta el sheriff Joe?». Y añadió la pregunta retórica: «¿Condenaron al sheriff Joe por hacer su trabajo?». Véase «Trump Hints at Pardon for Ex-Sheriff Joe Arpaio». CNN.com, 23 de agosto 2017. <<

[17] «Trump’s Lawyers Are Exploring His Pardoning Powers to Hedge Against the Russia Investigation.» Business Insider, 20 de julio de 2017. <<

[18] Redish, Martin. «A Pardon for Arpaio Would Put Trump in Uncharted Territory.» New York Times, 27 de agosto de 2017. <<

[19] Lizza, Ryan. «How Trump Broke the Office of Government Ethics.» The New Yorker, 14 de julio de 2017. <<

[20] Painter, Richard, uno de los abogados expertos en temas de ética de la Administración de George W. Bush, describió la acción de Chaffetz como «uso de la fuerza bruta» y «venganza política». «GOP Lawmaker Hints at Investigating Ethics Chief Critical of Trump.» New York Times, 13 de enero de 2017. <<

[21] «White House Moves to Block Ethics Inquiry into Ex-Lobbyists on Payroll.» New York Times, 22 de mayo de 2017. <<

[22] Lizza. «How Trump Broke the Office of Government Ethics.» <<

[23] «Trump Faces Tough Choices in FBI Pick.» The Hill, 15 de mayo de 2017. La persona nombrada finalmente por Trump, Christopher Wray, merecía el crédito general de mantener la independencia del FBI. <<

[24] «Trump Is Reportedly Considering Bringing Rudy Giuliani on as Attorney General amid Troubles with Jeff Sessions.» Business Insider, 24 de julio de 2017. <<

[25] «Trump Calls the News Media the “Enemy of the American People”.» New York Times, 17 de febrero de 2017. <<

[26] «Declaraciones del presidente Trump ante la Comisión de Acción Política Conservadora.» Oficina del Secretario de Prensa de la Casa Blanca, 24 de febrero de 2017. Véase https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/24/remarks-president-trump-conservative-political-action-conference. <<

[27] Véase https://twitter.com/realdonaldtrump/status/847455180912181249. <<

[28] Turley, Jonathan. «Trump’s Quest to Stop Bad Media Coverage Threatens Our Constitution.» The Hill, 2 de mayo de 2017. <<

[29] «Confrontation, Repression in Correa’s Ecuador.» Committee to Protect Journalists, 1 de septiembre de 2011, disponible en https://cpj.org/reports/2011/09/confrontation-repression-correa-ecuador.php. <<

[30] Gaffey, Conor. «Donald Trump Versus Amazon: All the Times the President and Jeff Bezos Have Called Each Other Out.» Newsweek, 25 de julio de 2017. <<

[31] Bump, Philip. «Would the Trump Administration Block a Merger Just to Punish CNN?» Washington Post, 6 de julio de 2017. <<

[32] «President Trump Vows to Take Aggressive Steps on Immigration.» Boston Globe, 25 de enero de 2017. <<

[33] «Judge Blocks Trump Effort to Withhold Money from Sanctuary Cities.» New York Times, 25 de abril de 2017. <<

[34] «Venezuela Lawmakers Strip Power from Caracas Mayor.» Reuters, 7 de abril de 2009. <<

[35] «Judge Blocks Trump Effort to Withhold Money from Sanctuary Cities.» New York Times, 25 de abril de 2017. <<

[36] Blake, Aaron. «Trump Wants More Power and Fewer Checks and Balances-Again.» Washington Post, 2 de mayo de 2017. Véase también https://twitter.com/realdonaldtrump/status/869553853750013953. <<

[37] Blake, Aaron. «Trump Asks for More Power. Here’s Why the Senate GOP Will Resist.» Washington Post, 30 de mayo de 2017. <<

[38] Véase Hasen. The Voting Wars; Berman, Ari. Give Us the Ballot: The Modern Struggle for Voting Rights in America. Nueva York: Picador, 2015. <<

[39] Berman, Give Us the Ballot; Highton, Benjamin. «Voter Identification Laws and Turnout in the United States.» Annual Review of Political Science 20, n.º 1 (2017), págs. 49-67. <<

[40] Levitt, Justin. «The Truth About Voter Fraud.» New York University School of Law Brenner Center for Justice (2007). Véase https://www.brennancenter.org/publication/truth-about-voter-fraud; véase también Minnite. The Myth of Voter Fraud; Hasen. The Voting Wars, págs. 41-73; Goel, Sharad; Meredith, Marc; Morse, Michael; Rothschild, David; Shirani-Mehr, Houshmand. «One Person, One Vote: Estimating the Prevalence of Double-Voting in U.S. Presidential Elections.» Manuscrito inédito, enero de 2017. <<

[41] Véase, por ejemplo, Levitt. «The Truth About Voter Fraud»; Minnite. The Myth of Voter Fraud <<

[42] Citado en Berman. Give Us the Ballot, pág. 223. <<

[43] Ibíd., pág. 223. <<

[44] Citado en ibíd., pág. 254. <<

[45] Ibíd., págs. 260-261. <<

[46] Highton. «Voter Identification Laws and Turnout in the United States», págs. 152-153. <<

[47] Stewart III, Charles. «Voter ID: Who Has Them? Who Shows Them?» Oklahoma Law Review 66 (2013). <<

[48] Ibíd., págs. 41-42. <<

[49] Berman. Give Us the Ballot, pág. 254. <<

[50] Ibíd., pág. 264. <<

[51] Highton. «Voter Identification Laws and Turnout in the United States», pág. 153. <<

[52] Waldman, Peter. «Why We Should Be Very Afraid of Trump’s Vote Suppression Commission.» Washington Post, 30 de junio de 2017. <<

[53] Véase Berman, Ari. «The Man Behind Trump’s Voter-Fraud Obsession.» New York Times Magazine, 13 de junio de 2017. <<

[54] Véase https://twitter.com/realdonaldtrump/status/802972944532209664?lang=en. <<

[55] «Without Evidence, Trump Tells Lawmakers 3 Million to 5 Million Illegal Ballots Cost Him the Popular Vote.» Washington Post, 23 de enero de 2017. Las declaraciones de Trump parecen basarse en reivindicaciones hechas por el célebre defensor de la teoría de la conspiración Alex Jones en su sitio web, Infowars. Véase Huseman, Jessica; Klein, Scott. «There’s No Evidence Our Election Was Rigged.» ProPublica, 28 de noviembre de 2016. <<

[56] Huseman; Klein. «There’s No Evidence Our Election Was Rigged.» <<

[57] «There Have Been Just Four Documented Cases of Voter Fraud in the 2016 Election.» Washington Post, 1 de diciembre de 2016. <<

[58] Berman. «The Man Behind Trump’s Voter-Fraud Obsession.» <<

[59] Greenwood, Max; Kamisar, Ben. «Kobach: “We May Never Know” If Clinton Won Popular Vote.» The Hill, 17 de julio de 2019. <<

[60] Waldman. «Why We Should Be Very Afraid of Trump’s Vote Suppression Commission.» <<

[61] Goel; Meredith; Morse; Rothschild; Houshmand. «One Person, One Vote.» <<

[62] En julio de 2017 se informó de que cuarenta y cuatro estados habían rechazado compartir datos de los votantes con la Comisión. Véase «Forty-Four States and DC Have Refused to Give Certain Voter Information to Trump Commission.» CNN.com, 5 de julio de 2017. <<

[63] «Poland’s President Vetoes 2 Laws That Limited Courts’ Independence.» New York Times, 24 de julio de 2017. <<

[64] El representante por California Duncan Hunter, por ejemplo, ha defendido en público a Trump incluso después de la publicación de la cinta Access Hollywood [la cinta en la que el presidente aparecía jactándose de tocar a mujeres sin su consentimiento. (N. de la T.)] durante la campaña de 2016. Véase «Trump’s 10 Biggest Allies in Congress.» The Hill, 25 de diciembre de 2016. <<

[65] «Special Counsel Appointment Gets Bipartisan Praise.» The Hill, 17 de mayo de 2017. <<

[66] «Republicans to Trump: Hands off Mueller.» Politico, 12 de junio de 2017. <<

[67] Ibíd. <<

[68] Véase https://projects.fivethirtyeight.com/congress-trump-score/?ex_cid=rrpromo. <<

[69] «Senators Unveil Two Proposals to Protect Mueller’s Russia Probe.» Washington Post, 3 de agosto de 2017; Tracy. «As Mueller Closes In, Republicans Turn away from Trump.» <<

[70] Jones, Jeffrey M. «Trump Has Averaged 50% or Higher Job Approval in 17 States.» Gallup News Service, 24 de julio de 2017. Véase http://www.gallup.com/poll/214349/trump-averaged-higher-job-approval-states.aspx. <<

[71] Véase https://projects.fivethirtyeight.com/congress-trump-score/?ex_cid=rrpromo. <<

[72] «Trump’s 10 Biggest Allies in Congress.» <<

[73] «In West Virginia, Trump Hails Conservatism and a New GOP Governor.» New York Times, 3 de agosto de 2017. <<

[74] Véase otra vez Mueller. War, Presidents, and Public Opinion, así como estudios empíricos más recientes del efecto de «alinearse tras la bandera» en Estados Unidos, incluido: Oneal; Bryan. «The Rally ’Round the Flag Effect in U.S. Foreign Policy Crises, 1950-1985»; Baum. «The Constituent Foundations of the Rally-Round-the-Flag Phenomenon», y Chatagnier. «The Effect of Trust in Government on Rallies ’Round the Flag.» <<

[75] Huddy; Khatib; Capelos. «The Polls-Trends», págs. 418-450; Davis, Darren W.; Silver, Brian D. «Civil Liberties vs. Security: Public Opinion in the Context of the Terrorist Attacks on America.» American Journal of Political Science 48, n.º 1 (2004), págs. 28-46; Huddy; Feldman; Weber. «The Political Consequences of Perceived Threat and Felt Insecurity», págs. 131-153; Berinsky, Adam J. In Time of War: Understanding American Public Opinion from World War II to Iraq. Chicago: University of Chicago Press, 2009, capítulo 7. <<

[76] Howell. Power Without Persuasion; Ackerman. The Decline and Fall of the American Republic, págs. 67-85. <<

[77] Howell. Power Without Persuasion, pág. 184. <<

[78] Durante la campaña de 2016, cincuenta expertos en política exterior republicanos, muchos de ellos antiguos empleados de la Administración Bush, escribieron una carta advirtiendo de que la ignorancia y la temeridad de Trump podía «poner en riesgo la seguridad del país». Véase «50 G.O.P. Officials Warn Donald Trump Would Put Nation’s Security “At Risk”.» New York Times, 8 de agosto de 2016. <<

[79] Brooks, David. «Getting Trump out of My Brain.» New York Times, 8 de agosto de 2017. <<

[80] Wieghart, James; Healy, Paul. «Jimmy Carter Breaks Protocol at Inauguration.» New York Daily News, 21 de enero de 1977. <<

[81] Hauser, Christine. «The Inaugural Parade, and the Presidents Who Walked It.» New York Times, 19 de enero de 2017. <<

[82] Boller, Paul F. Presidential Campaigns: From George Washington to George W. Bush. Oxford: Oxford University Press, 2004, pág. 70. <<

[83] El relato que se ofrece a continuación se inspira en el libro de Lusane, Clarence. The Black History of the White House. San Francisco: City Lights Books, 2011, págs. 219-278. <<

[84] Ibíd. <<

[85] «President Trump Breaks a 150-Year Tradition of Pets in the White House.» AOL.com, 28 de julio de 2017. <<

[86] Ali, Yashar. «What George W. Bush Really Thought of Donald Trump’s Inauguration.» New York Magazine, 29 de marzo de 2017. <<

[87] Según lo ha expresado Walter Shaub, exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos: «Ciertamente, uno podría ser el Secretario del Departamento de Energía y al mismo tiempo ser accionista de Chevron, Exxon y B.P. y no infringir la ley, siempre que estuviera dispuesto a ir a trabajar cada día, poner los pies encima de la mesa y dedicarse a leer la prensa». Véase Lizza. «How Trump Broke the Office of Government Ethics.» <<

[88] Trump mantuvo una serie de conflictos de interés potenciales derivados de sus tratos empresariales internacionales y de sus amplios vínculos con la Trump Organization. A las pocas semanas de su elección, la Sunlight Foundation había confeccionado una lista de conflictos «de bandera roja». De los treinta dos casos publicados en noviembre de 2016, en julio de 2017 la lista había aumentado a más de seiscientos conflictos de interés potenciales. Muchas de las personas nombradas por Trump para su gabinete y como asesoras, venidas de los ámbitos de la energía, las finanzas y los grupos de presión, también afrontaban conflictos de interés potenciales. Véanse los datos en http://www.sunlightfoundation.com. <<

[89] «As Trump Inquiries Flood Ethics Office, Director Looks to House for Action.» NPR.com, 17 de abril de 2017. El equipo legal de Trump señaló al exvicepresidente Nelson Rockefeller como un ejemplo de empleado del Ejecutivo que no se desentendió por completo de la fortuna familiar. Sin embargo, el vicepresidente Rockefeller se sometió a cuatro meses de audiencias para analizar sus posibles conflictos de interés. Véase «Conflicts of Interest: Donald Trump 2017 vs. Nelson Rockefeller 1974.» CBSNews.com, 13 de enero de 2017. <<

[90] Véase https://twitter.com/realdonaldtrump/status/802972944532209664?lang=en. <<

[91] «California Official Says Trump’s Claim of Voter Fraud Is “Absurd”.» New York Times, 28 de noviembre de 2016; «Voter Fraud in New Hampshire? Trump Has No Proof and Many Skeptics.» New York Times, 13 de febrero de 2017; «Trump’s Baseless Assertions of Voter Fraud Called “Stunning”.» Politico, 27 de noviembre de 2016. <<

[92] «Un tercio de los mexicanos cree que hubo fraude en las elecciones de 2006.» El País, 3 de julio de 2008. Véase https://elpais.com/internacional/2008/07/03/actualidad/1215036002_850215.html; Olivares Alonso, Emir. «Considera 71% de los mexicanos que puede haber fraude electoral.» La Jornada, 29 de junio de 2012. Véase http://www.jornada.unam.mx/2012/06/29/politica/003n1pol. <<

[93] Corbett-Davies, Sam; Konitzer, Tobias; Rothschild, David. «Poll: 60% of Republicans Believe Illegal Immigrants Vote; 43% Believe People Vote Using Dead People’s Names.» Washington Post, 24 de octubre de 2016. <<

[94] «Many Republicans Doubt Clinton Won Popular Vote.» Morning Consult, 27 de julio de 2017. <<

[95] Malka, Ariel; Lelkes, Yphtach. «In a New Poll, Half of Republicans Say They Would Support Postponing the 2020 Election If Trump Proposed It.» Washington Post, 10 de agosto de 2017. <<

[96] https://twitter.com/realdonaldtrump/status/837996746236182529; véase también www.politifact.com/truth-o-meter/article/2017/mar/21/timeline-donald-trumps-false-wiretapping-charge%2F. <<

[97] «Many Politicians Lie, but Trump Has Elevated the Art of Fabrication.» New York Times, 8 de agosto de 2017. <<

[98] «Many Politicians Lie, but Trump Has Elevated the Art of Fabrication.» New York Times, 8 de agosto de 2017. <<

[99] Leonhardt; David; Thompson, Stuart. «Trump’s Lies.» New York Times, https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/23/opinion/trumps-lies.html?mcubz=1. <<

[100] Savransky, Rebecca. «Trump Falsely Claims He Got Biggest Electoral College Win Since Reagan.» The Hill, 16 de febrero de 2017; Kertscher, Tom. «Donald Trump Not Close in Claiming He Has Signed More Bills in First Six Months Than Any President.» PolitiFact Wisconsin, 20 de julio de 2017, http://www.politifact.com/wisconsin/statements/2017/jul/20/donald-trump/donald-trump-not-close-claiming-he-has-signed-more/. <<

[101] Nilsen, Ella. «Trump: Boy Scouts Thought My Speech Was “Greatest Ever Made to Them.” Boy Scouts: No.» Vox, 2 de agosto de 2017. <<

[102] Encuestras realizadas a partir de mediados de 2017 revelaban que el 57 por ciento de los estadounidenses creían que el presidente no era honesto. Véase Quinnipiac University Poll. «Trump Gets Small Bump from American Voters», 10 de enero de 2017 (https://poll.qu.edu/national/release-detail?ReleaseID=2415); «U.S. Voters Send Trump Approval to Near Record Low», 10 de mayo de 2017 (https://poll.qu.edu/national/release-detail?ReleaseID=2456); «Trump Gets Small Bump from American Voters», 29 de junio de 2017 (https://poll.qu.edu/national/release-detail?ReleaseID=2471). <<

[103] Véase Dahl, Robert. La poliarquía: participación y oposición. (Trad. de Julia Moreno San Martín.) Madrid: Tecnos, 2013. <<

[104] «With False Claims, Trump Attacks Media on Turnout and Intelligence Rift.» New York Times, 21 de enero de 2017. Véase también http://video.foxnews.com/v/5335781902001/?#sp=show-clips. <<

[105] https://twitter.com/realdonaldtrump/status/880408582310776832, https://twitter.com/realdonaldtrump/status/880410114456465411. <<

[106] «CNN, New York Times, Other Media Barred from White House Briefing.» Washington Post, 24 de febrero de 2017. <<

[107] «Trump Not the Only President to Ban Media Outlets from the White House.» ABC10.com, 24 de febrero de 2017. <<

[108] Moynihan, Daniel Patrick. «Defining Deviancy Down: How We’ve Become Accustomed to Alarming Levels of Crime and Destructive Behavior.» The American Scholar 62, n.º 1 (invierno de 1993), págs. 17-30. <<

[109] Susan Collins de Maine votó en el mismo sentido que Trump el 79 por ciento de las veces. Véase https://projects.fivethirtyeight.com/congress-trump-score/?ex_cid=rrpromo. <<

[110] Véase https://projects.fivethirtyeight.com/congress-trump-score/?ex_cid=rrpromo. <<

[111] «GOP Candidate in Montana Race Charged with Misdemeanor Assault After Allegedly Body-Slamming Reporter.» Washington Post, 24 de mayo de 2017. <<

[112] «Attitudes Toward the Mainstream Media Take an Unconstitutional Turn.» The Economist, 2 de agosto de 2017; https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/08/daily-chart-0. <<

[113] «Why Join the National Rifle Association? To Defeat Liberal Enemies, Apparently.» The Guardian, 1 de julio de 2017. <<

[114] «“We’re Coming for You”: NRA Attacks New York Times in Provocative Video.» The Guardian, 5 de agosto de 2017. <<

9. Cómo salvar la democracia

[1] Mickey. Paths out of Dixie. <<

[2] Mickey; Levitsky; Way. «Is America Still Safe for Democracy?», págs. 20-29. <<

[3] Véase Larry Diamond. «Facing Up to the Democratic Recession.» Journal of Democracy 26, n.º 1 (enero de 2015), págs. 141-155; Foa, Roberto Stefan; Mounk, Yascha. «The Democratic Disconnect.» Journal of Democracy 27, n.º 3 (julio de 2016), págs. 5-17. <<

[4] Diamond. «Facing Up to the Democratic Recession.» <<

[5] Levitsky, Steven; Way, Lucan A. «The Myth of Democratic Recession.» Journal of Democracy 26, n.º 1 (enero de 2015), págs. 45-58. <<

[6] Levitsky; Way. Competitive Authoritarianism; Mainwaring; Pérez-Liñán. Democracies and Dictatorships in Latin America. <<

[7] Los republicanos podrían acabar controlando todos los poderes gubernamentales si el voto demócrata se concentra en los centros urbanos. Esto ha permitido a los republicanos, que cuentan con el apoyo de la mayoría del electorado en las zonas rurales y las poblaciones pequeñas, hacerse prácticamente invencibles en la mayor parte del territorio nacional, cosa que les da ventaja en el Colegio Electoral y, sobre todo, en el Senado. <<

[8] Véase https://www.census.gov/quickfacts/NC. <<

[9] Purdy, Jedediah. «North Carolina’s Partisan Crisis.» The New Yorker, 20 de diciembre de 2016. <<

[10] «North Carolina Governor Signs Controversial Transgender Bill.» CNN.com, 24 de marzo de 2016. <<

[11] Citado en Stern, Mark Joseph. «North Carolina Republicans’ Legislative Coup Is an Attack on Democracy.» Slate, 15 de diciembre de 2016. <<

[12] Blau, Max. «Drawing the Line on the Most Gerrymandered District in America.» The Guardian, 19 de octubre de 2016. <<

[13] Véase http://pdfserver.amlaw.com/nlj/7-29-16%204th%20Circuit%20NAACP%20v%20NC.pdf, págs. 10, 13. <<

[14] «North Carolina Governor Signs Extensive Voter ID Law.» Washington Post, 12 de agosto de 2013; «Critics Say North Carolina Is Curbing the Black Vote. Again.» New York Times, 30 de agosto de 2016. <<

[15] «Justices Reject Two Gerrymandered North Carolina Districts, Citing Racial Bias.» New York Times, 27 de mayo de 2017. <<

[16] «Critics Say North Carolina Is Curbing the Black Vote. Again.» <<

[17] «North Carolina Governor Alleges Voter Fraud in Bid to Hang On.» Politico, 21 de noviembre de 2016; «North Carolina Gov. Pat McCrory Files for Recount as Challenger’s Lead Grows.» NBCNews.com, 22 de noviembre de 2016. <<

[18] «Democrats Protest as GOP Calls Surprise Special Session.» WRAL.com, 14 de diciembre de 2016. <<

[19] «NC Is in the Hot National Spotlight Yet Again as Media Focus on General Assembly, Cooper.» Charlotte Observer, 16 de diciembre de 2016; Stern. «North Carolina Republicans’ Legislative Coup Is an Attack on Democracy.» <<

[20] «A Brazen Power Grab in North Carolina.» New York Times, 15 de diciembre de 2016. <<

[21] «Proposed Cuts to Gov.-Elect Roy Cooper’s Appointment Powers Passes NC House in 70-36 Vote.» News & Observer, 15 de diciembre de 2016; y véase «Bill Would Curb Cooper’s Appointment Powers.» WRAL.com, 14 de diciembre de 2016. <<

[22] «Before Leaving Office, McCrory Protected 908 State Jobs from Political Firings.» News & Observer, 23 de febrero de 2017. <<

[23] «Senate Passes Controversial Merger of Ethics, Elections Boards.» WRAL.com, 15 de diciembre de 2016. <<

[24] Véase https://www.ncsbe.gov/about-us. <<

[25] Purdy. «North Carolina’s Partisan Crisis.» <<

[26] «Proposed Cuts to Gov.-Elect Roy Cooper’s Appointment Powers Passes NC House in 70-36 Vote.» <<

[27] «Rebuked Twice by Supreme Court, North Carolina Republicans Are Unabashed.» New York Times, 27 de mayo de 2017. <<

[28] Citado en Purdy. «North Carolina’s Partisan Crisis.» <<

[29] Montesquieu, barón de. Del espíritu de las leyes. (Trad. de Pedro de Blázquez Mercedes-Vega.) Madrid: Tecnos, 2004. <<

[30] Myrdal, Gunnar. An American Dilemma: The Negro Problem and American Democracy. Nueva York: Harper and Brothers, 1944, págs. 3-4. <<

[31] Faris, David. «It’s Time for Democrats to Fight Dirty.» The Week, 1 de diciembre de 2016. <<

[32] Lithwick, Dahlia; Cohen, David S. «Buck Up, Democrats, and Fight Like Republicans.» New York Times, 14 de diciembre de 2016. <<

[33] Citado en Diaz, Daniella; Scott, Eugene. «These Democrats Aren’t Attending Trump’s Inauguration.» CNN.com, 17 de enero de 2017. <<

[34] Citado en Schleifer, Theodore. «John Lewis: Trump Is Not a “Legitimate” President.» CNN.com, 14 de enero de 2017. <<

[35] Goldberg, Michelle. «Democrats Are Finally Learning How to Fight Like Republicans.» Slate, 19 de enero de 2017. <<

[36] Faris. «It’s Time for Democrats to Fight Dirty.» Véase también Vyse, Graham. «Democrats Should Stop Talking About Bipartisanship and Start Fighting.» The New Republic, 15 de diciembre de 2016. <<

[37] Goldberg, Michelle. «The End Is Nigh.» Slate, 16 de mayo de 2017. <<

[38] Diaz, Daniella. «Rep. Maxine Waters: Trump’s Actions “Leading Himself” to Impeachment.» CNN.com, 6 de febrero 2017. <<

[39] Goldberg. «The End Is Nigh.» <<

[40] Ibíd. <<

[41] Véase Gamboa, Laura. «Opposition at the Margins: Strategies Against the Erosion of Democracy in Colombia and Venezuela.» Comparative Politics 49, n.º 4 (julio de 2017), págs. 457-477. <<

[42] Ibíd., pág. 466. <<

[43] Gamboa, Laura. «Opposition at the Margins: The Erosion of Democracy in Latin America.» Tesis doctoral, Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Notre Dame (2016), págs. 129-151. <<

[44] Ibíd., págs. 102-107. <<

[45] Ibíd. <<

[46] Gamboa. «Opposition at the Margins: Strategies Against the Erosion of Democracy in Colombia and Venezuela», págs. 464-468. <<

[47] Ibíd., págs. 468-472. <<

[48] Wasow, Omar. «Do Protests Matter? Evidence from the 1960s Black Insurgency.» Manuscrito inédito, Princeton University, 2 de febrero de 2017. <<

[49] «Entrevista con el presidente Ricardo Lagos.» En Bitar, Sergio; Lowenthal, Abraham F. (eds.). Transiciones democráticas: enseñanzas de líderes políticos. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2016. <<

[50] Ibíd., pág. 74. <<

[51] Ibíd. <<

[52] «Entrevista con el presidente Patricio Aylwin.» En Bitar; Lowenthal (ed.). Transiciones democráticas. <<

[53] Ibíd. <<

[54] Constable; Valenzuela. A Nation of Enemies, págs. 271-272. <<

[55] «Entrevista con el presidente Ricardo Lagos», pág. 83. <<

[56] Siavelis, Peter. «Accommodating Informal Institutions and Chilean Democracy.» En Helmke, Gretchen; Levitsky, Steven (eds.). Informal Institutions and Democracy: Lessons from Latin America. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006, págs. 40-48. <<

[57] Ibíd., pág. 49. <<

[58] Ibíd., págs. 48-49. <<

[59] Ibíd., pág. 50. <<

[60] Véase, por ejemplo: Persily, Nathaniel (ed.). Solutions to Political Polarization in America. Nueva York: Cambridge University Press, 2015. <<

[61] Hacker, Jacob; Pierson, Paul. Off Center: The Republican Revolution and the Erosion of American Democracy. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2006; Mann; Ornstein, It’s Even Worse Than It Looks; Grossman; Hopkins, Asymmetric Politics; Barber, Michael; McCarty, Nolan. «Causes and Consequences of Polarization.» En Persily. Solutions to Political Polarization in America. <<

[62] Persily, Nathaniel. «Stronger Parties as a Solution to Polarization.» En Persily. Solutions to Political Polarization in America, pág. 123. <<

[63] Flake, Jeff. Conscience of a Conservative: A Rejection of Destructive Politics and a Return to Principle. Nueva York: Random House, 2017, pág. 8. <<

[64] Ziblatt, Daniel. Conservative Parties and the Birth of Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. <<

[65] Maier, Charles. «The Two Postwar Eras and the Conditions for Stability in Twentieth-Century Western Europe.» American Historical Review 86, n.º 2, págs. 327-352. <<

[66] Ziblatt. Conservative Parties and the Birth of Democracy, págs. 172-333. <<

[67] Herf, Jeffrey. Divided Memory: The Nazi Past in the Two Germanys. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1997, pág. 270. Algunas figuras de los primeros años del partido tenían vínculos con el régimen nazi, cosa que hizo que el partido permaneciera siempre sujeto a críticas por este flanco. <<

[68] Cary, Noel. The Path to Christian Democracy: German Catholics and the Party System from Windthorst to Adenauer. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1996, pág. 147. <<

[69] Pridham, Geoffrey. Christian Democracy in Western Germany. Londres: Croom Helm, 1977, págs. 21-66. <<

[70] Ibíd., pág. 32. <<

[71] Citado en ibíd., págs. 26-28. <<

[72] Penn, Mark; Stein, Andrew. «Back to the Center, Democrats.» New York Times, 6 de julio de 2017; Sanders, Bernie. «How Democrats Can Stop Losing Elections.» New York Times, 13 de junio de 2017; véase también Lilla, Mark. «The End of Identity Liberalism.» New York Times, 18 de noviembre de 2016. <<

[73] Penn; Stein. «Back to the Center, Democrats.» Véase también Lilla, Mark. «The End of Identity Liberalism.» <<

[74] Allen, Danielle. «Charlottesville Is Not the Continuation of an Old Fight. It Is Something New.» Washington Post, 13 de agosto de 2017. <<

[75] Piketty, Thomas. El capital en el siglo XXI. (Trad. de Eliane Cazenave-Tapie Isoard.) Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 2014. <<

[76] Gordon, Robert. The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Liv ing Since the Civil War. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 2016, pág. 613. <<

[77] Kramer, Katherine. The Politics of Resentment: Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker. Chicago: University of Chicago Press, 2016, pág. 3. <<

[78] Lopez, Ian Haney. Dog Whistle Politics. Oxford: Oxford University Press, 2013. <<

[79] Esping-Andersen, Gosta. Los tres mundos del estado del bienestar. (Trad. de Begoña Arregui Lugo.): Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 1993. <<

[80] Krugman, Paul. «What’s Next for Progressives?.» New York Times, 8 de agosto de 2017. <<

[81] Ibíd. <<

[82] Wilensky, Harold. American Political Economy in Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, pág. 225. <<

[83] Para consultar un ejemplo en que esto haya funcionado, véase el relato revisionista de la coalición del New Deal presentado por Eric Schickler en Racial Realignment. <<

[84] White, E. B. «The Meaning of Democracy.» The New Yorker, 3 de julio de 1943. <<

[*] El Colegio Electoral es el cuerpo de compromisarios electos encargado de escoger al presidente y al vicepresidente de Estados Unidos. Se trata de un ejemplo de elección indirecta: en lugar de votar directamente a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, los estadounidenses emiten sus votos a favor de unos electores. Dichos electores son técnicamente libres de votar por cualquier persona elegible para ser presidente, pero en la práctica se comprometen a votar por candidatos específicos. (N. de la T.) <<

[*] Los caucus son asambleas electoras o asambleas de partidos en las que se decide qué candidato recibirá la nominación a la presidencia. (N. de la T.) <<

[*] En inglés, birther: persona que secunda la teoría de la conspiración de que Barack Obama, el 44.º presidente de Estados Unidos (2009-2017), no nació en ese país y, por ende, no era elegible para la presidencia, según la legislación nacional. Muchos críticos de los llamados birthers aseguran que sus principios y la tozuda resistencia a las pruebas que desmontan sus creencias entroncan con hostilidades raciales. (N. de la T.) <<

[*] La sentencia dictada el 21 de enero de 2010 por el Tribunal Supremo en el caso Ciudadanos Unidos contra la Comisión de Elecciones Federales fue una resolución histórica que permitió la participación de empresas en campañas políticas electorales. La sentencia sostuvo que la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, prohibía al Gobierno limitar las donaciones políticas de empresas y sindicatos. (N. de la T.) <<

[*] La Eight Box Law o Ley de las Ocho Urnas de 1882 fue una ley electoral diseñada para garantizar la supremacía blanca en Carolina del Sur sin infringir la Quinta Enmienda, que prohibía a los estados privar a sus ciudadanos del derecho al voto en función de la raza. Producto, en gran medida, del fiscal y legislador Edward McCrady, la ley establecía el uso de urnas separadas para cada uno de los ocho tipos de cargos electos, como senador, congresista, gobernador, etcétera. Cualquier papeleta depositada en una urna incorrecta se consideraba voto nulo. En el primer borrador de la ley, el único modo de identificar las urnas era mediante unas etiquetas, de tal manera que este sistema funcionaba, a efectos prácticos, como prueba de lectura y escritura. En cambio, en la versión final, los miembros de las mesas, previa solicitud de los electores, estaban obligados a leer las distintas etiquetas. Ello daba pie a un trato discriminatorio, pues los miembros bien podían leer las etiquetas correctas a un hombre blanco analfabeto e incorrectas a un hombre negro analfabeto y, aunque tales acciones infringirían la ley estatal (no la federal), serían difíciles de demostrar ante un juzgado. (N. de la T.) <<

[*] La batalla de Fort Sumter (12 y 13 de abril de 1861) fue un bombardeo que el Ejército de los Estados Confederados de América llevó a cabo para expulsar a las tropas federales que ocupaban la fortificación de Fort Sumter, en Carolina del Sur. Esta batalla fue el detonante de la guerra de Secesión (1861-1865). (N. de la T.) <<

[*] Las reglas del marqués de Queensberry son un código de normas generalmente aceptadas en el boxeo, llamadas así porque fueron respaldadas por John Douglas, noveno marqués de Queensberry. En la cultura popular, el término se utiliza a veces para referirse a una sensación de deportividad y juego limpio. (N. de la T.) <<

[*] En el sistema político estadounidense, si el Congreso no aprueba los presupuestos del Estado, el presidente puede cerrar los departamentos de la Administración que considera prescindibles, generalmente como una medida de presión. (N. de la T.) <<

[*] Quitmire es un juego de palabras con quit (abandonar) y la segunda parte del apellido (Mire). Vendría a ser algo así como apodarlo Abandónez. (N. de la T.) <<

[*] La Weather Underground Organization (WUO) fue un grupo de izquierda radical de Estados Unidos que actuó desde 1969 hasta la mitad de los años setenta. Perpetró varios atentados con bomba en diversos edificios del país; afortunadamente sólo hubo que lamentar daños materiales. Sus integrantes se alineaban dentro del marxismo y del antiimperialismo, con especial énfasis en la solidaridad con el movimiento de liberación negro. (N. de la T.) <<

[*] John C. Calhoun ejerció como vicepresidente en la Administración de John Quincy Adams hasta que, augurando un desvío en la línea política, cambió de bando y fue designado vicepresidente por Andrew Jackson. A espaldas del presidente redactó South Carolina Exposition and Protest (exposición y protesta de Carolina del Sur), donde ponía en tela de juicio los aranceles de 1828 y los tachaba de inconstitucionales. Al principio se mostró reticente a revelar que era el autor del documento, pero cuando quedó claro que Andrew Jackson no aboliría los aranceles, renunció a la vicepresidencia. Calhoun era un firme defensor de los derechos estatales y tenía el convencimiento de que cada estado tenía legitimidad para anular las leyes federales que perjudicaran sus intereses. (N. de la T. documentada en Historia en Bytes: 37 personajes, lugares y eventos que conformaron la historia estadounidense, de Nick Vulich.) <<

[*] En la política de Estados Unidos, el cierre del Gobierno es una situación en la que se suspende la prestación de todos los servicios públicos, menos los considerados como imprescindibles. (N. de la T.) <<

[*] La travel ban, como se denominó popularmente la orden ejecutiva titulada Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos, fue firmada el 27 de enero de 2017 por el presidente Donald Trump; su contenido limita tanto el viaje como la inmigración de personas de varios países de Oriente Próximo, así como la entrada de personas de siete países de mayoría musulmana (Libia, Irán, Irak, Somalia, Sudán, Siria y Yemen), sin importar el estatus de su visado o su residencia permanente. (N. de la T.) <<

[*] Se conocen por este término las ciudades de Estados Unidos que ponen en práctica políticas para limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración. (N. de la T.) <<

[*] El pasado 3 de enero de 2018, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para disolver la comisión contra el fraude electoral, creada en mayo de 2017. Numerosos estados se negaron a facilitar los datos personales de millones de votantes, y el presidente renunció a entrar en batallas legales que sólo perjudicarían a los contribuyentes. (N. de la T.) <<

[*] La Ley Nacional de Inscripción de Votantes, también conocida como Motor Voter Act, es una ley federal aprobada por el presidente Bill Clinton en mayo de 1993 y vigente a partir de enero de 1995. La ley amplía el derecho al voto en el país al exigir a los Gobiernos estatales que ofrezcan la oportunidad de inscribirse en el censo electoral a cualquier ciudadano con derecho a voto que solicite o renueve la licencia de conducción, o demande asistencia pública. La ley exige a los estados censar a los solicitantes que usan el formulario de inscripción de votante y les prohíbe borrar a electores ya registrados, a menos que reúnan determinados criterios. (N. de la T.) <<

[*] Sean Patrick Hannity es un locutor de radio, anfitrión del programa The Sean Hannity Show y del semanario de Fox News Hannity’s America. Hannity ha mostrado un fuerte apoyo a las ideas conservadoras y al presidente Trump. Rush Hudson Limbaugh es un locutor de radio y comentarista político conservador; en un reportaje que apareció en una portada de 1993, la revista National Review lo llamó el «líder de la oposición» durante la Administración Clinton. (N. de la T.) <<

[*] Lucio Quincio Cincinato (519-439 a. C.), patricio, cónsul y general, fue dictador durante un breve período por orden del Senado. Catón el Viejo y otros republicanos romanos hicieron de él un arquetipo de rectitud, honradez, integridad y otras virtudes, como la frugalidad y la falta de ambición personal, cualidades que Cincinato supo combinar con una capacidad estratégica militar y legislativa notables. (N. de la T.) <<

[*] Jesse Alexander Helms Jr. (1921-2008) fue un político estadounidense y líder del movimiento conservador. Fue elegido en cinco ocasiones como senador por Carolina del Norte y se convirtió en el representante que durante más tiempo ejerció el cargo. Se le acredita haber conseguido que Carolina del Norte pasara de ser un estado unipartidista a ser un estado bipartidista. (N. de la T.) <<

[**] Los Moral Mondays (lunes morales) son manifestaciones lideradas por religiosos progresistas y empezaron como respuesta a varias acciones emprendidas por el Gobierno de Carolina del Norte elegido en 2013. Caracterizado por la desobediencia civil, el movimiento protesta por aspectos que abarcan desde la reivindicación de un trato justo hasta la abolición de la discriminación. (N. de la T.) <<